El Ejército de Liberación Nacional (ELN) finalmente rechazó que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella adoptara una postura de confrontación contra los grupos armados ilegales, que consiste en que los miembros de estas estructuras armadas únicamente tienen la opción de entregarse incondicionalmente a la justicia ordinaria o enfrentar la fuerza del Estado.

La posición fue expresada por alias Fabio, señalado comandante político del Frente de Guerra Oriental del ELN, en una entrevista concedida a Canal 1 Noticias. El jefe guerrillero, cuya estructura opera principalmente en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare, aseguró que el grupo no aceptará una negociación que considere un sometimiento y advirtió que responderá si la administración mantiene una estrategia de confrontación contra las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia.

El subversivo indicó que una eventual mesa de conversaciones solo tendría cabida si parte de un diálogo y no de exigencias de rendición. “Jamás una tempestad como la que quiere plantear el presidente Abelardo de la Espriella podrá someter y llevar al ELN humillado a una mesa de negociación”, declaró al noticiero nacional mencionado.

Según alias Fabio, la paz requiere acuerdos sobre “transformaciones profundas” en Colombia. Sostuvo que el Gobierno cerró las opciones de diálogo y planteó una “guerra abierta”, aunque aseguró que el ELN mantiene disposición para hablar si se convoca una negociación.

Así mismo, el dirigente guerrillero cuestionó la política de seguridad anunciada por De la Espriella y dijo que la organización está preparada para resistir una ofensiva. “El ELN en este momento ha cerrado todas las puertas, todas las posibilidades de un diálogo y plantea una guerra abierta y nos plantea un sometimiento, como si con eso nos fuera a amedrantar (...) El ELN está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias”, sostuvo.

También aseguró que la muerte de un comandante no significaría el fin del grupo. “Ellos le colocan precio a las cabezas de los comandantes y creen que con matar un comandante el ELN se acabó. No. Miles de combatientes empuñarán las armas y miles de comandantes saldrán a ponerse al frente”, dijo.

Alias Fabio recalcó que, tras dos meses de la administración de Abelardo de la Espriella, no ha muerto ningún comandante de la guerrilla. Igualmente, señaló que el grupo respondería con “tecnología, inteligencia y audacia” si el Ejecutivo persiste en una confrontación militar, pero reiteró que considera posible un diálogo.

“La guerra no es así como él la está planteando, que si quiere dialogar con el ELN, el ELN está dispuesto a hablar con el Gobierno. Si quiere la paz, la paz la damos nosotros. Y si sigue planteando la guerra, pues tendremos que responder también de la misma forma”, comentó.

A su vez, el comandante negó que el ELN reclute a menores de edad y lanzó acusaciones contra funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el departamento de Arauca. “Un funcionario (del Icbf) se presta como contacto para que los muchachos menores de edad que salen, que los entregan, salen comprometidos, le ofrecen plata y queda bienestar familiar como el contacto para que sigan pasando la información”, denunció. Por el momento, la entidad nacional no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto.

El ELN atribuyó a Gustavo Petro el fracaso de los diálogos de paz

Sobre el proceso de paz durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, alias Fabio sostuvo que no hubo voluntad política para consolidar una negociación. Acusó a esa administración de haber intentado forzar al ELN a entregar las armas y de catalogar a la guerrilla como una organización ligada al narcotráfico.

“No hubo voluntad política del Gobierno pasado. Se equivocó de cacho a rabo. Se llenó de odio porque no le obedecimos que entregáramos las armas, desmovilizáramos la guerrilla y nos sometiéramos a lo que dice la oligarquía”, afirmó. Según su versión, los contactos con negociadores y emisarios no lograron definir un punto de partida para avanzar hacia acuerdos.

Durante su mandato, Petro suspendió en varias oportunidades los diálogos con el ELN. En mayo de 2026, el entonces presidente señaló que la desarticulación de economías ilícitas por parte de la guerrilla podría abrir caminos para la paz. De la Espriella, por su parte, ha dicho que no reconocerá a los integrantes de grupos armados como actores políticos, una posición que ha cerrado la puerta a nuevos diálogos con el ELN.

Al menos 48.003 niños, niñas y adolescentes resultaron afectados por hechos relacionados con el conflicto armado en Colombia durante el primer semestre de 2026, según el boletín de monitoreo número 35 de la Coalición contra la Vinculación de Niñas, Niños y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, COALICO.

El informe, elaborado por el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la organización, documentó 165 eventos entre enero y junio, en medio de enfrentamientos entre grupos armados, disputas por el control territorial y restricciones impuestas a comunidades.

Según informó Blu Radio, los departamentos que concentraron principalmente las afectaciones fueron Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño y Valle del Cauca.

Las cifras muestran que el conflicto continúa teniendo un impacto directo sobre la niñez y la adolescencia, especialmente en territorios donde persiste la presencia de estructuras armadas y economías ilícitas.

Desplazamiento y reclutamiento, entre las principales afectaciones

COALICO registró 53 eventos relacionados con desplazamiento forzado y refugio, una de las formas de afectación con mayor presencia en el periodo analizado.

Además, la organización documentó 47 casos vinculados con el reclutamiento, uso o utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados y estructuras delictivas.

A esto se sumaron 33 eventos de bloqueo de suministros y servicios básicos, situaciones que pueden afectar a comunidades enteras al limitar el acceso a alimentos, atención médica, movilidad y otros bienes esenciales.

El informe también identificó 29 ataques y ocupaciones de escuelas, hospitales y otros bienes civiles, además de hechos que vulneraron los derechos a la vida, la integridad, la libertad personal y la libertad sexual.

La Coalición señaló que estas afectaciones se presentan en territorios donde distintos grupos armados mantienen disputas por control territorial y por las rentas asociadas a economías ilícitas.

De acuerdo con el reporte, entre los responsables aparecen estructuras de las disidencias de las Farc y del ELN, que continúan enfrentándose en varias zonas del país.

COALICO pide reforzar prevención y protección

La organización advirtió que las cifras reflejan la persistencia de distintas formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes, y pidió fortalecer las medidas institucionales de prevención y protección.

La preocupación se concentra especialmente en las regiones donde las confrontaciones armadas siguen afectando de manera directa a las comunidades y donde los grupos ilegales mantienen presencia sostenida.

COALICO insistió en la necesidad de proteger a la población infantil y adolescente frente al reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual, así como garantizar medidas efectivas frente al desplazamiento y las restricciones a la movilidad.

El informe también alertó sobre los efectos de la ocupación o ataque de escuelas, universidades, hospitales y otros bienes civiles, debido a que estas acciones afectan espacios esenciales para el ejercicio de derechos básicos.

La Coalición advirtió además que los bloqueos de suministros pueden agravar la situación humanitaria en zonas donde ya existen dificultades para acceder a servicios públicos, alimentos o atención médica.

El boletín plantea también interrogantes sobre el rumbo que tomarán las estrategias de prevención y protección integral de la niñez y la adolescencia frente a los cambios en la política de paz y seguridad.

La organización cuestionó particularmente cuál será el futuro de las políticas destinadas a evitar el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados.

Para COALICO, los datos del primer semestre de 2026 evidencian que la protección de esta población debe mantenerse como una prioridad en los territorios más afectados por el conflicto.

Las 48.003 personas menores de edad afectadas durante los primeros seis meses del año reflejan, según el informe, que las consecuencias de la guerra continúan alcanzando de manera directa a niños, niñas y adolescentes en distintas regiones de Colombia.

El envío de tres currículums para una misma vacante, cada uno redactado por un asistente diferente, se instaló como una recomendación frecuente en redes sociales. La tendencia sostiene que mandar el mismo CV creado con ChatGPT, Claude y Gemini eleva las posibilidades de superar los sistemas que clasifican postulaciones. La práctica parte de la idea de que una empresa puede descartar automáticamente a un candidato antes de que una persona revise sus antecedentes, y tiene cada vez más adeptos.

El planteo circula en un escenario donde el uso de herramientas generativas ganó espacio entre quienes buscan empleo. Una encuesta de Adecco Argentina indicó que el 48% de los candidatos recurrió a inteligencia artificial para elaborar o adaptar su currículum. Otro 10% la utilizó para localizar oportunidades, mientras que el 8% la empleó en la preparación de entrevistas. El 34% no recurrió a estos recursos durante su búsqueda.

El método propone enviar tres documentos al mismo aviso

El procedimiento viral consiste en tomar la misma información profesional y pedir a ChatGPT, Claude y Gemini que produzcan una versión propia. Luego, la persona envía los tres archivos a una única oferta. Quienes recomiendan ese método sostienen que cada plataforma elige expresiones, verbos, orden de datos y términos técnicos distintos, por lo que una de las versiones podría coincidir con el filtro de la compañía.

La lógica del recurso se vincula con la preocupación por los procesos automatizados. Según el relevamiento de Adecco, el 58% de los consultados manifestó inquietud ante la posibilidad de que una inteligencia artificial analice su CV. A la vez, el 12% señaló que desconoce el funcionamiento de esa tecnología. Esa falta de información contribuye a la difusión de fórmulas que prometen sortear una selección sin intervención humana.

La encuesta mostró además diferencias según la instancia de selección. Casi el 40% de los participantes dijo que se sentiría totalmente cómodo en una primera entrevista con una herramienta automatizada. Un 29% aceptaría esa alternativa, aunque preferiría el contacto con una persona. El 16% expresó incomodidad frente a ese tipo de entrevista.

La difusión del método de los tres archivos se apoya en una premisa: que las empresas cuentan con una máquina que acepta o descarta candidaturas de forma definitiva y que los modelos de lenguaje responden a criterios suficientemente distintos como para abrir tres puertas. La información provista por la consultora describe otro esquema de trabajo, con sistemas que organizan datos y equipos de selección que intervienen en la decisión sobre los perfiles.

Los ATS ordenan postulaciones, experiencia y palabras clave

En los procesos de contratación se usan con frecuencia los sistemas de seguimiento de candidatos, conocidos por la sigla ATS, derivada de Applicant Tracking Systems. Estas plataformas reúnen las postulaciones para una vacante y permiten clasificarlas o buscarlas de acuerdo con experiencia laboral, conocimientos, habilidades y palabras clave. Su función puede incluir el ordenamiento de un volumen elevado de currículums.

Un ATS puede identificar términos que aparecen en el documento, como una herramienta de trabajo, un área de especialización o una competencia solicitada en el aviso. También puede facilitar la comparación de datos de las personas registradas en el sistema. Sin embargo, la presencia de un software no implica que la decisión de contratación quede únicamente en manos de ese software.

En el caso de Adecco, los equipos de selección revisan los perfiles y definen qué candidatos continúan en el proceso. La consultora señaló que sus especialistas leen los currículums y que los líderes responsables de contratar participan en la elección. Por esa razón, el sistema no cambia la identidad de quien se postula ni reemplaza la evaluación posterior de antecedentes, experiencia y ajuste con una posición.

Mariana D’Ardis, HR Business Partner de Adecco Argentina, afirmó que el uso de asistentes para preparar el documento forma parte de la rutina de los candidatos. “Hoy casi todos los candidatos le piden ayuda a una IA para su CV, y está bien que lo hagan: es una herramienta que facilita o agiliza el proceso de armado”, explicó.

D’Ardis indicó que la consultora no observa como práctica habitual el envío de dos o tres textos distintos al mismo aviso para intentar superar un filtro. “Lo que no vemos es que la gente mande dos o tres versiones distintas a la misma búsqueda para esquivar un filtro. Ese miedo a que ‘la máquina te descarte’ tiene más de mito que de realidad”, sostuvo la especialista.

Tres versiones no modifican los antecedentes del candidato

Las respuestas de ChatGPT, Claude y Gemini pueden variar en estilo, extensión y organización. Una plataforma puede destacar tareas, otra puede proponer una presentación profesional y una tercera puede reformular habilidades. Esas diferencias no agregan experiencia laboral, formación, resultados comprobables ni conocimientos que no figuren en la trayectoria de la persona que se presenta.

Cuando los tres documentos llegan a una misma búsqueda, contienen datos que remiten al mismo candidato: nombre, correo electrónico, teléfono, estudios, lugares de trabajo y fechas. La postulación múltiple no convierte a una persona en tres perfiles independientes. Para un equipo de selección, las variaciones en la redacción no cambian que los antecedentes correspondan a un único postulante.

Adecco señaló que recibir versiones diferentes de un mismo perfil puede ocurrir, especialmente en búsquedas competitivas con muchas inscripciones. Sin embargo, la consultora no lo definió como una tendencia dominante ni como una dificultad central dentro de sus procesos. Enviar varios archivos para el mismo puesto no incrementa por sí mismo la posibilidad de avanzar.

Las duplicaciones también pueden abrir interrogantes si los documentos incluyen información que no coincide. Un cargo presentado de manera distinta, fechas incompatibles, niveles diferentes de manejo de una herramienta o logros redactados con datos dispares pueden afectar la consistencia de la candidatura. La información que aparece en el currículum debe sostenerse en una entrevista y en las instancias de evaluación.

La adaptación sí figura entre los usos habituales de la tecnología. Los candidatos emplean asistentes de texto y recursos integrados en LinkedIn para mejorar la redacción, reorganizar su historial o ajustar los términos de su perfil a los requisitos de un anuncio. Ese uso parte de una versión única de la experiencia de cada persona y busca presentarla de acuerdo con el puesto al que aplica.

La calidad de las instrucciones pesa más que la plataforma elegida

Para Adecco, no existe una herramienta que resulte mejor para todos los postulantes. ChatGPT, Claude y Gemini ofrecen resultados similares en la mayoría de los casos vinculados con la redacción de un currículum. La diferencia depende en gran medida de los datos que recibe cada sistema y de la precisión de la instrucción que formula el usuario.

Una persona puede aportar tareas, logros, resultados, responsabilidades y herramientas que utilizó en un empleo. Con esos elementos, un asistente puede ordenar la información, modificar la forma de una frase o sugerir una estructura. Si los datos de partida son vagos, el resultado conserva esa falta de detalle aunque el texto adopte un tono más formal.

La recomendación de la consultora apunta a que el documento sea claro, actualizado y fiel a las capacidades reales del candidato. Las palabras clave relacionadas con una búsqueda pueden figurar en el CV cuando representan conocimientos o experiencias efectivas. La redacción automática no reemplaza la necesidad de contar con esos antecedentes.

D’Ardis resumió ese criterio al referirse al uso de estas plataformas: “Usar IA para ordenar tu CV es una gran idea, pero no le pidas que invente quién sos. Lo que te consigue el trabajo es lo que hiciste y cómo lo contás en la entrevista. El CV abre la puerta; lo que pasa después depende de vos”.

Los currículums muestran estructuras y frases cada vez más similares

La expansión de la IA para armar currículums extendió prácticas de redacción que antes dependían más del conocimiento de cada postulante sobre formatos laborales. Los asistentes pueden proponer secciones para perfil profesional, experiencia, educación, habilidades y logros. También sugieren verbos de acción, formas de resumir tareas y expresiones para presentar competencias.

Como consecuencia, los equipos de selección reciben documentos con formatos, estructuras y tonos similares. Las presentaciones profesionales, las listas de habilidades y la descripción de responsabilidades pueden repetirse entre perfiles de sectores diferentes. La uniformidad aparece incluso cuando las trayectorias laborales no son iguales, porque las herramientas aplican fórmulas de escritura parecidas.

En ese contexto, la diferencia entre candidatos se concentra en los elementos que el texto no modifica: experiencia verificable, resultados, conocimientos concretos y desempeño durante las entrevistas o las evaluaciones posteriores. Los procesos de selección deben considerar capacidades, potencial, experiencia y ajuste cultural, además de la forma en que un currículum presenta la información.

La encuesta de Adecco registra que la inteligencia artificial ya interviene en distintas etapas de la búsqueda laboral, desde el armado del documento hasta la preparación para una entrevista. El uso de estas herramientas convive con los ATS, con los equipos que revisan perfiles y con las instancias en las que cada candidato explica sus antecedentes ante una empresa o consultora.

El reclutamiento de ciudadanos cubanos para incorporarse a las filas de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia ha tomado relevancia en la agenda diplomática e internacional.

El Representante Permanente Adjunto de Ucrania ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Volodymyr Pavlichenko, solicitó el día de ayer, 19 de octubre, detener la captación de ciudadanos cubanos por parte de Rusia y exigir la liberación inmediata de quienes permanecen retenidos ilegalmente en el servicio militar ruso.

Durante un foro sobre derechos humanos celebrado en la sede de la ONU en Nueva York, Pavlichenko confirmó que los servicios de inteligencia ucranianos han verificado, mediante registros de nombres y datos personales, el traslado de entre 1,028 y 1,038 ciudadanos cubanos que suscribieron contratos militares entre 2023 y 2025.

Sin embargo, el diplomático enfatizó que estas cifras oficiales son solo una muestra del problema y que la cifra real de reclutados por Moscú podría situarse entre los 10,000 y 20,000 combatientes de más de 40 países.

Las investigaciones realizadas por servicios de inteligencia y organismos independientes señalan que la red de captación opera principalmente mediante ofertas laborales engañosas.

A miles de jóvenes desempleados, obreros o trabajadores del sector agrícola golpeados por la profunda crisis económica que atraviesa la isla se les prometieron empleos civiles en áreas como la construcción, la remodelación o los servicios en Rusia, acompañados de sueldos de entre $2.000 y $2.500 dólares mensuales, cifra que equivale a años de trabajo bajo los salarios promedio de Cuba.

Sin embargo, al llegar a territorio ruso, muchos son obligados a firmar contratos militares redactados únicamente en idioma ruso que los destinan de inmediato al frente de batalla como combatientes mercenarios.

Mercenarios cubanos en Rusia: captación, engaño y el rol del régimen cubano

Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha negado cualquier participación estatal en estas operaciones y afirma haber desmantelado redes de trata imponiendo condenas por mercenarismo de entre 5 y 14 años de cárcel, analistas internacionales e informes de inteligencia señalan directamente la complicidad del régimen cubano.

Se argumenta que el estricto control social, migratorio y policial ejercido por el régimen en la isla hace inviable la salida masiva y acelerada de miles de reclutas sin el consentimiento o la facilitación de las autoridades de La Habana.

El destino en el frente ucraniano es letal: informes especializados estiman que la tasa de supervivencia promedio de estos combatientes una vez desplegados oscila entre los 140 y 150 días, registrándose casos donde caen en combate tras apenas una semana de haber llegado a las zonas de conflicto.

Hasta la fecha medios locales han confirmado decenas de bajas mortales (entre 38 y 40 fallecimientos verificado). Infobae han intentado contactar de manera reiterada a familias de los jóvenes reclutados en Cuba para conocer de primera mano las denuncias sobre los engaños tras las ofertas de trabajo en Rusia.

No obstante, hasta el momento, ninguna de las familias consultadas ha accedido a brindar declaraciones ni testimonios formales, debido al temor imperante a las represalias que el régimen cubano podría ejercer contra ellas en la isla o el riesgo que esto implicaría para la seguridad de sus allegados atrapados en el conflicto.

La presión en organismos internacionales continúa aumentando para que se investiguen estas redes bajo el marco del delito de trata de personas a gran escala y se garantice el retorno de las víctimas a sus países de origen.

La lectura fácil es que la IA llegó a las entrevistas de la consultora más famosa del mundo. Llegó hace rato. Desde enero, McKinsey pide a algunos candidatos que resuelvan un caso usando Lilli, su asistente interno, y los socios miran cómo le preguntan a la máquina. Eso ya lo contaron The Financial Times y Fortune.

Lo nuevo es la inversión del rol. Antes el candidato usaba la IA. Ahora la IA lo usa a él: hace de alcaldesa, de cliente “profesoral” que quiere entender la recomendación antes de aceptarla, y el postulante tiene que aguantar la conversación. La herramienta no puntúa ni evalúa. Solo conversa. Los humanos deciden.

La máquina entra porque los candidatos llegan demasiado preparados

Blair Ciesil, socia que codirige el reclutamiento global, le explicó el motivo al diario con una franqueza poco habitual. Los candidatos llegan con historias muy ensayadas, y eso les impide a los entrevistadores llegar a lo que hay debajo. La frase que usó para describir el objetivo del avatar es más llamativa: “¿Quién es de verdad esta persona?”

Saleem Zafar, socio en Dallas que diseñó el piloto, le describió al mismo medio qué mira: si el candidato escuchó lo importante, si actuó sobre eso o lo pasó por alto, si impuso su agenda. El avatar no imita a un cliente fuera de control ni hace preguntas trampa. Cubre, según Zafar, el 80% de las situaciones de un consultor.

Hagan la cuenta de lo que eso dice. Una firma que recibe miles de postulaciones de las mejores universidades descubre que su filtro humano ya no distingue entre una persona y una presentación de esa persona. Y la solución que encontró fue más tecnología, no menos.

Las empresas que volvieron al papel eligieron el camino contrario

La versión corriente es otra. Greenhouse, una plataforma de contratación, encuestó en mayo a 2.950 personas en búsqueda de empleo: el 63% ya fue entrevistado por una IA, y al 70% nadie le avisó. Ahí la máquina es el reclutador que filtra miles de postulaciones. En McKinsey es el cliente, y el que filtra sigue siendo un socio.

En mayo, conté en esta columna que dos docenas de directores de recursos humanos le habían dicho a McKinsey que los postulantes usaban las mismas herramientas que los filtros automáticos para adivinar qué iban a buscar. La respuesta de varias empresas fue volver a lo analógico: tests presenciales, programación en vivo, menos pantalla.

McKinsey tomó la ruta opuesta y tiene una razón de negocio. En agosto de 2025, la propia firma contó al mismo diario que un proyecto que antes requería un gerente y 14 consultores hoy puede hacerse con dos o tres personas y miles de agentes de IA. Si va a contratar menos analistas, cada uno tiene que valer más.

Lo que vale, en la descripción de Zafar, no es resolver el caso. Es escuchar a un cliente que cambia de opinión a mitad de la reunión. Esa es la parte del trabajo que la IA de McKinsey no hace por el consultor, y por eso es lo único que la firma todavía necesita verificar en persona.

El sesgo no desapareció, cambió de silla

Los socios, según recogió el diario, presentan el avatar como una herramienta de equidad: hay entrevistadores más duros que otros en el juego de roles, y una máquina trata a todos igual. Es cierto hasta donde llega. El cliente simulado es el mismo para todos. Los que miran y deciden siguen siendo personas, con los criterios de siempre.

Y hay un dato que la firma no le dio al periódico. No dijo si va a comparar a quienes pasaron por el avatar con quienes no, ni cómo va a saber que el método predice mejor. “Si funciona” es la condición para extenderlo a otros roles el año que viene, y nadie definió qué significa funcionar.

A mi lectura, McKinsey no está probando si sus candidatos saben usar inteligencia artificial. Eso ya lo probó. Está usando inteligencia artificial para comprobar que todavía son humanos, porque es lo único que sus clientes no pueden comprarle a una máquina.

Naranja X atravesó en los últimos años una transformación profunda: pasó de ser una tarjeta de crédito a convertirse en una de las principales fintech de la Argentina, con un proceso de expansión que ya alcanza a la región.

Erica Reynoso, Chief People Officer de la compañía, participó de Infobae Talks Marca Empleadora para explicar de qué manera esa estrategia acompañó el crecimiento del negocio. “La importancia es directamente para el negocio. Nosotros somos una compañía que se ha transformado muchísimo, y eso no se puede hacer sin las capacidades, sin el talento, que es por el cual todos competimos, el talento digital”, afirmó

Los tres pilares de la estrategia de marca empleadora

Reynoso organizó la estrategia en tres frentes concretos. El primero es el posicionamiento de marca a nivel digital, con LinkedIn como canal principal para llegar al segmento de talento que la compañía busca atraer. El segundo es la presencia física en eventos de tecnología y finanzas, los espacios donde identifican a esos mismos perfiles. El tercero son los programas de talento, orientados a jóvenes, perfiles digitales y de alto potencial, cuya difusión funciona como una herramienta adicional de atracción.

“Tener una marca empleadora lo que hace es que logres adquirir ese talento a menos costo, menos tiempo y de mejor calidad, porque al ser una marca más atractiva, más personas quieren venir a trabajar con vos y podés elegir a los mejores”, explicó la ejecutiva.

Resultados medibles de la estrategia

Los efectos de ese trabajo se reflejaron en indicadores concretos. La compañía escaló posiciones en los rankings de mejores empleadores y mejoró la consideración de marca entre los candidatos, una métrica que mide de forma periódica. A eso se sumó una reducción en el time to hire y en el costo de adquisición de cada búsqueda.

“El negocio creció tres x y fue gracias a que pudimos incorporar 1.500 perfiles de tecnología en tres o cuatro años. No podés hacerlo si no tenés una estrategia de marca empleadora que haga que todo tu proceso de hiring esté con suficientes perfiles para cubrir la necesidad apenas aparece”, detalló Reynoso.

Atraer talento joven sin perder autonomía

Para los perfiles sin experiencia, Naranja X desarrolló Flux, un programa dirigido a recién graduados o estudiantes de los últimos meses de carrera. “Tenemos una propuesta de valor supercompetitiva, de las mejores del mercado en cuanto a lo económico y a los beneficios, pero también tenemos una marca y una cultura muy distintas, donde hay un entorno de trabajo supercálido y la posibilidad de impactar desde el primer día”, señaló la ejecutiva.

Esa cultura se apoya en una estructura horizontal, sin múltiples capas jerárquicas, que permite que cada persona tome decisiones desde su ingreso. “Vos entrás y sos owner de tu trabajo y podés tomar decisiones e impactar. Eso te genera un aprendizaje y un desarrollo increíble desde el primer día”, agregó Reynoso.

Inteligencia artificial en el proceso de selección

La compañía automatizó el recorrido completo del candidato, desde la captación hasta el onboarding. El sistema toma los perfiles desde LinkedIn de forma automática, redacta las descripciones de puesto con IA y deja el liderazgo del proceso en manos del hiring manager, no del área de talent acquisition. “Eso reduce no solo el tiempo del recruiter, sino el del hiring manager y de todas las personas que intervienen en el proceso. No tienen carga administrativa”, explicó Reynoso.

Por fuera de ese esquema automatizado quedan las entrevistas. “Para nosotros es humano, es donde le comunicás sobre tu marca. La entrevista para nosotros tiene que ser cara a cara, algunas en forma virtual, pero yo si ingreso a alguien en mi equipo quiero conocerlo”, afirmó la ejecutiva.

Los desafíos de talento que vienen

De cara al futuro, Reynoso identificó un cambio en el tipo de perfil que necesitará la compañía: personas capaces de adquirir seniority más rápido, en un contexto donde ya se coordinan equipos mixtos de personas y agentes de inteligencia artificial. “Vamos a necesitar perfiles que puedan tomar decisiones, que tengan juicio crítico y que, aunque no tengan experiencia, puedan rápidamente desarrollarse para ser senior”, explicó.

El escenario que viene también impone rediseñar las estructuras organizacionales existentes. “Vamos a estar todos compitiendo por perfiles con mentalidad de ingeniero, que vengan a ayudar a transformar procesos con automatización”, sostuvo Reynoso, quien remarcó que ese tipo de talento exigirá a la compañía renovar su capacidad de atracción.

Esa dinámica de automatización sostiene hoy, dentro de la compañía, un ritmo de entre 400 y 500 incorporaciones anuales.

Farmacity atravesó esa transición en los últimos años. Fernando Radaelli, owner de Dominio Cultural de la compañía, participó de Infobae Talks Marca Empleadora para explicar ese cambio de enfoque. “El contexto de hoy nos obligó a las organizaciones a cambiar, a adaptarnos, a ser más ágiles. Ahí nos vimos con el desafío de cambiar el modelo hacia uno de trabajo basado en habilidades, ya no tanto en los roles o en la descripción de tareas”, afirmó.

Un perfil en forma de T para medir habilidades

Ese modelo se apoya en una herramienta llamada skill matrix, donde cada persona registra sus capacidades y avanza en niveles de especialización. “Nosotros lo llamamos el perfil T: vos te incorporás habilidades y le das profundidad. Entonces ensanchás y das profundidad. Ya no tiene que ver con una carrera vertical”, explicó Radaelli.

La compañía organiza su operación en cuatro unidades de negocio: la red de farmacias que da nombre a la empresa; Simplicity, la cadena multimarca de regalería, cuidado personal y bienestar; Get The Look, la marca especializada en belleza; y The Food Market, enfocada en alimentación saludable y sustentable. Según el directivo, esa diversidad habilita desafíos constantes para quienes forman parte de los equipos.

Habilidades blandas junto al conocimiento técnico

Para Radaelli, el conocimiento técnico ya no alcanza por sí solo. “Mi conocimiento técnico no basta con saber de recursos humanos. Hoy tengo que incorporar tecnología, data, inteligencia artificial”, sostuvo. A eso agregó la necesidad de reforzar el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, la comunicación y la empatía como capacidades diferenciales en un contexto hiperconectado.

Esas habilidades se trabajan a través de academias internas y una plataforma de e-learning donde cada colaborador puede autoformarse en capacidades técnicas y sociales, además de instancias de formación específicas para líderes.

Fidelizar en lugar de retener colaboradores

Radaelli planteó una distinción puntual sobre el vínculo que busca la compañía con sus equipos. “Yo no quiero retener a nadie, yo quiero fidelizar. Quiero que la gente elija trabajar en Farmacity. Si eso sucede, el aporte de valor de la persona es mucho más grande que si yo la retengo”, explicó.

Esa fidelización requiere diseñar experiencias personalizadas para perfiles muy distintos entre sí: según precisó el directivo, ocho de cada diez personas dentro de la compañía pertenecen a las generaciones millennial o centennial, dentro de un total de cinco generaciones económicamente activas que conviven en la organización.

Reconversión de roles operativos frente a la automatización

Los puestos más operativos tienen la responsabilidad, compartida con la organización, de salir de su status quo, según Radaelli. “Esas tareas operativas se pusieron en jaque. Hoy se automatizan, la inteligencia artificial está haciendo las tareas, con lo cual tienen la obligación de reskillearse, y nosotros tenemos la responsabilidad de repensar su aporte de valor dentro de la organización”, afirmó.

Como ejemplo, el directivo mencionó la creación de una academia interna de agilidad, un modelo de trabajo que no formaba parte de la cultura previa de la compañía. “Fueron tres meses donde participaron más de 30 personas, se fueron formando y, una vez que tenían las habilidades, empezaron a desarrollarse y a incorporar después agilidad al resto de la organización. Vinieron personas de la operación, farmacéuticos, personas de logística”, detalló.

Farmacity emplea a 8.500 colaboradores distribuidos en centros de distribución en Buenos Aires y Córdoba, droguerías y 380 tiendas entre sus cuatro formatos de negocio.

Criterio humano y reclutamiento asistido por inteligencia artificial

El proceso de selección de personal incorporó distintas instancias automatizadas. “En el equipo de capital humano, todo el proceso de empleo y de reclutamiento masivo lo hace la inteligencia artificial. Tenemos un bot donde las postulaciones se derivan automáticamente; el bot chatea con la persona y hace los primeros filtros”, explicó Radaelli. Según detalló, ese esquema incluye una primera entrevista de 15 minutos conducida por el agente, que la persona puede coordinar en el horario que prefiera.

Sin embargo, el criterio humano mantiene un lugar central en esa instancia. Los reclutadores atravesaron un proceso de reskilling que transformó sus tareas: ahora trabajan sobre la diversidad y la calidad de los perfiles que analiza la IA. De esta manera, la definición sobre el talento que finalmente ingresa a la compañía queda en manos de las personas.

Un liderazgo que marca límites sin controlar el detalle

Radaelli describió el modelo que busca instalar la compañía en contraste con los esquemas más verticalistas del pasado. “El liderazgo viene con las organizaciones que conocíamos: un liderazgo de control, de microtarea, de que todo esté bien”, explicó, en referencia al modelo que la empresa busca dejar atrás.

En su lugar, se promueve un perfil distinto de conducción. “Estamos saliendo de ese liderazgo para un líder que habilite, que desarrolle personas, que sea el ejemplo, que sea el primero que adopta la tecnología aunque no sepa”. Para finalizar su participación en Infobae Talks, el directivo comparó esa función con la de un entrenador: “Le marca los límites de la cancha al equipo con mucha claridad y deja jugar al equipo. Es el líder que está en el qué, en la estrategia, y no en el cómo”.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, lanzó una alerta por el impacto que está dejando el conflicto armado sobre niños, niñas y adolescentes en distintas zonas del país, especialmente en el litoral Pacífico, donde algunos jóvenes estarían recurriendo a las autolesiones como una forma de intentar evitar el reclutamiento forzado por parte de grupos armados.

Según informó Blu Radio, Marín también llamó la atención sobre el riesgo que enfrentan los menores de edad durante operaciones militares en zonas como Catatumbo, Cauca y Guaviare, donde, según advirtió, su presencia en campamentos o áreas controladas por organizaciones armadas puede ser previsible.

La defensora pidió al Gobierno adoptar mayores medidas de precaución para impedir que la muerte de niños y adolescentes termine siendo asumida como una consecuencia habitual de los bombardeos contra estructuras ilegales.

“El Estado debe tomar unas medidas de precaución para evitar que siga siendo común la muerte de menores de edad, y debe evaluar hasta qué punto estos operativos de bombardeos realmente son la mejor forma de enfrentar estos grupos”, señaló Marín.

Defensoría pide no normalizar muertes de menores en operaciones

La funcionaria recordó que los niños, niñas y adolescentes continúan siendo víctimas del conflicto incluso cuando han sido reclutados por organizaciones armadas.

Marín señaló al frente 33 y al ELN entre las estructuras responsables de prácticas de reclutamiento y reiteró que incorporar menores de edad a las filas de grupos armados constituye un crimen de guerra.

La Defensoría insistió en que la responsabilidad por el reclutamiento recae sobre las organizaciones que vinculan a niños y adolescentes, pero pidió que las autoridades también evalúen los riesgos que pueden generar determinadas operaciones cuando se conoce o se presume la presencia de menores en los objetivos.

El llamado apunta a reforzar mecanismos de prevención y protección antes de ejecutar acciones militares que puedan poner en riesgo a esta población.

Jóvenes se autolesionan por miedo a ser reclutados

La segunda alerta está relacionada con la salud mental de los jóvenes del litoral Pacífico.

Según la Defensoría, en estas comunidades se registra preocupación por suicidios, intentos de suicidio y otras afectaciones emocionales vinculadas con distintos factores sociales y de violencia.

Entre las situaciones identificadas aparecen la violencia de género, el racismo estructural y la exposición permanente a grupos armados, especialmente por el temor de ser reclutados.

Uno de los hallazgos más delicados, según la entidad, es que algunos niños y adolescentes estarían recurriendo a autolesiones con la intención de reducir la posibilidad de ser incorporados por organizaciones ilegales.

La Defensoría relaciona este comportamiento con el miedo que enfrentan los jóvenes ante la presencia de estructuras armadas en sus comunidades.

La situación también está provocando desplazamientos preventivos.

Marín explicó que algunas familias están optando por sacar a sus hijos de sus territorios para protegerlos, mientras jóvenes de hasta 28 años también estarían abandonando sus hogares por temor a terminar involucrados en el conflicto.

Como consecuencia, algunas comunidades comienzan a registrar una salida progresiva de población joven, situación que afecta tanto la vida familiar como las posibilidades de permanencia y desarrollo en esos territorios.

La defensora advirtió que estos escenarios terminan alterando los proyectos de vida de jóvenes y familias que deben elegir entre permanecer expuestos a la violencia o abandonar sus comunidades.

Por esa razón, la entidad pidió mayor acompañamiento institucional, atención en salud mental y estrategias efectivas de prevención del reclutamiento, con énfasis en las regiones donde los grupos armados mantienen una presencia significativa.

La Defensoría insistió en que la protección debe evitar que niños, niñas y adolescentes tengan que recurrir a las autolesiones o al desplazamiento como única alternativa para escapar del reclutamiento.

Niños de entre nueve y 11 años consumen fentanilo mezclado con marihuana o en plumas de wax bajo engaño en Tecate, Baja California, mientras las células del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) los reclutan como halcones y sicarios a cambio de dosis. Así lo documentó el medio digital Zeta Tijuana en un reportaje publicado en octubre de 2026.

El fenómeno se mantiene activo en el municipio fronterizo durante 2026. Responde al abandono parental, a la adicción dentro de las propias familias y a la ausencia de programas estatales de prevención dirigidos a la niñez.

El caso de Alberto, un menor de 11 años en Tecate

Alberto tiene 11 años y dejó la escuela sin llegar a registrarse en la secundaria. Su abuela lo denunció ante Zeta Tijuana mientras intenta sostener un empleo que le permita ofrecer oportunidades a sus nietos.

La madre de Alberto ingresó a clínicas de rehabilitación desde los 15 años por sus adicciones. Ha consumido marihuana, cocaína, metanfetamina, heroína y, en los últimos meses, fentanilo.

El padre de Alberto desapareció del entorno familiar desde 2020 y no volvió a dar señales de vida. Un hermano menor de nueve años tampoco cuenta con información sobre su propio padre.

“Yo creo se enojó porque le pedimos para la escuela”, justificó Alberto ante el medio la ausencia paterna. El niño tiene otros dos hermanos de cuatro y dos años, cuyos padres tampoco están localizables.

Alberto probó marihuana por primera vez cuando un conocido de su madre lo invitó a consumir. “Un amigo de mi mamá me dijo ándele hágase hombrecito, y pues le di”, relató el menor a Zeta Tijuana.

Después de ese episodio, Alberto comenzó a frecuentar al círculo de su madre, integrado por personas que bebían alcohol y consumían heroína. El grupo le prometió que, si aprendía a “ponerse trucha”, podría convertirse en encargado de su colonia.

Alberto contó que un amigo de su madre fue asesinado recientemente por no “ponerse trucha” ante el crimen organizado. “Yo sí”, afirmó el menor sobre su disposición a cumplir ese papel, antes de recibir un regaño de su abuela.

La madre de Alberto permanece desaparecida y la familia no presentó una denuncia formal ante la policía. “Al rato aparece como si nada”, explicó la abuela, mientras ella y una tía se encargan del cuidado de los cuatro hermanos.

El Cártel de Sinaloa y el CJNG reclutan menores en la Nueva Colonia Hindú

Baja California se ubica entre las primeras entidades del país en consumo de sustancias ilícitas, según monitoreos de la Secretaría de Salud estatal y el Instituto de Psiquiatría del Estado (IPEBC). En Tecate, médicos, asociaciones civiles y coordinadores de centros de rehabilitación confirmaron que los registros de sobredosis alcanzan a niños de nueve y 10 años.

El Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones reportó que, en 2025, la metanfetamina, el alcohol, la marihuana y los opioides encabezaron las causas de atención en Baja California. Las mismas tres primeras sustancias figuraron también entre las drogas de inicio del consumo en la entidad.

Las células ligadas al Cártel de Sinaloa (CDS) y al CJNG en Tecate aprovechan el síndrome de abstinencia de los adolescentes para forzar su integración a actividades criminales. Los utilizan primero como halcones o distribuidores al menudeo, a cambio de dosis diarias o de dinero.

Una maestra de una secundaria de Tecate describió a Zeta Tijuana el método de captación de los grupos criminales. “Vienen y les lavan la cabeza con ideas que los hacen sentir parte de una familia, les prometen protección, les dan dinero, los cuidan, y encaminan por un sendero sin regreso”, dijo la docente.

Un exalumno de esa misma escuela, de 16 años, fue reportado como desaparecido junto a dos amigos en abril de 2026. Los tres jóvenes fueron localizados sin vida casi seis semanas después en una fosa clandestina.

“Ojalá nos equivocáramos. Rogamos porque así sea cada que vemos que son captados, luchamos por que retomen el camino, pero es una pelea que no se gana sin la familia”, puntualizó la maestra ante el medio.

Gerardo Apolinar Quezada, representante legal del Centro de Recuperación y Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción (CRREAD Cuchumá), confirmó a Zeta Tijuana que el consumo en menores de 12 años ya se identifica en clínicas y centros de rehabilitación de Tecate y Tijuana. “Son cada vez más los casos, son más jóvenes”, advirtió Apolinar Quezada.

El representante del CRREAD Cuchumá señaló ante el medio que el fentanilo se incrementó desde el inicio de 2026, junto con la metanfetamina y el cristal. También reclamó la falta de programas de prevención enfocados en las nuevas adicciones por parte de la autoridad.

La violencia golpea de forma directa a los menores en zonas como la Nueva Colonia Hindú, con homicidios, tortura y desapariciones forzadas. Registros de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) vinculan las detenciones de adolescentes en el municipio con delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Las mismas detenciones se relacionan con asociación delictiva y robo con violencia, ejecutados bajo órdenes de mandos criminales. Investigaciones recientes además alertan sobre el uso de redes sociales y videojuegos con chats abiertos, como Free Fire o Roblox, para enganchar a menores de la región.

El patrón familiar detectado en colonias como la Invasión, Emiliano Zapata, la Coyotera, Santa Anita, el Rincón y el fraccionamiento Hacienda San Pablo revela núcleos profundamente fracturados. Investigadores locales y dependencias de asistencia social asocian el consumo infantil con violencia intrafamiliar grave y hogares donde los tutores ya padecen adicciones o forman parte de la cadena de narcomenudeo.

Médicos forenses y expertos en adicciones estiman que las secuelas neurobiológicas para estos niños serán irreversibles. La exposición a opioides potentes antes de completar el desarrollo del sistema nervioso central provoca trastornos permanentes de ansiedad, psicosis y una alta probabilidad de sobredosis fulminante antes de la mayoría de edad.

Solo cinco centros de rehabilitación cumplen la norma en Tecate

La ausencia de infraestructura gubernamental especializada para tratar la adicción infantil dejó el terreno a los llamados “anexos”. Muchos de estos centros operan sin legitimidad científica ni legal, según reconoció Apolinar Quezada ante Zeta Tijuana.

“Es lamentable que a estas alturas haya instituciones que hagan mal uso de la voluntad de las familias que buscan ayudar a un familiar con algún tipo de adicción”, declaró el representante del CRREAD Cuchumá. El especialista pidió la consolidación de un Consejo Estatal de las Adicciones con presencia en cada municipio.

En Tecate, solo cinco centros de rehabilitación cumplen la norma, mientras casi el doble opera bajo la ilegalidad. Apolinar Quezada recomendó a las familias pedir referencias y visitar las instalaciones antes de internar a un paciente.

“Si uno de ellos no te deja entrar a que conozcas las instalaciones, por ende algo no anda bien”, explicó el representante legal. Aclaró que, al final, es el Instituto de Psiquiatría del Estado el que determina qué centros están calificados para operar.

Personal de la SSCBC y del sector salud ejecutó inspecciones conjuntas en decenas de centros de la zona urbana de Tecate y en poblados rurales como El Hongo. Los diagnósticos reiteraron la ausencia de un padrón legítimo y transparente de clínicas en el municipio.

Ese vacío institucional consolida un ciclo donde los menores adictos son criminalizados, reclutados por las mafias de la droga y, en el peor escenario, depositados en centros clandestinos. El municipio de Tecate registró más de una decena de menores asesinados en lo que va de 2026, después de ocho casos de homicidio o desaparición durante 2025.

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Tabaco y Alcohol (ENCODAT), publicada a finales de 2025, ofrece un panorama nacional que contrasta con el cuadro local de Tecate. El sondeo registró que 4,1% de los adolescentes de 12 a 17 años declaró haber consumido una droga ilegal, frente a 6,2% en la medición de 2016.

La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) documentó que, en 2024, 919 personas que buscaban tratamiento en el país reportaron haber consumido fentanilo alguna vez. La misma dependencia registró que la demanda de tratamiento por metanfetamina pasó de 9,1% de los casos en 2014 a 51% en 2024.

Un reporte periodístico documentó además que el joven de 17 años que asesinó al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre, había sido reclutado en un centro de rehabilitación por un operador del CJNG. El caso ilustra, a escala nacional, el mismo patrón que especialistas y autoridades describen en Tecate: la adicción como puerta de entrada al crimen organizado.

El 18 de septiembre, Dmitry, un moscovita de 35 años que trabaja en publicidad, votó en las fraudulentas elecciones parlamentarias de Rusia. Escribió la palabra “criminal” en su papeleta, la introdujo en la urna y se dirigió directamente al aeropuerto, donde embarcó en un vuelo hacia Estambul. Fue una de las miles de personas que se han marchado en las últimas semanas, temiendo que el “procedimiento electoral especial” —como algunos rusos han empezado a llamar a sus elecciones— allanara el camino para una nueva ola de movilización militar.

Cuando Vladimir Putin declaró una movilización parcial en septiembre de 2022, seis meses después de invadir Ucrania, 400.000 hombres rusos huyeron del país. Esta vez, la gente se marcha incluso sin que haya habido ningún anuncio oficial, aunque en menor número. El 18 de agosto, 20.000 personas cruzaron la frontera terrestre entre Rusia y Georgia, aproximadamente el triple de la cifra diaria habitual. Las autoridades aduaneras rusas informaron de cifras similares en los días anteriores. En Armenia, otro país que permite la entrada de rusos sin visado, la gran demanda de alquileres ha hecho subir los precios entre un 30% y un 50% desde la primavera. “No me fui solo por la movilización. Ya estaba harto de aguantar la situación, de permanecer en ese ambiente”, afirma Yuri, que trabajaba para una empresa turística en San Petersburgo.

Grigory Sverdlin, de Idite Lesom (“Piérdete” o “Vete al bosque”), una organización de voluntarios que ayuda a las personas a evitar el reclutamiento forzoso, señala que el número de solicitudes de ayuda recibidas este otoño ha aumentado un 50% con respecto a la primavera de este año. Anastasia Burakova, de Kovcheg (“El Arca”), un grupo que ayuda a emigrar a los rusos contrarios a la guerra, afirma que las consultas se han multiplicado por ocho desde julio. En comparación con 2022, “ahora estamos viendo una ola de emigración más reducida, pero mejor preparada”, asegura.

Desde hace meses circulan rumores sobre una nueva ola de movilización. Funcionarios ucranianos han pronosticado una movilización de al menos 100.000 hombres; el 24 de septiembre, el presidente francés Emmanuel Macron estableció la cifra en 300.000. Los propios blogueros militares rusos también consideran probable esta medida. Oficialmente, el Kremlin afirma que no se está preparando nada por el estilo. “Es una absoluta tontería. Se trata de un ataque informativo contra Rusia”, declaró Putin poco antes de las elecciones del mes pasado.

Sin embargo, los rusos, curtidos por la experiencia, tienden a pensar que cuanto más enfáticamente niegan las autoridades que planean algo desagradable, más probable es que eso ocurra. En 2022, el Kremlin negó que se estuviera preparando una movilización apenas una semana antes de anunciarla. En cualquier caso, no hace falta una declaración oficial, ya que la orden anterior nunca fue derogada.

El sistema administrativo se ha perfeccionado con los años e incluye notificaciones electrónicas y comunicación entre los reclutadores y los agentes fronterizos. Este verano hubo protestas en Penza, a 600 km al este de Moscú, después de que reclutadores vestidos de civil detuvieran a personas en plena calle. Para evitar más disturbios, es probable que la próxima oleada se lleve a cabo de forma encubierta. Es posible que se coaccione a deudores, desempleados y estudiantes con bajo rendimiento académico para que se alisten. Algunos creen que el proceso ya está en marcha. Un abogado militar afirma que se están recogiendo muestras de ADN de todos los reclusos de una prisión de Riazán para facilitar la identificación de sus cadáveres en el frente.

Se están enviando cuotas de reclutamiento a gobernadores regionales y directivos de grandes empresas, quienes deberán asumir la responsabilidad de cualquier descontento; se trata de una práctica de “descentralización” que el Kremlin puso a prueba durante la pandemia de covid. Nikolai Mitrokhin, sociólogo y analista de la guerra de la Universidad de Bremen, afirma que las regiones ricas están, en la práctica, comprando reclutas a las más pobres. La prima por alistamiento en la próspera región de Sverdlovsk es de 3,1 millones de rublos (37.000 dólares), casi cuatro veces más que en la más pobre Syktyvkar, cerca de los montes Urales. Los reclutas viajan desde regiones pobres para alistarse en las más ricas.

Los blogueros militares y los nacionalistas se muestran impacientes. El 30 de julio, Rusich —una organización ultranacionalista— pidió “la movilización de medio millón de hombres” para alcanzar los objetivos bélicos de Putin. Durante mucho tiempo, los analistas occidentales han considerado que una nueva oleada de movilización sería arriesgada y podría provocar protestas, tal como ocurrió en Penza. Sin embargo, en realidad, la movilización puede resultar útil para el señor Putin, ya que le permite demostrar su control sobre el sistema y reforzar su narrativa de sacrificio nacional, la cual se basa en comparar su guerra con la lucha histórica contra la Alemania nazi.

Hay cuestiones militares importantes que deben resolverse antes de enviar más efectivos al frente. La primera es a quién movilizar. Los soldados más jóvenes, en mejor forma física y con mayor nivel educativo lograrían mejores resultados que los hombres mayores, pobres y desesperados que Rusia reclutó en campañas anteriores. Las tropas norcoreanas que han luchado por Rusia lo demostraron: los soldados ucranianos informaron que eran notablemente más tenaces y capaces que la infantería rusa. Sin embargo, los norcoreanos primero tuvieron que aprender a librar el nuevo tipo de guerra que se ha desarrollado en Ucrania. Una segunda cuestión es qué nivel de entrenamiento y equipamiento recibirían los nuevos soldados rusos.

Si Rusia trata a los soldados movilizados como carne de cañón, tal como ha hecho en el pasado, Putin no obtendrá mucho más que ataúdes. Pero si los nuevos reclutas alcanzan los estándares norcoreanos, los ucranianos tendrán más motivos de preocupación. Un nuevo contingente numeroso y bien entrenado podría marcar la diferencia en batallas en entornos urbanos, donde los drones son menos eficaces. Ucrania ha sido pionera recientemente en tácticas innovadoras —como el uso de drones para la retirada de minas y ataques a los búnkeres de los operadores de drones— que le han ayudado a recuperar territorio controlado por Rusia. Si Rusia copia estas tácticas, la superioridad numérica de las tropas podría volver a cobrar relevancia. Es posible que los delgados despliegues de soldados apoyados por drones, que Ucrania utiliza para mantener posiciones en el frente, ya no sean suficientes.

Actualmente, el ejército ruso atrae principalmente a hombres poco cualificados y con escasas perspectivas, sostiene Vladislav Inozemtsev, economista ruso. Resulta aún más atractivo para aquellos que tienen pocas ganas de vivir y desean dejar algo a sus familias. Los soldados reciben un sueldo modesto de 200.000 rublos mensuales, gran parte del cual suele ser sustraído por sus superiores. No obstante, existen importantes bonificaciones por alistamiento y una indemnización por fallecimiento de 15 millones de rublos para los familiares directos, una cifra que supera en más de diez veces el ingreso anual promedio en Rusia. Para atraer a reclutas más interesados ​​en sobrevivir, el Kremlin podría aumentar los pagos mensuales y reducir la indemnización por muerte.

Dmitry no quiere formar parte de esos cálculos. Busca trabajo en Estambul y espera que su esposa y su hijo puedan reunirse con él una vez que se haya establecido. “Quiero vivir en Rusia, pero sin este tipo de riesgos”, dice. “Cuesta creer que tu propio Estado pueda enviarte de repente al matadero, pero ya hemos visto que sucede”.

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Los cárteles mexicanos trasladan miles de vehículos de alquiler desde Estados Unidos hacia México cada año para armar flotas de lujo destinadas a sus líderes y sus operaciones, mediante un esquema que combina rentas con identidades falsas, reclutamiento por redes sociales y complicidad de funcionarios del lado mexicano, reveló una investigación de Los Angeles Times.

El método más común documentado por el periodista Steve Fisher consiste en contratar, a través de redes sociales, a personas dentro de Estados Unidos para que renten un vehículo con su identidad real por un periodo de cinco días y contraten la cobertura de daños que incluye protección contra robo.

Al término del plazo, el reclutado no devuelve el vehículo en ventanilla: lo deja estacionado en el mismo lote de la agencia, con las llaves dentro, simulando una devolución normal. Un operador del cártel llega después, recoge la unidad del estacionamiento y la conduce directo hacia la frontera sur, mientras la cobertura contratada protege al reclutado de responsabilidad económica directa.

En otros casos, los ladrones evitan intermediarios y rentan ellos mismos usando identidades robadas, ya sea en línea o en los kioscos automáticos de los aeropuertos, cubriéndose el rostro con cubrebocas para despistar a las cámaras de seguridad.

El sargento Juvey Mejía, del Departamento de Policía de Los Ángeles, explicó que los cárteles priorizan vehículos capaces de evadir a la Patrulla Fronteriza: “Cualquier vehículo capaz de transitar por terrenos difíciles para eludir a la Patrulla Fronteriza y así transportar droga”, dijo a Los Angeles Times.

“Mutant tanks” y el punto débil

Entre los modelos que más buscan los grupos criminales figuran la Cadillac Escalade y las SUV de BMW para uso personal de los capos, además de camionetas resistentes como la Chevy Suburban, la Ford Raptor y modelos de Toyota para operaciones de campo.

Algunas de estas unidades son transformadas en vehículos artesanales conocidos como “mutant tanks”, en México como “vehículos monstruo”: se les agrega blindaje de acero pesado a prueba de balas, aberturas para disparar y soportes para armas, con el objetivo de enfrentar a cárteles rivales o a las fuerzas de seguridad.

El reportaje señala que la legislación de privacidad en California retrasa la capacidad de las rentadoras para localizar sus unidades. A diferencia de otros estados, las compañías no pueden activar el GPS del vehículo hasta que se cumple el plazo de devolución y se contacta al arrendatario, un procedimiento que puede tardar días.

Sharky Laguana, propietario de Bandago Van Rentals, atribuyó a este vacío legal buena parte del problema. La Patrulla de Caminos de California calcula que alrededor de 2,000 vehículos sustraídos en el estado terminan cada año del lado mexicano.

Texas y Arizona figuran como los otros dos estados con mayor incidencia de este tipo de robos, aunque con dinámicas distintas a las registradas en California, de acuerdo con la investigación.

El cambio de placas en México borra el rastro de las unidades robadas

Una vez que el vehículo cruza la frontera, el reportaje describe una segunda fase de la operación: contactos con funcionarios corruptos que tramitan placas mexicanas y registran la unidad en el sistema vehicular del país. Con documentación aparentemente legal, la camioneta o el auto deja de figurar como robado ante los sistemas de monitoreo en carreteras federales.

Kevin Carter, de la empresa texana Collateral Consultants, resumió: “Cruza la frontera y se convierte en un coche nuevo”. El especialista calcula que, de cerca de un millón de casos de recuperación que ha atendido en 15 años, menos de la mitad logró registrarse siquiera en la base de datos estadounidense de vehículos robados.

El trámite para denunciar formalmente el robo de un vehículo de alquiler puede tardar hasta nueve días en algunos estados antes de que la policía levante el reporte. Solo después, el número de identificación vehicular puede ingresarse a la base de datos nacional administrada por el FBI, y transcurre tiempo adicional antes de que la alerta llegue al sistema mexicano.

Cuando el vehículo fue rentado en un estado, debía devolverse en otro y cruzó por un tercero, la coordinación entre distintas policías locales complica aún más cualquier intento de recuperación oportuna.

Las aseguradoras cubren daños a los vehículos de alquiler, pero no el robo. La mayoría de las agencias se autoaseguran, lo que significa que la pérdida de cada unidad afecta directamente sus resultados financieros.

Los casos recientes

Entre los casos recientes documentados, el reportaje cita el robo de 10 camionetas Ram nuevas sustraídas de los aeropuertos de Oakland, Los Ángeles y Las Vegas, que terminaron en zonas de Jalisco bajo control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Solo una unidad fue recuperada con apoyo del Ejército mexicano, operación en la que también se decomisó un arsenal de armas calibre .50.

En un hecho paralelo, seis unidades Jeep Wrangler modelo 2026 robadas en Oakland y Las Vegas tenían como destino presunto al Cártel de Sinaloa; los investigadores privados lograron recuperar cuatro de ellas. La misma semana del reportaje, estos investigadores recibieron solicitudes para rastrear una docena de camionetas Ram localizadas en Sinaloa y siete más en Durango.

En 2024, la fiscalía general de Colorado presentó cargos contra 17 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa por el robo de 190 camionetas Ford F-150 y SUV de lujo cerca del aeropuerto de Denver. Los vehículos, valuados en casi 10 millones de dólares, fueron trasladados a México y, según documentos judiciales, intercambiados por cocaína, fentanilo y metanfetamina.

En Laredo, Texas, el subjefe de policía Timothy Tubbs reportó un aumento del 50% en el robo de autos de alquiler, con un promedio de 10 unidades al mes.

En noviembre pasado, el Ejército mexicano incautó en Guerrero una Toyota TRD Pro y otros vehículos cargados con armas de alto calibre y casi media tonelada de metanfetamina, uno de los pocos casos de recuperación exitosa documentados en el reportaje.

En agosto, un integrante del CJNG viajó a Mexicali para recoger un tractocamión que transportaba oculta una Cadillac Escalade 2026 y una camioneta Ram, con el objetivo de evadir el sistema de detección antes de equiparlas con placas mexicanas.

Investigadores privados rastrearon la unidad y notificaron al Ejército mexicano. En un primer retén, soldados de la Guardia Nacional revisaron el remolque y, al encontrar una pared de pacas de heno, dejaron pasar el vehículo. En el siguiente puesto de control, los soldados retiraron los fardos y descubrieron ambos vehículos; el conductor declaró que cobraría cerca de 1,500 dólares por el traslado y admitió que las unidades estaban destinadas a capos de la droga.

Los robos de autos y camionetas aumentan cuando estallan disputas territoriales entre grupos criminales, que requieren más recursos logísticos, señaló un funcionario estadounidense de seguridad consultado por el reportaje.

Una delicada denuncia que se conoció en medio de una rueda de prensa el jueves 8 de octubre por parte del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó que las autoridades detectaron el ingreso al país de ciudadanos colombianos con antecedentes en Ucrania.

El funcionario indicó que México trabaja en coordinación con instituciones colombianas para establecer el alcance de esos casos.

La declaración se produjo durante una comparecencia ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, yen la que García Harfuch presentó avances de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

El secretario respondió a una pregunta sobre versiones periodísticas que vinculaban a exmilitares mexicanos con entrenamientos en drones o armamento.

“Lo que sí hemos detectado aquí en México, y estamos colaborando y nos están ayudando las autoridades de Colombia, es personas que ingresaron a nuestro país desde Colombia y que venían o habían tenido un antecedente en Ucrania. Eso es lo que tenemos ahorita”, precisó García Harfuch.

Sumado a lo anterior, el funcionario explicó: “No tenemos ningún exmilitar mexicano como tal que lo tengamos relacionado con el entrenamiento, como salió en la nota periodística, en drones o en algún armamento”, luego de que varios medios locales replicaron la noticia.

García Harfuch comentó que las autoridades mexicanas colaboran y reciben apoyo de sus pares colombianos frente a la detección de personas con antecedentes en Ucrania, teniendo en cuenta las decenas de casos que se han documentado y conocido a través de redes sociales de connacionales que buscan en otras latitudes, y en medio de conflictos bélicos, obtener mejores ingresos de los que tendrían en su país de origen.

En junio de 2026, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia afirmó que autoridades ucranianas habrían ampliado vínculos con carteles mexicanos. El texto de referencia no presenta pruebas independientes que confirmen esa versión.

Claudia Sheinbaum ordenó verificar videos que circularon en redes

Sumado al caso de los ciudadanos colombianos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su Gobierno abrió una verificación sobre videos difundidos en redes sociales.

En esas grabaciones aparecen supuestos integrantes del Cartel de Sinaloa y del Cartel Jalisco Nueva Generación durante entrenamientos en un campamento militar de Ucrania.

Sheinbaum explicó que aún no existe certeza sobre la autenticidad de las imágenes. “Se están haciendo las investigaciones para ver si son reales los videos o no”, dijo la mandataria.

La mandataria sostuvo que, si se confirma la presencia de mexicanos relacionados con organizaciones criminales en el conflicto, será necesario establecer bajo qué mecanismos llegaron a Ucrania.

“Pueden ser reclutados por una empresa privada que participa en estos conflictos, por algún Ejército de alguna entidad, de algún Gobierno”, planteó la jefe de Estado.

México no ha contactado a Ucrania por este asunto

Sheinbaum indicó que hasta el momento el Gobierno mexicano no ha establecido comunicación directa con Ucrania para tratar las denuncias, pero detalló que, si fuera necesario, la Secretaría de Relaciones Exteriores asumiría el contacto institucional.

Las denuncias sobre una posible captación de integrantes de organizaciones criminales de México y Colombia se han incrementado en los últimos meses. La hipótesis plantea que personas con experiencia en combate podrían adquirir conocimientos sobre manejo de drones y otras tecnologías militares para trasladarlos posteriormente a escenarios criminales en América Latina y poner en práctica lo aprendido en sus disputas locales, relacionadas con el control del territorio, líneas y rutas de narcotráfico, entre otras actividades ilegales.

Por ahora, el Gobierno mexicano confirmó únicamente la detección de ciudadanos colombianos que tuvieron antecedentes o pasaron por Ucrania antes de ingresar a México.

Las autoridades deberán precisar si esas personas tienen relación con actividades ilegales, estructuras armadas o entrenamientos especializados.

Algunos mercenarios colombianos en Ucrania serían enviados por grupos armados ilegales

Grupos armados y redes de narcotráfico de Colombia estarían enviando combatientes a Ucrania para aprender técnicas de uso de drones en la guerra y trasladar luego esos conocimientos al conflicto interno, según una investigación publicada por Financial Times.

El diario británico informó a inicios de agosto de 2026 que exparamilitares, exguerrilleros y exintegrantes de la fuerza pública habrían coincidido en el frente ucraniano, donde adquieren destrezas sobre pilotaje de drones, comunicaciones cifradas, instalación de cargas explosivas y operación de aeronaves conectadas por fibra óptica.

La alerta surge en medio del aumento de ataques con drones en Colombia. Según las cifras citadas en el informe, el Ministerio de Defensa registró 264 ataques entre 2024 y 2025, mientras las Fuerzas Militares afirmaron haber neutralizado el 96% mediante interferencia de radiofrecuencia o destrucción directa de los equipos.

Sumado a lo anterior, un informe de la Fundación Ideas para la Paz señaló que en Colombia cada 20 horas se registra un ataque con drones a la fuerza pública.

Entre el 1 de enero y el 1 de octubre de 2026, se presentaron 318 incursiones armadas bajo esta modalidad por parte de grupos armados ilegales, y en su mayoría, atribuidos a las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco y al ELN (Ejército de Liberación Nacional).

Colombia permanece en el nivel 2 del Informe sobre Trata de Personas de 2026 elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, una categoría que agrupa a los países cuyos gobiernos no cumplen plenamente los estándares mínimos establecidos por la legislación estadounidense para combatir este delito, aunque realizan esfuerzos significativos para alcanzarlos.

La evaluación corresponde al periodo comprendido entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026, durante la administración del entonces presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la clasificación indica que Colombia todavía enfrenta desafíos en aspectos como la investigación y judicialización de los responsables, la imposición de condenas adecuadas, la identificación y protección de las víctimas y el fortalecimiento de las medidas de prevención.

Sin embargo, la información general divulgada sobre el informe no precisa cuáles de esos frentes fueron considerados los principales problemas específicos de Colombia durante el periodo analizado.

Qué significa estar en el nivel 2

El Departamento de Estado organiza a los países de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los estándares establecidos por la Ley de Protección de Víctimas de la Trata de Estados Unidos.

El nivel 2 no implica que un Gobierno haya dejado de actuar contra este delito. Por el contrario, la categoría reconoce que existen esfuerzos relevantes, aunque estos todavía no son suficientes para cumplir plenamente con los parámetros definidos por Washington.

La clasificación tampoco depende exclusivamente de la cantidad de casos registrados o de la magnitud del fenómeno dentro de cada país.

El informe tiene en cuenta principalmente la respuesta institucional, los esfuerzos de prevención, la persecución penal de los responsables y las medidas de asistencia y protección a las víctimas.

Estados Unidos también aclara que pertenecer al nivel 1, la categoría más alta del reporte, no significa que un país haya eliminado la trata de personas ni que haya resuelto todos los problemas asociados a este delito.

Colombia comparte el nivel 2 con países como México, Brasil, Ecuador, Perú, Panamá, Guatemala, Honduras, India, Japón, Italia, Suiza, Tailandia, Ucrania y Nueva Zelanda, entre otros.

La permanencia del país en esta categoría significa que, desde la perspectiva del Departamento de Estado estadounidense, aún existen aspectos de la respuesta estatal que requieren fortalecimiento.

Menos judicializaciones, pero más condenas en la región

El informe también presenta cifras generales para el hemisferio occidental, que incluye los países y territorios de América y el Caribe.

Según esos datos, las judicializaciones relacionadas con delitos de trata de personas disminuyeron entre 2024 y 2025, al pasar de 1.860 a 1.493.

En contraste, el número de condenas aumentó durante el mismo periodo.

Las sentencias condenatorias pasaron de 662 a 855, mientras que la cantidad de víctimas identificadas disminuyó de 22.417 a 20.910.

Estas cifras corresponden al conjunto del hemisferio occidental y no exclusivamente a Colombia.

El reporte estadounidense también mantiene reparos sobre fenómenos asociados a la trata y el reclutamiento, aunque la información suministrada no detalla cifras particulares de reclutamiento para el caso colombiano.

La evaluación pone el foco en la capacidad institucional para investigar las conductas, llevar a los responsables ante la justicia y garantizar atención adecuada a quienes resultan afectados.

En el caso colombiano, la permanencia en el nivel 2 supone que Estados Unidos reconoce acciones emprendidas por el Estado, pero considera que todavía no alcanzan los estándares mínimos exigidos por su marco de evaluación.

La clasificación debe leerse además dentro del periodo concreto examinado por Washington, pues el documento de 2026 analiza las actuaciones gubernamentales desarrolladas entre abril de 2025 y marzo de 2026.

Por ahora, Colombia continúa dentro del grupo de países que, según el Departamento de Estado, mantienen esfuerzos significativos contra la trata de personas, pero todavía tienen tareas pendientes para alcanzar el máximo nivel de cumplimiento.

Redes sociales como Facebook, TikTok e Instagram operan como la principal puerta de entrada para el reclutamiento de adolescentes por parte crimen organizado en México. La periodista Marcela Turati documentó el fenómeno para Quinto Elemento Lab, en una investigación coordinada con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

El reportaje se centra en la terminal de autobuses de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, donde operan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y grupos rivales. El modus operandi consiste en ofertas falsas de empleo difundidas en plataformas digitales que terminan en la desaparición de jóvenes.

El comandante Martín Escobar, policía municipal de Tlaquepaque, explicó a Turati cómo identifican a las posibles víctimas. Los jóvenes llegan a la terminal con instrucciones de abordar un autobús, pero algo falla en el plan y se delatan.

Esa falla en el engaño es la señal que buscan las autoridades. Según relató el propio comandante a la periodista, los jóvenes enganchados se ponen nerviosos cuando nadie los contacta, cuando no llega el boleto prometido o cuando se les agota la batería del celular mientras esperan una instrucción que nunca llega.

El modus operandi documentado en la terminal de Tlaquepaque

El Gobierno municipal de Tlaquepaque contabilizó 94 personas localizadas en año y medio, de las cuales 51 eran menores de edad. Las víctimas provenían mayoritariamente de Jalisco, aunque también llegaron desde Michoacán, Guerrero, Sonora y otros estados.

Las ofertas más frecuentes correspondían a empleos de seguridad privada con sueldos de entre 10 mil y 15 mil pesos semanales, según detalló Escobar. El esquema inicia con un “me gusta” a un perfil en redes sociales y continúa con un traslado a WhatsApp o Telegram, donde se concreta la oferta.

¿Por qué las redes sociales facilitan el reclutamiento de jóvenes en México? De acuerdo con la periodistas, estas permiten un contacto directo, privado y sin rastro físico entre el reclutador y la víctima. Los cárteles usan emojis, narcocorridos y anuncios de empleo con sueldos elevados para captar la atención de adolescentes que buscan trabajo, y el enganche se traslada rápido a aplicaciones de mensajería cifrada.

El Consejo de Seguridad de Jalisco informó a Quinto Elemento Lab que, entre febrero de 2025 y agosto de 2026, atendió 20 denuncias de posible reclutamiento forzado o trata de personas. En cinco de esos casos, las plataformas digitales fueron el canal de contacto inicial.

El caso de Merari Noemí García Mejía y el hallazgo del rancho Izaguirre

Merari Noemí García Mejía, madre soltera de 19 años, desapareció el 20 de mayo de 2024 tras aceptar una oferta de empleo como guardia de seguridad en Zapopan. Su hermana Rubí le advirtió que el anuncio, encontrado en Facebook, parecía una estafa por el salario ofrecido de 6 mil pesos semanales.

La joven subió una selfie desde el vehículo que la trasladaba a la terminal de autobuses y nunca más tuvo contacto con su familia. Meses después, sus pertenencias aparecieron entre los objetos hallados en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán.

El hallazgo del rancho Izaguirre, en marzo de 2025, confirmó ante la opinión pública lo que las familias buscadoras denunciaban desde hacía años. El colectivo Guerreros Buscadores encontró en el predio prendas de ropa, casi 200 pares de zapatos y objetos personales que vincularon el lugar con el entrenamiento forzado de jóvenes captados mediante engaños.

La madre de Merari, Ruth Mejía, escuchó en una audiencia judicial el testimonio de un testigo sobre el destino de su hija. Según relató a la periodista, un integrante del grupo armado le ordenó a Merari que matara a otra persona y, al negarse, fue agredida y asesinada.

Turati explicó en la entrevista con Aristegui Noticias que investigó específicamente el caso de Jalisco por ser, según sus palabras, “casi el epicentro” del reclutamiento forzado en el país. La periodista recorrió la terminal de Tlaquepaque durante varios días para documentar los operativos policiales.

Qué dice el estudio de El Colegio de México sobre TikTok

El Colegio de México (Colmex) publicó en abril de 2025 un estudio que analizó 100 cuentas activas en TikTok vinculadas al reclutamiento criminal. La investigación detectó que los cárteles usan audiovisuales musicalizados y un lenguaje basado en emojis y hashtags para atraer a jóvenes.

Turati mencionó en la entrevista que este estudio reveló patrones similares a los que después identificó el equipo de CLIP en Colombia y Ecuador. La antropóloga Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), advirtió sobre la escala del fenómeno.

Azaola estimó, con base en un modelo matemático publicado por la revista Science en 2023, que los cárteles necesitarán reclutar 500 personas por semana hacia 2027. Esa cifra ubicaría a las organizaciones criminales como el quinto empleador del país, por encima de empresas como Oxxo o Bimbo.

La investigadora señaló en declaraciones citadas por Turati que no existe duda de que el reclutamiento forzado constituye hoy la primera causa de las desapariciones en México. Azaola sostuvo que una persona reclutada tiene una probabilidad más de 100 veces superior de ser víctima de homicidio.

La ausencia de una ley federal contra el reclutamiento forzado

Juan Martín Pérez, director de Tejiendo Redes Infancia y expresidente de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), explicó a Turati que se han presentado más de 50 iniciativas de ley en el Congreso federal y en congresos estatales. Ninguna logró aprobarse a nivel nacional.

“Lo que hay que regular no es el producto [...] es el modelo de negocio”, afirmó Pérez a Quinto Elemento Lab. El especialista remarcó que las plataformas capturan datos y atención de los usuarios sin ningún tipo de supervisión externa.

Solo tres entidades federativas aprobaron legislación local contra el reclutamiento forzado: Jalisco, Zacatecas e Hidalgo. Pérez señaló que esas leyes estatales no pueden regular a las plataformas digitales, porque esa facultad corresponde exclusivamente a la federación.

En 2011, 2015 y 2024, el Comité de Derechos del Niño de la ONU pidió formalmente a México tipificar el reclutamiento forzado como delito. Pérez recordó en la entrevista con Aristegui Noticias que ese reclamo internacional lleva más de una década sin respuesta legislativa.

Esa ausencia de tipificación impide procesar a los detenidos del rancho Izaguirre por el delito específico de reclutamiento forzado. Pérez subrayó que ni la presidenta Claudia Sheinbaum ni el secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Omar García Harfuch, lograron que el Congreso avanzara en ese sentido, pese a reconocer públicamente que el predio funcionaba como campo de entrenamiento.

Las respuestas de Meta y TikTok ante las denuncias

Eliana Pérez Gaffney, gerente de política pública para México, Centroamérica y el Caribe de Meta, compareció ante la Comisión de Derechos Digitales del Senado. La funcionaria afirmó que la empresa invirtió millones de dólares en monitoreo automatizado y manual de contenido.

Pérez Gaffney sostuvo ante el Senado que México es el país con más organizaciones criminales designadas como peligrosas dentro de las políticas internas de Meta. Un vocero de TikTok, consultado para el reportaje, negó tener evidencia de que el reclutamiento de adolescentes ocurra específicamente en esa plataforma.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco emplazó en mayo de 2025 a Meta y a TikTok a instalar, en un plazo máximo de 15 días, una mesa de trabajo con expertos para abordar el reclutamiento. Según confirmó su líder, Indira Navarro, a Turati, ninguna de las dos compañías respondió a esa exigencia.

“Estamos viendo que hay cada vez más anuncios, más videos”, dijo Navarro a Quinto Elemento Lab, en una entrevista realizada el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. La activista denunció que los grupos criminales ya no ocultan sus intenciones detrás de ofertas disfrazadas.

Navarro agregó ante la publicación que los cárteles publican videos donde piden directamente “gente para tal cártel”, sin camuflaje alguno. La líder de Guerreros Buscadores también reclamó que las plataformas reportadas por su colectivo no son dadas de baja con la rapidez necesaria.

El testimonio del comandante sobre el cambio de estrategia criminal

En la entrevista con Aristegui Noticias, Turati explicó que los grupos criminales modifican su operación en cuanto detectan que las autoridades identificaron su modus operandi. El propio comandante Escobar reconoció esa dinámica ante la periodista.

La alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Pérez Segura, instaló cámaras de vigilancia, detectores biométricos y torniquetes en los accesos a los andenes de la terminal. También exigió que cada pasajero muestre su credencial de elector antes de abordar un autobús.

Pese a esas medidas, los operativos interceptan solo una fracción de los casos reales. El investigador Víctor Manuel González, exrector de la Universidad de Guadalajara, documentó 69 casos de personas cuya última ubicación conocida fue esa misma terminal, de las cuales 33 permanecen sin localizar.

Turati señaló en la entrevista que el gobierno federal, a través de la oficina de García Harfuch, no respondió a su solicitud de entrevista sobre las labores de ciberpatrullaje que ha anunciado públicamente. La falta de esa información impide verificar la efectividad real de los operativos digitales oficiales.

La periodista remarcó ante Aristegui Noticias que el problema se repite con un patrón similar en Colombia y Ecuador, según constató el equipo de CLIP. Esa coincidencia regional llevó a la organización periodística a bautizar la investigación conjunta como “El Algoritmo Reclutador”.

El embajador de la Unión Europea (UE) en Bolivia, Jaume Segura, advirtió a los ciudadanos bolivianos sobre ofertas laborales difundidas en redes sociales que pueden terminar con su incorporación a las fuerzas rusas que combaten en la guerra contra Ucrania.

“Hacemos un llamamiento a los jóvenes en Bolivia de que no se dejen llevar por ese tipo de cantos de sirena que les hagan creer que tienen un trabajo, que les van a pagar miles y miles de dólares al mes en Rusia”, declaró Segura en una entrevista con el periódico local El Deber.

El diplomático vinculó estas falsas ofertas de trabajo y altos ingresos salariales con la búsqueda de combatientes extranjeros por parte de Rusia y advirtió sobre las consecuencias para quienes aceptan viajar bajo la promesa de un empleo civil. “Es porque Rusia necesita gente que mandar allá y (eso) puede terminar muy mal, como hemos visto en algunos casos”, afirmó al situar este caso en un contexto más amplio de cooperación contra el crimen transnacional.

La advertencia se produce luego de que Bolivia registrara casos de ciudadanos que viajaron a Rusia tras recibir propuestas de empleo con remuneraciones superiores a las que obtienen en su país. De acuerdo con información proporcionada por la Cancillería, se recibieron 34 solicitudes de asistencia consular relacionadas con bolivianos vinculados al conflicto y cinco ciudadanos ya fueron repatriados.

El tema estalló luego de la denuncia pública de dos familias que habían sido notificadas con la muerte de dos jóvenes, José María Soleto e Iván Valdivia, que presuntamente fueron reclutados con falsas ofertas de empleo en Rusia.

A raíz de estos casos, la Cancillería activó protocolos de protección y asistencia consular mediante la Embajada de Bolivia en Moscú y la Fiscalía inició de oficio una investigación que derivó con la aprehensión de al menos tres personas vinculadas a la supuesta red de captación.

Las ofertas de trabajo identificadas incluían trabajos en construcción, seguridad, pintura y otras actividades, con salarios mensuales de entre 2.500 y 2.700 dólares y bonos iniciales que podían alcanzar los 16.000 dólares. Algunos traslados eran presentados como viajes laborales, culturales o temporales e incluían pasajes, visas, alojamiento y seguros.

En medio del escándalo, la Embajada de Rusia en Bolivia negó la participación de la misión diplomática en el reclutamiento de ciudadanos extranjeros pero admitió que es un fenómeno común durante en los conflictos bélicos.

En un contacto con periodistas locales de La Paz a mediados de julio, el embajador ruso Dmitry Vérchenko señaló que “en todo el mundo existen mercenarios que luchan por dinero” y agregó que en este conflicto también hay presencia de “extranjeros de América Latina”.

Casos similares ocurridos en otros países han sido investigados por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania de Naciones Unidas, que expresó su preocupación por este fenómeno. En septiembre, este organismo presentó un informe sobre ciudadanos extranjeros llevados a Rusia mediante ofertas laborales y posteriormente incorporados a estructuras militares vinculadas al conflicto.

Tres ciudadanos dominicanos, dos hombres y una mujer, quedaron bajo detención provisional en Panamá por su presunta vinculación con una red que captaba personas para viajar a Rusia.

La investigación examina posibles delitos de trata de personas y asociación ilícita relacionados con trabajos forzados con fines militares.

La medida fue ordenada por el juez de garantías Luis Ceballos, tras una audiencia en la que se legalizaron las aprehensiones y se formularon cargos. La Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada solicitó mantener a los tres imputados detenidos mientras avanzan las investigaciones.

Según el Ministerio Público, el expediente guarda relación con hechos en perjuicio de dos ciudadanos panameños, quienes habrían sido reclutados mediante redes sociales.

El comunicado oficial sitúa el inicio de estas pesquisas en septiembre de 2026 y señala como destino de la presunta explotación a la Federación Rusa.

Los sospechosos fueron aprehendidos el 24 de septiembre durante diligencias de registro y allanamiento en el corregimiento de la 24 de Diciembre, en Panamá Este. Las actuaciones permitieron incorporar elementos a una investigación que busca establecer cómo operaba la presunta estructura y qué funciones desempeñaban las personas señaladas.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que los investigados estarían relacionados con transferencias superiores a $800 mil utilizadas para facilitar el reclutamiento. Entre los movimientos mencionados figuran envíos desde Colombia, cuyo origen y destino forman parte de las pesquisas sobre el financiamiento de los viajes y otros gastos asociados.

La hipótesis fiscal describe un mecanismo de captación mediante ofertas difundidas en TikTok, dirigidas a personas interesadas en obtener ingresos.

Los reclutadores presuntamente ofrecían apoyo para gestionar pasaportes y boletos aéreos, además de organizar el traslado hacia la capital de ciudadanos procedentes de Bocas del Toro, según las versiones periodísticas.

Como parte de ese procedimiento, algunas personas habrían permanecido en un establecimiento de hospedaje mientras se completaban los trámites.

La Fiscalía sostuvo que desde ese lugar se coordinaban pagos y desplazamientos necesarios para preparar la salida del país, bajo la promesa de conseguir trabajo remunerado en el territorio ruso.

Dos de los afectados abandonaron el alojamiento y contactaron a la Policía, después de sospechar que podrían ser víctimas de explotación, según lo expuesto en la audiencia. Sus relatos contribuyeron a reconstruir la forma de captación y las gestiones realizadas antes de concretar el viaje al extranjero.

Otro testimonio citado corresponde a un panameño que sí viajó a Rusia y aseguró no haber recibido los $2,000 prometidos. De acuerdo con la información presentada, solicitó apoyo a la Cancillería para regresar.

Su experiencia fue incorporada para examinar las condiciones reales que enfrentaban las personas reclutadas.

Los investigadores también realizaron inspecciones en entidades bancarias los días 16 y 18 de septiembre para recabar información financiera. Durante las aprehensiones se encontraron tarjetas y un teléfono celular, elementos que podrían ayudar a esclarecer los pagos y los contactos vinculados con la operación investigada.

La defensa cuestionó la detención provisional y sostuvo que la investigación todavía se encontraba en una etapa incipiente.

También alegó que la Fiscalía no había demostrado la existencia de una red criminal dedicada a la explotación laboral y consideró excesiva la medida solicitada contra sus tres representados.

El juez acogió la petición fiscal y consideró la privación provisional de libertad idónea, proporcional y necesaria, según el comunicado oficial. Con estas decisiones, los reportes sobre el caso sitúan en seis el número de personas imputadas y detenidas por investigaciones relacionadas con el presunto reclutamiento.

El avance judicial coincide con las gestiones diplomáticas de Panamá para facilitar el regreso de nacionales vinculados a la guerra. En Nueva York, el canciller Javier Martínez-Acha planteó el asunto a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, quien indicó que las solicitudes serían examinadas caso por caso.

Ambos gobiernos acordaron mantener abiertos los canales diplomáticos para dar seguimiento a las solicitudes de retorno mientras en Panamá la Fiscalía continúa reuniendo elementos para determinar las responsabilidades individuales de los investigados.

Las autoridades identificaron 30 panameños potencialmente vinculados a la guerra en Rusia y Ucrania, mientras reportes no confirmados elevan a 60 la posible cifra, sin verificación oficial.

Con estas tres detenciones, asciende a seis el número de personas detenidas en Panamá por su presunta vinculación con el reclutamiento de ciudadanos para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania. Las investigaciones del Ministerio Público buscan determinar cómo operaban las redes de captación y establecer las responsabilidades de los implicados.

La Procuraduría General de la Nación aprehendió a una mujer y dos hombres durante la Operación Rescate Soberano, desarrollada por una investigación sobre el presunto reclutamiento de panameños para el conflicto armado en Rusia.

Las autoridades investigan los hechos como posible trata de personas, un delito contra la humanidad, informó este 24 de septiembre el Ministerio Público.

Los allanamientos, autorizados previamente por un juez de garantías, se efectuaron en un hostal y un restaurante del corregimiento de la 24 de Diciembre, con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional. En esos lugares, los fiscales ubicaron documentos y equipos tecnológicos que serán examinados como parte de las pesquisas.

La Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada indicó que esta investigación comenzó en junio de 2026 y busca establecer la participación de personas en la captación de ciudadanos con fines militares en Rusia. La Procuraduría no precisó cuántos panameños habrían sido contactados mediante el esquema investigado en esta operación.

Los tres aprehendidos serán llevados ante un tribunal de garantías, donde los fiscales presentarán sus solicitudes. Hasta ese momento, la información divulgada por la Procuraduría no les atribuye una imputación formal ni una medida cautelar. Tampoco identifica a los sospechosos o detalla el papel que presuntamente habría desempeñado cada uno.

Las capturas se suman a tres imputados en investigaciones anteriores sobre el presunto reclutamiento de panameños para la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, el Ministerio Público no ha establecido públicamente si los nuevos aprehendidos pertenecen a la misma estructura o si las diligencias corresponden a otro grupo investigado.

El primer imputado fue Mario Alberto Irwonds Brooks, un taxista de 70 años, aprehendido a finales de julio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Según la Fiscalía, tenía los pasaportes de dos ciudadanos que presuntamente viajarían a Rusia. Un tribunal ordenó su detención provisional, mientras él sostuvo que solo prestaba un servicio de transporte.

Posteriormente fue detenido Efraín Alexis Ryfkogel Almengor, de 63 años, veterano de la guerra en Ucrania. Tres personas lo señalaron como quien presuntamente las reclutó y ayudó a financiar gestiones para viajar. Ryfkogel rechazó esa versión y afirmó que había ayudado a interesados que se acercaron voluntariamente.

Un tercer sospechoso, un panameño de 23 años, fue aprehendido el 16 de agosto en Tocumen cuando regresaba de Colombia. La Justicia le imputó presunta trata de personas agravada y ordenó su detención provisional. De acuerdo con la Fiscalía, habría captado personas mediante ofertas laborales para trasladarlas a Europa del Este.

En las pesquisas anteriores, las autoridades describieron promesas de salarios de entre $3,000 y $3,500 mensuales, además de bonos que podían llegar a $70,000. La Fiscalía sostiene que esas ofertas habrían atraído a personas con necesidades económicas. La relación de esos ofrecimientos con los tres aprehendidos este jueves aún no ha sido precisada.

La dimensión del caso continúa bajo verificación. En agosto, el procurador general, Luis Carlos Gómez, informó que se habían identificado 30 panameños potencialmente vinculados a ambos bandos: 21 relacionados con Rusia y nueve con Ucrania. El Ministerio Público mantenía entonces seis investigaciones abiertas, según el balance divulgado en ese momento.

La respuesta del Estado también incluye gestiones para el regreso de ciudadanos. El canciller Javier Martínez-Acha pidió este miércoles, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que Rusia y Ucrania faciliten el retorno de los panameños que deseen volver, mediante los mecanismos permitidos por las autoridades y legislaciones de ambos países.

Martínez-Acha agradeció a Ucrania la coordinación que permitió el regreso de varios nacionales y reiteró la necesidad de obtener asistencia para quienes permanecen vinculados al conflicto. Las gestiones diplomáticas avanzan en paralelo con las investigaciones penales en Panamá, donde los fiscales buscan determinar cómo se produjo cada captación y quiénes intervinieron.

La operación de este jueves abre una nueva etapa judicial para los tres aprehendidos, mientras siguen pendientes las decisiones del tribunal de garantías. Será en esas audiencias donde se conocerán los cargos que solicite la Fiscalía y los indicios que presente para sustentar la presunta participación de cada persona en los hechos investigados.

El 21 de septiembre en un informe oral presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania denunció una alarmante práctica dentro del conflicto armado: el reclutamiento engañoso de ciudadanos extranjeros procedente de diversos continentes entre ellos latinoamericanos para combatir en las filas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.

De acuerdo con lo detallado por Erik Møse, presidente de la Comisión, agentes e intermediarios captaron a estas personas prometiéndoles lucrativos puestos de trabajo en el sector civil dentro de Rusia.

Sin embargo, poco después de desembarcar en territorio ruso, los extranjeros fueron obligados a firmar contratos con el Ministerio de Defensa. La gran mayoría no entendía el idioma ruso ni comprendía las cláusulas del documento, encontrándose de manera repentina sirviendo en la primera línea del frente de batalla.

La ONU señaló además que otros ciudadanos extranjeros residentes en Rusia, entre ellos personas que cumplían condenas en prisiones, sufrieron presiones y coerciones por parte de las autoridades rusas para ir a combatir.

Una gran parte de quienes fueron reclutados bajo estas modalidades fallecieron poco después de llegar al frente, resultaron herido, fueron capturados por las fuerzas ucranianas otros permanecen desaparecidos.

Sus familiares en sus países de origen enfrentan la angustia de buscar respuestas desde la distancia, chocando de forma sistemática con el bloqueo de comunicaciones por parte de los reclutadores.

Ante el impacto físico y psicológico provocado a las víctimas y sus familias, la Comisión subrayó la importancia de aplicar medidas de rendición de cuentas, tanto judiciales como no judiciales. Asimismo, anunció que presentará un informe detallado con los nombres de los países identificados, cifras consolidadas y datos recolectados durante la Asamblea General de la ONU en octubre de 2026.

Contexto y antecedentes: la red de captación en América Latina

Los hallazgos revelados por el organismo internacional coinciden con las investigaciones periodísticas e institucionales que han documentado el alcance de estas redes en América Latina.

Desde abril de este año, una investigación realizada por Infobae ha seguido de cerca la situación de familias latinoamericanas afectadas por este fenómeno.

Infobae logró contactar a madres, esposas y hermanos de ciudadanos salvadoreños atrapados en el conflicto, contabilizando a la fecha más de 15 casos de nacionales de El Salvador trasladados a Rusia bajo engaños de ofertas de empleo civil.

Los antecedentes reportados en la región centroamericana y el Caribe muestran un patrón organizado e interconectado:

• Honduras: A mediados de junio de 2026, un grupo de seis ciudadanos hondureños logró regresar a salvo a su país tras haber sido víctimas de trampas de reclutamiento forzoso camufladas como falsas promesas de empleo en territorio ruso.
• Panamá: En agosto pasado, las autoridades panameñas gestionaron el retorno de 11 compatriotas desde la Federación de Rusia y 6 desde Ucrania. La Cancillería y las embajadas correspondientes coordinaron las gestiones diplomáticas para lograr su desvinculación de las fuerzas armadas y garantizar un regreso seguro.
• República Dominicana: Reportes e investigaciones en el Caribe reflejan un impacto aún mayor. Un comité de Derechos Humanos de República Dominicana confirmó a Infobae que más de 150 dominicanos han viajado para involucrarse en el conflicto en Rusia, de los cuales al menos 50 firmaron contratos directamente, desempeñándose como mercenarios.

A raíz de estos hechos, los Ministerios Públicos de varios países de la región mantienen investigaciones abiertas para desarticular a las redes de intermediarios acusadas de engañar y reclutar jóvenes. Asimismo, en los últimos años se han registrado y documentado casos con dinámicas similares en Colombia, Bolivia, Perú, Cuba y Brasil.

Una investigación periodística realizada por Infobae, en colaboración con el Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), puso al descubierto una red de engaño y alistamiento internacional que afecta de manera directa a trabajadores de la República Dominicana.

Según las denuncias recabadas por el organismo, decenas de ciudadanos procedentes de comunidades vulnerables han sido atraídos mediante falsas promesas para terminar integrados en las filas de las fuerzas armadas que combaten en el conflicto bélico en territorio ruso.

En una entrevista exclusiva concedida a Infobae, Carlos Manuel Sánchez Díaz, coordinador general para la Región Sur del CDDH, detalló el alcance de estas operaciones de captación.

Las últimas pesquisas de la organización registran un acumulado estimado de más de 200 dominicanos que habrían viajado hacia Rusia bajo estos esquemas desde mayo de 2026.

De esa cifra total, el activista sostiene que al menos 50 dominicanos presuntamente firmaron contratos en calidad de mercenarios. Asimismo, el CDDH advirtió sobre la presencia de intentos de engaño dirigidos hacia menores de edad dentro de estas mismas zonas.

Perfil de los afectados y focos de captación

Las indagaciones del CDDH señalan que los focos principales de reclutamiento se ubican en sectores marginados del municipio de Bajos de Haina y del distrito municipal de El Carril, en la provincia de San Cristóbal. No obstante, las redes han extendido su presencia hacia otros puntos geográficos como:

• Distrito Nacional
• La provincia Santo Domingo
• Higüey
• San Pedro de Macorís
• San Juan de la Maguana.

El perfil de los reclutados refleja de forma directa el tejido técnico y laboral predominantemente obrero de estas zonas. Tal como lo expone Sánchez Díaz: “Hay soldadores de aquí de Haina, mecánicos, choferes... que han sido llevados a Rusia y entre los 15 a 20 días ya los están mandando a la zona de guerra”.

El impacto en la provincia de San Cristóbal y particularmente en Haina se destaca por su volumen concentrado, contabilizándose según el testimonio del activista, “más de 150 de aquí nada más, de San Cristóbal, de Haina”.

De igual manera, recientemente se dio a conocer el caso de Juan Carlos Ávila Espaillat. Con tan solo 28 años de edad, el joven dominicano se encuentra en el centro de un complejo escenario internacional tras viajar a Rusia y terminar integrado en las filas de las Fuerzas Armadas de esa nación en medio del conflicto bélico contra Ucrania.

Este caso confirma cómo las redes de engaño y alistamiento internacional no solo han impactado a núcleos industriales como Bajos de Haina y El Carril en San Cristóbal, sino que han extendido sus ramificaciones hacia otras provincias vulnerables del país, entre ellas La Altagracia.

La situación de Juan Carlos Ávila Espaillat visibiliza el drama humano que atraviesan las familias dominicanas, marcadas por la desesperación ante la falta de canales oficiales fluidos para dar seguimiento al estado y paradero de los jóvenes atrapados en el conflicto ruso-ucraniano.

El contexto socioeconómico: ¿Por qué Bajos de Haina?

Para entender por qué obreros capacitados aceptan ofertas de tan alto riesgo, es necesario examinar las condiciones de vida en Bajos de Haina. Este municipio de la provincia de San Cristóbal vive una clara paradoja: se le define popularmente como un territorio «rico en empresas, pero con grandes carencias sociales».

Si bien las estadísticas de ingresos no lo ubican entre los municipios más pobres del país, su población enfrenta una marcada vulnerabilidad social, fallas crónicas en los servicios públicos y un deterioro ambiental acumulado. Esta realidad se explica a través de tres factores principales:

1. Menor pobreza monetaria que el promedio regional
2. Riqueza industrial frente a rezago urbano
3. Empleos técnicos con bajos ingresos.

El problema central de Bajos de Haina no es la falta de empleo, sino los bajos salarios, la deficiente infraestructura y la falta de oportunidades de superación. Esta combinación de mano de obra calificada (como mecánicos o soldadores) con ingresos limitados crea el terreno propicio para que las promesas de grandes sumas de dinero en el extranjero resulten atractivas, facilitando el engaño por parte de redes de reclutamiento internacional.

Las autoridades identificaron células clandestinas de tres grupos armados ilegales en 10 universidades públicas de Colombia y alertaron, con base en un informe de inteligencia, que esas estructuras buscarían infiltrar colectivos estudiantiles y organizaciones sociales para promover radicalización, acciones violentas y escenarios de desestabilización urbana.

El documento, al que accedió el medio Semana, ubica la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de disidencias de las Farc en campus de varias ciudades y menciona interés en expandirse a otros centros académicos.

El mapa de presencia incluye en Bogotá a las universidades Nacional, Distrital y Pedagógica. En Medellín aparecen la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

La lista también menciona la Universidad Industrial de Santander (UIS), en Bucaramanga; la Universidad del Valle, en Cali; la Universidad de Popayán, en Popayán, y la Universidad Surcolombiana, en Neiva. La investigación añadió interés en centros académicos de Tunja, Armenia, Manizales, Ibagué, Fusagasugá y Villavicencio.

Cómo operan las células en las universidades

El informe de inteligencia sostiene que la vía más frecuente de penetración es el contacto con colectivos estudiantiles afines a sus posturas ideológicas. A partir de ese vínculo, las estructuras intentarían usarlos como instrumentos de radicalización para impulsar hechos de terrorismo.

“Una de las estrategias que han desplegado los grupos armados ilegales se ha concentrado en instrumentalizar a jóvenes con pensamientos revolucionarios. También buscan conexiones con grupos dinamizadores de eventos violentos, con quienes establecen canales de coordinación, financiamiento e instrucción en tácticas para afectar a la Policía”, puntualiza el reporte.

Las autoridades también ubican militantes dentro de organizaciones sociales con reconocimiento en los campus. A eso suman estrategias en redes sociales para capitalizar manifestaciones juveniles e incorporarlas a actividades de contenido ideológico.

Un uniformado que participó en la investigación señaló en diálogo con Semana que esas estructuras prevén formalmente su presencia en las universidades. Según esa descripción, las clasifican como “colectivos clandestinos e ideológicos, redes de apoyo y simpatizantes”.

Las fuentes de financiación y apoyo logístico

El reporte de inteligencia atribuye a esos grupos tres fuentes de financiación: giros directos desde las organizaciones armadas, mecanismos de autosostenimiento y actividades comunitarias. En el primer caso, los bloques del ELN y de las disidencias enviarían dinero en efectivo para patrocinar logística, símbolos y la fabricación de artefactos explosivos improvisados.

En el segundo frente, algunos estudiantes acudirían a la venta de estupefacientes, al hurto y a la extorsión dentro de las instituciones. El documento añade que, en ciertos casos, esos grupos habrían implantado esquemas de control del microtráfico.

La tercera vía sigue bajo investigación y apunta al probable uso de recursos públicos canalizados por actividades comunitarias. El texto menciona como ejemplo huertas locales que, en algunas ciudades, reciben apoyo de alcaldías.

La alerta por desestabilización urbana y reclutamiento

La advertencia central de las autoridades se concentra en la posibilidad de que esas redes clandestinas impulsen vandalismo y terrorismo urbano. “La principal amenaza se concentra en los intereses de los grupos armados ilegales de generar procesos de clandestinización que les permitan dinamizar acciones vandálicas y escenarios de desestabilización urbana”, explica el reporte publicado por el medio citado.

Entre los riesgos identificados aparece la capacidad para preparar, adquirir y adecuar artefactos explosivos improvisados con el fin de usarlos contra uniformados de la Policía Nacional e infraestructura estratégica del Estado.

La investigación también describe procesos de formación y reclutamiento de jóvenes en áreas campamentarias. “Los movilizan hacia áreas campamentarias para que reciban formación en el uso de armas de fuego, preparación, adecuación de artefactos explosivos y conocimiento de la ideología de cada uno de los grupos armados ilegales. Algunos de estos adolescentes se quedan en las filas de las estructuras armadas que se encuentran en áreas rurales y otros retornan a los centros urbanos a ‘replicar lo aprendido’”.

Además, recoge la sospecha de que desde las universidades se intente alentar protestas con efectos similares a los de 2021. “Sospechamos que puede ser el mismo esquema que se usó ese año, de usar el inconformismo de la gente para justificar el terrorismo”.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a seis integrantes del último Secretariado de las Farc a rendir versión dentro del Caso 11, subcaso 03, por hechos de violencia sexual, reproductiva y de género cometidos en la organización entre 1990 y 2015.

Con estas decisiones, la JEP suma 35 exintegrantes del antiguo Comando Conjunto Central y de los bloques Occidental, Noroccidental, Magdalena Medio y Caribe llamados a responder por 693 hechos documentados en informes de organizaciones sociales y víctimas directas, según informó El Tiempo.

El expediente del despacho de la magistrada Lily Rueda reúne 34 víctimas acreditadas: 30 directas y cuatro familiares indirectos, ubicadas en 12 departamentos, entre ellos Meta, Guaviare, Caquetá, Tolima y Cundinamarca. La investigación busca establecer si la cúpula conocía las agresiones cometidas contra mujeres mayores de 18 años que pertenecieron a las Farc.

La lista de convocados incluye a Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko; Jaime Alberto Parra, alias El Médico; Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez; Pablo Catatumbo; Pastor Alape y Julián Gallo, “Carlos Antonio Lozada”.

Las pesquisas incluyen denuncias por violencia y esclavitud sexual, abortos forzados, uso obligatorio de anticonceptivos y órdenes del alto mando para entregar recién nacidos a terceros. En el caso de Londoño se documentaron abortos forzados, procedimientos practicados con malos tratos y la imposición de anticonceptivos. Las mujeres señalaron al antiguo Secretariado por ordenarles entregar a sus hijos nacidos dentro de las filas para que fueran criados por otras personas de la organización.

Otro grupo de conductas investigadas comprende violencias motivadas por prejuicios contra personas con orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género diversas. Los relatos incluyen malos tratos, ocultamiento forzoso de la orientación sexual o de la identidad de género, amenazas de consejos de guerra y fusilamiento, además de prácticas que las víctimas describieron como correctivas, reveló el diario.

El subcaso 03 del Caso 11 se ocupa de personas que sufrieron estos hechos cuando tenían más de 18 años. Su alcance incluye violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio vinculadas con razones de género y diversidad sexual.

La Sala de Reconocimiento de la JEP también citó a la exsenadora Sandra Ramírez Lobo a rendir versión en el Caso 07, que investiga el reclutamiento de niñas y niños por las Farc-EP, para establecer si su trayectoria guerrillera y su relación personal con Pedro Antonio Marín Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o “Tirofijo”, le otorgaron una posición de poder dentro de la organización. La diligencia también busca determinar el alcance de su eventual conocimiento o intervención en violencias contra menores, incluidas las sexuales y reproductivas.

El proceso reúne a 11.277 víctimas acreditadas: 2.250 de manera individual y 9.027 en forma colectiva, tras el reconocimiento de cinco pueblos indígenas y un Consejo Comunitario Afrocolombiano. Además, 26 antiguos integrantes de las extintas Farc, tanto del nivel nacional como territorial, han sido convocados a reconocer su máxima responsabilidad en este macrocaso, de acuerdo con la JEP.

La declaración de Ramírez tendrá efectos sobre el régimen de condicionalidad, del que dependen los beneficios de la justicia transicional, entre ellos evitar la cárcel ordinaria. Para mantenerlos, los comparecientes deben aportar una verdad plena, detallada y exhaustiva.

Si la Sala concluye que la exsenadora omite, minimiza o contradice los relatos entregados por víctimas y exmandos guerrilleros, esa conducta podría perjudicarla más adelante, aunque actualmente no sea tratada como máxima responsable. La magistratura deberá establecer si su versión coincide con la información acumulada en el expediente.

Si fuera imputada y reconociera su responsabilidad con un aporte completo de verdad, podría acceder a una sanción propia, de carácter restaurativo y sin prisión. Si negara los hechos y estos fueran probados, el expediente pasaría a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad para un juicio contradictorio, con penas ordinarias de hasta 20 años de prisión.

La Policía Nacional lanzó una alerta ante el involucramiento de jóvenes en actividades delictivas en Honduras. Según el director de la institución, Rigoberto Oseguera Mass, la situación refleja la capacidad de las estructuras criminales para captar a nuevas generaciones.

Oseguera Mass señaló que, durante lo que va del año, las autoridades detuvieron a más de mil jóvenes relacionados con distintos delitos. Para el jefe policial, esa cifra constituye un indicio de la dimensión que estaría alcanzando el reclutamiento de menores y jóvenes por parte de organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

El director de la Policía sostuvo que enfrentar esta problemática no corresponde únicamente a los cuerpos de seguridad. A su criterio, se requiere una respuesta integral en la que participen las familias, las iglesias y las instituciones gubernamentales encargadas de atender a la niñez, adolescencia y juventud.

La preocupación radica en que el acercamiento de las estructuras criminales hacia los jóvenes puede producirse de manera progresiva, al aprovechar condiciones de vulnerabilidad y entornos con dificultades económicas, violencia, desintegración familiar o falta de oportunidades.

Ante ese escenario, Oseguera Mass consideró necesario que el reclutamiento criminal sea identificado como una situación que requiere una alerta temprana, para que las autoridades y las familias puedan detectar oportunamente los riesgos y dar seguimiento a los jóvenes expuestos.

Alerta temprana y prevención

El funcionario hizo un llamado directo a los padres de familia para que fortalezcan la educación y supervisión de sus hijos, con el propósito de reducir las posibilidades de que sean captados por grupos criminales.

En ese sentido, planteó la necesidad de que las familias mantengan una participación activa en la formación de niños y jóvenes y puedan identificar cambios de comportamiento o situaciones que representen señales de riesgo.

El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de estructuras criminales constituye un fenómeno que va más allá de la persecución del delito, porque también está relacionado con las condiciones sociales y económicas en las que crecen miles de menores en el país.

En Honduras, organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la niñez advirtieron que factores como la pobreza, la violencia y la desintegración familiar pueden aumentar la vulnerabilidad de niños, adolescentes y jóvenes frente a las estructuras criminales.

Esos grupos pueden aprovechar las condiciones de precariedad y falta de oportunidades para acercarse a menores y jóvenes, ofrecerles dinero, protección u otras formas de incentivo e incorporarlos a distintas actividades ilícitas.

Casos documentados por Casa Alianza

Entre junio de 2024 y junio de 2025, el Observatorio de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes (ODNNAJ), de Casa Alianza Honduras, identificó 66 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado por estructuras criminales.

La cifra documentada por la organización muestra que el problema afecta directamente a menores de edad y que la captación por parte de grupos criminales puede convertirse en una amenaza para su integridad, desarrollo y permanencia en sus comunidades.

El reclutamiento forzado también está relacionado con otro fenómeno que afecta a numerosas familias hondureñas: el desplazamiento interno provocado por la violencia.

Cuando las estructuras criminales buscan incorporar a menores o jóvenes a sus actividades, las familias pueden verse obligadas a abandonar sus comunidades para proteger a sus hijos.

El rol de familias e instituciones

Frente a este panorama, el llamado de la Policía apunta a fortalecer las acciones preventivas antes de que los jóvenes sean incorporados a estructuras criminales.

La familia ocupa un papel central en esa estrategia, pero la magnitud del fenómeno demanda también la intervención de otros sectores. La participación de las iglesias, centros educativos, instituciones públicas y organizaciones dedicadas a la protección de la niñez puede contribuir a identificar situaciones de vulnerabilidad y generar alternativas para los jóvenes.

La prevención implica, además, ofrecer espacios seguros, educación, acompañamiento y oportunidades que permitan a niños y adolescentes desarrollar sus capacidades sin quedar expuestos a la influencia de grupos delictivos.

La Policía Nacional de Colombia lanzó su último llamado para hombres y mujeres interesados en convertirse en patrulleros de la cohorte 2026-II, con inscripciones abiertas hasta el 31 de agosto de 2026.

La convocatoria, que cerrará en menos de una semana, ofrece requisitos de selección más flexibles y beneficios económicos, familiares y formativos para quienes decidan incorporarse al cuerpo policial. En el caso de quienes actualmente prestan servicio militar o son reservistas de primera clase, la matrícula académica será gratuita.

El proceso de preinscripción virtual se realiza exclusivamente a través de la plataforma oficial del Sistema de Incorporación de la Policía Nacional (Sinco), donde los aspirantes deben registrar sus datos, aceptar los términos y condiciones, cargar documentos y asumir el costo de los exámenes médicos y valoraciones institucionales, que ascienden a $1.744.800 para hombres y $1.854.450 para mujeres.

Bonos, viajes y estabilidad: los incentivos que marcan la convocatoria 2026

Entre los beneficios más destacados de la presente convocatoria figura la posibilidad de acceder a comisiones y formación internacional especializada, una oportunidad que busca fortalecer la experiencia profesional de los patrulleros y potenciar su perfil tanto en Colombia como en el exterior.

Además, los patrulleros podrán optar por una bonificación económica de excelencia, equivalente a tres asignaciones básicas cada cinco años, junto a la posibilidad de recibir hasta cinco distinciones salariales por buen comportamiento y profesionalismo demostrado en el ejercicio del servicio.

El programa también contempla un subsidio familiar, con derecho a unificación familiar que suma hasta un 30% adicional por cónyuge y un porcentaje adicional por cada hijo Los patrulleros recibirán el título de Técnico Profesional en Servicio de Policía, válido para homologar estudios en carreras afines como Derecho o Administración, lo que facilita la continuidad académica y el desarrollo profesional en el futuro.

Aquellos que cumplan 25 años de servicio activo tendrán derecho a una asignación mensual de retiro, asegurando estabilidad financiera de largo plazo.

Requisitos de ingreso y proceso de selección

Para postularse, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos, ajustados al nivel educativo y experiencia previa. Los aspirantes deben ser colombianos de nacimiento, no tener antecedentes penales, disciplinarios o fiscales vigentes, ni multas en el Registro Nacional de Medidas Correctivas.

La edad mínima para ingresar es de 17 años y seis meses y la máxima, 25 años con 364 días para bachilleres, o 29 años con 364 días para quienes acrediten títulos técnicos, tecnológicos o profesionales.

Los reservistas de primera clase pueden participar hasta los 27 años con 364 días y, a diferencia de otros aspirantes, pueden estar casados y tener un hijo. Todos los postulantes deben haber pagado cualquier sanción de tránsito pendiente y presentar la licencia de conducción categoría A2 antes del Consejo de Admisión. El promedio del Examen Saber 11 debe ser igual o superior a 40 puntos, aunque es posible postularse y avanzar en el proceso bajo criterio del Consejo de Admisiones.

El proceso de selección incluye valoración médica, validación de documentos, entrevistas y pruebas académicas. Una vez admitidos, los patrulleros iniciarán un periodo de formación que puede durar 12, 18, 24 o 30 meses, según su voluntad y desempeño.

Derechos, garantías y especialidades

Durante el periodo de formación, los nuevos patrulleros recibirán una bonificación mensual de 1 smmlv ($1.750.905), una bonificación navideña y dotación civil. Al terminar el servicio militar, se otorga una licencia de 1.5 smmlv ($2.626.357,50). Los auxiliares pueden pernoctar en su lugar de residencia si las condiciones lo permiten y cuentan con servicios de salud, alojamiento, alimentación y bienestar.

La Policía Nacional garantiza la capacitación permanente, acceso a especialidades y actividades de formación personal bajo la estrategia 4D, así como talleres y reentrenamientos continuos. Los patrulleros reciben una tarjeta de conducta digital y la tarjeta de reservista de primera clase, tanto física como digital.

Rutas de inscripción

El proceso de inscripción es digital y se debe realizar desde un computador a través de la plataforma Sinco. Los interesados deben diligenciar el formulario, cargar los documentos solicitados y asumir el costo de exámenes. Para resolver dudas, la Policía Nacional habilitó la línea nacional (601) 5159000.

Las autoridades señalaron a Everney Hernández Pulido como uno de los responsables de coordinar el transporte y definir la logística para movilizar a los jóvenes desde el suroccidente del país hasta los llanos orientales, donde serían integrados a una estructura armada con presencia en Guaviare.

La investigación reveló que Hernández Pulido habría gestionado no solo la ubicación de las personas encargadas de transportar a las víctimas, sino la provisión de recursos para combustible, peajes y alimentación. Además, dispuso dos vehículos y dos motocicletas para el traslado, impartiendo instrucciones detalladas sobre el trayecto, que partió desde Popayán (Cauca) el 5 de enero de 2025.

Durante la audiencia, el juez explicó: “Con el propósito de garantizar la permanencia de estos menores de dieciocho años dentro de la organización armada ilegal y posibilitar su traslado hacia otros componentes operativos del Estado Mayor Central, más específicamente ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Meta y el Guaviare, y con la finalidad de apoyarlos en la realización de hostilidades, fue organizada una operación logística destinada a movilizar a estos cuatro menores de dieciocho años desde los departamentos de Cauca hacia Villavicencio y posteriormente hacia San José del Guaviare”.

Según la Fiscalía General de la Nación, el operativo permitió la recuperación de los menores tres días después del inicio del viaje, tras interceptar el vehículo en el que eran movilizados. Los hechos evidencian la existencia de una estructura dedicada a facilitar el reclutamiento y traslado de menores para grupos armados ilegales, mediante una logística cuidadosamente planificada.

Everney Hernández Pulido fue capturado en Villavicencio (Meta) como parte de una orden judicial emitida en la investigación. Un fiscal especializado en Derechos Humanos de la Seccional Cauca le imputó el delito de reclutamiento ilícito y solicitó su reclusión preventiva en un centro penitenciario, medida que fue respaldada por un juez penal de control de garantías.

El encargado de la audiencia añadió que: “En desarrollo de dicha operación, usted, Ever Mey Hernández Pulido, por remar, reside en Villavicencio, intervino de manera coordinada con los demás partícipes, desempeñando funciones esenciales de organización, financiación y dirección logística del traslado. Como parte de dicho aporte funcional, suministró recursos económicos para combustible, pasajes, alimentación y demás gastos requeridos para la organización del viaje. Impartió instrucciones sobre la ruta y la forma en que debía ejecutarse la movilización, coordinó el desplazamiento de los vehículos involucrados y mantuvo el control operativo de la actividad logística. Asimismo, informó a una de las personas que transportaban a este grupo que las personas transportadas pertenecían a las FARC-EP y le indicó que el destino final de la movilización era San José del Guaviare, lugar donde los adolescentes continuarían desarrollando actividades dentro de la estructura armada ilegal, demostrando de esta manera que conocía la condición de menores involucrados al grupo armado y la finalidad de mantenerlos al servicio de dicha organización”.

La Fiscalía resaltó que el caso pone en evidencia los mecanismos empleados por organizaciones armadas para asegurar el traslado de menores, recurriendo a redes de apoyo logístico y recursos económicos destinados a cubrir todos los aspectos del viaje. La intervención oportuna de la Policía Nacional fue clave para evitar que los adolescentes fueran incorporados a las filas del grupo armado ilegal.

El proceso judicial continúa, mientras se investiga el alcance de la red que facilitó el desplazamiento y los posibles vínculos de Hernández Pulido con otras estructuras dedicadas al reclutamiento forzado en el país.

Dos panameños que viajaron a Ucrania atraídos por ofertas económicas y la promesa de que no estarían obligados a combatir regresaron al país y relataron cómo las condiciones cambiaron una vez llegaron a territorio ucraniano.

Aseguran que les quitaron sus teléfonos y pasaportes, firmaron contratos que no pudieron leer y terminaron bajo presión para participar en misiones.

Los hombres ofrecieron su testimonio este miércoles 12 de agosto, en momentos en que Panamá investiga una presunta estructura dedicada a captar nacionales para trasladarlos al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Ambos reconocieron que viajaron voluntariamente y sabían cuál era su destino, pero sostienen que las condiciones ofrecidas en Panamá no fueron las que encontraron al llegar.

“Nos dijeron una cantidad de dinero sin misión y con misión era otra cantidad”, relató uno. Sin embargo, afirmó que una vez incorporados a la brigada debían ir a misiones “sí o sí”. La situación, agregó, comenzó a generar temor cuando observaron lo que ocurría con otros hombres enviados al frente: “el que iba, no salía”.

Los dos permanecieron aproximadamente un mes y 15 días en Ucrania y aseguran que no recibieron ningún pago. “A nosotros no nos dieron ninguna cantidad de dinero. Cero”, sostuvo uno de ellos. Según la investigación del Ministerio Público, las ofertas para captar panameños podían alcanzar entre $3,000 y $9,000 mensuales, dependiendo de las funciones asignadas.

Reclutados por redes sociales

Los testimonios coinciden con elementos que investiga la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada. Los contactos se producían principalmente mediante TikTok, Instagram y WhatsApp, donde circulaban las propuestas. Uno de los repatriados advirtió que no existiría un solo captador y aseguró que varias personas estarían reclutando desde Panamá, incluso utilizando números telefónicos extranjeros.

La necesidad económica fue determinante para aceptar. Uno de los hombres explicó que tiene hijos pequeños y vio en la propuesta una oportunidad para obtener mayores ingresos sin exponerse directamente al combate. “Nosotros fuimos conscientes para dónde íbamos”, reconoció, aunque insistió en que “las situaciones en Ucrania cambiaron totalmente” respecto de lo ofrecido antes del viaje.

Entre esas diferencias estuvo la retención de documentos. Los panameños aseguran que antes de partir les prometieron conservar sus pasaportes, teléfonos y comunicación con sus familias.

Al llegar, sostienen, ocurrió exactamente lo contrario. Uno de ellos todavía no había recuperado su pasaporte, documento en el que mantiene una visa estadounidense de turista que teme perder.

También denunciaron que el contrato estaba redactado completamente en ucraniano y no se les permitió traducirlo al español antes de firmarlo. “Nunca pudimos saber qué decía el contrato”, afirmó uno. Cuando posteriormente solicitaron abandonar la brigada, les habrían respondido que debían permanecer seis meses por el compromiso firmado.

Los panameños incluso ofrecieron devolver el dinero utilizado para financiar su traslado, pero la propuesta fue rechazada. Para entonces, aseguran, habían comprendido el nivel de riesgo al que estaban expuestos. Uno de ellos contó que resultó afectado en el ojo izquierdo por la explosión de una granada de conmoción mientras permanecía en Ucrania.

Una investigación en Panamá

El relato surge mientras el Ministerio Público investiga a Efraín Alexis Ryfkogel Almengor, un panameño de 63 años y veterano de la guerra en Ucrania, a quien se le imputó el presunto delito de tráfico de personas. Un juez ordenó su detención provisional, mientras la Fiscalía profundiza las pesquisas sobre la captación y traslado de nacionales.

Según la Fiscalía, tres víctimas identificaron a Ryfkogel como la persona que las habría reclutado y financiado parte de las gestiones necesarias para viajar. Las autoridades sostienen que los interesados eran contactados mediante redes sociales y luego trasladados a lugares en la capital panameña, mientras se gestionaban pasaportes y boletos para llegar a Ucrania.

Ryfkogel ha negado ser reclutador y sostiene que únicamente ayudó a personas que se acercaron a él interesadas en viajar. La investigación, sin embargo, apunta a que más de 18 personas pudieron haber sido trasladadas mediante este esquema y que algunas encontraron condiciones distintas de las ofrecidas originalmente una vez llegaron al conflicto.

El primer detenido en Panamá por el presunto reclutamiento de nacionales para la guerra fue Mario Alberto Irwonds Brooks, un taxista de 70 años residente en San Miguelito. Fue aprehendido a finales de julio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde, según la Fiscalía, mantenía en su poder los pasaportes de dos panameños que presuntamente viajarían hacia Rusia.

La investigación sostiene que las víctimas habían recibido ofertas de salarios de entre $3,000 y $3,500 mensuales, además de bonos por incorporarse al conflicto. Irwonds Brooks negó ser reclutador y aseguró que únicamente había prestado servicios de transporte, mientras señaló que los verdaderos responsables de la captación se encontrarían en Rusia.

Un tribunal le imputó el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral y ordenó su detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

Uno de los repatriados recordó que, al llegar a una segunda casa donde fue alojado en Ucrania, encontró a otros cuatro panameños que habían llegado previamente. Actualmente desconoce cuál es su situación. Las gestiones realizadas con la Cancillería panameña y la representación diplomática que atiende Ucrania desde Polonia permitieron finalmente concretar su salida y regreso.

El canciller Javier Martínez-Acha informó que unos 60 panameños podrían estar o haber estado vinculados a las fuerzas rusas y otros 17 a las ucranianas, aunque aclaró que se trata de estimaciones. Panamá ha pedido a ambos países información sobre la ubicación y condición de sus nacionales, especialmente de quienes buscan terminar sus contratos.

Para quienes ya regresaron, la advertencia es contundente. “Les sugiero que no caigan”, expresó uno de ellos al recordar la propuesta que lo llevó a abandonar Panamá buscando ingresos para su familia. Después de más de un mes en Ucrania, volvió sin el dinero prometido y tras comprobar, según su relato, que la oferta que parecía laboral podía terminar llevándolo directamente al frente de guerra.

La Justicia panameña dio este sábado un nuevo paso en la investigación sobre el reclutamiento de ciudadanos para la guerra entre Rusia y Ucrania al imputar cargos por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral y ordenar la detención provisional de Mario Alberto Irwonds Brooks, un taxista de 70 años, señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos captadores de panameños mediante falsas ofertas de trabajo.

La decisión fue adoptada por la juez de garantías Eyvis Jaén, quien además legalizó la aprehensión realizada el viernes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, así como diversas diligencias de vigilancia y seguimiento desarrolladas por la Policía Nacional y la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.

La investigación sostiene que el imputado habría participado en el traslado y acompañamiento de personas que estaban próximas a viajar hacia Rusia.

Durante la audiencia, la fiscal Elizabeth Carrión explicó que la investigación ha permitido establecer que, al menos, dos ciudadanos panameños fueron contactados para incorporarse al conflicto armado.

Según el Ministerio Público, las víctimas recibían promesas de salarios mensuales de entre 3,000 y 3,500 dólares, además de un bono que oscilaría entre 20,000 y 70,000 dólares, una oferta económica que habría sido utilizada para atraer principalmente a personas en condiciones de vulnerabilidad.

La Fiscalía sostiene que detrás de esas propuestas laborales se ocultaba un esquema de captación para trasladar a los reclutados hasta Rusia, desde donde posteriormente terminarían vinculados con operaciones militares relacionadas con la guerra contra Ucrania.

Las autoridades investigan el caso como un posible delito de trata de personas, al considerar que las víctimas habrían sido engañadas sobre la verdadera naturaleza del viaje.

Entre las personas identificadas por la investigación figuran un buhonero que obtenía alrededor de 10 dólares diarios y un hombre casado con una bebé recién nacida, perfiles que, según la Fiscalía, evidencian que los presuntos reclutadores buscaban personas con necesidades económicas para convencerlas de aceptar la oferta.

Las investigaciones también revelan que el ahora imputado habría transportado a dos de las víctimas hasta una sucursal bancaria ubicada en 24 de Diciembre, donde retiraron dinero antes de dirigirse al aeropuerto.

Posteriormente, las autoridades lo sorprendieron en Tocumen cuando, presuntamente, esperaba a los viajeros y mantenía en su poder los pasaportes de ambos ciudadanos, quienes finalmente fueron rescatados antes de abandonar el país.

Durante la audiencia, Brooks rechazó las acusaciones. El imputado aseguró que únicamente prestó un servicio de transporte y afirmó que los verdaderos responsables del reclutamiento se encuentran en Rusia.

En una breve intervención también manifestó que desconoce cómo funcionaba el proceso para captar personas y negó haber participado en la organización de esos viajes.

Pese a esos argumentos, la juez concluyó que existían elementos suficientes para ordenar la detención provisional, al considerar los riesgos procesales planteados por la Fiscalía. La defensa presentó un recurso de apelación contra la medida cautelar, por lo que un tribunal superior deberá fijar en los próximos días la fecha para revisar esa decisión.

La captura del imputado ocurrió apenas horas después de que el Gobierno de Panamá actualizara a 24 el número de ciudadanos identificados en ambos bandos de la guerra.

De acuerdo con la Cancillería, 19 panameños han sido vinculados con las Fuerzas Armadas de Rusia y cinco con las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, uno de ellos murió en combate y varios permanecen desaparecidos.

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, explicó recientemente que el aumento de casos se produjo después de que más familiares acudieran a las autoridades para denunciar la desaparición o pérdida de contacto con personas que viajaron al extranjero atraídas por supuestas ofertas de empleo. Esos reportes permitieron ampliar el registro oficial y reforzar las investigaciones.

Actualmente, el Ministerio Público mantiene cuatro investigaciones relacionadas con estos hechos. Dos expedientes fueron abiertos tras denuncias de familiares y otros dos surgieron a partir de informes elaborados por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que desde hace meses sigue la pista de personas que presuntamente facilitan estos viajes desde Panamá.

El caso también provocó una reacción de la Embajada de Rusia en Panamá, que rechazó las versiones sobre un supuesto sistema de reclutamiento fraudulento impulsado por el Estado ruso.

La representación diplomática aseguró que los extranjeros que ingresan a las Fuerzas Armadas de ese país lo hacen mediante contratos voluntarios y afirmó que la misión diplomática no organiza campañas de reclutamiento, aunque expresó su disposición de colaborar con las investigaciones que desarrollan las autoridades panameñas.

La célula conocida como Los Delta ocupa un lugar central en la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al encargarse de tareas clave como el reclutamiento, el adiestramiento y la imposición del control territorial en el norte del país.

Sin embargo, la atención pública sobre Los Delta crece de manera significativa en marzo de 2025, cuando el grupo Guerreros Buscadores de Jalisco descubre el Rancho Izaguirre en Teuchitlán. En ese lugar, las autoridades hallan un campo de adiestramiento clandestino, crematorios, restos óseos y cientos de pertenencias personales.

Origen, estructura y perfil de los integrantes de Los Delta

El grupo fue fundado en 2018 y su presencia territorial se extiende más allá de Jalisco. De acuerdo con reportes de inteligencia revisados por El Financiero, la célula tiene operaciones documentadas en nueve municipios de Sonora: San Luis Río Colorado, Caborca, Carbó, Cajeme, Altar, General Plutarco Elías Calles, Sáric, Sásabe y Puerto Peñasco.

Los integrantes del grupo son en su mayoría jóvenes con condición física y entrenamiento en tácticas militares. En los últimos años, la célula ha incorporado a reclutas con habilidades tecnológicas para el manejo de drones y equipos electrónicos, según las indagatorias.

Sus funciones dentro del CJNG abarcan la compra de armas, el reclutamiento de personal —en algunos casos de forma forzada—, el adiestramiento de nuevos miembros y el control territorial. La célula también dirige la venta de drogas y opera redes de extorsión en los estados donde tiene presencia.

Armando Gómez Núñez, “Delta 1”, el líder con tres detenciones

El liderazgo más documentado del grupo recae en Armando Gómez Núñez, alias “Delta 1” o “Máximo”, de 46 años. Las autoridades lo identifican como el principal operador de Juan Carlos, alias “J3”, el hijastro de El Mencho, según informó la Fiscalía General de la República.

Gómez Núñez acumula tres detenciones. La primera ocurrió en 2020, cuando fue capturado en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande, en Jalisco, con dos fusiles de uso exclusivo del Ejército, un arma corta, cargadores, cartuchos y dosis de droga. Desde ese penal, coordinaba la venta de estupefacientes y extorsiones.

El Ejército Mexicano lo detuvo por segunda vez en octubre de 2024 en Guadalajara. En ese momento, las autoridades lo identificaron como el tercero al mando de la estructura del CJNG en la zona metropolitana de Guadalajara y como el encargado de la expansión del grupo en Michoacán, de acuerdo con un comunicado oficial.

Tras esa segunda captura, su defensa solicitó un régimen domiciliario por razones de salud desde el penal federal de máxima seguridad del Altiplano. Un juez aceptó la petición y Gómez Núñez volvió a la actividad criminal. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció su tercera detención el 19 de diciembre de 2025 en Zapopan, Jalisco.

Las investigaciones vinculan a “Delta 1” con homicidios, secuestros, extorsiones y tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos. Entre los casos que le atribuyen las autoridades figura el asesinato del exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval.

La cadena de mando tras las detenciones: El Sapo y otros líderes activos

La estructura de Los Delta no se desarticuló con la captura de su líder. Tras la segunda detención de Gómez Núñez en 2024, el mando del grupo pasó a Gonzalo Mendoza Gaitán, alias “El Sapo”, de 37 años, originario de Apatzingán, Michoacán, con más de una docena de averiguaciones previas por delitos federales desde 2010, según El Financiero.

El Sapo es el jefe directo de José Gregorio Lastra, “El Comandante Lastra”, identificado como el responsable del Rancho Izaguirre y el detenido de mayor rango en el caso Teuchitlán. La cadena de mando conecta así el campo de adiestramiento clandestino con la cúpula del grupo.

En noviembre de 2024, las autoridades también capturaron a Omar Félix Loaiza, alias “El Pelón”, líder de Los Delta en Sonora, el 15 de ese mes. Cuatro días después, el 19 de noviembre, fueron detenidos Leonel Alejandro y Carlos Andrés, presuntos sicarios del grupo, en un campamento en Sáric, Sonora, con armas y equipo táctico.

Entre otros líderes identificados por las autoridades figuran el colombiano Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”; Francisco Javier Gudiño Gudiño, “La Gallina”; Luis Manuel Pelayo Pelayo, “El R19”; Isidro Sánchez Torres y Alejandro Chacón Miranda.

La célula opera con un nivel de violencia que las autoridades califican de extremo. Según la Fiscalía, sus integrantes trasladan a las víctimas a casas de seguridad donde las torturan y asesinan. “La célula bajo su control mantiene presencia en diversos municipios de Jalisco y sus integrantes son catalogados como altamente violentos”, señalaron los investigadores.

El Ministerio Público confirmó que mantiene abiertas cuatro investigaciones por el presunto reclutamiento de panameños para la guerra entre Rusia y Ucrania, un caso que ha puesto bajo la lupa a las redes que captan ciudadanos mediante falsas ofertas de empleo para enviarlos a zonas de combate.

Las pesquisas avanzan mientras el Gobierno reconoce que al menos 15 panameños han sido vinculados al conflicto desde 2025, uno murió y varios permanecen desaparecidos.

La Procuraduría General de la Nación informó que las investigaciones corresponden a dos denuncias presentadas por familiares y dos informes de comunicación de hechos elaborados por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Según el comunicado oficial, todos los casos guardan relación con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, mientras la institución reiteró su compromiso con la protección de los ciudadanos panameños y con el esclarecimiento de los hechos.

El avance de las investigaciones coincide con la información divulgada por el Gobierno hace unos días, cuando confirmó que ciudadanos panameños han sido reclutados para participar en la guerra.

El canciller encargado, Carlos Arturo Hoyos, reveló que desde 2025 las autoridades tienen identificados al menos 15 panameños, de los cuales uno falleció y varios permanecen desaparecidos, aunque evitó precisar en cuál de los dos bandos combatían.

"Es una lástima“, declaró el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, al referirse a estos casos. El funcionario subrayó que “no es un tema en que el Gobierno Nacional ni el presidente José Raúl Mulino tenga absolutamente nada que ver” y añadió que la administración panameña “no está de acuerdo, ni participa, ni tiene ninguna intención de que esto se dé”, en referencia al reclutamiento de ciudadanos para el conflicto.

Las investigaciones del Ministerio Público avanzan en paralelo con las gestiones diplomáticas emprendidas por la Cancillería, que desde noviembre de 2025 mantiene contacto con las autoridades rusas para obtener información sobre ciudadanos panameños que viajaron al este de Europa.

El seguimiento se realiza mediante la Embajada de Rusia en Panamá, la representación diplomática panameña en Moscú y reuniones con funcionarios de la Cancillería rusa.

De acuerdo con Hoyos, la cifra de 15 panameños corresponde únicamente a los casos sobre los que el Estado ha logrado obtener información. Sin embargo, reconoció que el número real podría ser mayor, ya que algunos ciudadanos viajan utilizando rutas comerciales y visas de turismo sin informar a las autoridades sobre su verdadero destino.

Las pesquisas apuntan a la posible existencia de redes de reclutamiento que utilizan ofertas laborales para atraer latinoamericanos. Según las denuncias recibidas por las autoridades, los reclutadores prometen empleos como guardias de seguridad, operadores de maquinaria pesada o ayudantes de cocina, con salarios elevados y oportunidades de trabajo en Europa. No obstante, al llegar a Rusia o Ucrania, algunos terminan incorporados a unidades militares.

Uno de los expedientes que investiga el Ministerio Público corresponde al caso de un hombre de 35 años, cuyos familiares denunciaron que aceptó una oferta para trabajar como ayudante de cocina en Ucrania.

Según el relato presentado ante las autoridades, al llegar recibió un uniforme militar y fue informado de que tendría una semana de entrenamiento antes de ser enviado al frente de combate.

Los familiares también aseguraron que el panameño permaneció 15 días detenido después de negarse a participar en operaciones militares y que posteriormente perdieron toda comunicación con él, motivo por el cual acudieron a las autoridades para denunciar su desaparición.

Este caso se suma a una denuncia presentada anteriormente en la provincia de Chiriquí, donde familiares aseguraron que varios jóvenes fueron captados mediante falsas ofertas laborales para trabajar en Europa, aunque finalmente terminaron en territorio ruso.

Los testimonios recopilados por las autoridades describen un patrón similar. Los reclutadores ofrecían salarios de hasta $10.000 mensuales por trabajos en fábricas, seguridad privada o manejo de maquinaria pesada. Una vez en Rusia, según las denuncias, los trabajadores eran despojados de sus documentos, obligados a firmar contratos redactados únicamente en ruso e incorporados a unidades militares.

Una investigación publicada previamente por Infobae reveló que estas organizaciones utilizan principalmente TikTok, Facebook y Telegram para captar ciudadanos latinoamericanos. Las ofertas prometen pagos iniciales de entre $25.000 y $50.000, salarios mensuales cercanos a $2.600 y la posibilidad de obtener la ciudadanía rusa.

El recorrido de los reclutados suele incluir escalas por Colombia, España y Turquía antes de ingresar a Rusia. Diversos testimonios indican que las supuestas vacantes civiles terminan convirtiéndose en contratos militares para ser enviados a algunas de las zonas más peligrosas del conflicto.

No obstante, las autoridades panameñas reconocen que no todos los casos responden al mismo patrón. El vicecanciller Hoyos explicó que algunos ciudadanos viajaron plenamente conscientes de que participarían en la guerra, mientras que otros sostienen haber sido engañados con falsas promesas de empleo.

La Cancillería también ha recibido reportes de ciudadanos fallecidos, desaparecidos y otros cuyo paradero sigue siendo incierto. Sin embargo, reconoce que la información llega de manera fragmentada y que resulta difícil confirmar si algunos murieron durante los combates o permanecen ocultos tras desertar de las fuerzas militares.

El Gobierno admite además que su capacidad de actuación es limitada, debido a que muchos de los ciudadanos se encuentran desplegados en zonas de combate donde no existe acceso consular permanente.

Mientras el Ministerio Público mantiene abiertas las cuatro investigaciones para determinar si existieron delitos de trata de personas, reclutamiento mediante engaño u otras conductas criminales, la Cancillería reiteró el llamado a la población para desconfiar de ofertas laborales relacionadas con países involucrados en conflictos armados, al advertir que detrás de promesas de altos salarios pueden ocultarse mecanismos de reclutamiento que ponen en riesgo la libertad y la vida de quienes las aceptan.

Miles de graduados y postulantes a empleos de nivel inicial en Estados Unidos encuentran obstáculos en los procesos de selección a causa de herramientas automáticas de cribado basadas en inteligencia artificial. La adopción masiva de estos sistemas por parte de las empresas durante los últimos dos años ha repercutido en las tasas de contratación juvenil, en un contexto donde la eficiencia y el volumen de postulaciones impulsan la digitalización del reclutamiento.

Según un informe publicado en 2026 por la firma estadounidense Greenhouse, solo el 21% de los responsables de recursos humanos en el país confía plenamente en que los sistemas automáticos evitan rechazar postulantes calificados. Una encuesta paralela realizada por la consultora Gallup muestra que la desconfianza de los jóvenes hacia la inteligencia artificial en el empleo aumentó de 22% a 31% en un año, mientras que la proporción de quienes consideran que la tecnología reduce habilidades y oportunidades profesionales supera el 60%.

El uso de algoritmos de selección y sistemas de seguimiento de candidatos (ATS) se consolidó en los procesos de incorporación laboral durante la segunda mitad de la década, una tendencia reforzada por el crecimiento del volumen de postulaciones y la necesidad de optimizar recursos en las compañías. De acuerdo con la American Staffing Association, alrededor del 49% de los buscadores de empleo percibe que la inteligencia artificial aplicada a la selección es más sesgada que la revisión humana, lo que alimenta el debate sobre equidad y acceso a oportunidades.

¿Qué son los sistemas de filtrado automático en la búsqueda de empleo?

Los sistemas de filtrado automático, conocidos como Applicant Tracking Systems (ATS), son plataformas tecnológicas que utilizan inteligencia artificial para gestionar y organizar grandes volúmenes de solicitudes laborales. Estas herramientas identifican palabras clave en los currículos y cartas de presentación, seleccionando los perfiles que mejor coinciden con los requerimientos de la vacante. Según datos de Greenhouse, en la mayoría de los casos el primer análisis lo realiza un algoritmo, sin intervención directa de un reclutador humano.

El avance de estos sistemas ha permitido a las empresas reducir tiempos y costos, pero también ha generado riesgos de exclusión para postulantes cuyos perfiles no se ajustan exactamente a los parámetros definidos. Investigadores de Stanford University, Chapman University y Northeastern University analizaron 4 millones de aplicaciones laborales y concluyeron que los algoritmos producen desigualdades, especialmente cuando los candidatos aplican repetidas veces a vacantes gestionadas por el mismo proveedor tecnológico. Esta situación puede derivar en rechazos sistemáticos y reducción de oportunidades para ciertos grupos, según el estudio.

¿Cómo afecta la inteligencia artificial a los jóvenes que buscan su primer empleo?

La reducción de oportunidades para jóvenes y recién graduados es una de las principales consecuencias de la automatización en la selección de personal. El informe de Ambition Search indica que los programas de ingreso para graduados y los puestos de nivel inicial cayeron un 33% en 2025, situándose en el nivel más bajo desde 2018. En marzo de 2026, el número de jóvenes fuera de la educación, el empleo o la formación alcanzó los 1,012,000, de acuerdo con datos oficiales procesados por la consultora.

La encuesta de Gallup revela que el 62% de los estadounidenses entre 14 y 29 años considera que la inteligencia artificial dificulta el desarrollo de habilidades y el acceso a un empleo que permita el crecimiento profesional. Además, el mismo estudio detectó una disminución del 5,5% en la contratación de personas de entre 22 y 25 años en sectores expuestos a la automatización, mientras que los trabajadores mayores no experimentaron variaciones significativas.

La American Staffing Association señala que el 49% de los candidatos percibe sesgos negativos en los sistemas automáticos, lo que afecta la diversidad y la equidad en el acceso laboral. “La principal vía de ajuste ha sido la caída en nuevas contrataciones, más que el despido de empleados actuales”, señala el informe de Gallup.

¿Por qué los filtros de inteligencia artificial pueden limitar la diversidad y la equidad?

La automatización en la selección de personal presenta desafíos para la diversidad y la equidad, según especialistas y entidades laborales. Ambition Search advierte que, si los algoritmos se entrenan para seleccionar perfiles que coinciden con patrones históricos, las empresas pueden perder variedad y restringir la incorporación de talentos con experiencias diferentes. El informe de Greenhouse subraya que los sistemas automáticos afectan especialmente a quienes envían solicitudes a varias compañías que utilizan el mismo proveedor tecnológico, ya que el algoritmo tiende a rechazar sistemáticamente los perfiles que no superaron filtros previos.

En la práctica, esto reduce las oportunidades de quienes buscan empleo en sectores con alta demanda y competencia. La American Staffing Association recomienda a las empresas revisar periódicamente los criterios de los algoritmos y ofrecer alternativas para quienes no avanzan en la primera fase automática, con el fin de evitar la exclusión involuntaria.

¿Qué dicen las empresas y las autoridades sobre la automatización en la contratación?

Algunas grandes organizaciones de Estados Unidos han anunciado iniciativas para asegurar el acceso de jóvenes al mercado laboral. Bank of America informó a medios estadounidenses que mantiene su compromiso de contratar anualmente a miles de graduados, revisando sus procesos internos para garantizar la equidad. El director ejecutivo, Brian Moynihan, declaró en entrevistas difundidas por Fox Business que la entidad financiera promueve programas específicos de incorporación, pese a la tendencia general de reducción de vacantes de nivel inicial.

La American Staffing Association y la Harris Poll publicaron en 2026 un informe en el que recomiendan mayor transparencia en el empleo de inteligencia artificial y la adopción de mejores prácticas para limitar los sesgos. Entre las propuestas figura la formación de equipos de recursos humanos en el desarrollo y la supervisión de los sistemas automatizados.

¿Qué estrategias pueden adoptar los jóvenes ante los filtros automáticos?

Expertos consultados por Ambition Search y Greenhouse sugieren que los jóvenes adapten sus currículos y cartas de presentación a los formatos digitales, utilizando palabras clave relevantes para los sistemas automáticos y familiarizándose con los procesos de selección de cada empresa. También recomiendan consultar recursos institucionales y guías de orientadores laborales para mejorar las posibilidades de superar los filtros iniciales.

El debate actual gira en torno a la regulación y supervisión de la inteligencia artificial en la selección de personal, una cuestión que sigue abierta en el ámbito académico y en organismos públicos. Las universidades y centros de investigación continúan monitoreando los efectos de la automatización en el acceso laboral y la movilidad social, según los informes de Greenhouse y Gallup.

¿Qué impacto tienen los filtros automáticos en el mercado laboral de Estados Unidos?

El despliegue de sistemas automáticos de selección repercute en la estructura del empleo juvenil y en la capacidad de las empresas para atraer talento diverso. La optimización de recursos y la reducción de tiempos en la gestión de postulaciones contrastan con los riesgos de exclusión y la posible homogeneización de los perfiles contratados. El desarrollo de soluciones que permitan una evaluación más justa y transparente es un objetivo identificado por consultoras, asociaciones y responsables de recursos humanos.

El seguimiento de estas tendencias y la incorporación de mecanismos de control, revisión periódica y participación humana en las etapas críticas del proceso de selección serán determinantes para el futuro del mercado laboral estadounidense. El acceso al primer empleo y la diversidad de talento figuran entre las prioridades de las políticas laborales y educativas en el corto y mediano plazo.

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, informó que el Estado boliviano ha identificado a 26 ciudadanos bolivianos vinculados al Ejército de la Federación Rusa, en el marco de la ofensiva bélica contra Ucrania. Aramayo señaló que estos casos están en seguimiento para brindar asistencia a través de la representación diplomática en ese país.

Según el informe presentado por el canciller, uno de ellos falleció, cuatro permanecen heridos en hospitales de campaña, uno fue repatriado al país y los 20 restantes tienen contratos activos con las fuerzas rusas.

Si bien el caso de bolivianos reclutados para el ejército ruso estalló en julio con la denuncia pública de familiares de dos jóvenes que presuntamente habían fallecido en combate, el canciller Aramayo señaló que conocían estos casos desde noviembre del año pasado y que se está realizando seguimiento.

“Desde noviembre de 2025, es decir, apenas ingresamos a la Cancillería, tomamos conocimiento de este tipo de hechos y hemos tomado acciones a través de la vía consular y diplomática”, afirmó en conferencia de prensa.

Como parte de estas gestiones, mencionó que entre el 6 y el 9 de junio de 2026 una misión consular fue enviada a Donetsk para verificar la situación de uno de los ciudadanos bolivianos y gestionar su renuncia a las Fuerzas Armadas rusas.

Posteriormente, el 17 de julio, sostuvo una reunión extraordinaria con el embajador de Rusia en Bolivia, Dmitry Verchenko, en la que se estableció “un canal directo” de comunicación para dar seguimiento a los demás casos.

En relación con las denuncias de reclutamiento mediante engaños, el canciller informó que la investigación está en manos de las instancias judiciales que determinarán si hubo delitos vinculados con la captación de personas.

En la misma jornada, la Asociación Departamental de Derechos Humanos de Santa Cruz, denunció que al menos nueve indígenas chiquitanos fueron reclutados para unirse al ejército ruso mediante engaños y ofertas laborales falsas en el área de jardinería, construcción, limpieza y seguridad.

Víctor Hugo Velasco, presidente de la asociación, informó en una entrevista en la Radio Fides que presentó el caso ante instancias internacionales porque “constituyen un delito de lesa humanidad y de trata y tráfico de personas”.

El caso se destapó hace un par de semanas, cuando los familiares de Iván Valdivia y José María Soleto, de 28 y 29 años respectivamente, denunciaron públicamente que habían sido reclutados en mayo para unirse al Ejército ruso y que habían recibido una notificación de su muerte.

Tras darse a conocer el caso, la Fiscalía inició investigaciones de oficio y se logró la aprehensión de tres personas presuntamente vinculadas a Amador M.A., principal sospechoso de encabezar la red de reclutamiento en Santa Cruz, quienes fueron enviadas a la cárcel de Palmasola con detención preventiva.

En los operativos se allanó una vivienda en la que presuntamente se alojaban las víctimas antes del viaje a Moscú y se decomisaron más de 50 pasaportes, lo que refuerza las sospechas sobre la existencia de una organización criminal operando en el país.

En tanto, la Policía mantiene la búsqueda de Amador M. A., quien se presume que huyó a Brasil tras el inicio de la investigación.

La Justicia boliviana dispuso 60 días de detención preventiva para tres personas investigadas por el presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos para ser enviados a Rusia con el objetivo de combatir en la guerra contra Ucrania.

Los imputados son el hermano, el hijo y el yerno de Amador M., principal sospechoso de liderar la organización de trata y tráfico, y contra quien se activó una alerta migratoria, pese a que la Policía presume que huyó a Brasil luego de las denuncias.

La defensa de los acusados señaló en la audiencia que sus clientes se dedicaban a realizar trámites migratorios para terceros y negó que estuvieran vinculados al sistema de reclutamiento ilegal de personas.

Sin embargo, la Fiscalía fundamentó la medida cautelar por los riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación. “El Ministerio Público ha fundamentado la participación y la individualización de cada uno de estos actores que forman parte de la red criminal y el juez determinó enviarlos a la cárcel de Palmasola (Santa Cruz) por 60 días”, informó al finalizar la audiencia el fiscal de la Unidad de Trata y Tráfico, Mijail Cavero.

Los tres detenidos fueron aprehendidos la tarde del jueves durante allanamientos en dos inmuebles de Santa Cruz de la Sierra en los que se encontraron al menos 50 pasaportes y donde se presume que las víctimas se alojaban temporalmente antes de realizar el viaje.

La investigación se abrió luego de las denuncias públicas de familiares de dos jóvenes — José María Soleto, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28— que presuntamente fueron enviados a Rusia en abril con ofertas laborales falsas y fallecieron en el conflicto armado con Ucrania.

Según información oficial, el Ministerio Público investiga al menos 16 casos de presuntas víctimas que habrían sido captadas mediante engaños y la Cancillería activó mecanismos de asistencia para los bolivianos que permanecen en Rusia. En tanto, la representación diplomática de Bolivia en Moscú envió la semana pasada una nota oficial al Gobierno para solicitar información sobre el caso, pero aún no se conoce si hubo respuesta.

Desde que se difundió el caso, la Embajada de Rusia en Bolivia negó estar vinculada al sistema de reclutamiento, pero justificó la presencia de mercenarios extranjeros en conflictos armados como una práctica que ocurre “en todo el mundo”.

Una red internacional de trata y tráfico

El caso boliviano no es excepcional. Hace un par de meses se reveló que al menos 600 peruanos habían sido reclutados para el conflicto armado y que al menos 13 habían muerto en el conflicto.

Según una investigación y testimonios recogidos por Infobae, la red de reclutamiento opera en varios países de América Latina utilizando una combinación de ingeniería social, promesas financieras y la explotación de la vulnerabilidad socioeconómica.

Las mafias han perfeccionado un mecanismo de captación que esquiva los controles migratorios y termina con cientos de ciudadanos latinoamericanos atrapados en el frente ucraniano.

Este esquema quedó en evidencia en junio de 2026 con el retorno de seis ciudadanos hondureños que habían sido captados bajo promesas de trabajo en los sectores de agricultura y construcción en Rusia. Al llegar a Moscú, les despojaron de sus pasaportes y comenzaron a presionarlos para alistarse como mercenarios en la guerra de Ucrania.

Tras momentos de extrema tensión, los sujetos lograron escapar de la red de trata y contactar a las autoridades diplomáticas para retornar a su país.

La investigación por el presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos para combatir junto a las fuerzas rusas en la guerra contra Ucrania avanzó este jueves con la detención de tres personas vinculadas al principal sospechoso, Amador M.A., quien se encuentra prófugo de la Justicia. En los allanamientos también se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, documentos personales y alrededor de 50 pasaportes.

La primera persona capturada fue L.A.V., yerno del presunto reclutador, quien se encontraba en un inmueble ubicado en la avenida Piraí, en Santa Cruz de la Sierra, donde se presume que las personas reclutadas se alojaban temporalmente antes de ser trasladadas a Rusia. El hombre aseguró desconocer el paradero de su suegro y afirmó que se enteró de las actividades que se le atribuyen “por los medios de comunicación”.

Más tarde, agentes del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (Daci) allanaron otra vivienda en la zona de la Pampa de la Isla, donde arrestaron a dos presuntos hermanos del principal investigado, identificados con las iniciales R.C.A. y E.M.A. Según los medios locales, en ese domicilio los investigadores encontraron un bolso con alrededor de 50 pasaportes, además de documentos considerados relevantes para la pesquisa y un vehículo que fue secuestrado.

Los fiscales indicaron que el hallazgo refuerza la hipótesis de que podría existir una estructura organizada detrás del reclutamiento, aunque señalaron que las investigaciones continúan para determinar el alcance de las actividades y la posible participación de otras personas.

De acuerdo con la Fiscalía, actualmente hay tres investigaciones abiertas que reúnen denuncias de 16 presuntas víctimas. La primera fue presentada en mayo por una persona; la segunda se conoció este mes junto con otras seis víctimas, y la tercera corresponde a nueve personas presuntamente captadas en una comunidad rural de Santa Cruz.

El caso estalló públicamente esta semana cuando los familiares de dos jóvenes —Iván Valdivia y José María Soleto— denunciaron que ambos habían viajado a Rusia tras aceptar una oferta laboral con la promesa de salarios de hasta 20.000 dólares, pero terminaron siendo reclutados para combatir en la guerra contra Ucrania. Tras perder contacto con ellos el 3 de junio, la familia recibió información de que ambos habrían fallecido en el frente de combate y pidió a las autoridades que investigaran la existencia de una red de captación de personas y ayuda para la repatriación de los cuerpos.

A partir de esa denuncia pública, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación de oficio por presunta trata y tráfico de personas para conflictos armados.

En paralelo, la Embajada de Rusia negó cualquier vinculación con el proceso de reclutamiento, pero el representante de la misión diplomática, Dmitry Vérchenko, señaló que “en todo el mundo existen mercenarios que luchan por dinero” y agregó que si bien desconoce sobre la presencia de bolivianos, se tiene información sobre la participación de “extranjeros de América Latina”.

En los últimos días surgieron nuevas denuncias de familias de la comunidad Rincón de Palometas, en el departamento de Santa Cruz, quienes indicaron que cerca de diez jóvenes habían sido captados meses antes con ofertas de trabajo como albañiles, plomeros o electricistas en Rusia, pero que, una vez en ese país, recibieron entrenamiento militar y fueron enviados al frente de combate.

La Cancillería informó que la Embajada de Bolivia en Rusia está prestando asistencia a las presuntas víctimas y que envió una nota oficial al Gobierno para solicitar información sobre los dos jóvenes bolivianos presuntamente reclutados y fallecidos en combate.

La Embajada de Bolivia en Rusia envió una nota oficial al gobierno para solicitar información sobre dos bolivianos que presuntamente habrían muerto en combate tras ser reclutados, mediante engaños, para participar en la guerra con Ucrania.

El viceministro de Gestión Consular, Héctor Huanca, indicó que tomaron conocimiento del caso a partir de solicitudes de asistencia de familiares de las víctimas y se activaron protocolos de asistencia consular mientras esperan una respuesta oficial a su solicitud.

“Hemos activado de manera inmediata nuestros protocolos de protección y asistencia consular e iniciado las consultas correspondientes a través de la Embajada”, afirmó en entrevista en el canal Unitel.

Según Huanca, presumen que hay al menos 16 ciudadanos bolivianos involucrados que habrían sido contactados por intermediarios con ofertas laborales y económicas.

El caso se destapó este martes cuando la Fiscalía abrió una investigación sobre las denuncias públicas de familiares de dos jóvenes —José María Soleto, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28— que presuntamente fueron reclutados por Rusia en abril para la guerra contra Ucrania.

Ambos jóvenes se contactaron con sus familiares el 3 de junio por última vez y días más tarde recibieron una notificación escueta sobre su fallecimiento. “Hasta ahora no sabemos ni una información sobre los dos que se han ido a Rusia; no sabemos nada. Solamente nos dieron la noticia de que ellos habían fallecido”, señaló Paola Bazán, esposa de José María Soleto, a la agencia de noticias EFE.

Las familias pidieron ayuda a las autoridades nacionales para conocer la situación real de los dos jóvenes y que se gestione la repatriación de los cuerpos.

Soleto y Valdivia eran primos y en Bolivia tenían trabajos eventuales como albañil y plomero. Según sus familiares, ambos viajaron con la promesa de recibir pagos de hasta 28.000 dólares por trabajos relacionados con la construcción, pero que una vez en el lugar les dieron entrenamiento militar por un mes y luego de un mes los mandaron al frente del conflicto.

Tras darse a conocer públicamente estas denuncias, la Embajada de Rusia en Bolivia emitió un comunicado en el que descartó un vínculo con el supuesto reclutamiento de bolivianos para participar en operaciones militares contra Ucrania.

“Esta Misión Diplomática destaca inequívocamente que no mantiene ningún vínculo con las supuestas actividades de organizaciones o personas presuntamente dedicadas al reclutamiento con dichos fines, ni dispone de información sobre la existencia de tales estructuras», afirma la nota y añade que la Embajada rusa “no está en condiciones de facilitar asistencia, asesoramiento u orientación sobre esta cuestión”.

En junio pasado, la representación diplomática había alertado sobre “la circulación de anuncios de empleo vinculados con los conflictos bélicos que ofrecen cuantiosas sumas de dinero” y que la eventual incorporación a esas actividades suponía “un alto riesgo de estafa” y “un máximo riesgo para la integridad física y la vida de las personas”.

No es la primera vez que se denuncian reclutamientos en Sudamérica para participar en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El caso más reciente ocurrió en abril cuando se conoció que unos 130 peruanos habían sido llevados al combate mediante engaños y promesas de remuneración.

Justhin, Jordan y Christopher fueron localizados con vida en Guadalajara luego de nueve días desaparecidos, un caso que abrió la línea de investigación por presunto reclutamiento forzado porque, antes de perder contacto con sus familias, los adolescentes dijeron que irían a trabajar a la sierra tras salir de su graduación de secundaria.

Los tres menores desaparecieron el 30 de junio en la colonia Lomas del Paraíso. A nueve días de su ausencia, regresaron sanos y salvos y quedaron bajo resguardo de sus familiares, aunque hasta el momento no se informó de dónde venían ni en qué circunstancias ocurrieron su localización y retorno.

La abuela de Jordan, María Luisa, confirmó que los adolescentes llegaron a su domicilio cerca de las 5:00 de la mañana de este jueves 9 de julio. Señaló que los tres estaban bien y que permanecían descansando en la vivienda.

“Es verdad, gracias a Dios. Llegaron a mi domicilio [...] los tres niños”, dijo la familiar a Nmás. También explicó que los menores no habían mencionado de dónde provenían al momento de volver con su familia.

Los adolescentes salieron tras su graduación y fueron vistos rumbo al Parque de los Cocos

Justhin Enrique, de 15 años, Jordan Isaac, de 14 y Christopher Alfredo, de 13, desaparecieron horas después de concluir su graduación de la Secundaria Técnica 113. Sus familiares indicaron que fueron vistos caminando hacia el Parque de los Cocos, donde supuestamente un auto de plataforma pasaría por ellos para trasladarlos a trabajar a la sierra.

Ese fue el último trayecto del que se tuvo referencia clara en los primeros días de búsqueda. La preocupación creció porque después de ese punto ya no hubo certeza sobre lo que ocurrió con los menores.

Como parte de las investigaciones, se revisaron videos de cámaras de videovigilancia. En esas imágenes aparecieron cuatro jóvenes, entre ellos los tres adolescentes, mientras caminaban por el cruce de las calles Arnulfo González Medina y Eustaquio Arias.

El recorrido captado por las cámaras fue de aproximadamente 650 metros hasta el Parque de los Cocos. A partir de esos registros, las autoridades y las familias intentaron reconstruir los últimos movimientos de los menores antes de su desaparición.

La Fiscalía mantuvo abierta la investigación bajo la hipótesis de reclutamiento forzado. Esa línea surgió por dos elementos: la versión de que irían a trabajar a la sierra y el señalamiento de que habrían sido vistos con una persona desconocida.

La madre de uno de ellos relató que su hijo volvió a casa después de la ceremonia y salió poco tiempo más tarde para reunirse con amigos. A las 18:46 horas recibió su último mensaje: “Que se va a ir tres meses a trabajar a la sierra y que ore por él y que me ama mucho”.

Las familias hicieron recorridos, protestas y campañas para exigir su localización

Durante los nueve días que permanecieron desaparecidos, los familiares de los tres menores realizaron manifestaciones, recorridos y campañas de difusión en redes sociales. El objetivo fue mantener visibles sus fichas de búsqueda y exigir avances en la localización.

El caso provocó una movilización amplia en Lomas del Paraíso y en otras zonas de Guadalajara. También generó solidaridad entre la población, que compartió imágenes e información para ayudar a encontrarlos.

Janeth Molina, madre de Justhin, confirmó el regreso de su hijo y agradeció el apoyo recibido durante los días de búsqueda. “Quiero agradecer todo el apoyo de las personas que nos ayudaron compartiendo las imágenes, que nos ayudaron con sus oraciones, con sus mensajes. Muchas gracias. Así como solicité su ayuda y su apoyo para Justhin, junto con Chris y con Jordan, hoy solo tengo palabras de agradecimiento”.

La madre del adolescente añadió que no podía ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias del regreso, pero precisó que el joven llegó durante la madrugada. “No puedo decir mucho, pero llegó aproximadamente como a las cuatro de la mañana”.

Olivia Raquel Enríquez, tía de Jordan, también confirmó que su sobrino regresó a casa de su hermana. La familiar agradeció a quienes ayudaron a difundir el caso y sostuvo que el menor volvió sin que en ese momento se conocieran más detalles sobre lo ocurrido durante su ausencia.

La localización con vida de los tres adolescentes respondió la pregunta central que mantuvo en alerta a sus familias desde el 30 de junio: Justhin, Jordan y Christopher ya estaban de vuelta en casa, sanos y salvos, aunque seguía sin conocerse públicamente qué pasó en los días en que estuvieron desaparecidos.

Hasta el cierre de la información, las autoridades no habían dado a conocer las circunstancias precisas en que fueron localizados los menores ni habían detallado si la línea de investigación por presunto reclutamiento criminal seguía vigente.

• Los tres adolescentes desaparecieron el 30 de junio después de su graduación de secundaria en Guadalajara.
• Fueron localizados con vida nueve días después y regresaron durante la madrugada a casa de sus familiares.
• La Fiscalía investigó el caso como presunto reclutamiento forzado, pero no se informaron las circunstancias de su localización.

La delincuencia organizada estaría usando a jovencitas para reclutar adolescentes en Jalisco y Puerto Vallarta, con una mecánica que combina engaño, convivencia casual en espacios públicos y el traslado inmediato a otro punto para concretar la captación.

Dos casos, uno frustrado por la intervención de una madre y otro bajo investigación tras la desaparición de tres jóvenes, exhibieron una modalidad en la que una adolescente se acercó a menores en plazas comerciales, ganó su confianza y les propuso reunirse con supuestos familiares.

El patrón incluye la aparición de cómplices que se hacen pasar por padres de familia o por el chofer de un auto de plataforma. La intención es sacar a los adolescentes del entorno donde están acompañados y moverlos a otro sitio sin que avisaran a ningún adulto.

Una madre evitó que dos adolescentes subieran a un automóvil

Uno de los episodios habría ocurrido este fin de semana en una plaza comercial de la avenida López Mateos, en Guadalajara. Una madre de familia habría compartido e redes sociales su caso cuando cinco estudiantes de una escuela ubicada al norte de la ciudad fueron al cine; entre ellos estaba su hijo de 14 años, ella decidió mantener el anonimato por miedo a represalias.

La mujer contó que llevó a su hijo al cine y que, después de comprar los boletos, una adolescente de aproximadamente 15 años se acercó al grupo mientras esperaban el ingreso a la función. La menor comenzó a convivir con ellos y dijo que sus padres estaban comiendo en un restaurante cercano.

La madre relató que incluso los adolescentes le pidieron comprar un boleto para la joven, quien aseguró tener permiso de sus padres para entrar a la sala con ellos. La situación le pareció extraña y por eso decidió quedarse en la plaza mientras transcurría la película.

Casi al final de la función, su hijo le envió un mensaje. Le avisó que la nueva amiga les había propuesto salir antes de que terminara la película para acompañarla a reunirse con sus supuestos padres, quienes, según ella, estaban a unas cuadras del centro comercial.

La mujer dijo que la adolescente también les pidió no avisar a ningún adulto porque “no los dejarían ir”. De los cinco jóvenes, dos aceptaron la invitación y su hijo se apartó para llamarle por teléfono desde el baño del cine y explicarle lo que estaba pasando.

La madre acudió de inmediato a la sala. Ahí encontró a su hijo, quien le dijo que dos de sus compañeros ya habían salido con la adolescente.

Ella recordó lo que el menor le dijo: “Mami, la peli está súper aburrida y mi amiga me pidió que la acompañáramos con sus papás. Ellos están a dos cuadras de la plaza. Ella no quiere que te llame porque dice que no me vas a dejar y que aquí estamos a las 7”. La respuesta de ella fue directa: “Ahí quédate”.

El conductor arrancó con las puertas abiertas

Después de confirmar que su hijo estaba a salvo, la mujer corrió a la salida de la plaza. Alcanzó a los dos adolescentes cuando estaban por subir a un automóvil y logró detenerlos antes de que el traslado se concretara.

Según su testimonio, ella bajó a uno de los menores del coche y el otro se salió por su cuenta por la otra puerta. Después intentó acercarse al conductor para revisar quién era y confirmar si realmente se trataba de un chofer de plataforma.

La mujer describió así ese momento: “Le digo al tipo que iba manejando: ‘Disculpa…’, para verificar que era un Uber, y el tipo arranca con las puertas abiertas y me avienta con la puerta trasera. La niña jamás volteó y yo no pude ni tomar sus placas. Nadie me escuchó, nadie me hizo caso. Es como si hubiera estado sola en esa situación”.

Su decisión posterior fue hacer público lo ocurrido para alertar a otras familias. También pidió a madres y padres mantener comunicación constante con sus hijos y respetar el anonimato de su familia por temor a represalias.

“Quiero que esto llegue a todos los jóvenes y a todas las mamás. No quiero que nadie más pase por una situación así. Les pido que estén alertas y que respeten nuestro anonimato porque tenemos miedo”, expresó.

Puerto Vallarta abrió otra línea de investigación

El segundo caso no terminó en rescate, sino en una indagatoria por desaparición. Durante las investigaciones por la ausencia de tres jóvenes en Puerto Vallarta el 25 de junio, surgieron sospechas de que una joven mujer también habría participado en el enganche previo al reclutamiento.

Esa línea reforzó la hipótesis de una modalidad específica: adolescentes o jovencitas que se acercaron a jóvenes en espacios cotidianos, construyeron confianza en poco tiempo y los llevaron a un punto donde ya esperaban otros participantes. La coincidencia entre ambos casos colocó la atención en el uso de mujeres jóvenes como primer contacto para vencer la desconfianza inicial de las víctimas.

• En Guadalajara, una madre evitó que dos adolescentes fueran trasladados por una joven que los abordó en un cine de una plaza comercial.

• La mecánica incluyó el engaño de supuestos padres cercanos y la presencia de un automóvil con conductor que arrancó cuando la mujer intentó verificar su identidad.

• En Puerto Vallarta, la desaparición de tres jóvenes el 25 de junio abrió sospechas sobre un reclutamiento similar con participación de una joven mujer.

Las familias presentaron las denuncias el miércoles 1 de julio ante la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y pidieron la activación de los protocolos de búsqueda. La coincidencia temporal con otros tres casos en Puerto Vallarta elevó la preocupación por la posible intervención de grupos criminales en distintos puntos del estado.

Las cámaras de vigilancia captaron el último rastro de Jhustin Enrique Torres Sandoval, Jordan Isaac García López y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz. En las imágenes se observó que caminaban por Lomas del Paraíso junto con otro joven, quien sí regresó a su casa.

Aquel martes, Justin Enrique, Jordan Isaac y Christopher Alfredo, de entre 14 y 15 años de edad, habían acordado salir después de su ceremonia de graduación. Durante la tarde se reunieron con el compañero que aparecía en el video y después se perdió todo contacto con ellos.

La Fiscalía mantuvo abierta la hipótesis de reclutamiento forzado

La principal línea de investigación apuntó a que los adolescentes habrían sido llevados a la sierra durante tres meses. Esa versión surgió de comentarios que uno de los jóvenes habría mandado a su madre antes de desaparecer.

La Vicefiscalía de Personas Desaparecidas informó que realizaba entrevistas y que no descartaba un reclutamiento por parte del crimen organizado. Blanca Trujillo, titular de esa área, dijo: “Hay un dato de prueba que demuestra que tenían un interés en pertenecer a la delincuencia, pero no lo puedo afirmar, no hay una línea de investigación clara”.

Esa declaración provocó inconformidad entre familiares de los tres adolescentes, que salieron a las calles de Guadalajara para exigir rapidez en las indagatorias y pedir que no se criminalizara a los menores. Los parientes sostuvieron que los jóvenes no tenían vínculos con grupos delictivos ni buscaban integrarse a un cártel.

Janet Nayeli Molina López, madre de Justin, relató que su hijo volvió a casa después de la ceremonia y salió poco tiempo más tarde para reunirse con amigos. A las 18:46 horas recibió su último mensaje: “Que se va a ir tres meses y que ore por él y que te ama mucho”.

La madre añadió: “No es una rutina que haga mi hijo”. También explicó que Justin ya había tramitado su ingreso a la Preparatoria 11 de la Universidad de Guadalajara.

Las familias describieron mensajes de despedida, extorsiones y temor

El caso de Jordan Isaac también dejó un indicio similar. Olivia Raquel Enríquez Ulloa, tía del adolescente, contó que el hermano menor del joven los escuchó despedirse mientras decía que irían “a trabajar a la sierra”.

Enríquez Ulloa habló desde una experiencia marcada por otra ausencia: llevaba tres años y nueve meses buscando a su propio hijo desaparecido. “Es volver a empezar el dolor otra vez, abrir otra vez la llaga”, dijo entre lágrimas.

La madre de Justin resumió la angustia que compartían las tres familias: “Realmente no es vida, estás muerta en vida. Estoy todo el tiempo pensando: ¿ya comió, le están pegando, está en el sol? Es una tortura”. También denunció que recibió llamadas y mensajes de extorsión de personas que afirmaban tener a su hijo.

En el caso de Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, su madre y su hermana acudieron a interponer la denuncia formal. La ficha de búsqueda señaló que medía aproximadamente 1.80 metros, era de complexión delgada, tenía cabello negro y al momento de su desaparición vestía pantalón azul, camisa negra y gorra negra.

Los tres casos de Guadalajara se sumaron a otros tres registrados en Puerto Vallarta en un lapso cercano. Todos quedaron inscritos en una crisis de desapariciones que desde hace años afectaba a municipios como Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga, y que también alcanzaba zonas turísticas y corredores de tránsito.

La coincidencia de ambos episodios durante el periodo de graduaciones de junio y julio encendió la alerta entre colectivos de búsqueda y padres de familia. Las tres familias de Guadalajara reiteraron su llamado a la ciudadanía para que cualquier dato sobre el paradero de los menores fuera entregado de inmediato a las autoridades.

• Tres adolescentes desaparecieron el 30 de junio en Guadalajara después de su graduación de la Secundaria Técnica 113.
• La Fiscalía investigó como línea principal un posible reclutamiento forzado relacionado con la versión de que serían llevados a la sierra.
• Las familias rechazaron cualquier vínculo de los menores con grupos delictivos y denunciaron extorsiones, mensajes de despedida y demora en la búsqueda.

Seis jóvenes de Jalisco desaparecieron en los días previos o posteriores a sus ceremonias de graduación. Los casos se dividen en dos grupos: tres estudiantes del CECyTEJ en Puerto Vallarta y tres egresados de secundaria en Guadalajara, todos con edades de entre 14 y 18 años.

La cifra revela un patrón que preocupa a las autoridades y a las familias: el período de festejos escolares de fin de curso se convierte en un momento de alta vulnerabilidad para los adolescentes en el estado.

Tres estudiantes desaparecen en Puerto Vallarta camino a su graduación

El 25 de junio, Flor Yoselin Espinoza Contreras (18 años), Elvira Monserrat Guzmán Mascorro (14 años) y José Israel Ramos Mejía (17 años) esperaban transporte en la parada de autobús conocida como “El Zancudo”, sobre la carretera estatal 544, en la delegación Ixtapa. Según los testimonios de sus familiares, un grupo de sujetos los interceptó y los privó de la libertad antes de que pudieran llegar a su ceremonia de graduación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECyTEJ).

La Comisión Nacional de Búsqueda activó fichas de alerta y las autoridades estatales desplegaron operativos de rastreo en la zona. La Fiscalía de Jalisco mantiene abiertas las investigaciones para determinar el paradero de los tres jóvenes e identificar a los responsables.

Lo que dijo hoy la Fiscalía de Jalisco en conferencia de prensa

Este 2 de julio, la Fiscalía de Jalisco confirmó en conferencia de prensa que el reclutamiento por parte del crimen organizado es una línea de investigación activa en el caso. La dependencia precisó que, hasta el momento, no hay evidencia de que los jóvenes hayan utilizado alguna aplicación de transporte por plataforma para salir del municipio, aunque sí se trabaja para determinar en qué tipo de vehículo se trasladaron.

Un dato central de la investigación es que, después del 25 de junio, las víctimas mantuvieron comunicación telefónica con sus familias. Les dijeron que se encontraban bien, pero que no podían regresar “por el momento”. La Fiscalía advirtió que esas llamadas forman parte del expediente y se analizan con detenimiento.

Uno de los elementos más inquietantes que reveló la autoridad fue que una de las jóvenes llamó a su familia para pedirle que retirara las fichas de búsqueda. La Fiscalía fue categórica: eso no ocurrirá. Las alertas nacionales permanecen activas y circulan en todo el país.

La institución también informó que giró solicitudes de colaboración a las fiscalías de Colima y Michoacán, luego de que la investigación arrojara indicios en esas dos entidades. La búsqueda ya no se limita a Jalisco.

Tres egresados de secundaria desaparecen en Guadalajara cinco días después

El 30 de junio, horas después de celebrar su graduación de la Secundaria Técnica 113, Justin Enrique Torres Sandoval (15 años), Jordan Isaac García López (14 años) y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz (14 años) fueron vistos por última vez en la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara. Sus familias presentaron las denuncias ante la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas el miércoles 1 de julio y solicitaron la activación de los protocolos de búsqueda.

La principal línea de investigación apunta a un posible reclutamiento criminal. Los propios adolescentes les habían comentado a personas cercanas que “serían llevados a la sierra durante tres meses”.

Janet Nayeli Molina López, madre de Justin, relató que su hijo volvió a casa tras la ceremonia y salió poco después para reunirse con amigos. A las 18:46 horas recibió su último mensaje: “Que se va a ir tres meses y que ore por él y que te ama mucho”, narró. “No es una rutina que haga mi hijo”, agregó.

Al salir a buscarlo, un amigo de Justin le contó que durante la graduación el adolescente había comentado que él y otros compañeros serían llevados a la sierra. Justin ya había tramitado su ingreso a la Preparatoria 11 de la Universidad de Guadalajara.

El dolor de las familias y los llamados de auxilio

Olivia Raquel Enríquez Ulloa, tía de Jordan Isaac, explicó que el hermano menor del adolescente los escuchó despedirse diciéndole que irían “a trabajar a la sierra”. Ella conoce ese dolor de cerca: lleva tres años y nueve meses buscando a su propio hijo desaparecido. “Es volver a empezar el dolor otra vez, abrir otra vez la llaga”, dijo entre lágrimas.

Christopher Alfredo Sandoval Muñoz mide aproximadamente 1.80 metros, es de complexión delgada, tiene cabello negro y al momento de su desaparición vestía pantalón azul, camisa negra y gorra negra. Su madre y su hermana también acudieron a la Fiscalía Especializada para interponer la denuncia formal.

La madre de Justin sintetizó la angustia que comparten las tres familias: “Realmente no es vida, estás muerta en vida. Estoy todo el tiempo pensando: ¿ya comió, le están pegando, está en el sol? Es una tortura”. Además, Janet denunció que ha recibido llamadas y mensajes de extorsión de personas que afirman tener a su hijo.

El contexto de las desapariciones en Jalisco

Los seis casos se inscriben en una crisis de desapariciones que afecta a todo Jalisco. Municipios como Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga han encabezado históricamente las estadísticas estatales, pero los hechos de Puerto Vallarta muestran que la problemática se extiende también a zonas turísticas y corredores de tránsito.

La coincidencia de ambos casos en el período de graduaciones de junio y julio pone en alerta a organizaciones de búsqueda y a los propios padres de familia. Las tres familias de Guadalajara reiteraron su llamado a la ciudadanía: cualquier información sobre el paradero de los jóvenes debe reportarse de inmediato a las autoridades.

Las Fuerzas Militares de Colombia informaron en X sobre el rescate de una menor de edad que habría sido víctima de reclutamiento ilícito por parte de un grupo armado organizado.

La operación se realizó en Meta, con apoyo de información ciudadana recibida a través de la #Línea147, lo que permitió a unidades del Ejército Nacional y Gaula Militares ubicar a la niña y detener a un individuo señalado como alias Flaco, presunto miembro del frente 33 de las disidencias de las Farc.

“Gracias a la colaboración de la ciudadanía, recuperamos a una menor y capturamos en flagrancia a alias Flaco”, publicaron las Fuerzas Militares en su cuenta oficial de X.

El capturado deberá responder ante las autoridades por el presunto delito de reclutamiento ilícito, tipificado en la legislación colombiana como una grave violación a los derechos fundamentales de niños y adolescentes.

La menor quedó bajo protección de las instituciones competentes encargadas de restituir sus derechos y garantizar su bienestar.

“La menor fue puesta bajo protección de las autoridades para el restablecimiento de sus derechos”, detalló el pronunciamiento de las Fuerzas Militares . El caso subrayó la importancia de los canales de denuncia como la #Línea147, que facilita la reacción rápida ante situaciones que amenazan la integridad de menores.

Las Fuerzas Militares reiteraron su compromiso con la protección de la infancia, enfatizando la consigna #ProtegemosLaVida. Además, destacaron la contundencia de la acción: “Protegemos la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes reclutados de manera forzada”, agregaron en la publicación.

La operación fue calificada como un ejemplo de contundencia operacional y de cooperación entre comunidad e instituciones.

Alias Chibolo, objetivo de alto valor, fue detenido junto a otros cinco sospechosos tras acción coordinada de la fuerza pública

El 30 de junio de 2026, las Fuerzas Militares de Colombia anunciaron la captura de seis supuestos integrantes del Clan del Golfo durante una operación conjunta en el municipio de Pueblorrico, en el suroeste de Antioquia. Entre los detenidos se encuentra alias Chibolo, señalado como cabecilla de zona con una trayectoria superior a los 15 años en actividades ilícitas.

“Alias Chibolo era parte del cartel de los más buscados por afectaciones a defensores de derechos humanos, firmantes de paz y sus familiares”, destacaron las autoridades.

El operativo coordinado incluyó la participación del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional. Según el comunicado oficial, el despliegue permitió desarticular una célula responsable de múltiples delitos contra la población y la institucionalidad. “Capturados seis presuntos integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias Chibolo”, informaron las fuerzas de seguridad a través de X.

Durante la intervención, las unidades incautaron armas de fuego, explosivos, material de uso privativo de la Fuerza Pública y estupefacientes.

“La operación debilitó las capacidades criminales de esta estructura y fortaleció la seguridad en el suroeste antioqueño”, señalaron fuentes militares. Además, las autoridades subrayaron que estos resultados representan un avance en la lucha contra las redes que amenazan la integridad de líderes sociales y personas acogidas al proceso de paz.

Alias Chibolo, con amplio prontuario, era considerado objetivo de alto valor para los organismos de seguridad. “Su detención representa un golpe significativo a la estructura delictiva que operaba en la región”, expresaron los voceros militares. El capturado deberá responder ante la justicia por su presunta implicación en acciones violentas y delitos asociados al narcotráfico.

La acción conjunta fue posible gracias a labores de inteligencia y seguimiento, así como a la colaboración interinstitucional entre las diferentes ramas de la fuerza pública. El material decomisado será clave para los procesos judiciales en curso y para esclarecer otros hechos delictivos atribuidos al grupo armado.

Las Fuerzas Militares reiteraron su compromiso con la protección de la población civil y la defensa de los derechos fundamentales en zonas afectadas por el accionar de organizaciones ilegales.

“Seguimos actuando con contundencia para garantizar la seguridad y la tranquilidad en Antioquia”, enfatizaron en su mensaje difundido por X. El operativo reforzó la estrategia estatal frente a estructuras que persisten en desafiar la autoridad y vulnerar la convivencia en el territorio.

Migdonia Ayestas advirtió sobre una tendencia en Honduras: la participación de mujeres en actividades vinculadas al narcotráfico, en particular como “mulas” para el transporte de drogas. La coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras dijo que el reclutamiento ocurre bajo presión, engaño o necesidad económica.

Según Ayestas, la problemática ya no se limita a la trata de personas o al ingreso de estupefacientes a centros penitenciarios. También se observa una expansión del papel de las mujeres dentro de las estructuras criminales.

La especialista señaló que actualmente son reclutadas para transportar droga, muchas veces bajo distintas formas de presión, desde la manipulación emocional hasta la coacción directa.

Cómo son captadas las mujeres

Ayestas explicó que en varios casos las mujeres involucradas en estas redes criminales son captadas en contextos de vulnerabilidad económica, influidas por relaciones sentimentales, amenazas o dependencia económica.

De acuerdo con su análisis, también hay situaciones en las que la decisión está condicionada por la necesidad de generar ingresos, en especial entre mujeres que son jefas de hogar y enfrentan limitadas oportunidades laborales.

Este fenómeno, señaló, refleja una problemática social más amplia en la que confluyen pobreza, desigualdad y violencia y que facilita la captación por parte del crimen organizado.

Dinámicas de control

La coordinadora del OV-UNAH también alertó sobre patrones de control ejercidos dentro de estas estructuras criminales, donde, según indicó, se reproducen formas de violencia asociadas a dinámicas de poder y a lo que describió como “masculinidad tóxica”.

En estos esquemas, afirmó, algunos hombres obligan o inducen a sus parejas a participar en actividades ilícitas, aun con pleno conocimiento de las implicaciones legales y los riesgos personales.

Este tipo de dinámicas, agregó, refuerza la exposición de las mujeres a situaciones de alto riesgo dentro de redes delictivas que operan en distintos niveles del narcotráfico.

Zonas de atención

En sus declaraciones, Ayestas también llamó la atención sobre la expansión del narcotráfico en determinadas zonas del país y mencionó al municipio de Iriona como uno de los puntos donde se estaría concentrando la siembra de cultivos ilícitos, así como procesos asociados a la producción y comercialización de droga.

La especialista consideró necesario reforzar las estrategias de investigación y control en esas áreas para evitar que el fenómeno continúe extendiéndose.

El OV-UNAH insistió en la necesidad de implementar políticas integrales que no solo aborden el combate al narcotráfico desde la seguridad, sino también desde la prevención social, con énfasis en la protección de grupos vulnerables.

También hizo un llamado a fortalecer la investigación, la presencia institucional en zonas de riesgo y los programas de apoyo social para reducir la probabilidad de que más mujeres sean incorporadas a estas redes criminales.

En los últimos meses, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán ha rescatado a siete adolescentes que habían sido reclutados por el crimen organizado mediante falsas ofertas de trabajo y trasladarse a la entidad.

Carlos Torres Piña, fiscal general, informó este martes en conferencia de prensa que el crimen organizado ha reclutado a adolescentes del municipio de Uruapan, el Estado de México, Jalisco y Nayarit mediante ofertas de empleo difundidas en redes sociales e internet.

Respecto a lo que provoca que los adolescentes sean enganchados, el fiscal advirtió que se trata de un tema complejo debido a que la mayoría de los rescatados refirieron en las entrevistas que fueron reclutados para presuntamente trabajar en el corte de limón.

“Ya dentro de las indagaciones, pues no es así”, señaló el fiscal. “Son otras las intenciones de los grupos delincuenciales, quienes desean que se sumen a sus filas en diferentes tareas para delinquir.”

Dos detenidos por trata de personas tras el rescate de menores de Jalisco y Uruapan

La Fiscalía logró la detención de dos hombres y su posterior vinculación a proceso por trata de personas. Ambos son señalados como responsables del traslado de una menor de edad originaria de Jalisco y de dos adolescentes de la región de Uruapan hacia zonas controladas por el crimen organizado en Michoacán.

En el caso de la joven de Jalisco, fue interceptada cuando la llevaban hacia Aguililla a bordo de un taxi por aplicación. Las autoridades detuvieron también al conductor de la plataforma de transporte que se utilizó para su traslado.

Los casos: siete adolescentes rescatados en distintos puntos del estado

Los dos primeros rescates corresponden a adolescentes originarios de Uruapan, reclutados a través de convocatorias difundidas por internet y mediante enlaces que operan en ciertas zonas del estado.

Una menor del Estado de México fue localizada en la comunidad de Cenobio Moreno, en el municipio de Apatzingán. Torres Piña destacó que en este caso no existió coordinación institucional previa con las autoridades mexiquenses, sino que fue la familia quienes contactaron directamente a la Fiscalía de Michoacán.

“Nos buscaron la familia y posteriormente la fiscalía respectiva del Estado de México, pero actuamos rápidamente y afortunadamente se logró rescatar a esta jovencita”, explicó Torres Piña.

El cuarto caso involucra a la menor de Jalisco, enganchada por organizaciones delincuenciales y trasladada hacia Aguililla antes de ser rescatada.

Los tres jóvenes de Nayarit completan el grupo de siete, quienes fueron rescatados por la Guardia Nacional (GN) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en la zona de Apatzingán, tras una alerta girada desde ese estado.

Las autoridades detallaron que su ubicación se dio debido a que uno de ellos logró contactar a un familiar desde un dispositivo móvil ajeno, lo que permitió su geolocalización y el rescate del grupo. Los tres fueron trasladados de regreso a su estado natal.

El anzuelo: empleos bien pagados y, en algunos casos, alistamiento voluntario

Torres Piña detalló que uno de los métodos de enganche que la Fiscalía Estatal ha identificado a partir de las entrevistas con los adolescentes rescatados es la oferta de trabajo con salarios elevados. “Les ofrecen una fuente laboral, les proponen salarios altos y ya cuando están acá resulta que la función es otra”, explicó.

No obstante, el fiscal reconoció que no todos los casos responden al mismo patrón. Hay jóvenes que, según sus propias declaraciones en las entrevistas, quieren enlistarse de forma voluntaria en las filas del crimen organizado.

Torres Piña citó un caso que consideró revelador: una menor cuyas conversaciones fueron compartidas con la Fiscalía declaró que, independientemente de que su padre hubiera ido a buscarla, ella tenía intención de regresar. “Es un tema complejo”, reconoció el fiscal.

Actualmente, la Fiscalía lleva 32 carpetas de investigación contra jóvenes que ya fueron incorporados a las filas del crimen organizado. Los delitos van desde homicidio y portación de armas de fuego hasta trasiego de droga.

De ese total, 8 adolescentes ya se encuentran en internamiento en la instancia estatal para menores, mientras que 10 están en la etapa de judicialización y 14 siguen en fase de investigación.

Piden prevención en escuelas y mediante medios de comunicación

Torres Piña apeló a los medios de comunicación para que contribuyan a difundir alertas, especialmente entre estudiantes de secundaria y preparatoria. Señaló que los adolescentes son vulnerables por encontrarse en una etapa en la que aún no consolidan su criterio sobre lo que buscan o pretenden. “Es muy fácil engancharlos”, afirmó.

La Fiscalía trabaja en coordinación con áreas educativas y con la Secretaría de Seguridad Pública a través del programa Desconéctate-Reconéctate, que aborda de forma preventiva los riesgos del uso de redes sociales, incluidos los secuestros virtuales, el robo de identidad y las convocatorias de reclutamiento.

“Creo que todos podemos contribuir con nuestro granito de arena para disminuir, para evitar que sean presa fácil de la delincuencia organizada”, expresó Torres Piña.

La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a Alexis “N”, alias “El Caras”, por su presunta relación con la desaparición de 11 jóvenes en Amozoc ocurrida en agosto de 2025, un caso que vuelve a concentrar atención porque uno de ellos, Misael Romero Sombrerero, sigue sin ser localizado casi 10 meses después y porque, según las denuncias de sus familiares, el detenido habría sido quien los reclutó para trabajar como guardias de seguridad de la familia del alcalde morenista Severiano de la Rosa.

La fiscalía estatal precisó que la captura se derivó del cumplimiento de una orden de aprehensión por desaparición de personas reclutadas para cometer actividades ilícitas. Ese punto fija la línea oficial del caso: la detención no fue presentada por la autoridad como parte de otra investigación, sino por los hechos vinculados con la ausencia de los jóvenes en Amozoc.

De acuerdo con las denuncias de los familiares, los 11 jóvenes desaparecieron después de tres días de haber comenzado a trabajar. Diez regresaron a sus casas días después, pero Romero Sombrerero no volvió y desde entonces permanece desaparecido.

La detención se relaciona con el reclutamiento de jóvenes en Amozoc

La FGEP informó que Alexis “N” estaría implicado en la desaparición de las víctimas porque presuntamente las reclutó para realizar actividades ilícitas. En las denuncias presentadas por la familia de Misael, “El Caras” aparece como el reclutador de los jóvenes que luego fueron reportados como desaparecidos, incluido el propio Romero Sombrerero.

Los parientes del joven denunciaron hace unos días que lo último que supieron de él fue que había sido contratado, junto con otros muchachos, como guardia de seguridad de la familia del actual alcalde de Amozoc, Severiano de la Rosa. Esa versión coloca el caso en el entorno político y familiar del municipio, aunque el texto disponible no refiere una imputación formal en contra del edil.

Según lo denunciado por la familia ante reporteros, los jóvenes comenzaron a trabajar en un horario de 15:00 a 03:00 horas. También aseguraron que todos fueron marcados con un tatuaje de una cruz en el antebrazo derecho.

El caso fue denunciado por familiares en agosto de 2025, cuando reportaron la desaparición de 11 jóvenes de Amozoc, municipio conurbado con la capital poblana. La secuencia que describieron indica que el grupo empezó a trabajar, desapareció y, días más tarde, 10 de sus integrantes reaparecieron, mientras Misael no volvió a ser visto.

Ese es el dato central del expediente que ahora deriva en la aprehensión de Alexis “N”: de los 11 reclutados, solo uno continúa desaparecido, y su familia sostiene que el contacto laboral previo fue con una estructura ligada a la seguridad de la familia del alcalde.

La familia De la Rosa ya había gobernado el municipio

La familia De la Rosa tiene otro integrante con trayectoria política local: Mario de la Rosa fue alcalde de Amozoc entre 2018 y 2024, antes del actual edil. El mismo núcleo familiar también incluye una relación con la iglesia Luz del Mundo, ya que Mario de la Rosa fue pastor de esa organización religiosa.

El texto fuente indica además que en Amozoc se localiza uno de los centros ceremoniales más grandes del país de Luz del Mundo. Ese dato explica el peso público de la familia en el municipio y el interés que ha generado la denuncia de los familiares del joven desaparecido.

La detención de “El Caras” ocurrió pocos días después de que los parientes de Romero Sombrerero volvieran a exponer públicamente el caso. En esa nueva presión pública insistieron en que Misael lleva casi 10 meses desaparecido y en que la pista más reciente sobre su paradero fue ese supuesto trabajo de vigilancia.

Algunos reportes locales también han vinculado a Alexis “N” con grupos delictivos dedicados al robo y venta ilegal de gas LP. Esos mismos señalamientos lo relacionan con la explosión de pipas registrada la mañana del jueves en un depósito clandestino ubicado en Tepeaca.

La fiscalía de Puebla no presentó la captura bajo esa línea. La versión oficial difundida por la autoridad se limita a establecer que la orden de aprehensión fue ejecutada por la desaparición de personas que habrían sido reclutadas por él para cometer actividades ilícitas.

El caso mantiene abierta la principal exigencia de la familia de Misael Romero Sombrerero: conocer qué ocurrió con el joven que no regresó, pese a que los otros 10 desaparecidos sí volvieron a sus casas después de haber sido reclutados en Amozoc.

• La Fiscalía de Puebla detuvo a Alexis “N”, “El Caras”, por su presunta relación con la desaparición de 11 jóvenes en Amozoc.
• De los 11 jóvenes reportados como desaparecidos en agosto de 2025, 10 regresaron; Misael Romero Sombrerero sigue sin ser localizado.
• La fiscalía señaló que la orden de aprehensión fue por desaparición de personas reclutadas para cometer actividades ilícitas.

La inteligencia artificial empieza a detectar talento futbolístico fuera de los circuitos tradicionales: aplicaciones que analizan videos grabados con el teléfono conectan a jóvenes jugadores sin acceso a grandes centros de formación con ojeadores y clubes profesionales, lo que en algunos casos les acerca a una carrera que parecía fuera de su alcance, según TechXplore, que recogió un reportaje de la agencia internacional Agence France-Presse (AFP).

El mercado de estas plataformas ya tiene volumen: alrededor de 120.000 jugadores usaron la aplicación de la firma suiza Footbao, la mayoría en Brasil, mientras que la app de la firma alemana CUJU fue descargada unas 160.000 veces.

La lógica de estas aplicaciones es similar: los jóvenes suben videos grabados con el teléfono mientras muestran técnica con la pelota, y la inteligencia artificial analiza y puntúa el rendimiento para enviar esos resultados a ojeadores y clubes. Footbao trabaja con imágenes de partidos y entrenamientos, mientras CUJU utiliza videos de ejercicios sugeridos dentro de la propia aplicación.

Entre los jugadores que encontraron en estas herramientas una salida hacia el fútbol profesional está Leo Veiga, un brasileño de 18 años que jugaba en un club pequeño del estado de Santa Catarina, en el sur de Brasil, cuando encontró la app de Footbao. Un video en YouTube ofrecía a los usuarios con mejor puntuación entrenarse durante unos días con el club italiano Lecce, y el brasileño fue elegido. Allí llamó la atención de un ojeador que decidió darle una oportunidad y más tarde firmó contrato con la academia juvenil del club Spezia, que compite en la segunda división italiana.

“La IA abrió una nueva puerta”, señaló el jugador. “Pensé: ‘Voy a descargar la aplicación e intentarlo. Si no pasa nada, no importa porque nada más me está saliendo bien. Pero, ¿y si sí pasa algo?’”.

Cómo la IA detecta talento fuera del radar de los clubes

Nick Rappolt, director ejecutivo de Footbao, dijo a AFP que probablemente hay entre 14.000 y 15.000 jugadores con potencial para incorporarse a clubes o academias. La empresa fue fundada en 2023, opera también en Colombia y Argentina y planea expandirse a otros países de América del Sur.

Rappolt sostuvo que la IA puede “democratizar” el fútbol porque ayuda a identificar talento que queda fuera del radar de los grandes centros de formación. Por su parte, Sven Muller, director de marketing de CUJU, planteó un diagnóstico parecido al explicar que los clubes profesionales tienen grandes bases de datos, pero concentradas sobre todo en futbolistas que ya fueron observados. “No hay datos fiables sobre el talento en las etapas más tempranas”, señaló Muller. El objetivo, añadió, es convertir “videos simples grabados con un teléfono” en “datos fiables de rendimiento”.

La promesa central de estas plataformas consiste en ofrecer una primera preselección para jugadores sin acceso a estructuras de formación de alto nivel. Joao Paulo Sampaio, responsable del desarrollo juvenil de Palmeiras, dijo que los perfiles más destacados suelen ser reclutados desde edades muy tempranas, pero que la IA puede impulsar a futbolistas que de otro modo pasarían inadvertidos.

Sampaio, vinculado a una cantera de la que salieron talentos internacionales como Endrick y Estevao, explicó además que recibe entre 30 y 40 videos por día. Las empresas tecnológicas que realizan “una primera ronda de preselección” representan “una nueva herramienta”, afirmó al mismo medio, aunque aclaró que el club paulista no trabaja hoy con esas firmas.

Casos concretos y una expansión en marcha

En São Paulo, Marcela Geremias de Lima repite uno de los ejercicios propuestos por CUJU: patear la pelota contra una pared, una rutina centrada en destrezas técnicas como el control y la velocidad. Después de usar la aplicación, fue invitada a torneos juveniles organizados por la empresa ante la presencia de ojeadores.

Más tarde consiguió un lugar en el equipo sub-15 de Corinthians, una de las potencias del fútbol femenino sudamericano con seis títulos de la Copa Libertadores. “Te ayudan a mejorar” y hacen que “te puedan ver desde cualquier parte del mundo”, dijo Marcela.

Brasil será sede del Mundial femenino de 2027, un torneo que, de acuerdo con el portal, podría impulsar la captación de jóvenes jugadoras. En paralelo, el club brasileño Santos, vinculado a figuras como Pelé y Neymar, anunció en diciembre un acuerdo con Footbao para ayudar a identificar promesas.

Marcelo Teixeira, presidente de Santos, explicó que el convenio es una forma de “ampliar nuestra búsqueda de atletas”. La expansión de estas herramientas apunta a eso: llevar la observación más allá de los territorios y contactos donde los clubes suelen reclutar primero.

El Ejército Nacional realizó una ofensiva en el departamento de Caquetá que permitió rescatar a un menor víctima de reclutamiento forzado y lograr el sometimiento a la justicia de dos personas vinculadas a estructuras armadas ilegales.

La operación, ejecutada por la Décima Segunda Brigada, representa un avance en la protección de la infancia y en el debilitamiento de los grupos armados en el sur del país.

El niño fue entregado a las autoridades competentes, quienes activaron un proceso integral de restablecimiento de derechos, los cuales incluyen acompañamiento psicosocial y acceso a programas estatales para su reintegración a la vida civil.

Este procedimiento busca garantizar la protección y recuperación de los menores afectados por la violencia armada en Colombia.

De manera simultánea, tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.° 19 lograron el sometimiento de dos individuos que, según las autoridades, formaban parte del GAO-r Estructura Raúl Reyes, vinculado al Bloque Jorge Suárez Briceño. Las acciones se realizaron en el corregimiento La Esmeralda, municipio de Puerto Rico, y permitieron retirar de las filas ilegales a personas con más de dos años de permanencia en la organización.

Los sometidos relataron haber recibido entrenamiento en manejo de armas largas, uso de morteros, defensa personal y capacitación en drones, lo que refleja el nivel de preparación que reciben quienes integran estas estructuras. Según su testimonio, participaron en enfrentamientos armados en Caquetá y Putumayo, incluidos combates recientes y una emboscada en El Cuatro, así como confrontaciones en San José del Fragua en febrero de 2026.

Ambos expresaron su decisión de abandonar la organización motivados por el cansancio ante una guerra que “no era de ellos”, señalando condiciones adversas dentro del grupo ilegal como desigualdades, presión constante y ausencia de garantías. Tras su sometimiento, iniciaron la ruta de la legalidad, que contempla atención humanitaria y apoyo para su reintegración social.

La operación resalta la persistencia del reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales, una práctica considerada una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Las Fuerzas Militares mantienen una ofensiva constante para combatir este flagelo y proteger a la infancia en zonas afectadas por el conflicto.

Con estos resultados, el Ejército Nacional reafirma su compromiso de salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y de consolidar territorios seguros en Caquetá, donde prevalezcan la legalidad y la esperanza para las comunidades. Las autoridades subrayan que este tipo de acciones representan pasos significativos hacia la paz y la defensa de la vida en la región.

Panorama del reclutamiento infantil en Colombia

Los primeros tres meses de 2026 registraron 19 casos de reclutamiento infantil en Colombia, según datos oficiales de la Defensoría del Pueblo. El fenómeno sigue afectando a distintos departamentos y mantiene a las autoridades en alerta por el impacto que tiene sobre los derechos de la niñez y la adolescencia.

La mayor concentración de casos se detectó en Norte de Santander, con seis menores víctimas, seguido por Antioquia (cuatro) y Caquetá (tres). También se reportaron episodios individuales en Boyacá, Cauca, Guainía, Magdalena, Putumayo y Valle del Cauca, evidenciando la dispersión geográfica del problema y la persistencia del reclutamiento en regiones con presencia de estructuras armadas ilegales.

El informe atribuye el 42,1% de los casos al Estado Mayor de los Bloques y Frentes, mientras que el Ejército de Liberación Nacional (ELN)es señalado en el 31,4%. Otros responsables identificados sonComandos de Frontera, disidencias sin identificar, otros grupos no especificados, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevaday elEstado Mayor Central, cada uno con una participación del 5,3%.

Como resultado de dos cateos en Michoacán fue detenido Armando “N”, un hombre apodado Comandante Giro, quien es señalado como un sujeto ligado a célula delictiva al parecer ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con el reclutamiento de personas y distribución de droga.

La captura de dicho sujeto fue realizada en Uruapan e informada por el Gabinete de Seguridad el 29 de abril. Las autoridades identificaron dos inmuebles usados por un grupo delictivo.

Además del Comandante Giro, como resultado de las revisiones a los inmuebles fue detenido Hugo “N”, además de dosis de droga y cartuchos útiles.

“A las personas detenidas se les informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica”, destaca el reporte de las autoridades.

Imágenes compartidas por las autoridades muestran a los dos hombres capturados, además de dosis de droga incautadas.

Los agentes que participaron en los cateos pertenecen a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán.

Captura de un familiar del “Abuelo Farías” en Michoacán

Cabe recordar que en días pasado fue informado el arresto de Víctor Noé “N”, un sujeto identificado como familiar de Juan José Farías Álvarez, este último apodado El Abuelo Farías, y quien es señalado como posible líder de la organización crimianl denominada Cártel de Tepalcatepec.

La detención fue realizada el pasado 18 de abril reportes de medios locales señalan que el sujeto fue asegurado junto con dos fusiles de asalto, cuatro pistolas calibre 9 milímetros, diecinueve cargadores para arma larga, nueve para arma corta y 470 cartuchos útiles.

El arresto del hombre fue corroborado a través del Registro Nacional de Detenciones (RND).

Incautan medio millón de pesos en metanfetamina

Mientras que el pasado 15 de abril fue informado el decomiso de 40 kilos de metanfetamina en la colonia La Huerta de Morelia, se trató de un cargamento valuado en aproximadamente medio millón de pesos.

Durante la intervención en la colonia La Huerta, los agentes aseguraron el cargamento de metanfetamina y también detuvieron un automóvil que presentaba alteraciones en sus medios de identificación.

La Fiscalía General del Estado subrayó que el operativo responde a los lineamientos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia diseñada para debilitar a las organizaciones criminales y restablecer la tranquilidad en distintas zonas de la entidad.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció la apertura de la convocatoria nacional para seleccionar a los próximos Agentes de Investigación e Inteligencia de la dependencia.

Esta oportunidad está dirigida a quienes buscan integrarse a labores fundamentales en el fortalecimiento de la seguridad pública en México.

Requisitos principales

Para participar en la convocatoria, los aspirantes deben cumplir con condiciones estrictas relacionadas con nacionalidad, salud, escolaridad y antecedentes. La lista de requisitos incluye:

• Nacionalidad mexicana, sin otra nacionalidad.
• Edad entre 23 y 35 años.
• Licenciatura concluida en áreas afines.
• Estatura mínima: mujeres 1.50 m, hombres 1.60 m.
• Buen estado de salud física y mental.
• Agudeza visual: 20/20 (sin lentes), 20/40 (con lentes).
• No consumir drogas ni padecer alcoholismo.
• Ausencia de antecedentes penales, procesos judiciales o sanciones en comunidades para adolescentes.
• Constancias de no antecedentes penales, no deudor alimentario y no inhabilitación como servidor público.
• No haber sido destituido ni sancionado por delitos de género.
• Servicio Militar Nacional liberado (hombres).
• Disponibilidad para cambio de residencia y turnos rotativos.

Registro en línea

El proceso de inscripción inicia con el registro digital en la plataforma oficial. Los postulantes deben seguir estos pasos:

• Ingresar a reclutamiento.sspc.gob.mx.
• Dar clic en “Regístrate aquí” y completar los campos solicitados.
• El usuario será el correo electrónico, y la contraseña el RFC con homoclave.

Documentación digital necesaria

Para continuar en el proceso, la documentación debe cargarse en formato PDF y no superar un megabyte (MB) por archivo. Los documentos requeridos son:

• Identificación oficial.
• Acta de nacimiento.
• CURP.
• Título o cédula profesional de licenciatura.
• Constancias de no antecedentes penales y no deudor alimentario.
• Constancia de no inhabilitación.
• Declaración firmada de no consumo de sustancias.
• Certificado médico (de institución pública).
• Cartilla militar liberada (hombres).
• Currículum vitae con foto y firma.
• Comprobante de domicilio.
• Constancia de situación fiscal.
• Tres cartas de recomendación (familiar, vecinal, laboral).
• Dos fotografías tamaño infantil (color, mate, fondo blanco).

Proceso de selección

El proceso de selección contempla varias etapas para garantizar la idoneidad de los candidatos. El flujo general incluye:

• Registro y carga de documentos en línea.
• Validación documental por parte de la Secretaría.
• Cita presencial para evaluación física, médica y de valores.
• Evaluaciones de Control de Confianza.
• Confirmación de resultados y aceptación al curso de formación inicial.

Formación inicial

Los aspirantes seleccionados ingresarán a un curso de formación inicial de alta exigencia. Las condiciones del curso son:

• Duración de nueve meses en modalidad de internado (mil 200 horas).
• Beca mensual de cinco mil pesos durante el curso.
• Alojamiento y alimentos incluidos para todos los participantes.

Prestaciones y sueldo

Al concluir con éxito el proceso y el curso, los nuevos agentes acceden a un paquete atractivo de remuneraciones y beneficios. Las condiciones son:

• Sueldo mensual neto de $32 mil pesos.
• Prestaciones: ISSSTE, FOVISSSTE, seguro de vida institucional, estancias infantiles, ahorro solidario, y aguinaldo de 40 días.

7. Especializaciones disponibles

Al incorporarse, los agentes pueden acceder a áreas de especialización vitales para la función pública. Las opciones son:

• Investigación de campo.
• Investigación y análisis de gabinete.
• Procesamiento del lugar de intervención.
• Gestión jurídica.

Cabe mencionar que la Secretaría dirigió esta convocatoria especialmente a quienes no tienen experiencia ni carrera policial previa. Es fundamental tomar en cuenta:

• Digitalizar documentos en computadora para evitar errores de carga.
• Usar navegador actualizado y conexión estable.
• El sistema permite acceder varias veces para cargar o completar documentación pendiente.

Atención presencial y contacto

Para resolver dudas y realizar trámites presenciales, la Secretaría pone a disposición un módulo de registro y un canal de contacto. Estos son:

• Módulo presencial: América 300, Los Reyes, Coyoacán, 04330, Ciudad de México.
• Correo electrónico: reclutamiento.inv@sspc.gob.mx

Asimismo, los interesados pueden consultar la convocatoria completa y realizar el registro en reclutamiento.sspc.gob.mx.

Dos adolescentes de Jalisco contactaron a presuntos miembros del crimen organizado tras recibir una oferta de empleo a través de TikTok. Los jóvenes, originarios de Zapotlanejo y Tonalá, decidieron viajar a la Zona Metropolitana de Guadalajara atraídos por la promesa de un pago semanal de 20 mil pesos. Según la información revelada, la intervención de la madre de uno de ellos y la rápida acción de las autoridades estatales permitió su rescate en la Central Camionera de Zapopan, antes de que fueran trasladados a otro punto por la organización criminal.

El comisario general Juan González Castañeda declaró que los adolescentes desconocían su destino final. Tras cambiar de vehículo en un segundo punto, uno de los jóvenes perdió contacto con su madre, quien había estado recibiendo su ubicación en tiempo real desde el inicio del trayecto. Al percatarse de la falta de comunicación, la madre reportó la desaparición a las autoridades, lo que activó un operativo en varias centrales de autobuses de la ciudad.

La oferta laboral llegó por medio de redes sociales y los posibles reclutadores se identificaron como integrantes de un grupo criminal. Aunque no portaban armas, los adolescentes recibieron amenazas y se les exigió cortar todo contacto con sus familiares. La presión y el temor a las consecuencias motivaron a los jóvenes a buscar ayuda policial en Zapopan, donde finalmente lograron escapar de sus captores.

La oferta de trabajo y la intervención de las redes sociales

El reclutamiento se dio a través de TikTok, plataforma en la que uno de los jóvenes encontró la supuesta vacante. Posteriormente, compartió la información con su amigo de la infancia. Ambos acordaron reunirse en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque, donde fueron interceptados por los presuntos criminales. Los trasladaron a otro lugar para encontrarse con más integrantes de la organización, con la promesa de iniciar su nuevo trabajo.

El comisario González Castañeda explicó que no se tienen detalles específicos sobre la vacante ofrecida ni sobre la relación directa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque este grupo tiene presencia en las zonas donde ocurrió el recorrido de los jóvenes. El funcionario subrayó que la situación se resolvió gracias a la coordinación entre familiares y autoridades estatales, quienes actuaron tras la alerta de desaparición.

El operativo de rescate y la reacción de las autoridades

Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en distintas terminales de autobuses de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Los agentes de la Secretaría de Seguridad de Jalisco localizaron a los adolescentes cerca de la Central Camionera de Zapopan. Ambos se encontraban sin lesiones y en buen estado de salud.

La intervención oportuna evitó que los jóvenes fueran obligados a integrarse a actividades delictivas. La coordinación entre la denuncia familiar y la respuesta policiaca resultó determinante para impedir que la organización criminal concretara el reclutamiento. El caso puso en alerta a las autoridades locales sobre el uso de redes sociales para captar a menores de edad para actividades ilícitas.

La firma de la Ley 2569 del 17 de marzo de 2026 por parte del presidente Gustavo Petro, que ratifica la prohibición internacional del uso de mercenarios, coincidió con la publicación de las conclusiones preliminares del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas tras su reciente visita a Colombia.

La organización internacional emitió una fuerte alerta por el pronunciado crecimiento de “reclutamientos predatorios” y la presencia masiva de colombianos en conflictos armados internacionales.

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Los integrantes de la misión del Grupo de Trabajo en Colombia se propusieron mapear las dinámicas del reclutamiento de ciudadanos nacionales para actividades militares o de seguridad en el extranjero.

Desde Bogotá, Cali y Medellín, los expertos se reunieron con altos funcionarios del gobierno, organismos de control, representantes de organizaciones civiles, agencias multilaterales y, significativamente, con familias de quienes fueron al exterior para tareas de seguridad o participaron como combatientes en conflictos armados.

Durante la visita, los participantes de la delegación de la ONU indicaron que era necesario para el país contar con una medida legislativa para detener la problemática.

“Alentamos a que se acelere el examen de la Ley 2569 por parte de la Corte Constitucional en consonancia con las obligaciones de Colombia en materia de derechos humanos”, se lee en el documento.

En cuanto a la publicación de la Ley 2569 —que ratifica el Convenio Internacional de 1989 sobre mercenarios— marca un punto de inflexión legislativo. Este tratado busca prohibir el reclutamiento, financiamiento y entrenamiento de mercenarios y responde a una preocupación que ha crecido exponencialmente en los últimos años.

Las raíces del reclutamiento de colombianos en el exterior

En el informe constó que el impacto de más de seis décadas de conflicto armado interno, que dejó a Colombia con una de las sociedades más militarizadas del continente, ha permitido que, en los últimos 11 años, la demanda global por personal colombiano con experiencia militar o en seguridad se impulse, particularmente, por factores económicos y vacíos regulatorios.

Las oportunidades laborales son tan atractivas que muchos exmilitares, policías y veteranos —en su mayoría hombres jóvenes forzados a retirarse tras veinte años de servicio, y con pensiones bajas, unos 2.000.000 mensuales— terminan buscando trabajo lícito o ilícito en el exterior. Los expertos indican que las ofertas pueden oscilar entre 2.000 y 6.000 dólares mensuales, cifras inalcanzables en el mercado local.

Diez mil colombianos en el exterior prestando servicios de combate

En ese sentido, y según datos obtenidos por la delegación internacional, más de 10.000 colombianos podrían estar actualmente reclutados para operaciones militares y de seguridad en el extranjero. Por la falta de información precisa, resulta difícil establecer en cuántos casos se trata de voluntarios, contratistas legales o mercenarios en sentido estricto.

La diáspora combatiente colombiana se distribuye en países en conflicto como la República Democrática del Congo, la Federación de Rusia, Somalia, Sudán, Ucrania y Yemen. Además, existen redes de reclutamiento para servicios de seguridad en Oriente Medio, particularmente en Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, y para operaciones vinculadas al crimen organizado en países como México y Brasil. La presencia también se extiende a Ecuador, Perú, Haití y otros vecinos regionales.

La situación ha dejado una emergencia humanitaria para centenares de familias que, en el caso de mercenarios muertos en otros países, solicitan la repatriación de cuerpos y la localización de desaparecidos.

Se calcula que más de 600 familias colombianas buscan noticias concretas sobre el paradero de sus familiares, y al menos 300 han acudido a ONG para reclamar respuestas y asistencia ante las autoridades nacionales y extranjeras.

La gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la capital, anunció una jornada de reclutamiento presencial que se llevará a cabo el próximo 23 de marzo de 2026 en la alcaldía Miguel Hidalgo, con el objetivo de acercar oportunidades laborales formales a la población.

El evento se realizará en un horario de 10:00 a 14:00 horas en la Unidad Regional del Servicio de Empleo Miguel Hidalgo, ubicada en calle Gobernador Rafael Rebollar 129, colonia San Miguel Chapultepec I Sección, donde diversas empresas ofertarán vacantes para distintos perfiles, desde puestos operativos hasta especializados.

Esta iniciativa forma parte de las estrategias del Servicio Nacional de Empleo (SNE) para impulsar la colocación laboral en la CDMX, facilitando el contacto directo entre empleadores y buscadores de trabajo sin intermediarios.

Vacantes disponibles y sueldos

Durante la jornada participarán empresas como Servicio Express Mexicano, Super Donas y El Paraíso de las Tertulias, las cuales ofrecerán distintas opciones laborales con sueldos competitivos.

Entre las vacantes destacan:

• Repartidor en moto y repartidor en carro, con sueldos de aproximadamente 10 mil pesos mensuales.
• Decorador de donas, también con un salario cercano a los 10 mil pesos.
• Chef o mayora, con ingresos de hasta 18 mil pesos mensuales.
• Ayudante de cocina, con sueldo de 12 mil pesos.
• Personal de limpieza y meseros, con salarios de 10 mil pesos.

Estas oportunidades están dirigidas tanto a personas con experiencia previa como a quienes buscan integrarse por primera vez al mercado laboral, lo que amplía las posibilidades de inserción para distintos sectores de la población.

Impulso al empleo formal

Autoridades laborales de la capital han reiterado que este tipo de ferias de empleo buscan reducir la tasa de desempleo y promover trabajos formales que incluyan prestaciones de ley, estabilidad y oportunidades de crecimiento.

Además, se destacó que los asistentes podrán recibir orientación laboral, asesoría para la elaboración de currículum vitae y apoyo en procesos de selección, lo que incrementa sus probabilidades de contratación.

La estrategia también responde a la necesidad de fortalecer la economía local mediante la vinculación efectiva entre empresas y talento humano, especialmente en zonas con alta demanda de empleo como la alcaldía Miguel Hidalgo.

Recomendaciones para los asistentes

Se recomienda a las personas interesadas acudir con solicitud de empleo elaborada, identificación oficial y, en caso de contar con él, currículum vitae actualizado. Asimismo, es importante presentarse con disponibilidad de horario y actitud proactiva para aprovechar al máximo las entrevistas.

El acceso al evento será gratuito y abierto al público, por lo que no se requiere registro previo. Sin embargo, se sugiere llegar con anticipación debido a la alta afluencia que suelen registrar estas jornadas.

Con sueldos que pueden alcanzar hasta los 18 mil pesos mensuales, esta jornada de reclutamiento representa una opción atractiva para quienes buscan mejorar sus ingresos o encontrar estabilidad laboral en la capital del país.

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno de la Ciudad de México anunció la realización de una jornada de reclutamiento presencial que se llevará a cabo el próximo 23 de marzo en la alcaldía Iztapalapa, con el objetivo de acercar oportunidades laborales a la población y facilitar el contacto directo entre empresas y buscadores de empleo.

El evento se desarrollará en un horario de 10:00 a 14:00 horas en el Módulo de Atención Iztapalapa, ubicado en la intersección de Ayuntamiento y Aldama s/n, en el Barrio San Lucas.

Esta iniciativa forma parte de las estrategias del gobierno capitalino para fomentar la empleabilidad, reducir la informalidad y generar condiciones de desarrollo económico en las distintas alcaldías de la ciudad.

Empleos disponibles

Durante la jornada participarán diversas empresas de distintos sectores, lo que permitirá ofrecer vacantes con perfiles variados, desde puestos operativos hasta especializados. Entre las compañías confirmadas se encuentra Sanborns, que ofertará posiciones como auxiliar en prevención de pérdidas, especialista en optometría, supervisor(a) de cocina, personal en parrilla y auxiliar de mantenimiento.

Asimismo, la Policía Auxiliar de la Ciudad de México estará presente con oportunidades para integrarse como policía auxiliar operativo, mientras que la empresa AVIV Seguridad Privada ofrecerá vacantes como guardias de seguridad, personal en psicología, reclutamiento y seguridad armada.

Otra de las firmas participantes será Total Play, la cual buscará cubrir puestos en el área comercial, incluyendo personal de ventas y supervisores.

Las autoridades destacaron que este tipo de eventos permiten agilizar los procesos de contratación, ya que los interesados pueden acudir directamente con su documentación, realizar entrevistas en el lugar y, en algunos casos, iniciar su proceso de selección el mismo día. Además, se busca promover la inclusión laboral, brindando oportunidades a distintos sectores de la población.

Documentos requeridos

Se recomienda a los asistentes acudir con identificación oficial, varias copias de su currículum vitae y, de ser posible, solicitudes de empleo elaboradas, para facilitar su participación en las entrevistas. También se sugiere llegar con anticipación debido a la alta demanda que suelen registrar estas jornadas.

El reclutamiento presencial en Iztapalapa forma parte de una serie de acciones impulsadas por el gobierno capitalino para fortalecer el mercado laboral local, especialmente en zonas con alta densidad poblacional. A través de estas iniciativas, se busca generar un vínculo más cercano entre empresas y trabajadores, promoviendo condiciones laborales formales y estables.

Con este tipo de eventos, la Ciudad de México reafirma su compromiso de impulsar el empleo digno y accesible, acercando herramientas y oportunidades a quienes buscan incorporarse o reincorporarse al mercado laboral.

Oleksandr Sirski comunicó que los planes de las fuerzas armadas rusas incluyen el reclutamiento de hasta 409.000 personas adicionales para el año 2026, un volumen de movilización que Sirski asocia con las pérdidas significativas sufridas por Moscú en el frente y la necesidad de restablecer contingentes ante una posible ofensiva tras el término del invierno. Según informó el comandante en jefe del ejército ucraniano, el ejército ruso no muestra intención de reducir sus operaciones militares y se prepara para intensificar la agresión sobre territorio ucraniano, según las declaraciones recogidas por diversos medios, entre ellos el que publicó el encabezado y subtítulo de la noticia.

De acuerdo con la información difundida por el propio Sirski en redes sociales, las Fuerzas Armadas rusas han incrementado su actividad en los frentes desde que la llegada de temperaturas más suaves ha permitido una mayor movilidad táctica. Según detalló el mando ucraniano, Moscú mantiene su postura de hostilidad, desarrollando maniobras con vistas a expandir la capacidad ofensiva en cuanto las condiciones climáticas lo permitan. Tal como consignó el medio citado, Sirski remarcó que Rusia prosigue en sus esfuerzos para una escalada militar y, a pesar de las negociaciones suspendidas que se ven impactadas por el conflicto que persiste en Oriente Próximo, la dirección militar rusa prepara un fortalecimiento de sus líneas con una recluta masiva.

El avance de este plan de movilización, señaló Sirski según reportó la fuente informativa, supone un giro respecto a etapas anteriores de la invasión, cuando la convocatoria de reservistas o nuevos soldados se centraba principalmente en regiones del interior y áreas económicamente más afectadas. Ahora, las autoridades rusas empiezan a contemplar la inclusión de las grandes ciudades en su estrategia de llamada a filas, lo que evidencia, según los militares ucranianos, la magnitud de las bajas acontecidas desde el inicio del conflicto.

El comandante en jefe ucraniano atribuye la necesidad de ampliar tan considerablemente el ejército ruso a las recientes pérdidas sufridas por Moscú, las cuales podrían obstaculizar los planes de lanzar grandes acciones ofensivas a gran escala en la etapa posterior al invierno. El foco de preocupación, detalló la fuente, reside en que esta expansión del ejército podría preparar el terreno para un repunte de los combates durante 2026, incrementando la presión sobre las líneas ucranianas.

La estrategia de Rusia, tal como describió Sirski y difundió el medio, revela una intención persistente de sostener y aumentar la intensidad de las operaciones militares, buscando compensar el desgaste en sus fuerzas con el reclutamiento a gran escala. Mientras tanto, las conversaciones diplomáticas para buscar una salida al conflicto permanecen en pausa, en parte por el contexto internacional y el impacto de las hostilidades concurrentes en otras regiones, lo que complica cualquier acercamiento negociador a corto plazo.

En síntesis, la evaluación del alto mando ucraniano, recogida por la fuente original, apunta a la existencia de una planificación rusa orientada a reforzar su capacidad militar a pesar de las dificultades enfrentadas en el terreno, anticipando un posible recrudecimiento de las acciones militares conforme avance el próximo ciclo estacional y se completen las fases de reclutamiento proyectadas.

Dos adolescentes vinculados al Cártel de Sinaloa fueron sentenciados a 25 años de prisión en los Estados Unidos luego de que admitieron su culpabilidad en un caso de homicidio ordenado por el grupo criminal.

Ambos fueron reclutados por la pandilla Westside Wilmas, ligada al Cártel de Sinaloa, para asesinar a una persona. Esto debido a que su edad no los haría acreedores a una sentencia alta.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2024, cuando Andrew Núnez y Johncarlo Quintero, ambos de 15 años en ese momento, viajaron desde Wilmington, California, hasta un restaurante en Chula Vista, donde se encontraba el objetivo señalado por el cártel.

Cuando la víctima y su familia salían del sitio, los dos menores de edad los emboscaron en el área de estacionamiento. Quintero le disparó en la pierna, y tras la detonación, su arma se atascó.

Al fallar con su objetivo, intentaron atropellar a la víctima para asesinarla, pero tampoco lo lograron, por lo que huyeron del lugar.

Los adolescentes realizaron dos intentos para asesinar al objetivo del cártel

Esa misma madrugada, los adolescentes acudieron a la vivienda de la persona señalada, pero ahora estaban acompañados de Ricardo Sánchez, de 28 años, para cumplir con la orden del cártel.

Dos familiares y un amigo de la víctima se encontraban en el domicilio. Al arribar, Sánchez tocó la puerta, y cuando abrió el amigo, los dos adolescentes dispararon de manera indiscriminada contra la vivienda.

El amigo presentó lesiones en una mano, el brazo y cara, pero logró sobrevivir. Para protegerse, le disparó a los tres sicarios y mató en la acción a Sánchez.

Según la acusación, los adolescentes admitieron que fueron elegidos para asesinar al hombre por ser menores de edad, ya que no serían transferidos a la edad adulta según la Sección 707 del Código de Bienestar e Instituciones del Estado.

Esperaban recibir penas menores y ganar miles de dólares

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos detalló que la decisión de emplear a menores como sicarios se relacionó directamente con las leyes estatales de California.

Según los acuerdos de culpabilidad, los acusados sabían que, por ser menores de 16 años, no podrían ser transferidos al sistema de justicia de adultos, lo que reducía significativamente las consecuencias legales.

Además, señaló que los adolescentes esperaban recibir aproximadamente 50 mil dólares cada uno.

“No al reclutamiento de menores por parte del Cártel de Sinaloa. No a que la Mafia Mexicana dirija asesinatos en San Diego”, subrayó el fiscal federal Adam Gordon al condenar la explotación de adolescentes para cometer crímenes violentos.

A Quintero y Núñez se les consideró como “demasiado jóvenes para enfrentar consecuencias graves”, pero fueron imputados por intento de asesinato en el marco de una actividad delictiva organizada y homicidio en apoyo de una organización criminal.

La incautación de memorias USB durante una operación reciente en el departamento del Chocó expuso comunicaciones internas inéditas del Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia— que describen en detalle el esquema de pagos y el plan político interno de la organización, así como indicios sobre el reclutamiento selectivo de nuevos miembros.

De acuerdo con información revelada por Noticentro 1, los archivos electrónicos incautados incluyen conversaciones entre tres de los principales líderes del denominado Bloque Central.

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Entre los datos más significativos figuran los montos asignados para la nómina criminal, cuyas sumas distribuidas van de diez millones de pesos para los comandantes de zona a cinco millones para los segundos de zona.

“Los comandantes de zona de a $10 millones, los segundos de zona de a $5 millones, los políticos del frente $5 millones, el político encargado del frente, $8 millones el segundo de él, y de a $5 millones el resto de políticos sociales”, se escucha en la grabación revelada por el noticiero nacional.

En otra grabación, se menciona el desembolso de 50 millones de pesos como supuesta gratificación extraordinaria. “Usted 50 millones de pesos… 50 Amparito… Esperamos que eso sea de magnífica gratificación para ustedes y de agradecimiento del bloque y del mismo frente”, mencionó el presunto integrante del EGC.

Más allá del componente financiero, los audios también documentan procesos de formación interna en zonas donde el Clan no enfrenta confrontación armada.

Una segunda memoria, identificada por Noticentro 1, atribuye al alias Monseñor —nombre cuya identidad aún verifican las autoridades— la coordinación de cursos en Derecho, Contabilidad y Administración, con el propósito de dotar a los mandos de herramientas políticas, financieras y administrativas.

“Hay que preparar a la gente en todos esos ámbitos: explosivos, político, financiero… que esos mandos salgan sabiendo qué es política, qué es finanzas, la parte administrativa”, indica uno de los extractos.

Parte de la estrategia es la contratación de un “político” responsable de orientar a los integrantes en temas de interacción civil y derechos.

Las instrucciones, halladas en los dispositivos, también sugieren la creación de células de cuatro o cinco integrantes, subrayando la necesidad de un proceso de selección exhaustivo. “Recluten gente joven… el que lo recluta vea de dónde es la familia, cuántos años tiene, qué problemas ha tenido, si tiene problemas de columna, si ha sido operado”, manifiesta un integrante del grupo armado en los audios.

La revelación de las grabaciones sobre los montos económicos establecidos en el Clan del Golfo se suma al informe presentado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en la que se evidenció que la nómina asciende a 1,5 millones de dólares (más de 5.500 millones de pesos colombianos), respectivamente.

Incumplimiento del Clan del Golfo con reclutamiento de menores

La filtración de estos audios se produce al tiempo que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) confirmó que el Clan del Golfo no ha realizado la entrega de menores reclutados, incumpliendo el compromiso central adquirido con el Gobierno de Gustavo Petro durante los diálogos de paz iniciados en septiembre de 2025 en Doha.

Ante una consulta formal elevada por la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) quien había alertado sobre el incumplimiento del acuerdo por parte del grupo armado, la entidad oficial respondió por escrito que “no ha recibido adolescentes provenientes del grupo armado Clan del Golfo, producto de una entrega o desvinculación en el marco de un proceso de paz o sometimiento”. La entidad aclaró además que no se ha activado ningún procedimiento especial de restablecimiento de derechos vinculado a este proceso.

El compromiso formal incluía un censo interno que la organización armada debía realizar para identificar posibles casos de menores en sus filas. Una vez verificados, los niños y adolescentes serían puestos a disposición del ICBF para garantizar el restablecimiento de sus derechos y la protección integral que exige la ley. Hasta el momento, estos mecanismos no se han traducido en ninguna entrega concreta.

Un informe de la Defensoría del Pueblo publicado en septiembre de 2025 documentó 88 casos de reclutamiento forzado de menores en Colombia entre enero y agosto de ese año. De estos, 21 casos fueron atribuidos al Clan del Golfo.

Las cifras demuestran que la práctica sigue vigente, principalmente en territorios con presencia institucional limitada, hecho que refuerza la gravedad del dilema ante la falta de acciones palpables en la negociación.

La Autoridad del Canal de Panamá lanzósu nuevo Portal de Empleos, una plataforma digital diseñada para modernizar la gestión de talento humano y facilitar el acceso a oportunidades laborales dentro de la entidad, en un momento en que el organismo se prepara para ejecutar un ambicioso programa de inversiones que requerirá miles de trabajadores adicionales y el reemplazo progresivo de personal que se jubilará en los próximos años.

La herramienta, disponible en empleos.pancanal.com, permitirá a los aspirantes consultar vacantes, verificar requisitos y dar seguimiento en tiempo real al estado de sus postulaciones.

El vicepresidente de Capital Humano del Canal, Rubén Pérez, señaló que la iniciativa forma parte de la Visión Estratégica 2025-2035 y busca fortalecer la capacidad institucional para atraer talento idóneo y responder con mayor agilidad a los desafíos operativos y estratégicos del futuro.

La plataforma integra todas las etapas del proceso de reclutamiento, desde la publicación de vacantes hasta la evaluación, selección, contratación e inducción del nuevo personal. Además, ofrece mayor transparencia al permitir a los candidatos monitorear el avance de sus solicitudes mediante procesos trazables y con información detallada sobre cada posición disponible.

Durante el acto de lanzamiento, el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales, destacó que el nuevo sistema consolida un canal directo con el talento panameño y moderniza los procedimientos de contratación, subrayando que el recurso humano continúa siendo un factor determinante en la evolución de la organización.

Como complemento a la plataforma, el Canal habilitó un Centro de Atención en el edificio 726 en Balboa, donde se brindará orientación presencial con cita previa sobre el uso del portal. El espacio funcionará durante dos meses en horario especial de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 12:30 p. m., mientras que la información general también estará disponible a través de líneas telefónicas y canales digitales institucionales.

El lanzamiento ocurre en un contexto de expansión de proyectos estratégicos que implicarán una demanda significativa de mano de obra. Entre ellos destacan el corredor energético —que contempla inversiones de hasta $8,000 millones—, las nuevas terminales portuarias, el desarrollo de un gasoducto, el corredor logístico terrestre y el proyecto del reservorio en río Indio, iniciativas con las que la entidad busca diversificar su matriz de ingresos y fortalecer la sostenibilidad operativa del Canal.

De acuerdo con estimaciones oficiales, el corredor energético podría generar más de 6,500 empleos anuales durante la fase de construcción y cerca de 9,600 en operación, mientras que las terminales portuarias movilizarían una inversión de aproximadamente $2,600 millones con más de 10,700 puestos en construcción y alrededor de 9,000 en operación. El corredor logístico terrestre, con una inversión estimada de $1,782 millones, aportaría más de 3,200 empleos en su etapa constructiva y 443 durante la operación.

En paralelo, el proyecto del lago de río Indio —considerado clave para reforzar la seguridad hídrica del sistema— contempla una inversión estimada entre $1,500 millones y $1,600 millones y generaría cerca de 2,700 empleos directos durante la construcción de la presa, el vertedero y el túnel de conexión hacia el lago Gatún. La obra, que se ejecutaría en un plazo aproximado de seis años, busca aumentar la capacidad de almacenamiento de agua en un escenario marcado por la variabilidad climática y la recurrencia de sequías.

El reto laboral del Canal no se limita a la creación de nuevos puestos. La entidad proyecta que más de 2,800 colaboradores se jubilarán en la próxima década, lo que obliga a desarrollar estrategias de relevo generacional y formación técnica para preservar el conocimiento especializado acumulado en áreas críticas de la operación.

En respuesta a ese desafío, la Academia de Talento del Canal mantiene programas de capacitación y formación estructurados en escuelas especializadas, incluyendo la Escuela de Aprendices, la Escuela Marítima, la Escuela de Negocios y programas de sucesión y desarrollo ejecutivo. Estas iniciativas buscan garantizar la disponibilidad de personal calificado para sostener la operación y apoyar la ejecución de nuevos proyectos.

En el año fiscal 2026, la entidad prevé reforzar la capacitación técnica, el desarrollo de habilidades digitales y la formación profesional para preparar a su fuerza laboral ante un entorno operativo en transformación, caracterizado por la incorporación de nuevas líneas de negocio y mayores exigencias tecnológicas.

La puesta en marcha del Portal de Empleos se inscribe así en una estrategia más amplia orientada a modernizar la gestión de talento humano y asegurar la disponibilidad de personal capacitado para respaldar la expansión del Canal. En este escenario, la plataforma digital se convierte en una herramienta clave para conectar a la institución con el mercado laboral y facilitar el acceso a oportunidades en una de las organizaciones más estratégicas de la economía panameña.

En menos de tres semanas, la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sufrió una ofensiva inédita de las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Del arresto del alcalde de Tequila, presuntamente aliado del cártel, a la captura de operadores clave y el desmantelamiento de redes financieras, la estrategia concluyó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el capo más buscado de México y uno de los criminales más peligrosos del mundo.

Estos son los cuatro golpes que marcaron un parteaguas en la historia reciente del CJNG.

1. La caída del alcalde de Tequila

El primer golpe llegó el 5 de febrero de 2026, cuando fuerzas federales detuvieron a Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco, durante la llamada “Operación Enjambre”.

La captura, realizada en su domicilio de madrugada y sin resistencia, formó parte de una investigación conjunta por corrupción y nexos con el crimen organizado. El operativo fue encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y respaldado por la presidencia federal.

Rivera Navarro, militante de Morena, fue acusado de extorsión sistemática a empresas tequileras y cerveceras, cobros ilegales al comercio local, desvío de recursos públicos, amenazas, violencia política de género y secuestro de candidatos en 2021.

En algunos testimonios, el alcalde se refería a los líderes del CJNG como sus “patrones”. Junto a él, fueron detenidos el director de Seguridad Pública, el de Catastro y Predial, y el de Obras Públicas; otros funcionarios municipales se encuentran prófugos.

Uno de los casos más relevantes fue la denuncia de la empresa tequilera José Cuervo sobre un presunto cobro ilegal de hasta 60 millones de pesos en impuestos, resuelto con un acuerdo de pago de 17 millones de pesos tras la intervención estatal. Al menos otras 10 empresas denunciaron esquemas similares.

Tras la captura, la Policía Estatal asumió la seguridad pública municipal. Claudia Sheinbaum respaldó la acción, subrayando que “ningún partido político puede ser paraguas para delinquir”.

2. Sanciones por red de fraude inmobiliario

El segundo golpe, de carácter financiero y judicial internacional, se produjo el 19 de febrero, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU anunció sanciones contra una red de fraude de tiempos compartidos controlada por el CJNG en la Bahía de Banderas y Puerto Vallarta.

El paquete incluyó el congelamiento de activos y la designación de 17 empresas (entre ellas el resort Kovay Gardens) y cinco individuos mexicanos, además de la empresa Administradora y Comercializadora del Mar.

El CJNG, según la OFAC, diversificó sus operaciones ilícitas más allá del narcotráfico, utilizando el fraude inmobiliario para obtener recursos que suman cerca de 300 millones de dólares en pérdidas para ciudadanos estadounidenses entre 2019 y 2023.

Estas operaciones, ejecutadas mediante call centers y empresas fachada, se centraban en víctimas estadounidenses mayores a quienes se prometía compra, renta o inversión en tiempos compartidos. El ciclo de fraude incluía llamadas falsas, cobros de supuestos “impuestos” y amenazas de falsas autoridades, con transferencias internacionales a cuentas mexicanas.

Los empresarios Carlos Humberto Rivera Miramontes (fundador de Kovay Gardens) y Michael Ibarra Díaz Jr. fueron señalados como operadores clave, junto a figuras del CJNG como Audias Flores Silva (“El Jardinero”), Oscar Enrique Jiménez Tapia (“Tagayas”) y José Luis Gutiérrez Ochoa (“Tolin”), algunos con lazos familiares directos con “El Mencho”.

La OFAC ha bloqueado a más de 90 personas y empresas ligadas a estos fraudes en los últimos años y emitió advertencias públicas a turistas estadounidenses sobre los riesgos de fraudes inmobiliarios en México.

3. La captura de “La Leona”

El tercer golpe se dio el 21 de febrero, un día antes de la caída de El Mencho, cuando autoridades federales detuvieron en Tala, Jalisco, a Alma Rosa Rivera Martínez, alias “La Leona”, presunta reclutadora del CJNG y pareja de José Gregorio Lastra Hermida (“El Lastra”), encargado del Rancho Izaguirre en Teuchitlán.

La detención se realizó sin enfrentamiento, en un inmueble de la colonia San Javier, tras un cateo autorizado por juez y producto de trabajos de inteligencia, seguimiento de comunicaciones y análisis operativo.

“La Leona” fue señalada por encabezar redes de reclutamiento y adiestramiento de personas para el CJNG en la región de Valles. Su actividad se relaciona con la captación y entrenamiento de nuevos sicarios y operadores logísticos en el Rancho Izaguirre, un predio investigado desde marzo de 2025 tras hallazgos de prendas de vestir, calzado y objetos personales vinculados a desaparecidos. La FGR investigó el rancho como punto de concentración de personas reclutadas mediante ofertas laborales engañosas.

La detención de “La Leona” se suma a la de Lastra Hermida, realizada en marzo de 2025 en la Ciudad de México. Tras la captura, la mujer fue trasladada a la FGR en Guadalajara, donde quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

4. El abatimiento de “El Mencho”

El golpe más contundente ocurrió el 22 de febrero, cuando fuerzas federales mexicanas, con apoyo de inteligencia estadounidense, abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en un operativo en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco.

El despliegue incluyó a Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea, y fue resultado de meses de coordinación binacional.

Durante el operativo, los efectivos federales fueron atacados por integrantes del CJNG, lo que desencadenó un enfrentamiento armado. En el lugar, cuatro miembros del cártel murieron, mientras que otros tres, gravemente heridos —incluido Oseguera Cervantes—, fallecieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México.

El impacto fue inmediato: tras la operación, el CJNG desató una ola de reacciones violentas en Jalisco y una veintena de estados —bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a establecimientos y sucursales bancarias, afectando vuelos, servicios de transporte y actividades económicas en zonas turísticas como Vallarta—. El gobierno federal y los estados afectados activaron alertas, reforzaron operativos y suspendieron eventos públicos.

Este viernes se dio a conocer la detención de 30 integrantes de Los Salazar, grupo delictivo afín al Cártel de Sinaloa, acusados de venta de droga y reclutamiento.

La captura ocurrió en el estado de Querétaro, donde, tras meses de trabajos de investigación, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de la República (FGR), junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Fiscalía General del Estado (FGE), ambas del estado mencionado, ejecutaron 12 órdenes de cateo, donde se detuvo a los 30 presuntos delincuentes, incluyendo a uno de sus principales operadores.

Los detenidos son acusados de venta de drogas, extorsión y reclutamiento.

En seguimiento a las línes de investigación respecto a una célula criminal con operación en la capital de Querétaro, los agentes implementaron recorridos de seguridad y vigilancias fijas y móviles que permitieron recabar datos de prueba suficientes mediante los cuales, un juez de control liberó las órdenes de cateo para intervenir en los domicilios.

Tras esto, en un operativo interinstitucional, se ejecutaron las 12 órdenes de cateo en diferentes domicilios de la capital, donde fueron detenidos 21 hombres y nueve mujeres, entre ellos el líder de la célula delictiva.

Las autoridades aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dionero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley, y junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. Los inmuebles fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial.

El Flaco, entre los detenidos

Fuentes federales confirmaron a Infobae México que los 30 detenidos son integrantes de Los Salazar, y que el líder de ese grupo delictivo capturado es Diego Salazar y/o Luis Gustavo Agapito Millán, alias “El Flaco” y/o “Jony”.

La célula delictiva a la que presuntamente pertenecen los detenidos, opera en la región, donde coordina la venta y distribución de droga en la capital del estado, así como el reclutamiento de personas, disputa del control territorial, rutas de trasiego, homicidios, además de delitos de extorsión y tráfico de armas.

Se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, narcóticos, dinero en efectivo, vehículos, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento de información e inmuebles.

La reciente decisión de Morena de incorporar a su filas a diversos alcaldes provenientes de partidos opositores ha provocado una oleada de críticas internas y externas, situando a la organización política en el centro del debate sobre su estrategia de crecimiento y transparencia ante la ciudadanía.

La controversia adquiere mayor magnitud al considerar que, lejos de fortalecer la confianza pública, estas acciones generan un clima de desconfianza en el electorado, una preocupación compartida por voces tanto del oficialismo como de la oposición.

Desde la perspectiva de Federico Salomón Molina, quien lidera el Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, la situación distorsiona el panorama político local. El dirigente denunció que, tras los comicios del 1 de junio de 2025 en los que su partido logró 35 alcaldías, en el correr de los meses cuatro alcaldes optaron por sumarse a Morena y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Salomón Molina sostuvo que dos de esos funcionarios reconocieron haber recibido invitaciones, con el agregado de que “de no acceder, tendrían puertas cerradas en el gobierno del estado”, según informó a Latinus.

El líder panista no ahorró calificativos para describir el proceder de los partidos aliados: “Morena y sus aliados son carroñeros. Se quejan del famoso Prian y ahora están reciclando alcaldes del PAN, a quienes ningunearon y patearon. Eso es muy carroñero y masoquista”, señaló Salomón Molina a Latinus.

Por su parte, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, senador por Morena, ofreció una mirada autocrítica respecto al rumbo tomado por su partido. Fue enfático al subrayar que sumar alcaldes de otros partidos es “un grave error”, añadiendo que esta práctica “no fortalece al partido, sino que genera desconfianza entre el electorado”. El legislador federal reiteró que: “Eso de cooptar presidentes municipales de otros partidos es una gran mentira porque no representan un crecimiento real en Morena”.

La reciente adhesión al partido oficialista de los alcaldes de Jesús Carranza, Chumatlán y Coacoatzintla a Morena, y de Santiago Sochiapa al PVEM, concentra el epicentro de las disputas. Ambos lados del espectro político coinciden en que la legitimidad de estas estrategias será evaluada por un electorado atento a la coherencia y autenticidad de sus representantes.

Para los asalariados promedio en Rusia, es un gran sueldo. Para los delincuentes que buscan escapar de las duras condiciones y el abuso en prisión, es una oportunidad de libertad. Para los inmigrantes que buscan una vida mejor, es un camino simplificado hacia la ciudadanía.

Lo único que tienen que hacer es firmar un contrato para luchar en Ucrania.

Mientras Rusia intenta reponer sus fuerzas luego de casi cuatro años de guerra —y evitar una movilización nacional impopular— está haciendo todos los esfuerzos posibles para encontrar nuevas tropas para enviar al campo de batalla.

Algunos vienen del extranjero para luchar en lo que se ha convertido en una sangrienta guerra de desgaste. Tras firmar un tratado de defensa mutua con Moscú en 2024, Corea del Norte envió miles de soldados para ayudar a Rusia a defender su región de Kursk de una incursión ucraniana.

Hombres de países del sur de Asia, como India, Nepal y Bangladesh, se quejan de haber sido engañados para alistarse en el combate por reclutadores que les prometían trabajo. Funcionarios de Kenia, Sudáfrica e Irak afirman que lo mismo les ha sucedido a ciudadanos de sus países.

Números rusos en Ucrania

El presidente Vladimir Putin anunció en su conferencia de prensa anual el mes pasado que 700.000 soldados rusos combaten en Ucrania. Dio la misma cifra en 2024 y una ligeramente inferior (617.000) en diciembre de 2023. No está claro si estas cifras son exactas.

Las cifras de bajas militares siguen ocultas, pues Moscú ha publicado cifras oficiales limitadas. El Ministerio de Defensa británico afirmó el verano pasado que más de un millón de soldados rusos podrían haber resultado muertos o heridos.

El sitio web independiente de noticias ruso Mediazona, junto con la BBC y un equipo de voluntarios, analizó noticias, redes sociales y sitios web gubernamentales y recopiló los nombres de más de 160.000 soldados fallecidos. Más de 550 de ellos eran extranjeros de más de dos docenas de países.

Cómo Rusia consigue nuevos soldados

A diferencia de Ucrania, donde la ley marcial y la movilización nacional están vigentes desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, Putin se ha resistido a ordenar un llamado a filas amplio.

Cuando se intentó una movilización limitada de 300.000 hombres más tarde ese año, decenas de miles de personas huyeron al extranjero. El esfuerzo se detuvo tras unas semanas, una vez alcanzado el objetivo, pero un decreto de Putin dejó la puerta abierta para otro llamamiento. También estableció que todos los contratos militares serían prácticamente indefinidos y prohibió a los soldados abandonar el servicio o ser dados de baja, a menos que alcanzaran ciertos límites de edad o estuvieran incapacitados por lesiones.

Desde entonces, Moscú ha recurrido en gran medida a lo que describe como alistamiento voluntario.

El flujo de reclutas voluntarios que firman contratos militares se ha mantenido alto, superando los 400.000 el año pasado, según declaró Putin en diciembre. No fue posible verificar esta afirmación de forma independiente. Se anunciaron cifras similares en 2024 y 2023.

Los activistas afirman que estos contratos suelen estipular una duración fija de servicio, como un año, lo que lleva a algunos potenciales reclutas a creer que el compromiso es temporal. Sin embargo, afirman que los contratos se prorrogan automáticamente por tiempo indefinido.

Los incentivos

El gobierno ofrece altos salarios y amplios beneficios a los reclutas. Las autoridades regionales ofrecen diversas bonificaciones por alistamiento, que a veces ascienden a decenas de miles de dólares.

En la región de Khanty-Mansi, en el centro de Rusia, por ejemplo, un recluta recibiría unos 50.000 dólares en diversas bonificaciones, según el gobierno local. Esto supone más del doble del ingreso anual promedio en la región, donde se informó que los salarios mensuales en los primeros 10 meses de 2025 superaron los 1.600 dólares.

También hay exenciones fiscales, alivio de deuda y otros beneficios.

A pesar de las afirmaciones del Kremlin de que depende del alistamiento voluntario, los informes de los medios y los grupos de derechos humanos dicen que los reclutas (hombres de entre 18 y 30 años que realizan el servicio militar obligatorio por un período determinado y están exentos de ser enviados a Ucrania) a menudo son obligados por sus superiores a firmar contratos que los envían a la batalla.

El reclutamiento también se extiende a los presos y a quienes se encuentran en centros de detención preventiva, una práctica liderada al principio de la guerra por el difunto jefe mercenario Yevgeny Prigozhin y adoptada por el Ministerio de Defensa. Las leyes ahora permiten el reclutamiento tanto de convictos como de sospechosos en causas penales.

Apuntando a los extranjeros

Los extranjeros también son objetivos de reclutamiento, tanto dentro de Rusia como en el extranjero.

Se aprobaron leyes que ofrecen la ciudadanía rusa acelerada a los reclutas. Los medios de comunicación y activistas rusos también informan que las redadas en zonas donde los migrantes suelen vivir o trabajar los presionan para que presten el servicio militar, y los nuevos ciudadanos son enviados a las oficinas de alistamiento para determinar si cumplen los requisitos para el servicio militar obligatorio.

En noviembre, Putin decretó que el servicio militar era obligatorio para ciertos extranjeros que buscaban la residencia permanente.

Según informes, algunos son atraídos a Rusia por redes de tráfico de personas que les prometen empleos y luego los engañan para que firmen contratos militares. En 2023, las autoridades cubanas identificaron y buscaron desmantelar una de estas redes que operaba desde Rusia.

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Narayan Prakash Saud, declaró a The Associated Press en 2024 que su país solicitó a Rusia el retorno de cientos de ciudadanos nepaleses reclutados para combatir en Ucrania, así como la repatriación de los restos de los caídos en la guerra. Desde entonces, Nepal ha prohibido a sus ciudadanos viajar a Rusia o Ucrania para trabajar, alegando iniciativas de reclutamiento.

También en 2024, la agencia federal de investigación de la India declaró haber desmantelado una red que atraía a al menos 35 de sus ciudadanos a Rusia con el pretexto de obtener empleo. Los hombres fueron entrenados para el combate y desplegados en Ucrania contra su voluntad, y algunos resultaron gravemente heridos, según la agencia.

Cuando Putin recibió al primer ministro indio Narendra Modi para conversaciones en 2024, Nueva Delhi dijo que sus ciudadanos que fueron “engañados” para unirse al ejército ruso serían dados de baja.

Las autoridades iraquíes afirman que unos 5.000 de sus ciudadanos se han unido al ejército ruso, junto con un número no especificado que lucha junto a las fuerzas ucranianas. Las autoridades en Bagdad tomaron medidas enérgicas contra estas redes de reclutamiento, y un hombre fue declarado culpable el año pasado de trata de personas y condenado a cadena perpetua.

Un número indeterminado de iraquíes han muerto o desaparecido mientras combatían en Ucrania. Algunas familias han denunciado que sus parientes fueron atraídos a Rusia con engaños y obligados a alistarse; en otros casos, los iraquíes se han alistado voluntariamente a cambio de un salario y la ciudadanía rusa.

Los extranjeros engañados para luchar son especialmente vulnerables porque no hablan ruso, no tienen experiencia militar y los comandantes militares los consideran “prescindibles, por decirlo sin rodeos”, dijo Anton Gorbatsevich del grupo activista Idite Lesom, o “Piérdete”, que ayuda a los hombres a desertar del ejército.

Una carga para una economía en desaceleración

Este mes, una agencia ucraniana para el tratamiento de prisioneros de guerra declaró que más de 18.000 extranjeros habían combatido o están combatiendo en el bando ruso. Casi 3.400 han muerto y cientos de ciudadanos de 40 países se encuentran retenidos en Ucrania como prisioneros de guerra.

Si es cierto, eso representa una fracción de los 700.000 soldados que, según Putin, están luchando por Rusia en Ucrania.

Recurrir a extranjeros es solo una forma de satisfacer la constante demanda, afirmó Artyom Klyga, jefe del departamento jurídico del Movimiento de Objetores de Conciencia, señalando que los esfuerzos de reclutamiento rusos parecen ser estables. La mayoría de quienes buscan ayuda del grupo, que ayuda a hombres a evitar el servicio militar, son ciudadanos rusos, añadió.

Kateryna Stepanenko, investigadora sobre Rusia en el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, dijo que el Kremlin se ha vuelto más “creativo” en los últimos dos años a la hora de atraer reclutas, incluidos extranjeros.

Pero los esfuerzos de reclutamiento se están volviendo “extremadamente costosos” para Rusia, que enfrenta una desaceleración económica, agregó.

(AP)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) abrió su convocatoria 2026 dirigida a hombres y mujeres de 18 a 65 años para integrarse al Servicio de Protección Federal (SPF) como Guardias especializados en protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones de la Administración Pública Federal, órganos del Poder Legislativo y Judicial, organismos autónomos e instituciones que lo soliciten.

¿Cuáles son los requisitos?

Para participar en el proceso de reclutamiento y selección se requiere:

• Tener entre 18 y 65 años de edad.
• Secundaria terminada como escolaridad mínima.
• Estatura mínima de 1.50 m para mujeres y 1.60 m para hombres.
• Buen estado de salud física y mental.
• Disponibilidad para cambiar de residencia a cualquier parte del país.
• Presentar documentación completa, entre la que se incluye: acta de nacimiento, comprobante de estudios, comprobante de domicilio, credencial del INE vigente, CURP, RFC, currículum con fotografía reciente, referencias personales y, para hombres, cartilla del Servicio Militar Nacional liberada.

¿Qué características piden?

Quienes sean seleccionados se incorporarán como Guardias del SPF, responsables de brindar protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones pertenecientes a diversas dependencias de la Federación. Esta posición ofrece una oportunidad de desarrollarse en una institución policial con capacitación continua y certificaciones, incluso a nivel internacional, y con beneficios adicionales que superan los de la ley.

¿En qué entidades se realizarán las jornadas de reclutamiento?

La SSPC realizará jornadas de reclutamiento presenciales en diferentes fechas y localidades, incluyendo:

• Ciudad de México: Alcaldía Milpa Alta.
• Estado de México: Municipios como Acolman, Amecameca, Atlautla, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Otumba, Teotihuacán, Texcoco y Valle de Chalco.
• Morelos: Cuernavaca, Cuautla y Jojutla.
• Puebla y Tlaxcala: con fechas programadas en varias sedes durante el mes correspondiente. Además, existen oficinas de reclutamiento permanente en la Ciudad de México (Coyoacán) y en Ecatepec, Estado de México para recibir documentación y consultas.

¿Cuál es el sueldo mensual?

El puesto ofrece un sueldo mensual neto de $13,607 pesos, más un paquete de prestaciones superiores a las de la ley, que incluye:

• Seguro de protección médica por riesgo y seguro de vida.
• Seguridad social completa.
• Crédito hipotecario.
• 20 días de vacaciones al año con prima vacacional.
• Aguinaldo y vales de despensa.
• Licencias de maternidad y paternidad, entre otros beneficios.

Tropas adscritas a la Brigada 23 del Ejército Nacional de Colombia anunciaron la detención de un hombre identificado como alias Caballo, señalado jefe del grupo armado ilegal Autodefensas Unidas de Nariño.

Según el reporte oficial, la detención se realizó en la ciudad de Ipiales, sur del departamento de Nariño, como parte de un operativo dirigido a desarticular actividades criminales en la región.

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Las autoridades militares recalcaron que la operación permite “disminuir y afectar su capacidad de recolección de las rentas ilícitas producto de la extorsión”.

Según la investigación recopilada por la institución castrense, este hombre sería el responsable de ordenar una serie de asesinatos, extorsionar y reclutar personas tanto en Colombia como en Ecuador.

Además, estaría detrás del desplazamiento forzado de aproximadamente 250 personas de sus hogares, especialmente en el corregimiento de Monopamba y la vereda El Verde, en el municipio de Puerres, por enfrentamientos con otros grupos delictivos.

“Alias Caballo era el encargado de ordenar asesinatos selectivos, extorsionar y reclutar personal para conformar la estructura criminal en Colombia y Ecuador”, explicó el Ejército en un comunicado.

En cuanto a los combates registrados, los registros oficiales señalan que se iniciaron en septiembre de 2025, con el desplazamiento masivo de 159 habitantes y el confinamiento de 557 personas en zonas rurales de Puerres.

Un mes después (octubre de 2025), funcionarios de la Gobernación de Nariño lograron acceder a las áreas afectadas, brindando acompañamiento y atención humanitaria a más de 240 familias de Monopamba.

Por el momento, alias Caballo fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su correspondiente judicialización.

“Con este resultado se afecta contundentemente el accionar delictivo de este grupo, debilitando el mando y control de la comisión que pretendía expandirse en el suroriente del departamento; además se reduce su capacidad de recolección de las rentas ilícitas producto de la extorsión”, añadió la institución.

Capturan a alias Quevedo, cabecilla de Los Choneros AK47 de Ecuador

La detención de alias Caballo se suma a otras operaciones realizadas por las Fuerzas Militares para contrarrestar las acciones criminales de los grupos al margen de la ley en el territorio colombiano.

Ese es el caso de Jean Carlos Marcillo Bravo, conocido como alias Quevedo y señalado como líder del grupo Los Choneros AK47, que fue capturado en un operativo conjunto entre las autoridades de Colombia y Ecuador.

El operativo se adelantó en la zona rural de Chachagüí (Nariño), en el desarrollo de la Operación Binacional Zeus 2, resultado del trabajo articulado bajo el acuerdo binacional vigente entre ambos países.

“Colombia no es ni será territorio de refugio para delincuentes, ratificando la capacidad institucional del Estado colombiano y la cooperación binacional para perseguir, ubicar y poner a disposición de la justicia a quienes pretendan evadirla”, indicó el teniente coronel Jorge Andrés Mendoza Sierra, subcomandante del Departamento de Policía Nariño.

De acuerdo con los organismos de seguridad, Marcillo Bravo dirigía y coordinaba actividades criminales desde territorio colombiano, afectando distintas provincias ecuatorianas y siendo responsable directo de la logística transfronteriza, así como del abastecimiento de armamento.

Para eludir a las autoridades, empleaba mecanismos de ocultamiento como el alquiler temporal de fincas en zonas rurales. La Interpol lo requería a través de una circular azul por delitos de concierto para delinquir, hurto y extorsión.

El operativo concluyó con la entrega de Marcillo Bravo a las autoridades ecuatorianas tras los trámites migratorios correspondientes. La policía de Colombia calificó la detención como un avance estratégico en la lucha contra las organizaciones delictivas de alcance internacional.

Los Choneros AK47, organización relacionada con homicidios y masacres en Los Ríos, había sido objeto de seguimiento mediante investigaciones judiciales que permitieron determinar el ingreso irregular de alias Quevedo a Colombia en noviembre de 2025.

La estructura desmantelada está implicada en al menos 21 homicidios en la provincia de Los Ríos, en un contexto de disputas entre bandas por el control de economías ilegales, fenómeno que explicaría el 85% de las muertes violentas en Ecuador según las cifras oficiales.

En un nuevo capítulo del debate sobre justicia transicional en Colombia, la Corte Penal Internacional (CPI) recibió una demanda contra Rodrigo Londoño, conocido en la época del conflicto armado como alias Timochenko, que fue jefe de la secretaría de la antigua guerrilla de las Farc, por crímenes de guerra, lesa humanidad, tortura, esclavitud, esclavitud sexual, secuestros masivos y reclutamiento y uso de menores en el conflicto.

En el documento presentado por el jurista internacional Juan Carlos Portilla ante la Fiscalía de la CPI, se solicita que el tribunal emita una orden de captura contra Londoño por los delitos mencionados.

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En la argumentación entregada ante el organismo internacional, Portilla resalta la asimetría existente entre el trato judicial a los comandantes del extinto grupo armado y a los integrantes de las fuerzas militares de Colombia.

“Timochenko y compañía no puede utilizar el acuerdo de La Habana (2016) como un mecanismo de excusa o defensa judicial para evadir la cárcel, porque es la única sanción que les corresponde a los máximos responsables de delitos atroces bajo el derecho internacional”, declaró el abogado en Noticias RCN.

Así mismo, Portilla señaló que la antigua secretaría de las Farc, bajo el mando de Londoño, “orquestó y dirigió de manera sistemática crímenes atroces contra civiles y fuerzas de seguridad, incluyendo tortura, secuestros masivos, esclavitud y esclavitud sexual, así como el reclutamiento de niños para la guerra”.

El litigante enfatizó su crítica a las sanciones aplicadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), diseñadas según los lineamientos del acuerdo de paz firmado en La Habana, ya que en su opinión están orientadas a evitar la privación efectiva de la libertad.

En ese sentido, pidió que la CPI asuma el capítulo de los crímenes cometidos por los líderes de las Farc y actué en consecuencia.

“Estas sanciones de servicios comunitarios que, de manera simbólica, han impuesto a Timochenko y compañía están creando un incentivo perverso para que las disidencias de las Farc, la Nueva Marquetalia de Iván Márquez, alias Mordisco, alias Calarcá y todos los comandantes del ELN, máximos responsables de delitos responsables en Colombia, tengan ese incentivo perverso de cometer crímenes, porque saben que la JEP los va a perdonar y los va a amnistiar con sanciones restaurativas, con sanciones simbólicas y de servicio comunitario”, se lee en el documento.

Ante los cuestionamientos del jurista internacional, la magistrada de la JEP Catalina Díaz defendió la labor del tribunal, argumentando el carácter equilibrado de los procedimientos hacia exguerrilleros y exintegrantes de la Fuerza Pública.

“Hemos investigado en carriles paralelos todo el tiempo a las antiguas Farc, a los mandos de las antiguas Farc y a los antiguos miembros del Ejército Nacional. Les hemos imputado responsabilidad penal a las antiguas Farc por todo el catálogo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, aseguró la magistrada al mismo noticiero nacional.

Por el momento, Rodrigo Londoño no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre la denuncia interpuesta ante la Corte Penal Internacional.

Petro denuncia a ‘Iván Mordisco’

La denuncia del abogado Juan Carlos Portilla contra ‘Timochenko’ se suma al oficio presentado por el presidente Gustavo Petro contra Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, máximo líder de las disidencias de las Farc, ante el mismo organismo internacional.

En el documento entregado ante la CPI, el Gobierno colombiano identificó como principales víctimas a niños y adolescentes sometidos al reclutamiento forzado, así como a comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, líderes sociales, excombatientes y defensores de la paz, todos ellos afectados por los delitos cometidos bajo el mando de Iván Mordisco.

Alejandro Carranza, representante legal del mandatario, explicó en declaraciones a los medios de comunicación que esta querella no corresponde a hechos aislados, sino que refleja “un patrón prolongado de crímenes de lesa humanidad y de guerra, dirigido desde la cúspide de una organización armada”.

Además, enfatizó en que el Gobierno ha agotado los mecanismos legales internos y, ante la negativa de ‘Iván Mordisco’ a acogerse a procesos de paz, recurrieron a la justicia internacional.

“El señor ‘Iván Mordisco’ sigue desplazando, sigue secuestrando, sigue afectando estructuras protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, sigue atacando a poblaciones completas para una sola cosa y es lucrarse con el narcotráfico y esto tiene que ser conocido desde otros espectros”, advirtió Carranza en diálogo con Caracol Radio.

“Si ocurriese una crisis importante en nuestro país, los conocimientos adquiridos por los jóvenes tras un año en las fuerzas armadas y en el aprendizaje de un oficio podrían ser aprovechados para ayudar a Francia a enfrentar un conflicto relevante”, declaró el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fabien Mandon. Así, el Gobierno francés inició este lunes la campaña nacional de reclutamiento para su nuevo servicio militar voluntario, orientado a jóvenes entre 18 y 25 años. Según consignó el medio, el programa busca cubrir puestos que las Fuerzas Armadas consideran claves para fortalecer su nivel de preparación ante eventuales escenarios de conflicto.

De acuerdo con la información publicada, el Ministerio de Defensa abrió 3.000 plazas disponibles en esta primera convocatoria. Los interesados deberán presentar su solicitud antes de abril y la incorporación se concretará entre septiembre y noviembre del presente año. La formación tendrá una duración total de diez meses, de los cuales el primer mes estará dedicado a instrucción básica. Quienes resulten seleccionados recibirán alojamiento, alimentación, una remuneración mensual de 800 euros y acceso a un descuento del 75 por ciento en los ferrocarriles nacionales.

El programa contempla un enfoque diversificado en la selección de los voluntarios. El 80 por ciento de los reclutas serán jóvenes de 18 y 19 años, la mayoría de los cuales aprovecharán el servicio militar como un año sabático entre la finalización de la educación secundaria y el ingreso a la educación superior. El 20 por ciento restante estará compuesto por candidatos de hasta 25 años que cuenten con especializaciones relevantes para las Fuerzas Armadas. Estos perfiles incluyen ingenieros, especialistas informáticos, enfermeros, traductores, cuidadores, operadores de drones e incluso panaderos, según detalló el medio.

El costo total previsto para el servicio militar voluntario entre 2026 y 2030 asciende a 2.300 millones de euros. Esta suma abarca tanto las remuneraciones como el equipamiento, la vestimenta y el alojamiento que recibirán los jóvenes. El Ejecutivo francés estableció como objetivo incrementar progresivamente la cifra de voluntarios hasta alcanzar 4.000 para 2027, 10.000 para 2030 y 42.500 para el año 2035, según informó la fuente.

Durante la presentación del programa, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fabien Mandon, señaló que la formación permitirá a los participantes no solo adquirir destrezas técnicas y tácticas, sino también integrarse en grupos organizados bajo valores de igualdad, fraternidad y justicia. “Serán entrenados para reaccionar en situaciones incómodas y actuar en grupos sólidos y solidarios, donde el mérito es recompensado y todos sirven bajo el mismo uniforme, con independencia de su origen social, historia personal, opiniones o creencias religiosas”, expuso Mandon, según registró la fuente.

La estrategia se inscribe dentro del esfuerzo gubernamental por renovar la estructura y capacidades defensivas, ampliando el horizonte de especializaciones dentro de las fuerzas armadas. El medio clarificó que el nuevo esquema de servicio militar voluntario busca, por un lado, satisfacer la demanda creciente de personal capacitado en áreas técnicas y logísticas claves para el funcionamiento de las fuerzas armadas modernas, y por otro, ofrecer oportunidades formativas y profesionales a jóvenes que afrontan la transición entre la educación y el mundo laboral.

El Gobierno francés priorizó la inclusión de jóvenes con diversos perfiles profesionales para fortalecer distintas ramas del ámbito militar. Según el reporte, la instrucción impartida combinará disciplina militar con enseñanza técnica en los oficios requeridos, con el objetivo de maximizar la preparación de los futuros reservistas y garantizar que, ante una emergencia, se disponga de un contingente versátil y plenamente capacitado para tareas tanto de defensa como de apoyo civil.

Fuentes oficiales proyectaron que este programa represente una vía adicional de integración social y profesional para los jóvenes participantes, incidiendo no solo en la seguridad nacional, sino también en la cohesión social. La oportunidad de acceder a formación, alojamiento y recursos económicos durante el año de servicio está pensada para atraer a un espectro amplio de la sociedad juvenil francesa, reportó el medio.

Las diferentes etapas del programa contemplan una selección inicial de candidatos, el proceso formativo y el acompañamiento durante el período de instrucción y desempeño de funciones, según describió el medio. Las plazas incluyen áreas profesionales vinculadas a la tecnología y la logística, además de otros oficios tradicionales requeridos por las fuerzas armadas, con especial atención a la capacitación en operación de sistemas no tripulados y ciberseguridad.

El plan se fundamenta en la necesidad de reforzar la defensa nacional con perspectiva a largo plazo, en respuesta a escenarios internacionales que el Gobierno considera inestables. Tal como publicó la fuente, la apuesta por una formación dual —militar y profesional— busca consolidar una reserva efectiva y actualizada, capaz de responder a los desafíos de seguridad del futuro y asegurar la continuidad de servicios esenciales en momentos críticos.

El Ministerio de Defensa expresó su expectativa de que el esquema genere un impacto significativo tanto para la estructura militar como para la sociedad civil, convirtiéndose en una opción formativa atractiva para jóvenes con intereses diversos y ofreciendo una plataforma de desarrollo de competencias útiles más allá del ámbito militar. Según el medio, el programa representa un paso relevante en la modernización del sistema de defensa francés y en su política de integración juvenil.

Leópolis (Ucrania), 10 ene (EFE).- Los ucranianos esperan que sus socios occidentales mantengan su compromiso con las garantías de seguridad previstas, pese al lanzamiento por parte de Rusia de un misil balístico hipersónico Oréshnik contra la región de Leópolis, que limita con territorio de la Unión Europea (UE) y la OTAN.

Los detalles sobre el impacto del misil en la ciudad occidental de Leópolis el viernes seguían siendo limitados este sábado, aunque expertos ucranianos sugieren que el Oréshnik causó solo daños menores a un objetivo desconocido.

El ataque tenía como objetivo enviar una señal a los socios de Ucrania de que Rusia no tolerará la presencia de sus fuerzas en este país, tras los planes anunciados en la Cumbre de la Coalición de los Voluntarios de París el pasado martes de que preparan una fuerza multinacional de paz una vez haya un alto el fuego, según varios analistas.

"La idea de que tropas de la OTAN entren en Ucrania y hagan imposible ocupar este territorio en el futuro es absolutamente inaceptable para (el presidente ruso, Vladímir) Putin", afirmó el analista político Vitali Portnikov en su canal de YouTube.

También el estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, en inglés) cree probable que "el Kremlin haya apuntado a la parte más occidental de Ucrania con un misil Oréshnik para disuadir a Europa y a Estados Unidos de proporcionar garantías de seguridad a Ucrania".

El Kremlin ha declarado en repetidas ocasiones que las tropas extranjeras serían objetivos "legítimos", recordó también el ISW en su análisis de este sábado.

La fuerza multinacional

Ya están en marcha los preparativos para un posible despliegue de una fuerza multinacional, que estaría liderada por el Reino Unido y Francia.

El Gobierno británico ha asignado 200 millones de libras esterlinas  (230 millones de euros) para equipar y entrenar a sus tropas para un posible despliegue de la fuerza multilateral, según declaró su ministro de Defensa, John Healey, tras su visita a Kiev el viernes.

Mientras, en Francia, el presidente Emmanuel Macron informó a diputados de planes para desplegar "varios miles" de soldados en zonas más alejadas del frente en caso de un posible alto el fuego.

Aunque los preparativos no harán que Rusia detenga la guerra de inmediato, sí sirven como una señal importante para Moscú del compromiso a largo plazo de Occidente con la seguridad de Ucrania, creen los analistas consultados por EFE.

Una reacción esperada

Pese al miedo experimentado por el ataque con el Oréshnik, los residentes de Leópolis, fronteriza con Polonia, país de la UE y miembro de la OTAN, creen que ceder ante la amenaza sería un error.

La mejor reacción de Occidente sería suministrar por fin a Ucrania misiles Tomahawk de fabricación estadounidense y Taurus alemanes para ataques contra Rusia, escribió en las redes sociales Sviatoslav Pavliuk, miembro del grupo de intelectuales de Leópolis 'Néstor'.

"Fue aterrador", reconoció Hanna Goshko, trabajadora del ámbito cultural de Leópolis.

"Apenas hubo tiempo para buscar refugio, ya que las explosiones se oyeron apenas unos minutos después de la alarma aérea", declaró a EFE.

Goshko acepta que los socios de Ucrania "tienen miedo" de brindar más apoyo, pero espera que comprendan que Moscú seguirá ampliando sus amenazas a menos que se le detenga.

"¿De verdad no existe el deseo de detener juntos a este monstruo que ha desatado tantas guerras y ha matado a tanta gente?", se preguntó.

El Consejo de Seguridad de la ONU debatirá el ataque el lunes y varios políticos extranjeros han condenado el bombardeo, entre ellos la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas.

"Me gustaría que la reacción no se quedara solo en palabras y que incluyera sanciones más duras y un uso más activo de los activos rusos congelados", dijo a EFE desde Dnipró la periodista Maria Jrebtievska.

Su ciudad fue atacada por un Oréshnik en su primer uso por parte de Rusia, en noviembre de 2024, pero los residentes se han adaptado lo mejor posible a los bombardeos continuos con diversos drones y misiles.

Solo acciones más contundentes pueden obligar a Rusia a dejar de atacar Ucrania, subrayó.

Una amenaza exagerada

La amenaza que representa el misil ruso no debe sobreestimarse, señaló el analista militar Oleksandr Kovalenko en su análisis para el Grupo de Resistencia Informativa.

Su poder destructivo es solo 1,5 veces mayor que el de un misil balístico Iskander, subraya, mientras que su producción cuesta 50 veces más y probablemente esté limitada a una o dos unidades al año.

La región occidental de Leópolis atacada el viernes carece de sistemas modernos de defensa antimisiles, por lo que tampoco se sabe si el misil es capaz de burlarlos como asegura Putin, señaló otro analista, Kirilo Danilchenko.

Calificó el ataque de "intento de escalada" en respuesta directa a una serie de "derrotas críticas" de Rusia, entre ellas la campaña estadounidense contra los petroleros y "el fiasco" de sus defensas aéreas en Venezuela.

Moscú ha afirmado haber empleado el Oréshnik en represalia al supuesto ataque con drones a finales de diciembre contra una de las residencias de Putin, algo que Kiev ha negado tajantemente.

Rostyslav Averchuk

El impacto de denuncias recientes sobre la presencia de aproximadamente 1.400 ciudadanos africanos en operaciones militares en Ucrania al servicio del ejército ruso motivó un llamado urgente por parte de funcionarios del gobierno ucraniano. De acuerdo con Europa Press, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania advirtió este miércoles sobre un incremento anticipado en las becas académicas ofrecidas por instituciones rusas a jóvenes africanos para el ciclo lectivo próximo, detrás de las cuales se identificaría un propósito de reclutamiento militar y no sólo de formación profesional.

Tal como publicó Europa Press, Heorhi Tiji, portavoz del Ministerio ucraniano, exhortó a los gobiernos africanos y a los medios de comunicación de la región a impulsar campañas de advertencia, así como a promover acciones legales para identificar y frenar las supuestas tácticas rusas. Los funcionarios ucranianos alertaron que estas iniciativas, en apariencia educativas, constituirían mecanismos para captar nuevos combatientes extranjeros destinados a engrosar las filas del ejército ruso en el conflicto que enfrenta a Moscú y Kiev. Tiji advirtió que resulta ingenuo pensar que se trata simplemente de oportunidades de estudio y urgió a las autoridades del continente africano a actuar de forma coordinada para desenmascarar y obstaculizar cualquier programa que facilite el reclutamiento de sus nacionales.

Europa Press reportó que esta alerta repercutió en un momento en el que casos documentados han devuelto al centro de la discusión el reclutamiento de africanos para la guerra en Ucrania. Entre estos episodios se destacó la situación de una quincena de sudafricanos que, tras denunciar haberse visto engañados por reclutadores que les prometieron oportunidades educativas o laborales, solicitaron asistencia a sus autoridades tras ser trasladados a la zona de combate en el Donbás.

El medio Europa Press puntualizó también el caso de Duduzile Zuma, hija del exmandatario sudafricano Jacob Zuma, quien presentó su renuncia como diputada cuando se hizo público su presunto involucramiento en la captación de mercenarios provenientes de Sudáfrica y Botsuana para integrar fuerzas rusas. Este hecho particular reforzó las preocupaciones de las autoridades ucranianas acerca del alcance de las actividades de reclutamiento, muchas de las cuales, según sostiene Kiev, utilizan intermediarios y promesas fraudulentas para incrementar la presencia de combatientes internacionales en Ucrania.

Según consignó Europa Press, el gobierno ucraniano instó a las administraciones y a los medios africanos a desplegar campañas de sensibilización que adviertan a la ciudadanía sobre los riesgos y las verdaderas intenciones de los programas rusos. La recomendación incluye no solo la prevención e información pública, sino también la exigencia de investigación y esclarecimiento de las redes que facilitan el traslado de jóvenes africanos a zonas de conflicto. Las autoridades ucranianas consideran, según remarcó el portavoz Tiji, que el fenómeno se encuentra lejos de constituir un caso aislado y anticipan un refuerzo de estas campañas de captación para el curso académico entrante, lo que requerirá un incremento de la vigilancia y la cooperación a nivel gubernamental y periodístico.

El medio Europa Press subrayó que la transferencia de jóvenes africanos mediante promesas que no se corresponden con la realidad académica se ha registrado con anterioridad, aunque la preocupación se intensificó ante la previsión de que estas prácticas aumentarán en los meses venideros. La insistencia de los funcionarios ucranianos radica en movilizar recursos institucionales y mediáticos para interrumpir las cadenas de reclutamiento antes de que se materialicen en nuevos desplazamientos de combatientes hacia Ucrania.

En este contexto, Kiev solicita que tanto responsables políticos como periodistas del continente africano actúen para investigar y revelar el funcionamiento de estructuras de captación presuntamente promovidas desde el extranjero. Europa Press detalló que las sugerencias ucranianas no sólo apuntan a detener los procesos actuales, sino también a establecer mecanismos permanentes de prevención, sanción y comunicación en el seno de las sociedades africanas, con el fin de impedir la utilización de sus jóvenes en el conflicto militar ruso-ucraniano bajo el disfraz de propuestas educativas.

La Defensoría del Pueblo emitió un fuerte comunicado en el que advirtió que el “paro armado” anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) afectará principalmente a la población civil de los territorios bajo su influencia en Colombia.

Según las declaraciones oficiales, esta acción, prevista para iniciar el 14 de diciembre y extenderse por 72 horas, impondrá restricciones generalizadas que limitarán la movilidad y alterarán la vida cotidiana en varias regiones.

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El ELN comunicó la entrada en vigor del “paro armado” a partir del 14 de diciembre de 2025, a las 6:00 a. m., una medida que, de acuerdo con la Defensoría, incrementa el riesgo de desabastecimiento y obstaculiza el acceso a bienes y servicios esenciales, especialmente en las zonas históricamente expuestas a la violencia.

La Defensoría informó que las autoridades regionales ya han comenzado a coordinar acciones preventivas.

Los denominados “paros armados” suelen implementarse mediante amenazas y coerción, forzando a la población civil a cumplir restricciones impuestas sin legitimidad, según la entidad.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo argumentó que estas acciones recortan la circulación, paralizan la economía local, dificultan el acceso a atención médica, educación y suministro de productos básicos.

Adicionalmente, incrementan los riesgos de confinamientos, desplazamientos, amenazas y violencia basada en género, puntualizaron.

La entidad recordó que, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario (DIH), ningún grupo armado puede arrogarse funciones de autoridad ni imponer normas de convivencia o restricciones colectivas.

La Defensoría citó el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo II adicional de 1977, especialmente en relación con la protección de la población civil y la prohibición de actos o amenazas que busquen atemorizarla.

En su comunicado, la Defensoría enfatizó la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de la población civil. Reiteró que la imposición colectiva de restricciones bajo amenaza puede configurar castigos colectivos, así como otras vulneraciones a garantías protegidas por el DIH.

El comunicado indicó que en años recientes estos paros han resultado en bloqueos “de facto” y en el agravamiento de las condiciones humanitarias en municipios de la costa pacífica y la frontera.

El organismo informó que ha activado un sistema especial de monitoreo y verificación territorial a través de sus regionales.

Este mecanismo funciona para identificar riesgos, acompañar a las comunidades y advertir oportunamente a las autoridades locales y nacionales sobre la urgencia de adoptar medidas de prevención y protección.

“Exhortamos al ELN a abstenerse de ejecutar cualquier acción violenta y pedimos a las autoridades nacionales y territoriales que adopten medidas inmediatas, coordinadas y proporcionales que aseguren la protección de la población civil”, concluye el comunicado divulgado desde Bogotá el 13 de diciembre.

Las regiones más vulnerables estarán bajo observación especial, debido a la alta exposición que históricamente han presentado frente a operativos similares.

El documento reza que los anuncios del ELN suelen desencadenar desplazamientos, confinamientos y afectaciones generalizadas en departamentos como Chocó, Antioquia y Norte de Santander.

Defensoría condenó paro armado de disidencias de las Farc en las fronteras

De la misma manera, la Defensoría del Pueblo de Colombia expresó su rechazo al “paro armado” de 22 días impuesto por un frente del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Farc, en los departamentos de Caquetá y Putumayo, fronterizos con Perú y Ecuador.

La medida, que estará vigente entre el 9 y el 30 de diciembre, fue ordenada por el frente Carolina Ramírez y restringe la movilidad de personas y vehículos, además de obligar al cierre de comercios y amenazar a quienes no acaten las restricciones.

Según la Defensoría, estas acciones afectan derechos fundamentales y constituyen una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario. “Nada justifica someter a la población civil con intimidaciones o presiones”, afirmó la entidad en su cuenta de X.

Para responder a la situación, la Defensoría del Pueblo activó sistemas de alerta y acompañamiento a las comunidades, e instó a las autoridades a garantizar la seguridad y la movilidad, con especial atención a niños, niñas, adolescentes, personas mayores y comunidades étnicas.

“La ciudadanía no puede ser rehén de grupos armados. La dignidad y la vida están por encima de cualquier pretensión de control territorial”, subrayó la Defensoría.

El Gobierno nacional dejó abierta la posibilidad de emplear bombardeos en la región del Catatumbo como parte de una estrategia para restablecer el orden, en respuesta al incremento de la violencia y el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales.

Esta postura fue confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tras la conclusión del Consejo de Seguridad realizado en Norte de Santander, donde se evaluaron las medidas de seguridad ante la compleja situación que atraviesa la región.

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En el cierre de su intervención, citada por Caracol Radio, Sánchez confirmó que los responsables del reclutamiento infantil serían los primeros objetivos de eventuales operaciones aéreas.

El ministro afirmó que “quien recluta a los menores es el responsable por la suerte de los menores combatientes. No dudaremos en actuar y emplear esta capacidad para proteger al pueblo colombiano”.

Durante su declaración, el titular de Defensa enfatizó que el uso de bombardeos constituye una capacidad legal y legítima del Estado colombiano.

“Si es del caso emplearemos operaciones aplicando todo el poder de la fuerza legítima del Estado, como los bombardeos. Eso es una capacidad legal, es una fuerza legítima, existen normas para ello y nosotros la cumplimos cabalmente”, manifestó Sánchez en diálogo con los medios presentes en el consejo de seguridad que se llevó a cabo en Cúcuta.

Además, señaló que las autoridades nacionales y regionales ya se encuentran preparadas para enfrentar una posible nueva ola migratoria proveniente de Venezuela, en caso de que se produzca una intervención extranjera en ese país.

Los resultados de las ofensivas oficiales contra los grupos ilegales en el Norte de Santander

En la reunión de seguridad, el jefe de la cartera confirmó que se han realizado múltiples acciones “para mejorar los indicadores de seguridad en la región del Catatumbo”.

“Hemos logrado neutralizar 361 integrantes, hablando solamente de ese grupo criminal o de esos grupos criminales, de los cuales 236 son de la estructura treinta y tres y ciento veinticinco del cartel del ELN”, señaló.

Añadió que las autoridades han incautado “más de 330 armas” y que “la Policía Nacional, por su parte, ha reportado también la captura de setecientos sesenta y ocho personas en el periodo de la operación Esparta”.

Sánchez también hizo hincapié el trabajo realizado contra las economías ilegales. Informó que se decomisaron “17.754 de cocaína” y “535 galones de combustible”, además de incautar 65 kilos de oro, con un “impacto estratégico superior a los 37.000 millones de pesos contra el grupo narcoterrorista del ELN”.

Respecto a la captura de cabecillas, precisó: “Neutralizamos, por ejemplo, al cabecilla alias Barbas, junto a su estructura criminal del ELN”, y recordó el asesinato de un agente policial en la zona.

El ministro reiteró la importancia de la inteligencia y la información para prevenir el accionar criminal, y recordó las recompensas que se están ofreciendo por los principales criminales del ELN y las disidencias, así:

“Alias Silvana Guerrero y alias Ricardo, del ELN, hasta 1.640 millones de pesos por cada uno. Alias Alfredo, ‘Arvey’ y ‘Gonzalo Satélite’, también del ELN, hasta 500 millones. Alias Julián, de las disidencias, hasta 600 millones. ¡Norte de Santander no está solo! Estamos comprometidos con su seguridad y no descansaremos hasta llevar paz y tranquilidad a la región".

El ministro también alertó sobre el preocupante aumento del reclutamiento de menores en la región, al precisar que “en un 63% se ha incrementado el reclutamiento de menores para llevarlos a esos grupos criminales”, y denunció que “nos están robando a nuestros menores”.

Este fenómeno, según Sánchez, está agravando la crisis humanitaria y de seguridad en el Catatumbo, donde operan estructuras del ELN y disidencias de las Farc.

El funcionario también abordó la posibilidad de una intervención de Estados Unidos en Venezuela y sus eventuales repercusiones en Colombia. Explicó que, ante ese escenario, la instrucción del Gobierno es recibir a los migrantes y apoyar a las autoridades locales en la gestión de una posible crisis migratoria.

La Cámara de Representantes de Colombia aprobó con 94 votos a favor y 17 en contra el proyecto de ley que respalda la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios.

La iniciativa, impulsada y confirmada por el Ministerio de Defensa, busca alinearse con estándares internacionales para impedir la vinculación de nacionales a conflictos armados en el exterior o su participación como mercenarios en operaciones bélicas fuera del país.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió en una rueda de prensa la aprobación ante los legisladores y sostuvo que la norma pretende “evitar el reclutamiento, el entrenamiento, el financiamiento y la utilización de mercenarios” en territorio colombiano y en el extranjero.

La medida, dijo el ministro Sánchez, es positiva, en varias direcciones, de manera que trae “beneficios grandes para el país”, comentó.

El avance legislativo que permitirá a Colombia adherirse a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios ha quedado asegurado tras la aprobación en la Cámara de Representantes.

La nueva normativa, impulsada por la Cancillería y el Ministerio de Defensa, busca dotar al Estado de herramientas legales para enfrentar el fenómeno del mercenarismo desde varias aristas, confirmó el ministro.

Entre sus objetivos principales se encuentra la prevención de que ciudadanos colombianos sean reclutados bajo engaños para participar en conflictos armados en el extranjero, así como la prohibición de la entrada de combatientes foráneos al territorio nacional.

Dijo el alto funcionario: “Evita que se nos fugue un personal supremamente valioso. Los entrenamos aquí, a los diez años adquiere una capacidad enorme, pero entonces, al existir esa oportunidad de ir a combatir en otros lugares, se van y perdemos muchísimo como país para proteger a los colombianos”.

Además, la ley establece sanciones para quienes recluten o financien mercenarios, definidos como personas que intervienen en guerras ajenas a cambio de compensación económica.

La cooperación con otros gobiernos en investigaciones y procesos judiciales relacionados con estas actividades también forma parte de las disposiciones

Los efectos de la medida

Sánchez detalló tres beneficios concretos para el país: impedir la entrada de combatientes extranjeros a zonas sensibles como el Cauca, evitar la fuga de personal militar colombiano altamente entrenado hacia conflictos ajenos y prevenir tragedias humanas, recordando que varios colombianos han perdido la vida en guerras como la de Rusia y Ucrania, en ocasiones sin posibilidad de repatriación. “He hablado con familias que han vivido ese dolor”, afirmó el ministro.

Además, aclaró que la ley no afecta a quienes viajan legalmente para trabajar como asesores en seguridad, médicos u otros profesionales, ya que “la norma solo aplica a quienes participan directamente en hostilidades”.

La ratificación de la Convención, promovida por las Naciones Unidas desde 1989, busca frenar la financiación y el reclutamiento de exmilitares para participar en guerras en el extranjero.

De acuerdo con un reporte de La Silla Vacía, el debate parlamentario estuvo marcado por la oposición de las bancadas del Centro Democrático y Cambio Radical, que consideraron inconveniente la adhesión al tratado.

Argumentaron que la definición de mercenario en la ley resultaba ambigua y podría restringir las oportunidades laborales de militares retirados en el exterior, sin que necesariamente se trate de mercenarismo. Además, señalaron que países como Estados Unidos no han ratificado el documento.

El impulso definitivo al proyecto surgió tras las investigaciones de La Silla Vacía sobre la exportación de exmilitares colombianos a la guerra civil en Sudán. Según el medio, más de trescientos militares retirados colombianos han sido enviados a combatir junto al grupo golpista Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en el conflicto interno más violento del mundo en la actualidad.

El representante Alejandro Toro, ponente de la ley en la Cámara, expresó: “No podemos seguir con las manos untadas de sangre de los niños en Sudán entrenados por mercenarios colombianos, de los que no pueden regresar a su tierra porque no han sido repatriados en Ucrania”, según citó el medio mencionado.

Héctor “N”, conocido como “El Coreano”, fue detenido por autoridades de seguridad en Chiapas al ser señalado por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, desaparición cometida por particulares y trata de personas.

Además, el sujeto está vinculado con el adiestramiento y reclutamiento de personas en el Rancho Izaguirre, así como de La Vega, ambos ubicados en Teuchitlán, Jalisco.

Su captura se efectuó por elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas, las investigaciones permitieron ubicar a “El Coreano” como parte del grupo que reclutaba y adiestraba de manera forzada a víctimas en el predio de La Galera, bajo las órdenes de José Gregorio Lastra Armida, alias “El Lastra”, quien era jefe de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Rancho Izaguirre fue localizado por la Guardia Nacional el 18 de septiembre de 2024, sin embargo, fue hasta marzo de 2025 -con el ingreso del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco- que se ubicaron restos óseos, zonas de posible cremación y cientos de ropa, zapatos y otros artículos.

Luego de su captura, Héctor “N” será puesto a disposición del Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, Jalisco, para que continúe su proceso legal.

Cabe señalar que “El lastra” fue detenido el 2 de marzo en en inmediaciones del kilómetro 15 de la autopista México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa de Ciudad de México, al ser identificado como uno de los principales reclutadores de personas para el CJNG.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló en conferencia de prensa que este sujeto contaba con un grupo de colaboradores dedicados al reclutamiento forzado, identificando sus actividades al menos entre mayo de 2024 y marzo de 2025.

Así era el modus operandi de “El Lastra”

De acuerdo con García Harfuch, el modus operandi que empleaba tanto “El Lastra” como sus colaboradores se enfocaba en aprovechar el anonimato de las redes sociales para anunciar falsas ofertas de empleo con las que captaban a jóvenes de manera involuntaria.

Las principales ofertas eran para puestos como guardias de seguridad que tenían pagos semanales de 4 mil hasta 12 mil pesos.

Además, creaban grupos privados en los que compartían anuncios explícitos donde reclutaban personas para el cártel.

Luego de contactar a las personas, las citaban en centrales de autobuses para ser finalmente trasladados al centro de adiestramiento en el Rancho Izaguirre, donde eran despojados de sus pertenencias y comenzaban con el manejo de armas de fuego, tácticas de supervivencia y acondicionamiento físico.

De acuerdo con el testimonio de “El Lastra”, quienes se resistían a recibir el adiestramiento o intentaban escapar del lugar, eran golpeados, asesinados o sometidos a algún tipo de tortura.

Hasta el pasado mes de octubre, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que por este caso han sido procesadas 19 personas, entre las que se encuentra el alcalde de Teuchitlán, José Murgía.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) advirtió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el riesgo de reclutamiento y utilización de hasta 250 mil niñas, niños y adolescentes por parte de los grupos de crimen organizado en México.

La organización presentó la denuncia durante el 194º período de sesiones del organismo, que se realizó este mes en Miami, puntualizando que este fenómeno afecta de manera directa a menores residentes en territorios marcados por violencia, pobreza y ausencia de garantías de protección integral.

La REDIM detalló que investigaciones realizadas en 2021 y revisadas en 2025 identifican un rango de 145 mil a 250 mil menores en riesgo, principalmente en los estados de Veracruz, Michoacán, Ciudad de México, Puebla, Chiapas, Estado de México y Jalisco, donde se concentran los factores que favorecen la captación de los infantes, como el abandono escolar, la violencia familiar y la alta presencia de grupos armados.

La organización señaló ante la CIDH que México carece de una política pública integral para prevenir e identificar el reclutamiento de menores, ni cuenta con un marco normativo que reconozca ese delito de forma autónoma.

También advirtió que la legislación vigente no garantiza que los adolescentes reclutados sean tratados como víctimas. Esta situación, según REDIM, deriva en la impunidad de los responsables y en la doble victimización de menores afectados.

En su intervención, la red propuso que la CIDH recomiende al Estado mexicano tipificar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes como delito, establecer rutas de prevención e identificación, y crear un programa nacional de desvinculación y reparación, basado en su modelo técnico desarrollado en 2025.

Durante la audiencia regional junto con organizaciones de Honduras, Guatemala y El Salvador, REDIM alertó sobre los riesgos específicos para la niñez en movilidad humana y denunció la falta de mecanismos transnacionales de protección.

Enfatizó que la violencia, la separación familiar, la trata, las detenciones y la criminalización afectan el acceso de los menores migrantes a la protección internacional y la reunificación familiar. La red subrayó que la política migratoria actual se caracteriza por la contención, militarización y deportación acelerada.

Hacia el cierre de las sesiones, REDIM insistió ante la CIDH en que el Estado mexicano debe fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes, cumpliendo sus obligaciones internacionales y priorizando el interés superior de la infancia en el diseño de políticas públicas.

“Las audiencias del 194º Período de Sesiones representan una oportunidad para que los Estados asuman compromisos que materialicen sus obligaciones y atiendan las exigencias de organizaciones, comunidades, víctimas y de las propias niñas y niños”, señaló Tania Ramírez Hernández, integrante de la organización.

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, no solo sacudió la política y la vida social de Michoacán, sino que ha dejado al descubierto un fenómeno inquietante: los llamados “anexos” o centros de rehabilitación para adicciones—que en realidad operan como “semilleros” para los cárteles, como ha sido el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Y es que este lunes se dio a conocer la detención de otro implicado más en el caso del crimen de Manzo, un hombre identificado como Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, quien presuntamente fue quien reclutó en un anexos a dos jóvenes que participaron como autores materiales del asesinato del alcalde.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), “El Pelón” era el reclutador para células del CJNG, buscando jóvenes adictos en los anexos para convertirlos en halcones, sicarios y distribuidores de droga.

Los perfiles de Víctor Manuel “N” (el tirador adolescente abatido) y Fernando Josué “N” (vigilante asesinado después del crimen) ilustran este modelo: ambos padecían adicción a metanfetaminas y habrían sido captados, formados y adoctrinados en condiciones extremas.

Semilleros del CJNG

En entrevista con Elisa Alanís, el periodista especializado en seguridad Óscar Balderas detalla cómo los anexos, lejos de rehabilitar, “funcionan como centros de adiestramiento.

“El Pelón tenía como labor principal reclutar sicarios a través de un mecanismo que conocemos lamentablemente muy bien en México desde el 2008, que es infiltrarse en los centros de rehabilitación y buscar desde ahí chicos con problemas de adicciones que deseen participar en estos crímenes“, comentó.

Balderas también puntualizó que, aunque muchas veces se habla de ‘reclutamiento voluntario’, para la ley el uso de menores en actividades delictivas (con o sin coacción manifiesta) sigue siendo un delito de reclutamiento forzado.

Sobre el contexto de los dos jóvenes implicados agregó el contexto en el que ambos vivían: ambos de Uruapan, una zona altamente asediada por el narco, aguacatera que vive sometida a la extorsión.

“Sabemos también que en Uruapan, de donde salieron estos dos chicos que fueron contratados por El Pelón, era un centro de rehabilitación al servicio del CJNG, es decir, que los chicos que ahí ingresaban para intentar curar su adicción a las drogas, en realidad estaban entrando a un centro de adiestramiento”.

Por otro lado, en entrevista con Pepe Cárdenas en Radio Fórmula, David Saucedo subraya que estos “anexos” se han transformado en verdaderos semilleros criminales, en parte porque el Estado mexicano no ofrece alternativas públicas efectivas ni prolongadas para la atención de adicciones.

“La mayoría solo ofrece consultas externas como si fuera gripa, y los centros privados son inalcanzables para la mayoría”.

Adicionalmente, explica que los grupos criminales imponen disciplina violenta y “castigos” a los jóvenes que fallan en sus primeras misiones, creando una dinámica de miedo y sumisión desde el adiestramiento.

De la captación al silenciador

La operación criminal que acabó con la vida de Manzo se tejió desde una red estrictamente coordinada.

Ramiro “N”, alias “El Jaguar”, uno de los principales operadores logísticos y coordinadores del asesinato de Carlos Manzo, fue una pieza de enlace entre los autores materiales y los mandos superiores de la trama.

Con antecedentes penales por portación de armas de fuego, Ramiro “N” fungía como instructor de armas e intermediario directo en el reclutamiento de sicarios: él adiestró a Víctor Manuel “N” (menor de 17 años, tirador material del crimen) y a Fernando Josué “N” (de 16 años, cómplice).

El día del crimen, la mañana y tarde del 1 de noviembre, Ramiro “N” coordinó en tiempo real la vigilancia y seguimiento de Carlos Manzo.

Desde la plaza principal de Uruapan envió videos y mensajes a un grupo de mensajería cifrada, notificando los movimientos de la víctima y dando instrucciones sobre posiciones, rutas de escape y, crucialmente, la eliminación de cualquier rastro digital tras cada comunicación. Por la tarde, a las 18:06, avisó al grupo donde exactamente se encontraba el alcalde y, momentos antes del ataque, reportó a sus cómplices la llegada de Manzo al festival y el avance del operativo.

Un dato relevante revelado en audiencia judicial fue que Ramiro “N” también aplicaba castigos físicos y disciplina militar a integrantes de la célula cuando no seguían instrucciones.

Tras el crimen, Ramiro fue encontrado sin vida una semana después, junto a Fernando Josué “N”, sobre la carretera Uruapan-Paracho.

Su esposa reveló la existencia de una carta póstuma dirigida a su familia. En este documento, Ramiro confesó que no estaba involucrado en actividades aguacateras —como había dicho a los suyos—, y pidió perdón a su hija por ocultarles su implicación en la célula criminal.

Responsabilizó directamente a Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, el autor intelectual coordinador, de cualquier cosa que pudiera sucederle y sugirió que la fiscalía local “estaba comprada” por esta estructura, advirtiendo expresamente que “seguramente cuando leas esto, yo ya estaré muerto, porque nos van a querer silenciar”. Y así fue.

Los especialistas Óscar Balderas y David Saucedo destacan que, además del asesinato de Ramiro “N”, la ejecución de los menores es parte de un patrón: eliminar piezas bajas para cortar la cadena de delación y encubrimiento.

A pesar de los avances judiciales y detenciones, tanto Balderas como Saucedo insisten en la responsabilidad estructural del Estado mexicano. No solo urgen a “cortar de raíz” el modelo de reclutamiento en los anexos—con más centros públicos, menos clandestinidad y mayor regulación—sino también atacar la corrupción institucional desde la fiscalía, la vulnerabilidad juvenil y el círculo criminal que usa, descarta y silencia adolescentes en nombre de los intereses del narco.

Los bombardeos en varias zonas del país por parte del Ejército Nacional contra las disidencias de “Iván Mordisco” han generado un debate nacional debido a que se confirmó que han muerto 15 menores de edad reclutados por el grupo armado en esos ataques.

Desde el Ministerio de Defensa han argumentado que los operativos se han registrado cumpliendo con todos los protocolos; además, han señalado que la responsabilidad de que los menores estén incluidos en el conflicto armado es de las disidencias y los demás grupos armados que reclutan forzosamente a niños en todo el país.

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Entidades como la Defensoría del Pueblo o la ONU han rechazado lo registrado en Colombia, reafirmando que la vida de los menores de edad debe ser protegida en todo momento sin importar las circunstancias.

Es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, la experta en temas jurídicos, políticos e internacionales Mónica Hurtado entregó su análisis sobre el papel de los menores en el conflicto interno del país.

En primer lugar, Hurtado mencionó que se trata de una problemática que se ha mantenido durante toda la historia del conflicto interno del país.

“Pienso que definitivamente el reclutamiento ha estado ligado a los grupos armados en Colombia desde la época de la violencia. Si uno mira algunos de los bandoleros más renombrados, varios de ellos habían empezado siendo menores de edad. Incluso los asesinaron siendo menores de edad”.

Para la experta es un error pensar que se trata de un aspecto que no se puede erradicar y que se debe combatir no solo de manera violenta con la certeza de que habrá menores involucrados en la guerra.

“Ha estado estrechamente relacionado con las dinámicas de violencia en el país. Ahora, decir que esto es un problema sin fin, pues es fatalista. No tenemos la opción. Esa no es una opción como país, la tenemos que encontrar”.

Mónica Hurtado resaltó que no se puede observar el reclutamiento de menores como un tema lineal, sino que se trata de algo que se registra por diferentes razones, en las que los involucrados entienden, son conscientes de que no es algo legal.

“Lo que quiero mencionar es que el reclutamiento no se puede mirar solo desde la parte legal, también hay una mirada más desde economía política, más desde otras perspectivas de ciencias sociales y las dos son importantes. Desde lo legal, pensaría que hay unos temas que no se han resuelto a nivel internacional frente a la participación de los niños reclutados. Cuando un niño entra y viste uniforme y usa armas, pierde esa protección que le da el derecho internacional humanitario, eso pasa en otros conflictos armados y el problema ya no lo atiende el derecho internacional humanitario, sino la legislación ordinaria”.

A nivel de Colombia, afirmó que se trata de un tema que no ha sido debatido a fondo, principalmente desde una postura en la que se entienda la crudeza que tiene un conflicto de esta índole.

“Estos son debates que no se han resuelto y que Colombia es un ejemplo de eso. Una pregunta es cómo calificar el grado de responsabilidad del Estado y de los grupos armados. Esa es una mirada más desde la ciencia política. Esto es una guerra, y en la guerra hay unas dinámicas muy perversas”.

Hurtado recordó que gran parte de los menores reclutados son de familias de escasos recursos, que responden a una necesidad de tener combatientes que no generen costos para los grupos armados.

“Hay niños en una gran condición de pobreza, que encuentran alternativas de vida, de resolver problemas apremiantes del diario vivir vinculándose a grupos armados ilegales. Por otro lado, están los grupos armados que necesitan combatientes que duren mucho tiempo y que no sean tan costosos para ellos, como podría resultar un soldado profesional. Es una lógica muy perversa. Es una demanda y oferta que reproduce este sistema”.

Por último, cuestionó que en el país se discuta si es correcto o no matar niños en la guerra, y no se debata sobre las oportunidades de vida que tienen los menores en zonas con nula presencia del Estado.

“Si el Estado, si la sociedad colombiana no le ofrece a esta población alternativas mejores que unirse a un grupo armado ilegal, aun si tienen un alto riesgo de ser asesinados, de ser violentados, ellos van a seguir optando por esta alternativa”, puntualizó la experta.

A pesar de la firma del proceso de paz con las Farc-EP, en Colombia se mantiene el conflicto armado con otras estructuras armadas, como el Clan del Golfo, el ELN y otros Gaor, a los que se suman las disidencias del primer grupo armado mencionado, que se dividen en tres facciones, lideradas por “Iván Mordisco”, “Calarcá” e “Iván Márquez”.

Para combatirlos, las Fuerzas Militares priorizan los ataques organizados en los que se intenta tener el control absoluto de la situación; sin embargo, en algunas situaciones se registran bombardeos, que son aprobados por el Ministerio de Defensa y el presidente de turno.

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Precisamente, en lo que va de 2025 se han registrado siete ataques de esta índole en el país, en los que se ha registrado la muerte de 15 menores de edad que habían sido reclutados por las disidencias de “Iván Mordisco”.

Estos resultados de Medicina Legal han provocado que se debata a nivel nacional sobre la aprobación de bombardeos en zonas en las que podría haber menores de edad.

En medio de esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) alertó sobre varias denuncias por presencia de grupos armados que reclutan a menores de edad en el Cauca.

Durante la sesión, la representante del Consejo Regional Indígena del Cauca, María Eugenia Erazo, indicó que durante 2025 han sido reclutados al menos 233 niños en el departamento mencionado, cifra que se suma a los más de 600 casos reportados entre 2022 y 2024.

Erazo afirmó que la tendencia de los grupos armados para instrumentalizar a los niños para la guerra incluye llevarlos a otros departamentos como Valle del Cauca, Nariño, Huila, Tolima y el Meta, en donde tienen menos posibilidades de retornar con sus familias.

Después de ser reclutados, los menores son obligados a participar de diferentes actividades ilícitas, lo que incluye ser violentados en caso de que se nieguen a cumplir con las órdenes.

La representante recordó que el reclutamiento es una violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, además de que es uno de los motivos por los que se quiebra el tejido social y cultural de las comunidades indígenas en todo el país.

Debido al contexto que se registra actualmente en el país, se ha pedido la intervención directa de las autoridades para evitar que más menores sigan siendo reclutados por los grupos armados, las diferentes entidades piden que el Gobierno nacional garantice la protección de los niños en todo el territorio nacional.

Por último, en la sesión se indicó que la tendencia de reclutamiento expone el poder y la expansión que han logrado los grupos armados en regiones como Cauca y Arauca, en donde la presencia de las autoridades es limitada.

Cauca es el epicentro de la violencia en Colombia tras amenaza de “Iván Mordisco”

Tras los bombardeos, “Iván Mordisco” reapareció públicamente en un video en el que señaló la responsabilidad del Estado en los hechos que podrían registrarse en los próximos meses.

Después de ello, las disidencias de las Farc perpetraron ataques contra la fuerza pública y la población civil en el Cauca, principalmente en Jambaló, en donde la estación de policía fue blanco de varias asonadas por parte de hombres del Estado Mayor Central.

De la misma forma, en la región se registró el secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, que hasta el momento no ha sido confirmado nada sobre su paradero; sin embargo, fuentes de Infobae Colombia indicaron que, en Cajibío, en donde se registró la detención del vehículo en el que se movilizaba el hijo del artista, hay una alta presencia de hombres al mando de “Iván Mordisco”.

Este bombardeo fue parte de una serie de ataques aéreos que el presidente Gustavo Petro reactivó, después de haber suspendido esta estrategia durante los primeros años de su Gobierno. La reanudación de los ataques aéreos provocaron controversia, ya que varios expertos y defensores de derechos humanos señalaron que estos ataques ponen en riesgo a la población civil, incluidos los menores.

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Pero la cosa no quedó allí, debido a que el 17 de noviembre, Iris Marín hizo un nuevo llamado de atención al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tras recibir informes de otros menores que murieron en combates en diferentes partes del país.

“Hay otros bombardeos en verificación por menores de edad que habrían resultado muertos. Pido al presidente @petrogustavo y al @mindefensa @PedroSanchezCol suspender los bombardeos y evaluar”, escribió Marín en su cuenta de X.

Defensora del Pueblo denunció muerte de menores en bombardeos

Iris Marín denunció por medio de un video que al menos una adolescente mujer murió en el bombardeo realizado en Arauca la semana pasada, mientras que en el ataque en Puerto Santander, Amazonas, ocurrido el 1 de octubre, murieron cuatro adolescentes, una mujer y tres hombres. La defensora destacó que, independientemente de si estos jóvenes estaban involucrados en actividades de combate, la operación viola principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario, como los de humanidad y necesidad militar.

“Es previsible que los bombardeos sigan afectando a menores de edad si no se toman medidas adicionales para evitarlo”, advirtió la defensora, al hacer un llamado urgente al presidente Gustavo Petro para que suspenda las operaciones aéreas dirigidas a objetivos que puedan involucrar a menores reclutados por grupos armados ilegales.

Marín también instó a los grupos armados ilegales, en particular a las disidencias de las Farc, bajo el mando de “Iván Mordisco”, a liberar inmediatamente a los menores reclutados y suspender esta práctica: “Cada menor que muere en estos bombardeos tiene una historia desgarradora”.

La defensoría del Pueblo reiteró la necesidad de evaluar caso por caso las acciones militares para garantizar el respeto y la protección de los derechos de los niños y adolescentes en medio del conflicto armado.

La muerte de menores de edad en combate abrió el debate sobre las estrategias de seguridad adoptadas por el presidente Gustavo Petro; en un principio, el mandatario había suspendido los bombardeos en 2022 —cuando llegó a la Presidencia de la República—, pero en 2025 retomó estas operaciones militares contra las estructuras de los grupos ilegales, debido a las fallidas mesas de diálogo con estas organizaciones criminales.

No obstante, esto provocó críticas por parte de defensores de derechos humanos y expertos en Derecho Internacional Humanitario (DIH), ya que muchos aseguran que estas medidas violan los derechos de los civiles, especialmente de los menores, y que la reactivación de los ataques aéreos podría tener consecuencias graves para la población civil.

Aunque las autoridades aún están en proceso de verificar la información sobre los nuevos casos de menores muertos, los reportes fueron confirmados por varias organizaciones locales que trabajan en las zonas más afectadas por el conflicto. Se teme que la cifra de víctimas continúe aumentando, ya que los enfrentamientos siguen siendo intensos en regiones como el Cauca, Putumayo y Chocó.

ONU se pronunció sobre los combates en el Guaviare en los que cayeron menores de edad

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia expresó su preocupación tras confirmarse la muerte de los siete niños en Guaviare, víctimas de un bombardeo militar realizado en la región en contra del frente de “Iván Mordisco”. Según los informes de la Defensoría del Pueblo y Medicina Legal, los menores, tres niños y cuatro niñas, fueron reclutados por un grupo armado ilegal y se encontraban en el campamento cuando ocurrió el ataque.

En un mensaje publicado a través de su cuenta en X, la ONU condenó el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales, al reiterar que los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años no deben ser utilizados en el conflicto armado: “Exigimos la libertad, sanos y salvos, de todos los menores en las filas de grupos armados no estatales”.

Asimismo, la ONU recordó que tanto el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional prohíben explícitamente el reclutamiento de menores y consideran este acto un crimen de guerra: “El reclutamiento de niñas y niños pone en grave riesgo a la niñez y los expone a condiciones inhumanas”.

A lo largo de su hilo, la ONU instó al Estado colombiano a fortalecer los esfuerzos para prevenir el reclutamiento de menores y a garantizar su protección, en especial frente a los grupos armados ilegales. Además, pidió a las Fuerzas Militares que tomen las precauciones necesarias en sus operaciones para evitar que más niños sean víctimas de los combates.

Por último, la organización expresó sus condolencias a las familias de los menores fallecidos, extendiendo su apoyo y solidaridad a las víctimas de esta tragedia.

En medio del debate nacional sobre los bombardeos contra estructuras armadas ilegales, salió a la luz un informe preliminar de las Fuerzas Militares que revela las identidades de 14 de las 19 personas fallecidas en la operación aérea ejecutada esta semana en zona rural del departamento del Guaviare.

Entre las víctimas hay siete menores de edad reclutados por las disidencias de las FARC de alias ‘Iván Mordisco’, confirmación que reabre la discusión sobre el uso de niños y adolescentes en el conflicto armado colombiano.

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El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendieron la operación, asegurando que la ofensiva se dirigió contra un campamento del Estado Mayor Central (EMC) y que se actuó en respuesta a una amenaza inminente contra tropas en terreno. Pese a ello, el propio Gobierno reconoció que en la zona había menores de edad.

Identidades de los menores fallecidos

De acuerdo con el documento, conocido por El País, cinco de los siete menores ya fueron identificados plenamente, y sus familias autorizaron la difusión de los nombres. La víctima más joven es Caren Smith Cubillos Miraña (13 años), nacida en Puerto Santander (Norte de Santander) y criada en La Pedrera, Amazonas.

Los otros fallecidos son:

• Dani Santiago Leyton Cuéllar (15 años), de Fortul (Arauca).
• Deini Lorena Beltrán Mendoza (16 años), nacida en Tibú (Norte de Santander).
• Maicol Andrés Pérez Ávila (16 años), oriundo de Miraflores (Guaviare).
• Martha Elena Abarca Vilches (17 años), de Puerto Leguízamo (Putumayo).

Según Medicina Legal, que ya concluyó los exámenes forenses, el total de menores reclutados que murieron en el operativo asciende a siete. De acuerdo con el diario ya mencionado, las familias de los adolescentes avanzan en el proceso de reclamación de los cuerpos para los traslados y honras fúnebres. La Fundación Benéfica y Jurídica para la Paz ha acompañado jurídicamente a los familiares.

Las demás víctimas identificadas

Además de los menores, el informe militar relaciona a:

• Francy Nonokudo Gómez (18 años), de Solano (Caquetá).
• Harold Stiven Villamil Villarraga (20 años), de Bogotá.
• Jhon Fredy Acosta Morales (19 años), de El Retorno (Guaviare).
• Edier Fabián Montaño Valencia (20 años), de Policarpa (Nariño).
• Elizabeth Cuéllar Rodríguez (20 años), de Armenia (Quindío).
• Faber Illeras Gamboa (19 años), de El Charco (Nariño).
• Yan Carlos Martínez Rivera (22 años), de Puerto Leguízamo (Putumayo).
• José Edilberto Pito Casso (31 años), oriundo de Silvia (Cauca) y criado en Bogotá.
• Exenover Barbosa Pescador (32 años), de Mapiripán (Meta).

Las autoridades aún trabajan en la identificación plena de cuatro hombres y una mujer, cuyos cuerpos permanecen sin reclamación.

Contexto del operativo y reacciones

El Instituto de Medicina Legal confirmó que la ofensiva militar contra el EMC de ‘Iván Mordisco’ dejó un total de 20 fallecidos, de los cuales siete eran menores. La operación representa uno de los bombardeos más letales ordenados durante el gobierno de Gustavo Petro, quien había prometido en campaña evitar ataques a campamentos donde hubiera presencia de menores.

Sin embargo, la escalada de violencia en varias regiones del país llevó a un cambio de línea. En los últimos dos años, el Gobierno ha ordenado 13 bombardeos, según fuentes oficiales, con el objetivo de contener la expansión y los ataques de las disidencias.

La Defensoría del Pueblo, a través de la defensora Iris Marín, calificó la situación como “dolorosa e inhumana”, recordando que los menores, reclutados de forma forzada, se convierten en víctimas de ambos bandos. No obstante, la entidad también pidió al Estado “adoptar todas las precauciones posibles” para evitar daños desproporcionados.

Desde el Gobierno, Petro defendió la operación en sus redes sociales, argumentando que se trató de una decisión difícil pero necesaria para proteger soldados: “si se deja avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco … entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente, a pocos kilómetros”, escribió. En ese sentido, afirmó: “Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida”.

Para el presidente, “es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio”. En medio de las críticas, Petro sostuvo: “Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad”, pero insistió en la necesidad de asumir los riesgos inherentes a operaciones de recuperación territorial.

Entre tanto, el ministro Pedro Sánchez señaló que la orden se dio “ante la inminencia y severidad de la amenaza”, mientras la oposición critica el giro del Ejecutivo hacia una estrategia más ofensiva tras el deterioro de las relaciones con Estados Unidos y el aumento de la violencia en regiones como Cauca, Arauca, Putumayo y Guaviare.

El partido ultraortodoxo Shas anunció este jueves la renuncia de todos sus cargos de la coalición del Gobierno de Benjamín Netanyahu que ocupa en la Knéset (Parlamento israelí), por la demora en la aprobación de una ley que exima a los estudiantes ultraortodoxos del servicio militar, según recogen medios locales.

Esta decisión significa que los diputados del Shas (Yossi Yaib, Yoni Meshriki y Michael Malchieli) ya no presidirán el Comité de Educación, de Salud y el del Brechas Sociales de la Knéset.

“Cuando se resuelva el estatus de los estudiantes de yeshivá, Shas regresará a sus posiciones en el Gobierno y la Knéset (Parlamento israelí)“, dijo la formación en un comunicado difundido por el periódico Ynet.

Así, la formación ultraortodoxa avisa de que “actuará en plena coordinación con las facciones haredíes y consultará continuamente con el Consejo de Eruditos de la Torá sobre su postura respecto a las votaciones en el pleno de la Knéset” hasta que el Gobierno israelí atienda su petición.

“Esto todavía no cambia la realidad de Netanyahu y no implica la caída del Gobierno. Sin embargo, este anuncio podría ser una potencial bola de nieve. Ahora Shas va a estudiar su posición en cada votación”, explica EFE el analista político israelí Tal Elovits.

En julio, el otro partido ultraortodoxo con siete escaños que integra la coalición de Netanyahu Judaísmo Unido de la Torá anunció su salida del Gobierno tras conocer el proyecto de ley impulsado por el diputado del Likud, Yuli Edelstein, que incluía severas sanciones contra aquellos que evadieran el servicio militar.

Poco después Shas también anunció que iba a seguir los mismos pasos, si bien hasta ahora había permanecido en la coalición y conservado la presidencia de los comités del Parlamento israelí.

Los ultraortodoxos quieren que el Gobierno apruebe un plan que permita mantener gran parte de las exenciones militares a los miembros de su comunidad que, desde la fundación del Estado de Israel, permitían a los judíos que estudiaban a tiempo completo en una escuela religiosa no hacer el servicio militar obligatorio.

En junio de 2024, tras expirar la disposición temporal que permitía las exenciones (el asunto nunca había sido ratificado por ley), el Tribunal Supremo ordenó al Ejército comenzar a alistar a los ultraortodoxos, lo que obligó al Gobierno a poner en marcha una propuesta de ley para mantener gran parte de las exenciones, aunque también ordenaba el alistamiento de algunos ultrarreligiosos.

La exención militar de los ultraortodoxos es un asunto polémico en Israel, en especial desde que comenzó la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que ha llevado al Gobierno a extender la duración del servicio militar obligatorio y a movilizar a decenas de miles de reservistas para mantener su ofensiva.

(con información de EFE)

La inteligencia artificial (IA) ya dejó de ser un tema de prospectiva para convertirse en una realidad cotidiana en la gestión de personas. Su impacto en el reclutamiento y selección laboral es cada vez más visible: procesos que antes podían tomar semanas hoy se reducen hasta en un 40% gracias a la automatización y trazabilidad. Esto cobra especial relevancia en procesos masivos, donde la eficiencia operativa libera al reclutador para enfocarse en lo que realmente marca la diferencia: entrevistar mejor, diseñar estrategias de atracción de talento y cuidar la experiencia del candidato.

Sin embargo, conviene subrayar que la automatización no reemplaza la dimensión humana. La IA aporta velocidad, consistencia e insights, pero son la empatía, la intuición y la capacidad de interpretar contextos los que aseguran un verdadero encaje cultural. De hecho, el 85% de los candidatos asocia la calidad de la interacción con el reclutador a la cultura de la empresa. En otras palabras, un proceso técnicamente impecable pierde fuerza si carece de humanidad.

El desafío inmediato para los equipos de Recursos Humanos está en desarrollar nuevas competencias. Hoy no basta con gestionar procesos; se requiere mentalidad disruptiva, curiosidad digital y capacidad analítica para interpretar indicadores y traducirlos en propuestas estratégicas que impacten en la retención del talento. Todo esto en paralelo a un debate ético y legal que no puede postergarse: la IA debe operar bajo reglas claras que garanticen equidad, confidencialidad y transparencia. Automatizar filtros o evaluaciones es útil, pero siempre bajo la supervisión de un especialista que preserve valores humanos esenciales como la empatía, la inclusión y la objetividad.

El futuro del reclutamiento no será de máquinas ni de personas por separado, sino de una alianza entre ambos. La tecnología puede acelerar el camino, pero el factor humano seguirá siendo la brújula que oriente cada decisión hacia organizaciones más justas, diversas y sostenibles.

El fenómeno del reclutamiento de colombianos como mercenarios en conflictos armados internacionales encendió las alarmas en el sector Defensa, que ahora impulsa la ratificación de la Convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1989.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, advirtió sobre la existencia de redes criminales que engañan a ciudadanos colombianos para involucrarlos en guerras ajenas, lo que representa una amenaza directa a la seguridad global y a los derechos humanos.

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De acuerdo con el ministro Sánchez, estas organizaciones ilícitas no solo vulneran la estabilidad internacional, también afectan la reputación de las Fuerzas Militares y del país.

En un mensaje difundido a través de la red social X, el funcionario enfatizó: “Redes criminales están engañando a colombianos para convertirlos en mercenarios que libran batallas ajenas en otros países, una práctica que genera violaciones a los derechos humanos y que vulnera la estabilidad internacional. Por eso, desde el sector Defensa buscamos que se ratifique la ‘Convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios’, lo cual nos permitirá luchar de una manera más efectiva contra este grave flagelo.

El oficial (r) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana agregó: “Ningún colombiano debería combatir en conflictos armados ajenos ni prestarse para socavar la integridad territorial de otro Estado. El mercenarismo no solo acaba con sueños e ilusiones, sino que también atenta directamente contra la imagen de nuestras Fuerzas Militares y de nuestro país. Infórmate, pregunta, no seas parte de su juego. #NoTeDejesEngañar”.

El ministro también dirigió un mensaje a quienes podrían ser blanco de estas redes, recordando el respaldo estatal en la reintegración a la vida civil: “¡RECUERDA! El Estado te apoya en tu transición a la vida civil brindándote oportunidades y construyendo juntos un mejor futuro. Por más promesas falsas que te ha redes de reclutamiento, ellos no se preocuparán por tu bienestar”.

Además, subrayó el valor de la vida frente a las ofertas de dinero fácil: “Tu vida tiene un valor más grande que cualquier oferta de dinero fácil. No dejes que promesas vacías te lleven por el camino equivocado”.

En este contexto, Sánchez anunció que la legislación para prevenir el reclutamiento de mercenarios está próxima a concretarse. Esta normativa permitirá tipificar delitos como el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, proteger la imagen de las Fuerzas Militares y facilitar la cooperación internacional para investigar y enjuiciar estas prácticas.

Mercenario colombiano en Ucrania habría muerto en la guerra contra Rusia

En este contexto, la incertidumbre y el dolor marcaron a una familia santandereana tras la presunta muerte de Javier Enrique López Olaya, un mercenario colombiano que viajó a Ucrania en busca de mejores oportunidades laborales y terminó involucrado en el conflicto armado contra Rusia.

De acuerdo con el relato de Tatiana Bayona, su esposo partió hacia Europa el 4 de septiembre, motivado por promesas de empleo y apoyo económico. La comunicación entre ambos se mantuvo a través de WhatsApp, ya que las llamadas estaban restringidas.

El 13 de septiembre, López Olaya le informó que ingresaría a un campo de entrenamiento y que permanecería incomunicado durante algunos días. Desde ese momento, la familia perdió todo contacto con él.

La esposa del mercenario sostiene que el reclutamiento se produjo en Bogotá, donde otros militares en retiro le ofrecieron supuestas oportunidades laborales en territorio ucraniano. Sin embargo, al llegar allí, López Olaya habría sido despojado de sus documentos y obligado a permanecer en una base militar.

Según la denuncia de Bayona en Blu Radio, “a ellos los reclutan acá con engaños. Les dicen una cosa y cuando llegan allá es otra. Les quitan los pasaportes, quedan prácticamente atados. Si quieren retirarse deben pagar cerca de 7 millones y medio de pesos”.

La situación se tornó aún más angustiante cuando, tras varios días sin noticias, Bayona recibió información de compañeros de su esposo, que le comunicaron que él habría muerto en un hospital cinco días antes. No obstante, hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte de las autoridades ucranianas ni se conoce el paradero del cuerpo.

“Me dicen que el cuerpo de él desapareció y no tengo una respuesta clara. Solo me informan que debo viajar a Ucrania a firmar unos documentos del seguro de vida que él dejó a mi nombre”, explicó Bayona.

La conmoción por la noticia se extendió entre familiares y allegados, que describieron la experiencia como una pesadilla marcada por la falta de información y el dolor. Un allegado lamentó en Vanguardia: “Murió en una guerra que no era la suya. Como muchos, se fue buscando un futuro mejor para su familia y terminó en medio del fuego”.

La Embajada de Rusia en Colombia se pronunció luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara el trato que estarían recibiendo los colombianos vinculados al ejército de Ucrania.

En un comunicado difundido a través de su cuenta oficial de X, la delegación diplomática pidió a los exmilitares nacionales “dejar de operar como mercenarios en Ucrania” y advirtió que quienes lo hagan enfrentan dos posibles destinos, no tan favorables.

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“Lamentamos que el número de los colombianos que creen en las falsas promesas de los reclutadores ucranianos siga siendo bastante alto. Esperamos que las autoridades de la República de Colombia tomen las medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos de las propuestas de Kiev, que ponen en peligro el bienestar de la nación”, expresó la embajada en su comunicado.

El mensaje se produce tras las denuncias del mandatario colombiano, que publicó en su cuenta de X un mensaje dirigido a los connacionales que se encuentran en Ucrania. En su publicación, el jefe de Estado afirmó que “los ucranianos tratan a los colombianos como una raza inferior” y que están siendo utilizados como “carne de cañón por empresas dirigidas desde Miami”, por lo que pidió su regreso inmediato al país.

El pronunciamiento del mandatario se dio luego de conocerse la denuncia sobre 35 colombianos presuntamente retenidos en Ucrania. De acuerdo con Noticias Caracol, los afectados habrían decidido no continuar con su contrato militar de seis meses, tras darse cuenta de que, según sus testimonios, “iban de carne de cañón”.

En el video compartido por Petro se observa una multitud discutiendo en un recinto cerrado mientras se escuchan disparos. El mandatario acompañó las imágenes con su mensaje en X, en el que insistió en que los connacionales están siendo tratados como subordinados sin derechos.

Testimonios de colombianos retenidos en Ucrania

El grupo de soldados colombianos denunció haber sido impedido de abandonar Ucrania tras solicitar su baja como contratistas extranjeros del ejército de ese país. Según declaraciones recopiladas por Semana, los hombres aseguraron haber sido víctimas de maltratos, engaños y retenciones contra su voluntad, en medio de un escenario bélico que ya habría llevado a más de un millar de connacionales a enlistarse bajo contrato militar.

Uno de ellos, Enerlín Esteban Osten Cuadrado, relató que, después de pedir su retiro, recibió la confirmación escrita de aceptación y la devolución de su pasaporte. Sin embargo, no logró salir de Ucrania. “Nos sacaron donde estábamos detenidos, de una cárcel militar donde estuvimos dos días. Nos dijeron que nos iban a llevar a Polonia y que ya regresaríamos a casa, pero en realidad nos engañaron y nos trasladaron en un bus sin decirnos hacia dónde íbamos”, declaró Osten Cuadrado al medio citado.

Los denunciantes afirmaron que fueron detenidos en la frontera cuando intentaban salir del país y que desde entonces desconocen su paradero final, sin que las autoridades ucranianas les brinden información precisa. También aseguraron que se les incumplieron los términos de los contratos, pues habrían sido obligados a firmar documentos en otro idioma y no habrían recibido los pagos prometidos.

“Nos tienen prácticamente secuestrados, ellos están armados, nos han tomado fotos para policías y no nos quieren dejar ir”, afirmó Osten, que aseguró haber sido golpeado días antes sin motivo aparente. Según Semana, los relatos coinciden en que las agresiones físicas y psicológicas no fueron casos aislados.

Llamado diplomático

La Embajada de Rusia en Colombia reiteró su posición frente a la participación de extranjeros en el conflicto armado, señalando que el reclutamiento de mercenarios por parte de Ucrania es una práctica condenada por el derecho internacional. “Como lo subrayamos en repetidas ocasiones, los mercenarios extranjeros que luchan al lado de las fuerzas armadas de Ucrania eligen entre dos escenarios: uno de ellos es trágico, el otro es la cárcel”, puntualizó la misión diplomática.

Hasta el momento, el Gobierno colombiano no ha emitido un pronunciamiento adicional sobre la situación de los exmilitares en Ucrania ni sobre las medidas consulares que puedan adoptarse para facilitar su retorno.

En los últimos años, la inteligencia artificial pasó de ser una promesa futurista para convertirse en parte de la vida cotidiana en las áreas de recursos humanos, especialmente en lo que respecta a reclutamiento de personal. Sin embargo, contrario a lo que muchos temen, la IA no llegó para reemplazar al reclutador humano, sino para desafiarlo a evolucionar.

El nuevo rol del reclutador no es competir con algoritmos, sino aprender a utilizarlos a su favor. El punto de partida es un cambio de mentalidad, donde el reclutador deja de ser un operador de tareas repetitivas y se convierte en un estratega y analista del contexto.

Además, el profesional sabe cómo formular las preguntas adecuadas a la IA para tomar las mejores decisiones. El dominio del prompting, saber cómo preguntar, se vuelve tan importante como las habilidades para entrevistar.

Lo cierto es que el reclutador digital es más humano que nunca. Al automatizar tareas administrativas, la IA permite destinar el tiempo de los profesionales de reclutamiento a lo que realmente importa: las relaciones humanas, evaluaciones subjetivas y la experiencia del candidato. Paradójicamente, adoptando herramientas digitales, el proceso de selección puede volverse más humano.

En este escenario, los reclutadores responden a los candidatos con mayor rapidez, brindan retroalimentación más clara y reducen los silencios en el proceso, gracias a filtros eficientes y entrevistas bien gestionadas. Esto tiene un efecto directo en la reputación de la empresa. Un proceso bien manejado comunica más y mejor que cualquier campaña de marca empleadora.

Entonces, es clave que las compañías aprovechen los datos recopilados a lo largo del proceso, especialmente en entrevistas y evaluaciones, para fortalecer su estrategia de talento. Cuando está bien estructurada, esta información sirve de base para tomar decisiones sobre perfiles ideales, brechas de habilidades, futuras necesidades de contratación e incluso políticas de diversidad. Pero esto solo es posible si hay inteligencia humana detrás de la herramienta: alguien que sepa qué preguntar, cómo interpretar y cómo actuar.

Por supuesto, la adopción de IA en RR. HH. no está exenta de riesgos. Leyes como la Ley de la IA de la Unión Europea o la Ley Local de Nueva York ya indican la necesidad de regulación, transparencia y responsabilidad. Las empresas que adoptan IA en sus procesos de selección deben documentar claramente cómo y dónde utilizan estas herramientas.

Además, deben asegurarse de no incurrir en sesgos discriminatorios y mantener, por encima de todo, una supervisión humana constante. La confianza del candidato, del directivo y de la sociedad será siempre el factor más importante.

Por lo tanto, la pregunta correcta no es “¿La IA va a sustituir al reclutador?”, sino: “¿Qué tipo de reclutador seguirá siendo relevante en un mundo potenciado por IA?”.

La respuesta es clara: aquel que entienda a las personas, domine las herramientas, sepa hacer las preguntas correctas y no tema reinventarse. El futuro de la contratación no es automatizado, es ampliado. Y quien sepa aprovechar esto con responsabilidad, ética y estrategia liderará el nuevo mundo del trabajo.

El presidente ruso, Vladimir Putin, convocó el lunes a 135.000 hombres para el servicio militar rutinario, la mayor campaña de reclutamiento de otoño del país desde 2016.

Rusia llama al servicio militar obligatorio cada primavera y otoño a hombres de entre 18 y 30 años.

Se espera que los reclutas sirvan durante un año en una base militar dentro de Rusia, no para luchar en Ucrania, aunque ha habido informes de hombres reclutados que han sido enviados al frente.

Las campañas anuales de reclutamiento en Rusia no están relacionadas con la movilización, en la que los hombres rusos son reclutados para luchar en tiempos de guerra.

Pero los reclutas que han completado el entrenamiento militar tienen más probabilidades de ser llamados a luchar en el futuro.

En un decreto emitido el lunes, Putin ordenó “el reclutamiento de 135.000 ciudadanos de la Federación Rusa desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2025”.

Uno de los responsables de la oficina de movilización del Estado Mayor de las Fuerzas Armada, Vladimir Tsimlianski, ya había adelantado la semana pasada este nuevo reclutamiento masivo, incidiendo en que no guarda relación alguna con la “operación militar especial”, el eufemismo con el que el Gobierno ruso se refiere a la ofensiva sobre Ucrania.

En este sentido, subrayó que los reclutas, que comenzarán a recibir citaciones tanto electrónicas como postales, informa la agencia de noticias Interfax.

Esta es la mayor campaña de reclutamiento de otoño desde 2016 y, combinada con los 160.000 llamados en primavera, significa que 2025 también será el mayor llamado total desde ese año.

Rusia suele convocar a más hombres en la campaña de primavera, entre abril y julio, cuando la mayoría de la gente se gradúa de la escuela o la universidad.

Desde que lanzó su ataque militar a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022, Putin ha puesto a Rusia en pie de guerra, aumentando el gasto militar a niveles nunca vistos desde la era soviética y ampliando el tamaño del ejército.

Putin ha aumentado el reclutamiento anual en un promedio de alrededor del cinco por ciento cada año desde 2022.

En septiembre de 2024, ordenó la expansión del ejército a 1,5 millones de soldados activos, uno de los números más grandes del mundo.

(con información de AFP y EP)

La delegación de Sudán ante la ONU denunció ante el Consejo de Seguridad la participación de mercenarios colombianos en crímenes de guerra en medio del conflicto armado que enfrenta el país africano.

Según las autoridades sudanesas, estos combatientes, presuntamente reclutados por Emiratos Árabes Unidos (EAU), habrían cometido ejecuciones sumarias, reclutamiento de menores y uso de sustancias prohibidas.

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El representante sudanés Al Harith Idriss Al Harith Mohamed presentó el 5 de septiembre un informe ante el Consejo de Seguridad en el que se detalla la presunta responsabilidad de los mercenarios colombianos en este tipo de actos de violencia contra la población civil. “La embestida de estos mercenarios ha dado lugar a atroces violaciones del derecho internacional humanitario”, afirmó en su intervención.

De acuerdo con el documento, entre el 22 de enero y el 11 de febrero de 2025, 73 civiles fueron asesinados, en su mayoría durante ataques con drones suicidas, enfrentamientos directos y disparos de francotiradores. Además, se reporta que los colombianos estarían involucrados en el “entrenamiento de menores y niños en el uso de armas y operaciones de combate”, práctica que diversas organizaciones, como Amnistía Internacional, han calificado de sistemática en este conflicto.

El informe también acusa a los mercenarios de emplear municiones prohibidas, incluido el fósforo blanco. El uso de esta sustancia contra civiles está prohibido por el derecho internacional debido a que puede causar quemaduras profundas, ceguera y problemas respiratorios graves.

Red de reclutamiento internacional

Las autoridades sudanesas explicaron que el traslado de los mercenarios funciona a través de una red que opera en tres continentes. Según la denuncia, el primer grupo de colombianos llegó en noviembre de 2024 con 172 hombres, pero actualmente la cifra se estima en 380 combatientes, la mayoría de ellos exmilitares que integran el batallón conocido como “Soldados del Desierto”.

En cuanto al proceso de reclutamiento, este tendría origen en Colombia a través de la empresa A4SI, dirigida por el coronel retirado Álvaro Quijano. Esta compañía actúa como enlace con Global Security Service Group (Gssg), ubicada en Dubái, donde los reclutas firman contratos con la promesa de realizar labores de seguridad. Sin embargo, según testimonios recopilados por varios medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, una vez en Emiratos son enviados por la fuerza a Sudán para unirse al conflicto.

De acuerdo con la denuncia, existen dos rutas principales de ingreso: por Bosaso, en Somalia, cruzando posteriormente por Etiopía o Eritrea; o desde Bengasi, en Libia, atravesando el desierto del Sáhara hasta Chad.

En agosto, el ejército regular sudanés informó que había derribado un avión procedente de Emiratos que transportaba a 40 colombianos y un cargamento de armas destinado a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), grupo paramilitar enfrentado al Gobierno.

La aeronave fue atacada mientras intentaba aterrizar en Nyala, Darfur. Las autoridades emiratíes rechazaron esta versión y, en declaraciones a la agencia AFP, afirmaron: “Esas acusaciones infundadas (...) son completamente falsas, no se basan en ninguna prueba y se inscriben en la campaña de desinformación”.

Llamado directo a Colombia

El primer ministro sudanés, Kamil Idris, dirigió un mensaje en español a Colombia para detener el envío de combatientes: “No permitan que jóvenes colombianos sean usados como mercenarios en Darfur. Detengan este crimen antes de que cueste más vidas”. También pidió la colaboración de la comunidad hispanohablante para frenar el reclutamiento y el traslado de mercenarios.

El presidente Gustavo Petro respondió a través de la red social X con un llamado a los exmilitares colombianos: “Detener el mercenarismo en Colombia. Jóvenes exsoldados y exoficiales, no se vendan. Luchar por la patria, no morir en guerras ajenas”.

En paralelo, el Gobierno colombiano presentó un proyecto de ley para prohibir la actividad mercenaria. La iniciativa contempla la penalización del reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios, además de establecer programas de reintegración y mejoras económicas para veteranos.

Dos adolescentes de 16 años de edad fueron localizados y rescatados en el estado de Tabasco luego de que viajaran desde el Estado de México al ser contactados por el crimen organizado a través de redes sociales.

De acuerdo con la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, los hechos ocurrieron luego de que los jóvenes fueran reportados como desaparecidos en este municipio del Edomex el pasado 2 de septiembre.

Las investigaciones iniciales permitieron establecer que ambos adolescentes habían sido contactados por un sujeto que los convenció con engaños de trasladarse a otra entidad para involucrarse en el crimen organizado.

Con los datos obtenidos, las autoridades pudieron determinar que los jóvenes habían abordado un autobús con destino al sureste del país.

De inmediato se activaron los protocolos correspondientes por parte de elementos de la corporación de Nezahualcóyotl, quienes realizaron enlace con la Guardia Nacional, así como con autoridades de las entidades por donde se trasladaba la unidad.

Con esta coordinación interinstitucional se pudo dar seguimiento en tiempo real al traslado de los adolescentes mediante el intercambio de información sobre su ubicación y ruta para garantizar que se encontraban a salvo.

Una vez que el autobús arribó al estado de Tabasco, la unidad fue interceptada. Ambos jóvenes fueron ubicados sanos y a salvo, por lo que quedaron bajo resguardo mientras sus familiares se trasladaban al sitio.

Estos hechos se suman a un caso reciente en los que dos adolescentes originarios de Jalisco fueron localizados sin vida en Sinaloa luego de ser reclutados por el crimen organizado a través de redes sociales.

De acuerdo con la información, los jóvenes fueron ubicados el pasado 14 de julio con ropa tipo camuflaje y equipamiento táctico al interior de un vehículo tras el reporte de un enfrentamiento armado entre grupos antagónicos en la comunidad de El Pozo de Culiacán, Sinaloa.

Uno de los cuerpos fue identificado como Carlos Alejandro “N”, de 16 años de edad, quien contaba con ficha de desaparición desde el pasado 20 de mayo cuando fue visto por última vez en el municipio de Zapopan, Jalisco.

El segundo cuerpo fue pre-identificado como Paul Alexander “N”, de 16 años, quien desapareció el 10 de mayo en Ixtlahuacán de los Membrillos, también en Jalisco.

El fiscal general de Jalisco, Salvador González de los Santos, reveló en conferencia de prensa que ambos jóvenes fueron reclutados por un grupo criminal a través de redes sociales y posteriormente trasladados a Zacatecas para ser adiestrados.

Luego fueron enviados a Nayarit y finalmente los asentaron en Sinaloa, lo cual ha podido determinar que los grupos criminales están optando por reclutar a los jóvenes para llevarlos al estado debido a la disputa que mantienen Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cártel de Sinaloa.

El pasado 13 de agosto la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó el arresto de ocho personas que llevaban diversas armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Días después el titular de la institución estatal, Raciel López Salazar, señaló que estarían ligados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Estas personas fueron responsables de traer las armas de fuego, las que se aseguraron en Playa del Carmen, el vehículo Mercedes Benz fue asegurado y en el momento de que ellos regresaban a su destino ahí encontraron un arma de fuego con unas siglas de un grupo delincuencial que se maneja en Jalisco”.

Durante una conferencia de prensa del 18 de agosto, las autoridades de Quintana Roo informaron los avances en temas de seguridad en la entidad, resaltando el arresto de ocho individuos.

“La Miche”, encargada de reclutar personas

Las personas capturadas son integrantes de un grupo criminal y que buscaban establecerse en la entidad. Entre los capturados está una mujer identificada como Sara Yazmín, alias La Miche, llegó a Benito Juárez por instrucciones de su hermano, este último recluido en el Cereso de la entidad.

Dicha mujer tenía como tarea el reclutamiento de personas originarias de Guerrero, Jalisco y Michoacán con experiencia en seguridad privada. Para lograr lo anterior, usaban anuncios en redes sociales y las personas interesadas les pagaban el vuelo hasta Playa del Carmen para ser distribuidos en casas de seguridad.

Otra de las funciones de La Miche consistía en la administración del dinero y transferencias a los líderes de cada grupo. La mujer recibió un bono extra, consistente en mil pesos, por cada sujeto que se integrara al grupo criminal.

Para realizar sus labores, los integrantes de la célula usaban una aplicación de mensajería de la que borraban las conversaciones y cuando algún miembro era detenido, lo eliminaban del grupo del chat.

Por su parte, Julio “N”, alias El Ranger, fue reclutado en Puerto Vallarta en 2023, a través de la solicitud de guardias de seguridad privada. “Este sujeto fue adiestrado en la Sierra de Jalisco en el manejo de armas de fuego y explosivos, sus primeras encomiendas fueron avisar de la presencia de autoridades por el cual recibía un pago de 5 mil pesos semanales”.

Posteriormente, dicho hombre fue llevado a Playa del Carmen para realizar actividades de sicario.

Jorge ”N" recibió un mes de adiestramiento en una parte de la Sierra de Jalisco, donde le impartieron entrenamiento de sobrevivencia a un grupo de aproximadamente 120 personas y señaló que cuatro de sus compañeros fueron ejecutados por no hacer bien las cosas y fueron cocinados para alimentar a ese grupo

FGE Quintana Roo

Las ocho personas capturadas esperaban la llegada de mas individuos y armas a Quintana Roo y ahora todos están vinculadas a proceso y se les impuso la medida de prisión preventiva.

Los testimonios de varios exmilitares señalaron al coronel retirado "Álvaro Quijano y a su esposa, Claudia Olivares, como figuras clave en este negocio", según la investigación.

"La señora Claudia y el señor Quijano son los que han manejado y han tergiversado nuestra profesión de militares para vendernos al mejor postor, dejando a la deriva allá a los soldados", dijo al canal Dante Hincapié, un sargento retirado con experiencia en el negocio de la seguridad.

El Gobierno de Sudán ha denunciado en varias ocasiones la presencia en ese país de mercenarios colombianos que combaten a favor de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en el oeste de esa nación africana.

Este domingo, el primer ministro de Sudán, Kamel Idris, hizo un llamamiento en español al Gobierno, al pueblo de Colombia y a "todas las comunidades hispanohablantes" a que detengan el reclutamiento de mercenarios colombianos.

En un mensaje televisado, Idris instó a que Colombia contribuya al "fin del asedio (por las FAR) de la ciudad de Al Fasher", capital de Darfur Norte y único bastión del Ejército sudanés en el oeste del país, "poniendo fin al reclutamiento de mercenarios colombianos".

Según Hincapié, muchos de estos soldados han sido "engañados" y se encuentran en una situación de alto riesgo porque "llegan a estos países sin tener una lectura clara de a quién le van a prestar su servicio".

Además de la guerra de Sudán, centenares de mercenarios colombianos combaten al lado del Ejército de Ucrania contra los rusos, participaron en 2021 en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y trabajan en equipos de seguridad en Emiratos Árabes Unidos.

En ese país del Golfo Pérsico tiene sede Global Security Services Group que, según la investigación, es una compañía con la que trabaja Quijano en el reclutamiento de los exmilitares colombianos.

Según Noticias Caracol, Quijano perteneció a las Fuerzas Especiales del Ejército colombiano, del que salió hace 15 años tras ser vinculado a investigaciones por supuestos nexos con narcotraficantes del suroeste del país.

Otro exmilitar que está en Sudán y que habló bajo la condición de anonimato dijo que a los colombianos se les recluta mediante engaños porque le dicen "a las personas que van para Emiratos, que a trabajar en petróleos, que van para Libia (...) y las personas terminan en Sudán".

"Lo que sabemos es que hay evidencia cada vez mayor sobre la asistencia que presta Emiratos Árabes Unidos a las Fuerzas de Apoyo Rápido, una de las partes en este conflicto en Sudán. Y como parte de ese apoyo estamos investigando el rol de mercenarios colombianos", dijo al programa el subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier.

Según Pappier, "hay de más de 300 exsoldados colombianos que estarían en la zona, en particular en Darfur, que habrían llegado a partir de septiembre de 2024" y expresó su preocupación por informaciones que señalan que podrían estar "involucrados en crímenes de guerra y graves abusos".

Sin embargo, una de las fuentes señaló al programa que ahora "ya deben tener un tercer batallón" de mercenarios en Sudán, lo que significa que "debe haber 2.000 hombres", por cada uno de los cuales el reclutador recibe mensualmente 1.500 dólares, además de la paga que se hace al mercenario.

El Gobierno colombiano es poco lo que puede hacer porque una vez los soldados dejan el Ejército, se pierde el control sobre ellos, según dijo a EFE una fuente del Ministerio de Defensa.

Por eso, ante el pedido del primer ministro sudanés, el presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió este domingo en X "detener el mercenarismo" y que "jóvenes exsoldados y exoficiales no se vendan" para "no morir en guerras ajenas". EFE

“El proceso de selección es la decisión de negocio más estratégica”, sostiene Matías. Desde su mirada, el futuro de la logística y el comercio exterior dependerá de elegir a las personas adecuadas, incorporar tecnología y adaptarse a un mercado en transformación, comprendiendo las diferencias culturales en un mundo cada vez más interconectado.

¿Cuál es tu mirada sobre la evolución de la necesidad de perfiles en logística y cadena de suministro?

Bueno, la necesidad de los perfiles en cadena de suministro y logística fue cambiando con la evolución del negocio. En logística y en comercio exterior hay tendencias muy marcadas que generaron diferentes perfiles. Una es la tecnología y la inteligencia artificial, que cambiaron la dinámica del negocio y llevaron a incorporar no solo perfiles de comercio exterior o logística, sino también de tecnología, desarrollo e infraestructura funcional.

Después está todo el tema de la sostenibilidad. Con el auge de las nuevas generaciones, es mucho más importante entender el impacto en el planeta. La logística verde y la medición de huella de carbono generan perfiles con experiencia o formación vinculada al triple impacto.

También el e-commerce generó perfiles para desarrollar mercados a través de la venta electrónica. Y otro fenómeno es la regionalización de la logística: en países como los de Latinoamérica, o en la relación México–Estados Unidos, aparecieron perfiles con funciones regionales. Esto implica desafíos de entender diferentes culturas, legislaciones y mercados.

¿Es suficiente la disponibilidad de profesionales para estas áreas en el mercado?

En Argentina hay una desconexión entre la oferta y la demanda laboral. En 2022, las carreras con más inscriptos en la Universidad de Buenos Aires fueron Medicina, Psicología y Derecho, pero el trabajo del futuro está más ligado a ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. La logística y el comercio exterior no escapan a esto: requieren ingeniería, tecnología y ciencia.

La brecha de profesionales se amplía, los negocios se digitalizan y, aunque hoy hay más estudiantes de tecnología, no se alcanza a cerrar esa diferencia. En logística y comercio exterior ya hay y habrá un problema de profesionales disponibles para la demanda.

¿Existen particularidades entre las necesidades de distintos países de la región?

A nivel técnico, las diferencias tienden a desaparecer: el mundo es más global y la comunicación más rápida. En logística y comercio exterior, las diferencias existen pero se pueden minimizar. Siempre habrá particularidades impositivas o normativas, pero para mí la mayor diferencia es cultural.

No es lo mismo hacer negocios con Brasil, China, Perú o Argentina. Las culturas de trabajo varían: el argentino suele ser más colaborativo que el brasilero, mientras que en Perú, México y Chile las estructuras son más jerárquicas y paternalistas. Entender esas diferencias culturales es clave para trabajar en distintos países.

¿Cómo han impactado la tecnología y el liderazgo en las habilidades demandadas?

La tecnología hace que todos los perfiles profesionales deban adaptarse. Hoy, todas las áreas incorporan tecnología o lo harán: finanzas, logística, marketing, comercial, recursos humanos y demás. Esto plantea un desafío para las casas de estudio sobre cómo formar a la gente.

En liderazgo, la tecnología llevó a un manejo más virtual. Pero ser líder sigue implicando persuadir, inspirar y motivar. La tecnología ayuda a conectar con rapidez, pero el contacto humano sigue siendo insustituible para conducir personas.

¿Cómo se posicionará el rol humano frente a un futuro de inteligencia artificial?

Con la inteligencia artificial en el mundo del trabajo hay mucha expectativa, pero pocas certezas. No sabemos aún cómo quedará todo. Es probable que algunos trabajos se reemplacen, sobre todo los repetitivos y transaccionales. Pero el criterio, la toma de decisiones y la empatía no se reemplazan.

Para mí, la mejor definición es que la IA no va a reemplazar a un analista de logística, sino a uno que no la use. Habrá que combinar IA con componente humano. Si no la incorporás, te quedás afuera; si la usás, algunas tareas se harán mejor y más rápido, y el humano se enfocará en el valor agregado.

¿Cómo ves la evolución de los volúmenes en tu sector?

Hoy en Argentina la demanda laboral está estancada, pero hay mucha diferencia sectorial. Sectores castigados como consumo, venta minorista, construcción o gastronomía contrastan con otros en auge como minería, petróleo, energía y algo de agroindustria.

Los perfiles de logística y comercio exterior siguen el ritmo de esos sectores. En minería, energía, petróleo y gas hay mucha demanda, mientras que en consumo masivo o retail, menos. Al ser funciones transversales, las oportunidades dependen de dónde esté el movimiento.

¿Qué les recomendarías estudiar a tus hijos?

Es una pregunta difícil porque se mezcla lo que te gusta con lo que te asegura una salida laboral. En Argentina mucha gente no tiene opción y trabaja en lo que puede para tener un ingreso.

Para quienes sí tienen opción, mi consejo es estudiar lo que te gusta, porque cuando te apasiona lo hacés mejor y te pagan mejor. Si no sabés qué te gusta, buscá tu vocación, pero mientras tanto fijate qué pide el mercado: tecnología, informática y ciencia. Eso te permite trabajar mientras encontrás tu pasión.

¿Qué habilidades humanas son más valoradas?

Las competencias técnicas son necesarias para llegar a una entrevista, aunque se diga que se busca gente sin experiencia. Pero lo que hace crecer a una persona son las habilidades blandas: comunicación, trabajo en equipo, liderazgo.

El conocimiento técnico cambia y se puede aprender, pero tu manera de ser, tu capacidad de compartir información, tomar decisiones, adaptarte, perseverar y tolerar la frustración es lo que realmente marca la diferencia en el desempeño.

No importa el sector, lo que hace que una empresa funcione son las personas. El proceso de selección es la decisión de negocio más estratégica, porque elegís quién se sube a tu barco. Sin gente, vender o producir no sirve. Sorprende la improvisación que hay en muchas selecciones: a veces se contrata por recomendación y nada más.

El crimen organizado ha extendido sus redes para reclutar a jóvenes y adolescentes en el país al contactarlos a través de videojuegos o páginas sociales con el objetivo de que se sumen a sus filas.

Dicho reclutamiento se puede llevar a cabo de manera forzada o no, en el que principalmente se utiliza la captación con falsas ofertas de trabajo.

El descubrimiento del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, por parte del colectivo Guerrero Buscadores de Jalisco evidenció la violencia del crimen organizado para reclutar y adiestrar a jóvenes captados, esto en un caso en el que también estaban involucradas autoridades municipales como el exalcalde, José Ascensión Murguía, a quien se le acusa de colaborar en las actividades dentro del lugar con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Otro de los casos ocurrió de manera reciente, en el que dos adolescentes de 16 años con reporte de desaparición en Jalisco fueron localizados sin vida a mediados de julio en el municipio de Culiacán, Sinaloa, tras un enfrentamiento entre grupos antagónicos.

Su hallazgo llevó a las autoridades de Jalisco a revelar que los jóvenes habían sido reclutados a través de redes sociales y, tras ser adiestrados en Zacatecas, fueron llevados a la guerra que mantienen en esa región Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa desde el pasado 9 de septiembre de 2024.

Ante el traslado de los dos adolescentes, el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, solicitó a las fiscalías de Jalisco y Sinaloa a brindares la información con la que cuentan para profundizar en el combate al reclutamiento de jóvenes.

“Exhortamos respetuosamente a ambas fiscalías a que, si cuentan con información que permita profundizar en el combate al reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado, la compartan con este Gobierno (…) De nada sirven las declaraciones sensacionalistas que buscan trasladar responsabilidades a Zacatecas, cuando nuestra entidad ha sido referente nacional en avances en materia de seguridad y pacificación", escribió en redes sociales.

Los estados a los que serían trasladados tras ser reclutados

El fisca de Jalisco, Salvador González de los Santos, informó en rueda de prensa que las organizaciones han optado de manera reciente por reclutar a personas del estado y enviarlos a diversas entidades del país para que reciban adiestramiento.

Derivado de investigaciones relacionadas con la desaparición de jóvenes y la liberación de otros reclutados, el fiscal detalló que han podido identificar algunas de las regiones a las que son trasladados por el crimen organizado.

“Hemos detectado que en algunas (ocasiones) se los han llevado a Michoacán, hemos detectado que incluso se los han estado llevando hasta Acapulco, bueno a Guerrero (…) En varios estados, desde luego aquí en Jalisco, Nayarit, Zacatecas y últimamente incluso Sinaloa“, explicó.

Además, González explicó que algunos jóvenes jaliscienses liberados de los sitios de adiestramiento, y que han podido regresar al estado, les han brindado sus testimonios para determinar que de manera reciente el crimen organizado los recluta para llevarlos a la guerra que mantiene el Cártel de Sinaloa.

“Algunos jóvenes liberados que han tenido la oportunidad de poder regresar, nos han identificado a algunos jóvenes que tenemos aquí (en) unas denuncias, y que siguen allá en Sinaloa (…) Lo que están haciendo estos grupos criminales es que están captando a estos jóvenes o personas, pues se los están llevando a la guerra con el otro cártel, en Sinaloa", afirmó.

Cabe señalar que la disputa de este cártel ha provocado más de mil 400 asesinatos en Sinaloa, de acuerdo con cifras oficiales obtenidas por Infobae México.

“Antes el límite era de 37 años; ahora personas mayores de 40 pueden unirse a nosotros. Es excelente, yo tengo 63 años”, indicó el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, en declaraciones a la prensa.

Homan defendió la medida anunciada por el DHS indicando que “hay muchos patriotas que quieren servir” y que si existen personas mayores de 55 años que “no pueden portar armas” pueden realizar funciones “administrativas o de inteligencia”.

La modificación permitirá que personas desde 18 años sean contratados por la Patrulla Fronteriza, como parte de la campaña masiva de contratación que inició la Administración del presidente, Donald Trump, que pretende lograr 10.000 nuevos efectivos más.

En 2025, el ICE fue beneficiado con el presupuesto más alto de su historia y ofrece a los nuevos reclutas facilidades como bonos de contratación de hasta 50.000 dólares, pago de horas extras, así como aumentos salariales para quienes tengan experiencia militar o policial.

“Hay miles de personas interesadas en unirse a este trabajo: exmilitares, policías, funcionarios y hasta algunos exagentes”, agregó el zar fronterizo.

De acuerdo con datos oficiales, durante los primeros cinco meses del Gobierno de Trump, se han detenido 109.000 inmigrantes por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza, superando por un 120 % los registros del mismo periodo anterior. EFE

Los carteles de reclutamiento militar que Mikhail Simdyankin vio desde el autobús en San Petersburgo el verano pasado prometían generosos pagos por “trabajo de hombres de verdad”. El graduado universitario de 27 años disfrutaba de una vida de clase media en la capital cultural de Rusia junto a su esposa Ksenia, trabajadora de un salón de belleza, y sus mascotas. Tenía un buen empleo como gerente de inventario en un almacén, pero también facturas de servicios públicos sin pagar. El bono militar de inscripción superaba ampliamente su salario mensual de alrededor de 90.000 rublos, o 1.100 dólares.

Según informó el Wall Street Journal, el bono siguió aumentando. En julio de 2024 alcanzó 1,3 millones de rublos (16.400 dólares). Varias semanas después superó los 1,7 millones (21.500 dólares). Tras regresar del trabajo una tarde, le dijo a Ksenia: “Si llega a 2 millones, me apunto”. Solo tuvo que esperar tres días.

La trampa del reclutamiento masivo

Simdyankin se encontraba entre los cientos de miles de rusos que fueron atraídos al ejército, a menudo seducidos por la propaganda, ofertas de pago lucrativo y, para algunos, la oportunidad de evitar tiempo en prisión. Regularmente se encuentran enviados apresuradamente al frente, donde el ejército ruso combate con tácticas brutales de estilo soviético que pagan pequeñas ganancias con una pérdida colosal de vidas.

El medio destacó que Ksenia le suplicó que no fuera. Pero él pensaba que el ejército le permitiría servir en la retaguardia, dada su falta de experiencia en combate. Lo poco que sabía sobre la guerra provenía de reportes triunfalistas en la televisión estatal.

El entrenamiento de Simdyankin, en dos ubicaciones diferentes de la 138ª Brigada de Rusia, se limitó a dos semanas de práctica de tiro y primeros auxilios básicos. Envió a Ksenia la primera parte de su bono: 500.000 rublos (6.300 dólares). Ella se compró un iPhone y pagó algunas de las facturas vencidas.

Del entrenamiento al horror del frente

A principios de septiembre, fue llevado a un pueblo en la frontera con Ucrania. Los camiones llegaban cada mañana y tarde, llenos de madera para construir trincheras y reclutas frescos encargados de cavarlas. Vehículos blindados y lanzacohetes múltiples levantaban polvo mientras circulaban.

En su sexta mañana allí, un comandante reunió a Simdyankin y una docena de otros y les dijo: “Ustedes son el tercer grupo de asalto”. Los enviaban a Vovchansk, a 8 kilómetros de distancia en el noreste de Ucrania, donde se desarrollaba una batalla feroz.

Los rusos habían tomado control de la orilla norte de un río estrecho que bisecaba la ciudad, mientras Ucrania controlaba el sur. El objetivo final de Rusia era Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, pero Vovchansk se interponía en el camino. Se desató un combate brutal casa por casa. Ese día, según relató a Wall Street Journal, Simdyankin entendió que estába "en una situación muy grave”.

Primeras misiones y supervivencia extrema

En Vovchansk, él y otros tres hombres fueron enviados a asaltar una casa ocupada por un grupo de tropas ucranianas. “Ponte el chaleco antibalas, carga tu rifle y toma dos granadas”, le dijeron. Los hombres se acercaron a la casa al anochecer, lanzaron granadas por una ventana y entraron por otra. Dos de los rusos fueron inmediatamente asesinados por fuego de ametralladora, según Simdyankin. Él y otro combatiente se retiraron.

Varios días después, fue enviado en una segunda misión con otro soldado: lanzar una mina antitanque activada por la ventana de una casa controlada por ucranianos. Esta vez, las tropas enemigas los vieron venir y abrieron fuego.

Wall Street Journal relata que una bala rebotó en el rifle de Simdyankin, rociando sus piernas y torso con pequeños fragmentos de metal. Vio al otro ruso desplomarse al suelo. Corrió a través de un agujero en las ruinas de un edificio cercano, se arrastró al sótano destripado y rezó para no ser encontrado.

Permaneció allí durante horas, escuchando a las tropas ucranianas hablarse entre sí. Se ató un vendaje básico alrededor de su pierna izquierda sangrante e intentó dormir. Bebió a sorbos su única botella de agua y esperó a que los ucranianos se marcharan.

A la mañana siguiente, una explosión envió ladrillos sobre su espalda, pero no se atrevió a salir. Pensando en sus seres queridos y la vida que había dejado atrás en San Petersburgo, lloró destaca el medio.

Al tercer día, buscó a tientas su teléfono, abrió la aplicación de redes sociales rusa VK y redactó mensajes para su esposa y hermana. “Te amo. Por favor perdóname”, escribió, esperando que las palabras fueran entregadas una vez que su teléfono volviera a estar en línea. “Nos encontraremos en la próxima vida”.

Tal y como detalla Wall Street Journal, luego bajó el seguro de su Kalashnikov dañado, apoyó su barbilla en la boca del cañón y puso su dedo en el gatillo. “Quería que la terrible experiencia terminara”, dijo. Pero no pudo hacerlo. “Resultó que era más fuerte de lo que pensaba”, relató.

La misión a la fábrica de la muerte

A la mañana siguiente, incapaz de escuchar a los ucranianos, decidió arriesgarse. Reunió su energía restante y salió tambaleándose de la casa en ruinas.

Simdyankin tenía heridas de metralla en la pierna y el muslo. Había perdido peso después de pasar días sin comida. Tuvo menos de una semana para recuperarse. Según el medio, el 22 de septiembre, su comandante le dijo que se necesitaban refuerzos urgentemente en la extensa planta de repuestos de máquinas donde docenas de rusos resistían contra una embestida ucraniana.

Cada uno de los aproximadamente 100 soldados en la unidad de Simdyankin estaba gravemente herido o muerto, dijo el comandante. Simdyankin tendría que ir. Recordando ese momento después, dijo: “Solo sentí una profunda sensación de injusticia”.

Llegó a un sótano donde otros cinco soldados llenaban mochilas con bolsas de arroz, trigo sarraceno y pasta; latas de carne enlatada; paquetes de analgésicos y cigarrillos; y municiones.

Su compañero sería Ivan Shabunko, un trabajador de la construcción de 47 años que se había unido al ejército para evitar una sentencia de prisión después de una discusión en estado de ebriedad con un oficial de policía en la primavera de 2024.

Shabunko compartía la visión de Simdyankin sobre la misión que les esperaba. “Todos sabíamos que era un boleto de ida”, declaró Shabunko al Wall Street Journal.

Condiciones extremas en el complejo industrial

Antes de la guerra, la planta de Vovchansk había exportado piezas de motores y aviones por toda la antigua Unión Soviética, ayudando a equipar los helicópteros de combate rusos y los cazas que ahora se usan para atacar ciudades ucranianas. Sus 30 edificios de varios pisos proporcionaban cobertura perfecta para una fuerza de invasión.

Para el momento de la misión de Simdyankin, los rusos habían estado controlando la fábrica durante meses. Pero Ucrania se acercaba y la guarnición casi se había quedado sin provisiones.

Ucrania había volado tres vehículos blindados con provisiones en su camino a la fábrica. Los drones que llevaban suministros o no daban en el blanco o eran derribados por el bloqueo electrónico de Ucrania. Los comandantes de escuadrón arremetían contra aquellos que se negaban a obedecer órdenes de recoger comida o ir a asaltos contra posiciones ucranianas, acusando a algunos de fingir lesiones. Aquellos que salían a menudo resultaban heridos o asesinados por fuego ucraniano.

“Solo asomar la nariz podía acabar con tu vida”, afirmó al medio Aleksandr Trofimov, un soldado de poco más de 40 años que fue herido por metralla después de intentar recuperar comida en julio.

Los hombres dentro de la fábrica peleaban por los suministros restantes. “¿Dónde diablos fueron las seis botellas de medio litro?”, preguntó un ruso en un intercambio de radio interceptado por la inteligencia ucraniana. Un subordinado respondió: “Sí, incluso el agua que dejé esta mañana, y les pedí que no tocaran, se la han bebido”.

Al menos un combatiente herido se disparó dentro de la fábrica, incapaz de manejar la miseria de todo aquello, según tres soldados que estuvieron allí.

“Esqueletos ambulantes” y la rendición final

Simdyankin y Shabunko partieron hacia la fábrica antes del amanecer del 23 de septiembre, liderando un grupo de otros cuatro hombres a través de un parque que estaba minado y cubierto de agujeros profundos por los bombardeos. Avanzaron en grupos de dos con varios minutos de diferencia, guiados por drones rusos que emitían una tenue luz azul en lo alto.

El dolor atravesó la pierna herida de Simdyankin. Tenía un rifle colgado del hombro, y su mochila estaba repleta con casi 41 kilogramos de suministros. Una vez que llegó a unos 91 metros de la fábrica, se detuvo para recuperar el aliento, refugiándose detrás de un árbol. A la luz de la luna, vio la silueta pesada de Shabunko. “¡Apúrate!”, le gritó. Cubrieron los últimos 91 metros juntos, tan rápido como pudieron.

Corrieron adentro justo cuando un avión detonó una poderosa bomba planeadora sobre la instalación, bañándolos con ladrillos y mortero. Shabunko tomó la radio y le dijo a su comandante de unidad que los dos hombres lo habían logrado. El oficial los felicitó. Los otros cuatro de su grupo, dijo, no lo habían conseguido.

Adentro, figuras demacradas que Simdyankin después describió como “esqueletos ambulantes” los miraron. Con sus rostros ennegrecidos por el hollín y el polvo, se acurrucaron detrás de herramientas de máquinas que bordeaban las paredes y que proporcionaban algo de refugio del bombardeo implacable. Fragmentos de vidrio y casquillos de balas cubrían el piso. Vendajes ensangrentados y jeringas yacían en una pila.

De más de 100 tropas rusas que habían establecido posiciones dentro de la planta meses antes, le dijeron a Simdyankin y Shabunko, no más de 25 permanecían vivos, dispersos en dos edificios del complejo.

“Nuestros comandantes nos veían como prescindibles”, declaró Simdyankin, quien ahora está detenido en un campo de prisioneros de guerra, según el artículo del Wall Street Journal. “No les importaba si sobrevivíamos o no”.

Los miembros de la Unidad de Fuerzas Especiales Timur, un grupo de soldados ucranianos de élite supervisados por la agencia de inteligencia militar del país, trabajaban metódicamente abriéndose camino a través de la fábrica. Al día siguiente, otro escuadrón ucraniano se deslizó por los escombros alrededor del almacén donde Simdyankin, Shabunko y los otros resistían, y lanzó un asalto final.

Una conflagración de rápido movimiento abrumó a los rusos en el almacén, relató Simdyankin, que sintió un calor intenso y perdió temporalmente la vista. Los ucranianos habían lanzado minas antitanque y múltiples granadas al edificio, buscando hacer salir a los rusos. “¡Ríndanse!”, gritaron. Los rusos respondieron con disparos.

Lentamente, los rusos emergieron a la luz del día. Algunos de los rostros y cabello de los hombres capturados estaban tan quemados que el medio aseguró que un soldado ucraniano involucrado en la operación dijo que “parecían como si acabaran de salir de un horno”. A los rusos les dieron agua y cigarrillos, pero siguieron suplicando por comida. “Nos estaban matando de hambre”, le dice uno a sus captores en imágenes de la escena.

El arrepentimiento y la reflexión final

Funcionarios occidentales estiman que Rusia sufrió más de 1 millón de bajas en Ucrania, con al menos 250.000 soldados muertos. Según Wall Street Journal, unos 400.000 ucranianos resultaron heridos o muertos.

Unos días después de su captura, a Simdyankin se le permitió llamar a su esposa por primera vez en semanas. “Perdóname por ir a la guerra”, se le muestra diciéndole en un video que Ucrania publicó en línea, bajando la cabeza hacia la mesa mientras las lágrimas corrían por su rostro, casi irreconocible porque estaba tan gravemente quemado en la fábrica.

Reflexionando sobre su terrible experiencia de un mes en el ejército ruso, Simdyankin dijo que la parte más aterradora fue ver a hombres jóvenes y saludables, algunos de los cuales llamaba amigos, morir sin razón. Lamentó haberse dejado llevar tontamente por “una guerra sin sentido”.

Según el medio, todo lo que quería era ser incluido en un intercambio de prisioneros que lo devuelva a casa, para poder retomar donde lo había dejado en San Petersburgo, formar una familia y construir una vida normal. “Estoy realmente enojado conmigo mismo. Cometí un error estúpido”, declaró. “Si pudiera, regresaría en el tiempo y devolvería todo ese dinero”.

La llegada de la inteligencia artificial al sector tecnológico ha generado una ola de transformación sin precedentes. Yvonne Bonnet, cofundadora de Resilient Co y experta en reclutamiento en las áreas tech, sostuvo que el motor del cambio no radica en la sustitución de personas por máquinas, sino en la reinvención de los roles tradicionales y la creación de nuevas oportunidades profesionales.

El impacto de la automatización ya se observa en áreas como el desarrollo de software y el soporte técnico. Herramientas como GitHub Copilot, impulsadas por OpenAI, han comenzado a encargarse de tareas básicas de codificación. Gracias a ello, los desarrolladores pueden dedicar tiempo a proyectos más complejos y estratégicos.

Los puestos de testers manuales también atraviesan una transición. Plataformas como Selenium y Test.ai permiten automatizar procesos que antes requerían intervención humana, incrementando la precisión y la velocidad de las pruebas.

En el ámbito de la atención al cliente, la presencia de inteligencia artificial es igualmente notoria. Empresas como Zendesk e Intercom han integrado chatbots capaces de resolver consultas frecuentes, liberando a las personas para gestionar situaciones que exigen mayor análisis o sensibilidad.

Los empleos no los eliminará la IA

Para Bonnet, este tipo de automatización no significa la desaparición de empleos, sino su transformación. “Los roles en tecnología no desaparecen, cambian y requieren adaptarse”, afirma.

La demanda del mercado de trabajo se ha adaptado a esta realidad. Las empresas buscan cada vez más profesionales que comprendan y utilicen tecnologías de inteligencia artificial desde etapas iniciales de su carrera.

Ya no se trata solo de programar, sino de saber cómo interactuar con modelos de lenguaje avanzado y aprovechar soluciones inteligentes. Los candidatos que hayan trabajado con sistemas como ChatGPT, Claude o Gemini cuentan con ventajas competitivas, especialmente si han implementado estos recursos en productos o servicios.

Nuevos trabajos impulsados por la automatización

El fenómeno va más allá de la automatización. Surgen nuevos perfiles relacionados con la gestión y el uso de grandes volúmenes de datos. Los ingenieros y arquitectos de datos desempeñan un papel fundamental, mientras que la necesidad de diseñar interfaces intuitivas ha promovido la especialización de profesionales en experiencia de usuario (UX) con enfoque en inteligencia artificial.

Por otro lado, emergen figuras vinculadas a la ética, como el Ethics Officer, responsable de garantizar el uso justo y transparente de los algoritmos. Bonnet advirtió que toda implementación debe ser ética y responsable, posicionando este principio en el centro de sus iniciativas.

El reto actual, según Bonnet, consiste en que empresas y profesionales fomenten el aprendizaje continuo y una mentalidad ágil. La formación no solo debe orientarse a la adquisición de habilidades técnicas, también al desarrollo de competencias transversales como creatividad, liderazgo y empatía. Estas cualidades, asegura, resultan determinantes para que la tecnología se aplique de manera ética y efectiva.

Educación continua para administrar la IA

La educación permanente se convierte en una exigencia creciente. Bonnet refelxionó sobre adoptar la inteligencia artificial gradualmente e incentivar la innovación y la colaboración interna. “El aprendizaje ágil es clave, no solo para quienes programan, sino para todas las posiciones”, recalca.

A modo de complemento, Conchita Díaz, responsable de formación en inteligencia artificial y Big Data para Google Cloud en Europa, Medio Oriente y África, coincidió en que el avance tecnológico abre puertas más que cerrarlas.

Aunque los modelos generativos y las interfaces conversacionales evolucionan con rapidez, sostuvo que la empatía humana es irremplazable. Esto marca una diferencia esencial en ámbitos sensibles como la salud, la educación o el liderazgo, donde la calidad del vínculo humano define los resultados.

Según Díaz, la inteligencia artificial amplifica las capacidades cognitivas, pero jamás reemplaza la humanidad. La formación y el conocimiento seguirán diferenciando a los profesionales, y el desafío principal será liderar la transformación sin perder el foco en los valores que solo los seres humanos pueden aportar. La colaboración entre personas y tecnología representa, así, el verdadero motor del futuro laboral.

“La guerra por el talento en inteligencia artificial ha alcanzado niveles que habrían sido la pesadilla de Steve Jobs”, escribió Dave Lee para Bloomberg al analizar la feroz competencia entre las principales empresas tecnológicas por captar a los mejores ingenieros. El autor recordó cómo el cofundador de Apple Inc. se convirtió en el centro de atención en uno de los casos más evidentes de colusión -acuerdo ilegal entre empresas competidoras- en la historia de la industria tecnológica de Estados Unidos.

En 2005, Jobs envió un correo a Bruce Chizen, entonces director ejecutivo de Adobe Inc., que más tarde se presentó como prueba en una batalla legal entre el Departamento de Justicia, ocho compañías de Silicon Valley y decenas de miles de empleados que alegaron que sus salarios se vieron reprimidos por acuerdos secretos entre los directivos. Las empresas involucradas —Apple, Adobe, Google, Intel, Intuit, eBay, Pixar y Lucasfilm— terminaron pagando casi USD 500 millones en acuerdos.

Lee relató que Jobs, conocido por su estilo directo, también escribió en 2007 al presidente de Google, Eric Schmidt, para exigirle que su equipo de reclutamiento dejara de contactar a empleados de Apple. “Me complacería mucho que su departamento de reclutamiento dejara de hacer esto”, citó el autor, señalando que el reclutador fue despedido de inmediato. En otro episodio, el cofundador de Google, Sergey Brin, informó a sus colegas que recibió una llamada “airada” de Jobs, quien amenazó con “guerra” si Google continuaba intentando captar talento del equipo de navegadores web de Apple. Brin instruyó que no se hicieran más ofertas a empleados de Apple sin su permiso.

El economista Orley Ashenfelter, testigo en uno de los juicios civiles, afirmó: “No había duda de que estaban coludiendo”. Según Ashenfelter, el impacto legal “envió una lección al personal de recursos humanos de las distintas empresas sobre lo que realmente es apropiado hacer”. Lee planteó la pregunta: “¿Cuánto tiempo dura esa lección?”, sugiriendo que la situación actual podría estar marcando un cambio de paradigma.

En la actualidad, según expuso Lee en Bloomberg, los mismos actores se encuentran inmersos en una batalla sin restricciones por el talento en inteligencia artificial, donde los empleados tienen el control. “Los mejores ingenieros son cortejados como lanzadores estelares y mariscales de campo estrella”, escribió el autor, citando un informe de Wired que reveló que Meta Platforms Inc. ofrece “paquetes salariales de hasta USD 300 millones en cuatro años” para atraer a los mejores. Aunque Meta cuestionó la forma en que se presentó la información, Lee subrayó que la agresividad en la captación de talento está generando inquietud entre los líderes empresariales. “Siento una sensación visceral en este momento, como si alguien hubiera entrado en nuestra casa y robado algo”, expresó Mark Chen, director de investigación de OpenAI, en un memorando citado por Wired.

El autor señaló que, aunque pocos sentirán compasión por los altos ejecutivos, existen riesgos para el resto de los empleados. Ashenfelter advirtió que estos paquetes extraordinarios “trastocan las escalas de compensación que otorgan cierta apariencia de equidad en una empresa”. Deedy Das, inversor en inteligencia artificial de Menlo Ventures, declaró a Business Insider que existe una “sensación de celos, envidia e impotencia”.

Lee explicó que, a diferencia de Jobs, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, comprende que no puede impedir que otras empresas intenten captar a su personal mediante acuerdos secretos. Por un lado, los principales actores muestran un creciente desprecio mutuo. Más importante aún, las opciones para los ingenieros de inteligencia artificial no se limitan a las grandes empresas. Firas Sozan, director ejecutivo del grupo de reclutamiento tecnológico Harrison Clarke, observó: “En comparación con el pasado, no se necesitan tantos ingenieros para construir un producto. Creo que en parte por eso Mark Zuckerberg está haciendo esto, porque un ingeniero excepcional simplemente hablará con Intel Capital o Andreessen Horowitz y recibirá ofertas para fundar su propia empresa”.

En su artículo de Bloomberg, Lee sugirió que esta dinámica podría llevar a que las empresas tecnológicas intenten convencer a los trabajadores de que su labor es más una vocación que un simple empleo. “¿Estamos viendo que las razones para unirse a las empresas tienen menos que ver con la compensación y más con lo que realmente se está construyendo? 100%”, afirmó Sozan.

La estrategia de OpenAI para retener a sus empleados consiste en argumentar que la inteligencia artificial general es su único y verdadero objetivo, y que todo su trabajo está dedicado a alcanzarlo. En contraste, quienes trabajan en la inteligencia artificial de Meta dedican parte de su tiempo a pensar en cómo mejorar la entrega de videos virales de baja calidad. “Los misioneros vencerán a los mercenarios”, aseguró Altman a su equipo en un memorando.

El cofundador de OpenAI, Ilya Sutskever, quien dejó la empresa para fundar su propia startup, Safe Superintelligence, tranquilizó a sus empleados ante los rumores de que Meta intentó comprar a todo su equipo. “Tenemos la capacidad de cómputo, tenemos el equipo y sabemos qué hacer”, escribió Sutskever. “Juntos seguiremos construyendo una superinteligencia segura”. No obstante, parece que perdió a su director ejecutivo, Daniel Gross, quien se habría marchado a Meta.

Lee observó que el discurso de “trae tu ser completo al trabajo” perdió popularidad tras la ola de despidos pospandemia —que aún afecta a quienes no forman parte de los equipos de inteligencia artificial—, pero anticipó que podría surgir una nueva versión de este mensaje. Según el autor, las empresas de inteligencia artificial ya no pueden recurrir a las tácticas intimidatorias que empleó Jobs para evitar que sus empleados busquen mejores y más lucrativas oportunidades.

Ahora, los líderes deben persuadir a sus equipos de que su trabajo en inteligencia artificial será el que más trascenderá en la historia. Si los empleados aceptarán ese argumento, concluyó Lee en Bloomberg, es otra cuestión.

La historia de Edgar Julián y Héctor comienza como muchas otras, con una oferta laboral atractiva publicada en redes sociales, donde una supuesta vacante bien remunerada los llevó a salir de sus hogares en Jalisco y presentarse en la Nueva Central de Autobuses de Tlaquepaque, un sitio que en los últimos años se ha convertido en el punto de partida de múltiples desapariciones vinculadas al crimen organizado.

Ambos jóvenes, de 20 y 15 años respectivamente, fueron localizados el jueves 3 de julio en el Módulo 7 de dicha terminal por elementos de la Policía Municipal de Tlaquepaque. El comandante de la corporación confirmó en entrevista con N+ que “efectivamente los localizamos en el Módulo 7 de aquí de la Central, un mayor de edad, otro menor de edad. El mayor cuenta con ficha de desaparecidos, por lo que se pide mando y conducción del Ministerio Público. Al hacer la entrevista con las personas, nos dicen que fueron reclutados en el estado de Sinaloa”.

Según el testimonio de los jóvenes , tras aceptar la supuesta oferta laboral, fueron llevados a una zona rural del estado de Sinaloa, donde permanecieron en contra de su voluntad por cerca de tres meses. Durante ese tiempo, les retiraron sus teléfonos celulares y no pudieron establecer comunicación con sus familias.

Regreso a casa

Tras desaparecer, Edgar Julián fue reportado como desaparecido por sus familiares, mientras que en el caso de Héctor, no se presentó denuncia formal por su ausencia.

Aunque las autoridades no han precisado el lugar donde permanecieron, se presume que estuvieron retenidos en un campamento operado por un grupo criminal de la región. Según el testimonio de los jóvenes, en ese sitio fueron sometidos a entrenamientos vinculados con actividades ilícitas. No está claro si hubo amenazas directas, pero los informes coinciden en que no tenían libertad para salir ni para solicitar ayuda.

Tras lograr escapar de este centro de reclutamiento clandestino, ambos regresaron a Jalisco por sus propios medios. Fue en la misma central camionera donde fueron localizados y puestos bajo resguardo, elementos de la Policía de Tlaquepaque los trasladaron de inmediato para una evaluación médica.

De acuerdo con el periodista Juan Pablo Ortega, ambos se encontraban en buen estado de salud al momento de ser atendidos.

Los últimos reportes indican que Edgar y Héctor están bajo la protección de las autoridades estatales, quienes los canalizaron al sistema de atención a víctimas para que recibieran ayuda médica y psicológica.

Aunque no se ha confirmado si los jóvenes se conocían previamente o si fueron reclutados por las mismas personas, su caso encendió nuevamente las alertas sobre el uso de la Nueva Central de Autobuses como un punto clave para el enganche de víctimas.

El fenómeno no es nuevo, en marzo de 2025 del Rancho Izaguirre, un lugar vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) donde se descubrió un campo de entrenamiento y presuntamente un centro relacionado con desapariciones forzadas y violencia organizada.

Inicialmente, colectivos de búsqueda y la sociedad lo calificaron como un “campo de exterminio” debido a la presencia de restos humanos, ropa, zapatillas y rastros de hogueras, lo que generó gran indignación pública y un fuerte impacto mediático y social por la crisis de desapariciones en México, actualmente con 123 millones 808 personas no localizadas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Sin embargo, la historia de estos dos jóvenes evidencia que muchos sí logran ser trasladados a otros estados, como Sinaloa, donde son integrados a dinámicas criminales.

Por ahora, la identidad de quienes operaban el campamento permanece bajo investigación, al igual que su ubicación exacta. Las autoridades no han emitido información sobre posibles detenidos ni sobre redes de trata o reclutamiento, mientras tanto, las víctimas permanecen a salvo, aunque marcados por una experiencia que podría haberse convertido en una tragedia más en la larga lista de desapariciones en México.

Observando a través de un denso bosque a las afueras de la capital de Dinamarca, con pintura de camuflaje en su rostro, Katrine, de 20 años, escruta el horizonte en busca de amenazas que se aproximen.

Después de casi cuatro meses de entrenamiento militar, la joven soldado y el resto de su unidad pasaron principios de junio completando sus ejercicios finales cerca de los cuarteles del ejército danés en Hovelte, 25 kilómetros al norte de Copenhague.

Katrine y otras soldados, todas las cuales hablaron con The Associated Press el 11 de junio bajo la condición de que solo se usaran sus nombres de pila por razones de seguridad operativa, se ofrecieron como voluntarias para el servicio militar a principios de este año. Hasta ahora, esa era la única forma en que las mujeres podían formar parte de las fuerzas armadas.

El país escandinavo busca aumentar el número de jóvenes en el Ejército extendiendo el alistamiento obligatorio a las mujeres por primera vez. Tanto hombres como mujeres aún pueden ser voluntarios, y los huecos restantes se llenarán mediante un sorteo de reclutamiento neutral en cuanto al género.

“En la situación en la que se encuentra el mundo ahora, es necesario”, dijo Katrine. “Creo que es justo y correcto que las mujeres participen en igualdad de condiciones con los hombres”.

Segúno las nuevas reglas aprobadas por el parlamento danés a principios de junio, las mujeres danesas que cumplan 18 años después del martes serán incluidas en el sistema de lotería, en igualdad de condiciones con sus compatriotas varones. El cambio se produce en un contexto de agresión rusa y creciente inversión militar en los países de la OTAN.

La amenaza inminente de Rusia

Incluso desde la relativa seguridad de Dinamarca, la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia proyecta su sombra. Las lecciones de los campos de batalla ucranianos incluso se han filtrado en su entrenamiento.

“Eso lo hace muy real”, dijo Katrine.

Las reformas de paridad de género de Dinamarca se delinearon originalmente en 2024 como parte de un importante acuerdo de defensa. Se esperaba que el programa se implementara originalmente a principios de 2027, pero se ha adelantado al verano de 2025.

El coronel Kenneth Strøm, jefe del programa de reclutamiento, dijo a AP que la medida se basa en “la situación de seguridad actual”.

“Podrían participar en la disuasión colectiva de la OTAN”, agregó Strøm. “Aumentar el número de reclutas simplemente llevaría a más poder de combate”.

Dinamarca, una nación de seis millones de personas, tiene alrededor de 9.000 soldados profesionales. Se espera que el nuevo arreglo traiga hasta 6.500 reclutas anuales para 2033, frente a los 4.700 del año pasado.

Según la ley danesa, todos los hombres físicamente aptos mayores de 18 años son llamados al servicio militar. Pero como suele haber suficientes voluntarios, hay un sistema de lotería para que no todos los jóvenes sirvan. Las mujeres, en cambio, solo podían ser voluntarias hasta ahora, y suponían en torno a una cuarta parte del grupo de 2024.

“Probablemente algunas estarán muy decepcionadas al ser elegidas para ingresar al ejército”, dijo Anne Sofie, parte del grupo de voluntarias de Katrine, sobre las nuevas reclutas femeninas. “Probablemente algunas se sorprenderán y les gustará mucho más de lo que piensan”.

La duración del servicio también se ha ampliado de cuatro a 11 meses. Los reclutas harán primero cinco meses de entrenamiento básico, seguidos de seis meses de servicio operativo, además de lecciones adicionales.

Refuerzo militar

La medida forma parte de un auge militar más amplio por parte de la nación nórdica.

En febrero, el gobierno danés anunció planes para fortalecer su ejército estableciendo un fondo de 7.000 millones de dólares que, según dijo, elevaría el gasto en defensa del país a más del 3% del producto interno bruto este año. Partes del programa de reclutamiento se financian con el llamado Fondo de Aceleración.

“Vemos una situación de seguridad agudizada en Europa. Tenemos el conflicto en curso en Ucrania. Tenemos presencia en los países bálticos, donde Dinamarca está contribuyendo con muchos soldados. Así que creo que es un esfuerzo general para fortalecer la defensa danesa”, dijo la investigadora Rikke Haugegaard del Real Colegio Danés de Defensa.

Pero Haugegaard señala que hay muchos desafíos, desde equipos que no se ajustan bien y falta de cuarteles adicionales hasta posibles casos de acoso sexual.

“Durante el próximo año o dos, construiremos muchos edificios nuevos para acomodar a todas estas personas. Así que será un proceso gradual”, agregó.

En 2017, la vecina Suecia introdujo un reclutamiento militar para hombres y mujeres después de que su gobierno hablara de un deterioro de la seguridad en Europa. Noruega introdujo su propia ley aplicando el reclutamiento militar a ambos sexos en 2013.

La búsqueda de empleo y el proceso de selección de talento han cambiado para siempre. En Perú, el 88 % de los especialistas en recursos humanos ya realiza contrataciones a través de plataformas digitales, marcando una nueva era en el mercado laboral nacional. Este cambio, acelerado por la transformación digital y el auge del trabajo remoto, posiciona al país en uno de los primeros lugares de la región en cuanto a adopción de herramientas online para reclutar personal.

Según el estudio “Reclutamiento y Postulación Digital 2025″ de la firma Bumeran, Panamá lidera la región con un 94 % de reclutadores que optan por lo digital, seguido de cerca por Chile (88 %), Argentina (85 %) y Ecuador (81 %). Perú no se queda atrás, y esta cifra no solo refleja una tendencia, sino una realidad consolidada: si no estás en internet, no existes para los cazatalentos.

Currículum online: clave para destacar en un mercado competitivo

En este escenario cada vez más digitalizado, tener un CV actualizado y cargado en línea ya no es una recomendación: es una necesidad. El 84 % de los reclutadores peruanos considera que es “muy importante” que los talentos mantengan su hoja de vida al día en plataformas especializadas. Solo un reducido 4 % cree que no tiene relevancia.

¿Por qué este detalle es tan crucial? El 76 % de los especialistas argumenta que la disponibilidad inmediata del perfil permite evaluar a los candidatos en cualquier momento, sin necesidad de coordinar procesos engorrosos o solicitar documentos por separado. Además, el 72 % afirma que esto simplifica el proceso de selección, haciéndolo más rápido y eficiente. Otro 40 % destaca que tener un CV digital permite conocer de inmediato el crecimiento profesional del candidato: nuevas habilidades, cursos, certificaciones o logros recientes.

LinkedIn, Bumeran, Computrabajo y otras plataformas son hoy vitrinas de talento, donde estar presente con un perfil completo y bien armado es casi equivalente a tener una entrevista asegurada.

Ventajas del reclutamiento digital: más alcance, menos barreras

Las ventajas del reclutamiento online son múltiples y no solo benefician a las empresas, sino también a los propios postulantes. Según el estudio, el 56 % de los reclutadores destaca la flexibilidad del proceso como el principal beneficio. Otro 48 % menciona que se amplía considerablemente el abanico de opciones, permitiendo encontrar candidatos más diversos y con perfiles que antes eran difíciles de alcanzar.

Además, la posibilidad de conectar con talentos en cualquier parte del mundo es vista como un gran plus por otro 48 % de los especialistas. Esta apertura global permite a las empresas peruanas —grandes y pequeñas— competir por profesionales de alto nivel, incluso fuera de sus fronteras.

El uso de herramientas digitales específicas también se ha vuelto parte fundamental del día a día en los equipos de recursos humanos: el 76 % las utiliza para publicar ofertas de empleo, y el mismo porcentaje las emplea para buscar y filtrar candidatos. A esto se suma un 40 % que ya recurre a herramientas tecnológicas para evaluar competencias y habilidades específicas de los postulantes antes de una entrevista presencial.

El futuro del reclutamiento: inteligencia artificial y experiencia personalizada

Los próximos cinco años prometen una evolución aún más rápida. El 60 % de los expertos consultados proyecta un uso intensivo de inteligencia artificial para procesos de selección automatizados, desde análisis de compatibilidad hasta entrevistas simuladas. Un 36 % va más allá y anticipa que el reclutamiento será completamente digital, desde el primer clic hasta la firma del contrato.

Sin embargo, no todo se reducirá a algoritmos. Un 4 % de los reclutadores cree que la clave del futuro estará en ofrecer una experiencia de reclutamiento personalizada, donde el candidato se sienta valorado desde el primer contacto. Esto podría significar comunicaciones más humanas, procesos transparentes y un trato más cercano, incluso en entornos digitales.

En este nuevo ecosistema laboral, adaptarse no es opcional. Para quienes están en búsqueda activa de empleo o desean avanzar en su carrera, tener visibilidad digital ya no es una ventaja competitiva, sino una condición indispensable para mantenerse en el radar de las empresas.

¿Cómo enfrentar la incertidumbre laboral?

La incertidumbre se ha convertido en una constante en el mundo profesional. Cambios tecnológicos, crisis económicas, reorganizaciones internas o eventos inesperados pueden generar frustración, ansiedad y falta de dirección. Con ese enfoque, la plataforma educativa MCampus ComunidAD, impulsada por Arcos Dorados, operadora de McDonald’s en América Latina y el Caribe, pone a disposición de manera gratuita el curso: “El profesional antifrágil”, pensado para quienes buscan no solo adaptarse, sino salir fortalecidos ante escenarios de cambio y presión constante.

“Hoy más que nunca es importante prepararnos para lo incierto. La realidad laboral ha cambiado y ya no basta con ser resilientes: necesitamos desarrollar habilidades que nos permitan crecer incluso en medio del caos. Desde MCampus ComunidAD buscamos acompañar a los jóvenes en ese proceso, ofreciéndoles herramientas prácticas para enfrentar la frustración, aprender de los errores y construir una actitud más fuerte y flexible frente a los desafíos”, señaló Carlos Silva, jefe de Comunicaciones de Arcos Dorados Perú.

En línea con ello, el espacio educativo destacó cuáles son las cinco claves que describen a este tipo de profesional:

1. No controlar todo: La tentación de tener todo bajo control puede generar más ansiedad que seguridad. Aceptar que el azar y lo inesperado forman parte de la vida profesional permite ser más flexible, soltar el perfeccionismo y adaptarse mejor a los cambios.
2. Elija lo básico: En un mundo complejo, optar por reglas simples puede ser la mejor estrategia. Tomar decisiones basadas en principios claros y esenciales permite actuar con mayor agilidad y reducir el margen de error en contextos de incertidumbre.
3. ¡Sea audaz!: Ser antifrágil también significa atreverse. Tomar riesgos medidos, salir de la zona de confort y aprender del error son pasos necesarios para crecer. La clave está en asumir desafíos sin perder de vista los límites que pueden comprometer lo esencial.
4. Mente abierta: La mentalidad antifrágil se alimenta de la apertura. Escuchar ideas distintas, considerar nuevas alternativas y estar dispuesto a cambiar de opinión son actitudes clave para adaptarse a escenarios complejos con mayor inteligencia emocional.
5. Foco en la prevención: Prevenir es más poderoso que reaccionar. Identificar puntos débiles y trabajar en fortalecerlos antes de que se conviertan en problemas reales es esencial. Este enfoque permite construir una base más sólida para enfrentar cualquier desafío futuro.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reconoció que hay grupos criminales en México que se han dedicado a reclutar a personas de Colombia con perfil militar, con la finalidad de que se sumen a sus filas delictivas.

Al presentar los avances del Gabinete de Seguridad, Harfuch se pronunció por la detención de 17 personas presuntamente relacionadas con un ataque a militares, perpetrado en una zona limítrofe entre los estados de Michoacán y Jalisco.

Se pudo comprobar que, entre las personas detenidas, había 12 de origen colombiano. Harfuch detalló que 9 son exmilitares y tres civiles. Todos ellos presuntamente participaron en la muerte de ocho militares.

“Los detenidos están involucrados en el evento donde perdieron la vida ocho elementos del Ejército por la explosión de una narcomina en los límites de Jalisco y Michoacán”, expuso el secretario de Seguridad sobre los hechos registrados el 29 de mayo.

Al respecto, Harfuch señaló que ha mantenido comunicación con las autoridades colombianas para evitar que más exmilitares del país sudamericano sean reclutados por los grupos criminales de México.

“Se ha detectado un patrón de reclutamiento de este tipo de perfiles por parte de grupos delictivos en nuestro país, por lo que ya tenemos comunicación y coordinación con las autoridades de Colombia para impedir que continúen estas actividades de reclutamiento”

Al ser cuestionado por medios de comunicación sobre el tema, Harfuch precisó que ninguno de los colombianos detenidos es militar en activo. “Son 9 exmilitares y tres personas con entrenamiento militar”, aclaró.

Según la información recabada en entrevistas, todos ellos ingresaron a territorio nacional por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). “Algunos mencionaron que sí fueron cooptados por un grupo delictivo”, agregó.

Respecto a la posibilidad de que entre los detenidos hubiera exguerrilleros, Harfuch indicó que ninguno está vinculado con algún grupo armado, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Cabe destacar que, tras su detención, los 11 colombianos fueron vinculados a proceso por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Y es que durante el operativo se aseguraron siete réplicas de armas largas, cargadores, cartuchos, 41 artefactos explosivos, un cubeta con pólvora negra, 13 placas balísticas y cuatro vehículos.

Como parte de la coordinación con autoridades colombianas, Harfuch informó que se han regresado a su país a 69 personas. Asimismo, aseguró que entre las agrupaciones que se dedican a reclutar a exmilitares de Colombia se encuentra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la información obtenida por el medio norteamericano, Meta se prepara para implementar inteligencia artificial en varias etapas de su proceso de reclutamiento durante la segunda mitad del año. El objetivo principal consiste en automatizar tareas administrativas, como la asignación de entrevistadores a candidatos, la transcripción de notas de entrevistas y la detección de publicaciones de empleo duplicadas o superpuestas.

Además, la empresa busca que la IA ayude a los entrevistadores con la generación de preguntas y la programación de entrevistas, teniendo en cuenta las preferencias individuales sobre la cantidad de entrevistas internas o externas que desean realizar semanalmente.

El documento también señala que el asistente de IA llevará un registro de las habilidades de los entrevistadores, incluyendo los idiomas que dominan, lo que permitirá una mejor asignación de personal a las entrevistas según las necesidades específicas de cada puesto. Según consignó Business Insider, la meta de Meta es lograr que sus procesos de contratación sean más eficientes, flexibles y adaptables, además de mejorar la tasa de cumplimiento de los entrevistadores.

Un portavoz de Meta declaró al medio: “Como muchas otras empresas, estamos utilizando IA para hacer que el reclutamiento sea más eficiente y emparejar a los candidatos con los puestos vacantes más rápidamente. Las conversaciones entre humanos seguirán siendo parte del proceso de entrevistas, eso no cambiará”. Esta declaración subraya que, a pesar de la automatización, la interacción humana continuará siendo un elemento central en la selección de personal.

La apuesta de Meta por la inteligencia artificial no se limita al área de recursos humanos. La compañía ha invertido en agentes de codificación y en un centro de datos de tamaño comparable al de Manhattan, lo que refleja su compromiso con la integración de la IA en diversas áreas de su operación.

El uso de inteligencia artificial en los procesos de contratación no es exclusivo de Meta. Otras grandes empresas tecnológicas, como Amazon, también han adoptado herramientas de IA para filtrar candidatos y asignarles roles adecuados. Sin embargo, Amazon ha manifestado su oposición a que los postulantes utilicen herramientas de IA para obtener ventajas en las entrevistas, y ha tomado medidas para restringir el uso de asistentes de codificación y aplicaciones tipo “teleprompter” por parte de los aspirantes, según reportó Business Insider.

La tendencia hacia la adopción de inteligencia artificial en el reclutamiento se extiende a un número creciente de empresas. El informe “Future of Recruiting 2025” de LinkedIn, publicado en febrero, reveló que el 37% de las organizaciones encuestadas estaban “integrando activamente” o “experimentando” con herramientas de IA en sus procesos de contratación, un aumento respecto al 27% registrado el año anterior.

El documento interno de Meta enfatiza que la automatización de ciertas funciones busca no solo agilizar el proceso de selección, sino también adaptarlo a las necesidades cambiantes del mercado laboral y mejorar la experiencia tanto de los candidatos como de los entrevistadores. La implementación de inteligencia artificial permitirá a la empresa identificar áreas de mejora en la conducta de los entrevistadores y garantizar que las preguntas formuladas durante las entrevistas sean inclusivas y pertinentes.

Según publicó Business Insider, la integración de la IA en el área de recursos humanos de Meta representa un paso más en la estrategia de la compañía para consolidarse como líder en innovación tecnológica, al tiempo que responde a la creciente demanda de procesos de contratación más ágiles y personalizados. La empresa espera que estas medidas contribuyan a optimizar la selección de talento y a mantener la competitividad en un entorno donde la tecnología redefine constantemente las prácticas laborales.

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han anunciado este domingo la detención de un presunto combatiente del grupo yihadista Estado Islámico (EI) que "reclutaba jóvenes" en el campamento de refugiados de Al Hol, situado en el noreste del país árabe.

"El terrorista conocido como Saleh Ali Salman Ali, que responde a los apodos de 'Abu Jair Alá' y 'Abu Awab', de nacionalidad iraquí (...) participó inicialmente en numerosas batallas con la organización terrorista contra el Ejército iraquí", han explicado a través de su canal de prensa en Telegram.

El detenido habría llegado al campamento de Al Hol como refugiado tras la derrota de Estado Islámico en Irak, y una vez en él "reanudó su trabajo con la organización terrorista como miembro de seguridad", reclutando jóvenes y transmitiendo información del campamento y de las células presentes en el mismo, según reza el comunicado.

En el texto, las FDS han reafirmado su compromiso contra Estado Islámico, recalcando que "no permitirán que nadie desestabilice la seguridad y la estabilidad de la región y su pueblo".

Más de 40.000 personas de más de 60 nacionalidades, la mayoría de ellos menores de edad, permanecen retenidas en los campamentos de Al Hol y Al Roj bajo custodia de las milicias de las FDS. La mayoría son familiares de combatientes de Estado Islámico apresados tras la derrota del "califato" en 2017. Los retenidos europeos son aproximadamente 3.800.

La red criminal detrás del reclutamiento de menores en México suma un nuevo episodio: este martes, dos jóvenes provenientes de Michoacán fueron rescatados en la Central Camionera Nueva de Tlaquepaque, Jalisco, luego de ser contactados por redes sociales con una falsa oferta de trabajo.

Según reveló el periodista Héctor de Mauleón en su columna “Los jóvenes son el blanco”, publicada este jueves, dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, llegaron a la central camionera de Tlaquepaque, Jalisco, el 27 de mayo tras ser contactados vía Facebook con la promesa de empleo y un sueldo mensual de cinco mil pesos. El destino final sería San Cristóbal de la Barranca.

Una joven mujer, identificada como Monserrat “N”, debía recogerlos. Sin embargo, la actitud sospechosa de la intermediaria alertó al mayor de los dos jóvenes, quien hizo señas a elementos de la policía estatal que vigilaban el lugar. Los agentes intervinieron y notaron evasivas y nerviosismo en la mujer, lo que derivó en una inspección más detallada.

Poco después, dos hombres se acercaron. De acuerdo con información extraoficial citada por De Mauleón, eran policías municipales de San Cristóbal de la Barranca y viajaban en una camioneta oficial rotulada con el número SC04. Su objetivo era trasladar a los jóvenes al municipio mencionado.

Durante la intervención, Monserrat confesó que actuaba como intermediaria a cambio de tres mil pesos, monto que sería repartido con sus cómplices. El gobernador de Jalisco confirmó que los dos policías detenidos afirmaron ser familiares de Karina Guzmán, alcaldesa de San Cristóbal de la Barranca. Ella negó cualquier vínculo y solicitó una investigación profunda.

Este caso ocurre apenas dos meses después del hallazgo del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, donde se presume operaba un centro de reclutamiento y exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación. El alcalde de ese municipio, José Ascensión Murguía, fue detenido por sus presuntos vínculos con el cártel.

Tlaquepaque, epicentro de desapariciones

La Central Camionera Nueva de Tlaquepaque ha sido reforzada por autoridades estatales y federales, pero continúa siendo un punto crítico. De octubre a la fecha, 35 personas —incluidos 13 menores— han sido rescatadas de intentos de reclutamiento en ese sitio, según cifras oficiales.

El fenómeno va en ascenso. Un reportaje publicado el mismo día por Animal Político reveló que, durante los primeros cinco meses de 2025, más de mil adolescentes de entre 15 y 19 años han sido reportados como desaparecidos en México. Esto representa un incremento del 75% respecto al mismo periodo de 2024, que ya había sido el año con más desapariciones de jóvenes.

El caso ha reavivado críticas por la falta de un tipo penal específico que sancione el reclutamiento de menores. Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, lamenta que, pese a los llamados de la ONU desde 2011, México no haya tipificado el reclutamiento como delito, lo que pone en riesgo los procesos judiciales en curso.

De hecho, existe el temor de que los detenidos en Tlaquepaque sean liberados por esta laguna legal.

Por su parte, la agencia Reuters difundió este miércoles un reportaje donde señala que los cárteles operan una estrategia deliberada para captar menores a través de redes sociales, chats de videojuegos y plataformas como TikTok, Facebook y YouTube.

Se estima que entre 35 mil y 45 mil menores son reclutados cada año por organizaciones criminales en México. Entre 150 mil y 250 mil más se encuentran en riesgo inminente.

Las cifras oficiales, como advierte De Mauleón, contradicen los discursos de “avances” de las autoridades. La realidad es que los jóvenes siguen siendo el blanco preferido del crimen organizado, en un país donde la impunidad y la omisión institucional continúan marcando la pauta.

Por buenas o malas razones, ha llegado la nueva generación de entrevistas laborales: los empleadores están implementando inteligencia artificial que simula llamadas de selección en vivo, de doble vía, utilizando voces sintéticas.

Startups como Apriora, HeyMilo AI y Ribbon afirman que su software para entrevistas en tiempo real con IA está siendo adoptado rápidamente. Los candidatos conversan con un “reclutador” de inteligencia artificial que hace preguntas de seguimiento, evalúa habilidades clave y entrega retroalimentación estructurada a los encargados de contratación. La idea es hacer que el proceso sea más eficiente para las empresas y más accesible para los postulantes, sin que los reclutadores estén conectados las 24 horas.

“Hace un año esta idea parecía una locura”, dijo Arsham Ghahramani, cofundador y director ejecutivo de Ribbon, una startup de reclutamiento por IA con sede en Toronto que recientemente recaudó 8,2 millones de dólares en una ronda de financiación liderada por Radical Ventures. “Ahora está bastante normalizada”.

A los empleadores les atrae el ahorro de tiempo, especialmente si están contratando a gran escala y realizan cientos de entrevistas al día. Y los candidatos —en especial en sectores como el transporte de carga o la enfermería, donde los horarios son irregulares— pueden valorar la posibilidad de hacer entrevistas en horarios poco habituales, aunque la mayoría de los estadounidenses encuestados el año pasado por Consumer Reports dijeron sentirse incómodos con la idea de que algoritmos evaluaran entrevistas grabadas.

En Propel Impact, una organización canadiense de inversión con impacto social, el cambio a entrevistas de selección con IA surgió de la necesidad de escalar el proceso de contratación. Tradicionalmente, se basaban en postulaciones escritas y entrevistas realizadas por exalumnos. Pero con planes de incorporar a más de 300 becarios este año, ese enfoque se volvió insostenible. Al mismo tiempo, el auge de ChatGPT estaba diluyendo el valor del material escrito. “Todos eran iguales”, dijo Cheralyn Chok, cofundadora y directora ejecutiva de Propel. “Misma sintaxis, mismos patrones”.

La tecnología que permite a la IA conversar con candidatos en pantalla lleva años en desarrollo. Empresas como HireVue fueron pioneras en entrevistas en video unidireccionales y asincrónicas a inicios de la década de 2010, y luego añadieron puntuaciones automatizadas mediante el análisis de expresiones faciales y palabras clave, características que generaron tanto interés como críticas. Sin embargo, esas plataformas ofrecían una experiencia estática: candidatos hablando frente a una pantalla sin interacción, dejando respuestas grabadas para ser revisadas más tarde.

No fue hasta el lanzamiento público de modelos de lenguaje como ChatGPT, a fines de 2022, que los desarrolladores empezaron a imaginar —y construir— algo más dinámico. Ribbon se fundó en 2023 y comenzó a vender su producto al año siguiente. Ghahramani indicó que la empresa firmó cerca de 400 clientes en ocho meses. HeyMilo y Apriora se lanzaron en fechas similares y también reportan crecimiento acelerado, aunque no compartieron cifras.

“Durante el primer año de ChatGPT, los reclutadores no estaban convencidos”, dijo Sabashan Ragavan, CEO de HeyMilo. “Pero la tecnología ha mejorado mucho con el tiempo”.

Fallas técnicas

Aun así, la implementación no ha estado libre de errores. Algunos videos en TikTok muestran a los bots de entrevistas repitiendo frases o malinterpretando respuestas simples. Uno de los casos más compartidos mostraba a un entrevistador de IA creado por Apriora repitiendo la frase “vertical bar pilates”. Aaron Wang, cofundador y director ejecutivo de Apriora, atribuyó el error a una mala lectura del modelo de voz del término “Pilates”. Afirmó que el problema se resolvió rápidamente y que estos casos son poco frecuentes.

“No siempre lo haremos perfecto”, dijo. “La tasa de incidentes es muy inferior al 0,001%”.

Chok señaló que Propel Impact también ha observado fallos menores, aunque no estaba claro si se debían a Ribbon o a la conexión de internet del candidato. En esos casos, el postulante simplemente reiniciaba el proceso.

Braden Dennis, quien usa chatbots para entrevistar en su startup de investigación en inversiones con IA llamada FinChat, comentó que la IA tiene dificultades cuando los candidatos hacen preguntas de seguimiento específicas. “Definitivamente es una conversación muy unilateral”, dijo. “Especialmente cuando el candidato pregunta por detalles del puesto. Esas preguntas pueden ser difíciles para la IA”.

Las startups destacan su monitoreo y soporte. HeyMilo cuenta con un equipo de soporte 24/7 y alertas automáticas para detectar desconexiones o fallos. “La tecnología puede fallar”, dijo Ragavan, “pero hemos creado sistemas para detectar esos casos extremos”.

Ribbon tiene un protocolo similar: cada vez que un candidato pulsa el botón de soporte, se activa una alerta al CEO. “Las entrevistas son momentos críticos”, dijo Ghahramani. Aunque los videos de errores no favorecen al sector, considera que los TikToks que se burlan de estas herramientas son señal de que la tecnología está entrando al uso generalizado.

Preparación de los candidatos

Los postulantes a FinChat, que usa Ribbon para entrevistas de selección, son informados desde el inicio de que hablarán con una IA y que el equipo es consciente de que puede sentirse impersonal.

“Les avisamos cuando les enviamos el enlace que sabemos que es un poco distópico y que quita el ‘humano’ de recursos humanos”, dijo Dennis. “Eso no se nos escapa”.

Aun así, el formato asincrónico permite ampliar la base de talento y evitar que se pasen por alto buenos candidatos. “Algunas personas se retiraron del proceso cuando les envié el enlace de la IA”, dijo. “Al final del día, también somos una empresa de IA, así que si eso es un filtro fuerte, está bien”.

Propel Impact prepara a los candidatos comunicando abiertamente sus razones para usar IA en entrevistas, y ofrece sesiones informativas lideradas por humanos para mantener una conexión. “Mientras las empresas sigan ofreciendo puntos de contacto humanos, estas herramientas se verán cada vez más frecuentemente”, dijo Chok.

Los reguladores ya están prestando atención. Aunque en teoría las herramientas de entrevistas con IA prometen transparencia y equidad, podrían enfrentar mayor escrutinio por cómo califican a los candidatos y si refuerzan sesgos a gran escala. Illinois exige que las empresas revelen si una IA analiza los videos de entrevistas y obtengan el consentimiento de los candidatos, mientras que Nueva York obliga a realizar auditorías anuales de sesgo para cualquier herramienta automatizada de contratación usada localmente.

Más allá de las llamadas de selección

Aunque hoy la tecnología se usa principalmente en etapas iniciales, Ghahramani dijo que el 15% de las entrevistas en Ribbon ahora se hacen en etapas posteriores, comparado con solo el 1% hace unos meses. Esto sugiere que los clientes están ampliando los usos de la herramienta.

Algunos empleadores están usando entrevistas por IA para recoger expectativas salariales o opiniones sobre el proceso, conversaciones potencialmente incómodas que candidatos y gerentes podrían preferir dejar en manos de un bot.

En ciertos casos, se usan entrevistas con IA para evaluaciones técnicas o incluso para reemplazar entrevistas humanas de segunda ronda. “Es posible comprimir etapas”, dijo Wang. “Esa primera conversación puede cubrir desde ‘¿Está autorizado para trabajar aquí?’ hasta preguntas técnicas específicas”.

Aunque la IA cubra más partes del proceso, la mayoría de las empresas la ven como una herramienta para recopilar información, no para tomar decisiones finales. “No creemos que la IA deba tomar la decisión de contratación”, dijo Ragavan. “Solo debe recoger datos que respalden esa decisión”.

(c) 2025 , Bloomberg

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) anunciaron la entrega de tres hombres que pertenecerían a las filas del grupo armado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo.

En un comunicado publicado en las redes sociales, la organización criminal señaló que los tres jóvenes fueron entregados a una comisión de la Defensoría del Pueblo, y afirmaron que los hoy liberados habrían estado involucrados en actividades delictivas en la región Caribe, especialmente en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar.

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“Estos jóvenes tenían un solo objetivo específico, entre los cuales están: el homicidio ocurrido en la cancha del barrio El Pando (Santa Marta), donde hirieron aproximadamente a cinco personas, donde resulto herido un menor de 11 años poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos de bien”, aseguró el grupo armado en un video publicado en las redes sociales.

Los jóvenes fueron identificados como Anthony Javier Lara Cantillo, originario de Ciénaga, Magdalena; Jesús Miguel Narváez Vega, residente del barrio La Paz; y Sebastián David Gutiérrez Jiménez, del barrio Primero de Mayo, ambos de la capital de Magdalena.

El grupo armado también señaló que los jóvenes habían sido reclutados por Jesús Yánez, conocido como alias Periquito, el cual opera desde el módulo 5 de la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta (norte de Colombia). Además, indicaron que las acciones de estos individuos estaban bajo el mando de alias Mono Copete, señalado cabecilla del EGC.

Finalmente, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada enfatizaron que su conflicto no es con el pueblo ni con el Estado colombiano, agregando ser respetuosos con la fuerza pública y aseguraron que su propósito es proteger a la población.

“Reiteramos que nuestra organización es la que tiene el control en el Magdalena y sus alrededores y nos vamos a permitir que ningún grupo armado ilegal diferente a nuestra organización ingresen a nuestro territorio. Samario, siéntase seguro que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta estamos para ustedes, del pueblo y para el pueblo”, expresaron en el comunicado.

Acsn amenazaron al Clan del Golfo

Este evento se suma a una serie de tensiones en la región, donde grupos armados como las Acsn y el Clan del Golfo mantienen una presencia significativa.

De hecho, el lunes 19 de mayo, este grupo armado negaron cualquier implicación en los recientes ataques contra las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia en la región Caribe, y responsabilizaron al Clan del Golfo como responsable de los actos de violencia que han afectado a campesinos, comerciantes y miembros de la fuerza pública en el departamento de La Guajira.

En un video difundido en las redes sociales, el grupo alzado en armas reiteraron su compromiso de garantizar la seguridad de los campesinos, comerciantes y lo que describen como “personas de bien”.

En sus palabras, “nuestra organización no va ni nos prestamos para ningún atropello hacia las fuerzas públicas ni Fuerzas Armadas de Colombia. Por lo tanto, seguimos prestos, brindándole la seguridad a nuestros campesinos y comerciantes y personas de bien”.

En el mismo comunicado, las Acsn lanzaron amenazas directas contra el Clan del Golfo, también conocido como los Gaitanistas. Según lo expresado en el video, un grupo urbano bajo el mando del Comando Menor estaría preparado para combatir y eliminar a los miembros de esta organización criminal y a sus colaboradores. “Seguimos en pie de lucha por nuestra ciudad y nuestra región”, añadieron.

Incluso, esta organización dieron un plazo de 24 horas para que los integrantes de dicho grupo armado abandonen la ciudad.

“Le damos 24 horas para que desalojen la ciudad, de lo contrario serán objetivo militar de nuestra organización (...) Y esto no es una amenaza, es una advertencia”, concluyeron.

Por el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento sobre el video en cuestión; entre tanto, la comunidad mantiene el temor y zozobra ante los hechos de violencia que se podrían presentar en la región.

El Ejército Mexicano ofrece diversas oportunidades laborales para ciudadanos interesados en formar parte de las Fuerzas Armadas, proporcionando una carrera enfocada en la defensa y el servicio al país. Entre las opciones disponibles se incluyen tanto plazas para personal activo como plazas administrativas y de apoyo logístico

Esta institución cuenta con prestaciones sociales, entre las que se incluyen servicios médicos para el personal y sus familias, pensiones, vivienda y acceso a programas educativos. También ofrece estabilidad laboral y la oportunidad de servir en una institución que desempeña un papel fundamental en la seguridad y el bienestar del país.

Sin embargo, el reclutamiento del ejército es un proceso estructurado que comienza con la inscripción, donde los aspirantes deben presentar una serie de documentos, como acta de nacimiento, comprobante de estudios, identificación oficial y cartilla del Servicio Militar Nacional en caso de ser hombres, además de contar con un límite de edad.

El límite de edad del Ejército Mexicano

De acuerdo con el reglamento de reclutamiento de personal para el ejército y fuerza aérea mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Nación (DOF) se establecen diferentes límites de edad dependiendo del tipo de función que se busque desempeñar en la institución, las cuáles son:

Soldado de tropa: para el reclutamiento directo al Ejército Mexicano en áreas como Infantería, Caballería, Artillería, etc., la edad mínima es de 18 años cumplidos, y la edad máxima es de 29 años, 11 meses y 30 días. Este límite asegura que los soldados tengan la condición física necesaria para las demandas del servicio activo.

El Artículo 17, fracción III, establece que los aspirantes no deben ser mayores de 30 años, aunque este límite se precisa en convocatorias recientes como 29 años, 11 meses y 30 días para tropa.

Técnico o especialista: para personal técnico o especialista (por ejemplo, en áreas como medicina, ingeniería, o cuerpos especiales), la edad máxima estándar es de 32 años. Sin embargo, la Sedena puede autorizar el ingreso de personas mayores de 32 años, hasta los 40 años, si las necesidades del servicio lo justifican (por ejemplo, para roles altamente especializados donde haya escasez de candidatos).

El Artículo 17, fracción III, indica que el personal técnico o especialista no puede ser mayor de 32 años, salvo autorización de la Sedena para mayores de esta edad.

Servicio Militar Nacional: el Servicio Militar Nacional (SMN) es obligatorio para hombres mexicanos de 18 años, pero los voluntarios pueden participar en programas encuadrados (como las Compañías Regionales) hasta los 30 años. Este no es un ingreso formal al Ejército, pero es relevante porque algunos participantes del SMN optan por enlistarse posteriormente.

Los requisitos para participar en el reclutamiento

La Sedena publica convocatorias anuales en su sitio oficial y en unidades militares.

Los requisitos personales son:

• Edad: De 18 a 29 años, 11 meses y 30 días al momento de la incorporación.
• Nacionalidad: Mexicano por nacimiento, sin doble nacionalidad.
• Estado civil: Soltero, sin hijos.
• Estatura mínima: 1.63 m para hombres; para mujeres, no se especifica estatura mínima en algunas convocatorias, pero se evalúa proporcionalidad.
• Índice de Masa Corporal (IMC): Entre 18 y 24.9 kg/m².
• Educación: Mínimo primaria concluida; secundaria o preparatoria preferida en algunos casos.
• Tatuajes: No deben ser visibles, superar 10x10 cm, ser ofensivos o cubrir más del 10% del cuerpo. No se permiten perforaciones

Documentación requerida:

• Acta de nacimiento.
• CURP (formato actualizado).
• Comprobante de domicilio.
• Constancia de situación fiscal.
• Credencial de elector (INE).
• Certificado de estudios (secundaria o preparatoria, según el caso).
• Cartilla del Servicio Militar Nacional (para hombres, liberada o en trámite).
• Constancia de no antecedentes penales

En 2025, las convocatorias están abiertas para hombres y mujeres interesados en servir a la patria, con énfasis en defender la soberanía nacional, garantizar la seguridad interior y apoyar a la población civil.

Uno de los hechos que se le atribuye ocurrió el 20 de junio de 2023, en Santander de Quilichao, departamento del Cauca.

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La mujer habría contactado a dos hermanos de 13 y 14 años, y ofrecido dinero para que se vincularan a una red armada al servicio del autodenominado Frente 10 Martín Villa, que tiene injerencia criminal en Arauca.

El ente acusador precisó que en el curso de la investigación se conoció que, luego de convencerlos, alias La Mona presuntamente alojó a los niños en un hotel y posteriormente los trasladó a la terminal de transporte, donde les compró tiquetes para que viajaran en un bus de servicio público a Arauca.

“La oportuna reacción de personal de la Sijín del Departamento de Policía de Cauca evitó que las víctimas abordaran el vehículo”, indicó la Fiscalía.

Por todo lo anterior, un fiscal especializado de la seccional Cauca le imputó el delito de reclutamiento ilícito. La procesada no aceptó el cargo y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Alias La Mona fue capturada en un procedimiento realizado de manera conjunta con la Policía Nacional en vía pública del barrio Matamoros, en Popayán.

El 23 de abril de 2025 se logró la captura de esta mujer a través de la Estrategia de Protección a la Adolescencia e Infancia Segura (E-PAIS), implementada por la Policía Nacional de Colombia para combatir el reclutamiento forzado de menores.

El brigadier general Carlos Fernando Triana, director de la institución policial en la red social X, precisó que “en Cauca, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, capturamos a integrante de las Redes de Apoyo a Estructuras Residuales del Frente ‘Carlos Patiño’”.

Según datos proporcionados por la institución, en lo que va del año 2025, se han capturado a 81 personas vinculadas a este delito y se ha logrado la recuperación de 34 menores que habían sido víctimas de estas prácticas.

El reclutamiento ilícito de menores es una problemática que afecta gravemente a las comunidades más vulnerables del país, especialmente en regiones donde operan grupos armados ilegales. Estas organizaciones utilizan a los menores para diversas actividades, desde labores logísticas hasta su participación directa en enfrentamientos armados, lo que constituye una grave violación de los derechos humanos.

De otro lado, un juez en el departamento del Cauca dictó una sentencia de seis años de prisión contra Jan Carlos Mosquera, identificado como un disidente de las Farc, tras ser hallado culpable de los delitos de hurto calificado y agravado.

Según la investigación de la Fiscalía, la captura de Mosquera se produjo gracias a la intervención de la guardia indígena, que lo identificó como uno de los responsables del robo masivo. Posteriormente, las pruebas recabadas fueron presentadas ante el juzgado correspondiente, lo que permitió que el juez tomara la decisión de condenarlo.

“Un fiscal local de hurtos y estafas de la Seccional Cauca, en coordinación con funcionarios del CTI, la Policía y el Ejército Nacional, capturaron a Jan Carlos Mosquera Rodríguez. El procedimiento se cumplió en la estación de Policía de Piendamó, donde el hombre permanecía detenido”, precisó la entidad acusatoria.

Adicionalmente, la Fiscalía presentó ante el juez de conocimiento el material probatorio que vinculaba a Mosquera con los atracos a la comunidad indígena.

“El fallo se relaciona con hechos ocurridos el 24 de junio de 2024, en la vereda La Venta, del municipio de Cajibío, donde en compañía de otra persona intimidaron a varias personas a quienes les hurtaron el dinero, teléfonos celulares y demás elementos personales”, indicó el ente acusador.