Ante las modificaciones planteadas en el Real Decreto 1155/2024, el Consejo General de la Abogacía Española destacó la capacidad de sus profesionales especializados en derecho de extranjería y protección internacional, respaldados por formación continua y órganos internos como comisiones y subcomisiones, que colaboran de manera constante con las administraciones públicas para agilizar y mejorar la tramitación de los expedientes de personas extranjeras. Según informó Europa Press, la Abogacía enfatizó que todos los Colegios de la Abogacía ofrecen asistencia jurídica gratuita, garantizando así el acceso a la defensa letrada para los migrantes en situación de necesidad.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, expuso en una carta enviada a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la relevancia de que la asistencia letrada a personas extranjeras sea competencia exclusiva de abogados especializados en esta rama del derecho. Europa Press detalló que esta petición se basa en la premisa de asegurar “la mejor defensa posible” para quienes se enfrentan a procedimientos administrativos que impactan directamente en su proyecto de vida y en la protección de sus derechos fundamentales.

En su comunicación, González subrayó que cuestiones como la denegación de una autorización administrativa para una persona extranjera no representan un mero trámite, sino decisiones con efectos directos sobre la vida familiar y los derechos constitucionales de los afectados. “En esos momentos críticos la defensa no puede improvisarse: debe estar en manos de abogados especializados en extranjería”, declaró, según recogió Europa Press. El máximo responsable de la Abogacía insistió en que solo profesionales jurídicamente formados y en constante actualización pueden evitar interpretaciones erróneas o asesoramientos insuficientes, que podrían afectar negativamente el futuro de los migrantes.

El medio Europa Press publicó que, como parte de sus demandas, el Consejo General de la Abogacía solicita que todas las personas jurídicas inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECE) tengan la obligación de designar a un abogado colegiado en España como responsable. Esta disposición se alinea con las exigencias de la Ley Orgánica 5/2024, del Derecho de Defensa, que entró en vigor el 11 de noviembre y establece un marco normativo amplio para la protección de los derechos de defensa en España.

La petición remitida al Ministerio incluye la necesidad de definir requisitos claros y estrictos para la inscripción en el RECE, con el objetivo de fortalecer las garantías jurídicas para los extranjeros y asegurar que estos servicios se presten bajo los estándares de calidad que requiere la materia. La Abogacía, como destacó el comunicado recogido por Europa Press, argumenta que la especialización y la formación continua de los abogados en extranjería constituyen la base para un acompañamiento jurídico eficaz que vele por los derechos y libertades de los migrantes en situaciones complejas.

En sus mensajes, tanto el Consejo General como Salvador González recordaron que la protección jurídica de los derechos de los extranjeros en España depende, en gran parte, de que los trámites y procedimientos se conduzcan con el rigor y el conocimiento especializado que solo los profesionales jurídicamente preparados pueden proporcionar. La propuesta de la Abogacía pone el énfasis en la profesionalización, la formación y la exigencia de responsabilidad dentro del sistema de asistencia letrada, y aboga por medidas adicionales de control para evitar que los derechos fundamentales de las personas migrantes queden a merced de asesoramientos que no cumplan con todos los requisitos legales y técnicos, según reiteró Europa Press.