La Fiscalía Adjunta de Fraudes de Costa Rica consiguió una condena de seis años y seis meses de prisión contra Juan Carlos Martín Solís, declarado culpable de estafar a cinco inversionistas mediante falsas concesiones de tecnología satelital, supuestas alianzas con empresas multinacionales y argumentos religiosos utilizados para ganarse la confianza de sus víctimas.

Según informó el Ministerio Público, el condenado creó una empresa denominada Intersat, que utilizó para ofrecer oportunidades de inversión relacionadas con dispositivos de rastreo satelital instalados en contenedores de transporte de carga.

Además de la pena de prisión, el tribunal impuso una condena civil por ₡45.9 millones (USD 100,918), como consecuencia de los perjuicios económicos ocasionados por los delitos.

Aseguraba que Dios le indicaba quiénes debían ser sus socios

Uno de los principales mecanismos utilizados por Martín Solís consistía en presentarse como un empresario religioso, filántropo y comprometido con los principios bíblicos.

Según la acusación, afirmaba que seleccionaba a sus socios mediante revelaciones divinas y exigía que fueran personas creyentes para “no abrirle las puertas al diablo”.

Con este discurso buscaba generar confianza entre los inversionistas y convencerlos de participar en negocios que presentaba como altamente rentables.

El condenado también aseguraba falsamente que había obtenido licitaciones y concesiones exclusivas con la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, relacionadas con la desinstalación de dispositivos de rastreo satelital GPS, específicamente equipos GT2000, utilizados en contenedores de mercancías.

Para respaldar sus afirmaciones, mostraba cotizaciones sin valor contractual y equipos de demostración, con los que aparentaba mantener operaciones comerciales y alianzas con importantes compañías tecnológicas internacionales.

Prometía ganancias superiores a USD 146,000 mensuales

La investigación determinó que el empresario solicitaba a sus víctimas inversiones iniciales de entre USD 15,000 y USD 60,000, a cambio de participar en supuestas concesiones que valoraba en USD 360,000 cada una.

Como parte de su estrategia, ofrecía rendimientos superiores a USD 146,137.50 mensuales por concesión, una promesa que resultaba atractiva para quienes buscaban oportunidades de negocio.

También aseguraba que los técnicos contratados podrían desinstalar al menos 15 dispositivos satelitales diarios, lo que supuestamente garantizaría ingresos constantes.

Además, exigía a los inversionistas crear nuevas sociedades anónimas, firmar contratos de confidencialidad y contratar cuadrillas de técnicos para desarrollar las operaciones.

Sin embargo, la Fiscalía demostró que las concesiones ofrecidas eran ficticias y que las supuestas relaciones comerciales no respaldaban los negocios anunciados.

Utilizaba la pandemia para justificar los retrasos

Cuando los inversionistas comenzaron a cuestionar por qué las operaciones no iniciaban, Martín Solís ofrecía distintas explicaciones para justificar los incumplimientos.

Entre los argumentos utilizados figuraban los efectos de la pandemia de COVID-19, problemas relacionados con el tráfico marítimo internacional y supuestos gastos adicionales por licencias de software y viáticos.

Estas justificaciones permitían prolongar las expectativas de las víctimas, pese a que las operaciones prometidas no se concretaban.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó las pruebas que permitieron acreditar que el empresario había estructurado un mecanismo de engaño para obtener recursos económicos de los cinco afectados.

No podrá salir de Costa Rica mientras la sentencia queda firme

El juicio se desarrolló entre el 21 de setiembre y el 6 de octubre de 2026, y concluyó con una condena de seis años y seis meses de prisión.

Mientras la resolución judicial adquiere firmeza, el tribunal ordenó que Martín Solís se presente a firmar mensualmente ante el Tribunal Penal de San José.

También se le impuso impedimento de salida del país, como medida para asegurar su sujeción al proceso judicial.

El expediente se tramitó bajo el número 20-002106-0175-PE.

La sentencia establece la responsabilidad del empresario en un esquema que combinó falsas oportunidades tecnológicas, promesas de ganancias millonarias y manipulación de creencias religiosas para estafar a cinco inversionistas.

“Mi cuerpo duele. Me duelen los brazos. Me duelen las manos. Me duele la garganta. Aún me cuesta hablar. Y el dolor no es solo físico. Hay dolor en mi mente y en mi alma”, expresó Christa Pike.

El caso derivó en una cadena de consecuencias institucionales: el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una revisión independiente para determinar qué ocurrió en la cámara de ejecución, dispuso la suspensión temporal de todas las ejecuciones en el estado hasta fin de año y aceptó la renuncia del comisionado correccional Frank Strada.

La posibilidad de que el estado intente ejecutar a Pike por segunda vez permanece abierta, lo que anticipa una prolongada disputa judicial.

Qué dijo Christa Pike tras sobrevivir a la ejecución fallida en Tennessee

En su primera declaración pública desde el intento de ejecución, Pike, de 50 años, describió un proceso de recuperación marcado por el sufrimiento físico y el aislamiento. Según informó ABC News, Pike se encuentra en la enfermería del Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, en Nashville, donde permanece “en gran medida aislada del resto de la población carcelaria, lejos de otras personas y de los vínculos humanos que tanto significan” para ella.

La propia Pike comparó esa situación con los 28 años que pasó en régimen de aislamiento desde su llegada al corredor de la muerte, y la describió como “una repetición de esa condición”. “Me estoy recuperando, y sé que me estoy fortaleciendo”, afirmó.

“Pero recuperarse no es lo mismo que estar bien”, acotó. También señaló que despertó “sola en un hospital, confundida y con dolor”, sin haber contemplado la posibilidad de seguir con vida tras esa noche. “No sé por qué sobreviví. No sé qué viene después. Algunos días, encontrar esperanza es más difícil que otros”, agregó.

Christa Pike también expresó que piensa en la familia de Slemmer y en “el terrible dolor y la pérdida que han soportado”, y agradeció a los socorristas, médicos y enfermeras que la atendieron: “Me trataron con compasión, dignidad y respeto. Nunca olvidaré su amabilidad”.

Extendió ese reconocimiento a sus abogados: “Lucharon por mí, estuvieron a mi lado y se negaron a rendirse”. Sobre el apoyo recibido desde distintas partes del mundo, señaló que tanto personas cercanas como completos extraños que nunca la han conocido le escribieron y que saber que su vida importa para otros es algo que no puede expresar con palabras.

Qué ocurrió durante la ejecución del 30 de septiembre en Tennessee

El intento de ejecución tuvo lugar en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville. El equipo encargado tardó cerca de una hora en colocar las vías intravenosas y administró dos dosis del barbitúrico pentobarbital. Los testigos presentes en la sala comprobaron que Pike continuaba con signos de vida cuando el personal los escoltó fuera de la cámara, aproximadamente una hora después del inicio del procedimiento.

Los abogados de Pike relataron que, antes de perder la conciencia, ella se quejó de que su brazo “iba a estallar” y aseguró que “ardía”. Los brazos de Pike quedaron con inflamación severa y hematomas, lo que según su defensa podría deberse a una inserción incorrecta de las agujas o a que el fármaco se filtró hacia el tejido circundante.

La trasladaron a un hospital, donde permaneció conectada a un respirador; recobró la conciencia días después. Diez días tras el fallido procedimiento, volvió a la prisión. De acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Pike es la primera persona de la que se tiene constancia que sobrevivió una inyección letal después de recibir los fármacos.

La respuesta de Tennessee y la investigación ordenada por Bill Lee

Tras el episodio, Lee anunció la suspensión de todas las ejecuciones programadas hasta el final de 2026 y encargó una revisión externa para “determinar exactamente qué ocurrió”. Asimsimo, el comisionado correccional Strada presentó su renuncia con vigencia a fin de octubre, y sostuvo que era “lo más conveniente para el estado”.

El Departamento de Correcciones de Tennessee declinó hacer comentarios sobre el comunicado de Pike y afirmó que había “seguido cada paso del protocolo de ejecución legalmente establecido, aprobado por la Fiscalía General”.

Lee, que deja el cargo en enero, rechazó conmutar la pena de Pike por cadena perpetua. Esta semana, ante preguntas de la prensa, respondió sobre la posibilidad de un nuevo intento de ejecución: “Supongo que su sentencia seguirá siendo la misma que antes, a menos que los tribunales determinen otra cosa”, según recogió The Guardian.

El crimen por el que Christa Pike fue condenada a muerte

En 1995, Pike tenía 18 años cuando, junto con su entonces pareja Tadaryl Shipp y una tercera persona, torturó y mató a Slemmer, de 19 años, compañera de ambos en un programa de capacitación laboral para jóvenes de bajos ingresos en Knoxville. Las investigaciones establecieron que Pike consideraba a Slemmer una rival sentimental. Shipp no recibió la pena de muerte porque en el momento del crimen no era legalmente adulto; permanece encarcelado.

Pike no niega su participación en el hecho, pero su defensa sostiene, según NBC News, que el jurado que la condenó no conoció en su totalidad los antecedentes de su infancia, marcada por años de abuso sexual, maltrato físico y abandono. Esos factores, argumentan sus abogados, resultaron decisivos para la determinación de la pena.

Qué puede pasar ahora con la condena de Christa Pike

La pena de muerte sigue vigente. El equipo legal de Pike anticipó una “larga batalla judicial” si Tennessee avanza hacia una nueva fecha de ejecución. Un juez ya falló a favor de la defensa al ordenar que el estado conserve toda la evidencia vinculada al intento fallido, entre ella jeringas, vías intravenosas, fármacos y registros del personal interviniente. Los fiscales, por su parte, señalaron que en este momento “no existe ninguna orden de ejecución pendiente”.

La madre de Slemmer, May Martinez, quien viajó desde Florida a Nashville para presenciar la ejecución en septiembre, declaró a la filial de ABC en Jacksonville que solo quería “justicia” y que el estado debe “hacer las cosas bien” sin apartar a Pike del corredor de la muerte.

La candidata republicana a gobernadora, la senadora Marsha Blackburn, prometió reanudar las ejecuciones si resulta elegida el próximo mes y manifestó su apoyo a ampliar los métodos disponibles. Su rival demócrata, Jerri Green, afirmó que bloqueará cualquier ejecución mientras esté en funciones.

El exalcalde de Paraíso de Cartago, Marvin Solano Zúñiga, fue condenado a tres años de prisión por su participación irregular en la aprobación de un permiso para construir un motel en ese cantón costarricense, un caso que se remonta a mayo de 2016 y que involucró un conflicto de intereses entre funcionarios municipales y la empresa responsable del proyecto.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, que encontró al exfuncionario culpable de los delitos de tráfico de influencias agravado y fraude de ley en la función administrativa, según informó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).

Además de la pena de prisión, los jueces ordenaron que Solano no pueda ejercer cargos públicos durante tres años, una prohibición que también comprende los puestos de elección popular, como alcaldías, regidurías o diputaciones.

Sin embargo, el exjerarca municipal no tendrá que ingresar a un centro penitenciario, debido a que recibió el beneficio de ejecución condicional de la pena, que le permitirá permanecer en libertad siempre que cumpla las condiciones establecidas por el tribunal.

Una orden para aprobar la construcción de un motel originó el caso

Los hechos que llevaron a la condena ocurrieron en mayo de 2016, cuando Marvin Solano Zúñiga se encontraba al frente de la Municipalidad de Paraíso.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el entonces alcalde emitió una orden escrita dirigida al jefe del Departamento de Ingeniería Municipal para que se aprobara el permiso de construcción de un establecimiento comercial.

El proyecto correspondía al motel Tu y Yo, ubicado en el distrito de Llanos de Santa Lucía, en el cantón de Paraíso.

Según la Fiscalía, Solano utilizó argumentos basados en un texto legal para justificar su intervención y presentar la solicitud como si se tratara de una gestión ajustada a la normativa.

Sin embargo, durante la investigación se determinó que existían irregularidades en el procedimiento administrativo, principalmente por un conflicto de intereses entre los funcionarios que debían revisar el permiso y la empresa interesada en construir el motel.

La Fiscalía estableció que algunos de los trabajadores municipales que participaban en el trámite también prestaban servicios profesionales a la compañía encargada del proyecto.

Esta situación comprometía la independencia con la que debían realizarse las valoraciones técnicas y administrativas necesarias para autorizar la construcción.

Las autoridades judiciales consideraron que la intervención del entonces alcalde constituyó una conducta delictiva, por lo que finalmente fue declarado culpable de tráfico de influencias agravado y fraude de ley en la función administrativa.

No irá a prisión, pero deberá pagar ₡6,6 millones

Pese a la condena de tres años de cárcel, el tribunal concedió al exalcalde el beneficio de ejecución condicional de la pena por un período de tres años.

Esto significa que podrá permanecer en libertad, pero deberá cumplir una condición específica: no cometer un nuevo delito doloso que tenga establecida una pena de prisión superior a seis meses.

En caso de incumplir esta disposición, el tribunal podría revocar el beneficio y ordenar que cumpla la condena dentro de un centro penitenciario.

La resolución también establece que Solano quedará inhabilitado durante tres años para desempeñar funciones públicas, incluidos los cargos que se obtienen mediante votación popular.

Por otra parte, los jueces declararon con lugar una demanda civil resarcitoria presentada por la Procuraduría General de la República, por lo que fijaron el pago de ₡6,600,000 (USD 14 mil)

Este monto corresponde a daño social, intereses y costas procesales y personales, derivados del proceso judicial.

La condena representa un cambio importante respecto de la primera resolución judicial emitida en este expediente, que inicialmente había favorecido al exalcalde.

Un exalcalde que gobernó Paraíso durante tres períodos

Marvin Solano Zúñiga fue una figura conocida en la política municipal de Cartago, especialmente por haber ocupado la alcaldía de Paraíso en tres períodos diferentes.

Su primer mandato se extendió entre 2003 y 2007, bajo la representación del Partido Auténtico Paraiseño, agrupación política de carácter cantonal.

Posteriormente, regresó al cargo para el período 2007-2011, esta vez con el Movimiento Libertario, y volvió a obtener la alcaldía en 2016, bajo la bandera del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).

Durante su última administración enfrentó distintos cuestionamientos sobre la gestión municipal, que incluso llevaron a la realización de un plebiscito revocatorio en mayo de 2018.

Aunque la mayoría de los votos emitidos favoreció su destitución, no se alcanzó la proporción requerida para retirarlo del cargo.

En febrero de 2019, Solano presentó su renuncia a la alcaldía, después de varios años de controversias relacionadas con su administración.

Un hombre aceptó su responsabilidad penal en tres procesos distintos por hurto pecuario durante la audiencia de acusación celebrada el 29 de octubre de 2026.

Esto le permitió al tribunal validar una condena de 16 años de prisión en su contra, tras la solicitud de acumulación de las investigaciones presentada por la Fiscalía Regional de Chiriquí.

Los hechos se remontan a enero y febrero de 2026, cuando el acusado ingresó a dos fincas distintas de la comunidad de Baitún, en el distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí, y se apoderó de tres animales.

La Procuraduría General de la Nación indicó que la causa contra este sujeto se inició el 10 de febrero de ese año, fecha en la que, mediante una serie de diligencias judiciales y con apoyo de los estamentos de seguridad, se concretó su aprehensión.

En las audiencias de control de garantías posteriores, el Ministerio Público obtuvo la orden de detención provisional en su contra por su presunta vinculación con los tres casos de hurto de ganado.

En otro caso judicial, el exadministrador de una entidad pública, investigado por el presunto enriquecimiento injustificado en perjuicio del Estado panameño por cerca de USD 1.322.234,38, continuará detenido de forma provisional mientras avanza la investigación.

La decisión fue confirmada por un Juzgado de Garantías durante una audiencia de revisión de medidas cautelares.

La jueza aceptó el planteamiento de la Sección Tercera de la Fiscalía Superior Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, que sostuvo que persisten los riesgos procesales establecidos antes por el Tribunal de Garantías y ratificados por el Tribunal Superior de Apelaciones.

La Fiscalía consideró que no surgieron nuevas circunstancias que justificaran reducir esos riesgos. Por ello, el tribunal mantuvo la detención al estimarla proporcional, idónea y necesaria para el desarrollo de las pesquisas.

De igual manera, un comerciante se convirtió este jueves en el decimotercer implicado en la trama de corrupción que afecta al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) en Panamá.

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Superior Anticorrupción, logró su aprehensión durante la mañana.

El hombre fue detenido en un punto de control de la Policía Nacional, ubicado en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos.

Las autoridades lo señalan por su presunta vinculación con delitos contra la administración pública y el orden económico.

Con esta nueva aprehensión, la investigación alcanza a 13 personas señaladas por los presuntos delitos de peculado y blanqueo de capitales en perjuicio del IFARHU.

El caso había sido elevado a causa compleja el 22 de octubre.

La Fiscalía Superior Anticorrupción lo señala por presunta malversación y sustracción de cheques de los programas de becas y ayudas económicas de la institución, en el marco de una causa que ya involucra a otras 12 personas por peculado y blanqueo de capitales.

La condición de causa compleja permite a los investigadores ampliar los plazos legales y profundizar en el entramado de responsables, dado el volumen de personas y transacciones involucradas en el expediente.

Las pesquisas de la Fiscalía Superior Anticorrupción apuntan a tres programas sociales que administra el IFARHU. Se trata de las Becas, el Seguro Educativo y el Pase-U, mecanismos destinados a facilitar el acceso a la educación de miles de panameños.

La presunta sustracción de cheques correspondientes a esos programas constituye el núcleo de la investigación. Los fondos, según la línea de trabajo de los investigadores, debían llegar a sus beneficiarios originales dentro del sistema de ayudas educativas.

El comerciante aprehendido este jueves se suma a una lista que, según se reiteró, ya incluía a otras 12 personas señaladas en la misma causa. La Procuraduría no detalló en su comunicación el perfil ni las funciones previas de los demás implicados.

Tribunal dominicano condenó a Wander Franco a tres años de prisión suspendida por abuso sexual de una menor.

Un tribunal de apelación de República Dominicana condenó este jueves al pelotero Wander Franco a tres años de prisión suspendida, bajo condiciones que deberá determinar el juez de Ejecución de la Pena, por abusar sexualmente de una menor de edad.

La Corte de Apelación de Puerto Plata anuló el perdón judicial que el jugador de los Tampa Bay Rays había recibido en mayo, aunque entonces ya había sido declarado penalmente responsable de abusar de la adolescente.

Según la acusación del Ministerio Público, Franco mantuvo una relación sexual con una niña de 14 años cuando él tenía 21. La fiscalía había pedido una pena de cinco años de prisión en la apelación contra el fallo de mayo. El periódico Imparcial indicó que en ese momento, el jugador ya había disputado dos temporadas en Grandes Ligas y contaba con uno de los contratos más importantes otorgados a un pelotero de su edad.

“El caso se hizo público el 13 de agosto de 2023, después de que circularan publicaciones en redes sociales sobre la relación. Para entonces, Franco había cumplido 22 años y acababa de participar en su primer Juego de Estrellas de MLB. Su último partido con los Rays había sido apenas un día antes, el 12 de agosto de 2023″, sostiene el medio.

Condena de diez años para la madre de la víctima

El tribunal también confirmó la condena de 10 años de prisión contra la madre de la víctima por explotación sexual comercial y lavado de activos. Los jueces rechazaron los recursos que habían presentado los procesados.

La corte ordenó además el decomiso de 2,1 millones de pesos incautados a la mujer.

Franco fue condenado en primera instancia en junio de 2025 por el Tribunal Colegiado de Puerto Plata. En ese proceso, los magistrados consideraron que el beisbolista había sido víctima de extorsión y chantaje por parte de la madre de la menor, con quien, según aquel fallo, el jugador sostuvo un noviazgo consentido.

Cómo llegó el caso a la condena con pena suspendida

La sentencia inicial fue anulada por la Corte de Apelación, que dispuso la realización de un nuevo juicio. En mayo de este año, Franco obtuvo un perdón judicial pese a que el tribunal lo declaró responsable penalmente por el abuso sexual de la adolescente.

El Ministerio Público apeló esa resolución. Tras el nuevo trámite, la Corte de Apelación impuso la pena suspendida y dejó en manos del juez de Ejecución de la Pena la definición de las condiciones que deberá acatar Franco durante el período fijado por la condena, informó la agencia EFE.

Sobre la trayectoria

El jugador debutó en la MLB con los Tampa Bay Rays en 2021 y, a los 20 años, firmó una extensión de contrato por 11 años y más de USD 180 millones.

Su desempeño se caracterizaba por la seguridad en sí mismo, la originalidad ofensiva y la capacidad para rendir bajo presión. Esas cualidades estaban asociadas con una alta autoconfianza y tolerancia competitiva.

Al llegar a las Grandes Ligas, era considerado uno de los prospectos más esperados de la última década. La extensión reflejó la proyección deportiva del jugador y la confianza de la organización en su madurez temprana.

El insólito hecho ocurrió durante la etapa de selección del jurado en el proceso sobre la muerte de Stephanie Crone-Overholts, una mujer de 47 años cuyos restos mutilados aparecieron en noviembre de 2021 en la bahía de McKay, en la localidad de Tampa.

La pretensión gastronómica recibió una negativa inmediata por parte del magistrado, lo cual obligó a continuar con el trámite procesal regular, según detalló una publicación de NDTV.

El menú que Robert Kessler exigió para confesar el crimen

Durante la audiencia preliminar, transmitida por la cadena Court TV, el juez Nick Nazaretian consultó al acusado si contemplaba aceptar prisión perpetua para concluir el litigio penal. En ese momento, Kessler, quien asumió su propia defensa legal, planteó su insólita condición: “Haré eso por un cheesesteak de Filadelfia, una orden de papas fritas y una Pepsi”.

Ante la sorpresa del magistrado, el procesado reiteró con precisión su pedido culinario: “Un cheesesteak de Filadelfia con cebollas, mayonesa, papas fritas y una Pepsi de 591 mililitros (20 onzas)”. Asimismo, defendió su propuesta ante el tribunal: “Le ahorrará tiempo al jurado y les ahorrará dinero a los contribuyentes”.

El juez Nazaretian descartó la solicitud de inmediato por razones éticas y normativas: “No puedo dar comida a las personas como parte de una declaración; eso estaría mal de 1.000 maneras. Puedo garantizar que almorzará hoy, pero no qué menú recibirá”.

Ante la negativa judicial, Robert Kessler dio por cancelada cualquier opción de acuerdo: “No quiero declararme culpable sin acuerdo. Simplemente elijan al jurado. Yo quiero este sándwich de queso; si consigo el sándwich, entonces podría hacerlo, pero no lo voy a conseguir, así que simplemente lo dejaré pasar”. El acusado decidió afrontar el juicio ante el rechazo a su singular petición.

El macabro hallazgo en la bahía de McKay que dio inicio a la causa

La causa contra Kessler incluye cargos por homicidio en primer grado y profanación de restos humanos. El proceso penal comenzó en noviembre de 2021, fecha en que pescadores locales descubrieron partes del cuerpo desmembrado de Stephanie Crone-Overholts en las aguas de la bahía de McKay, dentro del área metropolitana de Tampa.

Las averiguaciones policiales en Florida, difundidas por la emisora WFLA, revelaron que la víctima fatal residía de forma temporal en la casa de Kessler antes de su desaparición. El contacto entre ambos surgió en un local de comida rápida, sitio en el cual entablaron una conversación que derivó en la oferta de alojamiento por parte del sospechoso.

Las pruebas y testimonios que complican la situación judicial del imputado

El expediente judicial reúne diversos elementos que comprometen la posición del imputado. La hija de Kessler, quien tenía ocho años en la fecha del crimen, relató a los investigadores que escuchó una fuerte discusión entre su padre y Crone-Overholts antes de que la mujer desapareciera. De acuerdo con su testimonio, la víctima solicitó USD 200 con el fin de marcharse de la vivienda.

A estos testimonios se sumó la versión de al menos tres personas que colaboraron con la fiscalía. Estos testigos afirmaron que vieron a un hombre con rasgos idénticos a los de Robert Kessler en el momento en que arrojó bolsas de basura hacia las aguas en fechas próximas al crimen.

Tras el rechazo a su singular petición, el proceso penal avanza en los tribunales de Hillsborough, donde un jurado definirá el destino del acusado.

Una joven estadounidense nacida en Brooklyn, Halima Salman —conocida como “Umm Khattab al-Muhajir”—, recibió una condena este 28 de octubre por haber recibido entrenamiento militar del Estado Islámico (ISIS), el grupo terrorista que controló vastas zonas de Irak y Siria entre 2014 y 2019. El veredicto llegó tras días de deliberaciones en los que el jurado expresó dificultades para alcanzar una decisión unánime.

Según el New York Times, Salman sería la primera mujer acusada de pertenecer al ISIS en ser juzgada en un tribunal federal en Estados Unidos. La condena puede implicar hasta 10 años de prisión; la sentencia está prevista para el 2 de febrero de 2027.

El caso dividió opiniones dentro y fuera de la sala: la fiscalía sostuvo que Salman juró lealtad al ISIS y participó de forma voluntaria en sus actividades, mientras que la defensa la describió como una adolescente atrapada sin salida, primero por su propio padre y luego por un marido que le impuso sus órdenes bajo amenaza de muerte.

“Si intentás irte, es la muerte”, declaró Salman ante el tribunal, según recogieron The Guardian y CBS News.

El padre la llevó a Siria engañada a los 17 años

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en septiembre y octubre de 2016 los padres de Salman viajaron con ella y sus ocho hermanos fuera del país con destino final al territorio controlado por el ISIS en Siria. Salman tenía 17 años cuando su padre llevó a toda la familia desde Estados Unidos en un viaje que, según ella, creyó que sería una visita a familiares en Turquía.

La camioneta cruzó la frontera hacia Siria y hombres armados con el rostro cubierto los rodearon. “A mi padre le atribuyo gran parte de lo que me pasó”, testificó Salman durante el juicio, en declaraciones recogidas por The Guardian.

Durante tres meses, Salman permaneció en instalaciones bajo el control del ISIS antes de reunirse con su familia. El grupo se mudó dos veces a causa de los bombardeos. Allí, su padre concertó su matrimonio con Abu Ali, un combatiente del grupo terrorista. El primer día de casada, según su propio testimonio, el marido le dijo: “Levantate, esposa estúpida, es hora de que seas una esposa”.

El matrimonio forzado y la vida bajo bombardeos constantes

Salman pasó la mayor parte del matrimonio en tareas domésticas para su marido y su suegra. En 2018, su padre, quien según la fiscalía trabajaba como guardia para el ISIS, murió tras las heridas de un ataque aéreo.

Ella describió el último año de convivencia con su esposo como el período más duro: los bombardeos continuos los obligaron a vivir en la calle en más de una ocasión, donde relató haber visto “cadáveres por todos lados”, según citaron los medios periodísticos.

La pareja huyó junto a otros refugiados en un camión. En ese trayecto, Salman le comunicó a su marido que se separaban. Según su testimonio, nunca volvió a verlo.

En 2019, fuerzas opositoras al ISIS la detuvieron en Baguz, Siria. Durante los cinco años siguientes, Salman y su familia permanecieron en centros de detención sirios reservados para familiares de combatientes capturados. En 2024, las autoridades estadounidenses la arrestaron al regresar a Nueva York.

La fiscalía mostró un video con Salman y un fusil de asalto

Según el Departamento de Justicia, Salman recibió el entrenamiento militar a través de la Khatiba Nusaybah, un batallón del ISIS compuesto exclusivamente por mujeres. Al completarlo, el grupo le emitió un certificado y un documento en árabe que le autorizaba a portar un fusil Kalashnikov, dos cargadores y 150 balas.

Los dos registros fueron hallados en el celular de su marido, recuperado del campo de batalla. En ese mismo dispositivo había fotos de Salman con la bandera del ISIS de fondo y un video en el que empuña un fusil AK-47, elemento central de la acusación.

Durante el contrainterrogatorio, la fiscalía le hizo reconocer que en algún momento le envió a su marido una canción religiosa sobre Osama bin Laden y presentó mensajes de texto afectuosos que ella le escribió.

“Las pruebas demuestran que la acusada recibió entrenamiento militar de una organización terrorista violenta y brutal, responsable de ataques en todo el mundo”, sostuvo la fiscal asistente Amanda Shami en su alegato de cierre, según CBS News. Salman, por su parte, explicó que tomó el arma únicamente porque su marido se lo pidió.

El veredicto y lo que sigue en el proceso judicial

Tras escuchar el fallo, Salman, su madre y sus propios abogados defensores lloraron en la sala. Madre e hija se abrazaron a través del pasamanos que divide el área del público de la del tribunal. Los miembros del jurado se retiraron sin hacer declaraciones.

Los abogados de la defensa presentaron un pedido para que el juez anule el veredicto y absuelva a su clienta, un recurso que la ley federal permite cuando el juez considera que las pruebas no sustentan legalmente la condena. Este tipo de solicitudes son frecuentes, pero rara vez prosperan, según informaron The Guardian y CBS News.

El ISIS fue derrotado militarmente, pero mantiene presencia activa

El ISIS tomó control de grandes territorios de Irak y Siria en 2014 y proclamó un califato. Sufrió la derrota militar en Irak en 2017 y en Siria dos años después, aunque mantiene células durmientes que ejecutan ataques en ambos países.

El Programa sobre Extremismo identificó 83 adultos estadounidenses que viajaron a Siria o Irak desde 2011 con vínculos a grupos yihadistas. Fuerzas kurdas todavía retienen a alrededor de 2.200 familiares extranjeros de presuntos combatientes del ISIS en un campo en el noreste de Siria.

“No hay excusa posible para alinearse con una organización responsable de tanto sufrimiento ni para recibir entrenamiento militar de su parte”, declaró el fiscal general adjunto para Seguridad Nacional, John A. Eisenberg, en un comunicado emitido tras el veredicto, según CBS News.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos habrían detenido a Natalia Rezende Moreira, esposa del diputado federal de Morena y exgobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, hace aproximadamente dos semanas en un aeropuerto de Nueva York.

La detención, según la versión publicada por Proceso, se dio tras detectarle una fuerte suma de efectivo presuntamente no declarada. El episodio habría derivado también en la revocación de su visa estadounidense.

De acuerdo con fuentes consultadas por el medio, Natalia Rezende ya se encuentra en México, luego de que el propio Blanco realizara gestiones para su liberación tras ser notificado sobre la detención de la madre de sus hijos.

Natalia Rezende habría dicho que el dinero era para una donación religiosa

Según fuentes consultadas por Proceso, Natalia Rezende explicó a las autoridades que el efectivo estaba destinado a una donación para una iglesia cristiana a la que pertenece desde hace varios años. La cantidad exacta de dinero no se ha revelado hasta el momento.

En Estados Unidos no constituye un delito transportar más de 10,000 dólares en efectivo, pero sí existe la obligación de declarar esa cantidad ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La omisión puede derivar en la incautación del dinero y en consecuencias migratorias.

La CBP determinó que Natalia Rezende “no era admisible”

De acuerdo con la información recabada por el mismo medio, la revisión inicial derivó en una inspección secundaria y una investigación migratoria y aduanera después de que las autoridades detectaran el efectivo. La CBP habría concluido que la esposa del diputado no era admisible en ese momento.

Cuauhtémoc Blanco fue notificado del incidente y realizó gestiones para conseguir la liberación de la madre de sus hijos, de acuerdo con fuentes consultadas en el Congreso de la Unión. Natalia Rezende ya se encuentra en México.

Fuentes consultadas en Morena señalaron a Proceso que el episodio también habría derivado en la revocación de la visa estadounidense de Rezende. Hasta ahora no existe confirmación oficial de las autoridades de Estados Unidos sobre este punto.

Cuauhtémoc Blanco niega la versión de Proceso

De acuerdo con el propio medio, el diputado Cuauhtémoc Blanco habría negado lo acontecido, limitándose a señalar que se trata “de un invento”, negándose a responder las preguntas.

Proceso lo contactó vía telefónica y por mensaje de WhatsApp, sin embargo, no recibieron más respuestas por parte de Blanco.

En conversación con los medios de comunicación, Blanco negó rotundamente los hechos, asegurando que su esposa está en su casa tranquila, y que la versión se trata de un tema político.

“¿Tú crees que una persona, tanto tú como yo, va a llevar treinta, cuarenta, cincuenta mil dólares a Estados Unidos? Entonces, perdón lo que te voy a decir, pero es una estupidez”, dijo Cuauhtémoc Blanco.

“Es falsa. Es un tema político. Y se los vuelvo a repetir, me importa un cacahuate lo que diga la prensa. Y aquí estoy, estoy más fuerte que nadie”, añadió el exfutbolista y político mexicano.

Natalia Rezende encabezó el DIF Morelos durante el gobierno de Blanco

Natalia Rezende Moreira fue presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Morelos durante la administración estatal de Cuauhtémoc Blanco, quien gobernó la entidad entre 2018 y 2024. Blanco ocupa actualmente una diputación federal por Morena.

Hasta el momento no se ha dado a conocer públicamente el monto de dinero que Rezende llevaba consigo, ni el nombre específico del aeropuerto neoyorquino donde ocurrió la intervención de las autoridades estadounidenses.

El video de 2022 en el que denunció una agresión de Cuauhtémoc Blanco

No es la primera vez que Rezende Moreira se ve envuelta en controversias. El 14 de marzo de 2025 se hizo público un video en el que denunció presunta violencia física por parte de Blanco, grabación que habría sido realizada en 2022 en la residencia de la pareja, ubicada en Tabachines, Cuernavaca.

En la grabación se observa a Natalia pedir ayuda a los escoltas del entonces gobernador de Morelos, sin que ninguno atienda su solicitud. “Acabo de ser agredida brutalmente por mi esposo. Cuando pido apoyo, nunca me lo brindan. Aquí está mi ojo golpeado, necesito llamar a la policía”, declaró en el video, mientras la cámara muestra su rostro.

“A ver, todos ustedes, Leonardo, todos estos son los señores que siempre lo han cubierto”, añadió, señalando a los elementos de seguridad presentes. La autenticidad de la grabación no ha sido verificada de forma independiente.

Ocho adultos mayores murieron en un albergue durante su gestión en el DIF

En mayo de 2025, Proceso publicó en su edición 0023 el reportaje “Blanco, pero no limpio: nepotismo, desfalcos, derroches, escándalos…”, sobre denuncias de presuntas irregularidades durante la administración de Blanco en Morelos y en su entorno familiar.

Entre los casos expuestos, se señaló que la política de austeridad aplicada por Rezende durante su gestión al frente del DIF Morelos estuvo relacionada con la muerte de ocho adultos mayores en el albergue de Temixco. El reportaje también documentó señalamientos de nepotismo por la incorporación de amigos y familiares de Rezende al DIF y a otras dependencias estatales.

Más de dos millones de pesos en facturas de Casa Morelos

El mismo reportaje documentó presuntos excesos durante la administración de Blanco en la residencia oficial Casa Morelos, utilizada para fiestas privadas y reuniones familiares. Según el exasesor anticorrupción Gerardo Becerra, en un año se acumularon más de 2,000,000 de pesos en facturas por alimentos, bebidas y compras de supermercado.

El centro Morelos Rinde Cuentas detectó, además, cerca de 350,000 pesos sin comprobar. En medio de las controversias que rodean al exgobernador y a su esposa, también se documentó la reconstrucción de su casa en Jardines de la Montaña, en Ciudad de México, donde actualmente vive la pareja, así como la construcción de una casa de descanso en la zona de Tabachines, en Cuernavaca.

Un tribunal federal de Nueva York condenó este martes a 30 años de prisión a cada uno de los hermanos Oren, Alon y Tal Alexander por trata sexual y otros delitos, después de un proceso que expuso un patrón de agresiones contra mujeres y menores en esa ciudad, Miami y otros destinos exclusivos.

La jueza federal Valerie E. Caproni impuso las penas a los tres hermanos, declarados culpables en marzo tras un juicio de cinco semanas.

Según The New York Times y Associated Press, la resolución llegó luego de que 11 mujeres hablaran ante el tribunal y una duodécima pidiera a la Fiscalía que leyera su declaración.

Ese dato corresponde a la audiencia de sentencia y no a los 11 testimonios escuchados durante el juicio. Los fiscales habían solicitado prisión perpetua, mientras que las defensas reclamaban el mínimo obligatorio de 15 años.

Los condenados, que permanecen detenidos desde su arresto en diciembre de 2024, sostienen su inocencia y anticiparon que apelarán.

The New York Times, Associated Press y CNN informaron que la sentencia cierra el proceso penal en primera instancia, aunque los tres todavía enfrentan demandas civiles por agresión sexual y violación.

El jurado condenó a los tres hermanos tras escuchar a 11 mujeres

El jurado consideró acreditado que los Alexander usaron durante años su dinero, su posición social y el acceso a propiedades de lujo para atraer a mujeres y adolescentes, a quienes, según la acusación, drogaban o sometían por la fuerza a agresiones sexuales.

La Fiscalía afirmó que al menos 70 mujeres aportaron relatos a los investigadores, aunque 11 declararon durante el juicio.

La condena incluyó conspiración para cometer trata sexual y el traslado o inducción de personas a viajar con fines de actividad sexual ilícita.

Alon y Tal Alexander también fueron condenados por trata sexual de una menor; Oren Alexander recibió además una condena por explotación sexual de una menor, de acuerdo con los medios que siguieron el juicio.

Durante la audiencia de sentencia, Caproni contrapuso las cartas de apoyo que describían a los acusados como hombres respetables con los testimonios que oyó el jurado.

La jueza afirmó que consideraba veraces los relatos de las mujeres que dijeron haber sido drogadas y violadas por los hermanos.

Los testimonios describieron consecuencias que persistieron durante años

Una sobreviviente que declaró bajo el seudónimo de Maya Miller relató que Tal Alexander la agredió sexualmente en una ducha durante una visita a los Hamptons en 2014.

“Tal Alexander me violó”, afirmó ante el tribunal, según The New York Times, y rechazó que el hecho pudiera presentarse como un malentendido.

Otra mujer, identificada como Isa Brooks, sostuvo que Tal y Alon Alexander la violaron cuando tenía 16 años, en una fiesta de 2009.

“Fue como si unos animales me estuvieran despedazando”, declaró. Las intervenciones de las víctimas describieron efectos prolongados en sus vidas y cuestionaron el trato que recibieron de los acusados.

La audiencia también recogió la declaración de Lindsey Acree, artista y galerista, quien dijo que Tal Alexander y otro hombre la violaron en una vivienda de los Hamptons en 2011, después de que una bebida la dejara paralizada.

Los hermanos no declararon durante el juicio, pero hablaron antes de conocer sus condenas y negaron haber drogado o violado a mujeres.

La riqueza y el acceso a propiedades de lujo fueron parte de la acusación

Oren y Tal Alexander habían alcanzado notoriedad como corredores de inmuebles de lujo en Manhattan, mientras que Alon Alexander trabajaba en la empresa de seguridad privada de la familia.

La Fiscalía sostuvo que ese entorno les permitió establecer contactos y organizar encuentros en viviendas exclusivas de Nueva York, Miami, los Hamptons y Aspen, en Colorado.

Según la acusación, las conductas se remontaban a los años en que los hermanos asistían a la escuela secundaria en Miami, a comienzos de la década de 2000.

Los fiscales describieron un esquema sostenido durante cerca de dos décadas, basado en la captación de mujeres para reuniones y viajes en los que luego se cometían las agresiones.

Los abogados defensores argumentaron que algunas pruebas admitidas en el juicio habían perjudicado a sus clientes y adelantaron que cuestionarán la condena ante un tribunal de apelaciones.

Antes de la sentencia, habían pedido que se aplicara la pena mínima de 15 años para cada acusado; la Fiscalía, en cambio, consideraba que correspondía la cadena perpetua.

El proceso penal no pone fin a las demandas civiles contra los Alexander

La investigación tomó impulso público en junio de 2024, cuando The Real Deal informó sobre dos demandas civiles que acusaban de violación a Oren y Alon Alexander.

Después surgieron otras denuncias contra los tres hermanos y las autoridades los arrestaron en Miami en diciembre de ese año.

Además de la causa federal ya resuelta, los Alexander afrontan cerca de dos docenas de demandas civiles relacionadas con acusaciones de agresión sexual y violación.

Esos expedientes continuarán su curso por separado, mientras los condenados preparan su apelación contra las penas de 30 años de prisión.

Oren, Alon y Tal Alexander comparecen este martes ante la jueza federal Valerie E. Caproni en Manhattan para conocer la pena que deberán cumplir por un caso de tráfico sexual que derivó en su condena federal.

El jurado los declaró culpables en marzo de 2026 de los 10 cargos que enfrentaban, después de un juicio de cinco semanas con el testimonio de 11 mujeres.

La audiencia puede extenderse a un segundo día. Las víctimas previstas para intervenir expondrán el impacto de los hechos, mientras que los tres acusados y los abogados de ambas partes tendrán la oportunidad de dirigirse al tribunal, informó CNN.

La fiscalía pidió cadena perpetua para cada uno. Los defensores solicitaron la pena mínima obligatoria de 15 años de prisión.

Las claves judiciales que marcarán la audiencia

Las condenas abarcan conspiración para cometer tráfico sexual, tráfico sexual por la fuerza y explotación sexual de menores. Los gemelos Oren y Alon Alexander tienen 39 años, mientras que Tal Alexander tiene 40.

El jurado deliberó alrededor de ocho horas antes de emitir el veredicto, consignó Associated Press. Los testimonios y la prueba presentada en el debate situaron los hechos entre 2008 y 2021.

Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York afirmaron en su memorando de sentencia que identificaron a al menos 70 mujeres que denunciaron violaciones o agresiones sexuales atribuidas a alguno de los hermanos.

“Los acusados son violadores seriales que abusaron de mujer tras mujer y de niña tras niña durante años y años”, sostuvo la fiscalía en ese documento.

La Oficina de Libertad Condicional recomendó penas de 15 años por cada víctima violada. Esa fórmula elevaría las sentencias a 180 años para Alon y Tal, y a 195 años para Oren, publicó NBC Miami.

El recorrido que llevó a los hermanos a la justicia federal

Antes de su arresto, Tal y Oren Alexander ocupaban un lugar destacado en el mercado inmobiliario de ultralujo. Ambos trabajaron una década en Douglas Elliman, donde fundaron el Alexander Team en 2012.

En 2022 dejaron la compañía para crear su propia agencia, Official. Alon no trabajaba como corredor inmobiliario: ocupaba un cargo ejecutivo en Kent Security, la empresa de seguridad privada de la familia.

Tal y Oren intervinieron en la venta de un penthouse de 2.230 metros cuadrados en 220 Central Park South al multimillonario Ken Griffin por USD 238 millones en 2019. La operación marcó entonces un récord para una vivienda residencial en Estados Unidos.

Ese mismo año participaron en la venta de una mansión en Miami por USD 50 millones. Su cartera incluyó a Kim Kardashian, Kanye West, Tommy Hilfiger, Steve Madden y Lindsay Lohan, entre otras figuras públicas.

Forbes incluyó a Oren Alexander en su lista 30 Under 30 del sector inmobiliario. La fiscalía sostuvo que los hermanos aprovecharon sus vínculos sociales y el acceso a propiedades de lujo para captar a sus víctimas.

Los elementos que examinó el jurado durante el juicio

El jurado determinó que Alon y Tal sometieron a tráfico sexual a una menor de 16 años tras un ataque ocurrido en los Hamptons en 2009, detalló Us Magazine.

Oren y Alon recibieron condenas por abuso sexual agravado después de que una mujer relatara que fue sedada y atacada durante un crucero entre Miami y las Bahamas en 2012.

Tal fue condenado por tráfico sexual en dos hechos distintos ocurridos en 2011 y 2014. Una de las víctimas fue Lindsey Acree, una de las dos mujeres que iniciaron demandas civiles contra los hermanos.

Otra mujer declaró que perdió el control de su cuerpo después de aceptar una bebida de Alon en un local de Nueva York. Al despertar desnuda en una cama, intentó levantarse varias veces, pero él la empujó hacia abajo, recogió NBC News.

Cuando la mujer le dijo que no quería mantener relaciones sexuales, Alon respondió: “Ya lo hiciste”, de acuerdo con el testimonio publicado por el medio.

Oren recibió además una condena por explotación sexual de una menor de 17 años. La acusación sostuvo que la sometió y filmó el ataque.

Los argumentos que planteará la defensa ante la jueza

Los abogados de los tres hermanos aseguran que las relaciones sexuales fueron consensuales. También rechazan de forma categórica que sus clientes hayan cometido violaciones o agresiones sexuales.

En una presentación judicial, reconocieron que los acusados se comportaron de forma “insensible con los sentimientos de ciertas mujeres en ciertos momentos”, pero mantuvieron su inocencia.

“Alon, Oren y Tal mantienen firmemente su completa inocencia de estos terribles cargos”, expresó la defensa en el documento citado por NBC News. “En ningún momento Alon, Oren o Tal violaron o agredieron sexualmente a otra persona”.

Deanna Paul, abogada de Tal, calificó las pruebas como “notablemente débiles”. También afirmó que las decisiones de Caproni sobre la evidencia provocaron un “prejuicio abrumador” contra los hermanos.

Durante los alegatos finales, Paul cuestionó las motivaciones de las denunciantes. “Todas las historias fueron ensayadas. Buscan dinero”, declaró.

Las decisiones pendientes después de la sentencia

Caproni pidió a los abogados que prepararan argumentos sobre el lugar donde los tres deberán cumplir sus penas. La magistrada expresó reservas sobre la posibilidad de que permanezcan en la misma prisión.

“Son una influencia terrible el uno para el otro”, señaló la jueza, de acuerdo con CNN. La defensa planea pedir que los hermanos permanezcan juntos, incluso si reciben condenas de prisión.

El FBI arrestó a los tres el 11 de diciembre de 2024 en Miami Beach. Permanecen detenidos sin fianza desde entonces en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

La audiencia de sentencia estaba prevista inicialmente para agosto de 2026. Dos aplazamientos trasladaron la definición del caso a este martes.

El hallazgo de la fuga se produjo alrededor de las 11:30 p.m., cuando el personal del penal detectó la ausencia de Morley durante un conteo de rutina. Las autoridades activaron de inmediato un protocolo de emergencia y una búsqueda exhaustiva en la zona, un área rural y aislada ubicada a unos 145 kilómetros al norte de Memphis, cerca de una curva del río Misisipi en la frontera con Misuri, informó Associated Press.

Morley robó una camioneta tras escapar de la prisión de Tennessee

Horas después de la fuga, las cámaras de la Oficina de Investigación de Tennessee (TBI) captaron a Morley mientras se apoderaba de una camioneta Ford F-350 blanca modelo 2008 con placas de Tennessee, alrededor de la 1 a.m. del 26 de octubre. El Departamento de Bomberos de Hornbeak, ubicado a unos 24 kilómetros del penal, también registró en video el paso del fugitivo frente a sus instalaciones a bordo del vehículo robado a la 1:18 a.m., según reportó CNN.

Las autoridades no revelaron detalles sobre cómo Morley logró atravesar la cerca perimetral. Hasta el momento, el recluso no ha sido localizado. Morley es el segundo preso que escapa de la custodia del TDOC en la última semana, según CNN.

Recompensa de hasta USD 2.500 por información sobre el preso fugado

El TBI incluyó a Jacob Allen Morley en su lista de los más buscados (“Most Wanted”) y ofreció una recompensa de hasta USD 2.500 por cualquier dato que conduzca a su arresto. Fuerzas de seguridad locales, estatales y federales participan en la búsqueda coordinada, que ha incluido la inspección de edificios y estructuras cercanas al penal.

La descripción física del fugitivo es la siguiente:

• Edad: 28 años
• Estatura: 1,80 metros (5′11″)
• Peso: 109 kilogramos (240 libras)
• Cabello: castaño
• Ojos: verdes

El TDOC pidió a la comunidad que contacte a las fuerzas de seguridad de forma inmediata ante cualquier avistamiento.

El asesinato de Cody Birchfield, el crimen que llevó a Morley a cadena perpetua

Morley fue condenado a cadena perpetua por el asesinato en primer grado de Cody Birchfield, su compañero de trabajo, ocurrido en 2022. Birchfield fue reportado como desaparecido en febrero de ese año y su cuerpo fue hallado semanas después dentro de una caja debajo de la vivienda de Morley en el condado de Carter, según la Oficina del Sheriff de ese condado.

Además del homicidio, Morley recibió condenas por allanamiento agravado, manipulación de pruebas, vandalismo y evasión de arresto. Cuando los agentes se presentaron en su domicilio en 2022, el hombre huyó en una persecución vehicular que terminó en Carolina del Norte, de acuerdo con AP.

La prisión de Tiptonville acumula un historial de violencia y falta de personal

El Northwest Correctional Complex, con capacidad para alojar a 1.776 reclusos varones —incluidos menores juzgados como adultos—, enfrenta desde hace años graves problemas operativos. Una auditoría de prisiones de Tennessee realizada en 2023 reveló que el establecimiento tenía una tasa de vacantes del 61% en oficiales correccionales durante ese año fiscal, un déficit que ha dificultado la supervisión y el control dentro del penal.

En julio de este año, un gran jurado emitió decenas de acusaciones vinculadas a cinco asesinatos entre reclusos, agresiones contra el personal y otros internos, y diversos episodios de violencia dentro de las instalaciones. La serie de incidentes violentos y la escasez crónica de guardias configuran un panorama crítico en el centro penitenciario del que Morley logró escapar.

Un condenado a cadena perpetua en Australia perdió su batalla judicial para que le permitieran comer Vegemite en la cárcel, una pasta untable oscura y salada fabricada a base de levadura de cerveza que es considerada un símbolo nacional de ese país. Andre McKechnie, de 55 años, argumentó ante la Corte Suprema de Victoria que negarle acceso a ese alimento violaba su derecho a disfrutar de su identidad como ciudadano australiano, pero la justicia determinó que un preso no posee ese tipo de prerrogativa.

El caso, recogido por ABC News Australia, acaparó la atención internacional por lo insólito de la demanda. McKechnie cumple su sentencia en el penal de máxima seguridad de Barwon, cerca de Melbourne, tras apuñalar hasta la muerte a un promotor inmobiliario en Queensland durante la década de 1990.

La jueza Claire Harris reconoció que el veto restringía los derechos culturales del recluso, pero concluyó que la medida resultaba necesaria para garantizar la seguridad dentro del sistema penitenciario.

El Vegemite lleva vetado en las cárceles de Victoria desde 2006

La restricción sobre el célebre untable alcanza a los 12 centros correccionales de la jurisdicción y se mantiene vigente desde hace dos décadas. Funcionarios de Corrections Victoria —el organismo que administra las prisiones— explicaron durante la audiencia de julio que el producto fue retirado porque su olor penetrante puede confundir a los perros rastreadores entrenados para identificar narcóticos. También sostuvieron que la pasta podría emplearse en la elaboración clandestina de bebidas alcohólicas.

Kevin White, gerente del departamento correccional, declaró que “cualquier sustancia con un aroma tan intenso distrae a los canes e interfiere con su capacidad para localizar drogas ilícitas”. Citó además estudios públicos que señalan que el preparado podría acelerar la fermentación de cerveza artesanal. La medida no es exclusiva de Victoria: Queensland, Australia Meridional y Tasmania aplican normas similares en sus establecimientos de detención.

McKechnie, que se representó a sí mismo en el juicio, contrarrestó esos argumentos con un dato puntual. Indicó que en el vecino territorio de Nueva Gales del Sur algunos internos pueden adquirir el condimento sin limitaciones, lo que a su entender demuestra la existencia de “medios menos restrictivos razonablemente disponibles” para los mismos objetivos de control.

El recluso vinculó el Vegemite con sus primeros recuerdos familiares

Para sostener su reclamo, el condenado presentó evidencias de diversa índole. Citó un artículo de 2003 de la revista gastronómica Gastronomica, basado en un estudio de la Universidad de Queensland de 1995, que determinó que la popular pasta “puede ser el mejor predictor de identidad nacional de cualquier alimento en el mundo”. Asimismo, recordó que el Comité Olímpico Australiano levantó la prohibición de importar ese producto antes de los Juegos de Beijing 2008.

“Sin poder consumir Vegemite, me siento privado de practicar mi cultura australiana, triste y desconectado de mi familia y mi comunidad”, expresó ante el tribunal. En otro tramo de su defensa, exhibió una nota periodística de 2017 que relataba cómo canes policiales lograron olfatear estupefacientes que un hombre intentó disimular con el aroma del untable en un festival de música. Según McKechnie, ese episodio desmentía la teoría de que la pasta confunde a los animales de rastreo.

La magistrada consideró que la falta de Vegemite no causa el sufrimiento del interno

Harris desestimó todos los planteos. Señaló que el demandante no aportó elementos suficientes para demostrar que el alimento no interfiere con los operativos antinarcóticos. “Resulta difícil aceptar que la ausencia de Vegemite, y no su encarcelamiento, sea una razón significativa de su tristeza y desconexión”, afirmó en su resolución de 47 páginas. Según la magistrada, la legislación carcelaria no obliga a proveer a los internos comida de importancia cultural para mejorar su bienestar.

La jueza también indicó que los presos cuentan con otras vías para conectarse con las tradiciones australianas, como escuchar música local, leer autores del país o ingerir productos que no figuren en la lista de artículos restringidos. McKechnie, que profesa la fe judía, recibe actualmente una ensalada preenvasada en el almuerzo y una cena caliente kosher.

El Departamento de Justicia y Seguridad Comunitaria celebró la decisión judicial. “Garantizar la protección del personal y los reclusos es nuestra máxima prioridad”, indicó un vocero. El Vegemite, inventado en Melbourne en 1923 como alternativa a la pasta británica Marmite, se encuentra presente en más del 80% de los hogares australianos.

Ariel Vallejo, el financista ligado al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, seguirá detenido por orden del juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien rechazó excarcelarlo por “riesgo de fuga”. Fue luego de escuchar las explicaciones que dio el dueño de Sur Finanzas sobre por qué incumplió las condiciones para seguir libre.

El juez decidió que Vallejo permanezca preso al menos hasta que se decida su situación procesal en la investigación por supuesto lavado de dinero y asociación ilícita, donde amplió su declaración indagatoria el viernes pasado. Lo hizo poco después de presentarse en el juzgado para quedar detenido.

También se rechazó un pedido de su abogado defensor Pablo Parera para concederle la prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

Hay un “riesgo concreto de fuga”, advirtió la resolución, que tomó en cuenta también la pena que le podría corresponder ante una eventual condena que descartaría una ejecución condicional.

A esto se sumó que a Vallejo se le conocen “vínculos con numerosas sociedades, cuentas y bienes registrados a nombre de terceros, todo lo cual, además de los incumplimientos ya configurados, permite presumir fundadamente que podría valerse de esos recursos para eludir la acción de la justicia”.

Qué le dijo el financista al juez

Vallejo dijo en su declaración indagatoria, el viernes pasado, que se fue del domicilio declarado en la Justicia a fines de agosto. Sin embargo, lo informó al juzgado el 15 de octubre, recién después de que policía fue al country donde se supone vivía y no lo encontró.

“Durante al menos un mes y medio no dio aviso a este Juzgado del lugar donde se encontraba residiendo, siendo que el hecho de que el nuevo domicilio coincida con el de su documento o con el que se allanó en diciembre de 2025 o que quede cerca del Juzgado no hace variar la valoración de lo expuesto como una pauta negativa”, se evaluó en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

Sobre por qué no se presentó en el juzgado una vez por mes, dijo que interpretó de manera “equivocada” las condiciones que se le impusieron y aseguró que concurrió de manera posterior. “Tales explicaciones no modifican el hecho de que la obligación debía cumplirse en la forma y oportunidad establecidas judicialmente”, respondió Rodríguez Ponte.

Se trataba de una “condición concreta del régimen de libertad”, cuyo cumplimiento “no podía quedar sujeto a la interpretación particular del imputado ni ser reemplazado por presentaciones posteriores”.

Para el juzgado no se trató de “meras irregularidades formales carentes de trascendencia, sino incumplimientos de obligaciones expresamente establecidas como condiciones” para que Vallejo siguiera libre.

El defensor Pablo Parera propuso que se le imponga prisión domiciliaria con tobillera electrónica, pero el juez lo rechazó porque el dueño de Sur Finanzas “ya gozaba de un régimen de libertad sujeto a las referidas reglas concretas y no las cumplió”. El arresto domiciliario presupone un domicilio “cierto y controlable”, que es justamente lo que Vallejo no acreditó, sostuvo.

Sobre otro punto del cuestionamiento, la falta de entrega al juzgado de vehículos de su flota de autos que pasarán a custodia de la Corte Suprema, Vallejo dijo en su indagatoria el viernes, siete días después de vencerse el plazo, que su Audi Q2 35 TFSI Advanced, el Mercedes Benz y el Toyota SW4 estaban aún en la sede de Sur Finanzas porque cuando quisieron entregarlos “en la dependencia policial no había personal para recibirlos”.

Vallejo y otros acusados fueron citados a ampliar sus declaraciones indagatorias luego de la llegada de nueva prueba a la investigación como la supuesta compra de una casa en un country por USD 500 mil en efectivo. Por eso el juez amplió la acusación a presunto " jefe de la organización y principal beneficiario de los fondos" producto de los delitos. Se citó a declarar a otras 15 personas y a las sociedades.

La carrera de Malik Beasley en la NBA abarcó nueve temporadas, seis franquicias y cerca de USD 60 millones en salarios.

Pero fue una espiral de deudas de juego, según la fiscalía federal, lo que llevó al base de 29 años a pactar con un grupo de apostadores la alteración de su propio rendimiento en la cancha.

Ahora, la investigación más amplia sobre corrupción en el baloncesto profesional de Estados Unidos está a punto de sumar otro culpable.

Su abogado, Steve Haney, confirmó a The Associated Press que las conversaciones con el Departamento de Justicia están en marcha. “Estamos negociando un acuerdo con el gobierno, con una dirección esperada en los próximos días”, afirmó el letrado.

En paralelo, aclaró a ESPN que Beasley todavía no firmó ningún pacto formal y que la resolución definitiva se conocerá a principios de esta semana.

Un aviso judicial presentado el viernes por la noche ante un tribunal federal de Brooklyn reveló la intención de Beasley de cambiar la declaración de inocencia que sostenía desde julio.

El juez a cargo derivó un pedido de “cambio de declaración” a un magistrado federal, quien deberá programar la audiencia correspondiente.

El documento no precisó ante cuáles de los cuatro cargos —soborno en competencias deportivas, conspiración de fraude electrónico, conspiración de fraude de servicios honestos y conspiración de lavado de dinero— el ex jugador aceptará responsabilidad.

Los partidos bajo la lupa de la fiscalía

La imputación, revelada en junio de 2026 por la fiscalía del Distrito Este de Nueva York, detalla cómo Beasley supuestamente decidía junto a sus coacusados si rendiría por encima o por debajo de sus líneas de apuestas en puntuación y rebotes durante la temporada 2023-2024 con los Milwaukee Bucks.

El fiscal federal Joseph Nocella Jr. no dejó lugar a matices: “Convirtieron el básquetbol profesional en una operación criminal de apuestas”, expresó durante la conferencia de prensa del día de la imputación, tal como recogió CNN.

El documento judicial menciona cuatro partidos específicos de los Bucks en los que Beasley habría manipulado su desempeño: contra los Cleveland Cavaliers el 26 de enero de 2024, contra los Charlotte Hornets el 27 de febrero, contra Los Ángeles Clippers el 10 de marzo y contra los Brooklyn Nets el 21 de marzo.

Los coacusados seleccionaban deliberadamente encuentros que no fueran transmitidos a nivel nacional, según consta en el expediente, para reducir el escrutinio sobre las variaciones en el rendimiento del jugador.

En total, los implicados realizaron apuestas por cientos de miles de dólares vinculadas a esos partidos, según el expediente federal.

El origen de la trama

Pese a haber pasado por los Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Los Angeles Lakers, los Bucks y los Detroit Pistons, los fiscales sostienen que Beasley acumuló “pérdidas de apuestas multimillonarias” que lo llevaron a contraer deudas con otros involucrados en la trama.

El ex jugador Ed Davis, también imputado, le habría prestado dinero para cubrir esas deudas. La acusación describe a Davis como el “gatekeeper” (guardián) de Beasley dentro del esquema: a cambio de la manipulación en los partidos, las deudas de Beasley con Davis se reducían o directamente se eliminaban, según detalla el documento de la fiscalía.

Davis, de 37 años, fue compañero y rival de Beasley en la NBA. Se encuentra fuera de la liga desde 2022. Tanto Davis como el agente deportivo Paolo Zamorano, de 39 años y ex representante del propio Davis, rechazaron los cargos.

Una investigación que sacude a la NBA

Los otros tres acusados en el caso avanzaron hacia acuerdos con la fiscalía. William Brown se declaró culpable a principios de este mes.

Ernesto Plascencia confirmó que también cambiará su declaración. El apostador Robert Gorodetsky tiene programada su audiencia de culpabilidad para el 20 de noviembre.

De concretarse, Beasley se convertiría en el jugador de más alto perfil en admitir responsabilidad dentro de la investigación federal sobre corrupción en la NBA, una pesquisa sin precedentes en el deporte profesional estadounidense.

Cada uno de los acusados en su caso enfrenta hasta 20 años de prisión por los cargos de conspiración de fraude electrónico y lavado de dinero, y hasta cinco años por soborno en competencias deportivas, según establece la pieza acusatoria.

La investigación alcanzó a otras figuras prominentes. Damon Jones, ex jugador y ex entrenador asistente de la NBA, fue en abril la primera persona en reconocer los hechos dentro de la operación.

Aceptó dos cargos de conspiración de fraude electrónico: uno relacionado con apuestas deportivas y otro con una partida de póker amañada.

Enfrenta una pena estimada de entre 21 y 27 meses de prisión en el caso de las apuestas, y entre 48 y 63 meses por el póker ilegal.

Terry Rozier, base que jugaba en los Miami Heat cuando fue imputado en 2025, está acusado de conspirar para ayudar a conocidos a ganar apuestas sobre su rendimiento durante un partido de 2023 con los Hornets.

Rozier rechazó los cargos y tiene juicio previsto para febrero de 2027.

El caso más resonante es el de Chauncey Billups, miembro del Salón de la Fama del Básquetbol y entrenador de los Portland Trail Blazers al momento de su arresto en octubre de 2025.

Billups está acusado de participar en partidas de póker de altas apuestas vinculadas a familias del crimen organizado, en las que los jugadores desprevenidos habrían sido estafados por al menos USD 7 millones.

Se declaró inocente y fue suspendido sin goce de sueldo por la NBA. Su juicio, originalmente previsto para noviembre de 2026, fue aplazado al 8 de marzo de 2027 por un conflicto de agenda entre los abogados de los coacusados.

La liga, por su parte, inició una revisión integral de sus políticas de reporte de lesiones, capacitación del personal y programas de monitoreo interno y externo para detectar actividad sospechosa en las apuestas, según informó ESPN.

Richard Buchanan no era un preso común. Desde su celda en California, el hombre que las autoridades federales identificaron como integrante de la mafia mexicana orquestó durante dos décadas un entramado de extorsiones, apuestas ilegales, narcotráfico y conspiraciones de asesinato que se extendió por todo el sur del condado de San Diego.

El martes por la mañana, los guardias de la prisión estatal de Kern Valley lo encontraron sin signos vitales. Tenía 72 años.

La oficina forense del condado de Kern será la encargada de establecer la causa del deceso, informó Terri Hardy, vocera del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR), en declaraciones recogidas por el Los Angeles Times.

Buchanan creció en los barrios de San Ysidro y Otay Mesa, al norte de la frontera entre Estados Unidos y México, tal como consta en una declaración jurada del propio recluso. Aunque negó cualquier vínculo con la organización, un funcionario penitenciario testificó que fue identificado como miembro en 1989.

Los orígenes violentos de un ascenso criminal

Las autoridades sostuvieron que Buchanan ganó su lugar en la organización tras apuñalar a Manuel Rebeles, exintegrante de la Nuestra Familia —pandilla rival—, en una cárcel del condado de San Diego.

Rebeles levantaba pesas en el patio de ejercicios de la azotea cuando recibió tres puñaladas en el pecho, de acuerdo con un informe de los investigadores al que accedió Los Angeles Times. La víctima sobrevivió al ataque.

Los fiscales argumentaron que la agresión fue ordenada por dos miembros de la agrupación radicados en National City: Ronaldo y Héctor Ayala. Buchanan no fue condenado por ese hecho, pero pasó gran parte de las dos décadas siguientes en prisión por robo, fuga y otros delitos.

Cada vez que recuperaba la libertad, su permanencia en las calles era breve. En 2004, trabajaba en un depósito de chatarra y vivía en una casa en esa misma ciudad, relató una asociada al FBI.

La dueña de la vivienda no le cobraba alquiler, y el camión que conducía había sido un regalo. “La gente le daba cosas porque era una buena persona”, declaró la mujer a los agentes federales.

El caso que lo envió a prisión de por vida

El caso que determinó su encierro de por vida involucró a una guardia penitenciaria corrupta.

Ernesto Torres, un recluso que cumplía una sentencia corta por violencia doméstica, entabló una relación con Jessica Chavez, oficial del Centro Correccional Richard J. Donovan. Tras su liberación, Torres y Chavez mantuvieron un vínculo sentimental, pero la guardia le pidió que se alejara cuando él se volvió posesivo.

Torres amenazó con exponer la relación ante el empleador de Chavez. “Todo tu mundo se va a derrumbar”, le dijo en un mensaje de voz, según los registros del tribunal de apelaciones. La oficial contactó entonces a un recluso que operaba bajo las órdenes de Buchanan.

Buchanan advirtió a Torres que dejara en paz a la guardia. “Estás metiéndote con algo que está ahí y está ahí con un propósito”, le dijo en una llamada grabada, en alusión a que Chavez participaba en otros actos de corrupción. La guardia llamó a Buchanan para agradecerle. “Quiero llevarlos a tomar algo o a cenar”, le ofreció.

Pero Torres no se detuvo. Dejó otra grabación a Chavez: “Me contactaron. El gran homie Richie acaba de hablar conmigo para que te deje en paz. Te han estado vigilando un buen rato”.

Buchanan y su subordinado Steve “Spanky” Parraz se presentaron en el domicilio de Torres. “Si tu familia no estuviera aquí, te mataría”, le espetó Parraz, de acuerdo con la documentación del caso. Buchanan le entregó un teléfono y le ordenó que llamara a Chavez para decirle que nunca más la molestaría.

Buchanan quería dinero. Torres, aún bajo coacción, aseguró que no tenía, pero ofreció el dato de un narcotraficante al que podían “cobrarle impuestos”. Mientras los tres se dirigían a una taquería de Chula Vista para encontrarse con el distribuidor, la policía detuvo el vehículo y los arrestó.

Torres entró en estado de pánico. “No puedo volver a prisión. Estoy muerto. Van a matar a mi familia”, dijo a los oficiales, conforme a un informe policial.

Chavez terminó por renunciar al CDCR y se declaró culpable de amenazas criminales, según el relato del Los Angeles Times. Durante el juicio, testificó que había mantenido relaciones sexuales con el asociado encarcelado de Buchanan porque estaba “agradecida” por su ayuda.

Un imperio criminal que funcionó desde la celda

Tras la condena, Buchanan no perdió su influencia. Conservó el dominio sobre pandillas de la zona sur de San Diego, afirmó un informante del FBI en un reporte de la agencia.

El recluso dividía con los hermanos Ayala el dinero de extorsión recaudado en las cárceles del condado, un fondo conocido como “the light bill” (la cuenta de la luz), aseguró la misma fuente. También operaba casas de apuestas ilegales en sociedad con ellos.

Desde la prisión, Buchanan autorizó a pandilleros del condado de Imperial a cobrar “impuestos” en las ciudades de El Centro, Brawley, Holtville, Calipatria y Niland, según una acusación federal. Sus subordinados secuestraron y torturaron a un distribuidor de drogas que se negó a pagar, añadió el documento.

En 2024, una escucha telefónica captó a Buchanan en conversación con Ronaldo Ayala y Frank “Chino” Madriaga, otro miembro de la mafia mexicana que había sido liberado de una prisión federal. Los tres buscaban localizar a un desertor de una pandilla que había sido visto en San Diego, de acuerdo con una denuncia penal consultada por el diario.

Ayala cumple una condena a muerte por un triple homicidio cometido en 1985. Madriaga fue declarado culpable en septiembre de conspiración para cometer asesinato, informó el diario.

Philip Sullivan, de 43 años, intentó reconstruir su vida como director de la principal línea de ayuda contra la ludopatía en Florida tras perder más de USD 2 millones en apuestas. Un juez lo sentenció a nueve años y ocho meses de prisión por el robo de USD 1,4 millones a la empresa inmobiliaria donde se desempeñaba como director financiero.

El juez estatal Timothy Register lo declaró culpable el 16 de octubre, después de que Sullivan se declarara sin oposición a media docena de cargos graves de hurto mayor, según constan en los registros judiciales citados por The Guardian. La fiscalía le había ofrecido un acuerdo de ocho años, pero las partes no lograron pactar y el caso fue a una declaración abierta ante el juez, según relató Sullivan en el podcast ODAAT Gambling Awareness.

Las autoridades de Florida acusaron a Sullivan de sustraer fondos de una empresa inmobiliaria

Las autoridades del condado de Bay presentaron cargos contra Sullivan en marzo de 2024 por sustraer fondos de Royal American, una firma de bienes raíces de Panama City Beach. Una auditoría interna detectó numerosas transacciones no autorizadas con tarjetas de crédito corporativas, lo que desató la investigación, según los medios locales WMBB y WJHG.

Sullivan, contador público certificado y vicepresidente de contabilidad de la compañía, describió en el podcast ODAAT Gambling Awareness la mecánica del desvío: compraba tarjetas de regalo con la tarjeta corporativa, las vendía a cambio de criptomonedas a través de un contacto en Telegram y depositaba esos fondos en Bovada, una casa de apuestas offshore donde integraba el programa VIP con un bono de depósito del 50 %.

De los USD 1,4 millones sustraídos, USD 1,2 millones se desviaron en apenas cuatro meses.

De apuestas de USD 25 a pérdidas millonarias: la espiral de adicción al juego de Philip Sullivan

Sullivan relató en el podcast Addicted Recovery Show, poco más de una semana antes de recibir su condena, cómo pasó de realizar apuestas deportivas de USD 25 a apostar hasta USD 50.000 de una sola vez. En total, según su propio testimonio, perdió más de USD 2 millones a través del juego.

Testigos que declararon a su favor durante el proceso judicial aseguraron que Sullivan desarrolló una adicción al juego después de que le recetaran Adderall, un estimulante farmacéutico, en la misma época en que cometió los robos.

En el podcast ODAAT Gambling Awareness, Sullivan afirmó que su dosis escaló de 20 a 60 miligramos diarios —por encima del límite de 40 mg que recomienda la FDA— y que consideraba imposible dejar de apostar mientras siguiera consumiendo ese fármaco. El día de su arresto, el 6 de marzo de 2024, fue también el último en que tomó Adderall y realizó una apuesta, aseguró.

Sullivan dirigió la línea de ayuda contra la ludopatía en Florida tras su paso por Royal American

En marzo de 2025, un año después de que terminara su empleo en Royal American, Sullivan asumió la dirección de 888-Admit-It, la línea de asistencia del Consejo de Florida sobre Juego Compulsivo (FCCG, por sus siglas en inglés), según su perfil en la plataforma profesional LinkedIn.

La directora ejecutiva del organismo, Jennifer Cruz, le ofreció el puesto una vez que cumplió un año de abstinencia, según contó Sullivan en el podcast ODAAT Gambling Awareness. Desde esa posición, buscó dar un nuevo propósito a su vida mientras enfrentaba los cargos penales en su contra.

En el programa Addicted Recovery Show, Sullivan afirmó que su trabajo en la línea de ayuda le permitió hablar con más de 460 personas con problemas similares a los que él mismo atravesó. “Es difícil no sentir algo respecto al juego cuando no es solo tu cuenta, sino que hablas con otras personas y ves el dolor que les causa a ellas también”, declaró, según recogió The Guardian.

La condena por robo y el futuro judicial de Sullivan en Florida

Tras la audiencia de sentencia, Sullivan fue trasladado a custodia estatal para comenzar a cumplir su pena. El tribunal le otorgó un crédito de 40 días que ya había pasado en prisión entre el momento de su arresto y la fecha en que obtuvo la libertad bajo fianza, de acuerdo con los registros judiciales. Sullivan cooperó con su exempresa y facilitó que Royal American recuperara casi la totalidad de los fondos mediante un seguro, según detalló en el podcast ODAAT Gambling Awareness.

El juez Register le ordenó, además, restituir el dinero sustraído. Sullivan dispone de 30 días para apelar la sentencia, según informó WMBB.

En el podcast Addicted Recovery Show, el exdirector financiero también se refirió al impacto de la situación en su familia: dijo que su esposa lo había apoyado durante todo el proceso legal y describió cómo prepararon a sus hijos, de 12 y seis años, para la posibilidad de que su padre fuera a prisión. “Solo tenemos que prepararlos para mi ausencia”, declaró Sullivan.

Las autoridades judiciales tramitan cuatro casos distintos: una investigación por maltrato contra una adolescente, una condena por delitos sexuales contra una menor, una pesquisa por homicidio y una causa por violencia doméstica.

Estos casos generaron detenciones provisionales, una pena de prisión de 17 años y diligencias de allanamiento.

De esta manera, la Operación Kraken concluyó con la aprehensión de un hombre investigado por homicidio y con el decomiso de teléfonos celulares y un busito blanco que, de acuerdo con las autoridades, habría sido utilizado en el hecho.

La Sección de Homicidio y Femicidio Metropolitana coordinó el operativo junto con la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección de Inteligencia Policial (DIP).

Las diligencias se realizaron en varios sectores de la ciudad capital, entre ellos el corregimiento de Pedregal. Allí fue detenido un hombre por su presunta relación con un delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio.

La investigación está relacionada con un hecho ocurrido el 19 de julio de 2026 en el sector de Villas de Andalucía, corregimiento de Don Bosco.

Según la pesquisa, un menor de edad salía de una fiesta cuando varios sujetos que se movilizaban en un vehículo blanco tipo busito lo interceptaron.

Tras un forcejeo, los agresores le dispararon a quemarropa. El ataque causó la muerte de la víctima.

Mientras, la Personería Municipal de Dolega, adscrita a la Fiscalía Regional de la provincia de Chiriquí, logró que un hombre de 32 años quedara bajo detención provisional por una investigación por maltrato al menor en perjuicio de su hija de 13 años.

La Fiscalía presentó ante un Tribunal de Garantías los elementos de convicción reunidos con el apoyo de los estamentos de seguridad.

El tribunal legalizó la aprehensión, admitió la formulación del cargo penal y ordenó la medida cautelar durante el plazo de la investigación.

La decisión tomó en cuenta las implicaciones del caso y el riesgo señalado para la adolescente.

Según las autoridades la causa se refiere a episodios ocurridos entre abril y mayo de 2026, que se agravaron el 12 de octubre en la vivienda que ambos compartían en el corregimiento de Los Algarrobos, distrito de Dolega.

La investigación sostiene que el acusado golpeó a la menor con un objeto contundente y que también incurrió en otros maltratos físicos. Las lesiones provocaron una incapacidad superior a 10 días.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación obtuvo una condena de 17 años de prisión contra un hombre declarado responsable de dos delitos sexuales en perjuicio de una menor de edad.

Como sanción adicional, el Tribunal de Juicio impuso dos años de inhabilitación para ejercer funciones en parques, parvularios, centros educativos y otros espacios donde se reúnan menores para actividades de desarrollo.

Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó al menos 20 pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales.

El conjunto de elementos permitió acreditar la responsabilidad penal del acusado por violación sexual agravada y actos libidinosos. El tribunal emitió un veredicto unánime contra el hombre.

Otro hombre, esta vez de 37 años también recibió la medida cautelar de detención provisional tras ser imputado por violencia doméstica y quebrantamiento de una medida de protección en perjuicio de su pareja sentimental.

Ante un Tribunal de Garantías la Fiscalía presentó elementos de convicción sobre las conductas investigadas y la presunta vinculación del acusado.

La autoridad judicial legalizó la aprehensión, admitió los cargos y ordenó la detención durante el término de la investigación.

El caso ocurrió durante la madrugada del 11 de octubre de 2026 en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

La investigación indica que el presunto agresor utilizó violencia e intimidación contra la mujer y le ocasionó golpes y heridas con un arma blanca. La víctima recibió atención médica para estabilizarla.

Colectivos de personas liberadas, familiares, organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos piden al actual gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, fortalecer los servicios postpenales para que quienes salen de prisión tengan acceso a vivienda, documentos, salud, empleo y redes familiares que les permitan sostener su libertad.

La organización EQUIS Justicia para las Mujeres difundió un pliego petitorio impulsado por Art20MX que reúne 22 peticiones concretas dirigidas a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación; Jacobo Olaf Rodríguez García, titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, y otras autoridades federales y estatales.

El documento sostiene que la salida de prisión no debe representar una nueva etapa de abandono institucional, por lo que las personas firmantes exigen que el Estado cumpla sus obligaciones en materia de reinserción social y servicios postpenales para que las personas liberadas puedan ejercer sus derechos y reconstruir su proyecto de vida.

Piden alojamiento, traslados y apoyos económicos tras la liberación

Entre las solicitudes está la creación de casas de medio camino, albergues o residencias temporales para personas próximas a egresar o recién liberadas que no tengan vivienda, recursos económicos o redes familiares. Estos espacios deben ofrecer alojamiento, alimentación, higiene, orientación social, acompañamiento psicológico y asesoría para la incorporación a la vida comunitaria.

El pliego también solicita un programa de traslado desde el centro penitenciario hasta el domicilio, una casa de medio camino o un sitio de recepción previamente identificado.

La propuesta contempla pasajes, transporte terrestre, viajes de larga distancia y asistencia para personas con discapacidad, adultas mayores o con problemas de salud.

Las organizaciones piden un apoyo económico de emergencia durante los primeros días o meses posteriores a la salida de prisión.

Este recurso serviría para cubrir alimentación, artículos de higiene, ropa, medicamentos prescritos, transporte, documentación y otros gastos indispensables para iniciar una vida independiente.

Para personas sin familia, domicilio, dinero o alguien que pueda recibirlas, solicitan mecanismos de identificación y atención prioritaria.

La propuesta establece que ninguna persona en condición de vulnerabilidad debe quedar sin una evaluación de necesidades ni una ruta de canalización a servicios públicos y sociales.

Plantean empleo, estudios y apoyo para emprender

Las personas firmantes solicitan programas gratuitos de capacitación laboral, actualización tecnológica, formación técnica, educación financiera, habilidades digitales y emprendimiento. También piden que se evalúen y certifiquen competencias adquiridas antes o durante el internamiento, además del reconocimiento de estudios y experiencia laboral previa.

El documento plantea convenios entre autoridades, empresas privadas, cámaras empresariales, organizaciones civiles e instituciones públicas para impulsar la contratación de personas egresadas del sistema penitenciario.

La propuesta incluye una bolsa de trabajo especializada, intermediación laboral y campañas contra la discriminación por antecedentes penales.

También solicitan una ruta de atención para quienes busquen iniciar un negocio, integrarse a cooperativas o desarrollar proyectos de autoempleo.

Esta atención incluiría asesoría para planes de negocio, capacitación administrativa y fiscal, acceso a incubadoras y vinculación con programas de financiamiento o apoyos productivos.

En materia educativa, el pliego pide orientación y vínculos con instituciones para concluir estudios básicos, medios superiores y superiores. También propone becas, materiales y mecanismos de reincorporación académica para personas que interrumpieron su formación por estar privadas de la libertad.

Buscan garantizar documentos, salud y orientación jurídica

Uno de los planteamientos es brindar asistencia gratuita para obtener o recuperar actas del Registro Civil, CURP, identificación oficial y comprobantes de situación fiscal. El objetivo es que las personas liberadas cuenten con documentos para acceder al empleo, la salud, la educación, programas sociales y servicios bancarios.

El documento solicita mecanismos de coordinación entre instituciones para reducir las barreras administrativas que enfrentan las personas al salir de prisión.

También plantea orientación jurídica para obtener constancias de antecedentes penales, corregir registros inexactos y tramitar la cancelación o actualización de datos cuando la ley lo permita.

Las organizaciones piden continuidad en la atención médica, psicológica y psiquiátrica. La propuesta contempla acceso a medicamentos, seguimiento de enfermedades crónicas, atención de salud mental, tratamiento de adicciones cuando corresponda y canalización efectiva a instituciones públicas de salud.

El pliego incluye asesoría para recuperar documentos, pertenencias, bienes, cuentas o recursos que hayan quedado sujetos a aseguramiento, inmovilización o controversia. El servicio deberá canalizar a las personas ante las autoridades competentes, sin sustituir los procedimientos judiciales o administrativos aplicables.

Mujeres liberadas piden apoyo para recuperar vínculos con sus hijos

El documento plantea un programa específico para mujeres que salen de centros penitenciarios, con alojamiento seguro, prevención y atención de la violencia, salud integral, cuidado de hijas e hijos, asesoría familiar, capacitación laboral, autonomía económica y redes comunitarias de apoyo.

Las firmantes solicitan asesoría y representación jurídica gratuita para madres que requieran recuperar la guarda y custodia de sus hijas e hijos, restablecer la convivencia familiar o regularizar su condición jurídica familiar. La atención debe considerar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, sin prejuzgar las decisiones de las autoridades judiciales.

También piden la intervención del DIF en la reinserción de mujeres madres. La propuesta señala que deben tener acceso, control y seguimiento sobre la situación de sus hijos, conocer dónde están, con quién viven y cuáles son sus necesidades, sobre todo por la distancia y el costo que enfrentan muchas mujeres para recibir visitas.

El pliego solicita apoyo jurídico para las mujeres que perdieron la custodia de sus hijos y para quienes busquen volver a ejercer su derecho a la maternidad después de salir de prisión.

Solicitan seguimiento individual, transparencia y respuestas por escrito

La propuesta pide que cada persona que lo requiera tenga un plan individual de atención postpenal, elaborado con su participación.

Este mecanismo deberá identificar servicios, instituciones responsables, referencias, seguimiento y metas para acceder a vivienda, salud, educación, empleo, documentos y reunificación familiar.

Las organizaciones solicitan coordinación entre Prevención y Reinserción Social, autoridades federales y estatales, servicios de salud, escuelas, autoridades laborales, sistemas de asistencia social, defensorías públicas y organizaciones civiles. También piden directorios actualizados, convenios y procedimientos para evitar que las personas recorran varias instituciones sin recibir atención.

Entre las peticiones al Órgano Administrativo Desconcentrado está el envío oportuno de estudios de preliberación a las mujeres que los soliciten antes de sus audiencias.

También exigen que el 25 de noviembre haya una disculpa pública por los suicidios dentro del CPS 16, en Morelos.

El documento pide la publicación de los convenios de servicios postpenales que las autoridades aseguran tener, con datos de empresas, instituciones, organizaciones y medios de contacto. También propone una reunión virtual con gobernadores para coordinar los servicios de reinserción postpenitenciaria en cada estado.

Las personas firmantes solicitan que los acuerdos de las mesas de trabajo queden asentados en minutas firmadas por titulares y responsables. Piden eliminar el lenguaje de “ponerse a disposición” cuando no exista una orden judicial que lo justifique.

Finalmente, demandan información pública sobre programas postpenales, reglas de operación, requisitos, cobertura territorial, presupuesto, número de personas atendidas, servicios y resultados.

También piden que las autoridades respondan por escrito, de forma fundada y motivada, a cada una de las peticiones y comuniquen cuáles medidas ya existen, cuáles requieren fortalecimiento y cuáles podrían implementarse mediante coordinación institucional.

Abdulrahman El Bahnasawy tenía 20 años cuando el FBI frustró su plan de detonar bombas en Times Square y el metro de Nueva York durante el Ramadán de 2016.

Cuatro años después, ya preso en una cárcel federal de Pensilvania, fabricó un arma con una pieza de acero de su escritorio —que, según reveló la fiscalía en la audiencia, ensayó contra el colchón de su celda— y apuñaló a dos agentes penitenciarios en nombre del Estado Islámico (ISIS). Este lunes, un tribunal federal le sumó medio siglo más de condena.

La sentencia, dictada por el juez Matthew W. Brann en el Distrito Medio de Pensilvania, se ejecutará de forma consecutiva a los 40 años que El Bahnasawy, de 28 años y residente en Ontario, Canadá, ya cumplía por la conspiración terrorista original.

Con ambas penas, enfrenta 90 años tras las rejas, una cifra que en la práctica equivale a prisión perpetua, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Lo que ocurrió dentro de la Penitenciaría Federal de Allenwood

El 7 de diciembre de 2020, El Bahnasawy apuñaló a un agente correccional en la cabeza y en la cara dentro de la Penitenciaría Federal de Allenwood. Cuando una segunda oficial acudió en su auxilio, la hirió en la mano.

El primer oficial, identificado como Dale Franquet Jr., perdió el ojo derecho a raíz del ataque. Tras reducir al agresor, los agentes hallaron en su calcetín una nota que decía: “Este es un ataque terrorista para el Estado Islámico”.

Dentro de un casillero de su celda encontraron también un juramento de lealtad a ISIS pegado a la puerta.

Los cargos y la respuesta de las autoridades federales

El Bahnasawy se declaró culpable en noviembre de 2025 de múltiples cargos de agresión, agresión con intención de cometer asesinato, posesión de contrabando dentro de una prisión y suministro de apoyo material a ISIS.

“La sentencia de hoy garantizará que Bahnasawy permanezca en prisión, donde puede causar mucho menos daño, durante mucho tiempo”, declaró el fiscal general adjunto de Seguridad Nacional, John A. Eisenberg.

El fiscal federal Brian D. Miller añadió que el fallo “refleja nuestro compromiso inquebrantable de combatir a quienes perpetran violencia en nombre de ISIS, incluso detrás de los muros de una prisión”.

Lo que pidió la fiscalía y lo que decidió el juez

Según el registro judicial detallado por el medio PennLive, el fiscal adjunto Geoffrey MacArthur había solicitado una pena de 130 años, equivalente a la suma de los máximos previstos para los nueve cargos por los que El Bahnasawy se declaró culpable, cuyas guías de sentencia contemplaban prisión de por vida.

El juez Brann fijó la condena en 50 años consecutivos y ordenó el pago de USD 3 millones en restitución a Franquet.

El tribunal también dispuso que, en el improbable caso de que El Bahnasawy recupere la libertad, deberá cumplir tres años de libertad supervisada con tratamiento de salud mental obligatorio.

La condena por apoyo material a ISIS fue resultado de una declaración de culpabilidad condicional: la defensa cuestionó la base fáctica de ese cargo, pero el juez Brann lo declaró culpable en enero tras evaluar los escritos de ambas partes.

El complot que llevó a El Bahnasawy a prisión en 2016

La conspiración de 2016 fue coordinada junto a Talha Haroon y Russell Salic, y apuntaba también a abrir fuego contra multitudes en conciertos.

El Bahnasawy había expresado su deseo de “crear el próximo 11-S”, según los expedientes judiciales.

Un agente encubierto del FBI logró infiltrarse en el complot haciéndose pasar por un simpatizante de ISIS dispuesto a participar en los ataques, lo que permitió arrestar al canadiense en mayo de 2016, cuando viajó al área de Nueva York para preparar la ofensiva.

La defensa atribuye el ataque a una crisis psicótica no tratada

El abogado del condenado, Andy Frisch, atribuyó la agresión de 2020 a los problemas de salud mental de su cliente y acusó a las autoridades federales de no proporcionar atención psiquiátrica adecuada.

“No es un terrorista”, sostuvo Frisch en declaraciones al New York Post, al indicar que un perito del gobierno había confirmado diagnósticos de esquizofrenia y trastornos psicóticos.

Según el abogado, los padres de El Bahnasawy enviaron correos electrónicos reiterados al personal penitenciario para alertar sobre la medicación y el tratamiento que necesitaba su hijo, pero las advertencias fueron ignoradas.

El letrado también responsabilizó al aislamiento, los traslados entre centros penitenciarios y la falta de tratamiento por el deterioro del estado mental de su cliente, al sostener que “tuvo un episodio psicótico que derivó en esta sentencia”.

Un perito de la defensa, Kenneth J. Weiss, profesor clínico de psiquiatría de la Universidad de Pensilvania, declaró que El Bahnasawy se encontraba en medio de un episodio psicótico cuando apuñaló a Franquet, según consignó PennLive. La fiscalía respondió que el sistema penitenciario no puede obligar a un recluso a tomar medicación.

El abogado también pidió al juez que recomendara un eventual traslado a una prisión más cercana a Ontario, donde viven los padres del condenado, si su estado de salud mental mejoraba. El juez rechazó la solicitud.

El caso fue investigado por la oficina del FBI en Filadelfia y procesado por el fiscal MacArthur y el subjefe Larry Schneider, de la Sección de Contraterrorismo de la División de Seguridad Nacional. El Bahnasawy y sus padres evalúan la posibilidad de apelar la condena, según indicó su abogado.

Tras unas cinco horas de deliberación, un jurado de Nevada emitió el lunes por la tarde un doble veredicto contra Mitchell Fairbarn, el turista de Ontario, Canadá, que el pasado 3 de marzo sacó a Peachy —un flamenco chileno de 27 años— de su hábitat en el icónico Flamingo Las Vegas Hotel and Casino y lo llevó hasta su habitación.

El jurado lo halló responsable de dos cargos de crueldad animal: uno grave (felony) y uno menor (misdemeanor), informó NBC News. Fairbarn permanece bajo arresto domiciliario a la espera de la audiencia de sentencia.

Las pruebas del juicio y los cargos en su contra

Las pruebas presentadas durante el juicio resultaron determinantes. Un video reproducido ante el jurado mostró a Fairbarn con el ave en brazos dentro de un ascensor del hotel, y luego a lo largo de un pasillo. En las imágenes, el ave emitía chillidos mientras el acusado la manipulaba.

La fiscalía argumentó que Fairbarn causó dolor físico al animal de forma deliberada. Cuando la policía de Las Vegas recuperó a Peachy, el ave presentaba la pérdida de entre siete y ocho plumas, sangre en su plumaje y lesiones en las alas, de acuerdo con el reporte policial.

La fiscalía sostuvo en sus alegatos de cierre que uno de los cargos corresponde a lo ocurrido dentro del hábitat y el otro a los hechos posteriores en el interior del hotel.

El Flamingo es uno de los establecimientos más antiguos del Strip de Las Vegas, y su reconocido hábitat alberga, además de flamencos, colibríes, tortugas, carpas koi y otras especies.

Lo que dijeron la defensa y la fiscalía

El abogado defensor Josh Tomsheck no negó los hechos. Fairbarn declaró durante el juicio que aquel día había consumido entre 30 y 40 cervezas, tal como informó Fox 5 Las Vegas.

“No debería haberlo hecho, no debería haber entrado al hábitat, no debería haber tocado al ave, no debería haberse llevado a Peachy adentro”, reconoció Tomsheck ante el jurado, en declaraciones recogidas por NBC News.

“La verdad es que Mitch estaba borracho. Mitch fue estúpido. Tomó malas decisiones”, agregó el letrado. La ausencia de intención de dañar al ave fue el eje central de la estrategia defensiva, un elemento clave para la configuración del delito grave.

La fiscal del condado de Clark, Haley Willming, señaló que el acusado recibió amenazas de muerte tras el incidente y que no pudo estar presente cuando su padre falleció, ya que debió entregar su pasaporte como condición de su libertad bajo fianza, lo que le impidió regresar a Canadá, confirmó CBC News.

Sin embargo, la fiscal fue enfática: “Nada de eso habría ocurrido si él no hubiera hecho lo que hizo, si no hubiera tomado las decisiones que tomó”. Durante la audiencia, se pudo observar al acusado con la cabeza baja y las manos sobre los ojos.

Al salir del tribunal tras el veredicto, declinó hacer comentarios, al igual que su abogado, según consignó Newsweek.

Cómo está Peachy y qué viene después del veredicto

Peachy se encuentra en buen estado físico tras el incidente. No obstante, la veterinaria Tiffany Moore, directora médica del Lone Mountain Animal Hospital, aseguró que el ave muestra mayor ansiedad y nerviosismo durante las evaluaciones desde entonces.

El caso también tuvo repercusión en el plano legislativo. John Waudby, activista por los derechos de los animales en Nevada y figura clave en el reciente endurecimiento de las leyes estatales, consideró que se hizo justicia en nombre de Peachy.

“Espero que esto envíe un mensaje a cualquier otra persona que quiera meterse con nuestros animales: no lo vas a hacer en Nevada”, afirmó Waudby a la salida del tribunal tras conocerse el veredicto del lunes.

Bajo la legislación de Nevada, este tipo de delito se clasifica como categoría D, que además de la pena de cárcel puede incluir una multa de hasta USD 5.000.

El 12 de junio de 1994, Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman fueron asesinados a puñaladas en el barrio de Brentwood, en Los Ángeles.

El juicio contra O.J. Simpson, exmarido de Nicole y exestrella de la NFL, se convirtió en el proceso penal más seguido del siglo XX.

La fiscalía sostuvo que él actuó solo, pero nunca pudo presentar el arma homicida. La ausencia del arma fue uno de los factores que permitió a la defensa sembrar una duda razonable que terminó en absolución.

Más de tres décadas después, registros judiciales desclasificados a pedido de The New York Times revelan que las autoridades federales tuvieron en sus manos una pieza que pudo haber cambiado el rumbo del juicio.

Joseph “Joey” Ippolito, un preso federal con vínculos directos con el entorno de Simpson, entregó a los investigadores federales datos directamente relacionados con los asesinatos, según consta en los registros obtenidos por el diario. Sin embargo, esa información nunca llegó al jurado.

Un preso con conexiones en el entorno de Simpson

Joey Ippolito era un narcotraficante convicto y asociado de la Cosa Nostra que se escapó de una cárcel de Florida un mes antes de los crímenes.

Antes de su encarcelamiento, había operado un restaurante popular en Los Ángeles y mantenía una estrecha amistad con Al Cowlings, el hombre de confianza de Simpson.

La conexión entre Ippolito y el entorno de Simpson quedó documentada desde temprano. Tras la célebre persecución televisada de la camioneta Bronco —en la que Cowlings conducía mientras Simpson amenazaba con suicidarse—, los investigadores encontraron en el vehículo fotografías de una de las novias de Ippolito junto con su número de teléfono.

Un año después de su fuga, Ippolito fue recapturado. De inmediato comenzó a colaborar con fiscales federales en Nueva York, según los registros judiciales.

Entregó información sobre la mafia, organizó reuniones con agentes encubiertos de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y arriesgó su propia seguridad en el proceso.

En un memorando dirigido a un juez federal para solicitar una reducción de condena, los fiscales lo describieron como “una fuente de información extraordinaria”.

Un testimonio familiar que complica la versión oficial

En una entrevista concedida a The New York Times este año, Sam Ippolito, hermano de Joey, relató que ambos se hospedaban en un departamento de West Hollywood la noche de los asesinatos. Joey le dijo que saldría a ayudar a un amigo.

Horas después regresó con lo que parecía sangre en las manos y una bolsa que contenía un objeto pesado.

Joey le pidió a su hermano que se deshiciera de la bolsa. Sam Ippolito aseguró que la arrojó en un contenedor de basura de una obra en construcción cercana. Sam Ippolito dijo estar convencido de que su hermano estuvo en la escena de los crímenes.

Meses después de esa entrevista, Sam Ippolito pidió una compensación económica. Cuando el reportero se negó, retractó su testimonio y afirmó que “le ofrecieron una tonelada de dinero” para contar su historia en otro lugar, aparentemente para un documental en producción.

Un libro, una confesión y cabos que se cruzan

En 2007, Simpson publicó el libro If I Did It, en el que ofreció una confesión que calificó de “hipotética”.

En esa versión, describió a un amigo que lo acompañó la noche de los asesinatos, que primero observó los hechos horrorizado y luego aceptó llevarse el arma homicida y la ropa ensangrentada.

Los fiscales e investigadores no dieron credibilidad a los detalles del relato y nunca profundizaron en la posibilidad de que alguien hubiera ayudado a Simpson a deshacerse de las pruebas, según reveló la investigación periodística.

Los documentos ahora desclasificados, no obstante, exponen —según el relato del diario— coincidencias entre esa narración y la información que Ippolito entregó por separado a las autoridades federales.

Los datos que proporcionó el informante llegaron a manos de la fiscalía de Los Ángeles cerca del final del juicio, que en ese momento acaparaba la atención mundial.

Un fiscal federal, un exagente del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, un exagente de la DEA y un funcionario vinculado a la causa penal confirmaron de forma independiente la cooperación de Ippolito, pero ninguno de sus aportes se presentó ante el tribunal. Ippolito murió en 2006.

Tom Lange, el detective principal del caso Simpson, reconoció ante The New York Times que el nombre de Ippolito apareció durante la investigación, pero que nunca lo consideró un sospechoso serio. Lange sostuvo que aún no cree que Simpson haya tenido un cómplice.

Simpson fue absuelto en el juicio penal de 1995, aunque en 1997 un tribunal civil lo declaró responsable de ambas muertes y lo condenó a pagar USD 33,5 millones a las familias de las víctimas.

En 2008, fue sentenciado a 33 años de prisión por robo a mano armada y secuestro en Las Vegas, tras irrumpir en una habitación de hotel para recuperar objetos deportivos que consideraba suyos.

Cumplió nueve años y fue liberado en 2017. Falleció en abril de 2024, a los 76 años, por un cáncer de próstata.

El año pasado, investigadores de la unidad de casos sin resolver del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) comenzaron a hacer llamadas para recopilar información sobre teorías de complicidad, según reveló el medio.

Un vocero del LAPD confirmó la semana pasada que “el caso O.J. Simpson sigue siendo una investigación abierta y en curso” y que, al no haber existido una condena penal, “el departamento tiene la obligación de seguir buscando justicia en este asunto”.

El portavoz añadió que, cuando se encuentren nuevas pruebas, los detectives seguirán esas pistas.

El caso de Sean Gardner, un entrenador de 39 años que llegó a dirigir torneos con cientos de atletas y a formar gimnastas de alto nivel, destapó una de las mayores fallas de supervisión en la historia reciente de la gimnasia estadounidense.

La jueza federal Kristi Johnson le impuso la pena máxima posible: 30 años por cada uno de los tres cargos, una sentencia que en la práctica equivale a prisión perpetua, tal como informó CBS News en colaboración con Associated Press.

Las demandas civiles presentadas por las víctimas revelaron que múltiples advertencias sobre el comportamiento de Gardner llegaron a los organismos responsables de supervisar el deporte desde 2017.

Pese a ello, el entrenador mantuvo acceso directo a niñas y adolescentes durante años.

La cámara oculta en el baño de un gimnasio de Misisipi

Gardner admitió haber instalado un dispositivo de grabación oculto en el baño de un estudio de gimnasia en Purvis, una localidad del sur de Misisipi, entre diciembre de 2017 y abril de 2018.

Las imágenes recuperadas por el FBI mostraron a por lo menos 10 menores desnudas o en proceso de desvestirse, según consta en una declaración jurada de la agencia federal.

Los investigadores incautaron aproximadamente 50 videos y 400 fotografías del domicilio de Gardner como parte de las pruebas. En uno de los videos, de acuerdo con el documento del FBI, se puede observar al propio entrenador mientras apaga la cámara.

El arresto de Gardner durante el verano pasado, revelado inicialmente por la agencia, reavivó los cuestionamientos sobre si las autoridades de la gimnasia estadounidense habían hecho lo suficiente para proteger a las atletas del abuso sexual por parte de un entrenador con influencia en el deporte.

Las acusaciones que lo persiguieron hasta Iowa

El caso de Misisipi no fue el único frente judicial para Gardner. Varias de sus exalumnas en el Chow’s Gymnastics and Dance Institute, un reconocido centro de entrenamiento ubicado en West Des Moines, Iowa, lo acusaron ante la policía y en los tribunales de haber utilizado su posición para abusar de ellas.

El instituto fue fundado por el entrenador Liang “Chow” Qiao, conocido por haber formado a campeonas olímpicas.

Gardner dirigió allí un torneo anual de invierno que convocaba a cientos de atletas. Hasta el momento, no enfrenta cargos penales por las denuncias de Iowa. Las autoridades policiales indicaron que esperarían a la resolución del caso federal antes de definir los próximos pasos.

Finley Weldon, una gimnasta que aspiraba a llegar a los Juegos Olímpicos cuando comenzó a entrenar con Gardner en 2018, declaró a CBS News que el entrenador actuó de manera “extraña” desde el principio. “Sabía que algo no estaba bien con él”, aseguró la joven.

Weldon afirmó que Gardner hacía bromas inapropiadas, les preguntaba a las adolescentes sobre su vida sexual y la tocaba de forma indebida durante los estiramientos y las prácticas de gimnasia.

Las advertencias que los organismos del deporte ignoraron

La madre de una joven gimnasta de Misisipi envió un correo electrónico a USA Gymnastics para expresar su preocupación por la conducta de Gardner.

De manera independiente, la jefa del entrenador en el gimnasio de Purvis también comunicó a la organización, por la misma vía, lo que describió como un “comportamiento de grooming”, en enero de 2018, tal como documentó CBS News.

Pese a esas advertencias, Gardner se trasladó al gimnasio de Chow en Iowa ese mismo año sin que ninguna autoridad deportiva lo impidiera.

Liberty Raines, quien tenía 11 años cuando se unió al gimnasio Jump’In Gymnastics de Purvis, donde Gardner trabajó desde 2014, relató a CBS News cómo las rutinas de Gardner naturalizaban el contacto físico con las alumnas.

“Cada una de nosotras se formaba para recibir un abrazo, él nos besaba en la frente y nos daba una palmada en el trasero”, describió Raines.

La exgimnasta añadió que ese ritual se repetía al final de casi todas las prácticas. “Estaba tan normalizado que ninguna de nosotras pensaba nada al respecto”, agregó.

SafeSport suspendió de forma temporal a Gardner recién en 2022, después de que una gimnasta de Chow’s denunciara abuso sexual. El gimnasio lo despidió en ese momento.

Durante la investigación, SafeSport determinó que Chow y otros entrenadores habían tenido conocimiento de las acusaciones de conducta sexual indebida contra Gardner, pero no las habían comunicado al organismo, como lo exigía su política interna.

Sean “Diddy” Combs habría protagonizado una pelea con un narcotraficante jamaicano mientras cumple su condena en una prisión federal de Nueva Jersey. El enfrentamiento, que habría ocurrido el viernes 9 de octubre, sería el origen de la lesión en la cabeza que llevó al rapero al hospital al día siguiente, según un nuevo reporte de TMZ.

El supuesto altercado habría involucrado a Christopher Coke, conocido como “Dudus”, un traficante de drogas que cumple una pena de 23 años de prisión. De acuerdo con TMZ, ambos reclusos se enfrentaron físicamente en el centro penitenciario FCI Fort Dix.

La noticia se conoció después de que trascendiera que Combs, de 56 años, había sido trasladado a un centro de salud durante la madrugada del sábado 10 de octubre. Los medios locales informaron sobre la hospitalización el lunes 12 de octubre, cuando todavía se desconocía la causa de la lesión.

En ese momento, se reportó que el músico había sufrido una herida en la cabeza y que su estado no era de gravedad. Según los primeros informes, estaba consciente y podía hablar al momento en que recibió atención médica. Además, regresó a la prisión el mismo día.

El supuesto motivo de la pelea

Según la versión publicada por fuentes de Page Six, el enfrentamiento habría ocurrido después de que otros internos se molestaran por las revelaciones sobre el presunto trato privilegiado que Combs recibía en prisión. El reporte señala que el músico habría quedado expuesto tras una investigación de NBC News sobre las condiciones de su encarcelamiento.

La publicación sostiene que, a raíz de esas revelaciones, las autoridades realizaron al menos dos registros en el centro penitenciario y confiscaron teléfonos celulares a Coke y otros reclusos. “Dudus” habría sido sancionado con dos semanas de aislamiento por el altercado, según la información citada por el medio.

Hasta el momento, la Oficina Federal de Prisiones no emitió declaraciones específicas sobre el presunto incidente.

Quien sí ha declarado es el representante de Combs. Juda Engelmayer respondió a PEOPLE con este mensaje: “La salud y el bienestar de Sean son nuestra preocupación inmediata, y agradecemos a todos los que se han puesto en contacto con nosotros”.

La “cárcel dorada” de Sean ‘Diddy’ Combs

A finales de septiembre, un reportaje de NBC destapó los lujos que tendría el rapero que cumple su condena en Fort Dix: Combs habría logrado acceso a teléfonos celulares de contrabando, alcohol y otros artículos prohibidos.

Además de ello, el rapero recibiría servicios de masajes y comidas especiales previo pago a otros reclusos del centro penitenciario.

Tras la publicación, Combs fue trasladado a aislamiento y recibió una sanción que implicó la pérdida de 41 días de buena conducta. Su fecha prevista de liberación pasó del 21 de enero al 2 de marzo de 2028, según los registros de la Oficina Federal de Prisiones citados por PEOPLE.

El fundador de Bad Boy Records recibió una pena de 50 meses de prisión en octubre de 2025, tras ser declarado culpable de dos cargos relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución. Fue absuelto de los cargos más graves que enfrentaba durante el juicio federal en Nueva York.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) realizaron el 13 de octubre un taller sobre el sistema penitenciario de Italia.

De acuerdo con los primeros reportes, 30 integrantes de la corporación capitalina, entre ellos titulares de 12 centros de reclusión, analizaron los mecanismos italianos contra el crimen organizado dentro de las prisiones para evaluar su posible adaptación en la capital mexicana.

El taller llevó por nombre La reorganización del sistema penitenciario italiano: un diálogo Italia-México. Su objetivo consistió en intercambiar experiencias para fortalecer las capacidades institucionales de la SSC en gestión, seguridad e inteligencia penitenciaria.

Vincenzo Lo Cascio, especialista en sistemas penitenciarios del UNICRI, condujo las sesiones de trabajo. El experto expuso la evolución histórica e institucional de las cárceles italianas y los asistentes identificaron paralelismos con el caso mexicano.

A las jornadas acudió personal de la Oficina del Secretario, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial. También participó la Coordinación General de la Unidad Estratégica Táctica y Operaciones Especiales, con la seguridad de los penales como eje del diálogo.

Durante el encuentro se analizó el diseño de las unidades especializadas del sistema italiano. Los participantes revisaron además los mecanismos que Italia utiliza para contener al crimen organizado dentro de sus prisiones, con miras a adoptar algunas de esas estrategias.

El taller tomó como marco de referencia la normativa italiana y mexicana en la materia. Se consideraron también instrumentos internacionales como la Convención de Palermo, las Reglas Mandela y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El subsecretario del Sistema Penitenciario expresó el interés de la capital por ampliar la colaboración con el Gobierno de Italia. El funcionario destacó que el intercambio de conocimientos permite identificar prácticas aplicables y áreas que requieren mejoras en la operación de los centros.

El Programa Trienal de UNICRI, financiado por Italia, operará hasta 2029 en México

El taller se inscribió en el Programa Trienal para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario y las Políticas de Prevención Social en México como Modelo para América Latina. El UNICRI implementa esta iniciativa con financiamiento del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia.

El programa tiene vigencia hasta 2029. Busca que la experiencia construida en México sirva de referencia para otros países de la región.

La SSC participa como contraparte beneficiaria del programa desde abril de 2026. Esa calidad le permite recibir capacitación técnica directa de especialistas internacionales en gestión penitenciaria.

Con esta colaboración, la SSC refrenda su compromiso de fortalecer las capacidades de su personal. La dependencia capitalina busca, al mismo tiempo, reforzar la operación del sistema penitenciario de la ciudad mediante cooperación internacional.

La estrategia con Italia se suma a un proceso más amplio de revisión del modelo carcelario capitalino. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció el 12 de octubre el inicio de una transformación del modelo penitenciario de la capital.

Brugada Molina presentó el plan durante el informe de seguridad correspondiente a septiembre. La mandataria señaló que su administración destina este año una inversión de 200 millones de pesos a la mejora de servicios básicos en los centros de reclusión.

Esa inversión prioriza los trabajos en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. El nuevo esquema contempla la transformación física de las instalaciones como uno de sus ejes centrales.

Los otros dos ejes del plan son la intervención integral durante el cumplimiento de las condenas y el acompañamiento postpenitenciario. Este último busca ofrecer oportunidades que impidan el reingreso de las personas liberadas al sistema penal.

La administración capitalina construye además un modelo integral de defensoría para personas sin recursos para una defensa adecuada. Ese esfuerzo se acompañará de una iniciativa de Ley de Amnistía que el Gobierno capitalino presentará próximamente ante el Congreso local.

Pablo Vázquez Camacho niega autogobiernos y hacinamiento generalizado en los penales

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, participó en el mismo informe de seguridad del 12 de octubre. El funcionario calificó como erróneas las conclusiones de diagnósticos recientes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México.

Vázquez Camacho negó la existencia de autogobiernos en las cárceles capitalinas. El funcionario también desestimó que exista una sobrepoblación generalizada en el sistema penitenciario de la ciudad.

¿Hay autogobiernos en las cárceles de la Ciudad de México? Según el titular de la SSC, esa versión es falsa: la capacidad total del sistema resulta suficiente, aunque reconoció sobrepoblación en zonas específicas derivada de las reglas del sistema penal acusatorio, que exige separar a la población en prisión preventiva de la ya sentenciada.

El funcionario desestimó un hacinamiento general del 130% en el sistema penitenciario capitalino. Vázquez Camacho atribuyó la presión en ciertas áreas a la antigüedad de la infraestructura, que suma entre 50 y 70 años en los Reclusorios Norte, Sur, Oriente y la Penitenciaría.

La SSC solicitó formalmente una reunión con la Comisión de Derechos Humanos para revisar los criterios metodológicos de su informe reciente. Ese documento registró un descenso nacional en las calificaciones del sistema penitenciario, con parámetros que la dependencia capitalina consideró poco claros.

El titular de la SSC reiteró la apertura de la dependencia al escrutinio de organismos y asociaciones civiles. Vázquez Camacho insistió en que buscará contrastar datos objetivos para ubicar áreas de mejora específicas dentro de los centros de reclusión.

En ese mismo contexto, la SSC ha trasladado a personas privadas de la libertad consideradas de alto perfil hacia centros federales. El total de traslados asciende a 141 personas, distribuidas entre 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026.

La colaboración con el UNICRI y el modelo italiano se perfila como una de las piezas del plan de reorganización que impulsan la SSC y el Gobierno de la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas sostuvieron que el intercambio con Italia continuará en los próximos meses, en el marco del programa que concluye en 2029.

Alfredo Adame no teme ir a prisión tras ser declarado culpable de discriminación en agravio de la madre de Gustavo Adolfo Infante, en un fallo emitido el 8 de octubre por un juez del Poder Judicial de la Ciudad de México.

El conflicto se remonta a principios de 2022, cuando el actor emitió declaraciones públicas contra Elvia Inés Seañez, madre del periodista, a quien acusó de practicar “magia negra” y de estar involucrada en actos ilícitos como el robo.

En febrero de ese año, Infante y su madre ratificaron una denuncia penal por violencia de género, violencia mediática y discriminación.

“La mamá era bruja negra, la mamá les daba peyote y les daba hongos en una pocilga donde vivían, y donde la hermana te pasaba el huevo negro”, dijo Adame para El Gordo y la Flaca en 2022.

El proceso penal se extendió más de cuatro años

La disputa legal entre ambos comunicadores sumó capítulos adicionales durante el litigio. En junio de 2024, Alfredo Adame fue arrestado durante seis horas por incumplir las medidas de protección que le prohibían referirse a las víctimas.

El juez determinó finalmente la responsabilidad penal del actor el 8 de octubre de 2026, luego de un proceso que Gustavo Adolfo Infante calificó como un triunfo de la justicia para su familia.

Alfredo Adame minimiza el fallo y anuncia que apelará

El actor reacciona ante medios y resta importancia a la resolución judicial. “Una aberración, no creo en la justicia… El juez me la receta, soy culpable. No es de morirse, no es de cárcel, puede que sus abogados pidan un año de cárcel, tres años de cárcel, se conmuta una multa, pagar 16 mil 800 pesos del psicólogo y a lo mejor trabajo social, no sé, no pasa nada…”, declara Adame.

El Código Penal de la Ciudad de México contempla para el delito de discriminación penas de uno a tres años de prisión, trabajo comunitario y multa, según las circunstancias del caso. La audiencia para individualizar la sanción quedó programada para el jueves 15 de octubre.

Adame adelanta también su estrategia legal una vez conocida la sentencia. “El día 15 a las 2:00 de la tarde el jueves se va a hacer ya la sentencia... dan la sentencia y al otro día viene la apelación, no es un delito grave”, sostiene el actor.

El conductor insiste en que nunca mencionó el nombre de la víctima en sus declaraciones y descarta disculparse con ella. Acusa además a Infante de manipular a su madre para perjudicarlo, mientras las autoridades fueron imponiendo medidas cautelares a lo largo del proceso.

Gustavo Infante anuncia nuevas demandas por daño moral

Gustavo Adolfo Infante anuncia que presentará dos demandas civiles adicionales contra Adame por daño moral, una por las afectaciones a su madre y otra por las expresiones dirigidas contra su persona.

El periodista revela también que durante la audiencia del 8 de octubre hubo un intercambio de miradas con Adame tras conocerse el fallo. Según su versión, el proceso dejará además antecedentes penales para el actor una vez que se establezcan formalmente las sanciones.

Infante relata que el actor le “mentó la madre” durante la última audiencia, aunque esa conducta no incidiría en la sentencia que el juez dicte este jueves. El litigio, que arrancó hace más de cuatro años, llega a su etapa definitoria con la audiencia de individualización de sanciones.

Christa Pike, la única persona conocida en sobrevivir una ejecución con inyección letal en Estados Unidos, volvió a la cárcel este 10 de octubre tras recibir el alta médica. La condenada de 50 años fue trasladada al Deborah K. Johnson Rehabilitation Center de Nashville, el centro penitenciario femenino donde permanecía recluida desde hacía más de tres décadas, después de pasar diez días hospitalizada a raíz del procedimiento fallido del 30 de septiembre.

El intento de ejecución convirtió el caso de Christa Pike en un hito sin precedentes en la historia de la pena de muerte en el país. El estado de Tennessee le administró dos dosis del barbitúrico pentobarbital, pero Pike sobrevivió y fue trasladada en ambulancia a un hospital de la zona, donde su equipo legal llegó a temer que hubiera sufrido muerte cerebral.

Su recuperación desató un debate jurídico sobre qué ocurrirá a continuación: si el estado intentará ejecutarla nuevamente, o si la condena será conmutada.

El regreso de Christa Pike a prisión tras la ejecución fallida

Sus abogados, Stephen Ferrell, Luke Ihnen, Randy Spivey y Kelly Gleason, comunicaron el sábado el traslado en un comunicado. “Christa Pike fue dada de alta de un hospital local y se encuentra ahora en el Deborah K. Johnson Rehabilitation Center, donde ha estado recluida durante más de 30 años”, señalaron, según recogió CBS News. El equipo jurídico precisó que Pike continúa bajo atención médica dentro del establecimiento y que seguirá el seguimiento de su evolución.

El centro penitenciario, ubicado en Nashville, es el mismo desde el que la condenada fue trasladada el 30 de septiembre para la ejecución programada. Pike estaba prevista para ser la primera mujer ejecutada en Tennessee desde 1820, tras el rechazo de la Corte Suprema a un último recurso de suspensión presentado por la defensa horas antes del procedimiento.

Qué se sabe sobre la recuperación médica de Pike después de la inyección letal

El proceso de recuperación fue gradual y tomó por sorpresa a médicos, expertos y al propio equipo jurídico. Durante los primeros días de hospitalización, los abogados de Pike creyeron que había quedado con muerte cerebral y aguardaban que fuera desconectada de los equipos de soporte. Según informó la BBC, sus primeras palabras al recuperar la conciencia el martes fueron “¿Dónde estoy?” y “¿Quién eres?”.

A medida que avanzó la semana, la mejoría fue progresando. El miércoles comenzó a dar pequeños pasos con asistencia, y el jueves sus abogados detallaron que caminaba “con algo de ayuda”, que sus brazos “sanaban y recuperaban movimiento y fuerza”, que sus pulmones estaban despejados y que había retomado una dieta normal, de acuerdo con la información publicada por NBC News.

En una rueda de prensa anterior al alta, sin embargo, la defensa había informado que Pike estaba esposada a la cama, sufría neumonía, tenía una inflamación considerable en los brazos y no podía tragar. “No sabemos el costo que todo esto tendrá en su salud mental”, dijo el abogado Randy Spivey.

Las dudas sobre una nueva ejecución en Tennessee

El panorama jurídico que enfrenta el caso es incierto. En una audiencia de emergencia celebrada el miércoles en el condado de Davidson, los abogados de Pike obtuvieron una orden judicial que obliga al Departamento Correccional de Tennessee a preservar todos los registros y pruebas vinculados con el procedimiento fallido. Esas pruebas podrían sentar las bases para una demanda civil contra el estado.

En esa misma audiencia, el fiscal general adjunto de Tennessee, Will Ayers, declaró al juez que no sabe si el estado tiene intención de intentar una segunda ejecución. “El estado no ha prometido que la señora Pike no será sometida a una futura ejecución”, advirtió Ihnen ante el tribunal, según recogió la BBC.

Ante ese escenario, la defensa renovó su petición al gobernador de Tennessee, Bill Lee, para que conmute la pena de muerte por prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional, que es el curso habitual cuando un condenado sobrevive a un procedimiento de ejecución fallido. Hasta el momento, Lee no se ha pronunciado públicamente sobre el asunto.

El Centro de Información sobre la Pena de Muerte señaló que Pike es la única persona de la que se tiene registro que sobrevivió tras recibir efectivamente las sustancias letales durante una ejecución en la era moderna de la pena capital en Estados Unidos.

El crimen por el que Christa Pike fue condenada a muerte

Pike tenía 18 años cuando, en 1995, asesinó a Colleen Slemmer, una compañera de 19 años a quien había conocido en un campamento de capacitación laboral para jóvenes de bajos recursos. Junto a su novio de entonces, Tadaryl Shipp, y un amigo, Pike torturó y mató a Slemmer durante un lapso de hasta una hora en una zona boscosa del campus de la Universidad de Tennessee, con un cuchillo y una cuchilla de cartonero.

La condena a muerte por ese crimen la convirtió en la mujer más joven en recibir esa sentencia en la historia del país, condición que mantuvo durante años.

La orden de preservar las pruebas del intento de ejecución podría derivar en acciones legales que, según los abogados, pondrían en cuestión la constitucionalidad de una eventual segunda ejecución. El caso abre un vacío legal que el sistema judicial de Tennessee deberá resolver sin antecedentes directos en los que apoyarse.

Un mexicano que había sido deportado dos veces de Estados Unidos fue condenado a más de 12 años de prisión por delitos relacionados con el tráfico de metanfetamina, posesión ilegal de municiones y reingreso al país sin autorización.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó que Juan José Guerra Rentería, de 46 años, recibió su sentencia el pasado 8 de octubre de 2026, luego de que las autoridades determinaran su responsabilidad por diversos delitos federales.

De acuerdo con la dependencia estadounidense, Guerra Rentería había sido expulsado de Estados Unidos en 2006 y 2020. Después de su segunda deportación, regresó al país de manera voluntaria y consciente, pese a no contar con autorización para hacerlo.

El caso salió a la luz después de una detención realizada en octubre de 2025 en el condado de Orange, donde agentes encontraron drogas y municiones en el vehículo que conducía.

Lo detuvieron con más de 211 gramos de metanfetamina

Los hechos que derivaron en la investigación ocurrieron el 14 de octubre de 2025, cuando las fuerzas del orden detuvieron el vehículo de Guerra Rentería en el condado de Orange.

Durante la inspección, los agentes localizaron más de 211.9 gramos de metanfetamina, una cantidad que, de acuerdo con la acusación, estaba destinada a su distribución.

Además de la droga, las autoridades encontraron 56 cartuchos de munición calibre .45.

El Departamento de Justicia señaló que el mexicano tenía múltiples condenas previas por delitos graves, por lo que estaba legalmente impedido para poseer municiones bajo la legislación federal estadounidense.

La posesión de los cartuchos se convirtió así en uno de los cargos considerados durante el proceso judicial, junto con el relacionado con el tráfico de metanfetamina y su permanencia ilegal en territorio estadounidense.

Había sido deportado dos veces

Otro de los elementos centrales del caso fue el historial migratorio de Guerra Rentería.

Según el DOJ, el mexicano había sido deportado de Estados Unidos en dos ocasiones: primero en 2006 y posteriormente en 2020.

Tras su segunda expulsión, las autoridades determinaron que regresó nuevamente al país sin contar con la autorización correspondiente del fiscal general ni del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Por este motivo, además de los cargos relacionados con las drogas y las municiones, enfrentó un proceso federal por reingreso ilegal a Estados Unidos después de una deportación.

La jueza federal Mónica Ramírez Almadani fue la encargada de dictar la sentencia.

El Departamento de Justicia informó que impuso 120 meses de prisión por los cargos relacionados con el narcotráfico y la posesión de municiones, así como otros 29 meses por el delito de reingreso ilegal. De acuerdo con el comunicado, estas penas deberán cumplirse de manera simultánea.

El DOJ, sin embargo, reportó de manera general que la condena contra Guerra Rentería asciende a 12 años y cinco meses de prisión.

El caso se suma a los procesos federales contra personas con antecedentes penales que son detenidas nuevamente en territorio estadounidense tras haber sido deportadas y que, posteriormente, enfrentan cargos adicionales cuando son vinculadas con actividades relacionadas con el tráfico de drogas o la posesión ilegal de municiones.

Una junta penitenciaria de California volvió a abrir la puerta a la libertad para una de las asesinas más célebres de la historia criminal de Estados Unidos.

El martes 6 de octubre, en su decimoctava audiencia de idoneidad, la Junta de Libertad Condicional emitió un aval preliminar para excarcelar a Patricia Krenwinkel, hoy de 78 años.

La decisión reaviva un debate que el país viene postergando desde hace más de cinco décadas: si una condena de por vida puede tener fin cuando quien la cumple ya no es la misma persona que cometió el crimen.

Krenwinkel es elegible bajo el programa estatal para reclusos de edad avanzada y por haber tenido 21 años al momento de los asesinatos. Está detenida en la Institución Correccional de Mujeres de Corona.

Una decisión que aún puede frenarse

La concesión de la libertad condicional no es inmediata. Tal como lo aclaró el Departamento de Correcciones, “todas las concesiones de libertad condicional son decisiones preliminares y solo se vuelven definitivas tras una revisión exhaustiva de la Junta de Libertad Condicional y el gobernador”.

El proceso dura 120 días, tiempo en el que la decisión es evaluada por el área legal de ese organismo. Una vez aprobada en esa instancia, el expediente pasa al gobernador, quien dispone de 30 días para revocarla o dejarla firme.

Esta es la tercera vez que Krenwinkel obtiene esta recomendación. En las dos ocasiones anteriores, el poder ejecutivo bloqueó su liberación.

El historial pesa en ambas direcciones

La más reciente fue en octubre de 2025, cuando el gobernador Gavin Newsom sostuvo que Krenwinkel “no había desarrollado suficiente comprensión sobre los factores causales de sus crímenes ni sobre sus detonantes para el pensamiento antisocial y la conducta en el contexto de relaciones desadaptativas”, y que su evolución personal quedaba superada por el peligro potencial que representaba para el público.

La fiscalía del condado de Los Ángeles también tomó posición. Los fiscales de la oficina del fiscal de distrito adelantaron que instarán al gobernador a mantenerla en prisión. Krenwinkel no estuvo presente en la audiencia de este martes.

Una causa que marcó a una generación

Krenwinkel fue condenada en 1971 junto a otros miembros del clan Manson por el asesinato de siete personas.

Entre las víctimas se encontraba la actriz Sharon Tate, embarazada de siete meses, además de Thomas Sebring, Abigail Folger, Wojciech Frykowski y Steven Parent. Al día siguiente, la banda también mató al empresario Leno LaBianca y a su esposa, Rosemary.

La propia Krenwinkel declaró en el juicio que persiguió a Abigail Folger —heredera de la empresa cafetera— y la apuñaló más de dos docenas de veces.

También admitió haber escrito con sangre en la pared de la casa el mensaje “Muerte a los cerdos”.

Junto a sus coacusadas Susan Atkins y Leslie Van Houten, apareció en la sala del tribunal con una X tallada en la frente, siguiendo el gesto de Charles Manson.

Fue sentenciada a muerte, pero pasó a cumplir prisión perpetua con posibilidad de libertad condicional después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional la pena capital en 1972. Meses más tarde, California volvió a instaurarla mediante referéndum, pero la medida no se aplicó de forma retroactiva a quienes ya habían obtenido la conmutación.

Debra Tate, hermana de Sharon, encabeza desde hace años la oposición pública a cualquier liberación.

“La sociedad no puede permitir que esta asesina serial que cometió crímenes tan horribles y aleatorios vuelva a las calles”, aseguró en una petición en línea que acumula más de 100.000 firmas desde su creación en 2016.

Otros integrantes de la familia Manson siguen recluidos: Charles Denton “Tex” Watson y Robert Kenneth Beausoleil permanecen en prisión.

El propio Charles Manson, Susan Atkins y Bruce Davis murieron en custodia.

El caso de Krenwinkel contrasta con el de Leslie Van Houten, quien en 2023 obtuvo la libertad condicional tras décadas con antecedentes ejemplares en prisión.

Newsom también había bloqueado su liberación, pero una corte de apelaciones anuló esa decisión y el gobernador debió acatar el fallo.

En abril pasado, en el parque para perros de Centerville Mills, en Bainbridge Township, Ohio, se materializó de la forma más literal posible: dos desconocidos sacaron sus armas y se dispararon mutuamente en el estacionamiento después de discutir sobre Donald Trump.

Uno se fue en su auto con agujeros en la puerta del conductor. El otro terminó con una bala en la columna.

Emmanuel Mathews, de 80 años y retirado de la industria de distribución de carne, estaba en el parque con su corgi Frankie y un ejemplar de The Wall Street Journal con un titular sobre la guerra con Irán.

David Mattai, mecánico de montacargas de 55 años, había llegado esa tarde con Bob, su cavalier king charles spaniel.

Ninguno de los dos fue a buscar problemas. Sin embargo, ambos se fueron con consecuencias que cambiarán el resto de sus vidas, tal y como reconstruyó The New York Times a partir de entrevistas, registros policiales y grabaciones de cámaras corporales.

Cómo empezó todo

El único testigo presencial fue Jamie Jedlinsky, de 70 años, quien al llegar al parque con su perra Willow hizo un comentario sobre ese titular ante Mathews. El anciano discrepó y expresó su apoyo al presidente. Mattai, que escuchaba desde una mesa cercana, intervino.

“Trump es el peor presidente de la historia”, le dijo Mattai a Mathews. Mathews respondió que era el mejor.

Lo que siguió fue una escalada de gritos que Jedlinsky describió al diario como “dos hombres furiosos consigo mismos, furiosos con el mundo, que encontraron al adversario perfecto”.

Ante la insistencia de Jedlinsky, Mattai dejó de discutir y llevó a su perro al auto. Comenzó a salir del estacionamiento, pero Bob no quería irse. Mattai dio la vuelta y regresó al parque.

Lo que pasó en el estacionamiento

Una vez dentro, le exigió a Mathews que fuera él quien se retirara. El anciano avanzó hacia su Cadillac, pero al cruzar el portón se detuvo y le preguntó a Mattai si su madre lo había “dejado caer de la cabeza”

Mattai respondió: lo aferró por el cabello a través de una reja. Jedlinsky los separó y les ordenó a ambos que se fueran.

Mientras los tres llevaban sus perros a los autos, Jedlinsky escuchó a Mattai decir: “¿Vos tenés uno? Yo también tengo”. Segundos después, sonaron disparos.

Mathews sacó una pistola calibre .45 de su Cadillac y disparó primero. Al intentar un segundo disparo, el arma falló. Mattai respondió con su pistola de 9 milímetros y efectuó al menos cuatro disparos, que perforaron la puerta y el asiento del conductor cuando el anciano huía. Las balas lo rozaron por centímetros.

Uno de los disparos entró por la zona lumbar de Mattai y salió por el abdomen. Cuando llegó el primer oficial de policía, encontró a Mattai tendido sobre el asfalto. Su perro esperaba en el asiento delantero del Hyundai, ileso.

La versión de Mathews ante la policía

Mathews no llegó a la comisaría por sus propios medios. A pocos minutos de la escena, interceptó a un patrullero que ya acudía al llamado y le dijo: “¿Vas al tiroteo? Fui parte de él”. Esto quedó registrado en la cámara corporal del oficial.

En el asiento trasero del patrullero, con lágrimas y un pequeño corte en la mejilla, Mathews le explicó su versión. “Dije ‘siento que mi vida está en peligro’. Lo dije porque sé que eso es lo que hay que decir”, declaró, tal y como consta en el video. Afirmó que Mattai había rodeado el vehículo con una pistola en la mano antes de que él abriera fuego.

También sostuvo que Mattai lo había golpeado con la cabeza antes del tiroteo, algo que Mattai negó. “Si lo hubiera golpeado con la cabeza, no se habría ido manejando”, afirmó Mattai en declaraciones al diario.

Durante la estadía en comisaría, Mathews preguntó cuatro veces por el estado de su perro Frankie. No preguntó por el hombre al que había baleado.

El estado de Mattai y lo que confesó después

En el hospital, los médicos advirtieron a la esposa de Mattai, Sally, que la cirugía de emergencia podía no ser suficiente.

Mattai sobrevivió, pero la bala le destrozó los intestinos y le fracturó la columna. Necesitó una segunda intervención al día siguiente y meses de rehabilitación.

Mattai reconoció haber consumido alcohol ese día. También admitió haber exagerado durante años la duración de su servicio en los Marines: les dijo a varios interlocutores que había servido una década, pero el cuerpo confirmó que fue menos de un año. “Es como la fachada que construí para el mundo”, confesó.

Dos semanas después del tiroteo, Mattai fue dado de alta. Al llegar a su casa, tiró todas sus calcomanías políticas a la basura. También volcó su vodka por el desagüe.

Los cargos penales y el estado judicial del caso

Mathews fue imputado por agresión dolosa, un delito de segundo grado en Ohio que puede implicar entre tres y ocho años de cárcel.

Quedó en libertad tras pagar una fianza de USD 50.000 y porta un monitor GPS en el tobillo. Su juicio está previsto para febrero de 2027.

Su abogado, Ian Friedman, anticipó que la defensa alegará legítima defensa bajo la ley de stand your ground aprobada por la legislatura republicana de Ohio en 2020, que exime del deber de intentar huir antes de usar fuerza letal ante una amenaza grave.

“Este caso nunca tuvo que ver con la política ni con ninguna otra motivación”, aseguró Friedman al diario, “salvo que Mathews se enfrentó a una situación de vida o muerte y actuó para salvar su vida”.

El fiscal local se excusó del caso porque su madre convive con Mathews, y derivó la causa a la Fiscalía General de Ohio. Esa oficina, a su vez, no recibió solicitud de evaluar cargos contra Mattai.

Cuatro meses después del tiroteo, sin embargo, un fiscal de otro condado imputó a Mattai por agresión leve y conducta desordenada, con base en esa misma denuncia.

Mattai enfrenta hasta seis meses de prisión y dijo estar dispuesto a declararse culpable o a no disputar los cargos si eso le permite evitar la cárcel.

Camina con dificultad desde entonces y no pudo retomar su trabajo como mecánico de montacargas. Jedlinsky, por su parte, se mantuvo alejado del parque durante un largo tiempo y afirmó que no recuerda haber visto el cabezazo ni planea tomar partido en el proceso judicial.

“Este país está muy dividido”, dijo Jedlinsky a The New York Times. “Hay que elegir un bando y odiar al otro”. Al final, llegó a una conclusión: después de todo lo ocurrido, ninguno de los dos hombres cambió de opinión.

Los Cayos de Florida viven un repunte del narcotráfico costero que las autoridades federales ya no tratan como un problema menor.

La cocaína llega al archipiélago por mar con una regularidad que sorprende incluso a quienes llevan décadas en la zona, y la cadena de arrestos, condenas y muertes vinculadas a esos hallazgos revela que el fenómeno tiene consecuencias graves para quienes deciden aprovecharlo.

Rick Ramsay, el sheriff del condado de Monroe, confirmó al diario The New York Times que los paquetes aparecen casi todas las semanas. Los fardos suelen estar marcados con números o símbolos que identifican a sus destinatarios: en las últimas semanas surgieron de forma reiterada ladrillos estampados con el número “333”.

El viernes 3 de octubre, alguien que recorría un parque estatal encontró un paquete con la imagen del gato de la serie animada Tom y Jerry.

Un corredor histórico del narcotráfico

El archipiélago ofrece condiciones ideales para el desembarco de estupefacientes: cientos de kilómetros de costa cubiertos de manglares e islotes que sirven de refugio ante las autoridades.

Los métodos del narcotráfico también cambiaron con el tiempo. Si en los años ochenta los contrabandistas utilizaban lanchas rápidas al estilo de Miami Vice que superaban en velocidad a la policía, hoy prefieren veleros o cargueros de apariencia inofensiva, según explicó Ramsay al medio neoyorquino.

La historia tiene raíces profundas. Durante los años setenta, el auge del tráfico de marihuana convirtió a los Cayos en una zona de operaciones para capitanes y tripulantes de embarcaciones comerciales.

Para algunos adolescentes de la región, perseguir fardos arrojados al mar se convirtió en algo parecido a un deporte. Décadas después, las apuestas son mucho más altas.

El costo de quedarse con la droga

Uno de los casos más recientes involucra a John Strama, constructor y mecánico de embarcaciones de los Cayos, condenado a 10 años de prisión por liderar una red dedicada a distribuir cocaína encontrada en el mar.

Los fiscales federales aseguraron que Strama, de 44 años, utilizaba su conocimiento de las mareas, las corrientes y los canales locales para localizar los ladrillos que caían al agua desde otras embarcaciones o que los traficantes arrojaban para evitar ser atrapados.

Sam Rabin, uno de sus abogados defensores, detalló en un escrito de sentencia el entorno familiar de su cliente: “Su padre lo enviaba solo al mar a buscar fardos flotantes de marihuana”, escribió Rabin. El juez no consideró ese antecedente como atenuante.

El caso más reciente

Bradford Picariello, propietario de Outlaw Fishing Charters en Maratón, Florida, se declaró inocente ante un tribunal federal.

La acusación sostiene que vendió cocaína a un investigador encubierto. Picariello, de 66 años, enfrenta entre 10 años y cadena perpetua si es declarado culpable.

Una fuente confidencial alertó a las autoridades de que Picariello tenía en su poder más de 20 kilogramos de cocaína, según consta en el reporte policial.

La fuente intermedió en una operación encubierta, y Picariello le indicó que “llevara una hielera para aparentar que estaba recibiendo pescado”.

En enero, vendió un kilo a un agente encubierto en una marina por USD 100.000 y fue detenido de inmediato. Luego condujo a los agentes hasta casi 20 kilos más almacenados en un contenedor.

Joseph Rosenbaum, abogado defensor de Picariello, afirmó que su cliente contestará los cargos.

“Todos los viejos pescadores con quienes hablo me dicen que tiene una reputación intachable. Están todos en shock”, declaró a The New York Times. Picariello permanece detenido en Miami.

Entre el folclore y la tragedia

El fenómeno tiene también su historial de víctimas. En 2011, un hombre de los Cayos murió de sobredosis tras consumir cocaína de un ladrillo hallado mientras pescaba con su hermano. Cuatro años más tarde, las autoridades encontraron a una joven pareja asesinada en su casa.

La causa fue una disputa derivada de la venta de cocaína encontrada en el mar por la tripulación de un barco charter. Un marinero cumple actualmente cadena perpetua por esos crímenes.

El apodo square grouper —término local para los fardos de droga que el mar arrastra hasta la costa— hace décadas que forma parte del tejido cultural de los Cayos.

En Cayo Hueso, los residentes participaron en desfiles con carrozas temáticas alusivas. Uno de los locales más populares del archipiélago se llama, precisamente, Square Grouper Bar and Grill.

Cuando la honestidad también tiene su precio

Danielle Nutten, capitana de una embarcación, encontró un ladrillo flotando entre basura después de una jornada de pesca en las aguas cercanas a Big Pine Key, a unos 48 kilómetros (30 millas) al noreste de Cayo Hueso. Ella y sus amigos acababan de capturar 48 langostas cuando hallaron el paquete.

“Una chica estaba aterrorizada de que los narcotraficantes la fueran a matar”, relató Nutten al The New York Times.

La capitana metió el ladrillo —impreso con un sol en llamas, manos en oración y las palabras “Con Dios”— en la consola central de su camioneta y recorrió la zona en busca de las autoridades. Al no encontrar ningún agente, dejó el paquete sobre el capó de una ambulancia de rescate.

Nutten reconoció que llevar la droga en su vehículo podría haberle costado caro de haber sido detenida.

Esa noche, ella y sus amigos conmemoraron el hallazgo con una cena en un restaurante de las islas vecinas. El local era Square Grouper Bar and Grill.

El hombre que las mató era el esposo de Machado: Alberto Sierra. Casi 14 años después, un jurado de Miami-Dade escucha los detalles del crimen para decidir si Sierra muere en el corredor de la muerte o pasa el resto de su vida en prisión.

Este lunes, el tribunal reprodujo la grabación en que Sierra le confesó el triple homicidio al detective Juan Chaidez, del Departamento del Sheriff de Miami-Dade. La declaración, registrada el 19 de noviembre de 2012, duró 40 minutos.

Varios miembros del jurado cerraron los ojos y sacudieron la cabeza mientras la escuchaban. Sierra, sentado en la sala, miraba hacia la mesa.

Sierra ya se declaró culpable en agosto de 2026 de tres cargos de asesinato en primer grado, tres de secuestro, dos de ultraje a cadáver y uno de allanamiento con arma.

La jueza de circuito Marisa Tinkler Mendez preside el proceso, que no debate su culpabilidad sino su condena.

Los hechos del 10 de noviembre de 2012

Lo que empezó como una salida de compras en el Mall of the Americas para adquirir un regalo a Daniela Padrino, que estaba a días de cumplir cuatro años, terminó con tres muertes.

Sierra estaba separado de Machado, pero ese día salió con ella y con las niñas al centro comercial. Después fueron a comer helado.

Durante el regreso en el automóvil, Machado rechazó dos llamadas de un nuevo interés amoroso. Sierra se enfureció. Afirmó ante los detectives que Machado lo estaba “engañando”, pese a que ambos ya no eran pareja.

Los fiscales señalaron que Sierra sacó un cuchillo dentro del vehículo. Las niñas intentaron defender a su madre. Sierra las golpeó con el codo para controlarlas en el asiento trasero. Julia y Daniela, de acuerdo con el propio Sierra, repetían: “Papi, no, papi, no”.

Al llegar a la vivienda de Flagami que alguna vez compartieron como familia, Sierra le ató las manos a Machado con una cuerda de nailon y le exigió el código de su teléfono. Cuando ella se negó, la amenazó con el cuchillo. Finalmente, Machado cedió.

Lo que ocurrió dentro de la vivienda

Con Machado sobre una cama, Sierra le apoyó una pierna en el pecho para inmovilizarla y le colocó sobre el rostro una bolsa plástica amarilla del supermercado Sedano’s. Ella forcejeó. Sierra giró la cabeza para no ver la escena.

Según la declaración reproducida por el Miami Herald, Sierra dijo que estaba “devastado” y que lloraba, pero una hora después del ataque decidió quitarle la ropa a Machado, le cortó la camisa y el sostén con unas tijeras y la agredió sexualmente.

Poco después, Julia tocó la puerta para pedir ir al baño. Al ver a su madre, comenzó a gritar. Sierra la colocó boca abajo sobre el colchón y utilizó la misma bolsa plástica para asfixiarla.

Usó el peso de su cuerpo para sujetarla y sus rodillas para inmovilizarle los brazos. Luego agredió sexualmente el cuerpo de la niña.

Después fue al cuarto donde dormía Daniela. Se acercó por detrás y cubrió la cabeza de la pequeña con la bolsa.

“Danielita”, la llamó Sierra en la grabación, forcejeó, pero mucho menos que su madre y su hermana. Sierra la tomó por las axilas y la llevó al armario.

Los tres cuerpos fueron encontrados el 13 de noviembre de 2012, tres días después de los asesinatos.

Cómo los investigadores llegaron a Sierra

Chaidez explicó al jurado cómo reconstruyó el caso. El detective interrogó a Sierra por primera vez el 14 de noviembre de 2012, le tomó muestras de ADN y lo dejó en libertad.

En ese primer encuentro, Sierra no mostró ninguna emoción al hablar de las niñas muertas, tal como el detective confirmó ante los fiscales: “Para nada”, respondió cuando le preguntaron si el acusado había llorado o se había alterado.

Los resultados del análisis genético fueron determinantes. El ADN de Sierra apareció en el pecho de Machado, en las manos, los pantalones y la ropa interior de Julia, y en las manos de Daniela.

Cuando Chaidez lo confrontó con esa información en un segundo interrogatorio, el lenguaje corporal de Sierra cambió de inmediato: bajó la cabeza, comenzó a temblar y le dijo al detective que estaba dispuesto a relatar lo que había ocurrido.

Es el audio que el jurado escuchó este lunes. El primer interrogatorio no quedó registrado en video, conforme a las políticas del Departamento en vigencia en aquel momento.

Antes de ser trasladado a prisión, Sierra le dijo a Chaidez: “Le di mi vida y ella se cagó en ella”, según relató el propio detective ante el tribunal.

La semana previa, la patóloga forense Emma Lew había declarado que las personas sometidas a asfixia están conscientes de lo que les espera y que el proceso puede tardar varios minutos.

La fiscal Abbe Rifkin lo describió en sala como una “muerte lenta”. El jurado continúa con la deliberación del caso, en el que Sierra enfrenta una posible condena a muerte.

Cada vez hay más provincias que prohíben a los “trapitos”. El gobernador Maximiliano Pullaro promulgó ayer la Ley 14.486, que aplica sanciones de hasta 80 días de arresto al ofrecimiento de estacionamiento, guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos en la vía pública a cambio de dinero u otro beneficio, incluso cuando es voluntario.

El decreto 2121, firmado también por el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, puso en vigencia la iniciativa impulsada por el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas. En esa ciudad, hay 1.218 de los 1.395 cuidacoches identificados.

La promulgación llega después de años de discusión e incluso persecución policial a la actividad. Solo en 2025, según reportes de Rosario, hubo 200 detenciones vinculadas con esa actividad.

La ley incorpora al Código de Convivencia de Santa Fe como contravención la tarea de los trapitos. El régimen solo podrá aplicarse en los municipios que adhieran mediante una ordenanza propia.

La Legislatura había aprobado la norma dos semanas antes, cuando el Senado insistió con su versión original y rechazó los cambios incorporados por la Cámara de Diputados. Hubo resistencias, por ejemplo, del Arzobispado de Rosario, que a través de su obispo Eduardo Martín ya venía cuestionando la prohibición y había propuesto “regulación y ordenamiento de la actividad”.

La contravención alcanza a quienes actúen sin autorización en lugares donde una disposición municipal prohíba la actividad. La prohibición rige incluso cuando el pago sea presentado como una colaboración voluntaria.

La pena inicial será de dos a diez días de trabajo comunitario y la imposibilidad de volver al lugar donde se cometió la infracción. En caso de reincidencia, la sanción pasará a ser de 10 a 20 días de arresto.

Las penas y sus agravantes

Los mínimos y máximos se duplicarán si hubo violencia o amenazas, si la actividad se desarrolló en áreas de estacionamiento tarifado o si se aprovechó una situación de vulnerabilidad de la víctima. La misma escala se aplicará a los hechos cometidos entre las 18 y las 6, en zonas escolares, bancarias, comerciales o cercanas a edificios públicos.

La sanción agravada también abarcará las inmediaciones de espectáculos y eventos públicos masivos, dentro de un radio de hasta 20 cuadras. Ese alcance se extenderá desde dos horas antes del inicio de la actividad hasta una hora después de su finalización.

Cuando dos o más personas acuerden previamente realizar estas tareas, recibirán entre 10 y 20 días de arresto. Si se comprueba la existencia de organizadores, coordinadores o responsables, el máximo de la pena podrá multiplicarse por cuatro, es decir, puede alcanzar hasta 80 días de arresto.

El gobierno de Santa Fe deberá desarrollar políticas de prevención e inclusión junto con los gobiernos locales. Esas medidas contemplarán capacitación en oficios, intermediación laboral y acciones sobre salud mental y consumos problemáticos.

Los municipios serán responsables de aplicar las contravenciones y podrán solicitar intervención policial para apartar del espacio público a los presuntos infractores. Cada administración local deberá aprobar su adhesión para que el esquema entre en funcionamiento.

Rosario prepara su adhesión

El Concejo Municipal de Rosario realizó su cuarta mesa de trabajo sobre la situación de los cuidacoches el mismo viernes de la promulgación. En ese marco, Seisas participó del encuentro para exponer los alcances de la ley y las dificultades de su implementación en la ciudad.

La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, sostuvo que la legislación provincial establece un marco al que cada municipio debe adherir y se planteó avanzar con la ordenanza que habilite su aplicación local. En el ámbito legislativo, se debatió la necesidad de distinguir los casos de extorsión de aquellos en los que existe un pedido de colaboración voluntaria.

Otros distritos y provincias ya avanzaron en medidas similares, luego de una primera etapa de regulación y registro, que no logró la simpatía de la población. Este año, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sancionó una normativa semejante, donde incorporó multas que superan los 6 millones de pesos y penas de hasta dos meses de cárcel.

A mediados de abril, el Gobierno de Córdoba promulgó también una prohibición de cuidacoches (conocidos localmente como “naranjitas”), limpiavidrios no autorizados y las carreras de picadas. La normativa establece penas de arresto de hasta seis días y nuevas figuras contravencionales para quienes ejerzan estas actividades sin permiso municipal.

Y en 2018, Mendoza aprobó tempranamente las restricciones y la ilegalidad de la actividad de “trapitos” y “limpiavidrios” en la vía pública.

El caso se convirtió en uno de los juicios por asesinato más seguidos del estado en lo que va del año, de acuerdo con ABC News.

Flynn, de 40 años, enfrenta desde 20 años hasta cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La audiencia ante la jueza Jeannine Pratt está programada para las 3 p.m. (hora del Este).

El pasado 29 de septiembre, un jurado lo declaró culpable de todos los cargos en su contra, entre ellos asesinato agravado y alteración de pruebas.

La noche del crimen y la versión que no le creyeron

La madrugada del 16 de febrero de 2026, Flynn alegó que un intruso había irrumpido en su casa al norte de Dayton y disparado a su esposa, Ashley Flynn, de 37 años. Fue detenido tres días después.

La fiscalía sostuvo que Flynn ejecutó a Ashley con dos disparos en la parte posterior de la cabeza mientras la víctima estaba en cama. Luego manipuló la escena: dañó una puerta lateral del garaje para simular una entrada forzada.

El fiscal auxiliar del condado de Miami, Matthew Joseph, fue terminante durante los alegatos finales. “La prueba no narra la historia de un intruso”, afirmó ante el jurado.

Además, señaló que las comunicaciones digitales y los registros de la noche del crimen “apuntan directamente al acusado”.

Por qué la fiscalía dijo que tenía razones para hacerlo

Alleigha Botner, la ex amante de Flynn, declaró como testigo de cargo durante dos jornadas. En ese tiempo, leyó en voz alta fragmentos de la extensa comunicación que ambos mantuvieron.

Uno de los mensajes, enviado por Flynn en mayo de 2025, resultó particularmente contundente: “Si pudiera literalmente matarla sin irme al infierno, lo haría de todo corazón”, tal como lo leyó la testigo en la sala, según recogió ABC News.

Al eliminar a su esposa, Flynn podía conservar su puesto de trabajo en la empresa familiar de Ashley, cobrar el seguro de vida de ella y mantener intacta su imagen como líder de adoración dentro de la iglesia, tal como expuso Joseph ante el tribunal.

Flynn no testificó en su propio juicio. La defensa tampoco llamó a ningún testigo.

El veredicto y la reacción de la familia de la víctima

Ese mismo día, el jurado lo halló culpable de asesinato agravado, tres cargos de homicidio, dos cargos de agresión grave y tres cargos de alteración de pruebas.

En siete de esas condenas, el jurado también determinó que Flynn empleó un arma de fuego, lo que implica un agravante sobre la pena.

El fiscal Paul Watkins agradeció públicamente al jurado “por su dedicación a la justicia en este caso”.

La familia de Ashley Flynn emitió una declaración leída por Watkins. “Nos negamos a que el mal que acabó con la vida de Ashley tenga la última palabra en su historia”, expresó la familia, que además destacó que la víctima “amaba a su gente, encontraba alegría por encima de las circunstancias y quería que su vida señalara a Jesús”. “Sobre todo, amaba ser mamá”, agregó el texto.

Qué pasó después del veredicto y qué viene ahora

El 1 de octubre, cuatro días antes de la sentencia, Flynn compareció ante la jueza Pratt en una audiencia de menos de seis minutos.

Allí fue notificado de que deberá inscribirse durante 10 años en el Registro de Delincuentes Violentos de Ohio, con renovación anual y obligación de informar al sheriff de cualquier cambio de domicilio en un plazo de tres días.

La defensa, encabezada por Patrick Mulligan, ya anticipó que presentará una apelación. “Anticipo plenamente que se presentará una notificación de apelación y que esta decisión será sometida a un examen riguroso ante el tribunal de apelaciones”, afirmó el letrado tras conocerse el veredicto.

El argumento central, informó ABC News, es la supuesta falta de pruebas sobre la premeditación del crimen.

Pese a estar prohibido en la mayoría de los estados, estos rituales siguen ocurriendo de forma encubierta, y las condenas que siguen a las muertes rara vez superan unos pocos meses de prisión.

El caso de Colin Daniel Martínez es el más reciente en una larga lista, según informó CBS News.

Martínez tenía 18 años cuando murió el 31 de enero durante una noche de iniciación en la fraternidad Delta Tau Delta, en la Universidad del Norte de Arizona (NAU).

La autopsia determinó que la causa fue una intoxicación alcohólica: su nivel de alcohol en sangre era de 0,425%, más de cinco veces el límite legal para conductores mayores de 21 años en el estado de Arizona. Había testigos presentes esa noche. Ninguno pidió ayuda.

El ritual que terminó con la vida de Colin Martínez

Martínez fue uno de cuatro aspirantes a la fraternidad que, durante el ritual de iniciación, compartieron dos botellas de vodka. El objetivo, según constan en documentos judiciales, era provocar el vómito como parte de la prueba.

A lo largo de esa noche, varios testigos revisaron la respiración y el pulso del joven en busca de señales de intoxicación, pero ninguno llamó a los servicios de emergencia.

Eslick se declaró culpable de un cargo de hazing como delito grave. Además de los dos meses de cárcel, el juez le impuso tres años de libertad supervisada.

Como parte de las condiciones de la libertad supervisada, deberá crear e impartir 305 presentaciones sobre los peligros del hazing, mantener al tribunal informado de su progreso y abstenerse del consumo de alcohol o drogas, salvo prescripción médica. De no cumplir con estas condiciones, podría enfrentar tiempo adicional de prisión.

Los padres de la víctima pidieron justicia y cambios

Los padres de Martínez participaron de la audiencia de manera remota. Ante el tribunal, pidieron responsabilidad y reformas dentro de la cultura de las fraternidades universitarias, tal como informó CBS News a través de su filial en Phoenix, KPHO-TV.

La audiencia comenzó con los testimonios de cinco familiares y amigos de Eslick, quienes describieron su carácter pero también advirtieron sobre los peligros de ciertas dinámicas dentro de las fraternidades.

Entre ellos habló Cody Eslick, padre del condenado. “Mientras intentaba enseñarles estas cosas a mis hijos, me di cuenta de que no le había enseñado a él o de que no se las había explicado, y en esos vacíos entraron influencias y comunidades tóxicas”, declaró ante el tribunal, según recogió KPHO-TV.

Carter Eslick también pidió disculpas a la familia de Martínez durante la audiencia. “Lo siento profunda e incalculablemente por los hechos ocurridos el 31 de enero, y me hago plenamente responsable por el rol que tuve en ese ritual”, afirmó Eslick, tal como consignó KPHO-TV. “Si hubiera sabido que algún día la vida de alguien estaría en mis manos, jamás me habría involucrado”.

La jueza señaló que Eslick sabía que lo que hacía era peligroso

La jueza Stacy Krueger sostuvo que Eslick era consciente del riesgo que implicaban sus acciones y expresó su preocupación por el hecho de que nadie hubiera alzado la voz para detener el ritual.

El fiscal del condado de Coconino, Ammon Barker, subrayó que ninguna condena puede reparar el daño causado a la familia Martínez. “Mi esperanza es que este caso ayude a la gente a comprender los graves peligros del hazing y los motive a intervenir antes de que otra familia viva este tipo de pérdida”, declaró Barker en un comunicado.

Tras la muerte de Martínez, la NAU suspendió a la fraternidad Delta Tau Delta. Posteriormente, la organización nacional dispuso el cierre definitivo del capítulo (sede local) universitario.

La Fiscalía General de la República (FGR) logró una sentencia de 29 años de prisión contra Mario Hidalgo Argüello, alias “El Nariz” o “El Mayo”, señalado como integrante de alta relevancia del Cártel de Sinaloa.

El hombre fue detenido en febrero de 2014 por elementos de la Secretaría de Marina en Culiacán, Sinaloa, con armas de fuego, cargadores, cartuchos, narcóticos, vehículos y dinero en efectivo, y el fallo se dictó tras un proceso judicial que incluyó una extradición, una suspensión del procedimiento y una reaprehensión posterior.

Conviene aclarar que este “Mayo” no corresponde a Ismael Zambada García, el histórico cofundador del Cártel de Sinaloa detenido en Estados Unidos en 2024. Se trata de una persona distinta que utilizaba el mismo apodo dentro de la estructura criminal.

La detención en Culiacán en febrero de 2014

Elementos de la Marina detuvieron a Mario Hidalgo Argüello en Culiacán durante febrero de 2014. En el operativo le aseguraron armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, cargadores, cartuchos, narcóticos, vehículos y numerario.

El Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Federal en Sinaloa documentó entonces los delitos de portación y posesión de arma de fuego. También se le atribuyó el delito contra la salud por posesión de clorhidrato de cocaína con fines de venta.

Las pruebas recabadas en ese momento se convirtieron en la base de la acusación federal. Esa evidencia permitió más tarde sostener la responsabilidad penal del detenido ante un juez.

El caso permaneció en pausa durante varios años debido a un proceso de extradición. La suspensión del procedimiento judicial impidió que la causa avanzara de manera inmediata.

La reaprehensión en Tijuana y el traslado al Cefereso 11

En enero de 2025, autoridades cumplimentaron una orden de reaprehensión contra Mario Hidalgo Argüello en Tijuana, Baja California. La detención permitió reactivar el expediente que había quedado suspendido años antes.

Tras su captura, el hombre fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 11, conocido como “CPS-Sonora”. Desde ese penal, la FGR solicitó formalmente la reanudación del proceso judicial pendiente.

La Fiscalía Especializada de Control Regional, dependiente de la propia FGR, participó en la etapa final del litigio. Ese organismo aportó los elementos necesarios para que la autoridad judicial resolviera sobre la responsabilidad penal del acusado.

El juez consideró acreditados los delitos de portación de arma de fuego, posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas. También confirmó el delito contra la salud por posesión de cocaína con fines de venta.

La combinación de estos delitos derivó en la pena de 29 años de prisión. La sentencia representa el cierre de un proceso que se extendió por más de una década desde la detención original.

La diferencia entre Mario Hidalgo Argüello y Ismael Zambada García

El alias “El Mayo” generó confusión pública apenas se difundió la sentencia. La coincidencia del apodo llevó a muchas personas a vincular el caso con Ismael Zambada García, el fundador histórico del Cártel de Sinaloa.

Zambada García fue detenido en territorio estadounidense en 2024 y enfrenta un proceso judicial distinto en ese país. La Fiscalía lo acusó de liderar durante décadas una empresa criminal continua dedicada al tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo hacia ese país.

Los fiscales también le atribuyeron una red de sobornos a policías, militares y funcionarios mexicanos, además de ordenar asesinatos y secuestros para proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa. En cambio, Mario Hidalgo Argüello fue juzgado y sentenciado en México por hechos ocurridos una década atrás.

Las autoridades no establecieron ningún vínculo formal entre ambos personajes más allá del apodo compartido. La FGR identificó a Hidalgo Argüello como integrante de alta relevancia del Cártel de Sinaloa, sin precisar el rol exacto que ocupaba dentro de la organización.

La coincidencia de alias es un fenómeno habitual entre miembros de grupos criminales en México. Distintos operadores suelen adoptar sobrenombres similares, lo que complica la identificación pública de los casos judiciales.

La sentencia contra Hidalgo Argüello se suma a otras resoluciones recientes que la FGR ha difundido contra integrantes de grupos criminales. El organismo ha destacado en sus comunicados la obtención de condenas prolongadas como resultado de investigaciones de varios años.

El expediente completo incluyó pruebas materiales aseguradas en 2014 junto con las diligencias realizadas tras la reaprehensión de 2025. Esa continuidad probatoria permitió sostener la acusación pese al prolongado paso del tiempo.

Sin embargo, la FGR no detalló públicamente cuántos cómplices o estructuras adicionales estuvieron relacionados con la detención de 2014.

Las autoridades federales reiteraron que continuarán con investigaciones similares contra integrantes de grupos criminales en Sinaloa y otras entidades. La FGR no adelantó si existen otras causas pendientes vinculadas con Mario Hidalgo Argüello.

La exfundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, encarcelada por el fraude más resonante de Silicon Valley, rompió el silencio con un mensaje en redes sociales. Su traslado a una casa de transición está previsto para 2027, aunque su liberación definitiva no se espera antes del 22 de febrero de 2030.

Desde la prisión federal donde cumple su condena, la exmagnate publicó un mensaje en su cuenta de X: “Fui silenciada durante mucho tiempo. Y luego encarcelada. Estoy luchando para probar mi inocencia y volver a casa con mis bebés y el amor de mi vida”, escribió Holmes. “Llevo 1.216 días y noches interminables encarcelada”, agregó. “Billy (su pareja) es una de las personas que lleva esa responsabilidad por mí. Lucha ferozmente por mí y por nuestra familia. Lo amo más allá del espacio y el tiempo.”

Holmes, condenada en 2022 por fraude a inversores, cumple su pena en el Federal Prison Camp Bryan, un establecimiento de mínima seguridad para mujeres ubicado en Texas.

La publicación también incluye una aclaración sobre el manejo de su cuenta en redes sociales. Holmes señala que, durante los días que lleva detenida, allegados suyos se encargaron de administrar el perfil. A partir de ahora, dice, identificará sus propias publicaciones con las iniciales “EAH”.

“Las publicaciones sin esa firma son del equipo que gestiona esta cuenta”, aclaró. La exfundadora de Theranos afirma que busca “exponer la verdad y desafiar percepciones profundamente arraigadas”, aunque sus declaraciones de inocencia no tienen respaldo judicial.

Holmes cerró su mensaje con una cita del Evangelio: “La verdad os hará libres” (Juan 8:32).

Qué fue Theranos y por qué Holmes fue condenada por fraude

Holmes dejó la Universidad de Stanford a los 19 años para fundar Theranos con una promesa que sacudió el mundo de la salud: realizar hasta 240 análisis clínicos con una sola gota de sangre, a menor costo y con resultados más rápidos que los métodos convencionales. La propuesta atrajo cerca de USD 945 millones en financiación y llevó a la empresa a una valuación de USD 9.000 millones. Holmes llegó a ser comparada con Steve Jobs y su figura encabezó portadas de revistas de negocios en todo el mundo.

El edificio se derrumbó en 2015, cuando una investigación de The Wall Street Journal reveló que Theranos solo realizaba con su tecnología propia una fracción de los cientos de análisis que ofrecía. El resto se procesaba con equipos convencionales de terceras empresas, y las muestras de sangre se diluían —lo que afectaba la precisión de los resultados—.

La compañía se disolvió en septiembre de 2018. Ese año, Holmes y el expresidente de la empresa, Ramesh “Sunny” Balwani, fueron imputados por fraude electrónico y conspiración. Ambos se declararon no culpables.

La condena de Holmes: 11 años de prisión reducidos a 10 años y tres meses

Tras un juicio de casi cuatro meses, un jurado declaró culpable a Holmes el 3 de enero de 2022 de un cargo de conspiración para defraudar a inversores y tres cargos de fraude electrónico sobre inversores individuales, por transferencias que sumaron más de USD 140 millones. El jurado la absolvió de los cargos relacionados con pacientes.

El 18 de noviembre de ese año, el juez federal Edward Davila fijó una pena de 11 años y tres meses de prisión, según consta en el comunicado oficial de la Fiscalía federal del Distrito Norte de California. Holmes ingresó al Federal Prison Camp Bryan en mayo de 2023.

“Durante casi una década, Elizabeth Holmes fabricó y difundió elaboradas falsedades para atraer a una legión de inversores y su engaño causó la pérdida de cientos de millones de dólares”, declaró en ese momento la fiscal federal Stephanie M. Hinds. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó tres años de supervisión posterior a su liberación y una restitución de USD 452 millones a las víctimas del fraude.

A comienzos de 2026, el juez federal Edward Davila redujo la condena a 10 años y tres meses —de 135 a 123 meses— como resultado de un cambio retroactivo en las pautas federales de sentencia y de créditos de tiempo obtenidos bajo la First Step Act, una ley federal de reforma penitenciaria que permite reducir condenas mediante programas de rehabilitación y buena conducta.

“Esta reducción no disminuye la enormidad de los crímenes de Holmes”, escribió Davila en la resolución, según informó ABC News. La fecha de liberación definitiva permanece fijada para el 22 de febrero de 2030, momento en que Holmes residirá en Austin, Texas, bajo supervisión de la Oficina de Libertad Condicional de Estados Unidos.

El traslado a una casa de transición previsto para agosto de 2027

Antes de su liberación definitiva, Holmes tiene aprobado su traslado al Austin Transitional Center, en Del Valle, Texas, para el 23 de agosto de 2027. La Oficina Federal de Prisiones (BOP) notificó el traslado a las víctimas de su condena mediante cartas a las que tuvo acceso The New York Times.

Los centros de reinserción residencial —también llamados casas de transición o halfway houses— son establecimientos con supervisión estatal destinados a personas próximas a recuperar la libertad. Según la BOP, pueden ofrecer asistencia para la búsqueda de empleo y orientación financiera. El traslado no implica una liberación anticipada ni modifica la fecha oficial de excarcelación.

El documental de Nathan Fielder sobre los días previos al ingreso de Holmes en prisión

El mensaje de Holmes llega días antes del estreno de You Can See Everything, un documental producido por Nathan Fielder que registra los 34 días que la exempresaria pasó en libertad antes de ingresar a prisión. Fielder convivió con Holmes y su familia durante ese período y mantuvo contacto con ella durante los tres años posteriores. El filme, de tres horas de duración, tiene previsto su estreno comercial en octubre.

El próximo paso conocido en la situación penitenciaria de Holmes es su traslado al Austin Transitional Center, programado para agosto de 2027.

Cada octubre, varios jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos asisten a la Red Mass, una misa católica en la Catedral de San Mateo Apóstol de Washington D.C. que marca el inicio del período de sesiones del tribunal.

El 5 de octubre de 2025, la ceremonia nunca llegó a celebrarse con normalidad: la policía encontró frente al templo una carpa cargada de explosivos.

Louis Geri, vecino de Vineland, Nueva Jersey, fue detenido en el lugar con más de 100 artefactos caseros y una lista de exigencias.

Un tribunal federal lo condenó esta semana a 5 años y 10 meses de prisión. Ningún magistrado había asistido a esa edición de la misa.

Geri instaló una carpa con explosivos y una lista de exigencias en la puerta de la iglesia

Cuando los agentes de policía despejaban el área previa a la misa, encontraron a Geri con una carpa montada sobre los escalones del templo.

Dentro había un documento de nueve páginas con sus demandas —que incluían dinero, un “vuelo de expatriación” a Japón y que la Corte Suprema excluyera a Arizona de los Estados Unidos— y los artefactos explosivos.

Geri les advirtió a los oficiales que “varias de sus personas van a morir por uno de estos” si sus exigencias no eran satisfechas, de acuerdo con AP News.

La fiscalía subrayó en el expediente, citado por la agencia, que el objetivo era claro: “Personas inocentes morirían y monumentos históricos como el Monumento a Washington, la Corte Suprema y la Casa Blanca serían destruidos”.

La policía también halló en su poder documentación que expresaba, de acuerdo con los registros del caso, “una animosidad significativa” hacia la Iglesia Católica, el pueblo judío y la propia Corte Suprema. Geri había viajado hasta Washington desde Arkansas.

La defensa atribuyó la conducta a un trastorno mental sin tratar

La abogada defensora Elizabeth Mullin explicó, según AP News, que su cliente fue diagnosticado con trastorno bipolar hace más de dos décadas y que había dejado de tomar su medicación en los meses previos al incidente.

“Su conducta fue el producto de una condición médica tratable fuera de control, no de malicia ni de una intención real de causar daño”, sostuvo Mullin ante el tribunal.

En marzo de 2026, Geri se declaró culpable de dos cargos: posesión ilegal de un dispositivo destructivo y extorsión mediante el uso de la fuerza, la violencia o el miedo.

El juez reconoció la gravedad del caso, pero también la historia clínica del acusado

El juez federal Randolph Moss dictó una pena de 5 años y 10 meses de prisión, seguida de 3 años de libertad supervisada.

Moss indicó que tuvo en cuenta tanto el peligro que Geri representa para la sociedad como su historial de “problemas de salud mental muy serios”, y señaló que el acceso a tratamiento será parte central de su supervisión.

“Este fue un delito extremadamente grave”, afirmó el magistrado durante la audiencia, tal como recogió la agencia. “Pudo haberse llevado a cabo de una manera extravagante, pero la amenaza de violencia fue real”.

Ambas partes habían acordado previamente un rango de entre 5 años y 10 meses, y 7 años y 3 meses.

El juez no estaba obligado a respetar ese acuerdo, aunque Geri tenía la posibilidad de retirar su declaración de culpabilidad si la sentencia hubiera superado ese tope. La pena dictada se ubicó en el extremo inferior del rango pactado.

TRICARE es el seguro médico que cubre a más de nueve millones de militares en servicio activo, veteranos y sus familias en Estados Unidos.

Es, también, el programa que Kevin D. Curry usó como fuente de ingresos durante más de tres años: facturó tratamientos que sus pacientes nunca recibieron, sobornó a beneficiarios para que aceptaran terapias para las que no calificaban y se hizo pasar por médico ante quienes acudían a sus clínicas. El jueves 24 de septiembre, un jurado federal de Fort Worth lo declaró culpable.

Curry, de 64 años y residente de Frisco, Texas, es en realidad un consejero profesional licenciado, sin título médico.

Según el Departamento de Justicia (DOJ), operaba tres clínicas bajo nombres corporativos y utilizó credenciales de médicos habilitados —sin su conocimiento ni consentimiento— para presentar reclamos ante TRICARE y mantener el esquema en funcionamiento.

El esquema defraudó más de USD 26 millones al programa de salud de las Fuerzas Armadas

Los fiscales federales sostienen que la modalidad central del fraude consistía en facturar tratamientos de estimulación magnética transcraneal (TMS) que eran innecesarios desde el punto de vista médico o que, en muchos casos, jamás se administraron.

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios locales, la operación habría funcionado entre septiembre de 2022 y finales de 2025.

Curry operaba tres clínicas de salud mental bajo las razones sociales Acuity TMS of Plano LLC y Acuity TMS of Fort Worth LLC, en Texas, y Emerald Coast TMS of Fort Walton Beach LLC, en Florida, según consigna el comunicado oficial del DOJ.

En conjunto, las tres clínicas pagaron más de USD 5,5 millones en sobornos ilegales para persuadir a militares activos, veteranos y familiares de que aceptaran tratamientos de TMS para los que no calificaban.

Curry instruyó a sus empleados para fabricar historias clínicas y justificar los cobros

El organismo federal detalló que, además de usurpar credenciales médicas ajenas, Curry ordenó a su personal fabricar registros clínicos para respaldar las facturaciones fraudulentas ante TRICARE.

TRICARE llegó a desembolsar aproximadamente USD 17 millones antes de que el esquema fuera desarticulado.

El acusado blanqueó parte del dinero en fiestas temáticas y una camioneta chapada en oro

Con parte de esos fondos, Curry realizó una serie de gastos ostentosos.

Según el mismo expediente, entre ellos se cuentan alojamientos en hoteles cinco estrellas, la compra de muebles de alto costo, la organización de una fiesta temática de casino para empleados y beneficiarios de TRICARE, y la adquisición de una Tesla Cybertruck chapada en oro valuada en más de USD 100.000, que terminó siendo presentada como prueba material durante el proceso judicial.

Las autoridades incautaron activos por un valor aproximado de USD 200.000, entre ellos USD 136.022 en efectivo y el propio vehículo, según el comunicado de imputación del DOJ del Distrito Norte de Texas.

“Este acusado explotó un programa de salud crítico destinado a militares en servicio activo y sus familias, desviando fondos de los contribuyentes para financiar lujos personales”, señaló el subsecretario de Justicia Colin M. McDonald, de la División Nacional de Enforcement contra el Fraude, en el comunicado oficial del DOJ.

Por su parte, el fiscal federal Ryan Raybould acusó a Curry de “aprovecharse sin escrúpulos de la confianza de militares, veteranos y sus familias”.

Curry enfrenta un máximo de 90 años de prisión, con sentencia pendiente

La sentencia será determinada por un juez federal en una audiencia aún sin fecha pública confirmada.

Cada uno de los nueve cargos contempla una pena máxima de 10 años de prisión, lo que representa un techo conjunto de 90 años, aunque el juez tomará en cuenta las Pautas de Sentencias Federales y otros factores establecidos por ley al momento de resolver, según el organismo federal.

En 2017, las primeras denuncias contra Harvey Weinstein sacudieron Hollywood y desencadenaron el movimiento #MeToo a escala global.

Nueve años después, el ex productor cinematográfico que dominó la industria del entretenimiento durante décadas recibió este miércoles una condena de 15 años de prisión en Nueva York, al cabo de un proceso judicial que atravesó dos estados, tres juicios y una condena previa anulada.

El juez Curtis Farber fijó la pena en un punto intermedio entre lo que pedía cada parte: la fiscalía había solicitado 20 años; la defensa, nueve. Weinstein, de 74 años, permanecerá detrás de las rejas hasta bien entrada la próxima década.

Un caso que comenzó en 2018 y pasó por tres juicios antes de cerrarse

El proceso penal neoyorquino contra Weinstein arrancó en 2018, cuando la fiscalía del entonces fiscal de distrito Cyrus Vance Jr. lo imputó por delitos sexuales. En marzo de 2020, un jurado lo declaró culpable y fue sentenciado a 23 años de prisión.

Sin embargo, el tribunal de apelaciones más alto de Nueva York anuló esa condena en 2024. Los jueces determinaron que Weinstein no había recibido un juicio justo, porque el magistrado de primera instancia había admitido testimonios de mujeres cuyos casos no formaban parte de la acusación formal.

En el segundo juicio, celebrado en 2025, el jurado volvió a condenarlo por el acto sexual criminal contra Miriam Haley, pero lo absolvió de otro cargo vinculado a Kaja Sokola y quedó sin veredicto en la acusación de violación contra Jessica Mann.

Un tercer juicio sobre ese último cargo terminó también en jurado paralizado, en mayo de este año.

Ante esa situación, la fiscalía de Manhattan, ahora bajo la conducción del fiscal de distrito Alvin Bragg, decidió no ir a un cuarto juicio.

Mann había manifestado que no podía volver a testificar. “En consideración de la postura de la señora Mann, y en reconocimiento de la condena por delito grave de clase B de Weinstein por agredir sexualmente a Haley, no llevaremos adelante un cuarto juicio”, afirmó Bragg en un comunicado, tal como recogió la agencia Associated Press.

La víctima habló ante el tribunal y Weinstein también se dirigió al juez antes de conocer la pena

Haley, de 49 años, ciudadana sueca que trabaja actualmente en publicidad, prestó declaración en dos de los tres juicios. En el segundo, describió con detalle cómo Weinstein la inmovilizó sobre una cama en su apartamento de SoHo y la agredió sexualmente. “Lo impensable estaba ocurriendo”, declaró ante el tribunal, con los ojos llorosos, tal como informó Associated Press.

Este miércoles, antes de que el juez Farber dictara la pena, Haley volvió a tomar la palabra. Su abogada, Gloria Allred, había confirmado que hablaría en la audiencia. El propio Weinstein también se dirigió al tribunal, según confirmó su vocero, Juda Engelmayer.

El ex productor —responsable de películas galardonadas con el Óscar como Pulp Fiction y Shakespeare enamorado— negó de forma consistente haber violado o agredido sexualmente a alguna de las mujeres que lo acusaron.

La condena en California sigue en pie, aunque un tribunal ordenó una nueva sentencia

El caso de Nueva York no es el único frente legal que enfrenta Weinstein. En 2022, un jurado de Los Ángeles lo declaró culpable de violación y dos cargos de agresión sexual contra una modelo y actriz italiana identificada durante el juicio como Jane Doe 1. En febrero de 2023 fue sentenciado a 16 años de prisión en ese estado.

En junio de este año, un tribunal de apelaciones de California confirmó esa condena, pero ordenó al juez de primera instancia que vuelva a determinar la pena.

El panel de tres jueces explicó que la sentencia original fue dictada tomando en cuenta las condenas de Nueva York que luego fueron anuladas, lo que constituyó un error. Rob Bonta, el fiscal general de California, coincidió con esa postura.

La pena californiana deberá cumplirse de forma consecutiva a la de Nueva York, lo que significa que Weinstein tendría que terminar primero su condena en ese estado antes de ser trasladado a California. Actualmente permanece detenido en Rikers Island y en el ala penitenciaria del hospital Bellevue, en Nueva York.

Las acusaciones contra el ex productor, publicadas en 2017 por The New York Times y The New Yorker, provocaron su destitución inmediata de Miramax, la empresa que él mismo había fundado, y su expulsión de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Weinstein tiene la posibilidad de apelar la sentencia de este miércoles, tal como informó Associated Press. Además, enfrenta una demanda civil en un tribunal estatal de Manhattan, presentada la semana pasada por una mujer que lo acusa, junto al empresario James Dolan, dueño de los New York Knicks, de haberla agredido sexualmente en 2013.

Más de seis años después de su primera condena, Harvey Weinstein enfrenta hoy una nueva sentencia en Nueva York por agredir sexualmente a la exasistente de producción Miriam Haley en su apartamento de SoHo en 2006.

Los fiscales del Distrito de Manhattan piden 20 años de prisión para el productor de 74 años, pena que equivaldría, en la práctica, a una condena de por vida, informó AP News.

La audiencia de este miércoles ante el juez de la Suprema Corte de Manhattan, Curtis Farber, cierra el capítulo neoyorquino de una causa que atravesó tres juicios, dos absoluciones parciales y una anulación de condena. Por ese cargo de agresión sexual, Weinstein podría recibir hasta 25 años.

El jurado lo volvió a condenar por la misma víctima en 2025

Weinstein fue condenado por primera vez en 2020 por agredir a Haley y violar a la aspirante a actriz Jessica Mann, y recibió una pena de 23 años.

El tribunal de apelaciones de más alto rango del estado anuló ese veredicto en 2024 al determinar que el productor no había tenido un juicio justo: el testimonio de mujeres cuyas denuncias no formaban parte del caso lo había perjudicado.

En el segundo juicio, celebrado el año pasado, el jurado volvió a condenarlo por agresión sexual contra Haley, pero lo absolvió de otro cargo relacionado con una tercera mujer y no llegó a un acuerdo sobre la acusación de violación contra Mann.

El juez Farber ordenó un tercer juicio sobre ese cargo pendiente antes de pronunciar sentencia.

Un tercer jurado quedó trabado y la fiscalía retiró el cargo de violación

En mayo pasado, un tercer jurado también quedó trabado en el cargo de violación. La Fiscalía del Distrito de Manhattan, encabezada por Alvin Bragg, decidió entonces retirar la acusación contra Weinstein y descartó un cuarto juicio, en parte porque Mann manifestó que no podía soportar volver a testificar.

Esa decisión despejó el camino para la audiencia de este miércoles. Haley, representada por la abogada Gloria Allred, tiene previsto hacer una declaración de impacto ante el tribunal; Weinstein también se dirigirá al juez, según confirmó su portavoz, Juda Engelmayer.

Tras la condena del año pasado, Haley había expresado su alivio fuera del tribunal. “Es un gran alivio para todos. Estoy contenta de haberme presentado a pesar de algunas tácticas de intimidación por parte de la defensa”, dijo entonces la víctima, según recogió The New York Times.

Las acusaciones en su contra detonaron el movimiento #MeToo en 2017

Las primeras denuncias contra Weinstein fueron publicadas en 2017 por The New York Times y The New Yorker, y encendieron el movimiento #MeToo, que sacudió a la industria del entretenimiento y se extendió a otros sectores de la sociedad.

La presión pública y la revelación de que la Fiscalía había declinado previamente actuar ante una denuncia de agresión contra el productor llevaron al entonces fiscal Cyrus R. Vance Jr. a presentar cargos formales en 2018.

Weinstein, cofundador de Miramax y productor de filmes ganadores del Óscar como Pulp Fiction y Shakespeare in Love, negó de manera consistente haber agredido a alguna de las mujeres que lo acusaron. Sus abogados sostuvieron que las relaciones sexuales fueron consensuadas.

En California también fue condenado y enfrenta una nueva audiencia de pena

La causa neoyorquina no es la única que pende sobre el productor. En California fue condenado por cargos similares y sentenciado a 16 años de prisión, aunque un tribunal de apelaciones determinó en junio pasado que deberá ser resentenciado en ese estado.

Según medios locales, podría ser extraditado a California para cumplir primero esa condena antes de que se ejecute la pena neoyorquina.

A eso se suma una nueva demanda civil presentada la semana pasada en un tribunal estatal de Manhattan.

La masajista Kellye Croft acusó al productor de haberla agredido sexualmente, en el marco de una serie de cargos que también involucran al magnate de medios y propietario de los Knicks de Nueva York, James L. Dolan.

Croft había interpuesto una demanda similar en 2024 ante un tribunal federal de Los Ángeles, que fue desestimada.

El portavoz rechazó esas alegaciones en nombre del productor; una vocera de Dolan calificó la nueva demanda de infundada, según AP News.

La muerte de Za’riah Thomas conmocionó a Kansas City en febrero de 2024: la bebé, de apenas un mes de vida, fue hallada con quemaduras graves dentro de un horno encendido en la vivienda familiar.

Su madre aseguró que la había colocado ahí por error, al confundir el artefacto con la cuna. Más de dos años después, la justicia de Misuri cerró el caso con un acuerdo entre la fiscalía y la defensa.

Mariah Thomas, de 28 años, se declaró culpable este martes del delito de poner en peligro el bienestar de un menor con resultado de muerte, un delito menos grave que el asesinato en primer grado.

Como parte del acuerdo, la fiscalía retiró este último cargo, que podía haber derivado en una condena a prisión perpetua. Thomas fue sentenciada a 13 años en el Departamento de Correccionales, sin posibilidad de libertad condicional, de acuerdo con los registros del Tribunal del Condado de Jackson obtenidos por Fox News. Se le acreditará el tiempo de pena que ya cumplió.

La niña tenía un mes de vida y fue declarada muerta en el lugar

El 9 de febrero de 2024, efectivos de la policía de Kansas City llegaron a una vivienda tras recibir un llamado por un bebé que no respondía. Al ingresar, encontraron a la niña con quemaduras en todo el cuerpo. Los bomberos constataron que había muerto en el lugar.

Los documentos de la acusación formal, a los que tuvo acceso Fox News, indican que Thomas se disponía a acostar a su hija para la siesta cuando ocurrió el hecho. Un familiar declaró ante los investigadores que Thomas le dijo: “Creí que la había puesto en su cuna y accidentalmente la puse en el horno”.

La pericia en la escena aportó detalles que sustentaron los cargos. La bebé llevaba un body sobre el pañal, y los investigadores comprobaron que la tela había quedado fundida.

En el living se hallaron restos de una manta de bebé con importantes marcas de quemaduras.

Thomas se negó a hablar con los investigadores, pero sí aportó pruebas biológicas

Tras ser informada de sus derechos, Thomas declinó dar declaraciones a los detectives. Sin embargo, accedió a entregar una muestra de sangre y a permitir que las autoridades accedieran a la información de su teléfono celular, tal como consta en los documentos.

La fiscalía presentó el caso de manera gradual. En un primer momento, Thomas fue imputada únicamente por poner en peligro el bienestar de un menor.

Más adelante, los fiscales incorporaron el cargo de asesinato en primer grado, que fue el que habilitaba una posible condena a prisión perpetua.

La jueza determinó que la acusada entendía las consecuencias de su declaración

La jueza Sarah A. Castle dictaminó que Thomas ingresó al acuerdo de manera libre y voluntaria, con plena comprensión del cargo y sus implicancias.

El fallo consigna además que la defensa de enfermedad mental no fue invocada en el proceso.

La entonces fiscal del Condado de Jackson, Jean Peters Baker, se pronunció al momento de anunciarse la imputación original. “Reconocemos el carácter espantoso de esta tragedia y el peso que sentimos por la pérdida de esta preciosa vida. Confiamos en que el sistema de justicia penal responda de manera adecuada ante estas terribles circunstancias”, afirmó Baker, en declaraciones recogidas por Fox News.

Thomas fue devuelta a la custodia del sheriff del Condado de Jackson a la espera de su traslado a la prisión estatal.

La jueza Castle también ordenó el pago de USD 68 al Fondo de Compensación para Víctimas de Delitos de Misuri y eximió a la condenada del pago de las costas judiciales restantes.

Bobb’e J. Thompson, el actor que millones de niños conocieron en la pantalla de Disney Channel, lo comprobó el 16 de septiembre pasado cuando el juez Leonard T. Strand le impuso una pena que deberá cumplir en su totalidad, sin posibilidad de reducción, informó Los Angeles Times.

Thompson tiene 30 años, es oriundo de Kansas City, Misuri, y construyó su carrera desde la infancia en producciones de alto perfil.

La sentencia, dictada en Sioux City por el Tribunal del Distrito Norte de Iowa, cerró un proceso que arrancó exactamente un año antes, el 22 de septiembre de 2025, con una detención que en principio parecía una infracción de tránsito menor.

Una carrera infantil que arrancó en Disney Channel

Thompson debutó frente a las cámaras siendo un niño. Tuvo un papel recurrente en That’s So Raven, la popular serie de Disney Channel, y más tarde participó en producciones como 30 Rock, Role Models y Tyler Perry’s House of Payne.

Su trayectoria lo consolidó como una de las caras infantiles más reconocidas de la televisión estadounidense de los 2000.

La detención comenzó con una persecución a alta velocidad

Un oficial de tránsito interceptó el vehículo de Thompson luego de detectar que circulaba a 167 kilómetros por hora (104 millas por hora), más de 50 kilómetros por hora (30 millas por hora) por encima del límite permitido en la zona, de acuerdo con KTIV.

Al acercarse a la ventanilla, el agente advirtió que el conductor y el acompañante cambiaron de lugar y percibió olor a marihuana proveniente del interior, lo que habilitó la requisa del vehículo.

En el vehículo había una pistola robada con una bala en la recámara

El registro del auto arrojó el hallazgo de una mochila con bolsas de marihuana adquiridas en dispensarios, junto con una pistola calibre .40 completamente cargada con un cargador de 15 balas y una bala ya en la recámara, según precisó el portal Rolling Out.

Las autoridades verificaron que el arma había sido denunciada como robada en Misuri.

Thompson acumula tres condenas anteriores al fallo de Iowa

El historial judicial del actor ya era extenso antes del episodio en Iowa. En 2020 fue condenado por lesiones corporales graves y por agresión, en dos procesos separados, tal como recogió TMZ.

Dos años más tarde, en 2022, una nueva condena lo encontró culpable de posesión prohibida de arma de fuego, condición que convirtió el episodio de Iowa en un delito federal de mayor peso.

Ese antecedente fue determinante: en abril de 2026, Thompson se declaró culpable del cargo de posesión ilegal de arma de fuego por parte de un condenado. La fiscalía subrayó que los registros previos agravaron la imputación.

Strand lo sentenció a 30 meses de prisión, a los que se suman tres años de libertad supervisada una vez que complete el fallo.

La Oficina del Fiscal Federal destacó una característica determinante del sistema penitenciario estadounidense: no existe la libertad condicional en el ámbito federal, por lo que Thompson deberá cumplir la totalidad de la pena.

Hasta el momento, permanece bajo custodia del Servicio de Alguaciles Federales (U.S. Marshals) a la espera de su traslado a una instalación del sistema federal de prisiones, según confirmó Yahoo Entertainment.

Su excompañero de elenco Kyle Massey reaccionó al fallo en declaraciones a TMZ. “Ese es mi hermano. Lo amamos y lo apoyamos, sin importar nada. Siempre es una pena ver a un amigo o a alguien que uno quiere atravesar algo así”, dijo Massey.

El actor cerró su mensaje con una frase directa hacia Thompson: “Mantén la cabeza en alto, estamos aquí y te amamos. Te amamos muchísimo, hermano”, tal como recogió Los Angeles Times.

La Operación Aulas Seguras, desarrollada en siete provincias panameñas, derivó en medidas cautelares y condenas contra seis menores de edad investigados por delitos relacionados con drogas.

Tres adolescentes recibieron detención provisional y otros tres aceptaron culpabilidad, con penas de entre 12 y 18 meses de prisión.

La iniciativa estuvo a cargo de las cinco Fiscalías Superiores de Adolescentes y las Fiscalías de Circuito de la Procuraduría.

También participaron la Unidad Especializada en Adolescentes, la Unidad de Niñez y Adolescencia, la Dirección Nacional Antidrogas y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

Las diligencias se realizaron en las provincias de Bocas del Toro, Coclé, Herrera, Panamá, Darién, Chiriquí y Veraguas. La operación incluyó 33 allanamientos y nueve puntos de compras controladas de drogas.

Las autoridades atendieron denuncias ciudadanas sobre presuntas ventas de sustancias ilícitas en los sectores intervenidos.

De acuerdo con la información proporcionada por el ente de seguridad pública, los adolescentes investigados afrontan señalamientos por venta de drogas y asociación ilícita para delinquir.

Durante las audiencias, los fiscales solicitaron la legalización de las aprehensiones y la formulación de imputaciones ante los Juzgados Penales de Adolescentes. Las peticiones fueron admitidas.

La institución informó que tres de los adolescentes permanecen bajo detención provisional, mientras que los restantes otros tres recibieron condenas después de reconocer su responsabilidad penal.

Por otro lado, cuatro personas fueron detenidas provisionalmente por un robo agravado en una estación de combustible de San Carlos, entre ellas un adolescente de 16 años.

El caso ocurrió en una gasolinera del corregimiento de La Ermita, y los implicados quedaron bajo medida cautelar después de las audiencias ante los Juzgados de Garantías correspondientes.

La Fiscalía Regional de Panamá Oeste y la Fiscalía Superior de Adolescentes sostuvieron que cuatro personas encapuchadas sometieron al despachador con una réplica de arma de fuego. El grupo se apoderó de cerca de $488 y de dos teléfonos celulares pertenecientes a clientes que estaban en el lugar.

Tras el asalto, los sospechosos huyeron en un Hyundai gris. Las unidades de la Policía Nacional los ubicaron y aprehendieron posteriormente.

Mientras, la Fiscalía Superior de Adolescentes de Panamá Oeste obtuvo la detención provisional de un adolescente de 17 años por su presunta participación en una tentativa de homicidio agravado contra un hombre en Arraiján.

El hecho investigado ocurrió en el sector de Altos de las Acacias, en el corregimiento de Arraiján Cabecera. De acuerdo con la información oficial, el adolescente estaba acompañado por otro sujeto mayor de edad.

La víctima sufrió heridas con un objeto punzocortante. La Fiscalía presentó los elementos de convicción durante la audiencia y el juez admitió la formulación de cargos antes de ordenar la medida cautelar.

La Procuraduría indicó que el proceso continuará bajo las normas que rigen la jurisdicción penal de adolescentes.

En tanto, la Fiscalía de Adolescentes en Chiriquí consiguió la detención provisional de un adolescente de 17 años imputado por la presunta comercialización de drogas y asociación ilícita para delinquir.

El expediente está vinculado con diligencias judiciales realizadas el 14 y el 15 de septiembre en el distrito de Bugaba. En ese procedimiento, las autoridades ubicaron sustancias ilícitas y dinero autorizado en poder del investigado.

La Fiscalía presentó ante el Juzgado Penal de Adolescentes los elementos que, según su planteamiento, respaldaban la presunta vinculación del menor con los hechos.

El tribunal de justicia admitió la legalización de la aprehensión, la imputación y la aplicación de la medida cautelar por el término legal.

La Procuraduría General de la Nación señaló en un informe que mantendrá el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, con respeto por los derechos ciudadanos y apego a la Constitución y la ley.

Las autoridades investigan presuntos abusos desde 2022 contra el niño de 10 años cuya muerte es investigada en Pedasí, provincia de Los Santos, y contra sus hermanos.

La carpeta del caso permanece bajo reserva con el objetivo de proteger a los menores involucrados.

El Juzgado de Garantías de Los Santos ordenó la detención provisional de Luris Edith Cedeño, abuela materna de los niños, tras una audiencia que se extendió por más de dos horas en el Sistema Penal Acusatorio de la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos.

Informes de prensa indican que la mujer enfrenta cargos por maltrato al niño, niña y adolescente en modalidad agravada.

La medida cautelar se dictó dentro de una investigación que todavía no ha definido todas las posibles responsabilidades penales.

Durante la audiencia se abordaron actuaciones relacionadas con la muerte del menor, identificado en el material disponible como Jasset.

El caso fue manejado de forma preliminar como un supuesto suicidio, aunque las circunstancias siguen bajo investigación.

Liberia Cedeño, fiscal superior de Los Santos, explicó a los medios de comunicación que la diligencia incluyó varias solicitudes del Ministerio Público.

La primera correspondió a una incautación de datos con control posterior, y luego la jueza de garantías declaró legal la aprehensión de la imputada.

La Fiscalía formuló los cargos y pidió la detención provisional, una solicitud que el tribunal acogió.

La defensa no presentó un recurso de apelación contra la medida, según indicó la fiscal superior. La imputada fue aprehendida el viernes por unidades de la Policía Nacional.

Este domingo, Cedeño llegó esposada y bajo custodia policial a la sede judicial de Las Tablas, donde se informó que la decisión judicial no cierra el expediente ni determina una condena, pues establece una medida cautelar mientras continúa la investigación penal.

La abogada particular Suky Yard confirmó que en la audiencia se abordaron hechos de maltrato que, según sostuvo, habrían ocurrido de forma reiterada desde 2022.

Yard calificó la audiencia como compleja por las circunstancias que rodearon la vida de los menores. La abogada planteó que la pesquisa no debería limitarse a la situación de la abuela materna.

“Hay mucho más” por investigar, afirmó la defensora. A su criterio, el proceso podría incluir nuevas audiencias y otras personas podrían quedar vinculadas penalmente.

La defensa sostuvo que las autoridades deben profundizar en los antecedentes de los niños y en las decisiones que se tomaron respecto de su protección. La abogada cuestionó la actuación previa de instituciones que, según afirmó, conocían la situación de vulnerabilidad.

“No podemos mirar hacia otro lado”, expresó Yard al referirse a la responsabilidad institucional frente a posibles casos de maltrato infantil.

La jurista consideró que faltaron medidas puntuales para salvaguardar a los menores. También objetó la alternativa familiar que se eligió para su cuidado antes de la diligencia judicial.

Según su planteamiento, una selección distinta de la familia de apoyo pudo haber modificado el escenario. Esa apreciación forma parte de la posición de la defensa dentro de un expediente que permanece reservado.

Los menores están actualmente bajo una alternativa familiar, de acuerdo con lo señalado durante la audiencia. La defensa adelantó que pedirá considerar a la abuela paterna como otra opción para asumir su cuidado.

El pedido se enfoca en revisar las medidas de protección vigentes para los hermanos del niño fallecido. La abogada insistió en que las instituciones estatales deben actuar con rapidez ante señales de vulnerabilidad infantil.

La fiscal superior Liberia Cedeño señaló que el Ministerio Público continuará con las investigaciones. También remarcó la necesidad de preservar la integridad de los niños afectados por el proceso.

La fiscal no descartó nuevas actuaciones en la causa. Esa posibilidad coincide con lo anticipado por la defensa sobre eventuales diligencias y vinculaciones posteriores.

Rene B. Lopez tenía 31 años y una condena de 29 por cumplir cuando fue asesinado por cinco compañeros de prisión en un ataque planificado.

El crimen ocurrió el jueves 18 de septiembre en Pelican Bay, en el norte de California, y reaviva el debate sobre la violencia interna en las cárceles del estado en un año donde los homicidios carcelarios ya duplican el ritmo de reducción que las autoridades esperaban consolidar.

El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) informó que los guardias hallaron a Lopez herido en su unidad habitacional alrededor de las 6 de la tarde.

Fue trasladado a la clínica del penal, donde murió una hora después. Cumplía condena por agresión con arma de fuego en el condado de Los Ángeles.

Dos asesinos convictos ejecutaron el ataque con armas improvisadas

Las cámaras de vigilancia del establecimiento registraron el momento en que Joseph W. Morales y Richard Garcia agredieron a Lopez con elementos fabricados dentro del penal. Ambos tienen condenas previas por homicidio.

Garcia, de 52 años, cumple cadena perpetua desde 1997 por los delitos de asesinato y agresión en el condado de San Luis Obispo.

Morales, de 40, fue condenado en 2019 por matar a un hombre en Woodcrest, una comunidad no incorporada al sur de Riverside.

El historial de Morales dentro del sistema penitenciario es extenso. Mientras aguardaba juicio en una cárcel del condado de Riverside, atacó con un cuchillo a otro interno con tanta fuerza que la punta del arma quedó incrustada en el cuerpo de la víctima, de acuerdo con un fallo del tribunal de apelaciones del estado. Ese hombre sobrevivió.

Tres reclusos más participaron del crimen, incluido uno que desechó las armas

El mismo registro dejó en evidencia que, tras el ataque, Morales y Garcia entregaron las armas a un tercer recluso: Estevan Saucedo, quien las arrojó a un cesto de basura.

Saucedo, de 30 años, purga cadena perpetua por el asesinato a tiros de un hombre en el barrio de Florence-Firestone, cerca de Huntington Park, en 2016, afirmó el CDCR.

Otros dos presos también fueron señalados como partícipes del crimen: Jose D. Rodriguez, de 28 años, y Freddie G. Sanchez, de 35. Las autoridades no precisaron cuál fue la función de cada uno en el hecho.

Rodriguez fue sentenciado el año pasado por un juez del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles a 31 años de prisión por homicidio culposo e intento de asesinato.

Sanchez, en tanto, cumple cadena perpetua por agresión con arma de fuego, robo con allanamiento y disparos contra un vehículo ocupado.

El historial de Sanchez también incluye un ataque a otro recluso durante su encarcelamiento, lo que le sumó ocho años adicionales a su condena, según consta en registros del departamento.

El homicidio es el decimoséptimo en las cárceles de California en lo que va del año

La muerte de Lopez es el homicidio número 17 registrado en el sistema carcelario del estado en lo que va de 2026, según el registro oficial del CDCR. La cifra contrasta con los 30 homicidios registrados en el mismo período del año anterior.

El pico de violencia del año pasado llevó a las autoridades a tomar medidas de fuerza en la mayoría de las instalaciones del estado: se recortaron privilegios, se restringió la circulación de los internos y se intensificaron los operativos de requisa de armas y contrabando, de acuerdo con lo que informó el organismo.

El penal alberga a algunos de los reclusos considerados más peligrosos de California.

El asesinato de Austin Metcalf no terminó con su muerte. Desde que Karmelo Anthony fue declarado culpable, en junio de 2026, la familia del adolescente texano recibió más de 100 amenazas. Una de ellas derivó en una acusación federal.

Sharifa Nicole Henderson, de 34 años y residente en Kansas City, Misuri, prometió matar a integrantes de la familia en tres contactos separados realizados en menos de 48 horas. El caso llegó a la justicia federal de Estados Unidos y la expone a hasta 15 años de prisión.

Un gran jurado del Distrito Este de Texas la procesó el 9 de septiembre de 2026 por tres cargos de comunicaciones amenazantes interestatales. Fue arrestada dos días después en Kansas City.

Las amenazas llegaron horas después de la condena de Karmelo Anthony

El juicio contra Karmelo Anthony concluyó el 9 de junio de 2026 con un veredicto de culpabilidad por el asesinato de Metcalf.

Al día siguiente, Henderson ya había enviado el primero de sus mensajes.

A través de Facebook Messenger, le escribió a un integrante de la familia Metcalf que los mataría y los metería en una bolsa para cadáveres. Al final del mensaje, tal como consta en el texto de la acusación formal, añadió: “Esto es una amenaza, llévenme a juicio”.

Ese mismo 10 de junio, Henderson llamó por teléfono al gobierno del Condado de Collin, la fiscalía que procesó a Anthony, y aseguró que “demolería” a la familia Metcalf y “estrangularía” a uno de ellos, de acuerdo con el mismo documento.

El tercer contacto tuvo lugar el 11 de junio, por la misma vía. En ese mensaje, le escribió a otro destinatario: “No te preocupes, te mataré a ti también. Te cazaré para siempre hasta matarte… siempre tendrás que mirar por encima de tu hombro”.

Jeff Metcalf reveló que su familia acumula muchas amenazas desde el veredicto

Jeff Metcalf, padre de Austin, declaró a FOX 4 Dallas-Fort Worth que los suyos recibieron más de 100 amenazas desde que se conoció el fallo contra Anthony.

El caso de Henderson es el primero que derivó en una acusación federal.

El asesinato de Austin Metcalf generó una profunda tensión racial en todo el país. Mientras los seguidores de Anthony cuestionaban la composición del jurado —integrado sin presencia de personas afroamericanas— y exigían la absolución, los familiares y simpatizantes de la víctima se congregaron frente al mismo tribunal en busca de un fallo condenatorio.

Anthony mató a Metcalf durante una competencia escolar y recibió 35 años de prisión

El crimen ocurrió el 2 de abril de 2025 en el Estadio Kuykendall de Frisco, durante una competencia regional de atletismo de nivel secundario.

Anthony, entonces estudiante de la Escuela Secundaria Centennial y de 17 años en ese momento, se acercó hasta la carpa del equipo de la Escuela Secundaria Memorial, donde estaba Metcalf.

Según la investigación, Metcalf le pidió que se retirara. La fiscalía sostuvo que fue Anthony quien provocó el enfrentamiento que terminó con su muerte, tras recibir una puñalada en el pecho.

Las cámaras de vigilancia captaron a Anthony corriendo del lugar inmediatamente después del ataque.

Cuando los agentes lo aprehendieron, tal como quedó registrado en informes policiales obtenidos por Fox News, les dijo a los agentes: “No soy un presunto culpable, yo lo hice”.

Anthony fue condenado a 35 años de prisión. En agosto de 2026, un juez rechazó su pedido de nuevo juicio, aunque su defensa prepara una nueva apelación.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves una queja de la defensa de Facundo Leal y dejó firme el procesamiento del extitular de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) en la causa en la que está acusado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La decisión fue firmada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, integrantes de la Sala I del máximo tribunal penal federal del país. Leal tiene prisión preventiva, pero la cumple en su domicilio con tobillera electrónica.

El exfuncionario fue procesado como presunto autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y se le trabó un embargo por $30 millones.

La investigación se inició a partir de un allanamiento realizado en el departamento de Leal, en Palermo, en el marco de otra causa penal vinculada con una supuesta defraudación en ARSAT. Allí se encontraron USD 650.000, monedas de seis países, 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas.

La defensa sostuvo que las sustancias eran para consumo personal y presentó certificados médicos para cuestionar la hipótesis de comercialización. Leal quedó detenido, fue procesado con prisión preventiva y luego obtuvo el arresto domiciliario para poder tratar su adicción a las drogas.

Las otras causas del ex funcionario mendocino

Leal, oriundo de Mendoza, presidió ARSAT durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei y está imputado en una causa que tramita ante el Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, por presuntas irregularidades en la contratación de un predio para almacenar bienes del organismo.

El caso comenzó a investigarse a raíz de un robo detectado el 4 de enero de 2024 en un predio de la localidad bonaerense de San Fernando, donde se guardaban materiales tecnológicos de alta complejidad pertenecientes a la empresa estatal. A partir de ese episodio, los investigadores detectaron una serie de presuntas irregularidades en las contrataciones de los servicios de almacenamiento y logística.

La pesquisa judicial se centró en el vínculo comercial entre ARSAT y la compañía privada Argentina Logistic Services (ALS). Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, habría existido un acuerdo ilegal entre directivos estatales y empresarios para direccionar la adjudicación de contratos de custodia y traslado de bienes estratégicos.

Por esas prestaciones bajo sospecha, se emitieron al menos 14 órdenes de compra por un monto total superior a USD 1,9 millones y $40 millones.

En 2025, Leal pasó al ORSNA, pero renunció en febrero de 2026. También tiene abierta otra causa penal en el fuero federal porteño por supuesto enriquecimiento ilícito.

En ese expediente se lo acusa, además, de haber provocado un “desplazamiento sistemático de los gerentes de carrera -agentes idóneos y de planta permanente- para reemplazarlos por personas de su entorno, ajenas a la especificidad técnica del organismo, con el objeto de concentrar y controlar la toma de decisiones”.

La investigación está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

De acuerdo con el video difundido por la estación de WLWT, Reaggle era escoltado fuera del edificio judicial tras recibir una condena por una agresión anterior. El mismo medio precisó que la pena impuesta fue de un año de cárcel.

Durante el traslado, el detenido se liberó de las esposas y golpeó a uno de los agentes que lo custodiaban. El hecho quedó registrado en imágenes que muestran la reacción de los efectivos y la intervención posterior para frenar la fuga.

De la sentencia al intento de escape

Las imágenes muestran que Reaggle aprovechó el momento en que abandonaba la sala para forcejear con los efectivos. Después de soltarse de las esposas, golpeó a uno de ellos y corrió por el pasillo hacia la salida.

En su huida, empujó a otro custodio que trataba de detenerlo. Los oficiales utilizaron una pistola eléctrica Taser cuando se encontraba a pocos pasos de la puerta, antes de que pudiera abandonar el edificio.

La reconstrucción difundida por WLWT indica que el joven consiguió superar a los agentes que tenía más cerca. La intervención de los demás efectivos impidió que escapara.

Dos agentes sufrieron fracturas y recibieron atención médica

El ataque dejó heridos a los dos agentes involucrados. El sheriff del condado de Columbiana aseguró que ambos sufrieron fracturas, aunque fueron dados de alta después de recibir atención en un hospital.

“Fue un golpe bastante fuerte”, dijo un testigo identificado como Leland Monte por WLWT. “Me preocupé mucho por el agente; traté de reaccionar rápido y asegurarme de que estuviera bien”, agregó.

Las autoridades no detallaron qué huesos sufrieron fracturas ni difundieron información adicional sobre el estado de los dos efectivos, más allá de que ya no permanecían internados. Tampoco trascendieron datos sobre la identidad de los agentes heridos.

El acusado podría enfrentar nuevos cargos por el intento de fuga

El sheriff confirmó que Reaggle podría enfrentar cargos adicionales por el ataque a los agentes y el intento de fuga. Las acusaciones previstas incluyen dos cargos de agresión grave contra agentes, fuga y resistencia a la autoridad.

El caso deberá pasar por un gran jurado, por lo que todavía no se definió una eventual pena adicional. WLWT tampoco informó cuándo se celebrará una nueva audiencia ni qué cargos formales presentará la fiscalía.

El caso quedó registrado en un video que volvió a poner el foco en las medidas de seguridad dentro de los tribunales y durante los traslados de personas detenidas. Las autoridades del condado no comunicaron si revisarán el procedimiento de custodia tras lo ocurrido.

Un agente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fue detenido cuando pretendía ingresar 20.000 soles en efectivo y más de 50 chips telefónicos al penal de varones de Arequipa, según informó la agencia Andina. El trabajador, identificado como Nelson Carrillo Sullayme, transportaba los objetos ocultos en su mochila al momento de someterse al control de acceso al recinto.

El hallazgo se produjo durante una revisión focalizada realizada por el personal de seguridad del penal. En el marco de esa inspección se detectaron tres paquetes sellados con billetes de 200 soles, junto con una hoja doblada y precintada que contenía pequeños objetos metálicos.

Dinero en efectivo y chips telefónicos

Al ser consultado sobre el contenido de su mochila, Carrillo reconoció que los paquetes reunían 20.000 soles y que los elementos metálicos correspondían a más de 50 chips. El personal penitenciario procedió de inmediato a inmovilizar la mercadería y trasladó el caso a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

El ingreso de dinero en efectivo y chips telefónicos a los penales suele vincularse con actividades irregulares de los internos, entre ellas la operación de líneas de comunicación no autorizadas. La intervención se enmarca en los protocolos de control que aplica la entidad penitenciaria en sus establecimientos a escala nacional.

Inteligencia alertó sobre el agente

El operativo que permitió el hallazgo respondió a una revisión focalizada, activada tras recibir información de inteligencia sobre una presunta acción irregular por parte del agente penitenciario. Esa alerta previa orientó el control practicado sobre Carrillo en el punto de ingreso al penal de varones de Arequipa.

Al tratarse de un hecho cometido en flagrancia, el INPE aplicará las medidas previstas por la normativa vigente, entre ellas la suspensión inmediata del trabajador, sin perjuicio de las responsabilidades penales que determine la autoridad competente. La entidad indicó que iniciará las investigaciones administrativas correspondientes en paralelo al proceso judicial.

INPE reforzará sus controles

La institución señaló que continuará fortaleciendo las acciones de inteligencia, contrainteligencia y control en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional. La medida busca prevenir el ingreso de objetos prohibidos por parte de su propio personal, tal como ocurrió en este caso.

El caso se suma a los esfuerzos de la entidad por identificar y sancionar irregularidades cometidas dentro de los penales del país. Las investigaciones policiales y fiscales en curso determinarán el destino final del dinero y los chips incautados, así como las eventuales responsabilidades penales de Carrillo.

La jueza bonaerense Marta Elba Pascual defendió la suspensión por 60 días del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, una decisión que en su resolución estuvo apoyada en la falta de infraestructura necesaria para aplicar la norma, pero que luego en declaraciones públicas quedó acompañada por objeciones de fondo al criterio de encierro previsto para adolescentes involucrados en delitos de distinta gravedad.

Titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, Pascual sostuvo que la medida busca abrir un período de revisión para definir con qué recursos y bajo qué criterios podrá instrumentarse la ley en territorio bonaerense. En esa línea, remarcó que el habeas corpus que derivó en el fallo fue presentado por Hogares de Cristo, organización a la que describió como una de las pocas que hoy ofrece respuestas para jóvenes con consumos problemáticos.

El fallo puso el eje en las condiciones materiales para aplicar la norma

Según explicó en una entrevista con Radio Rivadavia, la suspensión apunta a habilitar una mesa de trabajo para evaluar “cuáles son los recursos y de qué forma vamos a aplicar esta ley”, con participación de instituciones sociales, religiosas, especialistas y familiares de víctimas. El planteo, de acuerdo con su explicación, se concentró en las condiciones de implementación del nuevo régimen en la provincia.

La magistrada sostuvo además que en Buenos Aires ya existen herramientas para disponer la privación de la libertad de menores de 16 años en casos graves. En ese sentido, indicó que la legislación bonaerense permite aplicar medidas de seguridad y aseguró que hay “aproximadamente 80” adolescentes alcanzados por ese tipo de decisiones. A partir de ese diagnóstico, rechazó la idea de que su resolución implique dejar sin respuesta hechos como homicidios u otros delitos violentos.

En sus declaraciones, Pascual amplió el planteo y cuestionó el encierro como respuesta general

Más allá del fundamento centrado en la infraestructura, Pascual sumó en sus declaraciones públicas diferencias de criterio con el alcance de la norma. “No estoy de acuerdo con que la reja y el castigo sean la solución para chicos que cometen delitos”, afirmó, al advertir que su principal objeción se vincula con la posibilidad de que el nuevo régimen también alcance hechos de menor entidad.

Como ejemplo, mencionó el caso de un chico que rompió un vidrio y sostuvo que, a su entender, la ley podría habilitar restricciones severas también en situaciones de ese tipo. La jueza planteó que para casos como el robo de un celular o daños menores deberían desarrollarse programas restaurativos, con participación de organizaciones barriales, dispositivos de tratamiento, escuelas y equipos interdisciplinarios.

“En lo personal, estoy de acuerdo. Esta es una cuestión de política criminal que nuestros legisladores resolvieron. Lo que no estoy de acuerdo es en el encierro que me va a imponer esta ley. Lo que creo que tenemos que trabajar con prácticas restaurativas”, definió. En esa línea, resumió su postura con otra fórmula: “A homicidio, rejas. Robo de celular, tratamiento con los Hogares de Cristo”.

La jueza dijo que no cuestiona la imputabilidad, sino la respuesta prevista para delitos menores

Pascual también buscó despegarse de las críticas que presentan su resolución como una señal de permisividad frente al delito juvenil. “No romantizo el mal”, subrayó, y recordó que en su juzgado intervino en causas por hechos graves y dictó condenas severas.

Además, señaló que sus decisiones están sujetas a revisión por instancias superiores y reiteró que su desacuerdo no pasa por la imputabilidad en sí misma, sino por la obligación de aplicar penas de encierro en todos los casos comprendidos por la norma. “Estoy de acuerdo con la imputabilidad. Lo que no estoy de acuerdo es en el encierro que me va a imponer esta ley”, afirmó.

Hacia el final de la entrevista, agregó que durante los 60 días fijados en su resolución convocará a Hogares de Cristo, iglesias evangélicas, madres de víctimas y otros actores para diseñar alternativas diferenciadas según la gravedad de cada hecho.

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El 2 de abril de 2025, Karmelo Anthony mató de una puñalada en el pecho a Austin Metcalf bajo una carpa en un torneo de atletismo escolar en Frisco, Texas.

Fue condenado a 35 años de prisión. Pero lo que el jurado nunca supo es que, horas antes del crimen, la novia de Anthony le había advertido a un directivo de la escuela que él la acosaba y le había enviado una foto de un cuchillo con el texto: “Estoy al límite”.

Ese detalle forma parte de un expediente de 75 páginas que fiscales y defensores acordaron, de forma verbal, mantener fuera del debate oral.

Valeria Perez, que siguió en pareja con Anthony tras la condena, estuvo presente en las audiencias de apelación y mantuvo contacto visual con él mientras ingresaba al tribunal esposado.

El material incluye fotos con armas, mensajes racistas y un historial de comportamiento violento que la justicia decidió no mostrar.

Permaneció reservado hasta agosto de 2026, cuando la nueva defensa de Anthony lo incorporó al expediente judicial durante la audiencia de apelación, y el Daily Mail accedió a él.

El acuerdo que dejó al jurado sin información clave

El fiscal principal del condado de Collin, Bill Wirskye, explicó que la decisión buscó reducir la tensión en torno a un caso que había movilizado a grupos extremistas de ambos lados.

Los Proud Boys y el Black Panthers se manifestaron frente al tribunal durante el proceso. Ambas familias recibieron amenazas de muerte.

A cambio de excluir el historial de Anthony, la defensa aceptó no presentar el pasado de Metcalf, que incluía una causa juvenil por grafitis con contenido racista.

Wirskye reconoció que quería evitar echar “más combustible al fuego”. El acuerdo, sin embargo, no tiene valor legal vinculante.

Fotos con armas y mensajes que apuntaban a una espiral de violencia

Las imágenes del dosier ubican a Anthony con armas en al menos tres momentos distintos. En noviembre de 2024, cinco meses antes del crimen, aparece sin camisa con una pistola en la mano.

El 5 de mayo de 2024, a los 16 años, posó junto a tres adolescentes sosteniendo un rifle tipo AK-47.

El 4 de enero de 2025, un video lo muestra apuntando un arma hacia una vivienda antes de salir corriendo. No se identificó a quién pertenecía la casa.

Los mensajes de texto refuerzan ese perfil. En noviembre de 2024, Anthony le contó a su novia, Perez, que había llevado un arma y un cuchillo a la escuela.

En octubre del mismo año, le dijo que podía ir preso por allanamiento de morada: afirmó haber robado un reloj en la casa de un vecino. “El robo con allanamiento puede llegar a un año”, le escribió.

Los mensajes de odio que los jurados nunca conocieron

El dosier también incluye intercambios con contenido racista y homofóbico. En marzo de 2025, Anthony le envió a Perez una serie de mensajes contra las mujeres negras: “Las odio profundamente. Necesitan morirse”, escribió.

En junio de 2021, cuando tenía 14 años, le escribió a un amigo que odiaba a las personas homosexuales y que prefería a Donald Trump sobre Joe Biden porque, afirmó, Trump no apoyaba a ese colectivo.

El caso sigue abierto. La defensa de Anthony argumenta que el “gentleman’s agreement” lo privó de un juicio justo. Un juez de Texas rechazó en agosto la solicitud de nuevo juicio.

Los abogados advirtieron que el proceso de apelación puede extenderse por años. En paralelo, la familia del condenado salió a pedir más donaciones públicas, pese a haber recaudado más de USD 600.000 antes de la condena y a contar con seis abogados que trabajan de forma pro bono.

Raúl Martins, el ex agente de inteligencia extraditado desde México para ser juzgado en Argentina por lavado de dinero y explotación de la prostitución ajena, seguirá preso por decisión de la Cámara Federal porteña, que este lunes se negó a excarcelarlo.

De manera paralela, su defensa presentó un planteo de arresto domiciliario ante el juzgado que lleva su causa y está pendiente de resolución.

Un largo proceso de extradición

Martins, de 77 años, llegó al país a fines de agosto y enfrenta una investigación por lavado de dinero agravado, una figura penal que en caso de llegar a una condena tiene una “elevada expectativa de pena”, remarcó el camarista Mariano Llorens en la resolución que firmó junto a su colega de la sala I del Tribunal de Apelaciones Pablo Bertuzzi. La investigación se lleva en el juzgado federal 1 a cargo de la jueza María Servini.

Además ya fue enviado a juicio ante el Tribunal Oral Federal 7 como presunto jefe de asociación ilícita y explotación de la prostitución ajena, un debate que tiene fecha de inicio pendiente. Desde que llegó al país, está detenido a disposición de ambos tribunales.

Riesgo de fuga

Al rechazar liberarlo, el juez Llorens sostuvo que hay riesgo de fuga. Martins recién se presentó voluntariamente en la causa una vez que regresó al extranjero, “oportunidad en la que solicitó que se lleve a cabo la audiencia indagatoria en México mediante exhorto, aprovechándose de las demoras que dicho trámite incurre”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae. Su edad y estado de salud son temas que deberán valorarse cuando se decida sobre la prisión domiciliaria que pidió.

El 27 de agosto pasado el juzgado federal de primera instancia le negó la libertad que había pedido su abogado particular Facundo Álvarez. La defensa argumentó que no hay riesgos de fuga ni de entorpecer la investigación.

Martins fue detenido en 2019 en el aeropuerto de Cancún cuando intentaba dejar México sin ser reconocido, con una peluca. Desde entonces Argentina pidió su extradición. La defensa también sostuvo que sus reiterados intentos por evitar volver al país fueron “herramientas legítimas” de su defensa y que, después, la demora fue por la pandemia de COVID-19 y una reforma constitucional que dispuso cambios estructurales en el sistema judicial mexicano, dos factores que no pueden endilgársele a Martins. El ex agente de inteligencia pasó detenido con prisión domiciliaria en Cancún 6 años y casi 11 meses y ese tiempo debería computarse como prisión preventiva, argumentó también.

Explotación sexual y lavado

La acusación sostiene que lideró una banda dedicada a la explotación sexual de mujeres y al posterior blanqueo de las ganancias obtenidas. En la causa también está acusada su ex mujer Estela Percival.

Martins será juzgado por haberse dedicado de manera “sostenida e ininterrumpida en el tiempo” a ofrecer servicios de prostitución en diversos locales de la ciudad de Buenos Aires, para luego reintroducir el dinero obtenido ilícitamente en el mercado legal, ocultando su verdadero origen desde noviembre de 2010 a octubre de 2014 bajo la fachada de “whiskerías, bares o clubes nocturnos”.

En un dictamen conjunto que elaboraron en 2018 la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y la fiscalía federal 6, a cargo por entonces del fallecido fiscal Federico Delgado, el negocio de la prostitución que encabezaría Martins se llevó adelante tanto en Argentina como en Cancún, México.

Karmelo Anthony tenía 17 años cuando apuñaló mortalmente a Austin Metcalf en medio de una competencia de atletismo escolar en Frisco, Texas.

Dos años después, ya con 19 y una condena de 35 años de prisión encima, su familia volvió a pedir dinero al público para sostener la batalla legal.

Pero esta vez, Fox News Digital destaca que la solicitud llega cargada de preguntas: la campaña anterior recaudó más de USD 633.000 y nadie explicó en detalle qué pasó con ese dinero.

La familia regresa a pedir dinero sin haber rendido cuentas de la recaudación previa

El anuncio se realizó en una conferencia de prensa en Dallas, casi dos semanas después de que un juez rechazara el pedido de un nuevo juicio.

Russell Wilson, abogado defensor que lidera la apelación, encabezó la presentación junto a familiares y simpatizantes del condenado.

La nueva campaña, publicada en la plataforma GiveSendGo, fija una meta de USD 250.000 destinados exclusivamente a gastos del proceso de apelación, según informó Fox News Digital.

El nuevo fondo promete transparencia al depositar el dinero en una cuenta de abogado

A diferencia de la campaña previa, el dinero de la nueva iniciativa no irá a manos de la familia. Según el perfil, los recursos se depositarán directamente en una cuenta fiduciaria administrada por Wilson y se utilizarán para gastos legales: presentaciones judiciales, transcripciones, investigadores y peritos.

La página, consultada por Fox News Digital, registraba USD 30.194 recaudados de los USD 250.000 que se buscan, con Trinicia Ricks identificada como creadora de la campaña y Wilson como receptor designado.

Wilson explicó que la apelación podría extenderse por más de un año. El expediente del juicio se ensamblará en octubre y, tras esa etapa, ambas partes presentarán sus argumentos por escrito ante la Corte de Apelaciones de Dallas, que también podría convocar a una audiencia oral.

Los USD 633.000 ya recaudados no tienen explicación pública

La primera campaña, organizada por la madre de Anthony, Kayla Hayes, se lanzó en abril de 2025 con una meta inicial de casi USD 1,4 millones.

En sus términos, el dinero podía destinarse a honorarios legales, traslado familiar, gastos básicos de vida, transporte, asesoramiento psicológico y seguridad.

GiveSendGo indicó que esos recursos se usaron a lo largo del año anterior para fines lícitos —incluida la defensa legal y la reubicación de la familia— y que la campaña fue cerrada tras cumplir su propósito declarado.

Sin embargo, cuando un periodista preguntó a Dominique Alexander —activista de derechos civiles y vocero de la familia— qué había ocurrido con esos fondos y si se habían utilizado para comprar un automóvil o una vivienda, Alexander rehusó dar explicaciones concretas.

“Estas son mentiras deliberadas”, respondió, sin aportar un desglose del gasto ni precisar si quedaba dinero disponible.

Anthony se declaró indigente ante los tribunales mientras sus padres figuran en registros empresariales

La situación presenta una contradicción notable: en documentos judiciales recientes, Anthony se describió a sí mismo como “una persona sin recursos, indigente y en la pobreza, demasiado pobre para contratar un abogado que me represente en la apelación”.

Al mismo tiempo, documentación pública revisada por Fox News Digital vincula a sus padres, Andrew Anthony III y Kala Hayes, con entidades comerciales en Louisiana y Texas.

Una de esas entidades, en la que Andrew Anthony III figura como agente registrado, quedó activa 24 días después de la muerte de Metcalf.

Esa documentación no permite determinar si alguna de esas empresas generó ingresos, posee activos o recibió dinero del fondo de recaudación. Ninguno de los padres fue acusado de irregularidad alguna.

Anthony permanece detenido mientras el proceso de apelación avanza. Fox News Digital contactó a Wilson para obtener declaraciones adicionales al respecto.

El caso de Yolanda Olejniczak Marodi encendió las alarmas sobre las fallas del sistema judicial estadounidense frente a agresores reincidentes. La mujer, de 54 años, había cumplido 11 años de cárcel por matar a su marido a cuchilladas, recuperó la libertad en 2013 y volvió a asesinar a una pareja de la misma manera 12 años después.

La víctima fue Rebecca Marodi, de 49 años, capitana del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (Cal Fire). El crimen ocurrió en febrero de 2025 en la vivienda que compartía la pareja en Ramona.

El miércoles, el Tribunal Superior del condado de San Diego cerró la causa con una sentencia de 36 años a cadena perpetua, informó Los Angeles Times.

La acusada admitió el asesinato de Rebecca Marodi antes del juicio

Olejniczak Marodi se declaró culpable el 4 de agosto de asesinato en segundo grado, tal y como publicó el diario californiano.

La admisión de responsabilidad llegó cerca de un mes antes del inicio previsto del juicio.

La fiscal de distrito del condado de San Diego, Summer Stephan, afirmó en un comunicado que se trató de “un asesinato brutal de una respetada y dedicada capitana de bomberos que entregó toda su carrera al servicio de su comunidad”, de acuerdo con declaraciones citadas por Los Angeles Times.

En esa misma declaración, Stephan aseguró que el expediente también expone que “nadie está a salvo de la violencia doméstica, una de las formas de violencia más ocultas y peligrosas que enfrentamos”.

La funcionaria vinculó el caso con un problema de alcance más amplio y puso el foco en la protección de las víctimas.

La investigación indicó que la relación estaba rota desde días antes

La fiscalía sostuvo que el matrimonio atravesaba un deterioro cuando ocurrió el crimen. La pareja llevaba dos años casada, indicó Stephan en el mismo pronunciamiento citado por el medio.

Las autoridades señalaron que Rebecca Marodi recibió casi una docena de puñaladas en el cuello, el pecho y el abdomen. Ese detalle apareció en la reconstrucción oficial del caso y formó parte de los elementos presentados por los investigadores.

La madre de la víctima, Lorena Marodi, encontró el cuerpo en la casa de Ramona, precisó el diario. Los servicios de emergencia declararon la muerte en el lugar.

El expediente de arresto consignó además que Rebecca le había comunicado a su esposa una semana antes que quería terminar la relación. Esa información quedó incorporada a la causa a partir del testimonio que la madre brindó a los investigadores.

La condenada escapó a México después del crimen y cayó en Mexicali

Tras el ataque, Olejniczak Marodi abandonó la vivienda. La orden de arresto indicó que cámaras de seguridad la captaron mientras cargaba mascotas y equipaje en una camioneta Chevrolet Equinox.

Más tarde, el vehículo quedó registrado al cruzar hacia México, de acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos citados por Los Angeles Times. Ese movimiento reforzó la hipótesis de una fuga planificada después del asesinato.

La mujer permaneció prófuga durante más de un mes. Las autoridades de Baja California la localizaron finalmente en un hotel de Mexicali y luego la entregaron a agentes federales estadounidenses para su traslado a San Diego.

Stephan también agradeció la tarea de los fiscales adjuntos Maura Duffey y Jared Coleman, quienes llevaron adelante el proceso.

El caso reabrió el antecedente por la muerte de otro cónyuge

El aspecto más extraordinario del expediente surgió de la propia historia penal de la condenada. Los Angeles Times recordó que Olejniczak Marodi ya había sido condenada antes por matar a su entonces esposo, James Joseph Olejniczak.

En aquel caso, la mujer recibió una pena de 11 años tras ser hallada culpable de homicidio voluntario por apuñalar a su marido hasta causarle la muerte en 2004, aseguró el medio. Después recuperó la libertad 9 años después.

Ese antecedente convirtió la muerte de Rebecca Marodi en un caso de alta atención pública dentro de California. La sentencia de 36 años a cadena perpetua cerró la instancia judicial principal.

La Cámara Federal porteña confirmó este viernes el procesamiento con prisión preventiva de un hombre que amenazó al presidente Javier Milei en un video subido a la red social TikTok y que anticipó poder “mandar matar a muchas personas”.

El Tribunal de Apelaciones rechazó una apelación de la defensa oficial y ratificó la medida mientras se realiza un estudio médico psiquiátrico del acusado a cargo del Cuerpo Médico Forense para definir si es imputable o, también, si requiere internación psiquiátrica como ya había dispuesto un juzgado civil de Quilmes por otros motivos, antes de la grabación del video en la casa del ahora detenido.

“Javier Milei quiero que me cumplas. ¿Javier Milei tu vida tiene precio? No tiene precio tu vida… Javier Milei plata o plomo, te voy a secuestrar a toda tu familia…”, sostuvo en ese posteo según la resolución de los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico, quienes ratificaron lo resuelto por el juez del caso, el federal Sebastián Casanello.

Amenaza “seria e idónea”

El tribunal de apelaciones remarcó que el “carácter intimidatorio derivó finalmente en la intervención del Departamento Unidad Investigación Antiterrorista” y a la apertura de la causa penal, “lo que revela la seriedad e idoneidad de la amenaza”, según la resolución a la que accedió Infobae.

El acusado quedó procesado por “amenazas coactivas agravadas” con un embargo de cinco millones de pesos. Cuando se allanó su casa y quedó detenido se encontraron el gorro, los anteojos de sol y los auriculares que usó en la filmación subida el 6 de agosto pasado. También dos rifles de aire comprimido aptos para el uso y una réplica de una escopeta.

Cuando llegó la policía a su casa en la zona sur del conurbano bonaerense “profirió en voz alta diversas manifestaciones dirigidas contra el presidente de la Nación”, advirtió también la resolución judicial.

La defensa oficial pidió que se lo libere por “inexistencia de peligro real, ya que no tenía armas de fuego, capacidad ni medios para atentar contra el Presidente de la Nación, ni consta que este lo supiera” y además porque se trató de una “descarga o exabrupto impulsivo en redes sociales” derivado de su afección psiquiátrica. Reclamó el sobreseimiento y que se evalúe si es imputable. Según informes incorporados a la causa, el acusado tenía orden médica de internación psiquiátrica por representar “riesgo para sí y para terceros” desde meses antes, pero al momento de los hechos estaba en su casa.

El video

En la filmación se lo vio con el rostro cubierto, se identificó como “sicario” y “general de la mafia” y “profirió amenazas de muerte y secuestro dirigidas al titular del Poder Ejecutivo Nacional y su familia”.

“Lo primero que quiero decirle es que yo soy el sicario de los kirchneristas. Soy una persona peligrosa con mucho poder político, puedo mandar a matar a muchas personas, Javier Milei quiero que me cumplas. ¿Javier Milei tu vida tiene precio? No tiene precio tu vida. Bueno entonces me vas a tener que hacer caso a mí. ¿Sabes quién soy yo? El general de la mafia", arrancaba el acusado.

Y entre otras amenazas siguió: “Si mi gente no te quiere yo tampoco te quiero. Javier Milei plata o plomo, te voy a secuestrar a toda tu familia. Mayra no tengas miedo, nadie te va a hacer nada. Sos presidenta Mayra. Villa del Monte presente. Javier Milei tengo sicarios de mi lado, toda la vida tuve sicarios, gente que mata porque le gusta matar, Javier Milei es mi último video para vos, bajate como presidente, te quedan horas de vida para vos y tu familia”.

Cuando quedó detenido y “en reiteradas oportunidades y frente al personal policial, manifestó – en voz alta-: “voy a matar a Milei”, entre otros insultos y amenazas de similar tenor, algo que también tuvieron en cuenta los jueces a la hora de resolver que por el momento siga preso.

El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José condenó este jueves 27 de agosto de 2026 al extesorero del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Ricardo Olivas Valle, por su responsabilidad en la sustracción de aproximadamente ₡3,293 millones (unos USD 7.2 millones) de las bóvedas de la entidad financiera estatal, en el caso conocido como “Gallo Tapado”.

El tribunal encontró al exfuncionario responsable de 33 delitos de peculado y le impuso inicialmente una pena acumulada de 330 años de prisión. Sin embargo, debido a la aplicación de las reglas del concurso material, la condena fue readecuada a 30 años de cárcel, según informó el Poder Judicial.

Además, los jueces ordenaron que Olivas permanezca bajo prisión preventiva durante ocho meses, mientras la sentencia adquiere firmeza.

La resolución llega semanas después de que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) solicitara una condena todavía mayor: 396 años de prisión, al considerar acreditada la responsabilidad del extesorero en cada una de las extracciones de dinero que le fueron atribuidas.

33 extracciones entre 2021 y 2023

La acusación del Ministerio Público sostuvo que Olivas Valle realizó 33 extracciones de dinero entre 2021 y 2023, aprovechando su posición dentro del Banco Nacional y las condiciones de acceso que tenía a las bóvedas de la sede central de la institución, ubicada en San José.

Según la tesis fiscal, los retiros de efectivo se producían principalmente durante los últimos minutos de la jornada laboral, en momentos en los que disminuía la cantidad de personas dentro de las instalaciones.

La investigación determinó que varias de las extracciones ocurrieron entre las 4:16 p. m. y las 5:29 p. m., una franja horaria en la que, de acuerdo con la Fiscalía, el exfuncionario podía aprovechar una menor vigilancia para sacar importantes cantidades de efectivo.

Durante el juicio fueron analizados numerosos videos de seguridad. La Fiscalía sostuvo que esas grabaciones mostraban al entonces funcionario colocando fajos de billetes en sobres de manila amarillos antes de abandonar las instalaciones bancarias y superar los controles de seguridad.

La lotería y el origen del nombre “Gallo Tapado”

El expediente recibió el nombre de “Gallo Tapado” por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía debido al mecanismo que, según la acusación, habría utilizado Olivas para intentar dar apariencia legítima a parte del dinero sustraído.

La tesis del Ministerio Público señaló que el exfuncionario compraba grandes cantidades de fracciones y billetes de lotería de la Junta de Protección Social (JPS). Cuando alguno de esos números resultaba premiado, el dinero era posteriormente depositado en cuentas bancarias, lo que habría permitido presentar los recursos como ganancias provenientes de juegos de azar.

Durante los allanamientos realizados en la vivienda de Olivas, las autoridades localizaron alrededor de 3,000 fracciones de lotería, evidencia que posteriormente fue incorporada al proceso judicial.

El propio acusado reconoció durante el debate judicial que había tenido problemas relacionados con los juegos de azar.

“Tuve adicción a los juegos, en algún momento, a la lotería solamente”, declaró ante el tribunal, aunque sostuvo que ese comportamiento no estaba relacionado con la procedencia del dinero investigado.

Fallas en los controles internos

El proceso judicial también puso bajo la lupa los mecanismos de control existentes dentro del Banco Nacional durante los años en que se produjeron las sustracciones.

De acuerdo con la acusación, desde 2019 no se realizaban arqueos físicos exhaustivos en las bóvedas, circunstancia que habría facilitado que las extracciones continuaran durante un periodo prolongado sin ser advertidas.

Además de Olivas, otras personas fueron incluidas en investigaciones separadas por eventuales responsabilidades relacionadas con omisiones, incumplimientos de deberes o encubrimiento. Entre ellas se mencionaron supervisores, contadores, personal de seguridad y exfuncionarios vinculados con áreas jurídicas de la institución.

El proceso contó también con la participación de la Procuraduría General de la República y el propio Banco Nacional como partes acusadoras. La entidad bancaria busca recuperar los recursos sustraídos.

La condena conocida este jueves representa uno de los capítulos más importantes del caso desde que la desaparición del dinero salió a la luz en 2023.

Aunque la sumatoria de las penas individuales alcanzó los 330 años, la legislación costarricense impide el cumplimiento efectivo de una sanción de esa magnitud. En consecuencia, el Tribunal Penal aplicó las reglas correspondientes y estableció que Olivas deberá descontar 30 años de prisión.

Por ahora, el extesorero continuará privado de libertad durante ocho meses de prisión preventiva, mientras el fallo completa las etapas necesarias para adquirir firmeza.

El fraude eléctrico figura entre las infracciones más sancionadas dentro del marco legal dominicano, con penas que pueden llegar hasta veinte años de prisión en situaciones graves.

La ley 186-07 clasifica estos actos como delito de acción pública, permitiendo que las autoridades inicien investigaciones y procesos judiciales sin requerir una denuncia formal de la víctima.

La normativa define el fraude eléctrico como toda acción intencional para apropiarse de energía sin autorización, ya sea mediante conexiones directas sin contrato o por la manipulación de medidores y redes. Además, sanciona el uso de dispositivos o programas que alteren el registro del consumo o el cobro de energía no suministrada.

Según información publicada por Listín Diario, el esquema sancionador varía según la cantidad de energía sustraída. Para consumos menores a 1.000 kilovatios-hora (kWh), la pena es de tres a cinco días de prisión, multa de igual número de salarios mínimos o ambas sanciones.

Cuando la energía supera los 1,000 kWh pero no excede los 2,000, se contempla prisión de cinco a diez días y multa de cinco a diez salarios mínimos.

En casos donde la sustracción rebasa los 2,000 kWh, la sanción se eleva a diez a veinte días de prisión o multa de diez a veinte salarios mínimos, aplicando tanto a viviendas como a pequeños comercios. Estas medidas buscan desalentar la práctica en sectores residenciales y comerciales de bajo consumo.

Sanciones agravadas para empresas y reincidencias

Cuando el fraude ocurre en instalaciones con tarifa de demanda —donde se mide tanto la cantidad como la velocidad del consumo—, las consecuencias se agravan. Para potencias de hasta 20 kilovatios (kW), la prisión puede ser de tres a seis meses y la multa de cuarenta a ochenta salarios mínimos. Si la potencia llega a 50 kW, la condena puede alcanzar un año de prisión y hasta 160 salarios mínimos de multa.

Tal como detalla Listín Diario, para sustracciones de hasta 100 kW, la ley prevé dos años de prisión y 320 salarios mínimos de multa. La máxima sanción —tres años de prisión y 500 salarios mínimos— se impone para quienes superen esa cantidad.

Empleados, exempleados o contratistas del sector eléctrico enfrentan penas más severas, que oscilan entre cinco y diez años de prisión. En casos de reincidencia o existencia de múltiples actas de fraude en diferentes suministros, se aplica el máximo previsto por la ley.

Agravantes y consecuencias adicionales

Existen agravantes que pueden sumar hasta tres años adicionales de prisión si el fraude es cometido en grupo o de forma reiterada, equiparando la conducta a la asociación de malhechores. Si el hecho ocurre entre las 6:00 pm y las 6:00 am, la pena también puede incrementarse en tres años.

En situaciones donde el fraude eléctrico cause lesiones permanentes o la pérdida de vidas humanas, la sanción mínima parte de cinco años de prisión y puede alcanzar hasta los veinte.

El fraude eléctrico en República Dominicana está regulado por un marco legal que establece diferentes sanciones según el tipo de infracción, la cantidad de energía involucrada, el perfil de la persona responsable y las circunstancias en que ocurra el hecho.

Estas disposiciones buscan prevenir estas conductas y contribuir al adecuado funcionamiento del sistema eléctrico.

Luego de una alerta generada de la inteligencia penitenciaria y de los órganos de control, autoridades de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informaron sobre la localización de un túnel en la Granja Penal de Pavón, en Guatemala.

Según las autoridades penitenciarias, esta caleta sería utilizada por uno o varios privados de libertad para darse a la fuga. Sin embargo, aclararon que esta situación deberá de ser esclarecida en las investigaciones que realice el Ministerio Público (MP).

La localización del túnel fue revelada durante la realización de una requisa. El director de la DGSP, Jorge Guillermo López Dellachiessa, detalló que la caleta tenía dimensiones para que una o varias personas permanecieran dentro.

El funcionario detalló que al principio la finalidad del túnel fue el resguardo de ilícitos dentro del centro penal, pero ahora sería utilizado para escapar y se cree que la intención era llegar a la malla perimetral.

¿Cómo lo construyeron?

De acuerdo con López Dellachiessa, el túnel fue construido con piochas y palas. Al ser cuestionado sobre el acceso a este tipo de herramientas, respondió: “No tienen acceso, pero se iniciará una investigación en contra de elementos del sistema penitenciario y otros que puedan resultar involucrados para determinar lo ocurrido”.

Sin embargo, en un video compartido por las mismas autoridades se observa que el agujero en su totalidad no tiene trazos irregulares, por el contrario hay áreas donde se ven materiales de construcción como adoquín, el cual está simétrico y muy bien instalado. Aunque sí hay partes que están picadas o erosionadas y en el suelo se ve ripio o residuos de materiales.

El túnel estaba ubicado dentro de uno de los tantos “Ranchos” que están dentro de la Granja Penal de Pavón. Según el funcionario, estas construcciones están ubicadas en las áreas verdes del centro y se utilizan para proyectos laborales.

No obstante, el rancho donde se localizó la caleta será demolido. “No nos vamos a arriesgar a que sigan trabajando (dentro de él) para escapar o para guardar ilícitos”, sentenció el director del Sistema Penitenciario.

Para ello, se movilizó maquinaria tipo excavadoras que servirán para demoler la construcción. En tanto, Inspectoría General y la Unidad de Análisis de Información Penitenciaria iniciarán las investigacionesinternas para dar con los reos responsables y autoridades que podrían estar implicadas.

Segunda caleta

Además del túnel donde se cree que los privados de libertad utilizarían para escaparse, las autoridades localizaron una segunda caleta donde se almacenaban sustancias ilícitas, en su mayoría bebidas alcohólicas.

La caleta, construida hasta con refuerzos de ladrillos, guardaba más de 700 cervezas y otros licores.

Esta no es la primera vez que localizan bebidas embriagantes bajo tierra en Pavón. En enero de este año el Sistema Penitenciario informó sobre la localización de un agujero de grandes proporciones donde los privados de libertad guardaban cervezas y hasta un arma de fuego.

Hasta el momento no se ha revelado cuántos ilícitos localizaron en la requisa realizada este miércoles 26 de agosto. Sin embargo, López Dellachiessa detalló que, por lo menos, encontraron 35 teléfonos celulares y droga, pero “todo ya fue incinerado”.

En evidencia fotográfica se observan varias bolsas llenas de hierva, aparentemente a la marihuana. Incluso, encontraron en un envase pet una planta de la droga sembrada.

“Están actuando con inteligencia”

Luego que se revelara la localización del túnel, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se pronunció a través de sus redes sociales asegurando que las autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) y del Ejército están “actuando con inteligencia, coordinación y firmeza”.

“Hoy han frustrado el intento de construcción de un túnel desde la Granja Penal de Pavón. Continuaremos golpeando al crimen organizado donde sea que intenten esconderse”, afirmó el mandatario.

Además, dijo que esta “no es una tarea fácil”, pero aseguró que están “librando la batalla que por años no se quiso dar: alejar definitivamente a los criminales del pueblo”.

Por su parte, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, calificó el hallazgo como “un duro golpe a las estructuras criminales”.

También indicó que la información de inteligencia penitenciaria reveló que este túnel sería utilizado como una salida al exterior de la cárcel y afirmó en un video publicado en sus redes sociales: “No vamos a permitir que las cárceles sean centros de operación para el crimen organizado”.

Al estilo de “El Chapo” Guzmán

El capo Joaquín “El Chapo” Guzmán consolidó su leyenda criminal al burlar la máxima seguridad penitenciaria mexicana mediante la ingeniería subterránea. Su fuga más audaz ocurrió en julio de 2015 en el penal del Altiplano.

Allí, el líder del Cártel de Sinaloa escapó a través de un sofisticado túnel de 1.5 kilómetros de longitud, equipado con iluminación, ventilación de PVC y una motocicleta adaptada sobre rieles para acelerar su huida.

El pasadizo conectaba directamente la zona de la ducha de su celda con una obra en construcción exterior.

Esta compleja infraestructura evidenció una alarmante red de corrupción institucional que facilitó su evasión.

El reparto del acuerdo aprobado por la ciudad de Fort Worth fijó que los dos sobrinos menores de Atatiana Jefferson recibirán su parte a través de un fideicomiso cuando cumplan 18 años, mientras que el resto se distribuirá entre otros familiares.

La medida abrió la instancia final para cerrar una demanda civil iniciada por la muerte de la mujer, baleada por un policía dentro de su casa, tal y como informó ABC News.

La decisión del concejo municipal llegó casi siete años después del caso que conmocionó a Texas. El expediente por muerte injusta había sido presentado en mayo de 2021 por la sucesión de Jefferson contra la ciudad y la Policía local.

La alcaldesa de Fort Worth, Mattie Parker, sostuvo que la familia y los seres queridos de Jefferson sufrieron “una pérdida profunda e inimaginable”.

Parker agregó que ningún acuerdo puede revertir el impacto de lo ocurrido, aunque expresó su expectativa de que la resolución aporte “una medida significativa de cierre” y permita avanzar, de acuerdo con declaraciones citadas por ABC News.

El operativo que terminó con la muerte de Jefferson

El hecho ocurrió el 12 de octubre de 2019, cerca de las 2.30 de la madrugada. Aaron Dean, entonces integrante de la Policía de Fort Worth, acudió junto a otro agente a la vivienda de Jefferson tras una llamada no urgente de un vecino que había advertido la puerta principal abierta, tal y como reconstruyó Reuters.

Durante el juicio surgió que Jefferson y su sobrino habían dejado abiertas las puertas para sacar el humo después de que se quemaran unas hamburguesas horas antes, de acuerdo con AP.

Las imágenes de la cámara corporal mostraron que los agentes avanzaron por la propiedad sin identificarse como policías. Dean entró al patio trasero con el arma desenfundada y se acercó a una ventana, añadieron Reuters y AP.

Jefferson advirtió movimientos fuera de su casa y creyó que había un intruso. La mujer tomó su arma y se acercó a una ventana. Dean gritó que levantara las manos y disparó a través del vidrio casi de inmediato, antes de matarla delante de su sobrino de 8 años, señaló ABC News.

Durante el juicio, la defensa del expolicía sostuvo que Dean respondió a una amenaza letal cuando vio a Jefferson armada.

Aun así, el propio exagente admitió en el estrado que su conducta había sido “un mal trabajo policial”, una frase que quedó entre los elementos centrales del proceso.

El acuerdo civil y la respuesta de la familia

El acuerdo civil quedó establecido en USD 11,25 millones y aún debe pasar por un tribunal sucesorio, que tendrá a su cargo la validación final de los términos. ABC News detalló que el entendimiento recibió apoyo unánime en el Concejo Municipal.

La hermana de la víctima, Ashley Carr, afirmó que el caso constituye una situación poco frecuente en la que una familia obtuvo respuestas en el plano penal y en el civil tras la muerte de un ser querido a manos de un policía.

“Reconocemos lo inusual que resulta que las familias afectadas por estos hechos reciban respuestas en ambos frentes, y no lo damos por sentado”, expresó en una declaración recogida por ABC News.

El antecedente penal y los próximos pasos judiciales

Dean renunció poco después del episodio. En diciembre de 2022, un jurado lo declaró culpable de homicidio culposo, una figura menor a la acusación inicial de asesinato. Días más tarde recibió una pena de más de 11 años de prisión.

Tras esa sentencia, Carr remarcó que su hermana no había hecho nada incorrecto y que se encontraba dentro de su hogar cuando la mataron.

La emisora WFAA, afiliada de ABC en Dallas, reportó que Fort Worth ya había aprobado en 2023 otra compensación de USD 3,5 millones en una demanda presentada en nombre de Zion Carr, el sobrino que presenció el disparo fatal.

El expediente civil quedó ahora a la espera de la validación final del tribunal sucesorio, que deberá confirmar los términos definitivos del acuerdo para la familia de Atatiana Jefferson.

Un hombre fue condenado a seis años de prisión efectiva por abusar sexualmente de una niña perteneciente a su entorno familiar en la ciudad de San Martín de los Andes en la provincia de Neuquén.

El fallo, dictado por el tribunal conformado por los jueces Juan Pablo Balderrama, Maximiliano Bagnat y la jueza Leticia Lorenzo, puso fin a un proceso judicial que expuso la gravedad de los hechos ocurridos entre marzo y diciembre de 2024.

La investigación, encabezada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), estableció que el acusado, identificado con las iniciales S.P., aprovechó la convivencia con la víctima para cometer los abusos.

Los episodios tuvieron lugar tanto en el domicilio que ambos compartían como en una estancia durante un viaje familiar, según detalló la fiscalía. La calificación legal del delito fue abuso sexual simple calificado por ser cometido contra una persona menor de 18 años y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente.

El tribunal resolvió, de manera unánime, imponer una pena de 5 años de prisión efectiva por el hecho juzgado, unificándola con una condena previa de S.P. a 3 años de prisión condicional por un delito similar, dictada en agosto de 2021. De esta manera, la pena total fijada asciende a 6 años de prisión efectiva.

De acuerdo con la información aportada por el Ministerio Público Fiscal, los abusos investigados se produjeron de manera reiterada durante un período de diez meses. El fiscal Scordo, expuso que el acusado actuó en al menos dos contextos: en la vivienda compartida y en una estancia, durante un viaje familiar. La evidencia presentada permitió acreditar la existencia de una dinámica de control y aprovechamiento de la relación de convivencia.

Durante la audiencia de determinación de la pena, celebrada la semana pasada, el fiscal Scordo argumentó que el delito atribuido a S.P. contemplaba un rango de pena de tres a diez años de prisión. En su exposición, solicitó una condena de ocho años de prisión, fundamentando el pedido en la “extensión del daño, la reiteración de los hechos y los antecedentes que tiene el acusado”, según afirmó.

El fiscal también solicitó que la nueva condena se unificara con la sentencia previa por abuso sexual simple agravado dictada en 2021, cuyo cumplimiento era condicional. “Pedimos revocar esta condicionalidad y unificar la condena en una sola de 11 años de prisión efectiva”, manifestó Scordo durante la audiencia, planteo que fue respaldado por el Defensor de la Niñez y Adolescencia.

La resolución del tribunal se basó en la valoración de las pruebas presentadas y en la gravedad de los hechos. El juez Juan Pablo Balderrama, portavoz del cuerpo, explicó que la decisión de imponer 5 años de prisión efectiva, unificados con la condena previa en un total de 6 años de prisión efectiva, fue adoptada por unanimidad junto al magistrado Bagnat y la jueza Lorenzo.

Según lo informado, el tribunal consideró la reiteración de los hechos y el contexto de convivencia preexistente como factores agravantes. No obstante, la pena resultó menor a la solicitada por la fiscalía, que había requerido una unificación de condenas por un total de 11 años de prisión efectiva. El tribunal optó por una sanción inferior, aunque revocó el beneficio de la condicionalidad de la sentencia anterior.

El delito de abuso sexual simple calificado por el vínculo y la convivencia preexistente, previsto en el Código Penal argentino, contempla penas de hasta diez años de prisión. En este caso, la condena total se fijó en seis años de cumplimiento efectivo, respondiendo a una valoración conjunta de los hechos y los antecedentes penales del acusado.

La fiscalía de Dakota, en Minnesota, acusó a Christopher Boone Crimmins, de 34 años, por homicidio involuntario en segundo grado tras la muerte de su compañero Tyler Anthony Lynch, de 26, durante una jornada de poda en Apple Valley.

El caso tomó relevancia por la forma en que ocurrió el hecho: una maniobra con una garra hidráulica montada sobre un camión, en una escena que los investigadores reconstruyeron a partir de la denuncia penal.

De acuerdo con reportes de NBC News y Fox News, que citaron el expediente presentado ante la Justicia local, los dos empleados retiraban ramas el jueves por la tarde cuando se produjo el episodio. La acusación sostiene que Crimmins era el único integrante de la cuadrilla con licencia comercial para operar el equipo.

Qué dicen los investigadores sobre la secuencia del hecho

El vehículo utilizado en la tarea tenía un brazo mecánico con una garra hidráulica destinada a mover restos de árboles. En ese contexto, la denuncia indicó que ambos hombres empezaron a bromear al advertir las sombras que proyectaban el brazo y el cuerpo de Lynch sobre el asfalto.

A partir de esa secuencia, Crimmins habría movido el implemento para que su sombra pareciera atrapar la de su compañero. NBC News afirmó que el operador observaba el suelo y no el desplazamiento real del dispositivo ni la posición exacta de Lynch.

Esa circunstancia, siempre de acuerdo con la acusación, hizo que no advirtiera que el brazo se acercaba a la víctima. El documento judicial indicó que abrió y cerró la garra en ese instante, una maniobra que provocó una lesión fatal, tal y como quedó asentado en la presentación penal.

Un testigo dijo a los investigadores que vio cómo la máquina golpeó o pellizcó al joven. Fox News reprodujo ese pasaje del expediente y añadió que los agentes encontraron sangre sobre la garra, que permanecía encima del cuerpo cuando llegó la policía.

La escena que encontró la policía y el cargo presentado

Los efectivos que acudieron al lugar hallaron a Lynch en el suelo, con una gran cantidad de sangre alrededor del cuerpo y un trauma severo. Las autoridades lo declararon muerto en la escena, tal y como consignó Fox News a partir de la información oficial.

Para la fiscalía, el accionar de Crimmins implicó negligencia grave. Los investigadores sostuvieron que el trabajador creó “un riesgo irrazonable” y que “asumió conscientemente la posibilidad de causar la muerte o un daño corporal grave a otra persona”, de acuerdo con los pasajes citados por los medios estadounidenses.

Ese encuadre derivó en un cargo por homicidio involuntario en segundo grado, un delito grave bajo la legislación estatal. El expediente no describió un ataque intencional, pero sí una conducta que, a criterio de los fiscales, excedió cualquier margen de seguridad laboral.

NBC News detalló que la pena máxima prevista para ese delito alcanza 10 años de prisión. Fox News agregó que el caso también contempla una multa máxima de USD 20.000 si se produce una condena.

La situación judicial del acusado y lo que viene en el caso

La oficina del fiscal de Dakota fijó una fianza de USD 40.000 sin condiciones o de USD 20.000 con condiciones. Esa información apareció en los reportes publicados el viernes, cuando la acusación tomó estado público.

Fox News indicó que funcionarios locales lo ubicaban bajo custodia en la cárcel. NBC News señaló que no estaba claro si ya contaba con representación legal y que no hubo respuesta inmediata al número telefónico asociado a su nombre.

La próxima comparecencia judicial de Crimmins quedó prevista para el 10 de septiembre, afirmó NBC News al citar a la fiscalía. Ese paso marcará el inicio formal del proceso abierto por este caso.

Chad “N”, expolicía originario de Texas, enfrenta una posible condena de 160 años de prisión tras irrumpir la noche del 4 de agosto una vivienda de la colonia Antonio Cárdenas, en Saltillo, Coahuila, donde disparó contra cuatro miembros de la familia de su expareja para sustraer a su hijo de 3 años. El saldo fue de tres personas muertas —Laura, de 22 años; Ana, de 45; y Emmanuel, de 40— y la madre del menor, Litzy, de 25 años, resultó gravemente herida, en un hecho donde el agresor desobedeció una orden de restricción que le impedía acercarse al niño.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, precisó que la estimación de la pena se basa en las penalidades del Código Penal de Coahuila. Sin embargo, la determinación final corresponderá al juez a cargo de la causa penal una vez que el proceso avance a la etapa correspondiente.

Chad “N” enfrentaría hasta 200 años de prisión según el Código Penal de Coahuila

De acuerdo con los primeros reportes, de ser hallado culpable, Chad “N” podría recibir una condena de entre 150 y 200 años de prisión por los delitos que le imputan las autoridades de Coahuila. Los cargos incluyen doble feminicidio, feminicidio en grado de tentativa, homicidio calificado y sustracción de menor.

La estimación desglosa unos 60 años de prisión por cada feminicidio consumado, 40 años por el feminicidio en grado de tentativa y otros 40 años por el homicidio calificado. Esa suma proyecta una pena total de hasta 200 años, según el análisis del Tribunal Superior de Justicia del estado.

La cifra superaría la sentencia más alta dictada hasta ahora en Coahuila por delitos de violencia de género: 182 años de prisión para Luis Bryan García Molina, condenado por el asesinato de tres enfermeras en Torreón en mayo de 2020. Le sigue una condena de 165 años para Francisco Jordán Meza Chacón, el feminicida de la colonia La Valencia en Saltillo, quien asesinó y desmembró a Gabriela “N” en 2019.

La tercera sentencia más alta en el estado es de 98 años, impuesta a Héctor Arnulfo Villanueva Villarreal por violencia familiar y secuestro en Monclova en octubre de 2023. Todas esas condenas quedarían por debajo de la pena que podría enfrentar Chad “N” si el juez aplica el máximo previsto por la ley.

El ataque en la calle José Espinoza y la orden de restricción ignorada

El agresor residía en Texas y llegó a Coahuila al menos cinco días antes del ataque. Durante ese periodo, vigiló los movimientos de la familia en la vivienda de la calle José Espinoza, donde Litzy vivía con su hijo y otros familiares.

La noche del martes, Chad irrumpió en el domicilio con la intención declarada de ver al menor. La orden de restricción vigente en su contra desencadenó una confrontación inmediata con los presentes.

Los cuatro adultos dentro de la casa —Litzy, su hermana Laura, Ana y Emmanuel— intentaron impedir que se llevara al niño. El atacante abrió fuego contra todos ellos y huyó en una camioneta Chevrolet Silverado gris con placas de procedencia estadounidense.

Laura, Ana y Emmanuel murieron en el lugar. Litzy recibió dos disparos en la cabeza y fue la única sobreviviente del ataque; los servicios de emergencia la trasladaron primero a la Clínica número 2 del IMSS y después al Hospital General de Saltillo, donde permaneció en estado grave.

El operativo binacional que permitió la captura de Chad en Piedras Negras

Las autoridades activaron un operativo de búsqueda en todas las regiones del estado desde el primer momento. En él participaron la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional.

El secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Gutiérrez Rodríguez, se presentó en el lugar de los hechos para dar seguimiento personal a la situación. Las corporaciones acordonaron la zona en el cruce de las calles José Espinoza y Carlos Rubirosa para el levantamiento de indicios.

Las autoridades rastrearon la ruta del sospechoso a través de las cámaras de seguridad instaladas a lo largo de la carretera 57. Ese rastreo les permitió anticipar el trayecto del agresor y desplegar unidades para interceptarlo antes de que alcanzara la frontera con Estados Unidos.

Desde el inicio del operativo, la Fiscalía de Coahuila notificó a las autoridades estadounidenses sobre la identidad del agresor y el riesgo de que intentara cruzar la frontera con el menor. La coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos fue un elemento central de la estrategia de contención.

Las autoridades capturaron a Chad en Piedras Negras y recuperaron al niño de 3 años en ese mismo momento. El menor fue rescatado sin daños físicos reportados.

El proceso judicial y el plazo de seis meses del Ministerio Público

El caso se encuentra actualmente en etapa de investigación complementaria, previa a la audiencia intermedia. El Ministerio Público solicitó un plazo de seis meses para realizar las indagatorias que complementen la carpeta de investigación y fortalezcan la acusación de cara a la apertura del juicio oral.

La estimación de la pena máxima constituye un ejercicio de observancia de las penalidades previstas en el Código Penal de Coahuila, no una sentencia anticipada. El juez asignado a la causa determinará la condena definitiva una vez que el proceso alcance la etapa de juicio oral.

El estado de Coahuila ya cuenta con precedentes de condenas superiores a los 100 años por delitos graves, entre ellos feminicidio y terrorismo. La pena que podría enfrentar Chad “N” establecería un nuevo récord histórico en el sistema judicial de la entidad.

Un jefe de la Fuerza Pública de Costa Rica fue condenado a 12 años de prisión por disparar en dos ocasiones contra un hombre que se encontraba esposado y trataba de escapar durante una detención, en un hecho ocurrido en Costa de Pájaros, Puntarenas, en octubre de 2019.

La Fiscalía Adjunta de Puntarenas informó que logró que un Tribunal declarara culpable a un oficial de apellidos Miranda Morales por el delito de tentativa de homicidio calificado, luego de determinar que el uso de su arma de reglamento no estaba justificado bajo las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Para la fecha del incidente, Miranda se desempeñaba como jefe de la Delegación de Fuerza Pública de Chomes y acumulaba más de 20 años de servicio en la institución policial.

Los hechos se remontan al 19 de octubre de 2019, aproximadamente a las 11:00 a. m., cuando el oficial y otros funcionarios policiales llegaron hasta la vivienda de la víctima con el objetivo de detenerla.

El hombre estaba vinculado con una investigación por homicidio, motivo por el cual fue aprehendido por los agentes.

De acuerdo con los hechos acreditados durante el juicio, el sospechoso no opuso resistencia al momento de la detencióny los policías procedieron a colocarle las esposas con las manos hacia atrás.

Posteriormente, los funcionarios y el detenido permanecieron en la vía pública, mientras esperaban la llegada de personal judicial encargado de realizar un allanamiento en la vivienda.

Fue durante esa espera cuando la situación cambió.

Según la prueba presentada por el Ministerio Público, el hombre comenzó a correr para alejarse del lugar, a pesar de permanecer esposado.

Ante el intento de fuga, Miranda sacó su arma de reglamento y realizó dos disparos hacia la espalda del detenido.

Uno de los proyectiles alcanzó al hombre en el tórax y le provocó lesiones que comprometieron órganos de su sistema digestivo.

Tribunal determinó que no existía una amenaza

Uno de los principales puntos analizados durante el juicio fue determinar si las condiciones existentes en el momento del intento de fuga justificaban que el oficial utilizara un arma de fuego. La Fiscalía sostuvo que no.

Durante el debate judicial se logró acreditar que la víctima estaba esposada con las manos detrás de la espalda, se encontraba de espaldas a los policías y corría para huir del lugar.

Según la acusación acogida por el Tribunal, en esas circunstancias el hombre no representaba un riesgo para la integridad física de los agentes ni de otras personas presentes en la zona.

Ese elemento resultó determinante para establecer la responsabilidad penal del jefe policial.

El Ministerio Público logró demostrar que el uso del arma de fuego no estaba justificado, pese a que la persona intentaba escapar de la custodia policial.

El caso pone nuevamente bajo discusión los límites del uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales, particularmente cuando se trata de personas que ya se encuentran sometidas a una medida de aprehensión.

Medidas cautelares mientras queda firme la sentencia

La condena todavía debe adquirir firmeza antes de que se ejecute definitivamente la pena de prisión.

Mientras concluyen las etapas procesales correspondientes, Miranda deberá cumplir con la obligación de firmar periódicamente ante las autoridades.

Además, el Tribunal le impuso una prohibición de salida del país, de acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía.

El expediente judicial relacionado con estos hechos corresponde al número 19-001686-431-PE.

El Ministerio Público añadió un elemento adicional sobre la persona que resultó herida durante el procedimiento policial.

Según confirmó la Fiscalía de Puntarenas, el hombre que recibió el disparo también fue procesado en otro expediente penal por el homicidio que motivó originalmente su detención aquel 19 de octubre de 2019.

En ese proceso independiente, la víctima de los disparos también fue sentenciada por su participación en el homicidio investigado.

Ambos procedimientos, sin embargo, corresponden a responsabilidades penales distintas: por un lado, la participación del detenido en el homicidio por el cual era buscado y, por otro, la actuación del jefe policial durante su intento de fuga.

Una jueza dictó prisión preventiva a tres presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el atentado contra la regidora de Morena en Tecate, Baja California, María de Jesús Quijada Maldonado, ataque en el que murió su esposo Jesús Pereida Ruiz. La continuación de la audiencia quedó programada para este viernes 14 de agosto, fecha en la que se resolvería si los imputados serían vinculados a proceso por homicidio calificado.

Los acusados fueron Yael “N”, alias “El Bolas”, identificado como líder de la célula; Jesús Alberto “N”, alias “El Boa”; y Daniel Alexis “N”, alias “El Güero”. Los tres ya estaban detenidos desde la semana previa por delitos contra la salud y posesión de armas.

La Fiscalía General del Estado obtuvo órdenes de aprehensión por homicidio calificado y las cumplimentó mientras los tres permanecían bajo custodia. Después los presentó ante una jueza por el ataque cometido el 14 de julio en el fraccionamiento La Hacienda, en Tecate.

La tarde del miércoles 12 de agosto, el Ministerio Público formuló imputación en su contra por el homicidio calificado de Jesús Pereida Ruiz. La audiencia estuvo a cargo de la jueza de control Gabriela García Hernández.

Los imputados, por conducto de su defensora, se acogieron al plazo constitucional de 72 horas para que se resolviera su situación jurídica. Por esa razón, la audiencia continuaría el viernes 14 de agosto, cuando la jueza decidiría si los vinculaba a proceso.

El ataque ocurrió cuando la familia salía a una graduación

La agresión ocurrió cuando Pereida Ruiz, Quijada Maldonado y la hija adolescente de ambos salieron de su domicilio para acudir a la ceremonia de graduación de la menor. En ese momento fueron atacados a balazos.

De acuerdo con la investigación, el atentado ocurrió el 14 de julio en el fraccionamiento La Hacienda. Versiones preliminares ubicaron la emboscada en la calle Coyuca, donde hombres armados interceptaron el automóvil KIA negro en el que viajaba la pareja.

El vehículo llevaba placas 9TWY116. En ese ataque, Pereida Ruiz murió frente a su familia y la regidora resultó herida.

Datos extraoficiales señalaron que el esposo de la regidora falleció en el lugar por múltiples impactos de arma de fuego. María de Jesús Quijada también recibió varios disparos, entre ellos uno en la cabeza.

La información difundida en esas horas indicó que la regidora fue trasladada a un hospital de Estados Unidos para recibir atención médica. Antes circularon versiones diversas por la falta de información oficial sobre su estado de salud.

En redes sociales, la cuenta oficial de Facebook de Pereida informó primero: “Con profunda tristeza informamos el sensible fallecimiento de Jesús Pereida y de su esposa, María Quijada”. Horas después, la misma cuenta fijó un comentario para precisar que ella seguía con vida, aunque se encontraba muy grave.

Ya había otro vinculado a proceso por el mismo caso

Por este mismo expediente ya había sido vinculado a proceso Raymundo “N”, señalado en la investigación por haber proporcionado el automóvil utilizado por los agresores. La indagatoria sostuvo que entregó el vehículo el 10 de julio, cuatro días antes del atentado, y que sabía para qué sería usado.

Ese dato colocó a Raymundo “N” como una pieza previa en la preparación del ataque. La causa penal, por tanto, ya incluía a un cuarto presunto implicado antes de que fueran presentados los tres presuntos integrantes de la célula criminal.

Jesús Pereida Ruiz era abogado y ocupó diversos cargos durante la administración estatal de Jaime Bonilla. Fue titular de la Mesa de Seguridad y Paz en Tecate, encargado de despacho de Bienestar Social y delegado del Registro Público de la Propiedad.

María de Jesús Quijada se desempeñaba como regidora de Morena en el XXV Ayuntamiento de Tecate. Tenía 40 años y llevaba menos de dos años en el cargo; además cursaba la licenciatura en Derecho en la Universidad Humanitas, campus Tijuana.

La decisión inmediata de la jueza consistió en imponer la medida cautelar de prisión preventiva a los tres acusados mientras avanzaba el proceso. La siguiente definición judicial quedaría en manos del juzgado el viernes 14 de agosto, con la resolución sobre su posible vinculación a proceso.

• Una jueza dictó prisión preventiva a tres presuntos integrantes del CJNG por el atentado contra la regidora María de Jesús Quijada Maldonado, en el que murió su esposo Jesús Pereida Ruiz.

• Los imputados fueron Yael “N”, alias “El Bolas”, Jesús Alberto “N”, alias “El Boa”, y Daniel Alexis “N”, alias “El Güero”; ya estaban detenidos por delitos contra la salud y posesión de armas.

• El ataque ocurrió cuando la familia salió de su casa para ir a la graduación de su hija, y el caso ya incluía a Raymundo “N”, vinculado a proceso por presuntamente facilitar el automóvil usado por los agresores.

El Ministerio Público Fiscal de la circunscripción de La Banda, provincia de Santiago del Estero, logró un acuerdo de juicio abreviado en un caso de violencia de género que culminó con la condena efectiva de un hombre por haber agredido y amenazado a su pareja. La resolución, que pone fin a un proceso judicial iniciado tras un grave episodio ocurrido a comienzos del año pasado, fue homologada por el Tribunal Unipersonal de Juicio Oral, presidido por el Dr. Luis Domínguez.

La causa estuvo dirigida por el fiscal coordinador Dr. Ignacio Agustín Guzmán y el fiscal Dr. Álvaro Javier Yagüe, en colaboración con la instructora Dra. Eugenia Pereyra. El acuerdo alcanzado con la defensa del imputado contempló la imposición de una pena de un año y siete meses de prisión efectiva, sumado a la declaración de reincidencia por primera vez, dado que el acusado ya contaba con antecedentes condenatorios.

El hecho que dio origen al proceso judicial ocurrió el 11 de enero de 2025 en un domicilio particular de la ciudad de La Banda. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos realizada por el Ministerio Público Fiscal, la agresión se produjo durante una discusión entre el imputado y su pareja. En ese contexto, el hombre profirió amenazas simples y luego ejerció violencia física contra la mujer, colocándole un cinturón alrededor del cuello, lo cual le provocó la pérdida de conocimiento.

La víctima, tras recuperar la conciencia, logró buscar refugio junto a su hija en la casa de una vecina. Desde allí, solicitó asistencia policial, lo que permitió la intervención inmediata de la fuerza pública y el posterior inicio de la investigación penal. El rápido auxilio y la contención brindada en ese primer momento fueron decisivos para resguardar la integridad física y emocional de la denunciante y su hija.

El ataque sufrido por la mujer incluyó, además del intento de asfixia, lesiones físicas constatadas por profesionales médicos. La pericia realizada tras el episodio registró heridas en el mentón y cuello, compatibles con la mecánica denunciada por la víctima. La constatación de estas lesiones resultó central para la posterior imputación y la tipificación de los delitos.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Santiago del Estero, a lo largo de la investigación, el Ministerio Público Fiscal incorporó una serie de pruebas determinantes. Entre ellas se cuentan los informes médicos, testimonios directos, evaluaciones de riesgo, estudios psicológicos y entrevistas realizadas mediante el sistema de Cámara Gesell. Esta última herramienta permitió obtener declaraciones de la víctima y su entorno en un ámbito protegido, garantizando la integridad del testimonio y evitando la revictimización.

El conjunto de elementos recolectados permitió a la fiscalía sostener tanto la materialidad de los hechos como la responsabilidad penal del acusado. Los informes psicológicos y de riesgo aportaron un contexto sobre la situación de violencia de género, mientras que los testimonios de la víctima y de testigos presenciales reforzaron la reconstrucción de la secuencia delictiva.

La calificación legal comprendió los delitos de lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por haber mediado violencia de género, en concurso real con amenazas simples.

Las partes, luego de un proceso de intercambio probatorio y negociación, acordaron la imposición de una pena de un año y siete meses de prisión efectiva para el imputado.

De esta manera, el convenio alcanzado fue presentado ante el Tribunal Unipersonal de Juicio Oral, a cargo del Dr. Luis Domínguez, quien procedió a homologar la resolución y dictó la sentencia conforme a lo solicitado por las partes. Con esta decisión, el proceso judicial quedó cerrado y se dispuso el cumplimiento efectivo de la pena impuesta.

Un médico fue condenado a 15 años de prisión por el delito de violación en perjuicio de una joven de 22 años. El hecho se registró en horas de la madrugada, en el cuarto de Urgencias del Hospital Regional Nicolás Alejo Solano, ubicado en el distrito de la Chorrera, en Panamá Oeste, cuando el hoy sentenciado atendía a la víctima.

En la audiencia de lectura de sentencia, el Tribunal de Juicio Oral emitió la pena de prisión, además impuso la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de médico por 5 años, luego de cumplida la pena principal.

La Procuraduría General de la Nación informó que durante el juicio oral desarrollado los días 22, 23, 27 y 28 de julio de 2026, la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de Panamá Oeste logró mediante un caudal de pruebas testimoniales, documentales, periciales y materiales, probar la responsabilidad del hombre en el hecho punible. Esto permitió que el Tribunal de Juicio Oral emitiera de manera unánime el veredicto de culpabilidad.

Otro caso de violación de un padre a su hija

De igual manera, la Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Regional de Panamá Oeste, logró la condena de 21 años y 6 meses de prisión para un hombre de 39 años, por los delitos de violación agravada, actos libidinosos y corrupción de personas menores de edad.

Durante audiencia, la Sección de Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual de Panamá Oeste logró que el Tribunal de Juicio Oral además impusiera la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de cargos, oficios y profesión en parques, parvularios, centros escolares, campos o centros deportivos o en cualquier lugar donde se agrupen personas menores de edad, por el mismo término, una vez cumplida la pena principal.

Los hechos ocurrieron entre los años 2019 al 2023, en el distrito de La Chorrera, en perjuicio de su hija, desde que tenía 6 años de edad.

Las autoridades de la provincia de Chiriquí también consiguieron que se condenará a un hombre a la pena de cárcel de 84 meses, como responsable por el delito contra el orden jurídico y familiar en la modalidad de violencia doméstica, física y psicológica.

Además, como parte de la pena se le impuso también la integración a un tratamiento terapéutico multidisciplinario.

La Fiscalía logró probar la responsabilidad de este hombre, mediante la recopilación de una serie de elementos de convicción, que permitieron comprobar la comisión del hecho penal, y luego de que esta persona aceptara su culpa validar, por parte de un Tribunal de Garantías, el referido acuerdo de pena.

Estos acontecimientos surgen para la fecha del 16 de marzo del 2026, en Pedregalito, del distrito de Boquerón, provincia de Chiriquí, cuando el hoy condenado en reiteradas ocasiones, golpeó y causó heridas en diferentes partes del cuerpo a su pareja sentimental.

Igualmente cometió actos de hostigamiento, al proferirle amenazas con un arma blanca y persecución a la víctima.

Otro sujeto igualmente fue condenado a 16 años de prisión por el delito de violación sexual agravada en perjuicio de su propia hija de 16 años.

Durante el desarrollo de la audiencia en el Juzgado de Garantía, la fiscalía presentó suficientes pruebas que demostraron la culpabilidad del sentenciado, de 43 años de edad, entre las que estaban el dictamen médico forense, testimonios, además de informes parciales, evidenciando además la vulneración de la confianza, la relación de parentesco y autoridad que este ejercía sobre la víctima.

Esta situación se dio el 15 de diciembre de 2025, en horas de la noche, en una comunidad apartada del sur del distrito de Soná, en la provincia de Veraguas, donde el desalmado padre aprovechándose de su rol y de la vulnerabilidad de su hija, quien era adolescente, la agredió sexualmente en su propia residencia, quedando embarazada.

Un rayo impactó la tarde del martes la Grafton Correctional Institution en el condado de Lorain, cerca de Cleveland, dejando dieciséis personas hospitalizadas y movilizando a los servicios de emergencia del estado. El incidente afectó a los internos cuando se desplazaban entre edificios tras la comida nocturna, en medio de una jornada marcada por tormentas severas en el Medio Oeste de Estados Unidos.

De acuerdo con la Ohio Department of Rehabilitation and Correction (ODRC), hasta ahora no se han registrado fallecimientos, aunque uno de los afectados requirió traslado aéreo debido a la gravedad de sus lesiones. Las autoridades señalaron que la situación sigue bajo evaluación y que la información se actualizará conforme avance la investigación. La agencia UPI informó que la institución penitenciaria activó sus protocolos de emergencia y mantiene comunicación con las familias de los internos afectados.

El evento meteorológico se produjo en un contexto de intensas tormentas eléctricas que han impactado a varios estados del país, provocando cortes de energía y alertas por inundaciones, según el National Weather Service. El fenómeno subraya la vulnerabilidad de infraestructuras críticas como las prisiones frente a condiciones climáticas extremas.

¿Dónde ocurrió el rayo en la prisión de Grafton, Ohio?

La Grafton Correctional Institution se ubica en el condado de Lorain, aproximadamente a 48 kilómetros al suroeste de la ciudad de Cleveland, en el estado de Ohio. Según datos oficiales del ODRC y reportes de ABC News, el incidente ocurrió dentro de los terrenos del penal, cuando los internos transitaban entre edificios tras concluir la cena.

El penal alberga a más de 2.000 personas en régimen de mínima y media seguridad, y ha funcionado desde 1988 como uno de los centros penitenciarios más importantes de la región. La caída del rayo se registró poco después de las 17:00 horas, momento en que la tormenta alcanzó su punto máximo en la zona, de acuerdo con el radar meteorológico consultado por el FOX Forecast Center.

¿Cuántas personas resultaron heridas por el rayo en la prisión de Ohio?

Según la Ohio Department of Rehabilitation and Correction, dieciséis personas resultaron heridas tras la caída del rayo. De ese total, una requirió traslado aéreo a un hospital regional por la gravedad de las lesiones, mientras que los demás fueron derivados a centros médicos en ambulancias terrestres. La agencia WKYC precisó que los servicios de emergencia de los condados de Lorain, Medina y Cuyahoga participaron en el operativo de atención y evacuación de los afectados.

“El llamado original informaba de cinco personas alcanzadas por el rayo, pero la cifra aumentó tras la evaluación inicial,” señaló Kim Mason, directora de operaciones de LifeCare Ambulance, en declaraciones reproducidas por The Chronicle. Los hospitales de la red University Hospitals de Elyria y Westlake recibieron a los pacientes, algunos de los cuales presentaban estado crítico al momento del ingreso.

¿Qué medidas tomaron las autoridades tras el impacto del rayo?

Las autoridades activaron los protocolos de emergencia para incidentes de masiva concurrencia. El personal de la Grafton Correctional Institution coordinó la evacuación y atención médica de los internos heridos, en conjunto con los equipos de emergencia regionales. Según el ODRC, se declaró un incidente de víctimas múltiples y se movilizaron recursos de salud y seguridad pública.

La portavoz oficial JoEllen Smith declaró a medios nacionales que “se continúa evaluando y supervisando la situación” en la prisión, mientras se recopila información sobre la condición de los afectados. La agencia UPI indicó que las familias de los internos hospitalizados están siendo informadas y que la comunicación institucional se mantendrá abierta durante la evolución del caso.

¿Qué antecedentes meteorológicos explican el incidente en la prisión de Grafton?

El incidente ocurrió en un contexto de severas tormentas eléctricas y alertas por inundaciones que afectaron al Medio Oeste y el Ohio Valley. De acuerdo con el National Weather Service, más de 250.000 usuarios sufrieron cortes de energía en Ohio esa tarde, y se emitieron avisos de riesgo por descargas eléctricas y lluvias intensas. El radar meteorológico del FOX Forecast Center mostró una alta concentración de rayos en la zona del penal durante el transcurso de la tormenta.

Las tormentas de esta magnitud suelen presentarse en los meses de verano en la región, aunque la frecuencia de descargas eléctricas que afectan infraestructura penitenciaria es baja. En los últimos años, no se habían reportado incidentes similares en la Grafton Correctional Institution, que cuenta con planes de contingencia para emergencias climáticas, según el ODRC.

¿Qué se sabe sobre la condición de los internos hospitalizados?

Hasta el momento, la Ohio Department of Rehabilitation and Correction informó que no se han registrado muertes por el incidente. Uno de los internos fue trasladado en helicóptero debido a la gravedad de sus lesiones, mientras los demás permanecen bajo observación médica. Medios como WKYC y UPI destacaron que algunos pacientes ingresaron en estado crítico, aunque se desconoce el tipo exacto de lesiones sufridas.

El ODRC señaló que la evolución de los pacientes se sigue desde los respectivos hospitales y que se mantendrá informada a la población penitenciaria y a los familiares de los internos afectados. Las autoridades médicas evalúan la necesidad de tratamientos adicionales en función de la respuesta clínica de cada paciente.

¿Cómo afecta el incidente a la operación de la prisión y la seguridad regional?

El impacto del rayo activó medidas preventivas y de contención en la Grafton Correctional Institution, pero no se reportan alteraciones en la seguridad general del penal ni en su operatividad cotidiana, según la información oficial recogida por ABC News. El personal penitenciario continúa supervisando las actividades y el estado de las instalaciones en coordinación con el ODRC.

Las autoridades estatales han reforzado la comunicación con otros centros penitenciarios para revisar los protocolos frente a tormentas eléctricas y reducir el riesgo de nuevos incidentes. El National Weather Service recomendó a instituciones y comunidades vulnerables extremar medidas de precaución ante el pronóstico de futuras tormentas en la región.

¿Qué acciones futuras anunciaron las autoridades tras el rayo en la prisión de Ohio?

La Ohio Department of Rehabilitation and Correction anunció que mantendrá abiertas las vías de comunicación con las autoridades estatales y federales, y revisará los procedimientos internos para emergencias meteorológicas. Se espera que la investigación sobre las causas del incidente y la respuesta institucional se prolongue durante los próximos días, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora en la prevención y gestión de riesgos.

Las familias de los internos hospitalizados tendrán acceso a información actualizada a través de los canales oficiales del ODRC, conforme evolucione el estado de salud de los afectados. La entidad reiteró su compromiso con la seguridad y el bienestar de la población penitenciaria durante eventos extremos, según declaraciones recogidas por UPI y WKYC.

¿Cómo pueden impactar las tormentas eléctricas en las infraestructuras críticas de Ohio?

Las tormentas eléctricas representan un riesgo significativo para infraestructuras como prisiones, hospitales y redes eléctricas. En este caso, la caída de un rayo en la Grafton Correctional Institution evidenció la vulnerabilidad de los complejos penitenciarios frente a fenómenos meteorológicos severos. El incidente motivó la revisión de los planes de contingencia y la coordinación entre autoridades estatales y locales para reforzar la protección de instalaciones críticas.

El National Weather Service recordó que el verano es la estación con mayor frecuencia de tormentas eléctricas en el Medio Oeste estadounidense, por lo que recomendó a las instituciones públicas mantener actualizados sus protocolos de emergencia y realizar simulacros periódicos para minimizar riesgos.

Una sentencia de 30 años de prisión fue confirmada para un hombre hallado culpable de homicidio doloso agravado contra una mujer en el corregimiento de 24 de Diciembre, Sector de Nuevo Tocumen.

La pena incluye inhabilitación para ejercer funciones públicas durante 15 años adicionales, aplicable tras el cumplimiento de la condena principal.

El crimen se remonta al 16 de enero de 2021. Aquella mañana, el acusado disparó a la víctima con arma de fuego, privándola de la vida en un área concurrida por vecinos. La investigación determinó que los hechos se produjeron en presencia de varias personas, lo que agravó el delito.

Mientras tanto, la población de la provincia de Veraguas se encuentra atenta al desarrollo del juicio contra Bosco Bolívar Barrera, señalado por el femicidio de su expareja Doris Franco.

Este caso ha generado conmoción y movilización comunitaria desde el ataque ocurrido el 26 de abril de 2024, fecha en la que la maestra de 37 años fue asesinada con múltiples heridas de arma blanca en la barriada La Primavera, Santiago.

Las autoridades detuvieron a Barrera, de 42 años, poco después del hecho, y permanece bajo detención provisional desde entonces.

La expectativa en torno al proceso es alta: familiares, allegados y docentes se mantienen atentos a cada avance del proceso judicial, demandando un fallo que refleje el reclamo social de justicia.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima sufrió una herida letal en el corazón, además de otras lesiones.

“Han sido dos años de espera. La familia ha soportado un profundo dolor y ahora solo espera que la justicia cumpla con su deber”, explicó el abogado querellante Yairo Fernández, quien prevé que los alegatos finales podrían presentarse este jueves, dependiendo del ritmo de las audiencias.

El padre de la educadora, Silvino Franco, expresó su dolor y su deseo de ver una condena ejemplar: “Lo único que pido es que la justicia le caiga con todo el peso de la ley a quien me arrebató a mi hija”, dijo emocionado ante quienes lo acompañan en la búsqueda de justicia.

La parte querellante, junto al Ministerio Público y los familiares de la víctima, solicitarán que en caso de una condena, Barrera reciba la pena máxima de 30 años de prisión. La comunidad de Santiago y toda la provincia de Veraguas permanecen expectantes, pues consideran que el resultado del juicio marcará un precedente en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Actualmente, el juicio transcurre a puertas cerradas tras un pedido de la defensa del acusado, lo que limita el acceso a quienes no están directamente involucrados en el proceso: solo fiscales, abogados, testigos y peritos pueden presenciar las audiencias, mientras que familiares y público deben esperar fuera del recinto.

El caso de Doris Franco se encuentra en una fase crucial. El tribunal escuchará los testimonios y las pruebas reunidas por la Fiscalía antes de dictar su veredicto sobre la responsabilidad de Barrera en el delito de femicidio.

La sociedad local aguarda que la decisión judicial represente una respuesta firme ante la violencia de género, un fenómeno que ha generado dolor y movilización en la región.

El decomiso de 785 paquetes de sustancias ilícitas en el corregimiento 24 de Diciembre, en el sector Este de la provincia de Panamá, fue el desenlace de una serie de operativos realizados por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas y la Policía Nacional.

Tras la operación ‘Centauro’, tres personas resultaron aprehendidas y enfrentan cargos por delitos vinculados al tráfico de drogas.

El Tribunal de Garantías avaló la legalidad de las detenciones y formalizó la imputación de cargos.

Dos de las personas aceptaron acuerdos de pena que implican 96 meses de prisión y una multa accesoria de $200, a pagar en un plazo de doce meses una vez cumplida la condena principal.

Para el tercer imputado, la jueza consideró probados los riesgos procesales y decretó detención provisional durante la investigación.

Las autoridades realizaron un operativo que permitió incautar una importante cantidad de droga, detener a tres implicados y lograr sentencias condenatorias inmediatas mediante acuerdos de pena.

La investigación se mantiene abierta para uno de los detenidos, quien permanece bajo detención provisional.

De manera paralela, la Fiscalía llevó adelante la operación “Caballo de Troya” en varios sectores del distrito de San Miguelito.

En esta intervención, agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia y la Fiscalía de Drogas identificaron a supuestos microtraficantes que operaban en áreas de alta concurrencia comercial.

El modus operandi, según informaron las autoridades, consistía en utilizar la apariencia de vendedores ambulantes para encubrir la venta de drogas en zonas públicas. El operativo culminó con la aprehensión de siete personas y el decomiso de dinero y sustancias ilícitas presuntamente destinadas al microtráfico.

Las personas detenidas en esta acción serán presentadas ante el Tribunal de Garantías para continuar con el proceso judicial. Todo el material incautado será sometido a pruebas científicas para determinar su composición y origen, conforme al procedimiento legal.

En otra intervención, la Fiscalía logró una condena de 88 meses de prisión para una mujer extranjera detenida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La pasajera, que tenía como destino final la ciudad de París, transportaba 4.15 kilos de cocaína en su equipaje.

Durante la audiencia, el Tribunal de Garantías validó la aprehensión y formalizó la imputación de cargos. El acuerdo de pena incluyó, además de la prisión, el comiso de 1,185 euros, que serán convertidos a moneda nacional.

La detención se produjo durante una inspección de rutina en la zona internacional del aeropuerto, realizada por la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional junto a la Fiscalía. Según el procedimiento, la sustancia incautada será sometida a los análisis correspondientes.

Las autoridades destacaron que estos resultados responden a una estrategia coordinada para combatir tanto el tráfico internacional como el microtráfico de drogas, reforzando los controles en puntos críticos del país y persiguiendo distintas modalidades del delito.

También se lograron sentencias condenatorias para tres ciudadanos, por la comisión del delito de venta de drogas. En una primera audiencia de solicitudes múltiples se dictó una sentencia mediante la cual se condenó a un ciudadano a la pena principal de 90 meses de prisión.

Los hechos que motivaron esta condena ocurrieron en el distrito de Parita, donde el sentenciado realizó ventas de sustancias ilícitas en tres fechas distintas: el 24 y 29 de julio, y el 3 de agosto del presente año.

Posteriormente, se condenó otros dos ciudadanos a la pena de 92 meses de prisión cada uno. Estas personas fueron encontradas responsables de la venta de estupefacientes en el sector de Parita Cabecera los días 25 y 29 de julio, así como el 3 de agosto del presente año.

Durante la operatividad, también se logró la ubicación de sustancias ilícitas adicionales en la residencia de uno de los involucrados.

La fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs volvió a ser modificada. El rapero y fundador de Bad Boy Records, de 56 años, ahora figura con salida prevista para el 20 de febrero de 2028, según una actualización de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos informada el martes 4 de agosto.

El cambio ocurre semanas después de que el artista fuera reportado como protagonista de un altercado físico con otro interno en la prisión federal FCI Fort Dix, en Nueva Jersey, donde cumple su condena. Cabe precisar que la fecha de liberación de Combs ha cambiado en varias ocasiones desde que ingresó al sistema penitenciario federal, aunque no se ha brindado una explicación oficial sobre las variaciones.

Inicialmente, su salida en libertad aparecía fijada para el 4 de junio de 2028. Posteriormente, fue modificada al 25 de abril de 2028, luego al 23 de febrero de 2028 y más adelante al 24 de enero de 2028, antes de establecerse nuevamente en el 20 de febrero de 2028.

“En este punto no tenemos la información necesaria para responder con claridad”, señaló un representante de Combs a Us Weekly ante los cambios recientes en la programación de su salida.

El músico cumple una sentencia de 50 meses de prisión luego de ser declarado culpable en 2025 de dos cargos relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución, tras un juicio federal desarrollado en Nueva York.

Combs fue arrestado en septiembre de 2024 y enfrentó acusaciones más graves, entre ellas tráfico sexual y conspiración de crimen organizado. Sin embargo, el jurado lo absolvió de esos cargos durante el proceso judicial. Hasta el momento, el artista insiste en su inocencia. Sus abogados continúan con una apelación para buscar la anulación de la condena o una reducción de la sentencia, al considerar que el castigo impuesto fue excesivo.

Además de la pena de prisión, el juez Arun Subramanian ordenó que Combs pague una multa de 500.000 dólares y cumpla cinco años de libertad supervisada una vez que abandone la cárcel.

El rapero cumple su condena en FCI Fort Dix, una prisión federal de baja seguridad ubicada en Nueva Jersey. De acuerdo con PEOPLE, Combs había solicitado permanecer en esa instalación para estar más cerca de su familia y participar en un programa de rehabilitación por abuso de sustancias. La participación en el Programa Residencial de Tratamiento de Abuso de Drogas (RDAP, por sus siglas en inglés) puede permitir una reducción de hasta un año en la condena, según la Oficina Federal de Prisiones.

El altercado en prisión

Los recientes cambios en la fecha de liberación ocurrieron después de reportes sobre un enfrentamiento físico entre Combs y otro recluso dentro de FCI Fort Dix. El incidente ocurrió en julio y habría comenzado luego de que otro interno insultara al músico.

La pelea fue detenida rápidamente por el personal penitenciario, que separó a ambos hombres. Posteriormente, Combs habría sido trasladado a aislamiento, según reportes citados por medios como TMZ. Sin embargo, las autoridades de FCI Fort Dix no confirmaron si el artista fue colocado en confinamiento solitario.

“No estamos autorizados a revelar ni proporcionar información interna relacionada con ningún recluso bajo nuestra custodia”, señaló un portavoz de la prisión.

Un recluso de 66 años fue hallado sin vida dentro de su celda en la Prisión Richard J. Donovan, ubicada en Otay Mesa, San Diego, en lo que las autoridades investigan como un homicidio.

El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR, por sus siglas en inglés) confirmó el hecho el sábado 1 de agosto de 2026, después de que el personal del penal encontrara a Hector Ozuna inconsciente junto a su compañero de celda.

Hallazgo y primeras respuestas

A las 6:07 de la madrugada, custodios del penal encontraron a Ozuna sin respuesta dentro de la celda que compartía con Alexis Guerrero, de 30 años.

El personal intervino de inmediato y trasladó al recluso a la enfermería de la prisión. “El personal respondió de inmediato y continuó con las medidas para salvarle la vida a Ozuna mientras lo trasladaban al área de triaje y tratamiento del penal”, afirmó el CDCR en un comunicado oficial.

A pesar de los esfuerzos, los médicos declararon muerto a Ozuna a las 6:57 a.m., 50 minutos después de su hallazgo.

Guerrero fue retirado de la celda y trasladado a alojamiento restringido, donde permanece mientras la Unidad de Servicios de Investigación del penal y la Fiscalía del Condado de San Diego llevan adelante la investigación.

El San Diego Union-Tribune detalló que no se hallaron armas fabricadas en el lugar, un dato que la oficina del CDCR también confirmó en su comunicado.

Los antecedentes de víctima y sospechoso

Ozuna había llegado a la Prisión Richard J. Donovan desde el Condado de Riverside el 17 de febrero de 2023. Cumplía una condena de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional por agresión con arma mortal bajo la llamada “three strikes law” —la ley de los tres delitos graves de California—, que incluía un agravante por causar lesiones corporales graves. Era, en otras palabras, su tercer delito calificado.

Su compañero de celda, Guerrero, fue recibido en el mismo penal desde el Condado de San Bernardino el 13 de junio de 2024.

Purga una condena de seis años, aunque las autoridades no precisaron los cargos por los que fue sentenciado, tal y como lo señaló KESQ en su cobertura del caso.

Investigación en curso y contexto del penal

La Oficina del Inspector General fue notificada sobre la muerte, y la Oficina del Médico Forense del Condado de San Diego tiene a su cargo la determinación oficial de la causa del deceso, aseguró el CDCR.

La Fiscalía del Condado de San Diego interviene en paralelo junto a los investigadores del propio penal.

La muerte de Ozuna no es un hecho aislado dentro de las instalaciones de Richard J. Donovan. El San Diego Union-Tribune recordó que al menos otros dos reclusos perdieron la vida en el mismo centro en los últimos años: en febrero de 2024, Guy Perez, de 53 años, murió tras ser atacado a cuchilladas por dos internos; y en agosto de 2025, Jerry Elliott, de 43 años, fue presuntamente asesinado por su compañero de celda.

El penal acumula así tres muertes violentas en menos de dos años, todas ellas ocurridas dentro de celdas compartidas.

La investigación continúa abierta y las autoridades no descartaron nuevas detenciones ni formularon cargos formales contra Guerrero hasta tanto el médico forense no emita su dictamen oficial sobre la causa de muerte de Hector Ozuna.

El mercado del cannabis en Texas atraviesa una transformación significativa tras la entrada en vigor de una normativa que restringe severamente la venta y posesión de la mayoría de los productos derivados del THC.

Desde el 31 de julio, la posesión y comercialización de variantes como delta-8, delta-10, THCP y THCA se consideran delitos graves, con la única excepción de los productos que contienen delta-9 en baja concentración.

La decisión, que impacta tanto a comercios como a consumidores, marca un retorno a una política más restrictiva y reactiva el debate sobre el control estatal del cannabis.

Un fallo judicial que modifica el escenario legal

El origen de la nueva regulación se encuentra en una decisión de la Corte Suprema de Texas, emitida en mayo, que otorgó al Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS) la potestad para reclasificar casi todos los derivados del THC como sustancias de la lista I.

Durante cinco años, una medida cautelar había impedido la aplicación de esta clasificación, permitiendo la comercialización de diferentes variantes de THC en el estado. La resolución judicial reciente puso fin a ese periodo de tolerancia y habilitó la entrada en vigencia de la prohibición.

De acuerdo con la cobertura de The Texas Tribune, la excepción principal recae sobre los productos con delta-9 THC que no superen el 0,3% de concentración por peso seco. Esta variante, considerada la más común y natural, permanece permitida en virtud de la definición federal establecida en la Farm Bill de 2018.

Esta ley considera legal la venta de cáñamo con bajo contenido de THC en todo el país y deja fuera de la regulación federal a otras variantes sintéticas.

Joao Mitchell, gerente de ATX Organics y director legislativo de Texas Cannabis Collective, explicó a The Texas Tribune que la aplicación de la nueva norma podría sacar entre el 60% y el 90% de los productos de THC de los estantes de muchas tiendas.

Comercios que no basan su oferta en el delta-9 anticipan tener que modificar gran parte de su inventario para evitar sanciones.

Cambios en la oferta y consecuencias legales

La prohibición es amplia y afecta todas las variantes sintéticas como delta-8, delta-10, THCP y flores de THCA. La venta de cigarrillos electrónicos con THC ya había sido restringida previamente en Texas.

Además, una excepción judicial temporal permite que el cáñamo fumable con delta-9 siga disponible, ya que una sentencia suspendió la entrada en vigor de la prohibición estatal sobre ese producto.

Los consumidores aún pueden acceder a comestibles, bebidas y tinturas que contengan delta-9 THC dentro de los límites legales.

La edad mínima para adquirir estos productos es de 21 años. En cuanto a las sanciones, la posesión de productos prohibidos constituye un delito estatal, penado con hasta dos años de prisión y multas que pueden alcanzar los USD 10.000.

Las tiendas que sean detectadas vendiendo estas sustancias pueden perder sus licencias y recibir multas adicionales por cada infracción, además de enfrentar cargos penales por fabricar o distribuir sustancias de la lista I.

La normativa afecta a aproximadamente 14.000 comercios minoristas habilitados para vender cáñamo de consumo, según datos del propio DSHS. Aquellos negocios que no adapten su catálogo a las nuevas reglas se arriesgan a sanciones económicas y administrativas severas.

Impacto social, económico y reacciones de la industria

El endurecimiento de la política sobre derivados de THC responde también a una preocupación por los efectos sociales y sanitarios vinculados al consumo.

De acuerdo con cifras de la Red de Centros de Envenenamiento de Texas, las llamadas relacionadas con intoxicación por cannabis aumentaron de 923 en 2019 a 2.669 en 2025, con la mayoría de los casos involucrando a menores de cinco años y adolescentes.

Esta tendencia fue utilizada por quienes impulsan la prohibición como uno de los argumentos principales para justificar la medida.

Sarah Todd, representante del Texas Cannabis Policy Center, sostuvo en diálogo con The Texas Tribune que la decisión representa “un golpe bastante grande” para la industria y que implica volver a criminalizar productos que fueron legales durante años.

Cynthia Cabrera, directora de estrategia de Hometown Hero, advirtió que la falta de claridad en la nueva normativa añade dificultades para comerciantes y consumidores, aunque la empresa no planea impugnar el fallo judicial, otras compañías ya preparan demandas en los tribunales estatales.

Desde el sector que defiende una regulación más estricta, Aubree Adams, directora de Citizens for a Safe and Healthy Texas, celebró la nueva restricción y afirmó que era necesaria para proteger a las familias, señalando que “la industria no vende productos seguros”.

Por su parte, Mark Bordas, director ejecutivo del Texas Hemp Business Council, alertó sobre el daño económico que la medida puede provocar en cientos de comercios, y estimó que la caída de ventas podría alcanzar el 25% en algunos casos.

AJ Vazquez, propietario de Dooby’s Smoking Depot en Austin, relató que muchos comercios ya comenzaron a modificar su inventario y anticipó que el impacto económico no solo afectará a los dueños de tiendas, sino también a los empleados y proveedores del sector.

Un futuro incierto para la industria del cannabis en Texas

El nuevo marco legal para el cannabis en Texas pone en jaque a una industria que experimentó años de crecimiento y diversificación. Ahora, el futuro de cientos de comercios y miles de consumidores depende de la evolución de la legislación y de los recursos judiciales que varias empresas preparan para desafiar la reciente decisión estatal.

La criminalización de derivados de THC que fueron legales a nivel federal durante los últimos cinco años podría canalizar a más personas hacia el sistema penal y fortalecer el mercado ilícito, tal y como advirtió Mitchell, de ATX Organics.

Por el momento, la única forma de operar o consumir productos de cannabis legalmente en Texas es respetar el nuevo marco legal y mantenerse informado sobre futuras actualizaciones regulatorias.

Un hombre fue sentenciado a 33 años de prisión por la violación sexual agravada, actos libidinosos, corrupción de menores y abuso sexual infantil agravado en perjuicio de su hijastra de 11 años, según informó la Procuraduría General de la Nación.

Los abusos ocurrieron entre enero de 2025 y marzo de 2026 en el distrito de San Miguelito, donde el imputado, de 34 años, utilizó amenazas para someter a la menor.

La Fiscalía Regional de San Miguelito presentó pruebas contundentes que llevaron a la condena del agresor, confirmando que los hechos se produjeron de manera reiterada durante más de un año. La víctima, menor de edad, fue protegida por las autoridades durante el proceso judicial.

En otro caso en el mismo distrito, las autoridades lograron la condena de 72 meses de prisión para un individuo por posesión ilícita de arma de fuego.

El hecho ocurrió el 25 de julio de 2026, cuando la Policía Nacional sorprendió al condenado en el sector 5 de Samaria, Río Palomo, con un revólver y municiones en su poder. El informe de Balística Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que el arma era apta para disparar.

En una situación similar, a un ciudadano nicaragüense se le impuso detención provisional tras ser sorprendido el 12 de julio de 2026 en Paraíso, calle G, arrojando una pistola 9 mm a la basura.

El hombre también tenía dos proveedores y cinco municiones sin detonar. Ninguno de los procesados contaba con permiso para portar armas, según la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP).

La Fiscalía Metropolitana reportó la imputación de cargos para 12 personas por delitos sexuales, robo agravado, hurto de autos y tráfico de bienes ilícitos, tras la operación “Obsidiana” efectuada esta semana en Panamá y Panamá Oeste.

Uno de los procesados recibió una condena de 22 años de prisión por delitos sexuales tras la presentación de pruebas por parte de la Sección de Delitos Sexuales.

Además, se validó un acuerdo de pena de 60 meses de prisión para un ciudadano por hurto agravado de vehículos en Calidonia, mientras que otra persona quedó bajo detención provisional por el mismo delito.

La Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico logró la condena de 72 meses de prisión para un individuo acusado de robo agravado, a través de un acuerdo de pena. En tanto, otra persona vinculada a este delito recibió la medida de detención provisional.

En total, cinco de los detenidos en “Obsidiana” recibieron medidas cautelares alternativas a la detención. Dos optaron por acuerdos de mediación ante el Tribunal de Garantías.

La operación “Obsidiana” fue organizada por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana y tuvo como objetivo desarticular un grupo delictivo dedicado al hurto de autos y otros ilícitos contra el patrimonio.

Las autoridades reiteraron su compromiso de ejercer la acción penal con respeto a la ley y los derechos ciudadanos, subrayando la importancia de la colaboración institucional para combatir estos delitos.

La Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Superior de Ambiente, también logró la imputación de cargos a un hombre por la presunta comisión de los delitos contra los recursos naturales y contra la tramitación, aprobación y cumplimiento de las normas urbanísticas, por hechos ocurridos en el río Duque, en Buena Vista, provincia de Colón.

En audiencia de solicitudes múltiples, la información oficial indica que se le imputaron cargos y como medida cautelar, el Juez de Garantías le impuso reporte periódico e impedimento de salida del país.

La investigación inició en 2025, tras una querella presentada por la Autoridad del Canal de Panamá contra el promotor de un proyecto, por la presunta descarga de aguas residuales al río Duque y la construcción no autorizada en un área que forma parte de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá.

La Fiscalía de San Joaquín de Flores en Costa Rica logró que un hombre de apellidos Rojas Campos fuera condenado a 20 años de prisión tras demostrar su responsabilidad en el delito de abuso sexual cometido en perjuicio de su hijastra, quien tenía ocho años cuando comenzaron las agresiones.

La sentencia fue dictada el pasado 15 de julio por el Tribunal Penal de Heredia, luego de que los jueces analizaran la prueba presentada durante el juicio oral y concluyeran que el imputado era responsable de los hechos investigados. El fallo fue dado a conocer esta semana por el Ministerio Público.

Según la investigación desarrollada por la Fiscalía, los abusos ocurrieron entre los años 2017 y 2019 en la localidad de La Asunción, en Belén de Heredia. Durante ese período, la menor fue víctima de reiteradas agresiones sexuales por parte del hombre, quien mantenía una relación de convivencia con la madre de la niña y ejercía el rol de padrastro dentro del hogar.

De acuerdo con la prueba evacuada durante el debate, el ahora sentenciado aprovechó la cercanía que tenía con la víctima y la posición de autoridad que ejercía dentro del núcleo familiar para cometer los delitos. La acusación también sostuvo que el hombre utilizó su superioridad física y psicológica para someter a la menor y facilitar la comisión de los abusos.

La representación del Ministerio Público logró acreditar estos hechos mediante los distintos elementos probatorios incorporados durante el juicio, lo que permitió al Tribunal establecer la responsabilidad penal del imputado y dictar una condena de 20 años de prisión.

Aunque la sentencia ya fue emitida, el proceso aún no concluye de forma definitiva. Mientras la resolución adquiere firmeza y se agotan las etapas procesales correspondientes, Rojas Campos deberá permanecer en prisión preventiva por disposición del Tribunal Penal de Heredia.

Este tipo de medidas cautelares buscan garantizar que la persona condenada permanezca a disposición de las autoridades judiciales mientras la sentencia queda en firme, especialmente en delitos de alta gravedad y cuando existe una pena de prisión significativa.

Los delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad son considerados especialmente graves por el ordenamiento jurídico costarricense debido al impacto que generan en el desarrollo físico y emocional de las víctimas. Además de las secuelas inmediatas, especialistas han advertido que este tipo de agresiones puede provocar consecuencias psicológicas que se extienden durante años si no existe un adecuado acompañamiento profesional.

En muchos de estos casos, el agresor pertenece al entorno cercano de la víctima, ya sea como familiar, padrastro, tutor o una persona de confianza, circunstancia que dificulta la denuncia y prolonga el tiempo en que los hechos permanecen ocultos. Precisamente por ello, las autoridades insisten en la importancia de prestar atención a posibles cambios de comportamiento en niños, niñas y adolescentes, así como de denunciar cualquier sospecha de violencia o abuso.

El Ministerio Público ha reiterado que la investigación y persecución de delitos sexuales contra menores constituye una prioridad institucional. Para ello, trabaja de forma coordinada con otras entidades encargadas de la protección de la niñez, con el objetivo de reducir la revictimización durante el proceso penal y fortalecer la recolección de pruebas que permitan llevar a los responsables ante la justicia.

Con esta resolución, el Tribunal Penal de Heredia dio por concluida la etapa de juicio y estableció una pena de 20 años de cárcel contra el imputado, quien continuará privado de libertad mientras la sentencia adquiere firmeza y pueda iniciarse formalmente el cumplimiento de la condena.

La madrugada del domingo se registró una fuga que ha movilizado a las autoridades federales y estatales en Georgia. Pablo Zuriel Miranda, un recluso acusado de graves delitos, logró escapar de la cárcel del condado de Atkinson, ubicada en Pearson, Georgia, desatando un operativo de búsqueda que involucra a distintas agencias policiales. La evasión, confirmada por las autoridades locales, ocurrió en circunstancias que aún están bajo investigación y ha generado preocupación entre la población del área, así como una respuesta inmediata por parte de los cuerpos de seguridad.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la fuga de Miranda no solo representa un desafío logístico para el sistema penitenciario del condado, sino que también pone en relieve la urgencia de localizarlo antes de que pueda abandonar la jurisdicción. La cárcel de Atkinson, normalmente encargada de la custodia de personas acusadas de delitos graves, enfrenta ahora cuestionamientos sobre sus protocolos de seguridad y la eficacia de sus procedimientos internos. La evasión de Miranda se produjo en las primeras horas del día, momento en el que la vigilancia suele estar reducida, lo que pudo haber facilitado su huida.

La preocupación de las autoridades se fundamenta en la naturaleza de los cargos que enfrenta Miranda. El fugitivo estaba detenido bajo acusación de asesinato y agresión con agravantes, delitos relacionados con un tiroteo ocurrido en el año 2024 en el propio condado de Atkinson. Según la investigación policial, Miranda habría tenido un papel central en ese episodio violento, lo que derivó en su arresto y posterior encarcelamiento. La gravedad de estas imputaciones no solo incrementa el riesgo que representa su fuga, sino que también explica la rápida escalada de la búsqueda a nivel federal.

Los cargos de asesinato y agresión con agravantes son considerados entre los más severos en la legislación penal estadounidense. En el caso particular de Miranda, las pruebas reunidas hasta el momento habrían sido suficientes para mantenerlo bajo custodia mientras avanzaban los procedimientos judiciales. El tiroteo de 2024 fue un hecho que conmocionó a la comunidad local, atrayendo la atención tanto de los medios de comunicación como de las autoridades estatales. El proceso penal en su contra se encontraba en una etapa crítica, lo que agrega presión sobre las fuerzas de seguridad para lograr su pronta recaptura.

Acciones del FBI y emisión de orden federal de arresto

Tras confirmarse la fuga, el FBI de Atlanta asumió un papel central en la coordinación de los esfuerzos para localizar y detener a Miranda. La agencia federal no solo ha unido recursos con los cuerpos policiales locales y estatales, sino que también ha emitido una orden federal de arresto en su contra, lo que amplía el alcance de la búsqueda y permite la colaboración con otras jurisdicciones. La decisión de escalar la investigación a nivel federal se sustenta en la información de inteligencia que sugiere que Miranda podría intentar evadir la justicia saliendo del estado de Georgia.

El FBI ha advertido que existe la posibilidad de que el fugitivo busque escapar hacia México, utilizando la ciudad de Atlanta como punto de partida. Esta hipótesis ha llevado a un aumento de la vigilancia en los accesos y salidas de la ciudad, así como a la colaboración con organismos de control migratorio y aduanero. La emisión de la orden federal implica que Miranda es ahora buscado en todo el territorio nacional y que cualquier persona que colabore en su fuga podría enfrentar consecuencias legales graves.

La movilización del FBI incluye la difusión de la imagen y los datos de Miranda en medios nacionales y locales, con el objetivo de alertar a la población y facilitar la identificación del prófugo. Las autoridades han recordado a la ciudadanía la importancia de no intentar detenerlo por cuenta propia, ya que se le considera peligroso debido a la naturaleza violenta de los delitos que se le imputan.

Recompensa y vías de contacto para información sobre Miranda

Como parte de la estrategia para lograr la recaptura, el FBI de Atlanta ha anunciado una recompensa de 10.000 dólares a quien proporcione información que conduzca directamente al arresto de Pablo Zuriel Miranda. La recompensa busca incentivar la colaboración ciudadana y acelerar el flujo de información relevante para la investigación. Este tipo de medidas son habituales en casos donde se considera que la intervención pública puede marcar la diferencia en el resultado de la búsqueda.

Las personas que tengan datos sobre el paradero de Miranda, o que hayan presenciado movimientos sospechosos relacionados con él, pueden comunicarse con la oficina del FBI en Atlanta a través del número 770-216-300 o mediante la plataforma digital tips.fbi.gov. Las autoridades garantizan la confidencialidad de la información proporcionada y recuerdan que la seguridad de la comunidad depende en gran medida de la cooperación entre ciudadanos y fuerzas de seguridad.

La fuga de Pablo Zuriel Miranda y la posterior reacción de las autoridades evidencian la gravedad del caso y la determinación de los organismos federales por evitar que un acusado de delitos violentos permanezca en libertad. La expectativa ahora está puesta en la efectividad de los operativos de búsqueda y en la respuesta de la ciudadanía ante la convocatoria del FBI.

Seis personas, entre ellas dos menores de edad, fueron aprehendidas en momentos en que se dedicaban a la extracción ilegal de oro en el cauce de la quebrada Río María Prieto, en las afueras de la ciudad capital.

La acción se efectuó durante un operativo de patrullaje preventivo realizado en el llamado Corredor de Los Pobres, en el corregimiento de Pedregal, distrito de Panamá.

Las autoridades informaron que la intervención policial de la Unidad de Inteligencia Contra los Delitos Ambientales, la Dirección de Investigación Judicial Ambiental, la Policía Ambiental y del Servicio Nacional de Fronteras respondió a información previa que alertaba sobre la presencia de personas dedicadas a la actividad minera ilegal.

Esta actividad, dijeron, estaba provocando afectaciones al ecosistema, entre ellas la desviación del cauce de la quebrada y la degradación del suelo.

En cumplimiento de los protocolos establecidos, los adolescentes fueron remitidos a las autoridades competentes a través de la Policía de Niñez y Adolescencia y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

A los involucrados se les informó sobre su aprehensión por la presunta comisión de delitos contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial, en la modalidad de delitos contra los recursos naturales.

El artículo 399 del Código Penal, tipifica los delitos contra los recursos naturales y sanciona con penas de 3 a 6 años de prisión a quien, infringiendo las normas de protección ambiental, destruya, extraiga, contamine o realice actos de extracción ilegal de recursos minerales que afecten el equilibrio ecológico o las fuentes hídrica.

De igual manera, la Ley 41 de 1998 (Ley General de Ambiente), prohíbe las intervenciones clandestinas en cauces de ríos y áreas protegidas.

Como parte de las diligencias, las autoridades decomisaron diversos implementos utilizados para la extracción ilegal, entre ellos: cuatro palas, cuatro bateas, cuatro canalones, diez cubos plásticos, una manguera con filtro, un tanque de gasolina, una coa y una motobomba. Asimismo, personal técnico del Ministerio de Ambiente entregó las citaciones correspondientes para dar continuidad al proceso administrativo.

Los aprehendidos fueron trasladados a la Zona Policial Metro Norte, subestación de Caimitillo, donde se realizaron los trámites legales pertinentes.

La minería ilegal en Panamá se ha convertido en uno de los principales desafíos ambientales y de gobernanza del país en los últimos años, en un contexto marcado por una moratoria a la minería metálica, el cierre de la mayor mina de cobre de Centroamérica y una creciente conflictividad social en torno al modelo extractivo.

La minería metálica formal se encuentra paralizada tras la aprobación de la Ley 407 de 2023 y la declaración de inconstitucionalidad del contrato de Cobre Panamá.

La renovación del contrato minero a través de la Ley 406 de 2023, aprobada con un trámite acelerado y sin debate suficiente, actuó como detonante de una ola de protestas masivas e históricas, en las que confluyeron pueblos indígenas, sindicatos, movimientos estudiantiles, organizaciones ambientalistas y amplios sectores urbanos.

Mientras, diversas operaciones ilícitas proliferan en zonas rurales y áreas protegidas, impulsadas por el alza del precio del oro, la debilidad del control estatal en territorios de difícil acceso y la existencia de redes organizadas que operan al margen de la ley.

Casos recientes en la provincia de Darién, la cuenca del Canal de Panamá, el Parque Nacional Chagres, la comarca indígena Guna Yala, Chepo y en otras regiones del país evidencian patrones recurrentes: excavaciones clandestinas, uso de maquinaria no artesanal, desviación de cauces de ríos, presencia de campamentos improvisados y empleo de sustancias peligrosas como combustibles y, en algunos casos, mercurio y cianuro.

Esta dinámica, según los ecologistas, ocasiona una combinación de deforestación acelerada, degradación de suelos, contaminación de fuentes hídricas y afectación de las comunidades campesinas cercanas de los ríos.

Sean “Diddy” Combs fue trasladado a confinamiento solitario después de protagonizar una presunta pelea con otro recluso en la prisión federal FCI Fort Dix, ubicada en Nueva Jersey, donde cumple una condena de 50 meses. El incidente fue reportado el viernes 24 de julio por NBC News y TMZ, que citaron fuentes cercanas al caso.

Según los informantes, el enfrentamiento se produjo a inicios de esta semana, después de que otro interno lanzara un comentario hacia Combs que habría provocado la discusión. El altercado fue detenido rápidamente por el personal de la prisión, que separó a los dos hombres involucrados.

La información disponible no precisa la gravedad de la pelea ni si hubo lesiones. Tampoco se ha confirmado cuánto tiempo permanecerá Combs en aislamiento o si la medida podría convertirse en una sanción más prolongada dentro del centro penitenciario.

Al consultarles sobre el tema, la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos se negó a proporcionar más datos a la prensa. Un portavoz de la institución señaló a TMZ que la agencia no puede divulgar información relacionada con las condiciones de reclusión, medidas disciplinarias u otros datos individuales de los internos debido a razones de privacidad, seguridad y protección.

La condena que cumple Sean “Diddy” Combs

El fundador de Bad Boy Records permanece recluido en FCI Fort Dix desde octubre de 2025, después de haber sido condenado tras un juicio federal celebrado en Manhattan. Un jurado lo declaró culpable de dos cargos por transporte de personas con fines de prostitución, relacionados con acusaciones sobre encuentros sexuales y freak offs organizados durante años.

Sin embargo, Combs fue absuelto de los cargos más graves que enfrentaba: tráfico sexual y conspiración para cometer crimen organizado (racketeering). Tras el veredicto, el tribunal le impuso una pena de 50 meses de prisión.

La condena tomó en cuenta el tiempo que ya había pasado detenido antes del juicio, cuando permaneció bajo custodia en Nueva York. Actualmente, Combs cumple su sentencia en FCI Fort Dix, una instalación federal de baja seguridad situada en una base militar cercana a Filadelfia.

El productor musical continúa apelando su condena y la sentencia de cuatro años de prisión, según informó ABC News. Hasta el momento, no se ha confirmado si el presunto altercado dentro de la prisión tendrá algún impacto en su situación legal o en su fecha prevista de liberación.

Según los datos citados por PEOPLE, Combs podría recuperar su libertad en febrero de 2028, después de haber sido ajustada desde abril de ese mismo año.

Entre tanto, algunos miembros de la familia de Combs han hablado públicamente sobre su situación. Su hija Jessie, de 19 años, afirmó recientemente que el productor musical se mantiene enfocado en mejorar como persona y que continúa involucrado en la vida de sus hijos. La joven también aseguró que ella y sus hermanos mantienen una relación cercana con su padre pese al proceso judicial y su ingreso en prisión.

Combs es padre de siete hijos. Comparte a Jessie y su hermana gemela D’Lila, además de sus hijos Quincy y Christian, con su fallecida expareja Kim Porter, quien murió en 2018. También tiene un hijo llamado Justin con Misa Hylton, una hija llamada Chance con Sarah Chapman y una hija llamada Love con Dana Tran.

La Procuraduría General de la Nación llevó a cabo este miércoles la aprehensión de un ex representante de corregimiento y una ex tesorera en el distrito de Munä, corregimiento de Peña Blanca, territorio de la comarca Ngäbe Buglé.

La acción, realizada con el apoyo de la Fiscalía Superior Anticorrupción y los cuerpos auxiliares de la Dirección de Investigación Judicial y la Policía Nacional, se relaciona con una investigación por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.

La operación se desarrolló a primera hora de este miércoles y permitió la captura de ambos exfuncionarios, quienes se encontraban bajo seguimiento judicial por su posible participación en el desvío de fondos públicos.

De acuerdo con un reporte de la Procuraduría General de la Nación, la diligencia incluyó la recuperación de equipo tecnológico que habría sido utilizado durante la gestión administrativa de los investigados y que ahora forma parte de los elementos probatorios recabados por el Ministerio Público.

La Fiscalía Superior Anticorrupción detalló que la investigación se centra en presuntas irregularidades cometidas durante la gestión de ambos exservidores públicos.

Conforme a lo divulgado por los medios de comunicación, “la aprehensión se produjo tras una serie de pesquisas y verificación documental que vinculan a los exfuncionarios con el manejo indebido de recursos estatales, específicamente en la administración de partidas presupuestarias asignadas al corregimiento”.

En Panamá, los fondos de descentralización fueron creados para fortalecer a los gobiernos locales, permitiendo que juntas comunales y municipios ejecuten proyectos de infraestructura social, mantenimiento, apoyo comunitario y servicios básicos.

Estos recursos provienen del presupuesto general del Estado y son transferidos a los corregimientos con el objetivo de acercar la inversión pública a las comunidades.

Los fondos provienen principalmente de la recaudación del Impuesto de Bien Inmueble (IBI), gestionado a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y transferidos a los municipios y las juntas comunales mediante el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios.

En la operación de la aprehensión del ex representante de corregimiento y de la ex tesorera en el distrito de Munä participaron agentes de la Dirección de Investigación Judicial y efectivos de la Policía Nacional, quienes ejecutaron las órdenes judiciales en coordinación con la Fiscalía Superior Anticorrupción.

La Procuraduría General de la Nación reiteró que el equipo tecnológico recuperado será sometido a peritaje informático para determinar su vinculación con las investigaciones en curso.

Según fuentes de la institución, “los dispositivos electrónicos contienen información relevante sobre movimientos financieros y gestiones administrativas realizadas durante el periodo investigado”.

El procedimiento de aprehensión se inscribe en el marco de una ofensiva nacional contra la corrupción administrativa, impulsada por la Procuraduría General de la Nación en diferentes regiones del país. Conforme al seguimiento, se dijo que las acciones de la fiscalía buscan fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos, con énfasis en áreas vulnerables como la comarca Ngäbe Buglé.

Fuentes de la Fiscalía Superior Anticorrupción indicaron que la investigación se inició tras la recepción de denuncias ciudadanas sobre irregularidades en la ejecución de proyectos comunitarios y el presunto desvío de fondos destinados a obras sociales. Los exfuncionarios serán puestos a disposición de un juez de garantías, quien determinará las medidas cautelares correspondientes mientras avanza la investigación.

La detención de estas personas se suma a una serie de acciones judiciales registradas en lo que va de 2026 contra exfuncionarios de juntas comunales en todo el país, vinculados a investigaciones por presunto peculado relacionado con fondos asignados para obras sociales.

Desde el 14 de septiembre de 2024, Ismael “El Mayo” Zambada está registrado en el Buró Federal de Prisiones (BOP) de Estados Unidos con el número 27102-511 y recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn), una instalación que ha sido descrita como “el infierno en la tierra” por sus condiciones de hacinamiento, violencia y cortes de energía.

Condenado este lunes 20 de julio a cadena perpetua, aún se desconoce en qué prisión el líder cofundador del Cártel de Sinaloa pasará el resto de sus días.

Su abogado Frank Pérez es quien ha dado los únicos detalles públicos sobre cómo vive Zambada en ese encierro. En una entrevista con el periodista Ángel Hernández de Milenio, la defensa del capo mexicano describió a un hombre de 76 años que lleva dos años en aislamiento total de 24 horas, sin interacción con otros reclusos, pero que se adapta.

“Lee libros, escucha la radio. No se ha quejado en absoluto. Habla español, pero ha aprendido a hablar un poco de inglés. Siempre tiene muy buen ánimo cuando me reúno con él. Siempre está riendo, platicando”, dijo al citado medio.

Dos años en el MDC Brooklyn: aislamiento, deterioro físico y sin quejarse

El MDC Brooklyn, ubicado en la calle 29 del vecindario Sunset Park de Brooklyn, alberga a unos 1,218 reclusos de todos los niveles de seguridad. Sus condiciones han sido tan severas que algunos jueces se han negado a enviar personas allí. El exdirector del centro, Cameron Lindsey, lo describió ante medios locales como “una de las instalaciones más problemáticas, si no la más problemática” del BOP.

La violencia es recurrente. Entre junio y julio de 2024, al menos dos reclusos murieron en hechos violentos dentro del MDC. Uno fue apuñalado por otro detenido mientras esperaba juicio; el otro murió en una pelea.

La prisión también ha enfrentado cortes de energía prolongados. El más grave ocurrió en enero de 2019 y dejó a los reclusos en casi total oscuridad durante una semana, exponiéndolos a temperaturas gélidas e inodoros que no funcionaban.

Zambada está alojado en un área de máxima seguridad dentro del MDC. La mayoría de los presos de alto perfil son ubicados en una zona separada llamada Unidad de Vivienda Especial, donde el espacio disponible para moverse es de aproximadamente 1 por 1.5 metros.

En esas condiciones, el deterioro físico de Zambada ha sido visible. En la audiencia de sentencia del pasado lunes, el periodista Javier Risco de Grupo Fórmula, que lo vio a menos de seis metros, lo describió “mucho más desgastado” que en sus pasadas audiencias.

El juez Brian Cogan señaló en tres ocasiones durante la audiencia que Zambada presenta problemas físicos y cognitivos, y citó información médica del memorándum de la defensa para indicar que el acusado se encuentra en algún punto entre mentalmente apto “y derivando hacia deterioro cognitivo”. La defensa planteó el inicio de demencia.

Pese a todo eso, Frank Pérez ha dejado claro que su cliente no ha presentado quejas ni solicitado modificaciones a sus condiciones de confinamiento en los dos años que lleva recluido, contrastando su comportamiento con el de su exsocio, Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien ha presentado repetidas quejas sobre sus condiciones de confinamiento en la ADX Florence Colorado.

La batalla por la prisión donde cumplirá cadena perpetua

Tras la sentencia del lunes, la pregunta que no tiene respuesta aún es dónde pasará Zambada el resto de sus días. La decisión no recae en el juez Cogan sino en la Oficina Federal de Prisiones, que tiene la autoridad para designar el lugar de reclusión considerando disponibilidad de camas, clasificación de seguridad y necesidades médicas.

Pérez solicitó formalmente que Zambada no fuera enviado a la ADX Florence en Colorado, donde El Chapo cumple cadena perpetua en estricto aislamiento. En el memorándum de sentencia entregado al juez Cogan el 6 de julio de 2026, la defensa pidió específicamente su traslado al FMC Butner, al FMC Rochester o al MCFP Springfield, instalaciones médicas federales con capacidad para atender sus condiciones de salud.

El juez Cogan aceptó recomendar a la Oficina Federal de Prisiones una instalación con atención médica adecuada, pero aclaró que esa recomendación no es vinculante. La decisión final deberá hacerse pública en las próximas horas o días tras la sentencia.

Por otro lado, Zambada le dijo a su abogado que quiere regresar a México y cumplir su condena en su país. “Lo que me dijo fue: ‘Me declaré culpable en Estados Unidos, acepté su castigo. Ahora me gustaría ir a mi país, declararme culpable allá también, aceptar mi castigo y ser un ejemplo para las generaciones más jóvenes de que este camino solo termina mal’”, relató Pérez.

Según su testimonio, esa jornada comenzó con un interrogatorio en la fiscalía y derivó en una detención que ella consideró arbitraria. En el segundo capítulo de “Confesiones”, la dirigente explicó que la investigación experimentó un giro decisivo cuando se produjo el cambio del fiscal a cargo y se ordenaron nuevas diligencias, entre ellas allanamientos a su entorno político.

El inicio del proceso y la percepción de arbitrariedad

Para Keiko Fujimori, el proceso judicial incluyó episodios que describió como abusivos y extraños. Señaló que, pese a que su partido colaboraba con la justicia, la pesquisa adquirió un tono hostil. Recordó que, antes de presentarse ante la fiscalía, preparó las loncheras de sus hijas y se despidió asegurando que regresaría por la tarde, aunque presentía que algo adverso podía suceder.

Durante el interrogatorio, un oficial de policía le preguntó si estaba bajo orden de arresto. En ese momento, Fujimori avisó a su esposo, Mark Vito Villanella, que la detenían y le solicitó que transmitiera tranquilidad a sus hijas. Ese acto marcó el inicio de una serie de traslados y procedimientos que se extenderían por varios días.

Traslados, exámenes y la mediatización del caso

La lideresa de Fuerza Popular relató que la primera semana incluyó traslados a distintas dependencias policiales, exámenes médicos y psicológicos, y la presentación de una apelación al séptimo día. Dijo que fue llevada primero a una comisaría y luego a la prefectura, donde solicitó papel y lapicero a su abogada, Giuliana Loza, para escribir una carta que buscaba explicar su situación a la militancia y la comunidad internacional.

Fujimori observó que los vehículos que la trasladaban avanzaban a baja velocidad, rodeados de prensa nacional e internacional, lo que interpretó como un intento de convertir el proceso en un espectáculo público. “Se intentaba convertir la detención en un circo”, afirmó en su relato.

Condiciones de detención y contacto con la militancia

Durante el control de identidad, Fujimori presenció cómo las cámaras de televisión enfocaban sus manos esposadas y su rostro. Posteriormente, fue sometida a exámenes médicos, psicológicos, dentales y análisis de sangre y orina, en una secuencia que no pudo completarse el primer día por su extensión.

En la prefectura, la dirigente se encontró con Adriana, una militante mayor del partido, y relató que procuró mantener la serenidad para transmitirle calma. Le cedió el único colchón disponible, mientras ella descansaba sobre una tarima. Sobre esa primera noche, Fujimori fue explícita: “Lloré muchísimo. Lloré en silencio”. Dijo que evitó mostrar su angustia para no preocupar a su acompañante, aunque ambas reconocieron su estado emocional al día siguiente.

Espera, vigilancia y apelación

Al tercer día de detención, Fujimori preguntó cuándo podría salir y recibió como respuesta que la apelación había sido presentada, pero el trámite aún demoraría. Solicitó ropa desde su casa para asearse, pero su abogada le advirtió sobre la posibilidad de vigilancia constante, incluso en espacios privados como el baño o la ducha. “Están filmando cada movimiento tuyo”, le advirtió Loza.

La excongresista señaló que la audiencia de apelación se autorizó al séptimo día. Su abogada le recomendó preparar una intervención breve, de no más de cinco minutos, ya que ese sería el tiempo disponible ante la sala. Antes de partir, un policía le colocó un chaleco con la palabra “detenido” y le indicó que cumplía órdenes superiores.

Resolución judicial y liberación

Fujimori aseguró que la sala resolvió con rapidez y que lo que más recuerda del fallo fue el argumento central: la resolución judicial que ordenó su arresto habría sido elaborada a partir de un “copia y pega”, replicando los pedidos de la fiscalía sin un análisis propio. “La decisión de arresto había sido elaborada con un ‘copia y pega’”, indicó.

Esa misma noche recibió la notificación de su liberación y regresó a su domicilio para reencontrarse con sus hijas. Cerró su relato con una advertencia sobre el futuro: “Lo peor estaba todavía por venir”. La experiencia de detención sin condena, según Fujimori, marcó un antes y un después en su vida y en el escenario político de Perú.

El sistema penitenciario mexicano registró en 2025 su mayor volumen de ingresos desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) comenzó esta serie estadística en 2021. Un total de 157 mil 457 personas fueron recluidas durante ese año —casi 25 mil más que en el primer ejercicio de medición—, lo que representó un alza de 19.2% respecto a 2024, según el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatal (CNSIPEF-E) 2026, publicado el 16 de julio de 2026. El incremento se explica principalmente por detenciones vinculadas a delitos de armas de fuego, narcomenudeo, delincuencia organizada y homicidio.

Los delitos de armas de fuego y narcomenudeo impulsaron el alza en los ingresos a prisión durante 2025 en México. Según el Inegi, las 157 mil 457 personas recluidas ese año superaron las 132 mil 118 del año anterior, un aumento de 19.2% que revirtió la ligera caída de 2024 y llevó al sistema penitenciario a su nivel más alto desde 2021, cuando poco más de 119 mil personas fueron internadas.

Baja California, Estado de México y Sonora concentran el mayor flujo de ingresos

La distribución geográfica muestra una alta concentración en tres entidades del norte y centro del país. Baja California encabezó la lista con 21 mil 62 personas internadas, seguida por el Estado de México con 18 mil 589 y Sonora con 15 mil 617.

En Baja California, el narcomenudeo dominó los ingresos de las mujeres, mientras que el robo y los delitos contra la salud prevalecieron entre los hombres. El Estado de México presentó una incidencia más diversificada: el robo encabezó los internamientos de ambos sexos, aunque en los hombres también destacaron los delitos con armas de fuego y el narcomenudeo.

Sonora mostró un patrón diferente al de Baja California. El robo dominó ampliamente los ingresos tanto de mujeres como de hombres, aunque entre la población masculina también sobresalieron los delitos cometidos con armas de fuego y el homicidio.

En el extremo opuesto, Baja California Sur registró apenas 470 ingresos, Tlaxcala reportó 764 y Tamaulipas acumuló 963. Campeche y Guerrero también figuraron entre las entidades con el menor flujo hacia prisión durante el año.

Penales estatales, destino del 98% de los nuevos reclusos

La abrumadora mayoría de los nuevos internos fue absorbida por los centros administrados por los gobiernos locales. De las 157 mil 457 personas recluidas en 2025, 154 mil 764 ingresaron a centros penitenciarios estatales, en tanto que los penales federales recibieron 2 mil 693.

Eso significa que de cada 100 personas que entraron a prisión el año pasado, 98 fueron enviadas a instalaciones bajo administración estatal. El dato refleja que la operación cotidiana del sistema recae de forma casi total en las entidades federativas.

Delitos por fuero: armas en federales, narcomenudeo en estatales

El tipo de delito varía según el ámbito del penal. En los centros penitenciarios federales, los hombres ingresaron principalmente por delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos (55.6%), seguidos por delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos (12.3%), delincuencia organizada (5.8%) y delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo (5.4%). El secuestro representó el 3.8%.

Entre las mujeres internadas en penales federales, el delito más frecuente fue también el de armas, explosivos y materiales destructivos, con 31.8% de los registros. Los delitos federales contra la salud ocuparon el segundo lugar (27.3%), seguidos por delincuencia organizada (18.2%) y operaciones con recursos de procedencia ilícita (10.6%).

En los centros estatales, el panorama cambió. El narcomenudeo fue el delito que más personas llevó a prisión (24.4% entre los hombres), seguido por el robo (21.1%), la violencia familiar (10.5%), los delitos con armas de fuego (6.3%) y el homicidio (6%). Las mujeres internadas en estos penales presentaron el narcomenudeo como causa principal, con 29.4% de los delitos registrados.

Perfil de los internos: mayoría hombres y sin antecedentes previos

El perfil sociodemográfico de quienes ingresaron a prisión en 2025 muestra una fuerte predominancia masculina. El Inegi registró que 90.8% de los nuevos internos fueron hombres y 9.2% mujeres.

Un dato que llama la atención es la condición penal previa de los recluidos. El 76.2% de las personas ingresadas no contaba con antecedentes penales; solo el 21.3% ya había tenido un proceso previo, y en el 2.5% restante no se pudo determinar la condición.

Al desagregar por sexo, la brecha se amplía. Entre las mujeres, únicamente el 12.7% tenía antecedentes penales al momento de ingresar. En los hombres, esa proporción fue de 22.1%, lo que indica que la gran mayoría de los internos de ambos sexos enfrentó por primera vez un proceso de reclusión.

Población total recluida y estatus jurídico al cierre de 2025

Al término del año, el sistema penitenciario albergaba a 231 mil 436 personas privadas de la libertad: 229 mil 682 adultas y 1 mil 754 adolescentes. De ese total, 20 mil 441 se encontraban en centros federales y 211 mil 25 en centros estatales.

El estatus jurídico de esa población reveló un cambio frente a 2024. El 42.2% de los reclusos estaba sin sentencia al cierre de 2025, frente al 36.3% que se encontraba en esa condición un año antes. La proporción con sentencia bajó de 63.7% a 57.8% en el mismo período.

Entre las personas sin sentencia en los penales estatales, el Estado de México y Michoacán reportaron que el 100% de su población en esa condición se encontraba bajo prisión preventiva oficiosa, según los datos del Inegi.

El Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2026 del Inegi constituye el instrumento estadístico oficial para medir la gestión y el desempeño de los centros penitenciarios en México. Su objetivo es vincular los datos con el diseño, la instrumentación, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en la materia.

El distrito de La Perla, en el Callao, se vio sacudido por un intento de homicidio a balazos contra Rivaldo Espinoza Goicochea, joven de 25 años, quien fue atacado en la puerta de su vivienda. El hecho ocurrió solo 72 horas después de haber recuperado la libertad tras abandonar el penal Sarita Colonia.

De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP), el ataque se registró en la cuadra 3 del jirón Huáscar, donde el joven fue interceptado por sicarios que llegaron en motocicleta.

Vecinos relataron que escucharon una ráfaga de disparos y, segundos después, el fuerte ruido del motor del vehículo usado por los atacantes para huir. “Solo se escucharon las detonaciones y luego el escape de la moto”, declaró uno de los residentes a la Policía Nacional. El sonido de las balas y la fuga rápida de los responsables generaron pánico y desconcierto entre los habitantes del sector.

Los familiares de Espinoza Goicochea acudieron de inmediato para auxiliarlo y lo trasladaron al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde los médicos diagnosticaron trauma abdominal y torácico por proyectil de arma de fuego. Según el reporte hospitalario, el joven permanece en el área de Trauma Shock, bajo vigilancia médica y con pronóstico reservado.

Investigación policial y búsqueda de los responsables

La escena del ataque fue acordonada rápidamente por agentes de la comisaría de La Perla y peritos de criminalística, quienes recogieron 11 casquillos de bala que serán sometidos a análisis para identificar el tipo de arma utilizada. El hallazgo de esta cantidad de evidencia balística es esencial para la reconstrucción de los hechos y la identificación de los autores materiales del ataque.

El caso quedó en manos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao, organismo encargado de profundizar en las pesquisas. Los agentes manejan la hipótesis de un posible ajuste de cuentas, dada la reciente salida de prisión de la víctima, aunque no descartan otros móviles. “Las investigaciones permitirán determinar si el ataque está relacionado con antecedentes delictivos o si hay otras razones detrás del atentado”, precisó un vocero policial.

Las autoridades han reforzado la vigilancia en la zona mientras avanzan las diligencias, que incluyen la revisión de cámaras de seguridad cercanas y la toma de declaraciones a testigos. La reconstrucción de la ruta de escape de los sicarios es una de las prioridades para los investigadores, quienes esperan que el análisis de los videos permita identificar a los implicados.

Impacto en la comunidad chalaca

El violento ataque ha dejado una atmósfera de preocupación entre los vecinos de La Perla, quienes destacan la rapidez de la respuesta policial, pero también manifiestan temor ante la posibilidad de nuevos episodios de violencia. “Este tipo de hechos nos afectan a todos, pedimos mayor seguridad para el barrio”, comentó una residente a la prensa local.

El Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión mantiene a la víctima bajo atención especializada, mientras la Policía Nacional del Perú y el Depincri del Callao continúan con la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer el caso.

El caso desató un cruce de acusaciones entre autoridades estatales y federales por la validez de la licencia comercial del conductor, así como por su estatus migratorio y los protocolos de control en la emisión de permisos para operar vehículos pesados.

El episodio ocurrió en la Interestatal 10, cerca del enlace con la autopista 15, en el oeste de Ontario, California. Ocho vehículos, incluidos cuatro camiones y cuatro autos particulares, se vieron involucrados cuando el semirremolque conducido por Singh avanzó sin frenar hacia el tránsito reducido.

De acuerdo con Los Angeles Times, las cuatro personas heridas debieron ser trasladadas a hospitales locales.

Imágenes de una cámara de tablero mostraron que el conductor no aplicó los frenos antes de embestir al tráfico lento.

El mismo registro, citado también por Fox News, evidenció cómo el vehículo pesado atravesó varios autos antes de impactar contra otro camión, y uno de los automóviles se incendió.

Un testigo, Jason Calmelat, recordó: “No se detuvo. No se desvió. No hizo ningún tipo de maniobra. Simplemente siguió recto”, tal y como relató a NBC Los Angeles. Tras el impacto, el camión se desvió hacia el terraplén y el conductor saltó del vehículo, que estaba en llamas.

El fallo judicial incluyó la declaración de culpabilidad de Singh por tres cargos graves de homicidio vehicular con negligencia grave.

La sentencia consideró que el acusado tenía 21 años, no registraba antecedentes penales y, de acuerdo con la fiscalía del condado de San Bernardino, no existían indicios de intencionalidad en la colisión. Además, la defensa resaltó que el conductor podía ser considerado infractor juvenil bajo la ley de California.

Disputa por la licencia comercial y el estatus migratorio

El caso de Singh no solo quedó limitado al ámbito judicial, sino que derivó en una disputa institucional significativa.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó que Singh era un inmigrante indocumentado de la India que había cruzado la frontera sur de Estados Unidos en 2022.

De acuerdo con Fox News, agentes de la Patrulla Fronteriza interceptaron a Singh en el sector de El Centro, en California, y lo liberaron a la espera de una audiencia migratoria.

La licencia comercial de Singh, sin embargo, fue el verdadero foco de controversia. El Departamento de Transporte de Estados Unidos aseguró que el acusado obtuvo una licencia comercial en junio de 2025, pese a nuevas políticas de emergencia que, según la versión federal, lo inhabilitaban para operar vehículos de carga debido a su situación migratoria.

Autoridades federales sostuvieron que en septiembre de ese año advirtieron a California sobre problemas de cumplimiento en la emisión de licencias comerciales a no ciudadanos, exigiendo la suspensión de nuevos permisos y la revisión de los existentes. “Quienes no reunieran las condiciones debían perder la licencia”, puntualizó el organismo.

La postura de las autoridades estatales fue radicalmente distinta. Funcionarios de California defendieron que el gobierno federal había aprobado los documentos de autorización de empleo que permitieron a Singh obtener una identificación REAL ID, que a su vez confirmaba su estatus legal a efectos de obtener la licencia.

CBS News remarcó que el estado extendió la autorización laboral del conductor del 24 de abril de 2025 al 16 de octubre de 2026 y luego hasta el 18 de agosto de 2030.

No obstante, funcionarios federales insistieron en que el conductor debía quedar descalificado bajo las nuevas reglas. Según fuentes federales, una restricción de la licencia fue retirada el 15 de octubre, tras cumplir Singh 21 años. Seis días después, conducía el semirremolque involucrado en el choque.

Reacciones, víctimas y consecuencias

El caso de Singh generó consternación en la comunidad local y renovó el debate sobre la coordinación entre agencias estatales y federales en la emisión de licencias comerciales a inmigrantes.

Entre las víctimas identificadas figuraron Clarence Nelson, exentrenador asistente de básquetbol de Pomona High School, y su esposa, Lisa Nelson.

De acuerdo con Los Angeles Times, las familias de los fallecidos estuvieron presentes en la audiencia de sentencia, y una de ellas leyó una declaración ante el tribunal.

Las pruebas toxicológicas confirmaron que Singh no se encontraba bajo los efectos de alcohol ni de drogas. Luego del arresto, agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentaron una orden de retención migratoria en su contra, como precisó Los Angeles Times.

Mientras tanto, la opinión pública y los medios siguieron de cerca la discusión sobre la responsabilidad institucional en la tragedia.

La polémica por la licencia comercial de Singh puso en evidencia las diferencias normativas y de interpretación entre Washington y California frente a los permisos laborales para inmigrantes.

El caso se transformó en un punto de referencia para evaluar los protocolos de seguridad y los controles migratorios en el transporte de carga en Estados Unidos.

La justicia panameña dictó detención provisional para un hombre de 38 años acusado de violencia doméstica en perjuicio de su madre, tras un incidente ocurrido hace unos días en el sector de Mano de Piedra, corregimiento de Arnulfo Arias, distrito de San Miguelito.

Según informó la Procuraduría General de la Nación, la medida fue solicitada por la Sección de Familia y el Menor de la Fiscalía Regional de San Miguelito y avalada por el Juzgado de Garantías, debido a los riesgos procesales detectados durante la audiencia.

De acuerdo con el reporte oficial, la Fiscalía argumentó la necesidad de la detención inmediata ante el peligro de fuga, la posible afectación de medios de prueba y la amenaza que el imputado representa para la víctima.

La gravedad del delito fue uno de los factores determinantes para la decisión judicial, según detalló la Procuraduría.

Datos recientes muestran que la provincia de Panamá es la que registra el mayor número de denuncias por violencia familiar y delitos sexuales con 550 casos reportados hasta mayo de 2026, cifra que supera a los 432 del mismo período del año anterior, según información recopilada por Infobae.

Otras regiones con elevados índices son Chiriquí, con 406 denuncias, y Panamá Oeste, con 340 casos, además de la comarca Ngäbe Buglé, donde los reportes aumentaron a 299. Estas estadísticas reflejan el incremento sostenido de denuncias en el país y la urgencia de fortalecer las políticas de prevención.

La violencia doméstica, especialmente contra personas mayores y mujeres, continúa representando un problema de salud pública y seguridad en Panamá.

Instituciones como la Procuraduría General de la Nación insisten en la importancia de la denuncia y el acompañamiento judicial para garantizar la protección de las víctimas y la aplicación efectiva de la ley.

La detención provisional dictada por el Juzgado de Garantías en San Miguelito destaca la respuesta del sistema judicial ante estos hechos, en un contexto donde la demanda social exige mayor transparencia y eficacia en la protección de los derechos fundamentales de las personas afectadas por la violencia familiar.

La violencia contra personas de la tercera edad en Panamá muestra un incremento preocupante durante 2026, con casos de agresión, maltrato y homicidios que involucran a adultos mayores en distintos puntos del país.

De acuerdo con reportes de la Policía Nacional de Panamá, se han registrado episodios reiterados de maltrato físico y psicológico, así como delitos patrimoniales y homicidios cuyas víctimas son personas de edad avanzada.

Durante julio, la Policía Nacional detuvo a un sospechoso de homicidio en Chame, quien contaba con antecedentes previos por maltrato al adulto mayor. Esta detención renovó el enfoque de las autoridades sobre la situación de vulnerabilidad que enfrenta este grupo poblacional en el país.

El Ministerio Público de Panamá ha procesado en las últimas semanas a individuos por delitos de violencia doméstica y maltrato contra sus propios progenitores de edad avanzada.

El impacto de la violencia hacia adultos mayores no se limita al entorno privado. Las estadísticas policiales muestran que los delitos patrimoniales y las estafas también afectan de forma recurrente a este grupo etario.

Las autoridades reportaron casos en los que adultos mayores fueron víctimas de robos, fraudes y apropiaciones indebidas, muchas veces perpetrados por personas de confianza o familiares.

Uno de los casos más recientes involucró la detención provisional de un hombre acusado de agredir a su madre, mientras que una mujer fue ingresada a prisión y otro hombre es buscado por no intervenir para proteger a una adulta mayor de agresiones.

El exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, llevará su proceso en libertad sobre el caso de violencia familiar en contra de su esposa, luego de que la jueza determinara un cambio de medida cautelar en contra del exfuncionario tras la audiencia de este martes 14 de julio.

La jueza Consuelo Adriana Correa ordenó su liberación inmediata tras considerar diversos elementos presentados por las partes, entre ellos el perdón otorgado por la víctima, lo que influyó en la decisión de sustituir la prisión preventiva por una medida cautelar menos restrictiva.

Con ello, Víctor Rodríguez Padilla abandonará el centro penitenciario donde permanecía internado y enfrentará el proceso judicial fuera de prisión, aunque deberá cumplir con las condiciones impuestas por la autoridad judicial.

La decisión no implica el cierre del caso ni una sentencia absolutoria, sino únicamente un cambio en las condiciones bajo las cuales el acusado enfrentará el procedimiento judicial.

Defensa ofrece garantía económica

Como parte de la audiencia, la defensa legal de Víctor Rodríguez presentó una garantía económica de 20 mil pesos, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las medidas cautelares y evitar el riesgo de que el exfuncionario abandone el país.

La garantía económica forma parte de las herramientas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales para asegurar la comparecencia del imputado durante el proceso, cuando el juez considera que ya no resulta necesaria una medida más restrictiva como la prisión preventiva.

¿Qué dijo la defensa del exdirector de Pemex?

Desde antes de la audiencia de vinculación a proceso, la defensa de Víctor Rodríguez Padilla denunció un supuesto “linchamiento mediático” y pidió que se respetara la vida privada tanto del exfuncionario como de su familia.

Los abogados sostienen que la amplia difusión del caso ha afectado el derecho de su cliente a un juicio imparcial y han insistido en que debe privilegiarse una salida alterna al conflicto.

Además, argumentan que Rodríguez Padilla, de 69 años, enfrenta problemas de salud, entre ellos un diagnóstico de cáncer de próstata, por lo que han solicitado que pueda continuar el proceso en libertad bajo medidas cautelares o mediante mecanismos de justicia restaurativa.

¿Qué significa que lleve su proceso en libertad?

En el sistema penal acusatorio mexicano, una persona imputada puede enfrentar un proceso penal en libertad cuando el juez determina que existen medidas cautelares suficientes para garantizar su comparecencia ante la justicia, proteger a la víctima y evitar la obstaculización de la investigación.

La modificación de una medida cautelar no representa una declaración de inocencia ni de culpabilidad. El proceso judicial continúa y será durante las siguientes etapas cuando se presenten las pruebas, se desahoguen los argumentos de las partes y, en su momento, se determine la responsabilidad penal del acusado.

Entre las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva pueden encontrarse la presentación periódica ante la autoridad, la prohibición de salir del país, restricciones para acercarse a la víctima y la imposición de garantías económicas, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso y de la valoración realizada por el órgano jurisdiccional.

Por esto la esposa del exdirector de Pemex le otorgó el perdón tras denunciarlo

De acuerdo con el documento presentado ante la Fiscalía de Morelos, María Felicia Jiménez manifestó expresamente su voluntad de otorgar el perdón al exfuncionario y solicitó que cesaran las investigaciones iniciadas en su contra.

La principal razón expuesta por la denunciante fue proteger la estabilidad de su familia, además de señalar que no tenía intención de ratificar las denuncias durante la audiencia.

Sin embargo, la jueza precisó que la decisión de la víctima no modifica la obligación legal del Estado de investigar los hechos cuando se trata de delitos que afectan el interés público, como ocurre con la violencia familiar.

En la misma audiencia también se resolvió no vincular a proceso a Rodríguez Padilla por el delito de violencia vicaria, al considerar que los elementos presentados por la Fiscalía no fueron suficientes para sostener esa acusación. En consecuencia, el proceso continuará únicamente por violencia familiar.

¿Por qué el perdón no detuvo el proceso?

En el sistema penal mexicano, el perdón de la víctima únicamente puede poner fin a un procedimiento cuando se trata de delitos que se persiguen por querella, es decir, aquellos que requieren la denuncia y la voluntad de la persona afectada para continuar.

En cambio, delitos como la violencia familiar se investigan de oficio, por lo que la Fiscalía puede continuar el proceso aun cuando la víctima decida desistirse o solicitar el cierre de la investigación.

Esto significa que la decisión de María Felicia Jiménez fue tomada en cuenta dentro del expediente, pero no tiene el efecto legal de cancelar automáticamente el procedimiento penal que enfrenta el exdirector de Pemex.

¿De qué se le acusa a Víctor Rodríguez Padilla?

El caso tomó relevancia nacional tras la difusión de un video donde se observa al exfuncionario agrediendo físicamente a su esposa dentro de su domicilio.

Días después, el pasado 7 de julio, Rodríguez Padilla fue detenido en la Ciudad de México y trasladado a Morelos para ser presentado ante un juez e iniciar el proceso penal en su contra.

• Presunta violencia familiar en agravio de su esposa, María Felicia Jiménez.
• Presuntas agresiones físicas ocurridas en marzo de 2026 dentro del domicilio familiar en Morelos.
• La agresión habría ocurrido frente al hijo menor de edad de la pareja.
• La denuncia pública incluyó señalamientos de violencia física, psicológica y económica ejercida durante varios años.

Inicialmente también fue investigado por violencia vicaria; sin embargo, ese delito fue desestimado por la jueza al considerar que no había elementos suficientes para vincularlo a proceso por esa conducta.

Un condenado a prisión perpetua por un doble homicidio cometido cuando era menor de edad, recientemente solicitó en New Hampshire una reducción de su pena de prisión perpetua a un mínimo de 30 a 40 años.

Robert Tulloch había sido sentenciado por los asesinatos de los profesores de la Universidad de Dartmouth Half y Susanne Zantop, cuando tenía 17 años. Sin embargo, este lunes recibió una nueva pena de 45 años a reclusión perpetua por cada homicidio, que deberá cumplir de forma concurrente.

Así lo determinó el Tribunal Superior del condado de Grafton, en el estado de New Hampshire, tras una audiencia que se realizó como consecuencia de los cambios legales derivados del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2012, que declaró inconstitucional la pena perpetua obligatoria para menores de edad.

Más del 75% de los condenados a perpetua por delitos cometidos cuando eran menores fueron re-sentenciados en Estados Unidos y recibieron penas inferiores a 40 años, según un estudio de 2024 publicado en el Journal of Criminal Justice. Este dato formó parte del argumento de la defensa de Tulloch en la audiencia que se desarrolló este lunes.

Según detalló Associated Press, el fiscal general de New Hampshire, John M. Formella, confirmó que la nueva condena para Tulloch responde a la jurisprudencia establecida por el fallo Miller v. Alabama, que obligó a revisar las penas de prisión perpetua sin libertad condicional impuestas de manera automática a menores.

El juez Lawrence MacLeod volvió a condenar a Tulloch a una pena de entre un mínimo de 45 años y cadena perpetua. Podría optar a la libertad condicional en 2046, cuando tenga 62 años, la misma edad que tenía la víctima Half Zantop, cuando fue asesinado.

El Departamento de Justicia del estado precisó que, como parte del acuerdo, Tulloch renunció a solicitar futuras reducciones de condena y no podrá tener contacto con la familia de las víctimas. Tampoco beneficiarse económicamente de los hechos con relatos o publicaciones de libros.

Robert Tulloch actualmente tiene 43 años y fue condenado automáticamente a prisión perpetua sin libertad condicional tras declararse culpable de asesinato en primer grado por el crimen de 2001.

A pesar de esto, la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2012 para que esas penas obligatorias sean inconstitucionales para los menores, abrió una vía de revisión para centenares de presos condenados por homicidios cometidos durante la adolescencia, incluidos cinco hombres que cumplían perpetua en New Hampshire. La audiencia de Tulloch fue la última de esas cinco.

La defensa pidió que pudiese acceder a la libertad condicional

Los abogados Richard Guerriero y Oliver Bloom sostuvieron en una presentación judicial que una pena mínima de entre 30 y 40 años era adecuada a la luz de otros asesinatos cometidos por menores en New Hampshire y de casos del resto del país afectados por los fallos del máximo tribunal.

Ese planteo también se apoyó en la conducta de Tulloch en prisión. Los abogados afirmaron que sus registros muestran madurez y que, tras problemas disciplinarios en los primeros años, no tuvo infracciones graves desde 2012 ni faltas menores desde 2017.

La defensa añadió una frase que buscó dimensionar la naturaleza de esos antecedentes: “La gran mayoría de sus sanciones disciplinarias son por poseer demasiados libros”. En citas de sus registros terapéuticos, los letrados señalaron además que expresó un “remordimiento significativo” por lo que considera un crimen atroz e imperdonable, por su “pensamiento juvenil distorsionado” y por su “buena capacidad de empatía”.

El doble homicidio de 2001 y la captura en Indiana

De acuerdo con el relato judicial citado por la agencia, Tulloch y su amigo James Parker estaban aburridos de su vida en Chelsea, Vermont, cuando idearon matar a desconocidos, robarles dinero y mudarse a Australia.

Durante varios meses tocaron puertas en New Hampshire y Vermont con el pretexto de realizar una encuesta ambiental hasta que los profesores Zantop los dejaron entrar en su casa. Susanne Zantop, de 55 años, dirigía el departamento de estudios alemanes de Dartmouth College. Su esposo, Half Zantop, de 62, enseñaba ciencias de la Tierra.

Por su parte, Parker —que en aquel entonces tenía 16 años— declaró ante los fiscales que Tulloch apuñaló a Half Zantop y luego le indicó que atacara a Susanne Zantop. Tulloch también la apuñaló.

Las huellas dactilares encontradas en la funda de un cuchillo y la marca ensangrentada de una bota vincularon a los dos adolescentes con el crimen. Después de ser interrogados por la policía, huyeron de Vermont y viajaron hacia el oeste haciendo autostop hasta que fueron detenidos semanas más tarde en una parada de camiones de Indiana.

Parker cooperó con la acusación y se declaró culpable como cómplice de asesinato en segundo grado. Recuperó la libertad condicional en 2024, a los 40 años, después de haber cumplido casi el mínimo de su condena de 25 años a prisión perpetua.

Durante su audiencia de libertad condicional, Parker aseguró: “Creo que es inimaginablemente horrible. Sé que no hay una cantidad de tiempo ni cosas que yo pueda hacer para cambiarlo o aliviar el dolor que causé”.

El caso puede influir en futuros intentos por cambiar la ley estatal

Los fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos solo abordaron las cadenas perpetuas obligatorias sin libertad condicional para menores. Aun así, el país sigue siendo el único que permite penas discrecionales de ese tipo para personas que cometieron delitos siendo menores.

Según la Campaign for the Fair Sentencing of Youth, 28 estados y el Distrito de Columbia prohibieron esa práctica. Otros cinco estados la permiten, pero no tienen a ninguna persona cumpliendo esa condena.

En New Hampshire, los legisladores rechazaron intentos de eliminar la prisión perpetua para menores, pero el caso de Tulloch podría reforzar futuros proyectos. Después de que él argumentara en 2018 que esa pena violaba la constitución estatal, el juez pidió la opinión de la corte suprema local, que declinó intervenir.

El año pasado, el juez del Tribunal Superior, Lawrence MacLeod coincidió con Tulloch y concluyó que la constitución estatal prohíbe categóricamente esas sentencias por constituir un castigo “cruel o inusual”. Citado por Associated Press, ese antecedente se convirtió en una pieza clave de la nueva audiencia.

Entre los otros cuatro casos de New Hampshire revisados tras los fallos federales, un hombre volvió a ser condenado a prisión perpetua sin libertad condicional después de negarse a asistir a su audiencia o autorizar a sus abogados a pedir una pena menor. Los demás recibieron condenas de 25 años a perpetua, 40 años a cadena perpetua y 45 años a prisión perpetua.

La reciente apelación presentada por los abogados de Karmelo Anthony reavivó el debate sobre el sistema judicial en Texas y la transparencia de los procesos penales en Estados Unidos.

Condenado a 35 años de prisión por el asesinato de Austin Metcalf durante una competencia de atletismo en Frisco, el joven enfrenta un panorama incierto mientras la causa gana repercusión nacional y abre interrogantes sobre derechos constitucionales y posibles sesgos en la administración de justicia.

Un crimen en Frisco y una condena que generó repercusión nacional

El 2 de abril de 2025, durante un torneo de atletismo entre Centennial High School y Memorial High School, Karmelo Anthony—entonces de 17 años—apuñaló mortalmente a Austin Metcalf, de la misma edad, en un hecho que conmocionó a la comunidad educativa de Frisco, en las afueras de Dallas.

El juicio, realizado meses después, concluyó con un veredicto de culpabilidad y una sentencia de 35 años de prisión para Anthony, quien actualmente tiene 19 años.

La defensa de Anthony, que no estuvo a cargo del proceso principal, sostiene que el joven actuó en legítima defensa luego de ser intimidado físicamente por miembros del equipo rival.

La fiscalía, por su parte, describió al acusado como el agresor, negando que existiera presión o amenaza previa. El caso se transformó rápidamente en un tema de interés nacional, no solo por la violencia involucrada, sino también por el trasfondo racial: Metcalf, la víctima, era blanco, mientras que Anthony es afroamericano.

Esta circunstancia, sumada a la composición del jurado—sin integrantes negros—, alimentó un intenso debate en medios y redes sociales.

Los ejes de la apelación: transparencia, derechos vulnerados y recusación del juez

Según la última información publicada por NBC News, la nueva defensa de Anthony presentó dos mociones claves: una para solicitar un nuevo juicio y otra para exigir la recusación del juez John Roach.

El escrito judicial argumenta que el proceso estuvo marcado por irregularidades que afectaron los derechos del acusado. Entre los puntos destacados, la defensa denuncia que el juicio no fue plenamente público, con restricciones para la prensa y el público en general, lo que consideran una violación a la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense.

Además, los abogados alegan que existía un acuerdo informal entre las partes para limitar la presentación de pruebas de carácter y antecedentes.

Sin embargo, afirman que la fiscalía desestimó ese entendimiento en la etapa final, lo que obligó a Anthony a renunciar a su derecho a testificar para no exponerse a información perjudicial, tal y como detallaron medios como New York Post y The Guardian.

Otro aspecto cuestionado es la rapidez del proceso: se fijaron audiencias en días atípicos, como un sábado, y se concedió un tiempo “insuficiente” para que el joven decidiera si declaraba en el estrado.

La defensa también apunta contra el juez Roach, sosteniendo que perdió la apariencia de imparcialidad al brindar entrevistas a medios como WFAA y Fox News y defender públicamente el veredicto y su propia actuación.

En una carta emitida tras el fallo y dirigida a la “familia del condado de Collin”, Roach calificó el caso como uno de los grandes honores de su carrera, lo que—según la apelación—afecta la neutralidad necesaria mientras sigue teniendo potestad para decidir sobre un eventual nuevo juicio.

El futuro del caso: tiempos judiciales y repercusiones

El fiscal Bill Wirskye, en declaraciones recogidas por NBC News y otros medios estadounidenses, rechazó todas las acusaciones de parcialidad o irregularidad, afirmando que la fiscalía actuó con ética y respeto absoluto a las resoluciones judiciales.

Aseguró que el jurado contó con pruebas suficientes y defendió la integridad del proceso. La respuesta oficial de la fiscalía a las mociones de la defensa será presentada por escrito en las próximas semanas, de acuerdo con reportes recientes.

Mientras tanto, el juez Roach debe decidir primero si se aparta o no del expediente, aunque es probable que el pedido pase a un juez administrativo regional, quien podría fijar una audiencia específica para analizar la recusación.

Anthony permanece detenido en la prisión Pack Unit de Texas, a la espera de novedades en el expediente. La defensa, integrada por reconocidos abogados de derechos civiles y penalistas como Gary Bledsoe y Russell Wilson, trabaja pro bono tras la condena.

El proceso de apelación puede extenderse por varios meses antes de que haya una resolución definitiva sobre la posible repetición del juicio o la confirmación de la condena.

Si la solicitud de un nuevo juicio no prospera, la defensa ya anticipó que llevará la causa a instancias superiores del sistema judicial texano.

En paralelo, la opinión pública y la comunidad de Frisco siguen atentas a un caso que, para muchos, refleja los desafíos y tensiones del sistema de justicia estadounidense en materia de acceso, imparcialidad y derechos constitucionales.

Un hombre de apellidos Carranza Vega fue sentenciado a 36 años de prisión tras ser declarado responsable de cometer dos delitos de violación y un delito de abuso sexual en perjuicio de dos personas menores de edad, informó la Fiscalía Adjunta de San Carlos.

La condena fue dictada luego de que el Ministerio Público demostrara, durante el juicio, la responsabilidad del imputado en una serie de agresiones sexuales ocurridas entre los años 2006 y 2011 en la comunidad de San Joaquín de Cutris, en el cantón de San Carlos, provincia de Alajuela.

Aprovechó la convivencia con las víctimas

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía Adjunta de San Carlos, Carranza Vega convivía en la misma vivienda que la familia de las dos menores afectadas, una condición que le permitió tener acceso constante a ellas y aprovechar momentos en los que no había otros adultos presentes para cometer las agresiones sexuales.

Durante el debate, el Ministerio Público logró acreditar que el ahora sentenciado actuaba cuando no era visto por otras personas y que utilizó la cercanía con las víctimas para perpetrar los delitos. La investigación permitió establecer que las agresiones ocurrieron de forma reiterada durante un periodo comprendido entre 2006 y 2011.

Las pruebas presentadas durante el juicio fueron consideradas suficientes por el Tribunal para declarar la responsabilidad penal del acusado por dos delitos de violación y uno de abuso sexual.

El miedo retrasó la denuncia por más de una década

Uno de los elementos expuestos durante el proceso judicial fue que, después de cometer las agresiones, el imputado intimidó a las víctimas para impedir que revelaran lo sucedido.

Según estableció la Fiscalía, Carranza Vega amenazó a las menores para que mantuvieran silencio, situación que provocó que los hechos permanecieran ocultos durante varios años.

No fue sino hasta 2023 cuando ambas lograron poner el caso en conocimiento de las autoridades judiciales, permitiendo la apertura de la investigación penal que culminó con la sentencia condenatoria.

Este tipo de situaciones, han señalado en reiteradas ocasiones las autoridades y especialistas en atención a víctimas, son frecuentes en delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad, donde el miedo, la manipulación y la relación de confianza o cercanía con el agresor suelen retrasar la denuncia durante años.

Permanecerá en prisión preventiva

Como resultado del juicio, el Tribunal impuso una pena total de 36 años de prisión contra Carranza Vega por los delitos que fueron acreditados durante el debate.

El Ministerio Público informó que, mientras la sentencia no adquiera firmeza y se resuelvan las etapas procesales correspondientes, el condenado deberá permanecer en prisión preventiva.

La medida busca garantizar el adecuado desarrollo del proceso judicial y la ejecución de la condena una vez que el fallo quede en firme.

Las autoridades recordaron que los delitos sexuales contra personas menores de edad constituyen una de las formas más graves de violencia y que el sistema judicial mantiene mecanismos para investigar este tipo de casos incluso cuando las denuncias se presentan varios años después de ocurridos los hechos.

La Fiscalía ha insistido en la importancia de denunciar cualquier situación de abuso sexual y de buscar apoyo en las instituciones encargadas de la protección de la niñez y adolescencia, ya que el acompañamiento oportuno resulta fundamental tanto para la atención de las víctimas como para el desarrollo de las investigaciones penales.

Con esta sentencia, el Ministerio Público destacó el trabajo realizado durante la investigación y el juicio oral, proceso que permitió obtener una condena de 36 años de cárcel contra el responsable de los delitos cometidos en perjuicio de las dos víctimas menores de edad.

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Pemex, fue detenido en la Ciudad de México por el delito de violencia familiar, a casi dos semanas después de que se difundió un video en el que se ve al exfuncionario federal agredir física y verbalmente a su ahora exesposa, María Felicia Jiménez.

De acuerdo con las investigaciones, en marzo de 2026, María Felicia Jiménez se encontraba con Rodríguez Padilla en un domicilio ubicado en Morelos, donde la habría agredido tras una discusión.

A partir de estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Morelos estableció la probable participación del exfuncionario y obtuvo una orden de aprehensión en su contra por violencia familiar, un delito que en México se sanciona con prisión, multa económica, pérdida de derechos e incluso obligatoriedad de tratamiento psicológico.

¿Cuántos años podría pasar en prisión?

• Código Penal Federal

El Artículo 343 bis del Código Penal Federal establece que la violencia familiar consiste en el uso de la fuerza física o moral, o la omisión grave, ejercida de manera reiterada por un integrante de la familia en contra de otro, afectando su integridad física, psíquica o ambas, sin importar si causa lesiones.

Comete este delito el cónyuge, concubina, concubinario, pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente, pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, que habite en la misma casa de la víctima.

La sanción para quien comete violencia familiar es de seis meses a cuatro años de prisión, la pérdida del derecho de pensión alimenticia y tratamiento psicológico especializado.

El delito se persigue por querella de la parte ofendida, salvo que la víctima sea menor de edad o incapaz, en cuyo caso se persigue de oficio.

El Artículo 343 quáter indica que el Ministerio Público debe exhortar al probable responsable a abstenerse de conductas ofensivas hacia la víctima, acordar medidas preventivas para protegerla y solicitar las medidas precautorias pertinentes.

• Código Penal del Estado de Morelos

El Artículo 202 BIS establece que comete el delito de violencia familiar el miembro de la familia que realice un acto de poder u omisión intencional para dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, emocional, sexual, patrimonial o económica, causando daño o sufrimiento.

La sanción es de tres a siete años de prisión, de 200 a 500 días multa, pérdida de derechos respecto al ofendido (incluidos los sucesorios, patria potestad o tutela) y tratamiento psicológico específico para rehabilitación. El delito se persigue de oficio.

El Artículo 202 TER equipara al delito de violencia familiar los actos cometidos contra personas bajo guardia, protección, cuidado o educación, siempre que vivan en la misma casa.

El Artículo 202 QUATER indica que el Ministerio Público debe acordar las medidas preventivas necesarias para proteger la integridad física y psíquica de la víctima y solicitar al juez medidas precautorias.

El Artículo 202 QUINTUS equipara la violencia familiar a los actos cometidos contra una persona con la que exista una relación de hecho, aunque no vivan en el mismo domicilio.

El Artículo 36 contempla la reparación del daño, que incluye el pago de tratamientos psicoterapéuticos para la víctima y familiares directos, así como la indemnización por daño material y moral.

¿Cómo fue detenido Víctor Rodríguez?

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, fue detenido y presentado esposado ante la Agencia 50 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tras ser acusado de violencia de género por su esposa, María Felicia Jiménez.

La detención se realizó la tarde del martes 7 de julio, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez, luego de que la víctima hiciera pública la denuncia y difundiera en redes sociales imágenes de la agresión sufrida el 3 de marzo de 2026.

Rodríguez Padilla llegó escoltado por tres agentes mujeres, con semblante molesto y vestido de camisa blanca y pantalón negro.

Tras su certificación en la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar, fue entregado a la Fiscalía de Morelos, estado donde ocurrieron los hechos.

Posteriormente, fue trasladado a Morelos para comparecer ante un juez de control de dicho estado y poco después, ingresó al penal de Atlacholoaya.

La denuncia de Jiménez expone que el exfuncionario la agredió física y verbalmente de manera reiterada desde 2022, incluso delante de su hijo menor, situación que quedó grabada pese a los intentos del acusado por destruir la cámara.

La ficha del Registro Nacional de Detenciones describe a Rodríguez Padilla como cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum y candidato a dirigir el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).

La condena a Adriana Mabel Martínez y Abel Ángel Martínez, integrantes de una misma familia por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización marca un nuevo capítulo en la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Salta.

La investigación, iniciada por denuncias anónimas, permitió a las autoridades reunir pruebas contundentes sobre la actividad ilícita que ambos desarrollaban en una vivienda del barrio Norte Grande. Entre los elementos más relevantes, se encuentran el secuestro de más de 300 dosis de pasta base de cocaína, dinero en efectivo y elementos asociados a la venta de drogas, derivó en penas de prisión efectiva para los involucrados.

Durante la audiencia de medidas alternativas de solución de conflictos, el fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal y expuso los resultados de la pesquisa.

Adriana Mabel Martínez fue condenada en juicio abreviado a cuatro años de prisión efectiva, mientras que el hombre recibió una pena de dos años y ocho meses de prisión efectiva. Además, se declaró la reincidencia de Abel Ángel Martínez por tercera vez. Con estos elementos, la jueza Claudia Puertas homologó el acuerdo alcanzado entre las partes, validando así el procedimiento judicial.

Las presentaciones alertaban sobre la venta de estupefacientes en una vivienda del barrio Norte Grande, lo que llevó a la intervención de la UFINAR, con el apoyo del Grupo de Drogas del Sector 6 de la Policía de la Provincia. El fiscal Torres Rubelt ordenó entonces el despliegue de medidas investigativas, que incluyeron tareas de vigilancia, entrevistas y registros fotográficos y fílmicos.

Las acciones de inteligencia permitieron documentar reiteradas maniobras de comercialización de drogas en las inmediaciones del domicilio investigado. Los registros realizados mostraron el intercambio de dinero por envoltorios, una mecánica habitual en la venta de estupefacientes según las autoridades. La Policía demoró a compradores habituales, quienes portaban envoltorios con pasta base de cocaína, lo que contribuyó a fortalecer la hipótesis de venta directa desde la vivienda señalada.

En una primera instancia, un allanamiento fue previsto para el 18 de marzo. Sin embargo, la difusión de procedimientos policiales en redes sociales y grupos de WhatsApp del barrio alertó a los sospechosos, quienes cesaron temporalmente la actividad ilícita y abandonaron el inmueble. La reacción motivó a los investigadores a reforzar la vigilancia y a trabajar en la obtención de pruebas adicionales antes de intervenir nuevamente.

El 29 de marzo, tras reunir nuevos elementos de convicción, la UFINAR solicitó y obtuvo una nueva orden de allanamiento. Durante el operativo, los efectivos lograron secuestrar envoltorios con pasta base de cocaína ocultos en un inodoro y en un alhajero, además de 180 mil pesos en efectivo y elementos de interés para la causa.

El narcotest realizado en el laboratorio confirmó que la sustancia incautada correspondía a más de 300 dosis de pasta base de cocaína. Este resultado fue clave para consolidar la acusación formal contra Adriana Mabel Martínez y Abel Ángel Martínez, quienes fueron detenidos y trasladados a la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.

El caso evidencia la importancia de la participación ciudadana en la denuncia de hechos vinculados al narcotráfico y la necesidad de una respuesta coordinada por parte de las instituciones encargadas de la investigación y persecución penal en la provincia de Salta.

Epic Games puso fin al proceso legal contra el exempleado que durante meses filtró información confidencial sobre Fortnite, uno de los videojuegos más populares del mundo. Aunque el responsable evitará una condena de prisión, deberá cumplir una estricta orden judicial que le prohíbe volver a acceder, utilizar o divulgar secretos comerciales de la compañía, además de colaborar con otras personas para filtrar contenido del juego.

El caso marcó un precedente dentro de la industria de los videojuegos, donde las filtraciones suelen convertirse en parte de la conversación entre los jugadores antes de los anuncios oficiales. En esta ocasión, sin embargo, Epic Games logró identificar que la fuente de varias de esas revelaciones no era un minero de datos ni un creador de contenido, sino un contratista con acceso interno a información confidencial.

El responsable de las filtraciones era un trabajador de Epic Games

A principios de este año, Epic Games confirmó que había descubierto la identidad de AdiraFN, un conocido filtrador que durante meses adelantó colaboraciones y novedades relacionadas con Fortnite antes de su presentación oficial.

Detrás de esa cuenta se encontraba Hayden Cohen, un contratista que trabajaba para la compañía y que, según la demanda presentada por Epic Games, utilizó su acceso privilegiado para obtener información sobre futuras actualizaciones del popular battle royale.

Las filtraciones incluían datos sobre colaboraciones con franquicias reconocidas como Game of Thrones, Kingdom Hearts, Marvel Rivals, K-Pop Demon Hunters y He-Man, entre otros proyectos que aún no habían sido anunciados por el estudio.

La empresa explicó que la información divulgada no provenía de técnicas habituales utilizadas por la comunidad, como la minería de datos, sino de documentos internos a los que únicamente tenían acceso determinados trabajadores.

Violó los acuerdos de confidencialidad

Como parte de su trabajo, Cohen había firmado diversos acuerdos de confidencialidad que le impedían compartir cualquier información relacionada con proyectos en desarrollo o estrategias comerciales de Epic Games.

Según la compañía, el contratista incumplió estas obligaciones al difundir datos reservados a través de cuentas anónimas en plataformas como X, antes conocida como Twitter, y Discord.

Tras descubrir su participación, Epic Games decidió despedirlo de manera inmediata e inició una demanda en la que lo acusó de apropiarse indebidamente de información confidencial y hacerla pública sin autorización.

El proceso legal llamó la atención de la comunidad de Fortnite debido al creciente impacto que tienen los filtradores en la industria del videojuego. En muchas ocasiones, las revelaciones anticipadas generan expectativas entre los jugadores, pero también afectan las estrategias de comunicación y marketing de los estudios.

La sanción que deberá cumplir

Después de varios meses de litigio, Epic Games confirmó que ambas partes alcanzaron un acuerdo para resolver el conflicto.

De acuerdo con Natalie Muñoz, directora de comunicaciones de la empresa, la desarrolladora solicitó una orden judicial permanente para impedir que Cohen vuelva a divulgar cualquier información confidencial relacionada con Epic Games.

La medida establece que el exempleado no podrá poseer, acceder, utilizar ni revelar secretos comerciales o información reservada perteneciente a la compañía.

Además, la orden también le prohíbe colaborar con terceros para obtener o difundir detalles sobre futuros contenidos de Fortnite o de cualquier otro proyecto desarrollado por Epic Games.

En caso de incumplir estas condiciones, el exempleado podría enfrentar nuevas consecuencias legales y sanciones más severas.

Un mensaje para quienes filtran contenido

Aunque el acuerdo evita una condena de prisión, el desenlace del caso envía un mensaje claro sobre la postura de Epic Games frente a las filtraciones internas.

Durante años, las filtraciones de Fortnite se convirtieron en un fenómeno habitual dentro de la comunidad. Numerosos creadores de contenido e insiders adelantaban colaboraciones, personajes y eventos especiales antes de los anuncios oficiales, muchas veces gracias al análisis de los archivos del juego.

Sin embargo, la compañía diferenció este caso de las filtraciones obtenidas mediante minería de datos. Según explicó en su demanda, Cohen utilizó información a la que tenía acceso únicamente por su trabajo dentro de la empresa, incumpliendo los acuerdos legales que había aceptado al incorporarse como contratista.

Con este acuerdo judicial, Epic Games busca proteger su información confidencial y desincentivar que empleados o colaboradores aprovechen su posición para revelar planes comerciales antes de tiempo.

El caso también demuestra que las compañías del sector tecnológico y de los videojuegos están dispuestas a recurrir a acciones legales cuando consideran que una filtración proviene de una violación de contratos de confidencialidad y afecta directamente sus operaciones o estrategias de lanzamiento.

La Fiscalía Regional de Chiriquí consiguió que un adolescente fuera condenado a 16 años de prisión por tentativa de robo y homicidio contra un comerciante asiático en la provincia panameña de Chiriquí, por un ataque ocurrido el 25 de noviembre de 2023 en Potrerillos Abajo.

Según la Procuraduría General de la Nación, el caso se remontó a un asalto frustrado en el que varias personas llegaron al local de la víctima con la intención de robar y le causaron la muerte tras herirlo con un arma de fuego.

La condena se dictó después de que la Fiscalía presentara pruebas materiales, documentales, testimoniales y periciales, y la juez penal de adolescentes estableciera su responsabilidad.

Dos personas adultas ya habían sido condenadas por el mismo expediente y, de acuerdo con el Ministerio Público, ya cumplen su pena en un centro penitenciario.

Ese dato ubicó el fallo contra el menor dentro de una causa en la que la investigación alcanzó a varios implicados.

La sentencia respondió a un hecho concreto: un grupo atacó a un comerciante en su negocio en Potrerillos Abajo, en Chiriquí, y el comerciante murió por una herida de arma de fuego.

La consecuencia judicial inmediata fue la imposición de 16 años de cárcel al adolescente hallado culpable en el juicio oral.

La Procuraduría General de la Nación sostuvo que el conjunto de evidencias permitió confirmar tanto la comisión del delito como la culpabilidad del acusado. Esa base probatoria abrió paso a la condena por robo en grado de tentativa y homicidio.

En la provincia de Darién, fronteriza con Colombia, las autoridades también obtuvieron detención provisional para un hombre investigado por presunta violencia doméstica contra su expareja y madre de su hija.

En la audiencia, la Fiscalía acreditó los cuatro riesgos procesales y el Tribunal de Apelaciones en pleno confirmó la medida cautelar.

Ese caso correspondió a hechos de mayo de 2026 en la comunidad de Bella Vista, distrito de Garachiné, donde el imputado hostigó y agredió a la víctima en distintas partes del cuerpo. Medicatura Forense le otorgó seis días de incapacidad.

Las autoridades además lograron detención provisional para tres ciudadanos en causas vinculadas con presunta violencia psicológica.

Uno de los expedientes surgió de una audiencia de apelación en la que el Ministerio Público se opuso al cambio de la medida por otra menos rigurosa, con el argumento de que persistía el peligro para la víctima, a quien el imputado amenazó de muerte y agredió con un arma de fuego. Ese caso ocurrió el 17 y 18 de julio de 2025 en un supermercado de Don Bosco, Veranillo, en el corregimiento de Belisario Porras.

En otro expediente, un hombre quedó detenido por un hecho del 30 de mayo de 2026 en Don Bosco, Veranillo, y por una nueva agresión perpetrada el 31 de mayo.

Un tercer ciudadano compareció ante el Juzgado de Garantías por un hecho registrado el 8 de mayo de 2026 en el sector El Papa, en Pan de Azúcar, corregimiento de Amelia Denis de Icaza. También fue aprehendido durante una diligencia de allanamiento.

Un hombre de apellidos Hernández Le Maitre fue condenado a 48 años de prisión tras ser declarado responsable de cometer múltiples delitos sexuales en perjuicio de tres niñas, quienes tenían apenas uno, tres y siete años de edad cuando comenzaron las agresiones.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de Heredia, luego de que la Fiscalía de San Joaquín de Flores lograra demostrar la responsabilidad del imputado en los delitos de abuso sexual, violación, fabricación de material con contenido de abuso sexual infantil y difusión de ese material.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre 2012 y 2016 en la comunidad de La Ribera de Belén, en la provincia de Heredia.

Durante ese período, Hernández mantenía una relación sentimental con la tía de las menores y residía junto a ella en la vivienda donde con frecuencia permanecían las víctimas.

Según logró acreditar la Fiscalía durante el juicio, el condenado aprovechó la cercanía familiar y la confianza que las niñas depositaban en él para cometer de manera reiterada los delitos sexuales.

Las investigaciones determinaron que las agresiones iniciaron cuando las víctimas eran de muy corta edad. Al momento de los primeros hechos, una de las menores tenía apenas un año, otra tres años y la tercera siete años, lo que fue considerado un elemento de especial gravedad dentro del proceso penal.

El Ministerio Público sostuvo que los abusos ocurrieron mientras las niñas permanecían en la casa de su tía, lugar donde también vivía el ahora sentenciado.

La investigación avanzó luego de que, el 16 de abril de 2016, la madre de una de las menores detectara señales que despertaron sospechas sobre una posible agresión sexual.

Ante esa situación, la mujer decidió acudir a las autoridades judiciales e interpuso la denuncia correspondiente, lo que dio inicio a la investigación que años después culminó con la condena.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas que permitieron reconstruir los hechos y demostrar la responsabilidad penal de Hernández Le Maitre en los distintos delitos atribuidos.

Además de las agresiones sexuales, el Tribunal tuvo por acreditado que el imputado también incurrió en la fabricación y difusión de material con contenido de abuso sexual infantil, uno de los delitos considerados de mayor gravedad dentro de la legislación costarricense por el daño permanente que ocasiona a las víctimas.

Tras valorar la prueba testimonial, pericial y documental presentada por el Ministerio Público, los jueces resolvieron imponer una pena total de 48 años de prisión.

Mientras la sentencia adquiere firmeza, Hernández Le Maitre deberá permanecer en prisión preventiva, según dispuso el Tribunal Penal de Heredia.

Las autoridades judiciales recuerdan que este tipo de delitos suele ocurrir en entornos cercanos a las víctimas, donde los agresores aprovechan vínculos de confianza o familiares para facilitar las agresiones y evitar que sean descubiertas durante largos períodos.

El Ministerio Público reiteró que continuará impulsando las investigaciones relacionadas con delitos sexuales contra personas menores de edad y destacó la importancia de la denuncia oportuna para proteger a las víctimas y evitar que estos hechos continúen ocurriendo.

La condena impuesta por el Tribunal Penal de Heredia representa una de las penas más altas dictadas recientemente por delitos sexuales cometidos contra menores de edad y refleja la gravedad de las conductas acreditadas durante el juicio, así como el compromiso de las autoridades judiciales de sancionar este tipo de hechos conforme a la legislación vigente.

Un hombre de Florida enfrenta un proceso judicial que podría derivar en una condena de hasta diez años de prisión federal, tras ser acusado de un inusual delito: el robo de letreros oficiales de Smokey Bear en diversos parques estatales y su posterior intento de venta a través de internet. El caso, que ha llamado la atención tanto de las autoridades como del público, pone en el centro a Hunter Drake Lovett, un residente de Pace de 30 años, quien fue formalmente imputado por el delito de robo de propiedad gubernamental.

De acuerdo con la información proporcionada por el fiscal federal John Heekin del Distrito Norte de Florida, la acusación contra Lovett fue presentada por un gran jurado federal. La gravedad del cargo radica en que la propiedad sustraída pertenece al gobierno, lo que incrementa las penas asociadas. Si el acusado es hallado culpable, la sentencia podría alcanzar una década tras las rejas en una prisión federal, conforme a los marcos legales vigentes en Estados Unidos para este tipo de delitos. El juicio de Lovett ya cuenta con fecha: el inicio está programado para el 20 de julio, momento en el que se definirá el desenlace de este singular caso.

El origen del proceso se remonta a julio de 2025, cuando se produjo el arresto de Lovett. Los hechos atribuidos describen un patrón delictivo particular: el acusado habría sustraído letreros de Smokey Bear —figura icónica de la prevención de incendios forestales— de parques estatales ubicados en ciudades como Pensacola, Panama City y Orlando. Según la investigación, estos letreros, reconocidos por su valor simbólico y su función en campañas de concienciación ambiental, fueron retirados de su lugar para ser ofrecidos en venta en la plataforma Facebook Marketplace.

El modus operandi atribuido a Lovett incluía desplazamientos a través de distintos puntos del estado de Florida, con el objetivo específico de localizar, retirar y transportar los letreros oficiales. Una vez en su poder, los ofrecía a un precio considerable: 1.900 dólares cada uno. Esta cifra llama la atención tanto por lo elevado del monto como por el tipo de bien ofertado, lo que sugiere la existencia de un mercado clandestino o de coleccionistas dispuestos a pagar grandes sumas por objetos de este tipo.

Las acciones de Lovett no pasaron desapercibidas para las autoridades. El arresto fue resultado de un operativo que involucró la recopilación de pruebas sobre la sustracción de los letreros y el rastreo de las publicaciones en las redes sociales. La evidencia reunida permitió a los investigadores vincular los anuncios en Facebook Marketplace con los robos reportados en los parques estatales, lo que derivó en la detención del sospechoso a finales de julio de 2025. La intervención rápida y coordinada fue clave para frenar la venta de los letreros y recuperar parte del material sustraído.

Reacciones oficiales y comentarios públicos

La detención de Lovett generó reacciones inmediatas por parte de funcionarios estatales. Wilton Simpson, comisionado de Agricultura de Florida, utilizó la red social X para referirse al caso apenas se produjo el arresto. En su publicación, Simpson planteó una reflexión irónica sobre lo sucedido: “¿Qué pasa cuando unos criminales tontos provocan al oso?”, escribió el 30 de julio de 2025, aludiendo al icónico personaje de Smokey Bear. Agradeció de manera especial a @smokey_bear por su supuesta “ayuda personal” en la captura del responsable.

Simpson también subrayó el papel del Equipo de Derecho Agrícola del departamento, destacando que la detención se logró gracias al esfuerzo conjunto de las autoridades locales y estatales. Según el comisionado, el sospechoso había emprendido un recorrido por toda Florida con el propósito de robar letreros de Smokey Bear de los bosques estatales y comercializarlos en redes sociales.

Investigación y agencias involucradas

El operativo que culminó en la detención de Lovett fue resultado de una investigación compleja y coordinada entre varias agencias federales, estatales y locales. La dirección de la investigación estuvo a cargo del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos y el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Ambas agencias federales aportaron recursos y conocimientos técnicos para rastrear la ruta de los letreros robados y seguir el rastro digital dejado por el acusado en las plataformas en línea.

Además, la Oficina de Aplicación de la Ley Agrícola del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida participó activamente en las pesquisas, aportando recursos locales y facilitando la coordinación con los parques afectados. La colaboración se extendió también al Departamento de Policía de Eufaula, Alabama, y al Servicio Forestal de Florida, entidades que ofrecieron apoyo logístico y operativo.

La investigación conjunta permitió reconstruir el itinerario delictivo del sospechoso y asegurar pruebas suficientes para presentar la acusación formal ante el gran jurado federal. Gracias a la labor coordinada de estas agencias, fue posible interrumpir la cadena de robos y evitar que más letreros oficiales fueran sustraídos y comercializados.

La ciudad de Nueva York dio un paso significativo en la transformación de su sistema penitenciario con el cierre definitivo del Centro de Enfermería del Norte en Rikers Island. La medida, impulsada por la administración del alcalde Zohran Mamdani, forma parte de una estrategia más amplia destinada a abandonar un modelo de gestión carcelaria vinculado a episodios de negligencia, para avanzar hacia un enfoque que priorice la rehabilitación y la rendición de cuentas. “Este hito nos acerca a cerrar ese capítulo”, expresó Mamdani al anunciar la clausura del centro. Con ello, la ciudad busca dar señales claras de cambio en la política penitenciaria local y responder a años de cuestionamientos sobre las condiciones en Rikers Island.

El cierre del Centro de Enfermería del Norte responde tanto a la necesidad de modernizar el sistema como a la obligación legal de poner fin a las operaciones del complejo penitenciario en los próximos años. La clausura fue posible gracias a la creación de una nueva unidad de atención terapéutica para los presos con necesidades médicas complejas, lo que permitió trasladar a los últimos 223 reclusos que requerían cuidados hospitalarios fuera de la isla. Esta reubicación representa uno de los cambios más tangibles en la política de atención a la salud dentro del sistema penitenciario neoyorquino y ejemplifica el giro hacia un entorno más humanizado para los internos.

En cuanto al proceso de cierre, la administración municipal coordinó con el Departamento de Correcciones de Nueva York para transferir las instalaciones del Centro de Enfermería del Norte, junto con parte de otros dos centros penitenciarios, al Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad (DCAS). Según un comunicado oficial, ninguna de estas instalaciones albergaba personas bajo custodia al momento de la transferencia. Esta decisión abre la puerta a un nuevo capítulo para Rikers Island, ya que el DCAS tiene ahora la responsabilidad de elaborar un plan maestro sobre el futuro uso del terreno y las edificaciones una vez que dejen de estar vinculadas al sistema carcelario.

La comisionada del DCAS, Yume Kitasei, subrayó que existen múltiples posibilidades para el futuro de la isla. Entre las opciones que se están considerando figuran proyectos relacionados con energías renovables y otros usos públicos, especialmente aquellos orientados a la justicia ambiental. Kitasei señaló que estas alternativas podrían aportar beneficios a la ciudad en los próximos años, marcando un cambio de paradigma en la relación de Nueva York con este espacio históricamente asociado al castigo y la reclusión.

El cierre del Centro de Enfermería del Norte fue viabilizado por la puesta en marcha de una unidad de vivienda terapéutica para los reclusos con necesidades médicas agudas. Anteriormente, el centro había alojado a más de dos centenares de internos que requerían atención hospitalaria constante. La nueva política permitió que, desde abril, estos presos fueran trasladados al Hospital Bellevue en Kips Bay, donde se diseñaron espacios específicamente pensados para facilitar la recuperación y el bienestar. La doctora Patsy Yang, vicepresidenta sénior de servicios de salud penitenciaria en NYC Health + Hospitals, explicó que Bellevue fue concebido con criterios terapéuticos en mente, incorporando una paleta de colores y materiales que favorecen un ambiente de mayor apoyo y menor estrés para los detenidos.

Actualmente, la unidad del Bellevue atiende a 104 personas que requieren atención médica especializada. Además, se prevé la creación de otras dos unidades similares en los hospitales Woodhull y North Central Bronx, ampliando así el alcance de la atención sanitaria para la población penitenciaria neoyorquina fuera del entorno tradicional de Rikers Island.

La clausura de estas instalaciones se inscribe en el marco de un plan legal que obliga a la ciudad a cerrar el complejo penitenciario de Rikers Island antes de agosto de 2027. El objetivo es sustituir el problemático complejo por cuatro cárceles más pequeñas, distribuidas en distintos distritos de la ciudad. Rikers ha sido objeto de controversia durante décadas debido a los múltiples casos de violencia, deficiencias en la infraestructura y problemas de gestión de personal. Sin embargo, el cumplimiento de este mandato legal enfrenta serios desafíos. Por un lado, las nuevas cárceles distritales todavía no están listas; por otro, la población reclusa actual, cifrada en 6.700 personas, supera de largo la capacidad de 4.100 camas previstas en las nuevas instalaciones.

El comisionado del Departamento Correccional, Stanley Richards, reiteró que la meta es construir infraestructuras centradas en la humanidad y la dignidad de las personas privadas de libertad, afirmando que estos principios guiarán cada decisión, estrategia y acción en el proceso de transformación. No obstante, el propio alcalde Mamdani ha reconocido que cumplir el plazo de 2027 resulta casi imposible bajo las condiciones actuales. En abril, Mamdani declaró que la ciudad lleva años sin satisfacer ni las recomendaciones ni los requisitos legales, por lo que el regreso a la normalidad llevará más tiempo del previsto.

En términos de gestión, la responsable designada por el alcalde para la administración de los presos de Rikers, Dana Kaplan, advirtió que se trata de un plan a largo plazo y que los cambios no serán inmediatos. “Lamentablemente, no sucederá mañana”, resumió Kaplan, reflejando el desafío que implica transformar un sistema arraigado en décadas de prácticas difíciles de erradicar.

“Me sorprende que el juez no sugiriese que me lapidaran en una plaza pública”, se quejó Bernie Madoff por teléfono desde su celda, pocas horas después de que el 29 de junio de 2009 el juez federal Denny Chin le impusiera 150 años de prisión. Era la pena máxima permitida por la ley. Tenía 71 años y no volvería a ser libre.

La sala del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York estalló en aplausos cuando Chin leyó la sentencia. Afuera, cientos de víctimas y curiosos habían hecho fila desde temprano para presenciar la sentencia por el mayor fraude financiero de la historia.

La audiencia duró 90 minutos. Antes de que el juez tomara la palabra, nueve víctimas se pararon frente al estrado. Varios de los presentes lloraron. Dos de los nueve se quebraron al hablar.

Carla Hirshhorn fue una de las primeras en dirigirse al tribunal: “La vida se convirtió en un infierno. Es como una pesadilla de la que no podemos despertar”. Tom Fitzmaurice fue más directo: “Les robó a los ricos. Les robó a los pobres. Les robó a los del medio. No tenía valores”. Y agregó que Madoff había estafado a sus víctimas “para que él y su esposa Ruth pudieran vivir una vida de lujo”.

Dominic Ambrosino, un oficial retirado de la ciudad de Nueva York, preguntó: “¿Cómo pudo alguien hacernos esto? ¿Cómo puede ser real? Nosotros no hicimos nada malo”. Luego anunció que él y su familia tendrían que vender su casa y vivir únicamente de la seguridad social. Michael Schwartz le dijo a Madoff, mirándolo a la cara, que deseaba que la celda fuera su ataúd.

El juez Chin señaló algo que no tenía precedentes en su experiencia: no había recibido ni una sola carta de apoyo de familiares o amigos del acusado.

Chin rechazó el pedido de clemencia del abogado defensor Ira Lee Sorkin, quien había solicitado apenas doce años y describió a su cliente como “un ser humano profundamente defectuoso”. El fiscal Marc Litt había pedido la pena máxima por “el alcance, la duración y la naturaleza” del fraude.

El juez dejó en claro que la condena no era, como argumentó la defensa, “venganza de la turba”. “No es simplemente un crimen sin sangre que ocurre sobre papel”, dijo Chin, “sino uno que cobra un costo devastador en términos humanos”. Calificó el fraude de “muy malo” y la violación de confianza de “masiva”. El departamento de libertad condicional había recomendado 50 años. Chin triplicó esa cifra.

Madoff escuchó los testimonios sin mostrar emoción. Al tomar la palabra, pidió disculpas en voz tan baja que el juez tuvo que pedirle que hablara más fuerte. “No puedo ofrecerles una excusa por mi comportamiento”, dijo. “¿Cómo se le explica a uno que mintió a su hermano y a sus dos hijos? ¿Cómo se explica haber engañado a una esposa que estuvo a tu lado durante 50 años?”. Luego giró hacia las víctimas y dijo: “Lo siento. Sé que eso no les ayuda”.

Antes de que terminara la audiencia, el juez ordenó también la confiscación de bienes por más de 170.000 millones de dólares, cifra que representaba el total del dinero que había circulado por la cuenta principal del esquema. A su esposa, Ruth Madoff, que no fue imputada penalmente, le dejaron 2.500.000 de dólares luego de que la justicia rechazara su reclamo sobre 80 millones de dólares en activos que decía que le pertenecían.

Bernie Madoff fue condenado el 29 de junio de 2009 a 150 años de prisión por haber operado el mayor esquema Ponzi de la historia. Durante al menos dos décadas, prometió a sus clientes rendimientos anuales de entre el 12% y el 13%, constantes tanto en años de bonanza como de crisis, y depositó el dinero recibido en una cuenta bancaria personal en el Chase Manhattan Bank en lugar de invertirlo. Los estados de cuenta que enviaba cada mes eran una falsificación completa. Cuando un cliente quería retirar fondos, Madoff los pagaba con el dinero de inversores más recientes.

El esquema se sostuvo gracias a los llamados “fondos alimentadores”: gestoras que agrupaban capitales de terceros y los volcaban en Bernard L. Madoff Investment Securities a cambio de comisiones millonarias. Muchos inversores individuales ni siquiera sabían que su dinero terminaba en manos de Madoff.

Todo colapsó en diciembre de 2008, cuando una ola de retiros simultáneos por alrededor de 7.000 millones de dólares superó lo que podía cubrir. El 10 de ese mes, sus hijos Mark y Andrew informaron a las autoridades que su padre les había confesado que toda la división de gestión de activos era “una gran mentira”. Al día siguiente, agentes del FBI lo arrestaron. El 12 de marzo de 2009 se declaró culpable de 11 cargos federales y repitió once veces la palabra “culpable” frente al tribunal.

La historia de Madoff comenzó lejos de Wall Street. Nació el 29 de abril de 1938 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, hijo de Ralph Madoff, plomero y corredor de bolsa, y de Sylvia Madoff. Sus abuelos eran inmigrantes judíos de Polonia, Rumania y Austria. La familia se mudó al barrio de Laurelton, en Queens, donde Bernie terminó el secundario en 1956.

Estudió un año en la Universidad de Alabama, se graduó en ciencias políticas en la Universidad Hofstra en 1960 y comenzó la carrera de Derecho en el Brooklyn Law School, que abandonó al cabo de un año.

Con los ahorros acumulados trabajando como guardavidas en la playa de Rockaway y en un negocio de instalación de sistemas de riego, más un préstamo de 50.000 dólares de su suegro, el contador Saul Alpern, fundó Bernard L. Madoff Investment Securities en 1960. Tenía 22 años y solo 5.000 dólares propios.

La firma arrancó operando en el mercado extrabursátil con acciones de bajo precio. Para diferenciarse de las grandes firmas de la Bolsa de Nueva York, Madoff apostó desde temprano a la tecnología. La plataforma de cotizaciones automatizadas que su empresa contribuyó a desarrollar se convirtió en la base del sistema Nasdaq, mercado electrónico de valores. En 1990, fue elegido presidente del Nasdaq.

Su reputación creció sobre dos pilares: los retornos constantes y la exclusividad. No todos podían invertir con él, y esa selectividad era parte del atractivo. Ser cliente de Madoff se convirtió en un símbolo de estatus dentro de los círculos adinerados de Nueva York y Palm Beach, especialmente en la comunidad judía. El investigador financiero Harry Markopolos advirtió en múltiples oportunidades a la Comisión de Valores (SEC) que los números de Madoff eran matemáticamente imposibles. La SEC investigó su firma en varias ocasiones y nunca detectó el fraude.

Las pérdidas para los inversores superaron los 18.000 millones de dólares. El monto total de los fondos que circularon por la cuenta principal, incluyendo ganancias ficticias, llegó a 65.000 millones de dólares. Entre las víctimas había jubilados, fondos de pensión, organizaciones benéficas y figuras públicas. La Fundación Elie Wiesel, creada por el escritor y sobreviviente del Holocausto, perdió más de 10 millones de dólares. Yeshiva University perdió cerca de 100 millones de dólares. El banco custodio HSBC Securities Services registró pérdidas superiores a los 2.000 millones de dólares. Al menos dos inversores se suicidaron en los meses posteriores al derrumbe.

En 2014, la justicia condenó por fraude a cinco ex empleados de Madoff tras un juicio de seis meses en el tribunal federal de Manhattan. Entre ellos estaban su secretaria de siempre, el director de operaciones, un gerente de cuentas y dos programadores. El jurado los declaró culpables de los 33 cargos presentados por la fiscalía.

En 2019, ya con 81 años y la salud deteriorada, Madoff presentó una petición de clemencia ante el presidente Donald Trump para que le conmutara la condena. El Departamento de Justicia confirmó que la solicitud estaba “pendiente” pero no hizo comentarios. La Casa Blanca no respondió. El pedido nunca prosperó.

En 2020, sus abogados intentaron una nueva vía: solicitaron al juez Chin la libertad anticipada por razones humanitarias, alegando que padecía una enfermedad renal terminal. Chin rechazó la solicitud. “Cometió uno de los crímenes financieros más graves de todos los tiempos y muchas personas todavía sufren sus consecuencias”, escribió el juez. Unas 500 víctimas se habían opuesto por escrito a su liberación.

Durante sus 12 años de prisión en el Centro Médico Federal de Butner, en Carolina del Norte, Madoff trabajó como ordenanza. Cobró 710 dólares en total por casi 3.000 horas de trabajo, a razón de 0,24 dólares por hora. Un supervisor anotó en su legajo que “necesita más supervisión que la mayoría” y que “no es muy confiable”.

Bernie Madoff murió el 14 de abril de 2021 a los 82 años por una insuficiencia renal crónica. Sus dos hijos habían muerto antes que él: Mark se suicidó en 2010, a los 46 años, exactamente dos años después del arresto de su padre. Andrew murió de cáncer en 2014, a los 48. Ruth, que se había casado con Bernie a los 18 años, se mudó a un pequeño pueblo de Connecticut y cortó todo vínculo con él.

Al morir, Madoff dejó entre sus pertenencias ocho pilas AAA, cuatro libros religiosos, una calculadora Casio, cuatro paquetes de pochoclo y una caja de gefilte fish.

La Cámara Federal de Casación resolverá si la ex presidenta Cristina Kirchner debe seguir con tobillera electrónica y límites a las visitas en su prisión domiciliaria, que cumple como parte de la condena a seis años dispuesta en la causa Vialidad. El Tribunal Oral que le impuso la condenó por administración fraudulenta concedió un recurso a la defensa, por lo cual la negativa del 5 de junio pasado a flexibilizar las condiciones del arresto en San José 1111 será revisada por el máximo tribunal penal federal del país.

El juez de ejecución de la condena por el Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu, rechazó planteos para que se le retire la tobillera, se modifique el régimen de visitas actual y se le levanten las restricciones de acceso a la terraza del edificio, fijadas en la actualidad en dos horas por día.

Visitas y tobillera

Contra esas decisiones la defensa presentó un recurso para ir a Casación. Sostuvo que la resolución incurrió en “arbitrariedad”. En el tema visitas la razón “fundante” para limitarlas es preservar la tranquilidad del entorno pero ello “carece de sustento empírico” porque ningún vecino del edificio se quejó, advirtieron los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy. En el mismo sentido, se cuestionó el límite para el acceso a la terraza porque no se explica por qué una flexibilización alteraría la convivencia en el edificio.

Además, la defensa de CFK argumentó que no se ponderó de manera adecuada la “conducta irreprochable” de la ex presidenta durante su primer año de detención, que se cumplió ayer. Y mencionó una “situación paradojal” porque por un presunto incumplimiento -la visita simultánea de nueve economistas el 17 de noviembre pasado- se instauró un régimen más restrictivo de visitas pero, en sentido inverso, el acatamiento de todas las obligaciones impuestas no produjo efecto alguno. También se cuestionó en la apelación que se haya descartado aplicar a la condenada el principio de progresividad contemplado en la ley de Ejecución Penal 24660.

Sobre la tobillera, la defensa mencionó un relevamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación que, según sostiene, demostró que el uso de ese dispositivo electrónico es de “carácter excepcional” y que las condiciones impuestas a la ex presidenta “revisten una severidad que no guarda correspondencia con el tratamiento dispensado a la mayoría de las personas en prisión domiciliaria”. Al respecto reiteró que no hay riesgo de fuga que justifique su uso.

Las condiciones de la domiciliaria

El juez de ejecución confirmó el pasado miércoles que seguirá el régimen de prisión domiciliaria para la ex presidenta, al cumplirse un año de su detención. Lo hizo la misma semana en la cual le llamó la atención y le advirtió por un acto de apoyo frente al edificio, en el cual se desplegó una pancarta con una estructura que iba desde un balcón ubicado enfrente hasta el suyo, y puso en riesgo la seguridad.

El 5 de junio se rechazó el pedido que ahora llegó apelado a Casación. El juez mencionó la necesidad de preservar la tranquilidad del barrio y la convivencia pacífica de sus habitantes.

La defensa había solicitado el cese del régimen de visitas o, en todo caso, la vuelta a una modalidad anterior más flexible, sacar a la ex presidenta la tobillera electrónica y eliminar restricciones sobre el uso de la terraza. Entre los argumentos, los abogados valoraron el cumplimiento estricto de las reglas de conducta, el principio de progresividad de la pena y la ausencia de riesgos de fuga.

Pero el Tribunal rechazó los pedidos porque “el adecuado acatamiento de las reglas de conducta invocado por la defensa como fundamento de su pretensión no constituye, por sí solo, una circunstancia que habilite a concluir que las restricciones actualmente vigentes han perdido su razón de ser”.

Además, el juez destacó que “el régimen progresivo” en el cumplimiento de las penas se encuentra concebido para los casos dentro del sistema penitenciario. La prisión domiciliaria, “en cambio, constituye una modalidad excepcional de cumplimiento de la pena privativa de la libertad, sometida a un régimen jurídico propio y a mecanismos particulares de supervisión y control”.

El juez de Texas John Roach respaldó el veredicto del jurado que condenó a Karmelo Anthony a 35 años de prisión por el asesinato de Austin Metcalf, de 17 años.

La sentencia llegó después de que el jurado, seleccionado conforme a la ley estatal, consideró las pruebas por la muerte del joven durante un evento deportivo en Frisco, según informó WFAA.

Un proceso judicial bajo la lupa pública

Durante el proceso, el juez Roach defendió la integridad del veredicto y la imparcialidad del tribunal. En una entrevista con WFAA, subrayó: “Fueron seleccionados con base en la ley, escucharon los hechos, sucedió en esta sala y llegaron a un veredicto”.

El magistrado enfatizó que su principal objetivo siempre fue garantizar un juicio justo para ambas partes, motivo por el cual decidió impedir la presencia de cámaras en la sala. “Mi trabajo consiste en asegurar la equidad, no en satisfacer al público”, afirmó.

El caso se desarrolló en un contexto de fuerte exposición mediática y tensiones sociales. La defensa de Anthony intentó argumentar que Austin Metcalf, quien era blanco, había acosado a Anthony, de tez negra, y que el acusado actuó en defensa propia.

Sin embargo, el jurado desestimó tanto la alegación de autodefensa como el argumento de “pasión repentina”, que habría permitido una condena menor, limitando la pena máxima a 20 años.

De acuerdo con WFAA, el altercado ocurrió en un evento de atletismo donde ambos jóvenes eran participantes. Testimonios recogidos durante el juicio revelaron que Metcalf solicitó a Anthony abandonar la carpa de un equipo al que no pertenecía.

La situación escaló cuando Anthony advirtió: “Tócame y verás lo que pasa”. Tras un empujón, Anthony extrajo un cuchillo y apuñaló a Metcalf en el pecho, provocando la muerte del adolescente en el lugar.

Declaraciones y consecuencias posteriores

Al concluir el juicio, el juez Roach opinó sobre el carácter de Anthony: “Parece un buen joven que cometió un delito y hoy entiende más que nunca sus consecuencias”, expresó en declaraciones al medio texano.

El magistrado también rechazó versiones sobre una supuesta relación personal con la familia Metcalf, asegurando que no conocía a los involucrados antes del proceso.

La atención mediática sobre el caso aumentó tras la condena. Parte del público cuestionó la decisión de no permitir la transmisión televisiva del proceso, a lo que Roach respondió: “Debía balancear el derecho de la prensa a informar y la necesidad de proteger la justicia para las partes”. El juez reiteró que la sala estuvo abierta al público y negó cualquier favoritismo.

Por su parte, la familia de Karmelo Anthony anunció que recurrirá el fallo. De acuerdo con WFAA, un día después de la sentencia, Anthony presentó la notificación formal de apelación, lo que abre un proceso legal que puede prolongarse durante años y no garantiza un nuevo juicio. El joven fue trasladado a la prisión estatal Wallace Pack Unit, cerca de Houston, para cumplir su condena.

Debate y repercusiones sociales del caso

El caso de Karmelo Anthony se convirtió en un símbolo de debate sobre justicia y cuestiones raciales en Estados Unidos. De acuerdo con WFAA, la fiscalía y la defensa negaron que el móvil del crimen tuviera un componente racial, remarcando que el conflicto se centró en la disputa por el uso de un espacio en un evento escolar.

La rapidez con la que el jurado llegó a su veredicto —menos de tres horas de deliberación— fue interpretada por observadores como un signo de contundencia en la evidencia presentada. Durante el proceso, se destacó la ausencia de antecedentes penales por parte de Anthony y su desempeño académico, factores que influyeron en la reducción de su fianza en etapas anteriores, aunque no modificaron la gravedad de la sentencia final.

El impacto del caso fue amplificado por campañas en redes sociales y colectas para costear la defensa y la apelación de Anthony. La familia de Metcalf, mientras tanto, enfrentó amenazas y hostigamiento tras conocerse el veredicto.

Para el sistema judicial de Texas, el caso dejó en evidencia la complejidad de los procesos con alta exposición mediática y la presión social sobre jueces y jurados. “Mientras siga la ley, duermo bien por la noche. Sé que hice enojar a la gente, pero tampoco estoy aquí para hacerlos felices”, reiteró el juez Roach en declaraciones a WFAA.

La condena a 35 años de prisión para Karmelo Anthony por el asesinato de Austin Metcalf durante un evento escolar en Frisco, Texas, provocó un fuerte impacto en la opinión pública y reavivó el debate sobre violencia juvenil, justicia y tensiones raciales en el sur de Estados Unidos.

Según New York Post, el crimen ocurrió el 2 de abril de 2025, durante una competencia de atletismo. Austin Metcalf, de 17 años, recibió una puñalada mortal de Anthony, quien tenía 19 años al momento del juicio.

El jurado del condado de Collin no aceptó el argumento de defensa propia y dictó un veredicto de asesinato en primer grado tras menos de tres horas de deliberación.

El padre de la víctima, Jeff Metcalf, expresó “un poco de tristeza” por el joven condenado y remarcó que el caso “nunca” estuvo vinculado a la raza. “Perdonar no era para él. Perdonar era para mí. Para no cargar con la rabia, el odio y eso; me consumirá como un cáncer”, declaró Metcalf a CBS News. También afirmó que asistirá a la audiencia de libertad condicional para oponerse a la excarcelación anticipada.

Un proceso judicial bajo atención nacional

Según Fox News, la investigación y el juicio recibieron amplia cobertura mediática y generaron manifestaciones en las afueras del tribunal de McKinney. El proceso se realizó sin cámaras ni transmisión en vivo, por decisión del juez del 296th District Court, quien consideró que preservar el orden y la integridad del juicio era prioritario.

La fiscalía del condado de Collin presentó como prueba principal el arma blanca utilizada y testimonios de testigos presenciales, incluyendo la admisión de Anthony de haber portado y utilizado la navaja.

La defensa, liderada por el abogado Mike Howard, alegó que Anthony actuó en defensa propia luego de una confrontación relacionada con la ocupación de una carpa del equipo escolar.

Sin embargo, el jurado no encontró evidencia suficiente para reducir los cargos o considerar una condena menor. De acuerdo a Fox News, una vez dictada la sentencia de 35 años, Anthony fue trasladado al Texas Department of Criminal Justice, donde cumplirá la condena con opción de revisión de libertad condicional tras 17 años y medio.

Durante y después del proceso judicial, la familia de Austin Metcalf recibió amenazas y mensajes hostiles, según reportó Fox News.

Por otro lado, la familia y los seguidores de Anthony denunciaron supuesto racismo en la selección del jurado y en la rapidez del proceso, argumento que según el entorno del condenado, será parte de la apelación ya presentada por la defensa.

Debate social y tensiones en Frisco

La cobertura de NPR subraya que el caso de Austin Metcalf y Karmelo Anthony expuso profundas divisiones en la comunidad de Frisco, una ciudad marcada por un rápido crecimiento y diversidad étnica. Ambos jóvenes eran estudiantes destacados y atletas reconocidos en sus escuelas, lo que amplificó la conmoción social.

Testigos y allegados describieron una comunidad impactada por la violencia y la sensación de que el sistema judicial enfrenta desafíos para equilibrar justicia, percepción pública y tensiones raciales.

Según NPR, la fiscalía y la defensa coinciden en que la disputa surgió por la presencia de Anthony en la carpa de otro equipo.

La secuencia de los hechos fue confirmada por testimonios y videos presentados en la corte: tras un intercambio verbal y un empujón, Anthony utilizó una navaja y apuñaló a Metcalf en el pecho, lo que derivó en la muerte del estudiante en el lugar del incidente.

El debate sobre posibles motivaciones raciales se mantuvo en el centro de la discusión pública. Jeff Metcalf y las autoridades reiteraron que “el caso nunca fue sobre la raza”, una postura que la defensa y los seguidores de Anthony discuten y que podría ser clave en la apelación en curso.

La ciudad de Frisco permanece atenta a la resolución de los recursos judiciales, mientras familiares, estudiantes y autoridades buscan respuestas para reducir la violencia y restaurar la confianza en el sistema de justicia.

Cristina Kirchner podría obtener el beneficio de la libertad condicional en junio de 2029, cuando haya cumplido los dos tercios de su condena a seis años de prisión en la causa Vialidad. El 10 de junio del año pasado, la Corte Suprema dejó firme la pena por administración fraudulenta dictada por el Tribunal Oral Federal 2.

Además, se ratificó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de bienes. Este último punto está aún pendiente y quedó en medio de un entramado de recursos judiciales porque su defensa intenta evitar a toda costa el remate de 19 propiedades, que al día de hoy están a nombre de los hijos de la ex presidenta, Máximo y Florencia Kirchner. El próximo paso es la presentación de un recurso de queja ante el máximo tribunal del país.

Cuándo podrá salir Cristina

La pena a CFK se dará por cumplida en junio de 2031, aunque la ex mandataria podría acceder en junio de 2029 a la libertad condicional si reúne los requisitos legales y para ese momento no hay otra condena firme en su contra, algo que se presenta como extremadamente difícil: en la actualidad es juzgada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho en el caso de los Cuadernos, un debate oral que comenzó en noviembre pasado y está en etapa inicial de testigos, sobre un listado de unos 600 convocados.

Si se llegara a un veredicto condenatorio por parte del Tribunal Oral Federal 7 al término del debate, que se calcula durará al menos dos años más, esa decisión entraría en etapa de revisión antes de quedar firme: primero pasaría por la Cámara Federal de Casación y luego la Corte.

Otros dos juicios que la tienen como acusada aún no tienen fecha de inicio: Hotesur-Los Sauces y el Memorandum con Irán por el atentado a la AMIA.

El juicio por la causa Vialidad comenzó el 21 de mayo de 2019 y el veredicto se conoció el 22 de diciembre de 2022. La pena quedó firme en la Corte Suprema dos años y medio más tarde.

Los días en domiciliaria

Durante este primer año de cumplimiento de la pena, la ex presidenta sólo abandonó su departamento en San José 1111 para ir a visitas médicas y urgencias, como la que ocurrió a fines de diciembre de 2025, cuando fue internada y operada por peritonitis. También salió el 17 de marzo pasado para prestar declaración indagatoria en el juicio Cuadernos, en Comodoro Py.

Tras la revisión periódica de las condiciones de detención, el tribunal resolvió mantener sin cambios sustanciales el régimen de prisión domiciliaria, con tobillera electrónica y controles trimestrales. También sigue el régimen de visitas restringido y la posibilidad de acceder a la terraza del edificio durante dos horas diarias.

La ex presidenta quedó formalmente detenida con prisión domiciliaria el 17 de junio de 2025. Apenas firmado el fallo de la Corte, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola reclamaron su inmediata detención, algo que rechazó el Tribunal.

La semana previa fue de alta tensión en Comodoro Py: se había dado a todos los condenados un plazo de cinco días para presentarse ante el Tribunal y, al filo del vencimiento, se pidieron refuerzos de seguridad y en muchos juzgados se dispensó al personal de concurrir el miércoles 11 de junio: CFK había anunciado su presencia ese día y se esperaba una manifestación masiva en su apoyo. Sin embargo, día antes, los jueces del TOF2 Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini resolvieron evitar ese trámite, le concedieron la prisión domiciliaria y la notificaron a la distancia.