La tarde de este 12 de junio de 2026, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se encuentran bloqueando Paseo de la Reforma ante la cancelación de la mesa de diálogo por parte del gobierno federal.

El gobierno cancela “diálogo” con la CNTE

En el día 12 de protestas, el magisterio dio a conocer la mañana de este viernes que la Secretaría de Educación Pública (SEP) “canceló el día de hoy la mesa tripartita para la CDMX”; razón por la que hizo un llamado a concentrarse en la Torre del Caballito, exigiendo el cumplimiento de sus demandas.

Dirigentes de la CNTE han afirmado que el diálogo con el gobierno “no está roto” y que esperan continuar con las negociaciones para avanzar en la solución de las problemáticas expuestas.

Durante la mañana de este 12 de junio, los maestros que se encontraban en el plantón en los alrededores del Zócalo comenzaron a retirar sus casas de campañas, retirando pertenencias y estructuras improvisadas; las calles de Tacuba, Donceles y República de Brasil se encuentran parcialmente desocupadas.

Gobierno Federal endurece discurso contra la CNTE

Ante la negativa de aceptación sobre las propuestas que han hecho Mario Delgado, titular de la SEP, y Martí Batres, director del ISSSTE, el discurso institucional ha tomado otro rumbo y desde la presidencia se exhibe la renuencia de la Coordinadora para avalar o presentar contrapropuestas.

Desde la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que haya avances pese a las mesas de diálogo que se han instalado:

“Hubo diálogo hasta hace dos días, pero, ¿Qué caso tiene el diálogo? Aquí hemos hecho varios planteamientos, y acá, pues no. Además, dicen en la mesa una cosa y luego hacen otra cosa fuera. Entonces es muy complejo, pero no va a haber represión. No reprimimos a nadie y las demandas de los profesores en los estados se siguen atendiendo, pero vamos a avanzar nosotros también”.

Cabe destacar que desde el día uno del plantón de la CNTE en el Zócalo, los maestros han exigido una reunión con la mandataria, recordándole que una de sus promesas de campaña fue la abrogración de la Ley del ISSSTE 2007, sin embargo, tanto Sheinbaum como Batres han dejado claro que esto no será posible y se han limitado a ofrecer la creación de una aseguradora pública.

Por su parte, el titular de la SEP comentó en pleno día de la inauguración del Mundial 2026 -11 de junio- que pese a horas de negociación, el magisterio decidió movilizarse en distintos puntos de la CDMX:

“hay una atención a las demandas del magisterio, hoy, por ejemplo, ayer estuvimos muchas horas con ellos y hoy decidieron pues tener una actividad cercana al Estadio Azteca. Entonces más bien es un interés político que los mueve en estos momentos, de tratar de afectar la Copa del Mundo o la imagen de nuestro país a nivel internacional”.

Cabe destacar que la semana pasada y con la presión del Mundial en puerta, Mario Delgado dio a conocer la ruta para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), presentando una ruta legislativa que concluiría con la presentación de la iniciativa:

• 15 de junio: Instalación de mesa plural para elaboración de la iniciativa.
• 16 de junio al 20 de julio: Diagnóstico de la situación actual.
• 21 de julio al 17 de agosto: Elaboración del proyecto de iniciativa de reforma.
• 18 al 31 de agosto: Consulta democrática al magisterio.
• 14 de septiembre: Presentación de la iniciativa ante el Congreso de la Unión.

Al cierre de esta nota, los integrantes de la CNTE regresaron al plantón del Zócalo, algunos de los secretarios generales aseguraron que ante el cierre de puertas desde presidencia, la vía que les deja el gobierno es “fortalecer e intensificar la lucha”, adelantaron intensificar protestas en el próximo partido que se celebre en el Estadio Azteca.

Acciones pacíficas no fueron suficientes para el Estado

En un contexto marcado por el bloque de policías capitalinos que buscaron impedir el paso de manifestantes al Coloso de Santa Úrsula, se encontraba la mamá de Axel Mauricio Martínez Mancha, quien se encuentra desaparecido desde 2022, consultada por Infobae México aseguró que pese a la movilización las autoridades no ofrecieron ningún diálogo o acercamiento.

“Salvo ayer que se acercó César Cravioto (secretario de Gobierno de la CDMX) a nosotros para decirnos que con todo el dispositivo de policía que tenía no podía ofrecernos seguridad. Y bueno, pues le agradecemos que tenga entonces miles y miles de elementos inútiles, inoperantes, ineptos, que se supone que son policías y no tienen la capacidad de brindar seguridad”, sentenció Elizabeth Mancha.

Compartió que desde las actividades que se llevaron a cabo la noche del 10 de junio cerca del también conocido como Estadio Ciudad de México, hubo actos represivos por parte de la policía:

“La policía estuvo replegando los contingentes que venían de otros estados, detuvieron a periodistas, se los llevaron detenidos. El día de hoy, pues también replegaron a las familias. Nosotros logramos entrar, pero todas las familias buscadoras estaban aquí abajo y la policía los fue replegando. Solo nosotros alcanzamos a librar”.

La madre buscadora advirtió que pese a los intentos del gobierno por borrar una crisis que ha afectado a miles de familias en México, sus acciones de protesta continuarán en el marco del Mundial: “Las madres buscadoras no se rinden, las madres buscadoras no se van”.

Venta de dulces, la fuente principal para buscar a su hijo

En un encuentro con Infobae México el año pasado, Elizabeth Mancha compartió que es a través de la venta de dulces que se ha apoyado en materia económica para obtener recursos y continuar las labores de búsqueda de Axel Mauricio Martínez.

La mujer realiza esta actividad en la Ciudad de México, donde camina con una lona que muestra el rostro de su hijo, con el objetivo de ampliar la difusión de su caso. Los dulces que vende la madre buscadora tienen una señal particular: se encuentran envueltos en un papel azul donde también ha colocado la foto de su ser querido.

Forma parte del colectivo “Unidos de corazón hasta llegar a ti”, sin embargo, los integrantes han buscado la forma de financiar sus labores de búsqueda.

Ofrecen 250 mil pesos por ayudar a localizar a Axel Mauricio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas emitió una ficha de búsqueda en la que ofrece hasta 250 mil pesos a quien proporcione información que lleve a la localización de Axel Mauricio Martínez Mancha, quien al momento de desaparecer tenía 28 años.

Entre las señas particulares se encuentran los siguientes datos:

• Un tatuaje en la frente de lado derecho con la palabra “FOSSY”
• Un tatuaje con forma de diamante en la frente de lado derecho
• Un tatuaje con la figura de la espada en la mejilla de lado derecho
• Un tatuaje de signo de pesos en pómulo derecho, un tatuaje con la imagen de una torta de la barda en la pantorrilla derecha
• Un tatuaje en el pecho con la palabra Altamira
• Un tatuaje con la figura de una calavera y el número 833 en la garganta
• tatuaje con la figura de un mapache en la pierna izquierda
• Un tatuaje en los nudillos de la mano derecha con la palabra “ROCK”
• Un tatuaje en los nudillos de la mano izquierda con la palabra “SURF”
• Un tatuaje en figura de demonio con alas en la espalda
• Tiene una expansión en el lóbulo lado derecho

Su estatura es de un metro con 90 centímetros, se pide a la ciudadanía que de tener información que lleve a la localización de Axel Mauricio se comunique al número 841-841-0595.

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, convocó a una tener una quinta reunión con los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de que la negociación de ayer fracasó y el gremio decidió mantener su plantón en el Zócalo de la Ciudad de México durante la inauguración del Mundial 2026.

El funcionario federal subrayó que el gobierno mantiene una disposición al diálogo, pero lamentó que los docentes ya hayan rechazado una iniciativa que “aún no existe formalmente”.

“Invitamos a las y los maestros de la SNTE a reunirnos nuevamente. Tuvimos, es la cuarta reunión. ¿Por qué los convocamos? Porque tenemos una voluntad de diálogo permanente, pero les teníamos preparada mucha más información de las propuestas que ha hecho el Gobierno de México a dos de sus principales demandas", dijo en la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, en Palacio Nacional.

Por ello, anunció que el gobierno federal lanzará una consulta “maestro por maestro” y “escuela por escuela”, con el objetivo de que “todos” los docentes participen en la creacipon de la reforma para eliminar el Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) y decidan el rumbo de la nueva relación con el Estado.

“Vamos a hacer una consulta escuela por escuela, maestro por maestro, para que ellos decidan esta nueva relación entre el Estado y el magisterio, donde prevalezcan los derechos laborales, la transparencia y erradiquemos cualquier posibilidad de caer en los vicios que había en el pasado de corrupción, de amiguismo, de nepotismo, de influyentismo y de venta de plazas”, indicó Delgado.

Adelantó que la consulta se desarrollará en la semana previa al inicio del próximo ciclo escolar, cuando los maestros regresan a preparar actividades.

“Es el marco ideal para tener esta discusión sobre el USICAM y que ellos puedan decidir, por ejemplo, ¿quién debe decidir sobre el ingreso de los maestros, sobre los ascensos, sobre las promociones?”, plantea el funcionario.

En materia de pensiones, Delgado señala que el gobierno reconoce la demanda de abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, pero aclara las limitaciones económicas para revertir el esquema.

“No estamos de acuerdo nosotros con esa ley, pero se ha presentado muchas veces la imposibilidad económica financiera de su abrogación por el impacto que tendría, porque no podemos recuperar el pasado, pero sí podemos planear el futuro”, sostuvo.

Recordó que el Fondo de Pensiones para el Bienestar complementa las pensiones de los trabajadores para llevarlas a su último salario y anticipa que se analiza la creación de una aseguradora pública para fortalecer el sistema solidario.

Sobre la relación con el magisterio, Delgado apunta que el gobierno mantiene una interlocución institucional con la SNTE y la CNTE, incluidas sus representaciones legales en Chiapas, Oaxaca y Zacatecas.

“Tenemos mesas permanentes de atención donde nos dedicamos a atender principalmente los rezagos educativos, que hay estados donde son muchos. Y nuestra presidenta nos ha dicho: ‘Toda demanda legítima debe ser atendida, evidentemente con las restricciones presupuestales’”, menciona el secretario.

A solo unas horas de que se lleve a cabo la inauguración del Mundial 2026, representantes de la CNTE que se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), confirmaron en conferencia de prensa que continuarán analizando las propuestas del ISSSTE y la SEP, advirtieron que seguirán realizando acciones esperando que el gobierno rectifique y que la reunión con Claudia Sheinbaum se lleve a cabo.

Discutirán propuestas del Gobierno en Asamblea

A su salida, los integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación dejaron ver que lo ofrecido en esta mesa de diálogo no era lo esperado, sin embargo, adelantaron la discusión de la propuesta de gobierno en las asambleas y derivado de este consenso determinarán las acciones para el día de mañana, con una estrategia de “movilización y negociación”.

Confirmaron que al ofrecimiento de la desaparición de USICAMM, así como la implementación de una aseguradora pública por parte del ISSSTE, el gobierno adicionó un ofrecimiento en materia de seguridad social, acuerdo del que no dieron mayor detalle, pero comentaron que sería analizado.

Por su parte, Eva Hinojosa, secretaria general de la sección 18 de Michoacán, puntualizó que “esta mesa no se esperaba con las respuestas claras, pero hubo ofrecimientos”, agregó que no se encuentran condicionados a dar respuesta inmediata, por lo que consultarán en la asamblea que se llevará a cabo a las 8 de la noche.

CNTE llama a prepararse en todo el país

En las redes sociales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se publicó un cartel que llama “a prepararse en todo el país, ¡Por un sistema de seguridad social solidario!“, donde el magisterio precisa sus demandas:

• Abrogación total de la Ley del ISSSTE 2007
• Un sistema de Seguridad Social Solidario
• No UMAS y No Afores
• Jubilación por años de servicio: 28 años, mujeres y 30 años, hombres
• Incremento salarial del 100% directo al sueldo
• Abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO

Durante el encuentro con medios de comunicación también se precisó que buscan el cumplimiento de la presidenta Sheinbaum respecto a la Ley del ISSSTE 2007, ya que fue un compromiso de campaña:

“Van a seguir las acciones políticas para, para que tengamos precisamente las respuestas que necesita este movimiento que inició hace diez días... Hay un cuerpo policiaco que también seguramente estará en las manifestaciones que vayamos a hacer como SNTE”.

CNTE responsabiliza al gobierno de Sheinbaum por implementación de policías

Responsabilizaron al Gobierno Federal de cualquier situación que se llegue a presentar en el contexto del Mundial:

“No estamos pidiendo privilegios. Una jubilación digna no puede considerarse como privilegios y en ese sentido vamos a seguir accionando”.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez instó al magisterio a priorizar dar respuesta firme a lo propuesto por la SEP y el ISSSTE:

• La desaparición de USICAMM
• Una aseguradora pública

“Seguimos a la espera de una respuesta que deseamos sea positiva... Está abierto el diálogo, pero es necesario pasar a una nueva etapa y como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: ‘Es tiempo de definiciones’”, afirmó la titular de Segob.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, pidió a los integrantes de la CNTE definir su posicionamiento sobre el ofrecimiento realizado por la SEP y el ISSSTE, en cuando a las demandas del magisterio, quienes permanecen en plantón en calles del Zócalo a menos de 24 horas de que se lleve a cabo la inauguración del Mundial 2026.

“Seguimos a la espera de una respuesta que deseamos sea positiva... Está abierto el diálogo, pero es necesario pasar a una nueva etapa y como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: ‘Es tiempo de definiciones’”, afirmó la titular de Segob, por lo que instó a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a presentar una contrapropuesta para avanzar en las negociaciones.

Acompañada del secretario de Educación, Mario Delgado, y del director del ISSSTE, Martí Batres, Rosa Icela Rodríguez adelantó que no presentarán propuestas que no puedan cumplir. Cabe recordar que en días recientes, la funcionaria precisó que la falta de acciones gubernamentales son “por falta de presupuesto y no de voluntad”.

CNTE ve insuficiente las propuestas del Gobierno

Luego de la reunión con los titulares de Segob, ISSSTE y SEP, el Secretario General de la Sección 34, Filiberto Frausto Orozco, aseguró que ven insuficientes las propuestas realizadas a 10 días de haber iniciado el plantón.

El maestro confirmó que los integrantes de la Coordinadora definirán en la asamblea de las 20:00 horas si cerrarán las vías del Estadio Azteca, así como las acciones subsecuentes luego de que Segob no ofreciera “algo nuevo” durante el encuentro de este 10 de junio.

Batres plantea más poder a PENSIONISSSTE

El titular del ISSSTE, Martí Batres, propone convertir a PENSIONISSSTE en la “alternativa viable” para los trabajadores del Estado que se encuentran en el régimen de cuentas individuales. La medida busca revertir los efectos de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, que sustituyó el sistema solidario de pensiones por cuentas administradas, en su mayoría, por Afores privadas.

PENSIONISSSTE es hoy la única Afore 100% pública. Administra e invierte las cuentas individuales de trabajadores que cotizan al ISSSTE, al IMSS o de forma independiente, y opera bajo la supervisión de la CONSAR en igualdad de condiciones frente a las administradoras privadas.

La propuesta de Batres fue presentada ante representantes de la CNTE durante la tercera mesa de diálogo -el 4 de junio- con el ISSSTE, la SEP y la Segob. El planteamiento también incluye la creación de una Aseguradora Pública, descrita como el elemento “más relevante” de la reforma, al ser un organismo especializado exclusivamente en el pago mensual de pensiones a personas retiradas, en coordinación con PENSIONISSSTE.

El objetivo, según el ISSSTE, es avanzar de forma gradual hacia principios públicos y solidarios que beneficien a los titulares de cuentas individuales.

Mario Delgado propone la desaparición de la USICAMM

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, propone la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) como respuesta a una de las principales exigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El objetivo es modificar el proceso de otorgamiento de plazas, promoción, reconocimiento y cambios de escuela para el magisterio, eliminando la burocracia y fallas que, según la CNTE, perjudican a los docentes.

Delgado señala que la iniciativa se elaborará con la participación de distintos sectores y que la ruta para la desaparición de la USICAMM ya tiene un cronograma definido, el cual busca aprobar la reforma este mismo año. La propuesta también cuenta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

El proceso incluye un diagnóstico de la situación actual, la redacción de la iniciativa de reforma, y una consulta democrática al magisterio antes de presentar el proyecto ante el Congreso de la Unión.

Cronograma para desaparecer la USICAMM:

• 15 de junio: Instalación de mesa plural para elaboración de la iniciativa.
• 16 de junio al 20 de julio: Diagnóstico de la situación actual.
• 21 de julio al 17 de agosto: Elaboración del proyecto de iniciativa de reforma.
• 18 al 31 de agosto: Consulta democrática al magisterio.
• 14 de septiembre: Presentación de la iniciativa ante el Congreso de la Unión.

El bloqueo de la CNTE en Calzada de Tlalpan este 9 de de junio ha generado que personas políticas también se sumen al llamado al “dialogo”, tal como lo ha hecho la Secretaría de Gobernación a medida que se acerca la inauguración del Mundial 2026. Esta vez, Kenia López Rabadán, presidenta de San Lázaro, instó a la “búsqueda de acuerdos” ante los reflectores internacionales.

“En relación con las movilizaciones anunciadas por diversos grupos sociales, hago un llamado a todas las partes involucradas para privilegiar el diálogo, la responsabilidad y la búsqueda de acuerdos”, señaló la diputada panista en conferencia de prensa.

México debe enviar un mensaje de manera internacional

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados aseguró que el país debe enviar un mensaje que refleje la construcción de soluciones ante las demandas que el día de hoy buscan manifestarse en el contexto del Mundial:

“En un momento en el que México es observado por la comunidad internacional, debemos enviar un mensaje absolutamente claro: somos un país con instituciones, con vocación democrática y con capacidad para resolver las diferencias por la vía política y por la vía pacífica”.

López Rabadán reiteró que su llamado está dirigido a todas las partes involucradas, para llegar a soluciones que prestigien al país.

Bloqueo de CNTE colapsó Calzada de Tlalpan

Este martes los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación endurecieron su protesta intentando llegar al Estadio Azteca, acción que no fue posible por la presencia de policías y la colocación de bloques de concreto.

Al menos unos 6 mil maestros arribaron al Coloso de Santa Úrsula donde realizaron un mitin y evitando la confrontación con el cuerpo policiaco del estado regresaron al Zócalo, para integrarse al plantón que mantienen desde el 1 de junio.

¿Qué ofrece el estado a los maestros de la CNTE?

El gobierno federal presentó dos propuestas concretas en el marco del diálogo con la Coordinadora: la desaparición de la USICAMM y la creación de una aseguradora pública para blindar las pensiones del magisterio.

La ruta para eliminar la USICAMM

El secretario de Educación, Mario Delgado, presentó el 3 de junio un calendario para eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, organismo que decide sobre admisión, promoción, reconocimiento y cambios de adscripción del magisterio. La CNTE exige su desaparición por las fallas del sistema digital, el retraso en el otorgamiento de plazas y los criterios confusos que aplica.

El proceso arrancaría el 15 de junio con la instalación de una mesa plural. Del 16 de junio al 20 de julio se realizará un diagnóstico del sistema educativo que abarca el marco jurídico previo a la reforma de 2013, los artículos 3° y 123 Apartado B constitucionales, derechos laborales y mecanismos de promoción, ingreso, ascenso, escalafón, transparencia y formación continua. Del 21 de julio al 17 de agosto se elaborará el proyecto de iniciativa. Del 18 al 31 de agosto habrá una consulta democrática al magisterio. El 14 de septiembre se presentará la iniciativa ante el Congreso de la Unión.

La aseguradora pública para las pensiones

En la tercera mesa de diálogo, el director general del ISSSTE, Martí Batres, expuso la complejidad de abrogar de forma total la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, aprobada durante el gobierno de Felipe Calderón. Estimó que hacerlo requeriría recursos equivalentes a 20 puntos del PIB, “la cantidad que el gobierno ha dejado de ahorrar para pagar las pensiones, porque dejó de existir el esquema solidario desde el 2007”.

Ante esa restricción, el gobierno propuso la creación de una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones, que operaría de forma coordinada con PENSIONISSSTE. Batres la presentó como la propuesta “más relevante”, dado que actualmente no existe ningún organismo con funciones exclusivas en la administración y entrega mensual de pensiones a personas retiradas.

La combinación de PENSIONISSSTE y la nueva aseguradora pública garantizaría, según Batres, que un trabajador al servicio del Estado que elija estas opciones “nunca aportaría un solo peso a ningún banco y a ninguna institución privada”. Batres recordó además que en el sexenio anterior se limitaron las comisiones excesivas de las Afores: se calcula que 175,000 millones de pesos que se cobrarían hasta 2030 se quedaron en las cuentas de los trabajadores.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) afirmó este domingo que la protesta nacional iniciada el pasado lunes continuará y se fortalecerá en los próximos días, pese al llamado del Gobierno federal para concluir el paro indefinido.

El posicionamiento ocurrió un día después de que la Secretaría de Gobernación exhortara al magisterio disidente a poner fin a las movilizaciones, argumentando las afectaciones a estudiantes, comerciantes y trabajadores en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Gobierno federal pide concluir el paro y continuar el diálogo

El pasado jueves, el Gobierno mexicano presentó una propuesta para fortalecer el fondo de pensiones de los trabajadores del Estado y crear una aseguradora pública que administre esos recursos.

Sin embargo, la CNTE calificó la oferta como “insuficiente”, al considerar que no responde plenamente a sus demandas sobre el sistema de pensiones, incrementos salariales y mejores condiciones laborales.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló el sábado que los maestros cuentan con una propuesta para avanzar en el tema pensionario y reiteró que permanecen abiertos los canales de negociación tanto a nivel federal como estatal.

Asimismo, pidió a los docentes concluir las protestas para evitar mayores afectaciones a las clases de niñas y niños que están por concluir el ciclo escolar, así como a la actividad económica y turística del Centro Histórico capitalino.

Dirigentes magisteriales analizarán la propuesta oficial

Tras el pronunciamiento gubernamental, Marcelino Rodarte Hernández, dirigente de la Sección 58 de la CNTE en Zacatecas, indicó que la Asamblea Nacional Representativa (ANR) revisará el documento oficial antes de emitir una postura definitiva.

El líder sindical afirmó que hasta ahora la organización no ha recibido una comunicación formal por los canales internos de la Coordinadora y que cualquier decisión será resultado de la deliberación colectiva.

Rodarte Hernández adelantó que, por el momento, la huelga continúa y el plantón instalado en la capital del país se mantendrá activo.

“La huelga sigue”: CNTE anuncia llegada de más contingentes

El dirigente magisterial aseguró que durante la próxima semana se incorporarán nuevos grupos de maestros a las movilizaciones.

“La huelga sigue, estaremos en el plantón, y sigue creciendo; esta semana se suman contingentes”, señaló tras la reunión de los representantes sindicales.

Con ello, la CNTE deja claro que no contempla levantar las protestas mientras no exista una propuesta que satisfaga sus principales exigencias.

Sheinbaum acusa provocaciones y descarta un desalojo

El viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que un sector de la CNTE busca generar escenarios de confrontación para provocar una respuesta represiva por parte del Gobierno.

Durante su conferencia matutina, la mandataria descartó cualquier operativo para desalojar a los maestros que permanecen concentrados en la Ciudad de México y reiteró que la vía de solución seguirá siendo el diálogo.

“La puerta está abierta”, afirmó la presidenta al referirse a las negociaciones con el magisterio disidente.

Mundial 2026 y pensiones: los temas que tensan la negociación

Sheinbaum también señaló que algunas de las movilizaciones ocurren a pocos días del partido inaugural del Mundial 2026, programado para el 11 de junio en la Ciudad de México.

Además, defendió los aumentos salariales otorgados al magisterio durante los últimos años, al señalar que en su administración y en la del expresidente Andrés Manuel López Obrador se han autorizado incrementos superiores a los registrados entre 1982 y 2018.

Respecto a la principal demanda de la CNTE, relacionada con revertir los efectos de la reforma al sistema de pensiones de 2007, la presidenta reconoció que regresar al esquema anterior implicaría una carga presupuestaria considerable para las finanzas públicas.

¿Qué exige la CNTE?

Las principales demandas de la CNTE son:

• Modificaciones al sistema de pensiones de los trabajadores del Estado.
• Incrementos salariales superiores a los anunciados por el Gobierno federal.
• Mejores condiciones laborales para el magisterio.
• Soluciones a demandas administrativas y laborales planteadas por las secciones sindicales en distintos estados.

Por ahora, la negociación entre el Gobierno federal y la CNTE permanece abierta, mientras las protestas continúan en la capital del país y en otras entidades.

En marzo de 2022, los habitantes de Achichipico, comunidad del municipio de Yecapixtla, Morelos, hicieron algo que no debería ser extraordinario: pusieron por escrito lo que llevaban siete años viviendo. Más de 2 mil 622 personas —en su mayoría agricultores— sin acceso regular a agua potable para beber, cocinar ni asearse, incluso durante la pandemia de COVID-19.

Cuatro años después, la Operación Enjambre les daría la razón de una forma que ninguna institución había querido darles. Cuando el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció las detenciones del pasado 20 de mayo, uno de los cargos llamó especialmente la atención: Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla, fue investigado por la apropiación de un predio destinado a un pozo de agua potable, dejando en severo desabasto del recurso a la comunidad. Según las investigaciones de las autoridades, el presunto desabasto provocado no se limitó a una sola localidad, sino que habría impactado a varias comunidades del municipio.

Pero hay un matiz que lo cambia todo: los vecinos de Achichipico no denunciaron a Irving, sino a su hermano Heladio Rafael Sánchez Zavala, el presidente municipal que recibió sus quejas en 2022, las mismas que ignoró y que hoy, mientras su hermano enfrenta cargos por delincuencia organizada, sigue en el cargo con mandato vigente hasta 2027.

El pozo desapareció presuntamente con Irving, pero el modus operandi continuó con Heladio.

Una familia, tres alcaldes, quince años de poder

Para entender cómo fue posible, hay que ver quién ha gobernado Yecapixtla desde 2009:

• Irving Sánchez Zavala — 2009–2012, hoy detenido.
• Francisco Erik Sánchez Zavala — 2016–2018 y 2019-2021, dos periodos consecutivos
• Heladio Rafael Sánchez Zavala — 2022–2024 y 2025-2027 (actualmente en funciones)

Los tres son hermanos. Su padre, Francisco Rafael Sánchez Vargas, también fue alcalde en los noventa y posteriormente diputado local. Quince años del mismo apellido en el Palacio Municipal, con el PAN como vehículo electoral y el agua como moneda de cambio: los vecinos documentaron que el municipio solo suministraba el líquido durante las campañas, y lo cortaba una vez que el candidato ganaba. Cuando fueron a exigir explicaciones, la respuesta del Ayuntamiento de Heladio fue directa: seguirían sin agua porque Achichipico no había votado por él.

La denuncia que rebotó por todas las instancias

Ante la negativa municipal, los pobladores no se rindieron: escalaron su queja a todas las instancias posibles. En marzo de 2022 enviaron su denuncia formal a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, con copia al entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y a dependencias federales como la CONAGUA. Lo hicieron de forma anónima —así lo indicaron en el escrito— por miedo a represalias de las autoridades municipales.

Lo que siguió fue un circuito burocrático que duró meses y no resolvió nada.

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos respondió en mayo de 2022 que, si bien el desabasto podía constituir una violación a derechos humanos, su competencia no le permitía intervenir directamente en asuntos municipales. En lugar de archivar el caso, lo canalizó a tres instancias: giró una recomendación a la Comisión Estatal del Agua, ordenó dar vista a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y se ordena informar del presente asunto a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Yecapixtla.

Infobae México tuvo acceso a estos escritos, donde se destaca que la CEAGUA (Comisión Estatal del Agua del Estado de Morelos) respondió en dos ocasiones con el mismo argumento: el agua potable es una atribución constitucional de los municipios, no del estado, por lo que no tenía facultades para intervenir. Su oficio cerró con una frase que resumía el espíritu de toda la gestión institucional: que los vecinos podían acudir a sus oficinas en Cuernavaca si tenían dudas.

La CDHM (Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos) fue la única instancia que actuó con formalidad. La Visitaduría Regional Oriente radicó el expediente el 17 de mayo de 2022 y giró oficios simultáneos a todas las autoridades señaladas como responsables —La CEAGUA, el presidente municipal del Ayuntamiento de Yecapixtla (Heladio Rafael Sánchez Zavala), Sistema Operador de Agua Potable y saneamiento del municipio de Yecapixtla y la Contraloría Municipal— requiriéndoles rendir un informe preliminar sobre los hechos denunciados.

La defensa del Ayuntamiento de Heladio ante la CDHM fue puntual: negó toda responsabilidad argumentando que su administración había iniciado apenas el 1 de enero de 2022, por lo que no podía responder por violaciones a derechos ocurridas en años anteriores. Sobre el desabasto, sostuvo que desde 2016 era el comité de agua de la propia comunidad —no el municipio— el responsable del servicio, respaldándose en un acta de cabildo de febrero de ese año.

Lo que el informe no menciona es que entre 2016 y 2021, el municipio de Yecapixtla estuvo encabezado por Francisco Erik Sánchez Zavala, hermano de Heladio.

El expediente quedó abierto. El agua nunca llegó por la vía institucional. Los pobladores lo habían escrito con una claridad que ningún funcionario quiso leer: “No buscamos sanción para los responsables. Buscamos que nos den agua.”

Ante información que comenzó a circular la tarde de este 5 de junio respecto a un presunto levantamiento del plantón de la CNTE tras diálogo con el gobierno, el magisterio ha aclarado que no se retirarán de las calles aledañas al Zócalo, sino que el movimiento se debe a una reorganización por el fin de semana.

Comentaron que el levantamiento de algunas casa de campaña se debe a un acuerdo de la organización interna de delegaciones o sectores de los contingentes, por lo que al paso de los días hacen “relevo”, movimientos que se realizan los jueves, viernes y domingos.

CNTE se podría unir con otros sectores

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que el día de mañana -6 de junio- en punto de las 11 de la mañana llevará a cabo un “Foro solidario entre luchas y huelgas activas”, mismo que tendrá el objetivo de plantear acciones en conjunto con otras organizaciones y sindicatos que se han movilizado en los últimos días en el marco del Mundial de Futbol.

Tras la jornada de protestas que comenzó el pasado 1 de junio se han llevado a cabo distintas mesas de diálogo con representantes del gobierno, sin embargo, las principales demandas no han tenido respuesta -según lo comentado por el magisterio- situación que los ha orillado a permanecer en las calles de la capital.

La noche de este viernes, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, compartió un mensaje en sus redes sociales, donde aseguró que el diálogo sigue firme con la Coordinadora:

“Seguimos Segob, SEP e ISSSTE en una jornada intensa de diálogo con el magisterio para la construcción de acuerdos. En el gobierno democrático de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum las demandas legítimas y justas, encausadas por la vía pacífica, siempre tendrán una respuesta responsable”.

La SEP traza la ruta para eliminar la USICAMM

Mario Delgado presentó el 3 de junio un calendario que arrancaría el 15 de junio con la instalación de una mesa plural para elaborar una propuesta de reforma. Entre el 16 de junio y el 20 de julio se haría un diagnóstico del sistema educativo que abarcaría el marco jurídico previo a la reforma de 2013, los artículos 3° y 123 Apartado B constitucionales, derechos laborales, mecanismos de promoción, ingreso y ascenso, escalafón, transparencia y formación continua.

Del 21 de julio al 17 de agosto se elaboraría el proyecto de iniciativa de reforma. Del 18 al 31 de agosto se realizaría una consulta democrática al magisterio. El 14 de septiembre la iniciativa se presentaría ante el Congreso de la Unión. El documento fue firmado también por la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez.

La USICAMM, creada a partir de la Ley General del Servicio Profesional Docente impulsada en el gobierno de Enrique Peña Nieto, decide sobre admisión, promoción, reconocimiento y cambios de escuela del magisterio. La CNTE exige su eliminación por las fallas del sistema digital, el retraso en el otorgamiento de plazas y los criterios confusos que aplica.

El ISSSTE propone una aseguradora pública y más peso para PENSIONISSSTE

El 4 de junio, durante la tercera mesa de diálogo, el titular del ISSSTE Martí Batres presentó una propuesta para reformar el sistema de pensiones. El diagnóstico de partida es que la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, aprobada en el sexenio de Felipe Calderón, “sustituyó el régimen público, solidario e intergeneracional de pensiones por un sistema de cuentas individuales administradas, en su mayoría, por Afores privadas”, según detalló la dependencia.

La propuesta más destacada es la creación de una Aseguradora Pública especializada en el pago de pensiones. Batres la presentó ante la Comisión Nacional Única de Negociación como “la más relevante” por no existir actualmente ningún organismo con funciones exclusivas en la “administración y entrega mensual de pensiones a las personas retiradas”. Trabajaría en coordinación con PENSIONISSSTE.

En paralelo, el ISSSTE busca convertir a PENSIONISSSTE en la “alternativa viable” para los trabajadores del Estado en el régimen de cuentas individuales. Actualmente es la única Afore 100% pública y opera bajo la supervisión de la CONSAR en competencia directa con las Afores privadas.

Integrantes de la CNTE no levantarán el plantón que mantienen desde hace 4 días en las calles aledañas al Zócalo, tras una mesa de “diálogo” con titulares de distintas dependencias, representantes de la Comisión Nacional Única de Negociación del magisterio salieron sin acuerdos concretos.

Desaparición de la USICAMM no es suficiente

Aseguran que pese a la propuesta de Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual ya contempla la ruta a seguir para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las maestras y los maestros (USICAMM), no se resuelven “de fondo” la totalidad de sus demandas.

Acusan que no hay garantías sobre una jubilación digna ni se ha llegado al planteamiento de la abrogación de la reforma educativa de 2012, ni tampoco hay avance en la exigencia al gobierno de Claudia Sheinbaum sobre la eliminación de la ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 2007.

Cabe destacar que por parte del gobierno estas mesas han sido encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el titular del ISSSTE, Martí Batres, y el secretario de Educación; a quienes se les ha externado de manera detallada cada una de sus exigencias, así lo precisó la secretaria general de la Sección 22 de la CNTE:

“En estas tres mesas hemos puntualizado que nuestra demanda central a nivel nacional es una jubilación digna. ¿Y esto qué implica? Precisamente cumplir con el proceso de campaña que en su momento impulsó la ahora presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo”.

Pese a que las reuniones con las instituciones mencionadas han continuado su curso, también acusan la falta de respuesta a otra demanda: la reunión con la presidenta. Ante este contexto, el gobierno se arriesga a que los integrantes de la Coordinadora continúen en plantón a solo días de la inauguración del Mundial 2026.

Esta es la propuesta de la SEP para eliminar la USICAMM

El pasado 3 de junio, el secretario de Educación presentó la ruta de trabajo para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), uno de los 100 compromisos de gobierno de la Presidenta de México.

La propuesta contempla un proceso que arranca en junio y concluye en septiembre con la presentación de una iniciativa al Congreso, con miras a que la reforma quede aprobada en diciembre de 2026. Estas son las etapas:

• 15 de junio: instalación de una mesa plural con maestras y maestros para elaborar la iniciativa de forma conjunta.
• 16 de junio al 20 de julio: desarrollo de un diagnóstico.
• 21 de julio al 17 de agosto: elaboración del proyecto legislativo.
• 18 al 31 de agosto: consulta democrática al magisterio.
• 14 de septiembre: presentación de la iniciativa definitiva ante el Congreso de la Unión.

“Lo que los maestros están buscando y por lo que han luchado tanto tiempo, lo tienen a la mano. Tenemos ya la ruta de trabajo para hacer posible que en diciembre de este año tengamos una reforma que desaparezca el USICAMM”, afirmó Delgado.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que haya actos de violencia en las movilizaciones que han realizado esta semana maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, a pesar de que hay mesas de diálogo con autoridades del gobierno federal.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria advirtió que el gobierno no caerá en provocaciones ni responderá con represión, y atribuyó las acciones violentas a estrategias que, a su juicio, “parecen de ultraderecha”.

Para esto último, argumentó que la presencia de manifestantes encapuchados y los actos de vandalismo marcan una diferencia respecto a movilizaciones de años anteriores, señalando ahora “deciden actuar con palos y romper vidrios”.

“Está ahí el, la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación. Fíjense cómo se juntan los extremos, que también es relevante decirlo. Hay la ultraderecha que dice: “No, hay que rebelarnos contra el Gobierno” y provocación”, dijo en Palacio Nacional.

Por ello, la presidenta consideró que los extremos ideológicos se tocan en las protestas y sostuvo que detrás de los disturbios hay una provocación para forzar una respuesta represiva del gobierno, justo antes del inicio de la Copa Mundial FIFA 2026.

“Entonces, quieren que caigamos en una represión para la antesala del mundial. No vamos a caer en la provocación”, recalcó.

Sheinbaum Pardo insistió en que el gobierno federal mantiene abiertas las mesas de diálogo con el magisterio, a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, asegurando que se atienden las demandas de los maestros de cada estado en mesas tripartitas, donde también se abordan temas como las pensiones y las condiciones laborales.

En este sentido, hizo un llamado a que “quienes están permanentemente” realizando supuestos actos de provocación “mejor entren al diálogo”.

“Les decimos: pues mejor entren al diálogo, porque parece que son de ultraderecha, la verdad. La verdad, eso parece, porque no, no se entiende por qué romper vidrios cuando hay la puerta abierta de una negociación”, putnualizó.

Al ser cuestionada sobre una posible reunión directa con los líderes de la CNTE, Sheinbaum aclaró que recientemente se reunió con maestros de Chiapas y que los titulares de Gobernación y Educación Pública tienen toda su confianza para negociar acuerdos.

“No va a cambiar nada si se reúnen conmigo, nada. Ellos tienen toda la confianza de la presidenta para llegar a acuerdos con los maestros”, subrayó.

La presidenta advirtió que el gobierno no hará promesas incumplibles por razones presupuestales, pero mencionó avances en esquemas de pensiones, como el Fondo de Pensiones para el Bienestar, y ajustes en los mecanismos de movilidad docente.

A una semana de la inauguración del Mundial, las protestas de la CNTE se intensificaron en la capital, con bloqueos y hechos violentos que llevaron a las autoridades a reactivar las negociaciones.

La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública retomaron el diálogo con los representantes del magisterio, en busca de acuerdos que permitan atender las principales exigencias laborales y de seguridad social de los docentes.

El político sonorense Ricardo Lugo Moreno asumió oficialmente el cargo como senador de la República en sustitución de Heriberto Aguilar Castillo, quien solicitó licencia temporal para separarse de sus funciones legislativas del 25 al 30 de mayo.

La toma de protesta fue encabezada por Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, al concluir la sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República.

Durante el acto protocolario, Lugo Moreno rindió protesta constitucional para integrarse formalmente a los trabajos de la LXVI Legislatura y representar al estado de Sonora en la Cámara Alta.

Licencia de Heriberto Aguilar se da por motivos familiares

La separación temporal de Heriberto Aguilar ocurre luego del fallecimiento de su sobrina Leyna, situación que llevó al legislador de Morena a solicitar licencia para acompañar a su familia durante el duelo.

A través de un comunicado, Aguilar Castillo explicó que su decisión responde tanto a motivos personales como a la necesidad de atender de manera responsable la transición legislativa durante su ausencia.

El senador también agradeció las muestras de apoyo y solidaridad recibidas en los últimos días, luego del delicado estado de salud que enfrentó su familiar.

Primer sanluisino en ocupar un escaño en el Senado

Con su llegada al Senado, Ricardo Lugo Moreno se convirtió en el primer originario de San Luis Río Colorado en ocupar un escaño en la Cámara de Senadores, hecho que ha sido destacado en Sonora.

Antes de asumir esta responsabilidad, Lugo se desempeñaba como delegado de la Secretaría de Gobernación en Sonora, cargo del que también pidió licencia para incorporarse a sus nuevas funciones legislativas.

Entre los principales cargos que ha ocupado destacan:

• Director municipal del Deporte en San Luis Río Colorado.
• Secretario del Ayuntamiento durante casi dos años.
• Diputado local en el Congreso de Sonora tras las elecciones de 2021.
• Candidato suplente al Senado por Sonora.
• Delegado de la Secretaría de Gobernación en la entidad.

Ricardo Lugo promete impulsar proyectos para Sonora

Tras rendir protesta, el nuevo senador afirmó que buscará impulsar iniciativas enfocadas en el desarrollo económico, social y de infraestructura para Sonora.

Asimismo, expresó que mantendrá cercanía con la ciudadanía y trabajará en coordinación con el gobernador Alfonso Durazo Montaño para fortalecer proyectos prioritarios para el estado.

Lugo Moreno también reiteró su respaldo al proyecto político de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aseguró que continuará legislando en favor de las familias sonorenses desde la Cámara Alta.

Senado formalizará incorporación de Lugo Moreno ante el Pleno

Luego de la ceremonia, Laura Itzel Castillo informó que la toma de protesta será comunicada oficialmente a las y los integrantes de la Mesa Directiva y posteriormente al Pleno del Senado.

Además, instruyó a la Secretaría General de Servicios Administrativos para asignar a Ricardo Lugo Moreno los espacios físicos y recursos correspondientes para el desempeño de sus actividades legislativas.

Con esta incorporación, Morena mantiene la representación de Sonora en el Senado mientras concluye la licencia temporal de Heriberto Aguilar.

El paro de transporte de carga anunciado por transportistas del sur de Honduras comenzará este lunes 25 de mayo y podría interrumpir el traslado de mercancías en los principales corredores logísticos de la región. Dirigentes del gremio afirmaron que la protesta seguirá “de forma indefinida” hasta obtener una respuesta del Gobierno y la instalación de mesas de negociación.

La medida prevé una paralización total o parcial de las unidades de carga pesada, con posible impacto en la distribución de alimentos, productos de consumo masivo, materiales de construcción, combustibles y otros insumos, según advirtieron representantes del sector.

Sectores comerciales y productivos de la zona sur anticiparon retrasos en entregas, desabastecimiento temporal en puntos de venta y un aumento de costos logísticos que podría trasladarse al consumidor si la suspensión del servicio se prolonga.

incumplimientos de acuerdos laborales

Representantes del gremio del transporte de carga atribuyeron la convocatoria a un “prolongado” cúmulo de inconformidades y a la falta de acuerdos con las autoridades. Aunque no detallaron un pliego completo de exigencias, mencionaron reclamos vinculados a condiciones laborales, operativas y administrativas.

Los dirigentes sostuvieron que la situación del sector llegó a un punto que consideran “nivel crítico” para operar, y plantearon que el paro busca presionar para obtener respuestas concretas por parte de las instituciones responsables.

La zona sur es un punto clave para la movilización de mercancías hacia distintos destinos del país. Transportistas advirtieron que la paralización parcial o total puede afectar de inmediato la cadena de suministro, con dificultades para reponer productos básicos y para sostener el ritmo de distribución habitual.

Comerciantes y distribuidores de la región señalaron que incluso un freno de corta duración puede generar faltantes puntuales, sobre todo en rubros de alta rotación. También alertaron sobre demoras en la entrega a supermercados, ferreterías y estaciones de servicio, en la medida en que el traslado dependa del transporte pesado.

¿Abiertos al diálogo?

Los dirigentes del transporte pidieron al Gobierno la instalación “inmediata de mesas” de negociación con participación del sector. Según el gremio, hay disposición al diálogo, pero condicionada a compromisos que puedan verificarse.

Los transportistas insistieron en que el paro continuará de manera “indefinida” hasta que exista una respuesta oficial. En el ámbito empresarial, actores del sector productivo advirtieron que, si no se abre una instancia de diálogo en las próximas horas, el conflicto puede escalar y profundizar el impacto en el abastecimiento y la actividad económica de la zona sur de Honduras.

En este escenario, la incertidumbre se mantiene en la zona sur del país a pocas horas de que entre en vigor la paralización, mientras distintos sectores económicos permanecen a la expectativa de una posible salida de último momento que permita evitar afectaciones mayores.

De momento, el sector transporte sostiene su postura y condiciona cualquier retorno a las operaciones a la apertura de un proceso de diálogo con respuestas concretas a sus demandas.

Hasta el cierre de esta información, no se ha confirmado ningún acuerdo entre las partes, por lo que la medida de presión se mantiene vigente para iniciar este lunes.

El panorama sigue siendo de expectativa en la zona sur del país, donde el impacto del paro dependerá de su duración y del alcance de la paralización en los principales corredores de transporte de carga.

Organizaciones y sindicatos que congregan a médicos, enfermeros y demás trabajadores de hospitales se reunieron frente al Ministerio de Salud nacional, en Buenos Aires, para reclamar al titular de la cartera, Mario Lugones, bajo la consigna 'La salud no puede esperar', y luego marcharon hasta la icónica Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno.

"Hace dos años que marchamos en la calle contra Milei y Lugones", dijo a EFE Jorge Yabkowski, secretario general de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), uno de los gremios que se movilizó.

Además, el secretario de Fesprosa mencionó que las manifestaciones de este miércoles se enmarcan en un plan de lucha que incluye huelgas en hospitales de distintos puntos del país y destacó que además de la movilización en Buenos Aires, también se registraron protestas en provincias como Santa Cruz, Mendoza, Santa Fe, Tierra del Fuego y Chaco.

Yabkowski extendió su reclamo más allá del Gobierno nacional y expresó: "Debemos criticar a los gobernadores y alcaldes que están aplicando la precarización en sus provincias y municipios".

Las principales consignas de la protesta se centraron en la caída de los recursos nacionales para la salud pública, que, según un análisis publicado este año por la fundación Soberanía Sanitaria, cayeron en un 34 % en términos reales entre 2023 -año de asunción presidencial de Milei- y 2025.

Durante la manifestación en la capital argentina, médicos y enfermeros vestidos con delantales blancos marcharon con pancartas y banderas con consignas contra el presidente, y mensajes como "la salud pública se defiende" o "el ajuste de Milei mata".

En la protesta se hicieron presentes referentes opositores, incluidos miembros de partidos de izquierda y el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el peronista Nicolás Kreplak.

Según un estudio del Instituto Argentina Grande publicado a principios de mayo, entre 2023 y 2025 los hospitales públicos sumaron 742.000 nuevos pacientes, lo que -según el documento- ha incrementado la presión a un sistema de salud con cada vez menos recursos.

En conferencia de prensa, dirigentes de la CNTE -uno de los principales sindicatos de maestros en México,- acusaron al Gobierno federal de responder con "migajas" a las demandas del magisterio.

Isael González, de la CNTE en Chiapas, detalló que la huelga arrancará el 1 de junio con una marcha desde el Ángel de la Independencia al Zócalo de Ciudad de México, donde instalarán un plantón indefinido y definirán nuevas acciones de protesta en los días posteriores.

"Los ojos del mundo estarán en la Ciudad de México y ahí estaremos mostrando nuestra inconformidad", enfatizó.

El 11 de junio, Ciudad de México será sede del partido inaugural del Mundial, que México organiza con Estados Unidos y Canadá.

González aseguró que la huelga solo terminará si el Gobierno deroga la Ley del ISSSTE y la reforma educativa, y acusó a las autoridades de incumplir las promesas hechas al magisterio.

También reiteró que los maestros no solicitaron un adelanto del fin del ciclo escolar y sostuvo que la huelga nacional "es una necesidad, no un capricho".

Pedro Hernández, de la sección 9 de la CNTE, añadió que el incremento anunciado el viernes por el Gobierno "no representa realmente un 9 %", al asegurar que buena parte corresponde a prestaciones y que el aumento efectivo sería cercano al 4,3 %, apenas por encima de la inflación prevista para 2026.

"Estas migajas (...) son inaceptables", dijo.

Elvira Veleces Morales, coordinadora de la sección 14 de Guerrero, afirmó que las movilizaciones buscan "visibilizar la lucha" del magisterio, aprovechando la "ventana" del Mundial, y sostuvo que cualquier afectación durante el torneo "dependerá de la voluntad del Gobierno Federal" para atender sus demandas.

La Sección 22 de Oaxaca (sur), uno de los principales bastiones de la CNTE, adelantó que iniciará movilizaciones desde el 25 de mayo, aunque confirmó su participación en la huelga nacional convocada para el 1 de junio.

Entre las principales exigencias del sindicato se encuentran la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa impulsada durante los gobiernos de los expresidentes Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Los maestros también exigen cambios al sistema de jubilación docente, incluido el regreso a un esquema solidario de pensiones y jubilaciones por años de servicio, así como un aumento salarial del 100 %.

La organización ambientalista Sélvame convocó a la ciudadanía a participar en una marcha pacífica en defensa de Mahahual, Quintana Roo, debido a la construcción del parque acuático “Perfect Day México” por parte de la empresa Royal Caribbean.

La movilización tendrá lugar el próximo jueves 21 de mayo a las 9:00 horas frente a las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ubicadas en la Ciudad de México. Los organizadores invitaron a los asistentes a llevar pancartas bajo la consigna: “Mahahual no se vende”.

El proyecto, cuya inauguración está programada para 2027, enfrenta severos señalamientos por parte de expertos y colectivos defensores del medio ambiente debido a sus destructivas consecuencias ecológicas. De acuerdo con informes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la obra amenaza directamente los manglares de la zona y el hábitat del manatí, así como de diversas especies de corales protegidos.

Asimismo, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) advierte que este sistema arrecifal alberga más de 60 especies de coral, más de 500 especies de peces y tortugas marinas en peligro de extinción, las cuales sufrirían un impacto irreversible. Por su parte, especialistas del Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) señalaron que esta obra no es un caso aislado, sino que forma parte de una tendencia de desarrollo extractivista en Quintana Roo. El OCSA advirtió que la transformación del territorio para el turismo masivo pone en riesgo las formas de vida comunitaria y las economías locales.

Esta convocatoria de Selvame se suma a la reciente ola de presión social contra el complejo turístico a nivel nacional. El pasado 12 de mayo, la organización internacional Greenpeace realizó un impactante acto de resistencia civil en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Activistas escalaron la fachada del Palacio de Bellas Artes para desplegar una manta monumental exigiendo a la Semarnat detener la obra.

“En estos momentos nos encontramos en un ícono cultural para exigir la protección urgente de un ícono de la naturaleza”, manifestó Greenpeace a través de sus redes oficiales. Paralelamente, en la explanada del recinto cultural, un grupo de brigadistas sostuvo carteles con la leyenda: “No más proyectos de turismo depredador”, llamando a la conciencia sobre la fragilidad del ecosistema caribeño.

Con la marcha del 21 de mayo, los colectivos buscan unificar los reclamos ciudadanos y presionar a las autoridades federales para que revoquen los permisos ambientales antes de que el daño en Mahahual sea irreversible.

Además, se mantiene abierta la convocatoria para firmar una petición para que Semanart detenga las obras en siguiente enlace: www.change.org/p/rechaza-el-proyecto-perfect-day-m%C3%A9xico-en-mahahual

Los manifestantes, que portaban un mar de banderas británicas o inglesas (la cruz roja de San Jorge sobre fondo blanco), corearon repetidamente vivas a Robinson e insultos contra el primer ministro británico: "Keir Starmer es un idiota". En sus carteles abundaban las consignas contra los inmigrantes: "Deportad a los millones de invasores" o "Acabad con las pateras".

Un manifestante que se identificó como Brian dijo a EFE: "Van a decir luego que somos racistas y es injusto. Yo no tengo nada contra los inmigrantes, pero la verdad es que yo y otros muchos británicos que pagamos nuestros impuestos resulta que somos relegados en nuestra patria", decía.

Entre los manifestantes había tantos jóvenes como adultos llegados de toda Inglaterra y hasta de Escocia y Gales, pero lo que dominaba era la presencia de hombres, mucho más abundantes que las mujeres. Aunque numerosos participantes bebían latas de cerveza mientras caminaban, un servicio de orden de la organización se ocupaba de que no hubiera excesos ni comportamientos violentos.

Robinson, que no pertenece a ningún partido, tuvo hoy un discurso claramente político y dijo al comienzo de la marcha desde un escenario: "¿Estáis listos para la batalla? En 2029 tenemos elecciones (legislativas) y va a ser el momento más importante de nuestra generación".

Y aunque dijo que su movimiento es un mero "movimiento cultural", quiso dejar claro su mensaje político: "Si no mandamos un mensaje en esta elección, si no os registráis para votar, si no os involucráis, si no os hacéis activistas, vamos a perder nuestro país para siempre (...) No os digo a cuál, pero tenéis que uniros a un partido político", antes de citar cuatro formaciones de la derecha.

Robinson, de 43 años, ha pasado en cinco ocasiones por la cárcel, la última de ellas el año pasado. Después de ser excarcelado en mayo pasado, ha sido invitado a visitar Israel en octubre y Estados Unidos (donde fue recibido en el Departamento de Estado) en febrero.

Desde su cuenta de X -a la que regresó por decisión de Elon Musk en 2023 tras ver su cuenta suspendida tres años-, Robinson se dirigió la víspera a la policía británica para asegurarles que sus partidarios son amantes de orden y que se encargaría de pedirles hoy contención y buena conducta.

Por si acaso, el Gobierno británico anunció el viernes que había prohibido la entrada al país a once activistas de la ultraderecha mundial -de España, Estados Unidos, Polonia o Países Bajos- que iban a tomar parte en la manifestación de Robinson, por temor a que contribuyeran a "expandir el odio".

Aun con todas las precauciones, la policía considera que la jornada de hoy es de máximo riesgo, no solo por los disturbios ocasionados por los seguidores de Robinson el pasado septiembre, sino por la coincidencia en el centro de Londres, aunque sea en itinerarios separados, de otra gran manifestación de signo contrario. Ha desplegado a 4.000 agentes en la ciudad.

La segunda manifestación, convocada por grupos propalestinos para recordar la 'Nakba' o expulsión masiva de palestinos en 1948 tras la creación del Estado de Israel, también ha tenido carácter masivo, según pudo comprobar EFE, como suele suceder con estas convocatorias en Londres.

Esta segunda manifestación, que transcurrió en ambiente pacífico, congregó a familias enteras y una gran cantidad de mujeres. Pudo verse a representantes de numerosos partidos de la izquierda, parlamentaria o extraparlamentaria.

Los participantes corearon repetidamente "Free Palestine" y varias consignas contra la ultraderecha británica. En un momento dado, se encontraron con un grupo de provocadores con banderas israelíes, pero el propio servicio de orden de los manifestantes y la policía los acordonaron para evitar el contacto físico entre ellos.

Hay temor a que a última hora del día, cuando hayan terminado oficialmente las dos manifestaciones, los activistas de uno y otro signo se encuentren en el centro de la ciudad y pueda haber confrontaciones.

Javier Otazu

Alrededor de 50 estudiantes permanecieron durante la noche dentro del rectorado con frazadas y pertenencias personales, mientras exigían la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades universitarias. Asimismo, en los exteriores de la universidad se registró presencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de que el día anterior parte de la avenida Universitaria fuera tomada por los manifestantes.

Estudiantes exigen participación

El dirigente universitario Rafael Polar señaló que las protestas continuarán hasta que exista una respuesta formal del rectorado y se atiendan las principales demandas estudiantiles. En conversación con el citado medio, sostuvo que la medida se mantendrá “hasta que se establezca un piso mínimo para el cumplimiento y trabajo” de sus exigencias.

Asimismo, indicó que los estudiantes solicitan que cualquier comisión vinculada al tema cuente con “una participación real del estudiantado”. También demandó garantías para que no se apliquen sanciones contra quienes participan en las protestas. “Las garantías de que no vaya a haber ninguna medida persecutoria, tanto interna como externa, disciplinaria, contra los estudiantes que han ejercido su derecho a la protesta”, expresó.

Denuncian falta de diálogo

Rafael Polar aseguró además que, hasta el momento, no existe un acercamiento oficial por parte del rectorado hacia la federación estudiantil. De acuerdo a sus declaraciones brindadas a Exitosa, ya se remitió una comunicación formal a las autoridades universitarias, pero no han obtenido respuesta. “No ha habido una aproximación oficial del rectorado hasta el momento”, manifestó.

El dirigente también denunció presuntas amenazas de apertura de procesos disciplinarios contra los alumnos movilizados. “Los ánimos siempre han sido sumamente crispados y sobre todo actitudes persecutoras”, afirmó. En esa línea, sostuvo que estas advertencias buscarían “desmovilizar” y “despolitizar” a los estudiantes que participan en la protesta.

Por su parte, otra representante estudiantil cuestionó la falta de transparencia de las autoridades universitarias durante la jornada de protestas. Según indicó, el Consejo Universitario permaneció reunido en un espacio cerrado y no sostuvo un diálogo efectivo con los manifestantes. “Lamentamos que el rectorado no esté mostrando esta disposición de transparencia y comunicación con los estudiantes”, señaló.

¿Por qué la PUCP decidió incrementar sus pensiones?

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) anunció el incremento de sus pensiones para los estudiantes que ingresen a partir del ciclo 2027-1, eliminando las escalas de pago más bajas y estableciendo un monto mínimo mensual de S/ 2.692, más del doble del monto base anterior. La institución argumentó que esta medida busca viabilizar un nuevo esquema de becas socioeconómicas denominado Mac Gregor, orientado a compensar el impacto económico en los postulantes de menores recursos.

La decisión se fundamenta en la necesidad de fortalecer los ingresos de la universidad, luego de registrar pérdidas financieras superiores a S/ 220 millones en 2025. Además, la PUCP resaltó el papel de los recursos provenientes del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), que sumaron cerca de S/ 278 millones entre 2020 y 2025. Según exrepresentantes estudiantiles, la reducción en el monto transferido por Pronabec habría motivado la reestructuración de la estructura de cobros como medida de sostenibilidad.

El nuevo sistema de becas Mac Gregor tendrá criterios exclusivamente socioeconómicos y no dependerá del rendimiento académico. El beneficio cubrirá entre el 50 % y el 60 % del costo real de los estudios y reemplazará las subvenciones de las escalas G1, G2 y G3. Solo aplicará a quienes ingresen desde 2027, mientras que los estudiantes actuales mantendrán sus condiciones, aunque el ajuste ha generado protestas y preocupación por la reducción de la accesibilidad para sectores de menores ingresos.

En Sinaloa, las protestas por los altos cobros en el recibo de luz han reunido a decenas de ciudadanos frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los inconformes denuncian incrementos significativos en los recibos durante el último bimestre y señalan que la situación afecta a familias, pequeños comercios y microempresas.

La gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde afirmó que el Gobierno estatal brindará atención a los afectados, aunque la solución definitiva depende de la CFE.

Durante la segunda semana de mayo de 2026, en Culiacán y otras ciudades, usuarios informaron montos inusuales a pagar, con reportes de casos extremos en los que los recibos superan ampliamente lo que habitualmente pagaban.

La molestia ciudadana aumentó tras la llegada de deudas que los afectados consideran injustificadas.

El Gobierno estatal ha reiterado que, aunque el tema compete a una empresa federal, atenderá a cualquier ciudadano que acuda a Palacio de Gobierno.

Bonilla Valverde precisó que a quienes se han manifestado ya les han ofrecido atención y que, si acuden, serán recibidos como cualquier ciudadano. La mandataria también informó que el superintendente de la CFE dialogó con los manifestantes y se comprometió a entregar una respuesta en breve, aunque aún no hay avances oficiales.

Manifestaciones y presión social

Las movilizaciones comenzaron en mayo de 2026. Decenas de personas se congregaron en las instalaciones de la paraestatal en Culiacán, donde mantienen presencia constante para exigir soluciones.

Los usuarios afectados aseguran que, pese a la presión social, la CFE solo ha ofrecido prórrogas para el pago o revisiones técnicas, sin plantear hasta ahora una reducción o corrección tarifaria.

En varios casos se reportaron recibos elevados en domicilios que permanecieron deshabitados por días. Además, se han registrado cortes de energía eléctrica en viviendas con acuerdos de revisión abiertos, según reportes locales.

Respuesta de autoridades estatales

La gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde ha reiterado la disposición del Gobierno estatal para atender a los ciudadanos afectados, independientemente de que la solución de fondo dependa de la CFE.

El superintendente de la empresa dialogó con los manifestantes de acuerdo con lo dicho por la gobernadora.

Según Bonilla Valverde, la tarifa de verano ya está vigente desde el 1 de mayo. Sin embargo, los usuarios insisten en que el subsidio resulta insuficiente frente a los aumentos recientes.

Acciones ciudadanas y contexto del subsidio de verano

Organizaciones vecinales han convocado a protestas como forma de presión. Sinaloa cuenta con la tarifa 1F, la más subsidiada del país debido a las altas temperaturas, pero es frecuente que se repitan los reclamos por cobros elevados justo antes de que entre en vigor el beneficio. Aunque el subsidio ya está activo, los usuarios exigen una revisión integral de las tarifas y mayor transparencia en la lectura de medidores.

Seguimiento y situación actual

El Gobierno estatal mantiene la atención a los afectados mientras espera una respuesta formal de la CFE. Hasta la fecha no se han comunicado soluciones definitivas.

La expectativa ciudadana se concentra en que la CFE y las autoridades federales logren una resolución que alivie el impacto económico en los hogares y comercios de Sinaloa, mientras la inconformidad social persiste y las protestas continúan.

Antecedentes de protestas por cobros de CFE en Sinaloa

En años previos, Sinaloa también registró inconformidad social por incrementos en los recibos de luz. Durante administraciones anteriores, cientos de usuarios realizaron manifestaciones similares frente a las oficinas de la CFE para exigir ajustes tarifarios y mayor transparencia en la facturación.

Las autoridades estatales de esos periodos intervinieron ante la federación, aunque los reclamos por tarifas elevadas han sido una constante en la región.

Durante un móvil con un medio digital, el creador de contenido aseguró que el desfinanciamiento de la educación “es un proceso que están llevando a cabo adrede”.

“Si un pibe estudia economía, si un pibe estudia derecho, estás educando a una persona que se va a dar cuenta de lo que está pasando con la guita esa que se están llevando”, sostuvo. En ese sentido, consideró que la intención es que “cada vez seamos más burros” y “cada vez estudiemos menos”.

“El mensaje es clarísimo cuando en el Congreso te lo llenan de prostitutas, te lo llenan de un tipo que se pone un termo en la cabeza y te dicen ‘estudiar es de boludo, ¿para qué vas a estudiar?’“, afirmó, en declaraciones a Datta.

El streamer, que cursó la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), también criticó el estado de las rutas y los bajos ingresos que perciben los jubilados: “¿A dónde va esa guita? Nadie se lo pregunta".

Asimismo, Benavides relató su experiencia personal en el Instituto Técnico EEST N°6 “Albert Thomas”, ubicado en La Plata, donde cursó sus estudios: “Completamente desfinanciada. ¿De dónde tiene que venir el presupuesto? De Nación. El presupuesto se está cayendo a pedazos".

“Sé de donde vengo. Familia de obreros, familia de gente que laburó toda su vida. Mi hermano y yo, primera generación de profesionales. No te podés olvidar de eso. El que no sabe de dónde viene, no tiene idea de a dónde va. Lo mínimo que uno puede hacer para devolverle a la gente es venir y seguir protegiendo los derechos de los que están por venir”, concluyó.

La movilización de ayer, cuyo acto central se desarrolló en Plaza de Mayo, constituyó la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente.

Entre los principales reclamos figuran el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la falta de acatamiento a fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma -que ajustan una recomposición de salarios y becas-, la reducción del presupuesto para el sector y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

El documento final, leído por estudiantes, exigió que el Gobierno cumpla de una vez la ley de financiamiento universitario, votada, ratificada y validada en dos instancias por la Justicia, mientras se espera la intervención final de la Corte.

El escrito, titulado “Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia”, está firmado por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), CONADU Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Federación de Agrupaciones Gremiales de Docentes Universitarios de la UTN (FAGDUT), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y la Unión Docente Argentino (UDA).

El financiamiento del sistema universitario nacional es actualmente crítico, según el texto, “porque el Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”, que establece un piso de recursos para el normal funcionamiento del sistema. La norma en cuestión es la Ley N° 27.795, sancionada y ratificada en el Congreso. El documento advierte que el Ejecutivo también desoye los fallos judiciales que ordenan su aplicación inmediata.

En ese sentido, reclamaron que las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. De esta manera, se ven afectadas todas las dimensiones de la actividad universitaria y compromete sus funciones sustantivas. A ello se suma que el poder adquisitivo de las partidas destinadas a gastos de funcionamiento no superó, en ningún mes de la gestión actual, el 64% del valor que tenían en enero de 2023. El equivalente a casi nueve meses de transferencias se habría perdido durante esta administración.

En tanto, remarcaron el deterioro salarial que sufrieron los trabajadores de la educación. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, la inflación acumuló 293,30%, mientras que los salarios del sector registraron un incremento del 147,30%, lo que arroja una pérdida de poder adquisitivo del 37,13%. En términos concretos, el documento estima que esa erosión equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período.

“Bono no es salario”, gritaban los docentes ante la sede ministerial en el centro de la capital, con pancartas donde se leían mensajes como: “Cansado de hacer magia con mi sueldo”.

El salario mínimo mensual en Venezuela se mantiene en 130 bolívares desde 2022, cifra que entonces equivalía a treinta dólares. La inflación acumulada en lo que va de 2026 llegó al 90%, devaluando el salario mínimo a 27 centavos de dólar actualmente. Para compensar esta pérdida, el Gobierno implementa bonificaciones, que el pasado 30 de abril fueron incrementadas a 240 dólares.

“Aumenten los salarios o seguimos en la calle, no queremos bonos”, reclamaba otro grupo de manifestantes, perteneciente a un sector que ha sufrido especialmente en la última década, después de haber sido uno de los mejor remunerados junto al área de salud y seguridad.

Los profesores presentaron un documento al ministerio donde solicitaron el aumento salarial y el pago de otro bono que, según afirman, solo se ha otorgado a ciertos sectores.

El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), José Gregorio Alfonso, señaló que “ninguna de las bonificaciones son salarios”, ya que no se reflejan en los beneficios laborales como vacaciones, liquidaciones o el cálculo de prestaciones sociales.

“Sin salario están destruyendo el valor de nuestro trabajo”, agregó Alfonso, advirtiendo que, de no haber incrementos, la protesta podría desembocar en una paralización de las actividades universitarias.

El secretario de contrato y conflicto de la Federación de Sindicatos de la Educación Superior de Venezuela, José Pérez, denunció que el Gobierno mantiene “muchas deudas” con el sector universitario y que, si el salario mínimo continúa en 130 bolívares, el pago vacacional de este año sería de apenas dos dólares.

De acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, una familia de cinco personas necesita más de 600 dólares para cubrir los gastos básicos de alimentación en Venezuela.

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), más de la mitad de la población venezolana vivió durante 2025 en condiciones de “pobreza multidimensional”, medida a partir de aspectos como ingresos, empleo, vivienda, servicios, educación y salud.

La protesta estudiantil dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) alteró las actividades previstas por el aniversario 475 de la casa de estudios. Desde la tarde del 12 de mayo, grupos de estudiantes ocuparon accesos de la ciudad universitaria y realizaron movilizaciones internas para rechazar el proyecto de ley que plantea permitir la reelección de rectores y vicerrectores.

Los primeros reportes surgieron alrededor de las 5 de la tarde. Videos difundidos desde el campus mostraron a estudiantes desplazándose por distintos sectores de la universidad mientras lanzaban arengas contra las autoridades universitarias y contra el sistema electoral planteado para los próximos comicios internos.

La movilización también expuso el creciente cuestionamiento sobre la modalidad virtual aprobada para las elecciones de rectorado. Tanto organizaciones estudiantiles como docentes de la Asamblea Universitaria advirtieron riesgos relacionados con la transparencia del proceso y recordaron las denuncias registradas durante anteriores jornadas electorales.

Estudiantes rechazan reelección de autoridades

La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) difundió un pronunciamiento con tres exigencias principales. El gremio pidió al Congreso el archivamiento del Proyecto de Ley N.° 12736, iniciativa vinculada con la reelección de rectores y vicerrectores.

En el documento, los estudiantes sostuvieron: “Exigimos al Congreso el archivamiento del Proyecto de Ley N° 12736 de reelección de rectores, que busca la ilegal reelección de la nefasta rectora Jerí Ramón”.

La organización también cuestionó la decisión del Comité Electoral Universitario respecto a la modalidad virtual de sufragio. Según el pronunciamiento, el sistema remoto podría permitir irregularidades vinculadas con la identidad de los votantes.

“Exigimos al Comité Electoral UNMSM que las elecciones de rector sean presenciales, ya que han aprobado la modalidad virtual para que nuevamente haya suplantación del voto a favor de Jerí”, señaló la federación estudiantil.

El tercer reclamo estuvo dirigido contra el incremento de la valla electoral aprobado para el proceso universitario. Los estudiantes consideraron que la medida afectaría a sectores opositores dentro de la universidad.

Docentes alertan riesgos en elecciones virtuales

La controversia también alcanzó a integrantes de la Asamblea Universitaria. Un grupo de docentes solicitó formalmente que las elecciones previstas para julio se desarrollen de forma presencial y no virtual.

La solicitud fue presentada por la docente principal de la Facultad de Ciencias Biológicas, Dra. Gisella Orjeda Fernández, junto con otros profesores asambleístas. El pedido buscó incorporar el cambio de modalidad en la agenda de la próxima sesión de Asamblea Universitaria.

En el documento dirigido a la rectora Jerí Ramón Ruffner, los docentes advirtieron problemas relacionados con la infraestructura tecnológica de la universidad. Según el pronunciamiento, la red telemática presenta deficiencias de seguridad y estabilidad operativa.

Los profesores recordaron además que el 18 de abril se suspendieron temporalmente servicios tecnológicos de la universidad. Para los firmantes, ese episodio reflejó una fragilidad operativa que podría afectar el desarrollo de un proceso electoral virtual.

“Las elecciones no solo deben ser intachables, sino también parecerlo”, indicaron los asambleístas en el documento presentado ante las autoridades universitarias.

Cuestionamientos sobre la red telemática

La Dra. Gisella Orjeda expresó preocupación por los cambios constantes de responsables técnicos dentro de la red telemática universitaria. Según explicó, esta situación podría comprometer el manejo adecuado de la infraestructura digital y la seguridad de las cuentas institucionales.

Los docentes también mencionaron problemas relacionados con los servidores universitarios. En el pronunciamiento señalaron que los equipos permanecieron durante largos periodos sin condiciones adecuadas de climatización.

Otro de los puntos mencionados por los asambleístas estuvo relacionado con las denuncias registradas en procesos electorales anteriores. Los docentes recordaron reportes sobre presuntas suplantaciones de votos en jornadas pasadas.

La discusión surgió mientras el Comité Electoral Universitario mantiene el cronograma que fija para el 8 de julio la primera jornada electoral bajo voto electrónico no presencial.

Dependencia operativa de la ONPE genera preocupación

El cronograma electoral difundido por el Comité Electoral Universitario precisó que el proceso virtual dependerá de la disponibilidad operativa y logística de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Esa condición también generó cuestionamientos dentro de la comunidad universitaria. La Dra. Gisella Orjeda señaló que una eventual ausencia de acompañamiento técnico de la ONPE podría afectar el desarrollo regular de las elecciones internas.

Las dudas alrededor de la modalidad virtual reaparecieron además por los antecedentes de las elecciones universitarias de 2021. La Federación Universitaria de San Marcos recordó que aquel proceso terminó marcado por denuncias, cuestionamientos y pedidos de nulidad.

Según la FUSM, las irregularidades registradas en esos comicios obligaron posteriormente a realizar una nueva convocatoria electoral. Por ese motivo, la decisión de mantener nuevamente una modalidad virtual reabrió el debate sobre la legitimidad y seguridad del próximo proceso universitario.

Elementos de la Policía Estatal desalojaron este sábado a productores de frijol que mantenían una protesta en las inmediaciones del Multiforo de Zacatecas, donde se realizaba un concierto del cantante Ricardo Montaner. Este operativo dejó al menos 11 personas detenidas y provocó bloqueos en distintos puntos de la capital.

La movilización inició con la colocación de tractores y camionetas en los accesos al recinto para exigir el cumplimiento de un acuerdo firmado el 29 de marzo, relacionado con el acopio de mil 500 toneladas de frijol dentro del programa Alimentación para el Bienestar.

Los productores señalaron que dicho acuerdo fue utilizado para levantar un paro previo en la capital del estado, pero acusaron incumplimiento por parte de las autoridades.

El retiro de los manifestantes se realizó con intervención de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas, lo que derivó en enfrentamientos, empujones y uso de escudos entre policías y productores.

Expansión de la protesta

Tras las primeras detenciones, la protesta se amplió con la incorporación de estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, colectivos feministas y organizaciones sociales, que bloquearon el bulevar Metropolitano y exigieron la liberación de los detenidos.

Entre los arrestados se encuentran campesinos, estudiantes y una maestra jubilada de 74 años.

La postura oficial

El gobierno de David Monreal Ávila afirmó que la intervención tuvo como objetivo “garantizar la libre circulación y la seguridad de los asistentes al evento”, y sostuvo que el operativo se realizó bajo protocolos de legalidad.

Durante la tarde y noche, los bloqueos se mantuvieron en distintos puntos de la capital y frente a instalaciones de la Policía de Investigación, donde permanecieron familiares de los detenidos.

Al cierre del día, organizaciones sindicales, estudiantiles y colectivos acordaron una megamarcha para el lunes, que partirá desde la Unidad Académica de Ingeniería de la UAZ, con exigencias de liberación de detenidos y destitución de funcionarios estatales vinculados al programa de acopio de frijol.

Campesinos confrontaron a funcionarios de Morena en un restaurante

Horas antes del registro de las detenciones, productores de frijol ingresaron el sábado a un restaurante del Centro Histórico de Zacatecas para exigir atención a funcionarios estatales y federales, en medio de las protestas por la caída del precio del grano y la falta de cumplimiento de acuerdos de apoyo al sector.

En el lugar se encontraban la diputada federal Soledad Luévano Cantú y el secretario de la Función Pública estatal, Ernesto González Romo, a quienes los manifestantes pidieron retirarse mientras reclamaban atención al campo.

La movilización ocurre en el contexto de las exigencias de subsidios para compensar el precio de garantía del frijol, fijado por los productores en 27 pesos por kilogramo, frente a los 16 pesos establecidos a nivel federal, lo que ha generado pérdidas y el almacenamiento de cosechas sin salida comercial.

Un grupo de cincuenta personas marchó este sábado en Mexicali para exigir justicia tras el fallecimiento de un menor llamado Vicente en el interior e un vehículo. La movilización comenzó en la Plaza Centenario y se dirigió hacia el Centro Estatal de Justicia.

Durante la protesta, Juan Carlos Meza, padre de Vicente, sostuvo que los procesos judiciales deben ser más rápidos y justos. Él expresa su confianza en los jueces y la fiscalía, pero manifestó desconfianza hacia los peritos encargados del caso.

De acuerdo con los manifestantes, la exigencia principal es que la muerte de Vicente no quede impune y que se sancione a Roxana “N”, madre del niño y principal responsable del incidente, conforme dicta la ley.

El padre de Vicente relató que, desde febrero de 2025, había solicitado la custodia y que el proceso legal comenzó por conflictos de pareja. Él explica que desde entonces no permitía ver al menos.

Hasta el momento Roxana “N” permanece detenida bajo prisión preventiva, acusada de homicidio por omisión con dolo eventual. Según la fiscalía, la madre fue consciente del riesgo de dejar a su hijo en el vehículo y no actuó para evitar el desenlace fatal.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Las autoridades detallan que Vicente permaneció cerca de doce horas dentro de la camioneta cerrada, donde la temperatura supera los 45 ℃. El menor falleció entre las nueve y las 10 de la mañana del domingo, y fue hallado sin vida al mediodía.

La necropsia determinó que la causa de muerte fue un golpe de calor severo y quemaduras en brazos y piernas. Esto luego de que Roxana “N” regresara a casa tras una reunión familiar, entrara a su domicilio y no volviera al automóvil.

La fiscalía descartó la intervención de terceros y sostuvo que la madre tenía la custodia exclusiva en ese momento. Bajo estas premisas, la investigación sigue abierta, aunque la acusación se centra en la madre como única responsable.

A raíz de los hechos, la Fiscalía de Baja California solicitó la pena máxima para Roxana “N”, que podría llegar a quince años de prisión. El cargo formal es homicidio por omisión impropia con dolo eventual, es decir, se le acusa de aceptar mentalmente el riesgo de la tragedia.

La audiencia de vinculación a proceso marcará un momento clave para el desarrollo legal del caso. Con ello, la ciudadanía se mantiene atenta a la resolución judicial y a la posible implementación de nuevas leyes de protección a la infancia.

La manifestación fue encabezada por integrantes de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE), quienes llegaron a Lima desde regiones como Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Junín, Cajamarca y San Martín. Los burgomaestres señalaron que viajaron durante varias horas para reunirse con representantes del Gobierno y exigir soluciones inmediatas frente a la falta de presupuesto para proyectos inconclusos.

Reclaman obras detenidas en salud, educación y transporte

En conversación con Exitosa, Herminio Vázquez, alcalde del distrito de Sorihuarco, en la región San Martín, afirmó que la principal preocupación de las autoridades locales es la paralización de obras básicas para la población.

“El pliego de reclamos no es nuevo. Nuestras obras están paralizadas y no lo dice Herminio como dirigente nacional, lo dice la Contraloría General de la República”, manifestó. Según explicó, existen más de 3.000 proyectos detenidos en los tres niveles de gobierno, entre ellos escuelas, hospitales, centros de salud y carreteras.

El alcalde sostuvo además que varias de estas obras permanecen paralizadas desde hace cuatro, cinco e incluso ocho meses, afectando directamente a miles de ciudadanos. “La gente no puede trasladar sus productos, su café, su cacao, porque las carreteras están paradas”, declaró.

Alcaldes cuestionan gasto del Gobierno

Durante la movilización, los alcaldes también cuestionaron al Ejecutivo por priorizar la compra de aviones de combate mientras, según indicaron, no existen recursos suficientes para continuar las obras públicas en las regiones.

“Nos dicen que no hay plata en el Ministerio de Economía, no hay plata en Vivienda, en Salud o en Transportes, pero sí tienen plata para comprar aviones”, expresó Herminio Vázquez para el citado medio. El burgomaestre calificó como “políticos mediocres” a las autoridades nacionales por no atender las necesidades de las zonas rurales y del interior del país.

Asimismo, señaló que la protesta busca representar el malestar de miles de ciudadanos afectados por la falta de infraestructura y servicios básicos. Algunos alcaldes participaron usando camisas blancas manchadas de rojo como símbolo del sufrimiento de las comunidades perjudicadas.

Denuncian falta de respuestas del Ejecutivo

Los representantes de REMURPE indicaron que anteriormente sostuvieron reuniones con distintos presidentes de la República y ministro de Economía; sin embargo, afirmaron que no obtuvieron soluciones concretas para destrabar las obras.

“Estamos cansados de reunirnos. Siempre es el mismo discurso”, declaró Vázquez a Exitosa. Según indicó, las autoridades municipales continúan recibiendo respuestas negativas sobre la asignación de recursos para culminar proyectos pendientes.

Finalmente, los alcaldes exigieron al Gobierno central adoptar medidas urgentes para reactivar las obras paralizadas y evitar mayores afectaciones a la población. También pidieron que se prioricen inversiones en infraestructura básica para salud, educación y transporte en las regiones más alejadas del país.

La explanada del Ayuntamiento de Culiacán se convirtió en escenario de una protesta inusual: una “carnita asada” masiva organizada por ciudadanos tras la solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado por parte de autoridades de Estados Unidos.

El acto, lejos de ser un festejo, se planteó como una manifestación pacífica para exigir paz y visibilizar el hartazgo social ante la violencia.

Carnita asada en Culiacán: protesta ciudadana tras salida de Rocha Moya

La iniciativa fue impulsada por el chef y empresario Miguel Taniyama, quien convocó a la población a reunirse bajo el lema “Carnita asada por la paz, libertad y esperanza”.

El encuentro tuvo lugar frente al Ayuntamiento, donde los asistentes llevaron asadores y alimentos, transformando una tradición del norte del país en una forma de expresión social.

El objetivo, según el organizador, fue generar conciencia de que la salida del mandatario no resuelve la crisis de fondo, sino que se requiere participación ciudadana activa para impulsar cambios reales en la entidad.

Acusaciones de Estados Unidos contra Rocha Moya sacuden a Sinaloa

Las acusaciones contra el gobernador con licencia forman parte de un proceso judicial en un tribunal federal de Nueva York, donde fue señalado junto a otros funcionarios por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas.

Aunque no existe una sentencia, los señalamientos han tenido repercusiones políticas y sociales significativas, incrementando la presión sobre las instituciones locales y generando incertidumbre entre la población.

Lista de acusaciones contra Rubén Rocha Moya

• Presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos
• Supuesta protección a integrantes del grupo conocido como “Los Chapitos”
• Conspiración para la importación de narcóticos hacia Estados Unidos
• Cargos relacionados con posesión y conspiración para poseer armas de alto poder
• Señalamientos de vínculos con estructuras del crimen organizado

De Baja California a Sinaloa: la protesta con “carnita asada” se replica

La “carnita asada” como forma de protesta ha comenzado a replicarse en distintas entidades del país.

Un antecedente reciente ocurrió en Baja California, donde ciudadanos organizaron una movilización similar contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

En ese caso, la protesta surgió en medio del descontento por temas de seguridad, denuncias ciudadanas y cuestionamientos tras la cancelación de su visa estadounidense, lo que detonó exigencias de rendición de cuentas.

Este tipo de acciones no son celebraciones, sino formas de protesta que buscan evidenciar el malestar social mediante símbolos cotidianos de convivencia, resignificados como herramientas de presión ciudadana.

Ciudadanía exige paz: “la crisis no se resuelve con licencias”

Durante la jornada en Culiacán, los participantes insistieron en que la salida temporal de Rocha Moya no representa una solución.

Señalaron que la violencia, la inseguridad y la desconfianza institucional continúan afectando la vida cotidiana.

El movimiento también buscó recuperar espacios públicos y reconstruir el tejido social, especialmente en un contexto donde el miedo ha limitado la convivencia y las actividades comunitarias.

Protesta con asador: símbolo de unión y resistencia social

La “carnita asada” representa una tradición profundamente arraigada en el norte del país, asociada a la convivencia y la comunidad.

Convertirla en protesta implica transformarla en una herramienta de expresión colectiva frente a la crisis.

En Culiacán, esta movilización reflejó una ciudadanía que busca hacerse escuchar, apropiarse del espacio público y exigir cambios.

El mensaje fue claro: más allá de los relevos políticos, la solución requiere una participación activa de la sociedad.

En medio del humo de los asadores y las consignas, los asistentes coincidieron en que Sinaloa atraviesa un momento clave.

La reconstrucción de la paz, señalaron, dependerá no solo de las autoridades, sino también de la capacidad ciudadana para organizarse y exigir un futuro distinto.

El sistema de transporte urbano en Honduras atraviesa una de sus mayores tensiones en los últimos años. A la amenaza de paro de labores anunciada por los dirigentes del sector, se suma un escenario más complejo: un esquema de subsidios estatales que, aunque ha evitado incrementos en el pasaje, no logra sostener la operatividad del sector.

Los transportistas advierten que la deuda acumulada por concepto del bono compensatorio, que ya supera los cinco meses, ha profundizado una crisis financiera, poniendo en riesgo la continuidad del servicio en ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca.

Uno de los puntos críticos radica en que la tarifa del transporte urbano no ha sido actualizada conforme a la ley, que establece revisiones periódicas. Mientras tanto, los costos operativos , en particular el combustible, han aumentado de forma sostenida.

Dirigentes del sector afirman que el costo real del pasaje alcanzaría los veintitrés lempiras si se reflejaran los gastos actuales, casi el doble de lo que el usuario paga hoy. Frente a esta situación, el Gobierno mantiene congelada la tarifa y absorbe los incrementos mediante subsidios temporales. Esta medida busca evitar un impacto social inmediato, pero es considerada insostenible a mediano plazo.

Amenaza de protesta

En este contexto, los dirigentes del transporte señalan que la falta de pago del subsidio dejó al sector sin liquidez para cubrir gastos básicos como mantenimiento, combustible y compromisos financieros. Aseguran que el bono compensatorio se ha convertido en una obligación incumplida que agrava la crisis.

El posible paro amenaza con paralizar un servicio del que dependen millones de hondureños, especialmente en zonas urbanas donde el transporte público es la principal opción de movilidad.

Mientras el transporte urbano permanece bajo el esquema de subsidio, otros sectores han recibido aumentos recientes. El transporte interurbano registra incrementos de hasta el 15 %, y el suburbano llega hasta un 30 %, trasladando directamente el costo al usuario.

Incluso modalidades como el taxi colectivo han experimentado alzas autorizadas, evidenciando un tratamiento diferenciado dentro del sector. Esta desigualdad es uno de los principales reclamos de los transportistas urbanos, quienes consideran estar en desventaja frente a otros segmentos.

Desde 2022, el transporte urbano opera bajo un modelo en el que el Estado subsidia parte del pasaje para evitar trasladar el costo real al usuario. En Tegucigalpa, la tarifa se mantiene en trece lempiras gracias a un aporte estatal que cubre entre dos y tres lempiras por pasajero.

Este mecanismo fue creado para amortiguar el efecto de los combustibles y proteger a los sectores más vulnerables. En la práctica, ha generado una fuerte dependencia del sector hacia los pagos gubernamentales.

De acuerdo con autoridades y dirigentes, el bono compensatorio oscila entre tres y cinco lempiras por pasajero en algunas ciudades, dependiendo de los ajustes recientes. Además, el Estado ha destinado centenas de millones de lempiras para mantener este esquema de compensación.

Tarifas congeladas

Las autoridades sostienen que el subsidio es una medida transitoria para contener los efectos de la crisis internacional de combustibles. El Gobierno reitera que continuará con este apoyo para evitar aumentos en el corto plazo.

No obstante, reconoce la necesidad de revisar la tarifa en mesas técnicas junto al sector transporte, con el fin de buscar un equilibrio entre sostenibilidad financiera y protección al usuario.

El conflicto revela un problema estructural de fondo: un sistema de transporte con tarifas desactualizadas, subsidios irregulares y una gran exposición a factores externos como el precio internacional del combustible.

Mientras no se logre un acuerdo integral que redefina la tarifa real, garantice pagos oportunos y modernice el sistema, el transporte urbano en Honduras continuará atrapado entre la presión social de no aumentar el pasaje y la imposibilidad económica de sostener el servicio.

Los agentes cortaron el paso a los manifestantes cuando llegaron hasta la presa de Sabaneta y pretendían continuar hasta la localidad de Romero, donde la minera explora en busca de oro y otros metales.

Una vez los manifestantes coreaban con mayor fervor sus consignas e intentaban continuar su camino, los agentes dispararon los gases y los chorros de agua. También se escucharon disparos y desde la marcha se lanzaron piedras a los policías, según constató EFE.

La manifestación comenzó en el municipio principal de San Juan de la Maguana y fue respaldada por habitantes de varios poblados en ruta hacia la comunidad de Romero.

Entre las consignas más escuchadas estuvieron las de 'Agua sí, oro no', o 'No queremos oro, queremos vida', mientras se enarbolaban banderas dominicanas y de diferentes organizaciones de la sociedad civil que apoyaron la marcha.

"El apoyo ha sido extraordinario de toda la población sureña y del país entero, porque ya esto es una reivindicación que la ha acogido todo el dominicano, que se ha tomado conciencia del año que hace la explotación minera", dijo a EFE el abogado Francisco Isaías Ogando, momentos antes de que empezaran a caer las bombas lacrimógenas.

El senador por San Juan, Félix Bautista, otros legisladores, organizaciones ambientalistas y comunitarias se oponen de manera resuelta a que la empresa finalmente obtenga los permisos de explotación en la zona, porque afirman que eso provocaría la contaminación de los ríos de todo la provincia, donde se produce cerca del 60 % de las habichuelas que consume el país, y alrededor de un 15 % del arroz.

Bautista, a través de sus redes, condenó el accionar de los policías y afirmó que la manifestación era pacífica, por lo que consideró "inaceptable" que fuera dispersada.

Los permisos de exploración fueron concedidos por el Estado dominicano a GoldQuest hace unos 10 años. La Iglesia católica figura entre las organizaciones opuestas a la eventual explotación de oro y otros metales en la zona.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dominicano no ha emitido a la minera permisos para la explotación.

"Estamos marchando en contra de la minería, queremos agua, no oro. El apoyo ha sido masivo, la gente sabe que si se explota la zona se contaminará el agua de nuestros ríos y no tendremos producción agrícola", dijo a EFE Leudys Benzán, habitante de la provincia.

Advirtió de que "las cosas se pondrán difíciles" si el presidente dominicano, Luis Abinader, "no habla rápido" en contra de los trabajos de la minera.

GoldQuest ha explicado que su eventual explotación de oro, y en menor grado, plata y zinc en la zona, se haría utilizando métodos subterráneos y no a cielo abierto, como ocurre con la mina de Pueblo Viejo, considerada una de las más grandes del mundo, y que opera en la provincia de Sánchez Ramírez (noreste dominicano) la también canadiense Barrick Gold.

"La resolución del panel provoca caos inmediato y convulsión en decisiones médicas altamente urgentes, y obliga a Danco, a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), a los proveedores de certificados Mifeprex, a los pacientes y a las farmacias a adivinar qué está permitido y qué no", argumentó la farmacéutica en un escrito dirigido al Supremo.

Esta petición se produce un día después de que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito restableciera de forma temporal la obligación de que las píldoras utilizadas para provocar un aborto farmacológico sean dispensadas en persona y no puedan ser enviadas por correo.

Danco es una de las fabricantes de la mifepristona, una píldora que en 2023 estuvo detrás del 63 % de las interrupciones voluntarias del embarazo en Estados Unidos, según un informe del Instituto Guttmacher, una organización defensora de los derechos reproductivos.

La decisión del tribunal de apelaciones responde a una demanda que cuestionaba las normas que permiten la prescripción mediante telemedicina y la dispensación sin visita médica presencial; por lo que, el fallo sostuvo que las regulaciones vigentes permitían sortear las restricciones estatales sobre el aborto.

Sin embargo, Danco alegó que "el caos resultante (...) es un daño irreparable por excelencia que subraya la necesidad de una medida de emergencia de este tribunal".

El caso se enmarca en la creciente batalla legal en torno al aborto farmacológico en Estados Unidos y en un contexto de fuerte división política, tras la decisión del Tribunal Supremo en 2022 que eliminó la protección federal al aborto.

Actualmente, trece estados de EE.UU. prohíben casi por completo el aborto, mientras que veintiocho lo prohíben en función del número de semanas de gestación.

Después del fallo, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) calificó la medida como un "hecho grave" porque pondría en peligro a mujeres que "viven en zonas rurales, sufren violencia de pareja o tienen alguna discapacidad" y perderán "la opción de la telemedicina" que es igual a perder acceso al medicamento.

Según imágenes transmitidas por TV Perú, la autoridad edil fue conducida por diversas vías del distrito acompañado de vecinos, quienes portaban pancartas exigiendo la ejecución de obras y el cumplimiento de compromisos asumidos durante su gestión. El alcalde caminó en medio de la multitud mientras era increpado por algunos de los manifestantes.

Sobre el hecho, el coronel PNP Henry Vásquez informó que la Policía acompañó la manifestación y que no se registraron hechos de violencia. “Un grupo de pobladores buscó al alcalde tras una reunión del CODISEC y lo hicieron caminar por algunas calles en reclamo de una obra. La Policía estuvo presente y no pasó a mayores”, declaró. Añadió que no hubo agresiones físicas y que el propio alcalde habría accedido a participar.

El hecho, registrado por los propios ciudadanos, se viralizó rápidamente en plataformas digitales, donde generó reacciones divididas. Hasta el momento, la autoridad no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido ni sobre las demandas planteadas por la población.

La protesta refleja el creciente malestar de los vecinos, quienes aseguran no haber visto avances en obras prioritarias para la zona, pese a los compromisos asumidos durante la campaña electoral.

Dictan prisión preliminar contra alcalde en Cusco

Por otro lado, el Poder Judicial ordenó siete días de detención preliminar contra el alcalde de la provincia de La Convención, Alex Curi, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo. Sin embargo, la medida no pudo ejecutarse debido a que la autoridad no fue ubicada durante el operativo policial.

El coronel PNP Carlos Guizado, jefe encargado de la Macro Región Policial Cusco, informó que la intervención estuvo a cargo de unidades especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, con apoyo logístico de la región policial.

“La Policía contra la corrupción, a mérito de una disposición judicial, emite una detención preliminar”, señaló el oficial, al precisar que estas unidades actúan de manera autónoma en el marco de las investigaciones.

Durante las diligencias, fue detenido Juan Carlos Ramos Huamán, quien también es investigado por el mismo delito. No obstante, los agentes no lograron ubicar al alcalde ni en la sede municipal ni en su vivienda.

“No se pudo ejecutar la decisión que había solicitado el juzgado correspondiente”, indicó Guizado.

Según la Resolución de Alcaldía N.º 196, emitida el pasado 28 de abril, el burgomaestre encargó el despacho de alcaldía al regidor Jesús Palomino durante los días 29 y 30 de abril, al encontrarse con permiso.

Consultado sobre su situación, el jefe policial evitó calificar al alcalde como prófugo y remarcó que la investigación continúa en manos de una unidad especializada. “Mal haría yo en dar ciertas precisiones porque no tengo la información”, afirmó.

La Policía Nacional informó que se han iniciado acciones de búsqueda para dar con el paradero de la autoridad edil, en cumplimiento del mandato judicial vigente.

Vestido con un mono naranja, el artista francés Damien Aspe piensa permanecer un mes encerrado en una jaula metálica, en el escaparate de su galería en Toulouse, en el suroeste de Francia, para denunciar la influencia de las redes sociales y de lo digital, de los que los ciudadanos son hoy en día “prisioneros”.

Su performance invita en particular a los jóvenes a cuestionarse sobre su relación con lo digital, la libertad de expresión y lo que considera formas contemporáneas de control ejercidas por las llamadas “Gafam” (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft).

“Quien controla lo digital, controla el mundo”, señala este hombre de 53 años, con su uniforme en el que se lee “GAFAM Penitentiary”.

Solo se concede una hora de paseo por la mañana y otra por la noche, así como dos días de conversación en los que el público podrá intercambiar con él, explica.

Sin duda, lo digital es una oportunidad, pero también “un factor de aislamiento social”.

“El pensamiento está enmarcado por las redes sociales y sus algoritmos”, estima. “La información está muy dirigida”, enumera ante la AFP.

El artista, originario de Toulouse, piensa permanecer día y noche en su celda hasta el 27 de mayo, fecha de un juicio ficticio que le entablarían las Gafam por “violación de las normas de uso”.

Esta parodia de juicio estará abierta al público, con un abogado de verdad y un fiscal jubilado.

Fuente: AFP

La jornada comenzó con un plantón de las autoridades municipales, quienes reclamaron la incorporación de sus proyectos en el crédito suplementario y advirtieron que la falta de financiamiento mantiene paralizadas obras clave en sus distritos. Entre los principales reclamos figuran la ejecución de obras públicas, la mejora de los servicios de saneamiento, la atención en salud y la construcción de infraestructura para una mejor conectividad vial en una de las zonas más sensibles del país.

Alcaldes del Vraem se encadenan en Palacio de Gobierno para exigir obras y presupuesto

La protesta de los alcaldes de la Asociación de Municipalidades del Valle de los ríos Apurímac y Ene (Vraem) llamó la atención por la forma en la que fue realizada. Frente a Palacio de Gobierno, las autoridades locales se encadenaron en señal de protesta y denunciaron que sus pedidos han sido presentados en reiteradas ocasiones sin obtener una solución concreta. La escena se produjo durante la jornada en que varios representantes municipales viajaron a Lima para insistir en la necesidad de recibir atención inmediata por parte del Gobierno central.

Según relataron, el principal problema sigue siendo la ausencia de recursos para ejecutar proyectos que consideran urgentes. Las autoridades afirmaron que sus presupuestos municipales son limitados y que los montos transferidos por mecanismos como el Fondo de Compensación Municipal no alcanzan para responder a las necesidades de sus poblaciones.

Durante la protesta, el presidente de la mancomunidad, Yuri Cahuana Quispe, remarcó que la medida busca poner en evidencia la situación que atraviesan los pueblos de la zona. “No hemos venido a pedir, sino a exigir soluciones para nuestros pueblos”, expresó al justificar la decisión de mantenerse frente a la sede del Gobierno.

En otro momento de la manifestación, uno de los alcaldes cuestionó que el Estado priorice otras compras antes que atender las necesidades más urgentes de sus distritos. “El pueblo le va a decir no a los aviones, sí a los proyectos de envergadura para cerrar ciertas brechas, porque no es justo que en nuestros distritos del Vraem no haya agua. Hay gente muriéndose por anemia y el Gobierno piensa comprar más aviones”, señaló frente a la prensa y a los transeúntes que se acercaron al lugar.

Reunión con el presidente y demanda de servicios básicos en el Vraem del Norte

En medio de la protesta, los alcaldes del Vraem del Norte lograron finalmente sostener una reunión con el presidente de la República, José María Balcázar, encuentro en el que expusieron sus principales preocupaciones y exigencias. La cita se concretó luego de las horas de presión en el frontis de Palacio de Gobierno y fue confirmada por la propia Presidencia a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el mensaje difundido por la entidad, los alcaldes llevaron al despacho presidencial una serie de demandas vinculadas al acceso a servicios básicos, la necesidad de reforzar la seguridad y el impulso al desarrollo productivo en la zona. El Gobierno, según la misma comunicación oficial, reafirmó su compromiso de articular acciones concretas para mejorar la calidad de vida de las familias y promover un desarrollo sostenible en el Vraem.

La reunión se produjo en un contexto de creciente malestar entre las autoridades municipales, que desde hace años reclaman atención para una región considerada estratégica y, al mismo tiempo, afectada por múltiples carencias. Durante la movilización, las autoridades recordaron que sus distritos arrastran problemas estructurales relacionados con la falta de agua, la ausencia de obras de saneamiento, la limitada red vial y la debilidad de los servicios de salud.

Los alcaldes también señalaron que la inestabilidad política de los últimos años ha terminado por retrasar la ejecución de proyectos públicos en el Vraem. A su juicio, cada cambio de gobierno ha significado nuevos trámites, nuevas promesas y pocos resultados concretos para las comunidades que representan. Por ello, sostienen que la urgencia está en asegurar compromisos reales, cronogramas y presupuesto para que las obras puedan empezar.

En paralelo, algunos de los representantes municipales informaron que continuarán sus coordinaciones en Lima y que también buscarán respaldo político de congresistas como Alex Flores y Raúl Huamán Coronado, con el objetivo de fortalecer sus pedidos ante el Ejecutivo.

Desde el pasado 22 de abril, destacó en medios de comunicación de corte local la toma de instalaciones del Palacio Municipal de Jonuta en Tabasco por parte de policías preventivos, esta acción se dio como respuesta a la falta de acciones institucionales por parte del gobierno de la María Soledad Villamayor Notario, según acusaron los elementos.

Las demandas de los oficiales se centran principalmente en temas de derecho laboral y acciones operativas, entre las que se encuentran:

• Condiciones precarias
• Falta de recursos que impide la realización de sus labores
• Exigen mejores sueldos y condiciones de trabajo
• Implementar la jornada laboral de 24x48

Tras casi 48 horas de protesta, los policías se mantienen en las inmediaciones del recinto municipal, ya que señalaron que esta medida se generó tras varias solicitudes formales.

Gobierno Estatal es intermediario en las negociaciones

En entrevista para medios el subsecretario de Gobierno de Tabasco (Segotab), Pablo Mora Gómez, informó que la administración estatal ofreció ser intermediario en el conflicto que mantiene cerradas las puertas del Palacio Municipal de Jonuta:

“Me comuniqué ayer con la presidenta municipal y le manifesté nuestra disposición de poder ayudar, sobre todo hacer al diálogo, que me parece que esos temas se tienen que dialogar. Hay una presión que tiene el municipio, evidentemente, con el ejercicio del gasto, es decir, no puedes cubrir todo lo que se pide, pero también hay que ver qué de las peticiones de los policías se pueden atender”.

Adelantó la posibilidad de que en próximos días comience el diálogo con los policías: “Ella le pidió que hicieran una comitiva y creo que todavía ellos no se habían puesto de acuerdo en las personas que iban a estar en esa comitiva y nosotros, en cuanto nos avisen, nos sumaremos ahí a la mesa de diálogo”.

Autoridades federales desempeñan labores en la municipio

El subsecretario detalló que en cuanto a la vigilancia en Jonuta ya se encuentran fuerzas federales y estatales que garantizan la seguridad de la ciudadanía.

Compartió que se encuentran elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y Policía Estatal, quienes fueron desplegados con la finalidad de realizar las laborales que desempeñan los policías municipales:

“Está respaldándoles por medio de la Policía Estatal... El Ejército y la Guardia Nacional están allá desplegados ya cubriendo las posiciones”.

En cuanto a si emprenderán represalias en contra de los policías que decidieron alzar la voz y protestar en el municipio, el subsecretario agregó: “Nosotros siempre hemos tenido y hemos creído en el diálogo, ¿no? Como la principal alternativa para resolver estas cosas”.

La colocación de la primera piedra de la planta de metanol Pacífico Mexinol en Topolobampo, Sinaloa, se vio interrumpida este jueves por la irrupción de comunidades indígenas y activistas ambientales que rechazan el proyecto.

El evento, encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya, tuvo que ser suspendido ante la presión de los manifestantes, quienes incluso derribaron la piedra simbólica colocada al inicio de la ceremonia.

Los inconformes, agrupados en el colectivo “Aquí No” y provenientes de comunidades como Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas, denunciaron que el proyecto representa un riesgo ambiental para la Bahía de Ohuira, una zona clave para la pesca y sustento de pueblos originarios.

Reclamos por falta de consulta indígena y daño ambiental

Uno de los principales señalamientos fue la ausencia de una consulta indígena previa, libre e informada, requisito establecido en normativas nacionales e internacionales.

De acuerdo con resoluciones ambientales emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, este proceso es una condicionante para el desarrollo del proyecto.

Los manifestantes advirtieron que la instalación de la planta podría alterar tanto el ecosistema terrestre como marino, afectando directamente sus actividades productivas, especialmente la pesca.

También acusaron que en ejercicios previos se simuló la participación ciudadana, lo que incrementó la desconfianza hacia las autoridades.

Tensión política: enfrentamientos con autoridades locales

Durante la protesta, el gobernador Rocha Moya fue confrontado directamente por los inconformes, quienes le exigieron atender sus demandas.

El mandatario pidió permitir la continuidad del evento y ofreció dialogar posteriormente, pero ante la presión tuvo que retirarse del lugar.

En paralelo, el alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, protagonizó un intercambio con una manifestante indígena, cuestionando su presencia en la protesta, lo que evidenció el clima de tensión entre autoridades y ciudadanos.

Gobierno de Sinaloa promete consulta y diálogo

Horas más tarde, el gobernador sostuvo una reunión con representantes de las comunidades en Topolobampo, donde se comprometió a convocar una consulta indígena antes de que el proyecto continúe.

Subrayó que la planta no avanzará sin este proceso y que también planteará el tema ante la presidenta Claudia Sheinbaum.

Rocha Moya reconoció que la protesta refleja un conflicto sensible y admitió que la inversión podría estar en riesgo si no se logran acuerdos.

Asimismo, aseguró que el proyecto deberá cumplir con estrictos estándares ambientales y que ninguna inversión está por encima del cuidado del entorno.

Mexinol: inversión energética y foco de conflicto social

El proyecto Pacífico Mexinol, impulsado por la empresa Transition Industries, contempla la producción de metanol —considerado de bajas emisiones— con una capacidad estimada de más de seis mil metros cúbicos diarios.

Además, incluye infraestructura portuaria, ductos, plantas de tratamiento y generación eléctrica.

Aunque el gobierno estatal lo ha promovido como un motor de desarrollo económico que generaría miles de empleos, la oposición social ha puesto en evidencia la tensión entre crecimiento industrial y derechos de las comunidades indígenas.

• Comunidades indígenas bloquearon accesos y detuvieron el evento
• Manifestantes derribaron la primera piedra simbólica
• Denuncian falta de consulta previa y riesgos ambientales
• Gobierno estatal promete consulta antes de continuar el proyecto

El caso de Mexinol refleja un escenario recurrente en México: proyectos estratégicos que enfrentan resistencia social ante la falta de consenso y garantías ambientales, lo que obliga a replantear la relación entre desarrollo económico y derechos de las comunidades.

La víctima, identificada como Catalina Polomayo Arauco, falleció tras ser atropellada por una combi de transporte público que, según los testigos, habría perdido el control debido a una falla mecánica en plena bajada.

El siniestro ocurrió cerca del sector Las Praderas, una zona con pendiente pronunciada y alto flujo de escolares. Testigos relataron que la unidad descendía a gran velocidad cuando sufrió el desperfecto.

Antes de detenerse, la combi impactó una mototaxi donde viajaba la señora Catalina junto a sus dos sobrinos, quienes fueron trasladados de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos. Al cierre de este informe, uno de los menores se encontraba en estado crítico.

El incidente despertó la preocupación de los vecinos, quienes afirman que los accidentes de tránsito en esta vía se repiten por la falta de semáforos, rompemuelles y el presunto tránsito de vehículos informales.

De inmediato, los manifestantes estacionaron un camión en medio de la pista y esparcieron arena sobre el asfalto para impedir la circulación, exigiendo la intervención de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Exigen soluciones

Durante más de dos horas, la avenida Unión permaneció bloqueada. Los vecinos, con carteles y consignas, pidieron la instalación urgente de semáforos y medidas que eviten nuevas tragedias.

La protesta generó una extensa congestión vehicular, obligando a la presencia de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para intentar restablecer el tránsito.

Residentes de la zona recordaron que han solicitado durante años la implementación de dispositivos de seguridad vial, señalando que la falta de control permite que muchas combis y mototaxis circulen sin documentación en regla. La preocupación crece debido a la cercanía de varios colegios y al uso frecuente de estas unidades por parte de escolares.

Vecinos denunciaron que, al momento del accidente, el único semáforo del tramo funcionaba en luz ámbar intermitente, sin regular el paso de vehículos ni peatones. Además, advirtieron sobre la presencia de unidades informales que compiten entre sí, poniendo en riesgo tanto a pasajeros como a transeúntes.

El accidente también puso en evidencia la falta de fiscalización sobre el estado mecánico de los vehículos que operan en la zona. Las autoridades iniciaron las diligencias para determinar la causa exacta del siniestro, si la combi contaba con autorización, y si la empresa de transporte cumplía con los requisitos para operar.

Heridos identificados

Rodolfo Sánchez Palomino, de 29 años, fue quien conducía la unidad, según fuentes policiales. Tras chocar contra la mototaxi, el vehículo continuó fuera de control por la pendiente, hasta empotrase con una casa. Los heridos que viajaban en la combi:

• Chávez Padilla Yuri, de 41 años;
• Villanueva Isidro Diana, de 22;
• Isidro Payhua Yenny, de 47;
• Mamani Mamani Aydee, de 43;
• Aguayo Vidal Victoria, de 30;
• Hurtado Gutiérrez Carlos, de 31;
• Ayala Tenorio Samuel, de 60;
• Meneses Pezua Miligirda, de 37;
• Reginaldo Paucar Ángel, de 23;
• Julca Solorzano Walter, de 41;
• Baquerizo Sarmiento Sarahi, de 46; y
• Sánchez Apolinario Rodolfo, de 49.

La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) denunció que un grupo reducido de transportistas autoconvocados mantiene bloqueos en accesos clave, afectando el funcionamiento de la cadena agroexportadora. Según la entidad, se trata de “un ataque a la economía nacional” que compromete el normal flujo de mercaderías hacia los principales puertos del país.

El conflicto se inició el 7 de abril, cuando transportistas de granos —principalmente de las provincias de Buenos Aires y Córdoba— llevaron adelante un paro con bloqueos en reclamo de una actualización de la tarifa de referencia. La medida surgió como respuesta al aumento del combustible vinculado al conflicto internacional en Medio Oriente, aunque el ajuste tarifario fue acordado pocos días después por las cámaras más representativas del sector.

Pese a ello, la situación se extendió por más de dos semanas, generando un fuerte impacto logístico. Desde la Cámara señalaron que “el estrangulamiento del flujo logístico de un minúsculo grupo de autoconvocados provocó que las terminales quedaran sin mercadería”, mientras que más de 30 buques permanecieron en espera de carga en los puertos de Bahía Blanca y Quequén.

Como consecuencia, entre 700.000 y 1,5 millones de toneladas de granos quedaron retenidas, con un impacto económico significativo. La entidad estimó que “al menos USD 450 millones —con sus correspondientes impuestos— no ingresaron al país en esos días”, lo que afecta a toda la cadena, desde productores hasta exportadores, e incluso a los propios transportistas.

Entre el 15 y el 17 de abril, la mayoría de las cámaras del país alcanzó acuerdos para actualizar las tarifas de referencia. En Bahía Blanca, los transportistas autoconvocados levantaron los bloqueos y se inició una normalización progresiva de la operatoria, con intervención de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, el conflicto persiste en Puerto Quequén, donde, según la Cámara, continúan “prácticas intimidatorias y exigencias tarifarias desproporcionadas”, incluyendo “amenazas de represalias físicas contra otros camioneros”. Ante este escenario, la entidad reclamó a las autoridades que actúen con urgencia para “restablecer el orden dentro del marco de la ley” y poner fin a medidas que, sostienen, perjudican a toda la economía agroexportadora.

El Sindicato de Trabajadores del Sistema Colectivo Metro emitió un comunicado dirigido a los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México, en el que advierte sobre el deterioro del servicio del Metro CDMX, así como la falta de mantenimiento, inversión y atención por parte del Gobierno capitalino.

En el documento, los trabajadores aseguran que continuarán alzando la voz hasta que el sistema cumpla con los estándares de seguridad y calidad que requieren millones de usuarios que utilizan diariamente este medio de transporte.

Sindicato del Metro alerta por fallas, retrasos y riesgos para usuarios

El gremio subrayó que el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) enfrenta constantes fallas, retrasos y condiciones deficientes, lo que —afirman— evidencia un abandono estructural que pone en riesgo la seguridad, el tiempo y la calidad de vida de los pasajeros.

Además, señalaron que, pese a múltiples solicitudes formales, el Gobierno de la Ciudad de México no ha dado respuestas oportunas a sus demandas, las cuales consideran urgentes para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

Trenes sin mantenimiento y unidades fuera de servicio

El comunicado detalla una serie de datos que reflejan la situación actual del Metro:

• El 70% de los 391 trenes no ha recibido mantenimiento general, pese a superar los 2 millones de kilómetros recorridos, cuando el límite recomendado es de 750 mil kilómetros.
• El 30% restante recibe mantenimiento parcial o incompleto.
• 84 trenes se encuentran detenidos en talleres por falta de refacciones.
• Solo 68 trenes están en buenas condiciones, operando principalmente en las Líneas 1 y 12.
• Los equipos de instalaciones fijas, con más de 50 años de antigüedad, son considerados obsoletos.
• Las vías del Metro presentan deterioro significativo por falta de mantenimiento adecuado.

¿Cuáles son las exigencias del sindicato?

Ante este panorama, el sindicato planteó una serie de demandas al Gobierno capitalino para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores:

• Mantenimiento integral y permanente a trenes, vías e instalaciones.
• Atención inmediata a fallas estructurales y operativas.
• Uso adecuado de los recursos públicos destinados al Metro.
• Rechazo a trabajos de embellecimiento superficial en estaciones.
• Oposición a la reducción de carriles en Calzada de Tlalpan.
• Rechazo a la construcción de una calzada elevada paralela a la Línea 2, por posibles riesgos a la infraestructura.

El sindicato reconoció que millones de personas dependen diariamente del Metro para trasladarse a sus trabajos, hogares y actividades esenciales, por lo que pidió comprensión y apoyo solidario ante la situación actual.

Finalmente, reiteraron que su prioridad es que el servicio del Metro CDMX recupere condiciones óptimas de operación, con seguridad, eficiencia y mantenimiento adecuado, en beneficio de toda la población.

La mañana de este jueves 9 de abril, integrantes de la Asamblea de Barrios irrumpieron en las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México, lo que provocó la suspensión de la sesión legislativa y el resguardo de diputados dentro del recinto.

De acuerdo con reportes, los manifestantes ingresaron por la fuerza al edificio ubicado en el Centro Histórico, luego de concentrarse desde temprana hora en las inmediaciones de las calles de Donceles y Allende, donde comenzaron con protestas y consignaS.

Manifestantes dan “portazo” en el Congreso CDMX

La situación escaló cuando un grupo de inconformes logró ingresar al recinto legislativo tras un “portazo”, pese a que algunos diputados intentaron dialogar con ellos para contener la protesta.

Entre los legisladores que salieron a intentar mediar estuvieron Xóchitl Bravo y Jesús Sesma, quienes se acercaron al lobby del Congreso; sin embargo, los manifestantes lograron irrumpir en el inmueble.

Suspenden sesión y resguardan a legisladores

Tras el ingreso de los manifestantes, el diputado Jesús Sesma decretó un receso en la sesión, que se llevaba a cabo en calidad de Constituyente Permanente.

En medio del caos, legisladores fueron resguardados dentro del pleno para evitar confrontaciones, mientras personal de seguridad reforzó las medidas internas.

Tensión en el recinto legislativo

La irrupción generó momentos de tensión dentro del Congreso CDMX, ya que algunos diputados tuvieron que ser protegidos por su personal y trasladados rápidamente al salón de sesiones.

Hasta el momento, las autoridades evalúan la situación al interior del recinto, mientras se mantiene suspendida la actividad legislativa.

¿Qué exigían los manifestantes?

Aunque no se ha detallado oficialmente el pliego de demandas en este evento, la Asamblea de Barrios suele realizar movilizaciones relacionadas con temas de vivienda, regularización de predios y conflictos urbanos en la capital.

La situación continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas se informe si la sesión será reanudada o cancelada definitivamente.

Un estudiante universitario de 18 años perdió la visión de su ojo derecho tras recibir el impacto de un proyectil considerado menos letal, disparado presuntamente por un agente federal durante una manifestación denominada “No Kings” ocurrida el 28 de marzo en el centro de Los Ángeles.

El caso, al que tuvo acceso el canal de televisión local KTLA 5, expone el uso de medidas de control de multitudes durante protestas en contra de las operaciones de inmigración impulsadas por la administración de Donald Trump. El abogado de la víctima, James Desimone, confirmó que el joven buscará una compensación por daños personales, alegando negligencia por parte del gobierno de Estados Unidos.

La consecuencia directa del proyectil fue la hospitalización de Tucker Collins, quien sufrió fractura en la órbita y la ruptura del ojo derecho, lesiones que derivaron en una intervención quirúrgica de urgencia para extraer el globo ocular afectado, de acuerdo a lo relatado por Desimone a KTLA 5. El abogado sostuvo: “Hay una orden judicial federal que prohíbe disparar a la cabeza de cualquier persona en la multitud, pero la están violando con total impunidad”.

Respuesta oficial y antecedentes recientes del uso de la fuerza en protestas

En su respuesta a KTLA 5, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó: “DHS está tomando las medidas apropiadas y constitucionales para mantener el estado de derecho y proteger a nuestros agentes y al público de alborotadores peligrosos. Nuestro personal siguió su entrenamiento y aplicó la cantidad mínima de fuerza necesaria para protegerse a sí mismos, al público y a la propiedad federal. Se emitieron siete advertencias antes de emplear las medidas de control de multitudes”.

El incidente de Collins se inscribe en una lista de situaciones similares que tuvieron lugar durante manifestaciones recientes en Los Ángeles.

Un caso previo es el de una mujer de 25 años que recibió un disparo en el rostro, además del de un hombre que exige una compensación de USD 100 millones al perder también un ojo, y el de un fotógrafo de prensa que resultó con fracturas producto del uso de balas de goma por parte de fuerzas federales.

Impacto en la vida académica y personal de Tucker Collins

Imágenes obtenidas por testigos y verificadas por KTLA 5 muestran a Tucker Collins documentando la manifestación con su cámara en mano cuando, de forma repentina y “sin previo aviso” según relató su abogado, fue alcanzado en el rostro.

El abogado explicó: “Recibió el impacto en el ojo con lo que creemos fue una bola de pimienta, un proyectil menos letal que disparó un agente del DHS desde el otro lado de la valla y enseguida cayó al suelo”.

El estudiante cursa el primer año de ingeniería aeronáutica con especialización secundaria en artes cinematográficas en la reconocida Universidad del Sur de California (USC).

Desimone indicó que la fotografía y la realización de cortometrajes son pasiones en la vida de Collins, quien actualmente enfrenta “grandes dificultades para mantenerse en la universidad” debido a la lesión.

De acuerdo con los testigos, agentes federales dispararon desde detrás de una valla durante la dispersión ordenada por autoridades, en un contexto donde las tensiones entre manifestantes y fuerzas de seguridad aumentaban. Collins sostiene que no estaba resistiendo ni participando activamente en la protesta en el momento del disparo.

Proceso legal y repercusiones en el debate sobre el control policial

Tras el daño sufrido, Collins y su representante legal iniciaron trámites para presentar una demanda bajo la Federal Tort Claims Act, mediante la cual reclaman indemnización por las lesiones permanentes provocadas por lo que califican como uso negligente de la fuerza por parte del gobierno.

El canal de televisión local KTLA 5 subraya que el caso de Collins contribuye activamente al debate público sobre el uso de la fuerza en el control de protestas y plantea la discusión sobre “la necesidad de salvaguardas adicionales frente a acciones violatorias de derechos fundamentales por parte de las fuerzas federales”, situación que toma mayor relevancia ante las recientes manifestaciones y denuncias sobre el accionar de los agentes durante operativos de seguridad.

Esta mañana se registraron disturbios en la ciudad de Avellaneda, en las inmediaciones del Puente Pueyrredón, en medio de una protesta de organizaciones sociales en rechazo a la baja del plan Volver al Trabajo. Situaciones similares ocurrieron en el Puente Saavedra, en el partido de Vicente López; en el Puente La Noria, en Lomas de Zamora; en la intersección de la Ruta 3 y General Paz, en La Matanza; y en Rivadavia y General Paz, a la altura de Liniers.

Como consecuencia de la medida, la avenida Pavón permanece cortada en ambos sentidos y no se puede acceder a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) desde esa traza.

Participan de la protesta el Polo Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Libres del Sur, la Organización Comunista Revolucionaria, UTEP y el Movimiento Evita, entre otras organizaciones.

En el marco de los incidentes, que comenzaron cerca de las 10 de la mañana, bomberos apagaron neumáticos incendiados por los manifestantes. Hay un cordón de la Policía Federal, mientras que efectivos de Infantería y Prefectura Naval Argentina también se encuentran en el lugar.

El programa dado de baja funcionaba como continuidad del anterior Potenciar Trabajo, otorgando una asignación mensual de $78.000 a trabajadores informales. Se encuentran presentes en el lugar el legislador Gabriel Solano, el dirigente Néstor Pitrola y Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA.

Según las primeras informaciones, se registraron corridas y empujones en el acceso vial, donde la policía intervino utilizando gas pimienta y un camión hidrante para impedir bloqueos.

Avellaneda no es la única zona donde se registran incidentes, ya que también se reporta un corte en el Puente Saavedra, ubicado en el límite entre el partido de Vicente López y la Ciudad de Buenos Aires.

También se registraron medidas en el Puente La Noria, que conecta la Ciudad de Buenos Aires con Lomas de Zamora; en la intersección de la Ruta 3 y General Paz, en La Matanza; y en Rivadavia y General Paz, a la altura de Liniers. En La Plata, en tanto, se prevé una movilización desde la estación de tren hasta la rotonda de la autopista.

En ese marco, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, apuntó contra el gobernador Axel Kicillof y su decisión de no aplicar el Protocolo Antipiquetes. En un posteo en su cuenta de X, escribió: “Sin reglas claras no hay orden. Las imágenes de los cortes en Avellaneda, Puente Saavedra y distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires muestran claramente la falta de ley y orden en su territorio”.

“La calle queda liberada a grupos de izquierda que buscan extorsionar y desestabilizar al Gobierno, y millones de argentinos que quieren circular, trabajar y vivir en paz quedan perjudicados. Nuestras Fuerzas Federales están desplegadas donde nos corresponde, y ahí aplicamos el protocolo sin dudar, para que EL ORDEN SEA LA REGLA”, cerró.

En tanto, el dirigente piquetero Eduardo Belliboni opinó que no es necesario “cortar” cuando hay un Gobierno que “escucha”. En diálogo con A24, sostuvo: “Ahora, cuando no te escuchan y una persona se queda sin un ingreso mínimo de 700 mil pesos, no hay cartones para juntar, hay hambre”.

Y siguió: “El Gobierno hizo campaña y se jacta de haber eliminado los piquetes, lo cual no es verdad porque durante este tiempo hubo acciones y movilizaciones que fueron salvajemente reprimidas. No hay piquetes porque, cada vez que hay uno, le revientan la cabeza a un fotógrafo como a Pablo Grillo, reprimen a una jubilada o le pegan a un discapacitado”.

El dirigente del Polo Obrero aseguró que “hay que jactarse de resolver los problemas, no de la represión”.

Una de las manifestantes, identificada como Natalia y miembro de un comedor en Avellaneda, señaló que utilizaba el plan para pagar impuestos y que, sin esa ayuda, sus ingresos no le alcanzaban.

En declaraciones al Polo Obrero, Gloria, integrante del comedor Mariano Ferreyra del Bajo Flores, explicó que trabajan en la cocina desde las 7 de la mañana hasta entrada la tarde, brindando asistencia a 648 personas que se alimentan allí.

“Nosotros no somos la casta porque a veces no tenemos ni para comer un pan para nuestra mesa. Setenta y ocho mil pesos para muchos es insignificante, pero para nosotros es mucho”, lamentó la mujer.

"Aprovechamos para invitar a toda Venezuela este 9 de abril a marchar hacia Caracas, vía Miraflores (sede del Ejecutivo), a pedirle respuesta a los hermanos (Delcy y Jorge) Rodríguez, dónde está el dinero de todos los venezolanos“, expresó José Patines, secretario general del sindicato de la Cancillería.

La jornada comenzó con una asamblea en la sede de la UCV, seguida de una marcha por los alrededores, donde los manifestantes reclamaron el aumento del salario mínimo, que permanece en 130 bolívares desde hace cuatro años, equivalente a 0,28 dólares mensuales según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

En los últimos años, el gobierno ha priorizado el pago de dos bonificaciones a los trabajadores públicos, que no impactan en otros beneficios laborales y alcanzan los 160 dólares, depositados en bolívares al tipo de cambio oficial.

Patines anunció que también exigirán a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, explicaciones sobre los continuos problemas con el suministro de agua y electricidad en el país. “Que no sigan con cuentos, que no sigan mintiéndole a los venezolanos, si no pueden con el cargo, entréguenlo”, añadió.

Valetina Sialoni, estudiante de la UCV, manifestó la importancia de mantener la presión para mejorar los sueldos, becas y condiciones de vida y estudio. "Valgan la pena en un país que siempre ha valido la pena“, afirmó.

En febrero, una familia necesitó 645,6 dólares para cubrir los gastos básicos de alimentación en Venezuela, según la ONG Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), que publicó el lunes su estimación de la canasta alimentaria.

La ONG señaló que el salario mínimo cubre solo 0,05% del costo de esa canasta, calculada para cinco personas, lo que equivale a 1.937 salarios mínimos mensuales o 4,4 bonos de “guerra económica”, uno de los complementos pagados por el gobierno cada mes.

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que el país registró una inflación acumulada de 51,9% en los dos primeros meses de 2026, con un aumento de precios del 14,6% en febrero y del 32,6% en enero.

En los primeros minutos de movilización, la situación transita con tranquilidad y con poca concurrencia. Con el correr del tiempo, acudieron más personas y se agruparon en Riobamba y Bartolomé Mitre. Sin embargo, de forma preventiva, el Congreso se encuentra completamente vallado, como se suele hacer en los operativos de seguridad en este tipo de casos.

La intención de los manifestantes fue armar una audiencia paralela para poder escuchar la forma en la que los legisladores debaten sobre el proyecto de ley. La dinámica parlamentaria atraviesa una polémica en torno a las limitaciones establecidas por las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales.

Estas comisiones, desbordadas por una inscripción que excedió las 120.000 personas, dispusieron que solo 200 ponencias podrán presentarse en vivo —tanto presenciales como virtuales—, mientras que el resto deberá enviar su exposición en video.

La movilización fue convocada frente al Congreso para las 17 y fue promovida por organizaciones ambientalistas junto a diversas bancadas de la oposición. La invitación llevó el lema: “Traé tu silla o reposera y hagamos fila hasta que nos escuchen”. Desde el comienzo de la iniciativa, la decisión fue realizar una audiencia paralela y que sirva de visibilización y de protesta.

Los presidentes de ambas comisiones, los libertarios Nicolás Mayoráz y José Peluc, también determinaron que únicamente los diputados que integran cada comisión tendrán acceso al recinto, junto con dos asesores por bloque, aunque el reglamento contempla la presencia de todos los legisladores.

Después de que la Justicia rechazara el amparo presentado por organizaciones ambientalistas para extender la audiencia y permitir la exposición de todos los inscriptos en el Congreso, esas mismas organizaciones, con el respaldo de bloques opositores, convocaron una manifestación para exigir que se los deje participar.

El tránsito en la Ciudad de Buenos Aires volverá a experimentar restricciones debido a una serie de cortes. Según información de Infobae, desde las primeras horas del miércoles comenzaron a implementarse interrupciones en distintos puntos de la ciudad:

• En la intersección de Av. Entre Ríos y Adolfo Alsina se interrumpió el paso por Entre Ríos.
• En Combate de los Pozos y Adolfo Alsina se cerró el tránsito en Combate de los Pozos.
• En Hipólito Yrigoyen y Sarandí se bloqueó la circulación por Yrigoyen.
• En Av. Rivadavia y Sarandí, la interrupción afectó a Rivadavia.
• En Riobamba y Mitre se cortó el paso por Riobamba.
• En Av. Callao y Mitre se impidió el tránsito por Callao.
• También hay un corte entre la acera de Av. Hipólito Yrigoyen y la de Av. Rivadavia.

Las organizaciones campesinas, los representantes de pueblos originarios y trabajadores de la economía popular consideran que la normativa pone en riesgo la protección de las reservas de agua dulce más importantes de la Argentina. “Nosotros pedimos que los pueblos originarios sean escuchados y de los 15 representantes conseguimos que entren 3, pero vamos a estar afuera en la marcha”, afirmó el diputado Juan Grabois.

Por su parte, la diputada de Unión por la Patria, Teresa García, explicó: “Nosotros creemos que hay que evitar estas restricciones, es una audiencia pública, no puede ser que no se pueda exponer, por eso nos movilizamos mañana —en relación a este miércoles 25 de marzo—”.

Mientras La Libertad Avanza intenta evitar cualquier discusión y acelerar el proceso, el oficialismo busca cumplir cuanto antes con el requisito legal de la Audiencia pública para avanzar hacia un dictamen y, posteriormente, llevar el tema al recinto. Pese a las críticas recientes dirigidas al presidente Javier Milei por $Libra y al jefe de Gabinete Manuel Adorni por su estilo de vida, que no se corresponde con sus ingresos, el bloque oficialista se mantiene enfocado en sortear obstáculos y continuar con el trámite legislativo.

La UOCRA concretó una movilización de gran magnitud en las cercanías del Congreso de la Nación, con el objetivo de resaltar el papel que la actividad minera desempeña en la creación de empleo en diversas provincias. Voceros del gremio pusieron el foco en la continuidad y el impulso de los proyectos mineros, que sostienen aproximadamente 17.000 puestos de trabajo vinculados al sector de la construcción, especialmente en zonas cordilleranas y patagónicas, donde las alternativas laborales suelen ser más escasas.

Durante la manifestación, dirigentes de UOCRA remarcaron la importancia de impulsar una minería que integre el desarrollo productivo con la responsabilidad ambiental. Además, expresaron expectativas respecto a que el avance de la industria minera compense la reducción de empleos en la construcción, una consecuencia directa de la paralización de la obra pública en el país.

El tránsito en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se verá nuevamente restringido debido a varios cortes por el tratamiento en comisión del proyecto de Ley de Glaciares. La Cámara de Diputados recibirá hoy a los primeros 100 oradores en la primera de las dos jornadas de audiencias públicas sobre la modificación de la ley.

Según pudo saber Infobae, desde la mañana de este miércoles se realizaran las siguientes interrupciones en la zona de Congreso, en donde se reunirán a partir de las 17 horas organizaciones ambientalistas y opositoras al Gobierno:

• Av. Entre Ríos y Adolfo Alsina, cortando la primera
• Combate de los Pozos y Adolfo Alsina, cortando Combate de los Pozos.
• Hipólito Yrigoyen y Sarandí, obturando Yrigoyen.
• Av. Rivadavia y Sarandí, con la primera cortada
• Riobamba y Mitre, cortando la primera calle.
• Av. Callao y Mitre, obturando Callao.
• Desde la acera de Av. Hipólito Yrigoyen hasta la acera de Av. Rivadavia

La actividad parlamentaria está envuelta en una controversia respecto de las restricciones que impusieron las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, que se vieron desbordadas por la avalancha de inscriptos que ya supera los 100.000. En ese contexto, los presidentes de las comisiones, los libertarios Nicolás Mayoráz y José Peluc, respectivamente, establecieron que solo se recibirán 200 ponencias en vivo y online y que el resto deberá enviar un video. Asimismo, especificaron que sólo se permitirá el ingreso a los diputados que forman parte de la comisión —todos los legisladores pueden acceder a las comisiones por reglamento— y solo dos asesores por bloque.

Luego de que la Justicia rechazara el recurso de amparo que presentaron varias organizaciones ambientalistas para extender la audiencia y que todos puedan exponer en el Congreso, esas mismas organizaciones con el apoyo de los bloques de la oposición realizarán hoy una manifestación para que los dejen exponer.

“Nosotros creemos que hay que evitar estas restricciones, es una audiencia pública, no puede ser que no se pueda exponer, por eso nos movilizamos mañana —en relación a este miércoles 25 de marzo—”, señaló la diputada de Unión por la Patria, Teresa García.

“Nosotros pedimos que los pueblos originarios sean escuchados y de los 15 representantes conseguimos que entren 3, pero vamos a estar afuera en la marcha”, agregó el diputado Juan Grabois. Los representantes de pueblos originarios, organizaciones campesinas y trabajadores de la economía popular entienden que la norma atenta contra la protección de las principales reservas de agua dulce de la Argentina.

La comitiva estará integrada por autoridades de comunidades mapuche, mapuche-tehuelche y diaguita de Neuquén, Río Negro, Chubut y Catamarca, junto a referentes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero y del MTE Rama Rural, quienes expondrán los impactos ambientales, sociales y culturales que podría generar una flexibilización de la normativa.

La marcha a la que hacen referencia está citada para las 17 horas en el Congreso y la promueven organizaciones ambientalistas y diferentes bloques de la oposición. La consigna es: “Traé tu silla o reposera y hagamos fila hasta que nos escuchen”.

“La idea es simple, traes tu silla y nos sentamos y exigimos que nos dejen exponer. La restricción es la contracara de una audiencia pública”, dijo la diputada García.

En el oficialismo están apurados en pasar el trámite de la Audiencia pública que exige la ley para ir rápidamente a un dictamen y de ahí al recinto. Aunque en el escenario actual, en medio de las críticas al presidente Javier Milei por $Libra y al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su estilo de vida que no concuerda con sus ingresos, La Libertad Avanza busca planchar cualquier tipo de debate en este caso avanzará.

“El cambio de la norma es necesario para habilitar proyectos que están esperando para entrar al RIGI, son inversiones para el país”, explica un diputado libertario a la hora de explicar el proceso que empuja el bloque de La Libertad Avanza.

Buena parte de los anuncios y de las conversaciones que viene teniendo el Gobierno con empresas del exterior apuntan a inversiones para el sector de la minería que está esperando el cambio de la norma, ya que podrían habilitarse zonas que hoy están prohibidas por ser denominadas “periglaciares”. Además, hay una redefinición técnica: se propone cambiar “ambiente periglacial” por “geoforma periglacial”, lo que reduciría el área protegida. Además, establece una revisión del inventario de glaciares porque busca permitir actividades si la provincia demuestra que no se afecta el recurso hídrico.

Participaron educadores, personal sanitario, empleados de la administración pública y otros sectores, junto a pensionistas, quienes exigieron con pancartas y consignas un salario “justo y digno”. Esta demanda ocurre tras los recientes acuerdos petroleros con Estados Unidos.

En Caracas, manifestantes denunciaron agresiones por parte de simpatizantes del chavismo mientras se concentraban frente a la Fiscalía General. Aunque planeaban marchar hacia el Ministerio del Trabajo, la policía bloqueó el paso. Detrás del cordón policial se encontraba la movilización oficialista, que reclamaba el levantamiento de las sanciones impuestas al país, especialmente las de Estados Unidos, parcialmente flexibilizadas en los últimos meses.

Ante el impedimento, empleados y pensionistas se desplazaron hacia las inmediaciones de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).

A pesar de los obstáculos, los manifestantes afirmaron no sentir miedo y reiteraron su decisión de continuar protestando contra los salarios de “hambre y miseria”.

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, declaró a la agencia de noticias EFE que trabajadores y pensionados están “pasando hambre” y en condición de “extrema pobreza”. Consideró que el país “está viviendo una transición económica”, aunque no política, ya que “sigue la violencia como el arma de control y todavía siguen cercenando los derechos”.

“Pareciera que los que pueden estar en la calle son los que arenguen las consignas que dicta el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela). (...) ¿Es que la señora Delcy Rodríguez quiere que le dejemos los hospitales solos en el caso de la enfermería?”, manifestó.

Contreras informó que más de 200 organizaciones gremiales y sindicales firmaron un acuerdo para coordinar acciones conjuntas, incluyendo la permanencia en las calles.

El activista Jesús Superlano, del partido Patria Para Todos, denunció que el Gobierno de Rodríguez, quien asumió la presidencia encargada tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, “dio la orden de que se evite la marcha”.

“Hoy fuimos atacados por grupos parapoliciales, hoy se llevaron pancartas, nos atacaron, nos amedrentaron, nos rodearon, pero dijimos (que) no tenemos miedo”, afirmó.

Por su parte, Ana Yánez, dirigente de la organización sindical Únete, solicitó a Rodríguez que “por favor detenga la violencia de parte de sus adeptos”.

El salario mínimo permanece congelado desde 2022 en 130 bolívares mensuales, equivalentes a 28 centavos de dólar.

En los últimos años, el Ejecutivo optó por pagar dos bonos a los trabajadores públicos, que no inciden en los beneficios laborales y suman 160 dólares, abonados en bolívares al tipo de cambio oficial del día.

Entre los mensajes más repetidos durante la movilización en Madrid, se destacó la petición de un embargo inmediato de armas al Estado de Israel y la salida de España de la OTAN, además del rechazo a los intereses imperialistas presentes en la escalada de violencia en Oriente Medio. Integrantes de diversos colectivos y representantes de organizaciones políticas se sumaron a la marcha que recorrió desde Atocha hasta la Puerta del Sol en la capital española, según informó Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, la concentración alcanzó su momento álgido cuando portavoces de la Asamblea Internacionalista exigieron la implementación de medidas concretas para frenar el aumento de la destrucción y las víctimas en la región, resultado de la ofensiva de Estados Unidos e Israel hacia Irán. Los organizadores señalaron a Israel como uno de los protagonistas clave de la escalada armamentística. Mediante declaraciones públicas al comienzo de la manifestación, el portavoz de la Asamblea Internacionalista puntualizó: “Creemos que es una escalada que se tiene que parar, que únicamente nos lleva a más guerras, a una escalada de destrucción y de muerte que no tiene ningún sentido y que únicamente refleja los intereses de una minoría militarista que quiere pasar la guerra”, recogió Europa Press.

Participants en la protesta portaban banderas palestinas y carteles criticando explícitamente la participación de España en la OTAN y oponiéndose a la guerra y al rearme. Desde las 18:00 horas, la multitud avanzó desde la estación de Atocha y recorrió el centro de Madrid hasta la Puerta del Sol, donde finalizó la convocatoria. El ambiente estuvo marcado por cánticos que denunciaron las acciones del presidente estadounidense Donald Trump y del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Uno de los asistentes afirmó ante Europa Press que “la política española debería condenar totalmente a Trump como se condenaron a los nazis”, añadiendo que “estamos ante un imperialista que hace lo que le da la gana”. Otra manifestante explicó a este medio: “Si tuviéramos un poco más conciencia de clase, si supiéramos lo que nos estamos jugando, yo creo que la gente pensaría que lo que están haciendo Trump y los imperialistas americanos no está bien”.

La protesta contó también con la presencia de figuras destacadas del partido Podemos, como la secretaria general Ione Belarra y la secretaria política Irene Montero. Montero condicionó el apoyo de su grupo en el Congreso a un paquete de medidas contra la guerra que, según las declaraciones recogidas por Europa Press, debe incluir “un tope real a los precios de los alimentos, de la energía, del combustible, hacer el transporte gratuito y salir de la OTAN”. Montero remarcó que, en caso de aprobarse propuestas diferentes, especialmente las impulsadas por el Partido Popular, entenderían que “están buscando los votos del PP”. También exigió la dimisión de España como miembro de la OTAN y la retirada de los militares estadounidenses de las bases de Rota y Morón, manifestando que mientras España forme parte de dicha alianza militar “está siendo cómplice de los crímenes de Trump y de Netanyahu”.

Según reportó Europa Press, el manifiesto leído durante la manifestación incidió en la necesidad de fortalecer el movimiento pacifista, hacerlo inclusivo y plural para desafiar tanto a las estructuras de poder económicas como a los intereses imperialistas. En el documento, los convocantes apelaron a la construcción de “un movimiento fuerte, abierto y plural, capaz de desarrollar un camino que no tenga miedo a enfrentarse con los poderes económicos y los intereses imperialistas, que apueste por la solidaridad y la cooperación activa entre las clases trabajadoras de todo el mundo”.

Entre las principales demandas estuvo también la petición de acciones inmediatas al Gobierno español, solicitando que los discursos por la paz se transformen en acciones tangibles, como aplicar un embargo total de armas a Israel. Al mismo tiempo, algunos de los lemas presentes en carteles y pancartas insistieron en la salida de España de la OTAN y la desvinculación respecto al rearme militar.

A lo largo de la marcha, las protestas se dirigieron principalmente contra la ofensiva militar y la “escalada de destrucción y de muerte” en Irán, enfatizando la urgencia de detener lo que los organizadores describieron como una carrera armamentista motivada por intereses minoritarios. Los convocantes subrayaron, según publicó Europa Press, su preocupación por la insuficiencia de respuestas políticas y la relevancia de que la sociedad civil se mantenga vigilante y activa ante los actuales acontecimientos en Oriente Medio.

Europa Press detalló además que los participantes expresaron su desconfianza hacia la capacidad del Gobierno español para cambiar de postura sin la presión de la ciudadanía movilizada, lo que motiva la articulación de nuevas formas de solidaridad internacional y denuncia pública frente a las operaciones militares y políticas consideradas perjudiciales para los intereses de la población civil tanto en España como en las zonas afectadas del Medio Oriente.

Según los conductores, el precio del GLP pasó de costar entre 5 y 7 soles por galón a cifras que alcanzan los 17, 18 y hasta 19 soles. Además del alza, denunciaron restricciones en la cantidad de combustible que pueden adquirir, lo que agrava su situación laboral. “No podemos trabajar, estamos perdiendo ingresos”, señalaron.

Los mototaxistas indicaron que la problemática se arrastra desde hace semanas, tras incidentes relacionados con la distribución de gas en el sur del país, como la deflagración ocurrida en Cusco. Aunque públicamente se informó que el abastecimiento se había normalizado, aseguran que en la práctica la escasez persiste.

La crisis también impacta directamente en sus ingresos diarios. Conductores señalaron que antes podían generar hasta 120 soles al día, pero ahora sus ganancias se han reducido considerablemente debido al alto costo del combustible y las horas perdidas en filas que pueden durar entre tres y cinco horas.

Diferencias en los precios de GLP

Durante un recorrido por distritos como La Victoria y Breña, se constató que los precios de combustibles varían significativamente. Mientras el GLP puede encontrarse desde 9.99 soles en algunos puntos, en otros supera los 14 o 15 soles, generando una alta concentración de vehículos en los grifos más económicos.

En una estación de la avenida Francisco Pizarro, donde se ofrecía uno de los precios más bajos, se registraron discusiones entre conductores que intentaban abastecerse, lo que obligó la intervención policial para restablecer el orden.

Ante ello, se ha pedido la intervención de entidades como Osinergmin y Indecopi para fiscalizar posibles irregularidades en los grifos.

Los transportistas exigen medidas urgentes del Gobierno para estabilizar el precio del GLP y garantizar el abastecimiento, advirtiendo que la situación afecta no solo a su economía, sino también al servicio que brindan a miles de usuarios en la capital.

¿Por qué sube el GLP en Perú?

El GLP sube en Perú porque, a nivel internacional, el precio de este combustible está atado al petróleo y ha aumentado por conflictos globales y mayor demanda en mercados como Asia, lo que encarece su importación. Perú no produce todo el GLP que consume, por lo que depende en parte de esos precios externos.

En el país, uno de los principales problemas ha sido la interrupción y menor envío de GLP desde el sistema de Camisea, especialmente tras incidentes como la deflagración en Cusco, lo que redujo el abastecimiento hacia Lima y otras ciudades. Esto generó escasez y obligó a recurrir a más importaciones, que son más caras.

Además, en la etapa final, el precio sube por la cadena de comercialización: transporte, almacenamiento y venta en grifos. Ante la menor oferta, algunos establecimientos elevan precios y racionan el combustible, lo que termina afectando directamente a transportistas y hogares.

Según las primeras informaciones, los manifestantes intentaron instalar un gazebo, pero fue retirado por la fuerza y desarmado por los agentes. La situación generó empujones y reclamos en medio de la multitud, en una jornada marcada por el malestar.

“Nos tratan como perros, hermano. ¿A vos te parece justo?“, lamentó un manifestante, visiblemente conmovido, tras las escenas de tensión con la policía. En diálogo con Todo Noticias (TN), otra mujer agregó: ”No tienen humanidad".

“Nos agreden a nosotros. Nosotros venimos tranquilos a ver si el presidente nos escucha, pero nos manda la policía. A ella la empujaron, casi la tiraron. Cada vez que pasa algo, venimos acá. ¿Y qué pasa? Palo para nosotros. El señor presidente es muy insensible", expresó uno de los manifestantes.

En la protesta pacífica participan prestadores, familiares y chicos con discapacidad, quienes reclaman la ejecución de pagos atrasados. Tras los disturbios, se reforzó la presencia policial en la zona. Hay oficiales de la Policía Federal Argentina y de Infantería en el lugar.

En febrero, el Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, tras un fallo judicial que ordenó su entrada en vigencia inmediata y la aplicación del nuevo régimen de pensiones.

La medida responde a la sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que en diciembre de 2025 declaró inválida la suspensión de la ley y le puso al Gobierno como fecha límite el 4 de febrero para que la normativa se implemente plenamente.

El conflicto surgió cuando el Ejecutivo intentó impedir la aplicación de la ley, sancionada por el Congreso en septiembre de 2025, mediante un veto fundamentado en la falta de fondos para costear las nuevas prestaciones. La Cámara de Diputados insistió en la promulgación, que se concretó pese a la resistencia del Gobierno. Aunque la ley fue promulgada formalmente, suspendieron su aplicación hasta que la Cámara Baja determinara la fuente de financiamiento.

La disputa judicial se activó tras el amparo colectivo presentado por O. G. J. en representación de sus hijos. El juez de Campana falló a favor de los reclamantes y anuló la suspensión. En su resolución, ordenó la inmediata aplicación de la Ley N.° 27.793. El Ministerio de Salud y otras áreas oficiales presentaron recursos en contra, alegando la imposibilidad de implementar la norma sin antes resolver el presupuesto.

Finalmente, la reglamentación llegó sobre la fecha límite del plazo, mediante la publicación del decreto84/2026. Así, el Gobierno establece los criterios para el nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, definiendo los requisitos de acceso, los procedimientos para evaluar las condiciones socioeconómicas y las incompatibilidades con otras prestaciones. Sostiene que la implementación de la ley necesita una reglamentación formal para definir procedimientos y controles, tarea que queda bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Discapacidad, ahora dependiente del Ministerio de Salud.

La normativa obliga a la Secretaría a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los parámetros de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas en un plazo máximo de 30 días. También establece la articulación entre organismos oficiales y de la sociedad civil, incluyendo al Observatorio de la Discapacidad y el Comité Asesor, para garantizar la participación federal y de las organizaciones vinculadas al sector.

El decreto admite la preocupación fiscal y presupuestaria, por lo que establece que las acciones acordadas con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ajustarse a los recursos disponibles y a las competencias asignadas.

Entre los puntos más complejos figura la conversión automática de las pensiones no contributivas previas al nuevo sistema, ahora denominadas Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. La Secretaría deberá identificar y verificar miles de prestaciones para llevar adelante esa transición, con el objetivo de asegurar una aplicación coherente del sistema.

En cuanto a la estructura institucional, el decreto centraliza la política de discapacidad en el Ministerio de Salud, con el apoyo permanente del Consejo Federal de Discapacidad en la evaluación, implementación y control de la ley. Este consejo, creado en 1996, integra funcionarios nacionales, provinciales y organizaciones de la sociedad civil.

Según informó el programa de noticias, Buenos Días Perú, los manifestantes señalaron que su principal demanda es la construcción de un nuevo plantel, descartando cualquier alternativa de refacción. “Construcción queremos. Porque nuestros niños deben estudiar como seres humanos”, expresó una madre de familia durante la protesta, en medio de consignas colectivas.

Bloqueo de vía y precariedad en el colegio

Durante la jornada, los padres interrumpieron completamente el tránsito como medida de presión para exigir atención de las autoridades. Indicaron que esta acción responde a la falta de avances concretos en el proyecto educativo, pese a compromisos previos anunciados semanas atrás.

Asimismo, denunciaron las condiciones en las que estudian los escolares, señalando que alrededor de 1.500 alumnos enfrentan problemas de hacinamiento y falta de infraestructura adecuada. “No es un tema político, es una necesidad que nuestros niños necesitan”, sostuvo uno de los padres presentes para el citado medio.

Medidas extremas

Como parte de la protesta, algunos padres adoptaron medidas radicales, como encadenarse y enterrarse parcialmente en el suelo, con el objetivo de visibilizar la urgencia de su reclamo. Estas acciones reflejan el nivel de preocupación de la comunidad ante la falta de respuesta institucional.

Los manifestantes exigieron la instalación de una mesa de diálogo con el gobernador regional, con el fin de concretar un compromiso formal que garantice el inicio de la obra. Además, cuestionaron que la demolición del colegio, prevista para febrero, no se haya ejecutado hasta la fecha, lo que incrementa la incertidumbre sobre el futuro del proyecto educativo.

“Lucho por mis hijos”

Raúl Mendoza Cerroy, padre de dos estudiantes de primaria, protagonizó uno de los momentos más visibles de la protesta al encadenarse en plena carretera como medida de presión. Explicó que su decisión responde a la situación crítica del colegio, luego de que una reciente inspección de autoridades como Indeci y Defensa Civil determinara que casi la totalidad de la infraestructura se encuentra inhabilitada.

Durante la movilización, Mendoza afirmó que la protesta busca evitar que los escolares continúen expuestos a riesgos dentro del plantel. “Lucho por mis hijos y por todos los niños; no podemos enviarlos a estudiar en lo que prácticamente son trampas mortales”, señaló, mientras avanzaba junto a otros padres que también participaron en las medidas de fuerza.

A esta demanda se sumó Irene Acho, madre de una alumna de secundaria, quien indicó que el problema no es reciente. Recordó que su familia ha esperado durante años una solución sin resultados, pese a reiterados pedidos de mejora. En ese contexto, los padres recorrieron más de 15 kilómetros bajo altas temperaturas hasta la sede del Gobierno Regional, con el objetivo de exigir una mesa de diálogo con el gobernador René Chávez Silvano que permita concretar el inicio de la obra y garantizar condiciones adecuadas para los estudiantes.

Las imágenes del vehículo son estremecedoras. Según se observa en un video publicado por la familia de la víctima, los hierros retorcidos de la camioneta fueron utilizados para escribir sobre ellos otros mensajes más para hacerle llegar un mensaje al fiscal del caso y causar impacto en los transeúntes que circulaban en las inmediaciones de la plaza Independencia, el lugar elegido para llevar adelante el reclamo.

El hecho ocurrió en la madrugada del 20 de julio de 2025, cuando una camioneta Ford Ranger, manejada por Ignacio Clemente, impactó de frente contra la Volkswagen Saveiro en la que viajaba González junto a su amigo Jeremías Aguilar.

El accidente se produjo cuando Clemente circulaba a más de 120 kilómetros por hora, en contramano y con las luces altas encendidas. Las pericias determinaron que tenía alcohol en sangre y el registro de conducir vencido desde hacía ocho meses. Iván falleció en el acto, mientras que Aguilar resultó herido, pero sobrevivió gracias a una maniobra del propio joven en el momento previo al impacto.

La causa está calificada como homicidio culposo con lesiones graves, con agravantes por conducir alcoholizado, en contramano, a exceso de velocidad y con licencia de conducir vencida desde el año pasado. Además, se constató la presencia de cocaína en orina.

El fiscal Luis Piotti lo imputó al conductor, pero la defensa logró el beneficio de arresto domiciliario. Por eso, el reclamo de la familia: el abogado Gastón Argeri reclamó la revocación de la prisión domiciliaria y que Clemente cumpla la preventiva en una unidad penitenciaria.

El conmovedor mensaje del papá de la víctima

“Soy Mario, el papá de Iván. A mi hijo me lo arrebataron, y hoy siento que la justicia se nos está riendo en la cara. Fui a buscar respuestas, a pedir justicia, y el fiscal de la causa, Luis Piotti, literalmente me dio la espalda y me dejó hablando solo“, escribió el padre en el mensaje que acompaña el video de la camioneta del choque.

“Así de desamparados estamos. Ante ellos, pareciera que no somos nadie. Tomé la decisión de dejar la camioneta destrozada de Iván en la puerta del municipio. Usándolo como lugar concurrido. Le pido perdón a la sociedad si la imagen choca o lastima, pero esa es la realidad con la que mi familia se levanta todos los días”, continuó.

“Tengo dolor, pero también tengo mucha bronca. No puedo ni siquiera dejar que mi hijo descanse en paz, porque además de luchar contra el hombre que lo mató, tengo que luchar contra los que deberían defendernos. No nos dejen solos. Les pido con el corazón roto que me ayuden a difundir esto”, señaló.

“No nos dejen solos. Les pido con el corazón roto que me ayuden a difundir esto. Que todo Tandil sepa la injusticia que estamos viviendo. Iván no se olvida”, finalizó.

La familia espera ahora que el fiscal eleve la causa a juicio oral por el delito de homicidio simple con dolo eventual, lo que supondría una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

La familia del conductor ebrio envió una carta a los medios locales donde se señaló que el joven siempre estuvo a derecho.

“Comprendemos el inmenso dolor, la bronca y la impotencia que atraviesa la familia de Iván. Nada puede reparar esa pérdida. Solo pedimos que el esclarecimiento de lo sucedido se dé en un marco de respeto, sin violencia ni juicios anticipados, permitiendo que la verdad surja a través de la investigación judicial”, expresaron, según el diario ABC Hoy.

Un paro distrital de docentes de 24 horas tendrá lugar el jueves 12 de marzo de 2026, en Bogotá, tras el llamado de la Asociación Distrital de Educadores (ADE) para manifestar rechazo a políticas implementadas por la administración local en materia educativa.

La ADE, entre los principales argumentos del paro, denuncia un deterioro en las condiciones de enseñanza y aprendizaje en los colegios públicos de la capital del país, señalando el incremento de trámites administrativos, presión por reportes institucionales y una sobrecarga laboral para los docentes, lo que —sostiene la organización— afecta la autonomía escolar y las condiciones de trabajo en el sistema educativo distrital.

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Como parte de la protesta, el sindicato exhortó a maestros, directivos docentes, orientadores, trabajadores administrativos, estudiantes y padres de familia a unirse a las actividades programadas.

Puntos de concentración de las marchas del 12 de marzo

El punto de concentración definido es el Centro Administrativo Distrital (CAD), sobre la NQS, entre Las Américas y la calle 26 en Teusaquillo, donde los manifestantes prevén reunirse desde las 9:00 a. m.

Desde allí, la movilización avanzará por la avenida El Dorado en dirección a la sede de la Secretaría de Educación del Distrito, ubicada sobre el corredor vial cerca de la carrera 66.

Las autoridades recomendaron a los conductores planificar rutas alternativas durante la manifestación en la NQS y la calle 26 y anticiparon presencia policial para salvaguardar la seguridad y el orden público.

Clases en colegios públicos de Bogotá serán normales pese al paro

La Secretaría de Educación de Bogotá confirmó que el 12 de marzo de 2026 se mantendrán clases normales en los colegios públicos del Distrito. De acuerdo con un comunicado divulgado el 10 de marzo, el objetivo principal de la administración distrital es garantizar el derecho fundamental a la educación y evitar alteraciones en el calendario académico, incluso frente a las movilizaciones gremiales.

En el mismo documento, estableció que los maestros que decidan participar en las manifestaciones durante el horario habitual de clases deberán reponer las horas docentes el sábado 14 de marzo de 2026.

La entidad gubernamental subrayó que quienes no cumplan con la reposición enfrentarán “decisiones administrativas” conforme a la normatividad vigente. El Distrito sostuvo que priorizar la continuidad académica responde a la necesidad de “evitar afectaciones al calendario y al tiempo de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes en la ciudad”.

Según especificó a comunicación oficial, el derecho a la protesta está plenamente reconocido por la administración distrital, siempre que las actividades sindicales se realicen “en contrajornada”, es decir, fuera del horario escolar. La medida de reposición, según la Secretaría de Educación, busca que no se alteren los días ni las horas asignadas en el calendario escolar y que se resguarde el derecho de los estudiantes a recibir su formación completa.

“En los casos en que se opte por participar en la protesta dentro del horario académico, el tiempo deberá reponerse el sábado 14 de marzo de 2026, garantizando así el cumplimiento del calendario escolar”, precisó la entidad en una de las declaraciones destacadas del texto.

La decisión de exigir reposición generó controversia dentro del magisterio distrital: sectores del gremio docente, representados por la Asociación Distrital de Educadores (ADE) manifestaron que esta medida podría vulnerar tanto acuerdos como normas laborales vigentes.

La organización recordó que, según el Decreto 1850 de 2002, compilado luego en el Decreto 1075 de 2015, cualquier cambio en el calendario académico debe contar con autorización formal del Ministerio de Educación Nacional, previa solicitud formal de la autoridad territorial, lo que impediría modificaciones unilaterales por parte de la Secretaría distrital.

Dadas las circunstancias, la ADE reivindicó el acuerdo firmado en septiembre de 2025 entre el sindicato y la Secretaría de Educación, donde se acordó que cualquier reposición de actividades académicas debía ser consensuada, respetando la autonomía institucional. Por este motivo, el gremio señaló que convocar a docentes y estudiantes a asistir a clase en día sábado, sin el procedimiento legal correspondiente, puede constituir una actuación irregular.

Casi 4.000 trabajadores de la mayor planta procesadora de carne de Estados Unidos preparan una huelga que podría alterar los precios de la carne y complicar la situación política de Donald Trump ante el descontento social por el alto costo de vida. La protesta, programada para el 16 de marzo en la instalación de JBS USA en Greeley, Colorado, representa la primera huelga de su tipo en la industria cárnica estadounidense en décadas.

La magnitud de la protesta, programada para el 16 de marzo, se refleja no solo en los 3.800 empleados convocados, sino también en el contexto económico: el precio de la carne molida aumentó un 15% durante el último año. La acción sindical, organizada por UFCW Local 7, llega tras nueve meses de negociaciones fallidas sobre un nuevo contrato.

El apoyo fue prácticamente unánime: el 99% de los empleados representados por UFCW Local 7 votó a favor de autorizar la huelga, dejando en evidencia la profundidad del conflicto y la demanda por mejoras laborales.

La planta de JBS en Colorado: epicentro de las tensiones laborales

Kim Cordova, presidenta de UFCW Local 7, señaló que desde la sindicalización de la planta en la década de 1990, nunca se había producido una acción de este tipo. Cordova explicó a The Guardian que, según su percepción, la industria “no ha tenido una disputa laboral desde hace mucho tiempo porque contrata mano de obra muy vulnerable y la expectativa es que no protesten”.

La dirigente acusa a JBS de alargar deliberadamente el proceso de negociación, presentar aumentos salariales anuales inferiores al 2% y omitir mejoras en los costos de salud, además de enfrentar denuncias de robo sistemático de salarios. Según Cordova: “Han cometido prácticas laborales desleales. Despidieron a miembros del comité de negociación y trataron de eliminar opciones sobre la mesa, como un bono de pago”.

Muchos trabajadores de la planta son inmigrantes, incluidos refugiados y personas con protección migratoria. En la fábrica se hablan hasta 57 idiomas distintos.

Cordova detalló que JBS llegó a cobrar a los empleados la reposición del equipo de protección personal: “Algunos equipos cuestan USD 1.100 y les descuentan el valor total de su salario”. También afirmó que la empresa presionó con contratos poco atractivos y buscó eliminar primas si los empleados no aceptaban las propuestas mínimas del empleador.

Reacciones sindicales y testimonios

Las tensiones laborales han llevado a la presidenta de UFCW Local 7 a denunciar que JBS despidió a integrantes del comité de negociación y que las prácticas de la empresa atentan contra los derechos de los trabajadores.

Al ser consultada por el periódico británico The Guardian sobre el trasfondo de la protesta, Cordova enfatizó que existe una cultura de represión dentro de la compañía, cuyas consecuencias afectan especialmente a empleados migrantes y vulnerables.

Según Cordova, la presión sobre los salarios y el endurecimiento de condiciones laborales han profundizado el malestar entre los trabajadores, quienes aseguraron que “el costo de vida supera ampliamente los ingresos, y muchas familias apenas pueden adquirir la carne que procesan a diario”.

Demandas, antecedentes y vínculos con la administración Trump

Las tensiones en Greeley aumentaron tras una demanda que acusa a JBS de discriminar a empleados haitianos incrementando la velocidad de las líneas de producción específicamente para ellos, bajo supuestos engaños en la contratación.

De forma paralela, compañías tercerizadas de limpieza recibieron sanciones del Departamento de Trabajo de Estados Unidos por emplear a menores de edad en la planta. JBS acordó en enero de 2025 el pago de una multa de USD 4.000.000 para resolver el caso de trabajo infantil, aunque no admitió responsabilidad.

Cordova establece una relación directa entre la postura empresaria y los vínculos políticos de JBS: “Creo que se sienten envalentonados por su relación con la administración. Fueron el mayor donante para la investidura de Trump”.

De acuerdo con los registros, Pilgrim’s Pride, filial de JBS en Estados Unidos, aportó cinco millones de dólares al comité inaugural de Trump y J.D. Vance, la mayor contribución individual a ese evento.

En septiembre de 2025, el copropietario de JBS, Joesley Batista, se reunió con Trump. Según la agencia de noticias Reuters, este encuentro suavizó la postura del presidente estadounidense hacia Luiz Inácio Lula da Silva, mandatario de Brasil.

La administración Trump propuso recientemente una norma para permitir el aumento de la velocidad de las líneas en plantas avícolas y porcinas, justificando que reduciría los costos para las familias. La UFCW Local 7 cuestionó duramente la iniciativa al considerar que la seguridad laboral de los empleados tanto de esta planta como del resto de la industria cárnica estadounidense quedaría en peligro.

Las cifras del conflicto y los acuerdos sindicales

Desde la empresa, un portavoz equivalente de JBS USA aseguró que la planta de Greeley “opera en pleno cumplimiento de todas las leyes laborales y de empleo federales y estatales”. La compañía adelantó que, si la huelga se concreta, relocalizará temporalmente parte de las operaciones para minimizar las interrupciones a los clientes.

JBS destacó en su comunicado a The Guardian que, “Pese a nuestros continuos esfuerzos por alcanzar un acuerdo justo y responsable, Local 7 optó por poner fin a las negociaciones y cancelar el contrato que teníamos vigente”.

La firma sostiene que su propuesta se ajusta al convenio nacional firmado en 2025 junto a UFCW International, que, según la empresa, ya ha proporcionado “mayores salarios, pensión segura y estabilidad financiera a largo plazo para los empleados en nuestras otras instalaciones principales”. El portavoz señaló que UFCW Local 7 se ha negado a permitir que los trabajadores voten la oferta actual.

Las cifras fortalecen la posición empresarial: JBS Beef North America obtuvo ingresos récord por USD 7.200 millones en el tercer trimestre de 2025.

Pese a esos resultados, el sindicato asegura que los empleados apenas pueden comprar la carne que ellos mismos procesan y denuncia que la empresa registra el mayor número de muertes de trabajadores durante la pandemia de Covid en el sector cárnico de Estados Unidos, así como acusaciones de tráfico de personas y sobrecarga laboral por el aumento de los ritmos de producción.

La disputa en la planta de Colorado surge tras acuerdos alcanzados en 2025 entre JBS y otros sindicatos locales de UFCW, lo que beneficia a 26.000 trabajadores. Hasta ahora, ningún dirigente ni portavoz de JBS se ha pronunciado sobre la demanda de discriminación ni sobre las acusaciones de robo de salarios en la planta de Greeley.

Ankara, 9 mar (EFE).- El macrojuicio por corrupción contra el encarcelado alcalde opositor de Estambul, Ekrem Imamoglu, acusado junto a otras 401 personas por delitos de corrupción por los que la Fiscalía pide para él hasta 2.352 años de cárcel, comenzó este lunes en Estambul.

Imamoglu, alcalde socialdemócrata de Estambul desde 2019, se encuentra desde marzo del año pasado detenido, ha sido depuesto de su cargo y está acusado de numerosos delitos, entre ellos de aceptar sobornos, de blanqueo de capitales, manipular licitaciones, extorsión y fraude.

Su partido, el CHP, la mayor formación opositora, insiste en que este juicio es uno más en el intento de acabar con la carrera política de quien estaba llamado a disputar en 2028 la presidencia del país al islamista Recep Tayyip Erdogan, en el poder desde hace 22 años.

Un total de 106 de los 402 acusados, políticos y empleados municipales, están en prisión.

De forma extraordinaria, el juicio se va a celebrar en la prisión de alta seguridad de Silivri, donde están encarcelados los acusados, y allí se ha dispuesto una sala especial.

La causa cuenta con una acusación de 3.900 páginas, de la que este lunes comenzará la lectura, y la Fiscalía solicita para Imamoglu una pena de entre 828 y 2.352 años de prisión.

El escrito de acusación vincula a los acusados con lo que denomina la "organización criminal con fines de lucro de Ekrem Imamoglu", presenta al alcalde como su líder y sostiene que "el objetivo principal de la organización era el enriquecimiento material y hacerse con el control del CHP utilizando el capital financiero obtenido".

Antes de la vista, se desplegó un amplio dispositivo de seguridad en los alrededores de la prisión, con una fuerte presencia de la gendarmería turca.

Las autoridades han prohibido hasta el 31 de marzo numerosas actividades en la zona, entre ellas cualquier tipo de concentración, declaraciones a la prensa, exhibición de pancartas y filmaciones.

Pese a la prohibición, este lunes una multitud marchó hacia la prisión coreando lemas como "Presidente Imamoglu" y "Nadie se salva solo: o todos juntos o ninguno".

El líder del CHP, Özgür Özel, que acudió para seguir la audiencia, afirmó que había ido allí "no para ser juzgado, sino para juzgar", y sostuvo que el juicio es "un intento de golpe de Erdogan".

Al ganar las elecciones locales de 2019, Imamoglu acabó con 25 años de Gobiernos municipales en Estambul del islamista AKP, el partido fundado por Erdogan, que también fue alcalde de la metrópolis del Bósforo.

Imamoglu fue reelegido en 2024, cuando el partido islamista de Erdogan sufrió en las elecciones municipales en todo el país su primera derrota electoral desde que llegó al poder.

Imamoglu ha rechazado todas las acusaciones y asegura que se basan en especulaciones imprecisas de testigos "arrepentidos" y no identificados, a veces atribuyendo el mismo testimonio a diferentes personas.

Ciudad de México, 6 mar (EFE).- En la víspera del Día Internacional de las Mujeres, el Gobierno de la Ciudad de México instaló vallas metálicas en edificios del Centro Histórico y anunció una iluminación especial en el Zócalo, donde concluirá la movilización del domingo 8 de marzo.

Desde el jueves, comenzaron a colocarse estructuras metálicas de hasta tres metros de altura para proteger recintos como el Palacio Nacional, sede del Gobierno de Claudia Sheinbaum, y otros edificios del primer cuadro de la ciudad, según reportes de medios locales.

Las vallas rodean las fachadas de estos inmuebles y reducen parcialmente el espacio disponible en la Zócalo de la capital mexicana, la mayor plaza pública del país, aunque la plancha permanecerá abierta para la llegada de la marcha.

Además, este año, el Zócalo tendrá también una iluminación monumental en color morado, en referencia al movimiento feminista, como parte del programa cultural 'Tiempo de Mujeres' del gobierno de Ciudad de México, encabezado por la alcaldesa Clara Brugada.

La intervención contempla iluminación en edificios públicos, desde el sábado 7, y un mensaje proyectado en la plancha: "Mujeres, siempre vivas, siempre libres, siempre iguales".

Se trata además de la primera iluminación instalada con motivo del 8M, ya que este tipo de intervenciones suelen realizarse en efemérides o celebraciones como el Grito de Independencia o el Día de Muertos.

Así, la movilización feminista —convocada desde las 11:00 hora local (18:00 GMT) en la Glorieta de las Mujeres que Luchan en la céntrica avenida Reforma— llegará al Zócalo marcada por dos elementos visibles: las vallas metálicas resguardando edificios y la iluminación conmemorativa por el 8M.

El blindaje con estructuras metálicas se ha convertido en una medida recurrente en los últimos años durante las protestas feministas en México, con el argumento oficial de proteger edificios históricos y evitar confrontaciones.

La medida se volvió frecuente desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), y suele generar críticas de organizaciones feministas que consideran que las vallas "protegen los edificios más que a las mujeres".

La presidenta Sheinbaum ha defendido la instalación de estos cercos en años recientes al señalar que buscan evitar enfrentamientos y proteger tanto a las manifestantes como a los inmuebles históricos durante las movilizaciones.

El blindaje de edificios públicos también se ha reportado en otros estados del país, como Jalisco (oeste) y Nuevo León (norte), ante las movilizaciones previstas por el 8M en México, un país con alrededor de 10 mujeres asesinadas al día.

Redacción Ciencia, 5 mar (EFE).- El comportamiento agresivo en la adolescencia temprana se relaciona con un envejecimiento biológico más rápido y un índice de masa corporal (IMC) más alto a los 30 años, según ha comprobado un equipo de investigadores tras hacer un seguimiento de un grupo de jóvenes durante más de quince años.

El estudio, cuyas conclusiones se publican hoy en la revista Health Psychology de la Asociación Americana de Psicología, ha sido realizado por investigadores de la Universidad de Virginia, que han comprobado las consecuencias duraderas para la salud que pueden tener los desafíos sociales que pueden surgir durante la adolescencia temprana.

El envejecimiento acelerado se ha vinculado a un mayor riesgo de padecer en el futuro enfermedad coronaria, diabetes, hipertensión arterial, inflamación e incluso muerte prematura, han señalado los investigadores, que han hecho un seguimiento de 121 estudiantes de secundaria (46 hombres y 75 mujeres) de comunidades suburbanas y urbanas del sureste de Estados Unidos.

Los investigadores hicieron ese seguimiento a los participantes desde los 13 años hasta la edad adulta, recopilando 'autoinformes' de agresión, informes de los padres sobre conflictos familiares e informes de sus compañeros sobre el comportamiento relacional, y al cumplir los 30 años los investigadores evaluaron su envejecimiento biológico mediante biomarcadores sanguíneos.

Analizaron un total de 12 marcadores, entre ellos el azúcar en sangre o el recuento de glóbulos blancos, y utilizaron después un algoritmo desarrollado recientemente que combina estos valores y produce una estimación de la edad biológica de una persona, que resulta ser un mejor predictor de su salud y mortalidad final que su edad cronológica real, según los investigadores.

El envejecimiento biológico se midió mediante dos métodos validados por la ciencia, que combinan indicadores como la presión arterial, la inflamación, la glucosa, el colesterol y la función inmunitaria, para estimar la edad aparente de una persona en comparación con su edad real.

Y comprobaron así que los niveles más altos de agresión en la adolescencia temprana predijeron una edad biológica más avanzada a los 30 años, incluso después de tener en cuenta el género, el ingreso familiar, las enfermedades infantiles graves y la forma corporal de la adolescencia.

Los investigadores también descubrieron que los varones y las personas de familias con bajos ingresos mostraban signos de un envejecimiento biológico más rápido, y los análisis posteriores sugirieron que estos patrones estaban vinculados a dificultades en las relaciones.

Los chicos experimentaban más conflictos con sus padres, mientras que los adolescentes de familias con bajos ingresos eran más propensos a mostrar un comportamiento punitivo hacia sus compañeros.

Los investigadores han señalado en su trabajo que la agresión temprana por sí sola no predijo un envejecimiento más rápido, salvo que provocara problemas de relación persistentes en etapas posteriores de la vida.

Los adolescentes con niveles más altos de agresión eran más propensos a discutir con sus padres y maltratar a sus amigos a medida que envejecían, y son esas continuas dificultades en las relaciones, y no la agresión temprana por sí sola, las que finalmente predijeron un envejecimiento acelerado.

El puerto de Buenaventura es la terminal marítima más importante de Colombia, maneja más del 50% del comercio exterior del país y aproximadamente el 90% de la carga con destino a Asia-Pacífico.

En este lugar se movilizan cerca de 20 millones de toneladas anuales, incluyendo el 50% de los vehículos y gran parte del café y azúcar exportados. A pesar de ello, los transportadores que trabajan moviendo mercancía de allí no están conformes con varios aspectos que se registran en este lugar.

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Es por ello que, a través de un comunicado de prensa, la Asamblea Nacional del Transporte demandó que se aplique el “modelo de Estados Unidos” y que toda la cadena logística asuma los costos derivados de la ineficiencia en el puerto de Buenaventura, tras un balance parcial presentado en la Alianza Logística Regional del Valle del Cauca.

Las exigencias de los conductores de transporte de carga

En el documento se señala que, aunque se reconocen avances como la expedición de la circular conjunta para la organización de la operación durante las 24 horas del día en los siete días de la semana y la reducción limitada de inventarios de vacíos, persisten mesas industriales que buscan liquidez para los transportadores. La Asamblea Nacional del Transporte advirtió que “las mesas de trabajo no pagan las facturas ni reducen los tiempos de espera que hoy asumen injustamente nuestros transportadores”.

Entre las exigencias principales, la organización solicitó operatividad 24/7 real de parte del Estado y actores privados, reclamando que entidades como la Dian y la Policía Antinarcóticos mantengan la misma intensidad operativa que se exige a los transportadores.

También piden por la suspensión inmediata de cobros por mora, argumentando que no aceptarán facturas por demoras que respondan a ineficiencias ajenas, y que los costos deben recaer en quienes los provocan, incluyendo puertos y curadores.

En el área tarifaria, la asamblea exigió que las líneas navieras, operadores portuarios y generadores de carga asuman directamente los costos de demoras, uso de patios y horas de espera. De acuerdo con lo argumentado en el comunicado, si los actores privados no cubren estos gastos, se solicita la intervención del Ministerio de Transporte para asegurar la liquidez de los transportadores.

El documento resalta la importancia de respetar la dignidad de los conductores y transportadores, valorando las acciones de terminales como Spa y Tcbuen respecto a la reducción de tiempos de espera, aunque resaltan que persisten prácticas documentales que exponen a los trabajadores. Por este motivo, se pide que el Ministerio del Trabajo garantice la implementación de medidas para asegurar condiciones de bienestar para todos los conductores.

La seguridad también fue un punto por el que reclaman los transportadores, que denuncian pagos indebidos en peajes y piden que exista presencia constante de la fuerza pública y una mejor gestión del tráfico por parte de las autoridades locales, señalando la responsabilidad que tiene en este aspecto la Secretaría de Tránsito de Buenaventura.

En el balance, la Asamblea denunció que las líneas navieras y terminales portuarias trasladan sus ineficiencias logísticas a los generadores y transportadores mediante cobros abusivos, y reclamó a la Superintendencia de Transporte y a la Superintendencia de Industria y Comercio la adopción de sanciones similares a las aplicadas en Estados Unidos.

“Exigimos la adopción inmediata de medidas similares para frenar las posiciones dominantes de las navieras que hoy asfixian al transportador colombiano”, se lee en el comunicado.

Por último, la organización ratificó el pliego de peticiones como base de su protesta pacífica y expresó su disposición al diálogo, aunque advirtió que la solución requiere exigir a todos los actores de la cadena logística el cumplimiento verificable de los acuerdos existentes y no descartaron un cese de actividades si sus peticiones no son escuchadas.

Vecinos de Isla Mayor y familiares de distintas víctimas se reunieron provisionalmente frente al Juzgado de Menores de Sevilla, portando pancartas con referencias a otras tragedias recientes y reclamando una reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. La convocatoria se desarrolló coincidiendo con el inicio del juicio contra el adolescente acusado de apuñalar mortalmente a un joven de diecisiete años durante la madrugada del pasado 2 de julio en el poblado Alfonso XIII, en dicha localidad sevillana. Según detalló la agencia Europa Press, a este acto de apoyo se sumaron también familiares de Aarón, fallecido tras ser atacado a la salida de su instituto de Gerena, y de Jesús Rosado Jiménez, víctima de un homicidio el 31 de octubre de 2022 en Palomares del Río, así como de otros menores afectados en circunstancias similares.

De acuerdo con Europa Press, la protesta frente a la sede judicial incluyó la participación de los padres del menor asesinado, quienes aprovecharon la ocasión para expresar públicamente su dolor y la percepción de que la ley vigente no les garantiza justicia. El caso que se juzga corresponde al presunto homicidio de Daniel, por el que se acusa a un joven que contaba con quince años al momento de los hechos, a veintiocho días de cumplir los dieciséis, lo que incide directamente en la penalidad aplicable. La Ley Orgánica 5/2000 (LORPM) limita el período de internamiento para menores entre catorce y quince años a un rango de uno a cinco años por homicidio, algo que los familiares consideran insuficiente para el daño causado.

El padre de la víctima, Francisco José Márquez, expresó ante los medios y ante el juzgado su inconformidad con el marco penal que enmarca a los menores acusados de delitos graves. “Lo que esperamos de este procedimiento es justicia. Pero no la vamos a tener, porque con la ley que tenemos ahora mismo no va a haber justicia, dado que el presunto autor de nuestro hijo tenía quince años en el momento de los hechos, a tan solo 28 días de cumplir los 16 años”, manifestó Márquez según recogió Europa Press. Diversas pancartas mostradas en la protesta reflejaron la indignación de los asistentes con frases como “Han destruido una familia, cambios en la ley del menor” y “Si matas no eres un menor, eres un asesino”.

El Ministerio Público solicitó una pena de seis años de internamiento en régimen cerrado y tres años adicionales bajo libertad vigilada con asistencia educativa para el acusado, por los presuntos delitos de homicidio y robo en grado de tentativa, tal como informó Europa Press. Durante la primera sesión del juicio, celebrada el 24 de febrero desde las 9:30 horas, fueron varias decenas de personas las que se sumaron al acto ante el edificio judicial, entre ellos conocidos de la familia y vecinos que quisieron mostrar su respaldo.

Manoli Gómez, madre de la víctima, agradeció el acompañamiento que ha recibido y realizó una petición a la sociedad para que se movilice por cambios legislativos: “La ley del menor tiene que cambiar en España, tenemos que salir todas a la calle a reclamar. Hoy nos ha tocado a nosotros, pero mañana puede tocarle a cualquiera, a vuestros hermanos o sobrinos. Él estará en un centro de internamiento, pero a mi hijo ya no lo tengo conmigo”, declaró según Europa Press. Gómez también aseguró que su hijo no tenía relación previa alguna con el presunto agresor.

Los hechos juzgados ocurrieron en la parada de autobús del municipio, donde la víctima fue apuñalada sobre las 00:30 horas. Según publicó Europa Press, el motivo concreto que habría llevado al presunto autor a consumar el ataque aún no se ha esclarecido durante las diligencias previas ni en el inicio del proceso judicial. Tras el fallecimiento de Daniel, el municipio de Isla Mayor celebró un minuto de silencio al que acudieron allegados y residentes. Además, tras el crimen, algunos vecinos realizaron pintadas y provocaron destrozos en la vivienda del joven identificado como presunto responsable, según indicó el medio.

La concentración, que tuvo también carácter simbólico para rendir homenaje a las víctimas y demandar el endurecimiento de las sentencias penales para menores implicados en delitos graves, reunió a varios familiares de casos con repercusión reciente en la provincia de Sevilla. Nombres de jóvenes fallecidos en circunstancias semejantes aparecieron en carteles sostenidos por asistentes, lo cual buscó visibilizar una problemática que, según recalcaron voces presentes, afecta a distintas familias y comunidades y genera un debate sobre la suficiencia de las penas contempladas en la legislación vigente.

A lo largo de la mañana, la movilización colectiva derivó en testimonios sobre las consecuencias que estos delitos acarrean tanto a nivel familiar como social. Europa Press reportó que los portavoces de los familiares expresaron su determinación de impulsar cambios en la ley, afirmando que las medidas actuales no contemplan el impacto real de los crímenes para las víctimas y sus allegados. Con este acto, los asistentes reiteraron el reclamo de que las sentencias reflejen el daño y la responsabilidad, subrayando que las diferencias de edad entre víctimas y acusados no diluyen la gravedad de los hechos y la exigencia de justicia.

Quito, 19 feb (EFE).- Unas 400 personas marcharon este jueves por el centro de Quito para protestar contra el nuevo proyecto de ley impulsado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que busca reformar el esquema de gasto de los gobiernos locales, entre ellos municipios y prefecturas provinciales.

"La educación municipal no se toca", "no a la reforma 70/30" y "no a los cierres de colegios y escuelas municipales" fueron algunas de las consignas que los manifestantes corearon y exhibieron en pancartas durante la movilización, que concluyó frente a la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento).

La iniciativa, denominada Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), fue enviada por Noboa con carácter económico urgente, una figura constitucional que obliga al Legislativo a tramitarla en un plazo máximo de treinta días, tras lo cual el proyecto podría entrar en vigor automáticamente si no es aprobado o archivado.

El proyecto plantea que los gobiernos locales destinen al menos el 70 % de su presupuesto a inversión y no más del 30 % a gasto corriente, como salarios y funcionamiento administrativo.

"Nos quieren disminuir el presupuesto a través del cumplimiento de una regla fiscal, es decir, el 70 % de lo que nos entregan de presupuesto para inversión nos están obligando solamente a hacer obra pública. Es necesario hacer obra pública, pero también la obra social es importante para nosotros", señaló a EFE Andreiza Romero, presidenta del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito.

La propuesta enfrenta al oficialismo, representado por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), que defiende su aprobación; y al correísmo, que gobierna las prefecturas y municipios más grandes del país, como Quito y Guayaquil.

Ellos sostienen que la norma reduciría su autonomía financiera y afectaría servicios municipales como la educación.

Entre los manifestantes hubo personas de distintas edades, desde adultos mayores hasta jóvenes con uniforme escolar.

Una de las presentes, Silvia Alviar, explicó a EFE que se había sumado a la marcha para "rechazar una ley que nos afecta a todo el pueblo, ya que nos quieren quitar un presupuesto, una gran parte". "Por ende, no vamos a poder tener buenos profesores, buenos profesionales para nuestros hijos", dijo.

De esta forma, Romero insistió en pedir al Gobierno central que archive la ley y que, si realmente busca la eficiencia y sostenibilidad de los gobiernos autónomos, escuche al pueblo y a los beneficiarios y elabore una norma que no perjudique a los más pobres y que garantice esa eficiencia y sostenibilidad.

La propuesta se tratará en segundo debate este viernes en el pleno del Parlamento ecuatoriano.

Esta mañana se registraron una serie de disturbios producto de marchas en distintos puntos de acceso a la Ciudad, en protesta a la reforma laboral que se discutirá hoy en el Congreso.

La más reciente ocurrió en el Acceso Oeste, en Moreno, a la altura de la Ruta Provincial 23. Pilas de neumáticos incendiados con combustible cortaron la autopista en forma total, sentido Capital. Personal de Gendarmería y Policía bonaerense replegó a los manifestantes -con algunos enfrentamientos cuerpo a cuerpo incluidos- que habían interrumpido el tránsito vehicular, en medio de un operativo con una docena de camiones con personal policial a bordo.

Los automovilistas que viajaban hacia la Ciudad quedaron atrapado por la protesta, apostados a unos 50 metros, detenidos ante el fuego y las densas columnas de humo. El tránsito estuvo parado desde la altura de La Reja, informaron fuentes viales.

Ahora, la colectora está liberada ya que Gendarmería liberó la calzada. “En breve seguro se libera a tránsito”, informaron a este medio fuentes de Autopistas del Oeste.

Según se repitió ante las cámaras de LN+, “todos son vecinos autoconvocados” y la consigna central fue clara: “Fuera la reforma de Milei”.

En el lugar no se observaron insignias partidarias ni carteles de agrupaciones sindicales o políticas. Las banderas carecían de símbolos identificatorios y los manifestantes insistieron en su carácter espontáneo. Una de las vecinas, consultada por la prensa, afirmó: “Es una protesta espontánea de vecinos. Yo vine como jubilada”. El diálogo fue tenso y breve, con respuestas ambiguas sobre la permanencia en el lugar: “No sé, hasta que me canse” y “Hasta que sea necesario”.

Luego de la llegada de personal de Bomberos, fueron sofocadas las llamas que emanaban de los neumáticos mientras los manifestantes se replegaron a varios metros de la presencia policial.

Disturbios en Puente Pueyrredón y corte en la Autopista Buenos Aires-La Plata

Esta mañana, en la zona del Puente Pueyrredón en Avellaneda, la Policía se enfrentó con un grupo de personas que avanzaban por avenida Mitre y fueron reprimidas con gas pimienta.

Un grupo de personas intentó cortar el paso sobre nivel y Prefectura, junto a Policía Federal, se interpuso para evitar eso. Ahora las fuerzas policiales están frente a frente, evitando el paso de los manifestantes, en un clima de gran tensión en Avellaneda, a 100 metros del puente.

Durante la cobertura, se registró un incidente cuando un manifestante arrojó un bidón al fuego encendido, lo que generó preocupación por la seguridad ante las cámaras.

Además, la Autopista Buenos Aires-La Plata se encuentra cortada por la presencia de una columna de manifestantes. Por otro lado, luego de dos horas de tensión, un grupo de trabajadores de FATE y gremios sindicales quisieron cortar el ramal Tigre, a la altura de la calle Uruguay, de la Panamericana, y personal de Gendarmería se interpuso en el camino.

Luego de negociar con las autoridades, se liberó la traza en la zona norte de AMBA. Al comienzo hubo un un carril habilitado para el tránsito en sentido a Capital Federal, mientras continuaban las protestas en otra parte de la autovía. Los manifestantes descendieron de la autopista para volver a la sede de FATE.

La medida estaba dispuesta para alrededor de las 8 de la mañana cuando varias columnas de trabajadores y gremialistas marcharon a paso veloz por la calle Uruguay hacia la autovía para intentar cortar el ramal completo.

Al momento de llegar a la Panamericana, un cordón de Gendarmería Nacional estaba apostado en uno de los accesos con la intención de que los manifestantes no corten la circulación de forma total. “Hay una resolución ministerial que dice que no pueden cortar, tienen que dejar habilitado, tienen que dejar liberada la traza”, indicó un gendarme a las personas que se concentran allí.

“Estamos reclamando porque está cerrada la FATE, es una violación a los derechos incluso constitucionales. Estamos haciendo valer el derecho a la protesta, porque imagínate que 900 familias en la calle sin el pan para sus hijos, un día donde se está votando justamente leyes que son totalmente anticonstitucionales”, se quejó una de los manifestantes.

“La situación está explosiva, no está para que anden montando provocaciones de esa manera”, le contestó uno de los gremialistas.

Por otro lado, uno de los trabajadores de la empresas se quejó cara a cara con el jefe del operativo. “Somos de FATE, estamos siendo atacados. Nos cerraron la fábrica. Tengo un hijo con discapacidad. Nos quedamos en la calle y vamos a tener que comer de la basura. No podemos soportar este atropello”, expresó con vehemencia.

Y agregó: “Nos echan con un papelito en la puerta. Nada, los mandaron los correos de un día para otro. A las 6 de la mañana empezaron los avisos. No podemos resistir así esta situación. Nos negamos a comer de la basura. Por eso tenemos que estar acá todos los trabajadores en un paro activo para voltear esta reforma esclavista, como ya lo está demostrando los que lo están haciendo en FATE”, sumó en plena tensión.

El sindicato de la Policía CEP sostuvo que la permanencia excepcional de José Ángel González al frente de la Dirección Adjunta Operativa, concedida mediante un real decreto en noviembre de 2024 pese a haber alcanzado la edad de jubilación, vinculó directamente el destino del director con el del ministro del Interior. Tal como informó el medio El Mundo, el sindicato considera que las recientes acusaciones de presunta agresión sexual contra una subordinada por parte de González no deben resolverse únicamente con la dimisión del responsable operativo, sino que exigen la renuncia del titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska.

De acuerdo con la información publicada por El Mundo, la Confederación Española de Policía (CEP) ha convocado una movilización que tendrá lugar el 24 de febrero frente a la sede del Ministerio del Interior, en Madrid. La convocatoria surge tras conocerse la renuncia de González, quien afronta graves señalamientos relacionados con un presunto caso de agresión sexual. En un comunicado recogido por El Mundo, CEP insistió en que los hechos divulgados la víspera no sólo impactan al cuerpo policial, sino que afectan a la sociedad en su conjunto.

El sindicato subrayó que la decisión, adoptada meses atrás, de permitir que González continuara en funciones tras los 65 años por medio de una legislación especial derivada de la dana en Valencia, fue criticada en su momento por la propia CEP. Para la central, esa ampliación de mandato selló una responsabilidad conjunta entre el ministro y el entonces DAO, por lo que estiman que un cambio de puesto en respuesta al escándalo actual es insuficiente. Según subraya el comunicado, el sindicato exige al Ministerio que, además de respetar la presunción de inocencia, asuma consecuencias políticas ante unos hechos que califica de contrarios a los valores de la institución policial y de la ciudadanía.

Tal como detalló El Mundo, durante su comparecencia ante el Congreso este miércoles, Grande-Marlaska aseguró no haber encubierto la situación y describió el caso como "muy grave." El ministro explicó que la decisión de apartar a González de su cargo se tomó oficialmente la tarde anterior, después de que trascendieran los hechos. En sesión parlamentaria, Grande-Marlaska afirmó: “De la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré”, según recogió El Mundo.

La CEP reiteró que la gestión de lo ocurrido requiere medidas más profundas. Asimismo, insistió en que la actuación judicial definirá la responsabilidad penal si la hubiera, mientras que la responsabilidad política debe asumirse de forma inmediata a nivel ministerial. Los hechos que involucran la salida de González han provocado, según el sindicato, una situación de malestar entre los efectivos policiales, que demandan respuestas y acciones claras desde la cúpula del Ministerio del Interior.

El contexto general de este episodio remite al uso del real decreto de medidas urgentes por la dana de Valencia, instrumento legal que permitió a José Ángel González continuar desempeñando funciones a pesar de haber superado la edad reglamentaria de jubilación. El medio El Mundo explicitó que el sindicato ya había mostrado su rechazo a esa prórroga, por considerar sus implicaciones en la estructura de mando de la policía. Tras la denuncia de la presunta agresión sexual, la CEP interpreta que la administración debe responder con mayor contundencia.

En su alegato, el sindicato enfatizó la necesidad de que los responsables políticos respondan ante hechos que socavan la confianza interna en el cuerpo policial y repercuten en la percepción pública del servicio de seguridad. La protesta planeada por la CEP busca ejercer presión para la salida del ministro y exponer lo que consideran una gestión deficiente de la crisis abierta por la actuación del ex DAO.

El Mundo señaló que la manifestación sumará a agentes que rechazan las actuaciones del Ministerio tras la dimisión de González, así como a voces críticas en torno a decisiones previas de la dirección política respecto al funcionamiento interno de la policía nacional. La convocatoria del 24 de febrero está planteada como un acto de protesta y también como una demanda de cambios institucionales que refuercen los mecanismos de control ante eventuales abusos o irregularidades en la cúpula de la policía.

En la noche del 17 de febrero, desde las 6:00 p. m. se registraron bloqueos por parte de transportadores del servicio público intermunicipal de Soacha, que denuncian estar cansados de la extorsión de la que son víctimas por parte de estructuras criminales, presuntamente conformadas por extranjeros.

Debido a esta situación, TransMilenio dejó de operar en el municipio, afectando a más de 35.000 personas que se vieron obligadas a caminar desde el Terminal del Sur hasta sus residencias en Soacha.

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Como respuesta, la Alcaldía de Soacha anunció que se reunirá con los voceros del gremio transportador, que protestaron luego de que en la noche del 14 de febrero se registrara el asesinato de Agustín González en el sector de Prado Vegas.

Testigos del crimen afirmaron que el bus conducido por González se detuvo luego de que un grupo de hombres le hizo una señal para ser recogidos; acto seguido, le propinaron varios disparos a Agustín González, que murió en el lugar de los hechos.

Se conoció audio amenazante que recibieron los conductores en Soacha

El medio local Periodismo Público publicó un audio en el que alias Moisés, el mismo que firmó varios panfletos intimidatorios que han recibido los conductores de bus en Soacha, confirma que su banda criminal fue la que asesinó a Agustín González en Prado Vegas.

“Señores choferes, buenas noches, les habla Moisés por aquí. Este es un comunicado para todos los choferes, para que tengan en cuenta que nosotros les llegamos de la mejor manera y no nos quisieron solucionar y nos vimos en la obligación de hacer lo que hicimos con el señor Agustín”.

En el mismo, “Moisés” indicó a los transportadores que debían hacer un pago semanal a su estructura criminal o, de lo contrario, serán víctimas de represalias en su contra.

“La vuelta es la siguiente: necesitamos que busquen un vocero y se reúnan todos, que lleguen a un acuerdo con nosotros. Necesitamos que nos apoyen con 100.000 pesos semanalmente. Hablando, nosotros no nos vamos a entender. Espero que no se den mal y que queden como amigos. Que Dios los bendiga y bendiciones”.

Así está la movilidad en Soacha

El 18 de febrero, la mayoría de comunas del municipio no tuvieron acceso a los servicios del transporte público, puesto que la mayoría de conductores decidieron no laborar como parte de la protesta en la que piden garantías de seguridad.

A pesar de ello, el sistema de TransMilenio funcionó sin contratiempos en Soacha; hasta el momento no se han reportado nuevos bloqueos por parte de transportadores o residentes del municipio.

Sobre las 3:00 p. m. comenzó un encuentro entre el alcalde de Soacha, Julián Sánchez, y los voceros del gremio transportador; hasta el momento no se ha informado un reporte oficial sobre la reunión y si los buses volverán a salir a las calles el 19 de febrero.

No es la primera vez que los conductores de bus en Soacha denuncian este tipo de hechos, puesto que en mayo de 2025 realizaron un plantón luego de que un colega fue asesinado en Ciudad Verde.

En el lugar de los hechos, los sicarios dejaron un panfleto en el que se afirmaba que, en caso de no pagar lo solicitado, ese sería el desenlace de los demás que hacían parte de la ruta Terreros-Ciudad Verde.

“Cordial saludo: Este llamado va para todos los transportes privados de Soacha Ciudad Verde, que desde hace un tiempo se viene haciendo un llamado para que apoyen la organización y no han hecho caso. Por eso hemos tomado la decisión de empezar a matar a los conductores hasta que no lleguen a un acuerdo con nosotros. Los que están trabajando en nuestro sector, en este momento se les hará un paro”.

Cabe recordar que en el sector residencial de Ciudad Verde no hay acceso de rutas del Sistema de Transporte Público de TransMilenio, sino que solo funcionan rutas municipales y algunos medios de transporte llamados “piratas”.

La Mesa de Trabajo Fuerza Púrpura emitió un pronunciamiento en el que manifestó su “profunda preocupación” por el progresivo deterioro estratégico que, a su juicio, enfrenta la Policía Nacional, en un contexto marcado por la reciente salida del brigadier general Edwin Urrego Pedraza del servicio activo.

El oficial, quien se desempeñaba como comandante de la Policía Metropolitana de Cali, fue retirado el 11 de febrero de 2026 por orden del presidente Gustavo Petro.

La decisión se produjo luego de que el mandatario lo señalara de estar presuntamente detrás de un supuesto plan para introducir narcóticos en el vehículo presidencial con el fin de sabotear su seguridad y afectar su imagen internacional antes de una reunión con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Las sospechas, según se conoció, tuvieron origen en un correo anónimo y en un informe de inteligencia que llegó a la Casa de Nariño. El general Urrego negó de manera categórica las acusaciones, las calificó como “una locura” y afirmó que siempre trabajó por la seguridad del país, incluso manifestando su disposición a someterse a una prueba de polígrafo.

La decisión generó controversia, ya que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y otros sectores señalaron que no existían investigaciones formales en la Fiscalía contra el oficial al momento de su retiro.

Aunque Fuerza Púrpura no se pronunció sobre el fondo de esas acusaciones, su comunicado se conoció después de este episodio y advierte sobre un fenómeno más amplio: la pérdida sostenida de recurso humano en los niveles de direccionamiento estratégico de la Policía, particularmente en el grado de generales.

Según la organización, la experiencia, el liderazgo y el conocimiento acumulado de estos oficiales son fundamentales para la estabilidad doctrinal y operativa de la institución. La salida de mandos estratégicos —indicaron— impacta la cohesión interna, la continuidad en la planeación y la capacidad de conducción en un contexto de alta complejidad en materia de seguridad.

El pronunciamiento también cuestiona la forma en que desde el Ejecutivo se han tramitado y comunicado públicamente supuestos señalamientos contra altos mandos, señalando que decisiones y exposiciones mediáticas pueden afectar el buen nombre institucional antes de que medie el debido proceso. A su juicio, actuaciones precipitadas basadas en informes sin verificación exhaustiva debilitan la confianza interna y la capacidad estratégica de la Policía.

En el documento, la organización enfatiza que la seguridad del presidente de la República es un asunto de máxima responsabilidad del Estado y que existen protocolos estrictos, procedimientos técnicos y cadenas de mando claramente definidas para garantizar su protección. Por ello, sostiene que cualquier insinuación sobre vulneraciones deliberadas a estos esquemas debe sustentarse en pruebas verificables y no en hipótesis preliminares.

Fuerza Púrpura también hizo referencia a la importancia de que, si existen evidencias reales sobre conductas irregulares, estas sean puestas de inmediato en conocimiento de las autoridades judiciales competentes, garantizando el respeto pleno al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho al buen nombre.

El comunicado señala además que los hechos recientes tienen origen en un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia, entidad sobre la cual menciona preocupaciones en torno a su conducción institucional y eventuales procesos de politización.

Para la organización, la inteligencia del Estado exige rigor técnico, imparcialidad y responsabilidad extrema, dado que un documento preliminar puede generar consecuencias irreparables al afectar la honra de oficiales y la credibilidad institucional.

Finalmente, Fuerza Púrpura reiteró su respaldo a la Policía Nacional y su compromiso con la Constitución, la legalidad y la protección de todos los colombianos, incluido el presidente de la República. No obstante, insistió en que la defensa de la institucionalidad implica exigir rigor, pruebas y respeto por el debido proceso como condiciones esenciales para preservar la confianza ciudadana y la fortaleza estratégica del Estado.

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, señaló que la logística impuesta para disputar el partido ante el Atlético de Madrid en el estadio de Butarque afecta directamente al equipo y genera una notable incomodidad tanto para el plantel como para la afición. Durante una rueda de prensa, el técnico destacó su desconcierto por la decisión de trasladar el encuentro fuera de Vallecas, cuestionando los criterios utilizados para impedir que el partido se juegue en su estadio habitual y considerando injusta la premura con la que se les comunicó el cambio. El medio Europa Press reportó que Pérez hizo énfasis en la necesidad de transformar la situación extradeportiva que atraviesan y convertir la tristeza en motivación.

Según recogió Europa Press, Iñigo Pérez expresó que, a diferencia de los episodios previos donde sí advirtió que no se disputaría un partido debido al estado del campo, en esta ocasión tenía la certeza de que el césped de Vallecas permitiría el desarrollo del juego. El técnico afirmó que el partido podría haberse jugado perfectamente en Vallecas y mostró su desconcierto porque la suspensión se comunicara un jueves, aun cuando el encuentro debía celebrarse el domingo. “Si el césped depende de la climatología, ganamos dos días en los que no llueve y podría haberse hecho otro test”, comentó Pérez en referencia al argumento logístico esgrimido para justificar el cambio de sede, publicación de Europa Press. Añadió que la reorganización del dispositivo de seguridad puede realizarse con poca antelación y consideró injusto que el club tenga que ajustar su planificación en menos de un día, mientras que la seguridad requiere mayor anticipación. El entrenador subrayó que la decisión supone una desventaja para el equipo y expresó su solidaridad con la afición, que también queda perjudicada por la medida.

Iñigo Pérez insistió en que, al tratarse de dos equipos de la Comunidad de Madrid, la situación no habría generado las complicaciones logísticas vividas por los aficionados del Oviedo en precedentes recientes. Según detalló Europa Press, el técnico mostró su solidaridad con la afición del Oviedo, afectada en otro desplazamiento. A pesar del malestar generado por lo sucedido, Pérez manifestó que no busca excusas y que el equipo asumirá la decisión, viajando a Leganés para afrontar el compromiso en Butarque. Reconoció su preferencia por jugar en Vallecas, aunque recalcó la importancia de centrarse en lo deportivo y tratar de sobreponerse al ruido externo, empleando la metáfora “el río está sucio, vamos a intentar pescar”, para describir el ambiente alrededor del club.

Durante la conferencia, Pérez puntualizó que ningún equipo gozará de ventaja local en Butarque, pues considera que ambos actuarán como visitantes. Europa Press recogió sus palabras: “Mañana no somos locales, los dos equipos somos visitantes”. Equiparó el choque con una final, resaltando la dificultad de enfrentar al Atlético en un escenario neutral y subrayando que, en contextos de vulnerabilidad, el rival no facilita el juego. El entrenador del Rayo reconoció que el Atlético de Madrid atraviesa un momento importante y que su última actuación podría causar inquietud en cualquier rival, aunque valoró que esta situación puede convertirse en un estímulo para su equipo. Hizo referencia a la posibilidad de obtener un triunfo histórico ante un entrenador al que nunca ha vencido, sumando así razones para motivar al grupo.

Respecto al rival y a su técnico, Pérez dedicó una valoración específica a Diego Pablo Simeone, según destacó Europa Press. Manifestó que el entrenador argentino ha transformado la dimensión del Atlético de Madrid y que ha sabido consolidar una identidad reconocible en el club. Pérez defendió a Simeone frente a críticas sobre su estilo de juego, subrayando la capacidad de este para sostenerse en escenarios adversos y su firmeza en los mensajes al equipo. Expresó admiración por la trayectoria del técnico y dijo aspirar a conseguir logros similares en su propia carrera, recordando cómo la narrativa mediática alrededor de Simeone puede cambiar radicalmente a partir de los resultados de un solo partido.

Europa Press informó que el entrenador del Rayo Vallecano también se pronunció acerca de la decisión de algunas peñas de no desplazarse a Butarque como forma de protesta. Pérez afirmó respetar completamente la postura de la afición y explicó que no considera adecuado solicitar apoyo, ya que los seguidores, a diferencia de los profesionales y árbitros, no reciben ninguna compensación económica y, por el contrario, pagan para asistir. “Tienen todo mi respeto, todo mi apoyo y toda mi solidaridad”, expresó el técnico, que diferenció la situación de los hinchas respecto a otros agentes del fútbol y señaló su intención de mantenerse empático ante la protesta, aunque considere que hay aspectos mejorables en la relación entre club y afición.

Abordando cuestiones internas, Iñigo Pérez reconoció que tras el partido contra el Lech Poznan atravesó un período difícil desde el punto de vista emocional, aunque aclaró que, actualmente, se siente lleno de energía y con una relación muy estrecha con sus jugadores. Según consignó Europa Press, el entrenador compartió que en aquel momento llegó a pensar que no estaba en el lugar correcto, alcanzando el límite de hartazgo. Sin embargo, destacó que la convivencia diaria con el plantel y el respaldo de los futbolistas le permitieron superar ese sentimiento y que, hoy, el desánimo no forma parte de su realidad. Comparó la situación actual del club con un vaso rebosante que comienza a romperse, y resaltó la importancia del diálogo y el apoyo entre todos los miembros del equipo para superar el contexto de tensión que atraviesan.

En relación al comunicado emitido por los jugadores del Rayo Vallecano, el entrenador confirmó que firmó el texto y que está de acuerdo con el contenido, aunque reconoció que no consideró adecuado el momento de su publicación. Según relató Europa Press, Pérez respaldó a los futbolistas y subrayó la importancia de fortalecer el diálogo para promover el desarrollo del club, entendiendo tanto el descontento como la rapidez con la que el grupo se adapta a las adversidades. Puso en valor la capacidad de sus jugadores para dejar de lado las excusas y adaptarse al entorno, añadiendo que considera un privilegio dedicarse al fútbol pese a las circunstancias complejas.

Sobre el estado de las instalaciones, Iñigo Pérez reveló que decidió suspender uno de los entrenamientos en la Ciudad Deportiva por temor a posibles lesiones. Subrayó que prioriza la integridad física de los jugadores y que no volverán a entrenar en ese campo hasta que deje de representar un riesgo. El técnico recalcó el carácter vulnerable de los integrantes del vestuario, apuntando que el grupo muestra una fortaleza particular en momentos de dificultad. Europa Press destacó que Pérez concluyó valorando la reacción del vestuario ante las adversidades y llamó a afrontar este periodo con actitud resiliente.

"Se lo he propuesto y el presidente Trump ha aceptado, que esta operación llegue a su fin", explicó Homan sobre el fin de la denominada Operación Metro Surge en una rueda de prensa en Mineápolis.

Según el zar, la campaña "ha dado los resultados satisfactorios" que el Gobierno de Trump esperaba y destacó el trabajo junto a los funcionarios estatales y locales "para mejorar la coordinación".

"Como resultado de nuestros esfuerzos aquí, Minesota ya no es un estado santuario para los delincuentes", dijo Homan.

Desde que Trump ordenó reforzar la presencia de agentes migratorios en Minesota, dos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti, murieron tras ser disparados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Tras el fallecimiento del segundo, mientras protestaba por las redadas de los agentes en la ciudad, la tensión entre los manifestantes y los efectivos federales escaló a tal nivel que Trump llegó a amenazar con activar la Ley de Insurrección para desplegar al Ejército.

El anuncio del zar se produce dos semanas después de que el mandatario retirara del estado a Gregory Bovino, comandante general de la Patrulla Fronteriza, que estaba a cargo de coordinar el operativo.

En su lugar destinó a Homan, que el 4 de febrero ya anunció la retirada de 700 agentes.

"Como dije en mi primera rueda de prensa hace un par de semanas, el presidente Trump me envió aquí no porque la operación se estuviera llevando a cabo a la perfección, sino para identificar los problemas y aplicar soluciones que mejoraran la ejecución de nuestra misión", apuntó.

Según Homan, desde que comenzó la Operación Metro Surge, se han llevado a cabo más de 4.000 arrestos.

Pese a que se pone fin al despliegue masivo, el zar avanzó que un "pequeño contingente de personal" permanecerá durante un tiempo en el estado para "transferir el mando y control completos a la oficina local". EFE

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Buenos Aires, 10 feb (EFE).- El Gobierno argentino reforzó este martes la presencia de las fuerzas federales en la provincia de Santa Fe, ante las protestas iniciadas el lunes por la noche por la policía local en reclamo de un incremento salarial, que dejaron las calles de la región desprovistas de efectivos de ese cuerpo de seguridad durante la jornada.

"Desde la mañana del día de hoy estamos patrullando con las cinco fuerzas federales", aseguró este martes por la noche la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en entrevista con el canal LN+.

Las declaraciones de la ministra se producen tras un día de silencio oficial ante las protestas iniciadas el lunes por la noche en la ciudad de Rosario, que continuaron este martes en otras ciudades de la región y causaron preocupación en la ciudadanía por la falta de seguridad en la zona.

"De ninguna manera vamos a compartir, apoyar y a defender una huelga. Podemos entender, y todos sabemos que los reclamos son genuinos. Los reclamos están fundados, y la discusión es válida", reconoció Monteoliva y luego agregó: "Lo que no puede ser válido es una huelga cuando se trata de fuerzas de seguridad".

Las protestas se producen en un contexto marcado por los bajos salarios de los efectivos -que, según aseguró el vocero de los policías, Gabriel Sarla, no son suficientes para cubrir los gastos mensuales- y el elevado número de suicidios registrados en ese cuerpo de la seguridad del Estado en los últimos años.

El lunes por la noche efectivos y personal del Servicio Penitenciario, acompañados por sus familiares, se manifestaron frente a la sede de la Jefatura de Policía y luego se acuartelaron.

Después de varias horas, los policías fueron desalojados y retomaron las protestas este martes con una concentración en la que decenas de patrulleros alineados hicieron sonar sus sirenas de forma ininterrumpida y cortaron el tránsito con neumáticos prendidos fuego.

Las manifestaciones se replicaron en la ciudad de Santa Fe y en otras localidades como Rafaela, Reconquista, Vera, San Lorenzo, Casilda, Recreo, Santo Tomé, San Javier y Avellaneda, donde se registraron también acuartelamientos.

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, anunció este martes en una conferencia de prensa que al menos 20 agentes serán separados temporalmente de sus funciones porque "atentaron contra el servicio de seguridad".

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe informó en un comunicado que inició una investigación penal por la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad por parte de los policías.

Según confirmó Sarla en entrevista con LN+, las armas, las credenciales y el chaleco antibalas de los agentes fueron confiscados este martes.

Sin embargo, la ministra de Seguridad Nacional aseguró a última hora de este martes que "se está abriendo un canal de diálogo" entre las autoridades provinciales y los policías.

Sarla, por su parte, confirmó que una reunión entre ambas partes está prevista para la medianoche.

Fotos: RS Fotos

El conflicto se inició cuando un grupo de agentes, vestidos de civil y con los rostros cubiertos, junto a sus familiares, se congregaron frente a la Jefatura de Policía para reclamar mejoras salariales y condiciones laborales.

Según informó el medio local 0343, la situación escaló cerca de la medianoche, cuando efectivos en actividad recibieron la orden de intervenir contra los manifestantes y comenzaron los disturbios. La respuesta, dirigida hacia sus propios compañeros y familiares, desencadenó una reacción inmediata: varios agentes de la provincia que patrullaban la ciudad decidieron sumarse a la protesta, abandonando sus funciones y bloqueando calles con patrulleros y motos oficiales.

Mientras tanto, los que se encontraban dentro utilizaron la fuerza para intentar controlar la situación.

La situación se replicó en otros puntos de Rosario; incluso en la capital provincial, donde patrulleros rodearon la Casa de Gobierno, intensificando la presión sobre las autoridades provinciales.

El reclamo original exigía una recomposición salarial urgente ante la pérdida del poder adquisitivo. No obstante, tras la intervención de las fuerzas de seguridad, la protesta se radicalizó. Las imágenes de policías enfrentando a otros policías generaron un rechazo masivo dentro de la fuerza y pusieron en evidencia la fractura de la cadena de mando.

Luego de los incidentes, efectivos en servicio optaron por cruzar sus vehículos en la vía pública, apagando los motores pero dejando las balizas y sirenas encendidas como símbolo de rebeldía.

Desde la provincia aclararon a Infobae que la tarea policial no se resintió y que, de hecho, no ocurrieron delitos durante la noche. Cerca de las 10 brindarán una conferencia de prensa.

El sábado pasado también se realizaron manifestaciones simultáneas en distintas ciudades de la provincia de Santa Fe, en el marco del conflicto que atraviesa la policía. En este caso, las protestas se habrían desarrollado sin incidentes.

De acuerdo con la Asociación Profesional Policial Santa Fe (Apropol), las movilizaciones tuvieron lugar en Rosario, Esperanza, Rafaela, San Cristóbal, Coronda, San Justo, San Javier, Reconquista, Tostado, Vera, Sastre, Melincué, Casilda y Villa Constitución, entre otras localidades. En algunas zonas se sumaron también docentes y trabajadores del Servicio Penitenciario.

Uno de los ejes centrales del reclamo, según el sindicato, es el principio de “igual remuneración por igual tarea”. En ese sentido, efectivos de las unidades regionales del norte de la provincia denunciaron percibir salarios inferiores a los de otros agentes que cumplen las mismas funciones en distintas jurisdicciones.

Mientras el Gobierno avanza con la reforma laboral que Javier Milei busca aprobar en el Senado el próximo 11 de febrero, organizaciones piqueteras de izquierda, sectores del sindicalismo combativo y agrupaciones afines votaron un plan de lucha que tendrá su primer punto alto este miércoles 4, con una movilización al Congreso Nacional. La protesta comenzará a las 17 horas y finalizará con un acto en Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde se realizará una “radio abierta a todos los sectores que quieren apoyar la lucha contra la reforma laboral”.

La protesta se da en el marco del inicio del período de sesiones extraordinarias, convocadas por el Poder Ejecutivo hasta el 27 de febrero, con la reforma laboral como uno de los proyectos centrales de la agenda oficial. Según anticiparon distintas organizaciones, la jornada del miércoles será parte de una secuencia de acciones que apunta a confluir en una movilización masiva y un paro nacional el día en que la iniciativa sea tratada en la Cámara alta.

En ese escenario, trabajadores de la empresa Lustramax, que mantienen un conflicto abierto por despidos en la planta de Tortuguitas, se convirtieron en uno de los ejes de articulación de la protesta. Desde allí, junto a la Mesa de Coordinación Obrera de Zona Norte, impulsaron plenarios abiertos durante el último fin de semana en distintos puntos del país para discutir cómo enfrentar la reforma.

“Con la exigencia a la CGT de paro activo y movilización masiva el día que se trate la reforma laboral, estamos preparando una lucha en serio contra un proyecto que pretende seguir recortando derechos y conquistas. No es modernización laboral, quieren más esclavitud”, señalaron los delegados que se reunieron para votar el plan de lucha.

Leandro Gómez, delegado de Lustramax, apuntó directamente contra la dirigencia sindical tradicional. “Frente a la inacción de gran parte de la conducción sindical, que mira para otro lado o directamente negocia nuestros derechos, decidimos empezar a autoorganizarnos. Nuestro futuro y el de nuestras familias está en juego y no vamos a esperar pasivamente”, afirmó.

Los plenarios se realizaron en Lomas de Zamora (ATE Sur), Tortuguitas, La Plata y Jujuy, con la participación de cientos de activistas, delegados y dirigentes de sindicatos recuperados y comisiones internas combativas. También asistieron referentes de la izquierda como Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Vilma Ripoll y Christian Castillo, quienes respaldaron la iniciativa.

Según coincidieron los participantes, uno de los puntos centrales fue la caracterización de que la CGT y las principales centrales sindicales no sólo no están organizando una respuesta contra la reforma laboral, sino que algunos sectores estarían negociando con el Gobierno y los gobernadores. En ese marco, se votó exigir un paro nacional activo el día de la sesión en el Congreso y organizar columnas para “rodear el Parlamento”, además de medidas regionales como cortes y protestas en las provincias.

El encuentro también resolvió reforzar la solidaridad con los conflictos en curso en diversas empresas, a los que los organizadores definieron como un intento de “quebrar por hambre” a los trabajadores. Para ello, propusieron la creación de un fondo nacional de lucha.

La movilización del miércoles 4 de febrero fue convocada en conjunto con organizaciones piqueteras y agrupaciones de jubilados, que este lunes realizarán un plenario autoconvocado para ultimar detalles de la protesta. Desde esos sectores advirtieron que la reforma laboral también impactará directamente sobre el sistema previsional, al redirigir aportes patronales a un fondo destinado a cubrir indemnizaciones por despidos.

“Vamos por el paro, la movilización y un plan de lucha. A los jubilados nos afecta de lleno esta ley”, señalaron en un comunicado, en el que también invitaron a periodistas a acompañar las actividades “ante la amenaza de perder su propio estatuto”.

Es muy probable que el día que se trate el proyecto de “modernización laboral” —como lo llama el Gobierno— en el Senado, los piqueteros confluyan con los movimientos sociales agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto con algunos sectores del sindicalismo como las CTA y gremios como la UOM y Bancarios.

Mientras el oficialismo apuesta a reunir los votos necesarios en el Senado, desde el sindicalismo combativo y las organizaciones piqueteras de izquierda anticipan que la conflictividad aumentará en las próximas semanas. El objetivo declarado es llegar al 11 de febrero con una movilización masiva y sostener medidas de fuerza si el proyecto avanza, en un clima de creciente tensión entre el Gobierno libertario y los sectores que se sienten directamente amenazados por la reforma.

Alberto Pazos Couñago, portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Galicia, expresó desde el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que los problemas en el sistema sanitario público afectan a todas las comunidades autónomas españolas, no solo a Galicia. Según informó el medio fuente, estas declaraciones se produjeron en el contexto de una manifestación en Santiago de Compostela en la que se criticó la gestión sanitaria del gobierno regional.

El medio detalló que Pazos Couñago relacionó la protesta con intereses partidistas y políticos, señalando que, en su opinión, "[la manifestación] tiene mucho más que ver con lo partidista y lo político que con lo sanitario". Subrayó que la convocatoria de la protesta coincidió con el momento en que él se encontraba en el hospital vigués, distanciándose así de los organizadores y participantes del acto en la capital gallega.

Según publicó la fuente, el portavoz popular defendió la labor del gobierno autonómico y calificó al sistema sanitario gallego como "uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo". Reconoció la existencia de "dificultades", atribuyéndolas a la escasez de profesionales médicos en especialidades como la Atención Primaria y Pediatría. En sus palabras, "eso no es un problema de Galicia. Es un problema que estamos sufriendo todas las comunidades autónomas de España", afirmando que desde las diferentes regiones llevan años presentando propuestas al Ministerio de Sanidad, sin obtener respuesta.

El medio consignó que Pazos Couñago estableció una diferencia entre lo que consideró dos enfoques ante los retos del sistema sanitario. Por un lado, mencionó a "los que prefieren el ruido, la pancarta y la algarada", y por otro a "los que prefieren la gestión, la propuesta razonable y la búsqueda de soluciones”. Explicó que su grupo político se identifica con el segundo tipo de actitud y reiteró su compromiso con esas líneas de acción, según reportó el medio.

En medio de la entrada en vigencia de medidas arancelarias entre Colombia y Ecuador, los gremios de transportadores de ambos países anunciaron una protesta conjunta en la frontera.

Este movimiento surge como respuesta a la congestión en los pasos fronterizos y a la creciente incertidumbre en la cadena logística, fenómenos que ya impactan la economía regional y la seguridad en la zona limítrofe.

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Los organizadores buscan que los gobiernos activen rutas diplomáticas para contener una disputa comercial que amenaza con extenderse en el tiempo.

Manuel Romo, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Camioneros en Nariño, advirtió que la nueva disposición ecuatoriana exige el pago de un 30 % como tasa de servicios aduaneros para la carga colombiana, mientras que en Colombia todavía no ha entrado en vigor el decreto correspondiente.

“Estamos saliendo unos y entrando otros, haciendo las últimas transacciones, prácticamente aprovechando que era el último día laborable. Se solicitó a la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) un servicio extraordinario y aún continúan pasando algunos vehículos con carga, pero el Ecuador ya expidió la resolución donde cobra el 30 % como tasa de servicios aduaneros, mientras que en Colombia todavía no ha salido el decreto”, indicó el vocero de los camioneros en declaraciones recogidas por Caracol Radio.

Igualmente, el líder del gremio en el corredor fronterizo alertó sobre una reducción notable del flujo de mercancías y expresó la preocupación del sector en torno al riesgo de que ciertos productos, como el arroz, utilicen rutas prohibidas para sortear las restricciones, exacerbando el problema del contrabando.

Ante ello, Romo indicó que la movilización, llamada Marcha por la Dignidad Fronteriza, reunirá a más de mil camioneros y transportadores, concentración que se efectuará el martes 3 de febrero de 2026, con el propósito de que ambos gobiernos activen rutas diplomáticas para contener una disputa comercial que amenaza con extenderse en el tiempo.

“Queremos que los dos gobiernos (Colombia y Ecuador) nos escuchen y una forma de hacernos visibles es hacer una caravana vehicular y una caminata donde colombianos y ecuatorianos vamos a converger en el puente internacional de Rumichaca”, explicó a la cadena radial mencionada.

De igual forma, el vocero señaló que “es inaudito que en el marco de la Comunidad Andina, siendo un mercado libre, existan estas restricciones. La mejor forma y la más rápida es solucionar esto por la vía del diálogo”.

El plan prevé que la concentración en Ipiales (Nariño, Colombia) se inicie a las 8:00 a.m. de ese día, desde donde partirá la caravana hasta el Puente Internacional de Rumichaca, lugar en el que tienen previsto encontrarse con sus pares ecuatorianos.

Afectaciones económicas para Colombia

La imposición de aranceles del 30% entre Ecuador y Colombia intensifica la crisis en su frontera común y agrava los efectos económicos para ambos países. Mientras los transportistas enfrentan largas filas para cruzar el único paso terrestre legal, el puente internacional de Rumichaca, las pérdidas para empresas y trabajadores continúan acumulándose.

Las consecuencias trascienden la economía formal. El ambiente de congestión aduanera, sumado a la reducción del tránsito regular, multiplica las posibilidades de que mercancías como el arroz terminen en circuitos de contrabando a través de pasos ilegales, de acuerdo con transportadores entrevistados por el medio citado.

Las largas filas de camiones y los servicios extraordinarios solicitados a la Dian reflejan el intento desesperado de agotar las últimas operaciones comerciales amparadas por la normativa anterior.

Alfredo Buchelli, director de Fenalco Nariño, resaltó que la balanza comercial favorece a Colombia, exponiendo al país a mayores perjuicios. “Si miramos la balanza comercial, Colombia exporta más de lo que importa desde Ecuador, entonces va a haber una mayor afectación de los bienes que se envían al vecino país”, indicó el directivo a Caracol Radio.

A su vez, recalcó que la búsqueda de nuevos mercados para las exportaciones represadas es costosa y lenta, incrementando los riesgos para la competitividad de las empresas regionales.

“Todos los empresarios de la cadena logística están muy preocupados precisamente por estas medidas y porque no hay una solución visible, todavía no hay una solución ni del gobierno del Ecuador ni del gobierno de Colombia para buscar frenar estas medidas que son realmente lesivas para el comercio y lesivas para la competencia”, declaró.

Moscú, 30 ene (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, cumplió este viernes la tregua energética que le pidió su colega de Estados Unidos, Donald Trump, con vistas a la segunda ronda de negociaciones a tres bandas que se celebrará probablemente este domingo en Abu Dabi.

Con todo, esa medida no suavizó su postura, ya que Moscú se mantuvo firme en su demanda de control de todo el Donbás y la central nuclear más grande de Europa, bajo control ruso en la región de Zaporiyia desde hace más de dos años.

Dejar de matar de frío a los kievitas

Trump sorprendió a todos al asegurar anoche que Putin había aceptado su petición de cesar los bombardeos contra la capital ucraniana y otras ciudades del país vecino, aunque sea por una semana.

"No es solo frío. Es extraordinario. Hace un frío récord allí. Estamos muy contentos porque, aparte de todo, lo último que necesitan (los ucranianos) es que les caigan misiles en sus pueblos y ciudades", explicó Trump.

El Kremlin confirmó este viernes que "el presidente Trump se dirigió personalmente al presidente Putin para que se abstuviera durante una semana, hasta el 1 de febrero, de realizar ataques contra Kiev con el fin de crear condiciones favorables para la celebración de negociaciones".

Putin criticó hace unos días a Kiev por pedir una tregua energética cuando el ejército ucraniano continúa martilleando la infraestructura civil de las regiones rusas.

Después de dar las gracias a Trump, Zelenski corroboró la ausencia de ataques rusos. De hecho el parte de guerra del Ministerio de Defensa ruso tampoco informó este viernes de ningún ataque a instalaciones energéticas.

"No hubo ataques a instalaciones energéticas la pasada noche, pero ayer (el jueves) por la tarde nuestra infraestructura energética fue golpeada en varias regiones", dijo Zelenski tras mantener una reunión telemática con las autoridades regionales del país.

Además, Zelenski adelantó que Ucrania se sumaba a la tregua energética.

"Si Rusia no ataca nuestro sistema energético, ya sea a la capacidad de generación o a cualquier otro elemento, nosotros no atacaremos su sistema energético", dijo Zelenski en un encuentro con periodistas citado por la agencia pública ucraniana, Ukrinform.

Millones de ucranianos han sufrido desde finales del pasado año constantes cortes de luz y calefacción de varios días debido a los ataques masivos rusos contra el sistema energético del país. Ucrania vive el invierno más crudo de los últimos lustros.

El Donbás es innegociable

Al mismo tiempo, en vísperas de la segunda ronda con mediación estadounidense en Abu Dabi, ambos bandos dejaron claro que no se moverán ni un ápice de sus posiciones iniciales sobre la cuestión territorial.

Zelenski abrió las hostilidades al asegurar que no aceptará en ningún caso las exigencias territoriales de Rusia, que demanda el repliegue voluntario del ejército ucraniano de los 5.000 kilómetros cuadrados de territorio que aún controla en la región de Donetsk.

"Hasta el momento no hemos encontrado un compromiso en la cuestión territorial, en concreto sobre la parte este de Ucrania. Estamos hablando de la región de Donetsk", afirmó.

Volvió a mostrarse abierto a la posibilidad propuesta por EE.UU. de crear una zona libre económica sin presencia militar en la zona ahora bajo control de Kiev que exige Moscú, pero dejó claro que eso debe producirse sin que este territorio deje de ser ucraniano.

El Kremlin replicó que "la central de Zaporiyia lleva dos años bajo control ruso (...) ¿Significa que el régimen de Kiev pretende recuperar militarmente esta central nuclear? ¿Planea atacar la central nuclear?".

En relación con el Donbás, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, señaló en rueda de prensa que "la dinámica en el frente habla por sí sola y no hay mucho más que decir".

En cuanto a la central nuclear de Zaporiyia, Zelenski propuso en 2025 que la electricidad generada por la planta se distribuya entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia, quien recientemente ha tratado de blindar la planta legalmente como parte de su infraestructura energética.

Zelenski también apuntó contra la línea de flotación de la mediación estadounidense al pedir a la Casa Blanca garantías de seguridad -en línea con el artículo 5 de la OTAN- antes de que Kiev realice alguna clase de concesión.

"Necesitamos algo con lo que poder contar. En este caso lo principal en lo que podemos contar son las garantías de seguridad”, afirmó.

Moscú, 30 ene (EFE).- El Kremlin confirmó este viernes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al líder ruso, Vladímir Putin, que suspendiera los bombardeos aéreos contra Kiev durante una semana hasta el 1 de febrero, cuando se celebrará la segunda ronda de negociaciones a tres bandas en Abu Dabi.

"Efectivamente, el presidente Trump se dirigió personalmente al presidente Putin para que se abstuviera durante una semana, hasta el 1 de febrero, de realizar ataques contra Kiev con el fin de crear condiciones favorables para la celebración de negociaciones", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov no precisó si Putin había respondido positivamente a la petición y si ésta incluía todos los ataques o sólo los bombardeos contra la infraestructura energética de la capital ucraniana cuando las temperaturas se acercan a los 20 grados bajo cero.

"No tengo nada más que añadir. Quiero resaltar que se trata de crear condiciones favorables para las negociaciones", señaló ante la insistencia de los reporteros.

Putin criticó hace unos días a Kiev por pedir una tregua energética cuando el ejército ucraniano continúa martilleando la infraestructura civil de las regiones rusas.

Al respecto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este viernes que Ucrania se sumaba a la tregua energética.

"Si Rusia no ataca nuestro sistema energético, ya sea a la capacidad de generación o a cualquier otro elemento, nosotros no atacaremos su sistema energético", dijo Zelenski en un encuentro con periodistas citado por la agencia pública ucraniana, Ukrinform.

Explicó que la posibilidad de una tregua energética fue planteada por los mediadores estadounidenses en la reunión trilateral con ucranianos y rusos que tuvo lugar a finales de la semana pasada en Abu Dabi. Zelenski señaló que no hubo ningún acuerdo al respecto entre ucranianos y rusos.

Trump aseguró el jueves que Putin había aceptado su petición de no atacar "ni Kiev ni las ciudades y pueblos durante una semana".

"No es solo frío. Es extraordinario. Hace un frío récord allí. Estamos muy contentos porque, aparte de todo, lo último que necesitan (los ucranianos) es que les caigan misiles en sus pueblos y ciudades", apuntó.

Rusia volvió a atacar anoche territorio ucraniano con más de cien drones y un misil, pero éstos fueron dirigidos contra regiones ucranianas fronterizas.

En ciudades más alejadas del frente como Kiev y Odesa, que sufren ataques a sus infraestructuras energéticas casi cada noche, no sonaron por la noche las habituales sirenas que anuncian la llegada de misiles y drones.

Millones de ucranianos han comenzado el año con cortes de luz y calefacción de varios días debido a los ataques masivos rusos a su sistema energético. Ucrania vive el invierno más crudo de los últimos lustros.

Las diferentes asociaciones de pensionistas han advertido que solo suspenderán las movilizaciones si el Parlamento resuelve el "bloqueo" de las medidas sociales que afectan a cerca de 10 millones de personas mayores, concediendo un plazo hasta el 20 de febrero para atender su demanda de revalorización de las pensiones. El medio Europa Press informó que las protestas arrancaron tras la votación en el Congreso el pasado martes, cuando se derogó el decreto ley ómnibus que incluía la subida del 2,7% de las pensiones y otras medidas de protección social.

Según detalló Europa Press, decenas de jubilados se concentraron este viernes frente a la sede nacional del Partido Popular, en la calle Génova de Madrid, en rechazo al voto en contra del grupo popular contra el mencionado decreto. Los manifestantes, que vestían chalecos con el lema "Pensiones dignas" y portaban pegatinas de "Ni un paso atrás", ocuparon uno de los carriles de la céntrica vía. El bloqueo en la Cámara Baja, que se produjo gracias a los votos de PP, Vox y Junts, resultó en la caída de la revalorización anual de las pensiones que ya se aplicaba, así como de la prórroga de la prohibición de desahucios y de los cortes de agua y luz para personas vulnerables.

Leopoldo Pelayo, portavoz de la Coordinadora de Pensionistas de Madrid, justificó la concentración señalando en declaraciones a Europa Press que las principales coordinadoras de pensionistas del Estado rechazan la postura del Partido Popular en el Parlamento y denuncian el veto a la subida de las pensiones. Pelayo recordó que, mientras no se resuelva la situación, continuarán manifestándose en las calles. Además, culpó al PP no solo del actual estancamiento, sino también de haber limitado previamente el crecimiento de las prestaciones al establecer el 0,25% de incremento anual y "empobrecer" a quienes reciben una pensión tras la implantación del factor de sostenibilidad.

Durante la protesta, Pelayo subrayó que los colectivos darán como plazo hasta el 20 de febrero para levantar el bloqueo legislativo y permitir que diez millones de pensionistas reciban el aumento correspondiente. De no ser así, las entidades volverán a convocar protestas el 23 del mismo mes. En declaraciones recogidas por Europa Press, Pelayo criticó al PP por, según él, implementar políticas de "terrorismo social" que profundizan las necesidades en los hogares de las personas mayores.

El Partido Popular defendió su voto contrario argumentando que el decreto ómnibus mezclaba asuntos no relacionados y pretendía, según sus portavoces, "mantener las okupaciones ilegales". A su juicio, el Gobierno debería presentar una norma específica centrada únicamente en el aumento de las pensiones, sin emplear a los pensionistas como "rehenes". Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, se dirigió al jefe del Ejecutivo con un mensaje directo: "Si le preocupan los pensionistas, revalorizamos las pensiones mañana mismo", manifestó en un acto electoral realizado en Figueruelas, Zaragoza, el día siguiente a la votación.

El desacuerdo parlamentario impactó de inmediato en la entrada en vigor de la revalorización del 2,7% para las pensiones y dejó sin efecto otras protecciones que el decreto contenía, como la prohibición de desalojos y la prórroga en los suministros básicos, medidas diseñadas para personas y familias en situación de vulnerabilidad.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, declaró que el Gobierno intenta recuperar el contenido íntegro del decreto para volver a presentarlo en el Congreso. De acuerdo con sus palabras, reproducidas por Europa Press, la intención es aprobar el mayor número posible de disposiciones al considerar que benefician tanto a la economía como al conjunto de los ciudadanos.

Las protestas no se limitaron a Madrid ni al colectivo de pensionistas. De acuerdo con Europa Press, el miércoles anterior distintos grupos participaron en una manifestación frente a la puerta del Congreso en contra de la derogación del escudo social y de la moratoria antidesahucios. Entre los participantes se encontraban integrantes del Sindicato de Inquilinas de Madrid, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), y el propio colectivo de pensionistas. Estos portavoces anunciaron la convocatoria de nuevas movilizaciones, que comenzarían el 30 de enero con una manifestación frente a la sede central del Partido Popular, a quienes responsabilizan del bloqueo de las políticas sociales en cuestión.

En el País Vasco, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria también desarrolló manifestaciones frente a las sedes del PP en las diferentes capitales vascas, mostrando su indignación por el rechazo a la subida de las pensiones incluida en el decreto. De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, dicho colectivo reiteró su compromiso con la continuidad de las protestas y advirtió que, de persistir el conflicto parlamentario hasta el 20 de febrero, se movilizarán nuevamente.

Las acciones coordinadas entre colectivos de mayores y organizaciones afines reflejan una estrategia que busca presión sostenida para que el Parlamento revierta la actual situación legislativa y garantice el incremento de las pensiones, junto a otras medidas del denominado escudo social. Las organizaciones han hecho circular comunicados en todo el territorio español, instando a sus miembros y a la población afectada a mantener la movilización hasta que sus reivindicaciones sean atendidas.

Según informó Latina Noticias, los dirigentes de las bases han señalado que no se tomará una decisión definitiva mientras el Gobierno Regional de Loreto no asuma mayores compromisos presupuestales, los cuales deberán quedar establecidos en un acta consensuada con todas las bases. Ahora, están a la espera de la llegada del gobernador regional a Yurimaguas para destrabar el conflicto y concretar nuevas asignaciones económicas.

Desde el Gobierno Regional se informó que existen compromisos orientados al presupuesto 2026, principalmente en proyectos de inversión pública, así como alternativas de ejecución para este año. Sin embargo, estas propuestas aún no han logrado satisfacer las demandas de los manifestantes.

Entre las principales exigencias que continúan sin respuesta concreta por parte del Gobierno Regional de Loreto están:

• La agilización del expediente técnico de la carretera San Rafael – Balsapuerto
• La ejecución del proyecto de reforestación
• La mejora y construcción de infraestructura educativa para niños y jóvenes del distrito

Bloqueos continúan y solo se permitió tregua parcial

El Comité de Lucha aclaró que la huelga no ha sido levantada, y que únicamente se permitió una tregua breve para el pase controlado de personas y productos básicos. Asimismo, exhortó a los comerciantes a no especular con los precios ante la escasez que se registra en los mercados.

A la medida se han sumado otras bases organizadas de localidades aledañas, ampliando los bloqueos en los tramos:

• Trancayacu – Nuevo Arica
• Nuevo Arica – Balsapuerto (capital distrital)

Estas restricciones mantienen interrumpido el tránsito y el transporte de mercancías, agravando la situación en toda la provincia.

Emergencias médicas afectadas por los bloqueos

La protesta ha dejado graves consecuencias en el acceso a la atención médica. En las últimas horas se reportaron casos en los que ambulancias no pudieron pasar los piquetes, incluyendo el traslado de una persona mordida por una serpiente y de un niño de dos años con problemas respiratorios, quienes tuvieron que ser movilizados en condiciones adversas.

Asimismo, en el sector Puerto Perú, una mujer dio a luz a su bebé dentro de una camioneta, debido al bloqueo de la carretera. Personal médico tuvo que atender el parto en plena vía, en medio de la lluvia, ante la imposibilidad de trasladarla oportunamente a un establecimiento de salud.

Estos hechos han generado críticas y llamados a la empatía, recordando que, si bien la protesta es legítima, no se debe impedir el paso de personas en emergencias de vida o muerte.

Escasez de alimentos y alza de precios

Yurimaguas enfrenta también un desabastecimiento de productos de primera necesidad. Según información de medios locales, en los mercados ya se percibe la escasez de pollo y verduras, debido a que las distribuidoras avícolas permanecen cerradas ante la imposibilidad de ingreso de carga por los bloqueos en la carretera.

Ante la falta de pollo, el precio de la gallina de postura se ha incrementado considerablemente, alcanzando costos que oscilan entre 70 y 80 soles por unidad, lo que genera preocupación entre las familias, obligadas a buscar alternativas para su alimentación diaria.

En la Región de Murcia, la preocupación por las importaciones de productos agrícolas provenientes de Marruecos, Egipto y Sudáfrica concentra parte de las demandas de los representantes del sector. Tal como detalló el medio de comunicación, estas importaciones provocan inquietud entre los agricultores y ganaderos por la falta de medidas que limiten la competencia desleal que, a su juicio, está impactando de manera negativa en la agricultura regional y nacional. El sector advierte que las decisiones tomadas por la Unión Europea amenazan la seguridad alimentaria y el futuro de miles de familias que dependen de la actividad agraria, contexto sobre el cual se ha articulado una protesta convocada por varias organizaciones en más de treinta provincias del país.

De acuerdo con la información publicada, las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA han dirigido la movilización a nivel nacional para exigir respuestas sobre una serie de problemáticas que consideran urgentes. Entre ellas destacan los recortes previstos en la futura Política Agrícola Común (PAC) y el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, así como la posibilidad de recorte en la disponibilidad de agua para el regadío. El presidente de COAG-IR, José Miguel Marín, manifestó durante el acto su preocupación por la entrada de productos extranjeros a los supermercados españoles, aludiendo a la necesidad de proteger la salubridad de los alimentos. “Somos los defensores del interés de los consumidores, de que no los engañen, de que no les traigan a los lineales productos llenos de mierda y que no puedan seguir alimentándose con la salubridad alimentaria que tenemos”, puntualizó Marín, según consignó el medio.

Durante el contacto con los medios, Marín enfatizó que el sector agrario no va a permitir recortes en ayudas, agua o directrices que perjudiquen la sostenibilidad de las explotaciones familiares. Reclamó que las instituciones y administraciones contemplen las demandas y escuchen la voz del campo, subrayando que la reiterada movilización muestra la gravedad de la situación. De acuerdo con el relato recogido por el mismo medio, la jornada movilizó en todo el país a entre 2.000 y 2.500 vehículos, una cifra que superó las previsiones iniciales de las organizaciones convocantes.

Por parte de la UPA, su secretario general Marcos Alarcón calificó la participación como ejemplar, reflejo del respaldo masivo a las reivindicaciones planteadas. Alarcón expuso que el sector demanda acuerdos comerciales más justos, mantenimiento de un presupuesto suficiente para la PAC, defensa del trasvase y acceso garantizado al agua, así como la puesta en marcha de mecanismos que favorezcan la incorporación de jóvenes al sector. "Se necesita una respuesta de las administraciones a la altura de la movilización que se está produciendo hoy aquí en la Región de Murcia y en todo el país, para abordar los problemas, las incertidumbres y los riesgos que amenazan la actividad agraria", declaró Alarcón a la fuente.

Los representantes de Asaja, a través de las palabras de su secretario general Alfonso Gálvez, señalaron que las actuales políticas de la Unión Europea no tienen en cuenta las necesidades específicas del sector y se adoptan incluso saltando la opinión del Parlamento Europeo. En la Región de Murcia, sostuvo Gálvez citado por el medio, la actividad agrícola representa un pilar económico y social, cuya viabilidad puede verse truncada si las políticas actuales no se modifican. También alertó sobre la amenaza de un posible recorte en el trasvase Tajo-Segura, reclamando garantías de agua para el riego en el sureste del país y un marco que posibilite la continuidad generacional entre los agricultores y ganaderos.

Las organizaciones agrarias han insistido en que la política comercial de la Unión Europea, en su forma actual, supone un grave peligro para el suministro de alimentos sanos y seguros tanto en España como en el conjunto europeo. Argumentan que los alimentos importados pueden no cumplir los mismos estándares sanitarios y medioambientales que se exigen a los productores locales, lo que representa una desventaja competitiva y un riesgo para los consumidores. Además, según COAG, Asaja y UPA, la falta de controles eficaces y el ingreso masivo de productos extracomunitarios genera presiones a la baja sobre los precios y amenaza el futuro de la producción local.

La movilización de este jueves, según los organizadores, evidencia la capacidad de respuesta del campo y la determinación de los agricultores y ganaderos por defender su actividad y la soberanía alimentaria. Los portavoces de las organizaciones hicieron hincapié en que la defensa del campo es, en última instancia, una cuestión que afecta a toda la sociedad, ya que de ello depende la disponibilidad de alimentos seguros y de calidad en los mercados. Mientras continúe la entrada de mercancías extranjeras sin los controles y limitaciones reclamados, los representantes del sector advirtieron que las protestas y reclamaciones se mantendrán activas hasta conseguir una interlocución efectiva y medidas concretas por parte de las administraciones, tanto nacionales como europeas.

Tres camiones pertenecientes a una veintena de empresas, en su mayoría organizadas en cooperativas, descargaron más de una veintena de palets repletos de frutas y hortalizas frescas en la Plaza Belluga de Murcia. Según consignó Fecoam y Proexport, esta acción de distribución gratuita formó parte de su adhesión a la movilización nacional convocada por organizaciones agrarias para visibilizar las dificultades actuales que afronta el sector regional.

De acuerdo con lo informado por Fecoam y Proexport, la entrega al público incluyó productos de temporada como brócoli, apio, pomelo y distintos tipos de cítricos. Esta iniciativa coincidió con la protesta que, convocada por las asociaciones UPA, Asaja y COAG, reunió en la capital murciana a trabajadores del campo en respuesta a los recortes previstos de la futura Política Agrícola Común (PAC) y al impacto esperado del nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque Mercosur, reportó el medio.

El acto tuvo como finalidad intensificar la visibilidad social de las reivindicaciones del colectivo agrícola y llamar la atención sobre cómo las modificaciones de la PAC y el tratado UE-Mercosur podrían afectar la estabilidad económica de la agricultura regional. Según detalló la fuente, la concentración de agricultores y cooperativistas representa el sentir y la preocupación de una parte significativa del sector agrario en Murcia.

Fecoam y Proexport resaltaron que las actuales políticas europeas generan incertidumbre, especialmente ante la posibilidad de recortes en las ayudas directas y las posibles consecuencias de la entrada de productos procedentes de países extracomunitarios. Según explicó el medio, las cooperativas consideran que estos factores podrían erosionar la competitividad de los productores locales y provocar un descenso en la renta agraria.

Durante la movilización, los asistentes entregaron de manera gratuita las frutas y verduras como gesto simbólico para reivindicar la importancia social, económica y alimentaria del sector local. Las organizaciones presentes expusieron que la elección de la Plaza Belluga, en pleno centro de Murcia, se debió a la alta concurrencia de ciudadanos, lo que garantiza mayor difusión de la problemática, según publicó la fuente.

Este tipo de acciones se inserta en una agenda más amplia de protestas en distintos puntos del país, convocadas de modo coordinado por UPA, Asaja y COAG. Los participantes buscan presionar tanto a las autoridades europeas como nacionales para que reconsideren los recortes planteados y establezcan salvaguardas ante el acuerdo con Mercosur, que según las cooperativas, podría facilitar la entrada de productos agrícolas con estándares diferentes y costes menores, tal como recogió el medio.

La distribución de frutas y verduras también sirvió, según detalló Fecoam y Proexport, para acercar al consumidor la realidad del productor murciano, insistiendo en la importancia de elegir productos locales frente a alternativas importadas. Los dirigentes cooperativos subrayaron que el modelo regional apuesta por la calidad, la sostenibilidad y el empleo rural.

El evento en la Plaza Belluga, según los portavoces de las cooperativas, contó con la colaboración de voluntarios y empleados que participaron activamente en la descarga y reparto de los palets de alimentos, generando una alta participación del público. El medio informó que la jornada se desarrolló sin incidentes y con el respaldo logístico de los ayuntamientos y de los cuerpos de seguridad.

Las entidades convocantes reiteraron su disposición a continuar con movilizaciones y actos reivindicativos si no se atienden las demandas del sector, según remarcó Fecoam y Proexport. Los representantes agrarios advirtieron, de acuerdo al medio, que la modificación de los apoyos y la liberalización de importaciones pueden agravar la situación estructural de la agricultura murciana y dificultar el relevo generacional en el campo.

El reparto llevado a cabo en Murcia se sumó a otras iniciativas similares en distintas regiones, todas ellas orientadas a fortalecer el vínculo entre productores y ciudadanos, y a sensibilizar sobre el impacto de las políticas europeas en el sistema agroalimentario, según la información proporcionada por Fecoam y Proexport.

El veterano legendario del rock Neil Young ha ofrecido a los residentes de Groenlandia acceso gratuito a su catálogo, con la esperanza de que este gesto ofrezca alivio al estrés de quienes se sienten perturbados por las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump.

“Esta es una oferta de paz y amor”, declaró el músico estadounidense-canadiense en su sitio web.

“Espero que mi música y mis películas musicales alivien parte del estrés y las amenazas no deseadas que sufren por parte de nuestro impopular y, ojalá, temporal gobierno”, escribió Young.

Tras la oposición europea, Trump se retractó de su amenaza de expropiar Groenlandia, un territorio autónomo danés rico en minerales.

“Toda la música que he creado durante los últimos 62 años está a su disposición”, declaró Young, de 80 años.

Cualquier persona con un número de teléfono celular que utilice el prefijo de Groenlandia puede acceder al obsequio, que, según Young, es renovable “mientras se esté en Groenlandia”.

Young ha sido un crítico veterano de Trump. Cuando Trump fue elegido para su primer mandato en 2016, escribió una canción titulada Already Great como repudio al movimiento Make America Great Again de Trump.

Fuente: AFP

Thomas Gelin, representante de Greenpeace ante la Unión Europea, sostuvo que “Europa se vio obligada a financiar la guerra de Putin debido a su enorme dependencia de los combustibles rusos”, señalando el riesgo de que, al cambiar de proveedor sin transformar el modelo energético, se entregue el mismo poder “a otros matones como Trump”. Con esta afirmación, el activista recuperó la atención sobre la decisión adoptada por los Estados miembro de la UE de prohibir desde 2027 las importaciones de gas ruso, y sobre la advertencia de Greenpeace de que sustituir este abastecimiento por gas proveniente de Estados Unidos puede reproducir formas de dependencia que la Unión busca erradicar.

La movilización organizada el lunes por Greenpeace tuvo lugar frente al edificio del Consejo de la UE, donde activistas instalaron muñecos hinchables de gran tamaño con la imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del mandatario ruso, Vladimir Putin. Según informó el medio, a través de esta acción la organización pidió a la Unión Europea que su salida del gas ruso no se traduzca en una transición hacia el gas estadounidense, sino en la adopción masiva de energías renovables. Una pancarta con la leyenda “Libérense de los tiranos” sintetizó la demanda dirigida a los responsables políticos reunidos para aprobar la hoja de ruta de la desvinculación energética de Rusia.

Greenpeace alertó a la Comisión Europea y a los gobiernos nacionales sobre el riesgo de reemplazar un monopolio por otro: “La UE corre el riesgo de desarrollar una peligrosa dependencia de otros autócratas como Donald Trump si los combustibles rusos se sustituyen por otras importaciones en lugar de adoptar energías limpias”, manifestó la organización según consignó la fuente. El análisis responde al contexto en que la UE acordó la eliminación progresiva, desde dentro de dos años, de las importaciones de gas por gasoducto y gas natural licuado de Rusia, una medida que fue destacada por Greenpeace como necesaria, pero que, de acuerdo a sus voceros, requiere acompañarse de una hoja de ruta realmente transformadora del sistema energético europeo.

El medio señaló que esta advertencia se contextualiza también en el marco de los acuerdos entre la UE y Estados Unidos. Greenpeace denunció que Bruselas ha prometido la compra de productos energéticos estadounidenses —incluyendo gas natural licuado— por un valor de 750.000 millones de dólares, en un intento de evitar la imposición de aranceles por parte de la administración estadounidense. Según la organización ecologista, estos compromisos multimillonarios podrían trasladar la dependencia de Rusia a otro gran proveedor externo, con las implicancias políticas y económicas que conlleva confiar en actores como la Casa Blanca para la seguridad energética del bloque.

La protesta coincidió con la reunión de los secretarios de Estado en el Consejo de la Unión Europea, instancia en que se aprobó de manera formal el calendario para acabar de forma definitiva con la importación de gas ruso. Para Greenpeace, este es solo un primer paso; la organización consideró indispensable que los Estados miembro opten de manera prioritaria por la inversión en fuentes renovables como solar y eólica, en vez de perpetuar la utilización de combustibles fósiles. Thomas Gelin ilustró la comparación con una metáfora: “No se puede cambiar del vodka al bourbon y esperar que se te pase la borrachera; en algún momento hay que dejar el alcohol y empezar a beber agua”, declaró, según publicó el medio, para enfatizar la necesidad de una transformación profunda de la matriz energética europea.

La preocupación de Greenpeace no solo está dirigida a evitar la dependencia de otros proveedores que puedan tener un control monopólico sobre el suministro energético, sino también a la urgencia de frenar la expansión del uso de combustibles fósiles, dada su contribución al cambio climático. La organización sostiene que impulsar acuerdos de importación de gas con Estados Unidos o cualquier otro actor ajeno a la UE compromete los objetivos europeos en materia de neutralidad de carbono y autonomía estratégica. Además, Greenpeace remarcó que los contratos actuales y futuros de importación pueden atar a los países europeos a infraestructuras de gas por décadas, obstaculizando así la transición hacia fuentes limpias.

La acción desplegada en Bruselas forma parte de una serie de campañas que Greenpeace ha intensificado en diferentes países de la Unión Europea, conforme los gobiernos negocian alternativas para cubrir la demanda energética tras la reducción de la oferta rusa. Según informó el medio, la organización busca influir en las negociaciones políticas para que éstas no culminen en nuevos acuerdos de dependencia energética con socios cuyas políticas o gobiernos puedan suponer retos estratégicos o amenazas al interés común europeo.

De acuerdo con la información suministrada, el llamado de Greenpeace se dirige tanto a los responsables de la toma de decisiones en la UE como a la sociedad civil. La organización demanda un cambio estructural, instando a los Estados miembro a dejar de lado los combustibles fósiles y a optar por la inversión y el desarrollo de tecnologías renovables que permitan asegurar una mayor autosuficiencia y contribuir a los compromisos ambientales internacionales.

El seguimiento de esta protesta y las reacciones de las instituciones europeas y los gobiernos nacionales serán decisivos para definir la orientación de la política energética de la UE en los próximos años, según reportó el medio. Greenpeace advierte que el éxito de la eliminación del gas ruso dependerá de la capacidad de los Estados miembro para evitar nuevas dependencias y acelerar la transición hacia un modelo sustentado en energías renovables.

Caracas, 25 ene (EFE).- El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, afirmó este domingo que Venezuela no puede olvidar el ataque militar de Estados Unidos, ocurrido el pasado 3 de enero, en el cual fue capturado su padre junto a la primera dama, la también diputada Cilia Flores.

"Cuando nos veamos en el espejo no podemos olvidar lo que pasó el 3 de enero y los llamados a la diplomacia y a la paz que hemos venido haciendo", dijo el diputado durante un encuentro religioso en la Plaza Bolívar de Caracas, en el centro de la ciudad.

Maduro Guerra afirmó en el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que el ataque estadounidense causó una herida que, aseguró, el país está "sanando" con "fe, con trabajo".

"Vamos a seguir consolidando nuestro país hacia la paz, hacia el futuro, hacia la prosperidad, y hacia una victoria", agregó.

Sin embargo, señaló que "la marca" del ataque militar va a quedar "toda la vida".

Por su parte, la alcaldesa de Caracas, la chavista Carmen Meléndez, aseguró que van a seguir "todos unidos" y reiteró los llamados a unidad nacional.

Asimismo, indicó que las autoridades encabezan "jornadas sociales" y "llevando psicólogos, psiquiatras", para atender a la población afectada por los ataques, ocurridos en Caracas y los estados La Guaira, Miranda y Aragua, todos al norte del país y cercanos a la capital.

Maduro y Flores permanecen encarcelados en una prisión federal en Nueva York, tras ser capturados durante la operación militar y posteriormente trasladados a Estados Unidos.

La entonces vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, fue juramentada posteriormente como presidenta encargada del país.

La mandataria encargada inició un proceso "exploratorio" con la Casa Blanca, para retomar las relaciones diplomáticas con EE.UU.

Rodríguez ha impulsado una reforma del sector hidrocarburos, que se discute en el Parlamento, mientras Caracas y Washington transitan una nueva etapa en su relación bilateral, marcada por el ataque estadounidense y el interés manifiesto del presidente Donald Trump en el petróleo venezolano, cuya venta ha anticipado que manejará su país.

El colectivo Prisoners for Palestine ha expresado que Muhammad Umer Khalid ha sufrido agresiones dentro de la prisión, así como restricciones en derechos relacionados con su religión y su bienestar. Según informó el medio, decenas de personas resultaron detenidas en las inmediaciones del centro penitenciario de Wormwood Scrubs, en Londres, durante una manifestación que tenía como objetivo mostrar apoyo a Khalid, miembro de la organización Palestine Action y en huelga de hambre. El caso de Khalid, de 22 años, ha generado inquietud por los presuntos malos tratos en su contra dentro del sistema penitenciario británico.

De acuerdo con lo consignado, al menos 86 manifestantes fueron arrestados durante la noche en la zona exterior a Wormwood Scrubs. El incidente se produjo tras una protesta organizada en solidaridad con Khalid, quien se encuentra detenido bajo acusaciones relacionadas con su presunta participación en un ingreso no autorizado a la base aérea de Norton. La organización Palestine Action, catalogada como ilegal el pasado verano tras un incidente en una base militar, ha defendido que Khalid ha negado los cargos presentados en su contra.

Tal como publicó el medio, la intervención policial adquirió un carácter represivo después de que los manifestantes accedieran a un área considerada parte de la prisión y se negaran a salir de la zona cuando las fuerzas de seguridad lo indicaron. La Policía Metropolitana de Londres detalló que los concentrados impidieron que el personal penitenciario pudiera entrar y salir de las instalaciones. Según la versión policial, algunos manifestantes también amenazaron a los agentes y algunos lograron acceder a la zona de entrada del personal en uno de los edificios del complejo penitenciario.

Según Prisoners for Palestine, Khalid ha sido víctima de violencia recurrente mientras permanece privado de libertad. El colectivo detalló, además, que el joven ha sido objeto de restricciones sistemáticas a sus derechos relacionados con la práctica religiosa y la atención de su bienestar personal. Las denuncias del colectivo ponen de relieve la preocupación existente en torno al trato dispensado por el sistema penitenciario británico a personas detenidas bajo acusaciones vinculadas a actividades políticas o de protesta.

El medio destacó que los hechos se producen en un contexto de tensión para la organización Palestine Action, ilegalizada el año anterior después de una acción reivindicativa dirigida contra la ofensiva militar israelí en Gaza. Las autoridades vincularon la ilegalización con una acción de la organización que consistió en la entrada de varios miembros en una base militar.

El operativo policial de anoche contó con un número elevado de efectivos, debido tanto a la magnitud de la protesta como a la ocupación puntual de una zona catalogada como parte de las instalaciones penitenciarias. Según la información difundida por la Policía Metropolitana, el objetivo principal era restaurar la normalidad en los accesos a la prisión y evitar que las protestas derivaran en incidentes que pusieran en riesgo al personal penitenciario o a los propios manifestantes.

El caso de Khalid y las acciones emprendidas por los colectivos de apoyo han puesto de manifiesto la persistencia de la movilización en defensa de los derechos humanos en el entorno carcelario. Los arrestos masivos durante la protesta exterior han renovado el debate sobre el derecho a la protesta y los límites de las acciones policiales en escenarios de reivindicación social.

Las peticiones de mejoras en las condiciones de Khalid, según las organizaciones promotoras de la movilización, incluyen el respeto pleno de los derechos individuales, la garantía de atención médica adecuada y la posibilidad de ejercer la libertad religiosa dentro del régimen penitenciario. No se ha confirmado si tras la protesta hubo cambios en la situación del detenido.

Diversas agrupaciones han señalado el hecho como un ejemplo de la conflictividad generada por la criminalización de la protesta vinculada a causas políticas y por las condiciones en las que se encuentran personas acusadas en este tipo de causas. Los hechos desarrollados en torno al centro penitenciario de Wormwood Scrubs continúan generando atención tanto entre organizaciones de derechos humanos como en la opinión pública del Reino Unido.

La persistente negativa de la Electrificadora de Santander, filial del Grupo EPM, a atender las demandas de aumento salarial y formalización laboral provocó que trabajadores de varias seccionales del departamento intensifiquen sus acciones de protesta, entre ellas encadenarse frente a las oficinas principales y movilizarse en las calles.

Este conflicto sindical, que se traduce en asambleas permanentes y marchas en municipios como Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa, amenaza con afectar el abastecimiento eléctrico de más de 940.000 usuarios si llega a concretarse una paralización total de actividades.

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Según declaraciones de Carlos Roncancio, asesor legal de los Trabajadores de la Energía Eléctrica en Colombia adscritos a Sintraelecol, la Electrificadora de Santander exhibe una solidez financiera destacada: solo en 2024 alcanzó ingresos operacionales superiores a los 2,5 billones de pesos, obtuvo una utilidad neta cercana a los 252 mil millones y proyecta destinar más de 1,5 billones de pesos en inversiones entre 2025 y 2028.

Roncancio advirtió que restar importancia a los reclamos laborales equivale a desconocer el aporte del capital humano y advirtió que esta “falta de gobernanza en el conflicto genera un alto riesgo operacional”.

Sostuvo además: “La junta directiva de esta compañía y, sobre todo, EPM deben tener en cuenta todos los factores y los riesgos que se pueden presentar. Por eso, hacemos un llamado a la empresa para que en las oportunidades que aún faltan en este conflicto, haga una propuesta acorde a los lineamientos constitucionales y convencionales, respetando el decreto del Gobierno nacional sobre el incremento del salario mínimo”.

El sindicato sostiene que el plan de peticiones, centrado en el ajuste salarial conforme al incremento del salario mínimo legal vigente y la formalización laboral para evitar la tercerización, se fundamenta en la robusta posición financiera de la empresa.

Los empleados también reclaman garantías de seguridad adecuadas para quienes ejercen labores de alto riesgo en redes eléctricas y transformadores.

La negativa de la empresa a aceptar la intermediación del Ministerio del Trabajo, requerida por los trabajadores, se interpreta como evidencia de escasa disposición a alcanzar consensos.

“La Electrificadora de Santander se ha negado a reconocer el derecho a la progresividad laboral, amparado en la Convención Colectiva de Trabajo y en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. Los trabajadores exigen el ajuste del salario vital conforme a los decretos del Gobierno nacional y en concordancia con el aumento del salario mínimo mensual legal vigente; así mismo, piden la formalización, aprobada en la reciente reforma laboral, para evitar las tercerizaciones”, afirmaron los sindicatos.

El conflicto llegó a un punto álgido luego de que, tras el vencimiento de la fase de arreglo directo a inicios de enero, los trabajadores accedieran a una prórroga de 21 días solicitada por los directivos de la empresa, con la expectativa de un acuerdo. Al no observarse avances, iniciaron las movilizaciones y manifestaciones, las cuales incluyeron un acto simbólico de encadenamiento frente a la sede de la Essa.

Por su parte, la administración de la Electrificadora de Santander argumentó que los ingresos de la empresa fluctúan de acuerdo con el Índice de Precios al Productor (IPP), que cerró en torno al 2% en 2024, generando una brecha con las solicitudes laborales. A la vez, reconoció la necesidad de mantener el poder adquisitivo de los empleados y señaló: “Los incrementos deben estar por encima del Índice de Precio al Consumidor (IPC), y en esa medida las propuestas se irán migrando entre este valor del IPC más unos puntos”.

La empresa mantiene una calificación triple A (AAA), la más alta de las agencias de riesgo, que garantiza su capacidad para cumplir obligaciones financieras y minimiza las posibilidades de incumplimiento. Perder esta calificación, señalan los trabajadores, afectaría la confianza del mercado, encarecería los costos de financiamiento y dañaría la reputación corporativa.

El sindicato advierte que las decisiones empresariales y deficiencias de gobernanza podrían poner en entredicho tanto la estabilidad de la compañía como el respaldo de la calificación triple A (AAA).

Los trabajadores reiteraron su llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio del Trabajo y a los órganos de control, exigiendo una intervención que derive en una solución pronta y constitucional al conflicto laboral.

Este cierre se suma al que se produjo el pasado 12 de enero con motivo de la huelga de su personal, que ha obligado al Louvre a permanecer totalmente cerrado en otras dos ocasiones desde que comenzó la protesta a finales de 2025.

La protesta sindical ha motivado en la mayor parte de los días una apertura parcial para que los visitantes pudiesen recorrer al menos las salas que exponen sus piezas más conocidas, desde la Gioconda a la Venus de Milo o la Victoria de Samotracia.

La huelga, que fue renovada el pasado lunes tras las vacaciones de navidad en asamblea general, movilizó a parte de los 2.200 trabajadores del museo, que reclaman mejoras en su situación laboral y de seguridad, tras el robo de octubre pasado de ocho joyas de la Corona de Francia y que aún no han sido localizadas.

"Las personas que hubieran reservado una visita para el día de hoy serán reembolsados de forma automática, ningún trámite es necesario", señaló el museo en redes sociales, en un mensaje publicado en francés y en inglés.

El cierre implica que el Louvre no volverá a abrir sus puertas hasta, al menos, el próximo miércoles, dado que el martes es el día habitual de descanso del museo. EFE

La denominada "Generación Z" peruana lanzó una convocatoria masiva para retomar las calles de la capital con una “Marcha de Sacrificio”, programada para finales de enero. Esta movilización surge como una respuesta directa al estancamiento de las investigaciones judiciales por las muertes ocurridas durante las protestas contra Dina Boluarte y la reciente crisis institucional en el Ministerio Público.

Los colectivos, que se caracterizan como “juventud consciente”, se unirán a las delegaciones de deudos de regiones como Puno, Ayacucho y Cusco, quienes iniciarán su desplazamiento hacia Lima desde el 25 de enero con el objetivo de exigir justicia y el cese de la violencia institucional.

El detonante de esta nueva ola de movilizaciones es la desactivación del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip), dispuesta por el fiscal interino de la Nación, Tomás Aladino Gálvez. Los familiares de las víctimas, liderados por representantes de los 18 fallecidos en Juliaca, denuncian que esta medida busca imponer la impunidad al desmantelar un equipo que ya tenía listas las acusaciones contra los implicados.

Ante este escenario, la marcha busca presionar al Poder Judicial y a la Fiscalía de la Nación para que se reactive este grupo especializado y se garantice la transparencia en los procesos que involucran violaciones a los derechos humanos.

El protagonismo de la Generación Z y el legado de la memoria

La participación de la Generación Z en esta convocatoria marca un cambio en la narrativa de la protesta social en el Perú. Bajo el lema “No heredamos el miedo, heredamos la memoria y la lucha”, estos grupos de jóvenes han tomado la vanguardia de la organización digital y presencial, utilizando iconografía de la cultura popular como el logo de la calavera del anime One Piece para simbolizar su resistencia. El objetivo de este sector es visibilizar que la lucha por la justicia no pertenece solo a los deudos de las regiones, sino que es una demanda generacional que rechaza la corrupción y el abandono del pueblo.

La estrategia de comunicación de estos colectivos enfatiza una juventud organizada y consciente que busca romper el silencio frente a las muertes que siguen sin justicia. Según los folletos de convocatoria, el ingreso a la capital el 28 de enero no será solo una manifestación, sino un encuentro nacional donde se fusionarán las demandas de las regiones con el ímpetu de los colectivos limeños.

Ruta de la Marcha de Sacrificio y la exigencia por Eficavip

El cronograma logístico de la movilización ya ha sido establecido por las organizaciones regionales y de deudos. El punto de inicio de la Marcha de Sacrificio será la Plaza de Armas de San Vicente, en Cañete, el 25 de enero. Desde este punto, los manifestantes iniciarán un recorrido por la carretera Panamericana Sur con destino final en Lima, donde prevén ingresar el 28 de enero. Esta fecha posee una carga simbólica importante, ya que se realizará una conmemoración por el asesinato de Víctor Santisteban, víctima fallecida durante las protestas en la capital en 2023.

La demanda central que unifica a las delegaciones de Puno, Apurímac, Junín, La Libertad, Ica y Arequipa es la reactivación inmediata del Eficavip. Raúl Samillán, representante de los familiares de Juliaca, sostiene que el reemplazo de fiscales especializados por personal que no conoce los expedientes solo generará retrasos de años en las investigaciones. Samillán denuncia que la desactivación del equipo especial ocurrió días antes de que se conocieran informes periciales clave sobre asesinatos en Ayacucho, lo que refuerza la tesis de una protección política hacia los responsables.

La movilización también estará acompañada por la difusión del proyecto ‘Uyariy’ (escuchar), un trabajo documental de Javier Corcuera que busca registrar la dignidad y la lucha de los deudos por conseguir justicia. Con el respaldo de organizaciones de derechos humanos, los manifestantes realizarán plantones frente a las sedes fiscales para exigir que el estado peruano deje de ignorar el clamor de las regiones y que los responsables de las muertes, tanto materiales como políticos, enfrenten sus procesos en libertad bajo el rigor de la ley.

La investigación federal involucra la participación directa del FBI, una medida confirmada tras la protesta que interrumpió una ceremonia religiosa en una iglesia de St. Paul, Minnesota. Según detalló el Departamento de Justicia de Estados Unidos este domingo, la División de Derechos Civiles ha abierto una pesquisa para determinar si los manifestantes cometieron infracciones a la Ley federal FACE, que protege el acceso tanto a las clínicas como a los lugares de culto religioso.

De acuerdo con información publicada por el diario ‘Minnesota Star Tribune’, los manifestantes irrumpieron en el acto religioso en protesta contra el pastor David Easterwood, que ocupa simultáneamente el cargo de director interino de la oficina local de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en St. Paul. Este hecho desató la acción de protesta, vinculada a una demanda colectiva que alega tácticas agresivas por parte de ICE en la región. Según consignó el ‘Minnesota Star Tribune’, la figura de Easterwood como pastor y dirigente federal fue señalada por quienes organizaron la manifestación como incompatible con los valores religiosos.

En declaraciones recogidas por el diario mencionado, la abogada, activista y reverenda local Nekima Levy Armstrong afirmó sobre Easterwood: "Este hombre es un lobo con piel de oveja, haciéndose pasar por pastor". Esta declaración puso de manifiesto la tensión generada por la presencia del funcionario en un rol espiritual, en el contexto de denuncias por presuntos excesos de ICE que afectan a comunidades inmigrantes.

La fiscal general adjunta del Departamento de Justicia para Derechos Civiles, Harmeet Dhillon, comunicó a través de redes sociales el inicio de la investigación federal. Según publicó Dhillon, la protesta fue calificada como "antiamericana e indignante". Añadió que la División de Derechos Civiles investiga las "posibles infracciones de la Ley federal FACE cometidas por estas personas que han profanado un lugar de culto e interferido con los fieles cristianos". En publicaciones posteriores, Dhillon indicó la activación del FBI y la posibilidad de violaciones a otras leyes federales en relación al acceso a lugares de culto.

Mientras continuaban las diligencias, la fiscal general Pam Bondi informó en la plataforma X (anteriormente Twitter) que sostuvo una conversación directa con el pastor afectado tras el incidente en la iglesia de Minnesota. Bondi manifestó, a través de su perfil, que "los ataques contra las fuerzas del orden y la intimidación de los cristianos se están combatiendo con todo el rigor de la ley federal". Además, indicó que si las autoridades estatales no adoptan medidas para frenar situaciones de desorden, el Departamento de Justicia mantendrá su disposición para procesar delitos federales y "garantizar que prevalezca el estado de derecho".

La protesta y la subsecuente investigación se producen en el marco de tensiones entre la Administración Trump y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en torno al despliegue de cuerpos federales antiinmigración en el estado. Según reportó el ‘Minnesota Star Tribune’, este enfrentamiento político añade un contexto adicional a la polémica por el papel dual de Easterwood y el uso de instalaciones religiosas como ámbito de manifestaciones.

El Departamento de Justicia ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos civiles y la protección de la libertad de culto. Por su parte, la comunidad local sigue a la espera de los resultados de la investigación federal, mientras las autoridades continúan recabando pruebas y testimonios referidos a lo acontecido en St. Paul.

El presidente de la FNSEA, el principal sindicato agrícola francés, Arnaud Rousseau, indicó que miles de agricultores se concentran este martes ante la Eurocámara para protestar contra el tratado de libre comercio con Mercosur.

Según Rousseau, la ratificación del acuerdo representaría “un nuevo golpe” para la agricultura de la Unión Europea.

En declaraciones al diario Le Figaro, Rousseau expresó que la aprobación del tratado ejercerá mayor presión sobre los precios agrícolas. Por este motivo, los agricultores trasladan hoy su reclamo, que han sostenido en las últimas semanas frente al Gobierno francés, a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El dirigente prevé la llegada de más de 700 tractores y cerca de 4.000 agricultores de distintos países de Europa, movilizados para intentar frenar el acuerdo con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. La protesta responde a una convocatoria de la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA).

Rousseau señaló que la ratificación aún debe atravesar varias etapas institucionales dentro de la UE, incluida la votación en el Parlamento Europeo. Apuntó que incluso entre los favorables al tratado “hay dudas sobre su marco jurídico”.

El dirigente calificó como “extremadamente peligrosa” la cláusula de reequilibrio incluida en el texto, ya que permite compensaciones si nuevas normas sociales o medioambientales afectan al comercio.

También advirtió sobre el posible impacto en sectores sensibles, afirmando que “hay un riesgo real sobre los precios de los cortes más nobles de la carne de vacuno”.

Respecto al etanol, Rousseau alertó que el acuerdo contempla la entrada de un volumen equivalente al 10% de la producción europea, lo que podría provocar “una desestabilización del mercado”.

Finalmente, insistió en que el tratado con Mercosur no debe evaluarse de forma aislada e instó a analizar los efectos acumulados de los acuerdos comerciales de la UE, al considerar que ya han debilitado a varios sectores agrícolas.

Un individuo trepó hasta el tejado de la Embajada de Irán en Londres y quitó una bandera nacional durante una protesta nocturna, acto que condujo a su arresto por delitos de daños criminales, invasión de propiedad diplomática y agresión a la Policía, según informó la Policía Metropolitana de Londres. Este suceso formó parte de una serie de altercados ocurridos el pasado viernes por la noche, que dejaron un saldo de ocho heridos y 14 personas detenidas frente a la sede diplomática iraní, tal como reportó el medio.

La intervención policial se inició tras la convocatoria de una manifestación relacionada con la crisis interna que afecta a la república islámica desde hace casi dos semanas, como detalló la Policía y los servicios de Emergencia británicos a través de un comunicado oficial en redes sociales. Conforme a lo informado por la Policía Metropolitana, los altercados incluyeron daños a la propiedad, enfrentamientos directos entre manifestantes y agentes, así como el lanzamiento de proyectiles dirigidos contra las fuerzas de seguridad, lo que llevó a la movilización de refuerzos.

Entre los ocho heridos confirmados se encuentran cuatro agentes de policía que recibieron lesiones de carácter leve. Los efectivos policiales afectados fueron tratados en el lugar por los servicios de emergencia, y hasta el momento no se detalló la condición o el tipo de lesiones que sufrieron las otras cuatro personas hospitalizadas, de acuerdo con la información brindada por las autoridades y citada por la fuente original.

Según recogió la Policía Metropolitana de Londres, la manifestación ocasionó momentos de tensión cuando varios de los participantes arrojaron objetos contundentes contra los uniformados. La intervención de refuerzos policiales permitió retomar el control del perímetro y evitar que la situación escalara a mayores disturbios, manteniéndose durante toda la noche en los alrededores de la Embajada iraní.

Entre los detenidos, uno fue arrestado tras acceder al tejado de la sede diplomática y retirar la bandera, lo que las autoridades calificaron como una violación a la protección diplomática y al normal funcionamiento de las relaciones internacionales. Los cargos presentados contra esta persona incluyeron la invasión de propiedad diplomática, daños criminales y agresión a los funcionarios policiales, según publicó la Policía Metropolitana, citada por diversos medios británicos.

El contexto de la protesta, como detalló el comunicado policial, está vinculado a las protestas y disturbios que han tenido lugar en Irán en las últimas dos semanas, situación que ha motivado la realización de manifestaciones de solidaridad y denuncia en distintas capitales europeas, incluida Londres. Las fuerzas de seguridad enfatizaron en la comunicación oficial la prioridad de resguardar la integridad de las delegaciones diplomáticas y mantener el orden público ante manifestaciones que puedan derivar en hechos violentos.

El operativo de la Policía Metropolitana incluyó la custodia reforzada de la Embajada durante la noche y la mañana posterior, con el objetivo de prevenir nuevos actos de confrontación o ataques contra la propiedad diplomática. Adicionalmente, en el comunicado difundido en redes sociales, las autoridades indicaron que la investigación sobre los hechos continúa, y que se revisarán pruebas y testimonios para determinar posibles nuevos cargos o responsabilidades entre los participantes detenidos.

El recuento de los incidentes fue acompañado de mensajes de las autoridades locales reiterando la obligación de las fuerzas de seguridad de responder a agresiones y proteger tanto a los ciudadanos reunidos como al personal diplomático, con base en la normativa internacional sobre la inviolabilidad de las misiones extranjeras y la soberanía nacional, informó la Policía Metropolitana.

La Embajada de Irán en Londres no emitió comentarios sobre el incidente en el momento de la publicación, mientras que la policía a cargo del operativo sostuvo que todos los implicados serán puestos a disposición judicial conforme al grado de participación y los delitos atribuidos, según consignó el medio británico y la Policía Metropolitana.

Un individuo subió al techo del edificio diplomático iraní en Londres, arrancó una bandera e inmediatamente fue detenido bajo las acusaciones formales de daño criminal, invasión de propiedad diplomática y agresión a las fuerzas de seguridad, según consignó la Policía Metropolitana de Londres. Además del arresto de este manifestante, el mismo operativo policial concluyó con la detención de varias personas, mientras la cifra exacta de agentes lesionados y arrestados entre los participantes permanecía sin precisarse. Estos hechos se produjeron en el marco de una movilización frente a la embajada de Irán en el Reino Unido, ocurrida la noche del viernes, en medio de un contexto de crisis política y social que afecta al país persa desde hace casi dos semanas, según informó la agencia Europa Press.

La Policía Metropolitana de Londres comunicó públicamente, a través de sus plataformas oficiales, que la manifestación se desarrolló ante la sede diplomática iraní y derivó en incidentes violentos. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, los enfrentamientos se intensificaron cuando un grupo de personas lanzó diferentes objetos a los agentes encargados de custodiar la representación diplomática antes de que llegaran los refuerzos policiales, quienes se mantuvieron desplegados frente al edificio durante toda la noche.

El operativo policial incluyó la intervención inmediata después de que se identificaran actos considerados ilegales, como la irrupción del manifestante en el tejado. Europa Press detalló que la persona arrestada fue acusada formalmente de daño criminal e invasión de una propiedad diplomática, categorías de delito contempladas en la legislación británica y que implican sanciones que dependen de la gravedad y las circunstancias de la acción. El mismo detenido también enfrentó cargos por agresión contra la policía, hecho que se habría producido durante su ingreso forzado a la sede diplomática.

Organizadores y participantes de la protesta exigieron diferentes pronunciamientos internacionales frente a la situación que enfrenta la República Islámica de Irán, país que en las últimas dos semanas ha sido escenario de disturbios internos. Estas protestas, cuya convocatoria principal en Londres surgió como reacción a la crisis política iraní, reunieron a decenas de personas frente a la embajada. Europa Press resaltó que la Policía Metropolitana no precisó el número exacto de heridos, aunque confirmó que varios de sus agentes sufrieron lesiones durante la gestión del operativo.

En el transcurso de la movilización, la tensión creció y culminó en el momento en que los manifestantes lanzaron proyectiles hacia la línea policial, mientras los refuerzos policiales llegaban al lugar e intentaban contener la situación con el objetivo de mantener el orden público y resguardar la inmunidad de la representación diplomática, como manda la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. La acción de los manifestantes y la respuesta de las fuerzas de seguridad británicas generaron un fuerte dispositivo alrededor de la embajada iraní durante la noche.

Según reportó Europa Press, la situación provocó un refuerzo de las medidas de seguridad en la zona de la embajada, con la presencia de personal policial durante toda la noche para evitar nuevos incidentes y garantizar la protección de la sede diplomática. Las autoridades británicas abrieron una investigación inmediata para determinar la responsabilidad de los participantes en los actos violentos y las infracciones cometidas durante la protesta, y señalaron que continúan trabajando para esclarecer el número final de detenidos y agentes lesionados.

El incidente en la embajada iraní ocurre mientras la República Islámica enfrenta un período sostenido de tensión interna, caracterizado por varios episodios de violencia y disturbios que han generado una respuesta internacional y protestas frente a representaciones oficiales iraníes en diferentes países, recordó Europa Press. Las autoridades británicas reiteraron que reconocen el derecho a la protesta pacífica, pero advirtieron que no toleran comportamientos que atenten contra la ley o pongan en riesgo la seguridad pública y diplomática.

Además del detenido que subió al tejado y retiró la bandera, la policía confirmó la detención de más personas implicadas en los incidentes violentos. Las fuerzas de seguridad establecieron un perímetro de exclusión en torno a la embajada para impedir la escalada de la violencia y supervisaron las inmediaciones del lugar con agentes equipados para responder ante eventuales desbordes, según mencionó Europa Press.

La movilización de la noche del viernes pondría de relieve el impacto internacional de las protestas internas en Irán, así como la preocupación de comunidades iraníes en el exterior y de grupos defensores de derechos humanos. Europa Press no especificó cuántos participantes permanecen bajo investigación, aunque la policía metropolitana aseguró que sigue recopilando pruebas y realizando arrestos relacionados con los hechos ocurridos frente a la misión diplomática en Londres.

La segunda síndica municipal de Atizapán de Zaragoza, Leylany Richard, desató una nueva controversia política al presentarse con una máscara inspirada en Salvador Dalí —ícono visual de la serie La casa de Papel— durante la toma de la fotografía oficial del Bando Municipal 2026.

La acción, difundida posteriormente en redes sociales, fue calificada por la propia funcionaria como un acto de protesta silenciosa para “despertar conciencias” frente a lo que denunció como prácticas de corrupción y un presunto “narcogobierno” encabezado por el alcalde Pedro Rodríguez.

En un video publicado en sus plataformas digitales, la síndica emanada de Morena explicó que su vestimenta no fue un gesto de provocación, sino una forma simbólica de expresar su desacuerdo con la conducción del gobierno municipal.

“No estoy de acuerdo con estas acciones, con esta corrupción, con este narcogobierno que tiene el presidente municipal Pedro Rodríguez, donde el miedo ha gobernado durante mucho tiempo. Es mi forma de decir basta. Hoy me presento en silencio, pero con un mensaje claro: no vengo a provocar, vengo a despertar conciencias”, afirmó.

La escena no pasó inadvertida dentro del acto oficial. En el material audiovisual también se observa el momento en que la recién nombrada directora de Comunicación Social del municipio, Jessica Díaz, saluda a la síndica, sin embargo, en su expresión facial se percibe incomodidad ante la actitud de la funcionaria morenista, lo que evidenció la tensión política que se vive al interior del Cabildo.

De acuerdo con Richard, la referencia a La casa de Papel responde a la idea de “resistencia” y denuncia frente a un sistema que, sostiene, ha normalizado irregularidades.

La máscara de Dalí, convertida en símbolo de rebeldía en la cultura popular, fue utilizada para subrayar su rechazo a lo que considera un clima de opacidad y miedo dentro del gobierno local.

Otras protestas y denuncias

No es la primera ocasión en que la segunda síndica señala presuntas anomalías en la administración panista. En diversas sesiones de cabildo y pronunciamientos públicos, ha acusado el uso de “software fantasma” en dependencias municipales.

Otro de los casos que ha señalado, es la presunta invasión de más de 40 predios que, asegura, son propiedad del ayuntamiento, sin que hasta el momento se haya actuado para su recuperación o regularización.

Según la funcionaria, estos hechos forman parte de una red de omisiones y posibles actos de corrupción que han sido ignorados por la autoridad municipal.

Las declaraciones de Richard han generado reacciones encontradas. Mientras simpatizantes de Morena y algunos sectores ciudadanos respaldaron su protesta como un acto de valentía y denuncia, integrantes del gobierno municipal y militantes del PAN consideraron que la acción fue un espectáculo innecesario que politiza un acto institucional y vulnera la investidura del cargo.

Hasta el cierre de esta edición, el presidente municipal Pedro Rodríguez no había emitido una postura oficial sobre las acusaciones vertidas por la síndica ni sobre el acto de protesta durante la fotografía del Bando Municipal 2026. Tampoco se ha informado si el ayuntamiento emprenderá alguna acción administrativa o legal derivada de las declaraciones.

El episodio refleja la polarización política que atraviesa Atizapán de Zaragoza, donde el cabildo se ha convertido en un espacio de confrontación constante entre fuerzas políticas. En este contexto, la protesta simbólica de Leylany Richard abre un nuevo capítulo en la disputa pública por la transparencia, la rendición de cuentas y el rumbo del gobierno municipal.

"Puede que imponga un arancel a los países que no acepten lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional. Así que puede que lo haga", dijo Trump en una mesa redonda sobre la atención medica rural.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el republicano ha usado los aranceles como herramienta política contra sus socios comerciales, llegando a elevar hasta en un 50 % las tasas sobre las importaciones de Brasil y la India, como represalia por el tratamiento al expresidente Jair Bolsonaro y la compra de crudo ruso, respectivamente.

Las palabras del mandatario llegan después de que Dinamarca, de quien depende el territorio autónomo de Groenlandia, anunciara un incremento inmediato de su presencia militar en la isla y la realización de maniobras, de cara a rebajar las inquietudes de Washington en torno a la seguridad de esa nación insular y la región ártica.

Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia y Países Bajos se han sumado a la iniciativa y enviarán tropas también a Groenlandia, codiciada por el Gobierno Trump con el argumento reforzar su "seguridad nacional" y de que caiga en manos de China o Rusia.

La Casa Blanca aseguró este jueves que estos movimientos no afectan "en absoluto" al objetivo de Trump de controlar Groenlandia, rica en metales preciosos y tierras raras.

El Gobierno danés ha insistido en la soberanía de la isla y rechazado las pretensiones de Washington, aunque se comprometió a la creación de un grupo de trabajo con el Gabinete de Trump para abordar las "discrepancias" sobre el tema.

La crisis en el suministro de medicamentos de la Nueva EPS detonó la convocatoria a un plantón nacional para el lunes 26 de enero, impulsado por usuarios que denuncian la persistente interrupción de tratamientos y graves obstáculos en el acceso a servicios esenciales.

Esta situación afecta a 11,5 millones de afiliados y se convierte en el detonante de una movilización que busca una respuesta inmediata de la entidad y las autoridades, en un contexto marcado por el reciente cambio en la red de dispensación de medicamentos y por acciones de control legal y ciudadano.

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La movilización fue anunciada tras una convocatoria difundida a los 22 delegados regionales de usuarios de Nueva EPS, citados a una reunión virtual extraordinaria el 17 de enero.

Allí se definirá la participación en la jornada nacional de protesta y se establecerán las medidas institucionales, jurídicas y sociales a seguir. Según el documento de convocatoria, los organizadores reclaman una reunión urgente con el agente especial interventor y la alta gerencia de la entidad, enfatizando la necesidad de una postura unificada para enfrentar la crisis en la prestación de servicios.

Desde finales de diciembre de 2025 se reportaron múltiples casos críticos en varias regiones del país, con especial gravedad en Popayán, Cauca. En esa ciudad, decenas de pacientes, incluidos que padecen hemofilia o enfermedades crónicas, protestaron ante la suspensión de contratos entre la EPS y dispensarios como Mennar.

La interrupción ha dejado a numerosos usuarios sin acceso a medicamentos imprescindibles incluso para cuadros complejos o tratamientos de alto costo. La situación llevó a cientos de personas a soportar largas filas en busca de fármacos básicos, tras el cierre progresivo de puntos de atención.

Manuel Santiago Ordóñez, pediatra y vicepresidente nacional de la Liga Colombiana de Hemofílicos, expuso la gravedad de esta situación: “Para los pacientes con trastorno de la coagulación, cada día que pasa es un día más de riesgo de muerte y no podemos realizar nuestras actividades convencionales”, dijo a El País.

Ordóñez enfrenta, junto a otros, la suspensión desde el 1 de enero de 2026 del contrato con su prestador habitual, quedando sin medicamentos vitales cuyo costo mensual estimó en 30 millones de pesos. Explicó que sin el tratamiento adecuado “hemos tenido casos de niños y adultos con traumas leves, pero que han sido mortales”, añadió.

Las fallas también golpean a adultos mayores como María Nelly Cortés, que relató en conversación con el medio citado que ha esperado desde diciembre la entrega de fármacos que su vida requiere. “Solo le digo al señor Gustavo Petro que si no me puede garantizar mi derecho a la salud, que al menos me ayude a morir en paz”, reclamó, tras décadas luchando por una atención integral y consignando pruebas de la suspensión de entrega de medicamentos. Su caso ilustra los obstáculos diarios para acceder a fármacos prescritos, incluso aquellos que podrían conseguirse en farmacias privadas, donde también hay desabastecimiento.

En Bogotá la situación no es menos grave. Néstor Álvarez, vocero de la asociación Pacientes de Alto Costo, denunció en declaraciones reveladas por La FM que “no hay una red de prestación para entrega de medicamentos específicamente para Bogotá. Todos los pacientes están sin medicamentos”.

Criticó los nuevos procesos impuestos por la EPS, que exigen radicar nuevamente las fórmulas médicas, algo que consideró una maniobra administrativa sin fundamento legal y una “cortina de humo”. Álvarez subrayó que la crisis excede la gestión burocrática y configura una verdadera emergencia de derechos humanos: “Estamos creando víctimas entre todos estos pacientes”.

El problema se agudizó tras la salida de Colsubsidio como gestor farmacéutico, situación que dejó sin cobertura a más de 1.642.000 personas en 11 departamentos, entre ellos Cundinamarca, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Quindío, Huila, Tolima y Boyacá.

En algunos municipios afectados, los usuarios de la Nueva EPS deben ahora registrar su fórmula médica en la página web de la entidad, a la espera de indicaciones sobre el punto de dispensación. Según la EPS, la respuesta podría demorar entre 10 y 15 días hábiles. La entidad aclaró a través de sus canales oficiales que las actualizaciones sobre los nuevos mecanismos de entrega serán publicadas en su página, aunque no especificó cuál será la nueva red de dispensarios ni el procedimiento final.

Las dificultades administrativas y la demora en la respuesta motivaron llamados urgentes de organismos como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, pidiendo a la Nueva EPS la adopción de medidas inmediatas para evitar el agravamiento de la crisis. Representantes de los pacientes insisten en que ningún usuario debe ser sometido a trámites extra o demoras que pongan en peligro su salud.

Hasta la fecha, la Nueva EPS y la Superintendencia Nacional de Salud no han emitido un pronunciamiento público sobre el impacto de la crisis ni acerca de las denuncias sobre la continuidad de los tratamientos.

"Nos encontramos ante una situación que requiere soluciones inmediatas y reales", expresó el presidente de Asaja, Pedro Barato, refiriéndose a la gravedad de la crisis en el sector agrícola español. Las principales asociaciones de agricultores y ganaderos han convocado protestas y tractoradas en todo el país entre el 26 y el 30 de enero como respuesta a los recortes previstos en la futura Política Agrícola Común (PAC) y a las consecuencias del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. La convocatoria, promovida por Asaja, COAG y UPA, busca movilizar al máximo número de profesionales del campo, especialmente el día 29, para reclamar medidas frente al impacto de decisiones europeas y la creciente competencia internacional. Así lo reportó Europa Press.

Según informó Europa Press, el inicio de las manifestaciones ha comenzado ya en puntos clave como la frontera de España con Francia, en Irún, y se han programado nuevas tractoradas para los próximos días en regiones como Extremadura, el Levante y Valladolid. En cuanto a la planificación de las protestas, las organizaciones agrarias recalcan que el objetivo es lograr la mayor concentración posible el 29 de enero. Aunque aún no existe una convocatoria oficial a nivel nacional, sí se prevén diversas acciones locales en Madrid y otras ciudades, además de actos impulsados por agrupaciones de bases rurales.

El secretario general de UPA, Cristobal Cano, indicó que la concentración del 29 de enero busca visibilizar el rechazo al recorte del presupuesto previsto en la próxima PAC, los acuerdos comerciales de la Unión Europea con otros países y lo que denominan como exceso de trámites administrativos en el sector agrario. Cano manifestó que se quiere responder a una serie de decisiones que, según su perspectiva, afectan directamente la sostenibilidad y la viabilidad de las explotaciones agrarias en España.

Pedro Barato, presidente de Asaja, reiteró el rechazo frontal de su organización al acuerdo con Mercosur en su configuración actual, argumentando que introduce una competencia desleal para los productores españoles al carecer de igualdad de condiciones en los intercambios comerciales. El dirigente expresó: "Es el momento que el campo español diga que no está de acuerdo con las medidas que nos han preparado para el futuro". Además, subrayó que las cláusulas de salvaguardia incluidas en el acuerdo resultan inaplicables y ejemplificó: "Si no controlan la cocaína, van a controlar la carne de vacuno". Barato resaltó el riesgo para sectores como la carne de vacuno, el azúcar, los cítricos, la remolacha y el arroz, que según la organización, podrían verse afectados de forma severa.

Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, declaró que el sector agrario no se opone al comercio internacional, pero sí exige que se desarrolle en condiciones justas. "Mercosur supone desigualdad y una competencia absolutamente desleal", afirmó Padilla, quien alertó de que el sector agrario puede ser utilizado como moneda de cambio en las negociaciones comerciales. El representante de COAG señaló que la falta de protección adecuada agrava la pérdida de producciones nacionales, mencionando casos en los que cultivos como el tomate cherry, la cebolla o el espárrago ya han comenzado a desaparecer.

Las movilizaciones previstas toman el relevo de protestas celebradas en años anteriores y en 2024, con la finalidad de reclamar el desarrollo de políticas que permitan contrarrestar el deterioro de la situación en el medio rural. Europa Press detalló que las organizaciones promotoras han manifestado su respeto a la convocatoria lanzada por Unión de Uniones para el 11 de febrero, aunque especificaron que no han sido invitadas formalmente a sumarse a dicha manifestación nacional.

En otro plano, las organizaciones agrarias ofrecieron una primera valoración de las medidas recientemente anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destinadas a favorecer el relevo generacional en el campo. Europa Press informó que el Ejecutivo analizará la situación de 17.000 fincas rústicas de propiedad estatal con el fin de facilitar su adquisición por parte de jóvenes agricultores. Cristobal Cano (UPA) valoró positivamente esta iniciativa y la consideró orientada en la "buena dirección", aunque lamentó la falta de detalles concretos sobre la ubicación de los terrenos. Cano destacó la importancia del acceso a la tierra como uno de los principales retos del relevo generacional, sumando la reivindicación de un banco público de agua como otra demanda central del sector.

Miguel Padilla, líder de COAG, indicó que el ofrecimiento de fincas a los jóvenes resulta una medida adecuada siempre que se trate de tierras fértiles y con acceso a agua, advirtiendo que la utilidad de la propuesta dependerá de la calidad de los terrenos distribuidos. Padilla matizó: "Si es fértil con agua, bien, pero si es de secano, mejor que no se molesten mucho".

En relación con la PAC, el Gobierno ha anunciado la decisión de destinar el 10% de los fondos a incentivar el relevo generacional, cifra que supera el 6% recomendado por la Comisión Europea, según lo expuesto por Europa Press. Desde UPA consideran que este aumento va en el sentido correcto, poniendo de relieve el envejecimiento del sector agrario como una problemática urgente que requiere apoyo adicional. Pedro Barato (Asaja) también valoró la iniciativa, aunque señaló que el porcentaje debería incrementarse y que la reasignación de fondos no debe afectar a los agricultores de mayor edad, ya que, en sus palabras, "son los que están manteniendo el sistema".

Europa Press consignó que el debate sobre los retos del relevo generacional se suma a las denuncias de las organizaciones agrarias sobre la excesiva burocracia y la competencia internacional, en especial a raíz de los acuerdos comerciales que, según su visión, agravan la situación económica de productores españoles frente a importaciones exentas de las mismas exigencias que deben cumplir en la Unión Europea. Las agrupaciones ubican entre sus principales preocupaciones la necesidad de mejores condiciones para el acceso a la tierra, el agua y la defensa de los estándares productivos nacionales frente a las importaciones.

El calendario de movilizaciones agrarias en toda España abarca acciones de diversa índole, incluyendo tractoradas, concentraciones en zonas fronterizas y reuniones en ciudades clave, con el propósito de exigir a las autoridades tanto nacionales como europeas una revisión profunda de las políticas que afectan al sector. Según informó Europa Press, las organizaciones convocantes reiteran su llamada a la participación y su disposición a mantener la presión hasta que se obtengan respuestas satisfactorias.

Según reportó EFE, la movilización de transportistas comenzó alrededor de las 9:00, y se desplegó sobre la carretera Chalco–Cuautla, la autopista México–Puebla, el Circuito Exterior Mexiquense, la calzada Ignacio Zaragoza, la avenida Bordo de Xochiaca y la carretera México–Texcoco. Estas acciones provocaron interrupciones significativas en la circulación vehicular, ya que las vialidades bloqueadas comunican segmentos clave del Estado de México con la Ciudad de México, tanto para el transporte público como de carga y particulares.

De acuerdo con lo publicado por EFE, la protesta fue encabezada por la Asociación de Rutas Hermanas. En el centro de las demandas se encontraba la denuncia de una supuesta red en la que participan operadores de grúas, depósitos vehiculares y funcionarios vinculados a distintos niveles de gobierno local, a quienes los inconformes señalan de organizar prácticas de extorsión y cobros excesivos tras el retiro de vehículos. Los transportistas también hicieron hincapié en los casos de despojo de autopartes en los denominados corralones, conocidos como los sitios donde la Policía mantiene resguardados los automóviles sancionados por estacionar en lugares no autorizados o involucrados en incidentes.

Las declaraciones de los transportistas, recogidas por EFE, subrayan que las autoridades estatales no han respondido a las múltiples denuncias sobre irregularidades en el manejo de los corralones. Algunos de estos depósitos, además de encontrarse localizados fuera del territorio mexiquense, carecen de los permisos necesarios para operar conforme al marco legal vigente, según sostienen los manifestantes.

La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov), citada por EFE, precisó que hasta el momento de la protesta estaban en funciones 96 corralones, pero solo tres contaban con concesión oficial, lo que, de acuerdo con la dependencia, favoreció la manifestación de prácticas abusivas. En el año previo, la Semov repartió 40 nuevas concesiones para la gestión de estos depósitos, pero los transportistas alegan que una parte importante de los corralones aún realiza operaciones de manera irregular, sin la inspección ni el control necesarios para evitar abusos sobre propietarios y operadores de transporte.

El medio EFE señaló que, según los propios organizadores, los bloqueos podrían mantenerse a lo largo del día, desarrollando lo que denominaron un “megabloqueo” en distintas arterias viales del Estado de México. Con ello buscan presionar a las autoridades para que ofrezcan una solución concreta a las problemáticas expuestas, entre las que se incluyen el combate a los cobros indebidos, las exigencias extorsivas y la protección de los derechos de los trabajadores del sector transporte.

La protesta causó serias afectaciones a la movilidad en los accesos a la capital mexicana, complicando tanto los traslados cotidianos como la llegada de mercancías y servicios, según reportó EFE. Los manifestantes reiteraron que la movilización se mantendrá en tanto no se haga efectiva una respuesta oficial que atienda a las demandas de regularización y control sobre los corralones y la actividad de las grúas en el Estado de México.

“Las cosas tienen que avanzar”, declaró Arnaud Rousseau, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA), en diálogo con la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, quien se acercó a conversar con los manifestantes autorizados por el Gobierno para ingresar a la capital.

Rousseau señaló que los agricultores se sienten “muy desconfiados” ante las promesas políticas y que “ahora necesitan que las cosas se concreten”, advirtiendo que la urgencia es tal que “muchos no saben cómo van a terminar el año”.

El dirigente subrayó la necesidad de “medidas de urgencia en Francia” y apeló a los consumidores a elegir productos nacionales. También reclamó que no se presione a la baja los precios pagados a los agricultores, mientras en el país avanzan las negociaciones anuales entre fabricantes y distribuidores.

Rousseau afirmó que intentarán frenar el acuerdo entre la UE y Mercosur la próxima semana en Estrasburgo, cuando el Parlamento Europeo lo aborde, e insistió en que Bruselas debe “cambiar de paradigma”.

El vicepresidente de la FNSEA, Damien Greffin, advirtió que la protesta con tractores en el centro de París seguirá hasta que los reciban y escuchen: “La revuelta agrícola vuelve a arrancar hoy y seguiremos aquí hasta que tengamos respuestas”, afirmó.

El gabinete del primer ministro, Sébastien Lecornu, confirmó que recibirá a los representantes del FNSEA esa misma tarde.

La portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon, anunció que los anuncios para el sector agrícola continuarán, abordando temas como la transmisión de explotaciones, los ingresos, el agua de riego y la adaptación al cambio climático.

Fuera de París, el colectivo “Los ultras de la A64” decidió levantar el bloqueo que mantenía desde el 12 de diciembre en la autopista cerca de Carbonne, en las inmediaciones de Toulouse.

“Vamos a salir dignamente, pero la lucha no ha terminado”, señaló su portavoz, Jerôme Bayle, quien rechaza el acuerdo UE-Mercosur y el protocolo gubernamental para la dermatosis nodular, que exige el sacrificio de todos los bovinos de una explotación donde se detecte un caso.

Diversos sindicatos agrícolas intensificaron las protestas en Francia, con bloqueos y controles de camiones en puntos estratégicos como los puertos de Le Havre, Bayona y La Rochelle.

Según detalló el medio, cerca de un centenar de personas acudieron la mañana del domingo a las inmediaciones de la sede diplomática norteamericana en la capital catalana. La movilización tuvo como eje central la condena por la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, quien hasta ahora ejercía como primera dama de Venezuela. Durante la concentración, un portavoz leyó un manifiesto en el que se calificó la acción contra Maduro como un “secuestro”, solicitando su excarcelación sin demoras y exigiendo que se juzgue al expresidente estadounidense Donald Trump en tribunales internacionales.

El protesto incluyó críticas amplias hacia las actuaciones militares de Estados Unidos. Según consignó la fuente, los organizadores denunciaron el despliegue del ejército como un acto de “abuso” con características “imperialistas”. Además de exigir la liberación de Maduro y Flores, los participantes mostraron su rechazo al operativo militar que, afirmaron, intensifica tensiones y genera consecuencias negativas fuera de las fronteras venezolanas.

La manifestación integró consignas y símbolos que extendieron su reclamo a otras causas internacionales. De acuerdo con el mismo medio, los asistentes portaron carteles que expresaban apoyo a Maduro y rechazo tanto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu como a la Alianza Atlántica (OTAN). Otra pancarta demandaba, en nombre de Palestina, la urgencia de la “acción y solidaridad” internacional.

El ámbito visual de la concentración estuvo formado por banderas de varios países latinoamericanos y de Oriente Medio. Según informó la fuente, ondeaban emblemas de Venezuela, Cuba, Palestina, Uruguay y Perú. Esta variedad de símbolos reflejaba el alcance de la protesta, que buscaba sumar solidaridad para causas latinoamericanas y para la situación en Palestina.

El manifiesto leído durante la protesta insistió en que el arresto de Maduro podría sentar bases para acciones similares en el futuro contra otros líderes internacionales. Según la información publicada, los convocantes insistían en la necesidad de defensa del derecho internacional y reclamaban el cese inmediato de operaciones consideradas intervención extranjera. También exigían mayor respaldo internacional para atender asuntos políticos latinoamericanos y los conflictos en la región de Palestina.

La protesta frente al consulado estadounidense se desarrolló sin incidentes destacados y mantuvo el foco en la denuncia de la actuación militar estadounidense, así como en la expresión de solidaridad con Venezuela y otras causas internacionales. La movilización, de acuerdo con la cobertura original, reunió a personas que defendían la figura del exmandatario venezolano y reclamaban una respuesta coordinada de la comunidad internacional a la situación derivada de su detención.

De acuerdo con la información reportada por la Guardia Civil y recogida por diversos medios, el corte completo de la A-52 comenzó alrededor de las 06:15 horas de este sábado, justo en el kilómetro 188, donde los manifestantes bloquearon ambos carriles. Como consecuencia, patrullas de tráfico establecieron desvíos de vehículos a través de la salida 188, conocida como salida de Ababides en dirección Porriño, para evitar el colapso total del tránsito y minimizar los inconvenientes para el resto de los conductores. Esta medida de redireccionamiento busca garantizar que el flujo vehicular pueda continuar, aunque sea por rutas alternativas o secundarias.

Tal como informó la Guardia Civil, las movilizaciones se sitúan en el contexto del rechazo al tratado entre la Unión Europea y Mercosur que, en la visión de los agricultores y ganaderos locales, representa una amenaza directa a la viabilidad de sus explotaciones en la provincia de Ourense. En diferentes ocasiones, representantes del sector primario han expresado que la importación de productos agropecuarios procedentes de países sudamericanos bajo condiciones diferenciadas los coloca en una posición de desventaja frente a la competencia internacional.

Las protestas, reflejadas en el uso de tractores como herramienta de bloqueo, llevan semanas manifestándose en la provincia. Según consignó la Guardia Civil, estas acciones no solo afectaron la movilidad en una de las principales vías de comunicación de la región, sino que se suman a otras movilizaciones recientes en diversas localidades de Ourense. Hace aproximadamente dos semanas, se produjeron tractoradas que llegaron a impedir el acceso a la Subdelegación del Gobierno, en una muestra más de la tensión persistente entre el sector agropecuario y las autoridades nacionales y europeas.

El corte de la A-52 por parte de los productores de Xinzo de Limia tiene como antecedente inmediato estas acciones anteriores y responde a la misma preocupación: la falta de protección efectiva del mercado agrícola europeo frente a los productos importados desde fuera de la Unión. Agricultores y ganaderos han reiterado en distintas declaraciones que los nuevos acuerdos comerciales dificultan la rentabilidad de sus explotaciones y aumentan la competencia de países con normativas distintas en materia de sanidad, sostenibilidad y condiciones laborales.

La elección del punto de bloqueo, según reportó la Guardia Civil, no es casual, ya que la A-52 representa una arteria fundamental para el transporte de personas y mercancías en la zona entre Galicia y Castilla y León. El corte ha obligado a las fuerzas de seguridad a mantener presencia constante en el área, con el objetivo de evitar incidentes mayores y asegurar la seguridad tanto de los manifestantes como de los usuarios de la vía.

Según informó la Guardia Civil, las escenas durante las primeras horas de la mañana mostraban columnas de humo sobre la vía causadas por la combustión de los materiales dispuestos por los manifestantes, y largas filas de vehículos esperando instrucciones o intentando acceder a rutas alternativas. La situación generó retrasos significativos y la necesidad de rediseñar itinerarios para aquellos que utilizaban la A-52 en ambos sentidos.

Ganaderos y agricultores involucrados han señalado, según publican los medios locales, que el acuerdo entre la UE y Mercosur no solo impacta económicamente su actividad, sino que afecta la continuidad del modelo productivo tradicional en la provincia. Esta presión, visible en las movilizaciones permanentes, se suma al descontento acumulado por decisiones previas que, en opinión de los manifestantes, no han tenido en cuenta sus demandas.

De acuerdo con los datos aportados por la Guardia Civil, el despliegue de patrullas y los desvíos permanecieron en activo durante la mañana para controlar tanto la seguridad vial como la normalidad del orden público. Las autoridades han evitado hasta el momento intervenir directamente en el levantamiento del bloqueo, optando por monitorear la evolución de la protesta y facilitar la movilidad en la medida de lo posible.

Las protestas de Xinzo de Limia, enmarcadas dentro de una oleada mayor de movilizaciones del sector agrario en España, ponen de relieve la preocupación extendida en el ámbito rural respecto a la globalización de los mercados agrícolas europeos y los desafíos relacionados con la competitividad y la supervivencia de las pequeñas y medianas explotaciones, según reflejan los comunicados difundidos por las plataformas organizadoras y recogidos por la prensa nacional.

"Cuando se utiliza un arma para dañar a alguien e incitar a la violencia contra él e intentar causarle lesiones o la muerte, hay que calificarlo exactamente como lo que fue", sostuvo Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, al pronunciarse sobre la muerte de Renee Nicole Good, de 37 años, quien fue abatida durante un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis. Según informó la agencia Europa Press, Noem defendió la actuación del agente responsable del disparo letal, argumentando que el oficial "sintió que su vida corría peligro".

De acuerdo con lo difundido por Europa Press, la funcionaria explicó en una rueda de prensa que Good usó su vehículo como arma para intentar atropellar a un agente en el contexto de una redada migratoria. Bajo esta perspectiva, Noem aseguró que el agente actuó en respuesta al riesgo inmediato para su integridad física y la de sus compañeros, y que se aplicarán los protocolos habituales de investigación que corresponden a este tipo de incidentes, en los que los agentes recurren al uso de la fuerza letal. Afirmó también que la administración federal calificó el hecho como un acto de "terrorismo doméstico" debido al modo en que se habría empleado el vehículo por parte de la fallecida.

Según publicó Europa Press, los hechos ocurrieron el miércoles durante la ejecución de un operativo del ICE en la ciudad de Minneapolis. Durante la intervención, el enfrentamiento culminó con el disparo que terminó con la vida de Renee Nicole Good. Autoridades del Departamento de Seguridad Nacional han sostenido que la conducta de la mujer puso en riesgo la vida de los agentes y justificaron la respuesta mediante el uso de armas de fuego.

Asimismo, la respuesta oficial ha contado con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, quien apoyó la versión ofrecida tanto por Noem como por el ICE sobre las supuestas amenazas que enfrentó el personal durante el operativo migratorio, difundió Europa Press. La versión sustentada por la administración atribuye la responsabilidad del desenlace fatal a las acciones que tomó Good a bordo de su automóvil.

Después del tiroteo, se ha registrado una manifestación en la zona donde tuvo lugar el enfrentamiento, informó Europa Press. Distintos sectores de la comunidad se congregaron en el lugar para expresar descontento ante lo sucedido y denunciar lo que consideran un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades migratorias. La reacción ciudadana evidenció el malestar existente en algunos sectores ante las tácticas desplegadas por el ICE en distintas ciudades estadounidenses.

Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, cuestionó la versión oficial de los hechos e indicó que, desde su perspectiva, tanto el ICE como la Administración Trump fomentan escenarios caóticos con sus procedimientos, reportó Europa Press. Frey responsabilizó al gobierno federal de contribuir a un ambiente de inestabilidad mientras los habitantes reaccionaban ante el incidente mortal.

De acuerdo con el procedimiento anunciado por Noem, el caso seguirá los mismos pasos que otras situaciones donde los agentes federales emplean la fuerza letal en el cumplimiento de su deber, reiteró Europa Press. El análisis de cada elemento involucrado estará a cargo de las autoridades competentes, quienes determinarán si se actuó conforme a la regulación vigente.

Finalmente, Europa Press subrayó la tensión generada en la comunidad de Minneapolis tras lo ocurrido, especialmente debido al precedente de casos similares donde los operativos policiales y migratorios han derivado en muertes violentas y protestas ciudadanas. El debate sobre las políticas migratorias y el uso de la fuerza por organismos federales sigue siendo un tema presente en el ámbito social y político del país.

El conductor del autobús fue arrestado tras el incidente, mientras la policía llevó a cabo una investigación para esclarecer qué ocurrió durante la protesta en Jerusalén. De acuerdo con el diario 'The Times of Israel', los primeros elementos de la investigación indican que manifestantes que bloqueaban la vía atacaron el vehículo antes de que el chofer acelerara y embistiera a varias personas, lo que resultó en la muerte de Yosef Eisenthal, un adolescente de catorce años, y causó lesiones a otros participantes.

Según informó el medio citado, las fuerzas de seguridad intensificaron las indagatorias en el lugar del suceso y procedieron al interrogatorio del conductor, quien permanece detenido. Los hechos ocurrieron en el marco de una protesta impulsada por miembros de la comunidad judía ultraortodoxa, quienes se concentraban para manifestar su rechazo a las políticas de reclutamiento militar implementadas por el Gobierno de Israel en la capital.

El primer ministro Benjamin Netanyahu se pronunció a través de un comunicado difundido por su oficina, donde garantizó que se realizará una “investigación exhaustiva” para esclarecer completamente lo sucedido. Netanyahu manifestó su pesar por el fallecimiento del joven, afirmando: “Las circunstancias de este trágico desastre serán investigadas de forma exhaustiva para obtener todos los detalles y lecciones”. También envió sus condolencias a la familia Eisenthal.

En su comunicado, citado por 'The Times of Israel', el jefe de Gobierno recalcó la necesidad de evitar una escalada mayor de tensiones en la ciudad y solicitó contención a todas las partes implicadas. Según Netanyahu, “El valor de la santidad de la vida está grabado en nuestro patrimonio y debemos salvaguardarlo por encima de todo”. Hizo un llamado explícito a la calma en un contexto marcado por la conmoción de la comunidad y las tensiones entre grupos civiles y autoridades.

El medio 'The Times of Israel' detalló que la investigación abierta por la Policía se centra no solo en determinar la responsabilidad penal del conductor, sino también en reconstruir los hechos desde el momento en que los manifestantes bloquearon la carretera. Las autoridades buscan esclarecer si el ataque al vehículo actuó como detonante de la maniobra que terminó con la tragedia.

Diversos sectores de la sociedad israelí permanecen atentos a los avances de la investigación policial y a las medidas que podrían adoptarse para prevenir incidentes similares durante futuras movilizaciones. La muerte de Yosef Eisenthal durante una protesta pone en el centro del debate social la gestión de las manifestaciones, la seguridad pública y el respeto por la vida, aspectos reiteradamente subrayados en los mensajes oficiales emitidos tras el suceso, según indicó 'The Times of Israel'.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido se 6 de enero una resolución relevante para el ejercicio de derechos fundamentales en México: declaró inconstitucional una disposición de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Sonora que exigía autorización previa para llevar a cabo manifestaciones en la vía pública.

Esta sentencia refuerza la protección de la protesta social pacífica como un derecho humano autónomo y esencial para la vida democrática, de acuerdo con el comunicado oficial del máximo tribunal.

Al abordar la interpretación de los artículos 109 y 110 de esta ley estatal, la SCJN invalidó la exigencia de permisos previos para protestar por considerarla un mecanismo de censura incompatible con la libertad de expresión, de reunión y de protesta. Según la Corte, impedir la manifestación por falta de permiso reconoce a la autoridad un poder para condicionar derechos garantizados por la Constitución.

En la misma resolución, el Tribunal Pleno determinó que el aviso previo a las autoridades, contemplado en el artículo 110, solo tiene como función la comunicación logística y la protección de manifestantes y terceros.

De acuerdo con el criterio de la SCJN, “la falta de aviso no invalida una manifestación ni faculta a la autoridad para impedirla, disolverla o sancionarla, y que tampoco es exigible para protestas espontáneas”. Este matiz resulta central para evitar restricciones indebidas a la expresión ciudadana.

La posición de la SCJN respecto a la violencia en las marchas

La Corte también se pronunció sobre la excepción prevista cuando durante una protesta se comenten delitos o infracciones administrativas. Enfatizó que ese caso solo puede operar si, en el momento de la manifestación, se presentan de forma efectiva comportamientos delictivos o infractores, y no puede ser utilizada por las autoridades para restringir movimientos con base en el objeto, tema o mensaje de la protesta.

El Pleno, resolvió que: “La autoridad no puede vetar ni condicionar el derecho a la protesta con base en una valoración previa o anticipada del contenido de la manifestación”.

Declaración de la ministra Lenia Batres sobre la autorización de las protestas

En un comunicado adicional posterior, la ministra Lenia Batres, del Pleno de la SCJN, señaló que votar en contra de validar el segundo párrafo del artículo 110 tiene justificación, pues se presta a interpretaciones arbitrarias y no tiene sentido esperar una notificación previa a la autoridad cuando se pretende incurrir en delitos o infracciones administrativas.

Batres puntualizó: “Podría limitar injustificadamente la libertad de expresión y el derecho a la protesta, pues se deja al arbitrio de la autoridad administrativa que prejuzgue en qué casos una manifestación o protesta podría implicar la comisión de algún delito o falta administrativa”, según el comunicado difundido por la propia ministra.

Además, la ministra informó que la SCJN reafirmó la constitucionalidad de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, al rechazar que exista una omisión legislativa en la regulación de la promoción horizontal del personal docente y al validar que tengan prioridad los egresados de escuelas públicas normales, la Universidad Pedagógica Nacional y los Centros de Actualización del Magisterio para ocupar plazas docentes.

De acuerdo con el reporte del MDA, dos de los heridos tienen 14 y 17 años. El técnico de emergencias Eli Eisenbach, de la misma organización, declaró en un comunicado: “Recibimos un informe de varios peatones atropellados por un autobús durante una protesta. Al llegar al lugar, presenciamos una escena espantosa: había mucha conmoción y un joven de unos 18 años quedó atrapado debajo del autobús. Le realizamos exámenes médicos y lo vimos sin pulso, sin respiración”.

El conductor del autobús fue arrestado por la Policía israelí. Según medios locales, declaró a las autoridades que intentaba abandonar la zona, que se encontraba abarrotada de manifestantes que bloqueaban el paso del vehículo.

Fuentes policiales consultadas por el canal 12 de la televisión israelí señalaron que el conductor no tenía intención de atropellar a los manifestantes y trataba de alejarse de la concentración. La investigación sobre el caso sigue en curso.

Durante la protesta, los manifestantes bloquearon la intersección de las calles Shamgar y Yirmiyahu, resistiéndose a abandonar el lugar. Según la prensa local, se lanzaron objetos y huevos contra los agentes, se incendiaron contenedores, se bloquearon vehículos y se registraron ataques contra periodistas.

Las protestas forman parte de una serie de movilizaciones recientes de la comunidad ultraortodoxa israelí, también conocida como los jaredíes, en respuesta a la presión ejercida por partidos nacionalistas dentro del Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu para que se eliminen las exenciones militares históricas de las que gozan los estudiantes de escuelas religiosas. Se estima que cerca de 80.000 jóvenes ultraortodoxos de entre 18 y 26 años no se han alistado en el Ejército israelí.

El conflicto sobre la exención militar de los ultraortodoxos se intensificó después de que, en junio de 2024, el Tribunal Supremo ordenara al ejército comenzar a alistar a miembros de esta comunidad tras la expiración de la disposición temporal que permitía las exenciones. El Gobierno propuso una nueva ley que busca mantener parte de estas exenciones, aunque también contempla el reclutamiento de algunos ultraortodoxos.

La controversia se ha agudizado desde el inicio de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que llevó al Gobierno a extender la duración del servicio militar obligatorio y movilizar a decenas de miles de reservistas. La participación de los ultraortodoxos en el ejército afecta tanto al presupuesto de defensa como al sistema de recaudación fiscal del país, generando divisiones profundas en la sociedad y el Gobierno de coalición.

(Con información de EFE y Europa Press)

Los ojos del mundo están puestos en todo lo que se registra en territorio venezolano tras la captura del dictador Nicolás Maduro, que fue presentado ante un juez en Estados Unidos el 5 de enero.

Tras la detención de Maduro, el país será dirigido por Delcy Rodríguez, que, de acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, estará a cargo mientras se consolidan mecanismos para que la democracia sea viable.

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Ante la falta de pronunciamientos sobre los posibles cambios que habrá en ese país, agremiaciones y colectivos de diferentes países han pedido que la nueva administración se pronuncie sobre el futuro de los cientos de presos políticos y extranjeros que hay en territorio venezolano.

Familias colombianas protestan en la frontera

Debido a la incertidumbre y falta de respuestas, familiares de 19 ciudadanos colombianos que están presos en Venezuela, adelantaron una protesta pacifica en la frontera entre los dos países, en Cúcuta.

Allegados de los colombianos se plantaron en zonas aledañas al puente internacional Simón Bolívar para exigir que los 19 compatriotas sean liberados, argumentando que fueron retenidos de manera ilegal y en procesos polémicos.

Entre los protestantes está Sandra Castaño, madre de Brandon José Castaño, que lleva más de seis años en una prisión de Venezuela, a pesar de que hace más de siete meses cumplió la condena que recibió en el vecino país.

“Mi hijo fue capturado en Venezuela por andar en la calle. Le sembraron falsos positivos y hoy lo acusan de terrorismo y extorsión, prácticamente el mismo repertorio que les imputan a los extranjeros, incluso a los mismos venezolanos”, denunció la mujer Caracol Radio.

Sandra Castaño se mostró nostálgica al revelar que la fecha de la protesta coincide con el cumpleaños de su hijo, al que desea ver de nuevo. La mujer aprovechó el espacio para enviarle un mensaje a la nueva administración en Venezuela.

“Hoy es el día más triste de mi vida. Quisiera tener a mi hijo aquí para abrazarlo y protegerlo, pero ha sido muy duro. No se lo deseo a nadie. Pedimos misericordia, que miren hacia las cárceles de Venezuela. Hay muchas personas presas injustamente. Quienes cometieron errores ya pagaron su condena y es injusto que sigan detenidos. Por favor, ayúdennos y déjenlos en libertad”.

Antes de retirarse del puente internacional, las familias colombianas pidieron que el Gobierno nacional intervenga por el regreso de los connacionales a través de la cancillería, denunciando que la comunicación con las entidades del Estado no ha sido recurrente.

Organización internacional pide por los presos políticos en Venezuela

Además de las peticiones por parte de familiares de presos de diferentes nacionalidades que permanecen en Venezuela, la organización Foro Penal solicitó la aprobación de una amnistía general para 863 personas identificadas como presos políticos en dicho país.

Este pedido surge en un contexto donde diversas organizaciones han denunciado la existencia de detenciones por motivos políticos, señalando limitaciones al debido proceso y restricciones a derechos fundamentales.

El Foro Penal argumenta que la amnistía permitiría la liberación inmediata de estas personas y contribuiría a un ambiente propicio para el diálogo político en el país. La lista de presos incluye activistas, militares, estudiantes y ciudadanos vinculados a protestas o manifestaciones opositoras. La situación de los detenidos ha generado preocupación en organismos nacionales e internacionales que han solicitado garantías para la integridad física y el respeto a los derechos humanos. La petición se dirige tanto a las autoridades nacionales como a actores internacionales, con el objetivo de lograr la liberación de quienes consideran privados de libertad por motivos políticos.

Las críticas a la actitud asumida por el Gobierno de Pedro Sánchez ante la situación en Venezuela adquirieron una presencia destacada durante la manifestación realizada frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid el domingo. Emilio, uno de los asistentes, expresó a Europa Press que el Ejecutivo español se coloca en una postura “cómplice” al colaborar con Estados Unidos, a través de la OTAN y mediante acuerdos comerciales, y denunció la “ambigüedad” gubernamental al “intentar estar a dos bandos”, sin respetar el derecho internacional ni impedir lo que describió como crímenes relacionados con la implicación extranjera en Venezuela. Según Europa Press, el epicentro de la protesta giró en torno a la exigencia de liberación de Nicolás Maduro tras su detención y la denuncia de la intervención estadounidense en asuntos internos venezolanos.

El medio Europa Press detalló que la manifestación reunió aproximadamente a mil personas, según cifras proporcionadas por la Delegación del Gobierno, mientras que el sindicato CGT elevó la participación a más de 2.000 manifestantes. Los asistentes llenaron casi una manzana sobre la acera de la calle Serrano frente a la sede diplomática, bajo una fuerte presencia policial encargada de evitar que se cruzara la vía hacia la embajada. Banderas venezolanas y palestinas fueron desplegadas entre los participantes, quienes entonaron consignas como “Bases fuera, OTAN no”, “Estados Unidos, asesinos” y “Yankees de mierda, váyanse al carajo”, denunciando lo que consideraron un “ataque imperialista” por parte de Estados Unidos contra Venezuela. Entre las demandas, además de la liberación de Maduro, se incluyó la exigencia del cierre de la embajada estadounidense en España y la retirada total de la presencia de Estados Unidos en Venezuela.

Ángel Descalzo, portavoz de la Plataforma de Madrid contra la OTAN citado por Europa Press, calificó la actuación de Estados Unidos en Venezuela como “completamente ilegítima”, argumentando que solo los pueblos latinoamericanos tienen derecho a decidir su futuro. Descalzo señaló que Washington persigue intereses en los recursos naturales venezolanos, como el petróleo, el gas y el agua dulce. Otros manifestantes, según la crónica de Europa Press, compartieron la percepción de que la detención de Maduro representa “un crimen más del imperialismo estadounidense” y rechazaron la idea de que potencias extranjeras determinen quién lidera a Venezuela.

Véronica, otra de las personas presentes, manifestó su oposición generalizada a la injerencia estadounidense, aseverando que buscan “que los yankees se vayan de todo el mundo”.

Entre los asistentes figuraron figuras destacadas de la política nacional. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, respaldó la protesta, calificando los hechos ocurridos en Venezuela como “terrorismo de Estado”. En declaraciones recogidas por Europa Press, Belarra afirmó que Donald Trump es “el Hitler de nuestro tiempo” y urgió a la ciudadanía a retomar las movilizaciones “para exigir el fin de las intervenciones militares ilegales de Estados Unidos y de Donald Trump, el fin de las guerras por petróleo”. Belarra criticó la postura mantenida tanto por la Comisión Europea como por el Ejecutivo español, a quienes acusó de comportarse “una vez más como auténticos lacayos de los Estados Unidos”.

Según reportó Europa Press, Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, así como portavoz adjunto de Sumar y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, también estuvo presente en la concentración. Santiago reclamó al Gobierno español una postura “más contundente” frente a lo que describió como violaciones estadounidenses del derecho internacional. Además, instó a la salida de España de la OTAN y al cese de la financiación pública dirigida a empresas de armamento estadounidense o relacionadas con Estados Unidos.

Organizaciones de izquierda, incluidos Podemos e Izquierda Unida, respaldaron públicamente la movilización. El evento estuvo coordinado por colectivos y plataformas contrarias a la intervención militar y la política exterior de Estados Unidos, subrayando la demanda de respeto al principio de autodeterminación de los pueblos.

Europa Press consignó que, a lo largo de la manifestación, se reiteraron llamamientos para poner fin al apoyo logístico y diplomático brindado por España a la política exterior estadounidense, así como a la cooperación militar mantenida a través de la OTAN. Los manifestantes destacaron su oposición a las dinámicas de rearme y el incremento del gasto militar, en particular en lo que se refiere a adquisiciones vinculadas a empresas estadounidenses.

El despliegue policial durante la protesta fue significativo, con el objetivo de garantizar que la concentración se mantuviera en la acera de la calle Serrano y de prevenir alteraciones del orden público en torno a la sede diplomática. Según lo publicado por Europa Press, la jornada transcurrió bajo la vigilancia de las autoridades, sin que se reportaran mayores incidentes.

Los organizadores y participantes en la protesta insistieron en la denuncia de lo que consideran interferencias externas en la soberanía de Venezuela y renovaron su exigencia de que el futuro político del país sudamericano se dirima únicamente por sus ciudadanos, sin injerencias de potencias extranjeras. Las demandas incluyeron el respeto estricto al derecho internacional y el cese de lo que definieron como “agresiones” promovidas desde la política exterior de Estados Unidos y sus aliados.

Las consignas y cánticos en rechazo a la presencia militar y política de Estados Unidos en Venezuela han marcado la protesta que, según la Confederación General del Trabajo (CGT), reunió a más de 2.000 personas frente a la embajada estadounidense en Madrid el domingo, mientras que fuentes de la Delegación del Gobierno calcularon la asistencia en alrededor de mil participantes. De acuerdo con Europa Press, la concentración se organizó en respuesta a la detención de Nicolás Maduro y en crítica a la intervención extranjera en Venezuela.

El evento tuvo lugar en la calle Serrano, donde un gran número de manifestantes, portando banderas venezolanas y palestinas, se situaron en la acera frente a la sede diplomática de Estados Unidos. Los organizadores y asistentes buscaron denunciar lo que consideran una injerencia ilegítima de Washington en los asuntos internos de Venezuela. Según consignó Europa Press, Ángel Descalzo, portavoz de la Plataforma de Madrid contra la OTAN, declaró que “el futuro de Latinoamérica tienen que decidirlo los propios pueblos latinoamericanos” y aseguró que las acciones estadounidenses buscan asegurarse el control sobre los principales recursos naturales venezolanos, entre ellos el petróleo, el gas y el agua dulce.

Europa Press detalló que la concentración, que ocupó casi una manzana de la céntrica avenida madrileña, contó con una fuerte presencia policial. Los agentes vigilaron toda la zona con el objetivo de mantener el orden y evitar que los manifestantes cruzaran la calle, en una movilización marcada por el uso de pancartas, cánticos y demandas directas a los gobiernos de Estados Unidos y España. Entre los lemas más repetidos destacaron frases como “Estados Unidos, asesinos”, “Bases fuera, OTAN no” y “Yankees de mierda, váyanse al carajo”, según recogió el medio.

Durante la protesta, los asistentes también solicitaron el cierre de la embajada estadounidense en España y la liberación de Nicolás Maduro, además de exigir la retirada de la presencia estadounidense en Venezuela. El medio Europa Press reportó que parte de los manifestantes enfocaron sus críticas hacia el Gobierno de España, al que acusaron de complicidad frente a las actuaciones de Estados Unidos. Emilio, uno de los participantes en la manifestación, declaró que la actitud de las autoridades españolas es de “intentar estar a dos bandos” y denunció que “no respetan el derecho internacional ni previenen estos crímenes”, señalando además la colaboración del Gobierno español con la OTAN y la existencia de acuerdos comerciales con Estados Unidos.

Según entrevistó Europa Press, Emilio calificó la detención de Maduro como “un crimen más del imperialismo estadounidense” y cuestionó la legitimidad de la intervención de Washington en el país sudamericano. A su vez, Véronica, otra de las manifestantes, se expresó en términos contundentes, pidiendo la expulsión de Estados Unidos “de todo el mundo” y criticando la política exterior del país norteamericano.

La protesta recibió el respaldo de organizaciones políticas de izquierda. De acuerdo con Europa Press, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, asistió a la concentración y calificó lo sucedido en Venezuela como “terrorismo de Estado”. En sus declaraciones a los medios, Belarra apuntó también contra la Comisión Europea y el Gobierno de España por, según ella, asumir una postura sumisa frente a las directrices estadounidenses. Belarra hizo un llamado para retomar las movilizaciones en las calles y exigir el fin de las intervenciones militares a escala internacional y “de las guerras por petróleo”.

El secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, quien también funge como portavoz adjunto de Sumar y portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU), participó en la manifestación. Santiago reclamó una posición más firme del Gobierno español frente a las políticas estadounidenses y criticó “las violaciones del derecho internacional” atribuidas al gobierno de Estados Unidos. Subrayó la necesidad de abandonar la OTAN y de cortar la financiación pública a la industria armamentística vinculada a empresas estadounidenses, según detalló el medio Europa Press.

La manifestación se inscribió en el contexto de un elevado interés político por parte de diversas organizaciones sociales y políticas, que expresaron su preocupación por lo que consideran una vulneración de la soberanía venezolana auspiciada por intereses extranjeros. Los organizadores remarcaron, según informó Europa Press, la importancia de dejar en manos de los pueblos latinoamericanos la toma de decisiones acerca de su futuro, sin injerencias externas motivadas por ambiciones sobre recursos energéticos y estratégicos.

Durante toda la jornada, la presencia de los cuerpos de seguridad fue visible, en una demostración de la relevancia y la dimensión de la protesta en una de las áreas más transitadas de la capital española. Tal como publicó Europa Press, los manifestantes aprovecharon la movilización para reiterar sus demandas y recriminar tanto a las autoridades de Estados Unidos como a aquellas de España y la Unión Europea, en el marco de un aumento de la presión social sobre estos gobiernos.

Las consignas contra la intervención extranjera y la exigencia de respeto para el derecho internacional centraron el contenido de los discursos de representantes de partidos y plataformas convocantes. Según la cobertura de Europa Press, las demandas incluyeron la salida de las fuerzas estadounidenses de Venezuela, el fin de las alianzas militares con la OTAN y la condena a cualquier tentativa de imponer gobiernos en países latinoamericanos a través de medios externos.

La protesta también evidenció la capacidad de convocatoria de los movimientos sociales y agrupaciones políticas alineadas con posiciones contrarias tanto a la política exterior de Estados Unidos como a lo que perciben como un alineamiento de las autoridades españolas con Washington. En ese sentido, el papel de la Plataforma de Madrid contra la OTAN y la intervención de sus portavoces reflejaron el sentir de una parte importante de los manifestantes, que reclaman políticas independientes y la autodeterminación de los pueblos afectados.

El desarrollo de la manifestación y sus repercusiones políticas han situaron este evento en el centro del debate sobre la relación entre España, Estados Unidos y Venezuela, y sobre la legitimidad de las acciones internacionales que afectan la soberanía de los países latinoamericanos. Según Europa Press, estas protestas forman parte de una serie de acciones en territorio español en solidaridad con Venezuela y en rechazo a la intervención extranjera en la región.