Según informó el grupo insurgente, el joven fue interceptado mientras viajaba en un autobús en la vía que conecta Tame con Puerto Rondón, y desde entonces permanece en cautiverio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El video difundido por el ELN constituye una prueba de vida del soldado, que aparece en las imágenes confirmando su identidad y su estado actual. Este material audiovisual ha generado reacciones inmediatas por parte de las autoridades colombianas, los cuales han intensificado los esfuerzos para lograr su liberación.

Según reportó el Ejército, se están llevando a cabo acciones humanitarias en coordinación con la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de garantizar el regreso seguro de Castillo Guerrero a su familia.

El secuestro del joven ocurrió mientras se desplazaba en un transporte público por una de las rutas principales de Arauca, una región históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales. Este hecho ha puesto nuevamente en el foco la situación de seguridad en la zona, así como las actividades del ELN, que continúa siendo uno de los actores armados más activos en el conflicto colombiano.

Las autoridades han reiterado su compromiso con la protección de los derechos humanos y han solicitado al ELN que libere al soldado sin condiciones, apelando a principios humanitarios. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha señalado que está trabajando en conjunto con el Ejército para establecer un canal de comunicación con los captores y facilitar las negociaciones que permitan la liberación de Castillo Guerrero.

El caso de este joven militar se suma a otros incidentes similares en los que el ELN ha recurrido al secuestro como estrategia de presión política y militar. Este tipo de acciones han sido condenadas tanto a nivel nacional como internacional, y han generado llamados a reforzar los esfuerzos por alcanzar una solución negociada al conflicto armado en Colombia.

Su familia clama por su libertad

El secuestro de Javier Arley Castillo Guerrero ha puesto nuevamente en el centro de atención la inseguridad que afecta a los corredores viales del departamento de Arauca, una región marcada por la presencia de grupos armados ilegales. Según lo informado, estos grupos continúan vulnerando los derechos fundamentales tanto de la población civil como del personal militar que no se encuentra en servicio activo. Este caso ha generado una fuerte preocupación entre los familiares de Castillo Guerrero y la comunidad local, quienes han solicitado acciones inmediatas para garantizar su vida e integridad.

La familia también se pronunció previo al conocimiento del video publicado por el ELN, en el que hicieron un llamado a las autoridades para que intensifiquen los esfuerzos de búsqueda. Además, han pedido que se establezcan canales de diálogo que permitan alcanzar una solución rápida y efectiva para lograr su liberación. La comunidad también ha expresado su temor ante la persistente inseguridad en la región, donde los secuestros y otros actos de violencia han sido una constante debido a la actividad de grupos armados ilegales.

El caso de Castillo Guerrero no solo refleja una situación personal crítica, también evidencia un problema estructural en Arauca, donde los corredores viales se han convertido en escenarios de riesgo para quienes transitan por ellos. La presencia de actores armados ilegales en esta zona sigue siendo un desafío para las autoridades, que enfrentan la tarea de garantizar la seguridad y los derechos de los habitantes en un contexto de alta conflictividad.

San Salvador, 2 oct (EFE).- La organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) -no gubernamental- lanzó este miércoles la campaña denominada ´prueba de vida´ con la que busca saber sobre el estado de salud de personas detenidas supuestamente arbitrariamente en El Salvador en el contexto de la implementación de un régimen de excepción para combatir a las pandillas.

El Socorro Jurídico indicó en sus redes sociales que "ante la total falta de comunicación de las personas procesadas durante esta medida se exige una prueba de vida", por lo que solicitó a jueces que ordenen al Instituto de Medicinal Legal "una revisión médica de las personas en centros penales".

La organización -que brinda asistencia legal gratuita a familiares de detenidos y que surgió en el marco del régimen de excepción- aseguró que "hay jóvenes liberados que tras haber presentado un escrito de revisión médica en los tribunales los han dejado libres pero al borde de la muerte con insuficiencia renales crónicas e irreversibles".

"La gente está muriendo y nadie hace nada!!!", agregó.

El régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente Nayib Bukele y las bandas criminales.

Con más de 81.900 detenciones, este régimen se ha convertido en la principal y única medida del Gobierno contra las pandillas y le granjeó a Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.

Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia. EFE