Directores médicos de la red de hospitales universitarios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) consideraron que la institución vive una de sus crisis más severas en décadas, según declararon en una conferencia de prensa realizada esta mañana en el Hospital de Clínicas.

Según señalaron, durante los primeros cinco meses de 2026, el Gobierno nacional no transfirió dinero de la partida presupuestaria de este año, destinada a su funcionamiento operativo.

Los hospitales de la UBA brindan atención a 700 mil personas por año y se encargan de la formación de miles de estudiantes y profesionales de la salud.

El presupuesto adeudado suma 80 mil millones de pesos, según destacaron las autoridades médicas, de los cuales un cuarto debió haberse ejecutado entre enero y abril, por lo que consideran que la atención sanitaria corre “riesgo inminente”.

La UBA cuenta con seis hospitales: el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria. Todos ellos cumplen funciones esenciales en la atención, la docencia y la investigación médica. Pero hoy, la falta de financiamiento oficial amenaza su continuidad y su capacidad de respuesta.

Como publicó Infobae, el reclamo por el financiamiento universitario surge en la antesala de la marcha federal convocada para el 12 de mayo por el Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina.

Uno de los puntos centrales de la protesta es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada por la Justicia a fines de marzo. Tras un fallo favorable a las universidades en diciembre, la Justicia ordenó al Gobierno nacional el cumplimiento inmediato de los artículos sobre recomposición salarial y becas estudiantiles. El 17 de abril, la Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso extraordinario para suspender esos artículos.

Un cuatrimestre sin fondos y la advertencia de los directores

“Estamos hoy a 5 de mayo y hasta esta hora de la mañana todavía no se ha hecho el depósito correspondiente. Llevamos un cuatrimestre entero, cuatro meses del presupuesto anual aprobado y no hemos visto un solo peso. Con lo cual, imagínense cómo podemos funcionar o cómo podemos seguir brindando la asistencia con la calidad que merecen nuestros pacientes”, explicó el doctor Norberto Lafos, director del Instituto Lanari.

Y agregó: “Tenemos que recurrir a todo tipo de ingeniería que se puedan imaginar, desde retraso en el pago de los proveedores, con el diálogo y el desgaste que eso significa, retraso en la atención y hasta recurrir a otro tipo de situaciones como donaciones o colaboraciones. El dinero que puede ingresar por lo que sea cobro de obras sociales o alguna entidad de medicina prepaga, debe ser utilizado específicamente y exclusivamente para gastos de emergencia, de insumos, medicamentos”.

La gravedad de la situación no radica solo en la ausencia de partidas para gastos corrientes, sino también en el impacto que esto tiene sobre la planificación y la gestión cotidiana.

“Imagínense que los insumos en medicina están dolarizados y así todo siguen aumentando. Con lo cual cualquiera de ustedes, en forma personal o acompañando a algún familiar, cuando va a una farmacia se queda en estupefacto de los costos. Imagínense lo que son los costos hospitalarios multiplicados a lo mejor por varias veces más”, reclamó Lafos.

Y completó: “Lo único que pedimos es que nos paguen el presupuesto, que nos asignen el presupuesto que nos adeudan, si esto así, en un mes y medio no sé si vamos a poder seguir prestando la atención de los pacientes. Sumado eso además a las setecientas mil consultas anuales, la cantidad de alumnos que pasan por nuestras aulas, la cantidad de médicos que hacen sus cursos de especialización de posgrado, que se ha visto resentido, y eso aplica en la formación de todos los profesionales que nos van a atender a todos en los próximos años”.

“La falta de financiamiento es muy importante, pero todo el sistema de salud y sobre todo la parte de los hospitales, tenemos un problema con el salario, un retraso salarial de más del cincuenta por ciento. El 70 u 80 por ciento de la gente que trabaja en el hospital cobra por debajo de esa línea de la pobreza”, describió el doctor Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas de la UBA.

Y completó: “Los médicos residentes que tienen dedicación exclusiva cobran un millón y medio. Los enfermeros cobran un millón cien. La gente administrativa y la gente de limpieza cobra un millón. Entonces, ahí es muy fácil darse cuenta de ese retraso salarial. Así que a veces nos exigen tener una, una salud digna, un estado de salud o una universidad que sean ejemplares, pero obviamente que la parte salarial no acompaña a esas exigencias”.

Funcionamiento al 50% y un futuro incierto

El impacto de la falta de presupuesto se refleja en la operatoria diaria. Melo relató: “Por ejemplo, el Hospital de Clínicas en la actualidad está funcionando al 50 por ciento. Obviamente, al no tener presupuesto, no podemos internar, no podemos liberar la lista de cirugía. Vamos resolviendo con el presupuesto que tenemos y con la banca que tenemos de los proveedores que aceptan entregarnos productos a expensas de ir generando una deuda, pero tampoco podemos generar deudas que sean después imposibles de solventar. Así que lamentablemente lo que tenemos que hacer es achicar el funcionamiento, pero no se puede seguir achicando más”.

El director detalló que el ajuste impacta en la seguridad, la limpieza, las licitaciones de medicamentos y los honorarios de anestesistas: “Y cuando queremos hacer cirugías, si no tenemos el proveedor que entrega esos suministros, no la podemos realizar”.

Las consecuencias se extienden a insumos críticos: “Con la plata que se adeuda, el hospital compra, por ejemplo, el oxígeno, un producto extremadamente caro. Y obviamente que un hospital que no puede comprar el oxígeno complica ya la atención. O sea, ya nuestra responsabilidad pasa a ser irresponsabilidad. Así que somos bastante responsables y fuimos haciendo en forma metódica el achicamiento del funcionamiento del hospital. Pero me parece que eso tiene un límite y nuestro límite creemos que es dentro de un mes y medio”, sostuvo Melo.

“El rectorado tiene una comunicación permanente con la parte del Gobierno, le manda todas las posibilidades, pero no tenemos respuesta”, agregó Melo.

La historia reciente de los hospitales universitarios muestra que crisis similares solo se vivieron en momentos excepcionales.

“Creo que en el año 83 y 84, el hospital tuvo una situación bastante complicada, que inclusive estuvo con poquitas camas, pero después, tuvimos varias crisis, pero me parece que esta es una crisis de funcionamiento real. Acá no es una cuestión de hacer política, es simplemente informar y esto se arregla con números”, indicó el doctor Lafos.

Respuesta del Gobierno Nacional

Después de la exposición de los directores médicos de la UBA, por la tarde, el Gobierno nacional salió al cruce de la información vertida y sostuvieron que las denuncias sobre el desfinanciamiento son "falsas“.

Mediante un comunicado del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, afirmó: “El Gobierno nacional transfirió mensualmente a esa universidad la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por la Ley N° 27.798 de Presupuesto 2026, que incluyen la función salud, tanto para gastos en personal como para gastos de funcionamiento”.

Y describieron que el reclamo de la UBA apunta a obtener una asignación adicional sobre la partida ‘Hospitales Universitarios’ prevista en la planilla anexa al artículo 12 de la Ley N° 27.798 (de Presupuesto), por un monto de $79.763.113.948″. “La UBA solicitó que se le asignen $75.371.896.068 de esa partida, es decir, el 94,5% de un fondo que pertenece a todo el sistema universitario nacional. De acceder a ese pedido, restarían apenas $4.391.217.880 para el resto de los hospitales universitarios del país”.

“El Ministerio de Capital Humano considera inadmisible que, mediante amenazas de medidas de fuerza, una universidad pretenda apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales e imponer criterios de distribución de una partida que pertenece al sistema universitario completo y no a una sola institución”, concluyó el comunicado oficial.

La protesta se da en un momento clave para el sector, que concentra buena parte del ingreso de divisas durante esta parte de año. Con los puertos parcialmente frenados, crece la preocupación por demoras en exportaciones y sobrecostos que afectan a toda la cadena.

Detrás del conflicto hay un reclamo que se repite en el tiempo: la actualización de tarifas frente a la suba de costos, en especial el combustible. Los transportistas aseguran que los valores actuales quedaron desfasados y que, en muchos casos, trabajar implica “perder dinero”.

El sistema de transporte de granos en la Argentina tiene una particularidad. Una gran parte de los camioneros opera como monotributista y negocia de manera directa sus tarifas con los acopiadores, que son quienes compran la producción a los productores y organizan la logística hacia los puertos. En el último tramo aparecen los agroexportadores, encargados de industrializar y enviar los granos al exterior. En ese entramado, cualquier desajuste impacta rápidamente en toda la cadena.

La negociación, que en otros momentos se canalizaba a través de mesas nacionales, esta vez quedó en manos de instancias provinciales y no logró avanzar. Los transportistas reclaman una suba del 15%, mientras que los acopiadores ofrecieron un 10%. Sin acuerdo, los cortes se multiplicaron en los accesos a terminales portuarias clave.

El impacto económico no tardó en aparecer. Desde el sector exportador advierten que cada buque demorado genera un sobrecosto de unos USD 50.000 diarios, a lo que se suman gastos adicionales por almacenamiento. Los granos que no pueden ingresar a puerto quedan en silobolsas, con un costo estimado de USD 5 por tonelada.

Más allá del efecto inmediato, la preocupación pasa también por el cumplimiento de contratos internacionales. Los retrasos en los embarques pueden derivar en penalidades y afectar la reputación de la Argentina como proveedor confiable, un punto sensible en un mercado cada vez más competitivo.

El trasfondo del reclamo está en la dinámica de costos. Según datos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeaac), el precio del gasoil subió 24,7% en marzo y acumula un alza del 48% en el último año. El combustible representa cerca del 35% de la estructura de costos del transporte, por lo que cualquier variación impacta de lleno en la rentabilidad de la actividad.

A eso se suman aumentos en neumáticos, repuestos y mantenimiento, que llevaron los costos muy por encima de la inflación registrada en los primeros meses del año. En ese contexto, los transportistas sostienen que las tarifas quedaron atrasadas frente a la realidad del sector.

Hoy, el esquema tarifario es orientativo y se define según la distancia. Un viaje de 100 kilómetros ronda los $25.389 por tonelada, mientras que un trayecto de 1.500 kilómetros puede superar los $148.000. A eso se agrega la estadía, que se paga cuando hay demoras en carga o descarga y que se ubica en torno a los $223.000 diarios.

“Con las tarifas que tenemos, perdemos plata”, resumieron desde el sector, en medio de una negociación que sigue sin señales de acuerdo.

Se proyecta una campaña récord

El conflicto se da, además, en un momento especialmente sensible. La campaña agrícola proyecta una producción de 158 millones de toneladas, con exportaciones que podrían superar los 113 millones. Se trata de uno de los principales motores de ingreso de dólares para la economía argentina.

Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, el agro podría liquidar unos USD 34.530 millones en 2026, un nivel similar al del año pasado pese al mayor volumen de producción. La suba de costos logísticos a nivel global y la estabilización de precios internacionales explican parte de esa dinámica.

En ese escenario, los bloqueos en los accesos a los puertos suman presión. La distancia con los principales mercados del hemisferio norte ya encarece los fletes y reduce la competitividad. Con la logística interna afectada, el riesgo es que se profundicen las demoras y se frene el ingreso de divisas justo cuando la cosecha empieza a moverse con mayor intensidad.

El conflicto con la policía de Santa Fe continúa escalando y crece la tensión en la ciudad de Rosario donde se concentró el reclamo de los agentes frente a la Jefatura. La expectativa por una reunión que finalmente no se concretó, llevó a que la protesta continúe y crece el temor por un efecto contagio en otras jurisdicciones.

Todo comenzó en la noche del lunes cuando un grupo de agentes, vestidos de civil y con los rostros cubiertos, junto a sus familiares, se congregaron frente a la Jefatura de Policía para reclamar mejoras salariales y condiciones laborales.

De acuerdo a lo que informaron medios locales, la situación escaló cerca de la medianoche, cuando efectivos en actividad recibieron la orden de intervenir contra los manifestantes y comenzaron los disturbios. La respuesta, dirigida hacia sus propios compañeros y familiares, desencadenó una reacción inmediata: varios agentes de la provincia que patrullaban la ciudad decidieron sumarse a la protesta, abandonando sus funciones y bloqueando calles con patrulleros y motos oficiales.

La situación se replicó en otros puntos de Rosario; incluso en la capital provincial, donde patrulleros rodearon la Casa de Gobierno, intensificando la presión sobre las autoridades provinciales.

Esto llevó a una protesta que tiene el corazón en la concentración que lleva más de 24 horas en el centro de la ciudad de Rosario. En ese marco, se esperaba que durante la tarde de este martes haya una reunión entre los funcionarios provinciales y los delegados que representan a los agentes.

En un principio, la cita estaba pautada para las 15. Sin embargo, desde el gobierno provincial informaron que se atrasó para las 18 y esto provocó rispideces con los delegados que representan a los policías, que derivaron en una cumbre que finalmente no se concretó.

El abogado Gabriel Sarla es el representante de los policías en el conflicto y habló con los medios presentes en el lugar: “Se pudo establecer una conversación con la secretaria del ministro. No hubo propuesta porque no pudimos hablar con el ministro, que estaba reunido con el gobernador. No hubo ninguna oferta”.

“Si se comunican, habrá una reunión. Pero lo tiene que hacer el ministro personalmente”, pidió Sarla, lo que provocó el descontento del Ejecutivo provincial.

En ese sentido, más temprano, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, afirmó que el Gobierno provincial comparte “las necesidades y los problemas del personal de la policía de Santa Fe” y remarcó que se trata de un reclamo “legítimo, atendible, casi en su totalidad”. Sin embargo, sostuvo que a partir de la medianoche “se fueron montando determinados grupos que empezaron a sumar acciones violentas, antijurídicas”, con el objetivo de “desestabilizar el despliegue preventivo”.

Según el funcionario, durante la protesta se registraron episodios de abandono de servicio y paralización de móviles policiales. “No menos de veinte unidades en la ciudad de Rosario fueron directamente paralizadas, puestas frente a la jefatura y luego abandonadas”, detalló. Agregó que los efectivos dejaron los patrulleros estacionados y se retiraron, lo que calificó como incumplimiento de los deberes funcionales.

Cococcioni señaló que estas conductas derivaron en la apertura de actuaciones administrativas y que el jefe de Policía de la provincia inició los procedimientos correspondientes con el respaldo del Ministerio. “Tenemos cerca de no menos de veinte funcionarios policiales que están siendo pasados a disponibilidad, con retiro de arma y retiro de chaleco antibala”, afirmó. También indicó que el Gobierno coordinó acciones con el Ministerio Público de la Acusación para investigar “posibles ilícitos penales” tanto de funcionarios policiales como de “grupos marginales y desplazados” de la fuerza.

El reclamo policial se origina en la política salarial vigente. Durante la última semana, el gobierno provincial anunció un plus no remunerativo y un plan de alojamiento para efectivos con desarraigo, pero el sector movilizado considera insuficiente la respuesta oficial. El abogado Sarla remarcó que esas sumas no representan un aumento real, ya que no alcanzan a la totalidad del personal ni impactan en los salarios básicos, adicionales o jubilaciones. La demanda central apunta a una recomposición salarial integral para todos los integrantes de la Policía de Santa Fe.

A las cuestiones salariales se suman reclamos por condiciones laborales. Los efectivos denuncian extensas jornadas, falta de descanso y la necesidad de realizar servicios adicionales para completar sus ingresos. Además, la salud mental del personal policial cobró protagonismo tras el fallecimiento del suboficial Oscar Valdez, conocido como “Chimi”, quien enfrentaba problemas psicológicos y se encontraba con carpeta médica. Las demandas incluyen mejoras en los horarios, descanso adecuado y atención a la salud mental, aspectos que el colectivo policial considera urgentes para el desarrollo de la tarea diaria.

A todo esto, hay temor por un efecto contagio en la región. En las últimas horas, se conoció que miembros de la Policía de Entre Ríos realizarán una “manifestación pacífica” el próximo 14 de marzo frente a la Casa de Gobierno en Paraná. De acuerdo a lo que trascendió, se realizará sin uniformes, sin armamento y sin afectar el servicio, con la participación de personal de franco, familiares y público en general.

En 2024, un conflicto de similares características afectó a la provincia de Misiones, donde la policía de esta provincia tomó el Comando Radioeléctrico y comenzó un conflicto que recién terminó dos semanas después.

Miles de usuarios permanecen sin luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tras un apagón masivo. Existe un procedimiento claro y gratuito para presentar un reclamo por corte de luz, que varía según la empresa distribuidora y el tipo de interrupción sufrida. Además, en casos de cortes prolongados o reiterados, los usuarios podrían acceder a una bonificación por corte de luz.

Antes de iniciar cualquier trámite ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), tanto Edenor como Edesur deben informar con al menos 48 horas de anticipación si la interrupción del servicio es programada por obras planificadas. Por eso, el primer paso es verificar que no se trate de un corte previamente anunciado.

Solo los usuarios registrados en ambas compañías pueden presentar reclamos por corte de luz. Sin embargo, existe una excepción para los residentes de las islas del Delta del Paraná, cuyas condiciones se detallan más adelante.

El reclamo puede tener dos finalidades principales. Primero, solicitar la rápida restitución del suministro durante la interrupción. Segundo, gestionar una bonificación, ya sea por un corte prolongado (más de 15 horas seguidas sin luz) o por cortes reiterados, que significa haber sufrido cuatro o más interrupciones en un mismo mes calendario.

Para iniciar el trámite es necesario reunir la documentación correspondiente. Los usuarios deben disponer del número de cliente (en Edesur) o número de cuenta (en Edenor), además del número de reclamo ya generado ante la empresa distribuidora durante el corte de luz. También es indispensable registrar las fechas y horarios de inicio y finalización de cada interrupción, la dirección exacta del domicilio afectado y un domicilio válido para recibir comunicaciones del ENRE.

Al presentar el reclamo ante el organismo regulador, es obligatorio haber gestionado previamente el reclamo correspondiente ante la distribuidora, salvo para los usuarios de EDENOR en las islas del Delta del Paraná en los casos contemplados por la normativa vigente.

El ENRE ofrece distintos canales de atención. Se pueden realizar trámites a través de internet, utilizando los formularios específicos en su sitio web y seleccionando la opción correspondiente: corte prolongado o corte reiterado. También, es posible comunicarse telefónicamente a las líneas gratuitas 0800 333 3000 o 0800 345 6000, disponibles todos los días del año, las 24 horas.

Para quienes optan por la atención presencial, la sede del ENRE se encuentra en Suipacha 615, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y atiende de lunes a viernes entre las 9:00 y las 17:00. Es indispensable solicitar turno antes de presentarse en las oficinas.

En el caso de los usuarios de Edenor que viven en las islas del Delta del Paraná, pueden elevar el reclamo directamente al ENRE sin necesidad de pasar antes por la distribuidora. Esta excepción está prevista en la Resolución ENRE 149/2025 y aplica cuando el corte se debe a fenómenos climáticos de cualquier magnitud o a averías en la red de media o alta tensión. Todos estos trámites vinculados a cortes de suministro eléctrico carecen de costo para los usuarios.

Apagón en AMBA: qué pasó

Durante una jornada marcada por temperaturas muy elevadas, un corte de energía impactó a diferentes barrios del norte del conurbano bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires. La mayoría de los afectados correspondía a la red de Edenor, aunque también hubo usuarios de Edesur entre los perjudicados.

De acuerdo con información oficial, a las 14:45 se produjo la salida de servicio de cuatro líneas de alta tensión de 220 kV vinculadas a la subestación Morón, operada por Edenor. Esto provocó la pérdida inmediata de cerca de 3.000 MW de energía.

El corte alcanzó a más de 800.000 abonados y, media hora después, tanto voceros oficiales como de Edenor indicaron que la mitad ya contaba nuevamente con servicio.

Hacia las 16:35, la Secretaría de Energía comunicó que 175.000 usuarios de Edenor y 35.000 de Edesur continuaban sin servicio. Desde la primera compañía comunicaron que “aproximadamente a las 14:45 se registró una falla en la Subestación Morón, en el nivel de 220 kV, que tuvo un impacto inicial sobre alrededor de 800.000 clientes”.

“A los 30 minutos de iniciado el incidente, más del 50% de los usuarios ya contaban con el servicio eléctrico normalizado. La contingencia comprometió cerca de un tercio de la demanda total de Edenor, con incidencia en el corredor norte y oeste del área de concesión. Inmediatamente luego de detectada la falla se activaron los protocolos operativos de reposición del suministro. Dentro de la primera hora, más del 90% de los usuarios inicialmente alcanzados ya se encontraban con el servicio restablecido”, agregaron.

Poco después de las 17:30, desde Energía informaron que el suministro funcionaba con normalidad. “Restablecido el servicio al 100% en Edenor y Edesur, según información de las empresas”, indicaron fuentes del área.

A casi 3 años del crimen de Maximiliano Lucero en Rosario, la Justicia condenó a la policía Antonela Celeste Ortiz a 15 años de prisión efectiva. Todo sucedió luego de que la víctima discutiera con el esposo de su asesina por una deuda.

La decisión estuvo a cargo del tribunal, compuesto por los jueces de Primera Instancia Trinidad Chiabrera, Silvana Lamas González y Carlos Leiva.

Tal como pudo establecer la Justicia, Ortiz, de 35 años, utilizó su arma reglamentaria para disparar a Lucero –de 33 años– en la cabeza, tras una discusión, según informó el portal Rosario3.

El homicidio ocurrió en Matheu al 3400, barrio Nuevo Alberdi, el 7 de septiembre de 2022. Maximiliano Andrés Lucero fue hasta la vivienda donde residía la oficial Ortiz junto a su pareja, D. S., en busca de saldar una deuda. Tras varios minutos de discusión, el hombre pidió a Lucero que se retirara, afirmando que “no sabía con quién se estaba metiendo”.

Después de esto, la víctima arrojó una piedra contra la puerta de la propiedad. Segundos más tarde, Ortiz, desde el interior, tomó su arma reglamentaria, abrió la puerta y disparó a cinco metros de distancia. Lucero recibió un tiro en la frente, causando la muerte instantánea.

La oficial se encontraba, al momento del hecho, bajo carpeta médica por enfermedad, según consta en la investigación.

La Fiscalía, encabezada por Lisandro Artacho, argumentó durante el juicio que Ortiz hizo un uso letal de su arma en una circunstancia que no justificaba la defensa propia. En los alegatos, el fiscal aseguró que no se hallaron elementos que indicaran una agresión física inmediata que pudiera legitimar un disparo. “La respuesta fue totalmente desproporcionada”, sostuvo Artacho ante los jueces.

Durante la instrucción, la oficial intentó desviar el curso de la investigación. En un principio, Ortiz señaló a su pareja como el autor del disparo, aunque luego admitió ser la responsable, insistiendo en que reaccionó “por una supuesta agresión”, algo que terminó por desestimarse debido a que no pudo ser corroborado.

La acusación requirió 22 años de prisión, sustentando su pedido en la intención dolosa y en la ausencia de circunstancias extraordinarias que justificaran una reducción de la pena. Una de las querellas coincidió con ese monto, mientras la otra planteó una condena de 33 años y 4 meses.

Luego de la exposición de las partes, el tribunal resolvió imponer 15 años de prisión efectiva a Antonela Celeste Ortiz, sanción que implica la pérdida del derecho a portar armas y el impedimento para ejercer cargos públicos durante diez años.

El fallo se dictó en una sala repleta, donde familiares y allegados de ambas partes siguieron el veredicto. Una de las citas relevantes del pronunciamiento indica: “No se encontraron elementos para observar una legítima defensa”.

Hasta la fecha, la defensa de Ortiz no adelantó si apelará la sentencia. Durante el juicio, no ofreció testigos nuevos ni aportó más pruebas para justificar la reacción armada de la oficial.

La madre de Lucero, Luisa Pourpour, fue una de las voces protagonistas tras el crimen. La mujer relató que llegó al lugar cuando su hijo aún agonizaba en plena calle tras el disparo. En declaraciones a medios locales expresó su indignación por la reacción de los agentes llegados al lugar: “Los milicos se reían. Ahí, todos esos que estaban ahí: ”Déjalo, que se muera total, es un negro de la villa". ¿Por qué esa discriminación? ¿Por qué tanto odio?”, cuestionó.

Pourpour insistió también en que su hijo no era un delincuente, sino un trabajador que aún conservaba el uniforme de la hamburguesería donde se desempeñaba al momento del ataque.

“Las políticas agropecuarias dejan fuera de la cancha a los productores de pequeña y mediana escala”, señaló la Federación Agraria Argentina (FAA) en un comunicado, donde advirtió sobre “la asfixiante presión impositiva, la ausencia de políticas agropecuarias virtuosas que promuevan la producción de los pequeños y medianos chacareros, y la poca o nula rentabilidad que existe en el sector”, son los problemas que inquietan a sus asociados.

El comunicado, en el que la entidad que preside Andrea Sarnari denunció la “ausencia de políticas agropecuarias virtuosas”, se conoció luego de la reunión de su Consejo Directivo Central (CDC) que sesionó en Rosario y del que participaron directores de todo el país.

Por otra parte, los federados cuestionaron la desarticulación de herramientas imprescindibles para los productores agropecuarios y de las economías regionales, tales como el INTA y otros organismos estatales esenciales para el desarrollo agropecuario: ‘Son herramientas claves que hay que revisar, modernizar, pero no debemos permitir que se destruyan’, señalaron.

Desde la Federación Agraria Argentina anticiparon, además, que estos temas se debatirán a lo largo y a lo ancho del país en las asambleas zonales de distrito de la entidad que se realizarán el 12 y 19 de julio.

Se trata de una instancia colectiva de diálogo donde los delegados federados se proponen definir las propuestas y acciones gremiales a seguir, con vistas al Congreso Anual que se realizará en septiembre próximo.

En una decisión que impacta directamente en el funcionamiento del comercio exterior argentino, la Dirección General de Aduanas (DGA) anunció el cierre temporal de una terminal portuaria a partir de este miércoles 25 de junio a las 20:00. La medida fue adoptada tras constatarse reiterados incumplimientos por parte de la permisionaria del predio, lo que, según el organismo, derivó en “demoras injustificadas” y “costos fuera de presupuesto” para importadores, exportadores y despachantes de aduana.

La determinación, comunicada por la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas, se basa en la falta de cumplimiento de un acta de compromiso firmada a principios de mes. Aunque se trata de una acción de alcance limitado, su aplicación genera tensión en toda la cadena logística por el potencial efecto sobre los tiempos y costos de las operaciones comerciales.

Operaciones permitidas en carácter excepcional

A fin de mitigar el impacto en las cargas sensibles, la DGA estableció un esquema de excepciones que permitirá continuar con determinadas operaciones bajo condiciones específicas. Entre ellas, se autoriza:

• La carga de exportación vinculada a un buque programado con arribo para el 26 de junio a las 23:00, siempre que las cargas cumplan con el horario de corte fijado para el miércoles 25 a las 18:00.
• La continuidad de operaciones de importación y exportación de productos perecederos, medicamentos, explosivos y mercancías refrigeradas.
• La entrega de cargas de importación con turnos previamente asignados para el día del cierre.

Estas excepciones fueron diseñadas para evitar perjuicios a los actores del comercio exterior que operan con mercadería sensible a los tiempos logísticos y que no pueden ser reprogramadas sin incurrir en pérdidas significativas.

El motivo: demoras atribuibles a la permisionaria

El comunicado oficial difundido a los actores del comercio exterior indica que las demoras detectadas en la terminal afectada son atribuibles exclusivamente a su gestión, lo que motivó la intervención directa del organismo aduanero. La Aduana resaltó que esas irregularidades provocan gastos adicionales no contemplados, afectando la competitividad de las operaciones y generando distorsiones en la planificación logística del sector.

La medida se encuadra en una serie de acciones más amplias que viene impulsando el servicio aduanero con el objetivo de promover la facilitación del comercio, mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos indirectos asociados a las demoras portuarias. En ese marco, también se busca reforzar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los operadores logísticos con el Estado.

Impacto en la comunidad portuaria y logística

La resolución generó un movimiento inmediato entre despachantes, operadores logísticos y cámaras del sector, que comenzaron a reorganizar sus operaciones para evitar contratiempos mayores. Si bien se trata de una interrupción puntual, la medida pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema logístico frente a fallas de gestión o incumplimientos contractuales por parte de los operadores.

Diversos actores del ecosistema portuario señalaron que esta situación expone la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control sobre las terminales concesionadas, así como avanzar en mayores niveles de digitalización, interoperabilidad y transparencia que permitan una mejor trazabilidad de las demoras y una distribución más equitativa de responsabilidades.

Un contexto de revisión y exigencias crecientes

La intervención de la DGA se da en un contexto donde los organismos vinculados al comercio exterior vienen impulsando reformas para simplificar procesos, reducir la burocracia y aumentar la previsibilidad del sistema. En ese marco, las demoras injustificadas son vistas no solo como un obstáculo operativo, sino también como una traba para el desarrollo exportador y la competitividad del país.

En este sentido, la DGA remarcó que toda medida que apunte a corregir desvíos operativos y mejorar la eficiencia será respaldada por el servicio aduanero. La decisión de cerrar una terminal portuaria, aunque de forma temporal, refleja un cambio de postura más firme frente a prácticas que generan distorsiones, en un contexto donde se busca mejorar el clima de negocios sin dejar de exigir estándares mínimos de cumplimiento.

Próximos pasos y expectativas

Hasta el momento no se informó oficialmente la duración del cierre ni si se contemplan nuevas auditorías o condiciones para reanudar la operación normal. Sin embargo, se espera que el restablecimiento del funcionamiento esté sujeto al cumplimiento efectivo del acta firmada y la remediación de los incumplimientos señalados.

En paralelo, representantes del sector privado y organismos estatales continúan en diálogo para garantizar que la medida tenga el menor impacto posible en las operaciones comerciales vigentes, especialmente en un contexto regional donde la fluidez logística es clave para mantener niveles aceptables de competitividad.

Con el sello y la impronta de El Eternauta, miles de investigadores, científicos y becarios del Conicet se congregaron esta tarde en el Polo Científico y Tecnológico de Palermo, en CABA, donde funciona el Ministerio de Ciencia y Tecnología para protestar por el recorte presupuestario y la crisis que vive hoy la comunidad científica en general en todo el país, con salarios atrasados, falta de recursos para investigaciones y recorte de becas.

“No al cientificidio”, “Nadie se salva solo”, “Una nieve tóxica contra la ciencia y la universidad”, se leía en los muchos carteles y banderas que sostenían científicos disfrazados con la estética del cómic y la serie recientemente estrenada de El Eternauta.

Vestidos con delantales, ambos, trajes de buzo y portando máscaras de diversas formas y colores, algunas de ellas dibujadas o improvisadas con bidones de agua, los investigadores denunciaban a los micrófonos presentes y a la gente que se convocaba en la calle Godoy Cruz, los distintos problemas presupuestarios y salariales que atraviesan.

“La ciencia está en crisis en Argentina. Los salarios están muy atrasados respecto a los países vecinos. Se gana un tercio menos, con el mismo costo de vida. No hay ingresos al Conicet, no hay entrega de subsidios para investigaciones y hay un desinterés por el sistema científico y tecnológico por parte de las autoridades nacionales que no dialogan”, explicó a Infobae el doctor Guillermo Durán, decano de Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La licenciada Ana Arias, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA también reclamó mejores condiciones de trabajo, más presupuesto y becas de investigación por parte del Conicet. “Esta convocatoria busca visibilizar los distintos reclamos salariales y de recursos que este Gobierno se empecina en recortar. Buscamos generar conciencia sobre las consecuencias a largo plazo de los recortes en ciencia y tecnología. Tener un sistema científico y tecnológico prestigioso llevó varios años y hoy vemos cómo se está perdiendo”, precisó a Infobae.

“Conformar un equipo científico lleva muchos años. Una beca doctoral son 5 años de dedicación. Y hoy vemos hasta desinterés por parte de los jóvenes en la ciencia porque no ven un futuro auspicioso, un país que los respalde con un buen salario y presupuesto para sus investigaciones. Inclusive hay menos interesados en anotarse a becas”, alertó Arias, que remarcó la crisis en la que está hoy sumergida la ciencia argentina.

En el acto distintas universidades, organizaciones sociales y particulares hablaron a los convocados en la explanada exterior del Polo Científico y Tecnológico, visibilizando la falta de inversión en estos sectores que “compromete el desarrollo económico, social y cultural del país, dejando a Argentina en una posición de vulnerabilidad frente a los desafíos globales”.

“Buscamos evitar que nuestro país se quede sin ciencia, sin tecnología y sin futuro”, denunciaron por ejemplo desde la Facultad de Veterinaria, donde argumentaron que un 30 por ciento de profesionales renunciaron recientemente.

Según datos recopilados por el grupo EPC (Economía Política Ciencia), especializado en informes sobre el sistema científico nacional, el presupuesto para ciencia y tecnología ha caído a niveles históricamente bajos.

Además, la Función Ciencia y Tecnología del Presupuesto Nacional caerá un 24,9% en 2025 y alcanzará apenas el 0,153% del PBI, según el mismo estudio.

Según la Ley de Financiamiento de la Ciencia, votada por unanimidad en el Congreso en 2021, este año debía alcanzar el 0,45% del PBI. “De este modo, la Función CyT alcanzará una caída equivalente al 55,5% en diez años, mientras que el CONICET lo hará en 34,7% en el mismo tiempo”, destacó el informe.

Además, el crédito vigente de 2025 asignado a salarios en ciencia supone una caída real interanual del 28,4% y el asignado a becas un 22,7%.

Por último, las organizaciones denuncian un proceso de desmantelamiento en instituciones clave como el CONICET, el INTA y ARSAT.

En medio de las altas temperaturas registradas en la zona, un grupo de residentes se dirigió a la sede de la Delegación Zona II para presentar nuevamente sus reclamos. Pese a que la acción fue llevada a cabo el martes 21 de enero, los videos e imágenes tomadas en el lugar se viralizaron a lo largo del miércoles en las redes sociales.

“Nos venimos a bañar, como en Los Talas no hay agua, me vengo a bañar acá”, denunció uno de los vecinos que participó de la protesta simbólica. Según la información publicada por el medio platense 0221, los manifestantes fueron recibidos por el delegado Gustavo Ruiz, ante quien reiteraron su exigencia de una respuesta inmediata.

A pesar de que hace más de un año el Concejo Deliberante local declaró la emergencia hídrica, los habitantes afirman que no se han implementado soluciones concretas para normalizar el servicio. Por este motivo, intentaron confrontar al jefe comunal que, por lo general, atendería consultas los martes, pero ese día no se encontraba disponible.

Los vecinos también señalaron que la declaración de emergencia hídrica, aprobada hace un año, está próxima a caducar sin que se haya iniciado ninguna obra prometida. “Nos dijeron que se pondría en marcha una planta para abastecernos, pero no se puso ni un ladrillo”, reclamaron los habitantes de Los Talas.

Según explicaron los manifestantes, durante una serie de reuniones realizadas hace siete meses con concejales y autoridades municipales, se discutieron posibles medidas para paliar la crisis, como la instalación de una planta celular de abastecimiento. Sin embargo, los vecinos denuncian que hasta la fecha no se ha avanzado en la implementación de esas propuestas.

Como medida transitoria, las autoridades pusieron en funcionamiento un servicio de acarreo de agua mediante camiones cisterna, el cual sería ineficiente. De acuerdo con los testimonios, las entregas pueden demorar hasta 20 días y el agua provista no es potable. “No solo que no es agua potable, sino que parece agua de río”, expresaron algunos habitantes afectados.

Previo a esto, una vecina de Berisso también había hecho pública su queja en las redes sociales por la escasez de agua que había en su domicilio. “Esta es la presión de agua que tengo, o sea, casi gotea literal”, denunció una usuaria llamada Mariana Juzwa, al apuntar que llevaba cuatro días sin que le dieran una respuesta por los inconvenientes. “No tengo agua y no me llenan los tanques”, subrayó.

Frente a esto, la empresa Aguas Bonaerenses S.A (ABSA) emitió un comunicado el lunes pasado, para explicar que varias zonas de Berisso y Ensenada habían sufrido problemas y cortes del suministro a raíz de una pérdida de agua y presión que se había detectado en una cañería de 250 milímetros, que se ubicaba en el cruce de las calles 7 y 162 de Berisso.

De acuerdo a la información publicada por Fuerte Barragán, la compañía tuvo que interrumpir el servicio, para que el servicio técnico se encargara de solucionar la falla. Asimismo, remarcaron que el inconveniente fue detectado en una de las cañerías que serían consideradas troncales en el área.

Por este motivo, las autoridades pidieron a los vecinos afectados que reserven el agua disponible que tenían en sus hogares y que lo priorizaran para garantizar su hidratación e higiene hasta que la obra estuviera finalizada. Incluso, recordaron que podían ponerse en contacto con la empresa a través de la línea de asistencia técnica 0800-999-2272 y por los canales disponibles en las redes sociales Facebook y Telegram.

Una conductora de vehículo particular que no ha sido identificada protagonizó una controvertida escena, luego de que se estrellara con un biarticulado de Transmilenio, mientras transitaba sobre el carril exclusivo para los buses del sistema masivo de transporte capitalino.

La mujer, que aparentemente se ve molesta, fue grabada luego de la colisión, cuando se bajó del carro para hacer el reclamo al conductor del bus, que estaba estacionado en una estación del sistema.

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Aunque no se conocen los detalles, el carro blanco de la mujer se estrelló en su ángulo frontal izquierdo contra una esquina frontal del bus.

En redes los comentarios no se hicieron esperar: “que le quiten la licencia y le pongan la multa más alta posible y listo”; “Existe multa exclusiva por invadir BRTs, y si es altísima. Además deberá pagar el daño del articulado, no tiene como evadirla, el conductor del bus inmediatamente reporta, debe llegar tránsito y listo, a pagar la imprudencia”.

Otros comentarios fueron: “es que si hay unos animales al volante le salió el pase en un paquete de papas”; “Por eso toca exigir pruebas CALE, para que ningún hijueputa ahuevado agarre el volante”.

Adolescente falleció tras accidente causado por imprudencia de tractomula en Cundinamarca

Sara Gabriela Jaramillo Vega, una joven de 17 años, perdió la vida el 27 de diciembre de 2024 tras permanecer 11 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Cardiovascular en Soacha.

El accidente que desencadenó esta tragedia ocurrió el 16 de diciembre en la vía que conecta Anapoima con La Mesa, en el departamento de Cundinamarca, cuando el remolque de una tractomula invadió el carril contrario y colisionó con la camioneta en la que viajaba la adolescente.

El impacto fue directo en el asiento donde se encontraba Sara, quien iba como pasajera en la parte trasera del vehículo. El accidente, registrado alrededor de las 5:50 de la mañana, fue captado por cámaras de seguridad de la zona, las cuales muestran cómo el conductor del vehículo de carga intentó adelantar en una curva, perdió el control y derrapó, invadiendo el carril contrario.

La madre de la joven, Yeny Vega, declaró al medio Noticias Caracol que el accidente fue producto de una evidente imprudencia del conductor de la tractomula.

“Bajaba a alta velocidad y no pudo maniobrar. El golpe fue directo al lugar donde estaba sentada mi hija. Fue algo fulminante”, expresó Vega, que además confirmó que la familia ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de La Mesa para que se investiguen los hechos.

La familia de la joven señaló la responsabilidad del conductor de la tractomula como la causa principal del accidente. Según declaraciones de Vega, la velocidad a la que descendía el vehículo de carga y la maniobra imprudente en una curva cerrada fueron factores determinantes en el desenlace fatal.

Imprudencia peatonal en Bogotá casi provoca un accidente: el coche de un bebé terminó en el suelo

Un incidente que pudo haber tenido graves consecuencias ocurrió en la avenida Suba, una de las vías más transitadas de Bogotá, cuando una mujer cruzó la calle de manera imprudente, desobedeciendo las señales de tránsito.

Según las autoridades, los hechos se registraron el lunes 7 de octubre de 2024, alrededor de las 8:00 a. m., en inmediaciones de la avenida Suba con la carrera 64, cerca de una estación de gasolina Primax.

La mujer, que empujaba un coche de bebé, ignoró el semáforo en rojo para peatones y decidió atravesar varios carriles, incluyendo el exclusivo para el sistema TransMilenio y los destinados a vehículos particulares.

De acuerdo con el video difundido en redes sociales, la mujer vestía una chaqueta verde y pantalón blanco. En su intento por cruzar la vía, tropezó y cayó al suelo, lo que provocó que el coche que llevaba también terminara en el pavimento. Aunque no se confirmó si el coche transportaba a un bebé, la escena generó alarma entre los presentes. Los conductores, que tenían luz verde en el semáforo, lograron detenerse a tiempo para evitar un accidente mayor, mientras la mujer se levantaba con dificultad debido al golpe que sufrió.

Según los trabajadores, “los números que circulan sobre las atenciones son equivocados”. “Solo la línea 0800 de psicólogos que atiende llamados de todo el país, en septiembre atendió más de 1.800. Tenemos guardia las 24 horas de los 365 días y atención de salud mental de niños, niñas y adolescentes, en un contexto en el que vienen en aumento los suicidios en esa población”, señaló Leonardo Fernández Camacho, delegado general de ATE.

En tanto, Soledad Bordalecou, una de las profesionales del centro médico, indicó que fueron informados del cierre de la guardia y las internaciones durante una audiencia realizada a las 14 del viernes. “No lo esperábamos en lo absoluto”, confesó, y recordó que ya habían atravesado una reducción significativa en el personal durante los últimos meses.

“Hace tres meses despidieron a 29 profesionales, no les renovaron los contratos y ahora nos dicen que el hospital va a cerrar completamente”, relató la trabajadora.

A raíz de esta situación, los trabajadores se organizaron para reclamar y convocaron a la sociedad a sumarse a la manifestación por medio de un comunicado en las redes sociales. “Los trabajadores del hospital en asamblea general decidieron permanecer en sus puestos de trabajo y llaman a todos los ciudadanos, usuarios, familiares, profesionales, asociaciones civiles, sindicales, asambleas barriales y a la comunidad entera a sumarse en la lucha y defensa del hospital y la salud pública”, manifestaron al indicar que el punto de encuentro será en Combate de los Pozos y Caseros.

Horas después de que comenzara la manifestación, el Ministerio de Salud nacional publicó un comunicado para explicar que el cierre del nosocomio formaría parte de un plan de reestructuración. “La decisión responde al objetivo de priorizar la asignación de los recursos en los pacientes que lo necesitan”, destacaron, y agregaron que el ministerio estaría a cargo de derivar a los pacientes internados a otras instituciones.

“Se trabaja en la normalización del Hospital producto de la subutilización en función de su capacidad, lo que se manifiesta en la reducida cantidad de pacientes que se atienden en la institución”, señalaron al hacer referencia a que unos 17 mil millones de pesos son entregados anualmente para el funcionamiento de los servicios que ofrece. Sin embargo, las autoridades subrayaron que el Bonaparte “cuenta con una muy baja ocupación”.

En este sentido, desde el ministerio informaron que el centro de salud público cuenta con un promedio anual de 19 internaciones diariamente. “Los indicadores de cantidad de atención y consultas resultan muy bajos para lo esperable de un hospital con servicios generales”, evaluaron al hacer hincapié sobre las dimensiones edilicias y la cantidad de recursos humanos utilizados.

“El Ministerio de Salud garantiza la continuidad de los tratamientos de los pacientes internados”, concluyó el comunicado. No obstante, los trabajadores del Bonaparte contrastaron la información brindada por las autoridades sanitarias al asegurar que a lo largo de este año se atendieron a más de 25 mil pacientes. Asimismo, denunciaron que el cierre del hospital dejaría “sin tratamiento a miles de pacientes en salud mental, incluyendo niñas, niños y adolescentes”.

Por otro lado, el dirigente peronista Juan Grabois estuvo presente en el lugar para apoyar a los profesionales de la salud mental y aseguró que “acá se atienden todos los días más de 700 personas que vienen por guardia”. Incluso, apuntó que el dato brindado por el Gobierno sería falso, debido a que la capacidad de internación estaría completa actualmente.

“En este momento que hay una pandemia de salud mental y de adicciones, cerrar el hospital de referencia nacional es de una crueldad que no tiene nombre”, sentenció el abogado durante una conversación con el noticiero de Crónica TV. De la misma manera que explicó que los trabajadores de la salud se negaban a abandonar el lugar y dejar a la deriva a los pacientes, adelantó la posibilidad de que se realice una marcha el próximo jueves que coincide con el día de la salud mental.

A pesar de que la medida no fue confirmada, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) adelantó que se evaluaría la posibilidad de profundizar las medidas de fuerza. “Lo único que hicieron hasta aquí fue desmantelar programas. No vamos a permitir que se cierre un hospital como el Bonaparte, que es referencia y modelo en salud mental en todo el país”, denunció el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, por medio de un comunicado publicado por el sindicato.

“No nos pueden mentir, no se trata de números. Este hospital brinda un servicio esencial a toda la comunidad. Hemos decidido permanecer de manera pacífica en las instalaciones y no descartamos que en las próximas horas las acciones incrementen”, reafirmó el dirigente sindical al señalar que están en juego casi 700 puestos de empleo. Por último, anticiparon que no van a aceptar “ningún tipo de criminalización y judicialización de la protesta”, y concluyeron: “Estamos ejerciendo nuestro legítimo derecho a trabajar”.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, ha sido señalado en redes sociales por su presunta implicación en una concesión a la empresa Coca Cola para la extracción ilimitada de agua en La Calera, un municipio cercano a la capital colombiana.

Esta situación ha generado controversia debido a los problemas de abastecimiento de agua que enfrenta la región, exacerbados por los bajos niveles de los embalses que la surten.

El presidente Gustavo Petro usó sus redes sociales en la mañana del miércoles 25 de septiembre para publicar un video que explica los principios de Goebbels en comunicación “con las que se llevó a la sociedad alemana a ser cómplice de un genocidio”.

Fue así como el jefe de Estado señaló: “Verá usted como se usan en las redes por grupos neonazis y alcanza a penetrar algunos medios de comunicación”.

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En respuesta a la acusación anterior, Carlos Fernando Galán respondió ante el mensaje y la cuenta de donde se difundió la noticia. En primera instancia, el mandatario distritl indicó: “Presidente, interesante discusión. Curioso, eso sí, que cite un video de la cuenta de @BandalosSC, uno de los ‘medios alternativos’ cercanos a su gobierno, que no se caracteriza, precisamente, por su rigurosidad”.

Fue así como el alcalde agregó que “esa cuenta, como otras afines a usted, se ha dedicado a repetir mentiras sobre mí, la situación del agua en Bogotá y la empresa Coca-cola”.

Entre líneas seguidas, el mandatario de la capital del país cuestionó al Presidente de la República: “Le pregunto, presidente: ¿las teorías de manipulación de Goebbels son hoy utilizadas únicamente por la extrema derecha, o también por la izquierda?”.

En esta misma publicación, Galán aseguró a Gustavo Petro: “Porque eso de repetir y repetir mentiras y pretender que se conviertan en verdades es una práctica reiterada de cuentas como esa que usted cita, que, lejos de ser medios de comunicación, parecen ser máquinas de propaganda por su accionar”, finalizó el alcalde de Bogotá.

Minutos más tarde, Carlos Fernando se refirió en sus redes sociales a Euclides Quintero. “Señor Quintero, representante de la Colombia Humana en Soacha: borrar el trino no es suficiente. Le repito: le exijo que se retracte públicamente de sus afirmaciones o, de lo contrario, acudiré a un juez para que así se lo ordene”.

El mandatario distrital concluyó su mensaje diciendo: “Si no le cuesta nada decir mentiras, ¿por qué le cuesta tanto decir la verdad?”.

Alcalde Galán tomará acciones legales

Carlos Fernando Galán anunció que emprenderá acciones legales tras ser blanco de acusaciones falsas difundidas en la red social X. En un comunicado en su cuenta oficial, Galán desmintió afirmaciones que lo vinculaban al consejo directivo de la multinacional Coca-Cola y lo acusaban de otorgar concesiones de agua a la citada empresa.

“FALSO. No soy parte del consejo directivo de Coca-Cola y nunca lo he sido”, afirmó Galán en su publicación. El mandatario exigió a un usuario identificado como @eclides3, quien fue el primero en compartir dicha información errónea, que se retractara de inmediato.

En caso de que no lo haga, Galán indicó que procederá legalmente para buscar una rectificación forzosa por parte de un juez. “Reivindiquemos la honestidad y la transparencia, y devolvámosle esos valores al debate político”, instó a sus seguidores, según la mencionada fuente.

El mensaje original, difundido por la cuenta anónima @eclides3, afirmaba que el alcalde permitía a Coca-Cola extraer 279.000 litros diarios de agua, a costa de los ciudadanos de Bogotá, quienes, según el mensaje, sufrirían racionamientos de agua.

“A Galán le importa la plata de Coca-Cola y no el bienestar de los bogotanos”, indicaba la publicación. Sin embargo, Galán aclaró que esa concesión no fue otorgada durante su administración. “Esa concesión existe desde 1984 y depende de la CAR Cundinamarca, no de la Alcaldía de Bogotá”, explicó en su comunicado.

La CAR Cundinamarca (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca) es la entidad a cargo de la concesión mencionada, y no la Alcaldía de Bogotá.

En su defensa, Galán destacó la necesidad de honestidad y transparencia en el debate político. Según El Tiempo, Galán subrayó: “Reivindiquemos la honestidad y la transparencia, y devolvámosle esos valores al debate político”. Este llamado a la acción busca que más allá de las diferencias políticas, los ciudadanos se unan contra las estrategias de desinformación que afectan a la sociedad.

El Consejo Gremial Nacional (CGN), en representación del sector productivo colombiano, lamentó los hechos sucedidos en Venezuela tras la jornada electoral del 28 de julio de 2024, en donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país dio como vencedor al dictador Nicolás Maduro por encima de Edmundo González, candidato de la oposición.

Al respecto, el gremio, que preside Bruce Mac Master, también presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, insistió en que se haga la verificación y auditoría de manera inmediata de los comicios en este país de parte de organismos independientes, que permitan tener claridad sobre las denuncias de fraude electoral que se presentaron desde ese mismo día.

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“Hoy más que nunca se deben rechazar los abusos en contra de la ciudadanía y exhortar al respeto por la democracia; por la decisión del pueblo venezolano; por los derechos humanos y las garantías que deben brindarse a los líderes de oposición”, señaló.

Enfatizó en que esta preocupación ha sido igualmente compartida por distintas instituciones a nivel internacional, como la Organización de Estados Americanos (OEA), que señaló a las autoridades venezolanas de distorsionar el resultado electoral.

Proceso electoral no es democrático

Asimismo, citó que el Centro Carter se refirió al proceso electoral al precisar que este no puede ser considerado democrático ya que “no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional”. Y agregó “el hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales”.

Lamentó que los hechos sucedidos en Venezuela son también un gran llamado a las democracias del mundo a mantener y fortalecer los pesos y contrapesos institucionales de todo país que quiera defender la libertad y las libres decisiones de los ciudadanos.

Por lo mismo, el Consejo Gremial Nacional exhortó a que se publiquen todas las actas de las mesas instaladas durante la jornada electoral para verificar la transparencia y legitimidad de este proceso electoral.

Finalizó el pronunciamiento al decir que “es importante que todos los gobiernos de la región planteen su posición en plena alineación con la Unión Europea, el G7, la OEA, el Centro Carter y los diferentes estados que han reclamado el proceso de verificación de los votos. En momentos como este la cohesión internacional resulta de vital importancia para abordar adecuadamente la situación en Venezuela”.

Dudas sobre el proceso electoral en Venezuela

Las reacciones por lo que pasa en Venezuela siguen. Luego de un silencio cómplice, el presidente Gustavo Petro se refirió a lo sucedido. Por medio de X (antes Twitter), el mandatario escribió, entre otras cosas, que “las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia”.

Ante esto, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, hizo varias precisiones. Entre ellas, que el primer paso para construir unidad es reconocer que hubo un fraude en el proceso electoral venezolano.

“No hay que ir muy lejos para constatar encuestas, datos a boca de urna, actas que se hicieron públicas y el sentir del pueblo venezolano. Es imposible acallar el sentimiento del pueblo ante un robo de semejante dimensión. Esto no es un proceso de diálogo o de diferencias entre dos partes, es la aceptación y rechazo al hecho de que se cometió fraude en un proceso electoral”, respondió.

Además, manifestó que “la solución no es dialogar ni negociar. Es reconocer el acto del fraude y corregirlo de inmediato con sus implicaciones”.

La canciller Diana Mondino atraviesa un nuevo frente de tormenta. Más de 100 diplomáticos le elevaron una carta en la que expresan que la situación “es insostenible” por la nueva reglamentación del Impuesto a las Ganancias que alcanza al adicional que cobran por sus sueldos en dólares los funcionarios cuando se desempeñan en el exterior.

Manifiestan su “preocupación respecto de la situación en la que se encuentra el Servicio Exterior de la Nación desde la publicación” del decreto 652/2024 con las nuevas disposiciones y alertan, especialmente, sobre el impacto que pueden tener estas modificaciones en los rangos más bajos del ministerio, principalmente en los secretarios, consejeros o agregados que fueron asignados a las distintas embajadas de nuestro país.

Según afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni esta mañana en conferencia de prensa, “hay conversaciones para solucionar el tema”, pero algunos de los funcionarios que trabajan en diferentes áreas de la Cancillería consultados por Infobae dijeron que la solución “parece lejana”. Amenazan con un paro en el servicio diplomático que se produciría por primera vez en la historia. Actualmente trabajan unas 1.000 personas en el sector y cerca de la mitad verían afectados sus ingresos.

Entre los firmantes aparecen embajadores de carrera que fueron promovidos en este gobierno como Jorge Faurie (Chile) o Ricardo Lagorio, ahora representante permanente del país ante la ONU y también otros que fueron removidos a comienzos de este año a Buenos Aires por decisión de Mondino como Hugo Javier Gobbi, quien era el representante en la República de la India, Eduardo Antonio Zuain, embajador en Rusia, Javier Figueroa, ex embajador en Reino Unido e Irlanda del Norte y María del Carmen Squeff, que ejercía a la Representación Permanente en Naciones Unidas o el ratificado en su puesto Rafael Grossi, quien es el Director General de la Agencia Internacional de Energía Atómica, con sede en Zúrich, Suiza.

“Resulta difícil de comprender cómo se han mantenido otras excepciones como por ejemplo la del personal asignado a la Antártida”, dicen en otro párrafo de la carta y piden una “inmediata solución”. Aducen que verán reducidos sus salarios en un 23%. A excepción de los embajadores los empleados de rango inferior deben afrontar de su bolsillo los gastos en vivienda, salud y educación de sus familias. Algunos con destino en Europa abonan cifras superiores a los 2500 euros para alojarse. Por eso temen que muchos, sobre todo los más jóvenes, puedan pedir el retorno a Buenos Aires.

“Esta situación requiere de una solución inmediata de nuestras autoridades que tenga en consideración el impacto negativo que la misma tendrá sobre el normal funcionamiento del Servicio Exterior presente y futuro, considerando que la mayoría de los funcionarios que se desempeñan en las representaciones diplomáticas integran las categorías inferiores”, dice en uno de sus párrafos.

En estricto off, algunos de los que firmaron sostienen que lo hicieron “como gesto de solidaridad, de acompañamiento hacia los rangos inferiores” pero que consideran a los recortes “como una medida racional, teniendo en cuenta la difícil situación económica de la Argentina”.

“Ya está. Difícil que se revierta, es una decisión tomada. Negoció mal el sindicato”, le dijo otro diplomático a este medio, quien además aseguró que la canciller envió una circular por escrito en las que les ordenó no hacer declaraciones. Al frente de la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN) se encuentran Eduardo Michel y Gustavo Zlauvinen, quien ya tiene nuevo destino ya que será enviado a Austria. “Fue una batalla con el ministerio de Economía que se perdió”, añadió la misma fuente quien está muy molesto por la situación y se negó a firmar porque “no quiero estar en una lista con carneros”.

Precisamente la APSEN analiza una presentación ante la Justicia. También en X (ex Twitter) expresan la “su más enérgico rechazo a la extensión del Impuesto a las Ganancias” de la nueva reglamentación del Impuesto a las Ganancias. Alerta, sobre todo, por el impacto que tendrá en los rangos más bajos del ministerio, principalmente los secretarios. “La normativa resulta claramente confiscatoria”, agrega.

“La reglamentación publicada en el Boletín Oficial es ilegal y resulta claramente violatoria de los más esenciales derechos de los afiliados al APSEN por lo que anticipamos que llevaremos adelante un planteo formal ante la Justicia para detener su aplicación”, advierten.

La norma afectará al adicional que se aplicaba por costo de vida, un índice que establecen las Naciones Unidas, y estaba exceptuado desde 1973, apuntan desde el sindicato.

Mondino le dijo recientemente al sitio web de Todo Noticias que “el Impuesto a las Ganancias no es simpático, pero es necesario”. La canciller no parece muy dispuesta a dar marcha atrás con la situación.

El Gobierno nacional recibirá el lunes 27 de mayo a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para retomar una agenda de trabajo que tendrá como objetivo acordar una actualización del presupuesto universitario asignado durante el período 2023/2024. Asimismo, se pondrá en discusión el régimen de rendición de gastos que deberán cumplir las universidades nacionales. El encuentro estará encabezado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La reunión fue convocada por Pettovello, aunque en la mesa de trabajo también estarán presentes el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. A pesar de que el foco estará en la revisión de la partida presupuestaria actual, se espera que las partes puedan llegar a un acuerdo para delinear el presupuesto que será asignado en 2025.

Desde el Gobierno buscarán impulsar medidas destinadas a garantizar la transparencia de los fondos públicos asignados a las instituciones de educación superior y el régimen de rendición de gastos que deberán realizar las autoridades de cada casa de altos estudios.

En línea con la revisión de los recursos utilizados por las universidades, se evaluará el funcionamiento del Plan de Infraestructura Universitaria, las restricciones presupuestarias y se intentará encontrar un método para racionalizar el uso de los fondos otorgados por la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SSPU).

Entre los temas que se abordarán en la reunión será la situación en la que se encuentran los investigadores, centros de administración vinculados al CONICET y el estado de la infraestructura destinada para el desarrollo de la investigación. Asimismo, se trabajará en la confección del Plan Nacional de Alfabetización impulsado por la Secretaría de Educación de la Nación.

Otro de los objetivos de los funcionarios públicos será la consolidación de nuevas políticas que faciliten el cumplimiento del artículo 33 de la Ley N° 24.521 de Educación Superior, el cual establece que las instituciones universitarias deben promover “la convivencia pluralista de corrientes, teorías y líneas de investigación”. En línea con esto, se hará hincapié en la lucha por erradicar la persecución ideológica, la discriminación por razones políticas y el antisemitismo.

A pesar del diálogo y del puente de trabajo que tendieron entre el Gobierno y las autoridades universitarias, desde el CIN aseguraron que no hay ningún acuerdo cerrado entre las partes al hacer referencia a la actualización del 270% de los fondos destinados para el funcionamiento de las universidades que anunció el vocero presidencial Manuel Adorni el martes pasado.

Según pudo saber Infobae, la propuesta del Gobierno fue realizada en el marco de una reunión informal y prevé el compromiso de equiparar la actualización que consiguió la UBA de 270%, pero la cuestión será debatida este lunes. El CIN, por su parte, cuestionó que se haya alcanzado un acuerdo con la UBA, por lo que recalcó la situación del resto de las universidades nacionales del resto del país.

Por otro lado, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, reconoció que la actualización presupuestaria para el resto de las universidades “sería un paso importante que reconoce lo que las universidades públicas venimos planteando desde enero”. Asimismo, señaló que la medida daría “respuesta a lo que reclamamos desde que se tomó la decisión discrecional de actualizar el presupuesto de la UBA desconociendo a 60 universidades que a lo largo y a lo ancho del país representamos el 85% de los más de 2 millones de estudiantes que tiene el sistema universitario público de la Argentina”.

Este viernes por la madrugada se cumplirá una semana de que el Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional 1 de la Policía de Misiones está fuera de operaciones. A las tres de la mañana, un grupo de retirados y agentes intentó coparlo. Hubo un rechazo inicial, pero otro grupo volvió a las 5 y lograron su objetivo. Sacaron a los empujones al comisario Orlando Neris, jefe de la repartición. Y cortaron las comunicaciones de la unidad con el resto del sistema policial.

Desde ese momento, el conflicto fue un subibaja. Primero fue minimizado por la administración de Hugo Passalacqua. Y ceñido a un mero problema judicial, ocasionado por el levantamiento de retirados con escasa presencia de personal en actividad. Pero la intervención de las fuerzas federales el domingo para despejar la Avenida Uruguay frente al Comando derivó en una agudización. El lunes se cortó el diálogo.

Las charlas volvieron en la madrugada del jueves. Cuando aún no había asomado el sol, el Gobierno y los representantes de los policías se reunieron. Debatieron dos temas: una amnistía acotada a las sanciones administrativas. Y la conformación de la Mesa que sirve de paritaria para el sector. No se habló de salarios, el principal tema para los manifestantes.

Por la tarde, las autoridades volvieron con un ofrecimiento que habían jurado no poder otorgar horas antes. En vez de aumentar el 20% los haberes, la suba sería del 30%. La asamblea, que reúne a menos de dos centenares de uniformados de una fuerza compuesta por más de 10 mil, dijo no. Y la oferta fue rechazada.

Pero al menos hay un diálogo, algo impensable hace menos de 48 horas.

Queda pendiente la resolución de las causas penales que se abrieron. Y que investigan cargos serios: sedición agravada; robo, hurto y destrucción de bienes del Estado, entre otros.

En los Tribunales se acumulan más de 20 denuncias que terminarán forjando una megacausa por el levantamiento. Todas describen hechos. Pero ninguna señala responsables. La Justicia utilizará las publicaciones en redes sociales y medios de comunicación para tratar de individualizar responsables.

Esta herramienta ya fue usada. Sirvió para establecer cuántos móviles policiales están fuera de servicio. En las denuncias se detallan 18. Pero el escaneo de imágenes y los sobrevuelos que hicieron los drones sobre el Comando detectaron 28. Esto significa que al menos una decena de patrulleros están retenidos por los manifestantes y no fueron denunciados por los comisarios que eran responsables. Uno de ellos es el de Criminalística, que tiene todos los elementos para pericias que hoy por hoy no se pueden realizar.

Luego se sumaron cinco motos y el utilitario del Grupo de Intervención Rápida. En la Justicia estiman que hay unos 50 móviles fuera de servicio. Y señalan que no es algo anecdótico. El miércoles por la noche, una mujer y sus dos hijos fueron agredidos por su marido ebrio. La señora hizo la denuncia. Pero no había patrullero disponible para ir a retirar al hombre de la casa. Ni para trasladar a los menores a un lugar seguro.

Mientras evalúan los pasos a seguir, en los escritorios de Tribunales donde se analiza esta situación tienen el antecedente del proceso por sedición a policías de Entre Ríos. Fue en 2013. La toma de la Jefatura Departamental Concordia dejó sin seguridad la ciudad. Hubo tres muertos y pérdidas millonarias. Dos años después, 16 suboficiales y un oficial fueron condenados por sedición agravada.

El nuevo frente

La protesta docente también tiene varias semanas de vigencia. Pero había quedado eclipsada por la de los policías. Incluso hubo trabajadores de la educación en los primeros momentos del conflicto en el Comando.

El martes el Gobierno logró un acuerdo con algunos gremios docentes que no conformó a las bases. Y la protesta tomó una dinámica propia, con los autoconvocados como protagonistas. La primera muestra de magnitud fue el corte de varias rutas nacionales, principalmente el puente sobre la 12 a la altura del arroyo Garupá.

Desde allí, una multitud de delantales y guardapolvos se trasladó a la Avenida Uruguay. Montaron un acampe propio, tanto o más numeroso que el de los policías. Este jueves, los docentes marcharon solos a la Legislatura. Quisieron entrar a la sesión, rompiendo el vallado colocado con anterioridad. La Policía lo impidió con violencia. El saldo fue de 20 personas afectadas que requirieron atención médica.

En el recinto de la Cámara de Representantes, el oficialismo aprobó un repudio a la forma en que los policías reclamaban mejoras en sus ingresos. Puntualizaba que las pérdidas por el movimiento suman unos 10 millones de pesos diarios.

Además, el diputado del Frente Renovador Luis Pastori señaló durante su intervención que las crisis de las provincias con sus empleados públicos aparecieron luego de dos medidas del gobierno de Javier Milei: la devaluación y el proceso inflacionario sobreviniente. Y evaluó que en Misiones quedaba solucionada a partir del 30 de mayo con los aumentos que había dispuesto el poder Ejecutivo.

Los legisladores opositores dejaron la sesión para ver qué estaba pasando afuera. Los que salieron fueron Ariel Pianessi y Horacio Loreiro. Los docentes los recibieron mal. Al canto de “hijos de p…”, les reprochaban el apoyo a las medidas del gobierno de Javier Milei.

Repelidos en la sede legislativa, los trabajadores de la educación fueron en caravana hasta la casa del gobernador Passalacqua. También fueron reprimidos por uniformados que arrojaron gas irritante. De igual manera, se las ingeniaron para dejar pegados carteles en la puerta del domicilio particular del mandatario provincial.

Si el Gobierno provincial logra cerrar en los próximos días un acuerdo con los policías, tendrá que arremangarse para rever en las mismas condiciones el entendimiento con los maestros. En la espera ya está anotado el personal de salud. Y la cola sigue con otras áreas menores.

Sony Music Group prohibió explícitamente cualquier tipo de extracción de texto o datos de sus contenidos para propósitos relacionados con la inteligencia artificial (IA).

Además, la empresa envió aproximadamente 700 cartas a compañías tecnológicas, advirtiéndoles del uso no autorizado de sus materiales, según dijo Bloomberg.

Asimismo, Sony Music, una de las principales discográficas reconocidas mundialmente, especificó que la prohibición abarca el uso de su música y otros contenidos para entrenar o desarrollar modelos de IA. Esto incluye composiciones musicales, grabaciones de audio, letras, ilustraciones e imágenes.

Cuál es el reclamo de Sony

Entre los artistas que colaboran con Sony Music Group se encuentran Travis Scott, Doja Cat, Daddy Yankee, Beyoncé, Nicky Jam, Rihanna, Ricky Martin y Wiz Khalifa.

En un comunicado en su sitio web, la compañía señaló: “Apoyamos a los artistas y compositores que adoptan nuevas tecnologías para su arte”, pero subrayó que la innovación tecnológica debe respetar los derechos de los creadores, incluidos los derechos de autor.

En las cartas emitidas, Sony expresó que tienen varios fundamentos de que los destinatarios podrían haber utilizado sus contenidos sin autorización.

La empresa destacó que, aunque reconoce el potencial significativo de la IA, su uso no consensuado para entrenar y desarrollar sistemas de IA priva a los artistas del control y de una adecuada retribución.

Según una fuente anónima citada por Los Angeles Times, las cartas fueron enviadas a reconocidas empresas tecnológicas como OpenAI y Google.

Qué acciones legales han puesto discográficas contra empresas tecnológicas

En el contexto de protección de los derechos de autor, en Tennessee, Estados Unidos, Universal Music demandó a Anthropic (una empresa desarrolladora de inteligencia artificial) por el uso indebido de letras de canciones protegidas para entrenar su asistente virtual Claude.

Según la demanda, presentada en octubre de 2023, Anthropic violó los derechos de los editores al usar letras de canciones de Beach Boys, Rolling Stones y Bruno Mars, entre otros.

También, el estado de Tennessee promulgó una ley en marzo de este año para proteger a los músicos del uso de sus obras por asistentes de IA.

Esta problemática no solo está en el ámbito de la música

En julio de 2023, actores de Hollywood protestaron por cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial y mejoras salariales, lo que llevó a un acuerdo en noviembre del mismo año para proteger a los intérpretes contra el uso no autorizado de su imagen y talento.

Del mismo modo, a principios de este año, imágenes creadas con IA de la cantante Taylor Swift se hicieron virales, poniendo en evidencia los riesgos de los contenidos maliciosos generados por IA, denominados deepfakes.

Respecto a estas prácticas, en enero, Universal Music anunció la retirada de su catálogo de música de TikTok debido a la falta de compromiso de la plataforma en la protección contra la IA.

No obstante, en mayo se firmó un acuerdo para que los artistas de Universal regresaran a la plataforma, con nuevas condiciones de remuneración y protección.

Qué dicen las empresas que trabajan con inteligencia artificial

OpenAI declaró en medios oficiales que sus modelos, incluidos los que alimentan ChatGPT, se desarrollan con información disponible públicamente en internet y materiales adquiridos mediante licencias con terceros.

La empresa defendió que el entrenamiento de IA con materiales de acceso público no excede los límites legales. Sin embargo, hay varios casos donde medios de comunicación han demandado a OpenAI por el uso de contenido propio sin su permiso.

Por su parte, Anthropic argumentó en su defensa contra Universal Music que toman muy en serio la confianza y seguridad, afirmando que sus modelos no fueron entrenados específicamente con contenidos protegidos por derechos de autor.