César Jáuregui Moreno renunció al cargo de fiscal general del estado de Chihuahua en medio de la investigación por el operativo realizado en la Sierra Tarahumara, donde murieron cuatro personas y surgieron cuestionamientos por la posible presencia de personas extranjeras en el despliegue.

La dimisión ocurre en un contexto de presión institucional y revisión de los procedimientos aplicados durante la intervención.

El ahora exfuncionario presentó su renuncia ante la gobernadora María Eugenia Campos Galván, señalando que su decisión busca facilitar el desarrollo de las investigaciones y atender la exigencia de transparencia.

En su posicionamiento público, reconoció inconsistencias en la información inicial difundida, así como omisiones en los mecanismos de control y comunicación dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que derivó en cuestionamientos sobre la conducción del operativo.

Renuncia se da en medio de cuestionamientos institucionales

Jáuregui Moreno indicó que, como titular de la FGE, le correspondía garantizar el correcto funcionamiento de los protocolos institucionales, por lo que asumió la responsabilidad en el ámbito del liderazgo.

Subrayó que, si bien el operativo representó un golpe relevante contra el crimen organizado con el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas, los resultados no deben estar por encima del cumplimiento de la ley.

Añadió que su salida permitirá que las investigaciones avancen con autonomía y sin interferencias, en un intento por restablecer la confianza pública en las instituciones de seguridad del estado.

Investigación en curso por operativo en Morelos

La titular de la unidad especializada que indaga los hechos, Wendy Paola Chávez Villanueva, informó que la FGE abrió carpetas de investigación desde que se tuvo conocimiento del caso y ha mantenido coordinación con la Fiscalía General de la República.

El operativo, realizado entre el 17 y el 19 de abril en el municipio de Morelos, derivó en el aseguramiento de un laboratorio de metanfetaminas, así como en un accidente vehicular ocurrido en un camino de terracería, donde uno de los vehículos perdió el control y cayó a un barranco.

Indagan presencia de personas extranjeras

Uno de los ejes centrales de la investigación es la participación de personas no adscritas a la Agencia Estatal de Investigación (AEI), cuya presencia en el convoy no fue reportada a los mandos superiores.

De acuerdo con el informe preliminar, tras el accidente, uno de los escoltas refirió que dichas personas serían presuntamente ciudadanos estadounidenses vinculados a instancias diplomáticas, lo que abrió una línea de investigación sobre su identidad y posible papel en el operativo.

Federación pide esclarecer responsabilidades

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el caso debe esclarecerse conforme al marco constitucional y subrayó que cualquier participación de agentes extranjeros en territorio nacional requiere autorización del Gobierno federal.

Indicó que la responsabilidad recae en autoridades estatales y enfatizó que este tipo de hechos deben analizarse desde una perspectiva legal y no política, al tratarse de un posible incumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional.

Gobierno estatal mantiene postura de reserva

Por su parte, la gobernadora Maru Campos señaló que no emitirá declaraciones adicionales mientras la investigación se encuentre en curso.

Reiteró que su administración actuará con apego a la ley y sostuvo que la creación de la unidad especializada busca garantizar el esclarecimiento de los hechos.

Lo que reveló el informe sobre el operativo

• Personas ajenas a la AEI no formaban parte formal del despliegue operativo
• La inclusión de estos individuos en el convoy no fue reportada a mandos superiores
• Su participación fue limitada y sin interacción operativa directa
• Solo mantuvieron contacto con el director de la AEI y su círculo cercano
• No portaban armas de fuego ni insignias oficiales
• Vestían ropa civil y mantenían el rostro cubierto la mayor parte del tiempo
• Se investiga una posible colaboración de carácter extraoficial
• Ya se remitieron carpetas de investigación a la autoridad federal
• Se solicitó información a autoridades de Estados Unidos sobre la identidad de estas personas

La renuncia de César Jáuregui Moreno se produce mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido durante el operativo en la Sierra Tarahumara, en un caso que ha puesto bajo revisión los protocolos de actuación, la coordinación institucional y los límites de la colaboración internacional en materia de seguridad.

La incertidumbre sobre el manejo del sector hidrocarburífero en Bolivia se profundizó este miércoles con la renuncia de la presidenta de la estatal petrolera y la destitución del ministro de Hidrocarburos. Claudia Cronenbold, que había asumido la jefatura de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) hace apenas tres semanas, dimitió del cargo mediante una carta en la que señaló que los problemas estructurales identificados no pueden resolverse en los plazos que la política exige.

La exjefa de YPFB manifestó en la carta que su corta gestión priorizó un análisis profundo del estado de la empresa en el que identificó “nudos críticos” y una arquitectura institucional “perniciosa” que impiden su correcto funcionamiento. “El diagnóstico técnico y administrativo ha revelado un estado institucional significativamente más deteriorado de lo previsto”, afirmó en el documento.

La expresidenta explicó que la recuperación de YPFB exige una “reingeniería legal y administrativa de largo aliento” y que esos procesos requieren tiempos que no coinciden con la urgencia de resultados que demanda el Gobierno. En ese sentido, señaló que lo “responsable y leal con el proyecto de país” es permitir que se exploren “otras rutas de gestión”.

“No deseo que los tiempos técnicos que mi visión profesional demanda se conviertan en un obstáculo para las metas inmediatas del Estado”, afirmó la expresidenta de la mayor empresa pública del país.

Cronenbold, que tiene más de 20 años de experiencia en el sector y forjó su carrera profesional en Petrobras, había sido posesionada el 30 de marzo en reemplazo de Yussef Alky, en medio de cuestionamientos sobre la calidad del combustible y la ausencia de políticas estructurales para reformar el sector.

Horas después de conocerse públicamente su renuncia, el presidente Rodrigo Paz cesó de funciones al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y posesionó en su lugar a Marcelo Blanco, que hasta entonces era viceministro de Electricidad y Energías Renovables.

En el acto de posesión, el presidente destacó el trabajo de Medinaceli, a quien atribuyó la elaboración de cuatro proyectos de ley para el sector energético y afirmó que el cambio responde a una nueva etapa para la empresa.

“Ahora pasamos a un nuevo evento de energía que requiere la aplicación, el desarrollo y el debate, la socialización de estas normas, especialmente la de hidrocarburos, con una solución clara a esta desgracia que nos dejaron: un país sin energías, sin gas, sin estos recursos naturales”, indicó el jefe de Estado en relación al manejo del área durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El sector energético es el más inestable de la administración de Rodrigo Paz. En los cinco meses de gestión hubo dos ministros de hidrocarburos, dos (y próximamente tres) presidentes de YPFB y dos directores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Estos cambios, que se dieron entre renuncias y destituciones, se producen tras una reforma sustancial, como la eliminación del subsidio a los combustibles que fijó nuevos precios en el mercado, y en medio de una crisis de incertidumbre sobre la calidad de la gasolina, luego de más de dos meses de denuncias sobre la mala calidad del producto.

El Gobierno admitió haber distribuido “gasolina desestabilizada”, pero no se responsabilizó por su origen. Las versiones oficiales fueron diversas: pasaron de afirmar que había residuos dañinos en tanques de almacenamiento heredados de la anterior gestión a denunciar planes de sabotaje —internos y externos— que contaminaban el combustible. Para mitigar las protestas, se activó un seguro de resarcimiento de daños vehiculares atribuidos a la gasolina que ha sido entregado a más de siete mil usuarios por un monto equivalente a 1,4 millones de dólares, según datos de YPFB.

Los cambios constantes en las cabezas del sector y la persistencia de los reclamos por el combustible son los síntomas de una crisis que no parece tener una solución en el corto plazo. Su gestión supondrá una prueba de fuego para el Gobierno.

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, confirmó su salida del partido tras aceptar la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para asumir la titularidad de la Consejería Jurídica de la Presidencia, en medio de versiones y ajustes internos dentro del movimiento.

Alcalde confirma su salida de Morena tras aceptar nuevo encargo

Luego de varios días de especulación, Alcalde hizo pública su decisión mediante un comunicado dirigido a la militancia, en el que señaló que se siente honrada por la invitación y satisfecha por su gestión al frente del partido.

“Me voy contenta y satisfecha de lo logrado”, expresó la ahora exdirigente, quien también destacó que su decisión responde a una lógica de continuidad dentro del proyecto político.

En su mensaje, resaltó el crecimiento del padrón de militantes —que pasó de menos de tres millones a más de doce millones—, así como la consolidación de estructuras territoriales y la creación de espacios de formación política.

Sheinbaum había anticipado la invitación a la Consejería Jurídica

Horas antes del anuncio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que había invitado a Alcalde a integrarse a su gabinete, tras la renuncia de Esthela Damián, quien dejará el cargo el 30 de abril para buscar participar políticamente en Guerrero.

La mandataria federal destacó el perfil profesional de Alcalde y explicó que la entonces dirigente había solicitado tiempo para analizar la propuesta. “Déjeme pensarlo”, fue la respuesta inicial que, de acuerdo con la propia presidenta, mantuvo en suspenso la decisión.

Sheinbaum reiteró además que su gobierno no impulsa candidaturas y que quienes busquen participar en procesos electorales deben separarse de sus funciones.

Rumores y reacomodos marcaron el proceso en Morena

Previo a la confirmación, Morena vivió horas de incertidumbre ante una ola de versiones sobre cambios en su dirigencia nacional.

Reportes periodísticos apuntaban a tensiones internas, cuestionamientos sobre el manejo de recursos y una relación compleja con partidos aliados.

Días antes, la propia Alcalde había descartado su salida del partido, al afirmar que solo dejaría el cargo ante una solicitud directa de la presidenta, lo que finalmente ocurrió.

En paralelo, el partido ha registrado otros movimientos relevantes, como la salida de Citlalli Hernández Mora de la Secretaría de las Mujeres para asumir un papel clave en la Comisión Nacional de Elecciones rumbo a 2027.

Quién podría quedar al frente de Morena

Con la salida de Alcalde, Morena deberá iniciar un proceso interno para definir a su nueva dirigencia nacional.

De manera provisional, la secretaria general, Carolina Rangel Gracida, podría asumir la conducción del partido mientras se convoca al Consejo Nacional.

Entre los perfiles que han sido mencionados se encuentra Ariadna Montiel, actual titular de la Secretaría del Bienestar, quien podría integrarse a la dirigencia partidista, aunque hasta ahora no hay confirmación oficial.

La presidenta Sheinbaum subrayó que la decisión recaerá exclusivamente en Morena, al insistir en que los procesos internos del partido se desarrollan de manera autónoma.

Estas son las funciones que desempeñará Luisa María Alcalde como consejera jurídica

En su nuevo cargo, Luisa María Alcalde Luján será la principal asesora legal de la Presidencia.

Su labor consistirá, en términos prácticos, en revisar que las decisiones del gobierno tengan sustento jurídico y cumplan con la Constitución.

Entre sus tareas estarán:

• Asesorar directamente a la presidenta en temas legales.
• Revisar leyes, decretos y reformas antes de que se publiquen o envíen al Congreso.
• Representar al gobierno federal en litigios o controversias ante tribunales.
• Participar en la elaboración de iniciativas de ley del Ejecutivo.
• Coordinar los criterios jurídicos de distintas dependencias federales.

Se trata de un puesto clave dentro del gabinete, ya que de esta oficina depende que las acciones del gobierno federal tengan viabilidad legal y constitucional.

La política mexiquense Carolina Monroy Del Mazo, prima del expresidente Enrique Peña Nieto, anunció este miércoles su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), marcando un nuevo capítulo en su trayectoria pública al integrarse a Somos México, agrupación que actualmente busca consolidarse como partido político nacional.

En conferencia, Monroy del Mazo fue contundente al señalar que el PRI, bajo la dirigencia de Alejandro Moreno Cárdenas, ha dejado de ser un espacio incluyente. “No hay sitio para una mujer como yo”, expresó, al tiempo que lamentó la transformación interna del partido en los últimos años.

La exfuncionaria destacó que, aunque el PRI fue en su momento “fundador de instituciones y de estadistas”, hoy ya no representa los valores ni el proyecto político con el que se identificó durante décadas. Su salida se suma a una serie de renuncias y críticas que han evidenciado tensiones internas dentro del tricolor.

Se suma a Somos México

En su mensaje, Monroy explicó que su decisión responde a la necesidad de construir nuevas alternativas políticas. “Hoy decido tomar esta hoja en blanco que me ofrece Guadalupe (Acosta) y Somos México, para escribir juntos una nueva historia para nuestro país”, afirmó, aludiendo al liderazgo emergente dentro de la nueva organización.

Originaria de Atlacomulco, Monroy del Mazo ha desarrollado una carrera política estrechamente vinculada al Estado de México. Entre sus principales cargos destaca su desempeño como secretaria de Desarrollo Económico estatal entre 2009 y 2011, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Posteriormente, fue presidenta municipal de Metepec de 2013 a 2015, y diputada federal de 2015 a 2018.

Uno de los momentos clave de su trayectoria ocurrió en 2016, cuando asumió la Secretaría General del PRI y, tras la salida de Manlio Fabio Beltrones, ocupó de manera interina la dirigencia nacional del partido. Este relevo se dio en medio de una crisis interna derivada de los malos resultados obtenidos en las elecciones intermedias de ese año, lo que marcó un punto de inflexión en la estructura priista.

A pesar de su salida, Monroy reconoció las oportunidades que el PRI le brindó a lo largo de su carrera política. Sin embargo, subrayó que el partido ha cambiado de manera significativa.

Analistas políticos consideran que esta renuncia podría tener implicaciones en la reconfiguración de fuerzas políticas en el país, especialmente en el Estado de México, bastión histórico del priismo. La incorporación de perfiles con experiencia como el de Monroy podría fortalecer a nuevas organizaciones que buscan competir en futuros procesos electorales.

Por su parte, Somos México continúa avanzando en su proceso para obtener el registro oficial como partido político, en un contexto donde el sistema partidista nacional enfrenta constantes transformaciones y demandas ciudadanas de renovación.

La salida de Carolina Monroy del PRI no solo representa una decisión personal, sino también un reflejo del momento que vive el partido, marcado por cuestionamientos internos y la pérdida de cuadros relevantes.

Mientras tanto, su apuesta por una nueva plataforma política abre interrogantes sobre el rumbo que tomará su carrera y el impacto que podría tener en el escenario político nacional.

La carrera rumbo a las elecciones de 2027 en Baja California comenzó a tomar forma con la renuncia de Alfredo Álvarez Cárdenas a la Secretaría General de Gobierno, convirtiéndose en el primer funcionario estatal en separarse de su cargo con miras a competir por la gubernatura.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda dio a conocer la decisión a través de sus redes sociales, luego de concluir su conferencia mañanera. En su mensaje, la mandataria confirmó que Álvarez Cárdenas le comunicó su intención de participar en el proceso electoral venidero.

“Me ha informado su intención de participar en el próximo proceso electoral”, expresó la titular del Ejecutivo estatal, marcando así el inicio de los movimientos políticos más visibles dentro de su administración rumbo a la sucesión gubernamental.

Confirma aspiraciones en video

Por su parte, Alfredo Álvarez ya había dejado entrever sus aspiraciones en semanas anteriores, cuando fue cuestionado por medios de comunicación sobre su posible participación en la contienda interna de Morena. En ese momento, no descartó su interés, lo que hoy se confirma al publicar un video en redes sociales.

La renuncia ocurre en un contexto de creciente actividad política en Baja California, donde diversos perfiles de Morena han intensificado su presencia tanto en redes sociales como en territorio. Esto, ante la expectativa de que el partido defina próximamente a los aspirantes que participarán en la encuesta interna para elegir a su candidato o candidata a la gubernatura.

De acuerdo con la dirigencia nacional del partido, el proceso interno contempla la selección de seis perfiles: tres mujeres y tres hombres, quienes serán medidos mediante encuestas para determinar al abanderado o abanderada rumbo a los comicios de 2027.

Analistas políticos consideran que la salida de Álvarez Cárdenas podría detonar una serie de renuncias en cascada dentro del gabinete estatal, conforme otros funcionarios con aspiraciones electorales decidan separarse de sus cargos para cumplir con los lineamientos internos de Morena.

Además, este movimiento también refleja el adelanto de los tiempos políticos en la entidad, donde la competencia interna dentro del partido guinda se perfila como uno de los principales focos de atención, dada la relevancia de Baja California en el mapa político nacional.

Cabe señalar que Morena ha mantenido el control de la gubernatura en la entidad en los últimos años, por lo que el proceso interno será clave para definir la continuidad del proyecto político encabezado por Ávila Olmeda.

Juan José Pon Méndez, nuevo secretario de Gobierno

En tanto, la salida de Álvarez Cárdenas, la gobernadora designó al nuevo titular de la Secretaría General de Gobierno, al Mtro. Juan José Pon Méndez, quien deberá darle continuidad a la gobernabilidad y la coordinación política en Baja California.

“El Mtro. Juan José Pon Méndez, un hombre comprometido con la transformación del Estado tendrá la encomienda de dar continuidad al trabajo ahora desde la Secretaría General de Gobierno y seguir dando resultados en favor del pueblo bajacaliforniano”, expresó la gobernadora.

Con este escenario, el camino hacia 2027 comienza a delinearse con mayor claridad, mientras los aspirantes afinan estrategias y buscan posicionarse ante la ciudadanía y las estructuras partidistas. La renuncia del ahora exfuncionario marca, sin duda, el arranque de una contienda que se anticipa intensa y decisiva para el futuro político del estado.

Bruno Moretti asumirá la titularidad del Ministerio de Planificación y Presupuestos de Brasil, tras la reciente renuncia de Simone Tebet, quien dejó su puesto dentro del Ejecutivo federal para lanzar su candidatura al Senado, decisión que propició el reemplazo al frente de la cartera. Según informó el medio original, Petrobras emitió un comunicado anunciando la salida de Moretti del consejo de administración de la petrolera, la cual se hizo efectiva de inmediato.

De acuerdo con la información publicada por la fuente, el propio consejo de administración de Petrobras, donde el Estado brasileño mantiene una participación directa e indirecta del 37,06%, informó oficialmente la renuncia de su presidente, Bruno Moretti. Esta decisión se produce en un contexto de movimientos relevantes dentro del gabinete del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, donde la cartera de Planificación y Presupuestos desempeña un papel clave en la definición de políticas económicas y asignación de recursos públicos.

El medio detalló que Bruno Moretti había asumido la presidencia del consejo de administración de Petrobras en agosto pasado, luego de la dimisión de Pietro Mendes. Mendes ocupó ese puesto hasta que fue designado para un cargo directivo dentro de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), dejando así la vacante que Moretti ocupó en la principal empresa energética del país.

Antes de su llegada a Petrobras, Moretti contaba con experiencia en temas vinculados a la gestión pública y la planificación dentro del propio gobierno federal. Según consignó la fuente, Moretti inició su carrera en el año 2004, desempeñándose como analista en el área de Planificación y Presupuestos en el ministerio que ahora le tocará encabezar. Esa experiencia previa se extiende al periodo comprendido entre 2009 y 2012, cuando encabezó la Secretaría de Planificación e Inversiones Estratégicas.

En años posteriores, específicamente durante 2013 y 2014, Bruno Moretti fue asesor en la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Planificación, además de integrar como miembro suplente el Consejo Deliberativo de la Fundación de Previsión Complementaria del Funcionario Público Federal (Funpresp), según detalló el medio original.

El movimiento en la cúpula directiva de Petrobras responde tanto a necesidades de reorganización interna como a la dinámica del Ejecutivo nacional tras la salida de Simone Tebet. La petrolera, bajo control estatal, desempeña un rol central en el sector energético brasileño y la presencia de sus principales figuras directivas en el escenario político refleja el peso que la empresa mantiene en la vida pública del país. Según informó el medio, la vacante en la presidencia del consejo de administración de Petrobras se mantiene ahora a la espera de nuevas designaciones oficiales, mientras que Moretti inicia su nueva etapa dentro del gabinete de Lula da Silva.

El titular de Planificación y Presupuestos, además de diseñar las directrices del gasto público y la política fiscal, asume la responsabilidad de participar en la formulación de planes de inversión relevantes para el desarrollo económico de Brasil. El perfil de Moretti, construido a partir de su paso tanto por organismos estatales como por la petrolera estatal, ha sido considerado por el Ejecutivo como adecuado para el momento actual, según publicó la fuente.

La marcha de Pietro Mendes en agosto fue el primer movimiento que antecedió a la llegada de Moretti al cargo de presidente del consejo de Petrobras. Mendes, tras dejar la petrolera, asumió una posición directiva en la ANP, en otra etapa de reconfiguración dentro del sector estatal energético, consignó el medio original. Con los recientes cambios, tanto en Petrobras como en el gabinete ministerial, el gobierno federal ajusta su estructura de dirección en áreas consideradas estratégicas.

Petrobras, con más de un tercio de su control en manos estatales, permanece como la mayor empresa petrolera de Brasil y una de las firmas más influyentes en la economía nacional. La interrelación entre la dirección ejecutiva de la compañía y las principales dependencias gubernamentales subraya la proximidad entre la gestión empresarial y la administración pública en el modelo brasileño, fenómeno que se ha visto reflejado nuevamente con la designación de Moretti como nuevo ministro de Planificación y Presupuestos, según reportó el medio.

La renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras se produce en medio de un escenario de acusaciones públicas y tensiones internas que, según explicó en su mensaje de despedida, amenazan la estabilidad institucional y la confianza en el sistema judicial.

En su declaración pública, la ahora ex titular del máximo órgano de justicia del país reconoció que su renuncia se da en un contexto “complejo”, marcado por señalamientos hacia su administración que, según sus propias palabras, han impactado tanto en su vida personal como en el ámbito institucional.

Además calificó estas acusaciones como “injustas” y subrayó que mantuvo durante su gestión “estricto apego a la Constitución, a la ley y a las normas que rigen la función pública”, de acuerdo con la información difundida en su comunicado oficial.

El relevo en la presidencia, asumida por el magistrado Wagner Vallecillo, ocurre en un escenario donde, según coinciden analistas consultados, el principal desafío será restablecer la confianza de la ciudadanía, frente a una percepción deteriorada de la imparcialidad judicial.

Este cambio deja abiertas incertidumbres sobre la continuidad y el alcance de los procesos institucionales iniciados durante la gestión saliente

En su mensaje de despedida, la ex titular de la Corte hizo énfasis en el factor humano detrás de su decisión. Dirigió uno de los pasajes más personales a su familia: “Soy esposa, madre y abuela, y desde ese lugar profundamente humano, no puedo ser indiferente al impacto que esta situación genera en mi familia”, y lamentó que sus seres queridos hayan tenido que enfrentar las repercusiones de las críticas, que consideró alejadas de la realidad.

Subrayó que su historia de servicio público es conocida y valorada por su entorno, reiterando su “conciencia tranquila” respecto al cumplimiento de sus funciones.

La exfuncionaria resaltó que la dimisión no representa un retiro de su vocación pública, sino una reorientación dentro del propio sistema judicial. Confirmó que seguirá actuando como magistrada en la sala que se le asigne, y manifestó que mantendrá el compromiso de procurar “una justicia accesible, firme y cercana a la ciudadanía”.

En sus palabras: “He servido con convicción, con transparencia y con la conciencia tranquila, honrando la responsabilidad que me fue confiada. Pero mi vocación no termina aquí; seguiré sirviendo con la misma determinación y entrega”.

El anuncio incluyó un mensaje directo de respaldo a Wagner Vallecillo, nuevo presidente de la Corte, deseando que su gestión sea guiada “con sabiduría para beneficio de nuestra amada nación”. Con esa declaración, intentó subrayar una imagen de continuidad institucional y de apoyo al proceso de relevo, pese a la coyuntura.

La ex presidenta aprovechó su mensaje para agradecer a magistrados, jueces, defensores y personal administrativo, destacando su “compromiso” y el esfuerzo diario para sostener la administración de justicia. Expresó: “A cada servidor y servidora judicial que sostiene con su trabajo diario la administración de justicia en Honduras, gracias por su compromiso”, reconociendo el papel central del trabajo colectivo en el funcionamiento del sistema.

Según lo planteado en su declaración el Poder Judicial debe encarar retos como la modernización del sistema, la reducción de la mora judicial y el fortalecimiento de la transparencia.

La ex presidenta justificó públicamente su gestión al afirmar: “Mi gestión se condujo en todo momento con estricto apego a la Constitución, a la ley y a las normas que rigen la función pública. Esa ha sido y seguirá siendo la base de cada una de mis decisiones”.

Este pronunciamiento se produce al cierre de un ciclo en el cual, según analistas citados en el comunicado, las disputas internas y externas —no especificadas en detalle por la funcionaria— deterioraron el clima en el máximo tribunal.

El ex fiscal general de la república Johel Zelaya tras su destitución oficial en el congreso nacional, anunció la presentación un recurso de inconstitucionalidad ante la Comisión Especial del Congreso Nacional, en el marco del juicio político que evaluó su futura destitución.

El nuevo recurso interrumpe formalmente los plazos y refleja la creciente tensión entre el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver ahora esta controversia constitucional.

Durante su comparecencia ante la comisión legislativa, Zelaya reiteró su negativa a renunciar y denunció la existencia de un acuerdo político previo para su reemplazo, así como de una “negociación” definida de antemano.

En los últimos bloques de su intervención, acusó al Partido Liberal de actuar en contra de la ciudadanía al respaldar el procedimiento. Este señalamiento implica consecuencias políticas directas para sus adversarios y acentúa la disputa partidaria.

La excepción de inconstitucionalidad que planteó Zelaya constituye un mecanismo que, según detalló, puede presentarse en cualquier etapa del juicio antes de dictarse sentencia, a diferencia de otros recursos de protección que solo son aplicables en fases concretas del procedimiento.

Esto habilita la suspensión de normas consideradas contrarias a la Constitución, llevando el conflicto político al terreno judicial.

El presidente de la Comisión Especial, Mario Pérez, señaló que el órgano legislativo carece de competencia para resolver recursos constitucionales de este tipo, motivo por el cual remitirán el planteamiento de Zelaya a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, única instancia legalmente facultada para pronunciarse.

Esta vía podría provocar un doble proceso, político y judicial, sobre el futuro inmediato de Zelaya.

En una intervención notoria ante la comisión, Zelaya afirmó: “Si quieren ponerme las chachas y llevarme preso que lo hagan”, dejando ver una actitud desafiante y rechazo a la presión política. Defendió la legitimidad de su permanencia y afirmó no haber incurrido en ninguna acción que justifique su destitución.

Además, reclamó falta de tiempo para preparar la defensa, lo que considera una vulneración a su derecho de defensa y posible fundamento para próximas impugnaciones legales.

A medida que avanza el juicio político en el Congreso Nacional, la atención se dirige hacia la Corte Suprema de Justicia, responsable de establecer si el decreto ejecutivo puede ser considerado inconstitucional.

Las acusaciones de Zelaya sobre negociaciones y reemplazos pactados, aún sin confirmación oficial, intensifican la tensión en el sistema político hondureño y alimentan opiniones respecto a la injerencia de intereses partidarios en las decisiones institucionales. De acuerdo con Zelaya, “todo el procedimiento ya está definido de antemano”, lo que plantea que los compromisos políticos prevalecen sobre la legalidad.

Este episodio redefine el papel de los recursos legales en la política hondureña y reactiva el debate sobre el resguardo de derechos fundamentales en procesos de alto nivel político.

La permanencia de Johel Zelaya en su cargo, bajo su compromiso de enfrentar cualquier intento de destitución y descartando la renuncia, traslada la disputa tanto al ámbito legal como institucional. La expectativa en torno al desenlace del juicio y la reacción de la Corte Suprema de Justicia domina la agenda, mientras se discute el equilibrio de poderes y la transparencia de los procedimientos en Honduras.

El 26 de marzo de 2026, publicaron en la página de Presidencia el decreto en el que el presidente de la República, Gustavo Petro, aceptó la renuncia de la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque Urrego, tras el fallo de anulación de su nombramiento por parte del Consejo de Estado.

“Que mediante comunicación del 19 de marzo de 2026, la doctora CIELO ELAINNE RUSINQUE URREGO, identificada con la cédula de ciudadanía No. de Bogotá, presentó carta de renuncia al empleo denominado Superintendente, Código 0030, Grado 25 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Que en mérito de lo expuesto, Artículo 1”. Aceptación de renuncia. Aceptar a partir de la fecha, la renuncia presentada por la doctora”.

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En reemplazo de Rusinque llegará al cargo Diego Solano, que venía desempeñándose como jefe de asesores de la entidad y mano derecha de la saliente alta funcionaria desde su llegada a la SIC en febrero de 2024, confirmó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT).

“Encargar, a partir de la fecha, en el empleo de Superintendente, código 0030, Grado 25 de la Superintendencia de Industria y Comercio, al doctor Diego Solano, quien ocupa el empleo de Asesor. Comunicar que, a través de la Secretaría General del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el contenido del presente Decreto a los doctores Cielo Elainne Rusinque Uirrego y Diego Solano”.

Antes de este cargo, Solano trabajó en Valbuena Abogados, firma liderada por el exsuperintendente Gustavo Valbuena, y fue contratista de la SIC durante cinco años, además de ejercer como docente universitario. El funcionario es abogado, especialista en derecho comercial y posee una maestría en derecho.

Las razones detrás de la decisión del Consejo de Estado

Durante la revisión, el Consejo de Estado descartó los títulos de Ciencias Políticas y Derecho Constitucional de Cielo Rusinque y señaló que el “Diplôme Supérieur de l’Université – Droit Constitutionnel”, obtenido en Francia y convalidado aún en trámite, no podía equipararse en ese momento a una maestría o doctorado para la legislación colombiana. El tribunal también indicó que Rusinque no acreditó los 10 años de experiencia profesional relacionada requeridos.

La salida de Rusinque generó sorpresa al interior de la SIC, puesto que se especulaba su eventual regreso debido a las recientes modificaciones de requisitos impulsadas por el actual Gobierno, que permitirían su continuidad. Aunque el encargo de Solano es temporal, no se descarta que sea ratificado en el cargo o que Rusinque vuelva a ser considerada para la posición.

Según la propia Rusinque, el tribunal aplicó un estándar distinto respecto a designaciones previas: “Me están pidiendo requisitos que no les pidieron en el pasado jamás a ninguno de los exsuperintendentes”, señaló en diálogo con Blu Radio. Destacó también que, según la normativa vigente, el régimen de convalidación de títulos de posgrado otorga un plazo de dos años desde la posesión para cumplir con ese proceso, cuestión que, a su juicio, el Consejo de Estado desconoció.

En su postura pública, Rusinque defendió la pertinencia de su experiencia: “Se excluye sin fundamento una trayectoria profesional amplia, cualificada y plenamente pertinente para el ejercicio del cargo”. Además, lamentó que el análisis del tribunal desestimara no solo sus credenciales sino también los certificados académicos presentados y las pruebas de su desempeño profesional.

La docente y activista política calificó el fallo como “lamentable” y sostuvo que el propósito era “debilitar la credibilidad del Gobierno y la acción de una entidad tan importante como la Superintendencia”. Finalmente, indicó que la renuncia presentada el jueves 20 de marzo de 2026 busca evitar que el caso afecte a la institucionalidad y al presidente Petro, advirtiendo que el foco del fallo trasciende el plano personal y político para incidir en el funcionamiento del aparato estatal, según sus palabras al medio citado.

El senador Gerardo Fernández Noroña anunció que dejó el Consejo Editorial del Senado de la República al señalar que el órgano no cuenta con presupuesto para realizar su labor.

Durante un encuentro con medios, explicó que presentó su renuncia desde el 12 de noviembre del año pasado, aunque decidió hacerla pública recientemente ante la falta de cambios en la situación financiera.

El legislador afirmó que hasta ahora no se ha asignado ningún recurso para las tareas editoriales, lo que —según dijo— impide cumplir con el objetivo de publicar materiales relacionados con la actividad legislativa. “No recibimos presupuesto ni para imprimir un volante”, declaró.

Añadió que mantener la responsabilidad sin recursos ni funciones operativas resulta poco viable. Incluso consideró que, en estas condiciones, es probable que el Senado no produzca libros durante la actual legislatura.

El Consejo Editorial del Senado y su papel en la difusión cultural

La salida del senador ocurre después de que el Consejo Editorial fuera reinstalado formalmente el 19 de abril de 2025 con la intención de reactivar la producción editorial en la Cámara alta.

En ese momento, Noroña destacó que el proyecto buscaba fortalecer la difusión cultural y preservar la memoria de la actividad parlamentaria.

La propuesta incluía ampliar el tipo de publicaciones impulsadas por el Senado y acercar el material a la ciudadanía, así como generar espacios dentro del recinto legislativo para fomentar la lectura.

Qué funciones tenía el Consejo Editorial del Senado

De acuerdo con lo planteado durante su reinstalación, el Consejo Editorial tenía varias tareas orientadas a organizar y fortalecer la actividad editorial del Senado. Entre las principales se encontraban:

• Preservar la memoria histórica del trabajo legislativo mediante la publicación de libros y documentos institucionales.
• Coordinar la producción que anteriormente realizaban distintas áreas del Senado sin un esquema común.
• Impulsar la difusión de textos legislativos, históricos y culturales dirigidos al público en general.
• Promover actividades y espacios que acerquen la lectura a la ciudadanía dentro del Senado.
• Establecer acuerdos con instituciones públicas para imprimir y distribuir publicaciones oficiales.

Estas funciones formaban parte del plan para consolidar un proyecto editorial más amplio dentro del Poder Legislativo, el cual ahora enfrenta incertidumbre ante la falta de recursos señalada por el propio senador.

Respaldo de legisladores a la reactivación del órgano editorial

Cuando se formalizó la reinstalación del consejo, legisladores de distintos partidos respaldaron la iniciativa y destacaron su importancia para la difusión del conocimiento.

Entre ellos estuvieron el senador Alejandro González Yáñez, quien celebró la reactivación del órgano, así como el priista Rolando Zapata Bello, que subrayó la relevancia de que el Senado impulse publicaciones de utilidad para la sociedad.

También participaron la senadora Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano, y la panista Guadalupe Murguía Gutiérrez, quienes coincidieron en que el consejo podría fortalecer la promoción de la lectura y el acceso al conocimiento desde el ámbito legislativo.

Donaciones para Cuba y postura sobre la revocación de mandato

En el mismo encuentro con medios, Noroña fue consultado sobre la posibilidad de que legisladores realicen donaciones para apoyar a Cuba.

Señaló que cada integrante de la bancada decidirá el monto que aportará y adelantó que él analiza donar su dieta de un mes.

El senador añadió que, más allá de las contribuciones económicas, considera que el apoyo también debería contemplar el envío de petróleo, al señalar que se trata de una necesidad prioritaria para ese país.

Finalmente, se refirió al debate político sobre la revocación de mandato presidencial y consideró que es válido que la titular del Ejecutivo participe en la discusión pública para explicar su gestión, al señalar que la decisión final corresponde a la ciudadanía dentro de un proceso democrático.

El vínculo entre los empleados y sus superiores directos se ha consolidado como un factor crítico para la retención de personal en el mercado laboral argentino. Según la última edición del estudio Líderes o Jefes realizado por la plataforma de empleo Bumeran, el 73% de los trabajadores en el país consideró abandonar su puesto de trabajo debido a una relación deficiente con su jefe.

Esta cifra, aunque elevada, muestra un descenso de cuatro puntos porcentuales en comparación con los resultados obtenidos en 2025, cuando el 77% de los encuestados manifestaba haber tenido esa intención. El informe, que contó con la participación de 3.081 trabajadores y especialistas en Recursos Humanos de la región, revela que casi la mitad de los empleados en Argentina (49%) mantiene una percepción negativa sobre sus superiores: un 26% califica la relación como regular y un 23% directamente como mala.

Federico Barni, CEO de Bumeran, señaló que estos resultados confirman que el vínculo con el liderazgo es hoy un factor determinante para la permanencia y el bienestar de las personas. “Nos sugiere que actualmente existe una necesidad urgente de transformar el rol del liderazgo, de modo de potenciar y motivar el crecimiento de los equipos”, explicó el ejecutivo.

Los motivos del desgaste en la relación

El informe desglosa las causas que alimentan la percepción negativa de los trabajadores hacia quienes ocupan cargos jerárquicos. Entre aquellos que califican su relación con el jefe como regular o mala, el 50% identifica la falta de reconocimiento como el principal problema.

A este factor le siguen la falta de escucha ante las necesidades del equipo, mencionada por el 48% de los consultados, y la ausencia de confianza del superior hacia su personal o el resto del equipo, señalada por un 47 por ciento. Estas deficiencias en el trato diario y en la gestión del capital humano impactan directamente en la valoración del jefe como figura de autoridad: el 59% de los talentos argentinos no considera que su superior sea un verdadero líder.

En términos comparativos, Argentina se posiciona como el segundo país de la región con la percepción más crítica sobre el liderazgo de los jefes, solo superado por Chile, donde el 65% de los trabajadores no identifica a sus superiores como líderes. Le siguen Panamá con un 54%, Perú con un 53% y Ecuador, que registra el nivel más bajo de insatisfacción con un 46%.

La visión de los especialistas en Recursos Humanos

La problemática no solo es percibida por los empleados, sino que es validada por los expertos en gestión de personal. El 44% de los especialistas en Recursos Humanos en Argentina califica el liderazgo dentro de sus organizaciones como “deficiente”. Este dato marca un deterioro significativo respecto a 2025, cuando el porcentaje de percepción negativa por parte de los expertos era del 31 por ciento.

A pesar de que el 98% de estos profesionales coincide en que es fundamental para el funcionamiento de una organización que los cargos jerárquicos sean ocupados por buenos líderes, las acciones para revertir las deficiencias parecen ser limitadas. El 66% de los responsables de Recursos Humanos informó que sus empresas no implementan estrategias específicas para ayudar a desarrollar habilidades de liderazgo en sus cuadros directivos.

En los casos donde sí se detectan problemas de liderazgo persistentes, las organizaciones suelen recurrir a medidas drásticas. El 50% de los especialistas indicó que explora alternativas como la reasignación de roles, cambios en la estructura o incluso la terminación del empleo. Por otro lado, un 44% opta por crear planes de desarrollo específicos o mantener conversaciones con el superior para señalar áreas de mejora.

Cualidades y aspiraciones de los trabajadores

El estudio también indagó sobre las características que los empleados consideran indispensables en un superior. El 64% de los encuestados destacó que la cualidad más valorada es que el jefe escuche las necesidades de los miembros del equipo. En segundo lugar, el 60% señaló la importancia de que contribuya al crecimiento personal y profesional del personal, mientras que un 57% priorizó que sea una persona comunicativa.

Paradójicamente, la mayoría de los trabajadores argentinos cree poseer las condiciones para mejorar esta situación desde adentro. El 81% de los consultados considera que tiene las cualidades necesarias para convertirse en líder, y un 84% manifestó que le gustaría tener la oportunidad de desempeñar ese rol.

Las motivaciones para aspirar a un cargo de jerarquía están centradas en el cambio cultural: el 65% de quienes desean liderar lo harían para mejorar las condiciones laborales y el ambiente de trabajo para todos, y un porcentaje idéntico lo haría para guiar y apoyar a otros en su desarrollo profesional.

Para los especialistas en Recursos Humanos, el éxito de un buen líder es fácilmente identificable a través de indicadores concretos. El 74% afirma que se distingue por el clima de trabajo que genera en su equipo, el 70% por el aumento en la satisfacción y el compromiso de los empleados, y un 66% por los resultados operativos que obtienen sus equipos de trabajo.

El Atlético Nacional vivió una noche amarga en el estadio Atanasio Girardot al caer 1-3 ante Millonarios en la fase preliminar de la Copa Sudamericana, duelo que entregaba al ganador un cupo directo a la fase de grupos del certamen internacional.

El resultado sorprendió a la hinchada verdolaga y dejó en suspenso el futuro de Diego Arias al frente del equipo, luego de una de las eliminaciones más dolorosas de los últimos años para el club paisa.

El sorteo de la Conmebol, realizado a mediados de febrero, le dio a Nacional la ventaja de jugar este partido único como local, respaldado por los miles de hinchas que coparon el Atanasio. Sin embargo, la localía no fue suficiente ante un rival que se mostró más efectivo y supo aprovechar sus oportunidades para avanzar en el torneo continental.

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El partido y el golpe anímico

El equipo de Arias arrancó el compromiso con el marcador en contra, pero logró igualar rápidamente. A pesar de esto, no pudo tomar el control del partido y terminó sufriendo una derrota contundente.

El 1-3 final dejó al equipo sin presencia internacional para lo que resta del semestre y profundizó la crisis deportiva, a pesar de que el entrenador mantenía un registro positivo en casa desde su llegada al banquillo verdolaga.

Balance de Diego Arias como DT de Atlético Nacional

La derrota ante Millonarios fue la primera en la era Arias en el Atanasio Girardot, escenario en el que había construido una racha positiva tras su debut con victoria 2-0 precisamente ante el cuadro Embajador en septiembre de 2025. Desde entonces, el equipo sumó 12 triunfos y solo dos empates como local, convirtiendo el estadio en un fortín hasta la caída en la Sudamericana.

En total, Diego Arias ha dirigido 29 partidos al frente de Nacional, con un registro de 17 victorias, seis empates y seis derrotas. Si bien los números no son negativos, la eliminación de la Copa Sudamericana representa un duro golpe para las aspiraciones del club y para la continuidad del proyecto deportivo.

Renuncia en puerta: Arias pone en duda su continuidad

La eliminación ante Millonarios fue un golpe duro para el cuerpo técnico y la directiva. En la tarde del jueves 5 de marzo, durante el programa Saque Largo de Win Sports, el periodista Mauricio Agudelo informó que el propio Diego Arias estaría considerando presentar su carta de renuncia tras el batacazo sufrido ante el equipo azul.

Según el reporte, Arias estuvo presente en la práctica de recuperación en la sede de Guarne, pero el entorno del cuerpo técnico no se siente motivado para continuar, a pesar de que la directiva del club no contempla en este momento una decisión drástica.

Agudelo agregó que existe una política interna en Nacional por la cual “entrenador o jugador que pasa de la sub-20 al equipo principal vuelve a bajar” en caso de no consolidarse, lo que incrementa la incertidumbre sobre el futuro de Arias. Se espera la versión oficial del entrenador o de la institución en las próximas horas.

Próximo reto en la Liga BetPlay

Mientras se define el futuro del banquillo, Atlético Nacional deberá cambiar el chip rápidamente para afrontar el próximo compromiso de la Liga BetPlay. El equipo visitará a Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario, partido programado para el sábado 7 de marzo de 2026 a las 4:30 p. m. (hora colombiana).

El objetivo inmediato será mantenerse en la pelea por el título local y dejar atrás la decepción internacional. La decisión de Arias sobre su continuidad podría marcar el rumbo del club en las semanas venideras, mientras la dirigencia y la hinchada exigen resultados y un proyecto sólido para el semestre.

El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) informó que organizará una reunión urgente para examinar el clima laboral y decidir los pasos siguientes en relación con la dirección del organismo, después de haber recibido un escrito respaldado por 27 jefes de grupos de investigación del centro en el que se abordaba la gestión de la entidad. Según detalló el CNIO mediante un comunicado difundido este viernes y recogido por la prensa, la dimisión de José Manuel Bernabé como gerente fue presentada tras las recientes acusaciones de presunto acoso dirigidas a la exsecretaria general, Laura Muñoz.

De acuerdo con el comunicado difundido, la sesión extraordinaria del Patronato tuvo lugar el 27 de febrero de 2026, ocasión en la que los integrantes fueron informados tanto de la renuncia de Bernabé como de la existencia del citado escrito firmado por una parte significativa del personal investigador. El medio consignó que la dirección enfatizó la inmediatez con la que se celebrará una próxima convocatoria, cuyo objetivo será evaluar el entorno de trabajo en el CNIO y plantear decisiones acerca de la estructura directiva, en particular en un contexto marcado por denuncias sobre comportamiento inapropiado.

El CNIO, ente de referencia nacional en el ámbito de la investigación oncológica, enfrenta un periodo de transición tras la dimisión del gerente, sobre todo ante la trascendencia académica y científica de los equipos que lo integran. Según lo publicado, el caso involucra denuncias de Laura Muñoz, quien previamente se desempeñó como secretaria general del centro, y cuyas declaraciones motivaron la reacción institucional que ahora planea abordar tanto la denuncia como el posicionamiento colectivo reflejado en el escrito de los responsables de grupos de investigación.

El comunicado distribuido por el Patronato, y replicado por los principales medios informativos, subraya la intención de analizar en profundidad las circunstancias en las que se produjeron los hechos que motivaron la dimisión, lo que otorga especial relevancia al debate interno que se configura entre las áreas de gestión y el personal científico. El organismo se comprometió, asimismo, a tomar decisiones informadas una vez finalice la reunión urgente, teniendo en cuenta tanto las condiciones laborales en el centro como las inquietudes expresadas por los diversos miembros del equipo investigador.

El proceso para elegir nueva dirección o implementar medidas respecto a la gestión dependerá de las conclusiones que se deriven del análisis que lleve a cabo el Patronato en la próxima sesión. La dimisión de José Manuel Bernabé, quien ejercía funciones de gerente, se enmarca en un contexto de cuestionamientos al modelo de liderazgo y manejo de relaciones laborales en el CNIO, según reportaron los medios de comunicación que dieron seguimiento al comunicado emitido por la entidad científica.

La salida del gerente representa un desafío institucional para el CNIO, al tratarse de uno de los centros de investigación biomédica más reconocidos del país, cuyas estructuras de funcionamiento y ambiente profesional serán objeto de un examen minucioso en la reunión anunciada. A la espera del resultado de este análisis y de nuevas decisiones sobre la dirección, los grupos de investigación continúan sus actividades, mientras el Patronato analiza los elementos compartidos en el escrito de los 27 investigadores que demandaron un cambio en la gestión.

El director del Foro Económico Mundial, Børge Brende, dijo el jueves que renunciará tras enfrentar presiones por sus contactos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Brende, ex ministro de Asuntos Exteriores noruego, dijo en un comunicado que había decidido “después de una cuidadosa consideración” renunciar como presidente y director ejecutivo del foro, conocido por su cumbre anual de enero en el centro turístico alpino suizo de Davos.

Dijo que sus 8,5 años al mando habían sido “profundamente gratificantes”.

“Estoy agradecido por la increíble colaboración con mis colegas, socios y constituyentes, y creo que ahora es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones”, dijo Brende en un comunicado publicado por el FEM.

Brende fue ministro de Asuntos Exteriores de Noruega entre 2013 y 2017 y es uno de los varios noruegos destacados que se han enfrentado al escrutinio tras la última publicación de los archivos de Epstein.

No se refirió directamente a esa controversia en la declaración del jueves, pero el WEF anunció a principios de este mes que estaba abriendo una revisión interna de Brende para determinar su relación con Epstein después de que los archivos indicaran que ambos habían cenado juntos varias veces e intercambiado mensajes.

Brende dijo en ese momento a la emisora ​​noruega NRK que estaba cooperando con la investigación, que sólo conoció a Epstein en entornos laborales y que desconocía sus antecedentes penales.

Brende dijo en una declaración a principios de este mes que durante una visita a Nueva York en 2018, recibió una invitación para que el ex viceprimer ministro noruego Terje Rod-Larsen se uniera a él para cenar con varios otros líderes, además de “alguien que me fue presentado como un inversionista estadounidense, Jeffrey Epstein”.

“Al año siguiente, asistí a dos cenas similares con Epstein, junto con otros diplomáticos y líderes empresariales. Estas cenas, y algunos correos electrónicos y mensajes SMS, fueron todo lo que pude interactuar con él”, dijo.

“Desconocía por completo el pasado y las actividades criminales de Epstein”.

Dijo que si hubiera sabido sobre los antecedentes de Epstein, habría rechazado la invitación inicial a cenar y cualquier otra invitación o comunicación posterior.

Brende dijo que reconoció que podría haber realizado una investigación más exhaustiva sobre la historia de Epstein y lamentó no haberlo hecho.

Los copresidentes del Foro Económico Mundial, André Hoffmann y Larry Fink, declararon en un comunicado que «la revisión independiente realizada por un asesor externo ha concluido. Las conclusiones indican que no existen preocupaciones adicionales a las reveladas previamente».

Dijeron que Alois Zwinggi servirá como presidente interino y CEO del foro.

Epstein se declaró culpable en 2008 de prostitución infantil y cumplió 13 meses de una condena de 18 meses. Enfrentaba cargos de presunto tráfico sexual cuando se suicidó en 2019 durante su detención.

(con información de AP y AFP)

José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), se refirió a la carta enviada a la directivas del Centro Democrático donde notificó su renuncia irrevocable de la colectividad.

El empresario, en diálogo con La FM, expresó que parte de su salida de la colectividad de oposición se debió a una serie de irregularidades que, para él, perjudicaron la elección de la candidata presidencial, que finalmente favoreció a la senadora Paloma Valencia, en la que también participó Maria Fernanda Cabal, esposa de Lafaurie.

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Incluso, llamó la atención de que el movimiento político no le ha atendido sus derechos de petición frente a la obtención de los resultados, ya que, en palabras del líder ganadero, hubo manipulación de los resultados de la encuesta interna y atribuyendo la alteración a la utilización de dinero durante el proceso.

“Recuerdan la campaña que hizo, lamentablemente, el hoy víctima de unas balas asesinas, Miguel Uribe Turbay, a plata, a manos llenas. Y a manos llenas terminaron también afectando lo que fue esa consulta (...) No tengo duda, y lo que quiero es probarlo algún día, porque que yo me vaya de Centro Democrático no significa que ahí quedan las cosas”, explicó el presidente de Fedegan al citado medio de comunicación.

La firma Atlas fue la compañía contratada para adelantar la encuesta; no obstante, Lafaurie criticó que una de las campañas pretendiera contratar a la misma empresa para supervisar el desarrollo del proceso, lo que, a su juicio, contribuyó a la manipulación.

“La encuesta no era una encuesta a ciudadanos del común, no era una encuesta abierta. Era lo que el mismo partido llamó el colegio electoral, que estaba inicialmente compuesto por 4.800 personas, cuyos nombres, el mismo partido definió, y los definió porque correspondían a aquellos militantes que tenían una dignidad en el partido (directorio municipal, departamental o nacional, edil, concejal, diputado, representante, senador) (...) ¿Usted cree que eso es decente?”, enfatizó.

Incluso, advirtió que sus denuncias fueron emitidas directamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, especificamente sobre la presencia de Lester Toledo en la campaña del hoy fallecido senador Miguel Uribe Turbay, así como haber entregado información sobre las irregularidades a la directiva del partido desde finales de 2023.

“Desde mucho tiempo atrás le vengo diciendo al presidente (Álvaro Uribe), la inconveniencia de que el señor Lester Toledo estuviera al servicio de la campaña de Miguel Uribe Turbay, que después se inventó la candidatura de María Claudia (Tarazona, viuda de Miguel Uribe), y después María Claudia dijo lo que dijo de María Fernanda (Cabal) de manera injustificada”, remarcó.

No obstante, el exintegrante del Centro Democrático afirmó que Paloma Valencia no tuvo ninguna implicación en las supuestas alteraciones, sino que responsabilizó a otras figuras internas, entre ellas José Obdulio Gaviria y Nubia Estela Martínez.

Según Lafaurie, la modificación del proceso tenía como objetivo impedir que María Fernanda Cabal se convirtiera en la candidata presidencial, revelando además que días antes de los resultados, Valencia le habría solicitado gestionar que quien no obtuviera la postulación encabezara la lista al Senado.

Su llegada a Salvación Nacional

De otro lado, José Félix Lafaurie se pronunció sobre su llegada al movimiento Salvación Nacional, colectividad que respalda la candidatura presidencial del abogado y empresario Abelardo de la Espriella.

El dirigente argumentó que su adhesión al movimiento político responde tanto a su historia personal como a un rechazo de las prácticas internas del Centro Democrático.

“Esa ha sido siempre mi casa, a lo largo de toda la vida. Nací ahí. Acompañé al doctor (Álvaro) Gómez cuando se apartó también de la decisión que tomó la convención del Partido Conservador en el año 1989, y creó el movimiento”, expresó a La FM.

En cuanto al rechazo del partido de oposición, Lafaurie aclaró: “¿ustedes creen que es posible que desde el 17 de diciembre, que vengo reclamando una información, no haya sido posible? (...) son nueve derechos de petición. No solamente no se me ha entregado, sino que prácticamente han ignorado buena parte de esos temas”.

Incluso, agregó que, tras filtrarse la carta de su salida del Centro Democrático, fueron excluidos de los grupos del partido político en la plataforma de mensajeria WhastApp. “Cuando finalmente se filtró la carta y se conoció, y no la filtramos nosotros, lo primero que hicieron fue sacarme del chat, es decir, me desvincularon como miembro de la Dirección Nacional”, precisó.

Lafaurie anticipó que su voto en futuros escenarios electorales será por Enrique Gómez, que es la cabeza de lista al Senado, y que en primera vuelta respaldará a Abelardo de la Espriella; además, rechazó la opción de Paloma Valencia y reiteró que tanto él como Salvación Nacional se abstendrán de participar en la próxima consulta interna.

El anuncio de Yolanda Díaz sobre su decisión de no repetir como candidata a la presidencia del Gobierno ha llevado a varios integrantes de la coalición Sumar a recomendar que se evite de inmediato cualquier discusión pública sobre posibles candidaturas futuras. Según lo publicado por la agencia de noticias, los principales partidos que forman parte de Sumar insisten en que la prioridad debe centrarse en fortalecer y ampliar la coalición antes de abordar quién será el próximo referente electoral del bloque progresista.

Tal como detalló el medio, voces destacadas de Comuns, Izquierda Unida (IU), Más Madrid y Movimiento Sumar han coincidido en la importancia de posponer el debate sobre los liderazgos hasta que la actual estructura logre agregar más aliados. Dirigentes como Aina Vidal, coportavoz de los Comunes, subrayaron que el momento actual exige discreción en torno a la elección de candidatos, ya que la atención está puesta en agrupar a más partidos para consolidar un proyecto unificado. Vidal sostuvo que “no toca hablar ahora de nombres de candidatos sino agradecer a Díaz su gestión y respetar su decisión”, añadiendo que no considera que una persona concreta haya sido un obstáculo para la articulación del nuevo proyecto político en torno a Sumar.

De acuerdo con el medio, la salida de Yolanda Díaz del primer plano electoral no se interpreta como un giro inmediato en la relación con Podemos, fuerza que hasta el momento se ha mantenido al margen del proceso de reconstrucción dentro de la coalición. Si bien algunos miembros creen que la renuncia podría facilitar el diálogo con esa formación, la mayoría considera que la decisión tomada por Díaz no alterará sustancialmente el vínculo actual con Podemos.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, señaló que la renuncia de Díaz representa un acto “coherente y generoso” que busca favorecer la creación de una alternativa sólida a la izquierda del PSOE. Según consignó el medio, Maíllo consideró que el paso atrás de la vicepresidenta sirve de impulso a la renovación del liderazgo y descartó presentarse como candidato a unas futuras elecciones generales, argumentando que su labor se mantiene vinculada a Andalucía. Asimismo, sostuvo que mantener a Díaz como ministra de Trabajo es ventajoso para la estabilidad y gestión de la cartera, al tiempo que insistió en que adelantar el debate sobre candidatos sería inconsistente mientras prosigue la articulación de nuevas alianzas.

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, declaró que la unidad del bloque alternativo de izquierda no debe estar sujeta a la presencia o ausencia de Yolanda Díaz como cabeza visible. Defendió la necesidad de que todos los sectores implicados participen tanto en la definición del programa como en la elección del representante para futuros comicios, a fin de evitar que el proceso se limite a decisiones ya tomadas por un grupo reducido.

Por parte de Más Madrid, la diputada Tesh Sidi valoró la decisión de Díaz como un asunto estrictamente personal y resaltó la conveniencia de aplazar la designación de un nuevo aspirante. Según reportó el medio, Sidi enfatizó la urgencia de articular una estrategia común entre las grandes formaciones progresistas, muchas de las cuales todavía quedarían por incorporarse al proyecto común. Llamó a actuar con responsabilidad y prudencia, indicando que el proceso de concertación requiere atención especial dada la situación política y el contexto de amenaza percibida sobre derechos y libertades por la presencia de la ultraderecha.

El medio también recogió opiniones internas según las cuales la renuncia de Díaz se consideraba predecible, en parte por su ausencia en el reciente acto político donde Sumar, IU, Comuns y Más Madrid presentaron su disposición a concurrir unidos en la próxima convocatoria electoral, reafirmando el objetivo de constituir una “casa común” de la izquierda.

La agencia de noticias recordó que Díaz ya venía experimentando un desgaste de imagen, reflejado en encuestas y valoraciones previas. Varias fuentes de la coalición consideran que este desgaste motivó en parte su decisión, habiendo intentado reconstituir su perfil con medidas laborales recientes. Añaden que precipitar el debate sobre nombres podría perjudicar a cualquiera que asumiera la candidatura, exponiéndolo prematuramente a los riesgos del proceso electoral.

Sobre el futuro inmediato, tanto dirigentes políticos como fuentes consultadas describieron que la secuencia de pasos prevista comienza con el reforzamiento de vínculos entre partidos, seguida por la definición de un programa común y la elección de una marca electoral, dejando como último punto —en el momento indicado— la designación de la persona responsable de encabezar la lista general.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, expresó reconocimiento hacia Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales. De acuerdo con el medio, Bustinduy se ha descartado públicamente como posible candidato de Sumar en las próximas elecciones generales.

En este contexto, los partidos implicados en el bloque progresista reiteran su intención de no adelantar debates sobre referentes electorales, postulando que el fortalecimiento y la ampliación de la coalición resultan esenciales para la configuración de una alternativa sólida y cohesionada, como expusieron reiteradas voces citadas en la información publicada.

José Ángel González formalizó por escrito su dimisión al conocer que un juzgado había admitido una querella en su contra por presunta agresión sexual a una subordinada. Según detalló el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, su objetivo al apartarse del cargo consiste en proteger la imagen institucional de la entidad policial y en garantizarse la posibilidad de abordar la causa penal en igualdad de condiciones. La noticia principal radica en su renuncia inmediata, que se produjo tras recibir notificación de la investigación judicial.

De acuerdo con la información publicada por 'Antena 3' y transmitida en el programa 'Y ahora Sonsoles', González ofreció sus primeras declaraciones tras dejar el puesto este miércoles, poco después de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid decidiera citarle como investigado al admitir a trámite la denuncia formulada en su contra. El ex DAO puntualizó que optó por dimitir tan pronto como tuvo constancia de la querella, argumentando: "En el momento en que me enteré de la querella, automáticamente puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional. Y, además, para poder defenderme en condiciones", recoge la cadena televisiva.

Tal como informó Antena 3, la renuncia fue presentada el martes, lo que significó el cese en sus funciones como segundo máximo responsable del cuerpo policial. González hizo hincapié en que su salida se trató de una decisión voluntaria y no de un cese impuesto desde instancias superiores. Explicó que la dimisión se formalizó mediante un escrito en el que explicitó la razón de no querer "ensuciar el buen nombre de la Policía". Actualmente, la aceptación oficial de su renuncia depende de la institución, dado que, como precisó, "ahora me tienen que cesar ellos".

La investigación judicial sigue en marcha tras la admisión de la querella que implica a González en un supuesto ataque sexual a una subordinada en el seno de la Policía Nacional. La admisión de la causa y la citación como imputado provocaron su inmediata renuncia al cargo directivo. La naturaleza de la causa responde a la competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid, que instruye el procedimiento.

El medio Antena 3 destacó que la decisión de González de dimitir responde, según sus propias palabras, a la voluntad de no perjudicar a la institución a la que ha servido y de preparar su defensa en el ámbito judicial. En su intervención pública, el ex DAO subrayó la importancia para él de afrontar el proceso legal lejos de cualquier posible condicionante derivado de su posición jerárquica.

Con la dimisión de González, la Policía Nacional afronta la vacante en uno de sus puestos de mayor responsabilidad operativa. El proceso judicial por presunta agresión sexual continúa bajo instrucción del juzgado competente en Madrid, mientras la posición del exdirector adjunto operativo queda a la espera de resolución institucional respecto a la aceptación formal de su salida. La noticia ha sido recogida y analizada por distintos medios, entre ellos Antena 3, centrándose en el impacto de la renuncia en la dirección de la Policía Nacional y en el desarrollo de la causa judicial que la motivó.

La renuncia reciente de José Ángel González, director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, se produjo tras la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid de citarlo como investigado, luego de que se admitiera a trámite una querella por presunto delito de agresión sexual a una subordinada, presentada el 9 de enero. Este hecho generó intensa controversia en el ámbito político, particularmente en el Congreso, donde la oposición cuestionó tanto el accionar como el conocimiento del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Según consignó Europa Press, el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, afirmó que resulta inverosímil que Marlaska desconociera la querella durante más de un mes, exigiendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cese del ministro si no dimite por voluntad propia.

De acuerdo con Europa Press, Marlaska aseguró ante el Pleno que solo tuvo conocimiento de la denuncia en la tarde del martes, y respaldó esta afirmación en declaraciones del abogado de la víctima y la inexistencia de avisos por parte de sindicatos policiales sobre los hechos. El ministro argumentó que, al tomarse conocimiento oficial, se impulsó de inmediato la renuncia y el cese de González, en consonancia con la gravedad del asunto.

Las declaraciones del titular de Interior no lograron calmar los cuestionamientos opositores. Europa Press detalló que Feijóo criticó duramente la versión gubernamental que sostiene que el Ejecutivo supo de la querella recién en los últimos días, cuando, según expuso, la denuncia se presentó formalmente el 9 de enero y los hechos investigados datan de abril del año pasado. Feijóo planteó dudas sobre la veracidad del alegado desconocimiento de Marlaska, indicando que, en su opinión, ningún responsable político podría desentenderse de la conducta de su alto mando policial, especialmente en un caso de esta gravedad.

El líder del PP destacó además que el propio Marlaska decidió la prórroga de la jubilación de González, lo que —en su criterio— le atribuye una responsabilidad política directa sobre las consecuencias derivadas del caso. En un mensaje difundido por sus redes sociales y citado por Europa Press, Feijóo instó a que por respeto tanto a las mujeres como a la Policía Nacional, el ministro debe abandonar su cargo inmediatamente, y apeló a Sánchez para que proceda al cese si no hay renuncia voluntaria.

Europa Press recogió la postura del presidente del PP, quien enfatizó que, a su juicio, el Gobierno mantenía a un alto cargo acusado de agresión sexual dentro de la estructura policial únicamente hasta que la situación tomó estado público. Sostuvo que “hasta que ha trascendido, lo sabían, lo taparon y le protegieron”, enlazando este caso con el de otros cargos de relevancia como el fiscal general del Estado. Feijóo expresó preocupación por la protección institucional a las personas acusadas de delitos y cuestionó directamente la seguridad jurídica y social bajo la actual administración. Consideró necesario apartar “a quien las nombra”, en clara referencia al presidente Pedro Sánchez.

En las filas del PP aumentó la presión sobre el Ejecutivo. Fuentes de la dirección nacional, citadas por Europa Press, vincularon el manejo de este episodio con debates recientes, como el rechazo parlamentario a la ley impulsada por Vox que buscaba prohibir el uso del burka en espacios públicos. En esa votación, el PP y UPN apoyaron la iniciativa, lo que dio pie a duras críticas contra la posición del Ejecutivo en materia de protección de derechos de las mujeres, comparando la permisividad del burka con el supuesto encubrimiento de denuncias dentro del cuerpo policial.

La sesión de control al Gobierno en el Congreso se transformó en un escenario de enfrentamiento político. Los parlamentarios populares utilizaron sus intervenciones para insistir en la dimisión del ministro del Interior, acusando al Ejecutivo de encubrir la investigación por acoso sexual que involucraba al directivo policial. El secretario general del PP, Miguel Tellado, se dirigió a Marlaska en términos directos durante la sesión, espetando que resultaba indignante ver a un ministro permanecer en su escaño mientras se le acusa de ocultar una presunta agresión sexual cometida por uno de los máximos responsables policiales.

La intervención de Marlaska en el Pleno incluyó el compromiso de que renunciaría si la víctima señalaba no haberse sentido protegida o consideraba que el ministro falló en su deber. Europa Press reportó que, tras su discurso, los diputados del PP entonaron reiterados pedidos de dimisión golpeando sus escaños, lo que obtuvo como respuesta una extensa ovación de la bancada socialista en apoyo al ministro del Interior.

El contexto parlamentario demostró el alto grado de polarización por el caso y la efervescencia en torno a la gestión gubernamental ante denuncias de violencia sexual que involucran a altos cargos policiales. Todos estos hechos, según lo publicado por Europa Press, situaron el debate sobre la responsabilidad política y la protección institucional de las víctimas en el centro del escenario público y mediático.

Días después de la difusión de un video en redes sociales en el que el ciudadano cartagenero Jaime Herrera Pérez, alias Raquiña, aborda al exalcalde de Cartagena William Dau Chamatt para tocarle sus partes íntimas, se conoció una carta, al parecer firmada por Herrera Pérez, en la que pide la terminación unilateral del contrato que lo vinculaba con el Distrito.

Los hechos ocurrieron el lunes 9 de febrero durante una entrevista de Dau con un medio de comunicación y en el trayecto a las sedes de la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar.

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Según la fotografía del documento de Herrera Pérez que se divulgó en medios informativos locales, la solicitud de dimisión unilateral fue tramitada el 11 de enero de 2026.

Allí se lee: “Yo JAIME HERRERA PEREZ, mayor de edad, con domicilio y residencia en esta ciudad (...) mediante el presente escrito, me permito solicitar la terminación unilateral del contrato CD-SICC-2047-2026, suscrito el 20 de enero del 2026, dado que, en este momento por motivos personales, no puedo continuar con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho contrato (sic)”.

Aunque las responsabilidades actuales del señalado habrían comenzado en enero del año en curso y no están claramente definidas, en redes sociales hay videos y fotografías de años atrás donde figura alias Rasqui con el actual alcalde de Cartagena Dumek Turbay Paz, o en apoyo a la campaña que lo llevó a ser la cabeza del Distrito de La Heroica.

Dicho material podría comprobar las denuncias que hizo el exalcalde Dau Chamatt, sobre la cercanía de Herrera Pérez con Dumek Turbay, con señalamientos como que “alias Rasquiña es el mensajero principal y de confianza de los negocios oscuros, que conoce muchos negocios oscuros de Dumek”.

De hecho, hay registros de contratos con los bomberos de Cartagena, también con el Instituto Distrital de Deporte y Recreación de Cartagena (Ider) como entrenador y en la Secretaría de Hacienda de la administración de Turbay Paz.

El exmandatario, a su vez, señaló como responsable de las acciones a Dumek Turbay y su círculo.

La denuncia del exalcalde William Dau en contra de alias Rasqui

Por su parte, el exalcalde presentó una denuncia penal, asesorado por sus abogados, en la que alegó que los tocamientos en los glúteos del exmandatario corresponden al delito de injurias por vías de hecho, como informó Dau en su perfil de X.

En un video que publicó el 11 de febrero en sus redes, Dau Chamatt sostuvo que actuará legalmente porque su objetivo es “ver en la cárcel” al agresor.

De hecho, en el cierre de su mensaje advirtió que si vuelve a recibir ataques similares, procederá de nuevo por la vía judicial.

“Este señor también queda identificado y también queda incluido en la denuncia penal. Yo no voy a presentar una denuncia penal medio huevo para que no prospere. Me vuelven a atacar y vuelvo a responder”, advirtió.

Los hostigamientos de los que William Dau habría sido víctima

La denuncia del exalcalde emergió tras una serie de presuntos actos de hostigamiento del que estaría siendo víctima desde que concluyó su gestión como mandatario distrital de la capital del departamento de Bolívar.

William Dau presentó una secuencia cronológica de los episodios de posible hostigamiento, que relató minuciosamente. Mencionó como antecedente un incidente con el periodista Lucio Torres, que lo registró en video mientras le lanzaba comentarios ofensivos durante una caminata por el centro de Cartagena.

Añadió que, en otra ocasión, durante la consulta del Pacto Histórico de 2025, una persona que presuntamente estaría vinculada a la administración de Dumek Turbay lo provocó mientras lo grababa con su teléfono móvil.

También recordó un enfrentamiento con el secretario privado de Turbay, que, según Dau, descendió de su automóvil para intentar agredirlo físicamente.

A este recuento sumó un episodio ocurrido en el malecón de Bocagrande, en el que recibió un insulto sin provocación antes del episodio con “Rasquiña”.

El alcalde Carlos Fernando Galán oficializó la decisión e informó que Julia Rubiano, hasta ahora subsecretaria de Educación, asumirá la dirección desde el 1 de marzo de 2026.

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En su pronunciamiento, el alcalde de la capital elogió la gestión de Segovia Ospina, y aseguró que fue “un gran trabajo por los niños, niñas y adolescentes”.

Aunque se trata del primer relevo de alto nivel en el gabinete distrital, Galán reconoció que la labor de Segovia permitió que, en 2025, “ningún colegio distrital perdiera un día completo de clases”.

También puso en conocimiento que bajo el liderazgo de la hasta ahora secretaria de Educación, “Bogotá se consolidó como la mejor de las principales ciudades del país en calidad en educación”.

Fue Isabel Segovia la secretaria de la cartera que más criticó las suspensiones de clases en colegios de la capital por paros y movilizaciones, especialmente por parte de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode).

Incluso, se mantuvo firme ante las justificaciones del Gobierno nacional a las marchas de maestros por las contrariedades con el modelo de salud implementado para educadores. En marzo del 2025, le escribió este mensaje al ministro de Educación.

“Priorizar los derechos de los adultos sobre los de la niñez resulta preocupante, especialmente viniendo de quienes tienen la responsabilidad de protegerlos dentro del sistema educativo. Respetamos el derecho a la protesta, no estamos irrespetando al magisterio, solo les solicitamos a los docentes de Bogotá que deseen salir a manifestarse que lo hagan en contrajornada y así protegemos los derechos de todos”.

Las palabras de Isabel Segovia

En sus redes sociales, Segovia Ospina escribió un sentido mensaje al alcalde en el que le dijo que había sido “un honor” trabajar con él. También le agradeció la oportunidad de desempeñarse en favor de la educación de los niños de Bogotá.

“Son ellos la razón de todo el esfuerzo que hacemos en la Secretaría de Educación, de la mano de un equipo maravilloso al cual le quiero manifestar mi admiración y gratitud por su compromiso y rigurosidad. A mis colegas de gabinete, también, muchas gracias por todo su apoyo”, escribió.

De la misma manera, resaltó el programa educativo que logró sacar adelante —‘Una educación que te responde’—, y dijo que fue una “realización profesional y personal invaluable”.

“Fortalecer los aprendizajes en cada etapa de la vida, brindar condiciones necesarias para una educación de calidad y hacer respetar el tiempo escolar son propósitos que no podemos perder de vista y que debemos seguir garantizando para un mejor futuro de los niños de Bogotá y de la ciudad”, agregó Segovia.

Luego, le dio la bienvenida a su sucesora, de quien dijo que es “una gran persona y excelente profesional, a quien conozco hace muchos años y con quien he tenido el gusto de trabajar por la educación del país. (...) Estoy segura que continuará trabajando incansablemente por los niños de la ciudad, como lo hemos venido haciendo. Le auguro éxitos”.

La trayectoria del reemplazo de Isabel Segovia.

El alcalde informó que Julia Rubiano tiene “una larga trayectoria en el sector de la educación”.

De acuerdo con los datos tomados por la red social laboral Linkedin —en la que ya figura el perfil de la sucesora de Segovia Ospina como actual secretaria de Educación—, Rubiano es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales por la Universidad Externado de Colombia y posee una maestría en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile.

Sobre los desafíos que tiene Julia Rubiano, el alcalde Galán destacó que se dividirán en tres líneas: “consolidar el sistema de atención integral a la primera infancia en articulación con Integración Social, Salud y Cultura; fortalecer la convivencia escolar con programas como Escuela con Emociones; y garantizar que todas las niñas y niños aprendan en la edad adecuada para avanzar en el cierre de brechas”.

En las redes sociales, Rubiano ya envió un mensaje de agradecimiento por su nuevo cargo: “Gracias al alcalde @CarlosFGalan y a la secretaria @IsabelSegoviaO por la confianza para liderar este propósito de ciudad. Aquí hay un equipo dispuesto a seguir trabajando en las líneas trazadas. Todo mi compromiso por las niñas, niños y jóvenes de Bogotá“.

Juan David León, representante legal de Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, manifestó que su apoderado no ha contemplado dimitir de su cargo, pese a que la Fiscalía General de la Nación radicara una imputación de cargos por tráfico de influencias y violación de topes electorales.

El jurista, en diálogo con La FM, aseveró que la medida interpuesta por el ente acusatorio carece de total fundamento, al considerar que el ejecutivo aún cuenta con el tiempo necesario para su defensa de los delitos mencionados.

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“Esta es una fase incipiente; no tiene sentido adoptar una decisión cuando todavía hay posibilidad de demostrar que no existe conducta delictiva. Es decir, estamos hasta ahora arrancando un proceso penal”, indicó el abogado al citado medio de comunicación.

Además, reiteró que su defendido no tiene responsabilidad en la violación de topes electorales en la campaña del hoy presidente Gustavo Petro para las elecciones de 2022, aunque en esa época fungía como gerente de la campaña.

“Eso es una decisión que se está evaluando en el gobierno corporativo y lo está evaluando el doctor Roa, pero personalmente creo que no debe renunciar, y tengo entendido, de lo que se ha podido conversar, es que no va a renunciar”, comentó.

Del mismo modo, León reiteró que hasta el momento no ha recibido notificación formal de imputación alguna por parte de las autoridades judiciales. “A la fecha de la emisión del comunicado, la defensa técnica y material no ha sido notificada formalmente de citación alguna a audiencia de formulación de imputación”, indicó el apoderado de Ricardo Roa en la cadena radial mencionada.

Además, reclacó que, hasta que no se conozca la fecha de la audiencia de imputación, instó a que se respete la presunción de inocencia del presidente de Ecopetrol, y recalcó la disposición del funcionario para aportar todas las pruebas que podría exculparlo de los cargos.

“Lo hemos estado desde el inicio de todo el escándalo mediático que se dio, estamos prestos de dar las explicaciones, de contarle a la Fiscalía cuáles son todas las trazabilidades y los comportamientos que ha desplegado el doctor Ricardo Roa, tanto en su vida personal, pues con la adquisición del apartamento, como también como gerente de campaña (...) siempre en respeto por la institucionalidad, por las decisiones que puede que no se compartan, como en este caso, pero que se controvierten en los canales institucionalmente establecidos”, sostuvo.

Frente a la violación de topes de campaña, el abogado manifestó: “No hubo ninguna violación de topes y de ahí entonces decaería toda la tesis de la Fiscalía, porque lo que se hizo fue un gasto juicioso, organizado y estructurado mediante protocolos y manuales previamente establecidos para evitar cualquier riesgo legal de este tipo”.

Por qué es investigado Ricardo Roa

El proceso, formalizado el 9 de febrero de 2026, no solo expone la complejidad de la financiación electoral, sino que impulsa un debate sobre el futuro de la gestión empresarial en el país ante la posible privación de la libertad del directivo, según reveló el delegado contra la criminalidad organizada Raúl Humberto Gonzalez Flechas.

Según la investigación adelanatada por el ente acusatorio, Ricardo Roa fue acusado por dos casos en particular: violación de topes electorales y tráfico de influencias.

En el primer caso, el expediente da cuenta de que la campaña presidencial superó el límite en 5.300 millones de pesos, con 3.700 millones correspondientes a la primera vuelta y 1.600 millones a la segunda. Estos valores fueron determinados por una investigación conjunta de Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, ambos magistrados del Consejo Nacional Electoral, y luego remitidos a la Fiscalía.

“Se determinó que efectivamente la campaña electoral del Partido Histórico superó los topes permitidos por el sistema electoral. Y en ese sentido, él como gerente de campaña, pues tiene la responsabilidad directa sobre esa superación en los topes permitidos”, explicó el delegado.

En paralelo, la investigación identifica un posible tráfico de influencias relacionado con Juan Guillermo Mancera, quien resultó adjudicado con un contrato por parte de Ecopetrol tras haber participado previamente en la venta del apartamento a Roa.

Este caso hace referencia a la adquisición por parte de Roa de un penthouse en Bogotá en diciembre de 2022, valorado en 1.800 millones de pesos, cifra inferior al precio de mercado.

El contraste resulta evidente cuando se compara con la venta previa de un apartamento de la mitad del tamaño en el mismo edificio por 1.000 millones de pesos, teniendo en cuenta que el vendedor del inmueble fue Princeton International, vinculada al empresario del sector petrolero Serafino Iácono. Roa, en su interrogatorio, manifestó que desconocía la identidad del vendedor durante la compra.

Con este auto, Roa se convierte en el primer funcionario de alto nivel citado por la justicia derivado de los comicios que llevaron a Petro al poder. La Fiscalía subrayó que la imputación no incluye medida de aseguramiento inmediata y que corresponde a los jurados fijar la fecha para la audiencia de formulación de cargos.

“Los fiscales encargados de cada uno de los casos consideran que tienen los elementos suficientes para, eh, generar esta solicitud y hacer la imputación de cargos, que, pues tendrá su desarrollo procesal normal (...) estos tipos penales tienen una sanción punitiva, como cualquier tipo penal, en este caso de privación de la libertad. Ya, pues eso nos determinará cuáles serán las consecuencias, de hallarse responsable ya judicialmente”, puntualizó Gonzalez Flechas.

El titular del Indec, Marco Lavagna, renunció este lunes al organismo y, como mensaje de despedida, envió una carta a los empleados en la que destaca la necesidad de continuar actualizando las estadísticas y de defender el instituto.

La dimisión del economista surge a días de la puesta en marcha de una nueva canasta para la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que empezará a reflejarse en el dato de inflación de enero.

“Quiero contarles que he tomado la decisión de cerrar esta etapa al frente del INDEC. Fueron 6 años de mucho trabajo y de enormes desafíos, en los que logramos avanzar en la mejora de las estadísticas públicas y el sistema estadístico nacional”, inició el ex directivo en el texto al que accedió Infobae.

“Sabemos que la realidad económica y social cambia permanentemente y que el sistema estadístico nacional necesita seguir adaptándose y fortaleciéndose. En ese camino, quedan proyectos con un alto nivel de desarrollo y otros en proceso, que estoy seguro podrán completarse y ser implementados próximamente”, señaló. Un ejemplo de ello es la metodología para determinar la Canasta Básica Total (CBT), que tiene un impacto directo en la tasa de pobreza.

Manifestó que no fue una decisión sencilla, pero que cree que es momento de encarar nuevos proyectos y desafíos, “con la tranquilidad de haber compartido con ustedes una etapa intensa y valiosa”.

“Quiero agradecerles sinceramente por el trabajo diario, el compromiso y la vocación con la que sostienen al INDEC todos los días. Son el principal activo del organismo y la base para que las estadísticas públicas sigan siendo técnicas, confiables y transparentes”, expresó Lavagna.

“Les deseo lo mejor en lo que viene y confío en que el INDEC va a seguir creciendo y consolidándose, y que próximamente se podrá actualizar el marco normativo que ayude a esto. Un fuerte abrazo, los voy a extrañar y el INDEC siempre podrá contar con lo que esté a mi alcance para defenderlo”, concluyó.

Lavagna ocupaba el cargo desde diciembre de 2019, cuando comenzó el gobierno de Alberto Fernández. Con una trayectoria previa como legislador por UNA y luego por el Frente Renovador, el espacio que lidera Sergio Massa, decidió mantenerse en el organismo incluso tras la asunción de Javier Milei y el cambio de rumbo político que implicó.

Por el momento, el número 2 del instituto, Pedro Ignacio Lines, es quien queda al mando.

Como antecedente, en agosto de 2025, Georgina Giglio había renunciado a la dirección del índice de precios, siendo reemplazada por Josefina Rim. También abandonó su puesto Guillermo Manzano, director de Estadísticas de Condiciones de Vida, responsable de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Desde la Junta Interna de ATE- Indec dijeron: “La renuncia de Lavagna nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta, dado que ocurre a 8 días de la salida del IPC con las nuevas ponderaciones -o actualización- de la ENGHo 2017/18. Es un escenario en el que nuestro organismo va estar en el centro de la opinión pública. Exigimos un Indec independiente del poder político”.

A su vez, trazaron un paralelismo con 2007, año en el que se dispuso la intervención debido a que “no gustaba el dato del IPC de enero”.

“Esperamos que el próximo 10 de febrero se publique el dato de inflación con la nuevas ponderaciones”, agregaron y anunciaron una conferencia de prensa para este martes al mediodía.

En detalle, el cambio central en la medición reside en que empezará a utilizarse la canasta de consumo surgida de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo del relevamiento de 2004. La falta de actualización había derivado en una subestimación del peso de gastos que ganaron relevancia en las últimas décadas, como los servicios de internet y telefonía celular.

Otro aspecto relevante en el funcionamiento del Indec durante los últimos meses fue el creciente malestar entre funcionarios de distintos niveles, vinculado al deterioro salarial y a las dificultades que esto genera para retener cuadros técnicos y profesionales.

Además, recientemente la Secretaría de Turismo y Ambiente decidió no renovar el convenio de financiamiento para la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), lo cual obligó a reformular la operación a fin de proporcionar la mayor cantidad de indicadores posibles.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios aceptó la renuncia de Nelson Javier Vásquez Torres como agente especial de Air-e, la empresa de energía que permanece intervenida desde 2024 por graves dificultades financieras y operativas. La decisión marca un nuevo capítulo en la compleja situación del sistema eléctrico en la región Caribe, donde persisten riesgos estructurales que amenazan la continuidad del servicio.

De acuerdo con El Tiempo, la salida de Vásquez fue oficializada mediante una resolución firmada por el superintendente Felipe Durán Carrón, quien dio aval formal a la renuncia presentada por el funcionario. Aunque el documento fue expedido el mismo día de la solicitud, el ahora exinterventor continuará en funciones hasta el 29 de enero de 2026, con el fin de garantizar una transición ordenada en la administración de la compañía.

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Nelson Javier Vásquez había asumido el cargo en junio de 2025, en medio de una de las peores crisis que ha enfrentado el sector energético en el Caribe colombiano. Su llegada no fue aislada, pues, se convirtió en el cuarto interventor de Air-e desde que la empresa fue intervenida por el Gobierno nacional, reflejando la inestabilidad administrativa que persiste en la compañía.

Por ese mismo asiento ya han pasado figuras como Carlos Diago, Edwin Palma, actual ministro de Minas y Energía, y Diana Bustamante, sin que hasta ahora se haya logrado una solución definitiva a los problemas financieros y estructurales de la empresa.

La Superservicios confirmó que designará un nuevo agente especial mediante un acto administrativo posterior, con el objetivo de que Air-e no quede sin interventor en ningún momento, una condición clave para mantener la supervisión estatal y evitar interrupciones en la prestación del servicio.

Air-e, una empresa bajo presión financiera y operativa

A más de un año de haber sido intervenida, Air-e sigue enfrentando un escenario altamente complejo. Si bien bajo la supervisión de la Superservicios se han registrado algunos avances operativos —como garantizar un porcentaje significativo del suministro de energía para 2026 y reducir el riesgo de apagones—, los problemas de fondo siguen sin resolverse.

Los retos financieros y estructurales continúan siendo el principal talón de Aquiles de la empresa, especialmente por el crecimiento acelerado de su endeudamiento. La compañía ha tenido que solicitar recientemente un “salvavidas financiero” al Gobierno nacional para poder cumplir con sus obligaciones con generadores y proveedores.

Según cifras oficiales, la deuda reconocida por Air-e supera los $1,1 billones, aunque desde el sector generador aseguran que la cifra real es considerablemente mayor.

Polémica por nuevas cargas tributarias al sector energético

En medio de este panorama, el Ministerio de Hacienda creó nuevas cargas tributarias para las empresas generadoras de energía, con el argumento de financiar la recuperación de Air-e. No obstante, la iniciativa ha generado un fuerte rechazo entre los gremios del sector.

Según El Tiempo, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, fue contundente al calificar la medida como irresponsable.

“Este decreto es irresponsable porque el Gobierno Nacional no ha hecho nada para solucionar el problema de Air-e. Cuando hicieron la intervención, su deuda era de 500.000 millones de pesos, pero en este momento supera los 2,5 billones de pesos”, afirmó.

Desde Andeg, Alejandro Castañeda también expresó preocupación, señalando que para los generadores la deuda ya asciende a $1,5 billones, lo que pone en riesgo la estabilidad de todo el sistema energético nacional.

¿Quién es Nelson Javier Vásquez Torres?

Nelson Vásquez es administrador público, especialista en Gerencia Financiera, magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos y candidato a doctor en Ciencias Ambientales.

La Superservicios destacó que cuenta con más de 30 años de experiencia en la dirección de entidades estatales, consultoría y docencia universitaria. En la última década ocupó cargos estratégicos como jefe de Planeación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, secretario general del Ministerio de Minas y Energía y subsecretario de Gestión Corporativa de la Secretaría Distrital del Hábitat, además de haber sido contratista de diversas entidades públicas.

La misión que tenia como agente interventor de Air-e

Air-e es el distribuidor y comercializador de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, tras la salida de Electricaribe. De acuerdo con la Superservicios, la misión del agente interventor es garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía como un derecho fundamental, así como avanzar en la implementación de tarifas justas para la región Caribe.

La salida de Nelson Vásquez se da en un momento crítico para la empresa y el sector, dejando sobre la mesa interrogantes sobre el rumbo que tomará la intervención y si el próximo agente especial logrará frenar el deterioro financiero que amenaza no solo a Air-e, sino a la estabilidad del sistema eléctrico en Colombia.

Carlos Casares renunció a la intervención del Ente Regulador del Gas (Enargas) y detalló una serie de 21 puntos donde estableció los hitos alcanzados durante su gestión. Sin embargo, señaló en su carta que no logró satisfacer las expectativas previstas para el rol. La salida del funcionario es la quinta registrada en menos de 24 horas. A él se suman los cambios de titularidad en la Secretaría de Transporte, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA), Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), y Unidad de Información Financiera (UIF).

En la carta de dimisión que presentó, Casares expresó sorpresa ante la imposibilidad de participar en el directorio del futuro Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, el organismo que incorporará y reemplazará tanto al Enargas como al ENRE a partir del 1 de marzo de 2026.

Tras detallar algunas de las tareas más significativas realizadas durante su gestión, Casares expresó: “era mi voluntad continuar colaborando con el proyecto de la unificación de los entes reguladores (Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad), con la finalidad de que este nuevo Organismo Autárquico tenga niveles de calidad comparables con los mejores internacionales y, en consecuencia, me presenté al Concurso Público de Antecedentes para la conformación de su Directorio“.

Sin embargo, “no he satisfecho vuestras expectativas y/o no cuento ya con vuestra confianza para continuar colaborando. Es por ello que, en estas circunstancias, no cabe otra decisión que presentar mi renuncia indeclinable al cargo de Interventor del ENARGAS“.

Casares ocupaba la intervención de ENARGAS desde enero de 2024, tras haber integrado desde marzo de 2023 el equipo de trabajo que elaboró los lineamientos para la política energética de La Libertad Avanza y el capítulo correspondiente de la denominada Ley de Bases. En ese proceso, Eduardo Rodríguez Chirillo participó junto a Casares en la formulación de propuestas regulatorias sobre gas natural, GNL y otros combustibles gaseosos.

Durante su gestión, fueron implementadas medidas como la Adecuación Tarifaria Transitoria para el transporte y la distribución de gas, acompañada de requisitos de inversión para las prestadoras del servicio. Según el resumen presentado en la renuncia, también se avanzó con la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) y se dio cumplimiento a los requerimientos de gestión establecidos por el Decreto 55/2023.

El plantel de personal del organismo se redujo de 707 a 516 trabajadores, como parte de un proceso de racionalización interna. Casares destacó la colaboración de más de 20 profesionales de ENARGAS en la elaboración de normativas referidas a gas natural y GNL, en sintonía con los objetivos de la Secretaría de Energía.

Bajo su intervención, se llevó adelante la Revisión Quinquenal Tarifaria para el período 2025-2030, siendo este el tercer proceso integral de este tipo llevado a cabo por el organismo. El comunicado señala que los anteriores ocurrieron en 1997 y 2017.

Además en el texto Casares recordó que también estuvo a cargo de la implementación de ajustes mensuales en las tarifas de transporte y distribución de gas y se regularizó el tratamiento del traslado del precio del gas en tarifa, mediante la emisión de normativa sobre Diferencias Diarias Acumuladas (DDA). Se regularizó la situación de los subdistribuidores de gas y se gestionaron autorizaciones para asegurar el abastecimiento domiciliario en distintas localidades.

En otro de los 21 puntos desarrollados en torno al trabajo realizado en su gestión, el ex titular de ENARGAS indicó que el organismo retomó su participación en la Asociación de Reguladores Iberoamericanos de Energía (ARIAE), ocupando responsabilidades en el Grupo de Trabajo de Gas. También brindó asistencia técnica para la reglamentación de capítulos de la Ley de Bases sobre hidrocarburos y para el desarrollo institucional de un nuevo ente regulador unificado.

Otra acción mencionada fue la elaboración y publicación de una agenda regulatoria desde mayo de 2025, con la finalidad de transparentar los temas en revisión y su avance. Durante la intervención de Casares, se evaluó el desempeño de las 11 licenciatarias de servicios, en el marco de los Artículos 6° y 7° de la Ley 24.076, y se gestionaron prórrogas de licencias.

El comunicado refiere la resolución de expedientes históricos vinculados al abastecimiento del Gasoducto Patagónico, con colaboración de YPF, Pan American Energy, Camuzzi Gas del Sur S.A. y gobiernos provinciales. También se regularizó la tramitación de 442 expedientes sancionatorios de años anteriores e iniciaron 605 procedimientos sancionatorios nuevos, cifras que exceden el promedio de gestiones previas. Se implementó una actualización sistemática de las multas, en función de parámetros de la industria.

El índice de transparencia del organismo se incrementó del 66 % al 92,6 %, según mediciones de la Dirección Nacional de Evaluación de Políticas de Transparencia, lo que se atribuye en parte a transformaciones en la página web institucional para facilitar el acceso público a la información.

Se trabajó junto a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial en iniciativas como la importación de medidores de gas y la presentación transparente de tributos en factura, y se colaboró en la definición e implementación de la política de focalización de subsidios mediante audiencias y consultas públicas.

El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, renunció al cargo en las últimas horas y será reemplazado por el arquitecto Fernando Herrmann, según comunicó el Ministerio de Economía. Cabe destacar que Pierrini había desembarcado en la cartera en mayo de 2025 como sucesor de Franco Mogetta.

De acuerdo a la información aportada por el Palacio de Hacienda, el funcionario saliente presentó este miércoles su renuncia por “motivos personales”, un dato que fue ratificado a Infobae por fuentes dentro de la propia Secretaría. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, “agradeció el compromiso y la labor” de Pierrini durante su gestión al frente de la Secretaría, que duró poco más de 8 meses y 20 días.

En su reemplazo, asumirá Herrmann, un arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y que posee un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

“Asimismo, a lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP)”, informaron desde Economía.

Quién es Fernando Herrmann, el nuevo secretario de Transporte

El flamante funcionario cuenta con una vasta trayectoria en el universo de la arquitectura y ahora se incorporará al área encargada de definir las políticas sobre tarifas, subsidios y la regulación del transporte aéreo, marítimo y terrestre.

Desde hace 34 años se desempeña como director ejecutivo del estudio Estudio Herrmann & Arquitectos Asociados (EH&aa), del que también es socio. Se trata de una firma que brinda servicios de proyecto, dirección y gestión de obras de arquitectura tanto en la Capital Federal como en la provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo, figura como socio gerente de Arquigrupo SRL. No se le conocen antecedentes en el área de transporte en su currículum.

Los orígenes del estudio se remontan a los primeros años de la carrera profesional de Herrmann, quien antes de recibirse trabajó pintando viviendas. Tras graduarse en 1986, formó una primera sociedad con el arquitecto Enrique Cordeyro, con quien trabajó hasta 1992. Luego de esa etapa, impulsó su propio estudio y realizó uno de sus primeros trabajos de relevancia: el Centro de Prensa de la Convención del Grupo del Río, montado en el Palais de Glace.

En los 90, Herrmann obtuvo un MBA en el IAE Business School. Junto con sus socios Hugo Fontán y Bernardo Miguens, desarrollaron decenas de proyectos en las últimas tres décadas. Entre las obras destacadas de esa primera etapa figura el edificio de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Según su perfil laboral, el sustituto de Luis Pierrini se especializaba, hasta aceptar la conducción de la Secretaría de Transporte de la Nación, en “proyectos y dirección de obras de arquitectura; gerenciamiento y administración de contratos de obra; y estudios de factililidad de desarrollos inmobiliarios”.

Uno de los desafíos que deberá enfrentar Fernando Herrmann será negociar periódicamente con empresarios de colectivos, quienes solicitan una actualización de la estructura de costos del sector para definir el monto de subsidios requerido, así como gestionar el diálogo con la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Desde la Secretaría de Transporte señalaron que, por el momento, no se prevén modificaciones en la estructura de las subsecretarías tras la llegada de Herrmann, aunque reconocieron que la situación es reciente y podría haber novedades más adelante.

En la actualidad, el organigrama de la cartera, que opera bajo la órbita del Ministerio de Economía, cuenta con tres divisiones: la Subsecretaría de Transporte Automotor, encabezada por José Manuel Urdiroz; la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, liderada por Martín Gabriel Ferreiro; y la Subsecretaría de Transporte Aéreo, en manos de Hernán Adrián Gómez.

En una carta remitida al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Ricardo Lewandowski destacó que durante su periodo al frente del Ministerio de Justicia de Brasil las limitaciones políticas, coyunturales y presupuestarias condicionaron el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con Europa Press, Lewandowski expresó su convicción de haber ejercido el cargo de ministro de Justicia con dedicación y rectitud, tanto en lo personal como en la exigencia hacia su equipo, buscando el mejor resultado posible para la sociedad.

La dimisión de Lewandowski, la cual entra en vigor este viernes, ha causado impacto en el contexto político brasileño, dado que su gestión estuvo relacionada con diversas medidas polémicas en materia de seguridad, especialmente tras el operativo realizado en octubre de 2025 en Río de Janeiro, evento que finalizó con alrededor de 120 personas fallecidas. Según informó Europa Press, este operativo y otros similares generaron intensos debates públicos sobre las políticas de seguridad adoptadas por el gobierno federal en algunas regiones del país.

En su carta de renuncia, el ahora exministro argumentó “motivos personales y familiares” como la principal razón para abandonar el cargo. Pese a ello, sostuvo que afrontó las responsabilidades institucionales guiado por el compromiso con la administración de Lula. “Agradezco el constante estímulo y apoyo con el que he sido honrado a lo largo de estos casi dos años al frente del Ministerio, aprovecho esta oportunidad para reiterarle mi más alta estima y distinguida consideración”, manifestó Lewandowski, en un pasaje consignado por Europa Press.

A lo largo de su trayectoria previa, Ricardo Lewandowski ocupó posiciones destacadas en el sistema judicial de Brasil. Según publicó Europa Press, antes de ser designado ministro de Justicia, integró el Supremo Tribunal Federal durante más de 15 años, donde desempeñó un papel central al presidir el juicio político contra la expresidenta Dilma Rousseff. Lewandowski llegó a la Corte Suprema tras su nominación por Lula en 2006 y permaneció en la magistratura hasta su jubilación anticipada en abril de 2023.

El medio Europa Press detalló que el periodo de Lewandowski en la administración de Lula da Silva estuvo signado por la gestión de crisis públicas y la ejecución de operativos en regiones con altos índices de violencia. En particular, las acciones adoptadas en Río de Janeiro, que dejaron un saldo significativo de pérdidas humanas, generaron controversias y críticas desde distintos sectores. Sin embargo, en su despedida, el propio Lewandowski insistió en que, tanto él como sus colaboradores, buscaron “el mejor desempeño posible en beneficio” de la ciudadanía.

La salida de Lewandowski abre un nuevo escenario en la composición del gabinete de Lula da Silva, quien ahora deberá elegir a un nuevo titular para la cartera de Justicia. De acuerdo con Europa Press, la renuncia se enmarca en un periodo especialmente delicado para la seguridad pública en Brasil, con demandas crecientes de distintos segmentos sociales respecto al manejo de los operativos policiales y la administración de los recursos públicos destinados a seguridad.

Europa Press recordó que el reemplazo de Lewandowski será designado por el propio presidente Lula da Silva, dando inicio a un proceso que podría implicar ajustes en las políticas que marcaron la administración saliente. Entre los retos institucionales señalados por Lewandowski en su carta, figuraron los desafíos derivados de las restricciones presupuestarias y del escenario político actual, que inciden en la capacidad de respuesta y ejecución de acciones desde el Ministerio de Justicia.

La renuncia del ministro se oficializó después de casi dos años de gestión, tiempo durante el cual, según declaró él mismo en la misiva dirigida al presidente, buscó garantizar los intereses colectivos por encima de las coyunturas y desafíos que enfrentó la administración. La carta de despedida, reportada por Europa Press, subrayó el reconocimiento al respaldo presidencial durante su mandato, al tiempo que reiteró el agradecimiento por el apoyo recibido desde su nombramiento hasta la fecha de su renuncia.

La reciente creación del Órgano de Administración Judicial (OAJ), una de las piezas clave de la reforma judicial promulgada en septiembre de 2024, enfrenta su primera crisis institucional tras la renuncia de la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo, apenas cuatro meses después de haber sido designada.

Se trata de la primera dimisión en la breve historia del organismo, hecho que obligó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a activar el procedimiento para cubrir la vacante y que ha encendido alertas sobre la estabilidad interna del nuevo esquema de administración judicial.

La renuncia fue aceptada por la SCJN durante una sesión privada celebrada la tarde del martes, momento en el que la información adquirió carácter oficial.

Magistrada estaba siendo investigada

De acuerdo con fuentes judiciales citadas en el informe, la salida de Pérez Romo estaría relacionada con una investigación en curso sobre presuntas irregularidades en licitaciones adjudicadas de manera directa dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF), un tema particularmente sensible en el contexto de la reciente reconfiguración institucional.

Aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles públicos sobre el alcance de dicha investigación ni sobre posibles responsabilidades administrativas o penales, el vínculo entre la renuncia y los procesos de contratación ha generado inquietud dentro del sistema judicial, que apenas comienza a operar bajo las nuevas reglas establecidas por la reforma.

Con la dimisión de Pérez Romo, el Pleno del OAJ quedó reducido al mínimo legal de cuatro integrantes necesarios para mantener sus funciones.

El órgano colegiado permanece conformado por Néstor Vargas Solano, quien funge como presidente, así como por José Alberto Gallegos Ramírez, Catalina Ramírez Hernández y Surit Berenice Romero.

Esta integración mínima permite la continuidad operativa del OAJ, aunque limita su margen de maniobra y subraya la urgencia de cubrir la vacante.

SCJN deberá asignar reemplazo

La magistrada renunciante había sido designada directamente por la Suprema Corte, que también será la instancia responsable de nombrar a su reemplazo.

En contraste, los otros nombramientos del órgano fueron realizados por el Poder Ejecutivo federal y por el Senado de la República, lo que refleja el esquema de equilibrios diseñado por la reforma judicial para la conformación del nuevo ente administrativo.

De acuerdo con el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, las personas integrantes del Pleno del OAJ sólo pueden ser removidas bajo los supuestos establecidos en el Título Cuarto de la Constitución. Sin embargo, en casos de renuncia, defunción o ausencia definitiva, la autoridad que realizó el nombramiento original debe designar a una nueva persona para concluir el periodo restante, que en este caso es de seis años.

“La autoridad que le designó hará un nuevo nombramiento por el tiempo que reste al periodo de designación respectivo”, establece de manera expresa la normativa vigente, lo que obliga a la SCJN a iniciar, en breve, el proceso de selección correspondiente.

El Órgano de Administración Judicial surgió como consecuencia directa de la reforma judicial promulgada el 15 de septiembre de 2024, la cual ordenó la desaparición del CJF y su sustitución por dos nuevas instancias: el propio OAJ y el Tribunal de Disciplina Judicial. Ambos organismos iniciaron operaciones el 1 de septiembre del año pasado, con el objetivo de separar las funciones administrativas de las disciplinarias dentro del Poder Judicial.

La renuncia de Pérez Romo representa así el primer desafío serio para el nuevo modelo de gobernanza judicial. Más allá de la sustitución inmediata de la vacante, el episodio pone a prueba los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas del sistema que nació con la promesa de fortalecer la independencia y eficiencia del Poder Judicial.

La Cámara Federal de Casación tendrá desde el 1 de marzo una nueva vacante a raíz de la renuncia del juez Juan Carlos Gemignani, que se hará efectiva desde ese día y se oficializó este viernes mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, y firmado por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.

El juez Gemignani integra como vocal titular la Sala III del máximo tribunal penal federal del país. Su salida dejará una nueva vacante en la Cámara de Casación, que ya funciona con lugares sin cubrir y con un esquema de subrogancias entre las distintas salas.

El magistrado había llegado por concurso a Casación en 2011, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, luego de una trayectoria desarrollada en el Poder Judicial. Antes de su llegada a Casación, se desempeñó en el fuero penal, donde ocupó cargos como juez y camarista.

Durante su etapa en la Cámara Federal de Casación Penal, intervino en recursos vinculados a delitos federales, causas de corrupción y procesos económicos, con resoluciones sobre condenas, excarcelaciones, prisiones preventivas y planteos de nulidad.

Denuncia y sobreseimiento

Gemignani fue denunciado por un episodio ocurrido dentro de los tribunales federales de Retiro en julio de 2016, cuando ordenó la detención de una secretaria judicial que se negó a cumplir una orden fuera del horario laboral. Lo hizo porque la empleada no quiso realizar un inventario sobre televisores y computadoras que el ex ministro de Planificación Julio De Vido había regalado al tribunal.

Se abrió una causa penal en la que Gemignani resultó sobreseído. El magistrado continuó en funciones mientras seguían en marcha un proceso disciplinario que no derivó en su destitución. El episodio le valió una sanción por parte del Consejo de la Magistratura que en 2019 le descontó el 35 por ciento de su sueldo. Como consecuencia de lo ocurrido renunció en mayo de 2019 a la presidencia de la Cámara Federal de Casación que ocupaba en ese momento por el plazo de un año, ante las presiones de sus colegas que se preparaban para separarlo de ese cargo.

El segundo episodio que provocó un escándalo en Comodoro Py 2002 lo tuvo como protagonista el 8 de marzo de 2021, Día de la Mujer.

“Feliz día para todas!!! Especialmente para las delincuentes !!! Solo se alcanzará la igualdad cuando se les reconozca el derecho a delinquir! Y también entonces sean pertinentemente penadas!!! Mientras tanto poniéndolas en evidencia!!! Gran abrazo!!!!” había escrito Gemignani el 8 de marzo del 2021 en el grupo de whatsapp que compartía con el resto de los jueces de Casación para saludar a las magistradas.

Los dichos del juez fueron comentados por sus colegas y ante eso hizo una aclaración. “Enterado de la ambigua interpretación dada a mi mensaje confidencial a favor de la igualdad de derechos de la mujer, expresión que reproduje el pensamiento igualitario de la filosofía occidental”, intentó explicar. Lo ocurrido llegó al Consejo de la Magistratura, donde no alcanzaron los votos para sancionarlo.

Luego de haber transcurrido el primer día del 2026, el Gobierno nacional tuvo su primera renuncia. Se trató de Nahuel Sotelo, que estaba a cargo de la Secretaría de Culto y Civilización. Hasta el momento, no se dio a conocer quién sería el reemplazante del ex funcionario libertario.

Fue por medio de la publicación del Decreto 937/2025 en el Boletín Oficial, que el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno establecieron: “Acéptase, a partir del 2 de diciembre de 2025, la renuncia del señor Nahuel Sotelo Larcher al cargo de secretario de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”, informaron.

La dimisión del ex secretario había sido anticipada hace varios meses, después de que haya sido elegido para formar parte de la lista de candidatos a diputados de la provincia de Buenos Aires que presentó La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas.

En este sentido, los resultados que posicionaron a la lista libertaria como la segunda fuerza más elegida en la provincia de Buenos Aires le abrieron la posibilidad al representante de Las Fuerzas del Cielo a volver a ocupar una banca legislativa.

Por este motivo, el documento informó que Sotelo dejó vacante el cargo de la Secretaría de Culto y Civilización desde el 2 de diciembre, debido a que ya estaba programado que jurara como diputado provincial al día siguiente en la Legislatura bonaerense.

“Una vez más vuelvo a jurar como en el 2021, cuando daba una lucha, casi en soledad, por la defensa de las ideas de la libertad“, manifestó en su momento el ex secretario a través de una publicación en su perfil personal de Instagram. Asimismo, había compartido un video del momento en el que juró por: ”Dios, Patria, Vida y Libertad".

Sin embargo, el legislador hizo una comparación entre el panorama que había en el recinto legislativo antes de que Milei asumiera la Presidencia. “Hoy somos muchos más los que podemos parar el delirio del gobernador Kicillof”, recordó, para luego agregar: “A la provincia de Buenos Aires le hace falta libertad”.

La llegada de Sotelo como secretario de Culto y Civilización había marcado un cambio estratégico del Gobierno nacional, ya que fue elegido para asumir el rol de recomponer el delicado vínculo que, en ese momento, mantenía el Ejecutivo nacional con el difunto papa Francisco. Su nombramiento se había dado en agosto de 2024, poco después de que el mandatario y el líder religioso mantuvieran un desacuerdo político.

Desde el Boletín Oficial, el Decreto 768/2024 también se había consagrado la designación de Sotelo como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario. La función implicaba, según se desprendía del texto y de las palabras del propio funcionario, la responsabilidad de “reencauzar el vínculo con el líder religioso” en una etapa de distanciamiento y expectativas cruzadas sobre el viaje del pontífice a la Argentina.

Entre los puntos clave de su gestión, el ex secretario había manifestado que se abocaría a “seguir expandiendo la agenda de la presidencia y ser un mero instrumento de ello”. Incluso, insistió en el valor de fortalecer los lazos entre el Gobierno y los diferentes cultos que conviven en el país.

“Tengo buena relación con muchos de los cultos que se practican en el país. Mi intención es fortalecer esos vínculos con el gobierno. Tenemos un Presidente que es muy espiritual y eso ayuda a la relación que podamos construir de acá a futuro con los diferentes líderes religiosos”, sostuvo.

Al detallar sus objetivos internacionales, el flamante secretario de Culto y Civilización enfatizó: “Además de la responsabilidad de Culto, también mi trabajo será velar porque los principios e ideas de la presidencia se vean reflejados en los documentos internacionales”.

Tras subrayar que “Javier Milei ha sido claro en lo que piensa y hoy es un faro para el mundo libre”, había asentado: “Mi tarea es dejar en claro cuáles son estas ideas en el ámbito internacional y de Derechos Humanos, causas que han sido muchas veces tergiversadas y llevadas a lugares en los que no creemos, como por ejemplo la Agenda 2030, agenda que el Presidente ya ha dejado claro que no comparte”.

Tras su renuncia, José Tomé se refirió a consecuencias personales y familiares que, según sus palabras, resultaron irreversibles tras las denuncias internas que lo implican. El exmandatario provincial expresó que "el daño ya está hecho" y señaló efectos en aspectos políticos, familiares y sociales. Esta declaración se produjo tras la oficialización de su salida al frente de la Diputación de Lugo, acción resultante del proceso abierto a raíz de señalamientos por acoso sexual en el canal interno del Partido Socialista, según reportó el medio.

La comparecencia de Tomé en el pleno extraordinario realizado en el Pazo de San Marcos estuvo marcada por la defensa de su inocencia y la denuncia de un trasfondo político en todo el proceso. El ex presidente señaló que la acusación corresponde, en sus palabras, a "una presunta denuncia falsa", reafirmando que pretende continuar investigando hasta esclarecer el origen de los hechos y aseverando de forma textual: "No pararé hasta descubrir qué es lo que hay detrás". Durante su intervención, Tomé comunicó su gratitud al personal de la Diputación y concluyó transmitiendo que, aunque los daños ocasionados ya no resultan reversibles, "quien nada hizo nada tiene que temer".

Según informó la fuente, Tomé atribuyó el desarrollo de estos acontecimientos a "cuestiones políticas supraprovinciales", afirmando que él mismo no era ni el único involucrado ni el principal destinatario de la situación. Esta interpretación sugiere una dimensión política más amplia en las causas que condujeron a la renuncia.

La sesión plenaria extraordinaria se realizó antes de la celebración de un pleno ordinario donde el Grupo Popular presentó una moción para solicitar de manera formal la reprobación de José Tomé, según consignó el medio. En ese contexto, el portavoz popular Antonio Ameijide anunció la intención de su bancada de instar, de igual manera, a la reprobación de la diputada Pilar García Porto, a quien señalaron como "encubridora" del caso. Ameijide dirigió un mensaje al Bloque Nacionalista Galego (BNG), invitando a decidir entre su apoyo al feminismo o su respaldo a figuras institucionales, utilizando la frase: "Hoy veremos si eligen entre feminismo o pisar moqueta".

El procedimiento responde a los protocolos internos del PSOE frente a denuncias recibidas por la vía oficial del partido, que desencadenaron una crisis institucional dentro de la Diputación de Lugo y generaron el desarrollo de sesiones plenarias tanto extraordinarias como ordinarias para abordar las eventuales responsabilidades políticas asociadas. Tal como publicó la fuente, la situación puso en revisión la conducta de los principales cargos socialistas en el gobierno provincial y abrió un debate respecto al alcance de la tutela y la protección institucional ante denuncias de acoso.

La moción de reprobación presentada por el Grupo Popular no solo afecta a Tomé, sino que incluye una petición dirigida a Pilar García Porto, en relación con su posible rol en el manejo interno de la denuncia y su conocimiento previo sobre los hechos. El reclamo de responsabilidades se fundamenta en el deseo de esclarecer el nivel de conocimiento y de protección que habrían tenido los involucrados sobre el procedimiento seguido tras la recepción de la denuncia.

Según reportó la fuente, la jornada en la Diputación de Lugo se planteó como un momento clave para la definición de posturas políticas y el abordaje institucional frente a las denuncias de acoso y su gestión por parte de las autoridades provinciales. Además de las declaraciones de los implicados, el proceso incluyó la discusión sobre la transparencia y los mecanismos de control dentro de la administración pública, en consonancia con las renovadas exigencias de rendición de cuentas en el contexto político gallego.

El curso de los hechos quedó marcado por la renuncia del ex presidente, la reafirmación de su rechazo a las acusaciones, el señalamiento de motivaciones políticas tras la denuncia y el anuncio de medidas desde la oposición para llevar el proceso a una revisión pública y política en la sede de la institución provincial, según detalló el medio.

Claudio Azul Bañuelos Jurado, de apenas 24 años, se convirtió en el centro de una fuerte controversia luego de confundir a la víctima con el culpable durante una audiencia penal.

El incidente se viralizó en redes sociales y provocó críticas inmediatas sobre la preparación y experiencia de los funcionarios judiciales jóvenes.

La situación generó un debate nacional sobre los criterios de selección de jueces y la responsabilidad de quienes ocupan cargos de alta relevancia.

El error ocurrió cuando Azul Bañuelos mencionó por equivocación el nombre de la víctima al dictar la sentencia, aunque al momento le mencionaron que estaba en un error la difusión del video evidenció su falta de experiencia.

Tras el incidente el joven juez solicitó una licencia laboral de un mes y, posteriormente, presentó su renuncia, la cual actualmente se encuentra en revisión por el Poder Legislativo.

Cuestionamientos sobre la experiencia judicial

La licencia laboral de Azul Bañuelos estaba programada para terminar en diciembre, pero su ausencia prolongada en las audiencias siguientes llamó la atención-

Finalmente, la solicitud de renuncia fue presentada al Poder Legislativo, donde aún se encuentra en proceso de aprobación. El joven juez fue electo en un proceso organizado por el Instituto Estatal Electoral, lo que lo convirtió en el juez penal más joven de México.

Su nombramiento fue celebrado por quienes aplauden la renovación, pero también cuestionado por otros, que señalaron que la juventud y la falta de experiencia podrían afectar la toma de decisiones en casos complejos.

Reacciones en redes sociales

El video que registró el error de Azul Bañuelos se volvió viral, acumulando miles de comentarios que criticaban la falta de preparación del joven juez.

Muchos usuarios destacaron la importancia de la experiencia y cuestionaron cómo personas tan jóvenes pueden asumir decisiones que afectan directamente la vida de las personas.

La repercusión ha sido tal que el caso ha sido retomado por medios nacionales, aumentando la presión sobre el Poder Judicial de Aguascalientes.

Aunque el juez trató de rectificar la situación de manera inmediata, la viralización del video dejó en evidencia que la corrección tardía no siempre modera el impacto de los errores. Actualmente la designación de un nuevo juez no ha comenzado oficialmente.

Según denunció el joven implicado, los hechos que motivaron la dimisión de Javier Esteban ocurrieron cuando él tenía 16 años y consistieron en comunicaciones frecuentes mediante mensajes y encuentros que, según su testimonio recogido por Europa Press, incluyeron actos con contacto físico de índole sexual. La noticia sobre la renuncia de Esteban, quien ejercía como responsable de redes sociales y coordinación digital de Vox desde la fundación del partido en 2014, fue comunicada luego de que la denuncia formal llegara a las autoridades tras el denunciante alcanzar la mayoría de edad, según detalló el medio Europa Press.

Esteban sostuvo públicamente que el origen de la denuncia está vinculado a desacuerdos internos relacionados con la supervisión financiera dentro de la agrupación juvenil Revuelta, asociación cercana a Vox pero sin integración directa en la dirección principal de la formación. La investigación policial avanza mientras los medios recogen detalles aportados por el denunciante, quien refirió que otras dos personas dentro de Revuelta podrían haber sido víctimas de situaciones semejantes, lo que ha ampliado el ámbito de las pesquisas y plantea la eventual identificación de nuevos afectados, de acuerdo con lo consignado por ABC y El Mundo. Europa Press puntualizó que la controversia se concentra en el seno de Revuelta y que, hasta ahora, no se han establecido implicaciones para la estructura central de Vox.

En un comunicado divulgado por medio de la red social X, Javier Esteban argumentó que su renuncia buscaba proteger la imagen del partido y desvincularlo completamente del caso, reiterando que las acusaciones se originan exclusivamente en disputas internas asociadas al control de la gestión económica en Revuelta. En el mismo mensaje, Esteban negó los hechos señalando: “Nunca he agredido a nadie y lo demostraré”.

Según publicó Europa Press, Esteban señaló a Jaime Hernández y Pablo González Gasca, integrantes de Revuelta, como responsables directos de la confrontación que, según su versión, desembocó en la denuncia. El exjefe de redes de Vox afirmó que pidió una auditoría independiente de las cuentas de Revuelta para aumentar la transparencia, contexto en el que, asegura, surgió el conflicto interno que derivó en la acusación presentada en su contra.

Las autoridades policiales prosiguen la investigación, mientras el foco social y mediático se dirige a las deficiencias y desafíos de los sistemas de prevención, vigilancia y rendición de cuentas en los colectivos juveniles vinculados a partidos políticos, tema abordado en profundidad por Europa Press. El debate público se ha centrado en la posibilidad de establecer auditorías financieras externas, revisar los protocolos de control interno y reforzar los procedimientos institucionales ante casos de acoso sexual dentro de estas organizaciones.

Tanto ABC como El Mundo informaron que la reacción institucional de Vox ante el caso se ha caracterizado por el silencio, sin emitir comunicados oficiales sobre lo sucedido y optando por mantener cierto distanciamiento frente al proceso judicial y policial en curso. Los analistas han interpretado esta reserva como un intento de delimitar el alcance del escándalo al ámbito de Revuelta, a fin de preservar la imagen pública del partido en medio de la investigación.

La dimensión del proceso judicial podría extenderse, según indican distintos medios, a medida que avancen las investigaciones y se esclarezca si existen más personas implicadas como posibles víctimas en el colectivo juvenil. Europa Press ha resaltado la preocupación en la sociedad sobre la seguridad de los menores que forman parte de agrupaciones políticas, en particular respecto a los procedimientos internos que deberían existir para prevenir, detectar y responder a este tipo de denuncias.

El incidente trajo consigo una discusión renovada acerca de la importancia de la transparencia financiera dentro de agrupaciones juveniles, un aspecto que el propio Esteban situó en el centro del conflicto personal que desencadenó el caso. ABC, El Mundo y Europa Press abordaron la salida del responsable digital de Vox como un episodio que ha promovido el debate sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de control interno y las políticas de protección a los menores en espacios políticos, mientras la investigación continúa y se mantienen las expectativas de nuevos avances y posibles nuevos testimonios por parte de afectados en Revuelta.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió nuevamente el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como nuevo embajador de México al asegurar que el exfiscal “lo hará muy bien” ahora que dejó la Fiscalía General de la República (FGR) y ahora se integra como diplomático al llamado Servicio Exterior Mexicano (SEM).

Sobre esa misma línea, Sheinbaum contó que la propuesta para darle a Gertz Manero esta posición se dio después de sostener “una reunión” sin entrar en mayores detalles de lo sucedido: “Fue un acuerdo entre los dos”, explicó Sheinbaum, al recordar que el exfiscal concluyó su ciclo como fiscal y que la propuesta de incorporarlo al cuerpo diplomático surgió de manera natural:

“Se cumplió un periodo e inicia otro”, añadió. Poco después, dejó claro que la designación busca reconocer la trayectoria del jurista y abrirle un nuevo espacio de servicio público.

Argumentos legales: la Ley del Servicio Exterior Mexicano

La presidenta insistió en que su facultad para nombrar embajadores está respaldada por la legislación. “Tengo la posibilidad como presidenta, de acuerdo con la ley, de nombrar embajadores que no vengan directamente de la carrera diplomática”, afirmó.

Sheinbaum recordó que la Ley del Servicio Exterior Mexicano establece un número determinado de embajadores que pueden ser designados directamente por el Ejecutivo federal sin necesidad de pertenecer a la carrera diplomática. “La ley me permite nombrarlo”, reiteró. A la par, subrayó que su decisión no vulnera ninguna norma y se enmarca en una práctica común en la política mexicana.

Un “reconocimiento a la trayectoria” de Gertz Manero en la justicia mexicana

Más allá de los argumentos legales, la mandataria destacó que el nombramiento constituye un reconocimiento al trabajo realizado por Gertz Manero al frente de la FGR desde 2019 hasta noviembre de 2025. “Lo hará muy bien”, aseguró, convencida de que su experiencia en el ámbito jurídico y político le permitirá representar a México con solvencia en el exterior.

Sheinbaum enfatizó que la designación no responde a cuotas políticas ni a presiones externas, sino a la valoración de una trayectoria. “Es un reconocimiento a su trabajo”, dijo, al tiempo que adelantó que en breve se dará a conocer el país en el que Gertz Manero ejercerá como embajador.

Críticas por darle “premio” a Gertz Manero en otro país

El nombramiento ha generado debate en sectores políticos y académicos. Algunos analistas cuestionan la pertinencia de otorgar cargos diplomáticos a figuras que no provienen de la carrera diplomática, mientras otros consideran que se trata de una práctica legítima y frecuente.

La salida de Gertz Manero de la FGR y su incorporación al cuerpo diplomático simbolizan, según la presidenta, el inicio de una nueva etapa institucional. “Se cumplió un periodo e inicia otro”, insistió, dejando claro que la decisión busca dar continuidad a la labor del Estado mexicano en el ámbito internacional.

El presidente de la Cámara de Representantes Julián López presentó al público su renuncia “irrevocable” y con efectos inmediatos a su militancia en el Partido de la U.

En un comunicado dirigido a la dirigencia de la organización, López expuso que su decisión responde a un proceso interno que, según él, vulneró garantías y desconoció el disenso como parte esencial de la vida política.

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El congresista enfatizó que continuará en el ejercicio de la curul que representa para el Valle del Cauca, afirmando que la permanencia en el cargo responde al mandato otorgado por sus electores.

“Esta decisión no afecta el ejercicio de mi curul (…) corresponde al mandato soberano de decenas de miles de vallecaucanos. Continuaré ejerciendo mis funciones”, sostuvo el presidente de la Cámara en su declaración.

El Partido de la Unión por la Gente (Partido de la U) ha enfrentado cuestionamientos respecto a la gestión de su bancada y los mecanismos de deliberación.

En el texto de renuncia, López señaló que el partido “confunde el disenso y la crítica con amenazas” y que se han impuesto decisiones carentes de procedimiento, motivación y garantías reales de contradicción: “un partido que invoca la unidad no debe confundirse con la unanimidad. La verdadera unidad se construye mediante el diálogo y la diversidad”.

La desafiliación, según el congresista, busca salvaguardar su independencia y la defensa de sus electores, sin que esto implique el abandono de sus principios ni de la representación otorgada por los ciudadanos del Valle del Cauca.

“Quiero advertir que esta renuncia no constituye, en modo alguno, una renuncia a mis causas ni a la responsabilidad que los vallecaucanos depositaron en mí”, aseguró en el escrito.

López solicitó a la dirección del Partido de la U que registre su salida de manera inmediata y expida la certificación de desafiliación. También dejó constancia de que evaluará las acciones jurídicas pertinentes para proteger sus derechos fundamentales y políticos ante las autoridades competentes.

El legislador cerró la comunicación con una referencia a la renovación política en la región: “En el Valle, cuando el cauce se estrecha en exceso, el agua busca otro cauce. A ese cauce regreso, del lado de la gente, donde, afuera de salones cerrados, crece una renovación”.

Partido de la U contestó: esto afirmó la dirección del movimiento político

A través de un comunicado, Alexander Vega, el presidente de la colectividad, se pronunció en las redes sobre la renuncia de López; sin embargo, agregaron un condicionamiento, y es que López renuncie a su curul en el Congreso.

“El día de hoy hemos recibido oficialmente la carta del representante Julián López, representante de nuestro partido, de la U, donde manifiesta la renuncia a la militancia del partido”, dijo Vega.

Pero agregó: “Para que esta renuncia sea aceptada y tenga un efecto legal y jurídico, tiene que renunciar igualmente a la curul. Esperamos que dentro del trámite que está haciendo el representante Julián López de salir del partido, como él mismo lo manifiesta, igualmente renuncie a la dignidad a la curul de la Cámara de Representantes por el departamento del Valle del Cauca".

Incluso, dijo que, en caso de que no renuncie a la curul, “no se puede tramitar dicha renuncia, toda vez que la ley y la jurisprudencia han manifestado que las curules y dignidades son de los partidos políticos”.

Sin embargo, antes de esta publicación, López había asegurado que continuaba “legalmente” con su curul.

Estas fueron sus palabras: “He renunciado a mi militancia en el @partidodelaucol. Como Presidente de la Cámara de Representantes, continúo legalmente en mi curul y quedo libre para hacer política con independencia, coherencia y lealtad únicamente con la gente y con el Valle del Cauca”.

El ministro del Interior y el exministro de Comercio, Industria y Turismo Luis Carlos Reyes, que también fungió como director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), se enfrascaron en una discusión en X que derivará en acciones legales. La controversia surgió luego de que el exdirector de la entidad denunciara presuntas negociaciones de integrantes del Gobierno Petro con Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, conocido como el “zar del contrabando”. Así lo reveló el programa El Sótano de Marelbys del Petroverso, dirigido por Daniel Samper Ospina.

Reyes involucró a Benedetti en sus declaraciones, lo que lo llevó a pronunciarse en su contra a través de la red social: “Antes de ser ministro no tenía ni hoja de vida y además ha sido un desleal. Solo hasta cuando lo botaron fue que empezó a hablar de la supuesta corrupción. ¿Por qué antes no lo hizo? Es sospechoso”, indicó el ministro del Interior.

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Reyes respondió al jefe de la cartera, indicando que es señalado de varios hechos irregulares que están siendo investigados por las autoridades: “Me quedo con mi hoja de vida y no con su prontuario criminal, ministro”.

Benedetti contestó a las declaraciones del exfuncionario del Gobierno, acusándolo de ser un criminal que integra una organización delictiva relacionada con el contrabando, comandada por alias Papá Pitufo. “Usted hace parte de una organización criminal, porque según el infiltrado Camilo Gómez, en la investigación que adelantaba el fiscal Marín, usted era reconocido como Orejas, cómplice y cohonestaba con ellos para ayudar al contrabando”, indicó.

Aunado a ello, aseguró que durante la dirección de Reyes en la Dian se incrementó el ingreso de contrabando en Colombia. “Además de su minúscula hoja de vida”, añadió.

El exministro de Comercio rechazó las acusaciones del ministro del Interior y anunció acciones legales en su contra por relacionarlo con hechos ilícitos en los que no estaría involucrado. Además, afirmó que Benedetti debería renunciar al cargo, teniendo en cuenta que, entre otras cosas, hace parte de la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN).

“Ajá, y usted está en la lista Clinton “porque todo el mundo odia a Benedetti”. Sus afirmaciones son injuriosas y calumniosas y lo denunciaré penalmente por ellas. Deje de mentir e inventar y tenga la decencia de renunciar”, escribió.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incliyó al presidente Gustavo Petro en la lista en cuestión por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido al narcotráfico. De igual manera, añadió al hijo mayor del presidente, Nicolás Petro Burgos; a la exesposa del mandatario y actual primera dama, Verónica Alcocer; y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

“Nicolás Fernando Petro Burgos, Verónica del Socorro Alcocer García y Armando Benedetti están siendo designados hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de Gustavo Petro”, detalló la Ofac.

Otros señalamientos de Reyes que sacuden a la Familia Petro

Ahora bien, en las declaraciones que dio Luis Carlos Reyes en entrevista con Daniel Samper Ospina aseguró que otras personas habrían estado relacionadas con alias Papá Pitufo, como el hermano del presidente, Juan Fernando Petro. Además, aseguró que, desde su perspectiva, el hijo mayor del primer mandatario, Nicolás Petro Burgos, sería culpable de los delitos por los cuales está siendo investigado.

Actualmente, Petro Burgos afronta dos procesos penales: uno de ellos, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos; otro, por peculado por apropiación, tráfico de influencias de particular, falsedad en documento público, falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contratos.

Este lunes 8 de diciembre renunció a su cargo la titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), Verónica Hernández Giadáns.

La funcionaria formalizó su renuncia al presentar ante el Congreso de Veracruz el escrito que oficializa su separación, cerrando así un ciclo iniciado el tres de septiembre de 2019, cuando fue nombrada como encargada de despacho de la FGE.

Hernández Giadáns llegó en calidad de interina para reemplazar a Jorge Winckler, quien actualmente se encuentra preso y en espera de una posible sentencia por el delito de tortura.

Su gestión comenzó bajo el mandato del entonces gobernador Cuitláhuac García Jiménez y se prolongó hasta el primer año de gobierno de Rocío Nahle García. Durante este tiempo, la fiscal enfrentó contextos políticos y judiciales marcados por el relevo de su antecesor y la exigencia de resultados en materia de procuración de justicia.

La salida de Giadáns de la FGE marca un nuevo giro institucional en la entidad, tras un periodo de más de seis años al frente de la dependencia.

Cabe destacar que ella fue la primera Fiscal General de Veracruz.

La salida estaría motivada por las nuevas bases para la designación y la temporalidad de la persona titular de la Fiscalía General del Estado, las cuales entraron en vigor el 5 de diciembre de 2025.

Reportes de medios locales han indicado en las últimas horas que la magistrada Lisbeth Jiménez podría asumir la titularidad de la FGE.

Aprobación del congreso de Veracruz

La tarde este 8 de diciembre, la cuenta oficial del congreso de Veracruz emitió un mensaje en redes sociales donde confirman la renuncia de la Giadáns y la aprueban.

“El Pleno de la LXVII Legislatura aprobó, por obvia resolución, la renuncia al cargo de Fiscal General del Estado, presentada por la licenciada Verónica Hernández Giadáns”, se lee en la publicación realizada a las 12:59pm, hora centro.

Qué decía la renuncia presentada por Verónica Hernández Giadáns

El H. Congreso del Estado de Veracruz leyó la renuncia presentada por la Hernández, durante la Decimacuarta Sesión Ordinaria, en la cual destacó lo siguiente:

La Fiscal comenzó su oficio de renuncia agradeciendo la confianza depositada hacia ella el 3 de septiembre del 2019, cuando fue designada encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, además, señaló el honor que tuvo al ser nombrada como la primera mujer fiscal general del estado el 28 de mayo del 2020.

Asimismo, señaló que durante más de seis años tuvo la oportunidad de servir y contribuir a sentar las bases de la transformación de la procuración de justicia de Veracruz.

“Como mujer, privilegié el sentido más humano, más sensible, al lado de un equipo de profesionales responsables, dedicados y valientes que hoy integran personal administrativo y operativo de la Fiscalía General, incluidos servidores públicos con muchos años de antigüedad que día a día siguen aportando su esfuerzo y amplia experiencia a la operación del organismo”, escribió Hernández en su oficio.

Además, señaló que se rompió el círculo vicioso en que había caído la procuración de justicia, producto de la desorganización, bajos salarios y la ausencia de recursos en la institución.

Por último, afirmó que estará atenta para realizar el proceso de entrega-recepción correspondiente en cumplimiento de la ley a la persona que sea designada en su puesto.

Nuevas bases para la designación de la persona titular de la FGE Veracruz

Durante el oficio de renuncia realizado por la fiscal Hernández, destacó una parte donde señala que su renuncia estaría fundamentada en las nuevas bases aprobadas por el congreso de Veracruz hacia la FGE.

“Es público y notorio, recientemente el procedimiento reformador de la Constitución del Estado establece nuevas bases para designación y la temporalidad de la persona titulada de la Fiscalía General del Estado. Coincido con la bondad de la reforma, además de contribuir a incrementar la eficacia y la eficiencia de la institución. Por lo anterior, presento ante este honorable congreso, mi renuncia al cargo de fiscal general del estado de Veracruz”, remarcó Hernández Giadáns.

El presidente Gustavo Petro ratificó a Angie Lizeth Rodríguez como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), tras haber solicitado su renuncia. La funcionaria causó revuelo tras hacerse pública la decisión de su salida del cargo, denunciando que atacaron su casa.

Al parecer, el puesto de Rodríguez en el Dapre tambaleó por haberse opuesto a un nombramiento: el de José Alexis Mahecha, que sonaba para ocupar un cargo directivo en la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (Itrc). Mahecha fue secretario de Movilidad de Ibagué cuando el actual ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, fungía como alcalde.

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La determinación de sacar a Rodríguez de la dirección del Dapre, donde ha estado durante 10 meses, aproximadamente, ya parecía estar en firme, incluso, al parecer, ya se tenía pensado un posible reemplazo: Letty Leal, subdirectora de la dependencia. No obstante, la funcionaria continuará liderando la entidad, según informó La FM. La decisión se habría tomado luego de que el mandatario y la directora se reunieran para hablar al respecto.

Rodríguez acompañará al primer mandatario en un evento que se llevará a cabo en San Agustín, Huila, como directora del Dapre y secretaria general de la Presidencia de la República. Además, en las cuentas oficiales del Dapre en redes sociales todavía figura Rodríguez como titular de la dependencia.

Aunado a ello, el 4 de diciembre de 2025, en las redes de la entidad publicaron fotografías de la funcionaria en reuniones oficiales en las que se discutieron temas de relevancia nacional, como el presupuesto de la Presidencia de la República para 2026.

La denuncia de Angie Rodríguez: “Víctima de intimidación”

El incidente que denunció Rodríguez en sus redes sociales ocurrido el viernes 21 de noviembre de 2025. De acuerdo con su relato, aseguró que su familia estuvo en riesgo. “Hoy, como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y secretaria general dela Presidencia de la República de Colombia, me permito denunciar que fui víctima de intimidación y de un hecho que atenta contra la seguridad de mi familia y de la mía”, precisó.

Según explicó, cinco hombres ingresaron a su casa en el barrio Los Molinos, en la localidad Rafael Uribe Uribe, de Bogotá, en horas de la madrugada, y hurtaron una bolsa azul que contenía documentos personales. “Lo único que se llevaron fueron las monedas de dos alcancías de mi hijo que estaban marcadas con su nombre. Las rompieron y se llevaron su contenido”, añadió.

Al parecer, los hombres que ingresaron a su vivienda no hacían parte de la delincuencia común y habrían actuado con directrices de inteligencia. Además, aseguró que los atacantes habrían intentado buscar elementos relacionados con su labor dentro del Gobierno Petro.

Desde su perspectiva, estas personas habrían actuado bajo una motivación específica: lograr sacarla del cargo. “Estos hechos lo que muestran son el afán de dañarme por el trabajo que junto al presidente Gustavo Petro he venido realizando día a día en pro de garantizar el bienestar social de las y los colombianos”, precisó.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, envió un mensaje solidario a la directora de la dependencia luego de que hiciera pública la denuncia. En su publicación en X, aseguró apreciar a la funcionaria por el trabajo conjunto que han realizado.

“A pocas personas he querido cuando hemos trabajado juntos. Angie Rodríguez es una de ellas, a quien le reconozco su inteligencia y su eficacia en su trabajo. Me duele ver cómo su casa fue vulnerada y ultrajada. Solidario con ella a muerte”, escribió el jefe de la cartera en la red social.

Ariel Juárez Rodríguez presentó su renuncia como director de la Junta de Caminos del Estado de México (JCEM) luego del escándalo generado por un video difundido en redes sociales donde aparece, presuntamente en estado de ebriedad, causando destrozos en el interior de la plaza comercial Town Square Metepec, junto al diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Wblester Santiago Pineda.

El video, captado por cámaras de seguridad y testigos, muestra a ambos funcionarios arrojando un bote de basura sobre una escalera eléctrica, golpeando un vehículo eléctrico del centro comercial y agrediendo verbal y físicamente a elementos de seguridad privada.

Las imágenes se viralizaron en pocas horas, generando indignación ciudadana y reacciones políticas en todos los niveles.

La FGJEM lo citó por investigación

Tras la difusión del material y la denuncia correspondiente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación por los posibles delitos de daño en bienes, lesiones y alteración del orden.

Juárez Rodríguez fue citado a declarar por la Fiscalía de Asuntos Especiales, mientras el caso continúa en análisis.

En el ámbito político, diversas voces exigieron responsabilidades. Desde el Congreso local y federal se pidió una investigación profunda y sanciones ejemplares si se confirma la comisión de delitos. Incluso a nivel federal, se recomendó revisar su conducta bajo los mecanismos de control interno.

Sheinbaum pidió investigación del caso

“Revisar este caso, no sé si se llama la secretaría de la Función Pública o la Controlaría del Estado de México, tiene que revisarlo, lo vi en las redes sociales y tiene que revisarse si es que cometieron alguna falta o hay un acto de corrupción, por lo menos sancionar”, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia matutina del día de hoy.

La renuncia ocurrió también en medio de cuestionamientos previos hacia la gestión de Juárez Rodríguez. En meses recientes se habían señalado presuntas irregularidades como la falta de mantenimiento en carreteras estatales durante el primer año de gobierno de Delfina Gómez, pese al presupuesto ejercido.

Se espera que en las próximas horas el Gobierno del Estado de México nombre a un encargado de despacho y defina el proceso para seleccionar al nuevo titular de la Junta de Caminos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado de la República la terna de candidatas para encabezar la Fiscalía General de la República (FGR), un paso clave tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero y la llegada de Ernestina Godoy para asumir el despacho vacante. La mandataria destacó que eligió a tres mujeres por convicción porque “es tiempo de mujeres”.

Aunque la identidad de las tres aspirantes fue confirmada posteriormente por el Senado, el punto central ahora se enfoca en el proceso legislativo, particularmente en el formato de comparecencias, el cual será determinante antes de la votación final de los siguientes perfiles:

• Ernestina Godoy Ramos
• Luz María Zarza Delgado
• Maribel Bojorges Beltrán

Así será el proceso para votar a la aspirante que presidirá la FGR los próximos nueve años

En un proceso caracterizado por el fast-track, el Senado ya aprobó el acuerdo que define el formato de las comparecencias que deberán cumplir las integrantes de la terna. Este procedimiento será público, ordenado y estructurado en varias etapas:

1. Recepción protocolaria por una comisión de cortesía

La Presidencia de la Mesa Directiva del Senado designará una comisión de cortesía encargada de recibir a las tres aspirantes y acompañarlas a los asientos especiales ubicados frente al presídium. Este paso formal marca el inicio oficial del proceso de debate.

2. Tres rondas de preguntas por grupos parlamentarios

Una vez instaladas, se abrirán tres rondas de preguntas en las que cada Grupo Parlamentario, en orden creciente, podrá formular un cuestionamiento de hasta dos minutos. Este espacio permitirá evaluar la preparación jurídica, autonomía, trayectoria y visión institucional de cada aspirante.

3. Exposición individual de cada candidata

Tras las preguntas, las integrantes de la terna tendrán hasta 20 minutos cada una para responder, aclarar dudas y presentar su proyecto de trabajo para la FGR. El orden será alfabético. Es el momento clave del proceso, pues cada perfil deberá demostrar independencia frente al Ejecutivo, capacidad técnica y conocimiento de los retos en seguridad y procuración de justicia.

4. Posicionamientos de los grupos parlamentarios

Finalizadas las exposiciones, cada Grupo Parlamentario en la Cámara Alta contará con cinco minutos para fijar postura sobre las aspirantes. Estos posicionamientos anticipan el sentido de la votación y suelen ser el termómetro político del proceso.

5. Salida de la terna y votación por cédula

Una vez concluidos los posicionamientos, las candidatas saldrán del Salón de Sesiones. Inmediatamente después, se realizará la votación por cédula, un mecanismo secreto diseñado para evitar presiones y garantizar libertad de decisión.

Para que alguna aspirante sea nombrada titular de la FGR se requiere mayoría calificada (dos terceras partes de los presentes). No obstante, no se permitirá ningún tipo de intervención adicional fuera del formato aprobado, y la Mesa Directiva tendrá la facultad de ordenar el debate.

Un proceso decisivo, pero cuestionable, para la justicia en México

Con este procedimiento, el Senado se prepara para una de las decisiones más relevantes en el inicio del sexenio de Sheinbaum Pardo: elegir a quien encabezará la institución responsable de investigar delitos federales, coordinarse con las fiscalías estatales y conducir casos de alto impacto.

La elección de una mujer para dirigir la FGR —por primera vez en la historia— podría representar un viraje profundo en la conducción de la política criminal, la transparencia y la autonomía institucional.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, tuvo su último acto al frente de la cartera este domingo justamente con su renuncia al cargo. Se trata de un acto formal ya que el cambio estaba anunciado desde hace días. La funcionaria será sucedida por su virtual viceministra, la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

“Tengo el honor de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional, con efectividad a partir del día 1° de diciembre de 2025″, dice el primer párrafo de la carta que Bullrich envió al presidente de la Nación, Javier Milei, y que difundió con un posteo en la red social X.

“Le agradezco profundamente, señor Presidente, la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país”, escribió Bullrich en X.

En la carta, adjuntada al posteo, la futura senadora de La Libertad Avanza recordó que “hace dos años” el presidente Milei le encomendó “la misión de conducir la Seguridad de la Nación con un mandato claro: cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles”. Según Bullrich, “esa responsabilidad marcó cada una de las acciones que llevamos adelante”.

La ex ministra durante los gobiernos de Fernando De la Rúa y Mauricio Macri escribió en la carta dirigida al mandatario que “el próximo 10 de diciembre asumiré como Senadora de la Nación, donde continuaré defendiendo con la misma convicción los valores que compartimos y las reformas que el país necesita y usted lidera: instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”.

Además dio la bienvenida a Monteoliva y aseguró que es “alguien capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país” porque “su capacidad, experiencia y compromiso serán fundamentales para profundizar el camino que iniciamos”.

Noticia en desarrollo...

Desde el círculo cercano a Alejandro Gertz Manero se filtró que el funcionario se refirió en su carta de dimisión a un “país amigo” como su próximo destino diplomático, una expresión que, según reportaron fuentes consultadas por varios medios, apunta hacia Alemania. Gertz Manero, de 86 años, deja el cargo de fiscal general de la República antes de concluir su mandato legal, tras un proceso de salida que sacudió a la cúpula judicial y política nacional. El Senado mexicano aprobó la renuncia en sesión nocturna, decisión respaldada por las bancadas identificadas con el Gobierno federal, mientras la oposición expresó su desacuerdo y puso en tela de juicio que el traslado del exfiscal a una misión exterior justificara la terminación anticipada de sus funciones, según consignó el medio El País.

El Senado de México convalidó oficialmente la dimisión, lo que deja vacante el máximo cargo dentro del Ministerio Público Federal a más de dos años de la fecha prevista para el fin del mandato de Gertz. De acuerdo con lo consignado por El País, la renuncia se emitió el jueves y fue considerada de inmediato por la Cámara Alta. La decisión se adoptó de manera expedita y responde a las fracturas internas que se acentuaron tras el cambio de administración presidencial, según informaron fuentes oficiales citadas por el diario.

Las causas principales detrás de la dimisión señalan un claro deterioro en la relación entre Gertz Manero y la presidenta Claudia Sheinbaum, recientemente investida. El País detalló que Gertz era una de las pocas figuras de alto rango que aún permanecían del gabinete de Andrés Manuel López Obrador y había contado con su respaldo para el ejercicio de la titularidad en la Fiscalía General. Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Gobernación, figura junto a él entre los escasos funcionarios de continuidad entre ambos gobiernos.

La noche del jueves se formalizó la aprobación de la renuncia con el voto favorable de los senadores oficialistas. Mientras algunos legisladores opositores reclamaron transparencia y cuestionaron la suficiencia del argumento oficial expuesto en la carta de Gertz, surgieron interrogantes sobre la idoneidad de abandonar una responsabilidad de esa envergadura para aceptar un cargo diplomático. El propio Gertz, en su misiva, refirió que partiría como embajador a un país “amigo”, expresión que distintos reportes, recogidos por El País, interpretan como una alusión a Alemania. No se ha emitido hasta ahora una confirmación oficial de parte de la cancillería mexicana sobre el país de destino.

La salida de Gertz deja vacante la Fiscalía General, la cual será ocupada de forma interina por Ernestina Godoy. Según explicó El País, Godoy ha ocupado cargos relevantes en la gestión pública y se perfila como figura de transición hasta que el Senado acuerde el nombramiento definitivo del siguiente fiscal general. El procedimiento establecido en la legislación mexicana señala que la nueva persona titular del Ministerio Público federal deberá ser elegida tras un proceso de selección en el Senado con participación del Ejecutivo federal.

Durante los debates en el Senado, miembros de la oposición pusieron énfasis en la importancia institucional del cargo y manifestaron reservas respecto a una remoción que, según su perspectiva, no respondía a motivos graves de salud ni a impedimentos legales. El diario El País destacó que esta salida ocurre en un contexto de reacomodo político tras la elección presidencial que dio la victoria a Claudia Sheinbaum.

Alejandro Gertz Manero llegó a la titularidad de la Fiscalía General de la República tras la transición institucional que siguió a la extinción de la Procuraduría General, habiendo sido nominado y respaldado por el expresidente López Obrador. Su gestión estuvo marcada por investigaciones de alto perfil y por tensiones tanto con actores políticos como con la sociedad civil, de acuerdo con el repaso periodístico de El País.

La remoción anticipada del fiscal general abre interrogantes sobre la dirección futura de la Fiscalía y el vínculo entre los órganos autónomos y el Poder Ejecutivo. Mientras tanto, la figura de Gertz adquiere una nueva dimensión dentro del servicio exterior y sitúa la atención en el destino diplomático que, de acuerdo con informaciones preliminares, sería Alemania, aunque permanece pendiente la confirmación oficial.

En su conferencia matutina de este 28 de noviembre, la titular del Ejecutivo Federal expresó su agradecimiento y visto bueno al exfiscal, pero aclaró que aún está por definirse cuál será la sede que ocupará ahora en su nuevo encargo.

Sobre esa línea, Sheinbaum también dijo que aceptó la renuncia de Ernestina Godoy Ramos, exconsejera jurídica de la Presidencia, tras confirmarse que esta última asistió a instalaciones de la FGR para recibir su encargo dentro de la Fiscalía Especial de Control Competencial (FECC), decisión que tomó el mismo Gertz Manera previo a su dimisión.

No obstante, este reacomodo, de acuerdo con la Ley de la Fiscalía General de la República, la llevó a ser nombrada como encargada de despacho de la FGR en lo que se lleva a cabo el proceso de selección de una nueva titularidad por parte del Poder Ejecutivo y el propio Senado de la República.

Deseos de mayor coordinación y apoyo con la nueva FGR: “Debe tener una transformación”, según Sheinbaum

En otro momento de la conferencia matutina, la mandataria también expreso su deseo de tener mayor coordinación con el principal órgano de justicia en el país. Sobre todo, según ella, en temas relacionados con el combate a la delincuencia organizada y “a la delincuencia de cuello blanco”.

Al respecto, dijo lo siguiente:

“ (...) Pienso que ―es una opinión personal― que la Fiscalía (General de la República) requiere también de una transformación para el bien de México. Que sea más transparente. Creo que eso le va a corresponder a la fiscal o el fiscal que nombre el Senado (de la República)”, subrayó Sheinbaum.

Oposición no consideraba “causa grave” la renuncia de Gertz Manero en el Senado de la República

Durante la sesión en la que se discutió la renuncia de Gertz Manero. el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, afirmó que la carta presentada por el exfiscal no justificaba una separación aceptable conforme a la ley:

“Aspirar a seguir prestando sus servicios en la función pública no es un asunto que se pueda calificar de gravedad”, declaró en tribuna.

Castañeda subrayó que, de acuerdo con el marco normativo, la renuncia de quien encabeza la FGR sólo debe admitirse cuando exista una “causa grave” —como una incapacidad física o mental que lo inhabilite para ejercer sus funciones— y no por voluntad de asumir otro cargo.

El argumento de Gertz Manero fue considerado por MC como insuficiente para justificar su salida. “Intercambiar tareas de servicio público, o aspirar a ser embajador, no puede considerarse como una causa grave”, añadió Castañeda.

Con esa posición, Movimiento Ciudadano votó ―junto con legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI)― en contra de aceptar la renuncia del fiscal general.

La incertidumbre se apoderó este jueves del Senado de la República tras una serie de movimientos inusuales, restricciones a la prensa y la persistente versión de que el fiscal general Alejandro Gertz Manero habría presentado su renuncia.

En medio del ambiente tenso, el coordinador de Morena en la Cámara Alta, Adán Augusto López, llegó al recinto sin responder a medios, mientras la sesión permanecía en pausa y sin claridad sobre el orden del día.

Adán Augusto y Sheinbaum se reúnen en Palacio Nacional

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que un día antes se reunió con Adán Augusto López en Palacio Nacional.

Aseguró que el encuentro formó parte de las reuniones periódicas que mantiene con los coordinadores legislativos de Morena, incluido Ricardo Monreal, para revisar la agenda del Congreso.

Sheinbaum explicó que estos encuentros ocurren al menos cada lunes y que aún están pendientes diversas leyes por dictaminar, aunque evitó referirse a la versión del posible relevo en la Fiscalía General de la República (FGR), tema que ya circulaba con fuerza entre legisladores desde la noche anterior.

Ernestina Godoy se perfila como el reemplazo de Gertz

Horas después de la reunión en Palacio Nacional, Adán Augusto López lanzó una sorpresiva convocatoria para sesionar este jueves, lo que alimentó las especulaciones sobre la salida de Gertz.

Senadores de Morena y de la oposición señalaron que el líder parlamentario los citó para analizar “un asunto muy importante”.

De acuerdo con legisladores consultados, el tema central sería la eventual sustitución del fiscal general y el nombre que más ha sonado para asumir el cargo es el de Ernestina Godoy, exfiscal de la Ciudad de México y actual consejera jurídica de la Presidencia.

Incluso, se supo que López presionó a los senadores morenistas para regresar de inmediato a la capital y, en caso de no poder hacerlo, enviar a sus suplentes con el fin de garantizar la mayoría calificada requerida para votar un posible relevo.

En caso de formalizarse la renuncia de Gertz, la presidenta Sheinbaum tendría que enviar una terna al Senado para definir a la persona que ocuparía la titularidad de la FGR.

Desorden legislativo y molestia en la Mesa Directiva

La convocatoria y el manejo de la sesión provocaron inconformidades. Claudia Anaya Mota, senadora del PRI y secretaria de la Mesa Directiva, cuestionó que el orden del día no se hubiera aprobado durante la mañana, como establece el Reglamento.

Señaló que la Mesa Directiva no sesionó para validar el documento que se distribuyó entre los legisladores, lo que dejó al pleno sin un procedimiento claro en un momento especialmente delicado para la Cámara.

Prohíben la entrada de medios de comunicación al Pleno

Mientras crecían las versiones sobre la renuncia de Gertz Manero, el Senado reforzó sus medidas de seguridad.

Personal de Resguardo Parlamentario bloqueó el ingreso de reporteros y fotógrafos al salón de plenos, así como el acceso a diversas áreas del recinto.

Incluso se intentó impedir que la prensa se acercara al sótano 2, punto por donde ingresan senadores e invitados.

Testimonios reportaron actitudes prepotentes de algunos elementos que ordenaron a los periodistas retirarse del área.

Pese al ambiente tenso, hasta el inicio de la sesión no existía ningún documento en la Gaceta Parlamentaria que confirmara la renuncia de Gertz Manero.

La situación sigue en desarrollo, sin información oficial que despeje la incertidumbre política que domina al Senado.

Luego de que comenzara a emitir declaraciones sobre la revelación de presuntos nexos entre el Gobierno y las disidencias de las Farc de alias Calarcá, que comprometen al miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y delegado presidencial Wilman Mejía, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó públicamente su renuncia del cargo de representante del Gobierno nacional en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.

El anuncio lo realizó el mandatario departamental a través de sus redes sociales, en un mensaje en el que enfatizó las declaraciones que emitió Mejía en una entrevista con Caracol Radio, sobre su pertenencia al cuerpo de inteligencia de manera paralela con su cargo académico.

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Rendón manifestó que Wilmar Mejía, al que catalogó como alias Chulo, también identificado como agente de inteligencia de la DNI, no debe permanecer en la máxima instancia de decisiones de la Universidad de Antioquia.

“Wilmar Mejía, alias Chulo, un agente de inteligencia de la DNI inmerso en un escándalo por nexos con las Farc, NO tiene que estar en la máxima instancia de decisiones del Alma Máter de los Antioqueños (sic)”, fueron las palabras textuales del gobernador en la red social X.

El mandatario se refirió a la importancia de que la comunidad educativa debata el papel de un agente de inteligencia del Estado en el órgano que dirige a la universidad.

En palabras de Rendón, que se pronunció con un video: “La comunidad educativa ha de pronunciarse sobre el rol de un agente de inteligencia del Estado en el Consejo Superior de la Universidad. Una situación de estas tiene todo que ver con la autonomía universitaria que muchos defienden a pie juntillas”.

Durante su intervención, el gobernador cuestionó el clima de seguridad y convivencia en la universidad. Planteó interrogantes relacionados con hostigamientos y problemas internos.

“¿Qué pensarán los contratistas de las cafeterías que son obligados a pagar extorsiones a los criminales? ¿A las mamás que saben que en la universidad hay ollas de microtráfico? ¿Qué sentirán los estudiantes que deben soportar la manipulación de otros en la universidad para suspender las actividades por causas que no son las suyas, cuando en el Consejo Superior hay un sujeto que está en la mira de la opinión pública?”

Rendón concluyó reiterando la exigencia institucional de Antioquia: “El Gobierno de Antioquia exige la renuncia del representante de Petro en el Consejo Superior de la UdeA”.

Wilmar Mejía negó presiones y vínculos con disidencias de alias Calarcá: DNI afirma que audios no corresponde a su voz

Wilmar de Jesús Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), negó cualquier participación en presiones a oficiales para entregar información sobre altos mandos, así como nexos con las disidencias de alias Calarcá, después de que circulara un audio atribuido a su nombre dentro del caso de infiltración señalado por la opinión pública.

Jorge Lemus, director de la DNI, analizó junto a Mejía el contenido de la grabación señalada y concluyeron que la voz no corresponde a la del funcionario.

Pese a que miembros de la entidad tienen versiones encontradas, el consenso es que lo abordado en el audio no configura delito sino labores propias de inteligencia. El audio, conocido desde hace más de dos meses por autoridades policiales, incluía testimonios de oficiales que aseguraron haber sido contactados para facilitar supuesta información sobre antiguos superiores.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que su despacho recibió quejas sobre las presuntas presiones a oficiales y que ordenó investigar estas denuncias.

Al respecto, Lemus detalló que en casos relevantes, como la denominada ‘junta directiva del narcotráfico’, la entidad ha realizado reuniones para verificar datos y consultar a particulares, entre ellos directivos de clubes deportivos.

En respuesta a la controversia, Wilmar Mejía publicó un comunicado afirmando: “Jamás he recibido instrucción del Presidente de la República, ni del director general de la DNI, ni de autoridad alguna para sostener reuniones con personas al margen de la ley, dentro o fuera del país”. Subrayó que su función se limita a inteligencia estratégica, lejos de cualquier operación clandestina o ilícita.

Mejía rechazó toda implicación en actos ilícitos relacionados con la entrega de información a grupos criminales o con gestiones de permisos y armas para disidencias armadas.

“Estas acusaciones son contrarias a mi trayectoria, a mi conducta y a los protocolos institucionales que rigen nuestro trabajo”, sostuvo el funcionario.

En una carta dirigida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, Álvaro García Ortiz expuso su decisión de dejar la jefatura del Ministerio Público como muestra de respeto ante la reciente sentencia del Tribunal Supremo. Mediante este escrito, el fiscal general del Estado transmitió al Gobierno su renuncia al cargo, argumentando que “ha llegado el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad”.

De acuerdo con la información publicada por el medio, García Ortiz formalizó su dimisión días después de que el pasado jueves el Tribunal Supremo lo condenara a dos años de inhabilitación para ejercer el cargo de fiscal general, tras ser hallado culpable de un delito de revelación de secretos. La resolución judicial estableció la imposibilidad de García Ortiz para continuar al frente del Ministerio Público, lo que impulsó al funcionario a comunicar oficialmente su salida.

El fiscal general justificó su decisión en el “profundo respeto a las resoluciones judiciales”, postura expresada en la misiva remitida al ministro de Justicia. Tal como reportó el medio, García Ortiz consideró que la sentencia del Supremo marcaba un límite ineludible para su permanencia en la máxima instancia del Ministerio Público, y por esta razón procedió a informar su dimisión al Gobierno.

La condena a García Ortiz se produjo tras el análisis de los hechos en los que la justicia determinó que el fiscal general incurrió en la revelación de secretos. Esta infracción conllevó una sanción de dos años de inhabilitación, lo que según consignó el medio, imposibilita legalmente que el funcionario pueda ejercer responsabilidades en el ámbito que encabezaba hasta ahora.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, recibió la carta formal de renuncia. El medio detalló que la comunicación del cese se produjo después de la sentencia definitiva del Tribunal Supremo. García Ortiz afirmó en su carta: “Es el momento de abandonar”, manifestando que la decisión se apoya exclusivamente en el respeto al ordenamiento jurídico y las determinaciones de la justicia.

La dimisión de García Ortiz abre un proceso de relevo en la Fiscalía General del Estado, en el que el Ejecutivo deberá abordar el nombramiento de una nueva persona para asumir la jefatura del Ministerio Público. Según informó el medio, el contexto de este relevo se encuentra marcado por la condena y el consiguiente acto formal de renuncia del anterior titular tras la notificación de la sentencia.

El caso de García Ortiz representa un hecho relevante para la institución, dada la trascendencia del cargo y el impacto de la condena dictada por el Tribunal Supremo. De acuerdo con el medio, los procedimientos sancionadores y la exigencia de cumplimiento de las resoluciones judiciales han conducido a la actual situación, en la que el respeto a la sentencia se tradujo en la dimisión del fiscal general.

Renunciar al trabajo ya no es una elección que genere miedo en los trabajadores más jóvenes, y tampoco es una decisión íntima o reservada. De hecho, cada vez más personas de la generación Z optan por anunciar su dimisión a las empresas a través de una llamada o videollamada para después retransmitirlo por redes sociales.

Esta nueva tendencia, que empieza a apreciarse entre algunos jóvenes en sus perfiles de TikTok, forma parte de la redefinición de la relación entre los empleados jóvenes con el mundo laboral. Estos videos suelen presentarse como una victoria personal, bien al desenlazarse con un ambiente laboral tóxico o bien como primer paso para alcanzar un nuevo reto o proyecto.

“Simplemente no queremos reproducir los mismos patrones que nuestros padres, a quienes vimos agotarse por salarios mediocres, en condiciones laborales bastante precarias y sin ningún reconocimiento”, declara una joven en uno de los videos que recopila TF1 Info sobre este asunto. La misma fuente le confirma la prioridad de bienestar general: “No entendemos por qué aspirar a algo mejor se percibe como debilidad o un simple capricho. El trabajo es solo trabajo. No vivimos para trabajar, trabajamos para vivir”.

El rastro de la generación Z en las empresas

Las declaraciones de la joven al medio francés se respaldan igualmente bajo los datos de un estudio que asegura: el 92% de los jóvenes graduados concede mayor valor al éxito en su vida personal que en la profesional. Al igual que el 87% descarta pasar toda su carrera en la misma empresa, lo que supone una ruptura con la idea tradicional de estabilidad que presentaban las generaciones previas.

Esta búsqueda de bienestar se junta también con otra tendencia denominada como “renuncia por venganza”. Según lo que expone el portal de RR. HH. Digital, este término implica dejar el puesto de trabajo de forma abrupta como respuesta a situaciones percibidas como injustas o insostenibles. El analista Fernando Juca ha resaltado que este fenómeno se habría afianzado este mismo año y es un verdadero desafío para las empresas, ya que la capacidad de retención y concentración de talento joven estarían cada vez más mermadas.

Bajo las exigencias de esta generación se observaría de esta manera transparencia, bienestar y alineación ética en sus lugares de trabajo, características que las diferencian de los Millennials, más inclinados a la estabilidad financiera y el crecimiento profesional, según la revista Forbes. Además, sendas generaciones representarán el 74% de la fuerza laboral mundial para 2030, de acuerdo con la consultora Forrester; sin embargo, la fusión de actitudes entre distintas edades crea tensiones internas en la empresa.

Bajo este panorama, un estudio de Intelligent.com, recogido por Genbeta, establece que el 18% de superiores o jefes ha considerado dejar su cargo por la dificultad de gestionar a empleados jóvenes, a quienes atribuyen una ética laboral “deficiente” y un uso excesivo del teléfono. Mientras que el 85% de los trabajadores de esta generación en España se siente abrumado, lo que añade más presión sobre equipos y estructuras de liderazgo tradicionales.

Una oleada de renuncias por condiciones precarias

El contexto de precariedad que denuncian varias fuentes en los videos de redes sociales suma capas de complejidad a este fenómeno laboral. Y es que, la oleada de dimisiones actual -denominada como la “gran dimisión” por el Galicia Press- habría emergido durante la pandemia de COVID-19, cuando miles de trabajadores dejaron sus puestos ante la falta de ascensos, salarios insuficientes o, paradójicamente, sueldos altos que no mejoraban la calidad de vida.

“Trabajar no tiene que doler” y por eso, teniendo en cuenta estos factores delimitantes, el 47% de los jóvenes planea abandonar su trabajo en los próximos seis meses si sus exigencias de propósito y bienestar no reciben respuesta. Con esta tendencia, el concepto de lealtad corporativa ha perdido peso, pues la seguridad de esta generación reside en la flexibilidad y la adquisición de competencias transversales.

Con una tasa de paro juvenil del 24,9%, una alta temporalidad y solo dos de cada diez menores de 30 emancipados, el efecto desánimo y el rechazo a trabajos insatisfactorios se acentúan. Y seguirán así con la irrupción de la inteligencia artificial, que altera aún más el escenario. El 63% de los ejecutivos consultados considera que la automatización sustituirá tareas básicas, lo que obliga a los jóvenes a buscar fórmulas de ingreso alternativas o incluso se inclinan por proyectos personales.

Estos factores han influido en que solo el 25% de la generación Z anteponga el salario cuando evalúa opciones, a la hora de la búsqueda laboral. Además de incrementar el “filtro ético” corporativo, por el que los jóvenes descartan empresas cuyas actividades chocan con sus principios y priorizan aquellas que ofrecen flexibilidad. De este modo, la exhibición de estas renuncias -que para muchos pueden ser una tendencia desleal- no solo verbaliza el pensamiento de este grupo, sino que desafía e interroga los fundamentos sobre los que históricamente se han construido las relaciones laborales.

Delia Espinoza consideró que tanto el sustituto interino Tomás Gálvez como la Junta Nacional de Justicia (JNJ) están demorando intencionadamente su reincorporación como fiscal general de Perú, pese a la decisión judicial que ordenó su restitución. Espinoza, según informó Europa Press, expresó que no asumirá nuevamente el cargo principal del Ministerio Público si no se respeta el procedimiento oficial e indicó que, de mantenerse la actitud de las autoridades actuales, la situación podría calificarse como desacato, aunque confía en que la Junta rectifique su postura y le permita ingresar a la institución de acuerdo con los plazos fijados por la justicia.

De acuerdo con Europa Press, Espinoza optó por no presentarse el jueves en la sede del Ministerio Público debido a la oposición directa de Gálvez, quien sostiene que ella solo podrá volver cuando la JNJ emita una resolución formal de reincorporación. La fiscal consideró que “jamás” ingresaría “empujando la puerta”, en referencia a situaciones anteriores, resaltando en una entrevista con la cadena RPP que respeta la institucionalidad, a los empleados y al público, y que no participaría en situaciones bochornosas ni incidentes violentos. Espinoza remarcó la necesidad de que todos los procedimientos sigan los cauces reglamentarios y se cumplan las formalidades correspondientes.

El medio Europa Press consignó que el Noveno Juzgado Constitucional de Lima falló el lunes a favor de la restitución de Espinoza, brindando a la JNJ un plazo de cinco días para ejecutar el mandato. La propia Espinoza había sido suspendida previamente durante seis meses por un proceso disciplinario impulsado por el organismo regulador. No obstante, la Junta argumenta que la reciente orden solo afecta uno de los cuatro expedientes disciplinarios que motivaron la suspensión temporal, y permanece en su decisión de no reincorporarla de manera inmediata. En paralelo, Gálvez insistió en declaraciones a ‘La República’ que cualquier retorno unilateral podría constituir un delito de usurpación de funciones y que las normas exigen aguardar la resolución de la JNJ. “Si ella ingresaba de forma abrupta al Ministerio Público para supuestamente retomar el cargo, habría sido detenida por encontrarse en flagrancia del delito de usurpación de funciones”, sostuvo el interino al citado diario, subrayando la importancia de ceñirse al procedimiento.

Europa Press detalló que el proceso disciplinario que involucra a Espinoza tiene su origen, entre otros motivos, en el expediente abierto en septiembre por la JNJ. Este expediente la acusa de faltas muy graves, incluyendo la supuesta violación de la normativa al no reponer a su predecesora, Patricia Benavides, quien fue retirada del cargo a raíz de acusaciones de corrupción y tráfico de influencias. Espinoza, por su parte, caracterizó el proceso seguido en su contra como “plagado de ilegalidades” y, en julio pasado, denunció haber sido objeto de presiones políticas desde el Congreso. Precisó que enfrentó hasta cuatro demandas de carácter constitucional que intentaban obtener su inhabilitación por períodos de hasta diez años, según registró Europa Press.

La controversia en torno al regreso de Espinoza refleja las profundas divisiones institucionales y normativas existentes en el sistema judicial y fiscal peruano. Mientras la JNJ mantiene su argumento centrado en los diferentes procedimientos disciplinarios pendientes, Espinoza enfatiza su respeto por la normativa vigente y la necesidad de que el proceso de restablecimiento en sus funciones se ajuste estrictamente a lo dictado por la justicia. En sus declaraciones públicas, la fiscal reiteró que solo ingresará al Ministerio Público cuando se hayan cumplido todos los procedimientos oficiales y que preservará la institucionalidad por encima de las disputas personales o políticas.

Las diferencias entre Espinoza y Gálvez evidencian la tensión interna en el Ministerio Público respecto a la competencia para asumir el liderazgo, así como la interpretación sobre la autoridad de la JNJ frente a los fallos judiciales. Mientras tanto, la situación de Espinoza continúa siendo objeto de debate en los medios nacionales y genera expectativas en torno al desenlace en las próximas horas, según lo consignado en las diferentes entregas de Europa Press y el diario ‘La República’.

El senador del Pacto Histórico Álex Flórez Hernández publicó en sus redes sociales un video con el que exige la renuncia del alcalde de Sincelejo, Sucre, Yahir Acuña Cabrales, luego de conocer unas grabaciones de seguridad en las que, al parecer, reconoce que se habría apropiado de recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La denuncia no solo fue publicada en redes, ya que Flórez Hernández hizo pública la petición de la renuncia de Acuña Cabrales en una reciente sesión ordinaria de la plenaria del Senado de la República.

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En esta, el funcionario legislativo le dijo al alcalde: “Señor alcalde, por dignidad y respeto con la ciudadanía, renuncie de manera inmediata usted a la alcaldía de la ciudad de Sincelejo y póngase a disposición de los órganos de control y de la justicia de este país.

Flórez Hernández dijo que la dimisión debía ser efectiva “después de haber escuchado de boca suya cómo toma recursos del PAE para enriquecerse usted y no para ayudarle a la gente de Sincelejo y a sus niños”.

En el registro videográfico del alcalde que aparece en la denuncia del senador, se ve al burgomaestre sincelejano en una sala, sentado en un sofá, hablando con una mujer. Es una conversación personal que fue filmada por una cámara de seguridad.

Flórez no detalló cómo habría obtenido la grabación, pero en la porción que incluyó en su denuncia. Aún así, allí se oye a Acuña decir, acompañado de gestos y ademanes: “Mil millones que me deja a mí (...) Ahora yo soy el que me sacó 2 mil (...)”.

Ante esto, Flórez dijo que “escucharlo en un video hablando en la intimidad de cómo se cobran mordiscos, se cobran mordiscos, a la plata de la comida de los niños”.

Entonces, además de pedirle la renuncia, comentó que “no hay acto más bajo que pueda cometer un funcionario público, un mal llamado político, que meterse con lo más sagrado que hay en una sociedad y es la plata de la comida de los niños”.

Además dijo que “no tenía palabras”. Aunque el funcionario puede tener un video más completo, dijo que “realmente las imágenes que hemos visto y las propias declaraciones del que hoy es el alcalde de la ciudad de Sincelejo hablan por sí mismas”.

El anterior proceso de Yahir Acuña que la Fiscalía precluyó

El 25 de agosto de 2025 la Fiscalía General de la Nación decidió precluir el proceso penal contra Yahir Acuña, tras quince años de investigación sobre presuntos vínculos con grupos paramilitares.

La decisión, dada a conocer el 25 de agosto, se fundamentó en la ausencia de pruebas directas y consistentes que conectaran a Acuña con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de acuerdo con información conocida por Semana.

Yahir Fernando Acuña fue investigado desde 2010, cuando apareció un anónimo que lo señalaba como supuesto colaborador del Bloque Héroes de los Montes de María.

En ese entonces, Acuña ejercía funciones como líder estudiantil en la Universidad de Sucre y después se desempeñó como concejal y diputado en la región. La Fiscalía analizó las acusaciones iniciales junto con otras pruebas recopiladas durante una década y media.

El equipo jurídico de Acuña recibió la notificación oficial de la preclusión, que marca el cierre definitivo de un proceso que impactó su carrera política durante años.

“La Fiscalía, al desvirtuar los señalamientos, ha reafirmado el principio de la presunción de inocencia, un elemento central del sistema judicial que en este caso puso fin a la incertidumbre que pesaba sobre su carrera política”, indicaron sus abogados en un comunicado citado por el medio mencionado.

La investigación fue supervisada por la Fiscalía General de la Nación, que señaló inconsistencias en los testimonios y pruebas recabadas. No se hallaron elementos sólidos que permitieran establecer un nexo formal entre Acuña y las actividades paramilitares en el departamento de Sucre.

Sectores próximos al mandatario sucreño consideran que esta decisión podrá modificar el escenario electoral en Sincelejo y el departamento, ya que los señalamientos pesaron durante varios periodos electorales.

La fiscal Luisa Fernanda Obando Guerrero, involucrada en el escándalo de narcotráfico y corrupción conocido como “Pacho Malo”, habría presentado una segunda renuncia ante el ente acusador el 20 de octubre de 2025, argumentando problemas graves de salud mental.

Obando se desempeñaba en provisionalidad como fiscal delegada ante el Tribunal de Distrito en la Dirección Seccional Norte de Santander, y anteriormente ocupó el cargo de delegada para la Seguridad Territorial.

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La dimisión, conocida en su totalidad por La Nueva Prensa, fue ratificada el mismo día mediante un correo electrónico en el que la exfuncionaria aseguró encontrarse en un estado de demencia, lo que llevó a la entidad a aceptar su renuncia de acuerdo con las normas vigentes. El Departamento de Administración de Personal de la Fiscalía había advertido inicialmente que la carta no demostraba plenamente la voluntariedad exigida por el artículo 97 del Decreto Ley 020 de 2014, que establece que la renuncia debe reflejar una decisión libre, clara e inequívoca del funcionario.

Sin embargo, la nueva comunicación ante el ente acusador dejó constancia de que la renuncia fue presentada sin presión, coacción o intimidación, y obedeció exclusivamente al libre albedrío de Obando. Además, el documento recordó la jurisprudencia del Consejo de Estado que permite a un servidor público exponer las razones que motivan su retiro y señala que las autoridades no pueden abstenerse de dar trámite a una renuncia fundamentada.

La funcionaria ejerció sus funciones hasta el 21 de octubre de 2025, fecha en la que debía entregar todos los asuntos relacionados con su cargo, incluidos los informes de gestión y bienes asignados.

Este hecho cobra relevancia ya que Luisa Fernanda Obando Guerrero es pieza central en el caso “Pacho Malo”, en el que también se encuentran involucrados el exfiscal Néstor Humberto Martínez, la exvicefiscal Martha Mancera y el fiscal Daniel Hernández. Este último, actualmente en juicio por corrupción, sigue en funciones, presuntamente bajo la influencia de Martínez, que desempeñó múltiples roles en casos de corrupción como los de Odebrecht y el Grupo Aval.

El abogado Alejandro Carranza se pronunció sobre la renuncia de la ahora fiscal Obando en su cuenta de X, señalando que la situación adquiere relevancia por los antecedentes de la ahora exfuncionaria en el ejercicio de sus funciones. Carranza recordó que Obando había solicitado la creación de un grupo de tareas especiales para perseguir a Nicolás Petro, cuya solicitud fue aprobada por la fiscal general encargada, Martha Yaneth Mancera.

El jurista agregó que el grupo, dirigido por el fiscal Burgos, actualmente investigado penal y disciplinariamente, estuvo vinculado a prácticas que posteriormente se denunciaron como irregulares; y también destacó que Víctor Forero, exagente del CTI y pareja de Obando en ese entonces, desempeñó un papel clave en un fraude procesal vinculado al caso, mediante el uso de una fuente falsa que derivó en la filtración de material audiovisual a la prensa.

Carranza concluyó que la persistencia de estructuras previas dentro de la Fiscalía impide cambios significativos en la persecución de la corrupción y la criminalidad, insistiendo en que “si la fiscalía no cambia, hay que refundarla”.

La renuncia de Obando y la alegación de demencia se inscriben en un contexto de procesos judiciales pendientes y podrían retrasar o modificar la forma en que se tramitan las denuncias en su contra. Las autoridades deberán verificar si el estado de salud mental declarado tiene impacto directo en la continuidad de los juicios y si se requieren medidas especiales para garantizar la integridad de los procesos.

El caso también pone sobre la mesa la revisión de prácticas en la Fiscalía relacionadas con la provisionalidad de los cargos y la creación de grupos especiales, así como la relación entre funcionarios y su entorno familiar en la ejecución de investigaciones sensibles.

Tras varias semanas de rumores y desmentidas, Guillermo Francos confirmó su renuncia a la Jefatura de Gabinete. El ex funcionario se reunió este viernes por la tarde con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos y al término del encuentro oficializó su salida a través de las redes sociales. Su reemplazante será Manuel Adorni.

“Señor Presidente de la Nación:

Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre", publicó Francos.

“Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno”, agregó.

Francos no dio detalles sobre su futuro a pesar de que en las últimas semanas habían trascendido diferentes versiones sobre una eventual designación en un cargo diplomático.

El ex jefe de Gabinete venía de tener un rol protagónico, junto al titular de Interior, Lisandro Catalán, en la reunión con 18 gobernadores y dos vices que se llevó adelante el jueves en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Ambos estuvieron encargados de la convocatoria.

“Por extraña coincidencia, mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita”, comentó.

Durante el tramo final de la campaña se había instalado la idea de que Milei anunciaría cambios en el Gabinete el mismo domingo tras conocerse los resultados o al día siguiente. Sin embargo, el contundente resultado, que incluyó victorias de candidatos violetas en Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Córdoba, le dio aire al oficialismo y los anuncios se postergaron.

“El Presidente Javier G. Milei le agradece por su servicio a la Patria en estos últimos dos años de profundas reformas que requirieron un continuo diálogo con las distintas fuerzas políticas, que resultaron en la aprobación de la Ley Bases, de la Ley Antimafias y del Juicio en Ausencia, entre otras. El Dr. Guillermo Francos ha sido fundamental en esta primera etapa del Gobierno para avanzar en todas las reformas que se han llevado adelante en estos dos años y la Nación estará siempre en deuda con él”, difundieron desde la Oficina del Presidente.

Tal como indicaba la versión más extendida entre las filas oficialistas, el reemplazo de Francos será el actual secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.

Según explicaron desde la cúpula del Gobierno, el cambio “responde al resultado de las elecciones, la necesidad de renovar el diálogo político y esta segunda etapa que comienza a partir del 10 de diciembre enfocada en las reformas estructurales que el país necesita”.

Francos, quien asumió la Jefatura de Gabinete el 3 de junio de 2024, reemplazó en ese momento a Nicolás Posse en medio de un clima convulsionado por las críticas a la parálisis de la gestión Su designación buscó aportar una impronta dialoguista para encauzar acuerdos legislativos y avanzar en la agenda de reformas económicas y políticas impulsadas por Javier Milei. Antes Francos se había desempeñado como ministro del Interior, donde buscó fortalecer el diálogo entre la Casa Rosada y las provincias, especialmente durante las negociaciones de la Ley Bases y el Pacto Fiscal.

Una larga carrera política

El ex jefe de Gabinete inició su recorrido político en 1996 como uno de los fundadores del partido Acción por la República, junto a Domingo Cavallo. Fue elegido diputado nacional en 1997 y presidió el bloque de esa fuerza hasta el año 2000. Tras un período de intensa actividad parlamentaria, decidió retirarse de la política en los 2000 argumentando un “cansancio moral”.

Luego ingresó a la gestión privada. Fue presidente de LAPA, una de las principales compañías de aviación comercial de Argentina, y asumió distintos roles dentro del holding empresarial de la Corporación América.

En 2007 regresó al sector público cuando fue nombrado presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, designado por el entonces gobernador Daniel Scioli. En 2012 volvió al sector privado, donde lideró proyectos como la presidencia de Bioceánico Aconcagua S.A.

A partir de 2019, durante el gobierno de Alberto Fernández, asumió la representación de Argentina ante el Banco Interamericano de Desarrollo y, en 2023, dejó ese cargo para sumarse al equipo de Javier Milei en la campaña presidencial.

Noticia en desarrollo

Su decisión surgió luego de ser blanco de críticas en redes y medios de comunicación por una dinámica de entrevistas que lideró, en las que hizo apología a la violencia, preguntando: “En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a (Gustavo) Petro y a Daniel Quintero. ¿A quién le das la bala?”. Además, aseguró que el presidente debería ser agredido: “Y un cachazo a Petro, pues, al menos”.

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Ante la ola de críticas de la que fue blanco, y ante el pronunciamiento del Concurso Nacional de Belleza que indica que las participantes no deben participar en política, optó por apartarse del certamen y expuso públicamente las razones que la llevaron a tomar esta determinación.

En su declaración, Gallego Solís explicó que la experiencia en el concurso, aunque breve, le permitió cumplir con su propósito de evidenciar exigencias presuntamente desproporcionadas que enfrentan las reinas de belleza en comparación con otras figuras públicas.

“Una corona nunca debería callar a una mujer. Mi participación corta, pero suficiente en el Concurso Nacional de Belleza cumplió su objetivo. No solo era demostrar que a la reina se le exige más que al presidente de la República, sino demostrar que nuestro sistema social actual sigue arrastrando a las mujeres a limitarse a solo ser lindas”, expuso.

Para Gallego, portar la corona implicaba aceptar un silencio impuesto durante más de un año. Esa barrera le impide abordar temas políticos, un ámbito que, según expresó, le apasiona profundamente.

“Portar la corona significaba quedarme callada por más de un año. Estarle diciendo a medios de comunicación que por favor no me hablaran de política cuando es de lo que amo hablar”, precisó.

Aseguró entonces que restringir la participación de las mujeres en el debate político representa un retroceso de más de siete décadas en materia de derechos y libertades. En su opinión, la representación de las mujeres de Antioquia debía ir más allá de la apariencia física.

“Si mi objetivo era representar a las mujeres de Antioquia, lo logré. Porque no solo somos hermosas, somos inteligentes, pensamos, decidimos, tenemos carácter, opinamos de política”, afirmó.

Finalmente, Gallego dejó claro que nunca antepondría la belleza al conocimiento e insistió en que ejercerá su derecho a expresarse sin restricciones. “Nunca priorizaría la belleza sobre el desarrollo intelectual. Yo soy una reina, pero de esas que no se quedan calladas”, concluyó.

Entre los objetivos que asegura haber cumplido en su corta participación en el concurso está el haber sido elegida señorita Antioquia de entre 300 competidoras, el cuidado de su cuerpo con buena alimentación y ejercicio y el demostrar que es posible tener belleza e inteligencia.

“Dejé un precedente en el @reinadocolombia LA PRIMERA MUJER que llegó hablando de política en un reinado. Representé a la mujer paisa sin MIEDO, con CRITERIO y que siempre priorizó su capacidad intelectual sobre el estereotipo”, precisó.

Así las cosas, agradeció a quienes la respaldaron en el proceso, pese a que no competirá por la corona de la señorita Colombia, que hoy ostenta Catalina Duque Abréu, que también fue señorita Antioquia.

“¡Gracias a todos los que me apoyaron, a los que se sorprendieron o disgustaron al verme de REINA… espero que hayan entendido que mi propósito era SUPERIOR!”, escribió.

El presidente Gustavo Petro se pronunció tras conocer la renuncia irrevocable que presentó Laura Gallego a su título de señorita Antioquia ante la Organización del Concurso Nacional de Belleza. La reina de belleza dio un paso al costado debido a múltiples críticas que surgieron en su contra por haber incitado a la violencia en algunas entrevistas que hizo a precandidatos presidenciales.

“En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a (Gustavo)Petro y a Daniel Quintero. ¿A quién le das la bala?”, fue uno de los cuestionamientos que hizo Gallego, por los cuales ahora es blanco de señalamientos. Además, aseguró que el primer mandatario debería recibir un “cachazo”.

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El jefe de Estado rechazó la postura de la reina de belleza y la tildó de ser una persona violenta. Posteriormente, Gallego Solís renunció, asegurando que no se mantendrá en silencio y que prefiere dar a conocer su opinión sobre la política colombiana que portar una corona, que actuaría como “mordaza”.

Aunado a ello, criticó las respuestas que dieron Petro y Quintero a sus preguntas en las entrevistas. “En los últimos días, mi nombre se ha convertido en un tema de debate nacional. Se han señalado mis posturas políticas como si pensar, opinar y defender principios fuera incompatible con ser reina. Incluso, se han emitido ataques públicos provenientes de figuras como Daniel Quintero y Gustavo Petro”, precisó en la carta de renuncia.

Ante esto, el presidente Petro se pronunció, apelando a la inteligencia de la reina, abogada y activista. Aseguró que su belleza es externa y que debería cultivar sus conocimientos, así como trabaja en mantener su bienestar físico.

“Era bella, pero por fuera solamente; hay que tener cerebro y cultivarlo mucho al igual que el cuerpo. Por decir esto más francamente, un juez pidió retractarme. Pero es una verdad científica. La belleza no es solo del cuerpo sino del alma, o del espíritu, o de la inteligencia del cerebro, que es pura energía, y debe ser limpia”, aseveró.

Al igual que Petro, Quintero no dejó pasar las aseveraciones de la reina de belleza y aseguró que Laura Gallego no representa a las mujeres antioqueñas que debaten con argumentos y con ideas, incluso, desde la oposición.

“Colombia: así no son las mujeres de Antioquia”, señaló.

Las declaraciones de Petro sobre el clítoris y el cerebro de las mujeres

La retractación a la que hizo referencia el jefe de Estado está relacionada con una polémica afirmación sobre el clítoris y el cerebro de las mujeres, que hizo durante un Consejo de Ministros televisado el 17 de septiembre de 2025.

“Una mujer libre hace lo que quiera con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer. Dicen que no hable de eso, entonces hablo del hombre”, dijo Petro en el encuentro con su gabinete ministerial.

Ante estas declaraciones, la ciudadana Tatiana Echavarría Arango presentó una acción de tutela en la que solicitó el amparo de su derecho fundamental de igualdad y no discriminación, dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, participación política de mujeres en los cargos de decisión del estado, entre otros.

Esto, al considerar que la expresión del presidente recae en la cosificación y sexualización de las mujeres, relegándolas a un papel “meramente corporal”. Además, aseguró que también afecta la “formación de principios democráticos en los menores que presencian ese discurso”. En consecuencia, el Juzgado 66 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá ordenó al primer mandatario retractarse y pedir excusas públicas por sus declaraciones, en el término de cinco días contados a partir de la notificación de la providencia.

El rechazo hacia la reina de belleza se exacerbó por la publicación que hizo de algunos videos entrevistando a precandidatos presidenciales de la derecha colombiana. En ellos, hizo apología a la violencia, refiriéndose directamente al presidente Gustavo Petro y al exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

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“En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a (Gustavo)Petro y a Daniel Quintero. ¿A quién le das la bala?”, preguntó Solís. Tras recibir una respuesta del precandidato al que entrevistó, aseguró que el primer mandatario debía ser agredido. “Y un cachazo a Petro, pues, al menos”, señaló.

En su carta de renuncia, lejos de dar explicaciones sobre las preguntas y afirmaciones que hizo en contra del presidente y del precandidato presidencial, aseguró que está siendo víctima de señalamientos por parte del jefe de Estado y del exalcalde de Medellín e indicó que no se quedará callada.

“En los últimos días, mi nombre se ha convertido en un tema de debate nacional. Se han señalado mis posturas políticas como si pensar, opinar y defender principios fuera incompatible con ser reina. Incluso, se han emitido ataques públicos provenientes de figuras como Daniel Quintero y Gustavo Petro”, precisó en la carta que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Desde su perspectiva, las críticas que han surgido en su contra representan una incoherencia por parte de quienes dicen defender la libertad y se “escandalizan” cuando una mujer decide hacer uso de ese derecho. Asimismo, aseguró que la libertad de expresión no puede ser un privilegio del que gocen solo algunas personas y que este no puede ser utilizado para “callar” a quienes piensan distinto.

En consecuencia, decidió renunciar, argumentando que no desea que el título de reina de belleza le impida expresarse públicamente sobre la política colombiana.

“Ante esta realidad, me niego a permanecer callada. Me niego a ser parte de un sistema que exige obediencia en lugar de pensamiento propio. Me niego a que una corona se convierta en mordaza. Por lo anterior, presente de manera irrevocable mi renuncia como Señorita Antioquia 2025”, precisó.

Así las cosas, indicó que se retira “con la frente en alto” y en paz por los aportes que dio al país en el entorno de los concursos de belleza. A su juicio, logró demostrar que una mujer no debe limitarse a ser bella y obedecer. Además, insistió en que su dignidad no se negocia por fama o aplausos.

Y, con respecto a la política del país, se refirió a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en 2026, asegurando que el futuro del territorio Nacional está en juego y que actualmente hay personas que ejerce manipulación a través de discursos de odio.

“Colombia atraviesa un momento decisivo. Está en juego la democracia, la libertad y el futuro de un país que no puede seguir siendo manipulado por discursos que promueven el odio y la división”, señaló.

Añadió:“No renuncio a mis sueños. Renuncio a lo que pretende silenciar mi voz”.

Gallego Solís dio explicaciones sobre sus polémicas entrevistas

En conversación con W Radio, aseguró que con sus preguntas y afirmaciones no quiso hacer apología a la violencia: “Yo usé el término ‘bala’, que claramente es muy agresivo, pero fue más una analogía”, detalló.

Explicó que, contrario a lo que han dicho en su contra, no es una persona que esté de acuerdo con la violencia y tampoco considera que el país se beneficie de ello. “Tampoco creo que Colombia en este momento necesite más violencia de la que ya hemos atravesado”, dijo al medio citado.

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) enfrenta una crisis institucional tras darse a conocer la presunta violación de una estudiante de la Facultad de Derecho, hecho que habría sido cometido por alumnos y un hombre ajeno a la institución dentro de las propias instalaciones universitarias.

Ante la indignación que generó el caso, el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra anunció la aceptación de la renuncia del director de la Facultad de Derecho, Germán Federico Pedroza Gaitán, así como la destitución de la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Magdalena González Vega, y de otros funcionarios de la misma facultad.

En un comunicado oficial, la rectoría informó que además de estos cambios administrativos, se giraron instrucciones para realizar una revisión exhaustiva de los protocolos universitarios relacionados con la atención y prevención de la violencia de género, con el objetivo de mejorarlos o actualizarlos conforme a las necesidades actuales.

También se anunció la implementación de jornadas intensivas de capacitación dirigidas a todo el personal universitario, especialmente en temas de derechos humanos y perspectiva de género.

La agresión ocurrió en un baño

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado, la víctima habría sido agredida sexualmente dentro de los baños de la Facultad de Derecho por un grupo de estudiantes y una persona externa, quien presuntamente fue liberada por autoridades universitarias tras el ataque.

El caso provocó una ola de indignación en redes sociales, luego de que se viralizara un video donde un alumno confronta públicamente al entonces director Germán Pedroza Gaitán, acusándolo de intentar ocultar el ataque y de no informar oportunamente a la comunidad universitaria. En el material audiovisual, el estudiante exige al funcionario asumir su responsabilidad y “renunciar si tiene dignidad”.

Diversos colectivos estudiantiles y feministas han exigido una investigación transparente, justicia para la víctima y sanciones ejemplares para los responsables, tanto por la agresión como por el presunto encubrimiento.

La UASLP reiteró su compromiso con la seguridad y los derechos de su comunidad, asegurando que colaborará plenamente con las autoridades judiciales en el esclarecimiento del caso y en la implementación de acciones que garanticen entornos libres de violencia dentro de la universidad.

Este domingo 13 de febrero se conoció a través de medios nacionales que Jonathan Malagón, actual Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, dejaría la cabeza de la cartera; algo que al parecer, sería solo un rumor, ya que el funcionario no estaría pensando en renunciar.

Esto fue lo que le manifestó a la revista Semana:

Lo que habrían dicho algunos informativos es que la renuncia llegaría el próximo mes, ya que Malagón empezaría con nuevos estudios. El funcionario es graduado de Economía de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con estudios de posgrado de la University of London.

Cabe mencionar que del ministro ya se había rumorado sobre su posible salida de la cartera de Vivienda para pasar a la de Hacienda. Fue cuando renunció Alberto Carrasquilla, un momento en el que la administración de Iván Duque decidió dejarlo en su puesto actual, que ha cumplido dejando un legado con cifras históricas de entrega de viviendas en el país. En lugar de Carrasquilla fue nombrado José Manuel Restrepo, quien se desempeñaba como ministro de Comercio, Industria y Turismo.

2021, año histórico para la vivienda en Colombia con más 200 mil unidades vendidas

El año pasado fue el mejor en la historia de la comercialización de vivienda con más de 209 mil unidades vendidas, cifra sustentada en datos revelados por Galería Inmobiliaria.

Asimismo, la cartera precisó que, “en el acumulado de enero a noviembre de 2021 se alcanzan 209.638 viviendas de interés social (VIS) y de rango medio y alto (No VIS) vendidas”, una cifra que indica, de igual forma, una expansión de 33 % frente a los mismos meses de 2020.

En línea con lo anterior, la información detalló que, por segmentos, se registraron crecimientos de 35 % en VIS y 29 % en No VIS. Lo que quiere decir, que a un mes de cerrar el año, 2021 ya se superó en más de 30 mil unidades el récord en ventas de vivienda que se había impuesto en 2020.

“Ahora bien, los resultados de noviembre son más que alentadores: de las 19.248 unidades vendidas en el mes, el 71 % corresponden a compras en el segmento VIS, con 13.841 unidades y el restante a No VIS, con 5.407 unidades. Miles de hogares que hicieron realidad el sueño de tener casa propia, contaron con subsidios del gobierno del presidente Iván Duque”, destacó Malagón.

Para la cartera de Vivienda, lo que calificó como un excelente desempeño responde principalmente a la estrategia de 200 mil subsidios para la compra de vivienda VIS y No VIS anunciada en mayo de 2020. Durante este año se han entregado 92.986 subsidios: 65.558 VIS y 27.428 No VIS.

Del mismo modo, en diciembre del año pasado, resaltó que por tercer mes consecutivo el sector edificador también ratificó su buen momento, ocupando a más de un millón de personas, manteniéndose por encima del promedio de los últimos años. Y es que un dato importante relacionado con la generación de empleo está en las cifras reveladas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), según el cual 1,02 millones de personas se emplearon en octubre, es decir, 35 mil personas más que en el mismo mes de 2020. Con esto, el de 2021 se convirtió en el mejor octubre desde el 2017.

“Estos resultados siguen posicionando al sector edificador como uno de los principales impulsores de la economía, mostrando su efectividad como herramienta de política contracíclica. Así, el 2021 será recordado como el año de la vivienda”, manifestó el Ministerio de Vivienda colombiano.

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El político sostuvo que el país necesita liderazgo proveniente del sector privado y señaló que su decisión responde a la falta de figuras que asuman ese reto. Aseguró que mañana, a las 3:30 p.m., presentará su dimisión formal ante el Concejo Metropolitano, donde además realizará un informe final de su gestión.

El anuncio en vivo

En una conversación con Beto Ortiz, Rafael López Aliaga comunicó su decisión de dejar el cargo de alcalde de Lima. “He decidido renunciar el día de mañana, que sería legal. Mañana a las 3:30 yo renuncio, porque el Perú no puede estar en esta indiferencia de empresarios”, declaró en medio de la entrevista del domingo.

El conductor, sorprendido, le pidió confirmar su decisión: “Dejas de ser alcalde de Lima”. A lo que López Aliaga respondió con firmeza: “Mañana, en plazo legal, tres y media de la tarde, y ya hay sesión de Consejo a las cuatro y media, y yo daré mi rendición de cuentas ante el Consejo”.

La revelación generó expectación entre los asistentes al set y en redes sociales, pues el anuncio se dio en vivo, con una naturalidad que contrastó con el peso político de la decisión.

“El Perú no puede seguir en la indiferencia”

El empresario justificó su decisión apelando a un sentido de deber con el país. “Hay ausencia de gente que podría hacerlo mejor que yo, porque muy poca gente del sector privado deja su vida, su zona de confort, para dedicarse a la política, que es mi caso”, explicó ante las cámaras.

Aseguró que no busca perpetuarse en el poder, sino contribuir desde otro espacio. “Yo tengo una vida por hacer”, dijo, insistiendo en que su candidatura responde a la falta de compromiso del empresariado con la política nacional.

Durante el diálogo, Beto Ortiz comentó: “Tienes que decirnos qué has decidido”, marcando el momento en que el invitado hizo pública su renuncia.

La sucesión en la Municipalidad de Lima

Tras el anuncio, Beto Ortiz preguntó quién asumiría la alcaldía capitalina una vez formalizada la renuncia. López Aliaga respondió sin titubeos: “Renzo Reggiardo, entonces, desde mañana, es el mayor bien del alcalde de Lima”.

El periodista precisó que Reggiardo, como teniente alcalde, será quien tome el mando municipal hasta el final del periodo. “¿Accesitario? Es el segundo. Yo soy uno, él es dos. Claro, es el teniente alcalde. Para ser alcalde”, comentó Ortiz en tono de conversación.

El intercambio provocó risas cuando ambos especularon sobre una eventual cadena de sucesiones. “¿Y qué va a pasar cuando Renzo Reggiardo quiera postular él también? y la que venga, se quedará Fabiola Morales”, ironizó el conductor.

Camino a la candidatura presidencial

El anuncio de su dimisión ocurre dentro del plazo legal para postular a la presidencia en las elecciones de 2026. López Aliaga afirmó que su salida se concretará este lunes 13 de octubre a las 3:30 p. m. y que inmediatamente después acudirá al Concejo Metropolitano para presentar su rendición de cuentas.

El político, líder de Renovación Popular, destacó que su proyecto busca ofrecer una alternativa al actual panorama político, al que considera marcado por la falta de liderazgo.

Aunque evitó dar detalles sobre el plan de su campaña, su tono reflejó determinación. “El Perú no puede estar en esta indiferencia de empresarios”, insistió, reforzando la idea de que su decisión busca despertar un sentido de responsabilidad en el sector privado.

En su diálogo con Ortiz, el alcalde saliente mantuvo una actitud relajada, entre bromas y afirmaciones contundentes, que dieron al momento un aire de espontaneidad.

“No podría ni afirmarlo ni negarlo, porque no es un tema que ella haya introducido ni que yo haya introducido”, señaló Portugal al ser consultado por la posibilidad de una renuncia presidencial. El abogado recalcó que no ha redactado ninguna carta en ese sentido y que su papel se limita al asesoramiento jurídico, no político. “Mi rol no es el de un asesor político, es asesor legal”, insistió, aclarando que cualquier decisión de ese tipo corresponde únicamente a la presidenta.

Asimismo, negó versiones que circularon en algunos medios sobre un supuesto pedido de asilo político. “Con la presidenta no he conversado sobre ningún asilo. No se ha redactado ni se ha planteado esa posibilidad. La defensa de la presidenta no recae en su abogado, sino en su inocencia, y está tranquila con su conciencia”, afirmó.

Dina Boluarte se encuentra serena

Durante su diálogo con la prensa, Juan Carlos Portugal aseguró que la presidenta Dina Boluarte está tranquila en medio de la crisis política y la posible vacancia. “La presidenta está bastante serena. Está en permanente comunicación con sus ministros y sabe la agenda titánica que han tenido”, comentó.

El abogado explicó que la mandataria se encontraba reunida con el Consejo de Ministros para evaluar distintos escenarios políticos, aunque subrayó que esas conversaciones corresponden al ámbito político y no a su asesoría legal. “En este momento, ella está reunida con sus ministros para evaluar esos escenarios, pero a mí, como su abogado, no me corresponde”, precisó.

Ante la insistencia de los reporteros sobre si Boluarte teme ser vacada, Portugal respondió que la mandataria confía en la gobernabilidad y en la sensatez de los partidos políticos. Sin embargo, advirtió que “cualquier intento de acelerar o exonerar el procedimiento de vacancia sería absolutamente ilegal desde una perspectiva constitucional”.

Ratifica lealtad a Dina Boluarte

El defensor legal de la jefa de Estado también desmintió las versiones que afirmaban que había presentado su renuncia a la defensa de la presidenta. Al contrario, reafirmó su compromiso profesional con el caso. “Le he expresado mi lealtad a la presidenta, como con todos mis clientes, hasta el final de mis días, sea por decisión política o sea el próximo año”, declaró.

Portugal explicó que su trabajo se centra en los temas penales que involucran a la mandataria, principalmente el caso conocido como “Los Dinámicos del Centro”, que la Fiscalía aún mantiene en investigación. “No me preocupa ese caso porque todos los testigos han señalado que se trata de aportes domésticos, de treinta, cien o ciento cincuenta soles”, dijo, al tiempo que acusó al Ministerio Público de no haber realizado pericias ni pruebas suficientes.

Asimismo, detalló que la defensa presentó un control de plazo judicial que fue declarado fundado, lo que demuestra —a su juicio— la falta de avances sólidos en la investigación. “El Ministerio Público no ha construido un caso serio; no ha hecho ninguna pericia sobre un supuesto desbalance patrimonial”, añadió.

“No se asilará ni abandonará el país”

En otro momento, el abogado descartó que la mandataria esté evaluando abandonar el país o solicitar asilo político, como algunos medios habían especulado. “Si la pregunta conduce a si la presidenta se va a asilar o se va a fugar, lo descarto. La presidenta no abandonará el país”, afirmó de manera tajante.

Portugal sostuvo que, independientemente del desenlace político, Boluarte seguirá afrontando los procesos que le correspondan en el Perú. “Ella está preocupada por el país y por la gobernabilidad, no por su situación personal”, indicó.

Finalmente, reiteró que la presidenta mantiene la calma y la disposición de defender su mandato dentro del marco constitucional, recordando que el Congreso tiene la obligación de respetar el debido proceso antes de cualquier decisión de vacancia. “Cualquier presidente de la República merece ser oído y escuchado, independientemente de la decisión que ya está preconceptuada”, concluyó el abogado, destacando que su defendida “seguirá firme en su cargo mientras el país lo requiera”.

Agustín El Colo Serenellini fue el primero en expresarse y explicó que la partida de Ariel no los tomó tan desprevenidos como al público. “No sorprendió, porque venía amagando. Ya pasó dos o tres veces que amagó, en esta se enojó un poco más. Me da la sensación de que está arrepentido, pero es su decisión. Creo que se cansó de la rutina, no es fácil, todo el día con una rutina de dieta y ejercicios”, relató con honestidad, revelando que los cambios de ánimo y los vaivenes ya eran parte de la dinámica diaria en la clínica.

Yael, en cambio, se mostró más crítica respecto a la actitud y forma en que Big Ari optó por retirarse del programa: “A mí me sorprendió bastante. Él ya se quería ir, te digo la verdad, no aguantó el tratamiento. Se notó, por lo poco que lo conozco, que estaba muy enojado. No estuvo bien lo que hizo, no fue la forma de actuar”. Y sumó: “Más hablar así de la clínica que lo ayuda. Estamos en un lugar donde no puede estar cualquiera, tenemos lugares que para nosotros son oro. Actuar de la forma que lo hizo no está bueno. Para mí le ganó la enfermedad y buscó una excusa para irse”.

Por su parte, Nahuel Mansilla habló desde la empatía y compartió la tristeza al ver partir a Ari: “Me sentí triste ayer cuando se fue. Estuvimos intentando convencerlo, le mandamos mensajes, pero somos grandes y cada uno sabe lo que hace. Él quería hacer su propio tratamiento, me lo dijo el primer día, y acá estamos para que nos marquen lo que tenemos que hacer. Hay muchos a los que no les gusta que les digan lo que tienen que hacer”.

Julián Ocampo, en tanto, analizó lo sucedido como resultado de la impulsividad y del malestar que Ariel venía manifestando en la clínica: “Entiendo que fue un momento de calentura, de enojo. Pero fue su decisión, no lo esperábamos. Es cierto que tenía cierta incomodidad en la clínica, salía mucho y se iba. Ojalá que vuelva, es un tema de salud y de calidad de vida. Si lo piensa en frío puede cambiar de opinión”.

El análisis más profundo llegó de la mano de Sergio Verón, histórico nutricionista y alma médica del ciclo. En diálogo con Puro Show, Verón fue contundente: “Decidió no estar más en el programa porque no aceptaba un tratamiento y el programa es un tratamiento. Del tratamiento se desprende Cuestión de Peso. Ariel es un gran personaje, una persona muy televisiva, feliz, alegre. Es un buen tipo, pero no estaba dispuesto a aceptar la parte de tratamiento médico que tiene el programa”.

Al describirlo como paciente, Sergio fue claro: “No adhirió a las pautas médicas, a las pautas de tratamiento y había que forzar un poco para que vaya a las consultas. Se le cambió el psicólogo, la nutricionista... No hay un plan único para toda la humanidad. Nosotros adaptamos el plan a cada persona, pero hay una parte en la que no podemos ceder: no podemos decir ‘quedate en la clínica y no veas nunca un psicólogo, nunca un cardiólogo, nunca un médico, nunca una nutricionista’, porque esto es de salud, no de simpatía o reality”.

Verón explicó que si bien intentaron adaptarse a la individualidad de Big Ari, hay límites que no se pueden traspasar: la prioridad es la salud de las personas, más allá del formato televisivo. “Hay una responsabilidad: estamos tratando la salud de una persona. Si decide volver, tendría que aceptar las pautas y las reglas que tiene una institución”, subrayó, dejando abierta la puerta para una eventual reincorporación, siempre y cuando se respete el marco terapéutico.

La decisión de Ariel y el debate que generó entre sus compañeros ofrece una ventana al costado menos visto de los realities: el sacrificio real, la presión y lo difícil que es sostener un tratamiento cuando la rutina y la exposición pasan a ser tan desafiantes como la enfermedad misma. En Cuestión de Peso, el show sigue, pero nadie puede negar que la partida de Big Ari deja una marca, una reflexión y, para muchos, una incógnita sobre lo difícil que es, a veces, volver a intentarlo.

Continúan los coletazos del caso de José Luis Espert en el Congreso de la Nación. Luego de la renuncia del diputado a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, oficialismo y oposición debaten el próximo paso respecto de la permanencia del legislador que tuvo que bajarse de su candidatura por La Libertad Avanza luego de reconocer su relación con Fred Machado y el financiamiento de su campaña presidencial en 2019.

El debate está centrado en su continuidad o no hasta el próximo 9 de diciembre, cuando se le termina el mandato como diputado.

Por el lado del oficialismo y aliados, varios de los legisladores recomendaron que Espert se tome licencia hasta el fin de su mandato. “Nosotros sugerimos eso”, señaló una de las espadas del PRO en el recinto. “Es un tema resuelto, que se tome licencia hasta el fin del mandato”, agregó.

El bloque amarillo viene presionando para que Espert se tome licencia y no aparezca más por la Cámara. “Cada vez que tengamos una sesión o algo va a ser un escándalo. Es un tema que ya está resuelto con su renuncia a la Comisión”.

El mismo pedido surgió de las filas del bloque libertario donde varios le hicieron la misma sugerencia a las autoridades del bloque. “Creemos que se tiene que tomar licencia, es algo que supuestamente se iba a definir hoy, pero Espert no habla con el bloque porque lo está hablando con Casa Rosada“, explicó una fuente libertaria.

En el oficialismo intentarán resolverlo antes de que mañana a las 12 del mediodía, momento en el cual comenzará una extensa sesión pedida por la oposición, por lo que entienden que si no se resuelve todo puede terminar en un escándalo. En principio, ya se tomó una decisión y es que José Luis Espert no participe de la sesión.

Pero no todos están de acuerdo con ese posicionamiento. Marcela Pagano, diputada del bloque Coherencia, señaló que su bloque “no avala licencia por casos de indisposición por ser imputado en una causa de financiamiento político con el narcotráfico. Hay diputados inmunodeficientes, dos diputadas que fueron mamás; y ninguno se pidió licencia, Espert debería renunciar”.

Desde Unión por la Patria observan con cierto estupor la toma de decisiones de LLA. “Nosotros le pedimos a Menem -Martín, presidente de la Cámara- y a Bornoroni -Gabriel, presidente del bloque- que lo hagan renunciar, que corten con esta sangría pero lo único que hacen es procrastinar. Lo mismo hicieron con la comisión de Presupuesto, le pedimos que lo corran. No lo hicieron y una semana más tarde presentaron la renuncia de Espert a la comisión. Ahora parece lo mismo", explicó un diputado del bloque del kirchnerismo.

Lo más probable es que el oficialismo avance por la idea de la licencia y pierda un voto hasta el 9 de diciembre. Entienden que es menos costoso que la renuncia porque, como Espert no asumió por LLA sino por Avanza Libertad, su reemplazante no llega de la lista violeta. Si Espert renuncia su reemplazo sería Hugo Bontempo, tercero en la lista que lleva al economista Roberto Cachanosky para diputado nacional en representación de un sector liberal enfrentado al presidente Javier Milei. “Si renuncia perdes dos votos, el de Espert y el de Bontempo”, explicó un diputado.

El futuro del Espert en el Congreso de la Nación ya está definido, solo resta saber en qué momento se aplicará y si será un pedido de licencia o una presentación de renuncia. En el medio, y a la espera de una resolución, no hay un solo diputado ni senador de La Libertad Avanza que lo defienda, ni en público ni en privado.

En ese contexto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, consideró que hubo fallas en la comunicación que propiciaron este final: “Espert al principio no tuvo la suficiente claridad para expresar la situación, eso generó dudas y sospechas”.

El funcionario destacó -en declaraciones a Radio Mitre- que “el presidente Milei lo sostuvo creyendo absolutamente en la inocencia de Espert, y porque entendió que esto era una acción del kirchnerismo que trató de ensuciar la campaña”. Sin embargo -agregó-, el diputado habrá “reflexionado” el fin de semana y entendió que no podía seguir adelante por el daño que el caso le había hecho a la propuesta electoral libertaria.

En cuanto a la sucesión en la lista bonaerense, Francos fue contundente: “El candidato corresponde que sea Diego Santilli”; de inmediato recordó que “hay un decreto reglamentario muy claro que dice que, en caso de renuncia, fallecimiento o cualquier circunstancia que impida que el candidato se presente, será reemplazado por el que sigue del mismo sexo”. De todos modos, existe jurisprudencia que permitiría aplicar el criterio de “correr” un lugar, lo que dejaría a Karen Reichardt encabezando la nómina. No es esa la idea en la administración libertaria.

El proceso de reimpresión de boletas y los costos asociados también generan incertidumbre. Al respecto, Francos aclaró que ese es un tema que hoy se presentará ante la Justicia Federal de La Plata: “El juez verá si dan o no dan los plazos para imprimir una boleta diferente. Yo entiendo que hay una parte de las boletas anteriores que están impresas y otra parte no”.

Ante la posibilidad de que el partido deba afrontar un gasto de USD10.000.000, el jefe de Gabinete fue tajante: “No tengo ese número. Tendrá que resolver el juez cómo se procede en estas circunstancias. Y, por supuesto, si tiene que asumir algún costo la Libertad Avanza, verá cómo lo asume... tendrá que requerir apoyos, donaciones, etcétera. Por eso es algo que tiene que resolver la justicia”.

La renuncia de Espert también fue leída como un gesto de diferenciación ética respecto de otros dirigentes. “Él no se ampara en fueros y no quiere perjudicar la campaña de Alianza Avanza”, subrayó Francos en contraste con la actitud de referentes kirchneristas. “Ellos se amparan en fueros para no enfrentar la justicia. Bueno, Espert hizo todo lo contrario y eso me parece que hay que también tenerlo en cuenta”, enfatizó.

Días agitados

La presión sobre Espert se intensificó tras la denuncia por su relación con Federico “Fred” Machado, un empresario argentino condenado en Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y estafas. El caso se agravó cuando el candidato kirchnerista Juan Grabois denunció el cobro de USD200.000 en 2020. En ese contexto, el presidente Javier Milei mantuvo su respaldo, convencido de la inocencia de Espert.

Sin embargo, el desenlace llegó tras un fin de semana de deliberaciones y versiones contradictorias. El domingo, el diputado anunció que renunciaba a su candidatura y el presidente Milei la aceptó y agradeció el gesto: “Lo más maravilloso que hizo Espert fue que demostró que no somos lo mismo, porque antepuso los intereses de la Nación y de las ideas de la libertad, que es el que nos va a sacar adelante, versus el interés personal”.

El propio Espert defendió su decisión en un comunicado: “Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla (...) Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando. A diferencia de los que en cada campaña electoral utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”.

En el oficialismo, la salida de Espert fue vivida como un alivio. “Hizo lo que tenía que hacer porque lo que se generó con este tema estaba perjudicando seriamente a la propuesta política que lleva adelante el gobierno del presidente Milei”, concluyó Francos.

Gildardo Rayo, secretario del Interior de Bucaramanga, presentó su renuncia tras recibir la instrucción del gobernador de Santander, Juvenal Díaz, transmitida por el alcalde encargado, Eduard Sánchez.

Rayo fue una de las figuras más cercanas al exalcalde Jaime Andrés Beltrán durante su administración. La decisión se conoció a pocas horas de la revocatoria de seis cargos clave dentro de la Alcaldía y sus institutos, realizada durante el proceso de ajustes en la administración local, posterior a la salida de Beltrán.

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La carta de Gildardo Rayo confirmó: “Por instrucciones del señor Gobernador, transmitidas a través del señor alcalde (e), he presentado mi renuncia al cargo de Secretario del Interior de Bucaramanga“. El funcionario agradeció la confianza depositada en su gestión y comunicó que abandona el cargo sin intención de obstaculizar lo logrado en los últimos meses.

En su balance, Rayo enumeró los principales resultados alcanzados durante sus 21 meses de gestión, afirmando que la tasa de homicidios en Bucaramanga se mantuvo en 15,23 por cada 100.000 habitantes; el hurto a personas descendió 28%; el hurto a comercio se redujo 40% y la violencia intrafamiliar disminuyó 24%. En materia migratoria, la Secretaría reportó 117 operativos que dieron lugar a 127 expulsiones y 41 deportaciones, lo que permitió recuperar la tranquilidad en varios sectores afectados.

La gestión de la Secretaría, según su ahora exjefe, incluyó 28 operativos contra la minería ilegal, con 144 capturas relacionadas y 37 capturas por delitos ambientales. Asimismo, la dependencia impulsó la aplicación de la ley Ángel, logrando la primera captura bajo este marco normativo a nivel nacional, junto con la organización de 968 circuitos articulados para la seguridad en la ciudad.

Jaime Andrés Beltrán dejó la Alcaldía de Bucaramanga tras una decisión del Consejo de Estado que lo apartó por doble militancia. Tras su salida, el gobierno local promovió varios nombramientos en áreas de control interno al día siguiente, circunstancias que han sido objeto de controversia y revisión administrativa. El nombramiento de Eduard Sánchez como alcalde encargado marcó el inicio de esos cambios en la estructura local.

La administración anunció la revocatoria de seis nombramientos en cargos de control estratégico, correspondientes a jefes de control interno del Instituto de Salud de Bucaramanga (Isabú), el Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación (Inderbú), la Dirección de Tránsito, el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial (Imebú) y el Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Invisbu), así como un cargo ligado de manera directa con la Alcaldía, con salarios que ascienden hasta 17 millones de pesos mensuales.

La decisión de revocar estos contratos se habría motivado por la denuncia efectuada por el concejal José David Cavanzo, quien advirtió presuntas irregularidades en los procesos de selección y nominación. Según explicó, “el 19 de septiembre, un día después de la salida de Beltrán, se expidieron decretos de nombramiento para cargos de control interno, los cuales tienen una duración de cuatro años y no son de libre remoción”. Además, señaló que los trámites no habrían incluido la revisión completa de antecedentes judiciales y fiscales.

En su despedida, Gildardo Rayo manifestó: “Deseo de corazón lo mejor a esta hermosa ciudad, que me abrió sus puertas y me permitió servirle. Confío en que el nuevo gobierno continuará trabajando con responsabilidad y amor por Bucaramanga, porque esta tierra y su gente lo merecen independiente de cualquier interés de quien no mira y siente su ciudad con vocación de servir”.

La renuncia del secretario del Interior y la revocatoria de seis contratos en órganos de control interno marcan un periodo de ajustes institucionales para la administración municipal, mientras se definen los nuevos responsables de estos cargos y la continuidad de las políticas en materia de seguridad y control.

El presidente Gustavo Petro aceptó el miércoles 17 de septiembre la renuncia de Juan Carlos Florián Silva, que se desempeñaba como ministro de Igualdad y había sido suspendido provisionalmente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tras admitirse una demanda en contra de su designación.

La llegada de Florián a la cartera estuvo rodeada de polémica desde el inicio. Su nombramiento fue cuestionado por incumplir con la Ley de Cuotas, que exige garantizar la participación femenina en los altos cargos del Gobierno. La decisión judicial que lo apartó del cargo terminó de debilitar su permanencia en el ministerio.

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Ante su salida, el jefe de Estado encargó de manera provisional a Angie Rodríguez, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), mientras se define quién asumirá la dirección en propiedad de la entidad.

El Ministerio de Igualdad es una de las apuestas más ambiciosas del actual Gobierno y también una de las más controvertidas. Su creación estuvo acompañada de cuestionamientos por la falta de resultados concretos, la discusión sobre el manejo de los recursos y las disputas políticas en torno a su liderazgo. La Casa de Nariño no informó quién será el reemplazo definitivo de Florián Silva ni cuándo se anunciará la nueva designación.

La suspensión de Florián

Desde su nombramiento, Juan Carlos Florián había estado en el centro del debate por la representatividad de su identidad como persona de “género fluido no hegemónico” y la forma en que esto podía interpretarse dentro de la Ley de Cuotas.

Cuando se interpuso la demanda que derivó en su suspensión, 10 de los 19 ministerios estaban liderados por hombres, incluyendo a Florián, lo que reducía la participación femenina al 47,4%. Ese cálculo fue suficiente para que los demandantes cuestionaran el cumplimiento de la norma que busca garantizar la presencia de mujeres en el gabinete.

El Gobierno nacional intentó restarle fuerza a ese argumento con los movimientos posteriores en el equipo ministerial. La llegada de Gloria Patricia Perdomo al Ministerio TIC en reemplazo de Julián Molina, y luego la designación de Carina Murcia en esa misma cartera, modificaron el balance de género dentro del Ejecutivo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo que con esas decisiones la demanda contra Florián “perdería sustento”.

Aun así, la medida judicial siguió adelante y terminó apartándolo del cargo. Desde el Ejecutivo, el presidente Gustavo Petro reaccionó a la controversia desatada por la suspensión de Florián Silva. En un extenso pronunciamiento en su cuenta de X, el jefe de Estado calificó la decisión judicial como un acto de “homofobia” y un retroceso en materia de libertades individuales.

“Es una medida homofóbica, el debate es importante, pero desconoce el derecho a ser persona, va de frente contra la libertad humana”, afirmó Petro, que defendió el nombramiento de Florián. Cabe recordar que el mismo Florián se autodenominó como una “marica” al frente de la cartera, en un gesto que buscaba desafiar los prejuicios.

El mandatario insistió en que la resolución del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que admitió la demanda contra el nombramiento, va en contravía de los derechos fundamentales. “La persona es libre y sabemos que debe desarrollarse libremente, sino volvemos a la esclavitud, no se puede permitir la esclavitud de nuevo”, señaló.

Además, enfatizó que la autodeterminación de género es un derecho inalienable: “Si una persona siente que es hombre o mujer, lo dice esa persona. Ese es su derecho y nadie, absolutamente nadie puede obligar a lo contrario, ni juez, ni policía, ni padre, ni sociedad, ni Estado”.

Armando Benedetti estaría evaluando su renuncia al Ministerio del Interior, según lo reveló Darcy Quinn en La FM.

La periodista también escribió en su cuenta de X que el jefe de la cartera del Interior contempla su salida luego de sacar adelante la reforma pensional y laboral, así como la derrota con la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

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Sin embargo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, en entrevista con Blu Radio, negó que fuera a renunciar.

En sus declaraciones, Benedetti confirmó que sí hizo una reflexión, pero nunca ha contemplado en renunciar.

De hecho, cuestionó la información que anunciaba su posible salida del Ministerio del Interior.

“Fue una reflexión. Yo promoví la reforma a la salud. Gané con el magistrado Echeverry en el Consejo Nacional Electoral. Logramos sacar adelante la reforma laboral. Hicimos la consulta popular. Organizamos manifestaciones. La derrota en la elección del magistrado me afectó mucho. A partir de ahí reflexioné sobre lo que podría ocurrir, pero alguien, de manera imprudente, dijo que yo iba a renunciar, y eso no es cierto”, indicó Benedetti.

Por otra parte, el ministro Armando Benedetti hizo pública su vivencia relacionada con la rehabilitación personal y el abandono de adicciones.

A través de sus redes sociales, relató que hace un año tomó la decisión de dejar el consumo de sustancias y alcohol, un paso que consideró fundamental para transformar sus hábitos y enfoque de vida.

Benedetti sostuvo que un problema de salud le permitió adquirir un mayor nivel de conciencia sobre sus acciones diarias, lo que influyó directamente en su determinación de modificar su estilo de vida.

En ese sentido, comentó: “Yo he tenido esa segunda oportunidad gracias a Dios, gracias a la gracia de Dios, y por ello, estoy en el trabajo que yo estoy, también lo hice porque quería cambiar mi estilo de vida. Porque después de una enfermedad tuve miedo y me conllevó a cambiar todo lo que hacía en la parte social, en el trabajo”.

El funcionario calificó este proceso como decisivo, no solo en el ámbito personal, sino también a nivel profesional. Subrayó la necesidad de preservar el bienestar individual para poder generar un aporte positivo a la sociedad desde el servicio público. Según sus palabras, “sentí que si quería contribuir con el país debía estar bien conmigo mismo. Toda persona tiene derecho a una segunda oportunidad”.

En su mensaje, Benedetti manifestó que el distanciamiento del alcohol y las drogas ha generado un nuevo entorno familiar, propiciando mejores relaciones y un ambiente de paz.

Reflexionó sobre este cambio y concluyó preguntando a su audiencia lo siguiente: “Todo ello me ha traído relativa paz porque todavía me falta, porque me ha traído otra vez a mi familia, soy un mejor padre que antes, un super mejor marido, de pronto de los mejores maridos que hay, y al mismo tiempo un buen amigo y una buena persona, ¿Dígame usted que haría para cambiar su vida y que haría por mejorarla?”.

Caso Fonade

La Corte Suprema de Justicia inició este lunes 15 de septiembre de 2025 la audiencia preparatoria en el juicio por presunto tráfico de influencias contra el ministro del Interior, Armando Benedetti.

El procedimiento, encabezado por el magistrado Ariel Torres de la Sala de Primera Instancia, se llevó a cabo de manera virtual y marca un paso importante en la investigación penal que enfrenta el alto funcionario, considerado cercano al presidente Gustavo Petro.

Benedetti es acusado de supuestas irregularidades dentro del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

El caso se centra en la presunta manipulación de procesos contractuales a favor de la empresa Certicámara S.A. en convocatorias que superaron los 1.000 millones de pesos.

En medio de las polémicas por diferentes problemáticas que tienen en crisis a Bogotá, como la recolección de basura en varias zonas de la ciudad, el secretario de Gobierno de la Administración distrital anunció a través de su cuenta de X que el alcalde Carlos Fernando Galán solicitó la renuncia de los 20 mandatarios locales.

“Por instrucción del Alcalde Mayor @CarlosFGalan pedimos la renuncia protocolaria a las alcaldesas y alcaldes locales. La evaluación permanente es uno de nuestros principios de gerencia pública”.

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En la publicación, Quintero afirmó que la decisión fue tomada debido a la falta de resultados de algunos alcaldes locales, que, según su postura, ha desencadenado en las crisis vigentes de la capital.

“Hemos avanzado; sin embargo, el seguimiento y la exigencia serán cada día más rigurosos. Las alcaldías locales deben gobernar lo cotidiano de manera transparente, eficiente y con resultados”.

Buscando la opinión de uno de los opositores de la alcaldía de Galán, Infobae Colombia habló con el concejal Ángelo Schiavenato, que afirmó que la situación actual de la ciudad representa la falta de liderazgo que ha tenido la Administración distrital.

“La crisis de los alcaldes locales no ha caído del cielo. Es el resultado directo de la falta de liderazgo de Galán. Desde el primer día se advirtió desde esta curul: escándalos de corrupción, irregularidades, clientelismo en los fondos de desarrollo local y demás”.

Schiavenato calificó como “conveniente” el anuncio de la Alcaldía de Bogotá, puesto que se registra antes de que el Concejo vote sobre un proyecto con el que la administración sumará un nuevo cobro a los ciudadanos.

“Esos recursos que debieron destinarse para seguridad, malla vial, programas sociales, solo están generando indignación entre los ciudadanos. Estas renuncias, con toda la sinceridad del mundo, caen en un momento crucial y es el momento de votación del proyecto de acuerdo de incentivos tributarios presentados por la administración, que en realidad es un nuevo impuesto, que adelanto de una vez, yo votaré negativo porque la ciudad no aguanta un impuesto más, la votación es por un impuesto de alumbrado público que propone Galán”.

El cabildante fue tajante al indicar que la renuncia de algunos alcaldes locales ya había sido pedida por diferentes problemáticas, pero en su momento Carlos Fernando Galán había defendido la elección de los funcionarios.

“Parece que con esta solicitud de renuncia de los alcaldes se pretende enviar un mensaje clientelista para obtener apoyo con su nuevo impuesto. Galán eligió a los alcaldes, los defendió, inclusive a los que estaban llenos de cuestionamientos, como el caso de Usme, que yo mismo denuncié, y aun así publicó su hoja de vida”.

Schiavenato responsabilizó a Carlos Fernando Galán por las problemáticas que se registran en la ciudad, y afirmó que la salida de los alcaldes locales es una muestra de la improvisación con la que ha trabajado el mandatario distrital.

“El resultado de todo esto, en realidad es un caos administrativo. Toda la ciudad, los proyectos de inversión frenados, la contratación comunitaria en suspenso, problemas urgentes de seguridad, de movilidad local también, que quedan a la deriva. Bogotá realmente está paralizada, literalmente, por culpa de la improvisación y que se resalte esto gigante, por el clientelismo”.

Por último, el cabildante afirmó que Galán no recuperará la confianza de los bogotanos con titulares, sino con acciones que demuestren que en realidad está comprometido con la capital de Colombia.

“El distrito necesita recuperar la confianza ciudadana y eso no se recupera con titulares de «voy a pedirle la renuncia a todo el mundo». No, porque eso es lavarse las manos. Se recupera con decisiones firmes y contundentes", puntualizó el concejal Schiavenato.

El presidente de la Junta Electoral del Condado de Surry, James Yokeley Jr., renunció a su cargo tras ser arrestado por presuntamente introducir drogas ilícitas en helados consumidos por sus nietas, según informó CBS News. El incidente ocurrió el 8 de agosto en el condado de Surry, Carolina del Norte, y fue reportado a las autoridades cuando Yokeley, de 66 años, pidió ayuda a un oficial en una estación de servicio. En ese momento, alertó que dos de sus nietas, de quienes no trascendió la identidad, habían encontrado pastillas dentro de los helados que acababan de adquirir en una sucursal de la cadena Dairy Queen cercana.

La policía de Wilmington indicó que las menores, bajo tutela de Yokeley durante ese fin de semana, no llegaron a consumir ninguno de los comprimidos. Tras los hechos, se realizaron pruebas preliminares que identificaron las sustancias como narcóticos ilegales. Una orden judicial revisada por WGHP, afiliada regional de Fox, detalló después que los comprimidos encontrados en los helados contenían MDMA y cocaína. Las autoridades comenzaron una investigación basada en el testimonio de Yokeley y en registros de video que supuestamente lo muestran colocando las sustancias en los postres.

De acuerdo con el comunicado difundido por el Departamento de Policía de Wilmington y recogido en CBS News, la investigación sigue en curso y hasta el momento no se ha revelado ningún posible móvil detrás de la acción. La cobertura de WGHP consignó que Yokeley era el tutor de las menores durante el incidente y que la colaboración con la policía fue inmediata después de que las niñas detectaran las pastillas en los alimentos antes de ingerirlos.

La cadena de hechos: desde la denuncia hasta la detención de James Yokeley Jr.

El episodio se desarrolló el 8 de agosto, cuando Yokeley se acercó, visiblemente afectado, a la estación de servicio Sheetz en Surry County. En ese lugar, relató al agente la situación y solicitó intervención policial. Los procedimientos preliminares incluyeron el análisis de los comprimidos recuperados de los envases de helado y el posterior aseguramiento de los elementos como evidencia. Posteriormente, la policía accedió a material videográfico que, según las autoridades, muestra imágenes del propio Yokeley colocando las pastillas en el helado.

Según la información publicada por CBS News, los investigadores consideran clave el material audiovisual recogido en la sucursal de Dairy Queen y en inmediaciones donde se llevó a cabo la compra y consumo de los alimentos. No obstante, el reporte policial dejó claro que no se han registrado incidentes similares asociados a la misma sucursal.

Cargos judiciales y medidas adoptadas tras el arresto

Después de la identificación y aseguramiento de las sustancias ilegales, el Departamento de Policía de Wilmington procedió con la detención de Yokeley. Entre las acusaciones formales figuran la contaminación intencional de alimentos o bebidas con una sustancia controlada—delito tipificado en las leyes locales—, así como abuso infantil grave y posesión de narcóticos de la Lista I. Tras su arresto, las autoridades trasladaron a Yokeley al Centro de Detención del Condado de New Hanover, donde quedó bajo custodia y posteriormente obtuvo su liberación al abonar una fianza de 100.000 dólares.

El registro judicial, según WGHP, señala que la posesión de MDMA y cocaína se considera una falta grave bajo la legislación estatal y federal. Las audiencias judiciales relacionadas con los cargos imputados estaban programadas para semanas posteriores al arresto. Por el momento, las autoridades no han proporcionado detalles acerca de las posibles motivaciones detrás del acto ni de la evolución emocional o psicológica de las víctimas menores de edad.

Renuncia al cargo y reacción institucional ante el caso

Antes del arresto, Yokeley había sido designado en junio como presidente de la Junta Electoral del Condado de Surry, institución de la que era miembro desde 2023. Tras la difusión del caso y los reclamos crecientes para su dimisión, la Junta Estatal de Elecciones confirmó que la renuncia se formalizó el jueves 14 de agosto.

En su carta de renuncia, reproducida por CBS News, Yokeley expresó: “Sigo confiando en la oración en que seré exonerado de todas las acusaciones formuladas en mi contra”. Las instituciones electorales del estado aseguraron que continúan revisando los procedimientos internos y colaboran con las autoridades para esclarecer el incidente.

La investigación por parte del Departamento de Policía de Wilmington y las autoridades judiciales permanecía activa al cierre de este informe, sin novedades sobre posibles vínculos adicionales o la participación de terceras personas asociadas a los hechos.

Después de que se conoció la condena de 12 años contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez al ser declarado culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, se generaron diferentes discusiones sobre el futuro del proceso en contra del antioqueño.

Entre los comentarios por parte de figuras políticas que no comparten los ideales de Uribe, estaba la posibilidad de que tras la apelación de la defensa, había riesgo de que el caso prescribiera, ya que la fecha limite de la respuesta del tribunal era el 16 de octubre.

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Los debates sobre esta posibilidad terminaron luego de que el 25 de agosto, Álvaro Uribe Vélez publicó una carta en la que confirmó su renuncia a la prescripción del proceso en su contra.

“La prescripción de la acción penal, que nunca he buscado y de la que no quiero beneficiarme, no puede privarle la oportunidad a la Sala de tener las condiciones materiales mínimas para proferir un fallo que, independientemente de su sentido, sea el resultado de un análisis sereno, ponderado e integral de la prueba”, se lee en la carta.

En el documento, el exmandatario pidió que los magistrados, basándose en el artículo 85 del Código Penal, acepten su renuncia a que el caso termine con una posible prescripción.

Uribe Vélez manifestó que tomó la decisión para que los magistrados tengan el tiempo prudente para escuchar todas las audiencias del juicio y leer el documento completo del fallo con el que fue condenado.

“Sería hipócrita de mi parte reclamar mi derecho a ser escuchado, en procura de la verdad, y pretender que ello se realice por la sala de forma real y adecuada, en un término bastante inferior a aquel que se requiere solo para tener la oportunidad de escuchar todas las audiencias, revisar los alegatos de conclusión, estudiar el fallo de primera instancia y cotejar, uno a uno, los errores atribuidos al fallo en tres impugnaciones, contrastándolos con los alegatos de los no recurrentes“.

Por último, manifestó que busca que en esta ocasión sea escuchada su defensa, asegurando que en el juicio esto no se registró: “Estimo, con respeto, que ese derecho a ser oído no fue respetado materialmente por la primera instancia“.

Para analizar el caso, el abogado Álvaro Acevedo explicó lo que indica el artículo (85) mencionado por el exmandatario en la carta, que, en resumen, permite que los magistrados tengan hasta dos años para tomar una decisión.

“El artículo 85 del Código Penal colombiano establece que el procesado podrá renunciar al término prescriptivo, es decir, que el caso del presidente Uribe, él tiene el término el 8 de octubre de 2025, lo que quiere decir que la misma legislación habilita dos años más para que se diera o se ejecutara ahora sí la prescripción”.

Acevedo indicó que la renuncia “es un derecho que le asiste al procesado”, además, calificó como “acertada” la decisión tomada desde la postura de la defensa.

“El artículo mencionado establece como un derecho del procesado renunciar a ello, como en este caso, en el que el tribunal tiene hasta la fecha mencionada para definir la decisión de condena o absolución. Es una buena decisión porque le da más tiempo al tribunal, que todo tenga buen análisis y estudio”.

El jurista explicó que la decisión del exmandatario ofrece garantías para que los magistrados puedan analizar todo lo registrado en el juicio y no exista posibilidad de que se cuestione la determinación que tomen.

“Es una guía para no entrar inmediatamente y en dos meses tomar una decisión de más de 1.200 páginas, es una decisión buena para la defensa, para el procesado, porque acá lo que se juega es su condena. Lo que hace es jugarse una carta para que la administración de justicia tenga un término suficiente para la decisión. Él debe tener tranquilidad de la decisión”.

El alcalde Carlos Fernando Galán solicitó la renuncia de Consuelo Ordóñez, directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), luego de que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) negara de nuevo el aval para implementar un modelo exclusivo de recolección de basuras en Bogotá. “Se requiere un perfil distinto para la entidad”, afirmó el distrito.

La decisión se tomó después de conocer la reciente negativa de la CRA frente al recurso de reposición presentado por la Uaesp. El secretario general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Miguel Silva Moyano, confirmó la noticia resaltando desde su cuenta de X lo siguiente:

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“El alcalde Carlos Fernando Galán hoy le pidió la renuncia a la directora de la Uaesp, luego de conocer la negativa de la CRA frente al recurso de reposición. Se requiere un perfil distinto en la entidad y el nombre se conocerá en los próximos días”.

La salida de Ordóñez se registra tras varios debates y denuncias presentadas por la bancada del Centro Democrático en el Concejo de Bogotá. El cabildante Daniel Briceño señaló: “Sale de su cargo la directora de la Uaesp de Bogotá luego de varios debates y denuncias de la bancada del Centro Democrático en el Concejo. Esperamos que llegue una persona que se dedique a resolver los problemas de la ciudad y no a la politiquería. Seguiremos haciendo control”.

Por su parte, la cabildante Diana Diago - que más presión, seguimiento y denuncia ha presentado en contra de la exfuncionaria distrital - también se pronunció sobre la decisión de alcalde Carlos Fernando Galán. Desde sus redes sociales, la concejala expresó:

“Dos años se demoró Galán para sacar a Consuelo Ordóñez de la Uaesp. Bogotá está inundada de basuras. Hay una crisis en los cementerios. Lo peor es que Galán no la hubiese sacado si no es por la presión de la CRAC, que determinó que el nuevo modelo de recolección de basuras estructurado por Ordóñez está mal hecho”

Igualmente, resaltó que el proyecto presentado por Ordóñez, y avalado por Galán, contaba con un presupuesto destinado para su ejecución de $1.500 millones; sin embargo, este no llegó a implementarse dado que el proyecto presentado contenía fallas técnicas y financieras de gravedad, tal como lo determinó la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

Se espera que la alcaldía anuncie próximamente a la nueva persona a cargo de la Uaesp, en medio de la necesidad de redefinir el rumbo de la entidad.

Decisión de la CRA

Horas antes de la decisión de Carlos Fernando Galán de hacer de lado a Ordóñez de su cargo administrativo en la Uaesp, la CRA emitió un comunicado a la opinión pública en el que determinó la conclusión del trámite sobre la verificación de motivos para incluir cláusulas relativas al otorgamiento de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) en la prestación del servicio público de aseo en Bogotá, D.C.

La respuesta se tomó tras resolver de forma desfavorable los recursos de reposición presentados por la Uaesp y por Jairo Alfonso Salcedo contra la Resolución CRA 1013 de 2025. La aprobación, realizada como cuerpo colegiado y por unanimidad, se formalizó el 19 de agosto de 2025 mediante la Resolución CRA 1018 de 2025.

El trámite se originó por la solicitud hecha por el Distrito Capital a través de la Uaesp, con el propósito de modificar el modelo existente de ASE en la ciudad. Según el informe, la decisión de la CRA no impide que la administración presente una nueva solicitud si así lo considera.

Qué buscaba la Uaesp con el nuevo modelo

Durante el periodo de gestión de Consuelo Ordóñez como directora de la Uaesp, la entidad propuso a la CRA pasar del esquema actual de cinco ASE a seis a partir de febrero de 2026, manteniendo la cobertura total, altos estándares de calidad e inclusión de recicladores.

La Uaesp indicó que bajo este modelo, cada contrato de prestación del servicio debe especificar el área geográfica cubierta, los niveles de calidad exigidos y los criterios de expansión y respaldo. El esquema también permitiría acordar nuevos aportes públicos para ampliar la oferta del servicio, conforme al artículo 40 de la Ley 142 de 1994.

La administración defendió el modelo ASE como la opción más adecuada para garantizar un servicio eficiente, especialmente para zonas de alta complejidad y sectores de bajos ingresos. Este esquema asigna las diferentes áreas a prestadores mediante licitación pública, asegurando la atención a todos los usuarios de cada zona definida.

El distrito sostiene que este modelo asegura la cobertura total, la rentabilidad técnica y financiera, y la expansión del servicio a sectores potencialmente desatendidos, incorporando además criterios de calidad que benefician a la ciudad y sus habitantes.

A través de una carta enviada al presidente Gustavo Petro, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Yanod Márquez Aldana, presentó su renuncia al cargo de manera irrevocable. En la misiva, el funcionario agradeció al jefe de Estado por haberlo nombrado como líder de la entidad, que ha estado bajo su mando desde el 25 de octubre de 2024.

Según explicó, la labor que cumplió en la Superintendencia no “fue una tarea fácil”, teniendo en cuenta que se vio afectada por décadas de “adormecimiento del sentido de lo público”, por el oportunismo y por el favorecimiento de empresas. Aunado a ello, indicó que la administración del presidente se ha visto sometida a “crisis” derivadas de discusiones y choques con la oposición.

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Pese a ello, aseguró que alcanzó importantes logros con su trabajo al interior de la entidad. “Sé que es muy endeble la permanencia en un gobierno sometido a crisis frecuentes por las dinámicas que induce la confrontación gobierno-oposición, pero puedo decir que en este corto trayecto hice un esfuerzo para que con el aporte de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se lograra mejorar el sistema único de información y su aprovechamiento en procesos de inspección, vigilancia y control”, expuso en la carta.

Esas tareas se verán reflejadas en aplicativos que mejorarán la experiencia de los usuarios que deseen hacer peticiones, quejas y reclamos, obteniendo soluciones “inmediatas”. Además, informó que la prestación de servicios también será optimizada gracias a la imposición de planes de gestión y de procesos sancionatorios. De esta manera, se procura tener orden en el sistema, centrado en abrir casos a empresas infractoras y entregar soluciones a prontas.

“También será notable la ejecución de las obras e inversiones proyectadas en empresas intervenidas y la solución integral para Air-e”, detalló.

En ese sentido, aseguró que espera que el Gobierno nacional obtenga mayores resultados que beneficien a la población, sobre todo, aquella que ha sido marginalizada.

En la misiva, el funcionario no explicó los motivos de su renuncia, que se presenta a casi un año de permanencia en el cargo. Por el momento, se desconoce quién lo reemplazará.

Márquez hizo parte de la Colombia Humana y parte de su trabajo se enfocó en hacer gestiones dentro del modelo de tarifas del sistema integrado de transporte. Asimismo, según la entidad, cuando ocupó el cargo como superintendente el 25 de octubre de 2024, se planteó objetivos específicos como reorientar la prestación de los servicios públicos domiciliarios, mejorar el control y la gestión de la Superintendencia contando con la participación de los usuarios y lograr una correcta vigilancia de los prestadores de servicios.

Otro cambio en el Gobierno Petro: Alfredo Saade tendrá nuevo cargo

Aunado a la presentación de la renuncia del superintendente de Servicios, habrá otros cambios en los cargos que ocupan altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro. El 15 de agosto de 2025 fue publicada la hoja de vida de Alfredo Saade, indicando que será el nuevo embajador de Colombia en Brasil.

Actualmente, Saade es el jefe de Despacho de la Presidencia, ubicación que fue fuertemente cuestionada y en la que no ha cumplido dos meses. Pues, fue posesionado en el cargo el 25 de junio de 2025, en reemplazo de Armando Benedetti, que actualmente funge como ministro del Interior.

Según la Presidencia de la República, su trabajo en el Despacho presidencial se ha centrado en acompañar al jefe de Estado en la coordinación de su agenda institucional, en fortalecer las acciones conjuntas entre el Gobierno y otras entidades ligadas a la administración y en brindar orientaciones estratégicas.

Antonio José Mauad presentó ayer su renuncia como director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y dejó vacante la conducción del organismo apenas seis meses después de haber asumido el cargo.

Mauad comunicó la decisión a los delegados gremiales de ATE en una reunión, y se la notificó luego al resto del personal por mail. El ahora extitular del SMN, veterano de la Guerra de Malvinas y exintegrante de la Fuerza Aérea, había asumido el 2 de enero con el objetivo de “modernizar” e “incrementar la eficiencia institucional” en línea con el plan de recortes del Gobierno.

Desde el ingreso de Mauad al cargo se registraron al menos dos movilizaciones de trabajadores y una sostenida tensión interna. En su mensaje de despedida al personal, Mauad expresó: “En el día de la fecha presenté mi renuncia como director del Servicio Meteorológico Nacional. Quiero agradecerles de corazón el acompañamiento, la dedicación y el compromiso que me brindaron durante mi gestión”.

Y agregó: “Me sentí profundamente orgulloso de ser el director de esta gran institución y, sobre todo, de haber compartido este tiempo con personas tan talentosas y comprometidas. Muchas gracias a todos y les deseo lo mejor para el futuro”.

A partir de la renuncia de Mauad, el SMN permanece sin un responsable formal mientras se espera una definición por parte del Ministerio de Defensa sobre la designación de su reemplazo.

La designación

El gobierno nacional había designado a Antonio José Mauad como director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de un decreto publicado en la mañana del pasado 30 de diciembre, en el Boletín Oficial. La confirmación se había oficializado por medio del Decreto 1129/2024, que cuenta con la rúbrica del Ministro de Defensa, Luis Petri.

Mauad es licenciado y veterano de la Guerra de Malvinas y ejerció su rol de forma ad honorem y, en primera instancia, se estipuló que permaneciera en el cargo durante cuatro años.

En junio del 2024, Mauad fue condecorado con la “Medalla Honor al Valor en Combate” por ser parte del Escuadrón Canberra durante el conflicto bélico desatado en las Islas Malvinas. El hecho puntual por el que fue reconocido junto a sus colegas sucedió el domingo 13 de junio de 1982, cuando dos escuadrillas atacaron el cuartel donde se reuniría la cúpula británica, concretando la última operación ofensiva de la Fuerza Aérea Sur.

Respecto de su experiencia, el Héroe de Malvinas fue gerente general del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (lNTEL) en los 90. Además, desempeñó funciones en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Sin embargo, el Decreto 1432/2007, que establece la creación del Servicio Meteorológico Nacional, determina en su artículo 5: “Para ser Director se requiere ser argentino nativo, naturalizado o por opción, tener una edad mínima de TREINTA (30) años y poseer título profesional de carrera universitaria de CINCO (5) años de duración vinculada a las ciencias de la atmósfera”.

De esta forma, el organismo climatológico vuelve a quedar acéfalo. Es que Alejandro Eduardo de la Torre, doctor en Ciencias Físicas, investigador principal del CONICET y profesor titular y director del Laboratorio de Investigaciones, Desarrollo y Transferencia (LIDTUA) de la Universidad Austral, había renunciado al cargo en noviembre del año pasado, previo a la asunción de Mauad al mes siguiente.

En medio del funeral del senador Miguel Uribe Turbay varios han sido los funcionarios que se han referido a su partida y a las declaraciones que el lunes 11 de agosto fueron pronunciadas por el jefe de Gabinete del presidente Gustavo Petro, en las que comparó este magnicidio con el riesgo de subirse a una bicicleta.

Tal ha sido el impacto que generaron estas palabras que el representante Andrés Forero solicitó la renuncia de Saade.

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“Nos parece inadmisible que el presidente lo mantenga en su cargo después de esas declaraciones. Yo creo que lo que ha ocurrido es de la mayor gravedad. Uno hubiera esperado que el Gobierno nacional dimensionara lo que pasó en Colombia, que no es menor. Es el senador más votado del país, es el principal contradictor al Gobierno de Gustavo Petro. Y en lugar de hacerse cargo de esa grave situación, vemos al señor Saade tratando de minimizar ese asesinato comparándolo con una caída en bicicleta”, comentó.

Agregó que el jefe de Estado debería tener presente la coyuntura y lo que implica este momento para el país, y la representación que está teniendo ante el mundo, por lo que ratificó el pedido de renuncia.

“Yo creo que el presidente debería hacer una reflexión y si realmente está dolido, está sentido, considera que es grave lo que pasó, tendría que, por lo menos, como punto de partida, pedirle la renuncia al señor Alfredo Saade”.

Vicky Dávila arremetió contra Saade por analogía de la muerte del senador

La candidata presidencial Vicky Dávila se ha destacado por su intensa actividad y firmeza en las declaraciones que realizó en las horas posteriores al asesinato de Miguel Uribe.

El hecho de violencia suscitó una rápida reacción por parte de diferentes figuras políticas, pero Dávila ha sobresalido especialmente por sus críticas directas a miembros del Gobierno.

Según la cobertura de La FM, la postura de Dávila se expresó no solo a través de sus redes sociales, sino también en entrevistas, en particular la emitida en la mañana del 12 de agosto.

Allí, la periodista arremetió contra el jefe de Gabinete del Gobierno de Gustavo Petro, Alfredo Saade, que horas antes había realizado una analogía entre el crimen y el peligro que implica el montar en este vehículo.

Las palabras del funcionario despertaron rechazo en diferentes sectores, tal como lo evidenciaron las declaraciones de Dávila.

El contexto del asesinato ha sensibilizado a la opinión pública y la familia del fallecido, que ha criticado cualquier tipo de comparación que minimice la gravedad de los hechos. Interrogada acerca del discurso de Saade, Dávila respondió:

“Es un estúpido, es un tipo infame, es un indolente, uno no debería ni siquiera registrar lo que hace este tipo, es la degradación absoluta de lo que hace este Gobierno, por qué no lo callan, por qué no le dicen que no más, por qué no le dicen que no lesione más a este país, no puedo decir nada más (...) es un mequetrefe”.

Mientras tanto, la noticia sobre la sepultura de Miguel Uribe en el Cementerio Central de Bogotá fue confirmada por María Carolina Hoyos, quien manifestó que “estará al lado de muchos grandes”.

El ambiente político permanece tenso y las críticas siguen orientadas a la gestión y las respuestas oficiales que han surgido en las horas posteriores al homicidio, señalando una falta de sensibilidad ante la tragedia, según la percepción de quienes han expresado su inconformidad en los medios y redes sociales, teniendo en cuenta todos los factores que tienen incidencia en este magnicidio.

“Lo estoy haciendo debido a diferencias irreconciliables con el rumbo que ha tomado el país, principalmente este fin de semana, la noticia de Venezuela, solidarizándose con Venezuela”, declaró García en una entrevista con el noticiero TN5 de la Corporación Televicentro, en Tegucigalpa.

García explicó que comprende “perfectamente” el gesto de solidaridad de la presidenta Xiomara Castro hacia Venezuela, en referencia a la “amistad especial” y al “agradecimiento de la familia presidencial a Venezuela en los tiempos del golpe (de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente, Manuel Zelaya)“.

El sábado, la mandataria hondureña manifestó el respaldo de su gobierno a Maduro, y expresó su solidaridad ante lo que calificó como “ataques infundados”.

“El Estado de Honduras rechaza de manera categórica las acusaciones formuladas contra el presidente Nicolás Maduro“, afirmó Castro en redes sociales, haciendo alusión a Estados Unidos.

Castro subrayó que Honduras mantiene un “respeto irrestricto” al principio de autodeterminación de los pueblos y al Derecho Internacional.

La presidenta expresó esta posición luego de que Estados Unidos acusara a Maduro de ser “el líder de la organización narcoterrorista Cartel de Los Soles" y “responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa”.

Además, la fiscal general de Estados Unidos anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del dictador venezolano.

El vicecanciller García notificó su renuncia al canciller, Javier Bu Soto, y prevé presentarla formalmente en las próximas horas a la presidenta Castro.

Según García, el respaldo de Castro a Maduro podría tener “consecuencias”, especialmente para los miles de migrantes hondureños en situación irregular en Estados Unidos, ante “posibles represalias” de la Administración de Donald Trump.

Con este apoyo, Honduras se incorpora “en un grupito, en un club de países que no son muy amigables a Estados Unidos” como Bolivia, Cuba, Irán y Nicaragua, señaló García.

Añadió que tampoco está de acuerdo con presiones de fuentes oficiales hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE) ni con la oposición a una “caminata de oración por Honduras” organizada por las Iglesias católica y evangélica para el próximo sábado.

Finalmente, el vicecanciller reconoció logros de Castro en política exterior, como los acercamientos a China y Rusia, y concluyó: “Cuando un funcionario no está de acuerdo con la política de su jefe (...), lo ético, lo correcto es retirarse así, en paz”.

José María Ángel presentó su renuncia irrevocable como Comisionado para la reconstrucción tras la dana el pasado 31 de julio tras la polémica sobre la titulación con la que promocionó de funcionario hace 43 años, y lamentó entonces haber sufrido un "ataque injustificado" que le había causado un daño personal "enorme". EFE

Dos funcionarios de la cartera productiva renunciaron en las últimas horas a la función pública por “motivos personales”, según precisaron en el Gobierno. Se trata de Marcos Ayerra, quien se desempeñaba al frente de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento; y Esteban Marzorati, quien ocupaba el cargo de Secretaría de Industria y Comercio.

“Las funciones de la Secretaría de Industria y Comercio y de la Secretaría Pyme, Emprendedores y Economía del Conocimiento pasarán a ser absorbidas por la Secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía. Mientras continúa el proceso de optimización de la estructura con el fin de volver más eficiente su funcionamiento, las Subsecretarías permanecerán en funciones reportando al Secretario Coordinador, Pablo Lavigne. En este marco, los equipos de las Secretarías continuarán trabajando y los programas seguirán vigentes”, precisó el Gobierno en un comunicado oficial.

Marzorati y Ayerra trabajarán hasta mediados de mes. De acuerdo con el comunicado, “ambos decidieron dejar sus funciones motivados por temas personales y nuevos desafíos profesionales. El ministro de Economía, Luis Caputo, destaca el esfuerzo, dedicación y talento al servicio del país que tanto Marcos como Esteban demostraron durante su ejercicio del cargo”.

Se trata de tres salidas de funcionarios de este sector en pocas semanas, ya que a fines del mes pasado Santiago Migone dejó su cargo de subsecretario de Gestión de Producción para mudarse al sector privado. Los bajos salarios que se están pagando en el Estado y la falta de actualización están generando un fuerte malestar en todas las áreas oficiales, por lo que no se descarta que siga el goteo de mandos medios.

En el caso de la Secretaría Pyme, ya había perdido gran parte de sus programas y fondos, en el marco del plan de ajuste aplicado por el gobierno de Javier Milei.

La secretaría que manejaba Ayerra cuenta con tres subsecretarías: la de Pymes, a cargo de Christian Bauab; la de Emprendedores, que dirige Pablo Gutierrez Oyhanarte; y la de Economía del Conocimiento, cuyo titular es Santiago Pordelanne. En el caso de la Secretaría de Industria y Comercio, tiene cuatro subsecretarías: la de Política Industrial; la de Gestión Productiva; la de Comercio Exterior y la de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.

El impacto en la industria

La decisión de reducir la Secretaría Pyme no sorprendió a los industriales, ya que “a Ayerra le habían quitado ya muchos programas y financiación para hacer política pyme” en el marco del ajuste del gasto. Lo que venía reclamando la UIA era que no termine siendo una dirección nacional, que al menos quede como subsecretaría. “En la UIA era valorado porque escuchaba, aunque no tenía mucho rol político ni muchos instrumentos. Le habían sacado fondos para subsidiar tasa, para hacer aportes no reembolsables. No quedó nada. Manejaba la regulación de las SGR (Sociedades de Garantía Recíproca) pero ahora eso pasará al BCRA”, dijo una fuente de la central fabril.

La falta de política para la industria en general, y las pymes en particular, es algo que los empresarios cuestionan casi desde el inicio de la gestión de Milei. No sólo no existen programas públicos que impulsen el desarrollo de este segmento de empresas, sino que tampoco ayuda el modelo aperturista que está implementando el Gobierno, en pos de bajar al mínimo la inflación. La pérdida de empleo es cada vez mayor y en los últimos dos meses son cada vez más los sectores que advierten un freno de la actividad, que hasta fines del año pasado y principios del actual parecía querer reactivarse en algunos rubros.

“La industria quedó 10% abajo en 2024. Y eso que veíamos que algunos sectores iban mejorando hoy observamos que se frenó. Están todos con políticas de ajuste. Si miramos la serie desestaciobalizada, la industria está igual que a fines del año pasado”, aseveró la fuente de la UIA.

Respecto del cierre de la Secretaría Pyme, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, remarcó: “La decisión política de cerrar la secretaría de la pequeña y mediana empresa es considerada como un paso hacia un mayor estancamiento del aparato productivo nacional Pyme. Podría significar la desaparición de miles de pymes que requieren una asistencia que nunca tendrán”.

A su vez, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su preocupación por la decisión, ya que “deja a las pymes sin el canal de interacción institucional”. CAME destacó que venía trabajando junto a la Secretaría en cursos gratuitos para potenciar el crecimiento, la competitividad y la innovación de pymes, emprendedores y empresas de la economía del conocimiento mediante la plataforma Capacitar y el programa “Creando Capacidades Locales”.

Recordó además la puesta en marcha del “Punto Pyme y Emprendedor” a fines del año pasado, una iniciativa para vincular a municipios y cámaras empresariales con el Gobierno nacional para abordar problemáticas del sector.

La Confederación solicitó que estos programas sigan funcionando, al considerar que facilitan trámites, reclamos y consultas, alivian la gestión diaria de empresarios y contribuyen al desarrollo económico local, la atracción de inversiones y la generación de empleo registrado.

Economía del conocimiento

Con respecto al sector de economía del conocimiento, en la industria afirman que si bien mantenían un buen vínculo con Ayerra, operaban de forma cotidiana con el subsecretario, por lo que no esperan cambios. “Los programas siguen operando. La administración de la Ley de Economía del Conocimiento sigue bajo la actual dirección. Ahora estamos esperando el presupuesto del año próximo”, dijeron fuentes del sector, preocupadas porque ya este año, con el menor cupo fiscal, las grandes empresas están recibiendo menos beneficios por la Ley que lo que deberían.

“Hubo un recorte para las grandes empresas. La Ley tiene una forma de aplicación que establece que cuando el cupo fiscal no alcanza para todos, hay una reducción para las empresas grandes. De todos modos, el sector siguió operando y las exportaciones fueron récord”, admitieron las fuentes. La ventaja principal de la norma es que se les devuelve a las firmas adheridas al régimen, en concepto de bono fiscal, entre el 70% y el 80% de las cargas sociales.

La diputada de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, volvió a cuestionar a Victoria Villarruel y le pidió explícitamente su renuncia, luego de que la Vicepresidenta la denunció ante la Justicia, frente a supuestas amenazas.

El conflicto, que lleva varias semanas, se intensificó este miércoles cuando Lemoine acusó a Villarruel de “perjudicar al Gobierno” de Javier Milei y le exigió que diera un paso al costado en su cargo, a través de un mensaje publicado en la red social X.

“Renunciá, Victoria. Seguí tu proyecto político con Guillermo Moreno. Presentate a elecciones y ganá por tu propio nombre, ¿o no confiás en tu popularidad y la habilidad de tus asesores?”, publicó la legisladora, de estrecha confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Además, señaló: ”No uses más el Senado y tu posición para perjudicar al Gobierno y al Presidente. Demostrá honor”.

La legisladora acompañó su mensaje con una nota de prensa que recogía declaraciones recientes de Villarruel. En esos comentarios, la presidenta del Senado aseguraba estar sometida a hostigamientos desde círculos cercanos al Presidente, entre los que mencionaba a Lemoine.

La denuncia judicial de Villarruel también alcanzó a varias cuentas de la red social X que suelen manifestar apoyo al gobierno, como @El_Pubertario, @agachatqtlameto, @ElTrumpista, @Mialygosa (que difunde contenido favorable a Lemoine), al periodista Javier Negre, dueño de La Derecha Diario, y a Nicolás Márquez, biógrafo de Milei y divulgador de su gestión.

El expediente judicial menciona acusaciones por amenazas con armas o anónimas, instigación a cometer delito, asociación ilícita, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen, infracción del artículo 213 bis del Código Penal, atentado contra el orden público y amenaza de rebelión.

En su presentación, Villarruel apuntó contra los twitteros y personalidades libertarias porque “participan de forma diaria, metódica e insistente en la publicación de insultos, improperios, hostigamiento e incitación al odio de la ciudadanía en general y a usuarios de la red social X en particular contra el poder que presido”.

Desde hace varios meses, Lemoine se mantiene un abierto enfrentamiento con Villarruel en sus redes sociales. El martes, escribió: “Bueno, la traidora ahora se mete con civiles como hizo el exgobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Y denunció a mi alter ego también, @Mialygosa. Está convencida, igual que Marcela Pagano y Jorge Rial, que es una cuenta mía. No es, pero la voy a proteger de ustedes”. A continuación, Lemoine mencionó conversaciones con agresiones verbales provenientes del entorno de Villarruel y denunció haber sido golpeada por el jefe de asesores de la vicepresidenta.

Lemoine sostiene desde hace meses que Villarruel intenta posicionarse como sucesora en el Poder Ejecutivo, en caso de un fracaso del actual gobierno. En sus declaraciones más recientes, también el propio presidente Javier Milei calificó de “traidora” a la titular del Senado, y la responsabilizó de haber alentado la corrida cambiaria de julio. La pelea interna entre ambos se profundizó luego que se habilitó la sesión en el Senado, donde la oposición logró reunir la mayoría para aprobar las leyes de aumento a jubilados, moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.

El enfrentamiento de Villarruel no se limita a la blonda legisladora libertaria. También se ha deteriorado la relación con “El jefe”, Karina Milei, la principal figura en la que se apoya el Presidente de la Nación.

Las discrepancias en la cúpula del Poder Ejecutivo arrancaron desde la campaña presidencial de 2023, y se cristalizaron a poco de asumir Javier Milei al frente de la Casa Rosada, en un clima de desconfianza mutua y promesas incumplidas. Pese a algunos intentos de acercamiento, desde el Gobierno la consideran “fuera” de la gestión y de la toma de decisiones.

El inicio de una relación laboral en México está definido detalladamente por la Ley Federal del Trabajo (LFT), la cual establece los derechos y obligaciones de las partes desde el momento en que se acuerda la prestación de un servicio personal y subordinado a cambio de un salario.

Según el artículo 20 de la LFT, “se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario”. De acuerdo con la ley, basta que se presenten estos elementos para que se presuma legalmente la existencia del contrato y de la relación laboral, sin importar si existe un documento formal firmado.

El artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo refuerza este principio al establecer que “se presumen la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe”. Esto significa que toda persona que realiza un trabajo bajo la supervisión de alguien más, y recibe un pago a cambio, se considera protegida por la normativa desde el primer día.

Además, el artículo 24 estipula que las condiciones de trabajo deben constar por escrito, al menos en dos ejemplares, cuando no existan contratos colectivos aplicables, garantizando que cada parte tenga uno.

En referencia a las causas de término de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador, la LFT enumera diversas situaciones en su artículo 51. Entre ellas se encuentran el engaño por parte del patrón sobre las condiciones laborales al momento de contratar, así como faltas graves de probidad, actos de violencia o amenazas, hostigamiento, acoso sexual, malos tratos u otros actos análogos por parte del empleador, sus familiares o representantes.

Otras razones válidas para que el trabajador renuncie de manera inmediata incluyen la reducción de salario, el retraso o falta de pago en la fecha y lugar convenidos, sufrir daños causados maliciosamente por el empleador sobre herramientas u objetos personales del trabajador, si el patrón compromete la seguridad del lugar de trabajo, entre otras. También será válido si el patrono exige la realización de actos o conductas que “menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador”.

Respecto a los lapsos en los cuales un trabajador puede renunciar, el artículo 52 especifica que en los casos antes citados, el empleado tiene treinta días a partir de que se cometió la falta de parte del patrón, en la cual tendrá derecho a indemnización.

La LFT establece en su artículo 46 que “El trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo, por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad.”. Lo que significa que no hay necesidad de advertir con antelación la renuncia de un trabajo por parte del empleado, igualmente un empleador en el caso de los despidos, aunque estos están obligados a notificar por escrito (norma 47).

La filtración de una carta de renuncia del presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia causó un remezón en el organismo cuando falta menos de un mes para las elecciones generales. El martes por la tarde, se difundió la noticia de que Óscar Hassenteufel había presentado su renuncia al cargo de vicepresidente y presidente interino del tribunal, pero luego los vocales informaron que se trataba de una licencia temporal por motivos de salud.

El entredicho generó incertidumbre sobre el manejo del organismo electoral. Según fuentes allegadas al tribunal, hay una disputa interna por el liderazgo del organismo que a finales de abril no pudo renovar su directiva y dejó la presidencia acéfala, por lo cual Hassenteufel ocupó el puesto interinamente. En ese entonces se difundió que dos de los siete vocales que integran la Sala Plena se postularon para presidir el organismo pero no recibieron el respaldo de sus colegas, lo que profundizó la fractura interna.

Publicaciones de la prensa local señalan que Hassenteufel habría recibido presiones de dos vocales para presentar su renuncia y que se elija a una nueva directiva, pero luego obtuvo el respaldo de los demás miembros para mantenerse en el cargo al menos hasta que se lleve a cabo la votación. La filtración de la carta de renuncia, que no llegó a presentarse de manera oficial, causó revuelo e inmediatamente después, uno de los vocales informó que Hassenteufel había pedido una licencia por salud.

“Efectivamente tengo una baja médica por cuatro días. Estoy en la casa, estoy tomando algunos medicamentos (…) Me gustaría decirle al pueblo de Bolivia que se quede tranquilo, que el proceso electoral está absolutamente garantizado, que no estamos descuidando ninguna de las tareas pendientes y que en la fecha señalada (el 17 de agosto) se cumplirá con este proceso tan importante”, manifestó el vocal Hassenteufel el miércoles en una entrevista con el portal de noticias Brújula Digital.

Luego del escándalo, el vocal fue respaldado por varios actores políticos, candidatos y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ante la complejidad que supondría atravesar una crisis institucional interna en puertas de una elección general. “Ellos tienen la responsabilidad de la democracia en este momento. Hay que cumplir con la patria y seguir adelante con el calendario electoral. Todos los vocales deben permanecer firmes para garantizar las elecciones”, manifestó Romer Saucedo, presidente de la Suprema.

Para el analista político Carlos Saavedra este incidente muestra que en la interna del TSE hay dos bloques, uno de los cuales “intenta tener visibilidad y poder”, lo que profundiza la crisis institucional de un organismo que “se muestra improvisado, sin una vocería clara ni orden para manejarse”.

Mientras un vocal desmentía la renuncia, otra vocal la ratificaba. “Sí hubo la carta”, manifestó Nancy Gutiérrez y dijo que no alcanzó a leer la renuncia porque una secretaria se la quitó de las manos. “¿He visto la renuncia? He visto. ¿Qué quieren, que mienta? no voy a mentir, la nota existió”, sostuvo, citada por el periódico La Razón.

El periodista y ex encargado de Comunicación del TSE, César Del Castillo, escribió en su cuenta de Facebook que la existencia de una carta de renuncia, mientras no sea formalmente recibida y considerada, no tiene repercusiones jurídicas. Sin embargo, señaló que “es una muy mala señal que viene de hace rato. Recordemos que los vocales que deberían ser ejemplo de la construcción de consensos, no pudieron ponerse de acuerdo para elegir a un presidente titular. Eso es francamente inadmisible”.

El interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), Osvaldo Rolando, dejará su cargo a partir del 1 de agosto “por motivos estrictamente personales”, según confirmaron fuentes oficiales. La renuncia se dio después del anuncio de unificación del ENRE con el Ente Nacional Regulador del gas (Enargas), para conformar un solo organismo, y de la última revisión tarifaria para el sector.

“Osvaldo Rolando presentó su renuncia como interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) efectiva a partir del 1 de agosto, por motivos estrictamente personales. Queremos agradecerle profundamente por su compromiso y dedicación al frente del organismo, donde lideró una etapa clave para el reordenamiento del sector eléctrico con profesionalismo y vocación de servicio. Le deseamos el mayor de los éxitos en los próximos desafíos que emprenda”, dijeron desde la Secretaría de Energía de la Nación.

Rolando es Ingeniero Electricista, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional, y especializado en distribución eléctrica y desarrollo gerencial. Entre sus antecedentes profesionales, figura su rol como ejecutivo de Edersa, el cargo de subsecretario de Energía Térmica, Transporte y Distribución Eléctrica que desempeñó entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017, bajo la égida del entonces Ministerio de Energía y Minería de la Nación.

Rolando fue el reemplazante de Darío Arrúe, en un cambio que fue originado desde la llegada de María Tettamanti como secretaría de Energía tras la salida de Eduardo Rodríguez Chirillo. Es decir, en las próximas horas habrá un tercer interventor del Enre en lo que va de la gestión Milei en poco más de un año y medio de mandato.

El Enre, creado en 1993, regula la actividad eléctrica y controla que las empresas del sector, como Edenor y Edesur, cumplan con las obligaciones establecidas en el Marco Regulatorio y los Contratos de Concesión. Es un organismo autárquico que sigue las directrices de la política energética nacional sobre el abastecimiento, transporte y distribución eléctrica.

El Enargas, creado en 1992, también depende de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación. Regula, fiscaliza y resuelve controversias relacionadas con el servicio público de gas.

El Gobierno, mediante la publicación del Decreto452/2025,oficializó la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía y deberá comenzar a operar en un plazo máximo de 180 días -que corren desde julio-.

El directorio del nuevo ente estará compuesto por cinco miembros, designados por el Poder Ejecutivo, entre profesionales con antecedentes técnicos y experiencia en la industria del gas y la electricidad.Los mandatos durarán cinco años y podrán renovarse indefinidamente, con ceses escalonados para garantizar la continuidad institucional.

En el sector anticipan que la designación de los nuevos directores no será tarea sencilla. La alta calificación requerida para los puestos, junto con el congelamiento de los sueldos en el sector público, dificultan el proceso.

La fusión de los entes se lleva a cabo tras la crisis desatada esta semana por la ola de frío, que generó cortes de gas a empresas, estaciones de servicio y hogares, como en Mar del Plata, y récords en la demanda de electricidad, lo que obligó a las distribuidoras a realizar interrupciones preventivas. En el sector coinciden en que el próximo verano podría traer apagones masivos.

El Gobierno de Milei avanzó desde el inicio de su gestión en un proceso de fuertes aumentos de tarifas para mejorar la rentabilidad de las distribuidoras y transportistas de energía, que se sumaron a la “motosierra” sobre los subsidios. La premisa oficial es que la mejora en los ingresos convertirá a las empresas nuevamente en sujetos de crédito, después de años de atraso tarifario, y eso permitirá financiar inversiones sobre la red.

Este martes se formalizó el recambio dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto con la renuncia de Eduardo Bustamante al cargo de secretario de Relaciones Exteriores, el segundo puesto en jerarquía dentro de la Cancillería.

La decisión fue comunicada mediante el Decreto 491/2025, publicado en el Boletín Oficial de la Nación, con las firmas del presidente Javier Milei y del canciller Gerardo Werthein. El texto establece que la renuncia fue aceptada con vigencia retroactiva al 18 de julio.

Diplomático de carrera, Bustamante había asumido como vicecanciller el 17 de octubre de 2024, en reemplazo de Leopoldo Sahores, quien era apuntado por la alta dirigencia libertaria, que intenta imprimirle a la política internacional del Gobierno una impronta más acorde con el estilo del presidente Javier Milei, quien en la Asamblea General de Naciones Unidas anterior había planteado duras críticas a los organismos internacionales y a los consensos que están plasmados en la Agenda 2030, renombrada ahora como Pacto por el Futuro. El mandatario buscaba desde entonces convertir a la Argentina en “faro del mundo” en materia de libre mercado y de posiciones más conservadoras en materia social y política.

En ese entonces, Bustamante fue presentado como “un funcionario del Servicio Exterior de la Nación con una destacada trayectoria diplomática”.

Es abogado y licenciado en ciencia política y realizó estudios de posgrado en seguridad internacional. Trabajó en las embajadas argentinas en Angola y en Pakistán durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Su experiencia profesional también incluye la coordinación de asuntos fronterizos y de negociaciones internacionales en temas críticos como terrorismo y crimen organizado transnacional. Entre 2016 y 2018 fue subsecretario de Desarrollo de Fronteras del Ministerio de Seguridad que lideraba Patricia Bullrich durante el gobierno de Mauricio Macri.

Sumada a la salida de Demian Reidel como jefe de Asesores presidenciales este lunes, la de Bustamante es la 156° partida oficial del gobierno nacional desde el comienzo de la gestión Javier Milei y la 11° dentro del área de relaciones exteriores.

Reidel se abocará por completo a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina S.A. y al desarrollo del Plan Nuclear Argentino. Su renuncia fue aceptada por el mandatario a través del Decreto 481/2025, publicado este lunes 21 de julio en el Boletín Oficial, aunque con efecto retroactivo al 17 de julio.

La medida impacta directamente en la estructura de asesores de la Casa Rosada y marca la salida de uno de los colaboradores más influyentes del círculo presidencial.

“Dejo la presidencia del Consejo de Asesores para concentrarme de lleno, desde la presidencia de Nucleoeléctrica, en el desarrollo del Plan Nuclear Argentino”, señaló Reidel en sintonía con lo informado por el Ejecutivo.

Añadió que esta estrategia busca “recuperar la soberanía energética y potenciar el desarrollo científico-tecnológico del país”, y que se trata de “una política de Estado”.

“El plan abarca la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida de nuestras centrales, el impulso a la minería de uranio, la creación de YPF Nuclear y muchas otras iniciativas estratégicas”, detalló Reidel, cuya salida se da en un contexto de reacomodamientos internos en el Gobierno y mientras Milei relanza su ofensiva política en el marco del Consejo de Mayo.

Además, remarcó, que junto a Milei siguen escribiendo juntos “un libro de teoría económica con una visión revolucionaria del crecimiento basada en los retornos crecientes a escala”. Y enfatizó que su “compromiso personal es total”.

Desde abril, el economista preside Nucleoeléctrica, la empresa estatal encargada de operar las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. También lidera el ambicioso Plan Nuclear Argentino, que busca expandir la infraestructura energética mediante la construcción de nuevos reactores modulares de fabricación nacional, entre otros objetivos estratégicos.

La repudiable conversación, en donde se lo acusa al exfuncionario de liberar retenciones salariales a cambio de favores sexuales, fue denunciada por la víctima en la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Salta, por violencia sexual, física, psicológica y económica. Como prevención, a la mujer le entregaron un botón antipánico.

La charla privada entre López, y quien sería una convencional municipal electa, con un contrato como agente política en el Concejo Deliberante de Salta, generó un profundo revuelo político en La Libertad Avanza local, lo que derivó en una fuerte controversia que alcanzó repercusión pública nacional.

Los contenidos del audio

El caso salió a la luz este miércoles, cuando el periodista Daniel Murillo difundió fragmentos de la conversación en FM Infinito 96.5.

En la grabación de la charla, la mujer le reprocha al por entonces legislador libertario: ”Querés hacer caja con 500 mil pesos al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedás con 200 de una deuda y me quedan 300″. El hombre responde: “No me forrees, dejá de forrearme y te voy a escuchar. Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos”.

Ante el desconcierto de esa última frase, la mujer buscó que el hombre repita lo que dijo y este lo hizo nuevamente. A lo que ella le respondió indignada: “¿Vos te creés que soy una puta?“.

La renuncia del concejal y el comunicado de LLA

La noticia, que sacudió a La Libertad Avanza, fue confirmada por el propio edil, quien argumentó que su decisión de renunciar respondía a “un profundo sentido de responsabilidad institucional” y a la necesidad de “dar un paso al costado antes que ser funcional a operaciones que nada tienen que ver con el bienestar de los salteños”.

Y agregó: “No se puede servir a la ciudadanía bajo condiciones de hostigamiento político y persecución personal”, afirmó el exfuncionario público quien, luego de este hecho, cerró su cuenta de Instagram.

Este viernes, la dirigencia libertaria se despegó en bloque de Pablo López. Desde su cuenta personal, el influencer Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan -de estrechos vínculos con la Casa Rosada-, lamentó haber apoyado la candidatura del concejal en la última campaña electoral, y repudió con dureza su comportamiento.

“Pido disculpas públicas por el endorsment que le di a este h.... La política y los armados políticos nacionales son gigantescos, hay mucha gente, muchos cargos, electorales y no electorales, y por una cuestión estadística se te va a colar siempre algún psicópata, algún degenerado o algún delincuente. La diferencia está en como reaccionás cuando sucede eso", compartió, desde su cuenta en X, tras exigir “que se cumpla la ley y vaya en cana si es que es cierto que pedía guita a cambio de favores sexuales”.

“Tengo entendido que ya lo expulsaron. Así que ahora falta todo lo otro. Ex-concejal Pablo López, ojalá te mueras”, agregó Dan sobre el referente comunal acusado de acoso sexual, extorsión y retención de sueldos a una militante.

Por su lado, la diputada Maria Emilia Orozco informó que La Libertad Avanza Salta resolvió “la expulsión inmediata del concejal denunciado por los hechos de público conocimiento, quien a pedido del partido ya renunció a su banca para ponerse a disposición de la justicia”. “En este espacio, a diferencia de los otros, NO ENCUBRIMOS A NADIE”, expresó la legisladora norteña.

López debía asumir su segundo mandato como concejal en diciembre de este año tras haber sido reelecto en las elecciones legislativas provinciales de mayo, pero su renuncia fue aceptada por el pleno del Concejo Deliberante en una sesión extraordinaria.

López, maestro de profesión, inició su militancia política en el PRO y se incorporó a las fuerzas libertarias a comienzos del año pasado. En diciembre de 2021 se había convertido en el concejal más joven de la historia de Salta, al asumir su primer mandato con 22 años.

En las elecciones de mayo pasado, fue reelecto como concejal por la ciudad de Salta y obtuvo la suma de 86.632 votos (35,53%). Esto le sirvió a los libertarios para meter seis concejales en la ciudad.

Las repercusiones del caso también tendrá consecuencias para su profesión como docente. El Ministerio de Educación de Salta, a cargo de Cristina Fiore, inició el proceso disciplinario contra López, para separarlo preventivamente de los cargos en los que se desempeñaba frente al aula, mientras avanza el sumario.

Poco antes, La Libertad Avanza salteña emitió un comunicado en el que sostuvo que “no ampara ni protege a ningún dirigente sospechado de conductas que pongan en entredicho la integridad y los valores”. Además, la agrupación subrayó que se rige “con absoluto apego a la ley y a los principios que hacen a una república transparente”.

El texto remarcó: “El respeto a la Justicia, la búsqueda de la verdad, la honorabilidad de nuestros miembros y el compromiso con una política de ‘ficha limpia’ son atributos indispensables y exigibles en todos los niveles de responsabilidad”.

En otro fragmento del comunicado, el partido expresó su confianza en el accionar judicial y rechazó tanto las operaciones mediáticas como los encubrimientos.

A través de un video publicado en su cuenta de X, Reyna Rodríguez, jueza federal de origen guanajuatense, documentó el momento en el que concluyó su última audiencia, visiblemente conmovida y ataviada aún con la toga del Poder Judicial.

Durante su despedida, la funcionaria expresó su preocupación por los riesgos que percibe en el contexto actual y señaló directamente a al oficialismo de buscar el monopolio de los poderes de gobierno y de intentar transformar el sistema en una dictadura.

La decisión de la jueza responde a la tensión generada por la reforma judicial impulsada por el gobierno federal, la cual ha provocado rechazo en un sector importante del Poder Judicial.

En su mensaje de despedida, Rodríguez manifestó que su salida busca solidarizarse con sus colegas que tampoco fueron seleccionados para participar en los nuevos procesos derivados de la reforma.

Además, enfatizó la importancia de preservar la autonomía de los tribunales y exhortó a la ciudadanía a “alzar la voz” para defender el futuro democrático del país.

Rodríguez, entre lágrimas, se despidió de sus compañeros y de quienes la acompañaron en su última audiencia.

Reyna Rodríguez denunció atentado contra su madre el mes de junio

Reyna Rodríguez, jueza federal adscrita al Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Guanajuato, denunció públicamente que la casa de su madre fue atacada por más de ocho hombres armados el pasado mes de junio.

A raíz de este suceso, la jueza recurrió a su cuenta en la red social X para informar que, por seguridad de su familia, dejará de publicar comentarios y opiniones en redes sociales.

Rodríguez es reconocida por sus críticas abiertas a la reforma judicial y por haber cuestionado el procedimiento de su implementación.

La funcionaria había anunciado previamente que planea dejar el cargo en 2027, cuando se elija por segunda ocasión a los juzgadores de Distrito mediante voto popular.

El ataque desató la reacción inmediata de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, la cual expresó indignación y calificó el atentado como un acto inadmisible que pone en riesgo no solo a la jueza, sino a todas las personas encargadas de impartir justicia y al Estado de derecho.

En un comunicado, la Asociación subrayó que la agresión no provocó daños físicos, pero da cuenta del creciente nivel de violencia e intimidación al que están expuestas las juezas mexicanas en el ejercicio de sus funciones.

También advirtió que es fundamental investigar el ataque con celeridad y sin descartar ninguna hipótesis, incluyendo posibles represalias derivadas de la postura pública de Rodríguez respecto a los cambios en el Poder Judicial.

La agrupación exigió a las autoridades federales y estatales proporcionar protección inmediata tanto a la jueza como a su familia, así como asegurar garantías para otras personas juzgadoras bajo amenaza.

De acuerdo con el primer mandatario, su propuesta se centra en incluir una papeleta en las elecciones de 2026, sin contar con una deliberación en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes. Eso quiere decir que se estaría saltando el procedimiento planteado en la Constitución.

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Pese a las advertencias que han surgido al respecto por parte de expertos y congresistas de la oposición, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, respalda la propuesta.

“Yo soy partidario de la tesis que lanzó el presidente, respecto a que Colombia necesita una asamblea constituyente. Creo que en este momento hay un bloqueo institucional”, explicó el funcionario en una alocución realizada el 12 de junio de 2025.

Aunque el jefe de la cartera lleva poco tiempo ejerciendo como tal, su postura con respecto a la asamblea constituyente ha derivado en críticas que incluyen una solicitud para que desista del cargo y dé un paso al costado. Así lo indicó el candidato al Senado Jorge Enrique Robledo en un video publicado en su cuenta de X.

Según el también exconcejal y exsenador, el ministro estaría apoyando una idea que no está contemplada en la normativa colombiana, puesto que busca que la asamblea en cuestión sea una iniciativa popular. Así lo expuso Montealegre en la alocución: “¿Qué tipo de constituyente? Una constituyente de iniciativa popular. Eso que dijo el presidente es muy importante”.

Sin embargo, de acuerdo con el artículo 376 de la Constitución, la asamblea puede ser convocada siempre y cuando sea una “ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara”. Además, el Legislativo es el responsable de disponer que la ciudadanía decida sobre la convocatoria, según la competencia, el período y la composición que se establezca en la ley.

“¿Por qué debe renunciar Eduardo Montealegre, el ministro de Justicia? Otro error muy grave del presidente Gustavo Petro y de su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Que anden con el engaño de hablar de realizar una Asamblea Popular Constituyente, figura que ni siquiera existe en la Constitución Nacional”, indicó el aspirante al Senado.

Según Robledo, la papeleta que anunció el presidente Gustavo Petro sería incluida en el proceso electoral para elegir a los próximos senadores y representantes a la Cámara, que tendrá lugar el 8 de marzo de 2025.

No obstante, aclaró que el registrador Nacional, hoy Hernán Penagos Giraldo, es el responsable de definir qué pasa ese día. Y, aunque el funcionario quisiera contar la papeleta en las elecciones, no sería posible porque serían “fraudulentas”.

En ese sentido, criticó el respaldo que está brindando el ministro de Justicia a la propuesta de una asamblea constituyente promovida sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley. “El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, tan charlatán e irresponsable como Gustavo Petro, en vez de no aceptarle al presidente su ilegalidad, se la respaldó, violando él también las leyes”, dijo.

Así las cosas, insistió en que el primer mandatario debería ser investigado por la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es el órgano competente para indagar sobre la conducta del presidente de la República. Al mismo tiempo, resaltó la necesidad de que el jefe de la cartera se abstenga de continuar liderando el ministerio.

“Montealegre debe renunciar a su cargo porque un ministro de Justicia no puede actuar de mala fe ni promover que se violen la Constitución y las leyes”, indicó.

La eventual salida de Laura Sarabia del Ministerio de Relaciones Exteriores dejó a la cabeza de la Cancillería a dos figuras clave: los viceministros Mauricio Jaramillo Jassir y Rosa Yolanda Villavicencio.

Entre estas dos personas se podría definir quién sería el o la que asumiría la conducción de la política exterior de Colombia.

Sin embargo, un informe del diario El Colombiano señaló que la renuncia de Sarabia no sería definitiva y existe la posibilidad de una retractación.

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Mauricio Jaramillo Jassir

Si la salida se concreta, las miradas se centran en los viceministros. Jaramillo Jassir, actual viceministro para Asuntos Multilaterales, asumió el cargo el 3 de febrero de 2025, cinco días después de la posesión de Sarabia.

El funcionario es politólogo y doctor en Ciencia Política graduado en Francia. Además cuenta con experiencia como profesor universitario en la Universidad del Rosario, asesor en Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) y analista político.

Asimismo, Jaramillo Jassir ha sido señalado por sus posiciones ideológicas y su paso por Rtvc (Radio Televisión Nacional de Colombia, Sistema de Medios Públicos) donde enfrentó denuncias de censura durante la gerencia de Hollman Morris.

Jaramillo lidera áreas estratégicas como América, Europa, Asia, África, Oceanía y Soberanía Territorial. “Agradezco al presidente la confianza. Como siempre, trabajaré por mi país con esmero y serenidad. Orgulloso de mi origen palestino”, afirmó durante su posesión.

Su perfil ha recibido elogios y cuestionamientos: “Es una persona muy bien formada, tiene conceptos claros sobre relaciones internacionales. Comparte las líneas básicas de la política exterior del presidente Petro”, afirmó el expresidente Ernesto Samper.

No obstante, el anuncio de su cargo desató polémica en redes por publicaciones pasadas en las que expresaba admiración por Hugo Chávez y respaldo a la “primavera palestina”.

Incluso, se conoció una solicitud de prohibición de ingreso a Estados Unidos por parte de un ciudadano estadounidense.

Rosa Yolanda Villavicencio

Por su parte, Rosa Yolanda Villavicencio, viceministra para Relaciones Exteriores, fue designada el 6 de junio de 2025.

Ella es economista, con especializaciones en cooperación internacional y migraciones, cuenta con una trayectoria enfocada en temas migratorios y cooperación entre Europa y América Latina.

Fue diputada en la Asamblea de Madrid, donde ocupó cargos de responsabilidad en educación, inmigración y asuntos de mujeres. Su experiencia incluye el liderazgo en ONG (Organización No Gubernamental), la coordinación del grupo ‘Colombia Nos Une’ del Ministerio de Relaciones Exteriores y el asesoramiento en migración y fondos rotatorios.

Además, Villavicencio ha impulsado proyectos de integración y representación de la diáspora colombiana y su designación resultó llamativa por reemplazar a un funcionario de carrera diplomática.

Uno de los lunares que opaca su hoja de vida fue el mismo detalle por el que en su momento a Armando Benedetti no pudo ocupar el cargo de embajador de Colombia ante la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

En ese entonces el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó anular su designación debido a que no habla inglés (idioma oficial en la ONU), ni italiano (del lugar donde queda la oficina que iba a ocupar). Adicional a esto, Benedetti tampoco certificó tener un título de posgrado.

Pero, en el caso de Villavicencio, el único escollo sería que no domina el inglés. Dicha información aparece detallada en su hoja de vida divulgada por la Presidencia.

Ambos viceministros presentan trayectorias y enfoques distintos: Jaramillo mantiene un perfil académico e ideológico, mientras Villavicencio destaca por su trabajo en cooperación internacional y migraciones.

En caso de confirmarse la salida de Sarabia, serán ellos quienes definan el rumbo de la Cancillería, a la espera de una decisión final del Gobierno.

El Gobierno nacional solicitó la renuncia de Fernando José Estupiñán Vargas como gerente general encargado del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), una decisión que se hizo efectiva el 25 de junio de 2025 y fue confirmada oficialmente por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo al día siguiente.

Aunque la terminación del contrato laboral fue calificada como “unilateral sin justa causa”, la salida de Estupiñán marca un nuevo giro en la reconfiguración administrativa de una de las entidades clave para el desarrollo turístico del país.

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Según consta en la misiva enviada por Ana Patricia Daravina Canizales, representante legal y vocera del Patrimonio Autónomo Fontur, el contrato laboral del gerente encargado fue terminado “de conformidad con la facultad consagrada en el artículo 28 de la Ley 789 de 2002, que modificó el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo”.

La comunicación también precisa que el proceso se realizó cumpliendo instrucciones del Ministerio de Comercio y que se respetarán todas las obligaciones legales derivadas de la finalización del vínculo, incluyendo el pago de acreencias laborales y la realización del examen médico de egreso.

Estupiñan cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando con gobiernos nacionales y locales en formulación, implementación y evaluación de políticas públicas relacionadas con desarrollo empresarial, innovación y competitividad. Ha ocupado cargos técnicos y de dirección en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el propio Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Durante su tiempo al frente de Fontur, impulsó iniciativas orientadas a posicionar el turismo como eje de desarrollo regional, con un enfoque territorial y comunitario. En mayo de 2025, lideró la participación de la entidad en el VII Encuentro de la Cadena Turística del Caribe Colombiano, evento donde reafirmó el compromiso institucional con un modelo turístico sostenible y descentralizado.

Aunque la terminación del contrato no fue precedida por causas explícitas en el documento oficial, su salida fue recibida con mensajes de gratitud desde el interior de Fontur. En una carta institucional enviada por el equipo de trabajo de la entidad, se reconoció el liderazgo y la gestión de Estupiñán, en especial su capacidad para acercar la entidad a las regiones y visibilizar a actores locales del turismo.

La decisión llega en un momento crítico para Fontur, que ha atravesado constantes movimientos administrativos en los últimos años. A la fecha, el Ministerio de Comercio no ha anunciado quién asumirá la dirección general, lo que genera incertidumbre frente al rumbo inmediato de la institución.

Cabe recordar que antes de Estupiñán, el último gerente general en propiedad fue Álvaro Edgar Belalcázar Acero. Desde su salida, Fontur ha operado bajo liderazgos temporales, una situación que ha dificultado la consolidación de estrategias de largo plazo.

Un actor clave en el desarrollo del turismo colombiano

Fontur es una entidad fundamental para la ejecución de proyectos de promoción, infraestructura y fortalecimiento del ecosistema turístico colombiano. Desde su estructura fiduciaria, administra recursos destinados a mejorar la competitividad de los destinos, apoyar emprendimientos locales y generar oportunidades de empleo en las regiones.

En ese sentido, la salida de Fernando José Estupiñán Vargas como gerente no solo representa un cambio en la administración, también plantea preguntas sobre la continuidad de los programas y las prioridades que ha venido impulsando la entidad en materia de turismo sostenible y desarrollo territorial.

Mientras se define un nuevo liderazgo, el Ministerio de Comercio deberá responder por el rumbo que tomará una institución cuya relevancia ha crecido en los últimos años, especialmente tras la pandemia, cuando el turismo fue identificado como uno de los sectores con mayor potencial para la recuperación económica del país.

Margarita García, diputada del Partido del Trabajo (PT), exigió la renuncia de Alejandro Svarch, titular del IMSS-Bienestar designado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Según argumentó la legisladora, el funcionario no ha emitido respuesta alguna ante las carencias reportadas al interior de diversos hospitales ubicados en los estados de Oaxaca y Puebla.

Durante una conferencia de prensa, la secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, denunció que la voluntad del personal de salud en diversas entidades se ha visto opacada por la falta de insumos y recursos para poder realizar su labor. Por dicho motivo, solicitó que renuncie al cargo si no puede asumir la responsabilidad de mejorar las condiciones de los nosocomios en el país.

“Desde esta tribuna le quiero pedir al doctor Alejandro Svarch Pérez, que es el director de IMSS-Bienestar, atienda a los trabajadores, todos los temas que se están dando (...) Le digo a Alejandro, si no puede que renuncie, que deje el cargo y sea honesto en decir: ‘No puedo con esta gran carga’, porque lo conocemos”, dijo ante el micrófono.

Luego de haber sido titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Alejandro Svarch Pérez fue el elegido para robustecer el programa más importante de la administración de Claudia Sheinbaum en materia de salud. Cabe destacar que el IMSS-Bienestar tuvo continuidad desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A 10 meses de haber asumido el cargo, la diputada petista aseguró que la supuesta inacción del funcionario puede, incluso, causar problemas con los gobiernos de los estados que aceptaron la operación del programa en sus entidades.

En su intervención, Margarita García mencionó fallas cruciales como la falta de medicamentos, insumos, equipo y gasolina para ambulancias. Incluso, ha habido situaciones como la falta de luz en cirugías, filtraciones de agua y hasta despidos injustificados de personal.

Por otro lado, hizo referencia al paro de labores que se extendió en algunos hospitales del estado de Oaxaca en las últimas dos semanas en donde, según dijo, el personal médico y de enfermería ha tenido que manifestarse y cerrar carreteras para poder ser escuchado.

“Ellos tuvieron que paralizar los hospitales, tomar carreteras para que los pudieran escuchar. Eso no puede seguir siendo de una persona que hace oídos sordos. Es terrible lo que está sucediendo porque ahora resulta que los médicos y enfermeras paralizan, pero no porque sea su voluntad, sino porque no hay medicamentos, infraestructura y equipamiento necesario. Eso no solo lo dicen los compañeros, yo he sido testigo”, mencionó.

El juez federal de Rosario Marcelo Bailque presentó su renuncia que de ser aceptaba implicaría la perdida de los fueros y que se concrete la detención domiciliaria que fue ordenada en tres causas penales en las que está acusado por extorsión y vínculos con el narcotráfico.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Bailaque presentó ayer su renuncia en el Ministerio de Justicia de la Nación sin dar explicaciones y para que se haga efectiva a partir del 1 de julio próximo. El Poder Ejecutivo no está obligado a aceptar la renuncia. En caso que lo haga, Bailaque podría ser detenido pero también se caería la causa por mal desempeño de sus funciones que tiene en el Consejo de la Magistratura de la Nación y en la que está citado para el próximo martes.

Bailaque es el titular del juzgado federal 4 de Rosario, uno de los encargados de investigar el crimen organizado en una de las ciudades que supo tener los mayores índices de violencia del país por la lucha por la venta de drogas. El magistrado tiene tres causas penales en su contra: por armar un expediente falso a empresarios y extorsionarlos para que le paguen 200 mil dólares y por tener vínculos con Esteban Lindor Alvarado, uno de los jefes narcos más importantes de Rosario, para quien demoraba investigaciones en su contra.

Por esos hechos, los fiscales federales de Rosario Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco, y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), de Diego Iglesias, investigaron a Bailaque y lo acusaron formalmente. El juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz dispuso a fines de abril la prisión preventiva de Bailaque y luego la Cámara Federal de Rosario la mantuvo, pero en la modalidad de arresto domiciliario por 90 días que se pueden prorrogar según avance la causa. Además, el tribunal redujo el embargo sobre los bienes del juez y mantuvo la prohibición de salida del país. Todo eso fue ratificado la semana pasada por la Cámara Federal de Casación Penal.

Con esa decisión, Bilaque debería estar preso pero los fueros como juez lo impiden y la expectativa es que antes de fin de año comience el juicio oral en su contra.

En paralelo a la causa penal, se tramita una acusación por mal desempeño en el Consejo de la Magistratura de la Nación. La Comisión de Acusación del Consejo lo citó a que haga un descargo el martes de la semana que viene . El juez ya informó que lo hará por escrito. Después de esa audiencia, el Consejo quedará en condiciones de resolver si avanza con la acusación y suspende a Bailaque en el cargo y lo envía a juicio político. Recién en la etapa de juicio político es cuando Bailaque puede ser destituido y así perder los fueros que le impiden la detención para que comience a cumplir la prisión preventiva.

Con la presentación de la renuncia cambia el escenario. Primero debe ser aceptada por el gobierno nacional que tienen la posibilidad también de no hacerlo. Si la acepta, Bailaque deja de ser juez, pierde los fueros y es detenido. También se cierra la denuncia en el Consejo porque allí se tramita la causa en condición de juez. Además, puede acceder a la jubilación.

Pero si el gobierno no lo acepta continúa el trámite del expediente en el Consejo y Bailaque podría ser enviado a juicio político y ser destituido -en ese escenario perdería la jubilación- pero hasta que eso ocurra seguiría siendo juez.

Como paso previo a la decisión, el Ministerio de Justicia de la Nación le pedirá al Consejo un informe sobre la situación de Bailaque.

Las tres causas contra Bailaque

Una es por una denuncia falsa que se presentó en la AFIP de Rosario y que luego se remitió al juzgado de Bailaque contra los empresarios Jorge Oneto y Claudio Iglesias. Un anónimo decía que lavaban plata para el grupo narco “Los Monos”.

El ex titular de la AFIP de Rosario, Carlos Vaudagna, declaró como arrepentido y contó que la maniobra fue armada en el quincho del edificio donde vive Bailaque entre él, el juez y el amigo del magistrado y empresario Fernando Whpei, -ahora preso en detención domiciliaria-, que fue quien se reunió con los denunciados para decirles que él conocía al magistrado y que podía arreglar la causa si pagaban 200 mil dólares. Los empresarios pagaron 160 mil dólares.

La segunda es por maniobras dilatorias para favorecer al capo narco Alvarado y su exesposa Rosa Natalí Capuano. Concretamente, Bailaque fue acusado de demorar una orden para intervenir el teléfono de la mujer. Además, Alvarado y Bailaque compartían el mismo contador, Gabriel Mizzau. Y el hijo de Mizzau trabajó en el juzgado de Bailaque.

La última causa contra el juez es por el manejo de los fondos de la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín. Bailaque autorizó el pedido de los interventores de desbloquear los fondos y transferirlos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, que pertenece al Grupo Unión, cuyo responsable es Whpei, quien le pidió el dinero a los empresarios para cerrarles la causa que falsamente había armado Bailaque.

Juan Manuel Oliva Ramírez, quien se llegó a desempeñar como gobernador de Guanajuato, el bastión más notorio del Partido Acción Nacional (PAN), renunció tras 37 años de militancia. Este lunes 9 de junio de 2025, el político acudió a formalizar la petición que realizó desde diciembre de 2024 por participar como asesor en la creación del partido “México Republicano”.

Oliva Ramírez, quien se desempeñó como gobernador de Guanajuato entre 2006 y 2012, acudió al comité estatal del PAN a reiterar su renuncia. El suceso tuvo lugar después de que el dirigente del partido político en la entidad, Aldo Márquez, confirmó el inicio de un proceso interno para su expulsión.

“Aldo Márquez, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato, solicitará a la Comisión Permanente el inicio del procedimiento de expulsión de Juan Manuel Oliva Ramírez del PAN (...) Y se dirigió tanto a militantes como simpatizantes en un llamado a la unidad, la lucha y la defensa de los ideales del partido”, se lee en un comunicado difundido por la dirigencia estatal del partido.

De acuerdo con Juan Manuel Oliva, desde el 12 de diciembre de 2024 presentó su renuncia al dirigente estatal del partido. No obstante, Aldo Márquez le habría dicho que no era necesaria dicha acción en aquel momento. Meses después, tras conocer el comunicado, Juan Manuel Oliva expresó:

“Yo le dije al presidente: ‘no hay problema, presento mi renuncia’ y me dijo que no era necesario. Ante lo que pasó hoy no me quedó más remedio más que cumplir con lo que ya le había informado al presidente Aldo y hoy la presento, inclusive, con fecha del 12 de diciembre”, expresó.

¿Qué es México Republicano, proyecto de partido político relacionado con Juan Manuel Oliva?

Desde que se dio a conocer la intención de conformar a “México Republicano” como partido político el nombre de Juan Manuel Oliva estuvo ligado. Meses después, durante una entrevista con el medio Milenio, el exgobernador del estado de Guanajuato confirmó su relación.

México Republicano, una organización política relacionada con el partido de Donald Trump en Estados Unidos y que busca consolidarse como partido político nacional, ha recibido la aprobación del Instituto Nacional Electoral (INE) para iniciar el proceso de registro formal. La agrupación se presenta como un movimiento conservador con una visión binacional, enfocado en la seguridad, la familia y el progreso de México, según detalla su página oficial.

El movimiento se describe como una plataforma que coordina a ciudadanos comprometidos con el desarrollo del país, destacando su carácter único al trabajar en ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. En su sitio web, México Republicano afirma: “Nuestro interés fundamental es desarrollar a México”, subrayando su enfoque en garantizar el orden, la seguridad y las libertades de los mexicanos.

Entre los principios que guían a esta organización se encuentran el fortalecimiento de las clases medias y productivas, el conservadurismo social y el republicanismo filosófico. Además, México Republicano se identifica como una “vanguardia conservadora”, lo que refleja su alineación con valores tradicionales y su intención de promover políticas que impulsen el crecimiento económico y la estabilidad social.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, descartó presentar su renuncia en medio de las manifestaciones sociales y los pedidos de dimisión por la crisis económica y de combustibles que atraviesa el país. En una rueda de prensa en Cochabamba, epicentro de las protestas, el jefe de Estado manifestó que “la renuncia de nadie resuelve los problemas (…) si los resolviera, ya nos hubiéramos ido”.

Cuando faltan dos meses para las elecciones nacionales, y cinco para el cambio de mando, una ola de protestas genera caos en el país. A las movilizaciones espontáneas que reclaman acciones para frenar el alza de los precios, se suman los bloqueos de carreteras realizados por los de los seguidores del ex presidente Evo Morales (2006-2019) que reclaman por su inhabilitación para participar en las elecciones de agosto.

Arce atribuyó los pedidos de renuncia al afán de reelección de Morales que calificó como un “capricho”. “El único objetivo para que yo renuncie es para que se dé una sucesión presidencial y él pueda habilitarse como candidato, para que nos vamos a mentir. Los ciudadanos saben el objetivo y eso es inconstitucional, no se puede dar”, afirmó.

Morales está impedido legalmente para disputar la Presidencia, debido a una sentencia constitucional que limita el ejercicio del cargo a dos mandatos y el gobernó en tres periodos, entre 2006 y 2019. Sus partidarios consideran que el veto es inconstitucional y responde a intereses políticos, por lo que intentaron forzar su registro ante el Tribunal Electoral.

Este lunes se cumple una semana de bloqueos en el país, la mayoría concentrados en el departamento de Cochabamba, lo que impide el tránsito entre las ciudades más pobladas. El Gobierno informó que las manifestaciones han dejado al menos 50 heridos en enfrentamientos con la Policía durante los operativos de intervención de los piquetes.

Arce aseguró que las acciones buscan restablecer el tránsito vehicular “sin que haya muertos”. Hasta ahora, el despliegue de policías y militares se ha concentrado en desbloqueos parciales y en el resguardo de infraestructuras estratégicas.

A las protestas del evismo se suman otras que reclaman por las dos de las caras visibles de la crisis económica: el incremento de los precios y la escasez de combustible que hace más de un mes no se regulariza. Bolivia enfrenta falta de liquidez en dólares debido a la debacle de la industria petrolera, lo que dificulta la importación de diésel y gasolina para abastecer el mercado interno generando filas interminables de vehículos y perjuicios para sectores clave como el transporte pesado y la agroindustria.

Por la falta de dólares y las restricciones bancarias, surgió un mercado paralelo de divisas que ha disparado los precios de costo de vida en los últimos meses. Solo hasta mayo, la inflación acumulada llegó a 9,81% y superó la previsión de todo el año que era de 7,5%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

Informes internacionales como el del Fondo Monetario Interncional (FMI) han señalado que la política económica actual es insostenible y muestran un panorama desalentador si no hay un cambio de rumbo que incluya un ajuste fiscal gradual y una devaluación inicial del tipo de cambio para restablecer la estabilidad macroeconómica.

La administración de Arce, acorralada por la crisis y el creciente malestar de la población que se expresa en marchas y bloqueos, responsabiliza a la Asamblea Legislativa Plurinacional por la falta de aprobación de créditos externos que aumentarían liquidez y acusan a la oposición de boicotear la gestión.

Las dificultades financieras y los problemas sociales generan tensión el escenario electoral. El 17 de agosto, los bolivianos acudirán a las urnas para elegir presidente, vicepresidente y legisladores, en una votación que muchos analistas creen que dado marcará un punto de inflexión en el país y abrirá un nuevo ciclo económico. La realidad lo demanda.

El concejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, presentó oficialmente su carta de renuncia a su curul en el cabildo capitalino, con el propósito de participar en las elecciones presidenciales de 2026.

En una extensa carta, dirigida al presidente del Concejo bogotano, Samir Jose Amisambra, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá expresó su agradecimiento por haber estado durante 513 días en esa posición política, tras haber ocupado el segundo lugar en las votaciones de octubre de 2023.

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“Si bien he llegado al Concejo por un derecho personal, no se trata de mí, sino de una apuesta para hacer la política bien, con actitudes como escuchar, hablar con la verdad y tomar decisiones basadas en evidencia”, expresó Oviedo en la misiva.

Del mismo modo, Oviedo sostuvo que su trabajo se basó en una “oposición constructiva”, y sostuvo que se irá del cabildo distrital con la satisfacción del deber cumplido.

“Esta voluntad de servir, ha sido respaldada generosamente por las instancias directivas, administrativas y operativas del concejo, lo cual queremos exaltar y agradecer en esta oportunidad”, mencionó.

Candidatura presidencial

Sin embargo, el exdirector del Dane enfatizó que su salida del concejo capitalino obedece a su aspiración personal de participar en los comicios electorales que se desarrollarán en el año 2026, por lo que sostuvo que cumplirá los requisitos establecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil para iniciar su camino hacia la Casa de Nariño.

“En la medida en que el pasado 22 de mayo, la Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la resolución que reglamenta el registro de comités inscriptores de candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos para las elecciones de Presidente de la República, he tomado la decisión de dar un paso al costado como concejal de la ciudad”, señaló.

Igualmente, el hasta hoy concejal de Bogotá precisó que su llegada a la carrera presidencial se enmarca en un contexto donde, según Oviedo, “el país se divide más y se debilitan la seguridad y el desarrollo que nos costó décadas construir”, a lo que señaló que “quiero asumir una responsabilidad con Colombia”.

“Nuestra vocación de servir nos inspira, además de participar en las elecciones presidenciales, a hacerlo en las elecciones legislativas para contribuir a recuperar la confianza en la política y unir a nuestro país alrededor de la esperanza implícita en un propósito común de desarrollo”, agregó.

Críticas a Gustavo Petro

Así mismo, aprovechó para lanzar críticas al presidente Gustavo Petro, al recordar las disputas políticas del mandatario nacional con el alcalde Carlos Fernando Galán sobre varias decisiones dadas para la ciudad, como es el caso de la construcción del Metro de Bogotá y el racionamiento de agua.

“Bogotá estará mejor cuando un presidente entienda que más que anhelar la sed de sus habitantes para hacer valer sus posiciones políticas e ideológicas, se requiere de cabeza y corazón para consolidar una visión estratégica de desarrollo, basada en el trabajo en equipo, junto con esa maravillosa ciudad que en 2024 representaba el 25,2% del producto interno bruto de nuestra economía”, recalcó.

Por último, el cabildante saliente le auguró buenos deseos a los 44 cabildantes para que, en palabras del hoy aspirante presidencial, sigan articulando medidas con la administración distrital en beneficio de los bogotanos.

“Sentimientos encontrados acompañan esta decisión, pero hoy, quiero exaltar los de admiración y respeto no solo por las oportunidades de servir, sino de aprender, que tanto las personalidades, como las instituciones que confluyen en la corporación, nos han brindado (...) Por consiguiente, con el más profundo sentimiento de respeto y agradecimiento, solicito someter a consideración del pleno de la corporación mi renuncia a la curul designada por el Estatuto de Oposición a partir del 31 de mayo de 2025”, concluyó.

Se espera que el Concejo de Bogotá oficialice su salida del cabildo antes del 31 de mayo. Ahora, Juan Daniel Oviedo estará diseñando su estrategia para recoger firmas de los ciudadanos, con el propósito de presentarse como candidato independiente a las elecciones presidenciales del 2026.

Se espera que, antes de iniciar la recolección de apoyos ciudadanos, el exconcejal desarrolle una agenda pública centrada en mostrar los resultados de su gestión como concejal.

Tras haber permanecido al frente de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) durante un breve lapso, María Julia Cordero presentó su renuncia al organismo encargado de regular las actividades de aviación civil en todo el territorio argentino.

Con fecha 22 de mayo, quedó oficializada la salida de Cordero a través decreto publicado en las primeras horas de este martes en el Boletín Oficial. La administradora había sido designada el 8 de enero pasado para ejecutar las tareas de “reglamentación, fiscalización, control y administración de la actividad aeronáutica civil como única Autoridad Aeronáutica Nacional”.

Su nombramiento había sido formalizado a través del Decreto 14/25, pero su paso por el organismo descentralizado, actuante en el ámbito de la Secretaría de Transporte, resultó ser breve. En ese sentido, mediante la publicación del decreto 360/2025, el Ejecutivo aceptó su renuncia.

“Agradécense a la funcionaria renunciante los servicios prestados en el desempeño de su cargo”, remarcaron, aunque no trascendieron los motivos por el cual habría desistido del cargo.

A su vez, el texto mencionó como reemplazo al licenciado Oscar Alfredo Villabona, quien en agosto del 2024 fue asignado transitoriamente a la Dirección Nacional de Inspección de Navegación Aérea, a partir de la publicación de la Resolución N° 243/2024. Esta área supervisa y verifica el funcionamiento de las dependencias de navegación aérea en el ámbito nacional, y participar en el desarrollo de normativas y procedimientos que contribuyan al avance de la navegación aérea.

Previo a asumir la dirección de la ANAC, Cordero fue interventora de la mencionada administración, “a quien se le encomendó una serie de acciones tendientes a relevar el estado de situación y promover una reorganización funcional que permita el adecuado cumplimiento de la misión institucional”. Esta designación se ejecutó en el marco de la desregulación del mercado aerocomercial generado a partir de la modificación del código aeronáutico. A poco tiempo de que concluyera su función como supervisora —el cual establecía un plazo de 180 días— el Gobierno decidió ponerla al frente de la entidad. También se había desempeñado como responsable del área de Género en la Junta de Seguridad en el Transporte, durante el gobierno de Alberto Fernández.

Dentro de las primeras medidas que impulsó, se encontraba: una evaluación de la estructura y un análisis del estado financiero; el desarrollo los procedimientos tendientes a adoptar las Regulaciones Aeronáuticas Latinoamericanas; la implementación del sistema de autoridad delegada de aviación en la República Argentina, y cualquier otro mecanismo tendiente a optimizar los procesos del organismo.

Entre los objetivos alcanzados durante su gestión, se destacó la nueva normativa que transforma el proceso de autorización para la prestación de servicios de Trabajo Aéreo en la Argentina. Con la publicación de la Resolución N° 265/2025, la autoridad aeronáutica introduce un esquema más ágil, simplificado y adaptado a las necesidades actuales del sector, con el objetivo de promover una mayor eficiencia operativa y facilitar la expansión de actividades comerciales no regulares vinculadas a la aviación.

A partir de esta resolución, los operadores que deseen obtener el Certificado de Explotador de Trabajo Aéreo (CETA)podrán hacerlo presentando únicamente una declaración jurada, en la que deberán acreditar su domicilio legal en el país, su capacidad económica para llevar adelante las operaciones, información detallada sobre la base desde la que operarán y el listado de aeronaves a utilizar. En otro orden, amplió el límite de edad de jubilación para los pilotos como parte de “la tendencia que se observa en la normativa aeronáutica civil de diversos países, en las que se tiende a aumentar la edad límite para que el titular de una licencia de piloto”.

"Ha quedado claro que la empresa y yo no estamos de acuerdo sobre el camino a seguir. Es hora de seguir adelante y de que esta organización avance con un nuevo liderazgo", aseguró McMahon en un memorando difundido a los trabajadores de la compañía.

Paramount (la empresa matriz de la cadena) está en negociaciones para resolver una demanda interpuesta por Trump, en el que se le acusaba de "comportamiento ilícito e ilegal" por una entrevista en plena campaña electoral con la vicepresidenta Kamala Harris en el programa '60 Minutos'.

Trump alegó que esa entrevista había sido profundamente editada por la cadena, y reclamaba 20.000 millones de dólares por ello.

Además, Paramount también está buscando la aprobación federal de una fusión con un valor de 8.000 millones de dólares con Skydance Media.

El estudio parece estar a punto de llegar a un acuerdo con el mandatario sobre la demanda, una situación que ya causó la renuncia del productor ejecutivo de '60 minutos', Bill Owens, en abril alegando que el programa de entrevistas ha perdido independencia editorial.

Entonces Owens declaró que había quedado claro que "no se me permitiría dirigir el programa como siempre lo he hecho", basándose en la toma de "decisiones independientes" en lo que el productor denomina como "correcto" para el programa y la audiencia.

En aquel momento, la directora ejecutiva apoyó a Owens, lo que desencadenó un enfrentamiento con los ejecutivos de Paramount, preocupados por la cobertura del programa sobre la administración Trump.

Tras la partida del productor ejecutivo, se pronosticaba que McMahon siguiera sus pasos y también renunciara en los próximos meses, pero no se esperaba que lo hiciera horas después de que la última temporada del programa llegara a su fin.

En este sentido, la directora ejecutiva aseguró que los últimos meses le habían resultado "desafiantes", según el comunicado difundido este lunes.

"He pasado los últimos meses fortaleciendo nuestros negocios y asegurándome de que los líderes adecuados estén en sus puestos, y no tengo dudas de que seguirán marcando la pauta", añadió.

McMahon asumió el puesto en CBS News and Stations en 2023 en un mandato accidentado en el que la renovación impulsada por la cadena no ha calado en la audiencia y en medio de batallas legales con Trump. EFE

En la plenaria del Senado de la República del 13 de mayo de 2025 comenzaron las discusiones para aprobar o no las 12 preguntas de la consulta popular, que radicó el Presidente de la República, Gustavo Petro, el Día Internacional del Trabajo.

A lo largo de la sesión, congresistas de posición y de gobierno expusieron sus argumentos de porque no debería aprobarse la iniciativa con la que la actual administración busca revivir la reforma laboral que se hundió en la Comisión Séptima del Senado.

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A su turno, Antonio Zabarain, senador de la República por el partido Cambio Radical, prometió renunciar a su curul si el mecanismo de participación ciudadana que propone el presidente Petro supera el umbral de los 13 millones de votos.

El congresista justificó su decisión, argumentando que en caso de ser aprobada, significa que estaba equivocado en su pensar y que no comprendió las necesidades del pueblo colombiano. Incluso, dijo que no volvería a aspirar a un cargo de elección popular relacionado con el Congreso de la República.

“Yo quiero terminar con esto. Y los que me conocen saben que soy un hombre de palabra. Si la consulta logra el umbral, renuncio a mi credencial porque ello me haría caer en cuenta que estaba equivocado y que no estoy sintonizado con la clase obrera y trabajadora. Eso es razón más que suficiente para no llegar más nunca a este recinto sagrado. Mil gracias”, señaló.

El senador del grupo político que lidera el exvicepresidente Germán Vagas Lleras cuestionó los costos y conveniencia de la consulta. Desde su perspectiva, gastar más de $700.000 millones es un despropósito, teniendo en cuenta las necesidades del territorio y la delicada situación fiscal que experimenta el país.

¿Cuál es la posición de los partidos políticos frente a la consulta popular?

Mientras avanza el debate de la consulta popular en el Congreso de la República, varios de los partidos políticos fueron dejando entrever cuál sería su posición con respecto a la iniciativa. El Partido Conservador anunció que no votaría a favor de la consulta.

“El Partido Conservador de Colombia, de manera unánime y en ejercicio de su coherencia ideológica, rechaza categóricamente la propuesta de consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro en torno a la reforma laboral. Esta decisión no es individual: es una posición firme del partido y una directriz clara para toda nuestra bancada en el Congreso: votaremos NO”, puntualizó la colectividad en un comunicado de prensa.

Basan su posición en las dudas que generan las preguntas del Gobierno Petro, además del elevado costo para implementar el mecanismo de participación.

“Consideramos que esta consulta es engañosa, representa un gasto inoficioso de recursos públicos, innecesario, desproporcionado e irresponsable en medio de la crisis fiscal que enfrenta el país. Según estimaciones del propio Ministerio de Hacienda, una consulta de esta magnitud podría costar más de 500 mil millones de pesos, y el señor Registrador ha informado que superaría los 750 mil millones. Sin contar los costos operativos de las fuerzas de seguridad y orden público”, destacó.

Y agregó: “Todo esto, sin garantizar ningún efecto vinculante real, dado que se consulta sobre una ley ya debatida y archivada por el Congreso, que además no busca garantizar nuevos derechos, sino vender como novedad lo que ya existe o puede ajustarse por decreto”.

En contraposición, el Partido de la U anunció que votará a favor de la consulta “con el objetivo de que esta iniciativa tenga una nueva oportunidad de un debate amplio, constructivo y democrático”.

En ese sentido, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para que se sumen a esta iniciativa, “con el único propósito de construir una reforma laboral equilibrada que promueva la generación de empleo formal, mejore las condiciones laborales y contribuya a la reactivación económica que tanto necesita nuestro país”.

La Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú ha advertido que la crisis agraria que atraviesa el país podría alcanzar niveles irreversibles si no se toman medidas inmediatas. Según informó la organización, los pequeños y medianos agricultores, responsables del 97% de la producción agrícola nacional, enfrentan una situación crítica debido a la falta de políticas públicas efectivas, el desabastecimiento hídrico y el encarecimiento de la canasta básica.

En este contexto, los gremios han exigido la renuncia del ministro de Agricultura, Ángel Manero Campos, y del jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), José Genaro Musayón Ayala, a quienes responsabilizan por la falta de acción frente a los problemas estructurales del sector. Además, han anunciado un paro nacional para el próximo 18 de junio si sus demandas no son atendidas.

Crisis en al agro peruano se ahonda

De acuerdo con declaraciones de Américo Valderrama Peña, presidente de la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua, la situación de los agricultores se ha agravado debido a fenómenos climáticos que han destruido cultivos, la paralización de proyectos de infraestructura hídrica y la ausencia de planificación en la producción agrícola.

Valderrama criticó la propuesta del ministro Manero de otorgar 500 soles a los agricultores afectados, calificándola de insuficiente para cubrir las pérdidas económicas o saldar las deudas generadas. Asimismo, denunció que el seguro agrario catastrófico, una herramienta clave para mitigar los efectos de desastres naturales, no está operando, lo que deja a los productores en una situación de mayor vulnerabilidad.

Agricultores denuncian apoyo preferente para la agroindustria

El sector agroexportador ha sido señalado como el principal beneficiario de las políticas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), según Valderrama. En este sentido, criticó la promoción de iniciativas como la denominada “Ley Chlimper 2.0”, que busca reducir la tasa del impuesto a la renta al 15%, favoreciendo a grandes empresas mientras ignora las necesidades de los pequeños y medianos agricultores. Estos últimos enfrentan dificultades para acceder a créditos, tecnología y mercados, lo que limita su capacidad de competir y sostener sus actividades productivas.

En paralelo, los gremios han iniciado conversaciones con diversas bancadas del Congreso para impulsar una interpelación y eventual censura del ministro Manero. Además, han enviado un documento a la presidenta Dina Boluarte, solicitando la destitución tanto del titular del Midagri como del jefe de la ANA. Según Valderrama, la ineficiencia de estas autoridades no solo pone en riesgo la producción agrícola, sino también el acceso al agua para usos poblacionales, ganaderos, energéticos e industriales.

Juntas de usuarios de agua demandan la reestructuración del Agrobanco

Por su parte, Alberto Benavente Yupanqui, presidente de la Junta de Usuarios de Agua de Cañete, subrayó la necesidad de reestructurar Agrobanco para garantizar que los créditos lleguen a todos los agricultores, especialmente a los más pequeños. Benavente propuso la creación de un programa nacional de rehabilitación de cultivos, similar al que existe para el café en la selva, que permita a los productores renovar sus plantaciones y enfrentar crisis como la reciente caída de precios de la uva en Cañete.

Benavente también criticó la gestión del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), que ha delegado a los agricultores la responsabilidad de erradicar la mosca de la fruta, imponiendo multas de hasta tres Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a aproximadamente 14.850 soles (4.000 dólares). Según el dirigente, esta medida es inviable para los pequeños productores, quienes ya enfrentan serias dificultades económicas y carecen de los recursos necesarios para asumir estas tareas.

Las declaraciones de Manero que rechazan los agricultores

Las declaraciones del ministro Manero también han generado controversia entre los gremios. Según Benavente, el titular del Midagri ha afirmado que “el agro debe ser visto como un negocio y no como una actividad tradicional o idealizada”, lo que, a juicio de los agricultores, refleja una falta de compromiso con los problemas del sector. Estas palabras han sido interpretadas como un desprecio hacia los pequeños productores, quienes consideran que su labor es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria del país.

La Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú ha reiterado que, si no se atienden sus demandas, el paro nacional programado para el 18 de junio será inevitable. Los gremios responsabilizan al ministro Manero y al jefe de la ANA por la crisis agraria e hídrica que afecta al país y exigen un trato equitativo que permita salvar al sector agrícola, considerado la base de la seguridad alimentaria del Perú.

Martha Hernández renunció a la dirección de Migración Colombia, cargo en el que estaba desde septiembre de 2024, cuando reemplazó a Carlos Fernando García.

Infobae Colombia conoció la carta de renuncia de Hernández, dirigida al presidente Gustavo Petro, en donde confirmó que su salida es de manera irrevocable.

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“De manera atenta, me permito presentar ante usted mi renuncia irrevocable al encargo de Directora General código 0015, grado 25, de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, al cual fui designada mediante Decreto No. 1208 del 26 de septiembre de 2024, así como a mi cargo en propiedad como Subdirectora de Control Migratorio código 0040. grado 21, el cual he venido desempeñando desde el 8 de noviembre de 2022 hasta la fecha", se lee en la misiva.

Hernández agradeció al jefe de Estado por la oportunidad de dirigir Migración Colombia, que, según ella, asumió con todo el compromiso y responsabilidad.

“Quiero expresarle mi profundo agradecimiento por la oportunidad que se me concedió de liderar durante los últimos siete meses la Dirección General de Migración Colombia, un reto que asumí con total compromiso, responsabilidad y rigor, en respuesta a la confianza depositada en mí“, aseveró Martha Hernández en la misiva conocida por Infobae Colombia.

Y agrego: “Asimismo, valoro profundamente la maravillosa y enriquecedora experiencia que se me brindó al nombrarme como subdirectora de control migratorio, cargos en los que se lograron avances significativos para la entidad”.

Según ella, estos “logros reflejan un trabajo colectivo, liderado con el respaldo de los Dres. Carlos Fernando García Manosalva Rigoberto Niño y por supuesto del equipo técnico de la entidad, así como el apoyo Institucional recibido de su Gobierno, el cual agradezco profundamente”.

Finalmente, Martha Hernández precisó que presenta la renuncia con “respeto, gratitud y convicción de haber aportado significativamente al fortalecimiento de Migración Colombia y a los objetivos de su Gobierno”.

La renuncia de Martha Hernández se da en medio de las advertencias de los trabajadores de Migración Colombia, quienes a partir del viernes 9 de mayo implementarán una operación reglamento en todos los aeropuertos internacionales del país si el Gobierno nacional no cumple con el pago de una bonificación de 28.000 millones de pesos.

Esta medida podría generar demoras en los controles de ingreso y salida del territorio colombiano, por lo que se recomienda a los viajeros llegar con suficiente antelación.

En un comunicado emitido por Osemco, los trabajadores expresaron su descontento ante la falta de avances.

“Lamentamos profundamente que el Gobierno haya incumplido este compromiso. Nosotros suspendimos las protestas en diciembre con la esperanza de que se cumpliera el acuerdo, pero hoy estamos en estado de alerta”, señalaron.

Como parte de las acciones iniciales, los empleados han comenzado jornadas de protesta que incluyen empapelar las instalaciones de Migración Colombia en aeropuertos, centros facilitadores y puestos de control en todo el país.

El sindicato ha dejado claro que, aunque están dispuestos a dialogar, solo la firma y publicación del decreto que oficialice la bonificación, junto con decisiones concretas sobre el rediseño institucional, permitirán recuperar la confianza en las autoridades.

“Esta es una lucha justa. Pedimos comprensión a los ciudadanos y usuarios del servicio migratorio. No queremos afectar, pero tampoco podemos seguir siendo ignorados”, concluyó Osemco.

La operación reglamento, también conocida como “operación tortuga”, implica que los trabajadores cumplirán estrictamente con los procedimientos establecidos, lo que podría ralentizar los procesos migratorios.

Según Blu Radio, esta medida busca presionar al Gobierno para que cumpla con los compromisos adquiridos y resuelva la situación que afecta a 1.600 servidores públicos de la entidad.

El sindicato enfatizó que el incumplimiento del acuerdo no solo afecta a los trabajadores, sino también al funcionamiento general de Migración Colombia, una entidad clave para la gestión de los flujos migratorios en el país.

La falta de avances en el rediseño institucional también ha generado preocupación, ya que este proceso es considerado fundamental para mejorar la eficiencia y capacidad operativa de la organización.

García-Gallardo ha vuelto a acudir a la red social 'X', donde este lunes publicó una carta para comunicar su renuncia a todos sus cargos en Vox, para lamentar que "algunos" estén "intentando manipular" sus palabras respecto a esa renuncia que ha tomado de forma "personal e independiente".

En este sentido, ha aclarado que no apoya "en absoluto" los motivos que han llevado a sus "dos "antiguos compañeros" a "desafiar públicamente" a la dirección del partido. Ambos procuradores fueron expulsados tras una reunión del grupo parlamentario el pasado viernes por "opiniones y valoraciones movidas por ambiciones personales".

"Hay que seguir apoyando a Vox. Es lo que voy a hacer yo, por el bien de España", concluye el que fuera vicepresidente de la Junta hasta el pasado mes de julio.

El hasta hoy portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha anunciado que renuncia a todos sus cargos en el partido, en el que se mantiene como "afiliado raso" como consecuencia de una decisión "personal e independiente", aunque ha reconocido "discrepancias con la dirección", según ha expresado a través de una carta difundida en la red social 'X'.

En este escrito recogido por Europa Press, el que fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha subrayado que renuncia desde este lunes a su cargo como portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, al acta de procurador y su pertenencia al Comité Ejecutivo Nacional. "Vuelvo a mi condición de afiliado raso de VOX y retomando mi actividad profesional privada como abogado", ha señalado.

"Mis discrepancias con la dirección del partido no tienen que ver con la forma de selección de los candidatos, ni con la participación en uno u otro grupo político europeo, la decisión que termino de tomar hoy es personal e independiente", ha concluido tras lo que ha defendido que su decisión es independiente de la adoptada "por quienes han desafiado públicamente a la dirección del partido con exhibiciones de rebelión en Salamanca o constituyendo plataformas de afiliados para cuestionar decisiones relevantes de la dirección en política internacional", en referencia a los procuradores Ana Rosa Hernando de Burgos y Javier Teira de SDalamanca.

Este sábado 3 de mayo se difundió en redes sociales un documento que, presuntamente, confirma la renuncia de Guillermo Calderón Aguilera, director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

Según el oficio, fechado para el 5 de mayo, Calderón habría presentado su dimisión con carácter irrevocable a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina. Hasta el momento, y con corte a la emisión de esta nota informativa, ni el gobierno capitalino ni la dirección del Metro han emitido declaraciones oficiales al respecto.

De acuerdo con el contenido del documento, Calderón manifestó que su decisión fue tomada de manera libre y sin coacción, indicando que ha recibido el pago de todas las percepciones correspondientes a sus servicios, así como los derechos y beneficios que le correspondían.

En la carta, también expresó su agradecimiento por las atenciones recibidas durante su gestión y se puso a disposición para cualquier aclaración futura. El texto incluye detalles administrativos como su número de empleado, plaza y nivel salarial, lo que podría reforzar la autenticidad del documento, aunque no ha sido confirmado oficialmente.

La noticia de la renuncia se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios compartieron imágenes del oficio. Una de las publicaciones destacadas fue realizada por la cuenta Gpo.Siade.Ac.oficial, que reportó la dimisión del funcionario a las 18:55 horas del sábado.

Sin embargo, la fecha del documento, el 5 de mayo, ha generado dudas sobre la temporalidad de los hechos, ya que el anuncio ocurrió dos días antes de la fecha indicada en el oficio.

¿Quién es Guillermo Calderón?

Guillermo Calderón Aguilera asumió la dirección del Metro el 28 de junio de 2021, designado por la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, en un contexto marcado por la necesidad de reforzar la seguridad y eficiencia del sistema tras el colapso de una sección de la Línea 12.

Calderón cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito del transporte público y la gestión de proyectos. Es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posee estudios en ingeniería de procesos por la Universidad Karlsruhe en Alemania, además de una certificación internacional del Project Management Institute (PMI) de Estados Unidos.

Antes de dirigir el Metro, Calderón desempeñó diversos cargos en el sector público. Fue director general del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) entre 2018 y 2021, donde lideró la adquisición de 193 trolebuses de nueva generación y la modernización del tren ligero.

También supervisó la operación de las líneas del Cablebús. Durante más de 13 años, estuvo al frente del Metrobús, donde implementó y puso en marcha siete líneas que abarcan 140 kilómetros de extensión.

Además, ocupó cargos en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y en el Instituto Mexicano del Petróleo, participando en proyectos de diagnóstico ambiental y transferencia tecnológica.

Por el momento, se espera que las autoridades de la Ciudad de México confirmen o desmientan la autenticidad del documento y aclaren la situación en las próximas horas.

La renuncia, de confirmarse, marcaría el fin de un periodo de casi dos años al frente del STC Metro, dejando abierta la interrogante sobre quién asumirá la dirección de uno de los sistemas de transporte más importantes y complejos del país.

En un mensaje publicado en X, Lambán ha dicho: "Agradezco las muestras de reconocimiento y afecto que he recibido estos días, de políticos decentes de izquierda y derecha, de buenos empresarios, de gentes del periodismo y la cultura, de compañeros socialistas y de amigos".

"Resulta muy reconfortante y anima a seguir en la brecha", ha añadido el político aragonés, exsecretario general del PSOE en su región.

La decisión de Lambán se produjo dos días después de que la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, fuera proclamada nueva secretaria general del PSOE Aragón, cuya toma de posesión formal del cargo será en el 18º Congreso Regional del PSOE Aragón del 15 y 16 de marzo, después de que la Comisión Regional de Ética y Garantías ratificara el lunes su candidatura al concluir de presentación de precandidaturas. EFE

El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, le pidió en las últimas horas la renuncia a todo su gabinete. El jefe comunal le comunicó ayer la decisión a sus funcionarios en una breve reunión, de no más de 10 minutos, en donde les argumentó la necesidad de implementar una reestructuración que permita enfrentar la delicada situación financiera del municipio.

Passerini explicó que estos cambios no necesariamente se van a aplicar en todas las áreas y que uno de los factores que motivaron esta decisión es la disminución de los fondos que el gobierno nacional destinaba a la capital cordobesa.

Para hoy, según informaron medios locales, se esperan diversas reestructuraciones en el núcleo ejecutivo de la ciudad cordobesa que abarcarían recortes en roles desde secretarios hasta subdirectores, incluyendo también a las conducciones de los entes descentralizados, becarios y trabajadores bajo el régimen de monotributo.

“Tras la reunión de gabinete, los funcionarios pusieron a disposición su lugar para que el intendente realice cambios que considere pertinentes para eficientizar el cumplimiento de los objetivos que la gestión se propone”, informaron fuentes municipales a este medio.

Además, desde el entorno de Passerni informaron que “habrá un vocero o comunicado oficial cuando se tome alguna acción efectiva sobre el tema, de momento no hay declaraciones”.

El intendente cordobés ya les habría pedido a algunos funcionarios que renunciaran por decisión propia, ya que “sus reparticiones no habrían dado las respuestas esperadas a los vecinos”, informó Cadena 3. Los cambios en el Gabinete estarían encuadrados en obtener "mejores soluciones con menos recursos“.

El encuentro reunió a los 12 secretarios del gabinete y a cinco directores de entes descentralizados, entre ellos Tamse, COyS, Cormecor, el Ente de Fiscalización y Bio Córdoba. Según consignó el diario La Voz, se destacó que los recortes presupuestarios a nivel nacional están afectando gravemente a los municipios, lo que obliga a las administraciones locales a adaptarse y a redoblar esfuerzos para mostrar resultados a los vecinos.

El mensaje del intendente fue claro: es necesario un mayor compromiso por parte de los funcionarios y una gestión más visible para la ciudadanía. “Hay que adaptarse y mostrarle a la gente lo que estamos haciendo, acá nadie puede seguir pasando desapercibido”, indicó el jefe comunal.

Según el entorno del mandatario, los cambios podrían definirse en las próximas horas o días. La premisa para quienes permanezcan en el gabinete será clara: demostrar resultados tangibles y fortalecer la conexión con los ciudadanos.

Por otro lado, según declaraciones recogidas por La Voz, habrá modificaciones en las áreas de gestión, con posibles fusiones de departamentos, la salida de algunos funcionarios y la continuidad de otros en sus cargos. “Todas las opciones están abiertas”, señaló una fuente municipal cercana al intendente.

La reestructuración busca, en palabras del propio mandatario, “hacer más eficiente la gestión” en un contexto de restricciones presupuestarias, un tema recurrente desde que Passerini asumió el cargo hace 16 meses.

El expresidente del Gobierno de Aragón y exlíder de los socialistas en la comunidad autónoma, Javier Lambán, ha anunciado su renuncia como senador autonómico del PSOE. "Pongo fin así a mi vida política institucional, que empezó en 1983 en el Ayuntamiento de Ejea", ha indicado.

Lambán se ha expresado así este miércoles, 29 de enero, a través de un mensaje en su perfil de la red social 'X', en el que informa de que ya ha transmitido esta decisión al presidente del Senado de España, Pedro Rollán.

Ha expresado su gratitud al PSOE Aragón, "que me propuso" para formar parte de la Cámara Alta, así como a las Cortes de Aragón, "que me nombraron"; y al Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, "por el trato respetuoso que me ha dispensado".

"Pongo fin así a mi vida política institucional, que empezó en 1983 en el Ayuntamiento de Ejea, guiado siempre por la vocación de ser útil a mi pueblo, a #Aragón y a #España. Desde otros ámbitos, seguiré haciéndolo", ha escrito.

Belgrado, 28 ene (EFE).- El primer ministro de Serbia, Milos Vucevic, un cercano aliado del presidente, el populista Aleksandar Vucic, renunció este martes en medio de las protestas estudiantiles multitudinarias contra el Gobierno.

Vucevic está vinculado al gubernamental Partido Progresista de Serbia (SNS, conservador y nacionalista) desde 2008, en 2016 ascendió hasta la vicepresidencia de la formación y en 2023 se convirtió en su líder.

Presentó su renuncia después de que una estudiante resultara gravemente herida en un ataque ocurrido anoche en la ciudad de Novi Sad. Según testigos, los agresores salieron de las oficinas del SNS.

El jefe del Ejecutivo argumentó que su renuncia busca reducir tensiones en un momento de gran polarización, con las manifestaciones estudiantiles sucediéndose casi cada semana.

Vucevic, un abogado de 51 años, también fue alcalde de Novi Sad desde 2012 hasta 2022.

Durante su mandato como alcalde comenzaron los trabajos de renovación de la estación de tren de la ciudad, cuyo techo se derrumbó el pasado 1 de noviembre y causó la muerte de 15 personas.

Las movilizaciones estudiantiles comenzaron después de ese accidente: los manifestantes y parte de la oposición consideran que la corrupción y la falta de supervisión fueron responsables del desastre.

En las últimas semanas, el primer ministro fue conocido por declaraciones polémicas, como que Serbia "no se detendría ni podría detenerse por la muerte de 15 personas, y que no se detendría ni por la muerte de 155 o 1.555".

Vucevic dejó la alcaldía en octubre de 2022, y pocos días después se convirtió en viceprimer ministro del Gobierno de Serbia y ministro de Defensa.

El 30 de abril de 2024 se convirtió en primer ministro, después de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2023, que ganó el SNS con el 48 %, pero la oposición sostuvo que los comicios fueron fraudulentos.

Con su discurso, dicción y gesticulación, al igual que otros miembros del partido gobernante, a veces recuerda incluso al propio presidente Vucic.EFE