En las oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob) , la Sección 7 pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunió con múltiples funcionarios y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien calificó el diálogo como de “mucho beneficio”.

Una reunión con el magisterio de Chiapas ante protestas

A través de su redes sociales, el mandatario informó que el encuentro habría culminado con la ratificación de acuerdos “para seguir avanzando en los pendientes administrativos y jurídicos de maestros cesados, jubilados y homologados, y para dar seguimiento al acuerdo de bilateralidad que se trabaja de manera conjunta en las comisiones mixtas”.

Adelantó que tras la reunión se espera que haya “grandes beneficios para el magisterio”, lo cual se traducirá en “la gobernabilidad y la armonía entre autoridades de gobierno y el magisterio chiapaneco”.

El encuentro se llevó a cabo en el salón “Abraham González” en Ciudad de México, donde estuvo presente el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo; el subsecretario de Gobernación de Chiapas, César Yáñez Centeno, así como el gobernador del estado.

Hasta el momento, no se han informado los acuerdos oficiales a los que llegaron los representantes del gobierno con el magisterio de Chiapas, Mario Delgado publicó un breve mensaje en su cuenta de X:

“Estamos reunidos, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; el Subsecretario de Gobernación, César Yáñez; y la SEP, con la sección siete de la CNTE. Esta mesa de trabajo tiene el firme compromiso de seguir avanzando en beneficio del magisterio y de la educación de las niñas y los niños de Chiapas”.

Sección 7 se sumó a la protesta nacional

Este viernes, la CNTE en Chiapas bloqueó las salidas de Tuxtla Gutiérrez en varios municipios, la movilización habría comenzado por la mañana en:

• Berriozábal
• Cintalapa
• Jiquipilas
• Arriaga
• Tapachula

Sección 22 se retirará del plantón en el Zócalo

La Sección 22 de Oaxaca ha decidido implementar un receso que entrará en vigor, a más tardar, mañana. Esta medida tendrá alcance tanto en el propio estado como en la capital del país,.

Durante la Asamblea Estatal Permanente de este día, Yenny Aracely Pérez, Secretaria General de la sección mencionada, reconoció la lucha del magisterio y reprochó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se haya retractado sobre una promesa de campaña:

“La jornada de lucha de la CNTE, desde luego que marca una historia en el país, donde un gobierno que lleva dos años y que prometió que abrogaría la ley del ISSSTE, ahora en el poder cambia el discurso y no está del lado de los trabajadores”.

Entre las demandas principales de la Coordinadora se encuentran:

• Abrogación total de la Ley del ISSSTE 2007
• Un sistema de Seguridad Social Solidario
• No UMAS y No Afores
• Jubilación por años de servicio: 28 años, mujeres y 30 años, hombres
• Incremento salarial del 100% directo al sueldo
• Abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO

Mientras tanto, la SEP propuso una ruta para derogar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), mientras que el ISSSTE planteó crear una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones.

La tarde de este 19 de junio de 2026, en la Asamblea Estatal Permanente de la Sección 22 en Oaxaca, integrantes de la CNTE votaron a favor de realizar un receso de la huelga que mantiene el magisterio tanto en la Ciudad de México como en el estado. Esto se da tras la mesa tripartita con la SEP, luego de distintos ofrecimientos, donde se incluye un “bono” como parte de la “oferta económica” del gobierno federal.

SEP ofrece “recurso económico” a la Sección 22

En el documento al que Infobae México tuvo acceso se estipulan los tres acuerdos en los que la mayoría de maestros de la Sección 22 estuvo de acuerdo:

1. Se ratifican por parte del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Oaxaca los compromisos asumidos en la respuesta conjunta que se entregó a la Sección 22 de la CNTE el 5 de junio de 2026. En lo que respecta a las fechas previstas para el tema de la Nueva Ley de Educación del Estado de Oaxaca, se actualizarán de común acuerdo entre el Gobierno del Estado y la Sección XXII de la CNTE.
2. El Gobierno Federal otorgará un recurso económico al magisterio oaxaqueño, para atender las necesidades educativas y combatir el rezago en la entidad federativa, con un presupuesto total equivalente al otorgado para el ciclo escolar 2025-2026.
3. En las mesas tripartitas que se agenden con la Sección 22 de la CNTE Oaxaca se abordarán temas referentes a asuntos de carácter operativo de los niveles educativos; reparación de daños a víctimas, justicia y de seguridad social de los casos que presente esa representación sindical.

La minuta fue firmada por el Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, el Secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, el Director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero Pérez, así como la Secretaria General de dicha sección, Yenny Aracely Pérez Martínez.Fuentes consultadas indicaron que el recurso económico ofrecido por la SEP también podría ser utilizado para las necesidades del personal y la infraestructura.

Propuesta económica no es para levantar plantón

El “cese estratégico de la movilización” fue respaldado con 12 mil 818 votos a favor, con la que la Sección 22 se “reorganizará” con otros estados, con la finalidad de “sumar fuerzas” en el movimiento de la Coordinadora, entrando a “una nueva etapa de la jornada de lucha”, sin “claudicar en las demandas”, advirtió la dirigente.

La maestra Yenny Aracely aclaró en entrevista para medios de comunicación que el ofrecimiento de la SEP no es “para una cuestión que tenga que ver con levantar el movimiento”, adelantó que esta partida podría traducirse en la “contratación de personal docente”.

Aclaró que existe un “rezago de más de 10 mil faltantes de contratación de personal, y por lo tanto se estará revisando cómo se va a impulsar precisamente ese recurso”.

Tras salir de las oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional de Negociación informó que entre otros acuerdos destacaron:

• Aguinaldo de 90 días
• Homologación de prestaciones
• Sin represalias económicas o descuentos para los manifestantes

Cabe destacar que, el pasado 20 de marzo cuando la Coordinadora amenazaba con movilizarse en el marco del Mundial, Mario Delgado afirmó que en el estado de Oaxaca se ha llevado a cabo una “inversión histórica superior a los 23 mil millones de pesos” entre 2025 y 2026, presupuesto focalizado a "infraestructura, apoyos sociales, equipamiento y reconocimiento al magisterio".

Previo al evento “Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas” en San Quintín, Baja California, la presidenta Claudia Sheinbaum fue recibida en el estado por manifestantes de la CNTE y colectivos de búsqueda este 19 de junio de 2026.

CNTE y colectivos increpan a Sheinbaum en Baja California

Entre empujones, cientos de manifestantes rodearon la camioneta de la mandataria mexicana, al tiempo que gritaban la consigna: “¡Claudia, mentiste!”, en referencia a la promesa de campaña de Sheinbaum respecto a la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007, una de las demandas por las que el magisterio mantiene un plantón en el Zócalo de la CDMX desde inicios de mes.

Quienes esperaban a la titular del Ejecutivo Federal también le entregaron algunas solicitudes por escrito, el vehículo presidencial se vio obligado a detenerse ante la multitud.

Entre los mensajes con los que fue recibida la presidenta de México se podían leer:

“¡Imagínate! Trabajar más de 35 años de servicio, ahorrando toda tu vida con la esperanza de tener una vejez digna y darte cuenta que tus ahorros no te alcanzan para comer. ¡No a la ley del ISSSTE!”.

Los maestros no fueron los únicos manifestantes, ya que familiares de víctimas de personas desaparecidas también esperaban a la presidenta, buscando visibilizar su causa.

Parte de la CNTE se va del Zócalo y frena huelga

Parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación detiene la huelga y anuncia una etapa de reorganización, tras casi tres semanas de plantón en el Zócalo de la Ciudad de México. La información fue confirmada por fuentes de Infobae México, que detallaron que la Sección 22 de Oaxaca decidió suspender el campamento y el paro en la capital y en su estado de origen.

La decisión se tomó luego de una votación interna: 12,818 integrantes se pronunciaron por el receso y 3,594 en contra. La secretaria general de la sección, Yenny Aracely Pérez, señaló que la jornada de lucha expuso la falta de un sistema de jubilación digno y criticó al gobierno de Claudia Sheinbaum por no cumplir la promesa de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007.

La dirigencia magisterial explicó que el retiro del plantón no significa una derrota. El movimiento entra en una fase de “reorganización” con otros estados para fortalecer las acciones, sin claudicar en las demandas históricas.

Entre las exigencias centrales están la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007, la creación de un sistema solidario de seguridad social, la eliminación de las UMAS y las Afores, la jubilación por años de servicio —28 para mujeres y 30 para hombres—, un aumento salarial directo del 100% y la abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO.

En respuesta, el gobierno de Claudia Sheinbaum planteó, como ruta, eliminar la USICAMM y, a través de la Secretaría de Educación Pública, instalar una mesa plural con maestras y maestros para una nueva reforma. El ISSSTE propone crear una aseguradora pública que gestione las pensiones, aunque reconoce que eliminar la reforma de 2007 requiere recursos equivalentes a 20 puntos del PIB.

La protesta, desarrollada durante el Mundial 2026, buscó visibilizar la situación del magisterio a nivel internacional. La Sección 22 afirmó en redes sociales: “La Asamblea Estatal Permanente determina entrar a una nueva etapa de la jornada de lucha, sin claudicar en las demandas fundamentales”.

Sección 22 se retirará del plantón en el Zócalo

Fuentes consultadas por Infobae México confirmaron que la Sección 22 de Oaxaca realizará un receso, mismo que surtirá efecto a más tardar el día de mañana, tanto en el estado como en la capital del país.

Durante la Asamblea Estatal Permanente, Yenny Aracely Pérez, Secretaria General de la sección mencionada, reconoció la lucha del magisterio y reprochó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se haya retractado sobre una promesa de campaña:

“La jornada de lucha de la CNTE, desde luego que marca una historia en el país, donde un gobierno que lleva dos años y que prometió que abrogaría la ley del ISSSTE, ahora en el poder cambia el discurso y no está del lado de los trabajadores”.

El “cese estratégico de la movilización” se dio tras una votación de 12 mil 818 votos a favor y 3 mil 594 en contra, por lo que al menos el estado de Oaxaca entrará en una etapa de “reorganización de la protesta”.

Una protesta magisterial en el marco del Mundial

La dirigente estatal aseguró que la protesta en el marco del Mundial 2026 -donde Ciudad de México es sede- las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fueron escuchadas de manera internacional:

“De cierta manera se cumple con ese objetivo de visibilizar que en el país no hay un sistema de jubilación digno para todos los trabajadores”.

El repliegue no es visto como una cuestión de “derrota” sino como un momento para “reorganizarse” con otros estados y “sumar fuerza”.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la Sección 22 reafirmó que la decisión se dio tras un amplio análisis y debate:

“La Asamblea Estatal Permanente de la Sección 22 del SNTE-CNTE determina entrar a una nueva etapa de la jornada de lucha, sin claudicar en las demandas fundamentales que históricamente ha enarbolado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación”.

Estas son las demandas de la CNTE y las propuestas del Gobierno

Los integrantes de la Coordinadora han dejado claras sus exigencias al gobierno de Sheinbaum, entre ellas una reunión en Palacio Nacional a la que la mandataria se negó. Estas son las demandas del magisterio:

• Abrogación total de la Ley del ISSSTE 2007
• Un sistema de Seguridad Social Solidario
• No UMAS y No Afores
• Jubilación por años de servicio: 28 años, mujeres y 30 años, hombres
• Incremento salarial del 100% directo al sueldo
• Abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO

El gobierno de Claudia Sheinbaum, ha presentado dos propuestas principales para atender las demandas de la CNTE, la primera consiste en una ruta para eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM).

El secretario de Educación, Mario Delgado, plantea instalar una mesa plural el 15 de junio para elaborar una reforma. El proceso incluye un diagnóstico del sistema educativo, la elaboración de un proyecto de iniciativa y una consulta democrática al magisterio. El objetivo es que la propuesta se construya con la participación de maestras y maestros de todo el país.

La segunda propuesta está a cargo del ISSSTE, que plantea crear una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones. Esta entidad operaría junto con PENSIONISSSTE para garantizar que los trabajadores al servicio del Estado no tengan que aportar recursos a bancos o instituciones privadas. El director del ISSSTE, Martí Batres, señala que esta opción busca responder a la demanda de abrogar la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, aunque reconoce que eliminarla por completo requeriría recursos equivalentes a 20 puntos del PIB.

En una plaza del altiplano de Bolivia, una piedra impacta en un estrado: cientos de campesinos aimaras de poncho rojo pierden la paciencia y exigen a sus líderes endurecer las protestas que buscan la salida del presidente centroderechista Rodrigo Paz.

“¡Que renuncie, carajo!“, clama la multitud, que mezcla el aimara con el español en el pequeño poblado de Tilata, al suroeste de La Paz.

“Queremos que se vaya. No queremos que gobierne él (...). No vamos a dejar de bloquear hasta que se vaya este gobierno incapaz”, dice a la AFP Lidia Callisaya, dirigente campesina de 42 años, bajo un sol intenso a 3.950 metros de altura.

Para llegar aquí, los vehículos ondean como salvoconducto una wiphala, la bandera de los pueblos andinos, para sortear los bloqueos de carreteras armados con piedras, troncos y escombros, en una protesta que lleva más de 40 días.

En la provincia de Ingavi, donde se ubica el poblado, se registran algunas de las tomas de vías más críticas, que impiden el abastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles en las principales ciudades del país de 11 millones de habitantes.

“Vamos a radicalizar los puntos de bloqueo. ¡No entra ni sale un producto! Nosotros hacemos comer a la ciudad", dice un dirigente en el escenario, ahora celebrado por los agricultores.

Aunque los campesinos organizan la mayoría de los cortes de ruta, obreros, mineros, transportistas y maestros también se han sumado a protestas callejeras para rechazar el giro neoliberal de Rodrigo Paz, que en noviembre puso fin a 20 años de gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

También reclaman una salida a la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

- “Siempre hemos luchado” -

El cabildo, como llaman a la reunión al aire libre, es resguardado por decenas de indígenas con las mejillas abultadas por las hojas de coca que mascan. Cargan sus látigos en bandolera y sus sombreros llevan papeles que dicen “Policía sindical”.

Este cabildo es solo uno de los 20 que se tienen que hacer por cada provincia de La Paz, antes de que el sindicato departamental tome una decisión final sobre el rumbo de la protesta.

Pero la tendencia por ahora es firme: piden intensificar los bloqueos y no aceptar los llamados al diálogo de Rodrigo Paz.

“El gobierno está buscando cansarnos. Ha habido una respuesta (a las demandas de los campesinos), pero son puras promesas en las que la gente no cree”, dice a la AFP Vicente Salazar, el máximo directivo de todos los campesinos indígenas de La Paz.

“El pueblo se ha levantado y ha pedido, en ultimátum, la renuncia del presidente”, agrega.

Aunque en las últimas dos semanas los puntos de bloqueo cayeron de un centenar a unos 50 en todo el país, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras, la escasez persiste en las ciudades.

En La Paz, sede del gobierno, y en El Alto, muchos alimentos duplicaron sus precios, el oxígeno escasea en los hospitales y los conductores duermen en sus vehículos a la espera de cargar combustible.

En las pistas de Ingavi, hasta la frontera con Perú, los campesinos permanecen desde hace semanas en campamentos.

La gestión de Paz denuncia que quienes piden su renuncia son “narcoterroristas”, a los que vincula con el exmandatario Evo Morales, prófugo por un caso de presunta trata de una menor, cargo que él rechaza.

“Como indígenas, mujeres de pollera, somos perseguidos por el gobierno (...). Nos dijeron vándalos, terroristas”, reclama Marlen Quiroga, abogada y dirigente campesina de 43 años que viste una pollera verde, la falda tradicional andina.

“No somos evistas (partidarios de Evo Morales, ndlr), somos indígenas. Desde nuestros ancestros, siempre hemos luchado”, dice Quiroga.

AFP

Organizaciones de la diversidad sexual de Guatemala expresaron este jueves un fuerte rechazo ante la decisión de la alcaldía y el Concejo Municipal de Antigua Guatemala, encabezados por Juan Manuel Asturias, que impide la realización del desfile del orgullo LGBTIQ+ programado para el 20 de junio de 2026.

Agrupaciones como OTRANS, Red Lactrans y la Coalición Guatemalteca de Incidencia en las Américas difundieron un comunicado en el que detallan las múltiples vulneraciones a derechos fundamentales derivadas de la medida municipal.

Los colectivos denunciaron que la resolución municipal constituye una violación directa al derecho de reunión y manifestación, protegido en el artículo 33 de la Constitución guatemalteca.

Subrayaron que el uso de autorizaciones municipales para restringir protestas pacíficas carece de fundamento legal y fue declarado inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad, que ha establecido que las manifestaciones solo requieren aviso previo a la Gobernación Departamental.

Las organizaciones también advirtieron sobre la existencia de discriminación manifiesta por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Explicaron que, al invocar la protección de “valores” o la necesidad de “proteger a la niñez”, la municipalidad está excluyendo a una parte de la ciudadanía y negando el principio de igualdad ante la ley. “Restringir la marcha bajo pretextos de valores o costumbres rompe el principio de que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos”, señalaron.

En el comunicado, los colectivos cuestionaron el uso de la autoridad municipal y de la Policía Municipal para impedir la manifestación, calificando este proceder como un abuso y desviación de poder. Argumentaron que la autonomía municipal no puede situarse por encima de las garantías constitucionales y que la obligación de las autoridades es proteger a quienes se manifiestan pacíficamente, no obstaculizar sus derechos ni exponerlos a riesgos.

Las agrupaciones detallaron que la decisión de la alcaldía contraviene compromisos internacionales adquiridos por Guatemala, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Recordaron que estos instrumentos reconocen el espacio público como el canal natural para la expresión social y prohíben que las restricciones se basen en valores tradicionales. Citaron además la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que el patrimonio cultural no puede utilizarse para justificar restricciones a derechos civiles.

El comunicado incluye una referencia al reciente antecedente legal en el país, cuando en 2025 la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional que impidió la realización de desfiles del orgullo en la ciudad de Guatemala. Para los colectivos, esta tendencia representa un retroceso en el respeto a los derechos humanos de la población LGBTIQ+.

Las organizaciones hicieron un llamado a la sociedad nacional e internacional a monitorear la situación en Antigua Guatemala y anunciaron que evalúan acciones legales para revertir la decisión.

“Ninguna autoridad puede usar valores, tradiciones o la protección del patrimonio como excusa para negar derechos fundamentales”, declararon en el comunicado, enfatizando su compromiso de seguir exigiendo el respeto y la garantía plena de la igualdad y la dignidad para todas las personas.

Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos a menos de 72 horas de la segunda vuelta presidencial en Colombia, prevista para el domingo 21 de junio.

La advertencia apunta a posibles manifestaciones, actos de violencia y complicaciones de movilidad durante y después de la jornada electoral, especialmente cuando se conozcan los resultados oficiales.

La información publicada por Revista Semana señala que el aviso fue difundido por el Departamento de Estado, que recomendó a los viajeros prever retrasos o reconsiderar sus planes si tienen previsto desplazarse por Colombia durante el fin de semana electoral. La entidad también pidió mantenerse atentos a las condiciones de seguridad.

El documento oficial recuerda que las autoridades colombianas implementarán medidas especiales desde el sábado 20 hasta el lunes 22 de junio para garantizar el desarrollo de la jornada democrática. Entre las restricciones mencionadas aparecen especialmente el cierre temporal de fronteras terrestres y marítimas, la ley seca y un amplio despliegue de personal de seguridad en distintas regiones del país durante los comicios.

Posibles protestas y alteraciones del orden público

La principal preocupación de las autoridades estadounidenses está relacionada con lo que pueda ocurrir una vez se conozcan los resultados de las urnas. El Departamento de Estado advirtió que podrían presentarse protestas y hechos de violencia asociados con la elección o posteriores a ella.

“Es posible que se produzcan protestas y actos de violencia relacionados con las elecciones y posteriores a ellas en todo el país”, señaló la entidad en el mensaje dirigido a sus ciudadanos.

La alerta también advierte que las manifestaciones y los operativos de seguridad podrían generar dificultades para quienes necesiten movilizarse dentro del territorio nacional. El riesgo no se limita a concentraciones públicas, sino que incluye posibles interrupciones en corredores viales y otros puntos de comunicación.

“Las manifestaciones y el despliegue policial pueden causar importantes interrupciones en el transporte, como el cierre de carreteras o vías de comunicación”, agregó el Departamento de Estado.

Por esa razón, el Gobierno estadounidense recomendó a sus ciudadanos planear con anticipación cualquier desplazamiento. El mensaje fue directo para quienes tengan viajes programados durante el fin de semana electoral: “Si planea viajar a Colombia este fin de semana, asegúrese de prever tiempo adicional o reconsidere sus planes”.

Medidas de seguridad por la segunda vuelta

La advertencia se conoce en medio de un ambiente de alta expectativa por la segunda vuelta presidencial. De acuerdo con el reporte, las autoridades colombianas reforzarán los dispositivos de seguridad para garantizar una jornada en calma en el territorio nacional.

El cierre temporal de fronteras y la ley seca forman parte de las medidas especiales anunciadas para el periodo electoral. Estas restricciones buscan reducir riesgos, ordenar la movilidad y facilitar el trabajo de las autoridades durante los días más sensibles del proceso.

El amplio despliegue de seguridad también hace parte del plan para prevenir alteraciones del orden público y reaccionar ante cualquier eventualidad. Para los viajeros, ese refuerzo puede significar mayor presencia policial, controles adicionales y posibles cambios en los tiempos de desplazamiento.

El Departamento de Estado pidió a sus ciudadanos mantenerse informados y evaluar sus movimientos antes, durante y después de la votación. La recomendación no implica una prohibición general de viaje para todos los ciudadanos estadounidenses, pero sí un llamado a actuar con precaución frente a posibles bloqueos, protestas o retrasos.

Con esta alerta, Estados Unidos se suma a las advertencias previas sobre el ambiente electoral en Colombia. El foco del mensaje está en la seguridad de sus ciudadanos y en la necesidad de tomar previsiones ante un fin de semana marcado por restricciones, vigilancia reforzada y expectativa por los resultados presidenciales.

La máxima autoridad electoral de Bolivia cuestionó este miércoles las demandas de sectores movilizados que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz a siete meses de haber iniciado su mandato. El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, afirmó que ese tipo de planteamientos contradicen las reglas democráticas y señaló que los cargos obtenidos mediante voto popular se deben respetar.

“Es totalmente antidemocrático pedir la renuncia de autoridades electas que tienen un mandato y han sido elegidas por el pueblo boliviano”, declaró Ávila al referirse a la crisis social que atraviesa el país.

La autoridad añadió que el Órgano Electoral defenderá a las autoridades elegidas en las urnas y reiteró que la búsqueda de acuerdos mediante el diálogo constituye la vía adecuada para encauzar los conflictos políticos y sociales. “Exigimos el respeto de autoridades elegidas por el voto popular”, afirmó en una rueda de prensa este miércoles.

La declaración se enmarca en un periodo de alta conflictividad con pedidos de renuncia contra el presidente Paz. Desde inicios de mayo, varios grupos sociales —entre ellos sindicatos obreros, organizaciones campesinas del altiplano y federaciones cocaleras— iniciaron bloqueos de carreteras que se expandieron gradualmente a varios departamentos del país.

Las consecuencias económicas del conflicto se cuentan en miles de millones de dólares. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) estima que los bloqueos han provocado pérdidas acumuladas superiores a los 2.700 millones de dólares, equivalentes al 5,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Los sectores más afectados son la industria, el comercio, el transporte, el turismo y las exportaciones.

En La Paz, el impacto se ha reflejado en la vida cotidiana de la población. Los bloqueos sobre las vías de acceso a la sede de gobierno interrumpieron el abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y otros insumos esenciales, provocando largas filas en estaciones de servicio, escasez de productos básicos e incrementos significativos de los precios.

Los sectores movilizados reclaman la renuncia del primer mandatario a quien acusan de traición por haber incumplido promesas de la campaña electoral y por gobernar de manera excluyente en favor de las élites empresariales del país.

Sin embargo, en ese escenario de conflicto prolongado, en las últimas semanas comenzaron a surgir señales de distensión. Dirigentes de organizaciones que impulsan las medidas de presión abrieron la posibilidad de negociar con el Gobierno y plantearon un listado ambicioso de demandas alternativo al pedido de renuncia, que incluye la liberación de manifestantes detenidos, la abrogación de decretos que consideran inconstitucionales y rechazan algunos préstamos de financiamiento externo, entre otros puntos.

Si bien desde la semana pasada los puntos de bloqueo han disminuido y el diálogo con algunos sectores ha comenzado, la crisis está lejos de estar superada. Todavía se mantienen más de 40 piquetes que interrumpen el tránsito en el eje troncal del país; las negociaciones han entrado en pausa hasta que se liberen a los detenidos y los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) descartaron su repliegue y advirtieron la radicalización de las protestas.

“A partir de mañana masificamos nuestros puntos de bloqueo, (hemos decidido) no rendirnos, no arrodillarnos, no retroceder ni un milímetro”, afirmó el dirigente Isidro Auca, en una conferencia de prensa el martes. Los cocaleros, además de pedir la renuncia del jefe de Estado, buscan la protección de su líder político sobre quien pesa una orden de captura por un caso de trata agravada de menores.

A través del espacio “Derecho de Réplica” encabezado por la Consejera Jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, se precisó que la propuesta de la SEP sobre la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) no corresponde a poner las plazas del magisterio bajo el control de la CNTE, como trascendió en los últimos días.

“Lo que plantea es reafirmar la rectoría del Estado mexicano a través de un nuevo esquema para el ingreso, promoción y reconocimiento de las y los maestros”, compartió Alcalde Luján, asegurando que la instrucción presidencial está enfocada en la “consulta a todas y todos los maestros en cada escuela”.

Compartió que otro de los puntos que busca priorizar el gobierno federal se trata de respetar “los derechos laborales como elemento fundamental con transparencia, se blinde contra el nepotismo, el favoritismo y las prácticas de corrupción en la asignación de plazas que prevalecían en los gobiernos anteriores”.

¿Qué es la USICAMM y por qué la CNTE quiere su eliminación?

La USICAMM es un organismo con autonomía técnica adscrito a la SEP. Nació de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que entró en vigor en 2019 como parte de la arquitectura institucional que dejó la reforma educativa impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Su función central es administrar los procesos de admisión, promoción, reconocimiento y cambios de adscripción del personal docente en escuelas públicas de preescolar a bachillerato. Para ello opera el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas, que distribuye los puestos del servicio educativo mediante evaluaciones y puntajes.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechaza ese modelo desde su origen. El principal argumento de la Coordinadora es que el sistema genera burocracia excesiva que retrasa la entrega de plazas.

A eso se suman fallas recurrentes en la plataforma digital, criterios poco claros y demoras que afectan a los docentes en espera de una asignación. Con la desaparición de la USICAMM, el sindicato recuperaría la capacidad de incidir directamente en esas decisiones, como ocurría antes de la reforma de 2013.

Esta es la propuesta de Mario Delgado ante las protestas de la Coordinadora

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, confirmó que el gobierno entregó a la CNTE un documento firmado también por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con un calendario concreto para desmantelar la USICAMM. El objetivo, según Delgado Carrillo, es que la reforma quede aprobada dentro de este mismo año.

La ruta arranca este 15 de junio con la instalación de una mesa plural para elaborar la propuesta de iniciativa. Del 16 de junio al 20 de julio se realizará un diagnóstico del marco jurídico vigente, los derechos laborales y los mecanismos de promoción y escalafón. Del 21 de julio al 17 de agosto se elaborará el proyecto de reforma, y del 18 al 31 de agosto se someterá a consulta democrática del magisterio. El 14 de septiembre se presentará la iniciativa ante el Congreso de la Unión.

La propuesta llegó tras tres días de movilizaciones que incluyeron bloqueos en avenidas de la Ciudad de México y actos de protesta en Paseo de la Reforma. Pese a los llamados al diálogo de Segob, ISSSTE y SEP, los representantes de la Coordinadora salieron este 17 de junio sin acuerdos y con la advertencia de que no se realizará otro ofrecimiento por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Tras una mesa de diálogo que duró varias horas entre representantes de la CNTE y los titulares de Segob, SEP e ISSSTE, la huelga del magisterio continuará luego de que el gobierno no presentará otras propuestas.

En su día 17 de protestas, el gobierno a través de Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dio a conocer que reestablecerían el diálogo tras las protestas que se han intensificado en el marco del Mundial 2026 en Ciudad de México, sin embargo, la oferta de la administración de Claudia Sheinbaum se reduce a la desaparición de la USICAMM y la puesta en marcha de una aseguradora pública.

CNTE acusa represión por parte del gobierno

Elvira Veleces Morles, secretaria general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), aseguró que maestros de la sección siete fueron reprimidos tras las protestas en Calzada de Tlalpan, donde miles de policías han sido colocados a cierta distancia del Estadio Azteca durante los partidos de la última semana.

“Le hicimos saber a este gobierno que no somos nosotros los que repetimos las prácticas del prianismo, sino son ellos a través de la represión y la intimidación del que fuimos objetos hoy el magisterio disidente de la CNTE”, acusó la integrante de la Coordinadora.

“No puede ser que en un gobierno que se dice de la Cuarta Transformación, se tengan elementos en seguridad pública que busquen amedrentar, e incluso, lanzar amenazas de muerte, como ocurrió con el compañero Octavio Romero Gerónimo, y con una servidora, pues me dijeron que la próxima me van a desaparecer”, detallo la profesora.

Gobierno se compromete a seguir con las mesas de diálogo

Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum ha minimizado el avance de las mesas de diálogo con el magisterio, durante el encuentro con medios, la CNTE aseguró que Mario Delgado se comprometió a continuar con la mesa suspendida el pasado ciernes 12 de junio.

Sobre avances con el gobierno para “firmar un documento (donde se comprometan) para que pasemos de manera paulatina a todos los trabajadores que se encuentran en cuotas individuales a un sistema solidario de pensiones”, precisaron que no hubo mayor respuesta, por lo que, las movilizaciones se mantendrán.

Segob instalará mesa de justicia

La Secretaría de Gobernación (Segob) encabezada por Rosa Icela Rodríguez instalará una mesa de justicia con la finalidad de dar seguimiento a los casos de represión donde profesores resultaron lesionados, como fue el caso de Proceso Columbo, quien resultó lesionado de la cara por el impacto de una bala de goma en el primer día de la protesta en el Zócalo.

Aunque las mesas de diálogo continuarán, Gobernación les aseguró que solamente lo propuesto por SEP e ISSSTE serán las únicas opciones “por el momento”, sin la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007. Ante lo conversado entre los titulares y la CNTE, será en la Asamblea Nacional Representativa del 18 de junio donde se harán las consultas a la base, reafirmando que el magisterio continuará en huelga.

Estas son las dos propuestas del gobierno de Sheinbaum para la CNTE

El gobierno de Claudia Sheinbaum, ha presentado dos propuestas principales para atender las demandas de la CNTE:

• La primera consiste en una ruta para eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM). El secretario de Educación, Mario Delgado, plantea instalar una mesa plural el 15 de junio para elaborar una reforma. El proceso incluye un diagnóstico del sistema educativo, la elaboración de un proyecto de iniciativa y una consulta democrática al magisterio. El objetivo es que la propuesta se construya con la participación de maestras y maestros de todo el país.
• La segunda propuesta está a cargo del ISSSTE, que plantea crear una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones. Esta entidad operaría junto con PENSIONISSSTE para garantizar que los trabajadores al servicio del Estado no tengan que aportar recursos a bancos o instituciones privadas. El director del ISSSTE, Martí Batres, señala que esta opción busca responder a la demanda de abrogar la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, aunque reconoce que eliminarla por completo requeriría recursos equivalentes a 20 puntos del PIB.

Entre consignas de “Claudia, escucha, Sonora está en la lucha” y exigencias de mejoras urgentes, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, regresó este lunes al Hospital General “Dr. Fernando Ocaranza” del ISSSTE en Hermosillo para dialogar con trabajadores y derechohabientes que mantienen una serie de protestas por las condiciones en las que opera la unidad médica.

La visita se produjo un día después de que el mandatario realizara un recorrido por las instalaciones tras las denuncias públicas sobre fallas en el sistema de aire acondicionado, problemas de infraestructura y presuntas carencias de medicamentos y personal.

Sin embargo, pese a los compromisos anunciados por las autoridades, los inconformes decidieron seguir adelante con la manifestación convocada para este 15 de junio.

Durante el encuentro, Durazo aseguró que no evadiría las demandas de los trabajadores y afirmó que habrá seguimiento a cada una de las problemáticas planteadas.

“Aquí estoy dando la cara y voy a dar respuesta”, expresó el gobernador ante los manifestantes, quienes aprovecharon su presencia para exponer nuevamente las dificultades que enfrentan diariamente dentro del hospital.

Una protesta que creció más allá del aire acondicionado

Aunque las primeras denuncias se concentraron en las fallas del sistema de climatización, trabajadores y usuarios señalaron que la problemática es mucho más amplia y refleja el deterioro acumulado de la infraestructura hospitalaria.

Entre las principales demandas destacan:

• Reparación definitiva del sistema de aire acondicionado.
• Solución a fallas eléctricas y de suministro de agua.
• Atención a problemas de drenaje y malos olores.
• Mejoramiento de áreas médicas y de hospitalización.
• Incremento de personal y recursos para la atención médica.
• Garantías de seguridad para trabajadores y pacientes.
• Definición de una fecha para la construcción de un nuevo hospital.

Los manifestantes sostienen que las condiciones actuales afectan tanto al personal médico como a los derechohabientes, especialmente durante la temporada de calor, cuando las temperaturas en Hermosillo superan con frecuencia los 40 grados centígrados.

Durazo anuncia llegada de funcionarios federales

Durante el diálogo con los inconformes, el gobernador informó que sostuvo conversaciones con el director general del ISSSTE, Martí Batres, así como con autoridades de IMSS-Bienestar para buscar soluciones de corto y largo plazo.

Según explicó, funcionarios federales de las áreas médica y de infraestructura acudirían al hospital para realizar una evaluación detallada de las condiciones del inmueble.

“Vienen ahorita funcionarios de México. Vamos a hacer un levantamiento de todo y lo vamos a resolver”, señaló Durazo ante los trabajadores.

Asimismo, indicó que se analiza la posibilidad de canalizar a algunos derechohabientes a otras unidades médicas del sistema de salud cuando la capacidad del hospital resulte insuficiente.

Exigen un nuevo hospital y rechazan soluciones temporales

Uno de los reclamos que más fuerza tomó durante las protestas fue la exigencia de construir una nueva unidad hospitalaria para atender la demanda creciente de servicios médicos en la región.

Representantes de los trabajadores señalaron que los problemas registrados durante los últimos años evidencian limitaciones estructurales que no pueden resolverse únicamente con reparaciones parciales.

Por ello, insistieron en que las autoridades establezcan una ruta clara para concretar una nueva infraestructura hospitalaria que permita garantizar una atención adecuada a los derechohabientes del ISSSTE en Sonora.

Mantendrán movilizaciones hasta ver resultados

La manifestación inició desde temprana hora con la participación de trabajadores de distintas áreas, pacientes, familiares e integrantes del Movimiento Sonorense de Trabajadores de la Educación, quienes bloquearon parcialmente el bulevar José María Morelos para visibilizar sus demandas.

Aunque reconocieron la disposición del gobernador para escuchar los reclamos y recorrer nuevamente las instalaciones, los participantes advirtieron que las movilizaciones continuarán hasta que existan avances verificables en la solución de los problemas denunciados.

Mientras las autoridades estatales y federales realizan nuevas inspecciones y mesas de trabajo, el Hospital Fernando Ocaranza permanece en el centro de una creciente exigencia ciudadana que demanda mejoras inmediatas y una solución de fondo para garantizar servicios médicos dignos en Sonora.

La policía de la Ciudad de México cercó este lunes un convoy de autobuses que transportaba a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, cuando circulaban por la autopista México-Cuernavaca con destino al Zócalo capitalino.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) interceptaron a los más de diez autobuses en la caseta de peaje de Tlalpan, al sur de la capital, mientras los estudiantes buscaban incorporarse a las protestas encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Protestas de la CNTE a días del Mundial 2026

Las manifestaciones se desarrollan en un contexto marcado por la cercanía del partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026, programado para el próximo 11 de junio en la Ciudad de México.

La continuidad de los bloqueos ha generado inquietud por posibles afectaciones a la movilidad y a la organización de eventos vinculados con el torneo internacional.

Bloqueos en la CDMX

Las movilizaciones de la CNTE cumplen nueve días consecutivos y han incluido bloqueos en importantes vialidades de la capital, como Paseo de la Reforma y avenida Chapultepec.

Tras una Asamblea Nacional Representativa realizada durante la madrugada, la Coordinadora acordó mantener las protestas y desarrollar acciones informativas en diversos medios de comunicación.

Como parte de estas acciones, integrantes de distintas secciones sindicales bloquearon desde temprana hora los accesos a instalaciones de TV Azteca, Televisa y W Radio.

Las demandas de la CNTE al gobierno

La principal exigencia de la CNTE es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, al considerar que modificó de manera negativa las condiciones de retiro de los docentes.

Entre sus demandas también destacan:

• El regreso a un sistema solidario de pensiones.
• El rechazo al cálculo de jubilaciones mediante Unidades de Medida y Actualización (UMA).
• Que las pensiones se determinen con base en salarios mínimos.
• Mejoras en las condiciones laborales y de retiro para el magisterio.

Claudia Sheinbaum garantiza paz durante el evento

Durante su conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las protestas de la CNTE no pondrán en riesgo la realización del partido inaugural del Mundial 2026.

La mandataria sostuvo que se mantendrán las condiciones de paz y gobernabilidad necesarias para el desarrollo del evento deportivo, pese a las movilizaciones magisteriales que continúan en distintos puntos de la Ciudad de México.

Actualización del caso Ayotzinapa: detención de exmilitar reaviva exigencias de justicia

La reciente detención en Estados Unidos de Enrique Martínez Chávez, exintegrante del 27 Batallón de Infantería de Iguala y presuntamente vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, volvió a colocar el caso en el centro de la discusión pública mientras continúan las movilizaciones de estudiantes y organizaciones sociales en México.

El exmilitar fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California, donde permanecía tras abandonar México. De acuerdo con las autoridades mexicanas, existe una orden de aprehensión vigente en su contra por delitos relacionados con el caso, entre ellos desaparición forzada, delincuencia organizada y tortura.

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la captura no fue resultado de una solicitud específica del Gobierno mexicano, sino que ocurrió durante una redada migratoria realizada por autoridades estadounidenses. Según explicó, fue durante ese operativo cuando se detectó que el detenido contaba con una ficha vinculada a una orden de aprehensión emitida en México.

La mandataria también precisó que Martínez Chávez no forma parte de las dos personas cuya extradición fue solicitada directamente por su administración a Estados Unidos como parte de las investigaciones relacionadas con Ayotzinapa.

Entre esos casos figuran el exjuez Ulises Bernabé García y Pablo Vega Cuevas, alias El Transformer, ambos señalados en las indagatorias sobre la desaparición de los estudiantes.

La Fiscalía General de la República (FGR) analiza ahora los mecanismos legales para concretar el traslado del exmilitar a territorio mexicano y que enfrente los cargos que pesan en su contra. La captura representa uno de los avances más recientes en un expediente que, a casi 12 años de los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, sigue sin esclarecer completamente el destino de los 43 estudiantes desaparecidos.

Para los familiares de las víctimas y los colectivos que mantienen viva la exigencia de verdad y justicia, la detención constituye un paso relevante, aunque insuficiente. Diversas organizaciones han insistido en que aún existen pendientes en las investigaciones, particularmente en lo relacionado con la participación de autoridades y miembros de corporaciones de seguridad que presuntamente tuvieron conocimiento de los hechos.

Miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intensificarán este lunes 15 de junio su paro nacional con una jornada de protestas que incluye la liberación de casetas de peaje en los principales accesos a la Ciudad de México y en más de 20 estados del país, además de mantener el plantón instalado en el Centro Histórico capitalino.

La acción se suma a las movilizaciones y bloqueos que la organización sindical ha desplegado desde el inicio de su huelga indefinida el 1 de junio, en rechazo a la Ley del ISSSTE de 2007 y las políticas de pensiones del gobierno federal.

El magisterio disidente confirmó que automovilistas que crucen por las casetas de entrada a la capital estarán exentos de pagar peaje, como medida de presión para exigir la abrogación de la reforma de pensiones y mejoras salariales.

Paso libre en casetas y bloqueos simultáneos en todo el país

La CNTE anunció que sus contingentes permitirán el paso gratuito en casetas de peaje que conectan con la Ciudad de México y en vías federales de al menos 20 entidades. Los docentes señalaron que esta acción busca fortalecer la huelga nacional y aumentar la presión sobre el gobierno federal para atender sus demandas centrales, tras rechazar las propuestas presentadas en las mesas de diálogo recientes.

La organización detalló que la liberación de casetas se realizará en un horario por definir y que la protesta se extenderá a estados con fuerte presencia magisterial.

Además, la CNTE convocó a una conferencia de prensa para este lunes 15 de junio a las 10:30 a. m. en la caseta Tlalpan, carretera México-Cuernavaca, donde sus secretarios generales presentarán el posicionamiento político y el plan de acción actualizado.

Las acciones de liberación de casetas y movilizaciones se replicarán en más de 20 estados, entre ellos:

• Estado de México
• Chiapas
• Chihuahua
• Ciudad de México
• Durango
• Guanajuato
• Guerrero
• Jalisco
• Michoacán
• Morelos
• Oaxaca
• Quintana Roo
• Sinaloa
• Sonora
• Tabasco
• Tlaxcala
• Yucatán
• Veracruz
• Zacatecas

La dirigencia de la CNTE advirtió que el paro nacional indefinido continuará y que no habrá tregua, pese a que en la consulta interna de la Sección 22 de Oaxaca se registró una votación dividida: de más de 12,000 docentes consultados, 6,162 votaron a favor del receso y 6,337 por mantener la huelga, aunque representantes sectoriales presentaron cifras diferentes y acusaron inconsistencias en el conteo oficial.

Plantón, protesta en CDMX y demandas sin respuesta

El plantón magisterial sigue activo en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, con casas de campaña y carpas instaladas desde mediados de mayo. La CNTE ratificó el rechazo a una tregua temporal y la continuidad del paro nacional tras la Asamblea Estatal Permanente de la Sección 22, donde Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general, declaró: “Después de haber realizado este ejercicio plenamente democrático, donde se han consultado las bases movilizadas, se determina, entonces, continuar con la huelga nacional de la CNTE”.

La organización reclama la falta de voluntad del gobierno federal para atender sus demandas y critica la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum a reunirse directamente con la dirigencia magisterial, pese a semanas de movilizaciones y negociaciones sin resultados. La CNTE exige:

• Abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007
• Eliminación del sistema de AFORE y regreso al esquema solidario e intergeneracional de pensiones
• Jubilación por años de servicio y pensión equivalente al 100% del último salario
• Eliminación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el cálculo de pensiones
• Reparación del daño para los docentes Proceso Columbo González y Octavio Romero Jerónimo, heridos durante las protestas del 1 de junio
• Apertura y seguimiento de mesas tripartitas para todos los contingentes

La CNTE también ha denunciado la presunta represión sufrida durante la inauguración del Mundial 2026, cuando fueron contenidos por un cerco policial en las inmediaciones del estadio, y la poca apertura a sus exigencias, a pesar de la presión mediática nacional e internacional.

Asamblea, críticas internas y continuidad de la huelga

La Asamblea Nacional Representativa (ANR) de la CNTE se reinstalará este lunes 15 de junio a las 20:00 horas, donde los delegados de las distintas secciones magisteriales evaluarán los siguientes pasos del movimiento. La organización insiste en la unidad y la movilización permanente con consignas como: “¡Unidos y organizados, venceremos! ¡Hasta la victoria siempre!”

Mientras tanto, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y otras secciones ratificaron su adhesión al paro laboral y a las acciones nacionales, manteniendo el plantón y las protestas hasta obtener una respuesta favorable del gobierno.

Las protestas magisteriales continúan en un contexto de alta visibilidad por el Mundial de Futbol, con afectaciones viales y sociales en la capital y en todo el país.

En México, el registro oficial de personas desaparecidas y no localizadas ya suma 134 mil 947 personas, una crisis que madres y familiares de víctimas han intentado visibilizar a nivel internacional en el marco del Mundial 2026.

Días antes de la inauguración de la fiesta futbolera, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, así como ciudadanía solidaria con la causa, comenzaron a realizar a pegar boletines con el rostro de sus seres queridos en los alrededores del Estadio Azteca, advirtiendo que sus acciones no buscaban boicotear el inicio de la justa mundialista sino exponer una problemática minimizada por el Estado mexicano.

La intervención de buscadoras rumbo a la justa mundialista

Cabe destacar que esta crisis golpea a todos los estados del país, situación que han alarmado distintas organizaciones y activistas, así como los familiares de las víctimas, sin embargo, hay diez estados en focos rojos:

• Estado de México con 14 mil 643 personas desaparecidas y no localizadas
• Tamaulipas con 13 mil 836 personas desaparecidas y no localizadas
• Jalisco con 12 mil 758 personas desaparecidas y no localizadas
• Michoacán con 7 mil 867 personas desaparecidas y no localizadas
• Nuevo León con 7 mil 514 personas desaparecidas y no localizadas
• Sinaloa con 7 mil 287 personas desaparecidas y no localizadas
• Veracruz con 7 mil 269 personas desaparecidas y no localizadas
• Sonora con 6 mil 154 personas desaparecidas y no localizadas
• Guanajuato con 5 mil 677 personas desaparecidas y no localizadas
• Baja California con 5 mil 230 personas desaparecidas y no localizadas

Ante esta situación y con la finalidad de que la crisis de personas desaparecidas trascienda en el discurso de un evento donde la asistencia ha sido masiva -al menos en la Ciudad de México- las madres buscadoras realizaron pintas en espacios públicos aledaños a Calzada de Tlalpan, dejando un mensaje claro: los colectivos no dejarán de buscar “¡Hasta encontrarles!”.

Cada ficha colocada en paredes, estructuras e instalaciones, cuenta una historia más allá de ser solo rostros, entre una descripción breve sobre datos generales de la persona y el relato sobre la última vez que fue vista, sus familiares se dieron cita en varias ocasiones para visibilizar su caso.

Las familias también dieron a conocer la mascota no oficial del Mundial 2026, un “Ajolote buscador” el cuál porta una camisa blanca con el imagotipo de una pala y en la parte de atrás, la leyenda “+130 mil desaparecidos”.

Esta figura se convirtió en una pieza clave que interviene en el discurso oficialista, debido a que en semanas previas a la fiesta futbolera, el gobierno encabezado por Clara Brugada fue criticado por llenar la capital de color morado y figuras de ajolote como emblema principal de su administración.

Otra de las acciones realizadas por las madres buscadoras se centró en colocar mensajes en los billetes de 50 pesos, mostrándolos como un “billete conmemorativo”, con las siguientes leyendas: “133 mil desaparecidxs”, “Ajolote buscador”, “Vamos a buscarle” “¿Dónde estás?”, “Campeón en desaparición”.

A estas actividades pensadas desde la visibilización de una causa que ha mantenido a las madres realizando la búsqueda en vida de sus seres queridos, donde han acusado diversas omisiones de las instituciones, así como la indolencia de un sistema que habla de cifras sin tomar en cuenta lo que hay detrás de cada víctima, también se sumaron artivistas como Elsa Oviedo, quien intervino el imagotipo de la Selección Mexicana al sustituir el águila por una pala de arena, símbolo fundamental para las madres buscadoras, añadiendo el lema: “Campeón en desaparición”.

Además, las madres buscadoras intervinieron camisetas de la Selección Mexicana con el rostro de sus familiares, con mensajes de “La pelota vuelve a casa, ¿nuestros hijos cuándo?”.

La lucha de las madres llegó hasta el Azteca

Con altavoces, pancartas y lonas, las madres buscadoras lograron llegar al Estadio Azteca el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial, pese a la barrera que contemplaba cientos de policías y vehículos para impedir su paso.

Integrantes de colectivos como Hasta Encontrarles CDMX, Una Luz en el Camino, Lirios Biscadores Izcalli, Luciernagas buscadoras CDMX, entre otros, caminaron hasta el Colosos de Santa Úrsula, donde algunos relatos han trascendido a medios internacionales debido a la movilización que realizaron.

Las acciones también se dieron durante el festejo en el Ángel de la Independencia, donde miles de personas -nacionales e internacionales- acudieron para celebrar el triunfo de México contra Sudáfrica; el otro escenario era diferente, donde cientos de madres y familiares de personas desaparecidas mostraban lonas con los rostros de una crisis que ha golpeado la vida diaria de quien en un festejo internacional busca hacer eco de su lucha por justicia.

La noche del jueves, tras la victoria de México en el partido inaugural de la Copa Mundial 2026, dejó postales impactantes en todo el país. Miles de personas se congregaron espontáneamente en el Ángel de la Independencia, así como en plazas y calles de diversas ciudades para celebrar un triunfo que, más allá del marcador, desató un sentimiento de pertenencia y alegría compartida. La euforia colectiva trascendió los límites del deporte, convirtiéndose en una experiencia que unió por unas horas a individuos de distintas edades, clases sociales y orígenes.

Este fenómeno, visible en las celebraciones masivas, ilustra una de las ideas principales desarrolladas por el Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S. J., rector de la Universidad Iberoamericana, en su artículo para la revista IBERO, dedicado a este evento deportivo.

El especialista sostiene que el futbol es una realidad compleja, donde conviven la pasión, el sentido de comunidad y la lógica de mercado, así como memorias colectivas y los intereses de una industria multimillonaria.

Los festejos recientes demuestran su capacidad para generar experiencias compartidas difíciles de igualar en otros ámbitos actuales. Para muchos, lo que se celebró no fue solo la victoria, sino la oportunidad de vivir una alegría común en un país atravesado por desafíos cotidianos.

El futbol como espacio simbólico y social

En su reflexión, retoma aportes de pensadores como Johan Huizinga y Roger Caillois, quienes consideran el juego una actividad esencial para la humanidad. La actividad deportiva, bajo esta perspectiva, crea sentido, fortalece vínculos y construye formas de convivencia bajo reglas compartidas.

• Permite el reconocimiento mutuo y la expresión de emociones colectivas.
• Fomenta la disciplina, el respeto y la creación de lenguajes comunes.
• Su práctica puede generar comunidad tanto en estadios profesionales como en espacios barriales.

La alegría observada tras el triunfo mexicano confirma la potencia simbólica del juego. En este contexto, la celebración fue tanto una respuesta emocional al marcador como una afirmación de identidad nacional.

La industria global y sus contradicciones

El académico resaltó que el futbol moderno está atravesado por intereses económicos, decisiones institucionales y factores políticos que afectan a millones. Los Mundiales ejemplifican estas tensiones:

• Han surgido cuestionamientos por el destino de la infraestructura tras Sudáfrica 2010.
• En Brasil 2014, hubo denuncias por desalojos y afectaciones al derecho a la vivienda.
• Durante Qatar 2022, los escándalos de corrupción y los abusos laborales contra migrantes fueron noticia internacional.

Esto evidencia que, si bien este deporte moviliza emociones legítimas, no debe dejarse de lado el análisis crítico sobre las estructuras que sostienen el espectáculo.

Mundial 2026: celebración y desafío ético

La edición 2026 de la Copa del Mundo ocurre mientras persisten debates en México, Estados Unidos y Canadá sobre migración, desigualdad y derechos laborales.

En el caso mexicano, el Dr. Arriaga manifestó la relevancia de no ignorar el contexto de violencia e impunidad, ni las demandas sociales que puedan surgir alrededor del evento. Para los otros países anfitriones, señala la necesidad de observar las tensiones migratorias y el trato hacia poblaciones vulnerables.

Es posible disfrutar de las celebraciones sin renunciar a la mirada crítica. Festejar los triunfos no implica desconocer los problemas estructurales, y el análisis ético no obliga a negar la alegría del juego.

La construcción de un nuevo complejo penitenciario de 177.2 millones de dólares en el distrito de Santa María, provincia de Herrera, comenzó a enfrentar una creciente resistencia ciudadana. Residentes, líderes comunitarios y autoridades locales salieron a las calles para rechazar el proyecto impulsado por el Gobierno Nacional, argumentando que la región necesita inversiones en agua potable, educación, infraestructura vial y desarrollo económico antes que una nueva cárcel.

La protesta se desarrolló en Divisa, una de las principales puertas de entrada a las provincias centrales, donde decenas de personas expresaron su oposición a la iniciativa promovida por el Ministerio de Gobierno para construir el denominado Complejo Penitenciario de Provincias Centrales.

Entre los participantes estuvo el alcalde de Santa María, Iván Eladio De León Banda, quien aseguró que la comunidad espera reunirse en los próximos días con la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, para conocer los alcances del proyecto y plantear formalmente sus preocupaciones.

“Hemos hecho enlace para tener contacto con la ministra Montalvo, donde nos va a atender la próxima semana para que nos aclare todo el tema del proyecto y que escuche nuestras peticiones”, manifestó durante la concentración.

El alcalde sostuvo que la principal preocupación de los residentes es el impacto que podría tener una instalación penitenciaria de gran escala en una zona que históricamente ha apostado por actividades agrícolas, comerciales y educativas.

“Nosotros hacemos un llamado al Gobierno para que escuche a su pueblo. Estamos aquí para trabajar y mejorar la calidad de vida de nuestra gente, para generar proyectos de desarrollo sostenible y no proyectos que generen incertidumbre y preocupación”, agregó.

Las críticas no provinieron únicamente de las autoridades locales. Eunilo Franco, residente del corregimiento de Limón, cuestionó que el Estado priorice la construcción de una cárcel cuando, según afirmó, existen necesidades más urgentes en materia de infraestructura comunitaria.

“Lo que necesita Santa María son canchas deportivas, agua potable, mejores caminos y apoyo a las escuelas. Cárcel no necesita”, expresó.

Otros participantes insistieron en que la región requiere inversiones en alcantarillados, equipamiento escolar, centros deportivos y mejoras a la red vial antes que un proyecto penitenciario de grandes dimensiones.

La oposición surge en momentos en que el Ministerio de Gobierno mantiene abierta una licitación pública para el estudio, diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del nuevo complejo. El precio de referencia es de 177.2 millones de dólares.

El pliego establece que el Complejo Penitenciario Regional de Divisa será una instalación para hasta 3,000 personas privadas de libertad, distribuidas según situación jurídica y nivel de peligrosidad. El diseño contempla una separación entre procesados y condenados, así como módulos de mínima, media y alta seguridad.

La estructura no será una cárcel menor. El proyecto incluye pabellones de alojamiento, celdas individuales para áreas de alta seguridad, dormitorios colectivos de hasta seis camas en otros regímenes, patios de sol, áreas comunes, puestos de control, sistemas de requisa y espacios separados para educación, salud, deporte, trabajo y atención psicosocial.

El complejo también tendrá infraestructura para el personal penitenciario. La documentación técnica contempla alojamiento para 450 custodios, con dormitorios organizados en módulos de hasta 16 plazas, lockers individuales, baños, duchas, áreas compartidas, comedor, espacios de capacitación, gimnasio y una cancha multiuso.

La cifra convierte al proyecto en una de las inversiones más elevadas realizadas en materia carcelaria en la historia reciente del país. El monto también ha llamado la atención porque supera ampliamente el costo del Centro de Resarcimiento y Rehabilitación que el Gobierno planea construir en Las Garzas, Pacora, cuyo precio de referencia asciende a 85 millones de dólares.

En términos prácticos, la nueva cárcel proyectada para Herrera costaría más del doble que el moderno centro de rehabilitación que será desarrollado dentro de los terrenos del complejo penitenciario La Joya.

La propuesta forma parte de la estrategia gubernamental para ampliar la capacidad instalada del sistema penitenciario panameño, que enfrenta desde hace años problemas de hacinamiento.

Según las estadísticas más recientes del sistema penitenciario, Panamá mantiene más de 24 mil privados de libertad frente a una capacidad cercana a las 15 mil plazas, lo que genera una sobreocupación que supera ampliamente los estándares recomendados internacionalmente.

Las cárceles de La Joya, La Joyita y La Nueva Joya concentran buena parte de esa presión. Solo ese complejo alberga miles de internos por encima de su capacidad original y ha sido escenario de motines, fugas y múltiples cuestionamientos relacionados con las condiciones de reclusión.

Para las autoridades, la construcción de nuevos centros penitenciarios es una necesidad para reducir la saturación y modernizar infraestructuras que en muchos casos fueron diseñadas hace décadas.

Sin embargo, en Santa María el debate gira en torno a la ubicación escogida para el proyecto.

La zona de Divisa ocupa una posición estratégica dentro del territorio nacional. Ubicada sobre la Carretera Panamericana, conecta las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, facilitando el acceso terrestre desde distintos puntos del país. Precisamente esa ubicación logística aparece entre las razones que habrían favorecido la selección del área para desarrollar la nueva infraestructura penitenciaria.

No obstante, los residentes consideran que esa misma ventaja geográfica debería aprovecharse para atraer inversiones productivas, fortalecer el turismo interno, impulsar la actividad agropecuaria y mejorar los servicios públicos de la región.

El proyecto también llega en un momento particularmente sensible para el sistema penitenciario panameño. Durante los últimos últimos, las autoridades han debido enfrentar una nueva crisis carcelaria tras la fuga masiva registrada en La Joyita, un hecho que reavivó el debate nacional sobre la seguridad penitenciaria, la capacidad de los centros de reclusión y las condiciones de control dentro de las cárceles del país.

En ese contexto, el Gobierno sostiene que nuevas infraestructuras permitirán responder a una demanda creciente de espacios penitenciarios y mejorar la gestión del sistema.

Para los habitantes de Santa María, sin embargo, la discusión va más allá de la necesidad de ampliar la capacidad carcelaria. La preocupación principal es que una inversión de 177 millones de dólares termine transformando la identidad de una región tradicionalmente agrícola y comercial que aspira a atraer proyectos de desarrollo, empleo e infraestructura comunitaria.

Mientras el proceso de licitación continúa avanzando, los residentes esperan que la reunión anunciada con la ministra de Gobierno permita abrir una negociación antes de que el proyecto entre en una fase irreversible.

Por ahora, la manifestación dejó un mensaje claro: una parte importante de la comunidad no está dispuesta a aceptar sin cuestionamientos la construcción de una de las cárceles más costosas que se hayan proyectado en Panamá.

Madres buscadoras recibieron amenazas de muerte tras protestas que llevaron a cabo el pasado jueves en el contexto de la inauguración del Mundial de Futbol 2026, en el que se llevó a cabo un partido entre la Selección Mexicana y la de Sudáfrica, en el Estadio Ciudad de México.

Así lo denunció Jaqueline Palmeros, fundadora del colectivo Una Luz en el Camino, quien acusó haber recibido las amenazas de muerte este viernes, horas después de haber dado una entrevista en el programa Aristegui Noticias, espacio en el que dijo haber recibido lo que describió como una violencia pasivo agresiva del Gobierno de México contra las madres buscadoras que se manifestaron en la Ciudad de México durante el partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026.

“Acabo de dar una entrevista y ya me amenazaron, que me callara. Me mandaron un mensaje. Ya no quiero dar más declaraciones porque tengo niños. No sé quién fue. Obviamente si voy a la Fiscalía puede ser el mismo Gobierno. A pesar de que ya traigo seguridad privada, pues el mismo Gobierno me sigue chingando. Ya no puedo hablar de nada”, señaló Palmeros.

La activista señaló que el mensaje recibido fue explícito en sus exigencias: “Me dijeron: ‘Necesitamos que ya guarde silencio, que no dé más declaraciones y otras cosas que no te puedo decir’”.

Dichas amenazas se produjeron en el contexto de una escalada de tensión entre los colectivos de familiares de personas desaparecidas y autoridades federales.

Apenas el pasado jueves, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo en la conferencia de prensa matutina de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, que el Gobierno investigaría con qué recursos habían logrado trasladarse a la Ciudad de México los familiares de personas desaparecidas provenientes de Jalisco.

El mismo jueves, personas que asistieron al Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, arrancaron lonas de denuncia colgadas por las buscadoras, para cubrirse de la lluvia.

Además, tres aficionados de la Selección Mexicana, en aparente estado de ebriedad, tomaron una de las mantas con los datos de una persona desaparecida y se comportaron de manera violenta una vez que las madres buscadoras les reclamaron que las devolvieran. Un reportero que intentó intervenir también fue agredido.

Las madres buscadoras presentaron una denuncia formal en contra de los tres individuos que fueron identificados en un video que circuló en redes sociales.

En entrevista con el medio Reforma, Palmeros rechazó la versión de Claudia Sheinbaum, quien en su conferencia de prensa matutina de este viernes dijo que en las manifestaciones habían sido más los funcionarios públicos que los manifestantes.

“Éramos más de mil 200. Vinieron de toda la República Mexicana y ahora es una vergüenza que digan que van a investigar de dónde vinieron los recursos”, respondió la fundadora de “Una Luz en el Camino”. “Somos padres, madres, hijos, hermanas que tenemos nuestros colectivos autogestivos, hacemos rifas, vendemos cosas, hasta la misma alma le empeñamos al diablo para poder venir a este tipo de eventos, porque teníamos que reaccionar ante un evento mundial para visibilizar a nuestros seres queridos desaparecidos”, afirmó.

También cuestionó el desinterés oficial ante las más de 130 mil personas desaparecidas en México desde el año 2006. Acusó que el Gobierno pretende impedir que las denuncias de los colectivos afecten la imagen del país durante el torneo mundialista. “Nos manifestamos pacíficamente. Reprochamos el posicionamiento de Claudia Sheinbaum. Es una vergüenza nacional para nosotros”, declaró.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum llegó este viernes a su conferencia de prensa matutina aplaudiendo el triunfo de la Selección Mexicana en el partido inaugural, y dijo que “ahí es cuando uno piensa que al que apuesta en contra de México siempre le va a ir mal, le va a ir mal en la cancha, le va a ir mal en la política, le va a ir mal en la vida”.

Jaqueline Palmeros encontró, en enero del 2025, en la zona del Ajusco, al sur de la Ciudad de México, cinco restos óseos de su hija Monserrat Uribe, desaparecida en julio de 2020.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enalteció los festejos masivos por el triunfo de la selección mexicana en el partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026 y reprochó las protestas ocurridas alrededor del Estadio Ciudad de México, protagonizadas en su mayoría por madres buscadoras y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria acusó que “hubo quienes quisieron mostrar otra imagen de México” y que “quienes la pasaron mal son quienes quieren que le vaya mal” al país.

Felicitó a la selección por su triunfo en el partido inaugural y por “la alegría que le dieron al pueblo de México”, destacando las celebraciones en familia y en colectivo, con personas vestidas con la camiseta verde en distintos puntos del país, además del ambiente en el Zócalo y en el estadio durante el himno y que se entonó la canción “Cielito lindo”.

Sheinbaum Pardo sostuvo que lo vivido en la inauguración fue “una fiesta de México” y aseguró que la imagen del país “es la alegría”.

Al ser cuestionada por los altercados afuera del estadio, Sheinbaum reconoció el operativo del gobierno capitalino y señaló que, por tratarse de la inauguración, se esperaba “mucha algarabía”, pero recalcó que “todo salió muy bien” y “a la perfección”.

La presidenta negó que exista persecución política en México y acusó que una parte de sus opositores buscaba proyectar que el país “estaba en caos”, que “la inauguración no se iba a poder realizar”, que “no hay gobernabilidad” y que “hay violencia”, pero insistió en que “el pueblo de México está contento”.

Sheinbaum también descalificó lo que se difunde en redes sociales y aseguró que “lo que sale en X no tiene nada que ver con lo que viven las mexicanas y los mexicanos”.

Ayer, diversos colectivos de madres buscadoras y los maestros de la CNTE protestaron en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, donde se desplegaron centenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, entre estos polícias antimotines.

En esta zona se generaron enfrentamientos entre policías y personas encapuchadas, lo que incluso dejó un saldo de al menos ocho personas detenidas, quienes presuntamente arrojaron piedras y petardos.

En el Ángel de la Independencia, protestaron colectivos de madres buscadoras, incluso durante la celebración por el triunfo de México en el partido inaugural, lo que también generó enfrentamientos entre los manifestantes y algunos de los aficionados, quienes retiraron las lonas con los rostros de las personas desaparecidas para cubrirse de la lluvia.

Previo a estas movilizaciones, la presidenta Sheinbaum justificó el operativo de seguridad que impidió que la marcha que realizaron las madres buscadoras durante la madrugada del 11 de junio avanzara hacia el Estadio Ciudad de México durante la inauguración del Mundial 2026.

Descartó que esto se considere una acción de “pueblo contra pueblo”, al argumentar que se tenía que resguardar el Estadio Ciudad de México para que se realizara el evento y que se permitió la manifestación “hasta cierto punto”.

Sheinbaum también señaló que el gobierno identificó la llegada de colectivos desde Jalisco en autobuses y reitera que se atiende a todos los colectivos.

En medio de un contexto de tensiones sociales, México le da la bienvenida a la Copa del Mundo 2026. Mientras miles de aficionados esperan con expectativa los primeros partidos, en las calles se mantienen protestas de distintos sectores sociales que exigen respuestas a temas como las pensiones, la desaparición de personas y las condiciones laborales.

El contraste entre la celebración del futbol y la persistencia del reclamo ciudadano es evidente, y la pregunta sobre si un gol de la Selección Mexicana podría transformar el ánimo colectivo cobra relevancia.

La afición también ha expresado su malestar por los elevados precios de los boletos, las obras que afectan la movilidad en las ciudades sede y las dificultades de acceso a los estadios. Estos factores han generado desencanto entre quienes anhelaban vivir la fiesta mundialista sin contratiempos. En este contexto, especialistas de la Universidad Iberoamericana advierten que aunque el futbol tiene el poder de unir a la sociedad, no sustituye la necesidad de atender los problemas de fondo del país.

El entusiasmo generado por una victoria puede ser intenso, pero pasajero. Este deporte fomenta la identidad colectiva, pero no resuelve las causas estructurales de las inconformidades sociales.

La dimensión emocional del futbol y su impacto en la sociedad

Alejandro Cruz Darío Flores, jefe del área de Psicología del Deporte en la IBERO, señala que el futbol tiene una influencia notable en el estado de ánimo social, sobre todo en un país donde es parte de su identidad cultural. Un resultado positivo de la Selección Mexicana podría provocar optimismo y cierta sensación de alivio, aunque solo sea temporal.

La euforia mundialista no elimina las problemáticas existentes, pero puede funcionar como un amortiguador momentáneo de la tensión social. Pese a las críticas por los altos costos y los obstáculos para acceder a los partidos, existe un deseo colectivo de participar y compartir la experiencia, ya sea en familia, con amigos o en eventos comunitarios.

Según el especialista, una buena actuación del equipo nacional podría mantener el entusiasmo durante semanas, mientras que una eliminación temprana reforzaría el desencanto y las críticas.

“Cuando termine la fiesta del Mundial volveremos a la realidad de los conflictos y demandas sociales que siguen presentes. El bienestar generado por el futbol suele ser temporal y no sustituye la necesidad de atender las problemáticas de fondo”, afirma.

Desde la neuropsicología del deporte, Alejandro Tapia de Jesús, académico del Departamento de Salud de la IBERO, añade que el cerebro humano está predispuesto a conectar con el éxito.

Un triunfo activa mecanismos psicológicos que liberan dopamina, generando sensaciones de euforia, orgullo y pertenencia. Bajo esos efectos, la población suele enfocar su atención en la experiencia positiva y restar importancia, por unas horas o días, a lo que le causa molestia.

Sin embargo, el efecto puede ser inverso si la Selección no gana, lo que podría reforzar la frustración y el rechazo colectivo.

Mundial y protestas: esferas que pueden convivir

Para el Dr. Óscar Castro, investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la IBERO, es equivocado creer que las protestas sociales y el Mundial representan realidades incompatibles. Las manifestaciones responden a problemas complejos que requieren soluciones institucionales de largo plazo, y no desaparecerán por el ambiente festivo.

Diversas organizaciones aprovechan la atención mediática del evento para visibilizar sus demandas y colocar temas urgentes en la agenda pública.

“Uno puede ser muy crítico con la utilización del Mundial para ciertos intereses económicos o con algunos de los efectos que produce, pero también disfrutar el futbol”, sostiene.

El especialista insiste en que es posible celebrar los éxitos de la Selección Mexicana y, al mismo tiempo, mantener una postura reflexiva y crítica ante las necesidades y desafíos del país. El futbol y la protesta no se excluyen, sino que coexisten como expresiones de una sociedad dinámica, capaz de celebrar y exigir justicia simultáneamente.

El inicio del Mundial 2026 en la Ciudad de México coincide con una serie de movilizaciones sociales que han suscitado comparaciones con los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971. Sin embargo, para el Dr. Óscar Castro, investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, estas analogías resultan inadecuadas y simplistas, ya que el contexto actual es radicalmente diferente, tanto en las condiciones políticas como en la naturaleza de las protestas.

El especialista sostiene que, a diferencia de los años previos a las represiones históricas, hoy existen canales institucionales y democráticos que permiten la expresión ciudadana, el diálogo y la negociación. Las manifestaciones que acompañan el arranque del torneo de futbol no corresponden a un único movimiento ni responden a una agenda unificada, sino que reflejan la diversidad de demandas presentes en la sociedad mexicana.

Resulta esencial evitar los paralelismos automáticos con el pasado y comprender los matices que distinguen a la coyuntura actual. “Ni estamos frente a un movimiento como en aquellos años, ni estamos en un régimen como en aquellos años”, aseguró al analizar la situación.

Diversidad de demandas y coincidencia de expresiones sociales ante el Mundial 2026

La denominada “megamarcha” prevista para el día de la inauguración del Mundial reúne actores como docentes, colectivos de familiares de personas desaparecidas, transportistas y otros grupos con exigencias particulares.

El académico manifestó que la coincidencia de estas expresiones no implica una unidad de objetivos ni de estrategias, sino que refleja la decisión de aprovechar la atención internacional derivada del evento deportivo para visibilizar causas propias.

Cada colectivo presenta problemáticas y reivindicaciones distintas. Por ejemplo, el magisterio busca cambios en el sistema de pensiones, mientras que los familiares de desaparecidos exigen avances en la búsqueda y localización de sus seres queridos. El fenómeno de la convergencia en el espacio público responde a la lógica de utilizar escenarios de alta exposición mediática para amplificar la voz de quienes, en otros momentos, enfrentan indiferencia o invisibilidad.

Las movilizaciones desde la óptica de la legitimidad de sus demandas y los mecanismos de diálogo es más relevante que enfocarse en la identidad política de quienes las encabezan o de quienes gobiernan. Las marchas, enfatiza, no son patrimonio de una ideología específica, sino herramientas legítimas para llamar la atención sobre derechos vulnerados, justicia social o insuficiencias en las políticas públicas.

Manifestaciones, memoria y función simbólica

El investigador también señaló la atención sobre el carácter simbólico de varias de las movilizaciones, especialmente aquellas que evocan hechos históricos como el Halconazo o el movimiento de 1968. En estos casos, la marcha busca preservar la memoria colectiva y exigir justicia para las víctimas, más allá de los efectos prácticos inmediatos.

Aunque las acciones de protesta pueden causar molestias, como alteraciones en la movilidad urbana, Castro invitó a la ciudadanía a reflexionar sobre los motivos que las originan. “Uno puede verse afectado por el tráfico o por el cierre de una vialidad, pero también es importante preguntarse qué problema está tratando de visibilizar esa manifestación”, explicó.

De este modo, la protesta se convierte en un ejercicio de visibilización y de reclamo social que pone sobre la mesa asuntos a menudo relegados en la agenda pública.

Copa del Mundo y movilización: ámbitos autónomos pero convivientes

Las demandas sociales presentes en las calles no desaparecerán por el ambiente festivo del Mundial, ni tampoco se resolverán con los éxitos deportivos. Asuntos estructurales como la reforma de pensiones o la crisis de desapariciones requieren respuestas de largo plazo y no admiten soluciones inmediatas ligadas al calendario futbolístico.

Para el especialista, futbol y protesta no son incompatibles. La Copa del Mundo puede ser motivo de celebración colectiva y, simultáneamente, un catalizador para discutir los grandes desafíos nacionales. La clave está en mantener una mirada crítica y consciente: “Uno puede ser muy crítico con la utilización del Mundial para ciertos intereses y, al mismo tiempo, alegrarse cuando gana la selección”.

La presidenta Claudia Sheinbaum restó importancia a las críticas dirigidas a su administración por las protestas registradas durante el Mundial 2026 en distintos puntos del país, y aseguró que parte de la percepción de inconformidad social ha sido amplificada mediante campañas coordinadas en redes sociales.

Durante la conferencia matutina de este jueves, la mandataria destacó una investigación presentada por Luisa María Alcalde, consejera jurídica del gobierno, en el programa Derecho de réplica, donde analiza el funcionamiento de cuentas pagadas, bots y plataformas digitales que, según dijo, buscan posicionar tendencias negativas contra el gobierno federal:

“Ligan cuentas pagadas con bots, con robots, para generar una tendencia en redes sociales... en esas cuentas está vinculada la ultraderecha internacional y nacional. Es una investigación muy profunda y vale mucho la pena verla", señaló Sheinbaum.

Gobierno analiza posible denuncia por campañas digitales

La presidenta reveló que ya conversó con Luisa María Alcalde sobre la posibilidad de presentar los hallazgos en una próxima conferencia matutina y no descartó que el caso pueda derivar en una acción legal.

“Habría que ver si eso trasciende a una demanda o no”, comentó.

No obstante, aclaró que el objetivo principal es que la ciudadanía conozca cómo operan estas campañas digitales y quiénes podrían estar detrás de ellas.

Según explicó, la investigación identifica vínculos entre diversas cuentas en redes sociales y grupos relacionados con la ultraderecha nacional e internacional, los cuales tendrían como propósito generar la percepción de que existe una pérdida de respaldo hacia el gobierno.

“El gobierno cuenta con apoyo popular”, afirma Sheinbaum

La mandataria sostuvo que la imagen que reflejan algunas plataformas digitales no coincide con lo que observa durante sus recorridos por el país.

Entre los argumentos expuestos por la presidenta destacan:

• Aseguró que existe una diferencia entre la percepción generada en redes sociales y la realidad que observa en territorio.
• Señaló que su administración mantiene una comunicación constante con la población.
• Defendió que el gobierno conserva un amplio respaldo ciudadano.
• Consideró que algunas manifestaciones tienen demandas legítimas, mientras que otras buscan generar una imagen de crisis política.

“Da la impresión cuando uno ve las redes sociales de que parece que el gobierno de México está pasando por una situación donde hay un descontento social. Pero cuando uno va al territorio, la percepción es completamente distinta”, afirmó.

Asimismo, reiteró que su administración “trabaja para el pueblo” y no para grupos de interés, por lo que consideró que la relación directa con la ciudadanía es uno de los principales indicadores del respaldo social.

Protestas y Mundial 2026: gobierno promete garantizar movilidad

En referencia a las movilizaciones recientes, particularmente las relacionadas con el sector magisterial, Sheinbaum afirmó que el gobierno federal respeta plenamente el derecho a la manifestación, aunque también tiene la obligación de garantizar la movilidad de las personas.

La presidenta enfatizó que, ante eventos internacionales de gran magnitud como el Mundial de Futbol 2026, las autoridades deberán asegurar que visitantes, turistas y asistentes puedan desplazarse sin contratiempos hacia las sedes y estadios.

“Nosotros tenemos que garantizar también la libertad de tránsito para poder llegar particularmente al estadio en un evento internacional de la magnitud de lo que va a haber”, expresó.

Sheinbaum descarta participación del Centro Nacional de Inteligencia

Ante cuestionamientos sobre el origen de la investigación relacionada con las campañas digitales, Sheinbaum negó que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) participe en el monitoreo de actividades políticas o de oposición.

La mandataria explicó que dicho organismo está enfocado exclusivamente en tareas de seguridad nacional y seguridad pública, por lo que las indagatorias sobre redes sociales provienen de análisis realizados por áreas gubernamentales y herramientas tecnológicas disponibles para rastrear la conexión entre cuentas y campañas digitales.

Finalmente, reiteró que su gobierno se mantiene tranquilo frente a las críticas y consideró necesario informar sobre la existencia de presuntas campañas coordinadas para evitar que, tanto en México como en el extranjero, se consolide una narrativa de falta de apoyo popular hacia su administración en vísperas de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo: el Mundial 2026.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) alertó este jueves a sus usuarios sobre la posible presencia de manifestantes en las inmediaciones de sus terminales, por lo que implementó medidas de seguridad extraordinarias que restringen el acceso a quienes cuenten con pase de abordar.

La advertencia llega en el marco del paro nacional magisterial que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene desde hace más de diez días, y que adquiere una dimensión particular al coincidir con la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México.

Operativo de seguridad sin precedente

El AICM desplegó un fuerte dispositivo de seguridad con elementos de la policía capitalina, Guardia Nacional y personal naval frente a los amagos de bloqueo por parte de la CNTE en las Terminales 1 y 2. En la Terminal 1, las autoridades capitalinas colocaron dovelas de concreto en los accesos para reforzar las entradas a la terminal aérea.

Como medida de seguridad, el recinto aeroportuario anunció que solo se permitirá el ingreso a pasajeros con pase de abordar y a los acompañantes que sea estrictamente necesario. La dependencia solicitó a los viajeros llegar con suficiente anticipación para evitar contratiempos.

La CNTE escala su presión

La movilización del magisterio provocó el cierre de accesos en la Terminal 1, la suspensión del servicio en estaciones del Metro cercanas a la zona aeroportuaria y el despliegue del operativo de seguridad, a menos de 24 horas de la inauguración del Mundial 2026.

Aunque no existe una confirmación oficial de que la CNTE vaya a cerrar el AICM, la Coordinadora ha advertido que podría intensificar sus movilizaciones si considera insuficientes los acuerdos alcanzados con el Gobierno federal. Entre las acciones contempladas se encuentran bloqueos en puntos estratégicos de la capital, incluido el aeropuerto, como medida de presión para exigir respuestas a sus demandas laborales y de pensiones.

Afectaciones al transporte público

Ante las manifestaciones previstas, las autoridades capitalinas pusieron en marcha un plan emergente de movilidad con cierres en algunos puntos para garantizar los traslados de la población y turistas. Ante la posibilidad de movilizaciones en la zona del AICM, se previó el cierre temporal de las estaciones del Metro Oceanía y Pantitlán —ambas de la Línea 5—.

Asimismo, la Línea 4 del Metrobús, cuya ruta va hacia el aeropuerto, opera con rutas alternas, al igual que el servicio de RTP que sale de Chapultepec.

Recomendaciones para pasajeros

El AICM instó a los viajeros a tomar en cuenta lo siguiente:

• Llegar con suficiente anticipación al aeropuerto
• Portar el pase de abordar de forma obligatoria para poder acceder
• Consultar el estatus del vuelo directamente con la aerolínea
• Mantenerse atentos a los canales oficiales del AICM (@AICM_mx en X)

La jornada de este 11 de junio concentra dos eventos de alto impacto para la movilidad de la capital: la inauguración del Mundial 2026 y las protestas magisteriales, escenario que las autoridades buscan gestionar sin afectar la operación del principal aeropuerto del país.

La ciudad de Herat, en el oeste de Afganistán, vivió el martes una represión contra manifestantes durante una protesta en la que la policía talibán disparó contra la multitud y provocó la muerte de al menos una persona, un niño, mientras otras resultaron heridas, según reportó la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La manifestación, que reunió entre 70 y 150 personas según distintas fuentes, surgió tras el arresto de unas 30 mujeres acusadas de violar el estricto código de vestimenta impuesto por el régimen talibán.

El Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio llevó a cabo los arrestos el fin de semana, al aplicar la interpretación más rígida de la ley islámica vigente en el país desde el regreso de los talibanes al poder en 2021. Desde entonces, las restricciones sobre las mujeres se endurecieron y las protestas públicas se volvieron inusuales, en un contexto en el que la disidencia implica riesgos personales y familiares.

En Herat, la protesta reunió a mujeres y hombres, un hecho poco frecuente bajo casi cinco años de régimen talibán, marcado por la desaparición de la movilización callejera, en especial la encabezada por mujeres.

La policía de Herat afirmó que actuó para mantener el orden público y justificó la intervención al sostener que un grupo de “alborotadores” intentó alterar la seguridad bajo el pretexto de protestar contra las normas del hiyab. Las autoridades advirtieron que cualquier conducta que perturbe el orden será considerada inaceptable y reiteraron que las libertades solo pueden ejercerse dentro del marco de la sharía y los valores sociales del país.

Tras la represión, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en la zona para evitar nuevas concentraciones y bloquearon el acceso a hospitales, con el objetivo de limitar la información y la asistencia a los heridos. El régimen talibán sostiene una censura que dificulta conocer con precisión la magnitud de las protestas en el país, donde las pocas manifestaciones públicas suelen ocurrir en Kabul o Herat y se vinculan a reclamos por el derecho a la educación, el empleo y la libertad de movimiento.

Al menos 130 manifestantes fueron arrestados desde agosto de 2021, y muchos sufrieron palizas y torturas bajo custodia. La represión también alcanzó a familiares varones de las mujeres detenidas, a quienes se considera responsables legales y que pueden ser perseguidos y golpeados.

Además, más de 27 periodistas resultaron agredidos o detenidos arbitrariamente por cubrir protestas, lo que reforzó un cerco informativo que dificulta la denuncia de los abusos.

A raíz de esta persecución, la mayoría de las protestas y campañas de resistencia lideradas por mujeres migraron a plataformas digitales, bajo anonimato y con un aumento del ciberacoso y los discursos de odio. Un informe reciente alertó sobre un incremento del 217% en los mensajes hostiles hacia activistas en redes y de más del 60% en los ataques directos con insultos sexualizados.

Las mujeres arrestadas en Herat fueron liberadas el 8 de junio, aunque el impacto de las detenciones arbitrarias persistió en ellas y sus familias. Las autoridades talibanas, por su parte, negaron la existencia de arrestos y sostuvieron que el uso del hiyab es una obligación religiosa que deben hacer cumplir.

El relator especial de la ONU para los Derechos Humanos en Afganistán expresó su alarma por el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes aparentemente pacíficos y reclamó que los responsables de la violencia rindan cuentas. A las restricciones sobre la vestimenta, el régimen talibán sumó la prohibición de la educación secundaria para niñas, el acceso a la universidad para jóvenes y limitaciones al trabajo humanitario de las mujeres.

La legislación vigente establece que la voz femenina solo puede escucharse en casos de necesidad y prohíbe a las mujeres desplazarse sin un guardián masculino, participar en juegos o actividades recreativas y adoptar estilos considerados occidentales. La represión de la protesta en Herat expuso la consolidación de una política de discriminación en la que cualquier acto de disenso puede derivar en violencia, detención y estigmatización social.

(Con información de AP, EFE y Europa Press)

La caseta de Tlalpan, sobre la autopista México-Cuernavaca, se ha convertido en uno de los puntos estratégicos de vigilancia para las autoridades federales y capitalinas, que reforzaron los operativos de seguridad en los accesos a la Ciudad de México ante las movilizaciones sociales previstas esta semana y la cercanía de la inauguración el Mundial 2026.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Gobernación (Segob), funcionarios federales y autoridades de la capital realizaron una supervisión en la caseta México-Cuernavaca para verificar las condiciones de seguridad, movilidad y respeto a los derechos humanos durante las protestas que podrían desarrollarse en la ciudad.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Arturo Medina, encabezó parte de las acciones de seguimiento junto con representantes del Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y otras dependencias encargadas de la coordinación operativa. Las autoridades señalaron que el objetivo es garantizar que las manifestaciones se desarrollen de forma pacífica y sin afectar la seguridad de quienes transitan por esta importante vía de comunicación.

En coordinación con autoridades de la Ciudad de México y con el acompañamiento de la @CNDH, realizamos un recorrido en la caseta México-Cuernavaca para verificar las condiciones en la zona y fortalecer las acciones preventivas orientadas a garantizar la seguridad y la… pic.twitter.com/W3likHA8xt

— Arturo Medina (@arturomedinap) June 10, 2026

¿Por qué reforzaron la seguridad en la México-Cuernavaca?

El operativo ocurre en un contexto de alta tensión por las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otros colectivos que han realizado protestas en distintos puntos de la CDMX durante los últimos días.

La vigilancia en la autopista México-Cuernavaca se intensificó después de que las autoridades capitalinas instalaran puntos de revisión en los accesos carreteros a la ciudad como parte de las acciones preventivas implementadas rumbo al Mundial 2026, evento que colocará a la capital mexicana en el centro de atención internacional.

Asimismo, la SSC CDMX informó recientemente que se han desplegado operativos especiales para monitorear manifestaciones y mantener la seguridad en zonas consideradas estratégicas para la movilidad, especialmente en rutas de acceso utilizadas por miles de automovilistas cada día.

Hallazgo de explosivos elevó las alertas

Uno de los antecedentes que motivó el reforzamiento de la vigilancia fue el decomiso de 59 artefactos explosivos de fabricación casera en un autobús interceptado en la autopista México-Cuernavaca durante el fin de semana.

Según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el hallazgo ocurrió durante una revisión preventiva instalada en la zona. Los explosivos fueron asegurados por personal especializado sin que se registraran personas lesionadas.

Tras este incidente, las autoridades mantuvieron los filtros de revisión y reforzaron la presencia de elementos de seguridad en la caseta de Tlalpan, considerada uno de los principales accesos carreteros a la Ciudad de México. El objetivo es prevenir riesgos y garantizar la integridad de los ciudadanos que circulan diariamente por la vialidad.

Mundial 2026 y protestas, el reto para la seguridad en CDMX

Las acciones de vigilancia también forman parte de la estrategia diseñada para la inauguración del Mundial 2026, cuyo partido inaugural se celebrará en el Estadio Azteca, uno de los recintos más emblemáticos del futbol mundial.

El Gobierno de la Ciudad de México anunció semanas atrás un operativo especial de seguridad, movilidad y protección civil que contempla el despliegue de miles de elementos en distintos puntos de la capital, incluidos accesos carreteros, terminales de transporte y zonas turísticas.

Además, las autoridades han reconocido que las movilizaciones de la CNTE y otros grupos representan un desafío adicional para la logística del evento deportivo, por lo que buscan garantizar tanto el derecho a la protesta como la seguridad de los asistentes nacionales y extranjeros que llegarán a la ciudad para disfrutar de la justa mundialista.

Autoridades llaman a mantener manifestaciones pacíficas

Durante la supervisión en la caseta México-Cuernavaca, las autoridades reiteraron que existe coordinación entre los gobiernos federal y capitalino para acompañar las movilizaciones previstas y evitar confrontaciones.

La Segob sostuvo que la prioridad es preservar la seguridad de la ciudadanía, garantizar el libre tránsito en los principales accesos a la CDMX y asegurar que las expresiones de protesta se desarrollen en un marco de respeto a los derechos humanos.

Con el inicio del Mundial 2026 a unas horas de distancia y diversas protestas anunciadas para los próximos días, la autopista México-Cuernavaca permanecerá como uno de los principales puntos de vigilancia para las autoridades mexicanas, que buscan mantener condiciones de seguridad y movilidad adecuadas en uno de los corredores carreteros más importantes del país.

Este miércoles, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reabrió la rampa de acceso a la planta alta de la Terminal 2, luego de varios días de trabajos de mantenimiento derivados de un daño estructural registrado el fin de semana.

De manera simultánea, el aeropuerto lanzó una alerta a pasajeros ante la posible presencia de manifestaciones en las inmediaciones del recinto aéreo, situación que podría afectar el acceso a las terminales.

A pocos días de que México sea anfitrión del Mundial 2026, el episodio vuelve a colocar bajo la lupa las condiciones operativas del principal aeropuerto del país, particularmente en la Terminal 2 del AICM, que desde hace años enfrenta problemas relacionados con hundimientos, asentamientos y saturación operativa.

#AICMinforma:

Si tienes un vuelo programado para hoy, te recomendamos tomar precauciones y llegar con suficiente anticipación al aeropuerto, ante la posible presencia de manifestaciones en los alrededores del AICM, que afectarían tu arribo a las terminales.

Pedimos tu…

— Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 10, 2026

#AICMinforma pic.twitter.com/bCNGBhJAvC

— Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 10, 2026

¿Qué ocurrió en la rampa de la Terminal 2?

El daño se presentó el domingo 7 de junio mientras se realizaban maniobras de mantenimiento. La zona afectada ya registraba deterioro por asentamientos estructurales, un problema recurrente en el complejo aeroportuario.

Las autoridades detallaron que fue necesario retirar la unidad involucrada y demoler el área dañada para ampliar la oquedad y ejecutar un reforzamiento integral de la estructura.

Las obras incluyeron:

• Demolición del tramo afectado
• Ampliación de la zona dañada
• Reforzamiento estructural integral
• Supervisión de seguridad para automovilistas
• Inspección preventiva en otras rampas del aeropuerto
• Trabajos de mantenimiento intensivo entre el 7 y el 9 de junio

El Grupo Aeroportuario Marina informó que las obras permitieron la reapertura de la circulación desde las primeras horas de este miércoles 10 de junio.

Además, señaló que ya se realizan inspecciones en otras rampas del complejo aeroportuario para evitar incidentes similares y atender cualquier anomalía de manera inmediata.

AICM alerta por posibles manifestaciones en los alrededores

Mientras se normaliza la circulación vehicular en la Terminal 2, el AICM emitió también una advertencia para pasajeros con vuelos programados este miércoles, debido a la posible presencia de manifestantes en los alrededores del aeropuerto.

El aeropuerto recomendó:

• Llegar con varias horas de anticipación
• Revisar rutas alternas hacia las terminales
• Llevar pase de abordar disponible en todo momento
• Considerar posibles retrasos viales
• Evitar acudir con acompañantes innecesarios

Asimismo, las autoridades aeroportuarias informaron que, como medida de seguridad, únicamente se permitirá el ingreso a pasajeros con pase de abordar y a acompañantes estrictamente necesarios.

La advertencia ocurre en medio de una semana marcada por diversas protestas, bloqueos y movilizaciones en la Ciudad de México, incluidas manifestaciones de organizaciones sociales y magisteriales que han generado afectaciones viales en distintos puntos de la capital.

Estatus del AICM a solo unas horas del Mundial

La reapertura de la rampa ocurre en un momento clave para la infraestructura aeroportuaria mexicana, considerando que la Ciudad de México será una de las sedes oficiales del Mundial 2026, junto con Guadalajara y Monterrey.

Aunque el aeropuerto mantiene operaciones normales, especialistas y usuarios han señalado en distintas ocasiones los desafíos estructurales y de saturación que enfrenta el AICM, especialmente en la Terminal 2, inaugurada en 2007 y afectada desde hace años por hundimientos derivados del subsuelo capitalino.

El gobierno federal y las autoridades aeroportuarias han impulsado diversos trabajos de rehabilitación, mantenimiento, movilidad y reforzamiento para garantizar la seguridad y operatividad del aeropuerto ante el incremento esperado de pasajeros durante la justa mundialista.

Por ahora, el AICM aseguró que la circulación en la zona afectada ya fue restablecida y ofreció disculpas a pasajeros y usuarios por los inconvenientes ocasionados durante las obras de emergencia.

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 en México está programada para las14:30 (hora argentina)del jueves11 de junio. El espectáculo comenzará 90 minutos antes del pitido inicial del partido entre México y Sudáfrica, previsto para las16:00en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Centenares de manifestantes se congregaron el martes en el centro de La Paz para pedir al Gobierno boliviano medidas urgentes que pongan fin a los bloqueos y cortes de ruta que afectan a Bolivia desde hace más de un mes y que provocaron desabastecimiento de combustible y alimentos en distintas regiones del país andino.

Integrantes de plataformas ciudadanas, asociaciones cívicas, comerciantes, mineros y grupos religiosos, entre otros sectores, se reunieron en la histórica plaza San Francisco en el centro de la capital para celebrar una asamblea ciudadana. El objetivo fue aprobar resoluciones que serían presentadas al Gobierno en demanda de soluciones a la crisis.

Tanto artesanos y comerciantes como personas de sectores gremiales portaron pancartas en contra de las protestas lideradas por sectores cercanos al ex presidente Evo Morales. “Trabajo sí. Bloqueo, no”, fue el lema durante la movilización en la plaza central de La Paz, ciudad que, junto a su vecina El Alto, figura entre las más afectadas.

El pronunciamiento final, leído por el presidente del Comité Multisectorial de La Paz, Leonel Cóndor Huayra, estuvo precedido por intervenciones de distintos oradores que rechazaron los bloqueos como método de protesta y cuestionaron a los dirigentes sindicales promotores de las manifestaciones contra la administración de Rodrigo Paz.

La proclamación exigió la instauración del estado de excepción, la renuncia de “malos dirigentes” como el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, la ejecución de la orden de captura contra Morales y la dimisión del vicepresidente Edmand Lara, declarado opositor al actual Gobierno.

El presidente de las Iglesias Evangélicas Unidas, Luis Aruquipa, informó que presentó un recurso de acción popular para que el presidente Paz aplique el estado de excepción en las zonas con mayores conflictos.

A su vez, los participantes de la protesta reclamaron la aprobación de leyes que permitan afrontar los impactos económicos de los bloqueos, en un contexto de una de las crisis más agudas de los últimos años en el país. Horas antes, otra concentración masiva en Sucre, capital constitucional de Bolivia, exigió al presidente Rodrigo Paz que tome medidas para restablecer la normalidad, incluyendo la posibilidad de decretar un régimen de excepción.

Los gremios de artesanos y comerciantes señalaron que los 39 días de bloqueos ocasionaron escasez de alimentos, oxígeno medicinal y combustible. El martes no se reportaron protestas directas cerca de la sede de gobierno en La Paz, aunque la principal dificultad continúa siendo la falta de combustible, que limitó el funcionamiento del transporte público.

De acuerdo con la Administradora Boliviana de Carreteras, los cortes viales se redujeron levemente, pero persisten en 85 puntos del país. Desde mayo, campesinos, indígenas y sindicatos obreros demandan la renuncia del mandatario Paz, a quien acusan de no atender a tiempo los reclamos sectoriales.

En este contexto, la escasez de combustibles derivada de los bloqueos generó largas filas de vehículos que serpentean por La Paz, donde los conductores permanecen durante días en sus autos e improvisan carpas, a la espera de la llegada de camiones cisternas a las estaciones de servicio. La situación se desarrolla en un contexto de tensión creciente y agotamiento después de seis semanas de bloqueos de carreteras impulsados por sectores que reclaman la renuncia de Rodrigo Paz.

Las extensas columnas de vehículos inmóviles ocupan avenidas en todos los barrios con gasolineras, además de superar los tres kilómetros sobre la autopista que conecta la capital con El Alto. Centenares de autos, autobuses y camiones se sumaron este martes al cierre de la ruta, donde los conductores quemaron neumáticos para exigir la provisión de combustible que les permita retomar sus actividades laborales.

(Con información de EFE)

El Gobierno de Bolivia enfrenta una nueva crisis a causa de los bloqueos de rutas claves para La Paz: la ministra de Turismo, Cinthya Yáñez, detalló que la situación colocó en peligro más de 90.000 empleos turísticos en todo el país, en especial para la capital, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca.

Los departamentos más afectados por la caída de operaciones turísticas sufren las consecuencias de los bloqueos que superaron el ámbito económico, forzando la postergación de la Larga Noche de Museos y la festividad del Señor Jesús del Gran Poder en La Paz.

La funcionaria lamentó que “todo esto generó un deterioro de la percepción del país como destino turístico seguro y confiable”, en referencia al daño sobre la imagen internacional del país andino.

Desde principios de mayo, sindicatos campesinos del altiplano y la Central Obrera Boliviana (COB), junto a grupos afines al ex presidente Evo Morales, exigen la renuncia del actual presidente Rodrigo Paz. Las protestas dejaron un saldo mortal al menos diez personas fallecidas, incluidas siete que no recibieron atención médica oportuna por los cortes de ruta, y pérdidas económicas que superan los USD 2.340 millones.

El área cultural y folclórica también se vio gravemente afectada. Yáñez precisó que la cancelación de eventos como el festival internacional de cine en el salar de Uyuni, uno de los principales atractivos naturales del país, agrava el panorama para los trabajadores del sector.

El impacto económico inmediato es contundente: las pérdidas en turismo y gastronomía ascienden a USD 1.100 millones, sin contar los daños en actividades culturales, para las que aún no se tienen cifras definitivas.

Los bloqueos y las protestas provocaron desabastecimiento en varias ciudades bolivianas, afectando tanto a la población como a las actividades productivas y comerciales. El escenario llevó al Gobierno a acelerar medidas excepcionales para contener la crisis.

Ante el escenario crítico, la ministra Yáñez presentó un “plan de emergencia” que busca responder de inmediato a la situación. La estrategia, según explicó, no se compone de acciones aisladas ni improvisadas, sino de un conjunto de respuestas “inmediatas” y estructurales.

El plan contempla el registro sistemático de los daños y la puesta en marcha de medidas extraordinarias para recuperar la actividad turística, proteger las cadenas productivas y preservar los empleos amenazados.

Además, la propuesta oficial incluye un enfoque de reconstrucción y fortalecimiento del sector, mediante mecanismos de protección, prevención, resiliencia y reactivación, con el objetivo de restaurar la confianza y la estabilidad del turismo en Bolivia.

El presidente Paz firmó el lunes la ley de Regulación de Estados de Excepción para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en la contención de las protestas. Sin embargo, la promulgación de la norma no implica su entrada en vigor inmediata, ya que requiere un decreto y la validación posterior del Legislativo.

Por su parte, el pasado 21 de mayo, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) de Bolivia informó que las pérdidas del sector industrial superan los USD 600 millones debido a las protestas y bloqueos de carreteras organizados.

“Lastimosamente las pérdidas económicas en este momento para nuestro país ya superan los 600 millones de dólares. Esta cifra, este daño económico nuestras industrias ya no lo van a recuperar”, afirmó Gonzalo Morales, presidente de la CNI, durante una rueda de prensa.

El representante empresarial advirtió que “las industrias bolivianas están enfrentando una de las mayores crisis de los últimos años”, y detalló que “muchas fábricas han tenido que reducir sus operaciones, otras están al borde de detener completamente su producción y miles de trabajadores están en la incertidumbre sobre lo que puede ocurrir en los próximos días”.

(Con información de EFE)

Las recientes protestas en Venezuela dejaron claro que el derecho a la expresión popular está resurgiendo en las calles del país. Diversos sectores —madres de presos políticos, trabajadores petroleros y jubilados— salieron a exigir cambios, evidenciando un clima social menos restringido que en años anteriores.

La caída del ex dictador Nicolás Maduro tras su detención por fuerzas estadounidenses a comienzos de año marcó un punto de inflexión. El régimen anterior había recurrido a arrestos masivos y represión violenta para sofocar el descontento tras su controversial “triunfo electoral” en 2024. Durante aquel periodo, cientos de personas perdieron la vida por la represión estatal, según datos recogidos por organizaciones y activistas.

En la actualidad, la presidenta encargada Delcy Rodríguez se mantiene bajo la observación constante de Washington, mientras la ciudadanía recupera espacios de protesta que parecían clausurados. El ambiente, aunque aún tenso, permite expresiones públicas que antes hubieran sido impensables.

Durante una manifestación reciente en Caracas, Diego Casanova tomó la palabra para señalar que existe “un antes y un después” en el país. A su lado, un grupo de mujeres con fotos de familiares presos coreaba: “¡No hay libertad!”. Según Casanova, aunque el “apetito insaciable por la persecución” no desapareció, “el costo político es mucho mayor en este momento, y el público también lo entiende”.

La vigilancia policial cedió terreno a la observación pasiva: algunos agentes solo miran o toman fotos con sus móviles, apartando los escudos antidisturbios, un signo de un cambio en la actitud oficial frente a las protestas.

Los datos del Observatorio Venezolano de Conflictos Sociales revelan que las manifestaciones aumentaron un 144% en los primeros tres meses del año respecto al mismo periodo de 2025. Esto indica un crecimiento notable de la movilización social, aunque el futuro político del país sigue bajo incertidumbre.

El escenario actual es consecuencia directa de la operación estadounidense que resultó en la captura de Maduro el 3 de enero pasado. Desde entonces, los venezolanos comenzaron a perder el miedo a expresar sus demandas en público. El cambio en la conducción nacional y la presión internacional abrió una ventana para que la ciudadanía recupere el ejercicio de sus derechos civiles básicos.

Una de las protestas recientes reunió a cerca de 100 jubilados en Caracas. Nely Molina, de 76 años, compartió su experiencia: temía salir a la calle durante meses, pero ahora siente que “las cosas han cambiado un poco” desde el encarcelamiento de Maduro en Nueva York.

Molina denunció el monto de su pensión, al que calificó de “miseria”: 130 bolívares al mes, o 22 centavos de USD. “Tenemos más libertad para protestar, para gritar, para decir lo que queramos”, afirmó. La manifestación se llevó a cabo cerca del palacio presidencial de Miraflores, bajo resguardo policial, pero sin incidentes represivos.

Más de una decena de sindicalistas exigieron también el martes la destitución o renuncia de los rectores electorales vinculados al chavismo y la definición de un cronograma para las elecciones presidenciales en Venezuela, cuando resta menos de un mes para lo que consideran el “vencimiento” del “interinato” encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro.

“¡Elecciones ya!”, corearon los manifestantes frente al Consejo Nacional Electoral (CNE), en el centro de Caracas. “Queremos que el CNE, como ente rector del poder electoral, se pronuncie definitivamente con un cronograma electoral y si no cumple con sus funciones, entonces vamos a exigir la renuncia definitiva de todo el cuerpo de rectores”, declaró a la prensa Estela Romero, integrante de la Coalición Sindical Nacional.

La dirigente sindical cuestionó que, cinco meses después de la captura de Maduro, no se haya convocado a elecciones para elegir a su sucesor y subrayó que el próximo 3 de julio vence el período del “interinato”.

En otro acto, familiares de presos políticos expresaron su reclamo por la liberación de los detenidos. Dilsia Caro, esposa de Noel Flores —arrestado por un supuesto intento de asesinato contra Maduro—, evocó los riesgos de protestar en el pasado: “Si salieras a la calle a protestar, sabes que te llevarían a la cárcel”. Pese al estado de emergencia vigente, Caro sostiene que ya no siente temor a manifestarse.

Sin embargo, la situación institucional de Venezuela permanece en vilo. Aunque la ciudadanía recuperó parte de su capacidad de reclamo, la presión internacional y la vigilancia estadounidense marcan el pulso del nuevo escenario.

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que su país podría volver a recurrir a la fuerza si el Gobierno encargado no otorga acceso al petróleo y otros recursos naturales. La intervención de enero “generó una serie de posibilidades, pero también planteó muchas preguntas”, valoró Danny Socorro, director de psicología en la Universidad Católica Andrés Bello, en diálogo con la agencia AFP.

(Con información de AFP Y EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió este martes que sectores de la ultraderecha y el empresario Ricardo Salinas Pliego promueven mensajes para incidir en protestas violentas y generar un ambiente de represión de cara a la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México. En su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que existen intentos por crear la percepción de caos social justo antes del evento internacional.

De acuerdo con la mandataria, las manifestaciones en el centro de la capital, principalmente de grupos magisteriales, representan solo el 8 por ciento de las escuelas del país. Señaló que algunos de estos movimientos buscan proyectar una imagen de desestabilización ante la comunidad internacional. “Hay una provocación para mostrar que hay caos en México. Eso no es cierto, está montado”, declaró Sheinbaum durante la conferencia.

La presidenta exhibió un fragmento de una reciente entrevista televisiva donde Ricardo Salinas Pliego llama a “ser más rudos”, “hacer huelga” y “bloquear accesos”, frases que, según Sheinbaum, constituyen un llamado abierto a la violencia. “No puede él llamar a actos de violencia. Se junta con estos grupos supuestamente radicales que hacen actividades violentas”, sostuvo la mandataria.

El señalamiento se produjo horas después de que se reforzaran las medidas de seguridad en el primer cuadro de la Ciudad de México, ante la proximidad de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la presencia de manifestantes en el Zócalo capitalino. El gobierno federal y la administración local desplegaron elementos de seguridad y vallas para garantizar el desarrollo del evento y la movilidad de turistas, visitantes y habitantes.

Sheinbaum descarta represión y reitera puertas abiertas al diálogo

Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno federal no recurrirá a la represión y que las fuerzas de seguridad han actuado bajo protocolos para evitar enfrentamientos. “No vamos a reprimir. Hay mecanismos para contener, ayudar y evitar que haya enfrentamientos. Hay diálogo permanente con los manifestantes”, enfatizó la mandataria.

El gobierno federal y la administración capitalina implementaron un operativo de seguridad en el Zócalo y zonas aledañas para garantizar la movilidad y la seguridad durante la inauguración del Mundial. También se publicó un decreto que dispone teletrabajo y suspensión de clases en la Ciudad de México para ese día, dirigido tanto al sector público como al privado, con el objetivo de reducir el tráfico y facilitar el acceso a los diferentes puntos de celebración.

Sheinbaum reiteró el llamado a que cualquier manifestación sea pacífica y responsabilizó tanto a actores de ultraderecha como a grupos radicales de incitar a la violencia con fines políticos: “Es muy importante que quien está convocando a la violencia sea responsable de sus palabras. No vamos a caer en ninguna provocación”.

La presidenta explicó que se han detectado “artefactos explosivos en vehículos que venían a la ciudad”, hechos que calificó como provocaciones para que las autoridades reaccionen con fuerza y se proyecte una imagen negativa del país. Según la mandataria, sectores opositores buscan “mostrar que el gobierno mexicano reprime como en el pasado”, en coincidencia con el aniversario de la represión del 10 de junio de 1971.

Durante la conferencia, Sheinbaum insistió en que el país vive una etapa de apertura democrática y que el gobierno mantiene el diálogo con todos los sectores sociales, incluyendo a los grupos inconformes. “No existe un descontento social generalizado. Hay ciertos grupos que no están de acuerdo con algunas medidas y se les atiende, como ocurre en cualquier país”, afirmó.

El gobierno federal señaló que las acciones emprendidas buscan proteger tanto a manifestantes como a asistentes al evento deportivo. “Las vallas que se han colocado sirven para evitar enfrentamientos directos y mantener la seguridad de todos”, explicó Sheinbaum, quien también recordó que las mesas de diálogo con los diferentes grupos magisteriales permanecen abiertas.

Protestas de la CNTE y demandas magisteriales en el marco del Mundial 2026

La presencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el centro de la Ciudad de México ha generado bloqueos y protestas en días previos a la inauguración del Mundial 2026. Los docentes han instalado plantones en el Zócalo y han realizado marchas para exigir la desaparición de la USICAMM, la derogación de la ley de pensiones del ISSSTE de 2007 y mejores condiciones salariales.

Datos presentados durante la conferencia indican que el paro magisterial afecta principalmente a los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas. En Oaxaca, más del 80 por ciento de las escuelas permanecen sin clases, mientras que en Chiapas la cifra ronda el 13 por ciento. En la Ciudad de México, el paro afecta a una decena de escuelas.

El gobierno federal ha reiterado que mantiene mesas de diálogo abiertas con los representantes magisteriales y que ha atendido demandas históricas del sector, como la reinstalación de maestros sancionados, la basificación de más de un millón de trabajadores y el incremento salarial en términos reales por encima de la inflación. También se han anunciado rutas para construir una iniciativa que sustituya a la USICAMM y un fortalecimiento del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Sheinbaum llamó al magisterio a valorar las propuestas planteadas por el gobierno y regresar a las aulas para concluir el ciclo escolar. Sostuvo que el derecho a la manifestación está garantizado, siempre que se realice de manera pacífica y sin afectar a terceros. “Las puertas al diálogo permanecen abiertas y la atención a las demandas legítimas de los maestros es permanente”, concluyó la presidenta.

El ex presidente y líder del partido Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, pidió este viernes al Gobierno de Bolivia que, a través de la Iglesia Católica y la comunidad internacional, se concrete un último intento de diálogo con los dirigentes que mantienen bloqueado y paralizado gran parte del país andino desde hace 36 días.

“Si algo se puede hacer, yo recomiendo, yo pido, yo imploro a la Iglesia, que es la única que tiene poder de convocatoria, con la comunidad internacional, cite mañana y haga el último esfuerzo”, expresó Quiroga en conferencia de prensa.

La solicitud de Quiroga se difundió luego de que la Asamblea Legislativa activó el tratamiento del proyecto de ley de estados de excepción, que ya fue aprobado en el Senado y será analizado en la Cámara de Diputados.

El ex jefe de Estado remarcó la urgencia del diálogo tras los dos fracasos de acercamientos entre el Gobierno y los sectores movilizados esta misma semana. “Yo pido a la Iglesia que haga una última convocatoria a la gente que hoy día ha llamado el presidente Paz, pero de una vez porque ya van 36 días de sufrimiento”, insistió en referencia a Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB (Central Obrera Boliviana) y Vicente Salazar, líder de los campesinos de La Paz.

Durante la semana, la Vicepresidencia, las bancadas parlamentarias, la Iglesia y la Defensoría del Pueblo intentaron sin éxito abrir canales de negociación. El encuentro más relevante incluyó la presencia de Paz y fue convocado por el vicepresidente Edmand Lara. La única consecuencia fue reiterar el llamado al diálogo. La respuesta de los líderes del cerco a la capital y los bloqueos en las principales rutas del país fue rechazar cualquier conversación y exigir la renuncia del mandatario nacional.

Quiroga se refirió también a la radicalidad de los movilizados y a la postura del Ejecutivo. “¿Qué se puede dialogar con gente que solo dice dos cosas?, que renuncie el presidente (Rodrigo Paz) y que no van a dialogar. Esas son sus dos posiciones”, cuestionó.

Recordó además al Gobierno que “el país necesita orden, tranquilidad, normalidad y la Constitución de Evo Morales otorga facultades al poder Ejecutivo para reponer la tranquilidad y normalidad”. El ex presidente agregó en su presentación ante los medios que el Ejecutivo puede aplicar esos principios sin requerir un estado de excepción.

En ese sentido, valoró el desempeño del nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, quien en sus primeras jornadas en el cargo encabezó operativos para restablecer el orden en dos regiones: “Se está demostrando en Santa Rosa del Sara y acá (La Paz) que sin estado de excepción se puede garantizar el suministro de comida y la preservación de instalaciones energéticas, ¿por qué recién ahora están tomando medidas de gobierno? Hay que gobernar todos los días, sin miedo y sin actitudes timoratas”, afirmó Quiroga.

En paralelo, la bancada de Libre en Diputados anunció el respaldo a la ley de Estados de Excepción como mecanismo para restablecer la paz social y preservar los derechos de la población. La jefa alterna del bloque, Lissa Claros, subrayó: “Es responsabilidad de la Asamblea Legislativa aprobar esta ley para garantizar que no se violen los derechos fundamentales de los ciudadanos y para garantizar pacificar el país”.

Tras la aprobación del proyecto en el Senado, la Comisión de Constitución sesionará el sábado en la mañana para analizar el texto y enviarlo de inmediato al pleno de Diputados, que fue citado a sesión presencial y virtual para la tarde. Claros enfatizó la necesidad de encontrar soluciones a través del diálogo: “No se puede hacer sufrir a la población más días. Si en las próximas horas no hay el diálogo es que existe un afán enteramente político y no vamos a permitir que le den un golpe a la democracia”.

La ciudad de La Paz permanece cercada y sin acceso a alimentos desde hace más de 35 días, mientras el país sigue a la espera de una salida negociada al conflicto.

Un acto realizado este viernes en el Distrito 7 de la ciudad de El Alto reunió a organizaciones sociales para definir acciones ante las movilizaciones contra el gobierno de Rodrigo Paz. Durante el encuentro, el dirigente de la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, instó a los asistentes a mantener la unidad y reafirmó la continuidad de las protestas.

“He venido a dar la cara porque este distrito de El Alto siempre ha sido de lucha (...) Nosotros estamos en pie de lucha. Los dirigentes somos portavoces de la voz de todos los pueblos y de cada persona, hermanos. Por hablar, por llevar la voz de nuestro pueblo, nos están amedrentando, nos quieren encarcelar, nos quieren callar. Pero, hermanos, estamos firmes en esta lucha y lo vamos a seguir, porque no es un delito llevar la voz de nuestros pueblos”, sostuvo Salazar ante las bases, en declaraciones recogidas por el diario El Deber.

Las organizaciones reunidas en El Alto evaluaron medidas frente al conflicto en curso y ratificaron su respaldo a los dirigentes. El acto reflejó la consolidación de demandas y la determinación de los sectores movilizados en la ciudad.

Un sector más se podría sumar a las protestas que se llevarán a cabo en el marco del Mundial 2026, se trata de los extrabajadores de la aerolínea Mexicana de Aviación, quienes aseguran que sus demandas sobre la entrega de recursos sigue sin resolverse.

Aseguran que de no entregarse los recursos correspondientes a la segunda dispersión por la venta de la aerolínea, sus acciones podrían abarcar movilizaciones en evento público, aeropuerto y oficina de gobierno.

Mandan carta abierta a Claudia Sheinbaum

La carta abierta a la cual tuvo acceso Infobae México está dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, donde los extrabajadores de Mexicana de Aviación aseguran que han esperado “más de 15 años por una liquidación justa”.

También denunciaron que tras el pago de la Sedena por el nombre de la marca, el cual supera los 800 millones de pesos, los “adeudos históricos” no han sido pagados, “mientras la nueva aerolínea estatal anuncia costosos vuelos, promociones y descuentos”.

En la misiva, destacan cómo el gobierno no ha “encontrado la forma” de liquidar lo que por ley les corresponde, sin embargo, sí hallaron la vía para comprar la flota y llevar a cabo la operación de Mexicana de Aviación.

Respuesta a su demanda frenaría protesta

“Exigimos la dispersión INMEDIATA de los recursos provenientes de la venta de la marca y propiedades de la extinta Mexicana de Aviación”, reiteran los extrabajadores.

Los que suscriben advierten que de no haber “acción inmediata” se verán obligados a “radicalizar” su protesta, adelantando que no bastará el cuerpo policiaco del Estado para frenar sus exigencias:

“No nos moverán patrullas ni discursos vacíos. Nos mueve el hambre y la memoria de una empresa que hicimos grande”.

Pese a deuda, Mexicana abre ruta AIFA-Acapulco con tres vuelos semanales

Mexicana de Aviación inauguró el pasado jueves 4 de junio su nueva ruta entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y Acapulco, Guerrero, con un vuelo inaugural que registró 95% de ocupación. La apertura eleva a 15 el número de destinos que opera la aerolínea desde el AIFA y se enmarca en su plan de expansión para 2026.

La ruta opera con aviones Embraer E195 E2 con capacidad para 132 pasajeros y una duración de vuelo de una hora. Los vuelos salen del AIFA los jueves y viernes a las 16:00 horas, con arribo a Acapulco a las 17:00, y el regreso despega a las 17:40 para llegar al AIFA a las 18:40. Los domingos, la salida es a las 20:00 horas con llegada al puerto a las 21:00, y el retorno parte a las 21:40 para aterrizar a las 22:40.

El director general de Mexicana, el general Leobardo Ávila Bojorquez, encabezó la ceremonia de corte de listón en el AIFA junto al secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, y la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López. Quiñones Orozco informó que el puerto registró en mayo un crecimiento de 17.1% en la llegada de pasajeros aéreos, las mejores cifras desde que los huracanes Otis y John golpearon al destino en 2023 y 2024.

La protesta frente a la Corte de Constitucionalidad pasó este viernes de la denuncia sostenida a una presión más visible: estudiantes de la Universidad de San Carlos que rechazan la reelección de Walter Mazariegos cumplieron cinco días de plantón, se encadenaron para exigir que se anule la elección del rector para el período 2026-2030 y se convoque a nuevos comicios.

La tensión crece mientras la corte mantiene pendientes tres apelaciones y varios amparos vinculados al proceso del 8 de abril. Entre los temores de los sectores opositores está que los magistrados revoquen dos amparos provisionales otorgados por juzgados que anularon la reelección.

El martes 2 de junio, además, la Corte de Constitucionalidad confirmó la exclusión de la planilla opositora Dignidad y Transparencia para inscribirse en la elección de cuerpos electorales. Ese fallo quedó incorporado al reclamo actual como una prueba más, según los manifestantes, de que el proceso universitario siguió un camino restrictivo para la oposición.

El Equipo de Mediación del Observatorio de la Procuraduría de los Derechos Humanos se presentó en el lugar para documentar y verificar el desarrollo de la manifestación, en la que participó un grupo que se identificó como estudiantado de la USAC y se autodenomina Resistencia GT. La institución informó que su presencia buscó observar el respeto a los derechos humanos de las personas involucradas y documentar el estado de la jornada.

La exigencia central apunta a repetir la elección con todos los cuerpos electorales

Una estudiante que participó en la protesta formuló el pedido político de la movilización al afirmar: “Pedimos a la población guatemalteca que nos acompañe, a los profesionales, a los profesores, a los estudiantes universitarios, porque estamos recuperando la única universidad pública del país para las nuevas generaciones”.

La demanda principal del plantón es que se convoque a nuevas elecciones para rector con participación de todos los cuerpos electorales elegidos entre febrero y marzo de este año en facultades y colegios profesionales. La oposición universitaria sostiene que en el proceso fueron excluidos cuerpos electorales legítimamente electos y que también participaron otros que, según su versión, no ganaron democráticamente.

Esa objeción también alcanza al Consejo Superior Universitario. Los sectores críticos consideran que decisiones adoptadas por ese órgano favorecieron la continuidad de Mazariegos en el cargo.

Las acciones de protesta escalaron mientras los estudiantes denuncian riesgo de represalias

Durante los cinco días de plantón, los estudiantes realizaron performances, expresiones artísticas, conferencias de prensa, jornadas informativas y acciones simbólicas frente a la sede de la corte. Este viernes sumaron el lanzamiento de estiércol de animales y el encadenamiento frente al edificio, además del cierre del paso vehicular en la 11 avenida y 10 calle de la zona 1 capitalina.

En coberturas previas, estudiantes explicaron que el uso de capuchas responde a una medida de protección ante posibles represalias académicas, administrativas, penales o disciplinarias por su participación en protestas y acciones de oposición a las actuales autoridades universitarias.

La disputa, según plantean los manifestantes, no se limita al control interno de la USAC. Los sectores en protesta remarcan que la universidad participa en decenas de espacios de representación dentro del Estado y que sus decisiones repercuten en instituciones ligadas a la justicia, la educación y la salud.

Por esa razón, quienes sostienen el plantón consideran que la resolución que emita la Corte de Constitucionalidad puede fijar un precedente para la institucionalidad democrática del país y para futuros procesos electorales. Mientras el tribunal continúa el análisis de los recursos pendientes, estudiantes, docentes y profesionales anunciaron que mantendrán las jornadas de protesta.

La crisis en la atención de pacientes afiliados a Nueva EPS volvió a trasladarse a las calles de Cali. Un grupo de madres cuidadoras se concentró frente a la sede de la Superintendencia Nacional de Salud para reclamar el cumplimiento de compromisos previamente adquiridos y exigir respuestas concretas que permitan garantizar la continuidad de los tratamientos médicos de sus familiares.

La manifestación corresponde al plantón número once realizado por estas familias, quienes aseguran que las dificultades en la prestación de servicios continúan afectando a cientos de usuarios, especialmente a personas con enfermedades huérfanas, discapacidades y patologías de alta complejidad.

Según las voceras del movimiento, actualmente representan a 192 pacientes que enfrentan diferentes barreras para acceder a servicios médicos esenciales. De ese total, afirman que únicamente 32 casos han recibido algún tipo de respuesta preliminar por parte de la EPS, mientras que el resto continúa esperando soluciones.

De acuerdo con información entregada a Blu Radio por Erika Franco, representante de las madres cuidadoras, muchos pacientes permanecen sin acceso a elementos indispensables para sus tratamientos, situación que estaría deteriorando de manera significativa su calidad de vida.

La líder explicó que existen usuarios que aún no reciben medicamentos, suplementos alimenticios, insumos médicos y ayudas técnicas necesarias para su movilidad y rehabilitación. Entre las necesidades más frecuentes mencionó la falta de sillas de ruedas y otros dispositivos ortopédicos que, en algunos casos, llevan cerca de un año pendientes de entrega.

Denuncian cierres de servicios y dificultades en la atención

Las familias también expresaron preocupación por la reducción de la oferta de servicios de salud en Cali para los afiliados de Nueva EPS. Según las denuncias presentadas durante la protesta, varias instituciones habrían suspendido o limitado la atención a estos pacientes.

Entre los casos señalados se encuentran prestadores de servicios domiciliarios y algunas instituciones médicas que anteriormente atendían a los afiliados. Las madres cuidadoras sostienen que estas restricciones han generado mayores dificultades para acceder a consultas, terapias, procedimientos especializados y tratamientos permanentes.

La situación resulta especialmente delicada para pacientes con enfermedades oncológicas, patologías huérfanas y condiciones crónicas que requieren controles médicos permanentes y continuidad terapéutica.

Según explicó a Blu Radio César Revelo, defensor del Paciente en Cali, desde la Secretaría Distrital de Salud se han identificado barreras persistentes en la atención, además de dificultades relacionadas con servicios complementarios como el transporte para los usuarios.

De acuerdo con el funcionario, algunos pacientes han perdido citas médicas debido a la falta de apoyo logístico necesario para desplazarse hasta los centros asistenciales donde reciben atención especializada.

Aumentan las quejas contra Nueva EPS

Las autoridades sanitarias también señalaron que existe un incremento en los reclamos presentados por usuarios durante el presente año. Revelo indicó que los prestadores de servicios han reportado dificultades administrativas y problemas relacionados con pagos, factores que estarían impactando directamente la prestación de los servicios.

Según los datos expuestos durante la jornada de protesta, las quejas registradas contra Nueva EPS en Cali han aumentado más de un 20 % frente al mismo periodo de 2025.

El defensor del Paciente precisó además que la entidad se ubica actualmente entre las EPS con mayor número de reclamaciones presentadas por los usuarios en la ciudad. De acuerdo con las cifras suministradas, durante lo corrido del año ya se han reportado más de 1.500 quejas relacionadas con diferentes aspectos de la atención.

Las madres cuidadoras solicitaron una reunión directa con Jorge Iván Ospina, agente interventor de Nueva EPS, con el propósito de encontrar soluciones que permitan restablecer los tratamientos pendientes y garantizar la continuidad de los servicios.

Las manifestantes sostienen que la falta de respuestas oportunas ha tenido consecuencias graves para varios pacientes y aseguran que algunas personas con enfermedades complejas habrían fallecido mientras esperaban autorizaciones, procedimientos o respuestas administrativas.

Por ahora, las familias anunciaron que continuarán realizando acciones de protesta y seguimiento institucional hasta obtener garantías para la atención integral de los pacientes que representan y para quienes dependen diariamente de los servicios de salud prestados por la entidad.

Las fuerzas del orden de Bolivia desbloquearon este viernes la ruta que conecta La Paz con la región agrícola de Río Abajo, al sur de la capital, en una operación encabezada por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, que comenzó de madrugada desde la zona de Lipari y avanzó unos 37 kilómetros hasta Carreras. Policías y militares retiraron piedras, troncos y montículos de tierra con maquinaria pesada mientras vecinos los aplaudían a su paso.

La apertura de esa vía representa un alivio parcial para una ciudad sitiada desde el 6 de mayo por bloqueos que se extendieron a ocho de las nueve regiones del país. Desde principios de semana, cientos de habitantes de La Paz y de la vecina El Alto debían caminar hasta tres horas para conseguir verduras, hortalizas y tubérculos cuyos precios llegaron a quintuplicarse en los mercados locales.

El presidente Rodrigo Paz, que lleva poco más de seis meses en el gobierno, se presentó al término del operativo y afirmó que desbloqueará las carreteras “con diálogo y con los instrumentos legales de la Constitución para defender a las mayorías”. Su administración ha evitado desplegar fuerzas con armamento letal para no agravar el conflicto, según declaraciones oficiales.

En paralelo, el Ejecutivo analiza una salida legal que amplíe sus herramientas de respuesta. El miércoles envió al Congreso un proyecto de ley para reglamentar los estados de excepción; la norma ya fue aprobada en el Senado y ahora aguarda tratamiento en la Cámara de Diputados. Paz calificó esa medida como el “último recurso” que le permite la Constitución y reiteró su llamado al diálogo a los sectores movilizados.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, había advertido días atrás que el país atraviesa “un momento de inflexión entre la democracia y la dictadura”, en referencia al cambio de ciclo político tras los 20 años de gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025). El viernes, el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, fue más directo: “Está en marcha un golpe de Estado”, declaró.

Los cortes de carreteras son impulsados por la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Morales, quien desde su cuenta en X acusó este viernes a Estados Unidos de recurrir “al discurso del ‘narcoterrorismo’ para estigmatizar la protesta social y desacreditar las demandas legítimas” de los manifestantes. Campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros presionan al gobierno desde hace más de un mes por una salida a lo que describen como la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

Los resultados de los operativos han sido limitados: tras el paso de las fuerzas del orden, los cortes se reinstalan. Manifestantes reforzaban este viernes el bloqueo en los accesos a una planta estatal en El Alto que abastece de combustible y gas licuado doméstico, ciudad por donde ingresan suministros desde las regiones agrícolas de Santa Cruz y Cochabamba.

El saldo humano del conflicto, que se prolonga por 36 días, asciende a 10 fallecidos según el vocero presidencial José Luis Gálvez, quien atribuyó las muertes a la falta de auxilio médico por los cortes de ruta. La Defensoría del Pueblo precisó que siete de esas personas murieron por falta de atención oportuna y tres en el contexto directo de las protestas, entre ellas un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo.

Los hospitales de La Paz reportaron escasez de oxígeno medicinal, y las ciudades de Cochabamba, Oruro y Potosí también resienten la falta de alimentos, medicamentos y combustibles. El sector empresario estimó en USD 2.000 millones las pérdidas acumuladas por las protestas.

El gobierno boliviano recibió apoyo explícito de Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, habló por teléfono con Paz para reafirmar el compromiso de Washington de apoyar la democracia boliviana y al gobierno de Paz “en la reconstrucción del país tras 20 años de políticas socialistas fallidas”. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, publicó el jueves en X que su país sigue de cerca la situación y advirtió: “Bolivia no debe permitir que el viejo statu quo de dominio narco‑terrorista en la región vuelva a imponerse”.

Paz había firmado en marzo el Escudo de Américas, una iniciativa multinacional impulsada por el presidente Donald Trump para coordinar esfuerzos contra organizaciones criminales.

(Con información de AFP, EFE y AP)

Las protestas estudiantiles en Chile concluyeron con 35 detenidos y seis heridos tras los enfrentamientos que se registraron en la capital al cierre de la movilización convocada por diversas federaciones universitarias. El presidente José Antonio Kast tildó de “dramáticos” los desórdenes surgidos al final de la jornada, que durante la mayor parte del día se desarrolló con normalidad, según informaron las autoridades.

Durante un evento organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), el mandatario se dirigió a los alcaldes del país y pidió rechazar la violencia en futuras protestas. “Ojalá que no ocurra en ninguna de sus ciudades. Yo pediría que en la próxima reunión de alcaldes se rechace expresamente la violencia y diga que van a ser responsables a las personas que destruyan”, expresó Kast ante los ediles reunidos.

El jefe de Estado, que asumió el cargo el 11 de marzo, enfrentó momentos de tensión al inicio de su exposición, cuando un grupo opositor lo abucheó e interrumpió. “Yo les pido respeto. Si alguien no quisiera estar presente, nadie le obliga a estar presente”, sostuvo el presidente en medio de la intervención.

En su discurso, Kast insistió en que las diferencias políticas deben resolverse en el Parlamento y no a través de manifestaciones. “Está claro que no vamos a pensar igual en todo, y en muchas ocasiones va a tener que decidir el Parlamento, esa es la democracia y ahí se verá si están los votos o no, ahí se resuelven las cosas, no por fuerza, no se resuelve por manifestaciones, por eso el llamado siempre es a que las manifestaciones sean en orden”, afirmó.

El mandatario también advirtió sobre los riesgos para el sistema democrático. “Nos puede gustar o no, la democracia hay que defenderla con toda la fuerza. Porque si no ya sabemos lo que pasa cuando fuerzas organizadas, con financiamiento que uno no sabe de dónde viene, intentan destituir a un gobierno democráticamente elegido”, remarcó el chileno.

La protesta, convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), reunió a miles de personas en la primera gran marcha desde el inicio del mandato de Kast. Distintos grupos y organizaciones criticaron el accionar de las fuerzas de seguridad durante los incidentes que derivaron en los arrestos y heridos.

En el contexto de su gobierno, Kast definió la ola de protestas de 2019 como un “estallido delictual” y, poco después de asumir la presidencia, dispuso un plan de ajustes presupuestarios en la mayoría de los ministerios, con recortes por un total de 2.000 millones de dólares.

La reciente manifestación estudiantil en Chile, que recibió el apoyo de organizaciones como el Colegio de Profesores, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) y la Coordinadora Feminista 8M, culminó con incidentes entre manifestantes y fuerzas policiales. La protesta, que en su mayor parte se desarrolló sin altercados, reunió a miles de personas en Santiago de Chile.

La vocera de la Coordinadora Feminista 8M, Laura Manzi, afirmó ante la agencia EFE: “Solo de manera articulada vamos a poder hacer frente a los recortes de Kast”, en referencia a los ajustes presupuestarios impulsados por el gobierno del presidente José Antonio Kast.

Durante la movilización también surgieron consignas críticas contra una ley promovida por el Ejecutivo y aprobada recientemente en el Parlamento. Esta normativa autoriza la revisión de mochilas en las escuelas y establece que los jóvenes que cometan delitos en el ámbito educativo no podrán acceder a la educación universitaria gratuita durante un período de cinco años.

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, expresó a EFE: “La educación es la base del desarrollo de un país” y cuestionó el alcance de la nueva legislación.

Aguilar consideró que la ley “no resuelve las causas de la violencia en las escuelas” y la calificó de “discriminatoria”, al argumentar que impacta con mayor dureza a los estudiantes de menores recursos que dependen de ayudas estatales para ingresar a la universidad.

La marcha se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y organizaciones sociales, que advierten sobre los efectos de los recortes y las reformas en el sistema educativo chileno.

(Con información de EFE)

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CNTE en nueva mesa de diálogo con Segob, SEP e ISSSTE

En CDMX

Centro Histórico. Continúan los cierres viales en inmediaciones del Zócalo, especialmente sobre 5 de Mayo, Tacuba, 20 de Noviembre y accesos a Plaza de la Constitución por el plantón magisterial. OVIAL y reportes de tránsito recomiendan como alternativas Eje Central, Fray Servando, Eje 1 Norte y Congreso de la Unión.

Transporte público

El Metrobús CDMX reporta afectaciones en las líneas 3 y 4, con suspensión parcial de estaciones entre Buenavista, Mina, Cuauhtémoc y Pino Suárez debido a la presencia de manifestantes.

SEGOB

Representantes de la CNTE mantienen una nueva mesa de diálogo con autoridades de SEGOB, SEP e ISSSTE tras concluir sin acuerdos las reuniones previas. El magisterio insiste en exigir la derogación de la Ley del ISSSTE 2007, cambios en pensiones y eliminación de USICAMM.

Otros estados

Persisten movilizaciones y paros en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Baja California. Medios nacionales reportan advertencias de posibles bloqueos carreteros y fronterizos vinculados al paro nacional indefinido convocado por la CNTE.

Integrantes de la CNTE mantienen la toma intermitente de casetas en los accesos a la capital, principalmente en las autopistas México-Cuernavaca, México-Puebla, México-Pachuca y México-Toluca, donde levantan plumas para permitir el paso libre. La SSC-CDMX mantiene despliegue junto con Guardia Nacional para resguardar vialidades y evitar confrontaciones.

La CNTE mantiene concentraciones simultáneas en la Secretaría de Gobernación y en casetas de acceso a la capital.

Reportes de SSC-CDMX y medios nacionales confirman paso libre en las autopistas México-Cuernavaca, México-Puebla y Naucalpan-Ecatepec/México-Pachuca, además de presencia policial y de Guardia Nacional para control vial. Continúan cierres en inmediaciones del Zócalo y avenida 5 de Mayo.

Afectaciones viales y transporte

OVIAL y reportes de tránsito mantienen alertas por cierres en Tacuba, 5 de Mayo y vialidades aledañas a Plaza de la Constitución. El Metrobús reporta afectaciones en Líneas 3 y 4, con suspensión parcial de estaciones en zonas del Centro Histórico y Buenavista. Autoridades recomiendan usar Eje 1 Norte, Fray Servando, Congreso de la Unión y Eje Central como alternativas.

En CDMX

Integrantes de la CNTE mantienen presencia en accesos carreteros y continúan las movilizaciones alrededor de SEGOB y puntos estratégicos del Centro Histórico. Reportes de SSC-CDMX y medios nacionales señalan afectaciones intermitentes en las autopistas México-Cuernavaca, México-Querétaro y México-Pachuca, principalmente por toma de casetas y liberación del peaje. OVIAL mantiene monitoreo en Reforma, Bucareli, Avenida Universidad y Circuito Interior ante posibles desplazamientos adicionales.

Otros estados

Continúan protestas magisteriales en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Baja California, donde persisten advertencias de bloqueos carreteros y fronterizos vinculados al paro nacional de la CNTE. La tensión aumentó tras los enfrentamientos recientes en CDMX y la irrupción en oficinas de la SEP; sin embargo, SEGOB mantiene abiertas las mesas de negociación sobre Ley del ISSSTE, pensiones y USICAMM.

CDMX. Integrantes de la CNTE mantienen toma intermitente de casetas en accesos a la capital, principalmente en la autopista México-Cuernavaca, donde maestros permiten el paso libre a automovilistas. La SSC-CDMX y OVIAL mantienen vigilancia en Bucareli, Paseo de la Reforma, Centro Histórico y accesos carreteros, mientras continúan las mesas de diálogo con SEGOB y SEP. La agenda oficial de movilizaciones confirma previsión de bloqueos en entradas y salidas de la ciudad. Estatus: toma de casetas y concentración confirmadas; cierres totales aún variables según punto.

Otros estados. Persisten movilizaciones de la CNTE en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Baja California, con advertencias de bloqueos carreteros y posibles afectaciones fronterizas en Tijuana. El conflicto sigue escalando tras los disturbios recientes en el Centro Histórico y oficinas de la SEP; el Gobierno federal mantiene negociaciones abiertas sobre Ley del ISSSTE, pensiones y USICAMM, sin acuerdos definitivos hasta ahora.

CDMX. La CNTE mantiene concentración en inmediaciones de SEGOB y amplió acciones hacia casetas de acceso a la capital. La agenda oficial de movilizaciones de la SSC-CDMX contempla afectaciones en las autopistas México-Cuernavaca, México-Pachuca y México-Querétaro, además de vigilancia en Bucareli, Reforma y Centro Histórico. Reportes de medios nacionales indican paso libre intermitente en algunas casetas y tránsito severamente afectado en accesos carreteros.

Otros estados. Continúan protestas magisteriales en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Baja California, donde grupos vinculados a la CNTE mantienen advertencias de bloqueos fronterizos en Tijuana. El conflicto sigue escalando tras los disturbios recientes en instalaciones de la SEP y las negociaciones sin acuerdos definitivos sobre Ley del ISSSTE, pensiones y USICAMM.

CAPUFE informó sobre la presencia de manifestantes en la Autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura de la Plaza de Cobro Palo Blanco, en ambos sentidos.

La dependencia señaló que no hay cierre a la circulación, pero recomendó a los usuarios conducir con precaución en ese tramo.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) reportó presencia de manifestantes en la Autopista México-Puebla, específicamente en la Plaza de Cobro San Marcos, en ambos sentidos.

Según la información difundida, no se ha registrado cierre a la circulación, pero se recomendó a los conductores manejar con precaución en la zona.

Reportan el cierre a la circulación en la avenida Manuel Carpio, en el tramo comprendido entre calle Plan Ayala y Plan de San Luis, en la alcaldía Miguel Hidalgo, a causa de la presencia de manifestantes.

Como alternativa vial, se sugirió el uso de la Calzada México-Tacuba para quienes requieran desplazarse por esa zona.

Permanece cerrada la circulación en Avenida 5 de Mayo, en el tramo entre Eje Central Lázaro Cárdenas y Simón Bolívar, debido a la presencia de manifestantes.

Como alternativas viales, las autoridades recomendaron utilizar Eje 1 Norte y Fray Servando Teresa de Mier para quienes transitan por la zona afectada.

Sigue cerrada la circulación en República de Uruguay entre 20 de Noviembre y 5 de Febrero debido a la presencia de manifestantes.

La autoridad recomendó utilizar la calle Mesones como alternativa vial para facilitar el tránsito en la zona.

Permanece cerrada la circulación en Donceles a partir de Eje Central y en Allende a partir de República de Perú, en la alcaldía Cuauhtémoc, por la presencia de manifestantes. Como alternativas viales, se recomendaron Eje 1 Norte y Eje 1 Oriente para los automovilistas que transitan por el área.

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El alcalde Ras Baraka levantó este martes 2 de junio el toque de queda y las zonas de libre expresión alrededor de Delaney Hall en Newark, una decisión que devuelve la protesta sin esas restricciones nocturnas y que, según la alcaldía, pondrá a prueba si una vigilancia menos restrictiva puede sostener la calma mientras continúan las manifestaciones por las condiciones de los detenidos y el futuro del centro de detención migratoria.

La medida quedó sin efecto a las 21:00 horas del martes, después de una protesta la noche anterior que no dejó ni un solo arresto, según ABC7 y NJ.com. Poco después de las 21:30, la policía de Newark retiró una barricada que había mantenido a los manifestantes a media milla del complejo desde el sábado por la noche, y unas 80 personas marcharon por la acera con consignas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

El toque de queda había entrado en vigor a la medianoche del domingo dentro de un perímetro de media milla y regía de 21:00 a 06:00, de acuerdo con ABC7 y NJ.com. La orden se adoptó después de choques entre grupos contrarios y favorables a ICE, incendios en la calle y escenas que Baraka describió como “enfrentamientos violentos” y personas empujadas hacia vehículos en movimiento.

“Después de la protesta de anoche sin un solo arresto, estamos levantando este toque de queda para permitir la plena expresión del derecho estadounidense a la libertad de expresión y a reunirse pacíficamente”, aseguró Baraka en un comunicado oficial.

En esa misma declaración añadió que confiaba en que los manifestantes actuarían “de una manera digna de las personas inocentes encarceladas y maltratadas por ICE y los carceleros con fines de lucro de Geo Group”, según NJ.com.

Centro de detención se convirtió en el foco de protestas durante más de una semana

Delaney Hall, una instalación de 1.000 plazas operada por la empresa privada Geo Group, lleva más de una semana en el centro de las protestas. Los manifestantes dicen que los detenidos sufren malos tratos dentro del recinto, una acusación que funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos negaron, de acuerdo con ABC7.

El endurecimiento del operativo había comenzado el viernes, cuando la entonces gobernadora Mikie Sherrill desplegó a la Policía Estatal de Nueva Jersey en la zona, repasaron los medios locales.

Desde entonces, los agentes estatales utilizaron unidades montadas, gas lacrimógeno y un sistema creciente de barricadas metálicas para mantener a manifestantes y periodistas alejados del centro, informó NJ.com.

El domingo, cuando el toque de queda entró en vigor, cientos de policías con equipo antidisturbios dirigidos por la policía estatal retuvieron a varias personas, quizá decenas, según NJ.com. Ese medio señaló que numerosas agencias policiales que participaron en esos procedimientos no habían informado detalles sobre los cargos presentados.

La pregunta central que abrió la crisis sigue intacta: qué ocurrirá con Delaney Hall. Baraka respondió de forma contundente al afirmar que el objetivo de la ciudad es cerrar el edificio. “Nuestro objetivo es cerrar el edificio”, aseguró el alcalde.

Newark y Nueva Jersey avanzan con acciones judiciales contra los operadores del edificio

La ciudad de Newark y el estado de Nueva Jersey presentaron una demanda contra los operadores de Delaney Hall por preocupaciones sobre las condiciones dentro del centro de detención, según ABC7.

Baraka también dijo que los abogados de la ciudad preparaban otra demanda contra Geo Group por cuestiones de salud y seguridad y que buscarán ante los tribunales el cierre inmediato del lugar.

El alcalde sostuvo que la empresa viola ordenanzas locales y que intenta ampararse en su contrato con el gobierno federal para operar como centro de deportación, difundió el portal NJ.com.

“Este no es un centro federal, ni terreno federal. Es un centro privado”, sostuvo Baraka. Además, remarcó: “Están sujetos a las leyes estatales y municipales. No pueden quedar protegidos por un contrato que tienen con Seguridad Nacional, que es lo que están tratando de hacer una y otra vez”.

Baraka añadió que los agentes de policía de proximidad seguirán interactuando con los manifestantes y priorizarán la comunicación antes que la confrontación, según ABC7. En otro comunicado, citado por el medio local Insider NJ, planteó que confiaba en “las políticas y la capacitación” de los oficiales orientados a la comunidad y en el sistema ampliado de seguridad pública para la prevención de la violencia.

El levantamiento de las restricciones también modifica el escenario para familiares, residentes y trabajadores que se movían por la zona de noche. El toque de queda había reducido las vigilias nocturnas, limitado el acceso peatonal por Doremus Avenue y restringido la circulación vehicular a quienes acreditaran asuntos oficiales, según Associated Press.

En un condado con fuerte presencia latina, esa limitación había recortado el margen para acompañar protestas, sostener contacto con detenidos y reorganizar traslados hacia un área industrial con menos opciones de movilidad nocturna.

Con el nuevo esquema, la alcaldía dejó sin efecto tanto el toque de queda como las zonas de expresión delimitadas y dejó en manos de los próximos días la prueba de si el descenso de controles permite que las protestas continúen sin nuevos episodios de violencia.

Miles de estudiantes, docentes y activistas protagonizaron este miércoles en Santiago de Chile una movilización que derivó en enfrentamientos con la policía durante una protesta contra los recortes a la educación y el plan de austeridad del presidente José Antonio Kast.

La marcha, convocada por la Confederación de Estudiantes Chilenos (Confech), reunió también al Sindicato de Maestros de Chile, asociaciones estudiantiles de secundaria y grupos feministas.

El gobierno de José Antonio Kast, en el poder desde el 11 de marzo, impulsa un recorte de aproximadamente USD 6.000 millones en gasto público durante 18 meses, con la meta de mejorar las finanzas estatales. El plan prevé una reducción presupuestaria cercana al 3% en todos los ministerios, una decisión que generó críticas tanto en sectores opositores como dentro de la propia coalición de gobierno.

La manifestación inició de manera pacífica. No obstante, la situación escaló con el despliegue de camiones hidrantes y gases lacrimógenos por parte de las fuerzas policiales, mientras algunos manifestantes lanzaron piedras y objetos contundentes contra los uniformados y los vehículos. Varias calles de la capital resultaron bloqueadas y varias estaciones de metro suspendieron su funcionamiento. Al menos una docena de personas fue detenida y hubo varios heridos.

Mario Aguilar, presidente del Sindicato de Maestros de Chile, responsabilizó al Ejecutivo por la escalada de violencia: “El gobierno buscó provocar esto, crear esta situación para justificar la represión”, declaró el dirigente. Por su parte, Magdalena Correa, estudiante universitaria, señaló: “Quieren silenciarnos, pero no nos vamos a detener. Nos están quitando nuestros recursos y derechos, y tenemos que contraatacar”.

“No más recortes, no es ajuste es robo” o “con los recortes, la salud no pasa de agosto”, expresaban algunas de las pancartas que levantaban los manifestantes. “Es como un ataque a la gente más pobre, porque ellos son los que ocupan los beneficios sociales, no la gente que tiene plata”, se quejó Romina Cuevas, una profesora de 47 años, en diálogo con AFP.

Además de rechazar los recortes en educación, los manifestantes expresaron su rechazo al proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, conocido como “megarreforma”, que prevé reducir el gasto estatal y fomentar la inversión privada para reactivar la economía chilena. Esta iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados a fines de mayo y el Senado podrá debatirla en las próximas semanas.

Hasta la noche del miércoles, ni la policía ni funcionarios del gobierno habían emitido declaraciones oficiales sobre los incidentes ocurridos en la capital chilena.

Durante la jornada de protestas, los manifestantes también expresaron su rechazo a una nueva ley promovida por el Ejecutivo que busca combatir la violencia en las escuelas y que fue aprobada el martes por el Parlamento. La medida habilita a las autoridades a revisar mochilas de estudiantes y establece la prohibición de acceder a la educación universitaria gratuita durante cinco años para jóvenes que cometan delitos dentro de los establecimientos educativos.

Mario Aguilar declaró en diálogo con la agencia EFE: “La educación es la base del desarrollo de un país”. Aguilar cuestionó la nueva normativa al considerar que “no resuelve la causas de la violencia en las escuelas” y sostuvo que la ley resulta “discriminatoria” porque “castiga con más dureza a los estudiantes con menos ingresos que necesitan ayudas estatales para acceder a la universidad”.

La aprobación de esta legislación añadió un nuevo foco de tensión durante la movilización, que ya estaba marcada por el rechazo a los recortes presupuestarios y al plan de austeridad del presidente Kast.

(Con información de Associated Press, AFP y EFE)

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Tras la finalización de la mesa de diálogo entre la CNTE y los titulares de la Segob, SEP y el ISSSTE, representantes de la Coordinadora dieron a conocer que “no hay cuerdos”, insistieron en tener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum con la finalidad de que sus demandas sean atendidas con precisión.

Entre las exigencias del magisterio se encuentran:

• Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.
• Eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).
• Reversión de la reforma educativa.
• Mejoras salariales para el magisterio.
• Condiciones laborales y de jubilación más favorables.

Estas son las calles que se mantienen cerradas en los alrededores del Zócalo de la Ciudad de México por el cierre de la CNTE:

• Donceles a partir de Eje Central y Allende a partir de Rep. de Perú
• Tacuba desde Allende hasta Eje Central
• Vialidades inmediatas a Plaza de la Constitución
• Av. 5 de Mayo desde Eje Central Lázaro Cárdenas hasta Simón Bolívar

• Tras la irrupción de la CNTE en las oficinas de la SEP, un policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resultó intoxicado, por lo que fue trasladado a un hospital para ser atendido.

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Integrantes de la CNTE irrumpieron en un edificio administrativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicado sobre avenida Universidad, en la Ciudad de México.

Los manifestantes forzaron el acceso principal tras lanzar petardos y utilizar postes de alumbrado público para intentar derribar las barreras que protegían el inmueble.

De acuerdo con los reportes desde el lugar, los inconformes arrancaron estructuras recién instaladas en la zona y provocaron diversos daños durante la movilización. Personal del inmueble intentó contener el avance utilizando extintores, pero la medida no logró detener a los manifestantes, quienes ingresaron parcialmente a las instalaciones.

Los episodios recientes de protestas y bloqueos en el corredor Reforma – Centro Histórico de la capital encendieron las alarmas entre los sectores productivos de la Ciudad de México.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) manifestó su rechazo absoluto a los actos vandálicos y la alteración del orden social ocurridos en el marco de las movilizaciones lideradas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Esta organización empresarial repudió especialmente los ataques contra la infraestructura pública y privada, como la destrucción de cristales en la Torre Bienestar, los daños a vehículos oficiales y el intento de retención de un camión recolector de basura. Para los comerciantes, estas conductas no solo exceden el derecho legítimo a manifestarse, sino que representan un peligro directo para ciudadanos, empleados, visitantes y pequeños negocios.

Asimismo, advirtió que la persistencia de este tipo de acciones amenaza la estabilidad laboral y la viabilidad económica de miles de familias que dependen de la actividad comercial en el corazón de la metrópoli.

Impacto económico: pérdidas millonarias y comercios afectados por manifestaciones de la CNTE

El saldo de estas jornadas ha sido devastador para el sector formal. Según datos proporcionados por la Canaco CDMX, las afectaciones económicas acumuladas por el plantón instalado desde el 25 de mayo en las calles 5 de Mayo y 20 de Noviembre alcanzan los 355 millones 770 mil pesos hasta el 3 de junio.

A este monto se añaden 49 millones 700 mil pesos en pérdidas adicionales, provocadas únicamente por la marcha y los bloqueos realizados el 1 de junio. De esta manera, el impacto financiero total asciende ya a 405 millones 470 mil pesos, afectando directamente a 4,091 unidades económicas.

Los negocios han visto reducida la afluencia de clientes, una contracción en sus ventas, obstáculos para el abastecimiento de mercancías y dificultades para que sus colaboradores puedan desplazarse hasta sus centros de trabajo. El líder del sector señaló que prolongar estas condiciones pondría en riesgo el empleo de muchas personas y la continuidad de las operaciones comerciales en el área.

Llamado a la legalidad y la protección del comercio

Ante este panorama, la Canaco CDMX hizo un llamado urgente a las autoridades locales y federales para restablecer el Estado de derecho y garantizar el libre tránsito.

La organización insistió en la necesidad de aplicar la ley de forma estricta, detener los actos de vandalismo, liberar las vías de comunicación y proteger las fuentes de trabajo.

Manifestó que la capital del país requiere orden, certeza y seguridad para mantener su papel como motor económico nacional. De no actuar con prontitud, la normalización de estos episodios podría tener consecuencias graves para la estabilidad y el desarrollo de toda la ciudad.

A unos días de la inauguración del Mundial 2026, las protestas sociales continúan escalando en distintas regiones del país. Ahora, organizaciones de productores agrícolas anunciaron movilizaciones en las tres sedes mundialistas —Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara— en medio del conflicto magisterial encabezado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En entrevista con el periodista Manuel Feregrino en el programa “Por la Mañana” de Radio Fórmula, Martín Lim, vocero de Campesinos Unidos y agricultor de Sinaloa, aseguró que productores de diversas regiones del país ya comenzaron a organizarse para realizar protestas durante el arranque del torneo, ante la falta de acuerdos con el gobierno federal para atender las demandas del sector agrícola.

“No hay absolutamente ningún acuerdo. Sinaloa, como punta de lanza, se reinicia en la lucha del campo con rumbo al boicot al Mundial“, declaró Lim durante la transmisión radiofónica.

Campesinos anuncian protestas en sedes del Mundial 2026

Según explicó el vocero de Campesinos Unidos, las movilizaciones comenzaron este miércoles en distintos puntos de Sinaloa, donde productores retomaron bloqueos y manifestaciones en casetas y carreteras.

Detalló que agricultores de Guasave se manifestaron en la caseta de Cuatro Caminos, mientras que productores del valle de San Lorenzo, Culiacán y Navolato reanudaron acciones de protesta en la caseta de El Pisal.

Además, adelantó que organizaciones agrícolas de varias entidades ya acordaron concentrarse en las ciudades que albergarán partidos del Mundial 2026.

De acuerdo con el plan expuesto por Lim:

• Productores de Sonora, Baja California, Sinaloa y Nayarit se movilizarán en Guadalajara, Jalisco.
• Agricultores de Tamaulipas, Chihuahua y Durango participarán en protestas durante los partidos programados en Monterrey, Nuevo León.
• Campesinos de Tlaxcala, Estado de México, Texcoco y otras zonas cercanas a la capital se concentrarán en las inmediaciones del Estadio Banorte durante la inauguración del torneo en la Ciudad de México.

El dirigente señaló que cada organización regional coordinará de manera independiente el traslado y participación de sus integrantes.

La advertencia se produce en un contexto de creciente presión social para el gobierno federal, que también enfrenta movilizaciones permanentes de integrantes de la CNTE en la capital del país.

Integrantes de la CNTE destruyen estatuas del Mundial

Las nuevas amenazas de movilización coinciden con recientes acciones protagonizadas por integrantes de la CNTE. Este martes, manifestantes tiraron figuras decorativas en Paseo de la Reforma, instaladas como parte de las actividades de promoción del Mundial 2026.

Las esculturas, que forman parte de la estrategia turística y cultural relacionada con la justa deportiva, resultaron dañadas durante una de las movilizaciones magisteriales, generando críticas de sectores empresariales y ciudadanos que consideran que estas acciones afectan la imagen del país a pocos días del inicio del torneo.

Los hechos incrementaron la preocupación sobre el impacto que podrían tener las protestas sociales durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Respuesta del gobierno de Sheinbaum ante protestas

Mientras las manifestaciones continúan escalando, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha buscado mantener abiertas las mesas de diálogo con el magisterio. Este martes, la administración federal planteó nuevas propuestas para atender algunas de las exigencias de la CNTE, entre ellas modificaciones relacionadas con el control y asignación de plazas docentes.

A través de un video, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que una de las consignas más fuertes de la CNTE podría tener pronta solución.

“Hay toda la disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum para cumplir con el compromiso que se hizo de la desaparición de la USICAMM (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros)”.

Luego de que las protestas del magisterio llevaran a la suspensión de clases en algunos planteles del país, Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob, hizo un llamado a evitar el cierre, pues “afecta la educación de niñas y niños y adolescentes de México con la culminación del ciclo escolar y la obstrucción al libre tránsito de la ciudadanía por los bloqueos”.

Sin respuesta precisa sobre qué pasará con la abrogración de la Ley del ISSSTE o de la reversión de la reforma educativa, Martí Batres externó que el Instituto se encuentra en la mejor disposición para “estudiar, discutir y acordar los lineamientos necesarios para avanzar gradualmente en el fortalecimiento de políticas solidarias y públicas en las diversas áreas de nuestras prestaciones”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la escalada de los conflictos en Bolivia desde comienzos de mayo e instó tanto al Gobierno de Rodrigo Paz como a los manifestantes que exigen su renuncia a “priorizar el diálogo” para el desbloqueo de carreteras y corredores humanitarios.

El organismo advirtió sobre las “serias afectaciones a los derechos humanos y el alto impacto humanitario” derivados de las protestas y los bloqueos de carreteras, y pidió que el Estado y todos los sectores sociales involucrados opten por el diálogo para atender las demandas sociales y garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la movilización.

Según la CIDH, las protestas tienen lugar en un contexto de “profunda crisis económica, polarización política y percepciones de debilitamiento de confianza entre sectores indígenas y campesinos y el Gobierno, así como de racismo estructural y sistémico”.

La Paz, El Alto y Oruro figuran entre las ciudades más afectadas por los bloqueos y las protestas encabezadas por sindicatos de campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del ex mandatario Evo Morales, quienes reclaman la renuncia de Paz

A su vez, el organismo reconoció que los bloqueos provocaron “graves afectaciones al abastecimiento de combustibles, alimentos, oxígeno medicinal, medicamentos y otros servicios esenciales”, principalmente en La Paz, sede del Ejecutivo y el Legislativo, y en la ciudad vecina de El Alto.

Las consecuencias de los cortes de ruta por parte de los manifestantes continúan en aumento tras más de un mes de protestas: un saldo de siete muertos, pérdidas económicas que superan los USD 1.600 millones y 103 puntos de interrupción vial en siete departamentos del país, según datos oficiales y proyecciones del sector privado.

La CIDH, citando información de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, informó sobre siete fallecidos en el marco de los disturbios, cifra en la que se destacan cuatro muertes por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, una por disparo de arma de fuego durante un operativo de desbloqueo y otras dos “personas movilizadas”, sin precisar las circunstancias de estos últimos casos.

Durante la jornada se reportó el deceso de una paciente oncológica de 24 años que no pudo ser trasladada desde Oruro a La Paz para recibir radioterapia, así como la muerte de un conductor de transporte pesado que enfermó tras haber permanecido atrapado durante 32 días en un corte de rutas.

En ese sentido, la comisión señaló que al menos 23 personas resultaron heridas de diversa gravedad durante los conflictos, incluyendo manifestantes, transeúntes y agentes policiales, y documentó al menos 15 agresiones contra periodistas y trabajadores de prensa.

El organismo reiteró que la protesta social constituye “una expresión legítima de los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y participación en los asuntos públicos”, aunque admitió que los bloqueos prolongados “pueden generar afectaciones graves al ejercicio de otros derechos”.

Además, subrayó que tanto el Estado como los manifestantes deben implementar medidas para “evitar riesgos a la vida e integridad de terceros”, como el establecimiento de corredores humanitarios para permitir el paso de ambulancias, personal médico y provisiones esenciales.

Crisis política en La Paz

Los ministros bolivianos de Educación, Beatriz García, y de Defensa, Marcelo Salinas, presentaron este martes su renuncia ante la presión de los movimientos contra el Gobierno que buscan la dimisión de Rodrigo Paz. Según fuentes del diario boliviano El Deber, Ernesto Justiniano, conocido como el zar antidrogas y viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, asumiría en Defensa.

La oficina de comunicación del Ministerio de Educación confirmó de manera breve la dimisión de García, mientras que una fuente del Ministerio de Defensa informó también a EFE sobre la renuncia de Salinas, sin aportar detalles sobre los motivos en ninguno de los dos casos.

(Con información de EFE)

Cuba registró 1.311 protestas y denuncias en mayo, “la oleada de manifestaciones callejeras más larga del año en la isla", con 44 presenciales entre el 11 y el 31 del mes, en medio de apagones de entre 20 y 24 horas diarias y una respuesta represiva del régimen que, según el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), no logró frenar el descontento.

El informe mensual del OCC, enviado a Infobae, reveló que los "Desafíos al Estado policial“ —acciones contestatarias que exponen a sus protagonistas a represalias— crecieron un 42% con respecto a abril, al pasar de 305 a 527 registros.

La represión, por su parte, también aumentó: de 175 entradas en abril a 186 en mayo, con detenciones de manifestantes, hostigamiento a influencers, periodistas y opositores, militarización de calles y amenazas de muerte a presos políticos.

Las protestas presenciales incluyeron cacerolazos, barricadas de fuego y gritos de “Libertad” ante déficits de generación eléctrica que superaron los 2.000 megavatios (MW) y llegaron a dejar sin fluido eléctrico al 70% del territorio nacional.

Las manifestaciones abarcaron todos los municipios de La Habana y se extendieron a localidades de provincias como Antilla, el reparto Zayas y La Piquita, en Holguín; y Micro 3, El Salao y el Mercado de Los Pinos, en Santiago de Cuba.

El ministro de Energía y Minas del régimen, Vicente de la O Levy, reconoció públicamente que la situación era “tan aguda, crítica” y que en la capital los cortes superaban las 20 a 22 horas diarias.

El desgaste físico y mental de la población quedó documentado en la categoría de "Servicios Públicos“, que acumuló 144 protestas y denuncias. Una encuesta elaborada por psicólogos concluyó que el 55,4% de los cubanos presentó niveles extremadamente graves de depresión, y el 66% ansiedad severa, atribuidos principalmente a una vida cotidiana con apenas una o dos horas de electricidad.

La crisis alimentaria agravó el cuadro. El observatorio registró 75 manifestaciones de descontento vinculadas a la escasez de alimentos e inflación. Informes del Food Monitor Program concluyeron que el 79,4% de los hogares cubanos destina el 80% o más de sus ingresos a alimentarse. La organización responsabilizó al conglomerado militar GAESA por haber convertido el acceso a los alimentos en un mecanismo de extracción de divisas.

“¿Cómo hago entender a un niño de 7 años y a mi padre de más de 80 que no tienen desayuno, almuerzo ni comida porque tenemos que resistir?”, le escribió una madre de Santiago de Cuba al dictador Miguel Díaz-Canel, según recogió el informe del OCC.

Con 129 entradas, la "Inseguridad Ciudadana“ volvió a figurar entre las categorías más preocupantes del registro. El observatorio documentó 37 muertes violentas por violencia criminal, de género, social e intrafamiliar; y 42 delitos de latrocinio, con una escalada en los robos de motonetas y triciclos eléctricos. Dos conductores fueron asesinados para arrebatarles sus vehículos en medio de la crisis de combustible y transporte.

El sistema de salud pública sumó 79 protestas y denuncias. La combinación de brotes epidemiológicos, escasez de medicamentos, negligencias graves y hospitales sin recursos reflejó, según el OCC, el derrumbe de un sistema incapaz de mantener estándares básicos de atención, a juicio de las propias denuncias de médicos cubanos.

La vivienda, con 42 registros, confirmó una de las situaciones más graves del continente: el déficit supera las 800.000 unidades habitacionales y el parque existente sigue en deterioro, como evidenció el derrumbe de una escalera en el municipio habanero de Boyeros.

El apartado de "Otros Problemas Sociales“ acumuló 132 registros que dieron cuenta de la ruina de instituciones emblemáticas, el trabajo infantil, el impacto demográfico de la emigración masiva, la baja tasa de natalidad y la expansión de la drogadicción, que incluye canabinoides sintéticos como “El Kímico” y sicofármacos como el Alprazolam (Xanax).

En ese clima de agotamiento y represión, la posibilidad de una intervención estadounidense ganó terreno en el debate público cubano. El sacerdote católico Alberto Reyes Pías, párroco de Esmeralda, en Camagüey, publicó el pasado 29 de mayo un texto titulado “He estado pensando en la posibilidad de una invasión”, en el que describió el estado de ánimo de la población.

“El punto de mira del pueblo cubano no es la intervención militar en sí: es el fin de esta pesadilla, el fin de una dictadura que nos ha robado la vida durante generaciones”, escribió el sacerdote.

Reyes Pías señaló que dos frases se han vuelto virales en la isla: “Lo peor que nos puede pasar es que no pase nada” y “preferimos un final espantoso a un espanto sin final”.

El informe del OCC situó las cifras de mayo en el contexto de una tendencia sostenida: el organismo registró 1.245 protestas en marzo y 1.133 en abril, lo que convierte al quinto mes del año en el de mayor actividad contestataria desde el estallido del 11 de julio de 2021. Las redes sociales fueron escenario de una creciente aceptación pública de que, para un sector grande de la población, una intervención exterior representa la única salida de la crisis.

El Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz aclaró este lunes que las órdenes de captura emitidas contra dirigentes sindicales y campesinos que encabezan las protestas contra el presidente boliviano, Rodrigo Paz, no fueron anuladas de manera definitiva, sino que permanecen suspendidas de forma temporal mientras la Fiscalía corrige observaciones realizadas por un juzgado.

La presidenta del TDJ de La Paz, Margot Pérez, explicó que la decisión judicial respondió a una acción presentada por las defensas de Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), y de Vicente Salazar, líder de la Federación Departamental de Campesinos Tupac Katari.

Según la magistrada, los abogados de ambos dirigentes promovieron “una acción de libertad” con el objetivo de dejar sin efecto las órdenes de captura emitidas en su contra. “Los operadores de justicia que han visto esta acción de libertad han considerado que el Ministerio Público debe fundamentar y motivar esa decisión para poder mantener las medidas como es el mandamiento de aprehensión”, sostuvo Pérez ante los medios.

La autoridad judicial precisó que el juzgado concedió la acción constitucional a favor de los dirigentes, aunque aclaró que la medida no implica la eliminación definitiva de las órdenes de arresto. “La reformulación de las órdenes de aprehensión la tiene que hacer el Ministerio Público”, indicó.

Pérez remarcó además que la resolución judicial únicamente buscó restituir derechos que, según el criterio del tribunal, fueron vulnerados durante la emisión de los mandamientos de captura. “Entonces no es una suspensión definitiva, porque mediante la acción de libertad no se ha determinado eso, se ha solamente repuesto el derecho vulnerado a estos dirigentes”, explicó.

La magistrada agregó que ahora corresponde a la Fiscalía decidir si reformula los requerimientos observados por la Justicia para reactivar las órdenes de aprehensión contra los dirigentes sindicales.

Las aclaraciones del TDJ surgieron luego de que el viernes un juzgado de La Paz dispusiera dejar “sin efecto legal” y suspender “los efectos de los mandamientos de aprehensión emitidos” contra Argollo y Salazar, una decisión que fue interpretada por algunos sectores como una anulación definitiva de las medidas.

Los dos dirigentes forman parte de las organizaciones que lideran las protestas contra el Gobierno de Rodrigo Paz. La COB, la Federación Departamental de Campesinos Tupac Katari y otros movimientos sociales, junto con seguidores del expresidente Evo Morales, exigen la renuncia del mandatario.

Los manifestantes sostienen que el Gobierno incumplió promesas realizadas durante la campaña y acusan a la administración de Paz de impulsar un proceso de privatización de empresas y servicios públicos. Las autoridades rechazan esas acusaciones.

Argollo, Salazar y otros dirigentes sindicales enfrentan procesos por presuntos delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir y otras figuras penales vinculadas a los hechos ocurridos durante las movilizaciones.

Las investigaciones se iniciaron después de una serie de protestas que derivaron en enfrentamientos con efectivos policiales, disturbios callejeros y saqueos contra oficinas públicas y privadas en la ciudad de La Paz.

La situación política continúa sin señales de distensión. Los sindicatos habían condicionado su participación en una mesa de diálogo impulsada por la Asamblea Legislativa, la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo a la anulación de las órdenes de captura contra sus dirigentes.

Sin embargo, el domingo las organizaciones anunciaron que no participarán en negociaciones y ratificaron su exigencia de que Rodrigo Paz abandone la Presidencia.

Mientras tanto, los bloqueos de carreteras mantienen bajo presión a varias regiones del país. Las ciudades de La Paz y El Alto figuran entre las más afectadas por las medidas de fuerza iniciadas el 6 de mayo.

Los cortes de rutas provocaron dificultades para el abastecimiento de alimentos y generaron aumentos de precios en distintos productos de consumo básico. También se registraron faltantes de combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal, además de pérdidas económicas para diversos sectores productivos.

Las interrupciones del tránsito ya no se limitan al área metropolitana de La Paz. Durante las últimas dos semanas, los bloqueos se extendieron a los departamentos de Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz, en un conflicto que mantiene elevada la tensión política y social en Bolivia.

(Con información de EFE)

El sector magisterial hondureño inició este lunes acciones de protesta en todo el país para reclamar el reajuste salarial y el pago de beneficios económicos pendientes, según los docentes. Las medidas incluyen jornadas de “brazos caídos” y movilizaciones, mientras el Gobierno afirmó que ya alcanzó acuerdos con representantes del gremio.

Los gremios sostienen que las acciones forman parte de un plan de presión escalonado con el que buscan obtener respuestas a sus demandas laborales.

La presidenta del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (COLPROSUMAH), Gracce Rodríguez, explicó que durante esta primera jornada los docentes desarrollaron actividades internas en los centros educativos, acompañadas de una suspensión parcial de labores como muestra de inconformidad.

Según la dirigente gremial, existe descontento entre los maestros por retrasos en el cumplimiento de compromisos económicos previamente establecidos. Rodríguez señaló que las exigencias del magisterio fueron planteadas en distintas instancias gubernamentales, incluidas autoridades educativas, financieras y representantes del Congreso Nacional.

Reclaman pagos y beneficios

La docente sostuvo que los recursos presupuestarios necesarios para atender estas obligaciones ya fueron aprobados y que, mientras otras áreas de la administración pública continúan ejecutando fondos asignados, el sector educación sigue esperando el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

También denunció que existen pagos pendientes relacionados con programas específicos y planillas que, pese a haber sido anunciados anteriormente, aún no fueron acreditados a los beneficiarios.

Los gremios magisteriales sostienen que la movilización prevista para este martes será una de las principales acciones dentro de la estrategia nacional acordada por diversas organizaciones docentes. Además, advirtieron que las manifestaciones continuarán mientras no se concreten soluciones a sus reclamos.

Gobierno asegura tener acuerdos

El secretario de Finanzas, Emilio Hércules, informó que recientemente se desarrolló una mesa de negociación en la que participaron autoridades gubernamentales y representantes magisteriales para analizar la situación financiera relacionada con las exigencias del gremio.

De acuerdo con el funcionario, durante las conversaciones se alcanzaron varios consensos que contemplan medidas de alivio económico a corto plazo, así como procesos de nivelación salarial que serían implementados de manera progresiva durante este año y 2027.

Hércules indicó que el Ejecutivo promovió un diálogo abierto con las bases magisteriales con el propósito de explicar el contexto fiscal que enfrenta el país y encontrar mecanismos que permitan atender las solicitudes del sector sin afectar otros compromisos estatales.

El titular de Finanzas aseguró que los acuerdos incluyen compensaciones económicas inmediatas y ajustes salariales programados, medidas que, según el Gobierno, representan una respuesta a parte de las demandas planteadas por los docentes.

Mientras las organizaciones magisteriales mantienen su calendario de protestas, las autoridades confían en que los espacios de diálogo permitan avanzar hacia una solución consensuada.

La situación genera expectativa tanto en el sector educativo como entre padres de familia y estudiantes, por el posible impacto que las acciones de protesta podrían tener en el desarrollo de las actividades académicas durante los próximos días.

Por ahora, el magisterio insiste en que continuará con las medidas anunciadas hasta obtener garantías sobre el cumplimiento de los compromisos económicos pendientes, mientras el Gobierno sostiene que ya existen acuerdos encaminados a resolver el conflicto.

El Hospital de Niños de La Paz, Bolivia, anunció que a partir de este lunes se suspenden las cirugías programadas debido a la escasez de oxígeno por los bloqueos que atraviesa el país desde hace más de tres semanas.

“Luego de una evaluación técnica y operativa de la situación, se ha dispuesto a la suspensión temporal de cirugías programadas y procedimientos electivos, que requieran el uso de oxígeno medicinal”, señala un comunicado del centro de salud.

La nota establece que se mantendrán únicamente los procedimientos “oncológicos y prioritarios cuya postergación representa el riesgo para la vida o continuidad del tratamiento”. La suspensión de cirugías rige a partir de este lunes 1 de junio y estará vigente “hasta que se garantice el abastecimiento regular” de oxígeno medicinal, que se produce mayormente en plantas de Santa Cruz y Cochabamba.

Este lunes se cumplen 26 días de bloqueos en carreteras de Bolivia. Los grupos movilizados, integrados principalmente por obreros sindicalizados y campesinos de la región andina y los valles, exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien acusan de no haber atendido sus demandas, de gobernar en favor de las élites empresariales y de un mal manejo de la crisis económica y energética del país.

Como medida de presión, instalaron piquetes que iniciaron en el departamento de La Paz el 6 de mayo y que se han extendido progresivamente a seis de los nueve departamentos del país. Este lunes, la Administradora Boliviana de Carreteras contabilizó al menos 90 piquetes.

La situación afecta principalmente a las ciudades vecinas de La Paz y El Alto, donde hay escasez de alimentos, medicinas y combustibles luego de más de tres semanas prácticamente sitiadas por los piquetes.

En este tiempo, el gobierno reportó la muerte de cuatro personas que no pudieron recibir auxilio médico oportuno debido a los bloqueos, incluido un menor de 12 años que estaba siendo trasladado en ambulancia a un hospital de Potosí, al sudeste del país, pero su paso fue interrumpido por los manifestantes. También se ha reportado la muerte de otras tres personas en los puntos de conflicto, entre ellos uno por herida de bala, aunque las circunstancias aún no han sido esclarecidas.

En ese contexto, el Gobierno intentó habilitar corredores humanitarios para permitir el paso de alimentos e insumos básicos y organizó traslados en aviones militares. Sin embargo, la escasez y el encarecimiento de los precios continúan siendo críticos en la capital administrativa del país.

La semana pasada se perfilaron algunos espacios de diálogo y los manifestantes condicionaron su asistencia a la anulación de las órdenes de aprehensión contra sus dirigentes. Sin embargo, una vez que esta demanda fue atendida, desistieron de participar y ratificaron la continuidad de las protestas.

“La lucha continúa”, afirmó Jaime Solares, miembro de la COB, al finalizar un encuentro de la organización este domingo por la tarde. “No quieren diálogo, no quieren nada, el único pedido es que el presidente se tiene que ir”, agregó en referencia a la demanda de los afiliados al mayor sindicato obrero del país.

Si por un lado crece la presión de renuncia, por el otro se incrementan los reclamos para que el Gobierno actúe y ponga fin a uno de los conflictos más prolongados y costosos de los últimos años. Ante los crecientes pedidos de “mano dura” para restablecer el orden, el parlamento abrogó una ley que ponía límites al estado de excepción, lo que otorga a Paz la vía libre para dictar una medida de ese tipo.

“Estamos entrando a un momento de decisiones definitivas”, afirmó el analista político Carlos Saavedra en entrevista con Infobae. “Un escenario es insistir con el diálogo, pero lo veo cada vez más desgastado. También siento que se está preparando un escenario de estado de excepción, eso significaría que la disputa pasaría de los espacios políticos del diálogo a un enfrentamiento de los movilizados con las fuerzas del Estado”, explicó.

A más de un mes de protestas continuas y 26 días de protestas, el camino para encontrar soluciones parece estrecharse cada vez más.

Después de una semana en la que se intentó acercar a los protagonistas de los bloqueos a las mesas de diálogo, las negociaciones para poner fin a los piquetes en Bolivia están en punto muerto, luego de que los dirigentes de las organizaciones que encabezan las movilizaciones desistieran de asistir y ratificaran la continuidad de las protestas.

Este lunes, cuando se cumplen 26 días de bloqueos y más de un mes de protestas sociales, la Administradora Boliviana de Carreteras registra 90 cortes en carreteras de seis de los nueve departamentos del país.

La semana pasada, la Fiscalía General del Estado dejó sin efecto las órdenes de aprehensión contra dos de los principales referentes de las protestas -el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo; y el líder de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar- quienes habían condicionado de esa forma su participación en las negociaciones. Sin embargo, una vez que su demanda fue atendida, desistieron de acudir al llamado del Gobierno.

En dos reuniones paralelas, los obreros y campesinos determinaron mantener la medida de presión. “La lucha continúa”, afirmó Jaime Solares, integrante de la COB, al concluir un encuentro de los afiliados. “Vamos a dejar pasar alimentos e insumos para hospitales, pero la lucha va a continuar hasta que renuncie el presidente”, afirmó en una rueda de prensa el domingo por la tarde.

Horas más tarde, la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari informó que tampoco asistirían a las convocatorias del Gobierno. “Hemos determinado continuar con el paro general indefinido”, informó el dirigente David Mamani en el canal Unitel. “La base social ha decidido que no haya traición y no asistir al diálogo. Vamos a masificar los bloqueos”, agregó.

Los grupos movilizados, principalmente integrados por obreros sindicalistas y campesinos del altiplano y los valles, piden la renuncia del presidente Paz, a quien acusan de gobernar de manera excluyente y en favor de las élites empresariales, y cuestionan la administración de la crisis económica y del suministro de los combustibles.

Como método de presión, los manifestantes mantienen cercadas las ciudades de La Paz y El Alto, lo que ha provocado escasez de alimentos, medicinas y combustible.

La posición de ambas organizaciones empina aún más la ruta hacia una salida negociada a la crisis. La anterior semana, el presidente Paz planteó la creación de un Consejo Económico y Social como instancia para incluir a las organizaciones sociales en el debate de políticas públicas, pero no asistieron los representantes de las movilizaciones. En paralelo, el vicepresidente Edmand Lara impulsó espacios de diálogo con mediadores y representantes de la oposición, pero los movilizados tampoco acudieron.

La crisis ha reactivado la polarización política y social en Bolivia. “Se han despertado los demonios de un país partido”, afirmó en entrevista con Infobae el analista político Carlos Saavedra. Según el experto, hay al menos cuatro clivajes de polarización efervescentes: racial, regional, de clase y una polarización política entre sistema político y movimientos sociales.

En medio de esa fractura surge también otra que busca respuestas a la crisis: mientras unos se inclinan por seguir insistiendo en el diálogo pese a los cero resultados logrados hasta ahora, otros reclaman al gobierno poner “mano dura” para restablecer el orden en el país.

La anterior semana, el Gobierno promulgó la abrogación de una ley que regulaba y ponía límites al estado de excepción en el país. Sin esta norma en medio, Paz queda con la vía libre para dictar medidas de fuerza. “Tengo instrumentos constitucionales, el tiempo se acaba”, advirtió el miércoles. Desde entonces muchos se preguntan cuánto tiempo queda.

La difusión del video generó protestas en la ciudad y motivó una revisión independiente sobre posibles delitos. Así lo informó ABC News, medio que confirmó que la decisión de destituir al agente se tomó tras una investigación administrativa interna.

Los resultados de esa pesquisa fueron enviados a la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte para su revisión.

La mujer fue identificada por su familia como Cherrie Moore, de 34 años. Su padre relató a CNN que Moore sufrió una fractura de nariz, hematomas en ambos ojos y un corte en el labio.

Añadió que debía ser evaluada por una posible conmoción cerebral. Tras la detención, Moore quedó inicialmente bajo una fianza de USD 10.000, aunque después fue liberada bajo una garantía no asegurada.

El jefe de la Policía de Shelby, Brad Fraser, comunicó que el agente fue despedido tras el cierre de la investigación interna. Fraser calificó la conducta del oficial como “perturbadora e inapropiada” y afirmó que ese tipo de comportamientos no serían tolerados en el departamento.

En una conferencia de prensa, Fraser remarcó su compromiso con los valores de la institución y la comunidad, reportó CNN.

Secuencia del arresto y testimonios

Las imágenes de la cámara de timbre muestran al agente forcejeando con Moore, llevándola al suelo y propinándole varios golpes en la cara y el cuerpo.

Otro policía intervino intentando detener la agresión, como se observa en el video difundido. WRDW detalló que la grabación comenzó solo cuando el dispositivo detectó movimiento, por lo que no está claro qué sucedió antes.

Durante el arresto, Moore manifestó que no tenía ninguna orden en su contra y preguntó al agente qué estaba haciendo.

Durante ese momento, Moore solicitó atención de salud mental, explicó que no estaba tomando su medicación y pidió varias veces que llamaran a su padre.

El caso también motivó declaraciones de especialistas. Michael Alcazar, exdetective del Departamento de Policía de Nueva York y profesor en John Jay College, revisó el video y sostuvo que el agente empleó una fuerza muy superior a la necesaria. Alcazar puntualizó que continuar golpeando a Moore después de la llegada de un segundo policía “viola principios básicos del uso de la fuerza”, según declaraciones recogidas por CNN.

El padre de Moore relató a ABC News que presenciar el video fue un golpe emocional fuerte. Señaló que su hija padece problemas de salud mental y de consumo de sustancias, y afirmó que ella no respondió con golpes al agente.

El tío de la mujer, Michael Moore, reclamó que el agente sea acusado penalmente. “Solo queremos que se haga lo correcto, y lo primero es que lo acusen”, afirmó a ABC News.

Cargos, protestas y reacciones oficiales

Respecto a la situación judicial de Moore, ABC News indicó que los cargos fueron retirados. CNN, por su parte, reportó que los cargos seguían vigentes y que la orden judicial señalaba que Moore ingresó de manera ilegal a un edificio, huyó a pie y rasgó el uniforme del agente.

Las protestas comenzaron frente al departamento de policía antes de que se confirmara el despido, de acuerdo a WRDW. Los manifestantes reclamaron sanciones para el agente y exhibieron carteles con mensajes dirigidos al jefe policial. Entre los lemas se destacaron “Protejan a nuestras mujeres” y llamados a la justicia.

El administrador municipal de Shelby, Justin Merritt, agradeció la investigación y remarcó la necesidad de reparar el daño causado, informó ABC7. El director de la Oficina Estatal de Investigaciones, Chip Hawley, pidió paciencia a la comunidad mientras avanza la pesquisa, detalló CNN.

La Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras convocó a una asamblea extraordinaria de 12 horas para médicos que trabajan bajo cualquier modalidad de contratación en instituciones públicas y descentralizadas del país. La jornada será este lunes 1 de junio de forma presencial, de 7:00 a 19:00, en puntos definidos a nivel nacional.

La convocatoria fue oficializada con base en la Ley Orgánica del CMH y el Estatuto Médico Empleado, y alcanza a los profesionales de la medicina que laboran en dependencias como la Secretaría de Salud, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el Ministerio Público, el Sistema Nacional de Emergencias 911, la Comisión Permanente de Contingencias, el Instituto Nacional Penitenciario y la Secretaría de Educación, entre otras.

La Junta Directiva advirtió que la inasistencia injustificada a la asamblea será sancionada conforme al Reglamento de Sanciones vigente del gremio.

Las autoridades gremiales detallaron la logística de la jornada y establecieron dos niveles principales de concentración.

En Tegucigalpa y zonas aledañas, la reunión se realizará en las instalaciones del Colegio Médico de Honduras. En el resto del país, los médicos deberán presentarse en las sedes de las delegaciones regionales del CMH o en los espacios asignados por cada representante departamental.

El gremio indicó que la convocatoria tiene carácter nacional y obligatorio y que aplicará mecanismos de verificación de asistencia en cada punto de reunión. También informó que habrá un sistema de control mediante listas físicas de asistencia en cada uno de los puntos de concentración.

Reclamos del gremio médico

La decisión del CMH surge en medio de una acumulación de problemas dentro del sistema sanitario hondureño que, según el gremio, incluyen atrasos salariales, inestabilidad laboral y falta de cumplimiento de acuerdos previos con las autoridades estatales.

El Colegio Médico presentó un pliego de demandas con el que busca una respuesta del Gobierno y sostuvo que las condiciones actuales afectan a los profesionales de la salud y a la calidad de atención brindada a la población.

Entre los principales puntos planteados por el CMH figuran el cese inmediato de despidos y el reintegro del personal médico afectado; el pago de salarios atrasados, en algunos casos con deudas acumuladas de hasta cinco meses; la formalización de contratos laborales pendientes y el cumplimiento del salario base establecido por ley.

También incluyó la centralización de las redes descentralizadas de servicios de salud, la aplicación del reajuste salarial conforme al Índice de Precios al Consumidor y el componente bienal correspondiente a 2026, el aumento del presupuesto destinado al sistema sanitario con la solicitud de asignar al menos 12% del Presupuesto General de la República a salud pública.

Atención durante la jornada

Pese a la convocatoria nacional, el Colegio Médico aseguró que no se interrumpirá la atención a la población durante el desarrollo de la asamblea.

Para eso, se instruyó a los jefes de servicio de los distintos centros hospitalarios a organizar turnos y esquemas de cobertura que permitan mantener la operatividad de las áreas críticas.

El CMH recalcó que los servicios de emergencia, unidades de cuidados intensivos y otras áreas esenciales permanecerán completamente activos para evitar afectaciones en la atención de pacientes.

La Secretaría de Educación anunció el restablecimiento de la jornada académica en su horario regular a nivel nacional a partir del lunes 1 de junio de 2026, tras dejar sin efecto el horario reducido aplicado durante semanas por el deterioro de la calidad del aire en distintas regiones del país.

La decisión fue oficializada mediante el Despacho Ministerial, que detalla que los reportes técnicos más recientes confirman una mejora en las condiciones atmosféricas a nivel nacional.

De acuerdo con la información oficial, las lluvias registradas en los últimos días en varias zonas del territorio hondureño contribuyeron a la reducción de partículas contaminantes en el ambiente, lo que permitió el retorno al horario completo de clases y labores administrativas.

Horarios escolares

La disposición instruye a las direcciones departamentales, municipales y distritales de Educación, así como a las autoridades de centros educativos gubernamentales y no gubernamentales, a retomar el horario regular de clases y labores administrativas a partir de mañana.

Con esta decisión, el sistema educativo nacional vuelve a su funcionamiento habitual tras varias semanas de ajustes temporales en la jornada escolar por condiciones ambientales adversas.

Las autoridades educativas señalaron que este retorno busca garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, la normalización de los contenidos curriculares y la estabilidad del calendario escolar.

Cada centro educativo deberá reorganizar sus actividades internas para adaptarse nuevamente al horario completo y asegurar el cumplimiento de la carga horaria establecida para cada nivel educativo.

Los reportes más recientes señalan que las condiciones atmosféricas mostraron una evolución favorable en gran parte del país, principalmente por las lluvias registradas en los últimos días.

Según la información oficial, estos fenómenos climáticos contribuyeron a la limpieza del aire y redujeron la concentración de partículas contaminantes que habían generado preocupación en semanas anteriores.

El ambiente más fresco y húmedo fue determinante para autorizar el regreso a la jornada escolar normal en todo el territorio nacional.

Monitoreo y medidas preventivas

Pese al retorno al horario regular, la Secretaría de Educación informó que mantendrá un monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas y ambientales en coordinación con las instituciones técnicas correspondientes.

El objetivo es anticipar cualquier variación en la calidad del aire o en las condiciones climáticas que pudiera representar un riesgo para la salud de la comunidad educativa.

Las autoridades enfatizaron que, si se registran nuevas afectaciones ambientales, no se descarta la implementación de medidas preventivas temporales, con prioridad en la protección de estudiantes, docentes y personal administrativo.

El regreso a la jornada completa también implica la reactivación total de actividades académicas, extracurriculares y administrativas en todos los centros educativos del país.

Directores y docentes deberán ajustar nuevamente la planificación semanal para cumplir con los contenidos programáticos establecidos, mientras los estudiantes retoman sus horarios habituales de ingreso, recreos y salida.

Padres de familia y encargados también deberán reorganizar sus rutinas diarias, especialmente en los casos en que se habían adaptado a la jornada reducida aplicada en semanas anteriores.

Regreso condicionado a las aulas

Al mismo tiempo, el anuncio del retorno a la jornada regular se produce en un contexto de creciente tensión en el sector educativo, ya que organizaciones magisteriales han convocado a un paro nacional de “brazos caídos” a partir de mañana 1 de junio, en protesta por el incumplimiento del reajuste salarial y otras demandas laborales.

Según la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), la medida abarcaría centros educativos en todo el país y podría escalar si no hay una respuesta del Gobierno, lo que abre la posibilidad de una paralización parcial o total de actividades escolares desde el inicio de la semana.

El alcalde de Newark, Ras Baraka, impuso un toque de queda alrededor del centro de detención migratoria Delaney Hall desde la madrugada del domingo, tras una segunda noche de choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad que derivó en restricciones de circulación mientras continuaron las protestas por las condiciones de los detenidos y las políticas federales de inmigración, según The Associated Press.

La restricción quedó vigente entre las 21:00 y las 06:00 “hasta nuevo aviso”, indicó Baraka en un comunicado citado por The Associated Press.

El alcalde precisó que, a partir de las 00:00, Doremus Avenue quedaría cerrada a todo tránsito peatonal y que el acceso vehicular se limitaría a quienes acreditaran “asuntos oficiales” en el área, de acuerdo con el mismo texto.

El toque de queda afectó de forma directa a familias de detenidos, residentes y trabajadores que se movilizaron de noche para acompañar las protestas o intentar sostener contacto con personas bajo custodia migratoria.

En un condado con una presencia latina relevante, el perímetro restringido implicó menos margen para concentraciones nocturnas, cambios en la logística de traslados y más controles en los accesos a una zona que se volvió punto de reunión para reclamar por el trato dentro del centro.

Qué detonó la medida y qué ocurre en Delaney Hall

Las protestas en Delaney Hall comenzaron a principios de mes, cuando defensores de los migrantes afirmaron que personas detenidas dentro del centro iniciaron una huelga de hambre por malas condiciones de vida en la instalación de 1.000 plazas, según The Associated Press.

Ese episodio convirtió al recinto en un foco de rechazo a la ofensiva del gobierno federal contra la inmigración, de acuerdo con la misma agencia.

La decisión del alcalde siguió a una nueva noche de tensión entre fuerzas de seguridad y manifestantes frente al centro, según The Associated Press.

Imágenes difundidas por la agencia mostraron forcejeos en torno a barricadas, mientras agentes con escudos antidisturbios hicieron retroceder a la multitud.

En otro registro, policías montados avanzaron sobre grupos de manifestantes para dispersarlos, también según The Associated Press, que además reportó barricadas incendiadas cerca del edificio.

El viernes, la policía estatal de Nueva Jersey relevó a agentes federales de control migratorio que llevaban días frente a los manifestantes en las inmediaciones del centro, según AP. Ese cambio de despliegue modificó el esquema de contención y delimitó zonas de protesta con vallas y bloques de concreto.

Cómo afecta a la comunidad latina: visitas, traslados y protestas

En términos prácticos, el toque de queda restringió la presencia nocturna de familiares y organizaciones que acudieron a Delaney Hall para pedir información, reclamar por las condiciones o visibilizar el caso de personas detenidas.

El horario —de 21:00 a 06:00— redujo la ventana de permanencia en el lugar y obligó a concentrar las acciones en horas diurnas, con una consecuencia inmediata: menor capacidad de sostener vigilias, relevos nocturnos y acompañamiento prolongado en el exterior.

La orden de Baraka también impactó en los traslados hacia el área industrial donde se ubica el centro.

Con Doremus Avenue cerrada al tránsito peatonal a partir de las 00:00 y el acceso vehicular “estrictamente limitado”, quienes intentaron llegar para sumarse a las protestas o para acompañar a familiares debieron reorganizar rutas y horarios, y quedaron expuestos a controles adicionales en un contexto de tensión entre autoridades y manifestantes.

La medida afectó, además, a trabajadores que circulan por la zona durante la noche —incluidos quienes cumplen turnos extendidos— y a quienes dependen del transporte en horarios de baja frecuencia.

En la práctica, el perímetro restringido elevó el costo de movilidad nocturna (por desvíos y esperas) y limitó la actividad alrededor de un punto que, durante días, funcionó como lugar de encuentro de redes comunitarias, incluidas organizaciones de defensa de migrantes.

La gobernadora describió una escalada de violencia y pidió calma

La gobernadora de Nueva Jersey Mikie Sherrill describió en un comunicado difundido el domingo por la mañana una escalada de la violencia en las protestas.

Según The Associated Press, Sherrill sostuvo que individuos enmascarados atacaron una barrera ubicada en un área de protesta designada por la policía estatal y estaban “arrojando proyectiles, utilizando las barreras como armas y prendiendo fuego a neumáticos en la calle”.

Sherrill añadió que “estas acciones ponen en peligro tanto a los manifestantes pacíficos como a las fuerzas del orden”, según The Associated Press.

La gobernadora pidió bajar la tensión para concentrar los esfuerzos en reclamar mejores condiciones para los detenidos, para sus familias y, en última instancia, para el cierre de Delaney Hall, también de acuerdo con la agencia.

Reanudaron las visitas familiares tras el refuerzo del perímetro

Sherrill informó que el gobierno federal reabrió las visitas familiares en Delaney Hall a partir del domingo, según The Associated Press.

La reanudación llegó después de la suspensión de esos encuentros en medio de los disturbios.

Consultado sobre esa decisión, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos respondió en un comunicado citado por The Associated Press.

“Para ser claros: las visitas solo se suspendieron por los disturbios violentos. Ahora que tenemos un perímetro seguro, las visitas pueden reanudarse”, cerró.

La reanudación de las visitas familiares en el centro de detención migratoria Delaney Hall de Newark marcó un giro en la crisis desatada por denuncias de condiciones insalubres, protestas masivas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales.

Según reportó ABC News, la decisión fue confirmada por la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, en un contexto de alta tensión por las restricciones impuestas y los reclamos de acceso a los detenidos.

Impacto de las protestas y respuesta de las autoridades

Las manifestaciones en los alrededores de Delaney Hall comenzaron a principios de la semana pasada, impulsadas por denuncias de activistas y líderes políticos sobre el estado de los 300 detenidos en la instalación.

ABC News documentó que, tras días de movilizaciones, se produjeron choques con la policía estatal y agentes de ICE (Immigration and Customs Enforcement), lo que derivó en arrestos, uso de gas lacrimógeno y la imposición de un toque de queda en un radio de 800 metros alrededor del centro.

Mikie Sherrill señaló que la escalada de violencia, que incluyó ataques a barreras y la quema de neumáticos, forzó a las autoridades a reforzar la seguridad y a limitar el acceso de familiares y abogados al recinto.

“DHS ha atendido nuestra exigencia de restablecer las visitas familiares”, anunció la gobernadora, citada por ABC News. Añadió que la reanudación sería progresiva, comenzando con un horario restringido y normalizándose al día siguiente.

La intervención de las fuerzas estatales fue defendida por Sherrill como una medida para evitar una mayor intervención federal. “No voy a dar a ICE un pretexto para expandir operaciones en Delaney Hall ni en el resto del estado”, declaró en conferencia de prensa, según recogió ABC News.

Denuncias sobre condiciones en el centro y reacción oficial

Uno de los puntos centrales del conflicto fueron las denuncias sobre las condiciones de detención. Hakeem Jeffries, líder demócrata de la Cámara de Representantes, encabezó una visita de supervisión junto a legisladores estatales y constató, según su declaración recogida por ABC News, “condiciones de reclusión que conmocionan la conciencia”.

Jeffries detalló que pudo conversar con cerca de dos docenas de detenidos, quienes reportaron falta de atención médica, alimentos inadecuados y deficiencias estructurales.

“La aplicación de la ley migratoria debe ser justa y humana. Lo que hemos visto en Delaney Hall es lo opuesto”, afirmó Jeffries, reclamando el cierre inmediato del centro de detención.

Estas acusaciones fueron negadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que también rechazó los reportes sobre una supuesta huelga de hambre entre los internos.

Un funcionario del DHS aseguró a ABC News que la suspensión de visitas no obedeció al reclamo de las autoridades estatales, sino a los disturbios que ponían en riesgo la seguridad de agentes, familiares y abogados.

“No cedimos a las exigencias de la gobernadora”, sostuvo el vocero, quien agregó que las operaciones de ICE continuaron con normalidad una vez asegurada la instalación.

Enfrentamientos, arrestos y medidas restrictivas

El viernes y sábado, la tensión en torno a Delaney Hall se intensificó. De acuerdo con ABC News, la policía estatal de Nueva Jersey y agentes de ICE enfrentaron a manifestantes que, según las autoridades, lanzaron objetos, utilizaron barreras como armas y prendieron fuego a neumáticos. El despliegue policial incluyó agentes antidisturbios y caballería para dispersar a la multitud.

El alcalde de Newark, Ras Baraka, impuso un toque de queda nocturno y anunció la detención de varias personas, algunas de ellas en posesión de armas. La fiscal general del estado, Jennifer Davenport, informó que la mayoría de los manifestantes acató las órdenes de despejar el paso a vehículos, pero un grupo reducido persistió con acciones consideradas peligrosas, como lanzar fuegos artificiales y cilindros de gas a los agentes.

Según detalló ABC News, la fiscal subrayó que la policía estatal no disparó balas de goma ni usó bastones en la contención de los disturbios. Durante el mismo operativo, los agentes de ICE se replegaron al interior del perímetro de la instalación, cediendo la responsabilidad principal de la seguridad a la policía estatal.

Apoyo y rechazo a ICE, episodios violentos y llamados a la calma

Mientras se desarrollaban las protestas principales, un pequeño grupo de simpatizantes de ICE se presentó en la zona con banderas estadounidenses y pancartas de apoyo a la agencia, algunos portando insignias de los Proud Boys.

Según ABC News, este grupo resultó muy inferior en número a los manifestantes que reclamaban mejores condiciones y cierre del centro.

El clima de confrontación generó incidentes adicionales, como el uso de gas lacrimógeno que afectó al senador Andy Kim, quien intentaba mediar en la situación. El secretario de DHS, Markwayne Mullin, afirmó que “cualquier persona que ataque a las fuerzas de seguridad será procesada con el máximo rigor de la ley”.

La jornada también dejó casos judicializados, como el de Brendan John Geier, acusado de agredir a agentes federales y liberado con prohibición de regresar a Delaney Hall, según informó el fiscal federal Robert Frazer.

En medio de la crisis, voces de manifestantes como Rachel Cohen advirtieron sobre el riesgo de silenciar la protesta. “No ayuda sofocar la protesta por el bien de una falsa paz. No hay paz mientras torturamos a nuestros vecinos con dinero público dentro de esta instalación”, declaró Cohen a WABC.

Mikie Sherrill reiteró su llamado a la protesta pacífica y a la defensa de los derechos de los migrantes detenidos, solicitando al gobierno federal que autorice inspecciones estatales de salud y garantice la continuidad de las visitas familiares.

El departamento boliviano de Pando declaró la emergencia por la reducción crítica de reservas de combustible a causa de los bloqueos y protestas que afectan al país desde hace semanas. La gobernadora Gabriela de Paiva advirtió que la situación es “especialmente preocupante” por la dependencia de sistemas energéticos aislados, que requieren diesel para operar y garantizar servicios básicos.

De Paiva señaló que el combustible disponible solo alcanzará para dos días. Explicó que la emergencia se declaró por la ubicación de la región y la necesidad de diesel para los sistemas aislados. Solicitó a los sectores movilizados que permitan el paso del combustible y alertó que la prolongación de los bloqueos agravará la crisis local. La administración regional coordina con el Ejecutivo central para canalizar el suministro de carburante a través de un paso fronterizo alternativo. Indicó que el diesel ingresará en los próximos días, siempre que las vías estén expeditas, y destacó las gestiones realizadas ante Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y los ministerios de Hidrocarburos y de Relaciones Exteriores.

El Legislativo de Bolivia, la Iglesia católica y otros mediadores convocaron a un nuevo intento de diálogo entre el Gobierno de Rodrigo Paz y los sectores movilizados, quienes exigen la renuncia del mandatario con bloqueos de carreteras iniciados hace 25 días. Estas protestas han ocasionado el desabastecimiento de alimentos y combustible. La convocatoria fue emitida por la oficina del vicepresidente y titular de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, en coordinación con la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo, para dialogar en el Seminario San Jerónimo, en La Paz. Se espera la participación del presidente, la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación de Mujeres Campesinas ‘Bartolina Sisa’, la Federación Departamental de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ y otras organizaciones.

Los campesinos de La Paz, la COB y seguidores del expresidente Evo Morales exigen la renuncia de Paz, a quien acusan de incumplimiento de promesas y de querer privatizar empresas y servicios, lo que niegan las autoridades. El dirigente de la COB, Mario Argollo, y otros sindicalistas fueron acusados de terrorismo e instigación pública a delinquir tras las protestas que derivaron en enfrentamientos, disturbios y saqueos en La Paz.

La comisión de diálogo se reunió con dos ministros, sin la presencia de representantes de la COB ni de sindicatos campesinos, quienes exigieron la anulación de órdenes de captura contra sus dirigentes. Esta medida fue dispuesta por un juzgado de La Paz el viernes. La COB anunció la suspensión de su asistencia al diálogo por razones de seguridad, sin nueva fecha. Los dirigentes campesinos dejaron la decisión en manos de sus bases. Sectores seguidores de Morales rechazan cualquier negociación e insisten en la renuncia de Paz, quien asumió la Presidencia en noviembre pasado.

La Paz y El Alto son las ciudades más afectadas por los bloqueos de carreteras iniciados el 6 de mayo, provocando desabastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal. El Ministerio de Salud distribuyó 486 cilindros de oxígeno a diez hospitales de ambas ciudades y advirtió que es una medida paliativa. Los cortes de rutas se extendieron a Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz, y este sábado superan los 90 en todo el país, según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Honduras experimentó un incremento sostenido de la conflictividad social durante los primeros cuatro meses de 2026, período en el que se registraron 148 acciones colectivas en los 18 departamentos del país, de acuerdo con la más reciente Infografía sobre Conflictividad Social presentada por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

El estudio revela un panorama marcado por el descontento ciudadano, la acumulación de demandas insatisfechas y una limitada capacidad de respuesta por parte de las instituciones estatales, factores que continúan alimentando la protesta social en distintos sectores de la población.

Según el informe, entre enero y abril se registró un promedio de una manifestación diaria, aunque en algunos momentos la intensidad fue mayor, alcanzando hasta siete acciones colectivas en una sola jornada.

Marzo fue identificado como el mes más conflictivo del período analizado, con un total de 58 incidentes registrados. Los datos evidencian que la conflictividad se concentra principalmente en las zonas urbanas y de mayor actividad económica y política del país.

Francisco Morazán encabezó la lista con 73 acciones colectivas, equivalente a casi la mitad de los casos documentados, seguido por Cortés con 27 eventos.

En conjunto, ambos departamentos acumulan más de dos tercios de toda la conflictividad social registrada en Honduras durante el primer cuatrimestre del año.

Colón reportó nueve acciones colectivas y Comayagua siete, lo que demuestra que las demandas sociales se extienden a distintas regiones del territorio nacional.

El informe del IUDPAS también identifica a los trabajadores como el sector más activo en la movilización social. Este grupo protagonizó 54 de los 148 conflictos registrados, representando el 36.5 % del total.

Los reclamos laborales continúan siendo una de las principales fuentes de tensión entre la ciudadanía y las instituciones públicas o privadas, especialmente en temas relacionados con estabilidad laboral, salarios, cumplimiento de derechos y condiciones de trabajo.

En segundo lugar aparecen los partidos políticos con 23 acciones colectivas, mientras que los grupos pertenecientes a la población indígena y afrohondureña (PIAH) participaron en 13 conflictos, principalmente vinculados a la defensa de territorios, recursos naturales y derechos colectivos.

Entre las principales demandas expresadas por los distintos sectores destacan la defensa del trabajo y las condiciones laborales, con 59 reclamos identificados.

A esta problemática le siguen las exigencias relacionadas con la mejora de la calidad de los servicios públicos, costos e infraestructura, que sumaron 17 casos.

Asimismo, la defensa del ambiente, la tierra y el territorio ocupó un lugar importante dentro de las causas de movilización, con 14 demandas registradas.

El estudio señala que los bloqueos de carreteras e instalaciones continúan siendo el principal mecanismo de presión utilizado por la ciudadanía para visibilizar sus reclamos. Durante el período analizado se contabilizaron 60 acciones de este tipo.

Los mítines, concentraciones y plantones ocuparon el segundo lugar con 50 registros, mientras que las marchas representaron una proporción considerablemente menor, con apenas 13 incidencias.

En respuesta a estas manifestaciones, el Estado registró la presencia de fuerzas policiales o militares en 33 ocasiones. De esos casos, en nueve se reportó el uso de la fuerza para contener o dispersar las acciones de protesta.

De las 148 acciones colectivas documentadas, 128 no obtuvieron ninguna respuesta oficial por parte de las autoridades, lo que representa el 86.5 % del total. Esta situación fue clasificada por el IUDPAS como una condición de “omisión estatal”.

Por otro lado, únicamente seis conflictos lograron resolverse mediante procesos de negociación que derivaron en acuerdos concretos, mientras que otros seis recibieron una respuesta formal a través de peticiones o compromisos institucionales.

El informe también identifica a las instituciones más señaladas por los manifestantes. El Gobierno en general fue el principal destinatario de las demandas, acumulando 44 casos, seguido por las diferentes secretarías de Estado con 43 acciones colectivas dirigidas hacia ellas.

En cuanto a los sectores más afectados por la conflictividad, la educación ocupó el primer lugar con 21 casos, seguida por el ámbito laboral con 18, salud con 14 y el sector energético también con 14 conflictos registrados.

Un juzgado de Bolivia anuló este viernes las órdenes de captura contra los dos principales líderes de las protestas y bloqueos de carreteras con las que sindicatos obreros y campesinos exigen la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, algo que demandaban estos sectores para considerar un posible diálogo con las autoridades.

La decisión fue tomada por unanimidad por el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de La Paz, en una audiencia virtual realizada ayer.

El tribunal dispuso “dejar sin efecto legal y suspender los efectos de los mandamientos de aprehensión emitidos” por la Fiscalía en contra del máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), el minero Mario Argollo, y del secretario ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz ‘Túpac Katari’, Vicente Salazar.

Estos sectores condicionaron su presencia en un diálogo impulsado por el Legislativo, la Iglesia Católica y otros mediadores a la anulación de las órdenes de captura contra Argollo y Salazar, según informó el jueves el vicepresidente boliviano y titular de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, declarado opositor al Gobierno de Paz.

La comisión de diálogo se reunió en dos ocasiones, el miércoles y jueves, con los ministros de la Presidencia, José Luis Lupo, y de Educación, Beatriz García, pero no asistió ningún representante de la COB ni de los sindicatos campesinos.

Argollo, quien se declaró “en la clandestinidad”, y otros dirigentes sindicales fueron acusados de supuesto terrorismo e instigación pública a delinquir, a raíz de las protestas que derivaron en enfrentamientos con la Policía, disturbios y el saqueo de oficinas públicas y privadas en La Paz.

La COB prevé reunirse este sábado para tomar alguna decisión, mientras que Salazar dijo al canal privado Unitel que “las bases” campesinas analizan si acudirán o no al diálogo, aunque sostuvo que están “en emergencia” e insistió en pedir “garantías” para que no se tomen medidas contra los sectores movilizados.

Los campesinos de La Paz y la COB, junto con otras organizaciones y seguidores del ex presidente Evo Morales (2006-2019), exigen la renuncia de Paz debido a un supuesto incumplimiento de las promesas del Gobierno, al que también acusan de querer privatizar empresas y servicios, lo que niegan las autoridades.

La Paz, sede del Gobierno y el Legislativo, y El Alto son las ciudades más afectadas por los bloqueos de carreteras iniciados hace 24 días, que provocaron un problema de desabastecimiento de alimentos, cuyos precios se dispararon, además de la falta de combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal.

Los cortes de rutas se extendieron desde la semana pasada a las regiones de Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz.

Los gobiernos de Perú, Chile y Paraguay enviaron a Bolivia asistencia humanitaria, mientras que Argentina prestó dos aviones militares para trasladar alimentos desde la región oriental de Santa Cruz hasta La Paz.

Estados Unidos anunció el sábado pasado que está proporcionando asistencia alimentaria, suministros médicos y apoyo logístico como parte de su respaldo al Gobierno de Paz, quien asumió la Presidencia en noviembre.

Honduras enfrenta un nuevo paro docente desde el 1 de junio, luego de que la Federación de Organizaciones Magisteriales (FOM) anunciara un “paro nacional de brazos caídos” por el retraso en la aplicación del reajuste salarial prometido. El dirigente Yuri Hernández dijo que el aumento no se reflejó en las planillas y advirtió que podrían escalar a protestas y tomas si no hay respuesta oficial.

El reclamo apunta a que el ajuste acordado meses atrás en negociaciones con el Gobierno todavía no impactó en los pagos, pese a los anuncios públicos de las autoridades. La FOM sostiene que la falta de cumplimiento generó malestar en miles de docentes del sistema educativo público.

La medida anunciada afectaría el normal desarrollo del calendario académico y reavivó la tensión entre el Gobierno y el gremio magisterial, en un contexto de dificultades económicas y demandas pendientes en el sector educativo.

Yuri Hernández, dirigente magisterial, sostuvo que el gremio se siente “engañado” porque el reajuste salarial no apareció en las planillas. “Primero vamos de brazos caídos el primero de junio y posteriormente iremos tomando medidas más fuertes”, dijo en declaraciones públicas.

Médidas de Presión

Hernández afirmó que, si el 1 de junio no hay una respuesta concreta ni ven aplicado el reajuste, avanzarán con medidas de presión que podrían incluir tomas de carreteras y movilizaciones en distintas zonas del país. “Vamos a hacer medidas de presión y tomas en toda Honduras”, sostuvo.

El dirigente pidió una definición al ministro de Finanzas, Emilio Hércules; a la ministra de Educación, Arely Argueta; y al Poder Ejecutivo sobre la fecha en que se hará efectivo el pago comprometido para el magisterio nacional. También reclamó retomar conversaciones: “Tenemos que ponernos de acuerdo, sentarnos en mesas de diálogo y entendernos ambas partes”.

Reajuste prometido

El conflicto se produjo semanas después de que el Gobierno anunciara un reajuste salarial para el sector docente, como parte de un plan para mejorar las condiciones laborales en el sistema educativo, según comunicaron autoridades gubernamentales.

De acuerdo con esa información oficial, el incremento contemplaba aumentos base de hasta 1.500 lempiras y la incorporación de incentivos adicionales por calificación académica para docentes con formación universitaria.

El Ejecutivo también informó que el beneficio alcanzaría a más de 60 mil docentes del sistema público, incluidos maestros del programa PROHECO, educadores comunitarios y docentes de zonas rurales y urbanas.

Aplicación de pagos

Hernández atribuyó el principal cuello de botella a la Secretaría de Finanzas, encargada de autorizar y desembolsar los recursos, y no a la Secretaría de Educación. Según su planteo, el atraso impidió que el reajuste se cargara en las planillas.

Desde el Gobierno, el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, había confirmado en abril que el Presupuesto General de la República 2026 incluía 3.700 millones de lempiras adicionales para la Secretaría de Educación, fondos destinados a cubrir el reajuste salarial y otros beneficios del sector magisterial.

En paralelo, dirigentes magisteriales denunciaron que el aumento no se aplicó en las planillas de mayo por retrasos administrativos y por dictámenes pendientes entre Educación y Finanzas, según señalaron en pronunciamientos recientes.

La ministra de Educación, Arely Argueta, reconoció días atrás que el ajuste se aplicará de forma gradual y pidió paciencia mientras se reorganizan las finanzas del sistema educativo. “Las arcas del Estado han quedado bastante golpeadas; sin embargo, se están haciendo esfuerzos para cumplir con todas las obligaciones pendientes”, declaró.

El anuncio del paro generó preocupación en sectores educativos y entre padres de familia por el impacto de una nueva suspensión de actividades en el calendario académico, en un sistema que ya arrastra problemas de infraestructura, falta de recursos y rezago educativo.

Hernández afirmó que el magisterio buscó sostener las clases pese a las dificultades, pero advirtió que saldrán a las calles si el Gobierno no cumple. “Hacemos el esfuerzo los maestros de todo Honduras para que el niño vaya a clases todos los días, pero una vez que el Gobierno incumpla, nos veremos en la necesidad de irnos a las calles”, dijo.

El dirigente también vinculó el escenario con la inseguridad: sostuvo que hay familias que temen enviar a sus hijos a los centros educativos por hechos criminales registrados en distintas regiones.

Especialistas en educación advirtieron que la interrupción recurrente de clases afecta el rendimiento académico, sobre todo en zonas vulnerables con mayores limitaciones de acceso, mientras el gremio docente mantiene la medida de presión hasta que el reajuste salarial figure oficialmente en los pagos.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció el miércoles que su gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un programa de créditos por cerca de USD 5.000 millones, con el objetivo de financiar proyectos destinados a organizaciones sociales, emprendedores, transportistas y agricultores.

El mandatario realizó estas declaraciones durante la inauguración del Consejo Económico y Social, órgano creado para canalizar el diálogo sobre las demandas de diversos sectores, quienes actualmente lideran las protestas en La Paz.

“Hace poco, hemos estado con el Fondo Monetario para hacer un paquete de cerca de 5.000 millones de dólares para invertir en Bolivia”, señaló Paz en su discurso y subrayó que estos fondos no se destinarán al aparato estatal ni a gastos salariales presidenciales, sino a fortalecer la economía del país. Sin embargo, no precisó detalles sobre el avance de las negociaciones con el FMI.

El martes, el presidente aclaró que el proceso con el Fondo no implica la imposición de un plan externo, ya que Bolivia cuenta con un programa propio. Además, recordó que otros organismos internacionales —como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)— aprobaron créditos o evalúan nuevos fondos para inversiones en infraestructura vial y para relanzar empresas estatales.

Desde que asumió la presidencia en noviembre, Paz comenzó a gestionar préstamos por USD 7.000 millones, provenientes del BID y la CAF, que ya comenzaron a desembolsarse para proyectos de desarrollo en distintas áreas del país.

La puesta en marcha del Consejo Económico y Social responde a la necesidad de abrir espacios de diálogo en medio de los conflictos que afectan principalmente a la zona andina de Bolivia. Desde hace 22 días, sectores campesinos y sindicales mantienen bloqueos de carreteras y exigen la dimisión del presidente.

El jefe de Estado indicó que las pérdidas ocasionadas por los cortes de ruta ascienden a USD 600 millones, los cuales afectan principalmente a las ciudades de La Paz y El Alto. Según sus palabras, el impacto económico de los bloqueos “es peor” que el registrado durante la pandemia por la propagación del coronavirus.

En contraposición a Paz, el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó como “rebelión” las protestas que se desarrollan en el país desde hace casi un mes y señaló que la movilización responde a la oposición contra un gobierno “sometido” a Washington. El ex mandatario realizó estas declaraciones en una entrevista virtual con la agencia AFP desde la región cocalera del Chapare.

Paz acusó a Morales de instigar las manifestaciones impulsadas por obreros, campesinos, maestros, transportistas y mineros, quienes exigen la renuncia del jefe de Estado en medio de la peor crisis económica que enfrenta Bolivia en las últimas cuatro décadas.

“Es un gobierno totalmente sometido a Estados Unidos. Me doy cuenta de que llegó la hora de definir quién manda: el imperio o el pueblo”, afirmó Morales, quien sostuvo que “esta rebelión” se dirige tanto contra el modelo neoliberal como contra lo que describió como un Estado neocolonial.

Antes de las declaraciones del ex mandatario, Paz afirmó este miércoles: “El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución”. “El país necesita orden y esto está llegando al límite (...) El tiempo se acaba. Convocamos al diálogo”, declaró el mandatario durante el acto realizado en La Paz, donde presentó el Consejo Económico y Social.

(Con información de EFE y AFP)

Colectivos feministas en Honduras realizaron este miércoles un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir avances en las investigaciones de femicidios y muertes violentas de mujeres.

Las organizaciones denunciaron que en 2026 se contabilizan más de 108 casos y reclamaron medidas de prevención, protección y sanción. La protesta fue pacífica.

Desde temprano, integrantes de organizaciones feministas se concentraron en las afueras del Poder Judicial con pancartas y consignas dirigidas a las autoridades.

Según dijeron durante la manifestación, el reclamo apuntó a que el sistema de justicia acelere los expedientes y garantice resultados en los casos.

Las manifestantes sostuvieron que el registro de más de 108 muertes violentas de mujeres y femicidios en lo que va del año muestra fallas en la respuesta estatal. Plantearon que la cifra se relaciona con demoras en investigar y con la falta de sanciones, lo que, a su juicio, alimenta la impunidad.

Reclamos por investigaciones

Durante el plantón, las organizaciones pidieron que las investigaciones por femicidio avancen con celeridad y que los responsables enfrenten procesos transparentes. También reclamaron que se evite la revictimización de las familias durante las diligencias y en el trato institucional.

Las participantes señalaron que la violencia contra las mujeres aparece en distintos ámbitos, desde el hogar hasta espacios públicos, y que en varios casos deriva en asesinatos. En esa línea, atribuyeron parte del problema a expedientes con avances limitados y a respuestas que, según afirmaron, no llegan a tiempo cuando existen denuncias previas.

Demandan mecanismos de protección

El reclamo incluyó la falta de políticas públicas para prevenir la violencia de género y el pedido de fortalecer los mecanismos de protección para mujeres en riesgo. De acuerdo con las organizaciones, hay casos de víctimas que denunciaron situaciones de violencia y no recibieron una respuesta estatal oportuna.

También recordaron que, según colectivos de derechos humanos, la violencia contra las mujeres en Honduras se vincula con desigualdad y discriminación, con patrones que incluyen violencia doméstica, agresiones sexuales y femicidios. En la protesta, indicaron que el impacto alcanza a familias y comunidades, y que crece la desconfianza en las instituciones.

Emergencia por violencia de género

Según el monitoreo de organizaciones de mujeres, los femicidios y muertes violentas se mantienen en niveles altos, con reportes que ubican los casos como un hecho casi diario en distintas zonas del país. Ese seguimiento, afirmaron, sustenta los llamados a declarar una emergencia nacional por violencia de género.

El plantón se desarrolló de forma pacífica, con pronunciamientos dirigidos al Estado hondureño, al que responsabilizaron por no garantizar plenamente el derecho a la vida, la seguridad y el acceso a la justicia de las mujeres.

Las organizaciones anticiparon que mantendrán acciones de protesta y acompañamiento a víctimas y familiares hasta que haya resultados en las causas y medidas de prevención y sanción.

En Honduras, cada cifra de femicidio no es solo un dato estadístico, sino el reflejo de vidas interrumpidas y de un sistema que, según las organizaciones feministas, sigue sin dar respuestas suficientes frente a la violencia.

En ese contexto, los colectivos advirtieron que la falta de resultados concretos en la investigación y judicialización de estos crímenes profundiza la desconfianza en las instituciones y mantiene abierta una deuda histórica del Estado en materia de prevención, protección y justicia.

Decenas de pequeños comerciantes marcharon por el centro histórico de La Paz, portando banderas blancas y de Bolivia, y corearon consignas como: “Queremos trabajar”, “soluciones para La Paz” y “por culpa del bloqueo estamos en las calles”.

El recorrido de los manifestantes, entre quienes se encontraban varias mujeres aimaras, incluyó las calles cercanas a la plaza Murillo, centro del poder político, vigiladas por agentes antidisturbios. No intentaron ingresar a la plaza.

La Paz y la vecina El Alto concentran las principales protestas y bloqueos, encabezados por sectores campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y simpatizantes del ex presidente Evo Morales (2006-2019). Todos exigen la renuncia de Paz, quien lleva poco más de seis meses al frente del Gobierno.

Algunas protestas de la semana pasada derivaron en disturbios y saqueos, afectando a pequeños quioscos callejeros y dificultando el trabajo regular de estos sectores.

La dirigente gremial Miriam Hernández declaró a los medios que “varios negocios han cerrado”, debido tanto a las movilizaciones como al desabastecimiento y encarecimiento de alimentos, consecuencias directas de los bloqueos. Este contexto impacta especialmente a los comerciantes de comida. Hernández afirmó: “Ya estamos cansados, la gente humilde está cansada”.

En la misma jornada, sindicatos de transportistas bloquearon calles en La Paz por la falta de combustibles, un problema atribuido a los cortes de vías que dificultan el traslado hasta las distribuidoras. Algunos sindicatos de choferes advirtieron que podrían sumarse a las protestas por la renuncia de Paz si no se agilizan las compensaciones por los daños ocasionados a sus vehículos por gasolina en mal estado vendida a comienzos de año.

El departamento de Cochabamba también enfrenta bloqueos. Un grupo de lecheros se vio obligado a vender su producto en la ciudad homónima, ante la imposibilidad de enviarlo a otras regiones. El representante Jhasmani Medrano explicó que la leche “sí o sí tiene que venderse en el día” y que los bloqueos “están golpeando” al sector, agravando la situación porque más de 300 camiones con alimento para el ganado permanecen varados.

Los bloqueos comenzaron hace 21 días en La Paz, pero se expandieron a Oruro, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca. Las ciudades de La Paz, El Alto y Oruro sufren la escasez de insumos médicos como oxígeno medicinal, mientras miles de vehículos permanecen varados desde hace más de tres semanas en rutas nacionales e internacionales, como las que conducen a los puertos de Chile y Perú.

Miles de manifestantes marchan este lunes en la capital política de Bolivia para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien anunció que reducirá a la mitad su sueldo en un intento de calmar las protestas que entraron ya en su cuarta semana.

El mandatario centroderechista, de 58 años, enfrenta la mayor protesta social en su corta gestión que comenzó en noviembre pasado, ante la crisis económica que atraviesa el país andino, la mayor en las últimas cuatro décadas.

Miles de vecinos, mineros, campesinos y trabajadores de fábrica desfilaron por calles y avenidas de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

“¡El pueblo está emputado (molesto)!”, gritan algunos manifestantes.

Los manifestantes rechazan la política económica liberal de Paz, le exigen aumentos salariales y lo culpan de la distribución de gasolina de mala calidad que dañó miles de vehículos.

“¿Qué queremos? ¡Que renuncie!, ¿Cuándo? ¡Ahora!”, grita la muchedumbre que detonó petardos, mientras bajaban hacia La Paz desde la ciudad vecina de El Alto, constataron periodistas de AFP.

Las protestas comenzaron a inicios de mayo con un llamado a huelga de la Central Obrera Boliviana (COB), el mayor sindicato del país, y cortes de carreteras que llegan al medio centenar en distintos puntos del país.

La carestía de medicamentos, gasolina y alimentos se registra principalmente en La Paz y su vecina en El Alto. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.

“¡Estamos enojados!”

El sábado hubo enfrentamientos cuando policías y militares intentaron sin éxito habilitar un ingreso a La Paz y El Alto de convoyes con gasolina, medicamentos y alimentos. Fueron frenados por civiles que usaron piedras y palos.

“Este gobierno nos está masacrando, nos está discriminando”, dice Julia Ramírez, campesina aymara de 57 años.

Félix Mamani, minero 27 años, asegura a la AFP: “Estamos enojados, porque nos han mentido” el gobierno de Paz.

Los manifestantes llegaron al centro de La Paz, pero el acceso a la plaza de armas está cercado por cientos de policías antimotines.

Hay varias barricadas de uniformados en las calles de acceso con vallas metálicas, rejas y cadenas.

Vendedores al menudeo comercian con cubrebocas y vinagre, para amainar los efectos de gas lacrimógeno, lanzados en las marchas de la semana pasada.

Diálogo y salarios

En un discurso que pronunció en la sureña ciudad de Sucre, en un aniversario cívico, el presidente anunció que reducirá a la mitad su sueldo y el de sus ministros.

La medida es casi simbólica. El ingreso mensual del jefe de Estado es de unos 24.000 bolivianos (3.448 dólares) y su reducción no figura entre las demandas de los manifestantes.

El presidente llamó de nuevo este lunes al diálogo a las organizaciones que lideran las protestas, pero descartó conversar con manifestantes radicales que usen la violencia.

“Una minoría no puede gobernar, una minoría no nos puede abusar y haremos cumplir claramente la Constitución”, advirtió.

El gobierno boliviano ha denunciado que estas movilizaciones buscan “alterar el orden democrático” y acusó de instigarlas al ex presidente socialista Evo Morales, prófugo por un caso de presunta trata de una menor.

El líder cocalero instó al gobierno el domingo a que llame a nuevas elecciones en 90 días.

El domingo, Paz debía comenzar un diálogo con un sindicato de campesinos, pero la reunión no se realizó por los enfrentamientos del sábado con la policía.

La comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, ha expresado un firme apoyo a la democracia boliviana.

El secretario de Estado, Marco Rubio dijo la semana pasada que Estados Unidos no permitirá “que criminales y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente”.

(Con información de AFP)

La movilización, liderada por estudiantes y acompañada por ciudadanos de distintas regiones del país, surgió tras el colapso del techo de la estación de tren en Novi Sad en noviembre de 2024, un hecho que provocó la muerte de 16 personas y desató indignación por la falta de transparencia y denuncias de corrupción y negligencia.

El jefe de la policía local estimó la asistencia en 34.000 personas, aunque grupos independientes de monitoreo de reuniones públicas la elevaron a 100.000 asistentes. La protesta reunió a estudiantes, veteranos de guerra y motociclistas, con presencia de manifestantes que viajaron desde distintos puntos de Serbia y exhibieron carteles con los nombres de sus pueblos y ciudades, además de símbolos universitarios.

Las calles de Belgrado se llenaron de banderas serbias, pancartas con nombres de ciudades y emblemas de facultades. Entre las consignas más repetidas apareció “Los estudiantes ganan”, impresa en camisetas, pegatinas y banderolas colgadas en los árboles. Jóvenes con chalecos fluorescentes ordenaron la marcha y actuaron como cordón de seguridad.

Durante la tarde, la protesta transcurrió de forma mayormente pacífica. Sin embargo, al caer la noche, surgieron enfrentamientos entre grupos de manifestantes y la policía. Algunos encapuchados arrojaron piedras, botellas y fuegos artificiales contra los agentes, que respondieron con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a la multitud.

Decenas de personas quedaron detenidas y varios policías sufrieron lesiones, según fuentes oficiales, que no precisaron la magnitud de los daños. Vehículos blindados de la gendarmería bloquearon accesos a los edificios de la presidencia y el parlamento, mientras grupos de manifestantes incendiaron contenedores de basura en calles adyacentes.

El reclamo por elecciones libres y transparencia se mantuvo como eje central. Los manifestantes señalaron a la corrupción y la mala gestión como responsables directos de la tragedia de Novi Sad, a la que describieron como símbolo del deterioro institucional.

Desde el inicio de las protestas, el gobierno desmintió las acusaciones, afirmó que sancionó a los responsables del derrumbe y defendió su gestión. En paralelo, elevó el tono de la confrontación política y calificó a opositores como “terroristas” y “agentes extranjeros”.

La tensión política aumentó por la presencia de seguidores de Vucic, que desde marzo acamparon en las inmediaciones de la presidencia como muestra de respaldo al mandatario. El gobierno intentó frenar la llegada de manifestantes a la capital y canceló el servicio de trenes por supuestas amenazas de bomba, algo que los organizadores interpretaron como un intento de obstaculizar la movilización.

La protesta de este sábado se sumó a una secuencia de episodios previos: en marzo de 2025, una multitud estimada en 300.000 personas marchó en Belgrado en una jornada que concluyó con denuncias de represión y la posterior renuncia del entonces primer ministro Milos Vucevic.

El contexto internacional también incrementó la presión sobre el gobierno serbio. El Consejo de Europa alertó sobre el deterioro de los derechos humanos, citó ataques contra activistas y periodistas, denunció el cierre de espacios cívicos y reportó abusos policiales. La Unión Europea, que mantiene negociaciones de adhesión con Serbia, advirtió que el retroceso democrático podría traducirse en la suspensión de fondos millonarios.

A lo largo de la jornada, los discursos insistieron en que la protesta buscó no solo elecciones anticipadas, sino también el restablecimiento del Estado de derecho y la integración de Serbia en la comunidad democrática europea.

Muchos manifestantes llevaron insignias con la inscripción “Tus manos están manchadas de sangre”, dirigidas a la administración de Vucic, mientras el presidente rechazó que las protestas puedan alterar el rumbo del país.

(Con información de AFP, Reuters y AP)

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, que dirige una caravana formada por vehículos oficiales que van hacia la ciudad de Oruro, a 227 kilómetros de La Paz, reconoció ante los medios que tras el avance del convoy los grupos de protesta volvieron a cortar la ruta como hacen desde hace 18 días.

“Era evidente que podía pasar eso, nada es fácil en la vida. Así que hay que ver las estrategias. Tenemos que continuar hasta el final. Nos vamos a encontrar con el otro operativo que viene desde Oruro y tomaremos decisiones", dijo Zamora al canal privado Red Uno desde la mitad de la carretera.

El ministro ofreció a primera hora dialogar con las personas en los puntos de bloqueo para permitir el avance del operativo denominado 'Corredor humanitario con banderas blancas', que buscó liberar la carretera para facilitar la llegada de alimentos e insumos médicos a La Paz y El Alto, las ciudades más afectadas por las protestas.

Los agentes van en alrededor de 150 vehículos, entre camiones, autobuses y tractores para limpiar la ruta sembrada de piedras, bloques de cemento, troncos y tierra.

En varios tramos, los manifestantes, sobre todo los campesinos aimaras, intentaron rechazar el avance del convoy haciendo detonar cargas de dinamita y lanzando piedras con hondas contra los vehículos, destrozando los vidrios de varios de ellos, según mostraron los canales de televisión.

Otro grupo retuvo durante horas en El Alto a un policía que estaba vestido de civil y lo obligó a declarar en un video, donde aparece con signos de violencia, que estaba en condición de "rehén" hasta que renuncie el presidente y sean liberados todos los detenidos en los disturbios que hubo esta semana en La Paz.

El jefe policial de El Alto, coronel Fernando Rojas, confirmó posteriormente que el agente no era parte del operativo cuando fue retenido y fue rescatado por policías de inteligencia, pero sufrió una paliza, por lo que fue ingresado en un hospital.

Pasado el mediodía, manifestantes quemaron un vehículo de transporte de pasajeros que estaba vacío y otro grupo saqueó varios objetos de las oficinas de la entidad estatal Vías Bolivia en las afueras de El Alto e incendió el edificio en la carretera, según imágenes de los medios.

El pasado sábado, un operativo similar fracasó en su intento de despejar esa vía y solo pudo avanzar poco más de 50 kilómetros en su intento de llegar hacia Oruro.

Los manifestantes impidieron ese día la consolidación de ese corredor con protestas violentas en El Alto usando piedras y cargas de dinamita desatando enfrenamientos con los agentes.

Las protestas contra Paz están alentadas por campesinos aimaras del altiplano, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del exmandatario Evo Morales (2006-2019) que exigen la renuncia del gobernante.

En los últimos días, los bloqueos de carreteras se extendieron a regiones como Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca.

El Gobierno de Bolivia, liderado por el presidente Rodrigo Paz, anunció el viernes una nueva operación “humanitaria” destinada a levantar los bloqueos en la principal carretera del país e invitó a dialogar a la federación de campesinos del departamento de La Paz, que mantiene la medida de presión desde hace 17 días para exigir la renuncia del mandatario nacional.

El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, junto a los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; de Exteriores, Fernando Aramayo; y de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas, Óscar Mario Justiniano, brindaron detalles sobre la iniciativa en una rueda de prensa conjunta.

Oviedo explicó que la operación, prevista para este sábado, llevará el nombre de “Corredor humanitario de las banderas blancas” y tiene como objetivo “despejar” la carretera que conecta La Paz con Oruro, una vía clave hacia el centro y este del país.

“El objetivo de este operativo es permitir que a El Alto y La Paz lleguen alimentos, oxígeno, medicamentos y todo lo que requieren las poblaciones de estas ciudades”, afirmó e indicó que estas zonas son las más afectadas por los bloqueos. A su vez, señaló que la misión será “normalizar la vida de ciudadanos alteños y paceños que estamos sufriendo los rigores de la falta de oxígeno y alimentos”.

La operación estará a cargo de la Policía, con apoyo logístico de las Fuerzas Armadas y de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que utilizará maquinaria pesada para retirar el material empleado por los manifestantes en los cortes de ruta.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que la operación contará con el acompañamiento de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Cruz Roja y la Iglesia católica, y aseguró que la intervención “no está yendo a buscar ningún enfrentamiento”.

El pasado sábado, una primera operación policial y militar intentó despejar las principales carreteras de La Paz, pero encontró resistencia de los manifestantes en el sur de la ciudad y en una zona de El Alto, quienes respondieron con piedras y cargas de dinamita ante los gases lacrimógenos utilizados por los uniformados.

Por lo tanto, el desbloqueo fue parcial y transitorio, ya que posteriormente se ordenó el repliegue de fuerzas para evitar un “derramamiento de sangre”, lo que permitió que los manifestantes retomaran las protestas.

El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas, Óscar Mario Justiniano, invitó a los dirigentes de la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ a dialogar y negociar el domingo para buscar “soluciones a los problemas que son legítimos”.

Justiniano también anunció que el Consejo Económico y Social, presentado días atrás por Rodrigo Paz, tendrá una sesión constitutiva el próximo miércoles para definir su metodología de trabajo y una agenda inicial con las principales prioridades nacionales. Las invitaciones para esa reunión se están enviando a distintos sectores y organizaciones sociales.

“Yo personalmente, como productor, sé cuánto se sufre cuando su producción de uno termina fregada en el camino, sé cuánto se sufre y también nuestros hermanos lo saben en el campo, meses de trabajo terminan arruinados por nada más que días de bloqueo. Esto es lo que tenemos que superar, porque al final del día todos somos productores”, sostuvo el funcionario.

Las protestas, iniciadas en La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo, reúnen a campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores de Evo Morales, quienes exigen la renuncia de Paz. En los últimos días, los bloqueos se extendieron a Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca.

En paralelo, Gálvez enalteció las movilizaciones celebradas en distintos puntos del país en respaldo al sistema democrático, el orden constitucional y el Gobierno de Paz. “Hemos sido testigos de manifestaciones en todos los departamentos, incluidos La Paz, que muestran que la inmensa mayoría de los bolivianos repudia toda forma de violencia y apuesta por el ejercicio pleno de la democracia”,

El viernes, Bolivia vivió una nueva jornada de protestas masivas en La Paz, marcada por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas antimotines, con uso de gases lacrimógenos, piedras y cartuchos de dinamita.

Las protestas congregaron a campesinos, obreros, mineros, transportistas y maestros, muchos de ellos portando cascos, ponchos y banderas indígenas.

Los manifestantes partieron desde El Alto hacia el centro de la capital, donde los accesos a la Plaza Murillo, frente al Palacio Quemado, sede de gobierno, permanecen resguardados con rejas y un fuerte despliegue policial. La agencia AFP reportó al menos tres detenidos durante las jornadas.

El país atraviesa una de sus peores crisis económicas en cuatro décadas, con una inflación interanual del 14% en abril, según cifras oficiales. Los reclamos iniciales, enfocados en aumentos salariales, combustibles de calidad y estabilización de precios, se radicalizaron hasta transformarse en una exigencia de dimisión.

“Seis meses de gobierno y no ha podido solucionar lo básico, los precios de la canasta familiar. Tenemos que elegir entre comprar carne o comprar leche”, expresó Melina Apaza, de 50 años, residente de la región minera de Oruro.

(Con información de EFE y AFP)

Este 22 de mayo maestras y maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) celebraron la LX Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional, donde se dio a conocer la aceptación del aumento salarial presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Cabe destacar que el pasado 15 de mayo, la presidenta de México anunció el incremento del 9% al salario de docentes, medida que fue planteada en reconocimiento al magisterio nacional:

“Hemos hecho un gran esfuerzo para este aumento salarial, sé que, ojalá fuera el doble, pero estamos en este marco de construcción de un nuevo país en donde los recursos públicos se distribuyen al pueblo de México y lo que podamos hacer por las y los maestros, lo vamos a hacer por agradecimiento permanente a ustedes”.

SNTE no olvida reforma a la Ley del ISSSTE

Alfonso Cepeda Salas, secretario general de la organización, reiteró que aceptar la medida no significa renunciar a sus “demandas históricas, sino una muestra de madurez sindical, compromiso social y confianza en el diálogo institucional para obtener mayores logros”.

Reafirmó un diálogo con las instituciones del Estado que lleven a la negociación y la construcción de acuerdos, sin embargo, el sindicato no quita el dedo del renglón respecto a una reforma al sistema de pensiones del ISSSTE:

“Insistiremos en el análisis de nuestra propuesta de reforma a la Ley del ISSSTE con interlocutores del gobierno, porque como lo expresé el 15 de mayo, tenemos la certeza, por los exhaustivos estudios actuariales que, con racionalidad, responsabilidad presupuestaria y voluntad es posible derogar el injusto régimen de pensiones previsto en esta Ley”.

El 15 de mayo, el dirigente urgió a “equilibrar la balanza y eliminar las desigualdades entre las personas trabajadoras de los apartados A y B del Artículo 123 Constitucional”; instó a la eliminación del régimen de pensiones de la Ley del ISSSTE, invitando a construir con el Estado un sistema de pensiones “con viabilidad financiera y jurídica de largo plazo”.

Piden la eliminación de la USICAMM

Entre las demandas del SNTE se encuentra la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), con el objetivo de garantizar el “derecho a la educación, los derechos laborales y evite cualquier forma de corrupción, opacidad y conflicto de interés”.

Pese a las demandas que continúa exigiendo la SNTE, Cepeda Salas ha reconocido públicamente lo que ha calificado como logros alcanzados en la administración de la presidenta:

“Es una aliada que ha tratado al magisterio con respeto, con cariño y con justicia. En el SNTE sabemos que contamos con nuestra Presidenta y ella sabe que cuenta con nosotros”.

A 16 días de iniciados los bloqueos de carreteras, las protestas en Bolivia se extienden por el territorio. Este viernes, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reporta 51 piquetes en siete de los nueve departamentos del país, la mayoría concentrados en la región del altiplano, en los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba.

Para subir la presión contra el gobierno, la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari —una de las que lideran las movilizaciones— convocó a una marcha que partirá de la ciudad de El Alto hacia La Paz en un recorrido de 13 kilómetros.

“La unidad y la presencia de las bases serán fundamentales en esta jornada de firmeza”, señala la convocatoria dirigida a los pobladores de las 20 provincias paceñas y seis organizaciones, entre ellas la Central Obrera Boliviana (COB), transportistas y maestros, con quienes han conformado la “Alianza Unidad”.

La protesta inició hace más de un mes con pedidos sectoriales, como aumentos salariales, mejoras en la calidad de la gasolina o el rechazo a una ley que permitía recategorizar la tierra. A pesar de que el Gobierno logró neutralizar ciertos conflictos negociando algunas demandas, indígenas del altiplano empezaron a exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz —que asumió el cargo hace apenas seis meses—, acusándolo de no resolver los problemas del país y de gobernar mediante decretos en favor de las élites económicas.

“El Gobierno se ha convertido en un representante de la oligarquía boliviana”, explicó David Mamani, representante de la federación campesina. “Ellos quieren gobernar para ellos, no para el sector popular que está desamparado”, afirmó y acusó al jefe de Estado de “pisotear” la Constitución Política del Estado con la emisión de decretos que considera inconstitucionales.

El Gobierno ha descartado la renuncia del primer mandatario mientras mantiene negociaciones con algunos sectores para levantar las protestas, y en las últimas anunció intervenciones policiales para formar “corredores humanitarios” que permitan el paso de insumos básicos a La Paz, donde la población padece el costo social del cerco: escasez de comida y gas, encarecimiento de precios, interrupción en el transporte público y la suspensión parcial de algunas actividades como las clases escolares presenciales o el recojo de basura.

El presidente prometió el miércoles que haría ajustes en su gabinete, pero desde entonces solo sustituyó al ministro de Trabajo, curiosamente uno de los de perfil más bajo, y anunció la creación de un Consejo Económico y Social, entendido como una instancia de diálogo con carácter consultivo a la que serán invitadas las organizaciones sociales.

Si bien hubo un aumento de bloqueos en los últimos días, no se registraron otros episodios de violencia luego de los disturbios del lunes en La Paz, cuando al menos tres marchas coincidieron en el centro de la ciudad y se enfrentaron con la Policía, atacaron oficinas públicas y agredieron civiles.

El Gobierno ha denunciado, sin embargo, el fallecimiento de al menos cuatro personas, entre ellas un menor de edad, que no pudieron ser trasladadas a centros hospitalarios debido a los bloqueos. En un comunicado reciente, el Ministerio de Salud instó a los manifestantes a permitir el paso de ambulancias para garantizar la atención médica y subrayó que “la vida está por encima de todo conflicto”.

De momento no se conocen avances sobre posibles negociaciones ni existe una mediación pública entre la administración de Paz y los sectores movilizados. Sin embargo, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo informaron sobre una reunión con dos organizaciones campesinas en la que recogieron “la profunda molestia” respecto a la forma en la que fueron aludidas por el presidente durante un discurso y un pliego de condiciones orientado a restablecer el diálogo con el Gobierno sobre el que no dieron detalles.

En este escenario de conflictividad, la comunidad internacional expresó su respaldo al gobierno e instó a la preservación del orden democrático, entre ellos ocho países latinoamericanos, la Unión Europea, Estados Unidos y su “Escudo de las Américas” y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) de Bolivia informó que las pérdidas económicas para el sector industrial superan los USD 600 millones como consecuencia de los bloqueos de carreteras y protestas que sindicalistas, seguidores del ex presidente Evo Morales y campesinos del altiplano mantienen desde más de dos semanas para exigir la renuncia del mandatario nacional Rodrigo Paz.

“Lastimosamente las pérdidas económicas en este momento para nuestro país ya superan los USD 600 millones. Esta cifra, este daño económico nuestras industrias ya no lo van a recuperar”, expresó el presidente de la CNI, Gonzalo Morales, en conferencia de prensa.

El dirigente advirtió que “las industrias bolivianas están enfrentando una de las mayores crisis de los últimos años”, y detalló que “muchas fábricas han tenido que reducir sus operaciones, otras están al borde de detener completamente su producción y miles de trabajadores” se encuentran en incertidumbre “sobre lo que puede ocurrir en los próximos días”.

Morales enfatizó que “los bloqueos, la falta de combustible, las dificultades logísticas y el incremento de los costos, más la incertidumbre permanente están asfixiando al aparato productivo nacional”.

Además, señaló que la paralización industrial pone en riesgo los empleos y el abastecimiento interno de alimentos, medicamentos y otros “productos esenciales”. Morales remarcó que la situación impide que las empresas exportadoras cumplan con sus compromisos de ventas al exterior, lo que genera un “deterioro progresivo de la confianza en Bolivia como país productor, como país previsible y como destino para venir a invertir”.

“Desde la Cámara Nacional de Industrias queremos expresar nuestra profunda preocupación y nuestro estado de alerta frente a esta gravísima situación. No podemos seguir normalizando que el país esté bloqueado mientras la economía se debilita y mientras las industrias luchan por sobrevivir”, sostuvo.

Las protestas se concentran en La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo, donde sindicatos de campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales reclaman la salida del actual mandatario, quien lleva seis meses en el cargo. En los últimos días, los bloqueos alcanzaron también a Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca. El jueves, la COB y los campesinos del altiplano marcharon nuevamente hacia el centro de La Paz.

Como efecto de los bloqueos, comenzaron a escasear alimentos, combustible e insumos médicos, como oxígeno medicinal. Un niño de 12 años murió al no recibir atención médica de urgencia debido a los bloqueos de carreteras, según informó el Ministerio de Salud. Con este caso, ascienden a cuatro las muertes vinculadas a la imposibilidad de traslado por los cortes de rutas en el país.

El Ministerio de Salud comunicó que “el fallecimiento de un niño de 12 años fue debido a los bloqueos que no permitieron el paso de la ambulancia en la que era trasladado de emergencia” desde el hospital de Llallagua, en el norte de Potosí, hacia la ciudad de Potosí. Debido a las carreteras cerradas, el vehículo sanitario debió cambiar de ruta hacia Oruro, donde el menor murió durante el trayecto, según detalló la cartera.

El ministerio expresó sus condolencias a la familia y afirmó que “la vida está por encima de todo conflicto” y solicitó: “Instamos a permitir el paso de ambulancias y clamamos por un corredor humanitario que garantice la atención médica oportuna para todos”.

De acuerdo con la radio Pío XII, el niño residía en Pocoata, en el norte de Potosí, y llegó la noche del miércoles al hospital de Llallagua con un diagnóstico de “trauma abdominal grave” que requería cirugía y tratamiento en terapia intensiva.

El fallecimiento del menor se suma a otros tres decesos, incluida una ciudadana de Belice, que no lograron recibir atención médica a tiempo por los bloqueos de sindicatos de campesinos aimaras en el altiplano.

La directora del Hospital de la Mujer, Janett Aliaga, solicitó un uso racional del oxígeno en la unidad de neonatología, donde se encuentran 29 bebés y las reservas disponibles alcanzan para solo siete días. Además, en la unidad de terapia intensiva, cinco mujeres dependen de ese suministro para su evolución.

“La salud no tiene color político. Por favor, pedirles, abran este carril humanitario, permítannos el paso de los alimentos, del oxígeno. Nosotros tenemos niños prematuros que requieren sí o sí para vivir el oxígeno”, expresó Aliaga.

(Con información de EFE)

En medio de la ola de conflictos sociales que atraviesa Bolivia, el gobierno de Estados Unidos volvió a expresar su respaldo al presidente Rodrigo de Paz, que enfrenta pedidos de renuncia a solo seis meses de haber asumido el cargo.

A través de una publicación de X, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, expresó: “que no quepa duda: Estados Unidos apoya sin reservas al gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No dejaremos que delincuentes y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”.

Se trata del tercer pronunciamiento de respaldo a Paz en lo que va de la semana. El domingo, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental condenó las manifestaciones y expresó su apoyo al gobierno boliviano para restablecer “el orden en favor de la paz, la seguridad y la estabilidad del pueblo”.

“En Bolivia, los disturbios y los bloqueos han provocado una crisis humanitaria, causando escasez de medicamentos, alimentos y combustible. Condenamos todas las acciones destinadas a desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Rodrigo Paz Pereira”, se lee en el documento difundido.

Dos días después, el subsecretario de Estado, Christopher Landau —que había participado como invitado en la posesión de Paz—, señaló que “aquellos que perdieron abrumadoramente en las urnas el año pasado están intentando derrocar al presidente”. A decir de Landau, los manifestantes tienen “apoyo del crimen organizado y narcotraficantes”.

El número dos del Departamento de Estado informó que sostuvo una conversación telefónica con su “amigo” Rodrigo Paz en la que le ratificó el apoyo de Estados Unidos y el rechazo a “este intento de sustituir el orden institucional por el dominio de la turba”.

Las declaraciones de los funcionarios estadounidenses van en línea con lo señalado por la administración de Paz, que en más de una ocasión ha acusado sin pruebas a los manifestantes de estar financiados con dinero del narcotráfico.

Bolivia atraviesa un tiempo de tensión tras varios días de protestas convocadas por diversos sectores para presentar reclamos sindicales —por incremento salarial y la abrogación de una ley que autorizaba cambios en la propiedad agraria, principalmente—, pero luego surgieron pedidos de renuncia contra el presidente por un descontento general con su gestión.

Hace más de dos semanas que indígenas del altiplano realizan bloqueos que tienen cercada la ciudad de La Paz, que padece de escasez de algunos alimentos e insumos básicos. En este tiempo hubo dos jornadas de violencia cuando mineros, equipados con dinamita y material explosivo, se enfrentaron a la Policía, atacaron instituciones públicas y agredieron físicamente a civiles.

Los conflictos sociales provocaron una fuerte reacción internacional. Además de los pronunciamientos del gobierno estadounidense, ocho países latinoamericanos —Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú— emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático” y a “alterar la institucionalidad” del Gobierno.

De igual forma, la Unión Europea expresó su preocupación por la situación en Bolivia, al igual que lo hicieron más de 30 expresidentes de América y España que conforman el Grupo Idea.

El miércoles, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) tuvo una sesión extraordinaria para discutir la actualidad boliviana, en la que los países miembros llamaron a preservar la institucionalidad democrática frente a la crisis social y política que atraviesa el país.

A pesar de este respaldo prácticamente unánime de la comunidad internacional al gobierno de Paz, el conflicto generó una crisis diplomática con Colombia, luego de que la Cancillería boliviana decidiera expulsar a su embajadora en rechazo a declaraciones que había hecho el presidente Gustavo Petro en respaldo a las movilizaciones.

El canciller Fernando Aramayo calificó las afirmaciones de Petro como “injerencia en asuntos internos” y expulsó a Elizabeth García. Más tarde, Colombia respondió a esta acción expulsando al representante diplomático de Bolivia, Percy Molina.

Aunque la reacción boliviana ha sido criticada y algunos líderes de opinión la han considerado desproporcionada e inoportuna, el presidente Paz la justificó horas más tarde en una conferencia de prensa: “El ataque de Petro es un ataque a la democracia boliviana”.

El Gobierno de Bolivia, encabezado por Rodrigo Paz, enfrenta una situación de máxima tensión tras más de dos semanas de protestas que pusieron en jaque tanto la estabilidad interna como sus relaciones diplomáticas, especialmente con Colombia.

El conflicto comenzó con reclamos salariales ante la crisis económica que atraviesa el país, escasez de recursos y la mala calidad de combustibles, última problemática a la cual la administración oficial culpó a mafia internacional que operaba entre Bolivia, Chile, Argentina y Paraguay.

El rechazo a reformas oficiales también se incrementó al malestar de sindicalistas e indígenas que amenazaron con dejar sin alimentos a hogares estatales para niños y buscan aislar a las grandes ciudades de La Paz y El Alto con cortes de rutas.

Los precios en los mercados populares se duplicaron o triplicaron, mientras las filas para conseguir productos básicos se extienden durante horas. Ante esta situación. el Gobierno boliviano implementó un “puente aéreo” con ayuda de aviones argentinos para abastecer a la población, aunque reconoce que la crisis sigue sin resolverse.

Ocho países latinoamericanos firmaron el viernes pasado una declaración conjunta sobre “la situación humanitaria” en el país andino, en medio de las protestas de los sectores minero, agrícola y docente que mantienen paralizada la capital.

“Los países abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por la situación humanitaria en Bolivia, producto de las protestas y bloqueos de carreteras que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población”, expresaron Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú en el comunicado conjunto.

Durante los últimos días, la presión política se intensificó contra el titular del Ejecutivo. Sectores afines al ex presidente Evo Morales, junto a sindicatos y campesinos aimaras, protagonizaron bloqueos y marchas que confluyeron en La Paz.

El lunes se registró el episodio más violento hasta la fecha, por el cruce de los manifestantes y las fuerzas del orden, con enfrentamientos, saqueos y ataques a periodistas y ciudadanos. El mandatario nacional atribuyó la conflictividad a Morales, a quien acusa de alentar acciones para una “ruptura constitucional” y de tener vínculos con estructuras del narcotráfico.

Ante el empeoramiento del escenario, Paz anunció un “reordenamiento” ministerial para lograr un gabinete “más ágil” y receptivo a las demandas sociales. “Tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha (porque) el presidente no puede estar en todas partes, el presidente no podrá resolver todos los problemas”, expresó.

A la vez, dispuso la creación de un Consejo Económico y Social para socializar las reformas y contrarrestar las acusaciones de privatización. “El gabinete debe responder con mayor eficiencia y cercanía”, explicó el mandatario.

La postura internacional marcó líneas divisorias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue tajante: “Washington no permitirá que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente”. Su vice, Christopher Landau, advirtió sobre la existencia de “un golpe de Estado en marcha” por quienes impulsan las protestas.

En cambio, la relación con Colombia se quebró. La expulsión de la embajadora Elizabeth García respondió a declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien calificó las protestas como una “insurrección popular” y denunció que “hay un pueblo en las calles al que están matando”.

No obstante, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, instó públicamente a Petro a colaborar para que Morales comparezca ante la Justicia, en relación con un proceso de trata agravada de personas. El ex presidente permanece en el Chapare, su histórico bastión político, rodeado de seguidores.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia también denunció ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que el país enfrenta hechos que “amenazan el orden democrático”.

“El Estado Plurinacional de Bolivia desea alertar, con profunda preocupación, sobre una serie de hechos que amenazan gravemente el orden democrático, la institucionalidad y los derechos fundamentales de nuestro pueblo”, afirmó Aramayo al inicio de su intervención. El funcionario explicó que Bolivia asistió al Consejo Permanente porque consideró que los desafíos que afectan la estabilidad institucional de un Estado miembro requieren la atención y el acompañamiento de la comunidad interamericana.

Las protestas y bloqueos en Bolivia, liderados por sectores disidentes y sindicales, derivaron en una crisis humanitaria que involucra a actores nacionales y extranjeros. La presión interna se agudiza por la escasez, el alza de precios y los bloqueos en La Paz y El Alto. El conflicto escaló a expulsiones diplomáticas y a llamados internacionales a mantener el orden democrático y evitar una mayor confrontación.

Incluso, la Unión Europea (UE) instó el martes a la calma y al diálogo tras los disturbios y saqueos ocurridos durante las protestas contra el gobierno boliviano. En una declaración conjunta, el bloqueo europeo y las embajadas de Alemania, España, Francia, Italia y Suecia en La Paz condenaron los actos de violencia.

“Siete meses después de la celebración de unas elecciones generales ejemplares, y ante los acontecimientos que se están desarrollando en Bolivia, la Unión Europea y sus Estados Miembros hacen un llamamiento a la calma y al diálogo dentro del respeto de la democracia, del orden constitucional y de las instituciones del Estado, y condenan cualquier acto de violencia”, señala el comunicado.

(Con información de EFE)

Las negociaciones de última hora comenzaron a las 16:00 hora local (07:00 GMT), según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, después de que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, afirmara que las acciones sindicales deben mantenerse dentro de "ciertos límites".

Las declaraciones de Lee siguen a un comunicado de la oficina presidencial, que lamentó el fracaso de las negociaciones y pidió a las partes hacer "todos los esfuerzos" para evitar un paro que podría suponer pérdidas de miles de millones de euros para la economía del país asiático.

Entre las opciones barajadas por el Ejecutivo surcoreano se incluye suspender la huelga para minimizar los efectos potenciales a la economía en virtud de una legislación raramente utilizada, y la puesta en marcha de un arbitraje de emergencia.

Más de 47.000 trabajadores afiliados al principal sindicato de Samsung Electronics están convocados a una huelga de 18 días a partir del jueves.

Entre sus exigencias a la dirección de la empresa destacan el eliminar el límite actual a los incentivos y sustituirlo por un sistema que reserve el 15 % del beneficio operativo para bonos.

La huelga podría acarrear unas pérdidas multimillonarias, según estimaciones del Gobierno surcoreano, de unos 100 billones de wones (unos 67.000 millones de dólares o 57.250 millones de euros al cambio actual), y afectarían al suministro global de semiconductores, fundamentales para la industria de la inteligencia artificial (IA).

Seúl, 20 may (EFE).- El principal sindicato del fabricante de chips surcoreano Samsung Electronics anunció este miércoles que mantiene la huelga de 18 días cuyo inicio está previsto para este jueves y que podría suponer pérdidas de miles de millones de euros para la economía del país, tras el fracaso de las negociaciones.

"El sindicato iniciará legalmente una huelga general mañana, según lo programado. No cejaremos en nuestros esfuerzos por alcanzar un acuerdo, incluso durante la huelga", manifestó el líder sindical Choi Seung-ho, que destacó que hicieron "todo lo posible por encontrar puntos en común".

Así, aseguró que en la víspera el sindicato aceptó la propuesta de mediación pero que el negociador principal de la dirección, Yeo Myung-gu, en un primer momento rechazó esta oferta y solicitó más tiempo para negociar, pero posteriormente dijo que "no se había tomado ninguna decisión" y, finalmente, no aclaró su postura.

"Lamentamos profundamente que el proceso de mediación se haya interrumpido debido a la demora de la dirección en tomar una decisión, y sentimos mucha pena de que la mediación haya concluido sin que la dirección alcanzara una resolución", agregó Choi.

Por su parte, Samsung Electronics lamentó "profundamente" que hayan fracasado las negociaciones, pero agregó que "la compañía no renunciará al diálogo para evitar la peor situación" y que "seguirá esforzándose hasta el final", según un comunicado remitido a EFE por la compañía, en el que agradece al Gobierno sus esfuerzos de mediación.

La dirección señaló que no han logrado un acuerdo porque "si se aceptan tal cual las exigencias excesivas del sindicato, podrían verse sacudidos los principios básicos de la gestión de la compañía". "Podría tener efectos negativos no solo en nuestra empresa, sino también en otras compañías e industrias", añadió.

En medio del diálogo, el Tribunal del Distrito de Suwon aprobó medidas cautelares frente al paro previsto, ordenando no interrumpir el funcionamiento normal de las instalaciones. Por su parte, la empresa ordenó a 7.000 empleados que acudan a su puesto de trabajo durante el periodo de huelga.

Además, las autoridades del país han advertido de que considerarán todas las medidas posibles, incluyendo suspender la huelga para minimizar los efectos potenciales a la economía en virtud de una legislación raramente utilizada, y la puesta en marcha de un arbitraje de emergencia.

Ambas partes han mantenido conversaciones mediadas por el Gobierno sobre las bonificaciones por rendimiento, y está previsto que unos 50.000 trabajadores abandonen sus puestos de trabajo durante 18 días, lo que generaría pérdidas superiores a los 40 billones de wones (unos 26.600 millones de dólares), dada la gran dependencia del país de las exportaciones de semiconductores.

Seúl, 20 may (EFE).- Más de 47.000 trabajadores de la compañía surcoreana Samsung Electronics están convocados a una huelga de 18 días a partir del jueves, después de que fracasara este miércoles el diálogo entre empresas y sindicatos, en medio de la posibilidad de que las autoridades intervengan para suspender un paro que amenaza la economía del país asiático.

Estas son las claves de la histórica huelga en el mayor fabricante de chips de memoria del mundo, que según estimaciones gubernamentales generaría pérdidas de miles de millones de euros, dada la gran dependencia del país asiático de las exportaciones de semiconductores.

El principal sindicato de Samsung Electronics afirma contar con al menos 47.000 miembros apuntados para la huelga, cuyo arranque está previsto este jueves y se extendería hasta el 7 de junio, para reclamar mejores condiciones laborales en un sector en auge.

La huelga podría acarrear unas pérdidas multimillonarias, según estimaciones del Gobierno surcoreano, de unos 100 billones de wones (unos 67.000 millones de dólares o 57.250 millones de euros al cambio actual), y afectaría al suministro global de semiconductores, fundamentales para la industria de la inteligencia artificial (IA).

Por otra parte, el pasado lunes el Tribunal del Distrito de Suwon avaló una serie de restricciones a la huelga con el fin de impedir la interrupción del funcionamiento normal de las instalaciones, y la empresa afirmó que 7.000 empleados deben acudir a su puesto de trabajo durante el periodo de huelga.

El principal sindicato de Samsung Electronics exige eliminar el límite actual de incentivos, fijado en hasta el 50 % del salario anual individual, y sustituirlo por un sistema que reserve el 15 % del beneficio operativo para bonos.

De esta forma, reclaman una retribución que se ajuste a los beneficios históricos que registra la compañía. El fabricante de chips multiplicó casi por seis su beneficio neto en el primer trimestre de 2026, hasta 47,2 billones de wones (unos 31.790 millones de dólares o 27.016 millones de euros) en comparación interanual, gracias al auge global de la inteligencia artificial (IA).

Por su parte, la dirección de Samsung Electronics propone destinar el 10 % de las ganancias operativas a bonificaciones y ofrecer un paquete de compensación especial.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, dijo tras el fracaso a última hora del diálogo que las acciones colectivas de los sindicatos deben mantenerse dentro de "ciertos límites" y no causar "graves perjuicios" a otros.

En los últimos días, el primer ministro, Kim Min-seok, advirtió de que están considerando todas las medidas posibles, incluyendo suspender la huelga para minimizar los efectos potenciales a la economía en virtud de una legislación raramente utilizada, y la puesta en marcha de un arbitraje de emergencia.

El Gobierno surcoreano no se ha limitado a pedir un acuerdo entre las partes, sino que ha tomado un papel activo como mediador a través de la Comisión Nacional de Relaciones Laborales.

En este sentido, su presidente, Park Soo-keun, manifestó este miércoles que, si ambas partes llegan a ponerse de acuerdo, acogerá cualquier cambio de postura "en cualquier momento, de día o de noche, entre semana o en festivo".

A finales de abril, entre 34.000 y 39.000 empleados, según la Policía y los organizadores, se manifestaron frente a la sede de la compañía en Pyeontaek, en una protesta de una escala sin precedentes en la historia de la firma.

La presión de los trabajadores aumentó después de que el rival de Samsung Electronics, SK hynix, pactara el año pasado con su principal sindicato una subida salarial del 6 %, eliminara el tope previo a las primas y acordara destinar el 10 % del beneficio operativo a incentivos.

En este contexto, se está produciendo un flujo de talento de Samsung Electronics, durante décadas sinónimo de empleo estable, prestigio social y ascenso económico, hacia SK hynix.

Productores de frijol de Zacatecas anunciaron que retomarán las protestas este viernes 22 de mayo si no alcanzan acuerdos con el gobierno estatal encabezado por David Monreal Ávila y autoridades federales en torno al acopio del grano y el pago de 27 pesos por kilogramo.

Los agricultores informaron que planean bloquear las vías del tren a partir de las 10:00 de la mañana y mantener la protesta durante el tiempo que sea necesario.

“Va a ser un movimiento fuerte”, señalaron representantes del movimiento campesino, quienes afirmaron que recibirán apoyo de productores de distintas regiones del estado y de entidades vecinas.

Los inconformes también responsabilizaron a autoridades estatales y federales de las afectaciones que puedan derivarse de las movilizaciones, al considerar que no se han cumplido los acuerdos previamente establecidos.

Productores cuestionan incumplimientos en convenio firmado ante notario

La inconformidad de los campesinos aumentó luego de que el abogado Jorge Rada Luévano denunciara que la Coordinación General Jurídica del Gobierno de Zacatecas aseguró no localizar el convenio firmado el pasado 29 de marzo entre productores y autoridades.

En dicho acuerdo se establecieron compromisos relacionados con el acopio del frijol y el pago de 27 pesos por kilo.

El litigante calificó como preocupante que el gobierno estatal no dé seguimiento a un documento firmado ante notario público y adelantó que productores ya emprendieron acciones legales para exigir el cumplimiento de los acuerdos.

Además, señaló que existen desacuerdos por las modificaciones realizadas al programa de acopio, ya que productores aseguran que el precio inicialmente acordado habría disminuido de 27 a 16 pesos por kilogramo.

Campesinos contemplan protestas en aeropuerto y bloqueos indefinidos

Durante una conferencia de prensa realizada en el plantón instalado afuera del Congreso del Estado, representantes campesinos indicaron que mantienen comunicación con autoridades federales y esperan sostener reuniones en los próximos días.

No obstante, señalaron que ya tienen definidas nuevas acciones de protesta en caso de que no existan avances en las negociaciones con la administración de David Monreal.

Entre las medidas contempladas se encuentran bloqueos ferroviarios y manifestaciones en el aeropuerto.

Principales demandas de los productores:

• Pago de 27 pesos por kilogramo de frijol
• Cumplimiento del convenio firmado el 29 de marzo
• Apertura y operación de centros de acopio
• Entrega de apoyos pendientes
• Atención de autoridades estatales y federales

Denuncian retrasos en el acopio y pérdidas en la cosecha

Representantes del movimiento señalaron que miles de costales continúan almacenados en distintas regiones productoras mientras siguen los retrasos en la recepción del frijol.

De acuerdo con productores, esta situación ya comenzó a afectar la calidad del grano debido a la exposición prolongada al sol y la humedad.

Según cifras dadas a conocer por el propio movimiento, del convenio inicial para acopiar mil 500 toneladas se han recibido alrededor de 310 toneladas. Además, únicamente cerca de 60 productores habrían logrado entregar formalmente sus cosechas, mientras más de 240 permanecen en espera.

Algunos campesinos también denunciaron revisiones adicionales y observaciones relacionadas con supuestas impurezas en el producto durante el proceso de recepción.

Zacatecas concentra la mayor producción nacional de frijol

Zacatecas es el principal productor de frijol en México y aporta alrededor del 35 por ciento de la producción nacional, de acuerdo con datos del sector agrícola.

El estado atraviesa actualmente problemas relacionados con comercialización, costos de producción y operación de programas de apoyo para el campo.

Productores señalaron que mantendrán las movilizaciones mientras continúan las mesas de diálogo y reiteraron su petición para que el gobierno de David Monreal y autoridades federales den seguimiento a los acuerdos relacionados con el acopio y comercialización del grano.

Bolivia está inmersa en una espiral de violentas protestas sociales que iniciaron hace más de un mes con demandas sindicales, pero se radicalizaron en las últimas dos semanas con pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz y bloqueos de caminos que tienen cercada la ciudad de La Paz.

A seis meses del nuevo gobierno, los conflictos iniciaron con el reclamo de todos los años: incremento salarial para obreros y maestros. También hubo una demanda coyuntural que inició como un conflicto menor —el rechazo a una ley que autorizaba reformas en la propiedad de la tierra—, pero sirvió como eje articulador del descontento contra el Gobierno. Estos reclamos, sumados a las protestas por la “gasolina desestabilizada” que ha dañado miles de vehículos desde mediados de enero, confluyeron en una agenda política que la administración de Paz todavía no consigue encauzar.

El Gobierno en este tiempo se reunió con algunos sectores y logró apagar ciertos focos de conflicto cediendo a demandas, como con la entrega de bonos y la suspensión “temporal” de fiscalización de deudas de algunos sectores. Sin embargo, con los ánimos crispados como caldo de cultivo, en el altiplano surgió la idea de presionar al límite al gobierno y exigir la renuncia del presidente.

A este pedido se fueron sumando, como arrastrados por la dinámica del momento, otras organizaciones y se activaron sectores que hasta entonces estaban fuera del debate político.

Aunque lo coyuntural son las demandas sindicales, muchos analistas ven una herida abierta: el malestar de los sectores populares que se sienten excluidos de la toma de decisiones, luego de haber estado en la mesa del poder —con espacios en el gobierno y prebendas de por medio— por casi 20 años con el Movimiento Al Socialismo (MAS).

En esta nota te contamos qué organizaciones están (o estuvieron) detrás de las protestas y cuáles son sus principales reclamos.

Federación de Campesinos Túpac Katari

El movimiento de campesinos indígenas de La Paz convocó al bloqueo indefinido de caminos del 6 de mayo. Su reclamo es básicamente la renuncia del presidente Rodrigo Paz por desacuerdos con la política de su Gobierno. A casi tres semanas del inicio de su medida de presión, tuvieron adhesiones de otros sectores y la Administradora Boliviana de Carreteras reportó un promedio de 15 piquetes diarios en ese departamento.

Sin una agenda clara de demandas, esta organización protagoniza los bloqueos que tienen cercada la ciudad de La Paz. El representante de esa organización,

Vicente Condori manifestó en un video que ya “no es momento de estar dialogando y negociando” con un gobierno que no los “representa”. “El pueblo los ha elegido y el pueblo los puede sacar”, amenazó.

Central Obrera Boliviana (COB)

Es una de las organizaciones que históricamente ha ejercido presión en la toma de decisiones gubernamentales, que tiene afiliados a prácticamente todos los gremios obreros y que cada año, en abril, presenta una demanda de incremento salarial que habitualmente se anunciaba el 1 de mayo, en el Día del Trabajo.

Este conflicto es el segundo que la COB protagoniza contra el Gobierno de Paz: el primero fue entre diciembre y enero para exigir la abrogación de un decreto que establecía medidas económicas y que fue abrogado en medio de la presión social.

Meses más tarde, en abril, presentaron una demanda de incremento salarial adicional al 20% que habían recibido en enero y, ante la negativa del gobierno, decidieron realizar un “paro indefinido” con movilizaciones con esta y otras demandas, como la repatriación obligatoria de divisas de las exportaciones. El 14 de mayo, su principal dirigente, Mario Argollo, denunció falta de atención a sus pedidos e informó que los dejaron de lado para centrarse en exigir la renuncia del presidente Paz.

Magisterio urbano y rural

Los maestros exigían aumento salarial, ítems laborales y algunas reformas administrativas del ámbito educativo. Para presionar al gobierno realizaron bloqueos en varias regiones del país y paros con la suspensión de clases escolares por hasta 48 horas.

En negociaciones con el Ministerio de Educación, acordaron la semana pasada la suspensión de las medidas de presión al obtener el compromiso de mayor presupuesto para educación, la asignación de ítems, equipamiento tecnológico, elaboración de una nueva ley educativa y un bono anual de 2.400 bolivianos, entre otros beneficios.

Sin embargo, algunos sectores afiliados aún continúan con protestas en La Paz por disconformidad con este acuerdo.

Campesinos de las tierras bajas

Pocos temas son históricamente tan sensibles en Bolivia como los relacionados con la propiedad y el uso de la tierra. En abril, campesinos de las regiones amazónicas de Pando y Beni se movilizaron contra la Ley 1720 que autorizaba reformas en la clasificación de las propiedades agrarias.

Esta norma, promulgada por Paz el 8 de abril en una feria agroindustrial, autorizaba al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a convertir las pequeñas propiedades en medianas, sin más trámite que una solicitud escrita, para poder ofrecerlas como garantía para obtener créditos bancarios.

Luego de una caminata de más de 20 días por un conflicto que inicialmente parecía menor, el Gobierno terminó abrogando la norma que se había convertido en el eje articulador de las protestas, luego de que varias organizaciones expresaron su rechazo por considerar que podía propiciar la concentración de la tierra, dejar en vulnerabilidad a los pequeños productores y poner en riesgo territorios indígenas y comunitarios.

Seguidores del expresidente Evo Morales

En medio de los múltiples conflictos, el evismo se activó como frente de protestas contra el Gobierno. Los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), principalmente productores de hoja de coca del Trópico de Cochabamba, al centro del país, iniciaron una marcha de 190 kilómetros hacia La Paz para exigir respeto a la Constitución Política del Estado ante la propuesta presidencial de hacer reformas parciales para viabilizar su estrategia de desarrollo económico. También exigieron el cese de procesos judiciales contra su líder, que está acorralado en su bastión para evitar su captura, y contra quien la semana pasada se emitió la cuarta orden de aprehensión.

Sin embargo, durante la marcha, que llegó a la sede de Gobierno el lunes, los manifestantes también pedían la renuncia del presidente Paz y expresaban razones dispersas: por la mala calidad de la gasolina, las propuestas de reforma en la propiedad de la tierra, la falta de políticas de austeridad y porque “no piensa en los pobres”.

Mineros cooperativistas

Radicales por el uso de dinamita en las protestas, los mineros cooperativistas aprovecharon que el río estaba revuelto para plantear sus demandas. El jueves protagonizaron una jornada de violencia y enfrentamientos con la Policía en el centro de La Paz mientras sus dirigentes negociaban a puertas cerradas con el gobierno.

Tras más de diez horas de reunión, salió humo blanco en favor de los cooperativistas: el Gobierno suspendió temporalmente la fiscalización de deudas a la Caja Nacional de Salud.

Movimiento Indígena Ponchos Rojos

Una de las organizaciones más numerosas y con mayor influencia en las protestas sociales del altiplano se manifiesta desde hace varios días con bloqueos instalados principalmente en la ciudad de El Alto, colindante con la sede de Gobierno. Sin una agenda clara de demandas, exigen la renuncia del presidente Paz por un rechazo generalizado al rumbo que tomó su gobierno.

A inicios de mes firmaron un pacto de “no traición” con algunos sectores sociales, entre ellos la Central Obrera, y decidieron no llegar a ningún acuerdo con el gobierno mientras no se concrete la renuncia de Paz.

Federación de Juntas Vecinales de La Paz y El Alto

Aunque posiblemente no tengan el consenso de todas las organizaciones afiliadas, las federaciones vecinales también piden la renuncia del presidente por los problemas con el combustible y la supuesta ausencia de una política de austeridad.

Curiosamente, una de las organizaciones que protagoniza las protestas es la Federación Sur de El Alto, que apenas semanas atrás había recibido 66 antenas de internet satelital y un vehículo de regalo por parte del Gobierno.

El dirigente Policarpio Acarapi, quien recibió públicamente las llaves de la camioneta, manifestó en una entrevista con el canal Tele Estrella que “la gente se ha molestado” por la mala calidad de la gasolina, porque la administración de Paz “trata de gobernar a través de decretos” y cuestionó “la falta de austeridad en los salarios de las autoridades y la renta vitalicia de los expresidentes”.

Transportistas

Es uno de los sectores que se manifestó más temprano en reclamo por la “gasolina desestabilizada” que el Gobierno admitió que había distribuido y que dañó miles de vehículos. Si bien hubo acuerdos con algunas federaciones, porque pocas organizaciones en Bolivia tienen tantas ramificaciones internas como el transporte, ningún pacto parece definitivo.

De hecho, el lunes choferes de El Alto anunciaron un paro indefinido y este martes las radios locales reportan que no hay servicio de transporte público. En la víspera, el dirigente Reynaldo Luna manifestó que están contra “la privatización de empresas estratégicas” y de “recursos naturales”. “Ya en este caso, la renuncia del presidente”, informó Luna, citado por el medio Erbol.

Este lunes se vivió una jornada marcada por la violencia en La Paz, donde confluyeron manifestaciones de varios sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz a seis meses de haber asumido el Gobierno. La Plaza Murillo, epicentro del poder político, fue asediada por grupos violentos que intentaron romper el cerco policial con enfrentamientos y explosiones de dinamita durante más de cinco horas.

Los medios locales reportan que hubo saqueos y ataques a instituciones públicas, como el Tribunal Departamental de Justicia y la oficina de Derechos Reales. También se quemó un vehículo policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), se atacó una estación del teleférico en El Alto y hubo agresiones a periodistas y ciudadanos.

Videos que circulan en las redes sociales muestran agresiones contra vendedores ambulantes y pasajeros del transporte público. En un video que se viralizó en redes sociales, una mujer denuncia entre lágrimas que los manifestantes robaron su mercadería y que había perdido todo lo que tenía.

Con el caos desatado, la Policía dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos y evacuó espacios públicos, como la Universidad y el edificio del Órgano Legislativo, para evitar el aumento de disturbios.

Según los reportes de la prensa local, entre los manifestantes había cooperativistas mineros, miembros de la organización indígena Ponchos Rojos, gremiales afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), maestros rurales y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) que llegaron a la sede de Gobierno tras una caminata de 190 kilómetros.

Ante la escalada de tensión, el Gobierno ha descartado dictar un estado de excepción y ha determinado reforzar controles policiales y militares. “En una reunión de evaluación con la Policía y las Fuerzas Armadas se determinó que se van a reforzar las medidas de seguridad y se va a buscar a los delincuentes; no los vamos a dejar libres”, manifestó ante los medios el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo. El ministro aseguró que se van a tomar “medidas duras y estrictas”, pero afirmó que “no hay posibilidad de un estado de excepción, no lo vamos a dictar”.

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, categorizó las protestas entre las que tienen demandas legítimas y los grupos que buscan desestabilizar el Gobierno con violencia. En una entrevista con la radio El Deber, Justiniano señaló que “hay protestas pacíficas, y el gobierno está desde hace semanas atendiéndolas, y otra es la violencia que no va a tener ningún miramiento en la aplicación de la ley”, y agregó que no van a permitir que la violencia “se disfrace de demanda social”.

Según informó el viceministro, las manifestaciones de ayer dejaron al menos diez heridos, entre policías y civiles, y 69 personas detenidas.

Si bien hay intentos de mediación de organizaciones como la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Iglesia Católica, entre otras, los conflictos parecen estar lejos de encontrar solución.

Este martes, se registran 32 puntos de bloqueo, concentrados en los departamentos de Oruro, La Paz y Cochabamba, y hay más sectores sociales que se están sumando a las protestas, como los transportistas de El Alto que iniciaron un paro “indefinido” a partir de hoy.

Según reportes locales, en las primeras horas del martes, las ciudades de La Paz y El Alto se mantenían con algunos puntos de bloqueo, con transporte público interrumpido y con la suspensión de clases escolares en algunos colegios. Adicionalmente, se registra escasez y encarecimiento de alimentos básicos.

En esta espiral de manifestaciones, algunos analistas ven que fuera de las demandas sindicales hay un conflicto de fondo: el reclamo de algunas organizaciones sociales de ser incluidas en la toma de decisiones. Pablo Deheza, columnista y analista político, señaló en entrevista con Infobae que “si el conflicto de fondo no es atendido, esta es la antesala de dos o tres episodios más que el gobierno no va a poder resistir”.

En medio de este escenario, al menos nueve países expresaron su respaldo al gobierno de Paz -Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú-, al igual que 31 expresidentes del grupo Idea y el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) programó para este miércoles una sesión extraordinaria para evaluar la situación política y social que atraviesa el país.

Expresidentes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo Idea) se manifestaron este lunes en relación con las protestas sociales y pedidos de renuncia que enfrenta el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

En una carta abierta, 31 exmandatarios —entre ellos los bolivianos Jeanine Añez (2019-2020) y Jorge Quiroga (2001-2002)— pidieron a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a España “vigilar las protestas” en el país, al considerar que “la manipulación política de la protesta social, en la experiencia de Bolivia, se direcciona a afectar la estabilidad de las instituciones democráticas”.

“Urgimos a los gobiernos democráticos de España y las Américas se mantengan vigilantes y al secretario general y al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos disponer las medidas de prevención que les exige, al efecto, la Carta Democrática Interamericana”, expresaron en la misiva firmada por figuras como el expresidente mexicano Vicente Fox, la costarricense Laura Chinchilla, el español Mariano Rajoy, el colombiano Iván Duque y el argentino Mauricio Macri, entre otros.

El Grupo Idea señaló que Bolivia tiene “un gobierno legítimo, producto del ejercicio libérrimo de la soberanía popular” que inició su gestión en noviembre pasado tras ganar el balotaje con el 55% de los votos.

Bolivia enfrenta desde inicios de mayo una sucesión de protestas sociales que iniciaron con demandas sindicales —como aumento de salarios y el rechazo a una ley de reclasificación de las tierras—, pero que pronto derivaron en pedidos de renuncia contra Paz.

Los conflictos se radicalizaron el 6 de mayo, cuando la Federación de Campesinos Túpac Katari, compuesta por pobladores del altiplano, organizó un bloqueo “indefinido” en carreteras del occidente para exigir la renuncia del mandatario, que prácticamente tiene cercada La Paz desde entonces. A este grupo se sumaron dirigentes de la Central Obrera Boliviana y del movimiento indígena Ponchos Rojos.

En paralelo, los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) realizaron una marcha de 190 kilómetros que el lunes llegó a La Paz, donde confluyó con manifestaciones de otros sectores, entre ellos mineros cooperativistas y maestros rurales. Las protestas derivaron en hechos de violencia y vandalismo con ataques a instituciones públicas y estaciones del teleférico, además de saqueo en algunos negocios y la quema de un vehículo policial.

Según denunció el vocero presidencial, José Luis Gálvez, se identificaron pedidos para que los manifestantes porten armamento durante las protestas. Sin embargo, no se ha registrado ningún herido ni fallecido por armas de fuego de parte de la Policía ni de los manifestantes hasta ahora.

El Gobierno ha mantenido en este tiempo una política de diálogo con los sectores que tienen demandas sindicales, pero ha criminalizado a quienes exigen la renuncia del presidente, acusándolos sin pruebas de recibir dinero del narcotráfico.

Ante la escalada de conflictos, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, descartó dictar estado de excepción, pero aseguró que se van a reforzar controles policiales y militares para evitar la escalada de violencia.

La carta del Grupo Idea también expresa su preocupación por la escasez de algunos alimentos y productos básicos en La Paz, que está prácticamente cercada desde hace 13 días.

A pesar de los pedidos de diálogo de organizaciones como la Defensoría del Pueblo y la Asamblea de Derechos Humanos, el conflicto parece estar lejos de resolverse por el inicio de protestas de otros sectores, como los choferes de El Alto, y la masificación de los piquetes. Según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras, citado por medios locales, este martes se registran 32 puntos de bloqueo en los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba, diez más que los registrados el día anterior.

La presión de madres y padres de familia de Paraíso, Tabasco, llegó hasta la Torre de Petróleos Mexicanos en la Ciudad de México.

Este lunes, familiares de estudiantes del Jardín de Niños “Agustín Melgar” y de la primaria “Abías Domínguez Alejandro” protestaron para exigir la reubicación inmediata de ambos planteles, ubicados a un costado de la refinería Olmeca de Dos Bocas.

La movilización ocurrió luego de que, hace más de dos meses, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyera públicamente a Pemex revisar y avanzar en el traslado de escuelas cercanas a instalaciones petroleras que representen riesgos para estudiantes y personal docente.

Protesta frente a la Torre de Pemex en CDMX

Con pancartas y una lona con la frase “Pemex, reubica las escuelas ¡ya!”, una representación de madres de familia viajó desde Tabasco para manifestarse frente al edificio central de la petrolera estatal.

Las familias denunciaron que, pese a la instrucción presidencial, no habían recibido información clara sobre el proyecto, los terrenos destinados para las nuevas instalaciones ni un calendario oficial de ejecución.

También acusaron falta de mesas permanentes de trabajo y protocolos inmediatos de protección para las y los alumnos.

De acuerdo con las madres inconformes, cerca de 400 estudiantes toman clases en planteles separados únicamente por una barda de la refinería, situación que consideran insuficiente frente a posibles fugas de gas, incendios o explosiones.

Pemex promete reubicación antes del próximo ciclo escolar

Tras la protesta, una comisión de madres fue recibida por autoridades de Pemex, entre ellas Raúl Ojeda, gerente de Responsabilidad Social de la empresa, y Marcela Villegas Silva, directora de Administración y Servicios.

Durante el encuentro, Pemex aseguró que ya existe un proyecto para reubicar ambas escuelas y que las obras buscan concluir antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Según relataron las madres tras la reunión, la propuesta contempla utilizar terrenos disponibles en planteles ya existentes en el centro de Paraíso, donde se construirían nuevas aulas y espacios escolares.

Cindy Barjau, una de las madres participantes, explicó que las autoridades garantizaron que las nuevas instalaciones serán iguales o mejores que las actuales y contarán con mayor espacio para las niñas y niños.

Sin embargo, las familias advirtieron que mantendrán la presión hasta observar avances concretos en la construcción.

“Hasta que no veamos la primera piedra no vamos a estar tranquilas”, señalaron representantes del movimiento.

Riesgos ambientales y de seguridad cerca de la refinería Dos Bocas

La exigencia de reubicación se da en un contexto de preocupación creciente por los riesgos ambientales y de seguridad que enfrentan escuelas cercanas a complejos de refinación.

Madres de familia denunciaron que, en los últimos meses, se han registrado diversos incidentes en la zona, además de afectaciones a la salud de estudiantes y docentes, como dolores de cabeza, irritación en garganta y nariz, tos persistente y molestias respiratorias.

Especialistas y organizaciones han advertido que la exposición constante a emisiones industriales puede afectar especialmente a menores de edad.

Entre los principales riesgos se encuentran:

• Exposición a contaminantes como dióxido de azufre, benceno y partículas suspendidas.
• Problemas respiratorios y agravamiento de enfermedades como el asma.
• Riesgo por fugas de gas, incendios o explosiones industriales.
• Presencia de ruido intenso y vibraciones constantes.
• Caída de residuos y partículas sobre patios y áreas escolares.

Además, reportes periodísticos recientes señalan que en México existen al menos 49 escuelas ubicadas en un radio menor a cinco kilómetros de refinerías de Pemex, incluyendo complejos como Tula, Cadereyta, Madero y Dos Bocas.

Sheinbaum pidió revisar contaminación en escuelas cercanas a refinerías

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado previamente que la reubicación de planteles deberá sustentarse en estudios ambientales y análisis de riesgo.

En el caso de Paraíso, Tabasco, las autoridades federales buscan determinar el impacto de la contaminación y las condiciones de seguridad alrededor de la refinería Olmeca, inaugurada como uno de los proyectos prioritarios del gobierno federal.

Las familias, no obstante, sostienen que la cercanía de las escuelas con las instalaciones petroleras representa un peligro latente que no puede esperar más evaluaciones prolongadas.

Pemex anuncia mesas de diálogo con familias de Tabasco

Horas después de la protesta, Pemex difundió un mensaje en redes sociales en el que confirmó la reunión con madres y padres de familia y reiteró que se mantendrán abiertos los canales de comunicación con la comunidad escolar.

La empresa productiva del Estado informó que se acordó realizar reuniones periódicas para dar seguimiento a los compromisos relacionados con la reubicación de ambos planteles.

Además, se prevé una próxima reunión en Paraíso con participación de autoridades educativas, representantes de Pemex, arquitectos y personal de la Secretaría de Educación Pública para explicar los alcances del proyecto y atender dudas de las familias.

Mientras tanto, madres y padres insistieron en que se implementen medidas de protección urgentes para garantizar la seguridad de las y los estudiantes mientras continúan las clases en las escuelas aledañas a la refinería.

Este lunes arranca la tercera semana de bloqueos y conflictos en Bolivia que iniciaron con demandas sectoriales y derivaron en pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz, que lleva seis meses en funciones.

Según la Administradora Boliviana de Carreteras, se registran 22 piquetes en todo el país, la mayoría concentrados en el departamento de La Paz, donde los campesinos de la Federación Túpac Katari han instalado “bloqueos indefinidos” para exigir la renuncia del primer mandatario. A este sector se sumaron dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y el movimiento indígena Ponchos Rojos que protesta en la ciudad de El Alto, colindante con La Paz.

Para este lunes se tiene prevista la llegada de una marcha que los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) iniciaron el martes pasado en la localidad orureña de Caracollo, distante a 190 kilómetros de La Paz.

En una transmisión en vivo de la marcha, los manifestantes reclamaron por una diversidad de asuntos: la mala calidad del combustible, las propuestas de reforma en la propiedad de la tierra, la falta de políticas de austeridad y respeto a la Constitución Política del Estado, luego de que el Gobierno anunciara que impulsará una reforma parcial para ajustarla a su estrategia de desarrollo económico, entre otros.

Durante la marcha, se escuchaba a los manifestantes pedir la renuncia del presidente. “Que se vaya este gobierno incapaz, que no piensa en los pobres y la gente de a pie”, manifestó uno de los marchistas. “Solo está gobernando para unas pocas personas”, agregó.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, garantizó el derecho a la protesta siempre y cuando no se cometan “delitos”. “Si (esta marcha) es pacífica, si no cometen delitos, va a poder desarrollarse (la manifestación) y va a poder continuar su camino de vuelta hacia el trópico, pero si comete delitos, vamos a tener que tomar las acciones que nos ampara la ley”, señaló en una entrevista con el canal Unitel.

Desde que inició el conflicto, el Gobierno ha realizado reuniones con algunos sectores movilizados, entre ellos maestros y mineros cooperativistas, para negociar sus demandas sindicales y ha logrado mitigar algunos frentes de conflicto.

Sin embargo, ante la radicalización de las protestas y los crecientes pedidos de renuncia, el Ejecutivo ha denunciado un “plan macabro” financiado por el narcotráfico para desestabilizar su gestión. Tanto el vocero presidencial, José Luis Gálvez, como algunos ministros y viceministros han responsabilizado al expresidente Morales de ser una especie de “autor intelectual” detrás de las protestas.

Para algunos analistas, fuera de los reclamos específicos de cada sector, la diversidad de las organizaciones movilizadas y los crecientes pedidos de renuncia son el síntoma de un descontento generalizado por la exclusión de sectores populares e indígenas en la toma de decisiones.

“Lo que subyace como denominador común es que, más allá de las demandas sectoriales legítimas y habituales, es la sensación de reclamo político, de decir: ‘no nos van a estar ninguneando’”, explicó el analista político Pablo Deheza, en una entrevista con Infobae.

En medio de la ola de protestas, los habitantes de La Paz atraviesan horas de tensión. Según reportes locales, el transporte público se ha suspendido parcialmente al igual que las clases escolares en algunos colegios, que han optado por la modalidad virtual mientras se mantiene el conflicto. También se reportan la escasez y el encarecimiento de productos de la canasta básica.

En tanto, el centro de la ciudad permanece con resguardo policial y se han instalado anillos de seguridad en torno a la Plaza Murillo, donde están las sedes del Legislativo y Ejecutivo, ante la inminente llegada de los marchistas.

El fin de semana, las autoridades desplegaron un operativo policial y militar en algunos piquetes para habilitar un “corredor humanitario” para el transporte de comida e insumos médicos. Sin embargo, horas después los bloqueos se volvieron a instalar.

El Gobierno de Bolivia convocó al diálogo a los tres sectores que mantienen las protestas y bloqueos de caminos, exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en un intento por consensuar un “plan de trabajo” y así frenar la tensión social que afecta al país.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, dijo al canal estatal Bolivia Tv que la invitación está prevista para el domingo en la Casa de Gobierno y está dirigida a la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) y a la Confederación de Mujeres Indígenas ‘Bartolina Sisa’.

“Todo (es) con el fin de entablar conversaciones, un diálogo productivo, para identificar las distintas necesidades que hay en la ciudad de El Alto (y) construir un plan de trabajo”, explicó el portavoz.

Gálvez no precisó si la convocatoria también incluye a la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor organización sindical del país.

La COB sostiene dos semanas de movilizaciones que comenzaron con la exigencia de un incremento salarial del 20%, pero después se sumó el pedido de renuncia de Paz de los campesinos, que encabezan las manifestaciones.

La Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia realizaron este sábado una operación conjunta para despejar las principales carreteras que conectan a La Paz, y su vecina El Alto, con el resto del país y abrir un “corredor humanitario” para el paso de camiones con combustible y oxígeno medicinal, además de vehículos particulares que estaban parados en las rutas.

La operación chocó con la resistencia de los movilizados en el sur de La Paz y en la zona de Río Seco, en El Alto, quienes respondieron con piedras y cargas de dinamita a los gases lacrimógenos que utilizaron los agentes policiales y militares.

La acción desbloqueó parcialmente la carretera troncal que une La Paz con la región de Oruro y el Gobierno ordenó luego el repliegue de policías y militares para evitar un “derramamiento de sangre” que afecte a cualquiera de los dos bandos.

También esta jornada, el Gobierno llegó a un acuerdo con los maestros, tras varias horas de negociación en la ciudad central de Cochabamba, sector que desde hace varios días se movilizó para pedir un mejor trato salarial, junto a otras demandas.

Asimismo, el mandatario Paz se reunió en La Paz con los representantes de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto.

Hace unos días, el Gobierno también logró acuerdos con los mineros cooperativistas, después de que este sector organizó una protesta el jueves en La Paz que terminó en enfrentamientos con la Policía.

Heridos y detenidos

La Defensoría del Pueblo de Bolivia informó este sábado que la operación militar y policial para intentar desbloquear carreteras en el departamento de La Paz y los posteriores enfrentamientos entre manifestantes y agentes dejaron 47 personas detenidas y cinco heridas.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó a los medios que hacia el final de la tarde, se registraron 47 personas detenidas, en las ciudades vecinas de La Paz y El Alto, cuya situación fue monitoreada y se buscó que se les asignen abogados de defensa pública.

También indicó que tienen registro de “5 personas heridas, entre ellas ciudadanos con afectaciones oculares y faciales que recibieron atención médica”, sin dar mayores detalles al respecto.

Además, la Defensoría verificó “agresiones e impedimento al trabajo de periodistas y trabajadores de la prensa en cobertura de los hechos”, ante lo cual Callisaya pidió “proteger” la labor de los informadores.

(con información de EFE)

Ocho países latinoamericanos han firmado este viernes una declaración conjunta sobre “la situación humanitaria” en Bolivia, en medio de las protestas de los sectores minero, agrícola y docente que han dejado la capital paralizada y a la administración de Rodrigo Paz en plena crisis.

“Los países abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por la situación humanitaria en Bolivia, producto de las protestas y bloqueos de carreteras que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población”, han declarado conjuntamente Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú.

El Gobierno boliviano se enfrenta a un clima de creciente tensión tras semanas de protestas convocadas por diversos sectores sociales que exigen mejoras salariales y rechazan la privatización de empresas públicas. La crisis se ha agudizado este viernes con la movilización de miles de mineros, quienes han paralizado la capital del país en demanda de atención a sus reclamos, en una jornada que ha derivado en duros enfrentamientos directos con agentes de las fuerzas antidisturbios.

Es por ello por lo que los países firmantes han rechazado de esta manera “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático” y a “alterar la institucionalidad” del Gobierno boliviano. Además, han querido respaldar al presidente de Bolivia Rodrigo Paz, “elegido democráticamente en las elecciones generales de 2025”.

“En este sentido, reiteramos nuestra solidaridad con el Gobierno y el pueblo boliviano y exhortamos a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social”, ha condenado el comunicado.

Actuar con “firmeza” para mantener la paz social

Por su parte, el Ejecutivo boliviano ha agradecido este mismo viernes a través de un comunicado las muestras de apoyo trasladadas por países de la región y organismos internacionales ante la crisis derivada de las protestas y bloqueos, y ha subrayado que mantendrá abiertos los canales de diálogo, si bien actuará con “firmeza” frente a cualquier intento de “quebrantar la paz social” y la “institucionalidad” en el país.

“El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia expresa su más profundo agradecimiento a los países amigos, organismos internacionales y líderes democráticos que, en estos días complejos para nuestra patria, han hecho llegar su solidaridad, su respaldo institucional y su firme defensa del orden constitucional y democrático de Bolivia”, ha señalado el Ministerio de Exteriores boliviano en un comunicado en el que ha rechazado las “acciones desestabilizadoras” y cualquier medida de presión orientada a desconocer “la voluntad soberana del pueblo boliviano expresada en las urnas”.

Asimismo, las autoridades bolivianas han defendido que el comunicado internacional ha enviado “un mensaje claro” frente a quienes “apuestan por el caos, la confrontación y el bloqueo permanente”: “La democracia se respeta, la estabilidad se protege y los gobiernos legítimamente construidos deben concluir sus mandatos en paz y dentro del marco constitucional”, continúa el escrito emitido desde La Paz.

Así la cosas, el ministro de Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, ha reiterado que el Ejecutivo seguirá apostando por “el diálogo, la reconciliación nacional y la transformación democrática”, al tiempo que ha recalcado que “ningún interés sectorial ni ninguna acción de fuerza estará por encima del bienestar colectivo de los bolivianos”.

Agradecimiento especial a Milei

Rodrigo Paz, agradeció este viernes a su homólogo de Argentina, Javier Milei, por el envío de dos aviones Hércules para el traslado de alimentos desde las regiones productoras hacia ciudades como La Paz, que están afectadas por los bloqueos de carreteras de sindicatos de campesinos.

“Mi más profundo agradecimiento al presidente @JMilei por el invaluable apoyo brindado a Bolivia con el envío de los aviones Hércules para tareas de asistencia humanitaria”, escribió Paz en sus redes sociales.

El mandatario, que lleva seis meses de gestión, sostuvo que este “gesto de solidaridad no solo fortalece los históricos lazos de hermandad” entre ambos países, sino que también “representa un alivio vital” para las comunidades bolivianas “en momentos de gran necesidad”.

“Valoramos profundamente la disposición de la República Argentina para colaborar en la protección de la vida y el bienestar de nuestro pueblo. ¡Gracias, Presidente!”, agregó.

El vocero presidencial de Bolivia, José Luis Gálvez, anunció más temprano que Argentina enviará dos aviones Hércules para reforzar el “puente aéreo” que viene realizando el Ejecutivo nacional desde el lunes para abastecer de algunos alimentos a las ciudades de La Paz y El Alto, que están entre las más afectadas por los bloqueos de vías.

Los campesinos del altiplano de La Paz mantienen bloqueos de carreteras desde hace diez días para exigir la renuncia de Paz, una demanda respaldada por la Central Obrera Boliviana (COB), que inicialmente reclamaba un aumento salarial del 20 %.

Los bloqueos se han concentrado principalmente en el departamento de La Paz, lo que impide el tránsito terrestre hacia el interior del país, Chile y Perú.

Estas medidas de protesta están ocasionando desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos como oxígeno para los hospitales en La Paz y El Alto y, según las autoridades nacionales, han dejado tres fallecidos que no pudieron recibir atención médica oportuna.

El Ejecutivo reportó una pérdida de 456,9 millones de bolivianos (unos 66 millones de dólares) en distintas áreas vinculadas con el turismo.

La Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica pidieron que se abran “corredores humanitarios” en los bloqueos para “garantizar el paso irrestricto de ambulancias, medicamentos, alimentos y combustible” e instaron a las autoridades a generar “espacios de diálogo efectivo” con los movilizados.

La COB y los sindicatos de obreros, indígenas y campesinos fueron aliados de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

El Gobierno ha denunciado un “plan macabro” supuestamente diseñado por Morales para “romper el orden constitucional” y que presuntamente está “financiado” por el narcotráfico.

El ex presidente sostuvo que el Ejecutivo está obligado “a demostrar las mentiras” y cuestionó que se le señale de pagar las movilizaciones, porque, según dijo, eso implicaría acusar a todos los sectores en conflicto de ser “narcotraficantes”.

Por su parte, Paz advirtió que quienes intenten “destrozar” la democracia serán encarcelados y su vocero sostuvo que el Gobierno está abierto al diálogo con los sectores “que quieran dialogar y construir soluciones”.

(Con información de Europa Press y EFE)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó el viernes que quienes intenten destruir la democracia enfrentarán a la justicia, en el contexto de protestas sociales que, según las autoridades, responden a un plan de desestabilización con presunta financiación del narcotráfico.

“Lo digo con absoluta firmeza (...) Esos que intentan, del pasado, destrozar esta democracia se van a ir a la cárcel porque el valor de la democracia está por encima de cualquier interés personal”, expresó el mandatario durante una conferencia en el antiguo Palacio de Gobierno.

Paz hizo estas declaraciones tras la presentación del informe ‘Democracias bajo presión: Reimaginar los futuros de la democracia y el desarrollo en América Latina y el Caribe’, a cargo de la subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora regional del PNUD, Michelle Muschett.

El presidente, con más de seis meses en el cargo, describió el momento actual como un “cataclismo” y habló de una “ruptura” entre la visión política y democrática del siglo XX y la construcción de la convivencia y el desarrollo en Bolivia en el siglo XXI.

También expuso el “estado rentista”, la economía informal, que alcanza el 85%, y la existencia de una “pseudo democracia” con un partido único, en referencia al Movimiento al Socialismo (MAS), que encabezaron los ex presidentes Evo Morales y Luis Arce.

Según Paz, la sociedad boliviana vivió “secuestrada” por el Estado durante 25 años y ahora existen “libertades para poder desarrollar sin la tutela” estatal. “Es una suerte de ‘síndrome de Estocolmo’. Sigues buscando a tus secuestradores, cuando no es un problema de pasado, (...) sino que es un problema de convivencia”, señaló.

Paz informó que negoció durante cerca de 12 horas con los mineros cooperativistas de Potosí, reunión por la cual llegó a un acuerdo que puso fin a la movilización tras los incidentes violentos ocurridos el jueves en La Paz.

La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ mantienen protestas y bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Paz, al considerar que no resuelve los conflictos en el país.

Además, centenares de simpatizantes de Evo Morales avanzan hacia la sede del Gobierno y planean llegar el lunes para reclamar la dimisión del mandatario.

Por su parte, el vocero gubernamental, José Luis Gálvez, señaló que las protestas sociales estarían promovidas por el ex mandatario Morales con la intención de “romper el orden constitucional”. “Estas fuerzas oscuras quieren desestabilizar la democracia”, declaró Gálvez, quien atribuyó la planificación, financiamiento y operación del supuesto plan a la región del Chapare, bastión político y sindical de Morales en Cochabamba.

“Bolivia no va a vivir secuestrada por políticos del Chapare que en alianza con el narcotráfico quieren tomar a la fuerza el poder”, afirmó el portavoz en conferencia de prensa. Gálvez también expresó la disposición del Gobierno de Rodrigo Paz para dialogar con los sectores que presentan “demandas legítimas”.

Morales no respondió directamente a las acusaciones, pero horas antes publicó vía X que “los indignados están movidos por su conciencia social y su bronca contra un gobierno que desde el primer día traicionó a sus electores y a la patria”. Según Morales, los “miles” de manifestantes no responden a “una sola persona”.

En el ámbito internacional, ocho países latinoamericanos firmaron el viernes una declaración conjunta sobre “la situación humanitaria” en Bolivia, en el contexto de las protestas que mantuvieron paralizada la capital.

“Los países abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por la situación humanitaria en Bolivia, producto de las protestas y bloqueos de carreteras que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población”, expresaron en el documento Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú.

(Con información de EFE)

El Gobierno de Bolivia denunció la existencia de un “plan macabro” para derrocar al presidente Rodrigo Paz que estaría financiado por el narcotráfico. Según el vocero gubernamental, José Luis Gálvez, las protestas sociales estarían promovidas por el expresidente Evo Morales (2006-2019) con el objetivo de “romper el orden constitucional”.

“Estas fuerzas oscuras quieren desestabilizar la democracia”, manifestó el vocero y dijo que el plan fue “pensado, financiado y operado” en la región del Chapare, el bastión político y sindical de Morales en Cochabamba, al centro del país.

“Bolivia no va a vivir secuestrada por políticos del Chapare que en alianza con el narcotráfico quieren tomar a la fuerza el poder”, agregó Gálvez, en una conferencia de prensa en la que manifestó la predisposición de la administración de Paz para dialogar con los sectores que tienen “demandas legítimas”.

Morales no hizo referencia a las acusaciones del vocero, pero horas antes había manifestado en X que “los indignados están movidos por su conciencia social y su bronca contra un gobierno que desde el primer día traicionó a sus electores y a la patria” y que los “miles” de manifestantes no obedecen a “una sola persona”.

Este jueves se vivió una jornada de violencia en la que cooperativistas mineros se enfrentaron con la Policía en el centro de La Paz mientras sus dirigentes se reunían con el Gobierno para negociar pedidos sindicales. Según el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en la madrugada se llegó a un acuerdo para suspender las medidas de presión sobre el que hasta la publicación de esta nota no se ha dado más información.

Sin embargo, el de los mineros es solo uno de los frentes de múltiples conflictos que enfrenta el Ejecutivo. En las últimas semanas hubo una escalada de protestas que inició con demandas de varios sectores —como maestros y transportistas— que derivó en crecientes pedidos de renuncia al presidente.

Hace diez días, la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz inició un bloqueo de caminos “indefinido” que ha provocado un cerco a la sede de Gobierno, con un promedio de 20 piquetes simultáneos, para exigir la dimisión de Paz. Este jueves, la Central Obrera Boliviana (COB) anunció su adhesión a las protestas por un rechazo general a las políticas gubernamentales, luego de que no fuera aceptada su demanda de incremento salarial.

El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, afirmó ante los medios que “el pedido único” que tiene el sindicato de trabajadores es “la renuncia del presidente por la falta de capacidad de solucionar los problemas estructurales del país”.

Por otro lado, los seguidores del expresidente Morales iniciaron el martes una marcha de 190 kilómetros hacia La Paz en rechazo a la propuesta presidencial de hacer reformas parciales a la Constitución Política del Estado y para exigir el cese de los procesos judiciales que tienen acorralado a su líder en su bastión. Se estima que la marcha arribe a la sede de Gobierno el martes de la próxima semana.

Ante la escalada de conflictos, la administración de Paz ha llamado al diálogo a los sectores para negociar las demandas sindicales y ha firmado un decreto para entregar un bono “por única vez” a la Policía.

El pago, denominado “Reconocimiento Económico por el Bicentenario de la Policía”, se entregará en reconocimiento a “la noble labor cumplida en defensa de la sociedad y la conservación del orden público”, señala el Decreto Supremo 5620. Si bien el documento no menciona el monto, fuentes policiales señalaron que es casi equivalente a un salario mínimo.

En este escenario de conflictividad, el vocero del evismo, Christian Velasco, denunció que el Gobierno apunta a dictar estado de sitio en dos departamentos y detener al líder cocalero. “Por información de militares patriotas, en las próximas horas se estaría dictando estado de sitio en los departamentos de La Paz y Cochabamba con la excusa de las protestas sociales”, afirmó Velasco en un video difundido en redes sociales y dijo que la intervención militar tendría como fin “detener al presidente Evo Morales o quitarle la vida”.

El vocero Gálvez no descartó la implementación de medidas de excepción y manifestó que se hará uso de las herramientas constitucionales para preservar el orden democrático. “El gobierno ha evaluado todas las atribuciones que la Constitución le permite y lo que hará el gobierno es usar esas prerrogativas cuando sea pertinente para garantizar la paz social y el bienestar de los bolivianos”, afirmó.

Miles de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han protagonizado protestas en diversos estados del país, así como en la Ciudad de México, para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la restitución de un sistema de pensiones considerado justo por el magisterio.

Las movilizaciones han generado paros de actividades, marchas, plantones y bloqueos, afectando la operación de escuelas y el tránsito en la capital y otras entidades.

La CNTE argumenta que la Ley del ISSSTE de 2007 modificó de manera profunda el modelo de jubilación y pensiones de los trabajadores del sector educativo y del Estado.

Entre los cambios más señalados, el sindicato destaca el paso de un sistema solidario a un modelo de cuentas individuales, lo que, según sus voceros, ha reducido de forma significativa los ingresos de los docentes al momento de su retiro.

La organización sostiene que este esquema vulnera derechos adquiridos y condena a generaciones de trabajadores a una vejez con menos recursos.

A lo largo de mayo, los contingentes realizaron paros nacionales, marchas masivas y bloqueos de vías principales en la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero y otros estados.

Contexto de la Ley del ISSSTE y motivos del rechazo

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), aprobada en 2007, introdujo un nuevo sistema de pensiones basado en cuentas individuales administradas por Afores, eliminando el modelo solidario anterior.

Para la CNTE, esta reforma representó una ruptura con el derecho a la jubilación digna que, afirman, caracterizó a generaciones previas de trabajadores estatales.

El sindicato denuncia que la ley aumentó los requisitos de edad y años de servicio para acceder a la jubilación, además de disminuir el monto de las pensiones al depender del ahorro individual y los rendimientos del mercado financiero.

La CNTE considera que esto afecta especialmente a trabajadores con trayectorias largas y salarios bajos, quienes, según sus cálculos, enfrentan pensiones insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

En declaraciones recientes, portavoces de la CNTE señalaron que la reforma “robó” derechos a los trabajadores y resultó en un retroceso social.

De acuerdo con los comunicados emitidos durante las protestas, el regreso al sistema solidario de reparto y la abrogación total de la ley constituyen demandas “irrenunciables” para el movimiento magisterial.

Principales exigencias de la CNTE durante 2026

El pliego petitorio presentado por la CNTE ante el gobierno federal incluye:

• La abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007
• El regreso al sistema de pensiones anterior,
• Incremento salarial del 100% al sueldo base para los docentes.

Además, exigen la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), a la que acusan de promover un esquema de evaluación y permanencia considerado punitivo.

Otra demanda relevante es la basificación de todos los trabajadores eventuales y la asignación automática de plazas para normalistas egresados.

La CNTE también solicita la cancelación de descuentos salariales por días de paro y la reinstalación de docentes despedidos en años anteriores.

Durante la primera quincena de mayo de 2026, la CNTE organizó asambleas estatales para coordinar acciones, así como una Asamblea Nacional Representativa que definió la agenda de movilizaciones y los mecanismos de diálogo con el gobierno federal.

Según informes del sindicato, más de 80 mil docentes participaron en paros y bloqueos en los días de mayor movilización.

Respuestas oficiales y estado actual de las negociaciones

La Secretaría de Gobernación instaló mesas de trabajo con representantes de la CNTE, donde se abordaron los puntos del pliego petitorio, sin alcanzar acuerdos definitivos en las primeras rondas.

El gobierno federal anunció el retiro de una iniciativa para aumentar la edad de jubilación, en un intento por contener el descontento del magisterio.

Sin embargo, la CNTE consideró insuficiente la medida y reiteró su exigencia de abrogación total de la ley, así como el establecimiento de un nuevo modelo de seguridad social para el sector educativo.

Por su parte, legisladores de la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados señalaron que el debate sobre la Ley del ISSSTE requiere una discusión amplia y la participación de todas las fuerzas políticas y sectores involucrados.

Hasta el momento, no existe un acuerdo parlamentario para modificar el texto vigente.

En las últimas semanas, la CNTE advirtió que mantendrá los paros y plantones en tanto no se atiendan sus demandas de fondo. El sindicato convocó a nuevas movilizaciones nacionales y advirtió que la protesta podría agudizarse en los próximos meses, a menos que el gobierno federal y el Congreso presenten una propuesta de reforma integral al sistema de pensiones del ISSSTE.

Durante las últimas horas, grupos de estudiantes permanecieron en los exteriores y accesos de la universidad con pancartas y consignas contra la eventual continuidad de la actual gestión. En las puertas de la casa de estudios se observó mensajes como “No a la reelección de la rectora Jeri”, mientras los manifestantes realizaron una protesta pacífica acompañada incluso por instrumentos musicales.

El conflicto se intensificó luego de una sesión extraordinaria del Consejo Universitario, espacio en el que la rectora informó que presentó denuncias penales contra estudiantes señalados por presuntos daños a la infraestructura universitaria. La decisión provocó rechazo entre los jóvenes que participan en la toma del campus y aumentó la confrontación verbal entre ambas partes.

La situación ocurre además pocos días después de las celebraciones por el aniversario número 475 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, considerada la Decana de América. La toma de la sede universitaria comenzó la noche del 12 de mayo, fecha central de las actividades conmemorativas de la institución.

Consejo Universitario acuerda formar comisión de diálogo

Tras cerca de tres horas de deliberación, el Consejo Universitario acordó crear una comisión especial destinada a iniciar conversaciones con los estudiantes que mantienen ocupada la ciudad universitaria. La medida surgió luego de posiciones divididas entre los decanos y autoridades presentes en la reunión extraordinaria.

Algunos integrantes del consejo solicitaron escuchar las demandas estudiantiles antes de adoptar nuevas decisiones, mientras otro sector respaldó la posición de la rectora y exigió que los manifestantes abandonen primero el campus para abrir un proceso de negociación.

Durante la sesión, Jerí Ramón insistió en la necesidad de recuperar el funcionamiento regular de la universidad. “Lo que queremos es que la universidad vuelva a su normalidad, pero también se ponga una línea de que no pueden seguir haciendo lo que están haciendo. Uno puede discrepar, hasta en las mejores familias discrepamos, pero no podemos ir con agresiones”, declaró la autoridad universitaria.

La rectora también señaló que el diálogo dependerá de una eventual disposición de los estudiantes para levantar la medida de protesta. “Si hay voluntad de los alumnos, estamos hablando (que les damos) un plazo de 24 horas. Por eso es que yo los convoco para el día de mañana a la misma hora, a las 5 de la tarde para continuar con el consejo. Tendremos un consejo ordinario y en esa continuidad podemos ver el informe también de la comisión”, manifestó durante la reunión.

Estudiantes rechazan proyecto sobre reelección de autoridades

El origen de la protesta se encuentra en el debate legislativo previsto para el 14 de mayo en el Congreso de la República. Según los estudiantes movilizados, el proyecto permitiría la reelección inmediata de autoridades universitarias, incluida la actual rectora de San Marcos.

La oposición estudiantil se trasladó a distintos puntos de la universidad, donde los jóvenes bloquearon accesos y permanecen concentrados desde la noche del lunes. Las manifestaciones se desarrollaron sin enfrentamientos visibles ni reportes de violencia durante la jornada observada en los exteriores de la casa de estudios.

En medio de la sesión extraordinaria del Consejo Universitario, uno de los decanos calificó como “vándalos” a los estudiantes que participan en la protesta. La expresión generó mayor malestar entre los universitarios, quienes sostienen que la movilización mantiene un carácter pacífico.

Algunas autoridades universitarias plantearon además que las manifestaciones deberían dirigirse hacia el Congreso, debido a que el proyecto de ley se debate en el ámbito legislativo y no dentro de la universidad.

Denuncian daños materiales en la ciudad universitaria

Durante la reunión del Consejo Universitario también se presentó un balance preliminar sobre afectaciones registradas dentro del campus tras la toma estudiantil. Las autoridades mencionaron daños a cámaras de seguridad y retrasos en obras que actualmente se ejecutan en la ciudad universitaria.

La rectora Jerí Ramón sostuvo además que las conversaciones con los estudiantes no incluirán cambios en el proceso electoral interno. Según explicó, las autoridades universitarias no pueden intervenir en decisiones ya establecidas por el comité electoral.

“No nos podemos meter con el comité electoral, porque sería entrometernos (en el proceso ya fijado). Sería retrotraer (lo avanzado)”, indicó durante la sesión extraordinaria.

Mientras continúan las coordinaciones para instalar la comisión especial, grupos de estudiantes permanecen atrincherados en diferentes accesos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la espera del debate legislativo programado para este miércoles.

La jornada de tensión coincidió con una sesión del Consejo Universitario que abordaba precisamente la modificación de las escalas de pago. En medio de la protesta, estudiantes ingresaron a las oficinas administrativas para exigir la anulación del esquema aprobado por las autoridades universitarias. Reportes difundidos durante la movilización señalaron que los consejeros abandonaron el lugar de forma apresurada tras el ingreso de los manifestantes.

El conflicto en la PUCP apareció días después de anteriores plantones dentro del campus. La Federación de Estudiantes cuestionó la reforma por considerar que limita el acceso de jóvenes con menos recursos económicos a la educación superior. La protesta también motivó un despliegue policial en los exteriores de la universidad, mientras grupos de alumnos permanecían en la vía pública.

Debate sobre el nuevo sistema de pensiones

La principal demanda estudiantil apunta a la reforma del sistema de escalas que entrará en vigencia para los ingresantes del ciclo 2027-I. Según la PUCP, el nuevo modelo pasará de nueve a ocho niveles y combinará cuatro escalas regulares con cuatro niveles de becas, entre ellas las Becas Mac Gregor y Lucet. La universidad indicó que las actuales escalas G1, G2 y G3 se transformarán en becas dirigidas a estudiantes que accedan tras una evaluación socioeconómica.

En la información oficial difundida por la universidad se observa que un estudiante con evaluación socioeconómica podría acceder a una pensión mensual de S/1.600 bajo la categoría B1. El cuadro también detalla otros niveles con pagos diferenciados según las condiciones económicas familiares.

La PUCP sostuvo en un comunicado que “el nuevo sistema no representa un alza de pensiones” y precisó que “mantiene la misma amplitud de apoyo económico que otorga la Universidad”. La institución también afirmó que el modelo “organiza de manera más eficiente y transparente” las modalidades de apoyo económico.

“La Universidad mantiene sus niveles de apoyo, esta reforma los asegura y permite expandirlo a diversos sectores”, indicó la institución en el pronunciamiento difundido el 13 de mayo de 2026.

La casa de estudios también informó que implementará un sistema de evaluación socioeconómica “más claro, predecible y adecuado a las distintas realidades familiares”. Además, precisó que las escalas y becas asignadas a ingresantes 2027-1 no tendrán variaciones adicionales por ajuste inflacionario durante ese periodo.

Protestas universitarias también alcanzan a San Marcos

La movilización en la PUCP coincidió con otro conflicto universitario en Lima. Desde el martes a las 5:00 p.m., estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos iniciaron una toma pacífica de la Ciudad Universitaria.

Los alumnos de la UNMSM expresaron su rechazo a un proyecto de ley que propone permitir la reelección inmediata de autoridades universitarias. Dirigentes estudiantiles informaron que la protesta permanecería hasta el jueves 14 de mayo, fecha prevista para el debate de la iniciativa en el Congreso de la República.

La medida en San Marcos incluyó concentración de estudiantes dentro del campus y anuncios de permanencia continua durante los días previos a la discusión parlamentaria. Los dirigentes sostuvieron que la propuesta legislativa genera preocupación por el impacto que podría tener en la gestión universitaria.

Hay múltiples frentes de conflicto social en Bolivia. A los bloqueos de la federación de campesinos de La Paz, se sumó este lunes una huelga de maestros que provocó la suspensión de clases escolares en reclamo de incremento salarial, ítems educativos y otras demandas relacionadas con las condiciones laborales y el funcionamiento del sistema educativo.

Los maestros urbanos anunciaron que el paro será de 24 horas y estará acompañado por marchas y bloqueos; en tanto en el área rural la suspensión de clases será por dos días.

En relación a sus demandas, el Gobierno descartó el incremento salarial pero afirmó que tiene propuestas para el sector. En ese sentido, la ministra de Educación, Beatriz García, convocó al diálogo al magisterio urbano y rural para este martes a las 15:00 y pidió anteponer el derecho a la educación de los estudiantes a las protestas. “Un día de clases perdido no se recupera”, lamentó.

La protesta de los maestros coincide con la de la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz, con respaldo de la Central Obrera Boliviana (COB), que inicia la segunda semana de bloqueos “indefinidos” en carreteras. Según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras, este lunes se registran 34 puntos de bloqueo por conflictos sociales, la mayoría concentrados en el occidente del país.

El motivo inicial de la protesta buscaba la abrogación de una ley que autoriza la conversión de tierras y soluciones definitivas al problema del combustible. Sin embargo, en los últimos días la medida de presión se radicalizó y algunos dirigentes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

En ese contexto, el Gobierno convocó para este lunes a autoridades, actores políticos y sectores sociales de La Paz a una reunión a la que ha denominado “Encuentro para el Desarrollo y Progreso del Departamento”.

Según el Ministerio de la Presidencia, la convocatoria busca ser un espacio de “diálogo abierto para definir proyectos y reivindicaciones de cada provincia”, en el que se abordarán temas productivos, obras fundamentales e infraestructura caminera.

Las últimas semanas han sido conflictivas para la administración de Paz, que el viernes cumplió seis meses en el gobierno. Las protestas de campesinos y maestros fueron antecedidas por una movilización de choferes que exigía regularizar el abastecimiento de diésel, garantizar la calidad del combustible y acelerar el pago de un resarcimiento económico por daños vehiculares atribuidos a la gasolina contaminada.

El Gobierno logró un acuerdo con los dirigentes del transporte y tuvo acercamientos con otros sectores como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, con quienes se comprometió a promover la abrogación de la ley sobre la clasificación de la tierra.

Sin embargo, indígenas de los departamentos amazónicos de Beni y Pando se mantienen en vigilia hasta la abrogación de la norma luego de haber marchado por más de 25 días para exigir su anulación.

Las medidas de presión han provocado escasez de algunos alimentos de la canasta básica en la región occidental del país y la interrupción de viajes terrestres a nivel nacional e internacional.

Los medios locales informan que hay turistas varados en varias regiones a causa de los bloqueos, entre ellos cerca de 300 peruanos que están en La Paz, Oruro y Uyuni, y que serán evacuados por vía aérea. Según cálculos del Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas y Folclore, el bloqueo deja pérdidas por 20 millones de bolivianos por día, equivalentes a unos 3 millones de dólares.

Tres ministros de Bolivia y el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) recibieron este miércoles a los dirigentes del transporte en la Casa de Gobierno para atender sus demandas, luego de que este martes protagonizaran una jornada de huelga y bloqueos en varias carreteras y ciudades del país.

Los choferes reclaman regularizar el suministro y la calidad del combustible, celeridad en el pago de resarcimientos por daños vehiculares y realizar mejoras en la infraestructura vial, entre otros puntos.

La Administradora Boliviana de Carreteras registró este martes al menos 65 puntos de bloqueo en carreteras troncales, especialmente en la zona sur y occidental del país, por “conflictos sociales” relacionados con la convocatoria que hizo la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia. De igual forma, medios locales reportaron cortes en algunas ciudades como La Paz, El Alto y Cochabamba.

“Es por la irresponsabilidad y el incumplimiento de todos los acuerdos que se han hecho”, dijo a los medios el dirigente sindical Lucio Gómez y agregó que en principio las medidas de presión fueron establecidas por 24 horas, pero pueden extenderse si el Gobierno no atiende sus demandas en las negociaciones.

El ministro de Obras Públicas y brazo derecho del presidente Rodrigo Paz, Mauricio Zamora, afirmó que el Gobierno está dispuesto a recibir a los representantes del sector y abordar punto a punto todas sus demandas. Sin embargo, aclaró que todas las peticiones están siendo atendidas.

Zamora explicó que ya se regularizó el suministro de diésel—que había sido escaso en las últimas semanas por la alta demanda del sector productivo— y afirmó que revisó personalmente que el pago de las compensaciones se realice de manera oportuna al autotransporte afectado.

Por otro lado, afirmó que se van a destinar 125 millones de dólares para un plan de mantenimiento vial, en un proyecto que será enviado a la Asamblea Legislativa en los próximos días para su aprobación. En tanto, se iniciarán algunas obras de reparación en carreteras.

Sin embargo, para algunos choferes las respuestas del Ejecutivo son insuficientes y anunciaron la llegada a La Paz de dirigentes de otras regiones para participar en el encuentro en el que reclaman la presencia del presidente.

“El tema es dialogar, que vayan los quieran, pero la idea es que levanten las medidas de presión y podamos hacer un diálogo más tranquilo”, manifestó el ministro Zamora, a quien acompañan los ministros de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, y de la Presidencia, José Luis Lupo.

El asunto del combustible es uno de los problemas más complejos que heredó la administración de Paz. Tras un par de años de irregularidades en el abastecimiento debido a la baja producción local y dificultades de importación en medio de la crisis económica, el nuevo gobierno quitó en diciembre la subvención al diésel y la gasolina.

Pocas semanas después de esta medida —que se tradujo en el incremento del precio del combustible— surgieron cuestionamientos sobre la calidad de la gasolina y cientos de usuarios denunciaron daños vehiculares atribuibles al combustible. El Gobierno no tardó en admitir que había distribuido “gasolina desestabilizada”, pero sin responsabilizarse por su origen y ofreciendo versiones distintas sobre las causas.

El asunto se agravó en las últimas semanas con denuncias de escasez de diésel y supuestas demoras en el pago de un seguro de resarcimiento de daños vehiculares que el Gobierno creó en medio de la crisis.

La administración de Paz ha cambiado varias veces a las cabezas del sector de hidrocarburos en busca de soluciones para este conflicto, que constituye uno de los desafíos más grandes de su gestión.

El conflicto entre el gobierno hondureño y el sector del transporte urbano dio un giro, cuando el presidente Nasry Asfura confirmó la disponibilidad de fondos para saldar la deuda pendiente con los transportistas, una medida orientada a frenar un eventual aumento en la tarifa del pasaje.

De acuerdo con el mandatario, se cuentan con hasta 320 millones de lempiras para cubrir los pagos atrasados correspondientes al bono compensatorio, un subsidio clave para mantener congelada la tarifa del transporte público en las principales ciudades del país.

Asfura explicó que estos recursos forman parte del Presupuesto General 2026, el cual aún no se había cargado completamente en la plataforma correspondiente. Agregó que, desde el fin de semana, equipos técnicos de la Secretaría de Finanzas trabajan en incorporar la información presupuestaria de cada institución para agilizar los desembolsos.

El desglose de la deuda comprende pagos atrasados de cuatro meses. Según el gobernante, se contempla cancelar 160 millones de lempiras correspondientes a diciembre y enero, y otros 160 millones para cubrir febrero y marzo, con el objetivo de ponerse al día hasta el tercer mes del año.

Suspenden medidas de presión

La respuesta del sector transporte fue inmediata. Un comunicado firmado por dirigentes del transporte urbano de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca confirmó que se ha establecido un canal de comunicación directa con el presidente, lo que representa un avance en las negociaciones.

En su pronunciamiento, los transportistas indicaron que ambas partes han acordado priorizar el diálogo como única vía para resolver las demandas del sector y reconocieron el compromiso del Ejecutivo de proceder sin más retrasos al pago del bono compensatorio adeudado.

Como parte de este acercamiento, la dirigencia nacional del transporte urbano fue citada a una reunión este miércoles con autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT). Se prevé que en dicho encuentro se aborde de forma integral la problemática del rubro y se avance en la definición de soluciones concretas.

En señal de apertura, el sector transporte anunció un “compás de espera”, suspendiendo por el momento posibles medidas de presión, tales como incrementos en la tarifa o paralizaciones del servicio. Esta decisión, según afirmaron, responde a una muestra de voluntad política para construir acuerdos que beneficien tanto a los transportistas como a la población usuaria.

Transportistas exigen pagos

Pese a la tregua, los transportistas recalcaron que permanecerán atentos al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno, especialmente en lo relativo a los pagos pendientes, los cuales consideran fundamentales para la sostenibilidad del servicio.

El conflicto por el subsidio al transporte ha sido frecuente en los últimos años, con tensiones periódicas entre autoridades y transportistas por demoras en los desembolsos. La actual negociación abre una ventana de oportunidad para evitar afectaciones a los usuarios, quienes suelen ser los más impactados por cualquier ajuste en la tarifa o suspensión del servicio.

Por ahora, el desarrollo de las reuniones programadas y la ejecución efectiva de los pagos serán determinantes para mantener la estabilidad en el sistema de transporte urbano y evitar un nuevo episodio de crisis en el sector.

La extracción de Nicolás Maduro calentó la calle en Venezuela. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1.926 protestas durante el primer trimestre de 2026, 144% más en comparación con el mismo período de 2025.

“El aumento de protestas ocurre tras los acontecimientos del 3 de enero, en un escenario de transición política bajo presión internacional, donde la ciudadanía percibe una reducción de la represión abierta, aunque el riesgo no ha desaparecido”, señala el informe del OVCS.

El 3 de enero, fuerzas especiales de Estados Unidos atacaron Venezuela y capturaron a Maduro y su esposa, Cilia Flores. Posteriormente asumió la presidencia encargada Delcy Rodríguez, quien ha planteado un “nuevo momento político” con la aprobación de una Ley de Amnistía y la liberación de centenares de presos políticos.

En paralelo, la Casa Blanca diseñó un plan de tres fases que culminaría con una etapa de transición democrática con elecciones libres. La oposición venezolana y sectores de la sociedad reclaman medidas concretas para convocar esos comicios, al tiempo que urgen el desmontaje del aparato represivo del régimen chavista.

Más libertad

El balance del OVCS indica que 64% del total de manifestaciones guardan relación con la exigencia de derechos civiles y políticos. “Este predominio evidencia que, en el contexto político actual, la ciudadanía destaca la defensa de libertades fundamentales, el acceso a la justicia y el restablecimiento de garantías democráticas, en respuesta a un entorno caracterizado por la persistencia de restricciones al espacio cívico, prácticas de control social y tutelaje internacional”, explican.

El restante 36% se relaciona con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. “En este escenario, el sector laboral mantuvo una agenda permanente y sostenida de movilización nacional, impulsada por la ausencia de un ajuste salarial real durante casi cuatro años, lo que ha profundizado la precarización de los ingresos y el deterioro del poder adquisitivo. A estas demandas se sumaron las exigencias por la regularización de los servicios básicos”, destacan en el reporte.

Por los presos

La demanda de liberación de presos políticos ha estado en el centro de las acciones de calle, con al menos 721 movilizaciones en distintas regiones del país. “Las vigilias permanentes frente a centros de reclusión, así como las huelgas de hambre impulsadas principalmente por mujeres familiares de personas detenidas, se consolidaron como formas sostenidas de presión pacífica”, detalla el OVCS.

Foro Penal, organización no gubernamental que se ha convertido en la principal referencia de este tema, expresó el 30 de abril que aún existen 454 presos políticos en Venezuela. La ONG Justicia Encuentro y Perdón, otra voz autorizada en la materia, eleva la cifra hasta 667. El OVCS subraya que “la Ley de Amnistía generó más protestas que soluciones concretas, ante sus exclusiones y aplicación limitada”.

El chavismo también se mantiene activo. “Simpatizantes del gobierno realizaron al menos 359 acciones de calle, entre marchas y concentraciones, en respaldo a Nicolás Maduro y Cilia Flores”, documenta el Observatorio.

Menos persecución

En los primeros noventa días del año hubo una disminución de la represión de un 45% con respecto al mismo lapso de 2025, con solo 21 casos en nueve estados del país. “Esta reducción se valora positivamente y se asocia, en gran medida, al incremento del escrutinio y el tutelaje internacional sobre la situación venezolana, especialmente tras los acontecimientos del 3 de enero”, comenta el OVCS.

Sin embargo, advierten que el hecho de que haya habido menos episodios de violencia “no implica una transformación estructural de la política represiva. Por el contrario, los hechos documentados evidencian la persistencia y consolidación de patrones de represión, tales como detenciones arbitrarias, uso selectivo del sistema penal y prácticas restrictivas contra quienes ejercen su derecho a la protesta o realizan denuncias públicas”.

Mejores sueldos

En el plano social, el motor de las protestas ha sido la exigencia de derechos laborales con al menos 482 movilizaciones por el deterioro del poder adquisitivo, la práctica extinción del salario mínimo y la destrucción de la seguridad social.

Los reclamos por las fallas en los servicios de agua potable, electricidad, aguas servidas, recolección de desechos sólidos, vialidad y combustible también resaltaron en la agenda.

“La evolución de la conflictividad dependerá en gran medida de dos variables clave: por un lado, la capacidad de las autoridades para avanzar en medidas concretas que generen confianza institucional y garanticen derechos; y por otro, la continuidad del acompañamiento y la presión internacional, que hasta ahora han sido determinantes para contener la represión y abrir espacios, aunque limitados, para la expresión ciudadana”, concluye el Observatorio.

Autoridades federales y del estado de Nayarit garantizan el acceso público a la playa Las Cocinas en Punta Mita como lo exige la ley mexicana, tras recientes manifestaciones vecinales contra un proyecto turístico en la zona, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación el 28 de abril de 2026.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció que se realizarán supervisiones técnicas y procedimientos de verificación en la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) para asegurar el respeto legal y ambiental en toda obra, con la presencia de las autoridades ambientales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Las mesas de diálogo instaladas reunieron a funcionarios estatales, representantes de la empresa desarrolladora y residentes de Punta Mita, con el objetivo de atender las inquietudes de la comunidad y supervisar los avances del proyecto, según el comunicado de la Secretaría de Gobernación.

Cualquier inversión futura en Playa Las Cocinas sólo procederá si cumple los criterios de legalidad, participación social y respeto ecosistémico, además de aportar empleos y un crecimiento económico local, informó la Semarnat.

Las autoridades federales y estatales reiteran que mantendrán la interlocución directa con los grupos involucrados y darán seguimiento institucional pacífico y conforme a derecho a todas las decisiones sobre el acceso a esta playa de Nayarit.

Represión en Nayarit por protestas ambientales

Un operativo de la policía estatal de Nayarit generó tensiones en Bahía de Banderas tras la detención de tres activistas que documentaban la devastación en playa Las Cocinas, un sitio reconocido por la presencia de tortugas y que actualmente enfrenta obras de la empresa Cantiles de Mita, filial de Grupo Dine, que ejecuta un proyecto inmobiliario de lujo en la zona.

Los tres jóvenes quedaron en libertad la noche de este 28 de abril, luego de que pobladores y legisladores exigieron su liberación ante lo que consideraron una detención arbitraria, en medio de protestas que evidencian el conflicto por el destino ambiental de Punta de Mita.

La inversión anunciada en el desarrollo, encabezada por Grupo Dine, asciende a 10 mil millones de pesos y prevé la generación de mil empleos directos, según notificó el propio gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, durante el acto inaugural el pasado 12 de marzo.

La compra de unas mil 200 hectáreas en la región se realizó hace más de dos décadas a un dólar por metro cuadrado, pero hoy la empresa llega a cotizar el suelo hasta en USD 2.200 por metro cuadrado, controlando la mayor parte de Punta de Mita e incluyendo áreas con antecedentes de tala de mangle y relleno de piedra en el estero de La Lancha.

Diputados y comunidad señalan arbitrariedad en procedimiento contra ambientalistas

El diputado federal por el Partido del Trabajo (PT) Jorge Fugio Ortiz calificó la detención de los defensores como “arbitraria e ilegal” y solicitó la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, de la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, de la procuradora federal de Protección al Medio Ambiente Mariana Boy, y de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Ortiz demandó la creación de una mesa de diálogo inmediata, encabezada por las autoridades ambientales federales.

Por su parte, la diputada federal de Morena, Andrea Navarro denunció desde tribuna un “ecocidio” y afirmó que “la constructora Cantiles de Mita SA de CV lleva a cabo obras de gran escala y coloca toneladas de rocas sueltas tipo escollera con maquinaria pesada sin contar con la manifestación de impacto ambiental (MIA)”.

Navarro aseguró que cada vez que los pobladores ejercen su derecho al libre tránsito en la playa son reprimidos y reclamó un cese inmediato a las detenciones.

La Fundación de la Nobel de la Paz Narges Mohammadi denunció este miércoles que la Fiscalía de Teherán, controlada por autoridades del régimen de Irán se niega a conceder a la activista encarcelada una suspensión de su condena por un mes para recibir atención médica cardíaca especializada, que necesita de forma “crítica”.

La organización advirtió que la vida de Mohammadi “corre peligro inminente” tras perder casi 20 kg. de peso y presentar una presión arterial “peligrosamente alta”.

“A pesar de la confirmación oficial de la Oficina del Médico Forense de Zanjan, que indica que Mohammadi necesita al menos un mes de baja médica, la Fiscalía de Teherán sigue bloqueando su liberación” tras varias semanas de gestiones de su equipo legal, señaló la Fundación en un comunicado.

La entidad creada en honor a la premio Nobel de la Paz iraní lamentó que “las autoridades se niegan persistentemente a concederla”. La fundación indicó que, tras una reunión reciente con Mohammadi, su abogado describió su situación física como crítica.

“Durante los últimos tres días, su presión arterial ha fluctuado peligrosamente entre 150/100 y 170/110, sin responder a la medicación”, detalló el comunicado, que agregó una “pérdida de peso alarmante de más de 19 kg” y “un dolor torácico persistente y recurrente”.

El hermano de la activista, Hamidreza Mohammadi, afirmó que vive con el temor constante de recibir la noticia de su muerte. “Esto ya no es solo encarcelamiento; es una muerte lenta. Cada vez que Narges llama a nuestros familiares desde la prisión de Zanjan, está más débil, más delgada y más cerca del límite. Literalmente, están viendo cómo su vida se desvanece sin hacer nada”, expresó.

“Al negarle la atención especializada que necesita y al impedirle el acceso a sus propios médicos, básicamente la están matando”, añadió, y cuestionó la atención médica proporcionada por la prisión.

Según la Fundación, el fiscal adjunto de Teherán comunicó a la familia que, debido a los avances médicos en la República Islámica, no es necesario trasladar a Mohammadi a un hospital en la capital iraní y que debería recibir tratamiento en Zanjan.

No obstante, este martes, ante el deterioro de su salud, la activista habría sido enviada por segunda vez a una consulta urgente con un cardiólogo, quien reiteró que su tratamiento no es posible en Zanjan y que debe ser atendida obligatoriamente por su médico en el Hospital Pars de Teherán.

El médico advirtió que “mantener a Narges Mohammadi en prisión bajo presión, estrés y en las difíciles condiciones de reclusión es extremadamente peligroso”. La entidad allegada a la activista subrayó que, hasta que especialistas y su equipo médico evalúen su estado, no se le puede prescribir ningún medicamento nuevo ni tomar otras medidas médicas.

La Fundación emitió un nuevo llamamiento a la comunidad internacional, Naciones Unidas, organismos de derechos humanos, feministas, abogados, periodistas y defensores de derechos fundamentales para que exijan el traslado inmediato de Narges Mohammadi a un hospital especializado, donde pueda recibir atención cardíaca urgente de su propio equipo médico, conocedor de su historial clínico.

La organización también reclamó su liberación inmediata e incondicional, así como la de todos los presos de conciencia detenidos en Irán por ejercer su derecho a la dignidad, la libertad de expresión y la opinión. Mohammadi, que pasó la mayor parte de los últimos 20 años en prisión, sufrió varios infartos y fue sometida a una cirugía de emergencia en 2022.

En diciembre de 2024 obtuvo la libertad provisional por motivos médicos, después de una prolongada hospitalización y tras meses en los que las autoridades negaron el acceso a tratamiento pese al deterioro de su salud, según denunció su familia. En diciembre de 2025 fue arrestada nuevamente durante un acto en memoria del abogado Josrou Alikordi, fallecido semanas antes en circunstancias no esclarecidas. El 8 de febrero de 2026 la activista fue condenada a siete años y medio adicionales de prisión.

(Con información de Europa Press)

La lesión irreversible sufrida por el estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Axel Medina Castellanos, durante los enfrentamientos del lunes pasado en las inmediaciones del Congreso Nacional, ha reavivado el debate nacional sobre la legitimidad de la protesta, el uso de la fuerza policial y la posible manipulación política del movimiento estudiantil.

El caso, que dejó como saldo la pérdida total del ojo izquierdo de Medina, ha generado indignación en la sociedad hondureña y un llamado urgente a esclarecer las responsabilidades institucionales.

El episodio que terminó con Medina herido ocurrió en una protesta estudiantil frente al Congreso Nacional, donde estudiantes universitarios exigían el mantenimiento del presupuesto asignado a la UNAH.

El rector de la universidad, Odir Fernández, condenó de manera categórica la violencia, al declarar: “¡Nada justifica la violencia!”, y solicitó públicamente una investigación exhaustiva que permita identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la agresión.

Este pronunciamiento se produjo mientras la comunidad universitaria y organizaciones de derechos humanos advertían sobre la gravedad de los hechos y la urgencia de proteger la integridad de los manifestantes.

El caso Axel Medina ha puesto en tensión la relación entre protesta social y operación policial en Honduras. La protesta se desarrollaba en los bajos del Congreso Nacional cuando, alrededor de las 16 horas del lunes 20 de abril, se registró el enfrentamiento con la Policía Nacional.

Según precisó el secretario del Congreso Nacional, Francis Cabrera, el tema presupuestario objeto de la protesta ya había sido resuelto cerca de las 13 horas de ese mismo día. Cabrera denunció que “posteriormente, aproximadamente a las cuatro de la tarde, algunos diputados habrían incentivado a los estudiantes a continuar con las manifestaciones”, lo que derivó en los disturbios que provocaron la lesión irreversible del estudiante de Trabajo Social.

El parlamentario instó al Ministerio Público de Honduras a investigar si existió incitación deliberada de actores políticos para mantener la movilización, pese a que, según la versión oficial, el conflicto presupuestario ya había sido resuelto.

La UNAH, a través de Fernández, enfatizó la importancia de rechazar cualquier intento de instrumentalizar políticamente al estudiantado, haciendo un llamado directo al sector político para que “no instrumentalicen a los estudiantes y deslegitimen sus genuinos reclamos”.

El rector reiteró que la institución dará acompañamiento pleno a Axel Medina, incluyendo seguimiento médico y académico. “Vamos a dar todo el acompañamiento como universidad a nuestro alumno, tal como lo hemos venido haciendo desde el día de ayer”, sostuvo Fernández.

Diversos defensores de derechos humanos insisten en que es imprescindible garantizar el derecho de manifestación pacífica y evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad, además de exigir que la protesta social transcurra sin violencia y sin injerencias externas que desvirtúen las demandas estudiantiles.

La posible incitación de diputados al mantenimiento de la movilización, aún después de haberse presuntamente resuelto la cuestión presupuestaria, introduce un elemento de gravedad institucional y ética.

Francis Cabrera sostuvo que: “Cuando el problema ya estaba resuelto, varios diputados fueron a incentivar a estos jóvenes a manifestarse”, reforzando la dimensión política en la investigación judicial en curso.

Este caso responde directamente a la pregunta central sobre la responsabilidad en los hechos: el estudiante de la UNAH Axel Medina Castellanos perdió su ojo izquierdo tras un enfrentamiento con la Policía Nacional durante una protesta frente al Congreso Nacional.

La comunidad universitaria ha reiterado su solidaridad con Axel Medina. Fernández reiteró que la universidad continuará “apoyando a Axel Medina en su proceso de recuperación, tanto en el ámbito médico como en el académico”.

Ante la gravedad del caso y el debate reabierto sobre la protesta social en Honduras, organizaciones de derechos humanos remarcaron la necesidad de revisar los protocolos estatales de actuación y fortalecer los espacios institucionales de diálogo

La tensión entre los taxistas y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) derivó el miércoles 8 de abril de 2026 en una serie de bloqueos en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, tras la implementación de una nueva política empresarial que modificó profundamente la operación del servicio de transporte en la terminal.

La decisión de incrementar el número de camionetas blancas que compiten con los taxis amarillos y la imposición de nuevas condiciones laborales para los conductores generaron el enfrentamiento que capturaron decenas de videos difundidos ese día. El, el trasfondo de la confrontación es la transformación del ecosistema del taxi en el principal aeropuerto colombiano, con impacto inmediato en la movilidad de miles de pasajeros.

En medio de los disturbios, los taxistas retiraron conos y vallas que señalizan el carril exclusivo del transporte público, lo que llevó a los uniformados de la Undmo a desplegar bombas aturdidoras con el objetivo de restablecer el orden en la zona, informó el medio citdo. Las imágenes evidenciaron el nivel de crispación que ha provocado la presencia creciente de camionetas blancas bajo la coordinación de la empresa Taxi Imperial S.A.S.

La escalada del conflicto tiene como eje la llegada de Julio César Jiménez Medina a la dirección de Taxi Imperial S.A.S. Según los conductores consultados por el periódico, desde su arribo se incrementó la flota de camionetas blancas de “50 a 250 vehículos”, alterando la relación de competencia con los taxis amarillos.

Las declaraciones señalaron que las condiciones contractuales se endurecieron: “Ahora el dueño de varios taxis solo podrá conducir uno. Y el resto serán operados por la empresa y nos retendrán las ganancias hasta 20 días, después de cobrarse la cuota”, dijo uno de los voceros afectados.

Es necesario aclarar que, tras la presión mediática y el escándalo en torno a las protestas de los taxistas en Bogotá, Jiménez renunció a la dirección dde Taxi Imperial S.A.S

Jiménez Medina, según pudo establecer el medio citado, es propietario de la firma Transportes American Visa Tours, señalada por los taxistas de estimular la competencia desleal a través de vehículos blancos de servicio especial, operados de manera privilegiada en el aeropuerto El Dorado.

Con respecto al rol de Taxi Imperial S.A.S, El Tiempo verificó a través de documentación societaria que la empresa fue registrada el 10 de junio de 2012. El control accionario, de acuerdo con el acta de marzo de este año, se distribuye entre Vesher Technology S.A.S (40%), Grupo Automotriz Carrera S.A.S (31%), Taxis Telecoper S.A.S y Comunicación Tech - Cotech S.A.S (10 % cada una), Super Taxi SA (5%), Taxis Teleclub y Taxis Libres Bogotá (2% cada una).

Taxi Imperial S.A.S integra un conglomerado de 27 empresas bajo la administración de José Eduardo Hernández Hernández, titular de Vesher Technology S.A.S. Según un documento, la compañía proyecta para 2025 activos por $4.801.000.000, magnitud que ilustra la escala empresarial implicada en la operación del transporte en el aeropuerto y la razón de la fuerte disputa entre los actores involucrados.

El crecimiento de las camionetas blancas y el nuevo modelo en el aeropuerto El Dorado

La introducción de un nuevo modelo de operación por parte de Taxi Imperial S.A.S trajo para los taxistas una serie de restricciones inéditas y la obligación de compartir o ceder la conducción de sus vehículos, intensificando las protestas a las afueras de El Dorado. La denuncia recurrente frente a la competencia desigual, sumada a la grabación no autorizada de usuarios dentro de la terminal, elevó el descontento gremial.

Los eventos del 8 de abril de 2026 son consecuencia directa de estos cambios estructurales en la administración del servicio de transporte en el principal aeropuerto de Colombia, donde la combinación de intereses empresariales y condiciones laborales cada vez más estrictas configura un escenario de conflicto persistente, documentado por el medio citado a través de fuentes directas y documentos empresariales.

Cerca de una semana después, en las redes siguen viralizandose videos, especialmente de campesinos, que alegan que los incrementos de la actualización del sistema del impuesto predial unificado, que por medio de la Resolución 2057 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac),—del 30 de diciembre de 2025— ajustó los avalúos en 527 municipios del país.

Los afectados han culpado al Gobierno Petro, a las autoridades locales, a gobiernos anteriores, mientras que, tanto gobernadores como alcaldes, insisten en buscar salidas para dar solución al grave inconveniente con los protestantes.

Uno de los campesinos afectados, propietario de una parcela, publicó un video en redes que se divulgó rápidamente, en el que le hizo un reclamo directamente al primer dignatario de la Nación:

"Señor Presidente, le vendo mi finca; valía $70 millones, pero sumercé me la colocó en $930 millones”, afirmó el ciudadano mientras explicó que, tras el nuevo avalúo, el precio fiscal de la propiedad superó de manera abrupta su valor real. Entonces le hizo una propuesta irónica al primer dignatario: “Se la dejo en $500 millones, para que le quede ganancia de 430 millones”.

Según la denuncia, el aumento del avalúo de la finca fue de más de 13 veces su valor anterior.

La disputa sobre las actualizaciones catastrales: o el Gobierno, o las autoridades departamentales y municipales

Mientras un buen número de propietarios apuntan al presidente Petro, el jefe de Estado apunta a las autoridades municipales sobre el inconveniente de los avalúos catastrales.

“El avalúo se moderniza y a los alcaldes se les olvida que son ellos mismos que tienen la facultad de presentar un acuerdo para exonerar, no a los amigos mega ricos y uribistas, sino al pueblo trabajador. ¿Por qué ponen a los campesinos a hacer una barricada en contra del gobierno?“, dijo Petro en el Consejo de Ministros del lunes 13 de abril de 2026.

Al respecto, el investigador Juan Carlos Muñoz Mora, del Centro Valor Público de la Universidad Eafit, señaló a través de una columna publicada por La Silla Vacía, que el catastro actualizado no es el causante principal del alza en las facturas prediales.

Según Muñoz Mora, el diagnóstico de fondo no está siendo abordado por las protestas: “El catastro no es el culpable”, dijo.

El origen del problema, según el experto, se remonta a la Ley 44 de 1990, que estableció el sistema unificado del impuesto predial en Colombia. Este marco legal fijó tanto techos y pisos para las tarifas como una obligación de progresividad: “La tarifa efectiva debe aumentar a medida que sube el avalúo del predio”, explicó.

Sin embargo, los acuerdos municipales que definen los tramos de valor y las tarifas siguen anclados en valores desactualizados desde los años noventa, situación que “distorsiona la progresividad fiscal”.

El investigador detalló que, al actualizar los avalúos, “todos los predios, sin importar si son viviendas de interés social o edificios comerciales, quedan automáticamente clasificados en el tramo más alto”.

Así, una norma diseñada para que los propietarios con mayor capacidad pagaran más terminó aplicando una tarifa plana: “La diferencia entre lo que paga el predio más modesto y el más valioso del departamento es estadísticamente insignificante”, aseguró.

El estudio considerado por el académico, realizado en colaboración con la Gobernación de Antioquia y el Catastro de Antioquia, abarcó más de 929.000 predios y reveló que “la tasa efectiva mediana en el primer decil de la distribución de avalúos es de 9,5 por mil. En el décimo decil es de 10,0 por mil”.

El choque en las facturas prediales se produce cuando la tarifa plana se aplica sobre avalúos casi duplicados, situación que afecta tanto a pequeños propietarios como a grandes tenedores de tierra. “Cuando esa tarifa plana se aplica al doble del avalúo, la factura se dispara”, puntualiza Muñoz Mora.

El investigador insiste en que existe margen legal para que los concejos municipales rediseñen la estructura tarifaria y corrijan la carga sobre los contribuyentes. “La Ley 44 de 1990 delega en los concejos municipales la potestad de fijar tarifas dentro de los rangos legales”, recuerdó.

Los municipios pueden redefinir tramos de valor y tarifas según el uso del predio, ajustando la distribución tributaria sin necesidad de revertir la actualización catastral.

En un vídeo publicado por el portal Komsagram, se puede ver cómo los obreros enarbolan pancartas en las que piden ayuda al presidente ruso, Vladímir Putin, y al jefe de Rosneft, Ígor Sechin.

Tras la marcha de protesta, los chinos se sentaron en las aceras y la hierba de una céntrica avenida de la ciudad de poco más de 200.000 habitantes, informó el canal de Telegram Ostorozhno Nóvosti.

En el lugar se personaron efectivos de la policía y la guardia nacional con furgones y autobuses, pero no se produjeron detenciones, a pesar de que la marcha no había sido consensuada con las autoridades locales.

El propio alcalde, Dmitri Zaplutáyev, se acercó a los manifestantes y aseguró que la protesta tiene por objetivo llamar la atención por los impagos, denuncia que ya está siendo investigada por la Fiscalía, señala The Moscow Times.

No es la primera vez que los operarios chinos de esa refinería se manifiestan contra los impagos y exigen su retorno al gigante asiático debido a su descontento por las condiciones laborales.

Chinos y norcoreanos trabajan en diferentes regiones del Lejano Oriente ruso y de Siberia Oriental, tanto en el comercio como en fábricas, obras de construcción o en la tala de árboles.

Pese a la subida de los precios del petróleo por la guerra en Irán, los ingresos por exportaciones de crudo y gas en Rusia cayeron más de un 45% en el primer trimestre debido en gran medida a los ataques ucranianos contra refinerías y terminales portuarias en los mares Negro y Báltico.

Las condiciones de los norcoreanos

Jornadas de hasta 17 horas bajo la nieve rusa, sin guantes ni equipo de protección, en obras de construcción cercadas donde los pasaportes son confiscados al llegar y de las que prácticamente no hay salida. Esa es la realidad que describe un nuevo informe sobre los trabajadores norcoreanos enviados a Rusia bajo el programa estatal de exportación de mano de obra de Pyongyang, según reveló Fox News, que tuvo acceso al documento.

El informe, elaborado por la organización internacional de derechos humanos Global Rights Compliance, recopila 21 testimonios directos de trabajadores en tres ciudades rusas que no se conocían entre sí. En todos los casos, los investigadores identificaron los 11 indicadores de trabajo forzado establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, entre ellos servidumbre por deudas, restricción de movimiento, retención de salarios, horas extraordinarias excesivas, violencia física, vigilancia permanente y condiciones de vida degradantes.

Un ex empleado identificado solo como “RT” para proteger su identidad describió a Fox News su experiencia con crudeza: llegó convencido de que podría ahorrar suficiente dinero para darle una vida mejor a su familia. Al llegar, comprendió que el dinero nunca sería suyo.

El mecanismo es sistemático. Según Yeji Kim, asesora de Global Rights Compliance para Corea del Norte, cada trabajador desplegado en el exterior debe abonar mensualmente una suma obligatoria al Estado norcoreano denominada gukga gyehoekbun.

Un trabajador típico percibe unos 800 dólares al mes por hasta 420 horas de trabajo, pero entre 600 y 850 dólares son deducidos de inmediato para cubrir esa cuota estatal, más gastos de viaje y alojamiento colectivo. Lo que queda ronda los 10 dólares. Si el trabajador no llega a cubrir la cuota, la diferencia se acumula como deuda para el mes siguiente, pudiendo arrastrarse durante un año entero.

“Debes pagar pase lo que pase”, relató RT a Fox News. “No hay negociación. Viniste a ganar y te vas con nada. Y si fallas demasiadas veces, te mandan a casa. Pero volver a casa no significa alivio: significa listas negras, interrogatorios y, a veces, que tu familia pague las consecuencias.”

(con información de EFE)

En abril de 1963, el reverendo Martin Luther King Jr. y la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur tomaron la determinación de llevar su campaña de acción directa a Birmingham, Alabama.

El objetivo era apuntar al corazón de la segregación racial. Birmingham era, según el propio King, la ciudad con mayor segregación de Estados Unidos. Arrastraba un historial tan nefasto de atentados sin resolver contra iglesias y viviendas de la población negra que se había ganado el triste apodo de “Bombingham”. La brutalidad policial y el trato injusto en los tribunales locales eran un secreto a voces a nivel nacional.

Frente a esa coyuntura, la filial local invitó a King —presidente de la sede central en Atlanta que nucleaba 85 filiales sureñas— a mantenerse alerta para involucrarse en un programa de protesta pacífica si resultaba necesario. King aceptó de inmediato. El plan contemplaba cuatro pasos: recopilar hechos para comprobar las injusticias, negociar, hacer un proceso de purificación personal y lanzar la acción directa.

En Birmingham, las etapas previas ya se habían agotado. Los dirigentes negros intentaron dialogar con las autoridades políticas, pero estas se negaron a entablar una negociación de buena fe. En septiembre del año anterior, hubo una oportunidad de conversar con el sector comercial. Allí los comerciantes asumieron compromisos concretos, como la promesa de retirar los humillantes carteles de segregación de los locales. Confiados en el acuerdo, el reverendo Fred Shuttlesworth y los líderes del Movimiento Cristiano de Alabama por los Derechos Humanos aceptaron frenar toda manifestación. Con el correr de los meses, la comunidad comprobó que fueron víctimas de una mentira: los carteles nunca se retiraron.

Ante ese panorama de esperanzas rotas, la única salida fue preparar la acción directa, utilizando sus propios cuerpos para interpelar a la comunidad. Primero pasaron por el entrenamiento personal, organizando talleres donde se preguntaban si serían capaces de aguantar los golpes sin devolverlos y soportar las penurias de un calabozo.

El arresto de King estuvo marcado por una decisión táctica delicada. Días antes de la detención, el comisionado de policía segregacionista “Bull” Connor y el jefe policial Jamie Moore lograron que un tribunal estatal dictara una medida cautelar prohibiendo las manifestaciones masivas.

La historia reciente pesaba enormemente. Meses atrás, en Albany, Georgia, la organización había acatado una orden judicial calcada para priorizar la vía institucional. Apelaron la restricción en los tribunales, pero mientras el engorroso trámite avanzaba, el impulso logrado en las calles se esfumó por completo. Decididos a no tropezar con la misma piedra en Birmingham, sabían qué hacer. Los abogados le plantearon a King que la orden del magistrado local violaba la Primera Enmienda y que ganarían una apelación. El problema era el tiempo que demandaría el trámite judicial. La celebración de la Pascua estaba encima, con el peso del Viernes Santo y el Domingo de Resurrección marcando la agenda, la gente ya estaba lista para marchar. Frenar la movilización implicaba desinflar los ánimos y perder todo el envión conseguido.

Al mismo tiempo, los asesores alertaron sobre los riesgos: si no apelaban formalmente la orden, perdían el derecho a cuestionar su legalidad a futuro. Podían ser acusados del delito de desacato al tribunal, aun cuando el fallo original estuviera viciado. King hizo oídos sordos a la prohibición y anunció que iba a seguir adelante.

El 12 de abril de 1963, lideró una movilización de unos mil ciudadanos negros hacia el distrito comercial. En un escenario donde la policía reprimió a la multitud empleando mangueras de bomberos y perros de ataque, el reverendo fue detenido. Las autoridades lo acusaron de violar la ley estatal contra las marchas masivas, arrojándolo a la cárcel de Birmingham junto al reverendo Ralph D. Abernathy.

King permaneció recluido alrededor de una semana hasta que recuperó la libertad bajo fianza. Como dato histórico que complementa este arresto, el episodio no se cerró en aquel momento. En 1967, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictó un fallo adverso en contra de King en la causa Walker contra la Ciudad de Birmingham. El máximo tribunal determinó que, al incumplir la orden sin apelar, la condena impuesta originalmente por desacato era firme. Esa resolución lo forzó a purgar cinco días adicionales en las celdas de Birmingham en 1967.

Retomando abril de 1963, aquellos apremiantes días de encierro inicial engendraron un documento clave. El mismo día de la captura, ocho clérigos blancos publicaron una carta abierta tildando sus actividades organizativas de “imprudentes e inoportunas”. Exigían que los reclamos se tramitaran en silencio en los pasillos judiciales y no agitando las calles. Acusaron a King de ser un agitador externo que se entrometía en conflictos locales.

El 16 de abril de 1963, desde su celda, King respondió escribiendo la conocida “Carta desde la cárcel de Birmingham”. En sus páginas desarticuló las acusaciones demostrando que había sido invitado de manera formal a la ciudad. Argumentó firmemente que cualquier injusticia perpetrada en cualquier lugar del mundo lo empujaba ineludiblemente a tener que actuar. El escrito justificaba el deber cívico de acatar las leyes justas, imponiendo la obligación moral de desobedecer de lleno aquellas normas injustas. Recordó que las aberraciones perpetradas por Adolf Hitler estaban enmarcadas en la legalidad de la época, y que las normativas previas a la Guerra Civil resguardaban la captura de esclavos prófugos.

También se ocupó de aclarar por qué elegía la calle. King coincidió de buena gana en el valor del diálogo, pero les retrucó que la protesta no violenta busca pura y exclusivamente provocar una severa crisis y sembrar tensión creativa en el ambiente para obligar a negociar a una comunidad política que siempre les cerró las puertas.

El texto no sólo apuntó a los sectores racistas más violentos, sino que transparentó una enorme decepción con la dirigencia blanca considerada de corte moderado, a la cual acusó de mirar para un costado frente a los atropellos. El activista relató cómo, en medio de injusticias brutales infligidas a su comunidad, tuvo que presenciar cómo las iglesias blancas se mantenían al margen, limitándose a repetir irrelevancias piadosas. El reverendo cuestionó a las congregaciones que se refugiaban en una religión orientada hacia cuestiones del “otro mundo”, trazando una distinción absurda entre el cuerpo y el alma, y separando de forma tajante lo sagrado de lo secular. Advirtió que, si las frustraciones acumuladas por la población negra no encontraban un pronto escape mediante vías pacíficas, terminarían decantando irremediablemente en un estallido de violencia.

Para entender el fenomenal peso del documento redactado en medio de aquel áspero confinamiento, resulta un ejercicio fundamental revisar textualmente los párrafos que el líder plasmó. Respecto a los consejos que lo instaban a guardar paciencia, King escribió con total franqueza:

“Sabemos por dolorosa experiencia que el opresor nunca concede voluntariamente la libertad; tiene que ser exigida por los oprimidos. Francamente, todavía no he participado en una campaña de acción directa que fuera ‘oportuna’ según el calendario de quienes no han sufrido indebidamente la enfermedad de la segregación. Desde hace años vengo escuchando la palabra ‘¡Esperen!’. Suena en los oídos de cada negro con una familiaridad penetrante. Este ‘esperar’ casi siempre ha significado ‘nunca’. Ha sido un sedante que alivia el estrés emocional por un momento, solo para dar a luz a un bebé deforme de frustración. Debemos llegar a ver, con el distinguido jurista de ayer, que ‘una justicia demasiado demorada es una justicia denegada’. Hemos esperado más de 340 años por nuestros derechos constitucionales y otorgados por Dios”, dijo King Jr.

Al ahondar en los motivos concretos por los cuales la paciencia se había agotado, King trazó una radiografía demoledora sobre la cruda cotidianidad que soportaba su gente:

“Supongo que es fácil para aquellos que nunca han sentido los dardos punzantes de la segregación decir que esperen. Pero cuando has visto a turbas despiadadas linchar a tus madres y padres a voluntad, y ahogar a tus hermanas y hermanos por capricho; cuando has visto a policías llenos de odio maldecir, patear, brutalizar e incluso matar a tus hermanos y hermanas negros con impunidad; cuando ves a la gran mayoría de tus 20 millones de hermanos negros asfixiándose en una jaula hermética de pobreza en medio de una sociedad opulenta; cuando de repente te encuentras con la lengua trabada y el habla tartamudeando mientras intentas explicarle a tu hija de seis años por qué no puede ir al parque de diversiones público que acaba de anunciarse en la televisión, y ves las lágrimas brotar de sus ojitos al decirle que Funtown está cerrado para los chicos de color, y ves las deprimentes nubes de inferioridad empezar a formarse en su pequeño cielo mental [...] cuando tenés que inventar una respuesta para un hijo de cinco años que pregunta con un patetismo angustiante: ‘Papá, ¿por qué los blancos tratan tan mal a las personas de color?’; cuando hacés un viaje por el país y te ves en la necesidad de dormir noche tras noche en los rincones incómodos de tu auto porque ningún motel te acepta; cuando sos humillado día tras día por los molestos carteles que dicen ‘blancos’ y ‘de color’; cuando tu primer nombre se convierte en negro y tu segundo nombre en pibe sin importar la edad que tengas, y tu apellido se convierte en ‘John’, y cuando a tu esposa y a tu madre nunca se les da el respetado título de Señora; cuando te ves acosado de día y perseguido de noche por el hecho de ser negro, viviendo constantemente en puntas de pie, sin saber nunca qué esperar a continuación, y plagado de temores internos y resentimientos externos; cuando estás siempre luchando contra un sentido degenerativo de ser un don nadie, entonces entenderán por qué nos resulta difícil esperar", explicó King Jr.

La carta redactada tras las rejas incluyó en sus líneas un diagnóstico sumamente incisivo sobre qué actor frenaba realmente la instauración de la igualdad:

“Debo confesar que en los últimos años me ha decepcionado profundamente el moderado blanco. Casi he llegado a la lamentable conclusión de que el gran escollo del negro en su camino hacia la libertad no es el Consejero Ciudadano Blanco o el miembro del Ku Klux Klan, sino el moderado blanco que está más devoto al ‘orden’ que a la justicia; que prefiere una paz negativa que es la ausencia de tensión, a una paz positiva que es la presencia de justicia; que dice constantemente: ‘Estoy de acuerdo con vos en el objetivo que buscás, pero no puedo estar de acuerdo con tus métodos de acción directa’; que siente paternalistamente que puede fijar el calendario para la libertad de otro hombre; que vive de acuerdo con el mito del tiempo y que asesora constantemente al negro a esperar una temporada más conveniente”, señaló el luchador por los derechos de los negros.

Esa carta, testimonio de época, fue escrita en una celda hace 63 años.

Luego de dos jornadas de protestas protagonizadas por el gremio de taxistas que laboran en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, el paro terminó tras alcanzar acuerdos entre los representantes del gremio, Taxi Imperial y las autoridades.

Entre los puntos principales se destacó la restricción del servicio especial únicamente a vans con capacidad para cinco o más pasajeros y la salida de vehículos sedán y SUV de la zona destinada a este transporte.

Las partes acordaron la eliminación de promotores e “impulsadores” que ofrecían servicios de manera informal en el aeropuerto y se reforzó la presencia de personal autorizado para información. Además, se fijó el retiro del plan piloto anterior y se ofreció apoyo a los conductores en los procesos de impugnación de comparendos. La normalidad operacional en El Dorado se restableció tras el anuncio oficial y la puesta en marcha de las nuevas reglas y controles.

Debido a que todas las partes expusieron sus versiones, quedó en evidencia que el factor principal de la protesta fue un proyecto llamado “Recaudo Prepago” que ya funciona en otros países.

Cómo habría funcionado el modelo

El recaudo prepago en el sector de taxis es un sistema mediante el cual el usuario paga la tarifa del servicio antes de iniciar su recorrido. El proceso puede realizarse mediante aplicaciones móviles, tarjetas recargables, plataformas digitales o terminales físicas instaladas en puntos estratégicos.

El monto a abonar se calcula previamente, ya sea con base en una tarifa fija, estimaciones proporcionadas por plataformas digitales o acuerdos entre el pasajero y el conductor, y se paga antes de abordar el vehículo, lo contrario a lo que pasa actualmente en el terminal aéreo en el que se registró la protesta.

Este modelo busca eliminar la necesidad de intercambiar efectivo durante el trayecto y de posibles inconvenientes con el valor final del trayecto. El usuario puede efectuar el pago utilizando diferentes medios electrónicos, como tarjetas bancarias, billeteras móviles o sistemas de recarga asociados a cuentas personales.

Una vez realizado el pago, se genera un comprobante o código que habilita al conductor para iniciar el viaje. El sistema también puede registrar información del trayecto y del usuario, facilitando la trazabilidad de los servicios prestados.

El recaudo prepago se ha implementado en diferentes países con modalidades adaptadas a las condiciones locales. En Sudáfrica, se utilizan tarjetas recargables en taxis tipo minibús, donde los pasajeros cargan saldo y lo utilizan para pagar sus trayectos. En Hungría, especialmente en la ciudad de Budapest, las aplicaciones móviles permiten calcular y abonar el costo del viaje antes de que el taxi llegue al punto de recogida.

En otros ejemplos, en Kenia los pagos móviles a través de servicios como M-Pesa han permitido que los usuarios hagan el pago anticipado al conductor, quedando registrado en la aplicación y en la cuenta del conductor. En India y Finlandia, existen experiencias con tarjetas inteligentes y pagos móviles que habilitan el viaje tras el abono previo.

Taxistas ahora tienen conflicto con el secretario de Seguridad de Bogotá

Tras superar la crisis registrada en el aeropuerto El Dorado, el presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis, Hugo Ospina, solicitó una rectificación del secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, que afirmó durante una atención a medios que el 60% de los taxistas en la ciudad tenían antecedentes penales.

Ospina aclaró que las personas mencionadas no eran taxistas activos, sino aspirantes que enviaron sus hojas de vida para optar a ingresar al gremio, y que esos documentos fueron remitidos a las autoridades para verificación.

Según Ospina, la cifra presentada no corresponde a la realidad del sector y la información divulgada generó una falsa alarma. Además, denunció que se hizo pública información confidencial sin la debida protección, lo que podría constituir una violación a la ley de habeas data. Por este motivo, radicó un derecho de petición ante el alcalde, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad y la Superintendencia, exigiendo la rectificación de las declaraciones y el manejo adecuado de los datos.

La Gobernación de Santander, desde el 7 de abril de 2026, puso en marcha un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear las protestas contra el aumento del impuesto predial en el departamento.

Según información oficial, la medida incluye coordinación entre alcaldías, la fuerza pública y líderes de las manifestaciones, cuyo objetivo es prevenir bloqueos y garantizar la movilidad durante la jornada del 9 de abril de 2026.

El origen de las protestas está en el descontento generado por el incremento del impuesto predial, resultado de la actualización catastral realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

De acuerdo con las autoridades, algunos contribuyentes vieron duplicados los cobros, lo que ha generado malestar en diferentes municipios del departamento y en el área metropolitana de Bucaramanga.

Las protestas surgieron después de que propietarios manifestaron ante las autoridades que los nuevos avalúos no reflejan las condiciones económicas de los habitantes. El proceso de actualización catastral, según explicó el IGAC, implica la revisión y ajuste del valor de los predios de acuerdo con características físicas, ubicación y precios de mercado, lo que repercute en el cálculo del impuesto predial.

Desde la Administración departamental, encabezada por el secretario del Interior, Óscar Eduardo Hernández, se informó que se adelantan acciones de articulación institucional y reuniones con los convocantes de las protestas. Hernández declaró que se han realizado encuentros para ofrecer garantías y buscar mecanismos de diálogo que permitan el desarrollo pacífico de la jornada.

“Durante la reunión de seguridad gubernamental desarrollada por la Secretaría del Interior, se evaluaron puntos críticos del departamento y se articularon capacidades institucionales para garantizar la seguridad de los santandereanos”, se leyó en el reporte oficial.

Entre los puntos bajo vigilancia permanente se encuentran el sector de la autopista a la altura del parador “Papi, Quiero Piña” en Floridablanca, así como los municipios de Lebrija y la ruta comunera entre San Gil y Socorro. Las autoridades señalaron que en estos lugares podrían presentarse concentraciones o bloqueos viales.

Unidades de la fuerza pública y los organismos de tránsito acompañarán las manifestaciones para evitar cierres de vías, además de habilitar canales de diálogo con los manifestantes. El seguimiento en tiempo real desde el PMU permitirá tomar decisiones rápidas ante cualquier afectación a la movilidad o el orden público.

“Además, se mantiene seguimiento a municipios priorizados y a la situación ambiental en la Ciénaga de Paredes, con acciones coordinadas para proteger comunidades y ecosistemas”.

Algunas de las denuncias

De acuerdo con Jackeline Martínez, veedora del municipio, la actualización realizada en 2024 ha sido la de mayor impacto en los últimos años, ya que superó ajustes anteriores y puso en duda la transparencia y los criterios técnicos de la medición catastral, según manifestó en entrevista con Alerta Bucaramanga.

Las escalas de aumento se evidenciaron, por ejemplo, con el caso personal de Martínez, que reveló que el avalúo catastral de su vivienda aumentó de 185 millones de pesos en 2024 a más de 1.100 millones en 2025.

Esta variación multiplicó el valor del impuesto predial anual, que pasó de cerca de 2 millones de pesos a montos superiores a los 14 millones. Martínez, incluso, agregó que se han documentado incrementos en avalúos que alcanzan el 400%, 700% y hasta 900% en algunos casos individuales.

La actualización catastral de 2024 se suma a una serie de antecedentes en la historia fiscal de Floridablanca: Martínez recordó que en 2014 un alza similar se registró en la zona urbana, y en 2018 el ajuste impactó especialmente al sector rural. No obstante, las cifras actuales superan los precedentes y han desencadenado una oleada de protestas y exigencias de revisión al proceso de actualización.

Miles de familias de Choloma se movilizaron en pleno Sábado de Gloria para exigir la libertad de Iván Velásquez, considerado el principal responsable del fraude piramidal de Koriun, al que atribuyen la pérdida de más de 8 mil millones de lempiras. Los manifestantes, afectados directamente por el colapso del esquema Ponzi detectado en abril de 2025, sostienen que la única vía para recuperar su dinero pasa por permitir que Velásquez salga de prisión y administre el reembolso de las inversiones.

El vocero de los afectados de Koriun, Carlos Fúnez, aseguró que el miércoles 8 de abril será determinante para el futuro del caso. Ese día han solicitado una reunión en Tegucigalpa con Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, a quien presentarán la propuesta de realizar una consulta popular en Choloma con el objeto de definir si Velásquez debe continuar en prisión preventiva o ser liberado, bajo el compromiso de que dirija el proceso de restitución a los inversionistas.

“Llevamos un tema importante que vamos a poner sobre la mesa: la liberación del señor Iván Velásquez para que él nos venga a pagar. Propondremos una consulta documentada al pueblo, que se decida si su liberación o que esté detenido en prisión”, afirmó Fúnez durante una asamblea informativa.

Fúnez advirtió que, de no lograrse avances en la reunión del miércoles, los afectados tomarán medidas más drásticas, como movilizaciones y bloqueos de carreteras a nivel nacional.

Además, recalcó que hasta la fecha el Ministerio Público ha sido el principal impedimento para que Velásquez obtenga medidas distintas a la prisión preventiva.

Un juez revocó recursos previos a solicitud de la Fiscalía. Según Fúnez, “el gobierno anterior no logró darnos respuesta por medio de un decreto de ley, conseguir 8.000 millones de las arcas del Estado es difícil. Solo nos queda pedir la liberación de Iván Velásquez para que él venga a darnos una solución”.

Las consecuencias de la estafa alcanzan a siete departamentos, Choluteca, Copán, Santa Bárbara, Cortés, El Paraíso, Olancho y Francisco Morazán, con más de 35 mil clientes perjudicados y cerca de 6 mil familias directamente afectadas, de acuerdo con estimaciones de los propios voceros del movimiento. Estas cifras sitúan al caso de Koriun como uno de los mayores delitos financieros de la historia reciente de Honduras.

La postura del Congreso Nacional es de cautela. Tomás Zambrano expresó su preocupación ante la posibilidad de que Velásquez evada la justicia si se le otorgan medidas sustitutivas. En palabras del presidente del Legislativo, “el caso no puede quedar en la impunidad”.

Zambrano consideró que la responsabilidad inmediata del Estado pasa por rastrear los activos, inmuebles y transferencias derivados del fraude, y enfatizó que “miles de millones de lempiras no se esconden bajo el colchón. Tiene que haber inmuebles, tiene que haber transferencias. El nuevo Ministerio Público tiene la responsabilidad de investigar a fondo quiénes más están involucrados en este ilícito”.

El titular del Congreso también criticó la falta de supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y del Ministerio Público durante la administración anterior, lo que permitió que el fraude de Koriun se extendiera y agravara su impacto

La cita del miércoles a las 10:00 de la mañana en el legislativo se perfila como un momento de máxima tensión, con un sector social que vincula la recuperación de su patrimonio a la libertad de Velásquez y un aparato institucional decidido a evitar nuevos riesgos legales.

Las decisiones que puedan adoptarse en esa instancia determinarán no solo el futuro judicial de Velásquez, sino también las posibilidades de reparación para decenas de miles de víctimas en todo Honduras.

El líder de Renovación Popular arribó con una agenda breve en Juliaca. Tenía previsto participar en un encuentro con simpatizantes en el local Alola, ubicado en el jirón Huancané, y retornar a Lima ese mismo día. Sin embargo, su ingreso a la ciudad no pasó desapercibido y generó reacciones inmediatas en distintos sectores de la población local.

Protestas y ataque a la camioneta

Durante su desplazamiento desde el aeropuerto internacional Inca Manco Cápac, un grupo de personas se concentró en las vías por donde transitaba la comitiva del candidato. Portaban carteles y expresaban su rechazo a la presencia de López Aliaga.

Con el paso de los minutos, la situación se agravó. Algunos manifestantes bloqueraron el paso de la camioneta del candidato. Las imágenes registradas por medios locales muestran cómo los agentes de seguridad intentaban proteger el vehículo mientras avanzaba en medio de los gritos de los presentes.

Ante el riesgo de un enfrentamiento directo, la comitiva optó por cambiar de ruta. La camioneta se desvió por otra cuadra para evitar el contacto con los manifestantes, mientras los efectivos policiales intentaban controlar la situación y garantizar el desplazamiento del candidato hacia su destino programado.

Enfrentamientos y personas heridas

En los exteriores del aeropuerto se registraron enfrentamientos entre grupos de ciudadanos y simpatizantes de López Aliaga, lo que derivó en un escenario de violencia que dejó varias personas heridas.

Entre los afectados se encuentra Diego Quispe, integrante de la Asociación de Víctimas del 9 de enero, quien sufrió una herida en la cabeza tras ser impactado por una piedra. En medio de la confusión, el ciudadano expresó su rechazo a la presencia del candidato y reiteró su pedido de justicia.

De acuerdo con familiares de las víctimas, al menos cuatro personas resultaron heridas durante los incidentes. Asimismo, denunciaron que presuntos simpatizantes del candidato habrían estado involucrados en las agresiones registradas en la zona, lo que incrementó la tensión entre los grupos presentes.

Pese a los esfuerzos de sus simpatizantes, varios ciudadanos también se congregaron en los exteriores del local donde el político tenía previsto realizar sus actividades.

Contexto de rechazo en el sur del país

La accidentada llegada de López Aliaga a Juliaca se produce en un contexto de rechazo sostenido en el sur del país, particularmente en regiones como Puno, donde persiste el recuerdo de las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023.

El 9 de enero de 2023, en Juliaca, fallecieron 18 personas durante manifestaciones sociales, un hecho que marcó profundamente a la población. Desde entonces, distintos sectores mantienen una posición crítica frente a actores políticos que, en medio del conflicto, emitieron discursos de descrédito y “terruqueo” contra los fallecidos y heridos. López Aliaga y congresistas de su partido fueron señalados como parte de ese grupo.

La plaza Bolótnaya, escenario de las mayores protestas antigubernamentales de la historia reciente de Rusia, fue este domingo el epicentro de la resistencia ciudadana contra el Kremlin. Esta vez, el motivo no fue la reelección de Vladímir Putin ni la guerra en Ucrania: los manifestantes salieron a la calle para reclamar el derecho a usar internet y a comunicarse a través de Telegram, la aplicación de mensajería más popular del país, cuyo bloqueo definitivo está previsto para el martes 1 de abril.

Las autoridades detuvieron a al menos 12 personas en Moscú, según informó el portal OVD-Info, especializado en el seguimiento de arrestos políticos. Entre los detenidos figuraba Alexandr Podrabinek, disidente soviético, periodista y escritor de 72 años cuya trayectoria de oposición se remonta a la época de Brézhnev: fue arrestado en 1978 por publicar Medicina punitiva, un estudio sobre el uso de la psiquiatría como herramienta de represión. La policía lo condujo a comisaría después de sorprenderlo tomando fotografías de la manifestación.

Las detenciones no se limitaron a la capital. OVD-Info registró también arrestos en San Petersburgo, Novosibirsk y Vorónezh. En esta última ciudad, un activista fue detenido mientras sostenía una pancarta con el lema “Basta de bloqueos y de censura”. Las autoridades rechazaron en las últimas semanas solicitudes de manifestación en más de una treintena de ciudades, forzando a los ciudadanos a elegir entre la resignación y el riesgo del arresto.

El contexto es el de una ofensiva sistemática del Estado contra las comunicaciones digitales. Roskomnadzor comenzó en febrero a limitar el funcionamiento de Telegram, argumentando que la plataforma incumple la legislación rusa al no colaborar con las fuerzas de seguridad. Pavel Durov, fundador de la aplicación, respondió que las restricciones buscan obligar a los ciudadanos a migrar hacia MAX, una aplicación estatal que el Kremlin promueve activamente como sustituto.

La campaña adquirió una nueva dimensión el 3 de marzo, cuando entró en vigor una ley firmada por Putin que faculta al Servicio Federal de Seguridad para ordenar el corte de internet móvil y fijo en cualquier punto del territorio. Los residentes de Moscú reportaron interrupciones masivas durante varios días, con afectaciones que llegaron hasta el Wi-Fi de la Duma Estatal. Según el diario económico Kommersant, menos de una semana de cortes en la capital pudo haber costado a las empresas entre 34,8 y 58 millones de dólares.

No es la primera vez que Moscú intenta suprimir Telegram. En 2018, Roskomnadzor ejecutó un bloqueo por orden judicial que fracasó técnicamente: para hacerlo efectivo, el regulador tuvo que cancelar más de 19 millones de direcciones IP, con daños colaterales en banca y comercio electrónico. El veto fue levantado en 2020. Esta vez, las autoridades aseguran haber perfeccionado sus herramientas: el vicepresidente del comité de política informativa de la Duma prometió que ni siquiera las VPN permitirán eludir el bloqueo.

Rusia cuenta con unos 90 millones de usuarios de Telegram. La aplicación la utilizan ciudadanos comunes, militares en el frente ucraniano y el propio Kremlin, lo que explica que la medida generara críticas incluso entre sectores afines al poder: blogueros militares la describieron como una ayuda involuntaria al enemigo.

La resistencia social, aunque dispersa y reprimida, señala que el Kremlin enfrenta un problema distinto al de 2018: entonces, Telegram era una opción entre varias; hoy, tras el bloqueo de WhatsApp, Instagram y Facebook, es la última ventana abierta al exterior para millones de rusos. Clausurarla no es solo una decisión tecnológica. Es un paso más hacia el aislamiento digital que Moscú ha estudiado en China e Irán, y que busca aplicar, con mayor urgencia, en un país en guerra consigo mismo.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, tomó la palabra ante miles de personas congregadas en el capitolio de St. Paul para recordar la muerte de dos ciudadanos, Renee Good y Alex Pretti, durante operativos de fuerzas federales de inmigración. Desde ese escenario, Walz reclamó justicia para las víctimas y señaló a los agentes migratorios federales, al tiempo que subrayó la importancia de la reacción ciudadana ante la violencia institucional. Según detalló el medio original, la jornada estuvo marcada por manifestaciones masivas en diversas ciudades de Estados Unidos contra el presidente Donald Trump y la escalada militar en el exterior.

De acuerdo con la información publicada, las movilizaciones se llevaron a cabo bajo el lema “No Kings, Sin Reyes” y congregaron a ciudadanos en las principales urbes estadounidenses como Nueva York, San Francisco, Seattle, Washington D.C. y Minneapolis, donde se reportó una de las concentraciones más concurridas. El medio reportó que figuras destacadas del espectáculo y la cultura, como Bruce Springsteen y Robert De Niro, participaron activamente en las protestas; Springsteen interpretó la canción “Streets of Minneapolis” en Minnesota y De Niro compareció públicamente en la manifestación de Nueva York.

La participación política incluyó a la congresista demócrata Ilhan Omar, presente en el acto central de Minnesota, quien denunció lo que calificó de "autoritarismo artero" por parte de la administración Trump. Omar criticó, según consignó la fuente, las políticas migratorias y las intervenciones estadounidenses en Irán, Venezuela y Ecuador, subrayando el impacto negativo que estas acciones generan en la percepción y el futuro del país. La legisladora resaltó el carácter resiliente de la comunidad de Minnesota y reiteró el compromiso de los manifestantes de rechazar escenarios de “miedo, corrupción y caos”.

El senador Bernie Sanders también tomó parte en el evento principal de Minneapolis, según reportó el medio, y sostuvo que la respuesta ciudadana contra la actuación del ICE en el estado representa una expresión real de la democracia. Sanders aplaudió la solidaridad de la comunidad y describió la resistencia civil frente a las acciones federales como una victoria colectiva.

El medio informó que en Nueva York, Manhattan fue escenario de manifestantes portando pancartas en rechazo al ICE, a Trump y a la guerra con Irán. En San Francisco, cientos de personas marcharon desde el Embarcadero hasta el Centro Cívico, ondeando banderas estadounidenses, ucranianas y trans para visibilizar diversas demandas sociales y políticas. Simultáneamente, se notificaron concentraciones en Florida, específicamente en West Palm Beach y Boynton Beach, donde se observaron pequeños focos de contramanifestantes que increparon la legitimidad de la protesta. Además, en Virginia, manifestantes marcharon desde Arlington hasta la Explanada Nacional de Washington D.C. al inicio de la jornada, coreando la consigna “Sin justicia no habrá paz. Fuera el ICE de nuestras calles”.

Según detalló la fuente, también ciudades de menor tamaño como Columbus, en Georgia, y Jekyll Island, fueron escenario de marchas de protesta durante la misma jornada. En todas estas localidades, los convocantes exigieron el fin de los abusos de las fuerzas federales, el repliegue militar de Estados Unidos en el extranjero y la adopción de medidas para contrarrestar el encarecimiento del costo de vida.

El contexto político de la jornada incluyó la celebración simultánea del congreso anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Dallas, Texas. Según consignó el medio, esta reunión reflejó fracturas en el movimiento MAGA (Make America Great Again), evidenciadas por la división entre partidarios de Trump y sectores de la base ultraconservadora críticos con la política bélica desplegada contra Irán.

Durante su intervención ante los manifestantes de Minnesota, Walz valoró especialmente el papel de la comunidad inmigrante y reiteró: “Os vemos, os escuchamos, os valoramos y os queremos”. También resaltó la reacción local ante la “ocupación sin precedentes del ejército doméstico de Trump”, en referencia a las operaciones del ICE. Walz caracterizó a Minnesota como “el estado más libre de la nación”, destacando la movilización ciudadana en defensa de derechos y libertades.

Según publicó el medio original, la jornada de protestas reflejó demandas diversas agrupadas en torno a la oposición a políticas migratorias restrictivas, el cuestionamiento al incremento de presencia militar estadounidense en el exterior y la preocupación profunda por el aumento generalizado de precios. Los organizadores insistieron en mantener la presión social como respuesta a las políticas de la actual administración y anunciaron su determinación de sostener las movilizaciones mientras estas demandas no se vean satisfechas.