Antonio Sanguino Páez presentó su renuncia como ministro del Trabajo ante el presidente de la República, Gustavo Petro, y anunció que permanecerá en el cargo hasta el 6 de agosto de 2026, según escribió en una carta dirigida a la Casa de Nariño: “Presentar mi renuncia como Ministro del Trabajo, cargo que desempeñaré hasta el 6 de agosto de 2026”.

En el documento, Sanguino agradeció a Petro por haberlo convocado al gabinete y enmarcó su salida como el cierre de un ciclo dentro del proyecto político del Gobierno: “Le agradezco por la oportunidad brindada para caminar a su lado y bajo su acertado liderazgo y contribuir al cambio de Colombia”.

El titular de la cartera vinculó su gestión con el paquete de reformas impulsadas desde el Ejecutivo y sostuvo que su participación se concentró en la agenda laboral y de protección social: “Le agradezco haberme permitido participar activamente en la revolución laboral que iniciamos para y con el pueblo trabajador, expresada en la reforma laboral y pensional, y la materialización del salario vital”.

Sanguino también atribuyó al respaldo directo del mandatario el margen político para afrontar el trámite y las dificultades de esa agenda: “Ello no hubiese sido posible sin la generosa confianza depositada por Ud. para encarar los múltiples retos que tales legados nos demandaron”.

Al final de la carta, el funcionario aseguró que seguirá apoyando el rumbo de las medidas laborales promovidas por el Gobierno Petro tras dejar el despacho: “Cuente conmigo para la defensa de estas conquistas de los trabajadores y trabajadoras de Colombia”.

Ministro de Hacienda también renunció

El ministro Germán Ávila Plazas presentó su renuncia al cargo de Hacienda y Crédito Público, con efecto desde el 7 de agosto de 2026, fecha en la que termina el mandato del presidente Gustavo Petro. En una carta dirigida al jefe de Estado, explicó que su decisión responde al cierre del periodo presidencial.

“Hoy tengo que presentar mi carta de renuncia al cargo como ministro de Hacienda y Crédito Público a partir del próximo 7 de agosto de 2026 y la palabra renuncia, que hasta ahora estaba excluida de nuestro vocabulario, surge como inevitable, obligatoria y concluyente”, puntualiza la misiva.

Ávila Plazas agradeció su paso por el gabinete y resaltó el liderazgo del presidente Petro durante los últimos cuatro años: “Tuvimos este tiempo histórico para transformar nuestra realidad como nación y usted lideró de manera extraordinaria este proceso”. En su criterio,las decisiones del Ejecutivo impulsaron un modelo económico con mayor énfasis en la justicia social y la inclusión, y dijo que esos cambios dejan un precedente en el país.

“Una nueva página se escribirá en la teoría económica, con las decisiones que hemos tomado bajo su liderazgo”, agregó. En el mismo mensaje, expresó: “Salimos con el alma tranquila, con la conciencia limpia, con la dignidad en lo más alto, la esperanza viva y la convicción de que la sociedad colombiana tiene futuro”.

El funcionario también aludió a las críticas contra el Gobierno del cambio: “Entre más nos agredan, entre más nos difamen, entre más nos insulten, más razón tenemos y más inclaudicables seremos en la lucha por la justicia, la equidad y la soberanía”. Y cerró: “Presento mi renuncia al cargo y con ella mi compromiso inquebrantable de continuar las luchas al lado de nuestro pueblo”.

En el Ejecutivo también avanza el trámite para oficializar la salida de Natalia Irene Molina Posso de la dirección del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y designar de manera encargada a Luz Mery Portela David.

La decisión quedó plasmada en un proyecto de decreto remitido al secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Alfonso Ocampo Camacho, para el trámite de la firma del presidente Gustavo Petro. El documento contempla la aceptación de la renuncia de Molina Posso y el nombramiento temporal de Portela David mientras se designa un director en propiedad.

La salida de la funcionaria fue anticipada por el periodista Sebastián Nohra, quien aseguró que desde la Presidencia le solicitaron la renuncia y que Portela David viajaría ese mismo día a Cartagena para participar en una sesión del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad). El proyecto de decreto conocido posteriormente confirma que el relevo ya se encuentra en trámite.

La viceministra de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía, Valeria Prado Mancilla, presentó su renuncia este 31 de julio y la dimisión se hizo efectiva de inmediato, informó el Ministerio de Economía a través de un comunicado.

Con esa salida, el GabineteEconómico registró su segunda baja en un mes, tras la renuncia del entonces ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura Ruiz.

El Ministerio de Economía indicó que Prado concluyó sus funciones y que desde el 1 de agosto se incorporará a la Presidencia de la República para brindar asesoría especializada en proyectos estratégicos y prioritarios del Gobierno.

La cartera también señaló que desarrolla una transición ordenada y evalúa perfiles para designar a quien asumirá el viceministerio.

Prado Mancilla había asumido el cargo en abril de 2025, luego de la renuncia de Antonio José Romero Florián, y antes fue viceministra de Asuntos Registrales.

Durante su gestión, estuvo a cargo de la agenda de inversión y competencia del Mineco, dio seguimiento a negociaciones entre Guatemala y EstadosUnidos sobre temas comerciales y de inversión, e integró el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).

El Mineco también recordó que Prado promovió la modernización y digitalización de los registros públicos cuando ocupó el Viceministerio de Asuntos Registrales.

Sin confirmación

En paralelo, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que el ingeniero Luis Arturo Mérida presentó su renuncia como viceministro encargado del Área Energética.

Sin embargo, después indicó que la salida no estaba confirmada, pese a que habían publicado un comunicado de prensa que después fue eliminado de sus redes sociales y de la información compartida a los medios de comunicación.

Esa cartera añadió que sigue pendiente el nombramiento del viceministro de Minería e Hidrocarburos, cargo que ocupaba el actual ministro ErwinBarrios.

Relevos, renuncias y destituciones

A lo largo de la administración del presidente Bernardo Arévalo, la alta rotación en las carteras ejecutivas.

Entre destituciones motivadas por cuestionamientos éticos, dimisiones por desacuerdos presupuestarios y crisis operativas, el Gabinete de Gobierno ha registrado la salida de múltiples ministros y una varios viceministros y altos directores, entre ellos:

Comunicaciones (CIV)

• Jazmín de la Vega: Primera ministra destituida de la cartera en mayo de 2024, tras confirmarse pagos realizados a empresas contratistas fuera del cronograma acordado con la Presidencia.
• Félix Alvarado: Sucedió a De la Vega y dimitió en noviembre de 2024. Su renuncia estuvo enmarcada en diferencias metodológicas y discrepancias estructurales respecto a la gestión vial y ejecución del gasto.
• Lizzette Benítez: Removida en octubre de 2025 después de admitir ante la bancada parlamentaria la inexistencia de un plan integral de mantenimiento carretero.
• Viceministerios en constante relevo: Viceministros como Max García, Alex Bautista y Edvin Cardona (Infraestructura), Érick Rosales (Desarrollo Urbano) y José Raúl Solares (Comunicaciones) dejaron sus viceministerios en medio de restructuraciones continuas.

Gobernación

En octubre de 2025, la fuga masiva de 20 reclusos vinculados a la pandilla Barrio 18 del centro carcelario Fraijanes II desencadenó una profunda reestructuración en el Ministerio de Gobernación (Mingob):

• Francisco Jiménez:Presentó su renuncia como ministro de Gobernación a solicitud del Ejecutivo para asumir la responsabilidad política tras la falla de contención del sistema penitenciario.
• Claudia Palencia: Viceministra de Asuntos Antinarcóticos, removida dentro del mismo paquete de relevos gubernamentales.
• José Portillo: Viceministro de Seguridad, cuya dimisión fue aceptada conjuntamente en el reajuste del equipo de seguridad ciudadana.

Ambiente, Salud y Energía

• María José Iturbide (MARN): Removida del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en abril de 2024 debido a investigaciones tras revelarse el uso de vehículos oficiales asignados para fines particulares de sus familiares.
• Óscar Cordón Cruz (MSPAS): Dimitió de la titularidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en junio de 2024 citando complicaciones severas de salud.
• Víctor Hugo Ventura (MEM): Dejó el Ministerio de Energía y Minas tras reajustes internos de gabinete, relevado por Erwin Barrios.

Esta es la escena: un colaborador (a) que pide un adelanto de nómina. Es la segunda vez este trimestre. Y posiblemente más de una vez le hemos escuchado hablar de deudas en lo que va del mes.

Nadie en Recursos Humanos lo lee como una señal; todos lo leen como, “así estamos la mayoría de los mexicanos”. De repente, la persona renuncia y la pregunta es ¿cómo empresa no supimos ver la red flag? Pasamos por alto el momento que vive y que eso puede llevarlo a buscar más ingresos, formal o informalmente hablando.

El estudio que le pone número a esta escena, tan común que a veces no reparamos en ello, es del Instituto del Propósito y Bienestar Integral. Desde el observatorio de bienestar nos dimos a la tarea de analizar cómo el historial crediticio puede ser predictor de la renuncia. Tal vez parezca una curiosidad de nicho: ¿el buró de crédito predice renuncias?

Resulta que este estudio analizó el historial crediticio real de 51 mil 796 trabajadores mexicanos. Para evaluar se utilizó el puntaje FICO, la calificación de 300 a 850 puntos que Círculo de Crédito, uno de los dos buró de crédito del país, usa para medir qué tan al corriente está una persona con sus pagos.

Va de 300 a 850 puntos, y entre más alto, mejor es el historial crediticio. Un trabajador con un puntaje cercano a 300 —el mínimo de la escala— registra una probabilidad de renuncia de 12%; uno cercano a los 850, la reduce a 4.5%. Dicho de otra forma: moverse de un extremo a otro de la escala se asocia con una diferencia de más de 7 puntos porcentuales en la probabilidad de dejar el empleo.

Entonces, una persona con mal manejo de crédito tiene hasta el triple de probabilidad de renunciar que alguien con finanzas sanas. Cada tarjeta de crédito adicional abierta suma 3.1 puntos porcentuales de riesgo; cada préstamo personal vigente, un punto más. Tiene sentido si se piensa a qué escala llega el agobio por conseguir más recursos y pagar deudas.

Otras mediciones sobre estrés financiero en México ya ubicaban a 6 de cada 10 trabajadores sin poder dormir bien por sus deudas. No es que deber dinero vuelva a alguien menos comprometido con su trabajo. Es que pagar intereses, mes tras mes, termina pesando más que cualquier plan de carrera que Recursos Humanos le tenga preparado.

Del diagnóstico a la acción

Aquí conviene bajar del diagnóstico a la cancha, porque el propio estudio deja pistas de por dónde empezar. Las conversaciones sobre educación financiera aplicada, adelantos de nómina alineados a las reglas de la organización y asesoría para reestructurar deudas tienen que suceder ya, y no verse como un beneficio de catálogo que se activa hasta que la persona renunció.

Hay un matiz que se nos suele escapar: estos beneficios ya existen en el mercado mexicano, pero pareciera que necesitamos validar que a otra empresa le fue bien aplicándolos antes de decidirnos a implementarlos en la propia. Diagnosticar el estrés financiero de la fuerza laboral y, al mismo tiempo, seguir sosteniendo frases como “si él o ella se endeudó es su culpa y no se relaciona con la empresa” son dos cosas que no pueden convivir.

Porque la realidad es que ese trabajador estresado, agobiado, es el que llega todos los días a tu empresa, y el que tarde o temprano va a buscar fuentes de ingreso diferente. Este reporte justo se realiza con la intención de impulsar tomar acciones antes de que sea demasiado tarde.

Así que las empresas que tengan una mirada más integral y holística sobre lo que sucede con el colaborador van a adelantarse a la fuga de talento con una conversación oportuna. Aquellas que se dediquen a auditar solo clima laboral y desempeño se van a enterar hasta que llegue la carta de renuncia, si es que llega, porque a veces ni siquiera eso: solo se van a quedar con una plantilla cada vez más cansada.

*Ivonne Vargas es Directora del Observatorio de Bienestar del Instituto del Propósito y Bienestar Integral de Tecmilenio, cofundadora del Instituto Internacional de Desarrollo Organizacional con sede en Barcelona.

Sin embargo, y una vez más, las declaraciones del excongresista vinieron acompañadas de varios ‘dardos’ que apuntaron hacia el líder del partido: el expresidente César Gaviria.

“Quiero anunciar mi renuncia irrevocable al Partido Liberal Colombiano. Y lo digo con tristeza, porque durante los últimos doce años quise construir un partido que fuera verdaderamente socialdemócrata, que luchara por las minorías, por las mujeres, por las comunidades étnicas, por la comunidad LGTBIQ+, que defendiera la Constitución del 91 y su carta de derechos”, inicia la declaración oficial por parte de Losada.

Pero para el dirigente político, reconocido por su lucha de los derechos de los animales y uno de los mayores impulsores de la lucha por la regulación del consumo de cannabis para uso adulto, “desgraciadamente, bajo la dirección de César Gaviria, el Partido Liberal ha retrocedido en esos propósitos y se ha convertido en un partido puramente clientelista”.

Según los argumentos de Losada, desde la colectividad se “favorece a las estructuras políticas corruptas de Colombia y que se ha dedicado a convertirse simplemente en una máquina en favor de todo lo que está mal en nuestra sociedad”.

Para cerrar su declaración, el excongresista dijo que no abandonará “las ideas liberales”, y añadió: “Simplemente tengo que dar un paso al costado en el partido y buscar una fuerza política en la que hoy esas ideas se vean representadas”.

Al final, Losada le hizo una petición “a todos los verdaderos liberales de todos los rincones de Colombia” para que “se unan a esta causa de construir una verdadera fuerza liberal en nuestro país”, cerró el excongresista.

Las críticas que Losada le hizo a Gaviria en la antesala de las elecciones al Congreso

El representante Juan Carlos Losada calificó de “vergonzosa” la lista del Partido Liberal al Senado para las elecciones del 8 de marzo de 2026 y dirigió sus críticas contra el expresidente César Gaviria, a quien responsabilizó de avalar candidaturas ligadas, según su denuncia, a clanes políticos cuestionados, antecedentes de parapolítica y escándalos judiciales.

En el centro de su cuestionamiento aparece un dato que el congresista presentó como síntesis del problema: “seis de los primeros 10 puestos de la lista han tenido vínculos con la parapolítica a través, bien sea de aliados o de familiares”.

En el mismo pronunciamiento que Losada difundió en su cuenta de X, aseguró que los clanes avalados por la dirección del partido acumulan 109 años de cárcel y más de 200 años de inhabilidades.

La reacción de Losada se produjo el martes 9 de diciembre de 2025, en medio de un nuevo episodio de la crisis interna que atraviesa la colectividad.

El entonces representante a la Cámara y que se quemó en dichos comicios (figuraba en el puesto 22 del escalafón con el que buscaba dar el salto al Senado), concentró sus ataques en la confección de la nómina y en el papel de Gaviria como director del partido.

“La lista del Partido Liberal al Senado es absolutamente vergonzosa. Una lista conformada por clanes corruptos, antiderechos y aliados con el paramilitarismo y el narcotráfico”, mencionó Losada.

La crítica no se limitó a una objeción política general, sino que incluyó nombres concretos ubicados en los primeros lugares de la lista, como Richard Aguilar y Yesid Pulgar.

Mientras que en otro ‘dardo’ hacia Gaviria, Losada escribió: “La hipocresía de César Gaviria es de tal magnitud que de día es opositor al Gobierno de Petro, pero de noche le entrega el aval al clan Torres, que fueron los principales financiadores de la campaña de Petro presidente”.

En la misma línea, reprochó el respaldo al grupo de Julián Bedoya, encabezado por María Eugenia Lopera, a quienes señaló como “implicados hasta los tuétanos en el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo, la peor de este Gobierno”.

Días atrás, la Jefatura de Gabinete tomó la decisión de remover de su cargo a uno de los altos funcionarios de toda esa estructura: al secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua. Aunque la determinación política de hacerlo ya está tomada desde hace al menos una semana, todavía no se efectivizó.

En el Gobierno indican que Genua ya sabe que se irá pero que, al día de hoy, no se conoce quién será su reemplazo. El motivo de esta demora es político: se trata de un área que tiene diversos organismos y la responsabilidad de las políticas públicas sobre temas como ciencia y tecnología, ambas de amplísimo interés estratégico.

Sobre todas las cosas, Genua es un hombre que responde al asesor presidencial Santiago Caputo. Al interior del Gobierno, hay quienes quieren ver este reemplazo en clave de la propia interna entre ese sector y el de Karina Milei, aunque la mayoría afirma que hay una cuestión lógica por parte de Santilli de querer construir un equipo propio con personas con las que se sienta cómodo trabajando en una cartera tan importante como la Jefatura de Gabinete.

El vínculo entre Caputo y Santilli dista de ser distante, aun cuando el jefe de Gabinete ya forma parte del círculo político de la hermana presidencial. Pero el ministro coordinador decidió al momento de su asunción que lo iba a desplazar de su cargo Genua, a quien conoce de larga data. Todas las partes sabían que ese vínculo no iba a funcionar, por lo que Santilli le dijo al asesor presidencial de encontrar un punto medio.

Como novedad, una fuente importante al interior del Gobierno informó que se espera un encuentro privado entre ambos para conversar sobre la salida del secretario. “Es una reunión de coordinación para que salga Genua”, ratificaban en la Casa Rosada. Lo interesante es que desde otros sectores del Gobierno desmienten tajantemente este encuentro.

También se habló de que se podía producir una segunda reunión en la que Santilli podía tener previsiones de reunirse con su segundo, el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, para conversar las opciones que ambos tienen para el reemplazo. Esto también es tildado de “falso” por importantes fuentes de la Casa de Gobierno.

Lo que dicen en un sector del Gobierno es que la demora en la designación de un reemplazante se produce por una cuestión de “tiempos” y que se está buscando a un candidato que cumpla con los requisitos que tiene esta secretaría, de altísima importancia en términos estratégicos. Afirman que Santiago Caputo no sería ajeno a esta búsqueda.

Y es que lo ocurrido con el área que lidera Genua configura una de las primeras alteraciones que hay en una de las carteras caputistas en el último tiempo. El último antecedente había sido con el arribo de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, donde la ascendencia política del asesor presidencial era absoluta.

Hubo un acontecimiento que hacía prever que en la Jefatura de Gabinete se podían decantar en una salida de Genua. Días antes de que trascendiera esta última noticia, el Presidente firmó un decreto junto a Santilli que reordenaba algunas áreas que estaban en manos de Ciencia y Tecnología. Se dispuso que ENACOM y la Agencia de Acceso a la Información Pública quedaran bajo control directo de Santilli y que Arsat y el Correo Argentino en la estructura de su mano derecha, el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria.

Esta cuestión había sido dialogada entre Caputo y Santilli, aunque no restó la influencia de Karina Milei, quien quiso ordenar un área en donde vio asuntos turbios después de la detención de Facundo Leal, el ex titular de Arsat arrestado en el penal de Ezeiza luego de que se encontraran 2,4 millones de dólares en efectivo y drogas en su domicilio.

“Se equivocan los que ven todo en clave de interna”, afirman cerca del ministro coordinador, de quien aseguran que en privado dice que no se quiere “enganchar” en peleas internas porque todos le caen bien.

Eso no quita que a los más cercanos de Karina Milei no les haya puesto contentos la circunstancia de que el santiaguismo perdiera influencia en diversas áreas estratégicas con un solo movimiento. Eso sí: no habría novedades de ese estilo en otros importantes lugares de la administración pública. “Nos parece que está todo bien así como está todo. Diego asumió en un puesto importante y también precisa a su gente”, afirman cerca de Karina.

El dilema para ese reemplazo es qué ascendencia tendrá el reemplazo de Genua. También se tomó la determinación de producir un recambio en la cúpula de ARSAT, aunque los reemplazos también deben ser definidos en cuestión de días.

La única empresa pública que seguirá controlando la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología es Vehículo Espacial de Nueva Generación (VENG), que se especializa en el desarrollo de tecnología para el acceso al espacio.

También sigue a cargo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación (ANPIDTI), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el CONICET, el organismo con más dotación pública de toda la Administración Pública Nacional, con 25.805 personas, según el último recuento hecho por el INDEC.

Andrés Idárraga presentó el 21 de julio de 2026 su renuncia irrevocable como secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. La dimisión entrará en vigor el 6 de agosto, un día antes de la posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

“Presento mi carta de renuncia al señor Presidente Gustavo Petro. Cumplo todo el gobierno que termina en el cargo de Secretario de Transparencia. Me voy el próximo 6 de agosto como uno de los (pocos) funcionarios que permaneció todo el gobierno al lado del Presidente Petro, a quien le agradezco profundamente su confianza, la oportunidad de acompañarlo en el gobierno sus enseñanzas”, puntualiza el escrito.

El funcionario publicó el documento de cese y un mensaje en su cuenta de X, en el que afirmó: “Cumplo todo el gobierno que termina en el cargo de Secretario de Transparencia. Me voy el próximo 6 de agosto como uno de los (pocos) funcionarios que permaneció todo el gobierno al lado del presidente Gustavo Petro, a quien le agradezco profundamente su confianza, la oportunidad de acompañarlo en el gobierno y sus enseñanzas”.

Y agregó:” Me voy con una visión crítica y autocrítica del ejercicio de gobierno. Con una comprensión más profunda y distinta de la estructura del Estado y del ejercicio del “poder”. También me voy con la satisfacción del deber cumplido”.

En su escrito de dimisión, Idárraga también señaló: “Expreso mi sincero agradecimiento por la confianza depositada en mí, y por la oportunidad de hacer parte de este Gobierno del Cambio. Deseo los mayores éxitos al Dapre y a la Secretaría de Transparencia en el cumplimiento de su misión institucional”. También dijo que deja el cargo “con una visión crítica y autocrítica del ejercicio de gobierno” y “con la satisfacción del deber cumplido”.

El saliente funcionario afirmó que a lo largo de su estancia en la dependencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) trabajó contra la corrupción dentro del Ejecutivo y fuera de él. Además de mencionar que deja el cargo con mejores índices contra las actividades ilegales.

“El mandato anticorrupción se cumplió e hice todo lo que estuvo a mi alcance, poniendo mi vida en riesgo y la de mi familia. Lo hice pese a los corruptos en el gobierno y por fuera de él. La política pública anticorrupción de lejos, es mejor que hace 4 años y la confianza ciudadana en las instituciones del Estado es mayor, gracias al equipo de trabajo de la Secretaría de Transparencia”.

A reglón seguido afirmó que: “El mandatario anticorrupción se mantiene vigente, de la mano de la ciudadanía. Bogotá no puede escapar a él y así lo haremos cumplir”.

Cancillería solicitó la renuncia de todos sus embajadores

La Cancillería de Colombia pidió a los embajadores del país presentar sus renuncias para iniciar la renovación de las jefaturas de las misiones diplomáticas en el exterior, ante la proximidad del fin del periodo constitucional del presidente Gustavo Petro Urrego.

La solicitud se basa en el artículo 91 del Decreto Ley 274 de 2000, que obliga a los jefes titulares de misión a renunciar al concluir el mandato del presidente bajo cuyo gobierno desempeñaron su cargo: “Los Jefes titulares de las Misiones Diplomáticas deberán presentar renuncia a sus cargos, mediante comunicación escrita, al concluir el período constitucional del Presidente de la República bajo cuyo Gobierno hayan desempeñado su Misión”.

La comunicación fue enviada desde el Despacho de la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa yolanda Villavicdencio, el martes 21 de julio de 2026, con el asunto “Solicitud aplicación artículo 91 del Decreto Ley 274 del 22 de febrero de 2000” y dirigida a los jefes de misión diplomática.

En el texto, la Cancillería agradeció la labor de los funcionarios durante la actual administración y precisó que la renuncia de los embajadores inscritos en la Carrera Diplomática y Consular no afectará su situación dentro de esa carrera ni los beneficios laborales especiales mencionados en el artículo 62 del mismo decreto.

El 21 de julio de 2026, la exrepresentante Katherine Miranda presentó una “renuncia irrevocable” a la Dirección Nacional y a la militancia del Partido Alianza Verde, una decisión que, según dejó por escrito, tomó “de manera libre, voluntaria y expresa” al amparo del artículo 107 de la Constitución Política de Colombia.

En la carta dirigida a los miembros de la Dirección Nacional, la congresista comunicó que se aparta no solo del partido, sino de “mi condición de integrante de la Dirección Nacional y a cualquier otra dignidad, representación, designación o función que ejerza al interior de la colectividad”.

Miranda pidió que el trámite se adelante con base en la Cata Magna, la Ley 1475 de 2011 y los estatutos del partido, y solicitó que se deje “constancia de la terminación de toda relación de militancia y de cualquier vínculo orgánico con la colectividad, a partir de la fecha de radicación de esta comunicación”.

En el mismo documento incluyó un mensaje de agradecimiento a la colectividad por el respaldo recibido durante su paso por el Legislativo: “Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Partido Alianza Verde por la confianza depositada en mí, por la oportunidad de representar sus principios desde el Congreso de la República y por los espacios de participación y crecimiento político que me brindó durante estos años”.

La legisladora también aseguró que mantiene una valoración positiva de quienes integran la organización: “Guardo un profundo respeto y gratitud por la colectividad, por sus directivas, militantes y por todas las personas con quienes tuve la oportunidad de trabajar al servicio de los ciudadanos”.

Sobre la vigencia de la dimisión, Miranda dejó establecido que “la presente renuncia produce efectos desde su radicación y se formula para los fines constitucionales, legales y estatutarios correspondientes”.

Katherine Miranda provocó una avalancha de críticas tras apoyar a Abelardo de la Espriella

Cabe recordar que Katherine Miranda hizo público su respaldo a Abelardo de la Espriella y su vicepresidente José Manuel Restrepo, una decisión que abrió un nuevo frente de tensión en la política colombiana.

Miranda difundió un video para explicar que su decisión se apoya en una lectura del rumbo institucional del país y en su oposición al gobierno de Gustavo Petro, del que fue una de las impulsoras y luego una de sus críticas más constantes. En ese mensaje vinculó su postura con las denuncias que, dijo, sostuvo durante los últimos cuatro años sobre salud, meritocracia, corrupción, abusos de poder y ataques a quienes piensan distinto.

“Durante cuatro años denuncié cómo destruían la salud de millones de colombianos. Durante cuatro años denuncié también cómo la meritocracia fue reemplazada por la politiquería en este gobierno. Durante cuatro años denuncié también la corrupción, los abusos de poder y los ataques del gobierno contra quienes pensamos diferente. Yo no fui una simple espectadora en este gobierno, yo hice control político”, afirmó la congresista.

La postura de la exlegisladora del Partido Verde desató críticas inmediatas de dirigentes políticos, funcionarios y usuarios en redes sociales, que interpretaron el gesto como una ruptura con las banderas con las que construyó su carrera.

La reacción más dura llegó desde la Alianza Verde. El concejal de Bogotá Julián Triana cuestionó la permanencia de la representante en la colectividad y la acusó de haber estado siempre ubicada en la derecha.

“La representante Katherine Miranda no se volvió de derecha, siempre lo fue. Espero que con su video de apoyo a Abelardo venga también su carta de renuncia al Partido Verde”, escribió Triana en X.

Por su parte, Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), aseguró que desde hace años advertía sobre lo que considera una falta de coherencia política de la congresista.

“Hace cuatro años muchos me acusaron de sectario por decirles que no confiaran en esta señora, ahí lo tienen”, señaló Carrillo en la misma red social. Luego agregó: “Un liderazgo político se debe validar por sus convicciones ideológicas coherentes a través del tiempo no por el contorcionismo electoral. Estas propuestas de oropel siempre terminan en decepción”.

La exsenadora Sandra Ramírez del Partido Comunes también rechazó la justificación presentada por la representante. Su crítica se concentró en la contradicción que, a su juicio, existe entre invocar la defensa de la Constitución Política y apoyar a una figura política al que atribuyó propuestas contra el Estado social de derecho.

“Va a votar por defender la Constitución con el candidato que justamente propone romper el Estado social de derecho, que propone la dolarización de nuestra economía, que propone destripar a sus opositores, que propone fracking a lo que dé”, escribió la senadora. Más tarde añadió: “Al final, Miranda resultó ser de los mismos de siempre; se camufló de progresista para robarle el voto a la gente y, cuando llegó al Congreso, les dio la espalda y hoy lo confirma. Tremenda incoherencia”.

Ulises Lara López, exvocero y extitular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), compartió este 20 de julio un comunicado en sus redes oficiales para rechazar cualquier señalamiento que le atribuya conductas contrarias a la ley, al servicio público o a las responsabilidades que tuvo encomendadas durante su paso por la institución.

Es su segunda declaración desde que el 14 de julio se destapó su salida del cargo, y llega días después de que el columnista Raymundo Riva Palacio publicara en Estrictamente Personal que Lara habría sido cesado —no renunciado— tras la liberación de un hombre vinculado al Cártel del Noreste y el descubrimiento de que presuntamente habría suministrado información a EEUU.

El exfuncionario no precisó en el comunicado a qué versiones o medios respondía. La columna de Riva Palacio fue una de las más difundidas entre las publicadas tras su salida.

Lara rechaza señalamientos y pide que aclaraciones vayan por vías formales

El mensaje de este 20 de julio fue más extenso y directo que el primero. Lara escribió que, con relación a diversas versiones difundidas en medios, consideró necesario precisar su postura. Rechazó cualquier señalamiento que pretendiera atribuirle conductas contrarias a la ley, al servicio público o a las responsabilidades que tuvo encomendadas.

Sostuvo que durante el ejercicio del cargo se condujo conforme al marco legal, a las atribuciones conferidas y a las obligaciones de un servidor público con altas responsabilidades. Añadió que no participaría en discusiones públicas basadas en versiones parciales, interpretaciones personales o señalamientos formulados fuera de los cauces correspondientes.

Asimismo, señaló que cualquier aclaración debería atenderse por las vías formales, con información completa, verificable y dentro del marco legal aplicable. Cerró con una frase en la que agradeció “las muestras de confianza recibidas en estos días”.

El primer mensaje: así confirmó su salida

Cuando el periodista Irving Pineda adelantó la salida de Lara el martes 14 de julio, el propio funcionario la confirmó horas después mediante un breve comunicado en sus redes.

En ese primer texto escribió: “He presentado mi renuncia al cargo que venía desempeñando en la Fiscalía General de la República, por motivos estrictamente personales”.

En el mensaje agradeció la confianza de la institución, de la fiscal general Ernestina Godoy Ramos y del equipo con el que colaboró. Señaló que servir en responsabilidades públicas exige prudencia, reserva y apego a la legalidad, criterio con el que dijo concluir esa etapa.

Anunció también que su prioridad inmediata sería realizar una entrega ordenada, documentada y responsable de los asuntos bajo su cargo. No dio más detalles sobre los motivos de la salida, y las autoridades tampoco informaron en ese momento quién lo sustituiría.

Hasta el momento no han sido reveladas las razones concretas de la salida.

Riva Palacio escribió que Lara habría suministrado información a EEUU y el cese fue por una liberación

El pasado 17 de julio, Raymundo Riva Palacio publicó en Estrictamente Personal que la salida de Lara no fue voluntaria sino un cese ordenado desde las más altas esferas del Ejecutivo, haciendo posible referencia a la presidencia.

Según la columna, un trabajo de contrainteligencia realizado a espaldas de Godoy Ramos habría revelado que Lara presuntamente suministró información estratégica no autorizada a agentes estadounidenses durante aproximadamente seis años, primero desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México -donde ocupó el cargo interino tras Ernestina Godoy en 2024- y luego desde la FGR. Riva Palacio atribuyó esa información a dos fuentes, sin identificarlas.

La columna también señaló que Lara habría llegado a pactos con personajes involucrados en el contrabando de combustible, entre ellos el empresario neoleonés Raúl Rocha Cantú, investigado por presunto tráfico de combustible y armas desde Guatemala, donde era cónsul honorario.

Riva Palacio escribió que lo que rompió la confianza en Palacio Nacional no fueron los presuntos negocios ilegales de Lara sino el hallazgo del supuesto informante.

Según las hipótesis de la columna, el detonante del cese fue la liberación en el juzgado Primero Penal de Nuevo León de José Antonio Cortés, apodado “El Titán”, presunto líder de una célula del Cártel del Noreste dedicada al contrabando de combustible y lavado de dinero.

Estrictamente Personal también apuntó que el trabajo de contrainteligencia encontró que Lara habría actuado en el marco de una serie de extorsiones a la familia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y a cercanos del empresario Alonso Ancira, en relación con el caso Agronitrogenados.

En el Gobierno confirman que en los próximos días se hará oficial la salida del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua. El cambio se produce a raíz de la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, ya que tiene esa área bajo su órbita y quiere colocar a hombres propios en un sector que no suele ser abarcado en las notas periodísticas diarias, pero que tiene una alta gravitación en materia de poder político y de estrategia nacional.

Al menos tres fuentes gubernamentales confirmaron a Infobae la salida de Genua, algo que ya se venía rumiando desde hace días luego de que el Boletín Oficial plasmara cambios en la estructura de la Jefatura de Gabinete. Estas modificaciones habían supuesto la transferencia de áreas clave que antes estaban bajo la órbita de Ciencia y Tecnología hacia la Vicejefatura de Gabinete del Interior (liderado por Gustavo Coria, mano derecha de “el Colo”, quien tendrá la responsabilidad última de ARSAT y el Correo Argentino) y al control directo de Santilli (para el caso de ENACOM).

Genua es alguien que había tenido experiencia en la gestión pública al trabajar en el Municipio de Pilar junto a Federico Achaval y que por ese vínculo había sido recomendado por el consultor Rodrigo Lugones a Santiago Caputo una vez que Nicolás Posse fue desplazado de la Jefatura de Gabinete y todas las áreas estratégicas se estaban remodelando. Así, Genua había logrado transitar las gestiones de Francos y la de Adorni, que pese a la interna entre el caputismo y el sector de Karina Milei, decidió mantenerlo en un gesto de buena voluntad.

No volvió a pasar lo mismo en esta ocasión. Santilli está estructurando una Jefatura de Gabinete con su propia impronta y eso requirió pedirle la renuncia a Genua, algo que todavía no ocurrió, según pudo saber Infobae, pero que ante la trascendencia de esta información el mismo secretario sabe que deberá hacerlo.

Nadie en el Gobierno niega que esto no haya contentado al más ferviente sector del karinismo, quien hace tiempo busca que el caputismo deje de tener injerencia en esa Secretaría.

Solo para mencionar alguna de las esferas que tiene, la cartera posee control de la compañía Vehículo Espacial de Nueva Generación (VENG) y de organismos como la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación (ANPIDTI), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el CONICET -el organismo con más dotación pública de toda la Administración Pública Nacional, con 25.805 personas, según el último recuento hecho por el INDEC.

Pero Santilli buscará que esa área tenga la impronta que él mismo pueda llegar a dar. Todavía no hay un reemplazo definido, pero también se tomó la determinación de producir un recambio en la cúpula de ARSAT, que antes la tenía Genua y que ahora está en control del vicejefe de Gabinete, Gustavo Coria.

Se espera que en ambos casos sean personas cercanas a “El Colo” o que, cuanto menos, sean neutrales en términos de la interna que hay en el Gobierno.

En ese sentido, el funcionario llegó a la gestión libertaria a finales del año pasado con un perfil bajo que le impedía tener proyección política pero que, por el contrario, le permitió ganarse la confianza del sector de la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei. Poco a poco, esa sociedad comenzó a consolidarse y ahora ha venido con recompensas en términos de ganancia de poder, aunque siempre y cuando reporte al sector de la hermana presidencial.

Hasta el momento no se prevén nuevos cambios en las secretarías que dependen de la Jefatura de Gabinete. Pero cabe recordar que ya se hicieron algunos cambios de la estructura que viene heredada de la etapa de Adorni.

Hace días se conoció la salida del secretario de Coordinación Legal y Administrativa, Federico Sicilia, y su reemplazo por Mariana Vello. Esto implicó el desplazamiento de la pluma legal que tenía Adorni desde que había comenzado a tener puestos jerárquicos. “Fue lógico”, afirman en Rosada.

Hay pocas personas que seguirán en sus cargos luego de la salida del otrora vocero presidencial. Una de ellas es el secretario de Ejecutiva, Ian Vignale. Como parte de esa herencia también está el Vicejefe de Gabinete, Ignacio “Nacho” Devitt, que se consolidó puertas adentro del Gobierno como uno de los “controllers” de la gestión y que tiene el aval directo tanto de Karina como de los primos Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem. Incluso, el cambio de Genua también fue consensuado entre Santilli y el mismo Devitt.

El único que logró atravesar todas las administraciones que hubo en el ministerio de coordinación fue el inoxidable Daniel Scioli, a cargo de Turismo y Ambiente. Esa cartera no tendrá recambios.

La Fiscalía General de la República (FGR) removió a Óscar Langlet González de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, en la segunda baja registrada en 48 horas dentro de la institución, en medio de reacomodos internos y de la presión por expedientes sensibles como el de Ismael “El Mayo” Zambada. La salida ocurrió después de que el funcionario presuntamente se negó a archivar una indagatoria por instrucción de sus superiores, aunque la dependencia no informó de manera oficial las razones de la destitución.

La remoción se produjo días después de la renuncia de Ulises Lara López, quien dejó el 14 de julio la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes “por motivos personales”, según la propia institución. Con ambos movimientos, la Fiscalía General de la República acumuló dos cambios en su estructura en un lapso de dos días.

Langlet González encabezaba el área encargada de investigar delitos presuntamente cometidos por servidores públicos federales y conductas ilícitas relacionadas con la administración de justicia. Su salida también coincidió con su reincorporación a labores, luego de una ausencia derivada de una cirugía, momento en el que le solicitaron la renuncia.

El exfiscal tenía además un vínculo directo con la Suprema Corte, al ser esposo de la ministra Sara Irene Herrerías. Llevaba apenas seis meses en ese cargo y antes se había desempeñado como coordinador de asesores en la FGR cuando el titular era Alejandro Gertz Manero.

La salida de Langlet ocurrió tras una presunta negativa a cerrar una indagatoria

La versión sobre el motivo de su remoción apuntó a que rechazó archivar una investigación, lo que habría implicado desacatar una orden directa de sus superiores jerárquicos. Ese dato colocó su salida en un terreno distinto al de un relevo administrativo ordinario, porque vinculó el movimiento con decisiones internas sobre expedientes en curso.

Antes de asumir esa fiscalía especial, Langlet González también fue consejero general de la FGR. Su trayectoria incluyó trabajo dentro de la misma institución desde la etapa en que Sara Irene Herrerías también formaba parte de la Fiscalía durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

El otro movimiento reciente fue la salida de Ulises Lara, quien ocupaba desde octubre de 2024 la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes tras concluir su gestión al frente de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Aunque su encargo se presentó como una gestión de seis meses, su oficina tenía bajo su responsabilidad indagatorias de alto perfil.

Entre ellas estaba la investigación relacionada con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Esa área también seguía las acusaciones por narcotráfico y posesión de armas formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra nueve altos funcionarios del Gobierno mexicano, incluido Rocha Moya.

La FGR sostuvo en ese caso que Estados Unidos no había entregado las pruebas que justificaran la petición de detención urgente del funcionario. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó además las solicitudes de extradición de Rocha Moya como un acto de “injerencia” e intervencionismo.

Los cambios coincidieron con la crisis interna por el caso “El Mayo”

Las dos bajas en la FGR ocurrieron después de que Sheinbaum pidió a la institución dar a conocer nuevos detalles sobre la detención de “El Mayo” Zambada y su traslado a Estados Unidos, ocurrido dos años atrás. Ese episodio, de acuerdo con la información difundida por la propia Fiscalía, se convirtió en uno de los asuntos más delicados para la dependencia por sus implicaciones penales y diplomáticas.

El 8 de julio, antes de las renuncias y remociones, la FGR informó que investigaba posibles violaciones graves cometidas por autoridades de Estados Unidos en relación con el secuestro y traslado del cofundador del Cártel de Sinaloa en julio de 2024. En conferencia, Ernestina Godoy advirtió que, si se confirmaba que el FBI planeó, organizó y ejecutó la captura en territorio mexicano, se habrían cometido violaciones graves al derecho mexicano e internacional.

Según la Fiscalía, el gobierno de Estados Unidos incurrió en tres conductas irregulares al negar, por conducto del entonces embajador en México Ken Salazar, que hubiera participado en la operación, que el avión utilizado perteneciera a una de sus agencias y que el hecho no hubiera sido una disputa entre cárteles. En sentido contrario, un reportaje del periodista mexicano Luis Chaparro señaló que el FBI reconoció la operación como exitosa para capturar y secuestrar en México a un ciudadano de este país.

Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, sostuvo que si se comprobaba que Salazar mintió habría actuado contra el principio de buena fe entre naciones. También precisó que no habría consecuencias penales para el exembajador porque los representantes diplomáticos gozan de inmunidad.

Godoy agregó que la FGR abrió siete carpetas de investigación relacionadas con el caso, entre ellas por el homicidio de Héctor Melesio Cuén y por el secuestro de “El Mayo”. La dependencia también solicitó la extradición del capo, pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos la rechazó porque el narcotraficante ya era procesado ante una Corte de Distrito de ese país.

Otra arista del caso exhibió fallas internas: la FGR admitió que tardó cerca de dos años en identificar a Mauro Alberto “N” o Alejandro “N”, alias “Jando”, como el piloto que trasladó a Zambada a Estados Unidos. La detención del presunto operador ocurrió el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán, después de un enfrentamiento con Ejército y Guardia Nacional que dejó un militar muerto y cinco heridos.

En agosto de 2025 fue entregado junto con otros 25 delincuentes de alta peligrosidad bajo la Ley de Seguridad Nacional. Fue hasta junio de 2026 cuando el equipo de la actual titular de la FGR localizó indicios de voz y huellas dactilares que lo vincularon con el vuelo del 26 de junio de 2024, en el que fueron trasladados Ismael “N” y Joaquín “N” desde Culiacán hasta Nuevo México.

• Óscar Langlet González fue removido de la FGR tras presuntamente negarse a archivar una indagatoria y su salida marcó la segunda baja en 48 horas.

• Ulises Lara dejó la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes mientras su oficina llevaba casos sobre Rubén Rocha Moya y acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

• Los cambios coincidieron con la presión interna por el caso “El Mayo”, en el que la FGR abrió siete carpetas y admitió que tardó cerca de dos años en identificar al piloto del traslado.

El regreso de Pilar Rueda Jiménez a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se produce en medio de un ambiente político marcado por cambios institucionales y expectativas sobre la justicia transicional. La asesora, que es esposa del excandidato presidencial, y senador Iván Cepeda, había presentado su renuncia días antes de la segunda vuelta electoral que terminó con la victoria de Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con información suministrada por Semana, desde el 8 de julio, Rueda retomó su puesto como asesora en la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Su regreso se da tras una breve ausencia y después de haber ocupado el cargo desde marzo de 2018, coincidiendo con el inicio de labores de la justicia transicional en Colombia. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas al tribunal.

El retorno de Rueda coincide con un momento en el que la jurisdicción se prepara para dictar sentencia a los miembros del antiguo secretariado de las Farc, procesados por delitos como el secuestro. Estas decisiones representan uno de los pasos más esperados en el proceso de justicia transicional.

Renuncia de Pilar Rueda a la JEP

La renuncia de Pilar Rueda Jiménez a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Justicia Especial para la Paz (JEP), se oficializó apenas horas después de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026. El hecho se produjo en un contexto de máxima tensión, cuando la victoria del abogado Abelardo de la Espriella ya marcaba el rumbo de la carrera por la presidencia.

La salida de la funcionaria sorprendió incluso a integrantes de la JEP, quienes esperaban que ese paso se diera al inicio de la campaña presidencial de su esposo, Iván Cepeda. Sin embargo, la antropóloga optó por apartarse en un momento donde el escenario electoral ya perfilaba a los contendientes que disputarían la presidencia y, por extensión, el papel de primera dama.

Trayectoria y perfil profesional de Pilar Rueda Jiménez

Rueda Jiménez, que inició sus funciones en la JEP el 6 de marzo de 2018, ha dedicado su carrera a la defensa de los derechos humanos, la justicia de género y la atención a las víctimas del conflicto armado. Entre sus aportes más destacados figura su participación como asesora en la incorporación del enfoque de género durante las negociaciones de paz con las Farc en La Habana.

Titular de una licenciatura en Antropología por la Universidad Nacional y una maestría en Estudios Internacionales de Conflicto y Paz por la Universidad de Notre Dame, su hoja de vida refleja un compromiso sostenido con la investigación de casos de violencia sexual y la protección de los derechos de las mujeres.

Durante su paso por la UIA, Rueda encabezó iniciativas para la protección de mujeres víctimas y la investigación de delitos relacionados con violencia de género. Su perfil, de bajo perfil mediático, contrastó con la notoriedad alcanzada por su esposo en la campaña presidencial.

¿Qué es la JEP?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el componente de justicia transicional del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado a raíz del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las Farc-EP.

La JEP tiene como objetivo esclarecer los hechos ocurridos durante el conflicto armado en Colombia, juzgando a los responsables de crímenes graves y representativos, incluidos crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Este tribunal se encarga de investigar y sancionar a quienes participaron directa o indirectamente en el conflicto, incluyendo excombatientes, miembros de la fuerza pública y terceros civiles involucrados.

El funcionamiento de la JEP se basa en principios como la centralidad de las víctimas y el derecho a la verdad. Las personas que se someten a la jurisdicción pueden recibir beneficios jurídicos —como penas alternativas o la suspensión de procesos penales ordinarios— si contribuyen con verdad plena, reconocen responsabilidad y participan en la reparación de las víctimas.

El Gobierno de Costa Rica sufrió su primera baja ministerial desde el inicio de la administración de Laura Fernández. Roy Thompson Chacón presentó su renuncia como ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), una decisión que fue aceptada de inmediato por la presidenta de la República y que tendrá efecto inmediato.

La salida del jerarca fue confirmada por Casa Presidencial, donde se indicó que Thompson argumentó razones estrictamente personales para abandonar el cargo. De acuerdo con la información oficial, el ahora exministro explicó que las exigencias propias de la dirección del Ministerio de Trabajo no le permitían dedicar el tiempo necesario a sus empresas privadas, situación que lo llevó a tomar la decisión de apartarse del gabinete.

“La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, aceptó la renuncia presentada la tarde de este martes 30 de junio y próximamente anunciará a la persona que asumirá la dirección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, señaló el Ejecutivo.

La dimisión convierte a Thompson en el primer integrante del gabinete de Fernández en abandonar su cargo desde que la mandataria asumió el poder el pasado 8 de mayo. La administración todavía no cumple dos meses de gestión, por lo que la salida representa el primer cambio dentro del equipo ministerial.

El abogado había sido presentado oficialmente como nuevo ministro de Trabajo el pasado 5 de mayo, cuando la entonces presidenta electa anunció la conformación de su gabinete y confirmó que no mantendría en el puesto a su antecesor, Andrés Romero. Tres días después asumió formalmente las funciones al frente de la cartera encargada de las políticas laborales, empleo, inspección del trabajo y seguridad social.

Sin embargo, su permanencia fue breve. Con menos de dos meses al frente del Ministerio, Thompson protagoniza uno de los periodos más cortos en la historia reciente de esa institución.

Tras hacerse pública la noticia, el exministro también se pronunció a través de sus redes sociales, donde dejó entrever que su salida del Gobierno está relacionada con una nueva oportunidad profesional.

“A veces la vida es rara. Cuando uno está disfrutando un reto, otra cosa mejor se presenta”, escribió Thompson en una publicación en Facebook.

En el mismo mensaje agradeció las muestras de respaldo recibidas durante las últimas horas y también hizo referencia a quienes cuestionaron su paso por el Gobierno.

“Muchas gracias a mis amigos de Facebook por sus mensajes de apoyo y cariño. También a los que me bullean, es parte del juego”, expresó.

El exjerarca aprovechó además para agradecer a la presidenta Laura Fernández por haberlo incorporado al gabinete, así como al expresidente Rodrigo Chaves, con quien también mantuvo cercanía política, y al resto de ministros y presidentes ejecutivos con quienes compartió funciones.

“Muchas gracias a la Presidente por la oportunidad y muy agradecido con don Rodrigo y mis compañeros de gabinete y Presidentes Ejecutivos. Sigan adelante, sin aflojar, apretando más fuerte. ¡Viva Costa Rica!”, concluyó en su publicación.

Hasta el momento, Casa Presidencial no ha revelado quién ocupará el cargo vacante. La única información confirmada por el Ejecutivo es que el nombre del nuevo ministro o ministra será anunciado en los próximos días, con el objetivo de garantizar la continuidad de las funciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La cartera tiene entre sus principales responsabilidades la promoción del empleo, la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, la resolución de conflictos entre trabajadores y patronos, así como la coordinación de políticas públicas vinculadas al mercado laboral costarricense.

La renuncia de Thompson se produce en un momento en que el Gobierno apenas comienza a consolidar su equipo de trabajo y marca el primer movimiento dentro del gabinete presidencial. Aunque el Ejecutivo insistió en que la decisión obedece exclusivamente a motivos personales y no respondió a diferencias políticas o administrativas, la salida del ministro representa el primer ajuste que deberá realizar la administración de Laura Fernández desde el inicio de su mandato.

Ahora la atención se centra en la persona que será designada para asumir el Ministerio de Trabajo, una de las instituciones clave para la implementación de la agenda laboral del nuevo Gobierno.

Antonio José Mauad renunció a la dirección del Servicio Meteorológico Nacional a menos de seis meses después de volver al cargo. Presentó su salida el viernes pasado y se formalizará el miércoles, cuando el Ministerio de Defensa anunciará a su reemplazante, en medio de recortes y una reestructuración del organismo.

La renuncia ocurre después de una reducción de personal que alcanzó a 121 empleados entre 2023 y 2025 y sumó otros 140 desvinculados hasta el 16 de abril pasado. El plan prevé además la salida de 30 civiles en condiciones de jubilarse, 15 militares en retiro y 20 agentes en pase a disponibilidad, lo que dejaría la dotación civil en 590 personas.

Mauad, de 72 años, había asumido por primera vez en enero de 2025. Menos de ocho meses después, el 12 de agosto de ese año, dejó el puesto por “razones personales”, en una salida presentada oficialmente como una decisión de “común acuerdo” por el desgaste de la gestión.

Tras casi seis meses sin director, volvió al organismo en febrero de 2026 por el Decreto 77/2026, con una designación por cuatro años y bajo modalidad ad honorem.

La incertidumbre sobre la conducción del organismo motivó una reacción del Centro Argentino de Meteorólogos, que pidió al Poder Ejecutivo cubrir la vacante con rapidez y “garantice la continuidad institucional del organismo y el fortalecimiento de los servicios meteorológicos que brinda a toda la sociedad”.

En ese mismo comunicado, la entidad advirtió: “El SMN ha atravesado reiterados cambios e incertidumbres en su conducción. Designaciones, renuncias y reestructuraciones sucesivas han generado un escenario de inestabilidad institucional que resulta incompatible con las responsabilidades estratégicas que el organismo tiene para el país”.

Qué dijo Defensa sobre la salida

Fuentes del Ministerio de Defensa confirmaron que la nueva salida de Mauad se inscribe en la continuidad del proceso de reforma interna. “Cumplió su misión y, cuando asumió, había planteado un plazo de seis meses. El miércoles vamos a anunciar quién será su reemplazante, de cara a una nueva etapa del plan de modernización del Servicio Meteorológico Nacional”, afirmaron voceros de la cartera.

Los mismos portavoces añadieron: “Ese mismo día se comunicará el nombre del nuevo director, con un perfil distinto, para avanzar en la próxima etapa del servicio más moderno”.

El organismo depende de la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, aunque funciona como ente descentralizado, con autonomía financiera y personalidad jurídica propia. Su tarea incluye la emisión de alertas tempranas por fenómenos extremos, la coordinación con áreas de defensa civil y la producción de información meteorológica para sectores como el agro, la navegación y la aviación.

Las objeciones al nombramiento de Mauad

La primera designación de Mauad generó objeciones dentro del propio SMN y entre sectores profesionales de la meteorología. Científicos y técnicos consideraban que el exintegrante de la Fuerza Aérea no reunía la experiencia específica exigida para conducir el organismo.

El Centro Argentino de Meteorólogos sostuvo que la condición obligatoria surge del decreto 1432/2007, cuyo artículo cinco establece que la dirección debe recaer en una persona con carrera universitaria de cinco años vinculada a las ciencias de la atmósfera. Mauad no tiene formación específica en meteorología o ciencias atmosféricas, aunque excompañeros de la Escuela de Aviación Militar señalaron que durante la instrucción había estudiado esos temas.

En febrero, cuando el Gobierno lo nombró nuevamente, Infobae sostuvo que su currículum incluía una licenciatura en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales del Instituto Universitario Aeronáutico y una maestría en Gestión Aeronáutica y Aeroportuaria por la Universidad San Pablo CEU, en Madrid. También consignó antecedentes en la Fuerza Aérea Argentina, la Escuela Superior de Guerra Aérea, la planificación logística de la fuerza, el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, la Administración Nacional de Aviación Civil y funciones como edecán presidencial de Carlos Menem.

Recortes, dotación y cambios en el organismo

Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, el SMN quedó atravesado por un ajuste presupuestario, recortes de personal y cambios en su funcionamiento interno. En marzo del año pasado a los empleados se les prohibió usar en nuevas publicaciones las expresiones “cambio climático” y “calentamiento global”, y que además fueron eliminados comunicados y boletines de prensa.

Según cifras oficiales, después de la primera ola de desvinculaciones, el total de trabajadores ya estaba por debajo de la dotación considerada óptima, fijada en 1.156 empleados por una auditoría de la gestión de Mauricio Macri. Para el oficialismo, la reducción forma parte de una modernización que no afectará el funcionamiento del servicio.

Esa transformación apunta a automatizar la observación meteorológica, actualizar sistemas ya automatizados y renovar el software de análisis de datos climáticos, que Defensa considera obsoleto.

En el mercado laboral argentino, la insatisfacción con el sueldo y la falta de perspectivas de crecimiento conviven con una llamativa cautela: muchos trabajadores quieren irse, pero pocos dan el paso. Un estudio reciente sobre comportamiento laboral y preferencias de los trabajadores ilumina ese aparente contrasentido y revela qué factores pesan más a la hora de decidir si quedarse o buscar algo mejor.

El 33% de los trabajadores argentinos tiene intención de cambiar de empleo, pero solo el 10% concretó ese cambio en el último semestre. Esa brecha entre la voluntad y la acción es uno de los datos centrales del Randstad Employer Brand Research 2026, que releva anualmente el comportamiento laboral en 34 países y que en Argentina consultó a más de 4.000 personas de entre 18 y 65 años.

Los números muestran, además, que la situación no es nueva ni se está agravando. Respecto de la medición anterior, la intención de cambio bajó apenas un punto porcentual —del 34% al 33%— y quienes efectivamente cambiaron de trabajo pasaron del 12% al 10%. En términos estadísticos, el panorama es de relativa estabilidad.

El sueldo, primero

Las razones que llevan a los trabajadores a querer irse son claras y están encabezadas por una sola variable: la plata. El 50% de los encuestados señala la baja remuneración como el principal motivo para renunciar, un porcentaje que cobra mayor peso en un contexto de aumento sostenido del costo de vida.

A esa razón le siguen la falta de oportunidades de desarrollo profesional (36%), un balance insuficiente entre trabajo y vida personal (27%) y un ambiente laboral negativo (26%).

El patrón no es uniforme entre grupos. Las generaciones más jóvenes son las que más piensan en cambiar: el 39% de los trabajadores de la generación Z lo tiene previsto para los próximos meses, seguido del 35% de los millennials. En cambio, entre los de mayor edad la propensión cae: 23% en la generación X y 19% entre los baby boomers.

También hay diferencias por género. Las mujeres mencionan el salario como motivo de renuncia con mayor frecuencia que los hombres —52% contra 48%—, mientras que ellos son más propensos a irse por falta de interés en las tareas o por un liderazgo deficiente.

En cuanto al balance trabajo-vida personal, son las generaciones más jóvenes quienes más lo valoran como razón de salida: el 29% de los más jóvenes lo menciona, frente al 24% de los grupos de mayor edad. En el caso de las generaciones mayores, en cambio, cobra más peso la percepción de inequidad salarial y la insuficiencia de incentivos: el 22% lo señala como motivo, por encima de la media general del 18%.

Lo que buscan y lo que encuentran

El estudio identifica una brecha entre lo que los trabajadores esperan de un empleador ideal y lo que perciben en su empleo actual, y esa distancia puede ser parte de la explicación de por qué tantos evalúan irse sin terminar de hacerlo.

El 70% de los encuestados señala el salario y los beneficios como el atributo más importante de un empleador ideal. Le siguen un ambiente laboral agradable (67%) y las oportunidades de desarrollo profesional (63%). Sin embargo, cuando los mismos trabajadores evalúan a sus empleadores actuales, el peso de esos factores cae de manera significativa: tanto el salario como las posibilidades de crecimiento rinden por debajo de lo que el talento considera deseable.

Esa distancia entre expectativa y realidad configura un cuadro de insatisfacción latente que no siempre se traduce en una renuncia efectiva.

Qué los frena

El estudio no ofrece un dato único que explique la inacción, pero el contexto macroeconómico aparece como telón de fondo. La incertidumbre, la inflación y la falta de señales de crecimiento sostenido en la actividad económica y el mercado laboral funcionan como freno. En un escenario así, cambiar de trabajo implica asumir un riesgo que muchos prefieren no correr.

Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, puso el foco en la responsabilidad de las empresas ante ese escenario: “Aunque los niveles de movilidad laboral muestran estabilidad, una parte considerable de los trabajadores continúa evaluando nuevas alternativas de desarrollo profesional. Esto representa una oportunidad para que las organizaciones revisen y fortalezcan su propuesta de valor, atendiendo las expectativas y necesidades del talento para generar mayores niveles de compromiso y fidelización”.

Las condiciones del entorno económico pesan tanto o más que la voluntad individual de moverse

La ejecutiva también amplió la lectura sobre qué buscan hoy los trabajadores más allá de los factores tradicionales. “Es importante ver a estos factores como un todo, como un mix donde cada empresa, en base a sus valores, su cultura, su estructura organizacional y los estilos de liderazgo que promueve, arma la combinación que mejor la representa. Y estos factores son apenas el principio, ya que el talento tiene hoy expectativas multifacéticas y mucho más amplias y personales, por eso, cuando hablamos del trabajo, en las organizaciones empezamos a hablar de realización personal, de bienestar e incluso de felicidad”, comentó.

El salario sigue siendo el eje central del descontento, pero el dato de que solo uno de cada diez trabajadores efectivamente cambió de empleo en el último semestre sugiere que las condiciones del entorno económico pesan tanto o más que la voluntad individual de moverse.

“No llega al martes que viene”. Así fue la sentencia que se emanó en un despacho de la Casa Rosada el jueves por la tarde. Varias figuras de la mesa política sabían que el partido ya estaba sentenciado y era cuestión de que Javier Milei volviera de España el sábado por la mañana para terminar de ejecutar la salida de Manuel Adorni.

Quien terminó por decantarse en tomar una decisión fue Karina Milei. Se trató de una cuestión que evaluaba, pero que evidentemente le costó tomar. Hay varios componentes que lo explican. Por un lado, fue quien le trasladó al Presidente la confianza que debía tener en Adorni y lo acuñó como su voz ante la sociedad. Por el otro, fue la cara visible de una decisión de poder de la hermana presidencial: la de cortar con el equilibrio en la interna que significaba Guillermo Francos y ascender formalmente en el esquema organizacional del Gobierno.

Es por ese motivo que Karina hizo publicar un tuit en apoyo a Adorni al darse a conocer la carta. Fue la única funcionaria en hacerlo. El Presidente solo la retuiteó. El rechazo de las redes no se hizo esperar.

Los que conocen a Karina afirman que tenía un cierto temor de que el cambio de Adorni fuera percibido como una derrota. “A mí me repulsa la idea de pensar que esto signifique que Javier pueda tener algunas consideraciones más con Santiago”, afirma una de sus cinco personas políticas de su máxima confianza. Era solamente una cuestión de percepción, porque nadie duda de que “El Jefe” vaya a perder poder. Pero en su entorno se empeñaban en aclarar que el reemplazo del ministro coordinador iba a ser alguien “100% Karina”. Se impuso la lógica de que el que saca pone.

Dentro de todas las versiones que circularon existe una certeza: Karina le ofreció a Diego Santilli ser jefe de Gabinete el jueves pasado. Todo esto sucedió sin que se enterara Adorni. Esa charla -dramática y solemne, cuentan en la Casa Rosada- se produjo al día siguiente, en donde el ministro coordinador supo que le había llegado su famoso “fin”, aunque, en rigor, hace tiempo ya pensaba en presentar su renuncia.

El Presidente recibió el mensaje de que había consenso en todas las alas del Gobierno mientras estaba en España. Tanto su hermana como el asesor presidencial, Santiago Caputo, hablaron con él por esos días. Esta vez no se enojó ante la posibilidad. Quienes lo conocen remarcan la poca capacidad que tiene para pedirle la renuncia a los funcionarios o dirigentes que están bajo su órbita. Pasó en los casos de Guillermo Francos y de José Luis Espert. Este caso no fue la excepción. Si bien Milei ya venía evaluando la posibilidad de reemplazar a Adorni por “El Colo”, el ultimatum no lo produjo él.

“El Colo” estuvo hermético durante el viernes en el que comenzó a sonar su nombre. Hubo un fuerte enojo entre personas de su entorno que consideraron “que se lo quiso quemar”. “Se pasaron de ansiosos los que empezaron a hacerlo difundir y corrió el riesgo de que se caiga todo porque a Javier no le gusta que los medios le impongan nombres”, afirmó. Es ese un motivo por el cual el anuncio de Santilli se hará a lo largo de esta jornada, como para simular de que el Presidente lo sigue evaluando.

Karina tomó la decisión luego de evaluar que la situación política alrededor de la figura de su ministro coordinador estaba empastando la misma gestión, el vínculo con los legisladores y gobernadores aliados y la plataforma de reformas. Lo peor podía llegar a ser que esta situación de parálisis llegara a los mercados, algo que no pasó hasta ahora. “El Riesgo País no bajaba de los 400 puntos. Por algo era. Ahora creo que se nos viene un buen panorama en el Congreso y en la economía”, afirmaba un integrante de la mesa política.

Hubo una reunión decisiva para este desenlace. Fue el jueves en un encuentro de bloque presidido por Patricia Bullrich en el que tuvo un leve contrapunto con el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, quien ahora suena como futuro vicejefe de Gabinete de la nueva conducción de la Jefatura que tendrá Diego Santilli. “Los senadores y yo somos la voz de Milei en el Senado. No vamos a apoyar la sesión”, respondió Bullrich ante la recomendación de Devitt de insistir con el sostén de Adorni bajo el pretexto de que era lo que quería el Presidente.

Una vez levantada la sesión de esa jornada, Bullrich llamó a Karina para decirle que la situación era insostenible. “Es cuestión de que caiga un apoyo para que caigan todos. Es un efecto dominó”, le advirtió. La fecha límite que le dio fue el 1 de julio, cuando se iba a fechado una reunión de Comisión de Asuntos Constitucionales, para la cual estaban los votos para votar una interpelación. Bullrich le explicó que no había escapatoria.

Karina terminó decantándose pese a que en su entorno creen que “la política aguantaba”. “Patricia los liberó. En Diputados no se mosquearon los gobernadores ni los bloques como la UCR”, afirmó una fuente inobjetable del oficialismo, que cree que seguía habiendo margen para negociar un freno en las embestidas de la oposición. De hecho, Martín Menem consiguió que no hubiera quórum este martes para que se tratara el pedido de interpelación a Adorni en sesión especial. Esto le costó caro a los aliados como el PRO: la carta de renuncia de Esteban Bullrich expuso a la cúpula del partido por actitudes contradictorias. Mauricio Macri debió salir el viernes a decir que iban a votar la interpelación, pero ya era muy tarde: en ese momento Adorni ya estaba prácticamente afuera de la gestión.

En el bullrichismo no opinan lo mismo. “Hay una diferencia abismal de cómo se tienen que pedir las cosas en cada cámara. El Senado es más sofisticado. No podes presionar o persuadir con ciertos métodos a los gobernadores como lo hacen en Diputados”, opina una fuente calificada de ese sector.

En este punto es que se da una cuestión contradictoria. La senadora libertaria fue la primera que explicitó su malestar por la situación de Adorni en la esfera pública. Y es la que más será recordada por su diatriba contra el funcionario a lo largo de todo este episodio. Pero, al mismo tiempo, en el Gobierno pretenden acotarle su margen de maniobra como conductora del espacio. “Creo que no saben que no se puede domesticar a Patricia y que una lucha contra ella la beneficia”, opinan desde un sector ajeno a ese conflicto.

El entredicho con Devitt y el desmarque durante la situación Adorni llevó al círculo karinista a decidir que quieren quitarle el monopolio del manejo del bloque libertario en el Senado y en la estrategia política que allí se teje. Las reuniones de Adorni, Karina y Devitt con senadores el martes en la Casa Rosada fueron una primera demostración de aquello. Luego de eso se armó un grupo de WhatsApp paralelo.

Esto es visto con preocupación por parte de quienes se reconocen seguidores de Javier Milei pero no quieren responder a la hermana presidencial y su círculo. “Todas las decisiones se van a poner en el tamiz de la interna cuando hay muchos que no son ni de un lado ni del otro. Lo que terminan generando es desgaste porque el costo de las convicciones que tenés que dejar para supuestamente pertenecer y no ser considerado un traidor es altísimo”, afirma una figura del santiaguismo, que por ese motivo destaca alguna de las actitudes de Bullrich.

La forma de retratar el conflicto en este Gobierno es algo indeterminado. La interna tiene otras variantes más que la de karinismo-santiaguismo. La más representativa de la actualidad vendría a ser “karinismo contra quienes no reconocen ciertos modos de liderazgo de ese entorno”.

Y es que la disputa entre las dos principales facciones del Gobierno no fue dejada de lado incluso al momento de la renuncia de Adorni. En el caputismo hubo quienes miraron azorados la decisión de Karina Milei de mostrarse como la única figura del Gobierno en tirar elogios a Adorni, tratándolo de “persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros”. Ni siquiera sus subordinados lo despidieron con semejantes palabras. El ratio entre comentarios negativos y likes de la publicación marca la magnitud de la imagen negativa que ya tenía el jefe de Gabinete incluso para los propios. Creen que eso la colocó como “la principal perdedora” del asunto. Del otro lado, Bullrich salía con un mensaje en pos de la “confianza y la ética” que fue retuiteado por Milei. “No esperó ni a que se enfríe el cuerpo”, le asestaban sus detractores.

Con estos cambios en el Gobierno ya se habla de un nuevo triángulo político-operativo configurado por Diego Santilli, Ignacio Devitt y Lule Menem; Karina pretende que este último pase a tener un diálogo aún más preponderante con los senadores y con los gobernadores, algo que ya tienen en la Cámara baja por el liderazgo de Martín Menem. El principal objetivo que tendrían de cara a los próximos meses es aprobar la reforma electoral en el Congreso y, particularmente, la eliminación o suspensión de las PASO. Esto está estrechamente relacionado con la posibilidad de expandir el entramado del partido nacional que administra esta tribu libertaria.

Es por ese cúmulo de asuntos que a Adorni tampoco lo lamentaron desde esas oficinas. “Manuel se termina yendo solo por sus propios errores. Contradijo cosas que había dicho antes cuando no tuvo que haber abierto la boca”, indica uno de los referentes de ese núcleo, que también apunta a quienes lo asesoraron en términos comunicacionales durante ese período. Entre ellos hay quienes no perdonan que el jefe de Gabinete “haya jugado a dos puntas de la interna”.

La incógnita es cómo se reconfigurará todo hacia adelante. Es muy probable que la correlación de fuerzas que había hasta esta semana se mantenga igual. Al menos por ahora.

Quienes no forman parte del entorno de la hermana presidencial creen que habrá pedidos de fidelidad. Y es que quedó muy impregnado el modo en el que se amoldó Santilli en el Ministerio del Interior, todo a raíz de su perfil bajo y su acatamiento casi absoluto de las directrices de Karina. Será curioso ver cómo se administra el nuevo esquema de la Secretaría de Comunicación y Prensa, que está liderado por Fabián Fernández, que venía de la comunicación de YPF que comanda en última instancia la esfera de Santiago Caputo; pero que fue convocado por recomendación de Adorni y avalado por Karina Milei.

No son pocos los que creen que la hermana presidencial evalúa llevar esa cartera hacia la Secretaría General de la Presidencia como señal de autoridad sobre esa área. Su antecesor en esa responsabilidad, Javier Lanari, no tenía mecanismos de poder como para poder generar influencia en el diálogo con responsables de medios. La idea de la nueva conducción es que eso cambie: tanto por la experiencia de Fernández como con el otorgamiento de ciertos recursos. Por el momento, en todas las huestes del Gobierno están contentos por la unificación de criterios que se produjo en la comunicación libertaria.

Esta última semana, Adorni ni siquiera fue aludido internamente para validar las publicaciones que se lanzaron a raíz de la crisis en Venezuela. Mantuvo una reunión con Luis Caputo el pasado lunes y luego estuvo con terceras y cuartas líneas. Ya no tenía margen de llamar a las reuniones de Gabinete o la mesa política. “Había perdido autoridad frente a los ministros y en la mesa política solamente hacía de Ivan de Pineda, era el conductor de Pasapalabra”, afirma una de las personas que va a ambos encuentros.

Son horas clave en el Gobierno. En la Casa Rosada comunican que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, iría a la Quinta de Olivos hacia la tarde-noche para presentarle su renuncia indeclinable al presidente Javier Milei. Ninguno de los dos se contactaron en lo que va del día, pero ya estaba acordado desde ayer que se iban a reunir en la Residencia Presidencial para acordar los términos y condiciones de su salida.

Importantes colaboradores del Gobierno afirman que Adorni ya tiene en sus manos una carta de renuncia que le redactó un asesor suyo. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tomó la decisión ayer de que será ese entorno el que se ocupe de la comunicación política de todo el encuentro. Hasta ayer, en ese círculo buscaban comunicar la línea rectora de que todavía no estaba definida la salida.

Pero todo eso fue una puesta en escena. Al ministro del Interior, Diego Santilli, le llegó la oferta para ser jefe de Gabinete el jueves pasado. La decisión se cocinó en las altas esferas de la mesa política y la principal promotora del asunto fue la senadora Patricia Bullrich. Hubo varios motivos que la llevaron a retobarse y a plantear de que la decisión no se podía aplazar más.

El episodio que más la fastidió fue el martes, cuando Manuel Adorni tuiteó que se encontraba a disposición para ir a dar su informe de gestión al Senado pese a que Bullrich había cancelado esa posibilidad por considerar que era un desgaste innecesario. Tal como publicó el periodista Pablo de León en Clarín, Bullrich bramó “no se puede trabajar con pelotudos”. Al día siguiente, forzó a que no hubiera quórum en el Senado para que no se tratara algún tipo de pedido de interpelación, lo que generó mucho fastidio con los senadores aliados. La situación era insostenible, y la jefa de bloque de LLA se lo hizo saber al círculo karinista.

Así, al día siguiente, impuso como plazo límite el miércoles 1 de julio, cuando se preveía una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales para impulsar una interpelación a Adorni. En un último acto-reflejo, la hermana presidencial envió a sus laderos Lule Menem e Ignacio Devitt para convencerla de estirar la sobrevida de Adorni. “La palabra del Presidente en el Senado soy yo. Y esto no aguanta más”, habría dicho en una reunión privada. El jueves todas las partes estaban de acuerdo en buscar una salida y Santilli fue la figura elegida por consenso. El santiaguismo vio con buenos ojos esa movida.

Adorni mantuvo un silencio sepulcral sobre sus actividades desde el jueves, aunque fuentes del Gobierno afirman que Karina recién se lo comunicó el viernes en Casa Rosada. No fue algo que le haya sorprendido, porque el mismo jueves a la noche ya habían empezado a circular las primeras versiones de que el jefe de Gabinete no tenía más de una semana de sobrevida en el cargo y que la definición era inminente: solo bastaba que el Presidente volviera de su viaje por España el sábado por la mañana.

Al jefe de Gabinete le molestó la desprolijidad con la que se manejaron los trascendidos sobre su salida. Todo pese a que en su entorno admiten que hace tiempo viene pensando en la posibilidad de renunciar por el desgaste acumulado. En el pasado ha argumentado que su cargo le posibilitaba una especie de salvaguarda frente a la Justicia, pero se evidenció que no fue así. El avance del fiscal Gerardo Pollicita se produjo con esa rapidez porque el tema nunca se agotó en la agenda mediática, creen en el Gobierno.

Los medios de comunicación se encargaron de mantener vivo el tema, con la debida colaboración de Adorni. “Fue desprolijo en absolutamente todos sus manejos en el pasado. Los testigos iban a declarar solos a la Justicia. Y además tuvo episodios como lo del ‘deslomado’, la demora en la presentación de la declaración jurada y la entrevista con José del Río cuando nadie se lo recomendaba. De todas las decisiones que tenía para aliviar su situación, siempre eligió las menos adecuadas”, afirma una figura de la Casa Rosada.

Luego de la primera presentación del vocero presidencial Adrián Ravier en la mañana del viernes en Casa Rosada, el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, fue a reunirse con Adorni a su despacho. Hubo importantes funcionarios que durante la tarde de ayer pidieron hacer trascender que el arribo de Santilli no estaba tan seguro y que el canciller Pablo Quirno tenía posibilidades. En paralelo a esa situación, Adorni ya había preparado a su equipo para la salida.

Para la jornada de ayer, el equipo de la anterior gestión de Comunicación y Prensa, liderados por Javier Lanari, ya no tenían oficina propia. Muchos se fueron antes porque directamente no tenían dónde trabajar. Esta desoladora situación les hacía recordar a algunos memoriosos que recordaban los primeros días de Adorni, cuando descansaba en los pequeños silloncitos de cuerina que había cerca de las oficinas del entonces secretario Eduardo Roust porque no tenía despacho.

Milei y Adorni se verán esta tarde. Lo que no se decidió es si el arribo de Santilli se hará este mismo sábado o si se hará el domingo. La transición comenzará el lunes en la Casa de Gobierno, donde se buscará ordenar todo para que el mismo martes por la mañana Adrián Ravier pueda realizar su primera conferencia de prensa con los periodistas acreditados con una nueva gestión.

El caso de Manuel Adorni inició la semana dominando la disputa en el Congreso y todo indica que la termina con un desenlace esperable después de tres meses y medio corrosivos para el Gobierno. Agrega así una pincelada de necedad al último esfuerzo oficialista para darle un mínimo de aire al funcionario. La movida libertaria para retardar el trámite de interpelación al jefe de Gabinete -en Diputados y en el Senado- reavivó internas, hizo crujir la relación con aliados, siguió postergando proyectos el Ejecutivo y redujo el objetivo de “ganar tiempo” a unos pocos días. En términos prácticos: más que ganar tiempo, pagar políticamente en continuado. Un costo infinito, no sólo político, que habría terminado de convencer a Olivos de la necesidad de buscar un cierre. Es lo que se espera formalmente para el regreso de Javier Milei, desde España.

Parece contradictorio pero resulta una postal del mileismo. Apenas unas horas después de las jugadas en las dos cámaras del Congreso, el clima volvió a tornarse irrespirable en el interior del oficialismo. Y las versiones sobre la salida de Adorni crecieron vertiginosamente hasta transformarse en afirmaciones desde la estructura del Gobierno y en medios legislativos. ¿Había ocurrido algo extraño? Sólo se sumaba algún dato de la investigación judicial y se afirmaba la perspectiva de no poder frenar la semana próxima el tema de la interpelación. Novedoso sí fue el registro de Olivos, y un cruce realista entre el agotamiento de la defensa sostenida por Karina Milei y la posición, cuidada, de Santiago Caputo.

Con todo, y en una noche de viernes marcada sin vueltas por trascendidos sobre el posible reemplazo de Adorni, quedaba algún resquicio de duda o recelo asociado a las “características” de Milei: la obcecación y cerrazón presidencial para sostener decisiones, expresadas como algo más que estallidos de malhumor o “emocionalidad importante”. Se verá. Pero como mecánica de poder, alimenta el ejercicio de verticalidad a cargo de Karina Milei. Se espera ahora el desenlace a cargo del Presidente, del mismo modo que era acatada -en muchos casos, a disgusto- la orden de cerrar filas con Adorni y operar como si se tratara de aprobar una ley vital para el Gobierno: presión sobre aliados, tratativas con Gobernadores para alinear votos.

Lo dicho: las jugadas consumieron el martes y el miércoles en la Cámara de Diputados y concluyeron el jueves en el Senado, apenas unas horas antes de que el oficialismo hiciera circular intensamente que la suerte del jefe de Gabinete estaba echada. Y que el Presidente lo resolvería a su regreso de España. Las especulaciones variaban únicamente por cuestión de horas. Algunos hablaban de este sábado, tal vez poco antes del último partido de la Selección en la fase de grupos. Otros se inclinaban por el domingo.

Los comentarios sobre funcionarios que podrían ocupar la jefatura de ministros corrieron desde la mañana del viernes con cierta soltura, aunque, según el caso, con cuidados frente a los rumores de la caída de alguno de ellos por el malestar de Olivos ante la divulgación propia. Diego Santilli, Pablo Quirno, Sandra Pettovello y hasta Federico Sturzenegger sonaban anoche, en ese orden, como candidatos. El ministro del Interior sobresalía como opción más sólida, ficha de equilibrio doméstico y relaciones políticas fuera del ámbito libertario.

En estas horas, si hacía falta, Milei pudo comprobar personalmente el efecto dominante del caso Adorni en el temario público, registro ineludible del daño en continuado, político y social. En España, con agenda personal, el título lo puso su declaración sobre el jefe de Gabinete. “Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada”, dijo, y agregó que cree en la “honestidad” del funcionario, además de avalar la increíble declaración jurada presentada después de meses exposición.

La declaración del Presidente a un medio español generó una interpretación dual. El hecho de condicionar su actitud a lo que finalmente resuelva la Justica podría ser considerada como la repetición de un viejo recurso político para seguir sosteniendo al funcionario. Se sabe que esos son tiempos que suelen superar por mucho a la coyuntura. Pero al mismo tiempo, desde el propio oficialismo prefirieron volcarse por la lectura como advertencia de final de etapa. Eso fue marcado, en definitiva, por el clima interno.

Y en ese clima, asoma menor la especulación sobre si la salida sería una decisión íntima de Adorni, contenida hasta ahora por indicación de Olivos, o si el jefe de Gabinete se aferraba al cargo, frente al caso judicial, y estaría siendo forzado ahora por Milei, y su hermana, como inevitable recurso para tratar de frenar el deterioro violeta. Resulta claro que hace rato venía perdiendo apoyos de colegas del Gabinete y legisladores, salvo decidida presión de Olivos.

Juegan también variados elementos en la trama del Congreso. Después de cruces y tensiones -con internas a la vista y costos de aliados, que dejaron advertencias de último gesto de apoyo-, el panorama volvía a ser negativo para el oficialismo. Quedaron agendadas reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales en Diputados y en el Senado -martes y miércoles- y el cálculo en filas de la oposición y de LLA anticipaba que avanzaría la interpelación, con destino de moción de censura.

En ese cuadro, pesan sobre todo los trazos de aliados en la Cámara baja. El PRO, el bloque oficial de la UCR, provinciales y peronistas que juegan con sus gobernadores quedaron afectados por el costo de haber bloqueado la iniciativa de la oposición dura para poner en marcha el trámite de la interpelación. El argumento fue que habían conseguido la convocatoria a comisión, pero eso resultó insostenible frente a la calificación de “blindaje” de Adorni desde la otra vereda.

Como sea, el PRO y la UCR transmitieron otro mensaje en el Senado. Y además, en Diputados, hicieron saber que no darían otro crédito en la cita de comisión. En otras palabras, lo que se perfiló rápidamente es que “ganar tiempo” se reducía a unos días, porque en un par de semanas el tema podía volver al recinto de las dos alas del Congreso.

Otro factor, nada desdeñable, fue el mensaje de Esteban Bullrich. Al anunciar su renuncia partidaria y marcar un límite moral, pegó en el interior del PRO y también entre algunos legisladores radicales. Difícil sostener el juego. Son probables los lamentos en las horas dominadas por las versiones sobre el recambio en la Jefatura de Gabinete.

Todo lo ocurrido en el Congreso viene cargado de tensiones y, especialmente en el Senado, por recelos internos -por los movimientos de Patricia Bullrich y de Victoria Villarruel-, junto a sospechas sobre puntos de contacto con el peronismo, por conveniencias propias. La caída de la última sesión fue leída también con ese cristal, además de postergar otra vez un proyecto del Ejecutivo, en este caso la inviolabilidad de la propiedad privada.

Pero como cuestión de fondo emerge el peloteo entre el Gobierno y el Congreso, en especial entre Olivos y aliados y dialoguistas. El punto fue siempre quién se hacía cargo de resolver el fin de Adorni como funcionario. Más allá de los dichos públicos o por la vía de voceros formales e informales, hasta socios de LLA señalaban que el Gobierno quería sacarse de encima el problema y acusar después de golpistas a los legisladores. Como sea, fue anotada una nueva paradoja: la decisión de retardar la interpelación puso otra vez la resolución del tema en terreno de Olivos. Se verá en estas horas cómo lo procesa Milei.

La victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia ha generado nuevos movimientos en el entorno político nacional.

Uno de ellos se registró en el interior del Partido Conservador, donde se conoció que el senador Carlos Andrés Trujillo anunció su retiro de la militancia de la colectividad.

Su salida quedó consignada en una carta enviada a la Secretaría General y al Directorio Nacional del partido, donde justificó que fue por decisión propia y para emprender “nuevos proyectos” personales y profesionales.

“Con el mayor de los respetos, manifiesto que a partir de la fecha renuncio a la militancia del Partido Conservador Colombiano, lo anterior debido a nuevos proyectos de tipo profesional y personal que emprenderé en el inmediato futuro”, señaló el congresista en el texto revelado a la opinión pública.

En la misma misiva agregó: “Agradezco al Partido Conservador Colombiano por la oportunidad brindada, augurando éxitos en futuros proyectos políticos del partido en nuestro país”.

Posterior a la misiva, utilizó sus redes sociales para explicar a detalle el motivo de su salida de la colectividad azul. Inicialmente, el actual senador consideró que su movimiento responde a las recientes movidas políticas registradas en el país.

“Colombia atraviesa un momento histórico que nos exige grandeza y evolución. La realidad actual del país ya no da espera para el atrincheramiento en banderas ideológicas rígidas ni en estructuras tradicionales. Por el contrario, el clamor nacional exige la construcción de grandes consensos”, indicó Trujillo.

Así mismo, aseveró que, bajo su figura de liderazgo, “tenemos la responsabilidad de encarnar una visión amplia y plural, capaz de cobijar las diferentes miradas de país y tejer puentes donde otros insisten en levantar barreras”.

De igual manera, el legislador mencionó que, a pesar de su salida del Partido Conservador, “seguiremos trabajando para que los colombianos tengamos tranquilidad en las calles, empleo digno, oportunidades para los jóvenes y un desarrollo económico que permita la superación de la pobreza y un mejor país”.

Trujillo desarrolló gran parte de su trayectoria en el Partido Conservador y desde esa colectividad llegó al Congreso de la República.

En los últimos años fue una de las caras más visibles del conservatismo y lideró sectores de la bancada que respaldaron iniciativas del gobierno del presidente Gustavo Petro.

En su mensaje de despedida, el político antioqueño agradeció al Partido Conservador por la posibilidad de ejercer sus cargos públicos bajo la colectividad.

“Hoy presento mi renuncia al Senado de la República y al Partido Conservador Colombiano, para emprender nuevos retos políticos y personales, con la misma vocación de servicio que ha guiado mi trayectoria y con el propósito de seguir trabajando por el bienestar de los ciudadanos”, manifestó.

Aspiración local

Además, el senador también apoyaba la campaña de Iván Cepeda. A partir de esa salida, cobra fuerza su interés de volver a la política regional y aspirar otra vez a la Alcaldía de Itagüí.

Frente a ello, el ahora exsenador no descartó su presencia en las elecciones regionales de octubre de 2027. “Aspiro a seguir trabajando por estos nobles ideales desde mi origen y tomo también esta decisión motivado por la ley que establece que al 26 de junio no debemos militar en ningún partido quienes deseemos enarbolar candidaturas ciudadanas”, resaltó.

A renglón seguido, el dirigente antioqueño recordó que esta no es una decisión tomada en este momento, sino que venía discutiéndose desde octubre del 2025.

“Como les anuncié en octubre del año pasado, cuando tomé la decisión de no aspirar nuevamente al Senado, es momento de volver al origen. De la mano de los ciudadanos, en las calles, lograremos la transformación que el pueblo necesita, que solo puede ser construida con la gente y va mucho más allá de las estructuras partidistas”, comentó.

Finalmente, Trujillo enfatizó que sus características establecidas en la política permanecerán intactas. “ Seguiré defendiendo la seguridad, la libre empresa, la generación de oportunidades y la gestión social como herramientas fundamentales para el progreso de nuestras comunidades”, puntualizó.

Carlos Andrés Trujillo se suma a un largo listado de congresistas que renunciaron a su curul antes de cumplir su mandato electoral, entre los que se destaca María Fernanda Cabal, Paola Holguín, María José Pizarro, entre otros.

La renuncia de Alberto Carvalho como superintendente del Los Angeles Unified School District (LAUSD) marca el desenlace de una crisis que mantuvo en vilo al segundo distrito escolar más grande de Estados Unidos.

La decisión, oficializada el domingo y confirmada el lunes por la Junta de Educación, se presenta tras cuatro meses de licencia paga y en medio de una investigación federal que incluyó allanamientos en su residencia y en las oficinas centrales del distrito, según confirmó AP News.

Carvalho, quien asumió el liderazgo de LAUSD en 2021 tras una extensa gestión en Miami-Dade County Public Schools, negó reiteradamente cualquier irregularidad.

Su carta de renuncia, difundida por su equipo legal y citada por Los Angeles Times, evita referirse de manera directa a los hechos investigados y sostiene: “Poner a los estudiantes en primer lugar siempre ha guiado mi trabajo. Porque creo que nuestras escuelas deben seguir centradas en los estudiantes y el aprendizaje, sin distracciones, renuncio como superintendente del LAUSD con efecto inmediato, el 21 de junio de 2026”.

El alcance de la investigación: contratos, tecnología y antecedentes en Miami

La investigación federal que motivó la salida de Carvalho se mantiene bajo reserva y hasta el momento no derivó en cargos en su contra. Según publicó CBS News, las pesquisas se centran en posibles irregularidades contractuales y pagos indebidos vinculados tanto a su gestión en Los Ángeles como a su etapa previa en Miami.

Una fuente citada por ese medio aseguró que la causa podría estar relacionada con presuntos sobornos recibidos durante su paso por el sistema escolar de Florida. La investigación, que involucra tanto al FBI como a la fiscalía, permanece bajo secreto de sumario.

Uno de los focos identificados por medios como Miami Herald y ABC7 es el contrato con la empresa tecnológica AllHere, que en 2024 firmó un acuerdo con LAUSD para implementar un chatbot de inteligencia artificial llamado “Ed”, orientado a asistir a los estudiantes.

El distrito desembolsó USD 3.000.000 a la firma, pero el sistema fue dado de baja apenas tres meses después, coincidiendo con el colapso financiero de la compañía y la posterior imputación de su fundadora, Joanna Smith-Griffin, por fraude de valores, fraude electrónico y robo de identidad.

El mismo día de los allanamientos, el 25 de febrero, la Junta de Educación decidió de forma unánime apartar a Carvalho de su puesto mientras avanzaba la pesquisa.

Las autoridades también ejecutaron una orden de registro en una propiedad de Debra Kerr cerca de Miami, quien había trabajado previamente con AllHere. Ni Kerr ni Carvalho fueron acusados formalmente.

El futuro del distrito y las repercusiones institucionales

Mientras el distrito, que atiende a más de 500.000 estudiantes, busca restablecer la normalidad, la conducción queda en manos de Andrés Chait, actual superintendente interino.

La Junta de Educación, en un comunicado reproducido por The New York Times, subrayó: “Nuestro compromiso es garantizar la estabilidad, la continuidad y el progreso sostenido mediante un liderazgo sólido”.

El caso no solo afecta a la figura de Carvalho, sino que expone a LAUSD a al menos dos investigaciones federales paralelas, de acuerdo con fuentes citadas por Los Angeles Times.

La institución confirmó su colaboración con las autoridades y reiteró que “mientras la investigación del gobierno sigue abierta, los fiscales no presentaron ninguna evidencia que respalde que el señor Carvalho haya violado la ley federal”, según la declaración difundida por el estudio jurídico Holland & Knight.

Previo a su salida, el propio Carvalho había declarado: “Confío en que la evidencia demostrará que actué apropiadamente y siempre en el mejor interés de los estudiantes”.

El futuro inmediato de la conducción definitiva del distrito se definirá en las próximas sesiones de la Junta, mientras la pesquisa federal continúa sin plazos claros y en total hermetismo.

El contrato de Carvalho contemplaba una compensación mínima de 12 meses de salario ante una remoción sin causa, aunque no se precisó si hubo una negociación económica vinculada a su salida.

Héctor José Contreras Mercader presentó su renuncia como director general del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo (SATQ), luego de la controversia generada por su asistencia a un partido de las Finales de la NBA en Nueva York, donde fue captado en una zona preferencial del Madison Square Garden.

La dimisión fue anunciada mediante un comunicado dirigido a la opinión pública, en el que el ahora exfuncionario señaló que su decisión busca evitar que la situación continúe generando señalamientos que distraigan el trabajo institucional de la administración estatal.

“Esta determinación tiene como único propósito no entorpecer el buen funcionamiento de la administración pública ni dar lugar a señalamientos que distraigan el trabajo institucional”, expresó Contreras Mercader.

Asimismo, sostuvo que su asistencia al encuentro deportivo ocurrió en el ámbito personal y sin relación con sus responsabilidades como servidor público.

La polémica surgió tras su aparición en transmisión internacional

El caso tomó relevancia nacional luego de que, durante la transmisión del tercer juego de las Finales de la NBA entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, las cámaras enfocaran una de las zonas exclusivas del recinto neoyorquino donde se encontraba Contreras Mercader.

Las imágenes mostraron al funcionario acompañado de un joven identificado por diversos medios como su hijo, ambos portando playeras de los Knicks.

La atención aumentó debido a que se encontraban cerca del palco ocupado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya presencia en el encuentro también fue ampliamente difundida.

La difusión de las imágenes en redes sociales generó diversas reacciones y cuestionamientos sobre el costo de los boletos para ese sector del estadio, considerado uno de los más exclusivos del inmueble.

Costos de los boletos generaron debate en redes sociales

Diversos reportes señalaron que los asientos en esa área del Madison Square Garden alcanzaron precios de hasta 20,000 dólares en plataformas de reventa, equivalentes a cerca de 350,000 pesos mexicanos.

Incluso, algunos portales especializados reportaron que ciertos lugares en zonas cercanas a la cancha superaron ampliamente esa cifra debido a la alta demanda generada por las Finales de la NBA y la asistencia de personalidades de relevancia internacional.

Contexto del caso

• Contreras Mercader fue captado durante el Juego 3 de las Finales de la NBA.
• Se encontraba en una zona preferencial del Madison Square Garden.
• Medios estimaron que algunos boletos en ese sector alcanzaron hasta 20,000 dólares.
• Las imágenes se viralizaron en redes sociales y generaron debate público.
• El funcionario afirmó que asistió al evento en calidad de particular y sin utilizar recursos públicos.
• Tres días después de la difusión del caso presentó su renuncia al SATQ.
• Héctor Contreras defendió el carácter privado de su viaje

Ante las críticas surgidas tras la difusión de las imágenes, Contreras Mercader sostuvo que su presencia en el evento deportivo correspondió exclusivamente a actividades personales.

En su mensaje de despedida reiteró que actuó bajo los principios de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas, al tiempo que agradeció la confianza que le fue otorgada durante el tiempo que permaneció al frente del organismo encargado de la recaudación estatal.

La renuncia ocurre en un contexto de intenso escrutinio público sobre el comportamiento y las actividades de los funcionarios fuera de sus labores gubernamentales.

¿Quién es Héctor Contreras Mercader?

Contreras Mercader es licenciado en Finanzas y Contaduría Pública. A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos dentro de la administración pública municipal y estatal de Quintana Roo.

Fue regidor del Ayuntamiento de Benito Juárez, además de desempeñarse como oficial mayor y asesor financiero en distintas dependencias gubernamentales.

Posteriormente, con el inicio de la administración estatal encabezada por la gobernadora Mara Lezama, asumió la dirección general del SATQ.

Durante su gestión impulsó proyectos enfocados en la digitalización de trámites fiscales y la modernización de los procesos tributarios de la entidad.

Gobierno de Quintana Roo aún no informa relevo definitivo

Hasta el momento, el Gobierno de Quintana Roo no ha dado a conocer quién asumirá de manera permanente la dirección del Servicio de Administración Tributaria estatal.

Mientras tanto, la salida de Contreras Mercader pone fin a una controversia que durante varios días mantuvo la atención pública y abrió el debate sobre la percepción ciudadana respecto a los servidores públicos y la rendición de cuentas en el ejercicio de sus funciones.

La renuncia irrevocable del representante Leonardo Gallego Arroyave a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes expuso una fractura política e institucional en torno al trámite contra el presidente Gustavo Petro: el congresista dejó su asiento tras la radicación de una medida cautelar que pidió la suspensión provisional del mandatario y sostuvo que esa decisión “carece de fundamento suficiente” y produce efectos que desbordan las competencias de la comisión.

La dimisión quedó consignada en una carta dirigida al presidente de la Cámara, el representante Julián David López Tenorio, fechada en Bogotá el 10 de junio de 2026.

El detonante que identificó en su carta fue el auto radicado por la representante Gloria Arizabaleta, en el que se pidió la suspensión provisional del presidente Petro. Para Gallego, el problema no se agota en la validez jurídica de esa actuación, sino en su impacto político en medio de un escenario de alta sensibilidad.

En la comunicación oficial, el representante del Valle del Cauca explicó el motivo central de su decisión sin matices personales ni partidistas. “He tomado esta decisión como expresión de mi profunda preocupación por los acontecimientos ocurridos en el día de hoy y, particularmente, por la adopción de una medida cautelar que, en mi criterio, carece de fundamento suficiente y genera efectos políticos que trascienden el ámbito propio de las competencias institucionales de la Comisión”.

La carta no discute solo una providencia puntual. También fija una posición sobre el papel que debe cumplir la comisión frente al poder ejecutivo y frente al calendario político, al rechazar que ese escenario se convierta en un instrumento de disputa coyuntural.

Gallego sostuvo que la Comisión de Investigación y Acusación “no fue concebida para favorecer o perjudicar a ningún gobierno de turno, ni para intervenir directa o indirectamente en procesos electorales en curso”. En el mismo pasaje, agregó que su misión constitucional es actuar “con independencia, imparcialidad y estricto apego al ordenamiento jurídico”.

Ese señalamiento contiene una de las alertas más precisas del documento: el congresista no solo cuestiona la solidez de la medida cautelar, sino la posibilidad de que una decisión de esa naturaleza sea leída como intervención política. Su objeción, tal como quedó redactada, se dirige al uso institucional de la comisión en un momento que él define como electoralmente sensible.

El representante añadió que las actuaciones del órgano deben preservar “la confianza ciudadana en las instituciones” y garantizar que estén libres “de cualquier consideración política o electoral”. La carta sitúa ahí el núcleo de su desacuerdo con el trámite que precipitó su salida.

En otro tramo del documento, Gallego afirmó que las circunstancias actuales exigen “una reflexión profunda sobre la necesidad de proteger la autonomía institucional”. En esa misma idea, advirtió sobre el riesgo de que decisiones adoptadas en escenarios de alta sensibilidad política “puedan interpretarse como una injerencia en el debate democrático o en la voluntad de los ciudadanos”.

La formulación va más allá de una discrepancia procedimental. El representante plantea que el costo de ese tipo de actuaciones puede recaer sobre la percepción pública de la separación de poderes y sobre la legitimidad de las instituciones encargadas de investigar.

Ese enfoque reaparece en el cierre de la carta, donde justifica su salida como “un acto de coherencia” con sus principios y con su compromiso de defender “la separación de poderes, el Estado de Derecho y la integridad de las instituciones republicanas”. El escrito también incluye un agradecimiento por la confianza recibida durante el tiempo en que ejerció esa responsabilidad y reitera su compromiso con “la defensa de la Constitución y la democracia”.

Mediante el Decreto 437/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la renuncia de Néstor Marcelo Lamboglia a la presidencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) a menos de un mes de haber sido designado.

La salida se produjo en medio de una interna en el directorio con Marcelo Nachón, vocal del ente y ex interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Según trascendió, las diferencias entre ambos venían de antes de la constitución formal del ENRGE y se profundizaron en las últimas semanas.

Sin embargo, la renuncia de Lamboglia se atribuye a “motivos estrictamente personales y su paso por el ente es valorado positivamente dentro de la estructura del organismo”. A su vez, está previsto que se inicie un nuevo concurso para la selección del próximo presidente del ENRGE, a fin de asegurar un proceso ordenado en la designación de autoridades.

“La salida de Néstor Marcelo Lamboglia no afecta la continuidad institucional del ENRGE, ya que el directorio mantiene su funcionamiento con total normalidad. Tras la dimisión, el vicepresidente Vicente Serra asumió de inmediato las funciones de la presidencia, garantizando que no exista vacancia ni interrupción en la gestión del organismo”, comentaron fuentes oficiales.

Lamboglia comunicó su decisión al resto de los miembros del directorio y también la formalizó con un memo enviado a través del sistema oficial GEDO. El ENRGE había iniciado recientemente su proceso de conformación tras la unificación de los entes reguladores del gas y la electricidad.

Lamboglia había sido designado presidente del ENRGE por un período de cinco años, el más prolongado entre los integrantes del directorio. Antes de asumir ese cargo, se desempeñaba como interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Con una trayectoria de más de 30 años en el sector energético, Lamboglia es abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata y cuenta con especialización en Derecho de la Regulación Económica de los Servicios Públicos por la Universidad Austral. Entre sus antecedentes figuran funciones como secretario letrado del Directorio y gerente de Control de Concesiones en el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), coordinador legal de la Secretaría de Energía Eléctrica, asesor letrado argentino en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y asesor jurídico de Yacyretá.

En tanto, el ingeniero Vicente Serra había sido nombrado vicepresidente por un plazo de cuatro años, mientras que el licenciado Marcelo Alejandro Nachón asumió como vocal primero con un mandato de tres años. Los cargos de vocal segundo y tercero fueron asignados a la doctora Griselda Lambertini y al ingeniero Héctor Sergio Falzone, quienes cumplirán funciones durante dos y un año, respectivamente. Todos los nombramientos se realizaron bajo el artículo 6° del Decreto N° 452 del 4 de julio de 2025 y entraron en vigencia en la misma fecha.

El ENRGE se creó en julio de 2025 como parte de un proceso de simplificación administrativa impulsado por la Ley de Bases. El organismo busca unificar las funciones de los antiguos entes reguladores del gas (Enargas) y la electricidad (ENRE), con el objetivo de mejorar la coordinación y el control de ambos sectores. De esta forma, el ENRGE depende de la Secretaría de Energía y busca optimizar la fiscalización de los servicios públicos, alineándose con estándares internacionales como los propuestos por la OCDE.

El organismo nació con un plazo máximo de 180 días, a partir de julio del años pasado, para iniciar formalmente sus operaciones. Según fuentes del sector, el proceso de designación de directores presentó dificultades debido a los altos requisitos de calificación profesional para los cargos y al congelamiento salarial en el sector público, factores que complicaron la cobertura de las vacantes.

Cuando se cumplen cuatro semanas de bloqueos en Bolivia, el presidente Rodrigo Paz posesionó a un nuevo ministro de Defensa: Ernesto Justiniano, quien hasta ayer era viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas.

Nacido en 1969 en Santa Cruz de la Sierra, el nuevo ministro es ingeniero, empresario y político. Se formó en ingeniería electromecánica en la Universidad de Belgrano (Buenos Aires) y cursó una maestría en administración de empresas de la Universidad Privada de Santa Cruz.

Justiniano no es un novato en política: fue viceministro de Defensa Social en 2002, diputado nacional entre 2006 y 2010 y dos veces candidato a alcalde de Santa Cruz de la Sierra. En la gestión actual fue uno de los estrategas de la captura del presunto narcotraficante Sebastián Marset.

A mediados de mayo, el entonces viceministro Justiniano estuvo en Estados Unidos, donde sostuvo reuniones con la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) que retomará funciones en Bolivia, según anunció entonces a través de un video grabado en la Casa Blanca.

Como zar antidrogas, Justiniano fue el encargado de gestionar apoyo técnico y logístico de agencias estadounidenses para reforzar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado desde el inicio de la gestión de Rodrigo Paz.

Justiniano reemplaza en el cargo a Marcelo Salinas, que desde noviembre de 2025 estaba al frente de una de las carteras estratégicas del Gobierno, de la que dependen las Fuerzas Armadas y otras instancias vinculadas a la seguridad y defensa del Estado.

Según difundieron los medios bolivianos, la renuncia de Salinas se produjo junto a la de la exministra de Educación, Beatriz García, durante una reunión de gabinete. Las dos dimisiones se suman a la del exministro de Trabajo, Édgar Morales, el 21 de mayo.

Las renuncias de Salinas y García, de las cuales no se han difundido los motivos, se dieron en medio de una ola de conflictos sociales en Bolivia que piden la renuncia del presidente Paz.

Este miércoles se cumplen cuatro semanas de bloqueos que tienen paralizada gran parte del país. Según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) hasta ayer se reportaban cerca de 90 piquetes en siete de nueve departamentos; y aunque en algunos hay demandas específicas, en la mayoría se reclama la renuncia del primer mandatario a menos de siete meses de haber asumido el Gobierno.

Los movilizados cuestionan contradicciones entre las promesas electorales y las primeras políticas de gestión, la gestión de la crisis económica y el abastecimiento de combustible; además de reclamos por la falta de inclusión de organizaciones sociales en la toma de decisiones, entre otras razones.

Mientras la administración de Paz aboga por una salida pacífica al conflicto a través del diálogo —que hasta ahora ha dado cero resultados—, el parlamento abrogó una ley que ponía límites a la implementación del estado de excepción.

A medida que se agrava el conflicto con la masificación de piquetes y el desabastecimiento de alimentos y productos básicos en algunas ciudades como La Paz y El Alto, se incrementan los pedidos de uso de la fuerza pública para el restablecimiento del orden en el país.

Para algunos analistas, la renuncia de dos ministros durante una reunión de coordinación entre el presidente y su gabinete sugiere la posibilidad de que en los próximos días se implementen medidas para intervenir los bloqueos. “El tiempo se acaba”, advirtió el presidente Paz hace seis días.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, indicó en su cuenta oficial de X que “aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”, haciendo referencia a la actual situación política en el país tras conocerse que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial.

Las afirmaciones del mandatario colombiano se interpretaron como una posible renuncia a su cargo. De hecho, Alfredo Saade, embajador de Colombia en Brasil y que fue recientemente suspendido por la Procuraduría, pidió la renuncia del jefe de Estado para que este se hiciera cargo de la campaña de Iván Cepeda.

Infobae Colombia consultó con abogados constitucionalistas para conocer las medidas previstas en la Constitución y la ley ante la eventual renuncia de un presidente con fines electorales.

En Colombia, la Constitución Política no contempla ninguna prohibición expresa que impida a un presidente presentar su renuncia para participar en actividades políticas o electorales. El artículo 40 de la Constitución garantiza el derecho a la participación política de todos los ciudadanos, incluyendo a quienes hayan ocupado la Presidencia.

El abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del Rosario, Douglas Lorduy Montañez, indicó a este medio que “no existe una prohibición constitucional o legal expresa en ese sentido. Se trata, entonces, del ejercicio de la libertad personal y de la autonomía personal. Por lo tanto, se aplica en general un principio a favor de la libertad, lo que implica que el presidente tiene la libertad de renunciar a su cargo".

Sostuvo que, al tratarse de restricciones al ejercicio de derechos, en este caso el derecho a participar en política, debe existir una limitación expresa para restringir ese derecho. “No existe una restricción expresa para quien haya renunciado a la Presidencia de la República y desee participar en actividades políticas”, precisó.

Sobre el procedimiento legal y formal que debe seguir un presidente para presentar su renuncia, Lorduy Montañez indicó que la posibilidad de renuncia presidencial está permitida en la Constitución. El artículo 173 establece que corresponde al Senado admitir o no las renuncias que presenten el presidente o el vicepresidente. El artículo 194 reitera que la renuncia es una de las causales de falta absoluta del presidente.

“El presidente debe presentar su renuncia mediante comunicación escrita dirigida al presidente del Senado, según el artículo 321 de la Ley Quinta de 1992. El Senado debe ser convocado a plenaria dentro de los tres días siguientes para decidir sobre la renuncia. Tanto la Constitución como la Ley Quinta permiten que el Congreso acepte o rechace la renuncia”, detalló.

Consultado sobre si existe algún impedimento expreso para que un presidente renunciante asuma de inmediato un rol protagónico en una campaña, Lorduy Montañez respondió que no existe ninguna restricción en ese sentido.

“La participación política es un derecho fundamental y, para que pudiera ser restringido, la prohibición o limitación tendría que estar establecida de manera expresa, lo cual no ocurre en este caso”, señaló.

Además, indicó que no hay antecedentes recientes en Colombia de presidentes que hayan renunciado para participar en política, ni decisiones de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado que establezcan límites a la participación política de un exmandatario que renuncia durante su periodo.

Por su parte, Luisa Fernanda García López, directora de la especialización en derecho constitucional de la Universidad del Rosario, precisó que existen dos escenarios para que un presidente se aparte del cargo: una separación temporal, que funciona como una licencia y requiere aprobación del Senado, y la renuncia, que constituye una falta absoluta y también necesita la aceptación del Senado.

García López afirmó que “este trámite puede tomar tiempo y, una vez aceptada la renuncia, se considera que no hay presidente en ejercicio. En ese momento, el vicepresidente asumiría la Presidencia. Estos son los dos caminos constitucionales posibles si el presidente decide solicitar una licencia o apartarse del cargo”.

Respecto a la participación política de funcionarios públicos, García López recordó que la Constitución establece una prohibición general para los funcionarios del Estado, salvo para quienes integran órganos políticos como senadores, concejales, diputados y representantes. Estos cargos pueden expresar abiertamente su respaldo a candidatos, siempre que no utilicen recursos ni infraestructura pública para favorecer campañas.

El artículo 127 de la Constitución prohíbe la participación en política del resto de los funcionarios estatales, incluidos los miembros de la Rama Judicial, los órganos de control, la organización electoral, los ministros, directores de departamentos administrativos, alcaldes, gobernadores y el presidente, así como jueces, fiscales, magistrados de altas cortes y miembros de la fuerza pública.

Actualmente, los órganos de control investigan a funcionarios por participación en política y se han producido suspensiones, como la del embajador en Brasil y la de un ministro. García López advirtió que estas situaciones evidencian injerencias del poder en las elecciones presidenciales y consideró inédito que un presidente cuestione las instituciones que lo eligieron, lo que plantea interrogantes sobre el Estado de derecho y la estabilidad institucional en Colombia.

El secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José García Hamilton, dejará de integrar el equipo que encabeza el ministro Luis Caputo. En su reemplazo, el jefe del Palacio de Hacienda ya adelantó que esa función será asumida desde este lunes por Juan Ignacio Stampalija, que hasta hoy se desempeñaba como Subprocurador del Tesoro de la Nación.

“Hace algo más de un mes, José García Hamilton me comunicó que iba a tener que renunciar por razones personales. Quiero agradecerle especialmente por su compromiso, profesionalismo y el enorme trabajo realizado durante su gestión como Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía. También por tomarse el tiempo para hacer una transición tranquila, lo que demuestra además su calidad humana. Muchísimas gracias José!! @joseghamilton”, posteó en la red social X el ministro Luis Caputo. Y completó: “A partir del lunes, @juanistamp, quien hasta ahora se desempeñaba como Subprocurador del Tesoro de la Nación, asumirá esa responsabilidad, aportando toda su experiencia y capacidad profesional. ¡Bienvenido Juan! Estoy seguro de que harás una gran gestión”.

Stampalija llega a Economía con la reputación que le ganó el haber integrado junto a Julio Pablo Comadira y Santiago Castro Videla el trío de espadas jurídicas que desde la Procuración del Tesoro de la Nación diseñaron y sostuvieron la estrategia legal que permitió revertir una condena de USD 16.000 millones en contra del Estado argentino en la justicia de Estados Unidos por la expropiación de YPF.

Salida cruenta

El nuevo cambio en el equipo de Caputo no tiene las características cruentas del anterior, ocurrido hace poco más de un mes, cuando el jefe de Economía “le aceptó la renuncia” (tal fue la versión oficial) a Carlos Frugoni, quien se desempeñaba como secretario de Coordinación de Infraestructura y se supo a través de investigaciones periodísticas que tenía dos propiedades en Miami que no había incluido en su declaración jurada como secretario de Estado del ministerio de Economía.

En reemplazo de Frugoni, Caputo designó entonces al hasta entonces secretario de Transporte, el arquitecto, Fernando Herrmann, y en el cargo que ocupaba Hermann designó a Mariano Ignacio Plencovich.

A su vez, a fines de febrero había renunciado Alejandro Lew al cargo de secretario de Finanzas, lo que obligó a Caputo a mover alfiles: en su lugar designó a Federico Furiase, economista del riñón del caputismo, que se desempeñaba como director en el Banco Central. Lew, que había sido designado en noviembre de 2025, se fue porque su propuesta de emitir un bono, como había hecho Ecuador, en momentos en que el riesgo país estaba por debajo de los 500 puntos, había sido rechazada por el propio presidente de la Nación, Javier Milei.

En su momento, Lew, quien se había desempeñado previamente como jefe financiero (CFO) de YPF, había llegado al equipo de Caputo en reemplazo de Pablo Quirno, que dejó Economía no por disidencias sino por un ascenso: desde entonces es el ministro de Relaciones Exteriores (Canciller) de la República Argentina.

Un desprendimiento mucho más significativo y temprano fue la renuncia de Joaquín Cottani, el secretario de Política Económica, con que el equipo económico había iniciado su gestión tras la asunción del presidente Milei. Cottani se fue por diferencias significativas sobre la política económica, en particular sobre la política cambiaria del gobierno y, en línea con el pensamiento cavallista con el que se identifica, porque era partidario de un desmantelamiento más completo del cepo cambiario.

En reemplazo de Cottani fue designado poco después José Luis Daza, economista nacido en la Argentina pero que también tiene nacionalidad chilena y a quien Caputo conoce desde sus tiempos de operador en Wall Street. Otra incorporación, más reciente, fue la del economista uruguayo Ernesto Talvi, pero más en la función de asesor externo y gestor ante organismos internacionales, dada su reputación como excanciller y excandidato presidencial de Uruguay y su experiencia como funcionario del Banco interamericano de Desarrollo (BID):

El Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) anunció la apertura oficial de la convocatoria pública para el concurso de selección y designación del nuevo Gerente Educativo de la institución.

La persona designada completará el periodo 2025-2029, luego de que en enero de este año la gerente educativa de esta institución, Milena Gómez, presentara su renuncia irrevocable al cargo.

Gómez argumentó en su momento que la renuncia se debía a cambios en las normas internas del instituto, que en su opinión vulneran la seguridad jurídica y la autonomía interna.

Antes de tomar su decisión, el Consejo Directivo de la entidad había enviado a Gómez por cerca de dos meses de vacaciones, debido a una auditoría solicitada por la Contraloría General de la República.

Mientras Gómez estaba de vacaciones se publicó en la Gaceta Oficial el nuevo Estatuto del ITSE, donde se incorporó la pérdida de confianza como causal de remoción del cargo.

La convocatoria de ahora fue adoptada por el Consejo Directivo durante sesión celebrada este 15 de mayo, en atención a la vacante producida tras la renuncia de Gómez.

La máxima autoridad de la institución, el Consejo Directivo, señala en un comunicado que esta convocatoria busca “seleccionar a un líder con visión estratégica, experiencia comprobada y un firme compromiso con el fortalecimiento institucional y la formación técnica superior especializada”.

Se agrega que este proceso responde al compromiso del ITSE con la transparencia y la excelencia académica.

Creado mediante la Ley 71 de 8 de noviembre de 2017, el Instituto Técnico Superior Especializado es una institución pública de educación superior de ciclo corto con autonomía académica, administrativa, económica y financiera, orientada a la formación de talento humano altamente especializado y alineado con las necesidades del sector productivo del país.

El ciclo corto son carreras de dos o tres años de duración, cuyo objetivo principal es preparar a los estudiantes para el ingreso rápido al mercado laboral, con una formación práctica, específica en un área determinada y con educación en alternancia: 60% académica 40% práctica.

En su comunicado, el ITSE destaca como un “logro histórico” el inicio del segundo cuatrimestre 2026 con una matrícula de casi 5 mil estudiantes.

Esto, agrega, lo consolida como una institución clave en la formación del talento humano que Panamá necesita para impulsar su desarrollo económico y social, apoyándose en la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares fundamentales de su modelo educativo basado en retos.

Quien resulte seleccionado para el cargo será responsable de liderar la gestión estratégica, técnica y administrativa de la institución, impulsar la ejecución del Plan Estratégico Institucional y promover una agenda centrada en la innovación y la calidad educativa.

Entre los requisitos exigidos para los aspirantes se encuentran ser panameño, contar con reconocida probidad, tener 35 años o más, poseer título universitario afín al cargo, acreditar al menos 10 años de experiencia en gestión administrativa y cinco años en gestión educativa, además de cumplir con las demás disposiciones establecidas en el artículo 25 de la Ley 71 de 8 de noviembre de 2017.

Posteriormente a la entrega de documentos, el proceso continuará con las etapas de evaluación preliminar, entrevistas, sustentación de ensayos y selección final, conforme al cronograma aprobado por el Consejo Directivo.

El proceso de evaluación contemplará la valoración de títulos universitarios (20%), formación académica y profesional complementaria (10%), experiencia profesional (20%), entrevista (25%) y sustentación del ensayo (25%).

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la salida de Víctor Rodríguez Padilla de la dirección general de Petróleos Mexicanos y confirmó que Juan Carlos Carpio Fragoso será propuesto como nuevo titular de la empresa productiva del Estado.

El anuncio fue realizado mediante un video difundido en redes sociales, donde Sheinbaum explicó que la salida de Rodríguez obedeció a un acuerdo previo con el académico de la UNAM, quien desde el inicio de la administración había planteado permanecer únicamente un año y medio al frente de Pemex antes de regresar a la vida académica.

Cambio en Pemex: Sheinbaum destaca trayectoria de Víctor Rodríguez

Durante el mensaje, la mandataria recordó que conoce a Víctor Rodríguez desde su etapa universitaria y destacó su perfil académico y técnico.

Señaló que inicialmente el ahora exdirector se mostró renuente a dejar la academia para integrarse al gobierno, aunque finalmente aceptó asumir el reto con la condición de permanecer un periodo limitado.

Sheinbaum aseguró que Rodríguez realizó un “trabajo sobresaliente” durante su gestión y adelantó que continuará colaborando en el sector energético como director del Instituto de Electricidad y Energías Limpias.

Por su parte, Víctor Rodríguez leyó una carta en la que afirmó que concluyó el periodo comprometido con la presidenta y defendió los resultados alcanzados durante su administración al frente de Pemex.

Entre los puntos que destacó se encuentran:

• La transformación de Pemex en una empresa pública del Estado tras la reforma constitucional impulsada por el gobierno federal.
• La desaparición de subsidiarias para consolidar una estructura más integrada.
• La reducción de la deuda financiera de la empresa.
• El fortalecimiento de proyectos estratégicos de refinación, exploración y fertilizantes.
• El avance de las refinerías de Tula y Salina Cruz, así como la operación de la refinería Olmeca.

Juan Carlos Carpio asumirá la dirección de Pemex

La presidenta informó que Juan Carlos Carpio, actual director de Finanzas de Pemex, será enviado al Consejo de Administración para formalizar su nombramiento como nuevo director general de la petrolera.

Sheinbaum resaltó que Carpio formó parte de su equipo desde su paso por el Gobierno de la Ciudad de México y lo definió como un funcionario con experiencia en manejo de deuda pública y finanzas.

El nuevo perfil al frente de Pemex llega en un contexto complejo para la empresa estatal, que enfrenta problemas de liquidez, una elevada deuda y desafíos operativos.

Durante su primer mensaje, Juan Carlos Carpio aseguró que mantendrá el proyecto de “soberanía energética” impulsado por el gobierno federal y adelantó que sus primeras actividades serán en campo junto a trabajadores de la empresa.

Luz Elena González Escobar, presente en el anuncio, respaldó el relevo en la dirección de la empresa

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, también respaldó públicamente el relevo en Pemex.

A través de redes sociales, reconoció el trabajo realizado por Víctor Rodríguez Padilla durante el último año y medio y afirmó que, durante su gestión, se avanzó en la recuperación de la empresa pública.

Además, deseó éxito al exdirector en sus nuevas responsabilidades al frente del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).

Crisis financiera y operativa complica el panorama de Pemex

El relevo ocurre mientras Pemex atraviesa una de las etapas financieras más delicadas de los últimos años.

Durante el primer trimestre de 2026, la empresa reportó pérdidas cercanas a los 46 mil millones de pesos y mantiene una deuda financiera estimada en alrededor de 79 mil millones de dólares.

A ello se suman adeudos con proveedores, caída en la producción de crudo y problemas asociados al llamado “huachicol fiscal”, que continúa generando pérdidas millonarias.

Los datos más recientes muestran que la producción petrolera se mantiene por debajo de la meta oficial de 1.8 millones de barriles diarios, mientras que la refinación aún no logra alcanzar los niveles prometidos por el gobierno federal.

En medio de este escenario, también han aumentado las críticas por accidentes registrados en instalaciones de Pemex, entre ellos incendios, fugas y derrames ocurridos en distintas regiones del país.

Proyectos estratégicos y socios privados buscan sostener la producción

Pese a la crisis, Pemex mantiene proyectos considerados prioritarios para el gobierno federal.

Durante su despedida, Víctor Rodríguez mencionó avances en campos como Zama, Trion y Maloob, además de proyectos gasíferos como Zaachil, Baktún y Burgos.

La petrolera también continúa apoyándose en alianzas con empresas privadas nacionales e internacionales para sostener operaciones e inversiones.

Entre las compañías involucradas destacan:

• Woodside Energy, socio clave en el desarrollo del campo Trión.
• Eni, considerada uno de los mayores productores privados en México.
• Grupo Carso, ligado a inversiones recientes y proyectos de infraestructura.
• Halliburton y SLB, enfocadas en servicios técnicos y perforación.

El gobierno federal ha insistido en que la meta es consolidar la soberanía energética y estabilizar financieramente a Pemex hacia 2027.

Sin embargo, analistas advierten que la petrolera aún enfrenta desafíos estructurales relacionados con deuda, refinación, producción y rentabilidad.

La salida de Víctor Rodríguez y la llegada de Juan Carlos Carpio ocurren así en un momento decisivo para la empresa estatal, mientras el gobierno de Sheinbaum busca mantener el equilibrio entre el rescate financiero de Pemex y la continuidad del modelo energético impulsado por la llamada Cuarta Transformación.

El futuro de Petróleos Mexicanos, mejor conocida como Pemex, atraviesa uno de sus momentos más complejos en medio de problemas financieros, incidentes operativos y tensiones internas en la conducción de la empresa.

En ese contexto, un reporte de Reuters reveló que el director general de la petrolera, Víctor Rodríguez Padilla, habría presentado en al menos dos ocasiones su renuncia a la presidenta Claudia Sheinbaum durante el último año.

De acuerdo con fuentes consultadas por la agencia internacional, la mandataria federal rechazó ambas solicitudes y convenció al funcionario de permanecer al frente de la empresa productiva del Estado.

Las versiones apuntan a que Rodríguez Padilla se habría sentido desplazado debido a la creciente intervención presidencial en decisiones estratégicas y operativas dentro de Pemex.

El reporte señala que, conforme se han agravado los problemas de la petrolera, la participación de Sheinbaum en asuntos internos de la compañía también ha aumentado, incluyendo nombramientos en áreas clave como exploración, producción y administración.

Producción petrolera y accidentes complican el panorama de la empresa

Durante los primeros meses de la actual administración, Pemex ha enfrentado diversos incidentes que han puesto bajo presión a la compañía.

Entre ellos destacan derrames de petróleo en el Golfo de México, incendios en instalaciones vinculadas a la refinería Olmeca y otros accidentes operativos que han generado cuestionamientos sobre las condiciones de mantenimiento y seguridad industrial.

A ello se suma la caída en la producción de crudo. Actualmente, la empresa reporta una producción promedio cercana a 1.6 millones de barriles diarios, cifra inferior a la meta gubernamental de 1.8 millones de barriles establecida para el sexenio.

Especialistas consultados en distintos reportes han advertido que los campos maduros continúan registrando declive productivo y que las inversiones realizadas hasta ahora no han sido suficientes para revertir esa tendencia.

Además, la empresa enfrenta retrasos en proyectos estratégicos y dificultades para estabilizar la operación de algunas refinerías.

Los principales problemas que enfrenta Pemex actualmente

En medio de este escenario, analistas y organismos financieros coinciden en que la petrolera enfrenta una crisis multifactorial que impacta tanto a sus finanzas como a su capacidad operativa.

Entre los principales desafíos destacan:

• Una deuda financiera cercana a los 79 mil millones de dólares, además de adeudos millonarios con proveedores.
• Producción de petróleo por debajo de las metas planteadas por el gobierno federal.
• Incremento de accidentes operativos, incendios y derrames en instalaciones estratégicas.
• Problemas de mantenimiento e infraestructura en refinerías y complejos petroleros.
• Dificultades para atraer inversión privada debido al alto nivel de endeudamiento y condiciones fiscales.
• Persistencia de riesgos ambientales relacionados con fugas y contaminación por hidrocarburos.
• Presiones presupuestales para el gobierno federal derivadas del respaldo financiero a la empresa.

Estos factores han provocado que distintos especialistas consideren que Pemex atraviesa una situación crítica que requiere ajustes estructurales de largo plazo.

Deuda y pérdidas financieras presionan al gobierno federal

Otro de los puntos que ha encendido alertas es la situación financiera de la empresa.

Tan solo en el primer trimestre del año, Pemex reportó pérdidas por más de 45 mil millones de pesos, atribuidas principalmente a menores ventas, deterioro de activos, pérdidas cambiarias y mayores costos financieros.

La situación también comenzó a impactar la percepción internacional sobre las finanzas públicas mexicanas.

Esta semana, la calificadora S&P Global Ratings colocó la perspectiva crediticia de México en negativa, al advertir riesgos asociados al bajo crecimiento económico y al respaldo constante que el gobierno mantiene hacia Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.

Según el análisis de la firma, el apoyo fiscal continuo a ambas empresas estatales podría aumentar la presión sobre las finanzas públicas del país y limitar la capacidad de consolidación fiscal en los próximos años.

Intervención política y cambios internos generan tensiones

Fuentes citadas por Reuters también señalaron que dentro de Pemex existen tensiones por la participación de distintos actores políticos en decisiones internas de la empresa.

Algunos nombramientos recientes habrían sido impulsados desde otras áreas del gobierno federal, lo que habría reducido el margen de maniobra del director general.

En medio de estas diferencias, algunos analistas consideran que Rodríguez Padilla enfrenta dificultades para tomar decisiones estratégicas sin la validación directa de Presidencia.

Incluso, versiones periodísticas mencionan que la presidenta revisa de manera frecuente la cobertura mediática relacionada con la petrolera debido a la preocupación por la situación de la compañía.

Futuro incierto para Pemex y su dirección general

Mientras el gobierno federal busca fortalecer a Pemex y atraer inversión privada sin modificar el modelo energético impulsado durante la administración anterior, persisten dudas sobre la viabilidad financiera y operativa de la empresa en el mediano plazo.

Aunque recientemente se anunciaron contratos mixtos con empresas privadas para impulsar la producción petrolera, especialistas consideran que el interés de inversionistas internacionales sigue siendo limitado debido al elevado endeudamiento, la incertidumbre financiera y los retrasos en pagos a proveedores.

En paralelo, continúan las especulaciones sobre posibles cambios en la dirección de la empresa.

Entre los nombres mencionados en versiones periodísticas aparece el de Lázaro Cárdenas Batel, aunque previamente había rechazado asumir la dirección de la petrolera al inicio del sexenio.

Por ahora, Pemex se mantiene en una etapa de alta presión financiera, operativa y política, mientras el gobierno federal intenta contener los efectos de una crisis que se ha convertido en uno de los principales desafíos económicos de la administración actual.

Esta decisión, comunicada por Quintero el 12 de mayo de 2026 en su cuenta de X, es consecuencia directa de la falta de resultados tras la intervención de estas entidades, y busca responder tanto a las inquietudes del Gobierno nacional sobre el control de la corrupción como al fracaso señalado recientemente en la supervisión de las EPS.

Conforme a declaraciones previas de Quintero, la misión fijada por el presidente Gustavo Petro es “perseguir la corrupción y proteger a los pacientes, víctimas del entramado”, tarea que, según su criterio, requiere fortalecer la capacidad de vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud).

En la misma jornada, el titular del organismo reconoció públicamente que “la intervención a las EPS no funcionó”, adhiriendo a las conclusiones de un reciente informe de la Contraloría General de la República, que también advirtió sobre los nulos avances. “Los interventores no pueden capitalizar y muchos han mantenido el mismo régimen corrupto que llevaron a esas EPS a ser intervenidas. La Superintendencia es un desastre en el manejo de información y le ha faltado rigor para hacer vigilancia y control”, según citó el propio Quintero en su red social.

El listado oficial de las EPS intervenidas incluye a Asmet Salud EPS, Capresoca EPS, EMS Sanar EPS, Famisanar, Nueva EPS, S. O. S. EPS y Savia Salud EPS, de acuerdo con la documentación institucional consultada por la Supersalud.

Se trata de una de las medidas más drásticas en la gestión de la crisis de las EPS, entidades encargadas de la salud de millones de colombianos. En palabras directas de Quintero, “mi misión, cumpliendo la orden del presidente, es enfrentar a los corruptos y defender al paciente que siempre resulta ser la víctima”, declaración hecha desde su cuenta de X.

El gobierno atribuye la permanencia de los problemas a deficiencias internas y designaciones propias

El congresista Andrés Forero, integrante del Centro Democrático, criticó la decisión del superintendente Daniel Quintero. Forero señaló: “Parece que Pinturita no se ha enterado que todos los interventores que mal administran las EPS han sido nombrados por este Gobierno”, cita tomada de su reacción en redes sociales.

A través de los canales oficiales, la Superintendencia Nacional de Salud precisó que esta revisión a todos los interventores era necesaria no solo por la falencia en el manejo administrativo y financiero de las EPS bajo control estatal, sino porque —según el organismo— muchos de quienes habían sido designados no lograron modificar las prácticas previas ni eliminar las causas de la intervención.

Este movimiento ocurre mientras parte de la ciudadanía y actores del sector cuestionan las decisiones del exalcalde de Medellín en su nueva función federal. Usuarios en plataformas digitales resaltaron que algunos de los aliados de Quintero en la administración pública fueron vinculados anteriormente a presuntas irregularidades durante su gestión como mandatario distrital, información que se hizo visible en las últimas horas.

El propio Quintero ratificó su postura en defensa del paciente como eje central, agregando que la reciente ola de intervenciones “no constituye la reforma a la salud”, sino que “es la evidencia de la necesidad de un cambio más profundo dentro del sistema”, en sus palabras reproducidas por su perfil en X.

La decisión de pedir la renuncia a los interventores de las EPS intervenidas fue dada a conocer el 12 de mayo de 2024, con el respaldo explícito de las advertencias previas de la Contraloría General de la República y en cumplimiento de la directriz presidencial establecida para la Superintendencia Nacional de Salud: fortalecer el control y la transparencia en el sistema de aseguramiento en salud colombiano, cuya crisis estructural afecta de forma directa a millones de usuarios en todo el país.

La secretaria británica de Estado de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, Miatta Fahnbulleh, presentó este martes su dimisión en desacuerdo con la gestión del primer ministro, Keir Starmer, al que pidió que “haga lo correcto” para el Reino Unido y establezca un calendario para su retirada del poder.

Esta es la primera renuncia significativa en el Gobierno de Starmer, que afronta una fuerte presión de más de 70 diputados laboristas que piden que dimita de forma inmediata o fije una fecha para su salida del Gobierno, tras la debacle electoral del pasado jueves sufrida por la formación.

El primer ministro afronta hoy una crítica reunión del Gobierno en medio del descontento en las filas laboristas por el varapalo sufrido por la formación en los comicios locales parciales en Inglaterra y los regionales en Escocia y Gales.

En su carta de dimisión divulgada a los medios, la secretaria de Estado expresa su orgullo por el trabajo realizado en el Gobierno y afirma que ha sido “un privilegio formar parte de un gobierno que trabaja arduamente en todos los niveles para lograr el cambio que nuestro país necesita”.

“Si bien se han logrado avances, no hemos actuado con la visión, el ritmo y la ambición que exige nuestro mandato de cambio. Tampoco hemos gobernado como un Partido Laborista con valores claros y firmes en nuestras convicciones”, añadió la política.

Entre los errores del Ejecutivo, Fahnbulleh mencionó el recorte del subsidio al combustible para los pensionistas o los de las personas con algún tipo de discapacidad, asuntos que “han generado dudas en muchos de mis electores sobre nuestra misión”.

“El mensaje que recibí fue claro: Usted, primer ministro, ha perdido la confianza de la población. Nuestro país afronta enormes desafíos y la gente clama por la magnitud del cambio que esto requiere”, añadió.

“El pueblo no cree que usted pueda liderar este cambio, y yo tampoco. Por lo tanto, le insto a que haga lo correcto por el país y el partido, y establezca un calendario para una transición ordenada, de modo que un nuevo equipo pueda llevar a cabo el cambio que le prometimos al país”, subrayó en su misiva.

Una segunda secretaria de Estado del gobierno británico dimitió este martes, lo que eleva la presión en el Partido Laborista para que el primer ministro Keir Starmer deje el cargo tras el fiasco de las elecciones municipales y regionales.

“No puedo seguir desempeñando mis funciones como secretaria de Estado bajo el liderazgo actual”, escribe Jess Phillips, a cargo de la lucha contra la violencia machista, en una carta publicada por Sky News y dirigida a Keir Starmer.

Al menos 80 diputados laboristas han pedido abiertamente a Starmer que renuncie mientras las ministras de Exteriores e Interior, Yvette Cooper y Shabana Mahmood, respectivamente, han pedido al primer ministro que establezca una transición de poder ordenada, según adelanta hoy el diario The Guardian.

La BBC ya ha adelantado que la primera reacción de Starmer en la reunión de su Gobierno ha sido que descarta dimitir en este momento, pese a la enorme presión que sufre en su propio partido.

(con información de EFE)

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) desmintió este domingo los rumores sobre una supuesta renuncia de su director general, Arturo Reyes Sandoval, luego de que en redes sociales circulara un documento atribuido a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Consejo General Consultivo de la institución.

La polémica comenzó después de que una presunta comunicación oficial anunciara que Reyes Sandoval había dejado el cargo y que se iniciaría el proceso para designar a una nueva persona titular de la Dirección General del IPN.

El documento se difundió rápidamente en plataformas digitales y provocó incertidumbre entre estudiantes, docentes y trabajadores del instituto.

IPN aclara que la información difundida es falsa

Horas después de que el supuesto comunicado se volviera viral, la Secretaría General del IPN emitió una aclaración pública en la que negó la autenticidad de la información y aseguró que la página de Facebook identificada como “Consejo General Consultivo IPN” no pertenece oficialmente a la institución.

El Politécnico señaló que cualquier información relacionada con decisiones administrativas, nombramientos o asuntos institucionales únicamente se publica mediante sus canales oficiales de comunicación.

Además, pidió a la comunidad politécnica evitar compartir contenido no verificado para prevenir desinformación.

La institución insistió en que Arturo Reyes Sandoval continúa al frente de la Dirección General y que no existe ningún proceso de sustitución en marcha.

Falso comunicado imitó el lenguaje oficial de las autoridades

El documento que circuló en redes sociales utilizaba un formato similar al de comunicados gubernamentales y contenía frases relacionadas con “legalidad”, “institucionalidad” y “responsabilidad”, lo que contribuyó a que muchos usuarios consideraran auténtica la información.

Incluso, el texto afirmaba que el Consejo General Consultivo iniciaría el procedimiento correspondiente para elegir a un nuevo titular conforme a la normatividad interna del IPN.

Especialistas en comunicación digital han advertido que este tipo de publicaciones falsas suelen ganar credibilidad cuando replican la imagen institucional y el lenguaje habitual de organismos públicos.

Contexto de tensión y denuncias dentro del Politécnico

La difusión de los rumores ocurre en medio de un escenario de tensión interna en el IPN.

En meses recientes, la administración de Arturo Reyes Sandoval ha enfrentado cuestionamientos relacionados con presuntas irregularidades administrativas y el manejo de recursos vinculados con la Fundación Politécnico Nacional.

El conflicto comenzó después de que el instituto rompiera relaciones con dicha fundación y creara una nueva asociación civil denominada “Corazón Guinda y Blanco A.C.” para administrar donativos y apoyos económicos.

A raíz de ello, surgieron acusaciones sobre presunto desvío de recursos, tráfico de influencias y uso indebido de atribuciones.

Las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que estudiantes y sectores de la comunidad académica realizaron protestas y exigieron mayor transparencia en el manejo administrativo del instituto.

Sheinbaum pidió aclarar las acusaciones contra la administración del IPN

La controversia alcanzó dimensión nacional después de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara públicamente que se aclararan las denuncias relacionadas con la administración del Politécnico.

Durante una gira reciente, la mandataria señaló que las autoridades educativas debían explicar las acusaciones sobre el manejo de recursos y las diferencias con la Fundación Politécnico Nacional.

No obstante, también reconoció la trayectoria académica y científica de Reyes Sandoval, quien ha desarrollado parte de su carrera como investigador en la Universidad de Oxford.

Hasta el momento, el IPN no ha informado si emprenderá acciones legales por la difusión del falso comunicado, aunque reiteró que toda comunicación institucional será emitida únicamente por medios oficiales.

¿Quién es Arturo Reyes Sandoval?

• Médico cirujano egresado del Instituto Politécnico Nacional.
• Investigador especializado en biotecnología y vacunas.
• Realizó estudios de posgrado en el extranjero.
• Desarrolló parte de su trayectoria académica en la Universidad de Oxford.
• Fue designado director general del IPN en 2020.
• Ha impulsado proyectos de investigación científica y cooperación internacional dentro del Politécnico.

La renuncia irrevocable de Adolfo Pineda García como Secretario General del Partido Conservador Colombiano profundiza la crisis interna que atraviesa el colectivo, generada tras la rebelión de 17 congresistas contra las decisiones de la presidencia de Efraín Cepeda y los cambios en la junta directiva.

“Hoy, agradecido con Dios por brindarme esta oportunidad y con la satisfacción del deber cumplido, presento mi renuncia irrevocable al cargo de Secretario General, convencido de que los ciclos deben cerrarse con responsabilidad, generosidad y profundo sentido institucional”, notificó Pineda en la comunicación oficial hecha pública el 7 de mayo de 2026 en Bogotá D.C.

La etapa que termina incluyó, según su propio balance, “la actualización de nuestros estatutos, el fortalecimiento organizacional de la colectividad, la modernización tecnológica de nuestros sistemas de información y la consolidación de herramientas electorales y territoriales más eficientes, transparentes y seguras”.

En el documento también explicó que durante su gestión se impulsó la implementación de “un sistema integral de defensa electoral para brindar mayores garantías a nuestros candidatos y al voto conservador en todo el país”.

El contacto directo con las bases fue otra de las acciones que destacó el ahora exsecretario general: “Recorrí gran parte del territorio nacional acompañando liderazgos regionales, fortaleciendo nuestros Directorios Departamentales y reafirmando la presencia del Partido Conservador en cada rincón de Colombia. Ese contacto permanente con las bases nos permitió consolidar una militancia activa, comprometida y preparada para asumir los retos del país”.

“Trabajamos de manera articulada con la Presidencia del Partido y con nuestra bancada parlamentaria en la construcción de un proyecto político sólido, con vocación de poder, liderazgo y visión de futuro”, añadió Pineda para detallar la coordinación con Cepeda y los congresistas.

Además, expresó también su intención de mantenerse vinculado: “Seguiré acompañando todos los procesos que fortalezcan nuestras banderas y engrandezcan este Partido, que representa una parte esencial de la historia y del alma institucional de Colombia”.

17 congresistas se enfrentaron a Efraín Cepeda por cambios en el Directorio Nacional

Un grupo de 17 congresistas electos del Partido Conservador Colombiano remitió una carta al presidente del Directorio Nacional Conservador, Efraín Cepeda Sanabria, para expresar su preocupación por las decisiones recientes sobre la conformación y redefinición de las mesas directivas en los directorios departamentales y distritales del partido.

El documento, fechado el 7 de mayo de 2026, señala inquietudes acerca del proceso de elección de los nuevos integrantes del Directorio Nacional, afirmando que no se estarían garantizando los equilibrios democráticos y que no se respetarían plenamente los estatutos internos.

Los legisladores manifiestan que las decisiones internas afectan la representación política obtenida por las mayorías conservadoras tanto en regiones como en el Congreso. Según su comunicado, los mecanismos adoptados para estos cambios no reflejan los equilibrios internos ni la legitimidad política exigida por el partido. Además, consideran que se estarían impulsando acciones sin cumplir los procedimientos necesarios para asegurar la transparencia, participación e institucionalidad partidaria.

En la carta, los firmantes solicitan suspender cualquier intento de modificar o imponer nuevas mesas directivas hasta que existan garantías de transparencia y de respeto a las normas internas. Advierten que avanzar en la elección de nuevos integrantes sin asegurar los equilibrios democráticos y la representación surgida de las urnas podría profundizar divisiones internas y debilitar la confianza y credibilidad del partido.

El documento fue suscrito por congresistas electos de varias regiones, incluyendo Antioquia, Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Guaviare, Magdalena, Nariño y Santander. Entre los firmantes se encuentran los senadores Daniel Restrepo Carmona, Diela Liliana Benavides Solarte, Luis Eduardo Díaz Mateus, así como varios representantes a la Cámara. Al momento del envío de la carta, no se conocía una respuesta pública de Efraín Cepeda.

César Jáuregui Moreno renunció al cargo de fiscal general del estado de Chihuahua en medio de la investigación por el operativo realizado en la Sierra Tarahumara, donde murieron cuatro personas y surgieron cuestionamientos por la posible presencia de personas extranjeras en el despliegue.

La dimisión ocurre en un contexto de presión institucional y revisión de los procedimientos aplicados durante la intervención.

El ahora exfuncionario presentó su renuncia ante la gobernadora María Eugenia Campos Galván, señalando que su decisión busca facilitar el desarrollo de las investigaciones y atender la exigencia de transparencia.

En su posicionamiento público, reconoció inconsistencias en la información inicial difundida, así como omisiones en los mecanismos de control y comunicación dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que derivó en cuestionamientos sobre la conducción del operativo.

Renuncia se da en medio de cuestionamientos institucionales

Jáuregui Moreno indicó que, como titular de la FGE, le correspondía garantizar el correcto funcionamiento de los protocolos institucionales, por lo que asumió la responsabilidad en el ámbito del liderazgo.

Subrayó que, si bien el operativo representó un golpe relevante contra el crimen organizado con el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas, los resultados no deben estar por encima del cumplimiento de la ley.

Añadió que su salida permitirá que las investigaciones avancen con autonomía y sin interferencias, en un intento por restablecer la confianza pública en las instituciones de seguridad del estado.

Investigación en curso por operativo en Morelos

La titular de la unidad especializada que indaga los hechos, Wendy Paola Chávez Villanueva, informó que la FGE abrió carpetas de investigación desde que se tuvo conocimiento del caso y ha mantenido coordinación con la Fiscalía General de la República.

El operativo, realizado entre el 17 y el 19 de abril en el municipio de Morelos, derivó en el aseguramiento de un laboratorio de metanfetaminas, así como en un accidente vehicular ocurrido en un camino de terracería, donde uno de los vehículos perdió el control y cayó a un barranco.

Indagan presencia de personas extranjeras

Uno de los ejes centrales de la investigación es la participación de personas no adscritas a la Agencia Estatal de Investigación (AEI), cuya presencia en el convoy no fue reportada a los mandos superiores.

De acuerdo con el informe preliminar, tras el accidente, uno de los escoltas refirió que dichas personas serían presuntamente ciudadanos estadounidenses vinculados a instancias diplomáticas, lo que abrió una línea de investigación sobre su identidad y posible papel en el operativo.

Federación pide esclarecer responsabilidades

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el caso debe esclarecerse conforme al marco constitucional y subrayó que cualquier participación de agentes extranjeros en territorio nacional requiere autorización del Gobierno federal.

Indicó que la responsabilidad recae en autoridades estatales y enfatizó que este tipo de hechos deben analizarse desde una perspectiva legal y no política, al tratarse de un posible incumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional.

Gobierno estatal mantiene postura de reserva

Por su parte, la gobernadora Maru Campos señaló que no emitirá declaraciones adicionales mientras la investigación se encuentre en curso.

Reiteró que su administración actuará con apego a la ley y sostuvo que la creación de la unidad especializada busca garantizar el esclarecimiento de los hechos.

Lo que reveló el informe sobre el operativo

• Personas ajenas a la AEI no formaban parte formal del despliegue operativo
• La inclusión de estos individuos en el convoy no fue reportada a mandos superiores
• Su participación fue limitada y sin interacción operativa directa
• Solo mantuvieron contacto con el director de la AEI y su círculo cercano
• No portaban armas de fuego ni insignias oficiales
• Vestían ropa civil y mantenían el rostro cubierto la mayor parte del tiempo
• Se investiga una posible colaboración de carácter extraoficial
• Ya se remitieron carpetas de investigación a la autoridad federal
• Se solicitó información a autoridades de Estados Unidos sobre la identidad de estas personas

La renuncia de César Jáuregui Moreno se produce mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido durante el operativo en la Sierra Tarahumara, en un caso que ha puesto bajo revisión los protocolos de actuación, la coordinación institucional y los límites de la colaboración internacional en materia de seguridad.

La incertidumbre sobre el manejo del sector hidrocarburífero en Bolivia se profundizó este miércoles con la renuncia de la presidenta de la estatal petrolera y la destitución del ministro de Hidrocarburos. Claudia Cronenbold, que había asumido la jefatura de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) hace apenas tres semanas, dimitió del cargo mediante una carta en la que señaló que los problemas estructurales identificados no pueden resolverse en los plazos que la política exige.

La exjefa de YPFB manifestó en la carta que su corta gestión priorizó un análisis profundo del estado de la empresa en el que identificó “nudos críticos” y una arquitectura institucional “perniciosa” que impiden su correcto funcionamiento. “El diagnóstico técnico y administrativo ha revelado un estado institucional significativamente más deteriorado de lo previsto”, afirmó en el documento.

La expresidenta explicó que la recuperación de YPFB exige una “reingeniería legal y administrativa de largo aliento” y que esos procesos requieren tiempos que no coinciden con la urgencia de resultados que demanda el Gobierno. En ese sentido, señaló que lo “responsable y leal con el proyecto de país” es permitir que se exploren “otras rutas de gestión”.

“No deseo que los tiempos técnicos que mi visión profesional demanda se conviertan en un obstáculo para las metas inmediatas del Estado”, afirmó la expresidenta de la mayor empresa pública del país.

Cronenbold, que tiene más de 20 años de experiencia en el sector y forjó su carrera profesional en Petrobras, había sido posesionada el 30 de marzo en reemplazo de Yussef Alky, en medio de cuestionamientos sobre la calidad del combustible y la ausencia de políticas estructurales para reformar el sector.

Horas después de conocerse públicamente su renuncia, el presidente Rodrigo Paz cesó de funciones al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y posesionó en su lugar a Marcelo Blanco, que hasta entonces era viceministro de Electricidad y Energías Renovables.

En el acto de posesión, el presidente destacó el trabajo de Medinaceli, a quien atribuyó la elaboración de cuatro proyectos de ley para el sector energético y afirmó que el cambio responde a una nueva etapa para la empresa.

“Ahora pasamos a un nuevo evento de energía que requiere la aplicación, el desarrollo y el debate, la socialización de estas normas, especialmente la de hidrocarburos, con una solución clara a esta desgracia que nos dejaron: un país sin energías, sin gas, sin estos recursos naturales”, indicó el jefe de Estado en relación al manejo del área durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El sector energético es el más inestable de la administración de Rodrigo Paz. En los cinco meses de gestión hubo dos ministros de hidrocarburos, dos (y próximamente tres) presidentes de YPFB y dos directores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Estos cambios, que se dieron entre renuncias y destituciones, se producen tras una reforma sustancial, como la eliminación del subsidio a los combustibles que fijó nuevos precios en el mercado, y en medio de una crisis de incertidumbre sobre la calidad de la gasolina, luego de más de dos meses de denuncias sobre la mala calidad del producto.

El Gobierno admitió haber distribuido “gasolina desestabilizada”, pero no se responsabilizó por su origen. Las versiones oficiales fueron diversas: pasaron de afirmar que había residuos dañinos en tanques de almacenamiento heredados de la anterior gestión a denunciar planes de sabotaje —internos y externos— que contaminaban el combustible. Para mitigar las protestas, se activó un seguro de resarcimiento de daños vehiculares atribuidos a la gasolina que ha sido entregado a más de siete mil usuarios por un monto equivalente a 1,4 millones de dólares, según datos de YPFB.

Los cambios constantes en las cabezas del sector y la persistencia de los reclamos por el combustible son los síntomas de una crisis que no parece tener una solución en el corto plazo. Su gestión supondrá una prueba de fuego para el Gobierno.

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, confirmó su salida del partido tras aceptar la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para asumir la titularidad de la Consejería Jurídica de la Presidencia, en medio de versiones y ajustes internos dentro del movimiento.

Alcalde confirma su salida de Morena tras aceptar nuevo encargo

Luego de varios días de especulación, Alcalde hizo pública su decisión mediante un comunicado dirigido a la militancia, en el que señaló que se siente honrada por la invitación y satisfecha por su gestión al frente del partido.

“Me voy contenta y satisfecha de lo logrado”, expresó la ahora exdirigente, quien también destacó que su decisión responde a una lógica de continuidad dentro del proyecto político.

En su mensaje, resaltó el crecimiento del padrón de militantes —que pasó de menos de tres millones a más de doce millones—, así como la consolidación de estructuras territoriales y la creación de espacios de formación política.

Sheinbaum había anticipado la invitación a la Consejería Jurídica

Horas antes del anuncio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que había invitado a Alcalde a integrarse a su gabinete, tras la renuncia de Esthela Damián, quien dejará el cargo el 30 de abril para buscar participar políticamente en Guerrero.

La mandataria federal destacó el perfil profesional de Alcalde y explicó que la entonces dirigente había solicitado tiempo para analizar la propuesta. “Déjeme pensarlo”, fue la respuesta inicial que, de acuerdo con la propia presidenta, mantuvo en suspenso la decisión.

Sheinbaum reiteró además que su gobierno no impulsa candidaturas y que quienes busquen participar en procesos electorales deben separarse de sus funciones.

Rumores y reacomodos marcaron el proceso en Morena

Previo a la confirmación, Morena vivió horas de incertidumbre ante una ola de versiones sobre cambios en su dirigencia nacional.

Reportes periodísticos apuntaban a tensiones internas, cuestionamientos sobre el manejo de recursos y una relación compleja con partidos aliados.

Días antes, la propia Alcalde había descartado su salida del partido, al afirmar que solo dejaría el cargo ante una solicitud directa de la presidenta, lo que finalmente ocurrió.

En paralelo, el partido ha registrado otros movimientos relevantes, como la salida de Citlalli Hernández Mora de la Secretaría de las Mujeres para asumir un papel clave en la Comisión Nacional de Elecciones rumbo a 2027.

Quién podría quedar al frente de Morena

Con la salida de Alcalde, Morena deberá iniciar un proceso interno para definir a su nueva dirigencia nacional.

De manera provisional, la secretaria general, Carolina Rangel Gracida, podría asumir la conducción del partido mientras se convoca al Consejo Nacional.

Entre los perfiles que han sido mencionados se encuentra Ariadna Montiel, actual titular de la Secretaría del Bienestar, quien podría integrarse a la dirigencia partidista, aunque hasta ahora no hay confirmación oficial.

La presidenta Sheinbaum subrayó que la decisión recaerá exclusivamente en Morena, al insistir en que los procesos internos del partido se desarrollan de manera autónoma.

Estas son las funciones que desempeñará Luisa María Alcalde como consejera jurídica

En su nuevo cargo, Luisa María Alcalde Luján será la principal asesora legal de la Presidencia.

Su labor consistirá, en términos prácticos, en revisar que las decisiones del gobierno tengan sustento jurídico y cumplan con la Constitución.

Entre sus tareas estarán:

• Asesorar directamente a la presidenta en temas legales.
• Revisar leyes, decretos y reformas antes de que se publiquen o envíen al Congreso.
• Representar al gobierno federal en litigios o controversias ante tribunales.
• Participar en la elaboración de iniciativas de ley del Ejecutivo.
• Coordinar los criterios jurídicos de distintas dependencias federales.

Se trata de un puesto clave dentro del gabinete, ya que de esta oficina depende que las acciones del gobierno federal tengan viabilidad legal y constitucional.

La política mexiquense Carolina Monroy Del Mazo, prima del expresidente Enrique Peña Nieto, anunció este miércoles su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), marcando un nuevo capítulo en su trayectoria pública al integrarse a Somos México, agrupación que actualmente busca consolidarse como partido político nacional.

En conferencia, Monroy del Mazo fue contundente al señalar que el PRI, bajo la dirigencia de Alejandro Moreno Cárdenas, ha dejado de ser un espacio incluyente. “No hay sitio para una mujer como yo”, expresó, al tiempo que lamentó la transformación interna del partido en los últimos años.

La exfuncionaria destacó que, aunque el PRI fue en su momento “fundador de instituciones y de estadistas”, hoy ya no representa los valores ni el proyecto político con el que se identificó durante décadas. Su salida se suma a una serie de renuncias y críticas que han evidenciado tensiones internas dentro del tricolor.

Se suma a Somos México

En su mensaje, Monroy explicó que su decisión responde a la necesidad de construir nuevas alternativas políticas. “Hoy decido tomar esta hoja en blanco que me ofrece Guadalupe (Acosta) y Somos México, para escribir juntos una nueva historia para nuestro país”, afirmó, aludiendo al liderazgo emergente dentro de la nueva organización.

Originaria de Atlacomulco, Monroy del Mazo ha desarrollado una carrera política estrechamente vinculada al Estado de México. Entre sus principales cargos destaca su desempeño como secretaria de Desarrollo Económico estatal entre 2009 y 2011, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Posteriormente, fue presidenta municipal de Metepec de 2013 a 2015, y diputada federal de 2015 a 2018.

Uno de los momentos clave de su trayectoria ocurrió en 2016, cuando asumió la Secretaría General del PRI y, tras la salida de Manlio Fabio Beltrones, ocupó de manera interina la dirigencia nacional del partido. Este relevo se dio en medio de una crisis interna derivada de los malos resultados obtenidos en las elecciones intermedias de ese año, lo que marcó un punto de inflexión en la estructura priista.

A pesar de su salida, Monroy reconoció las oportunidades que el PRI le brindó a lo largo de su carrera política. Sin embargo, subrayó que el partido ha cambiado de manera significativa.

Analistas políticos consideran que esta renuncia podría tener implicaciones en la reconfiguración de fuerzas políticas en el país, especialmente en el Estado de México, bastión histórico del priismo. La incorporación de perfiles con experiencia como el de Monroy podría fortalecer a nuevas organizaciones que buscan competir en futuros procesos electorales.

Por su parte, Somos México continúa avanzando en su proceso para obtener el registro oficial como partido político, en un contexto donde el sistema partidista nacional enfrenta constantes transformaciones y demandas ciudadanas de renovación.

La salida de Carolina Monroy del PRI no solo representa una decisión personal, sino también un reflejo del momento que vive el partido, marcado por cuestionamientos internos y la pérdida de cuadros relevantes.

Mientras tanto, su apuesta por una nueva plataforma política abre interrogantes sobre el rumbo que tomará su carrera y el impacto que podría tener en el escenario político nacional.

La carrera rumbo a las elecciones de 2027 en Baja California comenzó a tomar forma con la renuncia de Alfredo Álvarez Cárdenas a la Secretaría General de Gobierno, convirtiéndose en el primer funcionario estatal en separarse de su cargo con miras a competir por la gubernatura.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda dio a conocer la decisión a través de sus redes sociales, luego de concluir su conferencia mañanera. En su mensaje, la mandataria confirmó que Álvarez Cárdenas le comunicó su intención de participar en el proceso electoral venidero.

“Me ha informado su intención de participar en el próximo proceso electoral”, expresó la titular del Ejecutivo estatal, marcando así el inicio de los movimientos políticos más visibles dentro de su administración rumbo a la sucesión gubernamental.

Confirma aspiraciones en video

Por su parte, Alfredo Álvarez ya había dejado entrever sus aspiraciones en semanas anteriores, cuando fue cuestionado por medios de comunicación sobre su posible participación en la contienda interna de Morena. En ese momento, no descartó su interés, lo que hoy se confirma al publicar un video en redes sociales.

La renuncia ocurre en un contexto de creciente actividad política en Baja California, donde diversos perfiles de Morena han intensificado su presencia tanto en redes sociales como en territorio. Esto, ante la expectativa de que el partido defina próximamente a los aspirantes que participarán en la encuesta interna para elegir a su candidato o candidata a la gubernatura.

De acuerdo con la dirigencia nacional del partido, el proceso interno contempla la selección de seis perfiles: tres mujeres y tres hombres, quienes serán medidos mediante encuestas para determinar al abanderado o abanderada rumbo a los comicios de 2027.

Analistas políticos consideran que la salida de Álvarez Cárdenas podría detonar una serie de renuncias en cascada dentro del gabinete estatal, conforme otros funcionarios con aspiraciones electorales decidan separarse de sus cargos para cumplir con los lineamientos internos de Morena.

Además, este movimiento también refleja el adelanto de los tiempos políticos en la entidad, donde la competencia interna dentro del partido guinda se perfila como uno de los principales focos de atención, dada la relevancia de Baja California en el mapa político nacional.

Cabe señalar que Morena ha mantenido el control de la gubernatura en la entidad en los últimos años, por lo que el proceso interno será clave para definir la continuidad del proyecto político encabezado por Ávila Olmeda.

Juan José Pon Méndez, nuevo secretario de Gobierno

En tanto, la salida de Álvarez Cárdenas, la gobernadora designó al nuevo titular de la Secretaría General de Gobierno, al Mtro. Juan José Pon Méndez, quien deberá darle continuidad a la gobernabilidad y la coordinación política en Baja California.

“El Mtro. Juan José Pon Méndez, un hombre comprometido con la transformación del Estado tendrá la encomienda de dar continuidad al trabajo ahora desde la Secretaría General de Gobierno y seguir dando resultados en favor del pueblo bajacaliforniano”, expresó la gobernadora.

Con este escenario, el camino hacia 2027 comienza a delinearse con mayor claridad, mientras los aspirantes afinan estrategias y buscan posicionarse ante la ciudadanía y las estructuras partidistas. La renuncia del ahora exfuncionario marca, sin duda, el arranque de una contienda que se anticipa intensa y decisiva para el futuro político del estado.

Bruno Moretti asumirá la titularidad del Ministerio de Planificación y Presupuestos de Brasil, tras la reciente renuncia de Simone Tebet, quien dejó su puesto dentro del Ejecutivo federal para lanzar su candidatura al Senado, decisión que propició el reemplazo al frente de la cartera. Según informó el medio original, Petrobras emitió un comunicado anunciando la salida de Moretti del consejo de administración de la petrolera, la cual se hizo efectiva de inmediato.

De acuerdo con la información publicada por la fuente, el propio consejo de administración de Petrobras, donde el Estado brasileño mantiene una participación directa e indirecta del 37,06%, informó oficialmente la renuncia de su presidente, Bruno Moretti. Esta decisión se produce en un contexto de movimientos relevantes dentro del gabinete del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, donde la cartera de Planificación y Presupuestos desempeña un papel clave en la definición de políticas económicas y asignación de recursos públicos.

El medio detalló que Bruno Moretti había asumido la presidencia del consejo de administración de Petrobras en agosto pasado, luego de la dimisión de Pietro Mendes. Mendes ocupó ese puesto hasta que fue designado para un cargo directivo dentro de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), dejando así la vacante que Moretti ocupó en la principal empresa energética del país.

Antes de su llegada a Petrobras, Moretti contaba con experiencia en temas vinculados a la gestión pública y la planificación dentro del propio gobierno federal. Según consignó la fuente, Moretti inició su carrera en el año 2004, desempeñándose como analista en el área de Planificación y Presupuestos en el ministerio que ahora le tocará encabezar. Esa experiencia previa se extiende al periodo comprendido entre 2009 y 2012, cuando encabezó la Secretaría de Planificación e Inversiones Estratégicas.

En años posteriores, específicamente durante 2013 y 2014, Bruno Moretti fue asesor en la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Planificación, además de integrar como miembro suplente el Consejo Deliberativo de la Fundación de Previsión Complementaria del Funcionario Público Federal (Funpresp), según detalló el medio original.

El movimiento en la cúpula directiva de Petrobras responde tanto a necesidades de reorganización interna como a la dinámica del Ejecutivo nacional tras la salida de Simone Tebet. La petrolera, bajo control estatal, desempeña un rol central en el sector energético brasileño y la presencia de sus principales figuras directivas en el escenario político refleja el peso que la empresa mantiene en la vida pública del país. Según informó el medio, la vacante en la presidencia del consejo de administración de Petrobras se mantiene ahora a la espera de nuevas designaciones oficiales, mientras que Moretti inicia su nueva etapa dentro del gabinete de Lula da Silva.

El titular de Planificación y Presupuestos, además de diseñar las directrices del gasto público y la política fiscal, asume la responsabilidad de participar en la formulación de planes de inversión relevantes para el desarrollo económico de Brasil. El perfil de Moretti, construido a partir de su paso tanto por organismos estatales como por la petrolera estatal, ha sido considerado por el Ejecutivo como adecuado para el momento actual, según publicó la fuente.

La marcha de Pietro Mendes en agosto fue el primer movimiento que antecedió a la llegada de Moretti al cargo de presidente del consejo de Petrobras. Mendes, tras dejar la petrolera, asumió una posición directiva en la ANP, en otra etapa de reconfiguración dentro del sector estatal energético, consignó el medio original. Con los recientes cambios, tanto en Petrobras como en el gabinete ministerial, el gobierno federal ajusta su estructura de dirección en áreas consideradas estratégicas.

Petrobras, con más de un tercio de su control en manos estatales, permanece como la mayor empresa petrolera de Brasil y una de las firmas más influyentes en la economía nacional. La interrelación entre la dirección ejecutiva de la compañía y las principales dependencias gubernamentales subraya la proximidad entre la gestión empresarial y la administración pública en el modelo brasileño, fenómeno que se ha visto reflejado nuevamente con la designación de Moretti como nuevo ministro de Planificación y Presupuestos, según reportó el medio.

La renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras se produce en medio de un escenario de acusaciones públicas y tensiones internas que, según explicó en su mensaje de despedida, amenazan la estabilidad institucional y la confianza en el sistema judicial.

En su declaración pública, la ahora ex titular del máximo órgano de justicia del país reconoció que su renuncia se da en un contexto “complejo”, marcado por señalamientos hacia su administración que, según sus propias palabras, han impactado tanto en su vida personal como en el ámbito institucional.

Además calificó estas acusaciones como “injustas” y subrayó que mantuvo durante su gestión “estricto apego a la Constitución, a la ley y a las normas que rigen la función pública”, de acuerdo con la información difundida en su comunicado oficial.

El relevo en la presidencia, asumida por el magistrado Wagner Vallecillo, ocurre en un escenario donde, según coinciden analistas consultados, el principal desafío será restablecer la confianza de la ciudadanía, frente a una percepción deteriorada de la imparcialidad judicial.

Este cambio deja abiertas incertidumbres sobre la continuidad y el alcance de los procesos institucionales iniciados durante la gestión saliente

En su mensaje de despedida, la ex titular de la Corte hizo énfasis en el factor humano detrás de su decisión. Dirigió uno de los pasajes más personales a su familia: “Soy esposa, madre y abuela, y desde ese lugar profundamente humano, no puedo ser indiferente al impacto que esta situación genera en mi familia”, y lamentó que sus seres queridos hayan tenido que enfrentar las repercusiones de las críticas, que consideró alejadas de la realidad.

Subrayó que su historia de servicio público es conocida y valorada por su entorno, reiterando su “conciencia tranquila” respecto al cumplimiento de sus funciones.

La exfuncionaria resaltó que la dimisión no representa un retiro de su vocación pública, sino una reorientación dentro del propio sistema judicial. Confirmó que seguirá actuando como magistrada en la sala que se le asigne, y manifestó que mantendrá el compromiso de procurar “una justicia accesible, firme y cercana a la ciudadanía”.

En sus palabras: “He servido con convicción, con transparencia y con la conciencia tranquila, honrando la responsabilidad que me fue confiada. Pero mi vocación no termina aquí; seguiré sirviendo con la misma determinación y entrega”.

El anuncio incluyó un mensaje directo de respaldo a Wagner Vallecillo, nuevo presidente de la Corte, deseando que su gestión sea guiada “con sabiduría para beneficio de nuestra amada nación”. Con esa declaración, intentó subrayar una imagen de continuidad institucional y de apoyo al proceso de relevo, pese a la coyuntura.

La ex presidenta aprovechó su mensaje para agradecer a magistrados, jueces, defensores y personal administrativo, destacando su “compromiso” y el esfuerzo diario para sostener la administración de justicia. Expresó: “A cada servidor y servidora judicial que sostiene con su trabajo diario la administración de justicia en Honduras, gracias por su compromiso”, reconociendo el papel central del trabajo colectivo en el funcionamiento del sistema.

Según lo planteado en su declaración el Poder Judicial debe encarar retos como la modernización del sistema, la reducción de la mora judicial y el fortalecimiento de la transparencia.

La ex presidenta justificó públicamente su gestión al afirmar: “Mi gestión se condujo en todo momento con estricto apego a la Constitución, a la ley y a las normas que rigen la función pública. Esa ha sido y seguirá siendo la base de cada una de mis decisiones”.

Este pronunciamiento se produce al cierre de un ciclo en el cual, según analistas citados en el comunicado, las disputas internas y externas —no especificadas en detalle por la funcionaria— deterioraron el clima en el máximo tribunal.

El ex fiscal general de la república Johel Zelaya tras su destitución oficial en el congreso nacional, anunció la presentación un recurso de inconstitucionalidad ante la Comisión Especial del Congreso Nacional, en el marco del juicio político que evaluó su futura destitución.

El nuevo recurso interrumpe formalmente los plazos y refleja la creciente tensión entre el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver ahora esta controversia constitucional.

Durante su comparecencia ante la comisión legislativa, Zelaya reiteró su negativa a renunciar y denunció la existencia de un acuerdo político previo para su reemplazo, así como de una “negociación” definida de antemano.

En los últimos bloques de su intervención, acusó al Partido Liberal de actuar en contra de la ciudadanía al respaldar el procedimiento. Este señalamiento implica consecuencias políticas directas para sus adversarios y acentúa la disputa partidaria.

La excepción de inconstitucionalidad que planteó Zelaya constituye un mecanismo que, según detalló, puede presentarse en cualquier etapa del juicio antes de dictarse sentencia, a diferencia de otros recursos de protección que solo son aplicables en fases concretas del procedimiento.

Esto habilita la suspensión de normas consideradas contrarias a la Constitución, llevando el conflicto político al terreno judicial.

El presidente de la Comisión Especial, Mario Pérez, señaló que el órgano legislativo carece de competencia para resolver recursos constitucionales de este tipo, motivo por el cual remitirán el planteamiento de Zelaya a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, única instancia legalmente facultada para pronunciarse.

Esta vía podría provocar un doble proceso, político y judicial, sobre el futuro inmediato de Zelaya.

En una intervención notoria ante la comisión, Zelaya afirmó: “Si quieren ponerme las chachas y llevarme preso que lo hagan”, dejando ver una actitud desafiante y rechazo a la presión política. Defendió la legitimidad de su permanencia y afirmó no haber incurrido en ninguna acción que justifique su destitución.

Además, reclamó falta de tiempo para preparar la defensa, lo que considera una vulneración a su derecho de defensa y posible fundamento para próximas impugnaciones legales.

A medida que avanza el juicio político en el Congreso Nacional, la atención se dirige hacia la Corte Suprema de Justicia, responsable de establecer si el decreto ejecutivo puede ser considerado inconstitucional.

Las acusaciones de Zelaya sobre negociaciones y reemplazos pactados, aún sin confirmación oficial, intensifican la tensión en el sistema político hondureño y alimentan opiniones respecto a la injerencia de intereses partidarios en las decisiones institucionales. De acuerdo con Zelaya, “todo el procedimiento ya está definido de antemano”, lo que plantea que los compromisos políticos prevalecen sobre la legalidad.

Este episodio redefine el papel de los recursos legales en la política hondureña y reactiva el debate sobre el resguardo de derechos fundamentales en procesos de alto nivel político.

La permanencia de Johel Zelaya en su cargo, bajo su compromiso de enfrentar cualquier intento de destitución y descartando la renuncia, traslada la disputa tanto al ámbito legal como institucional. La expectativa en torno al desenlace del juicio y la reacción de la Corte Suprema de Justicia domina la agenda, mientras se discute el equilibrio de poderes y la transparencia de los procedimientos en Honduras.

El 26 de marzo de 2026, publicaron en la página de Presidencia el decreto en el que el presidente de la República, Gustavo Petro, aceptó la renuncia de la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque Urrego, tras el fallo de anulación de su nombramiento por parte del Consejo de Estado.

“Que mediante comunicación del 19 de marzo de 2026, la doctora CIELO ELAINNE RUSINQUE URREGO, identificada con la cédula de ciudadanía No. de Bogotá, presentó carta de renuncia al empleo denominado Superintendente, Código 0030, Grado 25 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Que en mérito de lo expuesto, Artículo 1”. Aceptación de renuncia. Aceptar a partir de la fecha, la renuncia presentada por la doctora”.

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En reemplazo de Rusinque llegará al cargo Diego Solano, que venía desempeñándose como jefe de asesores de la entidad y mano derecha de la saliente alta funcionaria desde su llegada a la SIC en febrero de 2024, confirmó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT).

“Encargar, a partir de la fecha, en el empleo de Superintendente, código 0030, Grado 25 de la Superintendencia de Industria y Comercio, al doctor Diego Solano, quien ocupa el empleo de Asesor. Comunicar que, a través de la Secretaría General del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el contenido del presente Decreto a los doctores Cielo Elainne Rusinque Uirrego y Diego Solano”.

Antes de este cargo, Solano trabajó en Valbuena Abogados, firma liderada por el exsuperintendente Gustavo Valbuena, y fue contratista de la SIC durante cinco años, además de ejercer como docente universitario. El funcionario es abogado, especialista en derecho comercial y posee una maestría en derecho.

Las razones detrás de la decisión del Consejo de Estado

Durante la revisión, el Consejo de Estado descartó los títulos de Ciencias Políticas y Derecho Constitucional de Cielo Rusinque y señaló que el “Diplôme Supérieur de l’Université – Droit Constitutionnel”, obtenido en Francia y convalidado aún en trámite, no podía equipararse en ese momento a una maestría o doctorado para la legislación colombiana. El tribunal también indicó que Rusinque no acreditó los 10 años de experiencia profesional relacionada requeridos.

La salida de Rusinque generó sorpresa al interior de la SIC, puesto que se especulaba su eventual regreso debido a las recientes modificaciones de requisitos impulsadas por el actual Gobierno, que permitirían su continuidad. Aunque el encargo de Solano es temporal, no se descarta que sea ratificado en el cargo o que Rusinque vuelva a ser considerada para la posición.

Según la propia Rusinque, el tribunal aplicó un estándar distinto respecto a designaciones previas: “Me están pidiendo requisitos que no les pidieron en el pasado jamás a ninguno de los exsuperintendentes”, señaló en diálogo con Blu Radio. Destacó también que, según la normativa vigente, el régimen de convalidación de títulos de posgrado otorga un plazo de dos años desde la posesión para cumplir con ese proceso, cuestión que, a su juicio, el Consejo de Estado desconoció.

En su postura pública, Rusinque defendió la pertinencia de su experiencia: “Se excluye sin fundamento una trayectoria profesional amplia, cualificada y plenamente pertinente para el ejercicio del cargo”. Además, lamentó que el análisis del tribunal desestimara no solo sus credenciales sino también los certificados académicos presentados y las pruebas de su desempeño profesional.

La docente y activista política calificó el fallo como “lamentable” y sostuvo que el propósito era “debilitar la credibilidad del Gobierno y la acción de una entidad tan importante como la Superintendencia”. Finalmente, indicó que la renuncia presentada el jueves 20 de marzo de 2026 busca evitar que el caso afecte a la institucionalidad y al presidente Petro, advirtiendo que el foco del fallo trasciende el plano personal y político para incidir en el funcionamiento del aparato estatal, según sus palabras al medio citado.

El senador Gerardo Fernández Noroña anunció que dejó el Consejo Editorial del Senado de la República al señalar que el órgano no cuenta con presupuesto para realizar su labor.

Durante un encuentro con medios, explicó que presentó su renuncia desde el 12 de noviembre del año pasado, aunque decidió hacerla pública recientemente ante la falta de cambios en la situación financiera.

El legislador afirmó que hasta ahora no se ha asignado ningún recurso para las tareas editoriales, lo que —según dijo— impide cumplir con el objetivo de publicar materiales relacionados con la actividad legislativa. “No recibimos presupuesto ni para imprimir un volante”, declaró.

Añadió que mantener la responsabilidad sin recursos ni funciones operativas resulta poco viable. Incluso consideró que, en estas condiciones, es probable que el Senado no produzca libros durante la actual legislatura.

El Consejo Editorial del Senado y su papel en la difusión cultural

La salida del senador ocurre después de que el Consejo Editorial fuera reinstalado formalmente el 19 de abril de 2025 con la intención de reactivar la producción editorial en la Cámara alta.

En ese momento, Noroña destacó que el proyecto buscaba fortalecer la difusión cultural y preservar la memoria de la actividad parlamentaria.

La propuesta incluía ampliar el tipo de publicaciones impulsadas por el Senado y acercar el material a la ciudadanía, así como generar espacios dentro del recinto legislativo para fomentar la lectura.

Qué funciones tenía el Consejo Editorial del Senado

De acuerdo con lo planteado durante su reinstalación, el Consejo Editorial tenía varias tareas orientadas a organizar y fortalecer la actividad editorial del Senado. Entre las principales se encontraban:

• Preservar la memoria histórica del trabajo legislativo mediante la publicación de libros y documentos institucionales.
• Coordinar la producción que anteriormente realizaban distintas áreas del Senado sin un esquema común.
• Impulsar la difusión de textos legislativos, históricos y culturales dirigidos al público en general.
• Promover actividades y espacios que acerquen la lectura a la ciudadanía dentro del Senado.
• Establecer acuerdos con instituciones públicas para imprimir y distribuir publicaciones oficiales.

Estas funciones formaban parte del plan para consolidar un proyecto editorial más amplio dentro del Poder Legislativo, el cual ahora enfrenta incertidumbre ante la falta de recursos señalada por el propio senador.

Respaldo de legisladores a la reactivación del órgano editorial

Cuando se formalizó la reinstalación del consejo, legisladores de distintos partidos respaldaron la iniciativa y destacaron su importancia para la difusión del conocimiento.

Entre ellos estuvieron el senador Alejandro González Yáñez, quien celebró la reactivación del órgano, así como el priista Rolando Zapata Bello, que subrayó la relevancia de que el Senado impulse publicaciones de utilidad para la sociedad.

También participaron la senadora Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano, y la panista Guadalupe Murguía Gutiérrez, quienes coincidieron en que el consejo podría fortalecer la promoción de la lectura y el acceso al conocimiento desde el ámbito legislativo.

Donaciones para Cuba y postura sobre la revocación de mandato

En el mismo encuentro con medios, Noroña fue consultado sobre la posibilidad de que legisladores realicen donaciones para apoyar a Cuba.

Señaló que cada integrante de la bancada decidirá el monto que aportará y adelantó que él analiza donar su dieta de un mes.

El senador añadió que, más allá de las contribuciones económicas, considera que el apoyo también debería contemplar el envío de petróleo, al señalar que se trata de una necesidad prioritaria para ese país.

Finalmente, se refirió al debate político sobre la revocación de mandato presidencial y consideró que es válido que la titular del Ejecutivo participe en la discusión pública para explicar su gestión, al señalar que la decisión final corresponde a la ciudadanía dentro de un proceso democrático.

El vínculo entre los empleados y sus superiores directos se ha consolidado como un factor crítico para la retención de personal en el mercado laboral argentino. Según la última edición del estudio Líderes o Jefes realizado por la plataforma de empleo Bumeran, el 73% de los trabajadores en el país consideró abandonar su puesto de trabajo debido a una relación deficiente con su jefe.

Esta cifra, aunque elevada, muestra un descenso de cuatro puntos porcentuales en comparación con los resultados obtenidos en 2025, cuando el 77% de los encuestados manifestaba haber tenido esa intención. El informe, que contó con la participación de 3.081 trabajadores y especialistas en Recursos Humanos de la región, revela que casi la mitad de los empleados en Argentina (49%) mantiene una percepción negativa sobre sus superiores: un 26% califica la relación como regular y un 23% directamente como mala.

Federico Barni, CEO de Bumeran, señaló que estos resultados confirman que el vínculo con el liderazgo es hoy un factor determinante para la permanencia y el bienestar de las personas. “Nos sugiere que actualmente existe una necesidad urgente de transformar el rol del liderazgo, de modo de potenciar y motivar el crecimiento de los equipos”, explicó el ejecutivo.

Los motivos del desgaste en la relación

El informe desglosa las causas que alimentan la percepción negativa de los trabajadores hacia quienes ocupan cargos jerárquicos. Entre aquellos que califican su relación con el jefe como regular o mala, el 50% identifica la falta de reconocimiento como el principal problema.

A este factor le siguen la falta de escucha ante las necesidades del equipo, mencionada por el 48% de los consultados, y la ausencia de confianza del superior hacia su personal o el resto del equipo, señalada por un 47 por ciento. Estas deficiencias en el trato diario y en la gestión del capital humano impactan directamente en la valoración del jefe como figura de autoridad: el 59% de los talentos argentinos no considera que su superior sea un verdadero líder.

En términos comparativos, Argentina se posiciona como el segundo país de la región con la percepción más crítica sobre el liderazgo de los jefes, solo superado por Chile, donde el 65% de los trabajadores no identifica a sus superiores como líderes. Le siguen Panamá con un 54%, Perú con un 53% y Ecuador, que registra el nivel más bajo de insatisfacción con un 46%.

La visión de los especialistas en Recursos Humanos

La problemática no solo es percibida por los empleados, sino que es validada por los expertos en gestión de personal. El 44% de los especialistas en Recursos Humanos en Argentina califica el liderazgo dentro de sus organizaciones como “deficiente”. Este dato marca un deterioro significativo respecto a 2025, cuando el porcentaje de percepción negativa por parte de los expertos era del 31 por ciento.

A pesar de que el 98% de estos profesionales coincide en que es fundamental para el funcionamiento de una organización que los cargos jerárquicos sean ocupados por buenos líderes, las acciones para revertir las deficiencias parecen ser limitadas. El 66% de los responsables de Recursos Humanos informó que sus empresas no implementan estrategias específicas para ayudar a desarrollar habilidades de liderazgo en sus cuadros directivos.

En los casos donde sí se detectan problemas de liderazgo persistentes, las organizaciones suelen recurrir a medidas drásticas. El 50% de los especialistas indicó que explora alternativas como la reasignación de roles, cambios en la estructura o incluso la terminación del empleo. Por otro lado, un 44% opta por crear planes de desarrollo específicos o mantener conversaciones con el superior para señalar áreas de mejora.

Cualidades y aspiraciones de los trabajadores

El estudio también indagó sobre las características que los empleados consideran indispensables en un superior. El 64% de los encuestados destacó que la cualidad más valorada es que el jefe escuche las necesidades de los miembros del equipo. En segundo lugar, el 60% señaló la importancia de que contribuya al crecimiento personal y profesional del personal, mientras que un 57% priorizó que sea una persona comunicativa.

Paradójicamente, la mayoría de los trabajadores argentinos cree poseer las condiciones para mejorar esta situación desde adentro. El 81% de los consultados considera que tiene las cualidades necesarias para convertirse en líder, y un 84% manifestó que le gustaría tener la oportunidad de desempeñar ese rol.

Las motivaciones para aspirar a un cargo de jerarquía están centradas en el cambio cultural: el 65% de quienes desean liderar lo harían para mejorar las condiciones laborales y el ambiente de trabajo para todos, y un porcentaje idéntico lo haría para guiar y apoyar a otros en su desarrollo profesional.

Para los especialistas en Recursos Humanos, el éxito de un buen líder es fácilmente identificable a través de indicadores concretos. El 74% afirma que se distingue por el clima de trabajo que genera en su equipo, el 70% por el aumento en la satisfacción y el compromiso de los empleados, y un 66% por los resultados operativos que obtienen sus equipos de trabajo.

El Atlético Nacional vivió una noche amarga en el estadio Atanasio Girardot al caer 1-3 ante Millonarios en la fase preliminar de la Copa Sudamericana, duelo que entregaba al ganador un cupo directo a la fase de grupos del certamen internacional.

El resultado sorprendió a la hinchada verdolaga y dejó en suspenso el futuro de Diego Arias al frente del equipo, luego de una de las eliminaciones más dolorosas de los últimos años para el club paisa.

El sorteo de la Conmebol, realizado a mediados de febrero, le dio a Nacional la ventaja de jugar este partido único como local, respaldado por los miles de hinchas que coparon el Atanasio. Sin embargo, la localía no fue suficiente ante un rival que se mostró más efectivo y supo aprovechar sus oportunidades para avanzar en el torneo continental.

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El partido y el golpe anímico

El equipo de Arias arrancó el compromiso con el marcador en contra, pero logró igualar rápidamente. A pesar de esto, no pudo tomar el control del partido y terminó sufriendo una derrota contundente.

El 1-3 final dejó al equipo sin presencia internacional para lo que resta del semestre y profundizó la crisis deportiva, a pesar de que el entrenador mantenía un registro positivo en casa desde su llegada al banquillo verdolaga.

Balance de Diego Arias como DT de Atlético Nacional

La derrota ante Millonarios fue la primera en la era Arias en el Atanasio Girardot, escenario en el que había construido una racha positiva tras su debut con victoria 2-0 precisamente ante el cuadro Embajador en septiembre de 2025. Desde entonces, el equipo sumó 12 triunfos y solo dos empates como local, convirtiendo el estadio en un fortín hasta la caída en la Sudamericana.

En total, Diego Arias ha dirigido 29 partidos al frente de Nacional, con un registro de 17 victorias, seis empates y seis derrotas. Si bien los números no son negativos, la eliminación de la Copa Sudamericana representa un duro golpe para las aspiraciones del club y para la continuidad del proyecto deportivo.

Renuncia en puerta: Arias pone en duda su continuidad

La eliminación ante Millonarios fue un golpe duro para el cuerpo técnico y la directiva. En la tarde del jueves 5 de marzo, durante el programa Saque Largo de Win Sports, el periodista Mauricio Agudelo informó que el propio Diego Arias estaría considerando presentar su carta de renuncia tras el batacazo sufrido ante el equipo azul.

Según el reporte, Arias estuvo presente en la práctica de recuperación en la sede de Guarne, pero el entorno del cuerpo técnico no se siente motivado para continuar, a pesar de que la directiva del club no contempla en este momento una decisión drástica.

Agudelo agregó que existe una política interna en Nacional por la cual “entrenador o jugador que pasa de la sub-20 al equipo principal vuelve a bajar” en caso de no consolidarse, lo que incrementa la incertidumbre sobre el futuro de Arias. Se espera la versión oficial del entrenador o de la institución en las próximas horas.

Próximo reto en la Liga BetPlay

Mientras se define el futuro del banquillo, Atlético Nacional deberá cambiar el chip rápidamente para afrontar el próximo compromiso de la Liga BetPlay. El equipo visitará a Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario, partido programado para el sábado 7 de marzo de 2026 a las 4:30 p. m. (hora colombiana).

El objetivo inmediato será mantenerse en la pelea por el título local y dejar atrás la decepción internacional. La decisión de Arias sobre su continuidad podría marcar el rumbo del club en las semanas venideras, mientras la dirigencia y la hinchada exigen resultados y un proyecto sólido para el semestre.

El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) informó que organizará una reunión urgente para examinar el clima laboral y decidir los pasos siguientes en relación con la dirección del organismo, después de haber recibido un escrito respaldado por 27 jefes de grupos de investigación del centro en el que se abordaba la gestión de la entidad. Según detalló el CNIO mediante un comunicado difundido este viernes y recogido por la prensa, la dimisión de José Manuel Bernabé como gerente fue presentada tras las recientes acusaciones de presunto acoso dirigidas a la exsecretaria general, Laura Muñoz.

De acuerdo con el comunicado difundido, la sesión extraordinaria del Patronato tuvo lugar el 27 de febrero de 2026, ocasión en la que los integrantes fueron informados tanto de la renuncia de Bernabé como de la existencia del citado escrito firmado por una parte significativa del personal investigador. El medio consignó que la dirección enfatizó la inmediatez con la que se celebrará una próxima convocatoria, cuyo objetivo será evaluar el entorno de trabajo en el CNIO y plantear decisiones acerca de la estructura directiva, en particular en un contexto marcado por denuncias sobre comportamiento inapropiado.

El CNIO, ente de referencia nacional en el ámbito de la investigación oncológica, enfrenta un periodo de transición tras la dimisión del gerente, sobre todo ante la trascendencia académica y científica de los equipos que lo integran. Según lo publicado, el caso involucra denuncias de Laura Muñoz, quien previamente se desempeñó como secretaria general del centro, y cuyas declaraciones motivaron la reacción institucional que ahora planea abordar tanto la denuncia como el posicionamiento colectivo reflejado en el escrito de los responsables de grupos de investigación.

El comunicado distribuido por el Patronato, y replicado por los principales medios informativos, subraya la intención de analizar en profundidad las circunstancias en las que se produjeron los hechos que motivaron la dimisión, lo que otorga especial relevancia al debate interno que se configura entre las áreas de gestión y el personal científico. El organismo se comprometió, asimismo, a tomar decisiones informadas una vez finalice la reunión urgente, teniendo en cuenta tanto las condiciones laborales en el centro como las inquietudes expresadas por los diversos miembros del equipo investigador.

El proceso para elegir nueva dirección o implementar medidas respecto a la gestión dependerá de las conclusiones que se deriven del análisis que lleve a cabo el Patronato en la próxima sesión. La dimisión de José Manuel Bernabé, quien ejercía funciones de gerente, se enmarca en un contexto de cuestionamientos al modelo de liderazgo y manejo de relaciones laborales en el CNIO, según reportaron los medios de comunicación que dieron seguimiento al comunicado emitido por la entidad científica.

La salida del gerente representa un desafío institucional para el CNIO, al tratarse de uno de los centros de investigación biomédica más reconocidos del país, cuyas estructuras de funcionamiento y ambiente profesional serán objeto de un examen minucioso en la reunión anunciada. A la espera del resultado de este análisis y de nuevas decisiones sobre la dirección, los grupos de investigación continúan sus actividades, mientras el Patronato analiza los elementos compartidos en el escrito de los 27 investigadores que demandaron un cambio en la gestión.

El director del Foro Económico Mundial, Børge Brende, dijo el jueves que renunciará tras enfrentar presiones por sus contactos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Brende, ex ministro de Asuntos Exteriores noruego, dijo en un comunicado que había decidido “después de una cuidadosa consideración” renunciar como presidente y director ejecutivo del foro, conocido por su cumbre anual de enero en el centro turístico alpino suizo de Davos.

Dijo que sus 8,5 años al mando habían sido “profundamente gratificantes”.

“Estoy agradecido por la increíble colaboración con mis colegas, socios y constituyentes, y creo que ahora es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones”, dijo Brende en un comunicado publicado por el FEM.

Brende fue ministro de Asuntos Exteriores de Noruega entre 2013 y 2017 y es uno de los varios noruegos destacados que se han enfrentado al escrutinio tras la última publicación de los archivos de Epstein.

No se refirió directamente a esa controversia en la declaración del jueves, pero el WEF anunció a principios de este mes que estaba abriendo una revisión interna de Brende para determinar su relación con Epstein después de que los archivos indicaran que ambos habían cenado juntos varias veces e intercambiado mensajes.

Brende dijo en ese momento a la emisora ​​noruega NRK que estaba cooperando con la investigación, que sólo conoció a Epstein en entornos laborales y que desconocía sus antecedentes penales.

Brende dijo en una declaración a principios de este mes que durante una visita a Nueva York en 2018, recibió una invitación para que el ex viceprimer ministro noruego Terje Rod-Larsen se uniera a él para cenar con varios otros líderes, además de “alguien que me fue presentado como un inversionista estadounidense, Jeffrey Epstein”.

“Al año siguiente, asistí a dos cenas similares con Epstein, junto con otros diplomáticos y líderes empresariales. Estas cenas, y algunos correos electrónicos y mensajes SMS, fueron todo lo que pude interactuar con él”, dijo.

“Desconocía por completo el pasado y las actividades criminales de Epstein”.

Dijo que si hubiera sabido sobre los antecedentes de Epstein, habría rechazado la invitación inicial a cenar y cualquier otra invitación o comunicación posterior.

Brende dijo que reconoció que podría haber realizado una investigación más exhaustiva sobre la historia de Epstein y lamentó no haberlo hecho.

Los copresidentes del Foro Económico Mundial, André Hoffmann y Larry Fink, declararon en un comunicado que «la revisión independiente realizada por un asesor externo ha concluido. Las conclusiones indican que no existen preocupaciones adicionales a las reveladas previamente».

Dijeron que Alois Zwinggi servirá como presidente interino y CEO del foro.

Epstein se declaró culpable en 2008 de prostitución infantil y cumplió 13 meses de una condena de 18 meses. Enfrentaba cargos de presunto tráfico sexual cuando se suicidó en 2019 durante su detención.

(con información de AP y AFP)

José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), se refirió a la carta enviada a la directivas del Centro Democrático donde notificó su renuncia irrevocable de la colectividad.

El empresario, en diálogo con La FM, expresó que parte de su salida de la colectividad de oposición se debió a una serie de irregularidades que, para él, perjudicaron la elección de la candidata presidencial, que finalmente favoreció a la senadora Paloma Valencia, en la que también participó Maria Fernanda Cabal, esposa de Lafaurie.

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Incluso, llamó la atención de que el movimiento político no le ha atendido sus derechos de petición frente a la obtención de los resultados, ya que, en palabras del líder ganadero, hubo manipulación de los resultados de la encuesta interna y atribuyendo la alteración a la utilización de dinero durante el proceso.

“Recuerdan la campaña que hizo, lamentablemente, el hoy víctima de unas balas asesinas, Miguel Uribe Turbay, a plata, a manos llenas. Y a manos llenas terminaron también afectando lo que fue esa consulta (...) No tengo duda, y lo que quiero es probarlo algún día, porque que yo me vaya de Centro Democrático no significa que ahí quedan las cosas”, explicó el presidente de Fedegan al citado medio de comunicación.

La firma Atlas fue la compañía contratada para adelantar la encuesta; no obstante, Lafaurie criticó que una de las campañas pretendiera contratar a la misma empresa para supervisar el desarrollo del proceso, lo que, a su juicio, contribuyó a la manipulación.

“La encuesta no era una encuesta a ciudadanos del común, no era una encuesta abierta. Era lo que el mismo partido llamó el colegio electoral, que estaba inicialmente compuesto por 4.800 personas, cuyos nombres, el mismo partido definió, y los definió porque correspondían a aquellos militantes que tenían una dignidad en el partido (directorio municipal, departamental o nacional, edil, concejal, diputado, representante, senador) (...) ¿Usted cree que eso es decente?”, enfatizó.

Incluso, advirtió que sus denuncias fueron emitidas directamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, especificamente sobre la presencia de Lester Toledo en la campaña del hoy fallecido senador Miguel Uribe Turbay, así como haber entregado información sobre las irregularidades a la directiva del partido desde finales de 2023.

“Desde mucho tiempo atrás le vengo diciendo al presidente (Álvaro Uribe), la inconveniencia de que el señor Lester Toledo estuviera al servicio de la campaña de Miguel Uribe Turbay, que después se inventó la candidatura de María Claudia (Tarazona, viuda de Miguel Uribe), y después María Claudia dijo lo que dijo de María Fernanda (Cabal) de manera injustificada”, remarcó.

No obstante, el exintegrante del Centro Democrático afirmó que Paloma Valencia no tuvo ninguna implicación en las supuestas alteraciones, sino que responsabilizó a otras figuras internas, entre ellas José Obdulio Gaviria y Nubia Estela Martínez.

Según Lafaurie, la modificación del proceso tenía como objetivo impedir que María Fernanda Cabal se convirtiera en la candidata presidencial, revelando además que días antes de los resultados, Valencia le habría solicitado gestionar que quien no obtuviera la postulación encabezara la lista al Senado.

Su llegada a Salvación Nacional

De otro lado, José Félix Lafaurie se pronunció sobre su llegada al movimiento Salvación Nacional, colectividad que respalda la candidatura presidencial del abogado y empresario Abelardo de la Espriella.

El dirigente argumentó que su adhesión al movimiento político responde tanto a su historia personal como a un rechazo de las prácticas internas del Centro Democrático.

“Esa ha sido siempre mi casa, a lo largo de toda la vida. Nací ahí. Acompañé al doctor (Álvaro) Gómez cuando se apartó también de la decisión que tomó la convención del Partido Conservador en el año 1989, y creó el movimiento”, expresó a La FM.

En cuanto al rechazo del partido de oposición, Lafaurie aclaró: “¿ustedes creen que es posible que desde el 17 de diciembre, que vengo reclamando una información, no haya sido posible? (...) son nueve derechos de petición. No solamente no se me ha entregado, sino que prácticamente han ignorado buena parte de esos temas”.

Incluso, agregó que, tras filtrarse la carta de su salida del Centro Democrático, fueron excluidos de los grupos del partido político en la plataforma de mensajeria WhastApp. “Cuando finalmente se filtró la carta y se conoció, y no la filtramos nosotros, lo primero que hicieron fue sacarme del chat, es decir, me desvincularon como miembro de la Dirección Nacional”, precisó.

Lafaurie anticipó que su voto en futuros escenarios electorales será por Enrique Gómez, que es la cabeza de lista al Senado, y que en primera vuelta respaldará a Abelardo de la Espriella; además, rechazó la opción de Paloma Valencia y reiteró que tanto él como Salvación Nacional se abstendrán de participar en la próxima consulta interna.

El anuncio de Yolanda Díaz sobre su decisión de no repetir como candidata a la presidencia del Gobierno ha llevado a varios integrantes de la coalición Sumar a recomendar que se evite de inmediato cualquier discusión pública sobre posibles candidaturas futuras. Según lo publicado por la agencia de noticias, los principales partidos que forman parte de Sumar insisten en que la prioridad debe centrarse en fortalecer y ampliar la coalición antes de abordar quién será el próximo referente electoral del bloque progresista.

Tal como detalló el medio, voces destacadas de Comuns, Izquierda Unida (IU), Más Madrid y Movimiento Sumar han coincidido en la importancia de posponer el debate sobre los liderazgos hasta que la actual estructura logre agregar más aliados. Dirigentes como Aina Vidal, coportavoz de los Comunes, subrayaron que el momento actual exige discreción en torno a la elección de candidatos, ya que la atención está puesta en agrupar a más partidos para consolidar un proyecto unificado. Vidal sostuvo que “no toca hablar ahora de nombres de candidatos sino agradecer a Díaz su gestión y respetar su decisión”, añadiendo que no considera que una persona concreta haya sido un obstáculo para la articulación del nuevo proyecto político en torno a Sumar.

De acuerdo con el medio, la salida de Yolanda Díaz del primer plano electoral no se interpreta como un giro inmediato en la relación con Podemos, fuerza que hasta el momento se ha mantenido al margen del proceso de reconstrucción dentro de la coalición. Si bien algunos miembros creen que la renuncia podría facilitar el diálogo con esa formación, la mayoría considera que la decisión tomada por Díaz no alterará sustancialmente el vínculo actual con Podemos.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, señaló que la renuncia de Díaz representa un acto “coherente y generoso” que busca favorecer la creación de una alternativa sólida a la izquierda del PSOE. Según consignó el medio, Maíllo consideró que el paso atrás de la vicepresidenta sirve de impulso a la renovación del liderazgo y descartó presentarse como candidato a unas futuras elecciones generales, argumentando que su labor se mantiene vinculada a Andalucía. Asimismo, sostuvo que mantener a Díaz como ministra de Trabajo es ventajoso para la estabilidad y gestión de la cartera, al tiempo que insistió en que adelantar el debate sobre candidatos sería inconsistente mientras prosigue la articulación de nuevas alianzas.

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, declaró que la unidad del bloque alternativo de izquierda no debe estar sujeta a la presencia o ausencia de Yolanda Díaz como cabeza visible. Defendió la necesidad de que todos los sectores implicados participen tanto en la definición del programa como en la elección del representante para futuros comicios, a fin de evitar que el proceso se limite a decisiones ya tomadas por un grupo reducido.

Por parte de Más Madrid, la diputada Tesh Sidi valoró la decisión de Díaz como un asunto estrictamente personal y resaltó la conveniencia de aplazar la designación de un nuevo aspirante. Según reportó el medio, Sidi enfatizó la urgencia de articular una estrategia común entre las grandes formaciones progresistas, muchas de las cuales todavía quedarían por incorporarse al proyecto común. Llamó a actuar con responsabilidad y prudencia, indicando que el proceso de concertación requiere atención especial dada la situación política y el contexto de amenaza percibida sobre derechos y libertades por la presencia de la ultraderecha.

El medio también recogió opiniones internas según las cuales la renuncia de Díaz se consideraba predecible, en parte por su ausencia en el reciente acto político donde Sumar, IU, Comuns y Más Madrid presentaron su disposición a concurrir unidos en la próxima convocatoria electoral, reafirmando el objetivo de constituir una “casa común” de la izquierda.

La agencia de noticias recordó que Díaz ya venía experimentando un desgaste de imagen, reflejado en encuestas y valoraciones previas. Varias fuentes de la coalición consideran que este desgaste motivó en parte su decisión, habiendo intentado reconstituir su perfil con medidas laborales recientes. Añaden que precipitar el debate sobre nombres podría perjudicar a cualquiera que asumiera la candidatura, exponiéndolo prematuramente a los riesgos del proceso electoral.

Sobre el futuro inmediato, tanto dirigentes políticos como fuentes consultadas describieron que la secuencia de pasos prevista comienza con el reforzamiento de vínculos entre partidos, seguida por la definición de un programa común y la elección de una marca electoral, dejando como último punto —en el momento indicado— la designación de la persona responsable de encabezar la lista general.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, expresó reconocimiento hacia Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales. De acuerdo con el medio, Bustinduy se ha descartado públicamente como posible candidato de Sumar en las próximas elecciones generales.

En este contexto, los partidos implicados en el bloque progresista reiteran su intención de no adelantar debates sobre referentes electorales, postulando que el fortalecimiento y la ampliación de la coalición resultan esenciales para la configuración de una alternativa sólida y cohesionada, como expusieron reiteradas voces citadas en la información publicada.

José Ángel González formalizó por escrito su dimisión al conocer que un juzgado había admitido una querella en su contra por presunta agresión sexual a una subordinada. Según detalló el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, su objetivo al apartarse del cargo consiste en proteger la imagen institucional de la entidad policial y en garantizarse la posibilidad de abordar la causa penal en igualdad de condiciones. La noticia principal radica en su renuncia inmediata, que se produjo tras recibir notificación de la investigación judicial.

De acuerdo con la información publicada por 'Antena 3' y transmitida en el programa 'Y ahora Sonsoles', González ofreció sus primeras declaraciones tras dejar el puesto este miércoles, poco después de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid decidiera citarle como investigado al admitir a trámite la denuncia formulada en su contra. El ex DAO puntualizó que optó por dimitir tan pronto como tuvo constancia de la querella, argumentando: "En el momento en que me enteré de la querella, automáticamente puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional. Y, además, para poder defenderme en condiciones", recoge la cadena televisiva.

Tal como informó Antena 3, la renuncia fue presentada el martes, lo que significó el cese en sus funciones como segundo máximo responsable del cuerpo policial. González hizo hincapié en que su salida se trató de una decisión voluntaria y no de un cese impuesto desde instancias superiores. Explicó que la dimisión se formalizó mediante un escrito en el que explicitó la razón de no querer "ensuciar el buen nombre de la Policía". Actualmente, la aceptación oficial de su renuncia depende de la institución, dado que, como precisó, "ahora me tienen que cesar ellos".

La investigación judicial sigue en marcha tras la admisión de la querella que implica a González en un supuesto ataque sexual a una subordinada en el seno de la Policía Nacional. La admisión de la causa y la citación como imputado provocaron su inmediata renuncia al cargo directivo. La naturaleza de la causa responde a la competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid, que instruye el procedimiento.

El medio Antena 3 destacó que la decisión de González de dimitir responde, según sus propias palabras, a la voluntad de no perjudicar a la institución a la que ha servido y de preparar su defensa en el ámbito judicial. En su intervención pública, el ex DAO subrayó la importancia para él de afrontar el proceso legal lejos de cualquier posible condicionante derivado de su posición jerárquica.

Con la dimisión de González, la Policía Nacional afronta la vacante en uno de sus puestos de mayor responsabilidad operativa. El proceso judicial por presunta agresión sexual continúa bajo instrucción del juzgado competente en Madrid, mientras la posición del exdirector adjunto operativo queda a la espera de resolución institucional respecto a la aceptación formal de su salida. La noticia ha sido recogida y analizada por distintos medios, entre ellos Antena 3, centrándose en el impacto de la renuncia en la dirección de la Policía Nacional y en el desarrollo de la causa judicial que la motivó.

La renuncia reciente de José Ángel González, director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, se produjo tras la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid de citarlo como investigado, luego de que se admitiera a trámite una querella por presunto delito de agresión sexual a una subordinada, presentada el 9 de enero. Este hecho generó intensa controversia en el ámbito político, particularmente en el Congreso, donde la oposición cuestionó tanto el accionar como el conocimiento del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Según consignó Europa Press, el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, afirmó que resulta inverosímil que Marlaska desconociera la querella durante más de un mes, exigiendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cese del ministro si no dimite por voluntad propia.

De acuerdo con Europa Press, Marlaska aseguró ante el Pleno que solo tuvo conocimiento de la denuncia en la tarde del martes, y respaldó esta afirmación en declaraciones del abogado de la víctima y la inexistencia de avisos por parte de sindicatos policiales sobre los hechos. El ministro argumentó que, al tomarse conocimiento oficial, se impulsó de inmediato la renuncia y el cese de González, en consonancia con la gravedad del asunto.

Las declaraciones del titular de Interior no lograron calmar los cuestionamientos opositores. Europa Press detalló que Feijóo criticó duramente la versión gubernamental que sostiene que el Ejecutivo supo de la querella recién en los últimos días, cuando, según expuso, la denuncia se presentó formalmente el 9 de enero y los hechos investigados datan de abril del año pasado. Feijóo planteó dudas sobre la veracidad del alegado desconocimiento de Marlaska, indicando que, en su opinión, ningún responsable político podría desentenderse de la conducta de su alto mando policial, especialmente en un caso de esta gravedad.

El líder del PP destacó además que el propio Marlaska decidió la prórroga de la jubilación de González, lo que —en su criterio— le atribuye una responsabilidad política directa sobre las consecuencias derivadas del caso. En un mensaje difundido por sus redes sociales y citado por Europa Press, Feijóo instó a que por respeto tanto a las mujeres como a la Policía Nacional, el ministro debe abandonar su cargo inmediatamente, y apeló a Sánchez para que proceda al cese si no hay renuncia voluntaria.

Europa Press recogió la postura del presidente del PP, quien enfatizó que, a su juicio, el Gobierno mantenía a un alto cargo acusado de agresión sexual dentro de la estructura policial únicamente hasta que la situación tomó estado público. Sostuvo que “hasta que ha trascendido, lo sabían, lo taparon y le protegieron”, enlazando este caso con el de otros cargos de relevancia como el fiscal general del Estado. Feijóo expresó preocupación por la protección institucional a las personas acusadas de delitos y cuestionó directamente la seguridad jurídica y social bajo la actual administración. Consideró necesario apartar “a quien las nombra”, en clara referencia al presidente Pedro Sánchez.

En las filas del PP aumentó la presión sobre el Ejecutivo. Fuentes de la dirección nacional, citadas por Europa Press, vincularon el manejo de este episodio con debates recientes, como el rechazo parlamentario a la ley impulsada por Vox que buscaba prohibir el uso del burka en espacios públicos. En esa votación, el PP y UPN apoyaron la iniciativa, lo que dio pie a duras críticas contra la posición del Ejecutivo en materia de protección de derechos de las mujeres, comparando la permisividad del burka con el supuesto encubrimiento de denuncias dentro del cuerpo policial.

La sesión de control al Gobierno en el Congreso se transformó en un escenario de enfrentamiento político. Los parlamentarios populares utilizaron sus intervenciones para insistir en la dimisión del ministro del Interior, acusando al Ejecutivo de encubrir la investigación por acoso sexual que involucraba al directivo policial. El secretario general del PP, Miguel Tellado, se dirigió a Marlaska en términos directos durante la sesión, espetando que resultaba indignante ver a un ministro permanecer en su escaño mientras se le acusa de ocultar una presunta agresión sexual cometida por uno de los máximos responsables policiales.

La intervención de Marlaska en el Pleno incluyó el compromiso de que renunciaría si la víctima señalaba no haberse sentido protegida o consideraba que el ministro falló en su deber. Europa Press reportó que, tras su discurso, los diputados del PP entonaron reiterados pedidos de dimisión golpeando sus escaños, lo que obtuvo como respuesta una extensa ovación de la bancada socialista en apoyo al ministro del Interior.

El contexto parlamentario demostró el alto grado de polarización por el caso y la efervescencia en torno a la gestión gubernamental ante denuncias de violencia sexual que involucran a altos cargos policiales. Todos estos hechos, según lo publicado por Europa Press, situaron el debate sobre la responsabilidad política y la protección institucional de las víctimas en el centro del escenario público y mediático.

Días después de la difusión de un video en redes sociales en el que el ciudadano cartagenero Jaime Herrera Pérez, alias Raquiña, aborda al exalcalde de Cartagena William Dau Chamatt para tocarle sus partes íntimas, se conoció una carta, al parecer firmada por Herrera Pérez, en la que pide la terminación unilateral del contrato que lo vinculaba con el Distrito.

Los hechos ocurrieron el lunes 9 de febrero durante una entrevista de Dau con un medio de comunicación y en el trayecto a las sedes de la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar.

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Según la fotografía del documento de Herrera Pérez que se divulgó en medios informativos locales, la solicitud de dimisión unilateral fue tramitada el 11 de enero de 2026.

Allí se lee: “Yo JAIME HERRERA PEREZ, mayor de edad, con domicilio y residencia en esta ciudad (...) mediante el presente escrito, me permito solicitar la terminación unilateral del contrato CD-SICC-2047-2026, suscrito el 20 de enero del 2026, dado que, en este momento por motivos personales, no puedo continuar con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho contrato (sic)”.

Aunque las responsabilidades actuales del señalado habrían comenzado en enero del año en curso y no están claramente definidas, en redes sociales hay videos y fotografías de años atrás donde figura alias Rasqui con el actual alcalde de Cartagena Dumek Turbay Paz, o en apoyo a la campaña que lo llevó a ser la cabeza del Distrito de La Heroica.

Dicho material podría comprobar las denuncias que hizo el exalcalde Dau Chamatt, sobre la cercanía de Herrera Pérez con Dumek Turbay, con señalamientos como que “alias Rasquiña es el mensajero principal y de confianza de los negocios oscuros, que conoce muchos negocios oscuros de Dumek”.

De hecho, hay registros de contratos con los bomberos de Cartagena, también con el Instituto Distrital de Deporte y Recreación de Cartagena (Ider) como entrenador y en la Secretaría de Hacienda de la administración de Turbay Paz.

El exmandatario, a su vez, señaló como responsable de las acciones a Dumek Turbay y su círculo.

La denuncia del exalcalde William Dau en contra de alias Rasqui

Por su parte, el exalcalde presentó una denuncia penal, asesorado por sus abogados, en la que alegó que los tocamientos en los glúteos del exmandatario corresponden al delito de injurias por vías de hecho, como informó Dau en su perfil de X.

En un video que publicó el 11 de febrero en sus redes, Dau Chamatt sostuvo que actuará legalmente porque su objetivo es “ver en la cárcel” al agresor.

De hecho, en el cierre de su mensaje advirtió que si vuelve a recibir ataques similares, procederá de nuevo por la vía judicial.

“Este señor también queda identificado y también queda incluido en la denuncia penal. Yo no voy a presentar una denuncia penal medio huevo para que no prospere. Me vuelven a atacar y vuelvo a responder”, advirtió.

Los hostigamientos de los que William Dau habría sido víctima

La denuncia del exalcalde emergió tras una serie de presuntos actos de hostigamiento del que estaría siendo víctima desde que concluyó su gestión como mandatario distrital de la capital del departamento de Bolívar.

William Dau presentó una secuencia cronológica de los episodios de posible hostigamiento, que relató minuciosamente. Mencionó como antecedente un incidente con el periodista Lucio Torres, que lo registró en video mientras le lanzaba comentarios ofensivos durante una caminata por el centro de Cartagena.

Añadió que, en otra ocasión, durante la consulta del Pacto Histórico de 2025, una persona que presuntamente estaría vinculada a la administración de Dumek Turbay lo provocó mientras lo grababa con su teléfono móvil.

También recordó un enfrentamiento con el secretario privado de Turbay, que, según Dau, descendió de su automóvil para intentar agredirlo físicamente.

A este recuento sumó un episodio ocurrido en el malecón de Bocagrande, en el que recibió un insulto sin provocación antes del episodio con “Rasquiña”.

El alcalde Carlos Fernando Galán oficializó la decisión e informó que Julia Rubiano, hasta ahora subsecretaria de Educación, asumirá la dirección desde el 1 de marzo de 2026.

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En su pronunciamiento, el alcalde de la capital elogió la gestión de Segovia Ospina, y aseguró que fue “un gran trabajo por los niños, niñas y adolescentes”.

Aunque se trata del primer relevo de alto nivel en el gabinete distrital, Galán reconoció que la labor de Segovia permitió que, en 2025, “ningún colegio distrital perdiera un día completo de clases”.

También puso en conocimiento que bajo el liderazgo de la hasta ahora secretaria de Educación, “Bogotá se consolidó como la mejor de las principales ciudades del país en calidad en educación”.

Fue Isabel Segovia la secretaria de la cartera que más criticó las suspensiones de clases en colegios de la capital por paros y movilizaciones, especialmente por parte de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).

Incluso, se mantuvo firme ante las justificaciones del Gobierno nacional a las marchas de maestros por las contrariedades con el modelo de salud implementado para educadores. En marzo del 2025, le escribió este mensaje al ministro de Educación.

“Priorizar los derechos de los adultos sobre los de la niñez resulta preocupante, especialmente viniendo de quienes tienen la responsabilidad de protegerlos dentro del sistema educativo. Respetamos el derecho a la protesta, no estamos irrespetando al magisterio, solo les solicitamos a los docentes de Bogotá que deseen salir a manifestarse que lo hagan en contrajornada y así protegemos los derechos de todos”.

Las palabras de Isabel Segovia

En sus redes sociales, Segovia Ospina escribió un sentido mensaje al alcalde en el que le dijo que había sido “un honor” trabajar con él. También le agradeció la oportunidad de desempeñarse en favor de la educación de los niños de Bogotá.

“Son ellos la razón de todo el esfuerzo que hacemos en la Secretaría de Educación, de la mano de un equipo maravilloso al cual le quiero manifestar mi admiración y gratitud por su compromiso y rigurosidad. A mis colegas de gabinete, también, muchas gracias por todo su apoyo”, escribió.

De la misma manera, resaltó el programa educativo que logró sacar adelante —‘Una educación que te responde’—, y dijo que fue una “realización profesional y personal invaluable”.

“Fortalecer los aprendizajes en cada etapa de la vida, brindar condiciones necesarias para una educación de calidad y hacer respetar el tiempo escolar son propósitos que no podemos perder de vista y que debemos seguir garantizando para un mejor futuro de los niños de Bogotá y de la ciudad”, agregó Segovia.

Luego, le dio la bienvenida a su sucesora, de quien dijo que es “una gran persona y excelente profesional, a quien conozco hace muchos años y con quien he tenido el gusto de trabajar por la educación del país. (...) Estoy segura que continuará trabajando incansablemente por los niños de la ciudad, como lo hemos venido haciendo. Le auguro éxitos”.

La trayectoria del reemplazo de Isabel Segovia.

El alcalde informó que Julia Rubiano tiene “una larga trayectoria en el sector de la educación”.

De acuerdo con los datos tomados por la red social laboral Linkedin —en la que ya figura el perfil de la sucesora de Segovia Ospina como actual secretaria de Educación—, Rubiano es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales por la Universidad Externado de Colombia y posee una maestría en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile.

Sobre los desafíos que tiene Julia Rubiano, el alcalde Galán destacó que se dividirán en tres líneas: “consolidar el sistema de atención integral a la primera infancia en articulación con Integración Social, Salud y Cultura; fortalecer la convivencia escolar con programas como Escuela con Emociones; y garantizar que todas las niñas y niños aprendan en la edad adecuada para avanzar en el cierre de brechas”.

En las redes sociales, Rubiano ya envió un mensaje de agradecimiento por su nuevo cargo: “Gracias al alcalde @CarlosFGalan y a la secretaria @IsabelSegoviaO por la confianza para liderar este propósito de ciudad. Aquí hay un equipo dispuesto a seguir trabajando en las líneas trazadas. Todo mi compromiso por las niñas, niños y jóvenes de Bogotá“.

Juan David León, representante legal de Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, manifestó que su apoderado no ha contemplado dimitir de su cargo, pese a que la Fiscalía General de la Nación radicara una imputación de cargos por tráfico de influencias y violación de topes electorales.

El jurista, en diálogo con La FM, aseveró que la medida interpuesta por el ente acusatorio carece de total fundamento, al considerar que el ejecutivo aún cuenta con el tiempo necesario para su defensa de los delitos mencionados.

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“Esta es una fase incipiente; no tiene sentido adoptar una decisión cuando todavía hay posibilidad de demostrar que no existe conducta delictiva. Es decir, estamos hasta ahora arrancando un proceso penal”, indicó el abogado al citado medio de comunicación.

Además, reiteró que su defendido no tiene responsabilidad en la violación de topes electorales en la campaña del hoy presidente Gustavo Petro para las elecciones de 2022, aunque en esa época fungía como gerente de la campaña.

“Eso es una decisión que se está evaluando en el gobierno corporativo y lo está evaluando el doctor Roa, pero personalmente creo que no debe renunciar, y tengo entendido, de lo que se ha podido conversar, es que no va a renunciar”, comentó.

Del mismo modo, León reiteró que hasta el momento no ha recibido notificación formal de imputación alguna por parte de las autoridades judiciales. “A la fecha de la emisión del comunicado, la defensa técnica y material no ha sido notificada formalmente de citación alguna a audiencia de formulación de imputación”, indicó el apoderado de Ricardo Roa en la cadena radial mencionada.

Además, reclacó que, hasta que no se conozca la fecha de la audiencia de imputación, instó a que se respete la presunción de inocencia del presidente de Ecopetrol, y recalcó la disposición del funcionario para aportar todas las pruebas que podría exculparlo de los cargos.

“Lo hemos estado desde el inicio de todo el escándalo mediático que se dio, estamos prestos de dar las explicaciones, de contarle a la Fiscalía cuáles son todas las trazabilidades y los comportamientos que ha desplegado el doctor Ricardo Roa, tanto en su vida personal, pues con la adquisición del apartamento, como también como gerente de campaña (...) siempre en respeto por la institucionalidad, por las decisiones que puede que no se compartan, como en este caso, pero que se controvierten en los canales institucionalmente establecidos”, sostuvo.

Frente a la violación de topes de campaña, el abogado manifestó: “No hubo ninguna violación de topes y de ahí entonces decaería toda la tesis de la Fiscalía, porque lo que se hizo fue un gasto juicioso, organizado y estructurado mediante protocolos y manuales previamente establecidos para evitar cualquier riesgo legal de este tipo”.

Por qué es investigado Ricardo Roa

El proceso, formalizado el 9 de febrero de 2026, no solo expone la complejidad de la financiación electoral, sino que impulsa un debate sobre el futuro de la gestión empresarial en el país ante la posible privación de la libertad del directivo, según reveló el delegado contra la criminalidad organizada Raúl Humberto Gonzalez Flechas.

Según la investigación adelanatada por el ente acusatorio, Ricardo Roa fue acusado por dos casos en particular: violación de topes electorales y tráfico de influencias.

En el primer caso, el expediente da cuenta de que la campaña presidencial superó el límite en 5.300 millones de pesos, con 3.700 millones correspondientes a la primera vuelta y 1.600 millones a la segunda. Estos valores fueron determinados por una investigación conjunta de Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, ambos magistrados del Consejo Nacional Electoral, y luego remitidos a la Fiscalía.

“Se determinó que efectivamente la campaña electoral del Partido Histórico superó los topes permitidos por el sistema electoral. Y en ese sentido, él como gerente de campaña, pues tiene la responsabilidad directa sobre esa superación en los topes permitidos”, explicó el delegado.

En paralelo, la investigación identifica un posible tráfico de influencias relacionado con Juan Guillermo Mancera, quien resultó adjudicado con un contrato por parte de Ecopetrol tras haber participado previamente en la venta del apartamento a Roa.

Este caso hace referencia a la adquisición por parte de Roa de un penthouse en Bogotá en diciembre de 2022, valorado en 1.800 millones de pesos, cifra inferior al precio de mercado.

El contraste resulta evidente cuando se compara con la venta previa de un apartamento de la mitad del tamaño en el mismo edificio por 1.000 millones de pesos, teniendo en cuenta que el vendedor del inmueble fue Princeton International, vinculada al empresario del sector petrolero Serafino Iácono. Roa, en su interrogatorio, manifestó que desconocía la identidad del vendedor durante la compra.

Con este auto, Roa se convierte en el primer funcionario de alto nivel citado por la justicia derivado de los comicios que llevaron a Petro al poder. La Fiscalía subrayó que la imputación no incluye medida de aseguramiento inmediata y que corresponde a los jurados fijar la fecha para la audiencia de formulación de cargos.

“Los fiscales encargados de cada uno de los casos consideran que tienen los elementos suficientes para, eh, generar esta solicitud y hacer la imputación de cargos, que, pues tendrá su desarrollo procesal normal (...) estos tipos penales tienen una sanción punitiva, como cualquier tipo penal, en este caso de privación de la libertad. Ya, pues eso nos determinará cuáles serán las consecuencias, de hallarse responsable ya judicialmente”, puntualizó Gonzalez Flechas.

El titular del Indec, Marco Lavagna, renunció este lunes al organismo y, como mensaje de despedida, envió una carta a los empleados en la que destaca la necesidad de continuar actualizando las estadísticas y de defender el instituto.

La dimisión del economista surge a días de la puesta en marcha de una nueva canasta para la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que empezará a reflejarse en el dato de inflación de enero.

“Quiero contarles que he tomado la decisión de cerrar esta etapa al frente del INDEC. Fueron 6 años de mucho trabajo y de enormes desafíos, en los que logramos avanzar en la mejora de las estadísticas públicas y el sistema estadístico nacional”, inició el ex directivo en el texto al que accedió Infobae.

“Sabemos que la realidad económica y social cambia permanentemente y que el sistema estadístico nacional necesita seguir adaptándose y fortaleciéndose. En ese camino, quedan proyectos con un alto nivel de desarrollo y otros en proceso, que estoy seguro podrán completarse y ser implementados próximamente”, señaló. Un ejemplo de ello es la metodología para determinar la Canasta Básica Total (CBT), que tiene un impacto directo en la tasa de pobreza.

Manifestó que no fue una decisión sencilla, pero que cree que es momento de encarar nuevos proyectos y desafíos, “con la tranquilidad de haber compartido con ustedes una etapa intensa y valiosa”.

“Quiero agradecerles sinceramente por el trabajo diario, el compromiso y la vocación con la que sostienen al INDEC todos los días. Son el principal activo del organismo y la base para que las estadísticas públicas sigan siendo técnicas, confiables y transparentes”, expresó Lavagna.

“Les deseo lo mejor en lo que viene y confío en que el INDEC va a seguir creciendo y consolidándose, y que próximamente se podrá actualizar el marco normativo que ayude a esto. Un fuerte abrazo, los voy a extrañar y el INDEC siempre podrá contar con lo que esté a mi alcance para defenderlo”, concluyó.

Lavagna ocupaba el cargo desde diciembre de 2019, cuando comenzó el gobierno de Alberto Fernández. Con una trayectoria previa como legislador por UNA y luego por el Frente Renovador, el espacio que lidera Sergio Massa, decidió mantenerse en el organismo incluso tras la asunción de Javier Milei y el cambio de rumbo político que implicó.

Por el momento, el número 2 del instituto, Pedro Ignacio Lines, es quien queda al mando.

Como antecedente, en agosto de 2025, Georgina Giglio había renunciado a la dirección del índice de precios, siendo reemplazada por Josefina Rim. También abandonó su puesto Guillermo Manzano, director de Estadísticas de Condiciones de Vida, responsable de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Desde la Junta Interna de ATE- Indec dijeron: “La renuncia de Lavagna nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta, dado que ocurre a 8 días de la salida del IPC con las nuevas ponderaciones -o actualización- de la ENGHo 2017/18. Es un escenario en el que nuestro organismo va estar en el centro de la opinión pública. Exigimos un Indec independiente del poder político”.

A su vez, trazaron un paralelismo con 2007, año en el que se dispuso la intervención debido a que “no gustaba el dato del IPC de enero”.

“Esperamos que el próximo 10 de febrero se publique el dato de inflación con la nuevas ponderaciones”, agregaron y anunciaron una conferencia de prensa para este martes al mediodía.

En detalle, el cambio central en la medición reside en que empezará a utilizarse la canasta de consumo surgida de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo del relevamiento de 2004. La falta de actualización había derivado en una subestimación del peso de gastos que ganaron relevancia en las últimas décadas, como los servicios de internet y telefonía celular.

Otro aspecto relevante en el funcionamiento del Indec durante los últimos meses fue el creciente malestar entre funcionarios de distintos niveles, vinculado al deterioro salarial y a las dificultades que esto genera para retener cuadros técnicos y profesionales.

Además, recientemente la Secretaría de Turismo y Ambiente decidió no renovar el convenio de financiamiento para la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), lo cual obligó a reformular la operación a fin de proporcionar la mayor cantidad de indicadores posibles.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios aceptó la renuncia de Nelson Javier Vásquez Torres como agente especial de Air-e, la empresa de energía que permanece intervenida desde 2024 por graves dificultades financieras y operativas. La decisión marca un nuevo capítulo en la compleja situación del sistema eléctrico en la región Caribe, donde persisten riesgos estructurales que amenazan la continuidad del servicio.

De acuerdo con El Tiempo, la salida de Vásquez fue oficializada mediante una resolución firmada por el superintendente Felipe Durán Carrón, quien dio aval formal a la renuncia presentada por el funcionario. Aunque el documento fue expedido el mismo día de la solicitud, el ahora exinterventor continuará en funciones hasta el 29 de enero de 2026, con el fin de garantizar una transición ordenada en la administración de la compañía.

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Nelson Javier Vásquez había asumido el cargo en junio de 2025, en medio de una de las peores crisis que ha enfrentado el sector energético en el Caribe colombiano. Su llegada no fue aislada, pues, se convirtió en el cuarto interventor de Air-e desde que la empresa fue intervenida por el Gobierno nacional, reflejando la inestabilidad administrativa que persiste en la compañía.

Por ese mismo asiento ya han pasado figuras como Carlos Diago, Edwin Palma, actual ministro de Minas y Energía, y Diana Bustamante, sin que hasta ahora se haya logrado una solución definitiva a los problemas financieros y estructurales de la empresa.

La Superservicios confirmó que designará un nuevo agente especial mediante un acto administrativo posterior, con el objetivo de que Air-e no quede sin interventor en ningún momento, una condición clave para mantener la supervisión estatal y evitar interrupciones en la prestación del servicio.

Air-e, una empresa bajo presión financiera y operativa

A más de un año de haber sido intervenida, Air-e sigue enfrentando un escenario altamente complejo. Si bien bajo la supervisión de la Superservicios se han registrado algunos avances operativos —como garantizar un porcentaje significativo del suministro de energía para 2026 y reducir el riesgo de apagones—, los problemas de fondo siguen sin resolverse.

Los retos financieros y estructurales continúan siendo el principal talón de Aquiles de la empresa, especialmente por el crecimiento acelerado de su endeudamiento. La compañía ha tenido que solicitar recientemente un “salvavidas financiero” al Gobierno nacional para poder cumplir con sus obligaciones con generadores y proveedores.

Según cifras oficiales, la deuda reconocida por Air-e supera los $1,1 billones, aunque desde el sector generador aseguran que la cifra real es considerablemente mayor.

Polémica por nuevas cargas tributarias al sector energético

En medio de este panorama, el Ministerio de Hacienda creó nuevas cargas tributarias para las empresas generadoras de energía, con el argumento de financiar la recuperación de Air-e. No obstante, la iniciativa ha generado un fuerte rechazo entre los gremios del sector.

Según El Tiempo, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, fue contundente al calificar la medida como irresponsable.

“Este decreto es irresponsable porque el Gobierno Nacional no ha hecho nada para solucionar el problema de Air-e. Cuando hicieron la intervención, su deuda era de 500.000 millones de pesos, pero en este momento supera los 2,5 billones de pesos”, afirmó.

Desde Andeg, Alejandro Castañeda también expresó preocupación, señalando que para los generadores la deuda ya asciende a $1,5 billones, lo que pone en riesgo la estabilidad de todo el sistema energético nacional.

¿Quién es Nelson Javier Vásquez Torres?

Nelson Vásquez es administrador público, especialista en Gerencia Financiera, magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos y candidato a doctor en Ciencias Ambientales.

La Superservicios destacó que cuenta con más de 30 años de experiencia en la dirección de entidades estatales, consultoría y docencia universitaria. En la última década ocupó cargos estratégicos como jefe de Planeación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, secretario general del Ministerio de Minas y Energía y subsecretario de Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital del Hábitat, además de haber sido contratista de diversas entidades públicas.

La misión que tenia como agente interventor de Air-e

Air-e es el distribuidor y comercializador de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, tras la salida de Electricaribe. De acuerdo con la Superservicios, la misión del agente interventor es garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía como un derecho fundamental, así como avanzar en la implementación de tarifas justas para la región Caribe.

La salida de Nelson Vásquez se da en un momento crítico para la empresa y el sector, dejando sobre la mesa interrogantes sobre el rumbo que tomará la intervención y si el próximo agente especial logrará frenar el deterioro financiero que amenaza no solo a Air-e, sino a la estabilidad del sistema eléctrico en Colombia.

Carlos Casares renunció a la intervención del Ente Regulador del Gas (Enargas) y detalló una serie de 21 puntos donde estableció los hitos alcanzados durante su gestión. Sin embargo, señaló en su carta que no logró satisfacer las expectativas previstas para el rol. La salida del funcionario es la quinta registrada en menos de 24 horas. A él se suman los cambios de titularidad en la Secretaría de Transporte, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA), Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), y Unidad de Información Financiera (UIF).

En la carta de dimisión que presentó, Casares expresó sorpresa ante la imposibilidad de participar en el directorio del futuro Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, el organismo que incorporará y reemplazará tanto al Enargas como al ENRE a partir del 1 de marzo de 2026.

Tras detallar algunas de las tareas más significativas realizadas durante su gestión, Casares expresó: “era mi voluntad continuar colaborando con el proyecto de la unificación de los entes reguladores (Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad), con la finalidad de que este nuevo Organismo Autárquico tenga niveles de calidad comparables con los mejores internacionales y, en consecuencia, me presenté al Concurso Público de Antecedentes para la conformación de su Directorio“.

Sin embargo, “no he satisfecho vuestras expectativas y/o no cuento ya con vuestra confianza para continuar colaborando. Es por ello que, en estas circunstancias, no cabe otra decisión que presentar mi renuncia indeclinable al cargo de Interventor del ENARGAS“.

Casares ocupaba la intervención de ENARGAS desde enero de 2024, tras haber integrado desde marzo de 2023 el equipo de trabajo que elaboró los lineamientos para la política energética de La Libertad Avanza y el capítulo correspondiente de la denominada Ley de Bases. En ese proceso, Eduardo Rodríguez Chirillo participó junto a Casares en la formulación de propuestas regulatorias sobre gas natural, GNL y otros combustibles gaseosos.

Durante su gestión, fueron implementadas medidas como la Adecuación Tarifaria Transitoria para el transporte y la distribución de gas, acompañada de requisitos de inversión para las prestadoras del servicio. Según el resumen presentado en la renuncia, también se avanzó con la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) y se dio cumplimiento a los requerimientos de gestión establecidos por el Decreto 55/2023.

El plantel de personal del organismo se redujo de 707 a 516 trabajadores, como parte de un proceso de racionalización interna. Casares destacó la colaboración de más de 20 profesionales de ENARGAS en la elaboración de normativas referidas a gas natural y GNL, en sintonía con los objetivos de la Secretaría de Energía.

Bajo su intervención, se llevó adelante la Revisión Quinquenal Tarifaria para el período 2025-2030, siendo este el tercer proceso integral de este tipo llevado a cabo por el organismo. El comunicado señala que los anteriores ocurrieron en 1997 y 2017.

Además en el texto Casares recordó que también estuvo a cargo de la implementación de ajustes mensuales en las tarifas de transporte y distribución de gas y se regularizó el tratamiento del traslado del precio del gas en tarifa, mediante la emisión de normativa sobre Diferencias Diarias Acumuladas (DDA). Se regularizó la situación de los subdistribuidores de gas y se gestionaron autorizaciones para asegurar el abastecimiento domiciliario en distintas localidades.

En otro de los 21 puntos desarrollados en torno al trabajo realizado en su gestión, el ex titular de ENARGAS indicó que el organismo retomó su participación en la Asociación de Reguladores Iberoamericanos de Energía (ARIAE), ocupando responsabilidades en el Grupo de Trabajo de Gas. También brindó asistencia técnica para la reglamentación de capítulos de la Ley de Bases sobre hidrocarburos y para el desarrollo institucional de un nuevo ente regulador unificado.

Otra acción mencionada fue la elaboración y publicación de una agenda regulatoria desde mayo de 2025, con la finalidad de transparentar los temas en revisión y su avance. Durante la intervención de Casares, se evaluó el desempeño de las 11 licenciatarias de servicios, en el marco de los Artículos 6° y 7° de la Ley 24.076, y se gestionaron prórrogas de licencias.

El comunicado refiere la resolución de expedientes históricos vinculados al abastecimiento del Gasoducto Patagónico, con colaboración de YPF, Pan American Energy, Camuzzi Gas del Sur S.A. y gobiernos provinciales. También se regularizó la tramitación de 442 expedientes sancionatorios de años anteriores e iniciaron 605 procedimientos sancionatorios nuevos, cifras que exceden el promedio de gestiones previas. Se implementó una actualización sistemática de las multas, en función de parámetros de la industria.

El índice de transparencia del organismo se incrementó del 66 % al 92,6 %, según mediciones de la Dirección Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia, lo que se atribuye en parte a transformaciones en la página web institucional para facilitar el acceso público a la información.

Se trabajó junto a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial en iniciativas como la importación de medidores de gas y la presentación transparente de tributos en factura, y se colaboró en la definición e implementación de la política de focalización de subsidios mediante audiencias y consultas públicas.

El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, renunció al cargo en las últimas horas y será reemplazado por el arquitecto Fernando Herrmann, según comunicó el Ministerio de Economía. Cabe destacar que Pierrini había desembarcado en la cartera en mayo de 2025 como sucesor de Franco Mogetta.

De acuerdo a la información aportada por el Palacio de Hacienda, el funcionario saliente presentó este miércoles su renuncia por “motivos personales”, un dato que fue ratificado a Infobae por fuentes dentro de la propia Secretaría. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, “agradeció el compromiso y la labor” de Pierrini durante su gestión al frente de la Secretaría, que duró poco más de 8 meses y 20 días.

En su reemplazo, asumirá Herrmann, un arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y que posee un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

“Asimismo, a lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP)”, informaron desde Economía.

Quién es Fernando Herrmann, el nuevo secretario de Transporte

El flamante funcionario cuenta con una vasta trayectoria en el universo de la arquitectura y ahora se incorporará al área encargada de definir las políticas sobre tarifas, subsidios y la regulación del transporte aéreo, marítimo y terrestre.

Desde hace 34 años se desempeña como director ejecutivo del estudio Estudio Herrmann & Arquitectos Asociados (EH&aa), del que también es socio. Se trata de una firma que brinda servicios de proyecto, dirección y gestión de obras de arquitectura tanto en la Capital Federal como en la provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo, figura como socio gerente de Arquigrupo SRL. No se le conocen antecedentes en el área de transporte en su currículum.

Los orígenes del estudio se remontan a los primeros años de la carrera profesional de Herrmann, quien antes de recibirse trabajó pintando viviendas. Tras graduarse en 1986, formó una primera sociedad con el arquitecto Enrique Cordeyro, con quien trabajó hasta 1992. Luego de esa etapa, impulsó su propio estudio y realizó uno de sus primeros trabajos de relevancia: el Centro de Prensa de la Convención del Grupo del Río, montado en el Palais de Glace.

En los 90, Herrmann obtuvo un MBA en el IAE Business School. Junto con sus socios Hugo Fontán y Bernardo Miguens, desarrollaron decenas de proyectos en las últimas tres décadas. Entre las obras destacadas de esa primera etapa figura el edificio de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Según su perfil laboral, el sustituto de Luis Pierrini se especializaba, hasta aceptar la conducción de la Secretaría de Transporte de la Nación, en “proyectos y dirección de obras de arquitectura; gerenciamiento y administración de contratos de obra; y estudios de factililidad de desarrollos inmobiliarios”.

Uno de los desafíos que deberá enfrentar Fernando Herrmann será negociar periódicamente con empresarios de colectivos, quienes solicitan una actualización de la estructura de costos del sector para definir el monto de subsidios requerido, así como gestionar el diálogo con la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Desde la Secretaría de Transporte señalaron que, por el momento, no se prevén modificaciones en la estructura de las subsecretarías tras la llegada de Herrmann, aunque reconocieron que la situación es reciente y podría haber novedades más adelante.

En la actualidad, el organigrama de la cartera, que opera bajo la órbita del Ministerio de Economía, cuenta con tres divisiones: la Subsecretaría de Transporte Automotor, encabezada por José Manuel Urdiroz; la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, liderada por Martín Gabriel Ferreiro; y la Subsecretaría de Transporte Aéreo, en manos de Hernán Adrián Gómez.

En una carta remitida al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Ricardo Lewandowski destacó que durante su periodo al frente del Ministerio de Justicia de Brasil las limitaciones políticas, coyunturales y presupuestarias condicionaron el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con Europa Press, Lewandowski expresó su convicción de haber ejercido el cargo de ministro de Justicia con dedicación y rectitud, tanto en lo personal como en la exigencia hacia su equipo, buscando el mejor resultado posible para la sociedad.

La dimisión de Lewandowski, la cual entra en vigor este viernes, ha causado impacto en el contexto político brasileño, dado que su gestión estuvo relacionada con diversas medidas polémicas en materia de seguridad, especialmente tras el operativo realizado en octubre de 2025 en Río de Janeiro, evento que finalizó con alrededor de 120 personas fallecidas. Según informó Europa Press, este operativo y otros similares generaron intensos debates públicos sobre las políticas de seguridad adoptadas por el gobierno federal en algunas regiones del país.

En su carta de renuncia, el ahora exministro argumentó “motivos personales y familiares” como la principal razón para abandonar el cargo. Pese a ello, sostuvo que afrontó las responsabilidades institucionales guiado por el compromiso con la administración de Lula. “Agradezco el constante estímulo y apoyo con el que he sido honrado a lo largo de estos casi dos años al frente del Ministerio, aprovecho esta oportunidad para reiterarle mi más alta estima y distinguida consideración”, manifestó Lewandowski, en un pasaje consignado por Europa Press.

A lo largo de su trayectoria previa, Ricardo Lewandowski ocupó posiciones destacadas en el sistema judicial de Brasil. Según publicó Europa Press, antes de ser designado ministro de Justicia, integró el Supremo Tribunal Federal durante más de 15 años, donde desempeñó un papel central al presidir el juicio político contra la expresidenta Dilma Rousseff. Lewandowski llegó a la Corte Suprema tras su nominación por Lula en 2006 y permaneció en la magistratura hasta su jubilación anticipada en abril de 2023.

El medio Europa Press detalló que el periodo de Lewandowski en la administración de Lula da Silva estuvo signado por la gestión de crisis públicas y la ejecución de operativos en regiones con altos índices de violencia. En particular, las acciones adoptadas en Río de Janeiro, que dejaron un saldo significativo de pérdidas humanas, generaron controversias y críticas desde distintos sectores. Sin embargo, en su despedida, el propio Lewandowski insistió en que, tanto él como sus colaboradores, buscaron “el mejor desempeño posible en beneficio” de la ciudadanía.

La salida de Lewandowski abre un nuevo escenario en la composición del gabinete de Lula da Silva, quien ahora deberá elegir a un nuevo titular para la cartera de Justicia. De acuerdo con Europa Press, la renuncia se enmarca en un periodo especialmente delicado para la seguridad pública en Brasil, con demandas crecientes de distintos segmentos sociales respecto al manejo de los operativos policiales y la administración de los recursos públicos destinados a seguridad.

Europa Press recordó que el reemplazo de Lewandowski será designado por el propio presidente Lula da Silva, dando inicio a un proceso que podría implicar ajustes en las políticas que marcaron la administración saliente. Entre los retos institucionales señalados por Lewandowski en su carta, figuraron los desafíos derivados de las restricciones presupuestarias y del escenario político actual, que inciden en la capacidad de respuesta y ejecución de acciones desde el Ministerio de Justicia.

La renuncia del ministro se oficializó después de casi dos años de gestión, tiempo durante el cual, según declaró él mismo en la misiva dirigida al presidente, buscó garantizar los intereses colectivos por encima de las coyunturas y desafíos que enfrentó la administración. La carta de despedida, reportada por Europa Press, subrayó el reconocimiento al respaldo presidencial durante su mandato, al tiempo que reiteró el agradecimiento por el apoyo recibido desde su nombramiento hasta la fecha de su renuncia.

La reciente creación del Órgano de Administración Judicial (OAJ), una de las piezas clave de la reforma judicial promulgada en septiembre de 2024, enfrenta su primera crisis institucional tras la renuncia de la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo, apenas cuatro meses después de haber sido designada.

Se trata de la primera dimisión en la breve historia del organismo, hecho que obligó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a activar el procedimiento para cubrir la vacante y que ha encendido alertas sobre la estabilidad interna del nuevo esquema de administración judicial.

La renuncia fue aceptada por la SCJN durante una sesión privada celebrada la tarde del martes, momento en el que la información adquirió carácter oficial.

Magistrada estaba siendo investigada

De acuerdo con fuentes judiciales citadas en el informe, la salida de Pérez Romo estaría relacionada con una investigación en curso sobre presuntas irregularidades en licitaciones adjudicadas de manera directa dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF), un tema particularmente sensible en el contexto de la reciente reconfiguración institucional.

Aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles públicos sobre el alcance de dicha investigación ni sobre posibles responsabilidades administrativas o penales, el vínculo entre la renuncia y los procesos de contratación ha generado inquietud dentro del sistema judicial, que apenas comienza a operar bajo las nuevas reglas establecidas por la reforma.

Con la dimisión de Pérez Romo, el Pleno del OAJ quedó reducido al mínimo legal de cuatro integrantes necesarios para mantener sus funciones.

El órgano colegiado permanece conformado por Néstor Vargas Solano, quien funge como presidente, así como por José Alberto Gallegos Ramírez, Catalina Ramírez Hernández y Surit Berenice Romero.

Esta integración mínima permite la continuidad operativa del OAJ, aunque limita su margen de maniobra y subraya la urgencia de cubrir la vacante.

SCJN deberá asignar reemplazo

La magistrada renunciante había sido designada directamente por la Suprema Corte, que también será la instancia responsable de nombrar a su reemplazo.

En contraste, los otros nombramientos del órgano fueron realizados por el Poder Ejecutivo federal y por el Senado de la República, lo que refleja el esquema de equilibrios diseñado por la reforma judicial para la conformación del nuevo ente administrativo.

De acuerdo con el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, las personas integrantes del Pleno del OAJ sólo pueden ser removidas bajo los supuestos establecidos en el Título Cuarto de la Constitución. Sin embargo, en casos de renuncia, defunción o ausencia definitiva, la autoridad que realizó el nombramiento original debe designar a una nueva persona para concluir el periodo restante, que en este caso es de seis años.

“La autoridad que le designó hará un nuevo nombramiento por el tiempo que reste al periodo de designación respectivo”, establece de manera expresa la normativa vigente, lo que obliga a la SCJN a iniciar, en breve, el proceso de selección correspondiente.

El Órgano de Administración Judicial surgió como consecuencia directa de la reforma judicial promulgada el 15 de septiembre de 2024, la cual ordenó la desaparición del CJF y su sustitución por dos nuevas instancias: el propio OAJ y el Tribunal de Disciplina Judicial. Ambos organismos iniciaron operaciones el 1 de septiembre del año pasado, con el objetivo de separar las funciones administrativas de las disciplinarias dentro del Poder Judicial.

La renuncia de Pérez Romo representa así el primer desafío serio para el nuevo modelo de gobernanza judicial. Más allá de la sustitución inmediata de la vacante, el episodio pone a prueba los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas del sistema que nació con la promesa de fortalecer la independencia y eficiencia del Poder Judicial.

La Cámara Federal de Casación tendrá desde el 1 de marzo una nueva vacante a raíz de la renuncia del juez Juan Carlos Gemignani, que se hará efectiva desde ese día y se oficializó este viernes mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, y firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

El juez Gemignani integra como vocal titular la Sala III del máximo tribunal penal federal del país. Su salida dejará una nueva vacante en la Cámara de Casación, que ya funciona con lugares sin cubrir y con un esquema de subrogancias entre las distintas salas.

El magistrado había llegado por concurso a Casación en 2011, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, luego de una trayectoria desarrollada en el Poder Judicial. Antes de su llegada a Casación, se desempeñó en el fuero penal, donde ocupó cargos como juez y camarista.

Durante su etapa en la Cámara Federal de Casación Penal, intervino en recursos vinculados a delitos federales, causas de corrupción y procesos económicos, con resoluciones sobre condenas, excarcelaciones, prisiones preventivas y planteos de nulidad.

Denuncia y sobreseimiento

Gemignani fue denunciado por un episodio ocurrido dentro de los tribunales federales de Retiro en julio de 2016, cuando ordenó la detención de una secretaria judicial que se negó a cumplir una orden fuera del horario laboral. Lo hizo porque la empleada no quiso realizar un inventario sobre televisores y computadoras que el ex ministro de Planificación Julio De Vido había regalado al tribunal.

Se abrió una causa penal en la que Gemignani resultó sobreseído. El magistrado continuó en funciones mientras seguían en marcha un proceso disciplinario que no derivó en su destitución. El episodio le valió una sanción por parte del Consejo de la Magistratura que en 2019 le descontó el 35 por ciento de su sueldo. Como consecuencia de lo ocurrido renunció en mayo de 2019 a la presidencia de la Cámara Federal de Casación que ocupaba en ese momento por el plazo de un año, ante las presiones de sus colegas que se preparaban para separarlo de ese cargo.

El segundo episodio que provocó un escándalo en Comodoro Py 2002 lo tuvo como protagonista el 8 de marzo de 2021, Día de la Mujer.

“Feliz día para todas!!! Especialmente para las delincuentes !!! Solo se alcanzará la igualdad cuando se les reconozca el derecho a delinquir! Y también entonces sean pertinentemente penadas!!! Mientras tanto poniéndolas en evidencia!!! Gran abrazo!!!!” había escrito Gemignani el 8 de marzo del 2021 en el grupo de whatsapp que compartía con el resto de los jueces de Casación para saludar a las magistradas.

Los dichos del juez fueron comentados por sus colegas y ante eso hizo una aclaración. “Enterado de la ambigua interpretación dada a mi mensaje confidencial a favor de la igualdad de derechos de la mujer, expresión que reproduje el pensamiento igualitario de la filosofía occidental”, intentó explicar. Lo ocurrido llegó al Consejo de la Magistratura, donde no alcanzaron los votos para sancionarlo.

Luego de haber transcurrido el primer día del 2026, el Gobierno nacional tuvo su primera renuncia. Se trató de Nahuel Sotelo, que estaba a cargo de la Secretaría de Culto y Civilización. Hasta el momento, no se dio a conocer quién sería el reemplazante del ex funcionario libertario.

Fue por medio de la publicación del Decreto 937/2025 en el Boletín Oficial, que el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno establecieron: “Acéptase, a partir del 2 de diciembre de 2025, la renuncia del señor Nahuel Sotelo Larcher al cargo de secretario de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”, informaron.

La dimisión del ex secretario había sido anticipada hace varios meses, después de que haya sido elegido para formar parte de la lista de candidatos a diputados de la provincia de Buenos Aires que presentó La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas.

En este sentido, los resultados que posicionaron a la lista libertaria como la segunda fuerza más elegida en la provincia de Buenos Aires le abrieron la posibilidad al representante de Las Fuerzas del Cielo a volver a ocupar una banca legislativa.

Por este motivo, el documento informó que Sotelo dejó vacante el cargo de la Secretaría de Culto y Civilización desde el 2 de diciembre, debido a que ya estaba programado que jurara como diputado provincial al día siguiente en la Legislatura bonaerense.

“Una vez más vuelvo a jurar como en el 2021, cuando daba una lucha, casi en soledad, por la defensa de las ideas de la libertad“, manifestó en su momento el ex secretario a través de una publicación en su perfil personal de Instagram. Asimismo, había compartido un video del momento en el que juró por: ”Dios, Patria, Vida y Libertad".

Sin embargo, el legislador hizo una comparación entre el panorama que había en el recinto legislativo antes de que Milei asumiera la Presidencia. “Hoy somos muchos más los que podemos parar el delirio del gobernador Kicillof”, recordó, para luego agregar: “A la provincia de Buenos Aires le hace falta libertad”.

La llegada de Sotelo como secretario de Culto y Civilización había marcado un cambio estratégico del Gobierno nacional, ya que fue elegido para asumir el rol de recomponer el delicado vínculo que, en ese momento, mantenía el Ejecutivo nacional con el difunto papa Francisco. Su nombramiento se había dado en agosto de 2024, poco después de que el mandatario y el líder religioso mantuvieran un desacuerdo político.

Desde el Boletín Oficial, el Decreto 768/2024 también se había consagrado la designación de Sotelo como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario. La función implicaba, según se desprendía del texto y de las palabras del propio funcionario, la responsabilidad de “reencauzar el vínculo con el líder religioso” en una etapa de distanciamiento y expectativas cruzadas sobre el viaje del pontífice a la Argentina.

Entre los puntos clave de su gestión, el ex secretario había manifestado que se abocaría a “seguir expandiendo la agenda de la presidencia y ser un mero instrumento de ello”. Incluso, insistió en el valor de fortalecer los lazos entre el Gobierno y los diferentes cultos que conviven en el país.

“Tengo buena relación con muchos de los cultos que se practican en el país. Mi intención es fortalecer esos vínculos con el gobierno. Tenemos un Presidente que es muy espiritual y eso ayuda a la relación que podamos construir de acá a futuro con los diferentes líderes religiosos”, sostuvo.

Al detallar sus objetivos internacionales, el flamante secretario de Culto y Civilización enfatizó: “Además de la responsabilidad de Culto, también mi trabajo será velar porque los principios e ideas de la presidencia se vean reflejados en los documentos internacionales”.

Tras subrayar que “Javier Milei ha sido claro en lo que piensa y hoy es un faro para el mundo libre”, había asentado: “Mi tarea es dejar en claro cuáles son estas ideas en el ámbito internacional y de Derechos Humanos, causas que han sido muchas veces tergiversadas y llevadas a lugares en los que no creemos, como por ejemplo la Agenda 2030, agenda que el Presidente ya ha dejado claro que no comparte”.

Tras su renuncia, José Tomé se refirió a consecuencias personales y familiares que, según sus palabras, resultaron irreversibles tras las denuncias internas que lo implican. El exmandatario provincial expresó que "el daño ya está hecho" y señaló efectos en aspectos políticos, familiares y sociales. Esta declaración se produjo tras la oficialización de su salida al frente de la Diputación de Lugo, acción resultante del proceso abierto a raíz de señalamientos por acoso sexual en el canal interno del Partido Socialista, según reportó el medio.

La comparecencia de Tomé en el pleno extraordinario realizado en el Pazo de San Marcos estuvo marcada por la defensa de su inocencia y la denuncia de un trasfondo político en todo el proceso. El ex presidente señaló que la acusación corresponde, en sus palabras, a "una presunta denuncia falsa", reafirmando que pretende continuar investigando hasta esclarecer el origen de los hechos y aseverando de forma textual: "No pararé hasta descubrir qué es lo que hay detrás". Durante su intervención, Tomé comunicó su gratitud al personal de la Diputación y concluyó transmitiendo que, aunque los daños ocasionados ya no resultan reversibles, "quien nada hizo nada tiene que temer".

Según informó la fuente, Tomé atribuyó el desarrollo de estos acontecimientos a "cuestiones políticas supraprovinciales", afirmando que él mismo no era ni el único involucrado ni el principal destinatario de la situación. Esta interpretación sugiere una dimensión política más amplia en las causas que condujeron a la renuncia.

La sesión plenaria extraordinaria se realizó antes de la celebración de un pleno ordinario donde el Grupo Popular presentó una moción para solicitar de manera formal la reprobación de José Tomé, según consignó el medio. En ese contexto, el portavoz popular Antonio Ameijide anunció la intención de su bancada de instar, de igual manera, a la reprobación de la diputada Pilar García Porto, a quien señalaron como "encubridora" del caso. Ameijide dirigió un mensaje al Bloque Nacionalista Galego (BNG), invitando a decidir entre su apoyo al feminismo o su respaldo a figuras institucionales, utilizando la frase: "Hoy veremos si eligen entre feminismo o pisar moqueta".

El procedimiento responde a los protocolos internos del PSOE frente a denuncias recibidas por la vía oficial del partido, que desencadenaron una crisis institucional dentro de la Diputación de Lugo y generaron el desarrollo de sesiones plenarias tanto extraordinarias como ordinarias para abordar las eventuales responsabilidades políticas asociadas. Tal como publicó la fuente, la situación puso en revisión la conducta de los principales cargos socialistas en el gobierno provincial y abrió un debate respecto al alcance de la tutela y la protección institucional ante denuncias de acoso.

La moción de reprobación presentada por el Grupo Popular no solo afecta a Tomé, sino que incluye una petición dirigida a Pilar García Porto, en relación con su posible rol en el manejo interno de la denuncia y su conocimiento previo sobre los hechos. El reclamo de responsabilidades se fundamenta en el deseo de esclarecer el nivel de conocimiento y de protección que habrían tenido los involucrados sobre el procedimiento seguido tras la recepción de la denuncia.

Según reportó la fuente, la jornada en la Diputación de Lugo se planteó como un momento clave para la definición de posturas políticas y el abordaje institucional frente a las denuncias de acoso y su gestión por parte de las autoridades provinciales. Además de las declaraciones de los implicados, el proceso incluyó la discusión sobre la transparencia y los mecanismos de control dentro de la administración pública, en consonancia con las renovadas exigencias de rendición de cuentas en el contexto político gallego.

El curso de los hechos quedó marcado por la renuncia del ex presidente, la reafirmación de su rechazo a las acusaciones, el señalamiento de motivaciones políticas tras la denuncia y el anuncio de medidas desde la oposición para llevar el proceso a una revisión pública y política en la sede de la institución provincial, según detalló el medio.

Claudio Azul Bañuelos Jurado, de apenas 24 años, se convirtió en el centro de una fuerte controversia luego de confundir a la víctima con el culpable durante una audiencia penal.

El incidente se viralizó en redes sociales y provocó críticas inmediatas sobre la preparación y experiencia de los funcionarios judiciales jóvenes.

La situación generó un debate nacional sobre los criterios de selección de jueces y la responsabilidad de quienes ocupan cargos de alta relevancia.

El error ocurrió cuando Azul Bañuelos mencionó por equivocación el nombre de la víctima al dictar la sentencia, aunque al momento le mencionaron que estaba en un error la difusión del video evidenció su falta de experiencia.

Tras el incidente el joven juez solicitó una licencia laboral de un mes y, posteriormente, presentó su renuncia, la cual actualmente se encuentra en revisión por el Poder Legislativo.

Cuestionamientos sobre la experiencia judicial

La licencia laboral de Azul Bañuelos estaba programada para terminar en diciembre, pero su ausencia prolongada en las audiencias siguientes llamó la atención-

Finalmente, la solicitud de renuncia fue presentada al Poder Legislativo, donde aún se encuentra en proceso de aprobación. El joven juez fue electo en un proceso organizado por el Instituto Estatal Electoral, lo que lo convirtió en el juez penal más joven de México.

Su nombramiento fue celebrado por quienes aplauden la renovación, pero también cuestionado por otros, que señalaron que la juventud y la falta de experiencia podrían afectar la toma de decisiones en casos complejos.

Reacciones en redes sociales

El video que registró el error de Azul Bañuelos se volvió viral, acumulando miles de comentarios que criticaban la falta de preparación del joven juez.

Muchos usuarios destacaron la importancia de la experiencia y cuestionaron cómo personas tan jóvenes pueden asumir decisiones que afectan directamente la vida de las personas.

La repercusión ha sido tal que el caso ha sido retomado por medios nacionales, aumentando la presión sobre el Poder Judicial de Aguascalientes.

Aunque el juez trató de rectificar la situación de manera inmediata, la viralización del video dejó en evidencia que la corrección tardía no siempre modera el impacto de los errores. Actualmente la designación de un nuevo juez no ha comenzado oficialmente.

Según denunció el joven implicado, los hechos que motivaron la dimisión de Javier Esteban ocurrieron cuando él tenía 16 años y consistieron en comunicaciones frecuentes mediante mensajes y encuentros que, según su testimonio recogido por Europa Press, incluyeron actos con contacto físico de índole sexual. La noticia sobre la renuncia de Esteban, quien ejercía como responsable de redes sociales y coordinación digital de Vox desde la fundación del partido en 2014, fue comunicada luego de que la denuncia formal llegara a las autoridades tras el denunciante alcanzar la mayoría de edad, según detalló el medio Europa Press.

Esteban sostuvo públicamente que el origen de la denuncia está vinculado a desacuerdos internos relacionados con la supervisión financiera dentro de la agrupación juvenil Revuelta, asociación cercana a Vox pero sin integración directa en la dirección principal de la formación. La investigación policial avanza mientras los medios recogen detalles aportados por el denunciante, quien refirió que otras dos personas dentro de Revuelta podrían haber sido víctimas de situaciones semejantes, lo que ha ampliado el ámbito de las pesquisas y plantea la eventual identificación de nuevos afectados, de acuerdo con lo consignado por ABC y El Mundo. Europa Press puntualizó que la controversia se concentra en el seno de Revuelta y que, hasta ahora, no se han establecido implicaciones para la estructura central de Vox.

En un comunicado divulgado por medio de la red social X, Javier Esteban argumentó que su renuncia buscaba proteger la imagen del partido y desvincularlo completamente del caso, reiterando que las acusaciones se originan exclusivamente en disputas internas asociadas al control de la gestión económica en Revuelta. En el mismo mensaje, Esteban negó los hechos señalando: “Nunca he agredido a nadie y lo demostraré”.

Según publicó Europa Press, Esteban señaló a Jaime Hernández y Pablo González Gasca, integrantes de Revuelta, como responsables directos de la confrontación que, según su versión, desembocó en la denuncia. El exjefe de redes de Vox afirmó que pidió una auditoría independiente de las cuentas de Revuelta para aumentar la transparencia, contexto en el que, asegura, surgió el conflicto interno que derivó en la acusación presentada en su contra.

Las autoridades policiales prosiguen la investigación, mientras el foco social y mediático se dirige a las deficiencias y desafíos de los sistemas de prevención, vigilancia y rendición de cuentas en los colectivos juveniles vinculados a partidos políticos, tema abordado en profundidad por Europa Press. El debate público se ha centrado en la posibilidad de establecer auditorías financieras externas, revisar los protocolos de control interno y reforzar los procedimientos institucionales ante casos de acoso sexual dentro de estas organizaciones.

Tanto ABC como El Mundo informaron que la reacción institucional de Vox ante el caso se ha caracterizado por el silencio, sin emitir comunicados oficiales sobre lo sucedido y optando por mantener cierto distanciamiento frente al proceso judicial y policial en curso. Los analistas han interpretado esta reserva como un intento de delimitar el alcance del escándalo al ámbito de Revuelta, a fin de preservar la imagen pública del partido en medio de la investigación.

La dimensión del proceso judicial podría extenderse, según indican distintos medios, a medida que avancen las investigaciones y se esclarezca si existen más personas implicadas como posibles víctimas en el colectivo juvenil. Europa Press ha resaltado la preocupación en la sociedad sobre la seguridad de los menores que forman parte de agrupaciones políticas, en particular respecto a los procedimientos internos que deberían existir para prevenir, detectar y responder a este tipo de denuncias.

El incidente trajo consigo una discusión renovada acerca de la importancia de la transparencia financiera dentro de agrupaciones juveniles, un aspecto que el propio Esteban situó en el centro del conflicto personal que desencadenó el caso. ABC, El Mundo y Europa Press abordaron la salida del responsable digital de Vox como un episodio que ha promovido el debate sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de control interno y las políticas de protección a los menores en espacios políticos, mientras la investigación continúa y se mantienen las expectativas de nuevos avances y posibles nuevos testimonios por parte de afectados en Revuelta.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió nuevamente el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como nuevo embajador de México al asegurar que el exfiscal “lo hará muy bien” ahora que dejó la Fiscalía General de la República (FGR) y ahora se integra como diplomático al llamado Servicio Exterior Mexicano (SEM).

Sobre esa misma línea, Sheinbaum contó que la propuesta para darle a Gertz Manero esta posición se dio después de sostener “una reunión” sin entrar en mayores detalles de lo sucedido: “Fue un acuerdo entre los dos”, explicó Sheinbaum, al recordar que el exfiscal concluyó su ciclo como fiscal y que la propuesta de incorporarlo al cuerpo diplomático surgió de manera natural:

“Se cumplió un periodo e inicia otro”, añadió. Poco después, dejó claro que la designación busca reconocer la trayectoria del jurista y abrirle un nuevo espacio de servicio público.

Argumentos legales: la Ley del Servicio Exterior Mexicano

La presidenta insistió en que su facultad para nombrar embajadores está respaldada por la legislación. “Tengo la posibilidad como presidenta, de acuerdo con la ley, de nombrar embajadores que no vengan directamente de la carrera diplomática”, afirmó.

Sheinbaum recordó que la Ley del Servicio Exterior Mexicano establece un número determinado de embajadores que pueden ser designados directamente por el Ejecutivo federal sin necesidad de pertenecer a la carrera diplomática. “La ley me permite nombrarlo”, reiteró. A la par, subrayó que su decisión no vulnera ninguna norma y se enmarca en una práctica común en la política mexicana.

Un “reconocimiento a la trayectoria” de Gertz Manero en la justicia mexicana

Más allá de los argumentos legales, la mandataria destacó que el nombramiento constituye un reconocimiento al trabajo realizado por Gertz Manero al frente de la FGR desde 2019 hasta noviembre de 2025. “Lo hará muy bien”, aseguró, convencida de que su experiencia en el ámbito jurídico y político le permitirá representar a México con solvencia en el exterior.

Sheinbaum enfatizó que la designación no responde a cuotas políticas ni a presiones externas, sino a la valoración de una trayectoria. “Es un reconocimiento a su trabajo”, dijo, al tiempo que adelantó que en breve se dará a conocer el país en el que Gertz Manero ejercerá como embajador.

Críticas por darle “premio” a Gertz Manero en otro país

El nombramiento ha generado debate en sectores políticos y académicos. Algunos analistas cuestionan la pertinencia de otorgar cargos diplomáticos a figuras que no provienen de la carrera diplomática, mientras otros consideran que se trata de una práctica legítima y frecuente.

La salida de Gertz Manero de la FGR y su incorporación al cuerpo diplomático simbolizan, según la presidenta, el inicio de una nueva etapa institucional. “Se cumplió un periodo e inicia otro”, insistió, dejando claro que la decisión busca dar continuidad a la labor del Estado mexicano en el ámbito internacional.

El presidente de la Cámara de Representantes Julián López presentó al público su renuncia “irrevocable” y con efectos inmediatos a su militancia en el Partido de la U.

En un comunicado dirigido a la dirigencia de la organización, López expuso que su decisión responde a un proceso interno que, según él, vulneró garantías y desconoció el disenso como parte esencial de la vida política.

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El congresista enfatizó que continuará en el ejercicio de la curul que representa para el Valle del Cauca, afirmando que la permanencia en el cargo responde al mandato otorgado por sus electores.

“Esta decisión no afecta el ejercicio de mi curul (…) corresponde al mandato soberano de decenas de miles de vallecaucanos. Continuaré ejerciendo mis funciones”, sostuvo el presidente de la Cámara en su declaración.

El Partido de la Unión por la Gente (Partido de la U) ha enfrentado cuestionamientos respecto a la gestión de su bancada y los mecanismos de deliberación.

En el texto de renuncia, López señaló que el partido “confunde el disenso y la crítica con amenazas” y que se han impuesto decisiones carentes de procedimiento, motivación y garantías reales de contradicción: “un partido que invoca la unidad no debe confundirse con la unanimidad. La verdadera unidad se construye mediante el diálogo y la diversidad”.

La desafiliación, según el congresista, busca salvaguardar su independencia y la defensa de sus electores, sin que esto implique el abandono de sus principios ni de la representación otorgada por los ciudadanos del Valle del Cauca.

“Quiero advertir que esta renuncia no constituye, en modo alguno, una renuncia a mis causas ni a la responsabilidad que los vallecaucanos depositaron en mí”, aseguró en el escrito.

López solicitó a la dirección del Partido de la U que registre su salida de manera inmediata y expida la certificación de desafiliación. También dejó constancia de que evaluará las acciones jurídicas pertinentes para proteger sus derechos fundamentales y políticos ante las autoridades competentes.

El legislador cerró la comunicación con una referencia a la renovación política en la región: “En el Valle, cuando el cauce se estrecha en exceso, el agua busca otro cauce. A ese cauce regreso, del lado de la gente, donde, afuera de salones cerrados, crece una renovación”.

Partido de la U contestó: esto afirmó la dirección del movimiento político

A través de un comunicado, Alexander Vega, el presidente de la colectividad, se pronunció en las redes sobre la renuncia de López; sin embargo, agregaron un condicionamiento, y es que López renuncie a su curul en el Congreso.

“El día de hoy hemos recibido oficialmente la carta del representante Julián López, representante de nuestro partido, de la U, donde manifiesta la renuncia a la militancia del partido”, dijo Vega.

Pero agregó: “Para que esta renuncia sea aceptada y tenga un efecto legal y jurídico, tiene que renunciar igualmente a la curul. Esperamos que dentro del trámite que está haciendo el representante Julián López de salir del partido, como él mismo lo manifiesta, igualmente renuncie a la dignidad a la curul de la Cámara de Representantes por el departamento del Valle del Cauca".

Incluso, dijo que, en caso de que no renuncie a la curul, “no se puede tramitar dicha renuncia, toda vez que la ley y la jurisprudencia han manifestado que las curules y dignidades son de los partidos políticos”.

Sin embargo, antes de esta publicación, López había asegurado que continuaba “legalmente” con su curul.

Estas fueron sus palabras: “He renunciado a mi militancia en el @partidodelaucol. Como Presidente de la Cámara de Representantes, continúo legalmente en mi curul y quedo libre para hacer política con independencia, coherencia y lealtad únicamente con la gente y con el Valle del Cauca”.

El ministro del Interior y el exministro de Comercio, Industria y Turismo Luis Carlos Reyes, que también fungió como director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), se enfrascaron en una discusión en X que derivará en acciones legales. La controversia surgió luego de que el exdirector de la entidad denunciara presuntas negociaciones de integrantes del Gobierno Petro con Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, conocido como el “zar del contrabando”. Así lo reveló el programa El Sótano de Marelbys del Petroverso, dirigido por Daniel Samper Ospina.

Reyes involucró a Benedetti en sus declaraciones, lo que lo llevó a pronunciarse en su contra a través de la red social: “Antes de ser ministro no tenía ni hoja de vida y además ha sido un desleal. Solo hasta cuando lo botaron fue que empezó a hablar de la supuesta corrupción. ¿Por qué antes no lo hizo? Es sospechoso”, indicó el ministro del Interior.

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Reyes respondió al jefe de la cartera, indicando que es señalado de varios hechos irregulares que están siendo investigados por las autoridades: “Me quedo con mi hoja de vida y no con su prontuario criminal, ministro”.

Benedetti contestó a las declaraciones del exfuncionario del Gobierno, acusándolo de ser un criminal que integra una organización delictiva relacionada con el contrabando, comandada por alias Papá Pitufo. “Usted hace parte de una organización criminal, porque según el infiltrado Camilo Gómez, en la investigación que adelantaba el fiscal Marín, usted era reconocido como Orejas, cómplice y cohonestaba con ellos para ayudar al contrabando”, indicó.

Aunado a ello, aseguró que durante la dirección de Reyes en la Dian se incrementó el ingreso de contrabando en Colombia. “Además de su minúscula hoja de vida”, añadió.

El exministro de Comercio rechazó las acusaciones del ministro del Interior y anunció acciones legales en su contra por relacionarlo con hechos ilícitos en los que no estaría involucrado. Además, afirmó que Benedetti debería renunciar al cargo, teniendo en cuenta que, entre otras cosas, hace parte de la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN).

“Ajá, y usted está en la lista Clinton “porque todo el mundo odia a Benedetti”. Sus afirmaciones son injuriosas y calumniosas y lo denunciaré penalmente por ellas. Deje de mentir e inventar y tenga la decencia de renunciar”, escribió.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incliyó al presidente Gustavo Petro en la lista en cuestión por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido al narcotráfico. De igual manera, añadió al hijo mayor del presidente, Nicolás Petro Burgos; a la exesposa del mandatario y actual primera dama, Verónica Alcocer; y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

“Nicolás Fernando Petro Burgos, Verónica del Socorro Alcocer García y Armando Benedetti están siendo designados hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de Gustavo Petro”, detalló la Ofac.

Otros señalamientos de Reyes que sacuden a la Familia Petro

Ahora bien, en las declaraciones que dio Luis Carlos Reyes en entrevista con Daniel Samper Ospina aseguró que otras personas habrían estado relacionadas con alias Papá Pitufo, como el hermano del presidente, Juan Fernando Petro. Además, aseguró que, desde su perspectiva, el hijo mayor del primer mandatario, Nicolás Petro Burgos, sería culpable de los delitos por los cuales está siendo investigado.

Actualmente, Petro Burgos afronta dos procesos penales: uno de ellos, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos; otro, por peculado por apropiación, tráfico de influencias de particular, falsedad en documento público, falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contratos.

Este lunes 8 de diciembre renunció a su cargo la titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), Verónica Hernández Giadáns.

La funcionaria formalizó su renuncia al presentar ante el Congreso de Veracruz el escrito que oficializa su separación, cerrando así un ciclo iniciado el tres de septiembre de 2019, cuando fue nombrada como encargada de despacho de la FGE.

Hernández Giadáns llegó en calidad de interina para reemplazar a Jorge Winckler, quien actualmente se encuentra preso y en espera de una posible sentencia por el delito de tortura.

Su gestión comenzó bajo el mandato del entonces gobernador Cuitláhuac García Jiménez y se prolongó hasta el primer año de gobierno de Rocío Nahle García. Durante este tiempo, la fiscal enfrentó contextos políticos y judiciales marcados por el relevo de su antecesor y la exigencia de resultados en materia de procuración de justicia.

La salida de Giadáns de la FGE marca un nuevo giro institucional en la entidad, tras un periodo de más de seis años al frente de la dependencia.

Cabe destacar que ella fue la primera Fiscal General de Veracruz.

La salida estaría motivada por las nuevas bases para la designación y la temporalidad de la persona titular de la Fiscalía General del Estado, las cuales entraron en vigor el 5 de diciembre de 2025.

Reportes de medios locales han indicado en las últimas horas que la magistrada Lisbeth Jiménez podría asumir la titularidad de la FGE.

Aprobación del congreso de Veracruz

La tarde este 8 de diciembre, la cuenta oficial del congreso de Veracruz emitió un mensaje en redes sociales donde confirman la renuncia de la Giadáns y la aprueban.

“El Pleno de la LXVII Legislatura aprobó, por obvia resolución, la renuncia al cargo de Fiscal General del Estado, presentada por la licenciada Verónica Hernández Giadáns”, se lee en la publicación realizada a las 12:59pm, hora centro.

Qué decía la renuncia presentada por Verónica Hernández Giadáns

El H. Congreso del Estado de Veracruz leyó la renuncia presentada por la Hernández, durante la Decimacuarta Sesión Ordinaria, en la cual destacó lo siguiente:

La Fiscal comenzó su oficio de renuncia agradeciendo la confianza depositada hacia ella el 3 de septiembre del 2019, cuando fue designada encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, además, señaló el honor que tuvo al ser nombrada como la primera mujer fiscal general del estado el 28 de mayo del 2020.

Asimismo, señaló que durante más de seis años tuvo la oportunidad de servir y contribuir a sentar las bases de la transformación de la procuración de justicia de Veracruz.

“Como mujer, privilegié el sentido más humano, más sensible, al lado de un equipo de profesionales responsables, dedicados y valientes que hoy integran personal administrativo y operativo de la Fiscalía General, incluidos servidores públicos con muchos años de antigüedad que día a día siguen aportando su esfuerzo y amplia experiencia a la operación del organismo”, escribió Hernández en su oficio.

Además, señaló que se rompió el círculo vicioso en que había caído la procuración de justicia, producto de la desorganización, bajos salarios y la ausencia de recursos en la institución.

Por último, afirmó que estará atenta para realizar el proceso de entrega-recepción correspondiente en cumplimiento de la ley a la persona que sea designada en su puesto.

Nuevas bases para la designación de la persona titular de la FGE Veracruz

Durante el oficio de renuncia realizado por la fiscal Hernández, destacó una parte donde señala que su renuncia estaría fundamentada en las nuevas bases aprobadas por el congreso de Veracruz hacia la FGE.

“Es público y notorio, recientemente el procedimiento reformador de la Constitución del Estado establece nuevas bases para designación y la temporalidad de la persona titulada de la Fiscalía General del Estado. Coincido con la bondad de la reforma, además de contribuir a incrementar la eficacia y la eficiencia de la institución. Por lo anterior, presento ante este honorable congreso, mi renuncia al cargo de fiscal general del estado de Veracruz”, remarcó Hernández Giadáns.

El presidente Gustavo Petro ratificó a Angie Lizeth Rodríguez como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), tras haber solicitado su renuncia. La funcionaria causó revuelo tras hacerse pública la decisión de su salida del cargo, denunciando que atacaron su casa.

Al parecer, el puesto de Rodríguez en el Dapre tambaleó por haberse opuesto a un nombramiento: el de José Alexis Mahecha, que sonaba para ocupar un cargo directivo en la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (Itrc). Mahecha fue secretario de Movilidad de Ibagué cuando el actual ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, fungía como alcalde.

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La determinación de sacar a Rodríguez de la dirección del Dapre, donde ha estado durante 10 meses, aproximadamente, ya parecía estar en firme, incluso, al parecer, ya se tenía pensado un posible reemplazo: Letty Leal, subdirectora de la dependencia. No obstante, la funcionaria continuará liderando la entidad, según informó La FM. La decisión se habría tomado luego de que el mandatario y la directora se reunieran para hablar al respecto.

Rodríguez acompañará al primer mandatario en un evento que se llevará a cabo en San Agustín, Huila, como directora del Dapre y secretaria general de la Presidencia de la República. Además, en las cuentas oficiales del Dapre en redes sociales todavía figura Rodríguez como titular de la dependencia.

Aunado a ello, el 4 de diciembre de 2025, en las redes de la entidad publicaron fotografías de la funcionaria en reuniones oficiales en las que se discutieron temas de relevancia nacional, como el presupuesto de la Presidencia de la República para 2026.

La denuncia de Angie Rodríguez: “Víctima de intimidación”

El incidente que denunció Rodríguez en sus redes sociales ocurrido el viernes 21 de noviembre de 2025. De acuerdo con su relato, aseguró que su familia estuvo en riesgo. “Hoy, como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y secretaria general dela Presidencia de la República de Colombia, me permito denunciar que fui víctima de intimidación y de un hecho que atenta contra la seguridad de mi familia y de la mía”, precisó.

Según explicó, cinco hombres ingresaron a su casa en el barrio Los Molinos, en la localidad Rafael Uribe Uribe, de Bogotá, en horas de la madrugada, y hurtaron una bolsa azul que contenía documentos personales. “Lo único que se llevaron fueron las monedas de dos alcancías de mi hijo que estaban marcadas con su nombre. Las rompieron y se llevaron su contenido”, añadió.

Al parecer, los hombres que ingresaron a su vivienda no hacían parte de la delincuencia común y habrían actuado con directrices de inteligencia. Además, aseguró que los atacantes habrían intentado buscar elementos relacionados con su labor dentro del Gobierno Petro.

Desde su perspectiva, estas personas habrían actuado bajo una motivación específica: lograr sacarla del cargo. “Estos hechos lo que muestran son el afán de dañarme por el trabajo que junto al presidente Gustavo Petro he venido realizando día a día en pro de garantizar el bienestar social de las y los colombianos”, precisó.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, envió un mensaje solidario a la directora de la dependencia luego de que hiciera pública la denuncia. En su publicación en X, aseguró apreciar a la funcionaria por el trabajo conjunto que han realizado.

“A pocas personas he querido cuando hemos trabajado juntos. Angie Rodríguez es una de ellas, a quien le reconozco su inteligencia y su eficacia en su trabajo. Me duele ver cómo su casa fue vulnerada y ultrajada. Solidario con ella a muerte”, escribió el jefe de la cartera en la red social.

Ariel Juárez Rodríguez presentó su renuncia como director de la Junta de Caminos del Estado de México (JCEM) luego del escándalo generado por un video difundido en redes sociales donde aparece, presuntamente en estado de ebriedad, causando destrozos en el interior de la plaza comercial Town Square Metepec, junto al diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Wblester Santiago Pineda.

El video, captado por cámaras de seguridad y testigos, muestra a ambos funcionarios arrojando un bote de basura sobre una escalera eléctrica, golpeando un vehículo eléctrico del centro comercial y agrediendo verbal y físicamente a elementos de seguridad privada.

Las imágenes se viralizaron en pocas horas, generando indignación ciudadana y reacciones políticas en todos los niveles.

La FGJEM lo citó por investigación

Tras la difusión del material y la denuncia correspondiente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación por los posibles delitos de daño en bienes, lesiones y alteración del orden.

Juárez Rodríguez fue citado a declarar por la Fiscalía de Asuntos Especiales, mientras el caso continúa en análisis.

En el ámbito político, diversas voces exigieron responsabilidades. Desde el Congreso local y federal se pidió una investigación profunda y sanciones ejemplares si se confirma la comisión de delitos. Incluso a nivel federal, se recomendó revisar su conducta bajo los mecanismos de control interno.

Sheinbaum pidió investigación del caso

“Revisar este caso, no sé si se llama la secretaría de la Función Pública o la Controlaría del Estado de México, tiene que revisarlo, lo vi en las redes sociales y tiene que revisarse si es que cometieron alguna falta o hay un acto de corrupción, por lo menos sancionar”, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia matutina del día de hoy.

La renuncia ocurrió también en medio de cuestionamientos previos hacia la gestión de Juárez Rodríguez. En meses recientes se habían señalado presuntas irregularidades como la falta de mantenimiento en carreteras estatales durante el primer año de gobierno de Delfina Gómez, pese al presupuesto ejercido.

Se espera que en las próximas horas el Gobierno del Estado de México nombre a un encargado de despacho y defina el proceso para seleccionar al nuevo titular de la Junta de Caminos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado de la República la terna de candidatas para encabezar la Fiscalía General de la República (FGR), un paso clave tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero y la llegada de Ernestina Godoy para asumir el despacho vacante. La mandataria destacó que eligió a tres mujeres por convicción porque “es tiempo de mujeres”.

Aunque la identidad de las tres aspirantes fue confirmada posteriormente por el Senado, el punto central ahora se enfoca en el proceso legislativo, particularmente en el formato de comparecencias, el cual será determinante antes de la votación final de los siguientes perfiles:

• Ernestina Godoy Ramos
• Luz María Zarza Delgado
• Maribel Bojorges Beltrán

Así será el proceso para votar a la aspirante que presidirá la FGR los próximos nueve años

En un proceso caracterizado por el fast-track, el Senado ya aprobó el acuerdo que define el formato de las comparecencias que deberán cumplir las integrantes de la terna. Este procedimiento será público, ordenado y estructurado en varias etapas:

1. Recepción protocolaria por una comisión de cortesía

La Presidencia de la Mesa Directiva del Senado designará una comisión de cortesía encargada de recibir a las tres aspirantes y acompañarlas a los asientos especiales ubicados frente al presídium. Este paso formal marca el inicio oficial del proceso de debate.

2. Tres rondas de preguntas por grupos parlamentarios

Una vez instaladas, se abrirán tres rondas de preguntas en las que cada Grupo Parlamentario, en orden creciente, podrá formular un cuestionamiento de hasta dos minutos. Este espacio permitirá evaluar la preparación jurídica, autonomía, trayectoria y visión institucional de cada aspirante.

3. Exposición individual de cada candidata

Tras las preguntas, las integrantes de la terna tendrán hasta 20 minutos cada una para responder, aclarar dudas y presentar su proyecto de trabajo para la FGR. El orden será alfabético. Es el momento clave del proceso, pues cada perfil deberá demostrar independencia frente al Ejecutivo, capacidad técnica y conocimiento de los retos en seguridad y procuración de justicia.

4. Posicionamientos de los grupos parlamentarios

Finalizadas las exposiciones, cada Grupo Parlamentario en la Cámara Alta contará con cinco minutos para fijar postura sobre las aspirantes. Estos posicionamientos anticipan el sentido de la votación y suelen ser el termómetro político del proceso.

5. Salida de la terna y votación por cédula

Una vez concluidos los posicionamientos, las candidatas saldrán del Salón de Sesiones. Inmediatamente después, se realizará la votación por cédula, un mecanismo secreto diseñado para evitar presiones y garantizar libertad de decisión.

Para que alguna aspirante sea nombrada titular de la FGR se requiere mayoría calificada (dos terceras partes de los presentes). No obstante, no se permitirá ningún tipo de intervención adicional fuera del formato aprobado, y la Mesa Directiva tendrá la facultad de ordenar el debate.

Un proceso decisivo, pero cuestionable, para la justicia en México

Con este procedimiento, el Senado se prepara para una de las decisiones más relevantes en el inicio del sexenio de Sheinbaum Pardo: elegir a quien encabezará la institución responsable de investigar delitos federales, coordinarse con las fiscalías estatales y conducir casos de alto impacto.

La elección de una mujer para dirigir la FGR —por primera vez en la historia— podría representar un viraje profundo en la conducción de la política criminal, la transparencia y la autonomía institucional.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, tuvo su último acto al frente de la cartera este domingo justamente con su renuncia al cargo. Se trata de un acto formal ya que el cambio estaba anunciado desde hace días. La funcionaria será sucedida por su virtual viceministra, la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

“Tengo el honor de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional, con efectividad a partir del día 1° de diciembre de 2025″, dice el primer párrafo de la carta que Bullrich envió al presidente de la Nación, Javier Milei, y que difundió con un posteo en la red social X.

“Le agradezco profundamente, señor Presidente, la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país”, escribió Bullrich en X.

En la carta, adjuntada al posteo, la futura senadora de La Libertad Avanza recordó que “hace dos años” el presidente Milei le encomendó “la misión de conducir la Seguridad de la Nación con un mandato claro: cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles”. Según Bullrich, “esa responsabilidad marcó cada una de las acciones que llevamos adelante”.

La ex ministra durante los gobiernos de Fernando De la Rúa y Mauricio Macri escribió en la carta dirigida al mandatario que “el próximo 10 de diciembre asumiré como Senadora de la Nación, donde continuaré defendiendo con la misma convicción los valores que compartimos y las reformas que el país necesita y usted lidera: instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”.

Además dio la bienvenida a Monteoliva y aseguró que es “alguien capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país” porque “su capacidad, experiencia y compromiso serán fundamentales para profundizar el camino que iniciamos”.

Noticia en desarrollo...

Desde el círculo cercano a Alejandro Gertz Manero se filtró que el funcionario se refirió en su carta de dimisión a un “país amigo” como su próximo destino diplomático, una expresión que, según reportaron fuentes consultadas por varios medios, apunta hacia Alemania. Gertz Manero, de 86 años, deja el cargo de fiscal general de la República antes de concluir su mandato legal, tras un proceso de salida que sacudió a la cúpula judicial y política nacional. El Senado mexicano aprobó la renuncia en sesión nocturna, decisión respaldada por las bancadas identificadas con el Gobierno federal, mientras la oposición expresó su desacuerdo y puso en tela de juicio que el traslado del exfiscal a una misión exterior justificara la terminación anticipada de sus funciones, según consignó el medio El País.

El Senado de México convalidó oficialmente la dimisión, lo que deja vacante el máximo cargo dentro del Ministerio Público Federal a más de dos años de la fecha prevista para el fin del mandato de Gertz. De acuerdo con lo consignado por El País, la renuncia se emitió el jueves y fue considerada de inmediato por la Cámara Alta. La decisión se adoptó de manera expedita y responde a las fracturas internas que se acentuaron tras el cambio de administración presidencial, según informaron fuentes oficiales citadas por el diario.

Las causas principales detrás de la dimisión señalan un claro deterioro en la relación entre Gertz Manero y la presidenta Claudia Sheinbaum, recientemente investida. El País detalló que Gertz era una de las pocas figuras de alto rango que aún permanecían del gabinete de Andrés Manuel López Obrador y había contado con su respaldo para el ejercicio de la titularidad en la Fiscalía General. Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Gobernación, figura junto a él entre los escasos funcionarios de continuidad entre ambos gobiernos.

La noche del jueves se formalizó la aprobación de la renuncia con el voto favorable de los senadores oficialistas. Mientras algunos legisladores opositores reclamaron transparencia y cuestionaron la suficiencia del argumento oficial expuesto en la carta de Gertz, surgieron interrogantes sobre la idoneidad de abandonar una responsabilidad de esa envergadura para aceptar un cargo diplomático. El propio Gertz, en su misiva, refirió que partiría como embajador a un país “amigo”, expresión que distintos reportes, recogidos por El País, interpretan como una alusión a Alemania. No se ha emitido hasta ahora una confirmación oficial de parte de la cancillería mexicana sobre el país de destino.

La salida de Gertz deja vacante la Fiscalía General, la cual será ocupada de forma interina por Ernestina Godoy. Según explicó El País, Godoy ha ocupado cargos relevantes en la gestión pública y se perfila como figura de transición hasta que el Senado acuerde el nombramiento definitivo del siguiente fiscal general. El procedimiento establecido en la legislación mexicana señala que la nueva persona titular del Ministerio Público federal deberá ser elegida tras un proceso de selección en el Senado con participación del Ejecutivo federal.

Durante los debates en el Senado, miembros de la oposición pusieron énfasis en la importancia institucional del cargo y manifestaron reservas respecto a una remoción que, según su perspectiva, no respondía a motivos graves de salud ni a impedimentos legales. El diario El País destacó que esta salida ocurre en un contexto de reacomodo político tras la elección presidencial que dio la victoria a Claudia Sheinbaum.

Alejandro Gertz Manero llegó a la titularidad de la Fiscalía General de la República tras la transición institucional que siguió a la extinción de la Procuraduría General, habiendo sido nominado y respaldado por el expresidente López Obrador. Su gestión estuvo marcada por investigaciones de alto perfil y por tensiones tanto con actores políticos como con la sociedad civil, de acuerdo con el repaso periodístico de El País.

La remoción anticipada del fiscal general abre interrogantes sobre la dirección futura de la Fiscalía y el vínculo entre los órganos autónomos y el Poder Ejecutivo. Mientras tanto, la figura de Gertz adquiere una nueva dimensión dentro del servicio exterior y sitúa la atención en el destino diplomático que, de acuerdo con informaciones preliminares, sería Alemania, aunque permanece pendiente la confirmación oficial.

En su conferencia matutina de este 28 de noviembre, la titular del Ejecutivo Federal expresó su agradecimiento y visto bueno al exfiscal, pero aclaró que aún está por definirse cuál será la sede que ocupará ahora en su nuevo encargo.

Sobre esa línea, Sheinbaum también dijo que aceptó la renuncia de Ernestina Godoy Ramos, exconsejera jurídica de la Presidencia, tras confirmarse que esta última asistió a instalaciones de la FGR para recibir su encargo dentro de la Fiscalía Especial de Control Competencial (FECC), decisión que tomó el mismo Gertz Manera previo a su dimisión.

No obstante, este reacomodo, de acuerdo con la Ley de la Fiscalía General de la República, la llevó a ser nombrada como encargada de despacho de la FGR en lo que se lleva a cabo el proceso de selección de una nueva titularidad por parte del Poder Ejecutivo y el propio Senado de la República.

Deseos de mayor coordinación y apoyo con la nueva FGR: “Debe tener una transformación”, según Sheinbaum

En otro momento de la conferencia matutina, la mandataria también expreso su deseo de tener mayor coordinación con el principal órgano de justicia en el país. Sobre todo, según ella, en temas relacionados con el combate a la delincuencia organizada y “a la delincuencia de cuello blanco”.

Al respecto, dijo lo siguiente:

“ (...) Pienso que ―es una opinión personal― que la Fiscalía (General de la República) requiere también de una transformación para el bien de México. Que sea más transparente. Creo que eso le va a corresponder a la fiscal o el fiscal que nombre el Senado (de la República)”, subrayó Sheinbaum.

Oposición no consideraba “causa grave” la renuncia de Gertz Manero en el Senado de la República

Durante la sesión en la que se discutió la renuncia de Gertz Manero. el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, afirmó que la carta presentada por el exfiscal no justificaba una separación aceptable conforme a la ley:

“Aspirar a seguir prestando sus servicios en la función pública no es un asunto que se pueda calificar de gravedad”, declaró en tribuna.

Castañeda subrayó que, de acuerdo con el marco normativo, la renuncia de quien encabeza la FGR sólo debe admitirse cuando exista una “causa grave” —como una incapacidad física o mental que lo inhabilite para ejercer sus funciones— y no por voluntad de asumir otro cargo.

El argumento de Gertz Manero fue considerado por MC como insuficiente para justificar su salida. “Intercambiar tareas de servicio público, o aspirar a ser embajador, no puede considerarse como una causa grave”, añadió Castañeda.

Con esa posición, Movimiento Ciudadano votó ―junto con legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI)― en contra de aceptar la renuncia del fiscal general.

La incertidumbre se apoderó este jueves del Senado de la República tras una serie de movimientos inusuales, restricciones a la prensa y la persistente versión de que el fiscal general Alejandro Gertz Manero habría presentado su renuncia.

En medio del ambiente tenso, el coordinador de Morena en la Cámara Alta, Adán Augusto López, llegó al recinto sin responder a medios, mientras la sesión permanecía en pausa y sin claridad sobre el orden del día.

Adán Augusto y Sheinbaum se reúnen en Palacio Nacional

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que un día antes se reunió con Adán Augusto López en Palacio Nacional.

Aseguró que el encuentro formó parte de las reuniones periódicas que mantiene con los coordinadores legislativos de Morena, incluido Ricardo Monreal, para revisar la agenda del Congreso.

Sheinbaum explicó que estos encuentros ocurren al menos cada lunes y que aún están pendientes diversas leyes por dictaminar, aunque evitó referirse a la versión del posible relevo en la Fiscalía General de la República (FGR), tema que ya circulaba con fuerza entre legisladores desde la noche anterior.

Ernestina Godoy se perfila como el reemplazo de Gertz

Horas después de la reunión en Palacio Nacional, Adán Augusto López lanzó una sorpresiva convocatoria para sesionar este jueves, lo que alimentó las especulaciones sobre la salida de Gertz.

Senadores de Morena y de la oposición señalaron que el líder parlamentario los citó para analizar “un asunto muy importante”.

De acuerdo con legisladores consultados, el tema central sería la eventual sustitución del fiscal general y el nombre que más ha sonado para asumir el cargo es el de Ernestina Godoy, exfiscal de la Ciudad de México y actual consejera jurídica de la Presidencia.

Incluso, se supo que López presionó a los senadores morenistas para regresar de inmediato a la capital y, en caso de no poder hacerlo, enviar a sus suplentes con el fin de garantizar la mayoría calificada requerida para votar un posible relevo.

En caso de formalizarse la renuncia de Gertz, la presidenta Sheinbaum tendría que enviar una terna al Senado para definir a la persona que ocuparía la titularidad de la FGR.

Desorden legislativo y molestia en la Mesa Directiva

La convocatoria y el manejo de la sesión provocaron inconformidades. Claudia Anaya Mota, senadora del PRI y secretaria de la Mesa Directiva, cuestionó que el orden del día no se hubiera aprobado durante la mañana, como establece el Reglamento.

Señaló que la Mesa Directiva no sesionó para validar el documento que se distribuyó entre los legisladores, lo que dejó al pleno sin un procedimiento claro en un momento especialmente delicado para la Cámara.

Prohíben la entrada de medios de comunicación al Pleno

Mientras crecían las versiones sobre la renuncia de Gertz Manero, el Senado reforzó sus medidas de seguridad.

Personal de Resguardo Parlamentario bloqueó el ingreso de reporteros y fotógrafos al salón de plenos, así como el acceso a diversas áreas del recinto.

Incluso se intentó impedir que la prensa se acercara al sótano 2, punto por donde ingresan senadores e invitados.

Testimonios reportaron actitudes prepotentes de algunos elementos que ordenaron a los periodistas retirarse del área.

Pese al ambiente tenso, hasta el inicio de la sesión no existía ningún documento en la Gaceta Parlamentaria que confirmara la renuncia de Gertz Manero.

La situación sigue en desarrollo, sin información oficial que despeje la incertidumbre política que domina al Senado.

Luego de que comenzara a emitir declaraciones sobre la revelación de presuntos nexos entre el Gobierno y las disidencias de las Farc de alias Calarcá, que comprometen al miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y delegado presidencial Wilman Mejía, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó públicamente su renuncia del cargo de representante del Gobierno nacional en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.

El anuncio lo realizó el mandatario departamental a través de sus redes sociales, en un mensaje en el que enfatizó las declaraciones que emitió Mejía en una entrevista con Caracol Radio, sobre su pertenencia al cuerpo de inteligencia de manera paralela con su cargo académico.

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Rendón manifestó que Wilmar Mejía, al que catalogó como alias Chulo, también identificado como agente de inteligencia de la DNI, no debe permanecer en la máxima instancia de decisiones de la Universidad de Antioquia.

“Wilmar Mejía, alias Chulo, un agente de inteligencia de la DNI inmerso en un escándalo por nexos con las Farc, NO tiene que estar en la máxima instancia de decisiones del Alma Máter de los Antioqueños (sic)”, fueron las palabras textuales del gobernador en la red social X.

El mandatario se refirió a la importancia de que la comunidad educativa debata el papel de un agente de inteligencia del Estado en el órgano que dirige a la universidad.

En palabras de Rendón, que se pronunció con un video: “La comunidad educativa ha de pronunciarse sobre el rol de un agente de inteligencia del Estado en el Consejo Superior de la Universidad. Una situación de estas tiene todo que ver con la autonomía universitaria que muchos defienden a pie juntillas”.

Durante su intervención, el gobernador cuestionó el clima de seguridad y convivencia en la universidad. Planteó interrogantes relacionados con hostigamientos y problemas internos.

“¿Qué pensarán los contratistas de las cafeterías que son obligados a pagar extorsiones a los criminales? ¿A las mamás que saben que en la universidad hay ollas de microtráfico? ¿Qué sentirán los estudiantes que deben soportar la manipulación de otros en la universidad para suspender las actividades por causas que no son las suyas, cuando en el Consejo Superior hay un sujeto que está en la mira de la opinión pública?”

Rendón concluyó reiterando la exigencia institucional de Antioquia: “El Gobierno de Antioquia exige la renuncia del representante de Petro en el Consejo Superior de la UdeA”.

Wilmar Mejía negó presiones y vínculos con disidencias de alias Calarcá: DNI afirma que audios no corresponde a su voz

Wilmar de Jesús Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), negó cualquier participación en presiones a oficiales para entregar información sobre altos mandos, así como nexos con las disidencias de alias Calarcá, después de que circulara un audio atribuido a su nombre dentro del caso de infiltración señalado por la opinión pública.

Jorge Lemus, director de la DNI, analizó junto a Mejía el contenido de la grabación señalada y concluyeron que la voz no corresponde a la del funcionario.

Pese a que miembros de la entidad tienen versiones encontradas, el consenso es que lo abordado en el audio no configura delito sino labores propias de inteligencia. El audio, conocido desde hace más de dos meses por autoridades policiales, incluía testimonios de oficiales que aseguraron haber sido contactados para facilitar supuesta información sobre antiguos superiores.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que su despacho recibió quejas sobre las presuntas presiones a oficiales y que ordenó investigar estas denuncias.

Al respecto, Lemus detalló que en casos relevantes, como la denominada ‘junta directiva del narcotráfico’, la entidad ha realizado reuniones para verificar datos y consultar a particulares, entre ellos directivos de clubes deportivos.

En respuesta a la controversia, Wilmar Mejía publicó un comunicado afirmando: “Jamás he recibido instrucción del Presidente de la República, ni del director general de la DNI, ni de autoridad alguna para sostener reuniones con personas al margen de la ley, dentro o fuera del país”. Subrayó que su función se limita a inteligencia estratégica, lejos de cualquier operación clandestina o ilícita.

Mejía rechazó toda implicación en actos ilícitos relacionados con la entrega de información a grupos criminales o con gestiones de permisos y armas para disidencias armadas.

“Estas acusaciones son contrarias a mi trayectoria, a mi conducta y a los protocolos institucionales que rigen nuestro trabajo”, sostuvo el funcionario.

En una carta dirigida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, Álvaro García Ortiz expuso su decisión de dejar la jefatura del Ministerio Público como muestra de respeto ante la reciente sentencia del Tribunal Supremo. Mediante este escrito, el fiscal general del Estado transmitió al Gobierno su renuncia al cargo, argumentando que “ha llegado el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad”.

De acuerdo con la información publicada por el medio, García Ortiz formalizó su dimisión días después de que el pasado jueves el Tribunal Supremo lo condenara a dos años de inhabilitación para ejercer el cargo de fiscal general, tras ser hallado culpable de un delito de revelación de secretos. La resolución judicial estableció la imposibilidad de García Ortiz para continuar al frente del Ministerio Público, lo que impulsó al funcionario a comunicar oficialmente su salida.

El fiscal general justificó su decisión en el “profundo respeto a las resoluciones judiciales”, postura expresada en la misiva remitida al ministro de Justicia. Tal como reportó el medio, García Ortiz consideró que la sentencia del Supremo marcaba un límite ineludible para su permanencia en la máxima instancia del Ministerio Público, y por esta razón procedió a informar su dimisión al Gobierno.

La condena a García Ortiz se produjo tras el análisis de los hechos en los que la justicia determinó que el fiscal general incurrió en la revelación de secretos. Esta infracción conllevó una sanción de dos años de inhabilitación, lo que según consignó el medio, imposibilita legalmente que el funcionario pueda ejercer responsabilidades en el ámbito que encabezaba hasta ahora.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, recibió la carta formal de renuncia. El medio detalló que la comunicación del cese se produjo después de la sentencia definitiva del Tribunal Supremo. García Ortiz afirmó en su carta: “Es el momento de abandonar”, manifestando que la decisión se apoya exclusivamente en el respeto al ordenamiento jurídico y las determinaciones de la justicia.

La dimisión de García Ortiz abre un proceso de relevo en la Fiscalía General del Estado, en el que el Ejecutivo deberá abordar el nombramiento de una nueva persona para asumir la jefatura del Ministerio Público. Según informó el medio, el contexto de este relevo se encuentra marcado por la condena y el consiguiente acto formal de renuncia del anterior titular tras la notificación de la sentencia.

El caso de García Ortiz representa un hecho relevante para la institución, dada la trascendencia del cargo y el impacto de la condena dictada por el Tribunal Supremo. De acuerdo con el medio, los procedimientos sancionadores y la exigencia de cumplimiento de las resoluciones judiciales han conducido a la actual situación, en la que el respeto a la sentencia se tradujo en la dimisión del fiscal general.

Renunciar al trabajo ya no es una elección que genere miedo en los trabajadores más jóvenes, y tampoco es una decisión íntima o reservada. De hecho, cada vez más personas de la generación Z optan por anunciar su dimisión a las empresas a través de una llamada o videollamada para después retransmitirlo por redes sociales.

Esta nueva tendencia, que empieza a apreciarse entre algunos jóvenes en sus perfiles de TikTok, forma parte de la redefinición de la relación entre los empleados jóvenes con el mundo laboral. Estos videos suelen presentarse como una victoria personal, bien al desenlazarse con un ambiente laboral tóxico o bien como primer paso para alcanzar un nuevo reto o proyecto.

“Simplemente no queremos reproducir los mismos patrones que nuestros padres, a quienes vimos agotarse por salarios mediocres, en condiciones laborales bastante precarias y sin ningún reconocimiento”, declara una joven en uno de los videos que recopila TF1 Info sobre este asunto. La misma fuente le confirma la prioridad de bienestar general: “No entendemos por qué aspirar a algo mejor se percibe como debilidad o un simple capricho. El trabajo es solo trabajo. No vivimos para trabajar, trabajamos para vivir”.

El rastro de la generación Z en las empresas

Las declaraciones de la joven al medio francés se respaldan igualmente bajo los datos de un estudio que asegura: el 92% de los jóvenes graduados concede mayor valor al éxito en su vida personal que en la profesional. Al igual que el 87% descarta pasar toda su carrera en la misma empresa, lo que supone una ruptura con la idea tradicional de estabilidad que presentaban las generaciones previas.

Esta búsqueda de bienestar se junta también con otra tendencia denominada como “renuncia por venganza”. Según lo que expone el portal de RR. HH. Digital, este término implica dejar el puesto de trabajo de forma abrupta como respuesta a situaciones percibidas como injustas o insostenibles. El analista Fernando Juca ha resaltado que este fenómeno se habría afianzado este mismo año y es un verdadero desafío para las empresas, ya que la capacidad de retención y concentración de talento joven estarían cada vez más mermadas.

Bajo las exigencias de esta generación se observaría de esta manera transparencia, bienestar y alineación ética en sus lugares de trabajo, características que las diferencian de los Millennials, más inclinados a la estabilidad financiera y el crecimiento profesional, según la revista Forbes. Además, sendas generaciones representarán el 74% de la fuerza laboral mundial para 2030, de acuerdo con la consultora Forrester; sin embargo, la fusión de actitudes entre distintas edades crea tensiones internas en la empresa.

Bajo este panorama, un estudio de Intelligent.com, recogido por Genbeta, establece que el 18% de superiores o jefes ha considerado dejar su cargo por la dificultad de gestionar a empleados jóvenes, a quienes atribuyen una ética laboral “deficiente” y un uso excesivo del teléfono. Mientras que el 85% de los trabajadores de esta generación en España se siente abrumado, lo que añade más presión sobre equipos y estructuras de liderazgo tradicionales.

Una oleada de renuncias por condiciones precarias

El contexto de precariedad que denuncian varias fuentes en los videos de redes sociales suma capas de complejidad a este fenómeno laboral. Y es que, la oleada de dimisiones actual -denominada como la “gran dimisión” por el Galicia Press- habría emergido durante la pandemia de COVID-19, cuando miles de trabajadores dejaron sus puestos ante la falta de ascensos, salarios insuficientes o, paradójicamente, sueldos altos que no mejoraban la calidad de vida.

“Trabajar no tiene que doler” y por eso, teniendo en cuenta estos factores delimitantes, el 47% de los jóvenes planea abandonar su trabajo en los próximos seis meses si sus exigencias de propósito y bienestar no reciben respuesta. Con esta tendencia, el concepto de lealtad corporativa ha perdido peso, pues la seguridad de esta generación reside en la flexibilidad y la adquisición de competencias transversales.

Con una tasa de paro juvenil del 24,9%, una alta temporalidad y solo dos de cada diez menores de 30 emancipados, el efecto desánimo y el rechazo a trabajos insatisfactorios se acentúan. Y seguirán así con la irrupción de la inteligencia artificial, que altera aún más el escenario. El 63% de los ejecutivos consultados considera que la automatización sustituirá tareas básicas, lo que obliga a los jóvenes a buscar fórmulas de ingreso alternativas o incluso se inclinan por proyectos personales.

Estos factores han influido en que solo el 25% de la generación Z anteponga el salario cuando evalúa opciones, a la hora de la búsqueda laboral. Además de incrementar el “filtro ético” corporativo, por el que los jóvenes descartan empresas cuyas actividades chocan con sus principios y priorizan aquellas que ofrecen flexibilidad. De este modo, la exhibición de estas renuncias -que para muchos pueden ser una tendencia desleal- no solo verbaliza el pensamiento de este grupo, sino que desafía e interroga los fundamentos sobre los que históricamente se han construido las relaciones laborales.

Delia Espinoza consideró que tanto el sustituto interino Tomás Gálvez como la Junta Nacional de Justicia (JNJ) están demorando intencionadamente su reincorporación como fiscal general de Perú, pese a la decisión judicial que ordenó su restitución. Espinoza, según informó Europa Press, expresó que no asumirá nuevamente el cargo principal del Ministerio Público si no se respeta el procedimiento oficial e indicó que, de mantenerse la actitud de las autoridades actuales, la situación podría calificarse como desacato, aunque confía en que la Junta rectifique su postura y le permita ingresar a la institución de acuerdo con los plazos fijados por la justicia.

De acuerdo con Europa Press, Espinoza optó por no presentarse el jueves en la sede del Ministerio Público debido a la oposición directa de Gálvez, quien sostiene que ella solo podrá volver cuando la JNJ emita una resolución formal de reincorporación. La fiscal consideró que “jamás” ingresaría “empujando la puerta”, en referencia a situaciones anteriores, resaltando en una entrevista con la cadena RPP que respeta la institucionalidad, a los empleados y al público, y que no participaría en situaciones bochornosas ni incidentes violentos. Espinoza remarcó la necesidad de que todos los procedimientos sigan los cauces reglamentarios y se cumplan las formalidades correspondientes.

El medio Europa Press consignó que el Noveno Juzgado Constitucional de Lima falló el lunes a favor de la restitución de Espinoza, brindando a la JNJ un plazo de cinco días para ejecutar el mandato. La propia Espinoza había sido suspendida previamente durante seis meses por un proceso disciplinario impulsado por el organismo regulador. No obstante, la Junta argumenta que la reciente orden solo afecta uno de los cuatro expedientes disciplinarios que motivaron la suspensión temporal, y permanece en su decisión de no reincorporarla de manera inmediata. En paralelo, Gálvez insistió en declaraciones a ‘La República’ que cualquier retorno unilateral podría constituir un delito de usurpación de funciones y que las normas exigen aguardar la resolución de la JNJ. “Si ella ingresaba de forma abrupta al Ministerio Público para supuestamente retomar el cargo, habría sido detenida por encontrarse en flagrancia del delito de usurpación de funciones”, sostuvo el interino al citado diario, subrayando la importancia de ceñirse al procedimiento.

Europa Press detalló que el proceso disciplinario que involucra a Espinoza tiene su origen, entre otros motivos, en el expediente abierto en septiembre por la JNJ. Este expediente la acusa de faltas muy graves, incluyendo la supuesta violación de la normativa al no reponer a su predecesora, Patricia Benavides, quien fue retirada del cargo a raíz de acusaciones de corrupción y tráfico de influencias. Espinoza, por su parte, caracterizó el proceso seguido en su contra como “plagado de ilegalidades” y, en julio pasado, denunció haber sido objeto de presiones políticas desde el Congreso. Precisó que enfrentó hasta cuatro demandas de carácter constitucional que intentaban obtener su inhabilitación por períodos de hasta diez años, según registró Europa Press.

La controversia en torno al regreso de Espinoza refleja las profundas divisiones institucionales y normativas existentes en el sistema judicial y fiscal peruano. Mientras la JNJ mantiene su argumento centrado en los diferentes procedimientos disciplinarios pendientes, Espinoza enfatiza su respeto por la normativa vigente y la necesidad de que el proceso de restablecimiento en sus funciones se ajuste estrictamente a lo dictado por la justicia. En sus declaraciones públicas, la fiscal reiteró que solo ingresará al Ministerio Público cuando se hayan cumplido todos los procedimientos oficiales y que preservará la institucionalidad por encima de las disputas personales o políticas.

Las diferencias entre Espinoza y Gálvez evidencian la tensión interna en el Ministerio Público respecto a la competencia para asumir el liderazgo, así como la interpretación sobre la autoridad de la JNJ frente a los fallos judiciales. Mientras tanto, la situación de Espinoza continúa siendo objeto de debate en los medios nacionales y genera expectativas en torno al desenlace en las próximas horas, según lo consignado en las diferentes entregas de Europa Press y el diario ‘La República’.

El senador del Pacto Histórico Álex Flórez Hernández publicó en sus redes sociales un video con el que exige la renuncia del alcalde de Sincelejo, Sucre, Yahir Acuña Cabrales, luego de conocer unas grabaciones de seguridad en las que, al parecer, reconoce que se habría apropiado de recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La denuncia no solo fue publicada en redes, ya que Flórez Hernández hizo pública la petición de la renuncia de Acuña Cabrales en una reciente sesión ordinaria de la plenaria del Senado de la República.

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En esta, el funcionario legislativo le dijo al alcalde: “Señor alcalde, por dignidad y respeto con la ciudadanía, renuncie de manera inmediata usted a la alcaldía de la ciudad de Sincelejo y póngase a disposición de los órganos de control y de la justicia de este país.

Flórez Hernández dijo que la dimisión debía ser efectiva “después de haber escuchado de boca suya cómo toma recursos del PAE para enriquecerse usted y no para ayudarle a la gente de Sincelejo y a sus niños”.

En el registro videográfico del alcalde que aparece en la denuncia del senador, se ve al burgomaestre sincelejano en una sala, sentado en un sofá, hablando con una mujer. Es una conversación personal que fue filmada por una cámara de seguridad.

Flórez no detalló cómo habría obtenido la grabación, pero en la porción que incluyó en su denuncia. Aún así, allí se oye a Acuña decir, acompañado de gestos y ademanes: “Mil millones que me deja a mí (...) Ahora yo soy el que me sacó 2 mil (...)”.

Ante esto, Flórez dijo que “escucharlo en un video hablando en la intimidad de cómo se cobran mordiscos, se cobran mordiscos, a la plata de la comida de los niños”.

Entonces, además de pedirle la renuncia, comentó que “no hay acto más bajo que pueda cometer un funcionario público, un mal llamado político, que meterse con lo más sagrado que hay en una sociedad y es la plata de la comida de los niños”.

Además dijo que “no tenía palabras”. Aunque el funcionario puede tener un video más completo, dijo que “realmente las imágenes que hemos visto y las propias declaraciones del que hoy es el alcalde de la ciudad de Sincelejo hablan por sí mismas”.

El anterior proceso de Yahir Acuña que la Fiscalía precluyó

El 25 de agosto de 2025 la Fiscalía General de la Nación decidió precluir el proceso penal contra Yahir Acuña, tras quince años de investigación sobre presuntos vínculos con grupos paramilitares.

La decisión, dada a conocer el 25 de agosto, se fundamentó en la ausencia de pruebas directas y consistentes que conectaran a Acuña con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de acuerdo con información conocida por Semana.

Yahir Fernando Acuña fue investigado desde 2010, cuando apareció un anónimo que lo señalaba como supuesto colaborador del Bloque Héroes de los Montes de María.

En ese entonces, Acuña ejercía funciones como líder estudiantil en la Universidad de Sucre y después se desempeñó como concejal y diputado en la región. La Fiscalía analizó las acusaciones iniciales junto con otras pruebas recopiladas durante una década y media.

El equipo jurídico de Acuña recibió la notificación oficial de la preclusión, que marca el cierre definitivo de un proceso que impactó su carrera política durante años.

“La Fiscalía, al desvirtuar los señalamientos, ha reafirmado el principio de la presunción de inocencia, un elemento central del sistema judicial que en este caso puso fin a la incertidumbre que pesaba sobre su carrera política”, indicaron sus abogados en un comunicado citado por el medio mencionado.

La investigación fue supervisada por la Fiscalía General de la Nación, que señaló inconsistencias en los testimonios y pruebas recabadas. No se hallaron elementos sólidos que permitieran establecer un nexo formal entre Acuña y las actividades paramilitares en el departamento de Sucre.

Sectores próximos al mandatario sucreño consideran que esta decisión podrá modificar el escenario electoral en Sincelejo y el departamento, ya que los señalamientos pesaron durante varios periodos electorales.

La fiscal Luisa Fernanda Obando Guerrero, involucrada en el escándalo de narcotráfico y corrupción conocido como “Pacho Malo”, habría presentado una segunda renuncia ante el ente acusador el 20 de octubre de 2025, argumentando problemas graves de salud mental.

Obando se desempeñaba en provisionalidad como fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito en la Dirección Seccional Norte de Santander, y anteriormente ocupó el cargo de delegada para la Seguridad Territorial.

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La dimisión, conocida en su totalidad por La Nueva Prensa, fue ratificada el mismo día mediante un correo electrónico en el que la exfuncionaria aseguró encontrarse en un estado de demencia, lo que llevó a la entidad a aceptar su renuncia de acuerdo con las normas vigentes. El Departamento de Administración de Personal de la Fiscalía había advertido inicialmente que la carta no demostraba plenamente la voluntariedad exigida por el artículo 97 del Decreto Ley 020 de 2014, que establece que la renuncia debe reflejar una decisión libre, clara e inequívoca del funcionario.

Sin embargo, la nueva comunicación ante el ente acusador dejó constancia de que la renuncia fue presentada sin presión, coacción o intimidación, y obedeció exclusivamente al libre albedrío de Obando. Además, el documento recordó la jurisprudencia del Consejo de Estado que permite a un servidor público exponer las razones que motivan su retiro y señala que las autoridades no pueden abstenerse de dar trámite a una renuncia fundamentada.

La funcionaria ejerció sus funciones hasta el 21 de octubre de 2025, fecha en la que debía entregar todos los asuntos relacionados con su cargo, incluidos los informes de gestión y bienes asignados.

Este hecho cobra relevancia ya que Luisa Fernanda Obando Guerrero es pieza central en el caso “Pacho Malo”, en el que también se encuentran involucrados el exfiscal Néstor Humberto Martínez, la exvicefiscal Martha Mancera y el fiscal Daniel Hernández. Este último, actualmente en juicio por corrupción, sigue en funciones, presuntamente bajo la influencia de Martínez, que desempeñó múltiples roles en casos de corrupción como los de Odebrecht y el Grupo Aval.

El abogado Alejandro Carranza se pronunció sobre la renuncia de la ahora fiscal Obando en su cuenta de X, señalando que la situación adquiere relevancia por los antecedentes de la ahora exfuncionaria en el ejercicio de sus funciones. Carranza recordó que Obando había solicitado la creación de un grupo de tareas especiales para perseguir a Nicolás Petro, cuya solicitud fue aprobada por la fiscal general encargada, Martha Yaneth Mancera.

El jurista agregó que el grupo, dirigido por el fiscal Burgos, actualmente investigado penal y disciplinariamente, estuvo vinculado a prácticas que posteriormente se denunciaron como irregulares; y también destacó que Víctor Forero, exagente del CTI y pareja de Obando en ese entonces, desempeñó un papel clave en un fraude procesal vinculado al caso, mediante el uso de una fuente falsa que derivó en la filtración de material audiovisual a la prensa.

Carranza concluyó que la persistencia de estructuras previas dentro de la Fiscalía impide cambios significativos en la persecución de la corrupción y la criminalidad, insistiendo en que “si la fiscalía no cambia, hay que refundarla”.

La renuncia de Obando y la alegación de demencia se inscriben en un contexto de procesos judiciales pendientes y podrían retrasar o modificar la forma en que se tramitan las denuncias en su contra. Las autoridades deberán verificar si el estado de salud mental declarado tiene impacto directo en la continuidad de los juicios y si se requieren medidas especiales para garantizar la integridad de los procesos.

El caso también pone sobre la mesa la revisión de prácticas en la Fiscalía relacionadas con la provisionalidad de los cargos y la creación de grupos especiales, así como la relación entre funcionarios y su entorno familiar en la ejecución de investigaciones sensibles.

Tras varias semanas de rumores y desmentidas, Guillermo Francos confirmó su renuncia a la Jefatura de Gabinete. El ex funcionario se reunió este viernes por la tarde con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos y al término del encuentro oficializó su salida a través de las redes sociales. Su reemplazante será Manuel Adorni.

“Señor Presidente de la Nación:

Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre", publicó Francos.

“Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno”, agregó.

Francos no dio detalles sobre su futuro a pesar de que en las últimas semanas habían trascendido diferentes versiones sobre una eventual designación en un cargo diplomático.

El ex jefe de Gabinete venía de tener un rol protagónico, junto al titular de Interior, Lisandro Catalán, en la reunión con 18 gobernadores y dos vices que se llevó adelante el jueves en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Ambos estuvieron encargados de la convocatoria.

“Por extraña coincidencia, mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita”, comentó.

Durante el tramo final de la campaña se había instalado la idea de que Milei anunciaría cambios en el Gabinete el mismo domingo tras conocerse los resultados o al día siguiente. Sin embargo, el contundente resultado, que incluyó victorias de candidatos violetas en Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Córdoba, le dio aire al oficialismo y los anuncios se postergaron.

“El Presidente Javier G. Milei le agradece por su servicio a la Patria en estos últimos dos años de profundas reformas que requirieron un continuo diálogo con las distintas fuerzas políticas, que resultaron en la aprobación de la Ley Bases, de la Ley Antimafias y del Juicio en Ausencia, entre otras. El Dr. Guillermo Francos ha sido fundamental en esta primera etapa del Gobierno para avanzar en todas las reformas que se han llevado adelante en estos dos años y la Nación estará siempre en deuda con él”, difundieron desde la Oficina del Presidente.

Tal como indicaba la versión más extendida entre las filas oficialistas, el reemplazo de Francos será el actual secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.

Según explicaron desde la cúpula del Gobierno, el cambio “responde al resultado de las elecciones, la necesidad de renovar el diálogo político y esta segunda etapa que comienza a partir del 10 de diciembre enfocada en las reformas estructurales que el país necesita”.

Francos, quien asumió la Jefatura de Gabinete el 3 de junio de 2024, reemplazó en ese momento a Nicolás Posse en medio de un clima convulsionado por las críticas a la parálisis de la gestión Su designación buscó aportar una impronta dialoguista para encauzar acuerdos legislativos y avanzar en la agenda de reformas económicas y políticas impulsadas por Javier Milei. Antes Francos se había desempeñado como ministro del Interior, donde buscó fortalecer el diálogo entre la Casa Rosada y las provincias, especialmente durante las negociaciones de la Ley Bases y el Pacto Fiscal.

Una larga carrera política

El ex jefe de Gabinete inició su recorrido político en 1996 como uno de los fundadores del partido Acción por la República, junto a Domingo Cavallo. Fue elegido diputado nacional en 1997 y presidió el bloque de esa fuerza hasta el año 2000. Tras un período de intensa actividad parlamentaria, decidió retirarse de la política en los 2000 argumentando un “cansancio moral”.

Luego ingresó a la gestión privada. Fue presidente de LAPA, una de las principales compañías de aviación comercial de Argentina, y asumió distintos roles dentro del holding empresarial de la Corporación América.

En 2007 regresó al sector público cuando fue nombrado presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, designado por el entonces gobernador Daniel Scioli. En 2012 volvió al sector privado, donde lideró proyectos como la presidencia de Bioceánico Aconcagua S.A.

A partir de 2019, durante el gobierno de Alberto Fernández, asumió la representación de Argentina ante el Banco Interamericano de Desarrollo y, en 2023, dejó ese cargo para sumarse al equipo de Javier Milei en la campaña presidencial.

Noticia en desarrollo

Su decisión surgió luego de ser blanco de críticas en redes y medios de comunicación por una dinámica de entrevistas que lideró, en las que hizo apología a la violencia, preguntando: “En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a (Gustavo) Petro y a Daniel Quintero. ¿A quién le das la bala?”. Además, aseguró que el presidente debería ser agredido: “Y un cachazo a Petro, pues, al menos”.

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Ante la ola de críticas de la que fue blanco, y ante el pronunciamiento del Concurso Nacional de Belleza que indica que las participantes no deben participar en política, optó por apartarse del certamen y expuso públicamente las razones que la llevaron a tomar esta determinación.

En su declaración, Gallego Solís explicó que la experiencia en el concurso, aunque breve, le permitió cumplir con su propósito de evidenciar exigencias presuntamente desproporcionadas que enfrentan las reinas de belleza en comparación con otras figuras públicas.

“Una corona nunca debería callar a una mujer. Mi participación corta, pero suficiente en el Concurso Nacional de Belleza cumplió su objetivo. No solo era demostrar que a la reina se le exige más que al presidente de la República, sino demostrar que nuestro sistema social actual sigue arrastrando a las mujeres a limitarse a solo ser lindas”, expuso.

Para Gallego, portar la corona implicaba aceptar un silencio impuesto durante más de un año. Esa barrera le impide abordar temas políticos, un ámbito que, según expresó, le apasiona profundamente.

“Portar la corona significaba quedarme callada por más de un año. Estarle diciendo a medios de comunicación que por favor no me hablaran de política cuando es de lo que amo hablar”, precisó.

Aseguró entonces que restringir la participación de las mujeres en el debate político representa un retroceso de más de siete décadas en materia de derechos y libertades. En su opinión, la representación de las mujeres de Antioquia debía ir más allá de la apariencia física.

“Si mi objetivo era representar a las mujeres de Antioquia, lo logré. Porque no solo somos hermosas, somos inteligentes, pensamos, decidimos, tenemos carácter, opinamos de política”, afirmó.

Finalmente, Gallego dejó claro que nunca antepondría la belleza al conocimiento e insistió en que ejercerá su derecho a expresarse sin restricciones. “Nunca priorizaría la belleza sobre el desarrollo intelectual. Yo soy una reina, pero de esas que no se quedan calladas”, concluyó.

Entre los objetivos que asegura haber cumplido en su corta participación en el concurso está el haber sido elegida señorita Antioquia de entre 300 competidoras, el cuidado de su cuerpo con buena alimentación y ejercicio y el demostrar que es posible tener belleza e inteligencia.

“Dejé un precedente en el @reinadocolombia LA PRIMERA MUJER que llegó hablando de política en un reinado. Representé a la mujer paisa sin MIEDO, con CRITERIO y que siempre priorizó su capacidad intelectual sobre el estereotipo”, precisó.

Así las cosas, agradeció a quienes la respaldaron en el proceso, pese a que no competirá por la corona de la señorita Colombia, que hoy ostenta Catalina Duque Abréu, que también fue señorita Antioquia.

“¡Gracias a todos los que me apoyaron, a los que se sorprendieron o disgustaron al verme de REINA… espero que hayan entendido que mi propósito era SUPERIOR!”, escribió.

El presidente Gustavo Petro se pronunció tras conocer la renuncia irrevocable que presentó Laura Gallego a su título de señorita Antioquia ante la Organización del Concurso Nacional de Belleza. La reina de belleza dio un paso al costado debido a múltiples críticas que surgieron en su contra por haber incitado a la violencia en algunas entrevistas que hizo a precandidatos presidenciales.

“En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a (Gustavo)Petro y a Daniel Quintero. ¿A quién le das la bala?”, fue uno de los cuestionamientos que hizo Gallego, por los cuales ahora es blanco de señalamientos. Además, aseguró que el primer mandatario debería recibir un “cachazo”.

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El jefe de Estado rechazó la postura de la reina de belleza y la tildó de ser una persona violenta. Posteriormente, Gallego Solís renunció, asegurando que no se mantendrá en silencio y que prefiere dar a conocer su opinión sobre la política colombiana que portar una corona, que actuaría como “mordaza”.

Aunado a ello, criticó las respuestas que dieron Petro y Quintero a sus preguntas en las entrevistas. “En los últimos días, mi nombre se ha convertido en un tema de debate nacional. Se han señalado mis posturas políticas como si pensar, opinar y defender principios fuera incompatible con ser reina. Incluso, se han emitido ataques públicos provenientes de figuras como Daniel Quintero y Gustavo Petro”, precisó en la carta de renuncia.

Ante esto, el presidente Petro se pronunció, apelando a la inteligencia de la reina, abogada y activista. Aseguró que su belleza es externa y que debería cultivar sus conocimientos, así como trabaja en mantener su bienestar físico.

“Era bella, pero por fuera solamente; hay que tener cerebro y cultivarlo mucho al igual que el cuerpo. Por decir esto más francamente, un juez pidió retractarme. Pero es una verdad científica. La belleza no es solo del cuerpo sino del alma, o del espíritu, o de la inteligencia del cerebro, que es pura energía, y debe ser limpia”, aseveró.

Al igual que Petro, Quintero no dejó pasar las aseveraciones de la reina de belleza y aseguró que Laura Gallego no representa a las mujeres antioqueñas que debaten con argumentos y con ideas, incluso, desde la oposición.

“Colombia: así no son las mujeres de Antioquia”, señaló.

Las declaraciones de Petro sobre el clítoris y el cerebro de las mujeres

La retractación a la que hizo referencia el jefe de Estado está relacionada con una polémica afirmación sobre el clítoris y el cerebro de las mujeres, que hizo durante un Consejo de Ministros televisado el 17 de septiembre de 2025.

“Una mujer libre hace lo que quiera con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer. Dicen que no hable de eso, entonces hablo del hombre”, dijo Petro en el encuentro con su gabinete ministerial.

Ante estas declaraciones, la ciudadana Tatiana Echavarría Arango presentó una acción de tutela en la que solicitó el amparo de su derecho fundamental de igualdad y no discriminación, dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, participación política de mujeres en los cargos de decisión del estado, entre otros.

Esto, al considerar que la expresión del presidente recae en la cosificación y sexualización de las mujeres, relegándolas a un papel “meramente corporal”. Además, aseguró que también afecta la “formación de principios democráticos en los menores que presencian ese discurso”. En consecuencia, el Juzgado 66 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá ordenó al primer mandatario retractarse y pedir excusas públicas por sus declaraciones, en el término de cinco días contados a partir de la notificación de la providencia.

El rechazo hacia la reina de belleza se exacerbó por la publicación que hizo de algunos videos entrevistando a precandidatos presidenciales de la derecha colombiana. En ellos, hizo apología a la violencia, refiriéndose directamente al presidente Gustavo Petro y al exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

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“En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a (Gustavo)Petro y a Daniel Quintero. ¿A quién le das la bala?”, preguntó Solís. Tras recibir una respuesta del precandidato al que entrevistó, aseguró que el primer mandatario debía ser agredido. “Y un cachazo a Petro, pues, al menos”, señaló.

En su carta de renuncia, lejos de dar explicaciones sobre las preguntas y afirmaciones que hizo en contra del presidente y del precandidato presidencial, aseguró que está siendo víctima de señalamientos por parte del jefe de Estado y del exalcalde de Medellín e indicó que no se quedará callada.

“En los últimos días, mi nombre se ha convertido en un tema de debate nacional. Se han señalado mis posturas políticas como si pensar, opinar y defender principios fuera incompatible con ser reina. Incluso, se han emitido ataques públicos provenientes de figuras como Daniel Quintero y Gustavo Petro”, precisó en la carta que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Desde su perspectiva, las críticas que han surgido en su contra representan una incoherencia por parte de quienes dicen defender la libertad y se “escandalizan” cuando una mujer decide hacer uso de ese derecho. Asimismo, aseguró que la libertad de expresión no puede ser un privilegio del que gocen solo algunas personas y que este no puede ser utilizado para “callar” a quienes piensan distinto.

En consecuencia, decidió renunciar, argumentando que no desea que el título de reina de belleza le impida expresarse públicamente sobre la política colombiana.

“Ante esta realidad, me niego a permanecer callada. Me niego a ser parte de un sistema que exige obediencia en lugar de pensamiento propio. Me niego a que una corona se convierta en mordaza. Por lo anterior, presente de manera irrevocable mi renuncia como Señorita Antioquia 2025”, precisó.

Así las cosas, indicó que se retira “con la frente en alto” y en paz por los aportes que dio al país en el entorno de los concursos de belleza. A su juicio, logró demostrar que una mujer no debe limitarse a ser bella y obedecer. Además, insistió en que su dignidad no se negocia por fama o aplausos.

Y, con respecto a la política del país, se refirió a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en 2026, asegurando que el futuro del territorio Nacional está en juego y que actualmente hay personas que ejerce manipulación a través de discursos de odio.

“Colombia atraviesa un momento decisivo. Está en juego la democracia, la libertad y el futuro de un país que no puede seguir siendo manipulado por discursos que promueven el odio y la división”, señaló.

Añadió:“No renuncio a mis sueños. Renuncio a lo que pretende silenciar mi voz”.

Gallego Solís dio explicaciones sobre sus polémicas entrevistas

En conversación con W Radio, aseguró que con sus preguntas y afirmaciones no quiso hacer apología a la violencia: “Yo usé el término ‘bala’, que claramente es muy agresivo, pero fue más una analogía”, detalló.

Explicó que, contrario a lo que han dicho en su contra, no es una persona que esté de acuerdo con la violencia y tampoco considera que el país se beneficie de ello. “Tampoco creo que Colombia en este momento necesite más violencia de la que ya hemos atravesado”, dijo al medio citado.

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) enfrenta una crisis institucional tras darse a conocer la presunta violación de una estudiante de la Facultad de Derecho, hecho que habría sido cometido por alumnos y un hombre ajeno a la institución dentro de las propias instalaciones universitarias.

Ante la indignación que generó el caso, el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra anunció la aceptación de la renuncia del director de la Facultad de Derecho, Germán Federico Pedroza Gaitán, así como la destitución de la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Magdalena González Vega, y de otros funcionarios de la misma facultad.

En un comunicado oficial, la rectoría informó que además de estos cambios administrativos, se giraron instrucciones para realizar una revisión exhaustiva de los protocolos universitarios relacionados con la atención y prevención de la violencia de género, con el objetivo de mejorarlos o actualizarlos conforme a las necesidades actuales.

También se anunció la implementación de jornadas intensivas de capacitación dirigidas a todo el personal universitario, especialmente en temas de derechos humanos y perspectiva de género.

La agresión ocurrió en un baño

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado, la víctima habría sido agredida sexualmente dentro de los baños de la Facultad de Derecho por un grupo de estudiantes y una persona externa, quien presuntamente fue liberada por autoridades universitarias tras el ataque.

El caso provocó una ola de indignación en redes sociales, luego de que se viralizara un video donde un alumno confronta públicamente al entonces director Germán Pedroza Gaitán, acusándolo de intentar ocultar el ataque y de no informar oportunamente a la comunidad universitaria. En el material audiovisual, el estudiante exige al funcionario asumir su responsabilidad y “renunciar si tiene dignidad”.

Diversos colectivos estudiantiles y feministas han exigido una investigación transparente, justicia para la víctima y sanciones ejemplares para los responsables, tanto por la agresión como por el presunto encubrimiento.

La UASLP reiteró su compromiso con la seguridad y los derechos de su comunidad, asegurando que colaborará plenamente con las autoridades judiciales en el esclarecimiento del caso y en la implementación de acciones que garanticen entornos libres de violencia dentro de la universidad.

Este domingo 13 de febrero se conoció a través de medios nacionales que Jonathan Malagón, actual Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, dejaría la cabeza de la cartera; algo que al parecer, sería solo un rumor, ya que el funcionario no estaría pensando en renunciar.

Esto fue lo que le manifestó a la revista Semana:

Lo que habrían dicho algunos informativos es que la renuncia llegaría el próximo mes, ya que Malagón empezaría con nuevos estudios. El funcionario es graduado de Economía de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con estudios de posgrado de la University of London.

Cabe mencionar que del ministro ya se había rumorado sobre su posible salida de la cartera de Vivienda para pasar a la de Hacienda. Fue cuando renunció Alberto Carrasquilla, un momento en el que la administración de Iván Duque decidió dejarlo en su puesto actual, que ha cumplido dejando un legado con cifras históricas de entrega de viviendas en el país. En lugar de Carrasquilla fue nombrado José Manuel Restrepo, quien se desempeñaba como ministro de Comercio, Industria y Turismo.

2021, año histórico para la vivienda en Colombia con más 200 mil unidades vendidas

El año pasado fue el mejor en la historia de la comercialización de vivienda con más de 209 mil unidades vendidas, cifra sustentada en datos revelados por Galería Inmobiliaria.

Asimismo, la cartera precisó que, “en el acumulado de enero a noviembre de 2021 se alcanzan 209.638 viviendas de interés social (VIS) y de rango medio y alto (No VIS) vendidas”, una cifra que indica, de igual forma, una expansión de 33 % frente a los mismos meses de 2020.

En línea con lo anterior, la información detalló que, por segmentos, se registraron crecimientos de 35 % en VIS y 29 % en No VIS. Lo que quiere decir, que a un mes de cerrar el año, 2021 ya se superó en más de 30 mil unidades el récord en ventas de vivienda que se había impuesto en 2020.

“Ahora bien, los resultados de noviembre son más que alentadores: de las 19.248 unidades vendidas en el mes, el 71 % corresponden a compras en el segmento VIS, con 13.841 unidades y el restante a No VIS, con 5.407 unidades. Miles de hogares que hicieron realidad el sueño de tener casa propia, contaron con subsidios del gobierno del presidente Iván Duque”, destacó Malagón.

Para la cartera de Vivienda, lo que calificó como un excelente desempeño responde principalmente a la estrategia de 200 mil subsidios para la compra de vivienda VIS y No VIS anunciada en mayo de 2020. Durante este año se han entregado 92.986 subsidios: 65.558 VIS y 27.428 No VIS.

Del mismo modo, en diciembre del año pasado, resaltó que por tercer mes consecutivo el sector edificador también ratificó su buen momento, ocupando a más de un millón de personas, manteniéndose por encima del promedio de los últimos años. Y es que un dato importante relacionado con la generación de empleo está en las cifras reveladas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), según el cual 1,02 millones de personas se emplearon en octubre, es decir, 35 mil personas más que en el mismo mes de 2020. Con esto, el de 2021 se convirtió en el mejor octubre desde el 2017.

“Estos resultados siguen posicionando al sector edificador como uno de los principales impulsores de la economía, mostrando su efectividad como herramienta de política contracíclica. Así, el 2021 será recordado como el año de la vivienda”, manifestó el Ministerio de Vivienda colombiano.

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El político sostuvo que el país necesita liderazgo proveniente del sector privado y señaló que su decisión responde a la falta de figuras que asuman ese reto. Aseguró que mañana, a las 3:30 p.m., presentará su dimisión formal ante el Concejo Metropolitano, donde además realizará un informe final de su gestión.

El anuncio en vivo

En una conversación con Beto Ortiz, Rafael López Aliaga comunicó su decisión de dejar el cargo de alcalde de Lima. “He decidido renunciar el día de mañana, que sería legal. Mañana a las 3:30 yo renuncio, porque el Perú no puede estar en esta indiferencia de empresarios”, declaró en medio de la entrevista del domingo.

El conductor, sorprendido, le pidió confirmar su decisión: “Dejas de ser alcalde de Lima”. A lo que López Aliaga respondió con firmeza: “Mañana, en plazo legal, tres y media de la tarde, y ya hay sesión de Consejo a las cuatro y media, y yo daré mi rendición de cuentas ante el Consejo”.

La revelación generó expectación entre los asistentes al set y en redes sociales, pues el anuncio se dio en vivo, con una naturalidad que contrastó con el peso político de la decisión.

“El Perú no puede seguir en la indiferencia”

El empresario justificó su decisión apelando a un sentido de deber con el país. “Hay ausencia de gente que podría hacerlo mejor que yo, porque muy poca gente del sector privado deja su vida, su zona de confort, para dedicarse a la política, que es mi caso”, explicó ante las cámaras.

Aseguró que no busca perpetuarse en el poder, sino contribuir desde otro espacio. “Yo tengo una vida por hacer”, dijo, insistiendo en que su candidatura responde a la falta de compromiso del empresariado con la política nacional.

Durante el diálogo, Beto Ortiz comentó: “Tienes que decirnos qué has decidido”, marcando el momento en que el invitado hizo pública su renuncia.

La sucesión en la Municipalidad de Lima

Tras el anuncio, Beto Ortiz preguntó quién asumiría la alcaldía capitalina una vez formalizada la renuncia. López Aliaga respondió sin titubeos: “Renzo Reggiardo, entonces, desde mañana, es el mayor bien del alcalde de Lima”.

El periodista precisó que Reggiardo, como teniente alcalde, será quien tome el mando municipal hasta el final del periodo. “¿Accesitario? Es el segundo. Yo soy uno, él es dos. Claro, es el teniente alcalde. Para ser alcalde”, comentó Ortiz en tono de conversación.

El intercambio provocó risas cuando ambos especularon sobre una eventual cadena de sucesiones. “¿Y qué va a pasar cuando Renzo Reggiardo quiera postular él también? y la que venga, se quedará Fabiola Morales”, ironizó el conductor.

Camino a la candidatura presidencial

El anuncio de su dimisión ocurre dentro del plazo legal para postular a la presidencia en las elecciones de 2026. López Aliaga afirmó que su salida se concretará este lunes 13 de octubre a las 3:30 p. m. y que inmediatamente después acudirá al Concejo Metropolitano para presentar su rendición de cuentas.

El político, líder de Renovación Popular, destacó que su proyecto busca ofrecer una alternativa al actual panorama político, al que considera marcado por la falta de liderazgo.

Aunque evitó dar detalles sobre el plan de su campaña, su tono reflejó determinación. “El Perú no puede estar en esta indiferencia de empresarios”, insistió, reforzando la idea de que su decisión busca despertar un sentido de responsabilidad en el sector privado.

En su diálogo con Ortiz, el alcalde saliente mantuvo una actitud relajada, entre bromas y afirmaciones contundentes, que dieron al momento un aire de espontaneidad.

“No podría ni afirmarlo ni negarlo, porque no es un tema que ella haya introducido ni que yo haya introducido”, señaló Portugal al ser consultado por la posibilidad de una renuncia presidencial. El abogado recalcó que no ha redactado ninguna carta en ese sentido y que su papel se limita al asesoramiento jurídico, no político. “Mi rol no es el de un asesor político, es asesor legal”, insistió, aclarando que cualquier decisión de ese tipo corresponde únicamente a la presidenta.

Asimismo, negó versiones que circularon en algunos medios sobre un supuesto pedido de asilo político. “Con la presidenta no he conversado sobre ningún asilo. No se ha redactado ni se ha planteado esa posibilidad. La defensa de la presidenta no recae en su abogado, sino en su inocencia, y está tranquila con su conciencia”, afirmó.

Dina Boluarte se encuentra serena

Durante su diálogo con la prensa, Juan Carlos Portugal aseguró que la presidenta Dina Boluarte está tranquila en medio de la crisis política y la posible vacancia. “La presidenta está bastante serena. Está en permanente comunicación con sus ministros y sabe la agenda titánica que han tenido”, comentó.

El abogado explicó que la mandataria se encontraba reunida con el Consejo de Ministros para evaluar distintos escenarios políticos, aunque subrayó que esas conversaciones corresponden al ámbito político y no a su asesoría legal. “En este momento, ella está reunida con sus ministros para evaluar esos escenarios, pero a mí, como su abogado, no me corresponde”, precisó.

Ante la insistencia de los reporteros sobre si Boluarte teme ser vacada, Portugal respondió que la mandataria confía en la gobernabilidad y en la sensatez de los partidos políticos. Sin embargo, advirtió que “cualquier intento de acelerar o exonerar el procedimiento de vacancia sería absolutamente ilegal desde una perspectiva constitucional”.

Ratifica lealtad a Dina Boluarte

El defensor legal de la jefa de Estado también desmintió las versiones que afirmaban que había presentado su renuncia a la defensa de la presidenta. Al contrario, reafirmó su compromiso profesional con el caso. “Le he expresado mi lealtad a la presidenta, como con todos mis clientes, hasta el final de mis días, sea por decisión política o sea el próximo año”, declaró.

Portugal explicó que su trabajo se centra en los temas penales que involucran a la mandataria, principalmente el caso conocido como “Los Dinámicos del Centro”, que la Fiscalía aún mantiene en investigación. “No me preocupa ese caso porque todos los testigos han señalado que se trata de aportes domésticos, de treinta, cien o ciento cincuenta soles”, dijo, al tiempo que acusó al Ministerio Público de no haber realizado pericias ni pruebas suficientes.

Asimismo, detalló que la defensa presentó un control de plazo judicial que fue declarado fundado, lo que demuestra —a su juicio— la falta de avances sólidos en la investigación. “El Ministerio Público no ha construido un caso serio; no ha hecho ninguna pericia sobre un supuesto desbalance patrimonial”, añadió.

“No se asilará ni abandonará el país”

En otro momento, el abogado descartó que la mandataria esté evaluando abandonar el país o solicitar asilo político, como algunos medios habían especulado. “Si la pregunta conduce a si la presidenta se va a asilar o se va a fugar, lo descarto. La presidenta no abandonará el país”, afirmó de manera tajante.

Portugal sostuvo que, independientemente del desenlace político, Boluarte seguirá afrontando los procesos que le correspondan en el Perú. “Ella está preocupada por el país y por la gobernabilidad, no por su situación personal”, indicó.

Finalmente, reiteró que la presidenta mantiene la calma y la disposición de defender su mandato dentro del marco constitucional, recordando que el Congreso tiene la obligación de respetar el debido proceso antes de cualquier decisión de vacancia. “Cualquier presidente de la República merece ser oído y escuchado, independientemente de la decisión que ya está preconceptuada”, concluyó el abogado, destacando que su defendida “seguirá firme en su cargo mientras el país lo requiera”.

Agustín El Colo Serenellini fue el primero en expresarse y explicó que la partida de Ariel no los tomó tan desprevenidos como al público. “No sorprendió, porque venía amagando. Ya pasó dos o tres veces que amagó, en esta se enojó un poco más. Me da la sensación de que está arrepentido, pero es su decisión. Creo que se cansó de la rutina, no es fácil, todo el día con una rutina de dieta y ejercicios”, relató con honestidad, revelando que los cambios de ánimo y los vaivenes ya eran parte de la dinámica diaria en la clínica.

Yael, en cambio, se mostró más crítica respecto a la actitud y forma en que Big Ari optó por retirarse del programa: “A mí me sorprendió bastante. Él ya se quería ir, te digo la verdad, no aguantó el tratamiento. Se notó, por lo poco que lo conozco, que estaba muy enojado. No estuvo bien lo que hizo, no fue la forma de actuar”. Y sumó: “Más hablar así de la clínica que lo ayuda. Estamos en un lugar donde no puede estar cualquiera, tenemos lugares que para nosotros son oro. Actuar de la forma que lo hizo no está bueno. Para mí le ganó la enfermedad y buscó una excusa para irse”.

Por su parte, Nahuel Mansilla habló desde la empatía y compartió la tristeza al ver partir a Ari: “Me sentí triste ayer cuando se fue. Estuvimos intentando convencerlo, le mandamos mensajes, pero somos grandes y cada uno sabe lo que hace. Él quería hacer su propio tratamiento, me lo dijo el primer día, y acá estamos para que nos marquen lo que tenemos que hacer. Hay muchos a los que no les gusta que les digan lo que tienen que hacer”.

Julián Ocampo, en tanto, analizó lo sucedido como resultado de la impulsividad y del malestar que Ariel venía manifestando en la clínica: “Entiendo que fue un momento de calentura, de enojo. Pero fue su decisión, no lo esperábamos. Es cierto que tenía cierta incomodidad en la clínica, salía mucho y se iba. Ojalá que vuelva, es un tema de salud y de calidad de vida. Si lo piensa en frío puede cambiar de opinión”.

El análisis más profundo llegó de la mano de Sergio Verón, histórico nutricionista y alma médica del ciclo. En diálogo con Puro Show, Verón fue contundente: “Decidió no estar más en el programa porque no aceptaba un tratamiento y el programa es un tratamiento. Del tratamiento se desprende Cuestión de Peso. Ariel es un gran personaje, una persona muy televisiva, feliz, alegre. Es un buen tipo, pero no estaba dispuesto a aceptar la parte de tratamiento médico que tiene el programa”.

Al describirlo como paciente, Sergio fue claro: “No adhirió a las pautas médicas, a las pautas de tratamiento y había que forzar un poco para que vaya a las consultas. Se le cambió el psicólogo, la nutricionista... No hay un plan único para toda la humanidad. Nosotros adaptamos el plan a cada persona, pero hay una parte en la que no podemos ceder: no podemos decir ‘quedate en la clínica y no veas nunca un psicólogo, nunca un cardiólogo, nunca un médico, nunca una nutricionista’, porque esto es de salud, no de simpatía o reality”.

Verón explicó que si bien intentaron adaptarse a la individualidad de Big Ari, hay límites que no se pueden traspasar: la prioridad es la salud de las personas, más allá del formato televisivo. “Hay una responsabilidad: estamos tratando la salud de una persona. Si decide volver, tendría que aceptar las pautas y las reglas que tiene una institución”, subrayó, dejando abierta la puerta para una eventual reincorporación, siempre y cuando se respete el marco terapéutico.

La decisión de Ariel y el debate que generó entre sus compañeros ofrece una ventana al costado menos visto de los realities: el sacrificio real, la presión y lo difícil que es sostener un tratamiento cuando la rutina y la exposición pasan a ser tan desafiantes como la enfermedad misma. En Cuestión de Peso, el show sigue, pero nadie puede negar que la partida de Big Ari deja una marca, una reflexión y, para muchos, una incógnita sobre lo difícil que es, a veces, volver a intentarlo.

Continúan los coletazos del caso de José Luis Espert en el Congreso de la Nación. Luego de la renuncia del diputado a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, oficialismo y oposición debaten el próximo paso respecto de la permanencia del legislador que tuvo que bajarse de su candidatura por La Libertad Avanza luego de reconocer su relación con Fred Machado y el financiamiento de su campaña presidencial en 2019.

El debate está centrado en su continuidad o no hasta el próximo 9 de diciembre, cuando se le termina el mandato como diputado.

Por el lado del oficialismo y aliados, varios de los legisladores recomendaron que Espert se tome licencia hasta el fin de su mandato. “Nosotros sugerimos eso”, señaló una de las espadas del PRO en el recinto. “Es un tema resuelto, que se tome licencia hasta el fin del mandato”, agregó.

El bloque amarillo viene presionando para que Espert se tome licencia y no aparezca más por la Cámara. “Cada vez que tengamos una sesión o algo va a ser un escándalo. Es un tema que ya está resuelto con su renuncia a la Comisión”.

El mismo pedido surgió de las filas del bloque libertario donde varios le hicieron la misma sugerencia a las autoridades del bloque. “Creemos que se tiene que tomar licencia, es algo que supuestamente se iba a definir hoy, pero Espert no habla con el bloque porque lo está hablando con Casa Rosada“, explicó una fuente libertaria.

En el oficialismo intentarán resolverlo antes de que mañana a las 12 del mediodía, momento en el cual comenzará una extensa sesión pedida por la oposición, por lo que entienden que si no se resuelve todo puede terminar en un escándalo. En principio, ya se tomó una decisión y es que José Luis Espert no participe de la sesión.

Pero no todos están de acuerdo con ese posicionamiento. Marcela Pagano, diputada del bloque Coherencia, señaló que su bloque “no avala licencia por casos de indisposición por ser imputado en una causa de financiamiento político con el narcotráfico. Hay diputados inmunodeficientes, dos diputadas que fueron mamás; y ninguno se pidió licencia, Espert debería renunciar”.

Desde Unión por la Patria observan con cierto estupor la toma de decisiones de LLA. “Nosotros le pedimos a Menem -Martín, presidente de la Cámara- y a Bornoroni -Gabriel, presidente del bloque- que lo hagan renunciar, que corten con esta sangría pero lo único que hacen es procrastinar. Lo mismo hicieron con la comisión de Presupuesto, le pedimos que lo corran. No lo hicieron y una semana más tarde presentaron la renuncia de Espert a la comisión. Ahora parece lo mismo", explicó un diputado del bloque del kirchnerismo.

Lo más probable es que el oficialismo avance por la idea de la licencia y pierda un voto hasta el 9 de diciembre. Entienden que es menos costoso que la renuncia porque, como Espert no asumió por LLA sino por Avanza Libertad, su reemplazante no llega de la lista violeta. Si Espert renuncia su reemplazo sería Hugo Bontempo, tercero en la lista que lleva al economista Roberto Cachanosky para diputado nacional en representación de un sector liberal enfrentado al presidente Javier Milei. “Si renuncia perdes dos votos, el de Espert y el de Bontempo”, explicó un diputado.

El futuro del Espert en el Congreso de la Nación ya está definido, solo resta saber en qué momento se aplicará y si será un pedido de licencia o una presentación de renuncia. En el medio, y a la espera de una resolución, no hay un solo diputado ni senador de La Libertad Avanza que lo defienda, ni en público ni en privado.

En ese contexto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, consideró que hubo fallas en la comunicación que propiciaron este final: “Espert al principio no tuvo la suficiente claridad para expresar la situación, eso generó dudas y sospechas”.

El funcionario destacó -en declaraciones a Radio Mitre- que “el presidente Milei lo sostuvo creyendo absolutamente en la inocencia de Espert, y porque entendió que esto era una acción del kirchnerismo que trató de ensuciar la campaña”. Sin embargo -agregó-, el diputado habrá “reflexionado” el fin de semana y entendió que no podía seguir adelante por el daño que el caso le había hecho a la propuesta electoral libertaria.

En cuanto a la sucesión en la lista bonaerense, Francos fue contundente: “El candidato corresponde que sea Diego Santilli”; de inmediato recordó que “hay un decreto reglamentario muy claro que dice que, en caso de renuncia, fallecimiento o cualquier circunstancia que impida que el candidato se presente, será reemplazado por el que sigue del mismo sexo”. De todos modos, existe jurisprudencia que permitiría aplicar el criterio de “correr” un lugar, lo que dejaría a Karen Reichardt encabezando la nómina. No es esa la idea en la administración libertaria.

El proceso de reimpresión de boletas y los costos asociados también generan incertidumbre. Al respecto, Francos aclaró que ese es un tema que hoy se presentará ante la Justicia Federal de La Plata: “El juez verá si dan o no dan los plazos para imprimir una boleta diferente. Yo entiendo que hay una parte de las boletas anteriores que están impresas y otra parte no”.

Ante la posibilidad de que el partido deba afrontar un gasto de USD10.000.000, el jefe de Gabinete fue tajante: “No tengo ese número. Tendrá que resolver el juez cómo se procede en estas circunstancias. Y, por supuesto, si tiene que asumir algún costo la Libertad Avanza, verá cómo lo asume... tendrá que requerir apoyos, donaciones, etcétera. Por eso es algo que tiene que resolver la justicia”.

La renuncia de Espert también fue leída como un gesto de diferenciación ética respecto de otros dirigentes. “Él no se ampara en fueros y no quiere perjudicar la campaña de Alianza Avanza”, subrayó Francos en contraste con la actitud de referentes kirchneristas. “Ellos se amparan en fueros para no enfrentar la justicia. Bueno, Espert hizo todo lo contrario y eso me parece que hay que también tenerlo en cuenta”, enfatizó.

Días agitados

La presión sobre Espert se intensificó tras la denuncia por su relación con Federico “Fred” Machado, un empresario argentino condenado en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y estafas. El caso se agravó cuando el candidato kirchnerista Juan Grabois denunció el cobro de USD200.000 en 2020. En ese contexto, el presidente Javier Milei mantuvo su respaldo, convencido de la inocencia de Espert.

Sin embargo, el desenlace llegó tras un fin de semana de deliberaciones y versiones contradictorias. El domingo, el diputado anunció que renunciaba a su candidatura y el presidente Milei la aceptó y agradeció el gesto: “Lo más maravilloso que hizo Espert fue que demostró que no somos lo mismo, porque antepuso los intereses de la Nación y de las ideas de la libertad, que es el que nos va a sacar adelante, versus el interés personal”.

El propio Espert defendió su decisión en un comunicado: “Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla (...) Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando. A diferencia de los que en cada campaña electoral utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”.

En el oficialismo, la salida de Espert fue vivida como un alivio. “Hizo lo que tenía que hacer porque lo que se generó con este tema estaba perjudicando seriamente a la propuesta política que lleva adelante el gobierno del presidente Milei”, concluyó Francos.

Gildardo Rayo, secretario del Interior de Bucaramanga, presentó su renuncia tras recibir la instrucción del gobernador de Santander, Juvenal Díaz, transmitida por el alcalde encargado, Eduard Sánchez.

Rayo fue una de las figuras más cercanas al exalcalde Jaime Andrés Beltrán durante su administración. La decisión se conoció a pocas horas de la revocatoria de seis cargos clave dentro de la Alcaldía y sus institutos, realizada durante el proceso de ajustes en la administración local, posterior a la salida de Beltrán.

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La carta de Gildardo Rayo confirmó: “Por instrucciones del señor Gobernador, transmitidas a través del señor alcalde (e), he presentado mi renuncia al cargo de Secretario del Interior de Bucaramanga“. El funcionario agradeció la confianza depositada en su gestión y comunicó que abandona el cargo sin intención de obstaculizar lo logrado en los últimos meses.

En su balance, Rayo enumeró los principales resultados alcanzados durante sus 21 meses de gestión, afirmando que la tasa de homicidios en Bucaramanga se mantuvo en 15,23 por cada 100.000 habitantes; el hurto a personas descendió 28%; el hurto a comercio se redujo 40% y la violencia intrafamiliar disminuyó 24%. En materia migratoria, la Secretaría reportó 117 operativos que dieron lugar a 127 expulsiones y 41 deportaciones, lo que permitió recuperar la tranquilidad en varios sectores afectados.

La gestión de la Secretaría, según su ahora exjefe, incluyó 28 operativos contra la minería ilegal, con 144 capturas relacionadas y 37 capturas por delitos ambientales. Asimismo, la dependencia impulsó la aplicación de la ley Ángel, logrando la primera captura bajo este marco normativo a nivel nacional, junto con la organización de 968 circuitos articulados para la seguridad en la ciudad.

Jaime Andrés Beltrán dejó la Alcaldía de Bucaramanga tras una decisión del Consejo de Estado que lo apartó por doble militancia. Tras su salida, el gobierno local promovió varios nombramientos en áreas de control interno al día siguiente, circunstancias que han sido objeto de controversia y revisión administrativa. El nombramiento de Eduard Sánchez como alcalde encargado marcó el inicio de esos cambios en la estructura local.

La administración anunció la revocatoria de seis nombramientos en cargos de control estratégico, correspondientes a jefes de control interno del Instituto de Salud de Bucaramanga (Isabú), el Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación (Inderbú), la Dirección de Tránsito, el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial (Imebú) y el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Invisbu), así como un cargo ligado de manera directa con la Alcaldía, con salarios que ascienden hasta 17 millones de pesos mensuales.

La decisión de revocar estos contratos se habría motivado por la denuncia efectuada por el concejal José David Cavanzo, quien advirtió presuntas irregularidades en los procesos de selección y nominación. Según explicó, “el 19 de septiembre, un día después de la salida de Beltrán, se expidieron decretos de nombramiento para cargos de control interno, los cuales tienen una duración de cuatro años y no son de libre remoción”. Además, señaló que los trámites no habrían incluido la revisión completa de antecedentes judiciales y fiscales.

En su despedida, Gildardo Rayo manifestó: “Deseo de corazón lo mejor a esta hermosa ciudad, que me abrió sus puertas y me permitió servirle. Confío en que el nuevo gobierno continuará trabajando con responsabilidad y amor por Bucaramanga, porque esta tierra y su gente lo merecen independiente de cualquier interés de quien no mira y siente su ciudad con vocación de servir”.

La renuncia del secretario del Interior y la revocatoria de seis contratos en órganos de control interno marcan un periodo de ajustes institucionales para la administración municipal, mientras se definen los nuevos responsables de estos cargos y la continuidad de las políticas en materia de seguridad y control.

El presidente Gustavo Petro aceptó el miércoles 17 de septiembre la renuncia de Juan Carlos Florián Silva, que se desempeñaba como ministro de Igualdad y había sido suspendido provisionalmente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tras admitirse una demanda en contra de su designación.

La llegada de Florián a la cartera estuvo rodeada de polémica desde el inicio. Su nombramiento fue cuestionado por incumplir con la Ley de Cuotas, que exige garantizar la participación femenina en los altos cargos del Gobierno. La decisión judicial que lo apartó del cargo terminó de debilitar su permanencia en el ministerio.

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Ante su salida, el jefe de Estado encargó de manera provisional a Angie Rodríguez, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), mientras se define quién asumirá la dirección en propiedad de la entidad.

El Ministerio de Igualdad es una de las apuestas más ambiciosas del actual Gobierno y también una de las más controvertidas. Su creación estuvo acompañada de cuestionamientos por la falta de resultados concretos, la discusión sobre el manejo de los recursos y las disputas políticas en torno a su liderazgo. La Casa de Nariño no informó quién será el reemplazo definitivo de Florián Silva ni cuándo se anunciará la nueva designación.

La suspensión de Florián

Desde su nombramiento, Juan Carlos Florián había estado en el centro del debate por la representatividad de su identidad como persona de “género fluido no hegemónico” y la forma en que esto podía interpretarse dentro de la Ley de Cuotas.

Cuando se interpuso la demanda que derivó en su suspensión, 10 de los 19 ministerios estaban liderados por hombres, incluyendo a Florián, lo que reducía la participación femenina al 47,4%. Ese cálculo fue suficiente para que los demandantes cuestionaran el cumplimiento de la norma que busca garantizar la presencia de mujeres en el gabinete.

El Gobierno nacional intentó restarle fuerza a ese argumento con los movimientos posteriores en el equipo ministerial. La llegada de Gloria Patricia Perdomo al Ministerio TIC en reemplazo de Julián Molina, y luego la designación de Carina Murcia en esa misma cartera, modificaron el balance de género dentro del Ejecutivo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo que con esas decisiones la demanda contra Florián “perdería sustento”.

Aun así, la medida judicial siguió adelante y terminó apartándolo del cargo. Desde el Ejecutivo, el presidente Gustavo Petro reaccionó a la controversia desatada por la suspensión de Florián Silva. En un extenso pronunciamiento en su cuenta de X, el jefe de Estado calificó la decisión judicial como un acto de “homofobia” y un retroceso en materia de libertades individuales.

“Es una medida homofóbica, el debate es importante, pero desconoce el derecho a ser persona, va de frente contra la libertad humana”, afirmó Petro, que defendió el nombramiento de Florián. Cabe recordar que el mismo Florián se autodenominó como una “marica” al frente de la cartera, en un gesto que buscaba desafiar los prejuicios.

El mandatario insistió en que la resolución del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que admitió la demanda contra el nombramiento, va en contravía de los derechos fundamentales. “La persona es libre y sabemos que debe desarrollarse libremente, sino volvemos a la esclavitud, no se puede permitir la esclavitud de nuevo”, señaló.

Además, enfatizó que la autodeterminación de género es un derecho inalienable: “Si una persona siente que es hombre o mujer, lo dice esa persona. Ese es su derecho y nadie, absolutamente nadie puede obligar a lo contrario, ni juez, ni policía, ni padre, ni sociedad, ni Estado”.

Armando Benedetti estaría evaluando su renuncia al Ministerio del Interior, según lo reveló Darcy Quinn en La FM.

La periodista también escribió en su cuenta de X que el jefe de la cartera del Interior contempla su salida luego de sacar adelante la reforma pensional y laboral, así como la derrota con la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

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Sin embargo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, en entrevista con Blu Radio, negó que fuera a renunciar.

En sus declaraciones, Benedetti confirmó que sí hizo una reflexión, pero nunca ha contemplado en renunciar.

De hecho, cuestionó la información que anunciaba su posible salida del Ministerio del Interior.

“Fue una reflexión. Yo promoví la reforma a la salud. Gané con el magistrado Echeverry en el Consejo Nacional Electoral. Logramos sacar adelante la reforma laboral. Hicimos la consulta popular. Organizamos manifestaciones. La derrota en la elección del magistrado me afectó mucho. A partir de ahí reflexioné sobre lo que podría ocurrir, pero alguien, de manera imprudente, dijo que yo iba a renunciar, y eso no es cierto”, indicó Benedetti.

Por otra parte, el ministro Armando Benedetti hizo pública su vivencia relacionada con la rehabilitación personal y el abandono de adicciones.

A través de sus redes sociales, relató que hace un año tomó la decisión de dejar el consumo de sustancias y alcohol, un paso que consideró fundamental para transformar sus hábitos y enfoque de vida.

Benedetti sostuvo que un problema de salud le permitió adquirir un mayor nivel de conciencia sobre sus acciones diarias, lo que influyó directamente en su determinación de modificar su estilo de vida.

En ese sentido, comentó: “Yo he tenido esa segunda oportunidad gracias a Dios, gracias a la gracia de Dios, y por ello, estoy en el trabajo que yo estoy, también lo hice porque quería cambiar mi estilo de vida. Porque después de una enfermedad tuve miedo y me conllevó a cambiar todo lo que hacía en la parte social, en el trabajo”.

El funcionario calificó este proceso como decisivo, no solo en el ámbito personal, sino también a nivel profesional. Subrayó la necesidad de preservar el bienestar individual para poder generar un aporte positivo a la sociedad desde el servicio público. Según sus palabras, “sentí que si quería contribuir con el país debía estar bien conmigo mismo. Toda persona tiene derecho a una segunda oportunidad”.

En su mensaje, Benedetti manifestó que el distanciamiento del alcohol y las drogas ha generado un nuevo entorno familiar, propiciando mejores relaciones y un ambiente de paz.

Reflexionó sobre este cambio y concluyó preguntando a su audiencia lo siguiente: “Todo ello me ha traído relativa paz porque todavía me falta, porque me ha traído otra vez a mi familia, soy un mejor padre que antes, un super mejor marido, de pronto de los mejores maridos que hay, y al mismo tiempo un buen amigo y una buena persona, ¿Dígame usted que haría para cambiar su vida y que haría por mejorarla?”.

Caso Fonade

La Corte Suprema de Justicia inició este lunes 15 de septiembre de 2025 la audiencia preparatoria en el juicio por presunto tráfico de influencias contra el ministro del Interior, Armando Benedetti.

El procedimiento, encabezado por el magistrado Ariel Torres de la Sala de Primera Instancia, se llevó a cabo de manera virtual y marca un paso importante en la investigación penal que enfrenta el alto funcionario, considerado cercano al presidente Gustavo Petro.

Benedetti es acusado de supuestas irregularidades dentro del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

El caso se centra en la presunta manipulación de procesos contractuales a favor de la empresa Certicámara S.A. en convocatorias que superaron los 1.000 millones de pesos.

En medio de las polémicas por diferentes problemáticas que tienen en crisis a Bogotá, como la recolección de basura en varias zonas de la ciudad, el secretario de Gobierno de la Administración distrital anunció a través de su cuenta de X que el alcalde Carlos Fernando Galán solicitó la renuncia de los 20 mandatarios locales.

“Por instrucción del Alcalde Mayor @CarlosFGalan pedimos la renuncia protocolaria a las alcaldesas y alcaldes locales. La evaluación permanente es uno de nuestros principios de gerencia pública”.

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En la publicación, Quintero afirmó que la decisión fue tomada debido a la falta de resultados de algunos alcaldes locales, que, según su postura, ha desencadenado en las crisis vigentes de la capital.

“Hemos avanzado; sin embargo, el seguimiento y la exigencia serán cada día más rigurosos. Las alcaldías locales deben gobernar lo cotidiano de manera transparente, eficiente y con resultados”.

Buscando la opinión de uno de los opositores de la alcaldía de Galán, Infobae Colombia habló con el concejal Ángelo Schiavenato, que afirmó que la situación actual de la ciudad representa la falta de liderazgo que ha tenido la Administración distrital.

“La crisis de los alcaldes locales no ha caído del cielo. Es el resultado directo de la falta de liderazgo de Galán. Desde el primer día se advirtió desde esta curul: escándalos de corrupción, irregularidades, clientelismo en los fondos de desarrollo local y demás”.

Schiavenato calificó como “conveniente” el anuncio de la Alcaldía de Bogotá, puesto que se registra antes de que el Concejo vote sobre un proyecto con el que la administración sumará un nuevo cobro a los ciudadanos.

“Esos recursos que debieron destinarse para seguridad, malla vial, programas sociales, solo están generando indignación entre los ciudadanos. Estas renuncias, con toda la sinceridad del mundo, caen en un momento crucial y es el momento de votación del proyecto de acuerdo de incentivos tributarios presentados por la administración, que en realidad es un nuevo impuesto, que adelanto de una vez, yo votaré negativo porque la ciudad no aguanta un impuesto más, la votación es por un impuesto de alumbrado público que propone Galán”.

El cabildante fue tajante al indicar que la renuncia de algunos alcaldes locales ya había sido pedida por diferentes problemáticas, pero en su momento Carlos Fernando Galán había defendido la elección de los funcionarios.

“Parece que con esta solicitud de renuncia de los alcaldes se pretende enviar un mensaje clientelista para obtener apoyo con su nuevo impuesto. Galán eligió a los alcaldes, los defendió, inclusive a los que estaban llenos de cuestionamientos, como el caso de Usme, que yo mismo denuncié, y aun así publicó su hoja de vida”.

Schiavenato responsabilizó a Carlos Fernando Galán por las problemáticas que se registran en la ciudad, y afirmó que la salida de los alcaldes locales es una muestra de la improvisación con la que ha trabajado el mandatario distrital.

“El resultado de todo esto, en realidad es un caos administrativo. Toda la ciudad, los proyectos de inversión frenados, la contratación comunitaria en suspenso, problemas urgentes de seguridad, de movilidad local también, que quedan a la deriva. Bogotá realmente está paralizada, literalmente, por culpa de la improvisación y que se resalte esto gigante, por el clientelismo”.

Por último, el cabildante afirmó que Galán no recuperará la confianza de los bogotanos con titulares, sino con acciones que demuestren que en realidad está comprometido con la capital de Colombia.

“El distrito necesita recuperar la confianza ciudadana y eso no se recupera con titulares de «voy a pedirle la renuncia a todo el mundo». No, porque eso es lavarse las manos. Se recupera con decisiones firmes y contundentes", puntualizó el concejal Schiavenato.

El presidente de la Junta Electoral del Condado de Surry, James Yokeley Jr., renunció a su cargo tras ser arrestado por presuntamente introducir drogas ilícitas en helados consumidos por sus nietas, según informó CBS News. El incidente ocurrió el 8 de agosto en el condado de Surry, Carolina del Norte, y fue reportado a las autoridades cuando Yokeley, de 66 años, pidió ayuda a un oficial en una estación de servicio. En ese momento, alertó que dos de sus nietas, de quienes no trascendió la identidad, habían encontrado pastillas dentro de los helados que acababan de adquirir en una sucursal de la cadena Dairy Queen cercana.

La policía de Wilmington indicó que las menores, bajo tutela de Yokeley durante ese fin de semana, no llegaron a consumir ninguno de los comprimidos. Tras los hechos, se realizaron pruebas preliminares que identificaron las sustancias como narcóticos ilegales. Una orden judicial revisada por WGHP, afiliada regional de Fox, detalló después que los comprimidos encontrados en los helados contenían MDMA y cocaína. Las autoridades comenzaron una investigación basada en el testimonio de Yokeley y en registros de video que supuestamente lo muestran colocando las sustancias en los postres.

De acuerdo con el comunicado difundido por el Departamento de Policía de Wilmington y recogido en CBS News, la investigación sigue en curso y hasta el momento no se ha revelado ningún posible móvil detrás de la acción. La cobertura de WGHP consignó que Yokeley era el tutor de las menores durante el incidente y que la colaboración con la policía fue inmediata después de que las niñas detectaran las pastillas en los alimentos antes de ingerirlos.

La cadena de hechos: desde la denuncia hasta la detención de James Yokeley Jr.

El episodio se desarrolló el 8 de agosto, cuando Yokeley se acercó, visiblemente afectado, a la estación de servicio Sheetz en Surry County. En ese lugar, relató al agente la situación y solicitó intervención policial. Los procedimientos preliminares incluyeron el análisis de los comprimidos recuperados de los envases de helado y el posterior aseguramiento de los elementos como evidencia. Posteriormente, la policía accedió a material videográfico que, según las autoridades, muestra imágenes del propio Yokeley colocando las pastillas en el helado.

Según la información publicada por CBS News, los investigadores consideran clave el material audiovisual recogido en la sucursal de Dairy Queen y en inmediaciones donde se llevó a cabo la compra y consumo de los alimentos. No obstante, el reporte policial dejó claro que no se han registrado incidentes similares asociados a la misma sucursal.

Cargos judiciales y medidas adoptadas tras el arresto

Después de la identificación y aseguramiento de las sustancias ilegales, el Departamento de Policía de Wilmington procedió con la detención de Yokeley. Entre las acusaciones formales figuran la contaminación intencional de alimentos o bebidas con una sustancia controlada—delito tipificado en las leyes locales—, así como abuso infantil grave y posesión de narcóticos de la Lista I. Tras su arresto, las autoridades trasladaron a Yokeley al Centro de Detención del Condado de New Hanover, donde quedó bajo custodia y posteriormente obtuvo su liberación al abonar una fianza de 100.000 dólares.

El registro judicial, según WGHP, señala que la posesión de MDMA y cocaína se considera una falta grave bajo la legislación estatal y federal. Las audiencias judiciales relacionadas con los cargos imputados estaban programadas para semanas posteriores al arresto. Por el momento, las autoridades no han proporcionado detalles acerca de las posibles motivaciones detrás del acto ni de la evolución emocional o psicológica de las víctimas menores de edad.

Renuncia al cargo y reacción institucional ante el caso

Antes del arresto, Yokeley había sido designado en junio como presidente de la Junta Electoral del Condado de Surry, institución de la que era miembro desde 2023. Tras la difusión del caso y los reclamos crecientes para su dimisión, la Junta Estatal de Elecciones confirmó que la renuncia se formalizó el jueves 14 de agosto.

En su carta de renuncia, reproducida por CBS News, Yokeley expresó: “Sigo confiando en la oración en que seré exonerado de todas las acusaciones formuladas en mi contra”. Las instituciones electorales del estado aseguraron que continúan revisando los procedimientos internos y colaboran con las autoridades para esclarecer el incidente.

La investigación por parte del Departamento de Policía de Wilmington y las autoridades judiciales permanecía activa al cierre de este informe, sin novedades sobre posibles vínculos adicionales o la participación de terceras personas asociadas a los hechos.

Después de que se conoció la condena de 12 años contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez al ser declarado culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, se generaron diferentes discusiones sobre el futuro del proceso en contra del antioqueño.

Entre los comentarios por parte de figuras políticas que no comparten los ideales de Uribe, estaba la posibilidad de que tras la apelación de la defensa, había riesgo de que el caso prescribiera, ya que la fecha limite de la respuesta del tribunal era el 16 de octubre.

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Los debates sobre esta posibilidad terminaron luego de que el 25 de agosto, Álvaro Uribe Vélez publicó una carta en la que confirmó su renuncia a la prescripción del proceso en su contra.

“La prescripción de la acción penal, que nunca he buscado y de la que no quiero beneficiarme, no puede privarle la oportunidad a la Sala de tener las condiciones materiales mínimas para proferir un fallo que, independientemente de su sentido, sea el resultado de un análisis sereno, ponderado e integral de la prueba”, se lee en la carta.

En el documento, el exmandatario pidió que los magistrados, basándose en el artículo 85 del Código Penal, acepten su renuncia a que el caso termine con una posible prescripción.

Uribe Vélez manifestó que tomó la decisión para que los magistrados tengan el tiempo prudente para escuchar todas las audiencias del juicio y leer el documento completo del fallo con el que fue condenado.

“Sería hipócrita de mi parte reclamar mi derecho a ser escuchado, en procura de la verdad, y pretender que ello se realice por la sala de forma real y adecuada, en un término bastante inferior a aquel que se requiere solo para tener la oportunidad de escuchar todas las audiencias, revisar los alegatos de conclusión, estudiar el fallo de primera instancia y cotejar, uno a uno, los errores atribuidos al fallo en tres impugnaciones, contrastándolos con los alegatos de los no recurrentes“.

Por último, manifestó que busca que en esta ocasión sea escuchada su defensa, asegurando que en el juicio esto no se registró: “Estimo, con respeto, que ese derecho a ser oído no fue respetado materialmente por la primera instancia“.

Para analizar el caso, el abogado Álvaro Acevedo explicó lo que indica el artículo (85) mencionado por el exmandatario en la carta, que, en resumen, permite que los magistrados tengan hasta dos años para tomar una decisión.

“El artículo 85 del Código Penal colombiano establece que el procesado podrá renunciar al término prescriptivo, es decir, que el caso del presidente Uribe, él tiene el término el 8 de octubre de 2025, lo que quiere decir que la misma legislación habilita dos años más para que se diera o se ejecutara ahora sí la prescripción”.

Acevedo indicó que la renuncia “es un derecho que le asiste al procesado”, además, calificó como “acertada” la decisión tomada desde la postura de la defensa.

“El artículo mencionado establece como un derecho del procesado renunciar a ello, como en este caso, en el que el tribunal tiene hasta la fecha mencionada para definir la decisión de condena o absolución. Es una buena decisión porque le da más tiempo al tribunal, que todo tenga buen análisis y estudio”.

El jurista explicó que la decisión del exmandatario ofrece garantías para que los magistrados puedan analizar todo lo registrado en el juicio y no exista posibilidad de que se cuestione la determinación que tomen.

“Es una guía para no entrar inmediatamente y en dos meses tomar una decisión de más de 1.200 páginas, es una decisión buena para la defensa, para el procesado, porque acá lo que se juega es su condena. Lo que hace es jugarse una carta para que la administración de justicia tenga un término suficiente para la decisión. Él debe tener tranquilidad de la decisión”.

El alcalde Carlos Fernando Galán solicitó la renuncia de Consuelo Ordóñez, directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), luego de que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) negara de nuevo el aval para implementar un modelo exclusivo de recolección de basuras en Bogotá. “Se requiere un perfil distinto para la entidad”, afirmó el distrito.

La decisión se tomó después de conocer la reciente negativa de la CRA frente al recurso de reposición presentado por la Uaesp. El secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Miguel Silva Moyano, confirmó la noticia resaltando desde su cuenta de X lo siguiente:

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“El alcalde Carlos Fernando Galán hoy le pidió la renuncia a la directora de la Uaesp, luego de conocer la negativa de la CRA frente al recurso de reposición. Se requiere un perfil distinto en la entidad y el nombre se conocerá en los próximos días”.

La salida de Ordóñez se registra tras varios debates y denuncias presentadas por la bancada del Centro Democrático en el Concejo de Bogotá. El cabildante Daniel Briceño señaló: “Sale de su cargo la directora de la Uaesp de Bogotá luego de varios debates y denuncias de la bancada del Centro Democrático en el Concejo. Esperamos que llegue una persona que se dedique a resolver los problemas de la ciudad y no a la politiquería. Seguiremos haciendo control”.

Por su parte, la cabildante Diana Diago - que más presión, seguimiento y denuncia ha presentado en contra de la exfuncionaria distrital - también se pronunció sobre la decisión de alcalde Carlos Fernando Galán. Desde sus redes sociales, la concejala expresó:

“Dos años se demoró Galán para sacar a Consuelo Ordóñez de la Uaesp. Bogotá está inundada de basuras. Hay una crisis en los cementerios. Lo peor es que Galán no la hubiese sacado si no es por la presión de la CRAC, que determinó que el nuevo modelo de recolección de basuras estructurado por Ordóñez está mal hecho”

Igualmente, resaltó que el proyecto presentado por Ordóñez, y avalado por Galán, contaba con un presupuesto destinado para su ejecución de $1.500 millones; sin embargo, este no llegó a implementarse dado que el proyecto presentado contenía fallas técnicas y financieras de gravedad, tal como lo determinó la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

Se espera que la alcaldía anuncie próximamente a la nueva persona a cargo de la Uaesp, en medio de la necesidad de redefinir el rumbo de la entidad.

Decisión de la CRA

Horas antes de la decisión de Carlos Fernando Galán de hacer de lado a Ordóñez de su cargo administrativo en la Uaesp, la CRA emitió un comunicado a la opinión pública en el que determinó la conclusión del trámite sobre la verificación de motivos para incluir cláusulas relativas al otorgamiento de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) en la prestación del servicio público de aseo en Bogotá, D.C.

La respuesta se tomó tras resolver de forma desfavorable los recursos de reposición presentados por la Uaesp y por Jairo Alfonso Salcedo contra la Resolución CRA 1013 de 2025. La aprobación, realizada como cuerpo colegiado y por unanimidad, se formalizó el 19 de agosto de 2025 mediante la Resolución CRA 1018 de 2025.

El trámite se originó por la solicitud hecha por el Distrito Capital a través de la Uaesp, con el propósito de modificar el modelo existente de ASE en la ciudad. Según el informe, la decisión de la CRA no impide que la administración presente una nueva solicitud si así lo considera.

Qué buscaba la Uaesp con el nuevo modelo

Durante el periodo de gestión de Consuelo Ordóñez como directora de la Uaesp, la entidad propuso a la CRA pasar del esquema actual de cinco ASE a seis a partir de febrero de 2026, manteniendo la cobertura total, altos estándares de calidad e inclusión de recicladores.

La Uaesp indicó que bajo este modelo, cada contrato de prestación del servicio debe especificar el área geográfica cubierta, los niveles de calidad exigidos y los criterios de expansión y respaldo. El esquema también permitiría acordar nuevos aportes públicos para ampliar la oferta del servicio, conforme al artículo 40 de la Ley 142 de 1994.

La administración defendió el modelo ASE como la opción más adecuada para garantizar un servicio eficiente, especialmente para zonas de alta complejidad y sectores de bajos ingresos. Este esquema asigna las diferentes áreas a prestadores mediante licitación pública, asegurando la atención a todos los usuarios de cada zona definida.

El distrito sostiene que este modelo asegura la cobertura total, la rentabilidad técnica y financiera, y la expansión del servicio a sectores potencialmente desatendidos, incorporando además criterios de calidad que benefician a la ciudad y sus habitantes.

A través de una carta enviada al presidente Gustavo Petro, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Yanod Márquez Aldana, presentó su renuncia al cargo de manera irrevocable. En la misiva, el funcionario agradeció al jefe de Estado por haberlo nombrado como líder de la entidad, que ha estado bajo su mando desde el 25 de octubre de 2024.

Según explicó, la labor que cumplió en la Superintendencia no “fue una tarea fácil”, teniendo en cuenta que se vio afectada por décadas de “adormecimiento del sentido de lo público”, por el oportunismo y por el favorecimiento de empresas. Aunado a ello, indicó que la administración del presidente se ha visto sometida a “crisis” derivadas de discusiones y choques con la oposición.

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Pese a ello, aseguró que alcanzó importantes logros con su trabajo al interior de la entidad. “Sé que es muy endeble la permanencia en un gobierno sometido a crisis frecuentes por las dinámicas que induce la confrontación gobierno-oposición, pero puedo decir que en este corto trayecto hice un esfuerzo para que con el aporte de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se lograra mejorar el sistema único de información y su aprovechamiento en procesos de inspección, vigilancia y control”, expuso en la carta.

Esas tareas se verán reflejadas en aplicativos que mejorarán la experiencia de los usuarios que deseen hacer peticiones, quejas y reclamos, obteniendo soluciones “inmediatas”. Además, informó que la prestación de servicios también será optimizada gracias a la imposición de planes de gestión y de procesos sancionatorios. De esta manera, se procura tener orden en el sistema, centrado en abrir casos a empresas infractoras y entregar soluciones a prontas.

“También será notable la ejecución de las obras e inversiones proyectadas en empresas intervenidas y la solución integral para Air-e”, detalló.

En ese sentido, aseguró que espera que el Gobierno nacional obtenga mayores resultados que beneficien a la población, sobre todo, aquella que ha sido marginalizada.

En la misiva, el funcionario no explicó los motivos de su renuncia, que se presenta a casi un año de permanencia en el cargo. Por el momento, se desconoce quién lo reemplazará.

Márquez hizo parte de la Colombia Humana y parte de su trabajo se enfocó en hacer gestiones dentro del modelo de tarifas del sistema integrado de transporte. Asimismo, según la entidad, cuando ocupó el cargo como superintendente el 25 de octubre de 2024, se planteó objetivos específicos como reorientar la prestación de los servicios públicos domiciliarios, mejorar el control y la gestión de la Superintendencia contando con la participación de los usuarios y lograr una correcta vigilancia de los prestadores de servicios.

Otro cambio en el Gobierno Petro: Alfredo Saade tendrá nuevo cargo

Aunado a la presentación de la renuncia del superintendente de Servicios, habrá otros cambios en los cargos que ocupan altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro. El 15 de agosto de 2025 fue publicada la hoja de vida de Alfredo Saade, indicando que será el nuevo embajador de Colombia en Brasil.

Actualmente, Saade es el jefe de Despacho de la Presidencia, ubicación que fue fuertemente cuestionada y en la que no ha cumplido dos meses. Pues, fue posesionado en el cargo el 25 de junio de 2025, en reemplazo de Armando Benedetti, que actualmente funge como ministro del Interior.

Según la Presidencia de la República, su trabajo en el Despacho presidencial se ha centrado en acompañar al jefe de Estado en la coordinación de su agenda institucional, en fortalecer las acciones conjuntas entre el Gobierno y otras entidades ligadas a la administración y en brindar orientaciones estratégicas.