Vestido con un mono naranja, el artista francés Damien Aspe piensa permanecer un mes encerrado en una jaula metálica, en el escaparate de su galería en Toulouse, en el suroeste de Francia, para denunciar la influencia de las redes sociales y de lo digital, de los que los ciudadanos son hoy en día “prisioneros”.

Su performance invita en particular a los jóvenes a cuestionarse sobre su relación con lo digital, la libertad de expresión y lo que considera formas contemporáneas de control ejercidas por las llamadas “Gafam” (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft).

“Quien controla lo digital, controla el mundo”, señala este hombre de 53 años, con su uniforme en el que se lee “GAFAM Penitentiary”.

Solo se concede una hora de paseo por la mañana y otra por la noche, así como dos días de conversación en los que el público podrá intercambiar con él, explica.

Sin duda, lo digital es una oportunidad, pero también “un factor de aislamiento social”.

“El pensamiento está enmarcado por las redes sociales y sus algoritmos”, estima. “La información está muy dirigida”, enumera ante la AFP.

El artista, originario de Toulouse, piensa permanecer día y noche en su celda hasta el 27 de mayo, fecha de un juicio ficticio que le entablarían las Gafam por “violación de las normas de uso”.

Esta parodia de juicio estará abierta al público, con un abogado de verdad y un fiscal jubilado.

Fuente: AFP

La jornada comenzó con un plantón de las autoridades municipales, quienes reclamaron la incorporación de sus proyectos en el crédito suplementario y advirtieron que la falta de financiamiento mantiene paralizadas obras clave en sus distritos. Entre los principales reclamos figuran la ejecución de obras públicas, la mejora de los servicios de saneamiento, la atención en salud y la construcción de infraestructura para una mejor conectividad vial en una de las zonas más sensibles del país.

Alcaldes del Vraem se encadenan en Palacio de Gobierno para exigir obras y presupuesto

La protesta de los alcaldes de la Asociación de Municipalidades del Valle de los ríos Apurímac y Ene (Vraem) llamó la atención por la forma en la que fue realizada. Frente a Palacio de Gobierno, las autoridades locales se encadenaron en señal de protesta y denunciaron que sus pedidos han sido presentados en reiteradas ocasiones sin obtener una solución concreta. La escena se produjo durante la jornada en que varios representantes municipales viajaron a Lima para insistir en la necesidad de recibir atención inmediata por parte del Gobierno central.

Según relataron, el principal problema sigue siendo la ausencia de recursos para ejecutar proyectos que consideran urgentes. Las autoridades afirmaron que sus presupuestos municipales son limitados y que los montos transferidos por mecanismos como el Fondo de Compensación Municipal no alcanzan para responder a las necesidades de sus poblaciones.

Durante la protesta, el presidente de la mancomunidad, Yuri Cahuana Quispe, remarcó que la medida busca poner en evidencia la situación que atraviesan los pueblos de la zona. “No hemos venido a pedir, sino a exigir soluciones para nuestros pueblos”, expresó al justificar la decisión de mantenerse frente a la sede del Gobierno.

En otro momento de la manifestación, uno de los alcaldes cuestionó que el Estado priorice otras compras antes que atender las necesidades más urgentes de sus distritos. “El pueblo le va a decir no a los aviones, sí a los proyectos de envergadura para cerrar ciertas brechas, porque no es justo que en nuestros distritos del Vraem no haya agua. Hay gente muriéndose por anemia y el Gobierno piensa comprar más aviones”, señaló frente a la prensa y a los transeúntes que se acercaron al lugar.

Reunión con el presidente y demanda de servicios básicos en el Vraem del Norte

En medio de la protesta, los alcaldes del Vraem del Norte lograron finalmente sostener una reunión con el presidente de la República, José María Balcázar, encuentro en el que expusieron sus principales preocupaciones y exigencias. La cita se concretó luego de las horas de presión en el frontis de Palacio de Gobierno y fue confirmada por la propia Presidencia a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el mensaje difundido por la entidad, los alcaldes llevaron al despacho presidencial una serie de demandas vinculadas al acceso a servicios básicos, la necesidad de reforzar la seguridad y el impulso al desarrollo productivo en la zona. El Gobierno, según la misma comunicación oficial, reafirmó su compromiso de articular acciones concretas para mejorar la calidad de vida de las familias y promover un desarrollo sostenible en el Vraem.

La reunión se produjo en un contexto de creciente malestar entre las autoridades municipales, que desde hace años reclaman atención para una región considerada estratégica y, al mismo tiempo, afectada por múltiples carencias. Durante la movilización, las autoridades recordaron que sus distritos arrastran problemas estructurales relacionados con la falta de agua, la ausencia de obras de saneamiento, la limitada red vial y la debilidad de los servicios de salud.

Los alcaldes también señalaron que la inestabilidad política de los últimos años ha terminado por retrasar la ejecución de proyectos públicos en el Vraem. A su juicio, cada cambio de gobierno ha significado nuevos trámites, nuevas promesas y pocos resultados concretos para las comunidades que representan. Por ello, sostienen que la urgencia está en asegurar compromisos reales, cronogramas y presupuesto para que las obras puedan empezar.

En paralelo, algunos de los representantes municipales informaron que continuarán sus coordinaciones en Lima y que también buscarán respaldo político de congresistas como Alex Flores y Raúl Huamán Coronado, con el objetivo de fortalecer sus pedidos ante el Ejecutivo.

Desde el pasado 22 de abril, destacó en medios de comunicación de corte local la toma de instalaciones del Palacio Municipal de Jonuta en Tabasco por parte de policías preventivos, esta acción se dio como respuesta a la falta de acciones institucionales por parte del gobierno de la María Soledad Villamayor Notario, según acusaron los elementos.

Las demandas de los oficiales se centran principalmente en temas de derecho laboral y acciones operativas, entre las que se encuentran:

• Condiciones precarias
• Falta de recursos que impide la realización de sus labores
• Exigen mejores sueldos y condiciones de trabajo
• Implementar la jornada laboral de 24x48

Tras casi 48 horas de protesta, los policías se mantienen en las inmediaciones del recinto municipal, ya que señalaron que esta medida se generó tras varias solicitudes formales.

Gobierno Estatal es intermediario en las negociaciones

En entrevista para medios el subsecretario de Gobierno de Tabasco (Segotab), Pablo Mora Gómez, informó que la administración estatal ofreció ser intermediario en el conflicto que mantiene cerradas las puertas del Palacio Municipal de Jonuta:

“Me comuniqué ayer con la presidenta municipal y le manifesté nuestra disposición de poder ayudar, sobre todo hacer al diálogo, que me parece que esos temas se tienen que dialogar. Hay una presión que tiene el municipio, evidentemente, con el ejercicio del gasto, es decir, no puedes cubrir todo lo que se pide, pero también hay que ver qué de las peticiones de los policías se pueden atender”.

Adelantó la posibilidad de que en próximos días comience el diálogo con los policías: “Ella le pidió que hicieran una comitiva y creo que todavía ellos no se habían puesto de acuerdo en las personas que iban a estar en esa comitiva y nosotros, en cuanto nos avisen, nos sumaremos ahí a la mesa de diálogo”.

Autoridades federales desempeñan labores en la municipio

El subsecretario detalló que en cuanto a la vigilancia en Jonuta ya se encuentran fuerzas federales y estatales que garantizan la seguridad de la ciudadanía.

Compartió que se encuentran elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y Policía Estatal, quienes fueron desplegados con la finalidad de realizar las laborales que desempeñan los policías municipales:

“Está respaldándoles por medio de la Policía Estatal... El Ejército y la Guardia Nacional están allá desplegados ya cubriendo las posiciones”.

En cuanto a si emprenderán represalias en contra de los policías que decidieron alzar la voz y protestar en el municipio, el subsecretario agregó: “Nosotros siempre hemos tenido y hemos creído en el diálogo, ¿no? Como la principal alternativa para resolver estas cosas”.

La colocación de la primera piedra de la planta de metanol Pacífico Mexinol en Topolobampo, Sinaloa, se vio interrumpida este jueves por la irrupción de comunidades indígenas y activistas ambientales que rechazan el proyecto.

El evento, encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya, tuvo que ser suspendido ante la presión de los manifestantes, quienes incluso derribaron la piedra simbólica colocada al inicio de la ceremonia.

Los inconformes, agrupados en el colectivo “Aquí No” y provenientes de comunidades como Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas, denunciaron que el proyecto representa un riesgo ambiental para la Bahía de Ohuira, una zona clave para la pesca y sustento de pueblos originarios.

Reclamos por falta de consulta indígena y daño ambiental

Uno de los principales señalamientos fue la ausencia de una consulta indígena previa, libre e informada, requisito establecido en normativas nacionales e internacionales.

De acuerdo con resoluciones ambientales emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, este proceso es una condicionante para el desarrollo del proyecto.

Los manifestantes advirtieron que la instalación de la planta podría alterar tanto el ecosistema terrestre como marino, afectando directamente sus actividades productivas, especialmente la pesca.

También acusaron que en ejercicios previos se simuló la participación ciudadana, lo que incrementó la desconfianza hacia las autoridades.

Tensión política: enfrentamientos con autoridades locales

Durante la protesta, el gobernador Rocha Moya fue confrontado directamente por los inconformes, quienes le exigieron atender sus demandas.

El mandatario pidió permitir la continuidad del evento y ofreció dialogar posteriormente, pero ante la presión tuvo que retirarse del lugar.

En paralelo, el alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, protagonizó un intercambio con una manifestante indígena, cuestionando su presencia en la protesta, lo que evidenció el clima de tensión entre autoridades y ciudadanos.

Gobierno de Sinaloa promete consulta y diálogo

Horas más tarde, el gobernador sostuvo una reunión con representantes de las comunidades en Topolobampo, donde se comprometió a convocar una consulta indígena antes de que el proyecto continúe.

Subrayó que la planta no avanzará sin este proceso y que también planteará el tema ante la presidenta Claudia Sheinbaum.

Rocha Moya reconoció que la protesta refleja un conflicto sensible y admitió que la inversión podría estar en riesgo si no se logran acuerdos.

Asimismo, aseguró que el proyecto deberá cumplir con estrictos estándares ambientales y que ninguna inversión está por encima del cuidado del entorno.

Mexinol: inversión energética y foco de conflicto social

El proyecto Pacífico Mexinol, impulsado por la empresa Transition Industries, contempla la producción de metanol —considerado de bajas emisiones— con una capacidad estimada de más de seis mil metros cúbicos diarios.

Además, incluye infraestructura portuaria, ductos, plantas de tratamiento y generación eléctrica.

Aunque el gobierno estatal lo ha promovido como un motor de desarrollo económico que generaría miles de empleos, la oposición social ha puesto en evidencia la tensión entre crecimiento industrial y derechos de las comunidades indígenas.

• Comunidades indígenas bloquearon accesos y detuvieron el evento
• Manifestantes derribaron la primera piedra simbólica
• Denuncian falta de consulta previa y riesgos ambientales
• Gobierno estatal promete consulta antes de continuar el proyecto

El caso de Mexinol refleja un escenario recurrente en México: proyectos estratégicos que enfrentan resistencia social ante la falta de consenso y garantías ambientales, lo que obliga a replantear la relación entre desarrollo económico y derechos de las comunidades.

La víctima, identificada como Catalina Polomayo Arauco, falleció tras ser atropellada por una combi de transporte público que, según los testigos, habría perdido el control debido a una falla mecánica en plena bajada.

El siniestro ocurrió cerca del sector Las Praderas, una zona con pendiente pronunciada y alto flujo de escolares. Testigos relataron que la unidad descendía a gran velocidad cuando sufrió el desperfecto.

Antes de detenerse, la combi impactó una mototaxi donde viajaba la señora Catalina junto a sus dos sobrinos, quienes fueron trasladados de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos. Al cierre de este informe, uno de los menores se encontraba en estado crítico.

El incidente despertó la preocupación de los vecinos, quienes afirman que los accidentes de tránsito en esta vía se repiten por la falta de semáforos, rompemuelles y el presunto tránsito de vehículos informales.

De inmediato, los manifestantes estacionaron un camión en medio de la pista y esparcieron arena sobre el asfalto para impedir la circulación, exigiendo la intervención de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Exigen soluciones

Durante más de dos horas, la avenida Unión permaneció bloqueada. Los vecinos, con carteles y consignas, pidieron la instalación urgente de semáforos y medidas que eviten nuevas tragedias.

La protesta generó una extensa congestión vehicular, obligando a la presencia de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para intentar restablecer el tránsito.

Residentes de la zona recordaron que han solicitado durante años la implementación de dispositivos de seguridad vial, señalando que la falta de control permite que muchas combis y mototaxis circulen sin documentación en regla. La preocupación crece debido a la cercanía de varios colegios y al uso frecuente de estas unidades por parte de escolares.

Vecinos denunciaron que, al momento del accidente, el único semáforo del tramo funcionaba en luz ámbar intermitente, sin regular el paso de vehículos ni peatones. Además, advirtieron sobre la presencia de unidades informales que compiten entre sí, poniendo en riesgo tanto a pasajeros como a transeúntes.

El accidente también puso en evidencia la falta de fiscalización sobre el estado mecánico de los vehículos que operan en la zona. Las autoridades iniciaron las diligencias para determinar la causa exacta del siniestro, si la combi contaba con autorización, y si la empresa de transporte cumplía con los requisitos para operar.

Heridos identificados

Rodolfo Sánchez Palomino, de 29 años, fue quien conducía la unidad, según fuentes policiales. Tras chocar contra la mototaxi, el vehículo continuó fuera de control por la pendiente, hasta empotrase con una casa. Los heridos que viajaban en la combi:

• Chávez Padilla Yuri, de 41 años;
• Villanueva Isidro Diana, de 22;
• Isidro Payhua Yenny, de 47;
• Mamani Mamani Aydee, de 43;
• Aguayo Vidal Victoria, de 30;
• Hurtado Gutiérrez Carlos, de 31;
• Ayala Tenorio Samuel, de 60;
• Meneses Pezua Miligirda, de 37;
• Reginaldo Paucar Ángel, de 23;
• Julca Solorzano Walter, de 41;
• Baquerizo Sarmiento Sarahi, de 46; y
• Sánchez Apolinario Rodolfo, de 49.

La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) denunció que un grupo reducido de transportistas autoconvocados mantiene bloqueos en accesos clave, afectando el funcionamiento de la cadena agroexportadora. Según la entidad, se trata de “un ataque a la economía nacional” que compromete el normal flujo de mercaderías hacia los principales puertos del país.

El conflicto se inició el 7 de abril, cuando transportistas de granos —principalmente de las provincias de Buenos Aires y Córdoba— llevaron adelante un paro con bloqueos en reclamo de una actualización de la tarifa de referencia. La medida surgió como respuesta al aumento del combustible vinculado al conflicto internacional en Medio Oriente, aunque el ajuste tarifario fue acordado pocos días después por las cámaras más representativas del sector.

Pese a ello, la situación se extendió por más de dos semanas, generando un fuerte impacto logístico. Desde la Cámara señalaron que “el estrangulamiento del flujo logístico de un minúsculo grupo de autoconvocados provocó que las terminales quedaran sin mercadería”, mientras que más de 30 buques permanecieron en espera de carga en los puertos de Bahía Blanca y Quequén.

Como consecuencia, entre 700.000 y 1,5 millones de toneladas de granos quedaron retenidas, con un impacto económico significativo. La entidad estimó que “al menos USD 450 millones —con sus correspondientes impuestos— no ingresaron al país en esos días”, lo que afecta a toda la cadena, desde productores hasta exportadores, e incluso a los propios transportistas.

Entre el 15 y el 17 de abril, la mayoría de las cámaras del país alcanzó acuerdos para actualizar las tarifas de referencia. En Bahía Blanca, los transportistas autoconvocados levantaron los bloqueos y se inició una normalización progresiva de la operatoria, con intervención de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, el conflicto persiste en Puerto Quequén, donde, según la Cámara, continúan “prácticas intimidatorias y exigencias tarifarias desproporcionadas”, incluyendo “amenazas de represalias físicas contra otros camioneros”. Ante este escenario, la entidad reclamó a las autoridades que actúen con urgencia para “restablecer el orden dentro del marco de la ley” y poner fin a medidas que, sostienen, perjudican a toda la economía agroexportadora.

El Sindicato de Trabajadores del Sistema Colectivo Metro emitió un comunicado dirigido a los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México, en el que advierte sobre el deterioro del servicio del Metro CDMX, así como la falta de mantenimiento, inversión y atención por parte del Gobierno capitalino.

En el documento, los trabajadores aseguran que continuarán alzando la voz hasta que el sistema cumpla con los estándares de seguridad y calidad que requieren millones de usuarios que utilizan diariamente este medio de transporte.

Sindicato del Metro alerta por fallas, retrasos y riesgos para usuarios

El gremio subrayó que el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) enfrenta constantes fallas, retrasos y condiciones deficientes, lo que —afirman— evidencia un abandono estructural que pone en riesgo la seguridad, el tiempo y la calidad de vida de los pasajeros.

Además, señalaron que, pese a múltiples solicitudes formales, el Gobierno de la Ciudad de México no ha dado respuestas oportunas a sus demandas, las cuales consideran urgentes para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

Trenes sin mantenimiento y unidades fuera de servicio

El comunicado detalla una serie de datos que reflejan la situación actual del Metro:

• El 70% de los 391 trenes no ha recibido mantenimiento general, pese a superar los 2 millones de kilómetros recorridos, cuando el límite recomendado es de 750 mil kilómetros.
• El 30% restante recibe mantenimiento parcial o incompleto.
• 84 trenes se encuentran detenidos en talleres por falta de refacciones.
• Solo 68 trenes están en buenas condiciones, operando principalmente en las Líneas 1 y 12.
• Los equipos de instalaciones fijas, con más de 50 años de antigüedad, son considerados obsoletos.
• Las vías del Metro presentan deterioro significativo por falta de mantenimiento adecuado.

¿Cuáles son las exigencias del sindicato?

Ante este panorama, el sindicato planteó una serie de demandas al Gobierno capitalino para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores:

• Mantenimiento integral y permanente a trenes, vías e instalaciones.
• Atención inmediata a fallas estructurales y operativas.
• Uso adecuado de los recursos públicos destinados al Metro.
• Rechazo a trabajos de embellecimiento superficial en estaciones.
• Oposición a la reducción de carriles en Calzada de Tlalpan.
• Rechazo a la construcción de una calzada elevada paralela a la Línea 2, por posibles riesgos a la infraestructura.

El sindicato reconoció que millones de personas dependen diariamente del Metro para trasladarse a sus trabajos, hogares y actividades esenciales, por lo que pidió comprensión y apoyo solidario ante la situación actual.

Finalmente, reiteraron que su prioridad es que el servicio del Metro CDMX recupere condiciones óptimas de operación, con seguridad, eficiencia y mantenimiento adecuado, en beneficio de toda la población.

La mañana de este jueves 9 de abril, integrantes de la Asamblea de Barrios irrumpieron en las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México, lo que provocó la suspensión de la sesión legislativa y el resguardo de diputados dentro del recinto.

De acuerdo con reportes, los manifestantes ingresaron por la fuerza al edificio ubicado en el Centro Histórico, luego de concentrarse desde temprana hora en las inmediaciones de las calles de Donceles y Allende, donde comenzaron con protestas y consignaS.

Manifestantes dan “portazo” en el Congreso CDMX

La situación escaló cuando un grupo de inconformes logró ingresar al recinto legislativo tras un “portazo”, pese a que algunos diputados intentaron dialogar con ellos para contener la protesta.

Entre los legisladores que salieron a intentar mediar estuvieron Xóchitl Bravo y Jesús Sesma, quienes se acercaron al lobby del Congreso; sin embargo, los manifestantes lograron irrumpir en el inmueble.

Suspenden sesión y resguardan a legisladores

Tras el ingreso de los manifestantes, el diputado Jesús Sesma decretó un receso en la sesión, que se llevaba a cabo en calidad de Constituyente Permanente.

En medio del caos, legisladores fueron resguardados dentro del pleno para evitar confrontaciones, mientras personal de seguridad reforzó las medidas internas.

Tensión en el recinto legislativo

La irrupción generó momentos de tensión dentro del Congreso CDMX, ya que algunos diputados tuvieron que ser protegidos por su personal y trasladados rápidamente al salón de sesiones.

Hasta el momento, las autoridades evalúan la situación al interior del recinto, mientras se mantiene suspendida la actividad legislativa.

¿Qué exigían los manifestantes?

Aunque no se ha detallado oficialmente el pliego de demandas en este evento, la Asamblea de Barrios suele realizar movilizaciones relacionadas con temas de vivienda, regularización de predios y conflictos urbanos en la capital.

La situación continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas se informe si la sesión será reanudada o cancelada definitivamente.

Un estudiante universitario de 18 años perdió la visión de su ojo derecho tras recibir el impacto de un proyectil considerado menos letal, disparado presuntamente por un agente federal durante una manifestación denominada “No Kings” ocurrida el 28 de marzo en el centro de Los Ángeles.

El caso, al que tuvo acceso el canal de televisión local KTLA 5, expone el uso de medidas de control de multitudes durante protestas en contra de las operaciones de inmigración impulsadas por la administración de Donald Trump. El abogado de la víctima, James Desimone, confirmó que el joven buscará una compensación por daños personales, alegando negligencia por parte del gobierno de Estados Unidos.

La consecuencia directa del proyectil fue la hospitalización de Tucker Collins, quien sufrió fractura en la órbita y la ruptura del ojo derecho, lesiones que derivaron en una intervención quirúrgica de urgencia para extraer el globo ocular afectado, de acuerdo a lo relatado por Desimone a KTLA 5. El abogado sostuvo: “Hay una orden judicial federal que prohíbe disparar a la cabeza de cualquier persona en la multitud, pero la están violando con total impunidad”.

Respuesta oficial y antecedentes recientes del uso de la fuerza en protestas

En su respuesta a KTLA 5, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó: “DHS está tomando las medidas apropiadas y constitucionales para mantener el estado de derecho y proteger a nuestros agentes y al público de alborotadores peligrosos. Nuestro personal siguió su entrenamiento y aplicó la cantidad mínima de fuerza necesaria para protegerse a sí mismos, al público y a la propiedad federal. Se emitieron siete advertencias antes de emplear las medidas de control de multitudes”.

El incidente de Collins se inscribe en una lista de situaciones similares que tuvieron lugar durante manifestaciones recientes en Los Ángeles.

Un caso previo es el de una mujer de 25 años que recibió un disparo en el rostro, además del de un hombre que exige una compensación de USD 100 millones al perder también un ojo, y el de un fotógrafo de prensa que resultó con fracturas producto del uso de balas de goma por parte de fuerzas federales.

Impacto en la vida académica y personal de Tucker Collins

Imágenes obtenidas por testigos y verificadas por KTLA 5 muestran a Tucker Collins documentando la manifestación con su cámara en mano cuando, de forma repentina y “sin previo aviso” según relató su abogado, fue alcanzado en el rostro.

El abogado explicó: “Recibió el impacto en el ojo con lo que creemos fue una bola de pimienta, un proyectil menos letal que disparó un agente del DHS desde el otro lado de la valla y enseguida cayó al suelo”.

El estudiante cursa el primer año de ingeniería aeronáutica con especialización secundaria en artes cinematográficas en la reconocida Universidad del Sur de California (USC).

Desimone indicó que la fotografía y la realización de cortometrajes son pasiones en la vida de Collins, quien actualmente enfrenta “grandes dificultades para mantenerse en la universidad” debido a la lesión.

De acuerdo con los testigos, agentes federales dispararon desde detrás de una valla durante la dispersión ordenada por autoridades, en un contexto donde las tensiones entre manifestantes y fuerzas de seguridad aumentaban. Collins sostiene que no estaba resistiendo ni participando activamente en la protesta en el momento del disparo.

Proceso legal y repercusiones en el debate sobre el control policial

Tras el daño sufrido, Collins y su representante legal iniciaron trámites para presentar una demanda bajo la Federal Tort Claims Act, mediante la cual reclaman indemnización por las lesiones permanentes provocadas por lo que califican como uso negligente de la fuerza por parte del gobierno.

El canal de televisión local KTLA 5 subraya que el caso de Collins contribuye activamente al debate público sobre el uso de la fuerza en el control de protestas y plantea la discusión sobre “la necesidad de salvaguardas adicionales frente a acciones violatorias de derechos fundamentales por parte de las fuerzas federales”, situación que toma mayor relevancia ante las recientes manifestaciones y denuncias sobre el accionar de los agentes durante operativos de seguridad.

Esta mañana se registraron disturbios en la ciudad de Avellaneda, en las inmediaciones del Puente Pueyrredón, en medio de una protesta de organizaciones sociales en rechazo a la baja del plan Volver al Trabajo. Situaciones similares ocurrieron en el Puente Saavedra, en el partido de Vicente López; en el Puente La Noria, en Lomas de Zamora; en la intersección de la Ruta 3 y General Paz, en La Matanza; y en Rivadavia y General Paz, a la altura de Liniers.

Como consecuencia de la medida, la avenida Pavón permanece cortada en ambos sentidos y no se puede acceder a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) desde esa traza.

Participan de la protesta el Polo Obrero, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Libres del Sur, la Organización Comunista Revolucionaria, UTEP y el Movimiento Evita, entre otras organizaciones.

En el marco de los incidentes, que comenzaron cerca de las 10 de la mañana, bomberos apagaron neumáticos incendiados por los manifestantes. Hay un cordón de la Policía Federal, mientras que efectivos de Infantería y Prefectura Naval Argentina también se encuentran en el lugar.

El programa dado de baja funcionaba como continuidad del anterior Potenciar Trabajo, otorgando una asignación mensual de $78.000 a trabajadores informales. Se encuentran presentes en el lugar el legislador Gabriel Solano, el dirigente Néstor Pitrola y Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA.

Según las primeras informaciones, se registraron corridas y empujones en el acceso vial, donde la policía intervino utilizando gas pimienta y un camión hidrante para impedir bloqueos.

Avellaneda no es la única zona donde se registran incidentes, ya que también se reporta un corte en el Puente Saavedra, ubicado en el límite entre el partido de Vicente López y la Ciudad de Buenos Aires.

También se registraron medidas en el Puente La Noria, que conecta la Ciudad de Buenos Aires con Lomas de Zamora; en la intersección de la Ruta 3 y General Paz, en La Matanza; y en Rivadavia y General Paz, a la altura de Liniers. En La Plata, en tanto, se prevé una movilización desde la estación de tren hasta la rotonda de la autopista.

En ese marco, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, apuntó contra el gobernador Axel Kicillof y su decisión de no aplicar el Protocolo Antipiquetes. En un posteo en su cuenta de X, escribió: “Sin reglas claras no hay orden. Las imágenes de los cortes en Avellaneda, Puente Saavedra y distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires muestran claramente la falta de ley y orden en su territorio”.

“La calle queda liberada a grupos de izquierda que buscan extorsionar y desestabilizar al Gobierno, y millones de argentinos que quieren circular, trabajar y vivir en paz quedan perjudicados. Nuestras Fuerzas Federales están desplegadas donde nos corresponde, y ahí aplicamos el protocolo sin dudar, para que EL ORDEN SEA LA REGLA”, cerró.

En tanto, el dirigente piquetero Eduardo Belliboni opinó que no es necesario “cortar” cuando hay un Gobierno que “escucha”. En diálogo con A24, sostuvo: “Ahora, cuando no te escuchan y una persona se queda sin un ingreso mínimo de 700 mil pesos, no hay cartones para juntar, hay hambre”.

Y siguió: “El Gobierno hizo campaña y se jacta de haber eliminado los piquetes, lo cual no es verdad porque durante este tiempo hubo acciones y movilizaciones que fueron salvajemente reprimidas. No hay piquetes porque, cada vez que hay uno, le revientan la cabeza a un fotógrafo como a Pablo Grillo, reprimen a una jubilada o le pegan a un discapacitado”.

El dirigente del Polo Obrero aseguró que “hay que jactarse de resolver los problemas, no de la represión”.

Una de las manifestantes, identificada como Natalia y miembro de un comedor en Avellaneda, señaló que utilizaba el plan para pagar impuestos y que, sin esa ayuda, sus ingresos no le alcanzaban.

En declaraciones al Polo Obrero, Gloria, integrante del comedor Mariano Ferreyra del Bajo Flores, explicó que trabajan en la cocina desde las 7 de la mañana hasta entrada la tarde, brindando asistencia a 648 personas que se alimentan allí.

“Nosotros no somos la casta porque a veces no tenemos ni para comer un pan para nuestra mesa. Setenta y ocho mil pesos para muchos es insignificante, pero para nosotros es mucho”, lamentó la mujer.

"Aprovechamos para invitar a toda Venezuela este 9 de abril a marchar hacia Caracas, vía Miraflores (sede del Ejecutivo), a pedirle respuesta a los hermanos (Delcy y Jorge) Rodríguez, dónde está el dinero de todos los venezolanos“, expresó José Patines, secretario general del sindicato de la Cancillería.

La jornada comenzó con una asamblea en la sede de la UCV, seguida de una marcha por los alrededores, donde los manifestantes reclamaron el aumento del salario mínimo, que permanece en 130 bolívares desde hace cuatro años, equivalente a 0,28 dólares mensuales según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

En los últimos años, el gobierno ha priorizado el pago de dos bonificaciones a los trabajadores públicos, que no impactan en otros beneficios laborales y alcanzan los 160 dólares, depositados en bolívares al tipo de cambio oficial.

Patines anunció que también exigirán a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, explicaciones sobre los continuos problemas con el suministro de agua y electricidad en el país. “Que no sigan con cuentos, que no sigan mintiéndole a los venezolanos, si no pueden con el cargo, entréguenlo”, añadió.

Valetina Sialoni, estudiante de la UCV, manifestó la importancia de mantener la presión para mejorar los sueldos, becas y condiciones de vida y estudio. "Valgan la pena en un país que siempre ha valido la pena“, afirmó.

En febrero, una familia necesitó 645,6 dólares para cubrir los gastos básicos de alimentación en Venezuela, según la ONG Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), que publicó el lunes su estimación de la canasta alimentaria.

La ONG señaló que el salario mínimo cubre solo 0,05% del costo de esa canasta, calculada para cinco personas, lo que equivale a 1.937 salarios mínimos mensuales o 4,4 bonos de “guerra económica”, uno de los complementos pagados por el gobierno cada mes.

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que el país registró una inflación acumulada de 51,9% en los dos primeros meses de 2026, con un aumento de precios del 14,6% en febrero y del 32,6% en enero.

En los primeros minutos de movilización, la situación transita con tranquilidad y con poca concurrencia. Con el correr del tiempo, acudieron más personas y se agruparon en Riobamba y Bartolomé Mitre. Sin embargo, de forma preventiva, el Congreso se encuentra completamente vallado, como se suele hacer en los operativos de seguridad en este tipo de casos.

La intención de los manifestantes fue armar una audiencia paralela para poder escuchar la forma en la que los legisladores debaten sobre el proyecto de ley. La dinámica parlamentaria atraviesa una polémica en torno a las limitaciones establecidas por las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales.

Estas comisiones, desbordadas por una inscripción que excedió las 120.000 personas, dispusieron que solo 200 ponencias podrán presentarse en vivo —tanto presenciales como virtuales—, mientras que el resto deberá enviar su exposición en video.

La movilización fue convocada frente al Congreso para las 17 y fue promovida por organizaciones ambientalistas junto a diversas bancadas de la oposición. La invitación llevó el lema: “Traé tu silla o reposera y hagamos fila hasta que nos escuchen”. Desde el comienzo de la iniciativa, la decisión fue realizar una audiencia paralela y que sirva de visibilización y de protesta.

Los presidentes de ambas comisiones, los libertarios Nicolás Mayoráz y José Peluc, también determinaron que únicamente los diputados que integran cada comisión tendrán acceso al recinto, junto con dos asesores por bloque, aunque el reglamento contempla la presencia de todos los legisladores.

Después de que la Justicia rechazara el amparo presentado por organizaciones ambientalistas para extender la audiencia y permitir la exposición de todos los inscriptos en el Congreso, esas mismas organizaciones, con el respaldo de bloques opositores, convocaron una manifestación para exigir que se los deje participar.

El tránsito en la Ciudad de Buenos Aires volverá a experimentar restricciones debido a una serie de cortes. Según información de Infobae, desde las primeras horas del miércoles comenzaron a implementarse interrupciones en distintos puntos de la ciudad:

• En la intersección de Av. Entre Ríos y Adolfo Alsina se interrumpió el paso por Entre Ríos.
• En Combate de los Pozos y Adolfo Alsina se cerró el tránsito en Combate de los Pozos.
• En Hipólito Yrigoyen y Sarandí se bloqueó la circulación por Yrigoyen.
• En Av. Rivadavia y Sarandí, la interrupción afectó a Rivadavia.
• En Riobamba y Mitre se cortó el paso por Riobamba.
• En Av. Callao y Mitre se impidió el tránsito por Callao.
• También hay un corte entre la acera de Av. Hipólito Yrigoyen y la de Av. Rivadavia.

Las organizaciones campesinas, los representantes de pueblos originarios y trabajadores de la economía popular consideran que la normativa pone en riesgo la protección de las reservas de agua dulce más importantes de la Argentina. “Nosotros pedimos que los pueblos originarios sean escuchados y de los 15 representantes conseguimos que entren 3, pero vamos a estar afuera en la marcha”, afirmó el diputado Juan Grabois.

Por su parte, la diputada de Unión por la Patria, Teresa García, explicó: “Nosotros creemos que hay que evitar estas restricciones, es una audiencia pública, no puede ser que no se pueda exponer, por eso nos movilizamos mañana —en relación a este miércoles 25 de marzo—”.

Mientras La Libertad Avanza intenta evitar cualquier discusión y acelerar el proceso, el oficialismo busca cumplir cuanto antes con el requisito legal de la Audiencia pública para avanzar hacia un dictamen y, posteriormente, llevar el tema al recinto. Pese a las críticas recientes dirigidas al presidente Javier Milei por $Libra y al jefe de Gabinete Manuel Adorni por su estilo de vida, que no se corresponde con sus ingresos, el bloque oficialista se mantiene enfocado en sortear obstáculos y continuar con el trámite legislativo.

La UOCRA concretó una movilización de gran magnitud en las cercanías del Congreso de la Nación, con el objetivo de resaltar el papel que la actividad minera desempeña en la creación de empleo en diversas provincias. Voceros del gremio pusieron el foco en la continuidad y el impulso de los proyectos mineros, que sostienen aproximadamente 17.000 puestos de trabajo vinculados al sector de la construcción, especialmente en zonas cordilleranas y patagónicas, donde las alternativas laborales suelen ser más escasas.

Durante la manifestación, dirigentes de UOCRA remarcaron la importancia de impulsar una minería que integre el desarrollo productivo con la responsabilidad ambiental. Además, expresaron expectativas respecto a que el avance de la industria minera compense la reducción de empleos en la construcción, una consecuencia directa de la paralización de la obra pública en el país.

El tránsito en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se verá nuevamente restringido debido a varios cortes por el tratamiento en comisión del proyecto de Ley de Glaciares. La Cámara de Diputados recibirá hoy a los primeros 100 oradores en la primera de las dos jornadas de audiencias públicas sobre la modificación de la ley.

Según pudo saber Infobae, desde la mañana de este miércoles se realizaran las siguientes interrupciones en la zona de Congreso, en donde se reunirán a partir de las 17 horas organizaciones ambientalistas y opositoras al Gobierno:

• Av. Entre Ríos y Adolfo Alsina, cortando la primera
• Combate de los Pozos y Adolfo Alsina, cortando Combate de los Pozos.
• Hipólito Yrigoyen y Sarandí, obturando Yrigoyen.
• Av. Rivadavia y Sarandí, con la primera cortada
• Riobamba y Mitre, cortando la primera calle.
• Av. Callao y Mitre, obturando Callao.
• Desde la acera de Av. Hipólito Yrigoyen hasta la acera de Av. Rivadavia

La actividad parlamentaria está envuelta en una controversia respecto de las restricciones que impusieron las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, que se vieron desbordadas por la avalancha de inscriptos que ya supera los 100.000. En ese contexto, los presidentes de las comisiones, los libertarios Nicolás Mayoráz y José Peluc, respectivamente, establecieron que solo se recibirán 200 ponencias en vivo y online y que el resto deberá enviar un video. Asimismo, especificaron que sólo se permitirá el ingreso a los diputados que forman parte de la comisión —todos los legisladores pueden acceder a las comisiones por reglamento— y solo dos asesores por bloque.

Luego de que la Justicia rechazara el recurso de amparo que presentaron varias organizaciones ambientalistas para extender la audiencia y que todos puedan exponer en el Congreso, esas mismas organizaciones con el apoyo de los bloques de la oposición realizarán hoy una manifestación para que los dejen exponer.

“Nosotros creemos que hay que evitar estas restricciones, es una audiencia pública, no puede ser que no se pueda exponer, por eso nos movilizamos mañana —en relación a este miércoles 25 de marzo—”, señaló la diputada de Unión por la Patria, Teresa García.

“Nosotros pedimos que los pueblos originarios sean escuchados y de los 15 representantes conseguimos que entren 3, pero vamos a estar afuera en la marcha”, agregó el diputado Juan Grabois. Los representantes de pueblos originarios, organizaciones campesinas y trabajadores de la economía popular entienden que la norma atenta contra la protección de las principales reservas de agua dulce de la Argentina.

La comitiva estará integrada por autoridades de comunidades mapuche, mapuche-tehuelche y diaguita de Neuquén, Río Negro, Chubut y Catamarca, junto a referentes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero y del MTE Rama Rural, quienes expondrán los impactos ambientales, sociales y culturales que podría generar una flexibilización de la normativa.

La marcha a la que hacen referencia está citada para las 17 horas en el Congreso y la promueven organizaciones ambientalistas y diferentes bloques de la oposición. La consigna es: “Traé tu silla o reposera y hagamos fila hasta que nos escuchen”.

“La idea es simple, traes tu silla y nos sentamos y exigimos que nos dejen exponer. La restricción es la contracara de una audiencia pública”, dijo la diputada García.

En el oficialismo están apurados en pasar el trámite de la Audiencia pública que exige la ley para ir rápidamente a un dictamen y de ahí al recinto. Aunque en el escenario actual, en medio de las críticas al presidente Javier Milei por $Libra y al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su estilo de vida que no concuerda con sus ingresos, La Libertad Avanza busca planchar cualquier tipo de debate en este caso avanzará.

“El cambio de la norma es necesario para habilitar proyectos que están esperando para entrar al RIGI, son inversiones para el país”, explica un diputado libertario a la hora de explicar el proceso que empuja el bloque de La Libertad Avanza.

Buena parte de los anuncios y de las conversaciones que viene teniendo el Gobierno con empresas del exterior apuntan a inversiones para el sector de la minería que está esperando el cambio de la norma, ya que podrían habilitarse zonas que hoy están prohibidas por ser denominadas “periglaciares”. Además, hay una redefinición técnica: se propone cambiar “ambiente periglacial” por “geoforma periglacial”, lo que reduciría el área protegida. Además, establece una revisión del inventario de glaciares porque busca permitir actividades si la provincia demuestra que no se afecta el recurso hídrico.

Participaron educadores, personal sanitario, empleados de la administración pública y otros sectores, junto a pensionistas, quienes exigieron con pancartas y consignas un salario “justo y digno”. Esta demanda ocurre tras los recientes acuerdos petroleros con Estados Unidos.

En Caracas, manifestantes denunciaron agresiones por parte de simpatizantes del chavismo mientras se concentraban frente a la Fiscalía General. Aunque planeaban marchar hacia el Ministerio del Trabajo, la policía bloqueó el paso. Detrás del cordón policial se encontraba la movilización oficialista, que reclamaba el levantamiento de las sanciones impuestas al país, especialmente las de Estados Unidos, parcialmente flexibilizadas en los últimos meses.

Ante el impedimento, empleados y pensionistas se desplazaron hacia las inmediaciones de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).

A pesar de los obstáculos, los manifestantes afirmaron no sentir miedo y reiteraron su decisión de continuar protestando contra los salarios de “hambre y miseria”.

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería de Caracas, declaró a la agencia de noticias EFE que trabajadores y pensionados están “pasando hambre” y en condición de “extrema pobreza”. Consideró que el país “está viviendo una transición económica”, aunque no política, ya que “sigue la violencia como el arma de control y todavía siguen cercenando los derechos”.

“Pareciera que los que pueden estar en la calle son los que arenguen las consignas que dicta el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela). (...) ¿Es que la señora Delcy Rodríguez quiere que le dejemos los hospitales solos en el caso de la enfermería?”, manifestó.

Contreras informó que más de 200 organizaciones gremiales y sindicales firmaron un acuerdo para coordinar acciones conjuntas, incluyendo la permanencia en las calles.

El activista Jesús Superlano, del partido Patria Para Todos, denunció que el Gobierno de Rodríguez, quien asumió la presidencia encargada tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, “dio la orden de que se evite la marcha”.

“Hoy fuimos atacados por grupos parapoliciales, hoy se llevaron pancartas, nos atacaron, nos amedrentaron, nos rodearon, pero dijimos (que) no tenemos miedo”, afirmó.

Por su parte, Ana Yánez, dirigente de la organización sindical Únete, solicitó a Rodríguez que “por favor detenga la violencia de parte de sus adeptos”.

El salario mínimo permanece congelado desde 2022 en 130 bolívares mensuales, equivalentes a 28 centavos de dólar.

En los últimos años, el Ejecutivo optó por pagar dos bonos a los trabajadores públicos, que no inciden en los beneficios laborales y suman 160 dólares, abonados en bolívares al tipo de cambio oficial del día.

Entre los mensajes más repetidos durante la movilización en Madrid, se destacó la petición de un embargo inmediato de armas al Estado de Israel y la salida de España de la OTAN, además del rechazo a los intereses imperialistas presentes en la escalada de violencia en Oriente Medio. Integrantes de diversos colectivos y representantes de organizaciones políticas se sumaron a la marcha que recorrió desde Atocha hasta la Puerta del Sol en la capital española, según informó Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, la concentración alcanzó su momento álgido cuando portavoces de la Asamblea Internacionalista exigieron la implementación de medidas concretas para frenar el aumento de la destrucción y las víctimas en la región, resultado de la ofensiva de Estados Unidos e Israel hacia Irán. Los organizadores señalaron a Israel como uno de los protagonistas clave de la escalada armamentística. Mediante declaraciones públicas al comienzo de la manifestación, el portavoz de la Asamblea Internacionalista puntualizó: “Creemos que es una escalada que se tiene que parar, que únicamente nos lleva a más guerras, a una escalada de destrucción y de muerte que no tiene ningún sentido y que únicamente refleja los intereses de una minoría militarista que quiere pasar la guerra”, recogió Europa Press.

Participants en la protesta portaban banderas palestinas y carteles criticando explícitamente la participación de España en la OTAN y oponiéndose a la guerra y al rearme. Desde las 18:00 horas, la multitud avanzó desde la estación de Atocha y recorrió el centro de Madrid hasta la Puerta del Sol, donde finalizó la convocatoria. El ambiente estuvo marcado por cánticos que denunciaron las acciones del presidente estadounidense Donald Trump y del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Uno de los asistentes afirmó ante Europa Press que “la política española debería condenar totalmente a Trump como se condenaron a los nazis”, añadiendo que “estamos ante un imperialista que hace lo que le da la gana”. Otra manifestante explicó a este medio: “Si tuviéramos un poco más conciencia de clase, si supiéramos lo que nos estamos jugando, yo creo que la gente pensaría que lo que están haciendo Trump y los imperialistas americanos no está bien”.

La protesta contó también con la presencia de figuras destacadas del partido Podemos, como la secretaria general Ione Belarra y la secretaria política Irene Montero. Montero condicionó el apoyo de su grupo en el Congreso a un paquete de medidas contra la guerra que, según las declaraciones recogidas por Europa Press, debe incluir “un tope real a los precios de los alimentos, de la energía, del combustible, hacer el transporte gratuito y salir de la OTAN”. Montero remarcó que, en caso de aprobarse propuestas diferentes, especialmente las impulsadas por el Partido Popular, entenderían que “están buscando los votos del PP”. También exigió la dimisión de España como miembro de la OTAN y la retirada de los militares estadounidenses de las bases de Rota y Morón, manifestando que mientras España forme parte de dicha alianza militar “está siendo cómplice de los crímenes de Trump y de Netanyahu”.

Según reportó Europa Press, el manifiesto leído durante la manifestación incidió en la necesidad de fortalecer el movimiento pacifista, hacerlo inclusivo y plural para desafiar tanto a las estructuras de poder económicas como a los intereses imperialistas. En el documento, los convocantes apelaron a la construcción de “un movimiento fuerte, abierto y plural, capaz de desarrollar un camino que no tenga miedo a enfrentarse con los poderes económicos y los intereses imperialistas, que apueste por la solidaridad y la cooperación activa entre las clases trabajadoras de todo el mundo”.

Entre las principales demandas estuvo también la petición de acciones inmediatas al Gobierno español, solicitando que los discursos por la paz se transformen en acciones tangibles, como aplicar un embargo total de armas a Israel. Al mismo tiempo, algunos de los lemas presentes en carteles y pancartas insistieron en la salida de España de la OTAN y la desvinculación respecto al rearme militar.

A lo largo de la marcha, las protestas se dirigieron principalmente contra la ofensiva militar y la “escalada de destrucción y de muerte” en Irán, enfatizando la urgencia de detener lo que los organizadores describieron como una carrera armamentista motivada por intereses minoritarios. Los convocantes subrayaron, según publicó Europa Press, su preocupación por la insuficiencia de respuestas políticas y la relevancia de que la sociedad civil se mantenga vigilante y activa ante los actuales acontecimientos en Oriente Medio.

Europa Press detalló además que los participantes expresaron su desconfianza hacia la capacidad del Gobierno español para cambiar de postura sin la presión de la ciudadanía movilizada, lo que motiva la articulación de nuevas formas de solidaridad internacional y denuncia pública frente a las operaciones militares y políticas consideradas perjudiciales para los intereses de la población civil tanto en España como en las zonas afectadas del Medio Oriente.

Según los conductores, el precio del GLP pasó de costar entre 5 y 7 soles por galón a cifras que alcanzan los 17, 18 y hasta 19 soles. Además del alza, denunciaron restricciones en la cantidad de combustible que pueden adquirir, lo que agrava su situación laboral. “No podemos trabajar, estamos perdiendo ingresos”, señalaron.

Los mototaxistas indicaron que la problemática se arrastra desde hace semanas, tras incidentes relacionados con la distribución de gas en el sur del país, como la deflagración ocurrida en Cusco. Aunque públicamente se informó que el abastecimiento se había normalizado, aseguran que en la práctica la escasez persiste.

La crisis también impacta directamente en sus ingresos diarios. Conductores señalaron que antes podían generar hasta 120 soles al día, pero ahora sus ganancias se han reducido considerablemente debido al alto costo del combustible y las horas perdidas en filas que pueden durar entre tres y cinco horas.

Diferencias en los precios de GLP

Durante un recorrido por distritos como La Victoria y Breña, se constató que los precios de combustibles varían significativamente. Mientras el GLP puede encontrarse desde 9.99 soles en algunos puntos, en otros supera los 14 o 15 soles, generando una alta concentración de vehículos en los grifos más económicos.

En una estación de la avenida Francisco Pizarro, donde se ofrecía uno de los precios más bajos, se registraron discusiones entre conductores que intentaban abastecerse, lo que obligó la intervención policial para restablecer el orden.

Ante ello, se ha pedido la intervención de entidades como Osinergmin y Indecopi para fiscalizar posibles irregularidades en los grifos.

Los transportistas exigen medidas urgentes del Gobierno para estabilizar el precio del GLP y garantizar el abastecimiento, advirtiendo que la situación afecta no solo a su economía, sino también al servicio que brindan a miles de usuarios en la capital.

¿Por qué sube el GLP en Perú?

El GLP sube en Perú porque, a nivel internacional, el precio de este combustible está atado al petróleo y ha aumentado por conflictos globales y mayor demanda en mercados como Asia, lo que encarece su importación. Perú no produce todo el GLP que consume, por lo que depende en parte de esos precios externos.

En el país, uno de los principales problemas ha sido la interrupción y menor envío de GLP desde el sistema de Camisea, especialmente tras incidentes como la deflagración en Cusco, lo que redujo el abastecimiento hacia Lima y otras ciudades. Esto generó escasez y obligó a recurrir a más importaciones, que son más caras.

Además, en la etapa final, el precio sube por la cadena de comercialización: transporte, almacenamiento y venta en grifos. Ante la menor oferta, algunos establecimientos elevan precios y racionan el combustible, lo que termina afectando directamente a transportistas y hogares.

Según las primeras informaciones, los manifestantes intentaron instalar un gazebo, pero fue retirado por la fuerza y desarmado por los agentes. La situación generó empujones y reclamos en medio de la multitud, en una jornada marcada por el malestar.

“Nos tratan como perros, hermano. ¿A vos te parece justo?“, lamentó un manifestante, visiblemente conmovido, tras las escenas de tensión con la policía. En diálogo con Todo Noticias (TN), otra mujer agregó: ”No tienen humanidad".

“Nos agreden a nosotros. Nosotros venimos tranquilos a ver si el presidente nos escucha, pero nos manda la policía. A ella la empujaron, casi la tiraron. Cada vez que pasa algo, venimos acá. ¿Y qué pasa? Palo para nosotros. El señor presidente es muy insensible", expresó uno de los manifestantes.

En la protesta pacífica participan prestadores, familiares y chicos con discapacidad, quienes reclaman la ejecución de pagos atrasados. Tras los disturbios, se reforzó la presencia policial en la zona. Hay oficiales de la Policía Federal Argentina y de Infantería en el lugar.

En febrero, el Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, tras un fallo judicial que ordenó su entrada en vigencia inmediata y la aplicación del nuevo régimen de pensiones.

La medida responde a la sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que en diciembre de 2025 declaró inválida la suspensión de la ley y le puso al Gobierno como fecha límite el 4 de febrero para que la normativa se implemente plenamente.

El conflicto surgió cuando el Ejecutivo intentó impedir la aplicación de la ley, sancionada por el Congreso en septiembre de 2025, mediante un veto fundamentado en la falta de fondos para costear las nuevas prestaciones. La Cámara de Diputados insistió en la promulgación, que se concretó pese a la resistencia del Gobierno. Aunque la ley fue promulgada formalmente, suspendieron su aplicación hasta que la Cámara Baja determinara la fuente de financiamiento.

La disputa judicial se activó tras el amparo colectivo presentado por O. G. J. en representación de sus hijos. El juez de Campana falló a favor de los reclamantes y anuló la suspensión. En su resolución, ordenó la inmediata aplicación de la Ley N.° 27.793. El Ministerio de Salud y otras áreas oficiales presentaron recursos en contra, alegando la imposibilidad de implementar la norma sin antes resolver el presupuesto.

Finalmente, la reglamentación llegó sobre la fecha límite del plazo, mediante la publicación del decreto84/2026. Así, el Gobierno establece los criterios para el nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, definiendo los requisitos de acceso, los procedimientos para evaluar las condiciones socioeconómicas y las incompatibilidades con otras prestaciones. Sostiene que la implementación de la ley necesita una reglamentación formal para definir procedimientos y controles, tarea que queda bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Discapacidad, ahora dependiente del Ministerio de Salud.

La normativa obliga a la Secretaría a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los parámetros de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas en un plazo máximo de 30 días. También establece la articulación entre organismos oficiales y de la sociedad civil, incluyendo al Observatorio de la Discapacidad y el Comité Asesor, para garantizar la participación federal y de las organizaciones vinculadas al sector.

El decreto admite la preocupación fiscal y presupuestaria, por lo que establece que las acciones acordadas con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán ajustarse a los recursos disponibles y a las competencias asignadas.

Entre los puntos más complejos figura la conversión automática de las pensiones no contributivas previas al nuevo sistema, ahora denominadas Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. La Secretaría deberá identificar y verificar miles de prestaciones para llevar adelante esa transición, con el objetivo de asegurar una aplicación coherente del sistema.

En cuanto a la estructura institucional, el decreto centraliza la política de discapacidad en el Ministerio de Salud, con el apoyo permanente del Consejo Federal de Discapacidad en la evaluación, implementación y control de la ley. Este consejo, creado en 1996, integra funcionarios nacionales, provinciales y organizaciones de la sociedad civil.

Según informó el programa de noticias, Buenos Días Perú, los manifestantes señalaron que su principal demanda es la construcción de un nuevo plantel, descartando cualquier alternativa de refacción. “Construcción queremos. Porque nuestros niños deben estudiar como seres humanos”, expresó una madre de familia durante la protesta, en medio de consignas colectivas.

Bloqueo de vía y precariedad en el colegio

Durante la jornada, los padres interrumpieron completamente el tránsito como medida de presión para exigir atención de las autoridades. Indicaron que esta acción responde a la falta de avances concretos en el proyecto educativo, pese a compromisos previos anunciados semanas atrás.

Asimismo, denunciaron las condiciones en las que estudian los escolares, señalando que alrededor de 1.500 alumnos enfrentan problemas de hacinamiento y falta de infraestructura adecuada. “No es un tema político, es una necesidad que nuestros niños necesitan”, sostuvo uno de los padres presentes para el citado medio.

Medidas extremas

Como parte de la protesta, algunos padres adoptaron medidas radicales, como encadenarse y enterrarse parcialmente en el suelo, con el objetivo de visibilizar la urgencia de su reclamo. Estas acciones reflejan el nivel de preocupación de la comunidad ante la falta de respuesta institucional.

Los manifestantes exigieron la instalación de una mesa de diálogo con el gobernador regional, con el fin de concretar un compromiso formal que garantice el inicio de la obra. Además, cuestionaron que la demolición del colegio, prevista para febrero, no se haya ejecutado hasta la fecha, lo que incrementa la incertidumbre sobre el futuro del proyecto educativo.

“Lucho por mis hijos”

Raúl Mendoza Cerroy, padre de dos estudiantes de primaria, protagonizó uno de los momentos más visibles de la protesta al encadenarse en plena carretera como medida de presión. Explicó que su decisión responde a la situación crítica del colegio, luego de que una reciente inspección de autoridades como Indeci y Defensa Civil determinara que casi la totalidad de la infraestructura se encuentra inhabilitada.

Durante la movilización, Mendoza afirmó que la protesta busca evitar que los escolares continúen expuestos a riesgos dentro del plantel. “Lucho por mis hijos y por todos los niños; no podemos enviarlos a estudiar en lo que prácticamente son trampas mortales”, señaló, mientras avanzaba junto a otros padres que también participaron en las medidas de fuerza.

A esta demanda se sumó Irene Acho, madre de una alumna de secundaria, quien indicó que el problema no es reciente. Recordó que su familia ha esperado durante años una solución sin resultados, pese a reiterados pedidos de mejora. En ese contexto, los padres recorrieron más de 15 kilómetros bajo altas temperaturas hasta la sede del Gobierno Regional, con el objetivo de exigir una mesa de diálogo con el gobernador René Chávez Silvano que permita concretar el inicio de la obra y garantizar condiciones adecuadas para los estudiantes.

Las imágenes del vehículo son estremecedoras. Según se observa en un video publicado por la familia de la víctima, los hierros retorcidos de la camioneta fueron utilizados para escribir sobre ellos otros mensajes más para hacerle llegar un mensaje al fiscal del caso y causar impacto en los transeúntes que circulaban en las inmediaciones de la plaza Independencia, el lugar elegido para llevar adelante el reclamo.

El hecho ocurrió en la madrugada del 20 de julio de 2025, cuando una camioneta Ford Ranger, manejada por Ignacio Clemente, impactó de frente contra la Volkswagen Saveiro en la que viajaba González junto a su amigo Jeremías Aguilar.

El accidente se produjo cuando Clemente circulaba a más de 120 kilómetros por hora, en contramano y con las luces altas encendidas. Las pericias determinaron que tenía alcohol en sangre y el registro de conducir vencido desde hacía ocho meses. Iván falleció en el acto, mientras que Aguilar resultó herido, pero sobrevivió gracias a una maniobra del propio joven en el momento previo al impacto.

La causa está calificada como homicidio culposo con lesiones graves, con agravantes por conducir alcoholizado, en contramano, a exceso de velocidad y con licencia de conducir vencida desde el año pasado. Además, se constató la presencia de cocaína en orina.

El fiscal Luis Piotti lo imputó al conductor, pero la defensa logró el beneficio de arresto domiciliario. Por eso, el reclamo de la familia: el abogado Gastón Argeri reclamó la revocación de la prisión domiciliaria y que Clemente cumpla la preventiva en una unidad penitenciaria.

El conmovedor mensaje del papá de la víctima

“Soy Mario, el papá de Iván. A mi hijo me lo arrebataron, y hoy siento que la justicia se nos está riendo en la cara. Fui a buscar respuestas, a pedir justicia, y el fiscal de la causa, Luis Piotti, literalmente me dio la espalda y me dejó hablando solo“, escribió el padre en el mensaje que acompaña el video de la camioneta del choque.

“Así de desamparados estamos. Ante ellos, pareciera que no somos nadie. Tomé la decisión de dejar la camioneta destrozada de Iván en la puerta del municipio. Usándolo como lugar concurrido. Le pido perdón a la sociedad si la imagen choca o lastima, pero esa es la realidad con la que mi familia se levanta todos los días”, continuó.

“Tengo dolor, pero también tengo mucha bronca. No puedo ni siquiera dejar que mi hijo descanse en paz, porque además de luchar contra el hombre que lo mató, tengo que luchar contra los que deberían defendernos. No nos dejen solos. Les pido con el corazón roto que me ayuden a difundir esto”, señaló.

“No nos dejen solos. Les pido con el corazón roto que me ayuden a difundir esto. Que todo Tandil sepa la injusticia que estamos viviendo. Iván no se olvida”, finalizó.

La familia espera ahora que el fiscal eleve la causa a juicio oral por el delito de homicidio simple con dolo eventual, lo que supondría una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

La familia del conductor ebrio envió una carta a los medios locales donde se señaló que el joven siempre estuvo a derecho.

“Comprendemos el inmenso dolor, la bronca y la impotencia que atraviesa la familia de Iván. Nada puede reparar esa pérdida. Solo pedimos que el esclarecimiento de lo sucedido se dé en un marco de respeto, sin violencia ni juicios anticipados, permitiendo que la verdad surja a través de la investigación judicial”, expresaron, según el diario ABC Hoy.

Un paro distrital de docentes de 24 horas tendrá lugar el jueves 12 de marzo de 2026, en Bogotá, tras el llamado de la Asociación Distrital de Educadores (ADE) para manifestar rechazo a políticas implementadas por la administración local en materia educativa.

La ADE, entre los principales argumentos del paro, denuncia un deterioro en las condiciones de enseñanza y aprendizaje en los colegios públicos de la capital del país, señalando el incremento de trámites administrativos, presión por reportes institucionales y una sobrecarga laboral para los docentes, lo que —sostiene la organización— afecta la autonomía escolar y las condiciones de trabajo en el sistema educativo distrital.

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Como parte de la protesta, el sindicato exhortó a maestros, directivos docentes, orientadores, trabajadores administrativos, estudiantes y padres de familia a unirse a las actividades programadas.

Puntos de concentración de las marchas del 12 de marzo

El punto de concentración definido es el Centro Administrativo Distrital (CAD), sobre la NQS, entre Las Américas y la calle 26 en Teusaquillo, donde los manifestantes prevén reunirse desde las 9:00 a. m.

Desde allí, la movilización avanzará por la avenida El Dorado en dirección a la sede de la Secretaría de Educación del Distrito, ubicada sobre el corredor vial cerca de la carrera 66.

Las autoridades recomendaron a los conductores planificar rutas alternativas durante la manifestación en la NQS y la calle 26 y anticiparon presencia policial para salvaguardar la seguridad y el orden público.

Clases en colegios públicos de Bogotá serán normales pese al paro

La Secretaría de Educación de Bogotá confirmó que el 12 de marzo de 2026 se mantendrán clases normales en los colegios públicos del Distrito. De acuerdo con un comunicado divulgado el 10 de marzo, el objetivo principal de la administración distrital es garantizar el derecho fundamental a la educación y evitar alteraciones en el calendario académico, incluso frente a las movilizaciones gremiales.

En el mismo documento, estableció que los maestros que decidan participar en las manifestaciones durante el horario habitual de clases deberán reponer las horas docentes el sábado 14 de marzo de 2026.

La entidad gubernamental subrayó que quienes no cumplan con la reposición enfrentarán “decisiones administrativas” conforme a la normatividad vigente. El Distrito sostuvo que priorizar la continuidad académica responde a la necesidad de “evitar afectaciones al calendario y al tiempo de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes en la ciudad”.

Según especificó a comunicación oficial, el derecho a la protesta está plenamente reconocido por la administración distrital, siempre que las actividades sindicales se realicen “en contrajornada”, es decir, fuera del horario escolar. La medida de reposición, según la Secretaría de Educación, busca que no se alteren los días ni las horas asignadas en el calendario escolar y que se resguarde el derecho de los estudiantes a recibir su formación completa.

“En los casos en que se opte por participar en la protesta dentro del horario académico, el tiempo deberá reponerse el sábado 14 de marzo de 2026, garantizando así el cumplimiento del calendario escolar”, precisó la entidad en una de las declaraciones destacadas del texto.

La decisión de exigir reposición generó controversia dentro del magisterio distrital: sectores del gremio docente, representados por la Asociación Distrital de Educadores (ADE) manifestaron que esta medida podría vulnerar tanto acuerdos como normas laborales vigentes.

La organización recordó que, según el Decreto 1850 de 2002, compilado luego en el Decreto 1075 de 2015, cualquier cambio en el calendario académico debe contar con autorización formal del Ministerio de Educación Nacional, previa solicitud formal de la autoridad territorial, lo que impediría modificaciones unilaterales por parte de la Secretaría distrital.

Dadas las circunstancias, la ADE reivindicó el acuerdo firmado en septiembre de 2025 entre el sindicato y la Secretaría de Educación, donde se acordó que cualquier reposición de actividades académicas debía ser consensuada, respetando la autonomía institucional. Por este motivo, el gremio señaló que convocar a docentes y estudiantes a asistir a clase en día sábado, sin el procedimiento legal correspondiente, puede constituir una actuación irregular.

Casi 4.000 trabajadores de la mayor planta procesadora de carne de Estados Unidos preparan una huelga que podría alterar los precios de la carne y complicar la situación política de Donald Trump ante el descontento social por el alto costo de vida. La protesta, programada para el 16 de marzo en la instalación de JBS USA en Greeley, Colorado, representa la primera huelga de su tipo en la industria cárnica estadounidense en décadas.

La magnitud de la protesta, programada para el 16 de marzo, se refleja no solo en los 3.800 empleados convocados, sino también en el contexto económico: el precio de la carne molida aumentó un 15% durante el último año. La acción sindical, organizada por UFCW Local 7, llega tras nueve meses de negociaciones fallidas sobre un nuevo contrato.

El apoyo fue prácticamente unánime: el 99% de los empleados representados por UFCW Local 7 votó a favor de autorizar la huelga, dejando en evidencia la profundidad del conflicto y la demanda por mejoras laborales.

La planta de JBS en Colorado: epicentro de las tensiones laborales

Kim Cordova, presidenta de UFCW Local 7, señaló que desde la sindicalización de la planta en la década de 1990, nunca se había producido una acción de este tipo. Cordova explicó a The Guardian que, según su percepción, la industria “no ha tenido una disputa laboral desde hace mucho tiempo porque contrata mano de obra muy vulnerable y la expectativa es que no protesten”.

La dirigente acusa a JBS de alargar deliberadamente el proceso de negociación, presentar aumentos salariales anuales inferiores al 2% y omitir mejoras en los costos de salud, además de enfrentar denuncias de robo sistemático de salarios. Según Cordova: “Han cometido prácticas laborales desleales. Despidieron a miembros del comité de negociación y trataron de eliminar opciones sobre la mesa, como un bono de pago”.

Muchos trabajadores de la planta son inmigrantes, incluidos refugiados y personas con protección migratoria. En la fábrica se hablan hasta 57 idiomas distintos.

Cordova detalló que JBS llegó a cobrar a los empleados la reposición del equipo de protección personal: “Algunos equipos cuestan USD 1.100 y les descuentan el valor total de su salario”. También afirmó que la empresa presionó con contratos poco atractivos y buscó eliminar primas si los empleados no aceptaban las propuestas mínimas del empleador.

Reacciones sindicales y testimonios

Las tensiones laborales han llevado a la presidenta de UFCW Local 7 a denunciar que JBS despidió a integrantes del comité de negociación y que las prácticas de la empresa atentan contra los derechos de los trabajadores.

Al ser consultada por el periódico británico The Guardian sobre el trasfondo de la protesta, Cordova enfatizó que existe una cultura de represión dentro de la compañía, cuyas consecuencias afectan especialmente a empleados migrantes y vulnerables.

Según Cordova, la presión sobre los salarios y el endurecimiento de condiciones laborales han profundizado el malestar entre los trabajadores, quienes aseguraron que “el costo de vida supera ampliamente los ingresos, y muchas familias apenas pueden adquirir la carne que procesan a diario”.

Demandas, antecedentes y vínculos con la administración Trump

Las tensiones en Greeley aumentaron tras una demanda que acusa a JBS de discriminar a empleados haitianos incrementando la velocidad de las líneas de producción específicamente para ellos, bajo supuestos engaños en la contratación.

De forma paralela, compañías tercerizadas de limpieza recibieron sanciones del Departamento de Trabajo de Estados Unidos por emplear a menores de edad en la planta. JBS acordó en enero de 2025 el pago de una multa de USD 4.000.000 para resolver el caso de trabajo infantil, aunque no admitió responsabilidad.

Cordova establece una relación directa entre la postura empresaria y los vínculos políticos de JBS: “Creo que se sienten envalentonados por su relación con la administración. Fueron el mayor donante para la investidura de Trump”.

De acuerdo con los registros, Pilgrim’s Pride, filial de JBS en Estados Unidos, aportó cinco millones de dólares al comité inaugural de Trump y J.D. Vance, la mayor contribución individual a ese evento.

En septiembre de 2025, el copropietario de JBS, Joesley Batista, se reunió con Trump. Según la agencia de noticias Reuters, este encuentro suavizó la postura del presidente estadounidense hacia Luiz Inácio Lula da Silva, mandatario de Brasil.

La administración Trump propuso recientemente una norma para permitir el aumento de la velocidad de las líneas en plantas avícolas y porcinas, justificando que reduciría los costos para las familias. La UFCW Local 7 cuestionó duramente la iniciativa al considerar que la seguridad laboral de los empleados tanto de esta planta como del resto de la industria cárnica estadounidense quedaría en peligro.

Las cifras del conflicto y los acuerdos sindicales

Desde la empresa, un portavoz equivalente de JBS USA aseguró que la planta de Greeley “opera en pleno cumplimiento de todas las leyes laborales y de empleo federales y estatales”. La compañía adelantó que, si la huelga se concreta, relocalizará temporalmente parte de las operaciones para minimizar las interrupciones a los clientes.

JBS destacó en su comunicado a The Guardian que, “Pese a nuestros continuos esfuerzos por alcanzar un acuerdo justo y responsable, Local 7 optó por poner fin a las negociaciones y cancelar el contrato que teníamos vigente”.

La firma sostiene que su propuesta se ajusta al convenio nacional firmado en 2025 junto a UFCW International, que, según la empresa, ya ha proporcionado “mayores salarios, pensión segura y estabilidad financiera a largo plazo para los empleados en nuestras otras instalaciones principales”. El portavoz señaló que UFCW Local 7 se ha negado a permitir que los trabajadores voten la oferta actual.

Las cifras fortalecen la posición empresarial: JBS Beef North America obtuvo ingresos récord por USD 7.200 millones en el tercer trimestre de 2025.

Pese a esos resultados, el sindicato asegura que los empleados apenas pueden comprar la carne que ellos mismos procesan y denuncia que la empresa registra el mayor número de muertes de trabajadores durante la pandemia de Covid en el sector cárnico de Estados Unidos, así como acusaciones de tráfico de personas y sobrecarga laboral por el aumento de los ritmos de producción.

La disputa en la planta de Colorado surge tras acuerdos alcanzados en 2025 entre JBS y otros sindicatos locales de UFCW, lo que beneficia a 26.000 trabajadores. Hasta ahora, ningún dirigente ni portavoz de JBS se ha pronunciado sobre la demanda de discriminación ni sobre las acusaciones de robo de salarios en la planta de Greeley.

Ankara, 9 mar (EFE).- El macrojuicio por corrupción contra el encarcelado alcalde opositor de Estambul, Ekrem Imamoglu, acusado junto a otras 401 personas por delitos de corrupción por los que la Fiscalía pide para él hasta 2.352 años de cárcel, comenzó este lunes en Estambul.

Imamoglu, alcalde socialdemócrata de Estambul desde 2019, se encuentra desde marzo del año pasado detenido, ha sido depuesto de su cargo y está acusado de numerosos delitos, entre ellos de aceptar sobornos, de blanqueo de capitales, manipular licitaciones, extorsión y fraude.

Su partido, el CHP, la mayor formación opositora, insiste en que este juicio es uno más en el intento de acabar con la carrera política de quien estaba llamado a disputar en 2028 la presidencia del país al islamista Recep Tayyip Erdogan, en el poder desde hace 22 años.

Un total de 106 de los 402 acusados, políticos y empleados municipales, están en prisión.

De forma extraordinaria, el juicio se va a celebrar en la prisión de alta seguridad de Silivri, donde están encarcelados los acusados, y allí se ha dispuesto una sala especial.

La causa cuenta con una acusación de 3.900 páginas, de la que este lunes comenzará la lectura, y la Fiscalía solicita para Imamoglu una pena de entre 828 y 2.352 años de prisión.

El escrito de acusación vincula a los acusados con lo que denomina la "organización criminal con fines de lucro de Ekrem Imamoglu", presenta al alcalde como su líder y sostiene que "el objetivo principal de la organización era el enriquecimiento material y hacerse con el control del CHP utilizando el capital financiero obtenido".

Antes de la vista, se desplegó un amplio dispositivo de seguridad en los alrededores de la prisión, con una fuerte presencia de la gendarmería turca.

Las autoridades han prohibido hasta el 31 de marzo numerosas actividades en la zona, entre ellas cualquier tipo de concentración, declaraciones a la prensa, exhibición de pancartas y filmaciones.

Pese a la prohibición, este lunes una multitud marchó hacia la prisión coreando lemas como "Presidente Imamoglu" y "Nadie se salva solo: o todos juntos o ninguno".

El líder del CHP, Özgür Özel, que acudió para seguir la audiencia, afirmó que había ido allí "no para ser juzgado, sino para juzgar", y sostuvo que el juicio es "un intento de golpe de Erdogan".

Al ganar las elecciones locales de 2019, Imamoglu acabó con 25 años de Gobiernos municipales en Estambul del islamista AKP, el partido fundado por Erdogan, que también fue alcalde de la metrópolis del Bósforo.

Imamoglu fue reelegido en 2024, cuando el partido islamista de Erdogan sufrió en las elecciones municipales en todo el país su primera derrota electoral desde que llegó al poder.

Imamoglu ha rechazado todas las acusaciones y asegura que se basan en especulaciones imprecisas de testigos "arrepentidos" y no identificados, a veces atribuyendo el mismo testimonio a diferentes personas.

Ciudad de México, 6 mar (EFE).- En la víspera del Día Internacional de las Mujeres, el Gobierno de la Ciudad de México instaló vallas metálicas en edificios del Centro Histórico y anunció una iluminación especial en el Zócalo, donde concluirá la movilización del domingo 8 de marzo.

Desde el jueves, comenzaron a colocarse estructuras metálicas de hasta tres metros de altura para proteger recintos como el Palacio Nacional, sede del Gobierno de Claudia Sheinbaum, y otros edificios del primer cuadro de la ciudad, según reportes de medios locales.

Las vallas rodean las fachadas de estos inmuebles y reducen parcialmente el espacio disponible en la Zócalo de la capital mexicana, la mayor plaza pública del país, aunque la plancha permanecerá abierta para la llegada de la marcha.

Además, este año, el Zócalo tendrá también una iluminación monumental en color morado, en referencia al movimiento feminista, como parte del programa cultural 'Tiempo de Mujeres' del gobierno de Ciudad de México, encabezado por la alcaldesa Clara Brugada.

La intervención contempla iluminación en edificios públicos, desde el sábado 7, y un mensaje proyectado en la plancha: "Mujeres, siempre vivas, siempre libres, siempre iguales".

Se trata además de la primera iluminación instalada con motivo del 8M, ya que este tipo de intervenciones suelen realizarse en efemérides o celebraciones como el Grito de Independencia o el Día de Muertos.

Así, la movilización feminista —convocada desde las 11:00 hora local (18:00 GMT) en la Glorieta de las Mujeres que Luchan en la céntrica avenida Reforma— llegará al Zócalo marcada por dos elementos visibles: las vallas metálicas resguardando edificios y la iluminación conmemorativa por el 8M.

El blindaje con estructuras metálicas se ha convertido en una medida recurrente en los últimos años durante las protestas feministas en México, con el argumento oficial de proteger edificios históricos y evitar confrontaciones.

La medida se volvió frecuente desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), y suele generar críticas de organizaciones feministas que consideran que las vallas "protegen los edificios más que a las mujeres".

La presidenta Sheinbaum ha defendido la instalación de estos cercos en años recientes al señalar que buscan evitar enfrentamientos y proteger tanto a las manifestantes como a los inmuebles históricos durante las movilizaciones.

El blindaje de edificios públicos también se ha reportado en otros estados del país, como Jalisco (oeste) y Nuevo León (norte), ante las movilizaciones previstas por el 8M en México, un país con alrededor de 10 mujeres asesinadas al día.

Redacción Ciencia, 5 mar (EFE).- El comportamiento agresivo en la adolescencia temprana se relaciona con un envejecimiento biológico más rápido y un índice de masa corporal (IMC) más alto a los 30 años, según ha comprobado un equipo de investigadores tras hacer un seguimiento de un grupo de jóvenes durante más de quince años.

El estudio, cuyas conclusiones se publican hoy en la revista Health Psychology de la Asociación Americana de Psicología, ha sido realizado por investigadores de la Universidad de Virginia, que han comprobado las consecuencias duraderas para la salud que pueden tener los desafíos sociales que pueden surgir durante la adolescencia temprana.

El envejecimiento acelerado se ha vinculado a un mayor riesgo de padecer en el futuro enfermedad coronaria, diabetes, hipertensión arterial, inflamación e incluso muerte prematura, han señalado los investigadores, que han hecho un seguimiento de 121 estudiantes de secundaria (46 hombres y 75 mujeres) de comunidades suburbanas y urbanas del sureste de Estados Unidos.

Los investigadores hicieron ese seguimiento a los participantes desde los 13 años hasta la edad adulta, recopilando 'autoinformes' de agresión, informes de los padres sobre conflictos familiares e informes de sus compañeros sobre el comportamiento relacional, y al cumplir los 30 años los investigadores evaluaron su envejecimiento biológico mediante biomarcadores sanguíneos.

Analizaron un total de 12 marcadores, entre ellos el azúcar en sangre o el recuento de glóbulos blancos, y utilizaron después un algoritmo desarrollado recientemente que combina estos valores y produce una estimación de la edad biológica de una persona, que resulta ser un mejor predictor de su salud y mortalidad final que su edad cronológica real, según los investigadores.

El envejecimiento biológico se midió mediante dos métodos validados por la ciencia, que combinan indicadores como la presión arterial, la inflamación, la glucosa, el colesterol y la función inmunitaria, para estimar la edad aparente de una persona en comparación con su edad real.

Y comprobaron así que los niveles más altos de agresión en la adolescencia temprana predijeron una edad biológica más avanzada a los 30 años, incluso después de tener en cuenta el género, el ingreso familiar, las enfermedades infantiles graves y la forma corporal de la adolescencia.

Los investigadores también descubrieron que los varones y las personas de familias con bajos ingresos mostraban signos de un envejecimiento biológico más rápido, y los análisis posteriores sugirieron que estos patrones estaban vinculados a dificultades en las relaciones.

Los chicos experimentaban más conflictos con sus padres, mientras que los adolescentes de familias con bajos ingresos eran más propensos a mostrar un comportamiento punitivo hacia sus compañeros.

Los investigadores han señalado en su trabajo que la agresión temprana por sí sola no predijo un envejecimiento más rápido, salvo que provocara problemas de relación persistentes en etapas posteriores de la vida.

Los adolescentes con niveles más altos de agresión eran más propensos a discutir con sus padres y maltratar a sus amigos a medida que envejecían, y son esas continuas dificultades en las relaciones, y no la agresión temprana por sí sola, las que finalmente predijeron un envejecimiento acelerado.

El puerto de Buenaventura es la terminal marítima más importante de Colombia, maneja más del 50% del comercio exterior del país y aproximadamente el 90% de la carga con destino a Asia-Pacífico.

En este lugar se movilizan cerca de 20 millones de toneladas anuales, incluyendo el 50% de los vehículos y gran parte del café y azúcar exportados. A pesar de ello, los transportadores que trabajan moviendo mercancía de allí no están conformes con varios aspectos que se registran en este lugar.

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Es por ello que, a través de un comunicado de prensa, la Asamblea Nacional del Transporte demandó que se aplique el “modelo de Estados Unidos” y que toda la cadena logística asuma los costos derivados de la ineficiencia en el puerto de Buenaventura, tras un balance parcial presentado en la Alianza Logística Regional del Valle del Cauca.

Las exigencias de los conductores de transporte de carga

En el documento se señala que, aunque se reconocen avances como la expedición de la circular conjunta para la organización de la operación durante las 24 horas del día en los siete días de la semana y la reducción limitada de inventarios de vacíos, persisten mesas industriales que buscan liquidez para los transportadores. La Asamblea Nacional del Transporte advirtió que “las mesas de trabajo no pagan las facturas ni reducen los tiempos de espera que hoy asumen injustamente nuestros transportadores”.

Entre las exigencias principales, la organización solicitó operatividad 24/7 real de parte del Estado y actores privados, reclamando que entidades como la Dian y la Policía Antinarcóticos mantengan la misma intensidad operativa que se exige a los transportadores.

También piden por la suspensión inmediata de cobros por mora, argumentando que no aceptarán facturas por demoras que respondan a ineficiencias ajenas, y que los costos deben recaer en quienes los provocan, incluyendo puertos y curadores.

En el área tarifaria, la asamblea exigió que las líneas navieras, operadores portuarios y generadores de carga asuman directamente los costos de demoras, uso de patios y horas de espera. De acuerdo con lo argumentado en el comunicado, si los actores privados no cubren estos gastos, se solicita la intervención del Ministerio de Transporte para asegurar la liquidez de los transportadores.

El documento resalta la importancia de respetar la dignidad de los conductores y transportadores, valorando las acciones de terminales como Spa y Tcbuen respecto a la reducción de tiempos de espera, aunque resaltan que persisten prácticas documentales que exponen a los trabajadores. Por este motivo, se pide que el Ministerio del Trabajo garantice la implementación de medidas para asegurar condiciones de bienestar para todos los conductores.

La seguridad también fue un punto por el que reclaman los transportadores, que denuncian pagos indebidos en peajes y piden que exista presencia constante de la fuerza pública y una mejor gestión del tráfico por parte de las autoridades locales, señalando la responsabilidad que tiene en este aspecto la Secretaría de Tránsito de Buenaventura.

En el balance, la Asamblea denunció que las líneas navieras y terminales portuarias trasladan sus ineficiencias logísticas a los generadores y transportadores mediante cobros abusivos, y reclamó a la Superintendencia de Transporte y a la Superintendencia de Industria y Comercio la adopción de sanciones similares a las aplicadas en Estados Unidos.

“Exigimos la adopción inmediata de medidas similares para frenar las posiciones dominantes de las navieras que hoy asfixian al transportador colombiano”, se lee en el comunicado.

Por último, la organización ratificó el pliego de peticiones como base de su protesta pacífica y expresó su disposición al diálogo, aunque advirtió que la solución requiere exigir a todos los actores de la cadena logística el cumplimiento verificable de los acuerdos existentes y no descartaron un cese de actividades si sus peticiones no son escuchadas.

Vecinos de Isla Mayor y familiares de distintas víctimas se reunieron provisionalmente frente al Juzgado de Menores de Sevilla, portando pancartas con referencias a otras tragedias recientes y reclamando una reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. La convocatoria se desarrolló coincidiendo con el inicio del juicio contra el adolescente acusado de apuñalar mortalmente a un joven de diecisiete años durante la madrugada del pasado 2 de julio en el poblado Alfonso XIII, en dicha localidad sevillana. Según detalló la agencia Europa Press, a este acto de apoyo se sumaron también familiares de Aarón, fallecido tras ser atacado a la salida de su instituto de Gerena, y de Jesús Rosado Jiménez, víctima de un homicidio el 31 de octubre de 2022 en Palomares del Río, así como de otros menores afectados en circunstancias similares.

De acuerdo con Europa Press, la protesta frente a la sede judicial incluyó la participación de los padres del menor asesinado, quienes aprovecharon la ocasión para expresar públicamente su dolor y la percepción de que la ley vigente no les garantiza justicia. El caso que se juzga corresponde al presunto homicidio de Daniel, por el que se acusa a un joven que contaba con quince años al momento de los hechos, a veintiocho días de cumplir los dieciséis, lo que incide directamente en la penalidad aplicable. La Ley Orgánica 5/2000 (LORPM) limita el período de internamiento para menores entre catorce y quince años a un rango de uno a cinco años por homicidio, algo que los familiares consideran insuficiente para el daño causado.

El padre de la víctima, Francisco José Márquez, expresó ante los medios y ante el juzgado su inconformidad con el marco penal que enmarca a los menores acusados de delitos graves. “Lo que esperamos de este procedimiento es justicia. Pero no la vamos a tener, porque con la ley que tenemos ahora mismo no va a haber justicia, dado que el presunto autor de nuestro hijo tenía quince años en el momento de los hechos, a tan solo 28 días de cumplir los 16 años”, manifestó Márquez según recogió Europa Press. Diversas pancartas mostradas en la protesta reflejaron la indignación de los asistentes con frases como “Han destruido una familia, cambios en la ley del menor” y “Si matas no eres un menor, eres un asesino”.

El Ministerio Público solicitó una pena de seis años de internamiento en régimen cerrado y tres años adicionales bajo libertad vigilada con asistencia educativa para el acusado, por los presuntos delitos de homicidio y robo en grado de tentativa, tal como informó Europa Press. Durante la primera sesión del juicio, celebrada el 24 de febrero desde las 9:30 horas, fueron varias decenas de personas las que se sumaron al acto ante el edificio judicial, entre ellos conocidos de la familia y vecinos que quisieron mostrar su respaldo.

Manoli Gómez, madre de la víctima, agradeció el acompañamiento que ha recibido y realizó una petición a la sociedad para que se movilice por cambios legislativos: “La ley del menor tiene que cambiar en España, tenemos que salir todas a la calle a reclamar. Hoy nos ha tocado a nosotros, pero mañana puede tocarle a cualquiera, a vuestros hermanos o sobrinos. Él estará en un centro de internamiento, pero a mi hijo ya no lo tengo conmigo”, declaró según Europa Press. Gómez también aseguró que su hijo no tenía relación previa alguna con el presunto agresor.

Los hechos juzgados ocurrieron en la parada de autobús del municipio, donde la víctima fue apuñalada sobre las 00:30 horas. Según publicó Europa Press, el motivo concreto que habría llevado al presunto autor a consumar el ataque aún no se ha esclarecido durante las diligencias previas ni en el inicio del proceso judicial. Tras el fallecimiento de Daniel, el municipio de Isla Mayor celebró un minuto de silencio al que acudieron allegados y residentes. Además, tras el crimen, algunos vecinos realizaron pintadas y provocaron destrozos en la vivienda del joven identificado como presunto responsable, según indicó el medio.

La concentración, que tuvo también carácter simbólico para rendir homenaje a las víctimas y demandar el endurecimiento de las sentencias penales para menores implicados en delitos graves, reunió a varios familiares de casos con repercusión reciente en la provincia de Sevilla. Nombres de jóvenes fallecidos en circunstancias semejantes aparecieron en carteles sostenidos por asistentes, lo cual buscó visibilizar una problemática que, según recalcaron voces presentes, afecta a distintas familias y comunidades y genera un debate sobre la suficiencia de las penas contempladas en la legislación vigente.

A lo largo de la mañana, la movilización colectiva derivó en testimonios sobre las consecuencias que estos delitos acarrean tanto a nivel familiar como social. Europa Press reportó que los portavoces de los familiares expresaron su determinación de impulsar cambios en la ley, afirmando que las medidas actuales no contemplan el impacto real de los crímenes para las víctimas y sus allegados. Con este acto, los asistentes reiteraron el reclamo de que las sentencias reflejen el daño y la responsabilidad, subrayando que las diferencias de edad entre víctimas y acusados no diluyen la gravedad de los hechos y la exigencia de justicia.

Quito, 19 feb (EFE).- Unas 400 personas marcharon este jueves por el centro de Quito para protestar contra el nuevo proyecto de ley impulsado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que busca reformar el esquema de gasto de los gobiernos locales, entre ellos municipios y prefecturas provinciales.

"La educación municipal no se toca", "no a la reforma 70/30" y "no a los cierres de colegios y escuelas municipales" fueron algunas de las consignas que los manifestantes corearon y exhibieron en pancartas durante la movilización, que concluyó frente a la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento).

La iniciativa, denominada Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), fue enviada por Noboa con carácter económico urgente, una figura constitucional que obliga al Legislativo a tramitarla en un plazo máximo de treinta días, tras lo cual el proyecto podría entrar en vigor automáticamente si no es aprobado o archivado.

El proyecto plantea que los gobiernos locales destinen al menos el 70 % de su presupuesto a inversión y no más del 30 % a gasto corriente, como salarios y funcionamiento administrativo.

"Nos quieren disminuir el presupuesto a través del cumplimiento de una regla fiscal, es decir, el 70 % de lo que nos entregan de presupuesto para inversión nos están obligando solamente a hacer obra pública. Es necesario hacer obra pública, pero también la obra social es importante para nosotros", señaló a EFE Andreiza Romero, presidenta del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito.

La propuesta enfrenta al oficialismo, representado por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), que defiende su aprobación; y al correísmo, que gobierna las prefecturas y municipios más grandes del país, como Quito y Guayaquil.

Ellos sostienen que la norma reduciría su autonomía financiera y afectaría servicios municipales como la educación.

Entre los manifestantes hubo personas de distintas edades, desde adultos mayores hasta jóvenes con uniforme escolar.

Una de las presentes, Silvia Alviar, explicó a EFE que se había sumado a la marcha para "rechazar una ley que nos afecta a todo el pueblo, ya que nos quieren quitar un presupuesto, una gran parte". "Por ende, no vamos a poder tener buenos profesores, buenos profesionales para nuestros hijos", dijo.

De esta forma, Romero insistió en pedir al Gobierno central que archive la ley y que, si realmente busca la eficiencia y sostenibilidad de los gobiernos autónomos, escuche al pueblo y a los beneficiarios y elabore una norma que no perjudique a los más pobres y que garantice esa eficiencia y sostenibilidad.

La propuesta se tratará en segundo debate este viernes en el pleno del Parlamento ecuatoriano.

Esta mañana se registraron una serie de disturbios producto de marchas en distintos puntos de acceso a la Ciudad, en protesta a la reforma laboral que se discutirá hoy en el Congreso.

La más reciente ocurrió en el Acceso Oeste, en Moreno, a la altura de la Ruta Provincial 23. Pilas de neumáticos incendiados con combustible cortaron la autopista en forma total, sentido Capital. Personal de Gendarmería y Policía bonaerense replegó a los manifestantes -con algunos enfrentamientos cuerpo a cuerpo incluidos- que habían interrumpido el tránsito vehicular, en medio de un operativo con una docena de camiones con personal policial a bordo.

Los automovilistas que viajaban hacia la Ciudad quedaron atrapado por la protesta, apostados a unos 50 metros, detenidos ante el fuego y las densas columnas de humo. El tránsito estuvo parado desde la altura de La Reja, informaron fuentes viales.

Ahora, la colectora está liberada ya que Gendarmería liberó la calzada. “En breve seguro se libera a tránsito”, informaron a este medio fuentes de Autopistas del Oeste.

Según se repitió ante las cámaras de LN+, “todos son vecinos autoconvocados” y la consigna central fue clara: “Fuera la reforma de Milei”.

En el lugar no se observaron insignias partidarias ni carteles de agrupaciones sindicales o políticas. Las banderas carecían de símbolos identificatorios y los manifestantes insistieron en su carácter espontáneo. Una de las vecinas, consultada por la prensa, afirmó: “Es una protesta espontánea de vecinos. Yo vine como jubilada”. El diálogo fue tenso y breve, con respuestas ambiguas sobre la permanencia en el lugar: “No sé, hasta que me canse” y “Hasta que sea necesario”.

Luego de la llegada de personal de Bomberos, fueron sofocadas las llamas que emanaban de los neumáticos mientras los manifestantes se replegaron a varios metros de la presencia policial.

Disturbios en Puente Pueyrredón y corte en la Autopista Buenos Aires-La Plata

Esta mañana, en la zona del Puente Pueyrredón en Avellaneda, la Policía se enfrentó con un grupo de personas que avanzaban por avenida Mitre y fueron reprimidas con gas pimienta.

Un grupo de personas intentó cortar el paso sobre nivel y Prefectura, junto a Policía Federal, se interpuso para evitar eso. Ahora las fuerzas policiales están frente a frente, evitando el paso de los manifestantes, en un clima de gran tensión en Avellaneda, a 100 metros del puente.

Durante la cobertura, se registró un incidente cuando un manifestante arrojó un bidón al fuego encendido, lo que generó preocupación por la seguridad ante las cámaras.

Además, la Autopista Buenos Aires-La Plata se encuentra cortada por la presencia de una columna de manifestantes. Por otro lado, luego de dos horas de tensión, un grupo de trabajadores de FATE y gremios sindicales quisieron cortar el ramal Tigre, a la altura de la calle Uruguay, de la Panamericana, y personal de Gendarmería se interpuso en el camino.

Luego de negociar con las autoridades, se liberó la traza en la zona norte de AMBA. Al comienzo hubo un un carril habilitado para el tránsito en sentido a Capital Federal, mientras continuaban las protestas en otra parte de la autovía. Los manifestantes descendieron de la autopista para volver a la sede de FATE.

La medida estaba dispuesta para alrededor de las 8 de la mañana cuando varias columnas de trabajadores y gremialistas marcharon a paso veloz por la calle Uruguay hacia la autovía para intentar cortar el ramal completo.

Al momento de llegar a la Panamericana, un cordón de Gendarmería Nacional estaba apostado en uno de los accesos con la intención de que los manifestantes no corten la circulación de forma total. “Hay una resolución ministerial que dice que no pueden cortar, tienen que dejar habilitado, tienen que dejar liberada la traza”, indicó un gendarme a las personas que se concentran allí.

“Estamos reclamando porque está cerrada la FATE, es una violación a los derechos incluso constitucionales. Estamos haciendo valer el derecho a la protesta, porque imagínate que 900 familias en la calle sin el pan para sus hijos, un día donde se está votando justamente leyes que son totalmente anticonstitucionales”, se quejó una de los manifestantes.

“La situación está explosiva, no está para que anden montando provocaciones de esa manera”, le contestó uno de los gremialistas.

Por otro lado, uno de los trabajadores de la empresas se quejó cara a cara con el jefe del operativo. “Somos de FATE, estamos siendo atacados. Nos cerraron la fábrica. Tengo un hijo con discapacidad. Nos quedamos en la calle y vamos a tener que comer de la basura. No podemos soportar este atropello”, expresó con vehemencia.

Y agregó: “Nos echan con un papelito en la puerta. Nada, los mandaron los correos de un día para otro. A las 6 de la mañana empezaron los avisos. No podemos resistir así esta situación. Nos negamos a comer de la basura. Por eso tenemos que estar acá todos los trabajadores en un paro activo para voltear esta reforma esclavista, como ya lo está demostrando los que lo están haciendo en FATE”, sumó en plena tensión.

El sindicato de la Policía CEP sostuvo que la permanencia excepcional de José Ángel González al frente de la Dirección Adjunta Operativa, concedida mediante un real decreto en noviembre de 2024 pese a haber alcanzado la edad de jubilación, vinculó directamente el destino del director con el del ministro del Interior. Tal como informó el medio El Mundo, el sindicato considera que las recientes acusaciones de presunta agresión sexual contra una subordinada por parte de González no deben resolverse únicamente con la dimisión del responsable operativo, sino que exigen la renuncia del titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska.

De acuerdo con la información publicada por El Mundo, la Confederación Española de Policía (CEP) ha convocado una movilización que tendrá lugar el 24 de febrero frente a la sede del Ministerio del Interior, en Madrid. La convocatoria surge tras conocerse la renuncia de González, quien afronta graves señalamientos relacionados con un presunto caso de agresión sexual. En un comunicado recogido por El Mundo, CEP insistió en que los hechos divulgados la víspera no sólo impactan al cuerpo policial, sino que afectan a la sociedad en su conjunto.

El sindicato subrayó que la decisión, adoptada meses atrás, de permitir que González continuara en funciones tras los 65 años por medio de una legislación especial derivada de la dana en Valencia, fue criticada en su momento por la propia CEP. Para la central, esa ampliación de mandato selló una responsabilidad conjunta entre el ministro y el entonces DAO, por lo que estiman que un cambio de puesto en respuesta al escándalo actual es insuficiente. Según subraya el comunicado, el sindicato exige al Ministerio que, además de respetar la presunción de inocencia, asuma consecuencias políticas ante unos hechos que califica de contrarios a los valores de la institución policial y de la ciudadanía.

Tal como detalló El Mundo, durante su comparecencia ante el Congreso este miércoles, Grande-Marlaska aseguró no haber encubierto la situación y describió el caso como "muy grave." El ministro explicó que la decisión de apartar a González de su cargo se tomó oficialmente la tarde anterior, después de que trascendieran los hechos. En sesión parlamentaria, Grande-Marlaska afirmó: “De la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré”, según recogió El Mundo.

La CEP reiteró que la gestión de lo ocurrido requiere medidas más profundas. Asimismo, insistió en que la actuación judicial definirá la responsabilidad penal si la hubiera, mientras que la responsabilidad política debe asumirse de forma inmediata a nivel ministerial. Los hechos que involucran la salida de González han provocado, según el sindicato, una situación de malestar entre los efectivos policiales, que demandan respuestas y acciones claras desde la cúpula del Ministerio del Interior.

El contexto general de este episodio remite al uso del real decreto de medidas urgentes por la dana de Valencia, instrumento legal que permitió a José Ángel González continuar desempeñando funciones a pesar de haber superado la edad reglamentaria de jubilación. El medio El Mundo explicitó que el sindicato ya había mostrado su rechazo a esa prórroga, por considerar sus implicaciones en la estructura de mando de la policía. Tras la denuncia de la presunta agresión sexual, la CEP interpreta que la administración debe responder con mayor contundencia.

En su alegato, el sindicato enfatizó la necesidad de que los responsables políticos respondan ante hechos que socavan la confianza interna en el cuerpo policial y repercuten en la percepción pública del servicio de seguridad. La protesta planeada por la CEP busca ejercer presión para la salida del ministro y exponer lo que consideran una gestión deficiente de la crisis abierta por la actuación del ex DAO.

El Mundo señaló que la manifestación sumará a agentes que rechazan las actuaciones del Ministerio tras la dimisión de González, así como a voces críticas en torno a decisiones previas de la dirección política respecto al funcionamiento interno de la policía nacional. La convocatoria del 24 de febrero está planteada como un acto de protesta y también como una demanda de cambios institucionales que refuercen los mecanismos de control ante eventuales abusos o irregularidades en la cúpula de la policía.

En la noche del 17 de febrero, desde las 6:00 p. m. se registraron bloqueos por parte de transportadores del servicio público intermunicipal de Soacha, que denuncian estar cansados de la extorsión de la que son víctimas por parte de estructuras criminales, presuntamente conformadas por extranjeros.

Debido a esta situación, TransMilenio dejó de operar en el municipio, afectando a más de 35.000 personas que se vieron obligadas a caminar desde el Terminal del Sur hasta sus residencias en Soacha.

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Como respuesta, la Alcaldía de Soacha anunció que se reunirá con los voceros del gremio transportador, que protestaron luego de que en la noche del 14 de febrero se registrara el asesinato de Agustín González en el sector de Prado Vegas.

Testigos del crimen afirmaron que el bus conducido por González se detuvo luego de que un grupo de hombres le hizo una señal para ser recogidos; acto seguido, le propinaron varios disparos a Agustín González, que murió en el lugar de los hechos.

Se conoció audio amenazante que recibieron los conductores en Soacha

El medio local Periodismo Público publicó un audio en el que alias Moisés, el mismo que firmó varios panfletos intimidatorios que han recibido los conductores de bus en Soacha, confirma que su banda criminal fue la que asesinó a Agustín González en Prado Vegas.

“Señores choferes, buenas noches, les habla Moisés por aquí. Este es un comunicado para todos los choferes, para que tengan en cuenta que nosotros les llegamos de la mejor manera y no nos quisieron solucionar y nos vimos en la obligación de hacer lo que hicimos con el señor Agustín”.

En el mismo, “Moisés” indicó a los transportadores que debían hacer un pago semanal a su estructura criminal o, de lo contrario, serán víctimas de represalias en su contra.

“La vuelta es la siguiente: necesitamos que busquen un vocero y se reúnan todos, que lleguen a un acuerdo con nosotros. Necesitamos que nos apoyen con 100.000 pesos semanalmente. Hablando, nosotros no nos vamos a entender. Espero que no se den mal y que queden como amigos. Que Dios los bendiga y bendiciones”.

Así está la movilidad en Soacha

El 18 de febrero, la mayoría de comunas del municipio no tuvieron acceso a los servicios del transporte público, puesto que la mayoría de conductores decidieron no laborar como parte de la protesta en la que piden garantías de seguridad.

A pesar de ello, el sistema de TransMilenio funcionó sin contratiempos en Soacha; hasta el momento no se han reportado nuevos bloqueos por parte de transportadores o residentes del municipio.

Sobre las 3:00 p. m. comenzó un encuentro entre el alcalde de Soacha, Julián Sánchez, y los voceros del gremio transportador; hasta el momento no se ha informado un reporte oficial sobre la reunión y si los buses volverán a salir a las calles el 19 de febrero.

No es la primera vez que los conductores de bus en Soacha denuncian este tipo de hechos, puesto que en mayo de 2025 realizaron un plantón luego de que un colega fue asesinado en Ciudad Verde.

En el lugar de los hechos, los sicarios dejaron un panfleto en el que se afirmaba que, en caso de no pagar lo solicitado, ese sería el desenlace de los demás que hacían parte de la ruta Terreros-Ciudad Verde.

“Cordial saludo: Este llamado va para todos los transportes privados de Soacha Ciudad Verde, que desde hace un tiempo se viene haciendo un llamado para que apoyen la organización y no han hecho caso. Por eso hemos tomado la decisión de empezar a matar a los conductores hasta que no lleguen a un acuerdo con nosotros. Los que están trabajando en nuestro sector, en este momento se les hará un paro”.

Cabe recordar que en el sector residencial de Ciudad Verde no hay acceso de rutas del Sistema de Transporte Público de TransMilenio, sino que solo funcionan rutas municipales y algunos medios de transporte llamados “piratas”.

La Mesa de Trabajo Fuerza Púrpura emitió un pronunciamiento en el que manifestó su “profunda preocupación” por el progresivo deterioro estratégico que, a su juicio, enfrenta la Policía Nacional, en un contexto marcado por la reciente salida del brigadier general Edwin Urrego Pedraza del servicio activo.

El oficial, quien se desempeñaba como comandante de la Policía Metropolitana de Cali, fue retirado el 11 de febrero de 2026 por orden del presidente Gustavo Petro.

La decisión se produjo luego de que el mandatario lo señalara de estar presuntamente detrás de un supuesto plan para introducir narcóticos en el vehículo presidencial con el fin de sabotear su seguridad y afectar su imagen internacional antes de una reunión con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Las sospechas, según se conoció, tuvieron origen en un correo anónimo y en un informe de inteligencia que llegó a la Casa de Nariño. El general Urrego negó de manera categórica las acusaciones, las calificó como “una locura” y afirmó que siempre trabajó por la seguridad del país, incluso manifestando su disposición a someterse a una prueba de polígrafo.

La decisión generó controversia, ya que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y otros sectores señalaron que no existían investigaciones formales en la Fiscalía contra el oficial al momento de su retiro.

Aunque Fuerza Púrpura no se pronunció sobre el fondo de esas acusaciones, su comunicado se conoció después de este episodio y advierte sobre un fenómeno más amplio: la pérdida sostenida de recurso humano en los niveles de direccionamiento estratégico de la Policía, particularmente en el grado de generales.

Según la organización, la experiencia, el liderazgo y el conocimiento acumulado de estos oficiales son fundamentales para la estabilidad doctrinal y operativa de la institución. La salida de mandos estratégicos —indicaron— impacta la cohesión interna, la continuidad en la planeación y la capacidad de conducción en un contexto de alta complejidad en materia de seguridad.

El pronunciamiento también cuestiona la forma en que desde el Ejecutivo se han tramitado y comunicado públicamente supuestos señalamientos contra altos mandos, señalando que decisiones y exposiciones mediáticas pueden afectar el buen nombre institucional antes de que medie el debido proceso. A su juicio, actuaciones precipitadas basadas en informes sin verificación exhaustiva debilitan la confianza interna y la capacidad estratégica de la Policía.

En el documento, la organización enfatiza que la seguridad del presidente de la República es un asunto de máxima responsabilidad del Estado y que existen protocolos estrictos, procedimientos técnicos y cadenas de mando claramente definidas para garantizar su protección. Por ello, sostiene que cualquier insinuación sobre vulneraciones deliberadas a estos esquemas debe sustentarse en pruebas verificables y no en hipótesis preliminares.

Fuerza Púrpura también hizo referencia a la importancia de que, si existen evidencias reales sobre conductas irregulares, estas sean puestas de inmediato en conocimiento de las autoridades judiciales competentes, garantizando el respeto pleno al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho al buen nombre.

El comunicado señala además que los hechos recientes tienen origen en un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia, entidad sobre la cual menciona preocupaciones en torno a su conducción institucional y eventuales procesos de politización.

Para la organización, la inteligencia del Estado exige rigor técnico, imparcialidad y responsabilidad extrema, dado que un documento preliminar puede generar consecuencias irreparables al afectar la honra de oficiales y la credibilidad institucional.

Finalmente, Fuerza Púrpura reiteró su respaldo a la Policía Nacional y su compromiso con la Constitución, la legalidad y la protección de todos los colombianos, incluido el presidente de la República. No obstante, insistió en que la defensa de la institucionalidad implica exigir rigor, pruebas y respeto por el debido proceso como condiciones esenciales para preservar la confianza ciudadana y la fortaleza estratégica del Estado.

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, señaló que la logística impuesta para disputar el partido ante el Atlético de Madrid en el estadio de Butarque afecta directamente al equipo y genera una notable incomodidad tanto para el plantel como para la afición. Durante una rueda de prensa, el técnico destacó su desconcierto por la decisión de trasladar el encuentro fuera de Vallecas, cuestionando los criterios utilizados para impedir que el partido se juegue en su estadio habitual y considerando injusta la premura con la que se les comunicó el cambio. El medio Europa Press reportó que Pérez hizo énfasis en la necesidad de transformar la situación extradeportiva que atraviesan y convertir la tristeza en motivación.

Según recogió Europa Press, Iñigo Pérez expresó que, a diferencia de los episodios previos donde sí advirtió que no se disputaría un partido debido al estado del campo, en esta ocasión tenía la certeza de que el césped de Vallecas permitiría el desarrollo del juego. El técnico afirmó que el partido podría haberse jugado perfectamente en Vallecas y mostró su desconcierto porque la suspensión se comunicara un jueves, aun cuando el encuentro debía celebrarse el domingo. “Si el césped depende de la climatología, ganamos dos días en los que no llueve y podría haberse hecho otro test”, comentó Pérez en referencia al argumento logístico esgrimido para justificar el cambio de sede, publicación de Europa Press. Añadió que la reorganización del dispositivo de seguridad puede realizarse con poca antelación y consideró injusto que el club tenga que ajustar su planificación en menos de un día, mientras que la seguridad requiere mayor anticipación. El entrenador subrayó que la decisión supone una desventaja para el equipo y expresó su solidaridad con la afición, que también queda perjudicada por la medida.

Iñigo Pérez insistió en que, al tratarse de dos equipos de la Comunidad de Madrid, la situación no habría generado las complicaciones logísticas vividas por los aficionados del Oviedo en precedentes recientes. Según detalló Europa Press, el técnico mostró su solidaridad con la afición del Oviedo, afectada en otro desplazamiento. A pesar del malestar generado por lo sucedido, Pérez manifestó que no busca excusas y que el equipo asumirá la decisión, viajando a Leganés para afrontar el compromiso en Butarque. Reconoció su preferencia por jugar en Vallecas, aunque recalcó la importancia de centrarse en lo deportivo y tratar de sobreponerse al ruido externo, empleando la metáfora “el río está sucio, vamos a intentar pescar”, para describir el ambiente alrededor del club.

Durante la conferencia, Pérez puntualizó que ningún equipo gozará de ventaja local en Butarque, pues considera que ambos actuarán como visitantes. Europa Press recogió sus palabras: “Mañana no somos locales, los dos equipos somos visitantes”. Equiparó el choque con una final, resaltando la dificultad de enfrentar al Atlético en un escenario neutral y subrayando que, en contextos de vulnerabilidad, el rival no facilita el juego. El entrenador del Rayo reconoció que el Atlético de Madrid atraviesa un momento importante y que su última actuación podría causar inquietud en cualquier rival, aunque valoró que esta situación puede convertirse en un estímulo para su equipo. Hizo referencia a la posibilidad de obtener un triunfo histórico ante un entrenador al que nunca ha vencido, sumando así razones para motivar al grupo.

Respecto al rival y a su técnico, Pérez dedicó una valoración específica a Diego Pablo Simeone, según destacó Europa Press. Manifestó que el entrenador argentino ha transformado la dimensión del Atlético de Madrid y que ha sabido consolidar una identidad reconocible en el club. Pérez defendió a Simeone frente a críticas sobre su estilo de juego, subrayando la capacidad de este para sostenerse en escenarios adversos y su firmeza en los mensajes al equipo. Expresó admiración por la trayectoria del técnico y dijo aspirar a conseguir logros similares en su propia carrera, recordando cómo la narrativa mediática alrededor de Simeone puede cambiar radicalmente a partir de los resultados de un solo partido.

Europa Press informó que el entrenador del Rayo Vallecano también se pronunció acerca de la decisión de algunas peñas de no desplazarse a Butarque como forma de protesta. Pérez afirmó respetar completamente la postura de la afición y explicó que no considera adecuado solicitar apoyo, ya que los seguidores, a diferencia de los profesionales y árbitros, no reciben ninguna compensación económica y, por el contrario, pagan para asistir. “Tienen todo mi respeto, todo mi apoyo y toda mi solidaridad”, expresó el técnico, que diferenció la situación de los hinchas respecto a otros agentes del fútbol y señaló su intención de mantenerse empático ante la protesta, aunque considere que hay aspectos mejorables en la relación entre club y afición.

Abordando cuestiones internas, Iñigo Pérez reconoció que tras el partido contra el Lech Poznan atravesó un período difícil desde el punto de vista emocional, aunque aclaró que, actualmente, se siente lleno de energía y con una relación muy estrecha con sus jugadores. Según consignó Europa Press, el entrenador compartió que en aquel momento llegó a pensar que no estaba en el lugar correcto, alcanzando el límite de hartazgo. Sin embargo, destacó que la convivencia diaria con el plantel y el respaldo de los futbolistas le permitieron superar ese sentimiento y que, hoy, el desánimo no forma parte de su realidad. Comparó la situación actual del club con un vaso rebosante que comienza a romperse, y resaltó la importancia del diálogo y el apoyo entre todos los miembros del equipo para superar el contexto de tensión que atraviesan.

En relación al comunicado emitido por los jugadores del Rayo Vallecano, el entrenador confirmó que firmó el texto y que está de acuerdo con el contenido, aunque reconoció que no consideró adecuado el momento de su publicación. Según relató Europa Press, Pérez respaldó a los futbolistas y subrayó la importancia de fortalecer el diálogo para promover el desarrollo del club, entendiendo tanto el descontento como la rapidez con la que el grupo se adapta a las adversidades. Puso en valor la capacidad de sus jugadores para dejar de lado las excusas y adaptarse al entorno, añadiendo que considera un privilegio dedicarse al fútbol pese a las circunstancias complejas.

Sobre el estado de las instalaciones, Iñigo Pérez reveló que decidió suspender uno de los entrenamientos en la Ciudad Deportiva por temor a posibles lesiones. Subrayó que prioriza la integridad física de los jugadores y que no volverán a entrenar en ese campo hasta que deje de representar un riesgo. El técnico recalcó el carácter vulnerable de los integrantes del vestuario, apuntando que el grupo muestra una fortaleza particular en momentos de dificultad. Europa Press destacó que Pérez concluyó valorando la reacción del vestuario ante las adversidades y llamó a afrontar este periodo con actitud resiliente.

"Se lo he propuesto y el presidente Trump ha aceptado, que esta operación llegue a su fin", explicó Homan sobre el fin de la denominada Operación Metro Surge en una rueda de prensa en Mineápolis.

Según el zar, la campaña "ha dado los resultados satisfactorios" que el Gobierno de Trump esperaba y destacó el trabajo junto a los funcionarios estatales y locales "para mejorar la coordinación".

"Como resultado de nuestros esfuerzos aquí, Minesota ya no es un estado santuario para los delincuentes", dijo Homan.

Desde que Trump ordenó reforzar la presencia de agentes migratorios en Minesota, dos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti, murieron tras ser disparados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Tras el fallecimiento del segundo, mientras protestaba por las redadas de los agentes en la ciudad, la tensión entre los manifestantes y los efectivos federales escaló a tal nivel que Trump llegó a amenazar con activar la Ley de Insurrección para desplegar al Ejército.

El anuncio del zar se produce dos semanas después de que el mandatario retirara del estado a Gregory Bovino, comandante general de la Patrulla Fronteriza, que estaba a cargo de coordinar el operativo.

En su lugar destinó a Homan, que el 4 de febrero ya anunció la retirada de 700 agentes.

"Como dije en mi primera rueda de prensa hace un par de semanas, el presidente Trump me envió aquí no porque la operación se estuviera llevando a cabo a la perfección, sino para identificar los problemas y aplicar soluciones que mejoraran la ejecución de nuestra misión", apuntó.

Según Homan, desde que comenzó la Operación Metro Surge, se han llevado a cabo más de 4.000 arrestos.

Pese a que se pone fin al despliegue masivo, el zar avanzó que un "pequeño contingente de personal" permanecerá durante un tiempo en el estado para "transferir el mando y control completos a la oficina local". EFE

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Buenos Aires, 10 feb (EFE).- El Gobierno argentino reforzó este martes la presencia de las fuerzas federales en la provincia de Santa Fe, ante las protestas iniciadas el lunes por la noche por la policía local en reclamo de un incremento salarial, que dejaron las calles de la región desprovistas de efectivos de ese cuerpo de seguridad durante la jornada.

"Desde la mañana del día de hoy estamos patrullando con las cinco fuerzas federales", aseguró este martes por la noche la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en entrevista con el canal LN+.

Las declaraciones de la ministra se producen tras un día de silencio oficial ante las protestas iniciadas el lunes por la noche en la ciudad de Rosario, que continuaron este martes en otras ciudades de la región y causaron preocupación en la ciudadanía por la falta de seguridad en la zona.

"De ninguna manera vamos a compartir, apoyar y a defender una huelga. Podemos entender, y todos sabemos que los reclamos son genuinos. Los reclamos están fundados, y la discusión es válida", reconoció Monteoliva y luego agregó: "Lo que no puede ser válido es una huelga cuando se trata de fuerzas de seguridad".

Las protestas se producen en un contexto marcado por los bajos salarios de los efectivos -que, según aseguró el vocero de los policías, Gabriel Sarla, no son suficientes para cubrir los gastos mensuales- y el elevado número de suicidios registrados en ese cuerpo de la seguridad del Estado en los últimos años.

El lunes por la noche efectivos y personal del Servicio Penitenciario, acompañados por sus familiares, se manifestaron frente a la sede de la Jefatura de Policía y luego se acuartelaron.

Después de varias horas, los policías fueron desalojados y retomaron las protestas este martes con una concentración en la que decenas de patrulleros alineados hicieron sonar sus sirenas de forma ininterrumpida y cortaron el tránsito con neumáticos prendidos fuego.

Las manifestaciones se replicaron en la ciudad de Santa Fe y en otras localidades como Rafaela, Reconquista, Vera, San Lorenzo, Casilda, Recreo, Santo Tomé, San Javier y Avellaneda, donde se registraron también acuartelamientos.

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, anunció este martes en una conferencia de prensa que al menos 20 agentes serán separados temporalmente de sus funciones porque "atentaron contra el servicio de seguridad".

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe informó en un comunicado que inició una investigación penal por la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad por parte de los policías.

Según confirmó Sarla en entrevista con LN+, las armas, las credenciales y el chaleco antibalas de los agentes fueron confiscados este martes.

Sin embargo, la ministra de Seguridad Nacional aseguró a última hora de este martes que "se está abriendo un canal de diálogo" entre las autoridades provinciales y los policías.

Sarla, por su parte, confirmó que una reunión entre ambas partes está prevista para la medianoche.

Fotos: RS Fotos

El conflicto se inició cuando un grupo de agentes, vestidos de civil y con los rostros cubiertos, junto a sus familiares, se congregaron frente a la Jefatura de Policía para reclamar mejoras salariales y condiciones laborales.

Según informó el medio local 0343, la situación escaló cerca de la medianoche, cuando efectivos en actividad recibieron la orden de intervenir contra los manifestantes y comenzaron los disturbios. La respuesta, dirigida hacia sus propios compañeros y familiares, desencadenó una reacción inmediata: varios agentes de la provincia que patrullaban la ciudad decidieron sumarse a la protesta, abandonando sus funciones y bloqueando calles con patrulleros y motos oficiales.

Mientras tanto, los que se encontraban dentro utilizaron la fuerza para intentar controlar la situación.

La situación se replicó en otros puntos de Rosario; incluso en la capital provincial, donde patrulleros rodearon la Casa de Gobierno, intensificando la presión sobre las autoridades provinciales.

El reclamo original exigía una recomposición salarial urgente ante la pérdida del poder adquisitivo. No obstante, tras la intervención de las fuerzas de seguridad, la protesta se radicalizó. Las imágenes de policías enfrentando a otros policías generaron un rechazo masivo dentro de la fuerza y pusieron en evidencia la fractura de la cadena de mando.

Luego de los incidentes, efectivos en servicio optaron por cruzar sus vehículos en la vía pública, apagando los motores pero dejando las balizas y sirenas encendidas como símbolo de rebeldía.

Desde la provincia aclararon a Infobae que la tarea policial no se resintió y que, de hecho, no ocurrieron delitos durante la noche. Cerca de las 10 brindarán una conferencia de prensa.

El sábado pasado también se realizaron manifestaciones simultáneas en distintas ciudades de la provincia de Santa Fe, en el marco del conflicto que atraviesa la policía. En este caso, las protestas se habrían desarrollado sin incidentes.

De acuerdo con la Asociación Profesional Policial Santa Fe (Apropol), las movilizaciones tuvieron lugar en Rosario, Esperanza, Rafaela, San Cristóbal, Coronda, San Justo, San Javier, Reconquista, Tostado, Vera, Sastre, Melincué, Casilda y Villa Constitución, entre otras localidades. En algunas zonas se sumaron también docentes y trabajadores del Servicio Penitenciario.

Uno de los ejes centrales del reclamo, según el sindicato, es el principio de “igual remuneración por igual tarea”. En ese sentido, efectivos de las unidades regionales del norte de la provincia denunciaron percibir salarios inferiores a los de otros agentes que cumplen las mismas funciones en distintas jurisdicciones.

Mientras el Gobierno avanza con la reforma laboral que Javier Milei busca aprobar en el Senado el próximo 11 de febrero, organizaciones piqueteras de izquierda, sectores del sindicalismo combativo y agrupaciones afines votaron un plan de lucha que tendrá su primer punto alto este miércoles 4, con una movilización al Congreso Nacional. La protesta comenzará a las 17 horas y finalizará con un acto en Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde se realizará una “radio abierta a todos los sectores que quieren apoyar la lucha contra la reforma laboral”.

La protesta se da en el marco del inicio del período de sesiones extraordinarias, convocadas por el Poder Ejecutivo hasta el 27 de febrero, con la reforma laboral como uno de los proyectos centrales de la agenda oficial. Según anticiparon distintas organizaciones, la jornada del miércoles será parte de una secuencia de acciones que apunta a confluir en una movilización masiva y un paro nacional el día en que la iniciativa sea tratada en la Cámara alta.

En ese escenario, trabajadores de la empresa Lustramax, que mantienen un conflicto abierto por despidos en la planta de Tortuguitas, se convirtieron en uno de los ejes de articulación de la protesta. Desde allí, junto a la Mesa de Coordinación Obrera de Zona Norte, impulsaron plenarios abiertos durante el último fin de semana en distintos puntos del país para discutir cómo enfrentar la reforma.

“Con la exigencia a la CGT de paro activo y movilización masiva el día que se trate la reforma laboral, estamos preparando una lucha en serio contra un proyecto que pretende seguir recortando derechos y conquistas. No es modernización laboral, quieren más esclavitud”, señalaron los delegados que se reunieron para votar el plan de lucha.

Leandro Gómez, delegado de Lustramax, apuntó directamente contra la dirigencia sindical tradicional. “Frente a la inacción de gran parte de la conducción sindical, que mira para otro lado o directamente negocia nuestros derechos, decidimos empezar a autoorganizarnos. Nuestro futuro y el de nuestras familias está en juego y no vamos a esperar pasivamente”, afirmó.

Los plenarios se realizaron en Lomas de Zamora (ATE Sur), Tortuguitas, La Plata y Jujuy, con la participación de cientos de activistas, delegados y dirigentes de sindicatos recuperados y comisiones internas combativas. También asistieron referentes de la izquierda como Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Vilma Ripoll y Christian Castillo, quienes respaldaron la iniciativa.

Según coincidieron los participantes, uno de los puntos centrales fue la caracterización de que la CGT y las principales centrales sindicales no sólo no están organizando una respuesta contra la reforma laboral, sino que algunos sectores estarían negociando con el Gobierno y los gobernadores. En ese marco, se votó exigir un paro nacional activo el día de la sesión en el Congreso y organizar columnas para “rodear el Parlamento”, además de medidas regionales como cortes y protestas en las provincias.

El encuentro también resolvió reforzar la solidaridad con los conflictos en curso en diversas empresas, a los que los organizadores definieron como un intento de “quebrar por hambre” a los trabajadores. Para ello, propusieron la creación de un fondo nacional de lucha.

La movilización del miércoles 4 de febrero fue convocada en conjunto con organizaciones piqueteras y agrupaciones de jubilados, que este lunes realizarán un plenario autoconvocado para ultimar detalles de la protesta. Desde esos sectores advirtieron que la reforma laboral también impactará directamente sobre el sistema previsional, al redirigir aportes patronales a un fondo destinado a cubrir indemnizaciones por despidos.

“Vamos por el paro, la movilización y un plan de lucha. A los jubilados nos afecta de lleno esta ley”, señalaron en un comunicado, en el que también invitaron a periodistas a acompañar las actividades “ante la amenaza de perder su propio estatuto”.

Es muy probable que el día que se trate el proyecto de “modernización laboral” —como lo llama el Gobierno— en el Senado, los piqueteros confluyan con los movimientos sociales agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto con algunos sectores del sindicalismo como las CTA y gremios como la UOM y Bancarios.

Mientras el oficialismo apuesta a reunir los votos necesarios en el Senado, desde el sindicalismo combativo y las organizaciones piqueteras de izquierda anticipan que la conflictividad aumentará en las próximas semanas. El objetivo declarado es llegar al 11 de febrero con una movilización masiva y sostener medidas de fuerza si el proyecto avanza, en un clima de creciente tensión entre el Gobierno libertario y los sectores que se sienten directamente amenazados por la reforma.

Alberto Pazos Couñago, portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Galicia, expresó desde el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que los problemas en el sistema sanitario público afectan a todas las comunidades autónomas españolas, no solo a Galicia. Según informó el medio fuente, estas declaraciones se produjeron en el contexto de una manifestación en Santiago de Compostela en la que se criticó la gestión sanitaria del gobierno regional.

El medio detalló que Pazos Couñago relacionó la protesta con intereses partidistas y políticos, señalando que, en su opinión, "[la manifestación] tiene mucho más que ver con lo partidista y lo político que con lo sanitario". Subrayó que la convocatoria de la protesta coincidió con el momento en que él se encontraba en el hospital vigués, distanciándose así de los organizadores y participantes del acto en la capital gallega.

Según publicó la fuente, el portavoz popular defendió la labor del gobierno autonómico y calificó al sistema sanitario gallego como "uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo". Reconoció la existencia de "dificultades", atribuyéndolas a la escasez de profesionales médicos en especialidades como la Atención Primaria y Pediatría. En sus palabras, "eso no es un problema de Galicia. Es un problema que estamos sufriendo todas las comunidades autónomas de España", afirmando que desde las diferentes regiones llevan años presentando propuestas al Ministerio de Sanidad, sin obtener respuesta.

El medio consignó que Pazos Couñago estableció una diferencia entre lo que consideró dos enfoques ante los retos del sistema sanitario. Por un lado, mencionó a "los que prefieren el ruido, la pancarta y la algarada", y por otro a "los que prefieren la gestión, la propuesta razonable y la búsqueda de soluciones”. Explicó que su grupo político se identifica con el segundo tipo de actitud y reiteró su compromiso con esas líneas de acción, según reportó el medio.

En medio de la entrada en vigencia de medidas arancelarias entre Colombia y Ecuador, los gremios de transportadores de ambos países anunciaron una protesta conjunta en la frontera.

Este movimiento surge como respuesta a la congestión en los pasos fronterizos y a la creciente incertidumbre en la cadena logística, fenómenos que ya impactan la economía regional y la seguridad en la zona limítrofe.

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Los organizadores buscan que los gobiernos activen rutas diplomáticas para contener una disputa comercial que amenaza con extenderse en el tiempo.

Manuel Romo, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Camioneros en Nariño, advirtió que la nueva disposición ecuatoriana exige el pago de un 30 % como tasa de servicios aduaneros para la carga colombiana, mientras que en Colombia todavía no ha entrado en vigor el decreto correspondiente.

“Estamos saliendo unos y entrando otros, haciendo las últimas transacciones, prácticamente aprovechando que era el último día laborable. Se solicitó a la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) un servicio extraordinario y aún continúan pasando algunos vehículos con carga, pero el Ecuador ya expidió la resolución donde cobra el 30 % como tasa de servicios aduaneros, mientras que en Colombia todavía no ha salido el decreto”, indicó el vocero de los camioneros en declaraciones recogidas por Caracol Radio.

Igualmente, el líder del gremio en el corredor fronterizo alertó sobre una reducción notable del flujo de mercancías y expresó la preocupación del sector en torno al riesgo de que ciertos productos, como el arroz, utilicen rutas prohibidas para sortear las restricciones, exacerbando el problema del contrabando.

Ante ello, Romo indicó que la movilización, llamada Marcha por la Dignidad Fronteriza, reunirá a más de mil camioneros y transportadores, concentración que se efectuará el martes 3 de febrero de 2026, con el propósito de que ambos gobiernos activen rutas diplomáticas para contener una disputa comercial que amenaza con extenderse en el tiempo.

“Queremos que los dos gobiernos (Colombia y Ecuador) nos escuchen y una forma de hacernos visibles es hacer una caravana vehicular y una caminata donde colombianos y ecuatorianos vamos a converger en el puente internacional de Rumichaca”, explicó a la cadena radial mencionada.

De igual forma, el vocero señaló que “es inaudito que en el marco de la Comunidad Andina, siendo un mercado libre, existan estas restricciones. La mejor forma y la más rápida es solucionar esto por la vía del diálogo”.

El plan prevé que la concentración en Ipiales (Nariño, Colombia) se inicie a las 8:00 a.m. de ese día, desde donde partirá la caravana hasta el Puente Internacional de Rumichaca, lugar en el que tienen previsto encontrarse con sus pares ecuatorianos.

Afectaciones económicas para Colombia

La imposición de aranceles del 30% entre Ecuador y Colombia intensifica la crisis en su frontera común y agrava los efectos económicos para ambos países. Mientras los transportistas enfrentan largas filas para cruzar el único paso terrestre legal, el puente internacional de Rumichaca, las pérdidas para empresas y trabajadores continúan acumulándose.

Las consecuencias trascienden la economía formal. El ambiente de congestión aduanera, sumado a la reducción del tránsito regular, multiplica las posibilidades de que mercancías como el arroz terminen en circuitos de contrabando a través de pasos ilegales, de acuerdo con transportadores entrevistados por el medio citado.

Las largas filas de camiones y los servicios extraordinarios solicitados a la Dian reflejan el intento desesperado de agotar las últimas operaciones comerciales amparadas por la normativa anterior.

Alfredo Buchelli, director de Fenalco Nariño, resaltó que la balanza comercial favorece a Colombia, exponiendo al país a mayores perjuicios. “Si miramos la balanza comercial, Colombia exporta más de lo que importa desde Ecuador, entonces va a haber una mayor afectación de los bienes que se envían al vecino país”, indicó el directivo a Caracol Radio.

A su vez, recalcó que la búsqueda de nuevos mercados para las exportaciones represadas es costosa y lenta, incrementando los riesgos para la competitividad de las empresas regionales.

“Todos los empresarios de la cadena logística están muy preocupados precisamente por estas medidas y porque no hay una solución visible, todavía no hay una solución ni del gobierno del Ecuador ni del gobierno de Colombia para buscar frenar estas medidas que son realmente lesivas para el comercio y lesivas para la competencia”, declaró.

Moscú, 30 ene (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, cumplió este viernes la tregua energética que le pidió su colega de Estados Unidos, Donald Trump, con vistas a la segunda ronda de negociaciones a tres bandas que se celebrará probablemente este domingo en Abu Dabi.

Con todo, esa medida no suavizó su postura, ya que Moscú se mantuvo firme en su demanda de control de todo el Donbás y la central nuclear más grande de Europa, bajo control ruso en la región de Zaporiyia desde hace más de dos años.

Dejar de matar de frío a los kievitas

Trump sorprendió a todos al asegurar anoche que Putin había aceptado su petición de cesar los bombardeos contra la capital ucraniana y otras ciudades del país vecino, aunque sea por una semana.

"No es solo frío. Es extraordinario. Hace un frío récord allí. Estamos muy contentos porque, aparte de todo, lo último que necesitan (los ucranianos) es que les caigan misiles en sus pueblos y ciudades", explicó Trump.

El Kremlin confirmó este viernes que "el presidente Trump se dirigió personalmente al presidente Putin para que se abstuviera durante una semana, hasta el 1 de febrero, de realizar ataques contra Kiev con el fin de crear condiciones favorables para la celebración de negociaciones".

Putin criticó hace unos días a Kiev por pedir una tregua energética cuando el ejército ucraniano continúa martilleando la infraestructura civil de las regiones rusas.

Después de dar las gracias a Trump, Zelenski corroboró la ausencia de ataques rusos. De hecho el parte de guerra del Ministerio de Defensa ruso tampoco informó este viernes de ningún ataque a instalaciones energéticas.

"No hubo ataques a instalaciones energéticas la pasada noche, pero ayer (el jueves) por la tarde nuestra infraestructura energética fue golpeada en varias regiones", dijo Zelenski tras mantener una reunión telemática con las autoridades regionales del país.

Además, Zelenski adelantó que Ucrania se sumaba a la tregua energética.

"Si Rusia no ataca nuestro sistema energético, ya sea a la capacidad de generación o a cualquier otro elemento, nosotros no atacaremos su sistema energético", dijo Zelenski en un encuentro con periodistas citado por la agencia pública ucraniana, Ukrinform.

Millones de ucranianos han sufrido desde finales del pasado año constantes cortes de luz y calefacción de varios días debido a los ataques masivos rusos contra el sistema energético del país. Ucrania vive el invierno más crudo de los últimos lustros.

El Donbás es innegociable

Al mismo tiempo, en vísperas de la segunda ronda con mediación estadounidense en Abu Dabi, ambos bandos dejaron claro que no se moverán ni un ápice de sus posiciones iniciales sobre la cuestión territorial.

Zelenski abrió las hostilidades al asegurar que no aceptará en ningún caso las exigencias territoriales de Rusia, que demanda el repliegue voluntario del ejército ucraniano de los 5.000 kilómetros cuadrados de territorio que aún controla en la región de Donetsk.

"Hasta el momento no hemos encontrado un compromiso en la cuestión territorial, en concreto sobre la parte este de Ucrania. Estamos hablando de la región de Donetsk", afirmó.

Volvió a mostrarse abierto a la posibilidad propuesta por EE.UU. de crear una zona libre económica sin presencia militar en la zona ahora bajo control de Kiev que exige Moscú, pero dejó claro que eso debe producirse sin que este territorio deje de ser ucraniano.

El Kremlin replicó que "la central de Zaporiyia lleva dos años bajo control ruso (...) ¿Significa que el régimen de Kiev pretende recuperar militarmente esta central nuclear? ¿Planea atacar la central nuclear?".

En relación con el Donbás, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, señaló en rueda de prensa que "la dinámica en el frente habla por sí sola y no hay mucho más que decir".

En cuanto a la central nuclear de Zaporiyia, Zelenski propuso en 2025 que la electricidad generada por la planta se distribuya entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia, quien recientemente ha tratado de blindar la planta legalmente como parte de su infraestructura energética.

Zelenski también apuntó contra la línea de flotación de la mediación estadounidense al pedir a la Casa Blanca garantías de seguridad -en línea con el artículo 5 de la OTAN- antes de que Kiev realice alguna clase de concesión.

"Necesitamos algo con lo que poder contar. En este caso lo principal en lo que podemos contar son las garantías de seguridad”, afirmó.

Moscú, 30 ene (EFE).- El Kremlin confirmó este viernes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al líder ruso, Vladímir Putin, que suspendiera los bombardeos aéreos contra Kiev durante una semana hasta el 1 de febrero, cuando se celebrará la segunda ronda de negociaciones a tres bandas en Abu Dabi.

"Efectivamente, el presidente Trump se dirigió personalmente al presidente Putin para que se abstuviera durante una semana, hasta el 1 de febrero, de realizar ataques contra Kiev con el fin de crear condiciones favorables para la celebración de negociaciones", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov no precisó si Putin había respondido positivamente a la petición y si ésta incluía todos los ataques o sólo los bombardeos contra la infraestructura energética de la capital ucraniana cuando las temperaturas se acercan a los 20 grados bajo cero.

"No tengo nada más que añadir. Quiero resaltar que se trata de crear condiciones favorables para las negociaciones", señaló ante la insistencia de los reporteros.

Putin criticó hace unos días a Kiev por pedir una tregua energética cuando el ejército ucraniano continúa martilleando la infraestructura civil de las regiones rusas.

Al respecto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este viernes que Ucrania se sumaba a la tregua energética.

"Si Rusia no ataca nuestro sistema energético, ya sea a la capacidad de generación o a cualquier otro elemento, nosotros no atacaremos su sistema energético", dijo Zelenski en un encuentro con periodistas citado por la agencia pública ucraniana, Ukrinform.

Explicó que la posibilidad de una tregua energética fue planteada por los mediadores estadounidenses en la reunión trilateral con ucranianos y rusos que tuvo lugar a finales de la semana pasada en Abu Dabi. Zelenski señaló que no hubo ningún acuerdo al respecto entre ucranianos y rusos.

Trump aseguró el jueves que Putin había aceptado su petición de no atacar "ni Kiev ni las ciudades y pueblos durante una semana".

"No es solo frío. Es extraordinario. Hace un frío récord allí. Estamos muy contentos porque, aparte de todo, lo último que necesitan (los ucranianos) es que les caigan misiles en sus pueblos y ciudades", apuntó.

Rusia volvió a atacar anoche territorio ucraniano con más de cien drones y un misil, pero éstos fueron dirigidos contra regiones ucranianas fronterizas.

En ciudades más alejadas del frente como Kiev y Odesa, que sufren ataques a sus infraestructuras energéticas casi cada noche, no sonaron por la noche las habituales sirenas que anuncian la llegada de misiles y drones.

Millones de ucranianos han comenzado el año con cortes de luz y calefacción de varios días debido a los ataques masivos rusos a su sistema energético. Ucrania vive el invierno más crudo de los últimos lustros.

Las diferentes asociaciones de pensionistas han advertido que solo suspenderán las movilizaciones si el Parlamento resuelve el "bloqueo" de las medidas sociales que afectan a cerca de 10 millones de personas mayores, concediendo un plazo hasta el 20 de febrero para atender su demanda de revalorización de las pensiones. El medio Europa Press informó que las protestas arrancaron tras la votación en el Congreso el pasado martes, cuando se derogó el decreto ley ómnibus que incluía la subida del 2,7% de las pensiones y otras medidas de protección social.

Según detalló Europa Press, decenas de jubilados se concentraron este viernes frente a la sede nacional del Partido Popular, en la calle Génova de Madrid, en rechazo al voto en contra del grupo popular contra el mencionado decreto. Los manifestantes, que vestían chalecos con el lema "Pensiones dignas" y portaban pegatinas de "Ni un paso atrás", ocuparon uno de los carriles de la céntrica vía. El bloqueo en la Cámara Baja, que se produjo gracias a los votos de PP, Vox y Junts, resultó en la caída de la revalorización anual de las pensiones que ya se aplicaba, así como de la prórroga de la prohibición de desahucios y de los cortes de agua y luz para personas vulnerables.

Leopoldo Pelayo, portavoz de la Coordinadora de Pensionistas de Madrid, justificó la concentración señalando en declaraciones a Europa Press que las principales coordinadoras de pensionistas del Estado rechazan la postura del Partido Popular en el Parlamento y denuncian el veto a la subida de las pensiones. Pelayo recordó que, mientras no se resuelva la situación, continuarán manifestándose en las calles. Además, culpó al PP no solo del actual estancamiento, sino también de haber limitado previamente el crecimiento de las prestaciones al establecer el 0,25% de incremento anual y "empobrecer" a quienes reciben una pensión tras la implantación del factor de sostenibilidad.

Durante la protesta, Pelayo subrayó que los colectivos darán como plazo hasta el 20 de febrero para levantar el bloqueo legislativo y permitir que diez millones de pensionistas reciban el aumento correspondiente. De no ser así, las entidades volverán a convocar protestas el 23 del mismo mes. En declaraciones recogidas por Europa Press, Pelayo criticó al PP por, según él, implementar políticas de "terrorismo social" que profundizan las necesidades en los hogares de las personas mayores.

El Partido Popular defendió su voto contrario argumentando que el decreto ómnibus mezclaba asuntos no relacionados y pretendía, según sus portavoces, "mantener las okupaciones ilegales". A su juicio, el Gobierno debería presentar una norma específica centrada únicamente en el aumento de las pensiones, sin emplear a los pensionistas como "rehenes". Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, se dirigió al jefe del Ejecutivo con un mensaje directo: "Si le preocupan los pensionistas, revalorizamos las pensiones mañana mismo", manifestó en un acto electoral realizado en Figueruelas, Zaragoza, el día siguiente a la votación.

El desacuerdo parlamentario impactó de inmediato en la entrada en vigor de la revalorización del 2,7% para las pensiones y dejó sin efecto otras protecciones que el decreto contenía, como la prohibición de desalojos y la prórroga en los suministros básicos, medidas diseñadas para personas y familias en situación de vulnerabilidad.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, declaró que el Gobierno intenta recuperar el contenido íntegro del decreto para volver a presentarlo en el Congreso. De acuerdo con sus palabras, reproducidas por Europa Press, la intención es aprobar el mayor número posible de disposiciones al considerar que benefician tanto a la economía como al conjunto de los ciudadanos.

Las protestas no se limitaron a Madrid ni al colectivo de pensionistas. De acuerdo con Europa Press, el miércoles anterior distintos grupos participaron en una manifestación frente a la puerta del Congreso en contra de la derogación del escudo social y de la moratoria antidesahucios. Entre los participantes se encontraban integrantes del Sindicato de Inquilinas de Madrid, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), y el propio colectivo de pensionistas. Estos portavoces anunciaron la convocatoria de nuevas movilizaciones, que comenzarían el 30 de enero con una manifestación frente a la sede central del Partido Popular, a quienes responsabilizan del bloqueo de las políticas sociales en cuestión.

En el País Vasco, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria también desarrolló manifestaciones frente a las sedes del PP en las diferentes capitales vascas, mostrando su indignación por el rechazo a la subida de las pensiones incluida en el decreto. De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, dicho colectivo reiteró su compromiso con la continuidad de las protestas y advirtió que, de persistir el conflicto parlamentario hasta el 20 de febrero, se movilizarán nuevamente.

Las acciones coordinadas entre colectivos de mayores y organizaciones afines reflejan una estrategia que busca presión sostenida para que el Parlamento revierta la actual situación legislativa y garantice el incremento de las pensiones, junto a otras medidas del denominado escudo social. Las organizaciones han hecho circular comunicados en todo el territorio español, instando a sus miembros y a la población afectada a mantener la movilización hasta que sus reivindicaciones sean atendidas.

Según informó Latina Noticias, los dirigentes de las bases han señalado que no se tomará una decisión definitiva mientras el Gobierno Regional de Loreto no asuma mayores compromisos presupuestales, los cuales deberán quedar establecidos en un acta consensuada con todas las bases. Ahora, están a la espera de la llegada del gobernador regional a Yurimaguas para destrabar el conflicto y concretar nuevas asignaciones económicas.

Desde el Gobierno Regional se informó que existen compromisos orientados al presupuesto 2026, principalmente en proyectos de inversión pública, así como alternativas de ejecución para este año. Sin embargo, estas propuestas aún no han logrado satisfacer las demandas de los manifestantes.

Entre las principales exigencias que continúan sin respuesta concreta por parte del Gobierno Regional de Loreto están:

• La agilización del expediente técnico de la carretera San Rafael – Balsapuerto
• La ejecución del proyecto de reforestación
• La mejora y construcción de infraestructura educativa para niños y jóvenes del distrito

Bloqueos continúan y solo se permitió tregua parcial

El Comité de Lucha aclaró que la huelga no ha sido levantada, y que únicamente se permitió una tregua breve para el pase controlado de personas y productos básicos. Asimismo, exhortó a los comerciantes a no especular con los precios ante la escasez que se registra en los mercados.

A la medida se han sumado otras bases organizadas de localidades aledañas, ampliando los bloqueos en los tramos:

• Trancayacu – Nuevo Arica
• Nuevo Arica – Balsapuerto (capital distrital)

Estas restricciones mantienen interrumpido el tránsito y el transporte de mercancías, agravando la situación en toda la provincia.

Emergencias médicas afectadas por los bloqueos

La protesta ha dejado graves consecuencias en el acceso a la atención médica. En las últimas horas se reportaron casos en los que ambulancias no pudieron pasar los piquetes, incluyendo el traslado de una persona mordida por una serpiente y de un niño de dos años con problemas respiratorios, quienes tuvieron que ser movilizados en condiciones adversas.

Asimismo, en el sector Puerto Perú, una mujer dio a luz a su bebé dentro de una camioneta, debido al bloqueo de la carretera. Personal médico tuvo que atender el parto en plena vía, en medio de la lluvia, ante la imposibilidad de trasladarla oportunamente a un establecimiento de salud.

Estos hechos han generado críticas y llamados a la empatía, recordando que, si bien la protesta es legítima, no se debe impedir el paso de personas en emergencias de vida o muerte.

Escasez de alimentos y alza de precios

Yurimaguas enfrenta también un desabastecimiento de productos de primera necesidad. Según información de medios locales, en los mercados ya se percibe la escasez de pollo y verduras, debido a que las distribuidoras avícolas permanecen cerradas ante la imposibilidad de ingreso de carga por los bloqueos en la carretera.

Ante la falta de pollo, el precio de la gallina de postura se ha incrementado considerablemente, alcanzando costos que oscilan entre 70 y 80 soles por unidad, lo que genera preocupación entre las familias, obligadas a buscar alternativas para su alimentación diaria.

En la Región de Murcia, la preocupación por las importaciones de productos agrícolas provenientes de Marruecos, Egipto y Sudáfrica concentra parte de las demandas de los representantes del sector. Tal como detalló el medio de comunicación, estas importaciones provocan inquietud entre los agricultores y ganaderos por la falta de medidas que limiten la competencia desleal que, a su juicio, está impactando de manera negativa en la agricultura regional y nacional. El sector advierte que las decisiones tomadas por la Unión Europea amenazan la seguridad alimentaria y el futuro de miles de familias que dependen de la actividad agraria, contexto sobre el cual se ha articulado una protesta convocada por varias organizaciones en más de treinta provincias del país.

De acuerdo con la información publicada, las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA han dirigido la movilización a nivel nacional para exigir respuestas sobre una serie de problemáticas que consideran urgentes. Entre ellas destacan los recortes previstos en la futura Política Agrícola Común (PAC) y el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, así como la posibilidad de recorte en la disponibilidad de agua para el regadío. El presidente de COAG-IR, José Miguel Marín, manifestó durante el acto su preocupación por la entrada de productos extranjeros a los supermercados españoles, aludiendo a la necesidad de proteger la salubridad de los alimentos. “Somos los defensores del interés de los consumidores, de que no los engañen, de que no les traigan a los lineales productos llenos de mierda y que no puedan seguir alimentándose con la salubridad alimentaria que tenemos”, puntualizó Marín, según consignó el medio.

Durante el contacto con los medios, Marín enfatizó que el sector agrario no va a permitir recortes en ayudas, agua o directrices que perjudiquen la sostenibilidad de las explotaciones familiares. Reclamó que las instituciones y administraciones contemplen las demandas y escuchen la voz del campo, subrayando que la reiterada movilización muestra la gravedad de la situación. De acuerdo con el relato recogido por el mismo medio, la jornada movilizó en todo el país a entre 2.000 y 2.500 vehículos, una cifra que superó las previsiones iniciales de las organizaciones convocantes.

Por parte de la UPA, su secretario general Marcos Alarcón calificó la participación como ejemplar, reflejo del respaldo masivo a las reivindicaciones planteadas. Alarcón expuso que el sector demanda acuerdos comerciales más justos, mantenimiento de un presupuesto suficiente para la PAC, defensa del trasvase y acceso garantizado al agua, así como la puesta en marcha de mecanismos que favorezcan la incorporación de jóvenes al sector. "Se necesita una respuesta de las administraciones a la altura de la movilización que se está produciendo hoy aquí en la Región de Murcia y en todo el país, para abordar los problemas, las incertidumbres y los riesgos que amenazan la actividad agraria", declaró Alarcón a la fuente.

Los representantes de Asaja, a través de las palabras de su secretario general Alfonso Gálvez, señalaron que las actuales políticas de la Unión Europea no tienen en cuenta las necesidades específicas del sector y se adoptan incluso saltando la opinión del Parlamento Europeo. En la Región de Murcia, sostuvo Gálvez citado por el medio, la actividad agrícola representa un pilar económico y social, cuya viabilidad puede verse truncada si las políticas actuales no se modifican. También alertó sobre la amenaza de un posible recorte en el trasvase Tajo-Segura, reclamando garantías de agua para el riego en el sureste del país y un marco que posibilite la continuidad generacional entre los agricultores y ganaderos.

Las organizaciones agrarias han insistido en que la política comercial de la Unión Europea, en su forma actual, supone un grave peligro para el suministro de alimentos sanos y seguros tanto en España como en el conjunto europeo. Argumentan que los alimentos importados pueden no cumplir los mismos estándares sanitarios y medioambientales que se exigen a los productores locales, lo que representa una desventaja competitiva y un riesgo para los consumidores. Además, según COAG, Asaja y UPA, la falta de controles eficaces y el ingreso masivo de productos extracomunitarios genera presiones a la baja sobre los precios y amenaza el futuro de la producción local.

La movilización de este jueves, según los organizadores, evidencia la capacidad de respuesta del campo y la determinación de los agricultores y ganaderos por defender su actividad y la soberanía alimentaria. Los portavoces de las organizaciones hicieron hincapié en que la defensa del campo es, en última instancia, una cuestión que afecta a toda la sociedad, ya que de ello depende la disponibilidad de alimentos seguros y de calidad en los mercados. Mientras continúe la entrada de mercancías extranjeras sin los controles y limitaciones reclamados, los representantes del sector advirtieron que las protestas y reclamaciones se mantendrán activas hasta conseguir una interlocución efectiva y medidas concretas por parte de las administraciones, tanto nacionales como europeas.

Tres camiones pertenecientes a una veintena de empresas, en su mayoría organizadas en cooperativas, descargaron más de una veintena de palets repletos de frutas y hortalizas frescas en la Plaza Belluga de Murcia. Según consignó Fecoam y Proexport, esta acción de distribución gratuita formó parte de su adhesión a la movilización nacional convocada por organizaciones agrarias para visibilizar las dificultades actuales que afronta el sector regional.

De acuerdo con lo informado por Fecoam y Proexport, la entrega al público incluyó productos de temporada como brócoli, apio, pomelo y distintos tipos de cítricos. Esta iniciativa coincidió con la protesta que, convocada por las asociaciones UPA, Asaja y COAG, reunió en la capital murciana a trabajadores del campo en respuesta a los recortes previstos de la futura Política Agrícola Común (PAC) y al impacto esperado del nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque Mercosur, reportó el medio.

El acto tuvo como finalidad intensificar la visibilidad social de las reivindicaciones del colectivo agrícola y llamar la atención sobre cómo las modificaciones de la PAC y el tratado UE-Mercosur podrían afectar la estabilidad económica de la agricultura regional. Según detalló la fuente, la concentración de agricultores y cooperativistas representa el sentir y la preocupación de una parte significativa del sector agrario en Murcia.

Fecoam y Proexport resaltaron que las actuales políticas europeas generan incertidumbre, especialmente ante la posibilidad de recortes en las ayudas directas y las posibles consecuencias de la entrada de productos procedentes de países extracomunitarios. Según explicó el medio, las cooperativas consideran que estos factores podrían erosionar la competitividad de los productores locales y provocar un descenso en la renta agraria.

Durante la movilización, los asistentes entregaron de manera gratuita las frutas y verduras como gesto simbólico para reivindicar la importancia social, económica y alimentaria del sector local. Las organizaciones presentes expusieron que la elección de la Plaza Belluga, en pleno centro de Murcia, se debió a la alta concurrencia de ciudadanos, lo que garantiza mayor difusión de la problemática, según publicó la fuente.

Este tipo de acciones se inserta en una agenda más amplia de protestas en distintos puntos del país, convocadas de modo coordinado por UPA, Asaja y COAG. Los participantes buscan presionar tanto a las autoridades europeas como nacionales para que reconsideren los recortes planteados y establezcan salvaguardas ante el acuerdo con Mercosur, que según las cooperativas, podría facilitar la entrada de productos agrícolas con estándares diferentes y costes menores, tal como recogió el medio.

La distribución de frutas y verduras también sirvió, según detalló Fecoam y Proexport, para acercar al consumidor la realidad del productor murciano, insistiendo en la importancia de elegir productos locales frente a alternativas importadas. Los dirigentes cooperativos subrayaron que el modelo regional apuesta por la calidad, la sostenibilidad y el empleo rural.

El evento en la Plaza Belluga, según los portavoces de las cooperativas, contó con la colaboración de voluntarios y empleados que participaron activamente en la descarga y reparto de los palets de alimentos, generando una alta participación del público. El medio informó que la jornada se desarrolló sin incidentes y con el respaldo logístico de los ayuntamientos y de los cuerpos de seguridad.

Las entidades convocantes reiteraron su disposición a continuar con movilizaciones y actos reivindicativos si no se atienden las demandas del sector, según remarcó Fecoam y Proexport. Los representantes agrarios advirtieron, de acuerdo al medio, que la modificación de los apoyos y la liberalización de importaciones pueden agravar la situación estructural de la agricultura murciana y dificultar el relevo generacional en el campo.

El reparto llevado a cabo en Murcia se sumó a otras iniciativas similares en distintas regiones, todas ellas orientadas a fortalecer el vínculo entre productores y ciudadanos, y a sensibilizar sobre el impacto de las políticas europeas en el sistema agroalimentario, según la información proporcionada por Fecoam y Proexport.

El veterano legendario del rock Neil Young ha ofrecido a los residentes de Groenlandia acceso gratuito a su catálogo, con la esperanza de que este gesto ofrezca alivio al estrés de quienes se sienten perturbados por las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump.

“Esta es una oferta de paz y amor”, declaró el músico estadounidense-canadiense en su sitio web.

“Espero que mi música y mis películas musicales alivien parte del estrés y las amenazas no deseadas que sufren por parte de nuestro impopular y, ojalá, temporal gobierno”, escribió Young.

Tras la oposición europea, Trump se retractó de su amenaza de expropiar Groenlandia, un territorio autónomo danés rico en minerales.

“Toda la música que he creado durante los últimos 62 años está a su disposición”, declaró Young, de 80 años.

Cualquier persona con un número de teléfono celular que utilice el prefijo de Groenlandia puede acceder al obsequio, que, según Young, es renovable “mientras se esté en Groenlandia”.

Young ha sido un crítico veterano de Trump. Cuando Trump fue elegido para su primer mandato en 2016, escribió una canción titulada Already Great como repudio al movimiento Make America Great Again de Trump.

Fuente: AFP

Thomas Gelin, representante de Greenpeace ante la Unión Europea, sostuvo que “Europa se vio obligada a financiar la guerra de Putin debido a su enorme dependencia de los combustibles rusos”, señalando el riesgo de que, al cambiar de proveedor sin transformar el modelo energético, se entregue el mismo poder “a otros matones como Trump”. Con esta afirmación, el activista recuperó la atención sobre la decisión adoptada por los Estados miembro de la UE de prohibir desde 2027 las importaciones de gas ruso, y sobre la advertencia de Greenpeace de que sustituir este abastecimiento por gas proveniente de Estados Unidos puede reproducir formas de dependencia que la Unión busca erradicar.

La movilización organizada el lunes por Greenpeace tuvo lugar frente al edificio del Consejo de la UE, donde activistas instalaron muñecos hinchables de gran tamaño con la imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del mandatario ruso, Vladimir Putin. Según informó el medio, a través de esta acción la organización pidió a la Unión Europea que su salida del gas ruso no se traduzca en una transición hacia el gas estadounidense, sino en la adopción masiva de energías renovables. Una pancarta con la leyenda “Libérense de los tiranos” sintetizó la demanda dirigida a los responsables políticos reunidos para aprobar la hoja de ruta de la desvinculación energética de Rusia.

Greenpeace alertó a la Comisión Europea y a los gobiernos nacionales sobre el riesgo de reemplazar un monopolio por otro: “La UE corre el riesgo de desarrollar una peligrosa dependencia de otros autócratas como Donald Trump si los combustibles rusos se sustituyen por otras importaciones en lugar de adoptar energías limpias”, manifestó la organización según consignó la fuente. El análisis responde al contexto en que la UE acordó la eliminación progresiva, desde dentro de dos años, de las importaciones de gas por gasoducto y gas natural licuado de Rusia, una medida que fue destacada por Greenpeace como necesaria, pero que, de acuerdo a sus voceros, requiere acompañarse de una hoja de ruta realmente transformadora del sistema energético europeo.

El medio señaló que esta advertencia se contextualiza también en el marco de los acuerdos entre la UE y Estados Unidos. Greenpeace denunció que Bruselas ha prometido la compra de productos energéticos estadounidenses —incluyendo gas natural licuado— por un valor de 750.000 millones de dólares, en un intento de evitar la imposición de aranceles por parte de la administración estadounidense. Según la organización ecologista, estos compromisos multimillonarios podrían trasladar la dependencia de Rusia a otro gran proveedor externo, con las implicancias políticas y económicas que conlleva confiar en actores como la Casa Blanca para la seguridad energética del bloque.

La protesta coincidió con la reunión de los secretarios de Estado en el Consejo de la Unión Europea, instancia en que se aprobó de manera formal el calendario para acabar de forma definitiva con la importación de gas ruso. Para Greenpeace, este es solo un primer paso; la organización consideró indispensable que los Estados miembro opten de manera prioritaria por la inversión en fuentes renovables como solar y eólica, en vez de perpetuar la utilización de combustibles fósiles. Thomas Gelin ilustró la comparación con una metáfora: “No se puede cambiar del vodka al bourbon y esperar que se te pase la borrachera; en algún momento hay que dejar el alcohol y empezar a beber agua”, declaró, según publicó el medio, para enfatizar la necesidad de una transformación profunda de la matriz energética europea.

La preocupación de Greenpeace no solo está dirigida a evitar la dependencia de otros proveedores que puedan tener un control monopólico sobre el suministro energético, sino también a la urgencia de frenar la expansión del uso de combustibles fósiles, dada su contribución al cambio climático. La organización sostiene que impulsar acuerdos de importación de gas con Estados Unidos o cualquier otro actor ajeno a la UE compromete los objetivos europeos en materia de neutralidad de carbono y autonomía estratégica. Además, Greenpeace remarcó que los contratos actuales y futuros de importación pueden atar a los países europeos a infraestructuras de gas por décadas, obstaculizando así la transición hacia fuentes limpias.

La acción desplegada en Bruselas forma parte de una serie de campañas que Greenpeace ha intensificado en diferentes países de la Unión Europea, conforme los gobiernos negocian alternativas para cubrir la demanda energética tras la reducción de la oferta rusa. Según informó el medio, la organización busca influir en las negociaciones políticas para que éstas no culminen en nuevos acuerdos de dependencia energética con socios cuyas políticas o gobiernos puedan suponer retos estratégicos o amenazas al interés común europeo.

De acuerdo con la información suministrada, el llamado de Greenpeace se dirige tanto a los responsables de la toma de decisiones en la UE como a la sociedad civil. La organización demanda un cambio estructural, instando a los Estados miembro a dejar de lado los combustibles fósiles y a optar por la inversión y el desarrollo de tecnologías renovables que permitan asegurar una mayor autosuficiencia y contribuir a los compromisos ambientales internacionales.

El seguimiento de esta protesta y las reacciones de las instituciones europeas y los gobiernos nacionales serán decisivos para definir la orientación de la política energética de la UE en los próximos años, según reportó el medio. Greenpeace advierte que el éxito de la eliminación del gas ruso dependerá de la capacidad de los Estados miembro para evitar nuevas dependencias y acelerar la transición hacia un modelo sustentado en energías renovables.

Caracas, 25 ene (EFE).- El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, afirmó este domingo que Venezuela no puede olvidar el ataque militar de Estados Unidos, ocurrido el pasado 3 de enero, en el cual fue capturado su padre junto a la primera dama, la también diputada Cilia Flores.

"Cuando nos veamos en el espejo no podemos olvidar lo que pasó el 3 de enero y los llamados a la diplomacia y a la paz que hemos venido haciendo", dijo el diputado durante un encuentro religioso en la Plaza Bolívar de Caracas, en el centro de la ciudad.

Maduro Guerra afirmó en el acto, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que el ataque estadounidense causó una herida que, aseguró, el país está "sanando" con "fe, con trabajo".

"Vamos a seguir consolidando nuestro país hacia la paz, hacia el futuro, hacia la prosperidad, y hacia una victoria", agregó.

Sin embargo, señaló que "la marca" del ataque militar va a quedar "toda la vida".

Por su parte, la alcaldesa de Caracas, la chavista Carmen Meléndez, aseguró que van a seguir "todos unidos" y reiteró los llamados a unidad nacional.

Asimismo, indicó que las autoridades encabezan "jornadas sociales" y "llevando psicólogos, psiquiatras", para atender a la población afectada por los ataques, ocurridos en Caracas y los estados La Guaira, Miranda y Aragua, todos al norte del país y cercanos a la capital.

Maduro y Flores permanecen encarcelados en una prisión federal en Nueva York, tras ser capturados durante la operación militar y posteriormente trasladados a Estados Unidos.

La entonces vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, fue juramentada posteriormente como presidenta encargada del país.

La mandataria encargada inició un proceso "exploratorio" con la Casa Blanca, para retomar las relaciones diplomáticas con EE.UU.

Rodríguez ha impulsado una reforma del sector hidrocarburos, que se discute en el Parlamento, mientras Caracas y Washington transitan una nueva etapa en su relación bilateral, marcada por el ataque estadounidense y el interés manifiesto del presidente Donald Trump en el petróleo venezolano, cuya venta ha anticipado que manejará su país.

El colectivo Prisoners for Palestine ha expresado que Muhammad Umer Khalid ha sufrido agresiones dentro de la prisión, así como restricciones en derechos relacionados con su religión y su bienestar. Según informó el medio, decenas de personas resultaron detenidas en las inmediaciones del centro penitenciario de Wormwood Scrubs, en Londres, durante una manifestación que tenía como objetivo mostrar apoyo a Khalid, miembro de la organización Palestine Action y en huelga de hambre. El caso de Khalid, de 22 años, ha generado inquietud por los presuntos malos tratos en su contra dentro del sistema penitenciario británico.

De acuerdo con lo consignado, al menos 86 manifestantes fueron arrestados durante la noche en la zona exterior a Wormwood Scrubs. El incidente se produjo tras una protesta organizada en solidaridad con Khalid, quien se encuentra detenido bajo acusaciones relacionadas con su presunta participación en un ingreso no autorizado a la base aérea de Norton. La organización Palestine Action, catalogada como ilegal el pasado verano tras un incidente en una base militar, ha defendido que Khalid ha negado los cargos presentados en su contra.

Tal como publicó el medio, la intervención policial adquirió un carácter represivo después de que los manifestantes accedieran a un área considerada parte de la prisión y se negaran a salir de la zona cuando las fuerzas de seguridad lo indicaron. La Policía Metropolitana de Londres detalló que los concentrados impidieron que el personal penitenciario pudiera entrar y salir de las instalaciones. Según la versión policial, algunos manifestantes también amenazaron a los agentes y algunos lograron acceder a la zona de entrada del personal en uno de los edificios del complejo penitenciario.

Según Prisoners for Palestine, Khalid ha sido víctima de violencia recurrente mientras permanece privado de libertad. El colectivo detalló, además, que el joven ha sido objeto de restricciones sistemáticas a sus derechos relacionados con la práctica religiosa y la atención de su bienestar personal. Las denuncias del colectivo ponen de relieve la preocupación existente en torno al trato dispensado por el sistema penitenciario británico a personas detenidas bajo acusaciones vinculadas a actividades políticas o de protesta.

El medio destacó que los hechos se producen en un contexto de tensión para la organización Palestine Action, ilegalizada el año anterior después de una acción reivindicativa dirigida contra la ofensiva militar israelí en Gaza. Las autoridades vincularon la ilegalización con una acción de la organización que consistió en la entrada de varios miembros en una base militar.

El operativo policial de anoche contó con un número elevado de efectivos, debido tanto a la magnitud de la protesta como a la ocupación puntual de una zona catalogada como parte de las instalaciones penitenciarias. Según la información difundida por la Policía Metropolitana, el objetivo principal era restaurar la normalidad en los accesos a la prisión y evitar que las protestas derivaran en incidentes que pusieran en riesgo al personal penitenciario o a los propios manifestantes.

El caso de Khalid y las acciones emprendidas por los colectivos de apoyo han puesto de manifiesto la persistencia de la movilización en defensa de los derechos humanos en el entorno carcelario. Los arrestos masivos durante la protesta exterior han renovado el debate sobre el derecho a la protesta y los límites de las acciones policiales en escenarios de reivindicación social.

Las peticiones de mejoras en las condiciones de Khalid, según las organizaciones promotoras de la movilización, incluyen el respeto pleno de los derechos individuales, la garantía de atención médica adecuada y la posibilidad de ejercer la libertad religiosa dentro del régimen penitenciario. No se ha confirmado si tras la protesta hubo cambios en la situación del detenido.

Diversas agrupaciones han señalado el hecho como un ejemplo de la conflictividad generada por la criminalización de la protesta vinculada a causas políticas y por las condiciones en las que se encuentran personas acusadas en este tipo de causas. Los hechos desarrollados en torno al centro penitenciario de Wormwood Scrubs continúan generando atención tanto entre organizaciones de derechos humanos como en la opinión pública del Reino Unido.

La persistente negativa de la Electrificadora de Santander, filial del Grupo EPM, a atender las demandas de aumento salarial y formalización laboral provocó que trabajadores de varias seccionales del departamento intensifiquen sus acciones de protesta, entre ellas encadenarse frente a las oficinas principales y movilizarse en las calles.

Este conflicto sindical, que se traduce en asambleas permanentes y marchas en municipios como Bucaramanga, Barrancabermeja, Socorro, San Gil y Barbosa, amenaza con afectar el abastecimiento eléctrico de más de 940.000 usuarios si llega a concretarse una paralización total de actividades.

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Según declaraciones de Carlos Roncancio, asesor legal de los Trabajadores de la Energía Eléctrica en Colombia adscritos a Sintraelecol, la Electrificadora de Santander exhibe una solidez financiera destacada: solo en 2024 alcanzó ingresos operacionales superiores a los 2,5 billones de pesos, obtuvo una utilidad neta cercana a los 252 mil millones y proyecta destinar más de 1,5 billones de pesos en inversiones entre 2025 y 2028.

Roncancio advirtió que restar importancia a los reclamos laborales equivale a desconocer el aporte del capital humano y advirtió que esta “falta de gobernanza en el conflicto genera un alto riesgo operacional”.

Sostuvo además: “La junta directiva de esta compañía y, sobre todo, EPM deben tener en cuenta todos los factores y los riesgos que se pueden presentar. Por eso, hacemos un llamado a la empresa para que en las oportunidades que aún faltan en este conflicto, haga una propuesta acorde a los lineamientos constitucionales y convencionales, respetando el decreto del Gobierno nacional sobre el incremento del salario mínimo”.

El sindicato sostiene que el plan de peticiones, centrado en el ajuste salarial conforme al incremento del salario mínimo legal vigente y la formalización laboral para evitar la tercerización, se fundamenta en la robusta posición financiera de la empresa.

Los empleados también reclaman garantías de seguridad adecuadas para quienes ejercen labores de alto riesgo en redes eléctricas y transformadores.

La negativa de la empresa a aceptar la intermediación del Ministerio del Trabajo, requerida por los trabajadores, se interpreta como evidencia de escasa disposición a alcanzar consensos.

“La Electrificadora de Santander se ha negado a reconocer el derecho a la progresividad laboral, amparado en la Convención Colectiva de Trabajo y en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. Los trabajadores exigen el ajuste del salario vital conforme a los decretos del Gobierno nacional y en concordancia con el aumento del salario mínimo mensual legal vigente; así mismo, piden la formalización, aprobada en la reciente reforma laboral, para evitar las tercerizaciones”, afirmaron los sindicatos.

El conflicto llegó a un punto álgido luego de que, tras el vencimiento de la fase de arreglo directo a inicios de enero, los trabajadores accedieran a una prórroga de 21 días solicitada por los directivos de la empresa, con la expectativa de un acuerdo. Al no observarse avances, iniciaron las movilizaciones y manifestaciones, las cuales incluyeron un acto simbólico de encadenamiento frente a la sede de la Essa.

Por su parte, la administración de la Electrificadora de Santander argumentó que los ingresos de la empresa fluctúan de acuerdo con el Índice de Precios al Productor (IPP), que cerró en torno al 2% en 2024, generando una brecha con las solicitudes laborales. A la vez, reconoció la necesidad de mantener el poder adquisitivo de los empleados y señaló: “Los incrementos deben estar por encima del Índice de Precio al Consumidor (IPC), y en esa medida las propuestas se irán migrando entre este valor del IPC más unos puntos”.

La empresa mantiene una calificación triple A (AAA), la más alta de las agencias de riesgo, que garantiza su capacidad para cumplir obligaciones financieras y minimiza las posibilidades de incumplimiento. Perder esta calificación, señalan los trabajadores, afectaría la confianza del mercado, encarecería los costos de financiamiento y dañaría la reputación corporativa.

El sindicato advierte que las decisiones empresariales y deficiencias de gobernanza podrían poner en entredicho tanto la estabilidad de la compañía como el respaldo de la calificación triple A (AAA).

Los trabajadores reiteraron su llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio del Trabajo y a los órganos de control, exigiendo una intervención que derive en una solución pronta y constitucional al conflicto laboral.

Este cierre se suma al que se produjo el pasado 12 de enero con motivo de la huelga de su personal, que ha obligado al Louvre a permanecer totalmente cerrado en otras dos ocasiones desde que comenzó la protesta a finales de 2025.

La protesta sindical ha motivado en la mayor parte de los días una apertura parcial para que los visitantes pudiesen recorrer al menos las salas que exponen sus piezas más conocidas, desde la Gioconda a la Venus de Milo o la Victoria de Samotracia.

La huelga, que fue renovada el pasado lunes tras las vacaciones de navidad en asamblea general, movilizó a parte de los 2.200 trabajadores del museo, que reclaman mejoras en su situación laboral y de seguridad, tras el robo de octubre pasado de ocho joyas de la Corona de Francia y que aún no han sido localizadas.

"Las personas que hubieran reservado una visita para el día de hoy serán reembolsados de forma automática, ningún trámite es necesario", señaló el museo en redes sociales, en un mensaje publicado en francés y en inglés.

El cierre implica que el Louvre no volverá a abrir sus puertas hasta, al menos, el próximo miércoles, dado que el martes es el día habitual de descanso del museo. EFE

La denominada "Generación Z" peruana lanzó una convocatoria masiva para retomar las calles de la capital con una “Marcha de Sacrificio”, programada para finales de enero. Esta movilización surge como una respuesta directa al estancamiento de las investigaciones judiciales por las muertes ocurridas durante las protestas contra Dina Boluarte y la reciente crisis institucional en el Ministerio Público.

Los colectivos, que se caracterizan como “juventud consciente”, se unirán a las delegaciones de deudos de regiones como Puno, Ayacucho y Cusco, quienes iniciarán su desplazamiento hacia Lima desde el 25 de enero con el objetivo de exigir justicia y el cese de la violencia institucional.

El detonante de esta nueva ola de movilizaciones es la desactivación del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip), dispuesta por el fiscal interino de la Nación, Tomás Aladino Gálvez. Los familiares de las víctimas, liderados por representantes de los 18 fallecidos en Juliaca, denuncian que esta medida busca imponer la impunidad al desmantelar un equipo que ya tenía listas las acusaciones contra los implicados.

Ante este escenario, la marcha busca presionar al Poder Judicial y a la Fiscalía de la Nación para que se reactive este grupo especializado y se garantice la transparencia en los procesos que involucran violaciones a los derechos humanos.

El protagonismo de la Generación Z y el legado de la memoria

La participación de la Generación Z en esta convocatoria marca un cambio en la narrativa de la protesta social en el Perú. Bajo el lema “No heredamos el miedo, heredamos la memoria y la lucha”, estos grupos de jóvenes han tomado la vanguardia de la organización digital y presencial, utilizando iconografía de la cultura popular como el logo de la calavera del anime One Piece para simbolizar su resistencia. El objetivo de este sector es visibilizar que la lucha por la justicia no pertenece solo a los deudos de las regiones, sino que es una demanda generacional que rechaza la corrupción y el abandono del pueblo.

La estrategia de comunicación de estos colectivos enfatiza una juventud organizada y consciente que busca romper el silencio frente a las muertes que siguen sin justicia. Según los folletos de convocatoria, el ingreso a la capital el 28 de enero no será solo una manifestación, sino un encuentro nacional donde se fusionarán las demandas de las regiones con el ímpetu de los colectivos limeños.

Ruta de la Marcha de Sacrificio y la exigencia por Eficavip

El cronograma logístico de la movilización ya ha sido establecido por las organizaciones regionales y de deudos. El punto de inicio de la Marcha de Sacrificio será la Plaza de Armas de San Vicente, en Cañete, el 25 de enero. Desde este punto, los manifestantes iniciarán un recorrido por la carretera Panamericana Sur con destino final en Lima, donde prevén ingresar el 28 de enero. Esta fecha posee una carga simbólica importante, ya que se realizará una conmemoración por el asesinato de Víctor Santisteban, víctima fallecida durante las protestas en la capital en 2023.

La demanda central que unifica a las delegaciones de Puno, Apurímac, Junín, La Libertad, Ica y Arequipa es la reactivación inmediata del Eficavip. Raúl Samillán, representante de los familiares de Juliaca, sostiene que el reemplazo de fiscales especializados por personal que no conoce los expedientes solo generará retrasos de años en las investigaciones. Samillán denuncia que la desactivación del equipo especial ocurrió días antes de que se conocieran informes periciales clave sobre asesinatos en Ayacucho, lo que refuerza la tesis de una protección política hacia los responsables.

La movilización también estará acompañada por la difusión del proyecto ‘Uyariy’ (escuchar), un trabajo documental de Javier Corcuera que busca registrar la dignidad y la lucha de los deudos por conseguir justicia. Con el respaldo de organizaciones de derechos humanos, los manifestantes realizarán plantones frente a las sedes fiscales para exigir que el estado peruano deje de ignorar el clamor de las regiones y que los responsables de las muertes, tanto materiales como políticos, enfrenten sus procesos en libertad bajo el rigor de la ley.

La investigación federal involucra la participación directa del FBI, una medida confirmada tras la protesta que interrumpió una ceremonia religiosa en una iglesia de St. Paul, Minnesota. Según detalló el Departamento de Justicia de Estados Unidos este domingo, la División de Derechos Civiles ha abierto una pesquisa para determinar si los manifestantes cometieron infracciones a la Ley federal FACE, que protege el acceso tanto a las clínicas como a los lugares de culto religioso.

De acuerdo con información publicada por el diario ‘Minnesota Star Tribune’, los manifestantes irrumpieron en el acto religioso en protesta contra el pastor David Easterwood, que ocupa simultáneamente el cargo de director interino de la oficina local de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en St. Paul. Este hecho desató la acción de protesta, vinculada a una demanda colectiva que alega tácticas agresivas por parte de ICE en la región. Según consignó el ‘Minnesota Star Tribune’, la figura de Easterwood como pastor y dirigente federal fue señalada por quienes organizaron la manifestación como incompatible con los valores religiosos.

En declaraciones recogidas por el diario mencionado, la abogada, activista y reverenda local Nekima Levy Armstrong afirmó sobre Easterwood: "Este hombre es un lobo con piel de oveja, haciéndose pasar por pastor". Esta declaración puso de manifiesto la tensión generada por la presencia del funcionario en un rol espiritual, en el contexto de denuncias por presuntos excesos de ICE que afectan a comunidades inmigrantes.

La fiscal general adjunta del Departamento de Justicia para Derechos Civiles, Harmeet Dhillon, comunicó a través de redes sociales el inicio de la investigación federal. Según publicó Dhillon, la protesta fue calificada como "antiamericana e indignante". Añadió que la División de Derechos Civiles investiga las "posibles infracciones de la Ley federal FACE cometidas por estas personas que han profanado un lugar de culto e interferido con los fieles cristianos". En publicaciones posteriores, Dhillon indicó la activación del FBI y la posibilidad de violaciones a otras leyes federales en relación al acceso a lugares de culto.

Mientras continuaban las diligencias, la fiscal general Pam Bondi informó en la plataforma X (anteriormente Twitter) que sostuvo una conversación directa con el pastor afectado tras el incidente en la iglesia de Minnesota. Bondi manifestó, a través de su perfil, que "los ataques contra las fuerzas del orden y la intimidación de los cristianos se están combatiendo con todo el rigor de la ley federal". Además, indicó que si las autoridades estatales no adoptan medidas para frenar situaciones de desorden, el Departamento de Justicia mantendrá su disposición para procesar delitos federales y "garantizar que prevalezca el estado de derecho".

La protesta y la subsecuente investigación se producen en el marco de tensiones entre la Administración Trump y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en torno al despliegue de cuerpos federales antiinmigración en el estado. Según reportó el ‘Minnesota Star Tribune’, este enfrentamiento político añade un contexto adicional a la polémica por el papel dual de Easterwood y el uso de instalaciones religiosas como ámbito de manifestaciones.

El Departamento de Justicia ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos civiles y la protección de la libertad de culto. Por su parte, la comunidad local sigue a la espera de los resultados de la investigación federal, mientras las autoridades continúan recabando pruebas y testimonios referidos a lo acontecido en St. Paul.

El presidente de la FNSEA, el principal sindicato agrícola francés, Arnaud Rousseau, indicó que miles de agricultores se concentran este martes ante la Eurocámara para protestar contra el tratado de libre comercio con Mercosur.

Según Rousseau, la ratificación del acuerdo representaría “un nuevo golpe” para la agricultura de la Unión Europea.

En declaraciones al diario Le Figaro, Rousseau expresó que la aprobación del tratado ejercerá mayor presión sobre los precios agrícolas. Por este motivo, los agricultores trasladan hoy su reclamo, que han sostenido en las últimas semanas frente al Gobierno francés, a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El dirigente prevé la llegada de más de 700 tractores y cerca de 4.000 agricultores de distintos países de Europa, movilizados para intentar frenar el acuerdo con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. La protesta responde a una convocatoria de la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA).

Rousseau señaló que la ratificación aún debe atravesar varias etapas institucionales dentro de la UE, incluida la votación en el Parlamento Europeo. Apuntó que incluso entre los favorables al tratado “hay dudas sobre su marco jurídico”.

El dirigente calificó como “extremadamente peligrosa” la cláusula de reequilibrio incluida en el texto, ya que permite compensaciones si nuevas normas sociales o medioambientales afectan al comercio.

También advirtió sobre el posible impacto en sectores sensibles, afirmando que “hay un riesgo real sobre los precios de los cortes más nobles de la carne de vacuno”.

Respecto al etanol, Rousseau alertó que el acuerdo contempla la entrada de un volumen equivalente al 10% de la producción europea, lo que podría provocar “una desestabilización del mercado”.

Finalmente, insistió en que el tratado con Mercosur no debe evaluarse de forma aislada e instó a analizar los efectos acumulados de los acuerdos comerciales de la UE, al considerar que ya han debilitado a varios sectores agrícolas.

Un individuo trepó hasta el tejado de la Embajada de Irán en Londres y quitó una bandera nacional durante una protesta nocturna, acto que condujo a su arresto por delitos de daños criminales, invasión de propiedad diplomática y agresión a la Policía, según informó la Policía Metropolitana de Londres. Este suceso formó parte de una serie de altercados ocurridos el pasado viernes por la noche, que dejaron un saldo de ocho heridos y 14 personas detenidas frente a la sede diplomática iraní, tal como reportó el medio.

La intervención policial se inició tras la convocatoria de una manifestación relacionada con la crisis interna que afecta a la república islámica desde hace casi dos semanas, como detalló la Policía y los servicios de Emergencia británicos a través de un comunicado oficial en redes sociales. Conforme a lo informado por la Policía Metropolitana, los altercados incluyeron daños a la propiedad, enfrentamientos directos entre manifestantes y agentes, así como el lanzamiento de proyectiles dirigidos contra las fuerzas de seguridad, lo que llevó a la movilización de refuerzos.

Entre los ocho heridos confirmados se encuentran cuatro agentes de policía que recibieron lesiones de carácter leve. Los efectivos policiales afectados fueron tratados en el lugar por los servicios de emergencia, y hasta el momento no se detalló la condición o el tipo de lesiones que sufrieron las otras cuatro personas hospitalizadas, de acuerdo con la información brindada por las autoridades y citada por la fuente original.

Según recogió la Policía Metropolitana de Londres, la manifestación ocasionó momentos de tensión cuando varios de los participantes arrojaron objetos contundentes contra los uniformados. La intervención de refuerzos policiales permitió retomar el control del perímetro y evitar que la situación escalara a mayores disturbios, manteniéndose durante toda la noche en los alrededores de la Embajada iraní.

Entre los detenidos, uno fue arrestado tras acceder al tejado de la sede diplomática y retirar la bandera, lo que las autoridades calificaron como una violación a la protección diplomática y al normal funcionamiento de las relaciones internacionales. Los cargos presentados contra esta persona incluyeron la invasión de propiedad diplomática, daños criminales y agresión a los funcionarios policiales, según publicó la Policía Metropolitana, citada por diversos medios británicos.

El contexto de la protesta, como detalló el comunicado policial, está vinculado a las protestas y disturbios que han tenido lugar en Irán en las últimas dos semanas, situación que ha motivado la realización de manifestaciones de solidaridad y denuncia en distintas capitales europeas, incluida Londres. Las fuerzas de seguridad enfatizaron en la comunicación oficial la prioridad de resguardar la integridad de las delegaciones diplomáticas y mantener el orden público ante manifestaciones que puedan derivar en hechos violentos.

El operativo de la Policía Metropolitana incluyó la custodia reforzada de la Embajada durante la noche y la mañana posterior, con el objetivo de prevenir nuevos actos de confrontación o ataques contra la propiedad diplomática. Adicionalmente, en el comunicado difundido en redes sociales, las autoridades indicaron que la investigación sobre los hechos continúa, y que se revisarán pruebas y testimonios para determinar posibles nuevos cargos o responsabilidades entre los participantes detenidos.

El recuento de los incidentes fue acompañado de mensajes de las autoridades locales reiterando la obligación de las fuerzas de seguridad de responder a agresiones y proteger tanto a los ciudadanos reunidos como al personal diplomático, con base en la normativa internacional sobre la inviolabilidad de las misiones extranjeras y la soberanía nacional, informó la Policía Metropolitana.

La Embajada de Irán en Londres no emitió comentarios sobre el incidente en el momento de la publicación, mientras que la policía a cargo del operativo sostuvo que todos los implicados serán puestos a disposición judicial conforme al grado de participación y los delitos atribuidos, según consignó el medio británico y la Policía Metropolitana.

Un individuo subió al techo del edificio diplomático iraní en Londres, arrancó una bandera e inmediatamente fue detenido bajo las acusaciones formales de daño criminal, invasión de propiedad diplomática y agresión a las fuerzas de seguridad, según consignó la Policía Metropolitana de Londres. Además del arresto de este manifestante, el mismo operativo policial concluyó con la detención de varias personas, mientras la cifra exacta de agentes lesionados y arrestados entre los participantes permanecía sin precisarse. Estos hechos se produjeron en el marco de una movilización frente a la embajada de Irán en el Reino Unido, ocurrida la noche del viernes, en medio de un contexto de crisis política y social que afecta al país persa desde hace casi dos semanas, según informó la agencia Europa Press.

La Policía Metropolitana de Londres comunicó públicamente, a través de sus plataformas oficiales, que la manifestación se desarrolló ante la sede diplomática iraní y derivó en incidentes violentos. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, los enfrentamientos se intensificaron cuando un grupo de personas lanzó diferentes objetos a los agentes encargados de custodiar la representación diplomática antes de que llegaran los refuerzos policiales, quienes se mantuvieron desplegados frente al edificio durante toda la noche.

El operativo policial incluyó la intervención inmediata después de que se identificaran actos considerados ilegales, como la irrupción del manifestante en el tejado. Europa Press detalló que la persona arrestada fue acusada formalmente de daño criminal e invasión de una propiedad diplomática, categorías de delito contempladas en la legislación británica y que implican sanciones que dependen de la gravedad y las circunstancias de la acción. El mismo detenido también enfrentó cargos por agresión contra la policía, hecho que se habría producido durante su ingreso forzado a la sede diplomática.

Organizadores y participantes de la protesta exigieron diferentes pronunciamientos internacionales frente a la situación que enfrenta la República Islámica de Irán, país que en las últimas dos semanas ha sido escenario de disturbios internos. Estas protestas, cuya convocatoria principal en Londres surgió como reacción a la crisis política iraní, reunieron a decenas de personas frente a la embajada. Europa Press resaltó que la Policía Metropolitana no precisó el número exacto de heridos, aunque confirmó que varios de sus agentes sufrieron lesiones durante la gestión del operativo.

En el transcurso de la movilización, la tensión creció y culminó en el momento en que los manifestantes lanzaron proyectiles hacia la línea policial, mientras los refuerzos policiales llegaban al lugar e intentaban contener la situación con el objetivo de mantener el orden público y resguardar la inmunidad de la representación diplomática, como manda la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. La acción de los manifestantes y la respuesta de las fuerzas de seguridad británicas generaron un fuerte dispositivo alrededor de la embajada iraní durante la noche.

Según reportó Europa Press, la situación provocó un refuerzo de las medidas de seguridad en la zona de la embajada, con la presencia de personal policial durante toda la noche para evitar nuevos incidentes y garantizar la protección de la sede diplomática. Las autoridades británicas abrieron una investigación inmediata para determinar la responsabilidad de los participantes en los actos violentos y las infracciones cometidas durante la protesta, y señalaron que continúan trabajando para esclarecer el número final de detenidos y agentes lesionados.

El incidente en la embajada iraní ocurre mientras la República Islámica enfrenta un período sostenido de tensión interna, caracterizado por varios episodios de violencia y disturbios que han generado una respuesta internacional y protestas frente a representaciones oficiales iraníes en diferentes países, recordó Europa Press. Las autoridades británicas reiteraron que reconocen el derecho a la protesta pacífica, pero advirtieron que no toleran comportamientos que atenten contra la ley o pongan en riesgo la seguridad pública y diplomática.

Además del detenido que subió al tejado y retiró la bandera, la policía confirmó la detención de más personas implicadas en los incidentes violentos. Las fuerzas de seguridad establecieron un perímetro de exclusión en torno a la embajada para impedir la escalada de la violencia y supervisaron las inmediaciones del lugar con agentes equipados para responder ante eventuales desbordes, según mencionó Europa Press.

La movilización de la noche del viernes pondría de relieve el impacto internacional de las protestas internas en Irán, así como la preocupación de comunidades iraníes en el exterior y de grupos defensores de derechos humanos. Europa Press no especificó cuántos participantes permanecen bajo investigación, aunque la policía metropolitana aseguró que sigue recopilando pruebas y realizando arrestos relacionados con los hechos ocurridos frente a la misión diplomática en Londres.

La segunda síndica municipal de Atizapán de Zaragoza, Leylany Richard, desató una nueva controversia política al presentarse con una máscara inspirada en Salvador Dalí —ícono visual de la serie La casa de Papel— durante la toma de la fotografía oficial del Bando Municipal 2026.

La acción, difundida posteriormente en redes sociales, fue calificada por la propia funcionaria como un acto de protesta silenciosa para “despertar conciencias” frente a lo que denunció como prácticas de corrupción y un presunto “narcogobierno” encabezado por el alcalde Pedro Rodríguez.

En un video publicado en sus plataformas digitales, la síndica emanada de Morena explicó que su vestimenta no fue un gesto de provocación, sino una forma simbólica de expresar su desacuerdo con la conducción del gobierno municipal.

“No estoy de acuerdo con estas acciones, con esta corrupción, con este narcogobierno que tiene el presidente municipal Pedro Rodríguez, donde el miedo ha gobernado durante mucho tiempo. Es mi forma de decir basta. Hoy me presento en silencio, pero con un mensaje claro: no vengo a provocar, vengo a despertar conciencias”, afirmó.

La escena no pasó inadvertida dentro del acto oficial. En el material audiovisual también se observa el momento en que la recién nombrada directora de Comunicación Social del municipio, Jessica Díaz, saluda a la síndica, sin embargo, en su expresión facial se percibe incomodidad ante la actitud de la funcionaria morenista, lo que evidenció la tensión política que se vive al interior del Cabildo.

De acuerdo con Richard, la referencia a La casa de Papel responde a la idea de “resistencia” y denuncia frente a un sistema que, sostiene, ha normalizado irregularidades.

La máscara de Dalí, convertida en símbolo de rebeldía en la cultura popular, fue utilizada para subrayar su rechazo a lo que considera un clima de opacidad y miedo dentro del gobierno local.

Otras protestas y denuncias

No es la primera ocasión en que la segunda síndica señala presuntas anomalías en la administración panista. En diversas sesiones de cabildo y pronunciamientos públicos, ha acusado el uso de “software fantasma” en dependencias municipales.

Otro de los casos que ha señalado, es la presunta invasión de más de 40 predios que, asegura, son propiedad del ayuntamiento, sin que hasta el momento se haya actuado para su recuperación o regularización.

Según la funcionaria, estos hechos forman parte de una red de omisiones y posibles actos de corrupción que han sido ignorados por la autoridad municipal.

Las declaraciones de Richard han generado reacciones encontradas. Mientras simpatizantes de Morena y algunos sectores ciudadanos respaldaron su protesta como un acto de valentía y denuncia, integrantes del gobierno municipal y militantes del PAN consideraron que la acción fue un espectáculo innecesario que politiza un acto institucional y vulnera la investidura del cargo.

Hasta el cierre de esta edición, el presidente municipal Pedro Rodríguez no había emitido una postura oficial sobre las acusaciones vertidas por la síndica ni sobre el acto de protesta durante la fotografía del Bando Municipal 2026. Tampoco se ha informado si el ayuntamiento emprenderá alguna acción administrativa o legal derivada de las declaraciones.

El episodio refleja la polarización política que atraviesa Atizapán de Zaragoza, donde el cabildo se ha convertido en un espacio de confrontación constante entre fuerzas políticas. En este contexto, la protesta simbólica de Leylany Richard abre un nuevo capítulo en la disputa pública por la transparencia, la rendición de cuentas y el rumbo del gobierno municipal.

"Puede que imponga un arancel a los países que no acepten lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional. Así que puede que lo haga", dijo Trump en una mesa redonda sobre la atención medica rural.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el republicano ha usado los aranceles como herramienta política contra sus socios comerciales, llegando a elevar hasta en un 50 % las tasas sobre las importaciones de Brasil y la India, como represalia por el tratamiento al expresidente Jair Bolsonaro y la compra de crudo ruso, respectivamente.

Las palabras del mandatario llegan después de que Dinamarca, de quien depende el territorio autónomo de Groenlandia, anunciara un incremento inmediato de su presencia militar en la isla y la realización de maniobras, de cara a rebajar las inquietudes de Washington en torno a la seguridad de esa nación insular y la región ártica.

Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia y Países Bajos se han sumado a la iniciativa y enviarán tropas también a Groenlandia, codiciada por el Gobierno Trump con el argumento reforzar su "seguridad nacional" y de que caiga en manos de China o Rusia.

La Casa Blanca aseguró este jueves que estos movimientos no afectan "en absoluto" al objetivo de Trump de controlar Groenlandia, rica en metales preciosos y tierras raras.

El Gobierno danés ha insistido en la soberanía de la isla y rechazado las pretensiones de Washington, aunque se comprometió a la creación de un grupo de trabajo con el Gabinete de Trump para abordar las "discrepancias" sobre el tema.

La crisis en el suministro de medicamentos de la Nueva EPS detonó la convocatoria a un plantón nacional para el lunes 26 de enero, impulsado por usuarios que denuncian la persistente interrupción de tratamientos y graves obstáculos en el acceso a servicios esenciales.

Esta situación afecta a 11,5 millones de afiliados y se convierte en el detonante de una movilización que busca una respuesta inmediata de la entidad y las autoridades, en un contexto marcado por el reciente cambio en la red de dispensación de medicamentos y por acciones de control legal y ciudadano.

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La movilización fue anunciada tras una convocatoria difundida a los 22 delegados regionales de usuarios de Nueva EPS, citados a una reunión virtual extraordinaria el 17 de enero.

Allí se definirá la participación en la jornada nacional de protesta y se establecerán las medidas institucionales, jurídicas y sociales a seguir. Según el documento de convocatoria, los organizadores reclaman una reunión urgente con el agente especial interventor y la alta gerencia de la entidad, enfatizando la necesidad de una postura unificada para enfrentar la crisis en la prestación de servicios.

Desde finales de diciembre de 2025 se reportaron múltiples casos críticos en varias regiones del país, con especial gravedad en Popayán, Cauca. En esa ciudad, decenas de pacientes, incluidos que padecen hemofilia o enfermedades crónicas, protestaron ante la suspensión de contratos entre la EPS y dispensarios como Mennar.

La interrupción ha dejado a numerosos usuarios sin acceso a medicamentos imprescindibles incluso para cuadros complejos o tratamientos de alto costo. La situación llevó a cientos de personas a soportar largas filas en busca de fármacos básicos, tras el cierre progresivo de puntos de atención.

Manuel Santiago Ordóñez, pediatra y vicepresidente nacional de la Liga Colombiana de Hemofílicos, expuso la gravedad de esta situación: “Para los pacientes con trastorno de la coagulación, cada día que pasa es un día más de riesgo de muerte y no podemos realizar nuestras actividades convencionales”, dijo a El País.

Ordóñez enfrenta, junto a otros, la suspensión desde el 1 de enero de 2026 del contrato con su prestador habitual, quedando sin medicamentos vitales cuyo costo mensual estimó en 30 millones de pesos. Explicó que sin el tratamiento adecuado “hemos tenido casos de niños y adultos con traumas leves, pero que han sido mortales”, añadió.

Las fallas también golpean a adultos mayores como María Nelly Cortés, que relató en conversación con el medio citado que ha esperado desde diciembre la entrega de fármacos que su vida requiere. “Solo le digo al señor Gustavo Petro que si no me puede garantizar mi derecho a la salud, que al menos me ayude a morir en paz”, reclamó, tras décadas luchando por una atención integral y consignando pruebas de la suspensión de entrega de medicamentos. Su caso ilustra los obstáculos diarios para acceder a fármacos prescritos, incluso aquellos que podrían conseguirse en farmacias privadas, donde también hay desabastecimiento.

En Bogotá la situación no es menos grave. Néstor Álvarez, vocero de la asociación Pacientes de Alto Costo, denunció en declaraciones reveladas por La FM que “no hay una red de prestación para entrega de medicamentos específicamente para Bogotá. Todos los pacientes están sin medicamentos”.

Criticó los nuevos procesos impuestos por la EPS, que exigen radicar nuevamente las fórmulas médicas, algo que consideró una maniobra administrativa sin fundamento legal y una “cortina de humo”. Álvarez subrayó que la crisis excede la gestión burocrática y configura una verdadera emergencia de derechos humanos: “Estamos creando víctimas entre todos estos pacientes”.

El problema se agudizó tras la salida de Colsubsidio como gestor farmacéutico, situación que dejó sin cobertura a más de 1.642.000 personas en 11 departamentos, entre ellos Cundinamarca, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Quindío, Huila, Tolima y Boyacá.

En algunos municipios afectados, los usuarios de la Nueva EPS deben ahora registrar su fórmula médica en la página web de la entidad, a la espera de indicaciones sobre el punto de dispensación. Según la EPS, la respuesta podría demorar entre 10 y 15 días hábiles. La entidad aclaró a través de sus canales oficiales que las actualizaciones sobre los nuevos mecanismos de entrega serán publicadas en su página, aunque no especificó cuál será la nueva red de dispensarios ni el procedimiento final.

Las dificultades administrativas y la demora en la respuesta motivaron llamados urgentes de organismos como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, pidiendo a la Nueva EPS la adopción de medidas inmediatas para evitar el agravamiento de la crisis. Representantes de los pacientes insisten en que ningún usuario debe ser sometido a trámites extra o demoras que pongan en peligro su salud.

Hasta la fecha, la Nueva EPS y la Superintendencia Nacional de Salud no han emitido un pronunciamiento público sobre el impacto de la crisis ni acerca de las denuncias sobre la continuidad de los tratamientos.

"Nos encontramos ante una situación que requiere soluciones inmediatas y reales", expresó el presidente de Asaja, Pedro Barato, refiriéndose a la gravedad de la crisis en el sector agrícola español. Las principales asociaciones de agricultores y ganaderos han convocado protestas y tractoradas en todo el país entre el 26 y el 30 de enero como respuesta a los recortes previstos en la futura Política Agrícola Común (PAC) y a las consecuencias del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. La convocatoria, promovida por Asaja, COAG y UPA, busca movilizar al máximo número de profesionales del campo, especialmente el día 29, para reclamar medidas frente al impacto de decisiones europeas y la creciente competencia internacional. Así lo reportó Europa Press.

Según informó Europa Press, el inicio de las manifestaciones ha comenzado ya en puntos clave como la frontera de España con Francia, en Irún, y se han programado nuevas tractoradas para los próximos días en regiones como Extremadura, el Levante y Valladolid. En cuanto a la planificación de las protestas, las organizaciones agrarias recalcan que el objetivo es lograr la mayor concentración posible el 29 de enero. Aunque aún no existe una convocatoria oficial a nivel nacional, sí se prevén diversas acciones locales en Madrid y otras ciudades, además de actos impulsados por agrupaciones de bases rurales.

El secretario general de UPA, Cristobal Cano, indicó que la concentración del 29 de enero busca visibilizar el rechazo al recorte del presupuesto previsto en la próxima PAC, los acuerdos comerciales de la Unión Europea con otros países y lo que denominan como exceso de trámites administrativos en el sector agrario. Cano manifestó que se quiere responder a una serie de decisiones que, según su perspectiva, afectan directamente la sostenibilidad y la viabilidad de las explotaciones agrarias en España.

Pedro Barato, presidente de Asaja, reiteró el rechazo frontal de su organización al acuerdo con Mercosur en su configuración actual, argumentando que introduce una competencia desleal para los productores españoles al carecer de igualdad de condiciones en los intercambios comerciales. El dirigente expresó: "Es el momento que el campo español diga que no está de acuerdo con las medidas que nos han preparado para el futuro". Además, subrayó que las cláusulas de salvaguardia incluidas en el acuerdo resultan inaplicables y ejemplificó: "Si no controlan la cocaína, van a controlar la carne de vacuno". Barato resaltó el riesgo para sectores como la carne de vacuno, el azúcar, los cítricos, la remolacha y el arroz, que según la organización, podrían verse afectados de forma severa.

Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, declaró que el sector agrario no se opone al comercio internacional, pero sí exige que se desarrolle en condiciones justas. "Mercosur supone desigualdad y una competencia absolutamente desleal", afirmó Padilla, quien alertó de que el sector agrario puede ser utilizado como moneda de cambio en las negociaciones comerciales. El representante de COAG señaló que la falta de protección adecuada agrava la pérdida de producciones nacionales, mencionando casos en los que cultivos como el tomate cherry, la cebolla o el espárrago ya han comenzado a desaparecer.

Las movilizaciones previstas toman el relevo de protestas celebradas en años anteriores y en 2024, con la finalidad de reclamar el desarrollo de políticas que permitan contrarrestar el deterioro de la situación en el medio rural. Europa Press detalló que las organizaciones promotoras han manifestado su respeto a la convocatoria lanzada por Unión de Uniones para el 11 de febrero, aunque especificaron que no han sido invitadas formalmente a sumarse a dicha manifestación nacional.

En otro plano, las organizaciones agrarias ofrecieron una primera valoración de las medidas recientemente anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destinadas a favorecer el relevo generacional en el campo. Europa Press informó que el Ejecutivo analizará la situación de 17.000 fincas rústicas de propiedad estatal con el fin de facilitar su adquisición por parte de jóvenes agricultores. Cristobal Cano (UPA) valoró positivamente esta iniciativa y la consideró orientada en la "buena dirección", aunque lamentó la falta de detalles concretos sobre la ubicación de los terrenos. Cano destacó la importancia del acceso a la tierra como uno de los principales retos del relevo generacional, sumando la reivindicación de un banco público de agua como otra demanda central del sector.

Miguel Padilla, líder de COAG, indicó que el ofrecimiento de fincas a los jóvenes resulta una medida adecuada siempre que se trate de tierras fértiles y con acceso a agua, advirtiendo que la utilidad de la propuesta dependerá de la calidad de los terrenos distribuidos. Padilla matizó: "Si es fértil con agua, bien, pero si es de secano, mejor que no se molesten mucho".

En relación con la PAC, el Gobierno ha anunciado la decisión de destinar el 10% de los fondos a incentivar el relevo generacional, cifra que supera el 6% recomendado por la Comisión Europea, según lo expuesto por Europa Press. Desde UPA consideran que este aumento va en el sentido correcto, poniendo de relieve el envejecimiento del sector agrario como una problemática urgente que requiere apoyo adicional. Pedro Barato (Asaja) también valoró la iniciativa, aunque señaló que el porcentaje debería incrementarse y que la reasignación de fondos no debe afectar a los agricultores de mayor edad, ya que, en sus palabras, "son los que están manteniendo el sistema".

Europa Press consignó que el debate sobre los retos del relevo generacional se suma a las denuncias de las organizaciones agrarias sobre la excesiva burocracia y la competencia internacional, en especial a raíz de los acuerdos comerciales que, según su visión, agravan la situación económica de productores españoles frente a importaciones exentas de las mismas exigencias que deben cumplir en la Unión Europea. Las agrupaciones ubican entre sus principales preocupaciones la necesidad de mejores condiciones para el acceso a la tierra, el agua y la defensa de los estándares productivos nacionales frente a las importaciones.

El calendario de movilizaciones agrarias en toda España abarca acciones de diversa índole, incluyendo tractoradas, concentraciones en zonas fronterizas y reuniones en ciudades clave, con el propósito de exigir a las autoridades tanto nacionales como europeas una revisión profunda de las políticas que afectan al sector. Según informó Europa Press, las organizaciones convocantes reiteran su llamada a la participación y su disposición a mantener la presión hasta que se obtengan respuestas satisfactorias.

Según reportó EFE, la movilización de transportistas comenzó alrededor de las 9:00, y se desplegó sobre la carretera Chalco–Cuautla, la autopista México–Puebla, el Circuito Exterior Mexiquense, la calzada Ignacio Zaragoza, la avenida Bordo de Xochiaca y la carretera México–Texcoco. Estas acciones provocaron interrupciones significativas en la circulación vehicular, ya que las vialidades bloqueadas comunican segmentos clave del Estado de México con la Ciudad de México, tanto para el transporte público como de carga y particulares.

De acuerdo con lo publicado por EFE, la protesta fue encabezada por la Asociación de Rutas Hermanas. En el centro de las demandas se encontraba la denuncia de una supuesta red en la que participan operadores de grúas, depósitos vehiculares y funcionarios vinculados a distintos niveles de gobierno local, a quienes los inconformes señalan de organizar prácticas de extorsión y cobros excesivos tras el retiro de vehículos. Los transportistas también hicieron hincapié en los casos de despojo de autopartes en los denominados corralones, conocidos como los sitios donde la Policía mantiene resguardados los automóviles sancionados por estacionar en lugares no autorizados o involucrados en incidentes.

Las declaraciones de los transportistas, recogidas por EFE, subrayan que las autoridades estatales no han respondido a las múltiples denuncias sobre irregularidades en el manejo de los corralones. Algunos de estos depósitos, además de encontrarse localizados fuera del territorio mexiquense, carecen de los permisos necesarios para operar conforme al marco legal vigente, según sostienen los manifestantes.

La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov), citada por EFE, precisó que hasta el momento de la protesta estaban en funciones 96 corralones, pero solo tres contaban con concesión oficial, lo que, de acuerdo con la dependencia, favoreció la manifestación de prácticas abusivas. En el año previo, la Semov repartió 40 nuevas concesiones para la gestión de estos depósitos, pero los transportistas alegan que una parte importante de los corralones aún realiza operaciones de manera irregular, sin la inspección ni el control necesarios para evitar abusos sobre propietarios y operadores de transporte.

El medio EFE señaló que, según los propios organizadores, los bloqueos podrían mantenerse a lo largo del día, desarrollando lo que denominaron un “megabloqueo” en distintas arterias viales del Estado de México. Con ello buscan presionar a las autoridades para que ofrezcan una solución concreta a las problemáticas expuestas, entre las que se incluyen el combate a los cobros indebidos, las exigencias extorsivas y la protección de los derechos de los trabajadores del sector transporte.

La protesta causó serias afectaciones a la movilidad en los accesos a la capital mexicana, complicando tanto los traslados cotidianos como la llegada de mercancías y servicios, según reportó EFE. Los manifestantes reiteraron que la movilización se mantendrá en tanto no se haga efectiva una respuesta oficial que atienda a las demandas de regularización y control sobre los corralones y la actividad de las grúas en el Estado de México.

“Las cosas tienen que avanzar”, declaró Arnaud Rousseau, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA), en diálogo con la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, quien se acercó a conversar con los manifestantes autorizados por el Gobierno para ingresar a la capital.

Rousseau señaló que los agricultores se sienten “muy desconfiados” ante las promesas políticas y que “ahora necesitan que las cosas se concreten”, advirtiendo que la urgencia es tal que “muchos no saben cómo van a terminar el año”.

El dirigente subrayó la necesidad de “medidas de urgencia en Francia” y apeló a los consumidores a elegir productos nacionales. También reclamó que no se presione a la baja los precios pagados a los agricultores, mientras en el país avanzan las negociaciones anuales entre fabricantes y distribuidores.

Rousseau afirmó que intentarán frenar el acuerdo entre la UE y Mercosur la próxima semana en Estrasburgo, cuando el Parlamento Europeo lo aborde, e insistió en que Bruselas debe “cambiar de paradigma”.

El vicepresidente de la FNSEA, Damien Greffin, advirtió que la protesta con tractores en el centro de París seguirá hasta que los reciban y escuchen: “La revuelta agrícola vuelve a arrancar hoy y seguiremos aquí hasta que tengamos respuestas”, afirmó.

El gabinete del primer ministro, Sébastien Lecornu, confirmó que recibirá a los representantes del FNSEA esa misma tarde.

La portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon, anunció que los anuncios para el sector agrícola continuarán, abordando temas como la transmisión de explotaciones, los ingresos, el agua de riego y la adaptación al cambio climático.

Fuera de París, el colectivo “Los ultras de la A64” decidió levantar el bloqueo que mantenía desde el 12 de diciembre en la autopista cerca de Carbonne, en las inmediaciones de Toulouse.

“Vamos a salir dignamente, pero la lucha no ha terminado”, señaló su portavoz, Jerôme Bayle, quien rechaza el acuerdo UE-Mercosur y el protocolo gubernamental para la dermatosis nodular, que exige el sacrificio de todos los bovinos de una explotación donde se detecte un caso.

Diversos sindicatos agrícolas intensificaron las protestas en Francia, con bloqueos y controles de camiones en puntos estratégicos como los puertos de Le Havre, Bayona y La Rochelle.

Según detalló el medio, cerca de un centenar de personas acudieron la mañana del domingo a las inmediaciones de la sede diplomática norteamericana en la capital catalana. La movilización tuvo como eje central la condena por la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, quien hasta ahora ejercía como primera dama de Venezuela. Durante la concentración, un portavoz leyó un manifiesto en el que se calificó la acción contra Maduro como un “secuestro”, solicitando su excarcelación sin demoras y exigiendo que se juzgue al expresidente estadounidense Donald Trump en tribunales internacionales.

El protesto incluyó críticas amplias hacia las actuaciones militares de Estados Unidos. Según consignó la fuente, los organizadores denunciaron el despliegue del ejército como un acto de “abuso” con características “imperialistas”. Además de exigir la liberación de Maduro y Flores, los participantes mostraron su rechazo al operativo militar que, afirmaron, intensifica tensiones y genera consecuencias negativas fuera de las fronteras venezolanas.

La manifestación integró consignas y símbolos que extendieron su reclamo a otras causas internacionales. De acuerdo con el mismo medio, los asistentes portaron carteles que expresaban apoyo a Maduro y rechazo tanto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu como a la Alianza Atlántica (OTAN). Otra pancarta demandaba, en nombre de Palestina, la urgencia de la “acción y solidaridad” internacional.

El ámbito visual de la concentración estuvo formado por banderas de varios países latinoamericanos y de Oriente Medio. Según informó la fuente, ondeaban emblemas de Venezuela, Cuba, Palestina, Uruguay y Perú. Esta variedad de símbolos reflejaba el alcance de la protesta, que buscaba sumar solidaridad para causas latinoamericanas y para la situación en Palestina.

El manifiesto leído durante la protesta insistió en que el arresto de Maduro podría sentar bases para acciones similares en el futuro contra otros líderes internacionales. Según la información publicada, los convocantes insistían en la necesidad de defensa del derecho internacional y reclamaban el cese inmediato de operaciones consideradas intervención extranjera. También exigían mayor respaldo internacional para atender asuntos políticos latinoamericanos y los conflictos en la región de Palestina.

La protesta frente al consulado estadounidense se desarrolló sin incidentes destacados y mantuvo el foco en la denuncia de la actuación militar estadounidense, así como en la expresión de solidaridad con Venezuela y otras causas internacionales. La movilización, de acuerdo con la cobertura original, reunió a personas que defendían la figura del exmandatario venezolano y reclamaban una respuesta coordinada de la comunidad internacional a la situación derivada de su detención.

De acuerdo con la información reportada por la Guardia Civil y recogida por diversos medios, el corte completo de la A-52 comenzó alrededor de las 06:15 horas de este sábado, justo en el kilómetro 188, donde los manifestantes bloquearon ambos carriles. Como consecuencia, patrullas de tráfico establecieron desvíos de vehículos a través de la salida 188, conocida como salida de Ababides en dirección Porriño, para evitar el colapso total del tránsito y minimizar los inconvenientes para el resto de los conductores. Esta medida de redireccionamiento busca garantizar que el flujo vehicular pueda continuar, aunque sea por rutas alternativas o secundarias.

Tal como informó la Guardia Civil, las movilizaciones se sitúan en el contexto del rechazo al tratado entre la Unión Europea y Mercosur que, en la visión de los agricultores y ganaderos locales, representa una amenaza directa a la viabilidad de sus explotaciones en la provincia de Ourense. En diferentes ocasiones, representantes del sector primario han expresado que la importación de productos agropecuarios procedentes de países sudamericanos bajo condiciones diferenciadas los coloca en una posición de desventaja frente a la competencia internacional.

Las protestas, reflejadas en el uso de tractores como herramienta de bloqueo, llevan semanas manifestándose en la provincia. Según consignó la Guardia Civil, estas acciones no solo afectaron la movilidad en una de las principales vías de comunicación de la región, sino que se suman a otras movilizaciones recientes en diversas localidades de Ourense. Hace aproximadamente dos semanas, se produjeron tractoradas que llegaron a impedir el acceso a la Subdelegación del Gobierno, en una muestra más de la tensión persistente entre el sector agropecuario y las autoridades nacionales y europeas.

El corte de la A-52 por parte de los productores de Xinzo de Limia tiene como antecedente inmediato estas acciones anteriores y responde a la misma preocupación: la falta de protección efectiva del mercado agrícola europeo frente a los productos importados desde fuera de la Unión. Agricultores y ganaderos han reiterado en distintas declaraciones que los nuevos acuerdos comerciales dificultan la rentabilidad de sus explotaciones y aumentan la competencia de países con normativas distintas en materia de sanidad, sostenibilidad y condiciones laborales.

La elección del punto de bloqueo, según reportó la Guardia Civil, no es casual, ya que la A-52 representa una arteria fundamental para el transporte de personas y mercancías en la zona entre Galicia y Castilla y León. El corte ha obligado a las fuerzas de seguridad a mantener presencia constante en el área, con el objetivo de evitar incidentes mayores y asegurar la seguridad tanto de los manifestantes como de los usuarios de la vía.

Según informó la Guardia Civil, las escenas durante las primeras horas de la mañana mostraban columnas de humo sobre la vía causadas por la combustión de los materiales dispuestos por los manifestantes, y largas filas de vehículos esperando instrucciones o intentando acceder a rutas alternativas. La situación generó retrasos significativos y la necesidad de rediseñar itinerarios para aquellos que utilizaban la A-52 en ambos sentidos.

Ganaderos y agricultores involucrados han señalado, según publican los medios locales, que el acuerdo entre la UE y Mercosur no solo impacta económicamente su actividad, sino que afecta la continuidad del modelo productivo tradicional en la provincia. Esta presión, visible en las movilizaciones permanentes, se suma al descontento acumulado por decisiones previas que, en opinión de los manifestantes, no han tenido en cuenta sus demandas.

De acuerdo con los datos aportados por la Guardia Civil, el despliegue de patrullas y los desvíos permanecieron en activo durante la mañana para controlar tanto la seguridad vial como la normalidad del orden público. Las autoridades han evitado hasta el momento intervenir directamente en el levantamiento del bloqueo, optando por monitorear la evolución de la protesta y facilitar la movilidad en la medida de lo posible.

Las protestas de Xinzo de Limia, enmarcadas dentro de una oleada mayor de movilizaciones del sector agrario en España, ponen de relieve la preocupación extendida en el ámbito rural respecto a la globalización de los mercados agrícolas europeos y los desafíos relacionados con la competitividad y la supervivencia de las pequeñas y medianas explotaciones, según reflejan los comunicados difundidos por las plataformas organizadoras y recogidos por la prensa nacional.

"Cuando se utiliza un arma para dañar a alguien e incitar a la violencia contra él e intentar causarle lesiones o la muerte, hay que calificarlo exactamente como lo que fue", sostuvo Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, al pronunciarse sobre la muerte de Renee Nicole Good, de 37 años, quien fue abatida durante un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis. Según informó la agencia Europa Press, Noem defendió la actuación del agente responsable del disparo letal, argumentando que el oficial "sintió que su vida corría peligro".

De acuerdo con lo difundido por Europa Press, la funcionaria explicó en una rueda de prensa que Good usó su vehículo como arma para intentar atropellar a un agente en el contexto de una redada migratoria. Bajo esta perspectiva, Noem aseguró que el agente actuó en respuesta al riesgo inmediato para su integridad física y la de sus compañeros, y que se aplicarán los protocolos habituales de investigación que corresponden a este tipo de incidentes, en los que los agentes recurren al uso de la fuerza letal. Afirmó también que la administración federal calificó el hecho como un acto de "terrorismo doméstico" debido al modo en que se habría empleado el vehículo por parte de la fallecida.

Según publicó Europa Press, los hechos ocurrieron el miércoles durante la ejecución de un operativo del ICE en la ciudad de Minneapolis. Durante la intervención, el enfrentamiento culminó con el disparo que terminó con la vida de Renee Nicole Good. Autoridades del Departamento de Seguridad Nacional han sostenido que la conducta de la mujer puso en riesgo la vida de los agentes y justificaron la respuesta mediante el uso de armas de fuego.

Asimismo, la respuesta oficial ha contado con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, quien apoyó la versión ofrecida tanto por Noem como por el ICE sobre las supuestas amenazas que enfrentó el personal durante el operativo migratorio, difundió Europa Press. La versión sustentada por la administración atribuye la responsabilidad del desenlace fatal a las acciones que tomó Good a bordo de su automóvil.

Después del tiroteo, se ha registrado una manifestación en la zona donde tuvo lugar el enfrentamiento, informó Europa Press. Distintos sectores de la comunidad se congregaron en el lugar para expresar descontento ante lo sucedido y denunciar lo que consideran un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades migratorias. La reacción ciudadana evidenció el malestar existente en algunos sectores ante las tácticas desplegadas por el ICE en distintas ciudades estadounidenses.

Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, cuestionó la versión oficial de los hechos e indicó que, desde su perspectiva, tanto el ICE como la Administración Trump fomentan escenarios caóticos con sus procedimientos, reportó Europa Press. Frey responsabilizó al gobierno federal de contribuir a un ambiente de inestabilidad mientras los habitantes reaccionaban ante el incidente mortal.

De acuerdo con el procedimiento anunciado por Noem, el caso seguirá los mismos pasos que otras situaciones donde los agentes federales emplean la fuerza letal en el cumplimiento de su deber, reiteró Europa Press. El análisis de cada elemento involucrado estará a cargo de las autoridades competentes, quienes determinarán si se actuó conforme a la regulación vigente.

Finalmente, Europa Press subrayó la tensión generada en la comunidad de Minneapolis tras lo ocurrido, especialmente debido al precedente de casos similares donde los operativos policiales y migratorios han derivado en muertes violentas y protestas ciudadanas. El debate sobre las políticas migratorias y el uso de la fuerza por organismos federales sigue siendo un tema presente en el ámbito social y político del país.

El conductor del autobús fue arrestado tras el incidente, mientras la policía llevó a cabo una investigación para esclarecer qué ocurrió durante la protesta en Jerusalén. De acuerdo con el diario 'The Times of Israel', los primeros elementos de la investigación indican que manifestantes que bloqueaban la vía atacaron el vehículo antes de que el chofer acelerara y embistiera a varias personas, lo que resultó en la muerte de Yosef Eisenthal, un adolescente de catorce años, y causó lesiones a otros participantes.

Según informó el medio citado, las fuerzas de seguridad intensificaron las indagatorias en el lugar del suceso y procedieron al interrogatorio del conductor, quien permanece detenido. Los hechos ocurrieron en el marco de una protesta impulsada por miembros de la comunidad judía ultraortodoxa, quienes se concentraban para manifestar su rechazo a las políticas de reclutamiento militar implementadas por el Gobierno de Israel en la capital.

El primer ministro Benjamin Netanyahu se pronunció a través de un comunicado difundido por su oficina, donde garantizó que se realizará una “investigación exhaustiva” para esclarecer completamente lo sucedido. Netanyahu manifestó su pesar por el fallecimiento del joven, afirmando: “Las circunstancias de este trágico desastre serán investigadas de forma exhaustiva para obtener todos los detalles y lecciones”. También envió sus condolencias a la familia Eisenthal.

En su comunicado, citado por 'The Times of Israel', el jefe de Gobierno recalcó la necesidad de evitar una escalada mayor de tensiones en la ciudad y solicitó contención a todas las partes implicadas. Según Netanyahu, “El valor de la santidad de la vida está grabado en nuestro patrimonio y debemos salvaguardarlo por encima de todo”. Hizo un llamado explícito a la calma en un contexto marcado por la conmoción de la comunidad y las tensiones entre grupos civiles y autoridades.

El medio 'The Times of Israel' detalló que la investigación abierta por la Policía se centra no solo en determinar la responsabilidad penal del conductor, sino también en reconstruir los hechos desde el momento en que los manifestantes bloquearon la carretera. Las autoridades buscan esclarecer si el ataque al vehículo actuó como detonante de la maniobra que terminó con la tragedia.

Diversos sectores de la sociedad israelí permanecen atentos a los avances de la investigación policial y a las medidas que podrían adoptarse para prevenir incidentes similares durante futuras movilizaciones. La muerte de Yosef Eisenthal durante una protesta pone en el centro del debate social la gestión de las manifestaciones, la seguridad pública y el respeto por la vida, aspectos reiteradamente subrayados en los mensajes oficiales emitidos tras el suceso, según indicó 'The Times of Israel'.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido se 6 de enero una resolución relevante para el ejercicio de derechos fundamentales en México: declaró inconstitucional una disposición de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Sonora que exigía autorización previa para llevar a cabo manifestaciones en la vía pública.

Esta sentencia refuerza la protección de la protesta social pacífica como un derecho humano autónomo y esencial para la vida democrática, de acuerdo con el comunicado oficial del máximo tribunal.

Al abordar la interpretación de los artículos 109 y 110 de esta ley estatal, la SCJN invalidó la exigencia de permisos previos para protestar por considerarla un mecanismo de censura incompatible con la libertad de expresión, de reunión y de protesta. Según la Corte, impedir la manifestación por falta de permiso reconoce a la autoridad un poder para condicionar derechos garantizados por la Constitución.

En la misma resolución, el Tribunal Pleno determinó que el aviso previo a las autoridades, contemplado en el artículo 110, solo tiene como función la comunicación logística y la protección de manifestantes y terceros.

De acuerdo con el criterio de la SCJN, “la falta de aviso no invalida una manifestación ni faculta a la autoridad para impedirla, disolverla o sancionarla, y que tampoco es exigible para protestas espontáneas”. Este matiz resulta central para evitar restricciones indebidas a la expresión ciudadana.

La posición de la SCJN respecto a la violencia en las marchas

La Corte también se pronunció sobre la excepción prevista cuando durante una protesta se comenten delitos o infracciones administrativas. Enfatizó que ese caso solo puede operar si, en el momento de la manifestación, se presentan de forma efectiva comportamientos delictivos o infractores, y no puede ser utilizada por las autoridades para restringir movimientos con base en el objeto, tema o mensaje de la protesta.

El Pleno, resolvió que: “La autoridad no puede vetar ni condicionar el derecho a la protesta con base en una valoración previa o anticipada del contenido de la manifestación”.

Declaración de la ministra Lenia Batres sobre la autorización de las protestas

En un comunicado adicional posterior, la ministra Lenia Batres, del Pleno de la SCJN, señaló que votar en contra de validar el segundo párrafo del artículo 110 tiene justificación, pues se presta a interpretaciones arbitrarias y no tiene sentido esperar una notificación previa a la autoridad cuando se pretende incurrir en delitos o infracciones administrativas.

Batres puntualizó: “Podría limitar injustificadamente la libertad de expresión y el derecho a la protesta, pues se deja al arbitrio de la autoridad administrativa que prejuzgue en qué casos una manifestación o protesta podría implicar la comisión de algún delito o falta administrativa”, según el comunicado difundido por la propia ministra.

Además, la ministra informó que la SCJN reafirmó la constitucionalidad de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, al rechazar que exista una omisión legislativa en la regulación de la promoción horizontal del personal docente y al validar que tengan prioridad los egresados de escuelas públicas normales, la Universidad Pedagógica Nacional y los Centros de Actualización del Magisterio para ocupar plazas docentes.

De acuerdo con el reporte del MDA, dos de los heridos tienen 14 y 17 años. El técnico de emergencias Eli Eisenbach, de la misma organización, declaró en un comunicado: “Recibimos un informe de varios peatones atropellados por un autobús durante una protesta. Al llegar al lugar, presenciamos una escena espantosa: había mucha conmoción y un joven de unos 18 años quedó atrapado debajo del autobús. Le realizamos exámenes médicos y lo vimos sin pulso, sin respiración”.

El conductor del autobús fue arrestado por la Policía israelí. Según medios locales, declaró a las autoridades que intentaba abandonar la zona, que se encontraba abarrotada de manifestantes que bloqueaban el paso del vehículo.

Fuentes policiales consultadas por el canal 12 de la televisión israelí señalaron que el conductor no tenía intención de atropellar a los manifestantes y trataba de alejarse de la concentración. La investigación sobre el caso sigue en curso.

Durante la protesta, los manifestantes bloquearon la intersección de las calles Shamgar y Yirmiyahu, resistiéndose a abandonar el lugar. Según la prensa local, se lanzaron objetos y huevos contra los agentes, se incendiaron contenedores, se bloquearon vehículos y se registraron ataques contra periodistas.

Las protestas forman parte de una serie de movilizaciones recientes de la comunidad ultraortodoxa israelí, también conocida como los jaredíes, en respuesta a la presión ejercida por partidos nacionalistas dentro del Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu para que se eliminen las exenciones militares históricas de las que gozan los estudiantes de escuelas religiosas. Se estima que cerca de 80.000 jóvenes ultraortodoxos de entre 18 y 26 años no se han alistado en el Ejército israelí.

El conflicto sobre la exención militar de los ultraortodoxos se intensificó después de que, en junio de 2024, el Tribunal Supremo ordenara al ejército comenzar a alistar a miembros de esta comunidad tras la expiración de la disposición temporal que permitía las exenciones. El Gobierno propuso una nueva ley que busca mantener parte de estas exenciones, aunque también contempla el reclutamiento de algunos ultraortodoxos.

La controversia se ha agudizado desde el inicio de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que llevó al Gobierno a extender la duración del servicio militar obligatorio y movilizar a decenas de miles de reservistas. La participación de los ultraortodoxos en el ejército afecta tanto al presupuesto de defensa como al sistema de recaudación fiscal del país, generando divisiones profundas en la sociedad y el Gobierno de coalición.

(Con información de EFE y Europa Press)

Los ojos del mundo están puestos en todo lo que se registra en territorio venezolano tras la captura del dictador Nicolás Maduro, que fue presentado ante un juez en Estados Unidos el 5 de enero.

Tras la detención de Maduro, el país será dirigido por Delcy Rodríguez, que, de acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, estará a cargo mientras se consolidan mecanismos para que la democracia sea viable.

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Ante la falta de pronunciamientos sobre los posibles cambios que habrá en ese país, agremiaciones y colectivos de diferentes países han pedido que la nueva administración se pronuncie sobre el futuro de los cientos de presos políticos y extranjeros que hay en territorio venezolano.

Familias colombianas protestan en la frontera

Debido a la incertidumbre y falta de respuestas, familiares de 19 ciudadanos colombianos que están presos en Venezuela, adelantaron una protesta pacifica en la frontera entre los dos países, en Cúcuta.

Allegados de los colombianos se plantaron en zonas aledañas al puente internacional Simón Bolívar para exigir que los 19 compatriotas sean liberados, argumentando que fueron retenidos de manera ilegal y en procesos polémicos.

Entre los protestantes está Sandra Castaño, madre de Brandon José Castaño, que lleva más de seis años en una prisión de Venezuela, a pesar de que hace más de siete meses cumplió la condena que recibió en el vecino país.

“Mi hijo fue capturado en Venezuela por andar en la calle. Le sembraron falsos positivos y hoy lo acusan de terrorismo y extorsión, prácticamente el mismo repertorio que les imputan a los extranjeros, incluso a los mismos venezolanos”, denunció la mujer Caracol Radio.

Sandra Castaño se mostró nostálgica al revelar que la fecha de la protesta coincide con el cumpleaños de su hijo, al que desea ver de nuevo. La mujer aprovechó el espacio para enviarle un mensaje a la nueva administración en Venezuela.

“Hoy es el día más triste de mi vida. Quisiera tener a mi hijo aquí para abrazarlo y protegerlo, pero ha sido muy duro. No se lo deseo a nadie. Pedimos misericordia, que miren hacia las cárceles de Venezuela. Hay muchas personas presas injustamente. Quienes cometieron errores ya pagaron su condena y es injusto que sigan detenidos. Por favor, ayúdennos y déjenlos en libertad”.

Antes de retirarse del puente internacional, las familias colombianas pidieron que el Gobierno nacional intervenga por el regreso de los connacionales a través de la cancillería, denunciando que la comunicación con las entidades del Estado no ha sido recurrente.

Organización internacional pide por los presos políticos en Venezuela

Además de las peticiones por parte de familiares de presos de diferentes nacionalidades que permanecen en Venezuela, la organización Foro Penal solicitó la aprobación de una amnistía general para 863 personas identificadas como presos políticos en dicho país.

Este pedido surge en un contexto donde diversas organizaciones han denunciado la existencia de detenciones por motivos políticos, señalando limitaciones al debido proceso y restricciones a derechos fundamentales.

El Foro Penal argumenta que la amnistía permitiría la liberación inmediata de estas personas y contribuiría a un ambiente propicio para el diálogo político en el país. La lista de presos incluye activistas, militares, estudiantes y ciudadanos vinculados a protestas o manifestaciones opositoras. La situación de los detenidos ha generado preocupación en organismos nacionales e internacionales que han solicitado garantías para la integridad física y el respeto a los derechos humanos. La petición se dirige tanto a las autoridades nacionales como a actores internacionales, con el objetivo de lograr la liberación de quienes consideran privados de libertad por motivos políticos.

Las críticas a la actitud asumida por el Gobierno de Pedro Sánchez ante la situación en Venezuela adquirieron una presencia destacada durante la manifestación realizada frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid el domingo. Emilio, uno de los asistentes, expresó a Europa Press que el Ejecutivo español se coloca en una postura “cómplice” al colaborar con Estados Unidos, a través de la OTAN y mediante acuerdos comerciales, y denunció la “ambigüedad” gubernamental al “intentar estar a dos bandos”, sin respetar el derecho internacional ni impedir lo que describió como crímenes relacionados con la implicación extranjera en Venezuela. Según Europa Press, el epicentro de la protesta giró en torno a la exigencia de liberación de Nicolás Maduro tras su detención y la denuncia de la intervención estadounidense en asuntos internos venezolanos.

El medio Europa Press detalló que la manifestación reunió aproximadamente a mil personas, según cifras proporcionadas por la Delegación del Gobierno, mientras que el sindicato CGT elevó la participación a más de 2.000 manifestantes. Los asistentes llenaron casi una manzana sobre la acera de la calle Serrano frente a la sede diplomática, bajo una fuerte presencia policial encargada de evitar que se cruzara la vía hacia la embajada. Banderas venezolanas y palestinas fueron desplegadas entre los participantes, quienes entonaron consignas como “Bases fuera, OTAN no”, “Estados Unidos, asesinos” y “Yankees de mierda, váyanse al carajo”, denunciando lo que consideraron un “ataque imperialista” por parte de Estados Unidos contra Venezuela. Entre las demandas, además de la liberación de Maduro, se incluyó la exigencia del cierre de la embajada estadounidense en España y la retirada total de la presencia de Estados Unidos en Venezuela.

Ángel Descalzo, portavoz de la Plataforma de Madrid contra la OTAN citado por Europa Press, calificó la actuación de Estados Unidos en Venezuela como “completamente ilegítima”, argumentando que solo los pueblos latinoamericanos tienen derecho a decidir su futuro. Descalzo señaló que Washington persigue intereses en los recursos naturales venezolanos, como el petróleo, el gas y el agua dulce. Otros manifestantes, según la crónica de Europa Press, compartieron la percepción de que la detención de Maduro representa “un crimen más del imperialismo estadounidense” y rechazaron la idea de que potencias extranjeras determinen quién lidera a Venezuela.

Véronica, otra de las personas presentes, manifestó su oposición generalizada a la injerencia estadounidense, aseverando que buscan “que los yankees se vayan de todo el mundo”.

Entre los asistentes figuraron figuras destacadas de la política nacional. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, respaldó la protesta, calificando los hechos ocurridos en Venezuela como “terrorismo de Estado”. En declaraciones recogidas por Europa Press, Belarra afirmó que Donald Trump es “el Hitler de nuestro tiempo” y urgió a la ciudadanía a retomar las movilizaciones “para exigir el fin de las intervenciones militares ilegales de Estados Unidos y de Donald Trump, el fin de las guerras por petróleo”. Belarra criticó la postura mantenida tanto por la Comisión Europea como por el Ejecutivo español, a quienes acusó de comportarse “una vez más como auténticos lacayos de los Estados Unidos”.

Según reportó Europa Press, Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, así como portavoz adjunto de Sumar y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, también estuvo presente en la concentración. Santiago reclamó al Gobierno español una postura “más contundente” frente a lo que describió como violaciones estadounidenses del derecho internacional. Además, instó a la salida de España de la OTAN y al cese de la financiación pública dirigida a empresas de armamento estadounidense o relacionadas con Estados Unidos.

Organizaciones de izquierda, incluidos Podemos e Izquierda Unida, respaldaron públicamente la movilización. El evento estuvo coordinado por colectivos y plataformas contrarias a la intervención militar y la política exterior de Estados Unidos, subrayando la demanda de respeto al principio de autodeterminación de los pueblos.

Europa Press consignó que, a lo largo de la manifestación, se reiteraron llamamientos para poner fin al apoyo logístico y diplomático brindado por España a la política exterior estadounidense, así como a la cooperación militar mantenida a través de la OTAN. Los manifestantes destacaron su oposición a las dinámicas de rearme y el incremento del gasto militar, en particular en lo que se refiere a adquisiciones vinculadas a empresas estadounidenses.

El despliegue policial durante la protesta fue significativo, con el objetivo de garantizar que la concentración se mantuviera en la acera de la calle Serrano y de prevenir alteraciones del orden público en torno a la sede diplomática. Según lo publicado por Europa Press, la jornada transcurrió bajo la vigilancia de las autoridades, sin que se reportaran mayores incidentes.

Los organizadores y participantes en la protesta insistieron en la denuncia de lo que consideran interferencias externas en la soberanía de Venezuela y renovaron su exigencia de que el futuro político del país sudamericano se dirima únicamente por sus ciudadanos, sin injerencias de potencias extranjeras. Las demandas incluyeron el respeto estricto al derecho internacional y el cese de lo que definieron como “agresiones” promovidas desde la política exterior de Estados Unidos y sus aliados.

Las consignas y cánticos en rechazo a la presencia militar y política de Estados Unidos en Venezuela han marcado la protesta que, según la Confederación General del Trabajo (CGT), reunió a más de 2.000 personas frente a la embajada estadounidense en Madrid el domingo, mientras que fuentes de la Delegación del Gobierno calcularon la asistencia en alrededor de mil participantes. De acuerdo con Europa Press, la concentración se organizó en respuesta a la detención de Nicolás Maduro y en crítica a la intervención extranjera en Venezuela.

El evento tuvo lugar en la calle Serrano, donde un gran número de manifestantes, portando banderas venezolanas y palestinas, se situaron en la acera frente a la sede diplomática de Estados Unidos. Los organizadores y asistentes buscaron denunciar lo que consideran una injerencia ilegítima de Washington en los asuntos internos de Venezuela. Según consignó Europa Press, Ángel Descalzo, portavoz de la Plataforma de Madrid contra la OTAN, declaró que “el futuro de Latinoamérica tienen que decidirlo los propios pueblos latinoamericanos” y aseguró que las acciones estadounidenses buscan asegurarse el control sobre los principales recursos naturales venezolanos, entre ellos el petróleo, el gas y el agua dulce.

Europa Press detalló que la concentración, que ocupó casi una manzana de la céntrica avenida madrileña, contó con una fuerte presencia policial. Los agentes vigilaron toda la zona con el objetivo de mantener el orden y evitar que los manifestantes cruzaran la calle, en una movilización marcada por el uso de pancartas, cánticos y demandas directas a los gobiernos de Estados Unidos y España. Entre los lemas más repetidos destacaron frases como “Estados Unidos, asesinos”, “Bases fuera, OTAN no” y “Yankees de mierda, váyanse al carajo”, según recogió el medio.

Durante la protesta, los asistentes también solicitaron el cierre de la embajada estadounidense en España y la liberación de Nicolás Maduro, además de exigir la retirada de la presencia estadounidense en Venezuela. El medio Europa Press reportó que parte de los manifestantes enfocaron sus críticas hacia el Gobierno de España, al que acusaron de complicidad frente a las actuaciones de Estados Unidos. Emilio, uno de los participantes en la manifestación, declaró que la actitud de las autoridades españolas es de “intentar estar a dos bandos” y denunció que “no respetan el derecho internacional ni previenen estos crímenes”, señalando además la colaboración del Gobierno español con la OTAN y la existencia de acuerdos comerciales con Estados Unidos.

Según entrevistó Europa Press, Emilio calificó la detención de Maduro como “un crimen más del imperialismo estadounidense” y cuestionó la legitimidad de la intervención de Washington en el país sudamericano. A su vez, Véronica, otra de las manifestantes, se expresó en términos contundentes, pidiendo la expulsión de Estados Unidos “de todo el mundo” y criticando la política exterior del país norteamericano.

La protesta recibió el respaldo de organizaciones políticas de izquierda. De acuerdo con Europa Press, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, asistió a la concentración y calificó lo sucedido en Venezuela como “terrorismo de Estado”. En sus declaraciones a los medios, Belarra apuntó también contra la Comisión Europea y el Gobierno de España por, según ella, asumir una postura sumisa frente a las directrices estadounidenses. Belarra hizo un llamado para retomar las movilizaciones en las calles y exigir el fin de las intervenciones militares a escala internacional y “de las guerras por petróleo”.

El secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, quien también funge como portavoz adjunto de Sumar y portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU), participó en la manifestación. Santiago reclamó una posición más firme del Gobierno español frente a las políticas estadounidenses y criticó “las violaciones del derecho internacional” atribuidas al gobierno de Estados Unidos. Subrayó la necesidad de abandonar la OTAN y de cortar la financiación pública a la industria armamentística vinculada a empresas estadounidenses, según detalló el medio Europa Press.

La manifestación se inscribió en el contexto de un elevado interés político por parte de diversas organizaciones sociales y políticas, que expresaron su preocupación por lo que consideran una vulneración de la soberanía venezolana auspiciada por intereses extranjeros. Los organizadores remarcaron, según informó Europa Press, la importancia de dejar en manos de los pueblos latinoamericanos la toma de decisiones acerca de su futuro, sin injerencias externas motivadas por ambiciones sobre recursos energéticos y estratégicos.

Durante toda la jornada, la presencia de los cuerpos de seguridad fue visible, en una demostración de la relevancia y la dimensión de la protesta en una de las áreas más transitadas de la capital española. Tal como publicó Europa Press, los manifestantes aprovecharon la movilización para reiterar sus demandas y recriminar tanto a las autoridades de Estados Unidos como a aquellas de España y la Unión Europea, en el marco de un aumento de la presión social sobre estos gobiernos.

Las consignas contra la intervención extranjera y la exigencia de respeto para el derecho internacional centraron el contenido de los discursos de representantes de partidos y plataformas convocantes. Según la cobertura de Europa Press, las demandas incluyeron la salida de las fuerzas estadounidenses de Venezuela, el fin de las alianzas militares con la OTAN y la condena a cualquier tentativa de imponer gobiernos en países latinoamericanos a través de medios externos.

La protesta también evidenció la capacidad de convocatoria de los movimientos sociales y agrupaciones políticas alineadas con posiciones contrarias tanto a la política exterior de Estados Unidos como a lo que perciben como un alineamiento de las autoridades españolas con Washington. En ese sentido, el papel de la Plataforma de Madrid contra la OTAN y la intervención de sus portavoces reflejaron el sentir de una parte importante de los manifestantes, que reclaman políticas independientes y la autodeterminación de los pueblos afectados.

El desarrollo de la manifestación y sus repercusiones políticas han situaron este evento en el centro del debate sobre la relación entre España, Estados Unidos y Venezuela, y sobre la legitimidad de las acciones internacionales que afectan la soberanía de los países latinoamericanos. Según Europa Press, estas protestas forman parte de una serie de acciones en territorio español en solidaridad con Venezuela y en rechazo a la intervención extranjera en la región.

La intervención de la cónsul Glenna del Valle Cabello se dio en un acto público realizado el domingo, donde centenares de participantes apoyaron la demanda de excarcelación de Nicolás Maduro, presidente venezolano, de acuerdo con el medio Europa Press. En sus palabras dirigidas a los presentes, la diplomática leyó parte del fallo emitido la noche anterior por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en el que se ordenó que Delcy Eloína Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, asuma provisionalmente todas las funciones inherentes a la jefatura de Estado mientras Maduro permanezca privado de libertad.

Europa Press detalló que Glenna del Valle Cabello subrayó la soberanía venezolana y rechazó la injerencia de Estados Unidos en los asuntos nacionales, asegurando que “Venezuela les pertenece a los venezolanos, tanto sus recursos como su pueblo, a nadie más”. La cónsul insistió en que los ciudadanos del país sudamericano “nos gobernamos a nosotros mismos” y criticó directamente a Donald Trump, a quien definió como “asesino y criminal”. Explicó que esta responsabilidad deriva, según agregó, de las muertes registradas en Venezuela, aunque reconoció que el número exacto de víctimas no se conoce.

Durante su intervención, la representante diplomática admitió, según consignó Europa Press, que no había podido comunicarse con su hermano, el ministro venezolano de Interior Diosdado Cabello, en el contexto de los hechos recientes. La concentración en Bilbao se realizó mientras simpatizantes mostraban retratos de Maduro, reiterando el pedido de su liberación en medio de consignas y pancartas condenatorias hacia las acciones impulsadas desde Washington contra Caracas.

La plataforma Hegoak, organizadora de la movilización, manifestó su rechazo a lo que consideró agresiones y ataques por parte del gobierno estadounidense, y denunció el arresto del mandatario venezolano ante la comunidad internacional, según publicó Europa Press. El llamado de la cónsul a la “activación” y resistencia se enmarcó en las acusaciones sobre presiones y acciones políticas promovidas fuera del país.

Europa Press difundió imágenes del evento en las que se observa la participación de numerosos ciudadanos venezolanos y simpatizantes en Bilbao, así como el ambiente de protesta generado en esta ciudad del País Vasco. Durante la jornada, las voces de los asistentes se sumaron al rechazo a la política exterior de Estados Unidos dirigida hacia Venezuela y a la exigencia de respeto por la autodeterminación nacional.

La convocatoria en Bilbao formó parte de una serie de manifestaciones que han surgido fuera de las fronteras venezolanas a raíz de las recientes medidas contra dirigentes del gobierno en Caracas. Las resoluciones del Tribunal Supremo de Venezuela y las respuestas de representantes diplomáticos fuera del país recalcan un clima de tensión y polarización en torno a la situación política venezolana, según reportó Europa Press.

Organizada por la Plataforma de Madrid contra la OTAN, entre otras agrupaciones, la manifestación mostró un amplio repertorio de mensajes y símbolos. El portavoz de esta plataforma, Ángel Descalzo, afirmó que consideran completamente ilegítima la implicación de Washington en la situación venezolana. Según sus declaraciones recogidas por Europa Press, Descalzo sostuvo que la resolución del futuro latinoamericano corresponde en exclusiva a sus pueblos, sin intervenciones externas. Además, indicó que los movimientos estadounidenses tienen como objetivo prioritario los recursos naturales de Venezuela, citando el petróleo, el gas y el agua dulce entre ellos.

El despliegue de banderas no se limitó a Venezuela, pues integrantes de la protesta portaban también emblemas palestinos. Los cánticos incluyeron expresiones como “Bases fuera, OTAN no”, “Estados Unidos, asesinos”, y mensajes directos al gobierno estadounidense exigiendo su partida de Venezuela y de la región. Entre las proclamas se pidió la liberación inmediata de Nicolás Maduro y el cierre de la delegación diplomática estadounidense en Madrid. Según consignó Europa Press, el ambiente se caracterizó por una crítica frontal a lo que los colectivos denominan ataque imperialista.

El acto contó con la adhesión y presencia de líderes de Podemos e Izquierda Unida, así como de figuras representativas del Partido Comunista de España (PCE) y de Sumar. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, participó en la concentración y calficó los acontecimientos recientes en Venezuela como “terrorismo de Estado”. Manifestó a medios de comunicación la necesidad de volver a tomar las calles para reclamar no solo el fin de las intervenciones militares estadounidenses en Latinoamérica, sino también la conclusión de las guerras motivadas por recursos como el petróleo. Criticó, además, el posicionamiento de la Comisión Europea y del Gobierno de España, a quienes acusó de actuar como aliados sumisos de Estados Unidos en la escena internacional, informó Europa Press.

Enrique Santiago, secretario general del PCE, portavoz adjunto en Sumar y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, también tomó posición en la jornada. Santiago reclamó al Gobierno de España una postura más firme frente a Estados Unidos, a quien acusa de violar el derecho internacional. Según declaraciones recogidas por Europa Press, abogó por la salida de España de la OTAN y la prohibición de destinar recursos públicos al rearme y a la industria armamentística relacionada con intereses estadounidenses o empresas del sector radicadas en ese país.

Durante la movilización, participantes como Verónica transmitieron a Europa Press su rechazo absoluto a la presencia estadounidense en cualquier territorio, utilizando expresiones contundentes para demandar la expulsión de los llamados “yankees” y advirtiendo sobre las consecuencias de la intervención exterior. La manifestante recalcó la necesidad de que los países de América Latina gestionen sin injerencias el rumbo de sus políticas y recursos.

La jornada concentró las demandas de diferentes colectivos y partidos en torno a la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos y el rechazo a cualquier forma de intervencionismo. Los asistentes invocaron tanto la defensa de los derechos políticos de Venezuela como la oposición al papel de Estados Unidos en la política mundial. De acuerdo con Europa Press, la suma de consignas y declaraciones reflejó una crítica persistente a la política exterior estadounidense, señalando intereses económicos detrás de las actuaciones sobre recursos estratégicos y llamando a una alineación política lejos de la influencia de Washington.

En la manifestación realizada este sábado en Palma, los portavoces subrayaron que la convocatoria no buscaba respaldar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, sino expresar una postura en favor de la paz y denunciar la violencia como método de resolución ante conflictos internacionales. El coordinador de la plataforma Mallorca per la Pau, Salvador Martínez, recalcó este mensaje central al precisar ante los medios que el objetivo principal era exigir el respeto a los tratados internacionales tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela. Según informó Europa Press, la concentración empezó a las 18:00 horas en la plaza de España y reunió a unas 150 personas, movilizadas por la Sumud Flotilla, la Plataforma antirracista de Mallorca y la coalición Mallorca per la Pau, en la que convergen diferentes asociaciones, partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.

De acuerdo con la misma fuente, los participantes se manifestaron contra lo que describieron como la “total impunidad” del presidente estadounidense, Donald Trump, a quien en reiteradas ocasiones muchos asistentes denominaron “führer”. Las pancartas y consignas exhibidas expresaron el rechazo a la intervención militar, con mensajes como “fuera EEUU de Venezuela”, “no a la guerra”, “Trump asesino”, “no más imperialismo” y “Trump = sangre x petróleo”. Durante la protesta también se escucharon frases como “vayánse al carajo, yanquis de mierda” y “OTAN no, bases fuera”, junto a proclamas a favor de la soberanía venezolana.

Salvador Martínez detalló que la concentración surgió como respuesta a lo que definió como un ataque “absolutamente terrorífico y desagradable” perpetrado por Estados Unidos durante la madrugada, de acuerdo con información publicada por Europa Press. El portavoz añadió que las organizaciones convocantes aún estaban en proceso de ordenar sus planteamientos tras la sorpresa causada por lo sucedido. Subrayó que, a su entender, se había producido un “pisoteo” al derecho internacional y a los derechos humanos, señalando además una actitud de “impunidad bestial” por parte del mandatario estadounidense.

El dirigente de Mallorca per la Pau insistió en que el llamado de las organizaciones iba dirigido a la Unión Europea y a los gobiernos nacionales, entre ellos el español, para que manifestaran un rechazo firme y explícito a las acciones estadounidenses. Según recogió Europa Press, Martínez consideró estas acciones como “insoportables e intolerables” y reclamó una reacción clara y contundente frente a ellas.

Consultado por la posición de algunos sectores del exilio venezolano que respaldaron la intervención de Estados Unidos, Salvador Martínez explicó que la postura de las plataformas convocantes no giraba en torno a si apoyar o no el gobierno de Nicolás Maduro. Aclaró que el debate en torno al régimen interno de Venezuela quedaba fuera de los reclamos del acto. “No estamos planteando el debate del régimen interno, de si Maduro lo lleva bien o no, lo que se está diciendo es que esto no es manera de solucionar los conflictos,” afirmó el portavoz, citado por Europa Press. Añadió que “Estados Unidos no puede invadir ni cambiar gobiernos ni regímenes”, dejando abierta la posibilidad de que existan personas que no estén de acuerdo con el actual gobierno venezolano y que hayan emigrado por diversas razones.

Durante la movilización, los asistentes apelaron al diálogo, la cooperación y la distensión como alternativas frente a las intervenciones militares. Este énfasis en las soluciones pacíficas fue reiterado tanto en declaraciones como en el manifiesto final. Martínez subrayó: “No estamos posicionándonos a favor de Maduro, sino a favor de la paz y de unas relaciones internacionales de otra manera”.

Hacia el final de la protesta, los representantes de las entidades organizadoras leyeron un manifiesto que sintetizó las demandas planteadas a lo largo de la jornada. El medio Europa Press consignó que el texto reclamaba el respeto a los principios y normas internacionales, demandaba a la Unión Europea y al gobierno español que condenaran con firmeza la incursión militar estadounidense y abogaba por relaciones internacionales basadas en el respeto, el diálogo y la cooperación.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, la protesta en Palma se enmarcó en una serie de reacciones en diferentes lugares, a raíz del reciente episodio entre Estados Unidos y Venezuela. Los organizadores reiteraron que su acción buscaba contribuir al debate sobre la legalidad y legitimidad de las intervenciones militares, así como la necesidad de que instancias internacionales y gobiernos adopten posturas coherentes con los tratados internacionales y los derechos humanos.

Los sindicatos agrupados en la Central Obrera Boliviana (COB) marcharon este viernes por quinto día consecutivo en las calles de La Paz para exigir la anulación del decreto que eliminó la subvención a los combustibles, una medida vigente por más de dos décadas y que, según los trabajadores, perjudica a la mayoría del pueblo boliviano.

La COB mantiene una huelga indefinida, aunque hasta el momento solo la acatan los mineros estatales, mientras otros sectores sindicales suspendieron sus protestas tras negociaciones con el Ejecutivo.

El decreto en cuestión, identificado como Decreto Supremo 5503, fue promulgado hace poco más de una semana y dispuso el incremento del precio de los combustibles, con un alza del 86% en la gasolina y del 162% en el diésel respecto a los valores mantenidos con el subsidio.

Esta decisión del Gobierno de Rodrigo Paz generó una reacción inmediata de la COB, que resolvió intensificar las movilizaciones y extender la protesta a todo el país.

El máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, declaró a EFE: “Este decreto está hecho para las transnacionales, empresarios, agroindustriales que se van a beneficiar, pero para el pueblo boliviano significa ajustarse más aún el cinturón”.

Argollo recalcó que la protesta responde a una reivindicación considerada justa por la dirigencia sindical. “Las bases son pacíficas, vamos a hacer conocer nuestra protesta y llegar hasta el último rincón del país, hermanos bolivianos entiendan el contexto de este decreto”, enfatizó Argollo.

Durante el feriado nacional decretado por el Gobierno para incentivar el turismo a fin de año, las marchas recorrieron el centro de La Paz, concentrando la atención de la opinión pública y de los medios nacionales.

La COB convocó a un encuentro nacional y ratificó la realización de un paro general indefinido hasta lograr la abrogación del decreto. El secretario ejecutivo de la organización, Mario Argollo, expresó tras la asamblea: “Se ha determinado seguir con la movilización y con el paro general indefinido y escalonado. Ha sido la posición firme de las bases”.

Las marchas de la COB no lograron el respaldo de toda la población en La Paz y encontraron rechazo en parte de los ciudadanos, según testimonios recogidos por EFE. La dirigencia sindical insiste en que el objetivo es concienciar a la ciudadanía sobre el impacto de la eliminación del subsidio y sostiene que, una vez comprendidos los alcances del decreto, la población respaldará la protesta.

La eliminación de la subvención a los combustibles provocó un fuerte aumento en los precios internos, con la duplicación del valor de la gasolina y la triplicación del diésel.

El subsidio, uno de los mayores gastos del Estado boliviano, representaba un desembolso semanal de aproximadamente USD 60 millones para la importación de combustibles, en un contexto de baja producción nacional y caída de la renta petrolera.

(Con información de EFE)

La mañana del 24 de diciembre, decenas de custodios penitenciarios se manifestaron de forma pacífica a las afueras del penal de La Mesa, en la ciudad de Tijuana, para exigir el pago completo de su aguinaldo, luego de que se les aplicaran descuentos que califican como injustificados.

Los trabajadores se concentraron en la puerta de acceso al público y demandaron dialogar con autoridades del Sistema Penal Penitenciario y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, a fin de que se respeten sus derechos laborales.

Aunque participaron custodios de los tres turnos, quienes tuvieron mayor presencia fueron los trabajadores que debían ingresar a laborar la tarde de Noche Buena. Con el respaldo de sus compañeros que permanecen al interior del penal, decidieron no relevarlos hasta obtener una respuesta oficial.

Descuentos millonarios y promesas incumplidas

Uno de los puntos que detonó la protesta fue el descuento de más de 4 mil 600 pesos aplicado al aguinaldo de los custodios. De acuerdo con uno de los manifestantes, en años anteriores las autoridades habían regresado al menos una parte del monto descontado, situación que esta vez no ocurrió.

“Nos dijeron que nos iban a regresar mil 800 pesos y solo regresaron 600”, explicó uno de los custodios en entrevista, al tiempo que denunció la falta de claridad en los conceptos de descuento reflejados en los recibos de nómina.

Los trabajadores también señalaron que existen códigos de descuento que no aparecen detallados, así como aportaciones presuntamente destinadas al Issstecali y a pensiones, que no se reflejan en dichas instituciones. “Ibas al Issstecali y nunca sabían de ese dinero”, afirmó otro custodio con más de una década de servicio.

Salarios bajos y temor a represalias

Además del aguinaldo, los custodios denunciaron sueldos inferiores a lo prometido. Aunque su salario estaría registrado en alrededor de 21 mil pesos mensuales, aseguran que en realidad perciben cerca de 17 mil pesos, debido a descuentos diarios y conceptos que consideran disfrazados.

Los manifestantes solicitaron el anonimato, pues aseguran que existen represalias directas contra quienes protestan durante el actual gobierno estatal encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda. Entre los castigos más comunes mencionaron la reubicación forzada al Centro Penitenciario de El Hongo, en Tecate, lo que afecta su calidad de vida y la de sus familias por los largos traslados.

“Aquí no hay líder, todos somos uno”, señaló uno de los custodios, quien explicó que decidieron manifestarse de manera colectiva para evitar sanciones individuales.

Trabajo continuo y expectativa de acuerdos

Los custodios quedaron en espera de que sus compañeros logren acuerdos con las autoridades. Entre sus demandas también se incluyen mejoras en alimentación, homologación salarial y entrega de equipo adecuado.

El episodio incluyó la difusión de un video donde Greta Thunberg manifestaba respaldo a miembros encarcelados del grupo Palestine Action y rechazaba la Ley de Terrorismo de 2000, mencionando además su oposición al “genocidio que está teniendo lugar en Gaza”, de acuerdo con la cobertura de Sky News. De acuerdo con la información de este medio, la protesta tuvo lugar frente a las oficinas de Aspen Insurance en Londres, motivada por los vínculos de la aseguradora con la firma israelí Elbit Systems. Las fuerzas policiales del Reino Unido reportaron la detención de la joven activista sueca durante la manifestación que se realizó este martes.

Según lo informado por Sky News y por fuentes policiales citadas, Greta Thunberg, de 22 años, fue arrestada tras exhibir una pancarta pública en la que expresaba su apoyo a los cuatro miembros de Palestine Action que permanecen en prisión y se encuentran en huelga de hambre, al tiempo que rechazaba la legislación antiterrorista vigente en el Reino Unido desde el año 2000. Las autoridades precisaron que la manifestación se dirigió específicamente contra Aspen Insurance, en razón de su relación con Elbit Systems, empresa israelí dedicada a la industria militar.

La participación de Thunberg, reconocida internacionalmente por su protagonismo en el movimiento climático, se focalizó en la denuncia de la situación de los activistas detenidos y en la crítica a lo que describió como actos de violencia en Gaza. El medio Sky News detalló que la protesta fue convocada por el grupo Palestine Action, que ha organizado diversas acciones para visibilizar lo que consideran complicidad empresarial con empresas del sector militar de Israel.

El video difundido por la propia organización mostró a Thunberg portando una pancarta y, en sus palabras, denunciando los hechos en Gaza y mostrando solidaridad con los presos de Palestine Action. El grupo señaló que la responsable del arresto policial fue la exhibición pública de mensajes contrarios a las políticas antiterrorismo, las cuales se aplicaron en el marco de la intervención de la policía metropolitana británica.

Sky News agregó que los cuatro miembros de Palestine Action a quienes respaldaba la protesta estaban encarcelados y habían iniciado una huelga de hambre, situación que sumó atención al acto y motivó la presencia de diversos manifestantes. Según las declaraciones recogidas por el medio, la acción tenía como objetivo denunciar la relación empresarial entre Aspen Insurance y Elbit Systems, reclamo central del movimiento desde hace meses.

Las redes sociales y canales de comunicación de la organización divulgaron imágenes y testimonios del desarrollo de la protesta, ilustrando tanto la intervención policial como las consignas exhibidas por los participantes. La presencia de Thunberg fue registrada por medios locales e internacionales, que remarcaron su involucramiento en causas vinculadas a los derechos humanos junto con su conocida labor en defensa del medioambiente.

El comunicado policial indicó que la detención se llevó a cabo luego de un operativo para dispersar a los manifestantes que se habían concentrado en las inmediaciones de la aseguradora, medida justificada por la aplicación de regulaciones sobre el orden público y normativa antiterrorista. El caso sumó reacciones de apoyo a Thunberg y a los activistas presos, con llamados a revisar las leyes utilizadas ante este tipo de protestas.

La denuncia contra las empresas que mantienen relaciones comerciales con el complejo militar israelí fue uno de los ejes de la protesta, según expuso Sky News, que detalló que Elbit Systems figura entre las entidades señaladas por grupos de solidaridad con la causa palestina. La manifestación en Londres se inscribe en el marco de intensas campañas internacionales por parte de organizaciones sociales que exigen la liberación de presos implicados en acciones de protesta y la reconsideración de acuerdos comerciales con compañías israelíes.

Fuentes presentes en el lugar de los hechos confirmaron a Sky News que la intervención policial estuvo precedida por varios actos de protesta similares en la capital británica, aunque la participación de Thunberg generó una visibilidad excepcional. Tanto organizaciones de derechos humanos como colectivos ambientalistas han expresado su posición frente a la utilización de leyes de terrorismo para responder a la desobediencia civil y manifestaciones públicas.

Por su parte, los portavoces de Palestine Action reiteraron en sus canales oficiales que el objetivo principal de la manifestación fue exigir la excarcelación de los activistas, así como protestar contra el rol de empresas globales en el actual conflicto en Gaza. La implicación de Thunberg en la protesta volvió a poner en la agenda internacional el debate sobre el uso de herramientas legales para gestionar la disidencia en contextos altamente politizados.

Mientras tanto, la cobertura de Sky News y los informes de las fuerzas de seguridad locales siguieron documentando el desarrollo de nuevas acciones de apoyo tanto a los detenidos como a los objetivos de las manifestaciones, señalando que persiste la movilización en redes y espacios públicos de Londres. Los hechos registrados este martes contribuyeron a fortalecer las discusiones sobre la respuesta de las autoridades británicas frente a protestas relacionadas con conflictos internacionales y reclamos de derechos humanos.

El Gobierno de Baja California anunció que en los próximos días se llevará a cabo una revisión a las funerarias que operan en todo el estado, luego de que se detectaran diversas irregularidades y se presentaran quejas recientes, principalmente en la ciudad de Tijuana.

Durante su conferencia matutina del martes 23 de diciembre, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó que la decisión fue tomada en el marco de la Mesa de Seguridad, tras identificar situaciones que ameritan una inspección integral al sector funerario.

“Hace algunas semanas se determinó en la Mesa de Seguridad justamente una inspección de las funerarias de todo el estado. No nada más aquí en Tijuana, sino en todo el estado, por algunas circunstancias que se han venido detectando”, declaró la mandataria, aunque evitó proporcionar mayores detalles, señalando que será la Fiscalía General del Estado (FGE) la instancia que amplíe la información sobre los hallazgos.

Protestas por presunta competencia desleal en Tijuana

El anuncio ocurre después de que, el 16 de diciembre, propietarios de funerarias en Tijuana realizaran una protesta pública para denunciar lo que calificaron como competencia desleal, presuntamente fomentada por la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con los inconformes, desde septiembre del presente año la FGE habría designado a una sola funeraria, en este caso Funeraria Santana, como el espacio autorizado para el almacenamiento de cuerpos y la tramitación para la liberación de cadáveres, situación que, aseguran, ha reducido de manera significativa su operatividad e ingresos.

Los denunciantes señalaron que, en la práctica, esta designación genera desinformación y limita el acceso de otras funerarias, ya que la liberación de cuerpos se realiza en horarios restringidos, de 9:00 a 15:00 horas, a menos que los servicios sean contratados directamente con dicha funeraria.

Impacto en familias y en el sector funerario

Según los propietarios inconformes, esta dinámica coloca a las funerarias en una posición vulnerable frente a las familias, quienes, en medio del dolor y el duelo, optan por contratar el servicio completo para evitar trámites adicionales.

“Viene siendo una competencia desleal el que yo tenga que pisar una casa con una familia que ya abordé, con un servicio que prácticamente es de la funeraria, y tener el riesgo de que llegando ahí te lo quiten”, manifestaron durante la protesta.

Los empresarios también denunciaron que las restricciones de horario y espacio afectan la atención digna tanto a las familias como a los finados.

La postura de la Fiscalía General del Estado

En respuesta, la FGE informó que sostuvo una reunión de trabajo con representantes de funerarias para fortalecer la coordinación en los procedimientos de aviso y liberación de cuerpos, especialmente en casos de muertes violentas.

Entre los acuerdos alcanzados destacan la notificación clara de horarios de atención, la definición del procedimiento oficial de liberación de cuerpos, así como la identificación obligatoria del personal funerario mediante gafete y uniforme. Además, se estableció que no se permitirá presionar a las familias para la firma de contratos funerarios.

No obstante, de acuerdo con información obtenida, a la reunión realizada el viernes 12 de diciembre solo asistieron 24 de las 29 funerarias que operan en la ciudad, debido a que las cinco restantes no están regularizadas, razón por la cual no fueron convocadas ni pueden almacenar o tramitar la liberación de cuerpos.

Las inspecciones anunciadas por el gobierno estatal podrían definir el futuro del sector funerario en Baja California y establecer nuevas reglas para garantizar transparencia, competencia leal y respeto a las familias.

Los militares retirados de las Fuerzas Militares de Colombia informaron que levantan su participación en el proceso de diálogo con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una estructura armada ilegal vinculada a disidencias de las Farc.

La decisión fue comunicada tras la exclusión de su representante en la mesa de negociación, el coronel (r) Jaime Ariza Girón, por parte del equipo negociador del Gobierno Nacional, según un pronunciamiento conocido este 22 de diciembre de 2025 y divulgado por BLU Radio.

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De acuerdo con el comunicado, la salida de los militares retirados se produjo luego de desacuerdos sostenidos con el jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa.

El documento señala que el delegado de los militares fue apartado tras manifestar su rechazo a los atentados contra integrantes del Ejército Nacional en Putumayo y plantear que cualquier eventual desmovilización de la CNEB debía estar condicionada a la extradición de Andrés Rojas, alias ‘Araña’, identificado como uno de los líderes de los Comandos de la Frontera, estructura integrada a esa organización armada.

Los firmantes del pronunciamiento explicaron que su participación en los acercamientos se dio a través de la Mesa de Trabajo “Fuerza Púrpura”, un espacio que agrupa a 80 organizaciones de militares retirados.

Indicaron que su presencia en el proceso se desarrolló con asesoría técnica y jurídica, y que estuvo guiada por principios de defensa de la institucionalidad, la legalidad y el respeto por el Estado de Derecho. No obstante, afirmaron que la decisión del equipo negociador de desconocer a su delegado alteró las condiciones bajo las cuales habían aceptado participar.

En el comunicado, los militares retirados manifestaron que la exclusión del coronel (r) Ariza Girón se dio de manera “inexplicable”, lo que motivó el retiro colectivo del acompañamiento que venían brindando a los diálogos con la CNEB.

Según expusieron, el papel del delegado consistía en canalizar observaciones técnicas y expresar preocupaciones relacionadas con la seguridad de la fuerza pública y de la población civil, dentro de los márgenes legales.

El pronunciamiento también incluyó seis preocupaciones centrales frente al rumbo que, a juicio de los firmantes, están tomando los diálogos en el marco de la política de paz total. Entre los puntos señalados se mencionó la posible legitimación de estructuras armadas ilegales, la ausencia de un marco jurídico claro que regule los acercamientos, y el riesgo de interferencia electoral en 2026.

A ello se sumaron advertencias sobre la falta de garantías verificables de desarme, el peligro de nuevas disidencias asociadas al control de economías ilícitas y la impunidad frente a delitos cometidos contra civiles y miembros de la fuerza pública.

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano fue descrita en el comunicado como una escisión de la antigua Segunda Marquetalia, integrada por distintos frentes y estructuras armadas.

Entre ellas se encuentran los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, con presencia en Nariño, Putumayo, Cauca y zonas de frontera. Los militares retirados señalaron que esta organización mantiene influencia en corredores estratégicos y en áreas donde operan economías ilícitas.

En cuanto a los liderazgos identificados, el documento menciona a Walter Mendoza, conocido como José Vicente Lesmes, señalado como jefe máximo y representante político del grupo; a Andrés Rojas, alias ‘Araña’, comandante de los Comandos de la Frontera, capturado en Bogotá en 2025; y a Andrés Allende Perilla, alias ‘Allende’, identificado como líder de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. También se hace referencia a otros mandos conocidos como ‘Tocayo’, ‘Bladimir’, ‘Jairo Marín’, ‘Iván Patía’ y ‘Lizeth la Negra’, asociados a control territorial y actividades ilícitas.

Los militares retirados reiteraron que su retiro del proceso no implica un desconocimiento de la necesidad de escenarios de diálogo, sino una diferencia frente a la forma en que se están conduciendo los acercamientos actuales.

En ese contexto, señalaron que mantienen su disposición a contribuir a iniciativas de reconciliación, siempre que estas se desarrollen “desde el respeto a la nación soberana, a la Constitución y al Estado de Derecho”.

El comunicado precisó que no respaldarán negociaciones que, a su juicio, se aparten del orden legal o que desconozcan la gravedad de los delitos atribuidos a las estructuras armadas ilegales involucradas en los diálogos, posición que fue reiterada tras la decisión de apartarse de la mesa con la CNEB.

La consigna “Imaginar Turín sin Askatasuna es imposible”, expandida entre asistentes y respaldada por personalidades de la cultura local como el dibujante Zerocalcare, definió el clima social en la ciudad tras el cierre definitivo de este centro comunitario. Según informó RAI, la clausura de Askatasuna, activa durante más de treinta años como referente de iniciativas sociales fuera del circuito institucional, derivó en una masiva movilización que agrupó entre 3.000 y 10.000 personas en las inmediaciones de la calle Regina Margherita. El operativo de desalojo implementado por las autoridades desencadenó enfrentamientos directos entre manifestantes y fuerzas policiales, que recurrieron al uso de cañones de agua y gases lacrimógenos frente a barricadas improvisadas con contenedores, en una escalada que concluyó con nueve agentes lesionados según el balance oficial.

La cobertura de RAI acentuó el profundo impacto que generó la desaparición del centro social en la vida barrial y la proyección de la protesta hacia un debate más amplio sobre las políticas estatales que regulan o restringen experiencias de autogestión. Voceros de los colectivos autónomos implicados, citados por RAI, insistieron en que el cierre marca un retroceso en la oferta cultural y comunitaria gestionada fuera de estructuras gubernamentales, alertando sobre la posibilidad de que esta acción siente precedentes para medidas similares en otros centros sociales de Turín. Diversos actores sociales argumentan que la intervención oficial consolida una política de “tolerancia cero” y una tendencia a la criminalización de la autogestión, lo que, según sus planteamientos, restringe la diversidad y las alternativas dentro del entramado urbano.

El operativo de desalojo se mantuvo bajo estricta vigilancia policial ante el temor de intentos de reocupación, detalló RAI, generando una tensión continúa en el barrio y reforzando la percepción entre colectivos de un endurecimiento de las políticas municipales hacia las formas de organización no institucionalizadas. La postura institucional fue sostenida pública y reiteradamente por autoridades nacionales. El subsecretario de Justicia, Andrea Delmastro, declaró, según publicó RAI: “Aquí está la cara horrible de Askatasuna: violencia, violencia, violencia y petardos dirigidos a los uniformados”. Por su parte, el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, enfatizó: “No puede haber cabida para el odio y la violencia en Italia. Ya hemos vivido el abismo del terror en nuestras calles; el Estado y las instituciones no permitirán que se repita ese trágico pasado”.

La tensión escaló cuando un grupo de manifestantes intentó franquear el perímetro de seguridad dispuesto alrededor del edificio, lo que condujo a una intensificación de las medidas de control y la multiplicación de barricadas. Según reportó RAI, el saldo incluyó heridos y profundizó la polarización entre los sectores ciudadanos autogestionados y los representantes del poder político. Entre los colectivos que participaron de las protestas, muchos expusieron que el precedente de Askatasuna reavivó el temor al cierre de otros proyectos similares, contribuyendo a la inquietud acerca del futuro de la participación autónoma en la capital piamontesa.

La situación provocada sacó a relucir el peso simbólico de los centros sociales autogestionados en el tejido urbano de Turín. Distintas voces recogidas por RAI sostuvieron que estos espacios han operado históricamente como plataformas de integración social, facilitando la cooperación intergeneracional y la creación de opciones alternativas a las culturales y políticas tradicionales. La ausencia de canales institucionales de convivencia, de acuerdo con los movimientos implicados, impone límites a la innovación ciudadana y estrecha las oportunidades para sectores habitualmente marginados en la toma de decisiones urbanas.

El debate se amplificó cuando distintos colectivos y referentes del ámbito cultural plantearon, citados por RAI, la necesidad de reabrir el diálogo con las instituciones y legitimar experiencias autónomas. Este llamado a la negociación fue respaldado por agrupaciones que consideran fundamental preservar o reinventar modelos participativos ajenos a la estructura estatal formal. La cobertura de RAI destacó cómo la clausura de Askatasuna generó también un incremento del escrutinio sobre las políticas públicas respecto de los recursos sociales informales, instalando esta problemática en el centro de la agenda pública local y más allá de los límites del barrio afectado.

Las autoridades insistieron en que la aplicación estricta de la ley tiene como objetivo principal salvaguardar la convivencia y prevenir situaciones consideradas irregulares. Según lo consignó RAI, esta defensa institucional busca reducir los márgenes de negociación con las experiencias autogestionadas consideradas fuera del marco normativo. Pese a esa postura, la resolución definitiva sobre la convivencia entre iniciativas comunitarias y la acción del Estado permanece en suspenso, con las negociaciones aún abiertas y la movilización social vigente.

El clima de inconformidad se mantuvo tras el cierre del centro social, ya que los colectivos anunciaron, de acuerdo con lo comunicado a RAI, la realización de una nueva manifestación para el 31 de diciembre, centrada en la defensa y visibilización de espacios alternativos de organización ciudadana. Durante las horas posteriores al desalojo, el edificio desalojado se mantuvo acordonado, símbolo del enfrentamiento no resuelto entre dos modelos de gestión urbana y social.

RAI concluyó que la exclusión de Askatasuna del panorama cotidiano piamontés incrementó el debate sobre el control estatal y los límites para proyectos no institucionalizados, al tiempo que renovó la visibilidad de sectores históricamente excluidos de los procesos de decisión urbana. El destino de Askatasuna y de otros centros sociales afines, según el análisis del medio italiano, permanece en estado de transformación y constante renegociación, condicionado tanto por la presión ciudadana como por las respuestas de las autoridades, en un escenario que continúa actuando como campo de disputa sobre los términos de la participación autónoma en Turín.

La intervención policial tuvo lugar después de que manifestantes propalestinos irrumpieran en las inmediaciones de la sala Concertgebouw durante una actuación relacionada con la Janucá. Según informaron las fuerzas de seguridad de los Países Bajos y consignó la agencia Europa Press, las personas que participaron en la protesta lanzaron bombas de humo de color verde y rojo, lo cual provocó la reacción de la policía, que utilizó porras para dispersar a los participantes y restablecer el orden en el lugar.

El operativo concluyó con la detención de al menos 22 personas, que, según la policía, se negaron a identificarse y han sido acusadas de infringir la Ley de Asamblea. De acuerdo con la versión oficial, la noche del domingo se generó una situación de tensión en torno al Concertgebouw debido al rechazo al concierto del cantante israelí Shai Abrahmson, celebrado en el contexto de las festividades de la Janucá, fecha significativa en el calendario judío. La policía reportó que como consecuencia del incidente, uno de los agentes resultó herido.

El medio Europa Press detalló que cientos de manifestantes se congregaron en el parque Museumplein, ubicado frente a la sala de conciertos, portando banderas palestinas y mostrando su oposición al evento cultural. Durante la protesta, colectivamente expresaron su descontento hacia el gobierno de Israel, acusándolo de "asesinar niños" en Gaza en el contexto de las operaciones militares en ese territorio.

El comunicado oficial de la policía señaló que las fuerzas del orden recurrieron a las porras con el objetivo de disipar la protesta y restablecer la seguridad pública en la zona. Dichas acciones se produjeron tras la irrupción de los manifestantes quienes, de acuerdo con las autoridades, rechazaban la presencia del artista israelí por considerar su actuación una provocación durante el periodo de Janucá, dadas las actuales circunstancias del conflicto en Palestina.

Según publicó Europa Press, la protesta coincidió con un clima de creciente tensión internacional por las acciones militares israelíes en Gaza. Mucho del contenido de las pancartas y los cánticos giró en torno a demandas de justicia para el pueblo palestino y críticas directas al gobierno israelí, mientras el despliegue policial en Ámsterdam se mantuvo visible antes, durante y después de la protesta.

Hasta el momento, todas las personas detenidas permanecen sujetas a investigaciones por las acusaciones correspondientes, según reportó Europa Press. El incidente resalta el nivel de polarización presente en la sociedad holandesa respecto al conflicto palestino-israelí, así como la repercusión internacional de los eventos que tienen lugar fuera de las fronteras de Oriente Medio.

 Lecornu pidió hoy una "aceleración de la estrategia de vacunación" contra la dermatosis nodular contagiosa, que afecta especialmente ahora al ganado vacuno del suroeste del país, donde los agricultores multiplicaron sus acciones hoy con el corte la vía ferroviaria que conecta Toulouse con Narbona y con más bloqueos en varias autopistas.

El primer ministro solicitó a su gobierno "una aclaración y aceleración de la estrategia de vacunación, que debe tener más en cuenta las realidades de cada departamento" para "proteger a nuestros agricultores y a la ganadería francesa", y exigió una "mayor" disponibilidad de dosis de vacunas, según fuentes del Gobierno.

Igualmente demandó una "revisión de los controles sobre el transporte prohibido de animales", "un plan de apoyo a las pequeñas explotaciones agrícolas" y "un plan de repoblación adaptado a la región de Occitania" (sureste de Francia).

Son las principales conclusiones de la reunión que mantuvo Lecornu esta mañana con un grupo reducido de sus ministros, previa a la que tiene previsto celebrar esta tarde por videoconferencia ampliada a los prefectos de los ocho departamentos de suroeste afectados por el virus y las protestas, que se prolongan desde hace una semana.

Los sindicatos Coordinación Rural, el segundo de agricultores más grande -cercano a la extrema derecha-, y la Confederación Campesina, de tendencia izquierdista, contestan con vigor el protocolo de sacrificar los rebaños en los que se detecta algún caso positivo.

Hasta la fecha se han registrado 113 brotes en Francia desde que apareció la enfermedad en Saboya (este) el pasado verano. La estrategia oficial de contención se sustenta en tres pilares: sacrificio sistemático de animales en cuanto se detecta un caso, vacunación y restricciones de movimiento.

El entorno de Lecornu también avanzó que se reunirá "durante la semana" con los sindicatos agrícolas para tratar la dermatosis nodular así como el Mercosur, otra de las bestias negras de los agricultores franceses.

La FNSEA-Jóvenes Agricultores, el mayor sindicato del sector en Francia que sí respalda el sacrificio de los rebaños afectados por el virus, anunció hoy que al menos 4.000 de sus miembros se sumarán el jueves a la manifestación convocada en Bruselas por la asociación de cabildeo agrícola Copa-Cogeca contra el acuerdo UE-Mercosur coincidiendo con la cumbre europea que debe aprobarlo por mayoría cualificada.

El sindicato invitó a los agricultores que no puedan desplazarse a Bruselas a que se manifiesten en Francia, también contra la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), ya que el campo se enfrenta a una "crisis existencial", dijo el secretario su secretario general, Hervé Lapie, en una rueda de prensa.

"La crisis sanitaria no debe ocultar la crisis estructural que conoce la Agricultura. La Política Agrícola Común, el Mercosur, la tasa de ajuste de carbono en las fronteras son la gota que ha desbordado el vaso", subrayó Lapie.

En el debate sobre Mercosur, la líder ultraderechista Marie Le Pen pidió ese martes al presidente francés, Emmanuel Macron, que se oponga al tratado en lugar de solicitar un aplazamiento hasta 2026 de la votación prevista para esta semana en Bruselas, como ha hecho, ya que -dijo- "la soberanía de nuestro país, está en juego".

Una protesta de agricultores cerca de Villefranche-de-Lauragais (Alto Garona) interrumpió hoy el servicio ferroviario entre Toulouse y Narbona en la línea Burdeos-Marsella, según anunció el Servicio Nacional de Ferrocarriles (SNCF, en sus siglas en francés).

Mientras tanto, el tráfico por carretera continúa por cuarto día consecutivo con "importantes interrupciones" en el suroeste, en las autopistas A64 (Bayona-Toulouse), A63 (España-Burdeos), A61 (Narbona-Toulouse); y en el sur, en la A9 (Orange-Perthus) y la A54(Nimes-Salon-de-Provence), según la última actualización de la situación efectuada esta tarde por Vinci Autopistas en su página web.

Los gestores de las autopistas advirtieron de que "la situación está evolucionando rápidamente y podrían producirse bloqueos en otras zonas en las próximas horas", que "podrían interrumpir el tráfico en gran parte de la red" francesa. EFE

El despliegue de numerosos equipos policiales en la calle Rigaer y áreas circundantes de Berlín la noche del 13 de diciembre respondió a una estrategia de vigilancia extendida, justificada por la alta fragmentación y el anonimato asumido por los participantes de una manifestación antipolicial. Según Europa Press, este escenario llevó a la realización de detenciones colectivas y a la disolución inmediata de la protesta tras episodios de violencia, marcando un operativo caracterizado por la ausencia de interlocutores claros y la imposibilidad de cooperación efectiva entre los manifestantes y las autoridades.

Europa Press informó que la protesta congregó a aproximadamente mil personas, quienes recurrieron al uso de mascarillas y adoptaron una conducta reservada. Este comportamiento limitó la capacidad de los agentes de aplicar detenciones selectivas y obligó a las fuerzas policiales a rediseñar sus tácticas, priorizando intervenciones masivas. El medio reportó que tras el operativo inicial se contabilizó la detención de al menos 18 personas.

Desde el inicio de la jornada, la policía berlinesa advirtió sobre el riesgo de disturbios e instó reiteradamente al mantenimiento de la calma. A pesar de estas advertencias, después de las 20:00 horas se registraron los principales episodios de violencia, con lanzamientos de objetos, botellas y material pirotécnico contra las fuerzas de seguridad, situación que elevó el nivel de riesgo para asistentes y uniformados, señaló Europa Press.

En respuesta al incremento del enfrentamiento, la policía activó protocolos de refuerzo y aumentó la escala de su intervención. Hacia las 22:30 horas se ordenó la disolución de la concentración, extendiéndose el desalojo a calles adyacentes, donde la presencia policial se mantuvo durante varias horas. Europa Press detalló que el objetivo era dificultar la reformulación de protestas e impedir la aparición de nuevos focos de concentración en inmediaciones sensibles.

La falta de liderazgo visible entre los manifestantes, junto al hermetismo y la dificultad para identificar a organizadores, condujo a las autoridades a dar prioridad a la protección del espacio público y a la integridad de presentes, en detrimento del señalamiento individual de infractores. En palabras del portavoz policial Martin Halweg, recogidas por Europa Press, "la imposibilidad de identificar a los responsables dificultó la restauración del orden mediante métodos convencionales", lo que requirió una adaptación de los protocolos habituales para resguardar la seguridad tanto de participantes como de agentes.

Europa Press recordó que Berlín cuenta con un amplia historial de protestas de tipo antipolicial, lo que ha promovido a lo largo de los años la modernización de dispositivos de vigilancia y la elaboración de estrategias para limitar el impacto de este tipo de movilizaciones en el entorno urbano. El medio matizó que experiencias previas de disturbios prolongados y con amplia repercusión en la vida social han condicionado el diseño de los actuales procedimientos de contención y dispersión.

Intentos previos de mediación y diálogo entre autoridades y representantes sociales no evitaron los incidentes durante la manifestación del día 13, subrayó Europa Press. La policía tomó la decisión de proceder con la disolución expedita para evitar que los enfrentamientos se propagaran a otros barrios y garantizar el mínimo impacto en la vida cotidiana de la ciudad.

Después del desalojo, la vigilancia policial permaneció activa durante la madrugada con la finalidad de prevenir la formación espontánea de nuevas concentraciones y restringir la posibilidad de reagrupamiento. Según Europa Press, este tipo de dispositivo busca frenar el "efecto contagio" en otras zonas de la capital alemana, dificultando la extensión de estas protestas.

El saldo de 18 detenidos correspondió a una actuación integrada enfocada en responder a la naturaleza fragmentada y descentralizada de la movilización. Europa Press explicó que la imposibilidad de individualizar responsables propició una combinación de intervenciones coercitivas y medidas dirigidas a preservar la convivencia en el espacio público.

El medio puntualizó que el operativo policial ejecutado en la calle Rigaer la noche del 13 de diciembre refuerza la tendencia a la adaptación táctica de las fuerzas de seguridad ante movilizaciones marcadas por el anonimato, la ausencia de liderazgo claro y la imprevisibilidad de los convocados. En este contexto, la estrategia vigente privilegia intervenciones rápidas y mecanismos preventivos, alejándose de soluciones centradas exclusivamente en la sanción individual y priorizando la eficiencia en la contención y disuasión de disturbios recurrentes en la capital alemana.

Roma, 12 dic (EFE).- La Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), el mayor sindicato del país, salió este viernes a la calle con manifestaciones en las principales ciudades para protestar contra los presupuestos del Gobierno de Giorgia Meloni, en una jornada de huelga de impacto desigual.

El secretario general de la CGIL, Maurizio Landini, encabezó la manifestación en Florencia (centro), donde habló de "gran participación" en un país que "pide un cambio de rumbo".

Según Landini las marchas celebradas hoy representan a "trabajadores, pensionistas, estudiantes, personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes y que no encuentran en la ley de presupuestos respuestas adecuadas a sus necesidades".

"El único gasto público que nuestro país planea es el rearme", aseveró el líder sindical, quien denunció la "lógica absurda" de "aumentar el gasto en armas" cuando los trabajadores "no llegan a fin de mes, los salarios son bajos y se recorta poder adquisitivo a empleados y pensionistas".

Roma también fue escenario de otra marcha que congregó a más de un millar de personas en el centro de la ciudad hasta los Foros Imperiales para denunciar "la dirección equivocada" con la que el Gobierno de Meloni emplea los recursos públicos, según dijo a EFE María Mora, sindicalista de la CGIL.

Mora criticó la ausencia de medidas estructurales contra la evasión fiscal y reprochó que se aumenten los impuestos a trabajadores y jubilados en lugar de gravar “los grandes patrimonios y las ganancias extraordinarias de las corporaciones que no pagan impuestos”.

La manifestación de la capital finalizó en la Torre dei Conti, donde se homenajeó al obrero fallecido en el derrumbe parcial de este edificio medieval ocurrido a principios de noviembre, en un suceso que reavivó el debate sobre la seguridad laboral en Italia.

Además de las manifestaciones, la huelga convocada este viernes tuvo efectos dispares en el país: paralizó parte del transporte urbano en Milán (norte) y Nápoles (sur), provocó el cierre de escuelas y cancelaciones ferroviarias en varias regiones, si bien en Roma los servicios funcionaron con normalidad, según publicaron los medios italianos.

Desde el ámbito político, la ultraderechista La Liga, el partido del vicepresidente y ministro de Transportes, Matteo Salvini, criticó la convocatoria de huelga e insistió en ironizar sobre la "casualidad" de que la movilización sea en viernes.

"Landini hace huelga (casualmente en viernes), mientras nosotros aumentamos los sueldos a millones de trabajadores en las escuelas, la sanidad y el transporte", escribió La Liga en la red social X.

El ministro de Transportes visitó hoy la central operativa de los Ferrocarriles del Estado para verificar las consecuencias de la huelga y aseguró que, “afortunadamente, los datos son alentadores y las molestias muy limitadas”.

Por otra parte, en la jornada de hoy se declararon en huelga las plantillas de los diarios La Repubblica y La Stampa por las negociaciones anunciadas por la familia Agnelli para vender el grupo de comunicaciones GEDI (al que pertenecen estos medios) al grupo Antenna.

Tegucigalpa, 5 dic (EFE).- La audiencia contra los tres presuntos autores materiales del asesinato en septiembre de 2024 del ambientalista hondureño Juan López, prevista para este viernes, fue pospuesta por séptima vez y reprogramada para el 8 de enero de 2026, informó la organización que lideraba el ecologista.

La audiencia de proposición de pruebas fue reprogramada a petición de la defensa de dos de los tres imputados, dijo Edy Tábora, apoderado legal del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, en el Caribe de Honduras.

"Vamos a seguir luchando hasta que se haga justicia en el caso de Juan López", subrayó Tábora en un video difundido en redes sociales.

Los imputados son Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, acusados por el asesinato de López y asociación para delinquir.

López fue asesinado el 14 de septiembre de 2024 dentro de su vehículo tras salir de una iglesia en la ciudad de Tocoa, pese a contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El ambientalista también se desempeñaba como concejal de la Alcaldía de Tocoa, departamento de Colón, por el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta hondureña Xiomara Castro.

En un comunicado, el Comité Municipal calificó la audiencia como "un paso crucial" para avanzar hacia el juicio oral y público que debe esclarecer cómo operó la estructura criminal que "ejecutó y encubrió el crimen".

Señaló que López fue asesinado por su papel activo en la defensa del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras, un área protegida "amenazada" por el proyecto minero y energético impulsado por Emco/Pinares/Ecotek.

"La lucha de Juan se desarrolló en un contexto de graves impactos ambientales, conflictividad social y amenazas sistemáticas contra quienes defienden los bienes comunes", enfatizó.

El Comité Municipal advirtió que existen otros procesos penales en curso por explotación ilegal de recursos, daños ambientales y falsificación de documentos, que revelan "el carácter ilegal" del proyecto dentro del Parque Nacional y muestran que el asesinato de López "no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón de violencia y criminalidad vinculado a intereses empresariales y redes de poder".

Además, exigió esclarecer toda la verdad sobre el crimen, incluyendo los mecanismos de planificación, financiación y protección que permitieron su ejecución; procesar y capturar a los presuntos autores intelectuales, que permanecen en libertad, y evitar "tácticas dilatorias" que entorpezcan el avance hacia un juicio "transparente y con garantías".

La presencia de manifestantes, entre los que se encontraban trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en la sede del Parque Tecnológico Miguelete, junto a representantes de movimientos políticos y organizaciones sociales, derivó en un operativo policial que incluyó la intervención de grupos motorizados y fuerzas especiales de la Policía de la Ciudad.

La situación se tornó más compleja cuando, tras una asamblea, los manifestantes decidieron trasladar su reclamo desde la avenida Constituyentes hacia la General Paz. Apenas ocuparon la vía, los efectivos policiales comenzaron a desplazarlos, lo que desencadenó los primeros incidentes.

Según se observó en el lugar, los manifestantes respondieron arrojando cubiertas encendidas hacia la policía, mientras los agentes avanzaban para despejar la autopista con golpes de palos y escudos.

Este intercambio marcó el inicio de una serie de enfrentamientos, con la policía replegando a los manifestantes y estos intentando mantener la protesta mediante la quema de neumáticos.

La infantería policial intensificó su avance, especialmente sobre una de las salidas de la General Paz, a la altura de Constituyentes, donde se registraron los momentos de mayor tensión. El corte y los enfrentamientos provocaron demoras significativas en la zona, obligando a extremar la precaución.

Los trabajadores estatales se congregaron tras la decisión del Gobierno de disolver el Servicio Argentino de Calibración y Medición. La medida, oficializada a través del Boletín Oficial, forma parte de un proceso de “modernización administrativa” que implica la transferencia de las funciones del área al Organismo Argentino de Acreditación (OAA) y a laboratorios privados.

Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), manifestó a Crónica TV: “Los estatales vamos a defender con todas nuestras fuerzas los derechos que tenemos, y vamos a protestar contra la reforma laboral”.

Aguiar criticó la política de recortes del Gobierno, a la que calificó como una “motosierra”, y cuestionó el anuncio oficial de reducir en un diez por ciento la planta de empleados estatales. El dirigente sindical advirtió sobre el futuro de miles de trabajadores y remarcó: “Las amenazas están para el 31 de diciembre cuando se vencen 70.000 contratos en la administración nacional. ATE exige la inmediata renovación de todos esos vínculos contractuales”.

Antecedente similar

Vale recordar que durante el mes de julio (días 7 y 8) de este año, cientos de trabajadores del INTI llevaron a cabo una masiva protesta en las inmediaciones de la autopista General Paz, donde protagonizaron un “ruidazo” con cacerolas, instrumentos de percusión y bocinazos, junto con la interrupción parcial de la autovía, para expresar su rechazo a la disolución del organismo.

Bajo la consigna “El INTI no se toca”, los empleados públicos se movilizaron hacia la autopista, y cortaron parcialmente los carriles, para expresar su rechazo al Decreto 462/2025. La resolución oficial firmada por el presidente Javier Milei establecía la eliminación formal del instituto, y lo reconvierte en una “unidad organizativa" de menor jerarquía, y con menos atribuciones.

La movilización se había desarrollado en el marco de una serie de acciones impulsadas por la Asamblea Multisectorial del INTI. La indignación de los empleados se profundizó tras la publicación, durante la madrugada del martes 8 de julio el decreto extendido que reestructura varios organismos estatales, incluyendo el propio INTI y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

En alusión a la afluencia de manifestantes reunidos en el Templo de Debod, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cuestionó la legitimidad del presidente del Gobierno y exigió que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Según detalló el medio, el acto de protesta celebrado junto a este emblemático punto de la capital y al que asistieron destacados líderes del Partido Popular, evidenció, desde la perspectiva de Almeida, la pérdida de apoyo social y parlamentario del Ejecutivo. El alcalde subrayó que la movilización reunió en apenas tres días a miles de personas, situación que considera demostrativa de un rechazo generalizado hacia la gestión del actual Gobierno. El medio informó que Martínez-Almeida lanzó un desafío directo al PSOE: organizar, en el mismo plazo, una manifestación que iguale la capacidad de convocatoria alcanzada en la protesta del Templo de Debod.

De acuerdo con la información publicada, la manifestación fue calificada por Martínez-Almeida como “un éxito que molesta”, aludiendo a que, en su opinión, la respuesta ciudadana incomodó a los socialistas. El alcalde valoró la asistencia como una muestra patente de que Pedro Sánchez, a su entender, ha perdido tanto el respaldo institucional en el Parlamento como el apoyo social en la calle, y apuntó que la reacción de los asistentes a la convocatoria evidenció la existencia de una opinión pública crítica con las políticas del Gobierno central.

Según consignó el medio, Martínez-Almeida argumentó que un presidente de Gobierno en una situación de “corrupción, falta de apoyos parlamentarios y falta de presupuestos” como la actual, en sus palabras, debería haber adelantado elecciones generales. Cuestionó que Sánchez permanezca en el cargo y lo calificó de “anomalía” dentro de la dinámica democrática española. En opinión del edil, la continuidad del presidente responde a intereses personales y no a una voluntad de mejorar el bienestar colectivo, afirmando que “aquí se trata de mejorar la vida de la gente y no de mejorar la vida de uno mismo, que es lo que hace Pedro Sánchez en la Moncloa”, según recogió el medio.

El reportaje del medio destaca también la postura crítica de Almeida ante la reacción del ministro de Transporte, Óscar Puente, quien habría minimizado la magnitud de la manifestación al compararla con la asistencia en un mercadillo de Valladolid. Ante esta valoración, el alcalde replicó cuestionando el alcance de las movilizaciones organizadas por el PSOE en apoyo a Sánchez durante el período de reflexión personal al que se acogió recientemente. En ese sentido, Martínez-Almeida instó públicamente tanto al ministro Puente como al propio presidente a convocar, en tres días, una manifestación que demuestre la capacidad de movilización del partido socialista y su respaldo ciudadano. Esta petición la formuló como respuesta al escepticismo gubernamental respecto a la importancia de la marcha opositoria.

Durante su intervención en el nodo de movilidad de Plaza de España, el alcalde reiteró su convicción de que Pedro Sánchez “le tiene miedo al Parlamento y a los españoles”, aludiendo a que el presidente evitaría someterse a una cuestión de confianza o convocar a comicios anticipados por considerar probable una derrota parlamentaria y electoral, según reportó el medio. En línea con sus declaraciones anteriores, Martínez-Almeida insistió en que la situación actual representa una excepción dentro del funcionamiento regular de los gobiernos democráticos, remarcando que la falta de apoyos y las circunstancias negativas que atraviesa el Ejecutivo deberían ser motivo suficiente para propiciar un adelanto electoral.

El medio también recogió la opinión del alcalde referente a la naturaleza de la protesta realizada. Almeida subrayó que la concentración fue “un éxito rotundo, un éxito incuestionable y un éxito que molesta”, reiterando elementos de su discurso que apuntan a la supuesta incomodidad del PSOE y del presidente Sánchez ante las manifestaciones sociales de oposición. Asimismo, estimó que la convocatoria lanzada por el PP y a la que asistió junto a Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, evidencia la capacidad del partido para congregar a un sector relevante de la población en un lapso breve, lo que, en su opinión, pone en cuestión la fortaleza política del Gobierno central.

En relación al respaldo político con el que cuenta el presidente Sánchez, Martínez-Almeida hizo hincapié en que gobernar sin apoyos parlamentarios constituye un obstáculo serio para cualquier líder político en una democracia parlamentaria. Este argumento fue presentado como la base de su exigencia para que Pedro Sánchez someta su mandato a la evaluación del Congreso mediante una cuestión de confianza, requerimiento que reiteró varias veces durante su intervención, según detalló el medio.

El medio señaló también la referencia de Almeida respecto a la diferencia entre la preocupación por el interés ciudadano y el mantenimiento del poder personal. El alcalde insistió en que la permanencia de Sánchez en el cargo se explica por una estrategia orientada a conservar su posición, en vez de responder a las necesidades del conjunto social, lo cual a juicio del primer edil explica el malestar manifestado en la protesta.

La cobertura periodística ofrecida por el medio concluyó que el alcalde de Madrid presentó la movilización del Templo de Debod como una muestra de descontento amplio y visible frente a la gestión de Pedro Sánchez y el PSOE, y utilizó el contexto de esta protesta para reforzar su llamamiento a un examen parlamentario del Gobierno y a la movilización ciudadana.

Carteles con mensajes críticos y billetes falsos de 500 euros ilustrados con el rostro del presidente Pedro Sánchez destacaron entre los elementos utilizados por los participantes durante la manifestación realizada frente a la sede del PSOE en Madrid. Según informó Europa Press, alrededor de 400 personas se concentraron a partir de una convocatoria difundida por el movimiento juvenil Revuelta en redes sociales, para expresar su rechazo al Gobierno y al partido presidido por Sánchez. Esta protesta, que no contaba con autorización, culminó con la detención de una persona.

De acuerdo con información recogida por Europa Press, la manifestación se desarrolló durante aproximadamente una hora en la intersección de la calle Ferraz con Marqués de Urquijo, donde se sitúa la sede nacional del PSOE. Las consignas de los asistentes incluían el lema “Todos contra una organización criminal” y gritos como “Pedro Sánchez a prisión”. Diversos participantes llevaron pancartas con frases como “Consumado el golpe, estalla la revuelta” y “Revuelta frente a la organización criminal”.

Europa Press detalló que varias personas portaron banderas preconstitucionales y carteles que vinculaban al presidente y a su esposa, Begoña Gómez, con la palabra “culpables”. Una gran pancarta mostraba la cara de Sánchez acompañada por el término “corrupto”. Además, durante la concentración se lanzaron gritos dirigidos tanto a los medios de comunicación como a las fuerzas de seguridad, incluyendo proclamas como “Prensa Española, manipuladora”.

El medio reportó que la presencia política fue limitada, ya que únicamente asistió Iván Espinosa de los Monteros, quien ocupó anteriormente el cargo de portavoz parlamentario de Vox en el Congreso. Epina de los Monteros también estuvo presente en la protesta organizada por el Partido Popular en el Templo de Debod, también en Madrid.

La organización y difusión de la manifestación se gestionó a través de plataformas digitales, con mensajes que calificaban la sede del PSOE de “corrupta, criminal y antiespañola”. Tal como reportó Europa Press, este llamado llevó a los manifestantes a reunirse en un punto estratégico del centro de Madrid, generando el despliegue de efectivos de la Policía Nacional.

Desde las primeras horas del domingo la mañana, las fuerzas policiales establecieron controles restringiendo el paso de peatones en la calle Ferraz y, posteriormente, cortaron el tráfico vehicular para asegurar la zona ante el desarrollo del acto no autorizado. Europa Press añadió que la concentración se disolvió una hora después de su inicio y finalizó con la intervención policial que derivó en una detención.

A lo largo de la protesta, no se registraron incidentes de gran envergadura según la información disponible, más allá de la detención informada. Los manifestantes no solo dirigieron sus críticas al Gobierno sino también a los representantes de los medios de comunicación y a la acción policial desplegada durante el evento, acusando a ambos de parcialidad en la cobertura y el control de la movilización.

El desarrollo de este tipo de concentraciones frente a la sede del PSOE se ha convertido en un foco de atención tras llamados similares impulsados en otras ocasiones por grupos opositores a la actual administración. En esta oportunidad, según consignó Europa Press, la protesta se caracterizó por la variedad de elementos gráficos utilizados nos carteles y pancartas, y por el uso de símbolos como banderas previas a la Constitución de 1978, así como por la ausencia casi total de representación política oficial, con excepción de la citada presencia de Espinosa de los Monteros.

El evento refleja la tensión política existente y las formas de protesta que se materializan mediante concentraciones convocadas por redes sociales, que carecen de la autorización correspondiente y reúnen a grupos de manifestantes con símbolos, mensajes escritos y consignas coreadas directamente en el espacio público ante la sede de instituciones o partidos señalados como adversarios por los convocantes. Las acciones desplegadas por la Policía Nacional y la reacción ante la prensa han conformado parte del escenario observado y reportado por Europa Press durante la convocatoria de este domingo.

La presencia de miembros históricos del Partido Popular, como los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, así como de personalidades del ámbito cultural como el filósofo Fernando Savater y el escritor Andrés Trapiello, otorgó relevancia a la protesta celebrada en la explanada del Templo de Debod, donde la convocatoria y el conteo de asistentes generaron nuevas diferencias entre las versiones del PP y las cifras oficiales. Según detalló el medio fuente, el Partido Popular situó la participación en aproximadamente 80.000 personas, mientras que la Delegación del Gobierno rebajó el dato oficial a 40.000, reavivando el debate sobre la magnitud real de la movilización contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

De acuerdo con la información publicada por la plataforma de noticias original, la protesta se organizó en torno a consignas dirigidas al Gobierno de Pedro Sánchez y tuvo lugar después de solo 48 horas de convocatoria pública. Las reivindicaciones se centralizaron en denuncias sobre presunta "corrupción" atribuida al Ejecutivo y en la exigencia de adelanto electoral, bajo el lema “Efectivamente: ¿Mafia o democracia?”. Durante la concentración, la explanada se llenó de banderas nacionales y pancartas con mensajes como “Dimisión ya”, “Separación de poderes” e “Independencia judicial”. Imágenes del presidente del Gobierno complementaron las demandas visuales del acto.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se dirigió a los asistentes para agradecerles la alta participación lograda, a pesar de las condiciones climáticas adversas, marcadas por temperaturas inferiores a los 10℃ y lluvias presentes durante la mañana. Feijóo, según consignó el medio fuente, puso en valor el corto margen de tiempo con el que se organizó la convocatoria, y afirmó: “Convocar una macromanifestación con 48 horas en el mes de diciembre sólo lo puede hacer el Partido Popular de España”. El dirigente celebró la amplia acogida y apuntó como logro la capacidad logística de movilizar a miles de personas en pleno invierno.

Esta concentración representa la séptima manifestación promovida por el Partido Popular en Madrid bajo la presidencia de Feijóo, según chronicó el medio fuente. Ejemplos anteriores incluyen protestas contra la ley de amnistía, como la realizada el 26 de mayo en la Puerta de Alcalá y la del 28 de enero de 2024 por las "cesiones" del Gobierno a los independentistas, además de movilizaciones de apoyo a plataformas civiles como la convocada el 18 de noviembre de 2023 por más de cien organizaciones. El acto estuvo marcado por la ausencia de representantes de Vox, formación que en convocatorias previas sí había participado; la de Debod y la de junio en la Plaza de España suponen las dos últimas ocasiones en que Vox no envió delegación.

Respecto a la composición social de la protesta, el Partido Popular puso énfasis en la variedad de público, señalando la presencia de familias y participantes de diferentes edades. Según consignó el medio original, el flujo de personas continuó tras el inicio del acto y predominó la exhibición de banderas nacionales, sin protagonismo de símbolos partidarios. La selección musical durante la jornada recayó en Carlos Moreno, Dj Pulpo, quien optó por melodías como la banda sonora de “El Padrino” y relató ante el público que "es la banda sonora que define al Gobierno de Pedro Sánchez", según citó la misma plataforma de noticias.

La comparación con anteriores convocatorias en el Templo de Debod también formó parte del análisis realizado por el medio fuente. Hace dos años, el PP había estimado la asistencia en unas 15.000 personas, frente a las 8.000 calculadas oficialmente por la Delegación del Gobierno. Estas cifras resultan sustancialmente inferiores a las afirmadas por el PP para la concentración del 8 de junio en la Plaza de España, en la que se habló de más de 100.000 participantes. Este contexto numérico refuerza la tendencia a la discrepancia en la evaluación de la magnitud de estas manifestaciones, fenómeno que se ha repetido en diversos episodios bajo la dirección de Feijóo.

El medio subrayó que, además de la plana mayor del PP y exmandatarios, acudieron casi todos los presidentes autonómicos populares, entre ellos Isabel Díaz Ayuso como anfitriona local, Alfonso Rueda de Galicia, Fernando López Miras de Murcia, Alfonso Fernández Mañueco de Castilla y León y María José Sáenz de Buruaga de Cantabria, así como líderes regionales verdes en Castilla-La Mancha, Asturias, País Vasco y Cataluña. También participaron figuras políticas ajenas al Partido Popular, como el exportavoz de Vox Iván Espinosa de los Monteros y el exlíder catalán Vidal Quadras, conforme documentó el medio original.

El Partido Popular evaluó de forma positiva la reacción de sus simpatizantes y defendió la cifra de asistencia propia, interpretando la concentración como un éxito organizativo logrado pese a la previsión meteorológica y al margen de tiempo limitado. Entretanto, la Delegación del Gobierno expuso una estimación numérica notablemente inferior y mantuvo la divergencia sobre la capacidad de convocatoria del partido opositor, lo que volvió a situar el debate sobre la veracidad de los datos de participación en el centro del análisis político tras la movilización de Madrid, según reflejó el medio fuente.

Murad Awawdeh, voz destacada de la Coalición de Inmigración de Nueva York, indicó que la finalidad prioritaria de las protestas era frenar lo que describió como una ofensiva dirigida contra la comunidad de Chinatown. Según Bloomberg, este enfoque reflejaba la preocupación y el sentido de urgencia que atravesaron la movilización masiva ocurrida en Manhattan mientras decenas de manifestantes buscaron detener el avance de una operación federal carente de detalles oficiales. El episodio generó tensiones directas entre residentes, organizaciones de defensa migrante y las fuerzas de seguridad, intensificando la exigencia de mecanismos legales claros y de transparencia ante intervenciones migratorias en espacios urbanos neoyorquinos.

Bloomberg reportó que el despliegue de fuerzas federales y municipales en Chinatown se llevó a cabo sin una comunicación previa ni explicación formal sobre los motivos de la operación. Este vacío informativo condujo a que más de un centenar de manifestantes organizaran cadenas humanas y levantaran barreras improvisadas hechas con bolsas y objetos cotidianos para intentar bloquear el paso de los vehículos oficiales. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no emitió comunicados antes, durante o inmediatamente después del operativo, prolongando el desconcierto y la inquietud tanto entre los residentes como entre quienes se sumaron a las protestas.

La situación derivó en una paralización significativa del tránsito durante varias horas, mientras la policía de Nueva York (NYPD) respondió colocando barricadas metálicas e incrementando el número de agentes desplegados en la zona, lo que, de acuerdo con Bloomberg, desencadenó enfrentamientos físicos y llevó a varias detenciones. El ambiente de tensión se agravó ante la percepción generalizada de desprotección, ya que la comunidad migrante sintió que carecía de canales directos de información y de garantías legales frente a la intervención de cuerpos federales.

Bloomberg consignó que la incertidumbre generada por la falta de información oficial dio paso a que circularan rumores sobre los alcances y el propósito del operativo. Esto provocó un crecimiento del temor y la sensación de vulnerabilidad, especialmente entre la población indocumentada y otros sectores considerados sensibles, que perciben en las políticas de ciudad santuario una barrera fundamental para evitar deportaciones y abusos. La ausencia de protocolos públicos de cooperación entre el Departamento de Policía de Nueva York y agencias federales como ICE, se transformó en el centro del debate, exponiendo un dilema sobre la legitimidad y la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y los derechos en el entorno metropolitano.

El medio recogió declaraciones de la concejala Julie Menin, quien expresó su preocupación por la ausencia de protocolos formales para regular las actuaciones conjuntas entre fuerzas locales y federales. Menin criticó la gestión como “irresponsable” y advirtió que esa descoordinación puede minar la confianza de la población migrante en las instituciones, planteando un riesgo directo para la protección de derechos fundamentales y la integración social de las comunidades. La visión de la concejala coincidió con la de otras organizaciones sociales y líderes comunitarios que, según Bloomberg, subrayaron la urgencia de definir parámetros claros para toda acción conjunta, especialmente en un contexto donde la indefinición administrativa y jurídica incrementa el riesgo de arbitrariedades y de daño emocional entre los migrantes.

La Coalición de Inmigración de Nueva York, cuyos portavoces se manifestaron ampliamente ante Bloomberg, reiteró sus demandas de supervisión adicional y transparencia reforzada en cualquier colaboración entre el NYPD y ICE. Estos grupos insisten en la necesidad de contar con normativas explícitas que acoten el margen de maniobra de las autoridades y brinden protección previsible a quienes residen en la ciudad sin contar con la documentación regularizada. El reclamo colectivo apunta tanto al control sobre procedimientos como a la protección de la cotidianidad de trabajadores y familias, cuyo arraigo y proyecto de vida dependen de reglas claras y del respeto a sus garantías.

Bloomberg detalló que la denuncia de desinformación no solo refiere a la coyuntura vivida en Chinatown, sino que remite a un patrón de conflictos previos donde la colaboración entre agencias federales y municipales ha originado escenarios de alta tensión. Estos antecedentes, según el medio, han motivado una negociación permanente en la ciudad respecto del alcance de la protección a los migrantes, la interacción entre autoridades y la vigilancia de posibles abusos. Organizaciones defensoras advierten sobre la carga que implica para los afectados la indefinición normativa, la exposición a procedimientos sorpresivos y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas accesibles a la ciudadanía.

La protesta en Chinatown se inscribe, según Bloomberg, dentro de una secuencia de confrontaciones recientes donde la política migratoria federal y la administración local neoyorquina han mostrado fricciones. Este contexto ha generado un debate público intenso sobre el equilibrio entre los mandatos nacionales de control migratorio y las obligaciones de la ciudad de garantizar protección y trato digno a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio. La visibilidad de las marchas, los métodos improvisados de resistencia y las respuestas institucionales reflejan el reto de compatibilizar las exigencias de seguridad con los principios que rigen a la ciudad santuario.

La secuencia de hechos y el eco social ocurrido en Chinatown, de acuerdo con Bloomberg, se proyectan como ejemplo para la evaluación posterior de políticas y la revisión de la colaboración entre distintos niveles de gobierno. La magnitud de la movilización y la diversidad de estrategias de defensa comunitaria muestran la resiliencia de las organizaciones civiles y la centralidad de estos temas para la paz social en entornos multiculturales. El contexto en el que se dieron estas protestas pone de relieve la urgencia de establecer procesos coordinados, protocolos públicos y mecanismos de auditoría que permitan dar certeza jurídica a todos los habitantes de la ciudad, especialmente a quienes permanecen en situación migratoria irregular.

Responsables de la Coalición de Inmigración de Nueva York insistieron, según Bloomberg, en la necesidad de que la administración municipal refuerce la claridad normativa y garantice la supervisión de toda actuación conjunta con ICE, alertando que la indefinición sigue afectando a las comunidades étnicas más vulnerables. Las exigencias de acceso a información y transparencia trascienden el episodio puntual de Chinatown y se integran en una agenda de protección más amplia.

La reacción de la comunidad y los debates abiertos por esta operación confirman los desafíos que enfrenta Nueva York como ciudad santuario ante intervenciones federales, reiterando, según Bloomberg, la demanda de respuestas institucionales que conjuguen seguridad, legalidad y la garantía de derechos fundamentales para quienes conforman la vida social y económica de la ciudad.

Un grupo de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) realizó este lunes un cacerolazo frente a la Cámara de Diputados para exigir atención a su pliego petitorio y solicitar una mesa de diálogo con la Secretaría de Educación Pública (SEP)

La movilización, que reunió a alrededor de 50 jóvenes —varios con el rostro cubierto— se concentró en el acceso de Emiliano Zapata, donde derribaron vallas metálicas e ingresaron a la zona frontal del recinto legislativo.

Los manifestantes lanzaron consignas para presionar a las autoridades y reclamaron la falta de respuesta a sus solicitudes, principalmente la destitución de la rectora Rosa María Torres Hernández, a quien acusan de incumplir acuerdos previos y de ignorar sus necesidades académicas y administrativas.

Demandas acumuladas y cierre de accesos

Los estudiantes pertenecen a las unidades 092, 095, 097 y 098 de la UPN.

Con mantas y carteles bloquearon algunas entradas de San Lázaro, donde esperaban ser recibidos por integrantes de la Comisión de Educación para entregar su pliego petitorio.

Entre sus exigencias, reiteraron la remoción de la rectora, señalando que se reeligió pese a haber concluido su periodo al frente de la institución.

También denunciaron que, durante su gestión, se han acumulado problemas internos que afectan la vida académica, desde trámites administrativos hasta la falta de mantenimiento en instalaciones esenciales.

Una protesta que se repite

Esta no es la primera vez que estudiantes de la UPN llevan sus demandas hasta la Cámara de Diputados.

El pasado miércoles 26 de noviembre acudieron al mismo recinto para solicitar el apoyo de legisladores que pudieran interceder ante la SEP.

En aquella ocasión, formaron una cadena humana en una de las entradas cercanas al Metro Candelaria, la cual fue retirada por personal de seguridad.

Los jóvenes señalan que, pese a sus múltiples acercamientos, la institución no ha atendido sus reclamos, lo que los ha llevado a insistir en la búsqueda de un canal directo con las autoridades federales responsables de la educación superior.

Peticiones centrales del alumnado

Los inconformes afirman que la falta de respuesta institucional ha provocado que la situación en la UPN llegue a un punto crítico, por lo que exigen acciones inmediatas para garantizar el adecuado funcionamiento académico y administrativo.

Entre las demandas destacan:

• Destitución de la rectora Rosa María Torres Hernández.
• Reparación de infraestructura: biblioteca, auditorios, sanitarios, instalaciones eléctricas e internet.
• Restablecimiento de becas suspendidas desde ciclos anteriores.
• Solución a problemas administrativos y académicos acumulados durante la actual gestión.
• Cumplimiento de acuerdos previamente establecidos.
• Instalación de una mesa de diálogo directa con autoridades de la SEP, sin intermediarios.

Con la protesta de este lunes, los estudiantes buscan que sus reclamos finalmente sean escuchados y que la SEP intervenga para resolver lo que consideran un deterioro institucional progresivo.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el ministerio peruano subrayó que este tipo de violencia no solo deja huellas físicas; sino también genera efectos profundos en la salud mental, el bienestar social y el desarrollo de niñas, niños, adolescentes, mujeres adultas y comunidades.

La directora ejecutiva de la Dirección de Salud Mental del ministerio, July Caballero, declaró que la violencia contra la mujer constituye un problema de salud pública y una grave violación de los derechos humanos.

La cifra reportada hasta octubre pasado detalló que los casos contra mujeres jóvenes, de 18 a 29 años, ascendieron a 36.094, las denuncias contra niñas y niños a 30.694 y contra personas adultas mayores a 8.951 incidencias.

De acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2024, el 52 % de las mujeres declaró haber sido víctima de violencia psicológica, física y/o sexual por parte de su pareja, frente al 53,8 % registrado en 2023.

La violencia psicológica y/o verbal es la forma más frecuente (46,4 %), seguida de la violencia física (24,0 %) y la violencia sexual (6,1 %).

La ENDES 2024 reveló que el 33,9 % de las mujeres de 15 a 49 años fue víctima de violencia por parte del esposo o compañero durante el último año, y de ellas, el 33 % sufrió ataques psicológicos, 7 % agresiones físicas y 1,7 % violencia sexual.

El estudio señaló que el 75,7 % de la población peruana mayor de 18 años tolera la violencia contra la mujer y que el 44 % de víctimas no busca ayuda porque no lo cree necesario.

Según cifras oficiales, en 2024 hubo 154 feminicidios en Perú y 225.402 denuncias por violencia familiar a nivel nacional.

Este 25N, jornada proclamada por la ONU en memoria de las hermanas Mirabal -asesinadas en 1960 en República Dominicana-, se conmemora en Argentina tras un año marcado por masacres machistas que han conmocionado a gran parte de la sociedad.

El caso más grave fue el triple feminicio de Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), quienes fueron torturadas y asesinadas en septiembre de 2025 en Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, durante una transmisión en vivo para un grupo de hombres vinculados al narcotráfico.

Se sumó el doble feminicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio en la provincia de Córdoba, a manos del uruguayo Pablo Laurta, expareja de Giardina y miembro de la organización 'Varones Unidos', que dice defender los derechos humanos de la población masculina y promover la visibilización de sus problemáticas.

A fines de octubre, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, atribuyó a la gestión del Gobierno ultraderechista de Javier Milei una supuesta disminución de los feminicidios.

Las cifras, sin embargo, contradicen a la ministra: entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2025 se registraron 228 feminicidios mientras en el mismo período en 2024 fueron 212 crímenes machistas, según la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá).

Mumalá detectó un incremento de los asesinatos vinculados al narcotráfico y el crimen organizado (del 6 al 8 % respecto de 2024), lo que ha hecho más vulnerables a las jóvenes en contextos de desigualdad.

Y advierte de que aumentó la crueldad: los feminicidios que se perpetraron a golpes tienen el más alto porcentaje en los últimos años, 19 %.

La organización registró además 901 intentos de feminicidio y 157 niños y niñas huérfanas por violencia vicaria.

“Es urgente que se declare la Emergencia en Violencias de Género, que se restituyan los programas de atención, sensibilización, capacitación y acompañamiento integral”, afirmó la vocera nacional de la organización, Victoria Aguirre.

Otra alerta es el aumento de feminicidios con armas de fuego (26 %), al tiempo que desde el Gobierno se reduce la edad para portar armas en Argentina y se suspende el programa de entrega voluntaria.

En tanto, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de Argentina registró un alza del 9 % en las denuncias por violencia de género y doméstica en el primer trimestre de 2025, respecto del período anterior.

La violencia psicológica se identificó en el 95 % de las denuncias; la simbólica y física en el 44 %; la ambiental en el 30 %; la económica y patrimonial en el 26 %; la social en el 8 %; la sexual en el 7 %, y la digital en el 4 %.

El Gobierno de Milei eliminó en julio de 2025 el 'Programa Acercar Derechos', que daba acceso a la Justicia a mujeres y personas LGTB sobrevivientes de violencia.

“Nuestra política de seguridad considera que la violencia no tiene género”, afirmó entonces el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Desde la organización 'Ni una Menos' denunciaron un “vaciamiento sistemático del Estado” en áreas de género, con recortes, cierres de programas y despidos masivos.

Al inicio de su Gobierno, Milei ya eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, cerró programas de asistencia a víctimas de violencia de género y desarticuló mecanismos de prevención.

El Ejecutivo busca, además, modificar leyes que protegen a las víctimas, incluida la retirada de la figura de feminicidio del Código Penal y la puesta en marcha de un proyecto “contra las falsas denuncias”, pese a que estos hechos son una excepción estadística y la ley ya los contempla como delito.

Y la asociación 'Ahora Que Sí Nos Ven' advierte, además, de un incremento de la violencia contra el colectivo LGTB, en concreto contra las mujeres trans, y lo vinculan con “los discursos misóginos y de odio impulsados por Milei, Bullrich y sus aliados”.

Laura Guarinoni

Según datos de la Fiscalía, entre enero y el 16 de noviembre fueron asesinadas 678 mujeres, la cifra más alta desde que se tienen registros. Sin embargo, solo 49 de esos casos fueron catalogados como femicidios.

La cifra dista mucho de la recopilada por la Alianza para el Mapeo de los Feminicidios en Ecuador, que señala que hasta el 15 de noviembre se registraron 349 asesinatos de mujeres por violencia machista, 112 de ellos fueron íntimos o sexuales y al menos otros 224 asociados a hechos criminales.

"Para entender estos femicidios hay que analizar cada caso y eso no lo está haciendo el sistema de justicia y la Policía", dice a EFE Geraldina Guerra, presidenta de la Fundación Aldea, que lidera el monitoreo.

Cuerpos usados por el crimen organizado

"En el momento en que levantan un cuerpo les llaman muertes colaterales o por sicariato (asesinato por encargo), pero creo que ahí se empieza a entretejer este discurso de que no importan esas muertes, porque se meten en un solo costal (saco), que es el costal de la violencia en general, pero como organizaciones decimos que esto es distinto", añade la activista.

Guerra afirma que los cuerpos de estas mujeres son usados "para marcar territorios, para dejar un mensaje clarísimo y aleccionador" en esas zonas que están en disputa entre los grupos delincuenciales.

Un estudio de la ONU de 2024 sobre el impacto del crimen organizado en mujeres, niñas y adolescentes en Ecuador, ya alertaba que los casos de muertes violentas de mujeres que son tipificados como femicidios en el país andino son aquellos perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas.

"De esta forma, se invisibilizan los femicidios no íntimos que suelen ocurrir en el contexto del crimen organizado y ejecutarse por un tercero ya sea que exista vínculo afectivo o no", señala el documento.

Estos feminicidios suelen ser ejecutados como sicariato, perpetrados con particular saña y violencia contra los cuerpos, y entre los detonantes se encuentran los vínculos de las víctimas con miembros de organizaciones delictivas, los problemas internos de dichas estructuras o al tráfico de drogas, entre otros.

El estudio también revela que algunas mujeres son asesinadas a petición de sus parejas que están en prisión. "Los femicidas quieren hacer pasar el crimen como robo, como secuestro con muerte, como sicariato y son ellos mismos los que están pagando", denuncia Guerra.

Por lo anterior, para la presidenta de la Fundación Aldea es vital que todos los asesinatos de mujeres se investiguen como femicidios desde el inicio, como lo señala el protocolo de la Fiscalía, y que no se descarte esta motivación durante el proceso penal.

Elizabeth Sandoval, quien hace parte del Equipo de Género de la dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía, señala a EFE que las investigaciones sí se realizan con perspectiva de género, pero que a veces no se logra "recabar la información suficiente para poder tener el tipo penal de femicidio".

La funcionaria afirma que en estos contextos existen dificultades con la colaboración de testigos o hay destrucción de información, pero que la Fiscalía busca judicializar los casos y tener una sentencia favorable, aunque no sea bajo la figura de femicidio.

Guerra, por su parte, señala que el Estado está "simplificando" una realidad "que es compleja", lo que deja desprotegidas y sin una reparación adecuada a las familias de las víctimas.

El anuncio del paro de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fue el escenario previo: los estatales avanzaron en una medida de fuerza exigiendo un aumento de sueldos, en contra de la reforma laboral y se sumaron a la habitual protesta junto a jubilados. Lo propio hicieron docentes universitarios y movimientos sociales para completar el panorama de la jornada.

Desde la mañana, columnas de ATE, las dos CTA, sindicatos de base, organizaciones piqueteras y agrupaciones como el Polo Obrero cumplieron lo anunciado. El operativo de las fuerzas de seguridad fue coordinado exclusivamente para impedir que los manifestantes bloquearan los accesos vehiculares o los ingresos a edificios públicos. La determinación de aplicar el protocolo antipiquetes fue ratificada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que desde temprano advirtió que la jornada se desarrollaría “sobre la vereda y sin violencia”, como enfatizó su titular, Patricia Bullrich, a través de sus redes sociales.

La ministra dirigió un mensaje a quienes, según su declaración pública: “tienen como trabajo provocar la crisis de este Gobierno”, y “una modernización laboral que ni conocen”, en alusión al rechazo expresado a la reforma en las condiciones de contratación entre trabajadores y empresas. Para la funcionaria, la protesta debe ajustarse “al protocolo, sobre la vereda y sin violencia”.

La réplica llegó casi en simultáneo por parte del secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien la acusó de distraer la atención respecto de las problemáticas de seguridad real. “Ministra, ojalá le dedicara al menos la mitad del tiempo que destina a perseguir a los trabajadores y jubilados, a combatir a los narcos y estafadores de su Gobierno. Así por lo menos hace rendir más el alto sueldo que le pagamos”, expresó Aguiar, según reproduce la agencia Noticias Argentinas.

El paro nacional convocado por ATE abarcó a diversas reparticiones públicas. Parte de los estatales participaron de la marcha que inició en la secretaría de Trabajo, luego avanzó hacia la Plaza de los Dos Congresos y se desplazó hacia Plaza de Mayo pasadas las 17. El propio Aguiar señaló en la previa que la medida gremial buscaba “encender la llamita de la conflictividad y que esta crezca rápidamente”. Enfatizó que la reforma laboral y el reciente acuerdo comercial con Estados Unidos “están íntimamente vinculados” y evaluó: “Trabajar más y por menos plata para abaratar los costos del saqueo. Sin huelga y movilización no la frenamos”.

A la protesta de los trabajadores estatales y los jubilados se sumaron docentes universitarios, quienes realizaron un paro que paralizó actividades académicas en numerosas facultades del conurbano y el interior bonaerense.

La movilización fue sostenida, además, por agrupaciones políticas y sociales. Los movimientos piqueteros agruparon militantes del Polo Obrero, partidos de izquierda y diversas organizaciones barriales. En palabras de sus voceros, se trató de una jornada unitaria para rechazar el rumbo económico del Gobierno y dejar “claras banderas contra Donald Trump, Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional”.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Jefatura de Gobierno porteña se confirmó la implementación estricta de las directrices contenidas en el protocolo: el objetivo central fue mantener la circulación, proteger el Congreso y la Casa Rosada y evitar la instalación de piquetes permanentes en los puntos neurálgicos de la ciudad. “Como todas las semanas”, ratificaron fuentes oficiales, la orden fue evitar bloqueos prolongados y desalentar la permanencia de manifestantes en las arterias principales.

La reacción de Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, ante la denominada marcha de la Generación Z del pasado 15 de noviembre, se centró en cuestionar tanto la autenticidad de la movilización como la composición de sus participantes.

En un video difundido en sus redes sociales la tarde del 16 de noviembre de 2025, Luisa María Alcalde sostuvo que la protesta de la Generación Z fue impulsada por figuras recurrentes de la oposición y que la presencia juvenil fue mínima, a pesar de la narrativa promovida en redes sociales.

La presidenta de Morena afirmó que los asistentes a la marcha fueron “los mismos de siempre”, entre quienes mencionó a Fernando Belaunzarán, Guadalupe Acosta Naranjo, Pedro Ferriz, Lourdes Mendoza y Emilio Álvarez Icaza. Según la dirigente, “de jóvenes no tienen absolutamente nada, pero de opositores todo, porque siempre han estado en contra de nosotros”.

Respecto a la participación juvenil, Alcalde señaló que, pese a que la protesta fue presentada como una expresión de inconformidad de la Generación Z, la realidad fue distinta: “Trataron de hacer creer como si los jóvenes estuviesen inconformes y iban a salir a marchar, yo creo que se puso en evidencia que no es así”. La presidenta de Morena sostuvo que la asistencia de jóvenes fue escasa y que la imagen de una movilización masiva de este sector fue producto de una estrategia de manipulación mediática.

En cuanto a las cifras, Alcalde contrastó la magnitud de la marcha con las movilizaciones organizadas por su propio movimiento. Según las cifras oficiales citadas en el video, la participación rondó las 17 mil personas, una cantidad que, en palabras de la dirigente, dista mucho de las movilizaciones de Morena, como la que acompañó a Claudia Sheinbaum en su primer informe de gobierno, donde, según Alcalde, asistieron medio millón de mexicanas y mexicanos.

La presidenta de Morena enfatizó que “en redes sociales magnificaron y hubo millones de bots”, sugiriendo que la percepción de una protesta multitudinaria fue artificialmente amplificada.

Alcalde también advirtió sobre la supuesta injerencia de la “derecha internacional” en la organización de la marcha. Aseguró que consultores que trabajaron en campañas de Javier Milei en Argentina y Jair Bolsonaro en Brasil participaron en la estrategia de la protesta mexicana. Según la presidenta de Morena, estos actores “se toparon con pared, porque- a diferencia de aquellos países aquí no hay un desencanto social”.

La dirigente abordó además el tema de la violencia asociada a la movilización, atribuyéndola a la desesperación de los organizadores ante la baja convocatoria: “Me parece que ponen en evidencia que se vieron desesperados, cuando vieron que la gente no salió y que era todo un montaje, entonces optaron y apostaron por la violencia, y eso representa”.

Al referirse a quienes se manifestaron en apoyo a Carlos Manzo, Alcalde reiteró el compromiso del país con la libertad de expresión: “Nuestro movimiento fue víctima de represión, fue víctima de que no se podía salir a manifestarse. Hoy, más que nunca, se puede salir, alzar la voz”. Reconoció el dolor y la gravedad de los hechos ocurridos, afirmando: “Claro que es muy doloroso lo que sucedió, claro que esa tragedia es inaceptable, por supuesto, y debe haber consecuencias para quienes cometieron esos actos”.

Finalmente, Alcalde defendió el derecho a la protesta, pero advirtió sobre el uso político: “No significa que no haya gente que pueda salir a las calles a expresarse, y si no está de acuerdo, a plantear su desacuerdo. Eso es bienvenido, pero lo que no podemos, y nosotros no estamos de acuerdo, es no informar que hay una manipulación, y que hay opositores, y que hay quienes están pagando para manipular y aprovechar algunas tragedias y situaciones para ellos sacar raja política”.

Unas 70.000 personas participaron este sábado en Belém, Brasil, en una manifestación contra la 30° Conferencia de las Partes de Naciones Unidas Contra el Cambio Climático (COP30). La protesta, organizada por la Cumbre de los Pueblos bajo el lema “Desde el Amazonas para el mundo: Fin de la desigualdad y del racismo ambiental. Justicia climática ya”, marcó el quinto día de la cumbre climática con una asistencia masiva que, según los organizadores, quiere visibilizar el reclamo urgente de justicia ambiental y social en la región amazónica y el mundo.

La jornada arrancó fuera del recinto oficial de la COP30, con una marcha integrada por activistas, representantes de pueblos indígenas y miembros de movimientos sociales internacionales. Según información publicada por Folha de Sao Paulo, figuras destacadas como la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, Marina Silva, ofrecieron declaraciones en las que subrayaron la importancia de esta cumbre como un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático.

Silva afirmó que se trata de “la COP de la verdad, la COP de la implementación”, e insistió en la urgencia de avanzar hacia una “transición, el desmantelamiento y el final del uso de los combustibles fósiles”. Añadió que Brasil es “el único país del mundo que ya tiene el mapa del camino”, y detalló una reducción del 50% en la deforestación de la Amazonía, así como una significativa caída en los incendios forestales en regiones estratégicas como el Pantanal y el Cerrado, aunque reconoció que “aún no es suficiente” y reafirmó el compromiso por un “desmantelamiento cero”.

Durante la manifestación se realizó una dramatización que representaba el “funeral de los combustibles fósiles”, con féretros gigantes y la participación de ONG internacionales y artistas de la Universidad Federal del Pará. Entre las representaciones artísticas destacó también “Plaga naranja”, una escultura del presidente estadounidense Donald Trump. Las críticas no estuvieron dirigidas solo a líderes extranjeros, ya que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue retratado bebiendo petróleo, en un gesto de rechazo a nuevas exploraciones en el Amazonas autorizadas por su gobierno, y se denunció además la privatización de ríos y la expansión de la minería. Los manifestantes ondearon también banderas de Palestina, ampliando el espectro de reclamos.

A la marcha acudieron movimientos sociales de Kenia, Filipinas y Malasia, quienes, según relató la directora ejecutiva de Greenpeace para España y Portugal, Eva Saldaña, pusieron sobre la mesa las pérdidas humanas y territoriales provocadas por la crisis climática. Saldaña recordó que “la emergencia climática sigue aquí” y advirtió que la falta de medidas contundentes incrementa la incidencia de eventos extremos. Llamó a los líderes globales a alcanzar acuerdos históricos “sin excusas”.

La movilización en Belém retoma las marchas globales de presión frente a las políticas ambientales de las cumbres oficiales, después de tres años en los que la celebración de la COP en países como Azerbaiyán, Dubái y Egipto limitó la libertad de expresión y las protestas. El anterior gran precedente fue la Marcha Global por el Clima durante la COP26 de Glasgow.

Decenas de miles de manifestantes, entre ellos una amplia representación indígena, recorrieron varios kilómetros desde un mercado local hasta las inmediaciones del Parque da Cidade, sede de la COP30 y resguardada este sábado por un fuerte despliegue militar y vallados. Aunque los organizadores cifraron la asistencia en 70.000 personas, otras estimaciones la sitúan en 50.000.

En las calles, los cánticos ambientalistas se mezclaban con ritmos populares locales y algunos participantes portaron símbolos como lanzas o arcos y flechas, en referencia a la lucha histórica de los pueblos originarios de la Amazonía. Referentes como Txai Suruí, activista indígena, pidieron mayor “presión” no solo para que los países cumplan sus promesas, sino para evitar retrocesos en la lucha climática. “Queremos presionar no solo para que se cumplan las promesas de los países sino también para que no se acepte ningún retroceso”, fueron sus palabras recogidas por AFP.

El protagonismo indígena fue notorio tras los incidentes vividos a principios de semana, cuando miembros de estas comunidades se enfrentaron a las fuerzas de seguridad encargadas de proteger la zona restringida de las negociaciones. Benedito Huni Kuin, del pueblo homónimo en el norte de Brasil, expresó su preocupación por la masacre ecológica a la que se enfrentan y aseguró que necesitan más representantes dentro de las negociaciones.

Por su parte, Naraguassu Pureza da Costa, referente indígena de la isla fluvial de Marajó, denunció la invasión de capital extranjero y compañías multinacionales sobre los territorios ancestrales. En la llegada de la marcha, la presencia de la policía impidió que los manifestantes accedieran al centro de negociaciones, mientras grupos indígenas realizaron danzas rituales y aromatizaron el ambiente con incienso.

A nivel de negociaciones, Brasil inició la COP30 logrando consenso en la agenda oficial, pero postergó la discusión de los temas más delicados, como el financiamiento climático, las metas de reducción de emisiones y las barreras comerciales. Según fuentes diplomáticas consultadas por AFP, las posiciones continúan “bastante divididas”, con varios bloques de países defendiendo prioridades divergentes y a la espera de la llegada de los ministros para la segunda semana del encuentro. Un diplomático occidental, bajo anonimato, describió las negociaciones como auténticas “sesiones de terapia”, en alusión a la dificultad de lograr acuerdos claros ante la multiplicidad de intereses.

(Con información de AFP y EP)

La protesta organizada por el colectivo Pacíficamente contra el Genocidio en la Puerta de Brandenburgo generó la detención de seis personas por parte de las autoridades alemanas, tras desplegar una pancarta destinada a denunciar el papel del Gobierno alemán respecto al conflicto en la Franja de Gaza. Según consignó la agencia Europa Press, la manifestación fue planeada como una acción "no violenta" para resaltar la complicidad que, según los activistas, mantiene Alemania en los acontecimientos del enclave palestino, señalando específicamente la respuesta militar de Israel.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la Policía de Berlín informó que tres de los detenidos accedieron al emblemático monumento en el centro de la capital alemana utilizando un montacargas, logrando colgar la pancarta antes de la intervención de los agentes del equipo de rescate. Estos tres manifestantes bajaron del monumento bajo custodia policial y, en paralelo, otras tres personas resultaron arrestadas tras ser identificadas como las operadoras del equipo de elevación empleado durante la acción de protesta.

Las acciones de este grupo de activistas se desarrollaron en un contexto marcado por los intensos ataques lanzados por Israel en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. Según el reporte de Europa Press, estos enfrentamientos se desataron después de una serie de incursiones perpetradas por Hamás y otras organizaciones armadas palestinas, que ocasionaron aproximadamente 1.200 víctimas fatales y el secuestro de unas 250 personas según datos oficiales israelíes.

El saldo de la ofensiva israelí, descrita por las autoridades de Gaza como devastadora, ha dejado un número elevado de muertes en el territorio: más de 69.100 palestinos, conforme a las cifras divulgadas por las autoridades gazatíes controladas por Hamás y citadas por Europa Press. La acción militar de Israel se enmarca en una serie de operaciones orientadas a responder a lo que el gobierno israelí denomina ataques terroristas. Europa Press detalló que, si bien existe un acuerdo de alto el fuego desde el 10 de octubre de 2023 en virtud de una iniciativa impulsada por el entonces presidente estadounidense Donald Trump, las fuerzas militares israelíes han continuado atacando objetivos que identifican como combatientes armados que cruzan la denominada "línea amarilla", trazada tras la retirada parcial de sus tropas.

La protesta en Berlín buscó llamar la atención sobre la responsabilidad alemana en el curso de los sucesos en Oriente Medio, poniendo de relieve no solo el impacto humanitario de la operación militar israelí, sino también la postura del gobierno alemán. Europa Press informó que el colectivo Pacíficamente contra el Genocidio sostiene que la compasividad de Alemania contribuye a la situación actual en Palestina. Además, la organización expresó mediante su cuenta en Instagram que la manifestación mantenía un carácter pacífico, destacando la intención de actuar sin recurrir a la violencia para hacer visible su mensaje.

La intervención policial en la Puerta de Brandenburgo provocó la detención inmediata de los manifestantes involucrados en el despliegue y operación del montacargas, como parte de la respuesta de seguridad ante la utilización del monumento histórico como escenario de la protesta. Conforme a lo reportado por Europa Press, el operativo se desarrolló tras identificar la acción en tiempo real y asegurar el desalojo del lugar, resaltando la preocupación de las fuerzas de seguridad por proteger el patrimonio y mantener el orden público en un punto simbólico de la ciudad.

Las acciones protagonizadas por este colectivo se suman a una serie de manifestaciones y actos de denuncia que se han multiplicado en diversas ciudades europeas desde el inicio de la escalada militar en la Franja de Gaza. Europa Press puntualizó que las reacciones ante la ofensiva israelí han mantenido vigentes las discusiones sobre la política exterior de los países de la Unión Europea y el papel específico que desempeñan en el manejo del conflicto entre Israel y Palestina, en particular respecto a la provisión de apoyo militar, diplomático y económico.

La congresista Elizabeth Medina Hermosilla busca modificar el Código Penal con el argumento de “evitar disturbios y facilitar la identificación de responsables en protestas sociales”. El proyecto fue ingresado el 4 de noviembre de 2025, en medio de constantes enfrentamientos durante movilizaciones en el país.

El texto legal propone reformas a los artículos 315 y 452 del Código Penal. La modificación más destacada introduce como agravante el uso de objetos o prendas que cubran el rostro en actos calificados como disturbios, lo que llevaría la pena de prisión a un mínimo de ocho y un máximo de diez años, además de aumentar la multa pecuniaria a hasta quinientos días-multa.

Además, aquellas personas que oculten su rostro en protestas, marchas o reuniones tumultuarias donde se produzcan disturbios enfrentarían de veinte a cuarenta jornadas de servicio comunitario o el pago de sesenta a noventa días-multa.

La norma también sanciona a quienes autoricen o lleven a menores de edad o personas con discapacidad a manifestaciones que deriven en actos violentos, ampliando el ámbito punitivo más allá de la conducta individual del manifestante. Según el proyecto, estos supuestos buscan proteger tanto a la sociedad como a personas especialmente vulnerables durante protestas.

En la exposición de motivos, la congresista argumenta que la finalidad del texto es “evitar la impunidad de quienes usan objetos o prendas que cubren el rostro, para delinquir en protestas sociales”. Sobre la protección a menores y personas con discapacidad, el proyecto advierte el riesgo que enfrentan en contextos de violencia y cita la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe la manipulación de niños y niñas en situaciones potencialmente peligrosas.

Durante los últimos años, protestas sociales en Perú han terminado en confrontaciones con afectaciones a la integridad de civiles, agentes del orden y bienes públicos. El pasado 15 de octubre, una movilización frente al Congreso de la República derivó en disturbios con una persona fallecida, 17 detenidos y 120 personas heridas, contabilizando tanto civiles como policías.

¿En qué países ya está prohibido ocultar el rostro?

El enfoque de la iniciativa incluye referencias a legislación extranjera para fundamentar la posible viabilidad de la medida. En países como Chile, luego de las protestas de 2019, se aprobó una ley que tipifica el ocultamiento de identidad como delito durante manifestaciones, basándose en el incremento de hechos violentos cometidos por encapuchados.

Legislaciones similares existen en Estados Unidos y Canadá, donde se aplican penas que pueden alcanzar hasta diez años de reclusión para quienes cubren su rostro en situaciones de disturbio. En Alemania y varios países de Europa occidental, leyes establecen multas o privación de libertad de hasta un año por estas conductas.

PL 13104 by Camila Calderón

El análisis constitucional en la exposición de motivos enfatiza que el derecho de protesta social está reconocido por la Constitución Política del Perú, que garantiza tanto la libertad de expresión como el derecho de reunión pacífica. Sin embargo, el proyecto sostiene que estos derechos no son absolutos y que las reuniones pierden protección constitucional cuando derivan en violencia o afectan a terceros.

El actual Código Penal ya contempla el delito de “disturbios” y prevé agravantes relacionados con la violencia y el uso de símbolos oficiales, aunque no incorpora el uso de prendas para ocultar el rostro ni la manipulación de menores o personas con discapacidades como circunstancias agravantes.

La propuesta legislativa abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el balance entre derechos individuales y orden público en el contexto peruano. La tramitación de este proyecto en el Congreso de la República será observada de cerca, dado el impacto potencial sobre las dinámicas de protesta, la protección de grupos vulnerables y el ejercicio de derechos constitucionales en el país.

Familiares de las victimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales realizadas en el 2018 por elementos de la Secretaría de Marina en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se manifestaron en Palacio Nacional con el objetivo de tener una reunión con la Presidenta, Claudia Sheinbaum.

Según información dada a conocer por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), las protestas comenzaron desde el 3 de noviembre y tuvieron como objetivo denunciar las irregularidades que han sufrido recientemente por parte de instituciones de gobierno.

Los manifestantes señalaron que la Fiscalía General de la República (FGR) está perdiendo los juicios en contra de aproximadamente 70 integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) por presuntos hechos de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.

Sobre las acusaciones, se dice que los juicios son perdidos por deficiencias dolosas en las carpetas de investigación.

El CDHNL ha documentado 54 víctimas de desaparición forzada derivado del Operativo de Estado que realizó la UNOPES en 2018.

Reportes de medios dicen que esas acciones estuvieron orientadas a combatir las operaciones del Cartel del Golfo, Los Zetas y el Cártel del Noreste.

Sobre las protestas en Palacio Nacional, Ericka Arredondo, madre de una de las víctimas, señaló que a 7 años de los hechos todavía faltan 32 personas por localizar, entre ellas, su hijo, Julio César Viramontes Arredondo.

Además, dijo que sienten que las investigaciones del Ministerio Público son una burla para los familiares de las víctimas.

Los protestantes también señalaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) les asignó a abogados sin experiencia, los cuales no conocen las carpetas de investigación, no asesoran a las familias de las victimas y únicamente se limitan a firmar los escritos de las diligencias.

Además, señalan que ninguna familia ha sido reparada íntegramente por parte de la CEAV.

Otra de las quejas presentadas por el grupo de familiares fue que no han tenido reuniones con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en lo que va del año.

Asimismo, declararon que la Comisión de Búsqueda de Personas obstaculiza sus peticiones para organizar búsquedas de campo y búsquedas en vida en los estados colindantes de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

El CDHNL informó que el jueves 6 de noviembre regresaron las familias de los desaparecidos a Nuevo Laredo, luego de ser atendidos por funcionarios de la Oficina de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación.

Según el reporte, las autoridades se comprometieron a gestionar una reunión con personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Fiscalía General de la República, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Comisión Nacional de Búsqueda.

La protesta de las Madres en Resistencia frente a la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Tuxtla Gutiérrez se distinguió por la colocación de cadenas en el portón principal y la exhibición de fichas de búsqueda de sus familiares desaparecidos.

Durante la manifestación, las participantes señalaron la existencia de vacíos legales y la carencia de infraestructura adecuada, aspectos que, a su juicio, dificultan la atención integral a menores víctimas de violación.

Por otra parte, realizaron diversas publicaciones en la red social Facebook, en la que mencionaron que las autoridades han hecho caso omiso a sus denuncias.

"Exigimos al Gobierno del Estado y a la Fiscalía General de Chiapas que cesen las omisiones, la revictimización y el hostigamiento hacia las madres, y que atiendan de manera urgente, seria y efectiva cada una de las carpetas de investigación“, se lee en una de ellas.

Dichas publicaciones y protestas contrastan con lo señalado por el fiscal General del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, pues afirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene su labor en los acuerdos establecidos con la colectiva Madres en Resistencia Chiapas, pero advirtió que el avance en su cumplimiento depende de la disposición de las integrantes de la organización.

Durante una conferencia de prensa, Llaven Abarca explicó que tres de los siete acuerdos firmados desde el 9 de octubre han sido cumplidos, mientras que los restantes no han avanzado porque, según sus palabras, “ellas nos han pedido que hasta que ellas definan se hará”.

El fiscal subrayó el respeto de la institución al derecho constitucional de manifestación de las integrantes de la colectiva. En el encuentro con medios, Llaven Abarca estuvo acompañado por Ana Laura Romero Basurto, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y por José Octavio García Macías, subsecretario de Investigación e Inteligencia de la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Finalmente, el fiscal reiteró que la falta de colaboración de Madres en Resistencia Chiapas ha impedido atender los acuerdos pendientes, a pesar de que estos fueron exigidos por la propia organización.

“Ningún feminicidio en Chiapas quedará impune”: fiscal General del estado

El pasado 6 de octubre, el fiscal General de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, ofreció una conferencia de prensa en la que dio a conocer avances en las investigaciones sobre feminicidios en el estado.

Además, el funcionario destacó la reciente detención de Simón “N”, señalado como presunto autor material del feminicidio de Lola Patricia “N”, regidora del Ayuntamiento de Chamula, presentado como un avance relevante en la lucha contra la impunidad en Chiapas.

El arresto, fue realizado en San Cristóbal de Las Casas, y responde a la estrategia de Cero Impunidad implementada por las autoridades estatales para combatir la violencia feminicida, según informó el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

Por otra parte, aseguró que el detenido enfrentará un proceso judicial en el que la Fiscalía solicitará la pena máxima de 100 años de prisión.

Llaven Abarca reconoció la labor conjunta de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, así como la colaboración entre las Fiscalías contra Feminicidios y de Justicia Indígena, lo que permitió concretar la captura.

“Enfrentará a la justicia y pediremos la pena máxima de 100 años. Quiero reconocer el trabajo de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, ya que gracias a la colaboración que hicimos a través de las Fiscalías contra Feminicidios y de Justicia Indígena, logramos esta detención, que sin duda trae un mensaje contundente de que ningún feminicidio en Chiapas quedará sin castigo”, finalizó Llaven Abarca.