Las protestas, convocadas por la oposición, se vieron truncadas después de que la ciudad amaneciera con un fuerte despliegue policial y las residencias de varios líderes opositores, bloqueadas por las fuerzas de seguridad.

Aunque los organizadores habían aceptado, a petición del Gobierno, limitar la manifestación a un estadio de Mogadiscio, las personas que se presentaron allí denunciaron que la Policía les impidió acceder por la fuerza.

"Tras una reunión con delegados de los líderes tradicionales, decidimos realizar nuestra protesta pacífica en el estadio Konis, pero esto no fue posible debido a los bloqueos gubernamentales y a la tortura de manifestantes dentro del estadio, como lo demuestran claras pruebas en vídeo", declaró a los medios el expresidente somalí Sheikh Sharif Sheikh Ahmed.

Así, miembros de la oposición y manifestantes denunciaron el uso de "fuerza letal" y de munición real contra la población.

"Con profunda tristeza condeno en los términos más firmes posibles el asesinato de un civil ocurrido hoy en el distrito de Daynille a manos de las fuerzas gubernamentales. La víctima estaba ejerciendo su legítimo derecho a la protesta pacífica", afirmó en la red social X el ex primer ministro Hassan Ali Khaire, al lamentar varios heridos.

Medios locales reportaron también la muerte de un joven y varios heridos, si bien las autoridades no confirmaron estas cifras.

La oposición señaló que el objetivo de las marchas era protestar contra los desalojos forzados en Mogadiscio de los que acusan al presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, y contra sus políticas en general.

"Estamos aquí para rechazar los desalojos forzosos y la corrupción del Gobierno del presidente Hassan Sheikh Mohamud. Al presidente solo le quedan cinco días en el cargo y estamos aquí para mostrar nuestro rechazó", declaró a la prensa local Batulo Gabale, una de las manifestantes que salieron a las calles.

Además de los desalojos, las protestas se producen en plena crisis política en el país y a menos de una semana del 15 de mayo, día en que el mandato de Mohamud debía acabar según la Constitución provisional de 2012, que fue reemplazada por una nueva el pasado marzo.

Aunque esa nueva carta magna extendió los mandatos parlamentario y presidencial en curso de cuatro a cinco años, ese movimiento no fue aceptado por todos los actores políticos de un país dividido en diferentes administraciones regionales con una alta autonomía, al ser visto por sus críticos como una usurpación ilegal del poder.

Frente a esta crisis, este domingo estaba prevista la celebración de un diálogo nacional convocado por el presidente, pero la reunión no se celebró finalmente.

En su lugar, el Gobierno somalí tildó las protestas en un comunicado de "acto de movilización política violenta que pone en riesgo la paz, la seguridad y la vida cotidiana", mientras el presidente somalí afirmó en un mensaje televisado que las protestas "tenían como objetivo desestabilizar el país".

Todo ello ocurre mientras Somalia combate al grupo terrorista Al Shabab, que controla zonas rurales del centro y el sur, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

El país vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.

Londres, 7 mar (EFE).- Miles de personas se manifestaron este sábado en Londres contra la guerra iniciada hace ocho días por Estados Unidos e Israel contra Irán, con eslóganes que declaran que "es ilegal" y que "bombardear a iraníes no traerá libertad ni democracia".

Entre los manifestantes, que empezaron la marcha cerca del Parlamento en dirección a la embajada estadounidense, al sur de la ciudad, había gente de todas las edades y procedencias, que también gritaron consignas contra la guerra en Gaza.

Pudo verse a algunos simpatizantes del régimen islámico de Teherán, que portaban imágenes del antiguo líder supremo iraní, Alí Jameneí, muerto en los ataques del pasado sábado.

Tim Sanders, exmaestro y artista de 65 años, dijo a EFE que es importante manifestarse "porque es una guerra ilegal que empezó masacrando a 150 niñas en un colegio", y consideró que tiene "objetivos dudosos, que seguro no son la liberación del pueblo iraní".

"Quizás ni el propio Trump sabe lo que quiere", declaró, en alusión a la posición cambiante del presidente estadounidense, Donald Trump, que instó a los iraníes a provocar un cambio de régimen y después dijo buscar la destrucción del programa nuclear iraní.

Martin Perry, arquitecto de 58 años llegado del sur de Inglaterra, subrayó que "la agresión a Irán forma parte de un patrón de decisiones tomadas por Estados Unidos e Israel que están destruyendo el derecho internacional".

"Estoy aquí hoy para enviar un mensaje a (el primer ministro británico) Keir Starmer de que la población no apoya los ataques y no quiere que nuestras fuerzas se vean implicadas en una guerra ilegal", manifestó.

La estudiante brasileña Daniela Costa explicó a su vez que venía para "mostrar solidaridad tanto con Irán como con Palestina y también con Cuba y Venezuela".

"Espero que esta protesta muestre al Gobierno británico que no cuenta con apoyo popular para participar en la guerra, sea proporcionando armas o permitiendo que EE.UU. utilice sus bases militares", mantuvo.

Paralelamente, varias decenas de partidarios de la dinastía Pahlaví, depuesta en 1979 por la revolución que estableció la República Islámica en Irán, se manifestaron desde la sede gubernamental de Downing Street hasta la embajada iraní a favor de un cambio de régimen en su país.

Sídney (Australia), 10 feb (EFE).- Una protesta celebrada el lunes en Sídney contra la visita a Australia del presidente de Israel, Isaac Herzog, terminó con enfrentamientos en el centro de la ciudad y 27 personas detenidas, según informaron este martes las autoridades locales.

La concentración reunió a miles de personas, con estimaciones de la organización de entre 10.000 y 30.000 asistentes en torno al Ayuntamiento de Sídney (Town Hall).

Tras los discursos, parte de la multitud se desplazó a la calle cercana George Street con intención de marchar, en un contexto de restricciones al movimiento de manifestantes debido a la visita oficial, que ha otorgado también mayores poderes a las autoridades.

En su comunicado, la Policía indicó que los asistentes recibieron "una serie de órdenes" para dispersarse conforme a la Declaración de Restricción de Asambleas Públicas y a la Ley de Grandes Eventos.

"Cuando los participantes no cumplieron, los agentes procedieron a dispersar a la multitud", señaló el texto, que añadió que la intervención incluyó a personas que habían detenido su marcha y bloqueaban el paso peatonal.

De acuerdo con la misma fuente, durante la actuación se produjeron varios forcejeos" y fueron arrestadas 27 personas, incluidas 10 por presunta agresión a agentes. Los servicios de emergencia atendieron a varios manifestantes después de que la Policía utilizara espray pimienta, sin que se hayan reportado heridas de gravedad.

Los incidentes se produjeron mientras Herzog participaba en un acto en el Centro Internacional de Convenciones de Sídney, vinculado a homenajes por el atentado ocurrido en diciembre en la playa de Bondi, el más mortífero de carácter religioso en Australia, con 16 víctimas, incluido uno de los dos atacantes.

Por motivos de seguridad, las autoridades pidieron a los asistentes que permanecieran en el interior del recinto hasta que la zona quedara despejada.

Las protestas de este lunes se suman a movilizaciones previas contra la visita del mandatario israelí, al que grupos propalestinos acusan de crímenes en Gaza y critican al Gobierno australiano por haber cursado la invitación oficial.

También se registraron concentraciones multitudinarias en otras ciudades del país, en una jornada de protestas coordinadas a nivel nacional.

Una segunda manifestación, convocada contra la "brutalidad" policial, tendrá lugar este martes en Sídney, según anunció el Grupo de Acción Palestina de Australia, que exige la retirada de todos los cargos contra los manifestantes.

Mientras tanto, Herzog continúa hoy su visita oficial, que se prolongará hasta el jueves, con encuentros previstos con la comunidad judía y con los principales responsables políticos del país, incluido el primer ministro australiano, Anthony Albanese. EFE

Seúl, 26 ene (EFE).- Estados Unidos valoró este lunes la determinación de Corea del Sur de desempeñar un papel protagonista en la defensa de la península coreana, tras la reciente publicación de la nueva Estrategia Nacional de Defensa estadounidense, que señala que Seúl está en condiciones de asumir una responsabilidad "principal" en la disuasión de Corea del Norte.

El subsecretario para asuntos políticos del Departamento de Guerra estadounidense, Elbridge Colby, valoró "la voluntad de Corea del Sur, como alianza ejemplar, de desempeñar un papel líder en la defensa de la península coreana mediante el fortalecimiento de sus propias capacidades de defensa", durante una reunión con el ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun, según un comunicado.

El encuentro entre el número 3 del Pentágono y el canciller surcoreano se produce en un contexto marcado por la nueva Estrategia Nacional de Defensa (NDS) de EE. UU., publicada la semana pasada, que apunta a un posible ajuste de la postura de las Fuerzas Armadas Estadounidenses en Corea del Sur, en línea con la política de 'Estados Unidos primero' (America First) del Gobierno de Donald Trump.

Varios analistas interpretaron el documento como una apuesta por priorizar capacidades sobre número de tropas y dotar a la presencia militar estadounidense de mayor flexibilidad regional.

La estrategia subraya que Corea del Sur puede liderar la defensa convencional frente a Pionyang con un apoyo estadounidense "crítico pero más limitado", insinuando que Washington mantendrá la disuasión nuclear.

El marco también es visto como favorable al impulso del traspaso del control operativo en tiempo de guerra (OPCON) a Seúl, un objetivo del Ejecutivo surcoreano.

La NDS no menciona la desnuclearización de Corea del Norte entre sus objetivos. El tema ya había sido omitido en el informe de la reunión de diciembre del Grupo Consultivo Nuclear (NCG) de Seúl y Washington, un hecho sin precedentes en el grupo, y en la revisada Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense (NSS), rompiendo con las menciones constantes desde el inicio del programa nuclear norcoreano en 2003.

Las omisiones podrían ser señales de una caída en la prioridad estratégica de la desnuclearización norcoreana para EE.UU., en medio de las intenciones de Trump de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, cuyo régimen ha condicionado el diálogo a descartar el desarme nuclear de Pionyang.

El Ministerio de Defensa surcoreano destacó este lunes que la NDS reconoce la capacidad y determinación del país para asumir un rol más activo en la seguridad de la península, mientras el presidente, Lee Jae-myung, reiteró el fin de semana que una defensa autónoma sólida es "lo más básico de lo básico" para garantizar la paz y un crecimiento económico sostenible.

Colby estará en Seúl hasta el martes, según fuentes citadas por la agencia local de noticias Yonhap, para después dirigirse a Japón. EFE

Copenhague, 16 ene (EFE).- Miles de personas recorrieron este sábado el centro de Copenhague al grito de "Groenlandia no está en venta" y en contra de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con ese territorio autónomo danés.

La manifestación, convocada por organizaciones de groenlandeses residentes en Dinamarca y la ONG danesa Ayuda a la Acción, comenzó en la plaza del Ayuntamiento, donde intervinieron, entre otros, la alcaldesa de Copenhague, Sisse Marie Welling, y varios políticos groenlandeses.

"No se puede comprar a la gente, no se puede cambiar el mapa del mundo según los deseos de los poderosos", dijo Welling.

La diputada autonómica groenlandesa Pipaluk Lynge resaltó, por su parte, que "no es sólo Groenlandia, sino todo el orden mundial lo que está en juego".

Las más de 15.000 personas, según los organizadores, que llenaron la plaza recorrieron luego las calles del centro ondeando banderas danesas y groenlandesas y con cánticos como "Kalaallit nunaat, kalaallit pigaat" (Groenlandia es de los groenlandeses).

"Ha habido una campaña de guerra psicológica contra los groenlandeses. La gente tiene ataques de ansiedad, pesadillas, le cuesta dormir. Me emociono cada vez que tengo que contarlo, porque es tan aterrador constatar que aquellos en quienes hemos confiado son quienes ahora nos traicionan y nos amenazan", explica a EFE Julie Rademacher, portavoz de Uagut, una organización creada este año para "dar voz" a los cerca de 17.000 groenlandeses que residen en Dinamarca.

Rademach sostiene que los groenlandeses se han sentido "impotentes" en los últimos tiempos y se han visto envueltos de forma involuntaria "en una lucha por la democracia y el orden mundial", por lo que cree que esta es una lucha de "todos".

"Es una señal clara de que hay que despertar, porque quién sera el siguiente. Es muy importante que despertemos ahora, es muy importante que hagamos lo que podamos para luchar esta lucha", dijo Rademach.

Cuando Trump comenzó con sus amenazas a Groenlandia hace meses, a Anders Franssen, un pedagogo danés, se le ocurrió convocar una manifestación en apoyo, a pesar de que no tiene un vínculo directo con la isla, que ha visitado en un par de ocasiones, más allá de algunos amigos naturales de allí.

"El 7 de marzo llamé a la policía para decirles que iba a convocar una demonstracion. Les dije que no sabía cuántos seríamos. Acabamos siendo más de 3.000 personas", afirma Franssen, quien actúa "por pura solidaridad con los groenlandeses".

Franssen le recuerda a Trump "que el tiempo de comprar a la gente y los países ya pasó", si bien admite tener "mucho miedo" de que finalmente se haga con la isla ártica.

Junto a los grupos de groenlandeses en Dinamarca y algunos particulares como Franssen, entre los organizadores figura la oenegé Ayuda a la Acción, cuyo secretario general, Tim Whyte, aunque nacido y crecido en Dinamarca, tiene también origen y nacionalidad estadounidenses.

"Siento que me han robado a mi país", dice a EFE en alusión a Estados Unidos, el lugar de origen de sus padres y donde también ha residido.

Whyte califica de "locura" la evolución de Estados Unidos durante el mandato de Trump y lamenta que ese país "haya sido secuestrado por un demente", aunque resalta que él no es el único que lo piensa y que los sondeos muestran que tres cuartas partes de los estadounidenses están en contra de la adquisición de Groenlandia.

La manifestación en Copenhague finalizó delante de la Embajada de Estados Unidos, donde se repitieron las consignas de que Groenlandia no está a la venta.

"Hoy mostramos que estamos juntos: en Groenlandia, en el Reino de Dinamarca, en los países nórdicos y en Europa. Estamos juntos y no cedemos, porque nuestra solidaridad es más fuerte que su codicia", resaltaron varios de los organizadores de la movilización desde el podio, mientras miles de personas gritaban "sacad vuestras manos de Groenlandia" en dirección a la legación diplomática estadounidense.

Aunque la más numerosa, la de Copenhague no fue la única manifestación de apoyo a Groenlandia celebrada este sábado en Dinamarca: las otras grandes ciudades como Aarhus, Odense y Aalborg, entre otras, acogieron también movilizaciones.

Y en Nuuk, capital groenlandesa, estaba convocada otra manifestación a las 15.00 gmt, al igual que en otras localidades de esa isla ártica.

Trump ha reiterado en las últimas semanas su deseo de hacerse con Groenlandia apelando a motivos de seguridad nacional, pero tanto el Gobierno danés como el groenlandés han defendido la integridad territorial del Reino de Dinamarca y el derecho de los propios groenlandeses a decidir su futuro. Anxo Lamela

Nueva York, 15 ene (EFE).- Miles de enfermeras y enfermeros de la ciudad de Nueva York protestaron este jueves por cuarto día consecutivo para exigir que los negociadores de los principales hospitales y su sindicato estatal cierren un acuerdo que recoja mejoras salariales y de las condiciones laborales, después de que las conversaciones para renovar el convenio anterior, caducado a final del año pasado, se estancaran.

"Necesitamos seguridad para el personal, un entorno laboral que nos cuide y que nos den prestaciones sanitarias", explicó a EFE Darla Joyner, enfermera desde hace ocho años del Hospital Mount Sinai , cerca de la esquina noreste de Central Park.

Unos 15.000 profesionales del cuerpo - compuesto en más de un 90 % por mujeres de acuerdo con los últimos datos de la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York (NYSNA, por sus siglas en inglés) - dejaron sus puestos de trabajo el pasado lunes para unirse a la que ya es la mayor huelga del sector en la historia de la ciudad.

Joyner acusó al hospital para el que trabaja, así como al NewYork–Presbyterian Hospital, entre otros, de bloquear la renovación del convenio porque alegan que ofrecer un seguro médico a las profesionales aumentaría mucho los costes de los centros.

Sin embargo, la NYSNA reclama que se blinden estas prestaciones para las trabajadoras y que aumenten sus salarios para compensar la inflación, algo sobre lo que no se ha conseguido llegar a un acuerdo en la mesa negociadora tras varios meses.

"Luchamos por nuestros pacientes y por tener unas ratios de personal seguras. El anterior convenio ya recoge algunas de estas garantías, pero el hospital está intentando eliminarlas", aseguró Leah, enfermera del Mount Sinai desde hace seis años.

Este viernes todas las partes implicadas volverán a la mesa de negociación con un mediador para intentar poner fin a esta situación.

"No sé qué esperar. Sé que la presión está funcionando. Cada día que pasa somos más fuertes. Soy un poco más optimista ahora que nos han vuelto a llamar a la mesa de negociación", afirmó Joyner.

La enfermera apuntó que, antes de que se organizara la huelga, "no se había abordado nada sobre los acuerdos económicos ni sobre la situación del personal": "Espero que obtengamos respuestas tras la reunión", confesó.

Hasta entonces, avanzó, la marea roja -color con el que se identifica el sindicato-, seguirá concentrándose frente a sus centros de trabajo para seguir exigiendo condiciones justas.

"Espero que lleguen a un acuerdo, o al menos a un compromiso, para que podamos volver al trabajo y hacer lo que mejor sabemos hacer, que es cuidar de nuestros pacientes", declaró Leah.

Mientras tanto, la atención sanitaria en los hospitales continúa pese a la huelga y las profesionales han instado a aquellos que lo necesiten a acudir a los centros a pesar de la huelga.

Algunos, como el Mount Sinai, han firmado contratos temporales con miles de enfermeras para cubrir las bajas durante la huelga. Según The New York Times, se han gastado decenas de millones de dólares.

Jennifer Adams, una mujer que acudió con su hija y su nieto recién nacido a una consulta para el bebé, confirmó que el hospital funciona "sin problema" y que pudieron ser atendidas como en otras ocasiones.

"Apoyamos la huelga, pero necesitábamos hacerle una revisión al bebé", comentó.

Sindicatos de enfermeras de otros estados e incluso agrupaciones neoyorquinas de otros sectores han respaldado a las trabajadoras sanitarias.

Las enfermeras celebran durante las protestas cuando profesionales de otros gremios, como conductores de autobús o bomberos, pasan con sus vehículos por delante de la concentración tocando el claxon y aplaudiendo para darles apoyo.

"La unidad de los trabajadores es lo más importante", anotó Joyner.

Las sanitarias también han recibido en estos días el apoyo del alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, quien acudió a una de las concentraciones con la bufanda del sindicato y aseguró en un mensaje en X que las enfermeras, que "están presentes en los momentos más difíciles" se merecen "salarios justos, condiciones de trabajo seguras y dignidad".

Esteban Capdepon Sendra

Es la sexta vez, desde el pasado octubre, que se posterga el fallo, pese a tratarse de un caso calificado como "urgente", debido a los problemas de salud que las factorías del complejo han ocasionado a la población desde principios de septiembre, por el incremento de fugas de gases contaminantes.

Este nuevo aplazamiento se produjo, según declaraciones del jefe de la oficina regional de abogados de Gabes, Munir al Adouni, a petición del "mediador de disputas estatales", para "profundizar" en el estudio de la solicitud de paralización de actividades.

Ante esta decisión, decenas de manifestantes protestaron frente al tribunal, donde reiteraron la urgencia de desmantelar las unidades de producción -dedicadas, fundamentalmente, a la industria del fosfato-, al considerar que su continuidad "incrementará los problemas de salud por daños respiratorios" en la zona.

Cuando finalmente sea emitido el veredicto, si resulta favorable a la acusación, las factorías deberán paralizar sus labores de inmediato, a la espera de una resolución posterior para su cierre definitivo.

Los reclamos populares, recurrentes desde hace más de una década, se intensificaron en los últimos tres meses, con manifestaciones multitudinarias y una huelga general llevada a cabo el pasado 21 de octubre en la región.

Por el momento, el Gobierno no ha planteado públicamente la posibilidad de desmantelar las instalaciones, sino que propuso reactivar seis proyectos por valor de 200 millones de dinares (59 millones de euros) para poner fin a las emisiones de gases tóxicos y que las factorías continúen la producción.

El Consejo Regional de Médicos de Gabes, que calificó de "inaceptable" la continuidad de las actividades, alertó de los "catastróficos y graves efectos para la salud" y los daños "evidentes" causados "a lo largo de sucesivas décadas", acentuados desde el pasado septiembre.

El planteamiento del gremio sanitario fue respaldado por más de medio centenar organizaciones y asociaciones de todo el país, así como de sindicatos y empresas de la zona afectada.

 Lecornu pidió hoy una "aceleración de la estrategia de vacunación" contra la dermatosis nodular contagiosa, que afecta especialmente ahora al ganado vacuno del suroeste del país, donde los agricultores multiplicaron sus acciones hoy con el corte la vía ferroviaria que conecta Toulouse con Narbona y con más bloqueos en varias autopistas.

El primer ministro solicitó a su gobierno "una aclaración y aceleración de la estrategia de vacunación, que debe tener más en cuenta las realidades de cada departamento" para "proteger a nuestros agricultores y a la ganadería francesa", y exigió una "mayor" disponibilidad de dosis de vacunas, según fuentes del Gobierno.

Igualmente demandó una "revisión de los controles sobre el transporte prohibido de animales", "un plan de apoyo a las pequeñas explotaciones agrícolas" y "un plan de repoblación adaptado a la región de Occitania" (sureste de Francia).

Son las principales conclusiones de la reunión que mantuvo Lecornu esta mañana con un grupo reducido de sus ministros, previa a la que tiene previsto celebrar esta tarde por videoconferencia ampliada a los prefectos de los ocho departamentos de suroeste afectados por el virus y las protestas, que se prolongan desde hace una semana.

Los sindicatos Coordinación Rural, el segundo de agricultores más grande -cercano a la extrema derecha-, y la Confederación Campesina, de tendencia izquierdista, contestan con vigor el protocolo de sacrificar los rebaños en los que se detecta algún caso positivo.

Hasta la fecha se han registrado 113 brotes en Francia desde que apareció la enfermedad en Saboya (este) el pasado verano. La estrategia oficial de contención se sustenta en tres pilares: sacrificio sistemático de animales en cuanto se detecta un caso, vacunación y restricciones de movimiento.

El entorno de Lecornu también avanzó que se reunirá "durante la semana" con los sindicatos agrícolas para tratar la dermatosis nodular así como el Mercosur, otra de las bestias negras de los agricultores franceses.

La FNSEA-Jóvenes Agricultores, el mayor sindicato del sector en Francia que sí respalda el sacrificio de los rebaños afectados por el virus, anunció hoy que al menos 4.000 de sus miembros se sumarán el jueves a la manifestación convocada en Bruselas por la asociación de cabildeo agrícola Copa-Cogeca contra el acuerdo UE-Mercosur coincidiendo con la cumbre europea que debe aprobarlo por mayoría cualificada.

El sindicato invitó a los agricultores que no puedan desplazarse a Bruselas a que se manifiesten en Francia, también contra la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), ya que el campo se enfrenta a una "crisis existencial", dijo el secretario su secretario general, Hervé Lapie, en una rueda de prensa.

"La crisis sanitaria no debe ocultar la crisis estructural que conoce la Agricultura. La Política Agrícola Común, el Mercosur, la tasa de ajuste de carbono en las fronteras son la gota que ha desbordado el vaso", subrayó Lapie.

En el debate sobre Mercosur, la líder ultraderechista Marie Le Pen pidió ese martes al presidente francés, Emmanuel Macron, que se oponga al tratado en lugar de solicitar un aplazamiento hasta 2026 de la votación prevista para esta semana en Bruselas, como ha hecho, ya que -dijo- "la soberanía de nuestro país, está en juego".

Una protesta de agricultores cerca de Villefranche-de-Lauragais (Alto Garona) interrumpió hoy el servicio ferroviario entre Toulouse y Narbona en la línea Burdeos-Marsella, según anunció el Servicio Nacional de Ferrocarriles (SNCF, en sus siglas en francés).

Mientras tanto, el tráfico por carretera continúa por cuarto día consecutivo con "importantes interrupciones" en el suroeste, en las autopistas A64 (Bayona-Toulouse), A63 (España-Burdeos), A61 (Narbona-Toulouse); y en el sur, en la A9 (Orange-Perthus) y la A54(Nimes-Salon-de-Provence), según la última actualización de la situación efectuada esta tarde por Vinci Autopistas en su página web.

Los gestores de las autopistas advirtieron de que "la situación está evolucionando rápidamente y podrían producirse bloqueos en otras zonas en las próximas horas", que "podrían interrumpir el tráfico en gran parte de la red" francesa. EFE

Unos 400 trabajadores del mayor museo del mundo votaron de forma unánime declararse en huelga lo que imposibilitó a la dirección abrir las puertas a los miles de visitantes que esperaban, incrédulos, para descubrir los tesoros que guarda.

La convocatoria de huelga es 'indefinida'. Nadie puede saber si el Louvre, que los martes tiene su día semanal de cierre, volverá a abrir el miércoles, cuando de nuevo los trabajadores estarán llamados a pronunciarse sobre si quieren mantener los paros, cuyo coste se evalúa en 400.000 euros diarios.

"Veníamos tres o cuatro días a París y nos quedamos sin visitar uno de los museos más famosos del mundo", aseguró a EFE Darío Calvo, que llegó desde la madrileña localidad de Alcorcón, mientras que su acompañante, Mara Durán, expresó su "decepción": "Ahora a pasar fío".

Más comprensivo se mostró el texano Michael Gamer, que afirmó a EFE que si hay huelga "será por algo que es necesario cambiar" en un claro respaldo a los sindicatos.

En el punto de mira de la ira de los sindicatos está la presidenta del establecimiento, Laurence des Cars, a quien acusan de priorizar los golpes de efecto mediáticos, las inauguraciones pomposas y la fiestas faraónicas en sus salones en lugar de apostar por las profundas reformas estructurales que, a su juicio, necesita el museo.

"Hay un problema en las prioridades de inversión", indicó la delegada sindical de Sud, Élise Muller, que criticó duramente el macroproyecto de reforma del museo anunciado en enero pasado por el presidente, Emmanuel Macron, con un coste evaluado en 500 millones de euros.

La idea central giraba en torno a dos ejes. El primero, la creación de una nueva entrada, para desatascar la icónica pirámide, levantada a finales de los 80 para acoger a cuatro millones de visitantes al año y que en los últimos ejercicios ha visto pasar el doble.

Además, el programa proyecta la creación de una sala específica para exponer La Gioconda, el cuadro más emblemático y el más buscado por los turistas que se quejan de una experiencia estresante entre miles de personas.

Los sindicatos apuntan a que el museo ha ido demasiado rápido en su apertura al turismo olvidando adaptar sus condiciones a las masas de visitantes.

"Visitar el museo es ahora mismo una carrera de obstáculos", asegura el representante del sindicato CGT, Christian Galani, para quien el objetivo, más allá de las intenciones de fachada, pasa por "trasmitir un legado a las generaciones futuras".

El robo sufrido el pasado 19 de octubre en la Galería Apolo, de la que cuatro ladrones se llevaron una serie de joyas de la corona francesa con un valor patrimonial inestimable y pecuniario evaluado en 88 millones, fue la gota que colmó un vaso a punto de desbordarse, sostienen los sindicatos.

Los representantes sindicales aseguran sentir "vergüenza ajena" cuando comprueban que el establecimiento en el que trabajan es objeto de bromas en el mundo entero.

Al robo del siglo siguió, a mediados de noviembre, el cierre la Galería Campana, que alberga nueve salas dedicadas a la cerámica griega antigua ante la debilidad que muestran algunas de sus vigas.

Pocos días más tarde un daño en las tuberías provocó una fuga de agua que dañó varios cientos de documentos de la biblioteca de antigüedades egipcias.

Síntomas, aseguran los representantes sindicales, del desgaste de un museo que ha optado "por lo anecdótico olvidando lo esencial".

Además de las condiciones materiales del museo, denuncian la degradación de las condiciones laborales, la supresión de 200 puestos fijos en los últimos 15 años, en una plantilla de 2.200, en contraste con una carrera acelerada para incrementar el número de visitantes.

Tampoco les gusta la creación de una tarifa superior para los procedentes de fuera de la Unión Europea, o la apuesta por contratos temporales en lugar de los indefinidos.

El establecimiento recibió en 2024 casi 100 millones de euros de subvenciones.

La dirección mantiene silencio en medio de la tormenta. En los últimos días, Des Cars ha rechazado contraponer las mejoras necesarias con su política de adquisición de obras y de inauguración de exposiciones, que considera esencial para mantener vivo el museo.

Al tiempo que defiende la gran renovación que cree necesaria para convertir al Louvre en un museo del siglo XXI.

Luis Miguel Pascual

El diario local Dhaka Tribune informó hoy que la sentencia fue dictada por el Tribunal Especial 5 de Daca, liderado por el juez Mohammad Abdullah Al Mamun.

Además de Hasina, también fueron condenados en dos de los casos su hijos, Sajeeb Wazed Roy y Saima Wazed Putul, funcionaria de la OMS apartada temporalmente de su cargo desde junio por estar siendo investigada.

Los casos por los que la familia Hasina ha sido condenada fueron presentados por la Comisión Anticorrupción de Bangladés y tienen que ver con la asignación ilegal de tierras gubernamentales para la construcción de un proyecto urbanístico en la Daca Metropolitana.

Hasina ha sido condenada a siete años de prisión por cada uno de los tres casos que tienen que ver con la asignación de estas tierras.

La ex primera ministra de Bangladés se encuentra huida en la India desde su dimisión como mandataria el 5 de agosto de 2024, tras una oleada de protestas que tumbaron su gobierno y que fueron reprimidas con dureza por fuerzas de seguridad ordenadas por Hasina.

El pasado 17 de noviembre, Hasina fue condenada a pena de muerte por el Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladés, una corte doméstica. Daca pidió a Nueva Delhi la entrega de la ex primera ministra para cumplir con su condena.

En julio, la exmandataria recibió una primera condena, tampoco cumplida, a seis meses de prisión por desacato.

El miércoles, el portavoz del Ministerio de Exteriores indio, Randhir Jaiswal, confirmó que Nueva Delhi ha recibido la solicitud de extradición de Hasina y señaló que esta "está siendo examinada como parte de los procesos judiciales y legales internos en curso" mientras continúan las conversaciones.

La ONU y organizaciones como Amnistía Iternacional y Human Rights Watch han lamentado la imposición de la pena de muerte a la ex primera ministra que ha denunciado su condena como una persecución política.

Bangkok, 17 nov (EFE).- Unas 600.000 personas protestaron este lunes en Filipinas contra la corrupción por segundo día consecutivo, mientras la Justicia investiga la presunta malversación de millones de dólares en planes de infraestructuras inexistentes o defectuosos para controlar inundaciones.

Convocadas por la influyente comunidad cristiana Iglesia Ni Cristo (INC), unos 600.000 manifestantes se unieron hoy a la llamada Marcha por la Transparencia y una Mejor Democracia, que durará hasta el martes en la capital filipina, según los datos publicados por la Oficina de Gestión y Reducción de Riesgo de Desastres de Manila.

Algunos manifestantes, muchos de ellos procedentes de otras provincias, equipados con colchonetas y tiendas de campaña pasaron ya la noche del domingo y se espera que muchos hagan lo mismo hoy en la Tribuna Quirino de Manila, punto de referencia de la ciudad y donde ha sido convocada la protesta, muestran medios locales.

La Policía de Filipinas informó de que los agentes desplegados estarían equipados con cámaras corporales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, recogió la cadena ABS-CBN, después de meses de agitación social en varios países de Asia, entre ellos Nepal e Indonesia.

La Iniciativa del Pueblo Unido (UPI), compuesta por miembros de diversos sectores, principalmente militares retirados, celebró una concentración anticorrupción paralela en Ciudad Quezón, con menor afluencia, según el mismo medio.

Las autoridades no han informado por ahora de incidentes violentos en las protestas, que en la víspera también congregó a un número de asistentes similar.

Las protestas contra "proyectos fantasma" de control de inundaciones, que habrían causado pérdidas al erario público de 1.771 millones de euros solo en los últimos dos años, han sido objetivo recurrente de reivindicaciones en Filipinas los últimos meses.

Respaldados por el presidente Ferdinand Marcos Jr., quien mandó investigar dichos proyectos, y por la influyente Iglesia católica del archipiélago, miles de personas salieron a finales de septiembre a las calles de Manila y otras ciudades filipinas por el mismo motivo.

Previamente, concentraciones anticorrupción provocaron la caída de los líderes de las dos cámaras del Congreso filipino.

La protesta por estas infraestructuras inexistentes contra las inundaciones coincide además con una temporada de tifones que ha sido especialmente dura este año.

Solo este noviembre, el tifón Kalmaegi, que impactó el centro del archipiélago a principios de mes, se cobró 250 vidas y dejó 111 desaparecidos, principalmente por torrentes de agua; mientras que el tifón Fung-won, que golpeó la isla de Luzón entre los días 9 y 10, causó 26 muertes y dos desaparecidos, según los datos oficiales.

La comunidad INC detrás de la protesta de hoy es conocida por su carácter sectario y sus estrictas normas, hasta el punto de que sus 2,8 millones de seguidores, según el censo de 2020, votan en bloque según les marcan sus líderes, y los políticos se disputan su apoyo.

El influyente grupo, que representa a la tercera religión del archipiélago por detrás del catolicismo (80 % de la población) y el islam (6,4 %), convocó en enero una protesta contra los procesos de destitución a los que se enfrenta la vicepresidenta filipina, Sara Duterte, en plena ruptura con Marcos Jr.

"La salida de Emmanuel Macron es una exigencia legítima", ha subrayado Mélenchon en una declaración leída ante la prensa rodeado de los lugartenientes de su partido, La Francia Insumisa (LFI), tras la que no ha aceptado preguntas.

Esta escenificación se produce en el día en que se espera que Macron nombre a un primer ministro, ya que el actual, Sébastien Lecornu, está en funciones desde que presentó su dimisión el lunes por la mañana, apenas 14 horas después de la presentación de su Gobierno por disensiones internas.

Sobre todo, responde al hecho de que LFI no ha sido invitada por el jefe del Estado a una reunión a las 14.30 con los líderes de los partidos políticos, como tampoco ha sido invitada la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, la líder de la extrema derecha.

Mélenchon ha indicado que su declaración se explica porque quieren influir en los acontecimientos pese a haber sido excluidos, aparentemente porque se han quedado fuera las dos formaciones que exigen elecciones anticipadas.

"Para nosotros la responsabilidad del caos no está en la Asamblea (Nacional), sino en el Elíseo", ha insistido para señalar a Macron y repetir que "se tiene que ir".

El líder de LFI ha lanzado un mensaje en dirección de los otros partidos de izquierdas, con los que constituyó el Nuevo Frente Popular (NFP) para presentarse a las legislativas anticipadas del verano de 2024, para que cumplan con los compromisos y con el programa que consensuaron entonces.

Una forma de pedirles que no participen en compromisos con Macron y con el resto de las formaciones que sí acudirán a la reunión de esta tarde en el Elíseo.

Mélenchon ha considerado que en la situación actual la alternativa para desbloquear la situación sería, bien la convocatoria anticipada de legislativas, bien la celebración de presidenciales, también adelantadas si el jefe del Estado aceptara renunciar a continuar.

Pero ha hecho notar que la primera opción no garantizaría ese desbloqueo ya que se presentan tres riesgos: que los resultados sean similares a los del verano de 2024, que Macron no respetara esos resultados a la hora de designar a un primer ministro para formar Gobierno, y que no podrían organizarse nuevas legislativas hasta un año después.

Las manifestaciones, convocadas en urbes como Rabat, Casablanca, Tánger y Tetuán, transcurrieron de forma pacífica, con la participación de decenas de jóvenes que corearon consignas en favor de reformas en los sectores de sanidad, educación y empleo.

A través de un comunicado, el movimiento GENZ212, que encabeza estas protestas, informó que suspenderá sus actividades programadas para este viernes, con el objetivo de atender el esperado discurso del monarca ante el Parlamento en la apertura del nuevo año legislativo.

En paralelo, el colectivo -creado el pasado 18 de septiembre a través de redes sociales- dio a conocer un escrito de once páginas titulado "Documento de reivindicaciones de la juventud marroquí: para la activación del pacto constitucional", en el que detalla sus principales demandas.

El texto, aprobado por el 87 % de los 3.383 votantes en la plataforma 'Discord', donde nació el movimiento, propone cerrar la "gran brecha" entre las promesas constitucionales y la realidad social del país.

En el texto, los firmantes reafirman su adhesión a los pilares fundamentales del Estado marroquí: el islam, la unidad nacional, la monarquía y la vía democrática, conforme al artículo primero de la Constitución de 2011.

Sin embargo, el documento recuerda las obligaciones del Estado de garantizar servicios sanitarios modernos, educación de calidad y empleo digno para los jóvenes, al tiempo que subraya la desconfianza creciente entre la juventud y las instituciones públicas.

En el ámbito de la sanidad, el movimiento exige una reforma profunda del sistema público, que incluya mejoras en infraestructura hospitalaria, personal médico y costos de tratamiento.

Entre las propuestas destaca el aumento de la cobertura de la prestación sanitaria obligatoria del 50 % actual al 75 % del costo del tratamiento.

Actualmente, Marruecos cuenta con 15.600 médicos en el sector público para una población de 37 millones de habitantes, lo que representa 0,42 médicos por cada mil habitantes, una cifra muy por debajo del promedio mundial, que se sitúa en 1,72.

En cuanto a la educación, el documento reclama una revisión integral de los contenidos de enseñanza, con énfasis en el desarrollo del pensamiento crítico, habilidades digitales, educación cívica y formación adaptada a las competencias del siglo XXI.

Según el Foro Económico Mundial, Marruecos ocupa el puesto 101 en calidad educativa a nivel global y el noveno en la región de África del Norte y Oriente Medio. Por su parte, el Índice Global del Conocimiento sitúa al país en la posición 98 de 141.

Respecto al empleo, el documento propone reorientar la economía hacia sectores de alto valor agregado, como las tecnologías, la economía verde y las industrias avanzadas, mediante incentivos fiscales y protección a las empresas emergentes frente a la burocracia.

El censo de 2024 señala que el segmento joven entre 15 y 30 años representa una cuarta parte de la población total marroquí, que ronda los 37 millones, mientras que la tasa de desempleo juvenil (15-24 años de edad) alcanzó el 47 % en el segundo trimestre de 2025, según estadísticas del Banco Central.

Así mismo, GENZ212 exige una lucha decidida contra la corrupción, que incluya el fortalecimiento de los órganos de control, garantía de independencia judicial, transparencia en la contratación pública, criminalización del enriquecimiento ilícito y mecanismos eficaces de rendición de cuentas para los cargos públicos.

No se veía tal expectación desde el año 1974, cuando el carismático Yaser Arafat, el líder que dominó durante décadas la Organización para la Liberación de Palestina, subió al podio de la Asamblea y pronunció su famoso discurso del olivo y el fusil: "Vengo con el fusil del combatiente de la libertad en una mano y la rama de olivo en la otra. No dejen que la rama de olivo caiga de mi mano", pronunció. Evidentemente, era una metáfora, nadie vio la rama ni el fusil, pero pasó a la Historia.

Ha pasado mucho desde aquel discurso, guerras e intifadas, siempre con el resultado de que los palestinos han ido perdiendo tierra y derechos, hasta el punto de que muchos analistas dudan de que sea viable un Estado en un territorio completamente fragmentado, aparte del hecho de que Israel nunca ha admitido esa posibilidad.

Pero la guerra emprendida por Israel en Gaza tras los atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023 (más de 65.000 muertos) ha llegado a tal nivel de destrucción y horror que ha agotado el vocabulario de los dirigentes de Naciones Unidas y de países de todo el mundo, a excepción de Estados Unidos, que sigue prestando a Israel un apoyo militar, económico y diplomático vital.

Tres detalles han hundido la imagen de Israel en los últimos treinta días: el 22 de agosto, la ONU declaró oficialmente la hambruna en la Gobernación de Gaza (donde viven un millón de personas), el 16 de septiembre una comisión de la ONU declaró que Israel está cometiendo un genocidio y un día después, indiferente a los llamamientos internacionales, el ejército israelí lanzó una campaña terrestre contra la capital gazatí y dio 48 horas a su población para huir de allí.

Aliados tradicionales de Israel como Francia, Reino Unido, Canadá o Australia han ido subiendo el tono contra el gobierno de Benjamín Netanyahu en los últimos meses, en los que circulaban por redes sociales y televisiones las imágenes de niños escuálidos que desfallecían en brazos de unas madres no menos hambrientas.

Países que contemplaban los intentos de Israel de suplantar las redes de la ONU para unos repartos "militarizados" de comida en Gaza a cargo de una oscura fundación creada en EEUU y cuyas caóticas operaciones "humanitarias" acababan casi sistemáticamente a tiros: hasta el 23 de julio, se contabilizaban 875 muertos por disparos en las llamadas "colas del hambre".

Ante esas imágenes, los países occidentales mencionados han anunciado que darán el paso de reconocer el Estado de Palestina y se sumarán así a los 147 que ya lo reconocen en el mundo entero, es decir, una amplia mayoría entre los 193 estados miembros de la ONU.

El reconocimiento de las potencias occidentales no es baladí, toda vez que hasta ahora los miembros del G7 (las grandes potencias económicas del mundo, sin contar a China) habían condicionado ese paso a que Israel diera primero luz verde, algo que ahora parece imposible.

En un intento de torpedear ese reconocimiento, que va a materializarse en una conferencia internacional 'ad hoc' a celebrarse el lunes 22 en Nueva York, Estados Unidos recurrió al arma de los visados, y anunció que no los concedería a los miembros de la Autoridad Palestina, incluido su presidente Mahmud Abás, en una ruptura inédita de los acuerdos que vinculan a EE.UU. con la ONU.

Sin embargo, ese movimiento no ha servido para frenar el intento y todo indica que el lunes próximo una decena de países darán el paso.

No es que reconocer a un Estado vaya a parar la guerra, pero dejará aún más en evidencia la soledad de EE.UU. e Israel, que ven reducidos sus apoyos a los de gobiernos ultraderechistas (Hungría y Argentina, entre ellos) y a varios estados minúsculos del Pacífico.

Javier Otazu

"Tres personas fueron declaradas muertas, presuntamente por haber quedado atrapadas dentro de la sala cuando se produjo el incendio" en Makassar, en la zona central del archipiélago de Indonesia, afirmó el jefe de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de la ciudad, M. Fadli, a la agencia estatal Antara.

La conflagración se registró la noche del viernes, según Antara, cuando una turba se congregó en torno a un edificio gubernamental de Makassar y los manifestantes lanzaron cócteles incendiarios contra el inmueble.

Los fallecidos quedaron atrapados en una habitación, mientras que varios de los heridos saltaron del edificio para huir de las llamas, según el reporte.

Además de Makassar, Indonesia vivió la víspera en la noche protestas violentas en varias partes del país. En la capital, manifestantes quemaron vehículos en torno a un cuartel de la Policía, indicó Antara, mientras que otras cinco comisarías fueron atacadas en otras zonas de Yakarta.

La violencia del viernes en la noche dio continuidad a los enfrentamientos durante la jornada entre la Policía indonesia y cientos de manifestantes en Yakarta, después de que un joven perdiera la vida en otra refriega el jueves.

Las movilizaciones comenzaron el pasado lunes, cuando se conoció que, debido a un aumento en el presupuesto de la Cámara de Representantes, ahora sus 580 miembros pasarían a percibir un salario equivalente a 14.000 dólares o unos 12.000 euros.

Esto significa que los ingresos de los diputados aumentarán un 33 % este año, hasta llegar a un promedio de 230 millones de rupias mensuales, en un país en el que millones de personas devengan el 3 % de ese monto por un mes de trabajo, según reseña el medio indonesio Tempo.

La noticia ha generado una andanada de críticas en las redes sociales y ha motivado esta ola de protestas, que piden, entre otros asuntos, la disolución de la Cámara, instalada en octubre de 2024.

La pena fue dictada hoy por el Tribunal Superior de Tawau (este), que condenó a la otra docena de culpables, menores de edad, a prisión por tiempo indefinido, hasta que el gobernador del estado de Sabah (al norte de la isla de Borneo), donde tuvo lugar el asesinato, considere "oportuno" liberarlos.

Así lo recoge la agencia de noticias malasia Bernama, que indicó que el joven que recibió la pena más alta tenía 19 años, mientras que las edades de los 12 restantes, juzgados bajo la ley del menor, oscilaban entre los 16 y los 17 años.

La víctima fue Nazmie Aizzat, un joven de 17 años a quien 13 compañeros de instituto, declarados culpables el pasado 22 de agosto, mataron la noche del 21 de marzo de 2024, en un ataque "repetido y prolongado".

El juicio del caso arrancó en noviembre de 2024, y durante el proceso testificaron 18 personas, al tiempo que la Fiscalía aportó pruebas médicas que demostraron que las lesiones de la víctima eran lo suficientemente graves como para ser mortales.

La sentencia del Tribunal Superior de Tawau se produce una semana después de que un debate sobre la necesidad de hacer frente institucionalmente al problema del acoso escolar se abriera en Malasia, tras la muerte el 17 de julio de Zara Qairina, de 13 años.

Zara, que sufría 'bullying', fue hallada inconsciente en un desagüe cerca de su colegio, también en Sabah, y falleció al día siguiente a causa de graves lesiones cerebrales.

El caso, que conmocionó a Malasia y sobre el que abundan las teorías, llevó al primer ministro del país a anunciar que presentaría una propuesta para crear un tribunal que aborde específicamente los casos de acoso escolar, con vistas a definir un marco legal de acción.

Un tribunal forense malasio abrirá el próximo 3 de septiembre un proceso para determinar las causas y responsabilidades por la muerte de Zara. EFE

Immigration and Emigration Trump, Donald J

Las autoridades del gobierno de Trump califican de insurrectos a los manifestantes que ondean la bandera mexicana, pero para muchos estadounidenses con raíces en México, el lábaro representa el orgullo por su herencia.

Elizabeth Torres, de 36 años, sostenía una bandera mexicana frente al centro de detención, en el centro de Los Ángeles, el domingo por la mañana.

"Soy una estadounidense muy orgullosa", dijo Torres, cuyos abuelos emigraron a Estados Unidos. "Pero también tengo que mostrar mi apoyo a nuestros hermanos y hermanas mexicanos".

Durante las protestas de este fin de semana, las banderas mexicanas y de otros países latinoamericanos han surgido como emblemas de protesta, enfureciendo al gobierno de Donald Trump y a sus partidarios. Funcionarios de Trump han tachado a quienes ondean la bandera de insurrectos y han insinuado que no son ciudadanos estadounidenses.

Stephen Miller, uno de los principales asesores de la Casa Blanca, se refirió a "ciudadanos extranjeros, que ondean banderas extranjeras, se amotinan y obstruyen a las fuerzas del orden federales que intentan expulsar a los invasores extranjeros ilegales" en una publicación en las redes sociales el domingo por la tarde.

Pero para muchos manifestantes que son ciudadanos estadounidenses, la bandera significa orgullo por sus raíces, así como solidaridad con los migrantes que son objeto de deportación.

"Son hijos y nietos de inmigrantes", dijo Chris Zepeda-Millán, profesor de Estudios chicanos en la Universidad de California en Los Ángeles, quien ha estudiado el movimiento por los derechos de los migrantes en California. "No dudan de su propia ciudadanía ni de su propia pertenencia aquí, pero comprenden el trasfondo racial de los ataques a los inmigrantes", dijo.

"Así que se produce esta reacción de 'No vamos a permitir que nos hagan sentir vergüenza del lugar del que vinieron nuestros padres y abuelos'", añadió Zepeda-Millán.

El sábado por la tarde en Paramount, Eric Torres, de 30 años y sin parentesco con Elizabeth Torres, ondeaba una bandera mexicana frente a agentes del sheriff con equipo antidisturbios. Torres llevaba una camiseta blanca oversize y jeans holgados, atuendo típico de muchos chicanos de Los Ángeles.

"He venido aquí para apoyar a mi gente y mostrarles de dónde venimos", dijo Torres. "Mis padres son inmigrantes. La mayoría de la gente de aquí tiene padres inmigrantes, así que estoy aquí para apoyarlos, mostrarles nuestro cariño".

La aparición de banderas extranjeras en las protestas relacionadas con la migración no es nueva, como tampoco lo es la indignación de quienes las consideran antiestadounidenses. Pero los manifestantes de Los Ángeles también han enarbolado banderas de Estados Unidos, al igual que en protestas anteriores contra las medidas migratorias represivas. Y en Los Ángeles, esta semana se han visto regularmente entre los manifestantes fusiones de la bandera estadounidense con la de otro país, como México o Guatemala.

Anteriormente, algunas coaliciones de migrantes han desaconsejado ondear banderas extranjeras, para no alimentar el sentimiento antiinmigrante. Pero Alfonso Gonzales Toribio, profesor de Estudios étnicos de la Universidad de California en Riverside, que ha escrito sobre los movimientos latinos por los derechos de los inmigrantes, dijo que ahora mismo los inmigrantes "se sienten atacados".

Y añadió: "No creo que seamos capaces de disuadir a la gente" de que enarbole la bandera de su patria. "Da a la gente un sentimiento de orgullo".

Orlando Mayorquín es un reportero del Times que cubre California y vive en Los Ángeles.

Livia Albeck-Ripka es una reportera del Times que cubre California, noticias de última hora y otros temas desde Los Ángeles

Mexico City (Mexico) Demonstrations, Protests and Riots Teachers and School Employees Airports Organized Labor Wages and Salaries Sheinbaum, Claudia Aeromexico Delays (Transportation) Mexico Politics and Government Federal Budget (US) Workplace Hazards and Violations Airlines and Airplanes Elections

El bloqueo reflejó cómo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está sufriendo la presión de algunos sindicatos y movimientos sociales, mientras una economía débil limita su capacidad para mejorar las condiciones laborales.

Una protesta organizada por un poderoso sindicato de maestros mexicanos interrumpió brevemente los vuelos en el principal aeropuerto internacional de la capital el viernes por la tarde. La manifestación en demanda de mejoras salariales provocó escenas de caos y retrasó el viaje de miles de pasajeros, mientras las fuerzas de seguridad se agolpaban en las terminales del aeropuerto en un intento de imponer el orden.

La paralización en Ciudad de México comenzó hacia las 2:00 p. m., hora local, y duró unos 20 minutos, mientras cientos de sindicalistas marchaban hacia las entradas del aeropuerto. La protesta también colapsó el tráfico en las calles aledañas al aeropuerto, el cual se encuentra en una zona densamente poblada de la ciudad, y se vio a agentes de policía escoltando a viajeros varados hasta el aeropuerto en camionetas. También agentes antidisturbios fueron vistos dentro del aeropuerto.

Aunque la interrupción fue breve, algunos vuelos internacionales que salían de Ciudad de México fueron cancelados o retrasados durante horas el viernes. En el aeropuerto, también conocido como Aeropuerto Internacional Benito Juárez, operan 21 aerolíneas, según su sitio web. El viernes, aerolíneas como Aeroméxico ofrecieron a sus clientes la posibilidad de reprogramar sus vuelos sin costo o pagando solo una pequeña diferencia de precio.

La manifestación refleja cómo la presidenta de izquierda de México, Claudia Sheinbaum, está sufriendo la presión de algunos sindicatos y movimientos sociales, mientras una economía endeble y un enorme déficit presupuestario limitan su capacidad para aumentar los salarios y mejorar las condiciones de trabajo de muchos empleados públicos.

"No hemos recibido esa atención ni ese respeto en la solución de las demandas, ni siquiera en las más mínimas, de parte del Ejecutivo federal", dijo Eva Hinojosa Tera, dirigente sindical del estado de Michoacán, en una entrevista radiofónica el viernes.

La organización que lleva a cabo la protesta, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, conocida comúnmente por sus siglas CNTE, es un grupo escindido del mayor sindicato de maestros de México y ha participado en huelgas y manifestaciones durante años. Entre las exigencias de este grupo de cerca de 100.000 miembros se encuentran la duplicación de los salarios de los maestros y la impugnación de las leyes sobre pensiones y educación que consideran perjudiciales.

A principios de esta semana, el grupo paralizó el tráfico a lo largo de una de las avenidas más emblemáticas de Ciudad de México, y periodistas mexicanos reportaron haber sido agredidos por miembros del sindicato que protestaban frente al Palacio Nacional, en el centro histórico de la ciudad.

Tras esas escenas de caos en las calles de Ciudad de México, Sheinbaum anunció el viernes por la mañana que cancelaría una reunión programada con representantes sindicales. La presidenta dijo que apoyaba las protestas siempre que fueran "pacíficas" y ofreció al sindicato la oportunidad de reunirse en su lugar con sus secretarios de Gobernación y Educación Pública.

Lo que el gobierno "ha dado a los maestros es mucho, y ojalá pudiéramos dar más porque se merecen todo las maestras y los maestros de México", dijo Sheinbaum, y añadió que su gobierno no podía permitirse duplicar los salarios de los maestros. "Hay veces que hay limitaciones presupuestales", añadió.

La semana pasada, el gobierno mexicano dijo que aumentaría los salarios de los maestros en un 10 por ciento y ofrecería una semana más de vacaciones. El anuncio fue bien acogido por otros sindicatos de maestros, pero no por la CNTE, más combativa.

En 2023, unos manifestantes que reclamaban la devolución de su dinero de una entidad financiera desaparecida bloquearon el acceso a la Terminal 1 del aeropuerto durante varias horas.

Los sindicatos de maestros de México han organizado activamente protestas y huelgas, por ejemplo en 2013 y 2016, cuando se opusieron a leyes que obligaban a los maestros a someterse a evaluaciones obligatorias. Algunas de las protestas se tornaron violentas en su momento.

Las actuales tensiones entre Sheinbaum y el sindicato de maestros se producen en un momento crucial para su gobierno. Las autoridades se preparan para las elecciones del 1 de junio, en las que se modificará el poder judicial de México, pasando a un sistema en el que los votantes elegirán a miles de jueces de todo el país, en lugar de un sistema en el que los jueces se eligen en función de su formación, conocimientos y años de experiencia.

La movilización de los votantes a través de los sindicatos, que en general apoyan al gobierno de Sheinbaum, podría desempeñar un papel decisivo en la elección de más de 2600 jueces, desde jueces de distrito hasta magistrados de la Suprema Corte. Pero las tensiones con el sindicato de maestros que protesta podrían afectar la participación de los votantes y los resultados de las elecciones, según han advertido los analistas políticos.

Simon Romero es corresponsal del Times en México, Centroamérica y el Caribe. Reside en Ciudad de México.

Emiliano Rodríguez Mega es reportero e investigador del Times en Ciudad de México y cubre México, Centroamérica y el Caribe.

Washington, 15 abr (EFE).- La jueza que está al frente del caso de la deportación del migrante salvadoreño enviado a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, pese a tener un estatus legal en EE.UU., reprochó este martes que el Gobierno estadounidense "no ha hecho nada" para facilitar su regreso y ordenó una investigación exhaustiva acerca de sus acciones.

Así lo señaló la magistrada Paula Xinis, del distrito de Maryland, durante una audiencia donde apuntó que en esas pesquisas sobre la actuación del Ejecutivo deberán testificar los funcionarios involucrados, según recogieron medios presentes en el juzgado.

"A fecha de hoy (...) no se ha hecho nada", indicó la jueza. "He pedido informes a individuos con conocimiento directo y he recibido muy poca información que valga la pena".

El salvadoreño Kilmar Ábrego García es uno de los más de 200 migrantes -en su mayoría venezolanos- que fueron expulsados de EE.UU. el pasado 16 de marzo y enviados a una prisión de alta seguridad salvadoreña sin posibilidad de apelar sus casos ante una corte, lo que grupos de defensa de los derechos humanos han calificado como "desaparición forzada".

A pesar de que el Supremo de EE.UU. emitiera la semana pasada un fallo respaldando una orden de Xinis que instruye al Gobierno a "facilitar" el retorno del salvadoreño, tanto EE.UU. como El Salvador se han negado a hacerlo.

Durante una visita a la Casa Blanca esta semana, el presidente salvadoreño Nayib Bukele se negó a liberar a Ábrego, tildándolo de terrorista y señalando erróneamente que traerlo de vuelta a EE.UU. sería ilegal.

Por su parte, el Gobierno Trump se ha negado a dar información sobre Ábrego al tribunal, al alegar que el acuerdo entre San Salvador y Washington es "clasificado" y limitándose a informar que el hombre de 24 años está vivo.

En la vista de este martes, Xinis instruyó al Gobierno a responder a interrogatorios sobre el caso y a entregar documentos pertinentes, citando inicialmente a los funcionarios que han presentado testimonios jurados en el caso.

"No voy a tolerar juegos. (..) Cancelen vacaciones u otras citas que tengan" indicó a los abogados del Ejecutivo.

El salvadoreño, que fue arrestado por autoridades migratorias en un retén de tráfico, tenía un estatus legal en EE.UU. que lo protegía de la deportación y está casado con una ciudadana estadounidense.

Ábrego García residía en el estado de Maryland, tras huir de El Salvador por las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18, de acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa.

El Gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con Bukele para enviar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megaprisión sobre la que pesan denuncias de abusos a los derechos humanos.

Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario del país centroamericano.

Rabat, 6 abr (EFE).- Miles de personas se manifestaron de nuevo este domingo en la capital marroquí, Rabat, para exigir el cese de la guerra en la franja palestina de Gaza y la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel.

La protesta, convocada por el colectivo Frente Marroquí de Apoyo a Palestina y Contra la Normalización, fue organizada bajo el lema 'Contra las matanzas, la deportación (de los palestinos de Gaza) y la normalización' (en alusión a los lazos diplomáticos de Marruecos con Israel).

Los manifestantes, de los que una gran parte son del movimiento islamista Justicia y Caridad (opositor y no participa en las elecciones), corearon consignas como "Palestina la han vendido los traidores", "Gaza es símbolo de orgullo", "el pueblo quiere derrocar la normalización" y "preparados para sacrificarnos por Gaza".

Los participantes, que levantaron fotos de líderes del grupo islamista Hamás -autoridad 'de facto' en Gaza- asesinados por Israel como Ismail Hanieh y Yahia al Sinwar, alzaron banderas palestinas, además de fotos la destrucción en Gaza y de víctimas de los ataques israelíes.

Los manifestantes, de todas las edades y generos, se desplazaron desde la histórica plaza Bab el Had hacia la sede del Parlamento, pasando por las céntricas avenidas de Hasán II y Mohamed V, después de que las autoridades suspendieran el tráfico durante toda la duración del evento.

Tras el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre, que causó más de 1.200 muertos y 240 secuestrados israelíes, Israel declaró el estado de guerra y lanzó una ofensiva militar contra el enclave palestino que ha causado hasta el momento más de 50.600 víctimas, según un balance preliminar del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás.

Desde el estallido de la guerra, grupos islamistas e izquierdistas marroquíes organizan protestas semanales en diferentes ciudades de Marruecos para expresar su apoyo a Hamás, pedir del cese de los bombardeos israelíes y exigir que lleguen las ayudas humanitarias a las personas damnificadas en Gaza.

El rey Mohamed VI condenó, el pasado 29 de noviembre, "las flagrantes violaciones" cometidas por Israel en su ofensiva militar y pidió, en un mensaje a la ONU con motivo del Día internacional de solidaridad con el pueblo palestino, decretar un "alto el fuego permanente" en Gaza.

Israel y Marruecos restablecieron lazos diplomáticos en diciembre de 2020, en un acuerdo a tres bandas por el que el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció a cambio la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

Seúl, 3 abr (EFE).- Corea del Sur vive un ambiente de tensión máxima un día antes de que el Tribunal Constitucional emita su fallo sobre la destitución del presidente suspendido Yoon Suk-yeol, con un despliegue policial sin precedentes, temores por posibles disturbios y una capital blindada ante la creciente polarización social y política.

La Policía Nacional activará este viernes el nivel "Gapho", el más alto en su escala de alerta, lo que permite movilizar al 100 % del personal policial disponible a nivel nacional. Este jueves ya se había declarado el segundo nivel más alto Seúl, con un despliegue de unos 7.000 efectivos y más de 110 unidades antidisturbios solo en el centro de la capital.

El entorno del Tribunal Constitucional ha sido sellado con barreras móviles, autobuses policiales y controles de acceso en un radio de 150 metros, configurando lo que las autoridades han denominado una "zona de vacío operativo". Además, se han desplegado unidades especiales antiterrorismo y perros detectores para realizar inspecciones de explosivos, incluyendo en estructuras temporales y vehículos cercanos, según la policía.

Se espera que el viernes se movilicen más de 14.000 policías solo en Seúl, incluyendo fuerzas especiales, escuadrones de mediación y unidades de reacción rápida. También se reforzará la vigilancia en lugares estratégicos como la Asamblea Nacional, el despacho presidencial en Yongsan, embajadas y sedes de medios de comunicación.

La polarización en torno al juicio político ha generado manifestaciones masivas a favor y en contra del presidente suspendido.

Se han registrado marchas, vigilias y sentadas en distintos puntos de Seúl, incluyendo el área de Anguk, cerca del Tribunal Constitucional y la plaza principal de Gwanghwamun, donde ambas facciones han convocado actos simultáneos. Algunos grupos tienen previsto pasar la noche en la vía pública y seguir en directo el fallo este viernes a las 11:00 hora local (2:00 GMT), según la agencia local de noticias Yonhap.

Encuestas recientes indican que cerca del 60 % de los ciudadanos respaldan la destitución, mientras que un 35 % se manifiesta en contra. En comparación con diciembre, cuando los porcentajes eran del 70 % y 30 %, respectivamente, se observa una notable variación en el sentir de la opinión pública.

A la espera del veredicto, el Ejército también ha elevado su nivel de alerta. El Estado Mayor Conjunto anunció que intensificará la vigilancia militar hacia Corea del Norte mediante equipos de reconocimiento y sensores térmicos, ante posibles provocaciones coincidiendo con el fallo.

Existe preocupación por la posibilidad de que se repita un incidente similar al del 19 de enero, cuando seguidores de Yoon irrumpieron en el Tribunal del Distrito Occidental de Seúl en rechazo a la decisión de extender su detención entonces.

Además, las redes sociales se han convertido en espacios donde circulan llamados a la "resistencia activa" por parte de simpatizantes radicales, quienes han instado a usar equipo táctico en posibles enfrentamientos. Algunas de estas publicaciones incluyen amenazas explícitas de violencia, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar el monitoreo de estos canales digitales, según reportó el medio ciudadano OhmyNews.

La principal fuerza de la oposición, el Partido Democrático (DP), ha denunciado que su líder, Lee Jae-myung, ha recibido amenazas de asesinato vinculadas a un supuesto plan para introducir armas de contrabando en el país. El jefe interino de la Policía Nacional, Lee Ho-young, confirmó que se han registrado numerosas amenazas en línea dirigidas a dirigentes de ambos bloques políticos.

Varias embajadas en Corea del Sur, incluidas las de EE. UU., China y Rusia, han emitido alertas a sus ciudadanos ante posibles protestas masivas por el fallo histórico. Recomiendan evitar zonas como Gwanghwamun, el tribunal, la Asamblea Nacional y la oficina y residencia presidenciales.

El presidente suspendido Yoon Suk-yeol, cuya declaración de ley marcial del 3 de diciembre desencadenó el proceso, no asistirá a la sesión de este viernes por razones de seguridad y orden público, según sus abogados.

El presidente interino Han Duck-soo instó esta semana a que el fallo del tribunal sea acatado "indendientemente del resultado", y llamó a los manifestantes a expresar sus posturas de manera pacífica, colaborando con la policía y las autoridades locales.

Seúl, 3 abr (EFE).- Corea del Sur se prepara para una jornada decisiva este viernes, cuando el Tribunal Constitucional emitirá su esperado fallo sobre la destitución del presidente Yoon Suk-yeol, suspendido desde diciembre por su efímera declaración de ley marcial, que implicó la inédita entrada del Ejército al Parlamento.

La decisión, que será anunciada a las 11:00 hora local del viernes (2:00 GMT) desde la sede del tribunal en Seúl y retransmitida en directo, marcará un nuevo capítulo en la convulsa política surcoreana. De ser ratificada la destitución, el país deberá celebrar elecciones presidenciales anticipadas en un plazo de 60 días.

Los abogados de Yoon anunciaron este jueves que el mandatario suspendido no asistirá a la sesión en la que se emitirá el fallo, citando motivos de orden público ante la previsión de aglomeraciones en los alrededores del Tribunal Constitucional.

En la espera del fallo sobre la destitución presidencial, se han registrado protestas masivas tanto a favor como en contra del mandatario en distintos puntos de Seúl y otras ciudades del país. Diversos colectivos han convocado nuevas manifestaciones para el viernes a nivel nacional.

La Asamblea Nacional aprobó la destitución de Yoon, el 14 de diciembre, apenas once días después de decretar una efímera ley marcial con el argumento de una supuesta amenaza interna. En su momento, la medida del presidente fue rechazada por amplios sectores de la opinión pública y por figuras de su propio partido.

Desde entonces, el mandatario ha estado apartado de sus funciones aunque formalmente sigue siendo presidente. El Tribunal Constitucional ha revisado durante meses la legalidad de su destitución, y para que esta se convierta en definitiva, al menos seis de los ocho jueces en funciones deberán votar a favor.

El proceso se da en un clima de fuerte polarización política. Las últimas encuestas muestran que alrededor del 60 % de la población apoya la destitución, frente a un 35 % que se opone. En diciembre, la proporción era de 70 % y 30 %, respectivamente, mostrando un considerable cambio de tendencia.

El resultado también tendrá un fuerte impacto en el panorama político. La oposición, liderada por el Partido Democrático, ha interpretado sus exitosos resultados en las elecciones locales parciales del 2 de abril como una muestra de respaldo ciudadano a la destitución.

El oficialismo, en cambio, ha exigido que todas las partes respeten el fallo, aunque desde la defensa de Yoon no se ha confirmado si el presidente suspendido acatará el resultado.

El mandatario interino, Han Duck-soo, pidió esta semana que el país respete el veredicto "independientemente de la decisión, insistiendo que "no es momento de cálculos partidistas".

Varias oficinas educativas surcoreanas han autorizado a las escuelas a transmitir en directo el fallo sobre la destitución presidencial. La medida, de aplicación voluntaria, busca fines pedagógicos en educación cívica. Sin embargo, ha generado debate por su posible carga política en el aula, según la agencia local de noticias Yonhap.

El país aguarda ahora con tensión la decisión de los jueces, en uno de los momentos políticos más definitorios de su historia reciente.

Estambul, 25 mar (EFE).- El partido socialdemócrata CHP, el mayor de la oposición, cerró este martes la serie de protestas nocturnas ante la alcaldía de Estambul por el encarcelamiento del regidor, Ekrem Imamoglu, y convocó a sus seguidores a reunirse el sábado en la explanada de Maltepe, en la parte asiática de la ciudad.

El dirigente del partido, Özgür Özel, compareció por séptima vez consecutiva ante una inmensa muchedumbre en la plaza de Saraçhane, animándola a seguir respaldando a Imamoglu como futuro candidato presidencial para enfrentarse al actual presidente, el islamista Recep Tayyip Erdogan.

Como en días anteriores, la protesta congregó a miles de personas, pese a la prohibición gubernamental de manifestaciones en toda la ciudad.

Özel recordó que mañana se reunirá la asamblea municipal de Estambul, en la que tiene mayoría el CHP, para elegir un nuevo alcalde, que ejercerá su cargo de forma interina el tiempo que Imamoglu permanezca en prisión.

Cita en una explanada mayor

El líder opositor indicó que con la reunión de hoy se clausura la serie de protestas ante la alcaldía, pero convocó a todos a reunirse el sábado a las 12.00 horas (9.00 GMT) en la explanada costera de Maltepe, en la parte asiática de la ciudad, un parque que puede acoger hasta un millón de personas.

Özel denunció también el arresto preventivo de siete periodistas que registraron las protestas y fueron detenidos la víspera en sus domicilios, acusados de promover manifestaciones ilegales.

Se trata de Bülent Kiliç, fotógrafo ganador del premio World Press Photo en 2015 y en 2016; Yasin Akgül, fotorreportero de la agencia francesa AFP; Ali Onur Tosun, reportero del canal turco Now Haber; Zeynep Kuray, redactora arrestada en el pasado por su cobertura en zonas kurdas; Kurtulus Ari, fotógrafo oficial de la municipalidad de Estambul; Gökhan Kam, fotógrafo oficial de la municipalidad del distrito de Bakirköy;, y Hayri Tunç, periodista también detenido anteriormente.

En total, 206 personas fueron detenidas ayer en sus casas y 81 de ellas, incluidos los 7 periodistas citados, fueron hoy enviados a prisión preventiva, acusados de "participación en una manifestación ilegal".

Özel aseguró que en lugar de ser trasladados a la cárcel desde el juzgados fueron llevados de nuevo a una comisaría, ya que "en las cárceles de Estambul ya no hay sitio", por lo que se prevé, dijo, llevarlos mañana a prisiones de otras provincias.

Boicot a marcas progubernamentales

El dirigente socialdemócrata reiteró también su llamado al boicot de numerosas marcas populares, desde cafeterías y librerías a electrodomésticos, por ser propiedad de grandes conglomerados empresariales relacionados con el Gobierno.

Muchos de estas empresas, receptoras habituales de licitaciones públicas, son al mismo tiempo propietarias de importantes cadenas de televisión y grandes diarios, que estos días han reflejado únicamente la visión del Gobierno y ni siquiera han cubierto las masivas protestas.

A media tarde de hoy tuvo lugar otra enorme marcha de estudiantes de diversas universidades, que primero se congregaron en el parque de Maçka y luego caminaron hacia la alcaldía del distrito de Sisli, cuyo alcalde, Resul Emrah Sahan, igualmente socialdemócrata, también fue detenido el miércoles pasado, junto a Imamoglu.

Mientras la prisión preventiva impuesta a Imamoglu se basa en la acusación de presunta corrupción y sobornos, la de Sahan se motiva por supuesta colaboración con un grupo terrorista, por lo que el Gobierno intervino el lunes el Ayuntamiento y nombró como regidor al delegado local de Interior.

También en Ankara, donde hubo de nuevo ofensivas policiales, Esmirna y otra muchas ciudades de Turquía registraron hoy protestas multitudinarias en solidaridad con Imamoglu.

Taipéi, 25 mar (EFE).- Las autoridades taiwanesas defendieron este martes la deportación de una 'influencer' de nacionalidad china que clamó por la "reunificación forzosa" entre la isla y el continente, a pesar de que ella se niega a abandonar Taiwán, donde vive desde hace más de diez años con su marido y sus tres hijos menores de edad.

En una rueda de prensa convocada frente a la sede del Ministerio del Interior de Taiwán, la 'influencer', identificada por su apellido, Liu, pidió la revocación de la orden de deportación en su contra y recalcó que abogaba por la "reunificación pacífica" entre China y Taiwán.

"Mis vídeos han sido sacados de contexto, lo que hace que todos me malinterpreten (...). Amo a Taiwán y amo a la parte continental", aseveró Liu, cuya cuenta de la red social Douyin -la versión china de TikTok-, denominada 'Yaya in Taiwan', cuenta con cerca de medio millón de seguidores.

En la víspera, la Asociación Internacional de Familias de Taiwán instó a la ministra del Interior, Liu Shyh-fang, a abordar el "abuso de poder" por parte de la Agencia Nacional de Inmigración (NIA) y a revocar la sanción administrativa contra Liu, quien debería abandonar la isla antes del miércoles.

"Nos entristece que la Agencia Nacional de Inmigración, bajo presión pública, haya tomado medidas excesivas, separando a una familia a través del Estrecho y causando daños irreparables a tres niños pequeños", apuntó la entidad a través de un comunicado.

La rueda de prensa también estuvo marcada por algunos momentos de tensión, con ciudadanos coreando consignas contra Liu y exhibiendo pancartas en rechazo a China, aunque no se registraron incidentes significativos.

Según estableció la Agencia Nacional de Inmigración, Liu vio su permiso de residencia anulado y no podrá solicitar uno nuevo por un plazo de cinco años, después de que la 'influencer' abogase "abiertamente" por la "reunificación forzosa" entre China y Taiwán en sus vídeos de Douyin.

La mujer apeló la decisión ante el Tribunal Administrativo Superior de Taipéi, que confirmó la deportación al considerar sus declaraciones como "propaganda de guerra", y posteriormente presentó una nueva apelación ante el Tribunal Administrativo Supremo, que aún no se ha pronunciado al respecto.

En declaraciones ante los medios de comunicación, el primer ministro taiwanés, Cho Jung-tai, defendió este martes la legalidad de la deportación, insistiendo en que la libertad de expresión "debe tener límites".

"No puedes intentar destruir este país y luego pedirle que te proteja o dejar que lo destruyas", subrayó Cho.

El caso de esta 'influencer' constituye un nuevo ejemplo del recrudecimiento de las relaciones entre China y Taiwán, una isla gobernada bajo el nombre de la República de China y que cuenta con unas Fuerzas Armadas propias y un sistema político, económico y social diferente a la de la República Popular China.

Sin embargo, las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una "parte inalienable" del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para concretar la "reunificación" de la isla y el continente, uno de los objetivos a largo plazo trazados por el presidente chino, Xi Jinping, tras su llegada al poder en 2012.

Nis (Serbia), 1 mar (EFE).- Miles de serbios, en su mayoría estudiantes universitarios, protestan este sábado en la ciudad de Nis, en el sur de Serbia, por la muerte de 15 personas por el derrumbe de una marquesina en la estación de tren de Novi Sad, el 1 de noviembre pasado, por las que siguen reclamando responsabilidades políticas y judiciales.

Un gran número de ciudadanos de Nis recibió la víspera a los estudiantes que partieron en bicicleta de Belgrado, Novi Sad y Kragujevac, así como a los que participaron en una carrera de relevos de 240 kilómetros desde Belgrado hasta Nis.

Fueron recibidos frente al teatro municipal con un cartel que los homenajeaba como "personificación de los luchadores por una tierra justa" y aseguraba: "La libertad está en la justicia, aquí son libres".

A las 11.52 hora local (10.52 GMT) se respetaron los habituales 15 minutos de silencio en homenaje a las 15 víctimas del accidente al cumplirse cuatro meses de su muerte.

Durante el día se unió un gran número de ciudadanos de toda Serbia a la protesta. Levantaban pancartas con la palabra “libertad”, hacían sonar silbatos y gritaban "¡Está acabado!", aludiendo al Gobierno del presidente Aleksandar Vucic.

"Nos seguiremos reuniendo para luchar por un sistema que valore el conocimiento, la libertad y la justicia. No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras el futuro se nos escapa de las manos", dice a EFE Petar, un estudiante de 21 años.

Hasta ahora, el logro más significativo de los estudiantes que protestan fue la renuncia, hace un mes, del primer ministro y líder del partido gobernante SNS, Milos Vucevic.

Sin embargo, la dimisión del primer ministro aún no se ha hecho efectiva ni tampoco se ha nombrado un nuevo jefe de Gobierno, por lo que muchos creen que Vucic solo quiere ganar tiempo, con la esperanza de que los estudiantes dejen de manifestarse.

Los estudiantes, respaldados por numerosos ciudadanos, incluidos analistas políticos y otros expertos, sostienen que la corrupción es el factor principal que causó el accidente en Novi Sad y exigen que se asuman responsabilidades tanto criminales como políticas por la muerte de 15 personas.

El Gobierno serbio ha calificado las protestas de "revolución de colores", asegurando que se han cumplido todas las demandas de los estudiantes, y los ha invitado a regresar a las aulas, lo que los estudiantes rechazan organizando nuevas protestas.

Tiflis, 6 dic (EFE).- El Tribunal Urbano de Tiflis condenó hoy a 12 días de arresto a uno de los líderes de la opositora Coalición para el Cambio, Nikoloz Gvamaria, acusado de desacato a la policía y gamberrismo durante los registros practicados por la policía en las sedes opositoras durante unas protestas europeístas que sacuden el país.

"¡Viva Georgia libre, muerte a los esclavos!", respondió Gvamaria tras escuchar la sentencia en la corte.

El opositor fue detenido durante la operación en la que la policía requisó en las sedes opositoras cócteles Mólotov, artefactos pirotécnicos y otros objetos contundentes utilizados por los manifestantes opositores que protestan desde el pasado 28 de noviembre contra la congelación del diálogo con la Unión Europea.

Gvamaria intentó ingresar a la fuerza en la sede de uno de los partidos opositores e insultó públicamente a los policías, por lo cual fue detenido.

El Ministerio de Interior georgiano informó hoy en rueda de prensa de que se continúa deteniendo a personas que "organizaron, dirigieron y participaron en la violencia colectiva" durante las protestas contra la decisión del Gobierno de Sueño Georgiano de congelar las negociaciones de ingreso a la Unión Europea (UE) hasta 2028.

Según Interior, hasta el momento han sido detenidas 26 personas, que podrían enfrentar condenas de hasta 9 años de privación de libertad.

El primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze, afirmó hoy que "hasta 500 personas" participaron en los ataques contra la policía y otras acciones violentas en los últimos días.

"Se están tomando todas las medidas previstas por la ley para detectar los delitos cometidos y prevenir que tengan lugar en el futuro", aseguró.

Acusó a los implicados de actuar "violentamente de un modo sistemático contra los policías" y dañar propiedades municipales y estatales".

"Estos delitos no quedarán impunes", zanjó.

Washington, 4 dic (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos se inclinó este miércoles a respaldar la ley del estado de Tennessee que prohíbe el acceso de los menores trans a bloqueadores de pubertad y terapias hormonales, a pesar de que los jueces han dudado de su capacidad para decidir sobre la materia.

Durante las más de dos horas que duró la audiencia, impulsada por una denuncia de menores trans, sus padres y un médico contra la ley de Tennessee conocida como SB1, los jueces, en su mayoría conservadores, se mostraron escépticos a enfrentarse a la norma estatal.

El presidente del Supremo, el magistrado John Roberts, justificó su escepticismo al alegar que están "extraordinariamente desprovistos de experiencia".

Roberts no ha sido el único juez conservador que ha dudado de la capacidad del Tribunal para determinar esta cuestión.

El magistrado Brett Kavanaugh tampoco estaba muy convencido de que esta decisión tenga que ser adoptada por los tribunales y, a su juicio, sería mejor que la hicieran los parlamentos elegidos democráticamente.

Otro magistrado conservador, Samuel Alito, preguntó si ser transexual es algo permanente.

Por su parte, la magistrada progresista Sonia Sotomayor se posicionó en contra de Kavanaugh y le recordó otros casos de discriminación donde tampoco se les protegió, como a las mujeres y a las personas negras.

Las tres magistradas liberales - Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson – se mostraron partidarias de acabar con la prohibición aprobada por Tennessee, en línea con la postura del Gobierno del presidente Joe Biden, que ofreció su apoyo a los denunciantes al considerar que era una ley discriminatoria.

"En pocas palabras, un adolescente asignado como mujer al nacer no puede recibir bloqueadores de la pubertad o testosterona para vivir como varón, pero un adolescente asignado al nacer como varón sí puede", alegó el ejecutivo federal.

La ley SB1 fue aprobada en el Senado de Tennessee en marzo del año pasado y prohíbe a los profesionales sanitarios administrar bloqueadores de la pubertad y terapia hormonal a menores transexuales para facilitar su transición a otro sexo. Sí permite que "menores con defectos congénitos, pubertad precoz u otras afecciones" reciban el tratamiento.

Tennessee alega que quiere proteger a los menores del estado, así como la integridad y la ética de la profesión médica.

Sin embargo, los denunciantes aseguran que esta norma va en contra de la catorceava enmienda de la Constitución de EE.UU. que recoge la igualdad de protección, entre otros derechos.

La sentencia final, que no se conocerá hasta finales de junio, cuando termine el curso judicial, podría sentar las bases del futuro de las personas trans durante la segunda Administración del presidente electo, Donald Trump, quien ha atacado en diversas ocasiones al colectivo y a "la ideología de género".

Una sentencia que apruebe la validez de la ley SB1 puede alentar a otros Estados a implementar legislación antitrans o endurecerla a los que ya la tienen.

A día de hoy, las terapias vetadas en la ley de Tennessee están prohibidas también en otros 22 estados, casi la mitad del país.

Según el profesor de Derecho de la Universidad de Illinois Steven Schwinn, estas terapias “reducen la depresión, la ansiedad y las ideas suicida en los adolescentes”.

“Varios estudios demuestran que la terapia hormonal se asocia a una reducción de los intentos de suicidio y a una mejora significativa de la calidad de vida”, explicó.

Pese a que al final esta sentencia sea una derrota para las personas trans, la celebración de esta audiencia pasará a la historia por haber sido la primera vez que un abogado transexual, Chase Strangio, alegó ante el alto tribunal.

Strangio, que es letrado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), defendió su postura junto a Elizabeth Prelogar, la procuradora general del país.

Bangkok, 14 feb (EFE).- Un tribunal argentino emitió una orden internacional de arresto contra el líder de la junta militar de Birmania, Min Aung Hlaing, por su supuesta implicación en el genocidio y otros delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos por el Ejército contra la minoría musulmana rohinyá, informa este jueves la oenegé que impulsó la demanda.

"Es un paso histórico hacia la justicia (...) brinda un rayo de esperanza para los rohinyá que han sufrido décadas de genocidio, viendo cómo sus familias y su cultura eran destruidas con impunidad", dijo en un comunicado Tun Khin, presidente de la Organización de Birmanos Rohinyá en Reino Unido (BROUK).

La oenegé, que presentó la demanda en noviembre de 2019 en los juzgados federales de Buenos Aires, indicó que la justicia argentina emitió el miércoles la orden contra Min Aung Hlaing y otros 22 mandos militares.

A estos se les acusa de delitos que incluyen genocidio y otros tipificados en el Código Penal argentino, como asesinato agravado, abuso sexual y tortura.

"Esta valiente decisión envía una señal clara a Min Aung Hlaing y a otros militares de que nadie está por encima de la ley. Al final, tendrán que ser juzgados por el sufrimiento indescriptible que han causado no solo a generaciones de rohinyá, sino a todas las víctimas de la brutalidad militar en Birmania”, remarca Tun Khin.

El caso, independiente de los que se estudian en la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia, ambas en La Haya, se presentó en Argentina en virtud del principio de jurisdicción universal para delitos como el genocidio y crímenes contra la humanidad, recuerda el BROUK.

El brutal operativo que el Ejército birmano lanzó en agosto de 2017 contra la población rohinyá en el norte del estado de Rakáin, este del país y donde esta minoría lleva asentada siglos, motivó el éxodo de más de 720.000 refugiados a la vecina Bangladés, donde ya se encontraban miles de rohinyás expulsados en años previos.

La ONU estima que durante esta campaña, que en un informe catalogó "de limpieza étnica con marcas de genocidio", fueron asesinadas al menos 10.000 personas, mientras que cientos de poblaciones quedaron arrasadas por incendios intencionados.

En noviembre del año pasado, la fiscalía de la CPI solicitó una orden de arresto para Min Aung Hlaing por la deportación y persecución de los rohinyás, entre otros delitos de lesa humanidad cometidos entre el 25 de agosto de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 por las fuerzas armadas de Birmania y otras autoridades.

Mientras los jueces de la CPI deben determinar aún si esta solicitud cumple el estándar necesario para aprobar la emisión de la orden de arresto solicitada contra el general birmano, la decisión del tribunal argentino ha desencadenado una solicitud automática al fiscal para que emita las órdenes, precisa la oenegé.

Min Aung Hlaing lideró el golpe de Estado militar del 1 de febrero de 2021 que acabó con diez años de transición democrática y abrió una espiral de violencia que ha exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas, con miles de jóvenes uniéndose a nuevos grupos armados que combaten al Ejército.

Tiflis, 3 dic (EFE).- Varios miles de georgianos se volvieron a congregar este martes, por sexta jornada consecutiva, en la céntrica avenida Rustaveli, frente al Parlamento de Georgia, para protestar contra la decisión del Gobierno de congelar hasta 2028 las negociaciones de adhesión a la Unión Europea.

Los manifestantes portan banderas georgianas y la Unión Europea entre consignas a favor de la elección europea de Georgia y afirman que no quieren "ser esclavos de Rusia".

Los opositores más radicales, un grupo integrado por varias decenas de personas, periódicamente lanzan contra la policía y las fuerzas antidisturbios petardos y diversos objetos, tensando la situación.

Ante estos hechos el viceministro de Interior de Georgia, Alexandr Darajvelize, llamó a los manifestantes a respetar la ley sobre reuniones y manifestaciones.

El viceministro informó en rueda de prensa de que las protestas de los anteriores cinco días se saldaron con 143 policías heridos y 298 manifestantes detenidos.

Contra cinco de los detenidos se han abierto causas penales, mientras el resto enfrenta causas administrativas.

Las manifestaciones también se han extendido a otras ciudades, en particular Batumi.

Pese a ello, el presidente de la mayoría parlamentaria del partido gobernante Sueño Georgiano, Mamuka Mdinaradze, aseveró que "las instituciones estatales de Georgia funcionan adecuadamente" y las protestas no lograrán desestabilizar al país.

A su vez, el primer ministro, Irakli Kobajidze, reiteró hoy el apego del Gobierno georgiano a la eurointegración y acusó de "fascista" a la presidenta, Salomé Zurabizhivili, por su llamado a que los escolares participaran en las protestas.

El Gobierno anunció además que a partir de este miércoles se llevarán a cabo debates en la televisión pública entre representantes del Gabinete de ministros y personalidades públicas críticas con el actual rumbo del Sueño Georgiano.

Bucarest, 30 nov (EFE).- Rumanía votará mañana en unas elecciones legislativas marcadas por la incertidumbre política y las sospechas de injerencia rusa en los comicios presidenciales de hace una semana, con las fuerzas ultranacionalistas como posibles grandes beneficiadas en las urnas.

Estas legislativas quedaron ensombrecidas por el inesperado triunfo en la primera vuelta presidencial del ultra prorruso Calin Georgescu, quien logró un sorprendente 23 % de los votos, muy por encima del 6 % que le otorgaban las encuestas.

Apenas conocido, Georgescu, apoyado por una sofisticada estrategia en TikTok que alcanzó cientos de millones de visualizaciones, declaró no haber gastado fondos en su campaña, lo que levantó sospechas de financiación ilegal e interferencias extranjeras.

Ante estas dudas, el Tribunal Constitucional ordenó un nuevo recuento de los 9,4 millones de votos emitidos, desencadenando una tormenta política y fuertes críticas incluso de los partidos proeuropeos de centroderecha.

Rumanía, hasta hace poco un bastión de estabilidad en la región del Mar Negro y un aliado clave de la OTAN en la ayuda occidental a Ucrania, se encuentra ahora sumida en una inédita situación de caos político y desconfianza en las instituciones.

El país de 19 millones de habitantes ha estado gobernado desde 2021 por una gran coalición entre socialdemócratas (PSD) y el centroderecha (PNL), las dos formaciones que han monopolizado el poder en las últimas décadas.

Las tensiones ideológicas dentro de la coalición, especialmente entre las bases del PNL, una formación que durante años había criticado la corrupción y el nepotismo socialdemócrata, unido a la inflación y una persistente desigualdad han alimentado un voto protesta que beneficia a la ultraderecha.

Además, la situación de desconfianza en las instituciones y de incertidumbre por el nuevo recuento impulsan más a esas formaciones, que prometen cambios radicales.

Ese escenario beneficia a la nacionalpopulista Alianza por la Unión de los Rumanos (AUR), que, según una encuesta, podría vencer con un 22,4 %, superando ligeramente al gobernante Partido Social Demócrata (21,4 %).

Otras dos formaciones ultras, las más radicales S.O.S. y el Partido de la Juventud, se quedarían cerca de entrar en el parlamento con un 4,6 % de intención de votos, pero sin superar el umbral necesario del 5 %.

Las encuestas en Rumanía suelen ser poco fiables, ninguna predijo la victoria de Georgescu en las presidenciales y hasta hace poco daban al PSD una cómoda victoria en las presidenciales y en las legislativas con hasta el 30 % de los apoyos.

George Simion, líder de AUR, ha buscado moderar su discurso en los últimos meses, distanciándose de pasadas posturas antivacunas y presentándose como un defensor de la soberanía y los valores tradicionales. Sus grandes referentes políticos son Donald Trump y Giorgia Meloni.

Sin embargo, el partido mantiene una agenda irredentista que aboga por la unificación con Moldavia -Simion tiene prohibida la entrada a ese país y a Ucrania- y un marcado escepticismo hacia la Unión Europea. También ha prometido que eliminará la ayuda militar a Ucrania si llega al poder.

A la movilización del voto nacionalista puede ayudar que la votación coincide mañana, 1 de diciembre, con el Día Nacional de Rumanía, en el que se prevé también un desfile militar en el centro de Bucarest.

La situación entre los partidos tradicionales es de debilidad, tanto el PSD como el PNL tienen direcciones interinas después de la dimisión de sus líderes por su fracaso en las elecciones presidenciales.

Ante esa situación, el beneficiado entre las formaciones proeuropeas puede ser la Unión Salvar Rumanía (USR), un partido de centro, nacionalista y con ciertos tintes populistas. La líder de la formación, Elena Lasconi, quedó en segunda posición en la primera vuelta presidencial con el 19 % de los votos.

"Además de AUR también el USR, el partido de Lasconi, podría ganar más apoyo entre los votantes del PNL. Esto significa que los partidos antisistema, tanto AUR como USR, independientemente de su orientación política, podrían aprovechar la situación", explica a EFE el politólogo Cristian Pirvulescu.

Las elecciones se celebrarán con una especial vigilancia de las fuerzas de seguridad, que ya detectaron la pasada semana ataques cibernéticos durante las elecciones presidenciales.

 El Consejo Supremo de Defensa (CSAT), aunque no especificó el origen concreto de esos ataques, señaló: "Rumanía, junto con otros Estados del flanco oriental de la OTAN, se ha convertido en una prioridad para las acciones hostiles de algunos actores estatales y no estatales, en particular la Federación Rusa".

Luis Lidón

Atenas, 20 nov (EFE).- Miles de griegos se han manifestado este miércoles durante una jornada de huelga general para expresar al Gobierno conservador su hartazgo por el alto coste de la vida que, según denuncian, "ha alcanzado niveles inéditos" ante los que no se puede vivir con dignidad debido a unos salarios congelados.

En el marco del paro de 24 horas convocada por los principales sindicatos del sector público y privado, ADEDY y GSEE, unas 15.000 personas se manifestaron frente al Parlamento en Atenas y otras 5.000 en Salónica, la segunda urbe de Grecia.

Miles de trabajadores protestaron también en otras ciudades, como Patras y Heraclión (sur) para exigir al Gobierno del primer ministro Kyriakos Mitsotakis aumentos salariales y medidas que abaraten los productos básicos, la energía y la vivienda.

Como es habitual en Grecia, ni los sindicatos ni la patronal han dado información sobre el nivel de seguimiento de la huelga.

"Entre los países de la Unión Europea, tenemos uno de los precios más altos y, al mismo tiempo, uno de los sueldos más bajos. El Gobierno tiene que darse cuenta de esto", dijo a EFE Margarita Kutsanelu, funcionaria pública, durante la manifestación en la capital.

"No hay otra manera de hacer frente al alto coste de la vida más que aumentando los salarios, pero estos siguen congelados desde la era de la crisis financiera” que afectó a Grecia entre 2010 y 2018, recalcó por su parte Yannis Panagópulos, presidente de GSEE.

Los sindicatos exigieron también la elaboración de convenios colectivos laborales "que cubran los derechos y necesidades de todos los trabajadores" en todos los sectores y la contratación de personal permanente "para cubrir miles de vacantes" en sanidad, educación y seguridad social.

ADEDY denunció, además, que en los últimos catorce años el único aumento salarial que han visto los funcionarios fue el de 35 euros mensuales anunciado el año pasado, pese a que durante los años de la crisis financiera que afectó a Grecia entre 2010 y 2018, los salarios fueron recortados hasta un 40 %.

Pese a que Mitsotakis ha señalado reiteradamente que "la prioridad número uno" de su Gobierno es atajar el problema de la carestía generalizada, hasta el momento los ciudadanos no han visto una reducción de los precios, dijo a EFE Yorgos Siakas, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Tracia.

Según el experto, los altos precios en productos básicos y la energía, que en muchas ocasiones son más altos que en EEUU o países de Europa occidental, se debe a que "la competencia no funciona correctamente" en Grecia.

"Tenemos oligopolios, cárteles en muchos sectores del mercado. Hay una serie de intermediarios que elevan mucho el precio final, mientras que también existen problemas en el transporte de los productos, lo que también contribuye a este encarecimiento", recalcó Siakas.

El politólogo añadió que el tema de la carestía "afecta mucho al Ejecutivo", ya que hace que se cuestione su "eficacia", dado que Mitsotakis "no es algún novato y ya está al frente del Gobierno desde 2019".

"Si no tenía un plan entonces para resolver estos problemas debería haber creado uno después", subrayó Siakas.

El partido de Mitsotakis, la conservadora Nueva Democracia (ND) tiene ahora una intención de voto del 26,5%, frente al 41 % con el que su ganó las elecciones en junio de 2023, según encuestas recientes.

Mientras, los socialistas del PASOK tienen el 17 % de apoyos, cinco puntos porcentuales más que en las elecciones.

Grecia se situó en 2023 el penúltimo puesto entre los 27 países de la Unión Europea (UE), sólo delante de Bulgaria, en cuanto al poder adquisitivo de sus ciudadanos, según datos publicados en marzo por la agencia de estadísticas europeas, Eurostat.

En concreto, el producto interior bruto (PIB) per cápita expresado en unidades de poder adquisitivo se situó en el 67 % de la media de la UE.

Diego Sáez Papachristou

Human Rights and Human Rights ViolationsInternational RelationsDemonstrations, Protests and RiotsPolitics and GovernmentElectionsCivilian CasualtiesMaduro, NicolasVenezuelaHuman Rights Watch

Un informe de Human Rights Watch es el primer esfuerzo de una importante organización internacional por verificar algunas de las dos decenas de muertes registradas en las protestas desde las controvertidas elecciones presidenciales de Venezuela.

[Estamos en WhatsApp. Empieza a seguirnos ahora]

Las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos armados afines al Gobierno cometieron actos de violencia generalizados contra manifestantes y mataron a algunos de ellos tras las disputadas elecciones presidenciales del país, según un informe publicado el miércoles por Human Rights Watch.

Organizaciones y medios de comunicación venezolanos denunciaron 24 asesinatos durante las manifestaciones, pero el reporte es el primer esfuerzo de una organización internacional por verificar algunos de ellos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha enfrentado una amplia condena nacional e internacional por su afirmación de que ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio, y la consiguiente represión violenta de las manifestaciones de protesta contra esa afirmación.

El gobierno aún no ha publicado ningún recuento de votos que demuestre la victoria de Maduro. Los recuentos de los observadores electorales publicados por la oposición muestran que perdió de manera contundente.

El informe de Human Rights Watch, una organización de investigación y defensa sin fines de lucro con sede en Nueva York, detalla los casos de seis personas que murieron durante las protestas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado o de lo que parecían ser grupos de milicias armadas llamados colectivos.

Los investigadores de la organización dijeron en el reporte que también verificaron de manera independiente 11 de las 24 muertes denunciadas mediante la revisión de fotos, videos y certificados de defunción. La organización también entrevistó a 20 fuentes, entre familiares, testigos, periodistas y otros grupos de derechos humanos.

El grupo dijo que había recibido "reportes creíbles" de los 24 homicidios, pero que muchos familiares y testigos se negaron a ser entrevistados por temor a represalias del gobierno.

La organización verificó 39 videos y dos fotografías analizando los datos de subida del material para determinar la hora del día y cotejándolas con las sombras y las condiciones meteorológicas. También consultaron a expertos en armamento y patólogos forenses para evaluar las heridas y las armas denunciadas.

Las fuerzas de seguridad venezolanas, incluidas la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana, estaban implicadas en algunos de los asesinatos, según las "pruebas creíbles" recabadas por Human Rights Watch.

Parece que las fuerzas estatales y los colectivos se coordinaban para reprimir a los manifestantes, según el informe.

Las fuerzas de seguridad levantaron barricadas, lanzaron gases lacrimógenos y detuvieron a manifestantes para contener o dispersar las protestas. Si la manifestación continuaba, en algunos casos llegaban miembros de los colectivos y utilizaban armas de fuego contra los manifestantes.

Un video verificado por Human Rights Watch fue subido a TikTok el 29 de julio y mostraba al menos a tres hombres vestidos de civil disparando pistolas al aire durante más de un minuto. Los hombres estaban ubicados detrás de una fila de agentes de seguridad del Estado uniformados, mientras los manifestantes huían.

Los agentes no trataron de detener o arrestar a los hombres armados.

Uno de los manifestantes fallecidos fue Aníbal Romero, de 24 años, un trabajador de la construcción que se unió a una protesta el 29 de julio en un barrio pobre de Caracas, la capital. Human Rights Watch analizó un video en el que los agentes de policía parecen disparar armas contra los manifestantes.

Romero recibió un impacto de bala en la frente alrededor de las 7:00 p. m., según dos videos, una fotografía y un mensaje de audio enviado por un testigo, que fueron verificados por la organización.

El testigo dijo que, en un primer momento, los agentes de policía no permitieron que los manifestantes se llevaran a Romero a un hospital. Un video grabado al anochecer lo mostraba tendido y herido en la parte trasera de una camioneta inmóvil. Los manifestantes pudieron finalmente llevarlo al hospital, donde murió, según el mensaje de audio.

Dos días después, Maduro calificó la muerte de Romero de "noticia falsa". Como prueba, mostró un video de un hombre confesando haber simulado su propia muerte.

Human Rights Watch calificó esta afirmación de "manifiestamente falsa" y dijo que el hombre que aparece en el video utilizó un nombre y una ubicación que no coincidían con los datos de Romero, y afirmó que una organización local que ayudó a la familia de Romero también confirmó que la persona del video no era la víctima.

Otra muerte verificada por Human Rights Watch fue la de Olinger Montaño, de 23 años, un barbero que murió de una herida causada por un arma de fuego, según su certificado de defunción. En tres videos filmados cerca del lugar donde protestaba, y que fueron verificados por Human Rights Watch, se ve a miembros de la Guardia Nacional lanzando gases lacrimógenos y disparando balas de goma contra una multitud de manifestantes.

La madre de Montaño lloró sobre su ataúd en el funeral, al que asistió The New York Times.

El gobierno venezolano ha dicho que más de 2400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio. Un grupo local de derechos humanos ha declarado que el gobierno ha detenido a casi 1600 personas durante ese mismo periodo (funcionarios de Estados Unidos dijeron el miércoles que un miembro de la Marina estadounidense había sido detenido en Venezuela, pero no proporcionaron más detalles).

Funcionarios gubernamentales han afirmado que quienes fueron detenidos eran responsables de terrorismo u otros delitos violentos. Pero Human Rights Watch dijo que encontró un patrón de arrestos solo por criticar al gobierno o participar en manifestaciones pacíficas.

También identificó un patrón de personas que han sido detenidas y se les ha negado el contacto con sus familias o abogados durante semanas y la representación por un abogado de su elección, incluso cuando ellos o sus familias solicitaron explícitamente uno.

El informe también decía que a menudo se ha presentado a los detenidos en grupos en juicios virtuales, lo que dificulta la administración adecuada de justicia para cada persona.

Zolan Kanno-Youngs colaboró con reportería.

Zolan Kanno-Youngs colaboró con reportería.

Bangkok, 27 ago (EFE).- Miles de trabajadores se manifestaron este martes en las principales ciudades de Australia para mostrar su apoyo a un poderoso sindicato, después de que el fiscal general ordenara que su rama de construcción fuera puesta en administración judicial mientras se investigan presuntos delitos de corrupción.

"Recupera tu derecho a la huelga" o "las leyes malas están para ser vulneradas", apuntan algunos de los carteles que los asistentes desplegaron durante la marcha en Sídney, una de las más numerosas de hoy junto a las que transcurrieron por otras urbes como Melbourne, Brisbane, Cairns, Camberra y Perth.

Con unos 120.000 miembros, el Sindicato de los Empleados de Construcción, Silvicultura y Marítimo (CFMEU, siglas en inglés), es una de las organizaciones de trabajadores más influyentes de Australia.

Vestidos con camisas negras y hondeando banderas del sindicato y de Australia, los participantes bloquearon el trafico del centro de las principales ciudades en marchas que discurrieron sin violencia.

El viernes, el fiscal general, Mark Dreyfus, ordenó que todas las oficinas del brazo de construcción del CFMEU quedaran, por un mínimo de tres años, bajo la administración judicial tras las acusaciones de que el sindicato ha participado en actos de intimidación, corrupción e infiltración criminal.

En ese sentido, el primer ministro, Anthony Albanese, señaló que quería acabar con la corrupción en el sector de la construcción.

"El Gobierno no está dispuesto a dar marcha atrás, ni tampoco el público australiano: quieren que se sanee esta industria. Quieren ver buenos sindicatos y buenas empresas que sigan adelante con su trabajo", argumento el viernes el mandatario.

Por su parte, algunos de los participantes de las manifestaciones de hoy indicaron al canal público ABC que sienten que se está tratando "de manera injusta" al CFMEU y que la medida tomada por el Gobierno puede crear un "peligroso precedente".

La rama de la construcción del CFMEU está en el punto de mira después de que a mediados de junio se publicaran investigaciones en medios australianos que apuntaban que las pandillas de moteros y organizaciones criminales actuaban como delegados de este sindicato.

Esta supuesta infiltración en puestos influyentes les habría permitido ganar cientos de miles de dólares por la adjudicación de megaproyectos de construcción financiados por los Gobiernos regionales y el central, así como realizar sobornos y prácticas intimidatorias, entre otras irregularidades.

Jerusalén, 20 ago (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este martes en una reunión con familiares de secuestrados de grupos de ultraderecha que si hay un acuerdo de tregua en Gaza será temporal y que Israel no abandonará, como demanda Hamás, el control militar del corredor Filadelfia, la divisoria con Egipto, incluso si le cuesta la liberación de rehenes.

"El primer ministro (Benjamín Netanyahu) habló de un alto el fuego temporal, con el fin de repatriar a los rehenes que todos queremos, pero no habló de la retirada o reducción de fuerzas de la Franja de Gaza", indicó en X el grupo Gevurah.

Netanyahu se reunió con representantes de los grupos minoritarios Gevurah y Tikva, compuestos por familias ultranacionalistas de secuestrados y soldados muertos en Gaza, que abogan por la presión militar antes que un acuerdo negociado, frente al Foro de Familias de Rehenes, que aglutina a la mayoría de los seres queridos de los 105 cautivos que permanecen en el enclave.

El mandatario israelí confirmó que, si bien liberar al máximo número de rehenes es un objetivo de la guerra, el principal sigue siendo la eliminación de Hamás y "lograr la victoria", por lo que Israel no puede entregar ninguno de sus "activos estratégicos de seguridad"; en una alusión al control militar que ahora mantiene del cruce de Rafah, el corredor de Filadelfia y el de Netzarim.

Israel quiere mantener el control del corredor Filadelfia, porosa frontera entre la Franja y Egipto que Hamás usaba para el contrabando de armas, hasta que las tropas israelíes lograron su control el pasado junio. En él está el cruce de Rafah, principal puerta de entrada de ayuda humanitaria desde el Sinaí hasta mayo, cuando el Ejército ocupó su lado palestino y lo cerró.

El corredor Netzarim es una nueva ruta militar creada por Israel durante la guerra que parte la Franja en dos mitades por el centro.

"Hace tres meses, antes de entrar en Rafah, nos dijeron que no podríamos. (...) Capturamos el eje de Filadelfia, y el cruce de Rafah. Luchamos con todas nuestras fuerzas para desmantelar el régimen de Hamás y eliminar su capacidad militar. Estamos progresando", afirmó Netanyahu a las familias según un comunicado de su oficina.

Según el comunicado de esta organización minoritaria de familias, Netanyahu les dijo que si se llegase a un acuerdo no duraría más de 42 días, tras lo que se reanudarían los combates "hasta la eliminación de Hamás, incluso mientras se negocian los próximos pasos".

Además, reiteró que Israel no se retirará, "bajo ninguna circunstancia", de ambos corredores -como indica el comunicado gubernamental- sin importar la presión interna o externa que reciba.

La urgencia de un acuerdo se agudizó hoy de nuevo, tras la recuperación de seis cuerpos de rehenes en manos de Hamás -cinco de ellos previamente confirmados muertos-, en una operación nocturna en los túneles de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Tras conocerse la noticia, familiares del principal foro de rehenes apelaron a Netanyahu, y le recordaron que "Israel tiene la obligación moral y ética" de traer a casa tanto a los cautivos muertos como a los vivos -en total 105 personas- "mediante un acuerdo negociado".

Nairobi, 2 jul (EFE).- Nairobi y otras ciudades de Kenia tienen este martes un fuerte despliegue policial en sus calles ante una nueva jornada de protestas multitudinarias contra el Gobierno, que se repiten desde el pasado 18 de junio y en las que han muerto al menos 39 personas.

Las protestas, que surgieron contra un proyecto de ley que contemplaba una subida de impuestos, se han trasformado en manifestaciones que piden la dimisión del presidente de Kenia, William Ruto, y rechazan la corrupción, entre otras reivindicaciones.

En medio de las protestas, Ruto rechazó firmar el pasado 26 de junio el controvertido proyecto de ley y anuncio la retirada de esa iniciativa legislativa, a fin de atajar su peor crisis desde que llegó al poder en septiembre de 2022.

Pero continúan las movilizaciones, que no cuentan con líderes oficiales y son impulsadas en las redes sociales por jóvenes de la llamada 'generación Z' (nacidos entre mediados de la década de los 90 del siglo XX y la primera década del siglo XXI).

Centenares de manifestantes salieron ya esta mañana a las calles del centro de Nairobi, donde agentes antidisturbios lanzaron botes de gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, y otras ciudades del país.

EFE pudo comprobar esta mañana que casi todas las tiendas del centro de Nairobi permanecían cerradas y apenas había personas caminando o conduciendo en las carreteras aledañas por el temor de nuevos disturbios.

Además, la Policía ha bloqueado todas las carreteras que dan acceso a la State House, sede de la Presidencia keniana.

La respuesta de las fuerzas de seguridad, que han disparado gases lacrimógenos, pelotas de goma e incluso munición real contra los manifestantes, ha dejado al menos 39 muertos desde el pasado 18 de junio, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KNCHR).

También hubo al menos 361 heridos y se registraron 32 casos de desapariciones forzadas, señaló esa entidad reguladora.

Asimismo, las protestas pacíficas de los primeros días derivaron en disturbios en algunos lugares, y el pasado 26 de junio se convirtieron en una batalla campal entre la Policía y los manifestantes, que llegaron a asaltar el Parlamento.

Gracias a la ubicación geoestratégica de Kenia y sus políticas económicas, este país a menudo es identificado por la comunidad internacional como una potencia estabilizadora del Cuerno de África y un socio fiel de Occidente.

El país destaca como una de las economías de más rápido desarrollo de África, pero las desigualdades persisten y uno de cada tres kenianos sobrevive con apenas dos dólares al día, según el Banco Mundial.

Berlín, 29 jun (EFE).- La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) reeligió hoy a su cúpula en su 15º congreso, celebrado en el recinto ferial de la ciudad de Essen (oeste del país) y en cuyas inmediaciones se concentraron miles de personas para protestar contra esta formación.

Entre las conclusiones del congreso, AfD destacó su petición de respeto a esta formación en Europa y advirtió de que seguirá defendiendo sus ideas también en la Eurocámara, donde trata de crear un nuevo grupo de extrema derecha.

Según el movimiento "Resistencia", organizador de la protesta contra el congreso, entre 50.000 y 70.000 manifestantes de 50 ciudades viajaron a Essen y corearon lemas como "derechos humanos en lugar de ultras" y contra la "propaganda nazi" y el "fascismo" de AfD.

Unos 4.000 policías se desplegaron en varios puntos de la ciudad para garantizar la seguridad de los 600 delegados de la AfD, que tuvieron que sortear vallas y sentadas de manifestantes que intentaban bloquear el acceso a la Grugahalle, en el recinto ferial.

Algunos tuvieron que ser escoltados por agentes, que tuvieron que intervenir en dos ocasiones con gas pimienta y porras para detener a algunos grupos que intentaban violentamente romper los cordones policiales.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a "varias" personas, mientras que nueve policías resultaron heridos durante acciones violentas de manifestantes.

El congreso comenzó con retraso debido a las dificultades que tuvieron los delegados de llegar al recinto ferial, donde la Alcaldía había izado banderas de la UE y del movimiento LGTBI+ aprovechando la celebración del Día del Orgullo.

El alcalde de Essen, el conservador Thomas Kufen, intentó anular el contrato de alquiler que la AfD firmó en enero con la Grugahalle, el recinto donde se celebró el congreso, después de que saliera a la luz una reunión secreta en noviembre en Potsdam, donde miembros del partido presuntamente debatieron planes para expulsar a millones de migrantes, incluidos nacionalizados.

La AfD está vigilada por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (servicios secretos alemanes) como presunta organización extremista.

Pese a este escándalo y los protagonizados por los dos principales candidatos a las elecciones europeas del 9 de junio, Maximilian Krah y Petr Bystron, por haber trivializado sobre las SS de la época nacionalsocialista y haber recibido supuestos sobornos de Rusia, respectivamente, la AfD quedó como segunda fuerza de Alemania y fue la más votada en el este de Alemania.

Las declaraciones sobre las SS de Krah supusieron que AfD fuera expulsada del grupo Identidad y Democracia (ID) en la Eurocámara ( uno de los dos considerados de extrema derecha, junto con los Conservadores y Reformistas, ECR), y del que también forman parte la Agrupación Nacional francesa (RN) o la Liga italiana.

Weidel arremetió contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien no quiere acoger a AfD en el grupo de ECR y contra la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, perteneciente a la primera fuerza de Alemania, la conservadora Unión Cristianodemócrata (CDU), integrada en el Partido Popular Europeo (PPE), la primera fuerza de la Eurocámara tras los comicios del pasado 9 de junio.

"Los intereses de nuestro país no incluyen la redistribución y el regalo del dinero de nuestros impuestos a los Estados deudores de Europa. Definitivamente, esto no incluye tirar nuestra riqueza nacional por la ventana para las Von der Leyen y Melonis en Europa", indicó Weidel.

 Crear un nuevo grupo de extrema derecha

"Los intereses de Alemania y Europa también incluyen el hecho de que Ucrania no forme parte de la Unión Europea", dijo.

"Quien quiera unirse a nosotros en este camino será bienvenido", añadió Weidel, quien sostuvo que su partido "va por buen camino para crear un grupo parlamentario que se mantenga firmemente en los próximos cinco años".

Su compañero en la codirección del partido, Tino Chrupalla, reelegido con casi el 83 % de los votos, afirmó que la AfD "no quiere una melonización", en referencia a Meloni, quien, a diferencia del partido alemán, es firme en su defensa de Ucrania y las sanciones contra Rusia.

También dijo, sin mencionar a Le Pen, que el partido "no debe tolerar injerencias en nuestros asuntos por parte de Francia o Italia".

"¡Estamos aquí y nos quedaremos!", exclamó Weidel, quien, como era de esperar, abogó durante buena parte de su discurso por una política migratoria dura.

La política ultraderechista pidió la dimisión del Gobierno de coalición alemán, formado por socialdemócratas, verdes y liberales, entre otras cosas por sus "políticas hippies" a la hora de acortar los plazos para obtener la ciudadanía alemana y arremetió contra la política de puertas abiertas de la CDU establecida en 2015 por la entonces canciller alemana, Angela Merkel.

Céline Aemisegger

 Berlín, 29 jun (EFE).- La Policía de la ciudad de Essen, en el oeste de Alemania, ya ha detenido a varios manifestantes de los miles que protestan contra el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y bloquean los accesos a los 600 delegados que intentan llegar al edificio donde se celebrará el congreso de la fuerza.

"Se produjeron varios actos violentos (...). Algunos manifestantes llevaban máscaras y atacaron a agentes de policía. Ya se han realizado varias detenciones", señaló la Policía de Essen en la red social X.

En un cruce, un numeroso grupo de personas intentó romper un cordón policial, por lo que un centenar de agentes de las fuerzas de seguridad utilizaron gas pimienta y porras para detenerlas.

La Policía advirtió que se impedirán sistemáticamente los intentos de franquear las barreras y que "los delitos penales serán perseguidos sistemáticamente".

La Policía está presente con unos 4.000 agentes, drones y al menos tres cañones de agua para garantizar la seguridad de los delegados, que tienen dificultades para llegar a la sede del congreso y que deben sortear vallas y sentadas de miles de manifestantes que claman con pancartas con lemas como "derechos humanos en lugar de ultras" y gritos contra la "propaganda nazi" de la AfD.

Las autoridades esperan unos 100.000 manifestantes a lo largo del día en Essen, entre ellos unos mil extremistas de izquierda.

En la ciudad ya anoche hubo un concierto-protesta y se ha levantado un "campamento contra el racismo", desde el que esta mañana casi 2.000 personas se dirigieron hacia la Grugahalle, donde se celebrará el congreso del partido ultra, que la ciudad de Essen quiso evitar al impedir el congreso.

La ciudad de Essen es la accionista mayoritaria del recinto ferial. En enero de 2023, la AfD recibió un contrato de alquiler del Grugahalle, que la ciudad anuló con el argumento de que cabía "suponer que se harán declaraciones que son penalmente perseguibles", en palabras del alcalde conservador, Thomas Kufen.

La AfD demandó a la ciudad y ganó el pleito. En respuesta, en un gesto provocador para el partido, la ciudad izó banderas arcoíris y de la Unión Europea (UE) delante del edificio donde se celebrará el congreso.

Entre el sábado y domingo los 600 delegados pretenden reelegir a los colíderes Tino Chrupalla y Alice Weidel, y crear el puesto de un secretario general a partir de 2025 y posiblemente eliminar a partir de entonces la bicefalia en la cúpula.

Además, se verán dos resoluciones sobre la guerra rusa en Ucrania, ante la cual la AfD rechaza la política de sanciones contra Rusia y considera que la respuesta occidental solo contribuye a una "escalada", y se prevé un debate sobre cómo nominar en el futuro a los cabezas de lista en elecciones como las europeas tras los escándalos recientes.

En la europeas, AfD fue la segunda fuerza política más votada, al lograr un 15,8 % de los votos. Sólo los conservadores de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y su hermana bávara Unión Socialcristiana (CSU), que salieron victoriosos con un 30 % de los votos, estuvieron por encima de la formación ultraderechista.

Antes de los comicios, la dirección de AfD se vio golpeada por los sucesivos escándalos protagonizados por el que era su cabeza de lista para las europeas Maximilian Krah, un político que ha tenido que dejar las altas instancias del partido después de haber dicho que no todos los integrantes de la organización nazi SS eran criminales.

Después de decir eso, Krah dejó la dirección del partido y tuvo que ser apartado de la campaña de las europeas.

Además, hay una investigación en curso contra Petr Bystron, que fue número dos en la lista de la AfD a la Eurocámara y ha sido elegido eurodiputado, por supuestos delitos de soborno y lavado de dinero, acusaciones que el político rechaza.

Esta semana las fuerzas de seguridad de Alemania y de la República Checa realizaron nuevos registros en varias propiedades relacionadas con el diputado en el marco de la investigación abierta contra él por la recepción de supuestos sobornos por parte de Rusia.

Nairobi, 27 jun (EFE).- Miles de personas volvieron este jueves a las calles en numerosas ciudades de Kenia para protestar contra el Gobierno, pese a que el presidente, William Ruto, retiró este miércoles el polémico proyecto de ley de subidas fiscales que desató las manifestaciones que sacuden al país desde el pasado día 18.

El epicentro de las movilizaciones fue la capital, Nairobi, donde los manifestantes invadieron el pasado martes el Parlamento en una jornada de protestas masivas que dejó al menos 23 muertos en esta nación del este de África, gran aliada de Occidente.

En el centro de la capital, donde tomaron posiciones agentes de la Policía y soldados del Ejército y los negocios están cerrados por precaución, cientos de manifestantes, la mayoría jóvenes y dispersos en varios puntos, marcharon para expresar su descontento.

Los agentes trataron de dispersar a la multitud disparando botes de gases lacrimógenos y pelotas de goma en arterias como las avenidas de Moi y Kenyatta, las más transitadas habitualmente, donde eran visibles los destrozos materiales de jornadas anteriores.

Al grito de "¡Ruto debe irse!", algunos manifestantes arrojaron piedras y otros objetos, según pudo constatar EFE.

La Policía detuvo a un número indeterminado de manifestantes, a algunos de los cuales arrastró por el suelo antes de introducirlos en vehículos de las fuerzas de seguridad.

No lejos del centro de la capital, la Policía bloqueó este jueves todas las carreteras que dan acceso a la State House, la sede de la Presidencia en Nairobi, en previsión de las nuevas protestas convocadas esta jornada.

Los manifestantes habían prometido la semana pasada hacer una marcha hasta la State House para expresar su descontento con el Gobierno de Ruto.

Pinchos de bloqueo y placas de advertencia se colocaron en hasta cinco carreteras y vías adyacentes, custodiadas por agentes antidisturbios, según pudo constatar EFE, de manera que los automovilistas fueron desviados para que utilizaran rutas alternativas.

Las protestas también persisten en otras ciudades del país, como Mombasa (segunda urbe más poblada de Kenia, en el océano Índico), Kisumu (oeste), Migori y Homa Bay (suroeste).

En esas localidades, la Policía intentó hacer retroceder a los manifestantes con gases lacrimógenos e incluso munición real, dejando al menos siete heridos de bala en Homa Bay, según indicaron a medios locales fuentes médicas.

Cuatro de ellos permanecen en un estado crítico en el Hospital de Referencia del Condado de Homa Bay.

Además, los trabajadores sanitarios de Migori registraron al menos cuatro heridos de bala este jueves, incluidos dos en un estado grave, según el director de los servicios médicos del condado de Migori, Dan Ochiel.

Ochiel también informó de las heridas leves que sufren dos agentes de seguridad, después de que los manifestantes les lanzasen piedras.

Asimismo, localidades más pequeñas están viendo cómo decenas o centenares de personas se reúnen para protestar, como en Makindu (centro-sur), donde los manifestantes bloquearon la carretera que une Mombasa con Nairobi, imprescindible para el tránsito de todo tipo de bienes desde el puerto de Mombasa al resto del Kenia e incluso a otros países vecinos como Uganda y Sudán del Sur.

Las protestas tuvieron lugar pese a que Ruto informó este miércoles de que había rechazado firmar el polémico proyecto de ley que contempla subidas de impuestos y que desató el inicio de las movilizaciones el pasado día 18.

De esa manera, el proyecto de ley no podrá entrar en vigor después de que la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento), donde tiene mayoría la coalición gubernamental, lo aprobara este martes con 195 votos a favor y 106 en contra.

El Gobierno ordenó este martes la movilización del Ejército para ayudar a la Policía a atajar la "emergencia de seguridad" causada por las protestas.

Con el controvertido proyecto legislativo, el Gobierno pretendía recaudar 2.700 millones de dólares en impuestos adicionales para reducir el déficit presupuestario y el endeudamiento estatal.

Sin embargo, los manifestantes antigubernamentales sostienen que esas medidas fiscales empujan a la pobreza a la población en un país en el que los altos sueldos de los cargos públicos y la corrupción política son generalizados.

Seúl, 27 jun (EFE).- Los ejércitos de Corea del Sur, Japón y EE.UU. iniciaron este jueves sus primeras maniobras conjuntas multidominio en un momento marcado por el acercamiento escenificado entre Corea del Norte y Rusia, que la semana pasada firmaron un tratado estratégico que incluye la asistencia mutua en caso de ataque.

El ejercicio, bautizado como "Freedom Edge" y que durará hasta el sábado, comenzó hoy en aguas internacionales al sur de la isla surcoreana de Jeju, según anunciaron en un comunicado publicado tanto por el Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano como por el Comando del Indo Pacífico (PACOM) estadounidense.

Al tratarse de un ejercicio multidominio, "Freedom Edge" se centrará en respuesta cooperativa ante ataques con misiles balísticos, defensa aérea u operaciones antisubmarino y de búsqueda y rescate.

También incluirá entrenamientos en ciberdefensa y operaciones de interdicción marítima, estas últimas enfocadas en detectar y prevenir las llamadas transferencias navío a navío que Pionyang utiliza para vulnerar sanciones.

Por parte surcoreana participarán, entre otros, los destructores ROKS Seoae Ryu Seong-ryong y ROKS Kang Gam-chan, aviones de patrulla marítima P-3, helicópteros Lynx o cazas F-16, mientras que EE.UU. ha traído el submarino de propulsión nuclear USS Theodore Roosevelt o los destructores USS Halsey y USS Daniel Inouye.

El Pentágono también aporta aviones de patrulla P-8, cazas F-18, helicópteros MH-60 y aviones de alerta temprana E-2.

Por parte nipona participan los destructores JS Ise y JS Atago y aviones de patrulla marítima P-1.

La realización del ejercicio se decidió y anunció originalmente en la cumbre que reunió a los líderes de los tres países -Yoon Suk-yeol, Fumio Kishida y Joe Biden- en Camp David en agosto del año pasado y fue ratificada a su vez por sus titulares de Defensa en la última edición del Diálogo de Shangri-La, que tuvo lugar a principios de mes.

Los tres países han reforzado su cooperación militar y mecanismos disuasorios en los dos últimos años ante el incremento de las pruebas de armas de Corea del Norte, que ha apostado por modernizar su armamento con un plan a cinco años y ha rechazado nuevas llamadas al diálogo.

Pionyang ha exhibido además un fuerte acercamiento en el último años con Moscú, a quien ha estado suministrando armas para usar en Ucrania.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente ruso, Vladímir Putin, escenificaron ese fortalecimiento de relaciones firmando la semana pasada un acuerdo de asociación estratégica que incluye una cláusula de asistencia militar mutua en caso de agresión a sus territorios.

"'Freedom Edge' expresa la voluntad de Japón, República de Corea (nombre oficial de Corea del Sur) y Estados Unidos de promover la interoperabilidad trilateral y proteger la libertad, la paz y la estabilidad en el Indo Pacífico, incluyendo la Península de Corea", añade el comunicado conjunto publicado hoy.

El texto concluye que a partir de esta primera edición de las maniobras los tres países "continuarán expandiendo el ejercicio 'Freedom edge'".

Nairobi, 26 jun (EFE).- El presidente de Kenia, Wiliam Ruto, informó este miércoles de que ha rechazado firmar el polémico proyecto de ley que contempla subidas de impuestos y que provocó las protestas masivas que este martes causaron al menos 23 muertos y desembocaron en el asalto del Parlamento por manifestantes.

"Cedo. No firmaré el Proyecto de Ley de Finanzas 2024. Será retirado por completo", afirmó Ruto en una rueda de prensa en la State House, sede de la Presidencia en Nairobi.

El mandatario aseguró haber "escuchado atentamente al pueblo de Kenia, que ha dicho en voz alta que no quiere tener nada que ver con este Proyecto de Ley de Finanzas de 2024".

"El pueblo ha hablado", subrayó Ruto, quien abogó por "tener una conversación sobre cómo gestionar juntos los asuntos del país y la situación de la deuda", y proponer "un compromiso con los jóvenes".

Así, el proyecto legislativo no podrá entrar en vigor después de que la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento), donde tiene mayoría la coalición gubernamental, lo aprobara este martes con 195 votos a favor y 106 en contra.

"Tras la aprobación del proyecto de ley, el país fue testigo de una expresión generalizada de descontento con el proyecto de ley aprobado, lamentablemente provocando la pérdida de vidas y la destrucción de bienes y profanación de las instituciones constitucionales", aseveró.

"Envío mi más sentido pésame a las familias de quienes perdieron a sus seres queridos de esta manera desafortunada", señaló el presidente, quien sólo admitió la muerte de "seis jóvenes" este martes.

Sin embargo, una veintena de ONG, incluida Amnistía Internacional, aseguraron este miércoles que al menos 23 personas murieron por disparos de la Policía en las protestas de este martes en varias ciudades de Kenia, 14 de ellas en Nairobi.

Ruto se mostró más conciliador que en el mensaje que a última hora del martes dirigió a la nación, en el que condenó el "ataque sin precedentes" y advirtió de que no tolerará ninguna "amenaza" que implique un "peligro existencial" para Kenia.

El mandatario se dirigió al país después de que el Gobierno ordenara el despliegue del Ejército para ayudar a la Policía a atajar la "emergencia de seguridad" de las protestas, que fue aprobado este miércoles por la Asamblea Nacional.

En la tercera jornada de manifestaciones en la última semana y al grito de "¡Ruto debe irse, Ruto debe irse!", los manifestantes invadieron este martes el Parlamento, pese a la dura respuesta de la Policía, que abrió fuego para impedir el asalto.

Lo que empezó como una protesta pacífica de miles de jóvenes contra las subidas de impuestos en la capital keniana -y otras ciudades en al menos 35 de los 47 condados del país- derivó en una batalla campal entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.

Con el controvertido proyecto legislativo, el Gobierno pretendía recaudar 2.700 millones de dólares en impuestos adicionales para reducir el déficit presupuestario y el endeudamiento estatal.

Sin embargo, los manifestantes antigubernamentales sostienen que esas medidas fiscales empujan a la pobreza a la población.

El pasado día 18, más de 300 personas fueron detenidas en Nairobi, mientras el jueves hubo al menos 105 arrestos en todo el país y 200 personas fueron heridas en la capital, al tiempo que murieron dos manifestantes a raíz de esas protestas.

A diferencia de las protestas antigubernamentales que históricamente ha vivido Kenia, a menudo violentas e impulsadas por líderes políticos, estas manifestaciones fueron convocadas por jóvenes de la llamada 'generación Z' (personas nacidas entre mediados de la década de los 90 del siglo XX y la primera década del siglo XXI) y mantenían hasta ahora un tono pacífico.

El proyecto de ley planteaba nuevos impuestos, como el IVA del 16 % al pan o el del 2,5 % a los vehículos de motor, además del aumento de algunos ya existentes, como el del servicio de transferencia de dinero móvil.

Sin embargo, algunos ya se suprimieron las semana pasa mediante enmiendas, como el IVA que afectaba al pan.

Adís Abeba, 26 jun (EFE).- El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, manifestó su "profunda preocupación" por las protestas violentas en Kenia que este martes causaron al menos 17 muertos y desembocaron en el asalto al Parlamento de los manifestantes.

En un comunicado emitido a última hora de este martes desde la sede de la UA en Adís Abeba, Mahamat afirmó que "sigue con profunda preocupación los estallidos de violencia tras las protestas públicas en Kenia, que han provocado pérdidas de vidas y daños a la propiedad".

El presidente instó a todas las partes a "actuar con calma y abstenerse de cometer más violencia".

El jefe de la Comisión (secretariado) también hizo un llamamiento a "un diálogo constructivo para abordar las cuestiones polémicas que dieron lugar a las protestas en aras del interés supremo de Kenia".

Mahamat reiteró "la total solidaridad de la Unión Africana con el Gobierno y el pueblo de Kenia y los exhorta a mantener la paz, la seguridad y la estabilidad en el país".

El asalto al Parlamento de Kenia por parte de manifestantes contrarios a un polémico proyecto de ley que contempla subidas fiscales sumió este martes al país en el caos, en una jornada de protestas sin precedentes que provocó la muerte de al menos 17 personas a manos de la Policía y el despliegue del Ejército.

En la tercera jornada de movilizaciones en la última semana, los manifestantes, en su mayoría jóvenes, lograron entrar en el Parlamento pese a la dura respuesta de la Policía, que abrió fuego para impedir el acceso.

Lo que empezó como una protesta pacífica de miles de jóvenes contra las subidas de impuestos en la capital keniana -y otras ciudades en al menos 35 de los 47 condados del país- derivó en una batalla campal entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.

En la invasión al Parlamento, los asaltantes destrozaron mobiliario, ventanas y banderas, mientras acusaban a los políticos de “traidores”, después de que 195 diputados votaran de manera preliminar a favor del polémico Proyecto de Ley de Finanzas de 2024, frente a 106 votos en contra, si bien falta la votación final.

Con esta norma, el Gobierno pretende recaudar 2.700 millones de dólares en impuestos adicionales para reducir el déficit presupuestario y el endeudamiento estatal.

Sin embargo, los manifestantes antigubernamentales sostienen que esas medidas fiscales empujan a la pobreza a la población.

A diferencia de las protestas antigubernamentales que históricamente ha vivido Kenia, a menudo violentas e impulsadas por líderes políticos, estas manifestaciones fueron convocadas por jóvenes de la llamada ‘generación Z’ (personas nacidas entre mediados de la década de los noventa del siglo XX y la primera década del siglo XXI) y mantenían hasta ahora un tono pacífico.

Nairobi, 25 jun (EFE).- El Gobierno de Kenia ordenó este martes el despliegue del Ejército para atender la "emergencia de seguridad" causada por las protestas contra un proyecto de ley de subidas fiscales que han sacudido al país hasta el punto de provocar el asalto de manifestantes al Parlamento en Nairobi.

"Las Fuerzas de Defensa de Kenia se despliegan el 25 de junio de 2024 en apoyo del Servicio de Policía Nacional", afirmó el ministro keniano de Defensa, Aden Duale, en un breve decreto publicado en The Kenyan Gazette (Boletín Oficial del Estado).

La movilización militar se produce "en respuesta a la emergencia de seguridad causada por las protestas violentas en curso en varias partes de la República de Kenia que resultaron en destrucción y violación de infraestructura crítica", añadió Duale.

La orden se divulgó después de que la Policía se viera superada por las manifestaciones, sobre todo en Nairobi, epicentro de unas movilizaciones sin precedentes en la historia reciente del país.

Al menos 17 personas murieron este martes en Kenia -14 de ellas en la capital- en las protestas, confirmó a EFE una plataforma integrada por una veintena de ONG.

En la tercera jornada de manifestaciones en la última semana y al grito de "¡Ruto debe irse, Ruto debe irse!", en referencia al presidente keniano, William Ruto, los manifestantes, en su mayoría jóvenes, invadieron este martes el Parlamento a través del Senado (Cámara Alta), pese a la dura respuesta de la Policía, que abrió fuego para impedir el asalto.

Lo que empezó como una protesta pacífica de miles de jóvenes contra las subidas de impuestos en la capital keniana -y otras ciudades en al menos 29 de los 47 condados del país- derivó en una batalla campal entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.

En la invasión al Parlamento, los asaltantes destrozaron mobiliario, ventanas y banderas, mientras acusaban a los políticos de "traidores", después de que 195 diputados votaran de manera preliminar a favor del polémico Proyecto de Ley de Finanzas de 2024, frente a 106 votos en contra, si bien falta la votación final.

Con esta norma, el Gobierno pretende recaudar 2.700 millones de dólares en impuestos adicionales para reducir el déficit presupuestario y el endeudamiento estatal.

Sin embargo, los manifestantes antigubernamentales sostienen que esas medidas fiscales empujan a la pobreza a la población.

El pasado martes, más de 300 personas fueron detenidas en Nairobi, mientras el jueves hubo al menos 105 arrestos en todo el país y 200 personas fueron heridas en la capital, al tiempo que murieron dos manifestantes a raíz de esas protestas (uno por el supuesto impacto de un bote de gas y otro por un disparo de la Policía).

A diferencia de las protestas antigubernamentales que históricamente ha vivido Kenia, a menudo violentas e impulsadas por líderes políticos, estas manifestaciones fueron convocadas por jóvenes de la llamada 'generación Z' (personas nacidas entre mediados de la década de los noventa del siglo XX y la primera década del siglo XXI) y mantenían hasta ahora un tono pacífico.

Nairobi, 25 jun (EFE).- Miles de jóvenes se manifestaron este martes en Nairobi para protestar contra un polémico proyecto de ley avalado por el Gobierno que contempla la subida de impuestos y la creación de otros nuevos, pese a que la Policía trató de dispersarlos con gases lacrimógenos y cañones de agua.

"¡Ruto debe irse, Ruto debe irse!", gritaban los manifestantes al enviar ese mensaje al presidente de Kenia, Wiliam Ruto, pertrechados de pancartas, silbatos y "vuvuzelas" (trompetas largas de plástico).

El grueso de los descontentos se congregó en el centro de la capital, donde se sucedieron las carreras caóticas de los manifestantes y los agentes, que efectuaron un número indeterminado de detenciones y llegaron a disparar munición.

El periodista keniano Collins Olunga, de la agencia francesa noticias AFP, resultó herido de un disparo e ingresó en un hospital, donde él mismo confirmó que está "estable" tras publicar unas fotos en las que aparece con los pantalones manchados de sangre.

Entre los manifestantes se encontraba la activista, socióloga y periodista Rita Auma Obama, media hermana del expresidente de Estados Unidos Barack Obama, quien resultó gaseada por las fuerzas de seguridad.

"Ya ni siquiera puedo ver. ¡Me han lanzado gases lacrimógenos!" denunció Obama en plena entrevista en directo con la cadena estadounidense CNN.

Las protestas también tuvieron lugar en ciudades de 29 de los 47 condados del país africano, como Mombasa (sur), Eldoret (oeste, zona de la que procede Ruto) o Nakuru (centro), según el recuento del diario local Daily Nation.

A primera hora, la Policía cerró todos los accesos al Parlamento en Nairobi como medida de seguridad frente a las protestas.

Camiones equipados con cañones de agua aparcaron en puntos clave y se desplegó un contingente de policías antidisturbios para vigilar la zona.

Todos los ojos estaban puestos en la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento), donde los legisladores debatían el controvertido proyecto de ley y las posibles enmiendas.

Con el Proyecto de Ley de Finanzas de 2024, el Gobierno pretende recaudar 2.700 millones de dólares en impuestos adicionales para reducir el déficit presupuestario y el endeudamiento estatal.

La deuda pública de Kenia asciende al 68 % del producto interior bruto (PIB), cifra superior al 55 % del PIB recomendado por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, los manifestantes antigubernamentales sostienen que esas medidas fiscales empujan a la pobreza a la población.

Más de 300 personas fueron detenidas el pasado martes en Nairobi, donde la Policía dispersó las marchas con gases lacrimógenos y cañones de agua.

El pasado jueves se produjeron al menos 105 arrestos en todo el país y 200 personas fueron heridas en la capital.

Dos manifestantes han fallecido, de momento: Evans Kiratu, de 21 años, que pereció tras recibir supuestamente el impacto de un bote de gas lacrimógeno; y Rex Kanyike Masai, de 29 años, muerto por un disparo de la Policía.

Ruto prometió este domingo mantener "una conversación" con los jóvenes que impulsan las protestas para "construir una nación mejor".

A diferencia de las protestas antigubernamentales que históricamente ha vivido Kenia, violentas e impulsadas por líderes políticos, estas manifestaciones fueron convocadas por jóvenes de la llamada "generación Z" (personas nacidas entre mediados de la década de los noventa del siglo XX y la primera década del siglo XXI).

Las protestas se promueven través de redes sociales como Tik Tok, X o Instagram y suelen tener un tono pacífico.

El Proyecto de Ley de Finanzas de 2024 propuesto por el Gobierno planteaba nuevos impuestos, como el IVA del 16 % al pan o el del 2,5 % a los vehículos de motor, además del aumento de algunos de los existentes, como el del servicio de transferencia de dinero móvil.

Sin embargo, el presidente del Comité de Finanzas y Planificación de la Asamblea Nacional, Kimani Kuria, anunció el pasado martes tras una reunión presidida por Ruto, antes de presentarse el proyecto, que habría enmiendas y se eliminarían algunos impuestos.

Entre otros gravámenes, se suprimió el IVA que afectaba al pan.

Bangkok, 16 may (EFE).- Activistas prodemocracia pidieron este jueves al Gobierno de Tailandia abrir una investigación "transparente" sobre la muerte el martes de la joven Netiporn Sanehsankhom mientras permanecía en huelga de hambre en prisión, acusada de lesa majestad.

El grupo, encabezado por jóvenes que lideraron las protestas de 2020, que urgían a una reforma democrática del país, entregó hoy una misiva con varias reivindicaciones, entre ellas la investigación, a representantes del Ejecutivo y de la Oficina del Primer Ministro, informan medios locales.

Netiporn, de 28 años, falleció el martes tras sufrir un paro cardíaco en medio de sus problemas de salud derivados de la huelga de hambre que emprendió en enero, cuando las autoridades le retiraron la libertad bajo fianza.

La tailandesa, acusada de lesa majestad y sedición por su implicación en varias campañas de un colectivo que realizó encuestas callejeras en 2022 sobre la monarquía y el delito de lesa majestad, fue trasladada inconsciente desde la prisión de mujeres en Bangkok a un hospital, donde los sanitarios confirmaron su fallecimiento.

Panasaya Sithjurawatkul, quien también es acusada de lesa majestad -delito castigado con entre 3 y 15 años de cárcel-, reclamó hoy al Departamento de Correccionales que permita el acceso a las cámaras de seguridad del penal previas al traslado de la fallecida al centro sanitario, recoge el portal de noticias The Reporters.

En la misiva, que más tarde también fue entregada a un comité del Parlamento, los activistas reclamaron que se otorgue la libertad bajo fianza a todos los presos políticos que están siendo juzgados y acelerar la promulgación de una ley de amnistía que incluya a las personas acusada de lesa majestad.

El pasado octubre, el principal partido opositor, el reformista Avanzar, presentó un proyecto de ley que tiene por objetivo alcanzar una amplia amnistía que cubriría todas las manifestaciones políticas desde 2006 hasta la actualidad, aunque está permanece estancada por comités parlamentarios.

Al igual que Netiporn, cuyo funeral comenzó este jueves en un templo al noreste de Bangkok, varios activistas en prisión se encuentran en huelga de hambre para exigir reformas del sistema judicial y pedir la libertad bajo fianza de los detenidos por delitos políticos o relacionados con la libertad de expresión.

Netiporn es la primera activista que muere en huelga de hambre en los últimos años, aunque otro acusado de lesa majestad, Amphon Tangnoppakhun, murió en prisión en 2012.

Según la oenegé Thai Lawyers for Human Rights, hay unos 27 activistas prodemocráticos en prisión a los que se les niega la libertad bajo fianza, mientras que unas 270 personas, incluidos menores, han sido acusadas de lesa majestad desde las manifestaciones estudiantiles de 2020, que llegaron a pedir la reforma de la monarquía por primera vez en el país de manera pública. EFE

nc/pav/ig

(foto)(vídeo)

Bruselas, 15 may (EFE).- La OTAN afirmó este miércoles que la aprobación en el Parlamento de Georgia de la polémica ley sobre agentes extranjeros aleja al país de la integración en la Unión Europea y el área transatlántica, y le instó a cambiar el rumbo.

“La decisión del Gobierno georgiano de aprobar legislación sobre los llamados `agentes extranjeros’ es un paso en la dirección equivocada y aleja a Georgia de la integración europea y euroatlántica”, aseguró la portavoz de la Alianza Atlántica, Farah Dakhlallah a través de la red social X.

En ese contexto, la portavoz aliada instó a Georgia a “cambiar el rumbo y a respetar el derecho a la protesta pacífica”.

El Parlamento georgiano aprobó el martes la ley sobre agentes extranjeros pese a las protestas de la oposición y de Occidente, que la comparan con la normativa rusa que el Kremlin utiliza para acallar a la oposición, en una nueva vuelta de tuerca de las tensiones en este país caucasiano.

La controvertida legislación, promovida por el partido gubernamental Sueño Georgiano y cuyo nombre oficial es "Sobre la transparencia de la influencia extranjera", fue aprobada con 84 votos a favor y 30 votos en contra.

Georgia tiene aspiraciones a entrar en la Unión Europea y en la OTAN.

En 2008, los líderes de la Alianza acordaron en su cumbre de Bucarest que Georgia, al igual que Ucrania, serán miembros de la OTAN cuando estén preparados para ello.

Moscú, 14 may (EFE).- El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, denunció hoy la injerencia exterior en Georgia que trata de presionar al Parlamento, que debería aprobar este martes la polémica 'ley de agentes extranjeros' que ha desatado multitudinarias protestas en la nación caucásica. externa

"Constatamos el firme deseo de las autoridades georgianas de defender el país ante la injerencia clara en sus asuntos internos, tal y como hacen la inmensa mayoría de los países del mundo. Por otro lado, vemos una evidente injerencia exterior en los asuntos internos de Georgia", dijo en su rueda de prensa diaria.

El proyecto de ley 'Sobre la transparencia de la influencia extranjera' que será votado hoy en tercera y definitiva lectura en el Parlamento georgiano prevé la publicación anual de declaraciones de ONG y medios de comunicación cuyo presupuesto se componga de más del 20 por ciento de contribuciones extranjeras.

La nueva norma tiene grandes posibilidades de prosperar debido a que la formación gubernamental, Sueño Georgiano, cuenta con mayoría absoluta en el Legislativo.

Peskov añadió que el Kremlin "escucha amenazas de sanciones en contra de Georgia, si aprueban determinada ley", en referencia al proyecto legislativo que la oposición georgiana tacha de 'ley rusa' por sus similitudes con la 'ley de agentes extranjeros' existente en Rusia.

"¿Qué es esto sino una injerencia directa en los asuntos internos de Georgia?", cuestionó.

Por contra, recalcó que "se trata de un asunto absolutamente interno de Georgia", por lo cual Moscú no tiene intención alguna de inmiscuirse.

Las protestas contra la 'ley rusa' se suceden diariamente en Tiflis desde mediados de abril, con el apoyo de Occidente, que también rechaza dicha propuesta.