Las conversaciones con ChatGPT se transformaron en pruebas clave en numerosas investigaciones criminales recientes en Estados Unidos, según la cadena de noticias internacional CNN.

Estas interacciones, percibidas por muchos usuarios como privadas, fueron integradas a expedientes judiciales para esclarecer motivos y acciones, desencadenando un debate sobre la protección de la privacidad ante la ley.

Uno de los casos más recientes se produjo en abril, cuando Hisham Abugharbieh, compañero de habitación de uno de los dos estudiantes de posgrado asesinados en la Universidad del Sur de Florida, realizó consultas a ChatGPT sobre “qué ocurre si una persona es colocada en una bolsa de basura negra y arrojada a un contenedor”, según consta en la declaración jurada que la fiscalía de Florida presentó ante la corte.

Cuando la aplicación le advirtió del peligro implícito, el acusado insistió con la pregunta: “¿Cómo podrían descubrirlo?”. De acuerdo con CNN, estos mensajes forman parte de los cargos de doble homicidio premeditado que enfrenta Abugharbieh y ejemplifican cómo las autoridades estadounidenses rastrean registros de chat de inteligencia artificial como fuentes de prueba en casos penales de alto perfil.

A diferencia de los diálogos con un abogado, médico o terapeuta, que están amparados por privilegios legales establecidos, los intercambios con chatbots de IA carecen de protecciones de confidencialidad.

Según Virginia Hammerle, abogada en Texas, “cualquier cosa que alguien escriba en ChatGPT podría estar sujeta a descubrimiento judicial”, dijo a la cadena de noticias internacional CNN.

Esto significa que las autoridades pueden presentar estos registros como prueba sin restricciones, equiparándolos a otros datos electrónicos como el historial de llamadas o los pagos con tarjetas bancarias.

El uso de los historiales de conversación con ChatGPT como evidencia no se restringe a este hecho. El expediente judicial contra Jonathan Rinderknecht, acusado de provocar el incendio de Palisades en California en 2025, incluye solicitudes que hizo a ChatGPT, como la generación de imágenes de “personas huyendo del fuego” y confesiones sobre haber quemado una Biblia y sentirse liberado, según consta en la denuncia penal reseñada por la cadena de noticias internacional CNN.

Además, tras reportar el fuego al 911, preguntó a la herramienta de IA: “¿Tienes culpa si un incendio se produce por tus cigarrillos?”, lo que la fiscalía considera un intento de fabricar una coartada.

Rinderknecht negó los cargos y su abogado, Steve Haney, sostuvo al medio CNN que “los registros de ChatGPT no constituyen ni confesión ni escena del crimen”. Para Haney, “el gobierno pide al jurado que lea la mente de un acusado a través de una barra de búsqueda, y ni la ciencia ni el derecho han permitido ese salto”.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, reconoció en una entrevista para el pódcast de Theo Von en julio pasado, también citada por la cadena de noticias internacional CNN, que la ausencia de límites legales sobre la privacidad de estas interacciones es un “problema enorme”.

Altman señaló: “La gente habla sobre las cosas más personales con ChatGPT. Las personas lo usan, especialmente los jóvenes, como si fuera un terapeuta o un asesor de vida. Si esto se judicializa, podríamos vernos obligados a entregar esa información”.

El debate por la protección de la privacidad frente a la inteligencia artificial cobró relevancia tras la demanda interpuesta por las familias de las víctimas de un tiroteo en una escuela de Canadá en febrero, quienes denunciaron a OpenAI y a Altman por considerar que el uso de ChatGPT fue cómplice en el ataque, según informó la cadena de noticias internacional CNN.

Por su parte, la propia compañía subrayó en una declaración que mantiene su “compromiso con la seguridad de la comunidad” y que continuará priorizando la protección sin descuidar los riesgos colectivos.

El precedente de las búsquedas electrónicas en juicios penales

El empleo de historiales electrónicos en la instrucción penal no es enteramente nuevo. La jurisprudencia estadounidense reconoce casos donde búsquedas en Google fueron fundamentales para esclarecer el móvil o el conocimiento previo de un sospechoso.

En 2023, Brian Walshe fue declarado culpable del homicidio de su esposa, tras exhibirse ante el jurado búsquedas como “10 maneras de deshacerse de un cadáver” o “¿puedes ser juzgado por homicidio sin un cuerpo?”. De modo similar, en uno de los juicios de Karen Read, la atención se centró en el estado anímico de una testigo que había buscado “¿cuánto tiempo tarda en morir alguien en frío?”, lo cual se utilizó para analizar la intencionalidad.

Las autoridades subrayan que las consultas a la inteligencia artificial pueden revelar tanto el estado mental como el grado de planificación de los encausados. Las preguntas que Abugharbieh formuló a ChatGPT los días previos a la desaparición de las víctimas, entre ellas si podía poseer un arma de fuego sin licencia o si es posible modificar un número de identificación vehicular, constituyeron indicios relevantes para la imputación, según consta en la documentación recogida por la cadena de noticias internacional CNN.

Privacidad digital ante la ley estadounidense

El marco legal todavía no resolvió qué grado de protección debe concederse a estas interacciones en Estados Unidos. Altman defendió la necesidad de salvaguardar la privacidad, aunque admite la posibilidad de comprometer parte de ella en nombre de la seguridad colectiva, alertando sobre el riesgo de que los gobiernos excedan estos límites.

El historiador Nils Gilman, asesor principal del centro de estudios Berggruen Institute, argumentó en The New York Times que la sociedad debería otorgar confidencialidad legal a los diálogos con chatbots, del mismo modo que se hizo con médicos o abogados para garantizar conversaciones honestas.

Pese a estas propuestas, el consenso entre expertos legales consultados por la cadena de noticias internacional CNN es que, por ahora, los datos ingresados en ChatGPT carecen de privilegios y están sujetos a los mismos estándares de descubrimiento judicial que cualquier otro dato digital.

El analista jurídico Joey Jackson ilustró: “Sería como llamar por teléfono y después argumentar que esa llamada no puede utilizarse en nuestra contra”.

Las discusiones sobre eventuales excepciones —por ejemplo, materiales confidenciales que un abogado incorpore a una IA, o el caso de particulares que se autorrepresentan ante la justicia— aún carecen de jurisprudencia clara. Hammerle precisó a CNN: “El derecho está intentando alcanzar a la realidad”, y añadió que “ChatGPT no es su amigo, ni su abogado, ni su médico, ni su pareja. Deje de hablarle como si lo fuera”.

Los abogados defensores de Tyler Robinson, acusado por la muerte del activista y podcaster conservador Charlie Kirk durante un evento al aire libre en Utah Valley University el 10 de septiembre de 2025, solicitaron que se postergue por seis meses la audiencia preliminar del caso.

De acuerdo con un informe de NBC News, el equipo legal sostiene que la revisión de la prueba clave de ADN hallada en el arma presuntamente utilizada requiere más tiempo, debido a la complejidad del análisis y a que aún no recibieron el archivo completo del caso ni tuvieron acceso integral a la documentación entregada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Entre las pruebas más relevantes se encuentra un informe del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) de Estados Unidos, según el cual: la ATF no pudo identificar la bala recuperada en la autopsia con el fusil presuntamente relacionado con Robinson, de acuerdo con el expediente presentado ante el juez Tony Graf.

La defensa señala que la falta de acceso a los protocolos utilizados durante la revisión balística imposibilita una evaluación independiente del material probatorio.

El rifle, de fabricación alemana y con décadas de antigüedad, fue hallado en una zona boscosa cercana a la escena del crimen. Los investigadores de la policía local indicaron que dicha arma fue ideada para su uso en ambas guerras mundiales, un dato relevante para el análisis forense y la trazabilidad del arma, de acuerdo con NBC News.

En el contexto legal, la defensa explicó que no se encuentra en condiciones de valorar la fiabilidad de la prueba balística, ya que “hasta que la defensa reciba los expedientes y protocolos de estos análisis y los haya sometido a evaluación independiente por su propio perito, no podrá determinar la confiabilidad de estas pruebas si la fiscalía o la propia defensa optan por presentarlas”.

La defensa de Robinson cuestiona la consistencia probatoria y pide seis meses para analizar 600.000 archivos de evidencia

La complejidad del caso se evidencia también en la magnitud del material digital: el equipo de Robinson confirmó haber recibido este mes un disco duro con 31 horas de grabaciones de audio, 700 horas de video y 600.000 archivos de datos.

La defensa estimó en el expediente que le llevará aproximadamente 60 días solo identificar qué materiales faltan antes de poder preparar la estrategia previa a la audiencia.

Según NBC News, el propio escrito resalta: “el equipo de defensa ha dedicado, y seguirá dedicando, recursos significativos al procesamiento de la evidencia, incluyendo la identificación de materiales aún no recibidos para determinar la preparación ante la audiencia preliminar. Sin embargo, el equipo de defensa es realista, y la revisión exhaustiva necesaria para saber qué falta llevará cientos de horas”.

Paralelamente, el documento señala que el FBI de Estados Unidos está realizando un análisis comparativo secundario del fragmento de bala recuperado durante la autopsia, pero ese estudio aún no concluyó. Este detalle sitúa el eje probatorio en la comparación pericial pendiente, cuya resolución podría modificar sustancialmente la posición de la defensa: los representantes legales de Tyler Robinson manifestaron que, en función de los resultados, la defensa podría considerar presentar el testimonio del analista de armas de la ATF como prueba exculpatoria.

El asesinato de Charlie Kirk, ocurrido cuando el activista respondía preguntas del público durante una gira nacional de Turning Point USA, generó debate sobre la seguridad en eventos políticos y el manejo de armas históricas, como documentó NBC News.

Con la solicitud de la defensa para demorar la audiencia preliminar, el proceso se traslada ahora al terreno técnico: la calidad, autenticidad y alcance de las pruebas balísticas, digitales y forenses serán decisivos en la continuidad judicial del caso.

Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino se sentaron esta semana frente al juez en lo penal económico Diego Amarante y respondieron con un “no” tajante cuando se les consultó si estaban dispuestos a contestar preguntas. Ambos se remitieron a los escritos de descargo que presentaron en su declaración indagatoria, con los fundamentos para reclamar el cierre del caso y el sobreseimiento.

Sin embargo, no pudieron evitar escuchar la lectura de cada uno de los cargos y de la prueba que se acumuló en el expediente desde que ARCA presentó la denuncia penal por supuesta retención indebida de aportes por 19.300 millones de pesos, entre 2024 y 2025.

Pruebas y definiciones

“A continuación, se le exhiben e informan la totalidad de pruebas y constancias acumuladas en la presente causa”, reza el acta de las declaraciones indagatorias a la que tuvo acceso Infobae. Se trató de la lectura de 15 carillas con un detalle de la evidencia. Antes se les exhibió un cuadro con 51 hechos, uno por cada período de aportes de cada impuesto retenido y no depositado al fisco en tiempo y forma, que forman parte de la acusación.

La causa entró en etapa de definiciones con dos frentes abiertos: por un lado, el juez en lo penal económico Diego Amarante cerró con Tapia el jueves la ronda de declaraciones indagatorias y quedó en condiciones de definir las situaciones procesales de los cinco imputados: Tapia, Toviggino, Gustavo Lorenzo, Víctor Blanco y Cristian Malaspina. El magistrado podría procesarlos, dictar falta de mérito o sobreseerlos, como reclamaron todos.

De manera paralela la Cámara en lo Penal Económico citó para el próximo miércoles a una audiencia previa a resolver sobre el planteo de inexistencia de delito hecho por la defensa de Tapia y al que adhirieron los demás acusados. Se basa en la existencia de una normativa que según sus argumentos, permitía a la AFA diferir esos pagos al fisco.

El juez rechazó el planteo y avanzó con la investigación e indagatorias. La defensa apeló y la decisión está en manos de los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos.

Además, el jueves pasado, mientras la atención mediática estaba puesta en la indagatoria de Tapia en el edificio de Avenida de los Inmigrantes 1950, los jueces del Tribunal de Apelaciones recibieron escritos que pidieron revocar la prohibición de salida del país de los dirigentes, algo sobre lo cual también tienen que decidir.

La acusación del juzgado

A los dirigentes de AFA se les leyeron cargos atribuidos a la presunta omisión de depósito, dentro de los 30 días posteriores al vencimiento de los plazos legales, de sumas retenidas en concepto de Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Ganancias y contribuciones destinadas al Sistema Único de la Seguridad Social.

La Asociación y sus dirigentes sostuvieron que ya regularizaron esos pagos.

La causa reúne una importante cantidad de documentación incorporada durante los últimos meses. Entre las pruebas que se les leyeron figuran informes del Banco Credicoop, que detallan las cuentas que la AFA mantiene en esa entidad, los movimientos registrados, las personas autorizadas a operar fondos, formularios de apertura de cuentas, registros de firmas e incluso imágenes del frente y dorso de cheques librados y presentados al cobro.

También se sumaron datos sobre transferencias realizadas para el pago de haberes, además de información sobre cuentas corrientes, cajas de ahorro, cuentas comitentes, tarjetas de crédito, créditos otorgados y depósitos a plazo fijo vinculados tanto a la AFA como a algunos de los directivos mencionados en la investigación.

A pedido de la Justicia, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) remitió además un informe con el detalle de pagos efectuados por AFA, eventuales planes de facilidades solicitados para cancelar obligaciones impositivas y previsionales, y datos técnicos como las direcciones IP desde las cuales se habrían realizado operaciones vinculadas a esas cancelaciones.

El expediente también incorporó documentación institucional remitida por la Inspección General de Justicia y por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, entre ella el estado contable de la AFA cerrado el 30 de junio de 2025, el informe de auditoría independiente y el dictamen de la comisión fiscalizadora.

Entre los elementos analizados por los investigadores aparecen además planillas con el detalle de las retenciones vinculadas a contribuciones de la seguridad social correspondientes a los períodos fiscales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, junto con registros de intimaciones y notificaciones de deuda cursadas a la entidad.

A ese material se sumó también un oficio remitido por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°41 con certificaciones de una causa por presunta administración fraudulenta, en la que se investigan hechos vinculados a la gestión de fondos, en una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni.

Qué le contaron los dirigentes al juez

Al inicio del trámite y como ocurre en todas las declaraciones indagatorias, el juzgado preguntó por datos personales sobre los cuales hay obligación de responder más allá de que luego haya una negativa a hablar o a contestar preguntas sobre la imputación.

Tapia dijo ser “empleado y a su vez dirigente deportivo, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino”. Cuando lo interrogaron sobre si sabía de anteriores procesamientos contra la Asociación del Fútbol Argentino, respondió: “la verdad no sé si procesada. Sé que cuando asumí pague los aportes de dos gestiones anteriores que se debían, Luis Segura y Armando Pérez, que fueron los de la Comisión Normalizadora”.

Un día antes, Toviggino también se había negado a contestar preguntas y sólo contó que estudia abogacía en la Universidad de Morón, que es Presidente Ejecutivo del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino y cuando le preguntaron recordó que estuvo procesado en una causa similar a la que ahora se investiga. “Fui finalmente sobreseído por la Corte Suprema en el año 2025. Lo que recuerdo es que la denunciante había sido la AFIP contra la Asociación del Fútbol Argentino. Fui procesado en primera instancia, sobreseído en la Cámara, sobreseído en Casación y sobreseído en la Corte Suprema”, enumeró.

Las acusaciones de corrupción vinculadas con el presunto saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) alcanzan este miércoles 4 de marzo de 2026 un punto decisivo: la Corte Suprema de Justicia deliberará sobre la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, que podría llevar a juicio penal a los congresistas Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur y Karen Manrique, además del excongresista Juan Diego Muñoz.

El avance de la investigación tiene como eje nuevas pruebas, incluidas interceptaciones a teléfonos y el testimonio de una colaboradora clave, en un contexto donde varias figuras del círculo presidencial han huido de la justicia.

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Para avanzar en el caso, fueron determinantes las llamadas y los mensajes de texto extraídos del celular de María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda, que negoció inmunidad total con la Fiscalía General de la Nación a cambio de aportar detalles sobre el mecanismo ilegal de cooptación de votos legislativos.

En un expediente de 500 páginas, al que accedió El Tiempo, figuran chats entre Benavides y los congresistas Manzur y Bitar, además de conversaciones con altos funcionarios como el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el entonces viceministro Diego Guevara.

Estas comunicaciones permitieron reconstruir dos reuniones clave: un desayuno el 4 de octubre de 2025, donde se habría presentado la propuesta irregular, y otro encuentro el 31 de octubre, en La Giralda, sede del Ministerio del Interior, donde se concretó el acuerdo.

Entre las pruebas decisivas que ahora evalúa la Corte destacan las interceptaciones telefónicas practicadas en el último trimestre de 2024 a distintos investigados. En particular, esas grabaciones mostrarían cómo los congresistas gestionaban recursos estatales para sus regiones a cambio de apoyar en el Congreso de la República los proyectos prioritarios del Gobierno nacional.

El avance y profundidad de la investigación modificaron el rumbo del proceso. En agosto de 2025, el magistrado Rodríguez ya había presentado una ponencia solicitando la detención preventiva de los cinco congresistas. En esa oportunidad, la medida fue rechazada y ellos continuaron ejerciendo sus funciones parlamentarias en libertad.

El expediente contiene múltiples declaraciones de exfuncionarios de alto rango. Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, actualmente en prisión por su vinculación en este entramado, aportó que en un Consejo de Ministros se impartió una directriz para que cada integrante de esa mesa “adoptara” a un congresista, a fin de orientar su voto a favor del Ejecutivo. Ortiz aseguró que la directiva fue pronunciada por el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco.

Por su parte, Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, relató ante el alto tribunal que denunció irregularidades en el manejo del presupuesto del Ministerio de Hacienda bajo la gestión de Ricardo Bonilla, también encarcelado por este escándalo, e informó de la situación al presidente Gustavo Petro, que, en palabras de Reyes, “nunca se inmutó”.

Reyes responsabilizó a Andrea Carolina Riveros de instrumentar la mecánica para la desviación de recursos: “Los congresistas solicitaban cambios en partidas presupuestales para que se direccionaran a entidades en las cuales podían otorgarse contratos a contratistas que dirigían los recursos hacia los congresistas”, afirmó el ex titular de la cartera.

Funcionarios en fuga y el peso de las pruebas digitales

El expediente judicial también incluye a dos exfuncionarios de alto perfil del gobierno, Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, y Carlos Manrique, exdirector de Función Pública, que permanecen prófugos.

Además, recoge los testimonios del propio Bonilla y del exviceministro Guevara, que afirmó no recordar reuniones con los congresistas, aunque registros oficiales lo ubican en encuentros con legisladores de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

En la ponencia que presionó la detención de los parlamentarios, la Corte resume el método probado a través de las pruebas digitales:

“A partir de registros comunicacionales de María Alejandra Benavides Soto, la Sala ha establecido que, en los días siguientes al desayuno del 4 de octubre —en especial, entre el 11, 12 y 13 de octubre de 2023—, los esfuerzos respecto de las labores de la CICP se enfocaron en lograr un espacio de encuentro entre los ministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chaves con algunos integrantes de la Comisión de Crédito”.

El documento concluye que “en esta reunión informal, una vez más, se trataron asuntos extraoficiales de la CICP, probablemente vinculados a la negociación que se había estructurado con anterioridad entre algunos de sus integrantes y el ministro de Hacienda”.

La declaración en cuestión se registró en la entrevista que Petro Burgos dio a Semana después de que estallara el caso en su contra por enriquecimiento ilícito. Según dijo el investigado, no se iba a “inmolar” por su papá, además, que estaba abierto a una negociación con las autoridades para entregar información.

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Para la fiscal Laborde, especializada en la Dirección contra el Lavado de Activos, la entrevista debe ser considerada porque Nicolás habló sin ningún tipo de presión e intervención del ente acusador.

“(...) la entrevista a Nicolás Petro a Revista Semana. ¿Cómo se dio esa entrevista que rindió Nicolás Petro a la revista Semana? Sin la intervención de la Fiscalía. Libre y voluntariamente, sin la intervención de la Fiscalía. ¿Y cómo se allegará al juicio por parte de la Fiscalía, a quien, su Señoría sí le admitió esta prueba?”

Y señaló: “Es que tiene un testigo de acreditación, porque el testigo con quien ingresará al juicio la recolectó y manifestará ante su Señoría cómo la recolectó, dónde la encontró. Dará fe de la autenticidad en la recolección de esa entrevista a la revista Semana”.

La fiscal, que asumió el caso tras la salida de Mario Burgos, habló sobre el uso de las conversaciones en el celular de Petro Burgos. “Otra situación es que la defensa argumenta que si la Fiscalía puede usar el celular iPhone catorce Pro Max o la fuente Sisac la fuente no formal, él debería poder usar las declaraciones de su cliente o que estas deberían anular a las otras”.

La defensa pidió la exclusión de la entrevista de Nicolas Petro

La defensa de Nicolás Petro Burgos solicitó que se excluya del juicio la entrevista publicada en agosto de 2023. Desde la perspectiva del abogado Alejandro Carranza, aceptar como prueba esa entrevista equivaldría a admitir por vía indirecta evidencias ya vetadas por la Corte Constitucional.

El pedido del togado incluyó el rechazo de una docena de pruebas documentales, testimoniales y técnicas. En particular, excluir la entrevista donde Petro Burgos —arrestado junto a Day Vásquez y a la espera de la resolución de medida de aseguramiento— sugirió que podría negociar con la Fiscalía General y entregar información sobre los hechos investigados.

Carranza fundamentó este pedido en la restricción legal de incorporar declaraciones que conduzcan a la autoincriminación. Como señaló ante el juez, “desde el punto de vista legal, su señoría, es inadmisible que los dichos de una persona que busca un principio de oportunidad puedan servir de evidencia (...) Entre eso, lo que aparece en la revista Semana como una entrevista”.

Según su análisis, existe una incongruencia en aceptar la entrevista como prueba, dado que las manifestaciones ante la Fiscalía General de la Nación ya no pueden ser usadas en contra del propio investigado. “Entonces, su señoría, que entre como prueba esa entrevista significa que entra por la puerta de atrás lo que la Corte Constitucional ha cerrado para siempre”, subrayó Carranza.

Insistió en que “no se pueden hacer citaciones ni menciones de lo que allí quedó plasmado. No se puede convertir en prueba sobre lo que ya ha sido prohibido. Eso no puede ser permitido. Nicolás tiene derecho a guardar silencio en este proceso”. En la misma línea, la defensa planteó la existencia de un sesgo institucional y una supuesta persecución política contra la familia Petro.

Tómate un minuto para pensar en la que sería la última década de tu vida. ¿En qué tipo de forma física esperas estar? ¿Y cuáles son las actividades que quieres poder seguir haciendo?

Aunque no existe una bola de cristal para predecir tu salud futura, hay algunas pruebas básicas que puedes hacerte para medir el estado actual de tu fuerza, potencia, estado cardiovascular y equilibrio, lo que influirá en tus capacidades físicas en el futuro. Este tipo de pruebas se han asociado con la longevidad y la vida independiente. También son aproximaciones a actividades que mucha gente quiere poder hacer en la vejez, como tirarse al suelo a jugar con los nietos o viajar y explorar una nueva ciudad a pie.

Nunca es demasiado pronto para empezar a entrenar para la vejez, dijo Stuart Phillips, profesor de kinesiología de la Universidad McMaster de Ontario. Las personas pierden fuerza y masa muscular de forma natural con la edad, así que te conviene que tu punto de partida sea lo mejor posible. Empezar a entrenar con anticipación es “dinero en el banco”, dijo Phillips.

Además, nunca es demasiado tarde para mejorar tus capacidades físicas, añadió: “Tenemos datos que demuestran que los nonagenarios, es decir, las personas en su 10.a década de vida, o en sus 90 años, pueden ganar fuerza y ejecución con solo un poco de actividad, incluso ligera”.

Intenta con estas cuatro pruebas para determinar en qué punto te encuentras actualmente. Si no rindes tan bien como esperabas, no te preocupes: unos cuantos ejercicios de fuerza, acondicionamiento y equilibrio, realizados con regularidad, pueden ayudarte a mejorar tu puntuación en cada una de ellas.

1. Siéntate y levántate

El objetivo de esta prueba es pasar de estar de pie a estar sentado en el suelo, y volver a levantarse, utilizando la menor cantidad de apoyo posible. La prueba se puntúa en una escala de 10 puntos —cinco puntos por sentarte y cinco puntos por levantarte— y pierdes un punto por cada mano, rodilla u otra parte del cuerpo que utilices para ayudarte. Resta medio punto si estás inestable o pierdes el equilibrio.

Los adultos de entre 30 y 40 años deberían aspirar a un 10 perfecto, dijo Claudio Gil Araújo, decano de investigación y educación de la Clínica de Medicina del Ejercicio de Brasil, quien desarrolló la prueba. Quien tenga más de 60 años y obtenga un 8 está “en muy buena forma”, dijo.

La prueba evalúa la fuerza, la potencia, el equilibrio y la flexibilidad. Araújo también ha demostrado que predice la mortalidad. En un estudio suyo reciente se examinó a más de 4000 adultos de 46 a 75 años y se descubrió que, en el transcurso de 12 años, las personas que obtuvieron una puntuación de 4 o menos en la prueba de sentarse y levantarse tenían tasas de mortalidad casi cuatro veces superiores a las de quienes obtuvieron un 10. Dijo que ello se debía principalmente a que las personas con puntuaciones bajas corrían un mayor riesgo de caídas.

2. La velocidad de tus pasos

La velocidad a la que alguien camina en su marcha normal es “un indicador muy importante de la capacidad funcional y la vitalidad”, dijo Jennifer Brach, profesora de ciencias de la salud y la rehabilitación de la Universidad de Pittsburgh. “Predice el declive futuro, la mortalidad, el ingreso en residencias de ancianos, la discapacidad y muchas otras cosas”, dijo.

Para evaluar tu velocidad al andar, mide cuatro metros, o unos 13 pies, sobre una superficie recta y plana, y cronometra el tiempo que tardas en recorrer la distancia. (Recuerda que debes caminar a tu velocidad normal, no lo más deprisa que puedas). Las personas de todas las edades deben aspirar a una marcha de al menos 1,2 metros por segundo, algo más de tres segundos en total.

Brach recomendó que la gente vuelva a hacerse la prueba cada pocos meses. “Si el valor cambia, puede ser una señal de alarma”, dijo. Esto se debe a que, aunque caminar parece una tarea sencilla, requiere un funcionamiento adecuado de los sistemas cardiovascular, musculoesquelético, vestibular (equilibrio), sensorial y nervioso. Un paso más lento podría indicar que hay un problema en cualquiera de esos sistemas que quizá deba investigarse y abordarse.

3. La fuerza de agarre

La fuerza de agarre también está relacionada con la mortalidad. Aunque esa conexión pueda parecer descabellada, los expertos dicen que una prueba de fuerza de agarre sirve como indicador útil de lo activa que es una persona en su vida diaria.

“Cuando utilizas más las manos, probablemente es porque haces más cosas”, dijo Cathy Ciolek, presidenta de Geriatría de la Asociación Estadounidense de Fisioterapia. “Llevas la compra, abres la puerta del coche, cargas a tu nieto”. Todas esas cosas hacen trabajar tus manos, dijo, y cuanto más las hagas, mejor será tu fuerza de agarre.

La fuerza de agarre también es importante para mantener la independencia en tareas domésticas como cocinar. (Piensa en sacar un plato pesado del horno).

Un médico o fisioterapeuta suele evaluar la fuerza de agarre con un aparato especial llamado dinamómetro. Para ponerte a prueba en casa, prueba caminar durante 60 segundos mientras sostienes una pesa en cada mano (lo que también se conoce como “carga del granjero”), sugiere Nima Afshar, médico de la consulta Private Medical. Empieza con pesas ligeras y ve aumentando el peso con el tiempo. Si te duele la mano o el cuerpo, deja de hacerlo.

No existen normas relacionadas con la edad para el levantamiento de pesas, como ocurre con el dinamómetro. Pero Afshar dice que un hombre de 45 años debe tratar de cargar dos mancuernas de 27 kilos, uno de 65 años dos de 18 kilos y uno de 85 años dos de 11 kilos. Para una mujer de esas edades, los pesos ideales son 18 kilos, 11 kilos y 7 kilos en cada mano.

4. Pararse en una sola pierna

Al igual que la fuerza disminuye de forma natural con la edad, también lo hace el equilibrio. Y eso aumenta el riesgo de caídas, una de las principales causas de lesiones y muerte en las personas mayores.

Poner a prueba el equilibrio es tan sencillo como ponerse de pie sobre una sola pierna. Los adultos deben intentar estar de pie un mínimo de 10 segundos al menos sobre un lado. Para un reto añadido, Afshar recomendó intentar la prueba con los ojos cerrados.

Según un estudio que Araújo publicó en 2022, el 20 por ciento de los adultos de 51 a 75 años fueron incapaces de llegar a los 10 segundos. Y esos individuos tenían un 84 por ciento más de probabilidades de morir en los siete años siguientes, posiblemente porque no estaban sanos al inicio del estudio.

“No se puede predecir con exactitud la mortalidad de un individuo” con este tipo de pruebas, dijo Afshar. Pero si estás por debajo de la media en cualquiera de ellas, es probable que no te vaya tan bien a largo plazo.

Dicho esto, añadió, todas estas métricas —fuerza, forma física, equilibrio— pueden mejorarse, y a medida que mejoras, tu riesgo de morir disminuye pronto.

(c) The New York Times

De acuerdo con la información publicada, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo resolvió absolver a un joven que enfrentaba acusaciones de agresión sexual contra dos menores en su domicilio particular. El proceso abordó hechos acontecidos el 8 de junio de 2021, cuando el acusado, que entonces tenía 18 años, se reunió en su vivienda de la ciudad con dos menores de 15 y 17 años. El tribunal recogió como hechos probados que en un momento los tres fueron a la habitación del joven, donde él les propuso mantener relaciones sexuales en grupo, propuesta que ambas menores rechazaron.

Según consignó el medio, los tres se acostaron juntos y el joven realizó tocamientos a ambas, luego mantuvo relaciones sexuales con una de ellas y solicitó a la otra que saliera de la habitación. La denuncia partió cuando una de las menores comunicó a una educadora que había tenido una relación sexual con el procesado sin su consentimiento. Posteriormente, la menor fue examinada en un hospital donde se verificó la existencia de un hematoma en el cuello, descrito como un “chupón”, y una lesión en la vulva, aunque el himen permanecía intacto.

El tribunal, según informó la fuente, consideró que los hechos respecto a los diversos tocamientos a una de las menores, por encima de la ropa y en el pecho, no constituyeron delito. En cuanto al testimonio de la menor que denunció la relación sexual no consentida, la Sala valoró que no puede afirmarse que su relato resulte falso, pero estimó que su versión carece de apoyos periféricos necesarios para fundamentar una condena. El fallo señala, según detalló la fuente, que “a falta de corroboraciones periféricas la versión resulta insuficiente para alcanzar un pronunciamiento condenatorio”.

El tribunal subrayó en su sentencia que “la condena presupone la certeza de la culpabilidad, la absolución no presupone la certeza de la inocencia”. La Sala enfatizó que el ordenamiento penal exige probar la culpa de manera concluyente para dictar una condena, responsabilidad que no alcanzó el grado exigido en este caso. Igualmente, recogió el tribunal que las lesiones localizadas en la denunciante, aunque puedan ser valoradas de modo diferente, cabe comprenderlas “dentro de una relación consentida”.

En el fallo, de acuerdo con lo informado, también se aprecian “inconsistencias” en la narración de los hechos por parte de la denunciante. Tales contradicciones, argumentó el tribunal, deben favorecer al acusado bajo el principio de presunción de inocencia y la exigencia de que cualquier condena penal esté sustentada en pruebas suficientes e inequívocas.

La resolución del caso ha puesto de manifiesto, según relató el medio, los límites procesales que enfrenta la justicia cuando las pruebas no permiten disipar todas las dudas razonables respecto a lo ocurrido. La decisión se fundamentó en la ausencia de elementos suficientes que permitan descartar otras interpretaciones posibles de los hechos o probar la culpabilidad más allá de lo exigido por la ley penal.

El envejecimiento físico impacta de forma distinta en cada persona. Sin embargo, especialistas en fisioterapia y geriatría citados por National Geographic identifican cinco pruebas simples para evaluar en casa la movilidad, la fuerza muscular, el equilibrio y la salud cardiovascular. Estas herramientas permiten monitorear el bienestar general a lo largo del tiempo y detectar precozmente signos de fragilidad.

Con los años, articulaciones y músculos experimentan cambios que pueden limitar la movilidad y reducir la independencia. Kaila Morin, supervisora de fisioterapia, advirtió a National Geographic que este descenso progresivo eleva el riesgo de caídas y lesiones si no se aborda con enfoque preventivo. Incorporar ejercicios y actividades adaptadas favorece la autonomía y la calidad de vida en la vejez.

Uno de los aspectos destacados de estas cinco pruebas, según Morin, es la ausencia de necesidad de equipamiento especializado, lo que permite realizarlas tanto en consulta médica como en el hogar. Aunque no reemplazan una evaluación clínica profesional, funcionan como métodos de cribado inicial para dar seguimiento a los cambios físicos con el tiempo.

Velocidad de marcha: el “sexto signo vital” en el envejecimiento

La velocidad al caminar, o “gait speed”, es el parámetro más utilizado por fisioterapeutas para anticipar la autonomía en la vida adulta.

Robyn Culbertson, especialista clínica en geriatría y miembro de la American Physical Therapy Association, explicó a National Geographic: “La velocidad de marcha es el indicador único más predictivo del envejecimiento: está vinculada a la mortalidad, al deterioro cognitivo y a la posibilidad de mantener la independencia”. Junto a Morin, identificaron este parámetro como el “sexto signo vital”.

Para realizar la prueba en casa:

• Delimitar un trayecto de 10 metros, añadiendo 2 metros en cada extremo para acelerar y desacelerar.
• Cronometrar el tiempo que se tarda en recorrer los 10 metros centrales.
• Dividir el tiempo registrado entre la distancia recorrida para obtener la velocidad media (en metros por segundo).

Valores de referencia:

• Personas mayores de 60 años: entre 0,8 y 1,2 metros por segundo.
• Adultos de mediana edad que buscan un envejecimiento saludable:
• • Ritmo cómodo: al menos 1,3 metros por segundo.
  • Velocidad máxima: hasta 1,9 metros por segundo.
  • Las mujeres suelen registrar valores ligeramente inferiores.

Sentarse y levantarse de una silla, clave para la fuerza funcional

La segunda prueba, llamada “sit-to-stand”, evalúa la fuerza de las piernas y la capacidad para realizar tareas cotidianas. Esta fortaleza comienza a disminuir a partir de los 30 o 40 años y afecta la habilidad de incorporarse de una silla sin apoyo de los brazos.

Culbertson señaló a National Geographic: “Cuando notas que no puedes levantarte de una silla sin usar las manos, es momento de fortalecer los músculos o consultar a un fisioterapeuta”.

La prueba consiste en sentarse en una silla estable, cruzar los brazos sobre los hombros y levantarse por completo, repitiendo el movimiento cinco veces lo más rápido posible y sin usar las manos. El resultado, medido en segundos, puede compararse con referencias por edad proporcionadas por la Academy of Neurologic Physical Therapy.

Si el test resulta demasiado sencillo o complicado, puede repetirse durante 30 segundos y confrontar los resultados con las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Prensión manual, referencia de fortaleza global

Medir la fuerza de prensión manual permite estimar la fortaleza total del cuerpo y el riesgo de discapacidad. Aunque parezca un aspecto menor, National Geographic destaca que esta habilidad resulta esencial para la seguridad en tareas diarias y la autonomía.

Una disminución de 5 kilogramos en la fuerza de prensión se relaciona con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular.

La medición se realiza con un dinamómetro de mano, habitual en fisioterapia, aunque existen modelos económicos para el hogar. Según la Foundation for the National Institutes of Health Sarcopenia Project, valores inferiores a 26 kilogramos en hombres y 16 kilogramos en mujeres indican un riesgo elevado de discapacidad, hospitalización y mortalidad.

Equilibrio unipodal, esencial para evitar caídas

El equilibrio suele subestimarse en el envejecimiento, aunque cumple una función relevante en la independencia física. Culbertson explicó en National Geographic que al dar cada paso permanecemos brevemente sobre un solo pie, ejercicio que se vuelve más difícil con la edad y cuya pérdida incrementa el riesgo de caídas y dependencia.

Para evaluar el equilibrio en casa, se recomienda situarse cerca de una superficie segura y cronometrar el tiempo durante el cual se mantiene una pierna levantada algunos centímetros sin apoyo. Morin advirtió que resistir menos de 5 segundos en personas mayores supone un mayor riesgo de caídas.

En adultos de 40 años, lo habitual es alcanzar 42 segundos como mínimo. Con los ojos cerrados, el promedio para esa edad desciende a 13 segundos. Practicar ejercicios de equilibrio unos minutos por semana contribuye a preservar esta capacidad con el tiempo.

Capacidad cardiovascular (VO₂ máx): señal de la salud interna

La quinta prueba se centra en la capacidad cardiovascular, medida a través del VO₂ máx, que refleja la cantidad máxima de oxígeno que el cuerpo puede utilizar durante un esfuerzo intenso. Este indicador revela la condición cardiorrespiratoria y, según National Geographic, está inversamente relacionado con el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares.

Aunque la medición precisa se realiza en laboratorios, actualmente diversos dispositivos electrónicos —relojes inteligentes y anillos de actividad— proporcionan estimaciones útiles mediante el registro de la frecuencia cardíaca y el desempeño durante el ejercicio.

Más que un valor aislado, interesa la tendencia: una disminución sostenida puede advertir retroceso en la capacidad, mientras que valores estables o ascendentes reflejan una buena rutina de ejercicio y salud cardiovascular.

Las cinco pruebas mencionadas constituyen instrumentos de control y no reemplazan el diagnóstico clínico, pero practicarlas de manera periódica puede permitir la detección precoz de cambios relevantes antes de que aparezcan problemas de salud.

National Geographic recomienda consultar con especialistas sanitarios ante cualquier señal persistente de deterioro físico.

Mantener actividades aeróbicas frecuentes, como ciclismo, natación, correr o caminar rápido, contribuye a optimizar la capacidad cardiovascular y conservar la vitalidad en el proceso de envejecimiento.

MARTES, 16 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Los corazones suelen asociarse con el amor, especialmente en torno al Día de San Valentín.

Eso es más relevante de lo que podrías pensar, dice una nueva revisión de evidencias.

El apoyo de una pareja querida puede mejorar drásticamente la recuperación de personas que han sufrido un infarto, insuficiencia cardíaca u otra emergencia relacionada con el corazón, según informaron hoy investigadores en el Canadian Journal of Cardiology.

Basándose en estos resultados, los investigadores recomiendan que las parejas íntimas sean incluidas en los programas de rehabilitación cardíaca para ayudar a apoyar la salud cardíaca de los pacientes.

"Necesitamos tratar las relaciones del corazón y fomentar para mejorar los comportamientos de salud, la salud mental y, posiblemente, los resultados cardiovasculares entre quienes padecen enfermedades cardíacas", afirmó la investigadora principal Heather Tulloch, profesora asociada en el Instituto del Corazón de la Universidad de Ottawa en Canadá, en un comunicado de prensa.

"Esto podría conducir a una mayor adaptación emocional y social durante la recuperación de los pacientes y, en última instancia, a mejores comportamientos de salud", añadió.

Para el estudio, los investigadores analizaron 16 estudios previos que involucraron a 1.444 pacientes cardíacos y sus parejas. Los estudios se centraron en programas para parejas que involucran a ambos miembros de la pareja en la recuperación y en cambios de estilo de vida.

Este enfoque se centra en el papel crucial de la pareja para ayudar a un paciente cardíaco -- por ejemplo, cocinando comidas saludables para el corazón, fomentando el ejercicio regular o asegurándose de que los medicamentos se tomen según las indicaciones.

Los resultados mostraron que en el 77% de los estudios revisados, los pacientes presentaban mejores comportamientos de salud del hogar si contaban con la participación y el apoyo de su pareja.

Sin embargo, hay pocos datos sobre cómo estos programas basados en parejas afectan a la calidad de la relación en sí, o al ajuste emocional de cada miembro del cónyuge ante la enfermedad del paciente, señalaron los investigadores.

"A veces las enfermedades cardíacas acercan a las parejas, pero a menudo supone un reto para la relación y para ambas personas que la forman", dijo Tulloch. "A lo largo de los años hemos aprendido que los eventos cardíacos no solo le ocurren al paciente, sino a la pareja."

Los investigadores recomiendan que se realicen más estudios sobre programas de rehabilitación cardíaca basados en parejas.

"Se deben desarrollar y probar intervenciones que incluyan a la pareja como participante activo y aborden de manera significativa lo que ocurre en las relaciones de los pacientes, con el objetivo de ayudar a las parejas a afrontar mejor las enfermedades cardíacas mejorando su salud mental y física y la salud de su relación", dijo Tulloch.

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre la rehabilitación cardíaca.

FUENTES: Elsevier, comunicado de prensa, 16 de diciembre de 2025; Canadian Journal of Cardiology, 16 de diciembre de 2025

LUNES, 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- La marihuana medicinal suele considerarse una forma más segura y natural de aliviar el dolor, la ansiedad o los problemas de sueño. Pero una revisión nueva y extensa sugiere que, para muchos de estos usos, la ciencia simplemente no existe.

Añade que una proporción significativa de las personas, aproximadamente el 30%, que usan cannabis con fines médicos pueden estar en riesgo de adicción.

La revisión, publicada recientemente en JAMA, examinó 15 años de investigación y encontró poca evidencia sólida de que el cannabis ayude en la mayoría de las condiciones para las que la gente lo usa habitualmente.

"La evidencia no respalda el uso de cannabis ni de cannabinoides en este momento para la mayoría de las indicaciones para las que la gente los usa", dijo el autor principal del estudio, el Dr. Michael Hsu, psiquiatra de adicciones en UCLA, a The New York Times.

Los investigadores analizaron más de 2.500 ensayos clínicos, guías médicas y encuestas, principalmente de EE. UU. y Canadá.

El cannabis es legal para uso médico en 40 estados, alimentando una industria de 32.000 millones de dólares. Pero la mayoría de los productos vendidos en los dispensarios no son medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA).

Un pequeño número de cannabinoides con receta, incluyendo Marinol, Syndros y Cesamet, están aprobados y han mostrado beneficios claros para las náuseas relacionadas con la quimioterapia, la pérdida de apetito en enfermedades graves y algunos trastornos convulsivos.

Para la mayoría de las otras condiciones, la evidencia no es tan convincente.

El dolor es la razón más común por la que la gente usa cannabis medicinal, pero los investigadores no encontraron pruebas sólidas de que ayude con el dolor agudo. Las guías sobre el dolor por cáncer de 2024 también encontraron evidencia insuficiente para recomendar el cannabis.

Para el dolor crónico no canceroso, algunos estudios mostraron un ligero alivio con ciertos productos ricos en THC, pero ninguna mejora en la función, y los expertos advirtieron contra el uso del cannabis como tratamiento de primera línea.

Además, inhalar cannabis conlleva riesgos adicionales, incluyendo bronquitis crónica y exposición a sustancias químicas dañinas, señalaron varios grupos médicos señalados por los autores de la JAMA .

El sueño es otra razón popular por la que la gente recurre al cannabis, pero los ensayos volvieron a dar resultados débiles o inconclusos. Algunas personas reportan dormir peor cuando dejan de consumir cannabis, lo que los expertos dicen que puede reflejar abstinencia, no beneficios.

"Si volvieran a dejar de usar cannabis durante un mes, podrían notar que su sueño mejora", dijo Ryan Vandrey, profesor de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, a The Times.

"Pero la mayoría nunca llega a ese mes porque, tras uno o dos días sin dormir, se convencen a sí mismos: 'Oh, esto es lo único que me ayuda a dormir. Así que tengo que seguir usando'", dijo.

En cuanto a la ansiedad, los resultados fueron mixtos. Un estudio con 80 veteranos con TEPT no encontró diferencia entre el cannabis y el placebo.

Los productos orales de CBD, como las gominolas, mostraron cierto beneficio en un estudio de 2024 con 316 pacientes, pero los expertos advirtieron que el cannabis puede empeorar las enfermedades mentales, incluyendo la psicosis y los pensamientos suicidas.

Una preocupación clave que motivó la revisión fue el aumento de la tasa de trastornos por consumo de cannabis.

Un análisis de 2024 encontró que el 29% de los usuarios de cannabis medicinal presentaban síntomas para el trastorno. Otro estudio publicado a principios de este año mostró que el 34% de los consumidores de cannabis desarrollaron síntomas, con tasas más altas entre quienes lo consumen por motivos médicos.

"Existen algunos propósitos legítimos para estos compuestos", dijo el Dr. Kevin Hill, director de la División de Psiquiatría de Adicciones en el Beth Israel Deaconess Medical Center en Boston. "Y hay todo otro grupo de personas que dicen que lo usan con fines médicos, pero en realidad no es así. Solo están racionalizando su uso recreativo."

Además, los expertos afirman que los productos de cannabis hoy en día son mucho más potentes que en el pasado, lo que aumenta el riesgo de adicción.

A diferencia de los medicamentos con receta, el cannabis de dispensario está regulado por estados individuales, no por el gobierno federal. Los estándares para las pruebas y el etiquetado también varían mucho, y la aplicación es desigual.

Como resultado, algunos productos pueden contener moho, pesticidas o metales pesados, advirtió la reseña.

Incluso los clientes cautelosos pueden no obtener lo que esperan, dijo Hsu, porque "porque puede que no estés obteniendo necesariamente lo que esperas", dijo a The Times.

Los investigadores instaron a los médicos a examinar con mayor detalle el consumo de cannabis, a vigilar las interacciones farmacológicas y a impulsar ensayos clínicos más sólidos para asegurar que el cannabis realmente ayude.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre marihuana medicinal.

FUENTE: The New York Times, 12 de diciembre de 2025

La Justicia allanó un galpón en la localidad bonaerense de Turdera y encontró gran cantidad de cajas con documentación de la empresa Sur Finanzas. También un CPU, cajeros automáticos, cajas fuertes de dimensiones y de seguridad más pequeñas.

Allí la Policía Federal Argentina (PFA) encontró a la tesorera de la financiera, Micaela Sánchez, moviendo cajas y celulares. Sospechan que estaba llevándose pruebas claves. Al entender que se trataría de un intento por entorpecer el avance de la investigación, el juez Luis Armella ordenó su detención.

Además, también se requisó el domicilio personal de esta empleada y un local de computación.

Llamado de un vecino

El hallazgo ocurrió luego del llamado de un vecino a la fiscalía de Lomas de Zamora a cargo de Cecilia Incardona. El hombre, cuya identidad se mantiene en reserva, contó que había visto cuatro camionetas ploteadas con el nombre de la financiera investigada por supuesto lavado de activos estacionar en el lugar para descargar todo tipo de cosas e ingresarlas al galpón.

La fiscal comunicó la información recibida al juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien tras tareas de inteligencia en el lugar ordenó el allanamiento.

El hombre que llamó a la fiscal dijo ser un comerciante de 72 años, de la zona de Turdera y le contó que hace unos 20 o 25 días vió por la tarde las camionetas que “hacían una mudanza”.

Contó que observó cómo ingresaban cajas al galpón ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 11818, “al lado de un lavadero de autos, a 20 metros del Outlet de Turdera”, detalló, según informaron a Infobae fuentes judiciales.

“Trajeron un montón de cajas” y además hicieron varios viajes en esa misma tarde, narró.

Al hombre le llamó la atención que los vehículos iban y venían muy rápido y precisó que camionetas serían marca Toyota SW4.

“Era evidente que cambiaban cosas de lugar” dijo en la llamada porque, incluso, no levantaron la persiana del galpón sino que entraban por una puerta existente al costado.

El hallazgo

Con base en esa información, la fiscalía le solicitó al juez Armella que constate el domicilio y en caso de que coincida con la descripción dada por el informante, autorice el allanamiento.

El magistrado ordenó el procedimiento al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal.

Al llegar al lugar encontraron una de las camionetas y una mujer que cargaba cajas: se trataba de la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sanchez.

En el vehículo había documentación y 5 celulares escondidos debajo del asiento, precisaron las fuentes.

La policía ingresó al lugar y encontró gran cantidad de cajas con documentación de la empresa. El procedimiento continuaba para inventariar todo lo encontrado.

Qué se investiga

Vallejo es investigado por supuesto lavado de dinero y en ese marco esta semana se ordenaron 33 allanamientos, entre ellos a sedes de la AFA, clubes de fútbol y domicilios particulares.

Entre los clubes allanados están San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas.

También el predio de la AFA en Ezeiza y la sede de la Superliga Argentina de Fútbol.

Se busca establecer si existe una conexión entre Sur Finanzas y la AFA, que actuaría en muchos casos como intermediaria con los clubes en las gestiones con la financiera, explicaron fuentes del caso.

Armella es juez federal de Quilmes y subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, que investiga una supuesta maniobra de lavado de activos vinculada a la incorporación al patrimonio del Club Atlético Banfield de los fondos de un préstamo por 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., operación que no fue devuelta.

En esta causa, Vallejo se presentó en el juzgado de manera voluntaria para entregar su teléfono celular, con el objetivo de que sea peritado.

La fiscalía sostuvo que esa estructura, sumada a la actuación de las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. y el propio club, presenta un vínculo directo con la supuesta colocación de fondos ilícitos mediante los servicios de Sur Finanzas PSP S.A..

En su planteo, Incardona señaló que “existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desarrollada por las autoridades del Club Banfield”; las personas jurídicas vinculadas; y la “utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar las ganancias ilícitas obtenidas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pago”.

Se trata de una investigación previa a la que luego se abrió por denuncia de ARCA, que también tiene como centro a Sur Finanzas y que por el momento está en otro juzgado, el federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena.

La fiscal planteó que esta última causa debe ser remitida por “conexidad” a la que ya tenía abierta el juzgado a cargo de Armella, un conflicto que resolverá la Cámara Federal de La Plata.

LUNES, 8 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- El gas hilariante podría estar a la altura de su nombre para las personas que luchan contra la depresión, según un importante nuevo estudio.

El tratamiento con óxido nitroso puede proporcionar un alivio rápido a las personas con depresión, especialmente a aquellas que no reciben ayuda con antidepresivos, según informaron recientemente investigadores en la revista eBioMedicine.

"Este es un hito importante para comprender el potencial del óxido nitroso como opción adicional de tratamiento para pacientes con depresión que han sido rechazados por los tratamientos actuales", dijo el investigador senior Dr. Steven Marwaha, psiquiatra académico de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido, en un comunicado de prensa.

"Esta población ha perdido a menudo la esperanza de recuperación, lo que hace que los resultados de este estudio sean especialmente emocionantes", añadió Marwaha.

Para el estudio, los investigadores agruparon datos de siete ensayos clínicos previos que involucraron a 247 personas con depresión. Los estudios analizaron el uso del gas de la risa para tratar trastornos depresivos como la depresión mayor, la depresión resistente al tratamiento y la depresión bipolar.

Los resultados mostraron que un solo tratamiento con óxido nitroso administrado a una concentración del 50% produjo reducciones rápidas y significativas de los síntomas de depresión en un plazo de 24 horas.

Los resultados de un solo tratamiento no duraron más de una semana, pero los investigadores también descubrieron que dosis repetidas de gas hilarante durante varias semanas conducían a un alivio más duradero y fiable.

El óxido nitroso podría ayudar a la depresión al atacar los receptores cerebrales de manera similar al antidepresivo de acción rápida ketamina, según los investigadores.

"La depresión es una enfermedad debilitante, aún más por el hecho de que los antidepresivos no suponen ninguna diferencia significativa para casi la mitad de los pacientes diagnosticados con ella", dijo la investigadora principal Kiranpreet Gill, doctoranda en la Universidad de Birmingham, en un comunicado de prensa.

"Nuestros análisis muestran que el óxido nitroso podría formar parte de una nueva generación de tratamientos de acción rápida para la depresión", dijo Gill. "Lo importante es que proporciona una base para futuros ensayos que investiguen estrategias de dosificación repetidas y cuidadosamente gestionadas que puedan determinar mejor cómo utilizar este tratamiento en la práctica clínica para pacientes que no responden a intervenciones convencionales."

Se necesitan más estudios para determinar la mejor dosis de óxido nitroso para tratar la depresión, evaluar su seguridad a largo plazo y determinar la forma correcta de integrarlo en los tratamientos existentes, según los investigadores.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre el óxido nitroso.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Birmingham, 30 de noviembre de 2025

Durante la diligencia, la fiscal encargada Lucy Laborde sostuvo que el exdiputado del Atlántico habría ejercido “influencia política y social” sobre la entonces gobernadora Elsa Noguera, para poder obtener contratos o presuntamente sacar provecho de esto. Sin embargo, para el juez Jorge Alberto Ortiz, los argumentos no demostraban la conducta ilegal.

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“El señor Nicolás Petro, ¿qué le pidió? ¿Influyó? ¿Quiso que la gobernadora influyera sobre la adjudicación del contrato, sobre un pago? ¿La llamó por teléfono? ¿Le escribió una carta? En fin, en qué incidió ese tráfico de influencia, es decir, en qué, ¿en qué incidió Nicolás Petro sobre la gobernadora? ¿O pretendió incidir sobre la gobernadora para que se materializaran o se pagaran esos contratos?, porque el acontecer fáctico no me queda claro”, expuso el juez Ortiz.

Tras los cuestionamientos del togado, la representante del ente acusador sostuvo que siguen recabando información con el fin de establecer si se cometió el delito. En ese mismo sentido, señaló que la presunta influencia de Petro Burgos se habría dado en medio de reuniones y visitas que realizó a la exgobernadora.

“Señoría, los eventos en los cuales se habría dado ese tráfico de influencia se encuentra en indagación. Sin embargo, señoría, se encuentra determinado, establecido esa influencia política entre el señor Nicolás Petro-- ejercida por el señor Nicolás Petro hacia la señora gobernadora. El interés que despertara en esa contratación se encuentra determinado por algunas actividades como visitas a esos proyectos o a esas actividades que ejercía”, sostuvo la fiscal.

Lejos de estar conforme, el juez 14 de Control de Garantías de Barranquilla exigió a la fiscal Laborde exponer cuál fue la conducta ilegal en la que había incurrido Nicolás Petro Burgos para influenciar a la mandataria regional.

“Señora fiscal, mire, discúlpeme que la interrumpa, estamos en imputación. Yo no estoy, yo no estoy haciendo un control material sobre inferencia razonable o sobre juicio de imputación. Yo no le estoy preguntando de dónde saca usted su premisa fáctica. Yo lo que le estoy diciendo es cuál fue la conducta en la cual, presuntamente, el señor Nicolás Petro Burgos influyó o pretendió, utilizó influencias sobre la gobernadora del Atlántico”, insistió.

Sin una respuesta concreta, Ortiz sostuvo que no estaba solicitando exponer las pruebas, puesto que aún no llega a esa etapa el proceso, pero que su intención es que las premisas sean bien argumentadas.

Así las cosas, advirtió a la fiscal Laborde que sin un argumento sólido que explique el porqué el ente acusador busca que se sancione al hijo del jefe de Estado, él no permitirá que se realice la imputación de cargos por tráfico de influencias que presuntamente ejerció sobre la exgobernadora Elsa Noguera.

“Una aclaración: yo no estoy indagando por la presunta responsabilidad penal que le asista a la entonces gobernadora. A mí no me interesa. A mí lo que me interesa en esta audiencia, es que conozca cuál es el acontecer fáctico que se le imputa con relación a las indebidas influencias que presuntamente ejerció sobre la gobernadora. Entonces, lo mínimo que necesitamos es una premisa fáctica. Porque yo le soy sincero, si usted no me da un acontecer fáctico, yo no la dejo imputar ese tráfico de influencia”, concluyó el juez Ortiz.

El desarrollo del proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, experimentó nuevos avances esta semana, con la realización de audiencias virtuales los días 4 y 5 de noviembre de 2025 en el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

En la diligencia, el juez Hugo Carbonó dejó por fuera del juicio los informes expedidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que certifican que Nicolás Petro no realizó aportes a la campaña presidencial de su padre Gustavo Petro.

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Carbonó tampoco aceptó las certificaciones de la casa de Nariño que niegan reuniones, contratos y vínculos burocráticos y entrega de hojas de vida a nombre de Petro Burgos. A juicio del togado no son pertinentes para el caso en curso.

“Al no guardar relación ello con estos hechos jurídicamente relevantes y con la acusación formulada, estas pruebas resultan para el Juzgado impertinente y extemporáneas, razón por la cual debe ser rechazada, inadmitidas”, señaló.

Y agregó: “La propia defensa admite que estos documentos no tienen relación directa ni indirecta con su prohíjado y solicita elemento de prueba únicamente para sustentar una opinión pericial que eventualmente se realizará frente al patrimonio del procesado, bajo el argumento que contienen información financiera, pero de la campaña presidencial”.

Por otra parte, aceptó la inclusión del video de Laura Ojeda en el que se refirió al principio de oportunidad de Day Vásquez. El juez dijo que la defensa del exdiputado del Atlántico podrá utilizarlo para refrescar la memoria e impugnar la credibilidad de la testigo.

Otro de los videos admitidos fue el de la audiencia de imputación de cargos contra los investigadores Víctor Alfonso Forero Cortés y Juan Camilo López Linares, que lideraron la investigación en el proceso de Nicolás Petro, pero que luego fueron capturados por presuntamente beneficiar a “Pacho Malo” en otro proceso.

“Se admitirán únicamente las declaraciones rendidas dentro del proceso disciplinario adelantado ante la Procuraduría General de la Nación, correspondiente a la carpeta número dos, inspeccionada los días nueve y diez de mayo del 2023, en la cual reposan las diligencias de recepción de testimonio de la señora Daysuris del Carmen Vázquez Castro, de fecha 28 de abril del 2023, en dos folios, y la diligencia de decisión de recepción del testimonio del señor Máximo Noriega Rodríguez”, expuso el juez.

Los informes financieros de la campaña presidencial de Gustavo Petro y documentos aportados por el Pacto Histórico no podrán ser llevados al juicio contra Nicolás Petro por no guardar relación con la acusación formulada. Incluso, dijo el juez que no se justifica su utilización bajo el argumento de un supuesto sesgo político de la Fiscalía General de la Nación.

A renglón seguido sostuvo que: “Sin embargo, advierte el juzgado que estos elementos materiales probatorios eran preexistentes a la fecha del descubrimiento, por lo cual no encuadran dentro de la figura de la prueba sobreviviente, ya que existen y estaban disponibles para su descubrimiento oportuno con una mínima diligencia defensiva”.

Nicolás Petro tiene todas sus cuentas bloqueadas

El abogado Alejandro Carranza argumentó que la reciente inclusión de Nicolás Petro Burgos en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos provocó el bloqueo total de las cuentas de su cliente, lo que impide la compra de tiquetes aéreos y el acceso a servicios financieros básicos. A propósito, la defensa advirtió sobre riesgos para la integridad personal de Petro Burgos, tras la captura de Jorge Luis Santiago Charris, exescolta de la fiscal del caso, por presuntos vínculos con el Clan del Golfo.

La imposibilidad del hijo del mandatario colombiano para viajar desde Bogotá, donde reside actualmente, se suma a la preocupación por su seguridad, motivo por el cual trasladó su domicilio desde Barranquilla meses atrás. Según información difundida por Blu Radio, todo apunta a que el acusado atenderá la diligencia judicial de manera remota desde la capital del país.

La audiencia preparatoria del juicio oral por la muerte del músico Walter Armand, en donde la principal acusada es la influencer conocida como “La Toretto”, continuará este martes en el fuero penal de La Plata. La joven deberá presentarse junto a su amiga Valentina Velázquez.

El paso previo al juicio, que aún no tiene fecha definida, comenzó hace dos semanas y convocó a los familiares de la víctima frente al Tribunal Oral en lo Criminal N°2, para exigir justicia. Tanto Felicitas Alvite como Velázquez están incluidas en el expediente que investiga la muerte del músico, ocurrido el 12 de abril de 2024, tras un accidente de tránsito. De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae de fuentes cercanas al caso, el objetivo de este proceso es tratar cuestiones previas o directamente, depurar la prueba que se van a utilizar en el debate.

Alvite ya participó de varias audiencias, bajo el artículo 338 del Código Procesal Penal bonaerense, en la que cada parte expuso su teoría del caso y avanzó en la organización de la prueba que se incluirá en el debate oral. La jueza Silvia Hoerr, al frente del tribunal, resolvió pasar a un cuarto intermedio en la jornada de este lunes para que las partes optimicen la lista de testigos, dado que hay al menos cien declaraciones preparadas.

El equipo de defensores, representado por Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, también solicitó que se unifiquen las querellas ante la presencia de tres acusaciones distintas —la fiscal y las particulares—, por el hecho de que esto podría llevar a diferentes calificaciones legales y solicitudes de pena.

De acuerdo con la información recabada por el portal 0221, durante el reciente debate, la acusada de 21 años rompió en llanto cuando repasaron el accidente que término con la vida del hombre de 36.

Una de las pruebas claves en su contra son los registros de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad de La Plata, que documentaron el trayecto que realizó el vehículo conducido por Alvite, en el que cruzó varios semáforos en rojo a alta velocidad antes del impacto con la víctima, en la intersección de las calles 13 y 532. Debido a la fuerza del choque, la víctima salió despedida de la moto en la que circulaba. El ministerio público sostiene que las dos amigas habrían corrido picadas minutos antes del siniestro.

La familia de la víctima, representada por los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Julio Burlando, manifestó que la prueba reunida contra las acusadas “es tremenda” y que la audiencia realizada resultó “muy importante para el futuro juicio”.

El hombre tenía un hijo, una pareja y era cantante en la banda denominada “Pachanga”. Un familiar de la víctima sostuvo en la previa a este proceso: “Estamos con mucha esperanza de que se empiece a hacer justicia por el asesinato de mi hermano”, según informó el portal 0221.com.

Desde mayo, la acusada se encuentra bajo arresto domiciliario tras la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal II, que le concedió el beneficio. Desde su casa, la influencer reactivó su perfil de Instagram, publicó fotos y difundió un video en el que posaba frente a un espejo mientras cumplía el arresto domiciliario. Frente a las críticas que este comportamiento generó, la joven decidió cerrar la cuenta.

En el video grabado en junio pasado, aparecía con calzas, top y algunas joyas. A diferencia de la imagen de perfil, en la filmación se la veía con el pelo rubio. Las imágenes, que duraban solo unos segundos, generaron indignación entre los familiares de Armand y usuarios de redes sociales. “No nos olvidemos nunca de esta cara, de Felicitas, asesina al volante, cruzando todos los semáforos en rojo, corriendo picadas. La justicia es lenta, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Te vamos a recordar cada día de tu vida lo que hiciste. ¡Asesina!”, decía un mensaje en las redes.

El avance de la investigación sobre la infiltración en la seguridad presidencial reveló que una mujer que se hacía pasar por capitán de la Policía logró acceder a información confidencial y a reuniones de alto nivel dentro de las fuerzas armadas, con la presunta colaboración de dos militares.

Luisa Fernanda Salgado Fernández, que utilizaba la identidad falsa de capitana Stephanie Salgado, fue detenida junto al mayor Pedronel Jiménez y el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva, ambos señalados como cómplices en una red de infiltración que compromete la seguridad institucional.

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El 1 de octubre de 2025, en horas de la tarde, el juez encargado del caso determinó que el material probatorio presentado por las autoridades resultó suficiente para ordenar la medida de aseguramiento en centro carcelario para los tres implicados, mientras continúa la investigación. La decisión judicial se fundamentó en la gravedad de los hechos y en la amenaza que representan para la seguridad de las fuerzas armadas.

Según informes de contrainteligencia militar, la falsa capitana habría logrado ingresar en 36 ocasiones a las instalaciones del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas número 5 (Bafour 5) en Bogotá, una unidad clave en la lucha contra organizaciones criminales y en la protección de altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. La colaboración del mayor Jiménez, comandante del Bafour 5, y del sargento Padilla Villanueva habría sido determinante para facilitar estos accesos.

Las autoridades judicializaron a los tres detenidos por los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal. La investigación señala que la mujer, haciéndose pasar por la capitana Stephanie Salgado, accedió a información reservada sobre la seguridad presidencial y sobre operativos contra grupos criminales como el Tren de Aragua.

Varias conversaciones que están en poder de la Fiscalía General de la Nación revelaron que la falsa capitana no solo participó en operativos, sino que también asistió a reuniones donde se discutió información confidencial y tuvo acceso a instalaciones reservadas para la fuerza pública.

Gracias al respaldo del mayor del Ejército, Pedronel Jiménez y el suboficial Cristian Padilla, ambos miembros activos de las Fuerzas Armadas de Colombia, la mujer fue presentada en entornos policiales como oficial de inteligencia del Batallón de Fuerzas Urbanas número 5. Esta presentación le permitió integrarse en reuniones con divisiones de seguridad como el Gaula y el batallón al que decía pertenecer.

En una de estas citas, se abordaron temas delicados de inteligencia relacionados con la atención de casos de extorsión y secuestro en Bogotá y Cundinamarca. Otra de las sesiones, según consta en el expediente, contó con la participación de miembros de la Fiscalía y la Policía Militar. Los chats revelados durante la investigación muestran cómo la mujer interactuaba con miembros del Ejército, simulando pertenecer a la institución.

En uno de los mensajes, se lee: “Mi mayor, buenas noches, me presento sin novedad especial”, dirigido a un funcionario cuya identidad no ha sido revelada. En otros fragmentos, solicitaba información sobre horarios de formación y notificaba cambios en reuniones, incluso aportando ubicaciones proporcionadas por un “mayor de la Unipol”.

Las indagaciones se iniciaron tras denuncias sobre la posible infiltración de una capitana en los anillos de seguridad presidencial. Al verificar la pertenencia de la mujer a la entidad, se constató que su nombre ficticio no figuraba en los registros oficiales. La Fiscalía General de la Nación detalló que aún se investiga si el objetivo de la infiltración era obtener datos sobre la agenda del presidente Gustavo Petro o de su familia.

El 26 de agosto de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, defendió a Iván Cepeda de los señalamientos en su contra por presuntamente tener vínculos con altos mandos de las extintas Farc.

En un mensaje dirigido al expresidente Álvaro Uribe Vélez, aseguró que no existe ninguna prueba que relacione el integrante del Pacto Histórico con la guerrilla. “No señor Uribe. La investigación sobre Guacharacas y La Carolina las hice yo. Y son verdad”, escribió en su cuenta de X.

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Así mismo, el primer mandatario aseveró que el exprocurador Alejandro Ordóñez comprobó que los correos supuestamente habían sido manipulados. Además de que los computadores fueron recogidos por soldados ecuatorianos y no por autoridades colombianas

“El documento sobre los computadores de Reyes lo tuve yo, entregado a mí personalmente por Ordóñez, y se comprobó que tenía manipulación hecha por extraños y no tenía cadena de custodia, dado que con la configuración de un delito internacional, se bombardeó a Reyes matándolo, en un país vecino, y sus computadores fueron recogidos por soldados ecuatorianos y no por fiscales colombianos”, dijo Petro.

Incluso, señaló que las acusaciones en contra de Cepeda provienen, según él, de un proceso irregular que va en contravía del marco legal colombiano, por lo que no debe de ser tenido en cuenta.

“Una ilegalidad trae otra ilegalidad, y sobre eso no se establece la verdad. Se enredan en sus propias mentiras y ya no saben salir de ellas. La verdad os hará libres, decía Martí, el liberal cubano, pacto al que lo he invitado amablemente y con sinceridad”, subrayó Petro.

En este contexto, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, utilizó sus redes sociales para desmontar la retórica de Petro. En ese sentido, sostuvo que los computadores de alias Raúl Reyes no tuvieron ningún tipo de adulteración. Igualmente, señaló que la Interpol demostró que las pruebas eran reales.

“No Gustavo Petro. Los computadores de Raúl Reyes no fueron manipulados. Así lo demostramos con informe de la INTERPOL del año 2008 Que ex magistrados hoy condenados o prófugos hayan impedido la investigación de la FarcPolitica es distinto ¡Que no nos cambien la historia!”, escribió en su cuenta de X.

El discurso de Hernán Cadavid

Como prueba, el legislador, junto a la publicación, compartió un video aportando detalles de los supuestos vínculos de Iván Cepeda con el grupo armado: “Y debo referirme a un tema específico de un trino, necesariamente referirme a un trino equivocado del presidente de la República, a propósito sobre un hecho que tiene que ver con las Farc, no esclarecido en Colombia. Y es que el presidente en su trino se atreve a decir que en el bombardeo a Raúl Reyes hubo una ilegalidad en la recolección de las pruebas”.

En el material audiovisual, Cadavid explicó que la organización policial confirmó la legitimidad del material recopilado en los computadores del guerrillero fallecido, por lo que señaló que es necesario que se adelante una investigación contra el precandidato presidencial.

“Me he visto en la necesidad de encontrar el informe de Interpol del año 2008, donde estableció que las pruebas de esos computadores, después de una operación desarrollada por la fuerza pública colombiana, fueron absolutamente lícitas y legítimas”, aseveró.

De igual manera, dejó el informe en el Legislativo con el fin de que se analice y se tomen medidas al respecto: “Para quien tenga la duda, si es que acaso el presidente quiere seguir creando memoria histórica a su conveniencia, aquí en esta secretaría de la Cámara va a quedar el informe de Interpol del año 2008, de textos que recogieron posteriores o durante el desarrollo de los acuerdos de La Habana”.

A renglón seguido, manifestó que “tenemos que hacer énfasis en esto, porque a este país no pueden seguir siendo los que lo destruyeron, los que lo desangraron, los que lo victimizaron, quienes ahora vengan a decirnos cómo es que nos tenemos que conducir y a tratarnos de victimarios mientras ellos no responden por sus hechos”.

Alias Harold fue capturado el 31 de agosto de 2025, luego de que las autoridades lo señalaran como uno de los presuntos responsables de planear el atentado en contra del fallecido senador, Miguel Uribe Turbay.

Este hombre fue presentado ante una fiscal, el 2 de septiembre, para realizar la imputación de cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación y tráfico de armas de fuego; sin embargo, no aceptó los cargos.

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De acuerdo con información revelada por Noticias Caracol, la prueba contundente de su relación con Elder José Arteaga, alias el Costeño, jefe logístico del magnicidio del político, se encontró en el celular de Harold Daniel Barragán Ovalle, que de manera voluntaria, se lo habría entregado a las autoridades, posterior a borrar todo el material que relacionara a estos dos hombres.

Sin embargo, con lo que no contaba es que los peritos que tuvieron el dispositivo en su poder lograron recuperar chats, imágenes, capturas de pantalla y conversaciones que vinculan a los dos implicados en el hecho.

Una de las pruebas de mayor contundencia son las capturas de pantalla de llamadas por Whatsapp donde aparecen alias Harold y alias el Costeño en repetidas oportunidades, al parecer, ultimando detalles para la ejecución del crimen.

En el informe judicial, de más de 90 páginas, se adjuntaron las capturas de pantalla de un grupo de la red social en la que participaban varios de los integrantes de la organización criminal que se hace llamar Plata o Plomo, nombre que también se le dio a la reunión de estas personas por la plataforma digital.

Harold, en su intento de desviar la investigación, se presentó días después de la captura del alias El Costeño a las autoridades tras la constante presencia de la Policía en el barrio donde se llevó la diligencia, presentó su teléfono móvil con la evidencia borrada parcialmente, pensando que podría salir bien librado.

No obstante, en el contenido que también fue recuperado se encontró un chat específico, en el que se confirmaba la suma de dinero que presuntamente pretendían pagarle al sicario luego de atentar contra el funcionario.

Además, el ente investigativo confirmó que este joven de 26 años tiene prontuario criminal por estafa y narcotráfico, actividades ilícitas que también pudieron ser confirmadas por medio del dispositivo móvil. Dentro de la galería de imágenes se encontraron evidencias de la fabricación de Tusi, la droga que más realizaban y distribuían en la ciudad.

Según la información entregada por la Fiscalía, el procesado habría estado involucrado en el proceso de conseguir y suministrarle el arma con la que el menor disparó en repetidas ocasiones en contra de la humanidad de Uribe Turbay, especulaciones que se consolidaron al hallársele múltiples fotografías de armas de fuego de todos los tamaños y calibres, elementos que también podría distribuir.

Una de las pruebas de mayor contundencia, es que el menor sicario, al que se le dieron 7 años de detención por el crimen, señalo a Harold como su firma, calificativo que se da dentro de esa organización a los jefes o lideres de la misma, y de quién habría recibido las órdenes para ejecutar todo el acto terrorista en horas de la tarde del sábado 7 de junio de 2025 en un parque al noroccidente de la localidad de Fontibón, Bogotá

El jueves 4 de septiembre un juez de control de garantías tendrá que definir si envía a Harold Daniel Barragán Ovalle a detención en un centro carcelario de forma preventiva mientras se continúa con todo el proceso.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia se prepara para dar a conocer un expediente de cerca de 8.000 folios y un proyecto de resolución de casi 600 páginas, resultado de una investigación que marcó un hito en la historia política del país. Por primera vez, una pesquisa por violación de topes electorales y financiación prohibida alcanza esta etapa respecto a la campaña presidencial de un mandatario en ejercicio, en este caso, Gustavo Petro. La decisión definitiva podría presentarse ante la sala plena de la entidad la última semana de agosto de 2025.

El proceso, que se extendió durante casi dos años y medio, implicó la recolección y análisis de cerca de 150 pruebas, muchas de ellas solicitadas tanto por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada como por las defensas de los investigados. La indagación se centra en la campaña que llevó a Petro a la presidencia en 2022 y apunta a una presunta violación de los límites legales de gasto electoral, así como a la utilización de fondos prohibidos.

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De acuerdo con fuentes de alto nivel citadas por Semana, el proyecto de decisión contempla sanciones económicas para el entonces gerente de campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; la auditora María Lucy Soto Caro; y la tesorera Lucy Aydeé Mogollón. Aunque Mogollón declaró ante el CNE que fue apartada de sus funciones por Roa, que habría delegado el manejo financiero en Sebastián Caicedo, hermano de su pareja Julián Caicedo, la tesorera no logró evitar la responsabilidad administrativa y también sería sancionada.

La ponencia final también responsabiliza a los partidos Colombia Humana, fundado por Gustavo Petro y que lo avaló en 2022, y a la Unión Patriótica. El monto de la presunta violación de los topes electorales se estima en $3.000 millones, de los cuales $2.500 millones corresponderían a la primera vuelta de mayo de 2022 y $500 millones a la segunda. Esta cifra representa una reducción de $2.000 millones respecto a la estimación inicial de los magistrados en mayo de 2024, cuando se hablaba de $5.355 millones en exceso, con $3.709 millones en la primera vuelta y más de $1.646 millones en la segunda.

A pesar de que los defensores de los investigados solicitaron y obtuvieron la práctica de todas las pruebas posibles, sus argumentos no lograron desvirtuar los cargos. Uno de los puntos más controvertidos, el uso de un avión comercial de la empresa de criptomonedas Daily Cop, implicada en estafas a decenas de colombianos, por parte del entonces candidato Petro y el actual ministro del Interior Armando Benedetti, no pudo ser plenamente esclarecido.

La empresa Sadi de Ibagué, que controlaba la aeronave de matrícula HK 5328, aportó pruebas insuficientes para confirmar la acusación. Ómar Hernández, vinculado a Daily Cop, declaró desde prisión que se reunió con Roa para acordar la entrega de una suma millonaria a Sadi para la compra del avión, pero no presentó documentación que lo respaldara. Tampoco fue posible obtener la versión de Carlos Eduardo Restrepo, alias Caco, entonces representante legal de Sadi, actualmente preso en Estados Unidos por narcotráfico.

La ponencia definitiva recomienda que Ricardo Roa, Lucy Aydeé Mogollón, María Lucy Soto, Colombia Humana y la Unión Patriótica sean sancionados económicamente y devuelvan al Estado más de $3.500 millones provenientes de fuentes prohibidas. Además, los directivos de la campaña deberán reintegrar $150 millones utilizados para alquilar el Movistar Arena en Bogotá la noche del 19 de junio de 2022, cuando Petro celebró su victoria. El pago de $100 millones se realizó con la tarjeta de crédito de Roa, aunque el contrato ascendía a 250 millones, y el resto fue cubierto por una persona jurídica.

El CNE determinó que este gasto no podía considerarse parte de la campaña, ya que se efectuó después de las elecciones. Existe la posibilidad de que el tribunal electoral remita copias a la Fiscalía para investigar a Roa por presuntamente haber mentido y beneficiado al Estado con los $100 millones que él pagó.

El debate jurídico sobre la vigencia de la investigación también figura en la ponencia. Algunos de los implicados sostienen que la acción administrativa prescribió el 19 de junio de 2025, al cumplirse tres años de la segunda vuelta presidencial. No obstante, el proyecto de resolución argumenta que los plazos se extendieron debido a la presentación y resolución de seis recusaciones —cuatro contra Álvaro Hernán Prada y dos contra Alba Lucía Velásquez— y a la demora de casi cuatro meses de la Sala de Consulta del Servicio Civil en definir si el CNE tenía competencia para investigar la campaña del Pacto Histórico. Por este motivo, el proceso podría prolongarse hasta octubre o incluso diciembre de 2025, según abogados consultados por el medio citado.

La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el senador conservador Miguel Ángel Barreto por su supuesta participación en la red de corrupción que se beneficiaba con porcentajes de contratos públicos.

Este entramado fue liderado por el fallecido congresista liberal Mario Castaño y también involucra a otros políticos, como el senador del Centro Democrático Ciro Ramírez. Por eso, el alto tribunal citará al congresista tolimense que deberá responder como investigado por cohecho propio y tráfico de influencias.

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El despacho del magistrado Marco Antonio Rueda Soto determinó que Barreto comparecerá ante la justicia por su presunta relación con el entramado de corrupción conocido como el de ‘Las Marionetas 2′. La fecha exacta de la diligencia judicial se anunciará en los próximos días.

De acuerdo con W Radio, el alto tribunal considera que tiene las pruebas subientes para establecer que el legislador tuvo un rol activo en el entramado de corrupción que operaba mediante el cobro de porcentajes sobre contratos públicos, lo que generó un amplio escándalo político y judicial.

Barreto no enfrenta solo este proceso: en 2022, el congresista conservador fue llamado a juicio por la presunta comisión de falsedad en documento público y fraude procesal, debido a que al parecer no reportó información completa sobre la financiación de su campaña.

La investigación giró en torno a irregularidades en su campana electoral, puesto que no reportó aportes cercanos a los $20 millones que hizo un comerciante al Consejo Nacional Electoral (CNE). El rol de Barreto en el Congreso fue duramente criticado, considerado como uno de los legisladores con más inasistencias a las sesiones de la Corporación.

La investigación formal contra Barreto y la inminente diligencia de indagatoria marcan un nuevo capítulo en el caso de Las Marionetas, que ha salpicado a figuras de diferentes partidos y mantiene la atención sobre la lucha contra la corrupción en el Congreso de la República.

En qué va el escándalo de ‘Las Marionetas 2′

De acuerdo con la acusación, en noviembre de 2021 el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta, con sede en Armenia, Quindío, suscribieron un convenio por $48.660 millones; que surgió tras supuestos encuentros con el entonces subdirector del DPS, Pierre García, para “favorecer los intereses electorales y económicos del procesado”.

Un mes después, el senador Ramírez, el subdirector García y el gerente de Proyecta, Pablo Herrera Correa, habrían acordado el direccionamiento de 13 de los contratos incluidos en el convenio, que ascendieron a $24.606 millones.

Aunque la investigación sigue en curso, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia revocó la medida de aseguramiento que mantenía privado de la libertad a Ciro Ramírez Cortés.

De acuerdo con la decisión, el excongresista, acusado de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, recuperará su libertad tras concluirse que ya no existe riesgo de obstrucción a la justicia, argumento que había fundamentado su detención inicial.

El alto tribunal determinó que todas las pruebas relevantes ya fueron recaudadas y que no existen elementos nuevos que justifiquen la permanencia de Ramírez en prisión. Además de descartar la solicitud de la defensa de concederle la libertad por vencimiento de términos.

El proceso judicial contra Ramírez continuará en etapa de juicio, aunque el exsenador podrá enfrentarlo en libertad, siempre bajo el compromiso de presentarse ante las autoridades cuando sea requerido, lo que significa que permanece vinculado al caso.

Además, retomó su puesto como senador luego de que La Mesa Directiva del Senado emitió la resolución 385 el 9 de mayo de 2025, levantando la suspensión temporal que pesaba sobre el legislador.

La Policía Nacional confirmó la captura de alias el Costeño en una vivienda donde se ocultaba, ubicada en la localidad de Engativá, al noroccidente de la capital del país.

El hombre es señalado como el articulador del ataque sicarial del que fue víctima el senador y precandidato presidencial por el partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio durante un mitin político en el occidente de Bogotá.

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El operativo realizado el 5 de julio de 2025 incluyó cuatro diligencias de registro y allanamiento en esa zona, según detalló el mayor general Carlos Fernando Triana en rueda de prensa. La captura se logró tras la emisión de la circular roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés), que permitió el apoyo de más de 196 países para la localización de los responsables.

La operación se desarrolló tras tres días de vigilancia que confirmaron la presencia de Arteaga Hernández en el inmueble.

Al ingresar, los agentes ocuparon rápidamente las dos plantas de la casa. En la primera, hallaron un Renault Logan color Beige Cendre, modelo 2018, con placas EBS-096, y tres motocicletas. En el fondo de la habitación, localizaron un escritorio con documentos y un teléfono móvil, todos recogidos como material probatorio. Las placas del vehículo y los objetos incautados están bajo verificación para determinar si conducen a otros implicados en la estructura criminal.

Durante el procedimiento, una joven de aproximadamente 16 años abrió la puerta y preguntó por la situación: “Yo aquí vivo con mi hermano”. Según información recabada por El Tiempo, se trataría de una de las hijas de alias el Costeño. La menor también era objeto de seguimiento por parte de las autoridades.

La investigación reveló que el Renault Logan figura a nombre del gerente de una distribuidora de artículos para oficina y colegios, residente en el mismo barrio, lo que añade una línea de indagación sobre posibles conexiones logísticas.

Según declaraciones de Deicy Jaramillo, directora para la seguridad territorial de la Fiscalía General de la Nación, tras la captura, en el allanamiento del inmueble encontraron material probatorio fundamental para la investigación.

“En el lugar de la captura del articulador del atentado contra el senador Uribe, se encontraron elementos materiales probatorios que permitirían llegar a otros miembros de la organización criminal que ocupan roles vertical y horizontalmente”, detalló.

Tanto Jaramillo como el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, coincidieron en que la detención de alias el Costeño representa un avance decisivo para identificar a los autores intelectuales del ataque contra Uribe Turbay.

Según las pesquisas, Arteaga Hernández, originario de San Pedro de Urabá, Antioquia, fue quien contrató al sicario de 14 años, adquirió la pistola Glock utilizada en el atentado y reclutó a Carlos Eduardo Mora, alias el Veneco, y a Katerine Andrea Martínez, alias Gabriela, ambos actualmente detenidos por su participación en el crimen.

Un familiar del capturado dijo que el recinto donde estaba alias el Costeño estaba cerca a una casa donde vivían sus allegados. Además, señaló que vecinos del sector vieron al hombre y alertaron a las autoridades.

“Lo que sabemos por el investigador es que alguien lo entregó por la recompensa (...) Se cree que la persona que estaba con él era la única con la que tenía contacto directo. Lo único que supimos por la llamada que recibimos de él mismo es que lo tienen en Salitre y ya estamos buscando la defensa", dijo al medio citado.

‘El Costeño’ lloró al momento de ser capturado

Durante el operativo, los videos captados evidenciaron la resistencia inicial de alias el Costeño a colaborar con los agentes, así como la insistencia de los uniformados en obtener su identificación completa.

El operativo, resultado de la combinación de labores de inteligencia y la respuesta a las denuncias ciudadanas, permitió la detención del presunto responsable de la logística del ataque contra Miguel Uribe Turbay.

“Gracias”, pronunció Elder José Arteaga, conocido como alias el Costeño, mientras los agentes de la Policía lo escoltaban esposado tras su detención en el segundo piso de una vivienda en la localidad de Engativá.

El breve intercambio, registrado en video, lo mostró reacio a identificarse plenamente ante los uniformados, limitándose a responder “José” cuando le solicitaron su nombre completo y mostrando incomodidad por las esposas. Finalmente, el policía le enunció su nombre y apellido, a lo que el detenido asintió y confirmó: “sí”, rompiendo en llanto mientras los uniformados oficializaban su captura.

El 2 de julio de 2025, el Juzgado 44 Penal del Circuito Judicial de Bogotá volvió a albergar el juicio contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, que fue acusado por la Fiscalía General de la Nación de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en 2018.

En la diligencia habló Jaime Lombana, abogado del exsenador, que fue tajante con respecto al proceso legal. En su opinión, no hay material probatorio que relacione a su cliente con los crímenes de los que se le acusa.

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A la par, señaló que la fiscal del caso, Marlene Orjuela, no presentó ninguna línea de investigación que permitiera evidenciar que el líder político del Centro Democrático hubiera solicitado a su exabogado Diego Cadena sobornar a exparamilitares.

“No existe prueba, ni directa o indirecta, ni indiciaria, que permita evidenciar, ni mandato, ni determinación, y mucho menos un elemento esencial, y es la congruencia de voluntades ex-ante o concomitante a la producción de los hechos. Jamás el doctor Álvaro Uribe Vélez acordó de manera previa con el doctor Diego Cadena ninguna acción de revisión”.

De igual manera, Lombana aseveró que el exgobernador de Antioquia nunca habló con Cadena sobre las ayudas humanitarias entregadas a varios exparamilitares vinculados al caso. Incluso, sostuvo que Uribe Vélez nunca tuvo conocimiento de los planes paramilitares en Cómbita, sino que se los revelaron después de que ocurrieran.

“Jamás, el doctor Álvaro Uribe Vélez acordó con el doctor Diego Cadena pagos humanitarios de cualquier cuantía. Señoría. Yo creo la versión del doctor Diego Cadena por encima de la de Carlos Enrique Vélez. Jamás. El doctor Álvaro Uribe Vélez no conoció previamente los hechos de Cómbita, van con posterioridad a su oficina a comentárselo”.

Y agregó: “Jamás, el doctor Álvaro Uribe Vélez conoció ex-ante o concomitante el video de la señora alias Diana. Acción por demás totalmente inocua”.

Así las cosas, aclaró que fue Cadena el que se ofreció a recaudar pruebas que demostraran la inocencia de Uribe Vélez. Además de señalar que eso quita elemento de determinación, lo que demuestra la inocencia del expresidente. “(Uribe) no incrementó el riesgo permitido al contratar a Cadena, máxime cuando su instrucción fue verificar información”, dijo.

Durante su intervención, el litigante señaló que el escrito de acusación entregado por el órgano rector está centrado en tres hipótesis de soborno y varios fraudes procesales que se basan más en interpretaciones que en demostrar con hechos las pruebas del caso.

A propósito, explicó que hay una “violación de principio de congruencia” porque el episodio de Cómbita no fue objeto de acusación. De igual manera, mencionó que la acusación en contra de Álvaro Uribe está “inflada” porque habla de “apoyo consciente, deliberado y sistemático de varias personas”. Incluso, dijo que el escrito habla de “máquina criminal” y que ahí se “nota la pluma” del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

Lombana también habló sobre la carta que Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar y testigo estrella del caso, envió a la Corte Suprema de Justicia. En su alegato aseguró que Uribe no tenía conocimiento de la misiva que solicitó Cadena, por lo que no se le debería acusar de fraude procesal, ya que no hay pruebas de una “dolo directo”, es decir, la intención y el conocimiento de quien determina.

Consejo Superior de la Judicatura dio ultimátum en el caso de Álvaro Uribe

Mientras avanza el juicio, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá ordenó la suspensión temporal del reparto de nuevos procesos ordinarios y acciones constitucionales al Juzgado Cuarenta y Cuatro (44) Penal del Circuito con Función de Conocimiento de la capital, con el fin de que su titular, la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, se dedique exclusivamente caso contra el expresidente.

Esta decisión parte de la solicitud de Heredia en la que señaló que requiere concentración total de su equipo, debido a la magnitud del proceso y la inminencia de los términos de prescripción. Ante la petición, el tribunal fijó como plazo máximo el 7 de agosto de 2025 para emitir la sentencia de primera instancia.

El 25 de junio de 2025 se reanudó el juicio oral contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno a testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal.

La diligencia avanzó con el despliegue de una estrategia de la Fiscalía General de la Nación basada en la presentación de testimonios, pruebas documentales e interceptaciones telefónicas. El objetivo consistió en sustentar que Álvaro Uribe Vélez habría orquestado un plan para manipular testigos y alterar el curso de procesos judiciales en su contra.

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Entre los elementos más relevantes, el ente investigador destacó la participación del abogado Diego Cadena, a quien, según la versión oficial, el expresidente habría encargado contactar a un grupo de exparamilitares recluidos en diferentes centros penitenciarios del país.

Así mismo, recopilaron los testimonios de varias personas, citando el de la abogada Ángela López, que dijo que recibió información de alias Cesarín sobre tres presos en Cómbita que querían declarar sobre que Iván Cepeda habría ofrecido beneficios a exparamilitares para declarar contra Uribe Vélez.

El órgano de control recordó una reunión en Bogotá a la que asistieron Fabián Rojas, Diego Cadena, Ángela López, y el Coronel en retiro Germán Ricaurte para presuntamente hablar sobre el caso. Además, recordó que todos los implicados tienen versiones contradictorias, lo que para la fiscalía es prueba de opacidad sobre lo que se habló en esa reunión.

La Fiscalía trajo a colación la carta de Giovanny Cadavid, alias Cadavid, en la que reconoció que no la redactó y admitió que no sabía a dónde iba dirigida. De igual manera, determinó que la respuesta de exparamilitar sobre su presunta relación con Cadena genera dudas, puesto que negó saber quién era el abogado, para luego aceptar que lo conocía y que sostuvo conversaciones con él.

Así las cosas, la hipótesis central del ente acusador sostiene que el propósito de estos contactos era lograr que los exparamilitares se retractaran de los señalamientos que habían hecho contra Uribe Vélez en distintos escenarios judiciales. Para alcanzar este objetivo, se habrían ofrecido dádivas y otros beneficios a cambio de que los testigos firmaran declaraciones favorables para el exmandatario. Uribe Vélez rechazó de manera categórica esta teoría y mantiene su defensa de inocencia ante las acusaciones.

Uno de los puntos más controvertidos del proceso ha sido la credibilidad de los testigos presentados por la Fiscalía, en particular, la figura de Juan Guillermo Monsalve, considerado el testigo estrella del caso. A pesar de los cuestionamientos de la defensa y las dudas sobre la veracidad de sus versiones, el ente investigador insistió en la validez de su testimonio. La Fiscalía solicitó expresamente considerar las declaraciones de Monsalve en la decisión final del juzgado, subrayando que las amenazas contra su vida demuestran la importancia de su aporte para la construcción del caso.

Durante la exposición de sus alegatos, la Fiscalía también enfrentó críticas relacionadas con la supuesta manipulación de pruebas y la posible ilegalidad de algunos de los elementos presentados. La defensa de Uribe Vélez sostuvo que ciertos materiales probatorios no cumplen con los requisitos legales y que su inclusión podría viciar el proceso.

Ante estas objeciones, el ente investigador defendió la integridad de su actuación. En palabras dirigidas al juzgado, la Fiscalía reiteró su intención de que el líder político del Centro Democrático sea condenado.

“Las pruebas ingresadas por la Fiscalía cumplieron ese rito de legalidad y, con base en ellas y el estudio que le corresponde a usted, la Fiscalía considera que ha cumplido el deber de probar y, por ello, debe emitirse un sentido de fallo condenatorio”.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha informado al Tribunal Supremo de que el día que registró la casa del exministro José Luis Ábalos en Valencia una mujer que se encontraba con él intentó salir del domicilio con un "disco duro externo de color azul" oculto en su pantalón con la excusa de sacar a pasear al perro.

Así consta en el acta de entrada y registro, a la que ha tenido acceso Europa Press, que los agentes han entregado al magistrado Leopoldo Puente, a cargo de la investigación contra Ábalos y su exasesor Koldo García por el cobro de presuntas comisiones --en efectivo y en especie-- a cambio del amaño de adjudicaciones de obra pública.

Según relata la Guardia Civil, durante el registro del 10 de junio, el exministro manifestó la necesidad de que la mujer que le acompañaba en su casa sacase al perro que también se hallaba en la vivienda. En ese momento, un agente observó cómo Ábalos le indicó a ésta que se llevara "algo de desayuno, procediendo a ir dentro a una de las estancias de la vivienda", y "antes de proceder a la salida del domicilio" el guardia civil se dio cuenta de que la mujer llevaba "algo oculto en su pantalón".

En el oficio consta que se trataba de un "disco duro externo de color azul, de la marca WD-MY PASSPORT", que fue "hallado oculto en el pantalón" de la mencionada mujer. Los agentes depositaron el dispositivo en una bolsa de evidencia precintada.

Se trata de una de las distintas evidencias intervenidas ese día, incluido el iPhone 11 negro de Ábalos, un iPhone S gris, cuatro discos duros externos negro y 20 memorias USB que tenía en su despacho. En el recibidor había otro móvil, marca Samsung; en el salón, otra memoria USB; y en el dormitorio principal, otro disco duro externo.

Para esta ocasión, declaró el perito Daniel Ríos Sarmiento, que fue la persona encargada de analizar las pruebas documentales recogidas en 2018.

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Con la declaración de Ríos Sarmiento, la defensa del exmandatario colombiano (2002-2010), liderada por el abogado Jaime Granados, terminará la práctica probatoria.

El experto Sarmiento presentó sus análisis basados en los informes 106A y 106B, los cuales elaboró a solicitud de la defensa el 8 de junio de 2025.

Esta prueba pericial se construyó a partir de los Elementos Materiales Probatorios (EMP) proporcionados tanto por la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia como por la propia Corte Suprema de Justicia.

Según el informe del perito Daniel Ríos, y lo ratificó en su testimonio ante la defensa del expresidente Uribe, los relojes entregados se hallaban en condiciones inadecuadas, lo que imposibilitaba acceder a los datos almacenados en ellos.

Durante la evaluación de uno de los presuntos relojes espía involucrados en las grabaciones de Diego Cadena, el perito en informática forense Daniel Ríos afirmó que, debido a las condiciones del dispositivo, no fue viable realizar el análisis forense. En su declaración, sostuvo que no se pudo recuperar información del reloj.

Según el informe del experto Daniel Ríos Sarmiento, uno de los dispositivos entregados para su análisis, en cumplimiento de una orden judicial, contenía las presuntas grabaciones de los relojes espía. Este dispositivo registraba un total de 124 archivos eliminados, según la información obtenida durante el análisis.

El abogado Jaime Granados le pidió a la juez 44 de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, anexar como prueba el auto del 7 de marzo de 2025, que detalla el fallo con el cual el juzgado 11 le negó rebajar la pena al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso.

Jaime Granados explicó que por medio de un documento de informática forense, se logró detallar el contenido de la memoria USB incautada a Juan Guillermo Monsalve y que fue objeto de peritaje desde octubre de 2024.

Según la defensa del expresidente Álvaro Uribe, el análisis de esa evidencia arrojó un hallazgo no previsto. Se trata de presuntos archivos borrados que, según la defensa, fueron restaurados o editados por el exparamilitar Monsalve.

El abogado penalista detalló que el fallo del juzgado 11 "es útil porque ayuda a la teoría del caso de la defensa, junto con otros elementos de prueba, que efectivamente había un interés de Monsalve en su testimonio para obtener beneficios sustanciales. Y a parte de eso, el que se hubiese ocultado a esta audiencia de esa circunstancia, de la solicitud del decreto por parte del fiscal Daniel Hernández, de esa rebaja punitiva".

El abogado afirmó que esta nueva prueba no afectaría el desarrollo del juicio contra el expresidente Uribe.

Así las cosas, Jaime Granados cuestionó al fiscal delegado ante el Tribunal, Daniel Hernández.

“Existía un interés por parte del testigo de obtener beneficios judiciales por su alegada colaboración con la justicia.Este elemento material probatorio sobreviniente demuestra dos cosas fundamentales: está confirmando que Monsalve había obtenido por parte de la Fiscalía una cuarta parte de su sentencia, que no es nada insignificante, si se tiene en cuenta que fue condenado 44 años de prisión", aseveró Granados.

Y agregó: “Le ocultó a toda la audiencia la circunstancia que el fiscal Daniel Hernández, que la solicitud presentada, tuviera un visto bueno. Es relevante tener en cuenta que ya había solicitado beneficios y que el fiscal Hernández estaba de acuerdo”.

Cuando la juez Sandra Liliana Heredia le consultó a la fiscal del caso, Marlene Orjuela, si se aceptaba la prueba, la fiscal aceptó. Posteriormente, el expresidente Álvaro Uribe pidió unos minutos para hablar con sus abogados, Jaime Lombana y Jaime Granados.

Así las cosas, la juez 44 de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, aceptó la nueva prueba suministrada por Granados, ya que “se trata de una prueba documental, pública, que efectivamente puede ser incorporada directamente por parte del señor defensor. Considera la instancia que se cumplen los presupuestos para acceder a la petición del señor defensor, y admitir como prueba sobreviniente el auto del 7 de marzo de 2025″.

El 12 de junio de 2025, la Fiscalía General de la Nación realizó la formulación de imputación de cargos a Carlos Eduardo Mora González, conductor de un vehículo implicado en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El ente acusador lo señaló como coautor del delito de tentativa de homicidio por ser el responsable de movilizar al menor de edad que ejecutó el ataque sicarial. Durante la audiencia preliminar del 13 de junio se presentaron pruebas que incluyen videos de seguridad que lo vinculan directamente con la planeación y ejecución del atentado.

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De acuerdo con la Fiscalía, Mora González desempeñó un papel clave en la logística del ataque. Según los videos de seguridad, se le observa en las inmediaciones del parque donde se desarrollaba un mitin político de Miguel Uribe Turbay, así como en el vehículo para transportar al menor de edad que atacó al legislador. En este automóvil, el adolescente habría recibido las últimas instrucciones, cambiado de ropa y obtenido el arma que usó.

Durante la diligencia, la Fiscalía presentó una cronología detallada de los hechos. Según el relato, el jueves 5 de junio Mora González habría realizado un reconocimiento previo del lugar donde se perpetraría el atentado. Al día siguiente, participó en la organización de la logística final, y el sábado 7 de junio ocupaba el vehículo donde se entregó el arma al menor de edad. “Estuvo involucrado en cada etapa del ataque, desde la planeación hasta la ejecución”, afirmó el órgano de control.

“Habría consistido en realizar el jueves 5 de junio el reconocimiento previo del lugar donde se cometería el ataque. Al día siguiente, estaría involucrado en la organización de la logística final, y el sábado 7 de junio estaría presente en el vehículo al interior del cual se le entrega el arma y se cambia las prendas de vestir al adolescente que disparó contra el senador Uribe Turbay”, precisó.

El señalado fue presentado ante un juez de control de garantías, donde se le imputaron los delitos de tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores en actividades ilícitas. La Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario, argumentando que Mora González representa un peligro para la sociedad y debe permanecer privado de la libertad.

“En desarrollo de la investigación del atentado perpetrado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía General de la Nación realizó ante un juez de control de garantías formulación de imputación de cargos contra Carlos Eduardo Mora González, por los delitos de tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores de edad en la comisión de delitos”, señaló la Fiscalía.

La investigación, que se desarrolla de manera reservada, busca proteger información clave que podría conducir a los autores intelectuales del ataque. Hasta el momento, hay dos personas detenidas: el menor de edad, quien se encuentra en el búnker de la Fiscalía, y Carlos Eduardo Mora González, que también será recluido en el mismo lugar.

La Fiscalía destacó que este caso es parte de un esfuerzo más amplio por esclarecer los hechos y garantizar justicia en un ataque que no solo puso en riesgo la vida de Miguel Uribe Turbay, sino que también representa un grave atentado contra la democracia y la seguridad en el país.

Mientras avanza la investigación, la Fundación Santa Fe emitió un nuevo boletín sobre el estado de salud del senador. En el documento explicó que su condición continúa siendo delicada, pero muestra respuesta positiva leve al manejo aplicado con disminución de presión intracraneal.

“Muestra una respuesta al manejo instaurado reflejado en leve disminución de su presión intracraneana, con valores de perfusión cerebral con tendencia a la estabilidad. De continuar con esta evolución clínica, se realizará un nuevo control imagenológico cerebral en los próximos días para evaluar cambios, hallazgos y revaloración de las lesiones”, detalló el parte médico.

Con el fin de garantizar la seguridad y funcionalidad de la Línea 11 del Trolebús Elevado Chalco-Santa Marta, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que se realizaron pruebas estáticas y dinámicas en el viaducto elevado para verificar el comportamiento estructural bajo distintas condiciones de carga.

Para las pruebas, se utilizaron dos trolebuses con pesos distintos, simulando la carga de pasajeros. Aproximadamente, cada vehículo transportó 50 toneladas en los claros evaluados. Por otro lado, las pruebas dinámicas emplearon 12 acelerómetros para registrar las vibraciones generadas al paso de los trolebuses a distintas velocidades.

Las verificaciones mencionadas permitieron evaluar tanto el estado de la infraestructura en reposo como su desempeño en condiciones reales de uso.

¿Cuál será la ruta del trolebús elevado Chalco-Santa Marta?

El Trolebús Elevado Chalco-Santa Marta recorrerá una distancia de 18.5 kilómetros, conectando el oriente del Estado de México con la Ciudad de México a través de un carril confinado y exclusivo. La ruta tiene por objetivo reducir los tiempos de traslado de dos horas a solo 30 minutos, eliminando la necesidad de trasbordos.

El sistema contará con 13 estaciones y dos terminales, y se integrará con otros medios de transporte como la Línea A del Metro de la CDMX, el Cablebús Línea 2, el Trolebús Elevado de Iztapalapa, las rutas de RTP y el CETRAM Santa Marta.

La obra, que beneficiará a cerca de 3 millones de habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). De acuerdo con la SICT, se estima que el sistema transportará diariamente a 196 mil usuarios, de los cuales 120 mil provendrán de municipios del Estado de México como Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, La Paz y Nezahualcóyotl, mientras que 76 mil serán residentes de la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.

En cuanto a la infraestructura, la SICT participó en la construcción de un tramo estratégico del viaducto elevado, que incluye 590 metros sobre la Autopista México-Puebla, 126 metros de viaducto curvo y el 40 por ciento de la estación Santa Marta, cuya longitud alcanza los 100 metros. Este desarrollo representa un avance significativo en la movilidad entre el con un enfoque en la sostenibilidad y la eficiencia del transporte público.

¿Cuándo iniciará operaciones la línea 11 del trolebús?

A partir de las 5:00 horas, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que el día de hoy dio inicio la operación del servicio de la Línea 11 de la red de trolebús la cual correrá de Santa Marta a Chalaco.

Con una tarifa de 13 pesos y acceso gratuito a menores de 5 años de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, las y los usuarios podrán ocupar dos rutas: de Santa Marta a Chalco y de de Constitución de 1917 a Chalco

El horario de servicio será de lunes a sábado de 04:30 a 00:30 y domingos y días festivos de 05:00 a 00:00.

El caso de David Esteban Nocua, un adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el pasado 10 de mayo en las orillas del río Tunjuelito, Bogotá, aun genera conmoción y exigencias de justicia por parte de su familia.

Las circunstancias de su muerte, que incluyen múltiples heridas con arma blanca, están siendo investigadas por las autoridades, mientras que los familiares del menor han señalado posibles responsables y presentado pruebas que podrían esclarecer los hechos.

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De acuerdo con El Tiempo, el testimonio de Lizeth Juliana Monroy, madre del menor, conduce a que el joven fue visto por última vez en compañía de su exnovia, de 15 años, y la actual pareja de esta, de 16 años. Cámaras de seguridad del sector captaron a los tres jóvenes caminando juntos por una zona residencial y, posteriormente, cruzaban un pequeño caño hacia el área boscosa donde fue hallado el cuerpo de Nocua.

El hallazgo del cuerpo de David fue realizado por sus familiares tras dos días de búsqueda. Según el medio citado, la madre relató que fue ella quien encontró a su hijo flotando en el agua cerca del botadero de Doña Juana. “No es justo que mi familia y yo tuviéramos que buscarlo y encontrarlo en esas condiciones. Nosotros mismos lo sacamos de ahí porque nadie llegó”, expresó con indignación la tía del menor. El informe judicial preliminar determinó que el joven falleció el mismo día en que se reunió con los otros dos adolescentes.

La novia de Nocua, una pista clave en la investigación

La madre de Nocua ha señalado que la exnovia de su hijo podría ser clave para esclarecer lo ocurrido. Según Monroy, la joven ofreció versiones contradictorias sobre los últimos momentos de David. Inicialmente, afirmó haberlo dejado en el mirador de Miravalle tras una discusión, pero luego cambió su relato, indicando que estuvieron en la novena parada del alimentador de La Marichuela, sobre la avenida Boyacá. Más tarde, confesó a una conocida de la familia que David fue apuñalado durante un intento de robo, del cual ella y su pareja lograron escapar.

Los familiares del menor han cuestionado estas declaraciones y han señalado comportamientos sospechosos por parte de la joven. Según indicaron, cuando fueron a buscarla para obtener información sobre el paradero de David, ella se negó a salir y, al parecer, tenía una maleta lista con ropa, lo que sugeriría que planeaba huir. Además, aseguran que la joven se detuvo exactamente en el lugar donde fue encontrado el cuerpo, lo que consideran una señal de que sabía dónde estaba.

En la mañana del día de su desaparición, David había asistido a una reunión con la orientadora de su colegio, donde, según su madre, se mostró ansioso por reencontrarse con su exnovia. Monroy también reveló que días antes, la joven había intentado quitarse la vida en el colegio y que fue su hijo quien la salvó. Desde entonces, según la madre, la adolescente lo trataba de manera hostil, llegando a recriminarle por haber intervenido en aquel momento.

Las pruebas recopiladas por la familia incluyen fotografías tomadas por un policía en el lugar de los hechos, así como grabaciones que muestran a los tres jóvenes juntos antes de la muerte de David. Según Monroy, estas evidencias apuntan a que su hijo fue llevado con engaños al sitio donde fue asesinado. “Es una prueba clara de que lo llevaron con engaños hasta ese sitio”, afirmó. La madre también destacó que en el lugar donde fue encontrado el cuerpo había rastros de sangre, lo que sugiere que el cuerpo fue arrastrado hasta el río con la intención de que el agua lo desplazara.

En medio del dolor, la familia de David ha exigido respuestas y justicia. Monroy hizo un llamado al director de la Sijín, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la fiscal general y al alcalde de Bogotá para que se pronuncien y tomen medidas frente al caso. “Necesito que ellos tomen control de esto, porque no puede seguir pasando con ningún otro joven”, declaró. Asimismo, pidió que se aceleren los dictámenes de Medicina Legal para esclarecer las circunstancias de la muerte de su hijo.

Velatón por David Nocua

El pasado 12 de mayo, familiares, amigos y vecinos de David realizaron una velatón en el barrio Marichuela para despedirlo y rendirle homenaje. Entre aplausos y música, recordaron al joven como una persona carismática y llena de alegría. “Era una persona llena de carisma, de amor; siempre tenía una sonrisa. Usted nunca lo veía triste, nunca lo veía apagado y le apagaron su sonrisa para siempre”, expresó su madre con profundo pesar.

Mientras las investigaciones avanzan, la familia de David Nocua continúa exigiendo que los responsables de su muerte enfrenten las consecuencias de sus actos. “Una persona así no puede estar libre, porque la que cometió ese acto lo hizo con sevicia, lo hizo con mucha maldad”, concluyó Monroy.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado celebrar un nuevo juicio y anular la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz que condenaba a un hombre a 24 meses de multa por un delito de abuso sexual cometido sobre su hija en La Línea de la Concepción. Tras un recurso presentado por la víctima, el TSJA concluye la nulidad del juicio celebrado al existir "contradicciones valorativas" en la sentencia, "tanto por la falta de racionalidad de la motivación fáctica como por la omisión de todo razonamiento sobre algunas de las pruebas practicadas".

Los hechos probados de la sentencia por la que se condena a 24 meses de multa con una cuota diaria de seis euros al acusado, según recoge Europa Press, señalan que el acusado, una noche de septiembre de 2019, al regresar de su turno laboral nocturno a la vivienda en la que residía con su esposa y sus hijas, entre las que se encontraba una de ellas de 19 años de edad que estaba durmiendo en la habitación del acusado, "con la intención de menoscabar su libertad sexual, procedió a realizar tocamientos y a rozarse con su hija, apretándose contra su cuerpo".

Se da la circunstancia que en la celebración del juicio la víctima hizo referencia a otro episodio ocurrido años atrás, en 2012, cuando contaba con la edad de 12 años, que la sentencia no recoge como tal en sus hechos probados. En este sentido, el TSJA señala que la Audiencia, sobre ese episodio de 2012, que ambos acusadores incluyeron en sus conclusiones, "se sustenta en la falta de claridad, la falta de concreción temporal de ellos y en la ausencia de datos de corroboración periférica que pudieran avalar su realidad".

Además, "se añade en la sentencia, a modo de juicio negativo de valor de aquella incriminación, la inexistencia de cualesquiera otros episodios de similar naturaleza en tan dilatado lapso temporal pese a que durante el mismo se mantuvo la convivencia de la víctima con su padre".

En este sentido, recogen los fundamentos de derecho de la sentencia del alto tribunal andaluz que la mujer manifestó que "durante aquellos años observó en su padre conductas inapropiadas tanto con ella como con sus amigas, pero que no llegó a considerarlas como un abuso sexual", algo que "también fue puesto de relieve por la madre, que incluso reveló algún hecho concreto". Finalmente, tras lo ocurrido en septiembre de 2019, la víctima "decidió revelar aquel incidente que ella estimaba constituyó un ataque a su indemnidad sexual".

Por su parte, el TSJA llama la atención sobre la diferencia de criterio para dar por bueno el testimonio de la víctima a un episodio sí, el de 2019, y a otro no, el 2012. En este sentido, señala "la duda" del Tribunal sentenciador "ante distintos episodios procedentes de un mismo testimonio" tras "contraer instancia la coherencia y persistencia del testimonio de la víctima a lo que estima constituyó el núcleo fundamental de la imputación --los hechos de 2019--".

"Lo relatado en relación con lo que habría sucedido en el año 2012, sea o no cierto, que esa no es la cuestión que nos ocupa, fue puesto de manifiesto con total claridad, puede afirmarse que cuanto menos con la misma claridad con la que relató lo ocurrido el día 4 de septiembre de 2019", afirma en su sentencia el TSJA, que añade que "el análisis de dicho testimonio permite afirmar que no se atisba la menor falta de claridad expositiva por parte de la testigo".

Para el TSJA, "si los razonamientos de la sentencia parten, como lo hicieron, de la concurrencia en el testimonio de la víctima", los elementos de corroboración considerados por la Audiencia para apuntalar la credibilidad del testimonio de la víctima en relación con lo que se dio por probado en la sentencia --los hechos de 2019--, "resultarían ser exactamente los mismos que podrían, en su caso, ser apreciados respecto de aquellos hechos anteriores en el tiempo".

Por todo ello, señala que la sentencia de la Audiencia contiene pues "una valoración fraccionada del cuadro probatorio que sin duda debilita su racionalidad y, además, incide negativamente en las premisas probatorias utilizadas para la formulación del hecho probado".

Así, el TSJA señala "unas contradicciones valorativas que obligan a la Sala" a estimar el recurso formulado por la víctima, por la "falta de racionalidad de la motivación fáctica" como por la "omisión de todo razonamiento sobre algunas de las pruebas practicadas", declarando la "nulidad del juicio oral a fin de que sea celebrado nuevamente por una Sala de distinta composición y, tras ello, se proceda al dictado de una nueva sentencia".

23andMe Holding Co., una destacada empresa de genética humana y biotecnología, ha anunciado que ha iniciado un proceso voluntario de bancarrota bajo el Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Este de Misuri.

Según informó la compañía el 23 de marzo de 2025, esta medida busca maximizar el valor de su negocio mediante un proceso de venta supervisado por la corte, al tiempo que aborda desafíos operativos y financieros.

La empresa continuará operando con normalidad durante el desarrollo de este proceso. Además, 23andMe aseguró que no habrá cambios en la forma en que se gestiona, almacena o protege la información de sus clientes.

Un proceso para maximizar el valor y resolver pasivos

En el anuncio, Mark Jensen, presidente y miembro del Comité Especial de la Junta Directiva de la compañía, explicó que la decisión se tomó tras una evaluación exhaustiva de las alternativas estratégicas disponibles. Según Jensen, el proceso supervisado por la corte permitirá a la empresa abordar desafíos financieros y operativos, como la reducción de costos y la resolución de pasivos legales y relacionados con arrendamientos.

“Creemos en el valor de nuestra gente y de nuestros activos, y esperamos que este proceso permita que nuestra misión de ayudar a las personas a acceder, comprender y beneficiarse del genoma humano perdure para beneficio de nuestros clientes”, afirmó Jensen en el comunicado.

Para garantizar la continuidad de sus operaciones durante el proceso de bancarrota, 23andMe ha obtenido un compromiso de financiamiento por aproximadamente 35 millones de dólares en forma de financiamiento deudor en posesión (DIP) de JMB Capital Partners. Este respaldo financiero permitirá a la empresa mantener sus actividades comerciales habituales mientras se lleva a cabo el proceso de venta.

El financiamiento DIP es una herramienta común en procesos de bancarrota bajo el Capítulo 11, diseñada para proporcionar liquidez a las empresas mientras reorganizan sus operaciones o buscan compradores para sus activos.

Uno de los puntos clave destacados por 23andMe en su comunicado es que no habrá modificaciones en la gestión de los datos de los clientes. La empresa subrayó que cualquier comprador que adquiera sus activos estará obligado a cumplir con las leyes aplicables en relación con el tratamiento de la información genética y personal de los usuarios.

Qué sigue para la 23andMe ahora que se declaró en quiebra

Como parte de los esfuerzos para facilitar el proceso de reestructuración y venta, 23andMe también anunció cambios en su junta directiva y en su equipo de liderazgo. Aunque no se especificaron los detalles de estas modificaciones en el comunicado, la empresa indicó que estas medidas están diseñadas para apoyar la transición hacia una nueva etapa en su historia corporativa.

El lunes, las acciones de la empresa cayeron un 46%, hasta los 96 centavos. Según reportó Reuters, esto ocurrió tras la dimisión de Anne Wojcicki, directora ejecutiva y cofundadora, quien presentó múltiples ofertas de adquisición fallidas.

Joe Selsavage, director financiero, será quien reemplace a Wojcicki de forma temporal.

Esta decisión ocurre años después de que, en 2023, una filtración de datos de cinco meses de duración expusiera la información personal de casi 7 millones de clientes, lo que fue calificado por Reuters como “un duro golpe a la reputación” de 23andMe.

La empresa salió a la bolsa en 2021 y, según reportó CNN, nunca obtuvo beneficios. El producto principal de 23andMe consiste en un kit de prueba de ADN para uso doméstico y otorga información genética a cada persona que, como señala la empresa, puede mostrar posibles riesgos a la salud como la probabilidad de desarrollar algunos tipos de cáncer o Alzheimer.

El 14 de marzo de 2025, las autoridades de Cundinamarca confirmaron la captura del presunto asesino de Emily Villalba, la niña de 15 años hallada sin vida en una zona boscosa del municipio de Chocontá, con claros signos de agresión y violencia.

“En medio de la triste noticia por el asesinato de una niña de 15 años en el municipio de Chocontá, Emily Villalba, hoy debo entregarles una buena noticia. Y es que hemos dado captura a su homicida, al señor Manuel Antonio Parra Rodríguez, un hombre de 44 años que fue encontrado gracias a la información de una fuente humana, en la zona rural del municipio de Facatativá”, afirmó Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca.

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Tras su captura, Parra Rodríguez fue puesto a disposición ante la Fiscalía General de la Nación para que responda por sus crímenes. En medio de la audiencia de imputación de cargos, el fiscal reveló cómo atacó a la niña, además de declarar que sus acciones fueron realizadas con plena conciencia.

“La asechó como un ave carroñera que espera a su presa para atacarla. Vio la hora en la que la menor se desplazaba desde el municipio de Chocontá hacia su vereda”, relató el fiscal en la diligencia.

Así mismo, en el proceso legal, el fiscal encargado del caso presentó pruebas contundentes que demuestran que el hombre de 44 años fue el asesino de la menor. El material probatorio incluye las grabaciones de las cámaras de seguridad que captaron su rostro junto a Emily antes de su desaparición, además en la escena del crimen encontraron una prenda de ropa con el material genético de Parra, un bolso y un celular que le pertenece.

A pesar de las pruebas en su contra, durante la audiencia el señalado negó ser el responsable de la muerte de la niña y no aceptó los cargos en su contra. Aunque negó su implicación en el asesinato de la menor de 15 años, las autoridades decidieron enviarlo a un centro penitenciario como medida preventiva.

La cronología del asesinato de Emily Villalba

En la audiencia también revelaron cómo sucedieron los hechos, desde la salida de Emily del colegio hasta su asesinato horas más tarde en una zona boscosa del municipio de Chocontá.

De acuerdo con el fiscal encargado, la niña fue vista por última vez alrededor de las 6:00 p. m., caminando junto a un hombre en dirección a su vivienda en la vereda Pueblo Viejo Alto.

Ese día no tomó la ruta escolar habitual porque tenía una cita odontológica, por lo que tuvo que regresar sola a casa. Su desaparición fue reportada a las autoridades a las 7:15 p. m. y se inició un operativo de búsqueda.

Durante el operativo, un agente de Policía rastreó el celular de Emily, luego de llegar a la zona llamaron al teléfono cerca de las 8:30 p. m. y aprovecharon el sonido del móvil para ubicar su cuerpo.

Al llegar a la escena del crimen, las autoridades identificaron que la menor presentaba laceraciones y hematomas en el cuello. Aunque, inicialmente se informó que tenía signos vitales, llegó sin vida al Hospital San Martín de Porres de Chocontá.

A propósito, el fiscal explicó que luego de obtener las imágenes de las cámaras de seguridad lograron identificar a Marco Antonio Parra Rodríguez, un vecino de 44 años que se había ganado la confianza de la familia como la última persona que la vio con vida, por lo que lo declararon principal sospechoso.

La Policía Nacional emitió una orden de captura en su contra y anunció una recompensa de $20 millones. Este incentivo sumado al trabajo de los uniformados, concluyó en la captura de Parra Rodríguez el 14 de marzo de 2025 en el municipio de Facatativá.

El artista Raphael sigue ingresado en el Hospital 12 de octubre, donde se le siguen realizando pruebas para determinar cuál es el origen de eso problemas que sufrió en el habla el pasado martes por la noche cuando grababa el especial de Navidad de 'La Revuelta'.

Las visitas por parte de sus hijos y de su mujer no dejan de cesar y este sábado, 21 de diciembre, Natalia Figueroa se ha dejado ver entrando a primera hora de la mañana acompañada por su hija Alejandra.

La mujer del cantante desvelaba a su llegada que "hoy no" recibirá el alta hospitalaria, pero que va "para adelante, va para adelante, todo va bien". En cuanto a si el artista pasará la Nochebuena en casa, contesta que "lo que nos digan, obedecemos a los médicos, pero bueno, todo va bien".

Acompañada por su hija Alejandra, Natalia agradecía a la prensa su apoyo: "Nosotros estamos tranquilos, gracias a vosotros por estar aquí", mostrando una sonrisa en su rostro después del susto que han vivido.

Preocupados por el estado de salud de Raphael, las visitas de sus hijos y sus más allegados en el Hospital 12 de Octubre son constantes desde que le trasladasen allí por petición del propio artista.

Era este miércoles cuando se emitía un comunicado informando que se descartaba que hubiese sufrido un ictus y, horas más tarde, se comunicaba la cancelación de los dos conciertos que tenía pendiente en las próximas fechas.

Este mediodía, su hijo Jacobo Martos ha salido del hospital y ha comentado ante los medios de comunicación que "no ha sido un ictus, que era lo más preocupante y está muy bien" aunque "quedan algunas pruebas que hacer".

Además, el hijo del artista ha confesado que "saldrá mañana o pasado" porque "está muy bien", aunque ha querido ser cauteloso sobre el alta porque "depende de los médicos". Eso sí, ha confirmado que anular los conciertos ha sido difícil para su padre: "Anular un concierto para mi padre es como perder una pierna".

De esta manera, Jacobo ha dejado claro que se encuentran todos "muy tranquilos" porque "él está fenomenal, deseando salir". A lo largo de las próximas horas el artista se someterá a las pruebas que tiene pendiente y, si todo va bien, en los próximos días podría recibir el alta hospitalaria.

De certificarse que el cuerpo no estuvo allí durante esos casi veinticuatro días, a juicio de la representación legal de Óscar se descartaría que el imputado pudo depositar allí el cuerpo en febrero ya que su vehículo permanecía balizado por la Guardia Civil desde el 2 de febrero, sin que tal seguimiento realizado por el Instituto Armado hubiera detectado la presencia de su Volkswagen T-Roc en aquel punto en esas fechas.

Así se plantea en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que la defensa de Óscar S.M. ha presentado este mismo martes en el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid y en el que, entre otras cuestiones, se solicita, con carácter fundamental, la declaración del propietario de un Volvo V-70 que grabó desde su vehículo el día 2 de febrero de 2022, tres días antes del hallazgo del cadáver, el trayecto realizado por la zona y más en concreto por la curva donde se produjo el hallazgo.

Además de solicitar al juzgado que requiera al mencionado conductor la grabación efectuada por la cámara de su vehículo "con el fin de acreditar que no ha sido alterado ni manipulado", la defensa también pide la declaración e calidad de testigos de otros amigos de la finada y vecinos del pueblo, entre ellos el propio alcalde del municipio, Francisco Javier Fernández, quienes en sus declaraciones han mostrado su incredulidad ante la idea de que el cuerpo de Esther permaneciera desde el principio donde fue localizado.

"Resulta sorprendente que se llegue a tal conclusión a la vista de que durante al menos quince días se desarrollaron entre la zona de Traspinedo y la carretera de Soria numerosas batidas en búsqueda de la desaparecida, a escasos 200 metros del punto en el que fue hallada, en las que participaron más de 300 personas a pie y con motos, personas especializadas como Guardia Civil con perros adiestrados en localización de personas, con drones y helicópteros, lo que hace casi imposible que de haber estado donde fue hallada no la hubieran localizado antes", apunta la defensa en su escrito

"Es más, en las múltiples declaraciones prestadas por quienes participaron en las batidas y vecinos de la zona, se afirma rotundamente y sin lugar a dudas que es imposible que de haber estado allí el cuerpo desde su desaparición, no la hubieran visto. Por varias razones: la visibilidad de la zona, el tránsito habitual por la misma de viandantes, ciclistas...así como por la necesaria presencia de animales que hubieran llamado la atención sobre el cadáver", añade la letrada de Óscar, de ahí su pretensión de que se tome declaración a parte de estas personas.

"Dada la importancia que tiene en el procedimiento saber si el cuerpo sin vida de Esther López estaba en el lugar donde fue hallado desde el día de su desaparición o fue trasladado allí en fecha posterior, y dado que en las batidas llevadas a cabo para la localización de Esther López se utilizaron drones y helicópteros por la Guardia Civil, sorprende a esta parte que las imágenes grabadas por los mismos no estén aportadas al procedimiento", critica la defensa, que por ello solicita también que se requieran a la Guardia Civil las imágenes recogidas por los drones que fueron utilizados en las batidas, detallándose la fecha y hora de cada imagen.

La petición de prueba se produce a escasos días del trámite de jurado popular previsto para este próximo viernes en el Juzgado de Instrucción 5 donde las partes personadas en la causa concretarán los delitos que imputan al único investigado.

Según consta en el relato de hechos probados que hace el fallo de la Sección Segunda, confirmado ahora por el alto tribunal gallego, el 4 de septiembre las dos chicas se encontraban en un pub de la localidad con los dos procesados y, cuando cerró el local, las invitaron a tomar una copa en su domicilio.

Allí ocurrieron los hechos que fueron objeto del juicio después de que el novio de una de las chicas las convenciese para que denunciasen. Posteriormente, se dirigieron a Urgencias para ser examinadas por un médico.

Los magistrados de la Audiencia concluyeron que la prueba practicada "no apunta, sin ningún género de dudas, al desarrollo de los hechos descritos por las acusaciones" sobre la resistencia de ambas a mantener relaciones sexuales.

Los magistrados hacen referencia a la "escasa contundencia del relato llevado a cabo por las dos denunciantes, que carece de elementos periféricos que puedan apuntalar lo manifestado por ellas". Y es que sus narraciones debían "ser claras, persistentes y concretas" para condenar a los dos acusados.

En el relato de una de las denunciantes "no hay tampoco ningún estigma que avale la violencia, al menos inicial, que describe". "Ninguna erosión en el cuello, ninguna lesión en genitales externos. Ningún elemento periférico que pueda dotar de un plus de credibilidad a su testimonio", sostuvo la Audiencia.

Sobre la otra joven, aseguraban que su narración "es todavía más errática" y que las variaciones en su testimonio no permiten acreditar "si existió penetración o fue únicamente un intento frustrado al colocar ella las manos en los genitales". En todo caso, reconoce que "no existió persistencia en la conducta del procesado" y a ello se suma que "ningún dato periférico avala tampoco esa inicial agresión".

Los magistrados estimaron que estos argumentos no son suficientes para concluir "que puedan sostener un pronunciamiento condenatorio, pues el argumentario que defienden los procesados es igualmente sostenible, por lo que, sin acreditar plenamente la inocencia, introduce la duda que obliga a absolver" a su favor.

A Coruña, 12 nov (EFE).- El juicio por el crimen de Samuel Luiz ha visto este martes el fin de la prueba testifical, pericial y documental, por lo que solo quedan las declaraciones de tres de los acusados antes de las conclusiones y los informes de las ocho partes personadas.

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido una nueva sesión del proceso contra cinco adultos para el caso de la muerte de Samuel Luiz el 3 de julio de 2021, en el que las acusaciones piden penas de entre 22 y 27 años de prisión.

Tras la práctica de toda la prueba propuesta -testifical, pericial y documental-, está prevista mañana la declaración de los acusados Diego Montaña, Alejandro Freire 'Yumba' y Kaio Amaral Silva, que solicitaron hacerlo al final del juicio, pues tanto Catherine Silva como Alejandro Míguez declararon al inicio del proceso.

Después de estas declaraciones, el jueves y el viernes las ocho partes personadas -tres acusaciones y cinco defensas- harán sus informes ante el jurado popular tras establecer sus conclusiones, que inicialmente eran de entre 22 y 27 años por parte de las acusaciones y de libre absolución en todas las defensas.

Durante la jornada de hoy ha declarado un amigo de los acusados Diego Montaña y Alejandro Míguez, que a través de ellos también conoce al resto.

Estuvo con ellos la noche de la agresión a Samuel Luiz y al día siguiente quedó con Diego, que le dijo: "Me enfadé con él, le di un puñetazo, pero yo no lo maté".

Recuerda que aquella noche, tras salir de un local de ocio nocturno en el que dice que todos bebieron mucho, escuchó ruido, con una chica que gritaba y una pelea con mucha gente, entre los que estaban los cinco acusados en este proceso.

A lo largo del camino de vuelta a casa, este testigo coincidió con el también acusado Kaio Amaral Silva, que le enseñó un teléfono -de Samuel Luiz- que quería vender.

"Me dijo que si me interesaba, me lo vendía, pero no me interesó y no lo cogí", ha explicado el testigo, tras cambiar una primera declaración inicial en la que se le advirtió de las consecuencias de mentir en un proceso penal.

Después se encontró con el grupo en un parque -donde las acusaciones cree que quedaron para pactar versiones- y él estaba enfadado, por lo que les dijo: "Siempre que salgo con vosotros acabo en movidas", ha manifestado.

No obstante, aunque en su declaración inicial se refirió a conflictos, ha matizado que en realidad se refería a enfados entre Diego Montaña y su entonces pareja y también acusada, Catherine Silva, que tenían "bronca" habitualmente por "celos".

De hecho, ha añadido que él salía de noche con Diego desde hacía años y nunca tuvo "ninguna movida, ni un insulto con una persona ni nada".

En la misma sesión, dos peritos que realizaron un informe sobre los fragmentos de vidrio encontrados en el punto -con ADN de 'Yumba'- han explicado que coinciden con los restos de una botella de whisky.

Asimismo, dos trabajadores del departamento de tecnología de una empresa han revelado cómo mejoraron las imágenes de las cámaras de tráfico que muestran la agresión en vídeo.

A Samuel Luiz lo persiguieron a lo largo del paseo marítimo y lo agredieron en cuatro ubicaciones, la primera muy cerca de una cámara si bien las imágenes son cada vez menos nítidas a lo largo de la paliza según escapa la víctima y la siguen los agresores. EFE

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Redacción deportes, 12 nov (EFE).- El español Joan Mir (Honda RC 213 V), campeón del mundo de MotoGP en 2020, ha señalado respecto al Gran Premio de Barcelona Solidaridad de MotoGP que "será un fin de semana emotivo, pensando en todos los que en Valencia y en toda España se han visto afectados por la Dana".

"Creo que es bueno que podamos hacer algo por ellos, destinar los esfuerzos de un fin de semana de Gran Premio a ayudar a los que lo necesitan", afirmó Mir, según la nota de prensa de su equipo.

"Desde el punto de vista deportivo, para nosotros se trata de hacer las comprobaciones finales antes de comenzar a trabajar en 2025 y, como antes tuvimos la carrera de Barcelona y también hemos hecho algunos tests, hay mucha información que comprobar antes de ver qué nos deparan los próximos test", explicó Joan Mir. EFE

Salamanca, 8 nov (EFE).- La Audiencia Provincial de Salamanca ha absuelto a dos hombres acusados de ser los autores de un delito de agresión sexual continuada a una menor de 13 años, al considerar el tribunal que los hechos no han quedado lo suficientemente probados durante el juicio.

Según dictamina la sentencia a la que ha tenido acceso EFE este viernes, el órgano judicial salmantino ha decidido, con su absolución, no imponer las penas de 14 y 15 años de prisión, respectivamente, a ambos acusados por delitos continuados de agresión sexual que demandaba el Ministerio Fiscal, así como la prohibición de acercarse a la menor durante siete años.

"Es preferible absolver a los acusados, aunque dichos hechos los pudieran haber cometido, que condenarles de seguro entre 10 a 20 años de prisión pudiendo ser inocentes", ha argumentado la Audiencia en su sentencia.

Los hechos fueron denunciados tres años después de que ocurrieran y se remontan a un periodo comprendido entre 2018 y 2021 cuando uno de los acusados mantuvo una relación con la madre de la víctima.

A partir del verano del 2020 y hasta el otoño del 2021, este hombre, según la víctima, cuando se quedaba a solas con ella en el domicilio que compartían en Salamanca, la obligaba de manera reiterada a distintas prácticas sexuales.

Unas acusaciones que, sin embargo, la Audiencia Provincial de Salamanca no han visto lo "suficientemente probadas", al igual que las que involucran al otro acusado, primo del primero, que intentó de igual manera, según la denunciante, perpetrar acciones sexuales en contra de su voluntad.

Como se refleja en la sentencia, las declaraciones "contradictorias e incoherente" de varios de los hechos por parte de la víctima, contraponiéndolas a la de otras partes del proceso como su madre, han llevado a la Sala a determinar la absolución de ambos hombres por un delito de agresión sexual continuada. EFE

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Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña tuvieron en cuenta hoy una serie de pruebas clave para confirmar la condena de la ex presidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos pública en el caso de la obra pública en Santa Cruz.

Se trata de los mismos argumentos que había valorado el Tribunal Oral Federal 2 cuando en diciembre de 2022 condenó a la ex presidenta: la firma de un decreto que modificó un fideicomiso para el manejo de los fondos de la obra pública, su relación comercial con Lázaro Báez -quien recibió 51 obras públicas para Santa Cruz- y lo que se conoció como el “plan limpiar todo”.

“Que desde 2003 a 2015 funcionarios públicos nacionales y provinciales, entre los que se encontraba la dos veces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, llevaron a cabo una maniobra fraudulenta que perjudicó de manera trascendente a las cuentas del Estado nacional, pues se desvió el dinero público en favor del empresario Lázaro Antonio Báez a partir de la asignación de obra pública vial a sus empresas”, sostuvieron los magistrados.

Y particularmente sobre Cristina Kirchner señalaron que “era la máxima autoridad a cargo de la protección de los bienes públicos en cuestión, resultando insuficiente escudarse detrás de su posición jerárquica y una alegada lejanía causal con los bienes materiales confiados a su competencia funcional para sustraerse de sus funciones primordiales y de los deberes institucionales asumidos”.

Los jueces señalaron en sus argumentos que Cristina Kirchner, a instancias del ex secretario de Obras Públicas José López -también con la confirmación de su condena de seis años de prisión-, firmó el decreto 54/2009. Con ese decreto se permitió que los fondos del fideicomiso de la obra pública quedaran a disposición de la Dirección Nacional de Vialidad, a cargo de Nelson Periotti -también condenado a seis años de prisión- para el pago de los certificados de obra.

“En definitiva, en función de su rol como Presidenta de la Nación y, en consecuencia, responsable de los fondos del fideicomiso, cualquier comportamiento activo y doloso que engendre o incremente un riesgo más allá del permitido y que resulte en lesión de recursos que son públicos, como lo fue el dictado del decreto 54/2009 o los comportamientos analizados de noviembre y diciembre de 2015, independientemente de su afectación específica a alguna jurisdicción y/u organismo descentralizado, confirmada su antijuridicidad, entonces el injusto penal resultante es reprochable al agente”, dijeron los magistrados.

La referencia a los comportamientos de noviembre y diciembre de 2015 es por lo que el fiscal del juicio oral Diego Luciani llamó el “plan limpiar todo”. Se trató de los mensajes de Whatsapp que se encontraron en el celular de López cuando fue detenido en junio de 2016 en el convento de General Rodríguez con bolsos con nueve millones de dólares y por los que fue condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito.

Esos mensajes dan cuenta de reuniones de López con Cristina Kirchner, con Báez, comunicaciones con Julio Mendoza -presidente de Austral Construcciones- y de encuentros del empresario con la entonces presidenta en noviembre de 2015, a pocos días de que Mauricio Macri asuma la presidencia de la Nación. Allí se hace referencia a que Báez tenía que cobrar todo lo que se le adeudaba antes que Cristina Kirchner deje el gobierno para después cerrar las empresas.

Para los jueces de Casación la entonces presidenta se involucró para que Báez cobre los fondos que se le adeudaban antes que deje el gobierno. Eso tenía una razón y era que el empresario era su socio comercial. Mientras que Báez cobraba por las obras públicas parte de esos fondos (explicaron los jueces) iban a negocios de la familiar Kirchner. Fundamentalmente al alquiler de hoteles y propiedades. Eso se investiga en los casos “Los Sauces-Hotesur”.

Hace un par de días saltaban de nuevo las alarmas cuando Mario Vaquerizo publicaba en sus redes sociales que volvía a estar ingresado debido a la caída que tuvo el fin de semana pasado en Cáceres. Al parecer, el colaborador se encuentra tranquilo, pero se le están realizando pruebas para descartar posibles consecuencias.

Este sábado Europa Press hablaba en exclusiva con su mujer, Alaska, y nos desvelaba que "de momento" Mario permanece ingresado y que todavía no va a recibir el alta: "Cuando se la den será porque se la tienen que dar y mientras no se la den, pues así es".

Además, la artista nos confesaba que "hay gente que quiere irse del hospital, pero yo estoy más tranquila con que esté allí" porque sabe que está en buenas manos y en cualquier momento puede ser atendido por los médicos.

En cuanto a la caída, la artista nos comentaba que "nos han dicho que el golpe podría haber sido... mortal... en los dos sentidos" y, además, explicaba que este ingreso se debe a que "en el mismo parte de urgencias se mandaba que esta semana se le volvieran a ver, pero cuando fuimos a la primera prueba no podía estar sentado, entonces de ahí inmediatamente lo mandaron a ingresar".

Alaska nos explicaba que se le han llevado a cabo pruebas de "oftalmología, neuroliogía, traumatología" y que "lo bueno es que no hay ninguna novedad, es el proceso que hay que seguir".

A pesar de lo nervioso que es, parece que Mario está llevando bien el estar ingresado porque "la salud yo creo que siempre marca, no tiene ganas de hacer más de lo que hace. No está desesperado por moverse más. El no ver bien es peor casi que el no poderte mover bien. Entonces, a poco que se vaya mejorando eso".

De esta manera, la tertuliana nos explicaba que "todo sigue igual", que le están "haciendo pruebas" y que el artista se encuentra "muy bien, está fenomenal porque cuando le duele mínimamente le ponen los calmantes".

Málaga, 17 oct (EFE).- Dos deportistas han muerto este jueves durante las pruebas del Mundial de Triatlón en Torremolinos (Málaga), según ha informado la organización del campeonato. EFE

En el marco del caso por presunto fraude procesal y soborno a testigos que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez, sus abogados Jaime Granados y Jaime Lombana presentaron una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, alegando la falta de garantías en la entrega de las pruebas por parte de la Fiscalía.

Esta acción busca suspender la audiencia preparatoria hasta que se realice un peritaje a los dispositivos incautados al testigo clave del proceso, Juan Guillermo Monsalve, entre los que se encuentran un computador, un celular y una memoria USB.

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La defensa de Uribe ha señalado que los archivos de estos dispositivos presentan diferencias significativas entre la versión forense obtenida por sus peritos y la copia espejo proporcionada por la Fiscalía. Según el equipo de abogados, este desajuste en la información es un indicio de posibles irregularidades en el manejo de las pruebas, lo cual afecta directamente los derechos del exmandatario a una defensa justa.

Discrepancias en las pruebas presentadas por la Fiscalía

La principal acusación de la defensa de Uribe radica en la discrepancia entre la cantidad de archivos encontrados en el computador y el celular de Juan Guillermo Monsalve y lo que la Fiscalía entregó como evidencia. Según el informe presentado por Daniel Río, perito de la defensa, el equipo de Monsalve contenía un total de 424.272 archivos, mientras que la copia espejo proporcionada por la Fiscalía solo contenía 347.365 archivos. Esto implica una diferencia de 76.907 archivos, los cuales no están presentes en la versión de la Fiscalía.

“Es decir, existe una diferencia de 76.907 archivos que reposan en la imagen forense obtenida por los peritos de la defensa y que no estarían en la copia espejo puesta a disposición por la Fiscalía”, explicaron los abogados en un documento dirigido al magistrado Jaime Andrés Velasco, encargado de fallar la tutela.

Esta situación no se limita al computador. La defensa también denunció diferencias significativas en la información extraída del celular de Monsalve. A través de cuatro metodologías de extracción forense, los peritos lograron identificar 25.000 archivos adicionales que no fueron detectados por la Fiscalía. “Los peritos dan cuenta que tras haber obtenido la imagen forense de la evidencia original, procedieron, a través de 4 metodologías, a realizar la extracción de información, obteniendo en las cuatro ocasiones información adicional a la encontrada por la Fiscalía”, afirmaron los abogados Granados y Lombana.

Solicitud de suspensión de la audiencia preparatoria

Ante estas irregularidades, la defensa de Uribe solicitó al magistrado Velasco que tenga en cuenta estas discrepancias al considerar su solicitud de aplazar la audiencia preparatoria. Argumentan que no se trata de una “maniobra dilatoria” por parte del expresidente, sino de una necesidad legítima de contar con todas las pruebas para garantizar un juicio justo. “De entrada, da cuenta de diferencias sustanciales en la cantidad de información obrante en la evidencia original versus en la que puso a disposición la Fiscalía”, señalaron los abogados en su petición.

Además de las diferencias en los archivos, la defensa de Uribe solicitó que se investigue qué archivos fueron eliminados de los dispositivos, en qué momento ocurrieron estas eliminaciones y por qué.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe utilizó sus redes sociales para denunciar lo que considera una falta de garantías en el proceso. A través de su cuenta de X, se quejó de no poder presentar pruebas clave debido a las trabas impuestas por la Fiscalía.

“Me han negado el derecho de que esas personas que me informaron de cada visita del Senador Cepeda puedan declarar en el juicio”, aseguró el exmandatario, refiriéndose al senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a quien acusa de manipular a Monsalve para que testificara en su contra.

Uribe también destacó las diferencias entre las pruebas presentadas por la Fiscalía y los datos obtenidos por sus peritos forenses, lo que, según él, refuerza sus alegatos de manipulación en el caso. “Hay discrepancias entre otros dispositivos y las copias que enviaron a la justicia. La Fiscalía lo sabe”, afirmó en una de sus publicaciones.

El expresidente, además, recordó que ya había solicitado un peritaje sobre el celular del senador Cepeda, pero este dispositivo sufrió un golpe que, según Cepeda, borró su memoria. Esto, según Uribe, es un elemento clave que podría haber esclarecido las comunicaciones entre Cepeda y Monsalve.

Ginebra, 4 oct (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó este viernes el uso de emergencia de un test de diagnóstico del mpox (viruela símica), que permite detectar el virus en tiempo real a partir de muestras extraídas de lesiones cutáneas humanas.

Se trata de la prueba de diagnóstico in vitro Alinity m MPXV Assay, fabricada por la multinacional farmacéutica estadounidense Abbott Molecular, capaz de detectar el virus en el ADN extraído de muestras de erupciones pustulosas o vesiculares.

Es la primera aprobación de uso de emergencia de un test de mpox, una medida que persigue facilitar la adquisición de esta herramienta a los Estados miembros de la OMS.

Se espera con ello ampliar el acceso global a los tests de diagnóstico del mpox, especialmente en África, donde se registran varios brotes graves y donde la necesidad de pruebas rápidas ha subido drásticamente.

"Aumentar el acceso a productos médicos de calidad es fundamental para ayudar a los países a contener la propagación del virus y proteger a su población, especialmente en las regiones desatendidas", dijo la subdirectora general de la OMS para el acceso a medicamentos y productos sanitarios, Yukiko Nakatani.

Sólo en 2024 se han notificado más de 30.000 casos sospechosos de mpox en todo el continente africano, lo que llevó a la OMS a declarar a mediados de agosto la emergencia internacional por la enfermedad.

El brote más alarmante se registra actualmente en la República Democrática del Congo, donde se han registrado 26.267 casos (5.599 confirmados) en lo que va de año, según los últimos datos, aunque sólo un 37 % de los casos sospechosos en RDC han sido sometidos a pruebas de diagnóstico.

En agosto la OMS invitó a los fabricantes de pruebas y vacunas contra el mpox a presentar los expedientes de sus productos para su posible evaluación de emergencia.

Hasta la fecha, ya se han recibido otras tres solicitudes de pruebas para su evaluación y se están llevando a cabo conversaciones con otros fabricantes de dispositivos de diagnóstico in vitro de mpox para garantizar una gama más amplia de opciones de diagnóstico de calidad. EFE

El Tribunal Superior de Bogotá admitió la acción de tutela promovida por el abogado Jaime Granados, apoderado del expresidente Álvaro Uribe, contra el Juzgado 44 Penal del Circuito de Función de Conocimiento de Bogotá. Esto, al considerar que el exmandatario no ha contado con las garantías procesales necesarias para defenderse de las acusaciones en su contra relacionadas con los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal.

La tutela surgió luego de que la jueza Sandra Liliana Heredia negara la posibilidad de aplazar una audiencia preparatoria para que la defensa del ex jefe de Estado pudiera examinar algunas pruebas a las que habrían accedido hace poco tiempo. Se trata de un celular Samsung SM-A305G y de un computador HP Probook 4430S del testigo clave Juan Guillermo Monsalve.

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“Para evitar que el proceso se dilate en forma innecesaria porque, repito, el descubrimiento probatorio ya lo tuvo el señor defensor. Sino que podría también entonces el despacho asegurar que al defensa parte del principio de la mala fe en la Fiscalía y que esa copia espejo no corresponda entonces con la información que obtuvo de los originales que reposan en la Corte Suprema de Justicia. En manera alguna se puede suspender este acto procesal para realizar una verificación de una información con la que ya se cuenta desde el 12 de septiembre”, indicó la jueza en la audiencia del 2 de octubre.

El abogado Jaime Granados afirmó que su cliente no ha sido tratado con respeto ni bajo el concepto de presunción de inocencia por parte de la jueza. De hecho, el expresidente tuvo una acalorada discusión con la funcionaria en plena audiencia, en la que le solicitó en reiteradas ocasiones que se le garantizara el derecho de estudiar las pruebas para que se pudiera preparar una adecuada estrategia de defensa.

“Se le trata como al peor delincuente. A una persona que ha violado, que ha asesinado, que ha hecho de todo, se le respetan más los derechos que a Álvaro Uribe Vélez. Eso no tiene sentido, es un irrespeto y yo creo que muchos colombianos deben sentirse muy mal al ver cómo tratan a una persona que lo único que ha hecho es servirle al país”, señaló el apoderado de Uribe.

El Tribunal también decidió negar la medida cautelar que profirió Granados, en la que solicitó la suspensión de la audiencia preparatoria de juicio para hacer un peritaje de los dispositivos de Juan Guillermo Monsalve. Esto, al considerar que la petición no es procedente, teniendo en cuenta que la tutela presentada no hace énfasis en todos los elementos materiales probatorios descubiertos y que hace falta descubrir.

La acalorada pelea entre Álvaro Uribe y la juez del caso

En medio de la audiencia del 2 de octubre, el expresidente Álvaro Uribe intervino para criticar a la jueza Sandra Liliana Heredia por su decisión de no permitir aplazar la diligencia para que su defensa pudiera cotejar los dispositivos de Monsalve, entregados por la Corte Suprema de Justicia, con una copia espejo que hizo la Fiscalía General de la Nación.

“A mí me parece muy grave, yo me siento sin garantías, señora juez, cuando me niegan esa prueba, porque mire: la copia espejo, ¿quién la ha hecho? Fue la corte y la Fiscalía, este es un proceso adversariado”, precisó el exmandatario.

Posteriormente, la jueza preguntó a Uribe si tenía claros los hechos por los cuales está acusado y si se declaraba culpable o inocente. El cuestionamiento molestó al expresidente, que contestó: “Ay, señora juez, por Dios, ¿por qué me está llevando a esta etapa? Usted sabe cuál sería mi respuesta, pero es que aquí hay una cosa muy grave”.

La jueza respondió asegurando que no es su deber saber cuál sería la respuesta del procesado. “No tengo por qué saber, porque no tengo comunicación directa con ninguno de ustedes, con ninguno. Entonces, yo estoy simplemente cumpliendo un deber para el cual el Estado me ha nombrado, doctor. Indíqueme si se declara inocente o culpable, es muy fácil”, dijo.

La jueza no permitió el aplazamiento, alegando que se trataría de una estrategia dilatoria por parte del abogado de Uribe. “Para evitar que el proceso se dilate en forma innecesaria porque, repito, el descubrimiento probatorio ya lo tuvo el señor defensor. Sino que podría también entonces el despacho asegurar que al defensa parte del principio de la mala fe en la Fiscalía y que esa copia espejo no corresponda entonces con la información que obtuvo de los originales que reposan en la Corte Suprema de Justicia. En manera alguna se puede suspender este acto procesal para realizar una verificación de una información con la que ya se cuenta desde el 12 de septiembre”, precisó.

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“Yo me siento sin garantías”

Más adelante, la jueza indicó al expresidente que debía expresar si acepta o no los cargos por los cuales se le acusa, que son: soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Asimismo, explicó lo que se espera en su proceso, según su respuesta. En ese sentido, le solicitó confirmar si tiene claros los hechos por los cuales se están adelantando las audiencias preparatorias.

Uribe respondió: “Usted insiste en que aquí hay una actitud de dilatar, de desordenar la audiencia. No es así. Lo que pidió la defensa esta mañana, y yo tengo que ser muy coherente con la defensa, es que, al revisar, al entregar, al revisar la Corte apenas, casi en la noche del lunes, dos dispositivos necesarios para este proceso, el teléfono y el computador de Juan Guillermo Monsalve, no solamente teníamos derecho a revisar para esta audiencia preparatoria la copia espejo, sino los dispositivos”.

Según detalló, su defensa fue diligente y se mantuvo cumpliendo los protocolos de la Corte Suprema de Justicia, que tiene en su poder los dispositivos. De igual manera, recordó a la jueza que en septiembre aceptó que se requerían esas pruebas para incluirlas en el proceso penal.

“Ahora, no nos puede... a mí me parece muy grave, yo me siento sin garantías, señora juez, cuando me niegan esa prueba, porque mire: la copia espejo, ¿quién la ha hecho? Fue la corte y la Fiscalía, este es un proceso adversariado”, añadió, asegurando que, sin tener al alcance esas pruebas, no es posible para su defensa verificar su contenido y cotejarlo.

Luego, la jueza volvió a preguntar al procesado si tenía claros los hechos por los cuales se le está acusando. El expresidente contestó, afirmando que se le está adelantando un proceso sin permitirle verificar todas las pruebas. Entonces, informó que debía retirarse.

¿Culpable o inocente?: “Usted sabe cuál sería mi respuesta”

La jueza explicó que, en todo caso, antes de irse, Uribe podía expresar si se declara culpable o inocente de los cargos, a lo que el exmandatario contestó molesto: “Ay, señora juez, por Dios, ¿por qué me está llevando a esta etapa? Usted sabe cuál sería mi respuesta, pero es que aquí hay una cosa muy grave”.

La funcionaria interrumpió para explicar que no hay motivos para creer que ella sabría la respuesta del expresidente. “No tengo que darle... perdón señor Uribe, no tengo por qué saber, porque no tengo comunicación directa con ninguno de ustedes, con ninguno. Entonces, yo estoy simplemente cumpliendo un deber para el cual el Estado me ha nombrado, doctor. Indíqueme si se declara inocente o culpable, es muy fácil”, aclaró.

Uribe volvió a intervenir, reiterando que se le está negando el derecho a las pruebas en su caso, y que es un daño que debería ser corregido. “Me retiro, señora juez”, dijo.

“Bien pueda si así lo desea. Entonces, hemos de entender que como el señor procesado se ha retirado de la audiencia, su declaratoria es de inocencia”, concluyó la jueza, y procedió entonces a darle el uso de la palabra a la fiscal del caso para que solicitara las pruebas que haría valer en el juicio oral público y concentrado.

Washington, 30 sep (EFE).- La jueza Mary Marlowe Sommer desestimó este lunes la petición de la armera de la película 'Rust', Hannah Gutiérrez-Reed, de celebrar un nuevo juicio por la muerte en 2021 de la directora de fotografía del filme, Halyna Hutchins, o de que se desestime el caso y se le permita salir de prisión.

Sus abogados habían pedido este mes que se la juzgara de nuevo o que se desestimara el anterior proceso y se le permitiera abandonar la cárcel alegando que se habían escondido pruebas.

Pero en una resolución difundida por la revista especializada Deadline, la magistrada estableció que la acusada no ha conseguido establecer que "exista una probabilidad razonable de que si las pruebas hubieran estado disponibles para el demandado habría habido un veredicto diferente".

Gutiérrez-Reed fue condenada el 15 de abril a 18 meses de prisión por un tribunal de Nuevo México (Estados Unidos) tras haber sido hallada culpable de homicidio involuntario por la muerte Hutchins el 21 de octubre de 2021.

La armera fue la responsable de cargar la pistola que el actor Alec Baldwin utilizó en el rodaje y de la que salió una bala real -en lugar de una de utilería- que mató a Hutchins.

En marzo, el jurado coincidió mayoritariamente en que Gutiérrez-Reed actuó de forma negligente al no comprobar debidamente que la munición del revólver de calibre 45 usado en el rodaje de este wéstern no era real, por lo que la muerte de la directora de fotografía fue una "consecuencia previsible" de su forma de proceder.

El pasado 12 de julio la magistrada desestimó el caso contra Baldwin por homicidio involuntario después de que la defensa del actor alegara que durante el proceso se habían ocultado pruebas decisivas para su causa.

Marlowe Sommer aseguró entonces que el estado había fallado en su labor de "revelar pruebas críticas para el acusado" y que dicha violación había generado un retraso "innecesario" e "incurable" para el juicio, por lo que la única forma de reparar el error era la desestimación. EFE

Madrid, 28 sep (EFE).- Las pruebas para ingresar en la Guardia Civil previstas para mañana, domingo, han sido suspendidas por un error detectado en el etiquetado de una de las cajas con los exámenes, según ha explicado el instituto armado este sábado en un comunicado.

El examen realizado hoy, 28 de septiembre, es válido, ya que la anulación solo afecta a los aspirantes que se examinaban mañana, y la Guardia Civil informará a los afectados "a la mayor brevedad posible" sobre la nueva fecha para la realización de las pruebas.

Un total de 26.332 personas, el 31,6 % de ellas mujeres, se presentaban este fin de semana a las oposiciones para acceder a una de las 2.721 plazas para la escala de cabos y guardias que se ofertan este año.

La mitad de los opositores tienen entre 20 y 30 años y la media de edad se sitúa en los 28. De las 2.721 plazas ofertadas, 1.432 son de acceso libre, 1.089 reservadas para militares y 200 para Guardias Jóvenes.

La fase de oposición se divide en cuatro pruebas -conocimientos, físicas, entrevista personal y reconocimiento médico- y para el examen de conocimientos se han establecido 19 sedes, repartidas en doce comunidades autónomas. EFE

Madrid, 28 sep (EFE).- Un total de 26.332 personas, el 31,6 % de ellas mujeres, se presentan este fin de semana a las oposiciones para acceder a una de las 2.721 plazas para la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil que se ofertan este año.

Del total de aspirantes, 5.279 cuentan con titulación universitaria, máster o doctorado, informa en un comunicado la Dirección General de la Guardia Civil.

La mitad de los opositores tienen entre 20 y 30 años y la media de edad se sitúa en los 28.

De las 2.721 plazas ofertadas, 1.432 son de acceso libre, 1.089 reservadas para militares y 200 para Guardias Jóvenes

La fase de oposición, explica la Guardia Civil, se divide en cuatro pruebas -conocimientos, físicas, entrevista personal y reconocimiento médico- y para el examen de conocimientos se han establecido 19 sedes, repartidas en doce comunidades autónomas.

Se celebran exámenes este fin de semana en Alicante, Ávila, Baeza, Baleares, Cádiz, Gijón, Granada, Las Palmas, León, Logroño, Madrid, Málaga, Mérida, Murcia, Sevilla, Tenerife, Valencia, Vigo y Zaragoza.

Antes del examen ha tenido lugar la fase de concurso, en la que se han evaluado los méritos que cada opositor añade a los requisitos mínimos exigidos para poder participar en las pruebas: tener entre 18 y 40 años, nacionalidad española, carecer de antecedentes penales o contar como mínimo con el título de educación secundaria, entre otros.

La prueba de conocimientos consiste en una serie de test sobre conocimientos teóricos generales, idiomas, ortografía, psicotécnicos y gramática.

Los opositores que obtengan puntuación suficiente serán convocados a las pruebas físicas, que incluyen un circuito de coordinación y agilidad, una prueba de resistencia (carrera de dos kilómetros), una prueba de fuerza (flexiones) y otra de natación de 50 metros.

Quienes las pasen tendrán que someterse a una entrevista personal para evaluar su idoneidad psíquica para el puesto y finalmente a un reconocimiento médico, que valorará su estado de salud y aptitud física.

Los opositores que culminen el proceso se incorporarán a la Academia de Guardias de Baeza (Jaén) y al Colegio de Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada” de Valdemoro (Madrid), donde recibirán su formación profesional durante un curso académico. EFE

París, 27 sep (EFECOM).- Los test para los trenes Talgo S106 que Renfe quiere utilizar para operar en Francia, en particular en el corredor París-Lyon, están paralizados desde junio y el Organismo Público de Seguridad Ferroviaria (EPSF) no ha recibido ninguna solicitud para que se reanuden próximamente.

El director de autorizaciones de EPSF, Lionel Arnold, explicó este viernes a EFE que hay un problema en la planificación de esas pruebas que los S106 tienen que realizar en la red francesa de alta velocidad entre Talgo y el laboratorio que designó para hacerlas.

Arnold insistió en que por parte de EPFS, que debe dar autorización para que los test se lleven a cabo cuando se les ha pedido, "no se ha bloqueado ninguno", pero no ha habido desde el mes de junio y no hay tampoco ninguno previsto en el calendario.

Esas pruebas comenzaron hace ya más de un año y, el empantanamiento en que se encuentran es lo que, de momento, impide que se pueda poner en práctica el proyecto de Renfe de operar en el corredor París-Lyon, algo que inicialmente la compañía ferroviaria española quería que pudiera hacerse antes de los Juegos Olímpicos de París y luego a finales de este año.

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, señaló esta semana que "a nadie se le escapa que Francia pone todas las trabas habidas y por haber para que no se produzca un proceso real de liberalización de su mercado". "Eso supone que estamos jugando con reglas diferentes", agregó.

"Nosotros -añadió Puente- nos hemos abierto de par en par y otros tienen cerrada la puerta a cal y canto. Por eso soy escéptico con la posibilidad de que estemos antes de diciembre en París, e incluso con que lleguemos en 2025".

El responsable de las autorizaciones en Francia insistió en que los problemas que señala el ministro español "no tienen nada qué ver con la autorización del S106 de Talgo", que esta pendiente de las pruebas restantes para cerrar el procedimiento.

Unas pruebas sobre las que -insistió- no hay un horizonte porque antes de autorizarlas, tiene que recibir la solicitud de Talgo y el laboratorio sobre su planificación.

Aseguró que le gustaría saber cuánto tiempo puede tardar ese proceso, que considero "un verdadero interrogante".

Una vez que finalicen las pruebas, aún habrá que "poner en conformidad" los trenes S106 que Renfe quiera utilizar en Francia para garantizar que "es compatible con la infraestructura francesa".

Luego la compañía española tendrá que formar a sus conductores para que puedan dirigir los S106 en la red ferroviaria francesa y hacer un rodaje de sus trenes para identificar y anular posibles incidentes.

Arnold dijo no saber si otros trenes, como los de Trenitalia (que ya opera en el corredor París-Lyon) habían tardado tanto como el de Talgo en las pruebas.

Los S106 han recibido todas las autorizaciones necesarias en España, donde superaron todas las certificaciones y pruebas y ya están operando.

Y a la cuestión de si esa fase es más dura en Francia que en otros países (la compañía SNCF lleva en competencia con Renfe en España con sus propios trenes desde la primavera de 2021) su respuesta fue que "es difícil contestar a esa pregunta" porque cada país tiene sus propias reglas, y en el caso de Francia hay muchos sistemas de señalización.

En cualquier caso, hizo hincapié en que Francia "no es más severa con una empresa ferroviaria que con otra" y en que "con Talgo hay una relación de confianza".

El responsable francés de las autorizaciones rechazó que se pueda hablar de un accidente industrial porque "el S106 es un buen tren", pero hay cuestiones que deben ser examinadas, en particular los sistemas de seguridad embarcada, que son novedosos y que deben ser sometidos a pruebas en la red francesa.

Renfe ya opera en Francia en las líneas transfronterizas Madrid-Barcelona-Marsella y Lyon-Barcelona, pero lo hace con otro modelo de tren, y ahora quiere entrar también en el corredor París-Lyon, el más rentable y el que tiene más tráfico del país, pero con los nuevos S106 de Talgo. EFECOM

La muerte del estilista Mauricio Leal vuelve a ser el centro de la polémica nacional por los nuevos detalles de los videos que salieron a la luz, que profundizan el misterio en torno al estilista.

El 11 de agosto, Focus Noticias, un portal de noticias judiciales, y Noticias Caracol publicaron un hasta ahora desconocido video que añade más confusión sobre los eventos relacionados con la trágica muerte de Leal y su madre.

En el video de aproximadamente 47 segundos, Leal pronuncia las frases: “No puedo más, nadie sabe lo de nadie” y “Ya me acabo de enterrar los cuchillos”, mientras muestra sus heridas.

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Al respecto, internautas, figuras públicas y personajes emitierons opiniones, en especial, en redes sociales. Incluso, Nicolás Petro Burgos, el controversial hijo del presidente Gustavo Petro.

A través de su cuenta de X, el exdiputado del Atlántico investigado aprovechó para lanzarle críticas al fiscal Mario Burgos, quien ha estado a cargo tanto del caso de Leal como del suyo, en el que el hijo del mandatario enfrenta acusaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

A través de sus redes sijo que “el fiscal del caso de Jhonier Leal es Mario Burgos, muy probablemente le ocultó una prueba fundamental a su defensa”. Luego agregó, “El fiscal Mario Burgos sistemáticamente se negó a entregarme información esencial de mi proceso, parece ser que es su modus operandi”.

En respuesta a estas declaraciones, la empresaria barranquillera Day Vásquez y expareja de Petro Burgos, cuestionó sus intenciones. Usando la misma red social, le respondió a través de dos publicadiones: “Pescando en río revuelto. No aguantas un polígrafo”.

La arremetida de Petro Burgos contra el fiscal

A través de su perfil de X, Nicolás Petro afirmó que el fiscal Mario Burgos tenía el “modus operandi” de ocultar pruebas, de acuerdo con lo que escribió. En sus palabras, expresó que así habría sido con su caso. Por eso, manifestó que “seguiremos pidiéndole a la Fiscalía General de la Nación que nos facilite todo lo relacionado a mi proceso para poder defenderme íntegramente y con garantías. Además de presiones y filtraciones ilegales, tenemos indicios de más irregularidades. La Fiscalía de Barbosa violentó mis garantías procesales”, escribió Nicolás Petro.

Como respuesta, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado para defenderse sobre las declaraciones de un posible ocultamiento de pruebas. De hecho, por medio de una publicación de Instagram, el fiscal Marios Burgos publicó el documento con un mensaje en el que dijo que “La fiscalía nunca ocultó nada y el fiscal no puede hacerle el trabajo a la defensa”.

La respuesta de la Fiscalía

La misiva del ente acusador sostuvo que “Los videos, de 47 y 27 segundos de duración, hacen parte de los elementos materiales probatorios descubiertos en su totalidad por la Fiscalía Primera Delegada ante Tribunal de Distrito en la audiencia de acusación y entregados, en copia íntegra, a la defensa de Yhonier Leal el 14 de julio de 2022″.

La institución también aclaró que, contrario a un ocultamiento, la investigación ya había incluido las piezas gráficas en el compendio del material probatorio que se obtuvo del dispositivo móvil de Mauricio Leal. “Estos documentos audiovisuales están incluidos en el informe de extracción del contenido del mencionado teléfono celular, realizado 15 de diciembre de 2021 por el Grupo de Delitos Informáticos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Seccional Bogotá, exportado en un documento formato PDF y compuesto por 1.015.805 páginas. Material que, con sus respectivos anexos, siempre estuvo a disposición de las partes intervinientes en este proceso penal”.

Además, la Fiscalía señaló que en su poder cuentan con, al menos, 3.716 videos más que se encontraron en el celular del estilista, en los que están “incluidos los dos recientemente conocidos”. Ahora bien, el ente investigador también afirmó que “sin embargo, según precisaron hoy el equipo de investigación y el fiscal del caso, por estrictas razones técnicas y carecer de fechas de grabación en el celular, los analistas no lograron ubicar los videos del 22 de noviembre de 2021, día del doble homicidio. Teniendo en cuenta que ignoraban su existencia, los dos videos tampoco fueron usados en los debates ni por la Fiscalía Primera Delegada ni por la defensa”.

El exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Sneyder Pinilla ante la Fiscalía General de la Nación, salpicó a Pedro Andrés Rodríguez Melo en el escándalo de corrupción de la entidad. Rodríguez Melo es abogado de profesión y fungió como asesor de la Dirección General de la Ungrd.

Según Pinilla, Pedro Rodríguez fue una pieza clave dentro del entramado de corrupción porque, al parecer, fue el responsable de llevar a Luis Eduardo López Rosero, conocido como ‘El pastuso’, hombre que terminó siendo el contratista de la Ungrd para la compra de 40 carrotanques con los que supuestamente se abastecería de agua a La Guajira.

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Pedro Rodríguez también trabajó con Camilo Romero en la Gobernación de Nariño. Actualmente Romero es el embajador de Colombia en Buenos Aires, Argentina.

Rodríguez Melo se posesionó como asesor de la entidad el 23 de junio de 2023, un mes y medio después de que Camilo Romero enviara su hoja de vida a Olmedo López. En conversación con W Radio, el embajador afirmó que le envió a López alrededor de seis hojas de vida porque el exdirector de la Ungrd le solicitó recomendaciones.

Las pruebas reveladas por Cambio, y que comprometen a la cuota del diplomático, salen de las conversaciones que mantuvo con Sneyder Pinilla sobre el contrato de los carrotanques.

Así las cosas, todo comenzó el 6 de septiembre de 2023, cuando Pedro Rodríguez le envió un mensaje de WhatsApp al exsubdirector de la Ungrd, donde muestra las primeras cotizaciones de los carrotanques. En ellas aparece Luket, una de las tres empresas de ‘El pastuso’.

El 23 de septiembre, Sneyder Pinilla viajó a La Guajira, que, según él, a partir de ahí recibió la orden de repartir coimas a políticos. Pinilla afirmó que el 26 de septiembre de 2023, Olmedo López le ordenó conseguir 3.000 millones de pesos para Iván Name, y 1.000 millones a Andrés Calle, presidentes del Senado y Cámara de Representantes en ese momento.

De acuerdo con el exsubdirector de la Ungrd, desde el 28 de septiembre se intensificaron las conversaciones con Rodríguez Melo para conseguir la contratación de los carrotanques.

Las conversaciones entre Pinilla y Rodríguez siguió el 2 de octubre de 2023, cuando el abogado le envió la nueva propuesta de Luket. De acuerdo con Pinilla, esa es la prueba de que Rodríguez sabía el valor exacto del contrato antes de que diera inicio el proceso.

El 4 de octubre del citado año, Pinilla aseguró que habló con Pedro Rodríguez sobre la necesidad de entregar las coimas a los congresistas mencionados. En la conversación, Pinilla explica que propuso el anticipo de un 80% al contratista, con el objetivo de poder pagar las coimas.

En las pruebas reveladas por Cambio, el abogado de Sneyder Pinilla le escribió a Rodríguez para informar de la orden del pago para la compra de los carrotanques. No obstante, el 11 de octubre el exsubdirector de la Ungrd consiguió el préstamo de los 4.000 millones, y que serían devueltos cuando la Fiduprevisora desembolsara el dinero para la compra de los carrotanques. Según las investigaciones, el 12 de octubre habría comenzado la repartición de las coimas.

Sneyder Pinilla aseguró que el 18 de octubre de 2023 comenzó a presionar a Pedro Rodríguez por el anticipo, sin embargo explican que la Fiduprevisora no podía hacerlo hasta que se compraran los 40 carrotanques. Ese mismo día, Kenworth de la Montaña certificó a Impoamericana Roger S.A.S. para la entrega inmediata de los vehículos. El 22 de diciembre de ese año, la Fiduprevisora desembolsó el dinero a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Los chats revelados por el citado medio muestran que el 31 de diciembre de 2023, Sneyder Pinilla y Pedro Rodríguez fue la última vez que hablaron sobre el contrato. Los carrotanques fueron contratados con sobrecostos, siguen sin funcionar y no cuentan con pólizas.

Pedro Rodríguez a la fecha no se ha pronunciado por las pruebas reveladas por Cambio. La Fiscalía, por su parte tomará nuevas decisiones con los presuntos integrantes de la organización criminal.

París, 2 ago (EFE).- Ximena Restrepo, vicepresidenta de World Athletics, aseguró en una entrevista con EFE que el atletismo es un "deporte próspero", que ha pasado de verse "poco transparente, incluso corrupto, a ser uno de los mejor posicionados en el mundo", y puso como ejemplo de referentes para el crecimiento de la mujer en el ámbito latino a la venezolana Yulimar Rojas, la cubana Leyanis Pérez o la dominicana Marileidy Paulino.

Ximena Restrepo (Medellín, Colombia; 1969) fue la primera mujer colombiana en ganar una medalla en atletismo, con el bronce logrado en los 400 metros de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92.. Casada con el lanzador de peso chileno Gert Weil, vive en Santiago, posee la nacionalidad chilena y desde las gradas del Estadio de Francia animará a su hija, Martina Weil, que compite en los Juegos de París.

P: ¿Qué recuerdos tiene de otros Juegos?

R: Obviamente para mí, los más importantes y los más hermosos, han sido los de Barcelona. Y realmente no sólo porque gané una medalla, sino porque siento que lo que hicieron los españoles fue grande como país y como Comité Organizador. Fue maravilloso, la ciudad completamente involucrada y todo el mundo feliz con los Juegos, así que realmente los recuerdos que tengo yo de esos Juegos son maravillosos.

P: Y de ese recuerdo de Barcelona a París. ¿Qué espera de estos Juegos?

R: Yo espero que sean maravillosos. Creo que hay que reconocer siempre el trabajo que hay detrás de unos Juegos. Yo trabajé en Santiago 2014, en los Juegos Sudamericanos, y también estuve el año pasado con los Juegos Panamericanos y sé que el esfuerzo que pone un país entero para organizarlos es muy grande, así que yo creo que los franceses han trabajado muchísimo. Estos Juegos se van a recordar como también los mejores de la historia.

Y para nosotros en atletismo es una gran oportunidad para que toda esta generación joven que ya está un poco más madura que lo que estuvo en Tokio nos dé una competencia excelente.

P: ¿Cómo ve la salud del atletismo a nivel internacional?

R: Yo lo veo como un deporte próspero, que realmente está rejuveneciendo. Hemos logrado volver a tener la posibilidad de capturar gente. El atletismo está ganando cada vez más aficionados, más adeptos. Creo que bajo el liderazgo de Sebastien Coe hemos logrado muchísimo. Pasamos de ser un deporte en el que en algún momento se nos vio poco transparente, incluso corrupto, hasta hacerlo uno de los mejor posicionados en el mundo y eso se está notando.

Tenemos ahora un programa en Netflix, muchas competiciones en continentes donde antes prácticamente no habían competencias, como África, e incluso en Sudamérica hemos aumentado muchísimo la cantidad de oportunidades para que nuestros atletas compitan y, por ende, puedan ganar también dinero, que eso es muy importante para nosotros. Queremos tener atletas que puedan vivir del deporte y eso afortunadamente lo estamos logrando.

P: ¿Cuáles son los retos que se marcan en World Athletics a medio plazo?

R: Tenemos muchos retos. Yo creo que tenemos que seguir creciendo. Tenemos que preocuparnos mucho de la sostenibilidad, como dice Seb. Es un reto que tenemos porque tenemos pruebas que son de largo aliento, como el maratón, en la que tenemos que cuidar a nuestros deportistas.

Por otro lado, por uno más personal, pertenezco a la Comisión de Equidad de Género. Es importante que sigamos cuidando y protegiendo la competición femenina. También creo que ese es un gran reto que tenemos nosotros como federación.

P: Yulimar Rojas, Marileidy Paulino o Leyanis Pérez son grandes deportistas. ¿Qué importancia tiene tener este tipo de deportistas para crecer en zonas como América Latina?

R: Tenemos muy buenos referentes y esperamos tener muchos más. Esas son grandes figuras que ojalá sigan atrayendo mucha gente joven y a muchas mujeres. También sabemos que en Sudamérica tenemos grandes barreras para que las mujeres se puedan dedicar al deporte, no solamente al atletismo. Entonces yo espero que esas mujeres sigan inspirando a otras niñas para que en el futuro tengamos más. Ojalá sean muchas más mujeres rompiendo marcas. No puede ser que yo todavía siga siendo la plusmarquista sudamericana de 400 más de treinta años después. Necesitamos mujeres que vengan y rompan y vayan sentando otros estándares.

P: ¿Cómo lleva sentarse en la grada y animar a su hija (Martina Weil) a competir?

R: Estar sentado en una grada y ver a una hija competir es horrible, es peor que cuando yo competía, pero estoy muy orgullosa por ella. Creo que ella también ha sabido diferenciarse, tener su vida, su carrera y su deporte. Estamos todos apoyándola, mi marido y su hermana también. Súper nerviosos todos y acompañándola, sea el resultado bueno, regular o malo, pues la familia es incondicional.

Martina se ha preparado muy duro. Ha dejado muchas cosas atrás por dedicarse cien por cien al deporte y esperamos que tenga una muy buena competencia y ojalá sus tiempos demuestren realmente todo el trabajo que hay atrás.

P: Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo, es vicepresidente de World Athletics. ¿Cómo es la relación con él y con el atletismo español?

R: Me llevo muy bien con Raúl. Los dos somos vicepresidentes, nos toca sentarnos en la cabecera y realmente tenemos una relación muy buena. Compartimos muchas visiones del deporte latino y además juntos descansamos de estar todo el tiempo hablando en inglés. Es rico poder conversar con alguien que habla tu mismo idioma. Raúl es una persona con mucha experiencia. Creo que ha hecho un excelente trabajo en la federación española y también lo hemos visto por los resultados que están teniendo España.

Siempre ha estado muy preocupado de Latinoamérica y eso se agradece porque él nos considera parte de la comunidad que en la en la que él está y eso se nota mucho. Lo estimamos mucho en Sudamérica, en Latinoamérica y de verdad que felicitaciones por el trabajo que ha estado haciendo.

P: Una de las preocupaciones de los marchadores es saber si habrá marcha en futuras ediciones. ¿Seguirá en el programa olímpico?

R: Por supuesto que sí. Esa es la idea de World Athletics y nosotros estamos dispuestos a defenderlo en todo lo que podamos. Finalmente, la decisión no es siempre nuestra. Estos son unos Juegos de los que nosotros no somos los dueños, es el Comité Olímpico Internacional, pero por la parte nuestra los atletas pueden estar muy seguros de que vamos a hacer todo lo posible para que sigan en el programa con mucho gusto.

David Ramiro

El Ejército Nacional avanza en la búsqueda de tecnología avanzada para contrarrestar ataques de drones explosivos en regiones conflictivas como el Cauca.

El esfuerzo por encontrar una solución efectiva llevó a la institución a colaborar con varios contratistas expertos en logística militar. El objetivo es desarrollar un sistema capaz de bloquear los ataques de drones, como el trágico incidente de la noche del 23 de julio en el municipio de El Plateado (Cauca), donde disidencias de las Farc atacaron una cancha de fútbol con explosivos, donde resultó muerto un niño de 10 años de edad y otras diez personas terminaron heridas.

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El equipo adquirido se encuentra en fase de pruebas y mostró eficacia en la neutralización de drones. Sin embargo, las prácticas se mantienen en secreto hasta que se obtengan resultados completos, que serán entregados al Ministerio de Defensa.

Semanas atrás, el general Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional, admitió las dificultades enfrentadas para conseguir un sistema antidrones eficiente. Según él, los equipos que funcionaban bien en zonas planas como Bogotá no eran efectivos en terrenos montañosos como el Cauca.

“Hemos hecho pruebas en Bogotá, en la sabana, hemos hecho pruebas en Tolemaida y, desafortunadamente, las pruebas que funcionan en estos temas donde no hay montañas es diferente a donde hay montaña. Nos han funcionado acá y los llevamos al Cauca y no funcionan. Entonces ninguna tecnología la vamos a adquirir hasta que no sea aprobada en el terreno y en eso estamos”, explicó el general.

En la declaración, Cardozo señaló la importancia de la cooperación con países aliados, que poseen años de experiencia en el tema y están asesorando al Ejército colombiano. “Esa es la actividad que en este momento estamos realizando y, lógicamente, pues estamos trabajando con países que ya nos llevan muchos años de experiencia que son aliados nuestros y que nos están asesorando en el tema”, puntualizó.

Medidas legales antidrones

El creciente uso de drones como herramientas de amenaza en áreas como Cauca, Nariño y Valle del Cauca llevó al general William Salamanca, director de la Policía Nacional, a dar detalles sobre el impulso de un proyecto de ley en el Congreso de la República para regular estos dispositivos en Colombia. Esta medida responde a la preocupación generada por recientes ataques de grupos criminales, incluyendo las disidencias de las Farc y el Estado Mayor Central, liderado por Iván Mordisco.

El general Salamanca resaltó la colaboración constante con la comunidad policial internacional, particularmente, con agencias de Estados Unidos. “Con ellos nos hemos reunido en los últimos días, en las últimas semanas y, efectivamente, viene acá una cooperación en entrenamiento y capacitación y dotación de equipo para contrarrestar este tipo de elementos usados por la criminalidad”, afirmó Salamanca. Esta cooperación se enfoca en el entrenamiento y equipamiento necesarios para enfrentar el uso ilícito de drones por parte de organizaciones delictivas.

Propuesta de la Policía

De forma paralela, la Policía Nacional desarrolla una propuesta para establecer regulaciones claras sobre el uso de drones en el país, que será presentada al Congreso de la República.

“Somos conscientes de que el país requiere una regulación. Ante esta situación, la Policía presentará, con el acompañamiento del señor ministro de Defensa Nacional (Iván Velásquez), una propuesta ante el Congreso de la República para su reglamentación y, efectivamente, diferenciar si hay un elemento de estos, usados por una persona en beneficio de la sociedad, como digamos también proteger su venta, su comercialización, su control, o lo contrario, evitar que se use para actividades ilegales”, explicó el general.

El proyecto de ley busca no solo establecer un marco legal claro para el uso de drones, sino también garantizar que su venta y comercialización estén debidamente controladas para prevenir su utilización en actividades delictivas.

Luego de que el matrimonio de María Victoria Caillava y el marino retirado Carlos Pérez fueran indagados por la Justicia sobre qué ocurrió con Loan Danilo Peña, comenzó a declarar en el mediodía del viernes el comisario Walter Maciel, sobre quien recae una imputación por los delitos de sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años y amenazas. Preso en la Unidad N°7 de Chaco, ingresó al Juzgado Federal de Goya a cargo de Cristina Pozzer Penzo pasadas las 13.

Por el momento, los investigadores apuntan que “habría asumido un rol relevante”, pero la verdadera injerencia que habría tenido en el caso aún es un misterio.

El ex jefe de la Comisaría de la localidad de 9 de Julio se convirtió en un personaje de interés para los investigadores luego de una serie de irregularidades que se detectaron en el comienzo de la investigación que, en un principio, estaba en manos de las autoridades provinciales. Uno de los detalles que alarmaron a los funcionarios federales se trató de su aparición en el Paraje Algarrobal, zona en la que el menor de 5 años fue visto por última vez.

De acuerdo a las fuentes judiciales consultadas por Infobae, la denuncia por la desaparición de Loan se realizó el 13 de junio a las 16:15 horas. El aviso había sido derivado a un policía apellidado Duarte, sin embargo, fue Maciel el que se presentó en el lugar junto a otros cuatro agentes. Al menos esa era la versión oficial que se había instalado, ya que fue cuestión de tiempo para que se descubriera que los horarios de las llamadas habían sido alterados.

En realidad, la conversación habría ocurrido a las 15:38 horas del fatídico día, pero el ex comisario había ordenado que ésta fuera modificada en el libro de guardia de la seccional. De esta manera, en el cuaderno figuraba un lapso entre las 14:35 y las 16:15 horas en el que se suponía que no hubo movimientos.

“‘Vos haces lo que te digo’. No sé lo que quería hacer... Me sentí presionado mal, porque no es de mí, yo sabía que estaba haciendo mal. Ese fue el único cambio que me hizo hacer”, declaró uno de los agentes correntinos que había sido indagado sobre lo ocurrido. No obstante, no se trataría de la única prueba que los investigadores utilizaron para solicitar la detención del mismo.

Otro de los misterios se esconde detrás del hallazgo del botín de Loan. En ese momento, el ex jefe policial se encontraba junto a Camila, Macarena y Laudelina Peña, primas y tía del menor, y una vecina de la zona llamada María Isabel González. “El comisario Maciel dijo: ‘Vamos a buscar la zapatilla’; y ahí me arremango, meto la mano en el barro y empiezo de donde salió para atrás”, declaró González al agregar que “Laudelina y la hija dan la vuelta y, antes de que yo llegue a la zapatilla; vino con un palo y levantó la zapatilla”.

En efecto, la Policía correntina asentó que fue Laudelina la responsable de haber encontrado el calzado enterrado en el barro. Incluso, fue ella misma quien pudo dar fe de que Loan lo llevaba puesto antes de esfumarse. Sin embargo, las sospechas sobre Maciel se dispararon por sus intentos de atribuirse el hallazgo.

“Yo lo encontré, que deje de hablar pavadas esa vieja”, aseguró el ex comisario que había sido enfrentado por el resto de los policías. De hecho, fue esta actitud lo que terminó por llevarlo detrás de las rejas por presunto encubrimiento.

Por otro lado, la abogada de Laudelina, Mónica Chirivin, apuntó contra el ex efectivo como uno de los presuntos responsables de la desaparición durante una entrevista con TN. “El comisario estaba en tema siempre, a medida que vayan avanzando las cosas lo van a ver”, adelantó al hacer referencia a las conexiones que tendría Maciel con otros involucrados en la causa.

La acusación surgió luego de que la defensora fuera consultada sobre la veracidad de la declaración que brindó la tía de Loan el lunes pasado. “Todo lo que ha dicho Laudelina no es embarrar la cancha, es algo que se debió poder decir la primera vez”, denunció Chirivin al recordar que la versión del accidente había sido falsada y plantada por pedido del ex abogado de Peña, José Fernández Codazzi, a quien señaló por tener contactos con el ex jefe policial.

“No sé si se dieron cuenta que ese abogado tenía relaciones, no quiero hablar de más, pero hasta el fiscal ordinario es amigo del comisario”, reclamó la letrada al hacer referencia a una presunta implicación y/o colaboración del primer investigador que estuvo al frente de la causa. Asimismo, remarcó que la mujer estaba imposibilitada de exponer “su verdad”, debido a que estaba bajo amenazas.

Chirivin señaló que “cuando estaba el doctor Codazzi -a cargo de la defensa- ella no podía hablar si no estaba el doctor al lado”, mientras que recordó que el abogado, el senador Diego Pellegrini, y el asesor del gobernador Rafael Miranda la habían amenazado para que contara el relato del accidente. Además, contó que le habían entregado 50 mil pesos como parte de pago, dinero que terminó por entregar a la Fiscalía antes de que fuera trasladada hacia el penal de Ezeiza.

“La credibilidad de los dichos en esta declaración van a estar acreditados por las pruebas que tienen los fiscales, por lo que va surgiendo”, confió la abogada al destacar que el testimonio de la vecina que estuvo presente en el hallazgo del botín había corroborado que Maciel estaba en el lugar junto a Francisco Amado Méndez, un policía retirado que fue sindicado por ser el informante del ex comisario por Laudelina.

Al ser cuestionada sobre la falta de indagatorias a Codazzi, a quien lo acusaron de amenazar a Laudelina y a su hija, Macarena, la abogada arremetió contra los investigadores al indicar que hace 15 días “el querellante -es decir, el abogado de la familia, Fernando Burlando- pidió que se llame a Codazzi y no se le hizo lugar”. Sin embargo, planteó la posibilidad de que este sea llamado en los próximos días a raíz de la declaración de la tía del menor. “Recién ahora que han escuchado a Laudelina entiendo que están cotejando los dichos”, evaluó.

Según El Destape, este viernes la Justicia ordenó la realización de otros siete allanamientos en la localidad de 9 de Julio que habrían sido motivados por las declaraciones de Caillava y Pérez. No obstante, la información sobre los domicilios de interés para la jueza Cristina Pozzer Penzo se mantienen bajo reserva, al igual que la información que la ex empleada municipal y el capitán de navío retirado ofrecieron a lo largo de la jornada.

El reinicio de las operaciones comerciales del metrocable línea K (Acevedo Santo Domingo), está cada vez más cerca. Cabe recordar que el pasado 26 de junio sufrió un accidente con una de sus cabinas que dejó el saldo de una persona muerta y 20 lesionados.

El gerente del Metro, Tomás Elejalde, dio el anuncio expresando que los ensayos no destructivos de las cabinas ya culminaron, por lo que se dará avance a la siguiente etapa con las pruebas con lastre.

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De acuerdo con lo anterior, a cada cabina se le pusieron 750 kilógramos para realizar la respectiva verificación de los mecanismos de control y seguridad, además del ingreso y salida de cada estación de la línea. También se revisaron los equipos de frenado, de aceleración y desaceleración.

“Esto debido a que identificamos una falla puntual en la telecabina del accidente, en el componente de suspensión, concretamente en la pinza”, comentó Elejalde.

“Tenemos ya la certificación de la empresa francesa Bureau Veritas, empresa acreditada por el Ministerio de Transporte francés que nos certifica las pruebas de carga, las pruebas de aceleración y frenado con lastre (...) Esto nos da muy buenas expectativas para poder reactivar el servicio lo más pronto posible”, afirmó el directivo.

Las universidades de Antioquia y Eafit, contratadas por el Metro tras el accidente, trabajan en los análisis de laboratorio y materiales para identificar la causa raíz de la falla puntual en la cabina que cayó.

Reintegro de saldo para los usuarios de la Línea K

Mientras finalizan los trabajos, el Metro activó un plan de movilidad para las personas que viven en el nororiente de Medellín, usuarias de la línea, que incluye cinco rutas de buses que permiten conectarse al Metro.

Sin embargo, las personas que están haciendo uso de estos buses indicaron que esto les genera un costo extra en el valor del pasaje pues están pagando $3.860, es decir, $650 adicionales a los $3.210 que pagaban antes de la suspensión temporal de la línea K.

Ante esta situación, la empresa anunció que se “está realizando un reintegro de $650 por uso de la Cívica en las rutas que hacen parte del plan de continuidad (C6-017, C6-12A, C6-013, C6-016, C6-021)”.

Este reintegro, se verá reflejado en la tarjeta Cívica del usuario una vez realice la validación en los puntos de recarga automática que se encuentran en las estaciones y paradas del sistema Metro. La temporalidad de dicho reintegro estará vigente hasta la fecha de reinicio de la operación comercial del Metrocable línea K.

El metro de Medellín planea reabrir el cable el próximo 16 de julio

Por otra parte, el alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, entregó nuevos datos sobre el accidente que ocurrió en el Metrocable, a la altura de la estación Popular, el miércoles 26 de junio de 2024. Gutiérrez se refirió a la posible fecha de reapertura, las causas del siniestro, y también a la atención que recibe la familia de la víctima fatal y los heridos que dejó el lamentable hecho.

De acuerdo con Fico Gutiérrez, el Metrocable de Medellín, en la línea K, podría volver a funcionar a partir del 16 de julio de 2024. La determinación se tomó luego de realizar una junta con los directivos de la empresa Metro.

El mandatario aseguró que esa es una fecha tentativa, pero dejó claro que es indispensable que se garantice la seguridad de los usuarios en el sistema, además de verificar que todo esté en orden antes de poner en marcha el cable nuevamente.

“El gerente del Metro nos entregó un informe sobre las posibles causas que son hoy de revisión, sobre una falla mecánica de un elemento del Metrocable. El Metro ha estimado que el próximo 16 de julio podría entrar de nuevo en operación el sistema”, dijo el alcalde de Medellín

Quito, 3 jul (EFE).- Ecuador registra dos casos de la nueva variante de la covid-19, KP.2 (FLiRT), informó este miércoles el Ministerio de Salud Pública (MSP) tras un trabajo de genotipificación.

El primer caso se registró en un hombre de 24 años y el segundo en una mujer de 42 años.

"Ambos pertenecen a la provincia andina de Cotopaxi y tienen cobertura de dosis de vacuna contra la covid-19. No registran antecedentes de patologías y se encuentran estables en sus domicilios", indicó en un comunicado.

Aunque no ha demostrado ser grave, la variante FLiRT es muy contagiosa, indicó antes de referirse a la importancia de que si se presentasen síntomas respiratorios se adopten las medidas de bioseguridad como: higiene de manos, utilización de la mascarilla y mantener el aislamiento para evitar su propagación.

Los síntomas de la variante FLiRT son similares a los de una gripe estacional con: fiebre, dolor muscular y de cabeza, escalofríos y problemas respiratorios.

Sin embargo, la variación es que también puede existir pérdida de olfato o gusto, y síntomas gastronintestinales.

El MSP recordó que mantiene activa la vigilancia epidemiológica comunitaria para garantizar una respuesta oportuna de contención de esta nueva variante.

Además, informó que continúa con la vacunación contra la covid-19 en los centros de salud en todo el país.