Cuando en Panamá ocurre una muerte por atropello provocada por un conductor en estado de ebriedad o bajo efectos de algún alucinógeno se aplica la detención del infractor, mientras que los familiares de las víctimas quedan desamparados.

Esta situación podría cambiar con el anteproyecto presentado por el diputado José Pérez Barboni, que plantea la necesidad de castigar de manera rigurosa la irresponsabilidad del conductor cuando atropelle a padres de familia.

El proyecto de ley busca exigir que los conductores que causen accidentes fatales asuman el pago de pensiones alimenticia para los hijos de las víctimas.

La propuesta promueve en sus articulados que el juez penal o civil competente esté obligado a imponer, como medida de reparación integral, el pago de una pensión alimentaria a favor del menor de edad que haya quedado en estado de desprotección, luego de ser declarado por un juez como responsable del accidente por estar bajo efectos de bebidas alcohólicas u otras sustancias estupefacientes.

También establece en su articulado que el juez determinará una cantidad a pagarse mensualmente al menor por, cuyo padre o madre o ambos hayan fallecido a causa del accidente, hasta cumplir 19 o 25 años de edad, si está en carrera universitaria, debidamente comprobado.

Pérez Barboni explicó a EcoTV que el problema se agrava cuando por esta situación un menor de edad pierde a uno o ambos padres de familia, lo que conlleva la pérdida de los medios de subsistencia, dejándolo en situación de vulnerabilidad económica, desmejora su calidad de vida, quedando al cuidado de abuelos, tíos u otros familiares, lo que representa una carga injusta.

La iniciativa, de acuerdo con el diputado, busca que estos responsables puedan hacerse cargo de los gastos que quedan sin cubrir tras la pérdida de uno de los progenitores, quien lamentablemente ya no podrá brindar ese apoyo económico y familiar.

El diputado detalló que la propuesta surge tras evaluar una legislación similar vigente desde 2022 en el estado de Tennessee, Estados Unidos, la cual ha mostrado resultados positivos en la reducción de siniestros viales causados por el consumo de alcohol o drogas.

En 2022, Tennessee promulgó una ley que obliga a los conductores condenados por homicidio vehicular bajo los efectos del alcohol a pagar una pensión alimenticia a los hijos menores de las víctimas.

Esta legislación es conocida como “Ethan’s, Hailey’s, and Bentley’s Law”, en honor a los hijos de un oficial de policía local que falleció tras ser atropellado por un conductor ebrio.

El texto de esa norma establece que la persona condenada debe pagar manutención a cada hijo menor de la víctima hasta que cumpla 18 años y termine la educación secundaria.

El monto de la pensión se determina considerando las necesidades económicas del menor y las posibilidades tanto del tutor sobreviviente como del propio condenado. Si el responsable se encuentra en prisión, dispone de un año tras su liberación para iniciar los pagos.

Según Barboni, el texto de Tennessee fue analizado y adaptado a la realidad nacional para ser presentado ante la Asamblea Nacional, con el objetivo de prevenir conductas irresponsables y generar mayor conciencia al volante.

“Espero que esta ley pueda tomar el impulso necesario para que todo el país conozca sus alcances y genere conciencia“, aseguró el diputado en una entrevista en el programa Radiografía de Eco TV.

De acuerdo con el parlamentario, la normativa no afectará a quienes sufran accidentes en condiciones de sobriedad, ya que se reconoce que los siniestros viales pueden ocurrir por otros factores no negligentes.

Panamá dio luz verde a un proyecto que adopta el Convenio Internacional del Cacao 2026, y da continuidad a la Organización Internacional del Cacao (ICCO, por sus siglas en inglés), creada por el Convenio Internacional del Cacao de 1973.

Entre los principales objetivos del convenio, se indicó que figura promover la cooperación internacional en la economía mundial de la fruta, y facilitar un marco apropiado para el debate de todos los temas relacionados entre los gobiernos con el sector privado.

Asimismo, busca contribuir al fortalecimiento de las economías cacaoteras nacionales de los países miembros, mediante la preparación, el desarrollo y la evaluación de proyectos apropiados.

También se pretende lograr ingresos dignos para los productores de cacao, mediante la obtención de precios justos que aseguren un rendimiento económico equitativo, tanto para los productores como para los consumidores, dentro de la cadena de valor de este rubro, además de contribuir al desarrollo equilibrado de la economía mundial del cacao en interés de todos los miembros.

El cacao en el país está en su etapa de industrialización, con un crecimiento en los últimos 5 años de 57%, y con al menos 10 empresas disputándose el mercado, así como pequeños emprendimientos que procesan la fruta.

Anualmente, en el territorio nacional unos 2,424 productores producen aproximadamente 19,172 quintales de cacao, listos para su comercialización.

La producción se concentra en un 95% en la provincia atlántica de Bocas del Toro, además de Panamá Oeste, Colón, Chiriquí y Panamá Este, de acuerdo con la Dirección Nacional de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

La Asociación de Cacao Fino y Chocolate de Panamá (FICCAP) aboga por buscar alternativas que ayuden a impulsar la calidad, la innovación y la proyección internacional del cacao y el chocolate panameño.

El gremio tiene como visión consolidar la cadena de valor del cacao, elevar la competitividad, garantizar el bienestar de los productores y abrir nuevos mercados internacionales para los productos panameños, dijo en su momento Yoshiris Peña, de la FICCAP.

La participación de Panamá como miembro pleno de la ICCO, de acuerdo con el gobierno, permitirá ampliar su visibilidad internacional, fortalecerá su posicionamiento institucional y promoverá la calidad del cacao panameño en mercados especializados.

De esta manera, añade, se contribuye a la generación de mayores ingresos y al desarrollo de una cadena de valor más competitiva y diversificada.

El sector cacaotero constituye un rubro estratégico para el desarrollo rural del país, especialmente en regiones como Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y la provincia de Colón, donde miles de pequeños productores dependen de esta actividad para su sustento bajo sistemas productivos que además contribuyen a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo sostenible.

La iniciativa y su aprobación será llevada a la Asamblea Nacional, así como la incorporación plena de Panamá a la ICCO.

Esto, aducen, “fortalecerá el sector cacaotero nacional, y responde a la necesidad de posicionar estratégicamente a Panamá en el mercado internacional del cacao, particularmente mediante el reconocimiento como productor de cacao fino y de aroma, condición que depende de los mecanismos de evaluación de la ICCO, referencia global para dicha clasificación”.

“Esta adhesión igualmente permite a nuestro país integrarse plenamente en los procesos de toma de decisiones internacionales sobre la cadena de valor del cacao, así como acceder a asistencia técnica especializada, estudios, estadísticas y programas de cooperación gestionados por la ICCO”, manifestó el gobierno.

La ICCO, con sede en Abidjan (Côte d’Ivoire), es una organización intergubernamental fundada en 1973 bajo los auspicios de las Naciones Unidas y que opera en el marco de los sucesivos Convenios Internacionales del Cacao.

Cuenta con 52 países miembros, de los cuales 23 son países exportadores de cacao y 29 son países importadores. Estos países miembros representan en conjunto el 86% de las exportaciones mundiales de cacao y el 76% de las importaciones mundiales de cacao.

Se asemeja más a una avispa que a una mosca, por su estructura delgada, alargada, y se diría que hasta es elegante, según la describe el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI). Por su insaciable apetito, las larvas de la Mosca Soldado Negra (Hermetia illucens L.) podrían ayudar a resolver uno de los principales problemas ambientales de la actualidad: la producción masiva de desechos de comida proveniente de residencias, restaurantes, mercados públicos, amén de los vertederos sobrecargados.

No conforme con esto, sus larvas contienen altas cantidades de proteína, lípidos y valiosos aminoácidos, que las convierte en una excelente fuente de alimento para pollos y peces, según el STRI. Esta situación, añade, representa una solución ideal para pequeñas fincas avícolas y acuícolas. Además, debido a su alto contenido de ácidos grasos, las larvas de esta mosca pueden generar hasta un 70% de aceite extraíble, lo que las convierte en un candidato prometedor para la producción de bioenergía.

Desde el Ministerio de Ambiente se informó que se buscan soluciones sostenibles que contribuyan a la reducción de residuos, a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y a la generación de oportunidades económicas vinculadas al uso sostenible de la biodiversidad.

Esto es “para promover prácticas innovadoras que integren la conservación de los ecosistemas, la gestión sostenible de los recursos naturales y el desarrollo de alternativas productivas en beneficio de las comunidades y del ambiente”.

La Mosca Soldado Negra presenta una conversión promedio de 1.5 kilogramos de residuos orgánicos ingeridos por kilogramo de insecto producido, dijeron en su momento científicos consultados.

Esta larva se alimenta de todo tipo de desechos orgánicos y tiene la capacidad de convertirlos en un abono llamado frass, además de que la propia larva puede ser utilizada como un suplemento alimenticio, explicó Pablo Montero, investigador de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Las hembras ponen entre 500 y 1,000 huevos en un solo día sobre material orgánico. En solo cuatro días, de los huevos nacen larvas voraces que se alimentan de materia orgánica como por ejemplo los desechos de comida, transformándolos en un producto similar al compost que puede usarse como fertilizante para el suelo.

Estas larvas, de acuerdo con el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, producen sustancias antimicrobianas que evitan el crecimiento de bacterias y la generación de malos olores en los contenedores de compostaje.

En 2025 los científicos Greg Lamarre e Yves Basset, del Smithsonian, iniciaron un proyecto piloto para bioconvertir los desechos orgánicos producidos en las instalaciones de este instituto en proteína de alta calidad y compost, utilizando a la Mosca Soldado Negra.

Se indicó que una gran ventaja de establecer este proyecto en Panamá es que la Mosca Soldado Negra puede criarse al aire libre, ya que se desarrolla bien en el cálido clima tropical.

Para el Smithsonian este es un proyecto innovador y de bajo costo, en el que una sola especie de mosca puede transformar los desechos orgánicos en tres productos valiosos.

A saber, compost de alta calidad, un fertilizante orgánico eficiente para el crecimiento de plantas, proteína de alto valor, un alimento ideal para granjas avícolas y piscícolas, además de aceite extraíble que puede transformarse en biodiésel, ofreciendo una solución sostenible y amigable con el medio ambiente para reducir la producción de residuos sólidos y aliviar la carga de los vertederos.

El proyecto ha recibido financiamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT) y se afirmó que si tiene éxito se planea expandirlo en un futuro a los municipios de Panamá y a granjas locales.

La inteligencia artificial en diseño de interiores está transformando la forma en la que los profesionales conciben y personalizan los espacios habitables.

Según expertos citados por House Beautiful, la tecnología ocupa un papel cada vez más relevante en el impulso a la creatividad y la diferenciación, más allá de la mera generación automatizada de imágenes.

La inteligencia artificial está cambiando el trabajo de los diseñadores de interiores al permitirles crear perfiles más detallados de los clientes, experimentar con ideas originales y optimizar sus procesos.

Facilita la inspiración, mejora la elaboración de presupuestos y ofrece nuevas vías para interactuar y validar propuestas a través de las redes sociales, generando tendencias inmediatas en la personalización de ambientes.

La integración de la IA en el diseño interior fue señalada en el 2026 Kitchen and Bath Trends Report. De acuerdo con este informe, citado por el medio, un 87% de los diseñadores espera que la generación Z recurra a esta tecnología para inspirarse en sus proyectos, y un 69% anticipa la misma tendencia entre los millennials.

Según Jenna Gaidusek, fundadora de AI for Interior Designers, la clave está en involucrar la inteligencia artificial desde el inicio del proceso creativo. Gaidusek destacó al medio citado que “la verdadera oportunidad está en las fases iniciales, donde se trabajan el concepto y el encargo”.

En estas etapas, los profesionales pueden aprovechar la IA como un soporte para comprender la lógica espacial, trabajar proporciones y definir el ambiente proyectado, con el objetivo de potenciar propuestas únicas.

Inteligencia artificial y personalización en el diseño de interiores

La personalización de espacios mediante IA destaca en el sector. Lesley Myrick, fundadora de Lesley Myrick Interior Design en Georgia, utiliza inteligencia artificial para analizar conversaciones con sus clientes y construir perfiles que reflejan tanto las preferencias estéticas como recuerdos o experiencias relevantes.

En uno de sus proyectos, una clienta de larga residencia mencionó de forma casual gabinetes verdes y el apego a un plato antiguo valioso. La tecnología permitió detectar y priorizar estos detalles, lo que se tradujo en decisiones precisas y significativas durante el diseño.

“Esa personalidad se convierte en la base de nuestro trabajo”, subrayó Myrick en diálogo con House Beautiful. Gracias a este enfoque, cada intervención resulta profundamente vinculada a quienes habitan el espacio.

El impacto de la inteligencia artificial se extiende también a la intermediación inmobiliaria. Kori Sassower, agente inmobiliaria en Nueva York, utiliza IA para mostrar a los compradores potenciales transformaciones posibles más allá de simples cambios en los ambientes. Este enfoque resulta útil para jóvenes compradores y para evaluar el potencial de reforma antes de una venta.

Nuevos usos creativos de la IA en el interiorismo

Entre las aplicaciones más innovadoras de la IA creativa en el diseño destaca la traducción de conceptos abstractos en ambientes concretos. Jen Baxter, de Baxter Hill Interiors, explicó al medio citado que usó la tecnología para transformar notas de cata de vinos —como acidez, textura y aroma— en propuestas espaciales.

Por ejemplo, un vino blanco mineral se reflejó en paredes con textura tizada y luz tenue, mientras que un tinto intenso inspiró textiles superpuestos y tonos oscuros. Baxter señala que la IA posibilita interpretar matices y vínculos abstractos, convirtiendo el diseño en una experiencia sensorial.

IA y redes sociales en la presentación de proyectos de interiores

Las redes sociales se han convertido en un laboratorio donde la IA amplifica la validación y la difusión de propuestas. Sarah Robertson, fundadora de Studio Dearborn, emplea inteligencia artificial para desarrollar conceptos experimentales en proyectos de cocina y los comparte en Instagram antes de presentarlos formalmente a los clientes.

Robertson explicó a House Beautiful que este intercambio público puede influir sutilmente en la orientación de los proyectos, ya que las reacciones espontáneas de los usuarios actúan como termómetro creativo. A través de estas plataformas, los clientes se sienten invitados a explorar las ideas propuestas de manera intuitiva.

IA aplicada a la gestión y presupuestos en interiorismo

La IA también tiene aplicaciones sólidas en el ámbito operativo. Lauren Lerner, diseñadora en Arizona y fundadora de Living with Lolo, implementó un sistema de estimación que recopila datos de proyectos reales, aprendiendo de los costes de materiales y mano de obra.

Este sistema acelera la elaboración de presupuestos y reduce la necesidad de análisis manual, lo que, según explicó Lerner al medio citado, “habría requerido un analista a tiempo completo y aun así sería más lento y subjetivo”. Así, se logra una gestión empresarial más eficiente, especialmente relevante en proyectos de reforma que requieren certeza presupuestaria.

La inteligencia artificial ha demostrado su capacidad para trasladar relaciones abstractas en ambientes personales e inspiradores. Más allá de simples variaciones superficiales, la tecnología se ha consolidado como una vía para que diseñadores y clientes puedan expresar y redescubrir la identidad única de cada espacio.

Panamá y Francia culminaron un proyecto de resiliencia agrícola y seguridad alimentaria en Isberyala, una de las primeras comunidades indígenas del país reubicadas en tierra firme por el cambio climático y el ascenso del nivel del mar.

El proyecto incluyó acciones orientadas a preservar semillas, sostener la producción de alimentos y reforzar capacidades locales.

En Isberyala, también llamada también Nuevo Cartí, desde el 29 de mayo de 2024 viven 1.351 personas, de las cuales 753 son mujeres y 598 son varones, además de 495 menores de entre cero y 17 años, según un informe oficial.

En el nuevo asentamiento se construyeron soluciones habitacionales a un costo de $12,2 millones, en un polígono de 14 hectáreas.

Cada lote dispone de un terreno de 300 metros, además de sistema de acueducto, parques, la Casa del Congreso y la tradicional Casa de La Chicha, en cumplimiento de las costumbres y tradiciones del pueblo guna.

La iniciativa correspondió al Proyecto de Fortalecimiento de la Resiliencia Agrícola y la Seguridad Alimentaria en la Comarca Guna Yala del Fondo Equipo Francia, informó la embajadora de Francia en Panamá, Aude de Amorim.

Junto a autoridades locales, de Amorim recorrió los huertos comunitarios para verificar los avances en técnicas de cultivo adaptadas al clima.

Melania Morris, beneficiaria del proyecto de huertos agroecológicos, agradeció la gestión realizada en nombre de su comunidad y señaló que esta fortalece la dieta y la seguridad alimentaria local.

El proyecto concentró sus resultados en el fortalecimiento de capacidades locales mediante capacitaciones en prácticas agrícolas sostenibles, gestión de proyectos y liderazgo comunitario. El trabajo puso un énfasis particular en la integración de mujeres y jóvenes.

Representantes del Congreso General Guna resaltaron que la iniciativa permitió “consolidar capacidades propias y fortalecer la autonomía alimentaria”, además de promover la participación activa de mujeres y jóvenes en la gestión agrícola y la toma de decisiones comunitarias.

El Ministerio de Ambiente detalló que el proyecto contempló módulos de formación para líderes y productores locales sobre técnicas de agricultura sostenible, selección de semillas adaptadas al entorno, rotación de cultivos y recuperación de suelos degradados.

Además, se implementaron sistemas de captación y almacenamiento de agua para enfrentar periodos de sequía, así como campañas educativas sobre nutrición y salud alimentaria.

Entre los resultados obtenidos figuran la identificación de especies tradicionales vulnerables al cambio climático, la creación de un banco comunitario de semillas y el establecimiento de un vivero.

Esas herramientas fueron presentadas como parte del esfuerzo para asegurar la producción de alimentos en la región.

“Cada huerto agroecológico, cada semilla preservada, cada capacitación y cada espacio de participación para mujeres y jóvenes representa una inversión en el futuro de estas comunidades”, dijo José Rincón, viceministro de Desarrollo Agropecuario.

Funcionarios del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), revelaron por su parte que en una finca de la región encontraron un árbol de cacao de altas características y potencial.

Ese hallazgo, dijeron, servirá para el desarrollo sostenible y el rescate de una semilla que aporte al desarrollo socioeconómico.

Para el Ministerio de Ambiente, la conclusión de este proyecto marca un avance en la consolidación de políticas públicas orientadas a la seguridad alimentaria y la resiliencia climática, en línea con los compromisos internacionales de desarrollo sostenible.

La embajada de Francia en Panamá reiteró su interés en continuar apoyando iniciativas conjuntas con socios panameños y actores indígenas, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante los desafíos ambientales y sociales en la región.

El Ministerio de Ambiente sostuvo que la experiencia en Isberyala servirá de referencia para futuros programas de adaptación climática en otras zonas indígenas de la nación canalera.

Panamá adelante un proyecto que pretende redefinir la seguridad tecnológica, la ciberdefensa y la protección de infraestructuras consideradas estratégicas para el país, entre otras consideraciones.

La propuesta introduce medidas tendientes a transformar la gestión de infraestructuras críticas y servicios esenciales en el país, aunque antes de eso debe contar con el aval del Consejo de Gabinete para posteriormente ir a la Asamblea Nacional.

Se indicó que el borrador se encuentra en una fase de consulta con distintos gremios y sectores empresariales.

Elaborado por el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), el proyecto busca proteger activos estratégicos como el Canal de Panamá, plantas de tratamiento de agua, potabilizadoras y puentes, frente a riesgos como ataques cibernéticos y amenazas terroristas.

El anteproyecto también prevé la conformación de unidades especializadas, como el Centro de Operaciones de Ciberdefensa (C-SOC) y un Equipo de Tarea Conjunta contra el Ciberdelito. Ambas instancias tendrían funciones de monitoreo, respuesta y coordinación frente a amenazas digitales que comprometan infraestructuras estratégicas o servicios esenciales del Estado, según reportó el diario La Prensa.

Añadió que otro de los artículos que más destacan es el 32, relacionado con la identificación de beneficiarios finales de las sociedades anónimas. La norma obliga a operadores críticos y contratistas a revelar quién ejerce realmente el control de las sociedades involucradas en actividades estratégicas. Se supone que esto ya ocurre con el Registro Único de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas, creado mediante la Ley 129 de 2020 y que custodia la Superintendencia de Sujetos No Financieros.

El texto establece, además, que no podrán invocarse disposiciones de secreto corporativo o fiduciario para ocultar esa información.

Existe la necesidad de contar con “una ley de infraestructura crítica, porque no es solamente por el tema de seguridad”, dijo Giulia de Sanctis, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), en declaraciones a los medios.

La iniciativa contempla, de igual manera, la creación de un Consejo Estratégico con facultades para suspender a contratistas que representen un riesgo a la soberanía tecnológica.

Este punto ha provocado inquietud en algunos sectores empresariales, que advierten sobre la concentración de poder y la falta de garantías para personas y empresas.

“Hay aspectos que deben discutirse a fondo, porque en momentos de urgencia la autoridad debe tener cierta potestad y cierto poder extraordinario”, agregó De Sanctis.

El anteproyecto propone, entre los aspectos técnicos, establecer un centro de operaciones de ciberdefensa y la creación del Servicio Nacional de Ciberdefensa.

En materia financiera, la información periodística señala que el anteproyecto introduce otra obligación inédita: la contratación obligatoria de seguros “contra riesgos cibernéticos”.

“Hay cuatro artículos (del 64 al 67) que proponen que los operadores estratégicos deberán mantener pólizas que cubran interrupciones del servicio, recuperación tecnológica, daños económicos y responsabilidades frente a terceros”, se informa.

La iniciativa también incorpora filtros en las contrataciones públicas y privadas vinculadas con infraestructuras “críticas”.

“El artículo 69 prohíbe contratar a empresas o proponentes condenados por corrupción o delincuencia organizada, así como a entidades sancionadas internacionalmente por violaciones de derechos humanos. Esto supone una modificación a la Ley de Contrataciones Públicas”.

Desde la Asamblea Nacional las reservas no se han hecho esperar, y algunos diputados como Luis Eduardo Camacho, citado por un medio televisivo, sostuvo que “meter en los proyectos de ley tantos temas, sobre todo temas que no necesariamente están vinculados el uno con el otro, produce normas legislativas que generan confusión y rechazo de sectores”.

La discusión sobre la pertinencia de integrar asuntos financieros, contratación pública y ciberdefensa en un solo cuerpo legal podría intensificarse cuando el texto llegue a la Asamblea, reportaron los medios.

Las cifras oficiales más recientes indican que en Panamá se dieron 5,258 delitos contra la libertad e integridad sexual, 1,943 violaciones y 230 violaciones doblemente agravadas, cuyas principales víctimas fueron mujeres.

La estadística del Ministerio Público, correspondiente al periodo de enero a octubre del 2025, deja ver la gravedad del hecho, que registra un aumento en los últimos años.

Ante esta realidad, una iniciativa ciudadana llevó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que adiciona artículos al Código Penal, en lo que respecta a violaciones, otros delitos sexuales, y contra la vida.

Una de las modificaciones más notables señala que será sancionado con penas de prisión de 30 a 50 años quien cause la muerte de una mujer cuando exista una relación de pareja o haya intentado establecer una relación de esta naturaleza o de intimidad efectiva, cuando haya relación de confianza con la víctima o de carácter laboral, docente o si el hecho se comete en presencia de los hijos de la víctima.

El femicidio en el país es penado hoy día con condenas de 25 a 30 años de cárcel, establecidos en la Ley 8 de 24 de octubre de 2013, que tipificó este hecho delictivo como un delito grave.

En Panamá hasta el momento se registran al menos 10 femicidios, 13 tentativas y cuatro muertes violentas.

El más reciente femicidio ocurrió esta semana cuando Gisela Edith Urrunaga Sánchez fue asesinada presuntamente por su pareja en el sector dos de Samaria, en el distrito de San Miguelito.

Informes extraoficiales, registrados por el diario Critica, indican que desde hace unos días la mujer había viajado desde la comunidad de Antón, en la provincia de Coclé, hasta Samaria para visitar a un hijo que recién salió de la cárcel.

Según el medio, al parecer estuvo retenida durante dos días en contra de su voluntad dentro del inmueble en el cual ocurrió el femicidio, el cual se ubica al final de una vereda.

En cuanto al proyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional, igualmente busca modificar el artículo 57 del Código Penal, que establece que el juez de cumplimiento podrá autorizar, como medidas alternas al cumplimiento de la pena de privación de libertad, la participación consentida del sentenciado en programa de estudio o trabajo dentro o fuera del penal, atendiendo las indicaciones de la Junta Técnica Penitenciaria y el comportamiento de la persona.

De igual manera, también se modifica el artículo 73, que inhabilita para ejercer funciones públicas al imputado en los casos de femicidios, homicidio agravado en casos de violencia de género, violación sexual y violación sexual agravada, y abuso sexual agravado con resultado de muerte.

Respecto a las violaciones, se tiene que las autoridades lograron la detención provisional de un ciudadano de 19 años de edad al vincularlo al delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación agravada.

El hecho se produjo en el corregimiento de Narganá, comarca indígena de Guna Yala, cuando el imputado mediante violencia e intimidación abusó sexualmente de una menor de 14 años de edad, momentos en que retornaba del colegio. La menor resultó embarazada.

De acuerdo con el Ministerio Público, el imputado fue aprehendido este 18 de mayo por unidades de la Dirección de Inteligencia del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en la comunidad de Máquina, sector comarcal, al ser requerido por el delito antes mencionado.

En la audiencia de solicitudes múltiples, se informó que la Personería también logró que el Juzgado de Garantías legalizara la aprehensión y formulación de imputación contra dicho ciudadano.

La tarifa aplicable a rentas pasivas de fuente extranjera obtenida por entidades no calificadas estará sujeta a imposición de manera excepcional conforme con una tarifa única y definitiva del 15%, fue una de las modificaciones que recibió en la Asamblea Nacional el proyecto de Ley 641 de sustancia económica.

Otra de las propuestas presentadas es que una vez el proyecto se convierta en ley comience a regir a partir del periodo fiscal del 2027, y tendrá un periodo de 90 días para su reglamentación.

Estas modificaciones corresponden al primer bloque que se analiza en el Legislativo, el cual cuenta con alrededor de 10 artículos, entre los que se destaca que adiciona un capítulo denominado reglas de sustancia económica para rentas pasivas al título primero del libro cuarto del Código Fiscal.

Igualmente, se establecen las reglas de sustancia económica aplicables a las entidades integrantes de grupos multinacionales constituidas o domiciliadas en Panamá, que obtengan rentas pasivas de fuente extranjera, quienes deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones previstas en este capítulo, a efecto de que dichas rentas no se consideren grabadas de manera excepcional de conformidad con el principio de territorialidad previsto en el marco normativo del país.

Un informe de la Asamblea Nacional detalla que, de igual manera, se modifica el título del proyecto de Ley 641, porque modifica y adiciona artículos al Código Fiscal, relativos al impuesto sobre la renta y a la suspensa económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera.

El proyecto de ley modifica el Código Fiscal para introducir reglas de sustancia económica aplicables a determinadas rentas pasivas de fuente extranjera.

La iniciativa surge en medio de las presiones internacionales para que Panamá fortalezca sus mecanismos fiscales y abandone listas discriminatorias de la Unión Europea vinculadas a jurisdicciones consideradas no cooperadoras.

La propuesta establece que determinadas entidades multinacionales domiciliadas en Panamá deberán demostrar que cuentan con actividad económica real en el país para mantener beneficios fiscales sobre ingresos generados en el extranjero. Esto incluye probar que poseen personal, instalaciones, gastos operativos y toma de decisiones dentro del territorio panameño.

La ley define como rentas pasivas ingresos provenientes de dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, alquileres y otros activos financieros o mobiliarios. Si las empresas no logran demostrar sustancia económica suficiente, pasarían a ser consideradas entidades no calificadas y quedarían sujetas a un impuesto fijo de 15% sobre la renta bruta obtenida en el extranjero.

Esta es una “ley de panameños hecha para los panameños”, expresó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien agregó que la misma está enfocada en mantener la competitividad del país donde el objetivo principal es preservar los trabajos existentes y crear las condiciones para que se generen nuevas plazas de trabajo en el sector privado.

Este primer bloque de modificaciones cuenta con alrededor de 10 artículos, entre los que se destaca el número uno que adiciona un capítulo denominado reglas de sustancia económica para rentas pasivas al título primero del libro cuarto del Código Fiscal para que, según se explicó, sea el capítulo segundo y se corre la numeración de los siguientes capítulos.

Citado por la información de la Asamblea, Eduardo Gaitán, presidente de esta instancia legislativa, señaló que este primer bloque de modificaciones es el resultado de un amplio periodo de consultas en consenso con todos los actores, como economistas independientes, gremios tributaristas y abogados, quienes ayudaron a robustecerlo para que resulte una ley sana que fortalezca la economía del país.

Informó que para este jueves se espera la presentación del segundo bloque para que, posteriormente, se proceda a aprobarlo en primer debate y que pase al pleno legislativo.

Cumplir con los estándares internacionales que hoy rigen la economía global es una “responsabilidad clara” que tiene Panamá, pues “si queremos jugar en las grandes ligas, debemos actuar con seriedad, transparencia y visión de Estado”, afirma la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

En ese sentido, la entidad dice coincidir “plenamente” con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), además de reconocer el esfuerzo que se adelanta para fortalecer la reputación fiscal del país y avanzar hacia la exclusión de listas internacionales que afectan la competitividad.

Pero, el organismo empresarial reitera que el proceso que lleva adelante la administración de José Raúl Mulino para establecer un nuevo régimen de sustancia económica para rentas pasivas de fuente extranjera en Panamá, debe hacerse con “equilibrio, técnica y visión integral”.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá afirma compartir la importancia de que el país adopte reglas alineadas con las mejores prácticas internacionales, aunque advierte que “cumplir no debe significar perder competitividad, transparencia ni capacidad de atracción extranjera”.

Actualmente, en la Asamblea Nacional se debate el proyecto de ley No. 641, que modifica y adiciona artículos al Código Fiscal en materia de impuesto sobre la renta, y establece requisitos de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera y dicta otras disposiciones.

Este proyecto de ley de sustancia económica tiene como objetivo fortalecer el régimen tributario panameño, preservar y generar empleo bien remunerado, y realizar un cambio cualitativo en el perfil de inversión que el país busca atraer.

Para tratar de lograrlo, introduce reglas de sustancia económica aplicables a determinadas rentas pasivas de fuente extranjera obtenidas por entidades pertenecientes a grupos multinacionales que estén constituidas o domiciliadas en Panamá.

La iniciativa, según voceros gubernamentales, responde a la necesidad de alinear el marco legal panameño con los estándares internacionales de transparencia fiscal y cooperación, particularmente ante la permanencia del país en la Lista de Jurisdicciones No Cooperantes de la Unión Europea.

“Panamá ha construido, durante décadas, una plataforma sólida como centro regional de servicios, inversión, comercio, logística y negocios internacionales. Esa fortaleza no puede debilitarse por normas que, aun siendo bien intencionadas, puedan generar cargas excesivas, duplicidades regulatorias o incertidumbre jurídica para quienes operan de manera legítima”, afirma la Cámara de Comercio.

Aclara que su planteamiento no es de oposición, sino de construcción.

“Queremos contribuir a que el proyecto alcance su propósito sin afectar innecesariamente sectores estratégicos ni estructuras empresariales que ya cumplen con estándares robustos de operación, supervisión y transparencia”, señala el gremio en una nota avalada por su presidente, Aurelio Barría Pino.

Insiste en que como país la meta debe ser cumplir con el mundo, sin dejar de competir con el mundo, por lo que considera importante que el régimen de sustancia económica cuente con reglas proporcionales, criterios objetivos, una implementación gradual y adecuada coordinación institucional.

De igual manera, estima que es necesario reconocer aquellos regímenes y sectores que ya están sujetos a exigencias sustanciales de presencia, supervisión y cumplimiento, evitando así duplicidades que no aportan valor adicional al objetivo de transparencia fiscal.

En cuanto a la Marina Mercante, el organismo empresarial manifiesta que “vemos con buenos ojos que tanto el Órgano Legislativo como el MEF hayan mostrado voluntad para que este sector no forme parte del alcance de este proyecto de ley”

Añade que “esa apertura al diálogo demuestra que, cuando se escuchan los argumentos técnicos, es posible encontrar soluciones que protejan los intereses del país sin apartarnos de nuestros compromisos internacionales”.

La petrolera YPF presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para avanzar con LLL Oil, uno de los proyectos de exportación de petróleo más relevantes en la historia argentina. Según la compañía, la inversión estimada asciende a USD 25.000 millones en los próximos 15 años, y representa la mayor iniciativa presentada bajo el programa RIGI hasta el momento.

La empresa informó que LLL Oil prevé la perforación de 1.152 pozos, con la expectativa de alcanzar un plateau de producción de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032. De acuerdo a la presentación, la totalidad del petróleo extraído será destinado al mercado externo: “La producción de crudo estará destinada 100% al mercado de exportación y será evacuada a través de VMOS”, aseguró la compañía.

VMOS está conformada por la propia YPF junto a Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol y Shell. El plan de Vaca Muerta Sur cuenta con una inversión inicial de USD 3.000 millones e incluye un oleoducto para transportar hasta 550.000 barriles por día, con la posibilidad de incrementar esta capacidad a 700.000 barriles diarios en función del aumento de producción.

En tanto, el nuevo proyecto de YPF contempla, además, la generación de aproximadamente 10 millones de metros cúbicos diarios de gas, que se utilizarán para abastecer el mercado argentino.

De acuerdo con YPF, se estima que LLL Oil permitirá generar exportaciones por alrededor de USD 6.000 millones anuales hacia 2032 y crear unos 6.000 puestos de trabajo directos durante su desarrollo. “LLL Oil es un proyecto único por su escala, integración y potencial exportador”, especificó la firma.

La iniciativa apunta al desarrollo integrado del potencial productivo en áreas contiguas de Vaca Muerta, apostando a sinergias operativas y económicas para alcanzar niveles de eficiencia y competitividad internacionales.

Las áreas involucradas compartirán instalaciones de superficie, equipos de perforación, sets de fractura y la logística asociada al suministro de arena y agua. “Este esquema permitirá maximizar el desarrollo del recurso y acelerar la generación de valor para el país”, señaló la compañía.

Para YPF, el RIGI constituye “un catalizador clave para hacer posible una iniciativa de esta magnitud y potenciar el desarrollo a gran escala de Vaca Muerta, consolidando un nuevo horizonte de inversiones, exportaciones y crecimiento para la Argentina”.

El presidente de la compañía energética, Horacio Marín, apeló a sus redes sociales para confirmar el pedido de ingreso al RIGI y destacar que “en toda la vida del proyecto va a generar más USD 100.000 millones en exportaciones”.

“Hoy presentamos la adhesión al RIGI para el proyecto LLL Oil: una inversión de USD 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta. Se trata del programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado bajo el RIGI. Pero esto es mucho más que una inversión. Es el inicio de una nueva etapa. Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años”, detalló Marín a través de una publicación en su cuenta oficial de X.

El otro “megaproyecto” de YPF

Cabe destacar que YPF selló a comienzos de 2026 un acuerdo con la italiana ENI y la gigante árabe XRG para avanzar con el megaproyecto Argentina GNL. La iniciativa prevé destinar USD 20.000 millones de dólares a obras de infraestructura y otros USD 10.000 millones al desarrollo de pozos petroleros, además de generar hasta cincuenta mil empleos en el pico de actividad.

La suscripción del Joint Development Agreement (JDA) formalizó el compromiso para avanzar con el proyecto Argentina LNG, orientado a la producción y exportación de gas natural licuado. Esta asociación contempla la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) con una capacidad conjunta de doce millones de toneladas por año.

El cálculo de inversión para la infraestructura alcanza los USD 20.000 millones, mientras que el desarrollo de los pozos petroleros demandará USD 10.000 millones adicionales. Dentro de este esquema, la estrategia de financiamiento ocupa un espacio prioritario para el consorcio. Los acuerdos con entidades bancarias internacionales y la organización del financiamiento serán clave para viabilizar el proyecto, con la previsión de tomar la decisión final de inversión en la segunda mitad de 2026, según informó la empresa. El financiamiento podría situarse entre USD 15.000 y USD 17.000 millones, de acuerdo con declaraciones del CEO de la petrolera argentina.

Las exportaciones se iniciarían cuatro años después de concretarse la decisión final de inversión. El gas natural licuado se cargará en buques metaneros, destinados principalmente a abastecer mercados de Europa y Asia.

La creación de empleo representa un aspecto central del proyecto. Según Marín, la fase inicial permitirá generar cerca de 40.000 puestos de trabajo, cifra que podría aumentar hasta 50.000 empleos si el consorcio decide ampliar la capacidad instalada a dieciocho millones de toneladas anuales.

El primer debate el Proyecto de Ley 641, que modifica y adiciona artículos al Código Fiscal en materia de impuesto sobre la renta y establece requisitos de sustancia económica para determinar rentas pasivas de fuente extranjera, inició con una firme defensa de parte de las autoridades gubernamentales.

Su proponente, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sostuvo ante la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, que la propuesta representa “una decisión soberana, inteligente y estratégica” para adaptar al país a las nuevas exigencias del entorno económico global.

Esto, aseguró, sin renunciar al principio de territorialidad fiscal que históricamente ha caracterizado a Panamá.

“Hoy es un día importante para nuestro país, no porque nos lo exija nadie desde afuera, sino porque Panamá ha decidido, con convicción propia, dar un paso que fortalece su posición en el mundo”, afirmó.

En esta primera jornada de consultas participaron algunos abogados, entre estos, el exdefensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, quien dijo que parte del texto de este proyecto de ley podría afectar las inversiones legítimas.

Su colega, Ramsés Owens, se mostró aprensivo al documento, por lo que consideró prudente aprobar una ley de sustancia económica con algunas excepciones.

El proyecto, según Chapman, busca garantizar que las empresas que operan bajo jurisdicción panameña mantengan una presencia real en el territorio nacional, mediante la generación de empleos, contratación de proveedores locales y toma de decisiones desde Panamá.

La medida, en su opinión, no representa una carga para el sector empresarial, sino una oportunidad para atraer inversiones de calidad y fortalecer la economía nacional.

Las multinacionales y empresas que ya mantienen operaciones sustanciales en Panamá serán beneficiadas con mayores garantías jurídicas, reducción de fricciones financieras en sus países de origen y mejores condiciones para competir internacionalmente, dijo.

Además, según una nota de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas, el jefe de la cartera económica indicó que la iniciativa forma parte de los esfuerzos del país por salir de listas internacionales que, a juicio del Gobierno, no reflejan la verdadera realidad económica del país.

Durante la discusión del proyecto se indicó que se dará la incorporación de recomendaciones de distintos sectores, incluyendo empresarios, gremios, abogados, académicos y ciudadanos.

“El objetivo no es aprobar una ley por cumplir un trámite. El objetivo es aprobar la mejor ley posible para Panamá”, sostuvo Chapman, al tiempo que aseguró que la normativa busca consolidar a Panamá como “un socio confiable, transparente y competitivo”.

En tanto, Aylín Jaramillo, en representación de la firma de abogados Rivera, Bolívar, Castañeda, expresó que este proyecto representa una oportunidad para Panamá para reafirmar su compromiso con la transparencia y defender un modelo tributario competitivo basado en la seguridad jurídica, la proporcionalidad y el respeto al principio de territorialidad.

Una vez culminado este primer día de consultas, el presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, el diputado Eduardo Gaitán, manifestó que luego de escuchar las diversas intervenciones con algunas recomendaciones, consideró que en el fondo todos están de acuerdo de que Panamá requiere de una ley de sustancia económica.

Agregó que se ha recibido mucha correspondencia con observaciones de diversos sectores y gremios y espera que estos participen presencialmente en los próximos días.

“Tenemos planeado recibir sus propuestas para que a partir de la siguiente semana trabajar en un documento consolidado con cada una de las modificaciones”, precisó Gaitán, quien informó que el periodo de consultas de este proyecto continuará este 12 de mayo.

La posibilidad de un enlace ferroviario directo entre el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) y PortMiami se posiciona como uno de los proyectos de infraestructura más discutidos en el sur de Florida. El crecimiento sostenido del turismo marítimo, sumado a la congestión vial que dificulta el traslado entre ambos puntos, ha impulsado a las autoridades del condado a analizar opciones que permitan una conexión estable y eficiente. Para los millones de viajeros que cada año llegan a Miami con destino a cruceros —o que regresan para tomar su vuelo—, este trayecto representa un desafío logístico que hoy depende casi exclusivamente del tráfico vehicular, con los riesgos de demora asociados a la imprevisibilidad del tránsito en días de alta demanda.

El objetivo central de la propuesta es reducir el tiempo de desplazamiento a menos de 30 minutos, ofreciendo una alternativa confiable y sin interrupciones intermedias. El interés institucional en transformar este recorrido responde tanto a la necesidad de acompañar la expansión del sector turístico como a la urgencia de descomprimir una red de transporte que ya muestra signos de saturación. En 2025, PortMiami movilizó más de 8.5 millones de pasajeros, consolidándose como el principal nodo de cruceros del mundo, mientras que el aeropuerto se ubica como el segundo en tráfico internacional de pasajeros en Estados Unidos, con más de 25 millones de viajeros al año y una posición clave como puerta de entrada a América Latina y el Caribe.

Alternativas de conexión: “people mover” y extensión de Metrorail

Las autoridades han encargado estudios técnicos que evalúan dos grandes alternativas para materializar el enlace ferroviario. La primera opción consiste en extender un sistema automatizado tipo “people mover” a lo largo de un trazado de aproximadamente 14,5 kilómetros. Este modelo destaca por su potencial para aprovechar parte de la infraestructura ya existente, lo que implicaría una reducción de costos y plazos de ejecución. Sin embargo, presenta limitaciones en la capacidad operativa: las unidades podrían transportar cerca de 50 pasajeros por vagón, lo que podría resultar insuficiente ante picos de demanda asociados a las operaciones de cruceros.

La segunda alternativa plantea una ampliación del sistema de Metrorail a través de un corredor de unos 16 kilómetros. Esta solución demandaría obras de mayor envergadura, incluida la construcción de un nuevo puente sobre la vía intercostera, pero a cambio ofrecería una capacidad de traslado de pasajeros significativamente superior y un trayecto directo sin transbordos. La diferencia entre ambos modelos es estratégica: mientras el “people mover” se perfila como una respuesta rápida y menos costosa, el Metrorail apunta a dar cobertura a la demanda futura del turismo internacional, que se prevé seguirá en ascenso.

Costos estimados, demanda proyectada y desafíos operativos

Las estimaciones preliminares sitúan la inversión necesaria para cualquiera de las dos alternativas entre 600 y 800 millones de dólares, con gastos de operación anuales que podrían alcanzar los 15 millones. Pese al elevado monto, la principal preocupación de los especialistas no es solo financiera. El perfil del usuario de cruceros, que suele movilizar equipaje voluminoso y requiere recorridos sencillos, añade complejidad al diseño del servicio. Además, los flujos de pasajeros se concentran en ventanas horarias específicas, lo que obliga a prever soluciones logísticas adaptadas a esta dinámica.

Las proyecciones iniciales calculan que entre 1,5 y 2,1 millones de personas utilizarían la conexión cada año, siempre y cuando el servicio logre integrarse de manera eficiente con las operaciones del puerto y el aeropuerto. Elementos como el manejo automatizado de equipaje o acuerdos directos con navieras para la gestión de maletas podrían marcar la diferencia en la adopción y satisfacción del sistema.

Estado del proyecto, plazos y condicionantes institucionales

Aunque el desarrollo técnico del proyecto muestra avances, su concreción está lejos de estar asegurada. El enlace ferroviario forma parte de los planes de desarrollo del condado con un horizonte de ejecución hacia 2050. Hasta el momento, no existe financiamiento garantizado, lo que convierte a la viabilidad en una cuestión dependiente de decisiones políticas, asignaciones presupuestarias y la articulación entre inversión pública y privada. La materialización del proyecto estará condicionada por la capacidad de las instituciones locales para priorizarlo frente a otras demandas de infraestructura.

Referentes internacionales y contexto global de conexiones aeropuerto-puerto

A nivel mundial, las conexiones ferroviarias directas entre terminales aéreas y marítimas no son habituales, pero existen ejemplos que marcan una tendencia creciente. En Vancouver, el sistema Canada Line conecta el aeropuerto con el centro urbano y facilita el acceso al puerto de cruceros. En Barcelona, la red de transporte integra metro, tren y autobuses, permitiendo un enlace fluido entre ambos puntos y reduciendo la dependencia del automóvil. Singapur destaca por la integración entre el aeropuerto de Changi y el Marina Bay Cruise Centre, donde la precisión operativa y la multimodalidad son ejes centrales. Estos modelos internacionales refuerzan la necesidad de que ciudades con alta afluencia turística inviertan en infraestructura que priorice la conectividad y la eficiencia.

Medidas inmediatas para mejorar la movilidad mientras avanza el plan

Mientras el proyecto ferroviario sigue en fase de estudio, las autoridades de Miami han implementado medidas temporales para aliviar la presión sobre el sistema de transporte. Entre ellas se encuentran la creación de rutas de transporte directo desde estaciones clave, la integración tarifaria en un solo boleto y la mejora de la señalización para visitantes. Estas acciones buscan ofrecer soluciones de corto plazo que faciliten la movilidad entre el aeropuerto y el puerto, mientras se define el futuro de una infraestructura que podría transformar el mapa de la movilidad en el sur de Florida.

La Asamblea Nacional suspendió hasta segunda orden el proyecto de ley 443 que propone el uso obligatorio de un 10% de etanol en la gasolina que se expende a los panameños.

La medida llega en momentos en que algunos sectores esperaban que el presidente de la República, José Raúl Mulino, llamara en los próximos días a sesiones extraordinarias del ente legislativo para la aprobación de este proyecto.

El Órgano Legislativo entra este jueves en receso de su periodo ordinario y vuelve a sus funciones el próximo 1 de julio.

La suspensión fue aprobada con 55 votos a favor y una abstención, luego de que los jefes de bancadas acordaran la medida, argumentando que el pueblo necesita una mayor ilustración sobre los beneficios o no del etanol.

“No queremos legislar de espaldas al pueblo panameño”, indicó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, en declaraciones a TVN.

Desde el 2013 ronda en Panamá la idea de utilizar el biocombustible, medida que no se ha podido concretar en 2014, 2023 y en 2025.

El último intento fue durante la pasada administración del presidente Laurentino Cortizo, que tenía programado que al 1 de septiembre de 2024 la mezcla del 5% sería obligatoria, en tanto que al 1 de abril de 2025 sería de 7% y al 1 de abril de 2026 sería del 10%.

Para la iniciativa del etanol “se dedicarán 35,000 hectáreas adicionales al cultivo de caña, ampliando la temporada de zafra en dos meses más”, aseguró en su momento Carlos Salcedo, ministro consejero de Asuntos Agropecuarios, de acuerdo a reportes de prensa de ese momento.

“Esto no solo diversificará la producción de azúcar, sino que también nos llevará hacia la producción de etanol, un combustible amigable con el medio ambiente”, añadió. Pasado el tiempo no se dio ni lo uno, ni lo otro.

Ahora, el debate se da en medio de una reducción en el área sembrada de caña. De 40,555 hectáreas sembradas durante el año agrícola 2016-2017, esta se redujo a 36,972 hectáreas en 2020-2021 y a 24,444 hectáreas en 2021-2022, mientras que durante el año agrícola 2023-2024 fue de 24,730 hectáreas, esta última cifra de acuerdo con el Censo Agropecuario de 2024.

Por conducto de la Secretaría Nacional de Energía, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) la administración Mulino presentó ante el Órgano Legislativo un proyecto que en una primera etapa indica un corte obligatorio de la gasolina de origen fósil con un 10% de etanol.

La propuesta cuenta con el aval del sector empresarial e industrial, agrupado en la Asociación de Azúcares y Alcoholes de Panamá (Azucalpa), cuyos directivos reconocen que inicialmente no se alcanzará el 100% del abastecimiento, pero que con el tiempo este irá creciendo hasta cumplir con la demanda nacional.

“El etanol es un combustible fundamental para la cadena de caña de azúcar y el agro: actualmente, el 30% de la caña se destina a producir etanol, impulsando economías rurales y fortaleciendo la bioeconomía”, manifestó Agustín Torroba, experto internacional en biocombustibles del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y secretario ejecutivo de la Coalición Panamericana de Biocombustibles Líquidos.

Torroba participó en abril pasado en la Asamblea General de la Unión de Azucareros Latinoamericanos (UNALA), que reunida en Panamá analizó la competitividad y sostenibilidad de la agroindustria azucarera en la región de América Latina, en momentos en que los biocombustibles se abren paso.

En Panamá el 17% de las muertes son causadas por algún tipo de cáncer, y cada año se diagnostican alrededor de 7,700 nuevos casos.

Esta realidad propone un desafío urgente de salud pública, ya que las cifras se traducen en un promedio diario de entre 12 y 14 diagnósticos, mientras que cada día entre cinco y siete panameños pierden la vida a causa de esta enfermedad.

Las cifras también evidencian un aumento sostenido en la demanda de servicios oncológicos en la última década, indicó el Ministerio de Salud (MINSA).

Detalló que las consultas por cáncer pasaron de 96,000 en 2014 a 165,000 en 2024, mientras que las radioterapias subieron de 35,000 a 68,000, y las quimioterapias de 23,000 a 43,000, lo que refleja la creciente necesidad de fortalecer el sistema de atención.

Ante una realidad cada vez más cambiante, desde inicios de 2025, la institución de salud pública puso en marcha el Proyecto Nacional Integrado de Atención del Cáncer, una iniciativa que articula esfuerzos entre el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social (CSS) y el Instituto Oncológico Nacional (ION).

La iniciativa cuenta con el respaldo de instituciones gubernamentales, organismos internacionales, asociaciones de pacientes y el sector privado.

En ese contexto y tras un año de gestión enfocada en la descentralización de los servicios de salud, una nota de prensa ministerial informa que el ministro del ramo, Fernando Boyd Galindo, confirmó avances en la integración de la Red Oncológica Nacional.

Boyd Galindo destacó que la unificación de la atención oncológica entre la entidad que dirige y la Caja de Seguro Social (CSS) permite que la población reciba tratamientos especializados cerca de sus hogares.

Este proceso, agregó, ha tenido un impacto directo en la economía familiar, al eliminar gastos de transporte, hospedaje y alimentación asociados a los traslados desde el interior del país hacia la ciudad de Panamá.

Actualmente,1,650 pacientes solo en la región de Azuero reciben atención integral en el Hospital Anita Moreno, ubicado en la provincia de Los Santos.

Se estima que al eliminar los gastos mencionados el ahorro acumulado para los panameños asciende a $2 millones.

La información del Ministerio de Salud añade que esta iniciativa tiene como objetivo principal fortalecer la atención integral del cáncer en el país, mejorar el acceso a los servicios mediante la descentralización, promover la prevención, impulsar la integración del sistema de salud, incorporar nuevas tecnologías y fomentar la investigación oncológica.

El proyecto se estructura en cuatro líneas de acción fundamentales: fortalecimiento asistencial y descentralización de la atención del cáncer, implementación de proyectos estratégicos integrados a nivel nacional, fortalecimiento de la investigación en cáncer y en la consolidación del Registro Nacional del Cáncer y acceso a nuevas tecnologías.

A un año de su implementación, se indicó que se logró la apertura del Hospital Cancerológico en la Ciudad de la Salud, con servicios de radioterapia y consultas de radio oncología, así como la nueva sala de cuidados paliativos del Instituto Oncológico Nacional.

De igual manera, se inició la construcción de un moderno edificio de nueve pisos para el Instituto Oncológico Nacional, que permitirá trasladar el 80% de sus servicios, incluyendo consulta externa y quimioterapia.

También se fortalecieron los servicios del Instituto Oncológico Nacional con la adquisición de un acelerador lineal, la remodelación de su laboratorio clínico y capilla, y la incorporación de un sistema de cirugía robótica, convirtiéndose en el primer hospital público del país en contar con esta tecnología.

La información señala que se consolidó el proceso de descentralización con el funcionamiento de salas de oncología en las provincias de Los Santos y Veraguas.

El diseño y construcción de dos nuevas carreteras con una extensión de 15.1 kilómetros en la cuenca de Río Indio fueron adjudicadas por el Canal de Panamá, como parte del proyecto del nuevo lago en esa región.

El lago Río Indio es la opción más viable para garantizar el abastecimiento de agua a más del 50% de la población y para apoyar las actividades productivas de la región, incluyendo la operación de la vía interoceánica, durante los próximos 50 años.

Este proyecto contempla la construcción de un lago de aproximadamente 4,600 hectáreas, que permitirá incorporar una nueva fuente de agua al sistema hídrico del Canal de Panamá .

Unos 22 millones de galones de agua dulce utiliza cada tránsito por el Canal de Panamá, mientras que se logra ahorrar 33 millones de galones mediante la utilización de las tinas de reutilización.

Según fuentes canaleras, el proyecto de Río Indio no solo busca mejorar la infraestructura hídrica, sino también generar las condiciones que eleven la calidad de vida de las personas impactadas por el proyecto y por quienes habitan en las comunidades cercanas.

Las obras licitadas en esta oportunidad comprenden el desarrollo de 9.5 kilómetros en el tramo Las Claras Abajo–Las Marías, y otros 5.6 kilómetros entre Piedrota y Santa Rosa, que mejorarán el acceso, la conectividad y la calidad de vida de los residentes en estas comunidades.

Estos trabajos, informó una nota de prensa del Canal de Panamá, se suman a otra etapa entre El Congo y Cirí de los Sotos de 10.6 kilómetros, próxima a licitarse, lo que eleva a 25.6 kilómetros la red vial en el área de influencia del proyecto.

Las nuevas carreteras son licitadas por el Canal de Panamá con base en un convenio de cooperación suscrito con el Ministerio de Obras Públicas, para asegurar que se cumplan con los requerimientos y estándares oficiales.

De manera paralela, en la cuenca de Río Indio el Canal de Panamá realizó una primera fase de diálogo por un espacio de nueve meses con los moradores de las comunidades, que incluyó más de 200 reuniones comunitarias e individuales en las 38 poblaciones ubicadas en el área de influencia.

Como resultado de esta gestión, se conoció que se definió un marco de compensación que establece medidas o reglas claras y equitativas para atender los impactos en cada familia en materia de vivienda, tierras, medios económicos y componentes socioculturales, y que será aplicado con criterios estandarizados y proporcionales a la situación de cada hogar, sirviendo de base para los acuerdos indivuduales.

Las autoridades canaleras reiteraron que el proyecto del lago de Río Indio tiene como objetivo garantizar la seguridad hídrica de Panamá, de la cual dependen más de 2 millones de personas que se abastecen del sistema de lagos del Canal, así como la operación sostenible de la vía interoceánica.

Esta iniciativa integra infraestructura, sostenibilidad, desarrollo social y seguridad, consolidando una gestión responsable del agua y de los recursos naturales, al tiempo que impulsa mejoras concretas en las condiciones de vida de las comunidades de la cuenca, resume la información del Canal de Panamá.

El Gobierno remitió este viernes al Congreso los dos proyectos de ley para modificar la Ley de Salud Mental y contra el Fraude de Pensiones por Invalidez. Las medidas habían sido analizadas ayer durante la reunión de la mesa política en la Casa Rosada, convocado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El texto señala que la iniciativa “tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, implementar acciones de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria”.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación indicaron que el proyecto busca “actualizar el marco normativo del sistema con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario” y “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre”.

En esa línea, explicaron que el objetivo es “superar las limitaciones actuales para el abordaje de casos de riesgo y emergencia, clarificando conceptos y criterios y adaptándolos a las necesidades asistenciales de cada jurisdicción”. El relevamiento previo incluyó aportes de familiares, pacientes, profesionales de salud mental y actores judiciales y legislativos, donde “se detectaron dificultades concretas en la práctica diaria”.

Según señalaron fuentes oficiales, uno de los principales problemas identificados es la falta de aplicación uniforme de la legislación vigente: solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley, 18 provincias cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación.

Entre las modificaciones, el Ejecutivo planteó reforzar el rol de los profesionales médicos en el abordaje de estas problemáticas. En ese sentido, sostuvo que se busca “dar un rol central a la mirada técnica-médica a la prevención y abordaje de la salud mental y al tratamiento de adicciones, al darle mayor relevancia a los especialistas médicos formados en psiquiatría”.

El proyecto también propuso reemplazar el término “padecimiento mental” por definiciones basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades, “incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión”.

A la vez, redefinió los criterios para las internaciones involuntarias. En lugar del concepto de “riesgo cierto e inminente”, incorporó la noción de “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”. Según el mensaje, el cambio apunta a “establecer una formulación más abarcativa y clarificadora” y evitar “situaciones de duda o inacción por parte de los profesionales”.

Además, se planteó que la evaluación del riesgo debe contemplar el contexto y los antecedentes, con el objetivo de permitir intervenciones preventivas.

El texto estableció que la internación debe ser “un recurso terapéutico excepcional” y solo puede aplicarse cuando no existan alternativas menos restrictivas. También fijó requisitos como evaluaciones interdisciplinarias, participación de al menos un médico psiquiatra y notificación judicial en plazos específicos.

En paralelo, el proyecto amplió las posibilidades de creación de establecimientos especializados y definió que las internaciones pueden realizarse en hospitales generales, instituciones psiquiátricas y centros especializados, tanto públicos como privados. También indicó que “el rechazo de la atención de pacientes, ya sea ambulatoria o en internación, por el solo hecho de tratarse de problemática de salud mental, será considerado acto discriminatorio”.

El segundo proyecto enviado al Congreso se centró en las pensiones no contributivas por invalidez. En el mensaje, el Ejecutivo sostuvo que entre 2003 y 2023 estos beneficios pasaron de 76.000 a aproximadamente 1.200.000. En ese marco, afirmó que “la magnitud de la situación descripta ha generado una inevitable sospecha sobre las condiciones en que dichos beneficios fueron otorgados”.

El texto agregó que investigaciones y auditorías detectaron “una gran cantidad de pensiones otorgadas sin cumplir con los requisitos legales” y mencionó “domicilios inexistentes” y casos en los que “no se verifican los requisitos legales y médicos exigidos”.

Según el Gobierno, esta situación “genera un injustificable dispendio de los recursos del Estado nacional” y afecta “la correcta asignación de los recursos”. Por eso, el proyecto propuso crear herramientas específicas para “prevenir, detectar y sancionar el fraude, resguardando simultáneamente los derechos y garantías de los beneficiarios legítimos”.

Entre los cambios, se incluyó la implementación de auditorías periódicas, el cruce de datos con distintos organismos públicos y la posibilidad de suspender beneficios ante incumplimientos. También se estableció un proceso de reempadronamiento obligatorio para actualizar la información de los titulares.

El proyecto definió que la pensión por invalidez consistirá en “el pago de una prestación mensual equivalente al setenta por ciento (70 %) del haber mínimo jubilatorio” y fijó incompatibilidades con el empleo formal.

Nuevos criterios para la venta de autos en Panamá, que incluye la fijación de basado en el año de fabricación y obliga a la nacionalización de los autos de forma expedita e inmediata desde el ingreso al territorio nacional, adelantan los diputados de la subcomisión de Comercio de la Asamblea Nacional.

Luego del estudio y análisis del proyecto de ley que regula la venta de vehículos, la subcomisión de Comercio indicó que concluyó las consultas al respecto, de parte de los concesionarios en el país.

El proyecto estaría pasando a primer debate, donde se tendría la participación de distintos sectores, entre ellos la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) y la Autoridad Nacional de Aduanas, para que den sus puntos de vista, a fin de crear un marco regulatorio, comentó Jhonathan Vega, quien preside la subcomisión.

La venta de autos en Panamá marcha a velocidad. Solo en marzo de este año se registraron 6,473 autos nuevos inscritos de primer ingreso, manteniendo el dinamismo comercial observado en los meses anteriores y reafirmando la estabilidad del mercado nacional.

En 2025 el total de autos nuevos registrados en Panamá fue de 60,233 unidades, un aumento de 10.8% al compararlo con el año anterior, de acuerdo con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Este crecimiento se debe a una demanda sostenida y aumento en la oferta, especialmente por autos de marcas asiáticas, afirma.

En enero se vendieron 4,845 carros, cifra que en febrero pasó a 5,087 y en marzo 6,437, para un total de 16,405 unidades, indican las estadísticas de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP).

Con un promedio superior a las 5 mil unidades vendidas por mes, el comportamiento del mercado en los primeros tres meses del año proyecta un panorama favorable para el resto del 2026, reflejando un inicio de año sólido para el sector automotriz panameño, con una demanda constante y un mercado dinámico, señalan representantes de las empresas distribuidoras.

Las estadísticas reflejan un comportamiento positivo para el sector automotriz panameño y consolida un primer trimestre de crecimiento sostenido para la industria, confirma la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá.

El reporte de los distribuidores de automóviles también evidencia que el mercado continúa mostrando una fuerte preferencia por vehículos utilitarios y de uso práctico, con el segmento SUV liderando nuevamente la participación mensual, consolidándose como la categoría de mayor demanda entre los consumidores panameños.

El ranking de modelos indica que del Kia Soluto Sedan se vendieron 346 unidades, manteniéndose en la primera posición, seguido por la Toyota Hilux con 292 unidades vendidas, y el Hyundai i10 sedan, del cual se comercializaron 289 unidades.

Los compradores, siempre según las cifras de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), también se inclinaron por la Toyota Yaris Cross, de la que se vendieron 236, y la Toyota Land Cruiser Prado, con 159, reafirmando la preferencia por vehículos compactos, Pick Ups y por el segmento SUV.

El segmento de autos de lujo continúa representando una porción más reducida, confirmando la preferencia de los consumidores por autos de uso práctico, indican los distribuidores de autos.

Con estos resultados, el acumulado del primer trimestre de 2026 alcanza 16,405 unidades vendidas, lo que representa un crecimiento de 17.6% frente al mismo período del año anterior.

Halagadoras, las cifras continúan proyectando un futuro favorable para el resto del año y reforzando la importancia del sector automotor dentro de la actividad económica nacional.

El Gobierno de Honduras aprobó el Proyecto de Presupuesto General para 2026 por 444.265,8 millones de lempiras, avanzando una estrategia de responsabilidad fiscal que busca contener el gasto público y reforzar la estabilidad macroeconómica.

La decisión fue adoptada la noche del 8 de abril en sesión del Consejo de Secretarios de Estado, y anunciada públicamente por el titular de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hércules, a través de su cuenta en x.

El objetivo central, de acuerdo con declaraciones anteriores del presidente Nasry Asfura, es priorizar recursos hacia sectores clave y evitar que el país opere por más tiempo bajo un presupuesto desactualizado.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguro que existe “voluntad política para evitar que el primer semestre del año concluya sin un presupuesto actualizado”. Esta afirmación enfatiza la urgencia que atraviesa el país, pues Honduras ha funcionado durante aproximadamente cuatro meses con la asignación presupuestaria del ejercicio 2025, generando preocupación en distintos sectores sociales y limitaciones administrativas que obstaculizan la planificación estatal y la inversión pública.

El presupuesto presentado representa una reducción de más de 25 mil millones de lempiras respecto a la propuesta inicial, según informó Hércules en su anuncio. La cifra definitiva, aunque está por debajo del recorte de 39 mil millones estimado por Asfura en el primer Consejo de Ministros del año, implica un ajuste relevante frente al monto aprobado para 2025.

El Presupuesto General de la República 2025 fue aprobado por un monto cercano a 469 mil millones de lempiras, ubicándose como uno de los más altos en la historia del país. De ese total, más del 60 % se destinó a salud, educación, seguridad y defensa, absorbiendo la mayor parte del gasto en salarios, operación institucional e inversión pública.

La disminución para 2026 se alinea con una nueva política de disciplina fiscal. Emilio Hércules explicó que el recorte “no implica necesariamente una reducción en áreas prioritarias”. Aclaró que se trata de redistribuir recursos para hacer más eficiente el gasto, priorizando sectores esenciales sin comprometer la estabilidad económica nacional.

Sectores señalaron que operar con el presupuesto del año anterior genera rigideces que complican la ejecución de nuevas políticas y la adaptación a demandas emergentes.

El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, subrayó la importancia de contar con una herramienta financiera que responda al plan y los proyectos del gobierno, afirmando: “Nosotros ocupamos que el gobierno tenga el presupuesto de acuerdo al plan de gobierno, a los proyectos, a las propuestas que hizo y así poderle dar una respuesta efectiva al pueblo hondureño”.

El presupuesto será remitido en las próximas horas al Congreso Nacional, que enfrenta la responsabilidad de analizar, debatir y aprobar el instrumento financiero. Como es habitual en el proceso legislativo hondureño, la discusión puede derivar en modificaciones por efecto de negociaciones políticas, lo que en algunos años ha alterado la propuesta original del Ejecutivo.

La reducción planteada por el Gobierno también responde a un contexto regional adverso, donde la inflación, el endeudamiento y la desaceleración económica han motivado a varios países a ajustar sus cuentas públicas.

Desde la administración de Asfura señalan que esta decisión busca transmitir señales de estabilidad y solidez a los mercados y a los organismos internacionales de crédito.

La administración de Asfura enfrenta el desafío de avanzar en su programa de gobierno bajo presiones ciudadanas y exigencias de mayor transparencia en el uso de recursos. Desde el sector empresarial demandan que el presupuesto promueva desarrollo y productividad sin descuidar la cobertura de necesidades básicas.

MIÉRCOLES, 8 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Las olas de calor extremas combinadas con sequías casi secas ocurrirán cinco veces más a menudo para finales de siglo bajo las políticas climáticas actuales, según un nuevo estudio.

Estas peligrosas combinaciones de ola de calor y sequía ya son más comunes y seguirán aumentando a medida que el cambio climático afecte al planeta, informaron los investigadores el 7 de abril en la revista Geophysical Research Letters.

"El calor y la sequía se amplifican mutuamente", aumentando el riesgo de incendios forestales, pérdidas de cosechas y muertes relacionadas con el calor, dijo en un comunicado de prensa el investigador principal Di Cai, científico climático de la Universidad Oceánica de China.

"En extremos compuestos de calor y secado, conducen a restricciones de agua y precios inestables de los alimentos", dijo Cai. "Para los trabajadores al aire libre, es peligroso."

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron 152 simulaciones diferentes basadas en ocho modelos climáticos. Definieron los eventos calurosos-secos como días con una temperatura en el 10% superior y al menos sequía moderada.

Hubo aproximadamente cuatro episodios de seca caliente al año entre 2001 y 2020, el doble que durante el periodo preindustrial de 1850 a 1900.

Estos eventos extremamente calientes y secos podrían ocurrir hasta 10 veces al año de media para finales de siglo, con algunos que podrían durar hasta 15 días, según los investigadores.

Para entonces, el riesgo de días calurosos y secos en cualquier momento será más de cinco veces mayor que entre 1961 y 1990, según los investigadores.

Este riesgo afectará principalmente a más de una cuarta parte (28%) de la población mundial, o casi 2.600 millones de personas, proyectaron los investigadores.

"Cuando llegamos a casi el 30% de la población mundial afectada por esto, es muy crítico", dijo la investigadora principal Monica Ionita, climatóloga del Instituto Alfred Wegener en Alemania, en un comunicado de prensa.

"Debería hacernos reflexionar mucho, mucho más profundamente sobre nuestras acciones en el futuro", añadió.

En comparación, se espera que menos del 7% de la población mundial enfrente ese nivel de riesgo de ola de calor o sequía en la década de 2030, según el estudio.

Las personas que viven en países tropicales de bajos ingresos que contribuyen con una pequeña fracción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la humanidad probablemente verán el mayor impacto.

"Para los países de bajos ingresos, aquí hay una gran injusticia", dijo Cai. "Es difícil financiar el aire acondicionado. Es difícil financiar la sanidad. No hay ningún atasco si se acaba el agua. No es solo un tema de ciencia climática; se trata de la vida básica, cotidiana."

Ionita dijo que había anticipado un ritmo de cambio algo más lento, que terminaría en una cifra de quizá un 10% o 15% para el año 2100.

"Para finales o mediados de siglo, quizá mis hijos no puedan experimentar la vida que tengo ahora", dijo Ionita.

Limitar las emisiones podría evitar gran parte de este riesgo, según los investigadores.

Si todas las naciones implementan plenamente los planes de acción climática que contribuyeron bajo el Acuerdo de París --y asumen compromisos más vinculantes a largo plazo-- alrededor del 18% de la población mundial se enfrentaría a un mayor riesgo de extremos calurosos y secos para finales de siglo.

Eso sigue siendo mucha gente --1.700 millones-- pero casi un tercio menos de lo que se vería afectado bajo la trayectoria actual, según los investigadores.

"Las decisiones que tomemos hoy afectarán directamente la vida diaria de miles de millones de personas en el futuro", dijo Cai.

Más información

La Fundación CIMA tiene más información sobre sequías y olas de calor.

FUENTE: Unión Geofísica Americana, comunicado de prensa, 7 de abril de 2026

En medio de una renovada carrera espacial y con el foco puesto en consolidar el liderazgo de Estados Unidos fuera de la Tierra, la NASA anunció un ambicioso plan para construir una base permanente en la Luna. La iniciativa, presentada durante el evento “Ignition” (Arranque), marca un giro estratégico en la política espacial estadounidense y busca acelerar los tiempos: el objetivo es regresar al satélite antes de que finalice el mandato de Donald Trump y avanzar rápidamente hacia una presencia humana sostenida.

“El tiempo apremia en esta competencia entre grandes potencias”, advirtió el administrador de la NASA, Jared Isaacman, al subrayar que el éxito ya no se medirá en años sino en meses. El mensaje fue claro: la agencia pretende concentrar todos sus recursos en una meta que, hasta hace poco, parecía lejana. Construir una base lunar ya no es una aspiración de largo plazo, sino un objetivo concreto.

El plan se apoya en el programa Artemis, que tendrá su misión clave en 2027 con Artemis III. Ese vuelo no solo buscará allanar el camino para el regreso de astronautas a la superficie lunar, sino también probar los sistemas necesarios para sostener operaciones más complejas. A partir de allí, la NASA proyecta alunizajes regulares —al menos uno por año— con la intención de aumentar la frecuencia hasta llegar a misiones cada seis meses.

Pero el verdadero cambio de paradigma está en cómo se piensa la presencia en la Luna. La agencia dejará atrás el modelo de misiones aisladas y avanzará hacia un esquema continuo, con infraestructura estable y colaboración internacional. En ese contexto, incluso se decidió suspender temporalmente el proyecto Gateway en su formato actual para priorizar recursos directamente en la superficie lunar.

La construcción de la base se desarrollará en tres etapas.

La primera, definida como “construir, probar y aprender”, estará enfocada en enviar vehículos, instrumentos y tecnología a través de misiones robóticas. El objetivo es generar capacidades clave como movilidad, energía, comunicaciones y navegación, esenciales para operar en un entorno extremo.

En una segunda fase, la NASA avanzará en la creación de una infraestructura inicial semihabitable. Esto permitirá misiones tripuladas recurrentes y una logística más estable. En esta etapa será clave el aporte de socios internacionales, como Japón, que contribuirá con vehículos exploradores presurizados, y otros países que sumarán tecnología y soporte.

Finalmente, la tercera fase marcará el salto definitivo: la instalación de una base lunar permanente. Con sistemas de aterrizaje más avanzados y capacidad de carga, se desplegarán hábitats y estructuras que permitirán la presencia continua de astronautas. Italia y Canadá, entre otros aliados, aportarán módulos habitacionales y vehículos especializados.

El proyecto no se limita a la Luna.

En paralelo, la NASA busca reorganizar su estrategia en la órbita terrestre baja, donde la Estación Espacial Internacional —en funcionamiento desde hace más de dos décadas— se encamina a una transición hacia estaciones comerciales. La idea es evitar interrupciones en la presencia humana en el espacio y fomentar un ecosistema privado competitivo.

Además, la agencia impulsa una nueva generación de misiones científicas. Desde el telescopio James Webb, que sigue revolucionando la comprensión del universo, hasta proyectos futuros como el telescopio Nancy Grace o la misión Dragonfly a Titán, el objetivo es ampliar los límites del conocimiento. Incluso se anunció el desarrollo de tecnología nuclear para la exploración profunda, con una nave que podría viajar a Marte antes de 2028.

En este escenario, la base lunar aparece como una pieza central: no solo funcionará como plataforma científica, sino también como punto de partida para misiones más ambiciosas hacia Marte y otros destinos del sistema solar.

Detrás de estos planes hay también una apuesta por el capital humano. La NASA anunció que reforzará sus equipos, recuperará capacidades técnicas clave y abrirá nuevas oportunidades para jóvenes profesionales. “Nuestro personal es la joya de la agencia”, destacaron desde la conducción.

Para muchos jóvenes que crecieron con la televisión argentina de los 2000, Lali Espósito y Peter Lanzani son mucho más que dos nombres de la industria: son parte de una era dorada que marcó a una generación entera. Desde su primer cruce en Chiquititas 2006 hasta su inolvidable romance en Casi Ángeles, primero en la ficción y más tarde en la vida real, los artistas supieron convertirse en íconos y en una de las duplas más queridas del espectáculo local. Aunque hoy los une una sólida amistad, cada vez que se reencuentran, el público enloquece y la nostalgia se apodera de las redes.

El último sábado, Lali y Peter volvieron a estar en boca de todos gracias a una cena especial organizada por Javier Braier, director de casting y representante de actores. La velada, que reunió a figuras de primer nivel, fue inmortalizada en una foto grupal que Braier subió a Instagram y que, en minutos, se viralizó. Además de Espósito y Lanzani, en la imagen aparecen Carla Peterson, Juan Minujin, Dolores Fonzi, Griselda Siciliani, Mercedes Morán y Enzo Vogrincic. Sin embargo, fueron los exCasi Ángeles quienes se llevaron todas las miradas y los comentarios más efusivos.

El encuentro organizado por Braier cosechó miles de “me gusta” y decenas de comentarios, confirmando el cariño del público por estos artistas. “Nada más fácil que armar este encuentro…”, bromeó el director, dejando abierta la puerta a futuras colaboraciones. Y, como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales se llenaron de teorías y deseos de un proyecto conjunto.

De este modo no tardaron en aparecer especulaciones y sueños de reencuentro profesional. “Lali y Peter en una peli juntos ya @chenetflix”; “Ay, qué lindos, ¿será que se viene un proyecto?”; “¿Imaginate a Lali y Peter como pareja en la ficción?”; “Los necesito como pareja de nuevo”; “¿Para cuando peli con ambos?“; ”Laliter hasta la muerte“; fueron solo algunos de los mensajes que inundaron la publicación y reflejaron el deseo de los fans de volver a verlos compartir pantalla.

El entusiasmo por el posible reencuentro artístico no se limitó a la pareja. Muchos usuarios propusieron la idea de ver una serie o película que reúna a todos los actores que aparecen en la foto. La presencia de nombres tan fuertes en una misma mesa alimentó la ilusión de un proyecto coral a la altura del talento del elenco. Entre los comentarios más ocurrentes, se destacaron los de figuras como Axel Kuschevatzky, que escribió: “Ese bar mitzvah vale oro”. Y, por su parte, el actor Paco León, que sumó: “Buena banda esa”.

Los reencuentros entre Lali y Peter no son novedad para quienes siguen sus trayectorias. En agosto de 2024, ambos compartieron escenario en el especial Cris Morena Day, organizado por Olga, y el año anterior, Espósito convocó a Lanzani para coprotagonizar uno de los videoclips de su último álbum, donde la química entre ambos volvió a despertar suspiros y comentarios nostálgicos. Ese clip, de más de diez minutos de duración, comienza con Lali reflexionando sobre el amor y la vida, y Peter aparece como coprotagonista, generando un revuelo entre los fans por la potencia de la dupla.

Tanto Lali como Peter supieron construir carreras independientes y exitosas, pero el recuerdo de su historia juntos sigue estando muy presente en el imaginario colectivo. Su capacidad para reinventarse y seguir generando interés demuestra el impacto que tuvieron en la televisión y el cine argentino. Casi Ángeles, la ficción que los unió, marcó una época y se convirtió en una referencia para quienes crecieron en aquellos años; cada vez que el “Laliter” revive, la emoción de los fans lo dice todo.

El proyecto de ley que pretende implementar de manera obligatoria el uso de etanol en las gasolinas que se utilizan en Panamá tuvo el lunes su primer revés al no poder avanzar en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, debido a la falta de quorum de los diputados.

Productores de caña y representantes de los ingenios azucareros acudieron a la Asamblea Nacional, en donde se iba a realizar el primer debate, el cual fue suspendido por el diputado Ernesto Cedeño, presidente de la citada comisión legislativa.

El proyecto de ley 443, que modifica la Ley 42 de 20 de abril de 2011, establece lineamientos para la política nacional sobre biocombustibles y energía eléctrica, a partir de biomasa en el territorio nacional, norma impulsada por el Ejecutivo a través del Ministerio de la Presidencia.

La norma propone el uso obligatorio de bioetanol anhidrido al 10% como aditivo oxigenante en mezclas de gasolina.

En ella se prioriza la compra del producto elaborado como materia prima nacional y se indica que la adquisición de bioetanol anhidro producido con materia prima local para uso en mezclas con gasolinas tendrá carácter prioritario frente a cualquier otra fuente de suministro procedente del extranjero.

También se crea una Comisión de Coordinación y Seguimiento para el Programa de Biocombustibles, integrada por los ministros de Comercio e Industrias, Desarrollo Agropecuario, Economía y Finanzas, Ambiente y por el director de la Secretaría de Energía.

El texto de la norma establece que dicha comisión será la encargada de evaluar las hectáreas necesarias para el cultivo de insumos vegetales o animales, el abastecimiento al mercado interno, los precios locales e internacionales y su impacto en los consumidores y en la cadena de comercialización.

El tema causa sinsabores entre los diputados comisionados, que hasta el momento mantienen dos posiciones: unos quieren la obligatoriedad del uso del bioetanol y otros se oponen, aunado al hecho de que ninguna posición tiene los cinco votos de la comisión, por lo que en la próxima reunión se convocará para continuar con el análisis de este proyecto.

La reunión para tratar nuevamente el primer debate quedó establecida para el martes, y se espera que en la misma se llegue a una definición mayoritaria.

La propuesta beneficia a la población con más empleos, sobre todo en las áreas rurales, en opinión de Rodrigo Rodríguez, secretario de Energía, quien agregó que en un análisis realizado por esta entidad quedó demostrado que si la norma de un 10% de etanol en las gasolinas se hubiera implementado hace unos 10 años, hoy día el consumidor podría haberse beneficiado con una baja de entre dos a tres centavos en el precio del precio del galón, “aunque a futuro no se sabe”.

Antes de que la reunión fuera suspendida, el administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Ramón Abadi Balid, aseguró que el beneficio de este proyecto es mayor para todos los consumidores, por lo que la postura de la entidad es a favor.

La posición de Abadi Balid provocó la reacción de la diputada independiente Alexandra Brenes, quien dijo que en febrero este funcionario le envió una carta de tres páginas en donde le exponía su rechazo al proyecto por ser contrario a los intereses del consumidor, ya que limita su libertad de elección, lo que podría ser contradictorio a la Constitución.

“¿Qué ha cambiado desde su carta del 5 de febrero a la fecha?, se preguntó Brenes.

Por la industria cañera, Rodrigo Cardenal, de la Asociación de Azúcares y Alcoholes, indicó que el etanol al 10% con la gasolina genera una combustión más limpia.

El Gobierno ya decidió cuáles serán las primeras reformas que impulsará en este nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso y en el temario hay un proyecto sobre propiedad privada que, entre otros puntos, facilita y agiliza los procesos de desalojo en caso de la ocupación ilegal de un inmueble, al mismo tiempo que modifica algunos aspectos del régimen de expropiaciones.

Si bien el texto ya se encuentra listo desde hace varios meses, las autoridades nacionales decidieron postergar el debate y no enviarlo durante el verano, cuando se trataron otros asuntos, como la modernización laboral y el régimen penal juvenil.

Ya con los legisladores nuevamente en actividad, la mesa política libertaria se reunió el martes en la Casa Rosada para terminar de definir la estrategia parlamentaria para esta primera etapa del 2026 y se acordó impulsar esta iniciativa.

Püntualmente, el oficialismo propone introducir cambios en la Ley de Expropiaciones, el Código Procesal Civil y Comercial, y otras normas vinculadas al dominio y uso de inmuebles, con el objetivo de agilizar la restitución de bienes ocupados de forma irregular y fortalecer las garantías de los propietarios.

Uno de los puntos de la iniciatova es que establece que la acción de desalojo podrá ser promovida no solo por el titular registral, sino también por locadores, usufructuarios, poseedores y cualquier persona que acredite derecho legítimo de uso.

El proceso se tramitaría bajo la modalidad de juicio sumarísimo, lo que implica plazos y etapas mucho más breves que en la actualidad.

Entre las principales innovaciones, el artículo 680 bis del Código Procesal Civil y Comercial, según la versión propuesta, determina que en casos de desalojo contra tenedores precarios, intrusos o usurpadores, el juez deberá “disponer la inmediata entrega del inmueble con la presentación del título de propiedad por parte del accionante, previa caución juratoria” y “la entrega deberá hacerse efectiva dentro de los cinco días de efectuada la solicitud del actor”

Asimismo, se reincorpora un apartado específico sobre “intimación de pago y desalojo de viviendas” que marca que, si el lugar es para uso habitacional, ante el incumplimiento del alquiler, “el locador debe intimar fehacientemente al locatario” a que abone la cantidad debida, “otorgando para ello un plazo que nunca debe ser inferior a tres (3) días corridos”.

El proyecto también introduce cambios en las notificaciones procesales, autorizando que se realicen en el domicilio electrónico constituido y estableciendo que la ausencia de identificación numérica en la vivienda no impedirá la localización y notificación efectiva.

En materia de desalojos por falta de pago o vencimiento de contrato, la propuesta habilita la desocupación inmediata bajo caución juratoria y presentación del título de propiedad, replicando el procedimiento ágil previsto para tomas y ocupaciones irregulares.

La normativa también establece que se deberá autorizar expresamente el uso de la fuerza pública, el allanamiento y la apertura de cerraduras, incluso si no hay nadie en la propiedad, así como la designación de depositarios para los bienes muebles hallados en el lugar.

Por otra parte, en lo referido a la expropiación, uno de los cambios está en las indemnizaciones, que si se aprueba esta ley, se ordenará la actualización del monto según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se publicaría en plataformas oficiales, con la obligación de realizar al menos dos tasaciones independientes.

Además, se aclara que, “en caso de tratarse de una empresa que cotiza en bolsa, se deberá tomar el valor bursátil en una fecha previa a la noticia de expropiación”.

También se especifica que “no existirá transferencia de dominio sin previo pago íntegro de la indemnización correspondiente” y que “la ocupación temporánea anormal, sólo podrá ser dispuesta por el Poder Ejecutivo” -actualmente es cualquier autoridad administrativa- y sí “dará lugar a indemnización por los daños y perjuicios ocasionados”, algo que por ahora está expresamente rechazado.

Por último, también se incorporaría un artículo que indica que “en ningún caso podrá disponerse la ocupación temporánea anormal” respecto de empresas, sociedades u otras personas jurídicas; acciones o cuotas partes de sociedades; ni ningún bien sujeto a expropiación.

“Cuando sea necesario asegurar la continuidad operativa de sociedades industriales, comerciales o de servicios públicos durante el trámite expropiatorio, podrá solicitarse al juez la veeduría o intervención judicial en los términos de los artículos 113 y siguientes de la Ley General de Sociedades o aquellos que los modifiquen o reemplacen, si su procedencia fuera justificada”, se precisa.

La medida fue diseñada en el marco del Consejo de Mayo, el grupo interdisciplinario creado por el presidente Javier Milei para traducir en proyectos legislativos los puntos del pacto homómino que firmó junto a la mayoría de los gobernadores en el 2024.

El cuerpo estuvo liderado por el jefe de Gabinete -Guillermo Francos, primero, y Manuel Adorni, después- e integrado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en representación del Poder Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora Carolina Losada (UCR), por la Cámara Alta; el diputado Cristian Ritondo (PRO), por la Cámara Baja; el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado, y el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos.

El proyecto de ley N.388, que busca que los bancos y otras entidades financieras que operan en Panamá reconozcan de manera administrativa y sin la necesidad de una declaración judicial que prescriban las deudas de sus clientes, es rechazado por el sector bancario.

La Asociación Bancaria de Panamá, que agrupa a 39 bancos de licencia general y 12 con licencia internacional, manifestó en un comunicado que el proyecto de ley, que la semana pasada fue aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional, “más allá de su dudosa constitucionalidad” podría tener implicaciones importantes para el acceso al crédito de personas, familias y empresas en el país.

En Panamá el sistema de crédito se sostiene en la confianza y en el compromiso de la gran mayoría de los clientes bancarios con el cumplimiento de sus obligaciones.

Gracias a esa cultura de pago responsable, los banqueros aseguran en un comunicado que la morosidad se mantiene en niveles estables y el crédito continúa siendo una herramienta fundamental para que miles de familias puedan adquirir una vivienda, emprender un negocio o enfrentar momentos importantes de su vida.

Las últimas estadísticas del sistema bancario panameña indican que a 2025 la cartera hipotecaria logró resultados por unos $20,330 millones, con un crecimiento anual de 2.6%.

Por su parte, los préstamos personales se mantuvieron estables, con un saldo de $9,985 millones, registrando un alza anual de 2.8%.

El diputado Ernesto Cedeño, proponente de la iniciativa, ha reiterado que algunas entidades financieras venden carteras de deudas que ya prescritas, situación que da como resultado que terceros sigan gestionando el cobro a los usuarios.

Advirtió que la medida no modifica los términos legales para cobrar las deudas, que en el Código de Comercio se estable un periodo de 3 años para reclamar judicialmente contratos bancarios y financieros, una vez se incumpla con el compromiso bancario.

Solo se trata de crear una vía administrativa que permita que los clientes bancarios soliciten la prescripción directamente a los bancos, sin tener que iniciar un proceso judicial, argumentó Cedeño.

Pero, para el sector bancario algunas disposiciones del proyecto podrían generar un incentivo equivocado, propiciando que algunos deudores opten por esquivar sus compromisos hasta que su deuda prescriba, aprovechándose de la eliminación de toda referencia negativa en su historial de crédito como propone el proyecto de ley.

En contraste, aquellos que con esfuerzo y sacrificio enfrentan la restructuración y pago de sus deudas, sí verán sus dificultades crediticias temporales reflejadas en su historial de crédito, lo que podría enviar una señal injusta para quienes actúan con responsabilidad y debilitar las condiciones que hoy promueven la cultura de pago en Panamá, puntualiza el comunicado de la Asociación Bancaria de Panamá.

La banca da por hecho que el proyecto introduce una nueva e inadecuada ruta administrativa para la prescripción de deudas ante el banco, la Superintendencia de Bancos y eventualmente la Corte Suprema, mientras el proceso judicial tradicional seguiría vigente. Esta duplicidad podría generar mayor complejidad, costos e incertidumbre, afirman.

Explican que cuando aumentan los riesgos en el sistema de crédito, las condiciones para otorgar préstamos suelen volverse más estrictas. Esto puede traducirse en créditos más costosos, o más difíciles de obtener, afectando especialmente a familias, emprendedores y pequeñas empresas que dependen del financiamiento para avanzar y construir oportunidades.

Finalmente, la Asociación Bancaria de Panamá agrega que reafirma su compromiso con el acceso al crédito responsable para todos los panameños, la estabilidad del sistema financiero, y reitera su disposición al diálogo técnico para fortalecer la protección del consumidor y la seguridad jurídica.

Esta semana el gerente del estatal Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo Esquivel, dijo que solicitará el veto del proyecto de ley No.388 que, luego de ser aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional, solo espera la sanción presidencial.

La minera Ganfeng Lithium Latinoamérica presentó su solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para el desarrollo del proyecto de litio Pozuelos - Pastos Grandes. Es liderado por su subsidiaria Lithea Inc. y cuenta con la participación de su socio estratégico Lithium Argentina.

La inversión estimada asciende a alrededor de USD 3.000 millones y se ejecutará en tres etapas. El proyecto, que se extiende por las cuencas del Salar de Pastos Grandes y del Salar de Pozuelos, prevé una producción superior a las 150.000 toneladas anuales cuando alcance su plenitud operacional.

En esa instancia, según resaltó la empresa, se convertirá en el emprendimiento de mayor producción en Argentina y la región, y en uno de los proyectos más importantes a nivel global. La vida útil es de 25 años, con período de puesta en marcha de 3 años.

Detallaron que la primera fase ya cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada y el desarrollo incorporará un proceso tecnológico híbrido que combina evaporación y extracción directa de litio (DLE).

La compañía, de capitales chinos, informó también que instauró un centro regional para Latinoamérica en la provincia de Salta para sus operaciones en la región.

El ingreso al RIGI de dicha iniciativa surge luego de que fuera rechazada la presentación de Ganfeng al programa de incentivos para el proyecto minero Mariana en Salta, con una inversión de USD 273 millones.

“El proyecto había arrancado en 2022 y fue inaugurado a principios de este año, casi al mismo tiempo que presentó su solicitud de ingreso. Por lo tanto, no cumplía con los requisitos de ingreso al régimen, entre ellas la obligación de inversiones mínimas requeridas para los próximos dos años”, había explicado el ministro de Economía, Luis Caputo, en julio de 2025.

En tanto, el sector minero es uno de los que más capitales está atrayendo a partir del RIGI. Por caso, días atrás el Comité Evaluador aprobó dos nuevos proyectos mineros. Entre ambos sumarán inversiones por USD 1.140 millones en los próximos años.

Una de las iniciativas consiste en la ampliación de la mina de oro Veladero, con un desembolso de 380 millones de dólares. La otra, llamada Diablillos, es un proyecto de nueva mina de oro y plata que demandará 760 millones de dólares.

También recibió luz verde el proyecto Gualcamayo, un desarrollo de minería de oro y plata en San Juan que implicará una inversión total de USD 665 millones.

Por otra parte, recientemente el canciller Pablo Quirno anunció una inversión de USD 14.000 millones para dos proyectos de cobre de gran escala impulsados por Glencore en El Pachón (San Juan) y Mara, en Catamarca.

A su vez, la minera Vicuña, formada por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, anunció una inversión de 18.000 millones de dólares en la próxima década para los proyectos Josemaría y Filo del Sol, en San Juan.

Vale mencionar que la calificadora Moody’s publicó días atrás un informe en el que proyecta un aumento del 700% en las exportaciones mineras argentinas para 2035, alcanzando los 40.000 millones de dólares.

Moody’s destaca que Argentina está dejando atrás su reputación de alto riesgo para convertirse en un destino competitivo para la minería a gran escala. En litio, se identificaron 14 proyectos con más de 8.000 millones en inversión y producción que podría multiplicarse por 15 respecto a 2022.

“Los primeros logros en litio abren la puerta a proyectos de cobre a largo plazo, que podrían generar un crecimiento transformador para los productores. Actualmente, el país tiene una producción de cobre casi irrelevante, pero esto está cambiando rápidamente gracias a varios proyectos que se acogen al RIGI y avanzan en distintas etapas de ingeniería”, señala el informe.

Según Moody’s, aunque el desarrollo del cobre progresa más lentamente que el del litio y no se espera una producción significativa antes de 2030, el potencial del sector es considerable.

La calificadora proyecta que los ocho proyectos de cobre que ya superaron la fase de exploración podrían atraer alrededor de USD 44.000 millones en inversiones de capital y elevar la producción anual a unas 1,2 millones de toneladas (o 2,2 millones de toneladas equivalentes de cobre, incluyendo subproductos).

De acuerdo al reporte de la entidad, el sector minero contribuirá a la creación de empleo y al apoyo de la balanza de pagos del país, aunque persisten riesgos vinculados a la volatilidad de precios de commodities y la incertidumbre política.

La productora de cine y televisión Laura González Franco anunció la apertura de la convocatoria “Historia Sin-Fin”, dirigida a realizadores emergentes en Colombia que busquen llevar sus proyectos cinematográficos a escenarios internacionales.

Esta iniciativa espera captar más de 200 propuestas a lo largo de un mes, con el objetivo de fortalecer la industria audiovisual nacional y ofrecer oportunidades a talentos en proceso de consolidación.

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La convocatoria invita a participantes de todo el país, incluidos estudiantes de últimos semestres y profesionales que inician su carrera en la industria. El proceso es accesible y requiere registro y envío de materiales básicos como el storyline, un trailer y una explicación breve sobre la proyección internacional del proyecto a través del sitio web de Approach.

El equipo de selección contará con la presencia de varios referentes del sector, entre ellos el director de cine Will Salamanca, la propia Laura González, y Camilo Aparicio, especialista en marketing internacional. Todos los proyectos serán analizados por un comité que evaluará la creatividad, viabilidad y potencial de exportación de cada propuesta.

Laura González Franco cuenta con experiencia en la producción de obras como “Corazón Galvánico” y “Célimo”, filmes independientes que obtuvieron reconocimientos en festivales internacionales, entre ellos el Women Cine Fest en Francia, el Native Film Festival, el Independent Film Festival y The Intercultural Voices Film Festival en Estados Unidos. Según la productora, estos logros permitieron identificar el potencial de exportación del cine independiente colombiano y motivaron la creación de la convocatoria.

“La convocatoria ‘Historia Sin-Fin’ nace de la convicción de que el cine nacional puede trascender fronteras y consolidarse en mercados internacionales”, afirmó González Franco.

El nombre de la iniciativa hace alusión a un recurso cinematográfico que representa historias sin principio ni final definido, símbolo de las posibilidades ilimitadas para la creatividad y la colaboración dentro del sector.

Proyectos seleccionados tendrán la oportunidad de presentarse en festivales, exposiciones y mercados audiovisuales en Norteamérica y Europa. El proceso apunta a generar alianzas creativas, fomentar el surgimiento de nuevos proyectos y fortalecer el posicionamiento del cine colombiano en el ámbito global. “Buscamos que más realizadores se atrevan a compartir sus ideas y a confiar en el impacto que puede alcanzar nuestro cine fuera del país”, puntualizó González.

La recepción de propuestas estará abierta durante un mes y se encuentra disponible para cualquier realizador que cumpla con los requisitos descritos en el portal oficial. El equipo organizador espera superar el objetivo de 200 proyectos inscritos y consolidar la convocatoria como un espacio referencial para el impulso de nuevos talentos en la industria audiovisual del país.

El senador José María Carambia (Moveré Santa Cruz) presentó un proyecto para que los médicos extranjeros que ingresen en residencias y cobren una beca por la misma deban pagar una cuota. No sólo eso: tendrán que ser distribuidos por todo el país para saldar “situaciones de inequidad”.

La iniciativa modifica el artículo 2 de la ley 22.127. El vigente plantea que “las residencias serán cumplidas mediante beca anual con una modalidad y remuneración a establecer por el organismo de conducción del Sistema, bajo un régimen de actividad a tiempo completo y con dedicación exclusiva”. El texto que empuja el legislador sostiene dicho párrafo, aunque agrega -sobre el final- que el régimen en cuestión está destinado “para aquellos argentinos nativos, por opción o naturalizados”.

Más importante es lo que le sigue: “Los extranjeros deberán abonar un monto a establecer por el organismo de conducción del Sistema para acceder a cumplir las residencias. La modalidad será bajo un régimen de actividad a tiempo completo y con dedicación exclusiva”. Y añade: “El monto recaudado se destinará a incrementar la remuneración percibida por los médicos residentes argentinos nativos, por opción o naturalizados. Además, el organismo de conducción del Sistema distribuirá los médicos residentes extranjeros entre los distintos establecimientos formadores del país, considerando criterios de federalismo y equidad territorial”.

El senador fundamentó: “Actualmente, el Sistema Nacional de Residencias de la Salud otorga, tanto a ciudadanos argentinos como a extranjeros, una beca anual financiada con fondos públicos, sin diferenciar entre quienes utilizan el Sistema de manera permanente y quienes lo hacen transitoriamente para su formación. Este diseño ha derivado en situaciones de inequidad, en las que la inversión estatal termina subsidiando la capacitación de profesionales extranjeros, en detrimento de la mejora de las condiciones de los médicos argentinos nativos, por opción o naturalizados”.

Según Carambia, la distribución nacional de los residentes “busca evitar la concentración de profesionales en determinadas jurisdicciones y promover una formación más equilibrada, que contribuya a fortalecer la presencia del personal de salud en todo el territorio nacional”.

“La iniciativa persigue un triple objetivo: proteger a los médicos residentes argentinos nativos, por opción o naturalizados, asegurando que la beca anual que perciben sea más justa y acorde a su esfuerzo y dedicación; fortalecer el financiamiento del sistema de salud pública, evitando que la formación de profesionales extranjeros implique una carga económica injusta para el Estado argentino; y consolidar las capacidades sanitarias federales, garantizando una distribución más equitativa y solidaria del recurso humano en todo el país”.

Por otra parte, Carambia expresó que “la medida se enmarca plenamente en los principios consagrados por la Constitución Nacional; en particular, en su artículo 16, que consagra la igualdad ante la ley y en el artículo 20, que reconoce a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos, salvo los expresamente reservados a estos últimos”. Y sentenció: “El acceso a las residencias de la salud no se limita, sino que se organiza bajo un régimen económico diferenciado, basado en un criterio objetivo y razonable, orientado a proteger los recursos públicos, garantizar mejores condiciones para los profesionales nacionales y fortalecer la distribución federal de los recursos humanos en el sistema sanitario nacional”.

La fecha de la iniciativa es del 13 de noviembre pasado. Apareció tras meses de discusiones entre el Ejecutivo libertario y la oposición en el Congreso por la declaración de la emergencia pediátrica -hospital Garrahan como emblema-, una ley que vetó la Casa Rosada y luego fue insistida por Diputados y el Senado, con dos tercios de los votos de sobra. El texto de Carambia no podrá analizarse en comisiones hasta el 1 de marzo próximo, excepto que sea incluido en sesiones extraordinarias.

El Gobierno uruguayo y la firma HIF Global rubricaron la semana pasada un acuerdo. Es un “plan de trabajo con hitos y plazos para cada una de las partes”, con la finalidad de promover el desarrollo del proyecto. El escrito es vinculante para la firma y el Gobierno uruguayo.

Se trata de un MOU (siglas en inglés de memorandum of understanding). El eje es la instalación de una planta de combustibles a partir de energía renovable, hidrógeno verde y CO₂. El proyecto se gestará en la localidad de Paysandú, sobre el río Uruguay, frente a las costas de la ciudad argentina de Colón.

Este emplazamiento ha generado un movimiento de resistencia en la localidad entrerriana y también en la región. Es que la planta se erigirá frente a los principales balnearios de Colón. El temor es que la “contaminación visual” afectará al turismo, la industria más importante de la zona.

La “contaminación visual” fue una de las razones que la Asamblea de Gualeguaychú esgrimió contra la instalación de la pastera Botnia (hoy UPM) en Fray Bentos. Los hechos demostraron que el turismo en el balneario El Ñandubaysal, localizado frente a la planta, no se vio afectado. Al contrario: el número de asistentes creció.

El MOU establece plazos perentorios a fin de que el contrato de inversión se rubrique durante 2026, y detalla que HIF ya cuenta con compradores asegurados para la producción de la planta de Paysandú.

¿En qué estado están las conversaciones bilaterales?

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, abrió un diálogo con las autoridades uruguayas. Mantuvo un encuentro con el presidente, Yamandú Orsi. Y luego, acompañado del canciller Pablo Quirno, se encontró con las máximas autoridades del Ministerio de Exteriores del vecino país.

Esta cumbre se desarrolló en noviembre. El mandatario entrerriano puso sobre la mesa el pedido de relocalización. La respuesta que recibió es que el proyecto de HIF estaba en las primeras etapas y que faltaba mucho para su concreción. Se trajo, a su vez, el compromiso de mantener un diálogo abierto y con intercambio permanente de información.

Sin embargo, semanas después, el secretario de la Presidencia del Uruguay, Alejandro Sánchez, rubricó el memo con HIF. El escrito no consigna las objeciones argentinas; por el contrario, se confirman las dos locaciones frente a Colón como bases del desarrollo. Solo hay una mención a que la empresa ajustó “el emplazamiento de la planta para ampliar el área de servicio ambiental”.

Asimismo, el MOU establece que la información que intercambien el Gobierno uruguayo e HIF sobre el desarrollo de la planta será secreto. Así se especifica en la Cláusula Octava: “Ninguna de las Partes divulgará a terceros información y/o documentación proporcionada por la otra Parte en el marco de este MOU y que expresamente haya sido calificada como confidencial, salvo que medie el consentimiento previo por escrito de la otra Parte”.

Infobae intentó contactarse con las autoridades uruguayas para obtener precisiones sobre el acuerdo, pero no obtuvo respuestas.

Cabe señalar que en paralelo a las conversaciones por la vía diplomática, la Justicia Federal ha puesto el ojo en el eventual conflicto. La fiscal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, realizó una serie de pedidos de informes. Estaban dirigidos al organismo binacional que administra el río Uruguay como recurso compartido: la CARU. En paralelo, ordenó a Prefectura ir tomando muestras del agua en la zona a fin de que sirvan de contraprueba en caso de contaminación.

¿Cuáles son los principales puntos del MOU?

El Memorándum contiene información clave sobre el grado de avance del proyecto de la planta y el compromiso que ponen el Estado uruguayo y la empresa a fin de que el emprendimiento esté operativo en 2029.

HIF destacó que ya avanzó con el terreno para el desarrollo. En efecto, a principios de este año logró que las autoridades de Paysandú cambiaran el uso de dos predios que estaban catalogados como rurales.

Además, consignó que presentó su proyecto ante el Ministerio de Ambiente, y que realizó audiencias públicas y acciones de acercamiento a la comunidad. Esto incluyó algunas charlas en localidades entrerrianas. Además, resaltó que ya desarrolló los estudios de factibilidad de la planta.

Para viabilizar los objetivos del MOU se constituyeron dos comités. Uno de carácter político, denominado de Alto Nivel. Y otro técnico de seguimiento del proyecto. En el primero, la representación pública corresponderá a la Secretaria de la Presidencia de la República y a los titulares de los Ministerios de Economía y Finanzas, Industria, Energía y Minería, Ambiente, Transporte y Obras Públicas.

Ambos tendrán que elaborar un plan de trabajo. En ese esquema, resalta el apartado “G” que indica: “Las partes realizarán los mayores esfuerzos a los efectos de la obtención de la Autorización Ambiental Previa (del) Ministerio de Ambiente que viabilice el proyecto HIF”.

Es decir, el Estado uruguayo actuará como juez y parte en el proceso de viabilidad del emprendimiento. Las autoridades del vecino país consideraron este desarrollo como “una oportunidad de inversión que de concretarse contribuiría positivamente al crecimiento del país”, según se expresó en el MOU.

¿De cuánto será la inversión?

Por otro lado, HIF se comprometió a un esquema de desembolsos por USD 5.385 millones en tres etapas. La primera implicará USD 2.881 millones. Se destinará a la construcción de la planta de eFuels. Incluye el desarrollo de planta de hidrógeno, otra de captura de CO₂, una de metanol, una para la producción de gasolina y una de generación de vapor, energía y CO₂.

Como correlato, la segunda fase implicará USD 1.277 millones. Se destinarán a una planta de energía solar y un parque eólico. Los USD 1.226 millones restantes tendrán como objetivo inversiones adicionales. La firma prevé ocupar 1.400 personas durante la construcción y 300 durante la fase operativa.

La meta es que el primero de los cuatro módulos esté listo en 2029. Para esa etapa inicial, HIF proyecta exportaciones por valor de USD 253 millones. En el MOU, la empresa declaró que ya tiene acuerdos con compradores asegurados (offtakers) desde el minuto cero de producción. Según detalló, los entendimientos marco son a 15 años.

Cuando los tres módulos restantes estén operativos, la proyección de ventas al exterior se estirará a USD 1.012 millones, según puntualiza la información brindada por la compañía.

El documento contiene también un esquema ajustado. En 20 días corridos a partir del 18 de diciembre deberá elaborarse el cronograma de trabajo.

Por otro lado, el MOU estará vigente hasta que se rubrique el contrato de inversión. Esto tiene dos topes. El primero es que si no se firma antes del 31 de diciembre de 2025, habrá una prórroga por 90 días. En contrapartida, si HIF no toma una decisión final de inversión antes del 31 de diciembre del 2026, el Memorándum perderá su vigencia.

En los últimos meses, en Bogotá se ha cuestionado en diferentes ocasiones el accionar de la Administración distrital para mitigar una problemática ligada a la recolección de basura en la capital.

Es por ello que, tras la aprobación en el Concejo de Bogotá del proyecto presentado por el concejal Julián Uscátegui para terminar con esta problemática, comenzará a ser implementado en la ciudad.

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Esta iniciativa, con la que se busca reducir los más de 666 puntos críticos de acumulación de basuras que hoy afectan en la ciudad, contará con “Ecopuntos” fijos para la recolección de escombros y residuos voluminosos, que será ejecutado en convenio con la Uaesp y Renobo.

El proyecto tendrá una inversión inicial de $4.000 millones para instalar once puntos en localidades como Engativá, San Cristóbal, Fontibón, Puente Aranda y La Candelaria.

Esta medida surge ante la presencia de más de 666 puntos críticos de acumulación de basuras en la ciudad, como respuesta a la disposición inadecuada de materiales que frecuentemente termina en calles, canales y zonas verdes.

Desde el Concejo de Bogotá han indicado que los “Ecopuntos” ofrecerán espacios seguros y gratuitos para que la ciudadanía deposite residuos como escombros, madera, muebles, colchones y tejas, materiales que suelen requerir de un pago adicional para su recolección.

La estrategia busca poner freno al abandono clandestino de estos desechos y reducir problemas de insalubridad e inseguridad asociados. Los elementos recolectados en estos puntos serán reciclados o reutilizados, alineando el proyecto con principios de economía circular.

El programa integrará a las organizaciones de recicladores registradas en el Ruor, permitiendo su participación en los procesos de gestión sostenible de los residuos. Según datos del sector, en Bogotá se generan anualmente cerca de 3 millones de toneladas de basura y más de 12 millones de toneladas de escombros y materiales voluminosos. Con la apertura de los Ecopuntos, las autoridades esperan una reducción progresiva de botaderos ilegales y una mejora en las condiciones urbanas relacionadas con limpieza y salubridad.

Antes de que el proyecto entre en rigor, en diálogo con Infobae Colombia, el concejal Julián Uscátegui habló sobre los aspectos más relevantes del mismo.

“La importancia del proyecto a corto y mediano plazo recae precisamente en que la problemática de basuras que hoy vive Bogotá se da en gran parte por la ausencia o la falta de espacios físicos para disponer residuos voluminosos como colchones, escombros, muebles viejos y demás”.

Uscátegui analizó por qué se registra esta problemática en la ciudad, asegurando que se trata de las consecuencias de un abandono estatal que será reparado con los puntos fijados en la ciudad.

“Lo que está pasando hoy en Bogotá es que como no están estos puntos para disponer los residuos voluminosos, la gente, que sin duda tiene que sacarlos en algún momento de sus casas, termina dándoselos a un reciclador o a una persona para que se deshaga de ellos, y estas personas terminan dejándolos en el espacio público, en los caños, en las quebradas o en las zonas verdes abandonadas de la ciudad”.

Sin embargo, el cabildante indicó que, no importan los proyectos, sino que lo más relevante en la actualidad es que los bogotanos entiendan que no habrá solución si ellos no participan activamente de las iniciativas.

“Limpiar la ciudad de Bogotá requiere el compromiso de todos los actores involucrados. Los puntos por sí solos no van a solucionar la problemática. Aquí se requiere que, habiendo la infraestructura necesaria, que la ciudadanía asuma su compromiso, su responsabilidad y participe activamente en la solución”.

Por último, Uscátegui envió un mensaje a la ciudadanía, invitándola a que fomente el manejo adecuado de los residuos y con ello, limpiar Bogotá “de una vez por todas”.

A pesar de que no hacerlo fue una de las promesas de campaña, el presidente Gustavo Petro ha indicado lo positivo que sería convocar una asamblea constituyente para Colombia.

Al respecto, el 23 de octubre el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó un borrador del proyecto con el que el Gobierno nacional buscará convocar a una asamblea nacional constituyente y reformar la Constitución Política de 1991.

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En rasgos generales, la propuesta establece que la asamblea estaría conformada por 71 delegatarios, con representación equitativa entre hombres y mujeres, e incluiría diversos sectores sociales como campesinos, obreros, mujeres cabeza de familia, gitanos, jóvenes, víctimas del conflicto, afrocolombianos e indígenas.

El periodo de sesiones se limitaría a tres meses, y la asamblea tendría atribuciones para modificar la Constitución Nacional, sin disolver el Congreso de la República. El proyecto establece que deberán respetarse los tratados internacionales sobre derechos humanos y no podrá haber retrocesos en materia de derechos fundamentales y sociales.

Debido a las reacciones que se han generado al respecto en Colombia, en diálogo con Infobae Colombia, el experto en estudios jurídicos, políticos e internacionales y docente de la Universidad de la Sabana Sergio Morales, entregó un análisis sobre los aspectos generales del borrador.

En primer lugar, el experto analizó el contexto en el que se registró la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y porque en ese momento era una necesidad para el país.

“La Constitución de 1986 tenía un perfil conservador, centralista y confesional. El catolicismo ocupaba un lugar institucional importante. Es por ello que la del 1991 es el resultado de un proceso democrático, pluralista, la respuesta a una crisis institucional”.

Al respecto, destacó los cambios más notorios que hasta la fecha siguen beneficiando a la población y que representan algunas características de la nación ante el mundo.

“Elevó a rango constitucional otros mecanismos, se produjo un viraje en libertad religiosa, pasamos de ser un Estado confesional a un Estado laico que protege y garantiza en condiciones de igualdad a todos los cultos”.

Al hablar del borrador expuesto por el Gobierno nacional, indicó que este no ofrece soluciones reales, sino que busca modificar por completo algo que no está mal.

“La reforma constitucional que propone el presidente Petro no resuelve por sí misma los problemas de la implementación. Como Estado Social de Derecho, la carta reconoce que hay necesidades básicas y satisfechas y que el Estado no siempre tiene la capacidad económica o administrativa para garantizarlo todo. Nos deja en puertas de los contextos completamente distintos. Uno social con necesidades reales de cambios institucionales y acá hay es uno político y con poca claridad argumentativa”.

Para argumentar su postura, Morales explicó qué se debe denominar como un problema constitucional, reafirmando que lo expuesto por el ministro de Justicia no debería ser calificado de esa forma.

“Lo que el discurso reconoce es la insuficiencia o la ineficacia de la acción gubernamental para ejecutar políticas, no una falta del texto constitucional que exija una refundación. Ese patrón se va redefiniendo en otras áreas porque la carta trae principios, instrumentos y esa diferencia la marcan la ejecución administrativa, la gobernanza interinstitucional y las mayorías democráticas, esto es competencia del Ejecutivo”.

Para el experto, una constituyente que actualice el texto de 1991 podría tener varios aspectos positivos por los cambios que se han registrado en la sociedad desde entonces.

“En el lado positivo, un proceso constituyente puede visibilizar demandas de grupos sociales marginados; actualizar el texto a nuevas realidades como, por ejemplo, las tecnologías, la inteligencia artificial, la protección de datos”.

Sin embargo, luego de nombrar los escenarios positivos de una asamblea nacional constituyente, argumentó por qué lo que propone el Gobierno Petro no es favorable para el país en estos momentos.

“Recordemos que el mandato del presidente en este momento no es actualizar el texto, es precisamente derogarlo completamente y hacer uno nuevo. Hay riesgos evidentes. Primero, usar la constitución para destrabar bloqueos políticos ordinarios, como la falta de mayorías en el congreso. Eso desnaturaliza las reglas del juego democrático, porque hay que entender que a veces se gana y a veces se pierde. No es el pueblo el que está haciendo la asamblea, es el ministro de Justicia, el Gobierno nacional, que pone en manos del pueblo de Colombia un instrumento para materializar esa iniciativa que realmente están teniendo ellos. Eso es una contra muy grande”, puntualizó.

El avance hacia la reglamentación de los derechos de las comunidades negras en Colombia ha dado un paso decisivo con la entrega formal del proyecto de decreto que regulará la ley 70 de 1993, un proceso que ha tardado casi once años desde la emblemática toma del Ministerio del Interior por parte de Francia Márquez y un grupo de 150 mujeres, en su mayoría provenientes del norte del Cauca.

Este hito, que busca materializar el artículo 55 de la Constitución de 1991, representa la culminación de una larga lucha por el reconocimiento y la protección de los derechos sobre la tierra, el territorio y los recursos naturales de las comunidades negras y afrocolombianas.

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La ley 70 fue concebida para garantizar no solo la propiedad colectiva de la tierra, también el desarrollo cultural, social y económico de estas comunidades. Sin embargo, su implementación efectiva dependía de una reglamentación que, hasta la fecha, no se había concretado.

El procedimiento exige la realización de una consulta previa exclusiva con las comunidades negras, un requisito indispensable antes de que el decreto pueda ser firmado por el Presidente de la República.

Durante el acto de entrega del proyecto, el jefe de la cartera política destacó la presencia de la vicepresidenta Francia Márquez y subrayó el carácter participativo del proceso: “La señora vicepresidenta se ha hecho presente para traer el proyecto de decreto para que haga una consulta previa dentro de las negritudes”, afirmó el funcionario, resaltando la importancia de la consulta como mecanismo de validación y legitimidad.

Por su parte, Francia Márquez enfatizó el significado histórico de este momento para las comunidades negras y para quienes han liderado la lucha por sus derechos, muchos de los cuales ya no están presentes debido a la violencia y las dificultades enfrentadas en el proceso de reconocimiento.

En sus palabras, “esto es algo histórico para nosotros, como mujer negra y vicepresidente sé que esto es un momento muy importante que culmina un proceso de años de líderes y lideresas e incluso muchos que hoy ya no están porque perdieron la vida en ese proceso de reconocimiento”.

La vicepresidenta también destacó el impacto que tendrá la reglamentación de la ley en la identidad y el desarrollo de los pueblos afrocolombianos, así como en el restablecimiento de sus derechos.

“Este es un sueño y un anhelo de las comunidades negras del país, sin duda fortalece la identidad de los pueblos y el desarrollo de las comunidades. Esto es muy significativo para nuestra gente y en cabeza del presidente le estamos cumpliendo a las comunidades negras y estamos avanzando en el restablecimiento de nuestros derechos. Es hora de que el ministerio haga la consulta previa”, concluyó Francia Márquez.

La entrega del proyecto de decreto marca el inicio de la fase de consulta previa, un paso fundamental para que la reglamentación de la ley 70 se convierta en una realidad tangible para las comunidades negras de Colombia.

Armando Benedetti, ministro del interior, compartió en sus redes sociales un vídeo con la vicepresidenta en el que se confirma la entrega del proyecto de que deberá ser aprobado en otras instancias en favor de las comunidades, luego de que ambos funcionarios rememoraran lo que hace 11 años ocurrió en el palacio, hechos por los que Márquez alcanzó a ser encarcelada.

“Hace 11 años la vicepresidenta @FranciaMarquezM se encadenó en el @MinInterior para exigir derechos de la comunidad negra. Hoy me entregó el proyecto de decreto que permitirá la implementación de la Ley 70 de 1993. Un paso HISTÓRICO hacia la justicia y reparación a las comunidades afro de Colombia”, mensaje con el que el funcionario acompaño el relato.

Con el objetivo de ejercer control político sobre la Administración distrital y expedir normas que promuevan el desarrollo integral de la ciudad, en el Concejo de Bogotá se llevan a cabo varios debates, principalmente sobre proyectos para mejorar aspectos puntuales en la ciudad.

Bajo ese contexto, en la segunda semana se discutió en segunda instancia el proyecto PA 285-25, que busca establecer lineamientos para la implementación de un componente de asistencia nutricional dirigido a la primera infancia y a madres gestantes en Bogotá.

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En resumen, el objetivo es promover el desarrollo integral y proteger los derechos de los niños y las mujeres embarazadas, bajo políticas que articulen esfuerzos institucionales a nivel local, nacional e internacional.

Sin embargo, antes de la votación, se generó un debate que hizo que el Concejo de Bogotá se volviera tendencia en redes sociales, puesto que algunos cabildantes pedían que en lugar de mujeres, el proyecto hablara de “personas gestantes”, para no discriminar a los individuos no binarios.

Entre los cabildantes que opinaron se destacó Ángelo Schiavenato, médico de profesión, y dejó en claro su postura al recordar que solo el sexo femenino puede gestar.

“El proyecto no es bueno, es excelente, el único tema es que ni siquiera se debe ser médico para saberlo, es que es de lógica que los hombres no son gestantes, debe ser mujeres gestantes.

Contrario a lo que indicó Schiavenato, el concejal Julián Triana pidió dejar “personas gestantes”, asegurando que los hombres trans podían gestar, aunque técnicamente, ese tipo de casos se explican porque el individuo nació biológicamente mujer y en la transición conserva su útero.

“No se pueden hacer modificaciones, lo que están proponiendo cambia por completo el espíritu del proyecto, pasar a hablar de mujeres gestantes, cambia por completo el propósito del proyecto, porque excluye a las personas no binarias, a las mujeres trans, es una lucha que cambia por completo todo. Son de fondo y no de forma. Un hombre trans tiene todo para gestar, aunque muchos acá lo quieran negar, un hombre que hizo la transición también puede gestar, pero yo también respeto lo que piensan los demás”.

Al final, el proyecto fue aprobado con el término “mujeres gestantes”, ya que la mayoría de cabildantes votó a favor de esa forma, incluyendo sus autores.

“Aun así, hay una cosa con la que no se puede pelear, y es como se determina con los conductos, además, la forma cromosómica, yo no me los puedo cambiar. Solamente las mujeres tienen la capacidad de gestar, solo ellas pueden llevar un embrión en su útero. No debatamos con la pasión. No podemos dejar morir el proyecto por algo tan pequeño”, puntualizó Schiavenato.

Detalles del proyecto aprobado

La iniciativa responde a los altos índices de inseguridad alimentaria y desnutrición que impactan especialmente a menores de cinco años y a mujeres en embarazo. En Bogotá, cerca de un millón de personas presentan inseguridad alimentaria moderada o severa, y alrededor de 80.000 se encuentran en condición severa. Esta realidad genera afectaciones graves en la supervivencia, desarrollo físico y mental de la infancia, traducidas en retraso en el crecimiento y en otros daños irreversibles.

El proyecto propone intervenciones integrales, como la clasificación nutricional y el tamizaje de niños y madres, la activación de rutas de atención especializadas en caso de identificar riesgos nutricionales y el seguimiento permanente del estado nutricional. Estos lineamientos incluyen la promoción de la lactancia materna exclusiva y continuada, con alimentación complementaria adecuada.

También integra acciones de sensibilización para fortalecer los entornos familiares y comunitarios en favor de la seguridad alimentaria, y articula los componentes nutricionales al Plan Distrital de Desarrollo, además de coordinarse con programas existentes. Busca que las atenciones no dependan de voluntades políticas temporales, sino que se garanticen como parte del ejercicio pleno de derechos para madres gestantes y la infancia.

Los coletazos del cierre de listas bonaerense llegaron al Congreso: los senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) Mariana Juri y su comprovinciano y ex gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, presentaron en la Cámara alta un proyecto que incorpora un artículo en el Código Nacional Electoral para imponer una “sanción de inhabilitación por cuatro (4) años para postularse a cargos públicos electivos a los/las candidatos/as que, habiendo participado de un proceso electoral, no asumieran el cargo público para el que fueron elegidos”.

“Contribuyen decididamente a la baja paulatina de la participación ciudadana en las elecciones. ¿Qué interés podrían tener los ciudadanos de asistir a elegir personas que saben que no asumirán el cargo para el que se postulan? En las elecciones legislativas nacionales sustanciadas en el año 2009, los argentinos fuimos testigos de un bochornoso espectáculo de candidaturas a cargos públicos electivos legislativos que motivaron el origen del concepto de ‘candidatos testimoniales’”, manifestaron los senadores en los argumentos de la iniciativa.

Juri y Suárez advirtieron que “dieciséis años después, asistimos nuevamente al mismo espectáculo, donde una de las fuerzas políticas actuantes, incorpora este tipo de candidaturas, con la probable intención -y evidente resultado- de no asumir en el futuro los cargos para los que se postulan”. Luego, recordaron que “Mendoza, mediante la ley 8.967 (sancionada en fecha 26 de Abril de 2017) incluyó, en el artículo 17 del Código Electoral Provincial”, una sanción idéntica a la que se propone ahora en el proyecto que se impulsa en la Cámara alta.

“Al respecto, cabe tener presente que nuestra Cámara Nacional Electoral (CNE), en el caso ‘Novello Rafael Víctor apoderado de la UCR y otros s./impugna candidatura a diputado nacional, Expte. 4638/09 CNE’ (en el que se impugnaron las candidaturas expuestas precedentemente), dejó expresada -en el punto 18 de sus Considerandos- una sustancial aclaración sobre el lamentable fenómeno de las candidaturas testimoniales: ‘En las elecciones se materializa la relación entre quienes aspiran a ser designados y quienes con su voto realizan la designación (...) En otras palabras, en el supuesto de mención, habría candidatos que no pretenden ser representantes y por lo tanto no podrían ser oficializados por defraudar al elector, pues se habrá quebrantado la relación representante-representado que nuestros constituyentes han plasmado en la letra y en el espíritu de la Constitución Nacional y asimismo configurará un apartamiento ético, con la consiguiente desazón que producirá en parte del electorado’”, señalaron los legisladores.

Según Juri -es titular de la comisión de Turismo- y Suárez, “este comportamiento, justamente, es el que la Cámara Electoral entendió como defraudatorio y el que la ciudadanía en su conjunto estima como violatorio de los más básicos fundamentos del sistema de representación política que establece el artículo 1° de la Constitución Nacional”. Y agregaron: “Se trata de conductas que, en palabras de la Cámara Nacional Electoral (CNE), ‘importarían además fundamentalmente una inaceptable manipulación de las instituciones de la República, a la vez que una grave lesión al proyecto de Nación al que todos, electores y candidatos, deben tributar’ (Op. Cit., pto 25, 2º párrafo)”.

Para los radicales, las testimoniales implican “un daño a la sociedad en su conjunto y a los electores en particular, quienes son engañados a través de una opción electoral que es, desde su inicio, falsa”, y sumaron que el proceder en cuestión “requiere entonces una respuesta legislativa inmediata”.

“El cierre de las inscripciones de candidaturas en la Provincia de Buenos Aires ha puesto en evidencia la persistencia de las candidaturas testimoniales en la política argentina; ahora, a escala local. Intendentes de varios municipios, así como la actual vicegobernadora bonaerense encabezan listas, aunque pocos parecen dispuestos a dejar sus cargos para asumir una banca en la legislatura”, aseveraron los senadores alineados con el actual mandatario mendocino, Alfredo Cornejo.

A punto de que se cumplan 33 años de la fuga de Pablo Escobar de La Catedral, una prisión construida para recluir al capo antioqueño tras una negociación con el Estado en 1991, en Envigado buscan reestructurar por completo el concepto que se tiene de este lugar.

Cabe recordar que en el inicio de los 90 Escobar tenía una guerra contra el Estado y Los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), pero en medio del conflicto aceptó un acuerdo con la justicia y se entregó el 19 de junio de 1991.

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Alejado de cualquier prisión convencional, el capo fue llevado a La Catedral, una cárcel en Envigado con vistas de Medellín, que años más tarde se conoció que había sido construida con el conocimiento del capo, que tenía varias zonas de escape y control total de sus instalaciones.

Después de un año preso, en el que realizó reuniones con sus socios, invitó a celebridades y jugó con futbolistas profesionales en la cancha de la cárcel, Escobar se cansó de perder el control de su negocio ilícito y ordenó el asesinato de dos capos al interior de la prisión, provocando que el Estado se cansará de sus acciones.

Luego de que se ordenó el traslado del criminal, este escapó por la parte trasera de la cárcel, en la que permanecieron retenidos funcionados del gobierno de ese momento, dejando en evidencia que Pablo Escobar tenía control total de la prisión.

Hasta la fecha, La Catedral sigue siendo una de las zonas más visitadas por turistas en la región, que han consolidado en la figura del capo un negocio de “narcoturismo” que incluye visitar su tumba y propiedades más reconocidas, algo que la Gobernación de Antioquia busca cambiar.

El cambio que buscan para La Catedral

Aunque parte de la propiedad funciona como un ancianato, el resto sigue abandonado y con un deterioro notable, por lo que en el Concejo de Envigado se propuso reestructurar por completo La Catedral.

Durante una sesión, el concejal Pablo Restrepo indicó que es necesario que a este lugar se le dé otro uso y un significado alejado del líder del cartel de Medellín, acto seguido, presentó a Bull nene (René David Cano), un reconocido productor musical que dio a conocer el proyecto de La Cantera, en el que busca recibir el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico.

La idea es que en La Catedral funcione un “gran estudio de grabación” para potenciar a los jóvenes talentos con el trabajo del productor que ha trabajado con artistas como Karol G y J Balvin. “Si La Catedral se utilizó para malas acciones en el pasado este es el momento de que con la música se construya algo distinto”.

El concejal Restrepo impulsó la idea recordando que Antioquia es una de las cunas de la industria urbana en el mundo, llegando al punto de qué artistas de talla internacional llegan al departamento para grabar sus canciones.

“Imagínense si a ese espacio llegan grandes artistas: las composiciones que saldrían desde allí, las letras que se harían desde allí. Y así la energía cambiaría totalmente con ese lugar. En un estudio de grabación en el municipio de Envigado, en algún momento estuvo Shakira grabando la canción Chantaje”.

El cabildante Leo Alzate se sumó al proyecto y afirmó que es el momento de transformar los lugares sin olvidar la historia que se vivió.

“Si nos ganó el relato de un pasado que nos ha perseguido y nos perseguirá por mucho tiempo, significa que la estrategia de la administración pública fracasó, y llegó el momento de repensarla. Ese nombre es tan fuerte que hoy tanto tiempo después todavía hay gente que viene a buscar por dónde se escapó Pablo”, indicó.

En estos momentos, el proyecto pasará a ser trabajado en una mesa de trabajo en la que se estipularán detalles de la iniciativa. “Envigado es la catedral de la música, eso queremos, y de esta forma también dinamizar la economía, pues mucha gente que llega consume nuestros productos y se puede llevar otra historia”, puntualizó Alzate.

La relación entre el Gobierno y las provincias está en un momento crítico. La semana pasada, los 24 gobernadores tomaron la infrecuente decisión de ponerse de acuerdo y acordar un proyecto de ley que busca resolver en el Congreso lo que no se pudo en el diálogo con la Nación: incrementar el caudal de Aporte del Tesoro Nacional (ATN), coparticipar el impuesto a los combustibles y eliminar fondos fiduciarios para que estas partidas pierdan discrecionalidad de la Nación.

El mensaje llegó a la Casa Rosada. En despachos importantes coinciden en que es imperioso lograr algún tipo de acuerdo con las provincias para evitar que los gobernadores se animen y comiencen a imponer sus propias iniciativas en el Congreso: esto implicaría que se configure una mayoría en ambas cámaras que sobrepasaría cualquier freno que pueda poner el oficialismo, comprometiendo la hoja de ruta económica propuesta por el Gobierno.

Este temor tiene varios correlatos. El último viernes a la noche, varios mandatarios (aliados y opositores) compartieron un Zoom con senadores de Unión por la Patria, PRO, UCR y otros espacios para avanzar con la iniciativa. “Estamos muy conformes con la respuesta de los gobernadores, vemos que es un reflejo de la cohesión que estamos teniendo”, dicen desde una provincia con la que la Casa Rosada rivaliza seguido. Por primera vez en la gestión de Javier Milei parece haber una sintonía entre los distritos enemigos y los aliados más estrechos del Gobierno.

Aun así, desde la Nación y las provincias parece haber una leve certeza de que existe una última chance antes de que se avance definitivamente con la presentación del proyecto de ley.

Fuentes gubernamentales al tanto de las tratativas confirmaron a Infobae que es inminente la presentación de una contraoferta que pueda ser atractiva para los gobernadores, la cual tendría como objetivo satisfacer varios de los reclamos esgrimidos la semana pasada en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), cuando representantes de 22 provincias se hicieron presentes para conversar con el viceministro del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Aún no se conoce cuáles son las concesiones que está dispuesto a hacer el Gobierno, tampoco si esta resultará satisfactoria para las provincias.

Coincidentemente, el martes por la mañana se reunirán en el marco del CFI los ministros de Economía provinciales con Guberman. Se trata del funcionario del Gobierno que más conoce las concesiones presupuestarias que el Estado nacional está en condiciones de hacer. Se espera un comunicado oficial una vez que termine el encuentro.

En la cumbre de la semana pasada, los funcionarios nacionales les propusieron transferirle parte de los montos que correspondían al ya extinto Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), para que estos fueran orientados a la reparación de rutas nacionales. Resultó insuficiente para todos los gobernadores. Luego de esa reunión fue que se dio a conocer el proyecto de ley firmado por las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Nosotros les pedimos aplazar la reunión del lunes y ellos no accedieron, lo cual era lógico porque ya habían coincidido todos para venir acá. Pero necesitábamos más tiempo para formular una respuesta más acabada. Se está preparando algo”, confirmó una fuente gubernamental.

¿Por qué la Nación se opone al proyecto de los gobernadores si, en teoría, no tiene una incidencia en términos fiscales? Las provincias ratifican que la recaudación que se pide distribuir directamente a las provincias está utilizándose para otros asuntos, pero que el Gobierno no puede admitirlo.

Por eso cayó pésimo las declaraciones que Milei hizo el jueves pasado, acusando a las provincias de no haberse ajustado, de ser “la última trinchera de la casta” y de faltarle “el respeto a la sociedad”. Al día siguiente se dio el Zoom multisectorial para acelerar los planes en el Congreso. Muy cerca de él tratan de explicar que “al Presidente nunca le importó si una declaración suya tiene costo político” y que, en rigor, siempre declaró en el mismo sentido.

La preocupación libertaria se da, mayormente, por la alta carga simbólica que tendría una unión entre amplísimos sectores de la oposición en detrimento del oficialismo. ¿Por qué no habría de repetirse en el futuro con otro tipo de demandas y de costo fiscal? Hasta el momento, el Gobierno había logrado armar un escenario político estructurado en el “apoyo o no” para ciertos asuntos relevantes para Milei: el fundamental, el asunto fiscal.

En la Casa Rosada perciben cómo el costo de oponerse al Gobierno no está siendo tan caro como lo fue el año pasado, cuando se logró la sanción de la Ley Bases, que no se insista con el DNU 70/23 y que se ratifique el veto al incremento jubilatorio y de financiamiento universitario. Estos últimos dos asuntos volvieron por estas semanas: el primero -enmarcado en un paquete de iniciativas que consta de 1,8% del PIB- espera a ser sancionado en el Senado y, cuando Milei lo vete, a que se insista nuevamente; mientras que el segundo pretende ser tratado en sesión esta semana en la Cámara baja.

Así las cosas, a los ojos de diversos operadores del Gobierno, ofrecer una propuesta que les cuadre a muchos gobernadores parece ser más barato que el ruido que pueda generarse por la vía del mercado.

“El riesgo país permanece estancado en torno a los 700 puntos y el spread argentino parece mostrar, en parte, las dudas sobre la dinámica de reservas”, marca el último informe semanal de GMA Capital. Tanto el Banco Central como el Tesoro se han hecho de reservas, las cuales, según la consultora bursátil, “los inversores parecen pedir profundizar”. Evitar dudas sobre el programa económico facilitaría que el mercado acepte menores retornos por parte de la deuda soberana. Un buen resultado en las elecciones del oficialismo despejaría dudas, pero por eso la prioridad del Gobierno de mantener la calma por estos meses.

Los interlocutores del Gobierno consideran que varios de los planteos de los gobernadores “son razonables” y que “hay que acordar de alguna manera”. Varias provincias lo saben y los que han sido aliados al Gobierno parecen tener disposición de esperar un poco más para esperar una propuesta. Es por eso que entre los gobernadores más opositores perciben que la postura unánime y dura de los 24 distritos puede ablandarse.

“En la oposición olieron sangre, pero todo esto sucede al mismo tiempo porque estamos en un marco electoral”, afirman en el Gobierno. Muchos creen que, además de haber una propuesta a los gobernadores en el plano económica, deberán existir conversaciones subterráneas con los más aliados vinculadas al armado libertario en sus distritos. “Ambas facetas son importantes”, manifiestan en Casa Rosada, donde creen que más temprano que tarde deberá existir algún acuerdo. En algunas provincias se limitan a esperar expectantes. También lo creen, pero marcan que “la palabra del Gobierno está devaluada”.

Bogotá se prepara para incorporar una nueva celebración cultural en su calendario anual: la ‘Muestra del Carnaval de Negros y Blancos’, un evento que busca preservar y promover la riqueza cultural del departamento de Nariño en la capital colombiana.

La Comisión del Plan de Desarrollo aprobó en primer debate el Proyecto de Acuerdo 451 de 2025, impulsado por la concejala Quena Ribadeneira, que establece la creación de la actividad cultural. De acuerdo con la cabildante, el proyecto representa un paso significativo hacia el reconocimiento de las culturas regionales en un contexto urbano diverso.

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El Carnaval de Negros y Blancos, reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, es una de las festividades más emblemáticas de Colombia. Con esta iniciativa, la capital busca convertirse en un puente entre las tradiciones nariñenses y la vida cultural de Bogotá.

De acuerdo con el proyecto, el evento se celebrará anualmente, tentativamente en noviembre, y contará con un desfile carnavalesco que incluirá comparsas, carrozas, danzas y música, además de espacios dedicados a la gastronomía y el emprendimiento típico del sur del país.

La concejala Ribadeneira, autora del proyecto, expresó su orgullo por la iniciativa, destacando que no solo se trata de un reconocimiento simbólico, también pretende fomentar el diálogo intercultural y la inclusión. “La Muestra del Carnaval será un puente entre territorios, un recorrido de alegría y color que une a Bogotá con el corazón de Nariño a través del arte y la cultura”.

El proyecto también contempla actividades pedagógicas y artísticas que promuevan la interculturalidad y el respeto por la diversidad. Además, se prevé la participación de maestros y artesanos nariñenses en residencias artísticas y talleres de intercambio de saberes, fortaleciendo así la transmisión de conocimientos entre generaciones y garantizando la continuidad de estas tradiciones.

De acuerdo con el texto del proyecto, la organización del evento estará a cargo de entidades como la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), con el apoyo de instituciones provenientes de Nariño. El esfuerzo conjunto busca garantizar la calidad y autenticidad de la muestra, al tiempo que se promueve la participación activa de las comunidades nariñenses residentes en Bogotá.

El marco legal que respalda la iniciativa incluye disposiciones constitucionales y leyes nacionales que subrayan la importancia de proteger y promover la diversidad cultural en Colombia. El artículo 7 de la Constitución establece que “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”, mientras que las leyes 397 de 1997, 706 de 2001 y 1185 de 2008 refuerzan la obligación de preservar el patrimonio cultural material e inmaterial del país. En este contexto, la creación de la Muestra del Carnaval de Negros y Blancos en Bogotá se alinea con los esfuerzos nacionales por salvaguardar las tradiciones culturales.

Antecedentes de la idea

El Carnaval de Negros y Blancos tiene profundas raíces históricas y culturales, con influencias de las comunidades indígenas Pastos y Quillasingas, así como de los afrodescendientes que han enriquecido esta tradición con su arte y expresiones culturales.

Las contribuciones, que se remontan a épocas precolombinas, se reflejan en las carrozas, las danzas y los elementos artísticos que caracterizan el carnaval. La muestra en Bogotá busca rendir homenaje a esta herencia, al tiempo que la adapta a un entorno urbano multicultural.

Asimismo, la capital, como ciudad cosmopolita que alberga a personas de todas las regiones del país, se convirtió en un espacio donde convergen diversas identidades culturales. De acuerdo con el proyecto, la Muestra del Carnaval de Negros y Blancos no solo enriquecerá la oferta cultural de la capital, también fortalecerá el sentido de pertenencia de las comunidades nariñenses que han contribuido al desarrollo social, cultural y económico de la ciudad.

Entre las actividades propuestas para el evento destacan las zonas de emprendimiento, donde se exhibirán productos artesanales y gastronómicos típicos de Nariño, y los talleres pedagógicos que buscarán sensibilizar al público sobre la importancia de la diversidad cultural. Estas iniciativas no solo buscan preservar las tradiciones, sino también generar oportunidades económicas para los participantes.

Ha apuntado que deben de pelear en el siguiente proyecto, y que ha llegado al Granada a ascender, aunque este año no lo han podido conseguir. "Hay una muy buena base de jugadores para el año que viene, vamos a sacar el proyecto adelante. He venido a ascender y lo conseguiremos", ha apostillado.

De lo estrictamente deportivo, Pacheta ha asegurado que el Racing ha sido mejor equipo que los nazarís en el encuentro y que no se siente "nada identificado" con la primera parte de su equipo.

Sin embargo, ha elogiado que con diez jugadores el Granada ha estado "bastante sereno" y con control de partido, aunque piensa que igual ha sido porque los cántabros han querido que sea así.

El técnico burgalés ha destacado que no han sido contundentes ni en los duelos ni en defensa, y que eso les ha pesado para no haber podido conseguir el 'playoff' de ascenso a Primera División.

"El error de la expulsión es mucho más grave que el falló técnico de Luca en el segundo gol, no la expulsión en sí, sino la jugada anterior. Hay que arreglar para el año que viene los errores que hemos cometido", ha comentado.

Precisamente, de la temporada siguiente, ha avanzado que va a haber cambio de jugadores, y ha reconocido que el no va a tomar las decisiones de los fichajes, aunque si que va a participar en ellos.

Por otro lado, Pacheta ha querido agradecer a la afición "de todo corazón" el apoyo que han dado a los suyos, y les ha animado que el año que viene sigan para poder conseguir el ascenso.

Finalmente, ha felicitado al Elche por el ascenso a LaLiga EASports, y ha asegurado que en ese club tuvo "dos años inmejorables". "Tienen que quemar Elche, tengo demasiado cariño a ese equipo", ha concluido.

EFE

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ksm-lhv/jl

A fin de continuar impulsando el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el Gobierno formalizó la aprobación de uno de los proyectos a los que le había dado luz verde semanas atrás junto a otras cuatro propuestas. Se trata del “Proyecto Rincón” vinculado al sector minería de litio.

Esta propuesta, presentada por Rincón Mining PTY LTD. Sucursal Argentina había solicitado la adhesión al RIGI a mediados de mayo, con una inversión alcanzaba un monto de USD 2.724 millones. La aprobación llegó de la mano del Ministerio de Economía. Así, se suma a la lista de las iniciativas ya aceptadas, tales como YPF – Parque solar “El Quemado” en Mendoza, con una inversión USD 211 millones; Oleoducto Vaca Muerta Sur – YPF, PAE, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Shell, en Neuquén y Río Negro. En este último, el negocio hablaba de USD 3.000 millones; Southern Energy (barco de licuefacción) - PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar, en Golfo de San Matías, Río Negro, por un total de USD 2.900 millones.

El artículo primero de la resolución lo define como “Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo, enmarcado en el Sector “Minería”, Subsector “Potasio y Litio”.

A través de la resolución 735/2025, el Ejecutivo dejó asentado en el Boletín Oficial un precedente crucial para posicionar a Argentina como un proveedor estratégico de litio en los mercados globales. Proyecto Rincón, localizado en el Salar de Rincón en Salta, contempla la producción de 53.000 toneladas de carbonato de litio anualmente mediante tecnología de Extracción Directa (DLE), y tiene potencial para incrementar esa capacidad a 60.000 toneladas por año. De acuerdo con la normativa, esta iniciativa se desarrollará en dos etapas con una inversión total de 2.744 millones de dólares, con una notable parte dirigida a activos computables.

Dicha área abarca una extensión de ochenta y cuatro mil seiscientas ochenta y siete hectáreas “de propiedades mineras y sus correspondientes servidumbres mineras” en el departamento de Los Andes.

Para su implementación, apelará al uso de tecnologías avanzadas que reducirán el impacto ambiental y mejorarán la eficiencia del proceso. Se trata de la “extracción directa de litio, nanofiltración y pretratamiento de salmuera que posibilitarán la extracción de litio sin la necesidad de concentración previa en piletas de evaporación”, según detalla el texto publicado este martes por la madrugada.

Este impulso económico está cimentado en un cronograma estratégico que prevé la ejecución de su primera etapa hasta el 2027, y una segunda para el 2029, cumpliendo con los montos mínimos de inversión establecidos. Adicionalmente, se han aprobado listas de mercancías para importación bajo los términos de las franquicias existentes, facturables como productos BK o BIT.

Salta es una de las provincias que mayor cantidad de iniciativas tiene, debido a su alta concentración de litio. Por detrás se ubica Catamarca y San Juan, lugares donde la industria minera tiene una presencia significativa. Río Negro y Neuquén se destacan por sus importantes proyectos energéticos, especialmente en la evacuación de petróleo desde Vaca Muerta y en la producción de Gas Natural Licuado (GNL). Mientras que Mendoza aporta con un proyecto de energía solar.

El régimen ofrece varios beneficios fiscales y cambiarios para atraer inversiones de capital. Entre estos beneficios se encuentran la reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la opción de pagar el IVA mediante certificados de crédito fiscal transferibles, y la aplicación completa del Impuesto al Cheque como crédito fiscal para Ganancias.

La reciente publicación bajo la cartera de Economía instruye también a diversas entidades nacionales, incluyendo a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y al Banco Central de la República Argentina (BCRA), para que ajusten sus marcos operativos y faciliten la implementación de incentivos fiscales y cambiarios específicos relativos al RIGI.

El piloto francés de MotoGP Fabio Quartararo (Yamaha) tiene claro que cree "muchísimo" en el "proyecto" de la fábrica japonesa, pero deja claro que no tendrá problema en dejarlo antes de tiempo si le surge uno que ya esté "listo" para que vuelve a pelear por objetivos ambiciosos.

"Realmente creo muchísimo en ese proyecto, pero sé que si no funciona me iré a un proyecto que ya esté listo", aseguró Quartararo en el programa 'Pol Position' de la plataforma de 'streaming' deportivo 'DAZN' que conduce el piloto español Pol Espargaró.

El de Niza también reflexionó sobre la relación que mantiene con el entorno de Yamaha. "El trato con los japoneses siempre ha sido bueno, a veces demasiado lento, pero los que están aquí ya se han vuelto un poco europeos también", recalcó.

"No vamos a esperar dos meses para ver si una mejora pasa el test de tantos kilómetros; si los cambios funcionan, los ponemos", aseveró el piloto francés sobre la "frustración" que mantiene con la "situación técnica" del equipo.

Fabio Quartararo confesó lo que mal que le siente cuando "cualquier persona que veas te pregunta cómo va la moto". "Si me ves que estoy en el 'P14', no me preguntes", aseveró el de Niza, que no escondió que tuvo opciones de firmar por otros equipos antes de renovar con Yamaha. "Tenía alguna novia, sí", concluyó.

“Rodrygo es jugador del Real Madrid y voy a tener una conversación con ellos porque la merece y lo necesitamos. Rodrygo es un jugador espectacular, no lo voy a descubrir yo”, aseguró el técnico en rueda de prensa.

“Bellingham puede ser especial en cualquier sitio porque es un jugador especial. Le conozco de Dortmund y tuvo una irrupción de un jugador de época solo con 21 años. Es un jugador que va a ser fundamental para los siguientes proyectos del club. Está en un buen momento para trabajar con él para que sea una pieza fundamental. Yo le veo como centrocampista. Y con todo ese potencial que tiene tenemos que conseguir que sea lo más eficiente posible”, aseguró sobre el inglés.

Además, Xabi Alonso aseguró que le gusta sentirse cercano a los futbolistas y ponderó la plantilla del Real Madrid ya que, en su opinión, “lo bueno es tener buenos jugadores” y “luego ya” será “su problema.

“El fútbol es dinámico. Hay que interpretar las situaciones. Hay que poner a los jugadores donde más cómodo puedan estar y demostrar sus cualidades. También el aspecto mental es muy importante. Lo bueno es tener buenos jugadores, luego ya es mi problema”, comentó.

“No me suele gustar mucho describirme, pero necesito esa proximidad con el jugador, necesito la conexión para sentir lo que necesita el equipo y cada jugador. Sé lo que me toca, sé que soy el entrenador, pero me gusta estar cerca de ellos”, señaló. EFE

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"No nos ha dado”, admitió el técnico azulgrana. "Era muy difícil al no depender de nosotros mismos. Quiero dar las gracias a la afición por su apoyo hasta el final. El equipo lo ha intentado y peleado, pero no nos ha dado porque hemos sufrido un cúmulo de circunstancia que nos han condenado”, aseguró.

"El equipo ha tenido dignidad y carácter. Yo me he dejado el alma y lo siento por mucho por los míos, la afición y la gente del club. Cada año descienden cuatro y hasta la penúltima jornada hemos mantenido viva la llama”, añadió

La respuesta final de la grada ha dejado huella al entrenador del Eldense. “Ha sido muy emocionante ver a la afición entregada pese al descenso y que en un día tan triste te despida con aplausos. Así, va a ser más fácil volver. Ahora toca hacer un buen proyecto para volver rápido”, apuntó.

Oltra no quiso hablar de su continuidad o su marcha. "Hoy tocaba estar centrado en el partido y no es momento de hablar de estas cosas. No me he planteado nada en este sentido", aseguró.

EFE

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jas/nhp/jl

El presidente del Consejo de Administración y accionista mayoritario del Real Valladolid Club de Fútbol, Ronaldo Luis Nazário de Lima, ha comunicado la firma de "un acuerdo para la transmisión del paquete mayoritario de acciones" del club "a un grupo de inversión norteamericano con el respaldo financiero de un fondo europeo".

"Dicha operación está sujeta a la autorización administrativa del Consejo Superior de Deportes, conforme a la normativa vigente", indicó este viernes la entidad pucelana a través de un comunicado de prensa.

El club blanquivioleta ofrecerá en los próximos días más detalles sobre el nuevo proyecto que marcará esta nueva etapa. "Agradecemos a la afición, a los medios y a todos los involucrados su comprensión y apoyo durante este proceso", concluyó la nota de prensa.

El entrenador del Manchester United, Ruben Amorim, lamentó la derrota (1-0) este miércoles en la final de la Liga Europa contra el Tottenham, sin estar "perfectos" pero mejor que el rival, y quedarse sin la opción de jugar la próxima Liga de Campeones, un momento en el que pidió tener "un poco de fe" en su proyecto.

"Solo quiero compartir el dolor de nuestra afición; se merecen algo mejor. Lo intentamos todo. En cuanto al futuro, veremos qué hacemos. Debemos entender que es difícil para un club como el nuestro no estar en la Champions League, pero ahora debemos aprovechar la otra cara. Si tenemos más tiempo, tendremos más tiempo para pensar y trabajar durante la semana y para mejorar en la Premier League. Ese será nuestro enfoque", dijo en rueda de prensa.

El preparador portugués, que llegó en noviembre a Mánchester, apuntó que no renunciará a su cargo y que confía tener la confianza del club y la afición para la próxima campaña. "Siempre fui muy sincero con ustedes. Hoy no tuvimos un buen partido, pero fuimos mejores que el rival. En la segunda parte lo intentamos todo. Creo que hoy no fue el día. No estuvimos perfectos", afirmó.

"En este momento hay que tener un poco de fe. Ya veremos. Si la directiva y la afición creen que no soy la persona adecuada, me iré al día siguiente sin hablar de compensación, pero no renunciaré. Tengo mucha confianza en mi trabajo y, como pueden ver, no cambiaré nada en mi forma de hacer las cosas", añadió.

Además, Amorim, que rubricó una temporada desastrosa sin títulos y con el equipo pegado a la zona de descenso en la Premier, apuntó que intenta sacar "lo mejor" de los jugadores. "Recuerdo muchos partidos donde creamos más ocasiones pero no marcamos y perdimos algunos. Intento sacar a los jugadores lo mejor posible para intentar ayudarlos. Fui duro con ellos", apuntó.

"Creamos muchas ocasiones en la segunda parte y, si marcamos, nuestra rueda de prensa será muy diferente. No tengo nada que mostrar a la afición, seguiré haciendo las cosas como sé", terminó.

Este lunes finalizó el período de siete días de duelo nacional con motivo del fallecimiento del papa Francisco. La medida, firmada por el presidente Javier Milei, fue justificada en los considerandos del decreto como un “deber ineludible del Gobierno Nacional para honrar la memoria del máximo dignatario de la Iglesia Católica Apostólica Romana, compartiendo el dolor de la Iglesia Católica y del mundo ante tan lamentable deceso”.

En el marco de las celebraciones por el último adiós al Sumo Pontífice, un grupo de diputados nacionales presentó la semana pasada un proyecto de ley para que el 21 de abril de cada año sea declarado como el “Paso a la inmortalidad del papa Francisco”, sumándolo al calendario nacional de feriados y con carácter de inamovible. En la Casa Rosada avisaron que no tomarán en cuenta la iniciativa.

“Es una locura en este contexto plantear un proyecto así”, decía a Infobae una fuente libertaria que estuvo en la delegación argentina al Vaticano, que acusaba que “ahora los peronistas lo aman a Francisco cuando al comienzo de su papado fueron bastante hostiles”. Aquella alusión ocurre porque la iniciativa viene impulsada, mayormente, por diputados nacionales de Unión por la Patria.

El proyecto de ley tiene como principales impulsores a Germán Martínez, Cecilia Moreau y Roxana Monzón. Entre los firmantes aparecen otras decenas de legisladores de UxP, así como el apoyo de las diputadas Mónica Macha, del bloque Nacional y Popular, y Marcela Pagano, de La Libertad Avanza (aunque está enfrentada con la conducción del bloque, a cargo del titular de la Cámara baja, Martín Menem, y el jefe bancada, Gabriel Bornoroni).

“Igual, ni empezamos a hablar del tema”, reconocen en el grupo que presentó el proyecto. Por lo pronto, se conoce que el documento fue girado a las comisiones de Legislación General y de Relaciones Exteriores y Culto, presididas por el libertario Santiago Santurio y el alfil PRO, Fernando Iglesias.

La línea que se está bajando desde la Presidencia de la Cámara de Diputados es clara. “La Argentina no necesita feriados. Necesita producir y trabajar”, postula una fuente inobjetable. Y es que de mantenerse esa posición está claro que así regirá la posición del bloque libertario, que se caracteriza por tener una fuerte disciplina partidaria. Esto prevé mantenerse incluso para el caso de Santurio, diputado estrechamente ligado al ámbito católico, pero que seguirá los lineamientos que bajen desde la Casa Rosada y de parte de Menem.

Es muy probable que esta semana no exista ninguna actividad de comisiones porque se trata de una semana corta. En la oposición creen que pueden comenzar con algunas discusiones informales, pero desde el oficialismo dicen que ahora mismo están “manejando otra agenda en el Congreso”. Aunque nadie lo admite en público, no es menor el factor de que la dinámica legislativa comenzará a mermar con el paso de las semanas. En mayo habrá cinco elecciones y en las semanas posteriores se hará sentir el acercamiento de las comisiones nacionales, que renovarán la mitad del cuerpo de Diputados y un tercio del Senado.

Un importante colaborador de la Casa Rosada también ponderaba de manera negativa la idea de que haya un nuevo feriado. “Ya tenemos demasiados feriados”, afirmaba. Ante la réplica sobre si se podían sacar otros dijo jocosamente: “¿Hay algún feriado comunista que podamos sacar?“.

Y es que desde Presidencia consideran que el calendario de feriados debería ser menor. A través del Decreto 1027/2024, Milei estableció que durante 2025 habrá 12 feriados inamovibles, 4 feriados trasladables y 3 días no laborables con fines turísticos. Esos tres feriados puentes habían sido considerados feriados en 2024, pero el Presidente decidió que se convirtieran en una especie de asueto, aunque las ramas que no trabajan durante esas jornadas son la administrativa, la bancaria y la educativa.

Según el texto de la propuesta presentada por Martínez y Moreau, el objetivo principal es rememorar y destacar la figura de Francisco como “un símbolo universal de paz, humildad y compromiso con los más necesitados”. El proyecto también insta a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la iniciativa, promoviendo actividades conmemorativas cada año.

En ese marco también había ingresado en la Mesa de Entradas de Diputados otro proyecto de características prácticamente idénticas, esta vez encabezado por los diputados bancarios Carlos Cisneros y Sergio Palazzo, junto a Eduardo Valdés, Victoria Tolosa Paz y Santiago Cafiero, entre otros.

Durante la semana pasada existieron numerosas presentaciones de declaración que expresaban el pesar por el fallecimiento del Papa. En el Senado, legisladores de Unión por la Patria y los diferentes desprendimientos kirchneristas impulsaron una moción para llamar “Papa Francisco” al recinto del primer piso.

Pagano difundió un video en su cuenta de X en el que se observa al personal de seguridad con el listado de expositores en mano, pero sin permitir el ingreso. “Tenían la lista, pero decían que no podían dejarlos pasar por orden de Presidencia. Es una vergüenza institucional”, señaló durante la reunión.

En las puertas del Congreso se desarrollaba una manifestación sindical, mientras los invitados aguardaban autorización para ingresar. Según los agentes de seguridad, el ingreso fue denegado porque “la Comisión no envió correctamente el listado”. Sin embargo, en las imágenes compartidas por Pagano se evidencia que el personal contaba con los nombres y actuaba por instrucciones superiores.

“La Cámara de Diputados está siendo gestionada como una empresa privada cuyo ‘dueño’ se reserva el derecho de admisión. No me sorprende del Mariscal de las Derrotas, me apena por el personal de la Cámara a quienes extorsionan o ‘premian’ con mejoras en las categorías y ascensos a cambio de una obediencia de vida (sic) propia de una monarquía y exponen incluso a otros pares trabajadores. Ojo, también además de premios Mr Wallet gestiona castigos”, expresó la diputada en sus redes sociales.

Además, Pagano detalló: “Durante 45 minutos tuvimos que soportar que por orden de la secretaria de presidencia (según argumentó el jefe de seguridad de la Cámara a quien vemos en el video) no dejaran pasar a invitados a exponer a la Comisión de Legislación Laboral”.

El presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado Martín Tetaz, respaldó públicamente la denuncia. “Me acabo de comunicar con el presidente de la casa, Martín Menem, para informarle de esta irregularidad y pedirle que actúe personalmente”, dijo Tetaz durante la sesión. Añadió que “si no se permite el ingreso, sería un hecho extremadamente irregular que no ha pasado nunca”.

Los invitados tenían previsto brindar su apoyo al proyecto presentado por Pagano, que apunta a transparentar los costos ocultos en las paritarias del sector privado, en particular en el convenio colectivo de Comercio, el más grande del país con 1,2 millones de trabajadores.

Pagano explicó que su iniciativa expone tres cargas adicionales impuestas a los empleadores, muchas veces sin relación directa con los beneficios otorgados a los trabajadores:

1. Una “Contribución Adicional Solidaria” de $5.500 a la obra social OSECAC, vigente desde la pandemia y exigible incluso si el trabajador tiene otra cobertura. Este aporte podría significar una recaudación de $6.600 millones mensuales.
2. Un aporte obligatorio de $4.725,02 al INACAP, el Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio. “Se paga aunque el empleado jamás haga un curso”, criticó la diputada, quien calculó una recaudación mensual superior a $5.670 millones.
3. Una contribución de $23.230,17 al Seguro La Estrella, que representa el 2,5 % del salario del trabajador y se descuenta en forma obligatoria en base a las escalas de convenio.

Pagano afirmó que estas cargas se han convertido en “mecanismos de recaudación que pesan sobre los empleadores y encarecen el empleo”, por lo que su propuesta busca discutir su legalidad y pertinencia en un contexto de crisis económica. Aunque el proyecto aún no fue tratado formalmente, la diputada insistió en que el episodio de este miércoles “confirma que hay sectores interesados en frenar cualquier intento de abrir esta discusión en el Congreso”.

Málaga, 6 ene (EFE).- El director deportivo del Unicaja, Juanma Rodríguez, afirmó que estarían "encantados" de que el técnico Ibon Navarro, con contrato hasta 2026, "estuviera muchísimos más años" en el club y consideró que el entrenador vitoriano "también está muy a gusto".

"Evidentemente el ganar títulos pone a los entrenadores en el escaparate, en mejores escaparates, pero él valora mucho también de dónde venimos, de dónde él venía, lo que se está consiguiendo aquí, y creo que si seguimos en esta línea, tendremos Ibon para rato", aseguró el dirigente malagueño en unas declaraciones facilitadas por el club.

Juanma Rodríguez recordó que, cuando regresó al Unicaja hace tres temporadas y fichó a Ibon Navarro, tuvieron que completar una plantilla nueva con nueve fichajes. "Hablaba más con él que con mi mujer", indicó gráficamente sobre esa etapa.

El director deportivo del Unicaja destacó que están muy felices con lo conseguido hasta el momento, con cuatro títulos coquistados: la Copa del Rey de 2023 y este pasado año la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL), la Copa Intercontinental o la Supercopa.

"Lo más importante es que este año se consolida un proyecto en el que hemos conseguido tener identidad y alma. Cuando tienes esas dos cosas, consigues muchísimo. Digo identidad porque tenemos un estilo de juego y una participación de muchos jugadores que desde que iniciamos el proyecto, hace dos años y medio, han mostrado muchísimo esfuerzo, compromiso y dedicación; y eso ha sido muy importante en todo este camino", recalcó.

Para Rodríguez, la conexión con la afición también ha sido fundamental para conseguir los títulos. "Para el equipo, el apoyo en casa ha sido fundamental. Cuando el pabellón anima sin descanso, a ellos les da un plus más. Cuando venimos como al cine o al teatro, el equipo lo nota y lo pasa mal", indicó.

El director deportivo del Unicaja abogó por "mirar hacia el futuro" e incidió en que no deben "olvidar" de dónde venían antes de esta nueva etapa con Ibon Navarro, "con un pabellón con 2.500 personas y un año 2022" en el que comenzaron "sufriendo muchísimo en la Liga ACB y en Europa".

Juanma Rodríguez también resaltó la participación del joven base Mario Saint-Supéry, cedido en el Baxi Manresa, y manifestó que "es el momento de seguir trabajando duro en sus debilidades y de no creerse nada".

"Si hace eso, que estoy convencido de que lo va a hacer, puede ser un jugador muy importante en nuestro club para el futuro", aseveró. EFE

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A punto de terminar uno de los años más complicados de su vida, marcado por su separación el pasado octubre de Carlos de la Maza tras 11 años de matrimonio y una hija -Alba (9)- en común, Carlota Corredera ha concedido una entrevista al diario 'ABC' y ha hecho balance sobre el actual momento en el que se encuentra, revelando cómo afronta su primera Navidad separada.

"Estoy cada día mejor. A ver, es un momento muy complicado y una situación en la que no tengo experiencia. Entonces es difícil y estoy intentando hacerlo lo mejor que puedo, y la verdad es que bueno, yo creo que cada día estoy un poquito más fuerte" ha confesado a corazón abierto.

Muy sincera, la presentadora apunta que "para los duelos no hay atajos, y para los sentimentales, que también son un duelo, tampoco". "Yo ahora estoy en pleno duelo y tengo que pasar por todas las fases" reconoce, convencida de que una vez que lo supere "iré a por la segunda parte del partido. Ya he cumplido cincuenta, pues a por los siguientes cincuenta".

Aunque no están siendo momentos fáciles a nivel personal, en lo profesional Carlota está muy ilusionada porque, como ha desvelado, tiene un nuevo proyecto del que todavía no puede adelantar demasiados detalles: "Me encantaría contaros, estoy pendiente de que salga un proyecto que me encantaría contaros ya, en el que no estoy sola, estoy con otra compañera periodista que admiro mucho. Está bastante avanzado y en cuanto se pueda lo compartiré. Y luego hay más cosillas por ahí que ojalá se puedan cristalizar pronto, porque trabajar me ayudaría muhcísimo ahora mismo, tanto para mi autoestima como para mi salud mental" ha explicado a ABC.

València, 29 dic (EFECOM).- El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha subrayado el "compromiso del Consell para agilizar la tramitación administrativa de la subestación eléctrica para la gigafactoría de Sagunto”, al tiempo que ha señalado que las obras de construcción se han iniciado, “cumpliendo así con los plazos estipulados para estar operativa en 2026”.

El pasado mes de octubre la dirección general de Energía y Minas otorgó la autorización administrativa previa y de construcción del parque eléctrico de 220 kV de la subestación eléctrica, ST Saguntum, cuyo objetivo esencial es garantizar el suministro eléctrico de la futura gigafactoria de baterías en Parc Sagunt II.

A este trámite se suma la autorización en noviembre de las líneas eléctricas de alimentación de 220 kV del propio parque que conectarán la subestación con la red de transporte de 220 kV existente, informa la Generalitat en un comunicado.

Al respecto, el president ha destacado el esfuerzo de la Generalitat para llevar a término toda la tramitación administrativa, cumpliendo con las fechas establecidas, y poder así iniciar las obras de construcción de esta infraestructura, que desarrolla Red Eléctrica “pese a los efectos provocados por la riada en la red de transporte eléctrico de la provincia de Valencia”.

Carlos Mazón ha señalado que la puesta en marcha de la subestación “es determinante para abastecer con totales garantías las necesidades eléctricas de la futura gigafactoria” y ha manifestado que el inicio de su construcción “supone un paso importante para el avance de este proyecto.

Las fuentes destacan que la subestación se ha proyectado teniendo en previsión su ampliación para futuros nuevos consumidores y necesidades y de esta forma mejorará los niveles de seguridad y fiabilidad en la red mallada de transporte eléctrico y, al mismo tiempo, apoyará la red de distribución eléctrica del entorno.

Hay que señalar que la ST Saguntum 400/220 kV cuenta con una parte relativa al parque de 220kV, que es la que ha autorizado la Generalitat por ser de su competencia, y otra de 400 kV, cuya autorización depende del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En este sentido, Carlos Mazón ha resaltado que Red Eléctrica invertirá alrededor de 62 millones en las infraestructuras ligadas a la nueva subestación de Saguntum y posibilitará el suministro eléctrico a las nuevas demandas industriales asociadas, “contribuyendo a impulsar el desarrollo económico de la Comunitat Valenciana”, ha incidido el president.

Del mismo modo, Mazón ha puesto de relieve la autorización del Consell el pasado 23 de diciembre para la tramitación del contrato administrativo de redacción del proyecto y ejecución de las obras del Campus Battery en Sagunto, cuyo importe de licitación asciende a 34,9 millones.EFECOM

La revista ¡HOLA! publicaba hace unos días los detalles de la colaboración de Carmen Jordá con Tom Cruise: al parecer, el actor ha fichado a la española como consultora para un proyecto que podría tener que ver con una de las nuevas películas que Cruise tiene en mente.

Hace unos días, Carmen habló ante los micrófonos de la prensa y habló del proyecto que tiene junto a él como consultora y aunque "no puedo contar mucho todavía", sí que anunció que "pronto podremos hablar de ese proyecto.... bien, a contaros el proyecto".

Además, aseguraba que la experiencia trabajando junto al actor ha sido "muy profesional y es un placer trabajar con él, pero pronto podría hablaros del proyecto".

Una colaboración que no llama especialmente la atención ya que Carmen fue embajadora de la película 'Fast & Furious 9' en 2021, un proyecto cinematográfico que le acercó a este mundo y al que parece que sigue muy ligada.

Zaragoza, 21 dic (EFE).- La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha presentado formalmente este sábado su candidatura a la secretaría general del PSOE aragonés para sustituir a Javier Lambán con "ganas, ilusión, ambición" y un proyecto que "no excluye a nadie" y que persigue volver a ganar Aragón.

Su pueblo natal, La Zaida (Zaragoza) ha sido el lugar escogido por la ministra para hacer pública su candidatura, rodeada de más de 300 militantes del PSOE de todo Aragón, entre ellos alcaldes, portavoces municipales, representantes comarcales y de barrios rurales, por ser en los pequeños nucleos donde se ve, ha dicho, "el verdadero poder transformador de la política" y donde ha anunciado que con esta candidatura renueva tanto su compromiso con el partido socialista como con Aragón.

Y lo hace con "AlegríaxAragón", con "fuerza, ganas e ilusión" y llamando a la unidad en un proyecto que no excluye a nadie, en el que caben todos, ha incidido, y en el que todos son necesarios para seguir construyendo Aragón frente a un adversario político que está "fuera" y es el Partido Popular. EFE

“Vamos a terminar con la mafia de los trapitos. Se creen dueños de la calle: extorsionan, aprietan y roban. No va más, acá se les acabó el negocio”, afirmó Macri al anunciar la iniciativa.

El proyecto establece que toda persona que sin autorización legal ofrezca o preste servicios de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios en la vía pública será sancionada con 5 a 30 días de arresto, 10 a 45 días de trabajos de utilidad pública o una multa de 800 a 4.000 unidades fijas. Además, se aplicarán sanciones de prohibición de concurrencia y/o interdicción de cercanía al lugar donde se haya cometido la contravención.

En el caso de que la actividad se realice en alrededores de grandes parques o dentro de un radio de hasta 30 cuadras de un evento masivo, ya sea deportivo o artístico, desde tres horas antes y hasta dos horas después de su finalización, la sanción será de 10 a 45 días de arresto, y el máximo se elevará a 60 días para jefes, coordinadores, organizadores o promotores.

Si se prueba la participación directa o indirecta de personas vinculadas a clubes, instituciones u organizadores de eventos, la entidad será sancionada con multas de 5.000 a 20.000 unidades fijas y la clausura de sus instalaciones de 15 a 60 días, sin perjuicio de la responsabilidad individual de los autores materiales.

La iniciativa busca reforzar la protección del espacio público endureciendo las sanciones previstas en los artículos 91 y 92 del Capítulo II del Código Contravencional, que regulan el uso del espacio público y privado. Según el proyecto, la actividad de los trapitos perjudica a los vecinos y afecta los espacios públicos, con especial gravedad en eventos masivos.

Además, el texto incorpora sanciones de prohibición de concurrencia y restricción de cercanía para reforzar el control en las zonas afectadas. Ahora, la Legislatura porteña deberá debatir el proyecto y definir su aprobación.

A inicios del año, se conoció el caso de un “trapito” que golpeó con una madera a un médico por no tener 5 mil pesos para el estacionamiento. Sucedió en una calle del barrio de Flores. El hombre relató que el motivo del ataque se debió a que el agresor le pidió una suma de dinero y él no contaba con efectivo para darle.

“Enseguida se puso agresivo, me decía ‘dame $5 mil porque te rompo todo o te mato’”, contó el médico a la prensa, tras haber recibido un golpe en la cabeza y luego en el resto del cuerpo con una madera larga de gran espesor y con clavos en la punta.

En las imágenes que quedaron grabadas en una cámara de seguridad de la zona, se pudo ver cómo el cuidacoches increpaba al hombre a través de la ventanilla. Con gestos de reclamo, el individuo, de torso desnudo y shorts, se alejó unos pocos pasos del auto y regresó con un listón de madera que yacía tirado al lado de una columna. El reproche comenzó luego de darle indicaciones al conductor cuando estaba estacionando.

“Ni bien estacioné, esta persona se acercó y apareció con un tremendo pedazo de madera. Me pidió plata, pero lamentablemente no tenía en el momento porque si no le hubiese dado algo para que se vaya”, contó la víctima sobre esa mañana en Helguera y Bacacay.

Al no poder llegar a un acuerdo y observar que el atacante tomaba el arma, el médico descendió del auto y comenzó la agresión. “Le dije ‘calmate’ y apenas vi que tenía esa madera, intenté desarmarlo, pero recibí un golpe en la cabeza y me quedó toda la boca lastimada”, detalló el profesional. El ataque escaló rápidamente cuando otras personas, presuntamente allegadas al agresor, intervinieron en la golpiza. “Me defendí como pude”, añadió.

Luna Park S.A. desmintió este viernes las versiones que circularon en las últimas horas sobre una posible demolición del estadio Luna Park y reafirmó su compromiso con la preservación del valor histórico y cultural del recinto, según informó la empresa en un comunicado oficial.

En el comunicado señalaron que la compañía finalizó recientemente un proceso de selección del futuro operador del estadio, con la participación de actores del mercado nacional e internacional. Según la empresa, dicho procedimiento se llevó a cabo respetando los protocolos de transparencia y con la asesoría de una consultora internacional.

La firma subrayó que el Luna Park, declarado Monumento Histórico Nacional en 2007, continuará con su proceso de transformación, modernización y preservación. De hecho, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos aprobó un proyecto de intervención en el edificio, con el objetivo de renovar sus instalaciones, corregir desajustes estructurales y prepararlo para el futuro.

El plan de remodelación también busca contribuir a la revitalización del microcentro porteño, impulsando la actividad cultural y turística en la zona, según informaron. Además, se implementarán tecnologías y prácticas sostenibles para mejorar la eficiencia energética, optimizar el consumo de recursos y reducir el impacto ambiental del estadio.

Luna Park S.A. reafirmó su intención de consolidar al recinto como un espacio emblemático y adaptarlo a los estándares de las principales arenas del mundo, manteniendo su legado histórico.

La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos (Secretaría de Cultura de la Nación, Ministerio de Capital Humano) aprobó un dictamen para que haya reformas edilicias en el Estadio Luna Park, permitiendo reformas en las fachadas.

Esta comisión intervino porque el Luna Park es un Monumento Histórico Nacional desde 2007 y, por lo tanto, toda obra edilicia que afecte su fisonomía debe ser evaluada por este organismo del Gobierno nacional.

El inmueble pertenece al Arzobispado de Buenos Aires y recientemente se habilitó una concesión a 40 años en favor de DF Entertainment.

Desde su inauguración en 1932, el Luna Park fue escenario de eventos que marcaron la cultura y la historia argentina. Fue el epicentro del boxeo nacional con combates legendarios de Carlos Monzón y Nicolino Locche, y también albergó el velorio de Carlos Gardel en 1935.

Además, en su escenario se vivieron conciertos memorables de artistas nacionales como Mercedes Sosa, Charly García y Soda Stereo, así como presentaciones internacionales de Frank Sinatra, Queen o The Police.

A lo largo de sus más de 90 años de historia, el estadio fue sede de eventos políticos, actos religiosos y espectáculos deportivos muy relevantes.

Entre los conciertos más memorables de su historia se encuentran Billy Bond y La Pesada del Rock & Roll (1972), que se destacó no solo por su propuesta musical, sino por el violento enfrentamiento con la policía, un momento clave para el rock argentino de la época. Este evento es recordado como uno de los primeros grandes choques entre la juventud rockera y las autoridades en Argentina, reflejando la tensión política y social de esos años.

Otro concierto histórico fue el de Sui Generis (1975), cuando Charly García y Nito Mestre dieron su despedida a su banda, que fue recibida por más de 25.000 personas. Este recital se dio en un momento clave para el rock argentino y el país, en el contexto del regreso de la democracia, y marcó el fin de una de las bandas más influyentes del país.

En la década de los ochenta, el Luna Park también fue sede de figuras internacionales de la talla de Frank Sinatra (1981), quien ofreció un concierto que colmó el estadio y permitió a la Argentina disfrutar de una de las voces más representativas del jazz y la música popular mundial.

En los 90 y 2000 el estadio siguió siendo escenario de conciertos memorables, como el de Oasis (1998), donde los fans del britpop vivieron una de las noches más esperadas de la historia reciente de la música argentina.

Tegucigalpa, 13 feb (EFE).- Centroamérica enfrenta “un deterioro democrático”, afirmó este jueves la directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), Marcela Ríos, en la presentación de un proyecto para mejorar la resiliencia de la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras, que conforman el Triángulo Norte.

“Uno de los temas que más nos preocupa tiene que ver fundamentalmente con el deterioro democrático y la tendencia que estamos viendo en la región más amplía, no solo en Honduras”, subrayó Ríos en el evento que se llevó a cabo en Tegucigalpa.

En su opinión, la región aún tiene “mucho” por hacer para construir “sociedades más inclusivas, democráticas e igualitarias”, y destacó que la tendencia de deterioro democrático se ha mantenido los últimos ocho años.

“No estamos solo ante un momento coyuntural de este año, del año pasado o la última elección en algún país relevante, es un proceso un poco más estructural", que requiere que "tomemos conciencia de la necesidad de redoblar esfuerzos para cuidar, proteger, fortalecer y expandir la democracia”, enfatizó Ríos.

En la región se observan tendencias "preocupantes" en torno a los partidos políticos, la efectividad gubernamental, el papel del parlamento y la independencia judicial, sostuvo Ríos, quien indicó que el panorama no es homogéneo y presenta "mucha diversidad, no solo entre países, sino también al interior de cada uno”.

Cuatro de los países centroamericanos han experimentado “un retroceso democrático, degradándose a regímenes híbridos o autoritarios”, según el informe Estado Global de la Democracia.

La funcionaria de IDEA aseguró que la región enfrenta "Estados altamente centralizados que no tienen la capacidad" de brindar servicios sociales ni asegurar el Estado de derecho y la seguridad en todos los territorios, generando "desigualdad de la presencia del Estado”.

También se refirió a los “sistemas de partidos políticos frágiles”, que contribuyen a “un débil sistema de representación”, y abogó por la inclusión de los pueblos indígenas, afrodescendientes y la comunidad LGTBI en este proceso.

La directora para América Latina y el Caribe de IDEA advirtió sobre un “problema endémico de crimen organizado", que en lugar de disminuir, parece estar "expandiéndose".

 “Este fenómeno, que antes estaba encapsulado en algunas regiones de nuestra región, hoy en día es un fenómeno en toda América Latina y el Caribe", dijo Ríos, y lo vinculó al apoyo ciudadano a "proyectos políticos autoritarios y que nos preocupa enormemente porque pareciera que la narrativa que se instala en nuestra región es que para conseguir seguridad tenemos que abandonar la democracia y la defensa de los derechos humanos".

El director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) en Honduras, Carlos Hernández, dijo a EFE que los partidos políticos deben "reinventarse" ante el creciente descontento social.

“Lamentablemente, estamos observando un deterioro de la democracia en el mundo, pero particularmente nos preocupa mucho América Latina", subrayó Hernández, quien llamó a combatir la desinformación generada por las nuevas tecnologías.

Hernández subrayó la “irrupción” del narcotráfico, que introduce “capitales mucho más superiores a los que un Estado puede tener", lo que resulta en la "compra de conciencias y votos", convirtiendo la situación en un desafío "complejo", agravado por la "ausencia del Estado”.

El objetivo del proyecto "Mejorando la resiliencia de la democracia en América Central", es fortalecer las capacidades e iniciativas de las organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación, con un enfoque en jóvenes y mujeres.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo y será ejecutada por la ASJ de Honduras, Acción Ciudadana en Guatemala y la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo en El Salvador.

San Sebastián, 14 nov (EFE).- El director de Fútbol de la Real Sociedad, Roberto Olabe, ha atribuido este jueves al "desgaste" la decisión de abandonar el club al término de esta temporada, que comunicó a la entidad donostiarra el pasado mes de junio.

Olabe ha comparecido en rueda de prensa para explicar los motivos de su marcha, entre los que no figura, ha asegurado, ningún factor externo, en alusión a una posible oferta de otro club.

El director deportivo ha aclarado que en su contrato, que se prolongaba hasta 2026, existe una cláusula que permitía finalizarlo en junio de 2025 si una de la partes lo decidía así.

Ha manifestado que pensar en la Real Sociedad "24/7", como él entiende su trabajo, conlleva un "desgaste muy alto" y ese desgaste "no ayuda a tener la mejor mirada para seguir proyectando, proponiendo, inspirando".

En su opinión, los proyectos deben trabajarse a medio y largo plazo, "pero las personas tienen fecha de caducidad". "Para que los proyectos sigan vivos, necesitan que haya personas nuevas", ha afirmado.

A su juicio, los ciclos comienzan y se acaban y la clave consiste en "elegir bien cuando se acaban". En su opinión, el suyo en la Real Sociedad finaliza esta temporada.

Tras comunicar su intención en junio, el pasado mes de octubre mantuvo otra conversación con el presidente, Jokin Aperribay, en la que reafirmó su decisión. El pasado lunes el presidente convocó al Consejo de Administración para informar de la marcha de Olabe, que el club decidió comunicar ayer junto a su relevo, que asumirá su actual mano derecha, Erik Bretos.

Se trata, ha dicho, de una transición "natural, lógica, coherente, para seguir trabajando en este proyecto que está súper vivo y que tiene todavía margen de crecimiento".

Ha negado que su relación con el entrenador del primer equipo, Imanol Alguacil, sea el motivo de su marcha, aunque ha admitido que muchas veces "no piensan igual".

"A mi lugar de trabajo no he ido nunca a hacer amigos ni a hacer enemigos", ha explicado, tras lo que ha afirmado que tiene una "buena relación, una relación profesional" con Alguacil.

"Una relación que no nos lleva a una relación personal fuera de Zubieta, pero sí tenemos una misma mirada, un mismo compromiso por un modelo" para la Real Sociedad.

"Pensar todos los mismo posiblemente nos hace mas fuertes, pero en la divergencia vamos a ser mejores, porque vamos a buscar, vamos a explorar, vamos a ver qué hay detrás", ha analizado.

Ha admitido que su relación es "desgastante" con todos, tanto con Alguacil, como con Aperribay y con Bretos.

Respecto a este último, ha manifestado que es una persona "superpreparada" para relevarle, porque ha ido creciendo en el "entendimiento de la organización".

"Creo que es inteligente, es de la Real, que es importante. Me siento orgulloso de que el club haya tomado esa decisión y haya apostado por alguien de casa", ha añadido.

Tras desearle lo mejor, ha insistido en que Bretos "entiende absolutamente esta filosofía que nos viene de la historia, este modelo que defiende la Real Sociedad". EFE

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En un avance significativo para la industria del entretenimiento, la junta de planificación del distrito de Oceanport, Nueva Jersey, aprobó de manera unánime los planos para la primera fase de una instalación de producción cinematográfica y televisiva de última generación propuesta por Netflix, de acuerdo con reportes de The Associated Press (AP).

Este proyecto, valorado en más de USD 900 millones, se ubicará en una antigua base militar de 116 hectáreas (289 acres) conocida como Fort Monmouth, reafirmando la apuesta de la plataforma de streaming por diversificar sus operaciones y fortalecer su presencia en la costa este de Estados Unidos.

La primera etapa de este ambicioso proyecto abarca la construcción de cuatro estudios de sonido en un terreno de 11 hectáreas (29 acres) llamado zona McAfee. Este espacio se divide entre Oceanport y Eatontown, con la mayor parte en el primero. La visión de Netflix es transformar el sitio en un campus vibrante que facilite la producción de contenidos y sirva como un punto neurálgico para actores y equipos de producción.

El nuevo estudio millonario

A pesar del entusiasmo generalizado, las autoridades locales han planteado preocupaciones relacionadas con el tamaño de los carteles y vallas publicitarias que rodearán el complejo, así como la precisión de un estudio de impacto en el tráfico que Netflix presentó. La compañía respondió señalando que planea construir un muro de hormigón que garantice la privacidad del campus, además de implementar medidas de seguridad rigurosas.

Además de la luz verde inicial, el proyecto requiere la aprobación de las autoridades de Eatontown y del estado de Nueva Jersey, incluyendo el Departamento de Protección Ambiental. Estos procesos regulatorios serán cruciales para avanzar en las siguientes etapas de construcción y desarrollo del complejo.

“Si bien aún tenemos mucho trabajo por delante, estamos entusiasmados de seguir asociándonos con los funcionarios locales y la comunidad para transformar este espacio histórico en una instalación de producción de clase mundial”, explicaron los miembros de la empresa al medio local NJ.com a través de un comunicado de prensa reciente.

Netflix ha adquirido el terreno por $55 millones de dólares y prevé invertir otros $848 millones en una serie de instalaciones que incluyen 12 estudios de sonido, oficinas, edificios de servicios de producción y espacios relacionados. Los planes también incorporan un helipuerto, un teatro, un hotel y atracciones para visitantes, consolidando el recinto como un centro integral para la creación y promoción de contenidos.

Como parte del acuerdo, la Autoridad de Desarrollo Económico de Nueva Jersey otorgará a Netflix exenciones fiscales significativas con la condición de operar el estudio durante al menos una década. Los representantes de la compañía indicaron que esperan comenzar la construcción a finales del próximo año, marcando un hito en el desarrollo de esta instalación innovadora.

El ambicioso proyecto de Netflix

Un portavoz de Netflix destacó la importancia del proyecto, afirmando que la aprobación refleja el entusiasmo compartido entre la compañía y la comunidad local por construir un nuevo estudio en Nueva Jersey, un estado históricamente vinculado a los inicios de la industria cinematográfica moderna.

Esta aprobación “demuestra que la comunidad comparte nuestro entusiasmo por construir un nuevo estudio en Nueva Jersey, la cuna de la industria cinematográfica moderna”, declaró el portavoz de la empresa en un comunicado compartido con el medio local NJ.com.

“Creo que estamos perdiendo la calidad que estamos tratando de establecer en Oceanport en una vía principal al cambiarla a ladrillo estampado de hormigón”, detalló Darren Davis, miembro de la junta de planificación que mostró su descontento con la fachada que podría tener el nuevo complejo de edificios, ya que contradice el carácter histórico de Fort Monmouth, tal y como reportó el medio local de Nueva Jersey.

El directivo encargado del baloncesto del FC Barcelona, Josep Cubells, ha enviado este jueves un mensaje de ánimo al jugador blaugrana Nicolás Laprovittola, lesionado de larga duración en la rodilla, y también de apoyo a la afición 'culer', si bien ha enfriado el ir al mercado a por un posible recambio para el base argentino de 34 años.

"Nico es un jugador muy apreciado tanto por el vestuario como por nuestros aficionados y a la vez también es un jugador muy valorado. A día de hoy, primero de todo, le doy ánimo. El que ya le dimos en el momento que ya vimos que era una lesión que lo mantendría lejos de las pistas esta temporada", aportó en declaraciones facilitadas por el club.

Cubells agradeció los ánimos recibidos por parte de muchos aficionados al Barça, pero aseguró que el equipo debe continuar trabajando y reflejando el espíritu de ganador que tiene Laprovittola. "Los jugadores tienen que dar un paso adelante, porque obviamente hemos perdido a un jugador importante en nuestro proyecto para esta temporada", reconoció.

Aún así, no confirmó que vayan a ir a buscar un reemplazo de inmediato o tirando la casa por la ventana. "La secretaría técnica está siempre abierta a ver cómo está el panorama del mercado de los jugadores pero obviamente, una vez empezada la competición, es mucho más complicado", aportó.

"Pero a pesar de todo, no solo se mira el mercado europeo, se mira el mercado de todo el mundo. Por tanto, nosotros solo nos moveríamos, en la situación de hacer una incorporación, si fuese una incorporación que nos aportara un valor importante. No tenemos prisa", aseguró.

En este sentido, si se ficha quieren que sea un jugador con proyección de quedarse, no un parche temporal. "Queremos que sea una incorporación que aporte valor al equipo. Y, por tanto, ahora, damos plena confianza al equipo. Creo que es muy importante que el primer partido contra el ASVEL el aficionado venga al Palau y ayude porque el equipo entiende que también lo necesitará", comentó.

Cubells aseguró que este es un mensaje de "fortaleza" y de asegurar que el club está "preparado". "A día de hoy el equipo debe continuar, porque tenemos una plantilla completa, tenemos una plantilla que ilusiona y, por tanto, el equipo ha de dar un paso adelante, que lo hará. Estoy convencido y saldremos adelante", concluyó.

Barcelona, 19 oct (EFE).- La vicepresidenta institucional del FC Barcelona, Elena Fort, ha explicado este sábado, durante la Asamblea General Ordinaria del club, que la entidad espera tener el proyecto del nuevo Palau Blaugrana a lo largo de 2025.

"Estamos en el punto medio de la construcción del Spotify Camp Nou. Sobre el Palau, estamos acabando el proyecto constructivo. Entre el primer y el segundo semestre del año que viene podremos mostrar el proyecto, a cabo del arquitecto Gascón, que ya hizo el primer proyecto", ha asegurado.

Fort ha insistido en que están "en la fase final de la creación del proyecto" y que el club tiene "la voluntad de trabajar ya en la ejecución del Palau Blaugrana", si bien ha remarcado que no podrán fechas, ya que "el inicio empezará condicionado a cuando acabe el Spotify Camp Nou". EFE

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Un grupo de parlamentarios presentó un proyecto en la Legislatura de Neuquén para autorizar la participación remota en las comisiones. La iniciativa propone un sistema que permita a los legisladores participar de manera virtual o presencial.

La propuesta fue firmada por Daniela Rucci, Gabriel Alamo, Paola Cabeza, Ramón Fernández, Gerardo Gutiérrez, Claudio Domínguez, Juan Sepúlveda y Patricia Fernández (todos del Movimiento Popular Neuquino), junto a Carina Riccomini (Juntos) y César Gass (Juntos por el Cambio-Unión Cívica Radical).

El proyecto de resolución (17157) ingresó a la Legislatura el 9 de octubre y postula que la modalidad remota “reduce la exposición de los legisladores a los riesgos inherentes al tránsito por las rutas de la provincia, especialmente en condiciones climáticas adversas o durante largos trayectos”. Según los autores de la propuesta, esta reducción “contribuye a proteger la vida y la salud de los diputados y diputadas, quienes podrán ejercer sus funciones con mayor tranquilidad y seguridad”.

Además, se detalla que “las reuniones podrán celebrarse en modalidad remota en forma simultánea con la modalidad presencial”. La iniciativa establece requisitos para quienes opten por participar virtualmente, como acreditar la identidad durante toda la reunión, mantener la cámara encendida y solicitar la palabra a través del chat de la plataforma digital habilitada. Estas disposiciones aplicarían a las 11 comisiones permanentes del Poder Legislativo neuquino.

En este marco, el proyecto subraya la importancia de garantizar que la participación remota tenga “los mismos derechos y obligaciones” que la presencial, incluyendo el derecho a votar y a intervenir en los debates.

El sistema híbrido propuesto permitiría combinar la participación presencial y virtual, sin que ninguna de las modalidades tenga carácter exclusivo. Sin embargo, se aclara que en “circunstancias excepcionales” y por razones de fuerza mayor, la participación podría realizarse exclusivamente por videoconferencia, siempre que se fundamente esta decisión.

Los fundamentos del proyecto apuntan que la iniciativa “fortalece la representación territorial y el federalismo”, al facilitar la participación de legisladores del interior de la provincia. De acuerdo al texto, “la posibilidad de participar de manera remota es un reconocimiento a la realidad de estos legisladores y a la importancia de su trabajo en sus comunidades locales”. En este sentido, los legisladores a cargo de la propuesta buscan que la participación remota permita “una representación equitativa y efectiva de todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación geográfica”.

La medida también busca modernizar el trabajo legislativo mediante el uso de tecnologías digitales, pues los firmantes consideran que la participación virtual permite mayor flexibilidad en la agenda legislativa, al asegurar la continuidad de las actividades parlamentarias sin interrupciones, incluso en situaciones que puedan dificultar los encuentros presenciales.

El proyecto especifica en su artículo 2° que “los diputados y diputadas podrán participar de las reuniones de las Comisiones Permanentes de la HLN bajo la modalidad que estimen conveniente”. En cuanto al procedimiento de votación, el artículo 6° indica que se realizará de manera simultánea para los presentes y remotos, utilizando un sistema de votación digital o a viva voz, según corresponda, para garantizar la transparencia del proceso.

Sin embargo, la propuesta generó cuestionamientos. Andrés Blanco, diputado del Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda (PTS-FIT), expresó su desacuerdo a través de su cuenta de X (antes Twitter): “Más casta, imposible. Diputados neuquinos que cobran dietas de 5 millones, plus por desarraigo, asisten a 2 sesiones cada 15 días y comisiones de martes a jueves, quieren más privilegios. Impusieron el presentismo a docentes pero ellos prefieren trabajar virtual desde sus casas”.

A pesar de las críticas, los impulsores del proyecto defienden la propuesta y argumentan que esta modalidad busca adaptarse a las necesidades de quienes representan a comunidades alejadas de la capital provincial, sin que la territorialidad afecte su desempeño. “La seguridad y la integridad física de los legisladores y legisladoras es una prioridad”, afirman en el texto.

Entre las disposiciones adicionales, el artículo 10° menciona que los legisladores que participen de manera remota deberán solicitar la palabra mediante la frase “Pido la Palabra” en el chat de la plataforma, siendo este “el único uso habilitado para el chat, a efectos de no perjudicar el pedido de la palabra”.

El proyecto completo

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, se ha puesto en contacto con la Secretaría de Estado de Migraciones ante los planes para utilizar las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real, sin actividad comercial desde hace años, para albergar inmigrantes; una conversación en la que según apuntan desde el Ejecutivo autonómico a Europa Press se ha admitido que se trata de un proyecto que se está estudiando.

Desde el departamento que dirige García Torijano apuntan a que han constatado la información con fuentes del Tercer Sector, tras lo que se han puesto en contacto con la Secretaría de Estado para pedir estas explicaciones, toda vez que no habían sido informados de estos planes.

En la conversación con García Torijano, apuntan desde su equipo, se ha admitido el extremo de este planteamiento para dedicar estas instalaciones ahora en desuso a este fin.

A Coruña, 3 oct (EFE).- El empresario Roberto Cibeira anunció este jueves que dejará la presidencia del Leyma Básquet Coruña tras la junta extraordinaria de accionistas que el club celebrará a finales de noviembre, después de once años como directivo del equipo naranja, los últimos seis como presidente.

“Ni yo ni nadie del consejo se va a presentar. He tenido conversaciones con algunas personas y todas me dicen que sigamos nosotros, pero la decisión es firme. Nadie se lo cree, pero en la junta general de accionistas del año pasado ya dije que había cumplido mi etapa. Son muchos años”, explicó en rueda de prensa.

El también consejero delegado de Pontegadea considera que cumplió su ciclo tras lograr el ascenso a la liga Endesa, y avanzó que anunciar su decisión con tanto tiempo de antelación es para que los nuevos dirigentes tengan tiempo para planificar el futuro.

“El presupuesto está cerrado, ahí no hay ningún problema, y deportivamente el equipo está hecho. Los requisitos de la ACB están hechos, se tendrán que enfocar en la temporada siguiente y en el futuro”, afirmó Cibeira, que desconoce si hay posibles aspirantes a relevarlo al frente del club.

“El escenario de que no se presente nadie lo veo remoto, creo que ahora el proyecto es atractivo. Nosotros estamos plenamente satisfechos por lo que hemos hecho, creo que hemos llegado a donde teníamos que llegar. Dejamos un proyecto con unas bases muy sólidas, seguro que vendrá alguien capaz de poner al club en un peldaño superior”, destacó.

Cibeira confirmó que acudirá a la ampliación de capital, pero dejó claro que no formará parte del nuevo consejo de administración: “La idea ya era marchar el año pasado, pero con el ascenso no podíamos porque le habríamos hecho mucho daño al club”.

“No es algo que decidas de la mañana a la noche, llevo un año y medio diciéndoselo a mis compañeros de consejo. Creo que el momento es bueno porque el club no tiene deudas, está completamente saneado y enfocado”, reiteró.

Aunque el Básquet Coruña ya se convirtió en Sociedad Anónima Deportiva (SAD) hace unos años con un accionariado simbólico -60.000 euros-, ahora tendrá que acometer una nueva ampliación de capital, la cual rondará los dos millones de euros, para cumplir las exigencias de la ACB.

“Yo no soy el dueño del club, aquí hay un montón de accionistas pequeños, algo más de cien, y ojalá siga siendo así. Esta ampliación de capital es una oportunidad para que el club siga siendo de sus aficionados”, ahondó Cibeira, quien asume que los nuevos dirigentes "tendrán que trabajar" para conseguir esa ampliación de capital, la cual garantizaría "la viabilidad" del club durante "muchos años más". EFE

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Madrid, 1 oct (EFECOM).- La promotora Neinor Homes invertirá 125 millones de euros en su mayor proyecto residencial en Málaga que contempla la construcción de 168 viviendas en su primera fase.

El proyecto, situado en el nuevo barrio de expansión en Cortijo Merino, contará además con una segunda fase que elevará el total de viviendas a más de 400, según ha indicado este martes en un comunicado.

Asimismo, el complejo cuenta con más de 1.700 m2 de zonas comunes. El barrio de Cortijo Merino se organiza en torno a un bulevar de 23.000 m², con más de 13.000 m² de zonas verdes, pistas deportivas, parques infantiles y zonas de restauración.

Según ha explicado Neinor, este conjunto residencial será la primera promoción de la ciudad con Living Club, un nuevo concepto con el que busca espacios diseñados para fomentar la vida en comunidad y el equilibrio personal.

Entre las instalaciones destacan zonas wellness con gimnasio, spa, áreas de meditación, piscinas y actividades como yoga, además de espacios de ocio, cine, ludoteca, coworking y una zona dedicada a la restauración.

La empresa ha desarrollado más de 1.400 viviendas en Málaga en 14 proyectos distintos. Un volumen de actividad inmobiliaria que ha supuesto una inversión global en la provincia de 488 millones de euros.

Según ha afirmado el director territorial de Andalucía, Alberto Salamanca, este proyecto refleja el compromiso de Neinor Homes con Málaga, una ciudad que ofrece grandes oportunidades de crecimiento. EFECOM

Ya hay dictamen en el proyecto de ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal. El Senado está en condiciones de tratarlo en el recinto y convertirlo en ley. Se trata de una herramienta clave para esclarecer delitos complejos y hacerle frente al crimen organizado con el uso profesional, transparente y eficiente de la tecnología.

Actualmente, este banco de datos creado en el año 2013 solo incluye información de personas con condena firme en causas de abuso sexual. El nuevo proyecto, ya aprobado por la Cámara de Diputados, amplía el universo de perfiles genéticos registrados a imputados y condenados por otros delitos, personas desaparecidas y sus familiares que accedan a dejar una muestra biológica, y empleados judiciales y de las fuerzas de seguridad que intervienen en las investigaciones.

A través de un software, la información almacenada se entrecruza, y en los casos en que se registran impactos positivos, se da aviso a la autoridad judicial competente. Es un avance considerable en materia de investigación criminal, que permitirá identificar rápidamente —a través de la comparación de material genético— autores de delitos graves, además de contribuir en la búsqueda de personas extraviadas.

Estados Unidos, Francia, España, Brasil y Uruguay son algunos de los países donde se utiliza esta herramienta. Pero no hace falta mirar siempre para afuera para encontrar modelos a imitar. Mendoza hace siete años puso a funcionar el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas, con resultados extraordinarios. Salta y La Pampa también han progresado en este sentido. El régimen federal, tantas veces denostado injustamente, nos alumbra el camino.

La provincia cuyana cuenta con la base más grande de Latinoamérica: 87.000 muestras genéticas de imputados y procesados. En todo este tiempo, a través de más de 1000 coincidencias, las autoridades resolvieron 4.000 casos, muchos de ellos en apenas horas. El trabajo del laboratorio ha permitido ampliar imputaciones en casos de violencia de género, al confirmar la participación de la persona investigada en ataques sexuales.

El Registro no solo servirá para identificar responsables de delitos sexuales, homicidios o robos agravados. También estará en condiciones de aportar pruebas incontrastables para desvincular de una investigación criminal a una persona inocente. Causas complicadas podrán resolverse con mayor rapidez. Esto implica mayor agilidad en los procesos judiciales y un uso más eficiente de los recursos públicos.

La coordinación interjurisdiccional es esencial para que las investigaciones no se empantanen y lleguen a buen puerto. Uno de los grandes déficits en los casos complejos —por ejemplo, bandas delictivas vinculadas al narcotráfico que operan en varias provincias—, es la dificultad para cooperar entre las fuerzas de seguridad y las administraciones gubernamentales. La rigidez del Estado termina dando ventajas ante organizaciones criminales flexibles y capaces de adaptar su funcionamiento a distintos escenarios.

Este organismo, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia luego de una propuesta de la oposición, tendrá incidencia en las investigaciones en el fuero federal y nacional. Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán suscribir convenios con el Registro, para que sus ministerios públicos y poderes judiciales usen sus servicios, y compartan datos para chequear si una muestra no identificada pertenece a una persona imputada o condenada en otro lugar.

Tenemos aquí una iniciativa modelo, que demuestra con claridad y precisión que, con decisión política, aportes multisectoriales y visión de futuro, pueden modernizarse las capacidades estatales, en este caso los servicios que prestan las fuerzas de seguridad y la Justicia. Ese es uno de los grandes desafíos de nuestra democracia: formar recursos humanos calificados y aprovechar las posibilidades de la tecnología para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Es por ello que buscando terminar con la “cultura narco”, el representante a la Cámara por el Partido Verde, Cristián Avendaño, radicó un proyecto que tiene como objetivo principal que los productos alusivos a criminales condenados puedan seguir siendo comercializados.

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En los argumentos expuestos por Avendaño se resalta la posibilidad de que el país pueda cambiar por completo la perspectiva que se tiene en algunos países como consecuencia de las producciones audiovisuales sobre la vida del capo.

“El ejemplo más claro es Pablo Escobar con toda la cantidad de artículos, prendas y llaveros que se venden en muchas partes del país y en el exterior. Termina siendo una ventana hacia el mundo no deseable. Nosotros vivimos una época de violencia que terminó marcando nuestra identidad, lo que no puede seguir pasando es que nosotros sigamos promoviendo esa cultura de la mafia, de esa vida oscura y esa violencia que vivimos. Tenemos una riqueza de académicos, artistas y deportistas y seguimos exaltando la imagen de personas que solo causaron destrucción”, declaró Avendaño a El Tiempo.

Sobrino del capo no estaría de acuerdo con el proyecto

Cinco días después de que el proyecto fue radicado, el representante a la Cámara habló ante los medios de comunicación para exponer que había recibido una llamada por parte de Nicolás Escobar, sobrino del que fuera el líder del cartel de Medellín.

Cabe recordar que además de ser familiar del capo, Nicolás Escobar es propietario de un museo en el que cuenta la historia de la vida del narcotraficante, pero ha destacado que con esto busca que las personas conozcan la realidad de la vida criminal desde los aspectos negativos y no lo mostrado en las series y películas.

“Hemos recibido unos mensajes por parte de Nicolás Escobar, sobrino de Pablo Escobar, el hijo de alias Osito… Por supuesto estaría afectado con este proyecto, estaría damnificado con este proyecto. Sustentando que Pablo sí tiene razones para ser exaltado, cosa que yo considero es un error”, destacó Avendaño sobre la llamada que recibió.

De la misma forma, Avendaño también indicó que recibió mensajes de las víctimas del capo, por lo que resaltó que es importante que el proyecto sea debatido desde todas las posturas

“Nos escriben las personas víctimas de Pablo Escobar, nos escribieron los hijos de los magistrados que mandó a asesinar Pablo Escobar, es lo que buscamos, ese debate, esas opiniones diversas”.

Avendaño afirmó que Nicolás Escobar se comunicó con él con un tono “fuerte”, pero aseguró que este tipo de mensajes no harían que retrocediera.

“Nosotros no vamos a ceder ante un proyecto que consideramos muy importante por el trasfondo cultural que tiene y porque nos permite dar ese debate sobre cómo queremos exaltarnos como colombianos ante el mundo y entre nosotros mismos”, declaró el representante.

Tras conocerse la postura de Avendaño, la FM reveló un audio que sería uno de los mensajes que recibió por parte de Nicolás Escobar.

“Cosas mucho más trascendentales porque aparezca la foto de alguien en una camiseta… Por qué tantas personas se ponen la camisa de Pablo Escobar, por las cosas buenas que hizo Pablo por Medellín, si la gente lo pone es porque tienen algo que agradecerle, no es hacerle apología al delito, es mostrarles como pasaron las cosas”, es parte de los audios.

En los mensajes, Nicolás Escobar indicó a Avendaño que los comerciantes prefieren vender productos de Escobar porque son los más vendidos y pidió que se concentrará en problemas más importantes para la sociedad.

“Usted se ha tomado el tiempo de hablar con la gente en Medellín, con los pobres a los que Pablo le regaló estudio, casa. Hay gente que no lo quieren y hay otros que lo aman. El cambio no lo da atacando a una imagen, no dejen la gente ignorante, métanle a la salud y así la gente no va a ver a Pablo como un ídolo”, le indicó Nicolás Escobar a Avendaño.

Abren convocatoria de empleo dirigida a residentes de la localidad de Chapinero por cuenta del consorcio Belzcon S.A.S., que está a cargo de la construcción de la avenida Francisco Miranda en Bogotá.

Las personas que estén interesadas se podrán postular en diferentes puestos del proyecto vial, que es llevado a cabo el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

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Entre los distintos cargos que están disponibles, se incluyen: auxiliar de tráfico, brigadista de orden, aseo, ayudante de obra y limpieza.

Así podrá aplicar a las ofertas laborales disponibles

Para participar en el proceso de selección, el interesado deberá tener los siguientes documentos:

• Presentar una hoja de vida en cualquier formato.
• Certificado EPS y antecedentes judiciales.
• Certificado de residencia en Chapinero (descargable desde la página de la Secretaría de Gobierno de Bogotá).
• Copia ampliada al 150 % de la cédula de ciudadanía.
• Copias de certificados laborales relacionados con el cargo y tiempo de experiencia.
• Los candidatos que sean víctimas del conflicto armado deben adjuntar el certificado emitido por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.

Las hojas de vida serán recibidas directamente en el Punto IDU, ubicado en la calle 44 #7-48, barrio Pardo Rubio, de lunes a viernes, en horarios continuos de 7:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m.

Inscripciones para procesos de selección con el Distrito

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) anunció que desde el 11 de julio de 2024 se dio apertura a la etapa de inscripciones para los Procesos de Selección 2527 a 2559 en Bogotá. Para esta ocasión, se ofertan 1.529 vacantes distribuidas en 33 entidades.

Las inscripciones se dividen en dos modalidades: Ascenso y Abierto.

• Las vacantes en modalidad Ascenso: el recaudo inició el 19 de julio de 2024 y finalizará el 30 de julio de 2024, mediante el aplicativo SIMO, con opciones de pago en oficinas o corresponsales Bancolombia, así como por PSE o Botón Bancolombia.
• Las vacantes en modalidad Abierto: tendrán su periodo de recaudo desde el 13 de agosto de 2024 hasta el 4 de septiembre de 2024, bajo las mismas modalidades de pago mencionadas.

Para esto, es fundamental que los interesados en inscribirse lean detenidamente el acuerdo de convocatoria de la entidad para la cual desean aplicar, así como el anexo técnico correspondiente. Por ende, se recomienda seleccionar cuidadosamente el empleo para el cual se cumplen los requisitos mínimos, ya que no se permiten cambios una vez confirmada la inscripción.

Cada persona solo podrá inscribirse a un empleo dentro de los procesos de selección, ya sea en modalidad Ascenso o Abierto, asegurándose de cumplir con todos y cada uno de los requisitos previo a realizar el pago.

Además, para inscribirse en la modalidad Ascenso deberá ser servidor público con derechos de carrera administrativa en la misma entidad que ofrece el empleo correspondiente. Por lo tanto, no podrán inscribirse en la modalidad Abierto.

Finalmente, tenga en cuenta que el pago del derecho de participación no asegura la inscripción final, por lo que se debe completar el procedimiento adecuadamente para formalizarla.

Más de 26.800 vacantes oferta la plataforma de empleo del Sena

El Servicio Nacional del Aprendizaje (Sena) cuenta con la plataforma digital de la Agencia Pública de Empleo, sitio web en el que los colombianos pueden detallar las vacantes laborales tanto nacionales como internacionales que se ofertan en el Servicio de Empleo y empresas aliadas a la entidad.

Sin embargo, para participar es necesario que los interesados se encuentren registrados en la plataforma para sumarse a las vacantes nacionales como internacionales, puesto que la dependencia no tendrá en cuenta las postulaciones que se hagan desde otros medios al momento de la selección.

Actualmente, la plataforma cuenta con más de 26.872 vacantes en varias zonas del país. Algunas de estas son:

• Administrador de base de datos ($3.000.001 - $3.500.000) - Floridablanca, Santander.
• Analista software ($3.000.001 - $3.500.000) - Bogotá.
• Asesor comercial ($3.000.001 - $3.500.000) - Bogotá.
• Asesor contact center ($3.000.001 - $3.500.000) - Cali, Valle del Cauca.
• Ayudante de mecánica ($3.000.001 - $3.500.000) - Rionegro, Santander.
• Ayudante de albañilería ($3.500.001 - $4.000.000) - Dagua, Valle del Cauca.
• Bacteriólogo ($3.500.001 - $4.000.000) - San José del Guaviare, Guaviare.
• Consultor de auditoría ($3.500.001 - $4.000.000) - Medellín, Antioquia.
• Coordinador de gestión documental ($3.000.001 - $3.500.000) - Bogotá.
• Coordinador de gestión documental ($3.500.001 - $4.000.000) - Bogotá.
• Coordinador de mercadeo ($3.000.001 - $3.500.000) - Cali, Valle del Cauca.
• Director departamento de seguridad ($3.000.000 - $3.500.000) - Neiva, Huila.
• Enfermero jefe ($3.000.000 - $3.500.000) - Bogotá.
• Enfermero jefe ($3.500.000 - $4.000.000) - Medellín, Antioquia.
• Enfermero especialista ($3.500.001 - $4.000.000) - Honda, Tolima.
• Encargado de finca ($1.000.000 - $1.500.000) - El Rosal, Cundinamarca.
• Jefe logística ($3.000.000 - $3.500.000) - Yumbo, Valle del Cauca.
• Ingeniero industrial control de calidad - Bogotá.
• Ingeniero industrial control de calidad ($3.500.000 - $4.000.000) - Funza, Cundinamarca.
• Ingeniero de alimentos ($3.000.000 - $3.500.000) - Candelaria, Valle del Cauca.
• Ingeniero de sistemas ($3.000.000 - $3.500.000) - Mariquita, Tolima.
• Instructor transporte ($3.000.000 - $3.500.000) - Bogotá.
• Instructor de formación en mecánica diésel ($3.000.000 - $3.500.000) - Bogotá.
• Instrumentador quirúrgico profesional ($ 3.000.001 - $ 3.500.000) - Cúcuta, Norte de Santander.
• Líder de desarrollo TI ($2.500.001 - $3.000.000) - Bogotá.
• Maestro de obra auditoría ($3.000.000 - $3.500.000) - Villa Rica, Cauca.
• Maestro de obra ($3.500.000 - $4.000.000) - Ibagué, Tolima.
• Médico de familia ($3.500.001 - $4.000.000) - Armenia, Quindío.
• Químico farmacéutico ($3.500.000 - $4.000.000) - Popayán, Cauca.
• Operador de aparatos de izar ($3.000.000 - $3.500.000) - Sahagún, Córdoba.
• Técnico de campo agropecuario ($3.500.00 - $4.000.000) - Puerto Carreño, Vichada.
• Técnico de campo agropecuario ($3.500.00 - $4.000.000) - Puerto Carreño, Vichada