Sindicatos y gremios vuelven a la calle este jueves 29 de octubre en lo que han denominado como una “gran jornada nacional de protesta” para exigir la discusión de las tablas salariales, y el pago de la bonificación de fin de año con base en el llamado “ingreso mínimo integral”.

La manifestación es convocada principalmente por los trabajadores de los sectores salud y educación, que en los últimos meses han ido escalando sus acciones para exigir mejores condiciones laborales al gobierno interino de Delcy Rodríguez.

El último aumento del salario mínimo en Venezuela se registró a principios de 2022, cuando el gobierno lo fijó en 130 bolívares. Ese monto hoy equivale a menos de 20 centavos de dólar y es la referencia que se utiliza para calcular las prestaciones sociales.

“Dada la pulverización absoluta de los sueldos, indigna recibir ese pago menor a 10 dólares y al gobierno le debería avergonzar hacerlo”, expresó la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Aupcv) en referencia al bono de fin año.

Congelado el salario mínimo, el régimen chavista creó la figura del “ingreso mínimo integral”, que Rodríguez elevó a 240 dólares en mayo de 2026. Con esta fórmula, el oficialismo incurre en la desviación que condenó en sus orígenes: la “bonificación” del salario, con una remuneración que no se refleja en los pasivos laborales.

“Mientras el costo de la canasta básica vuela por las nubes, el gobierno destruye nuestro salario, pisotea las convenciones colectivas y nos condena a bonos de miseria que no alcanzan para vivir”, denunció la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) que, además, señala que estos pagos se realizan de forma “caótica” y “discrecional” porque no cubren a todos los trabajadores activos y jubilados.

Los promotores de la protesta demandan la “eliminación del Sistema Patria”, plataforma instalada por el régimen para ejecutar los pagos, con el fin de restituir “la autonomía financiera de las instituciones y ministerios correspondientes”.

Nuevas reglas

El Ejecutivo de Rodríguez participa en una mesa de “consensos laborales” con representantes empresariales y sindicales. “Allí tenemos un diálogo fluido y yo sé que el mes que viene vamos a tener conclusiones importantes y anuncios importantes que darle al país”, declaró la presidenta encargada a principios de octubre.

El oficialismo se ha negado a reformar la Ley Orgánica del Trabajo que promulgó el difunto presidente Hugo Chávez en 2012. Sin embargo, se espera que en el marco de esa mesa de “consensos laborales”, donde interviene la patronal Fedecámaras, se acuerde una norma que en la práctica desplazará al texto firmado por Chávez y eliminará el polémico punto de la retroactividad de las prestaciones sociales.

“A partir del año que viene, sin duda alguna, va a haber un gran crecimiento en materia de empleo y de ingresos para los trabajadores”, ha prometido Delcy Rodríguez, pero los trabajadores reclaman soluciones inmediatas.

El usuario señaló que había pagado su recibo y que ya había presentado varios reclamos, pero el servicio no había sido restablecido. También manifestó su molestia por la falta de respuesta ante las fallas del suministro.

“Es que no tengo luz, tres semanas sin luz. Son buenos pa’ cortar la luz, pero pa’ ponerla...”, expresó mientras explicaba el motivo por el que llevó el electrodoméstico a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad.

El afectado también dijo: “No quiero molestar a nadie, simplemente dos cosas nomás que no tengo, oiga. No tengo vergüenza y no tengo luz”.

El usuario advirtió que llevaría una lavadora

El ciudadano advirtió que, si la CFE no resolvía el problema a la brevedad, regresaría al día siguiente con su lavadora para realizar sus labores domésticas en las oficinas.

El reclamo ocurrió en medio de la inconformidad de usuarios de la región por fallas en el servicio eléctrico y retrasos en la atención de reportes.

Reconexión del servicio de energía eléctrica

¿Cuándo es procedente el corte del servicio?

• Cuando tienes algún adeudo.
• Por pago extemporáneo.
• Por uso ilícito.
• Por ajuste a tu facturación.

¿Cuándo se reconecta el servicio?

La reconexión procede una vez que realizaste el pago del adeudo o ajuste de tu facturación pendiente.

¿La reconexión tiene algún costo?

La reconexión tiene un costo que puedes pagar de las siguientes maneras:

• En ventanilla de los centros de atención a clientes.
• En los cajeros automáticos denominados “CFEmáticos”.
• En el teléfono 071 puedes solicitar se realice el cargo en tu siguiente facturación.

¿En dónde puedo consultar el costo de la reconexión?

Puedes consultar el costo en la siguiente liga Reconexión.

¿Cómo es el procedimiento de reconexión?

Se genera una orden para atención en tu domicilio y se atiende.

¿En que teléfono me pueden aclarar mis dudas?

Ponemos a tu disposición el teléfono 071 que opera las 24 horas del día todo el año. También están a tus órdenes los Centros de Atención a Clientes

Nos puedes contactar a través del Portal de Internet de la CFE y su cuenta en Twitter: @CFEmx.

¿En cuánto tiempo se debe reconectar la luz?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza la reconexión del servicio en un plazo máximo de 1 día hábil (24 horas) en zonas urbanas y de hasta 3 días en comunidades rurales, una vez que se ha liquidado el adeudo, pagado la cuota de reconexión y notificado a la empresa.

Pasos para solicitar la reconexión

1. Liquida el adeudo total de tu recibo y el costo por reconexión (no se aceptan pagos parciales).

• Costos aproximados: De $55 a $91 MXN más IVA según tu tipo de facturación (mensual/bimestral y número de hilos).

2. Notifica el pago comunicándote al 071 (disponible 24/7), a través de la aplicación CFE Contigo, en el portal oficial cfe.mx o mediante WhatsApp oficial (+52 55 4195 4700).

3. Espera la visita del técnico en tu domicilio para que retire la suspensión del medidor.

Nota importante: Tienes un plazo de 15 días naturales posteriores al corte del servicio para realizar el pago y solicitar la reconexión; de lo contrario, la CFE puede cancelar de manera definitiva tu contrato.

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) miembros del movimiento disidente, que se encuentran en las inmediaciones del Centro Médico Siglo Nacional XXI, rechazaron la última propuesta del director de dependencia, Zoé Robledo, quien anunció un aumento salarial del 8%.

Rafael Soto Cruz, enfermero y vocero de los trabajadores disidentes, señaló que el incremento es del 4% a tabulador, oferta que calificó de “raquítica”, como el otro ofrecimiento”. Explicó que el ofrecimiento no está relacionado con sus peticiones.

“Nuestro pliego petitorio, que incluye en la primera fase de negociación un Congreso extraordinario y ni siquiera han volteado a vernos”, afirmó Soto Cruz. Ante esta situación, llamó a sus compañeros trabajadores de toda la República a continuar en la toma de edificios del IMSS y con las megamarchas, como la que se llevará a cabo el día de hoy a las 15:00 horas, que parte desde Centro Médico Siglo XXI con destino al Zócalo de la Ciudad de México.

Explican su rechazo a la propuesta de Zóe Robledo

En grupos del personal del IMSS están difundiendo un video que explica que el 8% que presentó Zoé Robledo es “falso”. En el material audiovisual, un orador denuncia públicamente al sindicato por intentar engañar a la base trabajadora, y sostiene que los trabajadores son conscientes y no permitirán manipulaciones respecto a sus ingresos reales.

Para evidenciar el engaño, analiza detalladamente el tarjetón de pago de un oficial de tesorería, revisando los montos correspondientes al concepto dos (sueldo tabular) y al concepto once.

Al sumar los supuestos incrementos del 4 % al salario tabular y el destinado para la ayuda de pago de renta de casa habitación, y contrastarlos con el salario base mediante una regla de tres, demuestra que el incremento salarial efectivo es de apenas 3.99 %, ni siquiera alcanzando el 4 % pactado en dichos conceptos.

El mensaje concluye con una enérgica exhortación a todos los compañeros para compartir y difundir la información, “hacer frente a la burla del sindicato y mantenerse movilizados y en pie de lucha” para defender sus derechos laborales.

Claudia Sheinbaum pidió al sindicato “cooperar”, previo a la nueva propuesta del IMSS

Durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó sobre el anuncio que haría el director del IMSS, y remarcó que ella participó en la propuesta integral: “Hicimos un trabajo muy intenso estas semanas de dónde se pueden disminuir gastos del IMSS para poder darle un mayor aumento salarial a los trabajadores”.

Sheinbaum también dijo: “Lo digo muy claramente: tiene que cooperar el sindicato con esto. Porque hay temas de inercias desde hace muchísimo tiempo, no son de Zoé y no deben ser. Lo importante es que las y los trabajadores y la derechohabiencia, que se brinde un buen servicio”.

Mientras aumentan los anuncios de inversiones milmillonarias en el sector de los hidrocarburos, el gobierno interino de Delcy Rodríguez celebra el aumento de la producción de barriles y representantes de grandes corporaciones desfilan por Caracas, trabajadores activos y jubilados de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) protestan y se declaran en huelga en el estado Zulia, corazón de la industria petrolera nacional.

“La huelga de brazos caídos en la Costa Oriental del Lago y Maracaibo -en Zulia- es la respuesta contundente ante la arremetida patronal que impone salarios de miseria de 5 dólares semanales, violando el artículo 91 de la Constitución”, denunció Iván Freites, representante del Frente de Trabajadores Energéticos (Fetraenergía).

Freites indicó que los manifestantes también reclaman por “el robo del fondo de jubilación y la eliminación del sistema de salud”. “Este paro regional es el inicio de una movilización que avanzará hacia una huelga petrolera nacional”, advirtió el vocero de Fetraenergía, que exigió la restitución de la contratación colectiva y “salarios internacionales obligatorios para todas las empresas extranjeras que llegan al país”.

La presidenta encargada destacó recientemente que Venezuela suscribió 61 acuerdos en materia de petróleo y gas. Además, ha dicho que los proyectos en marcha podrían generar unos 320 mil puestos de trabajo.

Discriminación

Esta organización sindical ha señalado que existen prácticas discriminatorias que afectan a los empleados de la estatal Pdvsa, en contraste con los beneficios que percibirían quienes laboran en otras empresas petroleras con capital extranjero.

“Mientras los trabajadores de Pdvsa sobreviven con salarios de miseria, que según la información recibida por pueden llegar a apenas 80 dólares mensuales, sin el reconocimiento efectivo de horas extras, bonos y otros beneficios de la contratación colectiva, dentro de la misma industria existen trabajadores que reciben bonos de hasta 600 dólares, mercados de alimentos y coberturas de seguro de hasta 100 mil dólares”, afirman.

Fetraenergía solicita “investigar las causas de esta profunda desigualdad entre trabajadores que forman parte de una misma industria energética”. El sindicato rechaza que “el trabajador de Pdvsa sea condenado a la precariedad mientras otros trabajadores reciben beneficios significativamente superiores”.

Algo no cuadra. Mientras los profesores de las universidades autónomas del país toman las calles y están al frente de las protestas que exigen mejoras salariales, el régimen chavista sigue anunciando la creación de instituciones de educación superior. ¿Cómo es posible?

La presidenta encargada Delcy Rodríguez celebró el 6 de octubre la apertura de la Universidad de la Música José Antonio Abreu, que de acuerdo con el reporte oficial cuenta con 77 docentes y 521 estudiantes que cursarán las licenciaturas de Ejecución Instrumental y Composición, y Lutería.

Hace 17 meses, el 24 de mayo de 2025, Nicolás Maduro firmó la fundación de la Universidad Nacional de las Comunas, cuyo rector es el diputado oficialista Jorge Arreaza, yerno del fallecido comandante Hugo Chávez. Su misión: “Formar al pueblo y a los voceros del Poder Popular bajo un método robinsoniano de aprender haciendo y hacer aprendiendo”.

Según la página web del Ministerio de Educación Universitaria, en el país funcionan 174 universidades, incluidas 26 privadas. Del total, solo cinco son autónomas. La oferta es realmente variada. Hay universidad campesina, del transporte, del ambiente, deportiva, de los trabajadores, indígena y hasta de especialidades eléctricas, en un país azotado por los constantes apagones.

Pese al abultado número de casas de estudio, el propio gobierno interino reconoció en septiembre que unos 144 mil aspirantes no consiguieron cupos para ingresar a la educación superior. “Estamos realizando investigaciones en varios estados del país para entender las grandes brechas que existen entre las ofertas de las universidades y las verdaderas aspiraciones de estudio de nuestros bachilleres”, declaró Ana María Sanjuán, titular de Educación Universitaria.

Contradicción

A los ojos de Keta Stephany, profesora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), saltan contradicciones difíciles de explicar. “Tenemos una situación de una crisis salarial profunda, con unas universidades que no tienen recursos ni para su mantenimiento, pero las autoridades se la pasan creando instituciones que uno no sabe dónde quedan, cuántos trabajadores, profesores y alumnos tienen, ni qué carreras dictan”, cuestiona.

“¿Por qué no dedican esos recursos a las universidades que ya existen?”, pregunta la vocera de la Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), quien subraya que su gremio está “sosteniendo a la universidad con la donación de nuestro tiempo y talento”, ante la ausencia del apoyo oficial.

Un profesor a dedicación exclusiva en una universidad pública venezolana con al menos 15 años de experiencia, cuatro trabajos de ascenso, doctorado culminado y obra publicada percibe un sueldo mensual equivalente a 1 dólar y 11 centavos.

En Venezuela, el salario mínimo no aumenta desde principios de 2022, cuando el régimen lo fijó en 130 bolívares. Ese monto hoy equivale a menos de 30 centavos de dólar y es la referencia que se utiliza para calcular las prestaciones sociales de los trabajadores.

Congelado el salario mínimo, el Ejecutivo creó la figura del “ingreso mínimo integral”, bonos que suman unos 240 dólares. Sindicatos y gremios rechazan la “bonificación del salario”, señalando que estos pagos se hacen de manera “caótica” y “discriminatoria”, pues no cubren a toda la nómina, y en la práctica eliminan la seguridad social.

Amor al arte

Los docentes de las universidades autónomas encabezan las protestas, mientras sus colegas de las instituciones creadas por el oficialismo guardan silencio. ¿Su situación es distinta? “Al cambio oficial, mi sueldo son 44 centavos de dólar. La realidad que estamos viviendo en este momento es terrible”, responde un profesor que acumula casi una década dando clases en la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte), fundada por Chávez en 2008.

La remuneración se fundamenta en bonos: 240 dólares del “ingreso mínimo integral” y otros 40 en “cesta tickets” para la compra de comida. “Hasta 2020 repartían una bolsa de alimentos a los profesores, pero ya eso no se está dando”, apunta la fuente, que prefiere resguardar su identidad por temor a represalias.

Su testimonio es similar al que expresan sus pares de las autónomas, que permanentemente se quejan por recibir un presupuesto deficitario. “No hay recursos para la universidad. Los mismos estudiantes, con su propio dinero y organización y apoyados por sus profesores, han logrado recuperar algunos espacios vitales como talleres y áreas expositivas. Allí se está haciendo un verdadero trabajo con las uñas para mantener la educación en artes en este país”, describe los esfuerzos.

En la Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías” el panorama no es distinto. “Mi sueldo como profesor a medio tiempo es de 286 bolívares -32 centavos de dólar-”, confía un médico que trabaja en la institución que nació en 2005 en el marco del convenio entre Cuba y Venezuela, y que formalizó su estructura académica en 2016, bajo la gestión de Maduro.

“Por un lado, hay un déficit de medios audiovisuales para dar clases, y falta de mantenimiento de las áreas físicas e inmuebles, y por el otro también hay déficit de talento humano, de docentes nuevos, y por eso tienen que contratar a los jubilados”, relata el galeno que acumula doce años en las aulas.

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El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), Gregorio Afonso, admite que “el crecimiento del total de universidades en las dos últimas décadas ha sido significativo”, mas aclara que “ninguna de las creadas en la revolución bolivariana goza de autonomía, sus autoridades son impuestas y a juzgar por su modelo, tampoco administran su presupuesto”.

Afonso subraya que estas casas de estudio se manejan “con una opacidad absoluta, sin auditoría”, razón por la cual “ni siquiera hay estadísticas serías de número de estudiantes, prosecución de estudios, grados, etc”.

Stephany advierte que el régimen chavista ejecuta “una política de crear nuevas instituciones, mientras en los hechos la capacidad de atender a la población estudiantil va disminuyendo”.

A juicio de la vocera de FAPUV, lo que realmente se debe incrementar es el presupuesto “para que las universidades puedan contratar nuevos profesores y garantizar la captación de talento”.

El docente de la Unearte cree que el chavismo utiliza los anuncios sobre creación de universidades como parte de su “propaganda política”.

“No veo sostenible crear licenciaturas a largo plazo si no afianzas la base del sistema educativo en cuanto a infraestructura física, capacitación docente, espacios de investigación y fortalecimiento del poder adquisitivo de los profesores en este país”, concluye.

Como ejemplo, relató que encontró un hospital en Quintana Roo donde faltaba un tipo de guantes, por lo que cuestionó al director de Birmex, quien le confirmó mediante el sistema que los insumos sí habían sido comprados con anterioridad y se encontraban en una bodega del estado.

Al cuestionar la razón por la cual los guantes no llegaban a las instalaciones médicas, se descubrió que los directores de los hospitales debían elaborar un oficio formal y, en ciertos casos, viajar en automóvil durante horas para entregarlo en mano. La mandataria señaló el impacto negativo de este trámite en la atención a los pacientes e informó que “eliminar las trabas burocráticas” es un paso esencial para resolver el desabasto de insumos.

“Me canso ganzo de que vamos a modernizar el sistema de salud”: Sheinbaum

Sheinbaum subrayó la necesidad de modernizar el sistema de salud en México aprovechando los avances de la era digital, tales como la inteligencia artificial, el comercio electrónico y la logística moderna. Tomó como referencia la rapidez con la que operan envíos globales:

“¿Cómo es que nosotros no podemos modernizar el sistema de salud? Y como decía el presidente López Obrador: ‘me canso ganzo’ que vamos a modernizar todo el sistema de salud", dijo la presidenta.

¿Sistema de salud a la altura de paqueterías internacionales? Sheinbaum dice que sí

Para llevar a cabo esta “revolución digital”, la jefa del Ejecutivo plantea la creación de un equipo conformado por jóvenes profesionistas y especialistas recién egresados de instituciones públicas como la UNAM, el IPN, el Tecnológico Nacional de México y la Universidad de Campeche en áreas como ciencia de datos y logística. Esta estrategia evitará la contratación de empresas externas y buscará automatizar y ordenar por completo los almacenes de salud pública para asegurar entregas inmediatas de insumos.

De acuerdo con Sheinbaum solicitará al equipo de profesionales:

“Les voy a decir: quiero los almacenes así, pero de primera, que todo esté digitalizado, todo automatizado, cada cosa en su lugar. Que si piden una medicina en la tarde, llegue. Así como uno compra digital en el hospital, como si uno pide zapatos desde China y le llegan al otro día, ¿cómo nosotros no podemos hacer que los guantes lleguen al almacén?“.

Sheinbaum recuerda que “todas las marchas deben ser pacíficas” mientras en Guadalajara piden agua limpia

Al inicio de su intervención en el evento donde presentó las obras de rehabilitación del Hospital General del IMSS-Bienestar “Ciudad del Carmen”, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó su participación en la huelga de la UNAM para evitar que se cobrara la inscripción a los estudiantes, y subrayó la importancia de que los jóvenes mexicanos realicen protestas de manera pacífica. Esta declaración la dio paralelamente. Mientras en Jalisco se lleva a cabo la Segunda Mega Marcha para exigir agua potable en la entidad, tras meses de suministro contaminado.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pide al gobierno de Jalisco, a cargo de Pablo Lemus Navarro, evitar actos de represión durante la mega marcha que se lleva a cabo el día de hoy para exigir mejoras en la calidad de agua.

La CNDH señaló a través de un comunicado que su equipo permanece en la entidad desde el 13 de octubre realizando diligencias por los hechos ocurridos el 11 de octubre. Advierte que la fuerza policiaca debe evitar actuaciones innecesarias durante la jornada de hoy.

Continúa investigación por detenciones y posibles agresiones

La comisión informa que abrió el expediente CNDH/5/2026/8529/Q tras recibir testimonios sobre presuntas detenciones arbitrarias, violencia contra manifestantes y participación coordinada de policías estatales, municipales, bomberos y personas vestidas de civil.

Ha recopilado entrevistas, certificados médicos e imágenes de periodistas para reconstruir los hechos del 11 de octubre en Jalisco, donde se realizó la primera mega marcha por el agua, dichos materiales pretenden ayudar a identificar posibles patrones de actuación durante el operativo desplegado en la protesta.

La CNDH refiere que testimonios recabados entre las personas detenidas —32 personas según la fiscalía estatal— apuntan a que Casa Jalisco habría funcionado como espacio de operación durante el despliegue de seguridad. Esa versión forma parte de las indagatorias que desarrolla el organismo federal.

El comunicado plantea que existen señalamientos sobre lesiones, afectaciones físicas y daños psicológicos entre las personas retenidas. La comisión considera necesaria la aplicación del Protocolo de Estambul para esclarecer lo ocurrido mientras permanecieron bajo custodia.

La institución menciona el caso de una persona con fractura en cervicales, quien requiere atención especializada urgente. De acuerdo con el documento, se trata de un estudiante de Derecho cuya vida y funcionalidad corporal estarían en riesgo.

CNDH acredita lesiones físicas y psicológicas en los cuatro detenidos en la marcha del agua en Jalisco

La CNDH expresa preocupación por los procesos penales iniciados contra cuatro personas detenidas. El organismo pide garantizarles derechos humanos, defensa jurídica adecuada y un proceso justo ante posibles inconsistencias en las acusaciones.

La comisión indica que las condiciones de detención y la violencia extrema denunciada por las personas afectadas deben ser consideradas dentro de los procedimientos. También pide revisar las irregularidades señaladas en la puesta a disposición.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), así como la Red TDT, exigen al gobierno estatal retirar las imputaciones contra Samuel, Alexis, Juan Dario y Teodoro, los cuatro que fueron vinculados a proceso por presuntas lesiones y delitos cometidos contra autoridades, después de participar en la marcha realizada el 11 de octubre.

Las organizaciones afirman que las acusaciones representan una criminalización de la protesta social. También solicitan la absolución de seis personas relacionadas con la movilización ciudadana.

Asimismo, CNDH señala que muchas de las personas detenidas y violentadas pertenecen a la comunidad LGBTTTIQ+ así como defensores de derechos humanos. . Añade que el contenido de las carpetas de investigación continúa sin conocerse para gran parte de las personas afectadas.

Este domingo 18 de octubre, organizaciones y colectivos ciudadanos se han organizado para participación en la Segunda Mega Marcha por el Agua para exigir que se atienda la crisis de agua contaminada en la entidad, luego de que la protesta del domingo pasado haya sido reprimida por autoridades locales.

En redes sociales han circulado distintas convocatorias para acudir en protesta; en su mayoría son de organizaciones independientes. En este contexto, el partido de Morena en Jalisco niega haber organizado o convocado la marcha “Revocación de Lemus y Agua Limpia”, cuya difusión en redes sociales incluye, según el partido, el uso no autorizado de su imagen y logotipos.

El Comité Ejecutivo Estatal sostiene que respalda el derecho de la ciudadanía a manifestarse de forma libre y pacífica, pero afirma que no participa en esa movilización para evitar la politización de las demandas relacionadas con el acceso al agua limpia.

En el comunicado, Morena acusa a Movimiento Ciudadano (MC) de intentar desviar la atención de la crisis de agua que, asegura, afecta a familias jaliscienses. También cuestiona la actuación de la fuerza pública contra personas que protestaron por ese tema.

El partido exige al gobierno estatal atender las demandas ciudadanas, aclarar la intervención policial durante las protestas y garantizar el derecho a la libre manifestación.

Finalmente, Morena llama a su militancia y simpatizantes a verificar la información únicamente en los canales oficiales del partido y a no difundir publicaciones que usen su identidad institucional sin autorización.

Convocan a segunda mega marcha por el agua en Guadalaja tras represión detenciones

Los colectivos defensores de derechos humanos han convocado a una segunda mega marcha por el agua en Guadalajara para el domingo 18 de octubre a las 11:00 horas, después de que la movilización anterior fue reprimida por policías estatales con chorros de agua y gas lacrimógeno. La ruta parte del Parque Rojo y llega al Palacio de Gobierno de Jalisco.

La Fiscalía de Jalisco informa que 32 personas fueron detenidas tras la protesta anterior. Israel Rosas e Iván Octavio fueron vinculados a proceso por lesiones y deben presentarse a firmar cada 15 días; Alexis Guzman Ríos, Samuel Morales Navarro, Teodoro Jesús Torres Valdez y Juan Darío Muñoz Nava continúan su audiencia el viernes 16 de octubre en el Centro Penitenciario Puente Grande.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) y otras organizaciones civiles documentaron el uso de agua, gas lacrimógeno y golpes por parte de un equipo de antimotines. Familiares y colectivos denuncian que los arrestos fueron arbitrarios y que algunas personas liberadas sin cargos habrían sido víctimas de tortura; ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pide a Segob y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigar los hechos.

La nueva movilización exige agua digna, justicia y respeto al derecho a protestar. Otras convocatorias también plantean pedir la revocación de mandato del gobernador Pablo Lemus, quien reconoce que “hubo errores” en la actuación policial.

La Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recordó al gobierno federal y al de Guadalajara su obligación de investigar la represión que se llevó a cabo el 11 de octubre durante la mega prostesta para exigir agua potable en Jalisco. A través de un mensaje a través de ‘X’, el organismo subrayó que se debe indagar de manera inmediata, “exhaustiva e imparcial”.

Naciones Unidas también subrayó al Estado mexicano que el uso de la fuerza por parte de elementos de seguridad debe ser en el marco de “los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas”. En su publicación adjunto el manual de referencia sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego por agentes del orden público.

CNDH responde a solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum e inicia investigación

Cuatro días después de la protesta, respondiendo a la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hacia la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para dar a conocer “quién dio la orden” de los sucedos violentos, el día de hoy, la mandataria informó que el organismo independiente se encuentra investigando los enfrentamientos entre civiles y elementos antimotines, que derivaron en el uso de gas lacrimógeno, chorros de agua y bombas aturdidoras.

Colectivos ciudadanos y defensores de derechos humanos registraron el día de la manifestación la detención de varios participantes de manera arbitraria, así como el uso excesivo de la fuerza policial. De acuerdo con las cifras de la Fiscalía Estatal de Jalisco, fueron 39 personas detenidas, 28 policías lesionadas y 31 civiles atentados médicamente.

Los detenidos fueron puestos en disposición por presuntos ataques a las vías de comunicación, lesiones y delitos contra representantes de la autoridad. Más de 30 de los arrestados recuperaron su libertad, aunque aún hay carpetas de investigación que permanecen abiertas.

El gobierno de Pablo Lemus argumentó que alrededor de 400 personas ajenas a la protesta agredieron a policías después de las 12:00 horas.

Gobierno de Jalisco relaciona a 17 elementos con represión

El día de hoy, el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó que 17 policías fueron identificados por presuntamente actuar fuera de los protocolos y usar de manera indebida la fuerza durante la marcha, esto luego de realizar una investigación “exhaustiva”, solicitada por Lemus.

Respecto a las sanciones que podrían enfrentar, Hernández explicó que dependerá del grado de responsabilidad que se compruebe a cada uno de los agentes identificados.

También solicitó a los habitantes enviar videos al área de asuntos internos para integrar los expedientes contra los agentes identificados.

Los materiales pueden compartirse al teléfono 33-36-68-79-00, extensión 18069, o al correo direcciondeasuntosinternos.ssej@jalisco.gob.mx.

Colectivos defensores de derechos humanos convocan a la ciudadanía de Guadalajara a asistir a una Segunda Mega Marcha por el Agua, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 18 de octubre a las 11:00 horas. Esta convocatoria sucede luego de que la movilización de la semana pasada fuera reprimida por elementos de la policía estatal con chorros de agua y gas lacrimógeno contra los manifestantes.

Esta protesta partirá desde el Parque Rojo con dirección al Palacio de Gobierno, de acuerdo con la convocatoria que circula en redes sociales. La movilización busca exigir agua digna, justicia y respeto al derecho a protestar, aunque en otras convocatorias también se habla de pedir la revocación de mandato de Lemus.

Represión en Jalisco deja detenciones arbitrarias

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), junto a otras organizaciones civiles, documentó la represión que vivieron los manifestantes, quienes recibieron chorros de agua, gas lacrimógeno y, en algunos casos, golpes por parte de un equipo de antimotines.

Además, de acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, 32 personas fueron detenidas, de las cuales Israel Rosas e Iván Octavio fueron vinculados a proceso por el delito de lesiones y deberán presentarse a firmar cada 15 días. Mientras que Alexis Guzman Ríos, Samuel Morales Navarro, Teodoro Jesús Torres Valdez y Juan Darío Muñoz Nava continuarán su audiencia el viernes 16 de octubre en el Centro Penitenciario Puente Grande, lugar a donde fueron trasladados.

Familiares y colectivos han denunciado que los arrestos fueron arbitrarios; señalan que los involucrados participaron de manera pacífica. En cuanto a las personas que fueron liberadas sin cargos, han señalado haber sido víctimas de tortura; ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha instado a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a emprender una investigación para aclarar la situación.

Sheinbaum también ha criticado el actuar del gobernador Pablo Lemus, quien reconoció que “hubo errores” en el actuar de la policía.

CDMX podría sumarse a la mega marcha

Internautas han propuesto que los capitalinos salgan a las calles a manifestarse como muestra de solidaridad a la situación que enfrenta Jalisco, al corte de esta nota no hay una convocatoria oficial.

Respecto a una revocación de mandato a Pablo Lemus, el partido político SOMOS explicó que la ley de Jalisco permite pedir revocación de mandato del gobernador durante los primeros 120 días de la segunda mitad de su administración, que en caso del funcionario empieza en diciembre de 2027.

“Haría falta el respaldo del 3% de la lista nominal, más de 180 mil firmas, y que los votos para revocarlo superaran los cerca de 1.6 millones con los que ganó”, explicó el partido.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió dos medidas cautelares para proteger los derechos de las personas detenidas durante la manifestación por la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara}, así como de los elementos policiales que resultaron heridos durante los enfrentamientos del 11 de octubre de 2026.

Las disposiciones están dirigidas a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y a la Subsecretaría de Derechos Humanos de Jalisco. Entre las acciones solicitadas se encuentran brindar acompañamiento integral a las personas afectadas y sus familiares, además de garantizar la integridad jurídica y el ejercicio de la libre manifestación.

CEDHJ solicita atención para manifestantes detenidos y policías heridos

Las medidas fueron emitidas como parte del seguimiento al acta de investigación 41/2026, abierta por los acontecimientos ocurridos durante la movilización para exigir agua potable en Guadalajara.

La primera disposición fue dirigida a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, a la que se solicitó implementar acciones para ofrecer acompañamiento integral a las 32 personas manifestantes detenidas y a sus familiares. La atención también deberá extenderse a los elementos de seguridad que sufrieron lesiones durante el enfrentamiento, así como a sus allegados.

Con esta medida, el organismo estatal busca que las personas involucradas en los hechos reciban el respaldo correspondiente ante las consecuencias de lo ocurrido durante la protesta.

La segunda resolución se dirigió a la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependencia adscrita a la Secretaría General de Gobierno de Jalisco. En este caso, la CEDHJ pidió establecer acciones que garanticen la integridad jurídica y la libre manifestación en los acontecimientos derivados de la movilización del 11 de octubre.

Comisión acompañará investigación sobre operativo policial en Jalisco

Ante el anuncio del gobernador, Pablo Lemus, sobre la apertura de una investigación interna para determinar posibles responsabilidades de personas servidoras públicas por el operativo desplegado durante la protesta, la CEDHJ manifestó su disposición para acompañar los trabajos.

El organismo señaló que su participación estará orientada a garantizar el respeto a los derechos humanos, la reparación del daño y la no repetición de hechos similares.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia matutina de este miércoles, pidió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigar si las personas detenidas fueron víctimas de tortura, así como de otros tipos de violencia.

“¡Cumplí mi palabra y aquí está el decreto! En Colombia se respeta la protesta pacífica, pero ¡no se toleran la violencia, el vandalismo ni los bloqueos que atropellan los derechos de millones de ciudadanos!“, escribió.

De la Espriella señaló que en Colombia se debe proteger el derecho a la protesta y, a la par, cuestionó las acciones que afecten la movilidad y otros derechos ciudadanos.

“¡El derecho a protestar no está por encima del derecho a trabajar, estudiar, movilizarse y vivir en paz! A los ciudadanos que protestan pacíficamente, todas las garantías. A los violentos, todo el peso de la ley, con respeto por el debido proceso. ¡Se acabó la guachafita! ¡La protesta se respeta, pero la violencia no se tolera!”, reiteró.

El decreto plantea una respuesta ante bloqueos y actos violentos

El anuncio estuvo acompañado por un video en el que sostuvo que la medida modifica y adiciona el Decreto 003 de 2021. El mandatario aseguró que el Gobierno garantizará las manifestaciones pacíficas, porque “en Colombia se respeta el derecho a protestar, pero no existe el derecho a destruir, a bloquear, a atacar la fuerza pública, a agredir y, por supuesto, no existe el derecho a sembrar caos”, afirmó.

También indicó que el decreto busca evitar afectaciones para quienes no participen de las movilizaciones. Mencionó, entre otros casos, que no permitirá “se bloqueen vías, que se impida el tránsito libre de los ciudadanos, que las ambulancias no puedan pasar, que los niños no puedan ir a la escuela, que los transportadores no puedan mover sus cargas”.

Los puestos de mando unificado tendrían mayor coordinación

De la Espriella afirmó que los hechos violentos serán documentados y remitidos a las autoridades competentes. Además, señaló que los puestos de mando unificado fortalecerán la coordinación entre la Policía, las Fuerzas Militares, las alcaldías, las gobernaciones y el Gobierno nacional.

Según explicó, el la medida facultará a las autoridades e instituciones para intervenir ante hechos que calificó como vandalismo y “terrorismo urbano disfrazado de protesta”.

La reforma establece cinco niveles de intervención: facilitación preventiva, diálogo, mediación institucional, disuasión y restablecimiento del orden. El paso entre cada etapa deberá quedar documentado y, para los niveles cuatro y cinco, se requerirá una orden de la primera autoridad de policía, salvo riesgo inminente para la vida o comisión de un delito, de acuerdo a lo expueso en el documento, que también firmó el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo.

La norma define excepciones para intervenir en forma simultánea al diálogo

El decreto permite que la Policía intervenga en forma focalizada mientras se adelantan gestiones de diálogo cuando se detecten armas, explosivos, retenciones de personas, agresiones, ataques a misiones médicas o periodísticas, o daños a infraestructura.

La disposición aclara que la decisión no podrá basarse en el contenido de la convocatoria, los discursos de los manifestantes ni el uso de prendas que cubran el rostro.

El texto precisa que la obstrucción de una vía no convierte automáticamente una movilización en violenta. La disolución de una concentración solo podrá ordenarse ante una afectación grave y sostenida, sin alternativas menos lesivas, tras valorar factores como el paso de ambulancias, los servicios esenciales y la existencia de rutas alternas.

El decreto también ordena habilitar corredores solidarios para ambulancias, organismos de socorro, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes, menores y transporte de medicamentos, alimentos e insumos hospitalarios.

Las alcaldías y gobernaciones deberán publicar, dentro de las 72 horas posteriores a una jornada con afectaciones, un balance sobre lesionados, daños, denuncias, capturas y actuaciones atribuidas a agentes del Estado.

La posición fue fijada en la Circular 64, dirigida a los sindicatos filiales y fechada el 13 de octubre en Bogotá. El documento cuestiona que la directriz ministerial, expedida bajo el argumento de preservar la continuidad del servicio educativo y recuperar el tiempo académico, pueda ser interpretada como una base para imponer consecuencias contra quienes participen en actividades colectivas sindicales.

Fecode sostuvo que el magisterio mantendrá su compromiso con los estudiantes, las familias y el desarrollo de los contenidos previstos para el cierre del calendario escolar. La federación señaló que la participación de los educadores en jornadas sindicales no supone un abandono de sus responsabilidades pedagógicas.

El sindicato teme sanciones administrativas, salariales o disciplinarias

El principal reparo de la organización está en los eventuales efectos que la Circular 051 podría tener en las entidades territoriales certificadas y en las instituciones educativas. Según Fecode, la defensa del derecho fundamental a la educación no debe utilizarse para condicionar las reivindicaciones laborales ni para anticipar medidas administrativas, disciplinarias o salariales contra docentes que ejerzan sus libertades colectivas.

En su pronunciamiento, la federación planteó que una orientación administrativa puede generar temor entre los trabajadores, aun si no prohíbe de manera expresa una movilización. Por ello, reclamó a la cartera que lidera Ilva Myriam Hoyos una precisión que descarte interpretaciones restrictivas frente a la protesta social pacífica y la actividad de las organizaciones sindicales.

“El diálogo social no puede reducirse a una declaración institucional mientras las actuaciones administrativas generan incertidumbre y temor entre los trabajadores”, indicó Fecode en la Circular 64.

La entidad sindical consideró que las autoridades deben evitar que mecanismos de control sobre la prestación del servicio se conviertan en instrumentos de presión sobre el magisterio.

Fecode clamó por garantías constitucionales y convenios de la OIT

La federación sustentó su reclamo en los artículos 37, 38 y 39 de la Constitución, relacionados con los derechos de reunión, asociación y libertad sindical. También citó los artículos 55 y 56, que reconocen la negociación colectiva y el derecho de huelga, bajo las restricciones que establece la ley.

Además, mencionó los Convenios 87, 98 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por Colombia, así como pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical y sentencias de la Corte Constitucional. Para Fecode, esos referentes delimitan el concepto de servicio esencial: una actividad cuya interrupción puede comprometer la vida, la seguridad o la salud de las personas.

La organización afirmó que el reconocimiento formal de derechos pierde eficacia cuando las decisiones administrativas producen un efecto inhibidor entre quienes evalúan sumarse a protestas o acciones gremiales. En ese sentido, pidió que la Circular 051 no se aplique como una autorización para obstaculizar la representación sindical ni para intimidar a docentes.

Buscarán mesas regionales de concertación

La Circular 64 orientó a los sindicatos afiliados y a las bases del magisterio a rechazar amenazas o vulneraciones contra el derecho a la movilización. También les solicitó promover mesas regionales de concertación con las entidades territoriales certificadas, con base en el numeral 4 de la Circular 051.

Fecode planteó que esos espacios deben permitir acuerdos que protejan simultáneamente el derecho de los estudiantes a recibir clases y la participación de los trabajadores en acciones sindicales legítimas. La federación insistió en que la defensa de la educación pública requiere interlocución con las organizaciones gremiales, cumplimiento de los acuerdos colectivos y respeto por su autonomía.

El sindicato reiteró la convocatoria para el 14 de octubre de 2026 a la movilización nacional del magisterio y de la comunidad educativa.

El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, respaldó la investigación anunciada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, sobre la actuación de policías durante la marcha por agua limpia del domingo 11 de octubre en Guadalajara. Dijo que, si hubo excesos o detenciones fuera de la ley, los hechos deben darse a conocer y deben deslindarse responsabilidades.

El legislador sostuvo que la revisión debe realizarse con prontitud ante los señalamientos por el uso de la fuerza contra asistentes a la movilización, que llegó a las inmediaciones de Casa Jalisco en medio de reclamos por la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Si es que hubo algún exceso de parte de las fuerzas del orden, pues que se dé a conocer lo antes posible y se deslinden responsabilidades”, declaró.

El senador señaló que el gobernador ya manifestó que habrá una investigación puntual sobre la actuación de los elementos de seguridad durante la jornada. Añadió que esa revisión debe permitir conocer si existieron abusos y sancionar a quienes resulten responsables.

El senador de MC pide atender reclamo por calidad del agua

El integrante de Movimiento Ciudadano afirmó que la discusión no debe apartarse del reclamo que llevó a miles de personas a las calles: el suministro y la calidad del agua que reciben habitantes de Guadalajara y otros municipios metropolitanos.

“Al final del día, lo que sufre la zona metropolitana de Guadalajara con el tema del agua es lo que debe ocuparnos”, dijo el senador.

El legislador reconoció que hay un descontento “legítimo” y “genuino” entre la población. Sostuvo que la inconformidad requiere una respuesta inmediata de las autoridades estatales, municipales y federales.

La movilización del domingo 11 de octubre reunió a personas que exigieron acciones para garantizar agua limpia en sus hogares. La protesta avanzó hacia Casa Jalisco, donde se registraron enfrentamientos y un operativo policial que derivó en detenciones.

La Fiscalía de Jalisco informó que 39 personas fueron detenidas durante los hechos. De ese total, 32 recuperaron su libertad dentro del plazo legal, mientras siete fueron puestos a disposición de un juzgado de control.

El senador de MC evitó validar los señalamientos de forma anticipada, pero insistió en que cualquier posible irregularidad debe investigarse. “Nosotros avalamos” que se revise el uso de la fuerza, expresó al referirse al anuncio del gobernador.

La investigación deberá revisar el uso de la fuerza en Casa Jalisco

Por su parte, Pablo Lemus informó que solicitó una revisión de las detenciones registradas durante la protesta y de los videos sobre la actuación de los cuerpos de seguridad. El objetivo, señaló, es determinar si hubo excesos y aplicar sanciones en caso de que se acrediten.

El gobernador también sostuvo que la marcha tuvo un tramo pacífico antes de que ocurrieran disturbios frente a Casa Jalisco. Su administración afirma que un grupo de personas agredió a policías y provocó daños en la zona, a pesar de que muchas organizaciones de derechos humanos y colectivos han denunciado actos de represión y detenciones ilegales.

Las versiones sobre las detenciones y el operativo han generado cuestionamientos de partidos políticos, organizaciones y ciudadanos que demandan esclarecer si hubo arrestos arbitrarios o empleo desproporcionado de la fuerza.

El senador consideró que la investigación debe concentrarse en establecer responsabilidades sin perder de vista el origen de la protesta. “El tema sigue sin resolverse, aunque se está atendiendo puntualmente por el gobernador, por el Gobierno del Estado, por las alcaldías metropolitanas”, señaló.

El legislador dijo confiar en que el Gobierno de Jalisco realizará las acciones que le corresponden para atender el reclamo ciudadano. Afirmó que la solución no depende solo de la administración estatal.

“No es un asunto que se pueda resolver solamente por el Gobierno del Estado”, sostuvo.

El senador planteó que el Gobierno Federal también debe participar en las medidas para resolver el abastecimiento y mejorar la calidad del agua. Añadió que el problema requiere coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La exigencia de agua limpia se mantiene como el eje de las movilizaciones en Guadalajara. Mientras avanza la revisión de las detenciones y de la actuación policial, los reclamos ciudadanos se concentran en obtener una respuesta sobre el servicio que llega a sus viviendas.

La mega marcha para exigir agua potable que se realizó el 11 de octubre en Gualajara, donde se registró la represión policial en contra de los manifestantes, donde fueron detenidas 39 personas, según la Fiscalía de Jalisco. De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos, los arrestos fueron de manera arbitraria y sin justificación.

Ante esta situación, el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia “Francisdo Suárez, SJ” del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) convocó a que todas las personas que participaron en la protesta compartan:

• Testimonios
• Fotos
• Videos

Donde se exhiban las detenciones arbitrarias, acoso y acciones violentas de la policía. El Centro subraya que “documentar es vital para defender, hacer memoria y construir ‘el nunca más’”.

¿A dónde enviar la evidencia?

Las personas que quieran compartir sus testimonios, fotografías y vídeos verificables de las irregularidades durante la movilización, las podrán enviar a los canales de comunicación:

• Correo electrónico: cudj@iteso.mx
• En ‘X’ @cepad_ac
• En ‘X’ @clademjalc

Exigen a la fiscalía liberar a siete detenidos

Ayer por la noche, la Fiscalía estatal informó a través de sus redes sociales que, después de las 18:00 horas, fueron liberadas 9 personas más de las 39 que fueron detenidas, dejando un saldo de 32 manifestantes en libertad. Entre ellas:

• Martín Itzcóatl ‘’N’'
• Luis Fernando ‘’N
• Alejandro Daniel ‘’N’
• Miguel Angel ‘’N’'
• Miguel Maximiliano ‘’N’'
• Martha ‘N’
• Iker Ricardo ‘’N’'
• Jorge Ignacio ‘’N’'
• Daniel ‘’N’'

Por su parte, Propuesta Cívica exige a la fiscalía estatal y al gobierno de Jalisco liberar a las siete personas que se mantienen detenidas y han sido trasladas al penal de Puente Grande (acusados por lesiones dolosas y desobedencia a particulares), el cierre de carpetas de investigación y que “dejen de obstaculizar el derecho a la defensa adecuada de los afectados”. La organización, afirma que los arrestados son:

• Samuel Morales
• Iván Octabio
• Alexis Guzmán
• Teodoro Torres
• David Álvarez
• Juan Muñoz
• Israel Rosas

La Red solidaria por Palestina Guadalajara está recabando material audiovisual para ayudar a liberar a las personas manifestantes que siguen detenidas arbitrariamente.

Sheinbaum advierte a Pablo Lemus

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes 13 de octubre que el Gobierno federal intervendrá si se presenta una denuncia formal por la actuación de policías de Jalisco durante la marcha por agua limpia del domingo en Guadalajara, un caso que podría llegar a la FGR si se señala a agentes que participaron en el operativo.

El lunes, la presidenta ya había pedido a Lemus explicar el uso de agua y gases lacrimógenos, así como informar los nombres de todas las personas detenidas. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, indicó que algunos manifestantes y familiares de detenidos ya presentaron quejas. La dependencia revisa con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el procedimiento que seguirá cada caso.

Rodríguez no confirmó ni descartó las denuncias de tortura hechas por algunos detenidos. Explicó que los hechos deben documentarse y someterse a diligencias, con una revisión individual y no por el conjunto de la movilización.

Al ser cuestionada sobre si su gobierno se ha comunicado con el gobernador Pablo Lemus y si le satisface el video que este difundió el lunes, respondió que le corresponde a él explicar el comportamiento de las fuerzas del orden estatales.

Lo que dijo Sheinbaum sobre la actuación policial

• Sobre la explicación de Lemus, dijo que “ayer dio una explicación” y que la ciudadanía de Jalisco deberá formarse su propia opinión.
• Si se presenta una denuncia formal, señaló, “ya estaríamos interviniendo”.
• Añadió que el asunto podría llegar a la FGR si se presenta una denuncia contra algún elemento que haya participado. No detalló en qué consistiría esa intervención.
• Calificó los hechos de “lamentable represión” y sostuvo que “hay que llamar las cosas por su nombre”.

El lunes, de acuerdo con Mexican Times, la presidenta ya había pedido a Lemus explicar el uso de agua y gases lacrimógenos y dar a conocer los nombres de todos los detenidos.

Gobernación y CNDH revisan quejas

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que algunos participantes y familiares de detenidos ya presentaron quejas. Dijo que la dependencia revisa con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el procedimiento para cada una.

Ante el planteamiento de una periodista de que varios detenidos han denunciado tortura, la funcionaria no confirmó ni descartó casos. Indicó que es necesario documentar y realizar diligencias para verificar los hechos, y que la revisión se hará por persona y no por evento. Agregó que, según le comentaron un día antes, una gran mayoría de los detenidos ya había salido.

La versión de Lemus

En su video del lunes, el gobernador sostuvo que la marcha fue pacífica hasta que llegó a Casa Jalisco un grupo de choque de unas 400 personas, la mayoría encapuchadas. Dijo que el enfrentamiento duró tres horas y que dejó manifestantes lesionados, 39 detenidos y 28 policías heridos, dos de gravedad.

Lemus informó que ordenó revisar los videos para investigar y sancionar posibles excesos, y pidió a la Fiscalía revisar caso por caso las detenciones; hasta ese momento, 12 personas habían sido liberadas. Añadió que la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una investigación de oficio.

Medios como ABC Noticias recordaron que un día antes el gobernador había afirmado que giró la instrucción de no usar la fuerza. Según activistas citados por ViveUSA, los policías hicieron un uso excesivo de la fuerza. Las cifras de personas liberadas varían según la fuente y la fecha.

Agua: propuesta federal y desacuerdo por el esquema

Sheinbaum explicó que parte del equipo del gobernador se reunió con Efraín Morales, director de la Conagua. Lo verá el miércoles para conocer la propuesta técnica y financiera que se presentaría a Jalisco, y después podría haber una reunión con el gobernador o su equipo y Gobernación. Pidió a la Conagua un análisis técnico más profundo que el primero.

Lemus propuso al Congreso local un acueducto sustituto Chapala-Guadalajara. De acuerdo con El Camaleón, sería un contrato con una empresa privada por 11 mil 922 millones de pesos a 20 o 25 años; la oposición sostiene que abre la puerta a la privatización y el gobierno lo niega. El gobernador afirmó que el proyecto ya cuenta con validación técnica de la Conagua.

¿Qué sigue?

• Reunión de Sheinbaum con Efraín Morales el miércoles.
• Decisión del Congreso de Jalisco sobre el acueducto.
• Listado y situación jurídica de los detenidos.
• Resultados de la revisión de videos y de la investigación de la CEDHJ.
• Si se presenta o no una denuncia ante la FGR.

Tras diez días de plantón y cierres viales, habitantes de San Gregorio Atlapulco, pueblo originario de la alcaldía Xochimilco, lograron acuerdos con autoridades capitalinas para atender las descargas de aguas negras provenientes de Milpa Alta, que inundaron casas y chinampas de la comunidad.

La movilización buscaba exigir una solución a las afectaciones provocadas por las aguas residuales y frenar las intervenciones hidráulicas que, de acuerdo con los pobladores, amenazan el territorio chinampero. Durante la protesta, las personas participantes mantuvieron guardias y recibieron el respaldo de habitantes de Atlapulco y de pueblos aledaños.

El 9 de octubre, después de varias horas de negociación, representantes de la Asamblea General Permanente de San Gregorio Atlapulco y autoridades, entre ellas Circe Camacho Bautista, alcaldesa de Xochimilco; José Octavio Rivero Villaseñor, alcalde de Milpa Alta, y funcionarios de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), alcanzaron una serie de compromisos que permitieron levantar el plantón.

La minuta contempla 12 acuerdos relacionados con el saneamiento, la reparación de daños, el suministro de agua, la consulta a la comunidad y la reestructuración del Plan Integral Hídrico. Los habitantes, sin embargo, advirtieron que darán seguimiento a su cumplimiento.

¿Cuáles son los 12 acuerdos sobre el agua en San Gregorio Atlapulco?

Los compromisos establecidos en la minuta del 9 de octubre de 2026 contemplan acciones para atender las descargas de aguas negras y las afectaciones en el territorio, así como mecanismos de participación comunitaria.

Estos son los 12 acuerdos alcanzados entre representantes de San Gregorio Atlapulco y las autoridades:

1. Nueva propuesta de intervención hidráulica: se elaborará una alternativa que deberá someterse a consulta con el pueblo.
2. Suspensión de las descargas de aguas negras de Milpa Alta: se contempla infraestructura de saneamiento en los pueblos de esa demarcación.
3. Renovación del drenaje de San Gregorio: se realizarán trabajos de rehabilitación y desazolve del colector, sin conectarlo a la calle 5 de Mayo.
4. Reubicación del cárcamo de Atenco: se eliminará el actual y se buscará un nuevo sitio para su instalación.
5. Comisión de seguimiento: estará integrada por pobladores y profesionistas para vigilar el cumplimiento de los acuerdos.
6. Agua potable y agua tratada para las chinampas: se garantizará que el suministro de agua potable no tenga un uso político y que el agua tratada destinada a las chinampas sea de calidad, con monitoreo público.
7. Seguimiento al amparo 1078/2024: se dará continuidad al proceso relacionado con la conexión del canal Apatlaco con el canal 55.
8. Sin descargas de la planta de tratamiento de San Pedro Atocpan en Atenco: se estableció que la PTAR de esa localidad no descargue agua en el embarcadero de Atenco.
9. Indemnización y reparación integral de daños: se contemplan peritajes independientes para determinar las afectaciones.
10. Presentación de avances: la SEGIAGUA deberá informar sobre el cumplimiento de los compromisos el 16 de octubre, a las 11:00 horas.
11. Compromiso de no represión: las autoridades se comprometieron a no ejercer represalias contra quienes participaron en el plantón.
12. Reestructuración del Plan Integral Hídrico de 2025: el proyecto quedará sin efectos y deberá ser reestructurado.

La Asamblea General Permanente tendrá que dar seguimiento a estos puntos para verificar que las medidas anunciadas se traduzcan en soluciones para las familias afectadas y en la protección del territorio chinampero.

San Gregorio Atlapulco: nueve días de plantón entre la solidaridad y las acusaciones

Durante la protesta, las personas que estuvieron al frente de la movilización organizaron guardias las 24 horas del día. Habitantes de Atlapulco y de otros pueblos aledaños llevaron platillos y víveres para apoyar a quienes permanecían en el plantón.

Durante las vigilias se mantuvo abierto el micrófono para que vecinos y chinamperos afectados compartieran sus testimonios. En distintos momentos, los participantes corearon: “Aquí no somos del PRI, ni del PAN, aquí le damos pan con café”. Además, se reportó que una persona fue atropellada, tras no permitirle el paso.

El 3 de octubre, los manifestantes decidieron trasladar su plantón de la avenida Actopan, vialidad que conecta el estado de Morelos y la alcaldía Milpa Alta con la Ciudad de México, para continuar con sus exigencias. Denunciaron la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y reiteraron su demanda de frenar las descargas de aguas negras de Milpa Alta hacia Atlapulco, así como atender las inundaciones que afectaron al pueblo.

Ese mismo día estaba programada la inauguración de la 49.ª edición de la Feria Nacional del Mole, en San Pedro Atocpan, Milpa Alta. El cierre vial también provocó dificultades de acceso para estudiantes, trabajadores y visitantes, lo que generó muestras de inconformidad, pero también expresiones de respaldo a la movilización.

En medio del conflicto circularon carteles que señalaban a Hortensia Telésforo Jiménez, integrante de la Asamblea General Permanente y participante en el plantón, como supuesta integrante de un grupo de choque vinculado al Partido Acción Nacional (PAN). Medios de comunicación replicaron esa versión.

Sin embargo, Infobae México habló con Telésforo Jiménez en abril, después de que denunciara haber sido víctima de un ataque, en un contexto marcado por la oposición de la comunidad a una obra hidráulica vinculada con el Plan Integral Hídrico.

“El gobierno ha orquestado difamación, represión, ataques, con tal de romper la resistencia que hemos tenido en Atlapulco. Es una resistencia pacífica, nosotros estamos por la no violencia”, explicó.

El Plan Integral Hídrico y la consulta que cuestionó la comunidad

El conflicto por el agua en San Gregorio Atlapulco también está relacionado con la oposición de los habitantes a las obras del Colector Actopan y al Plan Integral Hídrico, proyectos que, según los pobladores, implican canalizar aguas negras provenientes de Milpa Alta hacia la zona.

Los parajes chinamperos promovieron un juicio de amparo contra estas intervenciones. El 6 de abril, un juez concedió una suspensión debido a que, de acuerdo con la información proporcionada, autoridades de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) y de la SEGIAGUA vulneraron el derecho de la comunidad a una consulta libre, previa, informada y de buena fe. También se señalaron presuntas irregularidades en el procedimiento y la suplantación de autoridades tradicionales.

El levantamiento del plantón se produjo después de que las autoridades se comprometieran a suspender las descargas y las intervenciones que afectan el cauce natural y la calidad del agua, además de reestructurar el plan hídrico.

Para los habitantes, los acuerdos representan un avance en la defensa de su territorio, aunque su cumplimiento será determinante para resolver las afectaciones y garantizar que las futuras obras respeten los derechos de la comunidad.

El cierre de la vialidad también tuvo repercusiones en la Feria Nacional del Mole, celebrada en San Pedro Atocpan, Milpa Alta. De acuerdo con los organizadores, las dificultades de acceso provocaron una disminución en la afluencia de visitantes y pérdidas económicas que estimaron en alrededor de 15 millones de pesos.

Tras la liberación de la vía, comerciantes hicieron llamados en redes sociales para invitar al público a asistir al evento, cuya programación se extendería hasta el 25 de octubre. La afectación económica se convirtió así en otra de las consecuencias del conflicto que mantuvo cerrada la circulación durante varios días.

San Gregorio Atlapulco dará seguimiento a los acuerdos sobre el agua

El 10 de octubre, la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco difundió un mensaje de agradecimiento a las personas que respaldaron el plantón. En el documento, reconoció la solidaridad expresada mediante la entrega de alimentos, las horas de acompañamiento y otras formas de apoyo comunitario.

La Asamblea destacó que los compromisos alcanzados fueron resultado de la organización y perseverancia de los habitantes. También subrayó la capacidad del pueblo para sostener la movilización desde la autonomía, la solidaridad y la defensa de su territorio, sin depender de partidos políticos.

No obstante, el levantamiento del plantón no significa que el conflicto haya concluido. La comunidad deberá vigilar que las autoridades cumplan los 12 acuerdos y que las medidas de saneamiento no comprometan los recursos naturales de Xochimilco.

Por ello, la Asamblea convocó a la población a participar el viernes 16 de octubre, a las 11:00 horas, cuando la SEGIAGUA deberá presentar los primeros avances sobre los compromisos establecidos.

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur reanudará sus clases presenciales el próximo lunes 12 de octubre de 2026, tras concretar una primera mesa de trabajo entre autoridades del plantel y representantes del alumnado para atender el pliego petitorio estudiantil.

¿Por qué se suspendieron las clases en el CCH Sur?

Las actividades académicas fueron suspendidas el pasado 8 de octubre mediante un comunicado de prensa de las autoridades educativas. La medida se tomó luego de que los torniquetes de acceso al plantel fueran vandalizados durante una asamblea estudiantil, argumentando que el regreso a clases ocurriría hasta garantizar un ingreso seguro.

Dichos dispositivos de seguridad fueron instalados en 2025 como respuesta al asesinato del estudiante Jesús Israel, quien fue atacado con un arma blanca al interior de las instalaciones por Lex Ashton.

Los torniquetes fueron dañados luego de una asamblea por denuncias donde la comunidad estudiantil denunció presunto acoso por parte de un profesor contra una estudiante. Ante esto, las autoridades estudiantiles señalaron que la alumna está recibiendo atención en apego a protocolos institucionales.

Acuerdos principales para el regreso a clases

Para garantizar el retorno seguro a las aulas y evitar la interrupción de las actividades, ambas partes establecieron las siguientes medidas inmediatas:

• Ingreso con credencial: Durante el lunes 12 de octubre, los torniquetes permanecerán cerrados durante la jornada. El acceso será estrictamente mediante la presentación de la credencial de estudiante, sin excepciones.
• Reparación nocturna: La reparación de los dispositivos de acceso se realizará durante la noche del lunes para que vuelvan a operar con normalidad el martes.
• Rechazo al paro de labores: El alumnado confirmó que no planea realizar un paro ni tomar las instalaciones, proponiendo resolver sus demandas exclusivamente mediante mesas de diálogo y acuerdos con la administración.

Compromisos y seguimiento al pliego petitorio

Como parte de los acuerdos alcanzados, la Dirección del Plantel Sur se comprometió a mantener las actividades académicas regulares y a respetar la organización estudiantil. Asimismo, se determinó que las reuniones y mesas de diálogo continuarán en los próximos días para revisar y dar solución a los puntos pendientes del pliego petitorio entregado por los estudiantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a partir de hoy realizará una gira por todos los estados donde opera el IMSS-Bienestar, para supervisar la situación de los hospitales en medio de las protestas de trabajadores del sector salud.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria detalló que prevé concluir la gira en diciembre y durante la misma, también inaugurará “varias obras”, entre estas puentes, carreteras y hospitales.

“Vamos a hacer una gira de aquí a diciembre. Aparte de estar inaugurando varias obras que van a estar listas de puentes, carreteras, hospitales, escuelas, los deportivos estos de México Imparable, me voy a dedicar a una gira del IMSS-Bienestar”, dijo en Palacio Nacional.

Supervisará situación de hospitales del IMSS-Bienestar

Sheinbaum Pardo precisó que su visita a los hospitales consistirá en reunirse con los directores y coordinadores regionales, así como con el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, para “escucharlos” y conocer las problemáticas que hay en cada clínica.

Destacó que esto último, a pesar de que se reúne todos los lunes con el gabinete de Salud. No obstante, también resaltó que asistirá el secretario de Salud, David Kershenobich.

“Me voy a reunir con los directores de todos los hospitales y los coordinadores regionales y el director general del IMSS-Bienestar en los 24 estados donde está el IMSS-Bienestar.

“Voy a visitar hospitales, voy a visitar centros de salud para escucharlos, para ver cuál es la problemática, qué es lo que falta, porque tengo reuniones todos los lunes con el gabinete de Salud. Va el secretario de Salud también”, dijo en su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’.

Mencionó que durante sus visitas a los hospitales también buscará escuchar “a la gente” y a los trabajadores, no solo para identificar posibles inconformidades, sino también para avanzar en la incorporación de los nuevos sistemas digitales en los consultorios.

“Hay algunos hospitales donde ha costado trabajo. También para pedirles a los directores que nos ayuden en la digitalización. Entonces, es para escuchar, ver y seguir avanzando en el IMSS-Bienestar y de paso, pues vamos a revisar la instalación y el avance de los consultorios. Entonces, a eso nos vamos a dedicar de aquí a diciembre”, puntualizó.

Finalmente, comentó que la gira comenzará hoy en Hidalgo y este fin de semana también visitará los hospitales en Estado de México.

“Y hoy vamos a Hidalgo y también vamos-- este fin de semana nos toca Hidalgo y el Estado de México”, concluyó.

Trabajadores del IMSS protestan en CDMX y Edomex

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron bloqueos la noche del jueves en distintas vialidades del Estado de México para exigir un aumento salarial directo de 10%, abasto de medicamentos y mejores condiciones laborales.

Una de las movilizaciones se concentró en la carretera libre México-Pachuca, frente al Hospital General Regional 200 de Tecámac, en el kilómetro 42, colonia San Jerónimo Xonacahuacan.

El cierre complicó los traslados hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y afectó la conexión entre el Edomex, Hidalgo y la zona metropolitana.

También hubo cierres en los carriles laterales de la vía José López Portillo, en Villa de las Flores, Coacalco; en avenida Central, frente al HGR 196 de Ecatepec; y en Tlalnepantla, en laterales de Periférico Norte, cerca de la Unidad Médica Familiar 52 de Santa Mónica, además de la clínica 72, sobre avenida Gustavo Baz.

Las movilizaciones coinciden con las protestas de personal activo y jubilado del IMSS realizadas el 8 de octubre en la Ciudad de México.

Los inconformes también demandan equipo médico, contratación de personal, insumos y jubilaciones dignas.

Al cierre del reporte no había información sobre la duración de los bloqueos. Segob llamó al diálogo y pidió evitar afectaciones a terceros.

En su mensaje, Cuevas expresó que las protestas están encabezadas principalmente por jóvenes. Según planteó, esas acciones buscan defender derechos humanos frente a gobiernos a los que calificó de “corruptos y dañinos” para la ciudadanía.

La empresaria sostuvo que la movilización juvenil en Madrid le generó reconocimiento por “la lucha” que, a su juicio, llevan adelante los participantes. También destacó la valentía y la inteligencia de quienes asisten a las marchas y plantones: “Todo mi reconocimiento, todo mi reconocimiento a los jóvenes, principalmente por esta lucha”.

Cuevas aclaró que no opinaría sobre los asuntos internacionales ni sobre la política de otros países. “Sus temas políticos son de ellos y ellos los defienden”, afirmó durante el mensaje.

La política señaló que observa en los jóvenes una respuesta valiente para quienes los califican como parte de la “generación de cristal”. Para ella, las manifestaciones muestran que las nuevas generaciones “saben defender sus derechos humanos y sus naciones”.

“Para mí representa un gran orgullo por la valentía y la inteligencia de los jóvenes, a quienes muchos a veces señalan de ser la generación de cristal y nos están demostrando en todo el mundo que saben defender sus derechos humanos y sus naciones”

la exedil

El poder vuelve a las calles: españoles preparan huelga general

Mientras la exalcaldesa recorre las calles de España, las protestas han aumentado. De acuerdo con reportes de EFE, el domingo 4 de octubre se unieron más organizaciones a la protesta que hasta el último recuento suman más de 50 ciudades en manifestación, entre ellas Badajoz, Valencia, Madrid y otras; aunque en esta última ciudad, de acuerdo con organizaciones, ha concentrdo alrededor de unas 500 mil peronsas en la manifestación mientras que la Delegación del Gobierno estaría reportado la cifra a 70 mil participantes.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid prepara una huelga general, aunque hasta el momento se desconoce la fecha exacta; sin embargo, Valeria Racu, vocera de la organización, ha expresado que su objetivo es que la protesta sea histórica y la primera en su naturaleza celebrada desde el 2012 en el país.

Racu aseguró que ya se ha comunicado con grandes sindicatos del país, la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.), para organizar el paro.

El caso de Maricarmen expone la falta de vivienda asequible en España

El caso de Maricarmen Abascal provocó protestas en varias ciudades de España y colocó la vivienda en el centro del debate político. Esa versión sostiene que la jubilada fue desalojada después de no poder pagar un fuerte aumento de renta, aunque posteriormente alcanzó un acuerdo con la empresa propietaria para volver a su casa.

Las imágenes de Maricarmen mientras paramédicos la sacaban en camilla del departamento donde había vivido como inquilina durante siete décadas conmocionaron al país, según el medio. Las movilizaciones exigieron rentas más bajas, el fin de los desalojos y prohibir que fondos de inversión compren propiedades residenciales.

El movimiento de protesta derivó en una acampada instalada el 26 de septiembre en la Puerta del Sol de Madrid. En ese escenario, el gobierno de coalición de izquierdas presentó dos decretos para atender la crisis de vivienda, pero ambos fueron rechazados en el Congreso.

El primer decreto contemplaba suspender los desalojos de inquilinos vulnerables hasta 2030, extender dos años los contratos de renta que vencieran antes de 2028, aumentar los impuestos a los departamentos turísticos y restringir la compra de viviendas por fondos de inversión. La propuesta fue rechazada por 178 votos contra 172.

La segunda iniciativa planteaba la renovación automática de contratos de renta, una demanda de sectores de la izquierda y del Sindicato de Inquilinos. El Congreso la desechó por 184 votos contra 166.

El Partido Popular y Vox habían anunciado que votarían contra ambas propuestas. Junts per Catalunya también expresó su rechazo antes de la sesión, lo que dejó al gobierno minoritario sin los apoyos necesarios para aprobar los decretos.

Tras esa derrota parlamentaria, Pedro Sánchez convocó a elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre. En una comparecencia desde La Moncloa, reconoció errores de su gobierno y dijo: “Sé que nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto”.

El Gobierno nacional por medio del Ministerio del Interior publicó un proyecto de decreto de 24 artículos orientado a regular el derecho a la protesta y precisar la intervención de la Policía Nacional ante hechos de violencia, semanas después de que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, afirmara que no iba tolerar desmanes dentro de las universidades públicas.

La iniciativa busca actualizar la actuación estatal frente a las manifestaciones mediante prevención, diálogo, coordinación entre instituciones y protección de derechos. Al mismo tiempo, fija criterios para que las autoridades intervengan cuando se afecte el orden público o a terceros.

El decreto 003 de 2021 había establecido lineamientos para la acción de la fuerza pública, pero el Ministerio del Interior sostiene que no resolvió aspectos vinculados con la continuidad de servicios fundamentales y el abastecimiento durante los bloqueos.

Diálogo colectivo y actuaciones individuales contra hechos violentos

El proyecto establece que el diálogo y la mediación serán mecanismos prioritarios frente a una manifestación, pero no impedirán actuaciones individuales contra quienes cometan actos violentos. La regla de privilegiar esos recursos “constituye una regla de preferencia de medios de intervención respecto de la manifestación en su conjunto, y no un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia”.

La Policía Nacional podrá emplear la fuerza cuando detecte porte o uso de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios. La medida también contempla la retención de personas contra su voluntad y las agresiones contra civiles ajenos a la protesta, servidores públicos, uniformados, misiones médicas o misiones periodísticas.

El texto prevé que los gestores de convivencia y los equipos de diálogo mantengan un canal de comunicación durante toda la jornada de movilización. Esa obligación se considerará cumplida con el despliegue de esos equipos hacia la protesta en su conjunto, mientras las autoridades pueden actuar simultáneamente contra quienes ejecuten las conductas señaladas.

La propuesta dispone que la fuerza podrá utilizarse sin demoras injustificadas para prevenir, contener y detener delitos o actos de violencia, proteger la vida e integridad de las personas, preservar bienes y restablecer condiciones de seguridad y convivencia. El uso de la fuerza deberá ajustarse a los principios que lo regulan, mientras el diálogo continuará con quienes participen pacíficamente.

El Gobierno nacional plantea además que la mediación puede reanudarse incluso después de una intervención policial. Uno de los artículos señala: “El diálogo y la mediación podrán retomarse inclusive después de haberse empleado la fuerza, siempre que las acciones violentas hayan cesado y se adopten medidas orientadas a garantizar los derechos de quienes manifiestan pacíficamente y de quienes no participan en la manifestación”.

Más protestas, bloqueos y reclamos por el sistema de salud

Los eventos de protesta y conflicto manifiesto pasaron de 1.427 en 2022 a 2.046 en 2023, luego a 3.832 en 2024 y a 4.039 en 2025, de acuerdo con el Informe del Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo, citado por el Ministerio del Interior.

La conflictividad se registró en 536 municipios de los 32 departamentos y Bogotá D. C. El bloqueo o corte de ruta fue el mecanismo más frecuente, con 41% de los casos.

La región Caribe concentró 31% de esos episodios, seguida por la Andina, con 30%; la Pacífica, con 14%; la Orinoquía, con 9%; y la Amazonía, con 3%. Los reclamos también se extendieron a nuevos sectores: las protestas de usuarios del sistema de salud crecieron 121%, desde 107 eventos en 2024 hasta 236 en 2025.

La cartera encabezada por Rodrigo Lara considera que el decreto vigente no definió qué autoridad debe responder ante los bloqueos, ni estableció plazos de actuación o criterios para distinguir entre una interrupción que afecta el abastecimiento, la atención sanitaria o el paso de misiones médicas y aquella que persigue otro objetivo.

Entre los últimos avances se encuentra la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa del “ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes.

La principal exigencia se centra en la entrega de información por parte del Ejército mexicano. Los padres y madres sostienen que los archivos, comunicaciones y registros en poder de las Fuerzas Armadas pueden aportar datos para conocer el destino de los normalistas y establecer responsabilidades entre autoridades civiles, policiales y militares.

La marcha de este 26 de agosto de 2026 partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino, donde se prevé un mitin. Durante la movilización, los contingentes repiten los nombres de los estudiantes y reclaman que la investigación no vuelva a cerrarse sin esclarecer qué ocurrió con los 43 jóvenes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Concluye la marcha nacional por el 12 aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Aparte del regreso del GIEI, los padres de los normalistas de Ayotzinapa también le exigieron a la presidenta que actúe para esclarecer el caso, al tiempo que cuestionaron que se hable de investigaciones propias, sin que, según sus reclamos, se entregue toda la información que consideran relevante.

Además, continúan solicitando que el Ejército entregue folios, carpetas y documentación relacionada con la noche del 26 de septiembre de 2014.

Mario César González, padre de uno de los normalistas, se lanzó contra el gobierno federal, al asegurar que la actual administración federal “es el nuevo PRI. Yo les tenía confianza, y, desafortunadamente, es lo mismo. Vemos las represiones a las normales rurales”, sentenció.

En el templete de la plancha del Zócalo, los madres y padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, le mandaron un mensaje a la presidenta, Claudia Sheinbaum.

Una de sus exigencias más importantes, fue el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que retomen la investigación, que más avances ha presentado.

/mexico/2026/09/27/cidh-pide-preservar-avances-y-profundizar-investigacion-sobre-los-43-estudiantes-de-ayotzinapa-a-12-anos-de-su-desaparicion/

Asistentes a la marcha por el caso Ayotzinapa --principalmente, encapuchados--, con lonas y pintas, expresaron su rechazo al actuar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra, que ha sido cuestionado por ponerse de lado del Ejército y no de las víctimas de desaparición.

Desde que los normalistas desaparecieron, hace 12 años, en Iguala, Guerrero, ocho padres y madres han fallecido sin conocer el paradero de sus hijos.

El más reciente fue Francisco Rodríguez Morales, padre de Everardo Rodríguez Bello, quien murió en agosto de 2026.

Las familias que continúan la búsqueda mantienen la exigencia de verdad, justicia y esclarecimiento del caso.

Mientras los padres de los normalistas desaparecidos encabezan un mitin en la plancha del Zócalo, la retaguardia de la marcha continúa ingresando por 5 de mayo.

Al mismo tiempo, un grupo de encapuchados lanza petardos y causa daños en hoteles, bancos, edificios y equipo de medios de comunicación.

Ya en el templete, el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Isidoro Vicario Aguilar, llamó a los asistentes a continuar con la marcha de manera pacífica.

Tanto los padres, quienes sostienen las fotos de sus hijos, como el abogado comenzaron a lanzar consignas.

Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, tras lograr ingresar al Zócalo, dieron paso a un mitin, en el que comenzaron a pronunciar un discurso.

Los familiares de las víctimas se encuentran sobre un templete y su exigencia sigue siendo la misma: justicia y que los jóvenes aparezcan con vida.

Durante la marcha, sí hubo presencia del cuerpo de granaderos de la Ciudad de México, con el objetivo de replegar a los manifestantes.

En algunos puntos de la marcha, se reportaron enfrentamientos.

Los primeros contingentes de la marcha por el 12 aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa han ingresado al Zócalo de la Ciudad de México a través de la calle 5 de mayo.

Cabe señalar que algunas partes de la Plaza de la Constitución se encuentran protegidas con vallas, como Palacio Nacional.

Familiares detuvieron la marcha en el Antimonumento de los 43, donde realizaron el pase de lista de los estudiantes desaparecidos, agregando los nombres de quienes han perdido la vida en más de una década sin justicia en el caso.

“Nos faltan 43 y miles más”, denuncia Amnistía Internacional durante la marcha por los 12 años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

Cabe destacar que en México, los casos de personas desaparecidas y no localizadas ya superan los más de 135 mil registros, los datos son cuestionados por las organizaciones a nivel nacional e internacional.

El gobierno capitalino encabezado por Clara Brugada, mando a decenas de funcionarios de la Secretaría de Gobierno para ir en los extremos de los contingentes que se manifiestan, incluidos los padres de los 43 estudiantes.

La Brigada Humanitaria de Paz ha denunciado esta acción como una medida de encapsulamiento que restringe el derecho a la libre manifestación.

A su paso, manifestantes realizaron pintas en la exposición de fotografías que se encuentran en Paseo de la Reforma, las cuales resaltan al ejército mexicano.

Entre los mensajes que colocaron se encuentran:

• Narco traidores
• Ejercito asesino
• Harfuch asesino

Contingentes de normalistas de Guerrero, Michoacán y Zacatecas, ya se integran a la marcha por los 12 años del caso Ayotzinapa.

Los estudiantes portan una manta roja donde visibilizan el apoyo al caso por parte de la Confederación de estudiantes socialistas de México. También cargan con féretros de cartón pintados de negro y rojo, junto con una cruz que dice “Ayotzinapa”.

En una jornada que contempla cinco días de actividades, los padres portan fotografías con el rostro de cada uno de los estudiantes, con una consigna destacada en el movimiento: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Los padres se han encontrado con colectivos y organizaciones que les acompañarán, así como con estudiantes de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) quienes irán en contingente atrás de los padres.

Al mismo tiempo, las y los normalistas comenzaron a arribar y cerrar calles, iniciando la formación de contingentes, quienes arriban desde distintos puntos del país para acompañar a las familias.

Se estima que alrededor de mil personas se encuentran en Paseo de la Reforma, cerca del Ángel de la Independencia y la Glorieta de las Personas Desaparecidas.

Con los familiares de los 43 estudiantes al frente de los contingentes, la marcha comenzó a avanzar hacia el Zócalo, entre consignas de “¿Dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están?”, los manifestantes exhiben la inoperancia de un sistema que ha prolongado la justicia para los padres de los normalistas.

En sus redes sociales, el Observatorio Geopolítico de Movimientos Sociales escribió:“Los familiares de los normalistas de Ayotzinapa no son víctimas sin agencia política, son sujetos con capacidad para transformar este país sumido en la violencia estructural del narco capitalismo dependiente. Desde hace 12 años estamos con ellos y seguiremos con ellos”.

Previo a la manifestación, autoridades capitalinas dieron a conocer que, en las calles de Florencia y Hamburgo, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, personas encapuchadas comenzaron a arrojar piedras contra los uniformados.

Ante esta situación, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aseguraron una bolsa con piedras, botellas y otros objetos que podrían ser utilizados para agredir.

Autobuses con normalistas arribaron a la Ciudad de México para acompañar a los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, la marcha apenas inició su camino partiendo del Ángel de la Independencia.

Alrededor de 39 vehículos de pasajeros y dos camionetas registraron su entrada a través de la caseta de cobro de Tlalpan, por la autopista México-Cuernavaca.

/mexico/2026/09/26/caso-ayotzinapa-cndh-rechaza-categoricamente-haber-negado-atencion-a-los-padres-de-los-43-normalistas-desaparecidos/

A través de redes sociales, los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa emitieron una convocatoria para invitar al público en general a unirse a su causa en exigencia de justicia a más de diez años del caso que mantiene como incierto el paradero de los estudiantes:

“Lamentablemente, a 12 años de la desaparición forzada de nuestros hijos a manos del Estado, seguimos sin obtener verdad y justicia. No callemos ante la impunidad. ¡Acompáñanos! ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!"

/mexico/2026/09/26/amnistia-internacional-exhibe-que-a-12-anos-de-ayotzinapa-el-ejercito-aun-no-entrega-informacion-clave-pese-a-mandato-judicial/

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El incidente ocurrió en el edificio Water Street Associates (WSA), ubicado en 175 Water Street, en el bajo Manhattan, mientras modelos desfilaban con la colección otoño-invierno 2026 de COS, marca contemporánea perteneciente a H&M Group. Un grupo de aproximadamente cinco activistas de PETA irrumpió en la pasarela y comenzó a gritar consignas como “saquen la lana de la pasarela ahora” y “ovejas ensangrentadas y golpeadas por la lana”, según informaron CNN y The New York Times.

Kolb, sentado junto a una pared de ventanales al costado de la pasarela, se levantó y empujó a un manifestante hacia la pared. Videos difundidos por PETA y captados por el sitio Fashionista muestran cómo el ejecutivo arrebata los carteles con mensajes sobre crueldad animal, cubre la boca del manifestante con su mano y presiona su cara contra el vidrio.

Más adelante en las imágenes, Kolb aparece en el piso, con una pierna enredada alrededor de una activista y la mano sobre su boca, mientras los modelos continuaban su recorrido por la pasarela. Un grupo de guardias de seguridad llegó después para retirar a los manifestantes del lugar.

Kolb se disculpó y anunció que se reunirá con PETA

Al cabo de pocas horas del incidente, Kolb publicó una disculpa en Instagram Stories: “Reaccioné de forma inapropiada ante un incidente ocurrido hoy en un desfile. No era mi lugar intervenir. Debí haberle dejado la situación al equipo de seguridad”, según recogió CNN.

Al día siguiente, el lunes 14 de septiembre, Kolb amplió su postura en un comunicado difundido por NBC News: “Lo que ocurrió fue completamente ajeno a mi carácter, tanto personal como profesionalmente. Al revisar los videos, entiendo la reacción que generaron. Francamente, no me reconozco en esa persona”.

En ese mismo texto, aceptó la invitación de PETA para reunirse y disculparse en persona con los dos manifestantes. “No hay justificación para sujetar físicamente a otra persona. La seguridad debería haber manejado la situación y yo debería haberme apartado”, agregó.

Ese mismo día, el CFDA formalizó su decisión: la organización anunció que Kolb quedaría en licencia con revisión completa del caso. “El CFDA toma este asunto con seriedad. Como resultado, el señor Kolb estará en licencia mientras se realiza una revisión exhaustiva”, señaló una vocera de la institución en declaraciones al New York Times.

PETA acusa a H&M Group de encubrir maltratos en granjas de lana certificadas

PETA calificó la intervención de Kolb como una “agresión” a sus activistas y presentó una denuncia policial. La organización dijo considerar cargos penales, aunque Mason Melito, uno de los manifestantes, de 22 años y coordinador de campaña de PETA, aclaró a CNN que por el momento evalúan sus opciones y que su principal interés es hablar con Kolb.

Melito describió la reacción del ejecutivo como un reflejo de lo que, según PETA, ocurre en la industria lanera. “La violencia que el CEO del CFDA mostró hacia nosotros, en su intento de silenciarnos, refleja exactamente la violencia propia de la industria de la lana”, afirmó en declaraciones al medio estadounidense.

La protesta apuntó específicamente a COS por su uso de lana, en el marco de una campaña más amplia de PETA contra H&M Group para que abandone ese material en sus productos. La organización alega que una granja sudafricana con certificación Nativa —estándar utilizado por el grupo sueco— fue filmada en secreto maltratando ovejas, y que esa explotación vende su lana a través de un bróker que abastece a H&M Group con fibra “responsablemente” obtenida. CNN precisó, no obstante, que la investigación no encontró pruebas que vinculen de forma explícita esa granja con los productos terminados del grupo.

H&M Group suspendió dos granjas certificadas tras las denuncias de PETA

En respuesta a los señalamientos, H&M Group emitió un comunicado en el que señaló que, tras una investigación propia, suspendió las licencias de una granja de lana y una de mohair, a las que ya no les permite vender materiales con certificación. La empresa indicó que toda la lana virgen y el mohair que usa provienen de granjas certificadas bajo los estándares Responsible Wool Standard (RWS) y Responsible Mohair Standard (RMS), ambos administrados por Textile Exchange, según la declaración recogida por NBC News.

“El bienestar animal es muy importante para nosotros. Ningún animal debería sufrir daño en la fabricación de nuestros productos. Tomamos muy en serio las denuncias sobre incumplimientos de las certificaciones en las que confiamos”, sostuvo la empresa. H&M Group tiene como objetivo que, para 2026, el 100% de la lana que utilice provenga de granjas con certificación responsable, fuentes recicladas o fibras no animales.

La prohibición de pieles del CFDA para la Semana de la Moda de Nueva York no incluye la lana

El incidente pone en relieve una distinción clave en la política del CFDA: en diciembre de 2025, la organización anunció que, a partir de septiembre de 2026, quedarían prohibidas las pieles animales en todos los desfiles de la Semana de la Moda de Nueva York. En ese momento, PETA celebró la medida, una conquista simbólica vinculada a décadas de activismo —incluida la famosa protesta desnuda en el desfile de Oscar de la Renta en 1991.

No obstante, esa prohibición no abarca la lana ni otros productos derivados del esquilado de animales, lo que explica la vigencia de la campaña de PETA contra COS. El CFDA agrupa a más de 300 diseñadores y marcas, organiza la Semana de la Moda de Nueva York —cuya edición de septiembre de 2026 concluyó el martes 15— y celebra una gala anual de premios considerada el equivalente de los Óscar en la industria de la moda. Kolb ocupa la presidencia ejecutiva de la organización desde 2011.

La carretera que comunica Tegucigalpa con Danlí y el oriente de Honduras volvió a quedar habilitada este lunes después de varias horas de bloqueo protagonizado por transportistas de carga pesada en el sector de El Zamorano.

La protesta, motivada por el incremento sostenido en el precio de los combustibles, derivó en un enfrentamiento entre los manifestantes y elementos de la Policía Nacional cuando las autoridades ejecutaron un operativo para recuperar la circulación vehicular. El desalojo dejó un comisionado policial herido y un transportista detenido.

Los conductores habían colocado vehículos de equipo pesado sobre la carretera y bloquearon completamente el paso en uno de los principales corredores que unen la capital hondureña con la zona oriental del país.

El conflicto se intensificó cuando agentes de la Policía Nacional retiraron a los manifestantes y despejaron la carretera. Durante el operativo, los uniformados usaron gas lacrimógeno, mientras algunos transportistas reaccionaron de manera violenta ante la intervención policial.

Previamente, las autoridades habían advertido que, si los manifestantes no liberaban la vía de forma voluntaria, se usaría la fuerza pública para restablecer el tránsito.

En medio de los disturbios, un comisionado de la Policía Nacional resultó herido durante el enfrentamiento. Uno de los transportistas fue detenido, señalado de haber agredido físicamente al oficial.

Rechazan aumento a los combustibles

La protesta fue convocada por conductores de equipo pesado que cuestionan el impacto de los aumentos en el precio de los combustibles sobre sus actividades. Los transportistas sostienen que el encarecimiento de los carburantes incrementa de manera considerable los costos de operación y afecta directamente la rentabilidad de sus operaciones.

Para el sector, el combustible representa uno de los principales gastos del transporte de carga, por lo que los incrementos registrados de manera constante generan presión sobre quienes trabajan en el traslado de mercancías. Los manifestantes mantienen su demanda de medidas que permitan hacer frente al aumento de costos y esperan respuestas por parte de las autoridades.

Luego de la intervención policial, la carretera fue despejada y el paso vehicular quedó habilitado. Con la liberación de la vía se normalizó la circulación en el tramo que conecta la capital con Danlí y otros municipios del oriente del país.

Las autoridades mantienen atención sobre el sector debido a la tensión generada durante la protesta. El bloqueo había provocado preocupación entre conductores y usuarios de la ruta, importante para el transporte de pasajeros, mercancías y vehículos de carga.

La jornada dejó nuevamente sobre la mesa la necesidad de encontrar canales de diálogo entre el sector transporte y las autoridades, especialmente ante las dificultades que enfrentan los operadores para sostener sus actividades en medio de mayores gastos.

Los representantes del gremio esperan que sus planteamientos sean atendidos y que se puedan establecer mecanismos para evitar que las diferencias vuelvan a generar afectaciones.

Mientras avanzan las conversaciones, los usuarios de esta ruta retomaron sus desplazamientos habituales y las actividades comerciales de la zona continuaron con normalidad. El desarrollo de las próximas horas será clave para determinar si se generan nuevas protestas o no considerando el alto costo de vida que limita la subsitencia de los hondureños.

La fachada de la sede central del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), en Bogotá, fue rayada este domingo 6 de septiembre durante una protesta contra la eliminación de la palabra “niñas” en la comunicación institucional. La movilización, convocada bajo el nombre Marcha las niñas resisten, afectó la circulación en el sector.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a varias personas mientras escribían sobre los muros del edificio. Las autoridades atendieron el hecho con un operativo de seguridad en los alrededores.

La directora del Icbf, Carolina Restrepo Cañavera, informó en X que la respuesta fue coordinada por el Puesto de Mando Unificado (PMU), la Policía Nacional y la Policía de Infancia y Adolescencia. Según señaló, el dispositivo buscó proteger a los menores de edad que estaban en la zona.

Restrepo Cañavera sostuvo que los daños serán reparados y anticipó trabajos de pintura durante la madrugada. “A las 6 a. m.” la fachada estará recuperada, manifestó. Añadió que la entidad repetirá esa tarea si ocurren nuevos ataques contra el inmueble.

En otro mensaje, la funcionaria dijo que buscará identificar a quienes “promovieron o financiaron” los actos registrados. También mencionó la posibilidad de un uso político de la protesta, aunque no aportó nombres ni pruebas. La directora afirmó que las reformas internas del organismo continuarán con “más rapidez” pese a la movilización.

La manifestación se produjo en medio de críticas por cambios en el lenguaje oficial. Los asistentes cuestionaron que la referencia a las niñas desaparezca de los mensajes institucionales.

Restrepo respondió que las modificaciones seguirán en marcha y advirtió que el Icbf adoptará “todas las medidas judiciales” que considere necesarias tras establecer responsabilidades por los hechos.

Tras lo anterior, Naylea Barros, excandidata a la Cámara por Magdalena, cuestionó afirmó que esa modificación no constituye un asunto menor, sino una definición con implicaciones políticas.

“Quitar la palabra niña no es un detalle”, escribió Barros, quien sostuvo que nombrar a las menores resulta necesario para reconocer situaciones de violencia que las afectan de forma particular. “Si no se nombra, no se cuenta”, afirmó en su publicación.

La dirigente agregó que las niñas poseen “cuerpo, historia y violencias propias” y defendió el uso explícito del término en documentos, intervenciones públicas y políticas estatales. También informó que participó en una movilización convocada para rechazar esa exclusión del lenguaje institucional.

Barros señaló que los asistentes buscaron enviar un mensaje al Gobierno nacional. En su pronunciamiento, calificó el cambio como un “tecnicismo neofascista” y afirmó que, a su juicio, busca excluir a sectores con posiciones políticas distintas y desconocer avances en materia de derechos sociales.

La exrepresentante extendió su reclamo a otros grupos. Mencionó a mujeres, campesinos, integrantes de la comunidad Lgbtiq+ y movimientos alternativos.

“Las niñas se van a seguir mencionando”, manifestó Barros. Además, aseguró que continuará acompañando acciones de resistencia y defensa de los derechos de poblaciones que, según indicó, han sido objeto de intentos de invisibilización.

Por su parte, la exministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible Susana Muhamad también se pronunció sobre el debate. La dirigente publicó que las niñas “no se borran, se defienden” y advirtió sobre los efectos que podría tener la ausencia de esa expresión en los mensajes oficiales.

Muhamad afirmó que “pretender borrar” a las niñas del lenguaje institucional puede favorecer que permanezcan ocultas las violencias que padecen cada día.

La exfuncionaria destacó que las participantes de la concentración ejercían su derecho a la libre expresión. Su intervención se centró en la necesidad de conservar referencias directas a las niñas dentro de las comunicaciones públicas.

El representante a la Cámara por Antioquia, Alejo Toro, calificó como “indignante” la situación denunciada por sus copartidarios. El legislador sostuvo que primero se eliminó la expresión “niñas” de piezas del Icbf y luego se produjo un intercambio entre Enrique Gómez y la periodista Eva Rey.

Toro afirmó que Gómez le respondió a Rey que estaba “completamente equivocada” después de que la comunicadora recordara que en Colombia existen niñas víctimas de violación. El congresista consideró que ambos hechos no parecen aislados.

Para el representante, esa postura termina por ocultar las violencias específicas que enfrentan las menores. “Las niñas existen”, señaló, antes de insistir en que sufren violencia sexual y son titulares de derechos.

Finalmente, Toro pidió que el Gobierno nacional las reconozca, las nombre y atienda sus problemáticas.

Una protesta de actores y trabajadores de la industria audiovisual volvió a poner en el centro del debate el futuro de Hollywood y el impacto que podría tener la propuesta de fusión entre Paramount y Warner Bros. sobre el empleo y la producción en California.

Tal y como informó NBC Los Ángeles, la manifestación, realizada ayer, reunió a integrantes del sector que reclamaron la continuidad de las negociaciones con el fiscal general estatal, Rob Bonta, en medio de la preocupación por las consecuencias que una eventual integración empresarial podría generar sobre la actividad local.

La concentración incluyó una conferencia de prensa en la que los asistentes plantearon que el proceso no debe avanzar sin contemplar resguardos para los trabajadores. Durante la jornada, remarcaron que el objetivo central del reclamo es preservar los puestos laborales vinculados a la industria del entretenimiento y evitar que nuevas decisiones corporativas profundicen el traslado de producciones fuera del estado, de acuerdo con la cobertura de NBC Los Ángeles.

La protesta se centró en el impacto laboral de la operación

Quienes participaron de la movilización sostuvieron que la posible unión entre Paramount y Warner Bros. no puede analizarse únicamente desde una lógica empresarial. Afirmaron que cualquier negociación de esa magnitud debe considerar el efecto concreto sobre miles de personas que dependen de la actividad audiovisual en California, tanto delante como detrás de cámara.

Los manifestantes aseguraron que la inquietud no se limita a una discusión entre compañías, sino que alcanza a toda la estructura productiva que rodea a la industria del cine y la televisión. En ese sentido, advirtieron que una reconfiguración del mercado podría traducirse en recortes, reubicaciones o pérdida de oportunidades para técnicos, intérpretes y personal de distintas áreas.

También señalaron que la defensa del empleo forma parte de una discusión más amplia sobre el lugar que ocupa Hollywood dentro del mapa global del entretenimiento. Tal y como dijeron durante la actividad, la preocupación pasa por sostener la capacidad productiva de uno de los polos audiovisuales más reconocidos de Estados Unidos.

El reclamo fue dirigido al fiscal general Rob Bonta

Uno de los ejes de la manifestación fue el pedido para que el fiscal general de California, Rob Bonta, continúe las conversaciones con las empresas involucradas. Los asistentes expresaron que esperan que el funcionario mantenga abiertas las negociaciones alrededor de la propuesta y tenga en cuenta las demandas planteadas por el sector.

Durante la conferencia de prensa, los organizadores explicaron que la intervención estatal resulta clave para incorporar salvaguardas en un proceso que, a su entender, podría redefinir parte del negocio audiovisual en la región. De acuerdo con lo manifestado por los trabajadores, el rol de las autoridades no debería limitarse a observar el desarrollo de la operación, sino incluir una instancia de diálogo orientada a proteger la actividad y el empleo, como recogió NBC Los Ángeles.

Esa postura fue compartida por actores y representantes de distintos segmentos de la industria, que insistieron en la necesidad de que cualquier avance se produzca con compromisos claros respecto del mantenimiento de la producción en territorio californiano.

La continuidad de la producción en California apareció como otra demanda central

Además del componente laboral, la protesta hizo foco en la necesidad de garantizar que la producción cinematográfica permanezca en California. Los participantes remarcaron que el estado enfrenta desde hace años una competencia creciente de otros mercados que ofrecen incentivos para atraer rodajes, estudios y proyectos audiovisuales.

En ese contexto, advirtieron que una operación de gran escala como la planteada entre Paramount y Warner Bros. podría agravar esa presión si no existen compromisos concretos para sostener inversiones y puestos de trabajo en la región. A juicio del grupo movilizado, defender la producción local implica también resguardar el entramado económico que depende de ella.

Los trabajadores remarcaron que la fortaleza de Hollywood no se mide solo por el peso simbólico de su marca, sino por su capacidad real para seguir generando empleo, atraer proyectos y conservar infraestructura productiva. Por eso, insistieron en que las negociaciones deben contemplar mecanismos que eviten un debilitamiento del sector.

La movilización buscó instalar una discusión sobre el futuro de Hollywood

La protesta dejó en evidencia que la propuesta de fusión es observada con atención por quienes integran la industria del entretenimiento. Más allá del resultado de las conversaciones entre las compañías y las autoridades, la movilización expuso una preocupación concreta por el futuro de Hollywood y por las condiciones en que seguirá desarrollándose la producción audiovisual en California.

NBC Los Ángeles confirmó que los manifestantes insistieron en que su reclamo apunta a que las decisiones empresariales no se adopten al margen de sus consecuencias sobre los trabajadores. En esa línea, reiteraron que esperan avances en las conversaciones con Rob Bonta y una negociación que contemple tanto la continuidad de la actividad como la preservación del empleo local.

El 1 de septiembre de 2026, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Jaime Arizabaleta, radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley para sancionar con cárcel a manifestantes que usen capuchas para ocultar su identidad y participen en actos vandálicos, una iniciativa presentada junto a otros congresistas de la colectividad.

La propuesta plantea que quien “cometa acto vandálico aprovechándose del ocultamiento de su identidad” durante una manifestación, reunión, movilización o concentración pública reciba una pena de prisión de 54 a 96 meses y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Según el texto, la condena aumentará en dos terceras partes si se emplean artefactos o elementos peligrosos de fabricación artesanal, explosivos, sustancias corrosivas u otros medios con capacidad de causar daño a personas o a bienes públicos y privados.

El articulado también contempla sanciones para quien, por medios ilícitos, incite, dirija, constriña o proporcione recursos para obstaculizar de manera temporal o permanente vías de infraestructura o transporte que afecten la humanidad, la salud pública o la seguridad alimentaria: prisión entre 54 y 96 meses y la pérdida de inhabilidad de derechos y de funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión.

En rueda de prensa, el congresista Julio César Triana defendió que el proyecto de ley busca endurecer las penas contra quienes cometan hechos violentos durante protestas con el rostro cubierto y planteó que la condena sea “no excarcelable”, argumentando que el sistema actual permite que los detenidos recuperen la libertad con rapidez.

El coautor explicó que la iniciativa “tiene un espíritu esencial distribuido en dos modificaciones de nuestro ordenamiento penal”. Según detalló, la primera apunta a “crear un tipo penal en Colombia” para que “el ocultamiento de la identidad, cuando ese ocultamiento es utilizado para actos vandálicos”, tenga consecuencias penales más severas.

Además, sostuvo que el proyecto incorpora definiciones para facilitar su aplicación. “Da unas definiciones que le van a permitir al intérprete o al operador jurídico hacer más viable la aplicación de la norma”, afirmó, al justificar el alcance del articulado.

El segundo eje, según el congresista, se enfoca en los bloqueos. Triana argumentó que, aunque el legislador ya los tipificó, “dejó que fuera de dos a cuatro años”, lo que, en su opinión, ha derivado en que algunos casos terminen con libertad inmediata.

En ese punto, señaló que durante los bloqueos se pueden producir afectaciones graves. Dijo que en esas situaciones “se terminaba afectando la prestación de servicios públicos” y “se terminaba afectando la vida misma de los ciudadanos”.

Triana cuestionó la respuesta judicial vigente para ese tipo de conductas y aseguró que actualmente “terminaban con excarcelación. Una sola audiencia y se fueron”. A su juicio, la propuesta introduce un cambio central: “Extendemos ya de cuatro a ocho años y, por tanto, este delito no volverá a ser excarcelable”.

Congresista del Centro Democrático denunció haber sido perfilado y amenazado por el ELN por promover la ley ‘anticapuchas’ en la Cámara

El representante a la Cámara, Jaime Arizabaleta, denunció que fue amenazado y perfilado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por impulsar en el Congreso un proyecto de ley “anticapuchas”. En entrevista con Infobae Colombia, Arizabaleta relató que la primera alerta surgió cuando fue informado de un panfleto difundido en la Universidad de Antioquia en el que aparecía su nombre como promotor de la ley. En un primer momento, no presentó una denuncia formal porque la información le llegó a través de un tercero.

“La persona que lo expuso me dijo: ‘Jaime, ¿te puedo hacer una llamada?’. Yo le dije: ‘Sí’. Me llamó y me dijo: ‘Ve, eso es una agrupación clandestina de la Universidad de Antioquia que se denomina FUR, y eso es del ELN’. Pero yo no hice ninguna denuncia”, contó al medio.

“Más que un perfilamiento, yo considero que es una amenaza, porque si se leen las últimas líneas de esa columna, hablan de tomar acciones y, pues, digamos que es una organización que se dedica a matar”, dijo Arizabaleta. Explicó además que llevó el tema a la corporación porque el calendario legislativo entra en una etapa decisiva para su propuesta.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó el procesamiento sin prisión preventiva de 12 militantes de Greenpeace que se instalaron en las escalinatas del Congreso Nacional para protestar contra la Ley de Glaciares.

Están imputados por los delitos de violación de domicilio y desobediencia a un funcionario público, tras escalar las rejas del Palacio Legislativo, que estaban cerradas con candado, y luego ingresar a un sector restringido.

Los hechos se registraron el 26 de febrero pasado, cuando los activistas distribuyeron inodoros a lo largo de las escaleras, se sentaron sobre ellos y exhibieron carteles con la consigna: “Senadores, no se caguen en el agua. La Ley de Glaciares no se toca”.

El fallo sostuvo que no correspondía la prisión preventiva porque los acusados tienen arraigo, comparecieron cuando fueron citados y no surgían riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. A la vez, ordenó trabar embargo sobre los bienes de cada imputado por $2.000.000.

Los procesados son Marcos Alejandro Policer, Abril Inés Castellano, Manuela Celeste Zalazar, Sol Aylén Klausek, Juana Inés Serra, Mailén Alicia Miranda Vaquera, Carla Mariel Guidi, Luciana Mariel Rivero, Diana Lucía Suárez Smeke, Cynthia Ayelén Moreno Gallo, Iwan Alfredo Núñez Romero y Pablo Alejandro Blefari.

El fallo

Martínez de Giorgi consideró que la protección constitucional de la libertad de expresión, reunión y protesta no convierte en lícito el ingreso sin autorización a un ámbito expresamente excluido del acceso público.

En su resolución, indicó que hubo desobediencia porque existía una “orden tácita e inequívoca” exteriorizada por las rejas cerradas con candados y por el dispositivo de custodia policial montado en el lugar. En ese marco, escalar el vallado e ingresar al perímetro fue considerado un incumplimiento deliberado de la restricción de acceso.

Para fundamentar la supuesta violación de domicilio, el magistrado señaló que el sector restringido del Congreso debía ser asimilado a una dependencia de una casa o un negocio, ya que se trata de un espacio materialmente delimitado en el que una autoridad gubernamental ejerce facultades de admisión y exclusión.

Agregó que la ausencia de violencia física, la falta de daños materiales o el horario de escasa circulación no eliminan la tipicidad penal. Tampoco consideró decisivo el argumento de que en el instante inicial no hubiera policías visibles, porque la restricción de acceso ya estaba expresada por las rejas cerradas con candado.

Los hechos

El sumario se inició a raíz de un procedimiento de la División Delitos Constitucionales de la Policía Federal Argentina, que detectó que un grupo de personas había trepado las rejas del edificio e irrumpido en sus escalinatas, el mismo día en que se debatía la denominada Ley de Glaciares.

Dos de los participantes resultaron detenidos cuando se retiraban por Hipólito Yrigoyen, a la altura de Solís.

Durante el operativo fueron secuestrados elementos que utilizaron los manifestantes para la protesta: una cámara GoPro, una mochila con botellas de agua, banderines amarillos con la leyenda de la protesta, equipos de comunicación Kenwood, un teléfono celular Samsung, bolsas de tela verdes, frascos con crema, cintas con la inscripción “senadora”, cuatro banderas y siete inodoros plásticos blancos, seis de ellos con carteles que decían “Ley de Glaciares”.

Cuando fueron llamados a indagatoria, todos los imputados afirmaron que la intervención formaba parte de una campaña institucional destinada a promover la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.

En su planteo, la defensa sostuvo que se trató de una manifestación pacífica y no violenta, sin daños materiales, sin afectación de bienes públicos y sin intención de ocupación permanente. También argumentó que la protesta se realizó cuando no había actividad en el Congreso ni circulación significativa de personas, precisamente para evitar interferencias con el uso habitual del espacio.

Unas semanas después de realizar la protesta en el Congreso, otro grupo de manifestantes vandalizó la estructura del Monumento de los Dos Congresos. Se treparon para colgar dos carteles que decían “Diputados: no traicionen a los argentinos” y “La Ley de Glaciares no se toca”.

“Nuestra tierra no es un lugar de paso. Es nuestro hogar”: con este mensaje, jóvenes de San Pablo Huitzo, Oaxaca, se sumaron a las acciones comunitarias para denunciar posibles afectaciones al agua, los suelos y el territorio relacionadas con la operación de una caseta de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la autopista 135D.

Por medio del colectivo OCCAMA, las juventudes de esta población reivindicaron su derecho a participar en las decisiones que puedan tener consecuencias ambientales para la comunidad. También demandaron información sobre las condiciones de los arroyos y pozos de la zona, ante los señalamientos por descargas de aguas negras, acumulación de basura y abandono de materiales carreteros.

Las denuncias derivaron en tres días de movilizaciones en la Plaza de Cobro 78 Huitzo, donde pobladores permitieron el paso libre de automovilistas, cerraron temporalmente algunos establecimientos y realizaron bloqueos intermitentes. Las protestas terminaron después de que autoridades y representantes de CAPUFE firmaron una minuta para atender 15 planteamientos formulados por la comunidad.

Jóvenes de San Pablo Huitzo se suman a la defensa de la tierra y el agua

El colectivo OCCAMA manifestó su respaldo a las acciones emprendidas “en defensa por la tierra, el agua, medio ambiente y el territorio” de San Pablo Huitzo, municipio ubicado en la región de los Valles Centrales de Oaxaca.

En su posicionamiento, la organización señaló que los habitantes llevan años alertando sobre posibles afectaciones al suelo y a las fuentes de agua relacionadas con la infraestructura carretera que atraviesa el territorio comunal.

“Como juventudes, no queremos heredar problemas que pudieron prevenirse”, expresó el colectivo. Además, planteó tres demandas centrales: conocer qué está sucediendo en la zona, participar en las decisiones que afectan el territorio y conseguir que las autoridades escuchen las denuncias y actúen para proteger los recursos naturales.

La participación de los jóvenes amplió el sentido de la movilización. La protesta no se concentró únicamente en exigir reparaciones inmediatas, sino también en defender el derecho de las nuevas generaciones a recibir un territorio libre de contaminación y con fuentes de agua aptas para el consumo humano y las actividades agrícolas.

Los mensajes difundidos durante las movilizaciones presentaron a San Pablo Huitzo como una comunidad que busca decidir sobre el uso, protección y conservación de su territorio. Los participantes insistieron en que la autopista no debe operar sin considerar sus impactos sobre la vida comunitaria, los cauces naturales y las tierras cercanas.

Pobladores denuncian aguas negras, basura y afectaciones en arroyos

Habitantes y autoridades comunitarias atribuyeron las afectaciones a deficiencias en el manejo de las aguas residuales generadas en instalaciones administradas por CAPUFE, así como a la falta de limpieza y mantenimiento del derecho de vía de la autopista Oaxaca-Cuacnopalan.

El presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Pablo Huitzo, Jesús Cruz López, denunció que la planta de tratamiento vinculada con la caseta funcionaba presuntamente como un depósito de aguas negras, las cuales eran vertidas hacia el arroyo Cañada Corazón y llegaban posteriormente a un bordo.

De acuerdo con los pobladores, la contaminación habría alcanzado pozos que abastecen de agua a habitantes de la Tercera Sección. La comunidad también reportó la posible presencia de coliformes fecales en fuentes de abastecimiento, por lo que pidió estudios técnicos independientes que permitan determinar el alcance del problema y los riesgos para la salud.

Entre las principales afectaciones señaladas por los habitantes se encuentran:

• Descargas de aguas residuales hacia arroyos, cañadas y barrancas.
• Posible contaminación de pozos de agua potable.
• Acumulación de basura, llantas y desechos en el derecho de vía.
• Presencia de gravilla, escombro y residuos de asfalto en los cauces.
• Arrastre de materiales contaminantes durante la temporada de lluvias.
• Falta de mantenimiento y cierre frecuente de sanitarios en las casetas.
• Afectaciones a terrenos agrícolas ubicados en las inmediaciones de la carretera.

Las autoridades locales afirmaron que el cierre de los baños provocó que algunos conductores utilizaran las inmediaciones de la autopista para realizar sus necesidades, lo que generó condiciones insalubres y nuevos focos de contaminación.

Los comuneros también acusaron que los residuos abandonados en el tramo carretero son arrastrados por las lluvias hacia los afluentes del río Atoyac, lo que extendería las consecuencias ambientales más allá del área inmediata de la caseta.

Tres días de protestas para exigir respuestas a CAPUFE

La asamblea general de San Pablo Huitzo había decidido movilizarse después de considerar insuficientes los resultados de las reuniones sostenidas con autoridades. Los representantes comunitarios aseguraron que participaron en alrededor de 10 mesas de trabajo, pero los compromisos sobre limpieza, saneamiento y mantenimiento no se habían materializado.

El lunes 17 de agosto comenzó la protesta en la caseta de Huitzo. Los habitantes permitieron el paso gratuito a los automovilistas para visibilizar sus demandas y colocaron pancartas en defensa del agua y el territorio.

Durante los días siguientes, la movilización se extendió a las instalaciones sanitarias y tiendas de conveniencia de la zona. También se registraron bloqueos temporales sobre la autopista, mientras la comunidad exigía la presencia de funcionarios con capacidad para establecer acuerdos y plazos concretos.

La protesta fue presentada como una acción pacífica ante la falta de soluciones. Los habitantes sostuvieron que no buscaban obtener un privilegio, sino obligar a las autoridades a cumplir sus responsabilidades ambientales y reparar los daños que, presuntamente, ha provocado la operación de la infraestructura federal.

CAPUFE firma minuta para atender 15 demandas comunitarias

Después de tres jornadas de movilización, representantes de la comunidad y de CAPUFE instalaron una mesa de diálogo el miércoles 19 de agosto en las oficinas del Centro SICT Oaxaca.

En la reunión también participaron representantes de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y autoridades estatales y locales.

Las partes revisaron los 15 planteamientos que San Pablo Huitzo había presentado desde el 13 de agosto. Como resultado, CAPUFE aceptó retirar en un plazo máximo de un mes los materiales acumulados en el derecho de vía entre los kilómetros 215 y 220.

Los acuerdos contemplan además las siguientes acciones:

• Retirar el material acumulado en el derecho de vía entre los kilómetros 215 y 220 de la autopista, en un plazo máximo de un mes.
• Realizar un recorrido conjunto con habitantes para identificar los sitios afectados y programar las labores correspondientes.
• Inspeccionar los arroyos donde la población denunció acumulación de escombro y gravilla, con el objetivo de determinar los trabajos de limpieza y desazolve.
• Solicitar al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) un diagnóstico sobre las condiciones de los arroyos y cañadas señalados por la comunidad.
• Revisar con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alternativas técnicas para la construcción de un vado y la instalación de tubería.
• Informar a la población sobre los avances de las gestiones y establecer plazos para los compromisos que requieren estudios especializados.

Según la minuta, CAPUFE deberá presentar el martes 25 de agosto información sobre la solicitud del diagnóstico al IMTA y las acciones que podrían realizarse a partir de sus resultados. La comunidad, por su parte, liberó la plaza de cobro alrededor de las 18:00 horas del miércoles. Medios locales oaxaqueños dieron cuenta de estos compromisos.

La dependencia se comprometió además a detener cualquier descarga de aguas residuales mientras se desarrollan los trabajos necesarios y a elaborar un proyecto integral para su tratamiento. Para la Plaza de Cobro Bis 12, donde fue reportado un derrame de aguas negras, propuso construir una planta de tratamiento y clausurar temporalmente los baños.

La minuta contempla también inspecciones conjuntas en los arroyos afectados por escombro y gravilla, labores de limpieza y desazolve, así como la revisión de alternativas para construir un vado e instalar tubería.

Otro de los acuerdos consiste en solicitar al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) un diagnóstico técnico de las condiciones de los cauces. CAPUFE deberá informar el 25 de agosto sobre los avances de esta gestión y las acciones que podrían emprenderse a partir de sus resultados.

Comunidad suspende bloqueos, pero vigilará el cumplimiento

Tras la firma de la minuta, los habitantes liberaron la Plaza de Cobro 78 durante la tarde del miércoles. La decisión no significó el cierre definitivo del conflicto, pues la comunidad advirtió que dará seguimiento a los trabajos y verificará el cumplimiento de cada compromiso.

En medio de las movilizaciones, el Congreso de Oaxaca también exhortó a CAPUFE a atender de manera integral la problemática. El llamado incluyó la realización de una investigación técnica independiente sobre la posible contaminación por coliformes fecales en pozos, bordos, arroyos y barrancas.

El Legislativo estatal solicitó medidas de prevención, contención, saneamiento y restauración ambiental, además de una mesa permanente de diálogo con evaluaciones de laboratorio, fechas delimitadas e indicadores de cumplimiento.

Para los defensores del territorio y los jóvenes de San Pablo Huitzo, la minuta representa solamente el comienzo de una ruta de atención. El resultado dependerá de que los acuerdos se traduzcan en obras, limpieza de cauces, suspensión efectiva de las descargas y estudios capaces de determinar el impacto ambiental sobre el agua y los suelos de la comunidad.

El presidente municipal de San Salvador, Hidalgo, Norberto Martínez Cruz, y otras 14 personas fueron liberados durante la madrugada de este miércoles tras permanecer retenidos durante casi 18 horas en la comunidad de La Flor, donde habitantes exigían respuestas por obras pendientes.

El operativo de la Secretaría de Seguridad Pública estatal para rescatar a los funcionarios derivó en un enfrentamiento con aproximadamente 300 pobladores, que dejó 10 policías lesionados y siete personas detenidas.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia, los hechos comenzaron alrededor de las 10:00 horas del martes 18 de agosto, cuando habitantes de La Flor irrumpieron en la Presidencia Municipal durante una reunión y sacaron al alcalde para trasladarlo a la comunidad.

Los pobladores exigían respuestas de la administración municipal por proyectos y obras que permanecían pendientes o inconclusos. El alcalde no fue el único funcionario retenido. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó posteriormente que en el auditorio de usos múltiples también permanecían otros trabajadores municipales y estatales.

La situación se prolongó durante el resto del martes, mientras autoridades estatales mantenían comunicación con los habitantes para intentar alcanzar un acuerdo y conseguir la liberación de las personas.

El operativo ocurrió durante la madrugada

La intervención policial se realizó alrededor de las 04:00 horas de este miércoles, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal ingresaron a la comunidad para liberar a las personas retenidas.

La dependencia confirmó que fueron 15 personas las rescatadas: el presidente municipal y otros 14 funcionarios y trabajadores que permanecían en el auditorio de usos múltiples.

Entre ellos estaban la secretaria del alcalde, el director de Obras Públicas, un integrante del área de Catastro, un contador, regidores y trabajadores del Gobierno estatal. Todos fueron localizados en el mismo inmueble y posteriormente puestos a salvo.

Alrededor de 300 habitantes enfrentaron a los policías

El despliegue provocó un enfrentamiento entre los agentes y un grupo de aproximadamente 300 habitantes, quienes, según la Secretaría de Seguridad Pública, utilizaron piedras y palos contra los elementos que participaban en el operativo.

El saldo fue de 10 policías lesionados, quienes recibieron atención médica en hospitales cercanos.

La corporación no detalló la gravedad de las heridas, aunque confirmó que los agentes fueron trasladados para recibir atención después de la agresión.

Siete personas fueron detenidas

Durante la intervención también fueron detenidas siete personas: tres hombres y cuatro mujeres.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, donde quedaron a disposición de la autoridad ministerial para el inicio de las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía deberá determinar ahora la posible responsabilidad de estas personas en los hechos, así como las circunstancias en las que el alcalde y los demás funcionarios permanecieron retenidos.

San Salvador ya había retenido al alcalde

El municipio de San Salvador ya había enfrentado episodios similares antes de la retención ocurrida este miércoles. Apenas en marzo, habitantes de distintas comunidades retuvieron al alcalde Norberto Martínez y bloquearon durante más de 10 horas la carretera México-Laredo, a la altura de Caxuxi, después de que no lograran un acuerdo sobre la distribución del presupuesto destinado a las localidades.

Los pobladores reclamaban que se mantuvieran los recursos correspondientes al techo financiero de sus comunidades. Según reportes de aquel momento, acusaban una reducción respecto del presupuesto del año anterior; en el caso de Caxuxi, señalaron que el monto pasaría de 2.4 millones de pesos en 2025 a 2.1 millones en 2026.

La protesta comenzó con la toma de la Presidencia Municipal y posteriormente derivó en la retención del alcalde y el bloqueo carretero. El conflicto terminó después de que representantes de las comunidades sostuvieron una mesa de diálogo con el Gobierno de Hidalgo y se acordó continuar las negociaciones sobre los recursos.

Otro antecedente ocurrió en agosto de 2025, cuando habitantes de Caxuxi retuvieron al entonces director de Obras Públicas, Fernando Trío Padilla, y lo trasladaron desde la cabecera municipal hasta la comunidad. Los pobladores también bloquearon la carretera México-Laredo y, de acuerdo con reportes de aquel momento, el conflicto estaba relacionado con demandas de obra pública.

Con esos antecedentes, la retención de 15 personas este miércoles representa un nuevo episodio dentro de una serie de conflictos comunitarios en San Salvador en los que los reclamos por presupuesto y obras públicas han terminado en bloqueos carreteros y retenciones de funcionarios.

Pobladores increpan a alcalde de San Salvador, Hidalgo

En el video que ya circula en redes sociales, se puede ver a la multitud interrumpir la sesión de cabildo; al inicio, es rodeado por mujeres, a quienes Martínez Díaz trata de calmar, una de ellas lo toma del brazo y es ahí cuando todo se sale de control.

El alcalde se levanta y trata de zafarse de las mujeres, por lo que otros pobladores intervienen; es ahí cuando la violencia física contra el presidente municipal estalla, ya que en su intento de liberarse, más pobladores se suman y lo retienen.

Rodeado de hombres y poniendo resistencia, Martínez Díaz fue sacado de las oficinas del Palacio Municipal para ser traslado a la comunidad que le demanda atención a los proyectos solicitados.

Durante la trifulca se puede escuchar a una mujer que pide la liberación del alcalde, la grabación muestra la llegada de presuntos policías, sin embargo, no intervienen para evitar el traslado del mandatario local.

Información de medios locales precisa que los pobladores también retuvieron a tres funcionarios más y dos patrullas.

“No fueron las formas”, dice el gobierno

Obras pendientes y proyectos prometidos e incumplidos, los motivos que habrían detonado la molestia de los manifestantes; tras lo sucedido, el titular de la Secretaría de Gobierno de Hidalgo (Segobh), Guillermo Olivares Reyna, reconoció que las demandas son legítimas, pero condenó las formas violentas que aplicaron:

“No fueron las formas más adecuadas y es algo en lo que insistimos mucho, no deben generar planteamientos de esta forma, sino en torno al respeto, expresar sus demandas y necesidades guardando la conducta que debe tenerse entre cualquier autoridad y la población en general”.

Comentó que las autoridades ya atienden las demandas a través del diálogo, detalló que algunas de las exigencias ya habían sido atendidas con anterioridad, sin embargo, se mantienen las conversaciones:

“Hay ya diálogo desde hace algunos momentos entre el presidente municipal y la comunidad de La Flor, allá en el municipio de San Salvador. Esperamos que en unos minutos más se pueda resolver el tema”.

El titular reconoció que el “diálogo respetuoso” debe prevalecer y que desde el gobierno estatal no será permisivo: “No falta alguien que piense que se deben comportar con violencia y así piden las cosas, pero no es así, debe prevalecer el diálogo respetuoso... Luego no falta que piense alguien que está en los tiempos de antes, pero siempre se han reconsiderado las conductas y prevalece el diálogo respetuoso. Ante todo debe haber una conducta respetuosa”.

El gobierno del estado aseguró que se mantiene el diálogo con la población y confían en que las demandas sean atendidas.

El incidente se produjo luego de las medidas anunciadas por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori para atender el impacto del alza de los combustibles, tras lo cual distintos gremios comenzaron a apartarse de la paralización. Sin embargo, el Frente de Defensa de Ucayali (FREDEU) mantuvo su posición de continuar con las protestas y rechazó inicialmente el levantamiento de la medida.

Enfrentamiento en Campo Verde termina con patrullero incendiado

De acuerdo con la Policía Nacional, alrededor de 200 personas atacaron una camioneta de la Unidad de Servicios Especiales de la Región Policial Ucayali, de placa PK-26460, que posteriormente fue incendiada y quedó seriamente afectada.

El video registrado por testigos muestra a presuntos manifestantes con el rostro cubierto volteando la unidad en el kilómetro 30-34 de la carretera Federico Basadre, en el distrito de Campo Verde. Los agentes tuvieron que recurrir a gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y restablecer el tránsito.

El hecho dejó finalmente 14 policías heridos, quienes recibieron atención médica. También se reportaron civiles afectados durante los disturbios.

Tras el enfrentamiento, la Policía realizó un operativo que permitió detener a varias personas. Inicialmente se informó sobre 11 detenidos, aunque posteriormente la cifra reportada llegó a 13 intervenidos, entre ellos un menor de edad, quienes fueron trasladados a una dependencia policial para continuar con las diligencias.

La responsabilidad de cada uno deberá ser determinada durante las investigaciones. La sola presencia de una persona en el lugar de los hechos no constituye, por sí misma, prueba de participación en los actos de violencia.

¿Por qué se produjo el enfrentamiento?

El incidente ocurrió en medio de la fractura que empezó a evidenciarse dentro de la protesta. Los principales gremios de transportistas habían decidido retirarse de la medida y abrir una salida a la paralización, mientras el FREDEU insistía en mantener el bloqueo de las vías.

El secretario general del FREDEU, Eler Romaina, había rechazado el levantamiento y sostuvo que cualquier organización que decidiera retirarse lo haría por cuenta propia. “El único que debe levantar esta huelga es el secretario del Frente de Defensa”, afirmó.

El dirigente también exigía la presencia del Consejo de Ministros en Ucayali para atender las demandas de la región.

En este contexto, Romaina anunció que acudirían a Campo Verde para verificar las condiciones de la protesta. Poco después se produjo el enfrentamiento con los agentes que habían llegado para liberar la carretera.

Cinco días de bloqueo dejaron pérdidas y afectaron a pacientes

Los enfrentamientos se suman a las consecuencias que la paralización había generado durante los días anteriores. En Campo Verde, comerciantes de productos perecibles quedaron varados por los bloqueos y parte de su mercadería terminó descomponiéndose ante la imposibilidad de trasladarla hasta los mercados.

La interrupción de las carreteras también afectó el traslado de pacientes. Durante el cuarto día de protesta se reportó la muerte de un hombre que padecía un accidente cerebrovascular (ACV) mientras era trasladado en una ambulancia que encontró dificultades para avanzar por los bloqueos.

La medida también generó rechazo de un sector de la población. En Yarinacocha, vecinos retiraron llantas, maderas y otros objetos colocados en las vías para impedir el tránsito, al señalar que las restricciones estaban perjudicando sus actividades.

Dirigente denunció presuntos infiltrados

En medio de las protestas, Romaina denunció, sin pruebas, la presunta presencia de “ternas” infiltrados que, según su versión, habrían llegado desde Lima para provocar disturbios y enfrentamientos con la Policía.

El dirigente aseguró que algunos ya habían sido identificados.

Durante la cobertura de las protestas también se registró un incidente con la periodista Diana del medio local Vigía de la Amazonía, quien fue agredida verbalmente y obligada a interrumpir su labor cuando personas del FREDEU intervinieron a un ciudadano señalado como presunto agitador. La versión de que se trataba de un “terna” tampoco fue corroborada.

Durante el evento de la entrega del programa de Pensión Mujeres Bienestar en Naucalpan, Estado de México, miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se manifestaron para exigir el cumplimiento de sus demandas a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien les prometió una reunión con su equipo.

Gobierno de Sheinbaum carga con pendientes de AMLO

Cuando la mandataria tomó el micrófono para hablar, los inconformes comenzaron a gritar, a tal punto que lograron interrumpir el momento, al tiempo que Sheinbaum intentaba calmar la protesta con la promesa de atenderlos al terminar el evento y dar seguimiento a los acuerdos a los que llegaron con el expresidente Andrés Manuel López Obrador:

“Compañeros, ya afuera ya les dije, ya les comenté allí a sus compañeros que les vamos a dar una reunión con un equipo del gobierno para que se dé seguimiento al acuerdo que tomaron con el presidente”.

La titular del Ejecutivo Federal aseguró que en dos años los acuerdos pactados han ido avanzando, sin embargo, reconoció que falta dar respuesta a “algunos trabajadores”; adelantó que, la reunión se llevaría a cabo con un equipo de trabajo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado para dar seguimiento a sus demandas:

“¿Sí quieren la reunión? ¿Sí quieren la reunión o no? ¿Sí? Bueno. Los va a recibir un equipo del Gobierno con el Instituto Nacional para Devolver, siempre cumplimos nuestra palabra, para Devolver al Pueblo lo Robado, para darle seguimiento. Se ha avanzado en los dos años, pero todavía nos faltan algunos trabajadores”.

¿Qué demandan los trabajadores del SME?

Los extrabajadores que conforman el Frente Amplio de Unidad, pertenecientes a una de las disidencias del SME, increparon a la presidenta tanto afuera como adentro de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc del IMSS, donde se desarrolló el evento de Bienestar.

Entre sus principales demandas se encuentra la reinserción laboral de extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, además del respeto a los derechos y el reconocimiento a la antigüedad de los trabajadores.

Así fue el convenio que López Obrador firmó para pensiones vitalicias del SME

En septiembre de 2024, el expresidente López Obrador firmó un convenio para crear el Sistema de Compensación Vitalicia por Justicia Social, un mecanismo de pensiones para extrabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que quedaron fuera de los beneficios de seguridad social tras el cierre de Luz y Fuerza del Centro.

El convenio incorporó un nuevo criterio: las semanas cotizadas en el IMSS como factor para determinar si los trabajadores cumplen los requisitos del decreto. Alberto Becerra Mendoza, quien era el titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, explicó que ese ajuste permitiría resolver los casos pendientes de documentación.

Al momento de la firma, 7 mil 233 extrabajadores ya recibían el beneficio, según datos oficiales. Becerra Mendoza señaló que existía un remanente de aproximadamente mil 350 personas que entregaron su documentación en tiempo y forma, a quienes se les aplicaría el nuevo criterio para determinar si eran elegibles.

López Obrador calificó el acto como “un compromiso pendiente” y “uno de los últimos de su gobierno”. Sostuvo que con el cierre de Luz y Fuerza del Centro, decretado en 2009 durante el gobierno de Felipe Calderón, se excluyó de sus derechos a 40mil trabajadores electricistas.

El documento fue firmado por Becerra Mendoza, por Zoé Robledo como director general del IMSS y por Marath Baruch Bolaños, secretario de Trabajo y Previsión Social.

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Público (SEP), respaldó la recuperación de Canal Once: “Ningún grupo puede mantener secuestrada su operación”, escribió desde su cuenta oficial en ‘X’ al referirse al fin de la toma encabezada por los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Delgado sostuvo que el canal público “está al servicio del pueblo de México desde hace décadas” y afirmó que las inconformidades de sectores del IPN seguirán en mesas de diálogo ya instaladas.

El secretario felicitó a los trabajadores y a la directora de la emisora, Renata Turrent, “quienes de manera pacífica recuperaron las instalaciones de su centro de trabajo y su acervo histórico audiovisual”. Sin embargo, esta postura es contraria a la de los estudiantes, pues a través de sus redes sociales compartieron un comunicado narrando su versión de los hechos.

La versión estudiantil del regreso a actividades de Canal Once

A través del Instagram en la cuenta ipngeneral, los estudiantes que han participado en la toma de las instalaciones de Canal Once desde mayo publicaron un comunicado de prensa donde afirmaron que la recuperación del inmueble se dio a través de operativo encabezado por presuntos trabajadores y, según los alumnos ocurrió sin aviso y fuera de lo discutido en la segunda mesa de trabajo, en la que participaron un subsecretario de Educación Pública y el área jurídica de la emisora.

Esto contradice la versión oficial de los hechos, donde presuntamente la recuperación del inmueble se hizo de manera pacífica. Esta versión también fue respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia La Mañanera del Pueblo, además, la mandataria anunció la apertura de carpetas de investigación para los estudiantes que participaron en la toma de la emisora.

Los estudiantes exigieron que las autoridades educativas y Canal Once expliquen públicamente por qué actuaron fuera de lo acordado. También afirmaron que cuentan con evidencia fotográfica y videográfica tomada durante más de dos meses para documentar el estado de las instalaciones, del equipo técnico y del acervo audiovisual se encuentran en buenas condiciones.

La disputa por el estado del acervo histórico y las instalaciones

El comunicado también busca fijar responsabilidad sobre cualquier afectación posterior al desalojo. Los estudiantes aseguraron que el inmueble y los materiales quedaron bajo su resguardo en orden y en buen estado, por lo que responsabilizaron de manera anticipada al personal y a las autoridades administrativas y jurídicas de Canal Once de cualquier daño, alteración o pérdida que pueda documentarse desde el día en que recuperaron el control del lugar.

Bajo ese argumento, pidieron un “peritaje o inventario de cadena de custodia” con carácter urgente, imparcial y con participación de un representante estudiantil y de un notario o de una autoridad independiente. La exigencia apunta a dejar constancia objetiva sobre la condición del inmueble y de los bienes después del operativo.

Un conflicto que sigue abierto

La toma de Canal Once comenzó el 21 de mayo, cuando estudiantes del Instituto Politécnico Nacional ocuparon las instalaciones para entregar un pliego petitorio dirigido a autoridades federales. Entre sus demandas figuraban asuntos presupuestales, auditorías, cambios en la vida interna del instituto y reclamos sobre presuntas irregularidades administrativas.

Hasta ahora, la versión oficial sostiene que la recuperación de la emisora ocurrió de manera pacífica y que las mesas de diálogo seguirán activas. El nuevo comunicado estudiantil contradice ese relato y coloca en el centro del conflicto la forma en que se ejecutó el operativo del 2 de agosto de 2026.

La sede principal de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Bogotá permaneció bloqueada por escoltas y conductores afiliados a sindicatos, entre el 20 y 23 de julio de 2026. Los manifestantes instalaron campamentos en protesta por el presunto incumplimiento de acuerdos laborales.

Las peticiones incluyeron el pago de horas extras, mejores condiciones de trabajo, formalización de contratos y provisión de equipos, argumentando inestabilidad y falta de garantías en sus funciones. A la protesta se sumaron integrantes de las Uniones Temporales de la UNP, que exigían transparencia en la vinculación de 6.000 escoltas y la cobertura de vacantes.

Aproximadamente 250 personas mantuvieron la protesta, advirtiendo que se extendería hasta el 7 de agosto si no había avances. Durante la protesta, la UNP sostuvo diálogos con el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, aunque sin lograr acuerdos inmediatos.

Los sindicatos también cuestionaron la reducción de requisitos para nuevos ingresos y denunciaron precariedad en el suministro de armas y dotaciones, advirtiendo posibles riesgos de seguridad. Finalmente, la protesta concluyó antes de la fecha anunciada, reabriéndose el acceso y retomando las operaciones habituales en la entidad.

UNP calificó de manera negativa la protesta

Mediante un comunicado, la Unidad Nacional de Protección habló sobre las consecuencias que se registraron tras la protesta que bloqueó las funciones de los trabajadores de la entidad en Bogotá.

“La protección de la vida no se detiene. Los bloqueos y acciones judiciales pusieron en riesgo la continuidad del servicio. Por eso, la UNP acudió a la urgencia manifiesta, un mecanismo legal para garantizar la protección en Bogotá, Cauca y Amazonas”, es la descripción de la publicación que se hizo en la cuenta de X de la UNP.

En el comunicado titulado Bloqueos y acciones de tutela obligan a la UNP a acudir a la urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio, la entidad recordó lo registrado en las afueras de sus instalaciones, acusando a líderes sindicales de bloquear el edificio por fines políticos.

“Las acciones promovidas por algunos líderes sindicales —entre ellas bloqueos y encadenamientos físicos a las puertas de la sede principal de la Unidad Nacional de Protección en Bogotá, así como la cuestionable presentación masiva de acciones de tutela— afectaron el desarrollo normal del proceso contractual para la prestación del servicio de escoltas en la Zona 2 y generaron un riesgo real de interrupción de las medidas de protección”, es parte del documento.

Como consecuencia de estos hechos, la UNP asegura que, al no poder culminar los procesos de selección de escoltas que serán contratados, se puso en riesgo la seguridad de las personas que siguen esperando recibir un esquema de protección.

“La UNP advierte que estas actuaciones terminaron poniendo en peligro la continuidad del servicio y, ante la imposibilidad de culminar oportunamente los mecanismos de selección, la UNP debió acudir a la declaratoria de urgencia manifiesta para garantizar la continuidad de la operación de escoltas en Bogotá, Cacao y Amazonas”.

La entidad aseguró que no buscaban hacer una contratación masiva e irregular de personas, sino que estaban cumpliendo con su deber de mantener un número de escoltas para poder cumplir con la demanda que tienen actualmente.

“Esta determinación no reemplaza de manera permanente la convocatoria pública ni responde a una decisión discrecional de la entidad. Se trata del mecanismo excepcional previsto en la Ley 80 de 1993 para atender situaciones urgentes en las que no es posible acudir oportunamente a los procedimientos ordinarios de contratación y resulta indispensable impedir la suspensión de un servicio esencial”.

Además de declarar la urgencia manifiesta, la UNP reprochó el comportamiento que tuvieron los líderes sociales, a los que han acusado de buscar beneficios externos por interrumpir el trabajo de la actual administración.

“La protección de la vida no admite interrupciones. Cuando la continuidad del servicio está en riesgo, la inacción no es una opción. La ley obliga al Estado a actuar y la Unidad Nacional de Protección cumplirá ese deber”.

El 28 de julio, durante más de dos horas, se registró una manifestación protagonizada por propietarios de bares y discotecas de Soacha que protestaban por la implementación de nuevos horarios para el funcionamiento de este tipo de establecimientos en el municipio.

Voceros de la concentración afirmaron que el alcalde Julián Sánchez “Perico” estaba afectando sus comercios con decisiones que afectaban directamente el funcionamiento de la mayoría de establecimientos, principalmente los de la zona 21, en el centro de Soacha.

Con el objetivo de lograr tener un encuentro con el mandatario municipal, los comerciantes bloquearon la autopista Sur en hora pico, incluyendo el carril exclusivo de Transmilenio. Durante el tiempo que se prolongó la manifestación, los articulados no ingresaron a Soacha, lo que provocó que miles de ciudadanos tuvieran que caminar hasta sus hogares. Además, la manifestación hizo que conductores quedaran atrapados en una congestión vehicular de varios minutos.

A las 7:20 p. m., Transmilenio volvió a funcionar en el municipio de manera intermitente, debido a que las manifestaciones se mantuvieron con cierres intermitentes.

Lo que provocó el enojo de los comerciantes

La Alcaldía de Soacha estableció nuevos horarios para bares, discotecas y comercios, con el objetivo de ordenar el sector de entretenimiento y reducir los índices de violencia y delitos en el municipio.

Los bares, tabernas, discotecas y clubes deben cerrar a la 1:59 a. m. los viernes, sábados y vísperas de festivos. Panaderías pueden operar de 6:00 a.m. a 10:59 p.m.; micromercados de 6:00 a. m. a 11:30 p. m.; cafeterías, loncherías y heladerías de 6:00 a. m. a 10:59 p. m. Los sitios de comidas rápidas pueden funcionar de lunes a domingo con venta de licor de 10:00 a. m. a 11:59 p. m., pero sin venta de licor. Restaurantes pueden abrir de domingo a jueves de 6:00 a. m. a 11:59 p. m., y viernes, sábados y vísperas de festivo hasta la 1:00 a. m.; asaderos y pizzerías de domingo a jueves hasta las 11:59 p.m. Las droguerías y parqueaderos pueden operar 24 horas, aunque las droguerías deben acatar las restricciones para la venta de licor.

El decreto establecía que algunos comercios podrían solicitar permiso para funcionar hasta las 3:00 a. m. bajo un plan de cumplimiento que sería evaluado semanalmente.

Precisamente, tras una inspección, la alcaldía informó que la excepción sería descartada debido a que los comerciantes del centro de Soacha habían incumplido con los protocolos de convivencia, ruido, aseo y responsabilidad.

A través de su cuenta de X, el alcalde de Soacha reafirmó que los permisos no serán renovados y pidió que las autoridades se encarguen de retirar de la autopista Sur a los manifestantes.

“Los horarios nocturnos se ampliaron bajo compromisos claros de convivencia, ruido, aseo y responsabilidad. Esos compromisos fueron incumplidos por comerciantes, no por la comunidad. Hoy pretenden bloquear la Autopista Sur y afectar a quienes trabajan y regresan a casa, reclamando garantías que ellos mismos rompieron. Eso no se va a permitir”.

La respuesta de los comerciantes

El gremio ha rechazado los señalamientos que ha hecho el alcalde y afirman que no han incumplido los acuerdos, sino que están siendo víctimas de un hostigamiento por parte de la administración municipal.

Sobre la basura dejada en los alrededores de los establecimientos, afirman que se trata de un problema de Urbaser, empresa encargada de la recolección de los residuos en el municipio, que no tendría un horario establecido, lo que obliga a que los residentes de la zona deban dejar bolsas desde la mañana y en algunas ocasiones estas no sean retiradas durante toda la jornada. Esta situación ha sido denunciada por locales de otras localidades en Soacha.

La exigencia de justicia por el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar llegó hasta las actividades previas a la Octava de la Guelaguetza en Oaxaca, donde familiares del comunicador realizaron una protesta durante el desfile de delegaciones y denunciaron presuntos actos de intimidación mientras pedían avances en la investigación del crimen.

La movilización ocurrió este sábado en calles de la capital oaxaqueña, cuando los familiares del periodista se colocaron sobre la ruta del desfile con pancartas, lonas y banderines para exigir el esclarecimiento del homicidio ocurrido el pasado miércoles en el municipio de San Pablo Etla, en la región de los Valles Centrales.

Durante la protesta, los familiares acusaron la presencia de personas que, según su versión, buscaron inhibir la manifestación. Señalaron que frente a ellos fueron ubicados dos elementos policiacos con armas de cargo, mientras que personas vestidas de civil permanecieron cerca del grupo y tomaron fotografías de los participantes.

Los manifestantes también denunciaron que posteriormente un grupo de choque se colocó alrededor de ellos para limitar su desplazamiento, por lo que decidieron modificar su posición y retirarse algunos metros con el objetivo de evitar una confrontación. Los familiares aseguraron que únicamente buscaban hacer visible su reclamo de justicia por el asesinato del periodista.

Previo al inicio del desfile, personal de los Delegados de Paz de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca se acercó a los familiares para plantear una reunión con el titular de la dependencia, Jesús Romero López. Sin embargo, los manifestantes rechazaron la propuesta al considerar que la protesta debía mantenerse como una expresión pública para visibilizar el caso.

El gobernador evitó la protesta, afirmaron familiares del periodista

El desfile de delegaciones comenzó alrededor de las 18:00 horas y tuvo entre sus participantes al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien encabezó parte del recorrido acompañado por funcionarios estatales, entre ellos la secretaria de Turismo, Saymi Pineda Velasco.

De acuerdo con los familiares del periodista, el mandatario estatal dejó el contingente cuando el recorrido se aproximaba al cruce de avenida Juárez con la calzada Héroes de Chapultepec, punto cercano al lugar donde se encontraba la protesta. Los inconformes señalaron que la salida del gobernador evitó un posible encuentro con quienes exigían justicia por el homicidio.

Salomón Jara ofrece colaboración en investigación por asesinato de Alejandro Leyva

El viernes pasado, el gobernador de Oaxaca se reunió con periodistas del estado tras el homicidio del comunicador y aseguró que cualquier persona involucrada en agresiones contra integrantes del gremio deberá responder ante las autoridades, incluidos funcionarios públicos.

Durante el encuentro con representantes de medios de comunicación, Salomón Jara Cruz afirmó que la investigación por el asesinato de Alejandro Leyva Aguilar deberá avanzar con base en pruebas objetivas y reiteró que su administración colaborará con las instituciones encargadas del caso.

El mandatario estatal señaló que, si algún funcionario aparece relacionado con la carpeta de investigación, deberá acudir ante las autoridades correspondientes y responder por los señalamientos.

“Si nos solicitan comparecer lo haremos, apoyaremos con todo, nos ponemos a la orden de la justicia y la investigación, cualquier funcionario que esté en esta carpeta tendrá que ir, dar la cara y presentarse ante las autoridades correspondientes”, declaró.

Jara Cruz también aseguró que el gobierno estatal reconoce su responsabilidad de generar condiciones de seguridad para que periodistas puedan ejercer su labor y afirmó que mantendrá respeto hacia la crítica de los medios de comunicación.

“Les reitero mi absoluto respeto al trabajo periodístico, a la crítica, sea severa o no, comparta o no las opiniones”, expresó.

El gobernador agregó que su administración dará seguimiento al caso y proporcionará información sobre los avances de la investigación conforme las autoridades correspondientes lo permitan.

Gobierno federal asumirá investigación: “No habrá impunidad”

También el viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso del periodista oaxaqueño y anunció reuniones con sus familiares y comunicadores del estado para atender sus exigencias de justicia.

La mandataria aseguró que el homicidio del comunicador ocurrido en San Pablo Etla, Oaxaca, no quedará impune y señaló que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a establecer contacto con los familiares del informador y con periodistas del estado que han solicitado atención por el caso.

“Tenemos reunión con la familia del periodista fallecido, también con algunos periodistas que nos han pedido una reunión, por la exigencia de que el homicidio no quede impune”, explicó Rosa Icela Rodríguez al referirse a las acciones que emprenderá el gobierno federal.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la investigación ya se encuentra bajo competencia federal y que será analizada por el Gabinete de Seguridad en coordinación con la FGR.

“Este homicidio ya fue atraído en su totalidad por la Fiscalía General de la República y es un caso que vamos a trabajar el Gabinete de Seguridad con la Fiscalía. Ya es una investigación federal”, señaló el funcionario.

García Harfuch indicó que la indagatoria se encuentra en una etapa inicial, pero destacó que la Federación dará seguimiento al caso debido a la relevancia del homicidio y a los antecedentes denunciados por el propio periodista antes de su asesinato.

Asesinato de Alejandro Leyva en Oaxaca

Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado el pasado 22 de julio en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca. De acuerdo con los primeros reportes, el periodista se encontraba en un establecimiento de comida cercano a su domicilio cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron y le dispararon en varias ocasiones, por lo que murió en el lugar.

Leyva Aguilar fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y publicaba la columna “El Zumbido del Moscardón”, desde donde abordaba principalmente temas políticos.

Antes de su asesinato, el periodista había denunciado amenazas, hostigamiento judicial y campañas de desprestigio relacionadas con su actividad informativa. Sus familiares y colegas han exigido que las autoridades esclarezcan el crimen y determinen quiénes fueron los responsables.

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional parcialmente el Decreto Legislativo 1589, norma emitida por el Gobierno de la expresidenta Dina Boluarte en diciembre de 2023. El objetivo de la norma, supuestamente, era “garantizar la seguridad y tranquilidad pública”; sin embargo, en realidad criminalizaba el apoyo a la protesta.

El DL 1589 modificó el Código Penal para establecer agravantes a los delitos de "Entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos" (artículo 283) y “Disturbios” (artículo 315), así como tipificar como delito la “colaboración” para la comisión de ambos ilícitos.

El Colegio de Abogados de Puno interpuso una demanda de inconstitucionalidad para traerse abajo en su totalidad la norma. No obstante, el TC accedió a expulsar del ordenamiento jurídico únicamente el extremo que crea los delitos de “colaboración”.

Apoyar una protesta no es delito

Como se mencionó, el Decreto Legislativo 1589 incorporó al Código Penal dos nuevos delitos: la colaboración al delito de "Entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos" y al de “Disturbios”. Específicamente se pretendía sancionar con una pena de entre 3 y 5 años de cárcel a quienes de “manera voluntaria” provea de “cualquier bien mueble, objeto o instrumento” que facilite la comisión de los referidos delitos, así como al que aporte económicamente para financiar ello. Según el Colegio de Abogados de Puno, esto podría entenderse ampliamente, como dar alojamiento, entregar botellas de agua, mascarillas, alimentos o incluso organizar ollas comunes.

El TC, al pronunciarse sobre la “colaboración al entorpecimiento, sostiene que la redacción puede desencadenar “generalizaciones en perjuicio de quienes ejercen legítimamente actos de apoyo solidario, por ejemplo, en manifestaciones pacíficas”. Lo mismo ocurre, afirman, con la “colaboración al delito de disturbios”.

“Y es que, la prohibición establecida en el tipo penal en cuestión, a partir de la frase de manera voluntaria trae consigo que los ciudadanos no puedan predecir las consecuencias de sus actos o que los mismos presupongan el conocimiento previo —exigible en los tipos dolosos como el que se impugna— de un delito, lo cual constituye una regulación que termina por criminalizar o desalentar el ejercicio de un derecho fundamental", se lee en el fundamento 119 de la sentencia.

El fallo dice que, si se desea sancionar los “actos de colaboración”, no es necesaria la creación de nuevos delitos ya que las “entidades competentes” (Fiscalía y Poder Judicial) podrían imputar directamente entorpecimiento o disturbios “tomando en cuenta el grado de intervención delictiva y considerando los alcances de la figura de la complicidad”.

Por ello, el TC concluye que los delitos de “colaboración” al delito de "Entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos" y al de “Disturbios” son inconstitucionales, por lo que todos los procesos penales que se hayan iniciado o sentencias que hayan dictado deberán ser dejadas sin efecto.

Casi unanimidad

El fallo lo suscriben el presidente del TC, Helder Domínguez, y los magistrados Francisco Morales, Luz Pacheco, Manuel Monteagudo, César Ochoa y Pedro Hernández (ponente). El magistrado Gustavo Gutiérrez emitió un voto singular en el que consideraba que se debía declarar inconstitucional en su totalidad el Decreto Legislativo 1589.

Desde el 20 de julio, escoltas y conductores afiliados a sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) instalaron campamentos en la sede de la entidad en Bogotá para protestar por el incumplimiento de acuerdos laborales.

Los voceros de los sindicatos exigen el pago de horas extras, mejores condiciones de trabajo y la formalización de contratos, ya que muchos prestan servicios bajo modalidades que, según denuncian, generan inestabilidad y falta de garantías. Afirman que la UNP no ha cumplido compromisos relacionados con la remuneración, la seguridad social y la entrega de equipos y dotaciones necesarias para el desempeño de sus funciones.

A la protesta se sumó el gremio de las Uniones Temporales de la UNP, que reclama mayor transparencia en la vinculación de 6.000 escoltas y la provisión de vacantes. Alrededor de 250 personas permanecen en el lugar y advierten que mantendrán la protesta hasta el 7 de agosto si no logran acuerdos. La UNP informó que mantiene canales de diálogo abiertos para buscar una solución a las reclamaciones laborales. En la tarde del 21 de julio, líderes del sindicato se reunieron con voceros del Ministerio del Interior y de la Defensoría del Pueblo, pero no llegaron a un acuerdo.

Las claves de las protestas contra la UNP

Giovanni Gallo, presidente de Analtraseg, uno de los sindicatos al frente de las protestas contra la Unidad Nacional de Protección (UNP), en diálogo con Infobae Colombia, cuestionó los procedimientos y decisiones de la administración actual. Según Gallo, uno de los principales problemas radica en la falta de transparencia en la vinculación de personal y en la precariedad de las condiciones que se ofrecen a los escoltas, especialmente ante la inminente creación de una planta de personal en los últimos días del actual gobierno.

Gallo denunció que existen sindicatos que han actuado a favor del Gobierno para recibir beneficios y ubicando a sus afiliados en cargos de coordinación dentro de la UNP. Aseguró que algunas de estas prácticas han generado favoritismos y una protección selectiva, y que algunos dirigentes han tenido relaciones personales con directivos de la entidad, lo que, a su juicio, ha propiciado decisiones poco transparentes y alejadas del interés general de los trabajadores.

Uno de los puntos más críticos expuestos por Gallo es la supuesta intención de la UNP de incorporar a más de 11.000 personas como escoltas en un corto plazo, sin contar con suficientes armas, chalecos antibalas ni municiones para garantizar condiciones mínimas de seguridad y operatividad. Advirtió que esto podría derivar en un detrimento patrimonial grave, ya que la entidad solo dispone de poco más de 1.000 armas, y cuestionó cómo se pretende que el resto de los escoltas ejerza sus funciones en condiciones tan precarias.

Para el líder sindical, la reducción de los requisitos para ingresar a la planta, bajando la experiencia mínima a seis meses y el nivel académico a bachillerato, genera riesgos de seguridad, pues teme que personas sin el debido estudio de antecedentes o preparación puedan ingresar a la UNP, lo que podría facilitar el acceso a cargos de protección a individuos sin los filtros de confianza y formación necesarios.

Gallo indicó que la responsabilidad es de Augusto Rodríguez, director de la UNP, por lo que cuestionó que la administración priorice el ingreso de nuevos aspirantes sin garantizar condiciones dignas, salarios adecuados ni estabilidad laboral para quienes llevan años en el servicio.

Además, denunció que los actuales salarios netos ofrecidos no cubren las necesidades básicas de quienes podrían ser trasladados a cualquier parte del país, lo que, en su opinión, constituye una oferta indigna. Gallo rechazó los intentos de desacreditar la protesta sindical y reafirmó que la lucha de Analtraseg y otros sindicatos busca condiciones laborales transparentes y justas para los más de 16.000 trabajadores de la UNP, y exigió que cualquier proceso de vinculación a la planta se realice con garantías de transparencia, estudios de seguridad y condiciones salariales que dignifiquen la labor de los escoltas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) difundió a través de un comunicado de prensa la preocupación que manifestaron algunos de sus expertos respecto a los obstáculos que enfrentaron las familias de personas desaparecidas para protestar durante la Copa del Mundo 2026 en México.

Los especialistas recibieron reportes de actos de intimidación, vigilancia y restricciones impuestas a quienes buscaban visibilizar la crisis de desapariciones que suma más de 133 mil personas no localizadas en el país.

Familias buscadoras fueron víctimas de hostigamiento e intimidación

Entre las situaciones denunciadas, los familiares organizaron manifestaciones pacíficas, actividades simbólicas, como la instalación del memorial o antimonumento dedicado a las víctimas de desaparición forzada en el Ángel de la Independencia, Ciudad de México, y que en menos de 24 horas fue removido, presuntamente por autoridades.

Asimismo, la respuesta desde el poder federal acusó a las madres buscadoras de Jalisco que se manifestaron al exterior del Estadio Azteca de haber recibido apoyo para trasladarse y aseguró, el paso 11 de junio, que iniciaría con investigaciones para esclarecer los hechos.

El objetivo de estas expresiones era captar la atención internacional sobre el elevado número de desapariciones en México y reiterar sus exigencias de verdad, justicia y reparación. Sin embargo, algunos actos habrían sufrido limitaciones por parte de las fuerzas de seguridad desplegadas en las ciudades sede.

De acuerdo con los reportes, varias personas distribuyeron avisos de búsqueda en las inmediaciones de los estadios, siendo rodeadas por la policía a pesar de hacerlo de manera pacífica. Otros grupos no pudieron llegar a sus protestas, mientras que integrantes de colectivos fueron llamados a comparecer ante autoridades el mismo día de la inauguración del torneo, lo que dificultó su participación.

ONU al Estado mexicano: proteger a las familias de personas desaparecidas

El pronunciamiento de los expertos de la ONU subraya: “Los Estados deben garantizar los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión, y asegurar que las víctimas y quienes defienden derechos humanos puedan ejercer sus actividades legítimas sin vigilancia, intimidación ni represalias”. Según los especialistas, los eventos deportivos globales abren una ventana crucial para que movimientos sociales y organizaciones civiles expongan problemas sistémicos ante la mirada internacional.

Las autoridades mexicanas, señala el comunicado, adoptaron algunas medidas en materia de derechos humanos durante el Mundial, lo que los expertos reconocen como un avance. Sin embargo, instan a que se proteja de manera efectiva a las familias que buscan a sus seres queridos, y a que las denuncias de interferencia indebida se investiguen rápida y objetivamente.

La ONU mantiene comunicación con el Gobierno de México sobre estos hechos. Los expertos agradecieron la disposición de las autoridades mexicanas para dialogar sobre el tema y reiteraron la importancia de que el Mundial no implique un retroceso en el espacio cívico ni en los derechos de las víctimas.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) afirmó que en la final de la Copa del Mundo, las familias buscadoras fueron las ganadoras, porque lograron visibilizar la crisis de desaparición en el país ante la mirada internacional

En Honduras, campesinos bloquearon este lunes el puente de Quebrada Seca, en El Progreso,departamento de Yoro e interrumpieron el tránsito en ambos sentidos. La protesta busca presionar al Congreso Nacional para derogar lo que los manifestantes califican como “leyes nefastas para el pueblo hondureño” y mantenía varados a vehículos de carga, transporte público y particulares.

La protesta provocó filas de automóviles, autobuses, rastras y camiones de carga que permanecieron inmovilizados durante varias horas.

La vía donde se desarrolla la manifestación conecta la zona norte con el centro, occidente y otras regiones del país. También facilita el transporte de mercancías desde Puerto Cortés hacia distintas ciudades y fronteras terrestres de Centroamérica.

Los manifestantes explicaron que la movilización tiene como objetivo exigir al Congreso Nacional la derogación de normas que, según sostienen, afectan a distintos sectores de la población, en especial a quienes dependen de la producción agrícola y de actividades vinculadas al campo.

Durante la protesta, señalaron que la movilización busca ejercer presión sobre los diputados para que revisen el marco legal vigente y atiendan demandas que, aseguran, han sido ignoradas durante varios meses.

Hasta el momento, los organizadores no han informado públicamente cuáles son las leyes específicas cuya derogación solicitan, aunque insistieron en que representan un perjuicio para miles de familias hondureñas.

Efectos del bloqueo en la circulación

El cierre de la carretera generó complicaciones para miles de personas que utilizan diariamente esta vía. Conductores de transporte pesado informaron retrasos en la distribución de mercancías, mientras pasajeros del transporte público permanecieron durante horas a la espera de que la circulación fuera restablecida.

También resultaron afectados comerciantes, trabajadores y ciudadanos que tenían previsto desplazarse entre San Pedro Sula, El Progreso, La Ceiba, Tela y otras ciudades del norte hondureño.

Hasta el momento de la protesta, las autoridades no habían informado sobre la habilitación de rutas alternas para disminuir el impacto del bloqueo.

La ausencia de vías inmediatas para desviar el tránsito incrementó las dificultades para los conductores, en especial para quienes transportaban productos perecederos o cumplían itinerarios comerciales.

Las autoridades de tránsito mantuvieron monitoreo permanente de la situación y recomendaron a los ciudadanos mantenerse informados sobre la evolución de la protesta.

Protestas continuarán

Los representantes de las organizaciones campesinas afirmaron que la toma continuará hasta obtener una respuesta concreta por parte del Congreso Nacional.

Indicaron que no abandonarán la carretera mientras no exista un compromiso oficial para revisar sus planteamientos y discutir las reformas legales que consideran necesarias.

Al mismo tiempo, hicieron un llamado a las autoridades para abrir un proceso de diálogo que permita alcanzar acuerdos sin recurrir a mayores medidas de presión.

Frente al bloqueo, diferentes instituciones gubernamentales llamaron a privilegiar el diálogo para evitar nuevas afectaciones a los ciudadanos.

Aunque hasta ahora no se ha informado sobre la instalación de una mesa formal de negociación, las autoridades mantienen comunicación con representantes de los manifestantes con el objetivo de encontrar una salida que permita restablecer la circulación.

Impacto sobre el transporte y el comercio

El sector empresarial ha reiterado en diversas ocasiones que las interrupciones en corredores estratégicos generan consecuencias inmediatas para la economía nacional.

Los retrasos afectan el transporte de alimentos, combustibles, materias primas y productos de exportación, además de incrementar los costos operativos para las empresas de transporte y distribución.

En una economía donde buena parte del intercambio comercial depende del transporte terrestre, el cierre de carreteras también repercute en pequeños comerciantes, productores agrícolas y consumidores finales.

Las organizaciones campesinas han protagonizado diversas movilizaciones para reclamar acceso a tierras, mejores condiciones para la producción agrícola, financiamiento, seguridad jurídica y reformas en políticas públicas relacionadas con el sector rural.

En los últimos años, también han incorporado demandas vinculadas a decisiones legislativas, programas gubernamentales y medidas económicas que consideran afectan directamente a las comunidades campesinas.

De momento el puente de Quebrada Seca permanecía bloqueado por los manifestantes, mientras cientos de vehículos seguían varados a la espera de una solución.

Miembros de distintas comunidades garífunas se concentraron hoy en el litoral atlántico en la carretera CA-13, a la altura de Tela, en Atlántida, para rechazar las acciones judiciales contra cinco integrantes de su pueblo y exigir mayor protección de sus derechos colectivos.

Decenas de personas portaron pancartas y consignas en defensa de los territorios ancestrales y de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras. Durante la protesta, los participantes señalaron que las detenciones de los cinco garífunas representan un acto de persecución contra quienes defienden sus comunidades y sus tierras, por lo que pidieron un proceso judicial transparente, con respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales.

Los manifestantes afirmaron que la defensa del territorio forma parte de los derechos históricos del pueblo garífuna y reiteraron que continuarán alzando su voz frente a cualquier acción que, a su criterio, represente una amenaza para la permanencia de sus comunidades.

Además del rechazo a las detenciones, los representantes garífunas denunciaron que varias comunidades continúan enfrentando procesos de desalojo y desplazamiento que ponen en riesgo la posesión de territorios que consideran ancestrales.

Demanan protección a sus derechos

Según expresaron durante la movilización, estas situaciones afectan directamente su modo de vida, ya que las tierras representan no solo un espacio para el desarrollo de actividades productivas, sino también un elemento esencial para la conservación de su identidad cultural, sus costumbres y sus prácticas tradicionales.

Los manifestantes sostuvieron que la pérdida de estos territorios tendría consecuencias sociales y culturales para las nuevas generaciones, al limitar la transmisión de conocimientos, tradiciones y formas de organización comunitaria que han caracterizado al pueblo garífuna durante décadas.

Durante la jornada, los participantes hicieron un llamado al Gobierno y a las instituciones competentes para abrir espacios de diálogo que permitan atender los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra y evitar una mayor confrontación entre las comunidades y las autoridades.

Exigen diálogo con el Gobierno

Los afectados insistieron en que el reconocimiento y la protección de los derechos territoriales constituyen una obligación del Estado, especialmente en el caso de los pueblos indígenas y afrodescendientes, cuyos derechos colectivos están respaldados por la legislación nacional y por diversos instrumentos internacionales.

Los dirigentes también expresaron que la criminalización de líderes comunitarios genera preocupación entre las comunidades garífunas, al considerar que estas acciones pueden desalentar la defensa de los derechos territoriales y la participación de los habitantes en los procesos de protección de sus recursos naturales.

Consecuencias de la protesta

Como consecuencia de la movilización, el tránsito sobre la carretera CA-13 se desarrolló de forma intermitente durante varias horas, lo que obligó a conductores a esperar mientras los manifestantes mantenían el bloqueo parcial de la vía.

Aunque la circulación no fue suspendida por completo, el paso vehicular registró retrasos principalmente en los tramos cercanos al punto de concentración de los manifestantes.

Los participantes advirtieron que mantendrán las acciones de protesta mientras no reciban respuestas concretas a sus demandas, entre ellas el respeto a sus derechos, el cese de los procesos que consideran una criminalización de miembros de sus comunidades y la búsqueda de soluciones a los conflictos relacionados con sus territorios ancestrales.

La manifestación se llevó a cabo en la tarde del 12 de julio bajo lo que los hinchas denominaron ‘Marcha por la Dignidad del DIM’, en la que se concentraron en distintos puntos de Medellín y desde allí se desplazaron por toda la ciudad con mensajes que decían:

• “El DIM es del pueblo no su ca$a de apuesta$”, así con el signo pesos en vez de la letra ese para hacer referencia que solo le sacaban plata al club.
• “No van a invertir para campeonar. Vendan y dejen jugar. Con la historia no se juega, venta o inversión”.
• “Jugadores sin sangre”.
• “Medellín es de la gente, no de los dirigentes”.
• “Somos más grandes que tu avaricia”.

El acompañamiento de la Alcaldía de Medellín

Además, una de las cuentas más seguidas por los hinchas del Deportivo Independiente Medellín es “La Voz del Poderoso”, que a través de su cuenta de X expuso: “El DIM es pasión, historia y tradición; tu avaricia no representa nuestros colores, nuestra sagrada camiseta. Este es un legado que ustedes jamás entenderán ni entendieron. Es hora de que den un paso al costado, familia Giraldo. El equipo del pueblo, es de su gente“.

La manifestación estuvo acompañada por la Alcaldía Distrital de Medellín, así lo aseguró Carlos Arcila, el Secretario de la Paz y Derechos Humanos, quien expuso en redes sociales que: “La Alcaldía de Medellín realiza acompañamiento a la movilización social y ciudadana denominada “Marcha por la Dignidad de DIM”, convocada por la hinchada del Deportivo Independiente Medellín (DIM). Garantizamos el derecho a la movilización, el diálogo, la mediación y la garantía del ejercicio de los derechos humanos durante el desarrollo de la jornada“.

Mercado de pases del Deportivo Independiente Medellín

Como se pudo evidenciar, el principal motivo de la manifestación de los hinchas del Deportivo Independiente Medellín para con su dirigencia es cómo manejan las finanzas del club, dentro de lo que está inmersa la contratación de jugadores y la ida de algunos que se han destacado en el último tiempo.

Así se ha movido el mercado de pases actual del equipo dirigido por Luis Amaranto Perea. Los que han salido:

• Nezareth Segura y Dávinson Estupiñán: en condición de préstamo al Bogotá FC.
• Daniel Londoño: acuerdo entre clubes con Once Caldas, para que el jugador vaya a préstamo, con opción de compra.
• Iker Blanco: cedido a préstamo a Orsomarso, sin opción de compra y con cláusula de repesca.
• Francisco Chaverra: cedido a préstamo a Millonarios, con opción de compra.
• Leyser Chaverra: jugará a préstamo en Deportivo Cali, con opción de compra.
• Francisco Fydriszewski: Junior de Barranquilla hizo uso de la cláusula de rescisión del contrato, finalizando así su vínculo con la institución.

Mientras que los nuevos refuerzos poderosos son:

• Carlos Lucumí
• Joaquín Varela
• Agustín Martegani
• Frank Fabra, fue renovado

Los fracasos que tuvo Deportivo Independiente Medellín en el último año

Entre 2025 y 2026, el Deportivo Independiente Medellín acumuló varios golpes deportivos. El más doloroso fue perder la final de la Liga BetPlay Apertura 2025 frente a Independiente Santa Fe, pese a cerrar la serie como local y a haber sido el mejor equipo de la fase regular, posteriormente, quedó eliminado en los cuadrangulares del Finalización 2025 sin pelear el cupo a la final.

En el primer semestre de 2026 tampoco logró clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay y, aunque avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores, su rendimiento mantuvo las críticas sobre el proyecto deportivo.

Cerca de las 7:17 a. m., TransMilenio informó en sus canales oficiales: “A la hora manifestantes bloquean la troncal Caracas. Flota troncal realiza desvíos por la calle 76 al oriente para tomar NQS al sur y en la calle Calle 26 al occidente para tomar NQS en sentido sur norte”.

La entidad agregó que las estaciones que no están prestando el servicio, tras el incidente son: Calle 76, Temporal Flores, Temporal Calle 57, Temporal Marly, Temporal avenida. 39 y Calle 26. De esta manera, los desvíos son: Hacia el sur: desde Calle 76 al oriente NQS sur; hacia el norte: desde Calle 26 al occidente NQS norte.

Minutos más tarde, a las 7:25 a. m., la empresa delñ transporte público en Bogotá indicó que cerca de 28.725 fueron afectados tras las manfestaciones. “A la hora continúa la afectación en la troncal Caracas Centro”.

Por su parte, la Alcaldía señaló: “Se informa que se presenta bloqueo total de la vía en ambos sentidos de la Avenida Caracas, entre las calles 60 y 63. El equipo de Diálogo se desplaza al punto”.

Durante la contingencia, los desvíos implementados permiten una operación parcial, busca aliviar el impacto para quienes dependen de este sistema. La reapertura total de las estaciones se evaluará cuando se confirme la ausencia de riesgos en la zona.

Los trabajadores organizaron la protesta para exigir la cancelación de salarios pendientes, una problemática que, según sus reclamos, se ha vuelto recurrente durante el avance de la obra.

La manifestación, que interrumpió el flujo vehicular en un corredor estratégico de la ciudad, repite el patrón de movilizaciones previas impulsadas por los retrasos en los pagos. Voceros de los empleados señalaron que los incumplimientos salariales han generado incertidumbre y malestar, lo que motivó la salida a las calles como medida de presión.

A través de su canal oficial, TransMilenio indicó a las 7:58 a. m. que "los manifestantes despejan la troncal Caracas". Razón por la que entidad confirmó la cancelación de los desvíos y se retoma operación en las estaciones: Calle 76, Temporal Flores, Temporal Calle 57, Temporal Marly, Temporal Av. 39 y Calle 26.

Horas más tarde, cerca de las 11:00 a. m., la Secretaría de Movilidad reportó que la manifestación continuó “en la avenida Caracas con calle 63 y se genera afectación en ambos sentidos de la calzada exclusiva”. La entidad informó en sus canales oficiales que: “Manifestantes inician desplazamiento por la calle 26 (Av. Dorado) con carrera 69, sentido Oriente -Occidente. Ruta Alterna: Avenida Mutis y Avenida Esperanza”.

Cerca de las 12:20, la Secretaría confirmó que las personas se retiran de la avenida Caracas con calle 63 en ambos sentidos de la calzada exclusiva.

🟢 Se restablece la movilidad en el corredor vial.

Otras protestas recientes por el Metro de Bogotá

Situaciones similares se han registrado en fechas recientes, el lunes 6 de abril de 2026 la movilidad en el sur de Bogotá sufrió una interrupción relevante tras una protesta de trabajadores de la primera línea del Metro de Bogotá. El bloqueo, que tuvo lugar en la avenida Primera de Mayo con NQS, provocó desvíos y obligó a cientos de usuarios del transporte público a caminar para llegar a sus destinos.

La congestión comenzó cuando los manifestantes denunciaron incumplimientos en los pagos por parte de la empresa encargada de la obra. De acuerdo con mensajes publicados por Transmilenio en sus canales oficiales, la circulación de los buses fue detenida en ambos sentidos: “Manifestantes bloquean ambos sentidos, detenemos la flota Troncal en sentido sur-norte antes de la Avenida Primero de Mayo y norte-sur a la altura de la estación Santa Isabel”, informó la entidad a las 8:58 a. m.

Los videos difundidos en redes sociales mostraron escenas en las que los pasajeros tuvieron que descender de los articulados y continuar su trayecto a pie. La manifestación impactó directamente el funcionamiento habitual del sistema de transporte público, habitual en la zona sur de la capital.

De igual manera, el 6 de marzo de 2026, la avenida Caracas fue escenario de un paro laboral que paralizó la construcción de la Línea 1 del metro. El bloqueo, que se prolongó durante unas cuatro horas, generó desvíos en uno de los corredores más utilizados de la ciudad.

En esa ocasión, los trabajadores denunciaron que llevaban más de un mes sin recibir sus pagos. Los voceros de la protesta señalaron que el atraso salarial afectó a decenas de empleados, además de poner en evidencia la fragilidad de los procesos financieros en la ejecución de esta obra de infraestructura, considerada la más grande en la historia reciente de Bogotá.

Los taxistas retomaron este martes los bloqueos en los principales accesos de la ciudad de El Progreso, Yoro en Honduras en protesta por el ajuste aplicado por la municipalidad a la tasa vehicular. Los manifestantes sostienen que el incremento llega a 300% en algunos casos y exigen la suspensión o revisión del cobro.

Los conductores afirman que la subida afecta a un sector que enfrenta altos costos operativos por combustible, mantenimiento de unidades y gastos diarios para mantener activo el servicio de transporte.

Aunque existe una mesa de diálogo entre representantes del gremio y autoridades municipales, los transportistas mantienen su postura de que cualquier acuerdo debe incluir la suspensión o revisión del cobro establecido.

Impacto de las protestas en la ciudad

Los dirigentes del sector señalaron que, mientras la medida continúe vigente, las acciones de protesta seguirán y no descartan intensificar los bloqueos si no reciben una respuesta favorable.

Las tomas de calles registradas en los últimos días provocaron congestionamientos en los accesos principales de El Progreso y afectaron a conductores particulares, usuarios del transporte público y actividades comerciales que dependen de la movilidad dentro y fuera de la ciudad.

El conflicto también generó preocupación entre empresarios y comerciantes locales, que advirtieron que la interrupción del tránsito representa pérdidas para distintos sectores productivos.

La Cámara de Comercio de El Progreso expresó su desacuerdo con el aumento de la tasa vehicular y llamó a encontrar una solución mediante el diálogo.

Respuesta de las autoridades

La tensión entre manifestantes y autoridades aumentó durante las primeras jornadas de protesta, cuando se registraron desalojos de las vías con uso de gas lacrimógeno por parte de los cuerpos de seguridad, según los participantes en las manifestaciones.

Por su parte, el alcalde de El Progreso, Alexander López, aseguró que la municipalidad mantiene disposición al diálogo, pero reiteró que no negociará bajo presión.

El funcionario defendió el ajuste al señalar que fue aprobado desde septiembre del año pasado a través del Plan de Arbitrios Municipal y que su aplicación responde a un proceso previamente establecido.

La administración municipal sostiene que la actualización de las tasas forma parte de los mecanismos de recaudación local, mientras los transportistas consideran que el incremento no corresponde a la realidad económica que enfrenta el sector.

Negociaciones sin acuerdo

Representantes de ambas partes continúan evaluando alternativas dentro de la mesa de diálogo, aunque hasta ahora no se anunció un acuerdo definitivo que permita suspender las protestas y normalizar el tránsito en la ciudad.

El conflicto mantiene en alerta a comerciantes, usuarios del transporte y ciudadanos que dependen de las principales vías de acceso a El Progreso, debido al riesgo de nuevas interrupciones que podrían afectar la actividad económica local.

Aunque la municipalidad sostiene que el ajuste forma parte del Plan de Arbitrios aprobado previamente, los sectores inconformes insisten en que el aumento debe revisarse antes de continuar con su aplicación, por lo que el diálogo será determinante para evitar que la crisis se prolongue.

De momento el Alcalde mantiene una postura de no suspender el cobro, mientras que transportistas rechazan el incremento y aducen que es desproporcionado.

Según pudo reconstruir Infobae, la manifestación se desarrollaba sobre la vereda, sin corte de tránsito. En el lugar también permanecían efectivos de las fuerzas de seguridad apostados frente al ingreso de la sede.

La nueva concentración se produjo un día después de que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) tomara el edificio de la CNEA para denunciar el despido de casi un centenar de empleados del organismo. La medida derivó en un operativo de Gendarmería Nacional y en el desalojo de los manifestantes.

Tras esos hechos, el Gobierno salió a responder las denuncias sindicales y aseguró que no se trató de despidos, sino de la no renovación de 61 contratos de plazo fijo firmados durante 2023, bajo la gestión anterior de la CNEA.

De acuerdo con la información oficial, 42 de los 61 contratos correspondieron a trabajadores con nivel educativo primario o secundario, sin formación terciaria ni universitaria. El Ejecutivo sostuvo además que no hubo bajas entre ingenieros nucleares ni entre el personal técnico especializado que desarrolla las tareas centrales del organismo.

La postura oficial buscó responder a la denuncia realizada por ATE, que sostuvo que las desvinculaciones alcanzaron a “profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado con más de 10 años de antigüedad que sostienen áreas críticas del desarrollo nuclear argentino”.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, difundió la convocatoria y las medidas de fuerza a través de sus redes sociales. El martes había anunciado una permanencia en el edificio hasta obtener respuestas de las autoridades y aseguró que el presidente de la CNEA, Martín Porro, “está atrincherado por decisión propia”.

El gremio calificó las bajas como una “canallada” e invocó el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza la estabilidad laboral en el Estado. Además, sostuvo que existe un intento de desmantelar el organismo para facilitar una futura privatización.

Durante la jornada del martes también se registraron incidentes en el edificio de la CNEA. Según fuentes de las fuerzas de seguridad, el personal desvinculado ingresó de manera irregular a la sede, lo que motivó el despliegue de refuerzos de Gendarmería Nacional, que custodia el predio por tratarse de una institución estratégica. De acuerdo con esa versión, un efectivo sufrió lesiones leves en la boca y dos escudos resultaron dañados durante el operativo.

Horas antes de la ocupación del edificio, el vocero presidencial, Adrián Ravier, había informado que la estructura de la CNEA se redujo un 57,83%, al pasar de 645 a 272 cargos. En ese contexto, explicó que el Gobierno retomó un promedio de alrededor de 3.000 bajas mensuales en la administración pública nacional como parte del proceso de revisión de estructuras y dotaciones.

Ravier también precisó que, además de las desvinculaciones, 3.983 trabajadores se acogieron a planes de retiro voluntario en distintos organismos nacionales, entre ellos Belgrano Cargas, Casa de la Moneda, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), Radio y Televisión Argentina (RTA), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI). Además, señaló que las autoridades superiores del Estado se redujeron un 36% respecto de la gestión anterior, con una disminución del 50% en ministerios, 39% en secretarías, 32% en subsecretarías y 45% en cargos de asesores.

Las comunidades afrocolombianas del Valle del Cauca mantienen bloqueada la vía Tuluá-Andalucía, generando desde la madrugada largas filas de vehículos y afectaciones en la movilidad de la región.

El martes 30 de junio, organizaciones convocantes atribuyeron la protesta a lo que consideran una “preocupante falta de voluntad política” de parte del Gobierno Nacional y de varias entidades estatales.

Los representantes agrupados en el Frente Nacional Afrocolombiano (Frenacol), la Guardia Cimarrona de los Valles Interandinos y diferentes Consejos Comunitarios publicaron un comunicado donde afirman: “Ante los reiterados incumplimientos del Gobierno Nacional y el constante desconocimiento de los derechos de las comunidades negras afrocolombianas, nos hemos visto obligados a iniciar una Toma Ancestral Pacífica como mecanismo legítimo de exigencia y defensa de nuestros derechos constitucionales, territoriales y colectivos”.

La jornada de protesta fue definida por las organizaciones como una “Toma Ancestral Pacífica”, sostenida como “mecanismo legítimo de exigencia”.

Según su declaración, la medida surge tras meses de diálogo y concertaciones formales con el Estado, en los que “participaron en mesas de trabajo, concertaciones y reuniones con diferentes entidades”, logrando acuerdos que, según denuncian, no han sido respetados.

En el documento, los colectivos enfatizaron que los “compromisos han sido incumplidos de manera reiterada, evidenciando una preocupante falta de voluntad política y un irrespeto permanente hacia nuestros procesos organizativos”.

La inconformidad, señalaron, se dirige especialmente a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Dirección de Consulta Previa, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Ministerio del Interior. Sostienen que estas entidades “desconocieron los compromisos asumidos con nuestras comunidades y han vulnerado nuestros derechos fundamentales y colectivos”.

Durante la protesta, los líderes recalcaron que la decisión de bloquear la vía fue adoptada tras agotar todas las instancias formales de diálogo. Detallaron que en los últimos meses suscribieron acuerdos orientados a garantizar el acceso a la tierra, la protección de líderes y lideresas, el respeto por la consulta previa y el fortalecimiento de los Consejos Comunitarios, pero que “los procesos no avanzaron”.

Las comunidades reclaman el respeto pleno a sus derechos territoriales, étnicos y al derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada. Solicitan, además, la adopción de medidas efectivas para garantizar la protección de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos.

Otro de los puntos centrales de su exigencia es el cumplimiento de los compromisos relacionados con el acceso a la tierra, la reparación histórica y el fortalecimiento de los Consejos Comunitarios.

El bloqueo de la ruta Tuluá-Andalucía se mantiene activo, con reportes en redes sociales de extensas filas de vehículos y demoras considerables para los habitantes que transitan por este corredor vial.

La protesta busca una respuesta concreta del Gobierno Nacional, reclamando la presencia de funcionarios con capacidad de decisión que permitan “dar soluciones reales y definitivas a las problemáticas planteadas”.

Las demandas de las comunidades afrocolombianas tienen como eje la adjudicación de predios y el cumplimiento de acuerdos previos suscritos con el Estado. El malestar se agudizó al considerar que los avances pactados en mesas de concertación no se han materializado, lo que llevó a la movilización y al cierre indefinido de la vía como medida de presión.

El reclamo de las comunidades afrocolombianas del Valle del Cauca responde a un acumulado de acuerdos incumplidos sobre acceso a la tierra y garantías para la protección de sus derechos.

A pesar de haber participado en diálogos y mesas de concertación con diversas entidades gubernamentales, los líderes sostienen que las soluciones no han llegado, por lo que decidieron bloquear el corredor vial Tuluá-Andalucía en demanda de respuestas y presencia de altos funcionarios.

Entre las exigencias finales, los voceros insisten en la necesidad de “la presencia de funcionarios con capacidad de decisión”, reclamando además que las soluciones sean “reales y definitivas”. La expectativa de las comunidades es que el Gobierno Nacional atienda sus requerimientos y avance en la resolución de los temas pendientes, evitando que la protesta se prolongue indefinidamente y continúe afectando la movilidad regional.

Al grito de “¡Fuera Nicolasito de la universidad!”, este lunes 22 de junio estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) organizaron una protesta que impidió al diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto Nicolás Maduro, participar en un foro titulado: “La vida en obras del presidente Nicolás Maduro”.

Días antes, la cátedra libre Pío Tamayo había anunciado el evento con la intervención de Maduro Guerra. Advertidos de la situación, los bachilleres tomaron los pasillos de la casa de estudios para manifestar su rechazo a la visita del legislador, que al final no acudió a la cita.

“Hoy pretende venir el hijo de Nicolás Maduro a la Universidad Central de Venezuela, la persona encargada de dañarnos la vida a todos los venezolanos y a todos los estudiantes, la persona que se encargó de meter a más de 19 mil personas presas desde 2014, persona que asesinó a cientos de jóvenes en 2014 y 2017”, exclamó un muchacho al frente de la manifestación, mientras sus compañeros coreaban: “¡La UCV no olvida!”.

Los estudiantes expresaron su malestar colgando afiches en las afueras de la sala donde se llevaría a cabo el acto. “No los queremos de vuelta, que nunca regresen, Nicolasito qué se siente vivir lo que hemos vivido”, se leía en un cartel que hacía alusión al eslogan “Los queremos de vuelta”, que forma parte de una campaña del gobierno venezolano que exige la liberación de Maduro y su esposa Cilia Flores, presos en Estados Unidos.

Perdón

“¡La UCV es nuestra, no de la dictadura!”, vociferaban los jóvenes, que culpaban a Maduro de ser el responsable de la “asfixia presupuestaria que vive nuestra universidad”, y de desviar los fondos de la educación hacia hechos de corrupción.

Estudiantes y profesores universitarios han protagonizado las movilizaciones contra la administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Los primeros tomaron como bandera exigir la liberación de los centenares de presos políticos que existen en el país, al tiempo que los segundos han organizado marchas y huelgas con el fin de exigir incrementos salariales y mejoras en las condiciones laborales.

En una entrevista concedida a un medio alemán en mayo, Maduro Guerra reconoció que “es cierto que ha habido momentos difíciles, errores que hemos cometido y excesos por los que, como chavismo, debemos pedir perdón”.

La madrugada de este lunes, integrantes del colectivo ¡Aquí No! y comunidades indígenas mayo-yoreme tomaron de manera pacífica e indefinida la entrada de la planta de amoniaco de Gas Petroquímica de Occidente (GPO), filial mexicana del grupo Proman, ubicada en la bahía de Ohuira, en Sinaloa.

Los manifestantes aseguran que la operación de la megaplanta representa una amenaza para el ecosistema local y para la permanencia de los pueblos originarios de la región. Por ello, instalaron un plantón desde las 4:00 de la mañana y advirtieron que permanecerán en el lugar hasta obtener una respuesta del Gobierno federal.

Comunidades indígenas mantienen bloqueo indefinido

El gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, Felipe Montaño Valenzuela, informó que entre 150 y 200 personas participan en la ocupación de los accesos a la planta.

“Aquí nos quedaremos el tiempo que sea necesario, tiempo indefinido, hasta tener respuesta del Gobierno federal”, declaró el líder indígena.

Las comunidades de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Ríos consideran esta acción como un momento histórico dentro de los más de 12 años de resistencia contra la construcción de la planta de amoniaco.

Según Montaño, el acuerdo de las comunidades es impedir el ingreso de personal a las instalaciones mientras no exista una resolución sobre el futuro del proyecto.

Exigen cancelación definitiva de la planta de amoniaco

La principal demanda de los manifestantes es la cancelación y clausura definitiva de la planta, que registra un avance cercano al 88 % y es considerada una de las más grandes de su tipo en el mundo.

Además, exigen la reparación de los daños ambientales que, aseguran, ya se han generado en la zona debido a la tala de manglares y al relleno de aproximadamente 28 hectáreas de humedales.

Los inconformes también solicitaron la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para sancionar las afectaciones ambientales y garantizar la restauración del ecosistema.

Alertan por impacto ambiental en humedal protegido

Uno de los principales argumentos de las comunidades indígenas es que la planta se ubica cerca del humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, reconocido como sitio Ramsar, categoría que distingue a los humedales de importancia internacional.

De acuerdo con los opositores al proyecto, la operación de la planta podría afectar gravemente la biodiversidad de la región y comprometer actividades económicas tradicionales de las que dependen cientos de familias.

Asimismo, rechazan que el megaproyecto sea trasladado a otra zona de Sinaloa, al considerar que los riesgos ambientales se mantendrían independientemente de su ubicación dentro del estado.

Semarnat y Profepa analizan el futuro del proyecto

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, y la procuradora federal de protección al ambiente, Mariana Boy, sostuvieron recientemente reuniones con representantes del movimiento.

Las dependencias federales han informado que realizarán estudios ambientales y revisarán el cumplimiento de la normatividad vigente antes de determinar si el proyecto puede continuar o debe ser cancelado.

Sin embargo, los representantes indígenas consideran que los daños al ecosistema ya son evidentes y temen que los procedimientos de evaluación retrasen la atención de un problema que califican como urgente.

Comunidades recuerdan fallo de la Suprema Corte

La oposición al proyecto se remonta a 2014, cuando las comunidades mayo-yoreme comenzaron una batalla legal para exigir el respeto a su derecho a la consulta indígena.

El conflicto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en 2022 emitió resoluciones relacionadas con el proceso de consulta a las comunidades afectadas.

Los opositores sostienen que las consultas posteriores estuvieron marcadas por irregularidades y reiteran que continuarán defendiendo su territorio ante cualquier intento de reactivar o consolidar la operación de la planta.

Naciones Unidas alertó sobre posibles riesgos del megaproyecto

El movimiento ¡Aquí No! señaló que organismos de Naciones Unidas han advertido a los gobiernos de México, Alemania y Suiza sobre los posibles riesgos asociados a la planta de amoniaco.

Entre las preocupaciones expuestas se encuentran eventuales fugas químicas, contaminación ambiental y afectaciones a las comunidades que dependen del ecosistema de Topolobampo para su subsistencia.

De acuerdo con los opositores, alrededor de 6 mil 600 personas podrían verse impactadas por las consecuencias ambientales y sociales derivadas de la operación de la megaplanta.

La tarde de este 12 de junio de 2026, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se encuentran bloqueando Paseo de la Reforma ante la cancelación de la mesa de diálogo por parte del gobierno federal.

El gobierno cancela “diálogo” con la CNTE

En el día 12 de protestas, el magisterio dio a conocer la mañana de este viernes que la Secretaría de Educación Pública (SEP) “canceló el día de hoy la mesa tripartita para la CDMX”; razón por la que hizo un llamado a concentrarse en la Torre del Caballito, exigiendo el cumplimiento de sus demandas.

Dirigentes de la CNTE han afirmado que el diálogo con el gobierno “no está roto” y que esperan continuar con las negociaciones para avanzar en la solución de las problemáticas expuestas.

Durante la mañana de este 12 de junio, los maestros que se encontraban en el plantón en los alrededores del Zócalo comenzaron a retirar sus casas de campañas, retirando pertenencias y estructuras improvisadas; las calles de Tacuba, Donceles y República de Brasil se encuentran parcialmente desocupadas.

Gobierno Federal endurece discurso contra la CNTE

Ante la negativa de aceptación sobre las propuestas que han hecho Mario Delgado, titular de la SEP, y Martí Batres, director del ISSSTE, el discurso institucional ha tomado otro rumbo y desde la presidencia se exhibe la renuencia de la Coordinadora para avalar o presentar contrapropuestas.

Desde la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que haya avances pese a las mesas de diálogo que se han instalado:

“Hubo diálogo hasta hace dos días, pero, ¿Qué caso tiene el diálogo? Aquí hemos hecho varios planteamientos, y acá, pues no. Además, dicen en la mesa una cosa y luego hacen otra cosa fuera. Entonces es muy complejo, pero no va a haber represión. No reprimimos a nadie y las demandas de los profesores en los estados se siguen atendiendo, pero vamos a avanzar nosotros también”.

Cabe destacar que desde el día uno del plantón de la CNTE en el Zócalo, los maestros han exigido una reunión con la mandataria, recordándole que una de sus promesas de campaña fue la abrogración de la Ley del ISSSTE 2007, sin embargo, tanto Sheinbaum como Batres han dejado claro que esto no será posible y se han limitado a ofrecer la creación de una aseguradora pública.

Por su parte, el titular de la SEP comentó en pleno día de la inauguración del Mundial 2026 -11 de junio- que pese a horas de negociación, el magisterio decidió movilizarse en distintos puntos de la CDMX:

“hay una atención a las demandas del magisterio, hoy, por ejemplo, ayer estuvimos muchas horas con ellos y hoy decidieron pues tener una actividad cercana al Estadio Azteca. Entonces más bien es un interés político que los mueve en estos momentos, de tratar de afectar la Copa del Mundo o la imagen de nuestro país a nivel internacional”.

Cabe destacar que la semana pasada y con la presión del Mundial en puerta, Mario Delgado dio a conocer la ruta para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), presentando una ruta legislativa que concluiría con la presentación de la iniciativa:

• 15 de junio: Instalación de mesa plural para elaboración de la iniciativa.
• 16 de junio al 20 de julio: Diagnóstico de la situación actual.
• 21 de julio al 17 de agosto: Elaboración del proyecto de iniciativa de reforma.
• 18 al 31 de agosto: Consulta democrática al magisterio.
• 14 de septiembre: Presentación de la iniciativa ante el Congreso de la Unión.

Al cierre de esta nota, los integrantes de la CNTE regresaron al plantón del Zócalo, algunos de los secretarios generales aseguraron que ante el cierre de puertas desde presidencia, la vía que les deja el gobierno es “fortalecer e intensificar la lucha”, adelantaron intensificar protestas en el próximo partido que se celebre en el Estadio Azteca.

Acciones pacíficas no fueron suficientes para el Estado

En un contexto marcado por el bloque de policías capitalinos que buscaron impedir el paso de manifestantes al Coloso de Santa Úrsula, se encontraba la mamá de Axel Mauricio Martínez Mancha, quien se encuentra desaparecido desde 2022, consultada por Infobae México aseguró que pese a la movilización las autoridades no ofrecieron ningún diálogo o acercamiento.

“Salvo ayer que se acercó César Cravioto (secretario de Gobierno de la CDMX) a nosotros para decirnos que con todo el dispositivo de policía que tenía no podía ofrecernos seguridad. Y bueno, pues le agradecemos que tenga entonces miles y miles de elementos inútiles, inoperantes, ineptos, que se supone que son policías y no tienen la capacidad de brindar seguridad”, sentenció Elizabeth Mancha.

Compartió que desde las actividades que se llevaron a cabo la noche del 10 de junio cerca del también conocido como Estadio Ciudad de México, hubo actos represivos por parte de la policía:

“La policía estuvo replegando los contingentes que venían de otros estados, detuvieron a periodistas, se los llevaron detenidos. El día de hoy, pues también replegaron a las familias. Nosotros logramos entrar, pero todas las familias buscadoras estaban aquí abajo y la policía los fue replegando. Solo nosotros alcanzamos a librar”.

La madre buscadora advirtió que pese a los intentos del gobierno por borrar una crisis que ha afectado a miles de familias en México, sus acciones de protesta continuarán en el marco del Mundial: “Las madres buscadoras no se rinden, las madres buscadoras no se van”.

Venta de dulces, la fuente principal para buscar a su hijo

En un encuentro con Infobae México el año pasado, Elizabeth Mancha compartió que es a través de la venta de dulces que se ha apoyado en materia económica para obtener recursos y continuar las labores de búsqueda de Axel Mauricio Martínez.

La mujer realiza esta actividad en la Ciudad de México, donde camina con una lona que muestra el rostro de su hijo, con el objetivo de ampliar la difusión de su caso. Los dulces que vende la madre buscadora tienen una señal particular: se encuentran envueltos en un papel azul donde también ha colocado la foto de su ser querido.

Forma parte del colectivo “Unidos de corazón hasta llegar a ti”, sin embargo, los integrantes han buscado la forma de financiar sus labores de búsqueda.

Ofrecen 250 mil pesos por ayudar a localizar a Axel Mauricio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas emitió una ficha de búsqueda en la que ofrece hasta 250 mil pesos a quien proporcione información que lleve a la localización de Axel Mauricio Martínez Mancha, quien al momento de desaparecer tenía 28 años.

Entre las señas particulares se encuentran los siguientes datos:

• Un tatuaje en la frente de lado derecho con la palabra “FOSSY”
• Un tatuaje con forma de diamante en la frente de lado derecho
• Un tatuaje con la figura de la espada en la mejilla de lado derecho
• Un tatuaje de signo de pesos en pómulo derecho, un tatuaje con la imagen de una torta de la barda en la pantorrilla derecha
• Un tatuaje en el pecho con la palabra Altamira
• Un tatuaje con la figura de una calavera y el número 833 en la garganta
• tatuaje con la figura de un mapache en la pierna izquierda
• Un tatuaje en los nudillos de la mano derecha con la palabra “ROCK”
• Un tatuaje en los nudillos de la mano izquierda con la palabra “SURF”
• Un tatuaje en figura de demonio con alas en la espalda
• Tiene una expansión en el lóbulo lado derecho

Su estatura es de un metro con 90 centímetros, se pide a la ciudadanía que de tener información que lleve a la localización de Axel Mauricio se comunique al número 841-841-0595.

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, convocó a una tener una quinta reunión con los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de que la negociación de ayer fracasó y el gremio decidió mantener su plantón en el Zócalo de la Ciudad de México durante la inauguración del Mundial 2026.

El funcionario federal subrayó que el gobierno mantiene una disposición al diálogo, pero lamentó que los docentes ya hayan rechazado una iniciativa que “aún no existe formalmente”.

“Invitamos a las y los maestros de la SNTE a reunirnos nuevamente. Tuvimos, es la cuarta reunión. ¿Por qué los convocamos? Porque tenemos una voluntad de diálogo permanente, pero les teníamos preparada mucha más información de las propuestas que ha hecho el Gobierno de México a dos de sus principales demandas", dijo en la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, en Palacio Nacional.

Por ello, anunció que el gobierno federal lanzará una consulta “maestro por maestro” y “escuela por escuela”, con el objetivo de que “todos” los docentes participen en la creacipon de la reforma para eliminar el Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) y decidan el rumbo de la nueva relación con el Estado.

“Vamos a hacer una consulta escuela por escuela, maestro por maestro, para que ellos decidan esta nueva relación entre el Estado y el magisterio, donde prevalezcan los derechos laborales, la transparencia y erradiquemos cualquier posibilidad de caer en los vicios que había en el pasado de corrupción, de amiguismo, de nepotismo, de influyentismo y de venta de plazas”, indicó Delgado.

Adelantó que la consulta se desarrollará en la semana previa al inicio del próximo ciclo escolar, cuando los maestros regresan a preparar actividades.

“Es el marco ideal para tener esta discusión sobre el USICAM y que ellos puedan decidir, por ejemplo, ¿quién debe decidir sobre el ingreso de los maestros, sobre los ascensos, sobre las promociones?”, plantea el funcionario.

En materia de pensiones, Delgado señala que el gobierno reconoce la demanda de abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, pero aclara las limitaciones económicas para revertir el esquema.

“No estamos de acuerdo nosotros con esa ley, pero se ha presentado muchas veces la imposibilidad económica financiera de su abrogación por el impacto que tendría, porque no podemos recuperar el pasado, pero sí podemos planear el futuro”, sostuvo.

Recordó que el Fondo de Pensiones para el Bienestar complementa las pensiones de los trabajadores para llevarlas a su último salario y anticipa que se analiza la creación de una aseguradora pública para fortalecer el sistema solidario.

Sobre la relación con el magisterio, Delgado apunta que el gobierno mantiene una interlocución institucional con la SNTE y la CNTE, incluidas sus representaciones legales en Chiapas, Oaxaca y Zacatecas.

“Tenemos mesas permanentes de atención donde nos dedicamos a atender principalmente los rezagos educativos, que hay estados donde son muchos. Y nuestra presidenta nos ha dicho: ‘Toda demanda legítima debe ser atendida, evidentemente con las restricciones presupuestales’”, menciona el secretario.

A solo unas horas de que se lleve a cabo la inauguración del Mundial 2026, representantes de la CNTE que se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), confirmaron en conferencia de prensa que continuarán analizando las propuestas del ISSSTE y la SEP, advirtieron que seguirán realizando acciones esperando que el gobierno rectifique y que la reunión con Claudia Sheinbaum se lleve a cabo.

Discutirán propuestas del Gobierno en Asamblea

A su salida, los integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación dejaron ver que lo ofrecido en esta mesa de diálogo no era lo esperado, sin embargo, adelantaron la discusión de la propuesta de gobierno en las asambleas y derivado de este consenso determinarán las acciones para el día de mañana, con una estrategia de “movilización y negociación”.

Confirmaron que al ofrecimiento de la desaparición de USICAMM, así como la implementación de una aseguradora pública por parte del ISSSTE, el gobierno adicionó un ofrecimiento en materia de seguridad social, acuerdo del que no dieron mayor detalle, pero comentaron que sería analizado.

Por su parte, Eva Hinojosa, secretaria general de la sección 18 de Michoacán, puntualizó que “esta mesa no se esperaba con las respuestas claras, pero hubo ofrecimientos”, agregó que no se encuentran condicionados a dar respuesta inmediata, por lo que consultarán en la asamblea que se llevará a cabo a las 8 de la noche.

CNTE llama a prepararse en todo el país

En las redes sociales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se publicó un cartel que llama “a prepararse en todo el país, ¡Por un sistema de seguridad social solidario!“, donde el magisterio precisa sus demandas:

• Abrogación total de la Ley del ISSSTE 2007
• Un sistema de Seguridad Social Solidario
• No UMAS y No Afores
• Jubilación por años de servicio: 28 años, mujeres y 30 años, hombres
• Incremento salarial del 100% directo al sueldo
• Abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO

Durante el encuentro con medios de comunicación también se precisó que buscan el cumplimiento de la presidenta Sheinbaum respecto a la Ley del ISSSTE 2007, ya que fue un compromiso de campaña:

“Van a seguir las acciones políticas para, para que tengamos precisamente las respuestas que necesita este movimiento que inició hace diez días... Hay un cuerpo policiaco que también seguramente estará en las manifestaciones que vayamos a hacer como SNTE”.

CNTE responsabiliza al gobierno de Sheinbaum por implementación de policías

Responsabilizaron al Gobierno Federal de cualquier situación que se llegue a presentar en el contexto del Mundial:

“No estamos pidiendo privilegios. Una jubilación digna no puede considerarse como privilegios y en ese sentido vamos a seguir accionando”.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez instó al magisterio a priorizar dar respuesta firme a lo propuesto por la SEP y el ISSSTE:

• La desaparición de USICAMM
• Una aseguradora pública

“Seguimos a la espera de una respuesta que deseamos sea positiva... Está abierto el diálogo, pero es necesario pasar a una nueva etapa y como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: ‘Es tiempo de definiciones’”, afirmó la titular de Segob.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, pidió a los integrantes de la CNTE definir su posicionamiento sobre el ofrecimiento realizado por la SEP y el ISSSTE, en cuando a las demandas del magisterio, quienes permanecen en plantón en calles del Zócalo a menos de 24 horas de que se lleve a cabo la inauguración del Mundial 2026.

“Seguimos a la espera de una respuesta que deseamos sea positiva... Está abierto el diálogo, pero es necesario pasar a una nueva etapa y como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: ‘Es tiempo de definiciones’”, afirmó la titular de Segob, por lo que instó a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a presentar una contrapropuesta para avanzar en las negociaciones.

Acompañada del secretario de Educación, Mario Delgado, y del director del ISSSTE, Martí Batres, Rosa Icela Rodríguez adelantó que no presentarán propuestas que no puedan cumplir. Cabe recordar que en días recientes, la funcionaria precisó que la falta de acciones gubernamentales son “por falta de presupuesto y no de voluntad”.

CNTE ve insuficiente las propuestas del Gobierno

Luego de la reunión con los titulares de Segob, ISSSTE y SEP, el Secretario General de la Sección 34, Filiberto Frausto Orozco, aseguró que ven insuficientes las propuestas realizadas a 10 días de haber iniciado el plantón.

El maestro confirmó que los integrantes de la Coordinadora definirán en la asamblea de las 20:00 horas si cerrarán las vías del Estadio Azteca, así como las acciones subsecuentes luego de que Segob no ofreciera “algo nuevo” durante el encuentro de este 10 de junio.

Batres plantea más poder a PENSIONISSSTE

El titular del ISSSTE, Martí Batres, propone convertir a PENSIONISSSTE en la “alternativa viable” para los trabajadores del Estado que se encuentran en el régimen de cuentas individuales. La medida busca revertir los efectos de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, que sustituyó el sistema solidario de pensiones por cuentas administradas, en su mayoría, por Afores privadas.

PENSIONISSSTE es hoy la única Afore 100% pública. Administra e invierte las cuentas individuales de trabajadores que cotizan al ISSSTE, al IMSS o de forma independiente, y opera bajo la supervisión de la CONSAR en igualdad de condiciones frente a las administradoras privadas.

La propuesta de Batres fue presentada ante representantes de la CNTE durante la tercera mesa de diálogo -el 4 de junio- con el ISSSTE, la SEP y la Segob. El planteamiento también incluye la creación de una Aseguradora Pública, descrita como el elemento “más relevante” de la reforma, al ser un organismo especializado exclusivamente en el pago mensual de pensiones a personas retiradas, en coordinación con PENSIONISSSTE.

El objetivo, según el ISSSTE, es avanzar de forma gradual hacia principios públicos y solidarios que beneficien a los titulares de cuentas individuales.

Mario Delgado propone la desaparición de la USICAMM

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, propone la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) como respuesta a una de las principales exigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El objetivo es modificar el proceso de otorgamiento de plazas, promoción, reconocimiento y cambios de escuela para el magisterio, eliminando la burocracia y fallas que, según la CNTE, perjudican a los docentes.

Delgado señala que la iniciativa se elaborará con la participación de distintos sectores y que la ruta para la desaparición de la USICAMM ya tiene un cronograma definido, el cual busca aprobar la reforma este mismo año. La propuesta también cuenta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

El proceso incluye un diagnóstico de la situación actual, la redacción de la iniciativa de reforma, y una consulta democrática al magisterio antes de presentar el proyecto ante el Congreso de la Unión.

Cronograma para desaparecer la USICAMM:

• 15 de junio: Instalación de mesa plural para elaboración de la iniciativa.
• 16 de junio al 20 de julio: Diagnóstico de la situación actual.
• 21 de julio al 17 de agosto: Elaboración del proyecto de iniciativa de reforma.
• 18 al 31 de agosto: Consulta democrática al magisterio.
• 14 de septiembre: Presentación de la iniciativa ante el Congreso de la Unión.

El bloqueo de la CNTE en Calzada de Tlalpan este 9 de de junio ha generado que personas políticas también se sumen al llamado al “dialogo”, tal como lo ha hecho la Secretaría de Gobernación a medida que se acerca la inauguración del Mundial 2026. Esta vez, Kenia López Rabadán, presidenta de San Lázaro, instó a la “búsqueda de acuerdos” ante los reflectores internacionales.

“En relación con las movilizaciones anunciadas por diversos grupos sociales, hago un llamado a todas las partes involucradas para privilegiar el diálogo, la responsabilidad y la búsqueda de acuerdos”, señaló la diputada panista en conferencia de prensa.

México debe enviar un mensaje de manera internacional

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados aseguró que el país debe enviar un mensaje que refleje la construcción de soluciones ante las demandas que el día de hoy buscan manifestarse en el contexto del Mundial:

“En un momento en el que México es observado por la comunidad internacional, debemos enviar un mensaje absolutamente claro: somos un país con instituciones, con vocación democrática y con capacidad para resolver las diferencias por la vía política y por la vía pacífica”.

López Rabadán reiteró que su llamado está dirigido a todas las partes involucradas, para llegar a soluciones que prestigien al país.

Bloqueo de CNTE colapsó Calzada de Tlalpan

Este martes los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación endurecieron su protesta intentando llegar al Estadio Azteca, acción que no fue posible por la presencia de policías y la colocación de bloques de concreto.

Al menos unos 6 mil maestros arribaron al Coloso de Santa Úrsula donde realizaron un mitin y evitando la confrontación con el cuerpo policiaco del estado regresaron al Zócalo, para integrarse al plantón que mantienen desde el 1 de junio.

¿Qué ofrece el estado a los maestros de la CNTE?

El gobierno federal presentó dos propuestas concretas en el marco del diálogo con la Coordinadora: la desaparición de la USICAMM y la creación de una aseguradora pública para blindar las pensiones del magisterio.

La ruta para eliminar la USICAMM

El secretario de Educación, Mario Delgado, presentó el 3 de junio un calendario para eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, organismo que decide sobre admisión, promoción, reconocimiento y cambios de adscripción del magisterio. La CNTE exige su desaparición por las fallas del sistema digital, el retraso en el otorgamiento de plazas y los criterios confusos que aplica.

El proceso arrancaría el 15 de junio con la instalación de una mesa plural. Del 16 de junio al 20 de julio se realizará un diagnóstico del sistema educativo que abarca el marco jurídico previo a la reforma de 2013, los artículos 3° y 123 Apartado B constitucionales, derechos laborales y mecanismos de promoción, ingreso, ascenso, escalafón, transparencia y formación continua. Del 21 de julio al 17 de agosto se elaborará el proyecto de iniciativa. Del 18 al 31 de agosto habrá una consulta democrática al magisterio. El 14 de septiembre se presentará la iniciativa ante el Congreso de la Unión.

La aseguradora pública para las pensiones

En la tercera mesa de diálogo, el director general del ISSSTE, Martí Batres, expuso la complejidad de abrogar de forma total la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, aprobada durante el gobierno de Felipe Calderón. Estimó que hacerlo requeriría recursos equivalentes a 20 puntos del PIB, “la cantidad que el gobierno ha dejado de ahorrar para pagar las pensiones, porque dejó de existir el esquema solidario desde el 2007”.

Ante esa restricción, el gobierno propuso la creación de una aseguradora pública especializada en el pago de pensiones, que operaría de forma coordinada con PENSIONISSSTE. Batres la presentó como la propuesta “más relevante”, dado que actualmente no existe ningún organismo con funciones exclusivas en la administración y entrega mensual de pensiones a personas retiradas.

La combinación de PENSIONISSSTE y la nueva aseguradora pública garantizaría, según Batres, que un trabajador al servicio del Estado que elija estas opciones “nunca aportaría un solo peso a ningún banco y a ninguna institución privada”. Batres recordó además que en el sexenio anterior se limitaron las comisiones excesivas de las Afores: se calcula que 175,000 millones de pesos que se cobrarían hasta 2030 se quedaron en las cuentas de los trabajadores.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) afirmó este domingo que la protesta nacional iniciada el pasado lunes continuará y se fortalecerá en los próximos días, pese al llamado del Gobierno federal para concluir el paro indefinido.

El posicionamiento ocurrió un día después de que la Secretaría de Gobernación exhortara al magisterio disidente a poner fin a las movilizaciones, argumentando las afectaciones a estudiantes, comerciantes y trabajadores en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Gobierno federal pide concluir el paro y continuar el diálogo

El pasado jueves, el Gobierno mexicano presentó una propuesta para fortalecer el fondo de pensiones de los trabajadores del Estado y crear una aseguradora pública que administre esos recursos.

Sin embargo, la CNTE calificó la oferta como “insuficiente”, al considerar que no responde plenamente a sus demandas sobre el sistema de pensiones, incrementos salariales y mejores condiciones laborales.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló el sábado que los maestros cuentan con una propuesta para avanzar en el tema pensionario y reiteró que permanecen abiertos los canales de negociación tanto a nivel federal como estatal.

Asimismo, pidió a los docentes concluir las protestas para evitar mayores afectaciones a las clases de niñas y niños que están por concluir el ciclo escolar, así como a la actividad económica y turística del Centro Histórico capitalino.

Dirigentes magisteriales analizarán la propuesta oficial

Tras el pronunciamiento gubernamental, Marcelino Rodarte Hernández, dirigente de la Sección 58 de la CNTE en Zacatecas, indicó que la Asamblea Nacional Representativa (ANR) revisará el documento oficial antes de emitir una postura definitiva.

El líder sindical afirmó que hasta ahora la organización no ha recibido una comunicación formal por los canales internos de la Coordinadora y que cualquier decisión será resultado de la deliberación colectiva.

Rodarte Hernández adelantó que, por el momento, la huelga continúa y el plantón instalado en la capital del país se mantendrá activo.

“La huelga sigue”: CNTE anuncia llegada de más contingentes

El dirigente magisterial aseguró que durante la próxima semana se incorporarán nuevos grupos de maestros a las movilizaciones.

“La huelga sigue, estaremos en el plantón, y sigue creciendo; esta semana se suman contingentes”, señaló tras la reunión de los representantes sindicales.

Con ello, la CNTE deja claro que no contempla levantar las protestas mientras no exista una propuesta que satisfaga sus principales exigencias.

Sheinbaum acusa provocaciones y descarta un desalojo

El viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que un sector de la CNTE busca generar escenarios de confrontación para provocar una respuesta represiva por parte del Gobierno.

Durante su conferencia matutina, la mandataria descartó cualquier operativo para desalojar a los maestros que permanecen concentrados en la Ciudad de México y reiteró que la vía de solución seguirá siendo el diálogo.

“La puerta está abierta”, afirmó la presidenta al referirse a las negociaciones con el magisterio disidente.

Mundial 2026 y pensiones: los temas que tensan la negociación

Sheinbaum también señaló que algunas de las movilizaciones ocurren a pocos días del partido inaugural del Mundial 2026, programado para el 11 de junio en la Ciudad de México.

Además, defendió los aumentos salariales otorgados al magisterio durante los últimos años, al señalar que en su administración y en la del expresidente Andrés Manuel López Obrador se han autorizado incrementos superiores a los registrados entre 1982 y 2018.

Respecto a la principal demanda de la CNTE, relacionada con revertir los efectos de la reforma al sistema de pensiones de 2007, la presidenta reconoció que regresar al esquema anterior implicaría una carga presupuestaria considerable para las finanzas públicas.

¿Qué exige la CNTE?

Las principales demandas de la CNTE son:

• Modificaciones al sistema de pensiones de los trabajadores del Estado.
• Incrementos salariales superiores a los anunciados por el Gobierno federal.
• Mejores condiciones laborales para el magisterio.
• Soluciones a demandas administrativas y laborales planteadas por las secciones sindicales en distintos estados.

Por ahora, la negociación entre el Gobierno federal y la CNTE permanece abierta, mientras las protestas continúan en la capital del país y en otras entidades.

En marzo de 2022, los habitantes de Achichipico, comunidad del municipio de Yecapixtla, Morelos, hicieron algo que no debería ser extraordinario: pusieron por escrito lo que llevaban siete años viviendo. Más de 2 mil 622 personas —en su mayoría agricultores— sin acceso regular a agua potable para beber, cocinar ni asearse, incluso durante la pandemia de COVID-19.

Cuatro años después, la Operación Enjambre les daría la razón de una forma que ninguna institución había querido darles. Cuando el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció las detenciones del pasado 20 de mayo, uno de los cargos llamó especialmente la atención: Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla, fue investigado por la apropiación de un predio destinado a un pozo de agua potable, dejando en severo desabasto del recurso a la comunidad. Según las investigaciones de las autoridades, el presunto desabasto provocado no se limitó a una sola localidad, sino que habría impactado a varias comunidades del municipio.

Pero hay un matiz que lo cambia todo: los vecinos de Achichipico no denunciaron a Irving, sino a su hermano Heladio Rafael Sánchez Zavala, el presidente municipal que recibió sus quejas en 2022, las mismas que ignoró y que hoy, mientras su hermano enfrenta cargos por delincuencia organizada, sigue en el cargo con mandato vigente hasta 2027.

El pozo desapareció presuntamente con Irving, pero el modus operandi continuó con Heladio.

Una familia, tres alcaldes, quince años de poder

Para entender cómo fue posible, hay que ver quién ha gobernado Yecapixtla desde 2009:

• Irving Sánchez Zavala — 2009–2012, hoy detenido.
• Francisco Erik Sánchez Zavala — 2016–2018 y 2019-2021, dos periodos consecutivos
• Heladio Rafael Sánchez Zavala — 2022–2024 y 2025-2027 (actualmente en funciones)

Los tres son hermanos. Su padre, Francisco Rafael Sánchez Vargas, también fue alcalde en los noventa y posteriormente diputado local. Quince años del mismo apellido en el Palacio Municipal, con el PAN como vehículo electoral y el agua como moneda de cambio: los vecinos documentaron que el municipio solo suministraba el líquido durante las campañas, y lo cortaba una vez que el candidato ganaba. Cuando fueron a exigir explicaciones, la respuesta del Ayuntamiento de Heladio fue directa: seguirían sin agua porque Achichipico no había votado por él.

La denuncia que rebotó por todas las instancias

Ante la negativa municipal, los pobladores no se rindieron: escalaron su queja a todas las instancias posibles. En marzo de 2022 enviaron su denuncia formal a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, con copia al entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y a dependencias federales como la CONAGUA. Lo hicieron de forma anónima —así lo indicaron en el escrito— por miedo a represalias de las autoridades municipales.

Lo que siguió fue un circuito burocrático que duró meses y no resolvió nada.

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos respondió en mayo de 2022 que, si bien el desabasto podía constituir una violación a derechos humanos, su competencia no le permitía intervenir directamente en asuntos municipales. En lugar de archivar el caso, lo canalizó a tres instancias: giró una recomendación a la Comisión Estatal del Agua, ordenó dar vista a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y se ordena informar del presente asunto a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Yecapixtla.

Infobae México tuvo acceso a estos escritos, donde se destaca que la CEAGUA (Comisión Estatal del Agua del Estado de Morelos) respondió en dos ocasiones con el mismo argumento: el agua potable es una atribución constitucional de los municipios, no del estado, por lo que no tenía facultades para intervenir. Su oficio cerró con una frase que resumía el espíritu de toda la gestión institucional: que los vecinos podían acudir a sus oficinas en Cuernavaca si tenían dudas.

La CDHM (Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos) fue la única instancia que actuó con formalidad. La Visitaduría Regional Oriente radicó el expediente el 17 de mayo de 2022 y giró oficios simultáneos a todas las autoridades señaladas como responsables —La CEAGUA, el presidente municipal del Ayuntamiento de Yecapixtla (Heladio Rafael Sánchez Zavala), Sistema Operador de Agua Potable y saneamiento del municipio de Yecapixtla y la Contraloría Municipal— requiriéndoles rendir un informe preliminar sobre los hechos denunciados.

La defensa del Ayuntamiento de Heladio ante la CDHM fue puntual: negó toda responsabilidad argumentando que su administración había iniciado apenas el 1 de enero de 2022, por lo que no podía responder por violaciones a derechos ocurridas en años anteriores. Sobre el desabasto, sostuvo que desde 2016 era el comité de agua de la propia comunidad —no el municipio— el responsable del servicio, respaldándose en un acta de cabildo de febrero de ese año.

Lo que el informe no menciona es que entre 2016 y 2021, el municipio de Yecapixtla estuvo encabezado por Francisco Erik Sánchez Zavala, hermano de Heladio.

El expediente quedó abierto. El agua nunca llegó por la vía institucional. Los pobladores lo habían escrito con una claridad que ningún funcionario quiso leer: “No buscamos sanción para los responsables. Buscamos que nos den agua.”

Ante información que comenzó a circular la tarde de este 5 de junio respecto a un presunto levantamiento del plantón de la CNTE tras diálogo con el gobierno, el magisterio ha aclarado que no se retirarán de las calles aledañas al Zócalo, sino que el movimiento se debe a una reorganización por el fin de semana.

Comentaron que el levantamiento de algunas casa de campaña se debe a un acuerdo de la organización interna de delegaciones o sectores de los contingentes, por lo que al paso de los días hacen “relevo”, movimientos que se realizan los jueves, viernes y domingos.

CNTE se podría unir con otros sectores

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que el día de mañana -6 de junio- en punto de las 11 de la mañana llevará a cabo un “Foro solidario entre luchas y huelgas activas”, mismo que tendrá el objetivo de plantear acciones en conjunto con otras organizaciones y sindicatos que se han movilizado en los últimos días en el marco del Mundial de Futbol.

Tras la jornada de protestas que comenzó el pasado 1 de junio se han llevado a cabo distintas mesas de diálogo con representantes del gobierno, sin embargo, las principales demandas no han tenido respuesta -según lo comentado por el magisterio- situación que los ha orillado a permanecer en las calles de la capital.

La noche de este viernes, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, compartió un mensaje en sus redes sociales, donde aseguró que el diálogo sigue firme con la Coordinadora:

“Seguimos Segob, SEP e ISSSTE en una jornada intensa de diálogo con el magisterio para la construcción de acuerdos. En el gobierno democrático de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum las demandas legítimas y justas, encausadas por la vía pacífica, siempre tendrán una respuesta responsable”.

La SEP traza la ruta para eliminar la USICAMM

Mario Delgado presentó el 3 de junio un calendario que arrancaría el 15 de junio con la instalación de una mesa plural para elaborar una propuesta de reforma. Entre el 16 de junio y el 20 de julio se haría un diagnóstico del sistema educativo que abarcaría el marco jurídico previo a la reforma de 2013, los artículos 3° y 123 Apartado B constitucionales, derechos laborales, mecanismos de promoción, ingreso y ascenso, escalafón, transparencia y formación continua.

Del 21 de julio al 17 de agosto se elaboraría el proyecto de iniciativa de reforma. Del 18 al 31 de agosto se realizaría una consulta democrática al magisterio. El 14 de septiembre la iniciativa se presentaría ante el Congreso de la Unión. El documento fue firmado también por la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez.

La USICAMM, creada a partir de la Ley General del Servicio Profesional Docente impulsada en el gobierno de Enrique Peña Nieto, decide sobre admisión, promoción, reconocimiento y cambios de escuela del magisterio. La CNTE exige su eliminación por las fallas del sistema digital, el retraso en el otorgamiento de plazas y los criterios confusos que aplica.

El ISSSTE propone una aseguradora pública y más peso para PENSIONISSSTE

El 4 de junio, durante la tercera mesa de diálogo, el titular del ISSSTE Martí Batres presentó una propuesta para reformar el sistema de pensiones. El diagnóstico de partida es que la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, aprobada en el sexenio de Felipe Calderón, “sustituyó el régimen público, solidario e intergeneracional de pensiones por un sistema de cuentas individuales administradas, en su mayoría, por Afores privadas”, según detalló la dependencia.

La propuesta más destacada es la creación de una Aseguradora Pública especializada en el pago de pensiones. Batres la presentó ante la Comisión Nacional Única de Negociación como “la más relevante” por no existir actualmente ningún organismo con funciones exclusivas en la “administración y entrega mensual de pensiones a las personas retiradas”. Trabajaría en coordinación con PENSIONISSSTE.

En paralelo, el ISSSTE busca convertir a PENSIONISSSTE en la “alternativa viable” para los trabajadores del Estado en el régimen de cuentas individuales. Actualmente es la única Afore 100% pública y opera bajo la supervisión de la CONSAR en competencia directa con las Afores privadas.

Integrantes de la CNTE no levantarán el plantón que mantienen desde hace 4 días en las calles aledañas al Zócalo, tras una mesa de “diálogo” con titulares de distintas dependencias, representantes de la Comisión Nacional Única de Negociación del magisterio salieron sin acuerdos concretos.

Desaparición de la USICAMM no es suficiente

Aseguran que pese a la propuesta de Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual ya contempla la ruta a seguir para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las maestras y los maestros (USICAMM), no se resuelven “de fondo” la totalidad de sus demandas.

Acusan que no hay garantías sobre una jubilación digna ni se ha llegado al planteamiento de la abrogación de la reforma educativa de 2012, ni tampoco hay avance en la exigencia al gobierno de Claudia Sheinbaum sobre la eliminación de la ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 2007.

Cabe destacar que por parte del gobierno estas mesas han sido encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el titular del ISSSTE, Martí Batres, y el secretario de Educación; a quienes se les ha externado de manera detallada cada una de sus exigencias, así lo precisó la secretaria general de la Sección 22 de la CNTE:

“En estas tres mesas hemos puntualizado que nuestra demanda central a nivel nacional es una jubilación digna. ¿Y esto qué implica? Precisamente cumplir con el proceso de campaña que en su momento impulsó la ahora presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo”.

Pese a que las reuniones con las instituciones mencionadas han continuado su curso, también acusan la falta de respuesta a otra demanda: la reunión con la presidenta. Ante este contexto, el gobierno se arriesga a que los integrantes de la Coordinadora continúen en plantón a solo días de la inauguración del Mundial 2026.

Esta es la propuesta de la SEP para eliminar la USICAMM

El pasado 3 de junio, el secretario de Educación presentó la ruta de trabajo para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), uno de los 100 compromisos de gobierno de la Presidenta de México.

La propuesta contempla un proceso que arranca en junio y concluye en septiembre con la presentación de una iniciativa al Congreso, con miras a que la reforma quede aprobada en diciembre de 2026. Estas son las etapas:

• 15 de junio: instalación de una mesa plural con maestras y maestros para elaborar la iniciativa de forma conjunta.
• 16 de junio al 20 de julio: desarrollo de un diagnóstico.
• 21 de julio al 17 de agosto: elaboración del proyecto legislativo.
• 18 al 31 de agosto: consulta democrática al magisterio.
• 14 de septiembre: presentación de la iniciativa definitiva ante el Congreso de la Unión.

“Lo que los maestros están buscando y por lo que han luchado tanto tiempo, lo tienen a la mano. Tenemos ya la ruta de trabajo para hacer posible que en diciembre de este año tengamos una reforma que desaparezca el USICAMM”, afirmó Delgado.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que haya actos de violencia en las movilizaciones que han realizado esta semana maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, a pesar de que hay mesas de diálogo con autoridades del gobierno federal.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria advirtió que el gobierno no caerá en provocaciones ni responderá con represión, y atribuyó las acciones violentas a estrategias que, a su juicio, “parecen de ultraderecha”.

Para esto último, argumentó que la presencia de manifestantes encapuchados y los actos de vandalismo marcan una diferencia respecto a movilizaciones de años anteriores, señalando ahora “deciden actuar con palos y romper vidrios”.

“Está ahí el, la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación. Fíjense cómo se juntan los extremos, que también es relevante decirlo. Hay la ultraderecha que dice: “No, hay que rebelarnos contra el Gobierno” y provocación”, dijo en Palacio Nacional.

Por ello, la presidenta consideró que los extremos ideológicos se tocan en las protestas y sostuvo que detrás de los disturbios hay una provocación para forzar una respuesta represiva del gobierno, justo antes del inicio de la Copa Mundial FIFA 2026.

“Entonces, quieren que caigamos en una represión para la antesala del mundial. No vamos a caer en la provocación”, recalcó.

Sheinbaum Pardo insistió en que el gobierno federal mantiene abiertas las mesas de diálogo con el magisterio, a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, asegurando que se atienden las demandas de los maestros de cada estado en mesas tripartitas, donde también se abordan temas como las pensiones y las condiciones laborales.

En este sentido, hizo un llamado a que “quienes están permanentemente” realizando supuestos actos de provocación “mejor entren al diálogo”.

“Les decimos: pues mejor entren al diálogo, porque parece que son de ultraderecha, la verdad. La verdad, eso parece, porque no, no se entiende por qué romper vidrios cuando hay la puerta abierta de una negociación”, putnualizó.

Al ser cuestionada sobre una posible reunión directa con los líderes de la CNTE, Sheinbaum aclaró que recientemente se reunió con maestros de Chiapas y que los titulares de Gobernación y Educación Pública tienen toda su confianza para negociar acuerdos.

“No va a cambiar nada si se reúnen conmigo, nada. Ellos tienen toda la confianza de la presidenta para llegar a acuerdos con los maestros”, subrayó.

La presidenta advirtió que el gobierno no hará promesas incumplibles por razones presupuestales, pero mencionó avances en esquemas de pensiones, como el Fondo de Pensiones para el Bienestar, y ajustes en los mecanismos de movilidad docente.

A una semana de la inauguración del Mundial, las protestas de la CNTE se intensificaron en la capital, con bloqueos y hechos violentos que llevaron a las autoridades a reactivar las negociaciones.

La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública retomaron el diálogo con los representantes del magisterio, en busca de acuerdos que permitan atender las principales exigencias laborales y de seguridad social de los docentes.

El político sonorense Ricardo Lugo Moreno asumió oficialmente el cargo como senador de la República en sustitución de Heriberto Aguilar Castillo, quien solicitó licencia temporal para separarse de sus funciones legislativas del 25 al 30 de mayo.

La toma de protesta fue encabezada por Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, al concluir la sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República.

Durante el acto protocolario, Lugo Moreno rindió protesta constitucional para integrarse formalmente a los trabajos de la LXVI Legislatura y representar al estado de Sonora en la Cámara Alta.

Licencia de Heriberto Aguilar se da por motivos familiares

La separación temporal de Heriberto Aguilar ocurre luego del fallecimiento de su sobrina Leyna, situación que llevó al legislador de Morena a solicitar licencia para acompañar a su familia durante el duelo.

A través de un comunicado, Aguilar Castillo explicó que su decisión responde tanto a motivos personales como a la necesidad de atender de manera responsable la transición legislativa durante su ausencia.

El senador también agradeció las muestras de apoyo y solidaridad recibidas en los últimos días, luego del delicado estado de salud que enfrentó su familiar.

Primer sanluisino en ocupar un escaño en el Senado

Con su llegada al Senado, Ricardo Lugo Moreno se convirtió en el primer originario de San Luis Río Colorado en ocupar un escaño en la Cámara de Senadores, hecho que ha sido destacado en Sonora.

Antes de asumir esta responsabilidad, Lugo se desempeñaba como delegado de la Secretaría de Gobernación en Sonora, cargo del que también pidió licencia para incorporarse a sus nuevas funciones legislativas.

Entre los principales cargos que ha ocupado destacan:

• Director municipal del Deporte en San Luis Río Colorado.
• Secretario del Ayuntamiento durante casi dos años.
• Diputado local en el Congreso de Sonora tras las elecciones de 2021.
• Candidato suplente al Senado por Sonora.
• Delegado de la Secretaría de Gobernación en la entidad.

Ricardo Lugo promete impulsar proyectos para Sonora

Tras rendir protesta, el nuevo senador afirmó que buscará impulsar iniciativas enfocadas en el desarrollo económico, social y de infraestructura para Sonora.

Asimismo, expresó que mantendrá cercanía con la ciudadanía y trabajará en coordinación con el gobernador Alfonso Durazo Montaño para fortalecer proyectos prioritarios para el estado.

Lugo Moreno también reiteró su respaldo al proyecto político de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aseguró que continuará legislando en favor de las familias sonorenses desde la Cámara Alta.

Senado formalizará incorporación de Lugo Moreno ante el Pleno

Luego de la ceremonia, Laura Itzel Castillo informó que la toma de protesta será comunicada oficialmente a las y los integrantes de la Mesa Directiva y posteriormente al Pleno del Senado.

Además, instruyó a la Secretaría General de Servicios Administrativos para asignar a Ricardo Lugo Moreno los espacios físicos y recursos correspondientes para el desempeño de sus actividades legislativas.

Con esta incorporación, Morena mantiene la representación de Sonora en el Senado mientras concluye la licencia temporal de Heriberto Aguilar.

El paro de transporte de carga anunciado por transportistas del sur de Honduras comenzará este lunes 25 de mayo y podría interrumpir el traslado de mercancías en los principales corredores logísticos de la región. Dirigentes del gremio afirmaron que la protesta seguirá “de forma indefinida” hasta obtener una respuesta del Gobierno y la instalación de mesas de negociación.

La medida prevé una paralización total o parcial de las unidades de carga pesada, con posible impacto en la distribución de alimentos, productos de consumo masivo, materiales de construcción, combustibles y otros insumos, según advirtieron representantes del sector.

Sectores comerciales y productivos de la zona sur anticiparon retrasos en entregas, desabastecimiento temporal en puntos de venta y un aumento de costos logísticos que podría trasladarse al consumidor si la suspensión del servicio se prolonga.

incumplimientos de acuerdos laborales

Representantes del gremio del transporte de carga atribuyeron la convocatoria a un “prolongado” cúmulo de inconformidades y a la falta de acuerdos con las autoridades. Aunque no detallaron un pliego completo de exigencias, mencionaron reclamos vinculados a condiciones laborales, operativas y administrativas.

Los dirigentes sostuvieron que la situación del sector llegó a un punto que consideran “nivel crítico” para operar, y plantearon que el paro busca presionar para obtener respuestas concretas por parte de las instituciones responsables.

La zona sur es un punto clave para la movilización de mercancías hacia distintos destinos del país. Transportistas advirtieron que la paralización parcial o total puede afectar de inmediato la cadena de suministro, con dificultades para reponer productos básicos y para sostener el ritmo de distribución habitual.

Comerciantes y distribuidores de la región señalaron que incluso un freno de corta duración puede generar faltantes puntuales, sobre todo en rubros de alta rotación. También alertaron sobre demoras en la entrega a supermercados, ferreterías y estaciones de servicio, en la medida en que el traslado dependa del transporte pesado.

¿Abiertos al diálogo?

Los dirigentes del transporte pidieron al Gobierno la instalación “inmediata de mesas” de negociación con participación del sector. Según el gremio, hay disposición al diálogo, pero condicionada a compromisos que puedan verificarse.

Los transportistas insistieron en que el paro continuará de manera “indefinida” hasta que exista una respuesta oficial. En el ámbito empresarial, actores del sector productivo advirtieron que, si no se abre una instancia de diálogo en las próximas horas, el conflicto puede escalar y profundizar el impacto en el abastecimiento y la actividad económica de la zona sur de Honduras.

En este escenario, la incertidumbre se mantiene en la zona sur del país a pocas horas de que entre en vigor la paralización, mientras distintos sectores económicos permanecen a la expectativa de una posible salida de último momento que permita evitar afectaciones mayores.

De momento, el sector transporte sostiene su postura y condiciona cualquier retorno a las operaciones a la apertura de un proceso de diálogo con respuestas concretas a sus demandas.

Hasta el cierre de esta información, no se ha confirmado ningún acuerdo entre las partes, por lo que la medida de presión se mantiene vigente para iniciar este lunes.

El panorama sigue siendo de expectativa en la zona sur del país, donde el impacto del paro dependerá de su duración y del alcance de la paralización en los principales corredores de transporte de carga.

Organizaciones y sindicatos que congregan a médicos, enfermeros y demás trabajadores de hospitales se reunieron frente al Ministerio de Salud nacional, en Buenos Aires, para reclamar al titular de la cartera, Mario Lugones, bajo la consigna 'La salud no puede esperar', y luego marcharon hasta la icónica Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno.

"Hace dos años que marchamos en la calle contra Milei y Lugones", dijo a EFE Jorge Yabkowski, secretario general de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), uno de los gremios que se movilizó.

Además, el secretario de Fesprosa mencionó que las manifestaciones de este miércoles se enmarcan en un plan de lucha que incluye huelgas en hospitales de distintos puntos del país y destacó que además de la movilización en Buenos Aires, también se registraron protestas en provincias como Santa Cruz, Mendoza, Santa Fe, Tierra del Fuego y Chaco.

Yabkowski extendió su reclamo más allá del Gobierno nacional y expresó: "Debemos criticar a los gobernadores y alcaldes que están aplicando la precarización en sus provincias y municipios".

Las principales consignas de la protesta se centraron en la caída de los recursos nacionales para la salud pública, que, según un análisis publicado este año por la fundación Soberanía Sanitaria, cayeron en un 34 % en términos reales entre 2023 -año de asunción presidencial de Milei- y 2025.

Durante la manifestación en la capital argentina, médicos y enfermeros vestidos con delantales blancos marcharon con pancartas y banderas con consignas contra el presidente, y mensajes como "la salud pública se defiende" o "el ajuste de Milei mata".

En la protesta se hicieron presentes referentes opositores, incluidos miembros de partidos de izquierda y el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el peronista Nicolás Kreplak.

Según un estudio del Instituto Argentina Grande publicado a principios de mayo, entre 2023 y 2025 los hospitales públicos sumaron 742.000 nuevos pacientes, lo que -según el documento- ha incrementado la presión a un sistema de salud con cada vez menos recursos.

En conferencia de prensa, dirigentes de la CNTE -uno de los principales sindicatos de maestros en México,- acusaron al Gobierno federal de responder con "migajas" a las demandas del magisterio.

Isael González, de la CNTE en Chiapas, detalló que la huelga arrancará el 1 de junio con una marcha desde el Ángel de la Independencia al Zócalo de Ciudad de México, donde instalarán un plantón indefinido y definirán nuevas acciones de protesta en los días posteriores.

"Los ojos del mundo estarán en la Ciudad de México y ahí estaremos mostrando nuestra inconformidad", enfatizó.

El 11 de junio, Ciudad de México será sede del partido inaugural del Mundial, que México organiza con Estados Unidos y Canadá.

González aseguró que la huelga solo terminará si el Gobierno deroga la Ley del ISSSTE y la reforma educativa, y acusó a las autoridades de incumplir las promesas hechas al magisterio.

También reiteró que los maestros no solicitaron un adelanto del fin del ciclo escolar y sostuvo que la huelga nacional "es una necesidad, no un capricho".

Pedro Hernández, de la sección 9 de la CNTE, añadió que el incremento anunciado el viernes por el Gobierno "no representa realmente un 9 %", al asegurar que buena parte corresponde a prestaciones y que el aumento efectivo sería cercano al 4,3 %, apenas por encima de la inflación prevista para 2026.

"Estas migajas (...) son inaceptables", dijo.

Elvira Veleces Morales, coordinadora de la sección 14 de Guerrero, afirmó que las movilizaciones buscan "visibilizar la lucha" del magisterio, aprovechando la "ventana" del Mundial, y sostuvo que cualquier afectación durante el torneo "dependerá de la voluntad del Gobierno Federal" para atender sus demandas.

La Sección 22 de Oaxaca (sur), uno de los principales bastiones de la CNTE, adelantó que iniciará movilizaciones desde el 25 de mayo, aunque confirmó su participación en la huelga nacional convocada para el 1 de junio.

Entre las principales exigencias del sindicato se encuentran la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa impulsada durante los gobiernos de los expresidentes Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Los maestros también exigen cambios al sistema de jubilación docente, incluido el regreso a un esquema solidario de pensiones y jubilaciones por años de servicio, así como un aumento salarial del 100 %.

La organización ambientalista Sélvame convocó a la ciudadanía a participar en una marcha pacífica en defensa de Mahahual, Quintana Roo, debido a la construcción del parque acuático “Perfect Day México” por parte de la empresa Royal Caribbean.

La movilización tendrá lugar el próximo jueves 21 de mayo a las 9:00 horas frente a las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ubicadas en la Ciudad de México. Los organizadores invitaron a los asistentes a llevar pancartas bajo la consigna: “Mahahual no se vende”.

El proyecto, cuya inauguración está programada para 2027, enfrenta severos señalamientos por parte de expertos y colectivos defensores del medio ambiente debido a sus destructivas consecuencias ecológicas. De acuerdo con informes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la obra amenaza directamente los manglares de la zona y el hábitat del manatí, así como de diversas especies de corales protegidos.

Asimismo, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) advierte que este sistema arrecifal alberga más de 60 especies de coral, más de 500 especies de peces y tortugas marinas en peligro de extinción, las cuales sufrirían un impacto irreversible. Por su parte, especialistas del Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) señalaron que esta obra no es un caso aislado, sino que forma parte de una tendencia de desarrollo extractivista en Quintana Roo. El OCSA advirtió que la transformación del territorio para el turismo masivo pone en riesgo las formas de vida comunitaria y las economías locales.

Esta convocatoria de Selvame se suma a la reciente ola de presión social contra el complejo turístico a nivel nacional. El pasado 12 de mayo, la organización internacional Greenpeace realizó un impactante acto de resistencia civil en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Activistas escalaron la fachada del Palacio de Bellas Artes para desplegar una manta monumental exigiendo a la Semarnat detener la obra.

“En estos momentos nos encontramos en un ícono cultural para exigir la protección urgente de un ícono de la naturaleza”, manifestó Greenpeace a través de sus redes oficiales. Paralelamente, en la explanada del recinto cultural, un grupo de brigadistas sostuvo carteles con la leyenda: “No más proyectos de turismo depredador”, llamando a la conciencia sobre la fragilidad del ecosistema caribeño.

Con la marcha del 21 de mayo, los colectivos buscan unificar los reclamos ciudadanos y presionar a las autoridades federales para que revoquen los permisos ambientales antes de que el daño en Mahahual sea irreversible.

Además, se mantiene abierta la convocatoria para firmar una petición para que Semanart detenga las obras en siguiente enlace: www.change.org/p/rechaza-el-proyecto-perfect-day-m%C3%A9xico-en-mahahual

Los manifestantes, que portaban un mar de banderas británicas o inglesas (la cruz roja de San Jorge sobre fondo blanco), corearon repetidamente vivas a Robinson e insultos contra el primer ministro británico: "Keir Starmer es un idiota". En sus carteles abundaban las consignas contra los inmigrantes: "Deportad a los millones de invasores" o "Acabad con las pateras".

Un manifestante que se identificó como Brian dijo a EFE: "Van a decir luego que somos racistas y es injusto. Yo no tengo nada contra los inmigrantes, pero la verdad es que yo y otros muchos británicos que pagamos nuestros impuestos resulta que somos relegados en nuestra patria", decía.

Entre los manifestantes había tantos jóvenes como adultos llegados de toda Inglaterra y hasta de Escocia y Gales, pero lo que dominaba era la presencia de hombres, mucho más abundantes que las mujeres. Aunque numerosos participantes bebían latas de cerveza mientras caminaban, un servicio de orden de la organización se ocupaba de que no hubiera excesos ni comportamientos violentos.

Robinson, que no pertenece a ningún partido, tuvo hoy un discurso claramente político y dijo al comienzo de la marcha desde un escenario: "¿Estáis listos para la batalla? En 2029 tenemos elecciones (legislativas) y va a ser el momento más importante de nuestra generación".

Y aunque dijo que su movimiento es un mero "movimiento cultural", quiso dejar claro su mensaje político: "Si no mandamos un mensaje en esta elección, si no os registráis para votar, si no os involucráis, si no os hacéis activistas, vamos a perder nuestro país para siempre (...) No os digo a cuál, pero tenéis que uniros a un partido político", antes de citar cuatro formaciones de la derecha.

Robinson, de 43 años, ha pasado en cinco ocasiones por la cárcel, la última de ellas el año pasado. Después de ser excarcelado en mayo pasado, ha sido invitado a visitar Israel en octubre y Estados Unidos (donde fue recibido en el Departamento de Estado) en febrero.

Desde su cuenta de X -a la que regresó por decisión de Elon Musk en 2023 tras ver su cuenta suspendida tres años-, Robinson se dirigió la víspera a la policía británica para asegurarles que sus partidarios son amantes de orden y que se encargaría de pedirles hoy contención y buena conducta.

Por si acaso, el Gobierno británico anunció el viernes que había prohibido la entrada al país a once activistas de la ultraderecha mundial -de España, Estados Unidos, Polonia o Países Bajos- que iban a tomar parte en la manifestación de Robinson, por temor a que contribuyeran a "expandir el odio".

Aun con todas las precauciones, la policía considera que la jornada de hoy es de máximo riesgo, no solo por los disturbios ocasionados por los seguidores de Robinson el pasado septiembre, sino por la coincidencia en el centro de Londres, aunque sea en itinerarios separados, de otra gran manifestación de signo contrario. Ha desplegado a 4.000 agentes en la ciudad.

La segunda manifestación, convocada por grupos propalestinos para recordar la 'Nakba' o expulsión masiva de palestinos en 1948 tras la creación del Estado de Israel, también ha tenido carácter masivo, según pudo comprobar EFE, como suele suceder con estas convocatorias en Londres.

Esta segunda manifestación, que transcurrió en ambiente pacífico, congregó a familias enteras y una gran cantidad de mujeres. Pudo verse a representantes de numerosos partidos de la izquierda, parlamentaria o extraparlamentaria.

Los participantes corearon repetidamente "Free Palestine" y varias consignas contra la ultraderecha británica. En un momento dado, se encontraron con un grupo de provocadores con banderas israelíes, pero el propio servicio de orden de los manifestantes y la policía los acordonaron para evitar el contacto físico entre ellos.

Hay temor a que a última hora del día, cuando hayan terminado oficialmente las dos manifestaciones, los activistas de uno y otro signo se encuentren en el centro de la ciudad y pueda haber confrontaciones.

Javier Otazu

Alrededor de 50 estudiantes permanecieron durante la noche dentro del rectorado con frazadas y pertenencias personales, mientras exigían la instalación de una mesa de diálogo con las autoridades universitarias. Asimismo, en los exteriores de la universidad se registró presencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de que el día anterior parte de la avenida Universitaria fuera tomada por los manifestantes.

Estudiantes exigen participación

El dirigente universitario Rafael Polar señaló que las protestas continuarán hasta que exista una respuesta formal del rectorado y se atiendan las principales demandas estudiantiles. En conversación con el citado medio, sostuvo que la medida se mantendrá “hasta que se establezca un piso mínimo para el cumplimiento y trabajo” de sus exigencias.

Asimismo, indicó que los estudiantes solicitan que cualquier comisión vinculada al tema cuente con “una participación real del estudiantado”. También demandó garantías para que no se apliquen sanciones contra quienes participan en las protestas. “Las garantías de que no vaya a haber ninguna medida persecutoria, tanto interna como externa, disciplinaria, contra los estudiantes que han ejercido su derecho a la protesta”, expresó.

Denuncian falta de diálogo

Rafael Polar aseguró además que, hasta el momento, no existe un acercamiento oficial por parte del rectorado hacia la federación estudiantil. De acuerdo a sus declaraciones brindadas a Exitosa, ya se remitió una comunicación formal a las autoridades universitarias, pero no han obtenido respuesta. “No ha habido una aproximación oficial del rectorado hasta el momento”, manifestó.

El dirigente también denunció presuntas amenazas de apertura de procesos disciplinarios contra los alumnos movilizados. “Los ánimos siempre han sido sumamente crispados y sobre todo actitudes persecutoras”, afirmó. En esa línea, sostuvo que estas advertencias buscarían “desmovilizar” y “despolitizar” a los estudiantes que participan en la protesta.

Por su parte, otra representante estudiantil cuestionó la falta de transparencia de las autoridades universitarias durante la jornada de protestas. Según indicó, el Consejo Universitario permaneció reunido en un espacio cerrado y no sostuvo un diálogo efectivo con los manifestantes. “Lamentamos que el rectorado no esté mostrando esta disposición de transparencia y comunicación con los estudiantes”, señaló.

¿Por qué la PUCP decidió incrementar sus pensiones?

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) anunció el incremento de sus pensiones para los estudiantes que ingresen a partir del ciclo 2027-1, eliminando las escalas de pago más bajas y estableciendo un monto mínimo mensual de S/ 2.692, más del doble del monto base anterior. La institución argumentó que esta medida busca viabilizar un nuevo esquema de becas socioeconómicas denominado Mac Gregor, orientado a compensar el impacto económico en los postulantes de menores recursos.

La decisión se fundamenta en la necesidad de fortalecer los ingresos de la universidad, luego de registrar pérdidas financieras superiores a S/ 220 millones en 2025. Además, la PUCP resaltó el papel de los recursos provenientes del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), que sumaron cerca de S/ 278 millones entre 2020 y 2025. Según exrepresentantes estudiantiles, la reducción en el monto transferido por Pronabec habría motivado la reestructuración de la estructura de cobros como medida de sostenibilidad.

El nuevo sistema de becas Mac Gregor tendrá criterios exclusivamente socioeconómicos y no dependerá del rendimiento académico. El beneficio cubrirá entre el 50 % y el 60 % del costo real de los estudios y reemplazará las subvenciones de las escalas G1, G2 y G3. Solo aplicará a quienes ingresen desde 2027, mientras que los estudiantes actuales mantendrán sus condiciones, aunque el ajuste ha generado protestas y preocupación por la reducción de la accesibilidad para sectores de menores ingresos.

En Sinaloa, las protestas por los altos cobros en el recibo de luz han reunido a decenas de ciudadanos frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los inconformes denuncian incrementos significativos en los recibos durante el último bimestre y señalan que la situación afecta a familias, pequeños comercios y microempresas.

La gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde afirmó que el Gobierno estatal brindará atención a los afectados, aunque la solución definitiva depende de la CFE.

Durante la segunda semana de mayo de 2026, en Culiacán y otras ciudades, usuarios informaron montos inusuales a pagar, con reportes de casos extremos en los que los recibos superan ampliamente lo que habitualmente pagaban.

La molestia ciudadana aumentó tras la llegada de deudas que los afectados consideran injustificadas.

El Gobierno estatal ha reiterado que, aunque el tema compete a una empresa federal, atenderá a cualquier ciudadano que acuda a Palacio de Gobierno.

Bonilla Valverde precisó que a quienes se han manifestado ya les han ofrecido atención y que, si acuden, serán recibidos como cualquier ciudadano. La mandataria también informó que el superintendente de la CFE dialogó con los manifestantes y se comprometió a entregar una respuesta en breve, aunque aún no hay avances oficiales.

Manifestaciones y presión social

Las movilizaciones comenzaron en mayo de 2026. Decenas de personas se congregaron en las instalaciones de la paraestatal en Culiacán, donde mantienen presencia constante para exigir soluciones.

Los usuarios afectados aseguran que, pese a la presión social, la CFE solo ha ofrecido prórrogas para el pago o revisiones técnicas, sin plantear hasta ahora una reducción o corrección tarifaria.

En varios casos se reportaron recibos elevados en domicilios que permanecieron deshabitados por días. Además, se han registrado cortes de energía eléctrica en viviendas con acuerdos de revisión abiertos, según reportes locales.

Respuesta de autoridades estatales

La gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde ha reiterado la disposición del Gobierno estatal para atender a los ciudadanos afectados, independientemente de que la solución de fondo dependa de la CFE.

El superintendente de la empresa dialogó con los manifestantes de acuerdo con lo dicho por la gobernadora.

Según Bonilla Valverde, la tarifa de verano ya está vigente desde el 1 de mayo. Sin embargo, los usuarios insisten en que el subsidio resulta insuficiente frente a los aumentos recientes.

Acciones ciudadanas y contexto del subsidio de verano

Organizaciones vecinales han convocado a protestas como forma de presión. Sinaloa cuenta con la tarifa 1F, la más subsidiada del país debido a las altas temperaturas, pero es frecuente que se repitan los reclamos por cobros elevados justo antes de que entre en vigor el beneficio. Aunque el subsidio ya está activo, los usuarios exigen una revisión integral de las tarifas y mayor transparencia en la lectura de medidores.

Seguimiento y situación actual

El Gobierno estatal mantiene la atención a los afectados mientras espera una respuesta formal de la CFE. Hasta la fecha no se han comunicado soluciones definitivas.

La expectativa ciudadana se concentra en que la CFE y las autoridades federales logren una resolución que alivie el impacto económico en los hogares y comercios de Sinaloa, mientras la inconformidad social persiste y las protestas continúan.

Antecedentes de protestas por cobros de CFE en Sinaloa

En años previos, Sinaloa también registró inconformidad social por incrementos en los recibos de luz. Durante administraciones anteriores, cientos de usuarios realizaron manifestaciones similares frente a las oficinas de la CFE para exigir ajustes tarifarios y mayor transparencia en la facturación.

Las autoridades estatales de esos periodos intervinieron ante la federación, aunque los reclamos por tarifas elevadas han sido una constante en la región.

Durante un móvil con un medio digital, el creador de contenido aseguró que el desfinanciamiento de la educación “es un proceso que están llevando a cabo adrede”.

“Si un pibe estudia economía, si un pibe estudia derecho, estás educando a una persona que se va a dar cuenta de lo que está pasando con la guita esa que se están llevando”, sostuvo. En ese sentido, consideró que la intención es que “cada vez seamos más burros” y “cada vez estudiemos menos”.

“El mensaje es clarísimo cuando en el Congreso te lo llenan de prostitutas, te lo llenan de un tipo que se pone un termo en la cabeza y te dicen ‘estudiar es de boludo, ¿para qué vas a estudiar?’“, afirmó, en declaraciones a Datta.

El streamer, que cursó la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), también criticó el estado de las rutas y los bajos ingresos que perciben los jubilados: “¿A dónde va esa guita? Nadie se lo pregunta".

Asimismo, Benavides relató su experiencia personal en el Instituto Técnico EEST N°6 “Albert Thomas”, ubicado en La Plata, donde cursó sus estudios: “Completamente desfinanciada. ¿De dónde tiene que venir el presupuesto? De Nación. El presupuesto se está cayendo a pedazos".

“Sé de donde vengo. Familia de obreros, familia de gente que laburó toda su vida. Mi hermano y yo, primera generación de profesionales. No te podés olvidar de eso. El que no sabe de dónde viene, no tiene idea de a dónde va. Lo mínimo que uno puede hacer para devolverle a la gente es venir y seguir protegiendo los derechos de los que están por venir”, concluyó.

La movilización de ayer, cuyo acto central se desarrolló en Plaza de Mayo, constituyó la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente.

Entre los principales reclamos figuran el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte de la Casa Rosada, la falta de acatamiento a fallos judiciales que ordenaron en dos instancias el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma -que ajustan una recomposición de salarios y becas-, la reducción del presupuesto para el sector y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

El documento final, leído por estudiantes, exigió que el Gobierno cumpla de una vez la ley de financiamiento universitario, votada, ratificada y validada en dos instancias por la Justicia, mientras se espera la intervención final de la Corte.

El escrito, titulado “Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia”, está firmado por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), CONADU Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Federación de Agrupaciones Gremiales de Docentes Universitarios de la UTN (FAGDUT), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y la Unión Docente Argentino (UDA).

El financiamiento del sistema universitario nacional es actualmente crítico, según el texto, “porque el Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”, que establece un piso de recursos para el normal funcionamiento del sistema. La norma en cuestión es la Ley N° 27.795, sancionada y ratificada en el Congreso. El documento advierte que el Ejecutivo también desoye los fallos judiciales que ordenan su aplicación inmediata.

En ese sentido, reclamaron que las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. De esta manera, se ven afectadas todas las dimensiones de la actividad universitaria y compromete sus funciones sustantivas. A ello se suma que el poder adquisitivo de las partidas destinadas a gastos de funcionamiento no superó, en ningún mes de la gestión actual, el 64% del valor que tenían en enero de 2023. El equivalente a casi nueve meses de transferencias se habría perdido durante esta administración.

En tanto, remarcaron el deterioro salarial que sufrieron los trabajadores de la educación. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, la inflación acumuló 293,30%, mientras que los salarios del sector registraron un incremento del 147,30%, lo que arroja una pérdida de poder adquisitivo del 37,13%. En términos concretos, el documento estima que esa erosión equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período.

“Bono no es salario”, gritaban los docentes ante la sede ministerial en el centro de la capital, con pancartas donde se leían mensajes como: “Cansado de hacer magia con mi sueldo”.

El salario mínimo mensual en Venezuela se mantiene en 130 bolívares desde 2022, cifra que entonces equivalía a treinta dólares. La inflación acumulada en lo que va de 2026 llegó al 90%, devaluando el salario mínimo a 27 centavos de dólar actualmente. Para compensar esta pérdida, el Gobierno implementa bonificaciones, que el pasado 30 de abril fueron incrementadas a 240 dólares.

“Aumenten los salarios o seguimos en la calle, no queremos bonos”, reclamaba otro grupo de manifestantes, perteneciente a un sector que ha sufrido especialmente en la última década, después de haber sido uno de los mejor remunerados junto al área de salud y seguridad.

Los profesores presentaron un documento al ministerio donde solicitaron el aumento salarial y el pago de otro bono que, según afirman, solo se ha otorgado a ciertos sectores.

El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), José Gregorio Alfonso, señaló que “ninguna de las bonificaciones son salarios”, ya que no se reflejan en los beneficios laborales como vacaciones, liquidaciones o el cálculo de prestaciones sociales.

“Sin salario están destruyendo el valor de nuestro trabajo”, agregó Alfonso, advirtiendo que, de no haber incrementos, la protesta podría desembocar en una paralización de las actividades universitarias.

El secretario de contrato y conflicto de la Federación de Sindicatos de la Educación Superior de Venezuela, José Pérez, denunció que el Gobierno mantiene “muchas deudas” con el sector universitario y que, si el salario mínimo continúa en 130 bolívares, el pago vacacional de este año sería de apenas dos dólares.

De acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, una familia de cinco personas necesita más de 600 dólares para cubrir los gastos básicos de alimentación en Venezuela.

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), más de la mitad de la población venezolana vivió durante 2025 en condiciones de “pobreza multidimensional”, medida a partir de aspectos como ingresos, empleo, vivienda, servicios, educación y salud.

La protesta estudiantil dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) alteró las actividades previstas por el aniversario 475 de la casa de estudios. Desde la tarde del 12 de mayo, grupos de estudiantes ocuparon accesos de la ciudad universitaria y realizaron movilizaciones internas para rechazar el proyecto de ley que plantea permitir la reelección de rectores y vicerrectores.

Los primeros reportes surgieron alrededor de las 5 de la tarde. Videos difundidos desde el campus mostraron a estudiantes desplazándose por distintos sectores de la universidad mientras lanzaban arengas contra las autoridades universitarias y contra el sistema electoral planteado para los próximos comicios internos.

La movilización también expuso el creciente cuestionamiento sobre la modalidad virtual aprobada para las elecciones de rectorado. Tanto organizaciones estudiantiles como docentes de la Asamblea Universitaria advirtieron riesgos relacionados con la transparencia del proceso y recordaron las denuncias registradas durante anteriores jornadas electorales.

Estudiantes rechazan reelección de autoridades

La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) difundió un pronunciamiento con tres exigencias principales. El gremio pidió al Congreso el archivamiento del Proyecto de Ley N.° 12736, iniciativa vinculada con la reelección de rectores y vicerrectores.

En el documento, los estudiantes sostuvieron: “Exigimos al Congreso el archivamiento del Proyecto de Ley N° 12736 de reelección de rectores, que busca la ilegal reelección de la nefasta rectora Jerí Ramón”.

La organización también cuestionó la decisión del Comité Electoral Universitario respecto a la modalidad virtual de sufragio. Según el pronunciamiento, el sistema remoto podría permitir irregularidades vinculadas con la identidad de los votantes.

“Exigimos al Comité Electoral UNMSM que las elecciones de rector sean presenciales, ya que han aprobado la modalidad virtual para que nuevamente haya suplantación del voto a favor de Jerí”, señaló la federación estudiantil.

El tercer reclamo estuvo dirigido contra el incremento de la valla electoral aprobado para el proceso universitario. Los estudiantes consideraron que la medida afectaría a sectores opositores dentro de la universidad.

Docentes alertan riesgos en elecciones virtuales

La controversia también alcanzó a integrantes de la Asamblea Universitaria. Un grupo de docentes solicitó formalmente que las elecciones previstas para julio se desarrollen de forma presencial y no virtual.

La solicitud fue presentada por la docente principal de la Facultad de Ciencias Biológicas, Dra. Gisella Orjeda Fernández, junto con otros profesores asambleístas. El pedido buscó incorporar el cambio de modalidad en la agenda de la próxima sesión de Asamblea Universitaria.

En el documento dirigido a la rectora Jerí Ramón Ruffner, los docentes advirtieron problemas relacionados con la infraestructura tecnológica de la universidad. Según el pronunciamiento, la red telemática presenta deficiencias de seguridad y estabilidad operativa.

Los profesores recordaron además que el 18 de abril se suspendieron temporalmente servicios tecnológicos de la universidad. Para los firmantes, ese episodio reflejó una fragilidad operativa que podría afectar el desarrollo de un proceso electoral virtual.

“Las elecciones no solo deben ser intachables, sino también parecerlo”, indicaron los asambleístas en el documento presentado ante las autoridades universitarias.

Cuestionamientos sobre la red telemática

La Dra. Gisella Orjeda expresó preocupación por los cambios constantes de responsables técnicos dentro de la red telemática universitaria. Según explicó, esta situación podría comprometer el manejo adecuado de la infraestructura digital y la seguridad de las cuentas institucionales.

Los docentes también mencionaron problemas relacionados con los servidores universitarios. En el pronunciamiento señalaron que los equipos permanecieron durante largos periodos sin condiciones adecuadas de climatización.

Otro de los puntos mencionados por los asambleístas estuvo relacionado con las denuncias registradas en procesos electorales anteriores. Los docentes recordaron reportes sobre presuntas suplantaciones de votos en jornadas pasadas.

La discusión surgió mientras el Comité Electoral Universitario mantiene el cronograma que fija para el 8 de julio la primera jornada electoral bajo voto electrónico no presencial.

Dependencia operativa de la ONPE genera preocupación

El cronograma electoral difundido por el Comité Electoral Universitario precisó que el proceso virtual dependerá de la disponibilidad operativa y logística de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Esa condición también generó cuestionamientos dentro de la comunidad universitaria. La Dra. Gisella Orjeda señaló que una eventual ausencia de acompañamiento técnico de la ONPE podría afectar el desarrollo regular de las elecciones internas.

Las dudas alrededor de la modalidad virtual reaparecieron además por los antecedentes de las elecciones universitarias de 2021. La Federación Universitaria de San Marcos recordó que aquel proceso terminó marcado por denuncias, cuestionamientos y pedidos de nulidad.

Según la FUSM, las irregularidades registradas en esos comicios obligaron posteriormente a realizar una nueva convocatoria electoral. Por ese motivo, la decisión de mantener nuevamente una modalidad virtual reabrió el debate sobre la legitimidad y seguridad del próximo proceso universitario.

Elementos de la Policía Estatal desalojaron este sábado a productores de frijol que mantenían una protesta en las inmediaciones del Multiforo de Zacatecas, donde se realizaba un concierto del cantante Ricardo Montaner. Este operativo dejó al menos 11 personas detenidas y provocó bloqueos en distintos puntos de la capital.

La movilización inició con la colocación de tractores y camionetas en los accesos al recinto para exigir el cumplimiento de un acuerdo firmado el 29 de marzo, relacionado con el acopio de mil 500 toneladas de frijol dentro del programa Alimentación para el Bienestar.

Los productores señalaron que dicho acuerdo fue utilizado para levantar un paro previo en la capital del estado, pero acusaron incumplimiento por parte de las autoridades.

El retiro de los manifestantes se realizó con intervención de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas, lo que derivó en enfrentamientos, empujones y uso de escudos entre policías y productores.

Expansión de la protesta

Tras las primeras detenciones, la protesta se amplió con la incorporación de estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, colectivos feministas y organizaciones sociales, que bloquearon el bulevar Metropolitano y exigieron la liberación de los detenidos.

Entre los arrestados se encuentran campesinos, estudiantes y una maestra jubilada de 74 años.

La postura oficial

El gobierno de David Monreal Ávila afirmó que la intervención tuvo como objetivo “garantizar la libre circulación y la seguridad de los asistentes al evento”, y sostuvo que el operativo se realizó bajo protocolos de legalidad.

Durante la tarde y noche, los bloqueos se mantuvieron en distintos puntos de la capital y frente a instalaciones de la Policía de Investigación, donde permanecieron familiares de los detenidos.

Al cierre del día, organizaciones sindicales, estudiantiles y colectivos acordaron una megamarcha para el lunes, que partirá desde la Unidad Académica de Ingeniería de la UAZ, con exigencias de liberación de detenidos y destitución de funcionarios estatales vinculados al programa de acopio de frijol.

Campesinos confrontaron a funcionarios de Morena en un restaurante

Horas antes del registro de las detenciones, productores de frijol ingresaron el sábado a un restaurante del Centro Histórico de Zacatecas para exigir atención a funcionarios estatales y federales, en medio de las protestas por la caída del precio del grano y la falta de cumplimiento de acuerdos de apoyo al sector.

En el lugar se encontraban la diputada federal Soledad Luévano Cantú y el secretario de la Función Pública estatal, Ernesto González Romo, a quienes los manifestantes pidieron retirarse mientras reclamaban atención al campo.

La movilización ocurre en el contexto de las exigencias de subsidios para compensar el precio de garantía del frijol, fijado por los productores en 27 pesos por kilogramo, frente a los 16 pesos establecidos a nivel federal, lo que ha generado pérdidas y el almacenamiento de cosechas sin salida comercial.

Un grupo de cincuenta personas marchó este sábado en Mexicali para exigir justicia tras el fallecimiento de un menor llamado Vicente en el interior e un vehículo. La movilización comenzó en la Plaza Centenario y se dirigió hacia el Centro Estatal de Justicia.

Durante la protesta, Juan Carlos Meza, padre de Vicente, sostuvo que los procesos judiciales deben ser más rápidos y justos. Él expresa su confianza en los jueces y la fiscalía, pero manifestó desconfianza hacia los peritos encargados del caso.

De acuerdo con los manifestantes, la exigencia principal es que la muerte de Vicente no quede impune y que se sancione a Roxana “N”, madre del niño y principal responsable del incidente, conforme dicta la ley.

El padre de Vicente relató que, desde febrero de 2025, había solicitado la custodia y que el proceso legal comenzó por conflictos de pareja. Él explica que desde entonces no permitía ver al menos.

Hasta el momento Roxana “N” permanece detenida bajo prisión preventiva, acusada de homicidio por omisión con dolo eventual. Según la fiscalía, la madre fue consciente del riesgo de dejar a su hijo en el vehículo y no actuó para evitar el desenlace fatal.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Las autoridades detallan que Vicente permaneció cerca de doce horas dentro de la camioneta cerrada, donde la temperatura supera los 45 ℃. El menor falleció entre las nueve y las 10 de la mañana del domingo, y fue hallado sin vida al mediodía.

La necropsia determinó que la causa de muerte fue un golpe de calor severo y quemaduras en brazos y piernas. Esto luego de que Roxana “N” regresara a casa tras una reunión familiar, entrara a su domicilio y no volviera al automóvil.

La fiscalía descartó la intervención de terceros y sostuvo que la madre tenía la custodia exclusiva en ese momento. Bajo estas premisas, la investigación sigue abierta, aunque la acusación se centra en la madre como única responsable.

A raíz de los hechos, la Fiscalía de Baja California solicitó la pena máxima para Roxana “N”, que podría llegar a quince años de prisión. El cargo formal es homicidio por omisión impropia con dolo eventual, es decir, se le acusa de aceptar mentalmente el riesgo de la tragedia.

La audiencia de vinculación a proceso marcará un momento clave para el desarrollo legal del caso. Con ello, la ciudadanía se mantiene atenta a la resolución judicial y a la posible implementación de nuevas leyes de protección a la infancia.

La manifestación fue encabezada por integrantes de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE), quienes llegaron a Lima desde regiones como Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Junín, Cajamarca y San Martín. Los burgomaestres señalaron que viajaron durante varias horas para reunirse con representantes del Gobierno y exigir soluciones inmediatas frente a la falta de presupuesto para proyectos inconclusos.

Reclaman obras detenidas en salud, educación y transporte

En conversación con Exitosa, Herminio Vázquez, alcalde del distrito de Sorihuarco, en la región San Martín, afirmó que la principal preocupación de las autoridades locales es la paralización de obras básicas para la población.

“El pliego de reclamos no es nuevo. Nuestras obras están paralizadas y no lo dice Herminio como dirigente nacional, lo dice la Contraloría General de la República”, manifestó. Según explicó, existen más de 3.000 proyectos detenidos en los tres niveles de gobierno, entre ellos escuelas, hospitales, centros de salud y carreteras.

El alcalde sostuvo además que varias de estas obras permanecen paralizadas desde hace cuatro, cinco e incluso ocho meses, afectando directamente a miles de ciudadanos. “La gente no puede trasladar sus productos, su café, su cacao, porque las carreteras están paradas”, declaró.

Alcaldes cuestionan gasto del Gobierno

Durante la movilización, los alcaldes también cuestionaron al Ejecutivo por priorizar la compra de aviones de combate mientras, según indicaron, no existen recursos suficientes para continuar las obras públicas en las regiones.

“Nos dicen que no hay plata en el Ministerio de Economía, no hay plata en Vivienda, en Salud o en Transportes, pero sí tienen plata para comprar aviones”, expresó Herminio Vázquez para el citado medio. El burgomaestre calificó como “políticos mediocres” a las autoridades nacionales por no atender las necesidades de las zonas rurales y del interior del país.

Asimismo, señaló que la protesta busca representar el malestar de miles de ciudadanos afectados por la falta de infraestructura y servicios básicos. Algunos alcaldes participaron usando camisas blancas manchadas de rojo como símbolo del sufrimiento de las comunidades perjudicadas.

Denuncian falta de respuestas del Ejecutivo

Los representantes de REMURPE indicaron que anteriormente sostuvieron reuniones con distintos presidentes de la República y ministro de Economía; sin embargo, afirmaron que no obtuvieron soluciones concretas para destrabar las obras.

“Estamos cansados de reunirnos. Siempre es el mismo discurso”, declaró Vázquez a Exitosa. Según indicó, las autoridades municipales continúan recibiendo respuestas negativas sobre la asignación de recursos para culminar proyectos pendientes.

Finalmente, los alcaldes exigieron al Gobierno central adoptar medidas urgentes para reactivar las obras paralizadas y evitar mayores afectaciones a la población. También pidieron que se prioricen inversiones en infraestructura básica para salud, educación y transporte en las regiones más alejadas del país.

La explanada del Ayuntamiento de Culiacán se convirtió en escenario de una protesta inusual: una “carnita asada” masiva organizada por ciudadanos tras la solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado por parte de autoridades de Estados Unidos.

El acto, lejos de ser un festejo, se planteó como una manifestación pacífica para exigir paz y visibilizar el hartazgo social ante la violencia.

Carnita asada en Culiacán: protesta ciudadana tras salida de Rocha Moya

La iniciativa fue impulsada por el chef y empresario Miguel Taniyama, quien convocó a la población a reunirse bajo el lema “Carnita asada por la paz, libertad y esperanza”.

El encuentro tuvo lugar frente al Ayuntamiento, donde los asistentes llevaron asadores y alimentos, transformando una tradición del norte del país en una forma de expresión social.

El objetivo, según el organizador, fue generar conciencia de que la salida del mandatario no resuelve la crisis de fondo, sino que se requiere participación ciudadana activa para impulsar cambios reales en la entidad.

Acusaciones de Estados Unidos contra Rocha Moya sacuden a Sinaloa

Las acusaciones contra el gobernador con licencia forman parte de un proceso judicial en un tribunal federal de Nueva York, donde fue señalado junto a otros funcionarios por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas.

Aunque no existe una sentencia, los señalamientos han tenido repercusiones políticas y sociales significativas, incrementando la presión sobre las instituciones locales y generando incertidumbre entre la población.

Lista de acusaciones contra Rubén Rocha Moya

• Presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos
• Supuesta protección a integrantes del grupo conocido como “Los Chapitos”
• Conspiración para la importación de narcóticos hacia Estados Unidos
• Cargos relacionados con posesión y conspiración para poseer armas de alto poder
• Señalamientos de vínculos con estructuras del crimen organizado

De Baja California a Sinaloa: la protesta con “carnita asada” se replica

La “carnita asada” como forma de protesta ha comenzado a replicarse en distintas entidades del país.

Un antecedente reciente ocurrió en Baja California, donde ciudadanos organizaron una movilización similar contra la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

En ese caso, la protesta surgió en medio del descontento por temas de seguridad, denuncias ciudadanas y cuestionamientos tras la cancelación de su visa estadounidense, lo que detonó exigencias de rendición de cuentas.

Este tipo de acciones no son celebraciones, sino formas de protesta que buscan evidenciar el malestar social mediante símbolos cotidianos de convivencia, resignificados como herramientas de presión ciudadana.

Ciudadanía exige paz: “la crisis no se resuelve con licencias”

Durante la jornada en Culiacán, los participantes insistieron en que la salida temporal de Rocha Moya no representa una solución.

Señalaron que la violencia, la inseguridad y la desconfianza institucional continúan afectando la vida cotidiana.

El movimiento también buscó recuperar espacios públicos y reconstruir el tejido social, especialmente en un contexto donde el miedo ha limitado la convivencia y las actividades comunitarias.

Protesta con asador: símbolo de unión y resistencia social

La “carnita asada” representa una tradición profundamente arraigada en el norte del país, asociada a la convivencia y la comunidad.

Convertirla en protesta implica transformarla en una herramienta de expresión colectiva frente a la crisis.

En Culiacán, esta movilización reflejó una ciudadanía que busca hacerse escuchar, apropiarse del espacio público y exigir cambios.

El mensaje fue claro: más allá de los relevos políticos, la solución requiere una participación activa de la sociedad.

En medio del humo de los asadores y las consignas, los asistentes coincidieron en que Sinaloa atraviesa un momento clave.

La reconstrucción de la paz, señalaron, dependerá no solo de las autoridades, sino también de la capacidad ciudadana para organizarse y exigir un futuro distinto.

El sistema de transporte urbano en Honduras atraviesa una de sus mayores tensiones en los últimos años. A la amenaza de paro de labores anunciada por los dirigentes del sector, se suma un escenario más complejo: un esquema de subsidios estatales que, aunque ha evitado incrementos en el pasaje, no logra sostener la operatividad del sector.

Los transportistas advierten que la deuda acumulada por concepto del bono compensatorio, que ya supera los cinco meses, ha profundizado una crisis financiera, poniendo en riesgo la continuidad del servicio en ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca.

Uno de los puntos críticos radica en que la tarifa del transporte urbano no ha sido actualizada conforme a la ley, que establece revisiones periódicas. Mientras tanto, los costos operativos , en particular el combustible, han aumentado de forma sostenida.

Dirigentes del sector afirman que el costo real del pasaje alcanzaría los veintitrés lempiras si se reflejaran los gastos actuales, casi el doble de lo que el usuario paga hoy. Frente a esta situación, el Gobierno mantiene congelada la tarifa y absorbe los incrementos mediante subsidios temporales. Esta medida busca evitar un impacto social inmediato, pero es considerada insostenible a mediano plazo.

Amenaza de protesta

En este contexto, los dirigentes del transporte señalan que la falta de pago del subsidio dejó al sector sin liquidez para cubrir gastos básicos como mantenimiento, combustible y compromisos financieros. Aseguran que el bono compensatorio se ha convertido en una obligación incumplida que agrava la crisis.

El posible paro amenaza con paralizar un servicio del que dependen millones de hondureños, especialmente en zonas urbanas donde el transporte público es la principal opción de movilidad.

Mientras el transporte urbano permanece bajo el esquema de subsidio, otros sectores han recibido aumentos recientes. El transporte interurbano registra incrementos de hasta el 15 %, y el suburbano llega hasta un 30 %, trasladando directamente el costo al usuario.

Incluso modalidades como el taxi colectivo han experimentado alzas autorizadas, evidenciando un tratamiento diferenciado dentro del sector. Esta desigualdad es uno de los principales reclamos de los transportistas urbanos, quienes consideran estar en desventaja frente a otros segmentos.

Desde 2022, el transporte urbano opera bajo un modelo en el que el Estado subsidia parte del pasaje para evitar trasladar el costo real al usuario. En Tegucigalpa, la tarifa se mantiene en trece lempiras gracias a un aporte estatal que cubre entre dos y tres lempiras por pasajero.

Este mecanismo fue creado para amortiguar el efecto de los combustibles y proteger a los sectores más vulnerables. En la práctica, ha generado una fuerte dependencia del sector hacia los pagos gubernamentales.

De acuerdo con autoridades y dirigentes, el bono compensatorio oscila entre tres y cinco lempiras por pasajero en algunas ciudades, dependiendo de los ajustes recientes. Además, el Estado ha destinado centenas de millones de lempiras para mantener este esquema de compensación.

Tarifas congeladas

Las autoridades sostienen que el subsidio es una medida transitoria para contener los efectos de la crisis internacional de combustibles. El Gobierno reitera que continuará con este apoyo para evitar aumentos en el corto plazo.

No obstante, reconoce la necesidad de revisar la tarifa en mesas técnicas junto al sector transporte, con el fin de buscar un equilibrio entre sostenibilidad financiera y protección al usuario.

El conflicto revela un problema estructural de fondo: un sistema de transporte con tarifas desactualizadas, subsidios irregulares y una gran exposición a factores externos como el precio internacional del combustible.

Mientras no se logre un acuerdo integral que redefina la tarifa real, garantice pagos oportunos y modernice el sistema, el transporte urbano en Honduras continuará atrapado entre la presión social de no aumentar el pasaje y la imposibilidad económica de sostener el servicio.

Los agentes cortaron el paso a los manifestantes cuando llegaron hasta la presa de Sabaneta y pretendían continuar hasta la localidad de Romero, donde la minera explora en busca de oro y otros metales.

Una vez los manifestantes coreaban con mayor fervor sus consignas e intentaban continuar su camino, los agentes dispararon los gases y los chorros de agua. También se escucharon disparos y desde la marcha se lanzaron piedras a los policías, según constató EFE.

La manifestación comenzó en el municipio principal de San Juan de la Maguana y fue respaldada por habitantes de varios poblados en ruta hacia la comunidad de Romero.

Entre las consignas más escuchadas estuvieron las de 'Agua sí, oro no', o 'No queremos oro, queremos vida', mientras se enarbolaban banderas dominicanas y de diferentes organizaciones de la sociedad civil que apoyaron la marcha.

"El apoyo ha sido extraordinario de toda la población sureña y del país entero, porque ya esto es una reivindicación que la ha acogido todo el dominicano, que se ha tomado conciencia del año que hace la explotación minera", dijo a EFE el abogado Francisco Isaías Ogando, momentos antes de que empezaran a caer las bombas lacrimógenas.

El senador por San Juan, Félix Bautista, otros legisladores, organizaciones ambientalistas y comunitarias se oponen de manera resuelta a que la empresa finalmente obtenga los permisos de explotación en la zona, porque afirman que eso provocaría la contaminación de los ríos de todo la provincia, donde se produce cerca del 60 % de las habichuelas que consume el país, y alrededor de un 15 % del arroz.

Bautista, a través de sus redes, condenó el accionar de los policías y afirmó que la manifestación era pacífica, por lo que consideró "inaceptable" que fuera dispersada.

Los permisos de exploración fueron concedidos por el Estado dominicano a GoldQuest hace unos 10 años. La Iglesia católica figura entre las organizaciones opuestas a la eventual explotación de oro y otros metales en la zona.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dominicano no ha emitido a la minera permisos para la explotación.

"Estamos marchando en contra de la minería, queremos agua, no oro. El apoyo ha sido masivo, la gente sabe que si se explota la zona se contaminará el agua de nuestros ríos y no tendremos producción agrícola", dijo a EFE Leudys Benzán, habitante de la provincia.

Advirtió de que "las cosas se pondrán difíciles" si el presidente dominicano, Luis Abinader, "no habla rápido" en contra de los trabajos de la minera.

GoldQuest ha explicado que su eventual explotación de oro, y en menor grado, plata y zinc en la zona, se haría utilizando métodos subterráneos y no a cielo abierto, como ocurre con la mina de Pueblo Viejo, considerada una de las más grandes del mundo, y que opera en la provincia de Sánchez Ramírez (noreste dominicano) la también canadiense Barrick Gold.

"La resolución del panel provoca caos inmediato y convulsión en decisiones médicas altamente urgentes, y obliga a Danco, a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), a los proveedores de certificados Mifeprex, a los pacientes y a las farmacias a adivinar qué está permitido y qué no", argumentó la farmacéutica en un escrito dirigido al Supremo.

Esta petición se produce un día después de que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito restableciera de forma temporal la obligación de que las píldoras utilizadas para provocar un aborto farmacológico sean dispensadas en persona y no puedan ser enviadas por correo.

Danco es una de las fabricantes de la mifepristona, una píldora que en 2023 estuvo detrás del 63 % de las interrupciones voluntarias del embarazo en Estados Unidos, según un informe del Instituto Guttmacher, una organización defensora de los derechos reproductivos.

La decisión del tribunal de apelaciones responde a una demanda que cuestionaba las normas que permiten la prescripción mediante telemedicina y la dispensación sin visita médica presencial; por lo que, el fallo sostuvo que las regulaciones vigentes permitían sortear las restricciones estatales sobre el aborto.

Sin embargo, Danco alegó que "el caos resultante (...) es un daño irreparable por excelencia que subraya la necesidad de una medida de emergencia de este tribunal".

El caso se enmarca en la creciente batalla legal en torno al aborto farmacológico en Estados Unidos y en un contexto de fuerte división política, tras la decisión del Tribunal Supremo en 2022 que eliminó la protección federal al aborto.

Actualmente, trece estados de EE.UU. prohíben casi por completo el aborto, mientras que veintiocho lo prohíben en función del número de semanas de gestación.

Después del fallo, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) calificó la medida como un "hecho grave" porque pondría en peligro a mujeres que "viven en zonas rurales, sufren violencia de pareja o tienen alguna discapacidad" y perderán "la opción de la telemedicina" que es igual a perder acceso al medicamento.

Según imágenes transmitidas por TV Perú, la autoridad edil fue conducida por diversas vías del distrito acompañado de vecinos, quienes portaban pancartas exigiendo la ejecución de obras y el cumplimiento de compromisos asumidos durante su gestión. El alcalde caminó en medio de la multitud mientras era increpado por algunos de los manifestantes.

Sobre el hecho, el coronel PNP Henry Vásquez informó que la Policía acompañó la manifestación y que no se registraron hechos de violencia. “Un grupo de pobladores buscó al alcalde tras una reunión del CODISEC y lo hicieron caminar por algunas calles en reclamo de una obra. La Policía estuvo presente y no pasó a mayores”, declaró. Añadió que no hubo agresiones físicas y que el propio alcalde habría accedido a participar.

El hecho, registrado por los propios ciudadanos, se viralizó rápidamente en plataformas digitales, donde generó reacciones divididas. Hasta el momento, la autoridad no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido ni sobre las demandas planteadas por la población.

La protesta refleja el creciente malestar de los vecinos, quienes aseguran no haber visto avances en obras prioritarias para la zona, pese a los compromisos asumidos durante la campaña electoral.

Dictan prisión preliminar contra alcalde en Cusco

Por otro lado, el Poder Judicial ordenó siete días de detención preliminar contra el alcalde de la provincia de La Convención, Alex Curi, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo. Sin embargo, la medida no pudo ejecutarse debido a que la autoridad no fue ubicada durante el operativo policial.

El coronel PNP Carlos Guizado, jefe encargado de la Macro Región Policial Cusco, informó que la intervención estuvo a cargo de unidades especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, con apoyo logístico de la región policial.

“La Policía contra la corrupción, a mérito de una disposición judicial, emite una detención preliminar”, señaló el oficial, al precisar que estas unidades actúan de manera autónoma en el marco de las investigaciones.

Durante las diligencias, fue detenido Juan Carlos Ramos Huamán, quien también es investigado por el mismo delito. No obstante, los agentes no lograron ubicar al alcalde ni en la sede municipal ni en su vivienda.

“No se pudo ejecutar la decisión que había solicitado el juzgado correspondiente”, indicó Guizado.

Según la Resolución de Alcaldía N.º 196, emitida el pasado 28 de abril, el burgomaestre encargó el despacho de alcaldía al regidor Jesús Palomino durante los días 29 y 30 de abril, al encontrarse con permiso.

Consultado sobre su situación, el jefe policial evitó calificar al alcalde como prófugo y remarcó que la investigación continúa en manos de una unidad especializada. “Mal haría yo en dar ciertas precisiones porque no tengo la información”, afirmó.

La Policía Nacional informó que se han iniciado acciones de búsqueda para dar con el paradero de la autoridad edil, en cumplimiento del mandato judicial vigente.

Vestido con un mono naranja, el artista francés Damien Aspe piensa permanecer un mes encerrado en una jaula metálica, en el escaparate de su galería en Toulouse, en el suroeste de Francia, para denunciar la influencia de las redes sociales y de lo digital, de los que los ciudadanos son hoy en día “prisioneros”.

Su performance invita en particular a los jóvenes a cuestionarse sobre su relación con lo digital, la libertad de expresión y lo que considera formas contemporáneas de control ejercidas por las llamadas “Gafam” (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft).

“Quien controla lo digital, controla el mundo”, señala este hombre de 53 años, con su uniforme en el que se lee “GAFAM Penitentiary”.

Solo se concede una hora de paseo por la mañana y otra por la noche, así como dos días de conversación en los que el público podrá intercambiar con él, explica.

Sin duda, lo digital es una oportunidad, pero también “un factor de aislamiento social”.

“El pensamiento está enmarcado por las redes sociales y sus algoritmos”, estima. “La información está muy dirigida”, enumera ante la AFP.

El artista, originario de Toulouse, piensa permanecer día y noche en su celda hasta el 27 de mayo, fecha de un juicio ficticio que le entablarían las Gafam por “violación de las normas de uso”.

Esta parodia de juicio estará abierta al público, con un abogado de verdad y un fiscal jubilado.

Fuente: AFP

La jornada comenzó con un plantón de las autoridades municipales, quienes reclamaron la incorporación de sus proyectos en el crédito suplementario y advirtieron que la falta de financiamiento mantiene paralizadas obras clave en sus distritos. Entre los principales reclamos figuran la ejecución de obras públicas, la mejora de los servicios de saneamiento, la atención en salud y la construcción de infraestructura para una mejor conectividad vial en una de las zonas más sensibles del país.

Alcaldes del Vraem se encadenan en Palacio de Gobierno para exigir obras y presupuesto

La protesta de los alcaldes de la Asociación de Municipalidades del Valle de los ríos Apurímac y Ene (Vraem) llamó la atención por la forma en la que fue realizada. Frente a Palacio de Gobierno, las autoridades locales se encadenaron en señal de protesta y denunciaron que sus pedidos han sido presentados en reiteradas ocasiones sin obtener una solución concreta. La escena se produjo durante la jornada en que varios representantes municipales viajaron a Lima para insistir en la necesidad de recibir atención inmediata por parte del Gobierno central.

Según relataron, el principal problema sigue siendo la ausencia de recursos para ejecutar proyectos que consideran urgentes. Las autoridades afirmaron que sus presupuestos municipales son limitados y que los montos transferidos por mecanismos como el Fondo de Compensación Municipal no alcanzan para responder a las necesidades de sus poblaciones.

Durante la protesta, el presidente de la mancomunidad, Yuri Cahuana Quispe, remarcó que la medida busca poner en evidencia la situación que atraviesan los pueblos de la zona. “No hemos venido a pedir, sino a exigir soluciones para nuestros pueblos”, expresó al justificar la decisión de mantenerse frente a la sede del Gobierno.

En otro momento de la manifestación, uno de los alcaldes cuestionó que el Estado priorice otras compras antes que atender las necesidades más urgentes de sus distritos. “El pueblo le va a decir no a los aviones, sí a los proyectos de envergadura para cerrar ciertas brechas, porque no es justo que en nuestros distritos del Vraem no haya agua. Hay gente muriéndose por anemia y el Gobierno piensa comprar más aviones”, señaló frente a la prensa y a los transeúntes que se acercaron al lugar.

Reunión con el presidente y demanda de servicios básicos en el Vraem del Norte

En medio de la protesta, los alcaldes del Vraem del Norte lograron finalmente sostener una reunión con el presidente de la República, José María Balcázar, encuentro en el que expusieron sus principales preocupaciones y exigencias. La cita se concretó luego de las horas de presión en el frontis de Palacio de Gobierno y fue confirmada por la propia Presidencia a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el mensaje difundido por la entidad, los alcaldes llevaron al despacho presidencial una serie de demandas vinculadas al acceso a servicios básicos, la necesidad de reforzar la seguridad y el impulso al desarrollo productivo en la zona. El Gobierno, según la misma comunicación oficial, reafirmó su compromiso de articular acciones concretas para mejorar la calidad de vida de las familias y promover un desarrollo sostenible en el Vraem.

La reunión se produjo en un contexto de creciente malestar entre las autoridades municipales, que desde hace años reclaman atención para una región considerada estratégica y, al mismo tiempo, afectada por múltiples carencias. Durante la movilización, las autoridades recordaron que sus distritos arrastran problemas estructurales relacionados con la falta de agua, la ausencia de obras de saneamiento, la limitada red vial y la debilidad de los servicios de salud.

Los alcaldes también señalaron que la inestabilidad política de los últimos años ha terminado por retrasar la ejecución de proyectos públicos en el Vraem. A su juicio, cada cambio de gobierno ha significado nuevos trámites, nuevas promesas y pocos resultados concretos para las comunidades que representan. Por ello, sostienen que la urgencia está en asegurar compromisos reales, cronogramas y presupuesto para que las obras puedan empezar.

En paralelo, algunos de los representantes municipales informaron que continuarán sus coordinaciones en Lima y que también buscarán respaldo político de congresistas como Alex Flores y Raúl Huamán Coronado, con el objetivo de fortalecer sus pedidos ante el Ejecutivo.

Desde el pasado 22 de abril, destacó en medios de comunicación de corte local la toma de instalaciones del Palacio Municipal de Jonuta en Tabasco por parte de policías preventivos, esta acción se dio como respuesta a la falta de acciones institucionales por parte del gobierno de la María Soledad Villamayor Notario, según acusaron los elementos.

Las demandas de los oficiales se centran principalmente en temas de derecho laboral y acciones operativas, entre las que se encuentran:

• Condiciones precarias
• Falta de recursos que impide la realización de sus labores
• Exigen mejores sueldos y condiciones de trabajo
• Implementar la jornada laboral de 24x48

Tras casi 48 horas de protesta, los policías se mantienen en las inmediaciones del recinto municipal, ya que señalaron que esta medida se generó tras varias solicitudes formales.

Gobierno Estatal es intermediario en las negociaciones

En entrevista para medios el subsecretario de Gobierno de Tabasco (Segotab), Pablo Mora Gómez, informó que la administración estatal ofreció ser intermediario en el conflicto que mantiene cerradas las puertas del Palacio Municipal de Jonuta:

“Me comuniqué ayer con la presidenta municipal y le manifesté nuestra disposición de poder ayudar, sobre todo hacer al diálogo, que me parece que esos temas se tienen que dialogar. Hay una presión que tiene el municipio, evidentemente, con el ejercicio del gasto, es decir, no puedes cubrir todo lo que se pide, pero también hay que ver qué de las peticiones de los policías se pueden atender”.

Adelantó la posibilidad de que en próximos días comience el diálogo con los policías: “Ella le pidió que hicieran una comitiva y creo que todavía ellos no se habían puesto de acuerdo en las personas que iban a estar en esa comitiva y nosotros, en cuanto nos avisen, nos sumaremos ahí a la mesa de diálogo”.

Autoridades federales desempeñan labores en la municipio

El subsecretario detalló que en cuanto a la vigilancia en Jonuta ya se encuentran fuerzas federales y estatales que garantizan la seguridad de la ciudadanía.

Compartió que se encuentran elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y Policía Estatal, quienes fueron desplegados con la finalidad de realizar las laborales que desempeñan los policías municipales:

“Está respaldándoles por medio de la Policía Estatal... El Ejército y la Guardia Nacional están allá desplegados ya cubriendo las posiciones”.

En cuanto a si emprenderán represalias en contra de los policías que decidieron alzar la voz y protestar en el municipio, el subsecretario agregó: “Nosotros siempre hemos tenido y hemos creído en el diálogo, ¿no? Como la principal alternativa para resolver estas cosas”.

La colocación de la primera piedra de la planta de metanol Pacífico Mexinol en Topolobampo, Sinaloa, se vio interrumpida este jueves por la irrupción de comunidades indígenas y activistas ambientales que rechazan el proyecto.

El evento, encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya, tuvo que ser suspendido ante la presión de los manifestantes, quienes incluso derribaron la piedra simbólica colocada al inicio de la ceremonia.

Los inconformes, agrupados en el colectivo “Aquí No” y provenientes de comunidades como Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas, denunciaron que el proyecto representa un riesgo ambiental para la Bahía de Ohuira, una zona clave para la pesca y sustento de pueblos originarios.

Reclamos por falta de consulta indígena y daño ambiental

Uno de los principales señalamientos fue la ausencia de una consulta indígena previa, libre e informada, requisito establecido en normativas nacionales e internacionales.

De acuerdo con resoluciones ambientales emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, este proceso es una condicionante para el desarrollo del proyecto.

Los manifestantes advirtieron que la instalación de la planta podría alterar tanto el ecosistema terrestre como marino, afectando directamente sus actividades productivas, especialmente la pesca.

También acusaron que en ejercicios previos se simuló la participación ciudadana, lo que incrementó la desconfianza hacia las autoridades.

Tensión política: enfrentamientos con autoridades locales

Durante la protesta, el gobernador Rocha Moya fue confrontado directamente por los inconformes, quienes le exigieron atender sus demandas.

El mandatario pidió permitir la continuidad del evento y ofreció dialogar posteriormente, pero ante la presión tuvo que retirarse del lugar.

En paralelo, el alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, protagonizó un intercambio con una manifestante indígena, cuestionando su presencia en la protesta, lo que evidenció el clima de tensión entre autoridades y ciudadanos.

Gobierno de Sinaloa promete consulta y diálogo

Horas más tarde, el gobernador sostuvo una reunión con representantes de las comunidades en Topolobampo, donde se comprometió a convocar una consulta indígena antes de que el proyecto continúe.

Subrayó que la planta no avanzará sin este proceso y que también planteará el tema ante la presidenta Claudia Sheinbaum.

Rocha Moya reconoció que la protesta refleja un conflicto sensible y admitió que la inversión podría estar en riesgo si no se logran acuerdos.

Asimismo, aseguró que el proyecto deberá cumplir con estrictos estándares ambientales y que ninguna inversión está por encima del cuidado del entorno.

Mexinol: inversión energética y foco de conflicto social

El proyecto Pacífico Mexinol, impulsado por la empresa Transition Industries, contempla la producción de metanol —considerado de bajas emisiones— con una capacidad estimada de más de seis mil metros cúbicos diarios.

Además, incluye infraestructura portuaria, ductos, plantas de tratamiento y generación eléctrica.

Aunque el gobierno estatal lo ha promovido como un motor de desarrollo económico que generaría miles de empleos, la oposición social ha puesto en evidencia la tensión entre crecimiento industrial y derechos de las comunidades indígenas.

• Comunidades indígenas bloquearon accesos y detuvieron el evento
• Manifestantes derribaron la primera piedra simbólica
• Denuncian falta de consulta previa y riesgos ambientales
• Gobierno estatal promete consulta antes de continuar el proyecto

El caso de Mexinol refleja un escenario recurrente en México: proyectos estratégicos que enfrentan resistencia social ante la falta de consenso y garantías ambientales, lo que obliga a replantear la relación entre desarrollo económico y derechos de las comunidades.

La víctima, identificada como Catalina Polomayo Arauco, falleció tras ser atropellada por una combi de transporte público que, según los testigos, habría perdido el control debido a una falla mecánica en plena bajada.

El siniestro ocurrió cerca del sector Las Praderas, una zona con pendiente pronunciada y alto flujo de escolares. Testigos relataron que la unidad descendía a gran velocidad cuando sufrió el desperfecto.

Antes de detenerse, la combi impactó una mototaxi donde viajaba la señora Catalina junto a sus dos sobrinos, quienes fueron trasladados de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos. Al cierre de este informe, uno de los menores se encontraba en estado crítico.

El incidente despertó la preocupación de los vecinos, quienes afirman que los accidentes de tránsito en esta vía se repiten por la falta de semáforos, rompemuelles y el presunto tránsito de vehículos informales.

De inmediato, los manifestantes estacionaron un camión en medio de la pista y esparcieron arena sobre el asfalto para impedir la circulación, exigiendo la intervención de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Exigen soluciones

Durante más de dos horas, la avenida Unión permaneció bloqueada. Los vecinos, con carteles y consignas, pidieron la instalación urgente de semáforos y medidas que eviten nuevas tragedias.

La protesta generó una extensa congestión vehicular, obligando a la presencia de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para intentar restablecer el tránsito.

Residentes de la zona recordaron que han solicitado durante años la implementación de dispositivos de seguridad vial, señalando que la falta de control permite que muchas combis y mototaxis circulen sin documentación en regla. La preocupación crece debido a la cercanía de varios colegios y al uso frecuente de estas unidades por parte de escolares.

Vecinos denunciaron que, al momento del accidente, el único semáforo del tramo funcionaba en luz ámbar intermitente, sin regular el paso de vehículos ni peatones. Además, advirtieron sobre la presencia de unidades informales que compiten entre sí, poniendo en riesgo tanto a pasajeros como a transeúntes.

El accidente también puso en evidencia la falta de fiscalización sobre el estado mecánico de los vehículos que operan en la zona. Las autoridades iniciaron las diligencias para determinar la causa exacta del siniestro, si la combi contaba con autorización, y si la empresa de transporte cumplía con los requisitos para operar.

Heridos identificados

Rodolfo Sánchez Palomino, de 29 años, fue quien conducía la unidad, según fuentes policiales. Tras chocar contra la mototaxi, el vehículo continuó fuera de control por la pendiente, hasta empotrase con una casa. Los heridos que viajaban en la combi:

• Chávez Padilla Yuri, de 41 años;
• Villanueva Isidro Diana, de 22;
• Isidro Payhua Yenny, de 47;
• Mamani Mamani Aydee, de 43;
• Aguayo Vidal Victoria, de 30;
• Hurtado Gutiérrez Carlos, de 31;
• Ayala Tenorio Samuel, de 60;
• Meneses Pezua Miligirda, de 37;
• Reginaldo Paucar Ángel, de 23;
• Julca Solorzano Walter, de 41;
• Baquerizo Sarmiento Sarahi, de 46; y
• Sánchez Apolinario Rodolfo, de 49.

La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) denunció que un grupo reducido de transportistas autoconvocados mantiene bloqueos en accesos clave, afectando el funcionamiento de la cadena agroexportadora. Según la entidad, se trata de “un ataque a la economía nacional” que compromete el normal flujo de mercaderías hacia los principales puertos del país.

El conflicto se inició el 7 de abril, cuando transportistas de granos —principalmente de las provincias de Buenos Aires y Córdoba— llevaron adelante un paro con bloqueos en reclamo de una actualización de la tarifa de referencia. La medida surgió como respuesta al aumento del combustible vinculado al conflicto internacional en Medio Oriente, aunque el ajuste tarifario fue acordado pocos días después por las cámaras más representativas del sector.

Pese a ello, la situación se extendió por más de dos semanas, generando un fuerte impacto logístico. Desde la Cámara señalaron que “el estrangulamiento del flujo logístico de un minúsculo grupo de autoconvocados provocó que las terminales quedaran sin mercadería”, mientras que más de 30 buques permanecieron en espera de carga en los puertos de Bahía Blanca y Quequén.

Como consecuencia, entre 700.000 y 1,5 millones de toneladas de granos quedaron retenidas, con un impacto económico significativo. La entidad estimó que “al menos USD 450 millones —con sus correspondientes impuestos— no ingresaron al país en esos días”, lo que afecta a toda la cadena, desde productores hasta exportadores, e incluso a los propios transportistas.

Entre el 15 y el 17 de abril, la mayoría de las cámaras del país alcanzó acuerdos para actualizar las tarifas de referencia. En Bahía Blanca, los transportistas autoconvocados levantaron los bloqueos y se inició una normalización progresiva de la operatoria, con intervención de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, el conflicto persiste en Puerto Quequén, donde, según la Cámara, continúan “prácticas intimidatorias y exigencias tarifarias desproporcionadas”, incluyendo “amenazas de represalias físicas contra otros camioneros”. Ante este escenario, la entidad reclamó a las autoridades que actúen con urgencia para “restablecer el orden dentro del marco de la ley” y poner fin a medidas que, sostienen, perjudican a toda la economía agroexportadora.

El Sindicato de Trabajadores del Sistema Colectivo Metro emitió un comunicado dirigido a los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México, en el que advierte sobre el deterioro del servicio del Metro CDMX, así como la falta de mantenimiento, inversión y atención por parte del Gobierno capitalino.

En el documento, los trabajadores aseguran que continuarán alzando la voz hasta que el sistema cumpla con los estándares de seguridad y calidad que requieren millones de usuarios que utilizan diariamente este medio de transporte.

Sindicato del Metro alerta por fallas, retrasos y riesgos para usuarios

El gremio subrayó que el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) enfrenta constantes fallas, retrasos y condiciones deficientes, lo que —afirman— evidencia un abandono estructural que pone en riesgo la seguridad, el tiempo y la calidad de vida de los pasajeros.

Además, señalaron que, pese a múltiples solicitudes formales, el Gobierno de la Ciudad de México no ha dado respuestas oportunas a sus demandas, las cuales consideran urgentes para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

Trenes sin mantenimiento y unidades fuera de servicio

El comunicado detalla una serie de datos que reflejan la situación actual del Metro:

• El 70% de los 391 trenes no ha recibido mantenimiento general, pese a superar los 2 millones de kilómetros recorridos, cuando el límite recomendado es de 750 mil kilómetros.
• El 30% restante recibe mantenimiento parcial o incompleto.
• 84 trenes se encuentran detenidos en talleres por falta de refacciones.
• Solo 68 trenes están en buenas condiciones, operando principalmente en las Líneas 1 y 12.
• Los equipos de instalaciones fijas, con más de 50 años de antigüedad, son considerados obsoletos.
• Las vías del Metro presentan deterioro significativo por falta de mantenimiento adecuado.

¿Cuáles son las exigencias del sindicato?

Ante este panorama, el sindicato planteó una serie de demandas al Gobierno capitalino para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores:

• Mantenimiento integral y permanente a trenes, vías e instalaciones.
• Atención inmediata a fallas estructurales y operativas.
• Uso adecuado de los recursos públicos destinados al Metro.
• Rechazo a trabajos de embellecimiento superficial en estaciones.
• Oposición a la reducción de carriles en Calzada de Tlalpan.
• Rechazo a la construcción de una calzada elevada paralela a la Línea 2, por posibles riesgos a la infraestructura.

El sindicato reconoció que millones de personas dependen diariamente del Metro para trasladarse a sus trabajos, hogares y actividades esenciales, por lo que pidió comprensión y apoyo solidario ante la situación actual.

Finalmente, reiteraron que su prioridad es que el servicio del Metro CDMX recupere condiciones óptimas de operación, con seguridad, eficiencia y mantenimiento adecuado, en beneficio de toda la población.

La mañana de este jueves 9 de abril, integrantes de la Asamblea de Barrios irrumpieron en las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México, lo que provocó la suspensión de la sesión legislativa y el resguardo de diputados dentro del recinto.

De acuerdo con reportes, los manifestantes ingresaron por la fuerza al edificio ubicado en el Centro Histórico, luego de concentrarse desde temprana hora en las inmediaciones de las calles de Donceles y Allende, donde comenzaron con protestas y consignaS.

Manifestantes dan “portazo” en el Congreso CDMX

La situación escaló cuando un grupo de inconformes logró ingresar al recinto legislativo tras un “portazo”, pese a que algunos diputados intentaron dialogar con ellos para contener la protesta.

Entre los legisladores que salieron a intentar mediar estuvieron Xóchitl Bravo y Jesús Sesma, quienes se acercaron al lobby del Congreso; sin embargo, los manifestantes lograron irrumpir en el inmueble.

Suspenden sesión y resguardan a legisladores

Tras el ingreso de los manifestantes, el diputado Jesús Sesma decretó un receso en la sesión, que se llevaba a cabo en calidad de Constituyente Permanente.

En medio del caos, legisladores fueron resguardados dentro del pleno para evitar confrontaciones, mientras personal de seguridad reforzó las medidas internas.

Tensión en el recinto legislativo

La irrupción generó momentos de tensión dentro del Congreso CDMX, ya que algunos diputados tuvieron que ser protegidos por su personal y trasladados rápidamente al salón de sesiones.

Hasta el momento, las autoridades evalúan la situación al interior del recinto, mientras se mantiene suspendida la actividad legislativa.

¿Qué exigían los manifestantes?

Aunque no se ha detallado oficialmente el pliego de demandas en este evento, la Asamblea de Barrios suele realizar movilizaciones relacionadas con temas de vivienda, regularización de predios y conflictos urbanos en la capital.

La situación continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas se informe si la sesión será reanudada o cancelada definitivamente.

Un estudiante universitario de 18 años perdió la visión de su ojo derecho tras recibir el impacto de un proyectil considerado menos letal, disparado presuntamente por un agente federal durante una manifestación denominada “No Kings” ocurrida el 28 de marzo en el centro de Los Ángeles.

El caso, al que tuvo acceso el canal de televisión local KTLA 5, expone el uso de medidas de control de multitudes durante protestas en contra de las operaciones de inmigración impulsadas por la administración de Donald Trump. El abogado de la víctima, James Desimone, confirmó que el joven buscará una compensación por daños personales, alegando negligencia por parte del gobierno de Estados Unidos.

La consecuencia directa del proyectil fue la hospitalización de Tucker Collins, quien sufrió fractura en la órbita y la ruptura del ojo derecho, lesiones que derivaron en una intervención quirúrgica de urgencia para extraer el globo ocular afectado, de acuerdo a lo relatado por Desimone a KTLA 5. El abogado sostuvo: “Hay una orden judicial federal que prohíbe disparar a la cabeza de cualquier persona en la multitud, pero la están violando con total impunidad”.

Respuesta oficial y antecedentes recientes del uso de la fuerza en protestas

En su respuesta a KTLA 5, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó: “DHS está tomando las medidas apropiadas y constitucionales para mantener el estado de derecho y proteger a nuestros agentes y al público de alborotadores peligrosos. Nuestro personal siguió su entrenamiento y aplicó la cantidad mínima de fuerza necesaria para protegerse a sí mismos, al público y a la propiedad federal. Se emitieron siete advertencias antes de emplear las medidas de control de multitudes”.

El incidente de Collins se inscribe en una lista de situaciones similares que tuvieron lugar durante manifestaciones recientes en Los Ángeles.

Un caso previo es el de una mujer de 25 años que recibió un disparo en el rostro, además del de un hombre que exige una compensación de USD 100 millones al perder también un ojo, y el de un fotógrafo de prensa que resultó con fracturas producto del uso de balas de goma por parte de fuerzas federales.

Impacto en la vida académica y personal de Tucker Collins

Imágenes obtenidas por testigos y verificadas por KTLA 5 muestran a Tucker Collins documentando la manifestación con su cámara en mano cuando, de forma repentina y “sin previo aviso” según relató su abogado, fue alcanzado en el rostro.

El abogado explicó: “Recibió el impacto en el ojo con lo que creemos fue una bola de pimienta, un proyectil menos letal que disparó un agente del DHS desde el otro lado de la valla y enseguida cayó al suelo”.

El estudiante cursa el primer año de ingeniería aeronáutica con especialización secundaria en artes cinematográficas en la reconocida Universidad del Sur de California (USC).

Desimone indicó que la fotografía y la realización de cortometrajes son pasiones en la vida de Collins, quien actualmente enfrenta “grandes dificultades para mantenerse en la universidad” debido a la lesión.

De acuerdo con los testigos, agentes federales dispararon desde detrás de una valla durante la dispersión ordenada por autoridades, en un contexto donde las tensiones entre manifestantes y fuerzas de seguridad aumentaban. Collins sostiene que no estaba resistiendo ni participando activamente en la protesta en el momento del disparo.

Proceso legal y repercusiones en el debate sobre el control policial

Tras el daño sufrido, Collins y su representante legal iniciaron trámites para presentar una demanda bajo la Federal Tort Claims Act, mediante la cual reclaman indemnización por las lesiones permanentes provocadas por lo que califican como uso negligente de la fuerza por parte del gobierno.

El canal de televisión local KTLA 5 subraya que el caso de Collins contribuye activamente al debate público sobre el uso de la fuerza en el control de protestas y plantea la discusión sobre “la necesidad de salvaguardas adicionales frente a acciones violatorias de derechos fundamentales por parte de las fuerzas federales”, situación que toma mayor relevancia ante las recientes manifestaciones y denuncias sobre el accionar de los agentes durante operativos de seguridad.

Esta mañana se registraron disturbios en la ciudad de Avellaneda, en las inmediaciones del Puente Pueyrredón, en medio de una protesta de organizaciones sociales en rechazo a la baja del plan Volver al Trabajo. Situaciones similares ocurrieron en el Puente Saavedra, en el partido de Vicente López; en el Puente La Noria, en Lomas de Zamora; en la intersección de la Ruta 3 y General Paz, en La Matanza; y en Rivadavia y General Paz, a la altura de Liniers.

Como consecuencia de la medida, la avenida Pavón permanece cortada en ambos sentidos y no se puede acceder a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) desde esa traza.

Participan de la protesta el Polo Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Libres del Sur, la Organización Comunista Revolucionaria, UTEP y el Movimiento Evita, entre otras organizaciones.

En el marco de los incidentes, que comenzaron cerca de las 10 de la mañana, bomberos apagaron neumáticos incendiados por los manifestantes. Hay un cordón de la Policía Federal, mientras que efectivos de Infantería y Prefectura Naval Argentina también se encuentran en el lugar.

El programa dado de baja funcionaba como continuidad del anterior Potenciar Trabajo, otorgando una asignación mensual de $78.000 a trabajadores informales. Se encuentran presentes en el lugar el legislador Gabriel Solano, el dirigente Néstor Pitrola y Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA.

Según las primeras informaciones, se registraron corridas y empujones en el acceso vial, donde la policía intervino utilizando gas pimienta y un camión hidrante para impedir bloqueos.

Avellaneda no es la única zona donde se registran incidentes, ya que también se reporta un corte en el Puente Saavedra, ubicado en el límite entre el partido de Vicente López y la Ciudad de Buenos Aires.

También se registraron medidas en el Puente La Noria, que conecta la Ciudad de Buenos Aires con Lomas de Zamora; en la intersección de la Ruta 3 y General Paz, en La Matanza; y en Rivadavia y General Paz, a la altura de Liniers. En La Plata, en tanto, se prevé una movilización desde la estación de tren hasta la rotonda de la autopista.

En ese marco, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, apuntó contra el gobernador Axel Kicillof y su decisión de no aplicar el Protocolo Antipiquetes. En un posteo en su cuenta de X, escribió: “Sin reglas claras no hay orden. Las imágenes de los cortes en Avellaneda, Puente Saavedra y distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires muestran claramente la falta de ley y orden en su territorio”.

“La calle queda liberada a grupos de izquierda que buscan extorsionar y desestabilizar al Gobierno, y millones de argentinos que quieren circular, trabajar y vivir en paz quedan perjudicados. Nuestras Fuerzas Federales están desplegadas donde nos corresponde, y ahí aplicamos el protocolo sin dudar, para que EL ORDEN SEA LA REGLA”, cerró.

En tanto, el dirigente piquetero Eduardo Belliboni opinó que no es necesario “cortar” cuando hay un Gobierno que “escucha”. En diálogo con A24, sostuvo: “Ahora, cuando no te escuchan y una persona se queda sin un ingreso mínimo de 700 mil pesos, no hay cartones para juntar, hay hambre”.

Y siguió: “El Gobierno hizo campaña y se jacta de haber eliminado los piquetes, lo cual no es verdad porque durante este tiempo hubo acciones y movilizaciones que fueron salvajemente reprimidas. No hay piquetes porque, cada vez que hay uno, le revientan la cabeza a un fotógrafo como a Pablo Grillo, reprimen a una jubilada o le pegan a un discapacitado”.

El dirigente del Polo Obrero aseguró que “hay que jactarse de resolver los problemas, no de la represión”.

Una de las manifestantes, identificada como Natalia y miembro de un comedor en Avellaneda, señaló que utilizaba el plan para pagar impuestos y que, sin esa ayuda, sus ingresos no le alcanzaban.

En declaraciones al Polo Obrero, Gloria, integrante del comedor Mariano Ferreyra del Bajo Flores, explicó que trabajan en la cocina desde las 7 de la mañana hasta entrada la tarde, brindando asistencia a 648 personas que se alimentan allí.

“Nosotros no somos la casta porque a veces no tenemos ni para comer un pan para nuestra mesa. Setenta y ocho mil pesos para muchos es insignificante, pero para nosotros es mucho”, lamentó la mujer.

"Aprovechamos para invitar a toda Venezuela este 9 de abril a marchar hacia Caracas, vía Miraflores (sede del Ejecutivo), a pedirle respuesta a los hermanos (Delcy y Jorge) Rodríguez, dónde está el dinero de todos los venezolanos“, expresó José Patines, secretario general del sindicato de la Cancillería.

La jornada comenzó con una asamblea en la sede de la UCV, seguida de una marcha por los alrededores, donde los manifestantes reclamaron el aumento del salario mínimo, que permanece en 130 bolívares desde hace cuatro años, equivalente a 0,28 dólares mensuales según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

En los últimos años, el gobierno ha priorizado el pago de dos bonificaciones a los trabajadores públicos, que no impactan en otros beneficios laborales y alcanzan los 160 dólares, depositados en bolívares al tipo de cambio oficial.

Patines anunció que también exigirán a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, explicaciones sobre los continuos problemas con el suministro de agua y electricidad en el país. “Que no sigan con cuentos, que no sigan mintiéndole a los venezolanos, si no pueden con el cargo, entréguenlo”, añadió.

Valetina Sialoni, estudiante de la UCV, manifestó la importancia de mantener la presión para mejorar los sueldos, becas y condiciones de vida y estudio. "Valgan la pena en un país que siempre ha valido la pena“, afirmó.

En febrero, una familia necesitó 645,6 dólares para cubrir los gastos básicos de alimentación en Venezuela, según la ONG Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), que publicó el lunes su estimación de la canasta alimentaria.

La ONG señaló que el salario mínimo cubre solo 0,05% del costo de esa canasta, calculada para cinco personas, lo que equivale a 1.937 salarios mínimos mensuales o 4,4 bonos de “guerra económica”, uno de los complementos pagados por el gobierno cada mes.

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que el país registró una inflación acumulada de 51,9% en los dos primeros meses de 2026, con un aumento de precios del 14,6% en febrero y del 32,6% en enero.

En los primeros minutos de movilización, la situación transita con tranquilidad y con poca concurrencia. Con el correr del tiempo, acudieron más personas y se agruparon en Riobamba y Bartolomé Mitre. Sin embargo, de forma preventiva, el Congreso se encuentra completamente vallado, como se suele hacer en los operativos de seguridad en este tipo de casos.

La intención de los manifestantes fue armar una audiencia paralela para poder escuchar la forma en la que los legisladores debaten sobre el proyecto de ley. La dinámica parlamentaria atraviesa una polémica en torno a las limitaciones establecidas por las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales.

Estas comisiones, desbordadas por una inscripción que excedió las 120.000 personas, dispusieron que solo 200 ponencias podrán presentarse en vivo —tanto presenciales como virtuales—, mientras que el resto deberá enviar su exposición en video.

La movilización fue convocada frente al Congreso para las 17 y fue promovida por organizaciones ambientalistas junto a diversas bancadas de la oposición. La invitación llevó el lema: “Traé tu silla o reposera y hagamos fila hasta que nos escuchen”. Desde el comienzo de la iniciativa, la decisión fue realizar una audiencia paralela y que sirva de visibilización y de protesta.

Los presidentes de ambas comisiones, los libertarios Nicolás Mayoráz y José Peluc, también determinaron que únicamente los diputados que integran cada comisión tendrán acceso al recinto, junto con dos asesores por bloque, aunque el reglamento contempla la presencia de todos los legisladores.

Después de que la Justicia rechazara el amparo presentado por organizaciones ambientalistas para extender la audiencia y permitir la exposición de todos los inscriptos en el Congreso, esas mismas organizaciones, con el respaldo de bloques opositores, convocaron una manifestación para exigir que se los deje participar.

El tránsito en la Ciudad de Buenos Aires volverá a experimentar restricciones debido a una serie de cortes. Según información de Infobae, desde las primeras horas del miércoles comenzaron a implementarse interrupciones en distintos puntos de la ciudad:

• En la intersección de Av. Entre Ríos y Adolfo Alsina se interrumpió el paso por Entre Ríos.
• En Combate de los Pozos y Adolfo Alsina se cerró el tránsito en Combate de los Pozos.
• En Hipólito Yrigoyen y Sarandí se bloqueó la circulación por Yrigoyen.
• En Av. Rivadavia y Sarandí, la interrupción afectó a Rivadavia.
• En Riobamba y Mitre se cortó el paso por Riobamba.
• En Av. Callao y Mitre se impidió el tránsito por Callao.
• También hay un corte entre la acera de Av. Hipólito Yrigoyen y la de Av. Rivadavia.

Las organizaciones campesinas, los representantes de pueblos originarios y trabajadores de la economía popular consideran que la normativa pone en riesgo la protección de las reservas de agua dulce más importantes de la Argentina. “Nosotros pedimos que los pueblos originarios sean escuchados y de los 15 representantes conseguimos que entren 3, pero vamos a estar afuera en la marcha”, afirmó el diputado Juan Grabois.

Por su parte, la diputada de Unión por la Patria, Teresa García, explicó: “Nosotros creemos que hay que evitar estas restricciones, es una audiencia pública, no puede ser que no se pueda exponer, por eso nos movilizamos mañana —en relación a este miércoles 25 de marzo—”.

Mientras La Libertad Avanza intenta evitar cualquier discusión y acelerar el proceso, el oficialismo busca cumplir cuanto antes con el requisito legal de la Audiencia pública para avanzar hacia un dictamen y, posteriormente, llevar el tema al recinto. Pese a las críticas recientes dirigidas al presidente Javier Milei por $Libra y al jefe de Gabinete Manuel Adorni por su estilo de vida, que no se corresponde con sus ingresos, el bloque oficialista se mantiene enfocado en sortear obstáculos y continuar con el trámite legislativo.

La UOCRA concretó una movilización de gran magnitud en las cercanías del Congreso de la Nación, con el objetivo de resaltar el papel que la actividad minera desempeña en la creación de empleo en diversas provincias. Voceros del gremio pusieron el foco en la continuidad y el impulso de los proyectos mineros, que sostienen aproximadamente 17.000 puestos de trabajo vinculados al sector de la construcción, especialmente en zonas cordilleranas y patagónicas, donde las alternativas laborales suelen ser más escasas.

Durante la manifestación, dirigentes de UOCRA remarcaron la importancia de impulsar una minería que integre el desarrollo productivo con la responsabilidad ambiental. Además, expresaron expectativas respecto a que el avance de la industria minera compense la reducción de empleos en la construcción, una consecuencia directa de la paralización de la obra pública en el país.

El tránsito en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se verá nuevamente restringido debido a varios cortes por el tratamiento en comisión del proyecto de Ley de Glaciares. La Cámara de Diputados recibirá hoy a los primeros 100 oradores en la primera de las dos jornadas de audiencias públicas sobre la modificación de la ley.

Según pudo saber Infobae, desde la mañana de este miércoles se realizaran las siguientes interrupciones en la zona de Congreso, en donde se reunirán a partir de las 17 horas organizaciones ambientalistas y opositoras al Gobierno:

• Av. Entre Ríos y Adolfo Alsina, cortando la primera
• Combate de los Pozos y Adolfo Alsina, cortando Combate de los Pozos.
• Hipólito Yrigoyen y Sarandí, obturando Yrigoyen.
• Av. Rivadavia y Sarandí, con la primera cortada
• Riobamba y Mitre, cortando la primera calle.
• Av. Callao y Mitre, obturando Callao.
• Desde la acera de Av. Hipólito Yrigoyen hasta la acera de Av. Rivadavia

La actividad parlamentaria está envuelta en una controversia respecto de las restricciones que impusieron las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, que se vieron desbordadas por la avalancha de inscriptos que ya supera los 100.000. En ese contexto, los presidentes de las comisiones, los libertarios Nicolás Mayoráz y José Peluc, respectivamente, establecieron que solo se recibirán 200 ponencias en vivo y online y que el resto deberá enviar un video. Asimismo, especificaron que sólo se permitirá el ingreso a los diputados que forman parte de la comisión —todos los legisladores pueden acceder a las comisiones por reglamento— y solo dos asesores por bloque.

Luego de que la Justicia rechazara el recurso de amparo que presentaron varias organizaciones ambientalistas para extender la audiencia y que todos puedan exponer en el Congreso, esas mismas organizaciones con el apoyo de los bloques de la oposición realizarán hoy una manifestación para que los dejen exponer.

“Nosotros creemos que hay que evitar estas restricciones, es una audiencia pública, no puede ser que no se pueda exponer, por eso nos movilizamos mañana —en relación a este miércoles 25 de marzo—”, señaló la diputada de Unión por la Patria, Teresa García.

“Nosotros pedimos que los pueblos originarios sean escuchados y de los 15 representantes conseguimos que entren 3, pero vamos a estar afuera en la marcha”, agregó el diputado Juan Grabois. Los representantes de pueblos originarios, organizaciones campesinas y trabajadores de la economía popular entienden que la norma atenta contra la protección de las principales reservas de agua dulce de la Argentina.

La comitiva estará integrada por autoridades de comunidades mapuche, mapuche-tehuelche y diaguita de Neuquén, Río Negro, Chubut y Catamarca, junto a referentes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero y del MTE Rama Rural, quienes expondrán los impactos ambientales, sociales y culturales que podría generar una flexibilización de la normativa.

La marcha a la que hacen referencia está citada para las 17 horas en el Congreso y la promueven organizaciones ambientalistas y diferentes bloques de la oposición. La consigna es: “Traé tu silla o reposera y hagamos fila hasta que nos escuchen”.

“La idea es simple, traes tu silla y nos sentamos y exigimos que nos dejen exponer. La restricción es la contracara de una audiencia pública”, dijo la diputada García.

En el oficialismo están apurados en pasar el trámite de la Audiencia pública que exige la ley para ir rápidamente a un dictamen y de ahí al recinto. Aunque en el escenario actual, en medio de las críticas al presidente Javier Milei por $Libra y al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su estilo de vida que no concuerda con sus ingresos, La Libertad Avanza busca planchar cualquier tipo de debate en este caso avanzará.

“El cambio de la norma es necesario para habilitar proyectos que están esperando para entrar al RIGI, son inversiones para el país”, explica un diputado libertario a la hora de explicar el proceso que empuja el bloque de La Libertad Avanza.

Buena parte de los anuncios y de las conversaciones que viene teniendo el Gobierno con empresas del exterior apuntan a inversiones para el sector de la minería que está esperando el cambio de la norma, ya que podrían habilitarse zonas que hoy están prohibidas por ser denominadas “periglaciares”. Además, hay una redefinición técnica: se propone cambiar “ambiente periglacial” por “geoforma periglacial”, lo que reduciría el área protegida. Además, establece una revisión del inventario de glaciares porque busca permitir actividades si la provincia demuestra que no se afecta el recurso hídrico.

Participaron educadores, personal sanitario, empleados de la administración pública y otros sectores, junto a pensionistas, quienes exigieron con pancartas y consignas un salario “justo y digno”. Esta demanda ocurre tras los recientes acuerdos petroleros con Estados Unidos.

En Caracas, manifestantes denunciaron agresiones por parte de simpatizantes del chavismo mientras se concentraban frente a la Fiscalía General. Aunque planeaban marchar hacia el Ministerio del Trabajo, la policía bloqueó el paso. Detrás del cordón policial se encontraba la movilización oficialista, que reclamaba el levantamiento de las sanciones impuestas al país, especialmente las de Estados Unidos, parcialmente flexibilizadas en los últimos meses.

Ante el impedimento, empleados y pensionistas se desplazaron hacia las inmediaciones de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).

A pesar de los obstáculos, los manifestantes afirmaron no sentir miedo y reiteraron su decisión de continuar protestando contra los salarios de “hambre y miseria”.

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, declaró a la agencia de noticias EFE que trabajadores y pensionados están “pasando hambre” y en condición de “extrema pobreza”. Consideró que el país “está viviendo una transición económica”, aunque no política, ya que “sigue la violencia como el arma de control y todavía siguen cercenando los derechos”.

“Pareciera que los que pueden estar en la calle son los que arenguen las consignas que dicta el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela). (...) ¿Es que la señora Delcy Rodríguez quiere que le dejemos los hospitales solos en el caso de la enfermería?”, manifestó.

Contreras informó que más de 200 organizaciones gremiales y sindicales firmaron un acuerdo para coordinar acciones conjuntas, incluyendo la permanencia en las calles.

El activista Jesús Superlano, del partido Patria Para Todos, denunció que el Gobierno de Rodríguez, quien asumió la presidencia encargada tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, “dio la orden de que se evite la marcha”.

“Hoy fuimos atacados por grupos parapoliciales, hoy se llevaron pancartas, nos atacaron, nos amedrentaron, nos rodearon, pero dijimos (que) no tenemos miedo”, afirmó.

Por su parte, Ana Yánez, dirigente de la organización sindical Únete, solicitó a Rodríguez que “por favor detenga la violencia de parte de sus adeptos”.

El salario mínimo permanece congelado desde 2022 en 130 bolívares mensuales, equivalentes a 28 centavos de dólar.

En los últimos años, el Ejecutivo optó por pagar dos bonos a los trabajadores públicos, que no inciden en los beneficios laborales y suman 160 dólares, abonados en bolívares al tipo de cambio oficial del día.

Entre los mensajes más repetidos durante la movilización en Madrid, se destacó la petición de un embargo inmediato de armas al Estado de Israel y la salida de España de la OTAN, además del rechazo a los intereses imperialistas presentes en la escalada de violencia en Oriente Medio. Integrantes de diversos colectivos y representantes de organizaciones políticas se sumaron a la marcha que recorrió desde Atocha hasta la Puerta del Sol en la capital española, según informó Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, la concentración alcanzó su momento álgido cuando portavoces de la Asamblea Internacionalista exigieron la implementación de medidas concretas para frenar el aumento de la destrucción y las víctimas en la región, resultado de la ofensiva de Estados Unidos e Israel hacia Irán. Los organizadores señalaron a Israel como uno de los protagonistas clave de la escalada armamentística. Mediante declaraciones públicas al comienzo de la manifestación, el portavoz de la Asamblea Internacionalista puntualizó: “Creemos que es una escalada que se tiene que parar, que únicamente nos lleva a más guerras, a una escalada de destrucción y de muerte que no tiene ningún sentido y que únicamente refleja los intereses de una minoría militarista que quiere pasar la guerra”, recogió Europa Press.

Participants en la protesta portaban banderas palestinas y carteles criticando explícitamente la participación de España en la OTAN y oponiéndose a la guerra y al rearme. Desde las 18:00 horas, la multitud avanzó desde la estación de Atocha y recorrió el centro de Madrid hasta la Puerta del Sol, donde finalizó la convocatoria. El ambiente estuvo marcado por cánticos que denunciaron las acciones del presidente estadounidense Donald Trump y del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Uno de los asistentes afirmó ante Europa Press que “la política española debería condenar totalmente a Trump como se condenaron a los nazis”, añadiendo que “estamos ante un imperialista que hace lo que le da la gana”. Otra manifestante explicó a este medio: “Si tuviéramos un poco más conciencia de clase, si supiéramos lo que nos estamos jugando, yo creo que la gente pensaría que lo que están haciendo Trump y los imperialistas americanos no está bien”.

La protesta contó también con la presencia de figuras destacadas del partido Podemos, como la secretaria general Ione Belarra y la secretaria política Irene Montero. Montero condicionó el apoyo de su grupo en el Congreso a un paquete de medidas contra la guerra que, según las declaraciones recogidas por Europa Press, debe incluir “un tope real a los precios de los alimentos, de la energía, del combustible, hacer el transporte gratuito y salir de la OTAN”. Montero remarcó que, en caso de aprobarse propuestas diferentes, especialmente las impulsadas por el Partido Popular, entenderían que “están buscando los votos del PP”. También exigió la dimisión de España como miembro de la OTAN y la retirada de los militares estadounidenses de las bases de Rota y Morón, manifestando que mientras España forme parte de dicha alianza militar “está siendo cómplice de los crímenes de Trump y de Netanyahu”.

Según reportó Europa Press, el manifiesto leído durante la manifestación incidió en la necesidad de fortalecer el movimiento pacifista, hacerlo inclusivo y plural para desafiar tanto a las estructuras de poder económicas como a los intereses imperialistas. En el documento, los convocantes apelaron a la construcción de “un movimiento fuerte, abierto y plural, capaz de desarrollar un camino que no tenga miedo a enfrentarse con los poderes económicos y los intereses imperialistas, que apueste por la solidaridad y la cooperación activa entre las clases trabajadoras de todo el mundo”.

Entre las principales demandas estuvo también la petición de acciones inmediatas al Gobierno español, solicitando que los discursos por la paz se transformen en acciones tangibles, como aplicar un embargo total de armas a Israel. Al mismo tiempo, algunos de los lemas presentes en carteles y pancartas insistieron en la salida de España de la OTAN y la desvinculación respecto al rearme militar.

A lo largo de la marcha, las protestas se dirigieron principalmente contra la ofensiva militar y la “escalada de destrucción y de muerte” en Irán, enfatizando la urgencia de detener lo que los organizadores describieron como una carrera armamentista motivada por intereses minoritarios. Los convocantes subrayaron, según publicó Europa Press, su preocupación por la insuficiencia de respuestas políticas y la relevancia de que la sociedad civil se mantenga vigilante y activa ante los actuales acontecimientos en Oriente Medio.

Europa Press detalló además que los participantes expresaron su desconfianza hacia la capacidad del Gobierno español para cambiar de postura sin la presión de la ciudadanía movilizada, lo que motiva la articulación de nuevas formas de solidaridad internacional y denuncia pública frente a las operaciones militares y políticas consideradas perjudiciales para los intereses de la población civil tanto en España como en las zonas afectadas del Medio Oriente.

Según los conductores, el precio del GLP pasó de costar entre 5 y 7 soles por galón a cifras que alcanzan los 17, 18 y hasta 19 soles. Además del alza, denunciaron restricciones en la cantidad de combustible que pueden adquirir, lo que agrava su situación laboral. “No podemos trabajar, estamos perdiendo ingresos”, señalaron.

Los mototaxistas indicaron que la problemática se arrastra desde hace semanas, tras incidentes relacionados con la distribución de gas en el sur del país, como la deflagración ocurrida en Cusco. Aunque públicamente se informó que el abastecimiento se había normalizado, aseguran que en la práctica la escasez persiste.

La crisis también impacta directamente en sus ingresos diarios. Conductores señalaron que antes podían generar hasta 120 soles al día, pero ahora sus ganancias se han reducido considerablemente debido al alto costo del combustible y las horas perdidas en filas que pueden durar entre tres y cinco horas.

Diferencias en los precios de GLP

Durante un recorrido por distritos como La Victoria y Breña, se constató que los precios de combustibles varían significativamente. Mientras el GLP puede encontrarse desde 9.99 soles en algunos puntos, en otros supera los 14 o 15 soles, generando una alta concentración de vehículos en los grifos más económicos.

En una estación de la avenida Francisco Pizarro, donde se ofrecía uno de los precios más bajos, se registraron discusiones entre conductores que intentaban abastecerse, lo que obligó la intervención policial para restablecer el orden.

Ante ello, se ha pedido la intervención de entidades como Osinergmin y Indecopi para fiscalizar posibles irregularidades en los grifos.

Los transportistas exigen medidas urgentes del Gobierno para estabilizar el precio del GLP y garantizar el abastecimiento, advirtiendo que la situación afecta no solo a su economía, sino también al servicio que brindan a miles de usuarios en la capital.

¿Por qué sube el GLP en Perú?

El GLP sube en Perú porque, a nivel internacional, el precio de este combustible está atado al petróleo y ha aumentado por conflictos globales y mayor demanda en mercados como Asia, lo que encarece su importación. Perú no produce todo el GLP que consume, por lo que depende en parte de esos precios externos.

En el país, uno de los principales problemas ha sido la interrupción y menor envío de GLP desde el sistema de Camisea, especialmente tras incidentes como la deflagración en Cusco, lo que redujo el abastecimiento hacia Lima y otras ciudades. Esto generó escasez y obligó a recurrir a más importaciones, que son más caras.

Además, en la etapa final, el precio sube por la cadena de comercialización: transporte, almacenamiento y venta en grifos. Ante la menor oferta, algunos establecimientos elevan precios y racionan el combustible, lo que termina afectando directamente a transportistas y hogares.

Según las primeras informaciones, los manifestantes intentaron instalar un gazebo, pero fue retirado por la fuerza y desarmado por los agentes. La situación generó empujones y reclamos en medio de la multitud, en una jornada marcada por el malestar.

“Nos tratan como perros, hermano. ¿A vos te parece justo?“, lamentó un manifestante, visiblemente conmovido, tras las escenas de tensión con la policía. En diálogo con Todo Noticias (TN), otra mujer agregó: ”No tienen humanidad".

“Nos agreden a nosotros. Nosotros venimos tranquilos a ver si el presidente nos escucha, pero nos manda la policía. A ella la empujaron, casi la tiraron. Cada vez que pasa algo, venimos acá. ¿Y qué pasa? Palo para nosotros. El señor presidente es muy insensible", expresó uno de los manifestantes.

En la protesta pacífica participan prestadores, familiares y chicos con discapacidad, quienes reclaman la ejecución de pagos atrasados. Tras los disturbios, se reforzó la presencia policial en la zona. Hay oficiales de la Policía Federal Argentina y de Infantería en el lugar.

En febrero, el Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, tras un fallo judicial que ordenó su entrada en vigencia inmediata y la aplicación del nuevo régimen de pensiones.

La medida responde a la sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que en diciembre de 2025 declaró inválida la suspensión de la ley y le puso al Gobierno como fecha límite el 4 de febrero para que la normativa se implemente plenamente.

El conflicto surgió cuando el Ejecutivo intentó impedir la aplicación de la ley, sancionada por el Congreso en septiembre de 2025, mediante un veto fundamentado en la falta de fondos para costear las nuevas prestaciones. La Cámara de Diputados insistió en la promulgación, que se concretó pese a la resistencia del Gobierno. Aunque la ley fue promulgada formalmente, suspendieron su aplicación hasta que la Cámara Baja determinara la fuente de financiamiento.

La disputa judicial se activó tras el amparo colectivo presentado por O. G. J. en representación de sus hijos. El juez de Campana falló a favor de los reclamantes y anuló la suspensión. En su resolución, ordenó la inmediata aplicación de la Ley N.° 27.793. El Ministerio de Salud y otras áreas oficiales presentaron recursos en contra, alegando la imposibilidad de implementar la norma sin antes resolver el presupuesto.

Finalmente, la reglamentación llegó sobre la fecha límite del plazo, mediante la publicación del decreto84/2026. Así, el Gobierno establece los criterios para el nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, definiendo los requisitos de acceso, los procedimientos para evaluar las condiciones socioeconómicas y las incompatibilidades con otras prestaciones. Sostiene que la implementación de la ley necesita una reglamentación formal para definir procedimientos y controles, tarea que queda bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Discapacidad, ahora dependiente del Ministerio de Salud.

La normativa obliga a la Secretaría a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los parámetros de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas en un plazo máximo de 30 días. También establece la articulación entre organismos oficiales y de la sociedad civil, incluyendo al Observatorio de la Discapacidad y el Comité Asesor, para garantizar la participación federal y de las organizaciones vinculadas al sector.

El decreto admite la preocupación fiscal y presupuestaria, por lo que establece que las acciones acordadas con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ajustarse a los recursos disponibles y a las competencias asignadas.

Entre los puntos más complejos figura la conversión automática de las pensiones no contributivas previas al nuevo sistema, ahora denominadas Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. La Secretaría deberá identificar y verificar miles de prestaciones para llevar adelante esa transición, con el objetivo de asegurar una aplicación coherente del sistema.

En cuanto a la estructura institucional, el decreto centraliza la política de discapacidad en el Ministerio de Salud, con el apoyo permanente del Consejo Federal de Discapacidad en la evaluación, implementación y control de la ley. Este consejo, creado en 1996, integra funcionarios nacionales, provinciales y organizaciones de la sociedad civil.

Según informó el programa de noticias, Buenos Días Perú, los manifestantes señalaron que su principal demanda es la construcción de un nuevo plantel, descartando cualquier alternativa de refacción. “Construcción queremos. Porque nuestros niños deben estudiar como seres humanos”, expresó una madre de familia durante la protesta, en medio de consignas colectivas.

Bloqueo de vía y precariedad en el colegio

Durante la jornada, los padres interrumpieron completamente el tránsito como medida de presión para exigir atención de las autoridades. Indicaron que esta acción responde a la falta de avances concretos en el proyecto educativo, pese a compromisos previos anunciados semanas atrás.

Asimismo, denunciaron las condiciones en las que estudian los escolares, señalando que alrededor de 1.500 alumnos enfrentan problemas de hacinamiento y falta de infraestructura adecuada. “No es un tema político, es una necesidad que nuestros niños necesitan”, sostuvo uno de los padres presentes para el citado medio.

Medidas extremas

Como parte de la protesta, algunos padres adoptaron medidas radicales, como encadenarse y enterrarse parcialmente en el suelo, con el objetivo de visibilizar la urgencia de su reclamo. Estas acciones reflejan el nivel de preocupación de la comunidad ante la falta de respuesta institucional.

Los manifestantes exigieron la instalación de una mesa de diálogo con el gobernador regional, con el fin de concretar un compromiso formal que garantice el inicio de la obra. Además, cuestionaron que la demolición del colegio, prevista para febrero, no se haya ejecutado hasta la fecha, lo que incrementa la incertidumbre sobre el futuro del proyecto educativo.

“Lucho por mis hijos”

Raúl Mendoza Cerroy, padre de dos estudiantes de primaria, protagonizó uno de los momentos más visibles de la protesta al encadenarse en plena carretera como medida de presión. Explicó que su decisión responde a la situación crítica del colegio, luego de que una reciente inspección de autoridades como Indeci y Defensa Civil determinara que casi la totalidad de la infraestructura se encuentra inhabilitada.

Durante la movilización, Mendoza afirmó que la protesta busca evitar que los escolares continúen expuestos a riesgos dentro del plantel. “Lucho por mis hijos y por todos los niños; no podemos enviarlos a estudiar en lo que prácticamente son trampas mortales”, señaló, mientras avanzaba junto a otros padres que también participaron en las medidas de fuerza.

A esta demanda se sumó Irene Acho, madre de una alumna de secundaria, quien indicó que el problema no es reciente. Recordó que su familia ha esperado durante años una solución sin resultados, pese a reiterados pedidos de mejora. En ese contexto, los padres recorrieron más de 15 kilómetros bajo altas temperaturas hasta la sede del Gobierno Regional, con el objetivo de exigir una mesa de diálogo con el gobernador René Chávez Silvano que permita concretar el inicio de la obra y garantizar condiciones adecuadas para los estudiantes.

Las imágenes del vehículo son estremecedoras. Según se observa en un video publicado por la familia de la víctima, los hierros retorcidos de la camioneta fueron utilizados para escribir sobre ellos otros mensajes más para hacerle llegar un mensaje al fiscal del caso y causar impacto en los transeúntes que circulaban en las inmediaciones de la plaza Independencia, el lugar elegido para llevar adelante el reclamo.

El hecho ocurrió en la madrugada del 20 de julio de 2025, cuando una camioneta Ford Ranger, manejada por Ignacio Clemente, impactó de frente contra la Volkswagen Saveiro en la que viajaba González junto a su amigo Jeremías Aguilar.

El accidente se produjo cuando Clemente circulaba a más de 120 kilómetros por hora, en contramano y con las luces altas encendidas. Las pericias determinaron que tenía alcohol en sangre y el registro de conducir vencido desde hacía ocho meses. Iván falleció en el acto, mientras que Aguilar resultó herido, pero sobrevivió gracias a una maniobra del propio joven en el momento previo al impacto.

La causa está calificada como homicidio culposo con lesiones graves, con agravantes por conducir alcoholizado, en contramano, a exceso de velocidad y con licencia de conducir vencida desde el año pasado. Además, se constató la presencia de cocaína en orina.

El fiscal Luis Piotti lo imputó al conductor, pero la defensa logró el beneficio de arresto domiciliario. Por eso, el reclamo de la familia: el abogado Gastón Argeri reclamó la revocación de la prisión domiciliaria y que Clemente cumpla la preventiva en una unidad penitenciaria.

El conmovedor mensaje del papá de la víctima

“Soy Mario, el papá de Iván. A mi hijo me lo arrebataron, y hoy siento que la justicia se nos está riendo en la cara. Fui a buscar respuestas, a pedir justicia, y el fiscal de la causa, Luis Piotti, literalmente me dio la espalda y me dejó hablando solo“, escribió el padre en el mensaje que acompaña el video de la camioneta del choque.

“Así de desamparados estamos. Ante ellos, pareciera que no somos nadie. Tomé la decisión de dejar la camioneta destrozada de Iván en la puerta del municipio. Usándolo como lugar concurrido. Le pido perdón a la sociedad si la imagen choca o lastima, pero esa es la realidad con la que mi familia se levanta todos los días”, continuó.

“Tengo dolor, pero también tengo mucha bronca. No puedo ni siquiera dejar que mi hijo descanse en paz, porque además de luchar contra el hombre que lo mató, tengo que luchar contra los que deberían defendernos. No nos dejen solos. Les pido con el corazón roto que me ayuden a difundir esto”, señaló.

“No nos dejen solos. Les pido con el corazón roto que me ayuden a difundir esto. Que todo Tandil sepa la injusticia que estamos viviendo. Iván no se olvida”, finalizó.

La familia espera ahora que el fiscal eleve la causa a juicio oral por el delito de homicidio simple con dolo eventual, lo que supondría una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

La familia del conductor ebrio envió una carta a los medios locales donde se señaló que el joven siempre estuvo a derecho.

“Comprendemos el inmenso dolor, la bronca y la impotencia que atraviesa la familia de Iván. Nada puede reparar esa pérdida. Solo pedimos que el esclarecimiento de lo sucedido se dé en un marco de respeto, sin violencia ni juicios anticipados, permitiendo que la verdad surja a través de la investigación judicial”, expresaron, según el diario ABC Hoy.

Un paro distrital de docentes de 24 horas tendrá lugar el jueves 12 de marzo de 2026, en Bogotá, tras el llamado de la Asociación Distrital de Educadores (ADE) para manifestar rechazo a políticas implementadas por la administración local en materia educativa.

La ADE, entre los principales argumentos del paro, denuncia un deterioro en las condiciones de enseñanza y aprendizaje en los colegios públicos de la capital del país, señalando el incremento de trámites administrativos, presión por reportes institucionales y una sobrecarga laboral para los docentes, lo que —sostiene la organización— afecta la autonomía escolar y las condiciones de trabajo en el sistema educativo distrital.

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Como parte de la protesta, el sindicato exhortó a maestros, directivos docentes, orientadores, trabajadores administrativos, estudiantes y padres de familia a unirse a las actividades programadas.

Puntos de concentración de las marchas del 12 de marzo

El punto de concentración definido es el Centro Administrativo Distrital (CAD), sobre la NQS, entre Las Américas y la calle 26 en Teusaquillo, donde los manifestantes prevén reunirse desde las 9:00 a. m.

Desde allí, la movilización avanzará por la avenida El Dorado en dirección a la sede de la Secretaría de Educación del Distrito, ubicada sobre el corredor vial cerca de la carrera 66.

Las autoridades recomendaron a los conductores planificar rutas alternativas durante la manifestación en la NQS y la calle 26 y anticiparon presencia policial para salvaguardar la seguridad y el orden público.

Clases en colegios públicos de Bogotá serán normales pese al paro

La Secretaría de Educación de Bogotá confirmó que el 12 de marzo de 2026 se mantendrán clases normales en los colegios públicos del Distrito. De acuerdo con un comunicado divulgado el 10 de marzo, el objetivo principal de la administración distrital es garantizar el derecho fundamental a la educación y evitar alteraciones en el calendario académico, incluso frente a las movilizaciones gremiales.

En el mismo documento, estableció que los maestros que decidan participar en las manifestaciones durante el horario habitual de clases deberán reponer las horas docentes el sábado 14 de marzo de 2026.

La entidad gubernamental subrayó que quienes no cumplan con la reposición enfrentarán “decisiones administrativas” conforme a la normatividad vigente. El Distrito sostuvo que priorizar la continuidad académica responde a la necesidad de “evitar afectaciones al calendario y al tiempo de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes en la ciudad”.

Según especificó a comunicación oficial, el derecho a la protesta está plenamente reconocido por la administración distrital, siempre que las actividades sindicales se realicen “en contrajornada”, es decir, fuera del horario escolar. La medida de reposición, según la Secretaría de Educación, busca que no se alteren los días ni las horas asignadas en el calendario escolar y que se resguarde el derecho de los estudiantes a recibir su formación completa.

“En los casos en que se opte por participar en la protesta dentro del horario académico, el tiempo deberá reponerse el sábado 14 de marzo de 2026, garantizando así el cumplimiento del calendario escolar”, precisó la entidad en una de las declaraciones destacadas del texto.

La decisión de exigir reposición generó controversia dentro del magisterio distrital: sectores del gremio docente, representados por la Asociación Distrital de Educadores (ADE) manifestaron que esta medida podría vulnerar tanto acuerdos como normas laborales vigentes.

La organización recordó que, según el Decreto 1850 de 2002, compilado luego en el Decreto 1075 de 2015, cualquier cambio en el calendario académico debe contar con autorización formal del Ministerio de Educación Nacional, previa solicitud formal de la autoridad territorial, lo que impediría modificaciones unilaterales por parte de la Secretaría distrital.

Dadas las circunstancias, la ADE reivindicó el acuerdo firmado en septiembre de 2025 entre el sindicato y la Secretaría de Educación, donde se acordó que cualquier reposición de actividades académicas debía ser consensuada, respetando la autonomía institucional. Por este motivo, el gremio señaló que convocar a docentes y estudiantes a asistir a clase en día sábado, sin el procedimiento legal correspondiente, puede constituir una actuación irregular.

Casi 4.000 trabajadores de la mayor planta procesadora de carne de Estados Unidos preparan una huelga que podría alterar los precios de la carne y complicar la situación política de Donald Trump ante el descontento social por el alto costo de vida. La protesta, programada para el 16 de marzo en la instalación de JBS USA en Greeley, Colorado, representa la primera huelga de su tipo en la industria cárnica estadounidense en décadas.

La magnitud de la protesta, programada para el 16 de marzo, se refleja no solo en los 3.800 empleados convocados, sino también en el contexto económico: el precio de la carne molida aumentó un 15% durante el último año. La acción sindical, organizada por UFCW Local 7, llega tras nueve meses de negociaciones fallidas sobre un nuevo contrato.

El apoyo fue prácticamente unánime: el 99% de los empleados representados por UFCW Local 7 votó a favor de autorizar la huelga, dejando en evidencia la profundidad del conflicto y la demanda por mejoras laborales.

La planta de JBS en Colorado: epicentro de las tensiones laborales

Kim Cordova, presidenta de UFCW Local 7, señaló que desde la sindicalización de la planta en la década de 1990, nunca se había producido una acción de este tipo. Cordova explicó a The Guardian que, según su percepción, la industria “no ha tenido una disputa laboral desde hace mucho tiempo porque contrata mano de obra muy vulnerable y la expectativa es que no protesten”.

La dirigente acusa a JBS de alargar deliberadamente el proceso de negociación, presentar aumentos salariales anuales inferiores al 2% y omitir mejoras en los costos de salud, además de enfrentar denuncias de robo sistemático de salarios. Según Cordova: “Han cometido prácticas laborales desleales. Despidieron a miembros del comité de negociación y trataron de eliminar opciones sobre la mesa, como un bono de pago”.

Muchos trabajadores de la planta son inmigrantes, incluidos refugiados y personas con protección migratoria. En la fábrica se hablan hasta 57 idiomas distintos.

Cordova detalló que JBS llegó a cobrar a los empleados la reposición del equipo de protección personal: “Algunos equipos cuestan USD 1.100 y les descuentan el valor total de su salario”. También afirmó que la empresa presionó con contratos poco atractivos y buscó eliminar primas si los empleados no aceptaban las propuestas mínimas del empleador.

Reacciones sindicales y testimonios

Las tensiones laborales han llevado a la presidenta de UFCW Local 7 a denunciar que JBS despidió a integrantes del comité de negociación y que las prácticas de la empresa atentan contra los derechos de los trabajadores.

Al ser consultada por el periódico británico The Guardian sobre el trasfondo de la protesta, Cordova enfatizó que existe una cultura de represión dentro de la compañía, cuyas consecuencias afectan especialmente a empleados migrantes y vulnerables.

Según Cordova, la presión sobre los salarios y el endurecimiento de condiciones laborales han profundizado el malestar entre los trabajadores, quienes aseguraron que “el costo de vida supera ampliamente los ingresos, y muchas familias apenas pueden adquirir la carne que procesan a diario”.

Demandas, antecedentes y vínculos con la administración Trump

Las tensiones en Greeley aumentaron tras una demanda que acusa a JBS de discriminar a empleados haitianos incrementando la velocidad de las líneas de producción específicamente para ellos, bajo supuestos engaños en la contratación.

De forma paralela, compañías tercerizadas de limpieza recibieron sanciones del Departamento de Trabajo de Estados Unidos por emplear a menores de edad en la planta. JBS acordó en enero de 2025 el pago de una multa de USD 4.000.000 para resolver el caso de trabajo infantil, aunque no admitió responsabilidad.

Cordova establece una relación directa entre la postura empresaria y los vínculos políticos de JBS: “Creo que se sienten envalentonados por su relación con la administración. Fueron el mayor donante para la investidura de Trump”.

De acuerdo con los registros, Pilgrim’s Pride, filial de JBS en Estados Unidos, aportó cinco millones de dólares al comité inaugural de Trump y J.D. Vance, la mayor contribución individual a ese evento.

En septiembre de 2025, el copropietario de JBS, Joesley Batista, se reunió con Trump. Según la agencia de noticias Reuters, este encuentro suavizó la postura del presidente estadounidense hacia Luiz Inácio Lula da Silva, mandatario de Brasil.

La administración Trump propuso recientemente una norma para permitir el aumento de la velocidad de las líneas en plantas avícolas y porcinas, justificando que reduciría los costos para las familias. La UFCW Local 7 cuestionó duramente la iniciativa al considerar que la seguridad laboral de los empleados tanto de esta planta como del resto de la industria cárnica estadounidense quedaría en peligro.

Las cifras del conflicto y los acuerdos sindicales

Desde la empresa, un portavoz equivalente de JBS USA aseguró que la planta de Greeley “opera en pleno cumplimiento de todas las leyes laborales y de empleo federales y estatales”. La compañía adelantó que, si la huelga se concreta, relocalizará temporalmente parte de las operaciones para minimizar las interrupciones a los clientes.

JBS destacó en su comunicado a The Guardian que, “Pese a nuestros continuos esfuerzos por alcanzar un acuerdo justo y responsable, Local 7 optó por poner fin a las negociaciones y cancelar el contrato que teníamos vigente”.

La firma sostiene que su propuesta se ajusta al convenio nacional firmado en 2025 junto a UFCW International, que, según la empresa, ya ha proporcionado “mayores salarios, pensión segura y estabilidad financiera a largo plazo para los empleados en nuestras otras instalaciones principales”. El portavoz señaló que UFCW Local 7 se ha negado a permitir que los trabajadores voten la oferta actual.

Las cifras fortalecen la posición empresarial: JBS Beef North America obtuvo ingresos récord por USD 7.200 millones en el tercer trimestre de 2025.

Pese a esos resultados, el sindicato asegura que los empleados apenas pueden comprar la carne que ellos mismos procesan y denuncia que la empresa registra el mayor número de muertes de trabajadores durante la pandemia de Covid en el sector cárnico de Estados Unidos, así como acusaciones de tráfico de personas y sobrecarga laboral por el aumento de los ritmos de producción.

La disputa en la planta de Colorado surge tras acuerdos alcanzados en 2025 entre JBS y otros sindicatos locales de UFCW, lo que beneficia a 26.000 trabajadores. Hasta ahora, ningún dirigente ni portavoz de JBS se ha pronunciado sobre la demanda de discriminación ni sobre las acusaciones de robo de salarios en la planta de Greeley.