El tribunal señaló que las conductas atribuidas a Natàlia Garriga se enmarcan dentro del proceso independentista catalán, conocido como el 'procés', y no deja ninguna duda de que tales acciones están cubiertas por la Ley Orgánica 1/2024 de amnistía, que se aplica a los delitos relacionados con la organización y celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017. Según informó Europa Press, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) resolvió declarar el sobreseimiento libre y definitivo de la causa judicial contra la exconsellera de Cultura de la Generalitat de Cataluña, eliminando las medidas cautelares dictadas en su contra.

De acuerdo con Europa Press, el TSJC precisó que la amnistía comprende la totalidad de los hechos atribuidos a Garriga, quien en la época del referéndum ocupaba el cargo de directora de Servicios de Vicepresidencia, Economía y Hacienda. La causa judicial procesaba a Garriga por un presunto delito de desobediencia, al considerar que sus actuaciones contribuyeron a la realización del 1-O. En su análisis, el tribunal recuerda que desde noviembre de 2015, con el inicio de la XI legislatura del Parlament, se aceleró el proceso de secesión territorial y la creación de un Estado independiente en Cataluña, destacando la aprobación de la Resolución I/XI, posteriormente suspendida por el Tribunal Constitucional y declarada inconstitucional el mismo año.

Tal como publicó Europa Press, el auto relata que en octubre de 2016, el Parlament aprobó la Resolución 306/XI, con la que se instaba a la celebración de un referéndum vinculante, resolución igualmente declarada nula. En el contexto de estos acontecimientos, Garriga adjudicó contratos menores para realizar obras en una nave del CTTI con la finalidad de instalar un centro de llamadas destinado a recoger datos sobre la participación y resultados del referéndum previsto para el 1 de octubre, instalación que la policía clausuró el 30 de septiembre de 2017.

El tribunal también expuso que Garriga participó activamente el 21 de abril de 2017 en un acto de compromiso con el referéndum, convocado por la Secretaría de Economía y Hacienda. Después, el 6 y el 8 de septiembre de 2017, el pleno del Parlament aprobó la Ley 19/2017 referida al referéndum de autodeterminación y la Ley 20/2017 sobre transitoriedad jurídica y fundacional de la república, ambas declaradas nulas e inconstitucionales. Según narró el TSJC en su auto, pese a conocer la declaración de inconstitucionalidad del referéndum, Garriga gestionó la cesión de naves por parte de Pau Furriol, exsenador de ERC, en el municipio de Bigues i Riells (Barcelona), para almacenar material destinado al 1-O.

Europa Press señaló que el documento judicial menciona que el 7 de septiembre de 2017, Garriga solicitó una contraseña al responsable del CTTI para acceder a la web referéndum.cat y después indicó que debía eliminarse el requisito de usuario y contraseña para hacer accesible la página a toda la ciudadanía, facilitando así la participación popular el día de la votación.

Según destacó Europa Press, las acusaciones contra Garriga implicaban una posible sanción económica de entre 18.000 y 24.000 euros, además de una inhabilitación de un año para ocupar cargos públicos. El mismo procedimiento judicial involucraba también al exsecretario de Vicepresidencia de la Generalitat, Josep Maria Jové, y al exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, quienes continúan a la espera de que se les aplique igualmente la Ley de Amnistía por sus respectivas causas.

El TSJC concluyó en su auto que las acciones de Garriga no se pueden desvincular del contexto del 'procés', y por ello quedan completamente cubiertas por la normativa de amnistía, ordenando la extinción definitiva de la vía judicial sobre la exconsellera de Cultura. El archivo de la causa y la amnistía dictadas por el tribunal representan una aplicación directa del nuevo marco jurídico que cubre tanto delitos como hechos vinculados a la organización del referéndum de 2017, según informaciones de Europa Press.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dictaminó que no existe ninguna duda acerca de la aplicación de la Ley Orgánica 1/2024 de amnistía en el caso de Natàlia Garriga, confirmando que todas las actuaciones que se le atribuían quedan comprendidas dentro del contexto del proceso independentista catalán. La decisión implica el sobreseimiento libre y el archivo definitivo de la causa penal abierta contra la exconsellera de Cultura, quien enfrentaba un proceso por presunta desobediencia relacionada con la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017.

Según reportó el medio original, la Sala Civil y Penal del TSJC avaló el beneficio de la amnistía para Garriga al considerar que los hechos imputados corresponden al ámbito del ‘procés’ y que la desobediencia por la que se le investigaba tenía como objetivo facilitar la consulta soberanista de 2017. El tribunal remarcó que la conducta se incluye sin ambigüedades en el marco diseñado por la nueva normativa de amnistía impulsada recientemente a nivel estatal, después de un proceso legislativo que terminó con la aprobación y publicación de la Ley Orgánica 1/2024.

De acuerdo con la información publicada, Garriga era directora de Servicios de Vicepresidencia y Economía y Hacienda en el momento de los hechos, puesto desde el que fue señalada por supuestamente incumplir resoluciones judiciales dirigidas a frenar los preparativos del referéndum. El TSJC determinó que las acciones por las que se abrió el expediente judicial tenían como único fin la organización de la consulta, objetivo que la amnistía expresamente reconoce como susceptible de exención penal en función de la nueva ley.

El medio detalló que, como consecuencia de esta decisión, el tribunal ha levantado todas las medidas cautelares que pesaban sobre Garriga, lo que implica la restitución total de sus derechos a la espera de la resolución formal de la causa. Esta actuación judicial se suma a las decisiones previas que han beneficiado a otros funcionarios y responsables políticos encausados por hechos relacionados con el 1-O y el ‘procés’, a partir de la entrada en vigor de la ley de amnistía.

Los magistrados argumentaron que la amnistía tiene espíritu general y vocación inclusiva para abarcar conductas incardinadas en el contexto de los actos políticos y administrativos vinculados al desafío independentista, y que, en este caso, las circunstancias de Garriga encajan plenamente en los supuestos contemplados por el legislador. La resolución establece que no subsiste ninguna causa que justifique la continuación del procedimiento penal ni las restricciones impuestas previamente.

Esta resolución del TSJC representa una interpretación que sigue la doctrina establecida en otros juzgados y tribunales, que en fechas recientes también han aplicado el nuevo marco normativo a políticos y funcionarios implicados en la organización y ejecución del referéndum. Según informó el medio, la justicia catalana sigue así el criterio de que la amnistía beneficia a aquellos que enfrentaron acusaciones judiciales derivadas de su participación o promoción del 1-O en cualquier grado de responsabilidad.

La decisión sobre Garriga marca el archivo definitivo del proceso y un cambio en la situación jurídica de la exconsellera, cuya imputación quedó sin efecto tras la entrada en vigor de la ley que busca resolver judicialmente las consecuencias del conflicto político catalán acontecido desde 2012 hasta 2023.

El TSJC comunicó oficialmente la finalización del expediente y el cese de todas las medidas cautelares, lo que supone la eliminación de cualquier restricción judicial ligada a la causa. De acuerdo con lo publicado, el proceso abierto contra Garriga se inscribía en las iniciativas generales de la fiscalía y los órganos judiciales para depurar responsabilidades por supuesta desobediencia, pero la aplicación de la amnistía dejó sin objeto todas esas actuaciones judiciales.

El medio recordó que esta medida afecta exclusivamente a los hechos relacionados con el 1 de octubre de 2017 y el proceso independentista, y que el sobreseimiento decretado por el TSJC seguirá el criterio de integración incuestionable de los hechos en el listado de situaciones amparadas por la nueva normativa estatal.

Durante la sesión del Pleno del Congreso en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió el decreto anticrisis, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, instó a que la población española decida mediante referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN. Según consignó el medio original, la líder de Podemos planteó que, si Sánchez opta por no asumir esa decisión directamente, debería consultar a la ciudadanía sobre la continuidad de los vínculos con la alianza atlántica. De este modo, la petición se enmarca en un contexto de debate sobre la coherencia entre el rechazo a la guerra y la participación de España en acuerdos estratégicos internacionales.

Belarra cuestionó la viabilidad de mantener el lema del ‘No a la guerra’ mientras España siga asociada con Estados Unidos e Israel, países que, de acuerdo con su interpretación, representan "la mayor amenaza" para la seguridad internacional. Tal como detalló la fuente, la dirigente de Podemos sustentó que la posición del Gobierno respecto al conflicto en Irán revela contradicciones si se continúa formando parte del mismo bloque que dichos países. En su intervención ante la Cámara, Belarra expresó: "Es imposible cumplir con el 'No a la guerra' si seguimos siendo parte de la OTAN. Yo entiendo que usted puede tener miedo de tomar esa decisión por sí mismo o quizás no esté de acuerdo. Yo hoy solo le quiero pedir que sea un demócrata: dé la palabra a la gente, que España pueda tener un referéndum para decidir sobre la permanencia de España en la OTAN. Que la gente decida y que la gente elija su destino". La cita fue recogida textualmente por el medio que reportó el intercambio parlamentario.

Durante su alocución, la diputada del Grupo Mixto insistió en la necesidad de romper alianzas tradicionales y encaminar nuevas relaciones internacionales. Según detalló el medio, Belarra caracterizó a Estados Unidos como una "potencia del pasado" ante lo que describió como una pérdida de hegemonía mundial. En esa línea, reclamó que España debe "soltarle la mano" a este país y fortalecer su integración con China, América Latina y África para contribuir a la construcción de un nuevo orden global.

La líder de Podemos también reconoció la proclamación de Sánchez del ‘No a la guerra’ como un acierto que representa un acercamiento a lo que definió como una posición más ética ante el conflicto bélico en Irán. No obstante, insistió en que el Gobierno debe ir más allá de las declaraciones públicas y tomar medidas concretas y ambiciosas que respondan a las demandas ciudadanas en materia de paz y protección social, de acuerdo con lo difundido por la fuente original.

En cuanto a las políticas económicas, Belarra criticó severamente el decreto anticrisis aprobado por el Ejecutivo la semana anterior. Según publicó el medio, consideró que las rebajas fiscales incluidas no constituyen un “escudo social”, sino más bien una “bajada masiva de impuestos”. Esto, subrayó, favorece a las grandes empresas y genera un efecto de corto plazo: “El efecto de esta reducción de tributos durará menos que un caramelo en la escuela del colegio”, declaró la diputada en el Congreso, tal como mencionó la fuente. Alertó que la medida se diluirá rápidamente debido a la “especulación” por parte de compañías de gran tamaño. Podemos, en este contexto, comunicó su abstención en la votación de este decreto.

Belarra también reprochó la fragmentación de las medidas de vivienda presentes en el decreto, denunciando que separar la prórroga de los contratos de alquiler equivale a hacer "trampas", en referencia a la táctica gubernamental de aprobar solo aquellas disposiciones consideradas favorables. Como reportó el medio, la diputada demandó al Gobierno que adopte intervenciones más decididas, particularmente en la fijación de los precios de los alimentos, los combustibles, los alquileres y las hipotecas. Criticó la ausencia de medidas orientadas a intervenir el mercado y exigió que el Gobierno opte por limitar los incrementos en estos sectores sensibles para las familias y trabajadores.

Otros grupos parlamentarios compartieron la crítica a las acciones del Ejecutivo. Néstor Rego, portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG), valoró la decisión de Sánchez de abanderar el lema del ‘No a la guerra’, pero reclamó hechos en lugar de palabras. Según reportó el mismo medio, Rego afirmó: “No es coherente levantar esa bandera y continuar aumentando exponencialmente el gasto militar o continuar en la OTAN, al servicio de las políticas imperialistas”. Además, el representante gallego se refirió a Alberto Núñez Feijóo y al Partido Popular, tildándolos de “los señores de la guerra” por respaldar el ataque de Estados Unidos e Israel en Irán y seguidamente proponer medidas anticrisis que, a su juicio, no están destinadas a proteger a las clases populares.

En su intervención, Rego también lamentó que el decreto económico que se sometería a votación no incluyese ninguna de las veinte propuestas presentadas por el BNG al Gobierno. Estas iniciativas incluían controles de precios sobre productos básicos, alquileres e hipotecas, así como una política fiscal más redistributiva. “Nos preocupa que son medidas insuficientes. Por eso, deben rectificar y actuar”, remarcó el portavoz del BNG, según información publicada por la fuente.

El debate parlamentario sobre el decreto anticrisis y la permanencia de España en la OTAN puso en evidencia las divergencias en torno a la política exterior y social del Gobierno, con especial énfasis en la petición formulada por Podemos para que la ciudadanía decida, a través de un referéndum, el futuro de la participación española en la alianza atlántica. Las intervenciones de los diferentes grupos subrayaron la exigencia de coexistencia entre la posición ética manifestada por el Ejecutivo y la adopción de políticas concretas en materia económica, fiscal y de paz internacional, líneas prioritarias de las demandas presentadas durante la sesión, de acuerdo a la cobertura que brindó el medio de origen.

El derecho de quienes han debido abandonar el Sáhara Occidental a regresar y recibir compensaciones figura entre las reivindicaciones señaladas por Human Rights Watch (HRW) respecto a la propuesta de autonomía promovida por Marruecos. Según detalló el medio Europa Press, la organización internacional planteó la necesidad de que cualquier salida al conflicto incluya mecanismos de reparación para los saharauis desplazados, así como la posibilidad efectiva de retorno para aquellas personas y colectivos asentados en los campos de refugiados de Tinduf, Argelia, y sus descendientes, siempre que mantengan vínculos documentados con el territorio.

La advertencia de HRW surge luego de que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptara la resolución 2797 el 31 de octubre, una iniciativa respaldada por Estados Unidos y adoptada tras la abstención de Rusia y China, de acuerdo con lo reportado por Europa Press. Marruecos celebró el texto como un aval a su aspiración de soberanía sobre el Sáhara Occidental, territorio administrado por Madrid hasta 1976. El documento alienta a las partes implicadas —Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania— a continuar negociaciones basadas en la propuesta marroquí de autonomía, presentada en 2007 y que recibe el respaldo de diversos países, entre ellos España.

El texto de la resolución exhorta a entablar conversaciones sin condiciones previas y a presentar propuestas que permitan alcanzar una "solución política definitiva y aceptable para todas ellas que contemple la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental". Además, reconoce que "una verdadera autonomía podría ser el resultado más factible". HRW sostuvo ante la ONU que la resolución actual no asegura que el proceso respetará el derecho de autodeterminación saharaui, aspecto central para el Frente Polisario, que insiste en incluir la independencia como alternativa, según especificó Europa Press.

HRW argumenta que el nuevo marco de negociación, impulsado por rondas de conversaciones auspiciadas por Estados Unidos, no se ajusta de forma adecuada al Derecho Internacional en la medida en que el derecho a la autodeterminación podría quedar supeditado a otros intereses. La organización enfatiza que cualquier acuerdo final debe recoger el derecho de los saharauis a decidir de forma libre sobre su estatus político y asegurar reparaciones frente a los daños por el control del territorio por parte de Rabat.

La directora asociada para Oriente Próximo y el norte de África de HRW, Hanan Salah, manifestó: "35 años después de que el Consejo de Seguridad de la ONU acordara un referéndum para resolver la situación en el Sáhara Occidental, la conveniencia política corre el riesgo de pasar por alto el derecho a la autodeterminación de los saharauis". Salah también expresó que corresponde al Consejo de Seguridad y a los Estados miembros garantizar que este derecho se ejerza sin restricciones.

Salah remarcó que, tras cinco décadas de ocupación, también resulta necesario definir cómo se protegerán los derechos humanos de los saharauis, en especial la autodeterminación. HRW recalcó que el plan de autonomía marroquí, incluso en su versión ampliada respecto al documento inicial de 2007, no contempla en ningún momento la posibilidad de independencia, una demanda presente en la agenda del Polisario desde que comenzaron las negociaciones.

El medio Europa Press señaló que, para HRW, cualquier actualización de la propuesta marroquí debe contemplar tanto las garantías de reparación y compensación como el derecho de retorno de la población desplazada. La organización recordó también que el Sáhara Occidental permanece inscrito, desde 1963, en la lista de territorios no autónomos de la ONU. A pesar de los reconocimientos diplomáticos al reclamo marroquí por parte de algunos gobiernos, el estatus internacional del territorio no ha experimentado cambios formales ante los organismos competentes, agregó Europa Press.

La postura de HRW llega en un contexto marcado por decenas de años de conflicto y negociaciones estancadas, donde el Consejo de Seguridad de la ONU tiene un papel determinante para resolver el futuro político de la región. Según Europa Press, HRW reiteró la importancia de que cualquier decisión final surja de la expresión genuina de la voluntad saharaui.

El rechazo a la reforma judicial en Italia se centra en las críticas al mecanismo de sorteo para designar a algunos miembros del Consejo Superior de la Judicatura, ya que una parte significativa de la ciudadanía sostiene que eliminaría representatividad sin aportar una mayor imparcialidad, y acentuaría la asimetría entre los cargos elegidos por el Parlamento y los seleccionados por los magistrados. Este tema fue uno de los ejes de la campaña opositora, mientras que otros sectores señalaron que la separación de las carreras judiciales, medida principal de la propuesta impulsada desde el Ejecutivo, se basa en un problema inexistente, ya que actualmente el traspaso de jueces a fiscales y viceversa solo puede realizarse una vez y bajo condiciones restrictivas. En este contexto, la primera ministra Giorgia Meloni admitió públicamente la derrota tras conocerse que casi el 54% de los votantes optaron por el “no” en el referéndum, según reportó el medio Europa Press.

De acuerdo con los resultados preliminares difundidos por el Ministerio del Interior y consignados por Europa Press, el 53,92% de los ciudadanos rechazó la reforma frente a un 46,08% que dio su apoyo. La participación electoral alcanzó el 58,51% en los dos días de consulta, proceso en el que se abordaron cambios a los artículos 87, 102, 104, 105, 106, 107 y 110 de la Constitución. Europa Press detalló que Meloni, electa primera ministra en 2022, reconoció la decisión de la ciudadanía con un mensaje grabado en video: “La soberanía pertenece al pueblo y los italianos hoy se han expresado con claridad. El Gobierno hizo lo que había prometido: llevar adelante una reforma de la justicia que estaba escrita en nuestro programa electoral. La hemos apoyado hasta el final y después hemos dejado la elección en manos de los ciudadanos”, afirmó.

El referéndum, de carácter confirmatorio y sin necesidad de alcanzar un quórum para validar el resultado, se celebró durante dos jornadas, con cierre de los colegios electorales este lunes hacia las 15.00 horas (hora local). La propuesta del Gobierno contemplaba una remodelación sustancial del funcionamiento judicial en Italia, y según publicó Europa Press, la reforma incluía la separación de las carreras de jueces y fiscales en órganos totalmente independientes, cada uno con su respectivo consejo superior y un nuevo órgano disciplinario común para la supervisión de magistrados.

Los detractores señalaron, según informó Europa Press, el riesgo que, a su entender, supone convertir a los fiscales en un organismo independiente regulado por su propio consejo superior: advierten que esto podría alejarlos de la cultura profesional compartida con los jueces y transformarlos en figuras más cercanas a agentes de policía, con una orientación hacia la obtención de detenciones y condenas, en vez de una visión judicial integral. Además, la oposición sostuvo que la medida aumentaría la burocracia y los costes, ya que implicaría la creación de hasta tres organismos distintos para funciones que hoy corresponden a uno solo, sin resolver las ineficiencias del sistema judicial.

Otras críticas recogidas por Europa Press apuntan a la naturaleza misma de la consulta. Desde sectores contrarios al proyecto aseguraron que, si el Ejecutivo realmente hubiera buscado separar las carreras judiciales, habría sido suficiente con tramitar una ley ordinaria en vez de modificar la Constitución. La reforma, que no logró la aprobación de dos tercios del Parlamento en octubre de 2025, correspondía entonces someterse a referéndum según la normativa vigente, dado que se trataba de una modificación constitucional.

El medio Europa Press recordó que la legislación impulsada por el Ejecutivo de Meloni retoma iniciativas previamente promovidas durante el mandato de Silvio Berlusconi como primer ministro, en el contexto de las repercusiones del escándalo de ‘Manos Limpias’. Si bien la reforma fue aprobada parlamentariamente, la falta de mayoría cualificada forzó su paso a una consulta popular para determinar su entrada en vigor.

Meloni, en su mensaje oficial citado por Europa Press, lamentó la ocasión perdida de modernizar el país en términos judiciales, aunque reiteró su respeto al veredicto ciudadano: “Queda claramente el pesar por una oportunidad perdida de modernizar Italia, pero esto no cambia nuestro compromiso para continuar, con seriedad y determinación, trabajando por el bien de la nación y para honrar el mandato que se nos ha encomendado”. La situación deja un escenario político en el que la líder del Ejecutivo reafirma su disposición a seguir gobernando y ejecutando su programa, pese al revés en una de sus principales propuestas de reforma institucional.

La separación propuesta entre jueces y fiscales y la conformación de consejos superiores autónomos pretendían, según la versión promovida por el Gobierno y consignada por Europa Press, poner fin al “faccionalismo” en el seno del Consejo Superior de la Judicatura, organismo compuesto por 33 miembros, de los cuales 20 los eligen los propios magistrados y 10 el Parlamento. El método del sorteo para seleccionar algunos representantes fue uno de los elementos más discutidos, con argumentos de sus críticos sobre la posible pérdida de legitimidad democrática y la apertura a influencias políticas de los cargos designados por vía parlamentaria, en contraste con los elegidos por los profesionales del sector.

Según detalló el medio Europa Press, la consulta no exigía mayoría mínima de participación para ser válida y deja abierta la discusión sobre el futuro inmediato de los planes de reforma judicial en Italia, en un contexto donde la polarización política y las sospechas de intenciones partidistas han marcado el debate sobre la independencia de jueces y fiscales y sobre el diseño institucional de la justicia italiana.

Las críticas hacia el sorteo para la selección de algunos miembros del Consejo Superior de la Judicatura ocuparon un lugar central en el análisis del resultado de la consulta popular, principalmente porque detractores del Gobierno señalaron que este mecanismo podría comprometer la legitimidad y neutralidad de dicho órgano. Según informó el Ministerio del Interior italiano, el cierre de los centros de votación el lunes a las 15:00 horas (hora local) marcó el fin del referéndum en el que se preguntó a la ciudadanía si apoyaba la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo de la primera ministra Giorgia Meloni. Los datos preliminares reflejan una amplia respuesta en contra: el 54,54% de los electores optó por el rechazo de la propuesta gubernamental, frente a un 45,69% que votó a favor, con una participación del 58,51% durante los dos días habilitados para la consulta, informó el medio.

Tal como publicó el Ministerio del Interior y difundieron diversos medios italianos, la votación giró en torno a una iniciativa para modificar varios artículos fundamentales de la Constitución —específicamente los artículos 87, 102, 104, 105, 106, 107 y 110— en relación a la estructura y funcionamiento del sistema judicial. La reforma contemplaba, entre otras medidas, la creación de consejos superiores de la judicatura separados para jueces y fiscales, con funcionamiento autónomo, y un nuevo consejo disciplinario común para magistrados, con el propósito de abordar problemáticas históricas como el “faccionalismo”.

El medio detalló que uno de los focos más controvertidos resultó ser el sorteo parcial de miembros del Consejo Superior de la Judicatura, composición que incluye 33 integrantes: 20 elegidos por los propios magistrados y 10 designados por el Parlamento. De acuerdo con el planteamiento gubernamental, el sorteo buscaría garantizar la neutralidad de los seleccionados, alejando la elección de posibles intereses corporativos o alianzas internas. Sin embargo, sectores opositores expresaron preocupación porque esta metodología sustituiría la representatividad tradicional sin asegurar verdadera imparcialidad, propiciando una disparidad significativa entre los consejeros elegidos por vías políticas y los provenientes del cuerpo judicial, quienes, según argumentaron, quedarían expuestos a influencias externas.

La reforma también proponía la separación definitiva de las carreras de jueces y fiscales. Bajo el modelo actual, la posibilidad de pasar de un puesto a otro está limitada a una ocasión y solo durante los primeros diez años de carrera, condicionada además a un cambio de distrito judicial o región. Según consignó el medio, la oposición sostiene que el sistema vigente ya prevé mecanismos efectivos para preservar la imparcialidad y que la propuesta de cambio responde a un problema inexistente en la práctica.

Distintas voces expresaron que convertir a los fiscales en un órgano autónomo, dotado de su propio consejo superior, podría modificar de manera relevante la relación entre jueces y fiscales, tradicionalmente caracterizada por una cultura profesional compartida. Esto, a juicio de los críticos recogidos por el medio, podría desencadenar una asimilación de los fiscales a figuras policiales orientadas únicamente a la obtención de condenas y detenciones, alejándose del enfoque judicial equilibrado.

Entre otros argumentos, la oposición señaló que la reforma incrementaría la burocracia y los costes administrativos del sistema judicial, al transferir funciones que hoy desempeña un solo organismo a tres entidades distintas. Según publicó el medio, esta fragmentación se consideró incapaz de resolver las actuales ineficiencias, y al contrario, introduciría nuevas dificultades operativas.

Quienes rechazan la iniciativa también pusieron en duda la pertinencia del referéndum como instrumento, ya que la separación de las carreras judiciales podría haberse acometido vía ley ordinaria, sin necesidad de reforma constitucional y consulta popular. Según reportó el medio, la consulta fue un referéndum confirmatorio, modalidad que no exige cumplir con un mínimo de participación para dar validez al resultado.

En el trasfondo de la votación se encuentra la génesis parlamentaria de la reforma. El texto de la iniciativa, promovido originalmente por Silvio Berlusconi durante su mandato al frente del Gobierno tras el caso ‘Manos Limpias’, ya había recibido el visto bueno de las cámaras en octubre de 2025. No obstante, al tratarse de una reforma constitucional y no haberse alcanzado en su momento la mayoría cualificada de dos tercios, la legislación requería ser ratificada por la ciudadanía mediante consulta popular, tal como marca la Carta Magna italiana.

El debate sobre el futuro del poder judicial en Italia ha exhibido profundas divisiones. De acuerdo con el medio, defensores de la reforma argumentaron la necesidad de limitar la cultura de facciones en el aparato judicial e incrementar la transparencia y la autonomía. Por su parte, opositores advierten que los ajustes propuestos podrían traducirse en mayor politización, vulnerar garantías de imparcialidad y acentuar los riesgos asociados a la fragmentación institucional. La votación, dada la alta participación y el resultado claro, deja abierto el interrogante sobre los próximos pasos del Gobierno respecto a posibles ajustes o nuevas propuestas para la administración de justicia en el país.

La primera ministra conservadora de Italia, Giorgia Meloni, enfrenta una prueba política crucial en un referéndum de dos días sobre la reforma judicial que comienza el domingo, una votación que se ha convertido en un juicio más amplio sobre su liderazgo dentro y fuera del país.

Presentada originalmente como una revisión técnica del sistema de justicia, la reforma ha agudizado las divisiones políticas y ha unificado a la oposición de centroizquierda, convirtiendo el referéndum en un pulso simbólico sobre la fortaleza de Meloni a un año de las elecciones nacionales.

Encuestas recientes muestran que la contienda sigue demasiado reñida como para hacer pronósticos, con el bando del “No” ganando impulso en la recta final en un clima polarizado en el que la participación podría resultar decisiva.

Lorenzo Pregliasco, analista político y experto en encuestas de YouTrend, señaló que un rechazo de la reforma podría tener un peso político significativo.

“Una posible victoria del ‘No’ enviaría una señal política, debilitando el aura de invencibilidad de Meloni, al tiempo que empujaría a la oposición de centroizquierda a decir que ya existe una alternativa en el país”, dijo Pregliasco a The Associated Press.

Meloni sube la apuesta

Meloni evitó al principio vincular demasiado su imagen al referéndum, recelosa del peligro de que una derrota pudiera debilitarla dentro del país y en el exterior.

Actualmente encabeza el gobierno más estable de Italia en años, tras ganar credibilidad entre sus aliados europeos como una líder carismática. Una victoria en el referéndum reforzaría aún más su permanencia en el poder en el plano interno, junto con su posición internacional.

Por eso, a medida que se acercaba la votación y las encuestas se estrechaban, la primera ministra italiana cambió de estrategia y abrazó por completa la campaña del “Sí”.

Meloni ha endurecido su retórica, acusando a sectores de la judicatura de obstaculizar el trabajo del gobierno en materia de migración y seguridad, y advirtiendo que no aprobar la reforma fortalecería “facciones” judiciales sin rendición de cuentas y pondría en peligro la seguridad de los ciudadanos.

“Si la reforma no sale adelante esta vez, probablemente no tendremos otra oportunidad”, afirmó la mandataria en un acto de campaña la semana pasada. Nos encontraremos con facciones aún más poderosas, jueces aún más negligentes, sentencias aún más surrealistas, inmigrantes, violadores, pedófilos, narcotraficantes siendo liberados y poniendo en riesgo su seguridad”.

Sus advertencias tajantes han suscitado duras críticas de magistrados y del centroizquierda, que sostienen que las reformas erosionarían la independencia judicial y socavarían las garantías constitucionales.

El “riesgo Trump”

Los analistas afirman que el referéndum también tiene implicaciones internacionales.

La alineación de larga data de Meloni con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes políticamente ventajosa, se ha vuelto cada vez más problemática a medida que su política exterior —en particular la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán— enfrenta un rechazo creciente entre los italianos.

“Meloni se enfrenta a lo que yo llamaría el ‘riesgo Trump’, que consiste en parecer demasiado subordinada al presidente de Estados Unidos, un líder político extremadamente impopular en Italia y en el resto de Europa y que genera mucha desconfianza, incluso entre los candidatos de centroderecha”, indicó Pregliasco.

Una derrota en el referéndum no obligaría a Meloni a dimitir —su mandato se extiende hasta 2027 y ella ha prometido completarlo repetidamente—, pero podría mermar su credibilidad dentro de la Unión Europea, donde se la considera un factor de estabilidad en un entorno a menudo políticamente volátil.

Un choque de larga data

El referéndum se centra en reformas largamente debatidas destinadas a remodelar la estructura del poder judicial italiano.

Una medida clave incluye separar las trayectorias profesionales de jueces y fiscales, impidiéndoles cambiar de función, algo que actualmente está permitido pero rara vez ocurre.

Otro cambio importante concierne al Consejo Superior de la Magistratura, que supervisa los nombramientos y los asuntos disciplinarios de los magistrados. La reforma propone dividirlo en tres cámaras separadas y modificar la forma en que se eligen sus miembros, sustituyendo las elecciones internas por selecciones por sorteo entre jueces y fiscales elegibles.

El choque entre los líderes de derecha de Italia y los magistrados ha marcado la política italiana, y estalló durante los gobiernos del fallecido líder conservador Silvio Berlusconi, quien fue uno de los defensores más firmes de la reforma judicial.

Los partidarios sostienen que los cambios modernizarán un sistema judicial notoriamente lento y reforzarán la rendición de cuentas. Pero los críticos, incluidos magistrados destacados, afirman que la reforma no aborda las prioridades reales y, al mismo tiempo, amenaza la independencia del poder judicial.

Nicola Gratteri, jefe fiscal de Nápoles y magistrado antimafia desde hace mucho tiempo, formuló una de las críticas más contundentes.

“No creo que este gobierno haya implementado las reformas necesarias para que los juicios funcionen de manera más eficaz”, declaró Gratteri a la AP. “En cambio, ha hecho prácticamente imposible combatir los delitos contra la administración pública y abordar los abusos de cuello blanco y la corrupción”.

Mientras los italianos se preparan para votar, el referéndum se erige como uno de los momentos definitorios del mandato de Meloni: una decisión que podría reconfigurar no solo el sistema de justicia, sino también la trayectoria de su gobierno, independientemente del resultado.

(con información de AP)

El 17 de marzo de 1992, los ciudadanos blancos de Sudáfrica acudieron masivamente a las urnas en un referéndum que marcaría un punto de inflexión en la historia del país.

La votación, vedada a la población negra, buscaba medir el nivel de respaldo ciudadano a las negociaciones iniciadas en 1989 para desarmar definitivamente el andamiaje del apartheid, el sistema segregacionista que consideraba a los negros ciudadanos de segunda categoría.

El presidente sudafricano Frederick Willem de Klerk, máximo dirigente del oficialista Partido Nacional, apostó todo su capital político al convocar la consulta, asumiendo un riesgo enorme para acallar a la derecha blanca opositora.

Para entender la dimensión del hecho, hay que remontarse al triunfo del Partido Nacional en 1948, cuando se institucionalizó el apartheid, palabra que en afrikáans significa “separación”. El Estado legalizó la supremacía blanca, negando a la población negra cualquier participación política, obligándola a vivir en áreas minúsculas y cercenando de cuajo sus oportunidades laborales y educativas.

Durante aquellos primeros años, el tablero geopolítico estaba dominado por la Guerra Fría. El presidente estadounidense Harry Truman priorizó frenar en seco la expansión soviética, haciendo la vista gorda ante el racismo sudafricano para resguardar a un aliado anticomunista.

Esa postura marcó la pauta para que Washington avalara en silencio los atropellos del régimen de Pretoria. A contramano de la impunidad internacional, la resistencia puertas adentro jamás aflojó. Ante la proliferación de boicots y protestas pacíficas constantes, el Estado dictó en 1960 la proscripción absoluta del Congreso Nacional Africano y del Congreso Panafricanista, metiendo presos a sus principales referentes.

Entre los detenidos por el régimen descolló la figura de Nelson Mandela, quien se transformó a la velocidad de la luz en el emblema mundial del repudio a la opresión. Mientras Mandela acumulaba años tras las rejas, otros dirigentes montaron sedes operativas en naciones vecinas, como Guinea, Tanzania, Zambia y Mozambique, coordinando los esfuerzos para voltear al régimen.

El escándalo global estalló tras la masacre de Sharpeville en 1960, donde la policía sudafricana fusiló a manifestantes negros desarmados, dejando 69 muertos y 186 heridos.

Aunque Naciones Unidas intentó aplicar castigos severos, miembros de peso del Consejo de Seguridad, como Estados Unidos y el Reino Unido, diluyeron las iniciativas por temor a perder socios estratégicos. Recién en los años 70, la presión de los movimientos sociales estadounidenses forzó a sus dirigentes a imponer embargos sobre Pretoria.

El Congreso de Estados Unidos asestó un golpe letal al aprobar la Ley Integral contra el Apartheid en 1986, espantando a enormes multinacionales del territorio sudafricano.

Para finales de la década, la economía sudafricana estaba en rojo, ahorcada por las restricciones comerciales y el costo altísimo de sostener la ocupación militar ilegal en Namibia. Los funcionarios sudafricanos argumentaban que su accionar bélico servía de contención contra el comunismo de Angola, pero el final de la Guerra Fría y el acuerdo multilateral firmado en 1988 dejaron ese argumento completamente obsoleto, arrebatando a Pretoria todo el apoyo de Washington.

Esa tormenta perfecta de embargos y presiones forzó en 1989 la caída del primer ministro P. W. Botha, quien debió dar un paso al costado luego de que el propio Partido Nacional le soltara la mano por carecer de muñeca para pacificar el país.

Su sucesor en el sillón presidencial, F. W. de Klerk, pateó el tablero de entrada. En el mes de febrero de 1990, blanqueó el escenario anunciando el levantamiento de las proscripciones políticas, el retorno de la libertad de prensa y la apertura de las celdas para todos los presos.

El mundo entero quedó atónito al ver a Nelson Mandela caminar en total libertad a partir del 11 de febrero de aquel año, luego de purgar nada menos que 27 años ininterrumpidos de detención.

Con la dirigencia opositora libre de ataduras, se armaron de inmediato las mesas de negociación formal. En diciembre de 1991, durante la segunda tanda de diálogos bautizada como CODESA II, el gobierno exigió que cualquier diseño institucional a futuro estuviera cimentado en un esquema obligatorio de poder compartido. El Partido Nacional se atrincheró duramente en esa demanda porque los sondeos mostraban cómo crecía a pasos agigantados el Partido Conservador.

Ese espacio, que agrupaba a la derecha más dura y racista, había nacido en marzo de 1982 por obra y gracia de varios disidentes del propio oficialismo que repudiaban todo acercamiento con la oposición negra. Los conservadores sacaban inmenso provecho electoral metiendo miedo, repitiendo hasta el cansancio que un país gobernado por la mayoría africana traería la ruina absoluta para los blancos.

Las alertas sonaron de forma estrepitosa en los despachos gubernamentales tras perder dos bancas legislativas a manos de los conservadores durante las elecciones de 1991. La humillación final llegó en febrero de 1992, en la votación para cubrir una banca vacante en la ciudad de Potchefstroom. Pese a que De Klerk viajó al distrito para ponerle el pecho a la campaña oficialista, el candidato conservador Andries Beyers arrasó con 9.746 votos, dejando muy atrás a Theuns Kriel, que juntó 7.606 apoyos. Al hilvanar tres victorias consecutivas, Beyers se agrandó y le exigió a De Klerk la renuncia inmediata.

Como respuesta fulminante, el 21 de febrero el presidente rompió la lógica y convocó al plebiscito, poniendo su propio cargo sobre la mesa si resultaba derrotado. La pregunta exacta que imprimieron en las boletas fue: “¿Apoya usted la continuación del proceso de reforma que el presidente del Estado inició el 2 de febrero de 1990 y que tiene como objetivo una nueva constitución a través de la negociación?”.

La previa a la votación desató una campaña extremadamente salvaje. El líder conservador Andries Treurnicht, apodado “El Doctor No”, se alió sin pestañear con agrupaciones extremistas como el Movimiento de Resistencia Afrikáner de Eugene Terre’Blanche para militar fuerte por el rechazo.

Llamativamente, algunos dirigentes de la comunidad negra, como el obispo Isaac Mokoena, también salieron a respladar a los conservadores alegando que pactar con el Congreso Nacional Africano equivalía a regalarle el país al comunismo.

En la vereda de enfrente, Mandela exhibió una cintura política superlativa y convenció a sus propias bases de apoyar con uñas y dientes el voto por el “Sí”, entendiendo que una derrota en las urnas dejaría el país a merced del extremismo radical de derecha. A modo de garantía absoluta, Mandela prometió que ningún empleado público blanco perdería su puesto de trabajo o sus jubilaciones en un futuro gobierno.

El poder económico y diplomático internacional desembarcó de lleno en el barro de la campaña. Empresas gigantescas como First National Bank, Shell y Anglo-American abrieron la billetera, conformaron un fondo millonario y publicaron avisos durísimos en los diarios recordando que un triunfo del “No” espantaría todo el capital inversor en horas y destruiría la economía nacional.

Desde el exterior llovieron advertencias fenomenales: ex funcionarios estadounidenses aseguraron que aplicarían castigos feroces si ganaba la ultra derecha, Japón amenazó con cortar todo tipo de comercio, y Australia avisó que boicotearía al seleccionado de rugby sudafricano. Además, el Parlamento Europeo dejó asentado formalmente que una victoria del “Sí” en las urnas era la única llave válida para acelerar el levantamiento definitivo de los embargos de armamento militar. El Partido Demócrata de Zach de Beer sumó músculo alertando que los conservadores dividirían territorialmente al país.

Finalmente llegó el 17 de marzo. Ese día el presentismo marcó un récord fabuloso del 86 por ciento del padrón habilitado. Los resultados superaron cualquier expectativa: el “Sí” logró 1.924.186 votos, una cifra equivalente al 68,6 por ciento del total, vapuleando sin atenuantes a los conservadores, que se estancaron en la magra cantidad de 875.619 sufragios.

De las 15 regiones en las que se dividía el país en 14 eligieron seguir adelante con las mesas de negociaciones. La boleta del rechazo apenas logró imponerse en el histórico bastión derechista de Pietersburg. En contraposición, el apoyo a las reformas fue monumental en centros urbanos clave: en Pretoria, corazón del movimiento afrikáner, sacaron el 57 por ciento; en Bloemfontein lograron el 58,5 por ciento; y en Ciudad del Cabo consiguieron un impactante 85 por ciento. Los relevamientos estimaron que un 62 por ciento de los afrikáners y un contundente 79 por ciento de los ciudadanos angloparlantes se volcaron a favor del gobierno.

Semejante triunfo electoral generó repercusiones instantáneas que sacudieron la estructura del poder. En pleno festejo por su cumpleaños número 56, un exultante De Klerk se paró frente a la multitud en Ciudad del Cabo y aseguró que con esa elección se clausuraba de una buena vez por todas el sistema del apartheid, sentando las bases de una nación renovada.

El líder conservador Treurnicht acusó recibo del tremendo mazazo, adjudicando su derrota a la histeria brutal que habían fogoneado los empresarios sobre la posibilidad de desatar sanciones feroces y un desempleo inmanejable, pero reafirmó que bajo ningún punto de vista se sentaría en las mesas de diálogo constitucional porque sus exigencias de autodeterminación territorial seguían totalmente ignoradas por el Ejecutivo.

Analizando el nuevo panorama, Nelson Mandela declaró que los aplastantes números significaban un mandato indiscutible para instalar un gobierno interino de manera que allanara el arribo de una asamblea constituyente.

Dejó en claro que para terminar con el apartheid habría que construir casas, montar hospitales y asegurar jubilaciones dignas para la población más postergada, pero reconoció con mucho optimismo que la votación demostraba la enorme disposición de la ciudadanía blanca para resolver esos conflictos crónicos.

En el ámbito internacional, autoridades de primerísimo nivel del gobierno británico y de los Países Bajos celebraron el resultado como una excelente noticia que salvaba a Sudáfrica de retroceder hacia un desastre civil. Acto seguido, Estados Unidos anuló sus castigos comerciales de un plumazo y las corporaciones extranjeras retornaron con fuertes inversiones al territorio sudafricano.

Aquella votación de 1992 significó la puntada final para el andamiaje racista y pavimentó de forma irreversible el camino constitucional que derivó, en el mes de abril de 1994, en la elección por voto popular de Nelson Mandela como el primer presidente negro de Sudáfrica.

El concejal Norman MacLeod, representante de Glasgow, afirmó ante los delegados del Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés) que Escocia enfrenta el reto de redefinir su relación con el resto del Reino Unido, asegurando que la independencia no representaría una carga económica para Londres, sino todo lo contrario. El congreso del SNP, celebrado en Edimburgo, aprobó de forma unánime una moción que insta al Gobierno británico a iniciar los preparativos para la separación ante la posibilidad de una Escocia independiente. Según informó la agencia Europa Press, la propuesta recalca la relevancia de los recursos energéticos y económicos aportados por Escocia y plantea la necesidad de autonomía frente a la actual política de subsidios.

La moción aprobada sugiere que el Reino Unido debe organizarse cuanto antes para adaptarse a una eventual independencia escocesa que implique el fin de los subsidios provenientes del norte. De acuerdo con Europa Press, la iniciativa, impulsada por la sección de Glasgow Sur y presentada por MacLeod, refutó la percepción, frecuente en el discurso político británico, de que Escocia depende de las transferencias de Londres. MacLeod subrayó las contribuciones de Escocia en términos de petróleo, gas y energías renovables, así como el aporte fiscal, y sostuvo que “el único problema de Escocia es lo ricos que seremos cuando seamos independientes”. El concejal hizo un llamado a terminar con lo que calificó como “una relación de abusos”, asegurando que los ingleses deberán acostumbrarse a gestionar sus propios recursos sin los aportes escoceses.

Europa Press también recogió la intervención de Alex Orr, quien apoyó la moción alegando que resulta esencial que el Gobierno británico anticipe las consecuencias de una posible ruptura. A modo de paralelo con situaciones empresariales, Orr indicó que “cuando una empresa pierde a un socio importante, se diversifica”. Añadió que el Reino Unido debe prepararse para una Escocia con políticas propias en materia exterior y migratoria, así como ajustar los mecanismos aduaneros y de seguridad social ante la eventual separación institucional.

La resolución llega en un contexto donde la cuestión independentista escocesa permanece presente años después del referéndum celebrado el 18 de septiembre de 2014, en el que el 55 por ciento de los votantes optó por la permanencia en el Reino Unido y el 45 por ciento apoyó la secesión. Según publicó Europa Press, uno de los principales argumentos utilizados entonces en contra de la independencia fue la posibilidad de quedar fuera de la Unión Europea. Tras el referéndum del Brexit en 2016, el Reino Unido abandonó la UE a pesar de que Escocia había apoyado de forma mayoritaria la permanencia en el bloque comunitario, reavivando el debate sobre la autodeterminación.

En el último sondeo sobre intención de voto, difundido el 18 de febrero, el apoyo a la independencia ascendía al 46 por ciento, mientras que la opción de continuar en el Reino Unido contaba con un 54 por ciento. Esta fluctuación en las encuestas demuestra el carácter dinámico del debate sobre la independencia, aunque la administración central de Londres ha mantenido su negativa a autorizar un nuevo referéndum al considerar que la consulta de 2014 resulta reciente.

Según detalló Europa Press, desde la votación del Brexit el SNP ha promovido reiteradamente la celebración de un segundo referéndum, alegando que las circunstancias han cambiado desde 2014, pero el Ejecutivo británico ha vetado cualquier consulta al respecto. Actualmente el SNP gobierna Escocia en situación de minoría y sus demandas de más competencias y de un nuevo proceso consultivo han marcado la agenda política local.

La moción refrendada destaca también la necesidad de diseñar nuevas bases para las estructuras de cooperación actuales en áreas como aduanas, mercado laboral y pensiones, anticipando que una hipotética ruptura modificaría aspectos fundamentales de la vida económica y social entre Escocia y el resto de Reino Unido. De acuerdo con Europa Press, el debate dentro del SNP gira en torno a cómo plantear el proceso de transición y cómo negociar los términos del futuro acuerdo de separación, especialmente en cuanto a la gestión de recursos y la distribución de responsabilidades fiscales.

El congreso celebrado en Edimburgo pone de manifiesto la continuidad de las aspiraciones independentistas en sectores relevantes del electorado y la dirigencia política escocesa. La resolución aprobada por unanimidad añade presión a Westminster para que considere el escenario de una Escocia fuera del Reino Unido e introduce en la agenda pública la discusión sobre los beneficios y desafíos económicos asociados al cambio de estatus. Según consignó Europa Press, la posición del SNP refleja una visión de futuro en la que los recursos energéticos y la autonomía fiscal ocupan un lugar central en la estrategia independentista.

Las declaraciones de la ministra de Exteriores Thorgerdur Katrin al medio Político remarcaron que las actuales relaciones institucionales entre Islandia y el bloque europeo facilitarían una rápida integración de la nación nórdica en la Unión Europea si los votantes acuerdan en referéndum reiniciar el proceso de adhesión. Según publicó Político, la titular de la diplomacia islandesa calculó que el proceso completo podría concretarse en solo un año y medio, respaldando la viabilidad de un calendario acelerado gracias a la posición que ya mantiene Islandia en el espacio Schengen y como miembro del Área Económica Europea.

De acuerdo con el mismo medio, Katrin afirmó que la pronta reactivación de las negociaciones resultaría ventajosa tanto para Islandia como para la Unión Europea, destacando que ambas partes obtendrían beneficios inmediatos si iniciaran el diálogo "ahora, no dentro de dos años o cuando sea, sino ahora". La ministra, representante del Partido Liberal Reformista, expuso que la estructura institucional compartida con la UE elimina varias de las barreras que suelen complicar este tipo de procesos y pronosticó conversaciones "bastante rápidas" en caso de que la consulta popular brinde su apoyo.

El Gobierno de Islandia, dirigido por una coalición de centro izquierda, ya convocó para el 29 de agosto el referéndum en el que la población decidirá si el país debe reanudar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. El medio Político detalló que Islandia solicitó formalmente unirse al bloque europeo en 2009 durante la crisis financiera, pero las conversaciones se suspendieron cuatro años después, en 2013, sin que se alcanzara un acuerdo final.

La posible integración de Islandia transformaría a ese país en el 28º Estado miembro del bloque, en un contexto donde una decena de países europeos, especialmente de los Balcanes y del este, se hallan en fases distintas de sus propios procesos de adhesión. Político consignó que Ucrania se muestra como el candidato que más urge a Bruselas por un calendario definido de adhesión, aspirando a que la integración se materialice en 2027.

Las autoridades islandesas consideran que, a diferencia de otros aspirantes, la nación ya cumple con la mayoría de los requisitos estructurales gracias a su estatus actual en mecanismos europeos. Según reiteró Político, la ministra Thorgerdur Katrin enfatizó el interés gubernamental en no postergar la apertura de negociaciones, asegurando que la alineación actual facilitaría un proceso ágil si existe voluntad política tras la consulta de agosto.

En el panorama general, Político señaló que el resultado del referéndum marcará el rumbo de la política exterior de Islandia respecto a la UE, abriendo escenarios para una integración acelerada si el voto favorece la reanudación del diálogo. Tanto el Gobierno islandés como responsables europeos siguen de cerca la evolución del debate público en la isla, considerando las implicancias que una membresía adicional podría tener en la dinámica del bloque.

El reciente rechazo de España a permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón para la ofensiva estadounidense en Irán, así como la negativa del país a incrementar el gasto en defensa al 5% del PIB, han vuelto a colocar a la nación ibérica en el centro del debate internacional sobre su papel en la Alianza Atlántica. Según consignó el medio, estas posturas han generado tensiones palpables entre el Gobierno español y la administración de Estados Unidos, encabezada por Donald Trump, quien cuestionó abiertamente la posición española argumentando: “Es un país perdedor. No juegan en equipo y no voy a jugar con ellos”.

De acuerdo con la información publicada, este jueves se cumplen cuatro décadas desde que la ciudadanía española avaló en referéndum su permanencia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El plebiscito, celebrado el 12 de marzo de 1986, arrojó un 52,5% de votos a favor, un 39,9% en contra y una abstención del 6,5% sobre una participación que alcanzó aproximadamente el 60%. El resultado supuso la integración plena de España en el esquema occidental de seguridad, aunque la decisión nunca dejó de generar controversias internas y discusiones sobre las implicancias de la alianza.

El medio detalló que el proceso de integración de España en la OTAN se inició poco después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Fue el presidente Leopoldo Calvo Sotelo quien, en su discurso de investidura del 25 de febrero, sentó las bases para solicitar el ingreso. Posteriormente, el 2 de diciembre, el Gobierno manifestó de manera oficial la intención de adhesión, y el 30 de mayo de 1982 España se convirtió en el miembro número dieciséis de la organización, en contraste con los treinta y dos miembros actuales.

La postura ante la OTAN se convirtió en tema central de la agenda política y electoral de los años ochenta. Según publicó la fuente, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por Felipe González, llegó al poder tras los comicios de octubre de 1982 con la consigna “OTAN, de entrada no”. Sin embargo, una vez en el Gobierno, González modificó su postura inicial y puso a consideración de la ciudadanía tanto la continuidad en la organización como el respaldo a su propio liderazgo. Esta evolución no fue compartida por todos, lo que se reflejó en la renuncia del ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, quien manifestó su desacuerdo con el cambio de rumbo.

Expertos citados por el medio analizan que el contexto internacional jugó un papel determinante en el viraje del Ejecutivo. El politólogo Fernando Vallespín sostiene que González “no tenía más remedio si quería formar parte de la Comunidad Económica Europea”, una integración que se materializó el 1 de enero de 1986 y que se consideraba ligada a la pertenencia a la OTAN como condición de seguridad colectiva. La historiadora Giulia Quaggio, especialista en la Europa posterior a 1945, afirma que en aquel entonces se defendía que la membresía en la alianza atlántica resultaba imprescindible para ingresar en la CEE.

El texto sometido a consulta en el referéndum de 1986 contenía tres condiciones “cuidadosamente seleccionadas” por el Gobierno socialista, que, según Quaggio, temía el rechazo social. Así, la permanencia española en la OTAN quedó supeditada a estas cláusulas orientadas a salvaguardar los intereses nacionales: la no incorporación a la estructura militar integrada de la Alianza, la prohibición de instalar o almacenar armas nucleares en territorio español y la reducción progresiva de la presencia militar estadounidense.

Según informó la fuente original, la primera de dichas condiciones —mantenerse fuera de la estructura militar integrada— fue revertida el 1 de enero de 1999, durante la presidencia de José María Aznar, tras intensas negociaciones. La caída del Muro de Berlín y la disolución de los antiguos bloques fueron determinantes en esa decisión. El ascenso de Javier Solana como primer secretario general español de la OTAN, entre 1995 y 1999, consolidó la posición de España dentro de la organización.

Con respecto a la segunda condición, la política de desnuclearización data del convenio con Estados Unidos en 1979, conocido como el Tratado de Amistad y Cooperación Hispano-Norteamericano, aunque España no ratificó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares hasta 1987. Sobre la reducción de la presencia militar estadounidense, el medio precisa que de las cuatro bases pactadas en los acuerdos de 1953 (Rota, Morón, Zaragoza y Torrejón), solo Rota y Morón continúan operando en la actualidad bajo control compartido hispano-norteamericano. La base de Zaragoza fue abandonada en 1992 y la de Torrejón dejó de ser empleada por personal estadounidense en 2004.

En el referéndum se preguntó a más de dieciséis millones de ciudadanos si “consideran conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación”. Más de nueve millones votaron afirmativamente, mientras que más de seis millones ochocientos mil se manifestaron en contra.

El aniversario del referéndum ha reactivado polémicas en torno al significado actual de la OTAN y a la posición de España en el orden internacional. Eduardo Bayón, analista político citado por la fuente, sostiene que la situación mundial de 1986, dominada por la Guerra Fría, poco tiene que ver con la coyuntura contemporánea. Tanto Bayón como Vallespín coinciden en señalar que los contextos de 1982, 1986 y 1999 difieren profundamente debido a la evolución del panorama geopolítico y la transformación de la propia Alianza Atlántica.

Según publicó el medio, hechos como la participación española en la Guerra de Irak, tras la denominada Cumbre de las Azores en 2003, y declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron calificando a la OTAN de “muerte cerebral” en 2019, ilustran la controversia existente sobre la función y la viabilidad del tratado colectivo de defensa. Para Vallespín, la Alianza necesitó redefinir su propósito tras el cambio de siglo, mientras que la presidencia de Donald Trump introdujo riesgos de fragmentación y cuestionamientos sobre el liderazgo de los Estados Unidos.

El medio informó que la reciente negativa del Ejecutivo español a que las bases de Rota y Morón se empleen en ataques estadounidenses contra Irán ha sido interpretada por Vallespín como una decisión plenamente respaldada por el Derecho Internacional. A la vez, la amenaza de represalias comerciales de parte del gobierno estadounidense genera dudas sobre la factibilidad de acciones a corto plazo, dado que la base de Rota se considera estratégica e insustituible, y trasladarla supondría costos significativos, según el análisis de Vallespín.

La trascendencia internacional de la consulta española de 1986 también ocupó la atención de estados aliados y adversarios. Según declaró Giulia Quaggio al medio, el referéndum situó a España en el centro de la escena internacional, ya que Washington privilegiaba el control de las bases militares en territorio español, mientras que otras potencias de la órbita occidental, como la República Federal de Alemania, observaban el resultado con gran interés. Además, la Unión Soviética aprovechó la ocasión para alentar movimientos pacifistas en Europa, contexto en el que se registraron marcadas protestas y manifestaciones en diversas ciudades españolas, aunque no resulta posible determinar hasta qué punto influyó realmente la actividad soviética en el posicionamiento ciudadano.

Cuatro décadas después de aquella histórica jornada, España continúa debatiendo los límites y condiciones de su relación dentro de la OTAN, en un escenario internacional alterado por nuevas tensiones, recelos en materia de defensa y la necesidad de redefinir los compromisos de seguridad colectiva.

La cooperación de Islandia con la Unión Europea abarca diversos ámbitos, incluyendo su pertenencia al espacio Schengen, el Área Económica Europea y la Asociación de Libre Comercio Europea, además de su papel como miembro fundador de la OTAN desde 1949. En este contexto, el Gobierno islandés ha anunciado la convocatoria de un referéndum para decidir si se retoman las negociaciones de adhesión a la UE, un proceso que la isla abandonó en 2013 tras mantener conversaciones durante cuatro años. Según informó la Comisión Europea este viernes, la decisión anunciada por Reikiavik representa un momento relevante en la relación bilateral, al reabrirse la posibilidad de un diálogo renovado sobre la integración de Islandia al club comunitario.

De acuerdo con declaraciones recogidas por la Comisión Europea, Markus Lammert, portavoz comunitario de Justicia y Estado de derecho, expresó que desde Bruselas celebran el anuncio realizado por las autoridades islandesas de convocar una consulta popular sobre la reanudación del proceso de adhesión. "Acogemos con satisfacción el anuncio de las autoridades islandesas sobre el plan de celebrar un referéndum sobre la posible reanudación de las negociaciones de adhesión entre Islandia y la Unión Europea. Islandia es un socio cercano y valorado de la UE", precisó Lammert en una rueda de prensa.

El medio detalla que la Comisión Europea ha considerado sólida y de gran alcance la actual cooperación con Islandia, indicando que la expectativa es continuar y fortalecer esos vínculos en el corto plazo, mientras la atención permanece puesta en la decisión que adopte la población islandesa en su votación. El Gobierno de Islandia ha programado el referéndum para el 29 de agosto, fecha en la que los ciudadanos deberán decidir acerca de la posible reapertura de conversaciones de adhesión a la Unión.

La relación entre Islandia y la Unión Europea se caracteriza por la vinculación a través de distintos acuerdos multilaterales. Tanto el espacio sin fronteras Schengen como el Área Económica Europea permiten a Islandia integrarse en el mercado único y facilitar la movilidad de personas y mercancías, aun sin ser miembro pleno de la UE. Además, Islandia figura entre los países fundadores de la OTAN, compromiso que mantiene desde 1949, según consignó el medio.

Tras el abandono de las negociaciones de ingreso en 2013, que sucedió luego de cuatro años de diálogo, el Gobierno islandés no había mostrado signos claros de retomar el acercamiento al bloque comunitario hasta este nuevo anuncio, reseñó la Comisión Europea. La iniciativa del referéndum surge bajo el liderazgo de la primera ministra Kristrún Frostadóttir, quien formalizó la convocatoria para el próximo agosto, con el objetivo de que la población decida si se deben abrir tratativas formales para regresar a la senda de la adhesión comunitaria.

La reacción positiva desde Bruselas está en consonancia con la visión estratégica de la UE de mantener la puerta abierta a nuevos socios que cumplan con los criterios de integración y aporten estabilidad a la región. Según publicó la Comisión Europea, el desarrollo de esta consulta ciudadana es observado con interés por parte de los Estados miembros, dado el antecedente de la colaboración estrecha entre Islandia y el bloque en materia política, económica y de seguridad.

Por su parte, el Ejecutivo comunitario reiteró que, cualquiera que sea el resultado del referéndum, mantiene su intención de trabajar junto a Islandia para fortalecer los lazos actuales, ampliando la cooperación en las distintas áreas en las que existe interés común, de acuerdo con lo manifestado en la última rueda de prensa oficial. La expectativa se centra en conocer la decisión de los ciudadanos islandeses en una fecha que, según las autoridades locales, marcará un punto de inflexión en la relación futura con la Unión Europea.

Según detalló Europa Press, Ángel Alda, portavoz de Vox en La Rioja, expuso que la iniciativa se orienta no solo a rechazar la ratificación provisional de Mercosur, sino también a instar al Ejecutivo autonómico para que presione al Gobierno central en la defensa de los intereses de los productores nacionales. Alda subrayó que la propuesta servirá para evidenciar la postura de otros partidos, en especial el Partido Popular, al expresar que “dice una cosa y luego hace la contraria”, refiriéndose a la posición de los populares respecto al acuerdo, ya que votaron a favor en Bruselas junto al Partido Socialista, mientras argumentan estar en contra dentro del territorio riojano.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el portavoz de Vox sostuvo que la entrada en vigor de Mercosur “podría traer consigo gravísimas consecuencias para el sector primario español y para nuestro campo”. Alda aseguró que los agricultores españoles se verían en desventaja ante productos sudamericanos, puesto que estos afrontan “requisitos fitosanitarios, ambientales y laborales mucho más laxos”, lo que en su opinión fomenta una competencia desigual para el sector agrícola nacional.

Europa Press reportó que, aunque Vox y el grupo Patriots han conseguido trasladar el acuerdo de Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que evalúe su legalidad, la Comisión Europea mantiene la posibilidad de poner en marcha su aplicación provisional si al menos uno de los países integrantes de Mercosur está preparado para proceder con la implementación. Según lo indicado por el portavoz de Vox, correspondería al Tribunal europeo la facultad de suspender esa aplicación provisional si así lo solicita algún estado miembro de la Unión Europea.

En la moción registrada, Vox pide que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno regional, presidido por Gonzalo Capellán, a pedir al Gobierno central encabezado por Pedro Sánchez que rechace toda disposición de Mercosur que resulte perjudicial para los intereses de los productores españoles, así como que descarte cualquier proceso de aplicación provisional del acuerdo. Alda precisó que dentro de la propuesta también se reclama el impulso de una consulta popular a nivel nacional que permita a la ciudadanía pronunciarse al respecto.

La iniciativa divulgada por Europa Press se suma a otras expresiones políticas que cuestionan los efectos potenciales de los acuerdos comerciales internacionales sobre sectores productivos específicos. Las acciones impulsadas por Vox y Patriots en los tribunales europeos han provocado que la entrada en vigor del acuerdo se retrase hasta que el alto tribunal se pronuncie, pero el margen de maniobra sigue abierto debido a las posibilidades de actuación que conserva la Comisión Europea.

A lo largo de su intervención, Alda reiteró la preocupación por la competitividad del campo español, reiterando que las diferencias regulatorias entre la Unión Europea y los países de Mercosur podrían traducirse en desventajas para los productores de España. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, el portavoz de Vox insitió en que la consulta pública propuesta es “por su indudable trascendencia para nuestro sector primario, así como para el interés nacional.”

El debate sobre Mercosur abordado por Vox en el Parlamento de La Rioja marca un episodio más de la discusión sobre la protección de los sectores agrarios frente a acuerdos internacionales. Europa Press detalló que la capacidad del Tribunal de Justicia de la UE y de la Comisión Europea para acelerar o frenar la aplicación estatal provisional del tratado continúa siendo un aspecto central en el desarrollo del proceso.

Durante la conferencia de prensa posterior a la reunión de gabinete, la primera ministra de Islandia, Kristrún Frostadóttir, afirmó que la fortaleza económica actual del país ofrece un contexto muy distinto al que llevó a Islandia a plantear el ingreso a la Unión Europea tras el colapso financiero de 2008. Frostadóttir señaló que la nación está lista para definir si retoma o cierra definitivamente el proceso de integración, tema que ha marcado la agenda nacional durante más de diez años. Según informó el medio a partir del comunicado oficial del Gobierno, el próximo 29 de agosto la ciudadanía será llamada a votar en un referéndum en el que decidirá si la nación reabre las negociaciones de adhesión con la Unión Europea, tras una década de incertidumbre y debate político sobre el rumbo europeo de Islandia.

De acuerdo con la información publicada, el anuncio fue realizado este viernes en rueda de prensa por la primera ministra Frostadóttir y la ministra de Asuntos Exteriores, Thorgerdur Katrin, quienes confirmaron la intención del Ejecutivo de presentar una resolución parlamentaria. El objetivo es llevar adelante una consulta en la que los ciudadanos definan si consideran pertinente reanudar el diálogo formal con Bruselas, proceso que Islandia decidió suspender en 2013 tras iniciar las conversaciones de adhesión en 2009. El Ejecutivo subrayó que el debate sobre la relación con la Unión Europea “se cierne sobre la nación” desde hace más de una década y que corresponde a la población tomar una decisión definitiva al respecto.

Tal como consignó el medio, Frostadóttir explicó que el referéndum pretende cerrar el asunto “de una vez por todas” o bien dar pie a un análisis profundo que derive en una posición nacional consolidada. Recalcó que la consulta popular no solo abordará la posible reanudación de las negociaciones para ingresar al bloque europeo, sino también la posición de Islandia respecto a los eventuales acuerdos que puedan surgir como resultado del proceso negociador. Durante su intervención, la jefa del Gobierno dejó claro que considera que la actual situación económica y política del país ofrece una posición negociadora “buena”: “Islandia se ha fortalecido mucho, al igual que su posición negociadora”.

Por su parte, la ministra de Exteriores, Thorgerdur Katrin, indicó que el Ejecutivo respetará el resultado del referéndum cualquiera que sea, renunciando a defender una postura y limitándose a promover la participación ciudadana. Según detalló el mismo medio, la ministra enfatizó que la voluntad popular será determinante y se convertirá en la orientación adoptada por el Gobierno islandés para definir su relación con la Unión Europea.

La expectativa oficial es que, en caso de que el referéndum se decante por la reapertura del proceso, las negociaciones con la Unión Europea podrían reiniciarse antes de fin de año. El medio informó que este cálculo parte del compromiso del Gobierno de actuar con rapidez en función del mandato popular, avanzando hacia la integración europea si esa fuera la decisión de la mayoría del electorado.

Islandia había solicitado formalmente su ingreso a la Unión Europea en 2009, decisión motivada en gran parte por la crisis financiera de 2008, que provocó el colapso de las principales instituciones bancarias nacionales. Aquel contexto impulsó a las autoridades de entonces a buscar la estabilidad y seguridad económica que ofrecía la integración europea. Sin embargo, las conversaciones se detuvieron en 2013, tras varios años de debates internos y diferencias políticas respecto a los términos de la adhesión y la conveniencia de mantener la soberanía nacional sobre sectores estratégicos como la pesca.

El proceso de definición sobre la integración europea ha generado numerosas divisiones dentro de la sociedad islandesa y entre los distintos partidos políticos. De acuerdo con la información oficial publicada por el medio, la convocatoria a referéndum fue presentada por el Gobierno como un mecanismo para otorgar la máxima legitimidad al resultado final y superar definitivamente un debate que se ha prolongado durante más de una década.

La convocatoria incluirá no solo la pregunta sobre la reanudación de las negociaciones, sino la disposición de Islandia de vincular su posición nacional a los resultados concretos que puedan surgir en la mesa de diálogo con la Unión Europea. Además, el Gobierno insistió en que cualquier acuerdo que se alcance posteriormente también será sometido, si procede, a la consideración popular, con el propósito de garantizar que el rumbo del país corresponda siempre a la voluntad expresa de la ciudadanía.

La decisión de someter el tema a referéndum se produce en un escenario en el que Islandia fortalece su economía, a diferencia de la situación vivida a finales de la década anterior. Tal como recordó Frostadóttir, el Ejecutivo considera que el país tiene ahora una capacidad negociadora optimizada, lo que permitiría encarar el proceso bajo condiciones más ventajosas que en el pasado.

La próxima votación del 29 de agosto plantea la posibilidad de que Islandia se sume nuevamente al grupo de países que buscan integrar el bloque europeo, una cuestión que ha acompañado los últimos gobiernos islandeses sin resolución definitiva. El Gobierno reiteró que no influirá en el sentido del voto y se limitará a ejercer el papel de facilitador del proceso democrático, convocando a la mayor participación posible y asegurando la neutralidad durante la campaña previa al referéndum, según detalló la fuente original.

La consulta sobre la adhesión a la Unión Europea representa para Islandia un punto de inflexión en su política exterior y económica, cuya resolución dependerá exclusivamente de la expresión de la voluntad popular, tal como quedó reflejado en la comunicación y el anuncio realizado por las principales autoridades del país.

La reforma electoral propuesta en Virginia contempla que, tras su vigencia hasta el año 2030, los mecanismos para el rediseño de los distritos electorales regresarían a un sistema donde una comisión bipartidista tendría la responsabilidad principal sobre el delineamiento de los mapas. Con esta premisa, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, instó a los ciudadanos a participar en el referéndum previsto para el 21 de abril, al considerar que esa votación permitiría a los residentes de Virginia contrarrestar los cambios impulsados en otros estados con miras a los próximos comicios. La preocupación del exmandatario surge en un contexto de crecientes ajustes en la representación electoral en Estados Unidos que, según su visión, ponen en riesgo la equidad de los procesos democráticos.

Según detalló el medio original, Obama denunció en un mensaje publicado en sus redes sociales que, “durante el último año, varios estados controlados por los republicanos han dado el paso sin precedentes de volver a trazar sus mapas a mitad de mandato”. El exmandatario atribuyó estos cambios a una motivación política dirigida a “darse una ventaja injusta en las elecciones de medio mandato de este otoño”, y sostuvo que esas modificaciones amenazan el carácter “libre” de los comicios en Estados Unidos. A través de esta declaración, Obama vinculó su apoyo a la consulta popular promovida en Virginia como una vía para reforzar el valor del voto y mitigar las consecuencias de las acciones adoptadas por otras legislaturas estatales.

El medio informó que el exmandatario definió el referéndum en Virginia como una oportunidad para mantener equilibrados los métodos que determinan la representatividad electoral. En palabras de Obama, “esta enmienda les da el poder de igualar las condiciones en las elecciones de medio mandato”. Así, relacionó la revisión de los mapas distritales no sólo con la distribución de la representación legislativa local, sino también con el impacto potencial en la composición del Congreso federal.

De acuerdo con la cobertura periodística, Obama consideró “responsable” participar en este referéndum, en tanto ofreció garantías de que la medida tendría un carácter temporal. El expresidente puntualizó que, concluido el periodo de vigencia de la enmienda, la competencia para rediseñar los distritos retornaría a una comisión bipartidista, figura establecida en la legislación actual de Virginia para procurar una representación más equilibrada. En el mensaje publicado, Obama alertó sobre los posibles riesgos de “poder sin control y cero rendición de cuentas en Washington”, argumentando así su respaldo a la modificación transitoria de los distritos electorales.

Según publicó el medio de origen, el debate político sobre el delineamiento de los distritos electorales se intensificó en varias entidades estadounidenses luego de que gobiernos de signo republicano introdujeran cambios en los mapas durante el periodo intermedio entre censos, alterando los límites de las circunscripciones electorales fuera de los ciclos establecidos usualmente por la normativa nacional. Estos procesos de rediseño, conocidos como “gerrymandering”, han sido objeto de cuestionamientos por supuestamente favorecer a un partido a costa de la proporcionalidad en la participación ciudadana y la igualdad del voto.

El respaldo de Obama a la reforma propuesta en Virginia se enmarca en discusiones más amplias sobre la transparencia y la justicia en los sistemas electorales estatales. El exmandatario sostuvo que, al apoyar la consulta, la población virginiana tiene la posibilidad de “asegurarse de que su poder de voto no sea reducido por lo que los republicanos están haciendo en otros estados”. El texto reproducido por el medio incluyó la argumentación de Obama respecto a la relevancia de la consulta como herramienta para equilibrar las oportunidades electorales antes de los próximos comicios.

El proceso a votarse contempla una modificación temporal de los mapas, con el compromiso explícito de restablecer tras 2030 la intervención de una comisión bipartidista en el proceso de rediseño distrital. Tal como consignó el medio, la intervención de Obama en el debate sobre la consulta popular en Virginia muestra el grado de polarización y vigilancia sobre los mecanismos que determinan la ecuanimidad de las elecciones a escala estatal y nacional en Estados Unidos.

El dirigente de Podemos, Pablo Fernández, expresó que el Gobierno de España ha invertido más de 10.000 millones de euros en lo que considera un proceso de rearme, cuyo principal beneficiario es la industria militar estadounidense. Al abordar ese gasto, Fernández insistió en la necesidad de cerrar las bases militares de Estados Unidos ubicadas en Rota y Morón, además de rechazar la estrategia actual de defensa, que, según su visión, implica un alineamiento automático con los intereses de Washington. A partir de este escenario, propuso someter a referendum la pertenencia de España a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en respuesta a las informaciones que, a su juicio, han distorsionado la implicación del Estado español en el conflicto en Irán.

De acuerdo con la información difundida por el medio, Fernández, quien ejerce como secretario de Organización y coportavoz de Podemos, realizó estas declaraciones tras participar en un acto de campaña electoral en Castilla y León para respaldar al candidato Miguel Ángel Llamas. En su intervención, sostuvo que en las últimas horas la Casa Blanca ha difundido mensajes que, según sus palabras, manipulan y falsifican datos sobre la participación española en la denominada guerra "ilegal" en Irán. Para el dirigente, la reacción ante estos "bulos" deber ser clara: "Hay que cerrar la boca a la Casa Blanca, hay que dar una patada en el culo a Donald Trump y eso pasa, entre otras cosas, por que en España haya un referéndum para la salida de la OTAN", afirmó, según reportó el mismo medio.

Fernández argumentó que existe "un clamor indiscutible" dentro de la sociedad española que rechaza la permanencia en la OTAN. Señaló que la Alianza Atlántica representa una organización militar de carácter imperialista que, bajo su punto de vista, actualmente se encuentra "de facto dirigida por un delincuente criminal como Donald Trump". Al asociar esta percepción con la coyuntura internacional, el representante de Podemos consideró indispensable que el Ejecutivo consulte directamente a la población sobre la continuidad del país en la alianza militar, presentando la celebración de un referéndum como una vía para canalizar ese malestar.

El medio añadió que Fernández valoró de manera positiva que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya pronunciado en contra de la guerra. Consideró que este posicionamiento recoge el sentir mayoritario de la ciudadanía. Para el dirigente, sin embargo, declarar una postura de "No a la guerra" implica también, necesariamente, adoptar un distanciamiento respecto de Donald Trump y, por extensión, de la OTAN. Planteó que el Ejecutivo debe traducir sus palabras en acciones concretas, como la convocatoria de una consulta que determine la vigencia de los acuerdos militares internacionales y el cierre de las bases estadounidenses en territorio nacional.

El dirigente de Podemos remarcó que la permanencia en la OTAN y el gasto creciente en defensa no sólo responden a una lógica de seguridad nacional, sino que, en su criterio, favorecen directamente a la industria militar norteamericana. Según publicó la fuente, Fernández manifestó que el rearme impulsado en el país representa un flujo de recursos que contribuye al fortalecimiento de los intereses empresariales vinculados al sector armamentístico de Estados Unidos.

En este contexto, el dirigente precisó que la insistencia de su formación en la realización de un referéndum parte también de la necesidad de verificar hasta qué punto la sociedad apoya o rechaza la actual política de defensa y sus implicaciones internacionales, como el uso de suelo español para fines militares estadounidenses y la vinculación con estrategias externas, especialmente en escenarios marcados por tensiones en Oriente Próximo.

Fernández reiteró en diferentes momentos la exigencia de que el Gobierno escuche la voz de la ciudadanía. En su opinión, la magnitud de la participación y la presencia de “un clamor indiscutible” deben obligar a las autoridades a abrir un debate sobre las alianzas internacionales que, hasta ahora, han regido la política de defensa y la proyección exterior del país. Según consignó el medio citado, el planteamiento de Podemos incluye la puesta en marcha de medidas para desactivar su participación en estructuras militares comandadas, según sostiene Fernández, por dirigentes como Trump, y el inicio de una revisión global de los acuerdos bilaterales firmados por España en materia de bases y defensa.

En cuanto a la coyuntura internacional, Fernández asoció la circulación de informaciones inexactas desde la Casa Blanca con una maniobra orientada a justificar la implicación de aliados europeos en conflictos ajenos. De acuerdo con lo informado por el medio, el dirigente consideró que esto refuerza el argumento de su partido para redefinir la política exterior y militar de España, orientándola a una mayor autonomía y desvinculación de las estrategias estadounidenses.

Por último, tanto en sus declaraciones públicas como en las consignadas por la fuente, el representante de Podemos remarcó la vinculación directa entre el aumento del gasto militar y los intereses de Estados Unidos, planteando que la revisión de la política de alianzas y la celebración de un referéndum sobre la OTAN formarían parte de una respuesta amplia a la situación actual.

Durante una visita a Mazagón, en la provincia de Huelva, el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, destacó que muchos cultivos y sectores productivos andaluces podrían enfrentar dificultades por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Gavira recurrió a este argumento para presentar la postura de su partido sobre el tratado internacional y comunicó la intención de Vox de promover un referéndum nacional sobre el pacto con Mercosur si Santiago Abascal llega al Gobierno español. Según informó Europa Press, Gavira defendió que la ratificación de este acuerdo debe someterse a consulta popular por su impacto sobre el sector primario nacional.

El portavoz de Vox en Andalucía criticó la orientación que el Partido Popular de Juanma Moreno ha mostrado hacia una aplicación inmediata del acuerdo, postura que, según detalló Europa Press, también respaldó la anterior consejera de Agricultura, Carmen Crespo. Gavira argumentó que PP y PSOE no han apoyado una revisión jurídica del acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Manifestó que, pese a la reciente ratificación del acuerdo con Mercosur por parte de los parlamentos de Argentina y Uruguay, ni el Parlamento español ni el europeo han dado pasos similares.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Gavira advirtió que los sectores de los cítricos, la ganadería y la producción de carne en Huelva verán consecuencias negativas derivadas de la entrada en vigor del acuerdo. Afirmó además que otros productos agrícolas como la fresa, la frambuesa y los frutos rojos pueden experimentar problemas, incluso si esas consecuencias no se presentan de manera inmediata.

Manuel Gavira utilizó también su intervención para poner el foco sobre las actuaciones del Gobierno andaluz tras los recientes episodios de temporales que han afectado a las costas. Criticó que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista recurren a argumentos sobre la colaboración institucional y el cambio climático para "ocultar sus acciones". Europa Press consignó que, para Gavira, la referencia al cambio climático por parte de estas formaciones pretende desviar la atención sobre los efectos reales de las políticas en las zonas afectadas.

El portavoz precisó que Vox había respaldado en el Parlamento andaluz una propuesta del Partido Popular centrada en la rehabilitación de las zonas costeras deterioradas, aunque lamentó que los populares rechazaran incluir, como propuso Vox, ayudas destinadas al comercio, la hostelería y a los propios vecinos afectados. Gavira sostuvo que el objetivo del Partido Popular con esa iniciativa se limitaba a obtener repercusión mediática y no a ofrecer soluciones reales para quienes sufren las consecuencias de los daños costeros.

Al referirse a la respuesta institucional ante la erosión de las costas, Gavira reiteró la demanda histórica de Vox por obras e infraestructuras destinadas a prevenir y reducir los riesgos de futuros temporales. Mencionó que estos trabajos permitirían una mayor prevención y mitigación de los impactos, además de proporcionar ayudas económicas a los habitantes afectados.

En relación con el sector pesquero, Gavira respondió a preguntas de los medios señalando que la flota pesquera se encuentra amarrada desde hace tiempo debido a los temporales. Según publicó Europa Press, responsabilizó tanto a las políticas europeas como a las nacionales y autonómicas de lo que definió como un progresivo abandono del sector, lo que, trasladó, podría llevar a la desaparición de la actividad pesquera en zonas tradicionales como Huelva.

A lo largo de su intervención, Gavira subrayó que las iniciativas propuestas por Vox buscan asegurar que la población tenga mayor poder de decisión sobre acuerdos internacionales de gran calado, y que las infraestructuras y ayudas locales respondan a los intereses directos de los habitantes y sectores afectados por fenómenos meteorológicos y acuerdos económicos. Vox insistió en la consulta directa a la ciudadanía como vía para definir la aplicación futura de pactos internacionales, en este caso el relativo a Mercosur, al considerar que su impacto excede las capacidades de decisión de las instituciones representativas corrientes.

En un acto celebrado en la Plaza Mayor de Aranda de Duero, Carlos Pollán destacó su compromiso de promover un referéndum que permita a la ciudadanía española decidir sobre la permanencia en el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Según publicó el medio, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León calificó el acuerdo como una amenaza directa al sector agrícola y ganadero, llegando a describirlo como una "carta de desahucio" y "acta de defunción" para los trabajadores del campo. Este posicionamiento formó parte central de su intervención, donde expresó su voluntad de impulsar la consulta a nivel nacional apoyándose en el respaldo dado por Santiago Abascal, presidente del partido.

De acuerdo con lo divulgado, Pollán llevó a cabo una escenificación al romper una copia del documento del acuerdo para subrayar su rechazo. En el mitin, que antecedió a la intervención de Abascal y al que asistieron aproximadamente mil personas conforme a datos de Vox, el candidato atribuyó a los partidos tradicionales —PP y PSOE— la responsabilidad de haber avalado el pacto desde las instituciones europeas. Insistió en que el mencionado pacto tiene consecuencias negativas para la economía rural, especialmente en la región de Castilla y León donde, afirmó, existen numerosos intereses agrícolas y ganaderos afectados.

Tal como consignó el medio, Pollán hizo referencia a la gestión realizada por Vox durante su paso por el Gobierno autonómico. Entre sus logros, mencionó la modernización de regadíos y la creación de nuevas infraestructuras como balsas para el almacenamiento de agua. Atribuyó estos avances a la etapa bajo la gestión de su formación y cuestionó que, en la actualidad, otras fuerzas políticas presuman de ellos. Al relatar la situación tras la salida de Vox del Ejecutivo regional, criticó la reactivación de la Agenda 2030 y descartó la posibilidad de sumarse a los pactos impulsados conjuntamente por PP y PSOE, argumentando que tales acuerdos perjudican tanto a la soberanía alimentaria como a la economía local.

El medio informó que Pollán rememoró sus experiencias deportivas en Aranda de Duero como jugador de balonmano en la década de los noventa, resaltando el ambiente de apoyo que caracterizaba a la localidad. Este recuerdo sirvió como introducción antes de abordar el eje principal de su discurso: la defensa del producto nacional y la protección frente a la competencia que, afirmó, supondrá el tratado con Mercosur. Según señaló en el acto, Vox continuará con esta línea de oposición mediante iniciativas políticas y legislativas desde la comunidad autónoma.

Santiago Abascal, presidente de Vox, intervino posterior a Pollán y respaldó la tesis de que el acuerdo con Mercosur perjudica a los agricultores, en especial a quienes cultivan cereal, así como a los ganaderos. Según recogió el medio, Abascal cuestionó la coherencia del Partido Popular por pactar políticas decisivas con el Gobierno de Pedro Sánchez a nivel europeo y, después, justificar en España la imposibilidad de modificar esas directrices aludiendo a mandatos comunitarios. El líder de Vox adelantó la posibilidad de encontrar dificultades y discordancias legislativas si llegara a negociarse con el Partido Popular, asimilando ese contexto a un "campo de minas" por la presencia de obstáculos y potenciales desacuerdos.

El evento constituyó un espacio para que ambos dirigentes explicitaran su postura frente a los acuerdos comerciales impulsados por la Unión Europea y remarcaran su intención de orientar la política regional y nacional hacia una mayor defensa de los intereses del sector primario, según reportó el medio. La propuesta de someter a consulta popular el acuerdo con Mercosur se mantuvo como petición principal a lo largo de las intervenciones, con la reiteración del compromiso de Vox de promover esa iniciativa desde Castilla y León y en el ámbito estatal.

El ataque en el distrito de Goloprístanski dejó cinco agentes de policía fallecidos y otros seis heridos, de acuerdo con fuentes prorrusas recogidas por agencias de noticias rusas. El incidente, según las autoridades citadas el lunes, ocurrió contra funcionarios del Ministerio del Interior en una zona de la provincia de Jersón que permanece bajo ocupación rusa desde el inicio de la invasión a Ucrania hace cuatro años.

De acuerdo con lo publicado por las agencias rusas y según recogió el lunes el medio, la acción fue atribuida a fuerzas ucranianas, que lanzaron el ataque durante la jornada del sábado. El objetivo fue personal del departamento del Ministerio del Interior, encargado de la seguridad local en esa región bajo control de Moscú. Las autoridades aliadas al Kremlin en Jersón confirmaron que la ofensiva dejó como saldo la muerte de cinco miembros de la policía y seis heridos, quienes pertenecían a las estructuras prorrusas instaladas tras la ocupación.

El medio reportó que la provincia de Jersón es una de las regiones ucranianas del este y sureste que pasaron a control mayoritario de Rusia desde el inicio de las operaciones militares en 2020. En septiembre de 2022, en las áreas que Rusia ocupa en esta provincia, se celebró un referéndum con la intención de legitimar su anexión a la Federación Rusa, proceso que no ha sido reconocido internacionalmente. Desde entonces, las tensiones y la violencia han persistido en la zona.

Los funcionarios afectados por este ataque formaban parte de la administración instaurada por las fuerzas rusas y prorrusas tras ocupar mala parte de Jersón y otros territorios ucranianos. Según consignaron las agencias rusas, la situación de seguridad en el distrito de Goloprístanski refleja el clima de enfrentamiento permanente entre las fuerzas ucranianas y los efectivos apoyados por Moscú, en un contexto donde los operativos militares y atentados se han mantenido frecuentes pese al paso del tiempo desde la anexión.

Las autoridades prorrusas informaron que, tras la ofensiva, se desplegaron fuerzas adicionales y equipos médicos para asistir a los heridos, al tiempo que se iniciaron investigaciones para esclarecer las circunstancias y el desarrollo del ataque. Según detallaron los portavoces alineados con Moscú, los efectivos del Ministerio del Interior afectados desempeñaban funciones de patrullaje y control en el área cuando sufrieron el asalto.

El medio explicó que la ocupación de Jersón por parte de Rusia significó un cambio en la administración y la seguridad del lugar, con la instalación de nuevos organismos de control vinculados al Kremlin. Los ataques como el del sábado se han producido de forma periódica en varias zonas del este y el sur de Ucrania donde persiste la resistencia por parte de las fuerzas ucranianas.

Según han difundido las autoridades prorrusas y las agencias rusas, los seis policías heridos recibieron atención médica en hospitales de la región bajo control ruso. Hasta el momento, no hubo un pronunciamiento oficial inmediato por parte de Ucrania acerca del ataque reportado.

La situación en Jersón sigue marcada por la tensión y la confrontación, en un territorio donde la administración rusa trata de consolidar su control mientras los enfrentamientos continúan afectando tanto a fuerzas de seguridad como a la población civil presente en las zonas ocupadas, reportaron las fuentes.

Según informó la agencia Europa Press, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, presentó un programa con 56 medidas específicas destinadas a la provincia de León. Entre las principales acciones propuestas figura la celebración de un referéndum vinculante para que la población decida si quiere mantener la pertenencia de León a Castilla y León o transformar a la provincia en una comunidad autónoma con competencias propias. De acuerdo con Fernández, la situación actual de la provincia es resultado de décadas de políticas aplicadas por el Partido Popular, a las que calificó como responsables de un proceso de expolio y de la conversión de León en “tierra de sacrificio”.

El medio Europa Press recogió que durante el acto, Pablo Fernández estuvo acompañado por Sixto Martínez. Ambos enfatizaron la necesidad de que la voz de León tenga más peso en las Cortes autonómicas. Fernández señaló que el objetivo de su partido es desplazar al Partido Popular de la Junta de Castilla y León tras cuarenta años de lo que consideran una gestión perjudicial para la provincia. El programa presentado incluye medidas centradas en la defensa y extensión de los servicios públicos, el impulso de derechos sociales y económicos, y la apuesta por un modelo productivo y laboral enraizado en León.

Europa Press consignó que, junto al referéndum, el plan de Podemos contempla cambios en el modelo económico mediante la paralización inmediata de macroproyectos que consideran dañinos para el territorio. Fernández detalló que entre las infraestructuras que su partido rechaza se encuentran las macrogranjas, plantas de biomasa y biogás, así como parques fotovoltaicos y eólicos. Según su análisis, estos proyectos “erosionan y menoscaban” el entorno y los recursos de la provincia.

El dirigente de Podemos recalcó que la riqueza generada en León debe quedarse dentro del territorio y beneficiar directamente a su población. Defendió la creación de un entorno que permita a los jóvenes desarrollar sus proyectos vitales y profesionales en su lugar de origen, evitando la emigración por falta de expectativas. Resaltó asimismo la importancia de políticas industriales que sean compatibles con la protección de los recursos naturales y el empleo local.

La hoja de ruta presentada por el partido prevé un giro en las políticas públicas, con especial énfasis en la gestión y recuperación medioambiental y en el acceso equitativo a los servicios esenciales. Sixto Martínez, citado por Europa Press, propuso convertir en montes de utilidad pública aquellos actualmente gestionados por grandes propietarios, devolviéndolos al control y uso de la ciudadanía leonesa. Además, abogó por subvenciones desde la Junta para el desarrollo de comunidades energéticas en las zonas rurales y el refuerzo de la protección de las siete reservas de la biosfera que existen en la provincia.

El medio Europa Press subrayó que la propuesta energética de Podemos incluye iniciativas para generar energía hidráulica localmente, aprovechando los recursos de los ríos de León para abastecer a la provincia y su entorno inmediato, lo que, según el cabeza de lista, fomentaría la soberanía energética y la sostenibilidad en uno de los territorios más rurales de España.

Durante el acto, los portavoces de Podemos reiteraron que las estrategias presentadas buscan revertir las dinámicas socioeconómicas de los últimos años. Su intención se centra en articular un nuevo modelo de desarrollo, en el que la ciudadanía leonesa disponga de mayor capacidad de decisión sobre los asuntos importantes de la provincia. Según recogió Europa Press, el programa de Podemos reconoce la centralidad de los recursos naturales y del tejido rural leonés en cualquier política de futuro para la región y plantea como condición para ese avance el fin de las políticas del Partido Popular en la Junta autonómica.

Los representantes del partido aseguraron que centrarán sus acciones en las Cortes en garantizar la implementación de políticas públicas que favorezcan a León. Defendieron como imprescindible la consulta popular para decidir el encaje administrativo de la provincia, la protección del territorio ante macroproyectos, el impulso de la industria local respectuosa con el medio ambiente, y la recuperación de los montes de utilidad pública y otros recursos para uso social. Todo ello configura el núcleo de su enfoque para responder a lo que consideran demandas históricas de la sociedad leonesa.

Durante una visita a Guardo, en la provincia de Palencia, Santiago Abascal remarcó que su formación impulsará que se aborde el posible referéndum sobre el acuerdo de Mercosur desde la Presidencia de la Junta de Castilla y León, tomando como referencia las próximas elecciones. El líder de Vox dijo que este referéndum permitiría que los ciudadanos españoles decidan sobre un tratado que, en su opinión, se aprobó sin consultarles. Según informó el medio de comunicación, Abascal cuestionó abiertamente la manera en que Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE) habrían pactado el acuerdo, señalando que se realizó "a espaldas de los españoles".

De acuerdo con las declaraciones recogidas por los medios, Abascal vinculó la responsabilidad directa de la aprobación del acuerdo de Mercosur al PP europeo liderado por Ursula von der Leyen, acusándolo de haber avanzado en una medida perjudicial para el sector agrícola y ganadero en España. En sus palabras, “El PP de Ursula von der Leyen ha consumado su crimen contra el campo español y la soberanía alimentaria de España”, afirmación que utilizó para ilustrar su posición crítica respecto al futuro del mercado nacional tras el acuerdo.

Según publicó el medio, el líder de Vox aseguró que, para su partido, el acuerdo con Mercosur representa un "desastre", y se comprometió a combatirlo. Argumentó que, a partir de la firma, los alimentos ofrecidos en los comercios nacionales experimentarán una merma de calidad y una “competencia brutal” con productos extranjeros, lo que para Vox implicaría la destrucción de las explotaciones ganaderas en España. En opinión de Abascal, este escenario pondría en riesgo la viabilidad del campo español y la producción nacional, elementos que considera estratégicos para la soberanía alimentaria del país.

Santiago Abascal también hizo referencia a declaraciones del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien recientemente había pedido, durante un acto político celebrado en el Teatro Fernando Arrabal en Ciudad Rodrigo (Salamanca), “no dividir el voto para poder echar a los socialistas”, aludiendo a la importancia de la unión del electorado conservador, aunque estimaba que no hay posibilidad de que los socialistas sumen una mayoría en los próximos comicios autonómicos. Por su parte, Abascal expresó coincidencia puntual con Feijóo al afirmar que “no hay que dividir el voto de los españoles que están en contra de Mercosur”, pero reiteró que la decisión de apoyar ese tratado fue impuesta por PP y PSOE.

El medio consignó que el presidente de Vox defendió la posición de su partido como única alternativa, diferenciándose del resto del arco parlamentario al señalar que Vox es el único partido nacional que no tiene acuerdos con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español y líder del PSOE, a quien Abascal acusa de encabezar una “mafia criminal corrupta”. A su juicio, el acuerdo con Mercosur habría sido “un acto tiránico”, adoptado al margen de la voluntad ciudadana y de los intereses de los sectores productivos perjudicados.

Según consignó el medio, Abascal lamentó el hecho de que las principales decisiones relativas a los intereses nacionales, tales como el acuerdo con Mercosur, se tomen fuera de España, en lo que denominó “oscuros despachos” y bajo la influencia de “burócratas que nadie ha elegido”. Con este señalamiento, volvió a incidir sobre la falta de transparencia y participación en el proceso de negociación y aprobación del tratado.

A lo largo de sus intervenciones, y de acuerdo con la cobertura del medio, Abascal insistió en que la consulta popular que propone su formación serviría para involucrar a la ciudadanía en una decisión que, hasta ahora, considera, se ha tomado a espaldas de los afectados directos: agricultores, ganaderos y consumidores españoles. Para Vox, el referéndum se plantea como un mecanismo para legitimar o rechazar, desde una consulta democrática, la participación de España en el acuerdo entre la Unión Europea y los países del Mercosur.

Tanto las declaraciones de Santiago Abascal como las posiciones defendidas por Vox se contextualizan, según las informaciones publicadas, dentro del debate surgido por las consecuencias económicas y sociales del tratado. Las inquietudes del partido se centran en el posible impacto negativo para la agricultura y la ganadería nacionales ante la apertura del mercado a productos provenientes de países de Mercosur, así como en la pérdida percibida de control sobre la calidad alimentaria y la capacidad de autodecisión del país frente a decisiones adoptadas en el ámbito europeo.

El líder de la formación, señaló el medio, reiteró su denuncia de que tanto el PSOE como el PP han tomado iniciativas sobre este tratado sin el apoyo explícito de la ciudadanía y al margen de los intereses nacionales, lo que ha motivado su propuesta de consulta. Con ello, Vox busca posicionarse como la única alternativa nacional a las formaciones que, según sus palabras, han pactado el acuerdo unilateralmente.

Australia ya registró un intento reciente de modificar el sistema de gobierno a través de mecanismos de participación popular, el cual no logró prosperar. Según consignó el medio The Guardian, el referéndum llevado a cabo en 2023 sobre los derechos de los pueblos indígenas fue rechazado pese al apoyo del propio primer ministro Anthony Albanese, lo que pone en evidencia las dificultades de este tipo de consultas en el país. En este contexto, la posibilidad de someter a referéndum el régimen monárquico se mantiene fuera de la agenda gubernamental, a pesar de los debates reactivados por la detención del expríncipe británico Andrés Mountbatten-Windsor.

De acuerdo con The Guardian, tras la detención de Andrés de Inglaterra, quien fue arrestado y posteriormente liberado en el marco de investigaciones vinculadas con sus relaciones con Jeffrey Epstein —empresario fallecido y condenado por delitos sexuales—, se reabrió la discusión pública sobre el estatus de la monarquía británica como jefatura de Estado en Australia. No obstante, el primer ministro Albanese declaró que “ya hemos tenido un referéndum en esta legislatura. Los referéndum son difíciles en Australia”, tomando distancia de un posible nuevo proceso plebiscitario sobre la forma de gobierno.

Albanese, identificado como republicano, reafirmó su postura personal favorable a que Australia cuente con un jefe de Estado propio, aunque también sostuvo que su relación con Carlos III es buena. Según detalló The Guardian, Albanese expresó que esa relación “no quita que siga creyendo que debe haber un jefe de Estado australiano”. El jefe del Gobierno subrayó que, pese a su preferencia republicana, el contexto político y social actual, sumado a las recientes experiencias, hacen inviable abrir en este momento un proceso para decidir sobre la continuidad de la monarquía o la instauración de una república.

Australia fue colonia británica durante más de un siglo, alcanzando la independencia efectiva en 1901. Desde entonces, mantiene a la monarquía británica como jefatura de Estado. El último gran intento de cambiar este sistema fue en 1999, cuando se celebró un referéndum para proponer la sustitución de la reina Isabel II por una figura presidencial electa por el Parlamento australiano. Aquella consulta tampoco prosperó.

La detención reciente de Andrés de Inglaterra motivó que diversos sectores sociales y políticos pusieran sobre la mesa, nuevamente, la cuestión republicana. Sin embargo, el antecedente inmediato del referéndum sobre los derechos indígenas, cuyo resultado negativo reflejó los desafíos de conseguir el respaldo necesario para modificaciones constitucionales, refuerza la postura del Gobierno de no retomar en el corto plazo el debate sobre la monarquía.

Albanese reiteró esta posición en declaraciones recogidas por The Guardian, donde enfatizó: “Soy republicano, pero ya hemos tenido un referéndum en esta legislatura. Los referéndum son difíciles en Australia”.

Desde la perspectiva del Gobierno, la prioridad reside en mantener la estabilidad institucional y no desgastar recursos políticos en consultas populares que, a la luz de resultados recientes, presentan escasas posibilidades de éxito en Australia. Las referencias al intento fallido de modificar la Constitución para reconocer los derechos indígenas ilustran la resistencia de la ciudadanía australiana a cambios de gran calado mediante referéndum.

El arresto y posterior liberación del expríncipe Andrés, ocurrido en el marco de un proceso judicial internacional, ha elevado la presión mediática y ciudadana para replantear el vínculo de Australia con la monarquía británica. Sin embargo, de acuerdo al primer ministro, el debate deberá esperar nuevas circunstancias políticas que permitan generar consensos más amplios entre la ciudadanía y las fuerzas representadas en el Parlamento.

El medio The Guardian recordó también que la idea de un jefe de Estado australiano no es nueva para la sociedad y el ámbito político del país, pero sigue encontrando obstáculos prácticos y simbólicos, acentuados por la historia colonial, la tradición institucional y la falta de un impulso suficiente tras los últimos procesos plebiscitarios.

Por el momento, la postura gubernamental descarta la posibilidad de promulgar un referéndum sobre la monarquía, al tiempo que remarca las recientes experiencias en consultas populares, las dificultades para lograr consenso y la prioridad de otras agendas políticas y sociales.

El territorio al oeste del río Esequibo, que abarca aproximadamente 159.000 kilómetros cuadrados, sigue siendo eje de una prolongada tensión diplomática debido a la abundancia de petróleo, minerales y diversidad biológica que caracteriza la región. Esta disputa fronteriza, que equivale a dos tercios de la superficie total de Guyana, ha visto a Caracas insistir en la necesidad de retomar conversaciones directas con Guyana, enfatizando el cumplimiento de acuerdos históricos. Según informó Europa Press, el Gobierno venezolano ha reiterado su disposición a negociar “de buena fe” sobre el Esequibo, pero sostiene con firmeza que mantendrá sus derechos y títulos históricos sobre el territorio, actualmente administrado por las autoridades guyanesas.

Con motivo del sexagésimo aniversario del Acuerdo de Ginebra de 1966, la administración venezolana, representada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, emitió un comunicado donde señala que la única vía viable para resolver la controversia territorial radica en entablar una negociación genuina. De acuerdo con lo reportado por Europa Press, las autoridades venezolanas subrayaron que tal mecanismo podría conducir al “arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para ambas partes”, objetivo fijado en el Acuerdo de Ginebra y que consideran el único instrumento jurídico válido para buscar una solución que sea aceptada por Venezuela y Guyana.

El comunicado remarcó que Venezuela, por mandato emanado del referéndum del 3 de diciembre de 2023, sostiene la integridad de la llamada Guayana Esequiba como parte de su territorio y descarta cualquier opción de renuncia a sus derechos históricos. “Jamás renunciará a sus derechos y títulos históricos sobre la Guayana Esequiba, la cual ha sido, es y será parte de la integridad territorial de Venezuela”, expresó el gobierno citado por Europa Press.

La administración de Caracas destacó, según publicó Europa Press, que durante seis décadas desde la firma del acuerdo, ha demostrado compromiso “absoluto” con las obligaciones del pacto. En contraste, se acusó a Guyana de incumplir el contenido del Acuerdo de Ginebra, al litigar de “mala fe” y al intentar obtener reconocimiento territorial mediante una demanda unilateral presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), demanda que el Gobierno venezolano considera carente de jurisdicción sobre la controversia.

El medio Europa Press detalló que Guyana administra la región del Esequibo de acuerdo al Laudo Arbitral de 1899. Desde el punto de vista de Georgetown, dicho territorio fue adquirido por el Reino Unido en 1814 tras un pacto con Países Bajos, sosteniendo que Venezuela debería aceptar las fronteras fijadas entonces. Por su parte, Caracas sostiene que el Acuerdo de Ginebra reconoce sus reivindicaciones y califica el laudo de 1899 como resultado de un acuerdo político entre Reino Unido y el jurista ruso Friedrich Martens, quien formó parte del tribunal y cuyo voto resultó determinante.

Dentro del contexto contemporáneo, Europa Press señaló que el Gobierno venezolano, bajo la presidencia de Nicolás Maduro, nombró un gobernador para la zona en disputa, medida implementada tras las elecciones legislativas celebradas en mayo de 2025. Este acto evidencia la intención de Venezuela de reforzar su presencia y autoridad sobre el área, pese a la administración continuada por Guyana.

En 2018, el Gobierno de Guyana recurrió a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, órgano judicial principal de Naciones Unidas, solicitando su mediación en el diferendo. Europa Press informó que el tribunal instó a Caracas a abstenerse de adoptar medidas que modifiquen el estatus actual del Esequibo, en paralelo al referéndum consultivo sobre el estatus del territorio realizado en diciembre de 2023.

La disputa territorial entre Venezuela y Guyana sigue en curso, con cada país defendiendo sus argumentos históricos y jurídicos. Según consigna Europa Press, Caracas insiste en que el territorio debe delimitarse siguiendo el curso del río Esequibo, mientras que Guyana reivindica la legalidad del laudo arbitral de 1899. Ambas naciones mantienen perspectivas irreconciliables sobre la legitimidad de los mecanismos internacionales y oscilan entre intentos de negociación directa y recursos judiciales ante organismos multilaterales.

En febrero de 2026, la Constitución española de 1978 alcanzará 17.239 días de vigencia, igualando el récord que sostenía la Constitución de 1876, promulgada bajo el liderazgo de Antonio Cánovas del Castillo. Esta cifra marca un punto de inflexión en la historia constitucional de España, al superar la duración de todas las anteriores cartas magnas y consolidarse como la ley fundamental activa más longeva del país. Según consignó el medio, el Congreso y el Senado han programado un acto solemne presidido por el rey Felipe VI para conmemorar este hito, con la asistencia de parlamentarios actuales y personas que desempeñaron funciones clave en la elaboración de la norma refrendada por la ciudadanía en 1978. El evento se llevará a cabo el próximo martes, con la intención de reconocer la estabilidad institucional que el texto vigente ha otorgado a lo largo de las últimas décadas.

De acuerdo con la información publicada por el medio, el texto constitucional que entró en vigor el 29 de diciembre de 1978 ha atravesado casi medio siglo absorbiendo desafíos políticos, económicos y sociales. Entre esos desafíos se destacan un golpe de Estado, intentos de secesión y cambios profundos en la sociedad española, sin que haya sido necesario sustituirla. La Constitución de 1978 ha permitido la alternancia política y el desarrollo del Estado de Derecho, manteniendo su estructura mediante solo tres reformas puntuales: una en 1992 para autorizar el sufragio de ciudadanos europeos residentes en España, otra en 2011 para incluir el principio de estabilidad presupuestaria, y una más en 2024 para actualizar el lenguaje relativo a la discapacidad.

El análisis de la trayectoria constitucional española, según publicó el medio, revela que la historia política del país se caracteriza por la inestabilidad y la brevedad de las leyes fundamentales. Desde los inicios del siglo XIX, España ha presentado nueve constituciones, la mayoría con existencia limitada debido a factores como golpes de Estado, regímenes dictatoriales o consensos políticos efímeros. El primer texto con aspiración de carta magna, el Estatuto de Bayona de 1808, surgió en un contexto de ocupación francesa y careció de legitimidad, ya que fue impuesto por José Bonaparte y subordinaba los derechos a la voluntad del monarca. De acuerdo con el medio, su falta de aceptación y la Guerra de la Independencia provocaron que el texto apenas tuviera vigencia nominal.

Tras ese episodio, la Constitución de Cádiz de 1812 significó el nacimiento del constitucionalismo en España al introducir conceptos como la igualdad ante la ley y la división de poderes. Apodada ‘la Pepa’ por la fecha de su aprobación, el 19 de marzo, tuvo tres periodos discontinuos de vigencia que suman cerca de seis años, según detalló el medio. La oposición de Fernando VII y sectores absolutistas forzó la suspensión de su aplicación.

Durante la primera mitad del siglo XIX, la búsqueda de equilibrios entre tendencias progresistas y moderadas se reflejó en la Constitución de 1837. Este texto, surgido tras la muerte del monarca Fernando VII y bajo la regencia de María Cristina, procuró compatibilizar derechos individuales y estabilidad institucional. Sin embargo, su vigencia solo alcanzó los ocho años, terminando con la implantación de una constitución de carácter más restrictivo en 1845, la cual priorizaba el poder de la Corona y la centralización administrativa, limitando el sufragio y las atribuciones parlamentarias. A raíz de la revolución europea de 1848, el gobierno español suspendió las garantías constitucionales para detener el avance del movimiento revolucionario, tal como consignó el medio.

El escenario volvió a alterarse en los años 50 del siglo XIX, con el fallido intento de aprobar una constitución en 1852 que buscaba complacer a los sectores carlistas, pero que no logró respaldo político. Durante el bienio progresista (1854-1856), se elaboró otra propuesta constitucional que incorporaba la tolerancia religiosa y extendía los derechos políticos, aunque una contrarrevolución liderada por Leopoldo O'Donnell impidió su promulgación.

El texto de 1869, aprobado tras la revolución conocida como la Gloriosa y el inicio del llamado Sexenio Democrático, introdujo el sufragio universal masculino y una amplia protección de las libertades civiles, pero solo pudo sostenerse durante cuatro años debido a las disputas políticas y la caída de la Primera República. Otro intento de establecer una carta magna durante ese periodo apuntaba a un modelo federal, pero no llegó a materializarse por los cambios de régimen y la sucesión de monarcas.

La restauración borbónica trajo consigo la Constitución de 1876, que implantó el turno alterno de partidos liberales y conservadores y que estuvo en vigor hasta el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera en 1923. El periodo dictatorial posterior contempló un proyecto de Estatuto Fundamental para la Monarquía, que tampoco se promulgó por las objeciones del propio Miguel Primo de Rivera respecto a los poderes concedidos al monarca.

Con la proclamación de la Segunda República en 1931, España adoptó una constitución que transformó radicalmente las bases del Estado, instaurando una república democrática, laica y social. Este texto constitucional impulsó la igualdad jurídica, la reforma educativa y avanzó los derechos laborales, aunque enfrentó una fuerte oposición por parte de grupos conservadores, militares y la jerarquía eclesiástica. Su vigencia llegó a ocho años, truncada por el golpe de Estado de Francisco Franco, la Guerra Civil y la implantación del régimen franquista.

El proceso de transición que culminó en la Constitución de 1978 surgió tras la muerte de Franco y estuvo impulsado por el rey Juan Carlos I y los principales partidos políticos que buscaban consensos. Según reportó el medio, este texto instituye la monarquía parlamentaria, reconoce amplios derechos fundamentales y consagra el modelo descentralizado del Estado. Aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 con un respaldo del 88,54% de los votos, la actual constitución ha incorporado mecanismos de reforma para facilitar ajustes sin recurrir a su derogación.

En comparación con los antecedentes históricos, el actual marco constitucional rompe una dinámica de cambios constantes y periodos prolongados sin ley fundamental. Por primera vez, una constitución refrendada popularmente ha asegurado la continuidad institucional tras superar crisis importantes dentro del país. Según detalló el medio, a lo largo de más de cuatro décadas solo se han realizado tres modificaciones de carácter puntual, prueba de su capacidad para adaptarse a los desafíos del contexto nacional e internacional.

La celebración que organiza el Congreso y el Senado marca un reconocimiento a estos casi cincuenta años de vigencia, con la presencia del rey Felipe VI y figuras destacadas que participaron en la redacción y aprobación de la Carta Magna de 1978. El acto se produce en un contexto en que la estabilidad constitucional ha sido un factor central en el desarrollo del Estado de Derecho, la convivencia democrática y la alternancia regular entre actores políticos diversos.

La propuesta presentada por Marruecos para el Sáhara Occidental contempla que el reconocimiento internacional del estatuto de autonomía no implicará ninguna tutela o supervisión internacional continuada sobre el territorio. De acuerdo con el documento elaborado por tres asesores reales, citado por medios como ‘Atalayar’, ‘Yabiladi’ y ‘Le Desk’, Rabat busca que una vez aprobado el estatuto en referéndum, la cuestión pase a ser asunto interno y quede fuera de cualquier fiscalización externa. Esta condición forma parte de una serie de mecanismos legales y políticos con los que Marruecos planea ofrecer un autogobierno a la excolonia española, bajo el liderazgo de una figura designada por el rey Mohamed VI, pero la propuesta genera serias dudas entre el Frente Polisario, Argelia y la comunidad internacional sobre la efectividad de sus garantías políticas y jurídicas.

Según publicó ‘Atalayar’, el plan detallado por Rabat responde a la exigencia de la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y sistematiza las bases de la autonomía para la antigua colonia, iniciativa cuyo primer borrador Marruecos presentó en 2007. La publicación de detalles de esta propuesta se produjo después de que altos representantes diplomáticos de Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania participaran en una reunión en la Embajada de Estados Unidos en Madrid los días 8 y 9 de febrero, bajo la copresidencia del embajador estadounidense ante la ONU y el enviado especial para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura.

En la propuesta, el jefe del futuro gobierno regional resultaría investido por el monarca “con el fin de garantizar la coherencia constitucional y la unidad del Estado”, como explicó el medio ‘Le Desk’. Esta figura, además de representar a la región, encarnaría la presencia del Estado y su autoridad en la zona. La iniciativa, como apunta Irene Fernández Molina, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Exeter y citada por varios medios, presenta contradicciones de fondo, ya que prevé autonomía pero su máximo representante sería elegido, no por sufragio directo, sino ratificado por decisión real, replicando un mecanismo vigente en la política marroquí nacional, donde el monarca participa en el nombramiento del primer ministro.

La gobernanza regional, de acuerdo con los detalles adelantados por la prensa, recaería en una asamblea unicameral compuesta parcialmente por miembros elegidos por sufragio universal y parcialmente por representantes designados por las tribus saharauis reconocidas, empleando un sistema definido en ley orgánica. Se contempla también una cuota de participación femenina. El organismo tendría competencia plena en materias transferidas, entre ellas planificación territorial, desarrollo turístico, industrial y gestión pesquera, así como en servicios sociales, salud y educación. No obstante, cuestiones como defensa, política exterior, moneda, nacionalidad y símbolos denominados “de soberanía”, permanecerían bajo el control del Estado central. Cualquier competencia no asignada explícitamente a la región sería nacional, y existe una cláusula que permite suspender de forma temporal las competencias regionales si supusieran una amenaza para el orden constitucional, la integridad territorial o la continuidad institucional.

En el aspecto fiscal, la región autónoma podría recaudar impuestos y regalías derivados de sus recursos naturales, que incluyen abundantes reservas pesqueras, fosfatos y potencial para la generación de energía eólica y solar. Una parte de los ingresos obtenidos en la zona permanecería en la región y otra correspondería al Estado, aunque los porcentajes exactos aún quedarían sujetos a negociación. ‘Atalayar’ detalló también que las tierras tradicionales colectivas de las tribus saharauis contarían con protección legal, en tanto que las inversiones mineras y otros proyectos estratégicos resultarían regulados por un marco jurídico específico. Otras particularidades incluirían el requisito de aprobación conjunta para inversiones extranjeras, tanto a nivel regional como estatal, un asunto que, según la prensa, podría suscitar fricciones con Argelia, históricamente opuesta a la administración marroquí del territorio.

El plan menciona la creación de un comité permanente para organizar el retorno de los aproximadamente 173.000 saharauis que viven como refugiados en los campos de Tinduf (Argelia), según estimaciones de organismos humanitarios. Este organismo tendría el mandato de verificar identidades y filiaciones, con los detalles y condiciones de retorno por definirse en ulteriores negociaciones. Además, se incluye un mecanismo de desarme, desmovilización y reintegración para los miembros del Frente Polisario, aunque quedarían excluidos quienes hayan sido responsables de crímenes de guerra o contra la Humanidad.

La validación de toda la propuesta depende de su aprobación en referéndum, pero según ‘Le Desk’ y ‘Atalayar’, la consulta abarcaría a toda la población marroquí, en lugar de limitarse a los habitantes del Sáhara Occidental, como ha reclamado tradicionalmente el Frente Polisario y como fue previsto en la misión MINURSO de Naciones Unidas. Esta medida constituye uno de los principales puntos de desacuerdo, dado que, en palabras de la profesora Fernández Molina, la propuesta “no cumple de ninguna forma los requisitos formales de un proceso de autodeterminación” y su aceptación por parte del Frente Polisario resultaría inviable, ya que supondría una renuncia total al derecho a decidir sobre la independencia, identificado por la experta como “suicidio político”.

Si el texto obtiene luz verde en el referéndum, se integraría en la Constitución marroquí mediante un título específico, y cualquier modificación posterior requeriría mayoría cualificada tanto en el parlamento regional como en el nacional y una nueva consulta popular. Además, el documento contempla una cláusula de irreversibilidad territorial, lo que excluiría explícitamente cualquier vía hacia la secesión, afirmando, según cita textual recogida por ‘Le Desk’: “La autonomía no está pensada como una etapa hacia la independencia, sino como una solución definitiva”. Este enfoque refuerza la visión de Marruecos de asentar la integración del Sáhara Occidental en la estructura legal y política del propio país, sin margen para alternativas posteriores.

Las garantías jurídicas y políticas de la propuesta han sido motivo de cuestionamiento entre especialistas. Fernández Molina, en declaraciones recogidas por los medios reseñados, llamó la atención sobre la debilidad del Estado de derecho en Marruecos, citando el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann, que otorga al país una puntuación de 3 en Estado de derecho, 2 en separación de poderes y 2 en independencia judicial. La profesora observa que, aunque el proyecto se fundamenta en elementos similares a modelos de autonomía vigentes en otros países, la ausencia de garantías sólidas plantea dudas sobre su viabilidad real. Además, subraya que la negativa marroquí a aceptar una supervisión internacional permanente implica que, tras la aprobación del estatuto, el Sáhara Occidental dejaría de ser una cuestión internacional para convertirse exclusivamente en un asunto interno, sin más papel para organismos externos.

El contexto de la presentación del plan, tras el encuentro diplomático en Madrid y bajo el seguimiento de la ONU y Estados Unidos, añade relevancia internacional a la propuesta. Según ‘Atalayar’, la divulgación del plan se puede interpretar como una maniobra para testar la reacción de la comunidad internacional y de los actores involucrados antes de proceder a cualquier implementación efectiva.

Entre las disposiciones incluidas en el documento elaborado por asesores cercanos al rey de Marruecos, destaca que la entrada en vigor de cualquier estatuto de autonomía para el Sáhara Occidental requeriría la celebración de un referéndum en todo el país. Según informó el medio 'Atalayar', la propuesta contempla que, de conseguir el respaldo de la mayoría marroquí, el texto autonómico se integraría en la Constitución nacional mediante un título específico. El futuro del territorio quedaría así subordinado a la consulta nacional y no solo a la voluntad de los habitantes del Sáhara Occidental, como ha venido reclamando el Frente Polisario y como contemplaba la misión de Naciones Unidas MINURSO.

De acuerdo con la información publicada por 'Le Desk', 'Yabiladi' y 'Atalayar', la propuesta difundida por Rabat responde a la actividad diplomática reciente y a la demanda del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, plasmada en su resolución 2797. Después de la reunión mantenida en la Embajada norteamericana en Madrid el 8 y 9 de febrero, donde se congregaron responsables de la diplomacia marroquí, representantes del Frente Polisario, así como de Argelia y Mauritania, con la mediación del embajador estadounidense Mike Waltz, el enviado para África Massad Boulos y el enviado especial de la ONU para el Sáhara, Staffan de Mistura, las autoridades marroquíes han desglosado por primera vez los detalles de su plan. La profesora Irene Fernández Molina, especialista en Relaciones Internacionales de la Universidad de Exeter, sostiene al respecto que se trata de un "globo sonda" para explorar la reacción internacional, y advierte que la iniciativa carece de garantías jurídicas y políticas claras para su despliegue efectivo.

El documento de 40 páginas, elaborado por los consejeros reales Taieb Fassi-Fihri, Omar Azziman y Fuad Ali El Hima, expone un sistema de autogobierno para el Sáhara Occidental regido por una persona designada por el rey Mohamed VI, que ostentaría a la vez el papel de representante estatal en la región. Según detalla 'Le Desk', este mecanismo busca preservar la coherencia institucional del país, evitando asimetrías con el resto del sistema político marroquí, donde todos los primeros ministros son nombrados por el monarca.

Los poderes autonómicos definidos en el plan incorporarían competencias en áreas como urbanismo, gestión territorial, desarrollo turístico e industrial, administración pesquera y materias sociales como salud y educación. Estos ámbitos quedarían bajo la supervisión normativa del gobierno regional, pero la soberanía nacional seguiría comprendiendo sectores críticos como defensa, seguridad, relaciones exteriores, moneda, nacionalidad y los símbolos nacionales. Toda competencia no asignada de forma explícita al Sáhara Occidental continuaría bajo control del Estado, conforme a la cláusula de subsidiariedad. Existe además un mecanismo de salvaguarda que faculta al gobierno central a suspender temporalmente ciertas atribuciones regionales en caso de que surjan amenazas para el orden constitucional, la integridad territorial o el funcionamiento institucional.

La composición del futuro parlamento regional del Sáhara Occidental sería unicameral e incluiría una parte de miembros elegidos directamente a través de sufragio universal, quienes también formarían parte del Parlamento nacional, y otra parte designada por las tribus reconocidas de la región, conforme a una ley orgánica. El texto estipula una cuota destinada a asegurar la inclusión femenina. Este órgano adquiriría plena capacidad legislativa en las materias transferidas.

En el plano fiscal, el documento divulgado por los medios mencionados contempla que la región autónoma podría percibir impuestos propios y regalías derivadas de la explotación de recursos naturales, además de asegurarse una porción de los ingresos nacionales generados localmente, aunque el porcentaje exacto quedaría pendiente de negociación. El Sáhara Occidental es conocido por su riqueza en recursos pesqueros, fosfatos y energía renovable, especialmente eólica y solar. El marco jurídico propuesto regula la protección de las tierras colectivas de las tribus, las concesiones mineras y las inversiones estratégicas en el territorio, estableciendo que toda inversión extranjera requeriría la luz verde tanto de las autoridades regionales como estatales, lo que podría complicar la posición de Argelia, país tradicionalmente enfrentado a Rabat, según apunta 'Atalayar'.

Otro eje relevante de la oferta marroquí es el retorno de los aproximadamente 173.000 refugiados saharauis localizados en los campos de Tinduf, en Argelia, según estimaciones de organismos de ayuda internacional. El plan prevé la formación de un comité encargado de organizar el regreso y la verificación de identidades, aunque los detalles específicos quedarían sujetos a futuras negociaciones. Asimismo, se crearían mecanismos para el desarme, la desmovilización y la reintegración social de los antiguos combatientes del Frente Polisario, excluyendo de este proceso a quienes hayan incurrido en delitos de guerra o contra la humanidad.

Como parte del procedimiento legal previsto, la aprobación del estatuto autonómico exigirá un referéndum a escala nacional en Marruecos, descartando cualquier consulta restringida a la población saharaui. Según la profesora Fernández Molina, citada por 'Atalayar', este método queda lejos de asemejarse a un proceso formal de autodeterminación al uso internacional, y señala que supondría una ruptura con las aspiraciones históricas del Polisario. De recibir apoyo, el nuevo estatus autonómico sólo podría modificarse mediante una nueva validación por mayoría cualificada en los parlamentos regional y nacional, además de un segundo referéndum nacional. En este contexto, el plan incluye una cláusula de irreversibilidad que cierra la vía a cualquier interpretación orientada a la secesión, señalando que la autonomía atendería a una solución definitiva y no transitoria.

El acuerdo plantea asimismo que, tras su adopción, el estatuto perdería todo carácter sujeto a tutela internacional, relegando su gestión y garantía al marco institucional interno de Marruecos. De acuerdo con 'Le Desk', este punto excluye la posibilidad de que exista una verificación internacional del cumplimiento de lo pactado con el tiempo, y elimina el papel de la comunidad internacional tras la eventual integración autonómica del Sáhara Occidental en el Estado marroquí.

El análisis de Irene Fernández Molina, citado nuevamente por 'Atalayar', recuerda los indicadores internacionales sobre gobernanza para advertir de las dificultades para que una propuesta semejante se aplique en un contexto donde el Estado de derecho obtiene una puntuación de 3 sobre 10 en el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann, con una calificación de 2 en separación de poderes y 2 en independencia judicial. Estas cifras refuerzan las reservas expresadas respecto a la viabilidad real de la propuesta.

El debate respecto al futuro político del Sáhara Occidental permanece abierto tras la divulgación de los términos de la iniciativa. El documento, que será previsiblemente una pieza central en futuras negociaciones, deja en manos de la política marroquí la progresiva concreción de los procedimientos, cuotas y garantías adicionales, así como la definición de los mecanismos de retorno de refugiados y el reparto definitivo de los recursos económicos. La publicación de estos detalles ha reavivado el interés internacional en la región y ha situado el proceso de autonomía propuesto por Marruecos en el centro de la agenda de las discusiones diplomáticas sobre el futuro de la antigua colonia española.

En un contexto donde la población de Suiza alcanza actualmente los 9,5 millones de habitantes y el debate migratorio domina la agenda interna, el país se prepara para votar el 14 de junio en un referéndum que podría establecer un máximo de diez millones de residentes para el año 2050. Según consignó el medio que reportó la noticia, la consulta popular se impulsa a través de una iniciativa lanzada por el Partido Popular Suizo, agrupación conocida por sus posturas restrictivas en materia migratoria, sin el respaldo del actual Gobierno federal.

La iniciativa sometida a votación propone un límite numérico claro al total de personas con residencia permanente aceptada oficialmente en territorio suizo a mediados de siglo. El medio responsable de la cobertura destacó que, en caso de que prospere la propuesta, el Ejecutivo nacional debería tomar medidas inmediatas, dado que la diferencia entre la población actual y el límite planteado es de apenas medio millón de personas. Estos ajustes implicarían posibles restricciones en la expedición de nuevos permisos de residencia, con un impacto directo sobre la presencia de extranjeros y sobre el otorgamiento futuro de derechos de residencia a quienes migren al país o permanezcan allí bajo regímenes temporales.

Según publicó la misma fuente de noticias, el referéndum se inserta dentro del sistema de democracia directa que distingue al modelo político suizo. En virtud de este mecanismo, cualquier iniciativa ciudadana que logre el número suficiente de firmas puede ser sometida a votación pública, aunque el Gobierno central no respalde el contenido de la propuesta. Los referendos sobre materias migratorias y de población suelen generar alta participación y polarización, dada la incidencia que tienen en la vida cotidiana y en la economía, sectores históricamente influidos por la presencia de mano de obra extranjera.

El Partido Popular Suizo logró encauzar el pulso de este debate tras reunir el respaldo popular necesario para activar el procedimiento habitual en las consultas helvéticas. El medio añadió que la propuesta deja entrever una estricta política de control demográfico y una posible revisión de los acuerdos bilaterales con la Unión Europea, puesto que el límite afectaría tanto a nacionales como a ciudadanos comunitarios residentes en Suiza y a otros extranjeros. De llegarse al techo de diez millones antes de 2050, el Ejecutivo tendría la potestad de aplicar restricciones de manera inmediata.

Dentro de los tópicos que también formarán parte de la consulta del 14 de junio, los ciudadanos suizos deberán pronunciarse sobre una reforma en la función pública orientada a reducir el número de contrataciones, de acuerdo con la información proporcionada por el medio. El objetivo, detalló la fuente, consiste en rebajar las admisiones de personal en el sector público de 6.600 a 4.000, una medida impulsada por las autoridades federales como parte de su búsqueda de eficiencia y contención del gasto estatal.

El mecanismo de referéndum, característico de la democracia suiza, permite que temas de alto impacto social, como la limitación de la población o la estructura del sector público, sean decididos directamente por la ciudadanía. Según detalló el medio que difundió la convocatoria, este proceso constituye uno de los asuntos recurrentes que el país somete a la opinión de sus habitantes, quienes a lo largo de los últimos años han resuelto otras cuestiones migratorias o administrativas a través de este canal participativo.

La incertidumbre sobre el resultado y el efecto de una medida de este tipo ha motivado comentarios tanto en el ámbito político como empresarial, debido al papel central que desempeña la inmigración en la economía suiza, particularmente en industrias con déficit de mano de obra local. La posibilidad de imponer un techo fijo podría modificar flujos migratorios y afectar sectores dependientes de la contratación de personal extranjero, mientras que los defensores de la iniciativa argumentan que el control demográfico constituye un medio para preservar servicios públicos y mantener estándares sociales.

El Partido Popular Suizo sostiene que limitar el crecimiento de la población resulta necesario para garantizar la calidad de vida, estabilidad y recursos del país. El Ejecutivo federal, que no apoya la iniciativa, ha manifestado su preocupación por el potencial impacto negativo sobre la economía y las relaciones internacionales de Suiza, según destacó la cobertura original. La composición de la población, con una proporción significativa de extranjeros residentes, añade complejidad al escenario y sitúa la cuestión migratoria en el eje del debate público antes de la consulta.

El referéndum previsto el 14 de junio incluirá estos dos temas centrales: la opción de fijar un máximo poblacional en diez millones de residentes para 2050 y la propuesta de reforma administrativa para limitar las contrataciones públicas. El desenlace de ambos procesos tendrá efectos directos sobre la estructura social, económica y administrativa de Suiza, en un contexto marcado por el uso sistemático de la democracia directa como vía para la toma de decisiones clave.

Un posible proceso constituyente ha cobrado fuerza en Tailandia, tras conocerse los resultados de una encuesta según la cual el 54,7 por ciento de la ciudadanía respaldaría el inicio de la redacción de una nueva carta magna, porcentaje superior al mínimo requerido para activar dicho mecanismo. El estudio, realizado por la Administración del Instituto Nacional de Desarrollo (NIDA) y citado por diversos medios, indica que la elaboración de una nueva constitución para reemplazar la de 2017, que surgió durante un periodo de gobierno militar, se perfila como una de las consecuencias potenciales de la actual consulta popular. Según publicó NIDA, el referéndum para una nueva constitución obtendría un respaldo que permitiría superar el umbral del 51 por ciento necesario, mientras el 31,5 por ciento se manifiesta en contra y un 13,8 por ciento aún no ha definido su posición sobre el asunto.

En cuanto a las elecciones generales celebradas este domingo en Tailandia, el medio NIDA detalló que el conservador Partido Bhumjaithai, que lidera actualmente el gobierno, se perfila como el más votado, al recibir un 37,17 por ciento de apoyo. Esta preferencia se traduce en una estimación de entre 140 y 150 escaños en la Cámara de Representantes, compuesta por 500 diputados, aunque la cifra definitiva no sería suficiente para garantizar la formación de un gobierno en solitario.

El Partido Popular del Pueblo (PPP), de orientación reformista, alcanzaría la segunda posición. De acuerdo con el sondeo citado por NIDA, el PPP obtuvo un 19,27 por ciento de los sufragios y se situaría entre los 125 y 135 escaños. Por su parte, el Partido Pheu Thai, económico-políticamente influyente por el respaldo de la familia Shinawatra, quedó en tercer lugar, con un 18,03 por ciento de votos y una proyección de entre 110 y 120 representantes en la Cámara baja.

Respecto a la encuesta utilizada para estas proyecciones, la Administración del Instituto Nacional de Desarrollo aplicó 3.000 entrevistas entre el 31 de enero y el 6 de febrero, lo que refuerza la actualidad de los datos expuestos y su relevancia para el pulso político tailandés. Una segunda encuesta, esta vez realizada por el Instituto Rey Prajadhipok y basada en 2.000 entrevistas efectuadas entre el 1 y el 5 de febrero, muestra diferencias en los porcentajes, pero mantiene al Partido Bhumjaithai como líder con un 21,4 por ciento, seguido de manera muy estrecha por el PPP, con el 21 por ciento, mientras que el Pheu Thai aparece con el 16,2 por ciento.

Con estos resultados, el escenario parlamentario tailandés plantea una fragmentación significativa, según consignó NIDA, lo que anticipa negociaciones entre distintas formaciones políticas para formar una coalición que permita alcanzar la mayoría de al menos 251 escaños, exigida por la legislación para la investidura. Se prevé que estas discusiones para conformar gobierno inicien la misma noche tras las elecciones, ante la inminencia de la publicación oficial de resultados.

El secretario general de la Comisión de Elecciones de Tailandia, Sawang Boonmee, informó que la publicación de los resultados oficiales comenzará a concretarse durante la tarde. "Podremos ver resultados más claros en torno a las 10.00 u 11.00 horas de la noche" (aproximadamente entre las 16.00 y 17.00 de Europa Central), recogió NIDA, subrayando también que la normativa electoral permite un plazo de hasta 60 días tras la jornada electoral para la publicación de los resultados definitivos. Posteriormente, la nueva Cámara de Representantes celebrará su sesión inaugural en un máximo de 15 días, uno de cuyos primeros cometidos será elegir al nuevo primer ministro.

La jornada electoral transcurrió con normalidad en la mayor parte del país, aunque autoridades detallaron un incidente en la provincia de Yala, al sur de Tailandia. Una bomba casera detonó al paso de una patrulla militar en el puente Wang Hin, en el subdistrito de Bannang Sata, provocando heridas en uno de los militares. Posteriormente, se registró también un ataque con armas de fuego dirigido contra la misma patrulla, según la información aportada por las autoridades tailandesas y reproducida por diversos medios.

El sur de Tailandia, especialmente las provincias de Yala, Pattani y Narathiwat, se encuentra en una situación de especial atención debido a su pasado como antiguo sultanato musulmán malayo, anexado por Tailandia en 1909. Actualmente, diversos grupos armados luchan por la independencia de esa región, marcada por una mayoría budista en el conjunto del país, lo que condiciona tanto la seguridad como la dinámica política en la zona.

En síntesis, las proyecciones electorales ratifican el liderazgo del Partido Bhumjaithai en votos y escaños, aunque sin la mayoría absoluta requerida, y dan protagonismo tanto al PPP como al Pheu Thai en las posibles negociaciones para la formación de gobierno. Paralelamente, la consulta sobre una nueva constitución se encamina a convertirse en uno de los principales ejes del debate nacional tras el proceso electoral, de acuerdo con las cifras difundidas por NIDA y los datos recabados por el Instituto Rey Prajadhipok. Todo el proceso, según recogen ambos institutos y las declaraciones oficiales consignadas por NIDA, apunta a la inminente apertura de un nuevo ciclo político en Tailandia, atento tanto a los desafíos de la gobernabilidad como a las demandas de reforma institucional promovidas desde la ciudadanía.

Albert Salvadó, quien fuera concejal y teniente de alcalde de Sant Carles de la Ràpita en 2017, expresó su evaluación del reciente fallo judicial como "una victoria de la democracia sobre la represión". Junto a él, Josep Caparrós, entonces alcalde del municipio, manifestó que "la justicia llega tarde, pero llega", reflejando la perspectiva de ambos sobre las consecuencias del proceso judicial al que se han enfrentado. La noticia principal radica en que la Audiencia de Tarragona ha decretado la amnistía total de ambos exresponsables municipales, eximiéndolos de cualquier responsabilidad penal y civil relacionada con supuestos delitos de desobediencia y prevaricación administrativa vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017.

De acuerdo con la información difundida por ERC a través de un comunicado y citada por diversos medios como detalló el medio original, la resolución judicial deja sin efecto todas las medidas cautelares que pesaban sobre Caparrós y Salvadó. El auto judicial sostiene que las acciones atribuidas a estos exdirigentes municipales quedan plenamente enmarcadas dentro del proceso político asociado al referéndum del 1-O y, en consecuencia, protegidas bajo la Ley Orgánica 1/2024 de Amnistía.

Según publicó el medio fuente, la Audiencia de Tarragona argumentó en su auto que todas las actuaciones investigadas y enjuiciadas forman parte de un contexto político concreto y por tanto están amparadas por normativa que recientemente entró en vigor en España, cuya finalidad es dejar sin efecto las consecuencias jurídicas derivadas de hechos vinculados a la organización y celebración del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

ERC informó que, hasta la fecha de emisión del auto, tanto Caparrós como Salvadó seguían pendientes de juicio por su presunta implicación en delitos tipificados como desobediencia y prevaricación administrativa. Con la publicación del documento judicial, queda extinguida cualquier causa penal o civil en su contra relacionada con los hechos objeto de la investigación.

Según consignó el medio original, Salvadó y Caparrós enfatizaron que el proceso judicial al que se vieron sometidos se debió a su defensa de lo que consideraban un ejercicio democrático legítimo. En palabras de Salvadó, el fallo judicial confirma su visión de que "se les persiguió por poner las instituciones al servicio de la democracia y de la voluntad popular". Caparrós, por su parte, declaró que sus actos no tuvieron motivación personal ni respondieron a intereses ajenos a sus compromisos públicos, insistiendo en que actuaron "con convicciones democráticas", según recoge el comunicado difundido.

Ambos exediles han aprovechado la ocasión para manifestar apoyo a aquellas personas que aún esperan beneficiarse de la amnistía recogida en la citada ley. En ese sentido, subrayaron que "la amnistía no borra el sufrimiento ni los años de presión personal y familiar, pero sí que abre la puerta a un nuevo escenario basado en el diálogo, la política y el respeto a la voluntad democrática del pueblo de Cataluña".

Tal como informó el medio fuente, el auto de la Audiencia de Tarragona se suma a los efectos inmediatos de la Ley Orgánica 1/2024, que reconoce la amnistía para diferentes actores e instituciones que participaron en los acontecimientos relacionados con el referéndum independentista de 2017, originado en Cataluña. Además de dejar sin efecto las acusaciones y las medidas restrictivas sobre ambos exdirigentes, el tribunal tarraconense cierra un capítulo judicial que se prolongó durante varios años y que impactó tanto en la vida personal como institucional de los acusados.

El tribunal enfatizó en su fallo que la naturaleza política del proceso del 1-O y el marco legal surgido tras la aprobación parlamentaria de la nueva ley de amnistía blinda a los antiguos responsables municipales frente a cualquier proceso penal y civil derivado de su actuación en los preparativos y celebración de la consulta. Según se refleja en las declaraciones recogidas por el medio original, los afectados reconocieron que el proceso judicial les causó una presión de carácter tanto personal como familiar, situación que, a su juicio, solo podría superarse con la implementación de un nuevo escenario orientado a la negociación y el entendimiento institucional.

La Ley Orgánica 1/2024 de Amnistía tiene como propósito principal concluir los procedimientos derivados de acontecimientos vinculados con la organización del referéndum, haciendo hincapié en la naturaleza política y en el marco democrático en el que se produjeron los hechos. De acuerdo con la información citada por el medio fuente, la resolución de la Audiencia de Tarragona representa una aplicación práctica de dicho marco legal, al extinguir toda clase de responsabilidad para personas directamente implicadas en la gestión municipal del 1-O en Sant Carles de la Ràpita.

El fallo del tribunal supone una referencia para casos asimilables en otros municipios catalanes donde sigue pendiente la ratificación de la aplicación de la amnistía. Según publicó ERC en el comunicado citado, el desenlace favorable en el caso de Caparrós y Salvadó podría repercutir en nuevas resoluciones que favorezcan a otros cargos públicos involucrados en hechos similares durante el otoño de 2017.

Según informó el medio, el vecino de Palma solicitó al Rey no solo su apoyo sino también orientación acerca de las posibles alternativas legales y administrativas para revertir las transformaciones llevadas a cabo recientemente en el Paseo Marítimo, un área remodelada que tuvo históricamente un papel destacado en el día a día de residentes y turistas. El mensaje remitido a la Casa Real describe la preocupación del ciudadano por lo que considera una alteración drástica de un lugar que fue, durante años, escenario de actividades deportivas, paseos, reuniones y espacios de socialización y ocio nocturno, con una oferta de restauración que aportaba a la economía y la vida social de la ciudad. En palabras recogidas en la misiva, las intervenciones recientes "han eliminado muchas de estas posibilidades, generando un impacto negativo en la comunidad".

La carta detalla de forma explícita la inquietud ante la evolución del espacio urbano, enfatizando que estas reformas han modificado de manera fundamental un área considerada vital para la dinámica social, cultural y deportiva local. El vecino, al apelar directamente al monarca, plantea que la envergadura del proyecto y su repercusión en la vida pública justifican la intervención y el compromiso tanto de las instituciones como de la sociedad civil.

De acuerdo con lo expuesto por el propio remitente, la petición se articula sobre el convencimiento de que la colaboración entre autoridades y ciudadanía puede propiciar soluciones que atiendan tanto la protección del patrimonio urbano como la satisfacción de las necesidades de quienes usan y viven la ciudad. En el texto, se subraya la importancia de que las iniciativas para modificar el Paseo Marítimo se realicen bajo principios de transparencia y responsabilidad, involucrando a todos los actores que tienen competencia en este tipo de proyectos urbanos.

La propuesta fundamental del ciudadano descansa en la demanda de un mecanismo participativo de decisión. Según consignó el medio, el vecino considera la consulta popular la vía adecuada para definir el futuro urbanístico y social de la zona, evitando que decisiones de gran impacto puedan consolidarse sin un debate público previo ni un respaldo democrático claro. El objetivo de esta solicitud incluye la garantía de que el Paseo Marítimo conserve o recupere su función histórica como espacio abierto y accesible que promueva la integración social, el esparcimiento y la calidad de vida tanto de residentes como de visitantes.

El escrito refleja también un llamado general para que ningún proyecto urbanístico se lleve adelante sin considerar las consecuencias sobre el tejido social y económico de la ciudad. La petición se inscribe en el contexto de un debate más amplio sobre la gestión de los espacios públicos y sobre el balance necesario entre modernización y preservación de las funciones tradicionales de zonas emblemáticas.

La misiva enviada a Felipe VI se basa, según publicó el medio, en el convencimiento de que el respaldo institucional y la implicación ciudadana constituyen herramientas esenciales para promover proyectos que sean responsables y respetuosos con la historia urbana, con el ánimo de evitar posibles pérdidas irreversibles y de asegurar, en palabras del remitente, la “responsabilidad y transparencia” en cada fase del proceso.

El documento dirigido al monarca cierra reiterando la disposición del vecino a colaborar con autoridades e instituciones para encauzar un proceso de revisión de las actuaciones emprendidas en el Paseo Marítimo, confiando en que el Rey sabrá encauzar iniciativas que faciliten la participación ciudadana y abran un debate colectivo sobre el futuro del emblemático espacio de Palma.

La recolección de firmas por parte de sectores opositores podría influir en la fecha fijada para realizar la consulta sobre la reforma del sistema judicial en Italia, ya que si la iniciativa logra reunir las 500.000 rúbricas necesarias, el asunto llegaría al Tribunal Constitucional antes de que pueda celebrarse el referéndum. Según informó El País, la decisión adoptada por el Consejo de Ministros establece como fechas previstas los días 22 y 23 de marzo, aunque la calendarización oficial aún depende de que el presidente Sergio Mattarella la publique por decreto en la Gaceta Oficial.

De acuerdo con la información de El País, el referéndum aborda la reforma promovida por el Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni, proyecto que superó a finales de octubre de 2025 el último trámite parlamentario. Hasta el momento, Meloni había adelantado la posibilidad de consultar a la ciudadanía en marzo, pero fue el Consejo de Ministros el órgano que definió las fechas concretas, manteniéndose igualmente la condición de la publicación presidencial. El referéndum solo se pospondría si la iniciativa ciudadana destinada a impugnar la convocatoria ante el Constitucional logra su objetivo, situación que abrieron la oposición y los comités del 'no' al promover la campaña de firmas. Estos sectores exigen plazos más amplios para difundir sus posturas y desarrollar la campaña informativa.

La reforma judicial impulsada por el Ejecutivo de Meloni plantea, entre otras cuestiones, una delimitación más tajante entre las carreras de jueces y fiscales, modificando la estructura actual y estableciendo caminos profesionales separados. También propone que el Parlamento cobre mayor peso en la designación de los integrantes de los órganos de gobierno de la judicatura, lo que supondría una merma en la influencia de las principales corrientes ideológicas que históricamente han dominado estos procesos, según detalló El País. La nueva regulación incluiría además otras modificaciones destinadas a introducir cambios en el funcionamiento interno de la justicia.

El medio El País señaló que la fecha propuesta para la consulta resulta crucial porque establece el calendario para que tanto el Gobierno como la oposición organicen sus respectivas campañas dirigidas a la ciudadanía. Las voces críticas a la reforma, agrupadas en comités especializados y en partidos de la oposición, han presentado formalmente la solicitud para ampliar los plazos, sustentando su reclamo en la necesidad de informar suficientemente al electorado sobre el alcance y las consecuencias de los cambios propuestos.

Por otra parte, el proceso legislativo que llevó a la aprobación inicial del referéndum atravesó diversos debates en el Parlamento, finalizando apenas en octubre del año pasado, según consignó El País. Desde ese momento, la fecha de la consulta se mantuvo en suspenso hasta la resolución del Consejo de Ministros, que este lunes fijó el 22 y 23 de marzo como los días potencialmente señalados para la votación nacional, en tanto se complete el procedimiento legal restante.

El rol del presidente Sergio Mattarella en este proceso se limita a formalizar la convocatoria mediante la publicación del decreto correspondiente en la Gaceta Oficial, paso sin el cual la cita electoral no puede concretarse. La interposición de un recurso ante el Constitucional por medido de la campaña de firmas podría abrir un nuevo escenario, pues de prosperar la impugnación, la fecha de la consulta se modificaría para dar cabida a la resolución judicial.

Entre las características de la reforma debatida sobresale la separación de las trayectorias de jueces y fiscales, medida que trasciende los aspectos organizativos y alcanza la estructura interna del poder judicial. La nueva intervención parlamentaria en la elección de los miembros de los órganos de gobierno de la judicatura representa un cambio relevante con respecto al modelo vigente, en el que las diferentes tendencias internas han tenido un predominio considerable en estos procesos, tal como reportó El País.

Con la convocatoria pendiente de la publicación oficial y la posibilidad de intervención del Tribunal Constitucional en función de la campaña de firmas, tanto los promotores como los detractores de la reforma intensifican sus acciones de cara al referéndum, que definirá el futuro del sistema judicial italiano y el alcance de las modificaciones propuestas desde el Gobierno.

La mandataria de Moldavia, Maia Sandu, reconoció que no existe una mayoría dentro de su país que respalde la unificación con Rumanía, aunque afirmó que sí hay un fuerte apoyo a la integración en la Unión Europea. Esta declaración se produce mientras Moldavia enfrenta presiones externas y amenazas híbridas que atribuye a Rusia, y consolida un acercamiento sostenido hacia Bruselas mediante su proceso de adhesión al bloque comunitario. Según informó la agencia estatal BTA y consignó el medio, Sandu declaró en entrevista que, de darse un referéndum sobre la reunificación con Rumanía, ella votaría a favor, aunque considera que esa opción no reúne suficientes adeptos entre la población.

Durante la conversación mantenida en un pódcast británico, Sandu subrayó las crecientes dificultades para que Moldavia conserve su estatus como democracia y Estado soberano, en especial ante las aspiraciones del presidente ruso, Vladímir Putin, quien —de acuerdo con la visión expuesta por la presidenta— mantiene intenciones de ampliar su influencia sobre Europa. El medio BTA detalló que la presidenta situó el debate sobre la posible reunificación dentro de un contexto de amenazas híbridas provenientes de Moscú, lo cual conduce al Ejecutivo moldavo a priorizar el acercamiento a la Unión Europea como respuesta a la inestabilidad regional.

Sandu hizo memoria de los años finales de la década de 1980, cuando surgieron movimientos que alentaron la reunificación de Moldavia con Rumanía. Según expuso la presidenta, en esa época no se llegó a consultar a la ciudadanía a través de un referéndum, de manera que no existe registro oficial de cuántos habitantes habrían apoyado esa opción. A pesar de estos antecedentes históricos, la actual jefa de Estado destacó que la política moldava se orienta, en cambio, hacia la integración europea, siguiendo la preferencia mayoritaria de la sociedad.

De acuerdo con la información publicada por BTA, Maia Sandu explicó que su respaldo personal a una posible unificación con Rumanía dependería de la realización de una consulta popular, reafirmando su confianza en la decisión de la ciudadanía. No obstante, insistió en que la coyuntura social favorece hoy la adhesión a la Unión Europea, objetivo que el gobierno considera prioritario y hacia el que están dirigiendo sus esfuerzos de política exterior y reformas internas.

Según recordó el medio estatal, Moldavia presentó su solicitud formal para ingresar en la Unión Europea en marzo de 2022, pocos días después del comienzo de la guerra en Ucrania, un evento que, según Sandu, intensificó el temor a la pérdida de soberanía frente a intereses rusos. Este proceso de acercamiento a Bruselas constituye una de las líneas principales de la actual estrategia política del Ejecutivo moldavo, en medio de un panorama de seguridad considerado frágil ante posibles injerencias extranjeras al estilo de las empleadas por Moscú en otros países de Europa oriental.

El vínculo histórico entre Moldavia y Rumanía fue otro de los temas abordados por Sandu en la entrevista. Tal como publicó la agencia BTA, la presidenta recordó que ambos países compartieron un mismo territorio entre los años 1918 y 1940, hasta que Moldavia fue anexionada a la Unión Soviética. Aquella división marcó el inicio de una etapa que, según la narrativa de Sandu, contribuyó a moldear el escenario sociopolítico actual, en el que la identidad nacional y la orientación internacional de Moldavia continúan siendo objeto de debate.

El proceso de integración europea avanza para Moldavia bajo la premisa de que la mayoría de la población opta por el marco comunitario antes que por la reunificación con Rumanía. La propia Sandu, según reportó BTA, señaló que el Ejecutivo toma en cuenta esa preferencia y estructura su agenda internacional alrededor de la vinculación con instituciones europeas, a la vez que mantiene como principio el respeto por la voluntad popular en eventuales decisiones sobre el futuro constitucional del país.

En el marco de las tensiones geopolíticas actuales, la presidenta moldava reiteró su acusación a Rusia por amenazas híbridas que afectarían tanto la estabilidad institucional de Moldavia como el rumbo de su política exterior. Según la información recogida en el medio, Sandu interpreta el avance de las influencias rusas como una motivación adicional para consolidar un proyecto europeo y evitar cualquier posible pérdida de autonomía o retroceso democrático. Aun así, insistió en que cualquier desarrollo hacia una unificación regional, como la propuesta con Rumanía, requeriría del consenso que solo puede surgir de una consulta popular directa.

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, recordó que en su etapa al frente del Govern se afrontaron eventos como los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), así como la organización del referéndum de independencia, iniciativas con las que —según sus palabras— se buscó “dar voz a la esperanza del pueblo de Cataluña”. Esto formó parte de un mensaje difundido por la formación Junts, con motivo de los diez años desde la investidura de Puigdemont como president, en el que el dirigente instó a reforzar varios aspectos considerados esenciales para el futuro de la comunidad autónoma, según detalló el medio que transmitió las declaraciones.

De acuerdo con lo publicado por el medio, Puigdemont subrayó la necesidad de “mirar al futuro” con la intención de “volver a elevar el nivel de soberanía, el nivel de autoestima, el nivel de autoexigencia y también la ambición de país” en Cataluña. El exmandatario señaló que lleva “ocho años y dos meses en el exilio para defender los mismos principios, los mismos valores que el Govern que tuve el honor de presidir”. Según lo consignó Junts, el dirigente catalán insistió en que siguen guiando sus acciones los mismos ideales que lo llevaron a ocupar la presidencia de la Generalitat.

Puigdemont recordó que durante su gestión el ejecutivo autonómico se enfocó en las obligaciones inherentes a cualquier administración, destacando la aprobación de presupuestos bajo condiciones que, a su criterio, resultaron “mucho más complejas que las actuales”. Este punto fue expuesto para contrastar los recursos y retos de aquel momento con el contexto político y social que enfrenta Cataluña hoy. Señaló que parte de las acciones emblemáticas de su mandato respondieron al “compromiso de dar voz” a la ciudadanía mediante la consulta independentista que tuvo lugar en 2017.

El exjefe del ejecutivo catalán consideró fundamentales dos herramientas: la unidad y la generosidad. “Lo hicimos porque disponíamos de dos herramientas muy poderosas a las que pido y trabajo para que no renunciemos nunca: unidad y generosidad”, manifestó Puigdemont, citado por Junts. En el mensaje conmemorativo, incitó a preservar y reivindicar estos valores, sosteniendo que constituyen el núcleo sobre el que —a su entender— se ha edificado Cataluña. El medio agregó que la exhortación de Puigdemont no solo se dirigió a sus correligionarios, sino a toda la sociedad catalana, en la defensa de unos “principios y valores que no son negociables”.

Según la información difundida, el mensaje difundido por Puigdemont coincidió con el aniversario de su investidura al frente de la Generalitat. El recordatorio de su permanencia en el extranjero, justificado por la defensa de “los mismos principios” que, asegura, inspiran la acción política de la actual dirigencia de Junts, reafirmó públicamente el compromiso del exmandatario con los ideales independentistas y su interpretación de la soberanía catalana. La declaración, detalló la formación, buscó dejar constancia de la vigencia de esos valores en el presente político catalán.

A lo largo de sus declaraciones, consignó Junts, Puigdemont hizo hincapié en la importancia de mantener la cohesión interna y la generosidad ante los retos colectivos. El mensaje incluyó una referencia explícita a la necesidad de no abandonar “nunca” esas directrices, y a defender un catálogo de principios que son, en sus palabras, centrales y permanentes. Si bien la alusión al referéndum independentista remite a un momento clave de la política catalana reciente, la reflexión del exmandatario se orientó también a proyectar hacia el futuro la reivindicación de una Cataluña con mayores niveles de autogobierno.

El canal de comunicación de Junts informó que el discurso se emitió el sábado, lo que situó la intervención en un momento simbólico para la organización política que lidera Puigdemont, reforzando la narrativa sobre la continuidad de sus reivindicaciones y su papel en el escenario político catalán.

Guy Bertrand Mapangou, presidente del Consejo Económico, Social, Ambiental y Cultural (CESEC) de Gabón, expresó que “Gabón debe mantener su soberanía e independencia cuando la integridad física y moral de sus niños sea violada, brutalizada o amenazada”, en declaraciones citadas por el diario Gabon Review. Estas declaraciones se produjeron en medio del debate nacional sobre la respuesta institucional ante los crímenes violentos, tema de preocupación creciente en la sociedad gabonesa y detonante para la reciente propuesta presidencial respecto a la pena de muerte.

El mandatario de Gabón, Brice Oligui Nguema, comunicó su decisión de celebrar una consulta nacional vinculada al restablecimiento de la pena capital, una medida eliminada en el país en el año 2010. De acuerdo con lo publicado por la agencia de noticias estatal AGP, Oligui Nguema transmitió esta instrucción al Gobierno durante una alocución, haciendo hincapié en que “esta discusión debe ser liderada por el pueblo que me eligió”. Este discurso evidenció la intención de involucrar a la sociedad gabonesa en el análisis y la toma de decisiones sobre una medida legal de gran trascendencia.

El anuncio de Oligui Nguema no incluyó detalles sobre la posible fecha para la convocatoria del referéndum, aunque quedó patente en sus declaraciones la urgencia social por abordar la problemática de los delitos violentos. El presidente aseguró que los responsables de estos actos no permanecerán exentos de castigo, enviando un mensaje que apunta a la revisión de políticas penales en Gabón, según consignó la agencia AGP.

La noticia se desarrolla en un contexto donde diversas voces gubernamentales y sociales han manifestado inquietud acerca del incremento o la persistencia de crímenes violentos en el país africano. Según información difundida por la agencia estatal, la preocupación pública se ha intensificado, generando presión sobre las autoridades para buscar soluciones que cuenten con el respaldo ciudadano. El debate público incluye tanto consideraciones sobre la protección de los menores como argumentos en torno a la soberanía nacional y la adecuación de la legislación penal vigente.

En febrero de 2010, el Gobierno de Gabón formalizó la abolición de la pena de muerte. Tres años antes de esa decisión, ya se habían retirado del código penal los preceptos legales que establecían la ejecución de sentenciados por delitos considerados graves, según recordó la agencia AGP. La reforma de 2010 llevó al país a suprimir la pena capital de su legislación, alineándose con una tendencia abolucionista.

El planteamiento actual de celebrar un referéndum reabre el debate sobre las estrategias punitivas frente a delitos extremos. Oligui Nguema subrayó que la consulta tiene como objetivo permitir a la población determinar, a través del voto, el camino legal que Gabón debería seguir en lo referente a la pena de muerte, en vista de las recientes manifestaciones de preocupación social.

Mapangou reiteró que, aunque la ley define a Gabón como un país abolicionista, persiste el desafío de proteger a las categorías más vulnerables, especialmente a los menores. Esta posición, difundida por el diario Gabon Review, añade un elemento al debate jurídico y ético sobre el regreso de la pena capital, especialmente en casos donde se vea en peligro la seguridad o la integridad de la infancia.

A la espera de una fecha concreta para el referéndum, la discusión se instala en la agenda política y social del país, tal como detalló la agencia AGP. Mientras tanto, se intensifica la atención pública sobre el proceder del gobierno y las reacciones de los diferentes sectores de la sociedad gabonesa ante la posibilidad de reinstaurar una medida que estuvo vigente hasta hace poco más de una década.

La reciente oleada de violencia en Yemen alcanzó un punto crítico con el ataque de las fuerzas separatistas en el este del país, un episodio que resultó en la muerte de 32 militares yemeníes en la provincia de Hadramut, según consignó el medio. Este incidente fue un factor determinante para el llamado urgente a negociaciones, impulsando a los protagonistas del conflicto a buscar una alternativa dialogada para la compleja situación del sur, en medio de tensiones históricas y avances militares en una región donde se entrecruzan intereses políticos y reclamos de autodeterminación. En este contexto, los separatistas del Consejo de Transición del Sur (CTS) informaron que aceptan la invitación de las autoridades yemeníes respaldadas internacionalmente y de Arabia Saudí para abrir conversaciones en Riad acerca del futuro político del sur de Yemen, según detalló la fuente.

De acuerdo con el comunicado del CTS publicado por el medio, la organización separatista expresó su disposición a dialogar bajo el patrocinio del Reino de Arabia Saudí, considerando este mecanismo "una traducción práctica del enfoque adoptado por el Consejo desde su creación, que se basa en el diálogo como el único medio racional para abordar cuestiones políticas, en primer lugar la cuestión de los pueblos del Sur y su derecho a restaurar su Estado". Este planteamiento se alinea con la hoja de ruta separatista, que prevé un período de "transición" de dos años a partir del presente año, culminando en la celebración de un referéndum por la independencia el 2 de enero de 2028.

El CTS subrayó su compromiso con el proceso de diálogo, y agradeció el papel de Arabia Saudí, al tiempo que reconoció el respaldo internacional y regional brindado a las aspiraciones del pueblo del sur de Yemen. El movimiento resaltó que su participación en las conversaciones se sostiene en el "reconocimiento de la voluntad de los pueblos del sur, dentro de un plazo determinado y con plenas garantías internacionales". Asimismo, estableció que mantener el referéndum "popular libre" constituye un punto innegociable para alcanzar cualquier acuerdo en torno al conflicto, enfatizó el CTS en el comunicado difundido por los separatistas y replicado en la cobertura del medio.

Por otro lado, la postura defendida por el CTS contrasta con la de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente, quienes comunicaron que la solución "no puede ser monopolizada por una sola parte" ni restringirse a "medidas unilaterales o reivindicaciones de representación exclusiva". Esas autoridades propusieron establecer "un marco nacional integral" como camino para tratar la cuestión meridional de forma justa y abierta, rechazando de manera expresa cualquier recurso a la violencia. El medio detalló que esta diferencia en los enfoques ha tensionado el proceso de acercamiento, en especial tras los recientes acontecimientos en Hadramut y la persistencia de agendas que buscan maximizar el margen de maniobra político de cada actor.

El anuncio de la cumbre en Riad se concretó luego de recibir solicitudes de diversas figuras y grupos políticos, incluidos representantes del sur, que manifestaron su deseo de canalizar el conflicto por la vía del diálogo, en respuesta a la proclamación del CTS de avanzar unilateralmente hacia la creación de un Estado independiente tras dos años de transición. La ambición de los separatistas se enraiza en la historia reciente de Yemen, que funcionó como dos países diferentes, Yemen del Norte y Yemen del Sur, hasta la unificación de 1990. Desde entonces, el tema del sur ha alimentado el debate político y el surgimiento de fracturas en el país, en paralelo a la guerra civil que enfrenta al gobierno con el movimiento hutí, dominante en Saná desde hace diez años, según publicó la fuente.

Durante los ciclos previos de violencia, los separatistas del CTS ofrecieron su apoyo al gobierno yemení, aunque este respaldo estuvo condicionado al reconocimiento de las demandas de autonomía e independencia. Sin embargo, la alianza entre ambos actores ha presentado frecuentes rupturas, en ocasiones motivadas por desacuerdos tácticos o políticos sobre la gestión territorial y el futuro del sur. A pesar del carácter intermitente de estos enfrentamientos, la confrontación ocurrida a principios de diciembre tomó un cariz más grave, marcando un nuevo nivel de deterioro en la relación y desencadenando medidas inmediatas por parte del gobierno yemení, según informó el medio consultado.

En este marco, las fuerzas gubernamentales anunciaron recientemente la recuperación del valle de Hadramut, continuando su avance hacia la ciudad de Mukalla, considerada la quinta más poblada de Yemen. Este movimiento busca restituir el control estatal sobre territorios que el CTS reivindica como parte de sus dominios históricos. El despliegue de tropas y los choques armados reflejan la magnitud de la disputa y la dificultad de alcanzar una solución sin un acuerdo político amplio, según recopiló el medio.

A lo largo de la última década, el conflicto en el sur de Yemen ha quedado relegado ante la atención internacional centrada en la guerra civil nacional y el dominio hutí sobre la capital. Sin embargo, la persistencia del separatismo sureño y la escalada de tensiones demuestran que la cuestión territorial sigue vigente y demanda respuestas integrales por parte de todos los actores involucrados. La propuesta de celebrar una cumbre en Riad pone de manifiesto la búsqueda de un consenso regional y mundial para abordar la causa del sur, en un contexto donde las garantías internacionales y la participación de distintos sectores resultan cruciales para encauzar el proceso, puntualizó el medio en su cobertura.

El diálogo auspiciado por Arabia Saudí adquiere un significado particular dadas las conexiones históricas de la monarquía saudí con los distintos actores yemeníes, así como la influencia regional que ejerce en la península arábiga. El CTS ha remarcado el papel saudí como garante de la seriedad y la legitimidad de las conversaciones, destacando la necesidad de observadores y acuerdos firmes que sostengan los compromisos alcanzados, según reflejó la cobertura realizada por el medio informativo.

El futuro de estas negociaciones dependerá de la capacidad de las partes para acercar posiciones y definir los plazos, las condiciones y las garantías bajo las cuales se podría resolver la cuestión meridional. En este proceso, el referéndum de autodeterminación propuesto por el CTS continúa siendo uno de los temas centrales en el debate, junto con el diseño de mecanismos que eviten la monopolización de la representación política y el recurso a la fuerza para resolver discrepancias, según ha documentado el medio en sus reportes más recientes.

El Consejo de Transición del Sur (CTS) declaró recientemente el inicio de un proceso para celebrar un referéndum de independencia en Yemen el 2 de enero de 2028, una medida que despertó el rechazo de diferentes actores políticos y generó la convocatoria de una cumbre patrocinada por Arabia Saudita. Según informó Europa Press, el presidente de Yemen, Rashad Mohamed al-Alimi, solicitó la organización de una conferencia nacional en Riad que involucre a todas las fuerzas relevantes para enfrentar este nuevo escenario y evitar que el conflicto derive en una ruptura definitiva.

De acuerdo con Europa Press, el llamado del mandatario busca contrarrestar las acciones unilaterales del CTS, que tras un periodo de transición de dos años apunta a conformar un Estado independiente en el sur del país. Fuentes oficiales citadas por la web del presidente sostienen que la petición responde tanto a las demandas de la ciudadanía como de sectores políticos de las gobernaciones del sur, manifestando preocupación por el rumbo asumido por la dirigencia secesionista. Diversos grupos y personalidades, incluido un sector del propio sur del país, han expresado en las últimas jornadas su oposición al proceso independentista y abogan por priorizar la vía del diálogo.

El presidente Al-Alimi reconoció la legitimidad de las inquietudes de la región meridional, al afirmar que “la causa del Sur es una cuestión justa”; no obstante, puso en duda la legitimidad de la estrategia asumida por el CTS, enfatizando que la resolución de este conflicto no puede quedar en manos de una sola facción ni circunscribirse a posturas excluyentes. En esa línea, el mandatario yemení reafirmó su apuesta por una solución dialogada y supervisada por instancias nacionales, regionales e internacionales, destacó Europa Press.

En el comunicado oficial, se subraya el objetivo de establecer un marco nacional inclusivo que promueva la resolución justa de los reclamos del sur. El texto enfatiza la búsqueda de la paz social, la colaboración y el consenso, así como el firme rechazo a cualquier intento de lograr éxitos políticos “por la fuerza o mediante las armas”, lo que, a juicio de la presidencia, “no favorece la Causa del Sur ni produce efectos legales ni constitucionales”. Además, el Gobierno expresó su compromiso con la protección de los derechos básicos y la justicia, subrayando la necesidad de enfrentar la crisis a través de vías institucionales acordadas.

En paralelo, el CTS acusó a las fuerzas progubernamentales —respaldadas por Arabia Saudita— de lanzar una ofensiva a gran escala contra sus posiciones en las provincias del este y proclamó el inicio de una “guerra” contra las autoridades reconocidas internacionalmente. El medio Europa Press reportó que el contexto agudizó la tensión, al punto de que la ruptura de la ya de por sí frágil alianza entre separatistas y el Gobierno reconocido escaló luego de un ataque separatista a comienzos de diciembre en la provincia de Hadramut, que resultó en la muerte de 32 militares yemeníes.

La importancia de una mediación internacional recae en el papel desempeñado por Arabia Saudita como principal apoyo externo tanto para el Gobierno central como en el proceso de concertación. Al-Alimi catalogó su propuesta de cumbre como una “extensión del papel fundamental” de Arabia Saudita en respaldo a Yemen, al señalar que este patrocinio podría allanar el camino a un diálogo serio y efectivo. Europa Press detalló que el objetivo es generar condiciones que favorezcan la consecución de resultados duraderos y soluciones prácticas a la crisis en curso.

El conflicto separatista del sur se desarrolla en paralelo a la prolongada guerra civil entre el Ejecutivo internacionalmente reconocido y el movimiento hutí, que controla la capital, Saná, desde hace diez años. Aunque los separatistas meridionales colaboraron en el pasado con el Gobierno central en contra de los hutíes, esa cooperación resultó ser efímera y marcada por acusaciones mutuas, cese del apoyo militar y demandas recurrentes de autodeterminación. Recordando que Yemen estuvo dividido en dos países, norte y sur, hasta 1990, los actuales reclamos del CTS evocan la histórica aspiración de restablecer la soberanía independiente de la región suroriental.

Las últimas acciones armadas y la respuesta política de ambas partes reflejan un punto de ruptura en la crisis yemení, con el riesgo de que nuevos episodios de violencia intensifiquen la inestabilidad en un país afectado por años de enfrentamientos internos y complejas alianzas, según reportó Europa Press. La convocatoria a una cumbre en Riad abre una oportunidad para negociar salidas institucionales, cuyos resultados podrían marcar la evolución del proceso separatista y el futuro político de Yemen.

Aidarus al Zubaidi, líder del Consejo de Transición del Sur (CTS), advirtió que la restauración del Estado del Sur de Arabia se concretará de manera inmediata si no obtiene respuesta ante su último pronunciamiento o si se producen nuevas acciones ofensivas contra sus fuerzas. Según informó el medio de comunicación, Al Zubaidi expuso esta postura tras los enfrentamientos recientes en las gobernaciones orientales y detalló que todas las opciones permanecen abiertas si las demandas separatistas no reciben atención.

El Consejo de Transición del Sur anunció este viernes el inicio de una nueva etapa que contempla una administración provisional de dos años en los territorios del sur de Yemen, con el objetivo de convocar un referéndum de autodeterminación el 2 de enero de 2028. De acuerdo con el medio, este anuncio llega después de una escalada de violencia entre las fuerzas secesionistas y el Gobierno yemení reconocido internacionalmente. Los separatistas denunciaron que las fuerzas gubernamentales, con apoyo de Arabia Saudí, realizaron un ataque sobre las posiciones conquistadas a finales del pasado año por el CTS en el este del país, un hecho que fue calificado como “acto de guerra” por parte de los independentistas.

A raíz de este incidente, el CTS declaró una movilización general y organizó un contrataque desde posiciones avanzadas en las gobernaciones de Al Mahra y, especialmente, Hadramut. Según reportó la fuente, Al Zubaidi apareció ante la población del sur en un mensaje que marca lo que describió como una “fase de transición de dos años” destinada a evitar más conflictos y asegurar un proceso político estable. Anunció una “declaración constitucional” para dar inicio al proceso hacia la constitución del Estado del Sur de Arabia y precisó que contemplan una consulta popular bajo supervisión internacional para regular el ejercicio del derecho de autodeterminación.

La cronología del plan presentado detalla que, tras el ciclo provisional de veinticuatro meses, se celebrará el referéndum que definiría la separación formal. Durante su comparecencia, Al Zubaidi fue enfático al advertir que podrían adoptar medidas unilaterales si los combates continúan: “La declaración constitucional para restaurar el estado de Arabia del Sur entrará en vigor de inmediato si nuestro llamamiento no es respondido o somos objeto de cualquier agresión y todas las opciones están sobre la mesa si no se tienen en cuenta las demandas”, de acuerdo con la cita recogida por el medio.

El trasfondo de la situación actual se remonta a los años de enfrentamientos civiles en Yemen, una nación históricamente dividida en norte y sur hasta 1990. El conflicto en el sur, aunque de larga data, se mantuvo en segundo plano frente a una década de guerra civil abierta entre el gobierno central yemení y el movimiento hutí, que controla la capital Saná desde hace diez años. Durante los momentos más críticos de la guerra, el CTS concurrió como aliado del Gobierno a cambio de obtener avances hacia la independencia, según publicó la fuente, aunque estas alianzas han resultado frágiles y susceptibles a rupturas periódicas.

La reciente ruptura se desencadenó en diciembre tras un ataque realizado por fuerzas separatistas en la zona oriental, lo que resultó en la muerte de 32 militares yemeníes en Hadramut, un suceso señalado como catalizador de la crisis actual. Nunca antes la colaboración entre el CTS y las autoridades de Adén —construida al principio de la guerra civil para hacer frente común contra la expansión hutí— se había visto tan comprometida como en el presente conflicto, puntualizó el medio.

El CTS sostiene que la autodeterminación constituye una reclamación histórica de los pueblos del sur y que el actual contexto de enfrentamientos acelera la necesidad de definir un estatus político propio. Al Zubaidi explicó, según el medio, que la transición tiene como propósito crear condiciones seguras, tanto sociales como políticas y de seguridad, para la eventual consulta popular. Además, reiteró el compromiso del Consejo de organizar el referéndum bajo vigilancia internacional y aclaró que la convocatoria podría adelantarse si las hostilidades no se detienen.

Hasta 1990, Yemen se componía de dos estados soberanos, uno en el norte y otro en el sur, y las aspiraciones separatistas del CTS refieren a la restauración de ese esquema institucional previo, indicó la publicación. La declaración del CTS establece, además, que el estado provisional pretende evitar una mayor escala de tensiones en la región y funcionar como marco legal y administrativo durante el periodo de transición, mientras las autoridades separatistas mantienen su exigencia de reconocimiento y cese de actos violentos del Gobierno yemení con el presunto apoyo saudí.

La intervención militar denunciada por los secesionistas, aliada supuestamente con Riad, agudizó el clima de enfrentamiento y llevó al CTS a movilizar a sus seguidores y a reforzar su presencia militar en puntos estratégicos del este y sur yemení. Los separatistas consideran que el ataque representa una línea roja y recalcan la urgencia de responder para preservar sus territorios históricos y avanzar en sus reivindicaciones políticas.

Por último, el medio remarca que esta evolución incrementa la complejidad política en Yemen, donde los múltiples frentes han obstaculizado de forma reiterada los intentos de negociación y de pacificación nacional. El CTS afirma que, en ausencia de diálogo efectivo, la opción de avanzar de forma unilateral en la restitución del Estado del Sur permanece abierta y que la fase transitoria representa una oportunidad para procesar la voluntad popular de los habitantes de la región meridional.

En medio de las conversaciones para un posible acuerdo de paz, Volodimir Zelenski propuso la creación de una zona económica especial que incluyera los territorios orientales de Ucrania bajo control ruso, y sugirió que cualquier decisión sobre este estatus se definiría mediante un referéndum validado internacionalmente. El presidente ucraniano defendió esta opción en entrevista con la cadena estadounidense Fox News, planteando que, en caso de establecer tal zona económica libre, Ucrania y Rusia tendrían que ajustar sus posiciones territoriales para facilitar la aplicación de nuevas reglas y la posterior consulta popular. Según informó Fox News, Zelenski sostuvo que “si tomamos una decisión sobre la zona económica, se realizará un referéndum para aceptarla o no”, añadiendo alternativas al estancamiento diplomático.

Durante la entrevista revelada por Fox News, Zelenski enfatizó que Ucrania no contempla la posibilidad de abandonar unilateralmente las regiones del este actualmente en manos rusas. Declaró: “No podemos retirarnos. Está fuera de nuestra legislación”. El mandatario señaló que la protección de la población residente representa otra razón clave, ya que enfatizó la presencia de aproximadamente 300.000 personas en esas áreas. Según detalló Fox News, Zelenski consideró fundamental evitar la pérdida de esas comunidades dentro de sus propuestas para las negociaciones.

Según publicó Fox News, el presidente ucraniano explicó que la integridad territorial y el destino de los habitantes han generado uno de los principales desacuerdos en la mesa de negociación. Ese punto se mantiene como uno de los mayores obstáculos para que el borrador de 20 puntos presentado por Ucrania logre apoyo unánime. Fox News reportó que este plan detallado incluye, además del tema territorial, propuestas para la seguridad y administración de instalaciones estratégicas.

El medio estadounidense añadió que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a Zelenski en su residencia de Mar-a-Lago durante el último fin de semana, ocasión en la que el líder ucraniano presentó en persona su borrador de veinte puntos para un plan de paz. Según ambas partes, las diferencias sobre la soberanía de los territorios ocupados y la gestión de la central nuclear de Zaporiyia concentran los principales desacuerdos en las actuales negociaciones, manteniéndose a la espera de una respuesta formal del gobierno ruso, que continúa con su propia agenda de prioridades.

De acuerdo con lo consignado por Fox News, Zelenski argumentó que la situación de los territorios controlados por fuerzas rusas no solo constituye un problema jurídico, sino también una cuestión humanitaria y de representación política. Resaltó la dificultad de tomar decisiones que afecten a cientos de miles de ciudadanos afectados por la guerra, lo que, según declaró, refuerza la necesidad de buscar soluciones con respaldo internacional.

Fox News especificó que la propuesta de referéndum internacional se situaría en el marco de la creación de una zona con un régimen económico específico, con normas propias para la colaboración transfronteriza y la administración civil. Zelenski manifestó que esa opción podría requerir la reubicación de las líneas administrativas y la adopción de medidas compartidas entre Ucrania y Rusia. Esa propuesta busca respaldar el derecho de los habitantes a decidir sobre su futuro político y económico mediante un proceso transparente y validado por actores internacionales.

El mismo canal estadounidense indicó que, de acuerdo con el borrador presentado durante la reunión en Mar-a-Lago, Ucrania aspira a que cualquier solución que implique cambios en el control de los territorios o en el régimen administrativo cumpla con los principios del derecho internacional y la voluntad popular expresada con garantías externas. Estas condiciones constituyen una respuesta al clima de desconfianza y a la falta de consenso general en torno a los mecanismos para alcanzar un cese de hostilidades y la posible reintegración de las regiones ocupadas.

Asimismo, Fox News identificó como foco de las diferencias la gestión a futuro de la central nuclear de Zaporiyia. Esta instalación, bajo control de fuerzas rusas, representa un reto adicional en las negociaciones, dado el impacto en la seguridad energética de Ucrania y la región, y las preocupaciones internacionales acerca del manejo y regulación de las infraestructuras nucleares en contextos de conflicto armado.

La posición expresada por Zelenski y difundida por Fox News refleja el grado de dificultad que enfrentan las actuales conversaciones. La insistencia del presidente ucraniano en mantener la integridad territorial y en evitar disposiciones unilaterales responde a las presiones internas y externas, así como a las expectativas de la sociedad ucraniana y de la comunidad internacional. La inclusión de una consulta popular avalada internacionalmente y la opción de una zona económica con reglas particulares apuntan a crear una hoja de ruta alternativa ante el estancamiento de las discusiones, aunque persisten profundas diferencias con Moscú y falta aún conocer la respuesta oficial de Rusia ante estos planteamientos.

Durante la reciente videollamada cumbre sostenida desde Palm Beach, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expuso que se han conseguido avances positivos en las negociaciones dirigidas a un acuerdo de paz en Ucrania, aunque subrayó que resulta esencial que Kiev reciba garantías sólidas de seguridad desde el primer momento para tranquilizar a los socios del bloque europeo. Este señalamiento se produjo al término de la reunión celebrada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, quienes se encontraron en Florida con la prioridad de acercar posturas frente al conflicto con Rusia. Según consignó el medio, ambos líderes aseguraron que las posiciones se encuentran “muy cerca” de converger hacia una posible solución, aunque advirtieron sobre la presencia de temas pendientes especialmente complejos.

Tanto Trump como Zelenski detallaron ante la prensa, tras el encuentro en la residencia presidencial de Palm Beach, que la agenda bilateral lograba resolver un 95 por ciento de las cuestiones puestas sobre la mesa. De acuerdo con lo publicado por la fuente, Trump enfatizó su optimismo aunque también advirtió que persistían “uno o dos asuntos muy espinosos por tratar”. El mandatario estadounidense destacó el ambiente de cooperación alcanzado, mencionando: “A mí me parece que estamos mucho más cerca que nunca en lo que concierne a ambas partes”.

El encuentro, de aproximadamente dos horas, contó con la presencia virtual de varios mandatarios europeos, entre ellos la presidenta Von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido: Fredrich Merz, Emmanuel Macron y Keir Starmer, respectivamente. Según publicó la fuente, durante la cumbre prevaleció la valoración positiva de los avances alcanzados, aunque la dirigente europea insistió en que el respaldo a Ucrania seguiría en su agenda y que trabajarían en conjunto para reforzar esos progresos.

Von der Leyen insistió al finalizar la videoconferencia en que para materializar cualquier solución resulta “fundamental” que no solo Ucrania, sino también toda Europa, disponga de garantías de seguridad firmes desde el primer día. Añadió: “Se han logrado buenos avances y es algo que celebramos. Europa está dispuesta a seguir trabajando con Ucrania y nuestros socios estadounidenses para consolidarlos”.

Durante la conversación entre Trump y Zelenski, surgió nuevamente la propuesta de celebrar un referéndum nacional en Ucrania sobre los términos de un eventual acuerdo con Rusia. Según relató el medio, Zelenski aclaró que esta alternativa sigue siendo considerada solo bajo ciertas circunstancias; si la fórmula del acuerdo se presenta demasiado difícil de asumir para la sociedad ucraniana, tanto el pueblo como el Parlamento podrían ser convocados a expresar su voz. En palabras del presidente ucraniano: “Nuestra sociedad tiene que votar porque es nuestra tierra. No pertenece a una persona. Es una tierra que pertenece a las generaciones”.

Por parte de Estados Unidos, Trump enfatizó la urgencia de alcanzar un pacto definitivo han dicho, incluso advirtiendo de la gravedad de extender indefinidamente el conflicto armado. Expresó ante los medios: “Si al final no conseguimos que sucedan cosas, la gente seguirá luchando y seguirá muriendo, y no queremos que eso ocurra”. Con este mensaje, marcó la prioridad de las negociaciones de las próximas semanas, las cuales calificó como determinantes.

En la antesala de la cumbre celebrada en Florida, Trump reveló haber mantenido una conversación preparatoria con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anticipando que se programaría un segundo intercambio en breve. The source informó que no trascendieron detalles concretos sobre aquella charla, aunque el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov informó que ambos mandatarios expresaron serias dudas acerca de la viabilidad de la propuesta europea y ucraniana, contrastada contra el plan presentado por Trump. Para Ushakov, tanto el líder ruso como el estadounidense comparten “opiniones muy similares sobre el hecho de que el alto el fuego temporal propuesto por los ucranianos y los europeos, con el pretexto de preparar un referéndum, solo prolongará el conflicto”.

De acuerdo con lo reportado, la dinámica de las conversaciones diplomáticas continúa su curso bajo múltiples frentes, con la participación de actores políticos clave y la presión de la sociedad internacional para alcanzar una solución. Las declaraciones públicas revelan que, a pesar de empeños y progresos en la mesa de negociación, quedan por delante desafíos de peso cuya resolución será condición para materializar un pacto que ponga fin al enfrentamiento militar y ofrezca garantías de seguridad duraderas tanto para Ucrania como para el conjunto europeo.

En las discusiones figura como uno de los temas complejos la posible aceptación por parte de Kiev de la pérdida definitiva de territorios ocupados por Rusia, lo cual ha sido identificado como uno de los puntos que podrían requerir la validación democrática directa de la población ucraniana o la intervención parlamentaria. Según las manifestaciones recogidas por la fuente, ambas capitales consideran fundamental la legitimidad y el respaldo interno a cualquier eventual acuerdo.

Trump y Zelenski acordaron mantener los canales de diálogo activos y reconocieron la etapa crítica que atraviesan las negociaciones, en las cuales la implicación de los líderes europeos y la OTAN suman presión adicional para la búsqueda de resultados que satisfagan a todas las partes involucradas. La comunidad europea, expresada a través de Von der Leyen y los jefes de Estado presentes en la conferencia virtual, ha reiterado el compromiso de prolongar el apoyo a Ucrania en el marco de estos esfuerzos, dejando manifiesta la relevancia de garantías de seguridad efectivas para el futuro del país y del continente.

La continuidad de las pláticas previstas entre Estados Unidos y Rusia, así como las consultas con los socios europeos, figuran como elementos decisivos en el rumbo de las próximas etapas del proceso. De acuerdo con la información brindada por la fuente, el desenlace de estos intercambios será observado atentamente para evaluar la posibilidad de alcanzar finalmente una solución pactada y sostenible al conflicto en Ucrania.

Volodimir Zelenski señaló que el borrador de un plan de paz incluye la opción de convocar un referéndum ciudadano si surgen temas complejos o preguntas que no puedan resolverse únicamente mediante decisiones del jefe de Estado. El presidente ucraniano comunicó que "hay preguntas que solo el pueblo de Ucrania puede responder" y remarcó que corresponde a los ucranianos decidir el destino del país, según publicó Ukrinform. Este escenario se plantea en el marco de negociaciones con los aliados occidentales para definir las condiciones que permitan la celebración de futuros comicios o consultas populares, en medio del conflicto armado con Rusia.

Según detalló Ukrinform, Zelenski ha subrayado que cualquier convocatoria electoral depende principal y exclusivamente de la seguridad, la cual debe estar garantizada por los socios internacionales de Ucrania, pues son estos quienes tienen la capacidad de presionar a Rusia para acordar medidas de protección que viabilicen la consulta ciudadana. "Lo primero es la seguridad", expresó el mandatario en declaraciones a la prensa, añadiendo que los países aliados poseen el poder suficiente para forzar a Moscú a establecer condiciones seguras y una infraestructura adecuada para elecciones presidenciales o un referéndum.

El medio Ukrinform amplió que la posibilidad de celebrar elecciones en plena guerra surgió originalmente como una propuesta de Estados Unidos. Zelenski insistió en que, más allá de la voluntad política y de los preparativos legislativos en curso, resultan imprescindibles los acuerdos firmes sobre seguridad tanto para la realización de elecciones como para consultas referendarias, considerando que una parte del territorio ucraniano permanece bajo control ruso.

El avance de las conversaciones con Estados Unidos y Europa en materia de garantías se encuentra en una etapa avanzada. De acuerdo con las palabras del presidente, el acuerdo bilateral con Washington y otro con países europeos "están prácticamente listos". Además, el borrador del plan de paz incluye cerca de veinte puntos, uno de los cuales prevé la posibilidad de someter a referéndum cuestiones que no puedan resolverse por una decisión unipersonal. Según señaló Ukrinform, este instrumento plebiscitario podría emplearse tanto para consultas sobre territorios bajo ocupación rusa como para otros temas, incluyendo la aceptación de propuestas de paz externas.

En una entrevista otorgada al portal Axios, Zelenski abordó la eventual organización de un plebiscito sobre la aceptación del plan de paz estadounidense propuesto por Donald Trump. Explicó que, al igual que las elecciones, cualquier referéndum requeriría condiciones muy estrictas de seguridad, entre las cuales mencionó un alto el fuego de al menos 60 días como condición mínima. El jefe de Estado manifestó que uno de los aspectos más complejos sería preguntar a la población sobre la aceptación definitiva de la continuidad de territorios ucranianos bajo dominio de Moscú, reconociendo la dificultad y sensibilidad de esta cuestión. Zelenski expresó su preferencia porque el plebiscito abarque los 20 puntos del plan estadounidense.

El mandatario también manifestó su expectativa favorable respecto a la reunión prevista con Donald Trump, indicando que la mayoría de los puntos de los acuerdos bilaterales entre ambas naciones ya han sido consensuados y recogidos en cinco documentos, con la posibilidad de incorporar un sexto texto complementario.

La agencia Ukrinform recordó que, conforme marca la legislación de Ucrania, Zelenski debería haber convocado comicios presidenciales en mayo de 2024, pero la imposición de la ley marcial y la movilización general tras la invasión rusa en 2022 ha impedido cumplir ese calendario. El tema de la celebración de elecciones en medio del conflicto cobró presencia internacional luego de que Donald Trump, en su primer encuentro con Zelenski tras asumir la presidencia de Estados Unidos, reprochara la falta de convocatoria electoral e incluso llamara dictador al líder ucraniano.

Las conversaciones sobre garantías de seguridad y acuerdos internacionales han progresado, afirmó el presidente ucraniano, aunque mencionó que no han recibido aún respuesta de Rusia sobre el nuevo borrador del acuerdo. Zelenski expresó su expectativa de que Estados Unidos pueda transmitir la postura de Moscú durante la reunión programada para el próximo domingo en Florida.

Mijailo Podoliak, asesor principal del presidente Zelenski, indicó esta semana que Ucrania no dispone de los recursos presupuestarios necesarios para sufragar los costos de un proceso electoral en la actual coyuntura de guerra, según recogió Ukrinform. Ante estas afirmaciones, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, respondió de modo irónico, sugiriendo que Ucrania ha recurrido en reiteradas ocasiones a solicitudes de ayuda a Occidente, considerándolo una práctica usual, y se abstuvo de comentar sobre la financiación de los eventuales comicios.

Ukrinform reportó que la actual preocupación principal de las autoridades ucranianas reside en asegurar que cualquier votación o consulta ciudadana se desarrolle bajo condiciones de seguridad garantizadas por compromisos firmes de los aliados y el establecimiento de mecanismos internacionales de presión sobre Rusia. De este modo, la viabilidad de las elecciones o un plebiscito en el futuro próximo permanece sujeta a las condiciones externas del conflicto y a la efectividad de las negociaciones multilaterales en curso.

Zelenski manifestó que uno de los puntos clave del borrador del plan de paz actualmente en debate contempla la posibilidad de convocar un referéndum si surgen cuestiones especialmente delicadas, argumentando que “hay preguntas que sólo el pueblo de Ucrania puede responder”. Con este enfoque, el presidente ucraniano reiteró que cualquier decisión fundamental sobre el destino del país debe recaer en la población nacional. En ese contexto, subrayó que la celebración de elecciones en Ucrania, ya sean comicios presidenciales u otras consultas, depende en gran medida de lograr condiciones mínimas de seguridad, cuya instauración considera solo posible mediante una intervención efectiva de la comunidad internacional. Así lo informó este viernes la agencia Ukrinform, tras una comparecencia pública de Zelenski.

De acuerdo con Ukrinform, Zelenski enfatizó que los socios internacionales de Ucrania, incluidos Estados Unidos y los países europeos, son los únicos actores capaces de ejercer suficiente presión sobre Rusia para garantizar la seguridad necesaria. En sus palabras, “los socios tienen suficiente poder para obligar a Rusia a acordar las medidas de seguridad adecuadas y una infraestructura segura para la celebración de las elecciones presidenciales de Ucrania o un referéndum”. La declaración se produjo cuando persisten territorios bajo control de las fuerzas rusas y el conflicto bélico sigue generando inestabilidad en varias regiones del este y sur de Ucrania. Zelenski remarcó que “lo primero es la seguridad”, situando esta condición como prioritaria, incluso por encima de los mecanismos técnicos para organizar unos comicios en esta coyuntura.

El mandatario también recordó que la propuesta de celebrar elecciones en plena guerra surgió originalmente del gobierno de Estados Unidos. Según citó Ukrinform, insistió en que para avanzar en esa dirección no basta la voluntad política, sino que resultan imprescindibles medidas específicas de seguridad que permitan a la ciudadanía votar sin riesgos. En los últimos días, las negociaciones con Washington y con autoridades europeas han avanzado sustancialmente para establecer garantías a Ucrania ante las amenazas externas. Zelenski afirmó que un acuerdo bilateral con Estados Unidos se encuentra “prácticamente listo”, con la posibilidad añadida de alcanzar otro a tres bandas con países europeos; ambos pactos buscan reforzar la seguridad general y facilitar un entorno propicio para la eventual organización de elecciones.

Respecto a la postura de Rusia, Zelenski detalló que todavía no existe una respuesta oficial de Moscú sobre el último borrador del plan de paz. Mencionó también su esperanza de que Estados Unidos pueda transmitir la posición rusa tras una reunión prevista para el próximo domingo en Florida. En sus palabras, el presidente calificó como fundamental la mediación de sus socios para avanzar en la discusión de propuestas que permitan a Ucrania ejercer su soberanía de forma efectiva.

Las dificultades económicas para financiar un eventual proceso electoral ocupan también parte relevante del escenario actual. El principal asesor presidencial ucraniano, Mijailo Podoliak, advirtió esta semana que el gobierno no dispone de los recursos presupuestarios necesarios para costear la organización de elecciones en medio del contexto bélico. Según consignó Ukrinform, Podoliak planteó la imposibilidad económica de cumplir con un proceso electoral sin incremento de la ayuda internacional o reubicación de fondos prioritarios.

Desde Rusia, la reacción llegó en declaraciones del portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ironizó sobre la petición de recursos financieros occidentales, afirmando que “son conocidos los trucos que Ucrania viene utilizando en los últimos años para conseguir dinero de Occidente”. Peskov describió esta demanda de ayuda como “una práctica habitual”, optando por no profundizar en el debate sobre responsabilidades de financiación. Además, indicó que desde Moscú no han recibido información oficial de Kiev sobre la financiación de comicios ni sobre otros detalles administrativos relacionados.

La situación legal respecto a la organización de elecciones se ve condicionada por la imposición de la ley marcial y la movilización general, decretadas tras la invasión rusa dos años atrás. Según la legislación vigente en Ucrania, el presidente Zelenski debía haber convocado elecciones en mayo de 2024, lo que no fue posible debido a las restricciones excepcionales derivadas de la guerra. Este retraso ha generado cuestionamientos en la esfera internacional y debate dentro del propio país sobre la legitimidad y viabilidad de posponer procesos democráticos fundamentales bajo condiciones de conflicto armado.

Este tema cobró especial protagonismo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfatizara en su primer encuentro con Zelenski tras regresar a la Casa Blanca, la necesidad de convocar elecciones, llegando incluso a aplicar el calificativo de dictador ante la ausencia de un llamado a urnas. Según publicó Ukrinform, estas presiones aumentaron la carga sobre el liderazgo ucraniano en torno a la búsqueda de condiciones mínimas para el ejercicio del voto.

La persistencia de territorios bajo dominio ruso y las continuas hostilidades representan obstáculos para la logística y transparencia de cualquier proceso electoral. De acuerdo con Ukrinform, el presidente Zelenski sostuvo que sólo una intervención internacional efectiva podría modificar el escenario y permitir la celebración de votaciones seguras, reiterando que la responsabilidad recae en los actores externos para crear el entorno adecuado y ejercer presión sobre Rusia.

El mandatario ucraniano también hizo referencia a las conversaciones recientes con sus principales aliados, remarcando avances en el diseño de garantías legales y operativas para salvaguardar la voluntad popular. Según resaltó Ukrinform, la inclusión de la posibilidad de referéndum en el borrador del plan de paz responde a la necesidad de consultar a la ciudadanía en cuestiones de máxima sensibilidad, superando posibles límites del liderazgo individual y garantizando la legitimidad de las decisiones nacionales.

En este contexto de inestabilidad, restricciones legales y limitaciones financieras, Zelenski volvió a poner en primer plano la centralidad de la seguridad como requisito indispensable. Según el medio Ukrinform, el presidente reiteró que las condiciones objetivas actuales, marcadas por el conflicto, solo pueden alterarse mediante compromisos internacionales efectivos y medidas coordinadas con aliados occidentales, un enfoque que busca reservar la decisión sobre el destino político del país a la voluntad directa de la sociedad ucraniana.

La posibilidad de una desmilitarización en la región del Donbás y de establecer una zona de libre comercio bajo ciertas condiciones surge como punto central en la propuesta ucraniana para un acuerdo de paz. Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, ha planteado que Kiev solo consideraría la retirada de sus fuerzas del área si Moscú hiciera lo mismo, según detalló la agencia Ukrinform. Este planteamiento forma parte de un borrador elaborado en colaboración con Estados Unidos, que ya fue remitido al Kremlin y que se encuentra pendiente de respuesta.

De acuerdo con la información publicada por Ukrinform, el documento consta de veinte puntos e integra tanto medidas políticas como de seguridad, además de garantías humanitarias y educativas. El presidente ucraniano describió el texto durante una rueda de prensa, enfatizando que cuenta con el respaldo de Washington y representa una posición consensuada entre Kiev y la administración estadounidense. Aunque persisten aspectos sujetos a negociación, el gobierno ucraniano sostiene que el marco general del acuerdo está próximo a definirse plenamente.

Dentro de las propuestas incluye la reafirmación de la soberanía de Ucrania y la puesta en marcha de sistemas de monitoreo internacional en la línea de contacto, utilizando equipos no tripulados para advertir posibles violaciones al alto el fuego. Según indicó el propio Zelenski, esta supervisión busca garantizar una alerta temprana ante incidentes armados y contribuir a la estabilidad en el territorio en disputa.

Por otro lado, el acuerdo esboza la entrega de garantías de seguridad sólidas para Ucrania, entre las que figura el mantenimiento de un ejército compuesto por 800.000 efectivos durante tiempos de paz. Asimismo, contempla la perspectiva de una futura membresía de Ucrania en la Unión Europea, junto con un acceso privilegiado, aunque temporal, al mercado europeo. Estos elementos, según resaltó Zelenski en declaraciones recogidas por Ukrinform, se orientan a asegurar la viabilidad y la estabilidad económica y política del país después del cese de las hostilidades.

En el ámbito nuclear, la oferta ucraniana reitera el compromiso del país con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, reafirmando su estatus como Estado libre de armamento nuclear. El control de la planta de energía nuclear de Zaporiyia constituye otro de los temas incluidos en el borrador. Zelenski mencionó que la gestión de la instalación estaría en manos conjuntas de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, aunque subrayó que los detalles de este modelo todavía son objeto de discusión, dado que Kiev descarta la posibilidad de mantener vínculos económicos directos con Moscú.

En relación con las condiciones educativas y sociales, el documento prevé la puesta en marcha de programas destinados a fomentar la comprensión cultural y eliminar prejuicios. Según insistió Zelenski, ambos países deben comprometerse con iniciativas escolares orientadas a la tolerancia y la convivencia, así como a la eliminación de prácticas racistas. Por su parte, Ucrania adoptará las normativas europeas sobre tolerancia religiosa y protección de las lenguas minoritarias, conforme detalló el mandatario citado por Ukrinform.

En el capítulo territorial, la propuesta contempla dos escenarios posibles para el Donbás y otras regiones con presencia militar. Por un lado, Ucrania aspira a mantener las posiciones actuales en Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, estableciendo una línea de contacto reconocida de facto. Las fuerzas internacionales asumirían la responsabilidad de supervisar esa línea para consolidar el alto el fuego. Por otro, se ofrece una vía alternativa que implica la retirada mutua de tropas ucranianas y rusas del Donbás, bajo la condición de que ambas partes respeten una desmilitarización completa. El documento menciona que la aplicación de esta opción estaría sujeta a la realización de un referéndum nacional en Ucrania para ratificar el eventual acuerdo, considerando la profundidad de las diferencias entre las partes involucradas.

Según reportó Ukrinform, el plan también incorpora un apartado sobre el acceso a vías fluviales y marítimas. Tras el final de la invasión, Rusia se comprometería a no impedir el acceso ucraniano al río Dniéper ni al mar Negro con fines comerciales. Para ello, las partes firmarían acuerdos independientes que regularían la navegación y el tránsito de bienes, y entre las medidas previstas figura la desmilitarización del istmo de Kinburn. Esta disposición, de acuerdo con el borrador, busca garantizar la libertad de comercio y de movimiento en el territorio recuperado.

En el área humanitaria, el documento contempla la creación de un comité especial encargado de resolver los asuntos pendientes entre los dos países. Entre sus tareas figura la organización de un intercambio de todos los prisioneros de guerra, incluyendo aquellos que han sido condenados desde 2014 en territorio ruso, así como el retorno de civiles detenidos, rehenes, niños y presos políticos. Este componente responde a las demandas acumuladas tras años de conflicto y a la necesidad de cerrar capítulos abiertos en relación con desapariciones y detenciones.

El cese al fuego constituiría la fase inicial tras el visto bueno de todas las partes implicadas. Una vez alcanzada la aprobación, la tregua se aplicaría íntegramente y de forma inmediata. Adicionalmente, Ucrania se ha comprometido a organizar elecciones nacionales tan pronto como sea posible después de la firma del acuerdo, de modo que se restauren plenamente los procedimientos democráticos en el país. Todas estas medidas figuran en el borrador enviado a Moscú, mientras Kiev aguarda la respuesta oficial del Kremlin, según subrayó el medio Ukrinform mediante testimonios directos del presidente Zelenski y fuentes gubernamentales ucranianas.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este jueves el nombramiento de la diputada Nataly Morillo, perteneciente a su partido Acción Democrática Nacional (ADN), como nueva ministra de Gobierno. Morillo reemplazó al periodista Álvaro Rosero, quien desistió de asumir el puesto tras una ola de cuestionamientos a su designación.

Según informó la Presidencia a través de la red social X, Morillo “asume hoy el cargo de ministra de Gobierno, luego de una trayectoria de más de una década en el ámbito de la comunicación y el servicio público”.

A lo largo de su carrera, la nueva integrante del gabinete presidencial ocupó diversos cargos en la administración pública y fue directora de comunicación del Ministerio del Interior en 2022. Además, ejerció como vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, instancia señalada por inacción en el control parlamentario durante los últimos dos meses, según el medio local Primicias.

Morillo, de 38 años, expresó sentirse “profundamente honrada” por el nombramiento y manifestó su compromiso de “promover el diálogo político y fortalecer nuestra democracia”.

“Junto al presidente Daniel Noboa, el gran equipo de Gobierno y ADN, seguiremos conduciendo a Ecuador hacia días de mayor bienestar y oportunidades para todos”, señaló en sus redes sociales.

La designación se produjo después de que Álvaro Rosero retirara su aceptación al cargo. El periodista, quien nunca fue oficialmente designado por decreto, argumentó que su perfil había “despertado temores en un momento en el que el país necesita serenidad, no pánico fabricado”.

Sobre él pesaba una inhabilitación registrada hasta el 18 de noviembre en el Ministerio de Trabajo por deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, obstáculo que fue levantado posteriormente.

Rosero explicó su decisión de declinar el puesto, afirmando: “Por el mismo sentido de compromiso y respeto con el que acepté su invitación, hoy corresponde dar un paso al costado y renunciar a un cargo que nunca llegué a asumir. Mañana, a las 9.00 horas, con la frente en alto y la solvencia de siempre, responderé a tanta calumnia”.

Entre los funcionarios que dejaron sus cargos destacan Zaida Rovira (Ministerio de Gobierno), Ivonne Núñez (Trabajo), AlegríaCrespo (Educación),Jimmy Martín (Salud), Danilo Palacios (Agricultura), Harold Burbano (Desarrollo Humano) y Jorge Carrillo (Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos).

El nombramiento de Morillo ocurre tras una serie de cambios en el gabinete de Noboa, quien en la última semana realizó al menos siete modificaciones tras la derrota sufrida en el reciente referéndum, en el cual se rechazaron todas sus propuestas, incluyendo la reinstalación de bases estadounidenses en territorio ecuatoriano. Morillo se convierte así en la sexta persona en asumir la conducción del Ministerio de Gobierno en el actual período presidencial.

De acuerdo con datos oficiales recopilados por agencias internacionales, el ‘no’ prevaleció en todas las preguntas del referéndum impulsado en Ecuador. La negativa a la convocatoria de una asamblea constituyente obtuvo un 61,65 % de los votos.

La propuesta para permitir la instalación de bases militares extranjeras —incluida la eventual presencia de bases estadounidenses— fue rechazada por 60,65 %. El 58,07 % votó en contra de suprimir la financiación pública a partidos políticos y el 53,47 % rechazó la reducción del número de asambleístas de 151 a 73.

En medio del tenso clima político, el presidente Daniel Noboa inició el martes pasado un viaje oficial a Estados Unidos, autorizado mediante el Decreto Ejecutivo 218 firmado el 17 de noviembre. El documento oficial indica que el presidente se ausentará del país entre el 18 y el 20 de noviembre para fortalecer los lazos diplomáticos con sus aliados comerciales.

(Con información de Europa Press)

Edgar José Lama, al dejar la dirección del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), aseguró que la protección de los intereses de los afiliados permanecería bajo constante vigilancia y defensa. Con sus declaraciones, el exdirector de Seguridad Social cerró un periodo que se había tornado especialmente complejo tras las acusaciones sobre la presunta vinculación de millonarios pagos del IESS a empresas relacionadas con su entorno familiar, intensificando la presión pública y política sobre su gestión. Según informó Primicias, la renuncia de Lama se oficializó en medio de una renovación amplia en el gabinete presidencial, proceso que incluyó la salida de otros seis funcionarios de alto rango en el Ejecutivo de Daniel Noboa.

De acuerdo con Primicias, los cambios estructurales dentro del gabinete surgieron después de la derrota del gobierno en el reciente referéndum, en el cual propuestas clave defendidas por el presidente Noboa no lograron el respaldo ciudadano. Entre estas iniciativas figuraban la reapertura de bases militares estadounidenses en Ecuador, la eliminación de subsidios estatales a partidos políticos, la reducción del número de legisladores y la convocatoria a una asamblea constituyente. Las cifras difundidas por Primicias revelan que el rechazo a cada pregunta osciló entre el 53,47 y 61,65 por ciento, siendo la propuesta sobre la constituyente la que más votos negativos recibió.

La presión mediática y los cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de fondos del organismo de seguridad social aceleraron la salida del funcionario, según publicó Primicias. El director saliente había asumido el cargo en mayo y su gestión, que coincidió con el momento de las denuncias, no logró reducir las críticas dirigidas contra la administración tanto del IESS como del gobierno nacional. El medio Primicias detalló que, incluso ante este escenario, el presidente Noboa expresó públicamente su apoyo a Edgar José Lama y negó que existiesen pruebas que confirmasen los señalamientos sobre conflicto de intereses. “No había evidencia de esas denuncias”, declaró el mandatario, según cita el medio.

La situación política del gobierno de Noboa experimentó un giro después del referéndum, lo que desembocó en la aceptación de la renuncia de Edgar José Lama. Este hecho fue interpretado, según consignó Primicias, como un intento por parte del Ejecutivo de recomponer alianzas y atender a las nuevas demandas institucionales generadas por el resultado adverso en la consulta popular. La ola de salidas incluyó a titulares de las carteras de Gobierno, Desarrollo Humano, Trabajo, Agricultura, Sanidad y Educación, además de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Al referirse públicamente a su renuncia, Edgar José Lama comunicó que “He presentado mi renuncia, convencido de que mi primer llamado es cumplir con el compromiso que asumí junto al presidente Daniel Noboa”. También expresó, citado por Primicias, que “en lo público no se trata de personalismos: uno pasa, pero el proyecto político permanece”. Además, el exfuncionario mencionó su intención de seguir colaborando con los objetivos del gobierno desde fuera de la función pública, resaltando la necesidad de priorizar el proyecto político por encima de los intereses individuales.

Según publicó Primicias, el Ejecutivo justificó la renovación ministerial aludiendo a la necesidad de fortalecer la capacidad de gestión y responder a las exigencias que plantearon tanto el resultado del referéndum como las controversias recientes vinculadas a la administración de fondos públicos. Este contexto supuso retos adicionales para el gabinete de Noboa, obligado a enfrentar tanto el escrutinio de la opinión pública como la recomposición de alianzas dentro del espectro político nacional.

La renuncia de Edgar José Lama se produce en una coyuntura en la que las presiones sobre la transparencia y la legitimidad de los responsables de la seguridad social mantienen un papel destacado en la agenda nacional. El proceso interno del gobierno se ha enfocado en exhibir mayor apertura y eficiencia en la administración, en medio de demandas de distintos sectores que reclaman explicaciones claras y correctivos en la gestión de recursos, sobre todo en áreas sensibles como la seguridad social.

Primicias reportó que los cambios recientes impulsados por la administración de Noboa abarcaron ministerios y secretarías clave, lo que implicó la redefinición de prioridades inmediatas y la necesidad de fortalecer la coalición política del oficialismo. La salida de Lama se interpreta como uno de los movimientos más relevantes de esta etapa de reestructuración, impulsada por la combinación de presión política y mediática y por la necesidad de responder de modo más eficaz a los desafíos planteados tanto por el electorado como por la situación interna de las instituciones públicas.

La atención sobre el manejo de recursos de la seguridad social y la transparencia en la gestión pública persiste como uno de los principales focos de debate, obligando tanto al gobierno como a las autoridades designadas a asumir compromisos de vigilancia y resguardo de los intereses ciudadanos.

El fallo del Tribunal Constitucional de Bulgaria subraya que la presidenta del Parlamento no tenía competencia para determinar la admisibilidad o no de la propuesta de referéndum sobre la moneda nacional. Según informó el medio proporcionado, la corte especificó que corresponde únicamente a la Asamblea Nacional analizar y decidir sobre los requisitos legales para convocar una consulta popular.

El medio detalla que este pronunciamiento judicial responde a un recurso presentado por el presidente Rumen Radev, quien había solicitado que se celebrara un referéndum acerca de la permanencia del lev como moneda de Bulgaria en lugar de avanzar hacia la adopción del euro. La iniciativa del presidente, marcada por su inclinación prorrusa, buscaba consultar a la población argumentando la inexistencia de un acuerdo amplio dentro de la sociedad sobre la conveniencia de unirse a la eurozona.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Natalia Kiselova, rechazó la propuesta de referéndum impulsada por Radev y justificó su decisión alegando que la consulta resultaba inadmisible por incompatibilidad con la Constitución de Bulgaria. Ante esta negativa, el presidente Radev elevó el caso ante el Tribunal Constitucional y denunció que tanto la Asamblea como su presidenta habían incurrido en una "violación sin precedentes de la ley", según publicó la fuente consultada.

De acuerdo con la información divulgada, el Constitucional precisó en su fallo que "la presidenta de la Asamblea Nacional no tiene la facultad de evaluar los requisitos establecidos por ley para la celebración de un referéndum ni de rechazar una propuesta presentada por un órgano autorizado por la ley". Además, resaltó que dicha atribución corresponde en exclusiva al pleno parlamentario, lo que deja sin efecto la decisión personal de Kiselova de impedir la consulta.

La decisión del tribunal se da en un contexto en el que la Unión Europea ya ha confirmado la disposición de Bulgaria para sumarse a la zona euro. El medio reportó que, en julio pasado, los ministros de Economía y Finanzas de la UE otorgaron su aprobación definitiva para que Bulgaria, miembro del bloque comunitario desde 2007, adopte oficialmente el euro a partir del 1 de enero de 2026. Este visto bueno se produjo tras la evaluación positiva de la Comisión Europea, la cual concluyó que el país cumplía las condiciones necesarias para integrarse plenamente en la moneda común.

El debate sobre la adopción del euro en Bulgaria ha generado divisiones políticas y sociales. Por un lado, quienes respaldan la transición argumentan los beneficios de pertenecer a la eurozona y la consolidación del país dentro del marco económico europeo. Por otro, diversas voces, incluyendo la del presidente Radev, insisten en la necesidad de mayor consenso y participación pública en una decisión de este alcance, proponiendo una consulta popular como alternativa.

La resolución difundida por el Tribunal Constitucional implementa un precedente respecto al alcance de las funciones de los líderes parlamentarios en Bulgaria y los procedimientos para canalizar demandas sociales sobre asuntos de trascendencia nacional. Conforme a lo dictado por la corte y recogido en el informe del medio, cualquier decisión sobre propuestas de referéndum corresponde a la Asamblea Nacional en pleno y no a una decisión individual de su presidente.

El proceso hacia la adopción del euro por parte de Bulgaria sigue abierto a controversias políticas y a manifestaciones de sectores de la población que solicitan mayor involucramiento en las decisiones estratégicas del país. Según mencionó el medio, todo avance en esa dirección debe acatar las resoluciones de los órganos institucionales facultados y respetar las garantías que ofrece el marco legal búlgaro.

Algunos sectores del Gobierno ecuatoriano han manifestado que la renuncia de altos funcionarios tras procesos electorales representa una medida recurrente. Según consignó el diario 'Primicias', existen especulaciones sobre la eventual dimisión en bloque de miembros del gabinete tras los recientes resultados del referéndum y la consulta popular convocados por el presidente Daniel Noboa. Este contexto se desarrolla después de la dimisión oficial de Ivonne Núñez, quien hasta el lunes desempeñaba el cargo de ministra de Trabajo.

El medio 'Primicias' informó que Ivonne Núñez formalizó su salida a través de una publicación en su cuenta personal en la red social X, justo un día después de la contundente derrota del Ejecutivo en las urnas. Núñez comunicó que sus funciones como ministra de Estado dieron por concluidas y expresó su gratitud hacia el mandatario Noboa "por habernos permitido desde el Ministerio sentar las bases en legislación laboral para jóvenes, mujeres y adultos mayores". "Construimos las normas jurídicas en: igualdad salarial, acoso laboral y ley violeta", detalló Núñez en su mensaje, agradeciendo también a la ciudadanía por el respaldo a la cartera que lideró. No especificó causas concretas de su dimisión.

De acuerdo con los datos publicados por el Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) y recogidos por 'Primicias', la ciudadanía rechazó las cuatro propuestas principales planteadas por el Gobierno. El 60,65 por ciento del electorado votó en contra de la instalación de bases extranjeras en el país. El 58,07 por ciento también se opuso a la asignación de fondos a organizaciones políticas. La reducción del número de asambleístas no prosperó, obteniendo el rechazo del 53,47 por ciento de los votantes, mientras que la consulta sobre la convocatoria a una asamblea constituyente fue rechazada por el 61,65 por ciento. Estos datos corresponden a resultados oficiales provisionales difundidos por el CNE y resaltan el amplio margen con que la sociedad ecuatoriana rehusó las iniciativas oficiales.

Según informó 'Primicias', hasta la fecha, la salida de Núñez representa la única dimisión oficial confirmada en el gabinete de Noboa tras la jornada electoral, aunque el mismo medio apunta a que podrían producirse renuncias adicionales en el corto plazo debido al contexto de inestabilidad generado por el rechazo popular a las propuestas del Ejecutivo. En este marco, fuentes gubernamentales mencionadas por diferentes medios han afirmado que después de procesos comiciales resulta habitual que algunos ministros pongan sus cargos a disposición, señalando que esta dinámica pertenece a la normalidad institucional.

La exministra Núñez, en su anuncio a través de X, destacó iniciativas impulsadas durante su gestión, en particular la implementación de normativa vinculada a igualdad salarial, la prevención y sanción del acoso laboral y la aprobación de la ley violeta. Estos avances legislativos fueron subrayados como ejes de su paso por la cartera de Trabajo, con especial mención a los sectores de jóvenes, mujeres y adultos mayores beneficiados por las reformas.

El desencadenante de la dimisión ha sido el resultado adverso para el Gobierno en la consulta popular realizada el día anterior a la renuncia, donde las urnas registraron una mayoría significativa a favor del 'No' en todas las preguntas sometidas al electorado. El rechazo a la instalación de bases extranjeras, el rechazo a la asignación de fondos políticos, a la reducción del número de asambleístas y a la convocatoria para una eventual asamblea constituyente evidenciaron, según el análisis de 'Primicias', un distanciamiento entre las iniciativas del Ejecutivo y la voluntad mayoritaria expresada por los ciudadanos.

Además de los efectos inmediatos en el gabinete, el medio 'Primicias' subrayó la posibilidad de que la crisis política se extienda, dado el resultado de la consulta y el referéndum. La incertidumbre sobre la composición del gabinete y la continuidad de ciertos funcionarios cobra vigencia ante rumores sobre decisiones similares a la adoptada por Núñez, aunque hasta el momento ninguna otra renuncia se ha oficializado. El Gobierno, a través de representantes citados por la prensa ecuatoriana, sostiene que se evalúan los pasos a seguir en el marco de la transición posterior a la jornada electoral.

Las propuestas rechazadas eran consideradas dentro del programa de acciones prioritarias de Noboa y su Gobierno, por lo cual, tras el resultado y la salida de la ministra de Trabajo, se intensifican las proyecciones acerca de posibles cambios más amplios en el equipo del presidente. Las próximas jornadas se prevén marcadas por la atención a los movimientos en el Ejecutivo, mientras persisten las repercusiones políticas y sociales del resultado obtenido en la consulta popular del domingo.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, realizó una importante renovación en su gabinete tras la derrota de sus propuestas en el reciente referéndum nacional. Según comunicados de la Presidencia de la República difundidos este martes, un total de siete cargos ministeriales experimentaron cambios, en un intento por fortalecer la gestión del gobierno ante las necesidades del país y luego de que una mayoría rechazara en las urnas reformas centrales en el programa del Ejecutivo.

Entre los funcionarios que dejaron sus cargos destacan Zaida Rovira (Ministerio de Gobierno), Ivonne Núñez (Trabajo), Alegría Crespo (Educación), Jimmy Martín (Salud), Danilo Palacios (Agricultura), Harold Burbano (Desarrollo Humano) y Jorge Carrillo (Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos —SNGR—), de acuerdo con lo informado en sendos comunicados oficiales este martes.

De acuerdo con la Presidencia, Rovira asume ahora el Ministerio de Desarrollo Humano, mientras que Burbano pasa a encabezar la cartera de Trabajo. En el Ministerio de Gobierno, en sustitución de Rovira, Noboa designó a Álvaro Rosero. El Ministerio de Salud queda bajo la gestión temporal de la vicepresidenta María José Pinto, tras la salida de Martín. Asimismo, el exministro de Economía, Juan Carlos Vega, toma las riendas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en reemplazo de Palacios. En Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar sustituye a Crespo.

Además, Carolina Lozano asume la SNGR tras la salida de Carrillo. La Presidencia señaló que cada cartera informará más adelante sobre los cambios en los respectivos viceministerios. Paralelamente, la portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo, presentó en la red social X su renuncia al cargo: “Fue un honor ser su portavoz [...] creo vehementemente que uno debe amar lo que hace, más aún cuando sirve al país”, afirmó Jaramillo.

Estos movimientos se producen a raíz del revés electoral de Noboa, quien enfrentó la primera gran negativa ciudadana a su gestión tras la derrota en el referéndum del domingo. Según datos difundidos por las autoridades y recogidos por agencias internacionales, el ‘no’ alcanzó el 61,65% de los votos contra la convocatoria a una asamblea constituyente, el 60,65% en contra de la instalación de bases militares extranjeras —entre ellas, la posibilidad de autorizar bases estadounidenses en territorio nacional—, el 58,07% contra la supresión de la financiación pública a partidos políticos y el 53,47% en contra de reducir el número de asambleístas de 151 a 73.

Desde la Presidencia se subrayó que estos nombramientos buscan “fortalecer la gestión del Gobierno Nacional para atender las necesidades del país”, tras el rechazo a los principales ejes de reforma propuestos por el Ejecutivo, entre ellos la redacción de una nueva constitución para reemplazar la vigente, promulgada durante el periodo conocido como correísmo.

(Con información de EFE y Europa Press)

La captura en España de Wilmer Geovanny Chavarría Barré, conocido como 'Pipo' y señalado como uno de los principales jefes del narcotráfico en América Latina, figura como un resultado destacado de la cooperación entre Ecuador, España y Estados Unidos. Tras referirse públicamente a este suceso, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa enfatizó la relevancia de los esfuerzos conjuntos en la lucha contra el crimen organizado. En este escenario, millones de ciudadanos en Ecuador participaron en la consulta popular y el referéndum impulsados por el Gobierno, que buscan modificar leyes fundamentales en materia de seguridad y permitir la reinstalación de bases militares extranjeras en el país, según informó Europa Press.

El presidente Daniel Noboa acudió a votar en la comuna de Olón, en la provincia de Santa Elena. Después de sufragar, Noboa reiteró su defensa de estos mecanismos de democracia directa como herramientas para confirmar un nuevo rumbo para el país. "Celebramos esta jornada democrática, esta jornada de democracia directa como una consulta, porque no hay nada más democrático que preguntarle al pueblo sobre su futuro y qué es lo que quisiera", expresó Noboa en declaraciones recogidas por Europa Press. El mandatario también aseguró a la ciudadanía que “la gente puede estar con la tranquilidad de que seguimos con la misma fuerza”.

Según detalló Europa Press, las preguntas sometidas a votación abordan reformas que el Ejecutivo considera imprescindibles para enfrentar la crisis de seguridad y fortalecer la gobernabilidad. El padrón electoral habilitó a cerca de 14 millones de ciudadanos distribuidos en 24 provincias. El voto fue obligatorio para quienes tienen entre 18 y 65 años. Las papeletas incluyeron tres preguntas de referéndum y una de consulta popular, con propuestas que, de aprobarse, adquirirán carácter vinculante y pasarán a ser de cumplimiento obligatorio para las instituciones del Estado.

A lo largo de sus declaraciones, Noboa subrayó que la iniciativa responde al deseo de cambio expresado por la mayoría en las urnas durante los últimos comicios presidenciales. El mandatario afirmó que diversos actores políticos y algunos funcionarios intentaron bloquear ese cambio, y situó este referéndum como una vía para reforzar la voluntad popular frente a esas resistencias. "El pueblo quiere un cambio, votó por un cambio, los políticos de siempre y ciertos malos funcionarios trataron de parar ese cambio y esta será la manera de reafirmar el cambio en el Ecuador", manifestó el presidente, según reportó Europa Press.

Las propuestas sometidas a consulta incluyen la modificación de leyes vinculadas a la seguridad ciudadana, así como la autorización para el regreso de bases militares extranjeras a suelo ecuatoriano, una medida que había sido descartada años atrás. De acuerdo con Europa Press, tales reformas surgen en respuesta a un contexto de inseguridad que ha colocado a Ecuador como uno de los países con mayores tasas de violencia en la región.

El medio Europa Press consignó que la consulta representa una respuesta directa a la crisis de criminalidad, la influencia del narcotráfico y los pedidos de la ciudadanía en materia de protección y políticas de orden público. La posibilidad de incorporar fuerzas militares extranjeras fue planteada como un recurso para reforzar la seguridad y apoyar los esfuerzos de las autoridades ecuatorianas en la lucha contra el crimen organizado.

La consulta popular y el referéndum de este domingo se realizaron en medio de un despliegue de seguridad y vigilancia en todo el país para garantizar el orden durante la jornada. El resultado de las urnas definirá no solo el futuro institucional y político de Ecuador, sino también las herramientas legales y operativas que el Gobierno podrá emplear para combatir el aumento de la violencia, detalló Europa Press.

Autoridades y observadores internacionales monitorearon el proceso electoral, atentos al desarrollo de esta consulta considerada clave para el proyecto político de Noboa y para las estrategias de seguridad que requerirá el país latinoamericano en los próximos meses, según lo publicado por Europa Press.

Ecuador rechazó el domingo 16 de noviembre de 2025 las cuatro propuestas planteadas por el presidente Daniel Noboa en el referéndum y la consulta popular.

En la cuestión sobre la instalación de bases militares extranjeras, cerca del 60% de los electores optó por el “No”.

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Un porcentaje similar se registró en la propuesta para eliminar el financiamiento público a los partidos, donde el rechazo alcanzó un 57%.

Respecto a la reducción del número de asambleístas, la negativa sumó un 53% de los sufragios.

La propuesta para convocar a una Asamblea Constituyente recibió una respuesta aún más contundente, con aproximadamente el 61% de los votos en contra.

Al respecto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a los resultados. Según el el mandatario colombiano, el pueblo ecuatoriano “quiere mantener la constitución progresista”.

“El triunfo del NO en Ecuador, indica que el pueblo ecuatoriano quiere mantener la constitución progresista (sic)”, señaló Gustavo Petro.

Recordó las declaraciones que le dijo en algún momento al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, relacionadas con un diálogo nacional para defender al país de las mafias, que, según Gustavo Petro, enfrentan.

“Un 60% de votos en contra de la propuesta del gobierno muestra algo que le dije a Novoa personalmente, en Ecuador puede haber un diálogo nacional que permita defender el país de las mafias que lo avasallan (sic)”, expresó el jefe de Estado.

Respecto a los resultados de bases militares extranjeras, el mandatario colombiano propuso buscar “mejores formas institucionales” para coordinar esfuerzos en seguridad y luchar contras las mafias a través de fuerzas militares de ambas naciones.

“El pueblo voto No a bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, deberíamos buscar mejores formas institucionales para coordinar nuestras fuerzas militares y policiales contra las mafias que son hoy, nuestro principal enemigo (sic)“, aseveró Gustavo Petro.

El presidente planteó que si los pueblos que formaron parte de la antigua Gran Colombia reciben el poder de decidir y organizarse a través de procesos constituyentes, podrían crear una confederación.

“Ahora creo mucho más que el poder constituyente entregado a los pueblos que fueron de la Gran Colombia, permitiría constituir la confederación que podría solucionar problemas en común y ganar mucha más fuerza como naciones confederadas. Un estado plurinacional gran bolivariano (sic)”, señaló.

Detalles de la jornada

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, admitió la derrota en el referéndum que impulsó para consultar a la población sobre la creación de una Asamblea Constituyente y otros asuntos vinculados a la seguridad y la política. Con más del 93% de las actas escrutadas, el ‘No’ se impuso en las cuatro preguntas propuestas por el Ejecutivo.

“A través de X, Noboa expresó su aceptación de los resultados y aseguró que se cumplió con la promesa de consultar a los ciudadanos. ‘Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos hablaron. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano’, publicó el mandatario en su red social.”

El presidente afirmó que mantendrá su agenda pese a los resultados adversos. “Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos”, escribió desde Olón, la localidad costera donde votó y reside.

Durante la jornada electoral, los medios esperaban una declaración pública de Noboa tras el cierre de urnas, para la cual su equipo había reservado un salón en un hotel de Montañita. Sin embargo, la comparecencia no se realizó. En su lugar, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, acompañado de legisladores del movimiento oficialista, utilizó el espacio para destacar el carácter democrático de la consulta.

“Olsen defendió la convocatoria del referéndum argumentando que respondía a un compromiso político y no representaba una derrota para el oficialismo. ‘Esto demuestra que somos un proyecto político democrático’, aseguró.”

El referéndum tenía como fin principal habilitar un cambio constitucional para modificar aspectos instaurados bajo el mandato de Rafael Correa. La negativa de los votantes obliga al Gobierno a reconsiderar su estrategia. Pese al resultado, el Ejecutivo sostiene que proseguirá con su plan apegado a la actual Constitución.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reconoció el domingo la derrota en el referéndum que él mismo impulsó para consultar a los ecuatorianos sobre la instauración de una Asamblea Constituyente y otros temas políticos y de seguridad. Escrutado más del 93% de las actas, el “No” se impuso en las cuatro preguntas planteadas por el mandatario.

Noboa confirmó su aceptación de los resultados a través de un mensaje en su cuenta de X: “Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos hablaron. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano”, escribió el jefe de Estado.

El mandatario agregó que mantendrá su hoja de ruta pese al revés en las urnas. “Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos”, señaló en la misma publicación. Noboa siguió el desarrollo de la jornada desde las cercanías de Olón, la comuna costera donde emitió su voto temprano y donde mantiene su residencia.

A lo largo del domingo, los medios aguardaban la tradicional comparecencia del presidente después del cierre de urnas y la difusión de resultados preliminares. Su equipo había reservado un pequeño salón en un hotel de Montañita, en la provincia de Santa Elena, para una eventual declaración pública después de las 20:00 hora local.

Las sillas y la mesa dispuestas para Noboa y su familia fueron finalmente utilizadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, y las asambleístas Valentina Centeno y Mishel Mancheno, todos integrantes del movimiento oficialista ADN.

Desde allí, Olsen defendió la convocatoria al referéndum y subrayó que la consulta respondía a un compromiso de campaña. “Definitivamente no es un revés. Esto demuestra que somos un proyecto político democrático”, afirmó.

En 2024, Noboa impulsó un primer referéndum compuesto por once preguntas, en el que el “Sí” se impuso en nueve de ellas. A diferencia de aquella experiencia, esta nueva consulta no logró el respaldo suficiente.

El objetivo central del referéndum era habilitar un proceso para reemplazar la Constitución vigente, aprobada en 2008 durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa (2007–2017). Noboa buscaba abrir el camino hacia una Asamblea Constituyente que permitiera modificar pilares del marco institucional heredado del correísmo. Sin embargo, la ciudadanía rechazó esa iniciativa y el resto de las propuestas sometidas a voto.

El resultado obliga al Gobierno a recalibrar su estrategia política y legislativa para los próximos años, en un contexto en el que la Asamblea Nacional y los actores partidarios mantienen posiciones divididas respecto al rumbo institucional. Pese al revés, el oficialismo insiste en que la consulta permitió medir la opinión de la población y que el Ejecutivo continuará con su programa bajo los parámetros establecidos por la Constitución actual.

Aunque Noboa descartó una intervención pública presencial, sus mensajes en X constituyeron su única reacción directa a los resultados oficiales y dieron por concluido un proceso que marcó una nueva prueba política para su administración.

(Con información de EFE)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, no logró el respaldo ciudadano en el referéndum nacional celebrado este domingo.

La consulta, organizada a iniciativa del propio mandatario, contempló cuatro preguntas clave: la creación de una Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva constitución, la posibilidad de establecer bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, la reducción del número de asambleístas de 151 a 73 y la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos.

Según los últimos resultados oficiales, con más del 85% del escrutinio completado, las cuatro propuestas obtuvieron una respuesta mayoritariamente negativa.

El ‘No’ superó al ‘Sí’ con ventajas que oscilan entre 6 y 23 puntos porcentuales.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, confirmó que existe una “tendencia marcada” en favor del ‘No’, aunque subrayó que el resultado final se confirmará tras concluir el escrutinio y revisar las actas pendientes, en su mayoría localizadas en zonas rurales o con reportes de incidencias menores.

Tras conocerse estos resultados, el presidente Daniel Noboa se pronunció y aseguró que el Gobierno cumplió con el compromiso de consultar a la ciudadanía y respetará la voluntad expresada en las urnas.

“Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano”, expresó.

“Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos”, concluyó.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

/america/america-latina/2025/11/17/el-no-se-impuso-en-las-cuatro-preguntas-del-referendum-en-ecuador/

Daniel Noboa reconoció los resultados del referéndum en Ecuador: “Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado”

El presidente Daniel Noboa reconoció los resultados de la consulta popular de este domingo y aseguró que su Gobierno cumplió con el compromiso de preguntar a la ciudadanía y que respetará la decisión expresada en las urnas.

“Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano”, manifestó.

Noboa afirmó que el camino del Ejecutivo continuará en la misma dirección y que se fortalecerán los esfuerzos para trabajar por el país.

“Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos”, expresó en un mensaje dirigido a la nación.

El CNE informa de una “tendencia marcada” tras avanzar el conteo de la consulta popular en Ecuador

Al cumplirse cuatro horas del cierre de urnas, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, informó que los resultados de la consulta popular y referéndum evidencian una “tendencia marcada”.

Para las 21:00, hora local, el sistema electoral había registrado el procesamiento del 80% de los votos emitidos en todo el país.

Atamaint explicó ante la prensa que el paso siguiente del proceso será la apertura de la Audiencia Nacional de Escrutinios, instancia contemplada en el cronograma electoral nacional.

Silencio en la sede del oficialismo tras los primeros resultados del referéndum en Ecuador

La sede nacional de ADN, movimiento oficialista que respalda al presidente Daniel Noboa, permanece semivacía luego de conocerse los resultados preliminares de la consulta popular y referéndum.

En un espacio acondicionado para recibir a simpatizantes, solo unas pocas personas acudieron mientras una pantalla mostraba la imagen del mandatario y más de cien sillas vacías daban cuenta del clima de espera.

El asambleísta Eckner Recalde fue el único representante del oficialismo presente en el lugar. Al dialogar con los medios de comunicación, subrayó que la jornada es un momento complejo no solo para el Gobierno, sino para toda la ciudadanía.

“Aquí no es que pierde un Gobierno, no es que pierde el presidente Daniel Noboa, no es que pierde ADN, sino el pueblo ecuatoriano”, manifestó. Recalde agregó que los líderes del movimiento aguardarán los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral antes de pronunciarse sobre eventuales próximos pasos.

El “No” toma ventaja en las cuatro preguntas del referéndum tras contabilizarse el 70% de los votos en Ecuador

Pasadas más de tres horas del cierre de los centros de votación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha procesado el 70% de las actas provenientes de todo el país, en una jornada donde participaron casi 14 millones de ciudadanos.

Los datos preliminares muestran una tendencia clara a favor del “No” en todas las preguntas planteadas en la consulta popular y referéndum impulsados por el presidente Daniel Noboa.

El avance del conteo sugiere que la opción contraria a las reformas propuestas lidera ampliamente, dejando al Gobierno ante un escenario adverso en este ejercicio democrático nacional.

El “No” se impone en el referéndum de Ecuador y frena la propuesta de Asamblea Constituyente

Con el 20% de los votos escrutados, la opción ‘No’ supera en las cuatro preguntas planteadas en el referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa en Ecuador, incluidas la iniciativa de crear una Asamblea Constituyente y otras reformas como la instalación de bases militares extranjeras, la eliminación de financiamiento público a partidos y la reducción de asambleístas.

En el caso de la Constituyente, el ‘No’ alcanza el 61,5%, mientras que el ‘Sí’ obtiene el 38,5%. Resultados similares se observan en las otras consultas, donde el ‘No’ lidera con el 59,94% frente a la presencia de bases militares extranjeras, el 57,59% frente a la eliminación de fondos estatales para partidos políticos y el 53,15% ante la reducción del número de legisladores.

El mandatario Noboa sigue los resultados desde Olón, en la costa, mientras que Luisa González, ex candidata presidencial y referente opositora del correísmo, monitorea el avance del conteo en Quito. La participación electoral registró un 80% del padrón, en una jornada pacífica y sin incidentes mayores.

Más del 90% de los votos del referéndum en Ecuador podrían ser procesados esta noche

Tras el cierre de urnas, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, Diana Atamaint, anunció que la plataforma oficial comenzará a mostrar los primeros datos de la consulta popular y referéndum a partir de las 19:00.

Atamaint estimó que antes de terminar la noche ya podrían haberse procesado más del 90% de los votos, aunque subrayó que la actualización depende de la velocidad de trabajo de las juntas y mesas electorales en el país.

En esta ocasión, no se conoció ninguna encuesta a boca de urna, pese a que había empresas habilitadas para su realización, por lo que la atención pública se concentra exclusivamente en los informes oficiales del CNE.

Ecuador cerró la jornada electoral con más del 80% de participación ciudadana

Concluida la jornada electoral de la consulta popular y el referéndum en Ecuador, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, reportó que la participación ciudadana superó el 80%.

Tras el cierre oficial a las 17:00, los miembros de las Juntas Receptoras del Voto comenzaron el conteo de sufragios en presencia de delegados políticos y sociales, observadores electorales y representantes de medios de comunicación para asegurar la transparencia.

Los primeros resultados se darán a conocer a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares. En el exterior, la jornada continúa de acuerdo a los diferentes horarios

Infobae en Ecuador: los detalles del conteo de votos tras el cierre de los comicios

¿Qué ocurre tras el cierre de los centros de votación en Ecuador?

Luego de que las urnas se cerraron a las 17:00 en todo el país, se puso en marcha el proceso de conteo oficial de los votos del referéndum y la consulta popular 2025.

La siguiente fase incluye la revisión pública de cada papeleta por parte de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto, quienes contabilizan los sufragios, completan las actas correspondientes y las someten a verificación.

Durante todo este procedimiento, participan observadores nacionales e internacionales, auditorías independientes y delegados políticos.

Posteriormente, las actas físicamente firmadas son trasladadas a los centros de digitalización para su escaneo y transmisión segura mediante un sistema informático con tecnología blockchain.

oda la información transmitida cuenta con garantías de trazabilidad y seguridad, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) publica los primeros resultados oficiales en su página web.

Cerraron los comicios y comenzó el conteo de votos

Los centros de votación cerraron en todo Ecuador y las mesas electorales comenzaron el proceso de escrutinio de los votos emitidos en la consulta popular y referéndum.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, comunicó que las primeras cifras oficiales se conocerán entre las 18:30 y las 19:00.

En esta jornada no se difundirán resultados de encuestas a boca de urna, aunque dos empresas habían recibido autorización para realizarlas.

El CNE informó que los únicos datos que se publicarán serán los oficiales, una vez que se consolide una tendencia clara en el recuento.

A minutos del cierre de urnas en Ecuador, el CNE se prepara para el inicio del conteo

Cuando restan solo minutos para que concluya la votación de la consulta popular y referéndum en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya tiene dispuesto el operativo para el recuento de votos.

Su presidenta, Diana Atamaint, anticipó que las primeras cifras oficiales estarán disponibles a partir de las 18:30.

El organismo insiste en que todo el material y el personal están listos para asegurar un conteo transparente y ágil tras la jornada.

Detuvieron a un presidente de mesa por intento de fraude con papeletas falsas

Un ciudadano que actuaba como presidente de mesa fue detenido en Tonchigue, en la provincia de Esmeraldas, tras intentar introducir cinco papeletas fraudulentas en un centro de votación. El caso fue detectado por efectivos de la Policía Nacional, en un operativo supervisado por el ministro del Interior, Jhon Reinberg.

La titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, confirmó que el individuo fue puesto a disposición de la justicia para iniciar el trámite correspondiente por intento de manipulación del proceso electoral.

El CNE efectuó el sellado de la base de datos del sistema de conteo para garantizar la transparencia de la consulta popular

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador llevó a cabo el cierre oficial de la base de datos del Sistema Informático de Escrutinio y Resultados, mecanismo utilizado para contabilizar los votos de la consulta popular y referéndum en curso.

Este procedimiento, clave para garantizar la seguridad y la integridad del proceso, se realizó en presencia de una notaria pública, representantes de organizaciones políticas y sociales, y delegaciones de observadores internacionales.

La medida busca asegurar la transparencia y la confianza en el desarrollo de la jornada electoral.

Reportan casos de suplantación de identidad durante la votación en Ecuador

Autoridades en Manabí, provincia costera de Ecuador, informaron sobre las primeras incidencias durante la jornada de referéndum y consulta popular.

En el cantón Jaramijó, dos personas fueron detenidas por intentar sufragar utilizando la cédula de identidad de terceros.

El operativo de control identificó el intento de suplantación y procedió a la detención de ambos ciudadanos.

Reportan al menos 647 detenidos y cientos de citaciones por infringir la ley seca

En el marco del referéndum y la consulta popular en Ecuador, las autoridades informaron que 647 personas han sido detenidas. De esta cifra, 68 detenciones corresponden a boletas de apremio y 95 a órdenes de captura.

Además, se registraron 587 citaciones administrativas, de las cuales 582 se deben al expendio de bebidas alcohólicas y 5 a ciudadanos que intentaron votar en estado de embriaguez.

El operativo de control se mantiene activo mientras avanza el proceso electoral en el país.

La OEA destacó la normalidad del proceso electoral en Ecuador

La Misión Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) mantiene recorridos por distintos centros de votación en Ecuador, verificando el desarrollo de la jornada cívica durante el Referéndum y Consulta Popular 2025.

El jefe de la misión, en declaraciones a los medios, informó que el proceso avanza con normalidad en las Juntas Receptoras de Voto.

Durante el contacto con la prensa, el representante de la OEA resaltó la importancia de la participación ciudadana y alentó a la población a ejercer su derecho.

“Invito a las y los ecuatorianos a salir a votar”, señaló el jefe de la misión tras detallar que no se han reportado incidentes relevantes, según las autoridades presentes en los recintos electorales.

/america/america-latina/2025/11/16/identidad-falsa-y-amenazas-contra-noboa-en-ecuador-como-operaba-el-jefe-narco-de-los-lobos-que-cayo-en-espana/

El CNE reporta 41,39% de participación a seis horas del inicio de la consulta popular

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador informó que, transcurridas seis horas desde la apertura de las urnas, la participación ciudadana en la consulta popular y referéndum alcanza el 41,39%.

EEUU celebró el accionar de Ecuador en la lucha contra el crimen organizado tras la captura de “Pipo”

El subsecretario adjunto de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, felicitó al Gobierno de Ecuador por la captura de alias “Pipo”, señalado como uno de los líderes criminales más buscados en América Latina.

“Felicito al Gobierno de Ecuador por capturar a ‘Pipo’, uno de los criminales más notorios de América Latina”, expresó Landau en redes sociales.

“Si los gobiernos no atacan el crimen es porque son cómplices; tolerar el crimen es una elección, no un destino”, agregó.

El subsecretario adjunto también envió un saludo y respeto a las autoridades y ciudadanos de Ecuador.

“Fuerte abrazo a nuestros amigos ecuatorianos por esta gran hazaña y todo mi respeto”, dijo.

Cierran los primeros centros de votación en el exterior

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) informó la tarde de este domingo que los centros de votación ubicados en países asiáticos y de Oceanía, como Australia, Corea del Sur, Japón, China e Indonesia, fueron los primeros en cerrar.

La presidenta del organismo electoral, Diana Atamaint, declaró que la jornada en el exterior se desarrolló con absoluta normalidad y sin incidentes reportados.

Sancionan a infractores por fotografiar papeletas de votación

El Ministerio de Defensa recordó este domingo que está prohibido fotografiar las papeletas de votación durante el referéndum y consulta popular, conforme a las disposiciones del Consejo Nacional Electoral. La institución informó que ya se han registrado y sancionado a varios infractores por violar el secreto del voto durante la jornada electoral.

Las multas por fotografiar papeletas oscilan entre 9.870 y 32.900 dólares, según la normativa electoral vigente. Las autoridades reiteraron que el voto es secreto y que cualquier registro fotográfico o visual de las papeletas dentro de las cabinas de votación constituye una violación a las garantías del proceso democrático, por lo que continuarán aplicando las sanciones correspondientes a quienes incumplan esta disposición.

12% de electores votó en las primeras tres horas de la jornada electoral

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador reportó que el 12% de los electores convocados ya votó durante las primeras tres horas de la jornada del referéndum y consulta popular. La presidenta del organismo, Diana Atamaint, entregó el balance en cadena nacional y confirmó que el 100% de las juntas receptoras del voto se instalaron con normalidad en todo el territorio nacional, pese a registrarse un incidente de sustracción de papeletas en la provincia de Esmeraldas.

Un presidente de Junta Receptora del Voto fue detenido en el cantón Muisne tras sustraer cuatro papeletas electorales. El hecho fue detectado por personal militar destacado en el recinto, quienes pusieron al responsable a órdenes de la Policía Nacional. Según el artículo 332 del Código Integral Penal, el detenido enfrenta sanciones de cárcel de seis meses hasta dos años por sustracción fraudulenta de papeletas de votación.

Atamaint hizo un llamado a los ciudadanos a acudir masivamente a las urnas para pronunciarse sobre las preguntas planteadas. A nivel internacional, las votaciones ya concluyeron en Australia, Corea del Sur, Japón, China e Indonesia, donde la diáspora ecuatoriana pudo ejercer su voto anticipadamente. El CNE continúa monitoreando el desarrollo del proceso electoral que se extenderá hasta las 17:00 hora local en Ecuador.

La vicepresidenta Pinto votó y llamó a la participación ciudadana

La vicepresidenta María José Pinto también emitió su voto reafirmando su compromiso con el proceso democrático. “Vengo a votar con la misma convicción de siempre porque creo en este país”, declaró la segunda mandataria tras depositar su papeleta en el recinto electoral asignado.

Pinto aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la ciudadanía a participar activamente en la jornada electoral. La vicepresidenta, quien había asistido temprano a la ceremonia de inauguración oficial del proceso en la sede del Consejo Nacional Electoral en Quito, reiteró la importancia de que los ecuatorianos acudan masivamente a las urnas para pronunciarse sobre las preguntas planteadas en el referéndum y la consulta popular.

Noboa votó tras anunciar la captura del líder de Los Lobos

El presidente Daniel Noboa votó temprano este domingo en una escuela de Olón, provincia de Santa Elena, localidad donde ha sufragado en elecciones anteriores. Acompañado de su familia, el mandatario ofreció un breve discurso tras depositar su papeleta en el que defendió el proceso electoral, afirmando que “no hay nada más democrático que preguntarle al pueblo sobre los criminales”.

La votación del presidente coincidió con el anuncio de la captura de Wilmer Chavarría Barré, alias ‘Pipo’, líder de la banda criminal Los Lobos y uno de los narcotraficantes más buscados de la región. Noboa reveló que la detención fue resultado de la cooperación entre autoridades ecuatorianas y fuerzas policiales de Estados Unidos y España.

El mandatario aprovechó la jornada electoral para vincular el referéndum con su estrategia de seguridad, enfatizando la importancia de que la ciudadanía respalde sus propuestas para combatir el crimen organizado. La captura anunciada representa uno de los golpes más significativos contra el narcotráfico en Ecuador durante su administración.

Más de 20.000 ecuatorianos votaron en España

La votación de ecuatorianos en el exterior para el referéndum y consulta popular comenzó este domingo 16 de noviembre según el huso horario de cada país donde residen los migrantes. En España, uno de los principales destinos de la diáspora ecuatoriana, la afluencia de votantes al recinto ferial de Madrid fue constante desde las primeras horas de la mañana, según reportes de las autoridades consulares.

Un primer balance de la Embajada de Ecuador en España indica que 20.000 personas se han acercado a votar en los 19 recintos electorales instalados en ese país europeo, de los más de 196.000 ecuatorianos convocados. La embajadora Wilma Andrade, quien ejerció su derecho al voto, señaló que las votaciones transcurren sin inconvenientes y que la participación es normal para este tipo de procesos.

“En los procesos de consulta siempre hay una menor participación en comparación a aquellas que es para decidir una presidencia de la República”, explicó Andrade sobre la afluencia registrada hasta el momento. Las autoridades consulares continúan monitoreando el desarrollo de la jornada electoral en todos los recintos habilitados en territorio español.

Noboa anunció la captura a “Pipo” Chavarría, líder de Los Lobos y el narco más buscado de la región

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este domingo la captura de Wilmer Chavarría Barré, alias ‘Pipo’, líder del cártel de Los Lobos y uno de los narcotraficantes más buscados del continente. “Hoy capturamos a ‘Pipo’ Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos”, informó el mandatario a través de su cuenta en la red social X durante la jornada electoral del referéndum y consulta popular.

Hoy capturamos a “Pipo” Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos. El criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador, controlaba las operaciones de minería ilegal y movía…

— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 16, 2025

La detención fue resultado de un trabajo conjunto entre la Policía Nacional ecuatoriana y española, según precisó Noboa, quien destacó la importancia de la cooperación internacional para combatir el crimen transnacional. Estados Unidos había impuesto sanciones en 2024 contra ‘Pipo’ y Los Lobos, considerada la organización de narcotráfico más grande de Ecuador por sus conexiones con los cárteles mexicanos Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. El grupo también ha sido señalado como responsable del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023.

El narcotraficante, quien había fingido su muerte y se escondía en Europa con identidad falsa, continuaba ordenando asesinatos en Ecuador, controlando operaciones de minería ilegal y manejando rutas de droga desde el exterior. “Nosotros lo buscamos en su mismísimo infierno. Esa es la diferencia cuando hay voluntad de luchar por tu país”, declaró Noboa, describiendo la captura como un golpe contundente contra las mafias que operan en el país sudamericano.

En este enlace la nota completa.

La presidenta del CNE descarta irregularidades y defiende la transparencia del proceso electoral

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, defendió este domingo la transparencia del referéndum y consulta popular, asegurando que el proceso fue organizado con rigor técnico pese a haberse preparado en apenas 60 días. Atamaint rechazó categóricamente las teorías sobre supuestas irregularidades en las tintas electorales, señalando que “no existen tintas mágicas ni que caminan” y que tales afirmaciones solo surgen “cuando la lengua le gana la carrera al cerebro”.

La funcionaria destacó que más de 13,8 millones de electores están habilitados para votar tanto en Ecuador como en el exterior, y recordó que el CNE abrió sus puertas en días previos para que organizaciones políticas como Revolución Ciudadana y ADN revisaran el proceso de elaboración de las papeletas electorales. La hipótesis de una supuesta tinta transferible había sido difundida por el correísmo tras las elecciones presidenciales pasadas, en las que no reconoció el triunfo de Daniel Noboa sobre Luisa González.

Atamaint hizo un llamado a ciudadanos, medios y actores políticos a no difundir información no verificada, enfatizando que los resultados oficiales solo serán transmitidos por el CNE a través de sus canales oficiales. La vicepresidenta María José Pinto, quien asistió a la ceremonia inaugural en representación del gobierno, instó a los ecuatorianos a unirse y dejar atrás los conflictos, afirmando que “cuidar nuestra democracia es cuidar el futuro”.

Adónde consultar el lugar de votación para el referéndum

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) habilitó dos herramientas digitales para que los ciudadanos consulten su lugar de votación en el referéndum y consulta popular de este domingo 16 de noviembre. Los ecuatorianos pueden verificar su recinto y mesa electoral ingresando únicamente su número de cédula y fecha de nacimiento a través de distintas plataformas oficiales.

La primera opción es acceder directamente a la herramienta en línea del CNE disponible a continuación y en su página web oficial, donde los votantes deben seleccionar la opción “Consulta tu lugar de votación”.

La segunda alternativa es descargar la aplicación móvil CNE App, disponible tanto para dispositivos Android como iOS. Ambas plataformas ofrecen información inmediata sobre el recinto electoral asignado a cada ciudadano.

Cuáles son los temas del referéndum y hasta qué hora se podrá votar

La votación en Ecuador para el referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa comenzó este domingo con más de 13,9 millones de ecuatorianos llamados a las urnas para responder a cuatro preguntas, entre ellas la de establecer una Asamblea Constituyente que elabore una nueva constitución y la de permitir nuevamente la instalación de bases militares extranjeras.

Las otras dos preguntas propuestas por Noboa contemplan la reducción del número de integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento) de 151 a 73 representantes, y la eliminación de la financiación pública a partidos políticos, de modo que solo puedan financiarse con recursos privados.

Para responder ‘Sí’ o ‘No’ a estas preguntas se habilitaron un total de 4.463 centros de votación, que en territorio ecuatoriano comenzaron a abrir sus puertas desde las 7.00 hora local (12.00 GMT) y permanecerán abiertos durante diez horas hasta las 17.00 (22.00 GMT), momento en el que cerrarán y comenzará el escrutinio.

Ecuador inicia la jornada de referéndum y consulta popular

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) inauguró oficialmente este sábado el proceso de consulta popular y referéndum en una ceremonia realizada en Quito poco antes de las 06:30. El acto protocolar marcó el inicio de la jornada en la que millones de ecuatorianos acudirán a las urnas para pronunciarse sobre las preguntas planteadas.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, encabezó la ceremonia junto a los demás consejeros del organismo electoral. La vicepresidenta María José Pinto asistió en representación del Ejecutivo, mientras que el presidente Daniel Noboa estuvo ausente del evento inaugural.

Con esta ceremonia, el país da inicio formal a un proceso que determinará sobre el regreso de las bases militares extranjeras y una nueva Constitución. La consulta popular también apunta a la eliminación de los fondos a partidos políticos y la reducción de los miembros del Congreso.

Los recintos electorales en todo el territorio ya están habilitados para recibir a los votantes en esta jornada que se extenderá hasta el cierre de las urnas.

Qué evitar llevar a los comicios

Más de 57.000 efectivos policiales estarán desplegados este domingo en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad durante el referéndum y consulta popular. Los agentes cubrirán tanto los recintos electorales como zonas de alta concentración ciudadana en lo que representa uno de los operativos de seguridad más grandes del año.

Las autoridades policiales emitieron una serie de recomendaciones para que los ciudadanos eviten contratiempos al momento de ejercer su derecho al voto. Entre las principales restricciones está la prohibición de portar armas, objetos cortopunzantes, mochilas y bolsos de gran tamaño en los centros de votación. Los votantes deben presentarse únicamente con sus documentos de identificación y elementos esenciales.

La jornada electoral también estará regida por la Ley Seca, que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas durante todo el proceso. Las autoridades recomiendan utilizar el transporte público para dirigirse a los recintos y reportar cualquier situación irregular al ECU 911 o directamente a los policías destacados en cada punto de votación.

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La popularidad del referéndum de Noboa

El sábado, el Registro Civil de Guayaquil abrió sus puertas más temprano debido al notable aumento de ciudadanos que acudieron a gestionar su cédula de identidad antes de la consulta popular y referéndum. Desde primeras horas, se observó una gran afluencia de usuarios en la oficina del centro de la ciudad, todos con el objetivo de habilitarse para votar.

Justin Canto, uno de los presentes, relató: “El movimiento ha sido rápido. Me dio tiempo hasta para desayunar”, y explicó que el trámite —incluida la toma de datos biométricos— le tomó alrededor de media hora hasta recibir su documento.

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Empezó la votación del referéndum y la consulta popular en el exterior

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador dio inicio este sábado al proceso de votación del referéndum promovido por el presidente Daniel Noboa en las delegaciones del exterior. El sufragio comenzó en las ciudades australianas de Sídney y Camberra y continuará según el horario local de cada país.

En total, 470.636 ecuatorianos están inscritos para votar en 37 países, con la excepción de aquellos residentes en Cuba, Venezuela, Rusia y Bielorrusia, donde los paquetes electorales no se enviaron debido a dificultades técnicas y diplomáticas.

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El Consejo Electoral de Ecuador afirma que no habrá sondeos a boca de urna para el referéndum

El vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, José Cabrera, informó este viernes que no se realizarán sondeos a boca de urna ni ‘exit poll’ durante el proceso convocado.

Cabrera explicó en una entrevista con Teleamazonas que, aunque Centroinvest y Cedatos estaban habilitadas para llevar a cabo estas encuestas, ambas empresas notificaron a última hora su decisión de no realizar los sondeos.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, calificó a Ecuador como un socio “excelente” en la lucha contra el narcotráfico, la inmigración ilegal y el contrabando.

Al concluir una visita de dos días al país andino, la segunda en apenas tres meses, la funcionaria del presidente estadounidense Donald Trump compartió impresiones de su viaje y elogió la hospitalidad del presidente Daniel Noboa y la primera dama, Lavinia Valbonesi.

“Ecuador ha sido un excelente aliado de Estados Unidos en nuestra labor para detener la inmigración ilegal, el narcotráfico y el tráfico de personas por tierra y mar. Fue maravilloso regresar a este hermoso país, ¡y aún mejor recorrerlo a caballo! El presidente Noboa y la primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, son unos anfitriones excepcionales", escribió en la red social X.

La primera visita de Noem tuvo lugar en julio de 2025, cuando se firmó un acuerdo de cooperación aduanera y fronteriza. En esta ocasión, la agenda incluyó la evaluación de bases militares estadounidenses en suelo ecuatoriano, posibilidad que depende del resultado del referéndum en Ecuador del 16 de noviembre. La votación decidirá la autorización o desaprobación del regreso de bases extranjeras, vetadas desde 2008 tras la reforma constitucional impulsada por el ex presidente Rafael Correa.

Durante su estadía, Noem visitó las ciudades de Manta (provincia de Manabí) y Salinas (provincia de Santa Elena) junto a Noboa y altos funcionarios. En la Escuela de Aviación de Salinas, las autoridades resaltaron la importancia estratégica de la ubicación para el combate al crimen transnacional. El ministro del Interior, John Reimberg, destacó que Salinas, como punto más saliente hacia el Pacífico, es clave para frenar el tráfico ilícito.

En Manta, Noboa y Noem revisaron las capacidades de la antigua base militar utilizada previamente por fuerzas estadounidenses. El presidente ecuatoriano reafirmó desde Manabí y Santa Elena su compromiso de erradicar el narcotráfico, afirmando en Instagram que estas provincias serán el epicentro de la lucha contra la criminalidad en Ecuador.

El país latinoamericano atraviesa una escalada de violencia inédita, que el Gobierno atribuye a bandas criminales vinculadas al narcotráfico, ahora también activas en la extorsión, secuestros y minería ilegal.

Es importante mencionar que en enero de 2024, Noboa decretó un “conflicto armado interno” para enfrentar a estas estructuras, a las que denomina “terroristas”. Pese a ello, en el primer semestre de 2025, el país registró 4.619 homicidios, un 47% más que en igual período de 2024.

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) ya opera al menos dos oficinas de investigaciones en territorio ecuatoriano, especializadas en redes criminales transnacionales.

Durante la visita de la secretaria de Seguridad Nacional, las autoridades ecuatorianas recordaron que la antigua base de Manta funcionó entre 1999 y 2009 bajo un convenio firmado en el gobierno de Jamil Mahuad.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, argumentó que tras el cierre de esa base se produjo un “incremento del tráfico de sustancias sujetas a fiscalización”, lo que, según él, justifica la reactivación de la cooperación bilateral, esta vez centrada en recursos tecnológicos.

Loffredo enfatizó que las operaciones de seguridad seguirán siendo exclusividad de Ecuador, aunque admitió la necesidad de acceso a tecnología extranjera para detectar e interceptar actividades ilícitas en las fronteras y el mar.

(Con información de EFE)

Este es el primer artículo de una serie de tres del Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²). La serie examina el frágil equilibrio del Ecuador entre seguridad, soberanía e influencia externa en el contexto de la renovada competencia entre Estados Unidos y China en el hemisferio occidental.

El referendo que definirá una generación

En noviembre de 2025, los ecuatorianos emitirán un voto nacional cuyo resultado va mucho más allá de las urnas. La pregunta en debate es si el país debe aprobar un nuevo Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) que permitiría una presencia de seguridad de Estados Unidos en la Base Aérea de Manta. La decisión no trata solo de logística militar—toca la identidad, las alianzas y el futuro estratégico de la nación.

Ecuador puede optar por reanclar su asociación con Washington y con la comunidad democrática más amplia, o puede elegir permanecer más profundamente bajo la sombra económica de Pekín. El voto es un momento de verdad: una oportunidad para decidir cómo define Ecuador la soberanía en un mundo cada vez más peligroso.

Un aliado confiable, luego la ruptura

Durante buena parte del siglo XX, Ecuador trabajó estrechamente con Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los EE. UU. construyeron la Base Beta en las Islas Galápagos para monitorear la actividad de submarinos del Eje cerca del Canal de Panamá. Ecuador suministró materias primas vitales: madera, balsa y caucho natural, y se unió al esfuerzo de seguridad hemisférica.

En 1950, el Departamento de Estado de los EE. UU. declaró que la política de Washington era “fomentar estas tendencias ayudando al Gobierno ecuatoriano a elevar los estándares educativos… mejorar la administración gubernamental… y elevar el nivel de vida del pueblo” (U.S. Department of State, 1950).

A lo largo de la Guerra Fría, la cooperación se profundizó a través de programas conjuntos de entrenamiento y asesoría. La asociación era pragmática y basada en respeto mutuo, no en coerción.

Ese patrón colapsó en los años 2000 bajo gobiernos de tendencia izquierdista, comenzando con Rafael Correa. La política exterior fue rediseñada alrededor de narrativas populistas y retórica antiestadounidense. El gobierno cerró la Localización de Operaciones Avanzadas en Manta en 2008, expulsó al personal antidrogas de EE. UU. y posteriormente clausuró la Oficina de Cooperación en Seguridad. Puertas abiertas durante décadas fueron cerradas en un solo ciclo político (Ikeda, 2018).

El espacio que China ocupó

El vacío no duró. Pekín entró en escena con préstamos, contratos de largo plazo y proyectos de infraestructura “llave en mano”. Las ofertas parecían generosas en la superficie, pero la letra pequeña socavó la autonomía.

A partir de 2009, empresas estatales chinas aseguraron posiciones a largo plazo en los activos energéticos centrales del Ecuador: el campo petrolero Sacha y otros sitios en Sucumbíos y Orellana, además de campos de gas en alta mar en Amistad. Los esquemas de pago respaldados por petróleo se extendieron por años y vincularon la producción al servicio de la deuda. Telecomunicaciones, redes eléctricas y sistemas de vigilancia siguieron. Lo que comenzó como financiamiento se transformó en influencia sobre la toma de decisiones estratégicas.

Como señala el LTC Octavio Pérez, el patrón se asemeja a dependencia. China financia proyectos, trae sus propias empresas y captura la cadena de valor. El resultado es una influencia económica que penetra en sistemas de datos e infraestructura pública. No es comercio ordinario—alcanza al propio Estado (ConstitutionNet, 2025).

Consecuencias de cerrar la puerta a EE. UU.

El fin de la presencia estadounidense en Manta tuvo un precio alto. Durante la década siguiente, la violencia se disparó a lo largo de la costa y en los puertos. El intercambio de inteligencia y las interdicciones conjuntas disminuyeron. Grupos criminales transnacionales avanzaron. Para 2024, Ecuador tenía la tasa de homicidios más alta de Sudamérica. La corrupción se extendió por el poder judicial y la extorsión se volvió común en varias provincias.

Al mismo tiempo, los acuerdos de petróleo por deuda con China profundizaron la asfixia fiscal del país. Las “renegociaciones” contractuales extendieron los cronogramas de pago en lugar de restaurar la independencia. Muchos ecuatorianos concluyeron que rechazar a Washington no produjo autonomía; simplemente reorganizó la dependencia.

Un giro firme de vuelta a la seguridad

La crisis produjo claridad. En enero de 2024, el presidente Daniel Noboa declaró conflicto armado interno y designó a 22 organizaciones criminales como grupos terroristas. Estados Unidos aumentó silenciosamente la asistencia. Operaciones conjuntas en la frontera con Colombia desarticularon la red del Tren de Aragua. Misiones de C-130 de la Guardia Aérea Nacional estadounidense transportaron tropas y carga, restaurando movilidad y alcance operacional. La confianza comenzó a reconstruirse mediante resultados, no discursos (U.S. Embassy in Quito, 2025).

Estos pasos reabrieron el debate sobre un nuevo SOFA. A diferencia del arrendamiento de 1999–2008, un acuerdo formal establecería protecciones legales, supervisión del país anfitrión y continuidad entre administraciones. No borraría la soberanía; la codificaría.

La elección de noviembre: seguridad con salvaguardas

El referendo ahora le pregunta a la nación si debe aprobar el retorno de una presencia estadounidense en Manta bajo un marco SOFA. Los partidarios enfatizan beneficios tangibles:

• Restaurar la vigilancia aérea y el monitoreo marítimo en el Pacífico Oriental.

• Fortalecer la capacidad contra el narcotráfico y el terrorismo.

• Mejorar la preparación de respuesta ante desastres—terremotos, inundaciones y tsunamis.

• Crear empleos y estimular inversiones en la provincia de Manabí.

• Señalar a potencias externas que Ecuador se alinea con el hemisferio democrático.

Los opositores afirman que cualquier base extranjera disminuye la soberanía. Esa preocupación merece una respuesta directa. La soberanía depende de la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley, asegurar las fronteras y proteger a su población. Se reduce cuando grupos criminales superan a las fuerzas policiales y cuando los activos nacionales están hipotecados a acreedores opacos. Como ha observado el Dr. Marrero, la soberanía sin seguridad es una ilusión.

Por qué Manta importa a ambos países

El referendo de noviembre de 2025 podría marcar un regreso decisivo a una asociación estratégica con Estados Unidos. Entre sus disposiciones está la posible reactivación de la antigua Localización de Operaciones Avanzadas estadounidense en Manta. Un movimiento que restauraría el papel del Ecuador en la seguridad marítima regional. Manta ocupa una posición estratégica a lo largo de las rutas del Pacífico que conducen al Canal de Panamá, sirviendo como un nodo sureño para monitorear y asegurar los bienes marítimos comunes del hemisferio. Desde esa posición, Ecuador puede nuevamente ayudar a salvaguardar rutas comerciales, combatir el crimen transnacional y disuadir la creciente presencia de potencias extrahemisféricas en aguas cercanas.

Para Ecuador, es un multiplicador de fuerza contra carteles, intrusiones cibernéticas y finanzas coercitivas. Una presencia renovada de EE. UU. disuadiría el tráfico en el Pacífico Oriental y complicaría los esfuerzos chinos y rusos por expandir sus huellas de seguridad regional. También tranquilizaría a los inversionistas que ven la estabilidad como un requisito para el crecimiento.

El análisis militar profesional ha llegado a conclusiones similares: cerrar Manta eliminó una capa de disuasión y cooperación, mientras que reabrirla restauraría capacidades que el papeleo no puede reemplazar (Garay-Briones, 2025).

La prueba del Ecuador

Ecuador enfrenta una decisión definitoria. El país puede anclar su seguridad y su economía en alianzas transparentes o continuar bajo acuerdos diseñados en otro lugar. Seguridad, prosperidad y libertad ascienden juntas o colapsan juntas.

El referendo de noviembre mostrará si Ecuador está preparado para reconstruir la confianza con un viejo aliado e imponer límites a dependencias depredadoras. Otras naciones están observando, buscando pruebas de que la dependencia no es destino.

La pregunta es simple: ¿los ecuatorianos elegirán vivir bajo la influencia de Pekín o junto a socios que vinculan la soberanía con la libertad y el imperio de la ley? La historia advierte, pero también concede segundas oportunidades a las naciones que actúan con valentía.

El domingo 16 de noviembre de 2025, Ecuador celebrará un referéndum y consulta popular en medio de un gran despliegue de seguridad. El Consejo Nacional Electoral (CNE), junto a otras 20 instituciones del Estado, ha implementado un conjunto de medidas restrictivas que buscan garantizar una jornada pacífica y libre de incidentes. Estas disposiciones van desde la prohibición del uso de celulares dentro de las urnas, hasta la revisión de mochilas y el control estricto de las aglomeraciones en los exteriores de los recintos electorales.

El operativo ha sido coordinado a través de la Mesa Nacional de Seguridad, instalada en las instalaciones del ECU-911 en Quito. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, señaló que se trata de un “hito técnico y humano que exige coordinación, experiencia y rigurosidad” . El sistema contará con 5.700 cámaras de videovigilancia activas a escala nacional y 3.100 funcionarios operativos ante cualquier emergencia, según informaron las autoridades de seguridad.

Uno de los puntos clave del operativo será la revisión de mochilas o maletas que los ciudadanos lleven consigo a los centros de votación. Personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas estará facultado para realizar estas inspecciones en los ingresos. Además, no se permitirá que los votantes permanezcan en los exteriores de los recintos una vez hayan sufragado, con el objetivo de evitar concentraciones que podrían ser aprovechadas por grupos delictivos para desestabilizar el proceso.

El uso de teléfonos celulares y cualquier dispositivo electrónico dentro del recinto electoral también estará estrictamente prohibido. Esta medida, que ya fue aplicada en la segunda vuelta presidencial de abril de 2025, busca impedir que se tomen fotografías de la papeleta, una práctica que puede vulnerar el voto secreto y abrir la puerta a presiones indebidas o compra de votos. En días pasados, el CNE ratificó esta prohibición mediante cadena nacional, subrayando su carácter obligatorio.

Otras recomendaciones incluyen no asistir a los centros de votación con niños, y la restricción de ventas ambulantes en los alrededores de los recintos. En este sentido, el CNE ha enviado solicitudes formales a los municipios para que se controle esta actividad informal que también puede contribuir a la formación de aglomeraciones. Las cámaras del ECU-911 estarán programadas para alertar a las autoridades sobre movimientos sospechosos o reuniones numerosas que puedan comprometer el orden público.

Las medidas se aplican en un contexto de creciente preocupación por la seguridad. El 14 de octubre, un coche bomba estalló en Guayaquil, lo que activó las alertas en varias provincias consideradas de alto riesgo como Manabí, Los Ríos y El Oro. Las Fuerzas Armadas han iniciado labores de inteligencia anticipadas para evitar que grupos del crimen organizado interfieran con el proceso electoral.

El CNE también ha reforzado también los mecanismos de seguridad documental. Al 26 de octubre, se había impreso el 42,62 % de las 13,9 millones de papeletas previstas. Cada una cuenta con tres niveles de seguridad que incluyen microtextos, códigos de barras y QR, efectos anticopia y tintas especiales diseñadas por el Instituto Geográfico Militar (IGM) para impedir cualquier tipo de falsificación.

Para garantizar la transparencia del proceso, el organismo electoral ha acreditado hasta el momento a 781 observadores, de los cuales 740 son nacionales y 41 internacionales.

La jornada también estará precedida por restricciones legales clave: la ley seca entrará en vigor desde las 12:00 del viernes 14 de noviembre hasta el mediodía del lunes 17, prohibiendo la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

Además, desde las 48 horas previas al día del referéndum regirá el silencio electoral, lo que impide la difusión de propaganda política en medios de comunicación y redes sociales. Quienes incumplan estas disposiciones se exponen a sanciones económicas: hasta 50% del salario básico para infractores de la ley seca, y hasta 70% en el caso de violaciones al silencio electoral, conforme al Código de la Democracia.

La Legislatura de Chubut aprobó por unanimidad en marzo una enmienda constitucional sancionada para la eliminación de los fueros especiales de autoridades de los tres poderes del Estado y sindicalistas, y formalizó el llamado a un referéndum el 26 de octubre para que sus habitantes aprueben o rechacen la iniciativa del gobernador Ignacio Torres.

Desde entonces, la norma ya superó recursos judiciales en contra de magistrados y funcionarios judiciales, a los que sumaron sus objeciones los sindicatos, y espera una última definición de la Corte Suprema de la Nación.

De forma sorpresiva, fueron los jueces provinciales quienes plantearon la mayor resistencia a la iniciativa. Intentaron voltear el plebiscito a través de la presentación de múltiples recursos. Esta semana debería expedirse la Corte Suprema y, de acuerdo a lo que plantearon dirigentes políticos de distintos partidos, si hace lugar a la medida cautelar que elevaron los magistrados, el caso podría ser “escandaloso”.

Torres, en diálogo con Infobae, aseguró: “Chubut fue siempre un paradigma de la corrupción. La enmienda no es un planteo político, sino que es una demanda de los chubutenses, por eso creemos que el resultado del plebiscito será contundente a favor del sí”.

La Legislatura ya formalizó y presentó la boleta que se usará para el referéndum, que consiste en un texto para votar por “SÍ” o por “NO” en las mismas mesas de las elecciones nacionales y por los mismos ciudadanos habilitados en los padrones.

“¿Aprueba la modificación de la Constitución provincial sobre los fueros incorporada por la Ley V N° 201?”, dice en mayúsculas el encabezado de la boleta del referéndum, y al pie incluye dos casilleros para tildar la respuesta del votante, por el SÍ o el NO.

La misma boleta consigna los artículos reformados 247 (para los Ejecutivos provincial y municipales completos) y 248 (para legisladores, magistrados, funcionarios judiciales y sindicalistas) de la Constitución provincial que, de imponerse el voto por el SÍ, quedarán textualmente de esta manera: “Artículo 247: Supresión de la inmunidad de proceso y ejecución de sentencia condenatoria. El Gobernador, el Vicegobernador y los integrantes de los tribunales electorales provincial y municipales están sujetos a la acción penal sin privilegio. La ejecución y cumplimiento de una sentencia penal condenatoria que resulte confirmada por un tribunal de alzada, aunque tenga pendientes recursos o impugnaciones extraordinarias, no está sujeta a intervención ni autorización previa de ningún otro poder del Estado ni de estamento alguno, así como tampoco requiere proceso legislativo de desafuero”.

“Artículo 248: Supresión de la inmunidad de ejecución de sentencia condenatoria. La promoción de causa penal, su tramitación y el enjuiciamiento penal por delitos comunes o en ejercicio de la función contra legisladores, magistrados del Poder Judicial, Procurador General, Defensor General, fiscales, defensores, ministros del Poder Ejecutivo, miembros electivos de los municipios, dirigentes y representantes de sindicatos y organizaciones gremiales legítimamente constituidos, no requiere intervención ni autorización previa de ningún otro poder del Estado ni de estamento alguno. La ejecución y cumplimiento de una sentencia penal condenatoria que resulte confirmada por un tribunal de alzada, aunque tenga pendientes recursos o impugnaciones extraordinarias, no requiere proceso legislativo o judicial de desafuero, ni ante el Tribunal de Enjuiciamiento o del Cuerpo Deliberativo municipal, según el caso”, prosigue.

Esta boleta fue aprobada oficialmente tras una audiencia encabezada por el secretario electoral permanente, Alejandro Tullio, y los apoderados de seis fuerzas políticas. En la misma audiencia aprobaron dos modelos de Boleta Única que debutarán en estas elecciones para diputados (Chubut no renueva senadores), para usar en la circunscripción de Esquel y en la de Trelew, en las que estarán divididas las votaciones de octubre.

Como sucedió en la sesión legislativa que aprobó por unanimidad la enmienda constitucional, la formalización de las boletas fue por consenso de todos los referentes partidarios presentes para validarlos: Luis Maglio (Unidos Podemos, alianza del PJ); Gisselle Cabrera Quattrocchi (Despierta Chubut, oficialismo provincial); Pamela Yudith Canuyán (La Fuerza del Trabajo Chubutense); Cinthia Natalia Seibert (Frente de Izquierda); Vanesa Nievas y Carlos Rinaldi (La Libertad Avanza); Stella Maris Sierra (PICH); y Eduardo González (GEN).

Declaraciones

El gobernador Torres cuestionó a los jueces de su provincia que intentaron frenar el plebiscito que se llevará a cabo en octubre y que busca eliminar los fueros para representantes de los tres poderes. Lo hizo luego de que el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut, Claudio Petris, presentara una medida cautelar para bloquear la iniciativa.

“Lo que este juez quiere hacer es impedir que el pueblo chubutense vote. Y habría que preguntarle a qué le tiene miedo”, dijo.

Torres incluso recibió un apoyo explícito del juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, quien en la presentación de la flamante Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia, sostuvo: “Estamos ante un fenómeno global, la gente percibe que la democracia dejó de ser para el pueblo. Tenemos que tomar la iniciativa desde el Poder Judicial, porque somos el rostro más directo frente a los ciudadanos. Creemos en la democracia, en la división de poderes y en los valores republicanos y constitucionales”.

Ese acto resultó un fuerte espaldarazo para Torres, ya que también contó con la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; y los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y Jujuy, Carlos Sadir, ambos del PRO, partido originario del gobernador de Chubut.

Denuncia de corrupción

De acuerdo a analistas políticos y periodísticos, la provincia patagónica (que pone en juego dos bancas en la Cámara baja) marcha hacia una casi segura polarización entre LLA y el PJ, sin opción al ingreso de una tercera fuerza al Congreso. Por ello, el gobernador Torres confía que el referéndum quebrará ese escenario en desmedro del PJ, cuyo primer candidato a diputado, el ex intendente kirchnerista de Comodoro Rivadavia Juan Pablo Luque, enfrenta denuncias por corrupción en los tribunales chubutenses.

Incluso, en agosto pasado, el fiscal Jefe Cristian Olazábal ordenó múltiples allanamientos en el marco de la causa “Emergencia Climática II”, que apunta a exfuncionarios de la gestión municipal de Luque. La causa investiga supuestas irregularidades relacionadas con el uso de fondos de emergencia tras un temporal en 2017. Además de Luque, los funcionarios judiciales allanaron las viviendas del ex secretario de Economía municipal, Germán Issa Pfister.

Este caso es una derivación de la primera investigación, “Emergencia Climática I”, que culminó en 2024 con la condena de ex secretarios y empresarios por maniobras de fraude, falsificación y cobros por obras no realizadas. La sentencia inicial de la primera causa fue apelada y está en revisión.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, considera que el poder debe retornar a la ciudadanía a través de una reforma profunda del sistema institucional, motivo por el cual insiste en la necesidad de una Asamblea Constituyente, según detalló la agencia Europa Press. Esta propuesta incluye la inclusión de una pregunta específica sobre la convocatoria a dicha Asamblea en el referéndum nacional proyectado para finales del año, aunque aún requiere el dictamen favorable del Tribunal Constitucional. Noboa defiende que este mecanismo permitiría superar el bloqueo institucional que, a su juicio, impide avances en la lucha contra el crimen organizado y en la modernización del aparato político.

El mandatario, en una misiva emitida por la Presidencia y que fue difundida por Europa Press, expresó que la pregunta para crear la Asamblea Constituyente resulta “esencial” en el referéndum y enfatizó que busca convocar a un órgano que “devuelva el poder al pueblo y saque al país del secuestro institucional”. Argumentó que las instituciones ecuatorianas han “olvidado a quienes debían servir" y señaló que Ecuador “merece liberarse” de los factores que “lo frenan”. Remarcó además que la voluntad del electorado de cambiar las estructuras políticas no se concretará mientras persistan las reglas actuales.

En su carta, el jefe de Estado advirtió que “el activismo político” busca bloquear las preguntas planteadas por el Ejecutivo, según informó Europa Press. Atribuyó esta actitud al miedo de las élites ante el respaldo social que podrían recibir las reformas propuestas. Noboa aseguró que el proceso deberá ser definido en las urnas y subrayó que “esta vez serán los ecuatorianos quienes decidan el marco normativo de un nuevo Ecuador; la base del país que construyamos juntos”. Añadió que su proyecto tiene como fundamento la convicción de que “la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad”.

El presidente ha cuestionado abiertamente el rol del Tribunal Constitucional frente a sus iniciativas. Durante una entrevista citada por el medio ‘Primicias’ y referenciada por Europa Press, Noboa se preguntó: “¿Por qué quieren impedir que se pregunte a la gente? Están poniendo trabas y trabas, cuando lo que se busca es que el pueblo decida”. En este contexto, ya ha remitido al Tribunal Constitucional una solicitud para que emita un dictamen sobre el procedimiento para modificar la Constitución en cuatro apartados: contratación laboral por horas, supresión del Consejo de Participación Ciudadana, reducción del número de asambleístas y establecimiento de controles políticos sobre los jueces del propio tribunal.

Europa Press recordó que existen otras dos propuestas cuyo trámite constitucional avanzó en la Asamblea Nacional y que ahora están pendientes de revisión judicial: la prohibición de presencia de bases militares extranjeras en el país y la reasignación de fondos públicos dirigidos a los partidos políticos. Ambos temas ya recibieron respaldo legislativo y aguardan resolución de la Corte.

En sus comunicados y entrevistas, Noboa insiste en que el país atraviesa un periodo de estancamiento que solo puede superarse con una nueva institucionalidad, por lo que insiste en una participación directa de la ciudadanía en la transformación constitucional, según destacó Europa Press. El mandatario asume que su propuesta busca sortear las limitaciones impuestas por marcos legales y la resistencia de sectores políticos y judiciales. Defiende que la consulta popular y la eventual Asamblea Constituyente son vías para que la autoridad surja directamente de la voluntad del pueblo y no de negociaciones políticas restringidas.

La aprobación de estas reformas dependerá del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en cuanto al mecanismo adecuado para avanzar con la consulta popular y su alcance, reportó Europa Press. La decisión del máximo órgano judicial será clave para definir no solo si se realiza la pregunta sobre la Asamblea Constituyente, sino también el proceso para implementar los demás cambios planteados por el Ejecutivo.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, eliminó este viernes el subsidio al diésel, una medida que, según el Gobierno, permitirá un ahorro anual de 1.100 millones de dólares que serán destinados a medidas de protección social y a subvenciones para incentivar la producción nacional.

La decisión de Noboa se produce tras la eliminación el año pasado de los subsidios a las gasolinas Extra y Eco País, las de mayor consumo en el país. Estos combustibles actualmente registran precios al consumidor similares a los valores internacionales, luego de haber sido igualados progresivamente tras su descongelamiento.

La eliminación de los subsidios a los combustibles es una de las decisiones políticas más sensibles en Ecuador. Intentos similares fueron realizados por los ex presidentes Lenin Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), quienes debieron retroceder ante dos grandes olas de protestas lideradas por el movimiento indígena, las más importantes en la historia reciente del país.

Estas medidas forman parte del plan económico de Noboa para reducir el déficit estatal, que alcanzó casi el 5% del PBI al inicio de su mandato en 2023, y para cumplir con las metas del programa crediticio del Fondo Monetario Internacional (FMI), que asciende a 5.000 millones de dólares en un periodo de cuatro años (2024-2028). La eliminación del subsidio se suma a otros recortes dentro de la administración pública, como la reducción de ministerios de 20 a 14 y el despido de 5.000 funcionarios.

La desaparición del subsidio al diésel entrará en vigor desde este sábado, lo que provocará un incremento en el precio de este combustible en las estaciones de servicio, pasando de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros). El anuncio fue realizado en un mensaje a la nación emitido por un grupo de ministros, ya que el presidente Noboa no apareció en la alocución.

La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, aseguró que “enfrentamos con valentía las decisiones que deben tomarse” y destacó que “los recursos deben ir donde se necesitan”. Señaló que durante décadas el subsidio fue financiado por todos los ecuatorianos, pero gran parte de los recursos se desviaba hacia el contrabando, la minería ilegal y beneficiarios privilegiados. “Hemos cerrado esa llave para costear algo mejor, para que los recursos vayan a donde se necesitan”, reiteró.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, aseguró que los precios del transporte de pasajeros no subirán, gracias a un mecanismo de compensación que otorgará entre 400 y 1.000 dólares mensuales por unidad, con una inversión de 220 millones de dólares.

También anunció subvenciones de hasta 20.000 dólares para chatarrizar vehículos antiguos, créditos para adquirir nuevas unidades a una tasa preferencial del 9%, un pago de 80 millones de dólares por deuda histórica del transporte y una compensación de tres meses al transporte comercial.

El ministro de Agricultura y Ganadería anunció subvenciones a agricultores, entrega de tractores a campesinos y motores a pescadores artesanales.

En materia de protección social, el Ejecutivo informó que desde octubre se entregará el Bono de Desarrollo Humano a 55.000 nuevas familias, se devolverá el IVA a unas 115.000 personas mayores de 65 años y alrededor de 80 millones de dólares a constructores de proyectos inmobiliarios.

(Con información de AFP)

La Corte Constitucional del Ecuador emitió tres dictámenes en los que aprobó únicamente algunas de las preguntas planteadas por el Ejecutivo para el referéndum y negó otras que, según expertos, tenían inconsistencias jurídicas y podían alterar la estructura del Estado. Los fallos, publicados este 4 de septiembre de 2025, responden a solicitudes de enmiendas, reformas parciales y consultas populares enviadas por el presidente de la República.

El máximo órgano de control constitucional validó dos enmiendas. La primera permite la contratación laboral por horas en el sector turístico, con carácter limitado a la primera relación laboral y bajo condiciones que, según la Corte, respetan derechos adquiridos y se ajustan a la estacionalidad de la actividad. La segunda es la reducción del número de asambleístas, que mantendría criterios de representación poblacional y territorial sin afectar el carácter democrático del Estado.

No obstante, se rechazaron algunas de las propuestas más controversiales. La Corte declaró improcedente la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), señalando que suprimir un órgano de rango constitucional alteraría la estructura misma del Estado. Asimismo, desechó la idea de habilitar juicios políticos contra jueces de la propia Corte Constitucional, al considerar que vulneraría la independencia judicial y los contrapesos del sistema democrático.

En cuanto a la reforma parcial que proponía la castración química obligatoria para personas sentenciadas por delitos sexuales, junto a la creación de un registro confidencial, el tribunal sostuvo que no cumplía parámetros constitucionales ni científicos. La resolución argumenta que no existe evidencia de que la medida reduzca la reincidencia y que los delitos sexuales no dependen únicamente de impulsos sexuales. Además, cuestionó la vaguedad del registro planteado y advirtió que su implementación resultaría desproporcionada.

La tercera decisión de la Corte correspondió a la consulta popular sobre casinos y salas de juego. El proyecto planteaba la reapertura de casinos en hoteles cinco estrellas, la creación de un tributo del 25% sobre sus ventas y la destinación de los recursos a programas contra la desnutrición infantil. El dictamen cuestionó tanto los considerandos como la pregunta, al señalar que carecían de claridad y que obligaban a los electores a decidir en bloque sobre tres temas distintos, lo que limitaba su libertad de elección. Por ello, la Corte declaró improcedente la consulta.

Estas decisiones confirman las advertencias de constitucionalistas y analistas políticos que habían alertado sobre los riesgos de la formulación de varias preguntas remitidas por el Ejecutivo. Juristas señalaron previamente que iniciativas como la eliminación del CPCCS o el juicio político a jueces excedían los márgenes de una enmienda y requerirían un procedimiento constituyente, ya que afectan pilares estructurales del sistema político.

El presidente había apostado al referéndum como herramienta para legitimar reformas en temas sensibles, entre ellos la seguridad, la justicia y la institucionalidad. Sin embargo, la Corte recordó que la democracia directa no puede contraponerse a los límites constitucionales. La sentencia reitera que las preguntas deben ser claras, unívocas y respetar el principio de lealtad al elector.

En el ámbito político, la decisión representa un revés para el Gobierno, que buscaba capitalizar el respaldo popular a través de un paquete amplio de reformas. La Corte, en cambio, redujo el alcance de la consulta a un número limitado de temas, principalmente en materia laboral y de representación legislativa. La resolución también reaviva el debate sobre el rol del CPCCS, organismo cuestionado desde su creación en 2008, pero que la Corte considera parte integral de la estructura estatal.

La experiencia reciente también muestra un patrón: tanto en consultas populares impulsadas en 2018 como en la de 2023, los dictámenes previos de la Corte ya habían frenado preguntas consideradas inconstitucionales. Con esta decisión, el tribunal reafirma su papel como filtro jurídico frente a propuestas políticas que buscan llegar al electorado, garantizando que se respeten los límites de la Carta Magna.

En declaraciones recogidas este jueves por el periódico local Taipei Times, Lai aseguró que celebrar el plebiscito antes de que el Gobierno pueda realizar evaluaciones de seguridad es una "negación" del derecho de la población a tomar "decisiones informadas".

"Iré a las urnas el sábado de la próxima semana para emitir un voto negativo, como todos deberíamos hacer", afirmó el mandatario durante una reunión de la plana mayor de su partido, el gobernante Partido Democrático Progresista (PDP), que durante años ha bregado por una "patria libre de nucleares".

El líder isleño subrayó que la "postura constante" de su administración es permitir el uso de la energía nuclear únicamente si se cumplen tres "requisitos prácticos": garantizar su seguridad, disponer de un lugar adecuado para la eliminación de los residuos radiactivos y alcanzar un "consenso" social sobre el asunto.

Lai recalcó además que, hasta ahora, ni la Comisión de Seguridad Nuclear ni la eléctrica estatal Taipower han llevado a cabo revisiones de seguridad sobre el último reactor operativo, por lo que la población carece de la información necesaria para tomar una decisión al respecto.

El referéndum, impulsado por los dos principales partidos de la oposición, el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (PPT), planteará la siguiente pregunta: "¿Está usted de acuerdo en que la central nuclear de Maanshan continúe funcionando tras la aprobación de la autoridad competente y la confirmación de que no existen problemas de seguridad?".

Según la Ley de Referéndum de Taiwán, la propuesta de reiniciar la planta se aprobará si los votos afirmativos superan a los negativos y representan, al menos, una cuarta parte de todos los votantes elegibles.

El cierre del reactor número 2 de la central de Maanshan, el pasado mayo, marcó el fin de la energía nuclear en Taiwán, tras el desmantelamiento progresivo de los reactores de las plantas de Chinshan y Kuosheng -ambas ubicadas en el distrito norteño de Nuevo Taipéi- entre 2018 y 2023.

Esta decisión se produjo en un momento especialmente crítico para la isla, cuya fuerte dependencia de los combustibles importados por vía marítima aumenta su vulnerabilidad ante un eventual bloqueo naval de China, que considera a Taiwán como "parte inalienable" de su territorio. EFECOM

Quito, 7 ago (EFE).- La Corte Constitucional de Ecuador validó este jueves la primera de las preguntas que compondrán el nuevo referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa, referente a permitir nuevamente el establecimiento de bases militares extranjeras en el país, como la que Estados Unidos tuvo en Manta hasta 2009.

El máximo tribunal de garantías de Ecuador consideró válida la pregunta donde se consultará a los ecuatorianos si están de acuerdo o no con reformar parcialmente el artículo 5 de la Constitución ecuatoriana, que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras en el territorio nacional.

La prohibición a las bases militares extranjeras se impuso en la Constitución de 2008, promovida por el entonces presidente Rafael Correa (2007-2017), lo que implicó que Estados Unidos abandonara la base que ocupaba en la costera ciudad de Manta.

La propuesta de Noboa fue presentada en octubre del año pasado y, tras las elecciones presidenciales donde el gobernante fue reelegido hasta 2029, obtuvo la aprobación de la Asamblea Nacional (Parlamento) que debe ser refrendada mediante un referéndum.

La consulta popular para el nuevo paquete de reformas impulsado por Noboa incluye también otras propuestas polémicas que todavía deben pasar por el análisis de la Corte Constitucional, entre las que está la elimianción de la financiación pública a los partidos políticos y campañas electorales, aprobada este mismo jueves por el pleno del Legislativo, de mayoría oficialista.

Otras cuestiones que Noboa ha propuesto para este plebiscito es reducir el número de asambleístas en el Parlamento y eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un órgano compuesto por siete miembros elegido por votación popular que, entre otras atribuciones, nombra autoridades estatales como el fiscal general.

Ambas cuestiones ya fueron mayoritariamente rechazadas por los ecuatorianos en el referéndum impulsado en 2023 por el presidente conservador Guillermo Lasso (2021-2023).

Noboa también ha planteado que los jueces de la Corte Constitucional sean objeto de juicio político por parte de la Asamblea y gravar con un impuesto a la renta del 25 % a las salas de juego y casinos en Ecuador.

Así mismo, el presidente ha insistido en permitir los contratos por horas en el sector turístico para jóvenes sin experiencia laboral previa, después de que en el primer referéndum que se promovió en 2024 los ecuatorianos votaron mayoritariamente en contra de que este tipo de contratación laboral se estableciera de manera general.

El gobernante también ha anticipado que la posible fecha de celebración de este referéndum sea el próximo 14 de diciembre, antes de finalizar el año, lo que será también un termómetro para medir nuevamente su popularidad, tras haber sido reelegido este año con el 55,63 % de los votos válidos.

El máximo tribunal de garantías de Ecuador consideró válida la pregunta donde se consultará a los ecuatorianos si están de acuerdo o no con reformar parcialmente el artículo 5 de la Constitución ecuatoriana, que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras en el territorio nacional.

La prohibición a las bases militares extranjeras se impuso en la Constitución de 2008, promovida por el entonces presidente Rafael Correa (2007-2017), lo que implicó que Estados Unidos abandonara la base que ocupaba en la costera ciudad de Manta.

La propuesta de Noboa fue presentada en octubre del año pasado y, tras las elecciones presidenciales donde el gobernante fue reelegido hasta 2029, obtuvo la aprobación de la Asamblea Nacional (Parlamento) que debe ser refrendada mediante un referéndum.

La consulta popular para el nuevo paquete de reformas impulsado por Noboa incluye también otras propuestas polémicas que todavía deben pasar por el análisis de la Corte Constitucional, entre las que está la elimianción de la financiación pública a los partidos políticos y campañas electorales, aprobada este mismo jueves por el pleno del Legislativo, de mayoría oficialista.

Otras cuestiones que Noboa ha propuesto para este plebiscito es reducir el número de asambleístas en el Parlamento y eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un órgano compuesto por siete miembros elegido por votación popular que, entre otras atribuciones, nombra autoridades estatales como el fiscal general.

Ambas cuestiones ya fueron mayoritariamente rechazadas por los ecuatorianos en el referéndum impulsado en 2023 por el presidente conservador Guillermo Lasso (2021-2023).

Noboa también ha planteado que los jueces de la Corte Constitucional sean objeto de juicio político por parte de la Asamblea y gravar con un impuesto a la renta del 25 % a las salas de juego y casinos en Ecuador.

Así mismo, el presidente ha insistido en permitir los contratos por horas en el sector turístico para jóvenes sin experiencia laboral previa, después de que en el primer referéndum que se promovió en 2024 los ecuatorianos votaron mayoritariamente en contra de que este tipo de contratación laboral se estableciera de manera general.

El gobernante también ha anticipado que la posible fecha de celebración de este referéndum sea el próximo 14 de diciembre, antes de finalizar el año, lo que será también un termómetro para medir nuevamente su popularidad, tras haber sido reelegido este año con el 55,63 % de los votos válidos. EFE

Mientras Taiwán se prepara para un referéndum revocatorio que podría reestructurar su parlamento, los legisladores de la oposición, que se enfrentan a las urnas, cuentan con dos apoyos inusuales: funcionarios chinos y medios de comunicación estatales que se unen a su causa.

Si bien el presidente Lai Ching-te ganó las elecciones el año pasado, su Partido Democrático Progresista (PPD) perdió la mayoría legislativa. Desde entonces, la oposición ha hecho alarde de su poder para aprobar leyes a las que el gobierno se opone e imponer recortes presupuestarios, lo que complica los esfuerzos para impulsar el gasto en defensa, en particular.

Este drama político se ha producido en un contexto en el que China intensifica su propia campaña de presión militar y diplomática contra Taiwán para hacer valer sus reivindicaciones territoriales, que Lai y su gobierno rechazan rotundamente. Lai ha ofrecido conversaciones con Beijing en numerosas ocasiones, pero ha sido rechazado.

Grupos cívicos iniciaron formalmente la campaña revocatoria a principios de este año, y el sábado los votantes decidirán el destino de 24 legisladores del mayor partido de la oposición de Taiwán, el Kuomintang (KMT), aproximadamente una quinta parte del total de legisladores. Los grupos revocatorios afirman ser un movimiento “anticomunista” y acusan al KMT de traicionar a Taiwán al enviar legisladores a China, no apoyar el gasto en defensa y sembrar el caos en el parlamento. El KMT rechaza estas acusaciones y denuncia la “dictadura” de Lai y el “terror verde”, la bandera del partido del PPD.

China no se ha mantenido al margen, para inquietud del KMT, siempre receloso de ser “pintado de rojo” por sus oponentes.

En junio, dos altos funcionarios chinos que supervisaban la política de Taiwán denunciaron los revocatorios como una “trama política” de Lai.

Lai está “ejerciendo una dictadura bajo el pretexto de la democracia” y “utilizando todos los medios posibles para reprimir a la oposición”, declaró Zhu Fenglian, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán de China, en una rueda de prensa en junio.

El magnate taiwanés Robert Tsao, uno de los principales promotores del revocatorio, afirmó que tales comentarios solo apoyarían su causa. “Esto demuestra que (el KMT) está del lado del Partido Comunista. Nos beneficia”, declaró a la prensa en un acto de campaña el lunes.

“Es nuestro asunto”

El KMT afirma que no solicitó ni desea el apoyo de China, que no puede controlar lo que dice China y que no es pro-Beijing.

“Compartimos la opinión de todo el pueblo de Taiwán: esto es asunto nuestro. Son los dos partidos, el PPD y el KMT, quienes luchan por el apoyo y el reconocimiento público. No tiene nada que ver con China continental”, declaró a Reuters la portavoz del partido, Crystal Yang.

Los medios de comunicación estatales chinos y sus cuentas afiliadas en redes sociales publicaron unos 425 artículos o vídeos que describían la campaña de destitución como “dictadura” o “terror verde” en el primer semestre de 2025, según la organización de investigación taiwanesa IORG, que analiza los medios estatales chinos. En un artículo de opinión publicado en abril, el Diario del Pueblo, el periódico oficial del Partido Comunista Chino, afirmó que Lai estaba “abusando presuntuosamente del sistema de revocatoria para reprimir al partido de la oposición, intentando establecer una ‘dictadura verde’”.

Señalando la similitud entre los argumentos de China y el KMT contra las revocatorias, Wu Szu-yao, secretaria general del bloque legislativo del PPD, afirmó que Pekín está “ofreciendo munición” al KMT para influir en los votantes.

“A China le preocupa mucho que la revocatoria masiva tenga éxito y obtenga el apoyo de la población taiwanesa”, declaró.

La Oficina de Asuntos de Taiwán de China no respondió a una solicitud de comentarios.

El KMT afirma que su compromiso con China es vital dada la negativa de Beijing a dialogar con Lai, a quien califica de “separatista”, y a defender los intereses de Taiwán, como la promoción de las exportaciones agrícolas. “Esta es una crítica injusta”, declaró Tony Lin, presidente del Comité de Cultura y Comunicación del KMT, en referencia a las acusaciones de que son pro-Pekín. “Siempre hemos recalcado que somos pro-comunicación”.

El KMT espera que la gente también salga a las calles para expresar su descontento con Lai, a quien consideran incompetente y ha avivado las tensiones con China.

“El PPD utiliza su abrumadora red de propaganda para infundir miedo (a China) en la sociedad taiwanesa”, declaró Huang Kwei-bo, profesor de diplomacia en la Universidad Nacional Chengchi de Taipéi y exsecretario general adjunto del KMT.

(Reuters)

El referéndum convocado en Italia para someter ante la ciudadanía una batería de preguntas sobre temas laborales y sociales no ha salido adelante por la baja participación, lo que ha llevado al Gobierno de Giorgia Meloni a reivindicar su solidez frente a la oposición de izquierdas.

La consulta, impulsada por sindicatos y la oposición de izquierdas, requería de la participación de al menos la mitad más uno de los electores para que sus resultados fuesen tenidos en cuenta. Sin embargo, en la doble jornada de votación que ha concluido este lunes a las 15.00 horas, apenas han participado el 30 por ciento de los ciudadanos.

El secretario general de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), Maurizio Landini, ha puesto en valor que unos 14 millones de personas han participado en este proceso, en el que ve "un punto de partida" para abordar temas que, según sus propias palabras, siguen sobre la mesa.

"Sabíamos que no sería un paseo por el parque", ha enfatizado Landini, en una comparecencia en la que ha descartado dimitir pese a que la mayoría de las propuestas proceden de su sindicato, informa la agencia de noticias AdnKronos.

El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, cree que el Gobierno sale de esta cita "fortalecido" y que, en cambio, la oposición termina "debilitada". El jefe de la diplomacia italiana se ha mostrado "satisfecho" en declaraciones a Tg1 por los resultados, después de que el propio Gobierno incitase a sus seguidores a no tomar parte en el proceso.

Tampoco el ministro de Transporte, Matteo Salvini, ha ocultado su satisfacción por lo que considera "una derrota aplastante para la izquierda", a la que acusa no sólo de no tener "credibilidad" sino de que "ni siquiera es capaz de movilizar a sus propios votantes", pese a que ha dicho tener un "gran respeto" por quienes han participado en el proceso.

Salvini ha reiterado su oposición a propuestas como la de obtener la ciudadanía italiana de forma "acelerada", ya que considera un planteamiento "erróneo" la idea de reducir a cinco años el tiempo de residencia para conseguir la nacionalidad.

En el ámbito laboral, los sindicatos planteaban la derogación de la normatiza que permite en caso de despidos ilegales no reincorporar a un empleado si la empresa tiene más de 15 trabajadores o que la indemnización no pueda superar los seis meses de salario.

Además, la batería de propuestas planteaba derogar la norma que impide aplicar las condiciones generales de una empresa a las subcontratas y proteger así a los trabajadores más precarios y modificar la ley para que un empleado de una empresa subcontratada que sufra un accidente laboral pueda reclamar también a la empresa contratante.

Italia ha iniciado la segunda y última jornada de un referéndum sobre reformas laborales y migratorias y que puede quedar sin validez alguna si no aumenta drásticamente este lunes la tasa de participación, ya que al cierre de las urnas el domingo apenas había votado el 22 por ciento de los electores, según el Ministerio del Interior.

La consulta, impulsada por sindicatos y la oposición de izquierdas, requiere de la participación de al menos la mitad más una de los electores y para este lunes los casi 61.600 colegios habilitados abrirán apenas ocho horas, hasta las 15.00 (hora local).

El Gobierno de Giorgia Meloni ha desaconsejado la participación y la propia primera ministra acudió el domingo a un centro sin ejercer su derecho de sufragio. Sí ha participado en cambio el presidente de Italia, Sergio Mattarella, que depositó su voto en la ciudad de Palermo, informa la agencia AdnKronos.

Entre las propuestas planteadas en esta consulta figura la reducción de diez a cinco años el plazo mínimo de residencia para la obtención de la ciudadanía, lo que según las estimaciones afectaría a 2,3 millones de personas en el país, según las estimaciones.

En el caso de la legislación laboral, se trata de cuatro propuestas del principal sindicato italiano, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL, por sus siglas en italiano). Este sindicato propone derogar que en caso de despido ilegal, la empresa no tiene obligación de readmisión si tiene más de 15 trabajadores.

La segunda propuesta pide derogar que en caso de despido ilegal, la indemnización no puede superar los seis meses de salario. La tercera pide derogar la norma que impide aplicar las condiciones generales de una empresa a las subcontratas y proteger así a los trabajadores más precarios.

La cuarta y última plantea modificar la ley para que un empleado de una empresa subcontratada que sufra un accidente laboral pueda reclamar también a la empresa contratante.

Entre el domingo y el lunes Italia vota en referéndum sobre cuatro propuestas de cambio de la legislación laboral y una propuesta sobre inmigración, concretamente para reducir de 10 a 5 años el plazo para la obtención de la ciudadanía con el mínimo del 50 por ciento de participación como principal obstáculo para la aprobación de estas iniciativas.

En el caso de la legislación laboral, se trata de cuatro propuestas del principal sindicato italiano, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL, por sus siglas en italiano). Este sindicato propone derogar que en caso de despido ilegal, la empresa no tiene obligación de readmisión si tiene más de 15 trabajadores.

La segunda propuesta pide derogar que en caso de despido ilegal, la indemnización no puede superar los seis meses de salario. La tercera pide derogar la norma que impide aplicar las condiciones generales de una empresa a las subcontratas y proteger así a los trabajadores más precarios.

La cuarta y última plantea modificar la ley para que un empleado de una empresa subcontratada que sufra un accidente laboral pueda reclamar también a la empresa contratante.

Sobre la reducción de los plazos para lograr la ciudadanía, se aplica a ciudadanos extranjeros de fuera de la UE y afectaría a 2,3 millones de personas en el país, según las estimaciones.

Por primera vez se permite votar a las personas sin permiso de residencia que estén empadronadas en Italia desde hace al menos tres meses.

Hasta el momento el único dato oficial que se ha publicado es de la participación, que ha alcanzado el 7,4 por ciento hasta las 12.00 horas, según la web oficial Eligendo. El horario de votación termina este domingo a las 23.00 horas y el lunes será de 7.00 a 15:00 horas.

La principal concentración tuvo lugar frente a la sede del Banco Nacional de Bulgaria, bajo el lema "Insistimos en nuestro lev (la moneda búlgara), insistimos en nuestro referéndum", una consigna que resume la oposición de esta formación -con 33 de los 240 escaños en el Parlamento- a abandonar la moneda nacional.

Las protestas, que también tuvieron lugar frente a embajadas de Bulgaria en países de la Unión Europea, transcurrieron sin incidentes.

Los organizadores critican que el Gobierno quiera introducir el euro sin consultar a la ciudadanía, y ven en la moneda comunitaria una amenaza para la soberanía económica y temen subidas de precios, lo que puede afectar al país más pobre de la UE, con un 30 % de su población en riesgo de pobreza o exclusión social.

"El lev no es solo una moneda. Es un símbolo de nuestra soberanía, nuestra independencia y el derecho a decidir nuestro propio futuro", declaró un manifestante a la radio nacional BNR.

Otro manifestante, en la ciudad costera de Varna, relató a esa emisora su experiencia en Italia durante la adopción del euro en 2001: "Los precios subieron de inmediato, todo se encareció y muchos restaurantes cerraron".

El presidente del país, Rumen Radev, también se ha alineado con la protesta y reclamó que se escuche la voz de la ciudadanía.

"Quiero que el pueblo sea escuchado, porque se enfrenta a precios que el Estado no puede controlar. Hace apenas unos días, los reguladores ya reconocieron que no tienen el personal ni la capacidad financiera para acciones a gran escala contra los aumentos de precios sin control", dijo a la prensa.

"Tanto las protestas que estamos viendo como las encuestas sociológicas demuestran claramente que los búlgaros quieren que se escuche su voz", agregó.

Radev propuso el pasado 9 de mayo la convocatoria de un referéndum para decidir sobre la entrada en la eurozona.

Sin embargo, la presidenta del Parlamento rechazó trasladar la iniciativa a los diputados alegando que contraviene el Tratado de Adhesión de Bulgaria a la UE, en vigor desde 2007.

El Tribunal Constitucional estudia ahora la legalidad de esa consulta popular, cuyo fallo se espera en los próximos días.

El Gobierno búlgaro espera recibir la próxima semana un informe extraordinario de convergencia de la Comisión Europea, con el que confía obtener la aprobación definitiva para la adopción del euro el 1 de enero de 2026.EFECOM

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El texto entregado por un comité directivo establece que el presidente de la República será el jefe de Estado y de Gobierno, y podrá nombrar a un primer ministro "que le asista en la coordinación de la acción gubernamental".

Las máximas autoridades del país informaron en un comunicado que el anteproyecto será analizado con "rigor" y "serenidad" en un amplio diálogo nacional que incluirá a todos los sectores del país para la realización de un debate ciudadano "constructivo y respetuoso de las diferencias".

La pieza a debatir plantea que todos los cargos de elección sean de cinco años, para igualarlo con el de la Presidencia de la República.

El número de ministros no puede ser superior a quince y el de senadores se fija en dos por departamento, a diferencia de los tres que establece la Constitución vigente.

Asimismo, el número de senadores que representan a los haitianos que viven en el extranjero se fija en dos.

Este anteproyecto de Constitución fija en 30 años la edad mínima para ser presidente de la República, diputado y alcalde a los 21, y senador a los 25 años.

"El presidente de la República nombra a los ministros y pone fin a sus funciones. Puede nombrar secretarios de Estado cuando lo considere necesario (...). Elige, entre los ministros titulares de una cartera ministerial, a un primer ministro que le asiste en la coordinación de la acción gubernamental", se lee en el documento hecho público hoy.

Cada departamento geográfico será administrado por un gobernador elegido por sufragio universal por un período de cinco años. Se puede ser gobernador departamental a partir de los 25 años.

"La Asamblea de Gobernadores forma el Consejo Interdepartamental que, en colaboración con el Ejecutivo, estudia y planifica los proyectos de descentralización y desarrollo del país desde el punto de vista social, económico, comercial, agrícola e industrial", se establece en el documento de 61 páginas.

"El derecho a la propiedad inmobiliaria también se concede a los extranjeros residentes en Haití y a las empresas extranjeras para las necesidades de sus actividades agrícolas, comerciales, industriales, religiosas, humanitarias o educativas, dentro de los límites y condiciones determinados por la ley", estipula el anteproyecto.

Sin embargo, ningún extranjero puede ser propietario de un inmueble delimitado por la frontera terrestre haitiana. El extranjero puede ser expulsado del territorio de la República cuando se inmiscuya en la vida política del país y en los casos determinados por la ley. El documento reconoce el derecho de asilo a los refugiados políticos.

Para el Gobierno, la presentación del anteproyecto de la nueva Constitución constituye "un paso decisivo en la transición", antes de añadir que "la República de Haití ha dado hoy un paso importante en el proceso de transición democrática".

Durante una ceremonia celebrada en la Villa d'Accueil, los miembros del Consejo Presidencial de Transición (CPT), acompañados por el primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, recibieron oficialmente de manos del ex primer ministro y presidente del Comité Directivo de la Conferencia Nacional, Enex Jean-Charles, el anteproyecto de la nueva Constitución de la República.

Este acto, simbólico y fundamental a la vez, es testimonio de los constantes esfuerzos desplegados por el poder interino para guiar a la nación hacia un futuro de estabilidad, legitimidad institucional y progreso sostenible, subrayó el Gobierno.

Haití atraviesa una profunda crisis en prácticamente todos los órdenes, con bandas armadas que controlan casi la totalidad de la zona metropolitana de la capital, así como otros puntos del país.

La economía se mantiene en números rojos durante años y miles de personas padecen de hambre y otros tantos se han visto obligado a desplazarse por la violencia.EFE

Tras una reunión del Gobierno bávaro celebrada el martes, a la que también asistió el alcalde de Múnich, Dieter Reiter, el Primer Ministro del estado, Markus Söder, afirmó que todos están de acuerdo en este proyecto. "Creemos que los Juegos Olímpicos deben celebrarse en Múnich. Daremos una buena imagen de Alemania y recibiremos muchos honores", declaró.

El Ayuntamiento de Múnich debe dar luz verde el próximo 28 de mayo a este proyecto, que deberá presentarse a finales de mes. Sólo la candidatura costaría hasta 7 millones de euros y el 26 de octubre se celebrará en la ciudad un referéndum sobre la candidatura olímpica. "Esperamos una amplia mayoría", añadió Söder, aunque la población ya rechazó en 2013 presentar una candidatura para los Juegos de Invierno de 2022.

Por su parte, Renania del Norte-Westfalia acordó también apoyar a la región del Rin-Ruhr en una candidatura rival y su Primer Ministro, Hendrik Wüst, afirmó que esta zona, que incluye la capital del estado, Düsseldorf, la ciudad más grande, Colonia, y localidades con gran afición al deporte como Dortmund, cuenta con la experiencia y las infraestructuras necesarias.

"Queremos que los mejores deportistas del mundo vivan su gran momento aquí, en una región deportiva de primer orden", declaró tras la aprobación de las propuestas por el Consejo de Ministros.

La Confederación Alemana de Deportes Olímpicos (DOSB) quiere presentar su candidatura para 2036 o 2040. Además, de las dos opciones ya confirmadas, Berlín y Hamburgo también podrían ser candidatas. La DOSB elegirá entonces una candidatura o una conjunta para finales de 2026, así como la edición de los Juegos Olímpicos a los que aspirará. Alemania acogió por última vez la cita en 1972, precisamente en Múnich.

"Creo que el referéndum puede ser una vía de desbloqueo y permitir a las francesas y franceses que den su opinión. Pero lo haré con mucha precaución y siempre y cuando que el texto se atasque", adelantó en una entrevista a TF1 Macron, quien, constitucionalmente, tiene la potestad de convocarlo.

La legalización de la eutanasia -restringida a ciertos criterios- acaba de ser retomada por el Parlamento, después de que el proyecto de ley anunciado en 2023 no fuese aprobado por la disolución de la Asamblea Nacional francesa decretada por Macron en junio de 2024.

Francia ya dispone de una legislación desde 2016 que permite a pacientes "en agonía" dejar de medicarse y disfrutar de cuidados paliativos, sin ir más allá.

De acuerdo con los sondeos, la menos un 70 % de los franceses están a favor de una ley que legalice la eutanasia, un término que el propio Macron, hijo de médicos, evita pronunciar públicamente. EFE

La consulta general a la plantilla se llevará a cabo a lo largo de toda la jornada, aunque de manera previa se celebran estos días asambleas de cada uno de los sindicados para informar y analizar con sus respectivos afiliados todos los detalles de la última oferta empresarial.

Fuentes sindicales han señalado que este martes la asamblea ha sido de CCOO, el miércoles será la de UGT-FICA y el jueves la del BUB, a fin de analizar la oferta de la empresa tanto en lo relativo al número de despedidos como las condiciones económicas para la salida de los trabajadores.

La última propuesta del fabricante de neumáticos mejora la que planteó en la última reunión de la mesa negociadora en materia de salidas, cuando rebajó en 55 el número de despidos, 45 menos en Basauri (Bizkaia) y 10 en Cantabria.

En cuanto a prejubilaciones, ha ofrecido la posibilidad de acogerse a los trabajadores que tengan 55 años cumplidos el 30 de junio (antes era a partir de los 57 años), con el 80 % de salario neto y una revalorización anual del 2 % y todo ello hasta los 64 años.

Los trabajadores que tengan cumplidos los 53 ó 54 años el mencionado 30 de junio de este año no se verán incluidos en el ERE.

Además, Bridgestone mantiene su última oferta de indemnización de 45 días por año trabajado sin tope de anualidades y lo extiende a todo el que quiera recurrir a la baja voluntaria con un incentivo económico adicional de 30.000 euros.

La empresa también ha planteado más carga de trabajo para la planta de Basauri con 100.000 cubiertas más de producción.

Y se ha comprometido, asimismo, a que en el plazo de dos años no habrá otro ERE, y si lo hubiera en un plazo de 5 años, la negociación partiría de las condiciones que se hubieran pactado si finalmente se llega a un acuerdo sobre el actual. EFECOM

jgp/ppc/jmj

El presidente Emmanuel Macron ha planteado realizar varios referendos “al mismo tiempo” en los “próximos meses” sobre las grandes reformas. Desde las que afectan al ámbito económico a las educativas, sociales o institucionales ante la falta de apoyos en la Asamblea Nacional.

Macron apareció en la noche de este martes en la cadena TF1, en una emisión que duró cerca de tres horas y en un formato distinto hasta ahora. El jefe de Estado francés se sometió a preguntas por parte de asociaciones sindicalistas, cargos políticos y miembros de la sociedad civil.

Entre las propuestas que el pueblo podría decidir y que Macron tiene potestad para convocar se encuentra el proyecto de ley que regula el derecho a la muerte asistida, cuya revisión por los legisladores fue interrumpida el pasado junio, después de que Macron convocara elecciones anticipadas.

Según ha explicado Macron este martes, el proyecto de ley retomará de nuevo la senda legislativa con una primera lectura en la Asamblea Nacional, para después votarse en el Senado.

Macron considera que primero “debe haber tiempo parlamentario”, pero ha matizado que “si al final de esta primera lectura vemos que hay un punto muerto, ”una especie de imposibilidad de llegar hasta el final, entonces creo que el referéndum podría ser una forma de romper el bloqueo”.

En caso de que se llevase a votación popular y fuese aprobada, la ley saldría adelante sin necesidad de proceso legislativo. Se trata de una maniobra para poner la presión a los opositores de la norma.

El tema de la eutanasia divide a la política francesa. El primer ministro François Bayrou detalló en su momento que el proyecto se divide en dos bloques. El primero legalizaría la muerte asistida para pacientes con diagnósticos terminales a corto o mediano plazo y consensuado entre el paciente y el médico. Una segunda parte tiene que ver con una reforma de los cuidados paliativos, es decir, los cuidados que centran su atención en los enfermos terminales.

El referéndum para todo

“Macron quiere someter muchos temas a referéndum para mejorar su imagen, pero esto solo muestra que ahora mismo la política en Francia no avanza”, valora a este periódico Jean-Baptiste, un ciudadano parisino.

La fórmula del referéndum ha sido planteada también para desbloquear los presupuestos generales del Estado, actualmente bloqueados por una ingobernable Asamblea pero muy necesarios para reducir drásticamente el déficit público del país.

Bayrou no ha descartado esta idea, ya que considera que el asunto es lo suficientemente grave, “con consecuencias de gran alcance para el futuro del país, como para plantearlo directamente a la ciudadanía”.

La derecha pide un referéndum sobre la inmigración, similar al propuesto por la extrema derecha Chega en Portugal. Por su parte, la izquierda liderada por La Francia Insumisa ha planteado la misma fórmula para la situación de las pensiones. De momento, Macron ha desechado ambas propuestas.

El último referéndum en Francia fue realizado en 2005 y reunió a políticos de todos los espectros políticos, desde los líderes del Partido Socialista (PS) y de la conservadora UMP (ahora Les Républicains), François Hollande y Nicolas Sarkozy.

El primer ministro de Bulgaria, Rosen Zhelyazkov, ha pedido este lunes al Parlamento bloquear un posible referéndum sobre la entrada del país en la zona euro y ha recalcado que adoptar tal medida sería "inconstitucional", unas palabras que llegan poco antes de la hora prevista para presentar la propuesta.

Zhelyazkov ha indicado durante una rueda de prensa que la Asamblea Nacional "no puede permitir que esta solicitud salga adelante" dado que este asunto "ya se encuentra recogido en el tratado de la adhesión a la UE que se firmó hace 20 años", según ha recogido el diario 'Dnevnik'.

"Según la Constitución, un referéndum sobre un tratado internacional solo puede realizarse antes de su ratificación. Esto supone que debió hacerse antes del 11 de mayo de 2005" ha destacado, al tiempo que ha pedido al presidente, Rumen Radev --que ha presentado la propuesta-- que reconsidere esta medida.

Previamente, la oficina de prensa de la Presidencia ha matizado que la petición será presentada este mismo lunes. En caso de aprobarse la celebración de la consulta, la población búlgara deberá contestar a siguiente pregunta: "¿está de acuerdo con que Bulgaria adopte la moneda única europea, el euro, en 2026?".

El mandatario defiende que la introducción de la nueva moneda solo puede realizarse en base a un "consenso nacional convincente". Sin embargo, reconoce que no hay unanimidad sobre este asunto en el seno de la sociedad búlgara.

En una intervención televisada por la cadena estatal BNT, el jefe de Estado afirmó que "cada ciudadano búlgaro tiene derecho a hablar sobre su dinero, su bienestar y su futuro".

La pregunta propuesta por Radev para la consulta es: "¿Está usted de acuerdo con que Bulgaria adopte la moneda única europea, el euro, en 2026?".

Según la legislación búlgara, el presidente puede proponer la celebración de un referéndum, pero la decisión final corresponde al Parlamento, donde la propuesta no parece contar con el respaldo suficiente.

Radev, conocido por su posiciones prorrusas, justificó la iniciativa alegando la falta de consenso político y social respecto a la adopción del euro.

Según el presidente, la inflación, la crisis de confianza en la clase política y la falta de medidas claras del Ejecutivo para proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos agravan la incertidumbre.

"La introducción del euro debe realizarse con un consenso nacional convincente", sostuvo.

Esta no es la primera iniciativa para frenar la entrada de Bulgaria en la eurozona. En 2023, el partido prorruso 'Resurrección' recogió unas 600.000 firmas para convocar un referéndum que mantuviera el lev como única moneda hasta 2043.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el Parlamento y el Tribunal Constitucional dictaminó que era inconstitucional.

La Comisión Europea y el Banco Central Europeo han confirmado que Bulgaria cumple los criterios para incorporarse a la eurozona y actualmente elaboran informes de convergencia solicitados por el Gobierno búlgaro. El país prevé adoptar el euro el 1 de enero de 2026. EFE

"Si ese 20 por ciento no se queda en Cataluña, que es lo que le corresponde, usted no tiene el apoyo de Junts", le ha dicho Nogueras a Pedro Sánchez durante la comparecencia del jefe del Ejecutivo para informar de su plan de seguridad y defensa y del apagón eléctrico del pasado 28 de abril.

Tras precisar que esa posición la hacen "extensiva a todos los ámbitos", ha añadido que "con el resto del dinero, el suyo, hagan ustedes lo que quieran" y que, si dependiera de Junts, "ni un solo euro de los catalanes iría a un ejército militar que no es el nuestro".

"Nuestra lógica es muy sencilla de comprender: en Cataluña tienen que decidir los catalanes, no Madrid", ha subrayado Nogueras, para quien lo "más reprobable" del discurso de Sánchez es que no haya hecho autocrítica ni mencionado el "uso coercitivo" del poder del Estado contra un "pueblo que solo quiere decidir".

En este sentido, le ha dicho a Sánchez que ha tenido la mala suerte de "toparse" con ellos, porque tienen "muy claro, que ni la derecha, ni la izquierda española, ni ustedes: Cataluña".

La diputada ha justificado también así la decisión de Junts de rechazar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y se ha preguntado qué harán los 19 diputados del PSC.

Según ha apuntado, ahora solo los siete votos de Junts frenan el "saqueo", mientras que "los de (Salvador) Illa en Madrid" se dedican a poner una "alfombra roja" a las políticas del Gobierno.

Sobre el apagón, ha reprochado a Sánchez que siga sin explicar las causas ni dar ni un dato nuevo, tras lo que ha recordado que son el único partido catalán que votó en contra de compensar con más de 2.000 millones de euros a las grandes empresas energéticas.

Además ha destacado que hubo un apagón general en Renfe Cataluña mientras que el operador catalán funcionó "perfectamente" y ha dicho que este "desastre" solo acabará cuando Cataluña sea independiente y gestione sus propios recursos.

Y ha concluido que "si un banco merece una consulta (en referencia a la consulta propuesta por el Gobierno sobre la opa de BBVA sobre el Sabadel), un país merece un referéndum" y ha recalcado los catalanes ya hicieron el suyo el 1 de octubre 2017. EFE

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La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha cuestionado la consulta pública impulsada por el Ministerio de Economía sobre la oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA al Banco Sabadell, considera que "si un banco merece una consulta, Cataluña se merece un referéndum".

Ha sido este miércoles durante al comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Pleno del Congreso para rendir cuentas por el apagón eléctrico que afectó a buena parte del país y explicar a los grupos parlamentarios el aumento del gasto en defensa.

La vicepresidenta del partido de Carles Puigdemont ha aprovechado su intervención para criticar al Ejecutivo por ponerse en el lado "incorrecto de la historia" yendo, a su juicio, en contra de Cataluña.

Ha citado como ejemplos, entre otras cosas, el mal funcionamiento del servicio de Rodalies, que ha situado como una "vergüenza estructural"; la reducción de la jornada laboral que, según ha dicho, se ha hecho "sin contar con los catalanes" o la ausencia de ayudas para los afectados por la ELA.

En este contexto, ha aprovechado para hacer referencia a la consulta del Ejecutivo y ha lamentado que no se haya utilizado este sistema para preguntar a los catalanes muchas decisiones que se han tomado sobre este territorio, por ejemplo con el referéndum, aunque Nogueras ha querido dejar claro que desde su formación no van a reclamar al Gobierno que celebre una consulta sobre este asunto, porque los catalanes "ya decidieron el 1 de octubre" de 2017.

En palabras de Nogueras, cuando se trata de Cataluña "no hay nada que se parezca más a un político de derechas español que un político de izquierdas español", porque, "lamentablemente el aparato del Estado, con todos sus colaboradores, ha dedicado más esfuerzos a contener el anhelo democrático catalán y legítimo que a atender demandas sociales, culturales, económicas".

"No estamos a su lado, señor Sánchez, tampoco lo estamos del señor Feijóo, nosotros estamos al lado de Cataluña y cuando hacen daño a Cataluña y a los catalanes, nosotros votamos que no", ha advertido al final de su intervención.

El primer ministro de Francia, François Bayrou, ha admitido que está contemplando la posibilidad de convocar un referéndum para evaluar el respaldo a su ambicioso plan para reducir la deuda del país y preservar la paz social.

Bayrou lleva meses insistiendo en la aprobación de un plan que contempla una "drástica reducción del gasto público" para atajar "los dos desafíos más grandes de la historia reciente (de Francia): la escasez de producción y una deuda abrumadora", ha explicado en una entrevista al 'Journal du Dimanche'.

"Podemos soportar déficits temporales si no tenemos una deuda demasiado pesada y podemos soportar una gran deuda si no tenemos déficit, pero cuando la deuda se vuelve abrumadora, los déficits se vuelven insostenibles", ha avisado antes de estimar que los intereses asociados podrían costar al Estado francés 100.000 millones de euros, el equivalente a los presupuestos combinados de Educación Nacional y Defensa.

"Cualquier explosión en los tipos de interés sería suficiente para hundirnos en una crisis económica y financiera de proporciones históricas", ha advertido.

Es por ello que Bayrou, consciente del impacto de su plan, ha reconocido que ahora mismo no descarta opción alguna para granjear apoyos, incluido un plebiscito "que solo el presidente (Emmanuel Macron) está capacitado para convocar".

"Cuando uno hace una reforma por un derrotero convencional, a la fuerza, lo que sucede es que el país se va a la huelga, y empieza una protesta tras otra, y al final nadie entiende del todo qué están protestando", ha explicado.

Desde las 7.00 hora local (4.00 GMT), la provincia de Monte Líbano, la primera en participar en esta jornada electoral, acude a las urnas para elegir a nuevos alcaldes y consejos municipales en una circunscripción en la que se encuentra el suburbios capitalino del Dahye, el principal bastión de Hizbulá y de su aliado de mismo signo religioso Amal.

En la demarcación administrativa, concurren 9.321 candidatos, 8.142 de ellos hombres y tan solo 1.179 mujeres, según datos difundidos por la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

Estas elecciones son vistas como una suerte de referéndum para Hizbulá, que perdió buena parte de su capacidad militar y a su cúpula durante el conflicto, y cuyas zonas tradicionales de influencia están muy afectadas por la destrucción y las repercusiones de un año de violencia.

En sus otros grandes bastiones se votará el 18 de mayo en el caso de los orientales Valle de la Bekaa y Baalbek-Hermel; y el 24 de mayo, en el caso del sur del país, la región más devastada por la cruenta ofensiva aérea israelí que golpeó el Líbano entre los pasados septiembre y noviembre.

La votación para escoger a alcaldes y consejos municipales se produce a un año de que tengan lugar comicios parlamentarios en el país, la cita electoral más importante en la nación mediterránea, pues es el Legislativo quien nombra al jefe de Estado, quien a su vez es responsable de nombrar al primer ministro.

Las elecciones municipales estaban inicialmente previstas para 2022, pero fueron pospuestas por coincidir con las parlamentarias de aquel mismo año. Los dos años siguientes, volvieron a dictaminarse aplazamientos por motivos económicos, logísticos y de seguridad por el conflicto. EFE

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En una entrevista con el semanario Journal Du Dimanche, Bayrou cifró esas economías en 40.000 millones de euros, pero admitió que necesitará la "adhesión de los franceses".

"Creo que el asunto es lo bastante serio, con consecuencias de largo alcance para el futuro de la nación, como para que se dirija directamente a los ciudadanos. Así que no descarto ninguna posibilidad. Sería algo sin precedentes", explicó.

"Es un plan global lo que quiero presentar, que exigirá esfuerzos de todos y que, por la envergadura que debe tener, no podrá tener éxito si el pueblo francés no lo apoya", añadió, además de recordar que solo el presidente de la República tiene la potestad de convocar referendos.

La necesidad de recortes viene impuesta por la precaria situación de las cuentas públicas francesas, ya que el déficit ascendió al 5,8 % del producto interior bruto (PIB) en 2024.

Con los recortes aplicados en los presupuestos de 2025 se espera que baje al 5,4 % este año, pero Bayrou solo logró aprobar esas cuentas gracias a las concesiones realizadas a los socialistas y a la extrema derecha, ya que no cuenta con mayoría absoluta en una Asamblea Nacional profundamente dividida.

De hecho, su predecesor en el cargo, Michel Barnier, cayó precisamente por una moción de censura en diciembre, tras intentar aprobar sin apoyos unos presupuestos de austeridad no tan distantes.

En el largo camino hacia el 3 % que exige Bruselas, el ministro de Economía, Éric Lombard, ha avisado de que para 2026 Francia tendrá que recortar el gasto otros 40.000 millones de euros si quiere cumplir su meta situarse en el 4,6 % de déficit. EFECOM

En una entrevista con el semanario Journal Du Dimanche, Bayrou cifró esos ahorros en 40.000 millones de euros, pero admitió que necesitará la "adhesión de los franceses".

"Creo que el asunto es lo bastante serio, con consecuencias de largo alcance para el futuro de la nación, como para que se dirija directamente a los ciudadanos. Así que no descarto ninguna posibilidad. Sería algo sin precedentes", explicó.

"Es un plan global lo que quiero presentar, que exigirá esfuerzos de todos y que, por la envergadura que debe tener, no podrá tener éxito si el pueblo francés no lo apoya", añadió, además de recordar que solo el presidente de la República tiene la potestad de convocar referendos.

La necesidad de recortes viene impuesta por la precaria situación de las cuentas públicas francesas, ya que el déficit ascendió al 5,8 % del producto interior bruto (PIB) en 2024.

Con los recortes aplicados en los presupuestos de 2025 se espera que baje al 5,4 % este año, pero Bayrou solo logró aprobar esas cuentas gracias a las concesiones realizadas a los socialistas y a la extrema derecha, ya que no cuenta con mayoría absoluta en una Asamblea Nacional profundamente dividida.

De hecho, su predecesor en el cargo, Michel Barnier, cayó precisamente por una moción de censura en diciembre tras intentar aprobar sin apoyos unos presupuestos de austeridad no tan distantes.

En el largo camino hacia el 3 % que exige Bruselas, el ministro de Economía, Éric Lombard, ha avisado de que para 2026 Francia tendrá que recortar el gasto en otros 40.000 millones de euros si quiere cumplir su meta de situarse en el 4,6 % de déficit. EFE

Starmer reiteró su posición a la prensa al recibir en su residencia campestre de Chequers, a las afueras de Londres, al canciller alemán, Olaf Scholz, un día antes de la cena informal que mantendrá en Bruselas con los líderes del Consejo Europeo para abordarán medidas que puedan acercar al Reino Unido y la UE.

"Desde que soy primer ministro he sido muy claro en que quiero 'resetear' la relación entre el Reino Unido y la UE. Eso no implica un regreso a la Unión Europea: aquí celebramos un referéndum sobre eso y ese asunto está resuelto. Pero sí quiero ver una relación más estrecha en materia de defensa y seguridad, energía, comercio y economía, y en eso estamos trabajando", afirmó.

CINCO AÑOS DESDE EL BREXIT

El líder laborista dejó clara su postura cuando el pasado viernes se cumplieron los cinco años desde que el Reino Unido salió del bloque europeo después de que los británicos votaran en un referéndum celebrado en junio de 2016 a favor de salir de la UE.

La reunión con Scholz tuvo lugar tres semanas antes de las elecciones alemanas.

El jefe del Gobierno británico, que llegó al poder el pasado julio, agregó que mejorar los vínculos entre las dos partes es "lo mejor para el Reino Unido, creo que es lo mejor para la UE, y ya espero que en los últimos siete meses haya habido una diferencia manifiesta en el enfoque, el tono y la relación".

Además, Starmer dijo estar animado por la cena de este lunes y por un "restablecimiento más amplio de las relaciones entre el Reino Unido y la UE", mientras que Scholz señaló que su visita a Chequers representa "una buena señal de las muy buenas relaciones entre nuestros dos países, y de hecho entre nosotros dos".

STARMER ESTÁ DECIDIDO A REFORZAR LA RELACIÓN CON ALEMANIA

Ante las cámaras, Starmer agradeció al canciller alemán por viajar al Reino Unido para esta "importante reunión, particularmente cuando estás en medio de una campaña electoral".

"Cuando comencé como primer ministro hace siete meses, estaba decidido a fortalecer la relación entre nuestros dos países, que ya era muy buena, pero pensé que podría ser más fuerte en varios frentes", puntualizó.

Starmer admitió que el Reino Unido y Alemania tienen un punto de vista "común" sobre los problemas y desafíos actuales, incluida la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia.

Asimismo, informó de que los dos países han logrado "grandes avances" en ciencia y tecnología.

Ambos líderes han celebrado este encuentro como manera de impulsar los vínculos bilaterales, reforzados por el acuerdo de defensa que los gobiernos alcanzaron el pasado octubre.

Los dos líderes almorzaron en Chequers, mansión ubicada en el condado de Buckinghamshire, y disfrutaron de un paseo privado por los terrenos de la finca antes de celebrar un almuerzo.

De cara a la cena del lunes en Bruselas, esta será la primera vez que Starmer se reúna con los jefes de Gobierno de los 27 como líder de un socio clave para la UE, especialmente en materia de defensa.

Uno de los puntos que se está tratando es el programa de movilidad juvenil que busca impulsar la UE, al que hasta ahora el Gobierno laborista se ha resistido por razones migratorias -ante el temor de que sea visto como una puerta de entrada de inmigrantes en momentos en que se busca reducir los ingresos.

Ese programa de movilidad facilitaría a los jóvenes de las dos partes estudiar, trabajar o vivir en territorio británico y de los Veintisiete, respectivamente, durante un periodo de hasta cuatro años y estaría reservado para británicos y europeos de 18 a 30 años. EFE

El líder laborista hizo estas declaraciones a la prensa al recibir en su residencia campestre de Chequers, a las afueras de Londres, al canciller alemán, Olaf Scholz, para abordar la guerra en Ucrania, la nueva relación con la UE y la situación en Oriente Medio.

"Desde que soy primer ministro he sido muy claro en que quiero 'resetear' la relación entre el Reino Unido y la UE. Eso no implica un regreso a la Unión Europea: aquí celebramos un referéndum (2016) sobre eso y ese asunto está resuelto. Pero sí quiero ver una relación más estrecha en materia de defensa y seguridad, energía, comercio y economía, y en eso estamos trabajando", afirmó. EFE

Astaná, 28 ene (EFE).- El primer ministro de Kazajistán, Olzhas Bekténov, anunció hoy que el país firmará próximamente los documentos para la construcción de su primera central nuclear y que ya se estudia la posible localización de una segunda planta.

"Próximamente firmaremos los acuerdos necesarios para construir la primera central eléctrica nuclear, en la región de Almaty (en el sur del país)", dijo el jefe del Gobierno en una reunión del Gabinete de Ministros con el presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev.

Indicó que también se encuentra en su fase final el proceso de estudio de la localización de una segunda central nuclear.

A comienzos de mes Tokáyev no descartó la construcción incluso de una tercera central nuclear y afirmó que Kazajistán debe convertirse en un país que apueste por la energía nuclear, a la que auguró un "gran futuro".

En octubre pasado Kazajistán celebró un referéndum en el que el 70 por ciento de los votantes apoyó la construcción de centrales nucleares en el país, que en tiempos soviéticos albergó un polígono de pruebas nucleares, con graves consecuencias para la salud de la población y el medio ambiente.

Según datos del Ministerio de Energía de Kazajistán, actualmente, el 66 % de la energía eléctrica del país es generada por centrales térmicas que emplean carbón como combustible. EFE

Lisboa, 27 ene (EFE).- La Asamblea Municipal de Lisboa decidió este lunes no debatir ni votar la nueva propuesta ciudadana para realizar un referéndum contra los pisos turísticos en la capital lusa, reformulado tras un bloqueo del Tribunal Constitucional (TC), al considerar que no se han corregido los "vicios identificados" por los jueces.

"Entiende la mesa de la Asamblea Municipal que no están sanados los vicios identificados por la decisión del Tribunal Constitucional, por lo que retira el punto de la orden de los trabajos del día", afirmó la presidenta del Parlamento municipal, Rosário Farmhouse, durante una reunión plenaria.

Si hubiera salido adelante, el documento habría sido derivado de nuevo al TC.

Al anunciar su decisión, activistas y varios partidos políticos criticaron a la mesa por no haber avisado antes.

La Asamblea decidió votar de nuevo, esta vez sobre si estaban de acuerdo con la retirada de este punto de la agenda, que recibió el apoyo del Partido Socialista, del Partido Social Demócrata (PSD, que gobierna en la ciudad y el país) y otras fuerzas de derecha, logrando la mayoría.

En contra votaron los partidos de izquierda Bloco de Esquerda, Livre, PEV, PCP, los animalistas de PAN y dos diputadas no inscritas.

La iniciativa ciudadana, liderada por el Movimiento Referéndum por la Vivienda, planteaba realizar dos preguntas a los ciudadanos sobre si están de acuerdo con que el Ayuntamiento de Lisboa ordene la cancelación de los pisos turísticos (conocidos en Portugal como 'alojamento local') registrados en inmuebles residenciales y que tampoco se permitan nuevas licencias en edificios destinados a vivienda.

El Tribunal Constitucional de Portugal rechazó a comienzos de enero una primera versión de la iniciativa popular, aprobada previamente por la asamblea municipal, al entender que el marco legal no permite hacer consultas sobre este tema y que no se pudo validar el número mínimo de firmas necesarias.

Tamara González, integrante de la iniciativa y presente hoy en la votación, afirmó en declaraciones a EFE que esta decisión es "inesperada", ya que, aseguró, se habían encargado de "sanar los vicios" y todos los errores procesales que identificó el TC.

"Nos parece una falta de respeto increíble de cara al tiempo, al trabajo y a las personas, en general: hacernos venir hoy y decir que la retiran sin dar explicaciones", lamentó.

Consideró también que esta decisión responde a los intereses políticos de la derecha y del Partido Socialista, que en la anterior ocasión votó a favor y que esta vez lo hizo en contra.

"Claramente es una estrategia política, que es que el PS tiene vergüenza de reconocer publicamente su voto y va a cargar esa responsabilidad a la asamblea municipal cuando realmente la responsabilidad es de su partido", añadió.

Asimismo, anunció que van a convocar una asamblea ciudadana para el próximo 8 de febrero para decidir cómo proseguir. EFE

Roma, 20 ene (EFE).- La Corte Constitucional de Italia rechazó este lunes la opción de celebrar un referéndum para una posible derogación de la Ley de Autonomía Diferenciada aprobada en 2024 por el Gobierno de Giorgia Meloni, como proponía la oposición.

La Justicia declaró "inadmisible" la propuesta de celebración de un referéndum abrogativo, que sirve para abolir una ley parcial o totalmente. Alegó que "el objeto y fin en cuestión no están claros", ante lo que la ciudadanía no podría hacer una elección informada completamente de sus implicaciones, según informaron medios locales.

Esta polémica legislación da más competencias a las regiones, y los críticos aseguran que favorece a las zonas más ricas del norte en detrimento de las regiones del sur.

La corte, que emitirá una sentencia completa sobre el asunto los próximos días, alega que la Ley de Autonomía Diferenciada sólo puede abordarse y estar sujeta a cambios o revisiones constitucionales.

El noviembre pasado, el mismo tribunal ya instó a revisar ciertos aspectos de la legislación, y consideró que algunas disposiciones deben revisarse a nivel parlamentario, aunque aseguró que la norma no es inconstitucional en su conjunto.

El año pasado, la aprobación de la ley sembró discordia en Italia, y sigue siendo un tema de debate y división entre norte y sur, por un lado, y derecha e izquierda, por otro.

La oposición y detractores al Gobierno Meloni consideraron que obedecía a los intereses de la derecha y del norte del país, más desarrollado económicamente en relación a las regiones del sur, más empobrecidas. Según denuncian, agrava las desigualdades entre estos dos polos del país con ritmos distintos desde su fundación.

Ante ello, fuerzas como el centro-izquierdista Partido Demócrata, principal formación opositora, pidieron celebrar un referéndum para poner la ley en cuestión ante el conjunto de la ciudadanía.

Con todo, ante la decisión de hoy de la Justicia, el Partido Demócrata remarcó que "la autonomía diferenciada es probablemente la peor ley de esta legislatura", y aseguró que seguirá "luchando en el Parlamento" para contrarrestar los efectos de esta legislación.

Por otro lado, presidentes de regiones del norte de Italia celebraron la decisión tomada por la corte.

"Con esta nueva sentencia el Tribunal Constitucional pone fin al asunto del referéndum con la absoluta imparcialidad que debe tener", aseguró Luca Zaia, presidente regional de Véneto, que apeló a "seguir desarrollando en pleno respeto con la Constitución" la polémica ley.

El presidente de la región de Lombardía, Attilio Fontana, se mostró "satisfecho" por la decisión judicial y aseguró que con ella se tumbó el intento de "enfrentar al norte contra el sur". EFE

San Juan, 14 ene (EFE).- El comisionado residente en Washington de Puerto Rico, Pablo José Hernández, aseguró este martes que serán los puertorriqueños quienes decidan su futuro, en respuesta al llamado del líder chavista, Nicolás Maduro, de "liberar" la isla de Estados Unidos.

"Maduro, el futuro de Puerto Rico lo decidiremos pacífica y democráticamente los puertorriqueños, así como el futuro de Venezuela lo deben decidir pacífica y democráticamente los venezolanos", dijo Hernández en un discurso ante el Congreso de Estados Unidos difundido en sus redes sociales.

El representante político de la isla en Washington afirmó que "una mayoría abrumadora de los puertorriqueños respalda la unión o asociación permanente con los Estados Unidos".

"Esa misma mayoría respalda el derecho de una minoría respetable y patriótica de impulsar pacífica y democráticamente el derecho del pueblo de Puerto Rico a su independencia", señaló en un discurso en inglés y en español.

El estatus político de la isla, en la actualidad un Estado Libre Asociado a EE.UU., divide a los puertorriqueños, que esperan que Washington apruebe un referéndum vinculante para poder decidir entre 'estadidad' (anexión como estado), independencia o soberanía en libre asociación.

"Esa tolerancia por las diferencias es uno de los valores fundamentales de nuestra cultura democrática, algo que Nicolás Maduro es incapaz de comprender", denunció Hernández.

Las polémicas declaraciones de Maduro tuvieron lugar el sábado pasado en la clausura del Festival Mundial Internacional Antifascista, donde había gente con la bandera de Puerto Rico.

"Así como en el norte tienen una agenda de colonización, nosotros tenemos una agenda de liberación y la agenda nos la escribió Simón Bolívar. Está pendiente la libertad de Puerto Rico y la lograremos, con las tropas de Brasil y Abreu e Lima irán al frente. Batallón Abreu e Lima para liberar Puerto Rico", dijo Maduro.

Ante estas declaraciones, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, escribió una carta solicitando protección al presidente electo estadounidense, Donald Trump.

La gobernadora expresó su confianza en que Washington "responderá rápidamente y dejará claro al narcorégimen de Maduro que Estados Unidos protegerá las vidas y la soberanía estadounidenses y no se doblegará ante matones mezquinos y asesinos".

González añadió que "el dictador venezolano Nicolás Maduro pidió una invasión a Puerto Rico, una amenaza abierta a los Estados Unidos y a nuestra seguridad nacional".

En EE.UU., según comentó el comisionado residente en una entrevista de radio, los congresistas han tomado estas amenazas de Maduro a "broma". EFE

Atem Simón Mabior

Yuba, 11 ene (EFE).- Más de una década después de la celebración de un referéndum no oficial que validó la adhesión de la región de Abyei a Sudán del Sur, las tensiones con Sudán han vuelto a aflorar tras la aprobación unilateral de los resultados por parte de las autoridades de esta zona empobrecida pero muy rica en petróleo.

El pasado 27 de diciembre, el Consejo Legislativo de Abyei ratificó los resultados del referéndum no reconocido por ninguno de los dos países celebrado en 2013, en el que los clanes de la tribu Dinka Ngok pidieron -con un 99,9 % de los votos- que la región fronteriza sea administrada por Sudán del Sur en vez de por su vecino del norte.

En un principio, la consulta debía celebrarse en 2011 junto con el referéndum de independencia que supondría el establecimiento de Sudán del Sur ese año, pero las presiones y los desacuerdos políticos provocaron que nunca llegara a celebrarse y, por ese motivo, las autoridades de Abyei optaron por realizar una votación no oficial en una fecha concertada por la Unión Africana (UA).

Sin embargo, el proceso fue boicoteado por la tribu árabe Misseriya, que tampoco reconoció los resultados, y creó un estado de tensión en la región que derivó en una ola de violencia intercomunitaria que se saldó con decenas de muertos en los años siguientes.

El jefe de la Administración de Abyei por parte del Gobierno sursudanés, Chol Deng Alak, dijo en una entrevista a EFE que la decisión del Consejo Legislativo de la región es "un gran paso" para la integración de la zona a Sudán del Sur.

"Estamos ante una gran batalla, hace unos días hemos presentado los resultados del referéndum oficialmente a las altas autoridades de Yuba, que a su vez nos prometieron presentarlos al Ministerio de Justicia y al Consejo de Ministros, en preparación a presentarlos al Parlamento Nacional", dijo el funcionario.

Una vez se oficialice, según Alak, Sudán del Sur y la UA se harán cargo del estatus de Abyei "después de que el Gobierno de Sudán fracasara en resolver los obstáculos que puso" para celebrar una consulta vinculante en 2011.

Jartum insistía en que la tribu Misseriya participara en la consulta, pero Yuba defendía que esa comunidad es nómada y no se encuentra de forma permanente en Abyei, por lo que solo tenían derecho a votar los integrantes de los clanes de Dinka Ngok.

Entonces, Sudán criticó que "la actividad de pastoreo no quita el carácter de ciudadanos" a los Misseriya.

Para el miembro del comisionado del referéndum, Romano Jihn Kout, la ratificación de los resultados de la consulta es "la base de una resolución definitiva del caso de Abyei, pese a que se de relativamente tarde", mientras que puso en duda de que Sudán de "un paso hacia la escalada" ante "un derecho natural" de los ciudadanos de la región.

“Sudán expresó su postura, por eso el pueblo de Abyei y Sudán del Sur tienen derecho a mostrar sus posturas para encontrar una solución definitiva", dijo en declaraciones a EFE.

El activista Abraham Makuach asegura a EFE que este conflicto solo tiene tres posibles vías de resolución: la comunitaria, la diplomática y la militar.

La primera, prevé que las comunidades de Abyei reclamen su derecho a decidir y tomarán medidas que, quizás, incluyan la violencia; mientras que la segunda contempla que el Gobierno de Sudán ejerza presión para "crear un hueco en las relaciones entre los dos países" que afecten a sus intereses mutuos.

"La confrontación militar es una opción peligrosa para ambos gobiernos, debido a la situación de seguridad complicada que atraviesan ambos países. La apertura de un nuevo frente de combate no servirá a los intereses de las partes, pero quizás estalle una guerra", indicó.

Por su parte, el analista político sudanés Mustafa Serri dijo a EFE que la ratificación de los resultados de la consulta de 2013 es "un último intento que realiza Sudán del Sur para reavivar el asunto olvidado de Abyei con la esperanza de que Sudán se mueva".

“Descarto totalmente la posibilidad de que estalle la situación entre los dos países, y eso lo evidencia que la parte sudanesa no reaccionó cuando se celebró el reférendum unilateral en 2013”, sentenció. EFE

Podemos ha retado al Gobierno a conmemorar la muerte del dictador Francisco Franco con hechos concretos, como convocar un referéndum para que la ciudadanía decida si quiere una república como modelo del Estado o una monarquía "heredera del franquismo" y que puso "a dedo el dictador".

También ha denunciado que el franquismo sigue en estructuras de la Judicatura y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por tanto, ha demandado actuaciones concretas para eliminarlo y democratizar estos estamentos.

Así lo ha reivindicado en rueda prensa hoy el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, sobre el arranque de actos de memoria histórica que impulsa el Ejecutivo y a cuya inauguración no han sido invitados, según ha expuesto.

HOMENAJEAR AL EMÉRITO SERÍA "VOMITIVO" Y "ABOMINABLE"

Durante su comparecencia ha tildado de "abominable", "vomitivo", "deleznable" y "perverso" que el rey emérito Juan Carlos I, al que ha calificado de "corrupto", pudiera recibir algún tipo de homenaje o participar en estos eventos, una vez que el Gobierno ha dejado en manos de Zarzuela su posible concurso en alguno de los actos.

Incluso ha lanzado que sería una "vergüenza sin parangón" en este país cualquier tipo de posición laudatoria del emérito y ha acusado al PSOE de ser "el principal sostén de una monarquía corrupta", además de incurrir en la hipocresía de seguir definiéndose como partido republicano.

El dirigente morado ha manifestado que la conmemoración de la muerte del "dictador genocida" a priori es una buena iniciativa, pero ha subrayado que la democracia a España no la trajo "ningún rey ni partido", sino miles de españoles que lucharon por sus derechos y a los que se tendría que homenajear.

EL FRANQUISMO ESTÁ EN EL "ADN DEL RÉGIMEN DEL 78"

Luego, ha desgranado que la monarquía existe actualmente en España porque así lo quiso Franco y que durante la Transición se "robó al pueblo español" ser consultado sobre la forma de Jefatura del Estado.

"Si de verdad este Gobierno y el PSOE creyese en la democracia y en la libertad, además de hacer estos homenajes al régimen del 78, lo que debería hacer es un referéndum, aunque sea no vinculante, para que el pueblo español decida de una vez por todas si quiere una jefatura de Estado heredera del franquismo o prefiere una república en la que el jefe de Estado sea elegida democráticamente por la ciudadanía", ha ahondado.

Es más, Fernández ha insistido en que el franquismo no se depuró con la muerte del dictador y ha proclamado que el régimen del 78 está "atravesado por un ADN franquista", empezando por la monarquía y terminando por la justicia.

AUSENCIAS LÓGICAS DEL REY Y EL PP

Luego, ha calificado de "lógico" que el Rey Felipe VI no asista a la inauguración de estos actos de memoria histórica porque fue el franquiSmo quien impuso la monarquía. Es más, ha lanzado que los "Borbones son a la democracia lo que Netanyahu al pacifismo".

También ha tildado de "coherente" la ausencia del PP no acuda a esta conmemoración, dado que es un partido que "hunde sus raíces en el franquismo, alberga en su seno a franquistas reconocidos" y ha gobernado con Vox en comunidades y ayuntamientos.

A su vez, ha exigido al PSOE que ponga encima de la mesa los recursos económicos necesarios para garantizar la reparación a los represaliados por Franco, como recuperar los cadáveres de víctimas de la dictadura que siguen enterrados en "cunetas", y eliminar cualquier vestigio franquista que permanezca en las instituciones.

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Podemos ha retado al Gobierno a conmemorar la muerte del dictador Francisco Franco con hechos concretos, como convocar un referéndum para que la ciudadanía decida si quiere una república como modelo del Estado o una monarquía "heredera del franquismo" y que puso "a dedo el dictador".

También ha denunciado que el franquismo sigue en estructuras de la Judicatura y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por tanto, ha demandado actuaciones concretas para eliminarlo y democratizar estos estamentos.

Así lo ha reivindicado en rueda prensa hoy el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, sobre el arranque de actos de memoria histórica que impulsa el Ejecutivo y a cuya inauguración no han sido invitados, según ha expuesto.

HOMENAJEAR AL EMÉRITO SERÍA "VOMITIVO" Y "ABOMINABLE"

Durante su comparecencia ha tildado de "abominable", "vomitivo", "deleznable" y "perverso" que el rey emérito Juan Carlos I, al que ha calificado de "corrupto", pudiera recibir algún tipo de homenaje o participar en estos eventos, una vez que el Gobierno ha dejado en manos de Zarzuela su posible concurso en alguno de los actos.

Incluso ha lanzado que sería una "vergüenza sin parangón" en este país cualquier tipo de posición laudatoria del emérito y ha acusado al PSOE de ser "el principal sostén de una monarquía corrupta", además de incurrir en la hipocresía de seguir definiéndose como partido republicano.

El dirigente morado ha manifestado que la conmemoración de la muerte del "dictador genocida" a priori es una buena iniciativa, pero ha subrayado que la democracia a España no la trajo "ningún rey ni partido", sino miles de españoles que lucharon por sus derechos y a los que se tendría que homenajear.

EL FRANQUISMO ESTÁ EN EL "ADN DEL RÉGIMEN DEL 78"

Luego, ha desgranado que la monarquía existe actualmente en España porque así lo quiso Franco y que durante la Transición se "robó al pueblo español" ser consultado sobre la forma de Jefatura del Estado.

"Si de verdad este Gobierno y el PSOE creyese en la democracia y en la libertad, además de hacer estos homenajes al régimen del 78, lo que debería hacer es un referéndum, aunque sea no vinculante, para que el pueblo español decida de una vez por todas si quiere una jefatura de Estado heredera del franquismo o prefiere una república en la que el jefe de Estado sea elegida democráticamente por la ciudadanía", ha ahondado.

Es más, Fernández ha insistido en que el franquismo no se depuró con la muerte del dictador y ha proclamado que el régimen del 78 está "atravesado por un ADN franquista", empezando por la monarquía y terminando por la justicia.

AUSENCIAS LÓGICAS DEL REY Y EL PP

Luego, ha calificado de "lógico" que el Rey Felipe VI no asista a la inauguración de estos actos de memoria histórica porque fue el franquiSmo quien impuso la monarquía. Es más, ha lanzado que los "Borbones son a la democracia lo que Netanyahu al pacifismo".

También ha tildado de "coherente" la ausencia del PP no acuda a esta conmemoración, dado que es un partido que "hunde sus raíces en el franquismo, alberga en su seno a franquistas reconocidos" y ha gobernado con Vox en comunidades y ayuntamientos.

A su vez, ha exigido al PSOE que ponga encima de la mesa los recursos económicos necesarios para garantizar la reparación a los represaliados por Franco, como recuperar los cadáveres de víctimas de la dictadura que siguen enterrados en "cunetas", y eliminar cualquier vestigio franquista que permanezca en las instituciones.

Lisboa, 4 ene (EFE).- El Tribunal Constitucional de Portugal rechazó la iniciativa popular que proponía un referéndum contra los pisos turísticos en edificios residenciales en Lisboa, al entender que el marco legal no permite hacer consultas sobre este tema y que no se pudo validar el número mínimo de firmas necesarias.

El Constitucional optó por "no dar por verificada la legalidad del referéndum local, por iniciativa popular", una decisión adoptada por los jueces en un pleno realizado el viernes y que se hizo pública este sábado en un comunicado.

La propuesta fue lanzada por el Movimiento Referéndum por la Vivienda, creado en 2022 por un grupo de ciudadanos preocupados por el impacto que los pisos turísticos tienen en la vida de Lisboa.

El plebiscito quería cuestionar a los ciudadanos sobre si están de acuerdo con que el Ayuntamiento de Lisboa ordene la cancelación de los pisos turísticos (conocidos en Portugal como 'alojamento local') registrados en inmuebles residenciales en un plazo de 180 días y que tampoco se permitan nuevas licencias en edificios destinados a vivienda.

El movimiento entregó 6.500 firmas de ciudadanos que apoyaron la celebración del plebiscito y obtuvo el visto bueno de la Asamblea Municipal de Lisboa, pero necesitaba también el aval del Constitucional para poder avanzar con la consulta.

Sin embargo, los jueces rechazaron la propuesta al considerar, por un lado, que el marco legal actual no permite realizar un referéndum local sobre los pisos turísticos.

En concreto, argumentó el Constitucional, quedan fuera del ámbito del referéndum las materias reguladas por "acto reglamentario estatal que vincule a los municipios".

El plebiscito supondría una alteración del Reglamento Municipal de Alojamento Local de Lisboa, por lo que no sería legal.

Los jueces también argumentaron que no se pudo validar el número mínimo de firmas necesarias para pedir la consulta (5.000).

Lisboa ha registrado una proliferación de pisos turísticos en los últimos años y en algunos barrios del centro, como Santa Maria Maior, representan más del 60 % de las viviendas. EFE

San Juan, 2 ene (EFE).- El nuevo Gobierno puertorriqueño, encabezado por Jenniffer González, tomó posesión este jueves con promesas de "construir un nuevo Puerto Rico, de oportunidades", en unos actos protocolarios salpicados por algunas protestas e incidentes.

González, quien ganó las elecciones del pasado 5 de noviembre con el 41 % de los votos, aseguró en su discurso que va a ser "la gobernadora de todos los puertorriqueños" y que en Puerto Rico "no va a haber anarquía".

En los incidentes registrados, algunos manifestantes gritaron 'Muerte al PNP', en alusión al Partido Nuevo Progresista de González, o llevaron ese lema en sus camisetas, en una continuación del ambiente polarizado vivido durante las elecciones.

El PNP también tiene en este cuatrienio el control de la Cámara de Representantes y el Senado, cuyos miembros juraron en esta jornada sus cargos, quedando en la oposición el Partido Popular Democrático, el Partido Independentista Puertorriqueño y Proyecto Dignidad.

En su mensaje tras tomar posesión del cargo, la gobernadora prometió luchar por "la igualdad plena para todos los puertorriqueños" que, a su juicio, se logrará con la anexión de la isla a Estados Unidos.

"La desigualdad que vive el pueblo de Puerto Rico la combatiré con toda mi fuerza", dijo González, quien se convirtió este jueves en la segunda gobernadora electa de la isla.

Puerto Rico, que es en la actualidad un Estado Libre Asociado a EE.UU., pretende que Washington apruebe un referéndum vinculante para que la isla decida entre 'estadidad' (anexión), independencia o soberanía en libre asociación.

"Mi visión de un Gobierno no es de construcción de grandes obras, pero sí de una infraestructura que funcione", subrayó la gobernadora, consciente del descontento ciudadano con la fragilidad de la red eléctrica tras ocurrir un apagón masivo hace tan solo dos días por una avería.

Las principales figuras del Gobierno son Verónica Ferraiuol, secretaria de Estado; Janet Parra, secretaria de Justicia; Eliezer Ramos, secretario de Educación; Víctor Ramos, secretario de Salud; y Arturo Garffer, secretario del Departamento de Seguridad Pública.

Tras el acto oficial de toma de posesión, González realizó un recorrido por el Viejo San Juan de camino a La Fortaleza (sede del Ejecutivo) en el que demostró una vez más su perfil populista y cercano al pueblo.

La gobernadora se tomó fotos con algunos ciudadanos y bailó con miembros de las comparsas que amenizaron con música típica el recorrido, que incluyó una parada en la sede del Comité Olímpico para reconocer a los atletas de la isla.

A los distintos actos de toma de posesión, además de seguidores de González y del PNP, acudieron manifestantes opositores que increparon a la nueva gobernadora y que obligaron a la Policía a intervenir.

La Policía detuvo a dos mujeres en los alrededores del Capitolio, una de ellas por alteración a la paz, ya que llevaba una camisa con un mensaje amenazante: 'Muerte al PNP', y a la otra por obstrucción a la justicia.

En el cercano Puente Dos Hermanos, frente a Paseo Caribe, los agentes tuvieron que intervenir también con un grupo de manifestantes para que no interrumpieran el tránsito de vehículos.

A estos incidentes se sumó el registrado en la iglesia en la que se celebró una misa antes de los actos y donde otra manifestante hizo expresiones de 'muerte al PNP' y 'muerte a Jenniffer González'.

Además, en el Capitolio, un grupo de personas protagonizó una protesta debido a que negaron la entrada al edificio al activista y senador electo Eliezer Molina por la falta de unos documentos.

"A mi estas cosas no me agradan, pero tenían que pasar para que todos ustedes vean y entiendan que en este país hace falta un gobernador independiente", dijo Molina a los periodistas.

La jornada culmina más tarde hoy con la llamada 'fiesta de pueblo' en la Plaza del Quinto Centenario, en el Viejo San Juan, donde actuarán artistas como Natti Natasha, Manny Manuel y Alberto Stylee.

Marina Villén

San Juan, 2 ene (EFE).- Jenniffer González, quien juró este jueves como gobernadora de Puerto Rico, es una abogada que ha logrado numerosos hitos a lo largo de su carrera política y que presenta un perfil populista cercano a los ciudadanos.

González, del Partido Nuevo Progresista (PNP), se convierte hoy en la segunda gobernadora electa de la isla, después de Sila María Calderón, quien gobernó de 2001 a 2005. Otra mujer, Wanda Vázquez, ocupó este puesto entre 2019 y 2021 pero no salió elegida de las urnas.

"Yo quiero construir un nuevo Puerto Rico, un Puerto Rico de oportunidades", aseguró la gobernadora en un breve discurso tras la ceremonia de toma de posesión frente al Capitolio, la sede del Parlamento de la isla.

En las elecciones del pasado noviembre, González obtuvo el 41,26 % de los votos, imponiéndose al candidato de la Alianza de País, el independentista Juan Dalmau (30,77 %), y al del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz (21,47 %).

Nacida en San Juan en 1976, estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico y luego una maestría en Derecho y un doctorado en la Universidad Interamericana.

González destacó desde sus inicios en las filas del PNP y la política local como representante por acumulación en la Cámara, donde en 2009 se convirtió en la presidenta más joven de la historia de Puerto Rico, con 32 años.

Fue reelegida como legisladora en las elecciones de 2012, aunque el PNP perdió la mayoría en la Cámara, siendo seleccionada como portavoz del partido para el periodo 2013-2017.

En 2015, González fue asimismo elegida por unanimidad como presidenta del Partido Republicano de Puerto Rico, después de haber sido vicepresidenta del mismo durante ocho años.

Su ambición la llevó en 2016 a ser la primera mujer y la persona más joven en ser elegida comisionada residente, que es el político que representa los intereses de la isla en el Congreso de Estados Unidos.

En junio pasado, retó en las primarias del PNP al gobernador Pedro Pierluisi, y con su victoria se posicionó como la primera candidata mujer a la gobernación de su colectividad.

Desde su puesto de comisionada residente, González ha sido una firme defensora de la llamada 'estadidad', es decir, la anexión de Puerto Rico a EE.UU. por la que aboga el PNP.

Uno de sus objetivos ha sido promover que el Congreso de EE.UU. apruebe la celebración de un referéndum vinculante en la isla para que los puertorriqueños decidan un nuevo estatus político, diferente al Estado Libre Asociado.

El proyecto, todavía pendiente de aprobación en Washington, es que el plebiscito incluya las opciones de 'estadidad', independencia y soberanía en libre asociación.

Al respecto, González prometió hoy luchar por "la igualdad plena para todos los puertorriqueños" que, a su juicio, se logrará con la anexión de la isla a EE.UU.

De hecho, las elecciones de noviembre incluyeron una consulta de estatus no vinculante, en la que el 56,87 % de los votantes optaron por la 'estadidad', aunque el número de papeletas en blanco fue muy elevado debido a que otros partidos habían llamado a no participar.

Aunque González respalda al presidente electo de EE.UU., Donald Trump, será probablemente un reto este cuatrienio debido al poco interés de los republicanos en un referéndum de estatus en Puerto Rico y a los esperados recortes en los fondos federales que recibe la isla.

Marina Villén

Marina Villén

San Juan, 2 ene (EFE).- Jenniffer González, quien juró este jueves como gobernadora de Puerto Rico, es una abogada que ha logrado numerosos hitos a lo largo de su carrera política y que presenta un perfil populista cercano a los ciudadanos.

González, del Partido Nuevo Progresista (PNP), se convirtió hoy en la segunda gobernadora electa de la isla, después de Sila María Calderón, quien gobernó de 2001 a 2005. Otra mujer, Wanda Vázquez, ocupó este puesto entre 2019 y 2021 pero no salió elegida de las urnas.

"Yo quiero construir un nuevo Puerto Rico, un Puerto Rico de oportunidades", aseguró la gobernadora en un breve discurso tras la ceremonia de toma de posesión frente al Capitolio, la sede del Parlamento de la isla.

En las elecciones del pasado noviembre, González obtuvo el 41,26 % de los votos, imponiéndose al candidato de la Alianza de País, el independentista Juan Dalmau (30,77 %), y al del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz (21,47 %).

Nacida en San Juan en 1976, estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico y luego una maestría en Derecho y un doctorado en la Universidad Interamericana.

González destacó desde sus inicios en las filas del PNP y la política local como representante por acumulación en la Cámara, donde en 2009 se convirtió en la presidenta más joven de la historia de Puerto Rico, con 32 años.

Fue reelegida como legisladora en las elecciones de 2012, aunque el PNP perdió la mayoría en la Cámara, siendo seleccionada como portavoz del partido para el periodo 2013-2017.

En 2015, González fue elegida por unanimidad como presidenta del Partido Republicano de Puerto Rico, después de haber sido vicepresidenta del mismo durante ocho años.

En 2016 se convirtió en la primera mujer y la persona más joven en ser electa comisionada residente, que es el político que representa los intereses de la isla en el Congreso de Estados Unidos.

En junio pasado, retó en las primarias del PNP al gobernador Pedro Pierluisi, y con su victoria se posicionó como la primera candidata mujer a la gobernación de su colectividad.

Desde su puesto de comisionada residente, González ha sido una firme defensora de la llamada 'estadidad', es decir, la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos por la que aboga el PNP.

Uno de sus objetivos ha sido promover que el Congreso de EE.UU. apruebe la celebración de un referéndum vinculante en la isla para que los puertorriqueños decidan un nuevo estatus político, diferente al Estado Libre Asociado.

El proyecto, todavía pendiente de aprobación en Washington, es que el plebiscito incluya las opciones de 'estadidad', independencia y soberanía en libre asociación.

Al respecto, González prometió hoy luchar por "la igualdad plena para todos los puertorriqueños" que, a su juicio, se logrará con la anexión de la isla a EE.UU.

De hecho, las elecciones de noviembre incluyeron una consulta de estatus no vinculante, en la que el 56,87 % de los votantes optaron por la 'estadidad', aunque el número de papeletas en blanco fue muy elevado debido a que otros partidos habían llamado a no participar.

Aunque González respalda al presidente electo estadounidense, Donald Trump, será probablemente un reto este cuatrienio debido al poco interés de los republicanos en un referéndum de estatus en Puerto Rico y a los esperados recortes en los fondos federales que recibe la isla. EFE

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Moscú, 1 ene (EFE).- La Comisión Electoral Central (CEC) de Bielorrusia anunció hoy el comienzo de la campaña electoral para los comicios presidenciales del próximo día 26, en los que se da por descontado que Alexandr Lukashenko, en el poder desde 1994, se asegurará su séptimo mandato.

"La campaña se extenderá del 1 al 25 de enero", precisó la CEC en un comunicado.

El mandatario, de 70 años, cuya reelección en 2020 no fue reconocida por Occidente, aseguró que no permitirá a sus detractores llevar a cabo un cambio de poder.

"Sabemos sacar conclusiones de nuestros errores. Por eso, que no esperen nada", aseveró en febrero del año pasado al anunciar que postularía a una nueva reelección.

Lukashenko agregó que no puede "irse mañana", porque sería traicionar al país.

En una reciente entrevista con EFE, la líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanóvskaya, calificó de "farsa" y "circo" las elecciones organizadas por Lukashenko, que tendrá cuatro rivales nominales.

Tijanóvskaya se presentó como candidata presidencial a las elecciones de 2020 tras el encarcelamiento de su marido, Serguéi Tijanovski, quien había anunciado su intención de presentar su candidatura a la jefatura del Estado. EFE

La socialdemócrata Kristrún Frostadóttir se ha convertido en la nueva primera ministra de Islandia este sábado tras el acuerdo alcanzado entre su formación, Alianza Socialdemócrata (Samfylkingin), y los partidos de centroderecha Partido Liberal Reformista y Partido del Pueblo.

Frostadóttir se ha convertido así en la primera ministra más joven de la historia del país y en la primera ministra más joven del mundo en el cargo al frente de un gobierno con cuatro ministerios para los socialdemócratas y la presidencia del Parlamento.

El Partido Liberal Reformista tendrá cuatro ministros y el Partido del Pueblo, tres, según el pacto aprobado por las tres formaciones junto al programa del gobierno de coalición. También es el primer gobierno islandés con más mujeres que hombres.

Samfylkingin, que lidera la economista Kristrún Frostadottir, se hizo con 15 de los 63 escaños del Parlamento islandés al recabar un 20,8 por ciento de los votos, un asiento más que el conservador Partido de la Independencia del actual primer ministro, Bjarni Benediktsson (el 19,4 por ciento de votos, para un total de 14 escaños).

En rueda de prensa, Frostadóttir ha aplaudido el éxito de las conversaciones que conceden "un mandato muy fuerte" a los tres partidos, con más de la mayoría de los escaños en el Parlamento.

La coalición, que contará con un total de 36 asientos de los 63 que conforman el hemiciclo, reemplazará al gabinete saliente del actual primer ministro Benediktsson, derrotado por votantes enfurecidos por la subida del coste de la vida y la escasez de viviendas.

Frostadóttir se convierte así en la nueva primera ministra del país, al frente de un gabinete que reduce de doce a once el número de carteras y bajo la promesa, en rueda de prensa recogida por la radiotelevisión pública estatal RUV, de organizar un referéndum nacional sobre la continuación de las negociaciones de adhesión del país a la UE no más tarde de 2027.

Islandia es miembro del Espacio Económico Europeo, una extensión del mercado único de la UE, desde 1994 junto con Noruega y Liechtenstein. En 2009, bajo el liderazgo de los socialdemócratas, solicitó su ingreso al bloque, pero las negociaciones para su ingreso se suspendieron en 2015 tras el cambio de gobierno.

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ayuntamiento de Fuente Carreteros (Córdoba) la celebración de una consulta popular sobre las fechas de celebración de la feria real del municipio y de la verbena en honor a su patrona.

El artículo 149 de la Constitución Española establece como competencia exclusiva del Estado la "autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum".

Por otra parte, la Ley de Bases de Régimen Local reconoce el derecho de los vecinos a solicitar una consulta popular, previo acuerdo por mayoría absoluta del pleno municipal y autorización del Gobierno, sobre asuntos de competencia propia municipal y de carácter local de especial relevancia para los vecinos, a excepción de los relativos a la hacienda local.

Por ello, el Consejo de Ministros ha auutorizado la celebración de la consulta popular al contar con los pertinentes informes y reunir los requisitos exigidos por la Ley de Bases del Régimen Local.

Martí Puig i Leonardi

Barcelona, 14 dic (EFE).- Oriol Junqueras, vicepresidente del Govern que organizó el referéndum unilateral del 1-O en 2017, lo que le llevó a estar preso tres años y ocho meses antes de ser parcialmente indultado, está decidido a aprovechar la oportunidad que lamenta que nunca tuvo para ser presidente de la Generalitat.

Nacido en el barrio de Sant Andreu de Palomar de Barcelona en 1969, este carismático historiador, educado en la escuela italiana y profundamente católico, sigue inhabilitado para cargo público hasta 2031, aunque está a la espera de que se resuelva el recurso que presentó para que el Tribunal Supremo le aplique la amnistía.

Tras un paréntesis de seis meses, Junqueras vuelve a los mandos de ERC con apenas un 52,2 % de los apoyos y la relación rota con quien fue su número dos durante trece años, Marta Rovira, y maltrecha con otros dirigentes destacados como el expresident Pere Aragonès.

Vicepresidente del Govern de Carles Puigdemont -con quien nunca congenió- en la legislatura que acabó con la suspensión del autogobierno catalán, fue oficialmente el encargado de coordinar la votación del 1 de octubre de 2017 y entró en prisión preventiva apenas un mes y un día después de esa jornada.

Bajo su presidencia -entre 2011 y el pasado junio- ha llevado a los republicanos a sus mejores cifras electorales, pero también ha visto cómo ese apoyo se ha desplomado en las urnas, si bien sus partidarios defienden que desde que entró en prisión se le apartó poco a poco de la toma de decisiones y, una vez en libertad, se sintió prácticamente ninguneado.

Ha convertido la áspera campaña de las elecciones internas, resueltas finalmente en segunda vuelta, en un "todos contra Junqueras" con el que ha sumado a sus filas a más de un dirigente que hace unos meses le pedía que se apartara.

Habituado a dar evasivas en público, compañeros y rivales que han compartido con él horas de reuniones le reprochan que no hable a las claras tampoco en privado, ni tan solo ante las grandes decisiones, como cuando Puigdemont sopesó si declarar la independencia o anticipar elecciones, o cuando ERC debatió si investir a Salvador Illa.

Junqueras dedicó duros reproches a los socialistas mientras permanecía encarcelado -"les costará aguantarme la mirada, porque ellos han aplaudido mi prisión y la de mis compañeros", dijo en su primera entrevista en régimen de semilibertad-, pero ello no impidió que liderara el cambio de rumbo estratégico de ERC, que pasó de la unilateralidad a optar por la vía negociadora y a colaborar con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Una apuesta que le valió ser denostado por el independentismo más radical, que lo tacha de "traidor", lo que agravó la brecha entre ERC y Junts, pese a que finalmente todos han acabado abrazando la vía negociadora.

El renovado líder de ERC se sintió injustamente marginado por su partido al salir de prisión, alejado de un foco mediático más pendiente de las andanzas del Govern. Una sensación -con la que empatizan algunos de sus adversarios- que lo ha hecho más desconfiado, coinciden en señalar dirigentes de todas las sensibilidades del partido.

Fue alumno del Liceo Italiano de Barcelona y su padre recuerda su habitación como un laberinto lleno de libros. La herencia catalanista y republicana le viene de lejos y él se declara independentista "desde siempre".

Profesor de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona, durante sus investigaciones académicas tuvo acceso a los archivos secretos del Vaticano.

Concejal y luego alcalde de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), donde se mudó con su familia con apenas dos años, eurodiputado entre 2009 y 2011, apostar por esta figura sin experiencia orgánica como líder del partido fue la decisión que tomó la dirección entonces encabezada por Joan Puigcercós para dejar atrás una incesante lucha cainita.

Ya en el Parlament dio estabilidad al Govern de Artur Mas -con quien tampoco trabó una gran relación- en una legislatura en la que comenzó la aceleración independentista que llevó a la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

Mas convocó unas elecciones que calificó de "plebiscitarias" e ideó la coalición Junts pel Sí, que ERC acabó aceptando a regañadientes. Una cita con las urnas que aupó de forma inesperada a Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat y a Junqueras a ser su vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda.

El artículo 155 de la Constitución puso fin a esa legislatura y dio paso a que se retomara la dura competición entre el espacio de Junts -herencia y evolución de la extinta Convergència- y ERC.

El regreso de Junqueras al frente de ERC abre la puerta a que algún día él y Puigdemont vuelvan a verse la cara en las urnas, si finalmente se les acaba aplicando la amnistía. EFE

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Ginebra, 12 dic (EFECOM).- El Tribunal Federal de Suiza decidió este jueves no anular el resultado del referéndum que en septiembre de 2022 retrasó la edad de jubilación de las mujeres de 64 a 65 años, impugnado por el partido de Los Verdes, entre otros solicitantes, al alegar que se basaba en errores de cálculo sobre el sistema de pensiones nacional.

Tras una deliberación pública rodeada de mucha expectación, el máximo tribunal helvético concluyó que la anulación de la votación no era procedente, aunque admitió que "la cuestión de si hubo información incorrecta queda sin resolver".

Los partidarios de que el referéndum fuera repetido sostenían que en la consulta, donde el sí a retrasar la edad de jubilación de las mujeres ganó por un estrechísimo margen del 50,5 %, se habían usado cifras erróneas que exageraban las necesidades del sistema de pensiones nacional.

En agosto de este año, la Oficina Federal de la Seguridad Social reconoció que las necesidades financieras para las pensiones en el periodo 2022-2032, que se habían cifrado entonces en 18.500 millones de francos (19.800 millones de euros), eran una cantidad excesivamente alta, lo que llevó a Los Verdes a impugnar la consulta.

Sin embargo, los jueces señalaron este jueves en su decisión que las necesidades de financiación que se manejaron en la información previa al referéndum para convencer a los votantes eran "previsiones que en esencia son siempre inciertas, y el electorado es consciente de ello".

"El mensaje principal transmitido por las explicaciones de voto, indicando que la situación financiera del sistema de pensiones era mala, que cada vez se deterioraba más y que las medidas de mejora eran necesarias, era correcto", concluyeron los magistrados.

Los jueces reconocieron, no obstante, que, con un resultado tan reñido, persiste la cuestión de si hubo información errónea y por tanto hubo una violación grave de la libertad de voto consagrada en la Constitución, aunque subrayaron que esa duda "queda sin resolver".

"No debemos tomar a la ligera un procedimiento de votación completado, cuyo resultado ha sido validado", concluyó el tribunal.

La decisión de no anular el referéndum ha sido mal recibida por Los Verdes y otros colectivos que presentaron la impugnación: muchos de sus representantes, principalmente mujeres, se manifestaron contra el veredicto a la entrada del tribunal y acusaron a los jueces de "falta de valentía", en palabras de la líder ecologista Lisa Mazzone.

Los partidarios del retraso de la edad de jubilación femenina sostenían que era la única forma de asegurar la continuidad del sistema de pensiones con el panorama demográfico actual suizo, similar al del resto de Europa, en el que la generación del "baby boom", más numerosa que las posteriores, comienza a jubilarse.

Los cambios en la edad de jubilación de las mujeres comienzan a entrar en vigor en Suiza el 1 de enero de 2025 pero de forma progresiva: ese año las mujeres que lleguen a la edad de retiro se jubilarán a los 64 años y tres meses, en 2026 a los 64 años y medio, en 2027 a los 64 años y nueve meses y en 2028 a los 65 años.

Dentro de cuatro años, por tanto, se igualará la edad de jubilación para hombres y mujeres en Suiza, país donde las elevadas contribuciones a la seguridad de seguridad y el sistema de pensiones constituyen una de las principales preocupaciones de la sociedad.

Suiza, que celebra hasta cuatro jornadas de referendos al año (con distintas consultas en cada jornada a nivel federal, cantonal y local), nunca ha anulado hasta ahora una de esas votaciones, aunque su máximo tribunal tuvo que deliberar sobre dos impugnaciones anteriores, en 2008 y 2019. EFECOM

Ginebra, 12 dic (EFE).- El Tribunal Federal de Suiza decidió este jueves no anular el resultado del referéndum que en septiembre de 2022 retrasó la edad de jubilación de las mujeres de 64 a 65 años, impugnado por el partido de Los Verdes, entre otros, al alegar que se basaba en errores de cálculo sobre el sistema de pensiones nacional.

Tras una deliberación pública rodeada de mucha expectación, el máximo tribunal suizo concluyó que la anulación de la votación no era procedente, aunque admitió que "la cuestión de si hubo información incorrecta queda sin resolver".

Los partidarios de que el referéndum fuera repetido sostenían que en la consulta, donde el sí a retrasar la edad de jubilación de las mujeres ganó por un estrechísimo margen del 50,5 %, se habían usado cifras erróneas que exageraban las necesidades del sistema de pensiones nacional.

En agosto de este año, la Oficina Federal de la Seguridad Social reconoció que las necesidades financieras para las pensiones en el periodo 2022-2032, que se habían cifrado entonces en 18.500 millones de francos (19.800 millones de euros), eran una cantidad excesivamente alta, lo que llevó a Los Verdes a impugnar la consulta.

Sin embargo, los jueces señalaron este jueves en su decisión que las necesidades de financiación que se manejaron en la información previa al referéndum para convencer a los votantes eran "previsiones que en esencia son siempre inciertas y el electorado es consciente de ello".

"El mensaje principal transmitido por las explicaciones de voto, indicando que la situación financiera del sistema de pensiones era mala, que cada vez se deterioraba más y que las medidas de mejora eran necesarias, era correcto", concluyeron los magistrados.

Los jueces reconocieron no obstante que, con un resultado tan reñido, persiste la cuestión de si hubo información errónea y por tanto hubo una violación grave de la libertad de voto consagrada en la Constitución, aunque subrayaron que esa duda "queda sin resolver".

"No debemos tomar a la ligera un procedimiento de votación completado, cuyo resultado ha sido validado", concluyó el tribunal.

La decisión de no anular el referéndum ha sido mal recibida por Los Verdes y otros colectivos que presentaron la impugnación: muchos de sus representantes, principalmente mujeres, se manifestaron contra el veredicto a la entrada del tribunal y acusaron a los jueces de "falta de valentía", en palabras de la líder ecologista Lisa Mazzone.

Los partidarios del retraso de la edad de jubilación femenina sostenían que era la única forma de asegurar la continuidad del sistema de pensiones con el panorama demográfico actual suizo, similar al del resto de Europa, en el que la generación del "baby boom", más numerosa que las posteriores, comienza a jubilarse.

Los cambios en la edad de jubilación de las mujeres comienzan a entrar en vigor en Suiza el 1 de enero de 2025 pero de forma progresiva: ese año las mujeres que lleguen a la edad de retiro se jubilarán a los 64 años y tres meses, en 2026 a los 64 años y medio, en 2027 a los 64 años y nueve meses y en 2028 a los 65 años.

Dentro de cuatro años, por tanto, se igualará la edad de jubilación para hombres y mujeres en Suiza, país donde las elevadas contribuciones a la seguridad de seguridad y el sistema de pensiones constituyen una de las principales preocupaciones de la sociedad.

Suiza, que celebra hasta cuatro jornadas de referendos al año (con distintas consultas en cada jornada a nivel federal, cantonal y local), nunca ha anulado hasta ahora una de esas votaciones, aunque su máximo tribunal tuvo que deliberar sobre dos impugnaciones anteriores, en 2008 y 2019. EFE

Las autoridades de Ucrania han denunciado este lunes que al menos una persona ha fallecido y otras cuatro han resultado heridas en el norte de la región de Donetsk víctimas de un ataque atribuido a las Fuerzas Armadas de Rusia en el marco de la guerra, que se encamina ya a su tercer aniversario.

Así lo ha confirmado el gobernador ucraniano de Donetsk, Vadim Filashkin, en su canal oficial de Telegram, donde ha detallado que la víctima mortal es una mujer de más de 90 años. Además, ha enumerado una serie de daños materiales por el ataque, incluidas varias viviendas y bloques de edificios.

Filashkin ha hecho un llamamiento a la población local a ser "responsable" y "evacuar a tiempo" la zona en el momento en que se lanzan alertas por posibles ataques aéreos. Los ataques se han producido al norte de la ciudad de Donetsk y en una región en la que Rusia reivindica su control.

Las autoridades de Rusia celebraron en septiembre de 2022, apenas unos meses después del estallido de la guerra, una serie de referéndum para la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. Sin embargo, la comunidad internacional no reconoce estos procesos ni sus resultados.

La guerra en Ucrania estalló a finales de febrero de 2022 cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio la orden de invadir su país vecino a través de la frontera común, en el este de Ucrania. Desde entonces, el conflicto avanza sin aparente solución de continuidad y con las líneas de frente prácticamente estancadas.

El Frente Polisario ha cargado contra los países que han dado recientemente su apoyo al plan de autonomía presentado por Marruecos y ha apuntado directamente contra Francia, al que acusa de "apoyar explícitamente" la "ocupación" marroquí del territorio de Sáhara Occidental.

Así, el organismo ha condenado en un comunicado publicado tras una reunión del Buró Permanente de la Secretaría Nacional "la tendencia de algunas potencias, incluidos miembros permanentes del Consejo de Seguridad (de Naciones Unidas), de socavar los acuerdos de paz y eludir la legalidad internacional con respecto al conflicto en el Sáhara Occidental".

El Frente Polisario ha expresado su rechazo a "los intentos de minar los esfuerzos de paz para resolver el conflicto mediante posiciones recientes expresadas por algunos países" y ha criticado a Francia por "apoyar explícitamente las políticas de ocupación, anexión y absorción aplicadas por el régimen marroquí", según ha recogido la agencia saharaui de noticias SPS.

En este sentido, ha reiterado que una solución "justa" y "definitiva" al conflicto "no puede imaginarse fuera de un marco jurídico realista y creíble", incluida la celebración de un referéndum "libre y justo" en el que "el que el pueblo saharaui decida su destino y el estatus final de su tierra, el Sáhara Occidental".

Por ello, ha aplaudido la postura de "países amigos y hermanos" que apoyan el derecho a la autodeterminación de los saharauis, entre los que ha destacado a Argelia, y ha mostrado la disposición del Frente Polisario a "contribuir positivamente" y "cooperar" para lograr "una paz justa y duradera" y "crear un clima de convivencia e integración entre sus países y pueblos".

El comunicado ha sido publicado cerca de dos semanas después de que el rey Mohamed VI de Marruecos afirmara que el referéndum es "inaplicable" y reclamara a Naciones Unidas que "asuma su responsabilidad" en esta cuestión, en el marco de la defensa por parte de Rabat de su propuesta de plan de autonomía para el territorio.

"Hay un creciente reconocimiento internacional en favor de la marroquinidad del Sáhara (Occidental), amén del amplio apoyo a la iniciativa de autonomía", manifestó, al tiempo que arguyó que "de forma paralela a esta situación de legalidad existe, lamentablemente, otro mundo separado de la verdad que aún vive a ilusiones del pasado", en referencia al Frente Polisario.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.

El último revés para el pueblo saharaui fue el apoyo de los gobiernos español y francés al plan de autonomía marroquí, un cambio de postura calificado de traición por el Frente Polisario, que recuerda además que España es aún 'de iure' la potencia administradora del Sáhara Occidental.

Libreville, 18 nov (EFE).- Gabón aprobó el pasado sábado en un referéndum una nueva Constitución con el 90,81 % de votos a favor del "sí", un paso crucial para la vuelta a un régimen civil prometido por la junta militar que dirige el país desde el golpe de Estado de agosto de 2023, informaron las autoridades.

Según indicó a última hora del domingo el ministro gabonés del Interior, Hermann Immongault, solo el 8,2 % de los votantes de manifestó en contra del texto constitucional.

La tasa de participación se situó en el 53,54 %, precisó el ministro, al añadir que el Tribunal Constitucional debe validar los resultados.

"El pueblo gabonés adoptó en gran medida la nueva Constitución durante el referéndum. Un paso decisivo hacia el nuevo Gabón, basado en la democracia, la unidad y la justicia. ¡Juntos, escribamos nuestro futuro!", señaló el presidente de transición, general Brice Clotaire Oligui Nguema, en la red social X.

Unos 868.000 votantes estaban llamados el pasado sábado a ejercer su derecho democrático en los colegios electorales.

La Asamblea Constituyente de Gabón adoptó el pasado 22 de septiembre por mayoría el proyecto constitucional, tras concluir diez días de sesiones para evaluar el texto.

Unas 800 enmiendas para los inicialmente 194 artículos de la norma -que pasaron a ser 173 en la versión definitiva- fueron propuestas y adoptadas por 168 parlamentarios (98 diputados y 70 senadores del Parlamento de Transición), de los cuales solo ocho votaron en contra y tres se abstuvieron.

El texto propuesto refuerza la figura de la Presidencia, al abolir el cargo de primer ministro, y fija el mandato de siete años del presidente, renovable únicamente una vez, en vez del número ilimitado de mandatos de cinco años actual.

Además, el presidente tendría competencias para disolver el Parlamento y nombrar a miembros del Poder Judicial, mientras algunas libertades se verían limitadas, por ejemplo con la definición del matrimonio solo como la unión entre hombre y mujer.

El texto también busca evitar que se repita una transmisión dinástica del poder, como sucedió con la familia del derrocado presidente Ali Bongo, al prohibir que "el cónyuge y los descendientes" del líder del país puedan ser candidatos a su sucesión.

Los detractores de la nueva Constitución critican la concentración del poder en Oligui Nguema, que dirige la junta militar, conocida como Comité para la Transición y la Restauración de las Instituciones (CTRI).

Tras esta votación, el cronograma de la transición prevé la celebración de elecciones presidenciales y legislativas en agosto de 2025.

Gabón, potencia petrolera de África subsahariana, celebró este abril un diálogo nacional inclusivo anunciado en septiembre de 2023 por las autoridades de transición, un paso hacia el retorno de un Gobierno civil al país tras el golpe de Estado del 30 de agosto del año pasado.

Ese día, los militares tomaron el poder horas después de que las autoridades electorales anunciasen la victoria del entonces presidente, Ali Bongo, en los controvertidos comicios celebrados ese agosto.

Los golpistas -como la oposición- aseguraron entonces que las elecciones no fueron transparentes, creíbles, ni inclusivas, y acusaron al Ejecutivo de gobernar "irresponsable e impredeciblemente".

La familia del derrocado Bongo -que se convirtió en presidente después de la muerte de su padre, Omar Bongo, en 2009- había ocupado el poder desde 1967. EFE