Tres ministros de Bolivia y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) recibieron este miércoles a los dirigentes del transporte en la Casa de Gobierno para atender sus demandas, luego de que este martes protagonizaran una jornada de huelga y bloqueos en varias carreteras y ciudades del país.

Los choferes reclaman regularizar el suministro y la calidad del combustible, celeridad en el pago de resarcimientos por daños vehiculares y realizar mejoras en la infraestructura vial, entre otros puntos.

La Administradora Boliviana de Carreteras registró este martes al menos 65 puntos de bloqueo en carreteras troncales, especialmente en la zona sur y occidental del país, por “conflictos sociales” relacionados con la convocatoria que hizo la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia. De igual forma, medios locales reportaron cortes en algunas ciudades como La Paz, El Alto y Cochabamba.

“Es por la irresponsabilidad y el incumplimiento de todos los acuerdos que se han hecho”, dijo a los medios el dirigente sindical Lucio Gómez y agregó que en principio las medidas de presión fueron establecidas por 24 horas, pero pueden extenderse si el Gobierno no atiende sus demandas en las negociaciones.

El ministro de Obras Públicas y brazo derecho del presidente Rodrigo Paz, Mauricio Zamora, afirmó que el Gobierno está dispuesto a recibir a los representantes del sector y abordar punto a punto todas sus demandas. Sin embargo, aclaró que todas las peticiones están siendo atendidas.

Zamora explicó que ya se regularizó el suministro de diésel—que había sido escaso en las últimas semanas por la alta demanda del sector productivo— y afirmó que revisó personalmente que el pago de las compensaciones se realice de manera oportuna al autotransporte afectado.

Por otro lado, afirmó que se van a destinar 125 millones de dólares para un plan de mantenimiento vial, en un proyecto que será enviado a la Asamblea Legislativa en los próximos días para su aprobación. En tanto, se iniciarán algunas obras de reparación en carreteras.

Sin embargo, para algunos choferes las respuestas del Ejecutivo son insuficientes y anunciaron la llegada a La Paz de dirigentes de otras regiones para participar en el encuentro en el que reclaman la presencia del presidente.

“El tema es dialogar, que vayan los quieran, pero la idea es que levanten las medidas de presión y podamos hacer un diálogo más tranquilo”, manifestó el ministro Zamora, a quien acompañan los ministros de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, y de la Presidencia, José Luis Lupo.

El asunto del combustible es uno de los problemas más complejos que heredó la administración de Paz. Tras un par de años de irregularidades en el abastecimiento debido a la baja producción local y dificultades de importación en medio de la crisis económica, el nuevo gobierno quitó en diciembre la subvención al diésel y la gasolina.

Pocas semanas después de esta medida —que se tradujo en el incremento del precio del combustible— surgieron cuestionamientos sobre la calidad de la gasolina y cientos de usuarios denunciaron daños vehiculares atribuibles al combustible. El Gobierno no tardó en admitir que había distribuido “gasolina desestabilizada”, pero sin responsabilizarse por su origen y ofreciendo versiones distintas sobre las causas.

El asunto se agravó en las últimas semanas con denuncias de escasez de diésel y supuestas demoras en el pago de un seguro de resarcimiento de daños vehiculares que el Gobierno creó en medio de la crisis.

La administración de Paz ha cambiado varias veces a las cabezas del sector de hidrocarburos en busca de soluciones para este conflicto, que constituye uno de los desafíos más grandes de su gestión.

El conflicto entre el gobierno hondureño y el sector del transporte urbano dio un giro, cuando el presidente Nasry Asfura confirmó la disponibilidad de fondos para saldar la deuda pendiente con los transportistas, una medida orientada a frenar un eventual aumento en la tarifa del pasaje.

De acuerdo con el mandatario, se cuentan con hasta 320 millones de lempiras para cubrir los pagos atrasados correspondientes al bono compensatorio, un subsidio clave para mantener congelada la tarifa del transporte público en las principales ciudades del país.

Asfura explicó que estos recursos forman parte del Presupuesto General 2026, el cual aún no se había cargado completamente en la plataforma correspondiente. Agregó que, desde el fin de semana, equipos técnicos de la Secretaría de Finanzas trabajan en incorporar la información presupuestaria de cada institución para agilizar los desembolsos.

El desglose de la deuda comprende pagos atrasados de cuatro meses. Según el gobernante, se contempla cancelar 160 millones de lempiras correspondientes a diciembre y enero, y otros 160 millones para cubrir febrero y marzo, con el objetivo de ponerse al día hasta el tercer mes del año.

Suspenden medidas de presión

La respuesta del sector transporte fue inmediata. Un comunicado firmado por dirigentes del transporte urbano de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca confirmó que se ha establecido un canal de comunicación directa con el presidente, lo que representa un avance en las negociaciones.

En su pronunciamiento, los transportistas indicaron que ambas partes han acordado priorizar el diálogo como única vía para resolver las demandas del sector y reconocieron el compromiso del Ejecutivo de proceder sin más retrasos al pago del bono compensatorio adeudado.

Como parte de este acercamiento, la dirigencia nacional del transporte urbano fue citada a una reunión este miércoles con autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT). Se prevé que en dicho encuentro se aborde de forma integral la problemática del rubro y se avance en la definición de soluciones concretas.

En señal de apertura, el sector transporte anunció un “compás de espera”, suspendiendo por el momento posibles medidas de presión, tales como incrementos en la tarifa o paralizaciones del servicio. Esta decisión, según afirmaron, responde a una muestra de voluntad política para construir acuerdos que beneficien tanto a los transportistas como a la población usuaria.

Transportistas exigen pagos

Pese a la tregua, los transportistas recalcaron que permanecerán atentos al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno, especialmente en lo relativo a los pagos pendientes, los cuales consideran fundamentales para la sostenibilidad del servicio.

El conflicto por el subsidio al transporte ha sido frecuente en los últimos años, con tensiones periódicas entre autoridades y transportistas por demoras en los desembolsos. La actual negociación abre una ventana de oportunidad para evitar afectaciones a los usuarios, quienes suelen ser los más impactados por cualquier ajuste en la tarifa o suspensión del servicio.

Por ahora, el desarrollo de las reuniones programadas y la ejecución efectiva de los pagos serán determinantes para mantener la estabilidad en el sistema de transporte urbano y evitar un nuevo episodio de crisis en el sector.

La extracción de Nicolás Maduro calentó la calle en Venezuela. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1.926 protestas durante el primer trimestre de 2026, 144% más en comparación con el mismo período de 2025.

“El aumento de protestas ocurre tras los acontecimientos del 3 de enero, en un escenario de transición política bajo presión internacional, donde la ciudadanía percibe una reducción de la represión abierta, aunque el riesgo no ha desaparecido”, señala el informe del OVCS.

El 3 de enero, fuerzas especiales de Estados Unidos atacaron Venezuela y capturaron a Maduro y su esposa, Cilia Flores. Posteriormente asumió la presidencia encargada Delcy Rodríguez, quien ha planteado un “nuevo momento político” con la aprobación de una Ley de Amnistía y la liberación de centenares de presos políticos.

En paralelo, la Casa Blanca diseñó un plan de tres fases que culminaría con una etapa de transición democrática con elecciones libres. La oposición venezolana y sectores de la sociedad reclaman medidas concretas para convocar esos comicios, al tiempo que urgen el desmontaje del aparato represivo del régimen chavista.

Más libertad

El balance del OVCS indica que 64% del total de manifestaciones guardan relación con la exigencia de derechos civiles y políticos. “Este predominio evidencia que, en el contexto político actual, la ciudadanía destaca la defensa de libertades fundamentales, el acceso a la justicia y el restablecimiento de garantías democráticas, en respuesta a un entorno caracterizado por la persistencia de restricciones al espacio cívico, prácticas de control social y tutelaje internacional”, explican.

El restante 36% se relaciona con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. “En este escenario, el sector laboral mantuvo una agenda permanente y sostenida de movilización nacional, impulsada por la ausencia de un ajuste salarial real durante casi cuatro años, lo que ha profundizado la precarización de los ingresos y el deterioro del poder adquisitivo. A estas demandas se sumaron las exigencias por la regularización de los servicios básicos”, destacan en el reporte.

Por los presos

La demanda de liberación de presos políticos ha estado en el centro de las acciones de calle, con al menos 721 movilizaciones en distintas regiones del país. “Las vigilias permanentes frente a centros de reclusión, así como las huelgas de hambre impulsadas principalmente por mujeres familiares de personas detenidas, se consolidaron como formas sostenidas de presión pacífica”, detalla el OVCS.

Foro Penal, organización no gubernamental que se ha convertido en la principal referencia de este tema, expresó el 30 de abril que aún existen 454 presos políticos en Venezuela. La ONG Justicia Encuentro y Perdón, otra voz autorizada en la materia, eleva la cifra hasta 667. El OVCS subraya que “la Ley de Amnistía generó más protestas que soluciones concretas, ante sus exclusiones y aplicación limitada”.

El chavismo también se mantiene activo. “Simpatizantes del gobierno realizaron al menos 359 acciones de calle, entre marchas y concentraciones, en respaldo a Nicolás Maduro y Cilia Flores”, documenta el Observatorio.

Menos persecución

En los primeros noventa días del año hubo una disminución de la represión de un 45% con respecto al mismo lapso de 2025, con solo 21 casos en nueve estados del país. “Esta reducción se valora positivamente y se asocia, en gran medida, al incremento del escrutinio y el tutelaje internacional sobre la situación venezolana, especialmente tras los acontecimientos del 3 de enero”, comenta el OVCS.

Sin embargo, advierten que el hecho de que haya habido menos episodios de violencia “no implica una transformación estructural de la política represiva. Por el contrario, los hechos documentados evidencian la persistencia y consolidación de patrones de represión, tales como detenciones arbitrarias, uso selectivo del sistema penal y prácticas restrictivas contra quienes ejercen su derecho a la protesta o realizan denuncias públicas”.

Mejores sueldos

En el plano social, el motor de las protestas ha sido la exigencia de derechos laborales con al menos 482 movilizaciones por el deterioro del poder adquisitivo, la práctica extinción del salario mínimo y la destrucción de la seguridad social.

Los reclamos por las fallas en los servicios de agua potable, electricidad, aguas servidas, recolección de desechos sólidos, vialidad y combustible también resaltaron en la agenda.

“La evolución de la conflictividad dependerá en gran medida de dos variables clave: por un lado, la capacidad de las autoridades para avanzar en medidas concretas que generen confianza institucional y garanticen derechos; y por otro, la continuidad del acompañamiento y la presión internacional, que hasta ahora han sido determinantes para contener la represión y abrir espacios, aunque limitados, para la expresión ciudadana”, concluye el Observatorio.

Autoridades federales y del estado de Nayarit garantizan el acceso público a la playa Las Cocinas en Punta Mita como lo exige la ley mexicana, tras recientes manifestaciones vecinales contra un proyecto turístico en la zona, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación el 28 de abril de 2026.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció que se realizarán supervisiones técnicas y procedimientos de verificación en la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) para asegurar el respeto legal y ambiental en toda obra, con la presencia de las autoridades ambientales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Las mesas de diálogo instaladas reunieron a funcionarios estatales, representantes de la empresa desarrolladora y residentes de Punta Mita, con el objetivo de atender las inquietudes de la comunidad y supervisar los avances del proyecto, según el comunicado de la Secretaría de Gobernación.

Cualquier inversión futura en Playa Las Cocinas sólo procederá si cumple los criterios de legalidad, participación social y respeto ecosistémico, además de aportar empleos y un crecimiento económico local, informó la Semarnat.

Las autoridades federales y estatales reiteran que mantendrán la interlocución directa con los grupos involucrados y darán seguimiento institucional pacífico y conforme a derecho a todas las decisiones sobre el acceso a esta playa de Nayarit.

Represión en Nayarit por protestas ambientales

Un operativo de la policía estatal de Nayarit generó tensiones en Bahía de Banderas tras la detención de tres activistas que documentaban la devastación en playa Las Cocinas, un sitio reconocido por la presencia de tortugas y que actualmente enfrenta obras de la empresa Cantiles de Mita, filial de Grupo Dine, que ejecuta un proyecto inmobiliario de lujo en la zona.

Los tres jóvenes quedaron en libertad la noche de este 28 de abril, luego de que pobladores y legisladores exigieron su liberación ante lo que consideraron una detención arbitraria, en medio de protestas que evidencian el conflicto por el destino ambiental de Punta de Mita.

La inversión anunciada en el desarrollo, encabezada por Grupo Dine, asciende a 10 mil millones de pesos y prevé la generación de mil empleos directos, según notificó el propio gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, durante el acto inaugural el pasado 12 de marzo.

La compra de unas mil 200 hectáreas en la región se realizó hace más de dos décadas a un dólar por metro cuadrado, pero hoy la empresa llega a cotizar el suelo hasta en USD 2.200 por metro cuadrado, controlando la mayor parte de Punta de Mita e incluyendo áreas con antecedentes de tala de mangle y relleno de piedra en el estero de La Lancha.

Diputados y comunidad señalan arbitrariedad en procedimiento contra ambientalistas

El diputado federal por el Partido del Trabajo (PT) Jorge Fugio Ortiz calificó la detención de los defensores como “arbitraria e ilegal” y solicitó la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, de la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, de la procuradora federal de Protección al Medio Ambiente Mariana Boy, y de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Ortiz demandó la creación de una mesa de diálogo inmediata, encabezada por las autoridades ambientales federales.

Por su parte, la diputada federal de Morena, Andrea Navarro denunció desde tribuna un “ecocidio” y afirmó que “la constructora Cantiles de Mita SA de CV lleva a cabo obras de gran escala y coloca toneladas de rocas sueltas tipo escollera con maquinaria pesada sin contar con la manifestación de impacto ambiental (MIA)”.

Navarro aseguró que cada vez que los pobladores ejercen su derecho al libre tránsito en la playa son reprimidos y reclamó un cese inmediato a las detenciones.

La Fundación de la Nobel de la Paz Narges Mohammadi denunció este miércoles que la Fiscalía de Teherán, controlada por autoridades del régimen de Irán se niega a conceder a la activista encarcelada una suspensión de su condena por un mes para recibir atención médica cardíaca especializada, que necesita de forma “crítica”.

La organización advirtió que la vida de Mohammadi “corre peligro inminente” tras perder casi 20 kg. de peso y presentar una presión arterial “peligrosamente alta”.

“A pesar de la confirmación oficial de la Oficina del Médico Forense de Zanjan, que indica que Mohammadi necesita al menos un mes de baja médica, la Fiscalía de Teherán sigue bloqueando su liberación” tras varias semanas de gestiones de su equipo legal, señaló la Fundación en un comunicado.

La entidad creada en honor a la premio Nobel de la Paz iraní lamentó que “las autoridades se niegan persistentemente a concederla”. La fundación indicó que, tras una reunión reciente con Mohammadi, su abogado describió su situación física como crítica.

“Durante los últimos tres días, su presión arterial ha fluctuado peligrosamente entre 150/100 y 170/110, sin responder a la medicación”, detalló el comunicado, que agregó una “pérdida de peso alarmante de más de 19 kg” y “un dolor torácico persistente y recurrente”.

El hermano de la activista, Hamidreza Mohammadi, afirmó que vive con el temor constante de recibir la noticia de su muerte. “Esto ya no es solo encarcelamiento; es una muerte lenta. Cada vez que Narges llama a nuestros familiares desde la prisión de Zanjan, está más débil, más delgada y más cerca del límite. Literalmente, están viendo cómo su vida se desvanece sin hacer nada”, expresó.

“Al negarle la atención especializada que necesita y al impedirle el acceso a sus propios médicos, básicamente la están matando”, añadió, y cuestionó la atención médica proporcionada por la prisión.

Según la Fundación, el fiscal adjunto de Teherán comunicó a la familia que, debido a los avances médicos en la República Islámica, no es necesario trasladar a Mohammadi a un hospital en la capital iraní y que debería recibir tratamiento en Zanjan.

No obstante, este martes, ante el deterioro de su salud, la activista habría sido enviada por segunda vez a una consulta urgente con un cardiólogo, quien reiteró que su tratamiento no es posible en Zanjan y que debe ser atendida obligatoriamente por su médico en el Hospital Pars de Teherán.

El médico advirtió que “mantener a Narges Mohammadi en prisión bajo presión, estrés y en las difíciles condiciones de reclusión es extremadamente peligroso”. La entidad allegada a la activista subrayó que, hasta que especialistas y su equipo médico evalúen su estado, no se le puede prescribir ningún medicamento nuevo ni tomar otras medidas médicas.

La Fundación emitió un nuevo llamamiento a la comunidad internacional, Naciones Unidas, organismos de derechos humanos, feministas, abogados, periodistas y defensores de derechos fundamentales para que exijan el traslado inmediato de Narges Mohammadi a un hospital especializado, donde pueda recibir atención cardíaca urgente de su propio equipo médico, conocedor de su historial clínico.

La organización también reclamó su liberación inmediata e incondicional, así como la de todos los presos de conciencia detenidos en Irán por ejercer su derecho a la dignidad, la libertad de expresión y la opinión. Mohammadi, que pasó la mayor parte de los últimos 20 años en prisión, sufrió varios infartos y fue sometida a una cirugía de emergencia en 2022.

En diciembre de 2024 obtuvo la libertad provisional por motivos médicos, después de una prolongada hospitalización y tras meses en los que las autoridades negaron el acceso a tratamiento pese al deterioro de su salud, según denunció su familia. En diciembre de 2025 fue arrestada nuevamente durante un acto en memoria del abogado Josrou Alikordi, fallecido semanas antes en circunstancias no esclarecidas. El 8 de febrero de 2026 la activista fue condenada a siete años y medio adicionales de prisión.

(Con información de Europa Press)

La lesión irreversible sufrida por el estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Axel Medina Castellanos, durante los enfrentamientos del lunes pasado en las inmediaciones del Congreso Nacional, ha reavivado el debate nacional sobre la legitimidad de la protesta, el uso de la fuerza policial y la posible manipulación política del movimiento estudiantil.

El caso, que dejó como saldo la pérdida total del ojo izquierdo de Medina, ha generado indignación en la sociedad hondureña y un llamado urgente a esclarecer las responsabilidades institucionales.

El episodio que terminó con Medina herido ocurrió en una protesta estudiantil frente al Congreso Nacional, donde estudiantes universitarios exigían el mantenimiento del presupuesto asignado a la UNAH.

El rector de la universidad, Odir Fernández, condenó de manera categórica la violencia, al declarar: “¡Nada justifica la violencia!”, y solicitó públicamente una investigación exhaustiva que permita identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la agresión.

Este pronunciamiento se produjo mientras la comunidad universitaria y organizaciones de derechos humanos advertían sobre la gravedad de los hechos y la urgencia de proteger la integridad de los manifestantes.

El caso Axel Medina ha puesto en tensión la relación entre protesta social y operación policial en Honduras. La protesta se desarrollaba en los bajos del Congreso Nacional cuando, alrededor de las 16 horas del lunes 20 de abril, se registró el enfrentamiento con la Policía Nacional.

Según precisó el secretario del Congreso Nacional, Francis Cabrera, el tema presupuestario objeto de la protesta ya había sido resuelto cerca de las 13 horas de ese mismo día. Cabrera denunció que “posteriormente, aproximadamente a las cuatro de la tarde, algunos diputados habrían incentivado a los estudiantes a continuar con las manifestaciones”, lo que derivó en los disturbios que provocaron la lesión irreversible del estudiante de Trabajo Social.

El parlamentario instó al Ministerio Público de Honduras a investigar si existió incitación deliberada de actores políticos para mantener la movilización, pese a que, según la versión oficial, el conflicto presupuestario ya había sido resuelto.

La UNAH, a través de Fernández, enfatizó la importancia de rechazar cualquier intento de instrumentalizar políticamente al estudiantado, haciendo un llamado directo al sector político para que “no instrumentalicen a los estudiantes y deslegitimen sus genuinos reclamos”.

El rector reiteró que la institución dará acompañamiento pleno a Axel Medina, incluyendo seguimiento médico y académico. “Vamos a dar todo el acompañamiento como universidad a nuestro alumno, tal como lo hemos venido haciendo desde el día de ayer”, sostuvo Fernández.

Diversos defensores de derechos humanos insisten en que es imprescindible garantizar el derecho de manifestación pacífica y evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad, además de exigir que la protesta social transcurra sin violencia y sin injerencias externas que desvirtúen las demandas estudiantiles.

La posible incitación de diputados al mantenimiento de la movilización, aún después de haberse presuntamente resuelto la cuestión presupuestaria, introduce un elemento de gravedad institucional y ética.

Francis Cabrera sostuvo que: “Cuando el problema ya estaba resuelto, varios diputados fueron a incentivar a estos jóvenes a manifestarse”, reforzando la dimensión política en la investigación judicial en curso.

Este caso responde directamente a la pregunta central sobre la responsabilidad en los hechos: el estudiante de la UNAH Axel Medina Castellanos perdió su ojo izquierdo tras un enfrentamiento con la Policía Nacional durante una protesta frente al Congreso Nacional.

La comunidad universitaria ha reiterado su solidaridad con Axel Medina. Fernández reiteró que la universidad continuará “apoyando a Axel Medina en su proceso de recuperación, tanto en el ámbito médico como en el académico”.

Ante la gravedad del caso y el debate reabierto sobre la protesta social en Honduras, organizaciones de derechos humanos remarcaron la necesidad de revisar los protocolos estatales de actuación y fortalecer los espacios institucionales de diálogo

La tensión entre los taxistas y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) derivó el miércoles 8 de abril de 2026 en una serie de bloqueos en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, tras la implementación de una nueva política empresarial que modificó profundamente la operación del servicio de transporte en la terminal.

La decisión de incrementar el número de camionetas blancas que compiten con los taxis amarillos y la imposición de nuevas condiciones laborales para los conductores generaron el enfrentamiento que capturaron decenas de videos difundidos ese día. El, el trasfondo de la confrontación es la transformación del ecosistema del taxi en el principal aeropuerto colombiano, con impacto inmediato en la movilidad de miles de pasajeros.

En medio de los disturbios, los taxistas retiraron conos y vallas que señalizan el carril exclusivo del transporte público, lo que llevó a los uniformados de la Undmo a desplegar bombas aturdidoras con el objetivo de restablecer el orden en la zona, informó el medio citdo. Las imágenes evidenciaron el nivel de crispación que ha provocado la presencia creciente de camionetas blancas bajo la coordinación de la empresa Taxi Imperial S.A.S.

La escalada del conflicto tiene como eje la llegada de Julio César Jiménez Medina a la dirección de Taxi Imperial S.A.S. Según los conductores consultados por el periódico, desde su arribo se incrementó la flota de camionetas blancas de “50 a 250 vehículos”, alterando la relación de competencia con los taxis amarillos.

Las declaraciones señalaron que las condiciones contractuales se endurecieron: “Ahora el dueño de varios taxis solo podrá conducir uno. Y el resto serán operados por la empresa y nos retendrán las ganancias hasta 20 días, después de cobrarse la cuota”, dijo uno de los voceros afectados.

Es necesario aclarar que, tras la presión mediática y el escándalo en torno a las protestas de los taxistas en Bogotá, Jiménez renunció a la dirección dde Taxi Imperial S.A.S

Jiménez Medina, según pudo establecer el medio citado, es propietario de la firma Transportes American Visa Tours, señalada por los taxistas de estimular la competencia desleal a través de vehículos blancos de servicio especial, operados de manera privilegiada en el aeropuerto El Dorado.

Con respecto al rol de Taxi Imperial S.A.S, El Tiempo verificó a través de documentación societaria que la empresa fue registrada el 10 de junio de 2012. El control accionario, de acuerdo con el acta de marzo de este año, se distribuye entre Vesher Technology S.A.S (40%), Grupo Automotriz Carrera S.A.S (31%), Taxis Telecoper S.A.S y Comunicación Tech - Cotech S.A.S (10 % cada una), Super Taxi SA (5%), Taxis Teleclub y Taxis Libres Bogotá (2% cada una).

Taxi Imperial S.A.S integra un conglomerado de 27 empresas bajo la administración de José Eduardo Hernández Hernández, titular de Vesher Technology S.A.S. Según un documento, la compañía proyecta para 2025 activos por $4.801.000.000, magnitud que ilustra la escala empresarial implicada en la operación del transporte en el aeropuerto y la razón de la fuerte disputa entre los actores involucrados.

El crecimiento de las camionetas blancas y el nuevo modelo en el aeropuerto El Dorado

La introducción de un nuevo modelo de operación por parte de Taxi Imperial S.A.S trajo para los taxistas una serie de restricciones inéditas y la obligación de compartir o ceder la conducción de sus vehículos, intensificando las protestas a las afueras de El Dorado. La denuncia recurrente frente a la competencia desigual, sumada a la grabación no autorizada de usuarios dentro de la terminal, elevó el descontento gremial.

Los eventos del 8 de abril de 2026 son consecuencia directa de estos cambios estructurales en la administración del servicio de transporte en el principal aeropuerto de Colombia, donde la combinación de intereses empresariales y condiciones laborales cada vez más estrictas configura un escenario de conflicto persistente, documentado por el medio citado a través de fuentes directas y documentos empresariales.

Cerca de una semana después, en las redes siguen viralizandose videos, especialmente de campesinos, que alegan que los incrementos de la actualización del sistema del impuesto predial unificado, que por medio de la Resolución 2057 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac),—del 30 de diciembre de 2025— ajustó los avalúos en 527 municipios del país.

Los afectados han culpado al Gobierno Petro, a las autoridades locales, a gobiernos anteriores, mientras que, tanto gobernadores como alcaldes, insisten en buscar salidas para dar solución al grave inconveniente con los protestantes.

Uno de los campesinos afectados, propietario de una parcela, publicó un video en redes que se divulgó rápidamente, en el que le hizo un reclamo directamente al primer dignatario de la Nación:

"Señor Presidente, le vendo mi finca; valía $70 millones, pero sumercé me la colocó en $930 millones”, afirmó el ciudadano mientras explicó que, tras el nuevo avalúo, el precio fiscal de la propiedad superó de manera abrupta su valor real. Entonces le hizo una propuesta irónica al primer dignatario: “Se la dejo en $500 millones, para que le quede ganancia de 430 millones”.

Según la denuncia, el aumento del avalúo de la finca fue de más de 13 veces su valor anterior.

La disputa sobre las actualizaciones catastrales: o el Gobierno, o las autoridades departamentales y municipales

Mientras un buen número de propietarios apuntan al presidente Petro, el jefe de Estado apunta a las autoridades municipales sobre el inconveniente de los avalúos catastrales.

“El avalúo se moderniza y a los alcaldes se les olvida que son ellos mismos que tienen la facultad de presentar un acuerdo para exonerar, no a los amigos mega ricos y uribistas, sino al pueblo trabajador. ¿Por qué ponen a los campesinos a hacer una barricada en contra del gobierno?“, dijo Petro en el Consejo de Ministros del lunes 13 de abril de 2026.

Al respecto, el investigador Juan Carlos Muñoz Mora, del Centro Valor Público de la Universidad Eafit, señaló a través de una columna publicada por La Silla Vacía, que el catastro actualizado no es el causante principal del alza en las facturas prediales.

Según Muñoz Mora, el diagnóstico de fondo no está siendo abordado por las protestas: “El catastro no es el culpable”, dijo.

El origen del problema, según el experto, se remonta a la Ley 44 de 1990, que estableció el sistema unificado del impuesto predial en Colombia. Este marco legal fijó tanto techos y pisos para las tarifas como una obligación de progresividad: “La tarifa efectiva debe aumentar a medida que sube el avalúo del predio”, explicó.

Sin embargo, los acuerdos municipales que definen los tramos de valor y las tarifas siguen anclados en valores desactualizados desde los años noventa, situación que “distorsiona la progresividad fiscal”.

El investigador detalló que, al actualizar los avalúos, “todos los predios, sin importar si son viviendas de interés social o edificios comerciales, quedan automáticamente clasificados en el tramo más alto”.

Así, una norma diseñada para que los propietarios con mayor capacidad pagaran más terminó aplicando una tarifa plana: “La diferencia entre lo que paga el predio más modesto y el más valioso del departamento es estadísticamente insignificante”, aseguró.

El estudio considerado por el académico, realizado en colaboración con la Gobernación de Antioquia y el Catastro de Antioquia, abarcó más de 929.000 predios y reveló que “la tasa efectiva mediana en el primer decil de la distribución de avalúos es de 9,5 por mil. En el décimo decil es de 10,0 por mil”.

El choque en las facturas prediales se produce cuando la tarifa plana se aplica sobre avalúos casi duplicados, situación que afecta tanto a pequeños propietarios como a grandes tenedores de tierra. “Cuando esa tarifa plana se aplica al doble del avalúo, la factura se dispara”, puntualiza Muñoz Mora.

El investigador insiste en que existe margen legal para que los concejos municipales rediseñen la estructura tarifaria y corrijan la carga sobre los contribuyentes. “La Ley 44 de 1990 delega en los concejos municipales la potestad de fijar tarifas dentro de los rangos legales”, recuerdó.

Los municipios pueden redefinir tramos de valor y tarifas según el uso del predio, ajustando la distribución tributaria sin necesidad de revertir la actualización catastral.

En un vídeo publicado por el portal Komsagram, se puede ver cómo los obreros enarbolan pancartas en las que piden ayuda al presidente ruso, Vladímir Putin, y al jefe de Rosneft, Ígor Sechin.

Tras la marcha de protesta, los chinos se sentaron en las aceras y la hierba de una céntrica avenida de la ciudad de poco más de 200.000 habitantes, informó el canal de Telegram Ostorozhno Nóvosti.

En el lugar se personaron efectivos de la policía y la guardia nacional con furgones y autobuses, pero no se produjeron detenciones, a pesar de que la marcha no había sido consensuada con las autoridades locales.

El propio alcalde, Dmitri Zaplutáyev, se acercó a los manifestantes y aseguró que la protesta tiene por objetivo llamar la atención por los impagos, denuncia que ya está siendo investigada por la Fiscalía, señala The Moscow Times.

No es la primera vez que los operarios chinos de esa refinería se manifiestan contra los impagos y exigen su retorno al gigante asiático debido a su descontento por las condiciones laborales.

Chinos y norcoreanos trabajan en diferentes regiones del Lejano Oriente ruso y de Siberia Oriental, tanto en el comercio como en fábricas, obras de construcción o en la tala de árboles.

Pese a la subida de los precios del petróleo por la guerra en Irán, los ingresos por exportaciones de crudo y gas en Rusia cayeron más de un 45% en el primer trimestre debido en gran medida a los ataques ucranianos contra refinerías y terminales portuarias en los mares Negro y Báltico.

Las condiciones de los norcoreanos

Jornadas de hasta 17 horas bajo la nieve rusa, sin guantes ni equipo de protección, en obras de construcción cercadas donde los pasaportes son confiscados al llegar y de las que prácticamente no hay salida. Esa es la realidad que describe un nuevo informe sobre los trabajadores norcoreanos enviados a Rusia bajo el programa estatal de exportación de mano de obra de Pyongyang, según reveló Fox News, que tuvo acceso al documento.

El informe, elaborado por la organización internacional de derechos humanos Global Rights Compliance, recopila 21 testimonios directos de trabajadores en tres ciudades rusas que no se conocían entre sí. En todos los casos, los investigadores identificaron los 11 indicadores de trabajo forzado establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, entre ellos servidumbre por deudas, restricción de movimiento, retención de salarios, horas extraordinarias excesivas, violencia física, vigilancia permanente y condiciones de vida degradantes.

Un ex empleado identificado solo como “RT” para proteger su identidad describió a Fox News su experiencia con crudeza: llegó convencido de que podría ahorrar suficiente dinero para darle una vida mejor a su familia. Al llegar, comprendió que el dinero nunca sería suyo.

El mecanismo es sistemático. Según Yeji Kim, asesora de Global Rights Compliance para Corea del Norte, cada trabajador desplegado en el exterior debe abonar mensualmente una suma obligatoria al Estado norcoreano denominada gukga gyehoekbun.

Un trabajador típico percibe unos 800 dólares al mes por hasta 420 horas de trabajo, pero entre 600 y 850 dólares son deducidos de inmediato para cubrir esa cuota estatal, más gastos de viaje y alojamiento colectivo. Lo que queda ronda los 10 dólares. Si el trabajador no llega a cubrir la cuota, la diferencia se acumula como deuda para el mes siguiente, pudiendo arrastrarse durante un año entero.

“Debes pagar pase lo que pase”, relató RT a Fox News. “No hay negociación. Viniste a ganar y te vas con nada. Y si fallas demasiadas veces, te mandan a casa. Pero volver a casa no significa alivio: significa listas negras, interrogatorios y, a veces, que tu familia pague las consecuencias.”

(con información de EFE)

En abril de 1963, el reverendo Martin Luther King Jr. y la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur tomaron la determinación de llevar su campaña de acción directa a Birmingham, Alabama.

El objetivo era apuntar al corazón de la segregación racial. Birmingham era, según el propio King, la ciudad con mayor segregación de Estados Unidos. Arrastraba un historial tan nefasto de atentados sin resolver contra iglesias y viviendas de la población negra que se había ganado el triste apodo de “Bombingham”. La brutalidad policial y el trato injusto en los tribunales locales eran un secreto a voces a nivel nacional.

Frente a esa coyuntura, la filial local invitó a King —presidente de la sede central en Atlanta que nucleaba 85 filiales sureñas— a mantenerse alerta para involucrarse en un programa de protesta pacífica si resultaba necesario. King aceptó de inmediato. El plan contemplaba cuatro pasos: recopilar hechos para comprobar las injusticias, negociar, hacer un proceso de purificación personal y lanzar la acción directa.

En Birmingham, las etapas previas ya se habían agotado. Los dirigentes negros intentaron dialogar con las autoridades políticas, pero estas se negaron a entablar una negociación de buena fe. En septiembre del año anterior, hubo una oportunidad de conversar con el sector comercial. Allí los comerciantes asumieron compromisos concretos, como la promesa de retirar los humillantes carteles de segregación de los locales. Confiados en el acuerdo, el reverendo Fred Shuttlesworth y los líderes del Movimiento Cristiano de Alabama por los Derechos Humanos aceptaron frenar toda manifestación. Con el correr de los meses, la comunidad comprobó que fueron víctimas de una mentira: los carteles nunca se retiraron.

Ante ese panorama de esperanzas rotas, la única salida fue preparar la acción directa, utilizando sus propios cuerpos para interpelar a la comunidad. Primero pasaron por el entrenamiento personal, organizando talleres donde se preguntaban si serían capaces de aguantar los golpes sin devolverlos y soportar las penurias de un calabozo.

El arresto de King estuvo marcado por una decisión táctica delicada. Días antes de la detención, el comisionado de policía segregacionista “Bull” Connor y el jefe policial Jamie Moore lograron que un tribunal estatal dictara una medida cautelar prohibiendo las manifestaciones masivas.

La historia reciente pesaba enormemente. Meses atrás, en Albany, Georgia, la organización había acatado una orden judicial calcada para priorizar la vía institucional. Apelaron la restricción en los tribunales, pero mientras el engorroso trámite avanzaba, el impulso logrado en las calles se esfumó por completo. Decididos a no tropezar con la misma piedra en Birmingham, sabían qué hacer. Los abogados le plantearon a King que la orden del magistrado local violaba la Primera Enmienda y que ganarían una apelación. El problema era el tiempo que demandaría el trámite judicial. La celebración de la Pascua estaba encima, con el peso del Viernes Santo y el Domingo de Resurrección marcando la agenda, la gente ya estaba lista para marchar. Frenar la movilización implicaba desinflar los ánimos y perder todo el envión conseguido.

Al mismo tiempo, los asesores alertaron sobre los riesgos: si no apelaban formalmente la orden, perdían el derecho a cuestionar su legalidad a futuro. Podían ser acusados del delito de desacato al tribunal, aun cuando el fallo original estuviera viciado. King hizo oídos sordos a la prohibición y anunció que iba a seguir adelante.

El 12 de abril de 1963, lideró una movilización de unos mil ciudadanos negros hacia el distrito comercial. En un escenario donde la policía reprimió a la multitud empleando mangueras de bomberos y perros de ataque, el reverendo fue detenido. Las autoridades lo acusaron de violar la ley estatal contra las marchas masivas, arrojándolo a la cárcel de Birmingham junto al reverendo Ralph D. Abernathy.

King permaneció recluido alrededor de una semana hasta que recuperó la libertad bajo fianza. Como dato histórico que complementa este arresto, el episodio no se cerró en aquel momento. En 1967, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictó un fallo adverso en contra de King en la causa Walker contra la Ciudad de Birmingham. El máximo tribunal determinó que, al incumplir la orden sin apelar, la condena impuesta originalmente por desacato era firme. Esa resolución lo forzó a purgar cinco días adicionales en las celdas de Birmingham en 1967.

Retomando abril de 1963, aquellos apremiantes días de encierro inicial engendraron un documento clave. El mismo día de la captura, ocho clérigos blancos publicaron una carta abierta tildando sus actividades organizativas de “imprudentes e inoportunas”. Exigían que los reclamos se tramitaran en silencio en los pasillos judiciales y no agitando las calles. Acusaron a King de ser un agitador externo que se entrometía en conflictos locales.

El 16 de abril de 1963, desde su celda, King respondió escribiendo la conocida “Carta desde la cárcel de Birmingham”. En sus páginas desarticuló las acusaciones demostrando que había sido invitado de manera formal a la ciudad. Argumentó firmemente que cualquier injusticia perpetrada en cualquier lugar del mundo lo empujaba ineludiblemente a tener que actuar. El escrito justificaba el deber cívico de acatar las leyes justas, imponiendo la obligación moral de desobedecer de lleno aquellas normas injustas. Recordó que las aberraciones perpetradas por Adolf Hitler estaban enmarcadas en la legalidad de la época, y que las normativas previas a la Guerra Civil resguardaban la captura de esclavos prófugos.

También se ocupó de aclarar por qué elegía la calle. King coincidió de buena gana en el valor del diálogo, pero les retrucó que la protesta no violenta busca pura y exclusivamente provocar una severa crisis y sembrar tensión creativa en el ambiente para obligar a negociar a una comunidad política que siempre les cerró las puertas.

El texto no sólo apuntó a los sectores racistas más violentos, sino que transparentó una enorme decepción con la dirigencia blanca considerada de corte moderado, a la cual acusó de mirar para un costado frente a los atropellos. El activista relató cómo, en medio de injusticias brutales infligidas a su comunidad, tuvo que presenciar cómo las iglesias blancas se mantenían al margen, limitándose a repetir irrelevancias piadosas. El reverendo cuestionó a las congregaciones que se refugiaban en una religión orientada hacia cuestiones del “otro mundo”, trazando una distinción absurda entre el cuerpo y el alma, y separando de forma tajante lo sagrado de lo secular. Advirtió que, si las frustraciones acumuladas por la población negra no encontraban un pronto escape mediante vías pacíficas, terminarían decantando irremediablemente en un estallido de violencia.

Para entender el fenomenal peso del documento redactado en medio de aquel áspero confinamiento, resulta un ejercicio fundamental revisar textualmente los párrafos que el líder plasmó. Respecto a los consejos que lo instaban a guardar paciencia, King escribió con total franqueza:

“Sabemos por dolorosa experiencia que el opresor nunca concede voluntariamente la libertad; tiene que ser exigida por los oprimidos. Francamente, todavía no he participado en una campaña de acción directa que fuera ‘oportuna’ según el calendario de quienes no han sufrido indebidamente la enfermedad de la segregación. Desde hace años vengo escuchando la palabra ‘¡Esperen!’. Suena en los oídos de cada negro con una familiaridad penetrante. Este ‘esperar’ casi siempre ha significado ‘nunca’. Ha sido un sedante que alivia el estrés emocional por un momento, solo para dar a luz a un bebé deforme de frustración. Debemos llegar a ver, con el distinguido jurista de ayer, que ‘una justicia demasiado demorada es una justicia denegada’. Hemos esperado más de 340 años por nuestros derechos constitucionales y otorgados por Dios”, dijo King Jr.

Al ahondar en los motivos concretos por los cuales la paciencia se había agotado, King trazó una radiografía demoledora sobre la cruda cotidianidad que soportaba su gente:

“Supongo que es fácil para aquellos que nunca han sentido los dardos punzantes de la segregación decir que esperen. Pero cuando has visto a turbas despiadadas linchar a tus madres y padres a voluntad, y ahogar a tus hermanas y hermanos por capricho; cuando has visto a policías llenos de odio maldecir, patear, brutalizar e incluso matar a tus hermanos y hermanas negros con impunidad; cuando ves a la gran mayoría de tus 20 millones de hermanos negros asfixiándose en una jaula hermética de pobreza en medio de una sociedad opulenta; cuando de repente te encuentras con la lengua trabada y el habla tartamudeando mientras intentas explicarle a tu hija de seis años por qué no puede ir al parque de diversiones público que acaba de anunciarse en la televisión, y ves las lágrimas brotar de sus ojitos al decirle que Funtown está cerrado para los chicos de color, y ves las deprimentes nubes de inferioridad empezar a formarse en su pequeño cielo mental [...] cuando tenés que inventar una respuesta para un hijo de cinco años que pregunta con un patetismo angustiante: ‘Papá, ¿por qué los blancos tratan tan mal a las personas de color?’; cuando hacés un viaje por el país y te ves en la necesidad de dormir noche tras noche en los rincones incómodos de tu auto porque ningún motel te acepta; cuando sos humillado día tras día por los molestos carteles que dicen ‘blancos’ y ‘de color’; cuando tu primer nombre se convierte en negro y tu segundo nombre en pibe sin importar la edad que tengas, y tu apellido se convierte en ‘John’, y cuando a tu esposa y a tu madre nunca se les da el respetado título de Señora; cuando te ves acosado de día y perseguido de noche por el hecho de ser negro, viviendo constantemente en puntas de pie, sin saber nunca qué esperar a continuación, y plagado de temores internos y resentimientos externos; cuando estás siempre luchando contra un sentido degenerativo de ser un don nadie, entonces entenderán por qué nos resulta difícil esperar", explicó King Jr.

La carta redactada tras las rejas incluyó en sus líneas un diagnóstico sumamente incisivo sobre qué actor frenaba realmente la instauración de la igualdad:

“Debo confesar que en los últimos años me ha decepcionado profundamente el moderado blanco. Casi he llegado a la lamentable conclusión de que el gran escollo del negro en su camino hacia la libertad no es el Consejero Ciudadano Blanco o el miembro del Ku Klux Klan, sino el moderado blanco que está más devoto al ‘orden’ que a la justicia; que prefiere una paz negativa que es la ausencia de tensión, a una paz positiva que es la presencia de justicia; que dice constantemente: ‘Estoy de acuerdo con vos en el objetivo que buscás, pero no puedo estar de acuerdo con tus métodos de acción directa’; que siente paternalistamente que puede fijar el calendario para la libertad de otro hombre; que vive de acuerdo con el mito del tiempo y que asesora constantemente al negro a esperar una temporada más conveniente”, señaló el luchador por los derechos de los negros.

Esa carta, testimonio de época, fue escrita en una celda hace 63 años.

Luego de dos jornadas de protestas protagonizadas por el gremio de taxistas que laboran en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, el paro terminó tras alcanzar acuerdos entre los representantes del gremio, Taxi Imperial y las autoridades.

Entre los puntos principales se destacó la restricción del servicio especial únicamente a vans con capacidad para cinco o más pasajeros y la salida de vehículos sedán y SUV de la zona destinada a este transporte.

Las partes acordaron la eliminación de promotores e “impulsadores” que ofrecían servicios de manera informal en el aeropuerto y se reforzó la presencia de personal autorizado para información. Además, se fijó el retiro del plan piloto anterior y se ofreció apoyo a los conductores en los procesos de impugnación de comparendos. La normalidad operacional en El Dorado se restableció tras el anuncio oficial y la puesta en marcha de las nuevas reglas y controles.

Debido a que todas las partes expusieron sus versiones, quedó en evidencia que el factor principal de la protesta fue un proyecto llamado “Recaudo Prepago” que ya funciona en otros países.

Cómo habría funcionado el modelo

El recaudo prepago en el sector de taxis es un sistema mediante el cual el usuario paga la tarifa del servicio antes de iniciar su recorrido. El proceso puede realizarse mediante aplicaciones móviles, tarjetas recargables, plataformas digitales o terminales físicas instaladas en puntos estratégicos.

El monto a abonar se calcula previamente, ya sea con base en una tarifa fija, estimaciones proporcionadas por plataformas digitales o acuerdos entre el pasajero y el conductor, y se paga antes de abordar el vehículo, lo contrario a lo que pasa actualmente en el terminal aéreo en el que se registró la protesta.

Este modelo busca eliminar la necesidad de intercambiar efectivo durante el trayecto y de posibles inconvenientes con el valor final del trayecto. El usuario puede efectuar el pago utilizando diferentes medios electrónicos, como tarjetas bancarias, billeteras móviles o sistemas de recarga asociados a cuentas personales.

Una vez realizado el pago, se genera un comprobante o código que habilita al conductor para iniciar el viaje. El sistema también puede registrar información del trayecto y del usuario, facilitando la trazabilidad de los servicios prestados.

El recaudo prepago se ha implementado en diferentes países con modalidades adaptadas a las condiciones locales. En Sudáfrica, se utilizan tarjetas recargables en taxis tipo minibús, donde los pasajeros cargan saldo y lo utilizan para pagar sus trayectos. En Hungría, especialmente en la ciudad de Budapest, las aplicaciones móviles permiten calcular y abonar el costo del viaje antes de que el taxi llegue al punto de recogida.

En otros ejemplos, en Kenia los pagos móviles a través de servicios como M-Pesa han permitido que los usuarios hagan el pago anticipado al conductor, quedando registrado en la aplicación y en la cuenta del conductor. En India y Finlandia, existen experiencias con tarjetas inteligentes y pagos móviles que habilitan el viaje tras el abono previo.

Taxistas ahora tienen conflicto con el secretario de Seguridad de Bogotá

Tras superar la crisis registrada en el aeropuerto El Dorado, el presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis, Hugo Ospina, solicitó una rectificación del secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, que afirmó durante una atención a medios que el 60% de los taxistas en la ciudad tenían antecedentes penales.

Ospina aclaró que las personas mencionadas no eran taxistas activos, sino aspirantes que enviaron sus hojas de vida para optar a ingresar al gremio, y que esos documentos fueron remitidos a las autoridades para verificación.

Según Ospina, la cifra presentada no corresponde a la realidad del sector y la información divulgada generó una falsa alarma. Además, denunció que se hizo pública información confidencial sin la debida protección, lo que podría constituir una violación a la ley de habeas data. Por este motivo, radicó un derecho de petición ante el alcalde, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad y la Superintendencia, exigiendo la rectificación de las declaraciones y el manejo adecuado de los datos.

La Gobernación de Santander, desde el 7 de abril de 2026, puso en marcha un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear las protestas contra el aumento del impuesto predial en el departamento.

Según información oficial, la medida incluye coordinación entre alcaldías, la fuerza pública y líderes de las manifestaciones, cuyo objetivo es prevenir bloqueos y garantizar la movilidad durante la jornada del 9 de abril de 2026.

El origen de las protestas está en el descontento generado por el incremento del impuesto predial, resultado de la actualización catastral realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

De acuerdo con las autoridades, algunos contribuyentes vieron duplicados los cobros, lo que ha generado malestar en diferentes municipios del departamento y en el área metropolitana de Bucaramanga.

Las protestas surgieron después de que propietarios manifestaron ante las autoridades que los nuevos avalúos no reflejan las condiciones económicas de los habitantes. El proceso de actualización catastral, según explicó el IGAC, implica la revisión y ajuste del valor de los predios de acuerdo con características físicas, ubicación y precios de mercado, lo que repercute en el cálculo del impuesto predial.

Desde la Administración departamental, encabezada por el secretario del Interior, Óscar Eduardo Hernández, se informó que se adelantan acciones de articulación institucional y reuniones con los convocantes de las protestas. Hernández declaró que se han realizado encuentros para ofrecer garantías y buscar mecanismos de diálogo que permitan el desarrollo pacífico de la jornada.

“Durante la reunión de seguridad gubernamental desarrollada por la Secretaría del Interior, se evaluaron puntos críticos del departamento y se articularon capacidades institucionales para garantizar la seguridad de los santandereanos”, se leyó en el reporte oficial.

Entre los puntos bajo vigilancia permanente se encuentran el sector de la autopista a la altura del parador “Papi, Quiero Piña” en Floridablanca, así como los municipios de Lebrija y la ruta comunera entre San Gil y Socorro. Las autoridades señalaron que en estos lugares podrían presentarse concentraciones o bloqueos viales.

Unidades de la fuerza pública y los organismos de tránsito acompañarán las manifestaciones para evitar cierres de vías, además de habilitar canales de diálogo con los manifestantes. El seguimiento en tiempo real desde el PMU permitirá tomar decisiones rápidas ante cualquier afectación a la movilidad o el orden público.

“Además, se mantiene seguimiento a municipios priorizados y a la situación ambiental en la Ciénaga de Paredes, con acciones coordinadas para proteger comunidades y ecosistemas”.

Algunas de las denuncias

De acuerdo con Jackeline Martínez, veedora del municipio, la actualización realizada en 2024 ha sido la de mayor impacto en los últimos años, ya que superó ajustes anteriores y puso en duda la transparencia y los criterios técnicos de la medición catastral, según manifestó en entrevista con Alerta Bucaramanga.

Las escalas de aumento se evidenciaron, por ejemplo, con el caso personal de Martínez, que reveló que el avalúo catastral de su vivienda aumentó de 185 millones de pesos en 2024 a más de 1.100 millones en 2025.

Esta variación multiplicó el valor del impuesto predial anual, que pasó de cerca de 2 millones de pesos a montos superiores a los 14 millones. Martínez, incluso, agregó que se han documentado incrementos en avalúos que alcanzan el 400%, 700% y hasta 900% en algunos casos individuales.

La actualización catastral de 2024 se suma a una serie de antecedentes en la historia fiscal de Floridablanca: Martínez recordó que en 2014 un alza similar se registró en la zona urbana, y en 2018 el ajuste impactó especialmente al sector rural. No obstante, las cifras actuales superan los precedentes y han desencadenado una oleada de protestas y exigencias de revisión al proceso de actualización.

Miles de familias de Choloma se movilizaron en pleno Sábado de Gloria para exigir la libertad de Iván Velásquez, considerado el principal responsable del fraude piramidal de Koriun, al que atribuyen la pérdida de más de 8 mil millones de lempiras. Los manifestantes, afectados directamente por el colapso del esquema Ponzi detectado en abril de 2025, sostienen que la única vía para recuperar su dinero pasa por permitir que Velásquez salga de prisión y administre el reembolso de las inversiones.

El vocero de los afectados de Koriun, Carlos Fúnez, aseguró que el miércoles 8 de abril será determinante para el futuro del caso. Ese día han solicitado una reunión en Tegucigalpa con Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, a quien presentarán la propuesta de realizar una consulta popular en Choloma con el objeto de definir si Velásquez debe continuar en prisión preventiva o ser liberado, bajo el compromiso de que dirija el proceso de restitución a los inversionistas.

“Llevamos un tema importante que vamos a poner sobre la mesa: la liberación del señor Iván Velásquez para que él nos venga a pagar. Propondremos una consulta documentada al pueblo, que se decida si su liberación o que esté detenido en prisión”, afirmó Fúnez durante una asamblea informativa.

Fúnez advirtió que, de no lograrse avances en la reunión del miércoles, los afectados tomarán medidas más drásticas, como movilizaciones y bloqueos de carreteras a nivel nacional.

Además, recalcó que hasta la fecha el Ministerio Público ha sido el principal impedimento para que Velásquez obtenga medidas distintas a la prisión preventiva.

Un juez revocó recursos previos a solicitud de la Fiscalía. Según Fúnez, “el gobierno anterior no logró darnos respuesta por medio de un decreto de ley, conseguir 8.000 millones de las arcas del Estado es difícil. Solo nos queda pedir la liberación de Iván Velásquez para que él venga a darnos una solución”.

Las consecuencias de la estafa alcanzan a siete departamentos, Choluteca, Copán, Santa Bárbara, Cortés, El Paraíso, Olancho y Francisco Morazán, con más de 35 mil clientes perjudicados y cerca de 6 mil familias directamente afectadas, de acuerdo con estimaciones de los propios voceros del movimiento. Estas cifras sitúan al caso de Koriun como uno de los mayores delitos financieros de la historia reciente de Honduras.

La postura del Congreso Nacional es de cautela. Tomás Zambrano expresó su preocupación ante la posibilidad de que Velásquez evada la justicia si se le otorgan medidas sustitutivas. En palabras del presidente del Legislativo, “el caso no puede quedar en la impunidad”.

Zambrano consideró que la responsabilidad inmediata del Estado pasa por rastrear los activos, inmuebles y transferencias derivados del fraude, y enfatizó que “miles de millones de lempiras no se esconden bajo el colchón. Tiene que haber inmuebles, tiene que haber transferencias. El nuevo Ministerio Público tiene la responsabilidad de investigar a fondo quiénes más están involucrados en este ilícito”.

El titular del Congreso también criticó la falta de supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y del Ministerio Público durante la administración anterior, lo que permitió que el fraude de Koriun se extendiera y agravara su impacto

La cita del miércoles a las 10:00 de la mañana en el legislativo se perfila como un momento de máxima tensión, con un sector social que vincula la recuperación de su patrimonio a la libertad de Velásquez y un aparato institucional decidido a evitar nuevos riesgos legales.

Las decisiones que puedan adoptarse en esa instancia determinarán no solo el futuro judicial de Velásquez, sino también las posibilidades de reparación para decenas de miles de víctimas en todo Honduras.

El líder de Renovación Popular arribó con una agenda breve en Juliaca. Tenía previsto participar en un encuentro con simpatizantes en el local Alola, ubicado en el jirón Huancané, y retornar a Lima ese mismo día. Sin embargo, su ingreso a la ciudad no pasó desapercibido y generó reacciones inmediatas en distintos sectores de la población local.

Protestas y ataque a la camioneta

Durante su desplazamiento desde el aeropuerto internacional Inca Manco Cápac, un grupo de personas se concentró en las vías por donde transitaba la comitiva del candidato. Portaban carteles y expresaban su rechazo a la presencia de López Aliaga.

Con el paso de los minutos, la situación se agravó. Algunos manifestantes bloqueraron el paso de la camioneta del candidato. Las imágenes registradas por medios locales muestran cómo los agentes de seguridad intentaban proteger el vehículo mientras avanzaba en medio de los gritos de los presentes.

Ante el riesgo de un enfrentamiento directo, la comitiva optó por cambiar de ruta. La camioneta se desvió por otra cuadra para evitar el contacto con los manifestantes, mientras los efectivos policiales intentaban controlar la situación y garantizar el desplazamiento del candidato hacia su destino programado.

Enfrentamientos y personas heridas

En los exteriores del aeropuerto se registraron enfrentamientos entre grupos de ciudadanos y simpatizantes de López Aliaga, lo que derivó en un escenario de violencia que dejó varias personas heridas.

Entre los afectados se encuentra Diego Quispe, integrante de la Asociación de Víctimas del 9 de enero, quien sufrió una herida en la cabeza tras ser impactado por una piedra. En medio de la confusión, el ciudadano expresó su rechazo a la presencia del candidato y reiteró su pedido de justicia.

De acuerdo con familiares de las víctimas, al menos cuatro personas resultaron heridas durante los incidentes. Asimismo, denunciaron que presuntos simpatizantes del candidato habrían estado involucrados en las agresiones registradas en la zona, lo que incrementó la tensión entre los grupos presentes.

Pese a los esfuerzos de sus simpatizantes, varios ciudadanos también se congregaron en los exteriores del local donde el político tenía previsto realizar sus actividades.

Contexto de rechazo en el sur del país

La accidentada llegada de López Aliaga a Juliaca se produce en un contexto de rechazo sostenido en el sur del país, particularmente en regiones como Puno, donde persiste el recuerdo de las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023.

El 9 de enero de 2023, en Juliaca, fallecieron 18 personas durante manifestaciones sociales, un hecho que marcó profundamente a la población. Desde entonces, distintos sectores mantienen una posición crítica frente a actores políticos que, en medio del conflicto, emitieron discursos de descrédito y “terruqueo” contra los fallecidos y heridos. López Aliaga y congresistas de su partido fueron señalados como parte de ese grupo.

La plaza Bolótnaya, escenario de las mayores protestas antigubernamentales de la historia reciente de Rusia, fue este domingo el epicentro de la resistencia ciudadana contra el Kremlin. Esta vez, el motivo no fue la reelección de Vladímir Putin ni la guerra en Ucrania: los manifestantes salieron a la calle para reclamar el derecho a usar internet y a comunicarse a través de Telegram, la aplicación de mensajería más popular del país, cuyo bloqueo definitivo está previsto para el martes 1 de abril.

Las autoridades detuvieron a al menos 12 personas en Moscú, según informó el portal OVD-Info, especializado en el seguimiento de arrestos políticos. Entre los detenidos figuraba Alexandr Podrabinek, disidente soviético, periodista y escritor de 72 años cuya trayectoria de oposición se remonta a la época de Brézhnev: fue arrestado en 1978 por publicar Medicina punitiva, un estudio sobre el uso de la psiquiatría como herramienta de represión. La policía lo condujo a comisaría después de sorprenderlo tomando fotografías de la manifestación.

Las detenciones no se limitaron a la capital. OVD-Info registró también arrestos en San Petersburgo, Novosibirsk y Vorónezh. En esta última ciudad, un activista fue detenido mientras sostenía una pancarta con el lema “Basta de bloqueos y de censura”. Las autoridades rechazaron en las últimas semanas solicitudes de manifestación en más de una treintena de ciudades, forzando a los ciudadanos a elegir entre la resignación y el riesgo del arresto.

El contexto es el de una ofensiva sistemática del Estado contra las comunicaciones digitales. Roskomnadzor comenzó en febrero a limitar el funcionamiento de Telegram, argumentando que la plataforma incumple la legislación rusa al no colaborar con las fuerzas de seguridad. Pavel Durov, fundador de la aplicación, respondió que las restricciones buscan obligar a los ciudadanos a migrar hacia MAX, una aplicación estatal que el Kremlin promueve activamente como sustituto.

La campaña adquirió una nueva dimensión el 3 de marzo, cuando entró en vigor una ley firmada por Putin que faculta al Servicio Federal de Seguridad para ordenar el corte de internet móvil y fijo en cualquier punto del territorio. Los residentes de Moscú reportaron interrupciones masivas durante varios días, con afectaciones que llegaron hasta el Wi-Fi de la Duma Estatal. Según el diario económico Kommersant, menos de una semana de cortes en la capital pudo haber costado a las empresas entre 34,8 y 58 millones de dólares.

No es la primera vez que Moscú intenta suprimir Telegram. En 2018, Roskomnadzor ejecutó un bloqueo por orden judicial que fracasó técnicamente: para hacerlo efectivo, el regulador tuvo que cancelar más de 19 millones de direcciones IP, con daños colaterales en banca y comercio electrónico. El veto fue levantado en 2020. Esta vez, las autoridades aseguran haber perfeccionado sus herramientas: el vicepresidente del comité de política informativa de la Duma prometió que ni siquiera las VPN permitirán eludir el bloqueo.

Rusia cuenta con unos 90 millones de usuarios de Telegram. La aplicación la utilizan ciudadanos comunes, militares en el frente ucraniano y el propio Kremlin, lo que explica que la medida generara críticas incluso entre sectores afines al poder: blogueros militares la describieron como una ayuda involuntaria al enemigo.

La resistencia social, aunque dispersa y reprimida, señala que el Kremlin enfrenta un problema distinto al de 2018: entonces, Telegram era una opción entre varias; hoy, tras el bloqueo de WhatsApp, Instagram y Facebook, es la última ventana abierta al exterior para millones de rusos. Clausurarla no es solo una decisión tecnológica. Es un paso más hacia el aislamiento digital que Moscú ha estudiado en China e Irán, y que busca aplicar, con mayor urgencia, en un país en guerra consigo mismo.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, tomó la palabra ante miles de personas congregadas en el capitolio de St. Paul para recordar la muerte de dos ciudadanos, Renee Good y Alex Pretti, durante operativos de fuerzas federales de inmigración. Desde ese escenario, Walz reclamó justicia para las víctimas y señaló a los agentes migratorios federales, al tiempo que subrayó la importancia de la reacción ciudadana ante la violencia institucional. Según detalló el medio original, la jornada estuvo marcada por manifestaciones masivas en diversas ciudades de Estados Unidos contra el presidente Donald Trump y la escalada militar en el exterior.

De acuerdo con la información publicada, las movilizaciones se llevaron a cabo bajo el lema “No Kings, Sin Reyes” y congregaron a ciudadanos en las principales urbes estadounidenses como Nueva York, San Francisco, Seattle, Washington D.C. y Minneapolis, donde se reportó una de las concentraciones más concurridas. El medio reportó que figuras destacadas del espectáculo y la cultura, como Bruce Springsteen y Robert De Niro, participaron activamente en las protestas; Springsteen interpretó la canción “Streets of Minneapolis” en Minnesota y De Niro compareció públicamente en la manifestación de Nueva York.

La participación política incluyó a la congresista demócrata Ilhan Omar, presente en el acto central de Minnesota, quien denunció lo que calificó de "autoritarismo artero" por parte de la administración Trump. Omar criticó, según consignó la fuente, las políticas migratorias y las intervenciones estadounidenses en Irán, Venezuela y Ecuador, subrayando el impacto negativo que estas acciones generan en la percepción y el futuro del país. La legisladora resaltó el carácter resiliente de la comunidad de Minnesota y reiteró el compromiso de los manifestantes de rechazar escenarios de “miedo, corrupción y caos”.

El senador Bernie Sanders también tomó parte en el evento principal de Minneapolis, según reportó el medio, y sostuvo que la respuesta ciudadana contra la actuación del ICE en el estado representa una expresión real de la democracia. Sanders aplaudió la solidaridad de la comunidad y describió la resistencia civil frente a las acciones federales como una victoria colectiva.

El medio informó que en Nueva York, Manhattan fue escenario de manifestantes portando pancartas en rechazo al ICE, a Trump y a la guerra con Irán. En San Francisco, cientos de personas marcharon desde el Embarcadero hasta el Centro Cívico, ondeando banderas estadounidenses, ucranianas y trans para visibilizar diversas demandas sociales y políticas. Simultáneamente, se notificaron concentraciones en Florida, específicamente en West Palm Beach y Boynton Beach, donde se observaron pequeños focos de contramanifestantes que increparon la legitimidad de la protesta. Además, en Virginia, manifestantes marcharon desde Arlington hasta la Explanada Nacional de Washington D.C. al inicio de la jornada, coreando la consigna “Sin justicia no habrá paz. Fuera el ICE de nuestras calles”.

Según detalló la fuente, también ciudades de menor tamaño como Columbus, en Georgia, y Jekyll Island, fueron escenario de marchas de protesta durante la misma jornada. En todas estas localidades, los convocantes exigieron el fin de los abusos de las fuerzas federales, el repliegue militar de Estados Unidos en el extranjero y la adopción de medidas para contrarrestar el encarecimiento del costo de vida.

El contexto político de la jornada incluyó la celebración simultánea del congreso anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Dallas, Texas. Según consignó el medio, esta reunión reflejó fracturas en el movimiento MAGA (Make America Great Again), evidenciadas por la división entre partidarios de Trump y sectores de la base ultraconservadora críticos con la política bélica desplegada contra Irán.

Durante su intervención ante los manifestantes de Minnesota, Walz valoró especialmente el papel de la comunidad inmigrante y reiteró: “Os vemos, os escuchamos, os valoramos y os queremos”. También resaltó la reacción local ante la “ocupación sin precedentes del ejército doméstico de Trump”, en referencia a las operaciones del ICE. Walz caracterizó a Minnesota como “el estado más libre de la nación”, destacando la movilización ciudadana en defensa de derechos y libertades.

Según publicó el medio original, la jornada de protestas reflejó demandas diversas agrupadas en torno a la oposición a políticas migratorias restrictivas, el cuestionamiento al incremento de presencia militar estadounidense en el exterior y la preocupación profunda por el aumento generalizado de precios. Los organizadores insistieron en mantener la presión social como respuesta a las políticas de la actual administración y anunciaron su determinación de sostener las movilizaciones mientras estas demandas no se vean satisfechas.

El cierre temporal de varias estaciones del Metro y los desvíos en el tránsito vehicular marcaron la jornada en el centro de Santiago debido a las manifestaciones estudiantiles que derivaron en diversos actos de violencia y daños a la infraestructura urbana. Según reportó el medio 'La Tercera', los incidentes incluyeron la vandalización de una estatua ubicada en Plaza Baquedano, lugar emblemático para las concentraciones en la capital chilena desde las protestas sociales de 2019. Esta situación llevó a la detención de 14 personas durante los enfrentamientos entre jóvenes manifestantes y personal policial.

La prensa chilena destacó que esta fue la primera protesta estudiantil contra el gobierno de José Antonio Kast, presidente del país. De acuerdo con las autoridades, grupos de encapuchados lanzaron objetos contundentes contra los Carabineros de Control de Orden Público en una zona céntrica, poniendo en riesgo la seguridad de los transeúntes. Tras este primer choque, se produjo una segunda confrontación que llevó a los agentes a desplegar un camión lanza-agua y otros recursos para disuadir a los manifestantes.

El diario 'La Tercera' detalló que, además del enfrentamiento directo con las fuerzas del orden, los grupos participantes en la protesta instalaron barricadas en diferentes puntos de la ciudad, arrojaron vallas de seguridad en la vía pública e interrumpieron el normal flujo del transporte capitalino. El accionar violento también abarcó la alteración de espacios públicos y afectó la cotidianeidad de los habitantes del centro de Santiago.

El presidente Kast se dirigió a la ciudadanía para solicitar que las futuras expresiones de descontento no afecten a la población ni a los servicios públicos. "Hago un llamado a todos los jóvenes, a todas las personas que se ven afectadas directamente por esto, no afectemos más a la patria de lo que ya está afectada. Si alguien quiere manifestar su malestar, que no use el transporte público, sobre todo el Metro, para manifestarse", declaró Kast, según consignó 'La Tercera'. Añadió además que “no dañen a otros compatriotas que requieren ese transporte”, subrayando la importancia de resguardar los servicios destinados a la comunidad frente a actos de violencia.

En las declaraciones oficiales recopiladas por los medios, el subsecretario de Interior, Máximo Pavez, se refirió al despliegue de seguridad y a la política del Ejecutivo frente a las manifestaciones, aclarando que “el gobierno no tiene que evaluar la motivación política de las marchas o las convocatorias, sino asegurar la tranquilidad de los chilenos”. Pavez remarcó que la libertad de expresión "es bienvenida", siempre que se respete la propiedad pública y privada.

El operativo policial implementado en respuesta a estos disturbios incluyó no sólo la intervención con carros lanza-agua, sino la coordinación para despejar las calles y restablecer la circulación del transporte público. Los hechos llevaron al cierre preventivo de estaciones del Metro, afectando a miles de usuarios y trayendo consigo repercusiones en la normalidad del tránsito urbano.

Según publicaciones de 'La Tercera', las imágenes de los incidentes muestran a algunos manifestantes vandalizando la nueva instalación escultórica de Plaza Baquedano, reiterando el papel de este espacio como foco de movilizaciones y tensiones desde las protestas masivas ocurridas en Chile hace cuatro años.

Las autoridades destacaron la importancia de separar las demandas estudiantiles legítimas de los hechos de violencia. Carabineros y representantes del gobierno señalaron que las acciones que atenten contra la seguridad pública o la infraestructura urbana no serán toleradas, y reiteraron el llamado a la protesta pacífica y al respeto de los espacios y servicios públicos.

El saldo de la jornada incluyó no solo las detenciones, sino el registro de daños materiales y la interrupción parcial de servicios esenciales en la capital chilena. Mientras tanto, el clima social se mantiene atento a las futuras reacciones del gobierno ante nuevas movilizaciones y a la respuesta de los distintos sectores movilizados, en un contexto marcado por demandas estudiantiles y la exigencia de garantizar el orden durante el desarrollo de marchas en el país.

El sindicato de trabajadores de Ecopetrol dejó abierta la posibilidad de convocar a un paro, aunque aclaró que cualquier decisión se tomará de manera autónoma y sin un calendario definido, en medio de la incertidumbre por la continuidad de Ricardo Roa al frente de la compañía.

Así lo expresó el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Martín Ravelo, en una entrevista radial, en la que explicó que, hasta el momento, la junta directiva de la empresa aún se encuentra evaluando la situación del actual presidente y no ha adoptado una determinación definitiva.

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En ese contexto, el dirigente sindical señaló que la organización mantiene una exigencia clara, y es que la decisión que se tome priorice la estabilidad de la compañía. Según indicó, el tema va más allá de un cambio de nombre en la presidencia y se relaciona con los efectos que la coyuntura puede tener sobre el funcionamiento de la empresa.

Ravelo advirtió en Caracol Radio que la petrolera enfrenta un deterioro en su imagen que, de profundizarse, podría traducirse en consecuencias económicas. Explicó que ese riesgo no es abstracto, sino que está ligado a factores concretos, como la posibilidad de que autoridades de Estados Unidos intervengan en investigaciones relacionadas con la empresa.

El punto es relevante porque Ecopetrol tiene presencia en mercados internacionales y cotiza en la Bolsa de Nueva York, lo que la expone a regulaciones externas. En términos simples, esto significa que cualquier cuestionamiento que afecte su reputación puede tener efectos directos sobre su valor, su acceso a financiamiento y la confianza de inversionistas.

Frente a ese escenario, el presidente de la USO insistió en que la junta directiva debe actuar con independencia y cumplir con su responsabilidad frente al país. En sus palabras, pidió que se deje de lado cualquier consideración política o ideológica al momento de tomar decisiones.

En cuanto a las acciones del sindicato, Ravelo explicó que la organización ya adelanta una estrategia de movilización que incluye llevar el debate a espacios públicos. Sin embargo, subrayó que no existe una fecha definida para una eventual suspensión de actividades.

“Es el sindicato el que define cuándo desarrolla su agenda de movilización”, afirmó, al recalcar que las decisiones se adoptan con base en la voluntad de los trabajadores.

La posibilidad de un paro ha estado sobre la mesa en medio de versiones sobre la continuidad de Ricardo Roa, que ha generado divisiones incluso dentro de la junta directiva. Durante la entrevista se mencionó que, aunque existe al menos una postura que pide su salida, la mayoría se ha inclinado por mantenerlo en el cargo.

Ante ese panorama, el sindicato anunció que llevará nuevamente su posición a la asamblea de accionistas, en la que insistirá en la necesidad de adoptar decisiones que reduzcan los riesgos que enfrenta la empresa.

Ravelo también señaló que la organización radicó formalmente su solicitud ante la junta en una sesión reciente realizada en Bogotá, lo que muestra que el sindicato ha optado por canales institucionales para plantear sus preocupaciones.

En paralelo, la USO continuará denunciando lo que considera efectos negativos sobre la imagen de la compañía y sus posibles impactos financieros. Según explicó, si esos riesgos llegan a concretarse, podrían afectar la estabilidad de la empresa.

Aunque no hay una fecha concreta para un paro, el mensaje del sindicato es que la movilización sigue vigente. Las protestas, de acuerdo con el dirigente, se desarrollarán bajo criterios de autonomía e independencia, lo que implica que no responden a presiones externas ni a decisiones anticipadas.

De esta manera, el escenario queda abierto. Mientras la junta directiva avanza en su análisis, los trabajadores mantienen la posibilidad de intensificar sus acciones, pero sin un cronograma definido y a la espera de lo que ocurra en los próximos días.

El expediente judicial correspondiente a los incidentes ocurridos el 1 de noviembre de 2020 en el centro de Madrid, durante una protesta contra las restricciones impuestas por la pandemia, será tramitado en los juzgados de lo Penal. El tribunal provincial ha determinado su falta de competencia para enjuiciar a las siete personas implicadas en estos hechos, lo que ha supuesto la suspensión de la vista oral prevista. A partir de la decisión adoptada por la Sala, el caso se remite para que sean esos juzgados quienes se pronuncien sobre las acusaciones de desórdenes públicos.

Según la información difundida por la Audiencia Provincial de Madrid y recogida por diversos medios, se había fijado un juicio para este miércoles con el objetivo de valorar la presunta participación de siete acusados en episodios violentos que se desarrollaron durante una manifestación no autorizada en la capital. El tribunal optó por suspender la vista oral y trasladó el caso a los órganos competentes, dada la naturaleza de los delitos puestos sobre la mesa.

La Fiscalía sostiene que los hechos encajan en el marco legal de desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad, por lo que solicita dos años y seis meses de prisión para cada uno de los implicados. De acuerdo con el Ministerio Público, los altercados estallaron en el contexto de una convocatoria creada en las redes sociales, dirigida a manifestarse en los alrededores de la Puerta del Sol. Esta concentración no contó con la comunicación previa a la Delegación del Gobierno, lo que implica una falta de autorización oficial.

Tal como publicó la Fiscalía en su escrito, un grupo numeroso de personas, entre las que figuran los siete encausados, acudió a la protesta, que coincidió con una etapa de restricciones sanitarias por la pandemia de Covid-19. Durante la manifestación, algunos de los asistentes, incluidos los acusados, trataron de vulnerar los cordones policiales implantados con el fin de salvaguardar la seguridad en la zona. El Ministerio Fiscal sostiene que se registró el lanzamiento de piedras y objetos contundentes contra la Comisaría de Distrito Centro.

De acuerdo con las actuaciones remitidas a los juzgados penales, tras los incidentes iniciales en la Puerta del Sol, el grupo se desplazó por varias calles céntricas, avanzando hacia el Congreso de los Diputados y arrojando diferentes objetos contra los agentes en áreas como el Paseo del Prado. Ante el aumento de la tensión, las fuerzas policiales recurrieron a la utilización de material antidisturbios con el objetivo de dispersar a los participantes y restablecer la normalidad en los enclaves afectados.

Los encausados fueron interceptados por los efectivos policiales en distintos puntos del centro de Madrid, entre ellos las inmediaciones de la Plaza de Cibeles, donde procedieron a la detención de los implicados. Según el relato del Ministerio Público, los implicados reaccionaron mostrando una actitud "agresiva y desafiante" ante los agentes desplegados, contribuyendo a la alteración del orden público en una jornada marcada por la vigencia de restricciones sanitarias en una de las zonas con mayor afluencia de la ciudad.

El medio consignó que la calificación penal se basa en la celebración de una manifestación no autorizada y en los episodios violentos dirigidos contra las fuerzas policiales. Las acusaciones se centran en la supuesta participación activa de los detenidos en el lanzamiento de objetos y la resistencia a la acción de los agentes. Según informaron fuentes judiciales, la petición de penas de prisión corresponde, en parte, al tipo delictivo de desórdenes públicos, por el que se solicitan dos años, más seis meses adicionales por atentado.

Los acontecimientos tratados en el caso se inscriben en una oleada de movilizaciones no autorizadas que coincidieron con la imposición de medidas restrictivas en diversas ciudades españolas durante la pandemia. La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de remitir el caso a los juzgados de lo Penal responde a la interpretación judicial sobre el alcance de los delitos imputados y la naturaleza de las penas solicitadas por el Ministerio Público.

La inconformidad en colonias del municipio de Tultitlán, Estado de México, continúa a más de un año del cambio de nombre que transformó a los asentamientos de Fimesa y El Paraje en la colonia denominada “Cuarta Transformación”.

Durante los últimos días, habitantes volvieron a manifestarse y colocaron nuevas placas con nombres críticos en distintas calles, como una forma de expresar su desacuerdo con la decisión del ayuntamiento y con la falta de servicios públicos en la zona.

Origen del conflicto por el nombre de la colonia en Tultitlán

El conflicto comenzó a finales de 2024, cuando el gobierno municipal aprobó renombrar varias colonias y modificar la nomenclatura de 47 calles con referencias a programas y frases del gobierno federal.

La medida implicó que zonas habitadas desde hace décadas cambiaran oficialmente su identidad territorial.

De acuerdo con vecinos, la decisión se tomó sin una consulta previa con la comunidad. Desde entonces, se organizaron protestas, retiro de placas oficiales e incluso recursos legales para impugnar la determinación.

Algunos habitantes explicaron que el cambio no se limita a un tema simbólico, ya que ha generado complicaciones administrativas.

“Estamos rebautizando nuestra colonia como hace un año el ayuntamiento de Tultitlán nos puso la Cuarta Transformación, ahora nosotros vamos a rebautizar nuestra colonia como la Transformación de Cuarta”, expresó una residente durante la reciente jornada de protesta.

Rebautizan calles como forma de protesta vecinal

El fin de semana, vecinos de las colonias Alborada Fimesa 1, 2 y 3, así como de El Paraje, colocaron señalética similar a las placas oficiales para renombrar calles con frases relacionadas con problemáticas nacionales o polémicas políticas.

La acción comenzó en el predio donde se proyecta construir una preparatoria y, según los habitantes, continuará en otros puntos de la colonia durante los próximos días.

La iniciativa busca evidenciar su rechazo a la denominación oficial y llamar la atención de autoridades estatales y municipales.

Entre los nombres que aparecieron en las placas se encuentran referencias críticas que los vecinos consideran representativas de su inconformidad.

Falta de servicios públicos mantiene el malestar

Además del desacuerdo por la nomenclatura, los residentes sostienen que las condiciones en la colonia no han mejorado desde que se anunció la regularización de los asentamientos.

Señalan que persisten carencias en servicios básicos como agua potable, alumbrado público, pavimentación, recolección de basura y seguridad.

Habitantes también han denunciado que el cambio de nombre ha provocado dificultades al realizar trámites oficiales, debido a que sus documentos aún contienen las direcciones anteriores.

Esto, afirman, retrasa gestiones relacionadas con escrituras, servicios y otros registros administrativos.

En ese contexto, algunos vecinos solicitaron la intervención del Gobierno del Estado de México y de la Fiscalía estatal para revisar denuncias abiertas por demoliciones realizadas en 2023 y por otros conflictos relacionados con el proceso de regularización.

Litigios y protestas continúan en la colonia

La disputa entre habitantes y autoridades municipales permanece abierta.

Vecinos promovieron un amparo para impugnar el cambio de nombre de la colonia y mantienen movilizaciones para defender lo que consideran su identidad comunitaria.

De acuerdo con testimonios de residentes, más de doscientas familias han participado en la colocación de nuevas placas y en acciones para visibilizar el conflicto.

También han señalado que continuarán organizándose mientras no se atiendan sus demandas.

Postura del ayuntamiento sobre la colonia Cuarta Transformación

El gobierno municipal de Tultitlán ha sostenido que la creación de la colonia Cuarta Transformación forma parte de un proceso de regularización territorial que beneficiaría a más de tres mil hogares.

Según la autoridad local, la medida busca sentar las bases para dotar de servicios públicos a la zona.

Para los habitantes inconformes, el problema principal sigue siendo la falta de atención a las necesidades básicas y la imposición del nombre sin consenso previo.

Principales reclamos de los vecinos

• Falta de agua potable y drenaje funcional en varias calles.
• Ausencia de pavimentación y mantenimiento urbano.
• Problemas con alumbrado público y seguridad.
• Retrasos y confusión en trámites por el cambio de dirección oficial.
• Inconformidad por la imposición del nombre de la colonia sin consulta.
• Exigencia de que se revisen demoliciones y conflictos legales en la zona.

La situación mantiene la tensión en estas colonias de Tultitlán, donde los residentes aseguran que continuarán con protestas y acciones simbólicas mientras no se resuelvan sus demandas y se defina el futuro del nombre y la regularización del asentamiento.

Con pancartas y consignas en favor del levantamiento de las restricciones económicas, manifestantes expresaron su preocupación por las consecuencias directas de estas políticas en la vida diaria de los ciudadanos cubanos. Según publicó Europa Press, cerca de cien personas se congregaron este sábado frente al consulado de Estados Unidos en Barcelona para exigir el fin del bloqueo que Washington mantiene sobre Cuba.

De acuerdo con la información municipal difundida por Europa Press, la concentración fue impulsada por la plataforma Defensem Cuba, que reunió a simpatizantes y organizaciones solidarias con la isla caribeña. Los asistentes corearon consignas como “Paremos la agresión a Cuba, el bloqueo mata” y “Basta de bloqueo energético a Cuba”, señalando el impacto social y económico que las medidas estadounidenses provocan en la población cubana.

El medio Europa Press detalló que la protesta tuvo como eje central el rechazo a las políticas energéticas restrictivas impuestas por Estados Unidos hacia Cuba, que han sido señaladas por organizaciones y sectores sociales como responsables de dificultades en el acceso a suministros esenciales en la isla. Los portavoces de la movilización subrayaron que el bloqueo afecta a la provisión de energía y provoca escasez de recursos básicos.

Europa Press consignó también que los manifestantes demandaron una revisión inmediata de la postura de Washington, argumentando que las limitaciones comerciales y financieras repercuten especialmente en ámbitos como la salud, la alimentación y el acceso a bienes de consumo en Cuba. Durante la concentración, participantes destacaron con megáfonos y pancartas la urgencia de “acabar con una política que consideran perjudicial para la población civil”.

Defensem Cuba, organización convocante, expuso que las restricciones no solo imposibilitan la llegada de productos a hospitales y centros educativos cubanos, sino que también dificultan la vida cotidiana, según citó Europa Press respecto a declaraciones de los organizadores. La movilización escuchó testimonios de ciudadanos cubanos residentes en Cataluña, quienes relataron situaciones cotidianas marcadas por la falta de insumos y la dificultad de enviar remesas o ayuda a familiares de la isla.

El acto de protesta, registrado en imágenes distribuidas por Europa Press Televisión, transcurrió de manera pacífica, con la presencia de colectivos sociales, representantes de distintos sindicatos y agrupaciones de cubanos residentes en España. Los asistentes, según informó Europa Press, insistieron en la necesidad de que tanto la sociedad civil como los gobiernos europeos presionen para la eliminación del embargo, señalando que su continuidad agrava la crisis social y económica en Cuba.

Durante la concentración, se establecieron puntos de información sobre la situación cubana y se distribuyeron folletos explicativos. Los organizadores apuntaron a la importancia de mantener la sensibilización y la movilización ciudadana para dar visibilidad internacional a los efectos del bloqueo, reportó Europa Press en su cobertura.

El consulado estadounidense permaneció bajo vigilancia policial durante la manifestación, sin que se registraran incidentes, señaló el medio Europa Press. Los participantes señalaron que seguirán impulsando iniciativas de denuncia pública y articulando nuevas acciones desde Cataluña y otras regiones españolas para exigir el cese de las sanciones impuestas a Cuba.

Finalmente, los organizadores recordaron la disponibilidad de recursos multimedia y testimonios recogidos durante la jornada para su difusión en redes sociales y medios de comunicación, invitando a la ciudadanía a informarse sobre la situación a través de plataformas como Europa Press Televisión.

La Junta Nacional de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) convocó a un paro nacional de 24 horas del magisterio para el 15 de abril de 2026. Esta acción busca llamar la atención sobre las fallas estructurales en el sistema de salud que afecta a los docentes y hacer presión para que se respete el acuerdo vigente y se atiendan reclamos históricos del sector.

La decisión incluye el respaldo político a la candidatura presidencial de Iván Cepeda y el llamado a fortalecer la unidad de los sectores progresistas, en un momento de tensión con las autoridades de salud y educación, según informó la propia Fecode a través de sus redes.

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La Junta Nacional, que sesionó los días 16 y 17 de marzo de 2026, detalló las razones de la jornada de protesta en una comunicación oficial. Entre los puntos que diferencian esta convocatoria se encuentra la exigencia directa a la Fiduprevisora y al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) para que respalden acciones que estabilicen el modelo de salud de los maestros, un modelo que, afirman, padece problemas como la “falta de medicamentos, dificultades en la asignación de citas, la no transcripción de incapacidades y la suspensión de tratamientos”, según la información difundida por Fecode en sus canales institucionales.

En este contexto, María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, cuestionó la decisión del gremio de maestros de protestar contra las medidas impulsadas por el Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro.

Según consideraciones de la congresista, los anuncios de Fecode son incongruentes, porque rechazan la administración actual, pero apoyan la candidatura de Iván Cepeda que busca continuar con el proyecto político del jefe de Estado y tomar medidas más radicales.

“Este caso de FECODE es digno de estudio científico. Protestan contra Petro porque les destruyó el sistema de salud, pero anuncian que votarán por Cepeda que resultaría peor que el exM-19. Con razón la crisis en la calidad de la educación”, escribió Cabal en su cuenta de X.

Las razones de Fecode para marchar

El gremio de educadores, además del reclamo por la atención en salud, exige la defensa del Acuerdo 003 de 2024 y la protección del presupuesto asignado al Fomag, solicitando expresamente a las entidades prestadoras que eviten la suspensión injustificada de servicios. Lo anterior, “pone en riesgo la salud y la vida del magisterio y sus beneficiarios”, de acuerdo con la declaración de Fecode en sus redes.

Fecode subrayó la necesidad de que la Fiduprevisora cumpla y respalde todas las acciones necesarias para la mejora del sistema. Dentro de los compromisos clave figura la formación de una mesa técnica permanente para avanzar en el cumplimiento de los acuerdos suscritos entre la sociedad fiduciaria, las filiales sindicales y Fecode sobre la atención en salud de los maestros.

En materia laboral, los docentes urgen la pronta expedición de los decretos salariales y el pago oportuno de prestaciones sociales y económicas, especialmente la prima de mitad de año. El sindicato denuncia también que numerosas Entidades Territoriales Certificadas han negado garantías gremiales, restringiendo derechos reconocidos a nivel nacional.

El paro nacional del 15 de abril de 2026 surge como respuesta colectiva a estos reclamos, articulando la defensa del presupuesto y los acuerdos con la presión para obtener mejoras concretas en la atención en salud, condiciones laborales y el respeto a los acuerdos alcanzados con el Gobierno nacional.

La convocatoria se fundamenta en la persistencia de prácticas administrativas que, desde la óptica del gremio docente, vulneran derechos mínimos y afectan a un amplio sector de trabajadores de la educación, de acuerdo con el balance presentado por Fecode al cierre de su Junta Nacional.

La huelga general convocada para este martes 17 de marzo por los sindicatos nacionalistas en País Vasco y Navarra ha comenzado con bloqueos en varias carreteras y piquetes en los principales centros de trabajo. A primera hora de la mañana, la Ertzaintza alertaba de incidencias en el tráfico por la quema de neumáticos en varias vías de acceso a Bilbao, así como en Vitoria-Gasteiz, Elorrio (Bizkaia) y Andoain (Gipuzkoa), donde el corte de la N-1 ha causado retenciones de unos 7 kilómetros. En Pamplona, la Policía Foral informa de cortes de tráfico en la PA-30 y A-15.

Además de la entrada a las grandes fábricas, las protestas han bloqueado durante horas el acceso al campus de la UPV-EHU en Leioa (Bizkaia). En Larrabetzu (Gipuzkoa), agentes de la policía autonómica han abierto diligencias por desórdenes públicos a un huelguista durante un piquete en el polígono industrial de Sarrikola.

En Hernani (Gipuzkoa), se han registrado paros en dos puntos de la línea ferroviaria por la quema de neumáticos en las vías sobre las 5.30 horas de la mañana, mientras que en Amurrio (Álava) se ha interrumpido la circulación a las 9:30 horas por un sabotaje en la catenaria.

Sueldo mínimo de 1.500 euros frente al alza del coste de vida

Bajo el lema “Decidir aquí el sueldo mínimo”, los sindicatos mayoritarios ELA y LAB, junto a las organizaciones Steilas, Hiru y Etxalde, reclaman el traslado a los gobiernos autonómicos de las competencias para fijar el SMI. En concreto, exigen un salario mínimo de 1.500 euros al mes en 14 pagas, para aliviar la economía de los 307.000 trabajadores vascos que cobran sueldos por debajo de esta cifra y acercar el SMI al objetivo del 60% del salario medio.

La propuesta de un SMI negociado desde País Vasco y Navarra en lugar de Madrid ha recibido el rechazo de la patronal y los gobiernos autonómicos, que tumbaron en ambos parlamentos las iniciativas legislativas populares (ILP) presentadas por los agentes sociales.

Colectivos como CNT, CGT, Solidari y EHKS, por su parte, han apoyado la huelga y convocado movilizaciones y piquetes durante el día.

Amplio seguimiento en varios sectores

En las primeras valoraciones de la huelga este martes, las organizaciones convocantes celebran que la jornada de paros esté teniendo “un seguimiento importante” en Navarra, aunque denuncian “chantajes, amenazas y obstáculos” como la imposición de servicios mínimos excesivos para evitar que los trabajadores acudan a la convocatoria.

Desde LAB destacan el seguimiento de la huelga en el sector industrial, donde gran parte de las plantas productivas han parado su actividad. En el sector de servicios privados también se ha dado una importante adhesión, con comercios y comedores cerrados, así como servicios de limpieza y subcontratas que se han sumado a la convocatoria.

En el ámbito de los servicios públicos, se ha interrumpido el servicio en varias líneas de transporte y la administración pública presenta una actividad muy reducida en varios municipios. El sector sanitario y el de bienestar social han estado afectados por servicios mínimos estrictos, aunque la intervención social muestra una amplia participación. En la educación pública, más de la mitad de la plantilla ha secundado la huelga y muchas cocinas escolares han cerrado, mientras que en educación especial y universidades el paro también es casi total. En cuanto a los medios de comunicación, la emisión de EITB se ha limitado hoy a los informativos, que constituyen los servicios mínimos del grupo.

(Noticia en ampliación)

El Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE) resolvió este lunes suspender y reprogramar las elecciones municipales de Guanaja en el departamento de Islas de la Bahía, ante disturbios, ocupación de centros de votación y episodios de violencia que pusieron en riesgo la seguridad de la jornada prevista el 15 de marzo.

La decisión se precipitó tras un incendio en el centro de votación Cristóbal Colón, poniendo en peligro la integridad del personal electoral.

El informe del CNE, reproducido por medios hondureños, reportó que dos centros de votación estaban ocupados por manifestantes. Esto provocó tensiones inmediatas entre militantes de los principales partidos. Al persistir la ocupación, la inspección confirmó la imposibilidad de iniciar la votación según la ley.

El Tribunal de Justicia Electoral de Honduras (TJE) había ordenado repetir la elección en Guanaja debido a un empate técnico en las generales de 2025 entre candidatos del Partido Liberal de Honduras y del Partido Nacional de Honduras, según el CNE. El Tribunal determinó que solamente una repetición total de los comicios garantizaría un resultado legítimo.

El artículo 115 de la Ley Electoral obliga a repetir la jornada en todas las Juntas Receptoras de Votos (JRV) del municipio, lo que prohíbe votar parcialmente. Esta disposición forzó al CNE a suspender la elección y a dejar pendiente la nueva fecha, conforme al comunicado oficial.

Durante la mañana del domingo, personal del CNE reportó que no pudo instalarse en al menos dos centros de votación. Representantes de todos los partidos buscaron una salida dialogada, pero la toma de sedes electorales dejó el proceso estancado. Medios locales difundieron que manifestantes ocuparon la alcaldía de Guanaja y que se utilizaron bombas molotov durante los disturbios.

El jefe de bancada del Partido Liberal de Honduras en el Congreso Nacional, Jorge Cálix, calificó la obstrucción como una violación del orden democrático y privación del derecho al voto. En palabras recogidas por el CNE: “Impedir que se celebren las elecciones en Guanaja no solo constituye desobediencia a una sentencia, también es un atentado a la democracia”. Cálix también criticó a sectores que, según él, antes denunciaban sabotaje y ahora respaldan acciones para bloquear la repetición electoral.

Desde la bancada liberal, el diputado exigió la intervención de la Policía Nacional de Honduras para prevenir delitos electorales y solicitó medidas al Ministerio Público y a las Fuerzas Armadas de Honduras para resguardar el material electoral y la seguridad: “No rompan la paz que hay hoy en el país”, instó Cálix.

La jornada estuvo marcada por choques verbales entre líderes de los principales partidos. El diputado del Partido Nacional de Honduras, Stephen Garett García Arch, denunció el porte de explosivos artesanales por simpatizantes liberales. El ambiente en el Congreso y en Guanaja reflejó la tensión, cada bloque señalando al adversario por la interrupción del proceso

El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) denunció actos antidemocráticos atribuidos a nacionalistas. Según el partido, el 14 de marzo simpatizantes del Partido Nacional tomaron el aeropuerto de Guanaja, impidiendo la llegada del material electoral y forzando su traslado por vía marítima.

Estos episodios en Guanaja no ocurrieron de manera aislada. El propio CNE reportó impugnaciones e incidentes posteriores a los comicios de 2025 en municipios como Nueva Frontera y Petoa (Santa Bárbara), La Lima (Cortés), Oropolí (El Paraíso) y Camasca (Intibucá). En Oropolí, tras la proclamación del representante del Partido Libertad y Refundación (Libre), Juan Francisco Gonzales Mayorquín, el tribunal realizó un recuento a raíz de la impugnación de Diana Michell Osorio López, del Partido Nacional

La crisis en Guanaja expuso fisuras entre las entidades responsables del proceso. El CNE requirió al presidente del TJE, Mario Urrutia, que se abstenga de emitir declaraciones contradictorias a la sentencia del tribunal, luego de que Urrutia negara en televisión que su entidad ordenara repetir los comicios.

El CNE subrayó que esta confusión afecta la credibilidad institucional y reiteró que la resolución vigente exige convocar nuevamente a los electores tras el empate anterior.

En este escenario, la autoridad electoral espera condiciones mínimas de seguridad para definir la fecha y reiteró su compromiso de “garantizar que la próxima jornada electoral pueda realizarse sin incidentes que afecten el derecho al voto de los ciudadanos”, según el comunicado oficial.

Durante el estallido social de octubre de 2019 en Chile, organismos nacionales e internacionales señalaron miles de denuncias por abuso policial y militar en el contexto de las protestas, incluyendo pérdida de visión por impactos de bala, lesiones graves y decenas de muertes. Según consignó el medio La Tercera, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha contabilizado más de 2.500 denuncias y cerca de 3.000 víctimas por acciones de represión durante el periodo comprendido entre octubre de 2019 y marzo de 2020, con un saldo de 34 personas fallecidas. En este escenario, el presidente de Chile, José Antonio Kast, declaró en una entrevista a Canal 13 su intención de otorgar indultos presidenciales a miembros de las fuerzas policiales y militares que actualmente cumplen condenas por delitos cometidos durante esas manifestaciones, una medida que ha generado controversia y divisiones en la institucionalidad chilena.

El mandatario afirmó en Canal 13 que el indulto presidencial es una atribución vigente del jefe de Estado y que tiene la determinación de hacer uso de ella. Kast argumentó que “hay personas presas porque cumplieron con su deber mandatado por el Estado”, y, al ser consultado, aseguró que su administración realiza una revisión detallada de los casos de carabineros y militares sentenciados por ejercer violencia contra personas que participaron en la protesta social. De acuerdo con lo reportado por Canal 13, el presidente hizo referencia a la historia reciente de Chile y a situaciones comparables ocurridas en otros países, declarando: “Yo entiendo que alguien que se sienta víctima de una situación como esa, le cueste mucho superar, pero miremos lo que ha sucedido en otros países, miremos nuestra historia y aquí hay que partir perdonando”.

El alcance de las condenas incluye a funcionarios de fuerzas de seguridad estatales implicados en hechos como disparos contra manifestantes, agresiones que causaron que personas perdieran la visión de uno o ambos ojos y golpizas que dejaron a víctimas en estado vegetal. Diversos sectores sociales y políticos han sostenido posturas encontradas sobre la iniciativa presidencial, enfocándose en el debate entre la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de la ley y la protección de derechos humanos durante situaciones de crisis social.

A pesar de las declaraciones de Kast, la respuesta del Ministerio de Justicia se inclina en sentido opuesto. Según declaraciones recogidas por el periódico La Tercera, el titular de Justicia subrayó que no ha suscrito ningún indulto y recalcó que la orientación de la gestión de Gobierno no contempla una “agenda prodelincuencia”. El ministro insistió en que el propósito del Ejecutivo radica en combatir el crimen antes que en avalar o respaldar acciones ilegales cometidas por funcionarios públicos. Estas afirmaciones revelan una distancia entre la posición del presidente y la de la cartera de Justicia en torno a la posible concesión de indultos a agentes estatales condenados.

De acuerdo con lo publicado por La Tercera, los episodios que detonaron las protestas en Chile tuvieron su inicio el 18 de octubre de 2019, tras el aumento del precio del transporte público en Santiago. La disconformidad con dicha medida se convirtió rápidamente en un proceso de movilización social que expuso el malestar acumulado por vastos sectores de la sociedad frente a la desigualdad y otras problemáticas estructurales del país. Las manifestaciones se extendieron por meses, involucrando a millones de personas y generando episodios de enfrentamientos recurrentes con las fuerzas del orden.

Las acciones de Carabineros y fuerzas militares durante el periodo del estallido recibieron fuertes cuestionamientos a nivel nacional e internacional. Miles de reportes documentaron uso desproporcionado de la fuerza, represión, detenciones arbitrarias y daños físicos severos a quienes participaron en las protestas. Diversos organismos y organizaciones de derechos humanos denunciaron esos excesos y exigieron investigaciones judiciales para determinar responsabilidades y evitar la impunidad.

El debate sobre los indultos presidenciales a policías y militares condenados ha reactivado la discusión en torno a los límites de la acción estatal tanto para resguardar el orden público como para respetar las garantías fundamentales. Sectores a favor del indulto consideran que las condenas recaen en agentes que en muchos casos actuaron bajo órdenes formales y en situaciones de alta presión, mientras que quienes se oponen sostienen que la existencia de víctimas como consecuencia directa del accionar policial debe ser sancionada conforme a la ley y la responsabilidad penal individual.

El medio La Tercera puntualizó que, entre las causas judicializadas, se consignan casos en los que la acción de agentes estatales derivó en consecuencias irreversibles, tales como lesiones oculares permanentes y la incapacidad total de personas tras violentos enfrentamientos. La gestión de estas causas ha sido objeto de atención mediática, jurídica y social desde 2019, propiciando un amplio debate sobre el alcance de la justicia en contextos de convulsión social y el balance entre seguridad y derechos humanos.

Las declaraciones del presidente y las reacciones del Ministerio de Justicia ilustran un ambiente de tensiones e interrogantes respecto al rumbo del Gobierno frente a las secuelas del estallido social. Si bien la Constitución chilena respalda la facultad del jefe de Estado para conceder indultos, la aplicación de este mecanismo en casos de condenas por violaciones de derechos humanos plantea cuestiones legales, éticas y sociales que aún se encuentran en discusión dentro y fuera de las instituciones del país.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha destacado que una nueva serie de disturbios recibiría una respuesta más severa que los incidentes ocurridos el 8 de enero, señalando que quienes promuevan el caos están asociados con lo que denominan un "nuevo Estado Islámico". El organismo militar ha solicitado la colaboración de la población para evitar que se repitan episodios violentos como los que dejaron miles de víctimas a principios de año. Según informó la cadena de televisión pública iraní, IRIB, este llamado a la cooperación se produce en el contexto de la reciente ofensiva militar que Israel y Estados Unidos iniciaron contra Irán el 28 de febrero, en medio de crecientes tensiones regionales y preocupación interna por la estabilidad.

De acuerdo con el canal público, la Guardia Revolucionaria considera que los episodios de movilizaciones y disturbios en Irán durante diciembre y enero formaron parte de una estrategia más amplia para desestabilizar al país. En su primer comunicado tras los disturbios de enero, la institución ya había advertido que estas protestas funcionarían como preludio a una agresión militar, postura que mantiene tras el incremento reciente de la presión internacional. El mensaje difundido por la Guardia Revolucionaria enfatizaba que "el maligno enemigo, desesperado por lograr sus objetivos en el campo de batalla, busca provocar miedo y caos en las calles", responsabilizando a actores externos de alimentar la crisis doméstica.

La Guardia Revolucionaria denunció, además, la supuesta presencia de elementos terroristas infiltrados en las manifestaciones, atribuyendo a estos grupos la intención de elevar el número de víctimas mortales entre la población civil y las fuerzas de seguridad. Según las autoridades iraníes, el objetivo sería proporcionar a Estados Unidos argumentos para justificar una intervención militar directa en el país. Teherán cifra oficialmente en más de 3.000 los fallecidos en el contexto de estas protestas, número que incluye tanto a civiles como a elementos de las propias fuerzas de seguridad atacados durante los enfrentamientos.

El medio IRIB también informó sobre la postura del gobierno iraní en relación con las causas de la violencia ocurrida en esos meses. Según la versión oficial, las protestas, iniciadas por el deterioro de la situación económica, habrían sido convenientemente manipuladas por actores externos y combatientes calificados como terroristas, lo que incrementó considerablemente su letalidad y permitió a Washington criticar abiertamente la respuesta empleada por las autoridades iraníes.

Por otra parte, la organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha aportado una perspectiva diferente sobre el saldo trágico de las movilizaciones. Según esta ONG, la cifra de personas fallecidas supera las 7.000, siendo la mayoría manifestantes, dato que duplica ampliamente el balance ofrecido por las autoridades iraníes. Esta discrepancia ha colocado nuevamente el foco en la falta de transparencia y la dificultad para verificar cifras durante episodios de alta conflictividad interna.

En el plano internacional, la reacción del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contribuyó a profundizar la tensión. Al principio, Trump esgrimió la posibilidad de intervenir directamente en respuesta a la fuerte represión ejercida contra los manifestantes en Irán. Posteriormente, el mandatario estadounidense modificó el enfoque de sus amenazas y trasladó la preocupación principal al desarrollo del programa nuclear iraní. Según recogió IRIB, este cambio de estrategia se produjo dentro de un marco de negociaciones existentes entre Teherán y Washington, donde la cuestión nuclear volvió a ocupar un lugar central en la agenda bilateral.

A pesar de esos contactos diplomáticos, Estados Unidos e Israel iniciaron una nueva ofensiva militar contra posiciones en Irán el 28 de febrero. Según el balance más reciente recabado por IRIB, el número de muertos confirmados por las autoridades hasta la fecha supera los 1.200, sumándose así a las víctimas contabilizadas desde el inicio de la crisis y ampliando el alcance humano del conflicto.

La secuencia de estos hechos plantea un escenario de inestabilidad interna y presión internacional persistente sobre Irán. Mientras los altos mandos militares llaman a la ciudadanía a evitar cualquier colaboración con quienes identifican como terroristas y aseguran estar preparados para responder más contundentemente a nuevos intentos de movilización, la cantidad de muertes registradas y la narrativa oficial sobre sus causas permanecen en el debate. Las discrepancias entre los recuentos de las ONG y del propio gobierno iraní dificultan el acceso a una imagen clara de la dimensión real del conflicto interno, mientras la implicación directa de potencias extranjeras refuerza la complejidad de la situación que vive el país.

Declararon culpables a ocho personas el viernes en un tribunal federal de Texas por terrorismo tras un tiroteo frente a un centro de detención de inmigrantes, un caso que, según NBC News, la Fiscalía Federal asoció al movimiento antifa, una corriente de activismo que se opone a ideologías consideradas fascistas o de extrema derecha.

El juicio, seguido de cerca más allá del tribunal de Fort Worth, plantea interrogantes sobre los límites de las estrategias del gobierno para penalizar la protesta, y anuncia posibles consecuencias para futuras manifestaciones en Estados Unidos.

Los condenados enfrentan una pena de hasta 15 años de prisión por el cargo de apoyo material al terrorismo, según el informe de NBC News, con la audiencia de condena programada para junio.

Este proceso judicial es el primero en que, de acuerdo con declaraciones del director del FBI, Kash Patel, se imputa dicho cargo a personas acusadas de pertenecer al movimiento antifa, lo cual no exige filiación formal a ninguna organización.

Un tiroteo frente a un centro de detención y su repercusión en el derecho a protesta

El incidente ocurrió el 4 de julio ante el Prairieland Detention Center en Alvarado, Texas, donde, según la cadena de noticias estadounidense, los manifestantes organizaron lo que definieron como una “manifestación ruidosa” para apoyar a inmigrantes detenidos por las políticas de deportación de la administración Trump.

La protesta se tornó violenta cuando, según la acusación, el ex reservista del Cuerpo de Marines, Benjamin Song, gritó “váyanse a los rifles” y disparó, hiriendo a Thomas Gross, teniente de la policía de Alvarado, quien recibió un disparo que atravesó su cuello.

La Fiscalía Federal de Texas argumentó que las acciones del grupo –como portar armas, chalecos antibalas y botiquines de primeros auxilios– demostraban una intención violenta y una preparación similar a tácticas atribuidas al movimiento antifa. El fiscal Shawn Smith sostuvo ante el jurado: “Esto no fue una protesta pacífica, fue una acción directa”.

De los nueve acusados inicialmente en el proceso, el jurado declaró culpables a ocho por apoyo material al terrorismo. Varios enfrentan además cargos de intento de asesinato de agente policial y de uso indebido de armas de fuego, ya que la fiscalía sostuvo que, debido a la planificación del grupo, la posibilidad de un tiroteo era previsible.

Por parte de la defensa, los abogados negaron cualquier vinculación orgánica con antifa y aseguraron que no existía plan para la violencia. Sostuvieron que quienes portaron armas lo hicieron por motivos de protección y que la mayoría había comenzado a retirarse cuando personal del centro apareció fuera, previo a los disparos.

Blake Burns, abogado de varios acusados, advirtió al jurado: “El gobierno está intentando caracterizar a los manifestantes como terroristas para encerrarlos”.

La disputa principal se centra en definir cuándo una protesta pasa a ser un acto criminal que pueda tipificarse como terrorismo doméstico. Al no existir una lista oficial en Estados Unidos de organizaciones terroristas nacionales, la legislación se basa en la naturaleza de las acciones y no en la pertenencia formal a un grupo, de acuerdo con NBC News.

Reacciones y consecuencias en el ámbito jurídico y social

El caso ha suscitado preocupación entre juristas y grupos defensores de derechos civiles en Estados Unidos. La presidenta interina del National Lawyers Guild, Suzanne Adely, advirtió en declaraciones a NBC News que el fallo podría provocar un efecto disuasorio sobre el derecho a manifestarse: “Esta es una forma de que el gobierno mida hasta dónde puede criminalizar manifestaciones constitucionalmente protegidas y aumente el temor, esperando que personas en otras ciudades se lo piensen dos veces antes de protestar”.

Varios de los acusados colaboraron con la fiscalía tras declararse culpables antes del juicio y testificaron para la acusación, con detalles sobre las razones de su presencia en el centro de detención. Seth Sikes afirmó: “Sentí que estaba haciendo lo correcto”.

La defensa de Song sostuvo que el tiro que hirió al agente Gross fue “fuego de supresión” y que la lesión fue consecuencia de un disparo desviado. El testimonio de Gross indica que, al llegar a la escena, observó a una persona vestida de negro, con el rostro cubierto y portando un rifle. En ese momento, el disparo le atravesó el cuello.

La controversia en torno a la imputación por “apoyo material al terrorismo” continúa, ya que tal cargo no exige probar vínculos con un grupo específico y desafía los límites de la Primera Enmienda, que protege los derechos de asociación y expresión en el territorio estadounidense.

El desenlace del juicio se conocerá en junio, cuando los ocho inculpados recibirán sentencia tras haber sido hallados culpables por el jurado.

La marcha Al Quds, impulsada como jornada internacional de apoyo a Palestina desde hace más de cuatro décadas tras el decreto del ayatolá Ruhollah Jomeini, ha vuelto a situar a las autoridades británicas y a la Comisión Islámica de Derechos Humanos en un escenario de confrontación este año. Según informó Europa Press, pese a la prohibición formal emitida por el Gobierno británico para impedir la concentración prevista en Londres el domingo, los organizadores han manifestado su determinación de seguir con el evento y han solicitado a los participantes que mantengan los preparativos.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la ministra del Interior del Reino Unido, Sabana Mahmood, decidió acoger la recomendación de la Policía Metropolitana de Londres y ordenó el veto de la manifestación. El comunicado policial sostiene que la marcha Al Quds mantiene una especial controversia por su origen en Irán y por la vinculación directa con la Comisión Islámica de Derechos Humanos, señalada por las fuerzas de seguridad como una entidad que respalda al gobierno iraní. La decisión, según la propia Policía, se adoptó tras evaluar una acumulación de factores de riesgo y no representa una preferencia por ninguna postura política.

Hasta la fecha, según consignó el medio Europa Press, las fuerzas del orden en Londres han supervisado el desarrollo de más de treinta protestas en respaldo a la causa palestina. Sin embargo, las autoridades londinenses consideran que esta convocatoria presenta riesgos distintos. Entre los factores identificados, la Policía enumeró el incremento de la tensión entre manifestantes y posibles grupos contrarios, la presencia de amenazas directas de seguridad procedentes de Irán en suelo británico y el contexto internacional, marcado por recientes ofensivas entre Irán, Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo.

Ante esta situación, la Policía Metropolitana argumentó su preocupación de que la concentración del domingo derivara en graves altercados públicos, con la posibilidad de poner en peligro la integridad de las personas y ocasionar daños materiales. Según el pronunciamiento oficial, el cuerpo de seguridad se compromete a hacer “todo lo posible” para minimizar la violencia y mantener el orden, al tiempo que señaló que la postura institucional no implica tomar partido en el conflicto político subyacente.

La prohibición de la marcha Al Quds representa la primera vez desde 2012 que se recurre a una medida de este tipo en el marco de este evento. Europa Press detalló que las circunstancias extraordinarias del momento, incluidas las hostilidades recientes en Oriente Medio y la percepción de un aumento en las acciones de represalia promovidas por el régimen de los ayatolás contra países vecinos, influyeron en la decisión de las autoridades británicas.

Por su parte, la Comisión Islámica de Derechos Humanos difundió un comunicado condenando la intervención del Ministerio del Interior y reafirmando su intención de desarrollar la marcha según lo previsto. “Esperamos veros en la manifestación del domingo. Todos los preparativos deben continuar según lo planeado”, manifestaron los organizadores, según recogió Europa Press. La Comisión denunció el accionar de la Policía Metropolitana, al sostener que las fuerzas del orden habrían abandonado su deber de imparcialidad y actuado bajo la presión directa de sectores favorables a Israel, lo que describieron como una capitulación ante el “lobby sionista”.

Además, el medio Europa Press señaló que el contexto de restricciones y sanciones a las protestas pro-palestinas en el Reino Unido no es nuevo. En julio de 2025, la entonces ministra del Interior Yvette Cooper resolvió ilegalizar al grupo Palestine Action, clasificando a esta organización al mismo nivel que Al Qaeda y Estado Islámico. Sin embargo, esa determinación fue posteriormente revertida por la máxima instancia judicial británica, el Tribunal Supremo, que la declaró ilegal a comienzos de este año.

El contexto internacional y la creciente sensibilidad de las autoridades ante posibles amenazas en el territorio nacional influyen en la estrategia de seguridad adoptada por el Reino Unido ante manifestaciones relacionadas con el conflicto palestino-israelí. El historial de las marchas Al Quds y su significado político mantienen el foco de la atención pública y oficial, según lo detalla Europa Press, lo que determina un seguimiento intensivo de las autoridades y genera tensión sobre el derecho de manifestación y la seguridad nacional.

El reclamo salarial policial en Jujuy avanzó hacia una solución tras una propuesta formal presentada por el Gobierno a los delegados de agentes activos y retirados durante una reunión en la Central de Policía. Se trata de un esquema que aplicaría aumentos escalonados y establecería un piso salarial de $1.150.000, además de adicionales por presentismo.

Uno de los puntos claves del sistema que buscaimplementar la gestión que lidera Carlos Sadir sería alinear las actualizaciones salariales con el resto de los sectores de la administración pública. En este sentido, se tomaría como punto de partida el incremento del 10% anteriormente otorgado.

Al mismo tiempo, el paquete garantizaría a los agentes recién incorporados un sueldo mínimo neto de 1.150.000 pesos desde marzo. Además, se incluiría el pago de un adicional por presentismo y mejoras en los conceptos de títulos y posgrados.

La propuesta habría sido aceptada por los delegados policiales, aunque todavía se tendrían que realizar una serie de ajustes para terminar de definir el esquema final de remuneraciones. Según la información publicada por Jujuy al Momento, la prioridad del Gobierno provincial es retomar el funcionamiento habitual de la Policía y consolidar el consenso alcanzado.

Para destrabar el conflicto, el Poder Ejecutivo jujeño exigió "un compromiso mutuo por la paz y el respeto“. Por esto, pidieron que no haya encapuchados en las próximas manifestaciones que se realizaran, así como tampoco se quemen cubiertas o se lleve a cabo cualquier acto que pueda producir daños a propiedades públicas o privadas, subrayando la importancia de proteger la institucionalidad y la imagen de la fuerza.

En las horas previas, el conflicto salarial entre el Gobierno provincial y las fuerzas de seguridad había escalado hacia la vía judicial, debido a que las autoridades presentaron una denuncia penal contra los responsables de encabezar los disturbios ocasionados el lunes por la noche en las inmediaciones de la Casa de Gobierno.

Frente a esto, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) inició una investigación de oficio para determinar a los autores materiales de los ataques registrados en el edificio gubernamental.

Incluso, indicaron que ya tendrían en su poder las imágenes de las cámaras de seguridad y otros registros fílmicos que permitieron identificar a personas involucradas en la remoción de vallas y el uso de pirotecnia de alto poder. Bajo el punto de vista del Gobierno provincial, estas acciones son consideradas actos de vandalismo planificado.

En un comunicado, las autoridades calificaron los hechos como parte de una estrategia “coordinada y premeditada”, ejecutada por sectores sin “representatividad” en la fuerza. Desde los despachos oficiales, el mensaje fue claro al asentar que no se permitirán maniobras de minorías que “pongan en jaque la paz social”, un bien considerado estratégico ante el aumento de la conflictividad dentro del sector estatal.

Por su parte, el Ministerio Público de la Acusación destacó que los incidentes no derivaron en enfrentamientos directos entre miembros de las propias fuerzas de seguridad. “Lo peor se evitó: el choque entre pares”, afirmaron.

En este sentido, los investigadores resaltaron la disciplina mostrada por quienes custodiaban el edificio, pese a la presión ejercida por sus propios colegas y los familiares presentes. Así, confirmaron que la investigación judicial avanzará con el análisis detallado de las pruebas recolectadas, con el objetivo de determinar eventuales sanciones penales para los responsables.

El reclamo de efectivos de la Policía de Jujuy por un aumento salarial desencadenó movilizaciones y protestas en la provincia, luego de que exigieran la actualización del salario básico y mejoras en condiciones de trabajo. Estas abarcarían tanto la revisión de la jornada laboral como la dotación de recursos y renovaciones en la infraestructura de dependencias policiales.

El impacto del conflicto se potenció ante los incrementos diferenciados otorgados a la plana mayor de la fuerza, quienes recibieron un aumento del 70%. Además, sectores como los custodios de autoridades de Gobierno y el Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP) accedieron a beneficios excluyentes, lo que profundizó el malestar entre agentes de menor rango, de acuerdo con Noticias (d) Jujuy.

En respuesta a este descontento, el secretario de Seguridad provincial, Juan Manuel Pulleiro, notificó que las resoluciones que concedían estos aumentos serán anuladas, una decisión orientada a calmar la tensión dentro de la institución policial.

El viernes, una delegación de policías retirados fue recibida por el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, junto a autoridades de la Jefatura de Policía y del Servicio Penitenciario. En esa reunión, se acordó la conformación de una mesa de diálogo dedicada a analizar la situación salarial y los reclamos.

Los delegados anticiparon la presentación de un pedido formal de aumento del 50% para el personal policial y penitenciario. Aunque ese encuentro no logró contener el descontento de ese sector de las fuerzas de seguridad, se espera que el acuerdo con el Gobierno derive en el fin de las protestas.

La protesta era en respuesta al acuerdo anunciado por la administración provincial en relación a los reclamos salariales de las fuerzas de seguridad, de acuerdo con lo informado por Todo Jujuy. Lo que, en horas de la tarde, empezó con una protesta pacífica frente a las rejas que rodean la sede del Poder Ejecutivo, pronto se convirtió en violentos incidentes, durante la noche.

La concentración reunió a manifestantes que llevaban carteles y algunos tenían parte del rostro cubierto. En las videos que circularon en las redes sociales, se observa a una parte de los presentes arrojando pirotecnia hacia el edificio gubernamental, lo que generó la formación de un cordón policial en en el acceso al edificio y la infantería sobre la calle Sarmiento.

Parte de los familiares y allegados a los agentes expresaron su rechazo al acuerdo, al considerar que no respondía a las demandas originales, especialmente, en relación con el pedido de un aumento salarial del 50 por ciento.

En el transcurso de la movilización, un grupo de personas intentó derribar una de las rejas del portón. Este hecho incrementó el clima de tensión, aunque no se produjeron enfrentamientos directos entre los manifestantes y la Policía apostada en el lugar. La protesta se mantuvo durante varias horas

“Ya está encaminada la situación. Se tocaron todos los puntos que fueron reclamados tanto por el personal activo como por el personal que se encuentra en situación de retiro”, explicó un referente del personal activo del Servicio Penitenciario. “Se llegó al mejor acuerdo posible”, añadió lo que posteriormente desató los incidentes.

El conflicto salarial en las fuerzas de seguridad comenzó cuando efectivos de la Policía de Jujuy salieron a las calles para exigir un aumento del salario básico, de acuerdo con lo informado por Noticias (d) Jujuy. Además del reclamo por la actualización salarial pidieron mejoras en las condiciones de trabajo, señalando la necesidad de revisar aspectos vinculados a la jornada laboral, los recursos disponibles y la infraestructura en dependencias policiales.

El malestar dentro de la fuerza se profundizó luego de que se conocieran aumentos diferenciados otorgados a la plana mayor de la Policía, que alcanzaron el 70%, y a sectores específicos como los custodios de las autoridades de Gobierno y el Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP), según añadió el mismo medio. Esta decisión generó un fuerte rechazo entre el personal de menor rango. En respuesta, el secretario de Seguridad provincial, Juan Manuel Pulleiro, anunció que las resoluciones que establecían esos incrementos quedarían sin efecto, lo que permitió descomprimir la protesta de manera momentánea.

El viernes pasado, una delegación de policías retirados fue recibida por el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, en un encuentro en el que también participaron representantes de la Jefatura de Policía y del Servicio Penitenciario. En esa reunión se acordó la conformación de una mesa de diálogo para tratar la situación salarial y las demandas del sector. Los delegados adelantaron que presentarán un pedido formal de aumento del 50% para el personal policial y penitenciario, en línea con la magnitud de los reclamos expresados durante las recientes movilizaciones. El conflicto permanece abierto.

Una situación similar se vivió semanas atrás en Rosario, Santa Fe en donde una protesta policial terminó en enfrentamientos internos. Los agentes de la fuerza provincial vestidos de civil y con los rostros cubiertos, junto a familiares, se reunieron frente a la Jefatura de Policía para reclamar mejoras salariales y condiciones laborales.

La situación escaló pasada la medianoche del 10 de febrero, cuando efectivos en actividad recibieron la orden de intervenir contra los manifestantes. Esto llevó a que varios efectivos se sumaran a la protesta, abandonando sus funciones y bloqueando las calles con patrulleros y motos oficiales.

El reclamo original exigía una urgente recomposición salarial ante la pérdida de poder adquisitivo. Tras la intervención oficial, la protesta se radicalizó y se replicó en otros puntos de Rosario y en la capital provincial.

La respuesta del Gobierno de Jujuy

El Gobierno de Jujuy emitió un comunicado, donde expresó un llamado a la calma y la paz social. Y aseguró su compromiso con el diálogo y la continuidad de las mesas de trabajo con los representantes de los familiares del personal de seguridad, tanto en servicio como retirados.

La comunicación oficial destacó que la provincia no permitirá el retorno de prácticas asociadas a la violencia y a la confrontación: “No vamos a permitir que ese pasado se reinstale en nuestra provincia”. La administración enfatizó que la violencia y el encubrimiento de rostros representan métodos que la sociedad jujeña dejó atrás bajo un sistema democrático.

Tras denunciar la existencia de un grupo reducido con intereses ajenos al bienestar general, el Gobierno de Jujuy señaló que este sector fue responsable de daños materiales en la Casa de Gobierno, afectando bienes considerados patrimonio de la provincia. El texto remarcó: “El reclamo legítimo nunca puede ser excusa para el vandalismo”.

La autoridad provincial reiteró que el bienestar colectivo depende del respeto a la democracia y las instituciones, así como de la búsqueda de consensos. Y concluyó reafirmando la decisión de la ciudadanía: “Jujuy eligió la convivencia en paz y por ese camino seguiremos transitando”.

El comunicado

El Gobierno de Jujuy hace un llamado a la calma y la paz social, al tiempo que reafirma la firme voluntad de diálogo y consenso, garantizando la continuidad de las mesas de trabajo conjunto con los representantes de familiares del personal de seguridad, tanto en situación activa como pasiva.

Al amparo de la demanda salarial del personal de seguridad, un minúsculo grupo sectario, con intereses ajenos al bienestar general, pretende desestabilizar nuestra provincia. Este sector causó daños materiales en la Casa de Gobierno, afectando bienes patrimoniales que pertenecen a todos los jujeños. El reclamo legítimo nunca puede ser excusa para el vandalismo.

Los rostros cubiertos y las conductas violentas son prácticas que pertenecen al Jujuy de la confrontación y la prepotencia que, en libertad y democracia, los jujeños supimos dejar atrás. No vamos a permitir que ese pasado se reinstale en nuestra provincia.

El bienestar colectivo se construye desde el respeto por la democracia, las instituciones y el diálogo, no con violencia ni capuchas.

Jujuy eligió la convivencia en paz y por ese camino seguiremos transitando.

La propuesta que intenta sancionar con prisión de 2 a 4 años de prisión a quienes porten máscaras con el propósito de provocar actos de violencia, llevarlos a cabo e incitarlos, finalmente llegó al Legislativo de manos de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.

La medida se extiende a quienes utilicen capuchas, pasamontañas, u otros medios destinados a ocultar total o parcialmente sus rostros durante las protestas.

Además, establece que la pena será de cuatro a seis años de prisión, sin perjuicio de la sanción adicional que corresponda por el delito cometido.

Pese a los llamados de diversos sectores de la sociedad, que argumentan que la medida lo que busca es coartar la libertad de expresión “criminalizando” las protestas, toda vez que algunos manifestantes se tapan sus rostros por temor a recibir represalias, la funcionaria aseguró que lo que se pretende es evitar que personas ajenas se infiltren en las protestas.

El Código Penal en su artículo No.169 ya establece que quien impida ilegalmente una reunión pacífica y lícita será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana. Si la conducta es cometida por un funcionario la pena aumenta de dos a cuatro años de prisión.

La medida, que surge de la administración de José Raúl Mulino es una adición a la norma existente, y la misma fue aprobada el pasado 24 de febrero mediante resolución aprobada por el Consejo de Gabinete.

Los encapuchados, según Montalvo, se infiltran en las manifestaciones para hacer daño y perjudicar a los ciudadanos que de manera pacífica hacen valer sus derechos, por lo que pidió que se valore el proyecto de ley para que se trámite en un primer, segundo y tercer debate.

El proyecto será enviado a la Comisión de Gobierno para ser agendado y posteriormente analizado en primer debate.

Montalvo aseguró que esta ley protege y defiende al que está participando de una manifestación.

En un comunicado, la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí, provincia fronteriza con Costa Rica, manifiesta su respaldo a la propuesta de la ministra de Gobierno de penalizar el uso de capuchas en protestas, como medida necesaria para preservar la seguridad ciudadana, el orden público y la estabilidad económica de nuestra región y del país.

Alegan que este planteamiento coincide con el anteproyecto de ley presentado por un ciudadano chiricano y avalado por la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, aunque pese a su viabilidad inicial la iniciativa fue archivada por la Comisión de Gobierno sin llegar a debate.

El documento, señala el comunicado que lleva la firma del presidente de dicho gremio, Jorge Tovar, advertía sobre las críticas consecuencias de los cierres prolongados en la vía Panamericana, señalando no solo pérdidas millonarias y desabastecimiento, sino también graves afectaciones al transporte y la lamentable pérdida de vidas humanas.

La experiencia demuestra que el uso de capuchas en protestas no solo encubre la identidad de quienes bloquean carreteras, sino también de quienes cometen actos violentos, daños a bienes públicos y privados, decomisos ilegales de mercancías y agresiones personales.

Aducen que esta práctica fomenta la impunidad y debilita la confianza en el Estado de derecho, afectando directamente la actividad comercial, agrícola, turística e industrial de dicha provincia.

La Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí subraya que la protesta pacífica es un derecho legítimo y protegido por la Constitución.

Sin embargo, puntualizan que cuando se utiliza el anonimato para delinquir y afectar derechos de terceros el Estado tiene la obligación de actuar con firmeza.

Penalizar el uso de capuchas en actos violentos es una medida disuasiva que contribuirá a preservar la convivencia pacífica, la seguridad jurídica y el clima de inversión que tanto necesita Panamá, asegura.

“Reiteramos nuestro llamado a la Asamblea Nacional para que retome este debate con responsabilidad y visión de país, considerando tanto la propuesta de la ministra de Gobierno como los antecedentes ciudadanos que ya han señalado la urgencia de legislar en esta materia. Por el desarrollo, la seguridad y la paz social de nuestra provincia y de Panamá”, termina señalando el gremio empresarial.

A casi un año de la intervención estatal, miles de socios y familias hondureñas mantienen bloqueos y protestas en el norte del país para exigir a las autoridades la recuperación de los fondos depositados en la empresa Koriun Inversiones, cuya caída se convirtió en uno de los mayores escándalos financieros recientes en Honduras y ha desencadenado una crisis económica en numerosos hogares.

Las acciones de protesta abarcan bloqueos en carreteras y llamados directos al diálogo con funcionarios. Los manifestantes solicitan la intervención del Estado y proponen que el alcalde capitalino Nasry Asfura y el fiscal general Johel Zelaya lideren negociaciones para buscar salidas legales que permitan la devolución de los fondo

Movilizaciones reflejan la magnitud del reclamo. “Nosotros no vamos a descansar hasta que recuperemos nuestro dinero”, afirman miembros de las protestas. Para muchos, el dinero invertido representa años de trabajo; para otros, significa deudas asumidas ante lo que parecía una oportunidad legítima de inversión.

La continuidad de la incertidumbre ha intensificado la presión social y puesto de manifiesto el impacto económico y emocional que trajo el colapso de la empresa. Afectados consideran indispensable que los fondos sean restituidos y que se encuentre una solución legal que brinde justicia y seguridad a quienes resultaron perjudicados.

Durante el operativo realizado el 23 de abril de 2025, el Ministerio Público de Honduras aseguró 358,7 millones de lempiras en efectivo y 69,2 millones de lempiras en cuentas bancarias de la empresa, según datos de la investigación. No obstante, los afectados insisten en que, pese a estas cifras, el proceso para la devolución de los recursos permanece sin avances concretos, alimentando su incertidumbre y el tenor de sus reclamos públicos.

Las protestas más intensas se concentran en los municipios de Choloma y San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, donde manifestantes han generado bloqueos y cortes en vías principales para visibilizar el caso y demandar un canal de diálogo oficial. El movimiento reúne a personas que depositaron años de ahorros, recursos de negocios e incluso préstamos personales en busca de rendimientos de un esquema de inversión impulsado por la empresa.

La investigación inicial de las autoridades determinó que Koriun Inversiones operaba sin autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), lo que levantó inquietud sobre la legalidad de sus actividades. Los peritajes concluyeron que la compañía funcionaba bajo un esquema Ponzi, donde los pagos a los primeros inversores provenían únicamente del ingreso de nuevos miembros, un esquema típicamente fraudulento.

El operativo judicial incluyó la incautación de oficinas en Choloma y otras ciudades, así como el decomiso de vehículos, bienes y cuentas bancarias vinculadas a la estructura empresarial. El dinero asegurado permanece bajo control judicial mientras continúan las investigaciones.

Hasta ahora, no se ha establecido un mecanismo claro para la restitución de los recursos asegurados. Las protestas y demandas colectivas mantienen vigente un conflicto que, a la fecha, permanece sin resolución para miles de hondureños cuyos ahorros siguen en riesgo.

La crisis ha impactado de manera significativa en la economía de familias trabajadoras de la zona norte del país. Los socios afectados han manifestado en las calles su frustración y su decisión de continuar con las acciones de presión hasta obtener una respuesta oficial que encamine una solución.

La detención de Iván Velásquez, directivo principal de Koriun Inversiones, tuvo lugar en mayo de 2025 dentro del departamento de Cortés. Miles de inversionistas resultaron afectados por este caso, que está vinculado a una investigación por presunta captación irregular de fondos y otros delitos.

El caso avanzó luego del descubrimiento de grandes sumas de dinero en efectivo tanto en la residencia de Velásquez como en las oficinas de la empresa. Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) realizaron el arresto como parte de los operativos y, además de los cargos previos, el Ministerio Público lo acusa de lavado de activos.

Los representantes legales de Jimmy Lai han comunicado que su cliente no seguirá utilizando recursos judiciales y ha desistido de apelar la sentencia de 20 años de prisión, dictada tras ser declarado culpable bajo la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong. Lai, empresario de 78 años y figura destacada entre los críticos del gobierno de Pekín, fue arrestado en agosto de 2020 y sentenciado el mes pasado, en el contexto de las medidas estatales implementadas para neutralizar las manifestaciones y voces opositoras en la región administrativa especial. Según reportó el South China Morning Post, el equipo de defensa legal de Lai confirmó que el empresario transmitió “claras y definitivas instrucciones” para no recurrir la condena y proceder al archivo del caso.

El proceso judicial contra el fundador de Next Digital y del desaparecido diario Apple Daily, medios que durante años dieron visibilidad a los movimientos disidentes en Hong Kong, ha llamado la atención tanto de observadores internacionales como de las autoridades chinas. Tras el anuncio de la renuncia de Lai a apelar su condena, la administración china expresó su apoyo al resultado del juicio. El subdirector de la Oficina para la Salvaguardia de la Seguridad Nacional, Sun Qingye, señaló durante una intervención difundida por la radiotelevisión pública local que las decisiones judiciales que aplican la ley “mejoran la seguridad en Hong Kong” y sostuvo que “los jueces dictaron sentencia basándose en sus actos delictivos de conformidad con la Ley de Seguridad Nacional. Por lo tanto, emitieron un juicio muy acertado. Creo que no hubo ningún fallo”, de acuerdo con las declaraciones recogidas por South China Morning Post.

De acuerdo con la información publicada por este medio, la condena de dos décadas sanciona la participación de Lai en actividades clasificadas por el tribunal como traición e incitación a la subversión, luego de su apoyo a las protestas masivas acontecidas a finales de la década pasada. Estas movilizaciones, impulsadas por organizaciones y ciudadanos hongkoneses, se oponían a la injerencia de China en el sistema político y judicial local. Según la cobertura del South China Morning Post, aquellas protestas no lograron frenar la imposición por parte de Pekín de la Ley de Seguridad Nacional en el territorio, normativa que desde su entrada en vigor ha facilitado la persecución de figuras opositoras y la disolución de colectivos disidentes, incluyendo el cierre definitivo de medios como Apple Daily.

El caso de Jimmy Lai se convirtió en un símbolo tanto para los activistas prodemocracia, que lo ven como una muestra del retroceso en las libertades civiles en Hong Kong, como para el gobierno central, que lo presenta como ejemplo de cumplimiento de la ley y mantenimiento del orden. La postura de las autoridades de Pekín se refleja en las palabras difundidas por el South China Morning Post y otros medios locales, en las que funcionarios del gobierno chino destacan la resolución jurídica como “inmaculada” y ejemplar dentro del marco legal de la región administrativa especial.

La decisión del empresario de no apelar la sentencia implica el cierre de una de las causas judiciales más notorias en la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional aprobada en 2020. Tras su detención, la defensa de Lai había llevado adelante una serie de recursos legales, argumentando que la ley limitaba derechos fundamentales y buscaba silenciar a la disidencia, según indicó South China Morning Post. Tras los fallos adversos, las vías legales menores quedaron agotadas con el anuncio reciente, confirmando la aceptación total del veredicto dictado por los jueces del territorio.

Las manifestaciones por la autonomía y el mantenimiento del sistema político propio de Hong Kong, detonantes del caso, se produjeron como respuesta a una serie de reformas propuestas y aplicadas por el gobierno central chino. Luego de la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, las autoridades endurecieron su respuesta frente a cualquier acto percibido como subversivo, lo que llevó al arresto y enjuiciamiento de numerosas figuras públicas y activistas, según documentó el South China Morning Post en su cobertura de casos similares.

Según precisó el equipo legal de Lai al South China Morning Post, tras la determinación judicial y la falta de nuevas instancias de apelación, el empresario deberá cumplir en su totalidad la condena de 20 años impuesta por las autoridades judiciales de Hong Kong. La decisión de poner fin al proceso judicial representa un cierre definitivo para este caso dentro del sistema legal de la región, respaldando así la política promovida por Pekín respecto a los criterios de seguridad nacional tras las protestas que marcaron la última década en el territorio.

Donald Trump, Joe Biden y Nikki Haley figuraron entre los nombres incluidos en un plan criminal que involucró la entrega de dinero a supuestos intermediarios bajo vigilancia del Buró Federal de Investigaciones (FBI). La trama, revelada en un tribunal de Nueva York, tiene como acusado principal a Asif Merchant, ciudadano paquistaní señalado por su vínculo con un agente de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Este plan, vinculado al conflicto entre Estados Unidos e Irán, quedó al descubierto tras la entrega de USD 5.000 a supuestos sicarios, quienes resultaron ser agentes encubiertos del FBI.

Merchant declaró ante los jurados que actuó por temor a represalias sobre sus familiares en Irán y afirmó que deseaba ser arrestado antes de que cualquier atentado pudiera materializarse, según informó la cadena de noticias NBC News.

El arresto de Merchant se produjo el 12 de julio de 2024, después de mantener reuniones voluntarias con el FBI que concluyeron sin acuerdo de colaboración, y un día antes del intento de asesinato, no relacionado, contra Trump en Butler, Pensilvania.

Durante el proceso judicial, los fiscales argumentaron que Merchant, de 47 años, viajó a Estados Unidos en 2024 con la finalidad de contratar criminales para perpetrar el asesinato de un político estadounidense, extremo que Merchant reconoció parcialmente bajo juramento, aunque alega haber actuado bajo presión.

El señalamiento directo de la Guardia Revolucionaria y los presuntos objetivos

De acuerdo con la acusación presentada en Brooklyn, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán —formalmente designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera— instruyó a Merchant para ubicar residentes en Estados Unidos dispuestos a trabajar para Irán e identificar elementos criminales capaces de ejecutar distintas labores, entre las que se incluían la organización de protestas, robos, lavado de dinero y asesinatos.

Merchant declaró que el agente iraní le comunicó explícitamente los nombres de tres figuras políticas estadounidenses: Donald Trump, Joe Biden y Nikki Haley. El acusado narró que sus encuentros con el contacto iraní comenzaron a finales de 2022 como parte de un acercamiento inicial sobre un sistema informal de transferencias de dinero, conocido como hawala. La relación evolucionó hasta incluir la capacitación en técnicas de contravigilancia y asignación de tareas concretas.

Merchant describió que sus viajes periódicos a Estados Unidos, vinculados a actividades en el sector de confecciones, llamaron la atención del representante de la Guardia Revolucionaria, quien le propuso reclutar colaboradores en territorio estadounidense.

En abril de 2024, agentes migratorios en el aeropuerto de Houston interrogaron a Merchant acerca de sus desplazamientos a Irán, lo que le llevó a suponer que se encontraba bajo intensa vigilancia.

A pesar de ello, continuó investigando ubicaciones de actos de campaña de Trump, diseñando un esquema para un atentado armado y contratando a supuestos sicarios —en realidad, agentes encubiertos del FBI— a quienes pagó USD 5.000, suma que, según sostuvo, le proporcionó un primo.

La defensa de Merchant: presión, miedo y simulaciones

Ante los jueces, Merchant sostuvo que sus acciones representaban un último recurso: “Mi familia estaba bajo amenaza y tuve que hacerlo. No era algo que quisiera hacer de manera voluntaria”. Insistió en que siguió las instrucciones del agente iraní únicamente porque este conocía la identidad y domicilio de sus parientes en Irán y, según sus palabras, ya era objeto de vigilancia. Merchant explicó que envió información falsa sobre movimientos dentro de Estados Unidos, comunicándola a Irán mediante intermediarios y ocultando los detalles en un libro.

Aseguró que nunca acudió a las autoridades estadounidenses por el temor a represalias. “No tenía otra opción que seguirle el juego porque mi contacto me lo exigía”, mencionó Merchant en corte, según la cadena de noticias NBC News.

Expresó que su pretensión era terminar detenido antes de que ocurriera un daño, para luego colaborar con las autoridades de Estados Unidos y aspirar a la residencia permanente. No obstante, los fiscales remarcaron que Merchant nunca recurrió a la policía antes de su arresto y que, durante los interrogatorios con el FBI, omitió mencionar hechos que probaran que era víctima de coacción.

En la audiencia, la fiscal del caso Nina Gupta preguntó: “Viajó a Estados Unidos con el propósito de contratar miembros de la mafia para asesinar a un político, ¿correcto?“, Merchant respondió: “Así es”.

A consulta de su abogado defensor, Avraham Moskowitz, sobre si era un “superespía”, Merchant replicó: “En absoluto. No lo soy”.

El gobierno de la República Islámica de Irán negó oficialmente haber conspirado para matar a Trump u otros dirigentes estadounidenses, según documentó la cadena de noticias NBC News.

Una vida de negocios transnacionales y contexto familiar

Merchant acumuló alrededor de 20 años de experiencia en el sector bancario en Pakistán antes de diversificarse en los sectores textil, compraventa de automóviles y exportación de bananos, además de la importación de materiales aislantes. Sostiene que mantiene dos núcleos familiares: uno en Pakistán y otro en Irán.

Contexto del caso y cobertura mediática

El caso se está juzgando en un contexto de tensión entre Estados Unidos e Irán, pocos días después del inicio de un conflicto armado en el que falleció el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei.

En ese marco, Donald Trump declaró: “Lo atrapé antes de que me atrapara a mí”, según citó la cadena de noticias NBC News.

El jurado recibió la instrucción estricta de ignorar cualquier cobertura periodística relacionada con el conflicto.

En estos días, medios como NBC News, infoman sobre la declaración de los agentes encubiertos del FBI y de Nadeem Ali (intermediario con un seudónimo que colaboró con las autoridades, según amNewYork), la exhibición de videos y audios grabados durante la operación encubierta y la estrategia de la defensa. Mientras tanto, Merchant permanece a la espera del veredicto que definirá su futuro legal en territorio estadounidense.

A 100 días del arranque de la Copa Mundial FIFA 2026, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México lanzó la campaña “Tu cancha de Derechos” — y lo hizo con una advertencia clara: el megaevento deportivo más grande puede convertirse en una amenaza real para quienes viven y trabajan en las calles de la capital.

Las quejas ya llegaron: trabajadoras sexuales de Tlalpan denuncian desplazamiento

La presidenta del organismo, Dolores González Saravia, confirmó que la CDHCM ya recibió quejas formales de trabajadoras sexuales de la Calzada de Tlalpan, afectadas por la construcción de la ciclovía “La Gran Tenochtitlán”, obra que conectará el Centro Histórico con el Estadio Azteca. Llevan al menos siete protestas desde septiembre de 2025, denunciando que la nueva infraestructura reduce el espacio donde ejercen su actividad y golpea directamente sus ingresos. Los expedientes ya están abiertos y la investigación está en curso.

Los grupos de atención prioritaria: quienes enfrentan mayores riesgos durante el Mundial

González Saravia fue directa al señalar quiénes están en la línea de fuego: poblaciones callejeras, trabajadoras sexuales, personas migrantes y comerciantes informales que dependen del espacio público para sobrevivir. La historia no ayuda: en Sudáfrica, Brasil, Rusia y Qatar los mundiales dejaron un patrón preocupante de desplazamientos forzados y decisiones públicas tomadas solo en función de la imagen y la rentabilidad del espectáculo.

“No esperamos a que ocurran las violaciones para actuar”: pero en Tlalpan ya están ocurriendo

La presidenta González Saravia no dejó lugar a interpretaciones durante la presentación de la campaña. “Buscamos identificar los riesgos tempranamente, documentamos las violaciones a derechos humanos y acompañamos a las poblaciones afectadas”, señaló ante medios y organizaciones civiles.

El problema es que en la Calzada de Tlalpan los riesgos ya no son hipotéticos — llevan meses materializándose. Las trabajadoras sexuales no están esperando que algo malo pase: ya perdieron espacio, ya vieron reducidos sus ingresos y ya salieron siete veces a la calle a exigir que se cumpla lo prometido. Clara Brugada ya se había comprometido con 58 puntos de inclusión como solución. No fue suficiente. Y mientras la CDHCM habla de prevención, estas mujeres llevan meses documentando con sus propios pies lo que nadie ha resuelto.

González Saravia también lanzó un llamado directo a todos los actores del Mundial: “El diálogo no es opcional, es indispensable”. Un megaevento de esta naturaleza, dijo, no puede planearse de espaldas a las comunidades afectadas. El llamado incluye a gobierno, sociedad civil, sector privado y a la propia FIFA.

La pregunta que queda en el aire es inevitable: si el diálogo es indispensable, ¿por qué estas mujeres llevan meses gritando y nadie termina de escucharlas?

El Hospital Civil de Karachi confirmó el ingreso de decenas de heridos tras los enfrentamientos, mientras que otros centros, como el Centro Médico de Postgrado Jinnah, también recibieron a víctimas del disturbio vinculado a las protestas por la muerte del ayatolá Jamenei. Según informó el medio paquistaní Dawn, el director de este hospital, Mohamad Sabir Memon, detalló que al menos diez personas murieron y 31 resultaron heridas después del enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Consulado de Estados Unidos en Karachi, la mayor ciudad portuaria de Pakistán.

De acuerdo con la cadena paquistaní Geo TV, una multitud se reunió frente al complejo diplomático estadounidense el domingo para manifestarse tras el fallecimiento de Jamenei, líder supremo de Irán, como consecuencia de los recientes ataques aéreos de Estados Unidos e Israel en territorio iraní. Fuentes de seguridad citadas por el mismo medio señalaron que la intervención de la Policía y los Rangers paquistaníes ocurrió luego de que los manifestantes intentaron forzar la entrada al consulado, superando el cordón de seguridad instaurado en el perímetro del complejo. La situación derivó en enfrentamientos que provocaron destrozos materiales y desencadenaron la intervención médica de urgencia.

Según consignó Geo TV, el Gobierno del estado de Sindh emitió un comunicado oficial en el que expresó su pesar por las víctimas y explicó que los manifestantes irrumpieron en el consulado tras vulnerar las medidas de seguridad. El portavoz del ministro de Información, Husain Mansoor, hizo público el mensaje donde se lamentaba la pérdida de vidas humanas, al tiempo que calificó los hechos como vandálicos por parte de algunos asistentes.

El medio Dawn reportó que los ataques en el consulado no fueron hechos aislados, ya que en la ciudad de Lahore se registró un intento de asalto similar. Sin embargo, la Policía logró instalar un cerco de seguridad que frustró una posible irrupción a la sede diplomática estadounidense. Las autoridades de la capital, Islamabad, declararon un estado de emergencia de forma provisional para responder ante posibles incidentes de la misma naturaleza, como medida preventiva frente al clima de tensión.

Mientras tanto, en la Cachemira india, la comunidad chií realizó concentraciones para manifestarse por la muerte de Jamenei. Numerosos fieles salieron a las calles de Srinagar, especialmente en la zona de Saida Kadal y en el centro de Lal Chowk, portando banderas negras y coreando consignas en rechazo a Estados Unidos e Israel. Los líderes religiosos y estudiosos chiíes de esta región mantienen vínculos educativos y espirituales con Irán, motivo por el cual la muerte del líder supremo generó un fuerte impacto y movilización en la zona.

Irán, por su parte, confirmó el fallecimiento de Jamenei en la madrugada de ese mismo día y declaró 40 días de luto oficial. Medios iraníes indicaron que el ayatolá murió en su oficina, ubicada en su residencia, mientras llevaba a cabo tareas laborales. El ataque aéreo, realizado de manera sorpresiva por fuerzas estadounidenses e israelíes, provocó también la muerte de su hija, su nieto y su yerno.

Tal como publicó Dawn, el objetivo declarado de los ataques era forzar un cambio de gobierno en Irán mediante la eliminación del líder político y religioso. El suceso ha tenido repercusión inmediata en distintos puntos de Asia meridional, con manifestaciones en Pakistán y la India, así como reacciones oficiales de gobiernos regionales. Las fuerzas de seguridad paquistaníes mantienen un refuerzo en áreas sensibles, y los hospitales en Karachi y otras ciudades han activado protocolos para atender a los heridos derivados de las protestas y disturbios.

Las protestas relacionadas con la muerte del ayatolá han dejado una marcada tensión diplomática y social tanto en Irán como en los países del entorno. El seguimiento de las movilizaciones chiíes, así como el refuerzo de las medidas de seguridad en instituciones estadounidenses en la región, marca el escenario inmediato, de acuerdo con las distintas fuentes consultadas por medios como Geo TV y Dawn.

El anuncio de un luto oficial de cuarenta días en Irán, tras la confirmación del fallecimiento del ayatolá Alí Jamenei debido a ataques lanzados por Estados Unidos e Israel, desencadenó intensas protestas en el exterior del Consulado estadounidense en Karachi, la ciudad más grande de Pakistán. Según consignó la cadena paquistaní Geo TV, las manifestaciones ocurrieron el domingo, y se registraron al menos cinco personas lesionadas durante los disturbios.

Tal como informó Geo TV, la Policía local y los Rangers paquistaníes intervinieron en el momento en que una multitud se congregó ante la sede diplomática estadounidense, expresando su descontento por la muerte del líder supremo iraní. De acuerdo con fuentes de seguridad citadas por el medio, el intento de los manifestantes por acceder al complejo diplomático motivó el despliegue de las fuerzas de seguridad, que buscaron impedir el ingreso de los protestantes.

Tras los altercados, las personas heridas, identificadas como manifestantes, fueron trasladadas a hospitales cercanos donde recibieron asistencia médica. Geo TV detalló que el enfrentamiento entre la multitud y la seguridad se produjo cuando creció la indignación por la confirmación oficial del fallecimiento de Jamenei y las circunstancias en las que se produjo.

De acuerdo con la información difundida por medios iraníes y recogida por Geo TV, Alí Jamenei murió en su despacho oficial mientras desempeñaba funciones administrativas. El deceso habría ocurrido como consecuencia de bombardeos coordinados desde Tel Aviv y Washington, ejecutados el sábado con el objetivo, según información disponible, de propiciar cambios en el gobierno del país persa.

La respuesta de las autoridades iraníes consistió en la declaración de un duelo nacional durante cuarenta días. Según publicaron agencias noticiosas iraníes, la decisión busca honrar la memoria del líder religioso y político, figura máxima del país en las últimas décadas. El impacto del ataque, señalado por Geo TV como un intento de modificar el statu quo en Irán, generó reacciones en varios puntos de la región, entre ellas las protestas en Karachi.

El operativo policial desplegado en la ciudad paquistaní incluyó la participación de los Rangers, fuerza paramilitar habitual en este tipo de situaciones, y se centró en salvaguardar la integridad de las sedes diplomáticas. Según fuentes citadas por Geo TV, las autoridades intensificaron la seguridad en torno al Consulado de Estados Unidos para evitar que la situación escalara y prevenir riesgos adicionales.

Los enfrentamientos en Karachi forman parte del ambiente regional de tensión que surgió tras el ataque contra el centro político de Teherán y la muerte de Jamenei. El incidente se sumó a la consternación expresada en diversos países ante la posibilidad de un aumento de la inestabilidad tras la desaparición de una figura clave para la estructura de poder iraní.

Geo TV también reportó que la protesta convocada frente al Consulado estadounidense reflejó el descontento de una parte de la opinión pública pakistaní sobre la intervención de potencias extranjeras en la región y la percepción de que los ataques sobre Irán podrían amplificar los conflictos en el contexto del Medio Oriente.

Entre los heridos trasladados a los centros médicos, no se reportó hasta el cierre de la información ninguna víctima mortal ni lesiones graves. Las autoridades paquistaníes mantuvieron el dispositivo de seguridad en la zona para prevenir nuevos incidentes y garantizar el funcionamiento del Consulado.

El periodista Don Lemon quedó bajo custodia policial después de registrar y transmitir en directo la irrupción de manifestantes en la iglesia de St. Paul en Minneapolis, un suceso ocurrido el 18 de enero mientras cubría las protestas contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Lemon, ex presentador de CNN, fue arrestado en Los Ángeles, ciudad a la que viajó para informar sobre la entrega de los premios Grammy, y se declaró inocente de varios cargos relacionados, incluidas acusaciones de conspiración para vulnerar derechos constitucionales y de empleo de fuerza o amenazas para interferir en el ejercicio de la libertad religiosa. Según informó el medio que cubrió el caso, el abogado de Lemon, Abbe Lowell, consideró estas acusaciones como un golpe a la libertad de prensa y a la Primera Enmienda en los Estados Unidos.

De acuerdo con la información publicada por la agencia, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, realizó un anuncio público este viernes, declarando que otras 30 personas fueron formalmente acusadas por los disturbios que involucraron a esta iglesia de Minneapolis. La funcionaria indicó a través de redes sociales que bajo sus directrices las fuerzas federales procedieron a la detención de 25 personas y que se prevén más arrestos en el transcurso del día.

Pam Bondi manifestó: "No puedes atacar un lugar de culto. Si lo haces, no podrás esconderte de nosotros: te encontraremos, te arrestaremos y te procesaremos", en el mismo mensaje difundido públicamente y citado por el medio. Estas declaraciones se hicieron en el contexto de las protestas surgidas en rechazo a la presencia o colaboración del ICE en actividades dentro del templo.

Según consignó la fuente original, durante las protestas, un grupo de manifestantes ingresó a la iglesia de St. Paul cuando se celebraba un sermón, interrumpiendo al pastor, a quien acusaban de colaborar con el ICE, originando así una serie de acciones que desencadenaron la intervención policial y las posteriores detenciones.

El medio detalló también que, entre los arrestados junto a Lemon, se encontraban otras ocho personas, todas ellas vinculadas a la documentación y cobertura de los acontecimientos en el interior de la iglesia. Los cargos atribuidos apuntan principalmente a la conspiración para intervenir en la libertad religiosa y el uso de la fuerza o amenazas contra quienes expresaban su fe durante el acto religioso.

En la información recogida por la agencia, el abogado defensor de Lemon argumentó que el arresto representa un intento de desviar la atención sobre las múltiples crisis de la Administración del entonces presidente Donald Trump, al calificar la medida como un hecho sin precedentes respecto al ejercicio del periodismo y la defensa de derechos constitucionales.

Tras la serie de arrestos y acusaciones, la Fiscalía estadounidense ratificó su intención de continuar las investigaciones para identificar y detener a todos los implicados en el denominado “ataque” contra la iglesia, asegurando que ninguna violación a la libertad religiosa quedará impune, tal como reiteró la fiscal general Bondi en su comunicado.

Los hechos han generado reacciones entre representantes de derechos civiles y diversas organizaciones que siguen de cerca el desarrollo de las acciones legales. Las próximas audiencias judiciales definirán la situación legal de los acusados, incluidos los trabajadores de prensa que se encontraban cubriendo los hechos para distintas plataformas informativas, según detalló la publicación.

Mientras manifestantes antigubernamentales heridos ingresaban en masa a un hospital iraní durante la represión del mes pasado, un joven médico acudió rápidamente a urgencias para atender a un hombre de unos 40 años que había recibido un disparo en la cabeza a quemarropa.

Cuando el médico y otros intentaron reanimar al hombre, un grupo de agentes de seguridad armados y vestidos de civil les bloquearon el paso, haciendo retroceder a algunos con sus rifles, según declaró el médico a The Associated Press.

“Lo rodearon y no nos permitieron avanzar más”, declaró el médico en la ciudad norteña de Rasht.

Minutos después, el hombre estaba muerto. Los agentes metieron su cuerpo en una bolsa negra para cadáveres. Posteriormente, lo apilaron junto con otros cuerpos en la parte trasera de una camioneta y se marcharon.

Este no fue un incidente aislado.

En pocos días a principios de enero, agentes vestidos de civil invadieron hospitales de varias ciudades donde atendían a los miles de heridos por las fuerzas de seguridad iraníes, que dispararon contra la multitud para reprimir las protestas masivas contra la República Islámica, fundada hace 47 años. Estos agentes vigilaron y, en ocasiones, obstruyeron la atención a los manifestantes, intimidaron al personal, detuvieron a manifestantes y se llevaron a los muertos en bolsas para cadáveres. Decenas de médicos fueron arrestados.

Este artículo se basa en entrevistas de AP con tres médicos en Irán y seis profesionales médicos iraníes residentes en el extranjero que mantienen contacto con colegas sobre el terreno; informes de grupos de derechos humanos; y la verificación por parte de AP de más de una docena de videos publicados en redes sociales. Todos los médicos en Irán hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

AP colaboró ​​con Mnemonic, una organización con sede en Berlín, para identificar videos, publicaciones y otro material en línea relacionado con la violencia en hospitales.

Los médicos en Irán y en el extranjero afirmaron que el nivel de brutalidad y militarización de los centros de salud no tenía precedentes en un país que durante décadas ha experimentado represión contra la disidencia y vigilancia de las instituciones públicas.

El Centro de Derechos Humanos de Irán, con sede en Oslo, ha documentado múltiples relatos desde el interior de hospitales sobre agentes de seguridad que impiden la atención médica, retiran a pacientes de los respiradores, acosan a los médicos y detienen a manifestantes.

El régimen ha atribuido las protestas y la violencia resultante a “terroristas” armados con apoyo extranjero.

El portavoz del Ministerio de Salud, Hossein Kermanpour, negó las informaciones sobre la imposibilidad de brindar tratamiento o el traslado de manifestantes de los hospitales, calificándolas de “falsas, pero también fundamentalmente imposibles”. Según medios estatales, afirmó que todos los heridos fueron atendidos “sin discriminación ni injerencia política”. La misión iraní ante las Naciones Unidas no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los relatos de los médicos.

Los médicos intentaron proteger a los heridos

La represión, que alcanzó su punto álgido los días 8 y 9 de enero, fue la más mortífera desde que la República Islámica tomó el poder en 1979. Los detalles han tardado en revelarse debido a las restricciones de internet impuestas por las autoridades.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos afirma haber confirmado más de 7.000 muertes y que está investigando miles más. El régimen ha reconocido más de 3.000 muertos, aunque ha subestimado o no ha informado de las muertes causadas por disturbios anteriores.

Una vez que comenzó la represión, el médico de Rasht contó que trabajó durante 66 horas infernales, trasladándose cada día a un centro diferente para ayudar a los heridos: primero un centro de traumatología, luego un hospital y finalmente una clínica privada.

Agentes armados trajeron a los manifestantes heridos y los vigilaron mientras el personal trabajaba, dijo el médico. Cuando llegaba el momento de dar de alta a un paciente, dijo, “se llevaban a cualquiera que se confirmara como manifestante”.

El médico afirmó que él y otros miembros del personal intentaron ocultar a los manifestantes heridos registrando diagnósticos falsos en los registros hospitalarios.

“Sabíamos que, independientemente de lo que hiciéramos por los pacientes, no estarían a salvo una vez que salieran del hospital”, declaró.

AP no pudo confirmar de forma independiente el relato del médico sobre los sucesos en el hospital de Rasht. Sin embargo, coincidió con otros informes de AP.

El informe de AP se centró en lo ocurrido en cuatro hospitales, un panorama de la actividad de las fuerzas de seguridad iraníes. Mnemonic recopiló docenas de videos, publicaciones y otros relatos que, según afirma, mostraban la presencia de fuerzas en nueve hospitales y sus alrededores, en algunos casos disparando armas de fuego y gases lacrimógenos. Mnemonic ha estado preservando evidencia digital de violaciones de derechos humanos en Irán desde 2022, creando, junto con sus socios, un archivo de más de 2 millones de documentos.

Un video verificado por AP muestra a agentes de seguridad rompiendo las puertas de cristal de la entrada del Hospital Imán Jomeini, en la ciudad occidental de Ilam. Luego irrumpieron por los pasillos con sus armas, gritando a la gente.

El Ministerio de Salud dijo a los medios estatales que estaba investigando el incidente y afirmando que estaba comprometido a proteger los centros médicos, el personal y los pacientes.

Atendiendo a heridos en la clandestinidad

La noche del 8 de enero, un cirujano general de 37 años estaba cenando en Teherán cuando recibió una llamada de una amiga de profesión, una oftalmóloga. El miedo en su voz dejaba claro que necesitaba su ayuda urgentemente. Le dio una dirección.

Poco antes de la medianoche, se dirigió a la dirección: una clínica de procedimientos cosméticos. Dentro, encontró el vestíbulo transformado en una sala de traumatología, con más de 30 hombres, mujeres, niños y ancianos heridos en los sofás y el suelo cubierto de sangre, gritando y llorando.

El cirujano pasó casi cuatro días allí, atendiendo a más de 90 personas, según sus cálculos. Al principio, solo estaban él, el oftalmólogo, un dentista y dos enfermeras. Finalmente, el cirujano llamó a otros tres médicos para que lo ayudaran.

Usó cajas de cartón y trozos de metal blando como férulas para los huesos rotos. Sin anestesia ni analgésicos fuertes, utilizó supositorios analgésicos más suaves. La clínica no tenía suministro de sangre ni capacidad para transfusiones. No podían enviar pacientes a hospitales por temor a que los arrestaran.

Un joven de unos 20 años recibió un disparo con munición real en el codo, destrozándoselo. El cirujano suturó las heridas, pero sabía que tendrían que amputarle el brazo.

Una familia de cuatro integrantes —madre, padre y sus hijos de 8 y 10 años— resultó acribillada a perdigones, según informó el cirujano.

En la mañana del 9 de enero, el cirujano contactó a médicos de su confianza para derivarles pacientes. Primero, debía asegurarse de retirarles todas las balas y perdigones para que no fueran retenidos en el hospital. Escribió cartas de derivación indicando que los pacientes habían sufrido accidentes de tráfico.

Ninguno de los heridos murió en la clínica, afirmó. AP no pudo confirmar de forma independiente la versión del cirujano sobre los sucesos ocurridos en la clínica.

Médicos en la mira para arrestos

Desde el 9 de enero, al menos 79 profesionales de la salud han sido detenidos, incluyendo una docena de estudiantes de medicina, según Homa Fathi, dentista iraní que cursa un doctorado en Canadá y miembro de la IIPHA, quien ha estado monitoreando las acciones del gobierno iraní contra los profesionales de la salud desde 2022.

Alrededor de 30 han sido liberados, la mayoría bajo fianza, pero muchos de ellos aún enfrentan cargos, incluyendo uno acusado de “librar una guerra contra Dios”, un cargo que conlleva la pena de muerte, dijo Fathi.

El cirujano que atendió a los manifestantes en la clínica clandestina dijo que le sorprendió que las fuerzas de seguridad nunca irrumpieran en el lugar para realizar arrestos.

Pero los arrestos se han producido desde entonces. Dos trabajadores de la salud que trabajaban como voluntarios en la clínica fueron secuestrados en sus hogares, dijo el cirujano.

“Yo también estoy esperando”.

(Con información de AP)

A partir de las 11 horas, el Senado se dispondrá a celebrar la última sesión del período de extraordinarias con el objetivo de sancionar dos iniciativas centrales para el gobierno: la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. En el bloque de La Libertad Avanza que comanda Patricia Bullrich está la certeza de que no habrá votaciones negativas para el oficialismo, mientras que en el Gobierno monitorean el operativo de seguridad en las inmediaciones del Palacio del Congreso por posibles focos de tensión.

La confianza en el oficialismo es tal que a diferencia de ayer, el Gobierno mantendrá un operativo de coordinación política mucho más relajado, limitándose a estar atentos a que ninguna de las adhesiones previstas se voltee y comprometa el Régimen Penal Juvenil. Por el contario, en la sesión que hubo ayer se debieron desplegar más esfuerzos para asegurar la media sanción de la modificación de la Ley de Glaciares. Finalmente, la votación fue de 40 votos afirmativos y 31 negativos.

Así las cosas, una parte de la mesa política estará en el Palacio del Congreso para asistir ante cualquier interrogante. Se prevé que esté por el edificio el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y es una posibilidad que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, repita lo que hizo en la votación nocturna de ayer y se apersone en el palco del recinto senatorial. Además de ellos dos, también estuvieron presentes el secretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Todavía está la incógnita si el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, irá para el momento de la última votación de las sesiones extraordinarias. Por lo pronto, ahora mismo se encuentra rumbo a la provincia de Santa Fe para la inauguración de una planta de la compañía Louis Dreyfus Company (LDC).

El estado de situación es el siguiente. Por un lado, la reforma laboral ya pasó por el Senado en la media sanción de hace dos semanas. Su vuelta a la Cámara alta responde a la eliminación del polémico artículo 44 -que modificaba el esquema de licencias médicas- que se realizó en la Cámara de Diputados. Los legisladores ahora solo podrán votar por la insistencia por el primer proyecto aprobado o el segundo, y es un hecho que sucederá esto último. “Estamos muy relajados en ese sentido porque sabemos que tenemos los votos”, afirmaron.

Entre los aspectos destacados de la reforma se encuentra la modificación en el cálculo de indemnizaciones, la creación del Fondo de Atención Laboral (FAL) para despidos, la instauración del banco de horas en reemplazo de horas extras, la flexibilización para la asignación de las vacaciones y la derogación de estatutos y convenios especiales, incluyendo el de periodistas.

El bloque oficialista, que suma 21 senadores, contaría con el respaldo de la UCR, el PRO y partidos provinciales, por lo que se espera un apoyo de alrededor de 46 votos, replicando la mayoría lograda en el primer tratamiento de la propuesta. En la sesión anterior, el proyecto obtuvo 42 votos a favor en la Cámara alta, mientras que el rechazo vendría de 30 legisladores peronistas.

También hay sobrado optimismo por el poroteo por el proyecto de Régimen Penal Juvenil. Aunque hubo dudas sobre si La Libertad Avanza haría ciertos cambios en la redacción del proyecto, esto no sucederá. La Casa Rosada quiso insistir al comienzo del debate con una baja de la edad de imputabilidad a los 13 años, pero lo mantuvo en 14 años al no encontrar la adhesión de los bloques más aliados.

Por otro lado, el Gobierno asignó un presupuesto de aproximadamente $23.000 millones para implementar la reforma penal juvenil, ante el reclamo de los gobernadores por los recursos necesarios para los cambios institucionales. Ambas normativas ya cuentan con media sanción de Diputados, donde la reforma obtuvo el pasado 12 de febrero 149 votos a favor y 100 en contra. De aprobarse en el Senado, las leyes quedarán listas para ser promulgadas antes del discurso del presidente Milei previsto para el domingo, donde inaugurará el nuevo período ordinario del Congreso.

Tensión en el Congreso y operativo de seguridad

A primera hora de la mañana se visibilizaron diferentes episodios de tensión y corridas en las inmediaciones del Congreso. Y es que diversas organizaciones sindicales, sociales y políticas convocaron una masiva marcha frente al Palacio legislativo para este jueves, en rechazo a la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno. Está previsto que la movilización comience a las 10, una hora antes de que el Senado inicie el debate legislativo sobre el proyecto que cuenta ya con media sanción y que el oficialismo busca convertir en ley antes del 1 de marzo.

Bajo un clima marcado por protestas previas y dos recientes episodios de represión, cerca de 2.000 efectivos de fuerzas federales y la Policía de la Ciudad desplegarán un operativo que abarca brigadas de infantería, camiones hidrantes, celulares para detenidos, ambulancias del SAME, bomberos y grupos especiales. El Ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva, advirtió que aplicará con firmeza el “protocolo antipiquetes”, sin considerar la magnitud de la concurrencia.

Ante la consulta de Infobae, en la Casa Rosada afirmaron que “no hay preocupación” por los episodios que puedan ocurrir en las inmediaciones del Palacio, aunque sí que se dispuso “un operativo fuerte porque prevemos ataques de grupos violentos”.

El Frente Sindical Unidos (FreSU), que integra a la Unión Obrera Metalúrgica, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, la Federación de Aceiteros, La Fraternidad y dos centrales de trabajadores, anunció un paro nacional con movilización para este viernes, reclamando mejoras salariales y manifestando su oposición al proyecto. La columna central prevé partir a las 10 desde Avenida de Mayo y Salta hacia el Congreso.

Integrantes de agrupaciones como Libres del Sur y Territorios en Lucha cuestionaron la reforma laboral, calificándola de “esclavista” y señalando que la medida “recorta derechos de los trabajadores”. Silvia Saravia, referente nacional de Libres del Sur, denunció: “La justicia social no se negocia. Marchamos para defender la dignidad de quienes trabajan y el derecho de los pibes a un futuro con oportunidades”. Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), alertó que “ya estamos en el 50% de trabajadores en condiciones informales y la reforma libertaria va a profundizar la informalidad”, considerando que la crisis de empleo y el avance de las importaciones aumentarán la tensión social.

El Consejo de Gabinete autorizó a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley No. 8-26, una iniciativa que incorpora el artículo 169-A al Código Penal y que establece sanciones contra el uso de máscaras, capuchas o pasamontañas en manifestaciones cuando exista la intención de ocultar la identidad para cometer o incitar actos violentos.

La propuesta se perfila como una de las reformas penales más debatidas en materia de orden público y protesta social en los últimos años.

Actualmente, el artículo 169 del Código Penal sanciona a quien impida una reunión pacífica y lícita con penas de uno a tres años de prisión, que aumentan si el responsable es un servidor público.

El nuevo artículo 169-A amplía el alcance punitivo al establecer que quien utilice medios para ocultar total o parcialmente su rostro durante una protesta con el propósito de provocar violencia, intimidación u odio será castigado con dos a cuatro años de prisión, elevándose la sanción a cuatro a seis años si la conducta facilita la comisión de otros delitos.

El Ejecutivo sostiene que la iniciativa busca fortalecer la seguridad ciudadana, proteger el derecho a la manifestación pacífica y evitar que grupos violentos se infiltren en protestas para generar disturbios o daños a la propiedad.

Desde la perspectiva gubernamental, la reforma pretende establecer un marco disuasivo que permita a las autoridades actuar frente a situaciones en las que el anonimato sea utilizado como herramienta para la violencia.

Sin embargo, el proyecto ya ha generado reacciones críticas de diputados de oposición y organizaciones civiles, que advierten posibles afectaciones a la libertad de expresión y el derecho a la protesta.

Algunos sectores consideran que la iniciativa podría interpretarse como un mecanismo de control social, especialmente en contextos de movilizaciones ciudadanas relacionadas con temas de alto impacto político y económico.

Las críticas también se vinculan al contexto reciente de protestas nacionales, particularmente las registradas en 2023 tras el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia que provocó el cierre de la mina de cobre operada por Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum.

Las manifestaciones se extendieron por más de 30 días, con bloqueos y paralización parcial de la actividad comercial, marcando uno de los episodios de mayor movilización social en la historia reciente del país. El año pasado, maestros y profesores, así como trabajadores de la construcción protestaron contra las reformas a la Caja del Seguro Social, así como empleados del sector bananero.

En ese escenario, sectores críticos sostienen que la propuesta legislativa podría estar relacionada con la posibilidad de nuevas protestas ante decisiones futuras del Ejecutivo, entre ellas la eventual reactivación del proyecto minero o medidas económicas de alto impacto.

Organizaciones sociales han señalado que el uso de mascarillas o coberturas faciales no siempre está vinculado a actos violentos, sino que también responde a motivos de seguridad personal, salud o protección frente a gases lacrimógenos.

Desde el ámbito legislativo, el debate se anticipa intenso, ya que la iniciativa deberá ser analizada en comisiones y posteriormente en el pleno de la Asamblea Nacional, donde podrían presentarse modificaciones, ajustes o propuestas alternativas.

Diputados opositores han adelantado que promoverán una discusión amplia para evaluar el alcance real de la norma y su compatibilidad con garantías constitucionales.

El proyecto también abre un debate sobre el equilibrio entre seguridad y libertades civiles, un tema recurrente en la región ante el aumento de protestas sociales y tensiones políticas.

Analistas señalan que la clave estará en la interpretación jurídica del elemento intencional, es decir, demostrar que el uso de máscaras tenga como objetivo facilitar actos violentos y no simplemente proteger la identidad en el ejercicio del derecho a manifestarse.

En términos políticos, la iniciativa se produce en un momento de alta sensibilidad social, con discusiones sobre el futuro del sector minero, la situación fiscal y otros temas de alto péfil como la construcción de un nuevo embalse en el Canal de Panamá. Esto ha llevado a que el proyecto sea percibido por algunos actores como una medida preventiva frente a escenarios de conflictividad.

A pesar de las críticas, el Ejecutivo mantiene que la reforma no busca limitar la protesta pacífica, sino evitar la impunidad de quienes cometen delitos durante manifestaciones aprovechando el anonimato.

La discusión legislativa y el eventual proceso de aprobación determinarán el impacto real de la propuesta en el marco legal de las protestas en Panamá, en un debate que combina seguridad, derechos civiles y gobernabilidad.

El Gobierno de Japón denunció este miércoles la detención de un ciudadano nipón en Teherán, capital de Irán, ocurrida a mediados de enero, y exigió “enérgicamente” a las autoridades de la República Islámica su liberación.

El subsecretario de gabinete, Masanao Ozaki, informó en rueda de prensa que el arresto tuvo lugar el 20 de enero, pero evitó dar detalles sobre las circunstancias o la identidad del detenido para proteger su integridad.

“Desde que se conoció el incidente de la detención, el Gobierno instó encarecidamente a la parte iraní a que lo libere lo antes posible. También estamos en contacto con el detenido, su familia y otras partes relacionadas, y le brindamos el apoyo necesario. Nos gustaría seguir brindando el máximo apoyo posible desde la perspectiva de la protección de los ciudadanos japoneses”, declaró Ozaki.

El funcionario respondió así a preguntas sobre las informaciones de Iran International, que señalaban que el detenido sería un periodista de NHK. La cadena pública japonesa se limitó a manifestar que “siempre priorizamos la seguridad de nuestro personal”. “No hay nada que podamos decir en este momento”, insistió.

Las declaraciones llegan un día después de que Radio Free Europe/Radio Liberty afirmara que el jefe de la oficina de NHK en Irán, Shinnosuke Kawashima, fue arrestado en Teherán y transferido el lunes a la capitalina prisión de Evin, utilizada por Irán para recluir a presos políticos.

Nuevas protestas contra la cúpula iraní

En la capital del país en plena crisis, estudiantes de varias universidades realizaron nuevas protestas el lunes pasado contra el régimen iraní, en la tercera jornada consecutiva de movilizaciones tras la represión que dejó miles de muertos en enero.

De acuerdo con testigos y videos verificados, las manifestaciones se llevaron a cabo en la Universidad de Sharif, la Universidad de Teherán y Al-Zahra, donde los jóvenes corearon consignas contra los ayatollahs, exhibieron banderas del antiguo monarca Reza Pahlavi y, en algunos casos, se enfrentaron con la fuerza paramilitar Basij.

En Al-Zahra, estudiantes y profesoras se congregaron para expresar su apoyo a la monarquía exiliada y reclamar derechos civiles y libertad política, gritando “¡Queremos recuperar Irán, basta de opresión!”. En el campus de Al-Zahra, los estudiantes intensificaron las protestas quemando banderas del régimen y mostrando pancartas en apoyo a la monarquía.

“Es nuestra responsabilidad levantar la voz, aunque nos amenacen con detenciones”, afirmó una estudiante que solicitó anonimato por razones de seguridad.

En la Universidad de Sharif, los alumnos se concentraron frente a la cafetería central ondeando una bandera con el emblema del león y el sol, mientras entonaban “Mujer, vida, libertad”, consigna presente en las protestas de 2022.

En la Universidad de Teherán, la protesta surgió durante un homenaje a un estudiante fallecido en las manifestaciones previas. Los asistentes corearon consignas contra el Líder Supremo, Ali Khamenei, y exigieron la caída del régimen. En esta ocasión, los guardias no intervinieron en la Universidad de Teherán, aunque se registraron enfrentamientos aislados en otros campus con miembros de la Basij que intentaron dispersar a los manifestantes.

La Agencia de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, informó que al menos 7.015 personas han fallecido, entre ellas 214 miembros de las fuerzas de seguridad. Por su parte, las autoridades iraníes reconocen 3.117 víctimas. Las restricciones en las comunicaciones dentro del país dificultan la verificación independiente de estas cifras.

(Con información de Europa Press)

Uno de los implicados admitió haber arrojado un bocadillo envuelto en papel hacia una furgoneta de la Brigada Mòbil (BRIMO) durante las protestas por el arresto de Pablo Hasél en 2021, negando al mismo tiempo que él o su compañero hubieran lanzado piedras hacia los agentes, según consignó Europa Press. Esta declaración se dio durante la celebración de un juicio en la Audiencia de Barcelona, donde tres jóvenes, dos de ellos procesados por desórdenes públicos y daños y un tercero también acusado de atentado agravado contra agentes de la autoridad, rechazaron cualquier implicación en agresiones contra los Mossos d'Esquadra.

De acuerdo con la información recabada por Europa Press, los cuatro acusados fueron detenidos el 18 de febrero de 2021 en el centro de Barcelona tras una serie de movilizaciones en reacción al encarcelamiento de Hasél. Durante el juicio, uno de los encausados accedió a responder preguntas solo para aclarar que su participación se limitó al lanzamiento de un bocadillo, minimizando así los hechos que se le imputan. El resto de los acusados sostuvo que marchaban en un ambiente que calificaron como reivindicativo, negando haber lanzado objetos, manipulado mobiliario urbano o actuado violentamente.

El ministerio público ha solicitado penas que varían en función de los delitos atribuidos. Para dos de los jóvenes, la Fiscalía exige cinco años de prisión, multas de 6.000 euros y una indemnización por daños a los vehículos policiales, bajo cargos de desórdenes públicos y daños agravados. Para los otros dos, que afrontan además la acusación de atentado agravado contra agentes de la autoridad, la pena solicitada asciende a ocho años y medio de cárcel, informó Europa Press.

En el desarrollo del juicio, policías que actuaron como agentes de paisano relataron que, la tarde de los hechos, observaron a un grupo de unas 50 personas moviendo contenedores en el cruce de las calles Girona y Mallorca. Entre este grupo, dijeron haber identificado a dos de los jóvenes, a quienes afirmaron seguir desde ese momento hasta su posterior detención. Los agentes detallaron que los acusados portaban objetos en la mano que, según sus declaraciones, eran piedras de tamaño considerable, y afirmaron que los sospechosos las arrojaron contra las furgonetas policiales, llegando a escucharse los golpes al impactar. "Era imposible fallar", aseguró uno de los policías agregando que la distancia era lo suficientemente corta para hacer blanco en los vehículos.

Otro agente de paisano relató que observó, en la intersección de la calle Bruc y el pasaje de Pla, a dos personas lanzando piedras hacia una zona donde otro grupo policial, apoyado por vehículos de la BRIMO, procedía a efectuar una detención. Aunque solo consiguió detener en el momento a uno de los sospechosos, más tarde localizaron al otro, reconociéndolo por una sudadera identificada por el inspector a través de la radio policial.

En contraste con estos testimonios, los acusados mantuvieron versiones distintas. Uno de ellos manifestó que al momento de la detención solo pretendían regresar a su domicilio, mientras que otro insistió en que no participó en ningún lanzamiento de objetos ni alteración del mobiliario urbano. Aun cuando admitió haber arrojado el bocadillo, recalcó que no existió intención de dañar ni de atacar a los agentes o sus vehículos, detalló el medio Europa Press.

La fiscal expuso en su intervención la relevancia de las aportaciones de los agentes, valorando sus declaraciones como suficientemente esclarecedoras y argumentando que la situación vivida reflejó la complejidad de unas protestas multitudinarias, en las que participaron más de 1.200 personas, según los datos aportados durante el juicio. En sus palabras, "no solo es autor el que realiza la acción", recalcando el principio de imputación recíproca y atribuyendo a los acusados un papel activo en la dinámica colectiva de la violencia reportada esa noche.

La defensa de los cuatro jóvenes solicitó la absolución de sus clientes, fundamentando su argumento en la ausencia de pruebas concretas que acrediten la lesión a agentes o la autoría en los daños a los vehículos policiales. Las defensas resaltaron lo que consideran imprecisión en las declaraciones policiales, señalando que los agentes no pudieron identificar de forma individual a sus representados dada la oscuridad, el uso de prendas oscuras y mascarillas por la situación sanitaria del Covid-19, y la confusión propia de un grupo numeroso. Una de las abogadas puso en duda la capacidad de los agentes de distinguir a los responsables específicos entre un grupo que, según el propio testimonio policial, podría haber contado con entre 30 y 50 personas. Otra defensa hizo hincapié en lo que denominó un “sinfín de incoherencias”, apuntando a la imposibilidad de demostrar la responsabilidad individual de los daños sufridos por las furgonetas de la BRIMO.

El sumario recoge que las detenciones de los cuatro acusados se produjeron en distintos puntos de la ciudad, pero se unificaron dentro del mismo atestado debido a la relación temporal y de contexto entre los hechos. Europa Press informó que mientras dos de los jóvenes fueron detenidos cerca de las calles Girona y Mallorca, los otros dos quedaron arrestados en zonas próximas, siguiendo descripciones facilitadas por los efectivos policiales a través de la radio interna.

Durante el proceso, uno de los encausados optó por no declarar, acogiendo su derecho al silencio. La estrategia de las defensas pivotó en sustentar que sin una prueba irrefutable de la autoría de los daños y de los ataques, la imputación de delitos tan graves resultaría injustificada. Además, varias defensas subrayaron la falta de concreción sobre los daños tangibles que sufrió el material policial o sobre la participación individual de cada uno de los acusados en los hechos relatados.

Las movilizaciones que originaron este proceso formaron parte de una oleada de protestas que, en febrero de 2021, sucedieron en varias ciudades españolas en reacción al ingreso en prisión de Pablo Hasél, rapero y activista condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Las protestas derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales, las cuales incluyeron lanzamientos de objetos y acciones de desobediencia, según informaciones publicadas por Europa Press. La causa pendiente busca determinar la autoría precisa de hechos violentos y daños patrimoniales, así como la posible comisión del delito de atentado agravado contra agentes.

La resolución del tribunal sobre las condenas solicitadas por la Fiscalía, que incluyen hasta ocho años y medio de prisión y diversas indemnizaciones económicas, dependerá de los elementos probatorios y testimonios recogidos en este juicio en la Audiencia de Barcelona. Europa Press informó que el proceso sigue abierto a la espera de la valoración judicial sobre la veracidad de las imputaciones y la posible condena de los cuatro jóvenes procesados.

El respaldo abierto a las recientes manifestaciones en Irán por parte de las principales organizaciones kurdas del país ha motivado a estos grupos a formalizar una alianza que busca impulsar una estrategia política común frente al gobierno central. Según informó la televisión kurdo-iraquí Rudaw, líderes de cinco partidos kurdos con actividad dentro de la República Islámica anunciaron la creación de la Alianza de las Fuerzas Políticas del Kurdistán Iraní (AFPKI), con el objetivo de fortalecer su posición y reivindicar el derecho de autodeterminación de la comunidad kurda, además de exigir la celebración de elecciones libres y democráticas para todas las minorías nacionales y religiosas en territorio iraní.

El acuerdo fue firmado por los dirigentes principales del Partido Democrático del Kurdistán Iraní (PDKI), Mustafa Hijri; del Partido de la Vida Libre del Kurdistán (PJAK), Viyan Peyman; del Partido por la Libertad del Kurdistán (PAK), Hossein Yazdanpanah; del Partido Komala del Kurdistán, Reza Kaabi; y de la Organización de la Lucha del Kurdistán Iraní (Jabat), Baba Sheij Hosseini. De acuerdo con el reporte de Rudaw, esta alianza surge tras intensos debates entre las diversas facciones políticas y contempla tanto la situación actual en el Kurdistán Oriental —ubicado en la región occidental de Irán— como la coyuntura política general en el país.

Tal como publicó Rudaw, la declaración fundacional de la AFPKI sostiene que el régimen de la República Islámica ha perdido legitimidad política, aunque sigue en el poder principalmente debido a la división existente entre las fuerzas opositoras. En este contexto, los líderes kurdos consideran necesario responder a la coyuntura política y social que atraviesa Irán, especialmente a la luz del impulso que han alcanzado las recientes protestas, consideradas por varios dirigentes como las más multitudinarias y violentas en décadas.

Según detalló el medio kurdo-iraquí, entre las metas principales de la alianza figuran la unidad de acción entre partidos kurdos, el fortalecimiento del movimiento político kurdo en Irán, la consolidación del rol del Kurdistán como actor político y la defensa de los derechos fundamentales del pueblo kurdo. Además, la AFPKI busca participar activamente en la construcción del futuro político de Irán, promoviendo la instauración de instituciones nacionales y democráticas basadas en loa voluntad soberana de la nación kurda en la región conocida como Kurdistán Oriental.

Los líderes kurdos, de acuerdo con la información proporcionada por Rudaw, afirman que el objetivo inmediato y compartido consiste en acabar con la República Islámica de Irán. Plantean también la defensa del derecho de autodeterminación kurdo y la estructuración de un sistema administrativo democrático y laico en la región kurda. Este posicionamiento responde tanto a las condiciones históricas de marginalidad que enfrenta la comunidad kurda en Irán como a la percepción de que la unidad política puede incrementar la eficacia de sus demandas frente al gobierno central.

La alianza, de acuerdo con el relato de Rudaw, se declaró solidaria del “descontento generalizado” expresado por amplios sectores de la sociedad iraní contra el régimen de los ayatolás, sumando su apoyo a las recientes protestas que han tenido lugar a finales de diciembre y que, según algunos dirigentes kurdos, han representado una de las olas de movilización más grandes y mortales de las últimas décadas en el país.

El miembro del Comité Ejecutivo del PDKI, Mohammad Nazif Qadri, entrevistado por la cadena kurdo-iraquí, explicó que la decisión de crear la AFPKI derivó de amplias consultas y debates entre las principales coaliciones políticas kurdas, así como de la urgencia de responder a los desafíos actuales con una agenda común. Según consignó Rudaw, el PDKI cuenta con una larga historia de enfrentamientos armados contra las autoridades iraníes, remontándose su actividad a la instauración de la República Islámica en 1979.

La plataforma política propuesta por la alianza aboga por la coordinación de esfuerzos entre fuerzas políticas y civiles en todo Irán, con la aspiración de celebrar comicios libres y transparentes, además de garantizar derechos fundamentales para todas las minorías nacionales y religiosas. Los partidos firmantes también plantean la creación de un sistema político y administrativo basado en los principios democráticos y seculares en el Kurdistán Oriental, lo que, según argumentan, supondría una transformación en los vínculos entre las minorías y el Estado iraní.

El contexto de fragmentación de la oposición al régimen de los ayatolás, según expone la declaración recogida por Rudaw, ha permitido que el actual gobierno mantenga el control pese a un clima de protesta y descontento social. La AFPKI considera que fortalecer la unidad entre los kurdos puede actuar como catalizador para un mayor aceramiento entre las diferentes fuerzas opositoras en Irán, quienes enfrentan desde hace años dificultades para articular estrategias comunes.

Al asumir una postura de respaldo abierto respecto de las protestas sociales más recientes, los partidos kurdos buscan reforzar su legitimidad como representantes de las demandas kurdas dentro de Irán, pero también posicionarse como actores clave en el debate nacional sobre derechos políticos, libertades civiles y estructuras de gobierno. La apuesta por elecciones libres, según los términos reportados por Rudaw, incluye el llamado al establecimiento de nuevas instituciones que reflejen la pluralidad étnica, religiosa y cultural del país, y que permitan a los kurdos, así como a otras minorías, determinar su propio destino político y administrativo dentro de un marco democrático.

El acuerdo firmado por las cinco organizaciones y divulgado por Rudaw constituye un paso inédito en la historia reciente de la política kurda en Irán, ya que tradicionalmente estos partidos han operado de forma independiente, con diferencias estratégicas y programáticas. La alianza recién formalizada se presenta como un intento concreto por superar esas divisiones y responder de manera coordinada a los desafíos que plantean tanto la coyuntura nacional iraní como la situación interna del propio Kurdistán Oriental.

Entre el lunes 23 y el sábado 28 de febrero de 2026, Bogotá vivirá intensas jornadas de movilización social y actividades culturales en distintas localidades.

Las acciones, impulsadas por organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y sindicatos, tendrán como eje central la reivindicación de derechos y la visibilización de demandas institucionales.

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Durante estos días, la capital colombiana experimentará una serie de eventos que podrían modificar la dinámica habitual del espacio público, tanto en la movilidad como en la convivencia ciudadana.

Las autoridades locales, a través de la Secretaría Distrital de Gobierno, han confirmado que cada manifestación contará con la presencia de equipos de diálogo y gestores de convivencia. El objetivo principal será garantizar el derecho a la protesta pacífica y promover el respeto entre los distintos actores sociales que convergen en los espacios urbanos.

El lunes 23 de febrero está programado un plantón en la localidad de Teusaquillo, donde diversas organizaciones buscarán visibilizar sus reclamos y exigir respuestas institucionales, la protesta generará cierre en la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

La agenda continúa el martes 24 en la localidad de Santa Fe, donde colectivos ciudadanos organizarán un evento cultural en respuesta a la brutalidad policial.

Esta jornada, que se desplegará en puntos estratégicos como la Calle 18 con carrera Séptima y la Calle 19 con carrera Cuarta, combinará expresiones artísticas y actividades simbólicas para exigir garantías en materia de derechos humanos.

El miércoles 25 de febrero, Chapinero será epicentro de una “Toma FiduPrevisora” frente a la Embajada de Cuba. Aquí, manifestantes buscarán visibilizar conflictos sociales y laborales, así como demandar atención a sus peticiones frente a la mala atención que denuncian los docentes del país. Esta concentración estará ubicada en la Carrera 9 #92-54.

El viernes 27, la localidad de Antonio Nariño albergará el Festival “Todxs Somos Antifascistas”, una propuesta cultural que integrará música, arte y actividades comunitarias en la Avenida carrera Décima #13 Sur – 50.

La iniciativa, prevista para todo el día, rechaza los discursos de odio y la discriminación, apostando por el arte como herramienta de transformación social. Habrá muestra de grafiti, emprendimientos, boxeo callejero y olla comunitaria.

El sábado 28 de febrero, los focos regresan a Chapinero con el plantón “Mujeres colombianas en solidaridad con Cuba”. La convocatoria, que tendrá lugar a las 2:00 p. m. en la Embajada de Cuba, invita a las asistentes a llevar leche en polvo como símbolo de apoyo y resistencia tras el presunto bloqueo comercial que vive la isla.

Las movilizaciones previstas concentrarán a la ciudadanía en localidades con alta afluencia peatonal y vehicular como Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Antonio Nariño y Teusaquillo.

Se anticipan afectaciones temporales en la movilidad, incluyendo desvíos y cierres viales, así como posibles impactos en la operación de rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio.

La Secretaría de Gobierno recomienda consultar información actualizada en los canales oficiales de Transmilenio y la Secretaría de Movilidad para planificar desplazamientos con antelación y considerar rutas alternativas para evitar contratiempos.

Las autoridades insisten en la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales y participar de manera pacífica y respetuosa en las actividades programadas. Entre las recomendaciones clave destacan: planificar los trayectos diarios, atender posibles cambios en el sistema de transporte y respetar los derechos de terceros durante las movilizaciones.

El llamado institucional es a ejercer el derecho a la manifestación sin afectar a otras personas, garantizando que la protesta siga siendo un canal legítimo de expresión ciudadana.

Las jornadas de la última semana de febrero en Bogotá reflejan la diversidad y vitalidad de la movilización social contemporánea, al tiempo que plantean retos para la gestión urbana y la protección de los derechos fundamentales.

Edouard Beigbeder, director regional de UNICEF para Oriente Próximo y el norte de África, alertó sobre los efectos documentados que la detención de menores de edad puede tener en su desarrollo personal y el impacto que eso representa para el futuro de la sociedad. A raíz de esta preocupación, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) instó a la liberación inmediata de todos los niños y niñas arrestados durante las recientes protestas desarrolladas en Irán, según consignó el medio de Naciones Unidas en un comunicado oficial.

La agencia concretó su petición tras informes que muestran la permanencia en detención de menores implicados en los disturbios ocurridos contra el gobierno iraní. Aunque no se dispone de cifras precisas sobre el número actual de menores bajo custodia ni sobre las condiciones en las que están retenidos, UNICEF urgió al acceso inmediato e independiente a todos los niños detenidos, con el propósito de evaluar su situación, el trato que reciben y su bienestar, detalló la propia organización.

De acuerdo con UNICEF, la privación de libertad en edades tempranas genera consecuencias irreversibles que afectan tanto a los propios niños y niñas como al porvenir de la comunidad. "No son adultos pequeños sino que requieren cuidados especiales. La privación de libertad conlleva consecuencias permanentes para su desarrollo, pero también para el futuro de la sociedad en su conjunto", expresó Beigbeder en el comunicado recogido por la agencia.

El medio subraya, en base al comunicado, que UNICEF reiteró la obligación de que los menores privados de libertad reciban un trato digno y humano y que se les permita mantener un contacto regular con sus familias, recordando que estas son obligaciones contempladas en el Derecho Internacional, vinculantes y aplicables en todo momento. "Pedimos poner fin a la detención de niños y niñas en todas sus formas y la liberación inmediata de los menores detenidos en Irán tras los recientes disturbios públicos", exigió el organismo, citando el compromiso asumido por Irán al ser parte de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Las protestas en Irán, que se desencadenaron por motivos como la crisis económica y la degradación de las condiciones de vida, han generado un elevado número de víctimas. Según informó UNICEF en base a fuentes oficiales de Teherán, las manifestaciones han dejado más de 3.000 fallecidos, entre quienes se cuentan civiles y personal de seguridad. No obstante, organizaciones no gubernamentales como Human Rights Activists, con sede en Estados Unidos, han presentado cifras superiores, estimando los muertos en más de 7.000, según su informe más reciente.

La discrepancia entre los datos oficiales del gobierno iraní y los balances realizados por ONG resalta la dificultad para verificar las informaciones sobre la magnitud de la represión y la situación específica de los menores detenidos durante los disturbios. UNICEF recordó que la República Islámica de Irán está obligada internacionalmente a salvaguardar los derechos fundamentales de la infancia, insistiendo en la urgencia de que las autoridades adopten medidas que permitan la liberación de los menores y garanticen su protección frente a cualquier forma de abuso o maltrato, tal como reportó el organismo.

El pedido de UNICEF se fundamenta en la evidencia acumulada sobre los efectos perdurables de la detención en niños y niñas, reconociendo la particular vulnerabilidad de esta población en contextos de crisis política y social. La agencia enfatizó en su declaración que las normativas internacionales establecen estándares precisos en cuanto al tratamiento de menores bajo custodia y en la obligación estatal de garantizarles acceso a sus derechos, incluido el contacto familiar y la atención a sus necesidades específicas. UNICEF recalcó que estas obligaciones no son optativas o sujetas a interpretación, según detalla en su comunicado.

Según el análisis de la agencia, la coyuntura iraní vuelve especialmente urgente la revisión de la situación de los menores detenidos, no solo para responder a la emergencia generada por las protestas, sino para restablecer la confianza en el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos infantiles. La organización recordó que el bienestar de los niños y niñas constituye un pilar fundamental para la estabilidad social y la cohesión futura, subrayando la necesidad de que las medidas adoptadas por las autoridades cumplan con los estándares internacionales ratificados por el Estado parte, informó UNICEF.

El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Thomas Pigott, destacó la magnitud y la duración del cierre de Internet impuesto en Irán, señalando que la medida restringió de manera severa la capacidad de la población para documentar violaciones de derechos humanos y los aisló del resto del mundo. Esta referencia formó parte del anuncio oficial de nuevas sanciones estadounidenses, dirigidas específicamente a 18 funcionarios iraníes, quienes según el gobierno de Estados Unidos participaron de manera cómplice en graves vulneraciones a los derechos humanos durante las manifestaciones antigubernamentales en este país.

Según informó el Departamento de Estado estadounidense, esas restricciones de visado se fundamentan en la supuesta implicación directa de los sancionados en la represión de protestas, donde se atentó contra el derecho a la libertad de expresión y la posibilidad de reunión pacífica. El comunicado detalló que estos altos cargos iraníes fueron considerados responsables de un patrón de abusos dirigidos a aplastar las expresiones públicas de descontento social, recurriendo tanto a la violencia estatal como a procedimientos punitivos coordinados.

El medio oficial explicó que, con estas medidas, Washington pretende reforzar su posición frente a Teherán y enviar un mensaje de respaldo a la ciudadanía iraní que demanda, según consigna el Departamento de Estado, “paz y dignidad”. Thomas Pigott expresó que “Estados Unidos seguirá defendiendo el derecho del pueblo iraní a la libertad de expresión”, marcando la continuidad de una política exterior que busca sancionar a quienes promuevan o perpetren castigos extrajudiciales o actos de represión violenta sobre manifestantes desarmados.

De acuerdo con la declaración divulgada este miércoles, las restricciones de visado se suman a sanciones previas que las autoridades estadounidenses han impuesto en los últimos meses bajo la misma política. Hasta la fecha, 58 personas —contando los recién sancionados— han sido objeto de estas acciones, señaló el portavoz adjunto ante medios internacionales. El Departamento de Estado enfatizó que continuará "utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para exponer y promover la rendición de cuentas por los abusos cometidos por funcionarios del régimen iraní y otras personas”.

El contexto de las sanciones, según detalló el departamento estadounidense, incluye una revisión de los episodios de represión recientes, donde el aparato estatal iraní “desató la violencia y la represión contra miles de manifestantes pacíficos”. Además del uso de fuerza, se mencionaron otros mecanismos de coerción, como el cierre casi total del acceso a Internet, medida que, según explicó Pigott, representa un hecho “sin precedentes en cuanto a su alcance y duración”.

El comunicado puso el acento en que ese aislamiento tecnológico interrumpió la circulación de información tanto dentro como fuera del país, lo que dificultó documentar de manera efectiva la magnitud de los abusos y obstaculizó la denuncia internacional. Washington argumentó que esta táctica formó parte de una estrategia más amplia del gobierno iraní para sofocar la movilización social y restringir el flujo de noticias independientes.

Al anunciar las sanciones, el Departamento de Estado reafirmó el “apoyo inquebrantable” de Estados Unidos a las demandas legítimas de la población iraní. Según recordó el portavoz, la política de restringir los movimientos internacionales de funcionarios implicados busca ejercer presión diplomática y simbólica, resaltando la vigilancia constante de la comunidad internacional ante las vulneraciones de derechos fundamentales.

Las autoridades estadounidenses subrayaron su compromiso de defender las libertades básicas en Irán y recalcaron que se mantendrán atentas a eventuales repuntes represivos, considerando este tipo de sanciones como parte de una respuesta sostenida a lo que consideran actos sistemáticos de supresión por parte del gobierno iraní hacia quienes protestan de forma pacífica. La postura de Washington sostiene que la comunidad internacional debe promover la rendición de cuentas para disuadir futuras violaciones y apoyar el derecho de los ciudadanos iraníes a manifestarse sin temor a represalias.

En las comunicaciones difundidas, el Departamento de Estado insistió en que la defensa de los derechos humanos es un eje central de la política exterior estadounidense hacia Irán, y enfatizó su intención de continuar empleando sanciones, restricciones de visado y otras herramientas diplomáticas para respaldar las libertades civiles, la libertad de expresión y el derecho a protestar de la sociedad iraní.

Desde el 17 de febrero, en Soacha, Cundinamarca, se mantiene un paro protagonizado por el gremio de conductores del transporte público, que denuncia ser víctima de cobros extorsivos por parte de estructuras internacionales que se han consolidado en el municipio.

Debido a esta situación, residentes de las comunas más alejadas de la última estación de TransMilenio (San Mateo) se han visto obligados a caminar hasta el punto de salida de los articulados y así poder asistir a sus empleos, sitios de aprendizaje y cumplir con los trámites que deben realizar en Bogotá.

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De la misma forma, después de las 5:00 p. m., cuando la mayoría de oriundos de Soacha retornan de sus trabajos, se ha visto una gran cantidad de locales caminando hasta sus hogares ante la ausencia de buses en las vías.

En medio de la situación, Periodismo Público, un medio local en Soacha, divulgó un audio que recibieron los conductores de transporte público, en el que alias Moisés, el mismo que ha firmado los panfletos con amenazas, se atribuye el asesinato de un transportador en la noche del 14 de febrero.

“Nosotros les llegamos de la mejor manera y no nos quisieron solucionar y nos vimos en la obligación de hacer lo que hicimos con el señor Agustín. La vuelta es la siguiente: necesitamos que busquen un vocero y se reúnan todos, que lleguen a un acuerdo con nosotros. Necesitamos que nos apoyen con 100.000 pesos semanalmente”, es parte del audio mencionado.

Sobre la estructura criminal que los está extorsionando, en diálogo con Infobae Colombia, conductores del transporte público que optaron por no dar sus nombres para preservar su seguridad, afirmaron que se trataría de ciudadanos de nacionalidad venezolana que se han apoderado de varias comunas en Soacha.

A pesar de las denuncias, y de que en medio de una jornada de protesta se registró el asesinato de un “calibrador” en el municipio, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez “Perico”, afirmó que el paro era una respuesta de los conductores por los operativos de control que se han llevado a cabo en el territorio.

“En articulación con la Dijín de la Policía Nacional, inmovilizamos 30 vehículos que operaban de manera ilegal en la ciudad y que no cumplían con las normas de seguridad exigidas para la prestación del servicio público. Durante los operativos, un pequeño grupo de conductores generó bloqueos en varios puntos. Sin embargo, gracias al respaldo de los transportadores formales y al trabajo coordinado de nuestras autoridades, logramos restablecer el servicio de manera oportuna. En Soacha seguimos actuando con determinación para proteger la legalidad, la seguridad de los usuarios y el trabajo digno de quienes sí cumplen las normas”, fue el mensaje que terminó de romper los intentos de diálogo entre el gremio de transportadores y la alcaldía municipal.

Durante la tercera jornada sin transporte público en Soacha, los conductores afirmaron que con las declaraciones entregadas por Julián Sánchez, el alcalde les dio la espalda, por lo que no tienen fecha exacta para volver al diálogo.

“Nosotros denunciamos que nos matan a dos compañeros y él sale a decir que somos ilegales. Claro que hay algunos que no tienen los papeles al día, pero es por lo mismo, porque ya no ganamos nada; si nos extorsionan, ¿de dónde pagamos las cosas?”, declaró un conductor a Infobae Colombia.

Hasta el momento, no se ha anunciado ningún tipo de diálogo entre las partes en el corto plazo; mientras tanto, miles de soachunos deberán seguir caminando por zonas con poca iluminación, nula presencia de las autoridades y ninguna solución viable a la vista.

El discurso pronunciado en Múnich por Reza Pahlavi, hijo del último sah de Irán y abierto a liderar el país en una potencial transición, se produjo en el contexto de una manifestación que congregó a cerca de 250.000 personas en la ciudad alemana en protesta contra la represión por parte de las autoridades iraníes ante las movilizaciones relacionadas con la crisis económica. Tras esa manifestación y las expresiones públicas de respaldo de varios políticos alemanes a los participantes, el Gobierno de Irán trasladó una protesta formal, convocando al embajador alemán en Teherán y acusando a Berlín de adoptar una postura hostil y de permitir actividades consideradas "antiiraníes" dentro de su territorio. De acuerdo con la información del canal estatal IRIB, el Ministerio de Exteriores iraní comunicó a Axel Dittmann, embajador de Alemania en Teherán, su malestar el martes, señalando que ciertas posiciones alemanas han resultado "destructivas e ilegales" desde la perspectiva iraní.

Tal como informó IRIB, las autoridades iraníes sostienen que el Gobierno alemán ha albergado y respaldado a personas y grupos calificados por Teherán como "terroristas y violentos". El Ministerio de Exteriores afirmó que estas prácticas vulneran los principios básicos del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, además de comportar, según Irán, responsabilidades internacionales para Alemania. La convocatoria diplomática se inscribió como una respuesta oficial a los sucesos recientes y las posturas asumidas por figuras políticas alemanas, cuyas declaraciones, según el Gobierno iraní, han sido dirigidas con hostilidad hacia sus autoridades.

El medio IRIB indicó que la movilización masiva celebrada en Múnich tuvo lugar el sábado, a raíz de la última oleada de protestas en territorio iraní motivadas por la crisis económica. La represión de estas protestas ha generado rechazo internacional y motivó que varios responsables políticos en Alemania manifestaran su respaldo público tanto a los manifestantes en Múnich como a sectores opositores iraníes. Entre los asistentes a la protesta se encontraba Reza Pahlavi, quien intervino ante los congregados y reiteró su intención de liderar el país si se materializa una transición política. Pahlavi, de 65 años, permanece fuera del espectro político dominante en Irán y su nivel de apoyo interno es incierto.

En el ámbito interno, indicó IRIB, el Gobierno iraní anunció la conformación de una comisión para investigar los acontecimientos recientes vinculados a las protestas contra la situación económica. Las autoridades cifran en más de 3.000 los fallecidos como consecuencia de la represión, una estimación significativamente menor que la informe de una ONG estadounidense, que eleva el balance de víctimas por encima de 7.000. Además, las autoridades iraníes acusan de forma reiterada la implicación de actores extranjeros en los disturbios, señalando que elementos respaldados por Estados Unidos e Israel habrían aprovechado las protestas para perpetrar ataques y maximizar el número de víctimas. Según IRIB, el propósito sería crear un contexto que facilitara una acción militar estadounidense, una amenaza que el entonces presidente Donald Trump habría esgrimido en diversas ocasiones en el pasado reciente.

El canal estatal continuó detallando que la protesta oficial iraní subraya no solo la preocupación por la acogida a figuras que promueven el derrocamiento del sistema político vigente, sino también la interpretación de que las reacciones políticas alemanas exceden los límites del respeto diplomático tradicional. Hasta el momento de publicación, el Ejecutivo alemán no emitió declaración pública sobre la convocatoria de su diplomático en Teherán.

Los hechos descritos evidencian la tensión diplomática actual entre Teherán y Berlín, contexto en el que la percepción de injerencia externa y el acogimiento de movimientos opositores por parte de Alemania motivaron una reacción oficial inmediata del Gobierno iraní.

Alí Jamenei, líder supremo iraní, abordó la reciente oleada de protestas por la situación económica en Irán advirtiendo que, salvo los responsables directos de actos violentos y quienes colaboraron con potencias extranjeras, el resto de los manifestantes son considerados hijos de la nación iraní y merecen clemencia. Según consignó la cadena pública IRIB y retomó la agencia de noticias Europa Press, Jamenei diferenció entre quienes defendieron el orden y el sistema, quienes se encontraron accidentalmente en las zonas de conflicto y quienes, según sus palabras, fueron engañados y terminaron participando en los disturbios. Señaló que, para estos últimos, "también, las autoridades los consideran mártires", con excepción de los líderes de la llamada sedición o aquellos que, afirmó, recibieron dinero o armas de adversarios del país.

En este contexto de crisis interna, Jamenei centró su intervención en las presiones internacionales y la reanudación de las negociaciones indirectas sobre el acuerdo nuclear iraní. Tal como informó Europa Press, el líder supremo manifestó su rechazo a lo que calificó como intentos de Estados Unidos de condicionar el resultado de las conversaciones actualmente en Ginebra, responsabilizando a Washington de intentar ejercer dominio sobre la nación persa a través de amenazas y exigencias durante los contactos diplomáticos.

Jamenei, durante su discurso divulgado por su oficina y citado por Europa Press, se refirió a declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyendo que ni Trump ni sus predecesores han logrado destruir la República Islámica. "El presidente estadounidense ha dicho que, desde hace 47 años, Estados Unidos no ha sido capaz de destruir a la República Islámica. Es una buena confesión. Le digo que él tampoco será capaz de lograrlo", sostuvo el ayatolá. En la misma intervención, minimizó los anuncios acerca del envío de un destructor estadounidense a aguas cercanas a Irán señalando que, aunque se trata de un recurso militar amenazante, "más peligroso que el destructor es el arma que puede mandarlo al fondo del mar".

El debate sobre el futuro del programa nuclear de Irán se ha reactivado desde la ciudad suiza de Ginebra, donde delegaciones negociadoras reiniciaron contactos tras los últimos episodios de tensión internacional. Según reportó Europa Press, estas conversaciones indirectas se producen bajo el influjo de las reiteradas advertencias de Trump sobre un posible ataque militar, vinculadas tanto a la represión de las recientes protestas como a los avances nucleares del país asiático. Teherán sostiene, por su parte, que su actividad nuclear persigue fines exclusivamente pacíficos.

Las hostilidades militares recientes también influyeron en el actual escenario diplomático. Según informó Europa Press, en junio de 2025, una serie de bombardeos conjuntos de fuerzas estadounidenses e israelíes provocó más de 1.100 muertos en Irán, exacerbando la tensión bilateral y la retórica tanto de las autoridades iraníes como de la administración estadounidense.

Respecto a la dinámica de las protestas y la respuesta estatal, las cifras oficiales iraníes calculan más de 3.000 muertos producto de la represión, mientras que una organización no gubernamental radicada en Estados Unidos elevó ese número a más de 7.000 fallecidos. Europa Press detalló que Jamenei justificó la respuesta del régimen atribuyendo la violencia y el carácter sedicioso a sectores infiltrados, algunos de los cuales recibieron presunto respaldo de Estados Unidos e Israel. "Algunos eran corruptos, sediciosos y golpistas", afirmó el líder supremo, subrayando la existencia de una supuesta injerencia externa orientada a amplificar la crisis interna e incrementar la cifra de víctimas, lo que podría ofrecer pretextos a Washington para una posible acción militar.

El gobierno iraní, según reportó Europa Press, anunció días atrás la creación de una comisión nacional de investigación destinada a esclarecer los hechos durante las manifestaciones motivadas por el deterioro económico. Actualmente, persisten las denuncias oficiales sobre la participación de "terroristas" infiltrados con el objetivo de desestabilizar al país y provocar una intervención exterior, mientras diversas fuentes internacionales acusan a las fuerzas de seguridad persas de implementar métodos represivos ante la disidencia interna.

El discurso de Jamenei también incluyó una crítica directa a la cultura política estadounidense, a la que acusó de corrupción y falta de legitimidad a los ojos de la sociedad iraní. "La nación iraní y su cultura no jurarán lealtad a líderes como los corruptos que están en el poder hoy en Estados Unidos", remarcó, de acuerdo con la transcripción reproducida por su oficina y recogida por Europa Press.

En relación a las actuales rondas de negociación sobre la cuestión nuclear, el ayatolá rechazó la exigencia estadounidense de predeterminar los términos del eventual acuerdo, considerando que dicha orientación distorsiona la naturaleza de las conversaciones. "Si va a haber negociaciones, es absurdo y erróneo determinar el resultado de las mismas por adelantado. Dicen que hablemos de este tema o este otro para un acuerdo, pero por qué intentan determinar el resultado, que hay que lograr este acuerdo concreto. Eso es absurdo. Es lo que el presidente y senadores de Estados Unidos están haciendo", señaló durante su comparecencia, informa Europa Press.

El contexto de estas declaraciones refleja el incremento de la presión internacional sobre el gobierno iraní, sumado al deterioro de las condiciones internas marcado por una situación económica adversa y una creciente inestabilidad en la región, a raíz de las acciones militares y la escalada retórica entre las partes directamente involucradas.

La destitución de Marx Arriaga como director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) desató protestas, consignas y un enfrentamiento político que escaló hasta el titular de la dependencia, Mario Delgado.

A las afueras de la SEP se escuchó con fuerza el grito: “¡Fuera Mario Delgado de la SEP!”, en respaldo al funcionario removido tras permanecer más de 100 horas atrincherado en su oficina.

Protestas en la SEP: consignas contra Mario Delgado y respaldo a Marx Arriaga

El martes, luego de recibir el oficio formal de su despido, Arriaga abandonó las instalaciones entre porras de simpatizantes que coreaban: “¡No estás solo!” y “Educación primero al hijo del obrero, educación después al hijo del burgués”.

La salida ocurrió después de cuatro días en los que el exfuncionario se negó a dejar su despacho hasta contar con un documento legal que confirmara su destitución.

Durante ese periodo, convirtió su oficina en un punto de resistencia política y mediática.

Cuatro días atrincherado: la exigencia del documento legal

Desde el viernes, cuando se le notificó su separación del cargo, Arriaga decidió permanecer en su oficina.

Argumentó que no abandonaría el espacio hasta recibir el oficio correspondiente, lo que finalmente ocurrió este martes.

Tras recibir el documento, sostuvo ante medios que se trataba de “lo mínimo que un trabajador debería recibir”.

La SEP ya nombró como sustituta a la pedagoga y poeta indígena Nadia López, con lo que formalizó el relevo en la Dirección General de Materiales Educativos.

La disputa por los libros de texto gratuitos

El conflicto de fondo se centró en los contenidos de los libros de texto gratuitos impulsados bajo el proyecto de la Nueva Escuela Mexicana.

El secretario de Educación, Mario Delgado, explicó que Arriaga se oponía a modificar “ni una sola coma” de los materiales.

De acuerdo con Delgado, la SEP busca incorporar nuevos contenidos, entre ellos:

• Mayor visibilidad a la contribución de las mujeres en la historia de México.
• Más presencia de lenguas originarias.
• Ajustes y actualizaciones pedagógicas en los materiales.

Arriaga consideró que estos cambios atentaban contra el legado educativo del sexenio anterior.

En contraste, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el relevo y explicó que el desacuerdo surgió precisamente por la negativa a realizar modificaciones.

La postura de Mario Delgado y el ofrecimiento rechazado

El titular de la SEP, Mario Delgado, afirmó que incluso propuso a Arriaga integrarse a otras áreas del movimiento, incluida la posibilidad de una representación diplomática en América Latina, oferta que fue rechazada.

Asimismo, aseguró que existía un acuerdo para que presentara su renuncia antes del 15 de febrero; de lo contrario, se procedería por la vía administrativa.

Delgado también reconoció fallas en la notificación realizada por el área jurídica de la dependencia, calificándola como “muy mal instrumentada” y consideró innecesaria la presencia de personal de resguardo.

Adelantó que el Órgano Interno de Control investigará quién solicitó ese apoyo.

Niega acusaciones y defiende su gestión

En su salida, Marx Arriaga rechazó las acusaciones sobre presuntas irregularidades o “moches”, al calificarlas como mentiras y calumnias.

Afirmó que su labor siempre estuvo orientada a la justicia social y no al enriquecimiento personal.

“Me voy como llegué”, declaró, y añadió que ya existen investigaciones sobre maestros que renunciaron en su momento, insistiendo en que él no cometió ninguna falta.

El episodio no solo evidenció tensiones internas en la SEP, sino que también abrió un nuevo capítulo en el debate sobre el rumbo de la política educativa en México, con protestas que, por ahora, apuntan directamente contra el titular de la dependencia.

La primera ministra interina de Nepal, Sushila Karki, afirmó que "estas elecciones marcarán el futuro del país", subrayando la importancia de los próximos comicios generales, los primeros desde las intensas protestas que provocaron la dimisión del gobierno en 2025. Según informó el diario The Kathmandu Post, la campaña electoral comenzó este lunes en el país asiático en un ambiente de tensión, ya que la gestión de la seguridad se ha convertido en uno de los principales desafíos tras las recientes olas de violencia.

El medio The Kathmandu Post detalló que el despliegue de seguridad incluye a 300.000 militares y policías, cifra superior a la registrada en procesos electorales previos. El operativo comenzó a principios de febrero, cuando las autoridades optaron por reforzar la presencia de efectivos en las calles para prevenir incidentes violentos y proteger a los votantes el 5 de marzo, fecha programada para las elecciones generales. Esta estrategia responde a la inestabilidad que atraviesa Nepal después de una serie de disturbios sociales que desencadenaron la salida del gobierno presidido por Sharma Oli.

De acuerdo con la información publicada por The Kathmandu Post, la crisis tuvo su mayor expresión en septiembre de 2025, cuando una prohibición gubernamental sobre el acceso a la mayoría de las principales redes sociales generó un fuerte rechazo entre jóvenes y estudiantes. Las calles de Nepal registraron manifestaciones masivas, muchas de ellas encabezadas por sectores estudiantiles, que denunciaron la censura digital y criticaron la gestión del Ejecutivo. Las protestas derivaron en episodios de saqueos, incendios y actos violentos contra diversos edificios, incluyendo tribunales, hoteles y el Parlamento.

Durante esos disturbios, The Kathmandu Post consignó que más de 70 personas perdieron la vida y cientos resultaron heridas, cifras que muestran la magnitud de las confrontaciones. Las movilizaciones no solo demandaban el restablecimiento del acceso a las plataformas digitales, sino que expresaban un descontento generalizado con las políticas gubernamentales. Ante la presión social y el aumento de la violencia, el entonces jefe del Gobierno, Sharma Oli, presentó su dimisión junto con todo su gabinete, abriendo paso a una etapa de interinidad en la que Sushila Karki asumió temporalmente la jefatura del Ejecutivo.

El inicio de la campaña electoral ha despertado expectativas en la población nepalí, mientras los partidos políticos buscan capitalizar el descontento que motivó la crisis. Según The Kathmandu Post, la atmósfera sigue marcada por la incertidumbre y el temor a eventuales brotes de violencia, elementos que las autoridades buscan contener mediante una notable presencia policial y militar en las principales ciudades y zonas rurales.

El proceso electoral actual representa un punto de inflexión para Nepal, ya que pone a prueba la capacidad del país para avanzar hacia una mayor estabilidad política tras meses de convulsión social. The Kathmandu Post resaltó que la masiva movilización de fuerzas de seguridad apunta a garantizar la integridad de la votación y la seguridad de los candidatos y ciudadanos.

Las declaraciones de Sushila Karki al inicio de la campaña reflejan la expectativa oficial, mientras que la memoria de los eventos recientes permanece presente entre los electores. El calendario electoral mantiene la fecha del 5 de marzo como referencia principal para definir el futuro político inmediato de Nepal. A medida que avanza la campaña, los partidos discuten propuestas en un contexto de alta vigilancia, en medio del recuerdo de los incidentes que llevaron al cierre de plataformas digitales y a un repunte de la conflictividad interna, según describió The Kathmandu Post.

Durante la audiencia celebrada ante un tribunal federal en Minnesota, la defensa del periodista Don Lemon sostuvo que las acusaciones federales presentadas por su cobertura de protestas contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) carecen de fundamento. Según informó la cadena CNN, Lemon se presentó en el juzgado acompañado de su abogado, Joe Thompson, y formalizó su declaración de no culpabilidad ante los dos cargos federales que enfrenta, ambos relacionados con derechos civiles y la libertad religiosa.

De acuerdo con lo detallado por CNN, los hechos se remontan al 18 de enero, cuando Don Lemon, entonces expresentador de la misma cadena, transmitió en directo la entrada de un grupo de manifestantes en la iglesia de St. Paul, en Minnesota, momento en el que interrumpieron un sermón. Posteriormente, a finales del mismo mes, las autoridades detuvieron a Lemon junto con otros manifestantes involucrados en la jornada.

Tal como publicó CNN, la Fiscalía sostiene que los cargos corresponden, por una parte, a una supuesta conspiración para violar los derechos constitucionales de un individuo y, por otra, al uso de fuerza o amenazas con la intención de obstaculizar el ejercicio del derecho a la libertad religiosa. Los fiscales han fundamentado parte del caso en la Ley FACE, una normativa federal aprobada en 1994 y originalmente diseñada para proteger el acceso seguro a clínicas de aborto frente a manifestaciones de activistas antiabortistas. Esta ley incluye desde 1994 una cláusula adicional destinada a prevenir la interrupción de ceremonias religiosas en iglesias, extendiendo su ámbito de aplicación a incidentes que puedan interferir con la libertad de culto.

CNN informó también que el segundo cargo contra Lemon se encuadra en la Ley de Conspiración contra los Derechos, legislación federal promulgada en sus inicios como respuesta a los delitos perpetrados por el Ku Klux Klan. Aunque en sus orígenes esta ley buscaba frenar la violencia e intimidación dirigida a personas por motivos raciales o ideológicos, posteriormente fue modificada para su uso en una gama más amplia de casos que involucren vulneraciones de los derechos constitucionales.

Durante la comparecencia judicial, la defensa de Lemon argumentó que, en el contexto de la cobertura periodística, no se presentaron evidencias que vinculen al periodista con los supuestos actos delictivos. El abogado Joe Thompson manifestó a CNN que las imputaciones no se sostienen dado el rol informativo que desempeñaba su cliente aquel día, transmitiendo en vivo para documentar el desarrollo de los hechos.

Según consignó el medio CNN, las manifestaciones en cuestión tenían la finalidad de protestar contra las políticas y actuaciones del ICE, y se desarrollaron en el interior del templo religioso de St. Paul. La cobertura de Lemon incluyó la retransmisión de estos sucesos, en los que los manifestantes interrumpieron el sermón del pastor local como parte de la acción de protesta, lo que motivó la apertura de la causa federal en su contra y en contra de otros participantes.

El proceso legal continúa abierto en Minnesota, donde las autoridades federales analizan tanto la actuación de los manifestantes como la posible responsabilidad de quienes cubrieron para los medios las protestas. Según reportó CNN, la defensa sostiene que el ejercicio periodístico no debe ser objeto de sanción penal bajo leyes concebidas para delitos de intimidación o violencia y mantiene la intención de demostrar la inocencia de Lemon frente a los cargos planteados por la Fiscalía.

Los próximos pasos procesales contemplan la presentación de pruebas y argumentos adicionales por parte de ambas partes en las futuras audiencias, mientras la cobertura mediática del caso mantiene un seguimiento sobre sus implicaciones para la libertad de prensa y los límites del derecho de manifestación en espacios religiosos, de acuerdo con lo publicado por la cadena CNN.

De acuerdo con lo consignado por IRNA y reforzado en comunicados citados por diversas agencias, la detención incluyó también al jefe del comité político del Frente Reformista, Ebrahim Asgharzadé, y a Mohsen Aminzadé, otro miembro destacado de la formación. Además, el vicepresidente de la organización, Mohsen Amin, y la secretaria, Badr Sadat Mofidi, recibieron citaciones para comparecer ante las autoridades judiciales.

Según publicó IRNA, la Fiscalía de Teherán presentó cargos contra integrantes de un grupo político, acusándolos de encubrir los ataques ocurridos en enero, a los que denominó “atentados terroristas”. Si bien los comunicados oficiales evitaron nombrar de forma explícita al Frente Reformista, la agencia iraní Fars señaló que las recientes acciones judiciales guardan relación directa con las detenciones de los líderes reformistas durante las últimas jornadas de protestas.

El medio IRNA explicó que Azar Mansouri enfrenta cargos vinculados a la alteración del orden público, una acusación común en escenarios de disidencia política en Irán. El contexto de estas detenciones se enmarca en la ola de protestas y disturbios que persisten desde finales de diciembre. La actuación policial frente a estas manifestaciones ha sido severamente cuestionada fuera de las fronteras iraníes.

La agencia IRNA señaló que la cifra de personas fallecidas varía según la fuente. Las autoridades de Teherán reconocen más de 3.000 muertes, mientras que diferentes organizaciones civiles elevan ese número a casi 6.000 desde el estallido de las manifestaciones. Esta divergencia en los datos ha acentuado el escrutinio internacional sobre la gestión del gobierno iraní ante el reclamo social y la represión policial.

Fars y otras agencias locales detallaron que la presión sobre el Ejecutivo iraní se ha incrementado debido a las posturas de países extranjeros y organizaciones internacionales, que exigen una investigación independiente y la liberación de los líderes opositores capturados. A raíz de estos reclamos, la atención mundial se ha enfocado especialmente en la situación de los movimientos reformistas, considerados por las autoridades como agentes de desestabilización.

Según consignó IRNA, los procedimientos judiciales abiertos tras los arrestos aún continúan, y se desconoce si quienes fueron liberados bajo fianza enfrentarán juicios a corto plazo. Mientras tanto, la comunidad reformista en Irán ha reiterado su llamado a garantizar derechos fundamentales para los involucrados y el cese de las detenciones asociadas a protestas contra el régimen.

El comité especial promovido por las autoridades iraníes ya se encuentra en funciones para recolectar pruebas e indagar testimonios relacionados con los hechos de violencia que ocasionaron un alto número de muertes durante las recientes protestas en Irán, en un contexto de crisis económica. Según informó la agencia iraní ISNA, la portavoz del Gobierno, Fatemé Mohajerani, anunció la conformación de la comisión responsable de esta investigación y explicó que, una vez concluido el proceso, se publicará un informe con los hallazgos y pasos legales a tomar, aunque evitó precisar una fecha exacta para la divulgación de dicho documento.

De acuerdo con ISNA, Mohajerani detalló que el comité incluye representantes de múltiples instituciones clave y que su tarea principal consiste en recabar documentación y escuchar los testimonios de quienes participaron o fueron testigos de los disturbios que sacudieron al país en enero pasado. Esta medida gubernamental surge tras la muerte de miles de personas en episodios violentos durante las manifestaciones contra el deterioro de la economía iraní y la caída en la calidad de vida, episodios que han derivado en acusaciones cruzadas entre el gobierno y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

ISNA recogió declaraciones de Mohajerani en las que hizo hincapié en el compromiso del gobierno iraní de informar a la opinión pública sobre el curso de la investigación y posibilitar el inicio de procesos judiciales si se considera necesario. Las autoridades no difundieron un plazo estimado para la publicación del informe final ni para el cierre de la investigación, lo que ha aumentado las demandas de claridad por parte de familiares de las víctimas y de organizaciones no gubernamentales.

Las tensiones en el país se reflejan también en medidas adoptadas contra dirigentes y miembros de la oposición. De acuerdo con el mismo medio, poco antes del anuncio oficial sobre la comisión, las autoridades liberaron a los políticos reformistas Yavad Emam y Ebrahim Asgharzadé, quienes permanecieron detenidos tras las protestas y recuperaron su libertad tras el pago de una fianza. Su abogado, Hojat Hermani, informó sobre la excarcelación de ambos y expresó expectativas positivas en relación con la posible liberación de Azar Mansuri, destacada política del mismo sector, en los días venideros.

El Frente Reformista Iraní, oposición crítica al gobierno, había denunciado recientemente la detención de sus principales figuras, incluidos Mansuri, Asgharzadé y Emam, a manos de agentes de la Guardia Revolucionaria, además de señalar que otros integrantes del movimiento también debieron prestar declaración. Según publicó ISNA, la Fiscalía de Teherán acusó a estos dirigentes de vulnerar la unidad nacional y de coludir con Estados Unidos e Israel, tras participar en las últimas movilizaciones.

Las autoridades de Irán han sostenido, según reportó ISNA, que "terroristas" apoyados por Washington y Tel Aviv participaron en las protestas con la finalidad de perpetrar ataques y aumentar el número de víctimas. Estas acusaciones pretenden vincular los disturbios con supuestos planes hostiles y amenazas lanzadas anteriormente por el gobierno de Donald Trump.

El balance oficial, reportado por ISNA, reconoce más de 3.000 fallecimientos, la mayoría entre civiles y efectivos de seguridad que intervinieron en los eventos ocurridos desde el inicio de las protestas. Sin embargo, la organización estadounidense Human Rights Activists cifra las muertes por encima de 7.000, conforme a su registro más reciente. La amplia disparidad en los datos publicados acentúa las exigencias de mayor transparencia y supervisión internacional.

El trasfondo inmediato de estas movilizaciones radica en el empeoramiento de la situación económica y la percepción de deterioro en las condiciones de vida. Los manifestantes han responsabilizado a las autoridades por las dificultades crecientes y la falta de respuestas eficaces ante el alza de precios, el desempleo y la depreciación del rial.

La respuesta de las fuerzas de seguridad durante los disturbios ha sido objeto de observación y crítica, tanto de actores locales como de la comunidad internacional y de grupos defensores de los derechos humanos, que demandan investigaciones independientes para esclarecer posibles abusos y determinar la responsabilidad de quienes ordenaron o ejecutaron acciones represivas.

Según consignó ISNA, las investigaciones del comité buscan identificar la secuencia de hechos y verificar las distintas versiones sobre los incidentes. El informe que resulte de estos trabajos pretende servir de base para el esclarecimiento de los hechos y para el desarrollo de procedimientos judiciales, si la comisión encuentra indicios de conductas ilícitas o excesos por parte de los involucrados.

Mientras familiares de los fallecidos y colectivos civiles exigen información confiable y la apertura de investigaciones imparciales, las autoridades ratifican su hipótesis sobre la existencia de elementos externos que habrían intervenido para desestabilizar el país y provocar el mayor daño posible. La controversia en torno a los responsables, la cantidad real de víctimas y la posible interferencia extranjera mantiene el ambiente político y social de Irán bajo una fuerte vigilancia tanto local como internacional.

El medio ISNA subrayó que, al margen de la investigación oficial, la incertidumbre persiste entre los sectores afectados y la sociedad civil respecto a la voluntad del Estado iraní de avanzar hacia el esclarecimiento de los hechos ocurridos, en un contexto marcado por la desconfianza, el duelo de las familias y la demanda de justicia.

Las autoridades de Irán han anunciado este viernes la creación de una comisión de investigación sobre las últimas protestas contra la crisis económica, que se saldaron con miles de muertos, entre denuncias de Teherán sobre la presencia de “terroristas” infiltrados y las acusaciones contra las fuerzas de seguridad por la dura represión.

“Se ha creado una comisión de investigación en torno a los acontecimientos de enero, con presencia de representantes de instituciones relevantes”, ha dicho la portavoz del régimen iraní, Fatemé Mohajerani, quien ha dicho que este organismo “está ya recopilando pruebas y escuchando testimonios”.

Así, ha destacado en declaraciones concedidas a la agencia iraní de noticias ISNA que “el informe final será publicado una vez se complete el proceso, de cara a que el público esté informado y al inicio de acciones legales”, sin dar una fecha límite en la que el documento deberá salir a la luz.

Apenas unas horas antes, las autoridades habían liberado a dos destacados políticos reformistas detenidos esta semana al hilo de las protestas, según ha confirmado su abogado. “Yavad Emam y Ebrahim Asgharzadé han sido liberados tras presentarse la fianza”, ha dicho su abogado, Hojat Hermani, quien ha expresado además su esperanza en que la política Azar Mansuri sea igualmente liberada durante los próximos días.

El opositor Frente Reformista Iraní denunció el domingo la detención por parte de agentes de la Guardia Revolucionaria de su líder, Mansuri, así como la de Asgharzadé, jefe de su comité político, y la de Emam, su portavoz. Además, afirmó que varios miembros más fueron llamados a declarar.

La Fiscalía de Teherán acusó a los arrestados, entre los que figuraría también Hosein Karrubi --hijo del destacado opositor y antiguo candidato presidencial Mehdi Karrubi--, de “atacar la unidad nacional” y de actuar en connivencia con Estados Unidos e Israel tras las últimas movilizaciones.

Las autoridades iraníes han denunciado la presencia de “terroristas” respaldados por Estados Unidos e Israel en las protestas con el objetivo de perpetrar ataques y elevar el número de víctimas para que el presidente estadounidense, Donald Trump, pudiera materializar su amenaza de lanzar un ataque contra el país.

Teherán ha confirmado hasta ahora la muerte de más de 3.000 personas, en su mayoría civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, en las protestas, que arrancaron para denunciar la crisis económica y el empeoramiento de la calidad de vida. Sin embargo, ONG como Human Rights Activists, con sede en Estados Unidos, han elevado los muertos a más de 7.000, según su último balance.

(Con información de Europa Prees)

Los cánticos, que incluyeron frases como “muerte a Khamenei”, “muerte al dictador” y “muerte a la República Islámica”, se escucharon en vísperas de la conmemoración anual más importante de la revolución islámica de 1979.

Este episodio se produce tras semanas de relativa calma en las calles, posteriores a las protestas del mes pasado que fueron duramente reprimidas por las autoridades, dejando miles de muertos, según activistas.

Las imágenes de las protestas nocturnas fueron compartidas por populares canales de seguimiento en Telegram y X, como Vahid Online y Mamlekate, aunque la AFP no pudo verificar de inmediato su autenticidad.

Las consignas coincidieron con la celebración oficial del 22 de Bahman (11 de febrero), aniversario de la caída del sha y la toma formal del poder por parte del ayatolá Ruhollah Khomeini, marcada por fuegos artificiales organizados por el régimen.

El 22 de Bahman, fecha clave del calendario persa, suele estar marcado por marchas nacionales en respaldo al sistema clerical.

En la víspera, canales como Vahid Online difundieron videos captados desde pisos altos de zonas residenciales de la capital, donde se escuchan intensos cánticos antigubernamentales resonando entre los edificios. Mamlekate compartió grabaciones similares tomadas en áreas montañosas del norte de Teherán.

En el distrito residencial de Ekbatan, el canal Sharak Ekbatan informó que las autoridades respondieron enviando fuerzas de seguridad que corearon “Dios es el más grande” para contrarrestar los gritos de protesta de los vecinos.

De acuerdo con el portal IranWire, se registraron cánticos similares en otras ciudades, como Isfahán, en el centro del país, y Shiraz, en el sur.

Según la mirada de la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, las nuevas manifestaciones son una “continuación de las protestas a nivel nacional a pesar del clima de seguridad reinante y las medidas de control generalizadas”.

La organización actualizó su informe sobre las movilizaciones que fueron reprimidas y elevó a 6.984 los muertos por el accionar de las fuerzas de seguridad iraní. Además, reportaron que más de 52.000 personas arrestadas en las manifestaciones contra la República Islámica. El régimen iraní cifró en 3.117 las muertes relacionadas a las movilizaciones.

No obstante, en un discurso transmitido por televisión, el líder supremo Khamenei destacó que las marchas anuales por el aniversario de la Revolución Islámica el 22 de Bahman son un acontecimiento único en el mundo.

El líder de Irán sostuvo que ninguna otra nación celebra su día de independencia con un nivel de participación comparable y subrayó que, año tras año, grandes multitudes se suman a estas manifestaciones.

“El 22 de Bahman, la nación iraní logró una gran victoria. Logró salvarse a sí misma y a su país de la injerencia extranjera. Los extranjeros siempre han querido restaurar el ‘statu quo’ anterior a lo largo de estos años. La nación iraní se mantiene firme”, expresó.

En ese sentido, subrayó la importancia de la unidad y la resistencia social en la defensa de la soberanía nacional de la República Islámica, y afirmó que “el poder nacional tiene menos que ver con misiles y con aviones y más con la voluntad y la firmeza del pueblo”.

(Con información de AFP)

El Tribunal Constitucional de Albania respaldó la suspensión de Belinda Balluku en sus funciones como viceprimera ministra y ministra de Infraestructura y Energía bajo sospecha de supuestas irregularidades en el proceso de licitación del túnel de Llogara, en las proximidades de Vlore. Esta decisión judicial derivó de un procedimiento de la Fiscalía Especializada contra la Corrupción y el Crimen Organizado (SPAK), que había señalado a Balluku por conducir y supervisar el proceso de adjudicación de este contrato desde las etapas iniciales hasta su conclusión, informó la cadena albanesa A2 Television. Este contexto de creciente tensión política se combinó con fuertes protestas en la capital albanesa.

Según informó A2 Television, trece manifestantes fueron arrestados este martes en Tirana en el marco de acciones opositoras contra lo que definen como corrupción dentro del gobierno encabezado por el primer ministro Edi Rama. Durante las manifestaciones, los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad resultaron en al menos una docena de policías heridos, y en lesiones a un legislador perteneciente al Partido Democrático, la principal agrupación opositora. De acuerdo con el medio, aún no se ha dado a conocer el número de manifestantes que requirieron atención médica tras los choques.

La protesta, convocada por el Partido Democrático, se realizó frente a la oficina de Edi Rama con el objetivo de denunciar los casos de presunta corrupción que, según la oposición, afectan a diversas áreas del Ejecutivo. Sali Berisha, dirigente opositor, ex presidente y antiguo primer ministro, intervino ante los manifestantes y calificó al actual jefe de gobierno como una “maldición” para el país, asociando al Partido Socialista de Rama con el régimen comunista de Enver Hoxha, reportó Euronews. Ante la multitud, Berisha señaló: “Nos hemos reunido en nuestro pacífico levantamiento en el momento más crítico para Albania en los últimos 35 años. Debo comenzar este discurso con una cita que suena más relevante e importante que nunca: quienes olvidan el pasado están condenados a repetirlo”.

En ese mismo discurso, según consignó Euronews, Berisha tildó de “ilegítimo” al actual gabinete, argumentando que existen “documentos” que prueban que las elecciones celebradas en mayo del año pasado carecieron de garantías y las describió como una “farsa electoral”. El dirigente aseguró que la oposición había sido, hasta ahora, “demasiado indulgente” y “cautelosa en su terminología” con respecto al gobierno de Rama. Berisha concluyó manifestando: “Si solo se tienen en cuenta los acontecimientos de los últimos días, Edi Rama es, de hecho, el enemigo más despiadado del presente y el futuro de los albaneses en Albania”.

El fallo contra Belinda Balluku se produjo tras una investigación que, de acuerdo con la información de A2 Television, la vinculó a presuntas irregularidades en el manejo de los procedimientos públicos relativos a la licitación del túnel de Llogara. El primer ministro respondió a la decisión judicial cuestionando la competencia del tribunal constitucional para suspender a un ministro, asegurando que “las funciones de un ministro no pueden ser suspendidas por nadie”, y que tal acción “paraliza la función y la institución que dirige”.

La Fiscalía Especializada contra la Corrupción y el Crimen Organizado trasladó el caso al Tribunal Constitucional en noviembre, argumentando que Balluku había supervisado todas las fases del proceso de licitación y la posterior adjudicación del contrato. Esta investigación ha incitado a la oposición a reforzar sus denuncias públicas y a incrementar la presión sobre el actual gabinete.

De acuerdo con la cobertura de A2 Television y Euronews, la jornada de protesta en Tirana reunió a numerosos ciudadanos y militantes opositores, en medio de una fuerte presencia policial y en circunstancias de elevada tensión política. Los disturbios pusieron en el centro del debate al tema de la integridad institucional y la transparencia en los procesos administrativos del actual gobierno.

Además de los arrestos y los policías heridos, el incidente en el que resultó afectado un legislador opositor contribuyó a amplificar la percepción de crisis política y de conflictividad en las calles de la capital albanesa. La jornada representa un episodio significativo dentro del clima de presión sobre el gabinete de Rama, que enfrenta cuestionamientos y protestas por supuestas malas prácticas en la esfera pública.

Según recogen tanto A2 Television como Euronews, este nuevo episodio de violencia y confrontación en Tirana refuerza las posiciones de la oposición, que acusa al Ejecutivo de bloquear los procedimientos de fiscalización y de consolidar una gestión carente de legitimidad. El Partido Democrático, liderado por Berisha, continúa exigiendo investigaciones y respuestas respecto a los recientes escándalos y anunciando futuras acciones para presionar por cambios en la dirigencia nacional.

Narges Mohammadi fue arrestada el 12 de diciembre de 2025 durante una ceremonia en memoria del abogado Josrou Alikordi, quien falleció unas semanas antes en circunstancias calificadas como extrañas. La Fiscalía de Mashhad confirmó que cerca de 40 personas resultaron detenidas durante el evento. En este contexto, Mohammadi, reconocida con el Nobel de la Paz por su defensa de los Derechos Humanos en Irán, recibió una nueva sentencia de siete años y medio de prisión, lo que reavivó la preocupación internacional y desencadenó reacciones de entidades como la Unión Europea.

Según informó el Servicio de Acción Exterior de la UE, los cargos presentados contra Mohammadi derivan exclusivamente de sus actividades pacíficas en defensa de los Derechos Humanos. La declaración oficial enfatizó que la activista debería contar con la libertad para expresarse y desempeñar su labor legítima sin enfrentar riesgos de encarcelamiento o represalias. Además, el bloque europeo hizo un llamado a las autoridades iraníes para que procedan a la liberación inmediata e incondicional de Mohammadi, subrayando la gravedad de su estado de salud y recordando las obligaciones legales internacionales de Irán.

El medio detalló que, según los tratados internacionales suscritos por la República Islámica, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Irán tiene la responsabilidad legal de garantizar la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. En consecuencia, la UE también instó a la liberación de todas las personas que permanecen detenidas por ejercer estos derechos, incluyendo a quienes fueron arrestados durante recientes protestas. De acuerdo con el comunicado reportado por la UE, también exhortaron a las autoridades iraníes a respetar el debido proceso y asegurar juicios justos para todos los afectados.

Mohammadi fue puesta en libertad provisional en diciembre de 2024 después de que la Fiscalía de Teherán aprobara una solicitud motivada por razones médicas. En meses previos, su familia denunció que la activista había permanecido más de dos meses sin recibir atención médica, situación que culminó en su hospitalización. Según publicó la UE, Mohammadi ha soportado complicaciones graves de salud, incluyendo múltiples infartos y una intervención quirúrgica de emergencia en 2022.

Durante las últimas dos décadas, Mohammadi ha permanecido la mayor parte del tiempo encarcelada, enfrentando condenas en cinco ocasiones, que suman un total de 31 años de prisión. Las penas impuestas se vinculan, principalmente, a su participación en protestas contrarias al código de vestimenta obligatorio impuesto por el Estado iraní.

El servicio diplomático de la UE expresó que Mohammadi y otras personas deben disponer de las garantías jurídicas establecidas en el derecho internacional. La organización remarcó que la represión del ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de asociación, reunión y expresión contraviene los compromisos legales de Irán ante la comunidad internacional.

El caso ha reavivado el debate global sobre la situación de los Derechos Humanos en Irán, especialmente porque Mohammadi ostenta un reconocimiento internacional considerable tras recibir el Premio Nobel de la Paz. Distintos organismos han recordado que las restricciones sobre activistas y disidentes políticos continúan generando preocupación y escepticismo sobre el cumplimiento de los estándares internacionales más básicos.

En declaraciones recogidas en los comunicados, la UE reiteró que las autoridades iraníes deben garantizar que tanto Mohammadi como las demás personas detenidas por motivos políticos no enfrenten represalias derivadas de su trabajo legítimo o de la defensa pacífica de derechos fundamentales.

Varios incidentes vinculados a presuntos actos de sabotaje en la infraestructura ferroviaria del norte de Italia han sido relacionados por autoridades italianas con protestas contra los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán. El medio Europa Press reportó que tanto la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, como el Ministerio de Transporte, encabezado por el viceprimer ministro Matteo Salvini, denunciaron estos sucesos tras las manifestaciones que tuvieron lugar el pasado sábado por la noche en la capital lombarda. Según el reporte, las investigaciones policiales consideran que los cortes de cables y el incendio de un cuadro de conexiones cerca de la estación de Pesaro constituyen "graves actos de sabotaje" y la unidad antiterrorista participa en las pesquisas.

La primera ministra Meloni manifestó en redes sociales su rechazo a las protestas, señalando que quienes se pronuncian en contra del evento deportivo constituyen, en sus palabras, "enemigos de Italia y los italianos". Meloni defendió la labor de "miles y miles" de ciudadanos y voluntarios que, según explicó, trabajan para lograr que Italia logre reconocimiento e inspire respeto mediante un desempeño positivo durante los Juegos. Al referirse a los daños y alteraciones sufridos por la infraestructura ferroviaria, Meloni vinculó las acciones de los manifestantes con la interrupción intencional de los servicios de tren, en alusión a tres episodios registrados el sábado.

Europa Press detalló que en al menos uno de los casos se halló un "artefacto explosivo rudimentario" en la línea ferroviaria que une Bolonia y Padua. De acuerdo con los servicios de seguridad, también aparecieron cables eléctricos cortados en una instalación y se produjo un incendio en una caja de conexiones entre Bolonia y Ancona, en las cercanías de la estación tren de Pesaro. Estos hechos ocasionaron el cierre temporal de la estación de Bolonia, que representa un nodo clave para el tráfico entre el norte y el sur del país, enlazando ciudades como Milán y Venecia. Los servicios de Ferrovie dello Stato (FS), la empresa ferroviaria estatal, notificaron que las operaciones lograron restablecerse progresivamente durante la tarde.

El Ministerio de Transporte, cuya cartera asume Salvini, calificó los incidentes como "graves actos de sabotaje" y señaló que las investigaciones avanzan para determinar si los daños respondieron a acciones coordinadas y selectivas contra la infraestructura. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera concluyente el móvil terrorista, aunque la intervención de la unidad especializada sugiere la seriedad con la que se trata el caso.

Simultáneamente a estos hechos, más de 3.000 personas se congregaron el sábado en Milán en una marcha hacia la Villa Olímpica para manifestar su oposición a la celebración de los Juegos de Invierno. Según consigna Europa Press, la concentración terminó con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales, durante los que algunos participantes lanzaron bombas de humo y cócteles molotov contra los agentes de seguridad. Como resultado de los disturbios, la Policía italiana arrestó a seis personas, conforme informó el balance oficial.

Giorgia Meloni reiteró su respaldo a la Policía italiana y expresó su apoyo tanto a la ciudad de Milán como a quienes ven "socavado" su trabajo por lo sucedido. La jefa del Gobierno enfatizó su rechazo a las acciones violentas y sostuvo que tales actividades no representan una crítica legítima, sino un intento deliberado de perjudicar a la nación. Europa Press recogió también la reacción del Ministerio de Transporte, resaltando la gravedad de los episodios y la importancia de las indagaciones en curso.

Los Juegos Olímpicos de Invierno, programados para desarrollarse en Milán, han generado una fuerte respuesta social de sectores que rechazan el evento por diversos motivos. Las tensiones en torno a la organización del certamen han desembocado en una escalada que ha incluido tanto movilizaciones multitudinarias como actos que las autoridades califican de sabotaje contra servicios esenciales. La atención se mantiene sobre el curso de las investigaciones y sobre las medidas de seguridad adicionales que puedan adoptarse conforme se acerca la fecha del evento deportivo.

La mandataria de Italia, Giorgia Meloni, relacionó públicamente actos de sabotaje en la infraestructura ferroviaria del norte del país con el movimiento de protesta contra la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán. De acuerdo con lo publicado por la agencia Europa Press, Meloni afirmó que algunos manifestantes actuaron en contra de la salida de trenes y provocaron incidentes cuya investigación está en manos de la Policía, en referencia a tres situaciones ocurridas el sábado.

En un mensaje difundido en redes sociales, Europa Press detalló que Meloni calificó como “enemigos de Italia y los italianos” a quienes se manifiestan en contra de los Juegos Olímpicos. La primera ministra señaló que, mientras “miles y miles de italianos trabajan en los Juegos, algunos como voluntarios, porque quieren que su nación cause una buena impresión, sea admirada y respetada”, quienes participan en las protestas actúan desde una postura contraria al país. Según el medio, este mensaje se emitió después de que el sábado por la noche la ciudad de Milán, próxima a albergar la cita olímpica, viviera tensas protestas que incluyeron choques entre participantes y fuerzas policiales.

La manifestación reunió a más de 3.000 personas que se dirigieron hacia la Villa Olímpica con el objetivo de expresar su rechazo al evento deportivo internacional. Según reportó Europa Press, la concentración derivó en incidentes violentos, incluyendo el uso de bombas de humo y cócteles molotov por parte de algunos individuos, lo que condujo a enfrentamientos con la policía. Como resultado, las autoridades detuvieron a seis personas en el marco de los disturbios.

Europa Press consignó que la Policía investiga tanto los disturbios ocurridos en la protesta como los actos vandálicos en la infraestructura ferroviaria, apuntando la sospecha hacia los grupos organizadores de las marchas. Meloni se refirió a estos hechos como una amenaza directa al trabajo de quienes participan en la organización del evento, expresando: “Solidaridad, una vez más, con la Policía, con la ciudad de Milán y con todos aquellos que verán su trabajo socavado por estas bandas de delincuentes”.

La jefa del gobierno resaltó el esfuerzo colectivo que implica la organización de los Juegos Olímpicos, enfatizando en la voluntad de los trabajadores y voluntarios de proyectar una imagen positiva de Italia ante la comunidad internacional. Al mismo tiempo, atribuyó la responsabilidad de los actos violentos y de sabotaje a los sectores movilizados en oposición al evento, intensificando el tono de confrontación en el contexto de la realización de los Juegos en Milán.

El medio Europa Press precisó que la respuesta policial incluyó la detención de varios participantes, mientras continúa la investigación sobre los diversos incidentes ocurridos durante la protesta y en la red ferroviaria del norte del país. Las autoridades desarrollan labores para esclarecer la autoría de los hechos y establecer vínculos entre las protestas y los daños materiales registrados.

La repercusión política se refleja en la reacción inmediata de la primera ministra, quien en lugar de limitar su mensaje a la condena de los hechos violentos, dirigió su crítica hacia todos quienes expresan oposición al evento olímpico. Europa Press mostró que el discurso de Meloni busca diferenciar entre el conjunto de la sociedad civil que participa en el éxito de los Juegos y quienes rechazan su realización por motivos que, según sus declaraciones, atentan contra la imagen nacional.

El contexto previo a los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán queda marcado por la severidad de los incidentes y el nivel de polarización expresado en la respuesta del gobierno, subrayó Europa Press. Las investigaciones continúan con el objetivo de determinar la responsabilidad en los sabotajes y actos vandálicos, y se mantiene la atención sobre posibles nuevas movilizaciones y la seguridad en los trabajos de preparación de la cita deportiva.

El sábado se reportaron asuntos que van más allá de la manifestación masiva registrada en la capital lombarda, con tres casos de cortes de cables ferroviarios identificados por la Policía en el norte de Italia, acciones que están siendo investigadas como posibles sabotajes en el contexto de las protestas contra los Juegos Olímpicos de Invierno. En ese ambiente, la primera ministra Giorgia Meloni señaló directamente a los manifestantes por estos incidentes e insistió en una postura de respaldo hacia las fuerzas de seguridad, condenando con firmeza los hechos ocurridos en Milán. De acuerdo con la información recogida por la agencia Europa Press, la jefa del Ejecutivo expresó que estos actos buscan menoscabar el esfuerzo nacional implicado en la organización del evento deportivo.

Según detalló Europa Press, Meloni expresó públicamente su rechazo hacia quienes se opusieron a la realización de los Juegos Olímpicos de Invierno, declarando: “Miles y miles de italianos trabajan en los Juegos, algunos como voluntarios, porque quieren que su nación cause una buena impresión, sea admirada y respetada. Luego están ellos: los enemigos de Italia y los italianos, que se manifiestan 'contra los Juegos Olímpicos'”. Las declaraciones se divulgaron a través de sus canales en redes sociales, en donde también la mandataria enfatizó que estos grupos no representan solo una oposición puntual, sino una amenaza directa al espíritu de cooperación que, según ella, caracteriza el proyecto olímpico que involucra a toda la península.

Reportó Europa Press que la manifestación, que reunió a más de 3.000 personas, se dirigió a la Villa Olímpica. Durante el transcurso de la concentración se produjeron episodios de violencia, culminando en choques entre participantes y agentes de policía. Las fuerzas de seguridad informaron sobre el arresto de seis personas, mientras que algunas de las fricciones incluyeron el lanzamiento de bombas de humo y cócteles molotov hacia los efectivos policiales. La investigación oficial permanece abierta para dilucidar el grado de organización detrás de las acciones violentas y los posibles vínculos con los cortes de cables ferroviarios que provocaron interrupciones en el sistema de transporte.

En sus comunicaciones posteriores a los hechos, Meloni reiteró su apoyo a la Policía y a la ciudad de Milán. “Solidaridad, una vez más, con la Policía, con la ciudad de Milán y con todos aquellos que verán su trabajo socavado por estas bandas de delincuentes”, concluyó la funcionaria en relación a la movilización y sus consecuencias, de acuerdo a lo consignado por Europa Press. Estas palabras subrayan la preocupación del Ejecutivo respecto al impacto negativo que los episodios violentos pueden tener tanto en la imagen internacional del país como en el desempeño de todas aquellas personas que participan en los preparativos del evento deportivo.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, los organizadores de los Juegos Olímpicos han sostenido que la seguridad y la colaboración comunitaria son esenciales para el éxito del evento, mientras el Ejecutivo mantiene la posición de que cualquier acción destinada a obstaculizar el avance de los trabajos afecta no solo a las autoridades y a los voluntarios, sino también a la reputación de Italia frente a la comunidad internacional. El contexto de las protestas refleja la tensión creciente entre, por un lado, quienes consideran prioritaria la celebración de los Juegos y, por otro, sectores críticos que rechazan los efectos sociales y económicos que estos puedan acarrear.

La investigación sobre el sabotaje ferroviario apunta a esclarecer si estos sucesos están directamente conectados con los sectores movilizados el sábado. Europa Press recoge que la hipótesis policial se centra en el intento de interrumpir la logística ligada al evento y ejercer presión sobre los organizadores y las instituciones estatales. Mientras tanto, la primera ministra continúa fijando el mensaje de que quienes actúan en contra de la organización olímpica buscan perjudicar el esfuerzo y la imagen del país.

Las declaraciones de Meloni y los incidentes ocurridos durante la protesta han generado respuestas de diferentes actores sociales y políticos, quienes discuten sobre la proporción de las medidas de seguridad implementadas y la conveniencia de vincular directamente las protestas con actos de sabotaje. Según Europa Press, las autoridades se enfocan en reforzar la presencia policial tanto en las infraestructuras cruciales como en los recintos vinculados al desarrollo de los Juegos, en previsión de posibles nuevas manifestaciones o incidentes de violencia.

Europa Press detalla que, mientras se avanza en el proceso investigativo, la sociedad italiana observa con atención el desarrollo de estos acontecimientos en Milán, ciudad central en el esquema organizativo de los Juegos Olímpicos de Invierno. La atención permanece puesta en la actuación de los cuerpos de seguridad, el desarrollo de las pesquisas y la evolución de las posiciones políticas en torno a la protesta social.

Irán ha aumentado la represión con el arresto de importantes políticos reformistas y condenas a activistas como la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi tras el brutal aplastamiento de las protestas antigubernamentales que causó miles de muertos.

En una muestra de las tensiones internas en la República Islámica tras las recientes protestas que llamaban a su fin, las autoridades arrestaron en las últimas horas a cuatro importantes figuras del Frente de las Reformas, coalición de partidos que busca una apertura del país que apoya al presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Los detenidos son Azar Mansouri, jefa del Frente de las Reformas, y los miembros clave de esa formación Ebrahim Asgarzadeh (exviceministro de Exteriores), Mohsen Aminzadeh (exparlamentario) y Javad Emam. Ninguno de ellos forma parte del Gobierno.

La Fiscalía de Teherán ha citado además a otros miembros del Frente como son el vicepresidente, Mohsen Armin, y su secretaria, Badral Sadat Mofidi.

El Poder Judicial iraní atribuyó en un comunicado las detenciones de los cuatro políticos al “intento de desestabilizar la situación política y social del país en medio de las amenazas militares de Estados Unidos y el régimen sionista (Israel)”, informó la agencia Mizan.

Las detenciones se producen después de que el jefe del Poder Judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, afirmase ayer que “quienes emiten comunicados desde dentro contra la República Islámica están en sintonía con el régimen sionista (Israel) y Estados Unidos”.

Mansouri emitió un comunicado a finales de enero en el que condenó la represión de las protestas que comenzaron a finales de diciembre por el deterioro de la situación económica, pero que pronto se extendieron por el país reclamando el fin de la República Islámica.

La líder reformista manifestó su “desprecio y rabia” contra aquellos que “arrasaron cruelmente con los jóvenes” en la represión de las protestas en las jornadas del 8 y 9 de enero en lo que Amnistía Internacional ha calificado como una “masacre”.

El Gobierno iraní reconoce la muerte de 3.117 personas en una violencia que atribuye a Estados Unidos e Israel, pero la ONG opositora HRANA, con sede en EE.UU., los sitúa en 6.961, si bien continúa verificando más de 11.000 posibles muertes, así como 51.000 arrestos.

La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, ha señalado que informes de médicos dentro de Irán indicaban que podrían haberse registrado hasta 20.000 muertos por la represión, aunque según Naciones Unidas estas cifras son difíciles de corroborar.

Detenciones de activistas

No son las únicas detenciones. En los últimos días se han multiplicado los arrestos de figuras críticas con las autoridades como fue el caso del guionista Mehdi Mahmoudian, nominado al Óscar por la película ‘Un simple accidente’ y de los activistas Vida Rabbani, Abdullah Momeni y Ghorban Behzadian-Nejad.

Todos ellos habían firmado un manifiesto crítico en el que se responsabilizaba al líder supremo, Ali Jameneí, de la muerte de los manifestantes y reclamaba un referéndum “libre y transparente”, la formación de una asamblea constituyente y el fin de la República Islámica.

También ha continuado el arresto de supuestas personas implicadas en las protestas. En los últimos días, las autoridades anunciaron la detención de 56 “elementos centrales” de las protestas en la provincia de Jorasán del Norte (noreste); otros 135 en la ciudad de Parand, cercana a Teherán, y 85 más en la provincia de Zanyán (noroeste).

Condena a la Nobel de la Paz

Las autoridades judiciales además han condenado a la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi a otros siete años y medio de prisión por varios cargos de conspiración y propaganda contra el sistema, en la décima sentencia contra la encarcelada activista desde 2021.

Así lo informó ayer su abogado, Mostafa Nili, quien habló con ella por primera vez desde que fue arrestada hace 56 días en los que ha estado “en aislamiento absoluto y con el corte total de comunicaciones”.

Con esta sentencia, Mohammadi acumula condenas que superan los 44 años de prisión, de los cuales ya ha cumplido 17, además de haber recibido 154 latigazos por condenas anteriores, según la Fundación Narges con sede en Paris.

(con información de EFE)

El mensaje de alerta, difundido oficialmente por la Embajada virtual estadounidense, subraya la urgencia de contar con un plan de evacuación que no dependa del apoyo del Gobierno de Estados Unidos ante iniciativas que puedan limitar los movimientos y la comunicación en el país. “Salga de Irán ahora. Tenga un plan para salir de Irán que no dependa de la ayuda del Gobierno estadounidense”, indica el aviso, según detalló Europa Press. Las autoridades de ese país también aconsejaron a sus ciudadanos mantenerse alejados de protestas o congregaciones públicas y, en caso de imposibilidad de salida, buscar alternativas de refugio y reducir su visibilidad pública.

Europa Press informó que la advertencia se produce en un momento en el que se prevén posibles brotes de violencia asociados al clima de tensión derivado de las protestas internas y del calendario de negociaciones bilaterales sobre el programa nuclear iraní. Las autoridades estadounidenses advirtieron que existe riesgo de arrestos y heridos durante potenciales disturbios, pues el contexto de seguridad se ha vuelto especialmente volátil en los últimos días. Este incremento en la conflictividad podría provocar que las fuerzas de seguridad locales apliquen restricciones que afecten a la movilidad, como el cierre de carreteras o la interrupción de servicios de transporte, y que la conectividad digital en el país sufra cortes prolongados, según consignó Europa Press.

La embajada virtual estadounidense recomendó, además, evitar las manifestaciones en cualquier zona del país y mantener un perfil discreto para minimizar riesgos. En la alerta difundida se instó a los ciudadanos estadounidenses a estar informados permanentemente sobre la situación de seguridad, consultar fuentes oficiales y tener claras las rutas de evacuación viables. De acuerdo con Europa Press, el aviso no distingue regiones dentro del país y está dirigido a todo el territorio iraní, en tanto que las autoridades advirtieron que el clima de protestas puede agravarse y conllevar medidas gubernamentales más estrictas.

La jornada en la que se emitió esta alerta coincide con el inicio de una ronda de negociaciones bilaterales celebrada en Omán, donde representantes de Irán y Estados Unidos tratan el futuro del programa nuclear iraní. Según reportó Europa Press, estos encuentros se desarrollan en medio de una elevada tensión política y social dentro de Irán, donde la respuesta de las fuerzas de seguridad a las manifestaciones ha motivado advertencias previas sobre riesgos para extranjeros, especialmente ciudadanos de nacionalidad estadounidense o doble nacionalidad.

Las causas de la advertencia oficial se fundamentan en la escalada de protestas observada en territorio iraní en las últimas semanas, algunas de las cuales han sido contenidas mediante presencia policial reforzada y restricciones al tránsito. La alerta de la Embajada virtual de Estados Unidos reproduce las preocupaciones de las autoridades estadounidenses respecto a la posibilidad de que los disturbios se intensifiquen coincidiendo con el desarrollo de las negociaciones nucleares, un evento que históricamente ha propiciado el aumento de expresiones públicas de rechazo y desencuentros con fuerzas estatales, según la cobertura publicada por Europa Press.

Durante situaciones precedentes, las autoridades iraníes han implementado restricciones en las comunicaciones—incluido el corte total o parcial de servicios móviles e internet—como medida para controlar las movilizaciones y dispersar concentraciones no autorizadas. Europa Press puntualizó que estos antecedentes refuerzan la urgencia del llamamiento estadounidense a una evacuación inmediata o, en el caso de imposibilidad, a resguardarse siguiendo instrucciones precisas para la protección personal. La recomendación de no depender del apoyo consular enfatiza el carácter limitado de la ayuda que la Embajada virtual puede ofrecer en situaciones de confinamiento o detención, dado que Estados Unidos no mantiene una presencia diplomática física operativa en Irán desde hace décadas.

El medio Europa Press recordó también que las advertencias a nacionales estadounidenses en Irán han formado parte habitual de la política de prevención consular en contextos de negociaciones sensibles o picos de conflictividad interna dentro del país asiático. El llamado divulgado en esta ocasión reitera la evaluación de alto riesgo y la necesidad de tomar medidas inmediatas para preservar la seguridad, dadas las eventuales restricciones a la movilidad, los potenciales cortes de comunicaciones y la posibilidad de arrestos arbitrarios o de lesiones durante el desarrollo de protestas urbanas.

El texto íntegro de la alerta, citado por Europa Press, resalta en cada uno de sus apartados la anticipación de escenarios de violencia, restricciones operativas en los servicios esenciales y riesgos inherentes a la presencia de ciudadanos extranjeros en situaciones de contestación social bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad iraníes.

Cuando las latas de gas lacrimógeno cayeron entre los manifestantes que llenaban la amplia avenida, la esteticista de 37 años y sus amigas corrieron a buscar refugio. Se resguardaron entre los árboles, ocultas en la oscuridad, solo iluminadas por el resplandor de las farolas y pequeños fuegos detrás de ellas en la ciudad occidental iraní de Karaj.

Luego se escucharon disparos, audibles en el video que estaba grabando con su teléfono.

“No tengan miedo”, gritó repetidamente, con la voz quebrada. La multitud se unió a todo pulmón: “No tengan miedo. Estamos todos juntos”.

“¿Están usando balas reales?” exclamó. “¡Sinvergüenzas! ¡Sinvergüenzas!” Otros se unieron al cántico, junto con gritos de “¡Muerte al dictador!”.

Fue un momento de audacia colectiva el 8 de enero, la noche en que cientos de miles de iraníes en todo el país salieron a las calles contra la teocracia que ha gobernado durante casi 50 años. Pero después del derramamiento de sangre de esa noche, la esteticista, como muchos otros, se ha retirado a un aislamiento aterrorizado. Se mudó con su madre, temerosa de estar sola, y se ha refugiado allí, ansiosa e incapaz de dormir.

Un manto de miedo se ha asentado sobre Irán, dijo, y reina un sentimiento de dolor y rabia silenciosa.

“Cuando miras a la gente en la calle, parece que estás viendo cadáveres ambulantes, personas sin esperanza de seguir viviendo”, declaró en un mensaje de texto a finales de enero.

Sus videos y mensajes proporcionan un relato crudo del entusiasmo que sintieron los manifestantes al salir a las calles el mes pasado, y el shock que ha paralizado a muchos después de la represión más sangrienta jamás infligida por la República Islámica. La esteticista expresó la desesperación y el sentimiento de abandono por parte del mundo.

Vio poca esperanza en las conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos que se llevaron a cabo el viernes, incluso mientras intercambian advertencias de guerra. Temía que los líderes de Irán sobrevivieran a la presión de Trump y “se afianzaran y todas esas personas que murieron habrán muerto en vano”, escribió.

Los grupos de monitoreo dicen que al menos 6.854 personas murieron, la mayoría el 8 y 9 de enero, pero dicen que el número total podría ser el triple. La represión desde entonces también ha sido sin precedentes. Un apagón de internet de un mes ha ocultado el alcance total de lo sucedido, incluso cuando se ha informado que más de 50.000 personas han sido detenidas.

La Associated Press recibió más de una docena de videos, así como mensajes de texto que la esteticista envió a un pariente suyo en Los Ángeles durante aperturas esporádicas en el apagón de internet. La esteticista dio permiso para que el material fuera compartido.

La AP está reteniendo los nombres de la esteticista y su pariente por su seguridad. La AP verificó la ubicación y autenticidad de sus videos, que correspondían con características conocidas del área alrededor del Parque Samandehi en Karaj. La AP no pudo verificar todos los detalles de su relato, pero se ajusta en gran medida a los relatos de otros manifestantes documentados por la AP y grupos de derechos humanos.

Salir a las calles

La esteticista luchó en la economía de Irán, paralizada por décadas de corrupción y mala gestión y sanciones internacionales. Al no poder conseguir trabajo, eligió trabajar por cuenta propia como técnica de uñas, creyendo que podría ganarse mejor la vida, dijo el pariente, quien ha estado cerca de ella durante mucho tiempo y estaba en contacto frecuente incluso antes de las protestas.

Renunció a tener una familia o hijos, dijo el pariente. Todo era demasiado caro, y era demasiado represivo en Irán para criar hijos.

Tenía poca fe en los políticos iraníes que afirmaban ser moderados y reformistas, indicó el pariente. Pero se unió a las protestas. El poder de un movimiento popular alimentó su sensación de que el cambio en Irán era posible.

Participó en las protestas de 2022 provocadas por la muerte de Mahsa Amini, quien murió después de ser arrestada por no llevar su pañuelo en la cabeza al gusto de las autoridades. Pero se desilusionó por la violencia que siguió. Se cree que más de 500 personas perecieron y más de 22.000 detenidas.

Su deseo cambió “de salvar a su país a salvarse a sí misma”, señaló el pariente. Su familia buscó oportunidades para que ella dejara Irán, pero nunca se materializaron.

Cuando las protestas provocadas por la caída del valor de la moneda iraní comenzaron a finales de diciembre, al principio no participó.

Pero cuando descubrió que apenas podía permitirse el aceite de cocina, fue la gota que colmó el vaso. Le dijo a su pariente que solo ganó el equivalente a 40 dólares en diciembre, bajando de un ya escaso promedio de 300-400 del año pasado.

El 8 de enero, hizo planes con sus amigos para unirse a las protestas.

Los iraníes salieron a las calles el 8 de enero

Esa noche, los iraníes salieron a las calles de al menos 192 ciudades en las 31 provincias de Irán, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos. Estas fueron posiblemente las mayores manifestaciones antigubernamentales desde la Revolución Islámica de 1979. La diversidad de las multitudes a través de clases sociales y económicas fue mayor que en marchas pasadas.

Los videos de la esteticista muestran a manifestantes llenando una avenida principal en Karaj. Su confianza se vio reforzada por su número, caminaban sin prisa entre los árboles. Mujeres, hombres y niños coreaban, “Muerte a Jamenei”, refiriéndose al líder supremo Ali Jamenei.

Algunos coreaban en apoyo del príncipe heredero exiliado Reza Pahlavi, el hijo del último sha de Irán, quien había llamado al público a salir. Algunos encendieron hogueras y formaron círculos de protesta a su alrededor.

No está claro en sus videos cómo comenzó la violencia.

Un video muestra a manifestantes alineados frente a una estación de policía, vitoreando, mientras un fuego ardía dentro.

Desde dentro de la estación, la policía disparó gas lacrimógeno y perdigones, sostuvo la esteticista en un mensaje. Munición real siguió rápidamente.

La esteticista escribió a su pariente que vio a casi 20 personas baleadas en su círculo inmediato. Los padres de un amigo de la familia murieron a tiros mientras intentaban ayudar a una persona herida. El padre de otro amigo murió y las autoridades luego hicieron que su hija pagara el equivalente a 4.500 dólar para entregar su cuerpo.

En un video, un grupo se agolpaba sobre un manifestante herido, su pierna cubierta de sangre. Buscaban frenéticamente una forma de detener la hemorragia.

“¿Tienes un pañuelo? ¿Un pañuelo para la cabeza, algo?” gritó una persona. Otra dijo: “No podemos ir al hospital”, aparentemente por miedo a ser detenidos. Otro intervino, en pánico: “Átalo fuerte y asegúralo”.

El gobierno ha puesto el número de muertos por la ola de protestas a nivel nacional en más de 3.000, y Jamenei las ha denunciado como “un golpe de Estado”.

“Todos estamos de luto”

La noche siguiente, dicen activistas, los disparos continuaron en Karaj, con francotiradores en los tejados y más muertos. La esteticista salió de la casa pero regresó rápidamente, sin filmar nada, dijo su pariente.

Apenas ha salido desde entonces.

“Hemos visto tantas escenas horribles de personas muriendo ante nuestros ojos que ahora tenemos miedo de salir de nuestras casas”, escribió en un mensaje.

Teme que los agentes de seguridad vengan a su edificio, escribió. Ella y sus vecinos acordaron no dejar entrar a nadie que toque los timbres.

Toma tranquilizantes “pero no duermo realmente”, escribió. “Todos con los que hablo dicen que no pueden dormir por la noche, estresados de que en cualquier momento puedan venir y atacar nuestras casas”.

Una noche a finales de enero, salió brevemente para retirar dinero del banco enviado por su pariente. Pero el banco no tenía efectivo.

A lo largo de todos los años de represión, “siempre seguimos adelante, fuertes”, escribió.

No esta vez.

“Todos estamos de luto, llenos de ira que ya ni siquiera nos atrevemos a gritar, por miedo a nuestras vidas. Porque no tienen piedad”.

(Con información de AP)

La represión ejercida por las autoridades iraníes tras las protestas recientes ha implicado arrestos masivos, confiscación de bienes y acciones dirigidas específicamente contra profesionales que prestaron ayuda a manifestantes heridos. Diversas organizaciones de derechos humanos estiman que hasta 40.000 personas han sido detenidas desde el inicio de las protestas, acusadas de ser “alborotadores” o “terroristas”. Muchos de los detenidos han aparecido en confesiones televisadas que, según dichas organizaciones, probablemente fueron forzadas.

Médicos y personal sanitario que atendieron a los manifestantes han sido arrestados, incluso en sus propios domicilios, y algunos se encuentran en paradero desconocido. Tres médicos contactados en Irán por The New York Times, que solicitaron el anonimato por temor a represalias, informaron sobre la detención de al menos 11 colegas en la última semana. Dos de ellos señalaron que han sido citados en múltiples ocasiones por funcionarios que buscan identificar a quienes asistieron a los heridos.

Empresarios conocidos también han sido blanco de esta campaña. Mohammed Saedinia, propietario de una reconocida cadena de cafeterías, fue arrestado junto a su hijo y un gerente, tras cerrar sus locales en apoyo a las protestas. Las autoridades sellaron los establecimientos e informaron que permanecerán cerrados durante dos meses. Un vocero del poder judicial, Ashgar Jahangir, confirmó la detención de Saedinia y advirtió que sus bienes podrían ser utilizados para resarcir daños ocasionados durante los disturbios.

Las medidas represivas incluyen la identificación y posible confiscación de activos de figuras públicas, como deportistas y actores, así como de quienes firmaron declaraciones en respaldo a los manifestantes. El fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi-Azad, ordenó que se tomen acciones para “dar una lección” a quienes calificó de “terroristas y sus simpatizantes”.

La censura también ha alcanzado a medios de comunicación reformistas. El periódico Ham Mihan, uno de los pocos que cubría la magnitud de las protestas y las víctimas, fue clausurado el 19 de enero. Según su editor, Mohammed Javad Rouh, Ham Mihan es el primer medio cerrado desde 2016 y aún no tiene una fecha de audiencia judicial.

Las familias de los fallecidos durante la represión sufren vigilancia y restricciones. Abbas, un ciudadano iraní, relató que él y sus familiares debieron firmar compromisos de silencio y acatar la prohibición de llorar o mantener abiertas las puertas durante las ceremonias fúnebres de tres parientes muertos en las protestas.

Pese a la intensidad de la represión, persisten muestras de desafío. Recientemente, 17 líderes de la sociedad civil, cineastas y activistas publicaron una declaración responsabilizando al líder supremo de Irán por lo que calificaron como un “crimen de Estado organizado contra la humanidad”. Varios firmantes, entre ellos el guionista Mehdi Mahmoudian, fueron arrestados posteriormente.

En paralelo, estudiantes de 31 facultades de medicina, enfermería y odontología realizaron boicots y sentadas para exigir justicia por las muertes y detenciones de compañeros. En respuesta a la prohibición de luto, familias han transformado funerales en celebraciones, con música y canciones tradicionales, como una forma simbólica de resistencia.

El régimen iraní ha reconocido oficialmente cerca de 3.000 muertes durante la represión, aunque organizaciones consideran que la cifra real es mucho mayor. La represión sistemática y el alcance de estas medidas han sido descritas por activistas como una forma de “castigo colectivo” orientada a disuadir futuras protestas y marcar a toda una generación.

La declaración del presidente Donald Trump responsabilizando a los demócratas por las recientes protestas y acusándolos de estar implicados en actos de robo e insurrección complica el clima político, mientras crecen las tensiones por las acciones de las autoridades migratorias en Minnesota. Según informó Europa Press, Trump defendió públicamente a dos funcionarios clave de su administración, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el denominado “zar de las fronteras”, Tom Homan, en momentos en que enfrentan fuertes críticas por la gestión de la seguridad y las redadas antiinmigración.

Trump expresó, a través de redes sociales, su respaldo a Noem, atribuyéndole resultados que considera positivos en materia de seguridad. Igualmente, el mandatario elogió la labor de Homan al frente de las políticas fronterizas, aseverando que su gestión es “única” y destacando su agradecimiento con frases como “¡Gracias, Tom!”. Estas declaraciones se produjeron luego de que amplios sectores de la sociedad manifestaran su rechazo a los recientes operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minnesota, donde se han registrado dos muertes recientes a manos de agentes federales.

El medio Europa Press detalló que, durante las últimas semanas, las operaciones de ICE en Minnesota dejaron un saldo de dos ciudadanos estadounidenses fallecidos, Alex Pretti y Reneé Good, quienes recibieron disparos de agentes. Además, se produjo la detención de un menor de cinco años, lo que generó aún más indignación y llevó a la realización de manifestaciones masivas en varias ciudades. Las protestas han movilizado a numerosos grupos opositores, que acusan a la administración Trump de violaciones a los derechos humanos y de aplicar una política de mano dura que afecta especialmente a comunidades vulnerables.

En su defensa de los funcionarios, Trump sostuvo que las críticas contra Noem tenían motivaciones de género y aseguró que la secretaria ha realizado un trabajo “realmente excelente”. A juicio de Trump, la reducción de la tasa de homicidios y la deportación de lo que llamó “criminales violentos” forman parte de los logros de las políticas implementadas por su gobierno. Según consignó Europa Press, el presidente atribuyó la presencia de estos “criminales” al periodo de gobierno de su antecesor, Joe Biden, señalando la llegada de estos individuos durante ese mandato.

En sus mensajes, Trump también instó al Partido Republicano a no ceder ante lo que denominó “demócratas corruptos”, los responsabilizó de sustraer miles de millones de dólares de Minnesota y otras ciudades, y llamó a que no permitieran que dichos políticos controlen los destinos de los estados. Las declaraciones del presidente se producen en un contexto en que la tensión entre el gobierno federal y las autoridades estatales y locales, así como entre los partidos políticos, escaló debido a las consecuencias de los recientes operativos migratorios.

De acuerdo con Europa Press, Trump vinculó directamente las protestas en curso con supuestas maniobras de los demócratas para “camuflar y ocultar sus actos criminales de robo e insurrección”, y manifestó que “todos” los implicados deberían ir a prisión. El presidente subrayó que su elección se debió, entre otras razones, a su promesa de mantener “Fronteras Fuertes y Ley y Orden”, destacando que la política migratoria y de seguridad representa un emblema de su gestión.

Las muertes de Alex Pretti y Reneé Good en Minnesota constituyeron el detonante para la ola de manifestaciones que se extienden por el país, según reportó Europa Press. La indignación creció al difundirse detalles sobre la intervención de los agentes federales, lo que incrementó la presión sobre la administración Trump para que dé explicaciones por el uso de la fuerza y la gestión de los operativos de ICE. El caso del niño de cinco años detenido reforzó los cuestionamientos sobre el trato que reciben las familias en los procesos migratorios y la adecuación de los procedimientos empleados por las autoridades federales.

Según la cobertura de Europa Press, partidos de oposición, líderes comunitarios y organizaciones civiles han elevado su crítica a las políticas migratorias, argumentando que su severidad genera consecuencias directas en términos de pérdidas humanas y pone en duda el cumplimiento de derechos básicos. Al mismo tiempo, el Partido Republicano y el propio Trump insisten en que las acciones emprendidas por el Departamento de Seguridad Nacional y las autoridades migratorias buscan garantizar la reducción de delitos y el control efectivo sobre la inmigración ilegal, presentándolo como un compromiso central con el electorado.

Trump cerró sus declaraciones enfatizando en el impacto electoral de estas políticas, mencionando: “Recuerden: ¡Las elecciones tienen consecuencias!”. De acuerdo con Europa Press, la polarización política se intensifica mientras crecen las demandas de transparencia, investigación de los sucesos y revisión de los protocolos de actuación de ICE. Las discusiones sobre la legitimidad y eficacia de la política migratoria se colocan en el centro del debate nacional, acompañadas por movilizaciones y un clima de creciente tensión institucional y social.

Tras obtener su libertad, Don Lemon aseguró que la protección constitucional a la labor periodística ha guiado sus tres décadas de carrera y que no tiene intención de interrumpir su trabajo. El periodista denunció que su reciente detención representa una amenaza directa a la libertad de prensa en Estados Unidos y subrayó que continuará cubriendo noticias relevantes junto a otros colegas que enfrentan obstáculos similares. Según informó NBC News, Lemon fue arrestado en Los Ángeles tras documentar manifestaciones en Minnesota contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), específicamente en las inmediaciones y el interior de la Iglesia Cities en Saint Paul, donde un funcionario del ICE ejerce como pastor religioso.

De acuerdo con lo consignado por este medio, la detención de Lemon ocurrió durante la cobertura de movilizaciones realizadas en respuesta a la actuación del ICE en la comunidad. Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, confirmó a primeras horas del viernes la aprehensión de Lemon, así como la de otras tres personas, entre ellas la periodista Georgia Fort. Según detalló la funcionaria, los arrestos están vinculados al denominado “ataque coordinado” a la Iglesia Cities en Saint Paul, Minnesota.

En declaraciones a los medios tras recuperar la libertad, Lemon expresó: “He dedicado toda mi carrera a cubrir las noticias. No voy a parar ahora”. Durante una comparecencia breve, sostuvo que, en su opinión, medios independientes y libres desempeñan un rol fundamental al exponer hechos y exigir responsabilidades a quienes detentan el poder. Con estas palabras, el periodista reiteró su postura a favor de la labor periodística y se solidarizó con otros profesionales que, según sus palabras, cumplen funciones similares: “Estoy con todos ellos y no me callarán”.

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, confirmó posteriormente a la cadena NBC News que Lemon afronta cargos federales por delitos contra los derechos civiles. Específicamente, se le acusa de conspiración e interferencia con los derechos de otra persona garantizados por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

El abogado de Don Lemon, Abbe Lowell, expuso a NBC News que el arresto constituye un hecho sin precedentes respecto a la protección de la Primera Enmienda, y consideró que esta acción busca desviar la atención de las dificultades y denuncias contra la administración que encabeza el presidente Donald Trump. Lemon se encontraba en Los Ángeles en el momento de su arresto, a donde había viajado para encargarse de la cobertura periodística de la entrega de los premios Grammy, según puntualizó su defensa.

Diversas voces, recogidas por medios estadounidenses como NBC News, han manifestado su preocupación por lo que perciben como un intento de limitar el derecho a informar en contextos delicados que implican la actuación de fuerzas de seguridad y agencias gubernamentales. El caso de Lemon se suma a una serie de incidentes recientes en los que periodistas han sido arrestados al realizar coberturas de protestas o en situaciones de alta tensión política y social.

Durante su comparecencia, el periodista remarcó la importancia de la Primera Enmienda y opinó que “no hay momento más importante que este preciso instante para unos medios de comunicación libres e independientes que sacan a la luz la verdad y exigen responsabilidades a los que están en el poder”. Además, subrayó que la libertad de prensa es clave para la democracia. “La Primera Enmienda de la Constitución protege (el) trabajo que he estado haciendo durante los últimos 30 años, cubrir las noticias”, afirmó Lemon e insistió en que las amenazas o acciones legales no modificarán su compromiso con la profesión.

El caso ha suscitado repercusiones en el ambiente periodístico estadounidense, con muestras de apoyo a Lemon por parte de colegas, organizaciones y defensores del derecho a la información, quienes insisten en que la cobertura de eventos públicos y protestas es una función vital para la transparencia en la gestión pública y el respeto a los derechos civiles, de acuerdo con lo publicado por NBC News.

El Departamento de Estado de Estados Unidos comunicó que esta semana se han aplicado restricciones migratorias para impedir el ingreso y la permanencia de altos cargos del gobierno iraní y sus familiares, como parte de una serie de sanciones dirigidas a responder al manejo de las protestas en Irán. Según informó el departamento a través de un mensaje en redes sociales recogido por la prensa internacional, estas medidas se suman al contexto de tensión bilateral e incluyen la revocación de privilegios migratorios que permitían a figuras clave de Teherán ingresar y establecerse en territorio estadounidense. El anuncio oficial añadió que mientras persista la represión contra las manifestaciones en Irán, los beneficiarios de dicha política local no podrán aprovechar el sistema migratorio de Estados Unidos.

De acuerdo con lo publicado por la prensa estadounidense, la decisión llega en medio de crecientes roces entre ambas naciones debido a la respuesta del gobierno iraní ante las recientes movilizaciones antigubernamentales, y después de que la Unión Europea resolviera catalogar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista. La autoridad diplomática norteamericana señaló que "quienes se benefician de la brutal opresión del régimen iraní no son bienvenidos a beneficiarse de nuestro sistema migratorio". Estas palabras se divulgaron en un contexto en el que Irán ha sido objeto de numerosas críticas internacionales por la gestión de las protestas y el número de víctimas.

El medio detalló que el Secretario de Estado de la Administración de Donald Trump, Marco Rubio, formalizó la nueva disposición argumentando que "el pueblo iraní continúa luchando por sus derechos básicos". El gobierno de Estados Unidos justificó la revisión de los privilegios migratorios como una muestra de apoyo a los ciudadanos iraníes movilizados en defensa de sus libertades fundamentales. En mensajes institucionales, el Departamento de Estado reiteró que altos funcionarios y parientes directos perderán el derecho a residencia y a ingreso que anteriormente les había sido concedido bajo diferentes prerrogativas.

Las restricciones estadounidenses coinciden con una decisión reciente adoptada por la Unión Europea, que designó a la Guardia Revolucionaria de Irán como grupo terrorista. La medida europea sostiene que el cuerpo paramilitar se ha consolidado dentro del aparato represivo del Estado iraní, especialmente tras su actuación en las protestas iniciadas a finales de diciembre. Esta clasificación representa un endurecimiento en la postura de varios países occidentales hacia el gobierno de Teherán.

El gobierno iraní, en respuesta a la presión internacional, habló de la existencia de aproximadamente 3.000 muertes asociadas a las movilizaciones desde finales de diciembre. Fuentes oficiales de Irán alegaron que entre los fallecidos se encontraban individuos calificados como "terroristas", con presunto respaldo de Estados Unidos e Israel, y sugirieron que se buscaba aumentar deliberadamente la cifra de muertos para allanar el camino a una intervención militar extranjera. No obstante, según informó el medio, diversas organizaciones civiles pusieron en duda la estadística difundida por el gobierno iraní y estimaron que el número de víctimas fatales supera las 6.000, atribuyéndolo principalmente a la represión estatal.

En sus diferentes intervenciones públicas, integrantes del ejecutivo estadounidense han insistido en que la política adoptada busca aumentar la presión sobre los responsables de la represión y desalentar el desplazamiento de altos funcionarios iraníes y familiares a países considerados democráticos y opuestos al régimen de Teherán. Washington ha explicado que la medida se suma a otras ya existentes, como sanciones económicas y restricciones financieras, buscando aislar aún más al círculo gobernante de Irán.

Tal como consignó la prensa internacional, Irán se encuentra desde hace varias semanas bajo observación internacional debido a la magnitud de la represión y su repercusión en la estabilidad regional. El ejecutivo iraní ha manifestado que las protestas son en parte orquestadas o amplificadas por intereses externos con el objetivo de desestabilizar el país, mientras que distintos organismos de derechos humanos aseguran que la actuación de las fuerzas de seguridad ha resultado en detenciones masivas y un número de muertes significativamente elevado.

Las recientes acciones de Washington retoman la tradición de sanciones y presión diplomática como manera de influir sobre las decisiones de gobiernos que la administración estadounidense considera que atentan contra los derechos humanos y las libertades políticas de sus ciudadanos. La Administración Trump ya había endurecido su retórica y acciones frente a Irán en el pasado, y la actual coyuntura plantea nuevos interrogantes sobre la evolución del vínculo bilateral y su impacto en la región de Oriente Medio.

La Unión Europea sancionó el jueves a 15 funcionarios iraníes por la sangrienta represión de las protestas en todo el país, incluidos altos comandantes de su Guardia Revolucionaria, antes de una esperada decisión de nombrar a toda la organización paramilitar como grupo terrorista.

Las sanciones intensifican la presión internacional sobre la República Islámica, que enfrenta la amenaza de acción militar del presidente estadounidense Donald Trump en respuesta a la matanza de manifestantes pacíficos y a posibles ejecuciones masivas. El ejército estadounidense ha desplegado el USS Abraham Lincoln y varios destructores con misiles guiados en Oriente Medio. Aún no está claro si Trump decidirá usar la fuerza, ya que al menos 6.373 personas han muerto en la represión, según activistas.

Por su parte, Irán ha declarado que podría lanzar un ataque preventivo o atacar ampliamente Oriente Medio, incluyendo bases militares estadounidenses en la región e Israel. El jueves, Irán emitió una advertencia a los buques en el mar sobre sus planes de realizar un simulacro la próxima semana que incluiría fuego real en el estrecho de Ormuz, lo que podría interrumpir el tráfico en una vía fluvial por la que pasa el 20% del petróleo mundial.

La principal diplomática de la UE, Kaja Kallas, dijo el jueves temprano que la Guardia Revolucionaria, que ha jugado un papel clave en la represión de las manifestaciones, probablemente también sería agregada a la lista de organizaciones terroristas de la UE.

“Esto los pondrá en igualdad de condiciones con Al Qaeda, Hamas y Daesh”, dijo Kallas, usando el acrónimo árabe del Estado Islámico. “Si actúas como terrorista, también deberías ser tratado como terrorista”.

Irán no hizo comentarios de inmediato, pero ha criticado a Europa en los últimos días mientras consideraba la medida. Otros países, como Estados Unidos y Canadá, han designado a la Guardia como organización terrorista.

Grupo terrorista califica de “acto simbólico”

Francia se había opuesto a incluir a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista por temor a que pusiera en peligro a los ciudadanos franceses detenidos en Irán, así como a las misiones diplomáticas. Sin embargo, posteriormente manifestó su apoyo a la medida.

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, dijo el jueves ante el Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas que Francia apoya más sanciones contra Irán y la inclusión en la lista “porque no puede haber impunidad para los crímenes cometidos”.

“En Irán, la insoportable represión que ha envuelto la revuelta pacífica del pueblo iraní no puede quedar sin respuesta”, afirmó.

Kristina Kausch, subdirectora del German Marshall Fund, dijo que la inclusión en la lista sería “un acto simbólico” que muestra que para la UE “el camino del diálogo no ha llevado a ninguna parte y ahora se trata del aislamiento y la contención como prioridad”.

“La designación de un brazo militar estatal, de un pilar oficial del Estado iraní, como organización terrorista está a un paso de cortar las relaciones diplomáticas”, dijo. “Pero no han cortado las relaciones diplomáticas y no lo harán”.

La UE también sancionó el jueves a seis organizaciones en Irán, incluidas aquellas involucradas en el monitoreo de contenido en línea, mientras el país permanece afectado por un apagón de Internet de tres semanas por parte de las autoridades.

Las sanciones significan que los activos de los funcionarios y organizaciones afectados serán congelados y se les prohibirá viajar a Europa, dijo el jueves temprano el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noel Barrot.

La Guardia Revolucionaria tiene vastos intereses comerciales en todo Irán, y las sanciones podrían provocar la confiscación de cualquiera de sus activos en Europa.

Irán ya lucha bajo el peso de múltiples sanciones internacionales de países como Estados Unidos y Gran Bretaña.

El rial iraní cayó a un mínimo histórico de 1,6 millones por dólar el jueves. Los problemas económicos desencadenaron las protestas, que se extendieron hasta desafiar la teocracia antes de la represión.

La guardia es clave para la represión

La Guardia Civil surgió tras la Revolución Islámica de Irán de 1979 como una fuerza destinada a proteger a su gobierno, supervisado por clérigos chiítas, y posteriormente fue consagrada en su constitución. Operaba en paralelo a las fuerzas armadas regulares del país, creciendo en prominencia y poder durante una larga y devastadora guerra con Irak en la década de 1980. Aunque se enfrentó a una posible disolución tras la guerra, el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, le otorgó poderes para expandirse a la empresa privada, lo que le permitió prosperar.

La fuerza Basij de la Guardia probablemente fue clave para sofocar las manifestaciones, que comenzaron con fuerza el 8 de enero, cuando las autoridades cortaron el internet y las llamadas telefónicas internacionales a esta nación de 85 millones de habitantes. Vídeos procedentes de Irán, a través de antenas parabólicas Starlink y otros medios, muestran a hombres, probablemente pertenecientes a sus fuerzas, disparando y golpeando a los manifestantes.

Sin embargo, sancionar a la Guardia sería complicado. Los hombres iraníes, al cumplir los 18 años, deben realizar hasta dos años de servicio militar, y muchos son reclutados en la Guardia a pesar de sus propias ideas políticas.

Planean realizar un simulacro de perforación en el Estrecho de Ormuz

Un aviso a los navegantes enviado por radio VHF el jueves advertía que Irán planeaba realizar un “tiroteo naval” en el estrecho de Ormuz el domingo y el lunes. Dos funcionarios de seguridad pakistaníes, que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hablar con la prensa, también confirmaron el envío de la advertencia.

Irán no reconoció de inmediato el ejercicio. El periódico Keyhan, de línea dura, planteó el jueves la posibilidad de que Teherán intente cerrar el estrecho por la fuerza.

“Hoy, Irán y sus aliados tienen el dedo en el gatillo que, al primer error del enemigo, cortará la arteria energética del mundo en el estrecho de Ormuz y enterrará el prestigio hueco de los buques de guerra yanquis de miles de millones de dólares en las profundidades del Golfo Pérsico”, afirmó el periódico.

Una medida de ese tipo probablemente provocaría una intervención militar estadounidense. Los funcionarios militares estadounidenses no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la advertencia.

El alcalde de Teherán también anunció el jueves planes para construir refugios antiaéreos e instalar sirenas antiaéreas en la capital, pero, según informes, lo describió como un proyecto de varios años. Mientras tanto, el líder de la oposición iraní, Mir Hossein Mousavi, cuyo Movimiento Verde se alzó para impugnar las controvertidas elecciones presidenciales iraníes de 2009, volvió a pedir un referéndum constitucional para cambiar el gobierno del país. Una petición anterior no prosperó.

El número de muertos asciende a más de 6.300

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, informó que la violencia en Irán ha causado la muerte de al menos 6.373 personas en las últimas semanas, y se teme que haya muchas más. Su recuento incluyó al menos 5.993 manifestantes, 214 fuerzas afiliadas al gobierno, 113 niños y 53 civiles que no se manifestaban. Más de 42.450 personas han sido arrestadas, añadió.

El grupo verifica cada muerte y arresto con una red de activistas sobre el terreno y ha sido preciso en múltiples rondas de disturbios anteriores en Irán. El corte de comunicaciones impuesto por las autoridades iraníes ha retrasado la divulgación de la magnitud de la represión, y The Associated Press no ha podido evaluar de forma independiente el número de muertos.

El gobierno iraní, al 21 de enero, estimó la cifra de muertos en 3.117, una cifra mucho menor, afirmando que 2.427 eran civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, y calificó al resto de “terroristas”. En el pasado, la teocracia iraní ha subestimado o no ha informado sobre las muertes causadas por disturbios.

Esa cifra de muertos supera la de cualquier otra ronda de protestas o disturbios en Irán en décadas, y recuerda el caos que rodeó a la Revolución Islámica de 1979.

(con información de AP)

El presidente de COAG-IR, José Miguel Marín, expresó que los agricultores y ganaderos son los garantes de la seguridad alimentaria y del interés del consumidor, subrayando la necesidad de proteger la salubridad de los productos en los mercados españoles. Marín remarcó el rechazo del sector a la llegada de productos con estándares más bajos de calidad y criticó que los consumidores puedan verse expuestos a alimentos con menor control sanitario. Según informó Europa Press, miles de agricultores y ganaderos se movilizaron en una protesta a nivel nacional, respaldada por las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA, para exigir respuestas urgentes ante los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC), acuerdos comerciales de la Unión Europea, y la escasez de agua que condiciona la producción en el campo.

Europa Press detalló que más de treinta provincias participaron en la jornada, en la que los manifestantes denunciaron la falta de consideración de la Comisión Europea hacia el sector primario, al que no reconocen como estratégico. Durante la protesta, José Miguel Marín expresó que la movilización surgió por la urgencia de la situación: “No hacemos esto porque no tenemos otra cosa que hacer, sino porque el sector agrario necesita respuestas ya; hemos hecho muchas movilizaciones”, sostuvo Marín. Entre 2.000 y 2.500 vehículos participaron en la marcha, una asistencia que, según Marín, superó con creces las expectativas de las organizaciones.

De acuerdo con Europa Press, los organizadores señalaron la preocupación por el posible recorte en los fondos de la PAC, que consideran fundamental para mantener las explotaciones agrarias y garantizar la viabilidad de miles de familias dedicadas a la agricultura y la ganadería. El presidente de COAG-IR advirtió que el sector “no va a consentir” recortes en el agua ni en las ayudas, y cargó contra la política de la Unión Europea que favorece la llegada de alimentos de países extracomunitarios, como Marruecos, Egipto o Sudáfrica, lo que, según su visión, constituye una competencia desleal.

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Marcos Alarcón, respaldó la acción colectiva y destacó la amplia participación de trabajadores del campo en defensa de “acuerdos comerciales justos, presupuesto suficiente para la PAC, garantía de agua, defensa del trasvase, y una moratoria en el acceso al agua de los acuíferos”. Alarcón añadió que la protesta no solo busca soluciones a corto plazo, sino también una respuesta estructural que garantice el presente y el futuro de la actividad agraria en Murcia, en España, y en toda Europa. Reclamó, en nombre del sector, que las administraciones respondan con acciones proporcionales a la magnitud de la movilización y a las inquietudes planteadas por los agricultores y ganaderos.

Según consignó Europa Press, el secretario general de Asaja, Alfonso Gálvez, calificó de equivocadas y dañinas las recientes políticas comunitarias, argumentando que no consideran las necesidades reales del campo ni respetan las posiciones del Parlamento Europeo. Gálvez señaló que el potencial agrícola de la Región de Murcia puede verse seriamente limitado por las decisiones de las autoridades europeas, afectando el suministro de alimentos sanos y seguros y poniendo en riesgo la continuidad de uno de los motores económicos más relevantes en el sureste español.

Europa Press reportó que uno de los principales temas de denuncia es la presión sobre el trasvase Tajo-Segura, fundamental para el riego en la Región de Murcia, cuyo posible recorte representa una amenaza directa para la actividad agrícola. Las organizaciones consideran que la falta de apoyo y la reducción de recursos hídricos dificultan la entrada de nuevas generaciones en la agricultura, lo que a medio y largo plazo comprometería el relevo generacional y la sostenibilidad del sector alimentario.

La protesta, según la información de Europa Press, incluyó un mensaje directo contra los productos importados que, aseguran, no cumplen con los estándares sanitarios y de calidad exigidos en la Unión Europea. Los agricultores y ganaderos insistieron en la necesidad de establecer mecanismos que protejan la producción local frente a la competencia de mercancía procedente de terceros países, a la que califican de desleal por la ausencia de controles equivalentes.

Representantes del sector, según recogió Europa Press, reclamaron que las instituciones de la Unión Europea y del Gobierno español consideren la agricultura y la ganadería actividades estratégicas, garantes de la alimentación y de la calidad de los productos que llegan a la ciudadanía. La jornada de movilización fue considerada un éxito por los portavoces de COAG, Asaja y UPA, quienes reiteraron su intención de persistir en las protestas hasta lograr soluciones concretas a las problemáticas que enfrenta el sector rural.

A pesar de las intensas lluvias presentes durante la jornada en Toledo, los primeros tractores de la manifestación agrícola lograron llegar a la Plaza de Zocodover aproximadamente a las 12:30, recibiendo aplausos de los participantes concentrados en la emblemática plaza. De acuerdo con la información proporcionada por la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, la movilización rural reunió a 1.400 personas, aunque los organizadores, encabezados por Asaja, elevaron la cifra a cerca de 3.000 asistentes. El objetivo principal de la protesta fue exigir respaldo institucional, rechazar recortes a las ayudas europeas y defender la igualdad en los acuerdos comerciales, bajo el lema “Mentiras no, soluciones sí”, según consignó el medio Europa Press.

La protestas comenzaron a las 10:00, cuando los tractores se concentraron en el Recinto Ferial de La Peraleda antes de recorrer distintas calles de la capital manchega. Según detalló Europa Press, los participantes transitaron la Carretera de La Peraleda, Avenida de Barber, calle Duque de Lerma, calle General Villalba y Marqués de Mendigorría, hasta la rotonda de la escultura ecuestre de Alfonso VI, integrándose después a la marcha principal, cuyo punto de inicio fue la Plaza de Toros. La convocatoria incluía a agricultores a pie y a cerca de un centenar de tractores, aunque la Delegación del Gobierno fijó en 66 el número de estos últimos. El recorrido finalizó en la Plaza de Zocodover, escenario del acto central de la reivindicación.

Asaja y UPA impulsaron la movilización, con el respaldo de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha y la participación de COAG Castilla-La Mancha. Durante el trayecto, los manifestantes expusieron cencerros y bocinas, articulando tanto el malestar del sector agropecuario como su reclamo central frente a las decisiones políticas y económicas adoptadas a nivel nacional y europeo. Representantes del PP, Vox y Sumar se sumaron a la protesta, según reportó Europa Press, reflejando un respaldo transversal a la convocatoria.

“El campo no va soportar más”, advirtió José María Fresneda, presidente de Asaja Castilla-La Mancha, en declaraciones recogidas por Europa Press. Fresneda remarcó que la situación exige compromisos políticos tangibles en todos los parlamentos, incluidos el europeo, el nacional y el regional, y señaló que la movilización persiste ante lo que consideran incumplimientos y falta de apoyo real al campo. Insistió en que la persistencia de los agricultores es inquebrantable a pesar de las inclemencias meteorológicas: “Lloviendo, cayendo chuzos de punta, los agricultores han decidido secundar esta manifestación con mucha fuerza. Va a ser una manifestación pasada por agua, pero con mucha fe, con mucha ilusión, con muchas ganas”. Asimismo, recalcó que el sector rural no se dejará engañar ante cuestiones polémicas como el acuerdo con Mercosur, la PAC y la problemática de la fauna silvestre, en particular la sobrepoblación de conejos.

Por parte de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo expresó al medio Europa Press su rechazo a los recortes de la Política Agraria Común (PAC) y a las propuestas que, según denunció, buscan desmantelar el sistema de ayudas vigente. Para Morcillo, las condiciones de los acuerdos comerciales no pueden situar al sector agrario como el “pagano” de la liberalización económica, exigiendo que las normativas aplicadas a productores europeos sean también exigidas a los de terceros países. Morcillo planteó la necesidad de disponer de cláusulas de salvaguarda efectivas y de aplicación inmediata para proteger las producciones agrarias locales, señalando que la presión ejercida por el sector, a través de movilizaciones previas como la celebrada en Bruselas el 18 de diciembre, resultó clave para modificar la actitud institucional.

El dispositivo de seguridad implementado por la Delegación del Gobierno, con apoyo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, facilitó que la llegada de tractores y manifestantes se desarrollara sin incidentes y de forma organizada, según confirmaron fuentes oficiales a Europa Press. La jornada reivindicativa transcurrió en medio de una persistente lluvia que no frenó el desarrollo de la marcha, caracterizada por la determinación de los participantes para visibilizar sus demandas pese al mal tiempo.

La presencia de representantes políticos en el evento fue valorada positivamente por los dirigentes agrarios, quienes insistieron en que el entendimiento y el respaldo se deben reflejar en medidas concretas en el seno del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y los distintos niveles de los gobiernos nacional y autonómico. Los organizadores insistieron en que la movilización se mantendrá activa “paso a paso, medida a medida y administración por administración”, hasta lograr que sus exigencias se traduzcan en soluciones concretas para el campo.

Según el balance de los convocantes consultados por Europa Press, la protesta también pretendía concienciar a la ciudadanía sobre la situación de vulnerabilidad que afronta el sector agrícola, debilitado por los recortes en las ayudas europeas y la competencia internacional derivada de acuerdos comerciales que consideran lesivos. Las agrupaciones rurales que participaron coincidieron en reivindicar protección equitativa y mecanismos de defensa efectivos frente al impacto de las políticas comunitarias e internacionales.

Los líderes de las asociaciones agrícolas replicaron las consignas centrales durante la jornada, subrayando que rechazan la desinformación y demandan acciones inmediatas por parte de las instituciones. Las manifestaciones y el recorrido hasta la Plaza de Zocodover plasmaron el estado de movilización en el que permanece el sector agrario en la región y la disposición de sus integrantes a sostener la protesta tanto en Toledo como en otros ámbitos de decisión política.

Durante su comparecencia ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, Marco Rubio destacó el impacto de la crisis interna iraní y aseguró que nunca antes el sistema de la República Islámica se había mostrado tan debilitado. De acuerdo con la cadena CNN, Rubio, actual secretario de Estado, centró su intervención en el desplome económico y en la creciente ola de protestas, factores que atribuyó a la presión internacional y a decisiones del propio régimen.

Según reportó CNN, Rubio afirmó que la economía iraní enfrenta un proceso de colapso, agravado por sanciones internacionales y por una gestión que, según sus palabras, destina recursos a respaldar grupos considerados terroristas por Washington en distintas partes del mundo. Estas sanciones, promovidas por Estados Unidos y sus aliados, han estrechado la capacidad financiera de Teherán, lo que ha resultado en un deterioro de las condiciones de vida y ha incrementado el malestar social en el país.

El medio CNN detalló que en su intervención Rubio remarcó la falta de herramientas del régimen iraní para responder a las demandas de los manifestantes. Diferenciando la situación actual de protestas anteriores, el secretario de Estado señaló: “A diferencia de las protestas que se han visto en el pasado, ahora no tienen forma de abordar las principales reivindicaciones de los manifestantes”. El funcionario respaldó su análisis refiriéndose a informes sobre víctimas recientes, indicando que las cifras alcanzan a “miles”, aunque declinó precisar un número exacto. Además, subrayó la utilización de táctica represiva: “Para autocracias como Irán es efectivo disparar a una persona con francotiradores. Quiero decir, funciona, y lo han hecho. Es horrible, y eso es lo que hemos visto”, recogió CNN.

En paralelo a las declaraciones de Rubio, el presidente Donald Trump intensificó su retórica respecto a Irán. CNN informó que el mandatario estadounidense anunció el envío de una flota naval mayor que la que Washington desplegó en Venezuela previo a la captura de Nicolás Maduro. Trump aseguró por medio de redes sociales que esta fuerza naval avanza hacia Irán con “gran poder, entusiasmo y determinación”, y advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, Estados Unidos podría ejecutar un ataque “mucho peor” que el ocurrido en junio de 2025.

En respuesta a la escalada de presión desde Washington, las autoridades iraníes reiteraron su disposición a entablar un diálogo basado en respeto mutuo e intereses compartidos. No obstante, según la cobertura de CNN, el gobierno de Teherán advirtió que, en caso de recibir un ataque, responderá con una contundencia sin precedentes.

Las tensiones se enmarcan en un contexto donde la crisis económica iraní se ve profundizada por amplias protestas en diferentes regiones del país, alimentadas por el deterioro de la calidad de vida y la percepción de falta de respuestas gubernamentales. Según CNN, documentos oficiales y testimonios de manifestantes apuntan a una pérdida de confianza en la capacidad del régimen para resolver los problemas fundamentales, como la inflación, el desempleo y el acceso a servicios básicos.

La cadena estadounidense indicó que las sanciones impuestas a Irán han tenido efectos sobre sectores estratégicos como el petróleo, restringiendo las exportaciones e impactando la disponibilidad de divisas extranjeras. Esto ha limitado la posibilidad de importar bienes esenciales y ha provocado una aceleración de la inflación. La combinación de estas presiones ha generado un ambiente propicio para el descontento social, visible en la magnitud de las recientes movilizaciones.

Además de la situación interna, CNN consignó que la tensión con Estados Unidos ha llevado al régimen iraní a adoptar posturas defensivas en materia de política exterior, priorizando el fortalecimiento de alianzas regionales y la promoción de su influencia a través de actores no estatales. No obstante, esta estrategia ha sido fuente de cuestionamientos internos, al considerarse una fuente adicional de gasto en un momento marcado por restricciones presupuestarias y demandas sociales insatisfechas.

Los incidentes más recientes en las calles, que han resultado en víctimas mortales contadas por miles según las estimaciones mencionadas por Rubio, destacan la gravedad de la crisis política y social. A pesar de la represión, sectores de la población mantienen las protestas y solicitan cambios significativos en la estructura de poder, así como una gestión orientada a resolver los desafíos económicos y sociales más críticos.

La cobertura de CNN también evidenció la preocupación existente en Washington respecto al posible colapso institucional en Irán. Analistas consultados por el medio anticipan que el deterioro de la situación podría provocar no solo una intensificación de la agitación interna, sino también riesgos para la estabilidad regional, dada la importancia estratégica del país y su capacidad de influencia en Oriente Próximo.

Frente a este panorama, tanto Washington como Teherán refuerzan sus respectivas posiciones. Según CNN, Estados Unidos sostiene que el endurecimiento de las sanciones y el despliegue militar buscan forzar a Irán a aceptar un acuerdo que limite su programa nuclear a cambio del alivio de las restricciones económicas. Por su parte, las autoridades iraníes insisten en defender la soberanía y la dignidad nacional, y resaltan que cualquier acercamiento solo será posible en un marco de reciprocidad y reconocimiento mutuo de intereses.

La acumulación de sanciones, la presión militar y el aumento del descontento en la población iraní configuran un escenario donde la capacidad de maniobra del régimen se ve acotada. Las declaraciones de Rubio y las advertencias de Trump, reportadas por CNN, sitúan el conflicto en una etapa de máxima tensión, con consecuencias imprevisibles para la estabilidad interna del país y para las relaciones internacionales en la región.

El canciller iraní Abbas Araqchi reiteró el mantenimiento de contactos permanentes con gobiernos de Oriente Próximo, incluyendo la reciente comunicación con autoridades de Qatar, y reconoció la existencia de una percepción regional de amenaza militar derivada de la presencia estadounidense. Estas declaraciones fueron emitidas en un contexto donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había intensificado sus advertencias sobre una posible intervención militar en respuesta a la represión de las protestas en Irán. En este escenario, Araqchi aclaró que la postura de su país ante Washington y la comunidad internacional no ha cambiado y que rechaza cualquier acercamiento o solicitud de negociación bajo presión militar. Según consignó la agencia Europa Press, el diplomático afirmó: “No ha habido contactos con Witkoff durante los últimos días y no hemos pedido negociaciones”.

Las declaraciones de Araqchi se produjeron luego de que Trump informara sobre el desplazamiento de otra flotilla militar estadounidense hacia Irán. El presidente estadounidense expresó su expectativa de lograr un acuerdo, aunque evitó precisar si la fuerza naval en cuestión era el grupo de ataque encabezado por el USS Abraham Lincoln, que permanecía ya desde hace días en Oriente Próximo, o si se trataba de una nueva operación militar relevante. Las advertencias sobre el movimiento de flotas estadounidenses en la región han intensificado el clima de inestabilidad, de acuerdo con lo reportado por Europa Press.

Araqchi manifestó que varios países actúan como mediadores y sostienen conversaciones con la República Islámica en busca de soluciones a las tensiones existentes. Sin embargo, enfatizó que Irán no aceptará negociaciones impulsadas bajo coacción o amenazas directas. Aseguró que “la diplomacia a través de amenazas militares no puede ser efectiva” y condicionó cualquier proceso de diálogo a que Estados Unidos abandone las exigencias unilaterales y termine con las presiones. Subrayó que los principios de la negociación requieren surgir de una posición de igualdad y con base en el respeto mutuo, según divulgó Europa Press.

Por otra parte, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, mantuvo una conversación telefónica con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, donde expresó preocupación por el impacto de las presiones y hostilidades de actores externos en la seguridad y estabilidad de la región. Pezeshkian advirtió que las sanciones económicas y la injerencia militar extranjera incrementan el riesgo de inestabilidad regional, algo que “no beneficia a nadie”. Remarcó que la cohesión entre las naciones islámicas es considerada por Teherán como indispensable para alcanzar la paz y la seguridad persistentes en Oriente Próximo, de acuerdo con la cobertura del medio Europa Press.

En la misma llamada, Mohamed bin Salmán declaró que Arabia Saudí no autorizará el uso de su territorio ni de su espacio aéreo para ataques contra Irán. Además, manifestó el respaldo del gobierno saudí a toda iniciativa que propicie la resolución de disputas mediante el diálogo diplomático. Insistió en que tales esfuerzos deben apuntar a la consolidación de la seguridad y la estabilidad para todos los países involucrados.

Otras informaciones recogidas por Europa Press consignaron que tras las protestas en Irán, que resultaron en miles de fallecidos, el gobierno iraní denunció la participación de “terroristas” y agitadores supuestamente apoyados por Estados Unidos e Israel. Según las autoridades iraníes, estas personas se habrían infiltrado en las movilizaciones para incrementar la cifra de muertos, incluidos cientos de efectivos de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de facilitar una posible justificación para la intervención militar estadounidense. Irán argumentó que tales acciones buscaban crear un escenario que permitiera a Trump cumplir sus amenazas de intervención militar directa en el país.

De acuerdo con la información de Europa Press, Araqchi remarcó que Irán estudia cada instancia de mediación ofrecida por terceros países, pero insiste en que cualquier avance depende de la eliminación de las amenazas y de un compromiso real de respeto recíproco. El ministro de Exteriores iraní descartó que existan canales de negociación activos con la administración estadounidense en las condiciones actuales y reafirmó que la presión internacional, incluidas las amenazas y sanciones, no modificarán la posición oficial de Irán en el corto ni mediano plazo.

“El problema existe: se trata de una milicia que mata, que entra en las casas de la gente firmando ella misma el permiso. Está claro que no son bienvenidos en Milán, de eso no hay duda”, declaró el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, al referirse al posible envío de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas estadounidense (ICE, por sus siglas en inglés) como parte de la delegación de Estados Unidos a los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina d'Ampezzo, que inician el 6 de febrero. La noticia ha generado una ola de críticas en Italia, según informó RTL, especialmente porque el debate gira en torno al papel que cumplirían estos funcionarios durante el evento.

De acuerdo con el medio RTL, la posible presencia de la Patrulla Fronteriza estadounidense en la comitiva que acompañaría al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio, en la ceremonia inaugural ha provocado reacciones encontradas. El trasfondo de la controversia se asocia a casos recientes en los que agentes de ICE han sido responsables de operativos letales en Estados Unidos, especialmente en Minneapolis. Figuras políticas, como el propio alcalde Sala, han expresado su preocupación y rechazo por lo que consideran un despliegue de fuerzas que no se ajustan a los estándares de seguridad democrática del país anfitrión.

Giuseppe Sala argumentó ante RTL que la ciudad de Milán cuenta con los recursos y capacidades necesarias para atender la seguridad de los participantes estadounidenses y que la presencia del ICE “no es necesaria ni bienvenida”. El alcalde subrayó que las autoridades locales pueden garantizar la protección de los dignatarios extranjeros sin la intervención de agentes foráneos con antecedentes en acciones controvertidas. Según el medio, Sala también resaltó su desconocimiento sobre la confirmación oficial de la llegada de estos funcionarios, calificándolo como un problema en sí: “Todavía no lo sabemos, y eso ya es un problema”.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, respondió horas después a la polémica. Según reportó la radiotelevisión pública italiana RAI, Tajani aclaró que, en caso de que agentes estadounidenses fuesen enviados a Italia, su cometido estaría restringido a tareas internas y de tipo operativo, excluyendo actividades de orden público en la vía pública o intervenciones similares a las ocurridas en Minneapolis. Tajani sostuvo que las funciones de los posibles agentes de ICE se limitarían a colaborar en cuestiones técnicas, y que se celebraría una reunión con el embajador estadounidense para concretar los términos de la presencia y las competencias de estos funcionarios en suelo italiano.

Tajani recalcó que la situación no debía compararse con el despliegue de las SS y reiteró su rechazo a cualquier interpretación alarmista sobre el rol que podrían desempeñar los agentes del ICE en este escenario. Además, dijo haber sido uno de los “más duros” en Italia en cuanto a la postura con respecto a presencia de fuerzas extranjeras, enfatizando que cualquier funcionario enviado pertenecería a un departamento enfocado en la lucha contra el terrorismo y bajo protocolos precisos definidos entre ambos países.

La inquietud evidenciada en Italia se alimenta por antecedentes recientes relacionados con el accionar de ICE. Según recopiló RTL, uno de los episodios más recientes que intensificó las críticas fue la muerte de Alex Pretti, un enfermero que fue baleado por un agente de la Patrulla Fronteriza durante una operación en el centro de Minneapolis el sábado pasado, en medio de una acción dirigida a detener a un extranjero. Las autoridades federales estadounidenses sostienen que Pretti llevaba un arma durante el incidente y que los agentes actuaron en defensa propia, mientras que salieron a la luz detalles relacionados con la licencia de armas que poseía la víctima.

El caso de Alex Pretti no constituye el único episodio que ha desatado protestas y denuncias públicas. Otros hechos, como el fallecimiento de Reneé Good, quien también recibió disparos en enero, o la detención de un niño de cinco años durante otras operaciones de ICE en Minnesota, han avivado la indignación tanto a nivel local como internacional. Medios como RAI han destacado que los hechos protagonizados por agentes estadounidenses han provocado manifestaciones multitudinarias en distintas ciudades, reuniendo críticas desde diversos puntos del espectro político.

En ese contexto, la preocupación de los funcionarios italianos reside tanto en el impacto que la presencia de ICE podría tener sobre la imagen del evento y la percepción internacional como en la posible reacción social entre la ciudadanía local. Mientras tanto, el gobierno italiano insiste en que cualquier función de los funcionarios estadounidenses en el país estaría sujeta a reglas claras y a la colaboración bilateral, restringida al ámbito interno y bajo supervisión italiana. La reunión entre autoridades italianas y el embajador estadounidense servirá para precisar todos los detalles operativos sobre el alcance de la participación de miembros del ICE durante los Juegos Olímpicos de Invierno, según informó RAI.

Teherán ha advertido sobre las posibles consecuencias que podrían derivarse de la calificación de la Guardia Revolucionaria iraní como organización extremista en Europa, solicitando de manera formal una reconsideración de la postura italiana al respecto. Según dio a conocer la agencia estatal iraní Tasnim, la embajadora de Italia en Irán, Paola Amadei, fue convocada este martes por representantes del Ministerio de Exteriores iraní a raíz de lo que fueron descritas como “declaraciones irresponsables” por parte del ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani. Durante la reunión, la diplomática recibió la protesta oficial del gobierno iraní en torno a la postura italiana sobre el estatus de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El motivo central de esta convocatoria diplomática está relacionado con la reciente propuesta de Antonio Tajani, quien planea impulsar, en la próxima reunión de ministros de Asuntos Exteriores europeos que tendrá lugar el jueves en Bruselas, la inclusión de la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. De acuerdo con las declaraciones reproducidas por la agencia Tasnim y recogidas por otros medios internacionales, Tajani señaló que la respuesta a la represión de las protestas en Irán debe ser clara, buscando con esto reforzar las sanciones continentales contra el aparato militar persa.

Según publicó la agencia Tasnim, en la protesta presentada a la embajadora se subrayó la exigencia del gobierno de Teherán de que Italia revise y modifique su posición. Además, se advirtió sobre posibles repercusiones negativas para las relaciones bilaterales y para la situación de seguridad general si la UE avanza con una catalogación de la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista. Esta organización está vinculada a las Fuerzas Armadas de Irán y cumple un papel destacado en la protección del sistema político instaurado por la República Islámica.

Respecto a los antecedentes de la propuesta, la petición de Tajani surge como reacción a los reportes de represión por parte de las autoridades iraníes frente a protestas recientes. El ministro italiano sostuvo, según consignó la agencia Tasnim, que las acciones del gobierno iraní han provocado la muerte de por lo menos 3.100 personas, cifra reconocida en el balance oficial publicado por Teherán. En ese marco, Tajani insistió en la necesidad de que la medida de catalogar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista vaya acompañada de sanciones individuales para los responsables de las muertes ocurridas durante las manifestaciones.

El medio Tasnim precisó que la iniciativa de Tajani no es inédita en el ámbito europeo. Los 27 Estados miembros de la Unión Europea han debatido en otras ocasiones la posibilidad de incluir a la Guardia Revolucionaria en la lista comunitaria de organizaciones terroristas, debido al rol de este cuerpo en la represión interna y en la política exterior de Irán. La medida, de ser adoptada, supondría un aumento sustancial de la presión política y económica sobre las autoridades iraníes y podría dificultar ulteriormente las relaciones entre la República Islámica y los países europeos.

Dentro del contexto actual, la tensión entre Teherán y varias capitales europeas se ha incrementado a partir de la respuesta policial y militar a las protestas registradas en Irán, enfocadas en demandas de mayor libertad y cambios sociales. Las declaraciones del jefe de la diplomacia italiana llegaron previas a un encuentro clave de la Unión Europea para definir la política de sanciones frente a la situación iraní. Según reflejó Tasnim, el gobierno de Irán considera que la iniciativa propuesta por Italia y el debate europeo sobre la designación de su principal fuerza militar de elite entraña riesgos considerables y podría acarrear daños que catalogan como “desastrosos”.

La Guardia Revolucionaria Islámica, cuya función principal declara estar centrada en la defensa del sistema político y religioso de los ayatolás, figura recurrentemente en los debates de seguridad regional e internacional por su papel dentro y fuera de Irán. Según informó Tasnim, la presión sobre este cuerpo militar viene acompañada de una intensificación en las restricciones de viaje, el congelamiento de activos y otras medidas que acompañan las sanciones internacionales.

El encuentro con la embajadora Paola Amadei se enmarca en este proceso de escalada diplomática. Teherán busca transmitir a Roma la trascendencia que asigna a la defensa de la Guardia Revolucionaria frente a intentos occidentales de catalogarla entre organizaciones fuera de la ley. Según detalló la agencia Tasnim, la advertencia de consecuencias tiene como objetivo influir en las deliberaciones previstas en Bruselas y disuadir a Italia y a otros países europeos de secundar la propuesta de Tajani.

La controversia sobre la presencia de agentes estadounidenses en Italia se intensificó después de recientes incidentes de violencia policial en Estados Unidos, incluido el fallecimiento de Alex Pretti, un enfermero que perdió la vida tras recibir disparos repetidos por parte de un agente de la Patrulla Fronteriza durante una operación en el centro de Minneapolis para detener a un extranjero. Según la información proporcionada por la radio italiana RTL, Pretti portaba un arma y las autoridades federales de Estados Unidos afirman que los agentes actuaron en defensa propia. Sin embargo, datos recogidos por ese medio confirman que Pretti poseía licencia para portar armas, lo que aumenta el debate sobre el desempeño y el uso de la fuerza por parte de este cuerpo policial.

La inquietud por el potencial despliegue de agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) en suelo italiano durante los Juegos Olímpicos de Invierno fue externada de manera pública por el alcalde de Milán, Giuseppe Sala. Según la radio italiana RTL, Sala manifestó su rechazo ante la posibilidad de que miembros de la Patrulla Fronteriza acompañen a la delegación oficial estadounidense, liderada por el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, durante la ceremonia inaugural de los Juegos que se celebrarán en Milán-Cortina d'Ampezzo a partir del 6 de febrero. Las declaraciones de Sala reflejan la preocupación latente en ámbitos políticos y sociales de Italia respecto a los antecedentes de los agentes de ICE en Estados Unidos, pues varios de sus procedimientos han provocado amplias protestas ciudadanas y escrutinio internacional.

El medio RTL detalló que la incertidumbre sobre la confirmación oficial de la llegada de los agentes estadounidenses representa ya un motivo de preocupación para el mandatario local. “Todavía no lo sabemos, y eso ya es un problema”, expresó Sala respecto a la falta de información clara sobre la composición de la comitiva de seguridad de la delegación de Estados Unidos. El alcalde hizo hincapié en que no existe duda sobre la posición de su administración: “El problema existe: se trata de una milicia que mata, que entra en las casas de la gente firmando ella misma el permiso. Está claro que no son bienvenidos en Milán, de eso no hay duda”, declaró Sala, citado por RTL.

Asimismo, Sala insistió, en declaraciones recogidas por esa emisora, en la necesidad de que las autoridades locales se ocupen por sí mismas de la protección de los asistentes a la cita olímpica. “Somos capaces de ocuparnos nosotros mismos de su seguridad. No necesitamos al ICE”, sostuvo, reforzando el argumento de que Italia dispone de los mecanismos de seguridad suficientes para garantizar la integridad de las delegaciones extranjeras sin requerir la intervención de cuerpos extranjeros con antecedentes polémicos.

La preocupación mostrada por el alcalde de Milán está relacionada también con una serie de eventos recientes en Estados Unidos en los que la actuación de la Patrulla Fronteriza y del ICE ha derivado en críticas y movilizaciones. Además de la muerte de Pretti, otros sucesos han avivado la indignación pública, como el caso de Reneé Good, quien también falleció por disparos de agentes el pasado 7 de enero, y la detención de un niño de cinco años durante operativos en el estado de Minnesota. Episodios de este tipo han impulsado la preocupación y el rechazo en sectores amplios tanto de la sociedad estadounidense como internacional, los cuales cuestionan los límites y la legalidad en la actuación de estos funcionarios federales.

El debate en Italia se enmarca en estos antecedentes. Tal como publicó la radio RTL, los sectores críticos consideran que ICE y la Patrulla Fronteriza no se ajustan a los estándares de seguridad propios de sociedades democráticas. Sala recalcó que la posible llegada de este cuerpo “no se alinea con los estándares de gestión de la seguridad democrática” y defendió que la protesta pública es una forma legítima de expresar el rechazo a prácticas que, según indica, se alejan de los valores que definen a la ciudad anfitriona de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno.

Por otro lado, la radio italiana subrayó que, aunque las autoridades federales estadounidenses insisten en la legalidad de la actuación de los agentes y su derecho a defenderse, sectores de la opinión pública y de la política italiana ponen en duda la idoneidad de permitir que fuerzas extranjeras con historial violento operen en territorio italiano, sobre todo durante eventos internacionales que concentran la atención pública global. El tema, según reportó el medio, ha sido debatido tanto en ámbitos gubernamentales como en el espectro social italiano, donde resuenan los reclamos a favor de un control soberano de la seguridad en contextos de relevancia internacional.

Esta situación evidencia la tensión entre la necesidad de garantizar la seguridad de figuras y delegaciones oficiales en eventos de trascendencia internacional y la preocupación por proteger los principios de legalidad y derechos humanos en el territorio italiano. El desarrollo de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno y las negociaciones en torno a la protección de las delegaciones extranjeras continúan siendo objeto de discusión entre autoridades locales y agentes internacionales, de acuerdo con la cobertura ofrecida por RTL.

La organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran indicó que la represión de las recientes protestas en Irán ha dejado al menos 6.126 personas muertas, con el registro de otros 17.091 casos todavía bajo investigación. Según consignó esta entidad con sede en Estados Unidos, se encuentran entre las víctimas 5.777 manifestantes, de los cuales 86 eran menores de edad, así como 214 miembros de las fuerzas de seguridad y 49 civiles no involucrados en las movilizaciones. Estas cifras se publicaron después de que las propias autoridades iraníes difundieran un primer balance esta semana que ubicaba el número de fallecidos por encima de los 3.000. El saldo también incluye 11.009 heridos de gravedad y al menos 41.880 personas detenidas. La ONG además señaló la existencia de 245 "confesiones forzadas" obtenidas tras los arrestos y que las restricciones a Internet en el país se han mantenido durante más de dos semanas.

De acuerdo con Press TV, el Gobierno iraní atribuyó la agitación social en las últimas semanas a la intervención de al menos diez agencias de inteligencia extranjeras, a las que acusó de planificar un "complot terrorista" con el objetivo de multiplicar las protestas, tras los bombardeos de junio de 2025. Estos ataques incluyeron una ofensiva militar israelí de doce días, a la que siguió la participación de Estados Unidos mediante el bombardeo de tres instalaciones nucleares. Autoridades de la Guardia Revolucionaria aseguraron que se activó una "sala de mando enemiga" integrada por estos servicios de inteligencia internacionales, que, según sus declaraciones, actuaron para "fomentar disturbios internos" e impulsar la percepción de Irán como "una amenaza existencial".

El medio iraní informó que en las operaciones desarrolladas por las fuerzas de seguridad, un total de 735 personas fueron arrestadas debido a supuestos vínculos con redes activas contra la seguridad nacional. Además, según el informe, 46 de los detenidos mantenían lazos directos con agencias de inteligencia extranjeras y se confiscaron más de 740 armas de fuego en diversas redadas.

Las autoridades iraníes, citadas por Press TV, señalaron que miembros de gobiernos y responsables de seguridad extranjeros aportaron apoyo "directo" a los grupos considerados enemigos, incluidos actos como la incitación a la violencia, el uso instrumental de las manifestaciones públicas por supuestos elementos terroristas y la facilitación del empleo de redes sociales con el objetivo de ampliar el alcance de la violencia. El Ejecutivo también responsabilizó a estos actores de desplegar "matones y criminales" para incrementar el saldo de víctimas tanto entre civiles como entre integrantes de las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, Press TV recogió que la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria sostiene que la intensificación de las manifestaciones, catalogadas como "incidentes terroristas", surgió como resultado del plan conjunto entre Estados Unidos, Israel y otros países de la región implicados mediante sus agencias de inteligencia hostiles. Las autoridades insisten en que estos países promueven una estrategia coordinada para desestabilizar la situación interna iraní en el periodo posterior a los bombardeos.

Según los reportes recogidos por Press TV y la información consignada por Human Rights Activists in Iran, la represión de las protestas se ha desarrollado en el marco de una política de bloqueos prolongados en el acceso a redes sociales e Internet, lo que, según la ONG, afecta la capacidad de los ciudadanos para comunicarse con el exterior y documentar lo ocurrido. Las cifras sobre heridos, víctimas mortales y personas encarceladas, así como las denuncias de confesiones forzadas, han sido presentadas en el contexto de estas restricciones, que, según la organización con sede en Estados Unidos, dificultan la recopilación exhaustiva de datos y el seguimiento independiente de los episodios de violencia registrados en el país.

De acuerdo con los balances oficiales y los datos proporcionados por las organizaciones humanitarias citadas, las protestas en Irán continúan generando consecuencias significativas en términos de víctimas, detenciones y afectación de las libertades civiles, mientras las autoridades sostienen que los incidentes responden a operaciones externas orientadas a desestabilizar el país tras los ataques militares recientes.

El derramamiento de sangre se produjo después de días de crecientes protestas públicas en la ciudad contra el gobierno iraní, incluido el cierre masivo de tiendas por parte de comerciantes en el histórico bazar de Rasht.

Tras el incendio del mercado al aire libre, los manifestantes, que se habían refugiado de las fuerzas de seguridad en sus laberínticos callejones, comenzaron a huir y se encontraron con policías antidisturbios uniformados y agentes vestidos de civil, tanto en motocicleta como a pie, armados con escopetas y rifles de asalto, según el relato de un manifestante. Las fuerzas de seguridad disparaban directamente contra la gente, según otro residente de Rasht.

“Las fuerzas de seguridad disparaban con Kalashnikovs contra el bazar”, dijo en una entrevista Saman, un testigo que participó en las protestas. “Fue aterrador. Mataron a muchísima gente, incluso a quienes escapaban”.

Las fuerzas también impidieron que los camiones de bomberos acudieran de inmediato al incendio, según dos testigos. Más de 30 negocios acabaron incendiándose dentro del bazar, que quedó reducido a un desolador gris, o a lo largo de la calle Shariati, justo en las afueras, según una revisión del Post de las imágenes visuales disponibles.

El Post analizó más de 40 fotos y videos, y recopiló los testimonios de seis testigos y residentes para reconstruir detalladamente la represión del régimen durante el punto álgido de los disturbios en Rasht. Debido al corte de internet y el servicio telefónico por parte del gobierno, hasta ahora han surgido pocos relatos tan detallados de Irán, especialmente fuera de la capital, Teherán.

Sin embargo, los trágicos acontecimientos en Rasht, ubicada a unas 200 millas al noroeste de Teherán, fueron sólo una pequeña muestra de la asombrosa represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad en docenas de pueblos y ciudades de todo Irán mientras las autoridades reprimían las protestas masivas este mes.

Datos recopilados por el personal médico de Rasht y sus alrededores, y compartidos con The Post por un intermediario, muestran más de 80 muertes en tan solo dos hospitales de la ciudad durante los dos días en que la violencia alcanzó su punto álgido. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, ha documentado 392 muertes en Rasht, prácticamente todas ocurridas a partir del 8 de enero, cuando comenzó el apagón de comunicaciones.

La agencia de noticias semioficial iraní Mehr declaró a principios de este mes que los “malintencionados y alborotadores del régimen” en Rasht habían atacado el bazar de la ciudad y las mezquitas cercanas, culpando a Estados Unidos e Israel de enviar “a sus mercenarios para matar a este bazar y a su gente”.

Así es como se desarrollaron los acontecimientos.

Las protestas se extienden al bazar

Las protestas iraníes estallaron por primera vez el 28 de diciembre en Teherán, provocadas por el desplome de la moneda nacional. Se extendieron rápidamente por todo el país, y los manifestantes ampliaron sus demandas para exigir un cambio total del gobierno iraní.

En Rasht, se produjeron protestas menores a principios de enero, que luego se intensificaron cuando los comerciantes del bazar comenzaron a hacer huelga en solidaridad, según informaron a The Post dos residentes. Al igual que otros entrevistados para este artículo, los residentes hablaron bajo condición de anonimato o que solo se revelara su nombre de pila por temor a represalias de las autoridades.

“Mis amigos comerciantes me dijeron que agentes de inteligencia los llamaban para presionarlos a reabrir sus tiendas y poner fin a la huelga. Había tensión entre el bazar y el estado”, dijo Saman.

Otro residente de Rasht declaró en una entrevista haber escuchado un relato similar de un comerciante cerca del bazar, quien afirmó que miembros de la fuerza paramilitar Basij y del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que estaban reprimiendo las protestas, habían amenazado a los comerciantes en huelga y les habían ordenado que reabrieran. Los comerciantes se resistieron y las fuerzas de seguridad les dijeron que se arrepentirían mucho de negarse, relató el residente de Rasht.

El miércoles 7 de enero, decenas de personas marcharon por el bazar aplaudiendo y coreando: “No tengan miedo, no tengan miedo. Estamos todos juntos en esto”, según muestra un video publicado en redes sociales y verificado por The Post.

Cientos de personas salieron a las calles esa noche, coreando consignas y exigiendo la caída del régimen. El ambiente en la ciudad, de más de 700.000 habitantes, se tornó inestable a medida que aumentaba el número de manifestantes, según comentó un residente de Rasht.

“Desde el miércoles, las protestas se intensificaron y mucha más gente salió a las calles”, declaró el residente de Rasht a The Post. Añadió que, para el jueves, el comercio en la ciudad estaba prácticamente paralizado por la huelga de comerciantes. “Solo unas pocas farmacias y pequeños supermercados estaban abiertos”.

Las fuerzas de seguridad abren fuego

Al anochecer del jueves 8 de enero, las protestas en todo Irán alcanzaban un punto crítico, y en Rasht, también habían llegado en un momento crucial. Los manifestantes inundaron las calles del sur de la ciudad y marcharon hacia el centro, deteniendo el tráfico y los vehículos circundantes, haciendo sonar las bocinas, según muestran videos verificados por The Post.

Otros se unieron a las protestas caminando hacia el sur por la calle Takhti hacia el bazar, según un relato escrito de un dueño de tienda involucrado en la protesta proporcionado a The Post por el Centro Abdorrahman Boroumand, un grupo de derechos humanos centrado en Irán, y verificado en video por The Post.

“Había una avalancha de gente que venía de todas las calles que conectaban con la carretera principal”, dijo la persona, según el relato escrito.

“La multitud era tan grande que en cada calle o callejón que pasábamos, se nos unía más gente”, dijo otro residente de Rasht, añadiendo que vio familias con niños y personas de todas las edades entre la multitud. Señaló que la situación estuvo relativamente tranquila hasta después de las 8:30 p. m., cuando las fuerzas de seguridad comenzaron a disparar directamente contra la gente.

Un manifestante dijo que, a medida que la multitud se acercaba al bazar, las fuerzas de seguridad intentaron dispersarla con gas lacrimógeno, pero que los manifestantes estaban decididos a seguir adelante. Fue entonces cuando las fuerzas de seguridad comenzaron a disparar directamente contra la multitud, según el relato del hombre, proporcionado por el Centro Abdorrahman Boroumand. La gente cayó al suelo.

Al noreste del bazar, cerca de un edificio gubernamental, un grupo más pequeño de manifestantes deambulaba por la mediana de una calle vacía, según un video. Algunos portaban escudos improvisados ​​mientras se movían entre escombros dispersos y pequeñas hogueras.

Entonces, estallaron gritos entre ráfagas de disparos y explosiones. La persona que grababa sostuvo su teléfono firmemente y dijo: “Están disparando a un joven. Le dieron en la pierna. ¡Acaban de disparar a un joven! Rasht, gobernación provincial. Hemos visto a casi ocho o diez personas muertas o heridas en los últimos cinco minutos. La Guardia, la Guardia está disparando”, refiriéndose al CGRI.

“Masacrado ante mis ojos”

El bazar había sido durante mucho tiempo un vibrante centro de la vida urbana de Rasht y era famoso en todo Irán por su oferta culinaria y cultural. Cuando se desató el incendio, las llamas envolvieron no solo el mercado, sino también los edificios y coches a lo largo de las calles que conducían a él, según muestran vídeos geolocalizados por The Post.

Saman, quien marchaba hacia el bazar, dijo haberlo visto incendiarse alrededor de las 9 p. m. Otro manifestante afirmó que algunos de ellos estaban dentro del bazar buscando refugio de los disparos cuando se incendió. No quedó claro de inmediato cómo se originó ni se propagó el siniestro. La ciudad fue azotada por fuertes vientos cálidos esa noche, según dos testigos, lo que sugiere que el fuego se propagó rápidamente.

Saman dijo haber visto a las fuerzas de seguridad, con el rostro cubierto, disparar contra la gente que intentaba escapar del incendio. “Cualquiera que saliera del bazar estaba bajo fuego. [Las fuerzas de seguridad] les disparaban desde la calle Shariati”, dijo. Añadió que conocía a cuatro personas que murieron a tiros esa noche.

Otro manifestante relató una escena similar en el relato del Centro Abdorrahman Boroumand. Obligados por el fuego a huir del bazar, los manifestantes aparecieron ante las fuerzas de seguridad armadas, algunos en motocicletas, dijo. “Mis contemporáneos fueron masacrados ante mis ojos”, dijo el hombre, según el relato.

Un estudiante de la Universidad de Rasht contó a The Post que también vio a las fuerzas de seguridad disparar a sus compañeros en medio del fuego. “La gente no sabía si correr o abalanzarse sobre las fuerzas de seguridad. Todo parecía apocalíptico”, dijo el estudiante.

Saman recordó que las fuerzas de seguridad no permitieron que los camiones de bomberos acudieran al lugar hasta pasada la 1:00 a. m. Una transmisión en directo de la televisión estatal a las 00:52 del 9 de enero, unas cuatro horas después de que, según él, viera el mercado incendiarse, muestra las llamas aún ardiendo al fondo, y columnas de llamas anaranjadas y rojas seguían elevándose sobre el bazar cuando finalmente llegaron los camiones de bomberos, según muestran otros vídeos. Al mismo tiempo, se ve a peatones corriendo junto a ellos y rodeando los escombros quemados que bordean la calle Shariati.

Otro residente de Rasht, que vive cerca del bazar, dijo que vio a personas muertas y heridas mientras se dirigía a casa el jueves por la noche. “Cuanto más nos acercábamos, más fuertes e intensos se volvían los disparos, y la calle estaba cubierta de sangre”, dijo.

Las secuelas

A la mañana siguiente, la calle Shariati estaba sembrada de escombros de techos, puertas y ventanas de tiendas que se habían incendiado. Las tiendas de color beige habían quedado reducidas a carbón, como muestra un video publicado en X y verificado por The Post.

El humo seguía elevándose sobre el bazar mientras el fuego seguía ardiendo, según muestran las imágenes de drones publicadas por la televisión estatal en X. Dentro del bazar, las persianas metálicas enrollables de las tiendas estaban destrozadas y fragmentos de vidrio cubrían el suelo, según muestra el video.

No mucho antes, los manifestantes habían estado coreando consignas en esos mismos lugares.

Dos testigos dijeron a The Post que las autoridades presionaron a las familias de las víctimas para que no hicieran público lo sucedido.

“Conozco personalmente a casi 10 personas que murieron durante las protestas del jueves o viernes, cuyas familias, bajo presión, se han negado a que sus casos se hagan públicos”, dijo el residente de Rasht que vive cerca del bazar.

Asimismo, Saman relató: “Conozco personas que no llevaron a sus hijos [fallecidos] a un hospital ni a un médico oficial por temor a que [las autoridades] confiscaran sus cuerpos y no se los devolvieran. Se llevaron el cuerpo y lo enterraron en sus jardines o fincas para que no cayera en manos del Estado”.

Un número indeterminado de manifestantes en Rasht fueron arrestados y se desconoce su paradero. Un residente de Rasht comentó que una familia que conoce ha estado buscando a su hijo en las morgues y hospitales de la ciudad, solo para enterarse de que lo habían detenido, aunque aún desconocen dónde se encuentra retenido.

En los días posteriores al incendio del bazar, los residentes de Rasht continuaron protestando, según muestra un video, a pesar del estricto toque de queda que, según ellos, han impuesto las autoridades.

“Una ciudad se convirtió en cenizas ante nuestros ojos, y nosotros ardimos con ella”, dijo el estudiante universitario. “Fuimos testigos del derrumbe y la quema de este bazar mientras la gente estaba aterrorizada y bajo fuego”.

(c) The Washington Post

Human Rights Activists in Iran comunicó que la cifra de fallecidos en el marco de la represión de las recientes protestas en Irán supera las 5.800 personas, según datos recopilados por la organización. Esta entidad basada en Estados Unidos especificó que 5.520 de las víctimas eran manifestantes, incluidos 77 menores, y señaló además que entre los fallecidos figuran 209 miembros de las fuerzas de seguridad y 42 civiles ajenos a las movilizaciones. Además, la misma fuente reportó que, según sus registros, otras 7.804 personas sufrieron heridas graves y al menos 41.283 fueron arrestadas. El grupo también documentó la existencia de 240 confesiones forzadas y la continuidad de restricciones al acceso a Internet por más de dos semanas.

De acuerdo con información difundida por la agencia Press TV y la cadena pública IRIB, el jefe del aparato judicial iraní, Gholamhosein Mohseni-Ejei, anunció que se presentaron demandas ante organismos internacionales contra Estados Unidos, Israel y varios grupos que Teherán cataloga como “terroristas”. Las autoridades iraníes consideran que estos actores desempeñaron un papel central en los disturbios y muertes registrados durante las manifestaciones que surgieron contra la situación económica y el deterioro de la calidad de vida en Irán.

Mohseni-Ejei atribuyó a Washington y Jerusalén la responsabilidad directa en lo que calificó como “incidentes” recientes en el país, apuntando que ambos Estados participaron como coordinadores y apoyaron financiera y militarmente a grupos o personas identificadas por Teherán como responsables en la generación de disturbios. En declaraciones transmitidas por Press TV, el jefe del Poder Judicial iraní subrayó que “los implicados de cualquier forma en los disturbios, ya sea como planificadores, instigadores, provocadores o perpetradores, deben, además de hacer frente al castigo legal, adoptar medidas para compensar los daños infligidos a propiedad pública y privada”.

En sus declaraciones, Mohseni-Ejei enfatizó que no habrá indulgencia para quienes resulten responsables por el fallecimiento tanto de civiles como de miembros de las fuerzas de seguridad. Además, sostuvo que la intervención extranjera constituye, según él, una nueva fase de la confrontación iniciada después de que Israel emprendiera una ofensiva contra Irán en junio, a la cual posteriormente se habría sumado el apoyo de Estados Unidos.

Durante la misma jornada, Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, reforzó las acusaciones señalando que la postura de Washington respecto a los derechos humanos resulta, a su juicio, “engañosa”. Según consignó la cadena IRIB, Baqaei expresó que “Estados Unidos no oculta su agresión contra otros países por el petróleo y el saqueo de sus recursos” y subrayó que las autoridades estadounidenses “lo dicen abiertamente”.

Baqaei manifestó, según reportó la cadena pública, que Irán se considera capaz de responder a cualquier agresión y reiteró que la posición oficial de Teherán mantiene distancia de la guerra. “Nunca hemos dado la bienvenida a una guerra. Nunca nos hemos alejado de la diplomacia y las negociaciones, algo que hemos demostrado con nuestras acciones”, afirmó el portavoz, en alusión a las amenazas del entonces presidente estadounidense Donald Trump.

Press TV recogió también que el jefe del sistema judicial remarcó la ausencia de indulgencia para quienes, desde su interpretación, contribuyeron a las muertes registradas. Señaló que Estados Unidos y lo que las autoridades iraníes denominan “régimen sionista”, por Israel, brindaron respaldo a actores que, según Teherán, fomentaron o ejecutaron la violencia en el país.

En relación con el saldo de víctimas y detenidos, la organización Human Rights Activists in Iran detalló, según publicó en un comunicado replicado por medios internacionales, que aún revisa las circunstancias de 17.091 muertes más y que las cifras de arrestos y heridos continúan en aumento, a la par que persiste el bloqueo del acceso a redes y sitios de Internet, dificultando la verificación independiente de los acontecimientos.

Este panorama se desarrolla dentro de un contexto de severas restricciones informativas y represión, centradas en el control de las protestas desencadenadas por el descontento social y las condiciones económicas, según señalaron las fuentes consultadas por Press TV y la cadena IRIB, así como las organizaciones independientes citadas.

Más de 5.800 personas han perdido la vida en Irán a raíz de la represión contra las recientes protestas, una cifra difundida por la ONG Human Rights Activists in Iran, que destacó que entre los fallecidos se encuentran 77 menores de edad y 209 agentes de las fuerzas de seguridad. El balance, publicado por la organización con sede en Estados Unidos y reproducido por diversos medios internacionales, asegura también que más de 41.000 personas fueron arrestadas durante los disturbios y que se han documentado al menos 240 casos de confesiones bajo coacción mientras continúa restringido el acceso a Internet en el país.

Según informó la cadena iraní Press TV, las autoridades de Irán han presentado demandas formales ante organismos internacionales en contra de Estados Unidos, Israel y varios grupos señalados como terroristas, argumentando su presunta implicación en los acontecimientos y la violencia registrada durante las últimas semanas de protestas. El jefe del aparato judicial iraní, Gholamhosein Mohseni-Ejei, explicó que Washington y Tel Aviv fueron identificados como los responsables principales y que su implicación habría incluido el suministro de respaldo financiero y militar a los grupos y actores involucrados en los disturbios.

De acuerdo con lo publicado por Press TV, Mohseni-Ejei insistió en que, desde la perspectiva del gobierno persa, Estados Unidos e Israel desempeñaron un papel directo en los incidentes, con un apoyo explícito a elementos que, en palabras del responsable judicial, "perpetraron actos de terrorismo y disturbios". Estas acciones son calificadas por las autoridades iraníes como una extensión de la confrontación iniciada en junio con la ofensiva militar israelí, a la que después, según la denuncia, se habría sumado Estados Unidos.

El aparato judicial iraní, de acuerdo con lo detallado por la cadena iraní, también advirtió que no se prevé clemencia para quienes resulten hallados responsables de muertes tanto de manifestantes como de elementos de las fuerzas de seguridad, ni para quienes hayan causado daños a la propiedad pública o privada. Mohseni-Ejei sostuvo que los involucrados, sin importar el grado de participación, enfrentan la obligación de responder ante la justicia y compensar los daños materiales generados.

Entre los datos difundidos por Human Rights Activists in Iran, se indicó que, del total de 5.848 muertos, 5.520 eran manifestantes, mientras que 42 personas fallecieron sin participar en las protestas. Se reportó igualmente la existencia de 7.804 heridos de consideración. Además, la organización señala que aún se investigan 17.091 incidentes relacionados con las movilizaciones, lo que podría elevar aún más el número final de víctimas.

El medio Press TV informó que las autoridades iraníes reiteran que la crisis está siendo alimentada desde el exterior, atribuyendo a Washington y a Tel Aviv el financiamiento y la asesoría logística a las redes armadas y grupos acusados de terrorismo activos en el país. Para el gobierno iraní, los recientes sucesos formarían parte de un enfrentamiento internacional más amplio que se habría intensificado tras las operaciones israelíes a mediados de año.

Por su parte, cifras oficiales iniciales publicadas por medios estatales iraníes mencionaban más de 3.000 muertos, pero la ONG con sede en Estados Unidos actualizó estos números tras analizar documentación y testimonios recogidos durante las movilizaciones. Según consignó esta organización, la represión se ha traducido también en una amplia campaña de detenciones, que incluye además el uso de bloqueos prolongados a servicios de Internet como mecanismo para restringir el flujo de información entre la población y hacia el exterior.

El relato oficial, según informó Press TV, subraya la determinación estatal de procesar judicialmente a todos los implicados en la planificación, instigación o ejecución de actos violentos, señalando de forma específica la responsabilidad internacional en la escalada de la crisis social y en el agravamiento de la situación de derechos humanos en el país.

Michelle y Barack Obama señalaron que la respuesta federal tras el reciente tiroteo en Minnesota no ha contado con la transparencia necesaria y reclamaron mayor responsabilidad en la labor policial a nivel nacional. La muerte de Alex Pretti a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza -durante una operación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el centro de Minneapolis- ha suscitado preocupación por el respeto a los derechos civiles y el deterioro de principios democráticos en Estados Unidos. Según consignó Europa Press, el exmandatario estadounidense consideró que este hecho debería representar una advertencia para toda la población independientemente de su afiliación política, al considerar que los valores fundacionales del país permanecen amenazados bajo la gestión actual.

En el comunicado firmado conjuntamente por Barack Obama y su esposa, detallado por Europa Press, se expresó que los agentes federales enfrentan tareas complejas, pero los ciudadanos esperan que cumplan la ley y colaboren de manera adecuada con las autoridades estatales y locales. El texto remarcó que los acontecimientos ocurridos en Minnesota contradicen ese propósito y cuestionó la efectividad de las acciones federales desplegadas en dicha ciudad. La nota también hizo referencia al malestar generado por la presencia de agentes enmascarados de ICE y de otras agencias federales y la utilización de tácticas catalogadas como intimidatorias o peligrosas para los habitantes, algo que, según el informe, ha sucedido en varias zonas urbanas clave del país.

Barack Obama sostuvo, de acuerdo con Europa Press, que estas medidas, mencionadas por exfuncionarios del Departamento de Seguridad Nacional como ilegales y crueles, han desembocado en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses: Alex Pretti y Renée Good. Este último caso ocurrió en enero del mismo año, cuando Good fue baleada por un agente del ICE en Minnesota mientras permanecía en un vehículo. Obama indicó que en ambas situaciones los testimonios grabados en vídeo contradicen la versión oficial, ya que no se observa que las víctimas representaran un peligro inmediato para los agentes o para la comunidad.

El informe recogido por Europa Press también recoge la crítica al manejo de la administración federal, al sostener que, lejos de fomentar la supervisión y el castigo a las malas prácticas de los agentes, se priorizó el justificativo público y el intento de intensificar la confrontación con dirigentes estatales y municipales. Obama instó a que se privilegie la colaboración con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y las fuerzas policiales estatales, para evitar escaladas en las tensiones y procurar que las fuerzas de seguridad persigan objetivos legítimos sujetos a derecho.

Sobre las causas del incidente, Europa Press reportó que Pretti, quien ejercía como enfermero en una unidad de cuidados intensivos para veteranos, perdió la vida el sábado después de recibir disparos de un agente fronterizo mientras era inmovilizado durante una acción del ICE. Las autoridades federales manifestaron que el hombre llevaba un arma y argumentaron su derecho a la defensa, aunque testigos y material fílmico no muestran que desenfundara el arma a pesar de poseer permiso válido para portarla. El mismo despacho del medio señala que la intervención de fuerzas federales adicionales y recientes incidentes como la detención de un menor de cinco años y el fallecimiento de Good han acrecentado el rechazo ciudadano y el reclamo de retirada por parte de autoridades locales.

Europa Press puntualizó que las autoridades municipales y estatales han solicitado de forma reiterada el retiro de agentes federales y el fin de la presencia extraordinaria de fuerzas de seguridad bajo control nacional, acusando a la administración central de ejercer una “ocupación” sobre la ciudad. La postura de la Casa Blanca, según describió ese medio, defiende la legitimidad de estas operaciones y resta validez a los cuestionamientos de periodistas, funcionarios estatales y miembros de la oposición.

En palabras de Barack Obama recogidas por Europa Press, el incremento de protestas pacíficas en Minneapolis y otras regiones del país constituye una muestra del compromiso colectivo por los valores democráticos. Afirmó que todos los ciudadanos deberían respaldar estas movilizaciones, considerándolas una oportunidad para exigir respuestas ante actos injustos y defender libertades fundamentales. “Son un oportuno recordatorio de que, en última instancia, depende de cada uno de nosotros, como ciudadanos, denunciar la injusticia, proteger nuestras libertades básicas y exigir responsabilidades a nuestro gobierno”, expresó el exmandatario, citado por ese medio.

La exvicepresidenta estadounidense Kamala Harris se sumó a los cuestionamientos, detalló Europa Press, recordando el historial profesional y el carácter de servicio público de Pretti. Harris subrayó que su desempeño como enfermero reflejaba una dedicación al bienestar comunitario y lo ubicó entre quienes han protegido a la población ante lo que denominó “ocupación asesina” de la ciudad por fuerzas federales. La exaspirante presidencial también explicó que las imágenes conocidas avalan que, al momento del tiroteo, Pretti procuraba proteger a su entorno y no puso en peligro a los efectivos federales.

Las recientes actuaciones de agentes bajo el mando de la administración del presidente Donald Trump han provocado una ola de indignación en Minnesota y otras áreas urbanas, de acuerdo con Europa Press. Las autoridades estatales exigen respuestas inmediatas y reformas sustanciales en los protocolos de uso de la fuerza y de intervención federal, haciendo hincapié en la necesidad de recuperar la cooperación institucional, garantizar el respeto a las libertades y reforzar los mecanismos de control del poder público.

El debate sobre los límites y alcances de la intervención federal en asuntos de seguridad local permanece abierto. Los familiares y allegados de las víctimas, junto con organizaciones de derechos civiles, solicitan el esclarecimiento de los hechos y el establecimiento de nuevas pautas orientadas a la prevención de abusos. Europa Press ha informado que la controversia se alimenta de un cruce de versiones entre las declaraciones oficiales y la evidencia recogida en grabaciones difundidas en redes sociales, lo que motiva un seguimiento periodístico y político a nivel nacional sobre cada nuevo episodio similar.

Mientras tanto, los reclamos por una revisión estructural de las fuerzas federales de intervención y por la defensa de los principios democráticos se han expandido. La continuidad de las protestas evidencia una fractura sostenida entre las autoridades federales y la percepción pública acerca del cumplimiento de las normas y del resguardo de los derechos de los habitantes en Estados Unidos.

La convocatoria a una huelga nacional coordinada por sindicatos y organizaciones civiles formó parte central de las recientes protestas contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). De acuerdo con el reporte del medio que cubrió estos acontecimientos, la movilización ocurrió en el contexto de la operación federal Metro Surge impulsada en Minnesota desde diciembre, unas acciones federales que han sido justificadas por la administración de Donald Trump como respuesta a “un aumento de la criminalidad”. Los actos de protesta, con participación de más de cien organizaciones y grupos de derechos civiles, se extendieron por numerosas ciudades de Estados Unidos, en rechazo tanto a los operativos migratorios como a los hechos de violencia ejercida por agentes federales durante las últimas semanas. La reciente muerte de Alex Jeffrey Pretti, ocurrida cuando agentes del ICE abrieron fuego en Minneapolis, figuró como principal desencadenante de estas manifestaciones.

Según detalló la fuente original, las concentraciones principales se dieron este sábado en urbes como Los Ángeles, Nueva York, Seattle, Washington DC y Chicago. Estas protestas surgieron tras el fallecimiento a disparos de Pretti y se centraron en el rechazo al uso de la fuerza por parte de las autoridades federales y el ICE. En Minneapolis, localidad donde sucedieron los hechos, se ofició una vigilia para rendir homenaje a la víctima en el parque Whittier, cercano a donde se produjo el tiroteo. Más de mil personas participaron en este acto, llevando velas y carteles que manifestaban su desaprobación hacia las acciones del ICE. El desarrollo de la vigilia se vio empañado por choques entre manifestantes y personal policial desplegado en la zona, conforme consignaron medios locales.

En Chicago, Los Ángeles y Nueva York, las movilizaciones convocaron a miles de personas que hicieron públicos sus reclamos contra la violencia de los agentes federales y las redadas migratorias impulsadas en Minnesota. El medio original consignó que en Nueva York se registró la protesta más numerosa. Mientras tanto, en la capital estadounidense, los manifestantes marcharon hacia la sede del Departamento de Seguridad Nacional, ubicada en el suroeste de la ciudad, desde donde corearon consignas, entre ellas “Vergüenza”, como publicó el Washington Post y retomó la fuente principal.

Durante la jornada previa, el viernes, miles de ciudadanos se sumaron a las marchas en Minneapolis para denunciar los abusos cometidos en las recientes operaciones del ICE. La muerte de Pretti no fue un caso aislado, ya que el 7 de enero un agente federal también mató a tiros a Renée Nicole Good, ciudadana estadounidense, y días después, según el medio, un ciudadano venezolano resultó herido de bala en una pierna en circunstancias similares. La repercusión de estos sucesos sirvió de motor para ampliar la movilización contra las políticas migratorias recientes, que también incluyó el llamado a una huelga general, escolar, laboral y de consumo, promovida bajo el lema 'ICE Out for Good'.

Sobre la operación Metro Surge, el medio explicó que el gobierno federal la puso en marcha en Minnesota durante diciembre, con respaldo oficial basado en un presunto incremento de delitos. Sin embargo, las acciones federales —que abarcaron desde la detención de un niño de cinco años hasta episodios fatales como los mencionados— provocaron una reacción de repudio en la opinión pública y generaron diversas expresiones de protesta en varios estados. Las movilizaciones, en las que participaron docenas de sindicatos, grupos religiosos y asociaciones civiles, demandaron la suspensión inmediata de los operativos y el cese de la violencia ejercida contra la población.

Los hechos reportados por el medio también incluyeron diversos actos de homenaje a las víctimas de la violencia federal, con movilizaciones y vigilias en Minneapolis y otras ciudades. Las consignas en contra del ICE y de los operativos federales se sostuvieron como eje articulador de las protestas, reflejando el rechazo de amplios sectores sociales hacia la actuación de los agentes migratorios y sus métodos. Durante las jornadas de protesta, los convocantes subrayaron la importancia de sumar acciones coordinadas en rechazo a las medidas impulsadas por la administración federal y llamaron a mantener la presión a través de la huelga y la protesta cívica.

El medio destacó que la indignación surgida tras las muertes de Alex Jeffrey Pretti y Renée Nicole Good, así como los casos de uso excesivo de la fuerza y la detención de menores, consolidaron un frente nacional de resistencia en el que participaron tanto colectivos locales como nacionales. En varias ciudades, los manifestantes se organizaron en torno a plataformas de defensa de los derechos civiles, reforzando sus demandas de reforma y supervisión de los cuerpos federales. Estas protestas coincidieron con la preocupación social por la escalada de operativos de gran escala y la forma en que afectan a comunidades enteras, generando un clima de tensión y malestar que se hizo patente en las calles, según la crónica del medio original.

"Son -23 grados y miles aún se presentaron con fuerza en Minneapolis. Así somos nosotros", declaró el alcalde Jacob Frey sobre la multitud que salió a protestar en medio de una ola de frío extremo. En este contexto, se produjo un nuevo incidente con disparos relacionados con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Minneapolis, según notificó el gobernador de Minnesota, Tim Walz. El funcionario confirmó el sábado que agentes federales dispararon contra otra persona durante una operación en la ciudad.

Según informó el propio Walz en sus plataformas sociales, el gobernador tuvo una conversación directa con la Casa Blanca tras el tiroteo: "Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro horrible tiroteo efectuado por agentes federales", expresó. La reacción de Walz incluyó una solicitud explícita para que se ponga fin inmediato a la operación, reclamando: "Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Retire a los miles de agentes violentos y sin formación de Minnesota. Ya", indicó en la misma publicación.

El medio Minneapolis City Council también comunicó en sus cuentas oficiales que federales estuvieron involucrados en un episodio con armas de fuego en el área de la calle 26 Oeste y la avenida Nicollet. Las autoridades municipales solicitaron a la ciudadanía mantenerse alejada de la zona y conservar la tranquilidad mientras se esclarecen los acontecimientos, informó el Ayuntamiento de Minnesota.

Este nuevo tiroteo ocurre al día siguiente de una movilización masiva en Minneapolis, donde miles de personas marcharon para denunciar presuntos abusos cometidos recientemente por agentes de ICE en diferentes operaciones llevadas a cabo en Minnesota. Tal como publicó la fuente original, las protestas tienen como trasfondo el trágico hecho ocurrido el 7 de enero, cuando un agente federal del ICE disparó y causó la muerte de la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good.

Los organizadores del movimiento 'ICE Out for Good', que agrupa a más de cien organizaciones incluyendo sindicatos, colectivos de derechos civiles y entidades religiosas, convocaron el viernes a una jornada de huelga. Las acciones abarcaron la suspensión de labores en centros de trabajo, escuelas y comercios, con el fin de oponerse de manera coordinada a las operaciones federales en el estado. El movimiento exigió que el ICE abandone Minnesota, que se abra un proceso judicial contra el agente que disparó a Renee Good, que el Congreso deje de financiar al ICE en el próximo ciclo presupuestario y que se inicie una investigación sobre presuntas violaciones constitucionales y de derechos humanos contra ciudadanos estadounidenses y residentes, según consignó el medio.

Durante las protestas, los manifestantes soportaron temperaturas mínimas de menos 23 grados Celsius, un dato destacado en los discursos de apoyo por parte de funcionarios locales como el alcalde Frey, quien reafirmó su respaldo a la causa.

El medio también detalló que la acción federal se inserta en la operación 'Metro Surge', iniciada por el gobierno de Donald Trump en diciembre en el estado de Minnesota. La Casa Blanca ha argumentado que se implementó como respuesta a lo que describen como un aumento de la criminalidad. El entonces presidente Trump defendió la continuidad de la operación preguntando: "¿Realmente quieren los habitantes de Minnesota vivir en una comunidad en la que hay miles de asesinos ya condenados, traficantes de drogas y adictos, violadores, prisioneros violentos liberados y fugados?", formulación reportada por el medio.

Las acciones recientes del ICE, incluyendo la muerte de Good y la detención de un niño de cinco años, han generado una ola de indignación pública en el estado. Las demandas de los manifestantes incluyen, además de sanciones y reformas legales, que las empresas corten vínculos comerciales con la agencia federal, informó la fuente. Las voces críticas insisten en medidas inmediatas para poner fin a las operaciones y revisar los procedimientos aplicados por las fuerzas federales en Minnesota.

La noche del 8 al 10 de enero registró uno de los episodios más violentos en la historia reciente de Irán, con una escalada de asesinatos y enfrentamientos armados en varias localidades fuera de la capital, según la versión del embajador de Irán en España, Reza Zabib. En una entrevista concedida a Europa Press, Zabib declaró que durante ese periodo "más de 2.000 ciudadanos inocentes y agentes de policía" murieron en acciones que atribuyó a grupos violentos. Atribuyó esta cifra a la que describió como “la mayor operación terrorista jamás realizada dentro de Irán”, y responsabilizó a agrupaciones que, según afirmó, recibieron respaldo desde el extranjero.

De acuerdo con el reporte publicado por Europa Press, Zabib precisó que el recuento de víctimas mortales alcanza ya las 3.000 personas, después de semanas de protestas y disturbios. El diplomático diferenció la dinámica de los hechos en tres fases. La primera se limitó a protestas de carácter económico dentro del bazar y el sector privado, principalmente por la inflación y la caída del valor de la moneda nacional. Tras contactos entre autoridades y empresarios, ese primer foco se desactivó con rapidez.

Según el embajador, la segunda etapa se extendió entre el 1 y el 8 de enero con manifestaciones más amplias en ciudades pequeñas. Señaló que estas manifestaciones se mantuvieron toleradas por las fuerzas de seguridad, pese a que también registraron bajas durante los incidentes. A partir del 8 de enero, sin embargo, la situación se agravó en varias zonas, ya que, según Zabib, comenzaron a circular armas y se registraron asesinatos indiscriminados tanto de policías como de civiles. El diplomático aseguró que "la gente fue disparada y asesinada indiscriminadamente" por estos grupos, que después admitieron públicamente su responsabilidad.

El medio Europa Press reportó que Zabib mencionó la presencia de "fuerzas estadounidenses e israelíes", así como numerosos agentes extranjeros actuando en el terreno. Aseguró que en esos días se reportaron actos de extrema violencia, con policías y manifestantes mutilados, asesinados y quemados, así como ataques contra hospitales y cuerpos de agentes. El embajador destacó que uno de los ataques más graves incluyó el incendio de enfermeras dentro de hospitales y la quema de cadáveres de policías.

Consultado sobre la autoría y el número de muertos, Zabib indicó que, según las autoridades iraníes, de los casi 3.000 fallecidos, aproximadamente 2.400 serían “víctimas”, mientras el resto correspondería a integrantes de los grupos calificados como terroristas, abatidos durante los enfrentamientos. El diplomático calificó estos acontecimientos como el ataque más letal jamás sufrido por la República Islámica, con información de Europa Press.

Sobre las operaciones de seguridad posteriores, Zabib manifestó que las fuerzas del orden confiscaron una considerable cantidad de armas y que existen grabaciones de comunicaciones donde se instruía a los agresores a "matar a policías y agentes de seguridad", y en última instancia, a cualquier persona en su camino. Al ser consultado sobre el número de agentes detenidos o abatidos, indicó que las cifras serían publicadas oficialmente más adelante, pero aseguró que algunos implicados lograron escapar del país tras su participación.

Según el embajador, la desaparición de manifestaciones se relaciona directamente con la desarticulación de estos grupos violentos. Sostuvo que ahora la situación interna permanece bajo control y describió el ambiente nacional como “muy calmado”.

Respecto a las demandas económicas de la ciudadanía y el impacto de sanciones internacionales, Zabib señaló a Europa Press que el gobierno persigue un plan en dos frentes. El primero, la transferencia directa de subsidios a los ciudadanos, ya implementada, asegurando que el “90% o 95%” de la población accede tanto a recursos monetarios como a bienes esenciales. La presencia de productos fundamentales en el mercado, según Zabib, resulta de este enfoque gubernamental.

Un segundo aspecto al que hizo referencia consistió en la restauración del acceso a internet. Reveló que, tras los días de máxima violencia, las autoridades reconectaron gradualmente el servicio: afirma que actualmente la cobertura ha retornado en “alrededor de un 40%”, aunque otras estadísticas elevan la cifra hasta el 60%. Afirmó que el retorno parcial a la conectividad señala una fase de mayor tranquilidad y restauración del orden social.

En cuanto al papel de plataformas tecnológicas extranjeras, Zabib reconoció que desconoce detalles precisos sobre la supuesta intervención de aliados como Rusia o China para neutralizar terminales como Starlink durante las protestas. Aseguró, no obstante, que Irán cuenta desde hace tiempo con la capacidad técnica para operar su infraestructura y que está en permanente contacto con países amigos, pero descartó depender en exclusiva de asistencia externa.

La cuestión de las ejecuciones judiciales relacionadas con estos hechos suscitó especial interés en la entrevista difundida por Europa Press. Ante la pregunta sobre si se aplicarían castigos ejemplares, Zabib garantizó que en Irán “no hay pena ni castigo por manifestaciones civiles”. Recordó que tras protestas ocurridas dos años atrás, la “mayoría” de los arrestados fueron puestos en libertad sin proceso judicial posterior. Según el embajador, en la hipótesis de una detención errónea por protestar, el afectado sería liberado tras verificarse las circunstancias.

Sin embargo, Zabib diferenció entre manifestantes pacíficos y quienes "mataron a más de 2.000 inocentes o destruyeron bienes", quienes, según insistió, deberán afrontar la justicia. Aportó cifras que ilustran el nivel de los daños sufridos: reportó la destrucción de 305 ambulancias y autobuses públicos, 250 paradas de autobús, 24 estaciones de servicio, 700 comercios privados, 800 vehículos particulares, 300 viviendas, así como la quema o daño de 750 sucursales bancarias, 680 edificios públicos, 750 vehículos policiales, 200 escuelas, 440 mezquitas y decenas de bibliotecas.

El diplomático expuso que los responsables de estos actos serán procesados judicialmente de acuerdo con los estándares internacionales, asegurando el respeto de sus derechos y el desarrollo de un juicio con todas las garantías legales, sin procesos sumarios. "Nunca los ha habido", afirmó. Negó, así, rumores sobre ejecuciones inmediatas y sostuvo que todos los casos seguirán trámites ordinarios contemplados en la legislación iraní.

Zabib, según Europa Press, subrayó que los disturbios, las víctimas mortales y la destrucción masiva se produjeron como consecuencia de la combinación de factores internos y la intervención de actores externos que, afirmó, “sacaron a la gente a la calle sin disparar una sola bala, mediante sanciones”. Calificó estas acciones de "terrorismo económico", poniendo el foco en las medidas restrictivas impuestas por Estados Unidos y su impacto en la estabilidad social iraní.

El embajador sostuvo que la derrota de los grupos violentos permitió restablecer el orden y avanzar hacia el cumplimiento de demandas ciudadanas de ayuda económica y reconexión a internet. Insistió en que las autoridades iraníes están comprometidas con mantener la paz social y que los procedimientos legales derivados de estos acontecimientos respetarán las garantías de todos los acusados.

Diversas organizaciones civiles, colectivos religiosos y sindicatos han impulsado un boicot a empresas y llamado a un paro en el trabajo, las escuelas y el consumo, reclamando la finalización de las relaciones económicas con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Minnesota y la prohibición de fondos estatales para la agencia. La protesta, enmarcada en el movimiento ‘ICE Out for Good’, exige un proceso penal contra el agente federal responsable de disparar a Renee Nicole Good, demanda la retirada del ICE del estado y solicita investigaciones sobre presuntas violaciones de derechos constitucionales y humanos, según informó la cadena CBS.

Miles de personas se congregaron este viernes en las calles de Minneapolis en respuesta a las recientes acciones del ICE, incluidas operaciones que la Administración Trump lanzó en diciembre mediante el operativo "Metro Surge", argumentando un incremento en los delitos cometidos por inmigrantes, de acuerdo con CBS. La comunidad manifestó rechazo al operativo, particularmente tras la muerte por arma de fuego de Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense, el pasado 7 de enero durante una intervención oficial, noticia que generó consternación y motivó la magnitud de las movilizaciones recientes, según detalló CBS.

La jornada incluyó una marcha masiva desde el estadio US Bank Stadium hasta el Target Center, donde se llevaron a cabo mítines y discursos criticando la política migratoria federal. El evento concentró a participantes pese a temperaturas de menos 10 grados centígrados, circunstancia considerada por el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, como un ejemplo del compromiso ciudadano. “Son -10 grados y miles aún se presentaron con fuerza en Minneapolis. Así somos nosotros”, declaró Frey, según consignó CBS.

La protesta también se trasladó hasta el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul, donde un grupo de manifestantes se reunió en áreas que excedieron los límites acordados previamente con las autoridades aeroportuarias. Según un comunicado de la Comisión Metropolitana de Aeropuertos, citado en CNN, la policía detuvo a 100 personas, explicando que “cuando la actividad permitida excedió los términos acordados, la Policía del Aeropuerto MSP comenzó a tomar las medidas necesarias, incluidos arrestos, para proteger la seguridad pública, la seguridad del aeropuerto y el acceso a la Terminal 1”.

Entre las denuncias destacadas, los organizadores insistieron en la necesidad de cortar la financiación del ICE en los presupuestos federales, así como establecer la responsabilidad penal del agente implicado en la muerte de Good, e impulsar una investigación externa sobre la actuación del ICE en Minnesota. Pidieron también a empresas del estado cortar cualquier vínculo económico con la agencia federal, como medida de presión adicional, según publicó la cadena CBS.

La operación ‘Metro Surge’, impulsada por el gobierno de Donald Trump, se desarrolló bajo el argumento de proteger a los habitantes del estado del presunto aumento de la criminalidad. “¿Realmente quieren los habitantes de Minnesota vivir en una comunidad en la que hay miles de asesinos ya condenados, traficantes de drogas y adictos, violadores, prisioneros violentos liberados y fugados?”, cuestionó el mandatario, según declaraciones recogidas por CBS.

Las actuaciones del ICE en Minnesota han sido motivo de controversia por otros incidentes reportados por la prensa local, como la detención de un niño de cinco años durante un operativo, lo que generó un amplio rechazo entre los residentes y contribuyó a la escalada de las movilizaciones, detalló CBS.

El movimiento ‘ICE Out for Good’ agrupa a más de cien entidades, entre las que figuran sindicatos, agrupaciones por los derechos civiles y congregaciones religiosas. En sus comunicados han subrayado la necesidad de un frente común para rechazar en Minnesota la política migratoria federal y proteger a comunidades vulnerables de las operaciones de detención y deportación ejecutadas en el estado en las últimas semanas, según lo publicado por la cadena CBS.

La resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas extiende por dos años la labor de la misión internacional independiente que investiga violaciones y abusos graves en Irán, con especial atención a las denuncias asociadas a las protestas que comenzaron el 28 de diciembre de 2025. Según informó la agencia Europa Press, la votación en Ginebra registró 25 países a favor, 7 en contra y 14 abstenciones, lo que permitió que el texto avanzara y trasladara al Gobierno iraní peticiones directas sobre la protección de derechos fundamentales.

Europa Press reportó que el documento exige al Ejecutivo iraní la adopción de acciones concretas para terminar y evitar ejecuciones extrajudiciales, e insta a aplicar medidas legislativas y administrativas para impedir condenas a muerte por delitos que no alcancen el umbral de los más graves según estándares internacionales. Además, la resolución hace énfasis en la necesidad de que todas las sentencias se dicten en tribunales competentes, como resultado de procedimientos que incluyan garantías propias de un juicio justo, de acuerdo al Derecho Internacional.

El texto manifiesta una profunda preocupación por el panorama general de los derechos humanos en Irán, destacando la represión violenta dirigida contra protestas pacíficas, la que provocó, según la denuncia, la muerte de miles de personas incluidas niñas y niños, así como un elevado número de personas heridas. La resolución también enumera la detención y encarcelamiento arbitrario de miles de manifestantes en el contexto de las protestas nacionales iniciadas en diciembre de 2025.

La resolución aborda otros aspectos como la solicitud expresa de que el Gobierno de Teherán ponga fin a las desapariciones forzadas, la violencia sexual y los arrestos arbitrarios, prácticas identificadas en el documento como contrarias a los derechos fundamentales. Señala la preocupación por la detención en régimen de incomunicación y el uso de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluso contra quienes participaban de manera pacífica en las protestas. Europa Press detalló que el Consejo reclama además garantías de procesamientos y juicios con respeto riguroso a los estándares internacionales.

Otro de los puntos incluidos en la resolución de la ONU es el llamado al Gobierno iraní a cesar la intimidación y hostigamiento selectivo contra víctimas, sobrevivientes y sus familias, y a asegurar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral, respetando las normas internacionales sobre el derecho a un proceso justo. Según reiteró Europa Press, la resolución exige el restablecimiento inmediato y completo del acceso a internet en todo el territorio iraní, subrayando la importancia de mantener una red libre, abierta, fiable y segura, elemento que consideran indispensable para ejercer las libertades de opinión, expresión y reunión.

El Consejo de Derechos Humanos exhorta al mismo tiempo a las autoridades de Irán a crear un entorno seguro que permita la labor de la sociedad civil, incluidas personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y trabajadores de medios de comunicación. Insiste en la necesidad de garantizar el derecho a la libertad de opinión y expresión, tanto en el espacio digital como fuera de él, y demanda acciones para erradicar la discriminación persistente contra mujeres y niñas en el país.

Finalmente, Europa Press destacó que la resolución compromete a la misión internacional de investigación a profundizar en su análisis sobre los delitos y abusos denunciados, tanto pasados como recientes, poniendo énfasis en los hechos relacionados con los disturbios y protestas surgidas a partir de finales de 2025 en Irán.

La Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos, dependencia estatal encargada de asistir a las familias de fallecidos en contextos de conflicto, emitió recientemente un balance oficial sobre las víctimas de los disturbios sociales en Irán, ofreciendo cifras específicas sobre el número de muertos y heridos tras varios días de enfrentamientos. Según informó el medio que proporciona la información, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, confirmó que la represión de las protestas que iniciaron a fines de diciembre de 2025 dejó un saldo de 3.117 fallecidos, entre ellos 600 calificados por las autoridades como "terroristas", mientras que las demás víctimas corresponden a civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades iraníes y recopilada por el medio, el registro oficial se hizo público días después de la comunicación inicial de la Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos, convirtiéndose así en el primer recuento admitido por el Gobierno desde el inicio de los disturbios. El informe, presentado este viernes por Araqchi, detalla que, de los 3.117 muertos, 2.427 serían civiles o agentes estatales. Esta cifra difiere significativamente de los datos manejados por diversas organizaciones de derechos humanos, las cuales han estimado hasta 5.000 fallecimientos relacionados con la represión, así como 26.000 personas detenidas en todo el territorio nacional.

Mientras tanto, el ministro Araqchi reportó por medio de redes sociales extensos daños materiales como resultado de los incidentes clasificando algunos de ellos como "ataques terroristas". Precisó que se destruyeron más de 400 edificios oficiales, 750 comisarías, 200 escuelas y 300 ambulancias. La estadística estatal también incluye la pérdida de aproximadamente 800 vehículos oficiales y casi 5.000 centros religiosos, entre otras infraestructuras y bienes públicos.

El medio informó que las movilizaciones comenzaron en los últimos días de diciembre de 2025, en un contexto marcado por una crisis económica severa, caracterizada por un agudo descenso en el valor del rial, moneda local. Esta situación propició descontento generalizado en varias ciudades de Irán, donde miles de ciudadanos salieron a las calles en manifestaciones que, según diversos reportes, fueron enfrentadas con fuerte represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

Según publicó la fuente, el Ejecutivo de Irán atribuyó la multiplicación de los episodios de violencia durante las protestas a la manipulación de actores externos. Las autoridades sostienen que estos actores tendrían el objetivo de crear un clima que justifique una eventual intervención de Estados Unidos, especialmente tras las declaraciones del entonces presidente Donald Trump, quien advirtió que evaluaría nuevas acciones militares contra el país si la represión continuaba.

Tanto el balance oficial iraní como las proyecciones de organismos independientes reflejan una amplia brecha en la evaluación del impacto de estos hechos, en especial en relación con la cifra de muertos y detenidos. Las organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por la falta de transparencia y el posible subregistro de víctimas, además de denunciar el uso excesivo de la fuerza durante las protestas. Por su parte, el Gobierno mantiene la postura de que una proporción significativa de las víctimas son responsables de actos calificados como "terrorismo", en un intento por explicar el origen de los daños ocasionados a edificios públicos, vehículos y centros de diversa índole.

El medio también informó que el clima de tensión política y social se incrementó con la acusación del Ejecutivo iraní sobre la supuesta influencia extranjera, especialmente estadounidense, en la génesis y promoción de las manifestaciones. Al mismo tiempo, la amenaza de nuevas sanciones o acciones militares por parte del gobierno de Estados Unidos añadía presión sobre las autoridades iraníes, que buscaban restablecer el control interno y demostrar fortaleza frente a los disturbios.

La cronología de los acontecimientos señala que, tras los primeros días de inicio de las protestas, se propagaron rápidamente a diversas ciudades, enfrentando a las fuerzas del orden contra amplios sectores de la sociedad civil. El saldo de fallecimientos, destrucción de infraestructura oficial y detenciones masivas continúa siendo tema de debate entre el Gobierno iraní y observadores internacionales, destacando la importancia de la transparencia en la gestión de estos datos para esclarecer el impacto real de los recientes disturbios en Irán.

Las recientes declaraciones del fiscal general de Irán incluyeron una fuerte advertencia respecto a la posible respuesta de la República Islámica y sus simpatizantes a nivel global en caso de continuar las presiones y amenazas por parte de Estados Unidos, un elemento central en la escalada de afirmaciones cruzadas entre Washington y Teherán. Según reportó la agencia de noticias iraní Khabar, el funcionario aseguró que si se produce cualquier acto agresivo contra Irán, los intereses estadounidenses a nivel internacional enfrentarán represalias de los seguidores de la República Islámica, incluidos aquellos que residen en Estados Unidos. Con estas palabras, el fiscal advirtió también que las bases e intereses tanto de Estados Unidos como de Israel serán considerados blancos legítimos para la respuesta iraní.

Esta reacción del fiscal Mohamad Movahedi respondió directamente a las afirmaciones reiteradas durante la semana por el presidente estadounidense Donald Trump, quien declaró que sus amenazas hacia Teherán lograron la suspensión de las ejecuciones de cientos de manifestantes tras las protestas ocurridas en Irán. Movahedi calificó las declaraciones del mandatario de Estados Unidos como "absolutamente falsas", según consignó la agencia Khabar. El máximo funcionario del Ministerio Público de Irán precisó que “ni esta cifra es real ni el aparato judicial ha adoptado una decisión en este sentido”, con lo que negó que existiera un plan para ejecutar a más de 800 personas en respuesta a las movilizaciones.

La fuente detalló que Movahedi insistió en que el sistema judicial iraní opera de manera independiente y carece de cualquier influencia extranjera. Aseguró que el país dispone de una clara división de poderes y cada institución asume su responsabilidad sin aceptar “órdenes por parte de extranjeros”. En este sentido, reiteró que la institución judicial no se ve afectada por presiones externas, negando la posibilidad de que decisiones tan graves como la ejecución masiva de manifestantes pudieran depender de conversaciones o amenazas internacionales.

El desencadenante de este intercambio de declaraciones comenzó con las expresiones públicas de Donald Trump, quien el jueves sostuvo que gracias a sus amenazas el gobierno iraní suspendió la ejecución de cerca de 840 personas vinculadas a las recientes protestas. Trump relató que "iban a colgar a 837 personas. Les dije que no pueden hacer eso y que si lo hacían, sería malo", declaración recogida por varios medios y ampliamente citada en el contexto internacional. De acuerdo con el recuento presentado por el gobierno iraní y difundido por Khabar, estas cifras no solo son inexactas, sino tampoco reflejan ninguna decisión real del poder judicial.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, abordó también la crisis social en el país al admitir que las últimas semanas representaron “una prueba difícil” para la nación y reconoció la existencia de un “profundo sufrimiento”. Relacionó los incidentes de las protestas con "una respuesta vengativa de los enemigos de la nación iraní", a quienes acusó de actuar tras su derrota en el conflicto desencadenado por la ofensiva israelí de junio de 2025. Estados Unidos, según la perspectiva de Teherán y tal como informó Khabar, se habría sumado a la respuesta militar inicial encabezada por Israel.

De acuerdo con la cobertura de Khabar, los acontecimientos en Irán tras la ofensiva israelí generaron una ola de protestas cuyo costo humano todavía resulta motivo de disputa. Una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos actualizó este viernes el balance de víctimas, situando el número de muertos por la represión de las manifestaciones en más de 5.000 personas, cifra que supera ampliamente la proporcionada por las autoridades iraníes, quienes al inicio de la semana habían informado un saldo superior a 3.000 fallecidos en el contexto de estas movilizaciones.

En su intervención, el fiscal Movahedi no solo negó cualquier influencia externa sobre la justicia de Irán, sino que rechazó públicamente la amenaza que, aseguró, Trump habría dirigido contra el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. “Desde nuestra perspectiva, esta insolencia y osadía supone una declaración de guerra”, afirmó el fiscal según la agencia Khabar, profundizando la posición de confrontación adoptada por Teherán frente a la presión internacional.

Durante su pronunciamiento, Movahedi incluyó menciones a Israel, al que calificó como “régimen infanticida sionista”. Según la descripción transmitida por Khabar, todas las acciones y amenazas dirigidas contra líderes o instituciones de Irán serán interpretadas como hostiles y responderán con medidas proporcionales. El funcionario subrayó que los simpatizantes de Irán, incluidos aquellos presentes dentro de Estados Unidos, compartirán la disposición de responder a lo que consideren agresiones vinculadas con la situación en el país.

En lo referido al funcionamiento del sistema político y judicial iraní, Movahedi volvió a aclarar que la independencia de poderes constituye un elemento esencial y que las decisiones respecto a condenas judiciales, incluidas las ejecuciones, se adoptan de acuerdo con los procedimientos legales internos, sin estar sujetas a presiones internacionales. La reiteración de este punto, informado por Khabar, buscó disipar cualquier percepción sobre una posible influencia de Estados Unidos u otros países en decisiones de gran impacto político y social dentro de Irán.

El panorama descrito establece un escenario de acusaciones cruzadas en el que las cifras sobre víctimas y los pronunciamientos sobre ejecuciones se han convertido en un elemento de disputa política y mediática de amplio alcance. Según la agencia Khabar, el gobierno iraní mantiene su postura oficial de rechazo a cualquier intervención foránea, al tiempo que Estados Unidos sostiene haber logrado limitar la escalada represiva tras las protestas, lo que ha sido rechazada categóricamente por representantes judiciales y políticos de Teherán.

Durante su regreso de Davos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó la movilización de una "flota enorme" hacia Irán con el objetivo de responder a las tensiones surgidas por la represión de protestas y la situación política interna en ese país, según detalló el medio Europa Press. Trump aseguró haber desplegado numerosos barcos con dirección a la región en caso de que fueran necesarias acciones adicionales, y declaró que el gobierno estadounidense mantiene una supervisión minuciosa de los acontecimientos en Irán.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, Trump realizó estos comentarios en conversación con la prensa a bordo del avión presidencial, el Air Force One, tras participar en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza. El mandatario subrayó la capacidad militar de Estados Unidos en la región y la disposición de utilizarla si las circunstancias lo demandan, aunque manifestó el deseo de que la intervención militar directa no fuera necesaria.

Estas afirmaciones siguieron a otras recientes del propio Trump, en las que enfatizó que esperaba no tener que recurrir a medidas más contundentes contra el gobierno iraní. El presidente estadounidense sostuvo que sus amenazas públicas habrían influido para evitar la ejecución de más de 800 personas que participaron en protestas en Irán. Esta declaración fue categóricamente rechazada por las autoridades iraníes, según publicó Europa Press, que negaron la relación entre la presión estadounidense y cualquier suspensión de ejecuciones.

Las tensiones entre Washington y Teherán han incrementado en el contexto de una fuerte represión interna en Irán. Según el primer balance oficial elaborado por el gobierno iraní tras la oleada de manifestaciones, más de 3.000 personas han muerto. No obstante, las autoridades de Teherán asignaron la responsabilidad de esas muertes a supuestos "incidentes terroristas" y no a acciones de las fuerzas de seguridad, consignó Europa Press.

El despliegue naval al que aludió Trump se enmarca en una serie de advertencias previas formuladas por la administración estadounidense tras el aumento de la violencia política en Irán. Según reiteró el presidente, la presencia militar busca ejercer una presión que disuada al gobierno iraní de adoptar represalias más severas contra la población.

El mandatario estadounidense también resaltó la fortaleza de las fuerzas armadas nacionales como factor clave para proteger tanto los intereses estadounidenses en la región como la seguridad de los ciudadanos iraníes involucrados en protestas. En palabras recogidas por Europa Press, Trump señaló: “Tenemos muchos barcos que van en esa dirección, por si acaso. Y veremos qué pasa. Tenemos una gran fuerza (...) Tenemos a la Armada. Tenemos una flota enorme que se dirige en esa dirección. Y tal vez no tengamos que usarla”.

Funcionarios iraníes, por su parte, reiteraron a través de sus portavoces que las cifras sobre víctimas fatales provienen de enfrentamientos vinculados a atentados y grupos armados, rechazando categóricamente que se relacione con acciones oficiales de represión o que las decisiones del gobierno estadounidense hayan tenido efecto sobre el curso de los acontecimientos, detalló Europa Press.

La declaración de Trump y el despliegue naval coinciden con una fase marcada por la cautela en las relaciones bilaterales y el incremento de la preocupación internacional frente a una posible escalada militar en la región. La exposición pública de datos sobre fallecidos y la atribución de responsabilidades entre las autoridades estadounidenses e iraníes han profundizado el clima de tensión, según el análisis presentado por Europa Press.

El anuncio sobre el envío de una flota militar estadounidense cerca de Irán ha sido ampliamente interpretado como un acto de presión estratégica, que busca influir tanto en el gobierno iraní como en la comunidad internacional, dentro de un contexto donde las recientes protestas y su represión han provocado una inquietud global sobre los derechos humanos y la estabilidad regional.

Donald Trump detalló que sus advertencias dirigidas a Teherán frenaron, según su versión, la ejecución de cientos de manifestantes iraníes. El ex mandatario estadounidense explicó que funcionarios iraníes habían considerado ahorcar a 837 personas en respuesta a protestas, y que sus mensajes a las autoridades de Irán provocaron la cancelación de las ejecuciones. Estas afirmaciones fueron rechazadas categóricamente por el gobierno iraní. De acuerdo con información publicada por la cadena CNBC y recogida también por Press TV, Trump manifestó su esperanza de que no hagan falta acciones adicionales respecto a la situación interna en Irán, aunque acusó a las fuerzas de seguridad iraníes de abrir fuego contra manifestantes en las calles.

Según reportó CNBC, Trump declaró: “Iban a colgar a 837 personas. Les dije que no pueden hacer eso y que si lo hacían, sería malo”. El ex presidente sostuvo que, tras sus advertencias, la decisión se revirtió: “Lo cancelaron, espero que de forma permanente”. Trump eludió detallar el contenido exacto de sus comunicaciones, pero subrayó la severidad de sus comentarios a las autoridades iraníes.

El mismo medio reflejó que Trump también defendió abiertamente los bombardeos realizados en junio de 2025 sobre infraestructuras nucleares de Irán. Argumentó que sin estos ataques, el gobierno de Teherán se habría aproximado a desarrollar armas nucleares en un tiempo muy corto, estimando que “podrían haber obtenido armas nucleares en un mes” si Washington no hubiese intervenido. Durante la entrevista con CNBC, Trump describió los ataques como contundentes: “Cada una de esas bombas, y eran gigantes, golpeó los objetivos y destruyó el lugar”. Subrayó que Estados Unidos y sus aliados monitorean las actividades nucleares iraníes y renovó su exigencia para el cese del programa nuclear. Añadió que, en caso de no darse ese cese, se producirían nuevas acciones militares.

Durante la ofensiva de junio de 2025, Israel lanzó una operación militar sobre territorio iraní. Según CNBC, esos ataques dejaron más de 1.100 muertos. En ese contexto, la administración estadounidense coordinó bombardeos específicos sobre instalaciones nucleares con el objetivo de limitar las capacidades militares y tecnológicas de Irán.

Por su parte, las autoridades iraníes refutaron las declaraciones de Trump. El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Mohamad Pakpur, respondió de manera pública a través de Press TV y otras cadenas nacionales. En sus declaraciones, Pakpur lanzó una advertencia tanto a Estados Unidos como a Israel, señalando que las fuerzas armadas de Irán operan en estado de alerta máxima y se mantienen dispuestas a responder ante lo que definió como nuevas amenazas. “Las fuerzas iraníes tienen el dedo en el gatillo”, expresó Pakpur, advirtiendo a “los enemigos criminales, malignos y antihumanos, particularmente a Estados Unidos y el falso y racista régimen sionista”, en referencia a Israel. Pakpur exhortó a Washington y Tel Aviv a aprender de los resultados de la “guerra impuesta de doce días” –en alusión a las acciones militares de junio de 2025– para no repetirse en nuevos errores de cálculo.

Press TV recogió las palabras del comandante, quien remarcó que cualquier otro “error de cálculo” por parte de Washington o de Israel acarrearía “un destino aún más doloroso” para ambos. Pakpur remarcó que las fuerzas de la Guardia Revolucionaria aumentaron “más que nunca” su capacidad defensiva y su capacidad de respuesta ante acciones hostiles de Estados Unidos e Israel.

En el escenario descrito por CNBC y Press TV, el cruce de declaraciones se produce después de una escalada de tensiones en la región derivada tanto de la represión de protestas internas en Irán como del recrudecimiento de intervenciones militares extranjeras. Trump atribuyó la suspensión de las presuntas ejecuciones de manifestantes a la presión ejercida por el gobierno estadounidense, aunque Irán rechazó la existencia de tales planes. Mientras, desde Teherán se enfatizan sus preparativos ante la posibilidad de nuevos ataques y se insiste en la voluntad de responder con firmeza si hay más operaciones militares extranjeras en su territorio.

La República Islámica de Irán vive una sucesión de protestas cada vez más violentas y una creciente deslegitimación popular que, según analistas, no podrá detener mientras no mejore la economía y la vida de los iraníes, algo que será solo posible si llega a un entendimiento con Estados Unidos.

Las protestas económicas que han sacudido el país en diciembre y enero han sido las más violentas desde la fundación de la República Islámica en 1979 con más de 3.000 muertos, según las autoridades iraníes y ONGs críticas con el gobierno, y una destrucción en las calles sin parangón en ocasiones pasadas.

Estas movilizaciones son las últimas de la sucesión que ha vivido en tiempos recientes con casos en 2017, 2019, por motivos económicos, y en 2022, por el velo islámico, con un creciente número de muertos con 25, 321 y 500 respectivamente, la gran mayoría civiles.

Un aumento de la violencia y la represión que refleja una creciente polarización, la desesperación de parte de la población y la capacidad de represión de las autoridades, en una situación a la que analistas ven una difícil salida.

“El futuro lo veo muy mal, en el sentido de que el problema principal es económico y la República Islámica tiene grandes dificultades para resolver estos problemas económicos, que son el motor de estas protestas”, dice a EFE el iranólogo Raffaele Mauriello.

Al mismo tiempo, el experto apunta que la República Islámica “está perdiendo legitimidad a una velocidad increíble”.

Un argumento con el que concuerda Ali Alfoneh, analista del Instituto de los Estados Árabes del Golfo en Washington, quien considera que la República Islámica se encuentra en “bancarrota ideológica y económica”.

“Irán se empobrece cada vez más debido a las sanciones unilaterales de Estados Unidos, algo agravado por la mala gestión y la corrupción”, explica a EFE Alfoneh por correo electrónico.

Así, la clase media urbana educada se encuentra ahora casi tan empobrecida como estratos más bajos de la sociedad, según Alfoneh, debido a una inflación del 40%, la depreciación continua del rial y las dificultades para comerciar con otros países por las sanciones estadounidenses.

Con un sistema gubernamental que no permite participación política real, las protestas son una de las pocas maneras que tienen los iraníes de expresar sus demandas, y las circunstancias actuales alimentan una mayor violencia según ambos expertos, con además una nueva generación en juego.

“La generación Z parece más proclive a la violencia y necesita poca provocación para salir a las calles. Como resultado, las protestas se han vuelto más violentas”, mantiene Alfoneh.

Mauriello, por su parte, cree que “la violencia viene del descontento y la rabia de algunos sectores de la población que aumenta porque se enfrentan a una situación económica muy dura y amplios sectores de la población no ven una salida”.

La República Islámica ha respondido a estas tensiones con lo que Amnistía Internacional ha calificado como de “masacre” con asesinatos a tiros de miles manifestantes desarmados.

Sin soluciones a corto plazo

Pero mientras la República Islámica ha perdido legitimidad, aún cuenta con millones de iraníes que la apoyan y, aunque se encuentra debilitada, mantiene una fuerza importante con la Guardia Revolucionaria y el Ejército cohesionados y disciplinados.

A ello se suma que no existe una alternativa real al actual sistema político dentro del país y figuras en el exilio como Reza Pahlavi, hijo del último sah, no han sido capaces ni de unir a la oposición en el exterior.

“Yo no veo ninguna solución a corto plazo”, dice Mauriello, quien ha enseñado en la Universidad Allame Tabatabaí de Teherán durante años.

Lo que ve es un empeoramiento de la situación, con un aumento de la polarización y probablemente de la violencia.

Para Alfoneh los problemas económicos se mantendrán sin resolver y “habrá más protestas y, a lo largo del tiempo, tendrán un efecto corrosivo sobre las instituciones coercitivas” de la República Islámica.

Así, ambos expertos concuerdan en que solo un entendimiento con Estados Unidos que lleve al levantamiento de las sanciones económicas que bloquean la economía iraní evitará más protestas y más violencia.

“Lo mejor sería un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, el levantamiento de las sanciones, poner en orden la economía y dejar que el sistema evolucione”, dice Mauriello.

Alfoneh va más allá y ve un escenario en el que varias figuras políticas y militares iraníes podrían llegar a un acuerdo con el presidente estadounidense, Donald Trump, para llevar a cabo un cambio del liderazgo en el país, como ha ocurrido en Venezuela.

Trump, de momento, ha enviado a una “flota enorme” a aguas cerca de Irán en medio de los temores a una intervención estadounidense en el país persa.

(EFE)

Durante una reciente entrevista emitida por NewsNation, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, declaró que cualquier agresión contra el líder supremo del país, Alí Jamenei, traería como consecuencia una guerra total entre Irán y Estados Unidos. Esta advertencia se formuló tras las amenazas realizadas desde Washington, en un contexto marcado por protestas masivas en diversas ciudades iraníes y una escalada de tensiones diplomáticas entre ambas naciones.

Según relató el medio NewsNation, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que ordenó a las fuerzas estadounidenses aplicar una respuesta categórica y devastadora si el gobierno iraní intenta atentar contra su vida. "Tengo instrucciones muy firmes: pase lo que pase, los borrarán de la faz de la tierra", afirmó Trump al abordar las supuestas amenazas de muerte provenientes de Teherán. El mandatario estadounidense justificó su postura, indicando que había advertido previamente a las autoridades iraníes acerca de las consecuencias irreversibles que traería cualquier acción de ese tipo. Añadió que, bajo circunstancias de ese calibre, todo Irán enfrentaría una destrucción masiva.

Durante la entrevista, Trump criticó la inacción del expresidente Joe Biden frente a anteriores declaraciones hostiles del ejecutivo iraní. "Un presidente tiene que defender a otro presidente. Si yo estuviera aquí y ellos amenazaran a alguien, aunque no fuera un presidente, como hicieron conmigo, los golpearía con fuerza", afirmó, insistiendo en la necesidad de mostrar firmeza y unidad nacional cuando desde el exterior se formulan amenazas contra dirigentes estadounidenses.

Las declaraciones recogidas por NewsNation surgen en un periodo especialmente delicado para el régimen iraní, donde protestas antigubernamentales han puesto presión sobre las autoridades. El presidente Pezeshkian mencionó el domingo pasado que un ataque contra Jamenei llevaría al estallido de una confrontación de grandes proporciones con Estados Unidos, en respuesta a los mensajes beligerantes expresados tanto por Trump como por otros representantes estadounidenses.

El mandatario norteamericano utilizó el momento para reiterar su posición sobre la situación interna en Irán. Trump apuntó a la necesidad de instaurar un nuevo gobierno en la república islámica, al tiempo que cuestionó al líder supremo Jamenei por la represión violenta de manifestantes. Según palabras de Trump, Jamenei sería responsable por "matar a manifestantes" en el contexto de la actual ola de protestas.

En el mismo contexto, el senador republicano Lindsey Graham lanzó declaraciones que aumentaron la tensión política entre ambos países. De acuerdo con Fox News, Graham señaló: "Es hora de que se vaya. La gente quiere que se vaya. Donald Trump dice que la mejor forma de hacer a Irán grande otra vez es que los manifestantes ganen y que el régimen caiga. ¿Cómo lo haces? (...). Si yo fuese usted, señor presidente, yo asesinaría a los dirigentes que matan a gente. Tiene usted que ponerle fin a esto". El comentario de Graham reflejó el sentimiento de algunos sectores de la política estadounidense que demandan medidas más radicales frente al gobierno iraní y su cúpula dirigente.

El medio NewsNation detalló que el principal eje de las declaraciones de Trump radica en la necesidad de mostrar fortaleza para proteger a los líderes de Estados Unidos frente a posibles riesgos internacionales. Estas afirmaciones han adquirido una mayor relevancia, dada la seguidilla de incidentes entre Washington y Teherán, así como la persistencia de movilizaciones populares dentro del país persa.

Irán, bajo la presidencia de Pezeshkian, se mantiene alerta ante las presiones externas y las advertencias surgidas desde la administración estadounidense. La situación continúa siendo monitoreada tanto por medios internacionales como por organismos diplomáticos, mientras se desarrolla una crisis que combina riesgos de escalada militar y demandas sociales internas.

La familia de Amirhosein Ghaderzadé, junto con defensores internacionales de derechos humanos, ha permanecido sin noticias concretas sobre su situación o paradero desde el momento en que fue arrestado, lo que incrementa la preocupación en torno a su integridad y destino. Amnistía Internacional ha expresado que las autoridades iraníes han informado a los allegados de Ghaderzadé que la ejecución está programada para el 21 de enero, después de que fuera condenado a muerte por el cargo de "traición" en una audiencia judicial celebrada el 17 de enero. Según detalló la organización y reportó el medio suministrador, la desaparición forzada de Ghaderzadé, sumada a las denuncias de tortura y tratos crueles durante su detención, ha activado una movilización internacional que exige el cese inmediato de cualquier plan para aplicar la pena capital contra el joven de 19 años.

De acuerdo con la información publicada por Amnistía Internacional y recogida en la plataforma noticiosa original, Ghaderzadé fue detenido el 9 de enero en su vivienda de Rasht, provincia de Guilán, al norte de Irán, en el contexto de manifestaciones contra el gobierno. Durante su arresto, agentes de seguridad lo desvistieron de manera forzada, lo mismo que a sus dos hermanas —una de ellas con solo 14 años— con el propósito de inspeccionar sus cuerpos en busca de perdigones metálicos que, según los funcionarios, asegurarían su participación en las protestas. El informe de la ONG sostiene que la familia y el propio Ghaderzadé fueron objeto de actos de violencia considerados por la entidad como degradantes y de carácter sexual, en presencia de otras personas.

El joven fue aprehendido después de que la policía encontrara heridas de perdigón en su cuerpo, evidencia que, según la narrativa de las autoridades, fundamentó su detención y posterior acusación de "traición". Tras ser procesado de manera expedita, un tribunal iraní lo sentenció a la horca en menos de diez días después de su arresto, informó Amnistía Internacional. La ONG subraya que, desde ese momento, las autoridades no han comunicado la ubicación ni la condición física de Ghaderzadé, impidiendo que la familia pueda visitarlo o constatar su bienestar.

En los comunicados emitidos a través de redes sociales y reproducidos por el medio contribuyente, Amnistía Internacional urgió a las autoridades iraníes a frenar "de inmediato" cualquier preparación vinculada a la ejecución de Ghaderzadé y a desistir de utilizar la pena de muerte como herramienta de intimidación o castigo contra quienes participan en manifestaciones políticas o sociales. El llamado extendido de la organización se dirige también a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, pidiéndoles ejercer presión diplomática sobre el gobierno de Teherán para detener las ejecuciones y cesar la represión violenta de las protestas.

Según Amnistía Internacional, la situación de Ghaderzadé se inscribe en un patrón más amplio de represión estatal, donde la magnitud real de la violencia permanece parcial o totalmente oculta debido al bloqueo de Internet y a la censura informativa dentro del país. La organización denunció que numerosos detenidos, en el marco de las protestas recientes, han enfrentado torturas, privación de acceso a recursos médicos y procesos judiciales que carecen de garantías fundamentales.

El medio fuente recoge además la postura oficial expresada por altos funcionarios del Estado iraní. El presidente Masud Pezeshkian, el titular del poder judicial de Irán, Gholamhosein Mohseni-Ejei, y el presidente del Parlamento, Mohamad Bagher Ghalibaf, hicieron un llamado público a que quienes no hayan tenido un papel relevante en los disturbios sean objeto de "compasión e indulgencia islámicas". Esta postura, matiza la nota original, no ha modificado hasta ahora las órdenes judiciales contra manifestantes considerados comprometidos en acciones graves, como en el caso de Ghaderzadé.

La solicitud de Amnistía Internacional para que se esclarezca tanto el destino como la situación legal y médica del joven incluye la exigencia de que reciba atención médica adecuada y esté protegido contra más torturas o malos tratos durante su detención. El medio que divulgó esta información dedica parte de su cobertura a las condiciones en que transcurren los arrestos de manifestantes en Irán y al contexto de creciente preocupación internacional por los métodos empleados por las fuerzas de seguridad.

La familia de Ghaderzadé, junto a activistas y organizaciones internacionales, reiteró las denuncias de desaparición forzada, ausencia de acceso a la defensa y violaciones sistemáticas de los derechos procesales, como relató Amnistía Internacional y difundió el canal noticioso. La ausencia de mecanismos independientes capaces de verificar la situación de los detenidos dificulta la tarea de organizaciones de derechos humanos y alimenta las sospechas sobre el uso de la tortura, así como sobre la falta de transparencia procesal en casos relacionados con protestas.

Varias entidades y defensores de derechos humanos han insistido en el carácter de urgencia de la intervención internacional para frenar la aplicación de la pena de muerte en estos contextos. La cobertura original destaca que la presión sobre las autoridades iraníes por parte de la sociedad civil y los diplomáticos extranjeros se considera una de las estrategias más efectivas para impedir ejecuciones bajo estas condiciones.

Amnistía Internacional concluyó sus intervenciones recogidas por el medio solicitando al gobierno iraní el cese de medidas de represión letal y el restablecimiento de las garantías fundamentales para todos los procesados en el contexto de las manifestaciones.

¿Tienes internet? ¿Sabes cuándo regresará?, dos preguntas que se repiten en las calles de Teherán cuando Irán cumple este jueves dos semanas desconectado de la red global, sin apenas comunicación con el exterior y negocios locales golpeados económicamente, a pesar de que las protestas que provocaron la medida fueron reprimidas hace días.

Desde el 8 de enero, los iraníes han tenido solo acceso a una red interna, limitada a servicios locales y medios estatales, en una medida sin precedentes en el país persa sin que se sepa cuando se restaurará el acceso al internet global.

Las protestas comenzaron a finales de diciembre por comerciantes de Teherán por la caída del rial, pronto se extendieron por el país pidiendo el fin de la República Islámica y alcanzaron su momento álgido el jueves 8 de enero y el viernes 9 enero con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán y una fuerte represión.

El régimen iraní ha situado en 3.117 el número de muertos en unas protestas de las que acusa a Estados Unidos e Israel, pero organizaciones de derechos humanos en el exterior elevan los muertos hasta los 4.519.

Esta desconexión ha puesto para arriba las vidas de muchos iraníes, acostumbrados como tantos ciudadanos de otros países a la conexión permanente a la red, como es el caso de Barbod.

Este vecino de Teherán de 39 años usaba WhatsApp para comunicarse hasta la desconexión y su negocio de venta de café molido dependía de Instagram, la red social más popular en el país persa que aunque estaba censurada se podía usar con VPNs.

Ahora todo eso ha desaparecido. Depende de las olvidadas llamadas telefónicas y SMS locales -restablecidos el sábado- para comunicarse y tiene su negocio de venta de café paralizado ya que realizaba las ventas a través de Instagram, que en Irán muchos comercios usan en lugar de una página web propia.

“Antes del corte del internet, mis ventas eran de 100 dólares al día de media. Dos semanas de desconexión me han costado 1.400 dólares”, asegura a EFE.

Barbod dice que el corte de internet le ha afectado también “anímicamente” y que teme por el futuro de su negocio.

No es el único. Un café del norte de Teherán popular por su capuchino ha sufrido un importante descenso en los pedidos online -su principal vía de ventas- porque aunque funcionan las aplicaciones locales para realizar encargos los sistemas de pago fallan y algunos clientes desisten, explica a EFE un empleado.

“Si las ventas no suben los dueños podrían reducir el personal”, dice este joven que se declara “gamer” y dice aburrirse sin el acceso a juegos en línea como League of Legends.

Una realidad que recogen medios estatales como IRNA que publicó un reportaje con numerosas quejas de personas que afirmaban que el apagón ha llevado a numerosos negocios “al borde de la parálisis” con cadenas de suministro detenidas y comunicaciones con el exterior del país bloqueadas.

Las autoridades dicen que no tienen datos aún del coste económico que está provocando el corte del internet global, aseguran que es menor de lo que parece y que están proporcionando conexión al internet global a través de una dirección IP fija a algunas grandes compañías que ofrecen servicios fuera del país.

Aún así, no aclaran cuando se restablecerá internet. El Gobierno indicó hace dos días que la red volvería a funcionar el antes de final de semana (viernes), pero ayer el viceministro de Interior, Ali Akbar Pourjamshidian, afirmó que “no está claro cuando se restaurará el acceso”.

En los últimos días, algunos usuarios han podido enviar mensajes o usar servicios de compañías internacionales, pero solo brevemente y muy ocasionalmente.

Esto sugiere a NetBlocks, grupo que monitorea internet, que el Gobierno iraní podría estar experimentando “una intranet más altamente filtrada” con una “conectividad basada en listas blancas”.

Bloqueo del GPS

El sistema de posicionamiento GPS también está sufriendo apagones y en ocasiones no ofrece la localización exacta, con diferencias en ocasiones de hasta una calle.

Esto provoca dificultades para moverse por la ciudad, como comprobó ayer EFE en una carrera de taxi en la que el conductor no podía llegar a su destino porque no le funcionaban las aplicaciones de mapas locales.

“He perdido carreras porque no puedo llegar a los lugares”, explica el taxista de Teherán, una enorme urbe de 13 millones de habitantes convertidas en un laberinto cuando no hay GPS.

(Con información de EFE)

El exiliado Reza Pahlavi ha presentado un plan detallado para una futura transición política en Irán. Tal como publicó la fuente, Pahlavi se ha comprometido a eliminar el programa militar nuclear iraní, asegurar la normalización de relaciones con Israel y fortalecer los vínculos diplomáticos con Estados Unidos si logra regresar al poder. Estas propuestas acompañan su petición pública a los gobiernos extranjeros para que respalden, sin restricciones, a quienes desafían actualmente al régimen iraní.

De acuerdo con la fuente, el hijo del último shah de Irán ha declarado que la comunidad internacional debe brindar un apoyo total a quienes protagonizan las recientes protestas en las calles de distintas ciudades iraníes. Pahlavi, quien se encuentra en el exilio desde la Revolución Islámica de 1979 que depuso a su padre, Mohamad Reza Shah, difundió un video en redes sociales denunciando la represión ejercida por las fuerzas de seguridad iraníes y asegurando que, durante un periodo reciente de violencia, perdieron la vida más de 12.000 personas en cuarenta y ocho horas, lo que, según sus palabras, representó “un asesinato cada catorce segundos”. Las autoridades iraníes rechazaron estas cifras, y mantienen que los manifestantes incurren en actos violentos que justifican, según su versión, el uso de la fuerza.

En su mensaje, Pahlavi afirmó: “El pueblo de Irán está adoptando medidas decisivas sobre el terreno. Es momento de que la comunidad internacional les apoye totalmente”. Se refirió a las manifestaciones señalando que “el pueblo iraní se ha alzado para recuperar su país. La Historia honrará a los que estén de su lado”, según consignó el medio fuente. Además, planteó que el conflicto actual no es una confrontación entre reforma y revolución, sino entre “ocupación y liberación”, afirmando que la población ya ha decidido a qué bando pertenece.

El exiliado denunció también el uso letal de la fuerza estatal, aludiendo a la falta de compasión del régimen y al sufrimiento diario de la población. “Sus cabezas están ensangrentadas, pero no inclinadas. Pese a las mentiras que se escucha por parte del régimen, su sed de sangre no ha disminuido. La matanza no ha terminado”, declaró. Estas manifestaciones se produjeron en el contexto de un deterioro económico y un aumento del descontento social, que en semanas recientes ha generado olas de protestas en el país.

El medio fuente recordó que, aunque Pahlavi ha buscado situarse como una figura alternativa ante el régimen, no dispone de una base sólida de respaldo reconocida, ni siquiera entre los mismos manifestantes que han desafiado al gobierno en los últimos años. No obstante, Pahlavi ha diseñado medidas concretas para un eventual periodo de transición, anunciando su intención de regresar a Irán y convocar a la unidad internacional a favor de los derechos civiles y la liberación nacional, según detalló la fuente.

El liderazgo iraní, por su parte, argumentó que la violencia registrada en las manifestaciones tuvo como objetivo proporcionar a Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, una justificación para una posible intervención militar en el país. Por ese motivo, las autoridades iraníes instaron a Washington a establecer un diálogo político con el fin de solventar las diferencias bilaterales, al tiempo que reivindicaron que Irán se encuentra preparado para afrontar cualquier escenario de enfrentamiento armado, reportó la fuente.

Pahlavi precisó que su programa de gobierno, en caso de asumir el poder, incorporaría el abandono de cualquier desarrollo de armas nucleares, pese a que Teherán niega la existencia de un programa militar nuclear. Asimismo, incluyó entre sus iniciativas la normalización diplomática con Israel, una medida que marcaría un cambio respecto a la política exterior actual de Irán, además de la búsqueda de una relación más estrecha con Estados Unidos.

Las expresiones de Pahlavi y la reacción oficial iraní se inscriben en una coyuntura de tensiones persistentes entre la sociedad civil iraní, que demanda reformas profundas y mayores libertades, y el gobierno, que sostiene su posición frente a lo que considera amenazas externas e internas. A pesar de la represión documentada, las manifestaciones han continuado impulsadas por una crisis económica y por la percepción de una disminución de la calidad de vida, elementos a los que Pahlavi hace referencia al plantear la necesidad de un “nuevo camino creíble hacia adelante”.

La fuente recopiló que, desde su exilio, Reza Pahlavi ha recurrido a mensajes videográficos para dar visibilidad internacional a la situación interna iraní y para apelar al respaldo extranjero, con el objetivo de generar presión coordinada sobre las autoridades de Teherán y fortalecer la posición de los opositores dentro del país.

El informe de 'La República' destaca que el proceso electoral peruano de cara a los comicios presidenciales del 12 de abril se configura en un contexto de fuerte fragmentación política. Según publicó el medio, las encuestas no muestran una tendencia clara hacia el liderazgo de algún partido, con Rafael López Aliaga como el candidato mejor posicionado en las preferencias, alcanzando el 12,25% de intención de voto, mientras que ninguna de las agrupaciones que impulsan reformas para víctimas de las protestas encabeza los sondeos. En este escenario, cuatro partidos políticos de distintos espectros incluyen en sus plataformas la demanda de esclarecimiento de la represión estatal que dejó casi cincuenta personas fallecidas tras la salida de Pedro Castillo y el inicio del mandato de Dina Boluarte.

Tal como detalló 'La República', estas agrupaciones incluyen propuestas para crear comisiones independientes que investiguen la muerte de ciudadanos durante las protestas que ocurrieron desde diciembre de 2022 a marzo de 2023. Las movilizaciones, que se originaron en Ayacucho y posteriormente se propagaron a las principales ciudades del país, se desencadenaron como respuesta a la detención y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo. Durante esas jornadas, reportó el medio, la Fiscalía peruana presentó cargos contra miembros de las fuerzas armadas, atribuyéndoles responsabilidad en el fallecimiento de diez personas, particularmente en incidentes donde las víctimas presentaron heridas que coincidían con el tipo de municiones usadas por militares.

Entre las agrupaciones de izquierda que postulan estas medidas se encuentra 'Venceremos'. El medio 'La República' consigna que, según el programa presentado por este partido, se garantiza la instalación de una Comisión de la Verdad en el primer día de un eventual mandato. Entre los objetivos de este organismo estaría impulsar investigaciones y promover el enjuiciamiento de responsables de las llamadas “masacres” acontecidas entre 2022 y 2023, así como otras violaciones a derechos humanos sucedidas en el mismo periodo.

La coalición 'Juntos por el Perú' lleva el planteamiento más allá de los recientes episodios de violencia institucional. De acuerdo con la información recogida por 'La República', su plataforma sugiere una Comisión Plurinacional de la Verdad y Justicia Transicional, encargada no solo de indagar sobre las protestas contra Boluarte, sino también sobre los hechos derivados del conflicto armado interno que tuvo lugar entre 1980 y 2000. El mismo programa electoral prevé la creación de un Fondo Nacional de Reparaciones Integrales destinado a cubrir indemnizaciones económicas, simbólicas y comunitarias, e incluye la propuesta de desclasificar archivos militares y policiales para avanzar en la determinación de responsabilidades. Este partido rechaza la posibilidad de otorgar indultos o beneficios penitenciarios a personas condenadas por crímenes de violación de derechos humanos.

Por parte de la formación 'Ahora Nación', el programa refleja la preocupación por la insuficiencia de garantías y protección efectiva de los derechos humanos en Perú, postura recogida en 'La República'. Esta agrupación, también en campaña, promueve acciones dirigidas a sancionar a los responsables por los hechos luctuosos vinculados a la represión entre 2022 y 2023.

Por otra parte, partidos de tendencias más conservadoras presentan iniciativas relacionadas, aunque desde una perspectiva distinta. Entre ellos, Libertad Popular sugiere organizar una comisión investigadora con presencia en diversas ciudades, con la intención de aclarar las causas y responsabilidades en torno a las muertes y vulneraciones graves de derechos fundamentales ocurridas durante la represión de las manifestaciones. El programa electoral de esta formación, citado por 'La República', plantea el reconocimiento institucional por parte del Estado peruano de su compromiso moral, político y jurídico con la verdad, justicia y reparación de las víctimas de violaciones a derechos humanos.

A pesar de estos pronunciamientos, el diario señala que ninguna de estas agrupaciones figura como puntera en las encuestas electorales, lo cual refleja una competencia sumamente dispersa y la falta de liderazgos definidos entre los aspirantes, a excepción de Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, que lidera las preferencias con poco más del 12%.

El debate en torno a la represión estatal, las violaciones a derechos humanos y la reparación a las víctimas ocupa así un lugar destacado en la agenda electoral peruana, especialmente tras la actuación de las fuerzas del orden durante las protestas. Según relató 'La República', el caso de Ayacucho es uno de los que genera mayor atención debido a las evidencias que relacionan directamente la actuación militar con las muertes ocurridas, motivo por el cual las propuestas para una comisión investigadora y medidas de reparación cuentan con presencia transversal en diversos espacios políticos, tanto de izquierda como de derecha.

El diario peruano también informó que iniciativas como la desclasificación de documentos oficiales y la prohibición de beneficios penitenciarios buscan garantizar mayor transparencia y justicia en el tratamiento de los casos de violencia institucional. Estas medidas figuran en los programas de los partidos que apuestan por una revisión integral de las causas y consecuencias de la represión en los últimos años, así como de otros periodos de violencia política en la historia reciente de Perú.

De acuerdo a lo publicado por 'La República', las demandas de justicia, verdad y reparación para las familias afectadas por la represión configuran un punto central en las plataformas de estos partidos, aunque su influencia sobre el electorado aún resulta incierta ante el panorama político fragmentado y la ausencia de favoritos claros de cara a las próximas elecciones presidenciales.

La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo solicitó 35 años de prisión efectiva contra dos ex altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por la muerte de un joven durante las protestas de febrero de 2023 en Apurímac. El pedido fiscal alcanza al comandante general PNP en retiro Raúl Alfaro y al teniente general PNP en retiro Jorge Angulo, acusados por el presunto delito de homicidio calificado con alevosía en agravio de Denilson Huaraca, de 22 años.

Según la acusación del Ministerio Público, el joven falleció el 9 de febrero de 2023 tras recibir impactos de bala durante un operativo policial desplegado en el marco de las movilizaciones sociales que se desarrollaban en la región. La investigación, a cargo de la fiscal provincial Elizabeth Quispe Palma, sostiene que los disparos fueron realizados contra civiles que se desplazaban en vehículos luego de participar en una marcha pacífica, un hecho que también dejó cuatro personas heridas y que hoy involucra a 17 efectivos policiales, entre ex jefes y personal operativo de la PNP.

Fiscalía pide 35 años de prisión para ex altos mandos de la PNP

De acuerdo con la acusación fiscal, la solicitud de 35 años de cárcel no se limita a Alfaro y Angulo. La misma pena fue requerida para Luis Flores, quien se desempeñaba como jefe de la región policial Apurímac, así como para Víctor Sifuentes y Rodolfo Porfirio, jefes de la División de Orden Público y Seguridad de Abancay. En la lista de imputados también figuran nueve efectivos policiales: José Calatayud, Rolando Taracaya, David Chapa, Joel Cabrera, William Pomasunco, Daniel Pocco, Max Cuéllar, Wilfredo Oscco y Nobel Inca.

La Fiscalía sostiene que los acusados habrían tenido participación directa o responsabilidad funcional en los hechos ocurridos durante las manifestaciones del 9 de febrero de 2023, cuando se registraron disparos con armas de fuego contra civiles. El requerimiento penal fue presentado por la fiscal provincial Elizabeth Quispe Palma, quien encabeza la investigación desde el subsistema especializado en derechos humanos, debido a la gravedad de los hechos y al número de víctimas involucradas.

Además, el Ministerio Público solicitó 33 años y seis meses de prisión para Jhemmy Jáuregui y Edu Rivera, así como 30 años de cárcel para Wilfredo Oscco, por los presuntos delitos de tentativa de homicidio calificado, exposición a peligro de persona dependiente y omisión de socorro. Estas imputaciones se sustentan en los actos posteriores a los disparos, relacionados con la atención a los heridos y la presunta falta de auxilio oportuno.

La acusación fiscal comprende en total a dos ex altos mandos policiales y 15 efectivos de la PNP, por la muerte de un ciudadano y las lesiones causadas a cuatro personas durante las protestas. El caso se suma a otros procesos abiertos a nivel nacional por los hechos registrados en el contexto de las movilizaciones que marcaron el inicio de 2023.

Cómo ocurrieron los disparos durante las protestas en Apurímac

Según la investigación fiscal, los hechos se remontan a febrero de 2023, cuando un grupo de aproximadamente 40 ciudadanos se desplazaba en tres vehículos con dirección a Challhuanca, con la finalidad de participar en una marcha pacífica. Durante el trayecto, el grupo quedó detenido en el sector Izcahuaca, debido al bloqueo de la carretera, una situación que se repetía en distintas zonas del país durante esos días.

Horas después, cuando los manifestantes decidieron retornar, los vehículos avanzaron por el kilómetro 270 del sector Siete Vueltas, en la provincia de Aymaraes. En ese punto, de acuerdo con la tesis fiscal, los ocupantes escucharon múltiples disparos efectuados por agentes del orden. Los proyectiles impactaron no solo en las personas, sino también en las llantas y carrocerías de los vehículos, generando daños materiales y heridos de gravedad.

Como resultado de los disparos, Denilson Huaraca falleció tras recibir impactos de bala que comprometieron severamente sus pulmones. En el mismo operativo resultaron heridos Pablo Lazo, conductor de uno de los vehículos, quien recibió un disparo en el brazo izquierdo; Víctor Rojas, con lesiones en la médula ósea; Damián Sivipaucar, herido en el muslo izquierdo; y Juan Ruiz, quien también fue incluido como agraviado en la investigación fiscal.

La Fiscalía sostiene que los disparos se produjeron en un contexto en el que los ciudadanos no representaban una amenaza inminente, razón por la cual los hechos fueron calificados preliminarmente como homicidio calificado con alevosía y tentativa de homicidio. El expediente fiscal recoge peritajes balísticos, testimonios y reconstrucciones de los hechos para sustentar la responsabilidad penal de los investigados.

Durante la jornada, el clima de inestabilidad política se evidenció con un incidente violento en el que el diputado electo Rolando Contreras resultó agredido cuando acudía a retirar su acreditación.

Según lo ocurrido, un grupo de simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre) intentó golpearlo y la Policía Nacional debió intervenir para protegerlo.

El ataque quedó registrado en videos difundidos en redes sociales. Hasta el cierre de la jornada, las autoridades no habían reportado detenidos ni la apertura de investigaciones judiciales por este hecho, mientras el CNE mantenía la agenda de acreditación bajo estrictas medidas de seguridad.

El acto de acreditación representa la fase final del proceso electoral e implica la validación indispensable para el ejercicio formal de las nuevas funciones. El CNE entregó credenciales a los 298 alcaldes electos y a sus regidores.

La toma de posesión de las nuevas corporaciones municipales está programada para el domingo 25 de enero.

En el caso de los diputados al Congreso Nacional, correspondientes al período 2026–2030, la entrega de documentos no se realizó de manera generalizada en la sede central debido al ambiente de tensión.

Para reducir riesgos y evitar aglomeraciones, el organismo optó por desplazar equipos a las sedes de los partidos políticos: las credenciales se distribuyeron en los locales del Partido Liberal, Libre y en el denominado búnker del Partido Nacional, aplicando un plan especial de desconcentración.

Fuerte dispositivo de seguridad y protestas

Por su parte, la acreditación del presidente electo Nasry Asfura se hará en un acto privado, siguiendo los protocolos reservados para la máxima magistratura, antes de la ceremonia de asunción presidencial prevista para el día 27 de enero, conforme al calendario constitucional.

Desde las primeras horas del día, los alrededores del CNE en Tegucigalpa permanecieron bajo vigilancia policial y se registraron protestas de simpatizantes de Libre.

Estos colectivos se apostaron en defensa de Jorge Aldana, alcalde del Distrito Central, en una serie de manifestaciones que han continuado tras la finalización del proceso electoral.

A pesar de las consignas y la presión, los manifestantes permitieron el acceso de alcaldes, diputados y funcionarios autorizados para completar sus trámites.

La seguridad reforzada incluyó controles de ingreso, vigilancia en el perímetro y acompañamiento a los funcionarios durante la retirada de credenciales. El CNE coordinó estas acciones con la Policía Nacional para asegurar que todos los funcionarios electos pudieran acreditar su elección sin contratiempos.

Sin embargo, en medio del proceso, un grupo de simpatizantes del partido Libre agredió al diputado electo Rolando Contreras este martes en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral. El ataque ocurrió cuando el parlamentario acudió a retirar su credencial oficial para el período 2026–2030.

La presencia de manifestantes que protestaban frente al órgano electoral generó un ambiente de tensión durante la jornada de entrega de credenciales a diputados y autoridades municipales electas.

Imágenes en video muestran a varios simpatizantes intentando golpear al diputado, momento en el que efectivos de la Policía Nacional intervinieron para protegerlo y contener la agresión.

Según el organismo, la acreditación es un paso previo fundamental para la instalación formal de los nuevos poderes del Estado y la asunción de los gobiernos municipales para el próximo período constitucional.

El ingreso de autoridades electas al CNE se desarrolló durante toda la jornada, con delegaciones provenientes de distintos departamentos que llegaron bajo protección policial.

El movimiento en las inmediaciones generó cierres parciales y desvíos temporales en las calles cercanas, medidas aplicadas para garantizar tanto la seguridad como el desarrollo normal del procedimiento de acreditación.

Durante la acreditación, el CNE sostuvo contacto con representantes de partidos políticos y fuerzas de seguridad, con el objetivo de monitorear la situación y anticipar eventuales incidentes. Personal de seguridad reguló los accesos y funcionarios del organismo asistieron a los asistentes, cumpliendo con los tiempos previstos.

A pesar de las manifestaciones y la presencia de dispositivos de seguridad, el CNE no reportó suspensión de actividades ni alteraciones en el proceso durante el día.