Ramiro Herrera Buitrago, exintegrante del Cartel de Cali, ofreció entregar información sobre más de 1.000 bienes que estarían relacionados con el patrimonio del extinto grupo criminal, incluidos activos localizados dentro y fuera de Colombia. El hermano de Hélmer Francisco Herrera Buitrago, conocido como alias Pacho Herrera, formalizó esa disposición en una carta enviada al presidente de la República, Abelardo de la Espriella y en una declaración ante la Fiscalía General de la Nación.

La información anunciada, en la misiva a la que accedió Blu Radio, comprende inmuebles, sociedades, inversiones, documentación y datos sobre personas naturales y jurídicas que, según Herrera, podrían ser contrastados con expedientes y registros oficiales. El exintegrante de la organización planteó que las autoridades definan, caso por caso, si hay elementos para impulsar o concluir procesos de extinción de dominio.

En la comunicación remitida a la Presidencia, Herrera solicitó que su decisión tuviera conocimiento institucional. El objetivo, explicó, es que las entidades competentes puedan adoptar las actuaciones que correspondan frente a la recuperación de activos y su eventual destinación social.

Herrera plantea entregar datos de activos en cinco países

La primera fase de la colaboración contempla información sobre más de 1.000 bienes en Colombia, Estados Unidos, Panamá, Venezuela y Ecuador. Herrera señaló que parte de esos activos y de las estructuras económicas vinculadas a ellos han sido objeto de investigaciones y controversias durante décadas.

El exintegrante del Cartel de Cali indicó en la carta que busca poner bajo control de las instituciones, los bienes asociados al denominado Clan Herrera. Según su planteamiento, la medida también pretende contribuir a que cese la violencia que históricamente habría rodeado esos patrimonios.

“El propósito es que bienes cuya historia se ha prolongado durante décadas y que han sido objeto de controversias, violencia y procesos patrimoniales puedan ser puestos definitivamente bajo conocimiento y control de las instituciones competentes del Estado”, escribió Herrera.

La solicitud no supone la entrega automática de los activos ni una definición sobre su origen. El propio remitente precisó que corresponde exclusivamente a las autoridades establecer la procedencia jurídica de cada bien y decidir si existen fundamentos para promover medidas de extinción de dominio.

La Fiscalía deberá verificar los datos con expedientes y documentos

Ante la Fiscalía General de la Nación, Herrera presentó su disposición como una “colaboración eficaz, directa, voluntaria y verificable con el Estado colombiano”. De acuerdo con su declaración, los elementos que entregue podrán confrontarse con documentos originales, registros públicos y privados, expedientes y otras pruebas disponibles de manera legal.

El anuncio incorpora referencias a sociedades, inversiones y personas que habrían intervenido en la administración de los bienes. Herrera aseguró que pondrá a disposición de la entidad los datos que conozca para permitir una verificación independiente.

“Mi voluntad es aportar los elementos que se encuentren en mi conocimiento para que toda la información pueda ser verificada independientemente por la Fiscalía General de la Nación”, afirmó en el documento publicado por Blu Radio. El ente acusador deberá determinar la utilidad de ese material dentro de las investigaciones en curso o de eventuales actuaciones posteriores.

Los procesos de extinción de dominio permiten al Estado solicitar la pérdida del derecho de propiedad sobre bienes cuya adquisición, destinación o utilización esté vinculada con actividades ilícitas, siempre que una autoridad judicial lo decida conforme a las pruebas reunidas.

Las medidas sobre 42 bienes anteceden el anuncio de colaboración

La decisión de Herrera se conoce después de que la Fiscalía impusiera medidas cautelares sobre 42 bienes avaluados preliminarmente en más de $ 44.900.000.000. Según la investigación, esos activos estarían ligados a uno de los presuntos grupos de testaferros que habría operado al servicio de “Pacho Herrera”.

Las acciones incluyen embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión. Con esos mecanismos, las autoridades buscan evitar que los bienes sean transferidos, ocultados o administrados por terceros mientras avanza el proceso judicial.

De acuerdo con la Fiscalía, durante años se habrían usado personas y empresas de distintos sectores económicos para ocultar activos, administrarlos y darles apariencia de legalidad. La indagación intenta establecer si esos mecanismos también permitieron sustraer los bienes del control estatal.

La colaboración anunciada por Ramiro Herrera Buitrago podría ampliar la información disponible sobre esas estructuras patrimoniales. Sin embargo, la incorporación de cualquier activo a un proceso de extinción de dominio dependerá de la verificación de los datos, del análisis de los expedientes y de las decisiones que adopten las autoridades competentes.