Representantes de Amnistía Internacional, Provea y otros colectivos denunciaron en rueda de prensa que el Gobierno chavista no ofreció una respuesta adecuada para evacuar a los presos políticos afectados por los temblores. Andreína Baduel, activista y portavoz del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), afirmó: “Tras esos sismos debemos decir con responsabilidad que no hubo respuesta oportuna del Estado venezolano para la evacuación de los presos políticos”.

Baduel detalló que en centros penitenciarios como la cárcel militar de Ramo Verde y Rodeo I, ambas en las afueras de la capital venezolana, las evacuaciones se demoraron. “Duraron 50 minutos sin ser evacuados” tras el doble sismo, declaró la activista, quien solicitó la liberación de su hermano Josnars Baduel. Según cifras de la ONG Foro Penal, aún 372 personas permanecen detenidas por motivos políticos en el país.

Los terremotos causaron graves daños en la infraestructura penitenciaria. En una torre de la cárcel Ramo Verde, “el piso 5 sufrió graves afectaciones” y los detenidos “han sido obligados a permanecer en las celdas porque los amenazan con traslados a otras cárceles”, denunció Baduel.

Durante la conferencia, familiares de presos políticos exhibieron pancartas con mensajes como “Protección humanitaria” y “Proteger la vida es una obligación”, en reclamo de mejores condiciones y el cese de malos tratos.

Oscar Murillo, coordinador de Provea, remarcó que la crisis humanitaria no debe interrumpir la lucha por derechos fundamentales. “La crisis hoy agravada por los terremotos no puede abrir un paréntesis en la lucha por la libertad y la democracia”, declaró. “Es un llamado de la historia para hacer las cosas bien”, agregó.

Además, solicitaron a las autoridades de Venezuela permitir una inspección independiente de la infraestructura carcelaria. En el comunicado conjunto, Provea, Defiende Venezuela, Cofavic, Justicia Encuentro y Perdón, Caleidoscopio Humano, Un Mundo Sin Mordaza, Voces de la Memoria, Foro Penal, Civilis, Acceso a la Justicia y Cepaz reclamaron: “Exigimos al Estado venezolano (...) permitir la evaluación técnica independiente y transparente de la infraestructura de los centros de reclusión que pudieran haber resultado afectados por los recientes eventos sísmicos”.

El documento, presentado durante la rueda de prensa dedicada a exigir la liberación de los detenidos por razones políticas, también pide el ingreso “inmediato” de organismos internacionales de derechos humanos y asistencia humanitaria, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la ONU y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.

Las organizaciones requirieron, además, el “acceso regular” de familiares y abogados a las cárceles, junto con una atención médica “oportuna” y la publicación de información “pública y transparente”, en respuesta a las denuncias por suspensión de visitas.

El objetivo de estas demandas es asegurar la verificación de las condiciones de reclusión y el estado de salud de los internos.

Durante la lectura del comunicado, la directora de Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, expresó: “La emergencia humanitaria que vive Venezuela no puede utilizarse para relegar la agenda de derechos humanos. Por el contrario, confirma que la protección de la vida depende del restablecimiento de las garantías constitucionales, del funcionamiento de las instituciones y del respeto irrestricto a los derechos fundamentales”.

En el plano político, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en enero. La mandataria desplegó en febrero una ley de amnistía dirigida a liberar a cientos de detenidos, aunque especialistas cuestionan la medida por considerarla limitada.

(Con información de AFP y EFE)

Familiares de presos políticos en Venezuela denunciaron el martes que las autoridades del Gobierno chavista dejaron en situación de abandono a los presos políticos tras el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio en la zona norte del país, lo que provocó un deterioro en la alimentación y la falta de atención a estructuras penitenciarias afectadas por el desastre.

Jessica Castro, familiar de Gustavo Hernández, implicado en la llamada Operación Gedeón —un intento de incursión marítima contra el régimen de Nicolás Maduro en mayo de 2020—, afirmó: “Los están dejando abandonados. Sabemos que la situación en Venezuela está fuerte en este momento, pero es importante que los presos políticos estén bien”.

Castro, miembro de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos, participó en una vigilia frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas para recordar a los muertos por los terremotos, que suman un saldo de al menos 3.685 víctimas. En sus declaraciones, Castro explicó que en la cárcel de Ramo Verde, en el estado Miranda, “varias paredes” se derrumbaron, “la estructura está bastante deteriorada” y agregó: “El Gobierno tampoco ha hecho nada para por lo menos trasladarlos a un sitio que estén más tranquilos”.

Por su parte, Mayra Morales, hermana del preso político Ricardo Fonseca, relató que la visita del sábado pasado al Fuerte Guaicaipuro fue especialmente dura porque varios de los detenidos perdieron familiares durante el terremoto. “Fue una visita silenciosa y ellos de verdad están muy preocupados y psicológicamente están mal”, afirmó Morales.

Morales destacó que los presos políticos pasaron días angustiados tras el desastre, al desconocer el paradero de sus allegados y valoró que uno de ellos recibiera una medida cautelar para poder despedir a su esposa fallecida. Sin embargo, cuestionó que no todos los detenidos recibieran condiciones similares y solicitó al Gobierno de Estados Unidos que medie ante la administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez para que estas personas puedan acceder a la libertad.

Hasta el momento, el Ejecutivo venezolano no presentó un informe oficial sobre la situación de las cárceles tras los terremotos. Días atrás, a una semana de los sismos, una ONG y familiares manifestaron este miércoles su preocupación por el desconocimiento sobre el estado estructural de las cárceles en Venezuela.

Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal, señaló: “La información que tenemos es que están asustados, no saben cuál es el estado de las estructuras”. Himiob indicó que en la cárcel de Ramo Verde, en el estado Miranda, los presos políticos duermen en el patio, en carpas y refugios improvisados por ellos mismos, porque se rehúsan a regresar a las torres tras los terremotos.

Una familiar de un preso en la cárcel de El Rodeo, también en Miranda, afirmó que existen grietas en las paredes y que las autoridades las cubrieron con pintura negra para ocultarlas. Denunció la falta de un plan de evacuación para los detenidos ante la posibilidad de nuevos sismos y aseguró que, pese a que prometieron aumentar la frecuencia de las llamadas telefónicas, no han cumplido.

La misma fuente indicó que no hay información sobre la evaluación estructural del penal ni sobre la gravedad de los daños, y cuestionó que las autoridades hayan planteado dudas respecto a la necesidad de llevar insumos a los presos.

Por su parte, Andreína Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), confirmó que permanecen los daños en las paredes de El Rodeo, aunque tras el terremoto se han permitido visitas familiares, algo que no ocurría desde hace meses. Baduel advirtió que no existe un mecanismo de comunicación directo u oficial con las autoridades penitenciarias para conocer el estado de las instalaciones.

(Con información de EFE)

El impacto del doble terremoto que sacudió la zona norte de Venezuela hace una semana, con magnitudes de 7,2 y 7,5, dejó a familiares y organizaciones que luchan por los derechos humanos en la incertidumbre sobre la situación de los presos políticos en las cárceles afectadas. En medio de los comunicados oficiales sobre el desastre, persiste la falta de información oficial sobre el estado estructural de estos centros penitenciarios.

“No saben cuál es el estado de las estructuras, están asustados”, relató Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, al describir la angustia de los detenidos. Según el abogado, en la cárcel de Ramo Verde, ubicada en Miranda, los presos políticos optaron por dormir en el patio, en carpas y refugios improvisados, ante el temor de regresar a las torres del penal.

Durante esta semana, los allegados a los detenidos no recibieron reportes de heridos derivados del terremoto. Sin embargo, la inquietud crece ante la falta de respuestas oficiales. Los propios internos manifestaron su preocupación por la seguridad de la infraestructura.

Familiares de presos en la cárcel de El Rodeo denunciaron la existencia de grietas en las paredes, las cuales, según sus testimonios, las autoridades intentaron ocultar pintándolas de negro. Por su parte, los custodios carecen de un plan de evacuación y no cumplieron con la promesa de facilitar llamadas más frecuentes para tranquilizar a las familias.

En respuesta a la pregunta sobre el estado de las prisiones tras el terremoto, las organizaciones y familiares reconocen que no existe una evaluación técnica conocida ni comunicación oficial sobre la gravedad de los daños en las estructuras penitenciarias. La ausencia de un diagnóstico agrava la incertidumbre sobre la seguridad de cientos de reclusos.

La integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), Andreína Baduel, confirmó que persisten los daños en las paredes de El Rodeo y lamentó que la comunicación con las autoridades sea nula. “No hay un mecanismo de comunicación directo u oficial para conocer el estado de la estructura carcelaria”, indicó.

Baduel también señaló que, tras los sismos, se permitieron nuevamente las visitas familiares en El Rodeo, algo que no ocurría desde hacía meses, según los propios allegados de los detenidos. Sin embargo, la falta de transparencia sigue siendo una preocupación central.

El Clipp alertó el lunes pasado sobre “afectaciones severas” en Ramo Verde, lo que aumenta la vulnerabilidad de los presos políticos allí recluidos. El comité indicó que los internos solicitaron insumos básicos como colchonetas, carpas y alimentos, necesidades que se hicieron más urgentes tras el terremoto.

La situación en El Rodeo se describe como igualmente vulnerable, con problemas logísticos y de seguridad que ya existían antes del sismo y que ahora se ven agravados. Los familiares también denunciaron que las autoridades pusieron en duda la necesidad de llevar insumos a los presos, lo que generó aún más tensión.

Hasta la fecha, el Gobierno venezolano no ha emitido un balance sobre el estado de los centros penitenciarios tras el doble terremoto, que dejó 2.295 fallecidos y 11.267 heridos en seis estados y Caracas, incluyendo Miranda.

El silencio institucional y la escasez de información técnica sobre las condiciones de las cárceles ponen en evidencia la desprotección de los presos políticos, quienes enfrentan no solo los estragos del sismo, sino también la incertidumbre sobre su seguridad y bienestar.

(Con información de EFE)

Ante la incertidumbre familiar por el anuncio del régimen venezolano de liberaciones de presos políticos inminentes, la ONG Foro Penal informó que aún contabilizaba hasta el 5 de enero 806 personas en esta situación, de las cuales 68 estaban en paradero desconocido y 9 bajo arresto domiciliario.

Según organizaciones no gubernamentales, El Rodeo I, Tocorón, Ramo Verde, El Helicoide y Yare II son algunas de las cárceles con mayor cantidad de detenidos ilegalmente en Venezuela y suelen figurar con frecuencia en los reportes sobre estos casos de excarcelaciones.

Sin embargo, forman parte de una red mucho más amplia: en total, se contabilizan al menos 120 centros de detención donde permanecen personas encarceladas por motivos políticos.

Foro Penal reportó que en el Internado Judicial Rodeo I hay 102 presos políticos, entre ellos Rafael Tudares, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, así como varios extranjeros de los 86 que han sido contabilizados por la ONG.

Este centro penitenciario, ubicado en el estado Miranda, en las afueras de Caracas, fue señalado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) a mediados de diciembre por la falta de información sobre los presos políticos allí recluidos, situación que, según la organización, los mantiene en una posición de especial vulnerabilidad.

Además, la OVP advirtió que cinco presos políticos en Rodeo I llevaban en diciembre 49 días bajo un “régimen de castigo” que les impedía recibir visitas y los paquetes que envían sus familiares, incluyendo alimentos y medicinas.

De acuerdo con la ONG, los detenidos Henryberth Rivas, Antonio Sequea, Juan Carlos Monasterios, Rafael Castro y una persona identificada solo como Franco permanecían en condiciones extremas: esposados permanentemente, desnudos y con un acceso muy limitado a comida y agua.

En el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón y señalado como el lugar de origen de la banda criminal Tren de Aragua, el Foro Penal contabilizaba 99 presos políticos.

Esta prisión, originalmente destinada a delincuentes comunes, fue reabierta como una “cárcel de máxima seguridad” por orden del dictador Nicolás Maduro en agosto de 2024, con el propósito de albergar a los más de 2.400 detenidos —según cifras oficiales— tras las protestas que siguieron tras las elecciones presidenciales de julio de ese año.

En ese momento, Maduro argumentó que el objetivo de estas cárceles era la “reeducación” y transformarlas en “granjas productivas” donde los reclusos pudieran trabajar. Con la misma finalidad, el gobierno reactivó el Internado Judicial de Carabobo, conocido como Tocuyito, donde actualmente se reportan 14 presos políticos.

El Centro Nacional de Procesados y Penados Militares, conocido como Ramo Verde, es la tercera prisión del país con más presos políticos, con un registro de 77 reclusos en esta condición.

En este penal estuvo encarcelado el general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa de Hugo Chávez, quien falleció bajo custodia en 2021 tras casi una década privado de libertad. Aunque se trata de una cárcel militar, también fue allí donde cumplió condena el dirigente opositor Leopoldo López entre 2014 y 2017.

El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, ocupa el cuarto lugar entre las prisiones con más presos políticos en Venezuela, albergando actualmente a 57 reclusos. La noche del jueves, desde este centro fueron liberados los dirigentes Enrique Márquez y Biagio Pilieri.

Con una estructura originalmente concebida como centro comercial, El Helicoide ha sido descrito por diversas organizaciones como el “centro de tortura más grande de América Latina”.

Situado en el centro de Caracas, allí permanecen detenidos varios dirigentes opositores y colaboradores cercanos a la líder opositora María Corina Machado, como Freddy Superlano y Jesús Armas. ONG y familiares denuncian que en esta instalación los presos sufren torturas, malos tratos y períodos de “aislamiento prolongado”.

Los centros penitenciarios Yare II y Yare III, ambos ubicados en el estado Miranda, albergan a 42 y 38 presos políticos, respectivamente. A estos les sigue el Centro de Formación Hombre Nuevo “El Libertador”, también conocido como Fénix Carabobo, con 20 personas detenidas.

En el caso de las prisiones femeninas, La Crisálida cuenta con 20 detenidas y el Instituto Nacional de Orientación Femenina con 16, ambas también en Miranda, completando así el listado de los diez recintos con más presos políticos en el país.

El resto de los 110 centros corresponde a cárceles comunes, comisarías, instalaciones militares y comandos de la Guardia Nacional, entre otros.

Desde 2015, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha documentado la muerte de 25 presos políticos bajo custodia, siendo la más reciente la del exgobernador Alfredo Díaz.

(Con información de EFE)

Caracas, 20 dic (EFE).- La ONG de Venezuela Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pidió este viernes a las autoridades de Venezuela esclarecer la situación en la cárcel militar conocida como Ramo Verde, donde, según informó el partido opositor Vente Venezuela (VV), "se reportan heridos" tras la denuncia de que funcionarios militares "están disparando" a los considerados "presos políticos".

A través de X, el OVP hizo un llamado a las autoridades competentes para que se tomen "las medidas necesarias" para garantizar la integridad física y los derechos humanos de todos los reclusos de esta cárcel.

"Es fundamental recordar que las autoridades no deben someter a la población reclusa a torturas, tratos crueles, degradantes o inhumanos", manifestó la ONG, al tiempo que indicó que cualquier funcionario que incurra en estos actos "debe ser sometido a una investigación penal".

La situación en Ramo Verde fue reportada en X por la activista y abogada Tamara Sujú, quien compartió fotos y videos que -asegura- pertenecen al suceso, en el que, según dice, se registraron "tres heridos" por arma de fuego.

Asimismo, detalló que este hecho se reportó desde las 5:00 hora local (9:00 GMT) de este viernes y, según información que recibió, en la cárcel estarían agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Por su parte, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos aseguró que familiares de "presos políticos militares" recluidos en Ramo Verde denunciaron la "toma violenta" de este penal, donde, según la organización, efectivos del Estado "habrían disparado y herido" al menos a cinco reos.

"Madres y familiares están angustiados y temen por la vida de sus seres queridos injustamente encarcelados", destacó la organización no gubernamental.

Las autoridades todavía no se han pronunciado sobre los hechos que se filtraron desde dentro de la cárcel, que alberga, fundamentalmente, presos militares. EFE

Caracas, 20 dic (EFE).- El partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora María Corina Machado, informó este viernes que "funcionarios militares están disparando" a los considerados "presos políticos" en la cárcel militar conocida como Ramo Verde, en el estado Miranda (norte), cercano a Caracas, donde -dijo- "se reportan heridos", según imágenes y datos filtrados por reclusos.

La formación, que destacó que los familiares de los internos "están desesperados" por los incidentes, alertó a la comunidad internacional, a través de la red social X, de la situación que "demuestra, una vez más, el terrorismo de Estado" que, considera, existe en Venezuela.

En su publicación, VV comenta unas fotos y videos del suceso, subidos a la red social por la activista y abogada Tamara Sujú, quien asegura que, de momento, recibió información de "tres heridos" por arma de fuego en la cárcel militar de Ramo Verde. EFE

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“Venezuela: desde las 5 a.m. situación irregular en la Cárcel Militar de Ramo Verde”, expresó Sujú.

El centro de detención, conocido por albergar a presos políticos, se convulsionó al reportarse disparos en diferentes niveles del complejo. De acuerdo con Sujú, “me llegan estas imágenes sensibles (fuertes) desde la cárcel militar de Ramo Verde. 3 heridos de bala, en el Anexo A piso 4...”.

En la supuesta operación estuvo involucrado el general Ferrer Sandrea. Las informaciones apuntan a que la operación fue liderada por altos mandos militares, y la situación generó disparos que pudieron escucharse desde diferentes pisos de la instalación. “Según la Información están el DGCIM, el SEBIN y la GNB”, refirió Sujú a través de las plataformas digitales.

Las repercusiones de este conflicto han sido difundidas por numerosos medios de comunicación, que subrayan la gravedad de los hechos. Ante este contexto, diferentes ONG han reiterado el llamado a una inspección internacional sobre el estado de los presos y las condiciones de detención en Venezuela.

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario aún no ha emitido un comunicado oficial ni ha explicado las razones detrás de los incidentes en Ramo Verde. Datos anteriores han mostrado que esta prisión ha sido escenario de múltiples denuncias de violencia y tratos inhumanos, lo que podría indicar un patrón de irregularidades que necesita ser revisado con urgencia.

Los familiares de las personas detenidas, junto a organizaciones de la sociedad civil, continúan su lucha por justicia y la mejora de las condiciones en los centros de reclusión nacionales.

Estas cuestiones subrayan la importancia de un seguimiento constante a la situación de los derechos humanos en el país sudamericano, exigiendo un entorno carcelario que respete la vida y la dignidad de todos los internos, sin excepciones. La atención mediática sobre este incidente específico podría servir como catalizador para reformas más amplias, como lo sugieren expertos en la materia, esperando así lograr un cambio positivo en lo que muchos consideran un sistema profundamente disfuncional.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de las personas detenidas por razones de conciencia en Venezuela, informó este miércoles que quedan en el país, tras las liberaciones de las últimas semanas, 1.877 presos políticos, 28 menos que en su último reporte, cuando computó 1.905.

A través de su cuenta en la red social X, la organización detalló que del total de encarcelados, 1.642 son hombres y 235 mujeres. De ellos, 1.715 son civiles y 162 pertenecen a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Además, señaló que hay 1.871 adultos y 6 adolescentes, de entre 14 y 17 años, detenidos en estas condiciones.

La mayoría de estas detenciones están relacionadas con las protestas que surgieron tras los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró de forma fraudulenta la reelección del dictador Nicolás Maduro.

Estas cifras incluyen personas arrestadas en manifestaciones contra lo que diversos sectores consideran irregularidades en el proceso electoral. El pasado lunes, la Fiscalía venezolana anunció la liberación de 533 detenidos relacionados con las protestas postelectorales.

Según el Ministerio Público del régimen, estas excarcelaciones forman parte de un proceso de revisión de medidas judiciales, que en su etapa más reciente incluyó 179 nuevos casos, los cuales se sumaron a 354 liberaciones previas realizadas en las últimas semanas.

Sin embargo, estas excarcelaciones fueron acompañadas por nuevas detenciones. Entre los arrestados recientemente figuran dos miembros del partido Vente Venezuela, liderado por la opositora María Corina Machado; el exconcejal caraqueño Jesús Armas; el alcalde de Cabimas, estado Zulia, Nabil Maalouf; y el activista Luis Palocz.