¿Se puede medir el tamaño de la represión en Venezuela? La Asamblea Nacional de mayoría chavista ofrece pistas.

La comisión especial parlamentaria para el seguimiento de la Ley de Amnistía informó que hasta el 22 de abril ha recibido 12.187 “solicitudes válidas” de ciudadanos que buscan ser amparados por esta norma.

El balance de la instancia que preside el diputado Jorge Arreaza, excanciller de la República y yerno del difunto Hugo Chávez, detalla que en total 8.616 personas han recibido libertad plena, incluidas 314 que se encontraban en la cárcel.

Y eso no es todo. “Seguimos recibiendo solicitudes de venezolanos que viven dentro y fuera del país, manifestando su voluntad de reintegrarse a la vida política nacional”, indicó Arreaza a través de sus redes sociales.

La abultada cifra de beneficiarios parece confirmar que el régimen promueve una apertura, tras el ataque sufrido el 3 de enero que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de fuerzas especiales de Estados Unidos. Sin embargo, defensores de Derechos Humanos sostienen que aún continúan tras las rejas más de 500 presos políticos.

Muchos más

Tener un número preciso sobre los presos políticos es una tarea muy complicada. ¿Los motivos? Por un lado, la opacidad de un gobierno que niega su existencia y, por el otro, el hecho de que algunos de los afectados prefieren no presentar denuncias públicas por temor a empeorar su situación.

La organización no gubernamental Foro Penal, que se ha convertido en la principal referencia sobre el tema, indicó el 20 de abril que a dos meses de la promulgación de la Ley de Amnistía continúan detenidos 473 presos políticos.

Del total registrado por el Foro Penal, 427 son hombres, 46 mujeres, 286 civiles, 187 militares, un adolescente y 43 con nacionalidad extranjera. Entre estos últimos se cuenta el abogado argentino Germán Giuliani, detenido el 21 de mayo de 2025, acusado de terrorismo y narcotráfico por las autoridades venezolanas.

Este grupo estima que desde 2014, un año después de que Maduro asumió la Presidencia de la República, se han producido 19.087 detenciones por razones políticas en el país.

Sin embargo, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, otra voz importante en esta materia, ofrece una cantidad mayor que llega hasta los 672 presos políticos, entre ellos “49 personas con enfermedades graves y 22 adultos mayores”.

“Observamos con profunda preocupación que, ante las numerosas negativas de amnistía, no se han activado con la celeridad necesaria los mecanismos ordinarios que nuestras leyes ya contemplan para casos de extrema vulnerabilidad”, alertó la asociación civil.

En deuda

La Ley de Amnistía impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez no es la panacea, advierten las ONG. “Desde el 8 de enero de 2026, se han producido 786 excarcelaciones de presos políticos, de las cuales solo 186 han ocurrido como consecuencia de la amnistía”, enfatiza Foro Penal.

El director de Foro Penal, Alfredo Romero, explica que hay ciudadanos que han vuelto a la calle con medidas cautelares o tras la admisión de hechos y haber sido condenados. “La amnistía no ha sido la fórmula más importante para liberar personas y, en realidad, no se requiere una Ley de Amnistía para liberarlas, pero al menos se le aplicó a esas 186 que así pudieron salir de la cárcel”.

Sobre las estadísticas del Parlamento, Romero acota que “el gobierno habla de miles de personas, pero esas ya estaban excarceladas solo que no tenían libertad plena sino que estaban sometidas a medidas cautelares, régimen de presentación y prohibición de salida del país, entre otros”.

A pesar de introducir sus peticiones en el marco de la norma, figuras emblemáticas de la política y la sociedad civil siguen enfrentando restricciones. Y sobre todos los casos, el más relevante: María Corina Machado, la líder de la oposición que aún no ha podido regresar a Venezuela porque, de momento, el gobierno le niega la amnistía.

“Esto nos obliga a redoblar esfuerzo porque es evidente que quieren ellos seguir acabando con la vida de los nuestros. Próximamente vamos a anunciar una agenda”, declaró la activista Andreína Baduel durante una vigilia realizada en las afueras del penal.

Decenas de allegados se congregaron en la entrada de la prisión, donde se mantienen con pernoctas y vigilias permanentes desde hace más de 90 días, para reclamar la liberación de los detenidos.

El grupo encendió velas formando las palabras “SOS Rodeo I”, portó pancartas en demanda de liberación y algunos manifestantes se vistieron de amarillo y usaron capuchas, en alusión a la forma en que los presos son trasladados de sus celdas a la zona de visitas.

Baduel relató que la protesta inició el miércoles por la tarde, cuando los presos políticos extranjeros salieron al patio para tomar sol y se negaron a regresar a sus celdas como protesta por sus condiciones. Según la activista, los custodios respondieron con golpes, amenazas con armas de fuego y el uso de gas pimienta y gas lacrimógeno, lo que provocó que varios detenidos, incluido su hermano Josnars, tuvieran que ser llevados a la enfermería.

“Sé que él está muy mal porque además él había sido torturado en el Helicoide y eso le dejó una afección pulmonar crónica, y evidentemente toda la noche expuesto a tortura y a gases lacrimógenos, pues su organismo colapsó”, afirmó Baduel sobre el estado de salud de su hermano.

Hiowanka Ávila, hermana del detenido Henryberth Rivas, denunció ante la prensa que los reclusos en El Rodeo I sufren continuos maltratos y condiciones precarias de reclusión. “Están encerrados 23 horas (al día) en sus celdas con una letrina que emite gases”, afirmó Ávila, quien añadió que muchos detenidos presentan enfermedades en la piel, otitis, afecciones gastrointestinales y patologías pulmonares.

Ávila señaló que los presos extranjeros no tienen permitido comunicarse con sus familiares ni con sus embajadas, restricciones que en ocasiones también se aplican a los venezolanos. “Los familiares no vamos a dejar de estar acá hasta que nos entreguen a nuestros familiares”, insistió.

Por su parte, el Ministerio Público de Venezuela aseguró el viernes que verificó el cumplimiento de “procedimientos y protocolos de rigor” en la cárcel El Rodeo I.

“Se pudo constatar la aplicación de los procedimientos y protocolos de rigor durante los hechos (...), conforme a las normas que rigen el uso progresivo y diferenciado de la fuerza y el respeto de los derechos humanos”, indicó la Fiscalía en un comunicado difundido en la red social Instagram.

Un equipo de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos realizó el viernes una visita de supervisión en la cárcel El Rodeo I. Durante la inspección, se revisaron las grabaciones de seguridad correspondientes al día de la protesta, “iniciada por algunos privados extranjeros”, y se efectuaron “entrevistas individualizadas” con algunos detenidos, según indicó el texto oficial.

El Rodeo I fue el lugar de reclusión del gendarme argentino Nahuel Gallo, liberado en marzo, quien describió ese penal como un “lugar de tortura psicológica”. También estuvo detenido allí el ciudadano francés Julien Février, liberado esta semana tras 15 meses de detención.

(Con información de EFE)

Las restricciones impuestas por la Unión Europea afectan actualmente a 262 funcionarios y 53 entidades asociadas a la represión en Irán, quienes enfrentan la imposibilidad de viajar a países de la UE y tienen sus activos congelados en suelo comunitario. Según reportó la agencia Europa Press, los Veintisiete países miembros acordaron este lunes mantener estas medidas hasta el 13 de abril de 2027, extendiendo así por un año adicional un marco sancionador que opera desde hace quince años por motivos de violaciones de derechos humanos en la República Islámica.

La UE introdujo este régimen de sanciones en 2011, motivada por denuncias sobre abusos y violaciones graves de los derechos fundamentales en Irán, y le ha renovado la vigencia de forma anual desde entonces. Europa Press detalló que esta decisión incluye, además de la prohibición de entrada y la congelación de haberes, una serie de restricciones sobre la exportación a Irán de equipos susceptibles de ser empleados para la vigilancia interna y la represión. Asimismo, ciudadanos y empresas europeas tienen prohibido ofrecer fondos a las personas y entidades afectadas por las medidas.

De acuerdo con lo comunicado por el Consejo de la Unión Europea al anunciar la prórroga, el enfoque del bloque comunitario hacia Irán se endureció notablemente a partir de 2022. En ese año, la muerte de la joven Masha Amini mientras se hallaba bajo custodia de la policía iraní desencadenó una oleada de protestas internas que recibieron respuesta del régimen mediante un incremento en la represión. En respuesta a estos acontecimientos, la UE intensificó sus medidas restrictivas, desarrollando múltiples paquetes de sanciones durante los meses posteriores a los hechos, según consignó Europa Press.

La política restrictiva de la Unión no solo se limita a personas y entidades concretas. Entre las medidas adoptadas está la prohibición de exportar materiales y tecnologías que puedan facilitar la represión o el control de las comunicaciones dentro de Irán. Esta restricción tecnológica alcanza a dispositivos y sistemas que podrían permitir a las autoridades iraníes ejercer mayor control sobre la población o suprimir la protesta social, reportó Europa Press.

El marco sancionador de la UE busca, según las autoridades comunitarias, presionar al gobierno iraní para que respete las normas internacionales relativas a los derechos humanos. Aunque el régimen de sanciones se origina en las denuncias previas a 2011, su vigencia ha cobrado renovada relevancia ante los recientes acontecimientos internos del país asiático. La respuesta del bloque a la represión observada durante los últimos años ha consistido, según el relato del Consejo de la UE difundido por Europa Press, en reforzar tanto el alcance de los listados como los sectores y áreas tecnológicas vetadas para el régimen iraní.

En cada renovación anual, los Estados miembros evalúan la situación sobre el terreno y la evolución de los derechos humanos en Irán, determinando si es necesario modificar, extender o eventualmente incrementar las sanciones existentes. Europa Press enumeró entre las consecuencias directas de estas medidas tanto la limitación de los vínculos económicos entre ciudadanos europeos e individuos o entidades sancionadas, como el aislamiento internacional de los responsables señalados por la represión.

Las restricciones emprendidas desde Bruselas forman parte de una estrategia más amplia orientada a contener los abusos y desalentar futuras transgresiones mediante la presión diplomática y económica. El Consejo de la Unión Europea, citado por Europa Press, defendió la necesidad de mantener la presión sobre los responsables con la finalidad de que rindan cuentas por los abusos cometidos y se impulse una mejora en la protección de los derechos fundamentales dentro del país.

Las sanciones incluyen herramientas legales que dificultan la financiación o el traslado de fondos y recursos a individuos y organismos sancionados, aspecto que, señaló Europa Press, busca cortar las vías de apoyo financiero potencialmente utilizadas para sostener la represión interna. Esto afecta tanto a operaciones bancarias, transferencias de recursos y otras formas de asistencia financiera, como a colaboraciones que puedan existir entre el sector privado europeo y actores económicos de Irán relacionados con el aparato de seguridad.

La duración y el alcance de estas medidas han sido objeto de seguimiento y revisión constante por parte de los órganos responsables en el seno de la Unión Europea. Europa Press recogió que, según el Consejo de la UE, la ampliación del periodo de sanciones responde a la persistencia de condiciones que justifican su mantenimiento, especialmente tras los hechos que desencadenaron un incremento de la represión en los últimos años.

El campo de aplicación abarca también la colaboración tecnológica para la vigilancia de telecomunicaciones, cuyo objetivo es impedir que desarrollos europeos sean empleados para restringir la libertad de información y movimiento dentro de Irán. Esta área constituye una de las más sensibles, dada la dependencia de equipos y software de origen europeo en sectores clave de la infraestructura estatal iraní, consignó Europa Press.

La política comunitaria hacia Irán, en lo relativo a los derechos humanos, seguirá evaluándose de manera periódica. El compromiso de los Estados miembros está orientado a ajustar la intensidad y el tipo de sanciones en función de la evolución de la situación interna. En declaraciones divulgadas por Europa Press, el Consejo de la UE subrayó la importancia de mantener la atención sobre los desarrollos en Irán y actuar con rapidez ante eventuales agravios adicionales a los derechos fundamentales.

El informe más reciente de Amnistía Internacional señala que sólo cuatro de las dieciséis ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA han publicado hasta el momento sus planes relacionados con derechos humanos, y ninguna de ellas aborda la protección ante eventuales prácticas abusivas contra personas migrantes. En ese contexto, la organización advierte que aún existe margen para el cambio, pero exige compromisos claros por parte de los gobiernos, la FIFA, las federaciones y los patrocinadores para resguardar a todos los participantes en el evento deportivo más importante de 2026. Según Amnistía Internacional, la cita mundialista podría convertirse en un escenario para la represión y servir de plataforma a prácticas autoritarias si los países anfitriones no ajustan su conducta a los estándares internacionales de derechos humanos.

De acuerdo con el reporte publicado por Amnistía Internacional, las ciudades anfitrionas han experimentado recientes prácticas de represión, especialmente en Estados Unidos, donde el uso de las agencias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha incrementado la preocupación por los derechos de migrantes y refugiados. La organización destaca que, en 2025, las autoridades estadounidenses han deportado a más de 500.000 personas, cifra que supera en casi ocho veces la cantidad de asistentes previstos para la final en el Estadio MetLife.

El director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, Steve Cockburn, expuso que estas deportaciones y detenciones masivas han sido posibles mediante la reducción de las garantías de debido proceso, afectando derechos fundamentales como la libertad y la seguridad de cientos de miles de personas migrantes. Según lo consignado por Amnistía Internacional, esto ha provocado la fragmentación de comunidades y ha instalado un clima generalizado de temor, que podría extenderse a quienes planean asistir o participar en las celebraciones futbolísticas.

El medio Amnistía Internacional detalló que ciudades como Dallas, Houston y Miami han firmado acuerdos para que las fuerzas locales de seguridad colaboren con ICE. La ONG advierte que esto genera un aumento en el uso de perfiles raciales y en la vulnerabilidad de los colectivos inmigrantes. Además, resalta la preocupación ante la falta de garantías tanto por parte de la FIFA como de las autoridades nacionales respecto al resguardo de la afición y de las comunidades locales frente a prácticas como la utilización de perfiles étnicos, redadas al azar o detenciones arbitrarias.

En relación con las respuestas institucionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, federalizó y desplegó en junio de 2025 cerca de 4.000 miembros de la Guardia Nacional en Los Ángeles, en reacción a protestas contra operativos de inmigración, según informó Amnistía Internacional. La organización pone de relieve que esta dinámica de despliegue militar y policial compromete riesgos adicionales para quienes buscan ejercer derechos como la protesta o la simple asistencia a eventos públicos.

En el caso de México, la ONG subraya que el gobierno ha movilizado unos 100.000 agentes de seguridad, incluidos efectivos militares, en respuesta a los elevados índices de violencia. Amnistía Internacional indica que estas condiciones pueden aumentar el riesgo para manifestantes y otros sectores sociales. El informe cita, por ejemplo, el caso de mujeres activistas mexicanas que planean una protesta pacífica en el partido inaugural del Estadio Azteca, con el objetivo de exigir verdad, justicia y reparación para familiares desaparecidos.

Según consignó Amnistía Internacional, la situación también afecta al colectivo LGTBIQ, que requiere garantías adicionales para evitar discriminación, hostigamiento o abusos durante el desarrollo de la Copa Mundial. La ONG recomienda que la protección de estos grupos sea prioritaria en la agenda de autoridades y organizadores.

A partir del análisis difundido por el medio, Amnistía Internacional exige que se asegure el derecho a la libertad de expresión y a la reunión pacífica en todos los países anfitriones, tanto en el interior como en los alrededores de los estadios y entornos vinculados al torneo. Entre las recomendaciones urgentes planteadas se encuentran la prohibición de la intervención de fuerzas armadas en tareas de seguridad civil, la protección activa del trabajo de los medios de comunicación y la implementación de protocolos claros para prevenir redadas indiscriminadas, perfiles étnicos, detenciones masivas, y deportaciones no justificadas, sobre todo en Estados Unidos.

Amnistía Internacional también demanda que se revoquen las prohibiciones de viaje consideradas discriminatorias para el ingreso a territorio estadounidense y que se adopten medidas eficaces para la protección de aficionados y miembros de la comunidad LGTBIQ. Según los portavoces de la organización, la responsabilidad de velar por estos derechos no corresponde únicamente a los gobiernos nacionales, sino que involucra a la FIFA, las federaciones nacionales y los patrocinadores, quienes, por su papel y su influencia, pueden incidir en que los derechos de aficionados, jugadores, periodistas, trabajadores y comunidades locales estén resguardados durante el desarrollo del torneo.

El informe difundido por Amnistía Internacional subraya que “la belleza del fútbol no puede quedar empañada por riesgos de abuso de derechos humanos” y recalca que la actual edición de la Copa Mundial se aleja de la clasificación original de “riesgo medio” otorgada por la FIFA, dada la magnitud de los desafíos actuales en materia de garantías legales y el contexto de políticas migratorias y de seguridad. La organización sostiene que es fundamental que ningún evento, sede o concentración de la Copa sirva como pretexto para operativos de inmigración o acciones gubernamentales que excedan el marco del respeto a los derechos y libertades.

En conclusión, el informe de Amnistía Internacional visibiliza los riesgos existentes en la región de América del Norte de cara a la realización del torneo y reclama la adopción urgente de medidas para asegurar el respeto pleno de los derechos fundamentales de todos los involucrados en la competición.

El gobierno de Nicaragua ha impuesto desde 2024 una prohibición sistemática sobre las procesiones públicas de Semana Santa, una medida que ha resultado en la cancelación de más de dos mil procesiones cada año durante tres años consecutivos.

De acuerdo con lo expuesto por la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, entre 2023 y 2026 se han documentado más de 22,000 prohibiciones de actos religiosos vinculados a la Cuaresma y Semana Santa, consolidando un patrón de represión que afecta a la Iglesia Católica en todo el territorio nacional.

El medio Reuters ha confirmado que esta política ha transformado la práctica religiosa en el país y generado preocupación internacional. La ofensiva estatal contra la Iglesia Católica se intensificó tras las protestas sociales de 2018, cuando líderes religiosos ofrecieron refugio a manifestantes perseguidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Desde entonces, los ataques y restricciones han escalado, registrándose 971 agresiones contra católicos entre 2018 y 2024, con un pico de 275 incidentes en 2023, según AP. La persecución ha incluido profanaciones, atentados y una vigilancia constante sobre las actividades eclesiásticas.

Prohibición de procesiones y vigilancia policial

El veto a las procesiones comenzó en 2023, año en que se documentaron 3,176 eventos religiosos suspendidos. En 2024 y 2025, la tendencia se mantuvo con 4,800 y 3,500 procesiones prohibidas respectivamente.

Para la Cuaresma de este año 2026, la cifra ascendió a 5,726 actos cancelados. Ante este panorama, la Policía Nacional no solo comunica las prohibiciones, sino que también desplegará entre 13,000 y 14,000 agentes alrededor de templos, vigilando el cumplimiento de las restricciones.

Estas prohibiciones afectarán las nueve jurisdicciones eclesiásticas de Nicaragua, incluidas la arquidiócesis de Managua y ocho diócesis. El impacto ha sido especialmente severo en Matagalpa, donde el obispo Rolando Álvarez fue encarcelado y luego exiliado. En esa región, aproximadamente el 70% del clero ha abandonado el país.

Las restricciones alcanzan procesiones emblemáticas como la del Domingo de Ramos, el Vía Crucis penitencial, festividades de Corpus Christi, Cristo Rey y otras devociones populares. También están prohibidas las representaciones teatrales de la Pasión, conocidas como “Judeas”, y procesiones tradicionales como la de San Lázaro en Masaya o el Vía Crucis acuático en las isletas de Granada.

Expulsiones y cierre de instituciones religiosas

Desde 2018, al menos 309 religiosos han sido expulsados o forzados al exilio, entre ellos cuatro obispos, 146 sacerdotes y 99 religiosas. A esto se suma el cierre de más de 1,650 iglesias y entidades religiosas y la cancelación de la personería jurídica de unas 1,500 organizaciones vinculadas a la iglesia.

La Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional catalogó en 2026 las condiciones de Nicaragua como “abismales”. El país figura en la “Lista de Países de Especial Preocupación” del Departamento de Estado de EE.UU. y en el puesto 32 de la Lista Mundial de la Persecución de Puertas Abiertas.

Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han documentado abusos sistemáticos y expulsiones masivas de religiosos. Ante este panorama, Martha Patricia Molina advierte que los datos disponibles representan solo una fracción de las restricciones reales, ya que muchas parroquias prefieren no denunciar abusos por temor a represalias.

Por lo que, la cifra documentada de 27,034 actos religiosos prohibidos entre 2019 y 2026 podría ser varias veces mayor, ante un contexto de intimidación constante y silencio obligado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación” por el “deterioro significativo” de los servicios esenciales en Cuba debido a la escasez de combustibles.

La CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) advirtieron en un comunicado sobre el riesgo de un colapso humanitario por el deterioro de servicios, con impactos graves sobre presos y grupos vulnerables como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas mayores.

El organismo subrayó que la alta dependencia de importaciones de combustibles incrementa la fragilidad del sistema sanitario, agravada por el desabastecimiento de insumos y medicamentos, así como por limitaciones diagnósticas y terapéuticas.

En ese sentido, remarcó que los prolongados cortes de electricidad afectan el acceso al agua potable y que se registra un aumento sostenido en los precios de los alimentos.

La CIDH, órgano principal y autónomo de la OEA, advirtió que la crisis humanitaria en Cuba se desarrolla en un contexto de “graves violaciones de derechos humanos y serios problemas estructurales”, entre los que mencionó la continuidad de un modelo de partido único, la ausencia de elecciones libres y de pluralismo político, y la prohibición de la asociación con fines políticos.

El organismo denunció además que la represión política en la isla se encuentra en uno de sus puntos “más críticos y alarmantes”, con niveles históricamente altos de detenciones y una persecución sistemática orientada a silenciar a quienes exigen libertad y democracia.

La CIDH señaló que la represión en Cuba se ejerce mediante detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin garantías del debido proceso, aislamiento de activistas y sus familias, y el uso del aparato estatal para criminalizar la disidencia pacífica.

El organismo consideró que, ante este panorama, la responsabilidad primaria por el bienestar de la población recae sobre el Estado cubano, cuyas políticas económicas restrictivas y el modelo de partido único son identificados como la causa estructural de la crisis.

A su vez, reiteró su preocupación por los efectos de las sanciones impuestas sobre Cuba y el cierre de los mercados internacionales, y abogó por el respeto efectivo de los derechos humanos, la separación e independencia de los poderes públicos, el pluralismo político, la participación democrática y el cese de toda forma de represión.

En esa línea, instó al régimen cubano a adoptar “urgentemente medidas efectivas y progresivas” para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales sin discriminación y en condiciones de igualdad para toda la población.

La prestigiosa organización global Human Rights Watch (HRW) también se refirió a la calamitosa situación humanitaria originada por el régimen cubano: “El agravamiento de la crisis económica ha socavado el acceso de la población a los alimentos, la atención sanitaria y la electricidad”.

“El gobierno continúa reprimiendo y castigando la disidencia y las críticas públicas. Cientos de críticos y manifestantes, entre ellos muchos participantes en las históricas manifestaciones de julio de 2021, siguen detenidos arbitrariamente”, denunció HRW en el informe presentado en febrero de 2026.

De acuerdo con la organización no gubernamental Cubalex, al menos 203 personas fueron detenidas arbitrariamente en operaciones policiales y de vigilancia estatal entre enero y junio de 2025.

Los cubanos siguen huyendo del país en grandes números. Según cifras oficiales, Cuba perdió alrededor del 10% de su población en los últimos años. Estudios independientes estiman que la cifra real podría ser aún mayor.

Cada vez más cubanos optan por establecerse y desplazarse dentro de Latinoamérica, un fenómeno que se aleja de la percepción tradicional de la región como simple “corredor migratorio”, según un análisis reciente de la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

“Estas tendencias muestran que América Latina ya no es un corredor para migrantes de Cuba, sino que cada vez se convierte más en el hogar que anhelan”, afirmó María Moita, directora Regional de la OIM para América Latina y el Caribe.

Moita explicó que, detrás de estas cifras, hay personas que enfrentan decisiones complejas sobre dónde reconstruir sus vidas. Subrayó que los datos obtenidos diariamente en terreno permiten a los gobiernos desarrollar políticas migratorias basadas en evidencias que reflejan estas realidades.

(Con información de EFE)

La Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados rechazó la proposición no de ley presentada por el Partido Popular (PP) y respaldada únicamente por Vox, cuyo objetivo consistía en que el Gobierno español promoviese la condena internacional del régimen cubano y denunciase las violaciones a los derechos humanos en la isla. De acuerdo con la información recogida por el medio, la propuesta sumó 17 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones, lo que provocó que no prosperara en la comisión parlamentaria.

Tal como indicó el medio, la iniciativa planteada por el PP buscaba instar al Ejecutivo a que en "todos los foros de los que España forma parte" se impulsara una condena unánime al gobierno cubano, haciendo especial hincapié en la represión que sufren las mujeres en el país caribeño. Durante el debate, la diputada popular Silvia Franco sostuvo que “Cuba no es ningún mito revolucionario, es una dictadura opresora, la más longeva de América Latina, un régimen que ha eliminado el pluralismo político, que reprime sistemáticamente la disidencia y que ha condenado con su modelo económico fracasado a generaciones de cubanos a la escasez, a la pobreza estructural y a la migración forzosa”, según detalló el medio.

Franco argumentó que la iniciativa también pretendía demostrar “la capacidad del Congreso de los Diputados para llamar dictadura a una dictadura y víctima a una víctima”, además de denunciar la persecución que padecen las mujeres en la isla. Reclamó coherencia al Gobierno y cuestionó que no se puede “hablar de feminismo en Madrid” y “mirar hacia otro lado” cuando “las mujeres golpeadas, difamadas, llevan la bandera cubana”. Según publicó la fuente, esta intervención formó parte de la defensa de la postura del PP que, finalmente, quedó aislado junto a Vox en la votación.

Desde el PSOE, el diputado David Serrada respondió al PP señalando que al principal partido de la oposición, “le importa entre poco y nada la situación de los Derechos Humanos en Cuba”, y afirmó que la intención real del PP era condicionar posicionamientos políticos en torno a la situación de la isla, relató el medio. Serrada indicó: “Por supuesto que nos preocupa la situación en Cuba, por supuesto que defendemos los Derechos Humanos y de manera muy especial los derechos de las mujeres en cualquier lugar del mundo”. Rechazó que su partido utilice los derechos humanos como “arma arrojadiza o coartada política”, sostuvo que la propuesta del PP resultaba vacía y criticó que no incluía ninguna medida nueva ni mecanismos eficaces para mejorar la situación de los ciudadanos cubanos.

Por parte de Sumar, el portavoz Francisco Sierra Caballero criticó la posición del PP y acusó tanto a este partido como a Vox de alinearse con “el tirano de la Casa Blanca”. Según reportó la fuente, Sierra alertó sobre la necesidad de denunciar las amenazas de Estados Unidos contra Cuba, citando el agravamiento de la situación humanitaria en la isla a raíz del “bloqueo energético y el asedio petrolero” que se habrían traducido en apagones masivos.

El debate también incluyó referencias a la presencia de Pablo Iglesias en Cuba. Silvia Franco y Francisco José Alcaraz, portavoz de Vox, cuestionaron el viaje de una flotilla de solidaridad integrada por Iglesias y otras figuras. Franco calificó de incongruente que la izquierda española se refiera al gobierno cubano como un “faro moral” y señaló que sus miembros organizan misiones humanitarias desde hoteles de lujo, pero no dedican tiempo, dijo, a denunciar la represión ejercida, recoge el medio. Alcaraz, por su parte, mencionó que Iglesias se aloja en hoteles donde el costo diario equivale al sueldo de dos años de un cubano y denunció que quienes participan en esa flotilla se han reunido “con los opresores, con los dictadores”, según divulgó la fuente original. Las declaraciones de Iglesias incluyeron imágenes con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, difundidas a través de redes sociales, lo que fue objeto de nuevas críticas por parte de los portavoces del PP y Vox.

El rechazo a la proposición del PP por parte de los grupos parlamentarios PSOE y Sumar mostró la división entre las posiciones políticas respecto a la política exterior española sobre Cuba, la valoración de la situación de los derechos humanos en la isla y la postura ante las acciones del Gobierno de Estados Unidos y su embargo. El medio indica que los partidos en la comisión esgrimieron diferentes argumentos para justificar sus votos, desde la necesidad de medidas eficaces para mejorar la situación de la población cubana hasta la interpretación de la iniciativa como un uso político de la cuestión cubana.

La votación cerró con el resultado adverso para el PP y Vox, que no lograron recabar apoyos suficientes para que el Congreso inste al Gobierno a liderar una condena internacional contra el régimen cubano y denuncie, especialmente, la represión hacia las mujeres. El debate también subrayó la utilización de la situación en Cuba como elemento de confrontación política interna, según reflejó la cobertura del medio.

El escritor, periodista, historiador, apasionado militante de izquierda, perseguido por la Triple A y forzado al exilio Osvaldo Bayer publicó una columna en el diario Página/12 en diciembre de 2005 sobre Juan Jaime Cesio en la que decía: “El coronel argentino Juan Jaime Cesio fue descalificado por falta gravísima al honor con accesoria de pérdida del uso del grado, título y uniforme, por la dictadura militar de la desaparición de personas”.

“El héroe, en la Argentina, es el culpable. El dictador de manos manchadas de sangre es el juez”, explicó el autor de La Patagonia Rebelde.

Las palabras de Bayer sirven para introducir el nombre de Cesio, quien por oponerse al terrorismo de Estado de la dictadura de 1976 fue castigado. La drástica sanción castrense se fundamentó en que Cesio acompañó a las Madres de Plaza de Mayo en una de sus históricas marchas.

Asimismo, el militar declaró de manera abierta durante los años de plomo que diversas bandas integradas por militares habían usurpado el gobierno nacional con “el mendaz propósito de combatir a la subversión interna, cometieron delitos aberrantes, tales como el secuestro, la tortura y el asesinato de miles de personas”.

Por denunciar públicamente la desaparición sistemática de ciudadanos, el aparato represivo estatal le inició un severo sumario interno bajo la repudiable figura de “deshonor e indecoro militar”.

Tras un viciado proceso disciplinario, el Superior Tribunal de Honor del Ejército le impuso, el 7 de noviembre de 1983, la máxima sanción de la fuerza. la más grave de las sanciones previstas: la descalificación por falta gravísima al honor, con la accesoria de pérdida y privación de su grado, título y uniforme. Esa condena de por vida fue ratificada mediante el decreto 3146 del 30 de noviembre de aquel mismo año, a escasos diez días de la asunción del gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Los tribunales castrenses de la época esgrimieron por escrito que el coronel privilegiaba equivocadamente su condición de ciudadano por sobre su condición militar.

Sin embargo, la implacable persecución contra ese oficial de la Nación había comenzado mucho antes de la instauración de la dictadura. Durante el año 1973, Cesio se desempeñaba como secretario general del Ejército Argentino bajo el mando directo del Comandante en Jefe del Ejército general Jorge Raúl Carcagno.

Fue precisamente en esa gestión castrense cuando el general Carcagno denunció ante la décima Conferencia de los Ejércitos Americanos los peligrosos postulados de la Doctrina de la Seguridad Nacional, orientada exclusivamente a la represión interna.

Por su impecable foja de servicios, Cesio fue propuesto formalmente por la Junta Superior de Calificaciones para su ascenso al generalato en los años 1973 y 1974. No obstante, durante el último gobierno de Juan Domingo Perón, su carrera militar sufrió un freno definitivo.

El entonces ministro de Bienestar Social y monje negro del gobierno, José López Rega, bloqueó de manera personal su ascenso en las respectivas comisiones del Congreso de la Nación. El falso argumento utilizado burocráticamente para trabar su promoción consistió en acusarlo de ser un comunista que había participado activamente en las revueltas del Mayo francés de 1968, a pesar de que los registros migratorios marcaban que Cesio recién había visitado París a partir del año 1971.

Ante estas presiones gubernamentales, el oficial fue pasado a retiro obligatorio en 1975. Posteriormente, la dictadura de facto se encargó de promover a los oficiales que habían sido postergados junto a él.

Tras ser apartado injustamente de las filas castrenses y despojado de su rango, Juan Jaime Cesio tuvo que rearmar su vida en el ámbito civil. Trabajó profesionalmente como gerente de seguridad de la empresa estatal YPF, y se desempeñó como estrecho asesor en temas vinculados a la defensa nacional junto al histórico dirigente Oscar Alende. Asimismo, el ex uniformado encontró ocupación prestando servicios como corrector de estilo literario en varias publicaciones de la época. En ese contexto, llegó a redactar e imprimir un libro de su autoría titulado “La cocina del cuartel”. Sobre esa obra en particular, el propio militar detalló años más tarde que contenía amables tintes de humor y un capítulo entero dedicado a describir para qué sirven verdaderamente los militares en una sociedad moderna, logrando vender alrededor de mil ejemplares. En paralelo a esto, fundó el Centro de Militares por la Democracia (CEMIDA) de forma conjunta con su compañero de armas, el coronel Horacio Ballester.

Durante los años posteriores al restablecimiento del orden constitucional en el país, los sucesivos gobiernos ignoraron por completo su situación legal. Las gestiones presidenciales, los ministros de Defensa de turno y los legisladores nacionales mandaron archivar sistemáticamente en los despachos ministeriales los diversos pedidos de revisión de su expediente.

Cesio llegó a enviarle una misiva formal al ex presidente Carlos Menem, quien jamás le brindó una respuesta institucional. Ante esa inacción deliberada por parte del Estado, el militar se encargó de mantener vivo su justo reclamo de manera inclaudicable.

El propio oficial narró ante la prensa nacional que, cada vez que se producía un recambio de autoridades en las cúpulas militares, se presentaba pacientemente portando una nueva nota escrita mediante la cual solicitaba que por fin se hiciera estricta justicia con su caso.

El 23 de marzo de 2006 se produjo el acto oficial que finalmente dispuso la restitución definitiva de su grado militar. Las complejas gestiones que culminaron de manera exitosa en esa medida reparatoria comenzaron a fines de 2005. El proceso burocrático tomó un impulso notorio luego de que la entonces ministra de Defensa de la Nación, Nilda Garré, invitara de manera oficial al coronel a participar del cóctel de fin de año de su ministerio.

El largo y tedioso proceso administrativo encontró su resolución el 3 de marzo de 2006, cuando el jefe del Estado Mayor General del Ejército, general Roberto Bendini, firmó la disposición que dejó sin efecto la sanción y levantó la prohibición del uso del uniforme. La disposición fue avalada y ratificada por Garré el 6 de marzo de aquel mismo año.

Al ser debidamente notificado de la restitución de sus laureles, el militar expresó públicamente sus profundas sensaciones frente a los medios de comunicación. “Estoy realmente abrumado porque, después de tanto tiempo, no lo esperaba. Es absolutamente emotivo”, confesó el oficial ante la prensa, mostrándose visiblemente conmovido por la situación.

Con innegable franqueza, el protagonista de la jornada dimensionó el peso de todo el tiempo transcurrido en el ostracismo burocrático, afirmando: “He tenido que esperar treinta años para que se hiciera esto”. Asimismo, a lo largo de aquel día, Cesio no dudó en calificar a la infamante sanción impuesta originalmente por la dictadura como una lisa y llana “estúpida medida” en su contra, destacando que siempre aguardó el momento idóneo en el que se hiciera estricta justicia. Para la ceremonia de desagravio institucional, la dependencia oficial de sastrería del Ejército le confeccionó un uniforme reglamentario nuevo a su exacta medida, prenda que le fue obsequiada de manera personal por el propio general Bendini. “Ayer me mandaron de la sastrería militar mi uniforme y me lo volveré a poner esta tarde”, relató con indisimulable y justo orgullo el coronel.

El acto reparatorio impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional se llevó a cabo el jueves 23 de marzo de 2006, exactamente a las 18, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Ese día estuvieron allí funcionarios gubernamentales, legisladores, organismos defensores de los derechos humanos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. El entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, pronunció un discurso dotado de una trascendental carga histórica.

Durante esa ceremonia, el Estado argentino no solo restituyó íntegramente los honores militares a Juan Jaime Cesio, sino que el presidente de la República anunció formalmente el envío al Senado de la Nación del pliego correspondiente para concretar su postergado ascenso extraordinario al grado de general de brigada. En ese mismo marco institucional, también se procedió a oficializar el ascenso post mortem del coronel Martín Rico, un uniformado que había sido asesinado por la organización terrorista Triple A en marzo de 1975, luego de investigar y señalar de forma explícita a José López Rega como el máximo responsable de dicha estructura criminal amparada desde el poder.

Aquel día Kirchner aseguró que se estaba llevando adelante un acontecimiento fundamental que superaba ampliamente las barreras de un simple trámite administrativo. “Estamos produciendo un acto que la democracia, el Gobierno y el pueblo se debían a sí mismos”, afirmó Kirchner . Luego señaló: “Sin rencor, con memoria, estamos haciendo un acto de la más estricta y pura justicia”. El presidente argumentó que resultaba completamente imperioso dejar atrás los eufemismos del pasado y comenzar a poner decididamente las cosas de la historia en su justo lugar.

Kirchner recordó que a Cesio se le había reprochado burocráticamente el imperdonable hecho de haber privilegiado su condición de ciudadano por sobre su condición de militar. Ante esta evidente aberración jurídica y moral, Kirchner cuestionó la falsa premisa corporativa que insinuaba que ser un integrante activo de la milicia significaba abandonar obligatoriamente la calidad ciudadana, sosteniendo que la recuperación y el resguardo de la ciudadanía resulta siempre un aspecto absolutamente fundamental en la vida democrática de cualquier nación.

En directa referencia al sentido de la restitución gubernamental en curso, el jefe de Estado pronunció palabras sumamente contundentes: “Debemos hacer esto para que en la Argentina no pueda ya decirse que el héroe es condenado y el dictador con las manos manchadas de sangre resulta juez”.

El ex presidente miró al militar y le dijo: “Querido coronel Cesio, futuro general de la Nación, muchos de los de mi generación que hoy estamos y de los que no están, que en muchas cosas pensábamos igual, siempre, desde hace más de treinta años, pudimos conocer su honorabilidad, su amor a la democracia, su amor a la verdad, el concepto y la filosofía que quería de las instituciones armadas y de su querido Ejército, al cual entregó su vida, su pasión por esta Argentina”.

Hacia la conclusión definitiva del histórico acto en la sede del gobierno nacional, el máximo mandatario aprovechó el enorme peso de la ocasión para pedir sinceras disculpas en representación del Estado. Kirchner remarcó ante los presentes que, después de tantas horas infortunadas y dolorosas que el militar debió atravesar en abrumadora soledad, las instituciones de la República trataban finalmente de devolverlo al lugar de prestigio que en las páginas de la historia de la Patria le correspondía detentar. Asimismo, subrayó a viva voz que las fuerzas armadas nacionales se prestigiarían de manera indiscutible ante el mundo entero al lograr contar nuevamente en sus filas con la inobjetable presencia de generales honorables como Juan Jaime Cesio y Martín Rico. El presidente argentino indicó que la emotiva ceremonia encerraba para el seno de la sociedad civil la imprescindible noticia de que los argentinos no habían perdido de modo definitivo la elemental capacidad humana de distinguir de manera nítida entre el bien y el mal, como así tampoco de diferenciar claramente entre lo que es honorable y lo que representa una deshonra.

Para concluir la jornada de reparación, Kirchner formuló un llamado inclaudicable a destruir para siempre los oscuros códigos del silencio corporativo instaurados en el ámbito castrense, asegurando que únicamente con verdad, con memoria activa y con castigo a los culpables se lograrían echar las bases sólidas para construir un país mucho más justo y equitativo. Cesio fue ascendido a general de brigada un mes más tarde de la ceremonia. Cesio murió el 23 de diciembre de 2017 a los 91 años. Murió con el grado militar que le correspondía.

El Miranda Center for Democracy, un think tank basado en Washington DC con la misión de promover libertades, seguridad, democracia y transparencia en América Latina y el Caribe concluyó en su reporte “Petróleo por represión”, presentado en un evento organizado por el Jack D. Gordon Instituto de Políticas Públicas de FIU en Miami, con el apoyo del Instituto Republicano Internacional (IRI), que el régimen de Hugo Chávez y después Nicolás Maduro envió a Cuba desde el 2000 el equivalente 63.8 miles de millones de dólares -a dólares constantes de 2026- en petróleo a cambio de la instalación de uno de los aparatos represivos más sofisticados del mundo.

A diferencia de la narrativa que se escuchó por décadas, que el petróleo que se enviaba a Cuba era “gratis”, la investigación concluye que el régimen chavista utilizó importantes reservas de crudo -hasta 105 mil barriles diarios en su pico entre 2008 y 2012- desde los tiempos de Fidel Castro y Hugo Chávez a cambio de adiestramiento y capacitación a los cuerpos de seguridad, especialmente inteligencia y contrainteligencia, para reprimir a miles de inocentes venezolanos. De hecho, un informe de la Misión de Verificación Independiente de Naciones Unidas confirma, según testimonios de disidentes, que agentes cubanos “asesoran y participan” en el asedio, intimidación y persecución en contra de los que se oponen a la dictadura. Únicamente desde el 2014, más de 20.000 venezolanos y extranjeros han sido detenidos por los cuerpos de seguridad, inteligencia y contrainteligencia diseñado por cubanos y muchos de ellos torturados o incluso, asesinados.

Aunque la hermandad entre ambos regímenes ha sido evidente desde que Chávez tomó el poder el 2 de febrero de 1999 —una vez llegó a decir que Cuba y Venezuela eran “lo mismo”— no había suficiente certeza del dinero que le costaron a los venezolanos los envíos diarios de barriles de petróleo. Incluso, por años manipularon a la población venezolana con unas supuestas misiones sociales de salud, educación y deporte que camuflaron a muchos agentes de médicos, enfermeras y maestros. Lo que hizo posible este encubrimiento fue una cláusula de ‘pago mediante servicios’ incluida en el acuerdo original de 2000: Cuba ‘pagaba’ el petróleo con médicos y maestros, pero también con asesores de inteligencia, todos bajo el mismo paraguas, sin auditoría posible.

Los venezolanos fuimos expulsados de nuestro país por las amenazas del régimen y la gran mayoría por una crisis económica y humanitaria autoinfligida por el chavismo, haciendo que millones decidieran salir a pie a buscar una mejor vida poniendo la propia en riesgo mientras seguíamos enviando petróleo a Cuba a cambio de torturadores y mentores del terrorismo de Estado. Las condenas internacionales llegaron durante Maduro pero la sumisión se gestó mucho antes.

Chávez distorsionó completamente el significado de las fuerzas de seguridad, inteligencia y defensa de Venezuela desde el 2008, con la implementación del Grupo de Coordinación y Enlace (GRUCE) como respuesta a la derrota electoral de Chávez en 2007. Es a través del GRUCE que Cuba logró infiltrarse y distorsionar las fuerzas del Estado venezolano, quienes se rediseñaron para servir a “la revolución” y “al orden interno” mientras los homicidios y el crimen organizado causaban una primera ola migratoria de personas marcadas de por vida con secuestros, asesinatos o robos.

Ese acuerdo, firmado en mayo de 2008 entre los ministerios de defensa de ambos países, comenzó con apenas unos pocos especialistas militares cubanos con acceso directo a las unidades venezolanas — y creció hasta convertirse en el andamiaje doctrinal de todo el aparato de inteligencia, contrainteligencia, seguridad y defensa.

Los cambios de DISIP (Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención) a SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) en 2008, o de DIM (Dirección de Inteligencia Militar) a DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) en 2011, así como la incorporación de organizaciones dentro de las Fuerzas Armadas como las ZODI (Zonas de Defensa Integral) o REDI (Regiones de Defensa Integral) no son aleatorias; son influencia cubana directa para responder a las amenazas dentro de la nueva doctrina del gobierno: manifestaciones y promoción de la democracia e institucionalidad de las fuerzas del orden.

El reporte del Miranda Center documenta que el DGCIM fue rediseñado directamente sobre el modelo del G2 cubano, utilizando sus manuales de entrenamiento y protocolos de interrogatorio. Miraflores decidió que la inteligencia se dedicara a desmantelar partidos políticos y ONGs mientras el ELN se instaló en ocho de los 24 estados del país o Tareck-El Aissami (ex ministro de petróleo, ex vicepresidente, entre otros) desfalcó al Estado por decenas de millones de dólares. No fue negligencia, fue una decisión política.

La represión no fue gratuita: Venezuela pagó con envíos de petróleo que hoy alcanzarían para reconstruir nuestro sistema eléctrico más de tres veces o casi el equivalente de todo el endeudamiento que tuvimos con China. Pagamos con petróleo la instalación del esquema de inteligencia y defensa que atentó contra los venezolanos y que nada pudo hacer cuando tuvo una verdadera amenaza militar. La ironía quedó expuesta el 3 de enero de 2026, cuando una operación militar estadounidense capturó a Maduro: su última línea de defensa no eran soldados venezolanos sino 32 agentes cubanos que murieron en combate protegiéndolo.

A febrero de 2026, algunos asesores cubanos han comenzado a salir de Venezuela bajo presión estadounidense, pero, así como cargamos la debacle económica como legado del socialismo y la cleptocracia, los venezolanos seguimos sintiendo la amenaza del legado cubano en las manos de González López, Diosdado Cabello, Alexander Granko y las instituciones represoras que siguen intactas. Mientras sigan en el poder los hijos del GRUCE, seguirá latente la amenaza de la represión y el recuerdo de la tortura que presos políticos aún hoy padecen.

El reporte completo del Miranda Center, disponible en mirandacenter.org, documenta los nombres, las fechas y los mecanismos de esta ocupación.

Según informó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, desde la declaración sobre la liberación de reclusos tras la intervención diplomática del Vaticano, el gobierno ha intensificado su respuesta represiva. El OCDH afirmó que solamente 21 presos políticos han sido liberados hasta el momento, cifra menor a la anunciada oficialmente. Paralelamente, el grupo reportó que al menos 15 personas fueron detenidas en ese periodo, de las cuales doce aún siguen bajo custodia o su liberación no ha quedado confirmada por las autoridades, situación que incluye a dos menores de edad.

El OCDH indicó que muchas de las detenciones más recientes se relacionan con manifestaciones ocurridas en la localidad de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila. Además, la organización ha mencionado la existencia de diversas acciones de presión, tales como arrestos domiciliarios, vigilancia constante por parte de la policía en los domicilios de opositores y lo que describió como uso excesivo de la fuerza contra quienes participaron en protestas. El comunicado emitido por la entidad subraya que estos incidentes representarían un “patrón de presión y control” con el objetivo de contener la protesta social y restringir los derechos fundamentales de la población.

El contexto de estas denuncias incluye las declaraciones previas del Ministerio de Exteriores cubano, el cual anunció cinco días antes la puesta en libertad de 51 personas encarceladas, como resultado de la mediación del Vaticano, tradicional interlocutor en procesos humanitarios y negociaciones similares en la isla. Sin embargo, la organización Prisoners Defenders (PD) señaló que, hasta febrero de 2026, el total de presos políticos asciende a 1.214 personas, cifra superior al reporte de enero del mismo año, cuando se contabilizaron 1.207 casos, mencionó la misma ONG, en lo que confirma una tendencia al alza en el número de personas encarceladas por motivos políticos.

El reporte del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y las cifras difundidas por Prisoners Defenders sobre la situación carcelaria han puesto de relieve el contraste entre las promesas de excarcelación y la persistencia, e incluso el incremento, de acciones represivas por parte de las fuerzas estatales cubanas. Según publicó el OCDH, las medidas tomadas por las autoridades abarcan desde la intimidación hasta la privación de la libertad, afectando no solo a quienes participan directamente en manifestaciones sino también a su entorno familiar y a otros sectores de la sociedad civil como periodistas y defensores de derechos humanos.

Distintas organizaciones han coincidido en señalar la permanencia de menores entre las personas detenidas, hecho al que el OCDH ha concedido especial relevancia en su último comunicado. La documentación de estos arrestos y la falta de confirmación sobre el estado de algunos de los detenidos resaltan la opacidad en los procesos y la preocupación de la sociedad civil respecto a la garantía de los derechos procesales y de protección de la infancia en estos contextos.

El OCDH, junto a otras entidades como Prisoners Defenders, ha subrayado que más allá de los anuncios de excarcelaciones y de iniciativas diplomáticas, la infraestructura represiva y coercitiva no muestra señales de retroceso. El medio continúa informando sobre una constante vigilancia policial y nuevas restricciones en los movimientos de opositores, sumando también las amenazas y presiones psicológicas como parte de la dinámica estatal para controlar la disidencia y limitar la capacidad de organización y expresión de la sociedad civil.

En este escenario, tanto el Observatorio Cubano de Derechos Humanos como Prisoners Defenders siguen monitoreando los acontecimientos y actualizan periódicamente la información relativa tanto al número de personas privadas de libertad por motivos políticos como a las formas de presión ejercidas sobre los distintos sectores que expresan su desacuerdo con el gobierno cubano, reportó también la organización de defensa legal.

El caso de Perkins Rocha, abogado y exrepresentante del Comando con Venezuela durante el proceso electoral del 28 de julio de 2024, permanece en el centro del debate sobre la aplicación de la Ley de Amnistía en Venezuela. Según informó Europa Press, María Corina Machado, líder opositora venezolana, denunció que Rocha continúa en arresto domiciliario y porta un grillete electrónico en el tobillo, a pesar de las solicitudes y los argumentos en favor de concederle la amnistía. Machado argumentó que “el régimen lo secuestró durante 17 meses por la potencia y precisión de su palabra. Por decir y defender la verdad”, y exigió su liberación plena junto con la de todos los prisioneros por motivos políticos.

La aplicación selectiva de la Ley de Amnistía se ha convertido en motivo de controversia y ha generado denuncias de represión por parte de la oposición. De acuerdo con Europa Press, Machado advirtió que negar el beneficio de la amnistía a algunos detenidos constituye un acto de represión. En palabras de Machado, “negar la amnistía selectivamente es represión. El régimen encabezado por Delcy Rodríguez pretende prolongar el terror para quebrar la moral de quienes luchan por la democracia y la libertad en Venezuela, que ya están tan cerca”.

Machado sostuvo que el gobierno, con la presidenta Delcy Rodríguez al frente, busca utilizar la justicia de manera selectiva como mecanismo de control y demostración de poder sobre la disidencia. Según publicó Europa Press, Machado añadió: “El régimen cree que a través de su ‘justicia’ selectiva demuestra que tiene poder y control. Los venezolanos sabemos que en realidad ellos temen a una nación que ha decidido ser libre”.

La dirigente opositora insistió en que esta estrategia estatal no conseguirá el objetivo que persigue. Machado expresó que Venezuela ha avanzado significativamente en su lucha política y que hoy, frente a cada nuevo abuso, lejos de paralizarse, aumenta la convicción de que el proceso hacia la libertad es irreversible. La líder opositora recalcó: “No podrán” porque “Venezuela decidió ser libre”.

La situación de Perkins Rocha se ha presentado como representativa de aquellos casos que, a criterio de organizaciones y actores opositores, demuestran la arbitrariedad en la aplicación de la Ley de Amnistía. Según consignó Europa Press, Machado subrayó la necesidad no solo de excarcelar sino de liberar plenamente a Rocha y al resto de los denominados presos políticos: “Perkins Rocha y todos los presos políticos deben estar plenamente libres. No excarcelados, no judicializados: ¡Libres!”.

La ONG Foro Penal proporcionó datos sobre la magnitud de las libertades concedidas tras la aprobación de la amnistía. De acuerdo con dicho organismo, citado por Europa Press, desde el anuncio oficial de excarcelaciones el 8 de enero de 2026 se han contado un total de 690 liberaciones de presos políticos en el país. Sin embargo, la organización, en voz de su presidente Alfredo Romero, ha denunciado que la negativa a conceder la amnistía a Rocha constituye “una grave violación de los derechos humanos”, según recogió Europa Press.

En contraste, las autoridades venezolanas afirman haber otorgado la “libertad plena” a más de 7.365 personas desde la promulgación de la Ley de Amnistía el 20 de febrero, legislación que permite la excarcelación de individuos condenados o procesados por delitos ocurridos desde 1999. Según publicó Europa Press, hasta la fecha el gobierno ha recibido 1.557 solicitudes formales para la aplicación de dicha ley.

La Ley de Amnistía contempla trece eventos específicos, según el artículo 8 del texto normativo, como criterios para la elegibilidad de la medida. Entre estos eventos se encuentran el golpe de Estado de abril de 2002 contra el expresidente Hugo Chávez, el paro petrolero entre 2002 y 2003, el referéndum revocatorio de 2004 contra Chávez y varias protestas antigubernamentales ocurridas en 2007, 2013, 2017 y 2024, de acuerdo con la información divulgada por el Gobierno de Venezuela y reportada por Europa Press.

La existencia de discrepancias entre el número de beneficiarios y los casos que siguen pendientes de resolución ha contribuido a profundizar el debate sobre la imparcialidad y alcance real de la amnistía. Europa Press detalló que, mientras el gobierno destaca el impacto positivo de la liberación de miles de personas, tanto movimientos de derechos humanos como sectores de la oposición denuncian la persistencia de criterios restrictivos y la continuidad de represalias contra líderes y activistas opositores.

En su balance, María Corina Machado manifestó que cada nueva violación de derechos representa no una derrota sino un incentivo para la movilización y la lucha en Venezuela, reafirmando su exigencia de libertad plena y sin condiciones para todos los detenidos por motivos políticos. La situación ilustra el ambiente político y judicial tras la aprobación de la Ley de Amnistía y anticipa nuevos desafíos en el entorno de los derechos fundamentales y la justicia en el país, de acuerdo con la información presentada por Europa Press.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha destacado que una nueva serie de disturbios recibiría una respuesta más severa que los incidentes ocurridos el 8 de enero, señalando que quienes promuevan el caos están asociados con lo que denominan un "nuevo Estado Islámico". El organismo militar ha solicitado la colaboración de la población para evitar que se repitan episodios violentos como los que dejaron miles de víctimas a principios de año. Según informó la cadena de televisión pública iraní, IRIB, este llamado a la cooperación se produce en el contexto de la reciente ofensiva militar que Israel y Estados Unidos iniciaron contra Irán el 28 de febrero, en medio de crecientes tensiones regionales y preocupación interna por la estabilidad.

De acuerdo con el canal público, la Guardia Revolucionaria considera que los episodios de movilizaciones y disturbios en Irán durante diciembre y enero formaron parte de una estrategia más amplia para desestabilizar al país. En su primer comunicado tras los disturbios de enero, la institución ya había advertido que estas protestas funcionarían como preludio a una agresión militar, postura que mantiene tras el incremento reciente de la presión internacional. El mensaje difundido por la Guardia Revolucionaria enfatizaba que "el maligno enemigo, desesperado por lograr sus objetivos en el campo de batalla, busca provocar miedo y caos en las calles", responsabilizando a actores externos de alimentar la crisis doméstica.

La Guardia Revolucionaria denunció, además, la supuesta presencia de elementos terroristas infiltrados en las manifestaciones, atribuyendo a estos grupos la intención de elevar el número de víctimas mortales entre la población civil y las fuerzas de seguridad. Según las autoridades iraníes, el objetivo sería proporcionar a Estados Unidos argumentos para justificar una intervención militar directa en el país. Teherán cifra oficialmente en más de 3.000 los fallecidos en el contexto de estas protestas, número que incluye tanto a civiles como a elementos de las propias fuerzas de seguridad atacados durante los enfrentamientos.

El medio IRIB también informó sobre la postura del gobierno iraní en relación con las causas de la violencia ocurrida en esos meses. Según la versión oficial, las protestas, iniciadas por el deterioro de la situación económica, habrían sido convenientemente manipuladas por actores externos y combatientes calificados como terroristas, lo que incrementó considerablemente su letalidad y permitió a Washington criticar abiertamente la respuesta empleada por las autoridades iraníes.

Por otra parte, la organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha aportado una perspectiva diferente sobre el saldo trágico de las movilizaciones. Según esta ONG, la cifra de personas fallecidas supera las 7.000, siendo la mayoría manifestantes, dato que duplica ampliamente el balance ofrecido por las autoridades iraníes. Esta discrepancia ha colocado nuevamente el foco en la falta de transparencia y la dificultad para verificar cifras durante episodios de alta conflictividad interna.

En el plano internacional, la reacción del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contribuyó a profundizar la tensión. Al principio, Trump esgrimió la posibilidad de intervenir directamente en respuesta a la fuerte represión ejercida contra los manifestantes en Irán. Posteriormente, el mandatario estadounidense modificó el enfoque de sus amenazas y trasladó la preocupación principal al desarrollo del programa nuclear iraní. Según recogió IRIB, este cambio de estrategia se produjo dentro de un marco de negociaciones existentes entre Teherán y Washington, donde la cuestión nuclear volvió a ocupar un lugar central en la agenda bilateral.

A pesar de esos contactos diplomáticos, Estados Unidos e Israel iniciaron una nueva ofensiva militar contra posiciones en Irán el 28 de febrero. Según el balance más reciente recabado por IRIB, el número de muertos confirmados por las autoridades hasta la fecha supera los 1.200, sumándose así a las víctimas contabilizadas desde el inicio de la crisis y ampliando el alcance humano del conflicto.

La secuencia de estos hechos plantea un escenario de inestabilidad interna y presión internacional persistente sobre Irán. Mientras los altos mandos militares llaman a la ciudadanía a evitar cualquier colaboración con quienes identifican como terroristas y aseguran estar preparados para responder más contundentemente a nuevos intentos de movilización, la cantidad de muertes registradas y la narrativa oficial sobre sus causas permanecen en el debate. Las discrepancias entre los recuentos de las ONG y del propio gobierno iraní dificultan el acceso a una imagen clara de la dimensión real del conflicto interno, mientras la implicación directa de potencias extranjeras refuerza la complejidad de la situación que vive el país.

Durante una comparecencia en la televisión estatal IRIB, el comandante en jefe de la Policía iraní, Ahmad Reza Radan, sostuvo que los agentes de seguridad se encuentran preparados para actuar bajo la premisa de que cualquier movilización impulsada desde el exterior será tratada sin distinción frente a un adversario. Radan enfatizó en sus declaraciones que la protección del legado revolucionario de 1979 constituye la directriz para determinar la respuesta policial. Este mensaje se conoció después del discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dirigido a la ciudadanía iraní, en el que alentó a movilizarse contra el actual gobierno.

De acuerdo con la información difundida por el medio IRIB y retomada por diversas fuentes internacionales, la Policía de Irán ha emitido una advertencia formal ante acciones de protesta que puedan surgir en territorio nacional como respuesta a incitaciones externas. Según reportó IRIB, el comandante Radan afirmó: “Si algo sucede a petición del enemigo” en las calles, las fuerzas de seguridad lo considerarán directamente como una acción de hostilidad. En sus palabras, “no lo vemos como una protesta, sino como el enemigo”.

El medio IRIB detalló que esta postura surge tras la publicación, por parte de la oficina de Netanyahu, de un mensaje en redes sociales convocando a los iraníes a “aprovechar el momento” para desafiar al gobierno, en el contexto de una ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos. Netanyahu, en ese comunicado, instó a los ciudadanos a “eliminar el régimen de los ayatolás”, asegurando que las operaciones militares y diplomáticas en curso contra Irán están “creando las condiciones” para lograr ese objetivo.

Según publicó IRIB, la Policía iraní subrayó que responderá con determinación ante cualquier intento de agitación social impulsada desde actores internacionales, especialmente señalando a Israel y Estados Unidos como catalizadores de posibles disturbios. Ahmad Reza Radan expresó que los agentes policiales “están listos para ayudarnos en la protección de su revolución”, haciendo referencia directa a los eventos de 1979 que pusieron fin a la monarquía de los Pahlaví y establecieron la República Islámica.

En el contexto de este intercambio de declaraciones, IRIB informó sobre el incremento de la tensión en la región tras contabilizarse en Irán más de 1.200 víctimas mortales asociadas a la reciente ofensiva internacional. Las autoridades iraníes han interpretado los llamamientos de Netanyahu como una estrategia para desestabilizar el país, advirtiendo sobre la respuesta estatal ante cualquier manifestación o concentración que identifiquen como parte de una agenda exterior.

La postura policial reafirma el respaldo de las fuerzas del orden a las directrices del gobierno y enfatiza en la defensa de los valores promovidos desde la instauración de la República Islámica. De acuerdo con lo consignado por IRIB, la percepción oficial es que cualquier convocatoria de protesta promovida fuera de las fronteras iraníes constituye una amenaza directa a la estabilidad política y será respondida en consecuencia.

Las declaraciones de Ahmad Reza Radan se inscriben en un clima de alta vigilancia en el país, según el relato de IRIB. Dichas manifestaciones del jefe policial reiteran la resolución institucional de enfrentar con firmeza no solo las protestas internas sino cualquier acción que interpreten como alineada con intereses foráneos. Con esto, el gobierno busca disuadir la participación ciudadana en protestas que sean vistas como resultado de influencias externas, y mantener el control frente a la presión internacional.

En las últimas comunicaciones, tanto la oficina del primer ministro israelí como las autoridades iraníes han mantenido un lenguaje dirigido a sus respectivas sociedades y a la comunidad internacional, acentuando la polarización entre los gobiernos de Irán, Israel y Estados Unidos. El pronunciamiento policial, difundido por IRIB, respalda la estrategia oficial iraní frente a lo que consideran intentos de intervención extranjera en los asuntos internos del país.

Georgia perdió el acceso preferente a la zona Schengen para sus representantes oficiales después de que el bloque europeo optara por restablecer la solicitud de visado como consecuencia de violaciones reiteradas a los derechos fundamentales y compromisos democráticos. De acuerdo con la información publicada por la Unión Europea, la obligación de tramitar visas para diplomáticos y funcionarios georgianos se mantendrá durante un periodo inicial de doce meses y podrá extenderse si persisten las condiciones que motivaron la decisión.

Según reportó el medio, la medida entró en vigor desde el viernes 6 de marzo, luego de que los Estados miembros de la Unión aprobaran unánimemente la suspensión temporal de la exención de visados que se aplicaba a este colectivo de Georgia. La Comisión Europea precisó en un comunicado que la decisión tiene carácter de represalia frente a la “represión contra manifestantes, políticos de la oposición y medios de comunicación independientes” en el país del Cáucaso, lo que derivó en un “impacto negativo en la situación general” y la constatación de varias trasgresiones de derechos fundamentales y principios jurídicos reconocidos internacionalmente.

El medio detalló que es la primera ocasión en la que la Unión Europea decide aplicar el mecanismo de suspensión de exención de visados, herramienta diseñada para reaccionar de manera inmediata ante episodios graves de regresión democrática, incumplimiento de compromisos sobre derechos humanos o desvinculación de la política común de control fronterizo en estados con los que existen ventajas consulares. Este esquema de intervención permite una respuesta coordinada y limitada en el tiempo, aunque admite prórrogas si no se restablecen las condiciones previas.

En el comunicado oficial difundido por la Comisión, se alude directamente a las acciones emprendidas por las autoridades de Tiflis desde octubre de 2024, incluidas las intervenciones contra movilizaciones ciudadanas, representantes elegidos de la oposición y entes periodísticos independientes, circunstancias que según los servicios comunitarios motivaron ya la revisión de las relaciones bilaterales y el endurecimiento de las condiciones de acceso para personal oficial georgiano a territorio europeo.

El texto de la Comisión apuntó también a la negativa persistente de Georgia a cumplir con la política europea de visados, obligación recogida como esencial para el sostenimiento del régimen de exención anterior. Fuentes de la administración europea consultadas en el documento indicaron que la falta de alineamiento con las directrices comunitarias favorece la revisión inmediata de la relación y abre la puerta a otras posibles sanciones, si la situación de derechos y libertades continúa deteriorándose.

La medida se centra en diplomáticos y funcionarios georgianos que deseen realizar desplazamientos oficiales a cualquier destino dentro del área Schengen. Hasta ahora, estos representantes accedían sin necesidad de visado, beneficiándose de las condiciones especiales acordadas previamente entre ambas partes. A partir de este cambio, deberán solicitar y obtener el permiso consular antes de cada viaje oficial, lo que puede afectar la agilidad y frecuencia de sus movimientos institucionales.

Según la información proporcionada por las autoridades comunitarias y recogida por el medio, el mecanismo permanecerá activo por al menos un año, aunque la duración exacta dependerá de las evaluaciones periódicas que examinarán el comportamiento del gobierno georgiano respecto a los compromisos adquiridos. La posibilidad de reinstaurar la exención estará condicionada a que el Ejecutivo de Tiflis demuestre avances tangibles en materia de respeto a las libertades democráticas, legalidad y adaptación a la política común de visados.

El medio remarcó que esta decisión pretende enviar un mensaje directo sobre las consecuencias de vulnerar los consensos fundamentales de la relación de Georgia con la Unión Europea, relación que incluye acuerdos preferentes, asistencia financiera y colaboración política, siempre supeditados al respeto de los derechos esenciales y al cumplimiento de las obligaciones bilaterales.

Tras la represión que vivieron miembros de la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco en frente de las instalaciones de la alcaldía de Xochimilco durante una protesta en defensa de la activista Hortensia Telésforo—acusada por el presunto delito de despojo— y reprimida por parte de autoridades locales el pasado 5 de septiembre de 2024.

Alrededor de 27 personas fueron violentadas físicamente y hubieron 5 personas detenidas de forma irregular, entre ellas defensoras de Derechos Humanos y periodistas comunitarios.

Han pasado dos años, donde la comunidad originaria de San Gregorio Atlapulco y Otomí, no han dejado de exigir justicia y deslinde de responsabilidades.

Ante esto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) exhortó a los funcionarios de la alcaldía Xochimilco a: reconocer públicamente su responsabilidad y ofrecer una disculpa pública a las víctimas de violaciones de derechos humanos, según la recomendación 01/2026 emitida el pasado 26 de febrero.

La recomendación surge para reparar las afectaciones sufridas, asegurar garantías de no repetición y fortalecer la respuesta institucional ante protestas sociales en entornos comunitarios e indígenas.

Recomendación de la CDHCM a favor de los derechos Humanos de la comunidad de San Gregorio Atlapulco

El informe emitido por la CDHCM responsabiliza directamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC CDMX), la Alcaldía Xochimilco y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como las corresponsables de las violaciones documentadas.

“La aceptación de esta Recomendación y la disposición a cumplirla, más que una obligación jurídica, es un mensaje político fundamental, una señal de que el poder acepta los límites que la democracia impone”, señaló Dolores Gonzáles Saravia, presidenta de la Comisión durante la presentación del informe en la Casa del Pueblo “Tlamachtiloyan”.

Autoridades omitieron proteger la protesta y permitieron agresiones

Sofía de Robina, titular de la Primera Visitaduría General, dijo que las autoridades no protegieron a los manifestantes y permitieron que personas ajenas al movimiento interrumpieran la manifestación con agresiones, lo que representa una violación al derecho a la manifestación.

Además, la CDHCM encontró que algunos policías de la SSC CDMX hicieron uso indebido de su fuerza durante la detención de las personas defensoras.

También señaló que la Fiscalía General de Justicia capitalina siguió con investigaciones sin revisar si las detenciones habían sido correctas, lo que significa “una falta de debida diligencia”.

Destacó el informe que, ya en la Agencia de Coordinación Territorial de Tlalpan, agentes policiales recurrieron al uso excesivo y desproporcional de la fuerza contra quienes exigían la liberación de los detenidos.

Víctimas y líderes comunitarios exigen verdad y justicia

Durante la ceremonia, víctimas y representantes de la comunidad compartieron sus testimonios acerca de las experiencias vividas y los impactos sufridos.

Hortensia Telésforo manifestó que los derechos de los pueblos originarios son resultado de largas luchas por la dignidad y no concesiones otorgadas por el Estado.

Alejandro Velázquez Zúñiga enfatizó que las amenazas dirigidas a quienes defienden el territorio evidencian un ambiente de presión constante sobre los movimientos comunitarios, y destacó que la justicia implica el reconocimiento pleno de la autonomía y la organización de estas comunidades.

Por su parte, Anselma Margarito Francisco, una de las personas afectadas, exigió el esclarecimiento de los hechos, justicia y la implementación de garantías que eviten la repetición de estos acontecimientos, conforme a los principios de reparación integral contenidos en la Recomendación 01/2026.

¿Qué deben de hacer las autoridades señaladas como responsables en omisión de derechos humanos?

Tanto la SSC CDMX, alcaldía Xochimilco y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, según sus capacidades, deberán implementar diversas acciones:

• Pedir una disculpa pública.
• Hablar y dialogar entre la alcaldía Xochimilco y la Asamblea General Permanente sobre la formalización de la Tlamachtiloyan así como la introducción de indicadores para supervisar el Protocolo General de Actuación Policial.
• Revisar si las detenciones fueron legales y determinar la situación jurídica de las cinco personas detenidas.
• Investigar a fondo lo que sucedió para deslindar responsabilidades.

Qué convocó a la manifestación del 5 de septiembre de 2024: contexto y relación con violaciones a derechos humanos

La protesta del 5 de septiembre de 2024 surgió en solidaridad con Hortensia Telésforo, activista de San Gregorio Atlapulco, denunciada penalmente por la alcaldía bajo el cargo de despojo.

La Asamblea General Permanente de Atlapulco atribuye la denuncia a la recuperación de la biblioteca antes llamada, “Adolfo López Mateos”, rebautizada como “Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco”. El inmueble permanecía cerrado desde el sismo del 19 de septiembre de 2017, por presuntos daños estructurales.

En 2018, el entonces edil de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz —actualmente diputado con licencia—, impulsó el proyecto “La Casita de la Ciencia”, que formaría parte de la ruta del Corredor Turístico Oriente Tulyehualco-Nativitas ‘’Hueyotlipan Tepentenchi’’y por el cual solicitó al Congreso Capitalino, 80 millones de pesos adicionales al presupuesto estimado para el 2024, de lo cual 7 millones de pesos se invertirán para acciones de mantenimiento, difusión y conservación del espacio.

Hasta 2022, el desarrollo continuaba sin concretarse, lo que llevó a la diputada Xóchitl Bravo a cuestionar a Ruiz, según reporte de La Crónica, quien prometió una pronta inauguración y mencionó vínculos con la comunidad y proyectos para promover la riqueza ambiental y cultural de la zona. Finalmente, el museo nunca abrió sus puertas.

Durante ese periodo, vecinos denunciaron en redes sociales que el inmueble, aún sin inaugurarse, se utilizaba para fiestas privadas. Ante ello, la Asamblea General Permanente de Atlapulco convocó a la comunidad para recuperar la biblioteca.

Posteriormente, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado en ese entonces por Martí Batres, formalizó un acuerdo que otorgaba la gestión del espacio a los pobladores de San Gregorio Atlapulco. La alcaldía Xochimilco no reconoció ese acuerdo, argumentando que había invertido recursos y tenía planes distintos para el lugar.

El mensaje difundido por Carles Puigdemont subraya la importancia de no dejar en el olvido a quienes han sufrido persecución en Irán, resaltando la lucha constante por derechos humanos y dignidad. El líder independentista catalán orienta su reflexión al contexto de la operación militar reciente en Irán que involucró a Estados Unidos e Israel, según detalló Europa Press.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Puigdemont hizo público su mensaje en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, a raíz de la ofensiva militar desarrollada el sábado en territorio iraní. El exmandatario catalán centró su comunicado en recordar a los ciudadanos iraníes que han perdido la vida, así como a quienes han pasado por represión, torturas, prisión y exilio por enfrentarse a las autoridades en la búsqueda de condiciones más justas y libres.

Puigdemont manifestó que la actualidad bélica no debe eclipsar el sufrimiento de las víctimas de la represión, subrayando que esa memoria cobra especial sentido en momentos de escalada de violencia internacional. En sus palabras, citadas por Europa Press, señaló: “Los recuerdo precisamente ahora para que cuando acabe este conflicto que se ha iniciado no vuelvan a ser los eternos olvidados, las víctimas de la represión de los regímenes futuros”.

El líder de Junts, recogido también por Europa Press, argumentó que estos gestos de recuerdo buscan evitar que las luchas personales y colectivas por dignidad humana caigan en la invisibilidad, una vez que la atención mediática y política se desplace tras la conclusión del actual conflicto. Según recoge el medio, la intervención de Puigdemont intenta llamar la atención de la comunidad internacional hacia la situación estructural de derechos en Irán, más allá de los episodios militares puntuales y las coyunturas diplomáticas o estratégicas.

La referencia de Puigdemont a la represión iraní abarca décadas de historia reciente, en la que sucesivas generaciones han enfrentado consecuencias como la prisión o el exilio forzado, un fenómeno que, según el texto compartido por el dirigente catalán y difundido por Europa Press, sigue vigente en la memoria de aquellos que promueven avances democráticos o sociales.

Europa Press añadió que el mensaje cobra relevancia al poner el foco en las condiciones que afrontan las poblaciones civiles en contextos internacionales marcados por conflictos armados y respuestas militares. El mensaje de Puigdemont se dirige tanto a quienes actualmente residen en Irán como a la diáspora forzada por razones políticas, enfatizando la necesidad de que la comunidad internacional mantenga la atención sobre quienes permanecen expuestos a la represión gubernamental.

El medio reportó que estas declaraciones surgen mientras la tensión bélica y las operaciones militares han desplazado la atención mundial, llevando a numerosos actores políticos y sociales a apelar a la memoria y a la vigilancia sobre el destino de las víctimas de persecución pasada y presente. Puigdemont empleó el espacio digital para insistir en la necesidad de que esas personas no sean relegadas una vez que el ciclo de violencia remita, señalando la importancia de la solidaridad internacional y el reconocimiento de derechos universales.

El comunicado del expresidente de la Generalitat recoge un llamado a no reducir la reciente ofensiva a un hecho meramente militar, sino a mantener la mirada sobre las consecuencias humanas y la situación de quienes han enfrentado represión, tortura o exilio en Irán a lo largo del tiempo, según el seguimiento que realizó Europa Press a las reacciones políticas tras la operación militar liderada por Estados Unidos e Israel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso especial énfasis en la posibilidad de mantener la opción militar abierta mientras las conversaciones con Irán sobre su programa nuclear avanzan, subrayando que aún no existe una decisión definitiva sobre la utilización de la fuerza. Según detalló el medio, el mandatario manifestó frente a la prensa en la Casa Blanca que no está conforme con la actitud tomada por la delegación iraní durante las negociaciones indirectas sobre la actividad atómica de Teherán.

De acuerdo con las declaraciones difundidas, Trump señaló que no está "del todo satisfecho" con el enfoque de Irán en el proceso de diálogo nuclear. Expresó que “sería maravilloso que negociaran de buena fe y con conciencia, pero no lo están logrando”, aludiendo a la falta de avances concretos en las discusiones y a una aparente falta de disposición por parte iraní para llegar a compromisos. El medio consignó que Trump reiteró que la administración estadounidense mantiene su postura respecto a la imposibilidad de que Irán desarrolle armas nucleares. “No pueden tener armas nucleares y no estamos entusiasmados con la forma en que están negociando; veremos cómo sale todo”, afirmó el mandatario.

El presidente estadounidense subrayó la preferencia de su gobierno por alcanzar un acuerdo a través de la negociación, evitando el escenario militar. Según informó la fuente, Trump enfatizó: “Sería mejor que se pudiese llegar a un acuerdo con Teherán descartando la vía militar”. Pese a ello, mencionó la capacidad militar del país: “Tenemos el mejor Ejército del mundo. No hay nada comparable. Me encantaría no usarlo, pero a veces hay que hacerlo. Ya veremos qué pasa”. Estas declaraciones reflejan la dualidad en la estrategia de la Casa Blanca, que combina la presión militar con la vía diplomática.

El medio recordó que Trump, al inicio de esta etapa de tensiones, planteó la posibilidad de una intervención militar en respuesta a la represión de protestas en Irán. Posteriormente, su discurso se centró en advertencias relacionadas directamente con el desarrollo del programa nuclear iraní, tema que sigue siendo objeto de preocupación para la administración estadounidense. Teherán, por su parte, sostiene que su programa nuclear persigue objetivos exclusivamente pacíficos, mientras enfrenta presiones internacionales y cuestionamientos sobre la verdadera naturaleza de estos fines.

Las conversaciones en torno al programa nuclear iraní se vieron intensificadas tras los bombardeos realizados por fuerzas israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que según el medio provocaron la muerte de más de 1.100 personas en territorio iraní. Estos ataques supusieron un punto de inflexión en la situación, incrementando la tensión y repercutiendo en la agenda diplomática que ambas partes deben sortear para evitar una escalada mayor.

El diálogo entre Washington y Teherán continúa desarrollándose en el contexto de estas presiones y de un escenario en el que la posibilidad de una acción militar directa permanece vigente, a la espera de la evolución de las negociaciones y sin descartarse la intervención de otras potencias regionales involucradas en el conflicto. Los pronunciamientos presidenciales, reportó la fuente, buscan ejercer presión pública sobre el liderazgo iraní, incitándolo a modificar su postura en torno a los compromisos internacionales acordados en materia nuclear.

El futuro de las relaciones entre ambos países y la estabilidad de la región dependen en parte de las respuestas que Irán adopte frente a las exigencias estadounidenses y del margen de maniobra que la administración Trump esté dispuesta a conceder en los encuentros bilaterales e indirectos. La insistencia en la opción militar se mantiene como un elemento de negociación que la Casa Blanca no descarta, según enfatizó Trump en sus declaraciones recogidas por el medio.

La Unión Europea incluyó en 2024 un régimen propio de sanciones relativas a violaciones de derechos humanos en Rusia, a través del cual se han penalizado hasta el momento a 62 individuos y una organización por su implicación en prácticas de represión contra la sociedad civil, así como por acciones que perjudican la democracia y el Estado de derecho. De acuerdo con lo publicado por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), esta medida responde al marco general de denuncias por parte del bloque comunitario sobre la situación interna en el país, marcada por múltiples restricciones que afectan tanto a la sociedad civil como a sectores independientes y críticos del poder.

Según la información difundida por el SEAE y referida por diversos medios, la declaración de la Unión se desarrolla en vísperas del undécimo aniversario del asesinato del político opositor ruso Boris Nemtsov, quien fue víctima de un ataque armado el 27 de febrero de 2015 en las inmediaciones del Kremlin. El media europeo remarcó que el caso de Nemtsov constituye un símbolo en la memoria colectiva de la oposición al evidenciar el panorama de represión que caracteriza al actual escenario ruso. La declaración de la UE enfatiza el “deterioro continuado” de los derechos humanos en Rusia, planteando una denuncia expresa por las condiciones a las que se enfrentan activistas, periodistas independientes y miembros de la oposición.

El SEAE expuso que las restricciones han ido en aumento, catalogando la situación de los derechos y las libertades en el país como un proceso de retroceso sistemático. Tal como señaló el comunicado oficial citado por los medios de comunicación, el órgano europeo responsabiliza directamente al Gobierno ruso por no cumplir con sus compromisos internacionales, particularmente por la negativa de liberar de forma “inmediata e incondicional” a personas consideradas presas políticas. El informe sitúa estas denuncias en el contexto de una situación agravada durante el último año, vinculando la represión interna con la escalada del conflicto bélico en Ucrania.

La figura de Boris Nemtsov, ex viceprimer ministro y gobernador de la región de Nizhni Nóvgorod, se coloca en el centro de las conmemoraciones por el aniversario de su asesinato. El SEAE recuerda el papel de Nemtsov como referente de posiciones políticas orientadas a una Rusia “moderna, próspera y democrática”. Además, resalta que sus posiciones críticas eran compartidas por diversos grupos sociales y por miembros de medios de comunicación independientes. De acuerdo con la declaración de la UE, Nemtsov manifestó públicamente su rechazo a la estrategia militar de Moscú frente a Ucrania y denunció el desarrollo de lo que denominaba una “guerra de agresión”, un término reiterado por el SEAE en su comunicado referente al aniversario.

El SEAE sostiene que la “invasión a gran escala” en Ucrania ha incrementado el impacto humanitario, generando repercusiones severas para la población civil. Asimismo, la declaración divulgada por la Unión Europea vincula el deterioro de las libertades y derechos en Rusia con el contexto de dicho conflicto, subrayando la relación directa entre la represión interna y el clima de guerra. De acuerdo con la información que recoge el bloque europeo, las decisiones de imponer sanciones y de emitir comunicados conmemorativos se insertan en la estrategia europea para presionar al gobierno ruso a modificar sus políticas y a respetar sus obligaciones internacionales.

El comunicado difundido por el SEAE señala que la represión se proyecta no solo sobre actores políticos de la oposición, sino también sobre organizaciones no gubernamentales y medios que desarrollan su labor en condiciones que la UE califica de restrictivas. La declaración europea incluye la exigencia de liberación “inmediata e incondicional” de todas las personas encarceladas por motivos políticos, reiterando su reclamo ante organismos internacionales. La postura del bloque se ajusta a años de denuncias públicas sobre la evolución de la represión en Rusia, tal como recogen distintos artículos y reportes internacionales.

Según lo transmitido por el Servicio Europeo de Acción Exterior y recogido por la prensa, esta última declaración se enmarca en una serie de respuestas normativas adoptadas por la Unión en el transcurso del año 2024. El régimen actual de sanciones ha sido resaltado por su carácter específico frente a las violaciones de derechos humanos y su alcance sobre responsables individuales y entidades. La Unión Europea señala que esta política sancionadora y las manifestaciones a favor de figuras como Nemtsov buscan mantener la presión internacional y sostener la exigencia de respeto a los derechos fundamentales y las normas del Estado de derecho.

La figura de Boris Nemtsov se menciona de manera recurrente en las declaraciones oficiales como ejemplo de liderazgo orientado a la defensa de postulados democráticos y de una Rusia más abierta y plural. El informe del SEAE indica que el legado de Nemtsov continúa inspirando a sectores internos, a pesar de la represión descrita por la Unión Europea. El contexto actual, caracterizado tanto por una escalada militar como por un refuerzo de mecanismos represivos estatales, constituye el marco en el cual el bloque europeo formula sus reclamaciones y estrategias públicas.

La Unión Europea incluyó en 2024 un régimen propio de sanciones relativas a violaciones de derechos humanos en Rusia, a través del cual se han penalizado hasta el momento a 62 individuos y una organización por su implicación en prácticas de represión contra la sociedad civil, así como por acciones que perjudican la democracia y el Estado de derecho. De acuerdo con lo publicado por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), esta medida responde al marco general de denuncias por parte del bloque comunitario sobre la situación interna en el país, marcada por múltiples restricciones que afectan tanto a la sociedad civil como a sectores independientes y críticos del poder.

Según la información difundida por el SEAE y referida por diversos medios, la declaración de la Unión se desarrolla en vísperas del undécimo aniversario del asesinato del político opositor ruso Boris Nemtsov, quien fue víctima de un ataque armado el 27 de febrero de 2015 en las inmediaciones del Kremlin. El media europeo remarcó que el caso de Nemtsov constituye un símbolo en la memoria colectiva de la oposición al evidenciar el panorama de represión que caracteriza al actual escenario ruso. La declaración de la UE enfatiza el "deterioro continuado" de los derechos humanos en Rusia, planteando una denuncia expresa por las condiciones a las que se enfrentan activistas, periodistas independientes y miembros de la oposición.

El SEAE expuso que las restricciones han ido en aumento, catalogando la situación de los derechos y las libertades en el país como un proceso de retroceso sistemático. Tal como señaló el comunicado oficial citado por los medios de comunicación, el órgano europeo responsabiliza directamente al Gobierno ruso por no cumplir con sus compromisos internacionales, particularmente por la negativa de liberar de forma “inmediata e incondicional” a personas consideradas presas políticas. El informe sitúa estas denuncias en el contexto de una situación agravada durante el último año, vinculando la represión interna con la escalada del conflicto bélico en Ucrania.

La figura de Boris Nemtsov, ex viceprimer ministro y gobernador de la región de Nizhni Nóvgorod, se coloca en el centro de las conmemoraciones por el aniversario de su asesinato. El SEAE recuerda el papel de Nemtsov como referente de posiciones políticas orientadas a una Rusia “moderna, próspera y democrática”. Además, resalta que sus posiciones críticas eran compartidas por diversos grupos sociales y por miembros de medios de comunicación independientes. De acuerdo con la declaración de la UE, Nemtsov manifestó públicamente su rechazo a la estrategia militar de Moscú frente a Ucrania y denunció el desarrollo de lo que denominaba una "guerra de agresión", un término reiterado por el SEAE en su comunicado referente al aniversario.

El SEAE sostiene que la “invasión a gran escala” en Ucrania ha incrementado el impacto humanitario, generando repercusiones severas para la población civil. Asimismo, la declaración divulgada por la Unión Europea vincula el deterioro de las libertades y derechos en Rusia con el contexto de dicho conflicto, subrayando la relación directa entre la represión interna y el clima de guerra. De acuerdo con la información que recoge el bloque europeo, las decisiones de imponer sanciones y de emitir comunicados conmemorativos se insertan en la estrategia europea para presionar al gobierno ruso a modificar sus políticas y a respetar sus obligaciones internacionales.

El comunicado difundido por el SEAE señala que la represión se proyecta no solo sobre actores políticos de la oposición, sino también sobre organizaciones no gubernamentales y medios que desarrollan su labor en condiciones que la UE califica de restrictivas. La declaración europea incluye la exigencia de liberación “inmediata e incondicional” de todas las personas encarceladas por motivos políticos, reiterando su reclamo ante organismos internacionales. La postura del bloque se ajusta a años de denuncias públicas sobre la evolución de la represión en Rusia, tal como recogen distintos artículos y reportes internacionales.

Según lo transmitido por el Servicio Europeo de Acción Exterior y recogido por la prensa, esta última declaración se enmarca en una serie de respuestas normativas adoptadas por la Unión en el transcurso del año 2024. El régimen actual de sanciones ha sido resaltado por su carácter específico frente a las violaciones de derechos humanos y su alcance sobre responsables individuales y entidades. La Unión Europea señala que esta política sancionadora y las manifestaciones a favor de figuras como Nemtsov buscan mantener la presión internacional y sostener la exigencia de respeto a los derechos fundamentales y las normas del Estado de derecho.

La figura de Boris Nemtsov se menciona de manera recurrente en las declaraciones oficiales como ejemplo de liderazgo orientado a la defensa de postulados democráticos y de una Rusia más abierta y plural. El informe del SEAE indica que el legado de Nemtsov continúa inspirando a sectores internos, a pesar de la represión descrita por la Unión Europea. El contexto actual, caracterizado tanto por una escalada militar como por un refuerzo de mecanismos represivos estatales, constituye el marco en el cual el bloque europeo formula sus reclamaciones y estrategias públicas.

Los directores de centros penitenciarios y de detención preventiva en Rusia, vinculados a situaciones de aislamiento y condiciones consideradas inhumanas para presos políticos y una periodista que denunció la invasión rusa de Ucrania, se encuentran entre las ocho personas recientemente objeto de restricciones en el espacio comunitario, según informó la Unión Europea. Los ministros de Exteriores de los países miembros tomaron la decisión durante una reunión en Bruselas del Consejo de Asuntos Exteriores, donde señalaron actuaciones concretas de represión y violación de derechos fundamentales, detalló el medio de comunicación.

De acuerdo con la información publicada por los Veintisiete, se implementarán medidas de congelamiento de activos y prohibición de entrada o tránsito en el territorio de la Unión Europea a los implicados en estos procedimientos, debido a su responsabilidad en la represión de la sociedad civil, la oposición y el menoscabo al Estado de derecho y la democracia en Rusia. Esta acción coordinada responde a la preocupación de la UE por el deterioro constante del respeto a los derechos humanos en ese país, especialmente tras la invasión rusa de Ucrania.

El comunicado difundido indica que la lista de sancionados se compone de dos jueces, un fiscal y un investigador judicial, quienes han estado involucrados en procesos judiciales de motivación política. Entre los casos señalados se encuentran las sentencias contra los activistas rusos Dmitry Skurikhin y Oleg Belousov, que, según consignó el medio, fueron procesados y condenados bajo argumentos considerados políticos. La decisión involucra también a responsables de centros penitenciarios, donde permanecen privados de libertad Aleksei Gorinov, Pavel Kushnir y Mikhail Kriger, así como la periodista Maria Ponomarenko, quienes, según el reporte, han sufrido aislamiento y condiciones degradantes.

El paquete de sanciones establece que, desde este lunes, ninguna empresa ni ciudadano de la Unión Europea puede poner fondos a disposición de las personas incluidas en la lista, además de restringirles toda forma de desplazamiento dentro del espacio comunitario. El Consejo de Asuntos Exteriores justificó estas restricciones argumentando que la represión a opositores y la vulneración sistemática de derechos han aumentado en el marco del conflicto con Ucrania.

Entre los puntos abordados por la UE, se remarcó que la situación de los derechos humanos en Rusia está mostrando un empeoramiento sostenido, con especial énfasis en la respuesta de las autoridades a quienes expresan posiciones críticas respecto de la guerra en Ucrania. El medio citó textualmente del comunicado: "La UE sigue firme en su condena de las violaciones de los Derechos Humanos y la represión en Rusia, y está profundamente preocupada por el continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en el país, especialmente en el contexto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania".

Estas medidas restrictivas fueron adoptadas en un contexto de tensiones internas dentro del bloque comunitario, ligado a la postura de Hungría respecto a nuevas sanciones contra Rusia. Según reportó el medio, Budapest ha condicionado la aprobación del vigésimo paquete de sanciones, argumentando motivos relacionados con el suministro de crudo ruso y acusando a Ucrania de obstaculizar su paso por razones políticas, lo que ha bloqueado temporalmente nuevos avances sancionadores favorables a Kiev.

La decisión de incluir a funcionarios del sistema judicial y penitenciario en esta ronda de sanciones responde a la documentación de procedimientos que, según la Unión Europea, evidencian represalias judiciales y limitaciones graves a la sociedad civil. Los casos de los activistas y la periodista mencionados constituyen ejemplos recientes de condenas y tratos considerados incompatibles con estándares internacionales de derechos humanos.

Según publicó la fuente, estas sanciones se suman a las ya existentes y forman parte de la respuesta de la UE a la dinámica de presión sobre la disidencia interna rusa y la prolongación del conflicto con Ucrania. El endurecimiento de las restricciones coincide con la preocupación en las instituciones europeas por las repercusiones humanitarias y sociales del conflicto y la política interna rusa. El comunicado de los Veintisiete subraya el compromiso de la UE en el monitoreo de la situación y su disposición a tomar medidas adicionales según evolucione el escenario político y humanitario en la región.

Abbas Araqchi, ministro de Exteriores de Irán, ha afirmado que el Gobierno ya publicó la lista completa de las 3.117 víctimas mortales registradas en las manifestaciones recientes, incluyendo aproximadamente a 200 funcionarios fallecidos, y pidió que cualquier persona que ponga en duda este dato aporte pruebas. De acuerdo con el mensaje difundido por Araqchi en sus redes sociales, el Ejecutivo iraní sostiene que ha cumplido con la promesa de total transparencia con su población al ofrecer estos datos sobre el resultado de la última operación, calificada por las autoridades como terrorista. Según informó la agencia dpa, el mensaje del responsable iraní aparece tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que 32.000 personas murieron en un corto periodo en Irán, sin precisar la fuente de esa información, lo que incrementó el clima de incertidumbre en torno al número de víctimas reales.

Tal como consignó dpa, Araqchi desafió de manera pública a quienes critican la credibilidad de la cifra oficial del Gobierno iraní y solicitó que quienes tengan información contraria la expongan con evidencias. Las diferencias entre los reportes oficiales y los datos que aportan organizaciones independientes han generado debates acerca de la transparencia y la veracidad de las cifras. En ese contexto, Human Rights Activists News Agency (HRANA) estimó que más de 7.000 personas perdieron la vida en el contexto de la represión de las protestas antigubernamentales, que se desencadenaron a raíz del empeoramiento de la situación económica nacional.

El medio dpa detalló que, aunque la intensidad de las protestas disminuyó, tanto ONG internacionales como activistas siguen trabajando para identificar y documentar nuevos casos de fallecimientos que, según advierten, podrían elevar el número total de víctimas. Las distintas estimaciones reflejan la dificultad de conocer cifras precisas en medio de la represión, el temor a represalias y la escasa apertura a observadores independientes en territorio iraní.

Este desencuentro en torno al balance de muertes ocurre en medio de un contexto de tensión regional y global. Según publicó dpa, las protestas en Irán y la respuesta del Gobierno han coincidido con el aumento de las presiones internacionales, especialmente por parte de Estados Unidos. Washington ha intensificado tanto su despliegue militar en Oriente Próximo como su discurso contra Teherán, utilizando la situación de derechos humanos como motivo de presión adicional en el marco del debate internacional sobre el programa nuclear iraní.

El presidente Trump llegó a amenazar con una intervención militar debido a la represión de las protestas, aunque posteriormente sus advertencias se orientaron hacia el desarrollo nuclear iraní, tema sobre el cual la administración de Teherán insiste en que solo persigue fines pacíficos. Según consignó la agencia dpa, mientras los diálogos indirectos entre ambos países han tenido lugar en Omán y Suiza, los cruces retóricos se han intensificado, con Estados Unidos intentando recabar apoyo de la comunidad internacional para presionar aún más al gobierno iraní.

Las organizaciones de derechos humanos permanecen vigilantes ante la evolución de la situación, subrayando la persistencia de desafíos para documentar los hechos debido a las restricciones de acceso y la censura informativa. La cantidad de fallecidos y las circunstancias que rodearon su muerte siguen siendo motivo de controversia internacional, que se intensifica ante la falta de concordancia entre las diversas fuentes y la ausencia de verificaciones independientes internas o externas. Teherán, por su parte, reitera la legitimidad y exhaustividad de su recuento oficial y rechaza categóricamente las cifras superiores que circulan en organismos no gubernamentales y medios extranjeros.

El medio dpa recordó que las protestas tuvieron como detonante el deterioro de las condiciones de vida, lo que dio paso a una ola de manifestaciones que fueron reprimidas con el argumento de enfrentar amenazas a la seguridad nacional. Las cifras presentadas por Araqchi y el Gobierno iraní han sido puestas en entredicho dentro y fuera del país, al tiempo que se mantienen las labores de recopilación y verificación de testimonios e informes alternativos.

La diferencia entre los datos oficiales y los comunicados por organizaciones independientes mantiene un entorno de desconfianza respecto a la situación en el país. Las autoridades iraníes han respondido a las críticas reivindicando su compromiso con la transparencia, al tiempo que advierten sobre el riesgo de manipulación informativa impulsada por actores extranjeros.

Estos hechos, reunidos y reportados por la agencia dpa, dejan de manifiesto la complejidad del momento que atraviesa Irán tanto en el plano doméstico como internacional, con el resultado de las manifestaciones convertido en un asunto que trasciende la política interna para instalarse en el centro de la disputa diplomática global.

Alí Jamenei, líder supremo iraní, abordó la reciente oleada de protestas por la situación económica en Irán advirtiendo que, salvo los responsables directos de actos violentos y quienes colaboraron con potencias extranjeras, el resto de los manifestantes son considerados hijos de la nación iraní y merecen clemencia. Según consignó la cadena pública IRIB y retomó la agencia de noticias Europa Press, Jamenei diferenció entre quienes defendieron el orden y el sistema, quienes se encontraron accidentalmente en las zonas de conflicto y quienes, según sus palabras, fueron engañados y terminaron participando en los disturbios. Señaló que, para estos últimos, "también, las autoridades los consideran mártires", con excepción de los líderes de la llamada sedición o aquellos que, afirmó, recibieron dinero o armas de adversarios del país.

En este contexto de crisis interna, Jamenei centró su intervención en las presiones internacionales y la reanudación de las negociaciones indirectas sobre el acuerdo nuclear iraní. Tal como informó Europa Press, el líder supremo manifestó su rechazo a lo que calificó como intentos de Estados Unidos de condicionar el resultado de las conversaciones actualmente en Ginebra, responsabilizando a Washington de intentar ejercer dominio sobre la nación persa a través de amenazas y exigencias durante los contactos diplomáticos.

Jamenei, durante su discurso divulgado por su oficina y citado por Europa Press, se refirió a declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyendo que ni Trump ni sus predecesores han logrado destruir la República Islámica. "El presidente estadounidense ha dicho que, desde hace 47 años, Estados Unidos no ha sido capaz de destruir a la República Islámica. Es una buena confesión. Le digo que él tampoco será capaz de lograrlo", sostuvo el ayatolá. En la misma intervención, minimizó los anuncios acerca del envío de un destructor estadounidense a aguas cercanas a Irán señalando que, aunque se trata de un recurso militar amenazante, "más peligroso que el destructor es el arma que puede mandarlo al fondo del mar".

El debate sobre el futuro del programa nuclear de Irán se ha reactivado desde la ciudad suiza de Ginebra, donde delegaciones negociadoras reiniciaron contactos tras los últimos episodios de tensión internacional. Según reportó Europa Press, estas conversaciones indirectas se producen bajo el influjo de las reiteradas advertencias de Trump sobre un posible ataque militar, vinculadas tanto a la represión de las recientes protestas como a los avances nucleares del país asiático. Teherán sostiene, por su parte, que su actividad nuclear persigue fines exclusivamente pacíficos.

Las hostilidades militares recientes también influyeron en el actual escenario diplomático. Según informó Europa Press, en junio de 2025, una serie de bombardeos conjuntos de fuerzas estadounidenses e israelíes provocó más de 1.100 muertos en Irán, exacerbando la tensión bilateral y la retórica tanto de las autoridades iraníes como de la administración estadounidense.

Respecto a la dinámica de las protestas y la respuesta estatal, las cifras oficiales iraníes calculan más de 3.000 muertos producto de la represión, mientras que una organización no gubernamental radicada en Estados Unidos elevó ese número a más de 7.000 fallecidos. Europa Press detalló que Jamenei justificó la respuesta del régimen atribuyendo la violencia y el carácter sedicioso a sectores infiltrados, algunos de los cuales recibieron presunto respaldo de Estados Unidos e Israel. "Algunos eran corruptos, sediciosos y golpistas", afirmó el líder supremo, subrayando la existencia de una supuesta injerencia externa orientada a amplificar la crisis interna e incrementar la cifra de víctimas, lo que podría ofrecer pretextos a Washington para una posible acción militar.

El gobierno iraní, según reportó Europa Press, anunció días atrás la creación de una comisión nacional de investigación destinada a esclarecer los hechos durante las manifestaciones motivadas por el deterioro económico. Actualmente, persisten las denuncias oficiales sobre la participación de "terroristas" infiltrados con el objetivo de desestabilizar al país y provocar una intervención exterior, mientras diversas fuentes internacionales acusan a las fuerzas de seguridad persas de implementar métodos represivos ante la disidencia interna.

El discurso de Jamenei también incluyó una crítica directa a la cultura política estadounidense, a la que acusó de corrupción y falta de legitimidad a los ojos de la sociedad iraní. "La nación iraní y su cultura no jurarán lealtad a líderes como los corruptos que están en el poder hoy en Estados Unidos", remarcó, de acuerdo con la transcripción reproducida por su oficina y recogida por Europa Press.

En relación a las actuales rondas de negociación sobre la cuestión nuclear, el ayatolá rechazó la exigencia estadounidense de predeterminar los términos del eventual acuerdo, considerando que dicha orientación distorsiona la naturaleza de las conversaciones. "Si va a haber negociaciones, es absurdo y erróneo determinar el resultado de las mismas por adelantado. Dicen que hablemos de este tema o este otro para un acuerdo, pero por qué intentan determinar el resultado, que hay que lograr este acuerdo concreto. Eso es absurdo. Es lo que el presidente y senadores de Estados Unidos están haciendo", señaló durante su comparecencia, informa Europa Press.

El contexto de estas declaraciones refleja el incremento de la presión internacional sobre el gobierno iraní, sumado al deterioro de las condiciones internas marcado por una situación económica adversa y una creciente inestabilidad en la región, a raíz de las acciones militares y la escalada retórica entre las partes directamente involucradas.

Durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, María Corina Machado subrayó la identificación internacional de la colaboración venezolana con gobiernos como los de Irán y Rusia, al referirse a la llamada penetración extrahemisférica en el país sudamericano. La opositora venezolana remarcó que la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, desempeña un papel esencial no solo dentro de la estructura represora y el sistema de torturas, sino también en el establecimiento de relaciones con aliados extranjeros clave, según difundió el medio Europa Press. Machado aseguró que “ella fue la arquitecta y supervisa el sistema de torturas y la estructura represiva, y ella es la principal conexión con Rusia, Irán, Cuba y demás”, remarcando la importancia de su figura en el sostenimiento del régimen venezolano.

Machado solicitó que la comunidad internacional supere la fase de condenas verbales y denuncias, poniendo el énfasis en la necesidad de medidas concretas para interrumpir los flujos financieros que sostienen la represión, la corrupción y el auge de actividades ilícitas dentro del país, divulgó Europa Press. La dirigente reclamó un bloqueo específico a esos recursos, sosteniendo que “necesitamos bloquear esos flujos. Necesitamos apoyar medidas objetivas hacia los grupos que hoy controlan la represión en Venezuela”. Insistió en la importancia de actuar directamente sobre el capital y los apoyos materiales con los que cuenta el Gobierno de Nicolás Maduro, al que calificó como una estructura compuesta por un pequeño número de individuos armados y entrenados, según agregó la misma fuente.

En el marco de la conversación, Machado presentó estadísticas que, según ella, ilustran la magnitud de la represión en Venezuela durante los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Europa Press reportó que la opositora cifró en 20.000 las detenciones por razones políticas, más de 11.000 ejecuciones y al menos 2.000 casos de tortura desde el inicio de estos gobiernos. Machado enfatizó la urgencia de “aislar a las élites” en el poder y de proceder con un aislamiento de los apoyos internacionales que, en su visión, contribuyen a la permanencia del régimen. Añadió que “todos sabemos que esto no es sostenible. Todos sabemos que esta es una fase en la que la restauración”, en alusión a la eventual transición política que prevé para Venezuela.

La opositora expuso además que la liberación de las fuerzas armadas venezolanas de lo que describió como el núcleo central del régimen resulta clave para lograr un cambio político. Machado afirmó: “Solo unos pocos miles de individuos muy armados y entrenados. Necesitamos neutralizarlos y aislarlos”, declaraciones que fueron recogidas por Europa Press. Recalcó que las denuncias sobre crímenes y violaciones de derechos humanos dentro del país ya han sido expuestas internacionalmente en repetidas ocasiones, lo que la llevó a insistir en la necesidad de abandonar la etapa de simples declaraciones y avanzar hacia medidas de acción.

En este contexto, Machado defendió su decisión de entregar la medalla del Premio Nobel de la Paz al expresidente estadounidense Donald Trump, acción que explicó por la relevancia que atribuye al rol de Estados Unidos en la presión internacional para una transición democrática, informó Europa Press. Subrayó: “El único país que ha arriesgado la vida de algunos de sus ciudadanos por la libertad de Venezuela es Estados Unidos. Así que estamos muy agradecidos porque lo que sucedió el 3 de enero definitivamente abrió el camino para una transición a la democracia”, en referencia a una operación militar en la que resultó detenido el presidente venezolano, Nicolás Maduro. La opositora insistió en que este gesto representa “el profundo agradecimiento del pueblo venezolano, no sólo por lo que ha hecho, sino por lo que creemos y confiamos que va a suceder muy pronto en Venezuela”.

Machado también se refirió al estatus de Nicolás Maduro, describiéndolo no como presidente legítimo, sino como “el jefe de una estructura criminal internacional que perseguía, torturaba y destruía a la gente inocente”, según relató Europa Press. Detalló que su análisis sobre la situación actual y pasada del país se basa en los datos y resultados de una represión sostenida y sistemática.

En el transcurso de la entrevista, Machado abordó la situación particular de Juan Pablo Guanipa, líder opositor recientemente liberado que volvió a ser detenido tras presuntamente incumplir condiciones impuestas por las autoridades venezolanas para su excarcelación, recordó Europa Press. Confirmó que Guanipa permanece bajo arresto domiciliario y recalcó el patrón de persecución contra dirigentes políticos opositores.

Hacia el final de su declaración, la dirigente venezolana manifestó su convicción de que, una vez desmantelada la estructura del régimen en Venezuela, otros países de la región, como Cuba y Nicaragua, podrían afrontar procesos similares. Expresó su expectativa en la consecución de un continente libre de dictaduras y estructuras autoritarias en América, planteamiento que enmarcó dentro de lo que considera un momento histórico, según citó Europa Press.

El comité especial promovido por las autoridades iraníes ya se encuentra en funciones para recolectar pruebas e indagar testimonios relacionados con los hechos de violencia que ocasionaron un alto número de muertes durante las recientes protestas en Irán, en un contexto de crisis económica. Según informó la agencia iraní ISNA, la portavoz del Gobierno, Fatemé Mohajerani, anunció la conformación de la comisión responsable de esta investigación y explicó que, una vez concluido el proceso, se publicará un informe con los hallazgos y pasos legales a tomar, aunque evitó precisar una fecha exacta para la divulgación de dicho documento.

De acuerdo con ISNA, Mohajerani detalló que el comité incluye representantes de múltiples instituciones clave y que su tarea principal consiste en recabar documentación y escuchar los testimonios de quienes participaron o fueron testigos de los disturbios que sacudieron al país en enero pasado. Esta medida gubernamental surge tras la muerte de miles de personas en episodios violentos durante las manifestaciones contra el deterioro de la economía iraní y la caída en la calidad de vida, episodios que han derivado en acusaciones cruzadas entre el gobierno y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

ISNA recogió declaraciones de Mohajerani en las que hizo hincapié en el compromiso del gobierno iraní de informar a la opinión pública sobre el curso de la investigación y posibilitar el inicio de procesos judiciales si se considera necesario. Las autoridades no difundieron un plazo estimado para la publicación del informe final ni para el cierre de la investigación, lo que ha aumentado las demandas de claridad por parte de familiares de las víctimas y de organizaciones no gubernamentales.

Las tensiones en el país se reflejan también en medidas adoptadas contra dirigentes y miembros de la oposición. De acuerdo con el mismo medio, poco antes del anuncio oficial sobre la comisión, las autoridades liberaron a los políticos reformistas Yavad Emam y Ebrahim Asgharzadé, quienes permanecieron detenidos tras las protestas y recuperaron su libertad tras el pago de una fianza. Su abogado, Hojat Hermani, informó sobre la excarcelación de ambos y expresó expectativas positivas en relación con la posible liberación de Azar Mansuri, destacada política del mismo sector, en los días venideros.

El Frente Reformista Iraní, oposición crítica al gobierno, había denunciado recientemente la detención de sus principales figuras, incluidos Mansuri, Asgharzadé y Emam, a manos de agentes de la Guardia Revolucionaria, además de señalar que otros integrantes del movimiento también debieron prestar declaración. Según publicó ISNA, la Fiscalía de Teherán acusó a estos dirigentes de vulnerar la unidad nacional y de coludir con Estados Unidos e Israel, tras participar en las últimas movilizaciones.

Las autoridades de Irán han sostenido, según reportó ISNA, que "terroristas" apoyados por Washington y Tel Aviv participaron en las protestas con la finalidad de perpetrar ataques y aumentar el número de víctimas. Estas acusaciones pretenden vincular los disturbios con supuestos planes hostiles y amenazas lanzadas anteriormente por el gobierno de Donald Trump.

El balance oficial, reportado por ISNA, reconoce más de 3.000 fallecimientos, la mayoría entre civiles y efectivos de seguridad que intervinieron en los eventos ocurridos desde el inicio de las protestas. Sin embargo, la organización estadounidense Human Rights Activists cifra las muertes por encima de 7.000, conforme a su registro más reciente. La amplia disparidad en los datos publicados acentúa las exigencias de mayor transparencia y supervisión internacional.

El trasfondo inmediato de estas movilizaciones radica en el empeoramiento de la situación económica y la percepción de deterioro en las condiciones de vida. Los manifestantes han responsabilizado a las autoridades por las dificultades crecientes y la falta de respuestas eficaces ante el alza de precios, el desempleo y la depreciación del rial.

La respuesta de las fuerzas de seguridad durante los disturbios ha sido objeto de observación y crítica, tanto de actores locales como de la comunidad internacional y de grupos defensores de los derechos humanos, que demandan investigaciones independientes para esclarecer posibles abusos y determinar la responsabilidad de quienes ordenaron o ejecutaron acciones represivas.

Según consignó ISNA, las investigaciones del comité buscan identificar la secuencia de hechos y verificar las distintas versiones sobre los incidentes. El informe que resulte de estos trabajos pretende servir de base para el esclarecimiento de los hechos y para el desarrollo de procedimientos judiciales, si la comisión encuentra indicios de conductas ilícitas o excesos por parte de los involucrados.

Mientras familiares de los fallecidos y colectivos civiles exigen información confiable y la apertura de investigaciones imparciales, las autoridades ratifican su hipótesis sobre la existencia de elementos externos que habrían intervenido para desestabilizar el país y provocar el mayor daño posible. La controversia en torno a los responsables, la cantidad real de víctimas y la posible interferencia extranjera mantiene el ambiente político y social de Irán bajo una fuerte vigilancia tanto local como internacional.

El medio ISNA subrayó que, al margen de la investigación oficial, la incertidumbre persiste entre los sectores afectados y la sociedad civil respecto a la voluntad del Estado iraní de avanzar hacia el esclarecimiento de los hechos ocurridos, en un contexto marcado por la desconfianza, el duelo de las familias y la demanda de justicia.

El ejército israelí ha publicado enlaces oficiales en farsi e instó de manera directa a la población iraní a utilizar esos canales para brindar información, alentando a cualquier persona interesada a considerar el contacto con el Mossad. Según consignó Europa Press, el mensaje fue difundido por las redes sociales y hace referencia explícita a la búsqueda de colaboración entre civiles iraníes e instituciones israelíes en un contexto regional de tensión creciente.

La comunicación del ejército israelí se emitió días después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitara Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump. Durante estos encuentros, ambos líderes trataron los contenidos de las negociaciones indirectas que Washington y Teherán reanudaron en Omán, según reportó Europa Press. Estas conversaciones, que habían sido suspendidas por la ofensiva militar que Israel lanzó contra Irán en junio de 2025, se retomaron después de semanas de incertidumbre. De acuerdo con Europa Press, esta operación dejó un balance superior a 1.100 víctimas mortales en territorio iraní y la participación estadounidense se sumó al operativo israelí.

El mensaje oficial israelí, dirigido en farsi a quienes deseen cooperar, subraya la necesidad de emplear únicamente los métodos de contacto detallados en los enlaces proporcionados, evitando vías no autorizadas. “Pedimos al pueblo patriota iraní que por favor sólo siga nuestros métodos de contacto oficiales y se comunique con nosotros para cualquier cooperación”, detalló el ejército israelí en su comunicado, reproducido por Europa Press.

Mientras tanto, las conversaciones en Omán se enmarcan en un complicado escenario internacional en el que Estados Unidos e Irán exploran posibles rutas de entendimiento tras el reciente recrudecimiento de las hostilidades. Previamente, Donald Trump había amenazado con una posible intervención militar directa citando la represión de las protestas en Irán. Posteriormente, el mandatario estadounidense centró sus advertencias en la cuestión del programa nuclear iraní, el cual Teherán defiende como un proyecto exclusivamente pacífico. Las instalaciones nucleares del país persa sufrieron daños a raíz de los bombardeos ejecutados por Israel y Estados Unidos.

El clima interno en Irán se ha visto sacudido desde meses antes por una serie de protestas motivadas por el deterioro de la situación económica y la disminución en el nivel de vida de la población. Europa Press reportó que estas manifestaciones derivaron en acciones represivas por parte de las fuerzas de seguridad y desembocaron en un elevado número de víctimas. Las cifras oficiales iraníes atribuyen más de 3.100 muertes a esa oleada de protestas, pero organizaciones independientes presentan registros más altos.

La organización Human Rights Activists, con sede en Estados Unidos y citada por Europa Press, afirma haber documentado hasta el momento 7.002 muertes asociadas a la respuesta a las protestas, incluyendo a 216 menores de edad. Además, la ONG reporta 52.941 personas detenidas y 25.022 heridas, de las cuales 6.506 serían manifestantes y 214 miembros de los cuerpos de seguridad.

El gobierno de Irán, según indicó Europa Press, sostiene que grupos “terroristas” apoyados por Estados Unidos e Israel participaron en estos disturbios con la intención de incrementar la cifra de víctimas. De acuerdo con la visión oficial iraní, la intervención de estos actores buscaba crear un clima que permitiera justificar una ofensiva militar estadounidense contra el país.

Las implicaciones del llamamiento hecho por Israel a la población iraní reflejan no solamente el deseo de obtener información directa desde dentro del país adversario, sino también la compleja red de alianzas, acusaciones y operaciones encubiertas que caracterizan la relación entre ambas naciones y los intereses estadounidenses en la región, según recopiló Europa Press en su cobertura sobre la escalada de tensiones tras las acciones militares de junio de 2025.

La proposición registrada por Sumar en el Congreso señala que la combinación de violencia institucional por parte del régimen iraní frente a las protestas iniciadas a finales de diciembre, junto con el riesgo de intervenciones militares extranjeras bajo justificaciones humanitarias, representa una amenaza significativa no solo para la seguridad y el bienestar de la población de Irán, sino también para la estabilidad de la región de Oriente Próximo y la paz internacional. Esta advertencia aparece en el texto presentado por la formación, donde se detallan las consecuencias que podría acarrear tanto la represión oficial como potenciales acciones armadas alentadas por argumentos geopolíticos. Según informó el medio que reporta la iniciativa, Sumar subraya que el Gobierno español debe elevar su presión diplomática y condenar expresamente todo acto de represión, así como las amenazas de intervención extranjera, como las realizadas públicamente por el expresidente estadounidense Donald Trump.

De acuerdo con la información difundida, Sumar reclama que la comunidad internacional desempeñe un papel más activo y decidido ante la situación. A juicio del grupo que lidera Yolanda Díaz, la violencia ejercida por las autoridades iraníes—que ha provocado la muerte de 36 personas y la detención de más de 2.200 desde el inicio de las manifestaciones—y el peligro de escaladas militares externas, podrían ampliar el sufrimiento de la población civil y acentuar las tensiones en la región. Tal como publicó el medio, el documento presentado advierte sobre un posible efecto dominó en Oriente Próximo que, además de agravar la situación interna iraní, podría afectar a otros actores internacionales relevantes.

Sumar propone que el Ejecutivo español condene públicamente la represión en Irán y rechace cualquier acción de violencia, detención arbitraria, tortura y persecución dirigida contra minorías étnicas, religiosas y sexuales. En la proposición no de ley registrada en el Congreso, los representantes del grupo piden además que el Gobierno refuerce su presencia y actividad en los foros internacionales, como la ONU y la Unión Europea, para impulsar medidas conjuntas orientadas a asegurar el respeto al derecho internacional y la protección efectiva de los derechos fundamentales en Irán, según detalló el medio que cubrió la noticia.

El texto de Sumar remarca también la necesidad de condenar cualquier ataque militar extranjero motivado por objetivos geopolíticos, bajo el pretexto de promover un cambio de régimen o debido al supuesto incumplimiento de Irán respecto a sus obligaciones internacionales. De acuerdo con la iniciativa, tales actuaciones representarían una vulneración de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, en caso de no contar con un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. El medio indicó que Sumar resalta que esta exigencia afecta particularmente a amenazas como las que ha lanzado Donald Trump durante su mandato, lo que contribuye a aumentar el clima de tensión y riesgo de una escalada militar.

Según consignó el medio, los de Yolanda Díaz insisten en la importancia de que la respuesta internacional se base en la protección de los derechos humanos y la defensa de la población civil, priorizando soluciones pacíficas y sostenibles. El objetivo es que los ciudadanos de Irán puedan ejercer plenamente sus libertades fundamentales y decidir el rumbo político y social de su país sin injerencias ni presiones externas.

La propuesta destaca la urgencia de actuar ante el contexto actual en Irán, en el que se suceden actos de represión institucional con gran número de víctimas y detenciones, mientras persiste una amenaza latente de intervenciones militares foráneas. En este sentido, Sumar llama al Gobierno español a coordinarse con sus socios internacionales y, mediante la diplomacia, promover acciones que garanticen tanto el respeto a los derechos humanos como la estabilidad en Oriente Próximo.

El planteamiento registrado por Sumar en el Congreso cuestiona el empleo de argumentos humanitarios para justificar una intervención extranjera sin la suficiente legitimidad internacional. De acuerdo con la información aportada por el medio, la formación insiste en que solo el Consejo de Seguridad de la ONU puede disponer la adopción de medidas armadas y que el incumplimiento de este principio supone una amenaza para el orden internacional. En el contexto de las declaraciones de Trump sobre la posibilidad de actuar militarmente contra Irán, la proposición advierte sobre las consecuencias que estas actitudes pueden tener para la paz y la seguridad globales.

A lo largo del documento, Sumar argumenta que la posición del Gobierno español debería ser “responsable y firme”, combinando la condena a la represión y la protección de los derechos civiles con la promoción de soluciones diplomáticas y el rechazo de mecanismos coercitivos de cambio de régimen. La formación sostiene que solo así se podrán sentar las bases para una evolución democrática interna en Irán, sin añadir factores de desestabilización regional o internacional. El medio que reportó la iniciativa apunta que Sumar considera fundamental la actuación conjunta con otros países de la Unión Europea y el respaldo de Naciones Unidas, reforzando así el alcance y la eficacia de cualquier medida impulsada.

Con esta proposición, Sumar busca situar la defensa de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional como ejes centrales de la política exterior española ante el caso iraní, frente a las dinámicas de represión local y de tensión militar internacional que, según alertan, amenazan gravemente la seguridad de la población y la estabilidad regional.

Durante el año pasado, las autoridades de Burkina Faso aprobaron una normativa que impuso nuevas limitaciones a la libertad de asociación, y a partir del 11 de noviembre de 2025, un decreto estableció la obligación para ONG y asociaciones de gestionar sus cuentas exclusivamente en una entidad bancaria estatal. En este contexto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, instó a Burkina Faso a revertir la disolución de los partidos políticos y a cesar toda forma de “represión” en el ámbito cívico, según informó el medio.

La emisora de Naciones Unidas comunicó que Turk resaltó que en lugar de prohibir partidos y encarcelar a personas por emitir opiniones, las autoridades tienen la responsabilidad de permitir la apertura de espacios a la sociedad civil, incluidos actores humanitarios, y de garantizar el respeto a los derechos de asociación y expresión. De acuerdo con las declaraciones del Alto Comisionado consignadas por el organismo, instó a que se eliminen las restricciones impuestas a los partidos políticos conforme a los compromisos internacionales asumidos por el país.

El medio detalló que, junto con la disolución de formaciones políticas, el gobierno de Burkina Faso suspendió las actividades de organizaciones nacionales e internacionales, sin brindar explicaciones o basándose en argumentos poco claros relacionados con la “recopilación de datos no autorizada”, el “orden público” o la “seguridad”. El impacto conjunto de estas medidas, explicó la ONU, limitó de manera considerable la capacidad de acción de la sociedad civil.

Turk advirtió que, aunque el año pasado se produjo la liberación de varias personas detenidas arbitrariamente, persisten denuncias sobre desapariciones forzadas y nuevas detenciones, en algunos casos dirigidas contra opositores políticos, periodistas y miembros del Poder Judicial, según publicó Naciones Unidas. También señaló la preocupación existente por los obstáculos enfrentados por las organizaciones humanitarias, en vista de que las autoridades mantienen restricciones que afectan la llegada de ayuda a diferentes zonas del país.

En palabras atribuidas por Naciones Unidas, Turk solicitó que se deroguen las leyes que restringen derechos fundamentales y que se facilite el paso rápido y sin trabas de la asistencia humanitaria a quienes la necesitan, además de exigir la libertad inmediata e incondicional de todas las personas detenidas de manera arbitraria. Sostuvo que la existencia de un entorno verdaderamente democrático y plural, que incluya la participación libre de partidos políticos y agrupaciones sociales, así como el fortalecimiento del Estado de derecho, son elementos esenciales para alcanzar la paz, la seguridad y la cohesión social en Burkina Faso.

La ONU insistió en que las medidas recientes del gobierno burkinés han reducido de manera significativa los espacios de actuación para la sociedad civil, organizaciones humanitarias y actores políticos. En su evaluación, las restricciones establecidas a través de normativas aprobadas en julio del año pasado, junto con la obligación de bancarización estatal y las suspensiones de actividades, han creado importantes barreras para el desarrollo de acciones independientes y la participación ciudadana.

Según las declaraciones y exhortaciones informadas por Naciones Unidas, el Alto Comisionado reiteró la necesidad de que Burkina Faso reconsidere sus políticas y normativas para actuar conforme al marco legal internacional y facilitar un retorno al ejercicio pleno de los derechos fundamentales para todos los ciudadanos, especialmente aquellos afectados por decisiones catalogadas como arbitrarias o poco justificadas.

La cifra de 1.207 presos políticos en Cuba, verificada al cierre de enero, marca un récord histórico en el país, impulsado por el encarcelamiento de 18 personas solo en el primer mes del año.

Detrás de este número —el más alto jamás documentado desde que existen registros internacionales sistemáticos— se encuentra una política de represión estatal sostenida y expansiva que abarca tanto la vigilancia digital masiva como la criminalización pública y judicial de la disidencia, en especial de los jóvenes, y el uso institucionalizado de la tortura y el abandono médico.

La organización Prisoners Defenders atribuyó esta ola represiva al propósito del régimen de asegurar su perpetuidad y brindó un dato alarmante: la población carcelaria ya equivale a 923 personas por cada 100 mil habitantes.

Una de las aristas más alarmantes es la vigilancia sistemática de las redes sociales, convertidas en plataformas de alto riesgo para quienes protestan o denuncian problemas cotidianos.

Entre los casos paradigmáticos del último reporte destaca el de Ankeily de la Caridad Guerra Fis, joven de 23 años detenido violentamente en La Habana tras transmitir en Facebook críticas al régimen, con mensajes dirigidos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para pedir un cambio político en la isla.

Según el informe, la detención de Ankeily, quien vive con VIH y padece problemas de salud mental y epilepsia, se realizó sin orden judicial y con uso de fuerza excesiva: “Digo lo que muchos quisieran decir y no dicen”, se lo escuchó manifestar antes de ser arrestado. Desde entonces, permanece incomunicado, sin acceso pleno a medicamentos, y bajo la acusación de “propaganda contra el orden constitucional”, sin la celebración de juicio ni tutela judicial efectiva.

Casos como el de Enrique Ramos Bosch, también joven, arrestado en Santiago de Cuba tras denunciar en redes sociales los apagones eléctricos y criticar al dictador Miguel Díaz-Canel, confirman una rutina de desapariciones forzadas, interrogatorios y represalias directas ligadas a la disidencia digital.

Un 88% de los 200 declarantes auditados en el informe sobre vigilancia digital dijeron haber sido citados, detenidos o interrogados por sus publicaciones y hasta comunicaciones privadas, muchas veces intervenidas sin orden ni control judicial. Las detenciones se producen, habitualmente, tan solo pocas horas después de los mensajes críticos.

El patrón se replica en acciones policiales de escala comunitaria. Activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) como Roilán Álvarez Rensoler o Dariel Calderín Rensoler fueron arrestados en operaciones coordinadas en Santiago de Cuba a fines de enero, con allanamientos sin orden judicial, cortes de comunicaciones y denuncias de violencia incluso contra familiares de los opositores.

El reporte destacó que algunos de estos jóvenes, tras quedar incomunicados durante jornadas, fueron trasladados y permanecen en huelga de hambre, con un riesgo alto de torturas y confesiones forzadas en las primeras 72 horas de detención.

El informe también documentó el proceso de “criminalización del ejercicio pacífico de derechos fundamentales” como eje de la política represiva cubana. El costo humano incluye a cientos de personas con padecimientos graves de salud, agravados por la negación deliberada de atención médica que el texto describe como una “herramienta de tortura”.

Al menos 463 presos políticos presentan enfermedades graves y 42 trastornos mentales, vinculados al abandono, la mala alimentación, el hacinamiento y la violencia institucional.

Casos extremos como el de Onaikel Infante Abreu muestran el rostro de esa tortura: después de una protesta en La Habana, en octubre de 2023, fue arrestado tras resultar herido por balas de goma. Durante su reclusión ha sido víctima de golpizas, encierros prolongados, abuso sexual cometido por otros reos por orden de los guardias, y privación de medicamentos pese a diagnósticos de cáncer de garganta. “La familia lo vio tan demacrado que se desmayó al inicio del encuentro”, recogió el escrito. Cumple ahora una condena de ocho años por supuestos delitos contra el Estado.

Por su parte, Maykel Castillo Pérez -más conocido como “Maykel Osorbo”-, músico y activista, permanece encarcelado desde 2021 condenado a nueve años por “desórdenes públicos” y otros cargos, tras convertirse en símbolo internacional por su canción “Patria y Vida”, ganadora de dos premios Grammy Latino. El informe relató su traslado repentino entre prisiones, la privación de abrigo y medicamentos en medio de una gripe y el hostigamiento sistemático reportado: “Estoy vigilado, junto a chivatones (delatores), y mis comunicaciones son escuchadas”, advirtió él mismo en una llamada.

La condición médica y el acceso a la salud ilustran el carácter sistemático de los abusos. Presos como Daniel Alfaro Frías, activista de 71 años y coordinador del Movimiento Opositores por una Nueva República, relató ser esposado y devuelto a su celda sin atención médica tras sufrir una crisis hipertensiva en una prisión conocida por la aplicación de torturas. Dixán Gaínza Moré, con diagnóstico de hipoglucemia e hipertensión, se encuentra postrado y sin cuidados. “No tiene fuerzas ni para comunicarse directamente”, denunció su familia.

El perfil de los presos políticos cubanos es diverso: desde jóvenes hasta adultos mayores, desde figuras públicas como Maykel Osorbo hasta ciudadanos anónimos, de los cuales Duannis Dabel León Taboada y su madre recibieron medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido al riesgo inminente para sus vidas. León Taboada, condenado por “sedición” tras las protestas del 11 de julio de 2021, perdió parcialmente la visión y presenta un cuadro de salud mental grave sin atención, agravado tras la muerte de un compañero de celda.

La muerte bajo custodia estatal de Lázaro García Ríos, detenido desde 2022 y condenado a 20 años, resume el peligro extremo que enfrentan los reclusos políticos en el sistema penitenciario cubano. El informe detalló que, pese a las denuncias de su madre sobre el deterioro físico y la falta de atención médica tras una cirugía cardíaca, fue regresado de un hospital a la prisión días antes de morir.

De los 1.207 presos políticos actuales, 32 fueron detenidos siendo menores y 16 ya han sido condenados por sedición con medias de cinco años de privación de libertad. Según cifras citadas, las Naciones Unidas confirmaron que al menos 410 niños menores de 18 años pasan cada año por cárceles o “Escuelas de Formación Integral”, una denominación eufemística para centros penitenciarios bajo control del Ministerio del Interior cubano.

El listado actualizado recoge también a 128 mujeres procesadas como presas políticas y evidencia que 219 personas cumplen penas por “sedición” con medias de 10 años de prisión. El informe distingue entre “convictos de conciencia” (727 casos), “condenados de conciencia” (445) y “otros presos políticos” (35), categorías que reflejan la naturaleza y motivación política de sus condenas o restricciones de libertad.

El uso de la salud pública –o su denegación– como castigo se repite con nombres como José Antonio Pompa López, Roberto Pérez Fonseca o Walfrido Rodríguez Piloto, que pasan años en prisión bajo amenazas, carencias extremas, privación de contacto familiar, negación de tratamientos y traslados arbitrarios, además de campañas de hostigamiento abiertas a raíz de su participación en protestas como las del 11 de julio de 2021.

La sistematicidad y amplitud de la represión en Cuba —desde la digital hasta la física, y desde la tortura hasta el abandono médico— confirman una política estatal integral de criminalización de la disidencia.

Prisoners Defenders distribuye mensualmente la lista de los presos políticos en Cuba, que en el último año sumó 147 nuevas incorporaciones (más de 12 al mes), mientras el régimen reconoce ante organismos internacionales la veracidad de muchas de estas cifras, aunque intenta matizar los datos sobre menores.

El registro –utilizado por organismos internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como por entidades parlamentarias europeas y medios de todo el mundo– expone la persistencia de una “isla cárcel”, donde el control social y la producción de miedo avanzan sobre cualquier posibilidad de defensa jurídica o protección de los derechos fundamentales básicos.

La posibilidad de sortear penas severas en Corea del Norte mediante pagos considerables fue uno de los puntos destacados por antiguos residentes entrevistados por Amnistía Internacional. Según estos testimonios, las sanciones por consumir contenidos surcoreanos podían variar drásticamente en función de la capacidad económica de los acusados. “Se captura a la gente por el mismo acto, pero el castigo depende totalmente del dinero”, declaró Choi Suvin, de 39 años, quien abandonó Corea del Norte en 2019. Esta declaración introduce el eje principal del informe de Amnistía Internacional: la denuncia de castigos extremos, que abarcan desde trabajos forzados y humillaciones públicas hasta ejecuciones, impuestos durante décadas por el consumo de programas de televisión y otros contenidos provenientes de Corea del Sur.

De acuerdo con Amnistía Internacional, las autoridades norcoreanas han establecido un sistema de represión que impone penas excesivamente estrictas a quienes acceden a medios extranjeros. El medio detalló que, según los testimonios recogidos de veinticinco personas que lograron abandonar el país entre 2012 y 2020, la severidad de los castigos descansa en factores económicos y de contactos: quienes cuentan con recursos o conexiones pueden evitar las penas más duras, mientras que aquellos con menores recursos enfrentan sentencias más estrictas.

El informe de la organización humanitaria, citado por Amnistía Internacional, expone que el consumo de productos culturales surcoreanos —como series de televisión, películas o música— constituye una conducta extendida en la sociedad norcoreana. Sin embargo, este acto infringe leyes que prohíben expresamente la interacción con medios de comunicación extranjeros, catalogados como amenazantes para la ideología estatal. Esta política se intensificó tras la promulgación, en 2020, de la Ley contra el Pensamiento y la Cultura Reaccionarios, que define estos contenidos como una “ideología podrida que paraliza el sentido revolucionario del pueblo”.

La normativa, detalló Amnistía Internacional, establece penas de entre cinco y quince años de trabajo forzoso por la simple tenencia o visualización de material surcoreano, y prevé incluso la pena de muerte para quienes distribuyan grandes cantidades o lleven a cabo proyecciones grupales. Según declaraciones recopiladas por AI, estas sanciones se han ejecutado de manera pública en varias ocasiones, con el objetivo de servir de advertencia al resto de la población.

Sarah Brooks, directora adjunta de Amnistía Internacional para la región, enfatizó el carácter dual del sistema legal en Corea del Norte, donde la represión estatal se combina con prácticas corruptas. “Las autoridades penalizan el acceso a información violando el Derecho Internacional y después permiten que los funcionarios se aprovechen de quienes temen el castigo”, explicó Brooks. Añadió que esta dinámica termina perjudicando sobre todo a quienes carecen de capital económico o influencias dentro de la administración.

Entre los testimonios recogidos por Amnistía Internacional, varios entrevistados relataron cómo la evasión de castigos por consumir medios surcoreanos depende del pago de sobornos a funcionarios. Choi Suvin describió que, en ocasiones, las personas venden sus viviendas para reunir entre 5.000 y 10.000 dólares (el equivalente a entre 4.200 y 8.500 euros), recursos que permiten pagar a intermediarios y eludir así el internamiento en campos de reeducación. AI señaló que estas sumas representan varios años de ingresos para la mayoría de las familias norcoreanas, por lo que solo están al alcance de los grupos más acomodados.

La aplicación de las leyes en Corea del Norte se caracteriza por su carácter arbitrario y discriminatorio, según sostuvo Amnistía Internacional. El informe critica que funcionarios —quienes también consumen en secreto o abiertamente los mismos contenidos cuya posesión penalizan— actúan como garantes de la legalidad, aunque a menudo transgreden las normas que aplican a los ciudadanos comunes. Un entrevistado citado por la ONG afirmó: “Las personas trabajadoras lo ven abiertamente, los funcionarios del partido lo ven orgullosos, los agentes de seguridad lo ven en secreto, y la Policía lo ve de manera segura”. Añadió que el consumo de contenidos extranjeros es una realidad admitida, incluso por quienes encabezan las operaciones de represión.

Amnistía Internacional consignó que la promulgación de la nueva ley y su refuerzo trajo consigo campañas de control más estrictas. Kim Gayoung, de 32 años, quien huyó del país en junio de 2020, relató a la organización que el líder norcoreano, Kim Jong Un, empezó a exigir campañas de “represión intensiva” a finales de la década de 2010, lo que incrementó la presión sobre los funcionarios para producir resultados en la aplicación de la ley y redujo la eficacia de la corrupción tradicionalmente asociada a estos procedimientos.

Según publicó Amnistía Internacional, estos mecanismos legales y extralegales ocasionan que personas sin recursos ni apoyos enfrenten los castigos más extremos, incluyendo años de trabajos forzados y, en ciertos casos, la ejecución pública. Las historias recogidas por la organización describen situaciones donde la ley se aplica de manera flexible, dependiendo de factores económicos y del contexto político.

Brooks concluyó, según reportó Amnistía Internacional, que los testimonios obtenidos evidencian la aplicación de leyes que pueden costar la vida a los ciudadanos por actos tan extendidos como ver un programa de televisión, a menos que dispongan de los medios materiales para eludir la pena. La ONG atribuyó esta situación a un sistema en el que la represión institucional y la corrupción conviven y refuerzan desigualdades estructurales, acentuando las dificultades de los sectores menos privilegiados dentro de la sociedad norcoreana.

La seguridad de las fuerzas francesas desplegadas en el golfo Pérsico ocupa un lugar prioritario para las autoridades de Francia ante la creciente tensión en Oriente Medio. Según informó Europa Press, el presidente Emmanuel Macron explicó que, en el contexto actual de crisis en Irán y tras las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump, el Gobierno francés ha reforzado la vigilancia sobre sus tropas en la región. La presencia militar permanente de Francia en Abu Dabi respalda acciones como la lucha contra el terrorismo y el apoyo a los ejércitos locales, y se han aplicado medidas para asegurar condiciones óptimas de protección para los militares, según declaró el mandatario.

En declaraciones dadas a la prensa durante una actividad en una explotación agraria en Alto Saona, Macron abordó tanto la situación interna de Irán como las repercusiones para la seguridad internacional. Tal como publicó Europa Press, el jefe de Estado francés insistió en que la responsabilidad de las autoridades iraníes es respetar a su población. “La responsabilidad de Irán a día de hoy es respetar a su pueblo frente a la revolución que aún continúa y a la terrible represión que hemos visto”, afirmó Macron en ese contexto.

El líder francés destacó que solo los propios ciudadanos iraníes pueden determinar el rumbo político de su país. “Son los pueblos los que cambian a su Gobierno”, señaló el presidente, diferenciándose de la postura de máxima presión impulsada por Washington. Macron marcó distancia de cualquier intento de intervención externa destinada a presionar un cambio de régimen desde fuera. “Los cambios de sistema no se decretan desde un micrófono por el presidente de la República Francesa”, apuntó. Sostuvo además: “Creo en la soberanía de los pueblos, y por lo tanto son los pueblos los que cambian su gobierno”.

Francia ha vinculado su postura al respeto de los derechos civiles y políticos en Irán. En ese sentido, Macron pidió a las autoridades iraníes la liberación de presos políticos, el respeto a quienes protestan y la reanudación del diálogo tanto sobre el programa nuclear de la República Islámica como sobre la estabilidad en la región. El medio Europa Press consignó que, para el gobierno francés, el restablecimiento de las negociaciones permitirá avanzar hacia una mayor seguridad y estabilidad, al tiempo que preserva los intereses de las partes involucradas y de la comunidad internacional.

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos se han intensificado tras las amenazas públicas de Trump de lanzar una ofensiva si el gobierno iraní no accede a retomar el acuerdo nuclear. La posición francesa, según reportó Europa Press, se orienta a evitar una escalada militar y prioriza soluciones diplomáticas y multilaterales. París considera que un enfoque centrado en la presión máxima podría agravar la crisis y dificultar una salida negociada.

Macron también subrayó, según detalló Europa Press, que la seguridad del personal militar francés desplegado en la zona es objeto de evaluaciones periódicas realizadas junto a los aliados y socios internacionales. El Presidente dejó claro que se han adoptado todas las precauciones necesarias para proteger a quienes se encuentran en operaciones en el golfo Pérsico y zonas colindantes.

El refuerzo de la seguridad y la participación en coaliciones internacionales se mantienen como parte de la estrategia francesa para contribuir a la estabilidad en Oriente Medio. París busca preservar el equilibrio regional colaborando con actores locales y globales, apoyándose en la diplomacia y la cooperación militar para contener las amenazas y mitigar riesgos para su personal y sus intereses.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, el posicionamiento francés responde tanto a imperativos de política exterior como a la necesidad de enfrentar los desafíos actuales en el contexto internacional, caracterizado por la volatilidad en Oriente Medio y las repercusiones de cualquier posible escalada. Francia sostiene que solo la reanudación del diálogo permitirá disminuir las tensiones y allanar el camino hacia una solución sostenible en las cuestiones nuclear y regional relativas a Irán.

En la madrugada del viernes 3 de febrero de 1989, la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay llegó a su fin luego de 35 años. Los hechos de esa noche y las primeras horas del día siguiente marcaron un cambio en la historia política del país y pusieron término al gobierno más longevo de Sudamérica, caracterizado por la represión, la censura y el control absoluto del poder.

Alfredo Stroessner había llegado al poder en 1954 tras un golpe militar. Desde entonces, instauró un régimen sustentado en el Partido Colorado y las Fuerzas Armadas. El Estado de sitio fue implementado de manera casi permanente desde el inicio de la dictadura hasta 1987, permitiendo la suspensión de garantías constitucionales, la persecución y detención de opositores, y la censura a los medios de comunicación. El Departamento de Investigaciones se convirtió en un símbolo del aparato represivo, donde los opositores eran víctimas de tortura.

Durante su gobierno, Stroessner fue reelecto ocho veces en elecciones sin competencia real. El Partido Colorado era la fuerza política dominante y la única con posibilidades de acceder al poder. Las agrupaciones opositoras estaban proscriptas, y los sindicatos, estudiantes y periodistas eran vigilados y perseguidos. La represión incluía la cárcel, el exilio y la tortura, según testimonios y relatos recogidos por medios extranjeros. Se estima que 20.000 personas fueron torturadas y 423 -sobre todo comunistas y sindicalistas- fueron desaparecidas, según informaría la Comisión Verdad y Justicia de Paraguay en 2008 (año en el que dejó el poder el Partido Colorado, después de 61 años).

La corrupción formó parte de la estructura del régimen. El contrabando, la entrega de favores económicos y políticos y la administración de grandes recursos, como los obtenidos por la construcción de la represa de Itaipú junto a Brasil, eran mecanismos que ayudaban a sostener la red de lealtades. El acceso a cargos públicos y beneficios dependía de la fidelidad al partido y al presidente.

En el plano internacional, la dictadura de Stroessner se alineó con la política anticomunista de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, recibiendo respaldo político y cooperación con otros gobiernos militares de la región. El Paraguay de Stroessner fue parte del Plan Cóndor, por el cual las dictaduras regionales colaboraron entre sí para perseguir a opositores. El 14 de febrero de 1988, casi un año antes del golpe, Stroessner había obtenido el 88 por ciento de los votos en las elecciones que habían sido consideradas amañadas y fraudulentas.

La caída de Stroessner fue resultado de un golpe militar liderado por el general Andrés Rodríguez, considerado uno de sus hombres de confianza. Era la mano derecha de Stroessner en tanto comandante del Ejército y, además, su consuegro. Su hija Marta Rodríguez se había casado con Alfredo “Freddy” Stroessner, el tercer hijo del dictador.

Según se reconstruyó, la conspiración contra Stroessner se gestó en silencio semanas antes. En la noche del 2 de febrero de 1989, Rodríguez y sus colaboradores se reunieron en una vivienda para coordinar los movimientos. La planificación incluyó comunicaciones con otros oficiales y suboficiales, asegurando la participación de un número relevante de unidades y soldados.

Alrededor de la medianoche, comenzó el desplazamiento de tropas. Blindados y soldados se movilizaron hacia puntos estratégicos de Asunción, la capital de Paraguay. El objetivo principal era neutralizar a las fuerzas leales a Stroessner, en especial el Regimiento Escolta Presidencial, donde se encontraba el mandatario. Los primeros enfrentamientos armados se dieron en las inmediaciones del regimiento. Las tropas insurrectas avanzaron y se escucharon disparos de armas automáticas y explosiones en distintos sectores de la ciudad. La población permaneció en sus casas, sin información clara sobre la magnitud del acontecimiento.

El asalto al Regimiento Escolta Presidencial fue decisivo. Los golpistas lograron tomar el control tras intensos tiroteos, mientras que la noticia de la caída de Stroessner comenzó a circular en círculos militares y políticos. Durante la madrugada, Rodríguez y sus aliados aseguraron la ocupación de los principales edificios gubernamentales, así como el control de los medios de comunicación.

Andrés Rodríguez asumió el mando como jefe del gobierno de transición. Las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación quedaron bajo control de los golpistas, quienes utilizaron la radio y la televisión para transmitir comunicados oficiales y mensajes de tranquilidad.

En la madrugada del 3 de febrero, Andrés Rodríguez emitió un comunicado transmitido por radio y televisión, dirigido a la ciudadanía paraguaya. En ese mensaje, Rodríguez anunció la destitución de Stroessner y explicó los motivos del golpe, haciendo referencia al deterioro institucional y al desgaste del régimen. El comunicado fue una especie de llamado a la calma asegurando la protección de la ciudadanía y la convocatoria a una etapa de transición.

A la 1:25 y cada diez minutos se transmitió en Radio Primero de Marzo, la proclama de Andrés Rodríguez. El militar que había derrocado a su consuegro dijo: “Hemos salido de nuestros cuarteles en defensa del honor y la dignidad de las Fuerzas Armadas, por la unificación plena y total del coloradismo en el Gobierno, por la iniciación de la democratización del Paraguay, por el respeto a los derechos humanos, por la defensa de nuestra religión cristiana, católica apostólica romana, eso es todo lo que yo le estoy ofreciendo con el sacrificio del soldado paraguayo a nuestro querido, valiente y noble pueblo paraguayo y espero que los camaradas de las Fuerzas Armadas me acompañen en estas circunstancias, porque estamos defendiendo una causa noble y justa que derivará en beneficio de nuestro heroico y noble pueblo paraguayo. Gracias”.

Las primeras horas del 3 de febrero estuvieron marcadas por enfrentamientos, tensión y expectativa. Stroessner aceptó negociar su rendición después de la pérdida de apoyo militar y político. Fue trasladado bajo custodia y, posteriormente, llevado al aeropuerto, desde donde partió al exilio en Brasil junto a su círculo más cercano.

La noticia del derrocamiento se difundió rápidamente en la capital y el interior del país. El ambiente en las calles de Asunción era de incertidumbre y expectativa, mientras la población aguardaba las declaraciones de la nueva autoridad.

El golpe fue la consecuencia de un proceso de desgaste interno del régimen y de la pérdida de apoyo de sectores clave. Las reuniones secretas entre los conspiradores y la planificación minuciosa permitieron llevar adelante el operativo con rapidez y eficacia. El factor sorpresa y la coordinación de los movimientos militares fueron determinantes para el éxito de la acción.

La caída de Stroessner se produjo en un contexto de tensión y descontento generalizado. El régimen, que había recurrido durante décadas a la represión, la censura y el control absoluto, perdió la capacidad de sostenerse frente a la movilización de sectores militares y políticos descontentos. El derrocamiento fue un hecho de gran impacto en la historia paraguaya y regional, marcando el fin de 35 años de dictadura y el inicio de una nueva etapa política en Paraguay.

Durante la dictadura, Stroessner fue el eje del sistema político y social. El Partido Colorado y las Fuerzas Armadas formaban la base del poder, mientras que la represión, la censura y la corrupción definieron la dinámica del régimen. El control sobre la vida pública era absoluto, y las organizaciones opositoras carecían de espacio de participación real.

El golpe del 3 de febrero de 1989 representó una ruptura con la estructura autoritaria establecida desde 1954. El gobierno de transición encabezado por Rodríguez asumió la responsabilidad de conducir el país hacia un proceso de apertura política, con la promesa de celebrar elecciones libres y garantizar las libertades fundamentales. De hecho, Rodríguez cumplió y llamó a elecciones en menos de un año y en mayo de 1989 se presentó como candidato del Partido Colorado y fue electo presidente.

Durante su mandato Rodríguez derogó la ley marcial, abolió la pena de muerte y legalizó los partidos opositores que habían sido proscriptos por Stroessner.

La dictadura de Stroessner dejó una huella profunda en la vida política y social de Paraguay. El régimen estuvo marcado por la represión, la corrupción y el control absoluto del poder. La caída de Stroessner abrió la posibilidad de iniciar una etapa de cambios y reformas, en la que la sociedad paraguaya buscaría superar las consecuencias de décadas de autoritarismo. El dictador murió a los 93 años en agosto de 2006 en Brasilia, capital de Brasil, donde estuvo exiliado.

Desde el golpe, Paraguay comenzó a andar un camino de transición política, bajo la dirección de un nuevo liderazgo militar que prometió apertura y garantías para la población. La jornada del 3 de febrero de hace 37 años, fue definida por la tensión, el enfrentamiento armado, la incertidumbre y la expectativa social frente a la promesa de un país diferente tras la salida de Stroessner del poder.

De acuerdo con Europa Press, Placer remarcó que, a pesar de la amnistía anunciada, el contexto venezolano sigue marcado por la censura y la presión sobre los profesionales de la información. “Todavía hay presos políticos en Venezuela y periodistas presos simplemente por el hecho de informar o expresar alguna opinión adversa al régimen”, enfatizó. El periodista detalló que, si bien algunos medios comienzan a recuperar espacio y a difundir información después del 3 de diciembre, el ambiente continúa condicionado por riesgos como el cierre de medios y la persecución de voces críticas. Placer insistió en que “los grandes medios de comunicación en Venezuela siguen silenciados”, aunque reconoció avances moderados en la situación de algunos canales informativos.

El medio Europa Press reportó que Placer también denunció ataques directos contra empresas periodísticas venezolanas, mencionando en particular la retirada de un programa de radio, después de difundir información sobre el Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado. Según el periodista, este episodio ilustra la extensión de la persecución, que no solo afecta a individuos sino también a plataformas y espacios de comunicación. Placer considera que tales medidas demuestran la vigencia de una política que restringe la cobertura sobre asuntos delicados o sobre figuras opositoras al actual gobierno.

En este sentido, Placer exige que los periodistas y profesionales de la comunicación puedan retomar sus labores informativas sin temor a represalias ni presiones estatales. “Esperamos que con esta amnistía ya se pueda informar con más normalidad”, declaró a Europa Press Televisión, subrayando la necesidad de que se consoliden cambios que promuevan la libertad de expresión y la seguridad de quienes trabajan en los medios. La liberación de los seis periodistas encarcelados aparece como una demanda central, junto con la creación de condiciones favorables para que el ejercicio periodístico no suponga riesgos ni persecución por motivos políticos.

Según detalló Europa Press, la cautela de Placer frente a la amnistía proclamada se fundamenta en las experiencias recientes de amenazas y censura que persisten en distintos ámbitos de la comunicación venezolana. El periodista observa que, si bien existen señales de tímida apertura, el control sobre los contenidos y la intimidación hacia los comunicadores siguen latentes en la vida cotidiana del país. Esta situación impide la normalización plena de la actividad informativa y limita el acceso del público a diversas perspectivas y hechos relevantes.

El escenario descrito por Placer muestra que la libertad de prensa en Venezuela enfrenta desafíos renovados, en un contexto donde las decisiones gubernamentales y la respuesta de los actores estatales continúan marcando la vida de los periodistas y medios de comunicación. Según publicó Europa Press, la liberación de los detenidos y la suspensión de sanciones contra medios forman parte de una agenda que el gremio periodístico, encabezado por organizaciones como Venezuelan Press, sitúa entre sus prioridades inmediatas para restablecer el derecho a la información en el país.

Durante una entrevista emitida por la televisión estatal iraní, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, subrayó la importancia de que el Gobierno escuche y atienda las quejas sociales de la población. Afirmó la necesidad de trabajar de manera cercana con los ciudadanos y aseguró que la administración tiene la responsabilidad de servirlos de la mejor manera posible, pese a la delicada coyuntura que enfrenta el país. Según informó Europa Press, en este contexto, Pezeshkian también señaló que las recientes protestas en su territorio cuentan con el respaldo y la promoción de actores extranjeros, reforzando la tesis oficial de injerencia y manipulación externa.

De acuerdo con Europa Press, el presidente iraní responsabilizó a Europa, Israel y Estados Unidos de colaborar activamente para dividir la sociedad iraní. Mencionó directamente a líderes internacionales, entre ellos el expresidente estadounidense Donald Trump, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y representantes de los países europeos, a quienes acusó de aprovecharse de las dificultades internas de Irán para provocar enfrentamientos y buscar fracturar la cohesión social. Según sus palabras, “se aprovechan de nuestros problemas para provocar y perseguir, como siguen haciendo ahora mismo, fragmentar la sociedad”.

El inicio de este ciclo de manifestaciones se produjo a fines del año anterior, cuando la fuerte devaluación del rial motivó protestas centradas en la situación económica. Según relató Europa Press, estas movilizaciones iniciales derivaron rápidamente en disturbios de mayor envergadura y se extendieron de forma significativa por distintas regiones de Irán. El gobierno iraní ha reconocido que los reclamos económicos poseían justificación, pero ha insistido en que la escalada y la propagación de los disturbios se debe al impulso de potencias extranjeras, principalmente Washington, Tel Aviv y los gobiernos europeos.

Según detalló Europa Press, Pezeshkian expresó que la intervención externa ha consistido en proporcionar recursos y alentar a individuos a sumarse a las manifestaciones, lo que, a su juicio, ha transformado una protesta social en un fenómeno guiado desde el exterior. Insistió en que “fueron ellos quien han sacado a estos alborotadores a las calles para destrozar este país, sembrar el conflicto y el odio entre la gente y crear división”. El mandatario recalcó que la sociedad iraní, según su perspectiva, es plenamente consciente de que la situación va más allá de un movimiento local de inconformidad.

Europa Press también recogió que Pezeshkian, identificado como un líder de corte reformista y con una postura considerada más moderada en comparación con el sector clerical conservador, destacó la obligación del estado iraní de identificar y responder a las “quejas razonables” de la sociedad. Reiteró que “debemos trabajar con el pueblo y para el pueblo, y servirle tanto como sea posible”, enfatizando la necesidad de mantener un canal de diálogo abierto entre la administración y la ciudadanía, incluso en un clima de evidente tensión y confrontación.

La información proporcionada por Europa Press también advierte que la ola de protestas y la respuesta estatal han resultado en miles de muertes, reflejando la gravedad de la crisis interna. El gobierno sostiene que las actuales circunstancias han sido aprovechadas por actores foráneos para aumentar la polarización y el malestar social en Irán, mientras se mantiene una retórica de denuncia frente a la injerencia internacional.

Dentro de la narrativa expuesta por el gobierno iraní y reproducida por Europa Press, se sostiene que las acciones emprendidas desde Occidente y ciertos gobiernos aliados buscan capitalizar las dificultades económicas para desestabilizar la estructura interna del Estado, fomentar el conflicto entre distintos sectores de la sociedad y erosionar la unidad nacional ante los desafíos presentes.

El presidente de Irán concluyó su intervención reiterando la dimensión internacional de las protestas, denunciando la provisión de recursos y el respaldo de potencias extranjeras a quienes, en su opinión, utilizan la situación interna iraní como una pieza en el tablero de conflictos geopolíticos. Según la cobertura de Europa Press, el mandatario subrayó que abordar las demandas genuinas de la población sigue siendo una prioridad, al tiempo que reforzó la narrativa oficial de atribuir la intensificación de la crisis a una intervención programada desde el exterior.

El joven activista Erfan Soltani, de 26 años, fue puesto en libertad bajo fianza este fin de semana tras permanecer detenido desde principios de enero como resultado de las recientes protestas antigubernamentales en Irán. La excarcelación fue confirmada por la Organización de Derechos Humanos Hengaw y el abogado de Soltani, Amir Mousakhani, quien detalló que la fianza ascendió a dos mil millones de tomanes (alrededor de 12.600 dólares).

Soltani, empleado de una tienda de ropa y convertido en símbolo de la movilización social, fue arrestado en la noche del 8 de enero de 2026 en Fardis, cerca de Karaj, durante el estallido social que sacudió al país desde finales de 2025. Aunque algunas fuentes oficiales iraníes citaron posteriormente el 10 de enero como la fecha de registro formal, la mayoría de los reportes de organizaciones de derechos humanos y familiares coinciden en que fue capturado el día 8 en su residencia o cerca de ella, en el distrito de Fardis, Karaj. Tras su arresto, su familia permaneció tres días sin noticias de su paradero hasta que el 11 de enero las autoridades confirmaron su detención. Finalmente, tras semanas de incertidumbre, fue puesto en libertad bajo fianza el 31 de enero de 2026.

Su familia denunció que las autoridades llegaron a amenazarle con la ejecución, aunque el poder judicial iraní desmintió posteriormente que existiera una condena a muerte. La judicatura iraní precisó que los cargos presentados contra él —“colusión contra la seguridad nacional” y “propaganda contra el sistema”— contemplan penas de prisión, no la pena capital, y que el caso aún se encuentra en fase de investigación.

La detención de Soltani se produjo en el contexto de una oleada de protestas que comenzó el 28 de diciembre de 2025. El detonante inicial fue el colapso del rial iraní y una inflación que superó el 40%, provocando una huelga en el Gran Bazar de Teherán. Pronto, las reivindicaciones económicas derivaron en exigencias de cambio político y el fin del régimen clerical, con consignas dirigidas contra el líder supremo Ali Khamenei.

Las fuerzas de seguridad respondieron con una represión calificada por observadores como la más letal desde la fundación de la República Islámica en 1979. El Gobierno de Irán ha reconocido más de 3.000 muertes durante los disturbios y sostiene que la mayoría corresponde a miembros de los cuerpos de seguridad y transeúntes, atribuyendo la violencia a “actos terroristas”. Por su parte, la Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, ha documentado 6.713 muertes, en su mayoría manifestantes, y más de 10.000 detenciones desde el inicio de la crisis.

Las protestas, según las autoridades iraníes, fueron inicialmente pacíficas, pero derivaron en disturbios violentos, especialmente los días 8 y 9 de enero, fechas en las que se intensificó la actuación policial y la detención de figuras como Soltani. Teherán acusa a Estados Unidos e Israel de promover los disturbios y califica la movilización como un intento de “golpe de Estado” dirigido desde el exterior.

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han criticado la opacidad del proceso judicial en Irán, señalando que a Soltani se le negó acceso a un abogado independiente y que su proceso fue sumamente acelerado. A diferencia de protestas anteriores como las de 2022, el actual movimiento ha unido a comerciantes tradicionales y jóvenes trabajadores, impulsados tanto por la crisis económica como por el reclamo de libertades políticas.

Actualmente, aunque la presencia masiva en las calles ha disminuido por los cortes de internet y la respuesta estatal, la situación sociopolítica sigue marcada por la tensión. La liberación de Soltani bajo fianza representa un hecho relevante en un contexto donde miles de detenidos permanecen bajo custodia, mientras el Gobierno mantiene su postura de que la seguridad nacional está bajo amenaza.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anticipó que la administración estadounidense intensificará las acciones dirigidas contra redes y élites iraníes que obtienen beneficios en detrimento de la población. Esta postura incluye el seguimiento y la limitación de mecanismos utilizados por el gobierno de Irán para eludir restricciones económicas, con énfasis en el uso de plataformas de activos digitales. Según Bessent, esta estrategia obedece al propósito de frenar tanto el enriquecimiento ilícito de miembros del régimen como las operaciones de financiamiento ilegal vinculadas a actividades cibernéticas. De acuerdo con lo reportado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y recogido por diversos medios internacionales, las autoridades estadounidenses han recalcado que el gobierno iraní prefiere destinar sus ingresos a la financiación de programas militares y de grupos armados fuera de sus fronteras en vez de priorizar el desarrollo económico nacional.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes la ampliación del régimen sancionador contra altos funcionarios iraníes. Según consignó el medio, entre las figuras incorporadas aparecen el ministro del Interior, Eskandar Momeni Kalagari, así como Mayid Jademi, responsable de la organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria. Estas medidas responden, de acuerdo con la entidad estadounidense, a la participación directa de estos funcionarios en la represión de recientes protestas antigubernamentales en territorio iraní.

El medio detalló además que las sanciones alcanzan a varios comandantes regionales de la Guardia Revolucionaria, como Ghorban Mohamad Valizadeh, jefe del cuerpo en la provincia de Teherán, Hosein Zare Kamali en Hamadan y Hamid Damghani en Gilan. Igualmente, la OFAC incluyó al comandante de las fuerzas de seguridad de la provincia de Kermansha, Mehdi Hajian, bajo acusaciones de desempeñar roles clave en la implementación de acciones violentas contra la población civil.

Según informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros, los altos funcionarios sancionados son señalados como responsables de episodios de represión que derivaron en centenares de muertes, arrestos masivos y desapariciones forzadas desde el inicio de las manifestaciones. Las autoridades estadounidenses sostienen que las acciones atribuidas a estos individuos buscan suprimir las expresiones de descontento social y político por parte de la ciudadanía.

El presidente Donald Trump instruyó personalmente el endurecimiento de las sanciones. En este contexto, la OFAC resaltó que a mediados de enero se sumó a la lista de personas sancionadas a Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, a quien se acusa de incitar a la respuesta violenta ante las primeras protestas, encaminadas según los convocantes, a demandar reformas y mayores libertades.

Los balances ofrecidos sobre la magnitud de la represión difieren según la fuente. El gobierno iraní sostiene que desde finales de diciembre y en el contexto de las recientes movilizaciones murieron 3.000 personas, cifra que atribuye en parte a la actividad de “terroristas” supuestamente apoyados por Estados Unidos e Israel, con el propósito de incitar una intervención extranjera. En cambio, colectivos de derechos humanos contabilizan no menos de 6.000 víctimas mortales derivadas de los operativos de seguridad y control durante las protestas.

Por otra parte, de acuerdo con lo publicado por la OFAC, el alcance de las sanciones se amplía al ámbito financiero y digital. El empresario Babak Morteza Zanjani resultó incluido entre los sancionados por su implicación en maniobras para eludir sanciones previas mediante el uso de las plataformas de intercambio de activos digitales Zedcex y Zedxion, compañías registradas en Reino Unido. Dichas plataformas, según la autoridad estadounidense, canalizaron fondos de la Guardia Revolucionaria, permitiendo superar anteriores restricciones al flujo de capital.

Scott Bessent remarcó públicamente que: "En lugar de construir un Irán próspero, el régimen ha optado por malgastar lo que resta de los ingresos petroleros del país en el desarrollo de armas nucleares, misiles y agentes terroristas en todo el mundo". En su intervención, Bessent aseguró que la presión continuada por parte de Estados Unidos buscará asfixiar las fuentes de recursos del aparato de seguridad y las redes asociadas al gobierno iraní. Además, destacó que estas medidas incluyen el abordaje de prácticas para explotar activos digitales a fin de evadir sanciones y sostener operaciones criminales en línea.

La administración estadounidense apunta que Irán transfiere activos a instituciones financieras en diferentes regiones, utilizando esquemas tecnológicos para dificultar el rastreo de esos fondos. Según palabras de Bessent, "como ratas en un barco que se hunde, el régimen está transfiriendo frenéticamente fondos robados a familias iraníes a bancos e instituciones financieras de todo el mundo".

El medio subrayó que la política de sanciones forma parte de una estrategia más amplia orientada a restringir el margen de acción de los sectores gubernamentales y militares iraníes. Las autoridades estadounidenses argumentan que este régimen de medidas restrictivas pretende presionar a los responsables políticos y económicos iraníes a modificar su comportamiento tanto en el plano interno como en el internacional. Además, remarcaron que la utilización de mecanismos digitales para eludir sanciones constituye un desafío a la arquitectura regulatoria global y refuerza el compromiso del gobierno estadounidense respecto al control financiero transfronterizo.

La OFAC advirtió igualmente que el monitoreo permanece activo y que nuevas personas físicas y jurídicas podrían incorporarse en el futuro a la lista de sancionados, según la evolución de las evidencias recabadas. Los funcionarios estadounidenses insisten en la necesidad de actuar de manera coordinada con otros gobiernos y bloques económicos para garantizar la eficacia y la sostenibilidad de las restricciones económicas impuestas al gobierno iraní y las redes que lo apoyan.

A estas cifras se suman los militares que, desde 2014, han sido sometidos a medidas cautelares, como presentaciones periódicas ante tribunales o arresto domiciliario, y aquellos que fallecieron antes de recuperar su libertad, tras procesos judiciales marcados por denuncias de irregularidades y expedientes manipulados.

Organizaciones especializadas en el seguimiento de estos casos, así como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, advierten que el número de uniformados detenidos por motivos políticos responde a un patrón sistemático. Numerosas fuentes aseguran que los cuerpos de inteligencia habrían fabricado más de 60 supuestas conspiraciones con el objetivo de depurar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

He aquí laos 195 nombres de militares presos políticos, según su rango y componente.

Doce oficiales de la Armada

Son once en su totalidad los oficiales de la Armada que están detenidos por causas políticas:

Capitán de Fragata Carlos Alí Piña Bastidas.

Los cinco tenientes de Navío: Rigoberto Pinzón Palencia, José Noriega Manrique, Héctor Jesús Coronel, Yendry Arguello Rodríguez y Jefferson Jhosue Díaz Mendoza.

Tres tenientes de Fragata: TF Daesger Germán Hernández Alvarenga, Nelson Zabaleta Fernández Ángel Barrios Fuenmayor.

El Alférez de Navío Hebert Alfonso Cambero Sequea.

Los dos sargentos: SM3 Eddie José Valladares Cáceres y S2 Roberto Andrés Rondón Restrepo.

Seis generales

Un divisionario y cinco generales de Brigada, continúan privados de libertad en Venezuela, acusados de participar en diversas operaciones. Las detenciones se distribuyen de manera equitativa entre los tres componentes militares: Ejército, Aviación y Guardia Nacional.

En el Ejército siguen bajo custodia el general de Brigada Oswaldo José Bracho y el general de División Tomás Enrique Martínez Macías. Este último es padre del capitán Tomás Martínez Chico, excarcelado el 27 de enero de 2025; ambos fueron señalados en la llamada Operación Brazalete Blanco.

En el componente Aviación permanecen recluidos los generales de Brigada Miguel Carmelo Sisco Mora y Jackson Gutiérrez Strubinger, también implicados en investigaciones militares.

La lista se completa con dos generales de Brigada de la Guardia Nacional: Ramón Lozada Saavedra, quien se encuentra gravemente enfermo y bajo atención médica en el Hospital Militar de Caracas, y Héctor Armando Hernández Da Costa, detenido desde el 2018.

Los coroneles

Por el Ejército hay cinco coroneles: Carlos Jesús Sánchez Vásquez, Carlos Ulises Hernández Rojas, Jhony Rafael Mejías Laya, José Lozano Mogollón; y Diego Bautista Espín Trini, quien era director del Liceo Militar Jáuregui (Limijau) de La Grita, Táchira y fue detenido por resguardar las actas y material de votación del 28 de julio 20204, de los 10 centros electorales que coordinaba.

De la Aviación hay tres coroneles: Miguel Castillo Cedeño, Eddy Jordán Azabache y José Alberto Trejo Castillo.

Por la Guardia Nacional ocho coroneles: Juan Francisco Rodríguez Dos Ramos, Pedro Javier Zambrano Hernández, José Romel Acevedo Montañez, Oswaldo Valentín García Palomo, Ramón Alí Peñalver Vásquez, Oscar Rafael Pérez Romero, José de Jesús Gámez Bustamante y Pedro Milano Rincones.

Los comandantes

Por los componentes del Ejército, Aviación y GNB hay 14 tenientes coroneles que son los siguientes:

Once por el Ejército: Igbert José Marín Chaparro, Deibis Esteban Mota Marrero, Víctor Eduardo Soto Méndez, Edgar Josué Carrillo Camacho, Freddy Alberto Mogollón Rojas, Ovidio Andrés Carrasco Mosqueda, Durvis Enrique Melián Vargas, Guillermo Enrique César Siero, Manuel Alejandro Oria Arteaga, Jholmar Josué Cárdenas Camacho y Juan Carlos Peña Palmentieri, quien ya cumplió su condena en septiembre 2025 y en noviembre lo trasladaron a una cárcel desconocida.

Por la Aviación, el único teniente coronel es Félix Enrique Jiménez, mientras que son dos por la GNB: Pedro Luis Garrido Guillén y José Torrealba Carrasco.

Mayores

Los oficiales con rango de mayor son ocho:

Cuatro por el Ejército: Guillermo Henry César Siero, Niuma Rafael Sequera Gómez, Jhonathan Mendoza Suárez y la única mujer del grupo Diana Desireé Victora Justo.

Aviación: Adrián Leonardo De Gouveia de Sosa, detenido en el 2018, cumplió 5 años de cárcel, pero un mes después lo vuelven a detener y en 2024 lo involucran en la Operación Gedeón.

Guardia Nacional son tres: Francisco José Luna Martínez, Carlos Rosario y Juan Carlos Marrufo Capozzi, cuya esposa María Auxiliadora Delgado Tabosky es hermana de Osman Alexis Delgado Tabosky, señalado como autor intelectual del Caso Drones.

Los 21 capitanes

Son nueve por el Ejército: Carlos Arturo Rosario Pimentel, Javier Moreno, Alfredo Saba Peña Díaz, Javier Romero Briceño, Willians Andrés Rivas Jiménez, Juan Luis Gutiérrez Aranguren, Rocío del Valle Fernández Hernández perteneciente a la etnia Puinave Baré, Anyelo Julio Heredia Gervacio de la Operación Brazalete Blanco.

Además, Carlos Anthony Peña Medina, detenido en Barinas en diciembre 2024; sus padres Gloria María Medina Plaza y Carlos Julio Peña Chacón, así como su esposa Carla Álvarez, a través de un video reclaman libertad para el joven oficial quien tiene una hija de 9 años,

Hay tres capitanes de la Aviación Militar: Ronald Marrero Lozano, Robert Jiménez Ladera y Marcos Daniel Bello Corona.

Son nueve por la GNB: Juan Carlos Caguaripano Scott, Dimas Omar Murillo Rubio, Leonard Eligio Briceño Vivas, Renny Adelso Olivares Moreno, Franklin Antonio Leal Mendoza, Eliant Felipe César Caraballo, Antonio José Sequea Torres, Jesús Manuel Ramos López; y Erickson Alexander Chaya Barrueta, cuya esposa, cuñado y cuñada también están detenidos.

Tenientes

Entre tenientes y primeros tenientes suman 33:

Por el Ejército 22: Wladimir (Ej) Rafael Escalona Gutiérrez, Franklin Alfredo Caldera Martínez, Marcos David Insignare García, Karen Nayarit Gómez Gutiérrez, José Gregorio Montiel García, Johan José González, Alberto José Salazar Cabañas, Oswaldo José Gutiérrez Guevara,

Jefferson Gabriel García Dos Ramos, Pedro Jiménez Luis, Raúl Eduardo Manzanilla Almao, Jairo Rafael Bethermyt Carrillo, Hugo Rainier Aparicio Cabeza, Carla Yancelis Antón Farías, Eduardo José Pérez Amaya, José Ángel Barreno Cordones, Junior de Jesús Silva Herrera, Luis Manuel Paiva Soto, Víctor Parra.

También el 1TT (Ej) Carlos Eduardo Lozada Saavedra, sobrino del general Ramón Lozada; ambos están presos. Reinaldo Enrique Finol del llamado Caso espía gringo Matthew John Heath. Y Johana Del Carmen Bermúdez, quien recién graduada, el 2 de agosto 2024, es detenida por funcionarios de la DGCIM, relacionándola al caso del coronel Diego Espín Trini.

Seis por la Aviación: Juan Carlos Franco Moreno, Junior de Jesús Silva Herrera, Henry Javier Salazar Moncada, Carlos Eduardo León Núñez, Kelvis José Chacón Reyes y Anyi Andreina Azuaje Fernández.

Cinco por la Guardia Nacional: Richard Rafael Alemán Castellano, tiene a dos hermanas y un cuñado presos; Rubén Darío Fernández Figuera, Alexander Navarro Pinto, Edgar Salas Pinilla y Rafael Antonio Villafranca López.

Los 85 Sargentos

En el Ejército hay 31 en total: dos SM2 Jairo Elí Villegas Moreno y Noel Ricardo Romero Lugo. Tres SM3: Álvaro Martín Mestra Valecillos, Jesús Alberto Colmenares Gallardo y Wilmer Oswaldo Salinas Sánchez.

Los 20 Sargentos de Primera (S1): Abraham Josué Molina Valera, Víctor Alfonzo Perozo Durán, Francisco Javier Pacheco Pérez, Nelson Enrique Santiago Valecillos, Yusimar Elisneth Montilla Ortega, José Rafael Blanco Volcán, Nelson Enrique Santiago Valecillos, Cristian Gregorio Estrada Estrada, Yurimar del Valle Rengel González, Rubén Augusto Bermúdez Oviedo.

También los S1 Darwin Antonio Solís Benítez, Juan Francisco Díaz Castillo, Javier Rafael Peña, Feydi Rafael Montero, Alexander Chávez Mogollón, Anthony José Reyes, Jecson Enrique Losada Matute, Carlos Enrique Conde Hurtado, Damián Mora y José Rafael Blanco Volcán.

Como seis Sargento Segundo (S2): Iriannis Valentina Mujica de Montesinos, Anderson José Pinto Tovar, Tony Adonis Guevara Bravo, Estewins Andrés Rojas Tapia, José Moreno Peñaloza y José Ruíz Delgado.

Tres en la Aviación: dos S1 Juan Carlos Venturi Escobar y Ángel Orlando Perdomo Hurtado; y el S2 Gabriel Alejandro Jordán Padrón.

En la Guardia Nacional: de la Tropa Profesional, hay 51 sargentos en total, divididos así:

25 Sargento Segundo (S2): Samaira del Valle Romero Armario, Jeremy Jesús González López, Gustavo Enrique Álvaro Granadillo, Ricardo David Fonseca Mosquera, Wolfang González Carrasco, Ronaldo Jesús Romero Aguinagalde, Roberto

Catalino Romero Pérez, Andrés Alfonso Paredes Soler, Jhite Thubal Hernández Palma, Yeicer Moisés Montero Mujica, Luis Alfredo Lobo Medina, Luis Heraldo Oviedo Piña, Asdrúbal Gabriel Chirinos López.

Se le suma S2 Nomar Salcedo Méndez, Heber Glok Vásquez, Kevin Manuel Charly Ramírez, Luis Alberto Peña Arteaga, Edgar Jesús Díaz Vivenes, Hugo Alexander Carrillo Santana, José Daniel González Hospedales, Miguel Salazar Polanco, Ánderson Daniel Farnetano Yamboos, Jonathan Franco Quiñones, Leandro Omar Chirinos Parra y Tony Adonis Guevara Bravo.

Quince en el rango de Sargento Primero (S1): José Enrique Rico Arrieta, Rawuy José Rosales Faría, Luis Alfredo Milanés Chirinos, Yordanis Camacaro González, Carlos Enrique Rivero Martínez, Víctor Ignacio Rodríguez Romero, Junior José Ojeda Alvarado, Ederson Roberto Rumi Mogollón, Jackson Leiner Taquiva Becerra, José Manuel Mendoza González, Juan Acosta Isea, Miguel Ángel Plaza Méndez, Rafael Enrique Castro Sandoval, Juan Nahir Zambrano Arias y Víctor Perozo

Seis Sargento Mayor de Tercera (SM3): Luis Alexander Bandres Figueroa, Edixon Darwin Morillo Mujica, Geomar Martínez Natera, Evan Antonio Rincón Piñero, Daniel Zambrano Arias y Yofre Javier Castro Alviarez.

Dos Sargento Mayor de Segunda (SM2): Adelis Pastor Rosales Perosa y Oneiver José Paredes.

Dos Sargento Mayor de Primera (SM1): José Alexander Sanguino Escalante y Juan Carlos Monasterios Venegas.

Un Sargento Ayudante: Rubén Darío López Sánchez, detenido por la Operación Guerra de los Puentes, del 23 de febrero 2019. Estaba adscrito al comando de Zona Táchira GNB, pasó a Cúcuta en apoyo a Juan Guaidó. Condenado a 5 años y ocho meses por abandonó de servicio, sustracción de objetos pertenecientes a la FANB y deserción.

Dos en el rango de Sargento Supervisor (SS): Jesús Villafañe Montilla y Leonardo Antonio Carrillo Primera.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) reportó que al menos 873 violaciones a la libertad religiosa ocurrieron en la isla en 2025, con un repunte de represalias entre marzo y junio, y especial intensidad en momentos de crisis social.

El informe señaló que la vigilancia estatal se enfocó en comunidades religiosas y movimientos espirituales independientes, así como en líderes, sacerdotes, laicos, presos políticos y sus familias.

Según el OCDH, el Estado cubano mantuvo una estricta supervisión sobre los grupos de fe, pese a que la Constitución reconoce el carácter laico del país y el derecho a la libertad de culto.

El documento señaló que “las comunidades especialmente vigiladas fueron aquellas que, desde una ética religiosa, asumieron posturas críticas frente a la crisis nacional o que se movilizaron para ayudar a la gente pero por vías independientes al régimen”.

El texto también subrayó que las acciones represivas “afectaron a iglesias y movimientos espirituales independientes, líderes religiosos, sacerdotes, laicos, presos políticos y familiares”, lo que ratifica que “el ejercicio de la libertad religiosa sigue subordinado a los intereses del poder político”.

En junio, los obispos católicos cubanos divulgaron el mensaje “Peregrinos de Esperanza” con motivo del Año Jubilar, en el cual expresaron su preocupación por la situación del país, la escasez de bienes primarios, los apagones prolongados y la fragmentación familiar a causa de la emigración.

En ese mensaje, los prelados solicitaron “crear un clima para llevar adelante los cambios estructurales, sociales, económicos y políticos que Cuba necesita”.

La reacción del régimen fue inmediata, trasladando su malestar a las autoridades religiosas y negando la entrada a varios expertos internacionales invitados por una entidad católica a un evento académico.

En diciembre, el sacerdote mexicano José Ramírez, miembro de la Congregación de la Misión, fue expulsado de Cuba luego de que las autoridades se negaron a renovar su residencia temporal. Según el OCDH, la medida se ejecutó después de que Ramírez tocó las campanas de la Iglesia de La Milagrosa, en La Habana, en apoyo a los vecinos del barrio Santos Suárez que protestaban por los cortes de electricidad.

Fuentes internas de la Iglesia Católica atribuyeron la decisión a la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, dirigida por Caridad Diego, bajo presión de la Seguridad del Estado. El sacerdote abandonó el país en cuestión de horas.

Durante el año, la Seguridad del Estado cubana llevó adelante acciones represivas contra Dagoberto Valdés Hernández, director del Centro de Estudios Convivencia (CEC), y Yoandy Izquierdo Toledo, miembro de la misma organización en Pinar del Río. Recibieron citaciones frecuentes, sufrieron episodios de hostigamiento y se les impidió viajar a La Habana en fechas consideradas “sensibles”.

El OCDH documentó que Valdés fue citado tras regresar de un viaje académico al exterior, donde había recibido un reconocimiento universitario, lo que evidenció el seguimiento y la represalia por su proyección internacional.

La ONG también reportó la denuncia del pastor exiliado Alain Toledano Valiente, quien afirmó que su esposa Marilin Alayo fue citada nuevamente por las autoridades cubanas en agosto, en el marco de una persecución prolongada contra su familia. La citación se sumó a años de vigilancia y represalias, incluyendo la imposibilidad del pastor de acompañar a su hija durante su enfermedad terminal.

El informe precisó que durante 2025 se registraron negativas arbitrarias de asistencia religiosa a diversos presos políticos. Entre los afectados se encuentran Oscar Sánchez Madan, coordinador del FANTU; y Roberto Pérez Fonseca y Angel Jesús Veliz Marcando, ambos encarcelados por los hechos del 11J (las masivas protestas del 11 de julio de 2021). Las autoridades penitenciarias, siguiendo órdenes de la Seguridad del Estado, impidieron encuentros con líderes religiosos, confiscaron objetos de fe y castigaron las prácticas espirituales consideradas inconvenientes.

En los meses de julio y agosto, la represión se agravó contra altos representantes de la Gran Logia de Cuba, en un contexto de disputas internas y creciente intervención estatal en la masonería. El informe del OCDH señaló un aumento del hostigamiento contra los líderes masónicos críticos, como Juan Alberto Kessel Linares y José Ramón Viñas Alonso, Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 en Cuba. Se documentó la apertura de procesos investigativos con medidas cautelares, citaciones y detenciones arbitrarias, así como presiones sobre la autonomía de las organizaciones fraternales y religiosas.

El OCDH concluyó que los hechos documentados configuran un patrón de presión sistemática contra la dirigencia religiosa y fraternal en Cuba, y evidencian la subordinación de la libertad de culto a los intereses políticos del régimen.

El Departamento de Estado de Estados Unidos comunicó que esta semana se han aplicado restricciones migratorias para impedir el ingreso y la permanencia de altos cargos del gobierno iraní y sus familiares, como parte de una serie de sanciones dirigidas a responder al manejo de las protestas en Irán. Según informó el departamento a través de un mensaje en redes sociales recogido por la prensa internacional, estas medidas se suman al contexto de tensión bilateral e incluyen la revocación de privilegios migratorios que permitían a figuras clave de Teherán ingresar y establecerse en territorio estadounidense. El anuncio oficial añadió que mientras persista la represión contra las manifestaciones en Irán, los beneficiarios de dicha política local no podrán aprovechar el sistema migratorio de Estados Unidos.

De acuerdo con lo publicado por la prensa estadounidense, la decisión llega en medio de crecientes roces entre ambas naciones debido a la respuesta del gobierno iraní ante las recientes movilizaciones antigubernamentales, y después de que la Unión Europea resolviera catalogar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista. La autoridad diplomática norteamericana señaló que "quienes se benefician de la brutal opresión del régimen iraní no son bienvenidos a beneficiarse de nuestro sistema migratorio". Estas palabras se divulgaron en un contexto en el que Irán ha sido objeto de numerosas críticas internacionales por la gestión de las protestas y el número de víctimas.

El medio detalló que el Secretario de Estado de la Administración de Donald Trump, Marco Rubio, formalizó la nueva disposición argumentando que "el pueblo iraní continúa luchando por sus derechos básicos". El gobierno de Estados Unidos justificó la revisión de los privilegios migratorios como una muestra de apoyo a los ciudadanos iraníes movilizados en defensa de sus libertades fundamentales. En mensajes institucionales, el Departamento de Estado reiteró que altos funcionarios y parientes directos perderán el derecho a residencia y a ingreso que anteriormente les había sido concedido bajo diferentes prerrogativas.

Las restricciones estadounidenses coinciden con una decisión reciente adoptada por la Unión Europea, que designó a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista. La medida europea sostiene que el cuerpo paramilitar se ha consolidado dentro del aparato represivo del Estado iraní, especialmente tras su actuación en las protestas iniciadas a finales de diciembre. Esta clasificación representa un endurecimiento en la postura de varios países occidentales hacia el gobierno de Teherán.

El gobierno iraní, en respuesta a la presión internacional, habló de la existencia de aproximadamente 3.000 muertes asociadas a las movilizaciones desde finales de diciembre. Fuentes oficiales de Irán alegaron que entre los fallecidos se encontraban individuos calificados como "terroristas", con presunto respaldo de Estados Unidos e Israel, y sugirieron que se buscaba aumentar deliberadamente la cifra de muertos para allanar el camino a una intervención militar extranjera. No obstante, según informó el medio, diversas organizaciones civiles pusieron en duda la estadística difundida por el gobierno iraní y estimaron que el número de víctimas fatales supera las 6.000, atribuyéndolo principalmente a la represión estatal.

En sus diferentes intervenciones públicas, integrantes del ejecutivo estadounidense han insistido en que la política adoptada busca aumentar la presión sobre los responsables de la represión y desalentar el desplazamiento de altos funcionarios iraníes y familiares a países considerados democráticos y opuestos al régimen de Teherán. Washington ha explicado que la medida se suma a otras ya existentes, como sanciones económicas y restricciones financieras, buscando aislar aún más al círculo gobernante de Irán.

Tal como consignó la prensa internacional, Irán se encuentra desde hace varias semanas bajo observación internacional debido a la magnitud de la represión y su repercusión en la estabilidad regional. El ejecutivo iraní ha manifestado que las protestas son en parte orquestadas o amplificadas por intereses externos con el objetivo de desestabilizar el país, mientras que distintos organismos de derechos humanos aseguran que la actuación de las fuerzas de seguridad ha resultado en detenciones masivas y un número de muertes significativamente elevado.

Las recientes acciones de Washington retoman la tradición de sanciones y presión diplomática como manera de influir sobre las decisiones de gobiernos que la administración estadounidense considera que atentan contra los derechos humanos y las libertades políticas de sus ciudadanos. La Administración Trump ya había endurecido su retórica y acciones frente a Irán en el pasado, y la actual coyuntura plantea nuevos interrogantes sobre la evolución del vínculo bilateral y su impacto en la región de Oriente Medio.

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, expresó en sus redes sociales que “cualquier régimen que mata a miles de sus propios ciudadanos está trabajando hacia su propia desaparición”, mensaje que se enlaza directamente con la última decisión tomada por el bloque comunitario respecto a Irán. Según consignó el medio, los ministros de Exteriores de los Veintisiete estados miembros de la Unión Europea acordaron de manera unánime designar a la Guardia Revolucionaria Islámica iraní como una organización terrorista, medida que representa una respuesta ante las actuaciones de Teherán hacia su población.

En el anuncio realizado por Kallas, citado por el medio, la jefa de la diplomacia europea confirmó que “la represión no puede quedar sin respuesta”. Así, informó que los responsables de la política exterior del bloque dieron luz verde a la inclusión de la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. El medio explicó que esta acción surge tras lo que los países europeos califican como una dura represión ejercida por el régimen iraní contra sus ciudadanos, un motivo central en la decisión.

De acuerdo con la información publicada, la resolución adoptada refleja la postura de consenso alcanzada entre los veintisiete estados que integran la Unión. La unanimidad en este tipo de decisiones marca un mensaje político claro tanto hacia Teherán como hacia la comunidad internacional sobre la preocupación europea por la situación de derechos humanos en Irán. Según detalló el medio, representantes de todas las naciones del bloque participaron en la votación y acordaron la medida sin mostrar desacuerdos, hecho que refuerza la gravedad percibida de la situación.

El medio agregó que la designación de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista no solo constituye una sanción simbólica, sino que puede tener implicaciones prácticas en los vínculos diplomáticos, económicos y de seguridad mantenidos con el país persa. Desde la óptica europea, la inclusión implica restricciones a individuos vinculados a la organización, posibles congelamientos de activos y limitaciones a la movilidad. Además, abre la puerta a la adopción de futuras sanciones y refuerza la legislación comunitaria que previene el apoyo o colaboración con grupos considerados terroristas.

En el plano político, la decisión llega en un momento de creciente tensión entre Irán y diversos miembros de la comunidad internacional, incluyendo la Unión Europea. El medio recordó que en los últimos meses, la Guardia Revolucionaria ha ocupado titulares internacionales relacionados con la represión de protestas y el uso de la violencia contra la oposición interna. La medida adoptada refuerza el respaldo europeo a quienes denuncian vulneraciones a los derechos fundamentales dentro de Irán y busca, según representantes citados, presionar al régimen para que modifique sus políticas internas y respete las libertades civiles.

Por otra parte, la jefa de la diplomacia europea, siguiendo lo publicado en el medio, subrayó que el bloque “no dejará sin respuesta” las acciones consideradas represivas. Asimismo, Kallas, que también ejerce como vicepresidenta de la Comisión Europea, insistió en que la comunidad internacional no puede permanecer indiferente ante situaciones en las que el Estado actúa de manera letal contra su propia ciudadanía. The European Union Foreign Ministers' Council (Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE), tras la sesión correspondiente, respaldó de manera unánime la propuesta, situación resaltada como punto de inflexión en la política exterior europea hacia Irán.

El medio también subrayó que la medida coincide con una etapa de revisiones y evaluaciones constantes de las relaciones entre los países de la Unión Europea e Irán, incluidas en el contexto de otros eventos internacionales y conflictos regionales en los que el país persa ha tenido un rol significativo. El debate sobre la designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista se había intensificado en semanas recientes, impulsado por crecientes denuncias sobre actuaciones represivas y detenciones masivas en las principales ciudades iraníes.

Finalmente, la decisión adoptada por los Veintisiete, según informó el medio, implica un endurecimiento de la postura hasta ahora mantenida por el bloque europeo ante Irán. El mensaje transmitido por Kallas en redes sociales y la concordancia mostrada por los Estados miembros refuerzan el compromiso de la Unión Europea con la defensa de los derechos humanos y la aplicación de nuevas medidas cuando estos se ven vulnerados, en especial frente a acciones directas de fuerzas estatales como la Guardia Revolucionaria Islámica.

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, señaló que la situación de las mujeres en Irán genera una preocupación considerable por la dimensión de la represión y la magnitud de las detenciones arbitrarias, calificadas de "terribles" por el funcionario. En ese marco, el responsable de la diplomacia española solicitó que los veintisiete países que componen la Unión Europea declaren a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, aludiendo al contexto de protestas recientes y a las denuncias sobre represión ejercida por el régimen iraní. Así lo consignó el medio que cubrió la comparecencia del ministro.

Tal como lo detalló la fuente, antes de la reunión en Bruselas entre los ministros de Exteriores de la Unión Europea celebrada este jueves, Albares expresó que España respalda la medida de insertar a la Guardia Revolucionaria en la lista de grupos terroristas y demandó la imposición de "cualquier otra sanción" aplicable contra Teherán. En declaraciones previas al encuentro, el funcionario sostuvo que la postura nacional resulta clara en cuanto al apoyo a todas las sanciones dirigidas a Irán en estos momentos y reafirmó la necesidad de utilizar todos los recursos e instrumentos legales disponibles por parte de la Unión Europea, con el objetivo de poner freno a lo que describió como una represión "ciega e indiscriminada" sobre la población iraní.

Albares subrayó que el apoyo del gobierno de España a la calificación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista se justifica como una respuesta ante el trato del régimen hacia sus propios ciudadanos, amparado en datos recientes y en la represión de las protestas consideradas por el ministro como "valientes". Agregó que la declaración de los ministros de Exteriores debe considerarse una obligación de la Unión Europea para respaldar a los manifestantes iraníes, que han sido objeto de una respuesta institucional muy contundente, según informaron los medios que registraron su intervención.

Durante la comparecencia, Albares fue interrogado sobre la posibilidad de que una decisión como esta derive en el corte total de las relaciones diplomáticas con Irán. Al respecto, el ministro descartó la necesidad de calcular consecuencias en una situación como la denunciada, y subrayó que, desde su punto de vista, es claro que el uso de los "instrumentos" de la UE constituye el camino a seguir frente a la represión y las detenciones arbitrarias detectadas, además de enfatizar que se trata de una cuestión que afecta especialmente a las mujeres en ese país. Según publicó la fuente, el ministro insistió en que la gravedad del contexto requiere de una reacción inmediata y amplia por parte de la Unión.

La reunión en Bruselas entre los responsables de Exteriores de los veintisiete Estados miembro aborda, entre otros puntos, la implementación de nuevas sanciones dirigidas a la administración iraní. El medio precisó que la iniciativa para endurecer las medidas restrictivas ha encontrado respaldo creciente dentro de la UE en días recientes, pero para que prospere se requiere el consenso unánime de las delegaciones nacionales representadas.

El jefe de la diplomacia española reiteró, de acuerdo con el medio citado, que ha sostenido esta postura "desde hace mucho tiempo" y que en los últimos días la posición de España se ha explicitado con mayor claridad. Recordó que el país apoya todas las iniciativas relacionadas tanto con nuevas sanciones como con la inclusión de la Guardia Revolucionaria en el listado de grupos terroristas de la UE. Esta postura, según destacó la fuente, responde a la necesidad de actuar con rapidez y decisión ante la evidencia de represión sistemática en Irán.

La convocatoria y el desarrollo de la reunión de ministros de Exteriores en Bruselas cobra relevancia en el actual contexto de presión internacional sobre el gobierno de Teherán, según consignó el medio. Albares enfatizó la importancia de que los países de la UE utilicen todos los mecanismos a su alcance para presionar al régimen iraní y frenar prácticas que, según los informes oficiales y testimonios recabados, incluyen violencia institucionalizada contra la población y detenciones ejecutadas sin garantías procesales.

La posición expresada por el ministro español refuerza el llamado a la comunidad europea para que la respuesta frente a los acontecimientos en Irán sea coordinada, abarcadora y sustentada en el marco legal internacional disponible, según subrayaron los reportes del medio sobre el desarrollo de la jornada diplomática.

Las autoridades iraníes establecieron un mecanismo destinado a verificar y dar seguimiento a cualquier información o dato contradictorio sobre los fallecimientos ocurridos durante las protestas recientes. De acuerdo con la información difundida por el medio original, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, instruyó que se hagan públicos los nombres y datos personales de quienes perdieron la vida en las manifestaciones antigubernamentales iniciadas a finales de diciembre. Esta decisión busca responder a los reclamos de transparencia y a las demandas sociales e internacionales surgidas tras la represión, marcada por una cifra oficial de cerca de 3.000 víctimas, aunque organizaciones civiles cifran en más de 6.000 los fallecidos.

Según informó la agencia de noticias en la versión original, el portavoz adjunto de prensa de la oficina presidencial, Mehdi Tabatabaei, precisó a través de redes sociales que la publicación de los nombres constituye un paso directo para enfrentar la difusión de mensajes “falsos y fabricados” en relación a lo sucedido. Tabatabaei detalló que se implementará un procedimiento que permitirá investigar a fondo cualquier reporte o testimonio divergente, con la finalidad de “exponer a cualquiera que mienta”, en referencia a quienes el gobierno considera responsables de la proliferación de informaciones inexactas o manipuladas.

El medio añadió que las autoridades iraníes responsabilizan a actores extranjeros de haber incentivado las protestas y de haber manipulado las cifras de víctimas. En diversas declaraciones oficiales, los portavoces afirmaron que integrantes de grupos “terroristas” y “alborotadores”, supuestamente apoyados por Estados Unidos y por Israel, se infiltraron entre los manifestantes. De acuerdo con el relato oficial, estos individuos habrían llevado a cabo ataques que incrementaron intencionalmente el número de fallecidos, entre quienes figuran varios cientos de miembros de las fuerzas de seguridad, con el aparente propósito de permitir al entonces presidente estadounidense, Donald Trump, concretar su amenaza de una intervención militar en Irán.

A raíz de estas acusaciones y ante la presión de diferentes sectores, el gobierno aceleró la decisión de difundir detalles individualizados sobre las víctimas. Según publicó el medio citado, el anuncio representa una estrategia orientada tanto a contrarrestar la que consideran desinformación proveniente del exterior, como a reforzar el control estatal sobre la narrativa pública y evitar manipulaciones que puedan prender en la opinión internacional o interna.

El medio destacó que, hasta ahora, existían notables discrepancias entre los datos arrojados por las autoridades y los denunciados por entidades civiles. Mientras la versión oficial cifra los decesos en unas 3.000 personas, agrupaciones no gubernamentales y de derechos humanos sostienen que el saldo supera las 6.000 muertes, atribuyendo este elevado número a la represión ejercida por el aparato estatal en el contexto de los disturbios.

Los informes consignados por el medio detallan que la orden del presidente Pezeshkian pretende ofrecer información verificable sobre cada fallecimiento, habilitando canales para el cotejo de registros y documentos oficiales con los testimonios independientes presentados tanto dentro como fuera del país. El mecanismo propuesto plantea rutas de supervisión que, según las autoridades, están diseñadas para asegurar la fiabilidad de los datos frente a cualquier posible manipulación, sea esta originada en el exterior o surgida a partir de contradicciones internas.

Según consignó el medio original, la medida también busca atender exigencias planteadas por familiares de las víctimas y por sectores de la sociedad civil que han requerido acceso a información precisa y completa sobre la identidad y las circunstancias de la muerte de cada persona afectada. Esta demanda se hizo especialmente urgente tras la circulación de múltiples listas no oficiales, muchas veces con discrepancias sobre nombres y detalles de los fallecidos, generando incertidumbre tanto entre los familiares como en la opinión pública.

Las protestas surgidas a finales de diciembre han representado un desafío considerable para el aparato estatal iraní. De acuerdo con lo publicado, las manifestaciones respondieron a diversas causas sociales, políticas y económicas, derivando en una movilización masiva a la que el gobierno replicó con medidas de represión, justificadas, según su versión, por la presunta presencia de elementos violentos y la intervención de potencias extranjeras.

La decisión de difundir públicamente los nombres de las víctimas se inscribe en un contexto de acusaciones cruzadas entre el gobierno y diversas organizaciones internacionales, que han reclamado investigaciones independientes sobre los hechos y han criticado la falta de transparencia institucional hasta la fecha. La respuesta oficial alude a la necesidad de restaurar la confianza en los organismos estatales y de demostrar la autenticidad de los registros disponibles frente a las versiones alternativas y a las denuncias de manipulación.

El procedimiento anunciado para gestionar disputas sobre la veracidad de la información constituye, según detalló el gobierno a través de Tabatabaei, una estructura destinada a asegurar que cada reclamación o contradicción sea examinada de manera integral, permitiendo tanto a organismos oficiales como a actores independientes aportar pruebas o refutaciones cuando existan dudas sobre algún caso específico.

A partir de la implementación de esta medida, se espera la publicación periódica de listados detallados que incluyan tanto el nombre como datos adicionales relevantes de las personas fallecidas durante las manifestaciones. Este proceso, subrayó el medio en sus reportes, contempla la posibilidad de revisión en caso de presentarse información novedosa o cuestionamientos documentados sobre cualquiera de los registros publicados.

La reacción internacional ha girado, según destaca la agencia, en torno a las discrepancias persistentes entre las cifras oficiales y las presentadas por observadores y organizaciones de derechos humanos, quienes en repetidas ocasiones han reiterado su solicitud de transparencia y de acceso irrestricto a los registros de víctimas. El gobierno, por su parte, ha insistido en defender la legitimidad de su versión, sostenida sobre la supuesta infiltración de actores externos que, según su perspectiva, habrían buscado desestabilizar la situación interna y exacerbar el nivel de violencia experimentado en las calles.

En el transcurso de los próximos días, la oficina presidencial prevé completar los mecanismos de validación y comenzar a publicar los primeros listados, abriendo así la posibilidad de un escrutinio público y de un contraste amplio entre las diferentes narrativas en torno a los hechos ocurridos a partir de diciembre y sus consecuencias.

El respaldo de Francia a la calificación de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista se produce en el contexto de la inminente reunión en Bruselas, donde los ministros de Exteriores de la Unión Europea revisarán las políticas de sanciones frente a las autoridades iraníes. Según informó el medio Europa Press, la decisión francesa suma peso al cambio de postura expresado previamente por el gobierno español, dejando atrás las reticencias que ambos países habían esgrimido respecto a la aprobación de medidas más restrictivas contra personalidades y estructuras relacionadas con la represión en Irán.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, anunció este miércoles que el gobierno prohibirá la entrada a territorio europeo de las personas responsables de la represión a manifestantes en Irán, además de congelar sus activos en la UE. “La intolerable represión del levantamiento pacífico del pueblo iraní no puede quedar sin respuesta. Su extraordinaria valentía ante la violencia indiscriminada desatada contra ellos no puede ser en vano. Junto con nuestros socios europeos, mañana en Bruselas impondremos sanciones contra los responsables de estas atrocidades”, declaró Barrot, según recogió Europa Press.

De acuerdo con el balance oficial citado por Europa Press, más de 3.000 personas han perdido la vida durante la represión de las manifestaciones antigubernamentales. Sin embargo, organizaciones civiles estiman que la cifra de muertos supera los 6.000, lo que ha incrementado la presión internacional para que se tomen medidas más contundentes contra quienes han coordinado o ejecutado estas respuestas violentas desde instancias estatales iraníes. Ante este escenario, el gobierno francés remarcó, en palabras de Barrot, la necesidad de que Teherán libere a los detenidos por protestar, cese las ejecuciones, restaure el acceso a internet y autorice la actividad de la misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el país.

El medio Europa Press detalló que la decisión de Francia llega tras el anuncio de España de sumarse al consenso europeo. Hasta el momento, ambos países habían mostrado reservas respecto a la inclusión de la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas del bloque comunitario. Con este viraje, el respaldo de París y Madrid se suma al de la mayoría de los socios europeos, mostrando una posición unificada a nivel continental frente al gobierno iraní y su aparato de seguridad.

El encuentro previsto para este jueves en Bruselas reunirá a los ministros de Exteriores de los Estados miembros, quienes debatirán y decidirán sobre la imposición de nuevas sanciones orientadas a restringir movimientos, activos y operaciones de individuos y entidades vinculadas a la represión de protestas en Irán. Entre los puntos centrales de la agenda destaca la posible designación formal de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista, una calificación que tendría repercusiones significativas para las relaciones entre la UE e Irán y para los intercambios económicos y diplomáticos existentes.

Europa Press señaló que el mensaje del jefe de la diplomacia francesa, difundido en redes sociales, subrayó además la importancia de las presiones multilaterales para conseguir cambios respecto a la situación de los derechos humanos en Irán. Según el ministro Barrot, la colaboración con otros gobiernos europeos resulta clave para ejercer un efecto colectivo sobre las autoridades iraníes y sobre el comportamiento de sus actores armados y políticos.

El cambio de postura tanto de Francia como de España ha sido recibido como un indicio de que la Unión Europea busca reforzar su estrategia frente a lo que considera violaciones graves y sistemáticas a los derechos fundamentales en territorio iraní. El endurecimiento de las sanciones, junto con la presión diplomática, evidencia la voluntad europea de responder de manera coordinada ante la persistencia de la represión, los reportes de ejecuciones y las restricciones a la libertad de expresión en el país persa, aspectos señalados reiteradamente por organizaciones internacionales y agencias de derechos humanos.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, anunció su intención de proponer la inclusión de la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Según informó Europa Press, esta iniciativa condujo a que el Ministerio de Exteriores iraní convocase a la embajadora italiana en Teherán en señal de protesta. Esta situación se enmarca en el contexto de una serie de acciones internacionales tras la violenta respuesta de Irán ante las recientes protestas contra el régimen.

El Gobierno de España respalda la adopción de sanciones adicionales contra Irán, posicionándose de acuerdo con la creciente postura europea de aumentar la presión internacional sobre Teherán. De acuerdo con Europa Press, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han señalado que España apoya las medidas restrictivas referidas a la Guardia Revolucionaria iraní y se suma al avance del consenso dentro de la Unión Europea para clasificar a este órgano como organización terrorista.

Este jueves, se prevé que los ministros de Exteriores de los 27 países miembros de la Unión Europea se reúnan en Bruselas para debatir una propuesta formulada por la Comisión Europea que busca restringir el acceso de Irán a componentes destinados a la fabricación de drones y misiles. Este encuentro ocurre luego de varias reuniones preparatorias entre embajadores comunitarios durante el último mes en la capital belga. El objetivo principal de la propuesta resalta la intención de reducir la capacidad militar de Irán, dificultando el suministro de tecnologías susceptibles de ser utilizadas en la producción de armamento.

Aunque todavía no se ha confirmado si se adoptará de manera formal la designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista, la medida cuenta con el respaldo del Parlamento Europeo, que aprobó una resolución en la que exhorta a actuar “sin demora” y “sin excepciones” en la clasificación de la Guardia Revolucionaria iraní, incluyendo a la milicia Basij y la Fuerza Quds. Según reportó Europa Press, durante este pronunciamiento los eurodiputados condenaron “la represión y los asesinatos en masa” perpetrados durante las manifestaciones en Irán.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha manifestado públicamente la necesidad de endurecer las sanciones contra las autoridades iraníes, argumentando la importancia de medidas más estrictas para responder a la situación interna del país. En este sentido, la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, propuso ampliar las restricciones a la exportación de aquellos componentes que pudieran emplearse en la fabricación de drones y misiles en Irán. De acuerdo con su intervención recogida por Europa Press, Kallas enfatizó que tales restricciones buscan limitar la capacidad iraní para suministrar armas que puedan contribuir a la agresión rusa en Ucrania.

La Unión Europea ya ha aprobado con anterioridad diferentes rondas de sanciones contra Irán, dirigidas tanto a responsables de violaciones de derechos humanos como a actividades relacionadas con la proliferación nuclear y el respaldo logístico y militar a la guerra emprendida por Rusia en Ucrania. Kallas aseguró que la Comisión Europea mantiene en revisión constante la situación y evalúa activamente qué nuevas medidas pueden adoptarse tras los últimos episodios de represión en Irán.

Europa Press detalló que la próxima reunión de alto nivel servirá para delimitar el alcance de las nuevas sanciones y evaluar hasta qué punto los países miembros están de acuerdo en incluir de manera oficial a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. En el ámbito institucional, este paso contaría con el apoyo de la Eurocámara, así como de varios gobiernos, entre ellos España, que sostienen la necesidad de responder con más contundencia frente a los episodios de violencia estatal en Irán.

La resolución promovida por el Parlamento Europeo supone un llamamiento a los Estados miembros para proceder con rapidez y sin excepciones ante la situación, extendiendo la clasificación de terrorismo también a otras entidades vinculadas a la Guardia Revolucionaria. Al respecto, Europa Press subraya que esta convergencia de posiciones dentro de la UE podría precipitar una decisión unánime que marcaría un cambio relevante en las relaciones entre Bruselas y Teherán, especialmente en lo relativo a las restricciones comerciales y financieras a personalidades e instituciones del entorno iraní.

Las recientes protestas en Irán, como han recordado varios altos responsables europeos durante los debates, han motivado una revisión de la estrategia europea y el análisis de nuevas acciones contra quienes se identifican como responsables directos o indirectos de la represión. Según los datos difundidos por Europa Press, la política comunitaria en materia de sanciones se encuentra en proceso de reforzamiento, con el propósito de presionar al gobierno iraní para modificar su conducta en materia de derechos humanos y en el contexto de las alianzas internacionales.

Naciones Unidas ha reclamado al Gobierno de Irán que ponga fin a la “brutal represión” de las manifestaciones y “escuche” las demandas “legítimas” de la población, para así adoptar “medidas efectivas” para dar respuesta a sus llamamientos, así como garantizar una rendición de cuentas por la “represión violenta” de las movilizaciones, que ha dejado miles de muertos.

Thameen al Kheetan, portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha destacado en una entrevista concedida a Europa Press que la mano dura contra los manifestantes “no resuelve ninguno de los problemas” y ha advertido de que “la represión solo puede incrementar las violaciones de los Derechos Humanos, la inestabilidad y el derramamiento de sangre”.

“Hemos visto cómo la gente se ha echado a las calles para expresar su frustración, su ira, por su situación económica. Sus demandas han evolucionado de forma natural para incluir también reformas del sistema político y de la situación de los Derechos Humanos”, ha explicado, antes de incidir en que se trata de “demandas legítimas”. “Las autoridades deben escuchar a la población y adoptar medidas efectivas”, ha dicho.

Así, ha hecho hincapié en que “lo primero de todo” es “poner fin a la brutal represión”, lo que debe verse seguido por “una liberación de los detenidos de forma arbitraria, la imposición de una moratoria a la pena de muerte, el fin del bloqueo a Internet y las comunicaciones, el establecimiento de una rendición de cuentas y, por supuesto, el inicio de reformas”.

Al Kheetan, quien ha reseñado que su oficina no cuenta con “cifras precisas” sobre fallecidos, ha criticado los “intentos de las autoridades para deslegitimar a los manifestantes y etiquetarlos de enemigos del Estado, terroristas o agentes extranjeros”, después de que Teherán acusara a “terroristas” de ataques para causar víctimas y forzar una intervención de Estados Unidos.

“No tenemos herramientas suficientes para investigar todas estas afirmaciones, pero no creo que las miles de personas que han muerto sean todos terroristas o enemigos del Estado”, ha explicado sobre el balance de muertos que las autoridades iraníes sitúan en 3.100, al tiempo que ha insistido en que “nada de esto justificaría el recurrir a un uso de la fuerza excesivo, desproporcionado e innecesario”.

“Las obligaciones del Gobierno a la hora de garantizar el debido proceso e investigaciones transparentes son las mismas, sean disturbios o no”, ha recordado, antes de destacar que las informaciones disponibles apuntan a “miles” de muertos, incluidos “cientos” de miembros de las fuerzas de seguridad. De esta forma, ha remarcado que “es necesaria transparencia para entender lo que está pasando y que haya un escrutinio público sobre las acciones de las autoridades”.

Amenazas sobre posibles ejecuciones

En la entrevista con Europa Press, Al Kheetan ha apuntado además a las “declaraciones contradictorias” sobre la posible ejecución de detenidos, después de que el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, negara que fuera a imponerse la pena capital a manifestantes y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que habría impedido el ajusticiamiento de más de 800 personas, algo negado por Teherán.

“Hay altos cargos del aparato judicial que amenazaron a los manifestantes con cargos que acarrean la pena de muerte de forma obligatoria”, ha dicho, antes de afirmar que esto es algo “preocupante” y destacar que “Irán es uno de los Estados del mundo que más ejecuciones llevan a cabo, con al menos 1.500 el año pasado, según los datos disponibles”, una cifra que supondría “un 50% más” que en 2024.

En esta línea, ha recordado la petición de Turk para una moratoria a la pena de muerte, algo que su oficina “pide desde hace mucho tiempo” como “primer paso” de cara a “una abolición total de la pena capital”, antes de reclamar a Teherán que “interactúe con todas las partes del ecosistema de Derechos Humanos de la ONU”.

Al Kheetan ha solicitado a Irán “cooperación total” con la oficina del Alto Comisionado y la misión internacional independiente de investigación y que conceda “acceso total” a los “mecanismos internacionales”.

A pesar de la falta de acceso, el portavoz de Turk ha explicado que la oficina “sigue llevando a cabo su trabajo a la hora de supervisar y documentar los acontecimientos y los diferentes tipos de violaciones”. “Seguimos aplicando el mandato global dado al Alto Comisionado para monitorizar la situación”, ha reiterado.

En este contexto, ha cargado contra el bloqueo a Internet y ha recordado que “la gente tiene derecho a comunicarse” y que “un cierre o cualquier limitación al sistema de comunicaciones debe ser aplicado en línea con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

“Debe ser proporcionado, limitado en el tiempo y contar con motivos razonables y lógicos”, ha dicho, subrayando que “lo que se ha visto es un bloqueo total de Internet y las comunicaciones en general, siendo el más largo registrado en Irán, lo que ha limitado gravemente el acceso a la información y la comunicación”.

“Las personas no han podido hablar entre ellas o con gente fuera del país, por lo que ha sido muy difícil o incluso imposible saber qué está pasando (...) también para los iraníes que viven en Irán”, ha manifestado.

Así, ha destacado que Teherán “tiene la obligación de respetar el derecho de la población a recibir y difundir información, especialmente en una fase en la que el país atraviesa un momento tan crucial”, al tiempo que ha añadido que, si bien “hay informaciones que apuntan a que estas limitaciones (...) han sido levantadas muy parcialmente (...), aún no es suficiente”. “Está claro que esta falta de comunicaciones permite que haya más y más violaciones”, ha advertido.

Impacto de las sanciones y advertencias de Trump

Por otra parte, en su conversación con Europa Press, el portavoz de Turk ha apuntado que “la comunidad internacional debe dar pasos inmediatos para abordar el impacto de las sanciones sobre los Derechos Humanos de la población iraní”, después de que Teherán haya denunciado que son causantes del ahondamiento de la crisis y el empeoramiento de la calidad de vida de la población.

“Las sanciones sectoriales, cuando son generalizadas, normalmente no ayudan”, ha esgrimido Al Kheetan, quien ha ahondado que, en estos casos. “Siempre hemos pedido una revisión y retirada de cualquier sanción sectorial (...) porque vemos que no ayudan a abordar la situación de los Derechos Humanos del pueblo y, de hecho, pueden empeorar la situación de las personas a las que intentamos defender”, ha resaltado.

Además, ha subrayado que “la rendición de cuentas por las violaciones de los Derechos Humanos no puede obtenerse a través de la fuerza militar, ya venga de dentro o de fuera de Irán” y ha agregado que “la retórica agresiva y las amenazas son muy contraproducentes en este caso”, después de que Trump haya amenazado con una intervención militar por la represión de las protestas.

“La rendición de cuentas requiere investigaciones adecuadas y acciones judiciales, ya sea a través de la jurisdicción universal o en los tribunales nacionales”, ha sostenido, al tiempo que ha recordado que los tribunales nacionales pueden aplicar la jurisdicción nacional para “procesar a violadores de los Derechos Humanos por crímenes internacionales graves cometidos fuera de sus países”.

“Esperamos que las autoridades iraníes actúen y que el sistema judicial iraní pueda lograr justicia y rendición de cuentas por las violaciones que han tenido lugar. Si esto fuera imposible, la jurisdicción universal es también una opción”, ha zanjado, en un nuevo llamamiento al Gobierno para que aborde las denuncias sobre violaciones de los Derechos Humanos.

(con información de EP)

Organizaciones que promovían la capacitación y el respaldo a periodistas en Afganistán han visto agravadas las restricciones, según denunció Amnistía Internacional. De acuerdo con un comunicado emitido por su oficina para Asia y compartido en redes sociales, muchas de estas entidades ya enfrentaban intimidaciones, restricciones operativas y problemas financieros antes de la reciente orden que intensifica su situación. Amnistía Internacional sostuvo que estas nuevas medidas obstaculizan el ya limitado margen de apoyo y seguridad para los comunicadores y medios independientes, en un contexto que califica como altamente represivo bajo el control talibán. La ONG reclamó la revocación inmediata de la prohibición y exigió a las autoridades afganas garantizar el libre funcionamiento de las organizaciones de apoyo a la prensa sin amenazas ni condicionamientos.

Según informó Amnistía Internacional, las autoridades impuestas por los talibán desde agosto de 2021 han revocado la licencia de casi todas las organizaciones que prestan asistencia a periodistas y medios de comunicación, dejando sólo a tres en funcionamiento. El Ministerio de Información y Cultura afgano justificó la decisión argumentando que había recibido “quejas reiteradas” sobre comportamientos “irresponsables” por parte de estas entidades. Este paso se da dentro de una serie más amplia de restricciones aplicadas al trabajo periodístico en Afganistán en los últimos tres años, que incluye también impedimentos para la publicación de ciertos contenidos y arrestos de profesionales de la prensa, puntualizó la ONG.

En su pronunciamiento, Amnistía Internacional consideró que la campaña de los talibán representa “un esfuerzo incansable por desmantelar la libertad de prensa” en el país. Asimismo, la organización cuestionó la afirmación hecha por los talibán según la cual estas acciones harán que los medios sean “más efectivos y organizados”. Por el contrario, Amnistía Internacional sostuvo que la eliminación de vías de capacitación y respaldo profesional debilita la independencia y la seguridad de quienes ejercen el periodismo bajo el régimen actual.

El medio detalló que el cierre de estas organizaciones se suma a otras acciones emprendidas en los últimos años, como el desmantelamiento de programas de formación y la limitación al acceso de asistencia legal para periodistas, lo cual ha dejado a los trabajadores de los medios con menos recursos y protección frente a las amenazas y la censura. Las intervenciones del gobierno talibán han repercutido especialmente en los medios independientes, que se ven forzados a operar en condiciones cada vez más restrictivas.

Los talibán, por su parte, han sostenido que apoyan el ejercicio periodístico dentro de un "marco islámico", una postura que se corresponde con su visión rigorista del islam. Según consignó Amnistía Internacional, este enfoque restringe la cobertura informativa e impide la circulación libre de informaciones que puedan contradecir los preceptos establecidos por el régimen.

La ONG enfatizó que la labor de las organizaciones dedicadas a apoyar a periodistas resulta fundamental para la protección y el fortalecimiento del sector de medios en Afganistán. En ausencia de respaldo y acompañamiento profesional, la posibilidad de que los medios y sus trabajadores cuenten con garantías básicas de seguridad e independencia se ve gravemente comprometida.

Amnistía Internacional reiteró su llamado a las autoridades afganas para que permitan la operación de todas las organizaciones de apoyo y ratificó que seguirá monitoreando y denunciando cualquier acción que limite la libertad de prensa o ponga en riesgo a los comunicadores en el país centroasiático.

Las declaraciones contradictorias sobre eventuales ejecuciones de manifestantes en Irán y la preocupación por la elevada incidencia de la pena de muerte han intensificado las críticas al gobierno iraní, especialmente por parte de organizaciones internacionales. Tal como publicó Europa Press, el portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Thameen al Kheetan, ha señalado que algunos altos funcionarios judiciales iraníes han amenazado a los manifestantes con acusaciones que conllevan de forma obligatoria la pena capital. Al Kheetan recordó que Irán figura entre los países con mayor número de ejecuciones, sumando al menos 1.500 durante el año pasado, una cifra que representaría un 50 % de incremento en comparación con 2024, según datos manejados por la ONU.

Naciones Unidas, según detalló Europa Press, ha exigido al gobierno de Irán poner fin a lo que describe como una “brutal represión” ejercida contra las manifestaciones, además de atender las demandas de la población y emprender acciones concretas que respondan a sus reclamaciones. La organización ha llamado también a que las autoridades establezcan mecanismos efectivos de rendición de cuentas y permitan investigaciones independientes sobre la represión violenta, la cual ha dejado miles de víctimas mortales.

De acuerdo con las declaraciones de Al Kheetan a Europa Press, la represión no soluciona el trasfondo de los problemas en Irán y solo contribuye a un aumento de las violaciones de derechos humanos, la inestabilidad y la violencia. El portavoz del Alto Comisionado subrayó el carácter legítimo de las demandas de la ciudadanía, que, partiendo del descontento económico, han evolucionado a exigencias de reformas políticas y de protección de los derechos fundamentales. Al Kheetan insistió en la urgencia de que las autoridades detengan la represión violenta, liberen a personas detenidas de manera arbitraria, impongan una moratoria sobre la pena de muerte y garanticen el acceso a internet y a los canales de comunicación.

Según Europa Press, aunque la oficina del Alto Comisionado de la ONU no dispone de cifras precisas sobre el número total de fallecidos, las estimaciones oficiales del gobierno iraní apuntan a un balance de 3.100 víctimas mortales. Al Kheetan cuestionó que la totalidad de los fallecidos sean terroristas o enemigos del Estado, como han sostenido las autoridades de Irán. "Nada de esto justificaría el recurso a una fuerza excesiva, desproporcionada o innecesaria", declaró, añadiendo que se han registrado miles de muertes, incluidas cientos entre las fuerzas de seguridad, lo que subraya la necesidad de transparencia y escrutinio público respecto a las actuaciones oficiales.

Europa Press también informó sobre el rechazo de Teherán a aceptar que se haya recurrido a ejecuciones masivas. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, negó la existencia de sentencias de muerte para manifestantes, en contraste con la afirmación del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró haber evitado la ejecución de más de 800 personas, algo que desmintieron las autoridades iraníes.

La ONU, a través de Al Kheetan, reiteró la petición para imponer una moratoria sobre la pena capital en Irán como primer paso para abolirla en su totalidad, instando asimismo a un refuerzo del diálogo y cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos. Al Kheetan solicitó que Irán permita acceso total a la oficina del Alto Comisionado de la ONU y a la misión internacional independiente de investigación, así como una colaboración plena en la documentación y supervisión de posibles violaciones. A pesar de las restricciones, la ONU continúa el monitoreo y la recolección de información sobre incidentes y transgresiones a los derechos humanos en el país.

El medio Europa Press abordó también la cuestión del bloqueo a Internet y las restricciones a las comunicaciones, hechos que, de acuerdo con la ONU, han sido especialmente severos en el contexto de las protestas. Al Kheetan afirmó que los ciudadanos han visto mermado su derecho a la información y a la libre expresión, ya que las restricciones han dificultado incluso el conocimiento de la situación interna tanto dentro de Irán como en el exterior. Aunque ciertas restricciones aparentemente han sido reducidas de forma muy limitada, para la ONU dichas medidas continúan siendo insuficientes, permitiendo que se multipliquen las violaciones de derechos humanos.

La cobertura de Europa Press resaltó la preocupación por la legitimidad y proporción de las medidas restrictivas de comunicación, recordando que cualquier limitación debe fundamentarse en el derecho internacional de los derechos humanos y estar plenamente justificada y acotada. Al Kheetan señaló que el bloqueo total de internet y otras vías de comunicación registrado en Irán resulta el más extenso que se haya documentado en el país.

En relación al impacto internacional, Europa Press reportó que la ONU considera que la comunidad internacional debe abordar cuanto antes el efecto de las sanciones sobre los derechos humanos en Irán. Al Kheetan sostuvo que las sanciones sectoriales, cuando se aplican de modo generalizado, no logran mejorar las condiciones y, por el contrario, pueden agravar la crisis social y la calidad de vida de la población a la que se busca proteger. Por este motivo, la oficina del Alto Comisionado reiteró su solicitud para revisar y, en su caso, retirar este tipo de sanciones, planteando que la rendición de cuentas por violaciones a derechos humanos no se obtiene mediante la fuerza militar, sino por medio de investigaciones y procesos judiciales adecuados.

El portavoz citó la importancia de aplicar la jurisdicción universal cuando los mecanismos nacionales no logren garantizar justicia y rendición de cuentas por infracciones graves cometidas fuera del territorio de los países implicados. En ese sentido, la ONU manifestó su expectativa de que el poder judicial iraní logre esclarecer los casos y asumir la responsabilidad que corresponda respecto a las violaciones documentadas, aunque advirtió que, si esto no ocurre, la intervención de instancias internacionales sigue siendo una opción posible.

Durante la entrevista reproducida por Europa Press, Al Kheetan insistió en que la estigmatización y la criminalización de los manifestantes mediante la propaganda oficial—acusándolos de terroristas o agentes extranjeros—no solo carece de fundamento comprobado, sino que contribuye a la polarización y el incremento de las tensiones. El portavoz de Naciones Unidas indicó que la oficina no cuenta con las herramientas necesarias para investigar todas las afirmaciones del gobierno iraní relacionadas con supuestos ataques y amenazas internacionales, pero expresó dudas contundentes sobre la veracidad de que todas las muertes reportadas correspondan a actividades terroristas o subversivas.

En las declaraciones institucionales y del Alto Comisionado Volker Turk, recogidas por Europa Press, se advierte que la represión prolongada y las restricciones a derechos fundamentales incrementan el riesgo de inestabilidad y derramamiento de sangre y, lejos de aportar soluciones, pueden perpetuar una crisis profunda tanto política como social. El mandato internacional otorgado a la oficina del Alto Comisionado continuará rigiendo la labor de documentación y supervisión de la situación iraní en materia de derechos humanos, en tanto se multiplican los llamados para una respuesta efectiva y un diálogo amplio con participación de todos los actores relevantes dentro y fuera de Irán.

La organización no gubernamental con sede en Estados Unidos HRANA elevó a 5.777 el número de manifestantes muertos en su último reporte, en el que sitúa en 6.126 la cifra total de fallecidos en las protestas que comenzaron a finales de diciembre y se tornaron violentas en enero en Irán.

Según HRANA, organismo crítico con el régimen iraní, desde que comenzaron las protestas se han contabilizado un total de 6.126 muertes: 5.777 eran manifestantes, 86 eran menores de 18 años, 214 pertenecían a las fuerzas afiliadas al gobierno y otras 49 personas eran no manifestantes o civiles.

La caída del rial llevó a los comerciantes de Teherán a comenzar el 28 de diciembre protestas que pronto se extendieron por el país pidiendo el fin de la República Islámica.

Las movilizaciones alcanzaron su momento álgido los días 8 y 9 de enero con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán y una fuerte represión.

El régimen de Teherán ha reconocido 3.117 muertes, mientras que la organización no gubernamental Iran Humans Rights (IHR) con sede en Oslo, sitúa el número de muertos en 3.428.

Las autoridades iraníes mantienen bloqueado internet por decimoctavo día consecutivo, según la organización Netblocks, especializada en monitorear interrupciones en la red.

Sobre la situación de los centros médicos, HRANA afirma que “las fuerzas de seguridad identifican a las personas heridas en relación con las protestas y las retiran de los hospitales para arrestarlas”.

“En respuesta, más de 4.000 médicos han firmado una declaración condenando la represión de las fuerzas de seguridad contra el personal médico”, señaló la organización.

También indicó que el número de personas gravemente heridas asciende a 11.009 y el número total de arrestos a 41.880.

Asimismo, HRA ha documentado 245 casos de confesiones forzadas transmitidas y contabiliza 651 incidentes relacionados con las protestas en 200 ciudades de 31 provincias.

La amenaza iraní al despliegue naval de EEUU en Medio Oriente

En otro orden, las Fuerzas Armadas de Irán advirtieron que la presencia de un portaaviones y otros buques de Estados Unidos en Oriente Medio incrementa su “vulnerabilidad” y los convierte en “objetivos al alcance”, en un contexto de creciente tensión bilateral.

“La concentración y acumulación de fuerzas y equipos en la zona no será un factor disuasorio, sino que aumentará su vulnerabilidad y los convertirá en objetivos al alcance”, indicó una fuente militar de la Base Khatam al Anbiya, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, según la televisión estatal de Irán.

La fuente, cuyo nombre no se hizo público, sostuvo que la idea de llevar a cabo una “operación limitada, rápida y limpia contra Irán se debe a estimaciones incorrectas y a una comprensión incompleta de las capacidades defensivas y ofensivas de la República Islámica”.

En la misma línea, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes señaló que “la República Islámica no iniciará ninguna guerra, pero no permitirá ninguna amenaza contra la seguridad nacional del país”.

Las advertencias se produjeron tras el ingreso del portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque a aguas de Oriente Medio, un despliegue confirmado por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

(Con información de EFE y AFP)

Las autoridades iraníes están forzando a numerosas personas a hacer confesiones forzadas en televisión, como parte de una campaña de represión que se cobró además miles de muertos en las calles.

Según un grupo de derechos humanos, la Human Rights Activists News Agency (HRANA), se han transmitido al menos 240 “confesiones forzadas” por la televisión estatal iraní las últimas semanas, una cantidad “sin precedentes”.

El fenómeno se dio luego de que miles de personas fueron detenidas en las protestas que estremecieron el régimen teocrático.

Interrogados por un “entrevistador”, los detenidos aparecen confesando una serie de supuestos delitos, como agredir a miembros de las fuerzas de seguridad, aceptar dinero de elementos monárquicos o enemigos de Irán, o incluso compartir imágenes con organismos prohibidos o grupos de prensa.

Hay casos en los que algunas personas han sido acusadas de seguir cuentas de opositores en redes sociales.

Según activistas, las supuestas confesiones son obtenidas mediante tortura psicológica y física, y son una táctica que las autoridades iraníes ya usaron en el pasado contra detenidos que, en algunos casos, fueron finalmente ejecutados.

Amnistía Internacional los califica de “videos propagandísticos” y afirma haber recibido informes de que las “autoridades obligan a los detenidos a leer ‘confesiones’ forzadas de crímenes que no cometieron, así como actos de disidencia pacífica”.

El relator especial de la ONU para derechos humanos en Irán, Mai Sato, dijo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que las “confesiones falsas” buscan “reforzar la narrativa del Estado de que los manifestantes son criminales peligrosos”.

Disuadir disidentes

El temido jefe del Poder Judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, interrogó personalmente a algunos detenidos en sesiones transmitidas por la televisión estatal.

“Las confesiones televisadas bajo coacción en regímenes totalitarios como Irán cumplen varias funciones clave, entre ellas fabricar legitimidad política, crear una narrativa oficial falsa, como presentar a manifestantes pacíficos como agentes violentos de influencia extranjera, y disuadir la disidencia”, declaró a AFP Roya Boroumand, directora del Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán.

Las manifestaciones comenzaron en diciembre por reclamos económicos, pero se expandieron a un movimiento masivo contra la República Islámica, con grandes protestas callejeras desde el 8 de enero, cuando el gobierno suspendió la internet.

Miles de personas murieron en la represión de las protestas, que de momento han disminuido. Las autoridades culpan a los enemigos de Irán de las movilizaciones, incluyendo Israel y Estados Unidos.

Más de 41.800 personas han sido detenidas en la represión, según la Human Rights Activists News Agency (HRANA), que ha registrado 240 instancias de “confesiones forzadas”.

La misma fuente, con sede en Estados Unidos, dice haber confirmado la muerte en las protestas de 6.126 personas, entre ellas 5.777 manifestantes, 86 menores, 214 miembros de las fuerzas de seguridad y 49 transeúntes. La oenegé agregó que investiga más de 17.000 posibles muertes y advirtió que continúa una ola de detenciones.

Un video que circuló el lunes en redes sociales muestra un joven, identificado por usuarios como Shervin Bagherian, de 18 años, siendo interrogado por la muerte de un miembro de las fuerzas de seguridad. En el video se le informa de que afrontará cargos que podrían costarle la pena capital.

En otro caso ampliamente compartido, un hombre aparece admitiendo haber enviado imágenes de las protestas por redes sociales al presidente estadounidense, Donald Trump.

Esas transmisiones se han usado en el pasado antes de una ejecución, una condena de la que ni los extranjeros se salvan.

La francesa Cecile Kohler fue mostrada en octubre de 2022 en la televisión iraní haciendo una “confesión forzada”, según activistas, antes de ser sentenciada por espionaje, una acusación que su familia rechaza con vehemencia.

Ella y su compatriota Jacques Paris fueron liberados a finales del año pasado, pero no han podido salir de Irán.

Humillar disidentes

El Centro para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Estados Unidos, dijo que “estas confesiones falsas usualmente son empleadas como la única evidencia para una condena, incluso en casos capitales en los que se puede aplicar la pena de muerte”.

"Al forzar a los disidentes a ‘confesar’ públicamente acciones como ‘colusión con potencias extranjeras’, el Estado legitima su represión bajo el argumento de proteger la seguridad nacional“, señaló Roya Boroumand.

“Estas transmisiones también buscan humillar y destruir la credibilidad de los disidentes al tiempo que recuerdan al público el alto costo de desafiar al estado”, afirmó.

(AFP)

La organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran indicó que la represión de las recientes protestas en Irán ha dejado al menos 6.126 personas muertas, con el registro de otros 17.091 casos todavía bajo investigación. Según consignó esta entidad con sede en Estados Unidos, se encuentran entre las víctimas 5.777 manifestantes, de los cuales 86 eran menores de edad, así como 214 miembros de las fuerzas de seguridad y 49 civiles no involucrados en las movilizaciones. Estas cifras se publicaron después de que las propias autoridades iraníes difundieran un primer balance esta semana que ubicaba el número de fallecidos por encima de los 3.000. El saldo también incluye 11.009 heridos de gravedad y al menos 41.880 personas detenidas. La ONG además señaló la existencia de 245 "confesiones forzadas" obtenidas tras los arrestos y que las restricciones a Internet en el país se han mantenido durante más de dos semanas.

De acuerdo con Press TV, el Gobierno iraní atribuyó la agitación social en las últimas semanas a la intervención de al menos diez agencias de inteligencia extranjeras, a las que acusó de planificar un "complot terrorista" con el objetivo de multiplicar las protestas, tras los bombardeos de junio de 2025. Estos ataques incluyeron una ofensiva militar israelí de doce días, a la que siguió la participación de Estados Unidos mediante el bombardeo de tres instalaciones nucleares. Autoridades de la Guardia Revolucionaria aseguraron que se activó una "sala de mando enemiga" integrada por estos servicios de inteligencia internacionales, que, según sus declaraciones, actuaron para "fomentar disturbios internos" e impulsar la percepción de Irán como "una amenaza existencial".

El medio iraní informó que en las operaciones desarrolladas por las fuerzas de seguridad, un total de 735 personas fueron arrestadas debido a supuestos vínculos con redes activas contra la seguridad nacional. Además, según el informe, 46 de los detenidos mantenían lazos directos con agencias de inteligencia extranjeras y se confiscaron más de 740 armas de fuego en diversas redadas.

Las autoridades iraníes, citadas por Press TV, señalaron que miembros de gobiernos y responsables de seguridad extranjeros aportaron apoyo "directo" a los grupos considerados enemigos, incluidos actos como la incitación a la violencia, el uso instrumental de las manifestaciones públicas por supuestos elementos terroristas y la facilitación del empleo de redes sociales con el objetivo de ampliar el alcance de la violencia. El Ejecutivo también responsabilizó a estos actores de desplegar "matones y criminales" para incrementar el saldo de víctimas tanto entre civiles como entre integrantes de las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, Press TV recogió que la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria sostiene que la intensificación de las manifestaciones, catalogadas como "incidentes terroristas", surgió como resultado del plan conjunto entre Estados Unidos, Israel y otros países de la región implicados mediante sus agencias de inteligencia hostiles. Las autoridades insisten en que estos países promueven una estrategia coordinada para desestabilizar la situación interna iraní en el periodo posterior a los bombardeos.

Según los reportes recogidos por Press TV y la información consignada por Human Rights Activists in Iran, la represión de las protestas se ha desarrollado en el marco de una política de bloqueos prolongados en el acceso a redes sociales e Internet, lo que, según la ONG, afecta la capacidad de los ciudadanos para comunicarse con el exterior y documentar lo ocurrido. Las cifras sobre heridos, víctimas mortales y personas encarceladas, así como las denuncias de confesiones forzadas, han sido presentadas en el contexto de estas restricciones, que, según la organización con sede en Estados Unidos, dificultan la recopilación exhaustiva de datos y el seguimiento independiente de los episodios de violencia registrados en el país.

De acuerdo con los balances oficiales y los datos proporcionados por las organizaciones humanitarias citadas, las protestas en Irán continúan generando consecuencias significativas en términos de víctimas, detenciones y afectación de las libertades civiles, mientras las autoridades sostienen que los incidentes responden a operaciones externas orientadas a desestabilizar el país tras los ataques militares recientes.

“El lema ‘Mujeres, Vida, Libertad’ refleja su liderazgo en la resistencia contra la opresión y la represión”; esta consigna fue destacada en el reciente comunicado institucional adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en respuesta a la situación de derechos humanos en Irán. Según reportó la agencia Europa Press, el acuerdo obtuvo el respaldo unánime de los cuatro grupos políticos representados en la Cámara municipal —Partido Popular, Más Madrid, PSOE y Vox—, quienes firmaron el texto para condenar la represión ejercida por las autoridades iraníes y expresar su respaldo a la sociedad civil de ese país.

La declaración institucional, leída en la sesión por el presidente del Pleno, Borja Fanjul, manifiesta un “firme apoyo al pueblo iraní” ante las restricciones impuestas por la República Islámica de Irán desde 1979. Detalla que este régimen ha mantenido severas limitaciones políticas, sociales y económicas, reprimiendo con dureza cualquier manifestación de disidencia de la población. El documento enfatiza la condena “enérgica” a la respuesta violenta y desproporcionada de las autoridades iraníes, acción que, según el texto consensuado, ha causado miles de muertes, además de un elevado número de personas heridas y detenidas.

El pronunciamiento hace referencia al contexto de las semanas recientes, en las que la sociedad iraní ha salido a las calles en distintas ciudades para protagonizar movilizaciones pacíficas. Estas congregaciones han buscado reclamar “un futuro basado en la dignidad, la justicia, la libertad y la igualdad de derechos para todas las personas, sin distinción de sexo, religión u origen étnico”, según lo detalló Europa Press. Frente a este escenario, el Pleno exige “el cese inmediato de toda forma de violencia contra quienes ejercen pacíficamente sus derechos fundamentales”.

La situación de las mujeres iraníes ocupa un lugar destacado en el comunicado. Según informó Europa Press, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid reconoce de forma expresa la “valentía y determinación” de las mujeres de Irán, destacando su papel al frente de la defensa de las libertades públicas y la igualdad de derechos. El texto apunta que la imposición del velo obligatorio constituye un símbolo de la “negación sistemática de su libertad” y una manifestación de la desigualdad que afecta al conjunto de la sociedad iraní.

De acuerdo con este mismo comunicado, el Pleno también exige el cese de las violaciones de derechos humanos en Irán, así como el respeto a las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación. En esta línea, aboga por la liberación inmediata de todas las personas que permanecen detenidas por ejercer estos derechos reconocidos internacionalmente.

El Ayuntamiento de Madrid aprovecha la declaración para reafirmar su “compromiso con la defensa universal de los derechos humanos, la igualdad y la justicia”, según publicó Europa Press. El documento también manifiesta la solidaridad de la Cámara municipal con quienes, tanto en Irán como a nivel global, trabajan por la construcción de un futuro basado en la libertad y la dignidad de las personas.

Human Rights Activists in Iran comunicó que la cifra de fallecidos en el marco de la represión de las recientes protestas en Irán supera las 5.800 personas, según datos recopilados por la organización. Esta entidad basada en Estados Unidos especificó que 5.520 de las víctimas eran manifestantes, incluidos 77 menores, y señaló además que entre los fallecidos figuran 209 miembros de las fuerzas de seguridad y 42 civiles ajenos a las movilizaciones. Además, la misma fuente reportó que, según sus registros, otras 7.804 personas sufrieron heridas graves y al menos 41.283 fueron arrestadas. El grupo también documentó la existencia de 240 confesiones forzadas y la continuidad de restricciones al acceso a Internet por más de dos semanas.

De acuerdo con información difundida por la agencia Press TV y la cadena pública IRIB, el jefe del aparato judicial iraní, Gholamhosein Mohseni-Ejei, anunció que se presentaron demandas ante organismos internacionales contra Estados Unidos, Israel y varios grupos que Teherán cataloga como “terroristas”. Las autoridades iraníes consideran que estos actores desempeñaron un papel central en los disturbios y muertes registrados durante las manifestaciones que surgieron contra la situación económica y el deterioro de la calidad de vida en Irán.

Mohseni-Ejei atribuyó a Washington y Jerusalén la responsabilidad directa en lo que calificó como “incidentes” recientes en el país, apuntando que ambos Estados participaron como coordinadores y apoyaron financiera y militarmente a grupos o personas identificadas por Teherán como responsables en la generación de disturbios. En declaraciones transmitidas por Press TV, el jefe del Poder Judicial iraní subrayó que “los implicados de cualquier forma en los disturbios, ya sea como planificadores, instigadores, provocadores o perpetradores, deben, además de hacer frente al castigo legal, adoptar medidas para compensar los daños infligidos a propiedad pública y privada”.

En sus declaraciones, Mohseni-Ejei enfatizó que no habrá indulgencia para quienes resulten responsables por el fallecimiento tanto de civiles como de miembros de las fuerzas de seguridad. Además, sostuvo que la intervención extranjera constituye, según él, una nueva fase de la confrontación iniciada después de que Israel emprendiera una ofensiva contra Irán en junio, a la cual posteriormente se habría sumado el apoyo de Estados Unidos.

Durante la misma jornada, Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, reforzó las acusaciones señalando que la postura de Washington respecto a los derechos humanos resulta, a su juicio, “engañosa”. Según consignó la cadena IRIB, Baqaei expresó que “Estados Unidos no oculta su agresión contra otros países por el petróleo y el saqueo de sus recursos” y subrayó que las autoridades estadounidenses “lo dicen abiertamente”.

Baqaei manifestó, según reportó la cadena pública, que Irán se considera capaz de responder a cualquier agresión y reiteró que la posición oficial de Teherán mantiene distancia de la guerra. “Nunca hemos dado la bienvenida a una guerra. Nunca nos hemos alejado de la diplomacia y las negociaciones, algo que hemos demostrado con nuestras acciones”, afirmó el portavoz, en alusión a las amenazas del entonces presidente estadounidense Donald Trump.

Press TV recogió también que el jefe del sistema judicial remarcó la ausencia de indulgencia para quienes, desde su interpretación, contribuyeron a las muertes registradas. Señaló que Estados Unidos y lo que las autoridades iraníes denominan “régimen sionista”, por Israel, brindaron respaldo a actores que, según Teherán, fomentaron o ejecutaron la violencia en el país.

En relación con el saldo de víctimas y detenidos, la organización Human Rights Activists in Iran detalló, según publicó en un comunicado replicado por medios internacionales, que aún revisa las circunstancias de 17.091 muertes más y que las cifras de arrestos y heridos continúan en aumento, a la par que persiste el bloqueo del acceso a redes y sitios de Internet, dificultando la verificación independiente de los acontecimientos.

Este panorama se desarrolla dentro de un contexto de severas restricciones informativas y represión, centradas en el control de las protestas desencadenadas por el descontento social y las condiciones económicas, según señalaron las fuentes consultadas por Press TV y la cadena IRIB, así como las organizaciones independientes citadas.

El hijo del presidente de Irán, Yusef Pezeshkian, asesor del régimen, solicitó este sábado el restablecimiento del acceso a internet en el país, tras más de dos semanas de bloqueo ordenado por las autoridades. Pezeshkian advirtió que la medida solo profundizaría el descontento social y reconoció que la restricción se impuso en respuesta a la violenta represión de las recientes protestas antigubernamentales.

A través de un mensaje en la red Telegram, Pezeshkian afirmó que mantener el corte de internet “generará descontento y ampliará la brecha entre el pueblo y el gobierno”. El asesor presidencial señaló desconocer cuándo se restablecería el servicio y explicó que la decisión de mantenerlo suspendido responde al temor de las autoridades por la difusión de videos y fotografías relacionados con las manifestaciones que se intensificaron la semana pasada.

“La difusión de videos es algo a lo que tendremos que enfrentarnos tarde o temprano. Bloquear internet no resolverá nada; sólo postergará el problema”, señaló.

El régimen iraní bloqueó el acceso global a internet el 8 de enero, coincidiendo con el punto más álgido de las protestas, que se iniciaron el 28 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán debido al colapso del rial, la moneda nacional. Las manifestaciones, que rápidamente se extendieron por el país, fueron convocadas por diversos sectores, incluyendo el príncipe exiliado Reza Pahlavi.

Durante los días de mayor tensión, se reportaron disparos en la capital y, según testigos citados por Human Rights Watch, la cantidad de manifestantes en las calles fue inédita. “Las autoridades iraníes han demostrado repetidamente que no tienen respuestas más que balas y represión brutal para las personas que salen a las calles”, declaró Bahar Saba de la organización.

Las cifras de víctimas varían ampliamente. La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, estimó que el número de muertos podría superar las 25.000 personas. En contraste, el gobierno iraní informó el miércoles de 3.117 fallecidos, de los cuales 2.427 fueron calificados como “mártires”, una categoría que agrupa a miembros de las fuerzas de seguridad y a transeúntes ajenos a las protestas. El viceministro del Interior, Ali Akbar Pourjamshidian, reconoció en televisión estatal que la violencia escaló el 8 de enero y que “más de 400 ciudades estuvieron involucradas”.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con base en Estados Unidos, elevó el saldo a 5.137 muertos, de los cuales 4.834 serían manifestantes, 208 personal gubernamental, 54 niños y 41 civiles no involucrados. La organización indicó que contrastó sus cifras con registros públicos y testimonios directos dentro de Irán.

Mientras tanto, el grupo de monitoreo NetBlocks sugirió que el gobierno podría estar implementando una “intranet más altamente filtrada” y un sistema de “conectividad basada en listas blancas”. Las autoridades justificaron el corte de internet bajo el argumento de proteger la seguridad nacional, atribuyendo las protestas a un supuesto complot extranjero liderado por Estados Unidos e Israel.

A pesar de las versiones oficiales, la magnitud de la represión y el hecho de que el propio gobierno admitiera miles de muertes subrayan la gravedad de los acontecimientos recientes en Irán.

El relato sobre la irrupción de soldados enmascarados y armados en la residencia de Robert Kyagulanyi, conocido como Bobi Wine, ha cobrado fuerza a raíz de la denuncia del propio candidato opositor, quien utilizó sus redes sociales para informar que su familia quedó aislada y su esposa, Barbie Kyagulanyi, permaneció sola tras la agresión. En este contexto, Bobi Wine vinculó la acción con una atmósfera de incertidumbre en torno a las intenciones de los atacantes y en medio de una situación política marcada por elevada tensión y alegaciones de fraude electoral. Según detalló el medio Europa Press, el episodio ocurrió mientras Uganda atraviesa un proceso electoral disputado y observa restricciones al acceso a las telecomunicaciones.

El medio Europa Press informó que la violenta irrupción en la vivienda coincide con la situación de arresto domiciliario supuesto que afronta Bobi Wine, quien permanece oculto, según sus propias declaraciones. El candidato de la Plataforma de Unidad Nacional (NUP), convertido en figura central de la oposición ugandesa durante el periodo electoral, ha salido al paso en repetidas ocasiones para denunciar tanto la manipulación del proceso electoral como la represión ejercida por las fuerzas de seguridad, circunstancias que, de acuerdo a sus declaraciones, han causado la muerte de varias personas.

Las denuncias de Bobi Wine aparecieron en un contexto dominado por el triunfo del presidente Yoweri Museveni, quien, según datos oficiales recogidos por Europa Press, obtuvo cerca del 72% de los sufragios y aseguró así su séptimo mandato consecutivo. Museveni, de 81 años y en el poder desde 1986, participó en calidad de candidato del Movimiento Nacional de Resistencia (NRM), una formación política hegemónica que mantiene una mayoría parlamentaria importante, con 336 de los 529 escaños disponibles. Por su parte, la formación opositora NUP, liderada por Bobi Wine, aporta 57 escaños, lo que muestra la brecha existente en la representación parlamentaria.

Durante la campaña y el desarrollo de las elecciones, las denuncias acerca de irregularidades electorales y actos de represión alcanzaron gran difusión. Tanto Bobi Wine como miembros de la oposición pusieron de manifiesto la existencia de abusos y vulneraciones a los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Europa Press detalló que las autoridades limitaron e incluso suspendieron en determinados momentos el acceso a servicios de telecomunicaciones, elemento percibido como una amenaza al libre ejercicio de los derechos ciudadanos.

Diversos organismos internacionales intervinieron ante las señales de alarma generadas por la situación. Naciones Unidas advirtió a través de un comunicado que el proceso de votación en Uganda iba a tener lugar dentro de un entorno caracterizado por la represión y la intimidación generalizadas. El organismo internacional llamó a las autoridades en Kampala a asegurar que las elecciones transcurrieran en condiciones de libertad y seguridad, ante la preocupación por los derechos fundamentales y el respeto al sufragio.

En la declaración publicada en redes sociales, Bobi Wine denunció específicamente el ataque ejecutado por soldados en su domicilio, haciendo notar que su familia habría resultado golpeada y su esposa permanecía aislada. La reacción del candidato opositor se sumó a una serie de intervenciones donde ha reclamado públicamente garantías para la oposición y transparencia en el recuento de votos. Según Europa Press, la situación se desarrolla mientras Wine permanece escondido, temiendo por su libertad y la seguridad de sus seres cercanos.

En cuanto a la estructura parlamentaria, el medio Europa Press subrayó que el NRM, partido oficialista, mantiene una mayoría que le permite cierto control sobre la actividad legislativa, tanto por representación como por influencia resultante de décadas en el poder. La diferencia de asientos refleja la solidez del oficialismo frente a una oposición liderada por figuras como Bobi Wine que, a pesar de contar con un respaldo significativo, enfrenta obstáculos relacionados con detenciones, intimidación y desigualdad de condiciones durante el proceso electoral.

Las restricciones impuestas sobre las telecomunicaciones se reflejan tanto en la limitación del acceso a internet como en el bloqueo de plataformas de comunicación, lo que dificultó la cobertura mediática y la libre transmisión de información entre la población y los observadores externos. Europa Press sostuvo que tales limitaciones agravan el clima de opacidad y refuerzan la percepción de un proceso electoral sometido a presiones y condiciones poco equitativas.

El proceso electoral ugandés, según la cobertura de Europa Press, ha estado marcado por tensiones, denuncias formales de fraude, represión policial y militar, y episodios de violencia dirigidos contra líderes opositores y manifestantes. La denuncia pública realizada por Bobi Wine acerca del ataque a su residencia constituye uno de los episodios que reflejan la compleja dinámica política del país africano durante este ciclo electoral.

La Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos, dependencia estatal encargada de asistir a las familias de fallecidos en contextos de conflicto, emitió recientemente un balance oficial sobre las víctimas de los disturbios sociales en Irán, ofreciendo cifras específicas sobre el número de muertos y heridos tras varios días de enfrentamientos. Según informó el medio que proporciona la información, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, confirmó que la represión de las protestas que iniciaron a fines de diciembre de 2025 dejó un saldo de 3.117 fallecidos, entre ellos 600 calificados por las autoridades como "terroristas", mientras que las demás víctimas corresponden a civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades iraníes y recopilada por el medio, el registro oficial se hizo público días después de la comunicación inicial de la Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos, convirtiéndose así en el primer recuento admitido por el Gobierno desde el inicio de los disturbios. El informe, presentado este viernes por Araqchi, detalla que, de los 3.117 muertos, 2.427 serían civiles o agentes estatales. Esta cifra difiere significativamente de los datos manejados por diversas organizaciones de derechos humanos, las cuales han estimado hasta 5.000 fallecimientos relacionados con la represión, así como 26.000 personas detenidas en todo el territorio nacional.

Mientras tanto, el ministro Araqchi reportó por medio de redes sociales extensos daños materiales como resultado de los incidentes clasificando algunos de ellos como "ataques terroristas". Precisó que se destruyeron más de 400 edificios oficiales, 750 comisarías, 200 escuelas y 300 ambulancias. La estadística estatal también incluye la pérdida de aproximadamente 800 vehículos oficiales y casi 5.000 centros religiosos, entre otras infraestructuras y bienes públicos.

El medio informó que las movilizaciones comenzaron en los últimos días de diciembre de 2025, en un contexto marcado por una crisis económica severa, caracterizada por un agudo descenso en el valor del rial, moneda local. Esta situación propició descontento generalizado en varias ciudades de Irán, donde miles de ciudadanos salieron a las calles en manifestaciones que, según diversos reportes, fueron enfrentadas con fuerte represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

Según publicó la fuente, el Ejecutivo de Irán atribuyó la multiplicación de los episodios de violencia durante las protestas a la manipulación de actores externos. Las autoridades sostienen que estos actores tendrían el objetivo de crear un clima que justifique una eventual intervención de Estados Unidos, especialmente tras las declaraciones del entonces presidente Donald Trump, quien advirtió que evaluaría nuevas acciones militares contra el país si la represión continuaba.

Tanto el balance oficial iraní como las proyecciones de organismos independientes reflejan una amplia brecha en la evaluación del impacto de estos hechos, en especial en relación con la cifra de muertos y detenidos. Las organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por la falta de transparencia y el posible subregistro de víctimas, además de denunciar el uso excesivo de la fuerza durante las protestas. Por su parte, el Gobierno mantiene la postura de que una proporción significativa de las víctimas son responsables de actos calificados como "terrorismo", en un intento por explicar el origen de los daños ocasionados a edificios públicos, vehículos y centros de diversa índole.

El medio también informó que el clima de tensión política y social se incrementó con la acusación del Ejecutivo iraní sobre la supuesta influencia extranjera, especialmente estadounidense, en la génesis y promoción de las manifestaciones. Al mismo tiempo, la amenaza de nuevas sanciones o acciones militares por parte del gobierno de Estados Unidos añadía presión sobre las autoridades iraníes, que buscaban restablecer el control interno y demostrar fortaleza frente a los disturbios.

La cronología de los acontecimientos señala que, tras los primeros días de inicio de las protestas, se propagaron rápidamente a diversas ciudades, enfrentando a las fuerzas del orden contra amplios sectores de la sociedad civil. El saldo de fallecimientos, destrucción de infraestructura oficial y detenciones masivas continúa siendo tema de debate entre el Gobierno iraní y observadores internacionales, destacando la importancia de la transparencia en la gestión de estos datos para esclarecer el impacto real de los recientes disturbios en Irán.

La cifra de fallecidos a causa de la represión de las protestas en Irán ha generado debate entre diversas fuentes. Según Human Rights Activists in Iran, una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos, el número de muertes asciende a 5.002, en tanto que los datos oficiales del gobierno iraní reconocen poco más de 3.000 víctimas mortales. Tal como informó Human Rights Activists in Iran, se siguen investigando 9.787 casos adicionales relacionados con las movilizaciones.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, reconoció en un mensaje a la nación que las recientes semanas han estado marcadas por una intensa crisis interna, con un saldo que calificó de profundo sufrimiento. De acuerdo con lo publicado por la página web de la Presidencia de Irán, Pezeshkian atribuyó la situación a lo que describió como una “respuesta vengativa de los enemigos de la nación iraní”, señalando a Estados Unidos e Israel tras su “derrota” en el conflicto de junio de 2025, provocado por la ofensiva israelí a la que después se sumó la participación estadounidense.

En su comunicado, el mandatario destacó que estos hechos transformaron lo que inicialmente fue una protesta legítima en una confrontación violenta. Tal como reportó la Presidencia iraní, Pezeshkian afirmó que “la conspiración de los que desean el mal a Irán convirtió una protesta legítima en una batalla sangrienta y violenta que ha dejado cerca de 3.000 muertos y heridas físicas y mentales a varios miles más”. Según el presidente, quienes impulsaron la violencia son responsables, a su juicio, de crímenes cometidos durante la guerra de doce días ocurrida en junio, y aseguró que “las mismas sucias manos manchadas de sangre por el asesinato de más de mil mujeres y hombres, jóvenes y niños, científicos y generales, durante la guerra de doce días, han actuado de nuevo y, con ayuda de mercenarios, han convertido unas protestas que son un derecho natural en una sociedad dinámica y vibrante en una ira impía en la que cientos de mezquitas, escuelas y espacios públicos quedaron reducidos a cenizas”.

Pezeshkian explicó que aproximadamente 2.500 civiles y personal de las fuerzas de seguridad perdieron la vida en “unos pocos días de caos e inseguridad”, a los que calificó como una experiencia amarga para el país. Además, el presidente iraní manifestó su pésame a los familiares de las víctimas y adelantó que el gobierno ha formado distintos grupos de trabajo con la tarea de analizar a fondo las causas y los factores de los incidentes, con el propósito de identificar y erradicar los orígenes de la violencia.

Según el mensaje difundido por la web de la presidencia, Pezeshkian subrayó el derecho de los ciudadanos a protestar y remarcó la obligación del gobierno de escuchar las demandas del pueblo. Insistió en la necesidad de diferenciar jurídicamente entre manifestantes legítimos y quienes, según sus palabras, participaron en actos de violencia. “Se tenga el máximo cuidado en las investigaciones para que, a través de la justicia y la compasión, se separe a los manifestantes e incluso a los que fueron engañados de aquellos cuyas manos están manchadas con la sangre de personas inocentes”, afirmó.

El mandatario señaló que el Estado tomará medidas para ofrecer compensaciones a los afectados por los acontecimientos y mencionó la importancia de aprender de este episodio para fortalecer las instituciones hacia el futuro. En su discurso, reiteró que “la gran nación iraní forjará un futuro brillante y estable bajo la guía del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, bajo la sombra de su unidad y cohesión y la solidaridad de los tres poderes (del Estado)”.

En contraste con las cifras oficiales, el balance presentado por Human Rights Activists in Iran eleva notablemente el número de víctimas. Según publicó la ONG, entre los 5.002 fallecidos, figuran 4.714 manifestantes, de los cuales 42 eran menores de edad, 207 integrantes de las fuerzas de seguridad y 39 civiles que no estaban participando en las movilizaciones. Además, indicó que 7.391 personas resultaron heridas y 26.852 fueron arrestadas durante la represión, mencionando la emisión de 192 “confesiones forzadas” de parte de personas detenidas por las fuerzas de seguridad.

La organización también informó sobre la persistencia de un bloqueo de Internet que, hasta el momento, se prolonga casi dos semanas, lo que ha dificultado la obtención y verificación de información sobre los hechos. Human Rights Activists in Iran subrayó que la mayoría de las muertes y heridas se produjeron en el contexto de protestas motivadas por la crisis económica y el deterioro de la calidad de vida en el país.

De acuerdo con lo consignado por la ONG, la represión y la respuesta de las fuerzas del orden han afectado a amplios sectores de la sociedad. Las movilizaciones, que comenzaron como manifestaciones acerca del impacto económico y social derivado de la crisis, escalaron hasta convertirse en enfrentamientos que incluyeron la destrucción de cientos de edificios públicos y religiosos.

El medio detalló que, ante la magnitud de los hechos y la presión internacional ejercida por los informes de organizaciones como Human Rights Activists in Iran, las autoridades iraníes han reiterado públicamente que están comprometidas en distinguir entre quienes participaron en protestas pacíficas y aquellos involucrados en actos violentos, así como en proveer asistencia y compensación a los afectados. También mencionaron que la investigación de los hechos y las causas detrás de la violencia continúa en desarrollo.

Según describió la ONG, la proporción de menores entre las víctimas mortales y la cantidad de detenciones, así como el uso de “confesiones forzadas”, han generado inquietud en la comunidad internacional y han llevado a múltiples llamados para que se respeten los derechos humanos y se restablezca el acceso a la información y la libertad de expresión.

El reporte de Human Rights Activists in Iran indica que los sucesos recientes han dejado heridas no solo materiales sino también sociales y políticas dentro de Irán, generando un clima nacional marcado por la confrontación entre versiones oficiales e investigaciones independientes, sumado al bloqueo de la red digital y la persistencia de demandas sociales relacionadas con la situación económica y la vida cotidiana en el país.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid decidió reconocer de manera especial la valentía y la determinación de las mujeres iraníes, resaltando su papel como dirigentes en la defensa de las libertades públicas y la igualdad de derechos en Irán. A partir de ese reconocimiento, se presentó una declaración institucional consensuada por los cuatro partidos con representación municipal, en la que se condena la represión contra la población civil en Irán y se exige el cese inmediato de la violencia ejercida por las autoridades del país. Según Europa Press, la situación en la República Islámica logró unificar a PP, Más Madrid, PSOE y Vox, quienes firmaron conjuntamente el texto.

El pronunciamiento aprobado por unanimidad pone de manifiesto el "firme apoyo al pueblo iraní" por parte del Pleno madrileño y aborda directamente la "grave situación de represión ejercida por la República Islámica de Irán", un régimen que, desde 1979, ha mantenido severas restricciones en los ámbitos político, social y económico. Además, el texto destaca que dicho régimen ha respondido con dureza a cualquier manifestación de disidencia.

En el documento consensuado, los grupos municipales recuerdan que la sociedad iraní ha estado movilizándose de forma pacífica en diversas localidades del país durante las últimas semanas. En estas protestas, la ciudadanía demanda un futuro basado en dignidad, justicia, libertad e igualdad de derechos para todas las personas, independientemente de su sexo, religión u origen étnico, según la información publicada por Europa Press.

De acuerdo con la declaración citada por Europa Press, el Pleno de Madrid condena de manera contundente la "violenta y desproporcionada represión ejercida por las autoridades iraníes contra la población civil", lo que ha resultado en miles de fallecidos y un elevado número de heridos y detenidos. Además, la corporación municipal exige "el cese inmediato de toda forma de violencia contra quienes ejercen pacíficamente sus derechos fundamentales".

El texto hace referencia a la imposición del velo obligatorio en Irán, señalando esta medida como un símbolo de la negación sistemática de la libertad de las mujeres y como muestra de una falta de igualdad que repercute en toda la sociedad, según reportó Europa Press. El lema "Mujeres, Vida, Libertad" es mencionado como ejemplo del liderazgo femenino en la resistencia contra la opresión y la represión.

Los partidos con representación en el Ayuntamiento de Madrid acordaron también reclamar el fin de las violaciones de derechos humanos en Irán, asegurando el respeto a las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación. Además, el documento pide la liberación inmediata de todas las personas detenidas por ejercer esos derechos fundamentales, según información de Europa Press.

En el texto, el Pleno reafirma su compromiso con la defensa universal de los derechos humanos, la igualdad y la justicia, manifestando además su solidaridad con todas aquellas personas, dentro y fuera de Irán, que luchan por un futuro en libertad y dignidad. Europa Press indicó que la lectura de la declaración tuvo lugar este martes en la sede del Ayuntamiento y representa un hecho poco común, debido a la dificultad de alcanzar consenso en otras cuestiones a lo largo de la presente legislatura.

Según la declaración institucional recogida por Europa Press, la situación del pueblo iraní ha tenido la capacidad de superar diferencias políticas entre los partidos con representación en la Cámara de Cibeles, logrando una respuesta unificada en defensa de los derechos y libertades. Esta posición conjunta resalta el impacto que las protestas y la represión en Irán están teniendo en la comunidad internacional y, específicamente, en gobiernos locales como el de Madrid.

El texto consensuado remarca la importancia del acompañamiento a todas las personas que reclaman cambios basados en la dignidad y los derechos fundamentales y apela a la solidaridad internacional como herramienta para apoyar su causa. El Pleno subraya que la represión debe cesar y que se deben proteger las libertades civiles como condición indispensable para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Durante su regreso de Davos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó la movilización de una "flota enorme" hacia Irán con el objetivo de responder a las tensiones surgidas por la represión de protestas y la situación política interna en ese país, según detalló el medio Europa Press. Trump aseguró haber desplegado numerosos barcos con dirección a la región en caso de que fueran necesarias acciones adicionales, y declaró que el gobierno estadounidense mantiene una supervisión minuciosa de los acontecimientos en Irán.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, Trump realizó estos comentarios en conversación con la prensa a bordo del avión presidencial, el Air Force One, tras participar en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza. El mandatario subrayó la capacidad militar de Estados Unidos en la región y la disposición de utilizarla si las circunstancias lo demandan, aunque manifestó el deseo de que la intervención militar directa no fuera necesaria.

Estas afirmaciones siguieron a otras recientes del propio Trump, en las que enfatizó que esperaba no tener que recurrir a medidas más contundentes contra el gobierno iraní. El presidente estadounidense sostuvo que sus amenazas públicas habrían influido para evitar la ejecución de más de 800 personas que participaron en protestas en Irán. Esta declaración fue categóricamente rechazada por las autoridades iraníes, según publicó Europa Press, que negaron la relación entre la presión estadounidense y cualquier suspensión de ejecuciones.

Las tensiones entre Washington y Teherán han incrementado en el contexto de una fuerte represión interna en Irán. Según el primer balance oficial elaborado por el gobierno iraní tras la oleada de manifestaciones, más de 3.000 personas han muerto. No obstante, las autoridades de Teherán asignaron la responsabilidad de esas muertes a supuestos "incidentes terroristas" y no a acciones de las fuerzas de seguridad, consignó Europa Press.

El despliegue naval al que aludió Trump se enmarca en una serie de advertencias previas formuladas por la administración estadounidense tras el aumento de la violencia política en Irán. Según reiteró el presidente, la presencia militar busca ejercer una presión que disuada al gobierno iraní de adoptar represalias más severas contra la población.

El mandatario estadounidense también resaltó la fortaleza de las fuerzas armadas nacionales como factor clave para proteger tanto los intereses estadounidenses en la región como la seguridad de los ciudadanos iraníes involucrados en protestas. En palabras recogidas por Europa Press, Trump señaló: “Tenemos muchos barcos que van en esa dirección, por si acaso. Y veremos qué pasa. Tenemos una gran fuerza (...) Tenemos a la Armada. Tenemos una flota enorme que se dirige en esa dirección. Y tal vez no tengamos que usarla”.

Funcionarios iraníes, por su parte, reiteraron a través de sus portavoces que las cifras sobre víctimas fatales provienen de enfrentamientos vinculados a atentados y grupos armados, rechazando categóricamente que se relacione con acciones oficiales de represión o que las decisiones del gobierno estadounidense hayan tenido efecto sobre el curso de los acontecimientos, detalló Europa Press.

La declaración de Trump y el despliegue naval coinciden con una fase marcada por la cautela en las relaciones bilaterales y el incremento de la preocupación internacional frente a una posible escalada militar en la región. La exposición pública de datos sobre fallecidos y la atribución de responsabilidades entre las autoridades estadounidenses e iraníes han profundizado el clima de tensión, según el análisis presentado por Europa Press.

El anuncio sobre el envío de una flota militar estadounidense cerca de Irán ha sido ampliamente interpretado como un acto de presión estratégica, que busca influir tanto en el gobierno iraní como en la comunidad internacional, dentro de un contexto donde las recientes protestas y su represión han provocado una inquietud global sobre los derechos humanos y la estabilidad regional.

Donald Trump detalló que sus advertencias dirigidas a Teherán frenaron, según su versión, la ejecución de cientos de manifestantes iraníes. El ex mandatario estadounidense explicó que funcionarios iraníes habían considerado ahorcar a 837 personas en respuesta a protestas, y que sus mensajes a las autoridades de Irán provocaron la cancelación de las ejecuciones. Estas afirmaciones fueron rechazadas categóricamente por el gobierno iraní. De acuerdo con información publicada por la cadena CNBC y recogida también por Press TV, Trump manifestó su esperanza de que no hagan falta acciones adicionales respecto a la situación interna en Irán, aunque acusó a las fuerzas de seguridad iraníes de abrir fuego contra manifestantes en las calles.

Según reportó CNBC, Trump declaró: “Iban a colgar a 837 personas. Les dije que no pueden hacer eso y que si lo hacían, sería malo”. El ex presidente sostuvo que, tras sus advertencias, la decisión se revirtió: “Lo cancelaron, espero que de forma permanente”. Trump eludió detallar el contenido exacto de sus comunicaciones, pero subrayó la severidad de sus comentarios a las autoridades iraníes.

El mismo medio reflejó que Trump también defendió abiertamente los bombardeos realizados en junio de 2025 sobre infraestructuras nucleares de Irán. Argumentó que sin estos ataques, el gobierno de Teherán se habría aproximado a desarrollar armas nucleares en un tiempo muy corto, estimando que “podrían haber obtenido armas nucleares en un mes” si Washington no hubiese intervenido. Durante la entrevista con CNBC, Trump describió los ataques como contundentes: “Cada una de esas bombas, y eran gigantes, golpeó los objetivos y destruyó el lugar”. Subrayó que Estados Unidos y sus aliados monitorean las actividades nucleares iraníes y renovó su exigencia para el cese del programa nuclear. Añadió que, en caso de no darse ese cese, se producirían nuevas acciones militares.

Durante la ofensiva de junio de 2025, Israel lanzó una operación militar sobre territorio iraní. Según CNBC, esos ataques dejaron más de 1.100 muertos. En ese contexto, la administración estadounidense coordinó bombardeos específicos sobre instalaciones nucleares con el objetivo de limitar las capacidades militares y tecnológicas de Irán.

Por su parte, las autoridades iraníes refutaron las declaraciones de Trump. El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Mohamad Pakpur, respondió de manera pública a través de Press TV y otras cadenas nacionales. En sus declaraciones, Pakpur lanzó una advertencia tanto a Estados Unidos como a Israel, señalando que las fuerzas armadas de Irán operan en estado de alerta máxima y se mantienen dispuestas a responder ante lo que definió como nuevas amenazas. “Las fuerzas iraníes tienen el dedo en el gatillo”, expresó Pakpur, advirtiendo a “los enemigos criminales, malignos y antihumanos, particularmente a Estados Unidos y el falso y racista régimen sionista”, en referencia a Israel. Pakpur exhortó a Washington y Tel Aviv a aprender de los resultados de la “guerra impuesta de doce días” –en alusión a las acciones militares de junio de 2025– para no repetirse en nuevos errores de cálculo.

Press TV recogió las palabras del comandante, quien remarcó que cualquier otro “error de cálculo” por parte de Washington o de Israel acarrearía “un destino aún más doloroso” para ambos. Pakpur remarcó que las fuerzas de la Guardia Revolucionaria aumentaron “más que nunca” su capacidad defensiva y su capacidad de respuesta ante acciones hostiles de Estados Unidos e Israel.

En el escenario descrito por CNBC y Press TV, el cruce de declaraciones se produce después de una escalada de tensiones en la región derivada tanto de la represión de protestas internas en Irán como del recrudecimiento de intervenciones militares extranjeras. Trump atribuyó la suspensión de las presuntas ejecuciones de manifestantes a la presión ejercida por el gobierno estadounidense, aunque Irán rechazó la existencia de tales planes. Mientras, desde Teherán se enfatizan sus preparativos ante la posibilidad de nuevos ataques y se insiste en la voluntad de responder con firmeza si hay más operaciones militares extranjeras en su territorio.

Durante el reciente Foro Económico Mundial, el presidente de Israel, Isaac Herzog, viajó a Suiza donde, según reportes mediáticos, asistió a eventos pese a enfrentar denuncias en ese país por la ofensiva en Gaza, según mencionó el propio ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi. En ese contexto, Araqchi criticó la exclusión de la delegación iraní del encuentro en Davos, una decisión que atribuyó a una campaña de presión y desinformación vinculada a Israel y a sectores afines en Estados Unidos. Según consignó Europa Press, Araqchi señaló a través de sus redes sociales que estas acciones se produjeron tras las recientes manifestaciones en Irán motivadas por la crisis económica y el deterioro en la calidad de vida.

De acuerdo con Europa Press, Araqchi escribió: “El Foro Económico Mundial canceló mi aparición en Davos debido a mentiras y presiones políticas de Israel y sus representantes y defensores en Estados Unidos”, subrayando así tanto la responsabilidad que atribuye a actores externos como su negativa a reconocer legitimidad en las acusaciones en su contra. El ministro iraní justificó la la respuesta de las autoridades ante las protestas, argumentando que se trató de medidas para proteger a la ciudadanía frente a lo que denominó “terroristas armados y asesinatos al estilo de Estado Islámico, abiertamente respaldados por el Mossad”, siempre según el citado mensaje divulgado por Europa Press.

Sobre las decisiones del Foro Económico Mundial, Araqchi expresó que consideraba irónico que no se haya tomado ninguna medida similar contra representantes israelíes, a pesar de las acusaciones y víctimas en Gaza. Araqchi recordó la presencia de Herzog en Davos durante enero de 2024, mencionando que el presidente israelí participó en eventos públicos a pesar de que existían denuncias relacionadas con el conflicto en Palestina ante la justicia suiza. El ministro iraní agregó en sus declaraciones, recogidas por Europa Press: “Si el Foro Económico Mundial quiere fingir una supuesta postura ‘moral’, es su prerrogativa, pero debería ser consistente al respecto. El flagrante doble rasero actual solo muestra una depravación moral y una bancarrota intelectual. La gente tiene derecho a conocer la verdad y juzgar por sí mismos. La vergüenza está reservada para los que piensan lo contrario”. Junto a estas palabras, Araqchi difundió un video publicado por el Gobierno de Irán en el que se muestra la presencia de personas armadas en los disturbios y protestas, buscando respaldar su versión de los hechos, tal como publicó Europa Press.

En respuesta a las acusaciones del ministro iraní, el presidente israelí Isaac Herzog, manifestó de manera pública que el gobierno iraní realiza ejecuciones y actos represivos en contra de su propio pueblo y no se encuentra en condiciones de criticar la legitimidad de otras naciones. A través de un comunicado reproducido por Europa Press, Herzog afirmó: “El asesino régimen iraní que masacra a diario a su propio pueblo, ejecutando a mujeres y hombres inocentes por atreverse a reclamar libertad y propagando el terror y la muerte en Oriente Próximo, no está en posición de dar lecciones a otros sobre ‘moralidad’”.

La Presidencia de Israel amplió sus críticas argumentando, según lo difundido por Europa Press, que la condena internacional al gobierno de Irán se fundamenta en hechos reconocidos mundialmente y no en presiones externas. “La condena internacional contra el régimen iraní no es resultado de presiones políticas, sino de una verdad simple e innegable: el régimen iraní es la cabeza de la serpiente que arma, financia y dirige a Hamás, Hezbolá y otros grupos terroristas que cometen crímenes contra la humanidad”, detalló el comunicado presidencial.

Herzog también contrapuso su posición con la del jefe de la diplomacia iraní, subrayando, según recogió Europa Press, que mientras él representa una democracia que protege a sus ciudadanos y al “mundo libre” frente al terrorismo, el liderazgo iraní sostiene un régimen “brutal y tiránico que intenta ocultar sus atroces crímenes con una retórica hueca”.

La cancelación de la comparecencia de Araqchi en el Foro de Davos, según el relato del propio diplomático iraní divulgado por Europa Press, se produjo después de semanas de disturbios en Irán que derivaron en una ola de represión contra manifestantes y disidentes. Las manifestaciones respondieron al creciente descontento por cuestiones económicas y sociales, así como a políticas internas que, según voces internacionales, restringen el espacio de expresión y movilización ciudadana.

El intercambio público de acusaciones entre altos funcionarios de Irán e Israel en el contexto del Foro Económico Mundial en Suiza evidenció las profundas divisiones políticas y la conflictividad regional que persiste en Oriente Próximo. El episodio ofrece una muestra del modo en que las disputas diplomáticas se trasladan a escenarios internacionales donde se debaten temas económicos, sociales y políticos de alcance global, detalló Europa Press.

María Alexandra Gómez, la pareja de Nahuel Gallo, el gendarme que hace más de un año está secuestrado y en condición de desaparición forzada por la dictadura de Venezuela, publicó hoy un emotivo mensaje en redes sociales, al cumplir Víctor, el hijo de ambos, tres años de vida, dos de los cuales ya pasó alejado de su papá.

El mensaje se conoce a dos semanas de que el régimen dictatorial anunciara la liberación de presos políticos -tras la incursión militar de Estados Unidos que extrajo y llevó a los tribunales a Nicolás Maduro- sin que haya novedades de la liberación del uniformado.

Diversas fuentes consultadas por Infobae confirmaron que Nahuel Gallo continúa en El Rodeo 1, uno de los centros de detención del régimen bolivariano donde permanecen decenas de detenidos por causas políticas, tanto nacionales como extranjeros. El caso del gendarme argentino es de los que tiene mayor sensibilidad política y es seguido de cerca tanto por el gobierno argentino como por Estados Unidos.

“Hoy es el Cumpleaños número 3 de Víctor, 2 de ellos apartado injustamente de su Papá. Ha sido un año durísimo, donde hemos luchado. Tan chiquito, le tocó vivir cosas que no tendría que estar viviendo. Te amo Victor, agradezco inmensamente a Dios por que eres un niño sano, inteligente, amoroso. Aunque por ahora estamos rotos, quiero que sepas que tu papá te ama muchísimo y que estoy segura de que hoy estará pensando mucho en ti”, publicó Gómez en sus redes.

Y agregó: “409 días tiene hoy Nahuel en desaparición forzada en una cárcel en Venezuela. Qué injusto, qué cruel ha sido todo. Libérenlo YA, es inocente, saben que es inocente. Esto es un crimen de lesa humanidad”.

Nahuel Gallo fue secuestrado por el aparato represivo del régimen bolivariano el 8 de diciembre de 2024, cuando intentaba ingresar -con toda la documentación y permisos exigidos en regla- por un paso fronterizo entre Colombia y Venezuela. Desde ese día y hasta hoy, el gendarme está incomunicado, sin asistencia consular, ni asistencia legal.

El gobierno argentino, desde el presidente Javier Milei, la Cancillería y el Ministerio de Seguridad Nacional, vienen reclamando en foros internacionales y de manera pública la inmediata liberación del gendarme, hasta ahora sin éxito.

Hace dos semanas, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy Rodríguez -a cargo de manera interina del régimen tras el arresto de Maduro- anunció que como “gesto unilateral” iban a liberar a los presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, pero solo salieron de las cárceles menos de 200 de las más de 1.000 personas que están tras las rejas.

Pese a las presiones de Estados Unidos y de la comunidad internacional, el régimen viene demorando ese compromiso de terminar con la represión masiva a la oposición política.

“Nadie merece tanto sufrimiento, especialmente ningún niño como Víctor merece ser separado de su papá. Por él y por todos seguiremos luchando, hasta que Nahuel y cada uno de nuestros presos políticos sean libres. Querido Víctor, estoy segura de que tu deseo de cumpleaños pronto se hará realidad. A ti, María Alexandra, mi cariño y admiración. No estás sola”, respondió la dirigente venezolana Elisa Trotta, al mensaje que difundió la pareja del gendarme.

Durante su intervención, la dirigente opositora recalcó que la transición política en Venezuela solo será viable si se garantiza la liberación real y sin condiciones de todas las personas detenidas por motivos políticos. “La prioridad es obviamente la liberación de los presos políticos, pero la libertad real, insisto, presos que han sido excarcelados, pero no son libres y tienen que liberarlos a todos”, afirmó Machado ante el organismo regional. Además, la líder opositora denunció que muchos excarcelados siguen bajo medidas restrictivas, vigilancia o amenazas, y demandó que “aquellos compañeros que hoy están escondidos y perseguidos, que puedan libremente expresarse, actuar y todo el que quiera regresar a Venezuela, volver a su país”.

María Corina Machado también solicitó el desmantelamiento de la estructura represiva en Venezuela y el cierre definitivo de todos los centros de tortura. “Hay que desmontar la estructura represiva, clausurar definitivamente todos los centros de tortura y que aquellos que quieran hoy expresarse sepan, empezando por los familiares de los presos políticos, que no hay riesgo de que se conviertan ellos en los nuevos prisioneros”, indicó Machado durante su mensaje en Washington. La dirigente advirtió que el actual gobierno venezolano utiliza la represión y el temor como mecanismos de control, y pidió garantías para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos civiles y políticos sin miedo a represalias.

En relación a los anuncios oficiales sobre liberaciones, la líder opositora denunció una manipulación por parte del gobierno venezolano. Según sus palabras, “el régimen ha manipulado la situación. No es cierto que hayan liberado a la mayoría de los presos políticos. No hay derecho que esto se maneje de una manera tan cruel, de que anuncian que van a liberar a algunos y después esto no ocurre”. Machado compartió que ha dialogado con familiares de presos políticos, quienes sufren una “angustia y tortura diaria”, esperando a las afueras de los centros de reclusión para conocer el destino de sus seres queridos.

En su encuentro con la OEA, Machado instó a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a “seguir elevando las voces, que se sepa la verdad” sobre la situación de los derechos humanos y la represión en Venezuela, subrayando que “la prioridad en este momento debe ser el desmontaje completo del sistema represivo, que al final es lo único que le queda al régimen en el poder”. La visita de Machado a la sede de la OEA en Washington forma parte de sus gestiones internacionales para visibilizar la situación de los presos políticos y solicitar el apoyo de la comunidad internacional en la defensa de la libertad y el retorno de la democracia en Venezuela.

El testimonio de Francho Aijón, padre de uno de los jóvenes en prisión, ilustra el impacto que las actuales condiciones penitenciarias generan en las familias de los reclusos, tanto en el plano económico como emocional. Según informó Europa Press, Aijón describió el desgaste provocado por el coste y las dificultades para poder visitar a los internos, señalando que muchas familias deben recurrir a medios de transporte alternativos, costosos y carentes de garantías de seguridad. Esta denuncia se produjo en el acceso al Centro Penitenciario de Zuera, donde familiares y representantes políticos reclamaron mejoras urgentes en derechos y servicios básicos, así como el fin de lo que consideran una situación de represión y abandono institucional.

La candidata de Podemos a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea, acompañada por el coordinador del partido en Aragón, Ricard Mitjana, y Aijón, pidió el cese de la represión contra 'Los 6 de Zaragoza' y criticó lo que calificó como ausencia de apoyo institucional a las familias de los afectados. Según consignó Europa Press, Goikoetxea subrayó que la prisión de Zuera se ha transformado en un símbolo del castigo dirigido a quienes disienten políticamente, especialmente a los participantes en manifestaciones de carácter antifascista. Uno de los jóvenes permanece privado de libertad tras rechazarse su solicitud de indulto. Los representantes de Podemos insistieron en que las personas que actúan en defensa de sus derechos mediante la protesta deberían gozar de protección, y no enfrentar medidas que describieron como represivas.

El medio Europa Press detalló que las dificultades derivadas del aislamiento geográfico agravan la situación de las familias. El transporte público no cubre todos los horarios de visita, lo que implica que el derecho a mantener contacto presencial con los internos depende de la disponibilidad de vehículo propio. El último autobús de la jornada parte a las 20:00 horas, mientras que los permisos de visita se extienden desde las 18:30 hasta las 20:30 horas. Esto obliga a los familiares a abandonar la visita media hora antes o a contratar servicios de transporte alternativo, conocidos comúnmente como 'taxis piratas', con un costo estimado de 50 euros por trayecto según el testimonio de Aijón recogido por Europa Press. Las familias afectados por esta logística exigen al Gobierno de Aragón, encabezado por Jorge Azcón, que asuma responsabilidades y atienda la situación, dada la inclusión del centro penitenciario de Zuera en la demarcación sociosanitaria de la comunidad autónoma. Según la denuncia, la carencia de soluciones es atribuida a una falta de voluntad política y no a razones técnicas.

Ante esta situación, Podemos planteó la necesidad de reforzar y adaptar las líneas de transporte público, para impedir que las restricciones en el acceso a la prisión se traduzcan en una forma de exclusión para personas mayores, familias sin vehículo y trabajadores con recursos limitados.

Las quejas de los familiares y representantes políticos no se limitaron al transporte. Europa Press reportó que la atención sanitaria constituye otro motivo de preocupación. Se destacó el caso de Imad, uno de los jóvenes condenados, quien debió esperar cinco meses para acceder a un tratamiento de salud mental fuera del recinto penitenciario. Los representantes de Podemos mencionaron que estas deficiencias sanitarias ponen en riesgo la vida de los internos, haciendo referencia a una agresión ocurrida en marzo de 2023, cuando la ausencia de un médico en el centro dejó la asistencia de urgencia a cargo de personal sin respaldo facultativo. El representante del Consejo Ciudadano estatal de Podemos y padre de uno de los condenados afirmó: "La falta de médicos en el Complejo Penitenciario es una clara dejación de funciones por parte del Estado español. Su condena es la privación de libertad, no de asistencia sanitaria", según recogió Europa Press.

Durante su intervención frente al centro penitenciario, Goikoetxea instó a hacer visible lo que califican como abandono y precarización de derechos en el interior del recinto y en su entorno, así como a exigir la mejora de los servicios básicos. La candidata insistió en que el enfoque actual de la política penitenciaria impacta no solo en los reclusos sino también en las familias, que asumen el costo económico, emocional y social de un sistema que describen como orientado al aislamiento. Europa Press informó que, en este contexto, Podemos reclama soluciones estructurales para el acceso y la atención en las cárceles dependientes de la Dirección General de Centros Penitenciarios del Ministerio del Interior.

El caso de 'Los 6 de Zaragoza' se remonta a los altercados ocurridos el 17 de enero de 2019 durante una protesta contra un mitin organizado por Vox. Los jóvenes fueron condenados por delitos de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones. Tras agotar la vía del indulto para uno de los implicados, familiares y representantes políticos insisten en la necesidad de revisar el tratamiento institucional y penitenciario al que acceden tanto los reclusos como sus allegados, subrayando el impacto que la gestión actual tiene en los derechos fundamentales y en el tejido social, según publicó Europa Press.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña extinguió la responsabilidad penal del exconseller de Exteriores Bernat Solé tras aplicarle la Ley de Amnistía, pero el proceso judicial no incluye la anulación de la sentencia previa ni la devolución de la multa económica que le fue impuesta. Según informó Europa Press, Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), destacó en redes sociales que, pese a la decisión judicial, la normativa vigente no revierte la situación previa ni compensa el daño generado por la represión.

Junqueras, a través de un mensaje publicado en la red social X y recogido por Europa Press, celebró la aplicación de la amnistía a Solé, aunque subrayó que “no repara la injusticia ni restituye los derechos vulnerados por la represión”. El dirigente de ERC insistió en que la lucha por la libertad y los derechos de las personas represaliadas permanece activa y que las medidas amparadas en la Ley de Amnistía no resuelven todos los impactos que sufrieron quienes participaron en el referéndum del 1 de octubre.

La resolución judicial conocida el viernes señala que el TSJC aplicó al caso de Solé la reciente Ley de Amnistía, liberándolo de la condena penal que pesaba en su contra tras haber sido hallado culpable por su implicación en el proceso independentista catalán de 2017. El exconseller había recibido previamente una condena de un año de inhabilitación especial y una sanción económica de 16.000 euros por su papel durante la organización y ejecución de la consulta considerada ilegal.

Europa Press detalló que, aunque la Ley de Amnistía obliga a extinguir la responsabilidad penal, el texto no contempla la revisión judicial de la sentencia ni la reposición de las cantidades abonadas en concepto de multa. Esta circunstancia deja sin efecto la pena privativa de derechos, pero mantiene otras consecuencias que los condenados han experimentado desde la emisión de la sentencia original.

En su declaración, Junqueras puso énfasis en que, mientras algunas penalizaciones pierden validez gracias a la amnistía, el reconocimiento institucional del daño causado y la recuperación plena de los derechos afectados no están contemplados en la nueva legislación. La posición pública de ERC refleja tanto la satisfacción por el alivio de la carga judicial sobre Solé como la persistencia de las demandas políticas y sociales para revertir completamente las consecuencias legales derivadas de la represión del referéndum.

El proceso contra Solé formaba parte de una serie de procedimientos judiciales dirigidos a cargos públicos y organizadores del referéndum del 1 de octubre de 2017, en los que varios dirigentes independentistas resultaron condenados. La aprobación y entrada en vigor de la Ley de Amnistía ha tenido efectos directos sobre numerosos encausados, pero diversas organizaciones y colectivos continúan reclamando nuevas acciones legislativas y judiciales que resarzan derechos y restituyan situaciones individuales y colectivas.

Europa Press remarcó que la decisión del TSJC llega en un contexto político en el que las medidas de reparación para los afectados de procesos judiciales relacionados con el referéndum siguen generando debate en Cataluña y en el resto del Estado. Según planteó Junqueras en su declaración, la amnistía representa un avance, pero la reivindicación de justicia plena y de restitución de derechos se mantiene vigente entre los sectores que se consideran damnificados por la represión vinculada al ciclo independentista.

Fuentes de ERC consultadas por el medio subrayaron que el recorrido de la amnistía, aunque significativo, se percibe como insuficiente para revertir las secuelas de las condenas que se acumularon tras la organización del referéndum de 2017. El marco legal diseñado para los casos individuales aún deja fuera la reparación económica e institucional de los efectos considerados por el independentismo como injustos o desproporcionados.

El debate social y político sobre la suficiencia de las leyes de amnistía y sus consecuencias en el tejido institucional catalán continúa en la agenda pública. Tanto Junqueras como otros portavoces han insistido en que la extinción de la responsabilidad penal resulta solo un paso en una reivindicación más amplia de derechos. Según recogió Europa Press, estos sectores advierten de que la restitución completa de las situaciones anteriores a la condena y la reparación integral aún no se han alcanzado pese a las medidas adoptadas hasta el momento.

Durante el debate celebrado en el Consejo de Seguridad de la ONU, el representante iraní Gholamhossein Darzi sostuvo que cualquier amenaza exterior dirigida contra Irán, bajo la justificación de proteger a manifestantes o de prestar apoyo humanitario, quebrantaría de manera grave el Derecho Internacional. Según reportó la agencia Europa Press, el funcionario advirtió que cualquier intervención militar extranjera sobre territorio iraní, incluso sostenida en argumentos humanitarios, sería considerada una violación a la Carta de Naciones Unidas.

Tal como consignó Europa Press, Darzi acusó a Estados Unidos de involucrarse activamente en las protestas internas de Irán, responsabilizando a Washington tanto de incitar la inestabilidad política como directamente de los episodios de violencia. El diplomático señaló que la represión de manifestaciones dentro del país, que dejó al menos 3.428 víctimas mortales en 15 provincias diferentes —según cifras proporcionadas por la organización Iran Human Rights (IHRNGO) y relevadas por Europa Press—, estaría relacionada con lo que definió como injerencia estadounidense.

El vicerrepresentante iraní tomó postura ante el foro global acusando al "régimen estadounidense" de buscar presentarse públicamente como aliado de la población iraní, mientras —según sus dichos— facilita una agenda orientada a desestabilizar al país y allanar el terreno para una posible intervención militar. Señaló que la solicitud de Estados Unidos para convocar la sesión del Consejo de Seguridad resultaba "vergonzosa", atribuyéndola a un esfuerzo por ocultar la supuesta connivencia de Washington en crímenes perpetrados en territorio iraní por "sus mercenarios", en referencia tanto a actores internos como externos.

Durante su intervención, Darzi calificó la postura estadounidense como "especialmente cínica" a la luz de lo que expuso como un extenso historial documentado de intervenciones militares y violaciones internacionales por parte de Estados Unidos. Argumentó que estas acciones contradicen los principios establecidos en el Derecho Internacional y en la propia Carta de Naciones Unidas.

Europa Press detalló que, ante la posibilidad de que algún país promueva el uso de la fuerza en Irán con motivaciones humanitarias, el embajador instó tanto al Consejo de Seguridad como a sus miembros, así como al secretario general de la ONU, António Guterres, a rechazar y condenar inequívocamente tales propuestas. Citó el Artículo 207, que prohíbe emplear pretextos humanitarios para justificar la violencia, y sostuvo que la "credibilidad de Estados Unidos depende ahora de si esta prohibición fundamental es confirmada o erosionada" por sus propios actos o los de cualquier otro miembro permanente del Consejo.

El diplomático subrayó que cualquier acción hostil contra Irán, directa o indirecta, provocará una respuesta que calificó como "decisiva, proporcionada y legal". Expresó que este posicionamiento no constituía una amenaza, sino una afirmación del marco jurídico reconocido por el país.

En la misma sesión se escucharon testimonios de miembros de la sociedad civil iraní. Según reportó Europa Press, el periodista y activista Ahmad Batebi denunció presiones y torturas por parte de funcionarios iraníes para obligarlo a declararse espía estadounidense, y afirmó que esta práctica se estaría repitiendo con otros manifestantes, quienes estarían siendo forzados a identificarse como "agentes del Mossad", el servicio secreto israelí. La periodista y disidente Masih Alinejad también participó en la reunión, donde denunció la represión en Irán y reclamó medidas concretas para llevar ante la Justicia a los responsables de la violencia estatal.

Frente a estas intervenciones, el embajador Darzi declaró que las participaciones de Batebi y Alinejad carecían de legitimidad y credibilidad, argumentando que ambos han residido fuera de Irán durante más de veinte años y, según sus palabras, han sido agentes activos de la agenda exterior estadounidense-israelí. Agregó también que "ambos están a sueldo del Mossad, según pruebas irrefutables", sin dar detalles específicos acerca de esas evidencias.

Darzi abordó la actuación de las fuerzas de seguridad iraníes durante las manifestaciones iniciadas a fines de diciembre de 2025 y rechazó las acusaciones de asesinatos contra manifestantes pacíficos. Según su versión, la respuesta de las fuerzas estatales se dirigió contra "células terroristas armadas al estilo de Estado Islámico y grupos separatistas violentos", los cuales, afirmó, habrían sido financiados y armados por entidades extranjeras, incluido Israel. De acuerdo con Europa Press, las autoridades iraníes argumentan que sus políticas de seguridad responden a amenazas vinculadas a actores armados y a operaciones impulsadas desde el exterior, detrás de quienes sitúan tanto a potencias occidentales como a Israel.

En relación con la represión de las protestas, Europa Press informó que los últimos datos de IHRNGO, con sede en Noruega, sitúan la cifra de víctimas mortales en 3.428, registradas en 15 provincias del país desde el inicio de las manifestaciones a finales de 2025.

La sesión del Consejo de Seguridad sobre Irán refleja las tensiones en torno a la interpretación de los principios de la Carta de la ONU, la legitimidad de la injerencia internacional bajo banderas humanitarias y la denuncia persistente por parte de Irán respecto a la supuesta participación de potencias extranjeras en los eventos internos del país centroasiático.

Durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el embajador estadounidense Mike Waltz instó a los representantes de los quince países miembros a cuestionar el impacto de las acciones del régimen iraní fuera de sus fronteras, mencionando la violencia y el sufrimiento en regiones como Israel, Gaza, Siria, Líbano, Yemen, Irak e incluso Venezuela. Este señalamiento sirvió de marco para recordar la postura de la Casa Blanca, que sostiene la posibilidad de desplegar diversas medidas ante la actual situación en Irán, donde la represión de manifestantes ha provocado la muerte de más de 3.400 personas. Según publicó el medio que cubre la sesión, Waltz transmitió la determinación del presidente estadounidense, Donald Trump, de “mantener todas las opciones sobre la mesa” para frenar la violencia en el país asiático, e hizo hincapié en el respaldo de Estados Unidos a los ciudadanos iraníes.

El medio informó que Waltz describió a Trump como “un hombre de acción”, enfatizando que el mandatario ha evitado discursos prolongados ante la ONU y prioriza decisiones tangibles. Ante los embajadores presentes, Waltz aseguró: “El presidente Trump es un hombre de acción, no un hombre de palabrería interminable como vemos en Naciones Unidas. Ha dejado claro que todas las opciones están sobre la mesa para detener la masacre, y nadie debería saberlo mejor que los líderes del régimen iraní”. Estas declaraciones se produjeron en medio de crecientes advertencias provenientes de Washington sobre una posible intervención militar si continúan los disturbios y el uso de la fuerza estatal contra la población.

El embajador estadounidense ante la ONU sostuvo que el apoyo de su país a los iraníes constituye una “responsabilidad compartida”, y remarcó que la gravedad de la represión en Irán afecta la paz y seguridad internacionales. Según detalló el medio, Waltz rechazó la posición de las autoridades iraníes, que consideran la crisis como un asunto interno y acusan a actores extranjeros de manipular la situación. El diplomático calificó esta perspectiva como “absolutamente errónea y falsa” y acusó a Teherán de priorizar la financiación de grupos armados y el desarrollo de programas nucleares y de misiles sobre las necesidades básicas de su pueblo.

Durante la sesión, Waltz subrayó la magnitud de las violaciones a los derechos humanos, recordando que “cuántas personas están muertas, cuántas personas están heridas, mutiladas y maltratadas en Oriente Próximo, en Israel, en Gaza, en Siria, en Líbano, en Yemen, en Irak, incluso en Venezuela, debido al apoyo del régimen al terrorismo como el mayor estado patrocinador”, según información consignada por el medio.

El representante de Estados Unidos en el organismo multilateral responsabilizó al gobierno iraní por la crisis económica y la represión de las libertades de su población. El medio citó las palabras de Waltz al afirmar que la idea de que las protestas constituyen un complot extranjero para “preparar el terreno para una acción militar” carece de fundamento y es parte de la narrativa oficial iraní para legitimar la gestión represiva.

El diplomático también mencionó que, pese a la afirmación de Teherán respecto a su disposición al diálogo, las acciones ejecutadas desmienten esa apertura y, a su juicio, reflejan un intento del régimen por encubrir su debilidad ante el creciente descontento popular. Waltz manifestó: “Irán dice estar dispuesto al diálogo, pero sus acciones demuestran lo contrario. Todo el mundo debe saber que el régimen está más débil que nunca y, por lo tanto, está difundiendo esta mentira debido al poder del pueblo iraní en las calles. Tienen miedo. Temen a su propio pueblo”, aseveró el embajador, según destacó el medio que cubrió la sesión en Nueva York.

Este posicionamiento de Estados Unidos en la ONU coincide con un contexto en el que la administración Trump evalúa respuestas de amplio espectro, entre las que no se descarta la opción militar, si la violencia estatal contra manifestantes persiste o se intensifica. A lo largo de su exposición, Waltz reiteró que la comunidad internacional debe asumir un compromiso en la protección de los derechos de las personas en Irán y no considerar la situación como una cuestión meramente doméstica, dada la proyección e implicaciones de la crisis dentro y fuera de la región.

Según datos recogidos por la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Noruega, solo un 11% de las ejecuciones llevadas a cabo en Irán en lo que va de 2025 han sido comunicadas oficialmente por las autoridades, reflejando un entorno caracterizado por la opacidad y sólidas restricciones para el acceso a la información. En este contexto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció la suspensión de 800 ejecuciones que estaban previstas para el miércoles, tras advertencias expresas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigidas al gobierno iraní. Según consignó el medio, la Casa Blanca afirmó que dichas penas de muerte fueron aplazadas tras la presión impulsada desde Washington en respuesta a la represión ejercida por Teherán contra los manifestantes en medio de la ola de protestas.

Karoline Leavitt declaró que Estados Unidos mantiene un monitoreo constante de la situación en Irán y recalcó que “todas las opciones siguen sobre la mesa”, destacando que el equipo del presidente Trump notificó al régimen iraní sobre la posibilidad de consecuencias graves si las ejecuciones proseguían, incluida la intervención militar. Según informó el mismo medio, las autoridades estadounidenses enfatizaron la gravedad de cualquier acción que implique la continuación de las ejecuciones masivas, insistiendo en que la respuesta estadounidense podría implicar medidas significativas.

La organización Iran Human Rights (IHRNGO) detalló en su reporte que al menos 1.000 personas fueron ejecutadas en Irán entre el 1 de enero y el 23 de septiembre de 2025, aunque la cifra real podría aumentar debido a la falta de registros oficiales y restricciones impuestas a observadores internacionales. Según datos de la ONG, el 50% de las ejecuciones correspondió a condenas por delitos relacionados con las drogas, mientras que el 43% estuvo vinculado a cargos de asesinato. El informe subrayó además la escasa transparencia de las autoridades, que solo reconocieron públicamente una minoría de las ejecuciones ya consumadas.

El medio refirió que la administración Trump anunció un nuevo paquete de sanciones dirigido a varios altos funcionarios iraníes. Entre los afectados figura el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, a quien Washington responsabiliza junto a otros líderes iraníes por la represión desplegada durante las protestas y disturbios. Este anuncio se inscribe en el endurecimiento de la política estadounidense frente a Teherán, intensificando las medidas de presión internacional.

Las autoridades iraníes han acusado a Estados Unidos y a Israel de alentar las protestas dentro del país y de prestar apoyo a los manifestantes involucrados en los incidentes, según reportó el medio. Funcionarios de Teherán sostienen que las movilizaciones derivaron en actos violentos con el objetivo de ofrecer a la administración Trump una justificación para considerar la intervención militar en Irán. Esta tesis forma parte de la línea oficial iraní, orientada tanto al plano nacional como internacional para explicar la actualidad de los disturbios y la respuesta del Estado.

El contexto de las recientes protestas se relaciona con una serie de demandas sociales y políticas que, de acuerdo con información recopilada por la organización noruega y reportada por la Casa Blanca, han generado una respuesta represiva por parte de las autoridades iraníes. La suspensión de las ejecuciones este miércoles representa, según ambas fuentes, una concesión momentánea por parte del gobierno de Irán bajo presión internacional, aunque la situación permanece en estado crítico y su desarrollo sigue siendo examinado por organismos mundiales y actores políticos.

La administración estadounidense sostiene que, mientras el seguimiento continúe, no descarta incrementar la presión diplomática, financiera o militar si las autoridades de Irán reanudan las ejecuciones o intensifican las medidas contra la oposición y manifestantes. Por su parte, Irán rechaza categóricamente las acusaciones de Washington e insiste en que las protestas obedecen a planificaciones externas.

De acuerdo con cifras de Iran Human Rights (IHRNGO), la magnitud de la aplicación de la pena de muerte en Irán durante el año supera la registrada en décadas precedentes, con cientos de casos en los que los veredictos no han sido informados públicamente. La falta de transparencia complica la verificación independiente sobre el cumplimiento de normas internacionales de derechos humanos y el control sobre la actuación del poder judicial y las fuerzas de seguridad iraníes.

La gravedad del conflicto diplomático entre Estados Unidos e Irán se refleja en el intercambio de acusaciones y la multiplicación de sanciones, una dinámica que incide sobre la estabilidad interna iraní y las relaciones internacionales del país. La información divulgada por la Casa Blanca y la ONG noruega apunta hacia una escalada en las medidas de presión que, en el corto plazo, ha logrado la suspensión de ejecución de sentencias de muerte bajo una fuerte vigilancia internacional.

Canadá ha exigido el cese de la represión en Irán tras la muerte de un ciudadano con pasaporte canadiense ocurrida durante las recientes protestas antigubernamentales en ese país, según informó Europa Press. El gobierno canadiense confirmó que la víctima falleció durante el desarrollo de manifestaciones que organismos de defensa de los Derechos Humanos han reportado como extremadamente violentas, con un saldo que ya supera los 3.400 fallecidos en las últimas semanas.

La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, comunicó que funcionarios consulares mantienen contacto con la familia del ciudadano fallecido en territorio canadiense. Según detalló Europa Press, la funcionaria expresó públicamente sus condolencias a los familiares y reiteró que Ottawa insiste en la necesidad de terminar de inmediato con la violencia estatal ejercida contra la población civil durante las protestas. Anand declaró: “Acabo de enterarme de la muerte de un ciudadano canadiense en Irán a manos de las autoridades iraníes. Nuestros funcionarios consulares están en contacto con la familia de la víctima en Canadá, a quienes quiero transmitir mis más sinceras condolencias”.

Anand, citada por Europa Press, también advirtió que las protestas ciudadanas en Irán, calificadas como pacíficas por el gobierno de Canadá, son una demanda legítima para que el régimen escuche las voces que reclaman un alto a las violaciones de derechos humanos. Subrayó que el comportamiento de las autoridades iraníes refleja “un flagrante menosprecio por la vida humana”, y que, desde la perspectiva de Canadá, “esta violencia debe cesar”. Además, afirmó que el gobierno canadiense condena la represión y demanda el “cese inmediato de la violencia del régimen de Irán”.

Mientras tanto, el gobierno de Teherán ha respondido públicamente atribuyendo la responsabilidad de la agitación social a la injerencia de potencias extranjeras. Según Europa Press, las autoridades iraníes han señalado a Estados Unidos e Israel como los impulsores de las manifestaciones y de los episodios violentos ocurridos en el país. Desde Teherán sostienen que las protestas fueron utilizadas como pretexto para facilitar una eventual intervención militar encabezada por el entonces presidente estadounidense, Donald Trump.

El gobierno iraní, según reportó Europa Press, también ha instado a Washington a mantener abierto un canal de diálogo con el fin de resolver los desacuerdos existentes. A pesar de este llamado al diálogo, las autoridades en Irán recalcaron su disposición para responder ante la posibilidad de un conflicto militar.

De acuerdo con el recuento divulgado por organizaciones de derechos humanos y reflejado por Europa Press, la cantidad de víctimas letales atribuidas a la represión estatal ha superado los 3.400 muertos durante las protestas. Estas cifras han promovido una presión internacional sobre el régimen iraní para moderar su actuación ante manifestaciones ciudadanas y respetar los derechos fundamentales de los participantes.

Las manifestaciones en Irán surgieron en respuesta a reclamos sociales y han tenido por objetivo denunciar las restricciones civiles y violaciones persistentes de los derechos humanos. La muerte del ciudadano canadiense se suma al registro de víctimas internacionales que han perdido la vida en el contexto de la crisis social iraní.

La respuesta de la comunidad internacional, encabezada en este caso por Canadá, se ha manifestado a través de pronunciamientos oficiales y exigencias dirigidas a las autoridades iraníes para garantizar la seguridad y la integridad de la población, así como de ciudadanos extranjeros que residían o viajaban por ese país en el momento de la represión. Según publicó Europa Press, Ottawa ha puesto especial interés en brindar asistencia consular a las víctimas y coordinar las acciones diplomáticas necesarias para salvaguardar a sus ciudadanos en el extranjero.

La organización Human Rights Activists (HRA), con sede en Estados Unidos, reportó la detención de más de 16.700 personas y la muerte de al menos 1.850 individuos, incluidos nueve menores de edad, durante las protestas antigubernamentales que han sacudido a Irán desde finales de diciembre de 2025. Además, este grupo defensor de derechos humanos ha alertado sobre una intensificación de la represión atribuida a las fuerzas de seguridad iraníes. En este contexto, la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con base en Noruega, elevó la cifra de fallecidos a más de 3.400, destacando la gravedad de la situación y el número de víctimas mortales y heridas a raíz de la respuesta estatal.

De acuerdo con el recuento realizado por IHRNGO y publicado por la organización este miércoles, al menos 3.428 personas han muerto en un total de 15 provincias desde que comenzaron las manifestaciones en el país. Estas protestas surgieron por el descontento ante las condiciones económicas y han estado acompañadas en los últimos días por la imposición de restricciones nacionales al acceso a Internet, lo que ha dificultado la recopilación de información y la verificación de los hechos sobre el terreno, detalló la ONG.

Según informó IHRNGO, la cifra de fallecidos solo contempla aquellos casos que han sido corroborados de manera directa por la propia organización, a través de dos fuentes independientes y con respaldo de documentación hospitalaria y registros funerarios. IHRNGO explicó que la mayoría de las víctimas mortales eran personas menores de 30 años, y entre ellas se encuentran al menos 15 menores de edad, si bien la organización aún intenta confirmar la edad específica de todas las víctimas.

Tal como publicó la organización, las protestas y la posterior represión estatal han provocado, además de las muertes, "miles" de heridos que también estarían siendo verificados mediante registros disponibles, pese a las limitaciones impuestas por el apagón nacional de Internet. Estas restricciones a las comunicaciones han significado obstáculos para el monitoreo de la situación y para el acceso de las familias a información sobre sus allegados detenidos o fallecidos.

Según consignó el medio IHRNGO, la escalada en el uso de la fuerza se ha dado mientras las autoridades iraníes atribuyen la responsabilidad de la conflictividad interna a influencias extranjeras. El gobierno de Teherán acusó a Estados Unidos e Israel de instigar y apoyar los disturbios, y sostuvo que las manifestaciones derivaron en hechos violentos, lo que describió como parte de un posible pretexto para una intervención militar estadounidense liderada por el presidente Donald Trump en suelo iraní.

La organización Human Rights Activists (HRA) precisó además que entre las personas detenidas se encuentran manifestantes, defensores de derechos humanos y, en menor medida, niños y adolescentes. El informe de HRA apunta a un patrón de arrestos masivos, en diferentes regiones del país, llevado a cabo de manera sistemática desde el inicio de las protestas, y subraya la preocupación por los informes sobre supuestos malos tratos a los detenidos.

El contexto de las manifestaciones en Irán ha estado marcado por el deterioro económico y la insatisfacción ciudadana con las condiciones de vida, señalaron tanto HRA como IHRNGO. Estas circunstancias generaron un aumento notable en la participación de jóvenes en las movilizaciones, lo que, según los datos recogidos por las ONG, explicaría la alta proporción de víctimas menores de 30 años y la presencia de adolescentes entre los fallecidos.

Según la información proporcionada por IHRNGO y reproducida por otros medios, la documentación de cada víctima incluye pruebas médicas y actas de defunción, e intenta establecer las circunstancias exactas del fallecimiento. En esta labor, las organizaciones enfrentan obstáculos notables por la restricción de información impuesta por las autoridades iraníes y por el corte de las vías de comunicación digital, lo que dificulta e incluso impide en algunos casos la confirmación independiente de los datos reportados.

Human Rights Activists (HRA) destacó que el número real de personas fallecidas podría ser mayor, dado que las cifras divulgadas solo incluyen casos documentados y verificados, sin considerar posibles víctimas fatales que no han podido ser identificadas o reportadas oficialmente debido a las restricciones en el país. Por su parte, Iran Human Rights recuerda que mantiene activos canales de denuncia y verificación, a través de los cuales continúa recabando testimonios y evidencia adicional sobre la represión en curso.

Ambas organizaciones coincidieron en que el panorama en Irán permanece marcado por el silencio oficial respecto de la magnitud de la represión y las consecuencias humanas de los operativos de seguridad. Tanto HRA como IHRNGO señalaron que las denuncias de abuso, la dinámica de detenciones masivas y el uso letal de la fuerza siguen generando preocupación entre los observadores internacionales y familiares de las víctimas, mientras los organismos continúan el seguimiento de la situación.

El movimiento Sumar ha solicitado la creación de una comisión investigadora internacional para esclarecer las acciones represivas desplegadas en Irán frente a las manifestaciones masivas ocurridas en enero, respaldando la demanda emitida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en esta materia. Además, la agrupación ha advertido sobre el riesgo de que la crisis interna iraní se utilice como pretexto para intervenciones de otros Estados, en referencia a países como Estados Unidos e Israel. Según informó el movimiento liderado por Yolanda Díaz mediante un comunicado, la situación en territorio iraní requiere atención urgente por la gravedad de las violaciones de derechos humanos que se han denunciado.

De acuerdo con el comunicado difundido por Sumar, citado por el medio de referencia, diversas organizaciones no gubernamentales estiman que el número de personas fallecidas supera el millar, atribuyendo la responsabilidad al accionar del régimen frente a los manifestantes. El texto recoge que tanto Volker Turk, Alto Representante para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, como el secretario general António Guterres, han hecho pública su “grave preocupación por estas muertes”, y se han sumado al reclamo de una investigación imparcial sobre los hechos, así como a la condena de los actos de represión ejercidos por fuerzas policiales y milicias estatales.

El movimiento Sumar sostuvo, según publicó el medio, que las acciones estatales, incluyendo el uso de armas de fuego y el despliegue de francotiradores, constituyen una violación grave a los derechos humanos, y subraya que no existe justificación para la represión ejercida por el gobierno iraní. A través de su declaración, la agrupación impulsada por Yolanda Díaz denunció la intensificación de la violencia en el país y solicitó, además de la inmediata apertura de pesquisas independientes, la liberación de todos los presos políticos y la cancelación de cualquier sentencia de pena de muerte existente en Irán.

El comunicado de Sumar destaca también que estas medidas represivas se han producido en respuesta a una ola de protestas ciudadanas que han tenido lugar desde principios de enero, caracterizándose por una amplia participación pública y la manifestación de rechazo a diversas políticas del régimen de los ayatolás. La formación política subrayó que diversas ONG han recopilado testimonios y datos que dan cuenta del impacto mortal de la actuación oficial, lo que motivó el llamado de atención de los organismos internacionales.

Tal como detalló el movimiento a través de su nota, la insistencia en exigir la puesta en libertad de las personas detenidas por ejercer derechos fundamentales forma parte de la defensa de garantías mínimas que Sumar pide para el conjunto de la población iraní. Además, la agrupación expresó su rechazo a la utilización de la coyuntura interna iraní como argumento para injerencias extranjeras, mencionando de manera implícita a potencias como Estados Unidos e Israel, y recalcó su oposición a cualquier agresión procedente de terceros países.

La declaración de Sumar se enmarca en el contexto de las declaraciones de los principales responsables de Naciones Unidas, quienes han alertado sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad y han exhortado a las autoridades iraníes a respetar los derechos humanos y a permitir investigaciones objetivas. Según consignó el movimiento, la situación en Irán requiere el acompañamiento de la comunidad internacional y el fortalecimiento de mecanismos de vigilancia para evitar nuevos episodios de represión.

Durante el desarrollo de las protestas, organizaciones y observadores internacionales han subrayado la importancia de preservar la integridad física y la libertad de quienes participan en las movilizaciones, mientras grupos defensores de derechos humanos han insistido en la prohibición absoluta de la pena de muerte por motivos políticos. A este respecto, Sumar pidió una suspensión inmediata de todas las condenas capitales y reiteró la urgencia de que su cumplimiento quede sin efecto, enfatizando la incompatibilidad de estas penas con el respeto a los derechos reconocidos internacionalmente.

A lo largo de su pronunciamiento, el movimiento puso énfasis en el papel de la presión internacional para frenar la escalada de violencia institucional en Irán e insistió en que la comunidad global mantenga la vigilancia sobre la evolución de los acontecimientos. El movimiento Sumar manifestó su intención de apoyar los esfuerzos promovidos desde Naciones Unidas y reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía iraní, al tiempo que repudió cualquier intento de manipulación de la crisis con fines geopolíticos o militares por parte de otras potencias.

El texto difundido por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) incluyó una acusación dirigida tanto a Estados Unidos como a Israel, señalando que las amenazas de bombardeo propuestas por estos países agravan la tensión en la región y elevan el riesgo de una escalada militar, lo que podría acarrear consecuencias graves para la población civil y la estabilidad regional. La formación exigió que la Unión Europea solicite a ambas naciones contención para evitar que la situación se deteriore y afecte directamente a los habitantes y a la paz en el entorno próximo. Con este llamamiento, los republicanos subrayaron la urgencia de actuar frente a la represión del Estado iraní y presentaron como prioridad la promoción de acciones diplomáticas y la imposición de sanciones a los responsables de violaciones de derechos humanos, según informó el propio comunicado divulgado el miércoles y recogido por distintos medios.

De acuerdo con lo publicado, ERC condenó la represión ejercida por el gobierno iraní contra las protestas pacíficas, protagonizadas por la ciudadanía iraní en demanda de mejores condiciones de vida, respeto a derechos fundamentales y acceso a libertades democráticas. El medio citó que los republicanos solicitaron explícitamente a la Unión Europea que asuma una postura activa en la promoción de mecanismos de diálogo y sanciones específicas dirigidas a las personas y entidades vinculadas a las violaciones documentadas.

El comunicado mencionó por parte de ERC la necesidad de mostrar respaldo a la oposición iraní que opta por procesos democráticos y pacíficos, orientados al término del régimen teocrático imperante. La organización manifestó solidaridad con la población civil, fundamentalmente con quienes han padecido la represión sufrida durante las protestas organizadas para expresar desacuerdo o solicitar mejoras ante las políticas oficiales. Según reportó el comunicado, ERC reclamó que cualquier intervención o respuesta internacional se fundamente exclusivamente en la diplomacia, el diálogo y convenios multilaterales, descartando el uso de la fuerza o la violencia armada.

El documento enfatizó que únicamente la vía diplomática ofrece una salida viable y pacífica al conflicto existente en Irán, eludiendo actuaciones que pudiesen provocar mayores daños a la población y a la estabilidad de todo el entorno regional, tal como señaló el propio texto divulgado por los republicanos. En este sentido, la formación requería a la UE un papel más activo y coordinado, planteando la aplicación de sanciones contra los individuos identificados como responsables directos de vulneraciones a los derechos humanos registrados durante las protestas y disturbios recientes.

Además, ERC expresó que la contribución de potencias extranjeras a la inestabilidad en la región se ve incrementada por las amenazas de ataques y la retórica bélica, lo que, de acuerdo a los republicanos, alimenta un clima de tensión y multiplica la posibilidad de un conflicto militar abierto, con repercusiones tanto para la ciudadanía iraní como para el equilibrio geopolítico en el entorno más amplio. La formación política argumentó que solo una estrategia internacional centrada en el consenso, la negociación diplomática y el respeto a los acuerdos multilaterales puede ofrecer perspectivas de resolución y protección efectiva de derechos humanos, según reiteraron en el texto difundido a medios de comunicación.

La posición de ERC incluyó un reconocimiento abierto a quienes dentro de Irán buscan un cambio estructural a través de medios pacíficos y democráticos. Asimismo, la formación reafirmó la importancia de una movilización internacional basada, no en la confrontación militar, sino en la presión diplomática y mecanismos de sanción diseñados para fomentar el cumplimiento de normativas internacionales en materia de derechos humanos.

El comunicado divulgado por ERC, según consignaron los medios, mantuvo la petición de que tanto la Unión Europea como otros actores globales eviten contribuir a un incremento de la violencia, insistiendo en la necesidad de optar por vías de actuación fundamentadas en el diálogo y la diplomacia en todos los niveles involucrados en el conflicto, ya sea como afectados directos o como actores con influencia relevante en la escena internacional.

El último balance difundido por la ONG HRANA ha identificado al menos 500 muertes ligadas a las manifestaciones en Irán, incluidas 483 personas que participaban en las protestas, así como ocho menores de edad, cinco civiles ajenos a las movilizaciones y 47 integrantes de las fuerzas de seguridad. Entre las víctimas también se encuentra un fiscal. Al mismo tiempo, HRANA estimó en 10.681 el número de detenidos que permanecen encarcelados tras haber sido arrestados en el contexto de las protestas. Estos datos se presentan mientras la suspensión del servicio de Internet desde hace tres días dificulta la verificación y recolección de más información sobre la situación actual en el país. Según publicó Europa Press, la represión de las autoridades iraníes ha sido respondida con críticas internacionales, incluyendo declaraciones de figuras de alto perfil.

De acuerdo con Europa Press, Mark Rutte, secretario general de la OTAN, expresó que la Alianza Atlántica permanece “pendiente día a día” de la crisis en Irán. Rutte realizó estas declaraciones durante un foro celebrado en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, convocado por el grupo de los liberales Renew Europe. En su intervención, el secretario general condenó el uso de la fuerza contra civiles que desarrollan protestas, calificando las acciones del Gobierno iraní como episodios de “violencia masiva” ejercida contra su propia población.

La reacción internacional se enmarca en una ola de movilizaciones que emergieron hace alrededor de dos semanas en las principales ciudades de Irán. Según detalló Europa Press, la razón principal detrás de las protestas radica en la crisis económica que atraviesa el país y en el empeoramiento de las condiciones de vida para una gran parte de la sociedad iraní. Rutte subrayó la importancia de no reducir el concepto de democracia a la mera existencia de parlamentos. “La democracia no se limita únicamente a la existencia de parlamentos, sino que también son los medios de comunicación libres y el derecho a protestar y a expresar las propias opiniones”, afirmó el secretario general de la OTAN, tal como citó Europa Press.

En cuanto al manejo de la crisis, Rutte aseguró que los aliados de la OTAN están evaluando la situación de forma permanente y mantienen comunicación constante para analizar la evolución de los acontecimientos en Irán. “Lo que está ocurriendo en Irán es repulsivo. Puedo asegurarles que los aliados de la OTAN están gestionando esta crisis día tras día y en contacto constante al respecto. Pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que deseamos lo mejor”, sostuvo Rutte, según recogió Europa Press.

El medio también reportó las dificultades presentadas por la interrupción del acceso a Internet en amplias zonas del país, una medida adoptada presuntamente por las autoridades iraníes para limitar la transmisión de imágenes y la difusión de información sobre los eventos en curso. HRANA advirtió sobre el impacto de esta decisión en la obtención de cifras precisas y actualizadas relacionadas con la represión y el alcance de la violencia.

En tanto, los informes sobre víctimas y arrestos continúan generando preocupación en organismos defensores de derechos humanos, que denuncian la represión de las libertades fundamentales y el uso desproporcionado de la fuerza. Europa Press detalló que las cifras de HRANA incluyen una diversidad de perfiles entre las víctimas, lo que ilustra la magnitud del impacto de la represión sobre distintos sectores de la sociedad iraní.

Durante el foro del Parlamento Europeo donde se presentó la postura de la OTAN, se debatió también la relevancia de defender valores fundamentales, como el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión, en contextos donde la integridad física y la vida de los manifestantes se ven amenazadas. Rutte citó estas garantías como ejes centrales de la vida democrática y enfatizó la responsabilidad de la comunidad internacional en el monitoreo y condena de prácticas represivas.

A medida que la crisis en Irán evoluciona, el seguimiento de la situación desde organismos internacionales y medios, así como la denuncia de actores como la OTAN, sigue centrando la atención en las consecuencias de la respuesta gubernamental frente al descontento popular. Europa Press señaló que los países aliados continúan revisando acciones y estrategias ante posibles escenarios derivados del contexto iraní.

Las interrupciones en el acceso a internet y las restricciones en las comunicaciones dificultan el seguimiento de la magnitud real de la represión en Irán, según advierte la organización Human Rights Activists (HRA), que sostiene que los datos conocidos podrían estar subestimados. La ONG, con sede en Estados Unidos, ofreció este martes un nuevo balance de víctimas, indicando que 1.850 personas, entre ellas nueve menores de edad, han perdido la vida durante la represión de las recientes protestas antigubernamentales en el país. Además, según detalló HRA, las fuerzas de seguridad han arrestado a más de 16.700 manifestantes, en un contexto de denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades iraníes.

Tal como consigna HRA en un comunicado recogido por la prensa internacional, continúan las investigaciones sobre otras 770 muertes vinculadas a la represión. La organización subrayó que estas cifras podrían incrementarse, ya que los bloqueos constantes impuestos por las autoridades dificultan la recopilación de información y la verificación independiente de los hechos. HRA destacó que el incremento acelerado de víctimas y detenidos resulta especialmente preocupante en el contexto de los recientes acontecimientos en las calles iraníes.

La ONG detalló las tácticas empleadas por las fuerzas de seguridad, entre ellas el uso de armamento de tipo militar, armas de perdigón y escopetas, así como tiroteos a corta distancia contra quienes participan en las manifestaciones. El comunicado de HRA sostiene que estos métodos constituyen una violación del derecho a la vida, tal como lo establece el Derecho Internacional. "Todas las denuncias creíbles de ejecuciones ilegales y otros usos excesivos o arbitrarios de la fuerza requieren una investigación rápida, independiente y efectiva, y los responsables deben rendir cuentas", indica la organización.

El grupo Human Rights Activists denunció que este tipo de represión viola derechos fundamentales y demandó transparencia y responsabilidad respecto a las acciones de las fuerzas policiales y militares contra la población civil. Según publicó HRA, el último registro situaba el número de fallecidos en 646, pero las cifras actuales reflejan un incremento considerable en el número de víctimas mortales en el contexto de las protestas.

Por otro lado, Iran Human Rights (IHRNGO), una ONG con sede en Noruega, proporcionó cifras alternativas respecto al número de muertos. Según este grupo, hasta este martes se habían registrado al menos 734 fallecimientos vinculados a la represión de las protestas, cifra que apenas el día anterior era de 648, según detalló la propia organización. Este contraste en los datos expone la dificultad de establecer un registro único, dadas las condiciones de opacidad vigentes y las trabas que enfrentan las entidades de derechos humanos para consolidar la información.

HRA hizo hincapié en la necesidad de una investigación independiente sobre cada denuncia de uso excesivo o arbitrario de la fuerza, subrayando la obligación de que los responsables rindan cuentas ante la justicia. La organización alertó sobre el peligro que representa la escalada en la violencia estatal y el uso de tácticas calificadas como letales, así como la utilización de bloqueos comunicacionales para obstaculizar la transmisión de pruebas y testimonios.

La variación entre los reportes de víctimas que presentan distintas ONG refleja la dificultad intrínseca para acceder a fuentes confiables y recabar datos en medio de restricciones. Human Rights Activists, por su parte, recalca que el número real podría ser mucho más alto, ya que trabajar bajo condiciones de represión, con cortes continuos de internet, impide elaborar balances precisos y tempestivos. Según consignó la ONG, el miedo a represalias y la vigilancia estatal limitan la participación ciudadana en la denuncia y documentación de estos acontecimientos.

Además de las muertes y los arrestos, la organización denunció posibles ejecuciones ilegales y prácticas que, según su análisis, contravienen normas internacionales sobre el uso de la fuerza. HRA subrayó en su declaración la necesidad de que la comunidad internacional supervise la situación y que quienes hayan incurrido en violaciones a los derechos humanos se enfrenten a procesos legales adecuados.

Diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos insisten en que el contexto de represión en Irán se ha intensificado en los últimos meses, llevando a un aumento notable de víctimas y personas detenidas por motivos políticos. Los bloqueos de internet, mencionados reiteradamente en los comunicados, actúan como una barrera para la denuncia, el acceso a información fiable y la visibilidad internacional de los incidentes.

Las protestas en Irán han generado reacciones de alarma entre entidades internacionales, que demandan garantías para el ejercicio del derecho a la libre manifestación y el respeto a la integridad física de los manifestantes. Según Human Rights Activists, la gravedad de las denuncias señaladas requiere la adopción de medidas urgentes para detener el ciclo de violencia y asegurar procesos efectivos de rendición de cuentas.

En el marco de estos hechos, las cifras manejadas por distintas ONG ofrecen una aproximación a la dimensión del conflicto en el país, aunque la cifra real podría continuar aumentando ante las limitaciones para recabar datos verificables. Human Rights Activists reiteró su llamado a la comunidad internacional y a los órganos de justicia a priorizar la protección de los derechos humanos en Irán y a fortalecer los mecanismos de documentación, investigación y sanción ante posibles abusos.

El Parlamento Europeo endureció las medidas contra Irán este martes, después de que su presidenta, Roberta Metsola, anunciara la prohibición inmediata de la entrada de diplomáticos iraníes, representantes y personal perteneciente a misiones oficiales del régimen en las instalaciones de la Eurocámara. Según informó Europa Press, Metsola comunicó a los eurodiputados que esta decisión tenía como objetivo evitar conferir legitimidad a un sistema político iraní que, según sus palabras, "se ha mantenido mediante la tortura, la represión y el asesinato".

La presidenta del Parlamento Europeo enfatizó que la institución impulsa la adopción de sanciones más severas contra las figuras responsables de la represión en Irán, tal como publicó Europa Press. Entre las medidas planteadas figura la posible designación final del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, una propuesta que ya había sido presentada formalmente por el Parlamento Europeo en una resolución de abril de 2024. En esa ocasión, el pleno expresó una honda preocupación tras los ataques coordinados con alrededor de 300 drones y misiles dirigidos contra Israel y pidió a los Veintisiete que tomen medidas similares respecto a Hezbolá, proponiendo que ambas organizaciones sean incluidas “en su totalidad” en la lista europea de grupos terroristas.

Metsola se refirió además a las imágenes difundidas sobre la represión en territorio iraní. De acuerdo con datos de la organización no gubernamental HRANA, más de 500 personas habrían perdido la vida debido a la violencia ejercida por el régimen frente a manifestaciones ciudadanas. En sus publicaciones en redes sociales, Metsola apuntó que estos hechos revelan la persistencia de métodos represivos en el país y argumentó que ya no resultan efectivos para acallar el clamor social. “Europa no mirará a otro lado”, sentenció, insistiendo en que la comunidad internacional percibe y respalda las demandas de libertad de quienes protestan en Irán.

Asimismo, la presidenta del Parlamento Europeo hizo alusión a episodios históricos de resistencia y transformación política. Citó el colapso del Muro de Berlín y la independencia de Lituania como ejemplos de logros alcanzados por movimientos ciudadanos aparentemente superados por el poder institucional. Metsola instó a los manifestantes iraníes a perseverar, transmitiéndoles que “el anhelo de libertad puede vencer obstáculos aparentemente imposibles”, expuso Europa Press.

Además de exigir la inclusión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista de organizaciones terroristas, la Eurocámara reclamó a la Unión Europea aplicar sanciones más amplias no solo contra los responsables directos de la represión, sino también frente a la red de milicias vinculadas a Teherán. Tal como detalla Europa Press, la petición abarca restricciones dirigidas a frenar la producción y el suministro de drones, señalados por favorecer la inestabilidad regional.

La postura de la presidenta Metsola estuvo acompañada por un mensaje de solidaridad hacia la población iraní, a la que definió como “valiente” ante la represión. Desde su perspectiva, la autoridad iraní demuestra temor hacia la movilización popular, pues considera que “las herramientas de represión en las que confían para su autoconservación ya no son capaces de silenciar los gritos de libertad que el mundo escucha”.

Por su parte, frente a la resolución adoptada por el Parlamento Europeo, la Misión de Irán ante la Unión Europea respondió este miércoles a través de redes sociales. El embajador Ali Robatjazi reiteró que, independientemente de la “decisión personal” de Metsola, la delegación iraní mantiene “la puerta abierta a un diálogo e interacción constructivos” con los eurodiputados interesados, dentro de un marco de respeto mutuo. Tal como recogió Europa Press, esta posición fue difundida luego de la entrada en vigor del veto a cualquier representante oficial iraní en las instalaciones parlamentarias de la Unión.

Las medidas más estrictas discutidas en la Eurocámara fueron motivadas tanto por la situación interna de represión en Irán como por las acciones exteriores del régimen y sus aliados. La resolución parlamentaria de abril ya había expresado la necesidad de respuestas contundentes ante los ataques militares realizados con drones y misiles, subrayando la influencia de la Guardia Revolucionaria y las milicias asociadas en la desestabilización de la región.

En paralelo, el Parlamento Europeo solicitó incrementar la presión diplomática y económica frente al régimen iraní, extendiéndola incluso a la interrupción de relaciones habituales con aquellos sectores considerados responsables de los actos represivos y de violencia. Europa Press reportó que estas acciones se concretaron con la prohibición del acceso a sedes parlamentarias a cualquier funcionario del gobierno iraní, empeorando la relación diplomática entre las partes.

Finalmente, Metsola transmitió que el Parlamento Europeo pretende seguir impulsando esfuerzos y sanciones acorde con la evolución de la situación en Irán, con el foco puesto en la protección de los derechos fundamentales, y reiteró la determinación de la Unión Europea a no mantenerse al margen frente a la represión y las violaciones que, según la presidenta de la institución, continúan registrándose en el país.

Según informó la agencia EFE, Trump expuso públicamente que “la ayuda está en camino”, al mismo tiempo que comunicaba el cese de todas las reuniones con los representantes del régimen iraní como respuesta al número creciente de muertes y detenciones producidas en el marco de las movilizaciones. En su declaración, el presidente estadounidense solicitó a lo que llamó “patriotas iraníes” que continúen protestando y que tomen control de las instituciones del país.

La decisión de cancelar el diálogo diplomático se conoció después de que el medio Axios detallara que durante el fin de semana, el canciller iraní Abbas Araqchi mantuvo un contacto con Steve Witkoff, el enviado especial de Trump para Medio Oriente y Ucrania, con el aparente objetivo de buscar una vía para disminuir las tensiones entre ambos gobiernos. No obstante, la posible apertura de un canal de entendimiento fue bloqueada luego de que Trump expresó públicamente una amenaza de represalias militares en caso de que continuara la represión de manifestantes en Irán.

De acuerdo con lo publicado por EFE, la administración estadounidense endureció las presiones económicas sobre Teherán mediante el anuncio de un nuevo arancel del 25 % a cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Irán. Esta iniciativa forma parte de la estrategia de presión sostenida del Gobierno estadounidense hacia las autoridades iraníes, en un contexto marcado por la violencia durante las manifestaciones.

EFE consignó también que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, comunicó que el Ejecutivo estadounidense no descarta la adopción de medidas militares contra Irán. Este escenario de confrontación se da en paralelo a la publicación de cifras sobre víctimas de la represión registradas por distintas organizaciones de derechos humanos y grupos de oposición. Según la Human Rights Activists News Agency (HRANA), entidad con sede en Estados Unidos, al menos 544 personas han fallecido durante las protestas en Irán. La Organización Iraní de Derechos Humanos reportó un total de 648 manifestantes muertos, entre los cuales se encuentran nueve menores de edad.

Las manifestaciones que originaron esta crisis han contado con gran participación ciudadana y, como reportó EFE, han derivado en un número significativo de víctimas y detenciones. Los organismos internacionales y los movimientos de oposición han intensificado el seguimiento y la denuncia de posibles vulneraciones a los derechos fundamentales por parte de las fuerzas oficiales iraníes a raíz de estos acontecimientos.

El anuncio del presidente Trump concluyó con la consigna “MIGA” (siglas de “Make Iran Great Again” o “Hacer grande a Irán de nuevo”), una modificación de la frase utilizada habitualmente en sus campañas políticas referidas a Estados Unidos. EFE destacó el posicionamiento del Gobierno estadounidense frente a la situación interna iraní, combinado con advertencias explícitas de sanciones económicas y la no exclusión de acciones militares como respuesta a los enfrentamientos y el tratamiento de las protestas en territorio iraní.

Informes de organizaciones no gubernamentales han registrado un saldo de al menos 500 muertos y miles de detenidos en Irán desde que comenzaron las recientes manifestaciones, mientras la suspensión de Internet en el país obstaculiza la verificación de datos y la comunicación. En este contexto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se pronunció sobre la vigilancia que mantiene la Alianza Atlántica respecto a la situación en Irán, distinguiendo la gravedad de la represión que ejecutan las autoridades iraníes contra su población.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Mark Rutte afirmó en un foro celebrado en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, organizado por el grupo Renew Europe, que los países miembros de la Alianza Atlántica continúan siguiendo "día a día" la crisis iraní y mantienen contacto constante sobre los acontecimientos. Durante su intervención, Rutte señaló que “lo que está ocurriendo en Irán es repulsivo” y explicó que la gestión de la situación permanece en la agenda diaria de los aliados, subrayando el deseo común de alcanzar mejores días para la ciudadanía iraní.

Según detalló Europa Press, las protestas en Irán estallaron hace aproximadamente dos semanas en medio de un deterioro de las condiciones económicas y una crisis social que afecta especialmente a las principales ciudades del país. La reacción de las autoridades, según la cobertura del medio, ha consistido en una serie de acciones represivas que contemplan el uso de la fuerza contra la población civil. Rutte enfatizó que la democracia no puede entenderse solo como la existencia de parlamentos, sino que implica contar con medios de comunicación libres y el derecho a la protesta y libre expresión.

Europa Press reseñó que Rutte denunció el uso de violencia masiva por parte del gobierno iraní y se refirió a diversos informes que documentan la muerte de manifestantes debido a la represión oficial. El secretario general de la OTAN expuso que las restricciones impuestas por las autoridades iraníes, como la interrupción del servicio de Internet, dificultan el acceso a información en tiempo real y complican la labor de verificación de los hechos para las organizaciones que monitorean la situación.

La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, reportó que entre las víctimas fatales identificadas se incluyen 47 miembros de las fuerzas de seguridad, un fiscal, 483 manifestantes, ocho menores de edad y cinco civiles ajenos a las protestas. Además, HRANA cifra en 10.681 las personas que han sido encarceladas en el marco de la represión, según recogió Europa Press. La ONG también alertó sobre el desafío adicional que supone el corte de Internet en el país, lo que limita la obtención de información y dificulta la corroboración de los hechos reportados por testigos y activistas.

El medio Europa Press contextualizó que los episodios de violencia registrados han suscitado preocupación internacional, en particular de parte de organismos y líderes occidentales. Mark Rutte reiteró el compromiso de la OTAN de observar de cerca los desarrollos en Irán, así como la importancia de proteger los valores democráticos y los derechos fundamentales, incluidos el derecho a la protesta y la libertad de expresión. Además, durante el evento en Bruselas, el secretario general vinculó la defensa de la democracia con la protección de la prensa libre y el respeto a los derechos de la sociedad civil para manifestar sus demandas.

Las protestas iniciadas en respuesta al agravamiento de las condiciones de vida y la inflación han generado una cadena de movilizaciones que se han expandido en varias regiones del país. El gobierno iraní ha respondido con acciones policiales y militares, detalla Europa Press, que han resultado en miles de arrestos y un saldo de muertes documentado por entidades de derechos humanos. De acuerdo a la lectura de la situación hecha por Rutte, la represión registrada excede las respuestas habituales a manifestaciones y refleja un patrón de violencia estatal con graves consecuencias para la población.

La intervención de Rutte y el seguimiento diario que revela la OTAN ilustran la atención internacional sobre la evolución de la crisis iraní. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos continúan documentando la magnitud de la represión y la cantidad de víctimas, a pesar de las complicaciones generadas por el bloqueo informativo impuesto desde las autoridades. Europa Press recalcó que la comunidad internacional sigue a la espera de mayores avances, tanto en la protección de los derechos civiles como en la resolución de los factores que provocaron el actual estallido social en Irán.

El embajador iraní en España, Reza Zabib, transmitió a las autoridades españolas que las manifestaciones recientes en Irán han sido objeto de una instrumentalización por parte de grupos que, según señaló, buscan provocar violencia y desestabilización en el país. Este funcionario diplomático explicó que, aunque el Gobierno iraní reconoce y respeta el derecho a la protesta pacífica y a la libertad de expresión, existen preocupaciones oficiales sobre la presencia y las acciones de sectores a los que calificó como terroristas, quienes estarían aprovechando estos eventos para incitar disturbios y actos violentos. Así lo comunicó la Embajada de Irán a través de un comunicado distribuido tras la reunión.

Según consignó la agencia Europa Press, la convocatoria del diplomático se produjo después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores español decidiera expresar formalmente su rechazo a la represión ejercida durante las manifestaciones en Irán y la práctica de detenciones arbitrarias en ese contexto. El ministro José Manuel Albares había anunciado en una entrevista matutina concedida a Catalunya Radio que el embajador de Irán sería convocado ese día, aunque hasta el momento no se ha confirmado quién exactamente recibió a Zabib en la sede ministerial. De acuerdo con los procedimientos habituales, es frecuente que estos encuentros sean encabezados no por el titular de la cartera, sino por un alto cargo o el segundo en el escalafón del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La Embajada iraní se limitó a decir que Reza Zabib fue recibido por “una autoridad competente”, sin ofrecer detalles sobre la identidad de la persona designada por el Gobierno español para transmitir el mensaje de repulsa. Durante la cita, el representante iraní expuso que altos niveles del Ejecutivo de Teherán han reiterado en distintas ocasiones, especialmente en las dos últimas semanas, su reconocimiento al derecho de los ciudadanos a manifestarse y expresarse libremente.

No obstante, el embajador subrayó que ciertos incidentes ocurridos entre los días 8 y 10 de enero, que incluyeron episodios de violencia de considerable gravedad, estarían vinculados a la intervención de lo que el Gobierno iraní identifica como grupos terroristas. Según el comunicado oficial, estos actores habrían actuado indebidamente, aprovechando la movilización civil para perseguir fines que calificó como destructivos y desestabilizadores, una argumentación alineada con la postura mantenida de forma reiterada por las autoridades de Teherán, detalló Europa Press.

Zabib afirmó que el Ejecutivo iraní aplica el principio de no tolerar la violencia ni la destrucción de bienes públicos, al tiempo que, según sus palabras, procura crear las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos de libertad de expresión y para salvaguardar la seguridad de la población, práctica que el diplomático consideró común a cualquier Estado.

Por parte de España, el ministro Albares, en su entrevista matinal, reiteró la posición oficial del Gobierno español fundamentalmente en tres puntos: la importancia de respetar el derecho de reunión y de manifestación pacífica en Irán, la garantía de la libertad de expresión y la exigencia de restablecimiento inmediato de las comunicaciones con el exterior, incluido el acceso a internet. “Hay que respetar el derecho de manifestación pacífica de los iraníes y de las iraníes, su libertad de expresión, tiene que restablecerse inmediatamente las comunicaciones con el exterior, incluido internet”, expresó Albares en declaraciones recogidas por Europa Press, insistiendo en que el derecho a la libre comunicación de los ciudadanos constituye también una libertad fundamental. El ministro español enfatizó la necesidad de poner fin a las detenciones arbitrarias en Irán.

A raíz de estos sucesos, el diálogo entre ambas partes se desarrolló en un contexto marcado por la preocupación internacional sobre la situación de las libertades en Irán, especialmente después de que surgieran numerosas denuncias sobre represión de manifestantes y restricciones en el acceso a servicios de comunicación durante las protestas multitudinarias. Europa Press explicó que el intercambio diplomático ha incorporado insistentes reclamos para que Teherán permita el ejercicio de los derechos ciudadanos sin recurrir a métodos represivos contra la población.

En su comunicado, la legación iraní insistió en que el Gobierno ha ofrecido garantías de respeto a los derechos reconocidos internacionalmente, tanto en la manifestación pacífica como en la libertad de expresión, aunque también reafirmó que la seguridad y la protección de infraestructuras públicas se mantienen como prioridades irrenunciables de la administración de Teherán.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la situación se inscribe en un ciclo de protestas de amplia repercusión dentro y fuera de Irán, con continuas manifestaciones de preocupación y exigencia de parte de gobiernos y organizaciones alrededor del mundo. El Gobierno español, en coordinación con otros socios internacionales, mantiene seguimiento sobre los desarrollos políticos y sociales en Irán, insistiendo en el cumplimiento de los derechos fundamentales de la ciudadanía y en la obligación de las autoridades iraníes de limitar el uso de métodos represivos, restituir el acceso libre a internet y depurar responsabilidades por cualquier violación a libertades fundamentales durante las recientes movilizaciones.

De acuerdo con los balances aportados por la organización no gubernamental HRANA, en Irán se han registrado más de 500 muertes y más de 10.000 arrestos durante la represión de protestas, lo que ha generado una respuesta significativa de la Unión Europea. La noticia principal es que este martes los líderes de la UE avanzan hacia la imposición de nuevas sanciones contra Teherán en respuesta al agravamiento de la situación de derechos humanos en el país.

El canciller alemán, Friedrich Merz, comunicó a través de redes sociales la iniciativa europea para fortalecer las medidas económicas dirigidas a Irán, pidiendo a las autoridades iraníes que cesen la represión contra su propia sociedad. Según informó el medio de referencia citado, Merz subrayó que los líderes iraníes deben proteger a la población y no amenazarla, afirmando: “Las violaciones del régimen contra su propia población no es un símbolo de fortaleza sino de debilidad. Debe acabar inmediatamente”.

Tal como publicó la fuente, Merz señaló que la Unión Europea trabaja actualmente en la preparación de un nuevo paquete de sanciones, que busca presionar al gobierno iraní ante las continuas violaciones de derechos humanos y el uso de la fuerza contra las manifestaciones que reclaman mayor apertura y libertades civiles.

El medio detalló que este martes está programada en Bruselas una reunión extraordinaria entre los embajadores de los 27 Estados miembro de la UE, en la que se evaluará la posibilidad de imponer “nuevas sanciones más severas” frente a la crisis humanitaria y política que se vive en Irán. Esta instancia pretende fijar una postura común entre los representantes europeos, sentando las bases de cara al próximo encuentro ministerial.

Según consignó la fuente, la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, manifestó su disposición a proponer nuevas sanciones contra las autoridades iraníes. Kallas expresó: “Estoy dispuesta a proponer sanciones adicionales en respuesta a la brutal represión de los manifestantes”. La funcionaria enfatizó la relevancia de esta primera reunión como etapa previa para la cita que se celebrará el próximo 29 de enero, en la que los ministros de Exteriores de los Estados miembros decidirán de forma unánime la eventual aprobación de medidas sancionadoras.

En respuesta a las reiteradas peticiones internacionales de respeto por los derechos humanos y el cese de la violencia institucional, los líderes europeos estudian endurecer las restricciones económicas, que incluirían limitaciones comerciales y financieras a funcionarios y entidades vinculadas al aparato represivo iraní, en línea con las demandas de protección hacia la ciudadanía. De acuerdo con la información citada por el medio, representantes de la UE continúan debatiendo las especificidades y el alcance de las sanciones, priorizando la reacción coordinada ante lo que describen como un deterioro grave de las garantías fundamentales en Irán.

El proceso de adopción de nuevas restricciones contempla un esquema de deliberación en dos etapas, en el que la reunión de embajadores prepara la discusión formal para que los ministros de Exteriores adopten las decisiones finales, siguiendo los procedimientos regulares y exigiendo el consenso absoluto de los Estados miembro, según publicó el medio.

El endurecimiento de las medidas se produce en un contexto de presión internacional sobre Teherán, en medio de llamados constantes a detener la persecución de activistas, permitir la libertad de circulación de la información y garantizar el derecho a la libre expresión. Según la ONG HRANA, la magnitud de las acciones represivas documentadas ha motivado denuncias de múltiples actores internacionales, incrementando las demandas de acción firme desde organismos multilaterales y gobiernos occidentales.

En el contexto de la política exterior europea, la introducción de un nuevo paquete de sanciones se concibe como una herramienta diplomática que pretende modificar la conducta del gobierno iraní sin recurrir a la intervención militar, según informaron las fuentes recogidas por el medio. Las negociaciones internas reflejan la complejidad de equilibrar la respuesta política con el impacto potencial sobre la población civil y los canales diplomáticos abiertos con Teherán.

Mientras los gobiernos de la UE analizan el alcance y los términos de las eventuales sanciones, el debate en los foros internacionales continúa centrado en la responsabilidad de los Estados para proteger los derechos de sus ciudadanos e impedir el uso excesivo de la fuerza contra los movimientos sociales, informó la fuente consultada.

Durante las recientes semanas, diversas organizaciones no gubernamentales han reportado la muerte de más de 600 personas en el contexto de protestas y disturbios en Irán. Naciones Unidas reiteró su preocupación ante la respuesta de las autoridades iraníes frente a las manifestaciones, enfatizando la gravedad del uso de la fuerza y el impacto en los derechos fundamentales de la ciudadanía. Según informó el medio que cita declaraciones oficiales, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, reclamó una investigación exhaustiva y conforme a los estándares internacionales sobre la represión y los presuntos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.

El medio detalló que la ONU exigió al Gobierno iraní el cese inmediato de la represión y criticó el uso de la acusación de "terrorismo" como justificación para ejercer violencia contra los manifestantes. La organización internacional calificó como "inaceptable" esta práctica por parte de las autoridades iraníes, subrayando que no debe utilizarse el discurso de seguridad para restringir derechos fundamentales ni para perseguir a quienes salen a las calles pacíficamente. Turquía, que encabeza el organismo de derechos humanos de la ONU, insistió en la necesidad de restaurar el acceso a Internet y a los servicios de telecomunicaciones, los cuales han sido interrumpidos en varias zonas del país como parte de las medidas de represión, según consignó la fuente.

En declaraciones recogidas por el medio, Turk indicó que "el asesinato de manifestantes pacíficos debe cesar", y recalcó la importancia de que las autoridades rindan cuentas por violaciones a los derechos humanos. Además, recordó que en 2022 ya se habían producido movilizaciones masivas en Irán con similares demandas de cambios en la gobernanza, a lo que las autoridades respondieron de nuevo con el empleo de la fuerza para frenar las protestas. "Este ciclo de horrible violencia no puede continuar", sentenció, y recalcó que las demandas de igualdad y justicia del pueblo iraní "deben ser escuchadas".

Otro de los puntos subrayados por Naciones Unidas es la inquietud ante declaraciones realizadas públicamente por miembros del aparato judicial iraní, que han sugerido la posibilidad de imponer la pena de muerte en procedimientos sumarios contra manifestantes. La ONU expresó su alarma por el potencial uso de castigos severos y la amenaza de juicios rápidos que podrían vulnerar las garantías procesales mínimas reconocidas internacionalmente. El Alto Comisionado reivindicó el derecho de los iraníes a manifestarse pacíficamente y defendió que sus quejas deben tener respuesta a través del diálogo y la atención institucional, en lugar de ser instrumentalizadas o reprimidas, según publicó el medio citado.

La organización reiteró su llamamiento a las autoridades iraníes para que permitan la libre expresión y reunión, así como el acceso de la ciudadanía a la información. Naciones Unidas vinculó estas demandas con el historial reciente de protestas en el país, donde amplias franjas de la población han solicitado cambios fundamentales en la gestión y acceso a la justicia. El medio relató que las reiteradas restricciones al uso de Internet y las telecomunicaciones se han utilizado como mecanismo para limitar la capacidad de organización y difusión por parte de los movimientos sociales, una práctica que ha sido condenada por organismos internacionales de derechos humanos.

El informe publicado por la ONU enfatizó la necesidad de que cualquier investigación sobre violaciones de derechos humanos se realice bajo parámetros internacionales reconocidos, incluyendo garantías de transparencia, independencia y respeto al debido proceso. De acuerdo con las declaraciones del Alto Comisionado, "los iraníes tienen derecho a manifestarse pacíficamente. Sus quejas deben ser escuchadas y abordadas, no instrumentalizadas por nadie".

En este contexto, la ONU hizo hincapié en que, para evitar una escalada de la represión y el sufrimiento de la población iraní, resulta imprescindible suspender toda medida represiva y garantizar un entorno seguro para el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Al mismo tiempo, la preocupación de Naciones Unidas por la persistencia de un ciclo de violencia y represión estatal se mantuvo como una advertencia a la comunidad internacional, instando a la vigilancia y la cooperación para asegurar el respeto de los derechos fundamentales en Irán.

El canciller alemán Friedrich Merz señaló que los gobiernos occidentales mantienen consultas permanentes sobre la situación en Irán y la posibilidad de facilitar una transición pacífica hacia un sistema político democrático, tras el aumento sostenido de las protestas y la represión por parte de las autoridades iraníes. De acuerdo con la información publicada por HRANA, más de 600 personas han perdido la vida durante las manifestaciones convocadas en rechazo a la crisis económica y el deterioro del nivel de vida en el país, un escenario que, según diversos dirigentes europeos y estadounidenses, podría poner fin al régimen actual en Teherán.

La agencia Europa Press recogió las declaraciones de Merz realizadas desde la ciudad india de Bangalore, donde el mandatario alemán realiza una visita oficial. El canciller afirmó que el Gobierno iraní se sostiene en el poder gracias a la represión y sostuvo que “cuando un régimen solo puede mantenerse en el poder mediante la violencia, entonces está, de hecho, acabado. Supongo que ahora estamos asistiendo a los últimos días y semanas de este régimen”. Analizó, además, que el régimen presidido por los ayatolás carece de legitimidad ante la movilización de la población, que según Merz, “se está levantando ahora contra este régimen”. El funcionario alemán expresó su esperanza de una resolución pacífica del conflicto, instando a las autoridades de Irán a reconocer la necesidad de poner fin a la crisis mediante el diálogo.

Según detalló el medio, el canciller señaló como necesaria la coordinación diplomática entre Alemania, Francia, Estados Unidos y Reino Unido para respaldar un posible proceso de transición en Irán. Estos países mantienen “estrecho contacto” entre sus ministerios de Exteriores con el objetivo de definir alternativas viables que permitan una transformación política sin violencia y con garantías democráticas. Merz manifestó que la situación social en Irán es tema prioritario en la agenda de estas naciones, que buscan evitar una escalada de la represión y la posibilidad de una intervención militar directa.

Mientras tanto, las autoridades iraníes han acusado a estados extranjeros, principalmente a Israel y a Estados Unidos, de fomentar la inestabilidad interna y de interferir en asuntos soberanos. El presidente estadounidense Donald Trump, citado por Europa Press, advirtió que su gobierno podría considerar acciones militares si el régimen iraní no detiene la represión contra los manifestantes. Irán, por su parte, sostiene que las protestas están alentadas desde el exterior para debilitar la estructura política y social nacional.

El incremento de la violencia en las calles iraníes ha generado preocupación en la comunidad internacional. HRANA, organización no gubernamental con sede en Estados Unidos, reportó que la cifra de personas fallecidas en el contexto de las protestas supera las 600. Este balance refleja la magnitud de la crisis que atraviesa el país y la severidad de la respuesta estatal. Organizaciones civiles y diversas autoridades internacionales han exigido el cese inmediato de la violencia y el respeto a los derechos fundamentales de la población.

Los acontecimientos actuales tienen su origen en el agravamiento de la situación económica iraní y en el empeoramiento del nivel de vida de amplios sectores de la sociedad. Según publicó Europa Press, la acumulación de dificultades económicas, la inflación y las restricciones impuestas por el gobierno han motivado la salida masiva de ciudadanos a las calles a exigir cambios. En este contexto, el canciller alemán advirtió que la continuación de la represión solo aumentará el aislamiento del régimen y obstaculizará la posibilidad de una solución ordenada y pacífica.

Las potencias occidentales evalúan sus opciones mientras crecen los llamados para que se establezcan mecanismos de diálogo entre las diferentes partes en conflicto dentro de Irán. Según Europa Press, la expectativa generalizada entre estos gobiernos es que la transformación política pueda producirse sin recurrir a la fuerza, aunque la amenaza de una intervención militar sigue presente en el discurso de algunos actores internacionales. Los diplomáticos europeos y estadounidenses insisten en la importancia de respetar la voluntad de la sociedad iraní y de asegurar que la transición se lleve a cabo bajo garantías democráticas y con pleno respeto a los derechos humanos.

El liderazgo alemán considera que la movilización ciudadana representa un punto de inflexión para el régimen iraní. Según las palabras de Merz recogidas por Europa Press, la obligación de las democracias occidentales es acompañar el proceso y promover que las demandas nacionales se traduzcan en un futuro gobierno legítimo. Mientras continúa la represión en las calles y la cifra de víctimas crece, los gobiernos consultan de forma permanente para determinar medidas de presión política y diplomática, al tiempo que buscan evitar un enfrentamiento militar que podría agravar la crisis en la región.

El seguimiento a la evolución de los acontecimientos en Irán continuará siendo prioritario para los Estados involucrados. Europa Press informó que los contactos diplomáticos se mantienen a todos los niveles y que las discusiones sobre una eventual transición democrática forman parte de la agenda diaria de los responsables de Exteriores de las principales potencias occidentales. Estas naciones reiteran su pedido al régimen iraní para que ponga fin a la violencia y garantice la protección de los derechos fundamentales de su población.

Durante la entrevista concedida a Catalunya Ràdio, José Manuel Albares puso especial énfasis en la situación de las mujeres en Irán, destacando el nivel de dificultad y valentía requerido para que ellas participen en las protestas que atraviesan el país. El ministro afirmó que el Gobierno español mantendrá la atención sobre el respeto a los derechos de las mujeres iraníes en todas las comunicaciones oficiales. La noticia principal gira en torno a la convocatoria del embajador de Irán en España, a quien Albares transmitió personalmente el rechazo inequívoco a la represión de las manifestaciones populares, así como la exigencia del respeto a las libertades fundamentales, la liberación de los detenidos arbitrariamente y la restauración plena del acceso a internet para la población.

De acuerdo con el medio Europa Press, el responsable de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación utilizó su intervención para recordar que el derecho de comunicación libre constituye un derecho fundamental de los ciudadanos. Albares articuló un mensaje firme respecto al respeto debido a la libertad de expresión y la garantía de las protestas pacíficas, subrayando: “Hay que respetar el derecho de manifestación pacífica de los iraníes y de las iraníes, su libertad de expresión, tiene que restablecerse inmediatamente las comunicaciones con el exterior, incluido internet, y vamos a recordarle que el derecho de comunicación libre de los ciudadanos es también un derecho fundamental.” Según consigna Europa Press, este mensaje fue trasladado directamente al embajador iraní durante la reunión mantenida este martes.

El Gobierno español expresó, además, su preocupación específica ante los informes sobre detenciones arbitrarias relacionadas con las manifestaciones en territorio iraní. El ministro aseguró que solicitarían el fin inmediato de estas prácticas y enfatizó la importancia de un escrutinio particular sobre la situación de las mujeres en Irán, subrayando de nuevo que la defensa de los derechos humanos, en todas sus expresiones, resulta prioritaria para la diplomacia española.

El funcionario abordó también cuestiones de política internacional relativas a la evolución del escenario global. Preguntado sobre su percepción frente al auge de posiciones autoritarias en algunos gobiernos del mundo, Albares reconoció la preocupación del ejecutivo español. El titular de Exteriores advirtió que se está viviendo una transformación del orden mundial, dejando atrás los principios establecidos en la Carta de Naciones Unidas para adentrarse, según sus palabras, en una dinámica regida por el poder de los más fuertes. Albares lamentó que, desde algunos ámbitos, se intente substituir el derecho internacional por lo que denominó “la ley de la selva”.

En lo relativo a la seguridad en el Ártico, y a propósito de la conocida voluntad del expresidente estadounidense Donald Trump de incrementar la influencia sobre Groenlandia, el ministro manifestó que España, como miembro de la OTAN, mostraría disposición a reforzar la seguridad de la zona en caso de que los países árticos identificasen amenazas. Destacó que los aliados buscarían actuar coordinadamente para afrontar así cualquier desafío que pudiera afectar la región.

Por otra parte, Europa Press señaló que Albares reiteró la necesidad de que la Unión Europea progrese en la construcción de capacidades comunes de defensa, resaltando la importancia de un ejército europeo complementario y basado en valores democráticos y en la defensa del derecho internacional.

El tema lingüístico en el ámbito comunitario europeo también fue objeto de consulta en la citada entrevista. El ministro informó que el Gobierno de España, en colaboración con Alemania, mantiene conversaciones destinadas a superar la oposición germana a la oficialidad del catalán en la UE. Europa Press recoge sus declaraciones, en las que manifestó confianza en que, con el tiempo, las lenguas cooficiales como el catalán, el euskera y el gallego lograrán reconocimiento oficial a nivel europeo, aunque evitó concretar un calendario para ello.

Todos estos planteamientos, transmitidos en el diálogo con el representante diplomático iraní y en el resto de sus intervenciones, reflejan la posición del Gobierno español respecto a la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas, el rechazo a la represión sobre la sociedad civil y la apuesta por la cooperación internacional en asuntos de seguridad y defensa.

La interrupción de los servicios de comunicación digital en Irán, incluido el acceso a internet, se ha vuelto uno de los temas principales en el contexto de las protestas recientes en ese país. Según declaraciones recogidas por Europa Press, el ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, anunció la convocatoria del embajador iraní en España con el fin de transmitir la posición oficial de condena respecto a estas prácticas y exigir el restablecimiento inmediato de las comunicaciones externas. La noticia principal radica en la demanda oficial del Gobierno español de poner fin tanto a los bloqueos de internet como a las detenciones registradas durante las manifestaciones en Irán.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, Albares enfatizó en una entrevista emitida en Catalunya Ràdio la necesidad de salvaguardar el derecho de los iraníes a la manifestación pacífica y la libertad de expresión. El ministro puntualizó que la libertad en la comunicación constituye un derecho fundamental de la ciudadanía y que el Ejecutivo español empleará los canales diplomáticos para recordarlo de manera directa al representante iraní en Madrid.

Durante su intervención, el titular de Exteriores anunció que, además de exigir el restablecimiento de internet, trasladará nuevamente la postura española respecto a la represión de las movilizaciones populares en Irán. "Tiene que restablecerse inmediatamente las comunicaciones con el exterior, incluido internet", manifestó Albares en la entrevista citada por Europa Press, reafirmando así el posicionamiento del Gobierno ante las restricciones que afectan la circulación de información durante las protestas.

El diplomático español también confirmó que la embajada iraní en España recibirá el requerimiento formal de la Administración central para que cesen las detenciones clasificadas como arbitrarias en el marco de las manifestaciones. Según lo detallado por Europa Press, Albares reiteró el rechazo español a cualquier tipo de acción represiva que vulnera los derechos fundamentales de la población civil.

La comunicación entre ambos gobiernos se produce después de días de creciente represión de las protestas en Irán y de numerosos reportes sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades iraníes, así como sobre el corte de internet y restricciones en otras plataformas de comunicación. Europa Press destacó que el titular de Exteriores subrayó la importancia de proteger el derecho de manifestación pacífica tanto de iraníes como de iraníes, señalando que esta protección debe extenderse a la libertad de información y a la posibilidad de mantener contacto con el exterior sin interferencias.

El encuentro con el embajador iraní también prevé abordar la preocupación española y europea por el respeto de los derechos humanos y la observancia de garantías esenciales para la población. Según consignó Europa Press, el titular de la diplomacia española se mostró determinado a mantener una postura firme y a desplegar acciones diplomáticas adicionales si las demandas expresadas por España no reciben la respuesta esperada del gobierno iraní.

El trasfondo de las protestas en Irán y las medidas adoptadas por las autoridades iraníes, incluyendo la interrupción de servicios de comunicación, han generado un amplio rechazo internacional. Autoridades europeas y organizaciones de derechos humanos han alertado sobre la necesidad de proteger la libertad de expresión y de garantizar que la respuesta estatal no derive en atropellos a las libertades básicas ni en el aislamiento informativo de la sociedad iraní. En este sentido, la posición manifestada por Albares y divulgada por Europa Press busca sumar presión internacional para revertir las restricciones y exigir rendición de cuentas por los hechos ocurridos.

Organizaciones dedicadas al monitoreo del acceso digital, como NetBlocks, han comunicado que el bloqueo de Internet ordenado por las autoridades iraníes se extiende por más de 100 horas, afectando de manera significativa la conectividad en ese país durante la reciente ola de manifestaciones antigubernamentales. Las protestas, que surgen tras una drástica disminución del poder adquisitivo y una depreciación histórica del rial, han desencadenado diversas reacciones diplomáticas en Europa. Según publicó el medio, el Gobierno de Bélgica convocó este lunes al embajador iraní en Bruselas para expresar su desaprobación frente a la represión implementada por las fuerzas de seguridad en Irán, y dejó abierta la posibilidad de imponer nuevas sanciones en el marco de la Unión Europea.

De acuerdo con el reporte, el ministro belga de Exteriores, Maxime Prevot, transmitió mediante un comunicado que la situación en Irán es motivo de profunda preocupación para su país. El jefe de la diplomacia belga detalló que la convocatoria al embajador iraní respondía al rechazo expreso del Gobierno belga ante la violencia registrada en las manifestaciones, las detenciones sin fundamento, la intimidación a los participantes y las restricciones al acceso digital. “La situación en Irán nos preocupa profundamente. Por eso, hoy he convocado al embajador iraní para condenar enérgicamente toda la violencia perpetrada por el régimen, las detenciones arbitrarias, la intimidación y el bloqueo de Internet”, indicó Prevot en su declaración a través de la red social X.

El medio informó que la administración en Bruselas calificó las medidas impuestas por Teherán como intentos claros de reprimir un movimiento orientado hacia demandas de apertura democrática y mejoras en las condiciones de vida, tanto para hombres como para mujeres en el país. El ministro destacó además que Bélgica mantiene una vigilancia estrecha sobre los acontecimientos en coordinación con otros miembros de la Unión Europea, y remarcó la disposición belga a discutir la aplicación de nuevas sanciones europeas, en función de la evolución de la crisis.

La respuesta diplomática de Bruselas llegó en el contexto de una reacción oficial del gobierno iraní, que horas antes había citado a los embajadores de países europeos —incluidos Reino Unido, Alemania, Italia y Francia— y les proyectó un vídeo para ilustrar lo que denominó “la violencia de los alborotadores”. También exigió a esos diplomáticos la cancelación de los comunicados oficiales que han manifestado respaldo a quienes participan en las movilizaciones.

El malestar social en Irán, según documentó el medio, tiene como telón de fondo un rápido deterioro de las condiciones económicas en la población iraní. Las sanciones intensificadas por Estados Unidos, junto con la reanudación de advertencias tanto de Washington como de Israel sobre el programa nuclear iraní, han incrementado la presión internacional sobre Teherán. Según detalló la publicación, durante los bombardeos de junio pasado, más de 1.100 personas murieron, lo cual ha profundizado la crisis y la desconfianza social.

Según consignó el medio, fuentes civiles estiman que las recientes protestas en Irán han dejado ya centenares de fallecidos, mientras aumentan las denuncias sobre arrestos arbitrarios y estrategias de intimidación contra quienes se manifiestan o reportan los hechos en redes sociales y medios de comunicación. El bloqueo prolongado de Internet y la interrupción de plataformas digitales representan, para varias organizaciones internacionales, un serio obstáculo tanto para la libre expresión como para la documentación independiente de la situación en el país.

Además, el medio detalló que la caída histórica en el valor del rial ha provocado que millones de ciudadanos iraníes enfrenten un escenario de pérdida de ingresos reales y dificultades crecientes para acceder a bienes básicos. Esta realidad económica, sumada al contexto internacional de presión y sanciones, figura como una de las causas centrales en la prolongación y la masividad de las protestas.

Bruselas mantiene la coordinación con otros socios europeos para analizar posibles pasos adicionales en respuesta a los acontecimientos reportados. Según informó el medio de comunicación, la discusión sobre potenciales sanciones adicionales se encuentra abierta, mientras persisten las protestas y las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Irán circulan a nivel internacional.

De acuerdo con la información divulgada, Pablo Fernández calificó a la República Islámica de Irán como un “régimen totalitario”, una definición que cobra especial peso en el actual escenario de represión de derechos sociales y políticos. En sus declaraciones recogidas por la fuente, Fernández enfatizó la solidaridad del partido con quienes lideran las protestas, haciendo hincapié en la represión que enfrenta la población, particularmente las mujeres, por parte del gobierno de los ayatolás.

El medio informó que, en sus palabras, Fernández destacó: “Todos sabemos que Irán es un régimen totalitario. Mostramos nuestra solidaridad con las mujeres que están sufriendo la represión de su Gobierno y también hay que decir que detrás de estas movilizaciones, que tienen sus razones, hay intereses geopolíticos claros.” Así, el portavoz de Podemos reconoció tanto la legitimidad de las protestas como la existencia de intereses foráneos involucrados en la dinámica actual, señalando expresamente la implicación de Estados Unidos y de Israel en la crisis iraní.

Durante la rueda de prensa, Fernández insistió en que las protestas protagonizadas por mujeres en Irán responden a causas legítimas, situando las demandas de derechos como un motor principal de la movilización. No obstante, el dirigente llamó la atención públicamente sobre lo que interpretó como una instrumentalización geopolítica de estas acciones, remarcando que “hay intereses geopolíticos claros” detrás de las movilizaciones. Según consignó el medio, Fernández advirtió que estos intereses no se limitan a cuestiones simbólicas o políticas, sino que además incluyen las disputas energéticas y la influencia regional vinculada al crudo.

El coportavoz mencionó que en este conflicto el petróleo desempeña un rol clave, vinculando la magnitud de las protestas y la reacción internacional con los recursos energéticos estratégicos de Irán. De acuerdo con el medio, Fernández sostuvo que tanto Washington como Tel Aviv actúan influidos por la importancia del crudo en el contexto global, apuntando a la relevancia que conservan los hidrocarburos en la política exterior de dichos países.

Podemos, subrayó su portavoz, respalda las exigencias de libertad y justicia planteadas por las mujeres que protagonizan las manifestaciones, mientras expone simultáneamente su visión crítica respecto al involucramiento de actores externos que pueden buscar fines ajenos a los intereses de la sociedad iraní. Según recogió el medio, el partido manifestó que la complejidad de la situación requiere distinguir entre la necesidad de apoyar reivindicaciones sociales y la cautela frente a posibles maniobras geopolíticas con impactos regionales y globales.

Durante su encuentro con la prensa, Fernández reiteró el posicionamiento de Podemos en relación con los derechos humanos, señalando que su formación no duda en denunciar los abusos, pero recuerda además que los escenarios de conflicto en Oriente Medio frecuentemente se ven atravesados por la competencia entre potencias internacionales. En este sentido, según detalló la fuente, Podemos hizo un llamado a mantener la atención sobre las y los protagonistas internos del movimiento social, evitando que sus demandas sean eclipsadas o utilizadas por potencias extranjeras para promover sus propios objetivos.

Por último, el portavoz del partido se mostró cuidadoso al abordar la dualidad entre la solidaridad con los movimientos de protesta y la atención a una posible manipulación por actores globales, priorizando el reconocimiento del derecho de las mujeres iraníes a exigir justicia mientras mantenía en primer plano el debate acerca del papel que la geopolítica y los recursos energéticos juegan en el tratamiento mediático y político de la crisis, según apuntó el medio.

La interrupción del servicio de Internet en Irán desde hace tres días constituye una de las principales dificultades para verificar los datos sobre lo ocurrido durante las protestas recientes contra el Gobierno de ese país. Según informó la ONG con sede en Estados Unidos HRANA, resultó especialmente desafiante recopilar información precisa tras el inicio de la suspensión del acceso a la red, mientras continuaban las manifestaciones contra la crisis económica y el deterioro del nivel de vida. Estas protestas, iniciadas hace quince días en las principales ciudades iraníes, provocaron una respuesta violenta de las fuerzas de seguridad, que ha dejado al menos 544 muertos y más de 10.600 detenidos. Ante esta situación, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, manifestó que está dispuesta a presentar nuevas sanciones contra Irán en respuesta a la “represión brutal” de los manifestantes, según declaraciones recogidas por el medio alemán 'Welt' y citadas por Europa Press.

Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y vicepresidenta de la Comisión Europea, expresó su disposición a proponer medidas punitivas adicionales durante la próxima reunión ordinaria de ministros de Exteriores de los Estados miembros, prevista para el 29 de enero en Bruselas. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la responsable europea calificó la violencia estatal como “inaceptable” y señaló que los ciudadanos “luchan por un futuro autodeterminado y lo arriesgan todo para que se les escuche”. Añadió que el régimen iraní acumula antecedentes de represión de movilizaciones y que la comunidad internacional está presenciando nuevos episodios de represión por parte de las fuerzas de seguridad.

Según el balance difundido por HRANA, entre las víctimas mortales identificadas figuran 47 agentes de las fuerzas de seguridad, un fiscal, 483 manifestantes, ocho menores de edad y cinco civiles que no participaron directamente en las protestas. En cuanto a las detenciones, la organización precisa que al menos 10.681 personas han sido arrestadas y encarceladas desde que comenzaron las manifestaciones. HRANA subraya que el corte del acceso a Internet ha impedido la recopilación normalizada de datos sobre los acontecimientos y el destino de las personas detenidas.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, Kallas condenó previamente el uso “desproporcionado” de la fuerza contra los manifestantes, y solicitó al régimen de Teherán que restablezca el acceso a Internet a la población. En sus palabras, obstaculizar la comunicación en línea durante la represión violenta pone de manifiesto “un régimen que teme a su propio pueblo”.

La Alta Representante recordó que la Unión Europea ya ha impuesto restricciones contra responsables iraníes por vulneraciones de derechos humanos, la expansión del programa nuclear y el respaldo de Irán a la invasión rusa de Ucrania. Tal como recogió Europa Press, Kallas explicó que, a la luz de los nuevos hechos, “se podrían imponer otras adicionales”.

En las próximas semanas, la cuestión de las posibles sanciones adicionales será evaluada por el Consejo de Ministros de Exteriores, en el contexto de una agenda que considera la situación iraní como prioritaria en materia de política exterior. La persistencia de la crisis interna en Irán, agravada por el reciente aumento de la represión, ubica al país en el centro de las discusiones internacionales. Europa Press añadió que la UE ha mantenido durante años una política de sanciones graduales orientadas a funcionarios, entidades e instituciones implicadas en la violación sistemática de derechos y en el apoyo a actividades nucleares sensibles y operaciones exteriores.

Las manifestaciones que desembocaron en la respuesta policial surgieron en un contexto de aguda precarización económica, inflación elevada y costes de vida crecientes. HRANA documenta que muchas de las marchas congregaron a miles de personas en diversos puntos del país, en reclamo de mejoras económicas y libertades civiles. Desde el inicio de las protestas, organizaciones internacionales y organismos humanitarios han advertido sobre riesgos para la población civil y la restricción progresiva de derechos fundamentales, entre ellos el acceso a la información.

El debate sobre eventuales sanciones refleja tensiones internas en el seno de la Unión Europea, ya que las medidas restrictivas impactan en las relaciones bilaterales y en los intereses económicos del bloque en la región. De acuerdo con lo recogido por Europa Press, existen posturas diversas entre los Estados miembro sobre la conveniencia y la dureza de las sanciones, aunque coinciden en la necesidad de dar una respuesta a la escalada represiva y el riesgo para la seguridad regional.

La próxima cumbre de Bruselas servirá de escenario para que los responsables diplomáticos europeos, bajo la coordinación de Kallas, discutan los mecanismos de reacción ante la crisis iraní y consideren nuevas iniciativas orientadas a presionar al régimen de Teherán a poner fin a la violencia y restaurar el respeto al derecho de manifestación. Según detalló Europa Press, la Alta Representante insistió en que las sanciones forman parte de un “instrumento de presión legítimo” cuando se trata de hechos documentados de represión sistemática y vulneración reiterada de derechos humanos reconocidos internacionalmente.

Reza Pahlaví, heredero de la última dinastía monárquica iraní y actualmente exiliado en Estados Unidos desde hace más de cuarenta años, dirigió un mensaje a la sociedad y funcionarios de Irán en el contexto de una creciente ola de protestas, haciendo un llamado a las fuerzas de seguridad y empleados estatales a desvincularse del actual gobierno y sumarse a las demandas sociales. En su declaración, recogida por el medio Europa Press, Pahlaví enfatizó que la libertad para Irán está próxima y afirmó que el apoyo internacional se materializará pronto.

Según detalló Europa Press, el pronunciamiento de Pahlaví se produce en medio de manifestaciones que desde hace semanas han afectado a las principales ciudades iraníes. Estas protestas han sido reprimidas con violencia, lo que ha derivado en al menos 544 fallecidos y más de 10.600 personas detenidas desde finales de diciembre, de acuerdo con cifras actualizadas de la ONG HRANA, con sede en Estados Unidos. Entre los muertos figuran 47 integrantes de las fuerzas de seguridad, un fiscal, 483 manifestantes, ocho menores de edad y cinco civiles que no participaban en las movilizaciones. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han aportado otras estimaciones que elevan la cifra de víctimas mortales a varios miles.

El medio Europa Press explicó que Pahlaví, de 65 años, reclamó en su discurso a las fuerzas armadas, cuerpos de seguridad y funcionarios estatales que opten entre apoyar a la sociedad iraní o respaldar al régimen de los ayatolás, que señaló como principal responsable de la sangrienta represión. "Los empleados de las instituciones estatales, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, tienen una opción: ponerse del lado del pueblo y convertirse en aliados de la nación, o elegir la complicidad con los asesinos del pueblo y soportar la vergüenza y la condena eternas de la nación", expresó Pahlaví, según citó Europa Press.

Europa Press reportó también que el mensaje incluyó una convocatoria a una "nueva fase del levantamiento nacional para derrocar" al actual régimen. Pahlaví describió como "objetivos legítimos" a todas las instituciones y organismos estatales que participan en la propaganda o en la interrupción de comunicaciones. Dentro de sus demandas, dirigió un mensaje a las representaciones diplomáticas iraníes en el extranjero, instando a reemplazar la bandera nacional actual, instaurada tras la Revolución de 1979, por la bandera previa, asociada con la monarquía anterior, argumentando que todas las embajadas y consulados "pertenecen al pueblo iraní".

En su discurso, el antiguo príncipe justificó la contundencia de su mensaje en la reacción masiva de la ciudadanía ante las recientes convocatorias y en el "mandato público" que, según aseguró, le habrían transmitido los iraníes. Sostuvo que el gobierno dirigido por el ayatolá Alí Jamenei enfrenta "una grave escasez de fuerzas represivas", interpretando el incremento de la violencia armada como una señal de debilidad y miedo ante una posible caída del régimen. "El aumento de los disparos contra el pueblo no es una señal de fuerza, sino de miedo, miedo al colapso y a una caída acelerada", declaró Pahlaví conforme consignó Europa Press.

El llamado de Pahlaví fue difundido a través de un video en la red social X (antes Twitter), donde ratificó que no cesarán los esfuerzos hasta conseguir el cambio de régimen. Además, prometió que no admitirán más derramamientos de sangre. "No permitiremos que estos criminales derramen más sangre de nuestros jóvenes. No les daremos esa oportunidad. No retrocederemos", declaró.

Europa Press recogió también la postura de Pahlaví respecto al papel de la comunidad internacional. El exiliado afirmó que la sociedad iraní "no está sola" y anticipó la llegada de respaldo externo a las demandas de cambio, lo que, en sus palabras, celebrará la restitución de la libertad en cada rincón del país tras vencer a la República Islámica.

Los disturbios, caracterizados por la amplitud de la represión y por el elevado número de víctimas, han provocado respuestas de diversos sectores, tanto en el interior como en el exterior del país, según subrayó Europa Press. El llamado de Pahlaví se inscribe en una oleada de mensajes desde el exilio que buscan capitalizar la crisis política interna y promover una movilización transversal de la sociedad y de los organismos estatales.

Desde la perspectiva de las organizaciones internacionales de derechos humanos citadas por Europa Press, el balance de muertos evidencia la magnitud de la crisis. Estas organizaciones han advertido del riesgo de un incremento en la violencia estatal ante la persistencia de las manifestaciones y han solicitado la intervención de actores internacionales para contener el deterioro de la situación humanitaria.

Mientras tanto, integrantes de la diáspora iraní y distintas figuras iraníes exiliadas han replicado el llamamiento a los funcionarios y cuerpos de seguridad, difundiendo mensajes similares que exhortan a la desobediencia civil dentro de las estructuras estatales. El foco de estas exhortaciones sigue siendo el posible quiebre de lealtades en el aparato gubernamental, aspecto que, según Pahlaví y otras voces, podría precipitar el desenlace de la actual crisis, reportó Europa Press.

“Nuestras dos naciones se abren paso para decidir libremente su futuro, lejos de toda coacción y violencia. Nuestra hora se acerca. Muy pronto, los pueblos de Irán y Venezuela seremos libres”, afirmó María Corina Machado en un mensaje público difundido este domingo. La líder opositora venezolana dedicó estas palabras tanto al pueblo iraní como a los ciudadanos venezolanos, vinculando ambos contextos en un escenario de resistencia política frente a la represión y la falta de libertades. En la declaración, difundida a través de su cuenta de X, la dirigente subrayó su respaldo a las manifestaciones que persisten en Irán pese a la dureza de la reacción del gobierno de Teherán.

Según informó la agencia Europa Press, Machado expresó su “profundo respeto al valiente pueblo de Irán que a esta hora permanece protestando en las calles de más de 100 ciudades de ese país, a pesar de la brutal represión que enfrentan”. En sus declaraciones, la dirigente venezolana responsabilizó directamente a la estructura clerical iraní, y la relacionó con el chavismo en Venezuela, planteando una conexión entre ambas realidades políticas. A criterio de Machado, “un régimen autoritario” en Irán ha extendido su influencia hasta Latinoamérica al asociarse con lo que denominó “sistemas criminales como el chavismo en Venezuela”.

De acuerdo al reporte de Europa Press, las protestas en Irán continúan pese a las acciones de las autoridades, que Machado califica como representativas de “brutal represión”. La opositora venezolana argumentó que tanto los ciudadanos de Irán como de Venezuela afrontan regímenes que limitan sus derechos y su capacidad de decisión autónoma respecto al futuro de sus respectivos países.

En este pronunciamiento, Machado no solo expresó solidaridad con las protestas iraníes, sino que también advirtió sobre la presencia de alianzas políticas y religiosas que, según su visión, funcionan en estrecha colaboración a nivel internacional. “Se infiltró en América Latina para asociarse con sistemas criminales como el chavismo en Venezuela”, denunció.

El medio Europa Press detalló que la dirigente describe la coyuntura política de ambos países como una lucha conjunta por la libertad, señalando semejanzas estructurales y operativas entre ambos sistemas, lo que fortalece, según sus palabras, la necesidad de persistir en la presión social y política para propiciar cambios democráticos en ambas naciones.

El mensaje de Machado surge en un contexto donde tanto Irán como Venezuela registran prolongadas crisis políticas acompañadas de frecuentes movilizaciones ciudadanas y respuestas oficiales caracterizadas por el uso de la fuerza y la limitación de espacios de protesta y disidencia. En su intervención, la opositora hizo énfasis en la expectativa de una transformación política próxima, reafirmando la esperanza en la autodeterminación y la recuperación de derechos cívicos tanto en Venezuela como en Irán.

El pronunciamiento de María Corina Machado refuerza la relación observada entre la oposición venezolana y los movimientos sociales que reclaman cambios en sistemas autoritarios fuera de América Latina, destacando una visión de solidaridad internacional y de rechazo hacia aquellos regímenes que, según la líder opositora, comparten características autoritarias y represivas. Europa Press consignó que parte esencial de la intervención de Machado consistió en alentar la acción sostenida de los ciudadanos y reafirmar el compromiso con la búsqueda de la libertad en ambos contextos.

Al menos 648 manifestantes han perdido la vida debido a la represión ejercida por las fuerzas de seguridad de la República Islámica de Irán contra el movimiento de protesta que atraviesa el país, según datos difundidos el lunes por la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.

La cifra, que corresponde a víctimas verificadas por la organización, podría ser considerablemente superior. Así lo advirtió el director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, quien afirmó que “la comunidad internacional tiene el deber de proteger a los manifestantes civiles contra la matanza masiva perpetrada por la República Islámica”, según declaraciones recogidas por AFP.

La ONG indicó que, de acuerdo con algunas estimaciones, el número de fallecidos podría superar los 6.000. No obstante, la entidad subrayó que el bloqueo de Internet impuesto por las autoridades iraníes durante casi cuatro días dificulta “extremadamente” la verificación independiente de la información sobre víctimas, según explicó IHR a AFP.

Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre tras el colapso del rial iraní, que se desplomó a 1,42 millones por dólar estadounidense, marcando un mínimo histórico y acelerando la inflación. El alza en los precios de alimentos y gasolina generó un estallido social en dos mercados del centro de Teherán y se extendió a más de 280 localidades en 27 provincias. La organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA) reportó que, solo en los primeros días, las fuerzas de seguridad respondieron con represión violenta, cortes de internet y amenazas de pena de muerte. Según la ONG hasta este lunes la cifra de muertos era de al menos 500.

El 29 de diciembre, después de que las protestas se propagaran, el presidente del Banco Central de Irán, Mohammad Reza Farzin, renunció a su cargo, mientras la policía utilizaba gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Un día después, el presidente iraní Masoud Pezeshkian se reunió con líderes empresariales y prometió atender los problemas económicos. La violencia más intensa se vivió el 1 de enero en Azna, provincia de Lorestán, donde videos difundidos en línea mostraban objetos incendiados y disparos. Además, se reportaron muertes en las provincias de Bakhtiari e Isfahán, así como el asesinato de un voluntario de la fuerza Basij de la Guardia Revolucionaria.

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió a través de su plataforma Truth Social, que si Irán “mata violentamente a manifestantes pacíficos”, Estados Unidos intervendría para rescatarlos, en un contexto de reciente tensión tras los bombardeos estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes. Ayer, el mandatario estadounidense afirmó que Irán propuso negociaciones tras su amenaza de represalias por la represión. Para ese día, los activistas contabilizaban al menos 544 muertos durante las protestas, según HRANA.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, expresó este lunes su solidaridad con el pueblo de Irán ante la represión de las protestas masivas que sacuden al país persa y que, según la organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA), han dejado ya más de 500 muertos. Herzog manifestó su apoyo “al pueblo iraní que marcha valientemente por su libertad” y que, según sus palabras, está siendo “reprimido sin piedad por un régimen que es la raíz de tanto mal en el mundo”, durante una intervención en su residencia de Jerusalén tras reunirse con líderes cristianos en Tierra Santa a dos días del Año Nuevo ortodoxo. En ese contexto, el mandatario israelí añadió: “Nuestra esperanza y oración es que todos los hombres y mujeres puedan disfrutar de la misma preciada libertad que nos ha sido concedida y vivir en paz y armonía, libres de tiranía y opresión”.

En su discurso, Herzog mencionó su reciente encuentro en Roma con el papa León XIV y consideró que existe “una verdadera oportunidad para avanzar y mejorar las relaciones entre Israel y la Santa Sede en muchos ámbitos”, tras una etapa de tensiones con el papa Francisco, cuyo funeral contó únicamente con la presencia del embajador israelí en el Vaticano.

Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre tras el colapso del rial iraní, que se desplomó a 1,42 millones por dólar estadounidense, marcando un mínimo histórico y acelerando la inflación. El alza en los precios de alimentos y gasolina generó un estallido social en dos mercados del centro de Teherán y se extendió a más de 280 localidades en 27 provincias. HRANA reportó que, solo en los primeros días, las fuerzas de seguridad respondieron con represión violenta, cortes de internet y amenazas de pena de muerte.

El 29 de diciembre, después de que las protestas se propagaran, el presidente del Banco Central de Irán, Mohammad Reza Farzin, renunció a su cargo, mientras la policía utilizaba gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Un día después, el presidente iraní Masoud Pezeshkian se reunió con líderes empresariales y prometió atender los problemas económicos. La violencia más intensa se vivió el 1 de enero en Azna, provincia de Lorestán, donde videos difundidos en línea mostraban objetos incendiados y disparos. Además, se reportaron muertes en las provincias de Bakhtiari e Isfahán, así como el asesinato de un voluntario de la fuerza Basij de la Guardia Revolucionaria.

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió a través de su plataforma Truth Social, que si Irán “mata violentamente a manifestantes pacíficos”, Estados Unidos intervendría para rescatarlos, en un contexto de reciente tensión tras los bombardeos estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes. Ayer, el mandatario estadounidense afirmó que Irán propuso negociaciones tras su amenaza de represalias por la represión. Para ese día, los activistas contabilizaban al menos 544 muertos durante las protestas, según HRANA.

En un mensaje en redes sociales, Reza Pahlaví expresó que las fuerzas encargadas de reprimir las protestas en Irán carecen de suficientes efectivos para enfrentar a los manifestantes, quienes desde hace días salen a las calles de las principales ciudades, según consignó el medio. El líder también mencionó que ha recibido reportes sobre esta situación y calificó la capacidad de responder del régimen como seriamente debilitada ante la magnitud de las movilizaciones.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, Reza Pahlaví, hijo mayor del último sah de Persia, reiteró su llamado a la movilización y subrayó la importancia de congregarse en las vías principales y junto a familiares y amigos, instando a la ciudadanía a conservar la unidad y evitar situaciones que pongan en peligro sus vidas. Este nuevo mensaje surge luego de críticas recibidas tras su anterior exhortación, donde sugirió una huelga general y la ocupación de las plazas públicas, pedido que recibió reparos de figuras de la oposición debido al riesgo que representa para los participantes, en un contexto de represión y violencia creciente.

El medio detalló que Pahlaví aseguró que los responsables de la represión enfrentarán consecuencias. Se refirió directamente al líder supremo iraní, Alí Jamenei, señalando: “Lo que le queda a Jamenei es la brutalidad de una minoría brutal (...). Dad por seguro que serán castigados por sus acciones”. Este mensaje encarna la promesa de que quienes responden con violencia a las manifestaciones serán llevados ante la justicia.

Pahlaví valoró además el apoyo que ha surgido fuera de las fronteras iraníes, atribuyendo un papel relevante a la diáspora y a la visibilidad que los esfuerzos están logrando en el exterior. Sostuvo que el respaldo de la comunidad internacional queda patente tanto en los medios de comunicación como en la presencia en eventos públicos, destacando que “podéis escuchar el clamor orgulloso de vuestros compatriotas por todo el mundo. Lo podéis ver en las pantallas de televisión”.

Según publicó la fuente, Reza Pahlaví también enfatizó la solidaridad internacional obtenida durante las protestas, indicando que diversos gobiernos y actores globales expresan apoyo al movimiento ciudadano en Irán. En este sentido, hizo referencia explícita al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, según indica el propio Pahlaví, “como líder del mundo libre, observa con atención vuestro indescriptible valor y ha anunciado su disposición a ayudaros”. Esta mención corresponde a un reciente mensaje publicado por Trump en la plataforma Truth Social, reconociendo la lucha opositora y su valentía.

La cobertura del medio incluyó datos actualizados sobre la situación en el país. Desde el inicio de las manifestaciones y disturbios el pasado fin de semana, al menos 115 personas han perdido la vida, de acuerdo con el balance aportado por HRANA, una ONG centrada en la defensa de los Derechos Humanos en la república islámica y el seguimiento de la violencia estatal a través de información obtenida de fuentes dentro de Irán. La cifra incluye a aproximadamente 37 efectivos de seguridad, tanto del Ejército como de la Policía, entre las víctimas mortales.

Las palabras de Pahlaví han encontrado eco en sectores de la sociedad y han reforzado el tono desafiante ante las autoridades, a pesar de las tensiones dentro del espectro opositor por el lugar desde donde encabeza su exhortación, en exilio en Estados Unidos. El carácter global de las expresiones de solidaridad también ha sido enfatizado por el pretendiente al trono persa, quien reiteró que numerosos iraníes en el exterior han organizado protestas y manifestaciones paralelas respaldando a quienes permanecen en el país. En sus propias palabras, difundidas por el medio: “No dejéis las calles. Mi corazón y mi alma están con vosotros. Sé que estaré pronto con vosotros”, resaltó.

Tal como consignó el medio, la coyuntura refleja la acusada represión y la escalada de tensión entre manifestantes y fuerzas estatales, así como la dinámica de contestación dentro y fuera de las fronteras iraníes. La ola de disturbios —que ha provocado enfrentamientos, muertes y pronunciamientos de figuras relevantes y gobiernos extranjeros— continúa desarrollándose, mientras líderes opositores y organizaciones humanitarias exigen el fin de la violencia y la rendición de cuentas a los responsables.

El impacto de la crisis económica en Irán, evidenciado por el desplome del rial, ha desencadenado episodios de violencia y represión que, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales citadas por la prensa, han resultado en la muerte de al menos 60 personas. Frente a este escenario, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se pronunció exigiendo medidas inmediatas para proteger los derechos fundamentales de la población iraní. Según lo reportado por la agencia Europa Press, Von der Leyen instó a liberar a todos los detenidos por su participación en las recientes manifestaciones, así como a restablecer el acceso a internet en el país. Estas declaraciones se produjeron a través de un mensaje difundido en la red social X.

En sus declaraciones públicas, Von der Leyen indicó que Europa apoya totalmente a la ciudadanía iraní movilizada, que demanda libertades civiles como el derecho a expresarse, reunirse, viajar y vivir sin restricciones. Tal como consignó Europa Press, la presidenta del ejecutivo comunitario afirmó que las calles de Teherán y otras ciudades alrededor del mundo se han convertido en escenarios donde quienes protestan exigen cambios y mayores libertades. “Europa les apoya plenamente. Condenamos inequívocamente la violenta represión de estas legítimas manifestaciones. Los responsables serán recordados (situados) en el lado equivocado de la historia”, sostuvo Von der Leyen en su mensaje.

El medio Europa Press detalló que la jefa de la Comisión Europea remarcó la solicitud de excarcelación inmediata de quienes han sido arrestados durante las protestas. En este contexto, Von der Leyen pidió la reanudación total del acceso a internet como una garantía básica para que la población pueda comunicar sus demandas y acceder a información. Además, insistió en el respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía iraní, enfatizando la necesidad de proteger libertades consideradas esenciales.

De acuerdo con Europa Press, los acontecimientos recientes en Irán se enmarcan en una grave crisis económica e institucional, agudizada por la fuerte devaluación del rial, que ha incrementado el malestar social y propiciado numerosas acciones de protesta. La situación ha llevado a un aumento de la represión por parte de las autoridades, que han implementado medidas como detenciones masivas y restricciones crecientes al acceso a la información. Datos proporcionados por organizaciones no gubernamentales, citados en la cobertura, el número de personas fallecidas por la represión excede las seis decenas.

La cobertura de Europa Press subraya que la presidenta de la Comisión Europea ha hecho hincapié en la responsabilidad de quienes ordenan o ejecutan la represión, sugiriendo que su papel en estos acontecimientos será recordado negativamente en la memoria histórica. Von der Leyen posicionó este argumento como un mensaje para advertir a las autoridades iraníes sobre las consecuencias futuras de sus decisiones ante la comunidad internacional.

En su mensaje compartido en X, Von der Leyen enumeró las demandas más urgentes de la sociedad iraní, tales como la libertad de expresión y de reunión, el derecho a viajar libremente, así como la capacidad de decidir sobre sus propias vidas. Todas estas demandas fueron respaldadas, en palabras de la jefa del ejecutivo comunitario, por la Unión Europea.

Las protestas en Irán, según energizó Europa Press, reflejan una reacción masiva ante la situación económica y social, así como ante la respuesta gubernamental caracterizada por el uso de la fuerza. Líderes europeos como Von der Leyen han manifestado su respaldo a las peticiones de libertad y han condenado la represión, apelando a la liberación de manifestantes y la restauración de derechos básicos como el acceso a la información.

Pese a las declaraciones de respaldo europeo, las ONG mantienen que el nivel de violencia y las limitaciones impuestas a la ciudadanía han dificultado el libre desarrollo de las manifestaciones. El contexto, según la información difundida por Europa Press, sigue marcado por una tensión creciente entre la población y las autoridades, marcada por una represión señalada internacionalmente.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025, expresó su respaldo al pueblo iraní en medio de las protestas masivas en Irán contra el régimen islámico, que en las últimas semanas han escalado hasta convertirse en el mayor desafío para las autoridades de Teherán desde la muerte de Mahsa Amini en 2022.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Machado manifestó: “Mi profundo respeto al valiente pueblo de Irán que a esta hora permanece protestando en las calles de más de 100 ciudades de ese país, a pesar de la brutal represión que enfrentan”. En su comunicado, la dirigente venezolana destacó el rechazo al hambre y la opresión, la denuncia de vínculos entre el régimen iraní y el chavismo en Venezuela, y la afirmación de que “muy pronto, los pueblos de Irán y Venezuela seremos libres”.

Las movilizaciones en Irán comenzaron a finales de diciembre de 2025, detonadas por una grave crisis económica caracterizada por el desplome del rial, una inflación superior al 52% interanual y el encarecimiento de productos básicos. El colapso de sectores comerciales fundamentales, como el Gran Bazar de Teherán, amplificó el descontento social, que rápidamente se extendió a universidades, más de 250 localidades y 27 de las 31 provincias del país. Comerciantes, estudiantes y trabajadores de diversos sectores se sumaron a las protestas, desafiando la censura y saliendo a las calles contra la República Islámica.

Las autoridades iraníes han respondido con una represión severa, recurriendo al uso excesivo de la fuerza, cortes casi totales de acceso a internet y comunicaciones, y detenciones masivas. Diversas ONG estiman que entre 1.200 y más de 2.300 personas han sido arrestadas hasta el momento, mientras que la cifra de fallecidos supera los 70, incluidos al menos nueve menores, aunque el número real podría ser mayor debido a la escasa información disponible por la censura y el apagón digital. Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, el domingo se reportaron 203 muertos, de los cuales 162 eran manifestantes y 41 miembros de las fuerzas de seguridad. Más de 3.280 personas han sido detenidas, y la agencia indicó haber recibido denuncias de muchas más muertes aún en proceso de verificación.

El endurecimiento de la represión se ha visto reflejado en incidentes como el asalto a hospitales en busca de manifestantes heridos. El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), también con sede en Estados Unidos, ha afirmado que “se lleva a cabo una masacre en Irán”, reportando que cientos de manifestantes han muerto durante el actual corte de internet. La organización alertó sobre hospitales abrumados, reservas de sangre agotadas y numerosos heridos con lesiones oculares.

El carácter político de las protestas se evidenció en las consignas dirigidas contra el liderazgo político y religioso, como “Muerte al dictador”, en referencia al Ayatolá Alí Khamenei, y los llamados al fin del sistema de la República Islámica. El fiscal general advirtió que quienes participen o colaboren con las manifestaciones podrían ser considerados “enemigos de Dios”, delito castigado con la pena de muerte según la legislación iraní.

Organizaciones de derechos humanos, gobiernos occidentales y exiliados iraníes como Reza Pahlavi han manifestado apoyo a los manifestantes y denunciado la brutalidad estatal y la opacidad informativa. Por su parte, las autoridades iraníes acusan a Estados Unidos, Israel y grupos opositores en el exilio de instigar y manipular las protestas, reforzando la presencia de la Guardia Revolucionaria y las fuerzas de seguridad en todo el territorio. La ONU y la Unión Europea han exigido el cese inmediato de la represión y la apertura de investigaciones independientes.

La interrupción de Internet implementada por el gobierno iraní durante las últimas jornadas ha traído a la memoria las protestas de noviembre de 2019, cuando una represión similar derivó en cientos de personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad. Según cifras difundidas por la ONG Iran Human Rights y citadas en medios internacionales, la represión de las movilizaciones actuales ha provocado ya al menos 51 fallecimientos, entre ellos nueve menores de edad, desde que comenzaron las manifestaciones en diversos puntos de Irán tras el agravamiento de la crisis económica y energética. La organización también señaló que el uso de la fuerza estatal ha escalado en los trece días recientes.

De acuerdo con Iran Human Rights, la cifra de muertes ha seguido en aumento cada día, mientras la respuesta oficial recrudece en tono y acciones. El director de la organización, Mahmud Amiri-Moghaddam, expresó públicamente que la desconexión de Internet en el país constituye una táctica de control social que dificulta la acreditación de abusos y evita el flujo de información internacional acerca del desarrollo de los acontecimientos. Iran Human Rights resaltó este punto en un comunicado, donde se indicó que las medidas actuales del gobierno repiten el patrón represivo registrado en situaciones previas de agitación social.

La cobertura de los hechos realizada por medios internacionales y retomada por la ONG ha detallado que las protestas surgen del progresivo deterioro en las condiciones de vida de la población iraní, en medio de una inflación creciente, fallas en el suministro energético y otras dificultades económicas que han sumido a amplios sectores en situaciones de precariedad. Manifestaciones y concentraciones se han extendido a múltiples ciudades del país, y han contado con una activa participación de jóvenes, según consignó Iran Human Rights, lo cual explica la presencia de menores entre las víctimas reportadas.

En respuesta a las movilizaciones, las autoridades judiciales iraníes han endurecido el discurso. Tal como consignó la agencia estatal y replicó Iran Human Rights, el jefe del aparato judicial, Gholamhosein Mohseni-Ejei, utilizó la palabra “alborotadores” para referirse a los participantes en las protestas y prometió represalias severas. Según la declaración de Mohseni-Ejei, las personas involucradas enfrentarán “castigos severos” bajo acusaciones de perturbar la seguridad nacional. Estas afirmaciones fueron distribuidas mediante órganos oficiales de prensa.

El servicio de Inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica también emitió una advertencia pública, en la que dejó constancia de que consideran “inaceptable” la permanencia de la protesta. En su declaración, el organismo acusó a los líderes y organizadores de ser responsables directos de las muertes registradas y afirmó que “la sangre de las víctimas recae sobre los autores intelectuales” de la movilización. El comunicado publicado por la agencia de noticias Tasnim, citada por Iran Human Rights, describe que la postura oficial busca “salvaguardar los logros del régimen” y garantizar la paz interna como líneas rojas inquebrantables.

Durante la jornada del viernes, el líder supremo iraní, ayatolá Alí Jamenei, se refirió directamente a lo que describe como una injerencia extranjera en la crisis. En un discurso emitido por la radiotelevisión estatal IRIB y reproducido por varios medios, el máximo dirigente iraní acusó al expresidente estadounidense Donald Trump de haber incitado los disturbios en territorio iraní, alineando los problemas internos con supuestos intereses externos contrarios al régimen. El discurso de Jamenei posiciona a Estados Unidos y a su anterior mandatario como responsables internacionales de la magnitud alcanzada por las protestas, según reportó la radiotelevisión local.

Mientras tanto, la reacción policial y militar no ha disminuido, según informaron distintos partes oficiales y organizaciones defensoras de derechos humanos, que mantienen vigilancia sobre el desarrollo de las acciones estatales frente a la protesta social. Iran Human Rights continúa denunciando la imposibilidad de acceso a canales de comunicación y la obstrucción al trabajo de la prensa y de observadores independientes, lo que limita la capacidad de registrar con precisión la evolución de la situación y el número de víctimas.

El contexto delineado por las fuentes locales y las organizaciones internacionales consultadas destaca cómo las movilizaciones han combinado el descontento por la situación económica con un rechazo a las restricciones impuestas en la vida pública y la censura ejercida por el gobierno, según las declaraciones recogidas y el análisis publicado por Iran Human Rights y la agencia Tasnim. Las autoridades han reiterado que la prioridad se centra en mantener la estabilidad del régimen y han advertido que ejercerán todo el peso de la ley para acallar los disturbios y restablecer el orden.

La muerte de al menos 28 personas, entre ellas menores, como resultado del uso de la fuerza en manifestaciones recientes en Irán forma parte de un patrón sistemático que involucra armas de fuego y represión estatal. Según explicó Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional, en un comunicado recogido por el medio HRW, agentes del Estado han disparado ilegalmente, perseguido, detenido y golpeado a manifestantes en un contexto de protestas generalizadas que reclaman mejoras económicas en el país.

De acuerdo con HRW y Amnistía Internacional, ambas entidades han solicitado al Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán que ordene de inmediato a las fuerzas de seguridad detener el uso indebido de la fuerza y de armas de fuego para disolver las protestas, convocadas desde hace varios días en distintas ciudades iraníes. El medio HRW detalló que estas movilizaciones responden al deterioro de la economía nacional y a la presión que enfrenta la ciudadanía por décadas de represión y restricciones.

La subdirectora para Oriente Próximo y Norte de África de Amnistía Internacional, Diana Eltahawy, afirmó: "Las personas en Irán que se atreven a expresar su ira por décadas de represión y exigen un cambio fundamental, se enfrentan una vez más a un patrón mortal de fuerzas de seguridad que disparan ilegalmente, persiguen, detienen y golpean a los manifestantes en escenas que recuerdan al levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022". Eltahawy reclamó al máximo órgano de seguridad del Estado iraní que ponga fin al uso ilegal de la fuerza y libere a quienes permanecen detenidos únicamente por participar en manifestaciones pacíficas o expresar apoyo a ellas.

Michael Page, subdirector de HRW para la región, denunció ante el mismo medio "la impunidad sistemática de los miembros de las fuerzas de seguridad que cometen graves violaciones", señalando que "el uso de tales armas para reprimir las protestas sigue estando arraigado como política de Estado". HRW y Amnistía Internacional han identificado como responsables a agentes tanto del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como de la Policía iraní, quienes, según el informe, han empleado rifles, escopetas con perdigones de metal, cañones de agua, gases lacrimógenos y palizas para disolver, intimidar y castigar a manifestantes, la mayoría de los cuales se encontraba actuando de forma pacífica.

Las organizaciones internacionales manifestaron que han entrevistado a 26 personas para documentar estos hechos, incluyendo manifestantes, testigos presenciales, defensores de los Derechos Humanos, periodistas y un sanitario. Además, revisaron declaraciones oficiales y analizaron decenas de vídeos verificados, publicados en redes o recibidos directamente por las organizaciones. Los testimonios recogidos señalan coacciones a los detenidos para que admitan delitos como "provocar disturbios", una práctica que consideran vulnera los derechos fundamentales y por la que exigen la excarcelación inmediata y sin condiciones de todas las personas arrestadas por su participación en protestas o por haber manifestado su respaldo.

El medio HRW consignó que la crisis que atravesaron millones de ciudadanos iraníes debido a la drástica reducción del poder adquisitivo y la debilidad histórica del rial, la moneda nacional, ha causado un aumento en el malestar social. Al deterioro económico se suma la intensificación de las sanciones estadounidenses sobre Irán y los señalamientos repetidos desde Israel y Estados Unidos por el programa nuclear iraní. En este contexto, se han producido bombardeos como los del pasado junio, que, según HRW, causaron aproximadamente mil muertes.

Amnistía Internacional y HRW recordaron, según su comunicado difundido en redes por ambas entidades, que toda persona bajo custodia debe recibir protección ante la tortura y otros tratos degradantes. Subrayaron también que la persistencia de estos métodos represivos y el uso de violencia letal indican políticas estatales que ponen en riesgo a quienes expresan su disconformidad con la situación política y económica del país.

Finalmente, las ONG advirtieron que el número real de víctimas mortales podría ser mayor, al existir reportes no confirmados de otras organizaciones de Derechos Humanos que registran cifras más altas, y alertaron sobre la necesidad de aumentar la vigilancia internacional ante las acciones represivas de las autoridades iraníes.

HRW afirmó en un comunicado que "hasta el 4 de enero de 2026, al menos 69 funcionarios de la ONU, todos ellos ciudadanos yemeníes, han sido detenidos arbitrariamente, junto con decenas de empleados yemeníes de organizaciones no gubernamentales internacionales y locales, muchos de los cuales enfrentan acusaciones infundadas de espionaje".

Según la nota, en los últimos meses, los hutíes también allanaron el Alojamiento Común de la ONU en Saná y las oficinas de varias agencias de la ONU, organizaciones no gubernamentales internacionales y organizaciones de la sociedad civil locales, llevándose en algunos casos su equipo.

"Los hutíes están deteniendo a trabajadores humanitarios que brindan apoyo vital al pueblo yemení, mientras que no cubren las necesidades básicas de quienes viven en sus territorios", dijo en el comunicado la investigadora de Human Rights Watch sobre el Yemen y Baréin, Niku Jafarnia.

Exigió que los hutíes, que controlan Saná y amplias regiones del norte, centro y el oeste del Yemen, "liberen de inmediato a las decenas de personas que han detenido arbitrariamente y pongan fin a su continua obstrucción a la entrega de ayuda".

La nota de HRW alertó asimismo de que el aumento de las detenciones de miembros de la sociedad civil y de agencias de la ONU por parte de los hutíes "ha contribuido a agravar la crisis de ayuda humanitaria en el Yemen, que ya se encuentra entre las peores del mundo".

"Se espera que la ya crítica situación de inseguridad alimentaria aguda se deteriore aún más durante el período de pronóstico (noviembre de 2025 a mayo de 2026), y se proyecta que sectores de la población enfrentarán una catástrofe" en cuatro distritos bajo control hutí, advirtió.

Los hutíes, respaldados por Irán, han iniciado una gran campaña de detenciones contra personas presuntamente vinculadas a actividades de espionaje, entre ellas trabajadores de Naciones Unidas, tras los bombardeos del año pasado por Israel y Estados Unidos contra sus posiciones en represalia por sus ataques contra el Estado judío y el mar Rojo.

"Al atacar a los trabajadores humanitarios, los hutíes también atacan a los numerosos yemeníes que dependen de la ayuda que brindan", advirtió Jafarnia".

Instó a que la comunidad internacional, "en particular los gobiernos de la región haga todo lo posible para garantizar la liberación inmediata de las decenas de funcionarios de la ONU y de la sociedad civil detenidos arbitrariamente". EFE

Durante una intervención pública, Adrián Barbón subrayó que el éxodo venezolano recuerda al exilio español provocado por la dictadura de Francisco Franco. Esta comparativa, expuesta tras ser consultado por medios de comunicación sobre la situación actual en Venezuela, sirvió como punto de partida para enfatizar la importancia de defender las normas internacionales ante regímenes autoritarios. Según publicó el medio citado, Barbón manifestó su solidaridad con los millones de personas que han abandonado Venezuela para resguardar sus vidas y evitar la represión, y denunció las restricciones a las libertades en ese país.

De acuerdo con el reporte difundido, el presidente del Principado de Asturias enfatizó la necesidad de asegurar tanto la vigencia como el respeto al derecho internacional, calificándolo como un pilar fundamental que no admite excepciones. En palabras de Barbón, la reciente detención de Nicolás Maduro representa una muestra de la gravedad de la situación política venezolana, que describió como "una brutal dictadura". El medio también consignó que Barbón consideró inaceptable que en Venezuela no se hayan podido examinar ni analizar los resultados de las últimas elecciones presidenciales, subrayando la importancia de llamar a los hechos por su nombre.

El medio detalló que Barbón alertó sobre el riesgo de una “deriva global” si la comunidad internacional, especialmente Europa, no adopta una posición firme frente a los gobiernos autoritarios. Según Barbón, permitir que el poder se ejerza sin contrapesos ni vigilancia internacional puede provocar que “cada uno de los matones que tenga más fuerza va a poder hacer lo que quiera”. En este contexto, reiteró el valor del derecho internacional como instrumento para la protección de los derechos y pidió que su cumplimiento se mantenga inalterable ante cualquier circunstancia.

El dirigente asturiano expresó públicamente su respaldo a la oposición venezolana y describió la situación en Venezuela tras la detención de Maduro como “rocambolesca”. Destacó que, en condiciones marcadas por la falta de transparencia y el mantenimiento del control por parte del gobierno, la comunidad internacional debe permanecer vigilante y dispuesta a responder ante posibles violaciones de los estándares internacionales. Según consignó el medio, insistió en que su postura no varía según el caso, asegurando que seguirá denunciando cualquier tipo de transgresión al derecho internacional, y recordó que ya tuvo una posición similar ante la invasión de Ucrania.

Barbón, en su intervención, mencionó la urgencia de solidarizarse y acompañar tanto a quienes se ven forzados a salir de su país como a quienes continúan luchando desde dentro por condiciones democráticas y justas. La crisis de migración venezolana, comparada por el mandatario regional con el desplazamiento de la ciudadanía española bajo el franquismo, fue utilizada como ejemplo para recalcar que las consecuencias de los regímenes autoritarios trascienden fronteras y afectan de manera directa los principios sobre los que se asienta el orden internacional.

En ese sentido, el presidente autonómico hizo hincapié en que el respeto irrestricto al derecho internacional constituye una garantía ante “cualquier deriva” que pueda poner en peligro los derechos fundamentales y la estabilidad de las sociedades democráticas. El medio señaló que Barbón exhortó a las instituciones europeas y organismos multilaterales a responder con firmeza para frenar posibles abusos de poder y brindar protección a quienes resultan afectados.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que en Cuba se registraron al menos 3.179 acciones represivas contra la población civil en 2025, mientras más de 800 presos políticos siguen encarcelados.

En un informe enviado a Infobae, el organismo con sede en Madrid calificó el año que acaba de finalizar como uno de los más difíciles para la sociedad cubana bajo el actual contexto de represión. De acuerdo con el reporte, desde 2021 se contabilizaron más de 26.000 acciones represivas en el territorio insular.

Entre los incidentes documentados durante el último año, se incluyen 529 detenciones arbitrarias de corta duración, con un impacto mayor entre mujeres. Las provincias más afectadas fueron La Habana, Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba.

El escrito indicó que, solo en diciembre pasado, la red de observadores del OCDH registró al menos 279 acciones represivas, de las cuales 21 correspondieron a detenciones arbitrarias y 258 a otros tipos de abusos.

"El año recién finalizado ha sido uno de los peores desde todo punto de vista para los cubanos, en medio de una represión generalizada que penaliza desde publicaciones en redes sociales hasta cualquier protesta pacífica en el espacio público”, indicó la organización; al tiempo que enfatizó que la persecución abarca manifestaciones tanto online como presenciales.

Y siguió: “Estamos ante un Estado que administra la represión, pero no busca soluciones para los graves problemas de la gente”. Según denunció el reporte, las autoridades del régimen de Miguel Díaz-Canel buscan “que los ciudadanos sufran y resistan en silencio”.

Respecto a las perspectivas para el presente año, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos advirtió: “No queremos entrar en el campo de los pronósticos en temas tan delicados, pero todo apunta a que el nivel de paranoia del régimen aumentará en este año que comienza, debido a la compleja situación internacional”.

Además, hizo un llamado a la comunidad internacional para que mantenga la presión diplomática y política sobre la dictadura cubana con el fin de evitar el agravamiento en la situación de los derechos humanos.

El documento reiteró la relevancia del seguimiento internacional y el compromiso de los organismos multilaterales frente a la situación de Cuba, en especial en lo relativo a la libertad de expresión y el trato a los presos políticos.

Más de 11.000 protestas en 2025

Por su parte, el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) contabilizó un récord de 11.268 protestas, denuncias y declaraciones críticas durante 2025 en la isla.

La cifra representa un crecimiento superior al 25% con respecto a los datos de 2024, cuando se documentaron 8.443 casos. El reporte, enviado a Infobae, destaca la persistencia y aumento de la conflictividad social en medio del agravamiento de la crisis económica y sanitaria.

El OCC identificó cinco récords mensuales consecutivos de más de 1.000 protestas desde agosto, con una tendencia ascendente que culminó en diciembre con 1.333 acciones, la mayor cifra del año. Ese mes, la categoría Desafíos al Estado policial encabezó el listado, con 342 incidentes, incluidos cacerolazos, cortes de calles, barricadas incendiadas y enfrentamientos verbales con efectivos policiales, mayormente en La Habana.

El informe indicó que “las acciones abiertamente contestatarias aumentaron pese a la vigilancia y las leyes represivas”.

La inseguridad alimentaria y la inflación continúan entre los principales motivos de protesta. En diciembre, la categoría Alimentación-Inflación-Agricultura sumó 199 episodios, donde la escasez de productos básicos y los precios inalcanzables provocaron escenas de desesperación en varias provincias. El OCC describió situaciones como “un anciano recogiendo sobras de comida en Artemisa y residentes de Alamar persiguiendo un camión de arroz”. En varias zonas, muchas familias no pudieron adquirir carne de cerdo para las celebraciones de fin de año.

La inseguridad ciudadana también mostró un repunte, con 194 denuncias y protestas en diciembre, 90 más que el mes anterior. El informe detalló 17 asesinatos u homicidios, 15 reportes de desapariciones —cuatro durante traslados internos— y 43 delitos de robo, asalto o estafa. Además, se relevaron 17 casos de robo al Estado y cinco de robo o sacrificio de ganado, elementos que, según el OCC, reflejan el deterioro de las condiciones sociales.

La crisis sanitaria se agravó durante 2025. El área de Salud Pública ocupó el cuarto lugar con 184 protestas impulsadas por la epidemia de dengue y chikunguña, la falta de insumos médicos y el colapso hospitalario. El Ministerio de Salud Pública reconoció 55 muertes por arbovirosis, pero el OCC documentó 95 decesos tras contrastar varias fuentes.

Por último, los servicios públicos continuaron generando malestar social. En diciembre, 157 manifestaciones se relacionaron con cortes eléctricos, principalmente en La Habana, donde las interrupciones llegaron a 12 horas y en otras zonas hasta 30.

El Consejo Supremo de Defensa de Irán manifestó que la preparación militar del país alcanza actualmente un nivel considerado excepcional, y resaltó la implementación de medidas resultantes de las lecciones extraídas tras la ofensiva israelí contra Irán en junio de 2025. Según informó la agencia de noticias Mehr y reproducido por varios medios digitales, las autoridades mantienen que las nuevas disposiciones han fortalecido la operatividad de las Fuerzas Armadas, respaldadas directamente por el apoyo visible de la población local. En este contexto, el Consejo aclaró que cualquier conducta hostil hacia la República Islámica desencadenará una reacción firme y proporcional, al tiempo que enfatizó su derecho legítimo a la autodefensa, marcando así el tono para la política de seguridad nacional.

De acuerdo con Mehr, la postura oficial se dio a conocer este martes, en medio del incremento de declaraciones consideradas amenazantes y de señalamientos intervencionistas hacia Irán, señalamientos que provienen principalmente de actores estadounidenses e israelíes. La coyuntura adquiere mayor relevancia tras las recientes denuncias internacionales acerca de la respuesta gubernamental frente a las protestas motivadas por el deterioro de la economía y la calidad de vida en el país. Frente a estas acusaciones, las autoridades iraníes remarcaron su derecho a la defensa preventiva, indicando que la respuesta de Teherán no espera a que otros actores materialicen una acción, sino que se enmarca en la protección inmediata de la estabilidad nacional.

El Consejo Supremo de Defensa reafirmó en su declaración que la seguridad, independencia e integridad territorial de Irán no serán objeto de negociación ni cederán ante presiones externas. "La seguridad, la independencia y la integridad territorial de Irán son una 'línea roja' irrompible", recogió Mehr. Además, detalló que cualquier acto de naturaleza agresiva, o la continuidad en el uso de retórica hostil, recibirá contestación conforme al principio de proporcionalidad y al marco del derecho internacional en materia de autodefensa. Las bases de esta política se fundamentan en una estrategia de disuasión robustecida por la preparación militar constante.

Habibolá Sayari, quien ocupa el segundo puesto en la cúpula del Ejército iraní, explicó a través del medio iraní que las Fuerzas Armadas han intensificado sus procesos de mantenimiento y actualizado sus capacidades logísticas y operacionales. Sayari precisó que la organización bélica del país mantiene “un nivel muy alto de preparación operativa”, y puntualizó que los ajustes realizados surgen directamente del análisis de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos ocurrida en junio de 2025. Reportó Mehr que el alto mando del Ejército calificó las acciones de modernización como esenciales para garantizar una defensa efectiva frente a potenciales amenazas externas.

Sumado a los avances materiales, Sayari puso en relieve el respaldo de los ciudadanos hacia las Fuerzas Armadas, describiéndolo como "directo y poderoso". El medio Mehr indicó que tal apoyo sirve como componente central para consolidar la determinación de los cuerpos militares, contribuyendo a la estabilidad interna del régimen frente a contextos adversos y presiones extranjeras.

El posicionamiento de las autoridades iraníes, consignado por la agencia Mehr, advierte no solo sobre una política orientada a la autodefensa reactiva, sino que también considera escenarios preventivos si persiste el uso de lenguaje hostil o acusaciones intervencionistas contra el país. La declaración del Consejo Supremo de Defensa se produce en un momento de tensión, tras semanas marcadas por denuncias de represión estatal contra manifestantes que protestan por la crisis económica y la caída de los estándares de vida.

Frente a este panorama, el texto oficial insiste en que cualquier movimiento considerado hostil generará una respuesta adaptada a la magnitud del acto y subraya que la línea de defensa nacional no se ve limitada por el orden previo de las acciones. Según publicó Mehr, la doctrina de seguridad nacional de Irán se sustenta en la combinación entre la capacidad de disuasión, la preparación constante y una estrategia de respuesta proporcional e inmediata ante cualquier amenaza externa.

Por otra parte, las referencias a “medidas efectivas” implementadas tras la ofensiva militar de 2025, mencionadas por Sayari, abarcan mejoras tanto tecnológicas como operativas y pretenden asegurar que el país se mantiene alerta frente a posibles escenarios de escalada. El Ejército iraní atribuye este incremento en sus niveles de preparación al análisis detallado de los acontecimientos militares recientes y a la observación de lecciones prácticas para la defensa nacional.

A lo largo de la declaración y según reiteran las fuentes consultadas por Mehr, las autoridades iraníes insisten en colocar la autodeterminación y la protección de su territorio como ejes innegociables de su política exterior y de defensa. Para el gobierno, las acusaciones de represión y las críticas internacionales solo refuerzan su percepción de riesgo externo y justifican mantener e incrementar los niveles de alerta militar y las inversiones en capacidades defensivas.

La noticia de la captura del dictador Nicolás Maduro durante un operativo de Estados Unidos en Venezuela impactó a miles de venezolanos en el extranjero. Sairi Romero, una joven de 33 años que reside en México desde 2010, compartió con Infobae MX como vive este momento junto a su familia, dividida entre la ilusión de un cambio y la incertidumbre sobre el futuro inmediato de su país de origen.

Romero dejó Venezuela hace 16 años, tras la transferencia laboral de su padre a Veracruz. Según relató a Infobae MX, su salida del país sudamericano ocurrió durante una etapa marcada por inestabilidad política, creciente polarización, inflación y apagones frecuentes.

La joven recordó que en ese periodo comenzaron los primeros cierres de medios emblemáticos, como el canal RCTV, además de que “había temas con la inflación, apagones, conflicto de ese tipo y empezaban las limitaciones a la libertad de expresión”.

Afirmó que emigró junto con su familia de manera legal, apoyada por la empresa que empleaba a su padre, pero a pesar de la distancia, mantiene contacto con sus parientes que permanecen en Venezuela.

“Muchos han salido del país, pero todavía tengo bastante familia allá y sí, seguimos en contacto”, explicó.

No obstante, enfatizó que el deterioro de la situación en su país ha sido una fuente constante de angustia, pues para ella “ha sido muy frustrante” ver que el país en el que creció ha ido decayendo poco a poco “hasta la situación gravísima” que se vive actualmente.

Entre esto último, describió el dolor de perder familiares por la escasez de medicinas y alimentos, subrayando la dificultad de explicar esa realidad a quienes observan la crisis venezolana desde una perspectiva ideológica externa.

“Desde afuera no se puede hacer mucho y es más bien la preocupación de la seguridad de la gente que sigue allá.

“(...) Tenemos contacto con gente que tal vez es de izquierda de otros países y ven a Venezuela como algo abstracto de ideologías, cuando nosotros tenemos vivencias personales e íntimas”, agregó.

Sobre la reciente detención de Nicolás Maduro, Romero expresó su aprobación, aunque aclaró que no respalda el intervencionismo de Estados Unidos de manera general.

“En el caso específico de Venezuela, sí apruebo esta captura. Los venezolanos han intentado por muchos años sacar esta dictadura de Maduro a través de protestas, de procesos democráticos, pero las protestas se han respondido con violencia, torturas, secuestros de estudiantes, asesinatos, y los procesos democráticos se han ido completamente robados”, aseguró.

La reacción en su entorno familiar es de expectativa y nerviosismo. Sairi detalló que la captura del dictador “es una mezcla de emociones, entre asustados, pero también con mucha esperanza, también muy alegres, también optimistas sobre lo que va a pasar, y simplemente compartiendo el momento entre nosotros, con las expectativas de que sí va a ser para bien esto”.

Sobre la postura del gobierno de México, la joven comprende la oposición a la intervención militar estadounidense, pero matizó que muchos venezolanos consideran necesaria la ayuda internacional.

“Los venezolanos apoyamos que se nos ayude internacionalmente en este caso”, sostuvo.

Romero también resaltó su respaldo a María Corina Machado como figura central de la oposición venezolana, al considerar que “ella ha mantenido la coherencia a través de los años, ha mostrado integridad y veracidad”.

La posibilidad de retornar a Venezuela se mantiene como una aspiración personal, aunque la joven considera que antes debe consolidarse una transición hacia un gobierno democrático y una recuperación económica real.

“Muchos venezolanos tenemos esa esperanza de volver, regresar y reunirnos y estar todos juntos en un país funcional”, concluyó.

Las autoridades de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela señalaron la posibilidad de que la situación en el país sudamericano experimente un agravamiento en los días y semanas siguientes, ante la alta volatilidad propiciada tras la intervención de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro. Según detalló el medio, la Misión expresó su alarma por el contexto que atraviesa Venezuela después de que el gobierno estadounidense concretara una intervención militar y arrestara al presidente venezolano bajo la imputación de delitos de “narcoterrorismo contra Estados Unidos y sus ciudadanos”. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas exigió rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos y crímenes internacionales cometidos en Venezuela, tras manifestar su “profunda preocupación” por la reciente operación estadounidense.

Tal como reportó la fuente, Marta Valiñas, presidenta de la Misión, comunicó a través de una declaración pública reproducida por el Consejo en su cuenta oficial en la plataforma X, que resulta fundamental enfocar la atención internacional en las graves transgresiones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetrados en contra de la población venezolana. Valiñas enumeró entre estas vulneraciones las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como la violencia de género, hechos que calificó como “ampliamente documentados”. El medio consignó que la Misión insistió en que tales crímenes, aunque de enorme gravedad, no legitiman la acción militar desplegada recientemente por Washington, la cual contraviene las normas del Derecho Internacional, pero subrayó que esta circunstancia no exime al funcionariado venezolano, incluido Maduro, de su responsabilidad por años de represión y violencias que constituyen crímenes de lesa humanidad.

Tras estos hechos, la Misión de Determinación de los Hechos reveló su inquietud ante la perspectiva de que la situación actual derive en la comisión de mayores y más graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. La declaración sostiene que la situación permanece inestable y que Estados Unidos ha expresado su intención de “administrar” el país a corto plazo, justo en momentos en que las autoridades venezolanas decretaron el estado de emergencia. De acuerdo con el comunicado reproducido por el medio, la Misión hizo un llamado a las autoridades de Venezuela y Estados Unidos, así como a otros actores internacionales, a garantizar el respeto pleno al Derecho Internacional en sus actuaciones hacia Venezuela.

Alex Neve, uno de los expertos de la Misión citado por el medio, señaló que “el pueblo venezolano necesita y merece soluciones que cumplan plenamente con el derecho internacional”, reafirmando la necesidad de priorizar la protección de los derechos fundamentales sobre cualquier otro objetivo político o estratégico en el manejo de la crisis. La declaración de la Misión, que recoge testimonios y evidencias recolectadas en años de seguimiento a la situación humanitaria venezolana, remarcó que las violaciones sistemáticas contra la población han persistido demasiado tiempo sin sanción, e instó a la comunidad internacional a que coloque la vigencia de los derechos humanos en primer plano.

A lo largo del comunicado analizado y citado por el medio, la Misión Internacional Independiente se refirió a la importancia de no permitir que los crímenes cometidos en Venezuela queden impunes, exhortando a todos los actores implicados a garantizar mecanismos eficaces de rendición de cuentas. El organismo recordó que las vulneraciones de derechos humanos, tales como las desapariciones forzadas y la tortura, forman parte de patrones persistentes señalados por órganos internacionales y requieren respuestas judiciales transparentes y efectivas. El texto enfatizó, según informó el medio, que la intervención militar de un Estado extranjero no responde ni compensa la obligación estatal de proteger a sus ciudadanos y de sujetar a los responsables de los crímenes cometidos a procesos judiciales adecuados.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a través de la declaración oficial de la Misión, insistió en que los derechos fundamentales de la población venezolana deben ser protegidos por encima de intereses estratégicos, y reclamó la colaboración activa de la comunidad internacional en la observancia del principio de legalidad y el respeto al debido proceso. Estos llamados se produjeron luego de una jornada en la que la situación en Venezuela atravesó un punto de quiebre tras la intervención extranjera y la detención de su máximo representante político, hechos que, de acuerdo con la Misión, podrían dar paso a una mayor inestabilidad social y a nuevos episodios de represión.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la declaración emitida urgió tanto a las autoridades venezolanas como a la administración estadounidense y a otros países e instituciones globales, a que sus acciones o decisiones no contribuyan a vulnerar aún más los derechos del pueblo venezolano, y que se apeguen de modo estricto al marco internacional de los derechos humanos. El texto concluyó con un emplazamiento enfático a colocar el respeto por los derechos humanos en el centro de la respuesta internacional a la crisis venezolana, reafirmando la necesidad de mecanismos efectivos de justicia y rendición de cuentas para lograr que los responsables enfrenten consecuencias legales, y que las víctimas reciban reparación y garantías de no repetición, según reiteró la Misión en sus comunicaciones formales.

El secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, remarcó que Venezuela ha pasado años bajo una tiranía que ha socavado las libertades, el bienestar y el porvenir de su población. Según publicó Europa Press, Tellado enfatizó que durante demasiado tiempo el pueblo venezolano ha sufrido la represión ejercida por el régimen de Nicolás Maduro, marcado por la vulneración continua de los derechos humanos y la persistencia de condiciones de miseria. Asimismo, destacó que la oposición democrática obtuvo el respaldo mayoritario en las más recientes elecciones, pero el oficialismo desatendió el resultado y mantuvo su control del poder de manera ilegítima, apoyado, según sus palabras, en el fraude, la persecución a opositores y con el aval de sectores internacionales.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, el dirigente del PP señaló que a partir de este momento “se abre una nueva etapa, un escenario diferente”, en el que la prudencia debe convivir con la esperanza ante la oportunidad de recuperar el futuro para Venezuela, el cual, aseguró, fue arrebatado por el gobierno de Maduro y por el silencio de numerosos dirigentes extranjeros. En ese sentido, los dirigentes populares han afirmado reiteradamente que llevan años denunciando la naturaleza del gobierno de Maduro y la implicación de quienes han colaborado tanto desde el interior como desde el exterior en el sostenimiento del régimen.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un mensaje divulgado a través de la red social X y recogido por Europa Press, abogó por la apertura de un proceso hacia la transición democrática en Venezuela. Núñez Feijóo ratificó la prioridad de proteger a los ciudadanos españoles residentes en el país suramericano, subrayando que se trata de su “máxima prioridad” junto al bienestar general de la población venezolana. El líder del PP reiteró su apoyo a la construcción de un futuro sin represión, el cual concibe bajo la conducción del presidente electo Edmundo González Urrutia y la dirigente opositora María Corina Machado, considerados referentes de la oposición venezolana.

Tal como informó Europa Press, el PP recalcó que el país suramericano ha experimentado durante años una dictadura que la formación califica como férrea. El partido señaló que a lo largo del tiempo no solo ha denunciado este régimen y a sus aliados a nivel internacional, sino que también lo ha hecho en el ámbito político español. La formación valoró negativamente el papel del actual Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez en la relación bilateral, al considerar que su actuación frente a la situación venezolana se caracteriza por la cobardía y por desatender responsabilidades históricas que España mantiene hacia Venezuela. El PP hizo mención específica al hecho de que el gobierno socialista facilitó la salida de Edmundo González de Venezuela, algo que contrapusieron a la posición de otros países cuyo proceder, indican, condujo a la salida del exmandatario después de perder las elecciones.

El comunicado atribuido al PP, recogido por Europa Press, expresó que la moderación política es compatible con un horizonte de esperanza en que Venezuela pueda construir un porvenir distinto a partir de la libertad y el respeto al orden democrático. El mensaje destaca: “Solo la libertad y la democracia traerán el futuro en paz que Venezuela merece”.

En sus declaraciones a los medios, el secretario general Miguel Tellado también afirmó que “hoy es un mal día para quienes justificaron, blanquearon o hicieron negocios con ese régimen”, e incluyó referencias al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, del que dijo que está viviendo un momento complicado tras los acontecimientos recientes en Venezuela, según recogió Europa Press.

Europa Press detalló que durante la misma jornada, diferentes figuras del PP insistieron en los efectos nocivos atribuidos al periodo de gobierno de Nicolás Maduro, responsabilizándolo por situaciones de persecución política, pobreza estructural y deterioro institucional. Tellado recordó que, pese a la victoria de la oposición democrática en las elecciones más recientes, la administración de Maduro desoyó tal resultado y se mantuvo en el poder contra la voluntad popular.

El PP expresó que la etapa política que comienza requiere tanto sensatez como optimismo ante la posibilidad de que Venezuela recupere el rumbo democrático. El partido reiteró su respaldo a los líderes opositores y comprometió su atención a la protección de los españoles residentes en territorio venezolano. La formación criticó además el papel del gobierno de España, señalando que, a su juicio, ha fallado en su deber histórico de contribuir de manera más decidida a una solución democrática.

Según reportó Europa Press, los portavoces del PP insistieron en que la denuncia internacional de la “narcodictadura” de Maduro se sostiene por la evidencia histórica de represión interna y complicidad de actores externos. La formación mostró su preferencia por una transición liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, y manifestó que la acción política debe dirigirse hacia la recuperación de derechos y libertades plenas para la sociedad venezolana.

Entre los señalamientos realizados por los principales dirigentes del partido, se encuentra la acusación de que el gobierno socialista “sacó de Venezuela al ganador de las elecciones”, refiriéndose a Edmundo González, y la contraposición con la actuación de Estados Unidos, al que atribuyeron la salida del “tirano que se aferraba al poder”, en alusión a Nicolás Maduro. Según recogió Europa Press en las declaraciones, los ‘populares’ centraron sus críticas en aquellos sectores y líderes políticos internacionales que, a su juicio, mantuvieron una postura complaciente o neutral ante el régimen venezolano.

Europa Press indició que el PP mantendrá su vigilancia sobre la evolución política de Venezuela, con particular atención en el resguardo de los ciudadanos españoles y en el acompañamiento a los esfuerzos opositores, declarando su intención de seguir denunciando aquellas acciones consideradas contrarias a los principios democráticos.