Un juez de Washington analiza el futuro inmediato de Cole Tomas Allen, señalado de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante la tradicional cena de corresponsales.

Poco más de una semana después del ataque frustrado en el hotel Washington Hilton, la defensa de Allen presentó una moción ante la corte federal del Distrito de Columbia para que se retiren las precauciones de suicidio a las que se encuentra sometido en prisión.

Los abogados argumentan que el encierro en condiciones extremas vulnera sus derechos constitucionales y dificulta su defensa, en un caso que concentra la atención nacional y tiene derivaciones inmediatas para la seguridad presidencial, según informó NBC News.

En la petición judicial presentada el sábado, los defensores de Allen —identificado como un maestro de Torrance, California, de 31 años— subrayaron que permanece confinado en una celda con paredes acolchonadas, bajo iluminación constante, sin acceso a comunicación exterior, sin posibilidad de recibir visitas más allá de su equipo legal, ni acceso a recursos materiales dentro de la cárcel.

La moción afirma que pese a la recomendación de una enfermera, que el viernes pidió poner fin a las restricciones, el Departamento de Prisiones del Distrito de Columbia mantiene las medidas que los abogados califican como “degradantes” y “punitivas”, restringiendo incluso el uso de una tableta para comunicarse con su familia o revisar documentos clave de su proceso, según consta en el texto judicial citado por la agencia internacional de noticias Reuters.

La situación se modificó tras nuevas revisiones judiciales. Según CBS News, la defensa confirmó el retiro del régimen de “suicide watch” luego de que las autoridades penitenciarias informaran que Allen había sido trasladado a condiciones menos restrictivas.

El juez, sin embargo, expresó “graves preocupaciones” sobre el aislamiento y solicitó explicaciones adicionales al Departamento de Prisiones de Washington D.C.

La defensa alega que no existen indicios de riesgo suicida ni justificación clínica para las restricciones

La defensa, integrada por A.J. Kramer, Tezira Abe y Eugene Ohm, denunció que el sometimiento de Allen a vigilancia reforzada no responde a una evaluación clínica actual, sino a una presunción administrativa.

De acuerdo con el expediente, tras una primera evaluación médica el martes posterior al arresto, un enfermero recomendó inicialmente vigilancia de suicidio, categoría más rigurosa que las actuales precauciones de suicidio.

Un día más tarde aconsejó solo mantener la segunda medida. El viernes sugirió que Allen quedara fuera de ambas restricciones, posición respaldada por el equipo legal, que sostiene que su cliente no exhibió indicaciones de propensión al suicidio, como argumentó ante las agencias médicas y reiteraron en su moción judicial recogida por Telemundo 49.

Las condiciones descritas en el texto de la defensa incluyen el uso obligatorio de un chaleco semejante a una camisa de fuerza, registros físicos al entrar o salir del recinto, así como el aislamiento en una celda segura cuya puerta únicamente se abre para consultas médicas o encuentros legales.

En opinión de sus abogados, el internamiento continuo bajo precauciones de suicidio es innecesario y viola los derechos de debido proceso del señor Allen al denegarle la dignidad y acceso a recursos dentro de la cárcel, citó su defensa en la presentación obtenida por Telemundo 49.

El documento enfatiza además que las condiciones aplicadas a Allen equiparan a un régimen de castigo en ausencia de condena, situación que, aseguran los letrados, vulneraría derechos básicos bajo la Constitución de Estados Unidos.

El operativo, los cargos y el video difundido

Allen fue detenido el 25 de abril tras irrumpir corriendo por un puesto de seguridad del hotel Washington Hilton, donde debía celebrarse la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca con la presencia de Trump, la primera dama Melania Trump, miembros de su gabinete y decenas de periodistas.

Según el relato de los fiscales recogido por la cadena estadounidense NBC News, Allen portaba una escopeta, varios cuchillos y munición, y abrió fuego fuera del salón principal.

La Fiscalía federal lo acusa de intento de asesinato del presidente, transporte interestatal de armas y municiones con intenciones delictivas y disparo de un arma de fuego durante la comisión de un crimen violento.

Permanece detenido sin derecho a fianza mientras avanza el proceso, sin que hasta ahora haya pronunciado una declaración de culpabilidad o inocencia, como señaló Reuters.

El incidente obligó a cancelar la cena anual y a evacuar de urgencia no solo a Trump, sino a miembros del Congreso y múltiples funcionarios, relató NBC News.

Esta semana, el Departamento de Justicia difundió un video de seguridad en el que se observa a Allen atravesando el control y disparando contra un agente del Servicio Secreto.

La fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, precisó a NBC News que Allen había manifestado en textos personales su intención de atacar a miembros de la administración Trump desde los cargos más altos hasta los más bajos.

La situación carcelaria de Allen se convierte en tema constitucional

Durante el proceso, la defensa advirtió que Allen no había podido acceder a los documentos legales que su equipo deja en prisión, lo que consideran una restricción injustificada vinculada al régimen de aislamiento. El juez programó una audiencia preliminar para el 11 de mayo y pidió al Departamento de Correcciones explicaciones sobre las condiciones de reclusión, según CBS News.

Allen egresó de la Pacific Lutheran High School en Gardena, estudió ingeniería en el Instituto de Tecnología de California en Pasadena y concluyó sus estudios en la Universidad Estatal de California, Domínguez Hills, de acuerdo con su perfil académico reportado por Telemundo 49.

Su situación procesal y las condiciones de detención continúan bajo supervisión judicial, a la espera de que el tribunal defina si se mantiene el actual régimen de encierro tras el ataque contra la seguridad presidencial en Estados Unidos.

Los estafadores en Panamá enfrentarán penas que van desde 4 a 6 años de prisión por la estafa simple, mientras que por estafa agravada serán castigados de 7 a 12 años de cárcel.

Esto, luego de que la Asamblea Nacional de Panamá diera paso en tercer debate a una reforma que cambia la manera radical las penas anteriores, que sancionan con 1 a 4 años de prisión para los casos simples, y de 5 a 10años cuando había agravantes.

El proyecto de Ley 277, que ahora espera la sanción del Ejecutivo para convertirse en ley de la República, modifica los artículos 220 y 221 del Código Penal.

El dinero involucrado en las estafas también fue motivo de reformas, pues antes para que una estafa fuera considerada agravada el perjuicio debía superar los $100 mil, y ahora se redujo a $50 mil.

Diariamente 17 panameños son víctimas de estafas financieras o bancarias, una cifra que deja claro que el problema dejó de ser esporádico para convertirse en una amenaza cotidiana.

El cambio, dijeron fuentes del Legislativo, abarcará más casos donde se vean involucrados los estafadores, entre esos las cada vez más crecientes estafas digitales.

Llamadas engañosas, mensajes falsos, suplantación de identidad en redes sociales, todo eso ahora tiene un tratamiento más severo dentro de la ley, especialmente cuando hay abuso de confianza o uso de herramientas tecnológicas, destaca el diario Critica.

En marzo de este año la Asociación Bancaria de Panamá advirtió sobre el avance cada vez más agresivo de los ciberdelitos financieros, en un escenario donde los intentos de fraude ya alcanzaban los $125 millones al año y donde alrededor de $20 millones terminan concretándose en perjuicio de clientes, bancos y empresas.

Los $125 millones corresponden a intentos de ataque, mientras que los $20 millones reflejan el impacto que finalmente se concreta, detalló durante el pasado VI Congreso Internacional de Ciberseguridad, Protección de Datos, Prevención de Fraudes y Seguridad Física, realizado en ciudad de Panamá, Ernesto Boyd, presidente de la junta directiva de la Asociación Bancaria de Panamá.

Agregó que esa diferencia, lejos de ser un alivio, muestra la presión permanente bajo la que operan la banca y sus clientes, obligados a reaccionar, verificar y reforzar sus defensas frente a una ofensiva que no da tregua.

El blanco final de estos ciberdelitos son los clientes bancarios, porque detrás de cada ataque dirigido a una entidad financiera lo que realmente se busca es llegar al dinero de los usuarios, dijo el presidente de la junta directiva de la Asociación Bancaria de Panamá.

Para tratar de hacerle frente al sofisticado esquema de delitos financieros la banca lanzó la campaña de concienciación “Pérate”, que básicamente trata de que los ciudadanos hagan una pausa antes de compartir información personal, hacer clic en enlaces o realizar transferencias.

Entre 2025 y lo que va del 2026 se ha registrado un incremento de más de 113% en ciberdelitos, una variación que confirma que el fenómeno está escalando con rapidez, indicó por su parte la Policía Nacional.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, hizo en esa oportunidad una distinción entre los ataques sofisticados y los ataques más básicos pero masivos, que son precisamente los que más golpean a la población en su vida diaria. Entre estos últimos mencionó llamadas fraudulentas y otros contactos realizados incluso desde centros penales, una realidad que ha obligado a mantener operativos permanentes para sacar de circulación equipos de comunicación utilizados por delincuentes.

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El exhibicionismo con propósito lascivo o el ánimo de satisfacer deseos sexuales propios o ajenos será sancionado en Panamá con penas de prisión de 2 a 4 años, si este es cometido cerca de escuelas, hospitales, iglesias o medios de transporte público.

Si el hecho se realiza en presencia de menores de edad la pena será de 3 a 6 años, de acuerdo con la Ley 521 de 27 de abril de 2026, que adiciona sanciones al Código Penal, tendiente a tipificar el delito de exhibicionismo.

La norma aclara que no habrá sanciones cuando la exhibición ocurra en establecimientos de servicios sexuales debidamente autorizados y en centros de diversión para adultos o lugares accesibles al público.

Estos lugares deben cumplir con que la actividad que realicen debe darse en espacios específicamente designados para ello y cuente con los permisos correspondientes emitidos por la autoridad competente.

De igual manera, que la actividad se realice con el consentimiento informado de los presentes y fuera de la vista de las personas que no han prestado su consentimiento.

Se especifica que estos actos no se realicen en presencia de menores de edad.

El caso más reciente de exhibicionismo en Panamá se dio en enero pasado cuando un hombre de 28 años de edad fue denunciado por vecinos de la barriada Altos de las Pradera, en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, por estar masturbándose en el patio trasero de su casa.

El acto fue a la vista de todos, principalmente de menores de edad, por lo que enfrentó cargos por corrupción de menores.

La ley, que fue sancionada por el presidente José Raúl Mulino, establece que el Ministerio de Seguridad Pública, en coordinación con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social desarrollará campañas de prevención, sensibilización y denuncia sobre conductas de exhibicionismo, orientadas especialmente a la protección de la niñez y la adolescencia.

Ya en 2025 se había presentado en la Asamblea Nacional una propuesta que buscaba penalizar el exhibicionismo en espacios públicos, estableciendo penas de hasta 7 años de prisión para quienes incurrieran en este tipo de actos.

Establecía que la simple exhibición de genitales o actos de carácter sexual con propósito lascivo en espacios públicos podría acarrear penas de prisión de uno a 2 años.

Su proponente, el diputado Manuel Cheng señaló en su oportunidad que no se trataba de un proyecto moralista, sino de una herramienta legal necesaria para sancionar esta conducta.

Para sus propósitos, la ahora legislación oficial define los actos de naturaleza sexual como el comportamiento o conducta objetivamente sexual realizada con la finalidad de excitación o satisfacción sexual que implique la exhibición de genitales, que puede consistir en masturbación, contacto sexual de una persona con un objeto o animal, o contacto sexual entre personas sin importar si implica o no penetración, tocamiento u otra acción análoga.

Los lugares de acceso público son definidos como aquellos espacios o establecimientos que, por su naturaleza, actividad o afinidad están abiertos para el ingreso, uso o disfrute de cualquier persona, ya sea de forma gratuita o mediante pago, sin más limitaciones que las propias del derecho de admisión conforme a la legislación vigente.

Lugares públicos son definidos como aquellos espacios que pertenecen al Estado, como municipios u otras entidades públicas o que, por su naturaleza están destinadas al uso colectivo de la ciudadanía, incluye, pero no se limita, vías públicas, parques, oficinas y dependencias estatales, ríos y playas.

El arte, que suele ser refugio y luz, fue en esta ocasión la máscara perfecta. En la ciudad de Boaco, donde las tradiciones y el arte suelen ser motivo de orgullo comunitario, una sombra se cernía sobre el hogar de una joven cuya adolescencia fue convertida en un campo de batalla silencioso.

La detención de Darwing Amilkar López, un músico conocido en el entorno local, ha descorrido el velo de una tragedia que se prolongó por casi cuatro años. Bajo el disfraz de la cultura y la integración familiar, López habría tejido una red de abusos, amenazas y manipulación tecnológica que hoy lo mantiene tras las rejas bajo prisión preventiva.

La historia, según relatan medios de comunicación en Nicaragua, todo comenzó en 2021, la víctima, identificada por las iniciales K.J.H.R., era entonces una niña de 13 años con un futuro brillante en la danza. Fue en ese entorno, entre coreografías y eventos recreativos, donde López puso sus ojos sobre ella. No fue una irrupción violenta de un extraño, sino el acercamiento calculado de un hombre que supo ganarse la confianza de una comunidad y, más peligrosamente, de una familia.

El agresor utilizó su posición como músico y colaborador en actividades juveniles para orbitar cerca de la menor. Su estrategia fue de manual: para llegar a la niña, primero conquistó a la madre. Al iniciar una relación sentimental con la progenitora de la víctima, López logró lo que cualquier depredador busca: la legitimidad de habitar el mismo espacio.

En enero de 2022, el acusado se mudó a la vivienda, convirtiéndose en una figura de autoridad y confianza cotidiana. Aquel que debía ser un protector se convirtió en el principal verdugo.

El cautiverio del silencio y el terror digital

Una vez instalado en el hogar, el entorno de seguridad de la adolescente se desmoronó. La acusación fiscal detalla que los actos de violencia sexual ocurrían de manera sistemática, aprovechando los momentos en que la joven se encontraba sola. Sin embargo, el abuso físico era solo una parte del horror.

Para garantizar que K.J.H.R. no rompiera el silencio, López presuntamente implementó un sistema de terror psicológico basado en la extorsión digital.

El señalado habría utilizado su teléfono celular para grabar las agresiones. Estos videos no eran solo registros de su depravación, sino armas de chantaje. Según el expediente judicial, el abusador amenazaba a la menor con difundir las imágenes si ella se atrevía a denunciar o si intentaba oponerse a sus deseos.

En una sociedad donde el estigma social suele caer injustamente sobre las víctimas, el miedo a la exposición pública fue la cadena que mantuvo a la joven atada a su agresor durante años. El último hecho registrado data de octubre de 2024, cerrando un ciclo de impunidad que parecía no tener fin.

El delito de violación en Nicaragua

El caso ha puesto nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la protección de la niñez y la severidad de las leyes nicaragüenses. Según los reportes judiciales y el análisis del marco jurídico vigente, el delito de violación en Nicaragua se castiga con especial rigor cuando concurren agravantes como el abuso de confianza y la minoría de edad.

El Código Penal (Ley 641) establece pautas claras para estos crímenes:

• Violación Agravada: Dado que la víctima comenzó a sufrir los abusos a los 13 años y el agresor convivía en el mismo hogar, el caso encaja en las figuras agravadas de la ley. La confianza depositada por la familia y el vínculo de hecho con la madre agravan la responsabilidad penal del músico.
• Penalidad: Las condenas por este tipo de delitos pueden alcanzar los 20 años de prisión.

La prisión preventiva dictada por el juez busca asegurar que el acusado no evada la justicia ni continúe ejerciendo presión sobre la víctima o los testigos. Mientras el proceso judicial avanza, K.J.H.R. inicia ahora su propia batalla: la de reconstruir una vida que le fue arrebatada entre notas musicales y amenazas grabadas en un celular.

Un hombre del condado de Riverside fue sentenciado la semana pasada a más de cinco décadas de prisión por abusar de tres hermanos que estuvieron a su cargo durante años. Mazen Aliwi Alawai, de 50 años y residente de Riverside, recibió una condena de 52 años y ocho meses de prisión después de que un jurado lo declarara culpable en febrero de múltiples cargos vinculados a abusos contra menores. Según la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Riverside, Alawai fue hallado culpable de diez cargos de actos lascivos forzados contra un menor de 14 años, tres cargos de abuso infantil, tres cargos de amenazas criminales, un cargo de agresión con arma mortal y un cargo de intimidación de testigos. La sentencia marca uno de los fallos más severos emitidos en el condado en este tipo de delitos, reflejando la gravedad y extensión de los hechos cometidos.

La fiscalía detalló que, entre 2016 y 2019, Alawai abusó de tres hermanos menores de 12 años, dos niños y una niña, en su residencia de la calle Matthews, además de otros lugares en el condado de Los Ángeles. Solo la niña fue víctima de abuso sexual, mientras que los dos niños sufrieron golpes y amenazas constantes. El abuso sexual fue recurrente durante tres años, mientras que el maltrato físico y psicológico afectó a los tres hermanos durante todo el periodo en el que permanecieron bajo el cuidado del acusado. La investigación reveló que, además de los episodios de violencia física, los menores fueron sometidos a amenazas que buscaban coartar cualquier intento de denuncia o búsqueda de ayuda.

Uno de los aspectos más impactantes de la audiencia de sentencia fueron las declaraciones de las víctimas, quienes relataron el sufrimiento padecido durante su estancia con Alawai. “El acusado me arrebató mi infancia, mi inocencia y me separó de mi madre”, afirmó la niña víctima de abuso sexual frente al tribunal, mostrando la magnitud de las secuelas emocionales que dejó el caso. Otra de las declaraciones recogidas por la Fiscalía subrayó el deseo de uno de los niños de tomar el dolor vivido como aprendizaje: “El futuro no me corresponde decidirlo. Hay algo por lo que le doy gracias a Dios: me ha dado un ejemplo de lo que no debo ser. Pretendo ser todo lo contrario. Mi único objetivo será mejorar a quienes me rodean, empezando por mí mismo”. Estas palabras, pronunciadas durante la audiencia, ilustran tanto el daño sufrido como la determinación de las víctimas para reconstruir sus vidas tras los hechos.

La llegada de los tres hermanos a Estados Unidos se produjo en condiciones especialmente vulnerables. Según la información proporcionada por la fiscalía, los niños llegaron al país tras huir de un país devastado por la guerra, cuyo nombre no fue especificado. La madre de los menores permaneció en su país de origen debido a un acuerdo con Alawai, quien se comprometió a llevarla posteriormente a Estados Unidos, algo que nunca sucedió. Desde su arribo, los niños quedaron completamente a cargo del acusado, quien, lejos de brindarles protección o apoyo, los sometió a un entorno de constante abuso y violencia. La ausencia de la madre y la situación migratoria de los menores incrementaron su desprotección y aislamiento, dificultando aún más la detección temprana de los abusos.

El descubrimiento de la situación que vivían los hermanos se produjo en mayo de 2019, tras una denuncia presentada por personal escolar. Al recibir información sobre posibles abusos, los responsables de la escuela alertaron a las autoridades, lo que permitió la intervención policial y la posterior detención de Alawai. La actuación de los empleados escolares resultó clave para sacar a la luz los hechos, ya que los niños, sometidos a un régimen de miedo y amenazas, no se atrevían a buscar ayuda por sí mismos. La denuncia marcó el inicio de una investigación que documentó minuciosamente los abusos y permitió reunir las pruebas necesarias para llevar el caso a juicio.

El control ejercido por Alawai sobre los menores combinó distintas formas de violencia y coacción. Los documentos judiciales indican que uno de los niños fue herido con un cuchillo, y que el acusado utilizó amenazas de muerte y advertencias de que serían enviados de vuelta a una zona de guerra para mantenerlos sometidos. Además, los golpeaba con puñetazos, patadas o con objetos domésticos, recurriendo a la violencia física como método de intimidación. Alawai también instruyó a los hermanos para que mintieran a las autoridades y ocultaran cualquier indicio de abuso, reforzando el clima de miedo dentro del hogar. La combinación de agresiones físicas, amenazas constantes y manipulación psicológica mantuvo a los niños bajo su control durante años, hasta que la intervención externa permitió poner fin a su situación.

Según confirmó el diputado del Congreso Nacional de Honduras, Ricardo Elencoff, a HCH Televisión Digital, el líder religioso podría recobrar su libertad este mismo día y ser expulsado del país centroamericano, tras permanecer privado de libertad bajo acusación de tráfico de personas.

Durante una entrevista difundida por HCH Televisión Digital, Elencoff precisó que su defensa no radica en la figura de Zúniga, sino en la búsqueda de justicia para un ciudadano hondureño al que considera inocente del cargo principal.

“Soy defensor de la justicia, porque un ciudadano hondureño estaba preso en El Salvador por suponerlo responsable de un delito del cual nosotros los colonellos, los tocoyanos, sabemos que no es traficante de personas”, afirmó el diputado, quien representa al departamento de Colón.

El legislador sostuvo que la Fiscalía salvadoreña reconoció la solicitud de la defensa para que el proceso se resolviera a través de un procedimiento abreviado. “Gracias a la objetividad de la Fiscalía y al fortalecimiento institucional realizado por el presidente Nayib Bukele en El Salvador, se aceptó esta vía legal”, detalló Elencoff en su diálogo con HCH Televisión Digital.

En cuanto a los términos del proceso, Elencoff remarcó que no existirá el pago de fianza para la excarcelación inmediata. “Queremos aclarar que no hay cobro de fianza. La información que he recibido de la Cancillería de Honduras y del embajador César Antonio Pinto, indica que la resolución será la expulsión del apóstol Chago de El Salvador y la prohibición de su ingreso al país por tres años”, sostuvo el diputado.

La detención de Santiago Zúniga generó una intensa movilización diplomática. Elencoff agradeció públicamente la labor de la Cancillería hondureña y el seguimiento del embajador Pinto, a quien atribuyó un rol activo desde que se aprobó la moción para atender el caso.

“El embajador no ha parado de estar dándole seguimiento a este tema. Él me ha estado informando de manera oficial y hasta ahora en ningún momento me ha dicho que le van a cobrar ninguna fianza”, relató el congresista.

La figura de Santiago Zúniga, apodado el apóstol Chago, es ampliamente conocida en la región de Colón, donde inició su actividad pastoral y mediática a través de emisoras locales. En El Salvador fue vinculado inicialmente a cargos de tráfico de personas, un delito que, según sectores de la comunidad hondureña y representantes políticos como Elencoff, no pudo ser comprobado de manera fehaciente.

A lo largo del proceso, la intervención de autoridades hondureñas buscó asegurar el debido proceso y la protección de los derechos del detenido en territorio extranjero.

“Hago un llamado al presidente de la República para que el Servicio Exterior se interese en que todos los cónsules y embajadores de Honduras revisen la situación de indefensión que tienen miles de ciudadanos hondureños presos en Estados Unidos y otros países”, declaró Elencoff en la misma entrevista.

Medios como La Tribuna, de Honduras, ha señalado ahora que el apóstol Chago desde un centro penal de Santa Ana hacia unas bartolinas en San Miguel.

Zúniga fue interceptado el pasado 4 de febrero en la frontera El Amatillo por la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador. El apóstol Santiago se movilizaba en un vehículo con un menor de edad, por lo que fue acusado de presunto tráfico ilegal de personas.

En El Salvador el procedimiento abreviado en estos casos implica que el acusado acepta su responsabilidad en los hechos y se le impone una sanción menor, con la condición de abandonar el país.

Un brutal asesinato ocurrido dentro del Instituto Correccional de Dade, al sur de Florida, volvió a acaparar la atención pública tras el insólito comportamiento del autor durante la audiencia de sentencia. Marcus Terry, de 43 años, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el homicidio de su compañero de celda, un caso que se distinguió tanto por la violencia del crimen como por la actitud desafiante del condenado ante la jueza.

El caso se remonta a abril de 2021, cuando Terry y Ray Matos, de 68 años, compartían celda en la cárcel del condado de Miami-Dade. De acuerdo con los hechos probados durante el proceso judicial, Terry atacó a Matos en circunstancias que estremecieron a la sala. El agresor utilizó un bolígrafo para apuñalar a su compañero en el cerebro y, antes de la agresión, le introdujo una funda de almohada en la boca. El ataque dejó a Matos gravemente herido, tendido en un charco de sangre y apenas respirando cuando los guardias ingresaron a la celda. Terry, por su parte, permanecía de pie encima del cuerpo, con la mano ensangrentada y sin presentar ninguna herida propia. Este episodio marcó el inicio de un proceso judicial que, desde el principio, capturó la atención por su crudeza y por la falta de remordimiento del acusado.

En diciembre de 2025, un tribunal declaró a Marcus Terry culpable de asesinato en segundo grado tras un juicio que examinó en detalle los hechos ocurridos en la cárcel. Durante el juicio se presentaron pruebas que acreditaron la responsabilidad de Terry en el ataque fatal a Matos. El jurado escuchó los testimonios y revisó los informes forenses que detallaban la brutalidad del acto, así como la secuencia precisa de los acontecimientos que concluyeron con la muerte de Matos. Esta declaración de culpabilidad allanó el camino para la fase de sentencia, en la que se definiría el destino de Terry.

Antes de la audiencia definitiva de sentencia, el caso dio un giro cuando el abogado defensor de Terry, Steven Yermish, solicitó formalmente que se le concediera a su cliente un nuevo juicio. El argumento central de la defensa fue que, durante el proceso realizado en diciembre de 2025, se admitieron pruebas que, a su juicio, no deberían haber sido consideradas por el tribunal. Yermish planteó que estos elementos probatorios podían haber influido de manera indebida en la decisión del jurado y, por tanto, afectaron el desarrollo justo del proceso judicial. La petición de la defensa puso en el centro del debate cuestiones técnicas sobre la admisibilidad de la prueba y los derechos procesales del acusado, aunque no logró revertir el curso de los acontecimientos.

La audiencia de sentencia, celebrada ante la jueza Ellen Sue Venzer del Tribunal de Circuito de Miami-Dade, fue el escenario de una escena que rápidamente se volvió viral y que puso en evidencia la actitud de Terry ante su condena. Mientras la magistrada describía con precisión los hechos —detallando cómo el acusado le metió una funda de almohada en la boca a la víctima y le clavó un bolígrafo en el cerebro—, Terry no solo se mostró impasible, sino que comenzó a reírse en plena sala. La jueza Venzer, sorprendida por la reacción del condenado, lo confrontó en ese instante: “No estoy segura de por qué se está riendo”. Lejos de mostrar arrepentimiento, Terry respondió con insolencia: “Usted es divertida”. La reacción del acusado generó incomodidad y tensión en la sala, reflejando la ausencia de empatía y el desafío directo a la autoridad judicial en un momento de máxima gravedad.

Palabras y decisión final de la jueza Ellen Sue Venzer

La jueza Venzer no vaciló ante la actitud provocadora de Terry. Tras escuchar la respuesta del acusado, fue contundente en su postura: “No encuentro nada divertido en su conducta ni en la muerte de este señor”. La magistrada prosiguió con la lectura de la sentencia y dejó claro que, ante la gravedad de los hechos y la falta de remordimiento mostrada por Terry, no existía ninguna razón para considerar una pena menor. Sentenció de manera firme: “No veo ninguna razón para no sentenciarlo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional”. Al finalizar, se dirigió directamente a Terry para concluir: “Que Dios tenga misericordia de su alma”.

Reacción y posibilidades de apelación tras la sentencia

La reacción de Marcus Terry a la sentencia, marcada por la risa y la ironía, evidenció un total desprecio por el proceso y por el sufrimiento causado. La escena fue recogida por los presentes y rápidamente circuló en redes sociales y medios locales, convirtiéndose en un ejemplo extremo de desafío en una sala de justicia. Tras la imposición de la cadena perpetua, Terry mantiene la posibilidad formal de apelar la sentencia. Aunque la defensa puede presentar un recurso ante instancias superiores, la contundencia del fallo y la naturaleza de los hechos hacen que el proceso de apelación se vislumbre como un reto considerable para el equipo jurídico del condenado.

Una consejera escolar de Carolina del Norte fue condenada a entre 28 y 40 años de prisión tras declararse culpable de múltiples delitos sexuales contra una estudiante de 14 años, quien había acudido a ella en busca de ayuda por ansiedad y depresión.

La investigación comenzó cuando los padres de la menor entregaron a las autoridades mensajes comprometedores hallados en febrero de 2024.

La orientadora y entrenadora de vóleibol del McDowell High School, Jessica Patrick Finley, utilizó su posición para manipular a la víctima y mantener encuentros sexuales, en ocasiones dentro de su despacho, según informó inicialmente People a partir de documentos judiciales y reportes del canal local WLOS, Fox Carolina y el periódico McDowell News.

En su fallo, el tribunal de McDowell County impuso a Finley una pena de entre 28 años y cuatro meses y 40 años y seis meses de prisión. La sentencia incluye seis cargos de delitos sexuales con un menor, ocho de libertades indecentes y uno por actos sexuales con una estudiante, todos relacionados con una persona menor de 15 años.

Fox Carolina precisó que, al momento de la condena, Finley ya llevaba cumplidos 778 días en prisión preventiva —término oficial utilizado en el proceso judicial—, periodo que fue descontado de la sentencia final.

Además, la jueza ordenó la inscripción obligatoria de Finley en el registro de delincuentes sexuales tras su liberación, así como una evaluación psicológica y una audiencia futura para determinar si será monitoreada con un dispositivo satelital.

El caso Finley, un precedente en la protección de estudiantes en Carolina del Norte

La cadena de abusos comenzó tras el acercamiento de la menor a Finley durante su primer año en el McDowell High School, cuando buscaba apoyo por problemas de ansiedad, según se detalló en los testimonios citados por People.

De acuerdo con las pruebas presentadas, la relación de confianza derivó en manipulación y abuso emocional, que culminó, conforme a la acusación, en múltiples encuentros sexuales.

La correspondencia entre ambas incluyó descripciones detalladas de los actos y planes para futuros encuentros; los padres descubrieron estos mensajes en el teléfono de su hija. Posteriormente, la madre declaró ante la sala: “Los niños están fuera de los límites. Punto. No hay excusas ni excepciones”.

Finley, que ejercía como entrenadora del equipo escolar de vóleibol, renunció en febrero de 2024 tras ser confrontada por las denuncias.

Aunque en abril de 2025 rechazó inicialmente un acuerdo de culpabilidad ofrecido por la fiscalía, detalle registrado en Fox Carolina, finalmente se declaró culpable el 16 de abril de 2026, ya iniciado el proceso judicial. La defensa solicitó una reducción de fianza, solicitud que fue rechazada.

Según los documentos judiciales, Finley manifestó a la menor su intención de dejar a su esposo e hijos para continuar la relación, aspecto que quedó corroborado en los mensajes interceptados.

La adolescente declaró ante la corte que intentó cortar el contacto, pero Finley la amenazó con suicidarse, lo que generó que se sintiera atrapada.

Durante su alocución final, la sentenciada se dirigió tanto a la familia de la víctima como a la suya: “Solo quiero decir que lo siento mucho por mis acciones y por el dolor que he causado”.

Investigación y testimonios presentados

El equipo del Buró de Investigación del Estado de Carolina del Norte colaboró con el Departamento del Sheriff del condado en la recolección de pruebas tras la denuncia presentada por los padres.

Los testimonios recogidos por McDowell News reflejaron el impacto del trauma en la menor, quien declaró en audiencia pública: “Estaba buscando ayuda durante un momento en el que me sentía sola, y ella se aprovechó de eso.”

El caso de Jessica Patrick Finley destaca como un episodio de explotación de la relación de confianza entre estudiante y personal escolar en el McDowell High School.

La condena de hasta 40 años, junto con la orden de registro como delincuente sexual y el análisis psicológico postpenitenciario, queda consignada como antecedente judicial relevante en el sistema educativo público de Carolina del Norte.

El papa León XIV visitaba el miércoles una de las prisiones más tristemente célebres de Guinea Ecuatorial, en una llamada de atención sobre abusos de derechos humanos que activistas han denunciado durante años y, en especial, desde que Estados Unidos empezó a deportar aquí a migrantes de terceros países.

La visita de León a la prisión de Bata, una ciudad portuaria de este país de África central, continúa la tradición del papa Francisco, quien hizo de las visitas a cárceles una prioridad de su pontificado. El objetivo de Francisco era dar esperanza a los presos y recordarles que la Iglesia estaba con ellos, al tiempo que ponía el foco en abusos judiciales, hacinamiento y otras injusticias.

La visita culmina el último día completo de León en África y cierra una maratónica gira de 11 días por cuatro países, que lo llevó desde Argelia, en el norte, hasta Angola, en el sur, con Camerún entre ambos.

Tenía previsto comenzar la jornada con una misa en Mongomo, en el extremo oriental, antes de llegar a Bata, la ciudad más poblada del país en la costa. También figuraba en la agenda un momento de oración en un monumento a las víctimas de una explosión ocurrida en 2021 en un cuartel militar en Bata, que se ha atribuido a negligencia.

Abusos judiciales documentados

La oficina de derechos humanos de la ONU celebró en 2022 la abolición de la pena de muerte en Guinea Ecuatorial, pero sus prisiones y su sistema de justicia en general han sido señalados repetidamente por la ONU y condenados por grupos de derechos humanos y por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

En su informe de 2023 sobre el país, Estados Unidos enumeró una larga lista de abusos: homicidios y detenciones arbitrarias o ilegales, detenciones políticas, tortura, condiciones carcelarias que ponen en peligro la vida y “graves problemas” con la independencia del poder judicial.

“Amnistía Internacional tiene serias preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial”, afirmó Marta Colomer Aguilera, responsable sénior de campañas en la oficina de África Occidental y Central de Amnistía.

Indicó que se ha utilizado la tortura para obtener confesiones o como castigo, que se hostiga a defensores de derechos humanos y que la falta de independencia judicial compromete el derecho a un juicio justo.

Guinea Ecuatorial está gobernada por el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, quien está en el poder desde 1979 y está acusado de corrupción generalizada y autoritarismo.

Guinea Ecuatorial también es uno de varios países africanos que han recibido millones de dólares en acuerdos controvertidos con el gobierno de Donald Trump para aceptar a migrantes deportados desde Estados Unidos a países distintos del suyo.

Reportes de AP muestran que al menos 29 de esos migrantes, sin vínculos con el país, han sido deportados al país. No fueron enviados a la prisión de Bata. Algunos siguen detenidos en Malabo con restricciones a la asistencia médica y legal, mientras que otros han sido devueltos por la fuerza a sus países, donde enfrentan persecución.

El gobierno de Guinea Ecuatorial ha negado abusos de derechos y no ha hecho comentarios cuando se le pidió responder a preguntas sobre abusos relacionados con el acuerdo de deportaciones migratorias de Estados Unidos.

León, nacido en Estados Unidos, ha criticado la política general de deportaciones migratorias del gobierno de Trump por ser “extremadamente irrespetuosa”.

Grupos de derechos humanos quieren que el papa se pronuncie

En la víspera de su visita a la prisión, 70 organizaciones de derechos humanos publicaron una carta abierta a León, en la que le pidieron que se pronuncie, especialmente, sobre la deportación de migrantes desde Estados Unidos hacia este país y que inste a las naciones africanas a no ser cómplices de esa práctica.

“Estas prácticas eluden las protecciones humanitarias, exponen a los refugiados a la detención y la coerción, y someten a las personas a la devolución, en contravención directa del derecho internacional”, escribieron, en referencia al concepto jurídico que prohíbe a los países enviar a personas a lugares donde sus vidas o libertades estén en riesgo.

“Las condiciones en las que se han llevado a cabo estas deportaciones también han reflejado un desprecio muy preocupante por la vida humana y la seguridad. Pedimos la intercesión del papa León XIV para desalentar a los países africanos a ser cómplices de estas violaciones y, en cambio, proteger a estas personas”, señalaron los grupos.

Uno de los firmantes fue EG Justice, que ha denunciado repetidamente la detención de presos políticos en Guinea Ecuatorial. El grupo instó a León a usar su autoridad moral para pronunciarse al respecto.

“Hay personas —presos de conciencia y activistas de derechos humanos— detenidas cuyos casos plantean serias preocupaciones humanitarias y de debido proceso", afirmó Tutu Alicante, un activista radicado en Estados Unidos que dirige el grupo EG Justice. “En momentos como este, la revisión de sentencias y un compromiso real de reformar el poder judicial pueden enviar una señal poderosa de disposición a pasar página hacia la justicia y la reconciliación”.

Alicante sostuvo que el gobierno había dado “pasos cosméticos” en los últimos meses para mejorar ciertas instalaciones de detención, pero añadió que eran temporales.

“El verdadero examen será si las condiciones humanas, el acceso a la atención médica y los derechos básicos se mantienen mucho después de que concluya la visita papal”, expresó.

(con información de AP)

Un hombre fue sentenciado este viernes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de un adolescente durante una vigilia en el condado de DeKalb, Georgia marcando el final de un proceso judicial que mantuvo en vilo a la comunidad local durante más de un año. El caso, que involucró la muerte de un joven de 17 años en circunstancias especialmente trágicas, generó un amplio debate sobre la violencia armada y la seguridad en reuniones comunitarias.

La jueza Tangela Barrie, del Tribunal Superior del Condado de DeKalb, dictó la sentencia a Kevin Grier, de 35 años, imponiéndole prisión de por vida sin opción a libertad condicional. Esta decisión fue tomada después de que, en marzo, un jurado lo declarara culpable por el asesinato premeditado de Ian Hagerty, un adolescente que perdió la vida en noviembre de 2022 durante un evento en memoria de otra víctima de la violencia.

La condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional significa que Grier no podrá solicitar reducción de pena ni salidas anticipadas bajo ningún motivo. El tribunal sostuvo que la gravedad de los hechos y la reincidencia criminal de Grier justificaban la máxima sanción prevista por la ley en este tipo de delitos. La resolución de la jueza Barrie pone fin a un extenso proceso judicial, en el que la Fiscalía presentó pruebas contundentes sobre la premeditación y la brutalidad del ataque.

La imposición de la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para Grier responde a la magnitud del crimen perpetrado. El asesinato de Hagerty conmocionó a la comunidad, ya que sucedió durante una vigilia en la que familiares y amigos se reunían para rendir homenaje a otro adolescente recientemente fallecido en circunstancias violentas. De acuerdo con la sentencia, la peligrosidad demostrada por Grier y la naturaleza del delito impiden cualquier posibilidad de reinserción social.

Detalles del crimen y circunstancias del tiroteo

El incidente se registró el 27 de noviembre de 2022, en un complejo de apartamentos ubicado en la zona no incorporada de Decatur, dentro del condado de DeKalb. Aquella tarde, una multitud se congregó en el lugar para participar en una vigilia en memoria de un joven asesinado a tiros días antes durante un intento de allanamiento de morada. La reunión, concebida como un acto de duelo y solidaridad, se transformó en escenario de una nueva tragedia.

Según relataron testigos, la situación se tornó tensa poco después de que un hombre soltara globos en el marco de la ceremonia. En ese momento, el atacante se acercó al grupo y, sin mediar palabra, abrió fuego con un arma de fuego. Uno de los disparos alcanzó mortalmente a Ian Hagerty, de 17 años, quien cayó herido de gravedad frente a familiares y amigos presentes. El atacante, identificado posteriormente como Kevin Grier, no se detuvo tras disparar, sino que se alejó de la víctima y comenzó a caminar de un lado a otro por la acera, mostrando indiferencia ante el horror generado.

Después de perpetrar el ataque, el agresor se subió a un coche y huyó del lugar, dejando tras de sí una escena de caos y desesperación. Las autoridades informaron que la reacción de los asistentes permitió recabar testimonios clave para la investigación. El hecho de que la agresión ocurriera durante una vigilia agravó el impacto emocional en la comunidad, que ya se encontraba afectada por la reciente muerte del adolescente homenajeado en el acto.

La secuencia de los hechos revela una violencia repentina y calculada. Testigos presenciales coincidieron en que no hubo provocación aparente por parte de los asistentes y que el tirador actuó de forma deliberada. La investigación policial confirmó que el ataque no fue producto del azar, sino que existió una clara intención de causar daño en un momento de recogimiento colectivo.

Identificación y detención del sospechoso

Tras el tiroteo, la policía del condado de DeKalb emprendió una búsqueda exhaustiva del responsable. Una de las primeras acciones fue la difusión de fotografías del sospechoso, obtenidas a partir de cámaras de seguridad y registros de los presentes. Esta estrategia resultó determinante para avanzar en la investigación, ya que permitió que ciudadanos aportaran información relevante sobre la identidad del atacante.

Las pistas recibidas a raíz de la publicación de las imágenes llevaron a los investigadores hasta Kevin Grier. El 27 de enero de 2023, dos meses después del crimen, las autoridades lograron localizar y detener a Grier en una vivienda situada en la zona no incorporada de Decatur, la misma localidad donde ocurrió el tiroteo. Desde el momento de su detención, Grier permaneció bajo custodia en la cárcel del condado de DeKalb, a la espera del juicio.

La colaboración de la comunidad fue clave para la identificación del sospechoso. Los aportes ciudadanos, junto con el análisis de imágenes y declaraciones, condujeron a la rápida detención de Grier, quien tenía antecedentes penales y se encontraba en libertad condicional en el momento de los hechos. La policía destacó que la coordinación entre los agentes y la sociedad permitió esclarecer el caso y evitar que el responsable evadiera la justicia.

Durante la investigación, las autoridades confirmaron que Grier tenía prohibido portar armas de fuego por ser un delincuente convicto y hallarse en libertad condicional. Este dato fue relevante tanto para la detención como para la formulación de los cargos en su contra.

Proceso judicial y cargos presentados

El proceso judicial contra Kevin Grier se inició formalmente tras su detención. En marzo, un jurado lo declaró culpable de múltiples delitos, entre los que destacan asesinato con premeditación, asesinato en primer grado, dos cargos de agresión con agravantes, posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave y posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente convicto o persona en libertad condicional por primera vez.

Estos cargos reflejan la gravedad de los hechos y el historial delictivo de Grier. La Fiscalía presentó pruebas que demostraron la premeditación del ataque y el uso ilegal de un arma, aspectos que resultaron determinantes para la condena. El veredicto del jurado y la posterior sentencia de la jueza Barrie representan la culminación de un proceso que buscó justicia para la familia de Ian Hagerty y la comunidad afectada.

El acusado no podrá salir de prisión bajo ninguna circunstancia, según lo estipulado por la sentencia.

Durante varios años y a través de varias solicitudes que se han perdido, Dandeny Muñoz Mosquera, conocido como “La Quica”, ha pedido que su caso, en el que fue condenado por el magnicidio de Luis Carlos Galán y el atentado al vuelo 203 de Avianca, sea revisado, ya que asegura no haber sido parte de estos crímenes.

Informes de las autoridades de Estados Unidos, en donde está recluido en prisión, desde 1991, afirman que Muñoz fue parte del cartel de Medellín como uno de los sicarios de Pablo Escobar.

De la misma forma, que fue clave en el plan con el que la estructura criminal hizo explotar un vuelo comercial en el que iban más de 100 personas en 1989 para terminar con la vida del entonces candidato presidencial César Gaviria.

Por estos dos hechos y cargos por narcotráfico, el colombiano fue condenado a cumplir 10 cadenas perpetuas; sin embargo, a los 61 años sigue asegurando que él no fue el responsable de los crimenes mencionados y pide ser liberado para reencontrarse con su hija, a la que no ve desde que ella tenía algunos meses de nacida.

En el programa Los Informantes hablaron con Diana Katherine Muñoz, hija de “La Quica”, que ha seguido todos los procesos legales con los que los abogados de su padre han pedido la revisión de su caso, mientras sigue con la ilusión de poder verlo por primera vez.

Katherine Muñoz reveló que su primer contacto con su padre fue después de que cumplió 18 años y él fue trasladado a otra sección de la prisión. “Al inicio, cuando a él lo capturaron allá, lo metieron en una prisión de máxima seguridad y tuvo 18 años de confinamiento solitario”.

A través de cartas y llamadas, “La Quica” ha formado un vínculo con su hija, a la que le ha obsequiado los peluches que ha aprendido a hacer en prisión.

“Ha aprendido a tejer. Este muñequito también me lo hizo él, él lo hizo en la cárcel. Sí, con los colores de Colombia”, relató Katherine Muñoz, que afirmó que el antioqueño ha logrado sumar más de 100 certificados de cursos realizados dentro de la cárcel.

La hija de “La Quica” reconoció que su padre le ha contado los errores que cometió en Colombia, mismos que lo llevaron a tratar de ocultarse en Estados Unidos, en donde fue capturado un año antes de que “Tyson”, su tío, que fue sicario de Pablo Escobar, fuera abatido durante un operativo oficial.

“Yo sé que él sí tuvo sus fallas y él cometió sus errores y todo lo que hizo lo pagó acá y él está más que arrepentido de todas esas cosas y todo de su mal pasado porque eso fue de inmadurez, de ignorancia, de niñez. Tengo cartas que yo era una niña que ni siquiera podía leer. Mi mamá me las tenía que leer”.

Por último, la antioqueña afirmó que su padre tiene claridad de lo que pasa en la actualidad en Colombia, pero el paso del tiempo ha hecho que no tenga conocimiento sobre nuevas tecnologías.

“Él tiene todo el mapa de Medellín todavía en su memoria, pero ya todo está muy distinto. El celular, pues es algo que él todavía no aterriza, porque él nunca ha tenido eso en sus manos. Yo no sé cuándo, no sé cómo y no sé dónde, pero yo sé que se va a dar (un reencuentro con él)”, puntualizó Katherine Muñoz.

Lo último que se registró sobre Dandeny Muñoz en Colombia fue la confirmación de que el condenado le envió una carta al presidente Gustavo Petro para reafirmar que él no fue responsable del atentado al vuelo 203 ni del magnicidio de Luis Carlos Galán.

Su nombre aparece en expedientes judiciales relacionados con la causa que llevó al joven a la cárcel y aunque nunca se había pronunciado públicamente sobre ese asunto en sus plataformas, algo cambió en medio de la convivencia.

Durante una charla en la casa, Luana admitió abiertamente su conexión con Yao Cabrera y relató detalles que hasta ese momento no habían sido expuestos en televisión. “Es de Yao Cabrera, de cuando trabajaba con él. Me lo tatué y me pagaron un montón por tatuarme eso”, reveló ante sus compañeros que consultaron sobre un importante tatuaje relacionado con el equipo del youtuber.

La conversación giró en torno a la convivencia durante la pandemia en la Mansión WiFi, una experiencia que Luana describió como intensa y lucrativa: “Viví con ellos en plena pandemia, en una mansión, todos influencers, youtubers, todos vivimos ahí como un año y laburé con ellos y bueno, hacíamos videos todo el día, contenido, estábamos de joda todo el tiempo. No se puede decir todo eso, pero...”.

La influencer dejó claro que su paso por allí fue, para ella, una etapa positiva en términos personales y laborales. “La posta es que la pasé increíble. O sea, en plena pandemia fue. La pasé rebién, porque aparte tenía laburo”, afirmó ante la curiosidad de sus compañeros. Su relato permite comprender cómo funcionaba la dinámica de la casa, detalló el funcionamiento de la convivencia y la generación constante de contenido para redes.

Es la primera vez que se refiere en forma directa al tatuaje, ya que apenas entrada a la casa, Lolo Poggio preguntó directamente: “¿Qué es eso?”, refiriéndose al diseño visible. La reacción de Luana fue inmediata; con una sonrisa nerviosa y una respuesta evasiva, contestó: “No importa”, evitando entrar en detalles sobre el origen o significado en ese momento.

El vínculo entre Luana Fernández y Yao Cabrera no se limita a la experiencia laboral o a la convivencia en la Mansión WiFi. Según información de Tomás Dente y el equipo de Entrometidos en la tele (Net TV), el nombre de la participante de Gran Hermano figura en los expedientes judiciales relacionados con la causa que derivó en la condena del youtuber por reducción a la servidumbre.

La Mansión WiFi no solo fue escenario de videos virales y fiestas, sino también de situaciones que terminaron bajo investigación policial. “Que después la allanaron”, recordó uno de los participantes, a lo que Luana respondió: “Yo no estaba, yo no estaba cuando la allanaron, por suerte, pero la allanaron”. La influencer detalló las causas del operativo: “Porque había cosas”, y amplió ante la insistencia de sus compañeros: “Había mucha gente quizá ilegal trabajando. En negro, pero bueno”.

El caso de Cabrera se vio agravado por la exposición mediática y la notoriedad del propio youtuber, según la interpretación de Luana: “Se la agarraron con él porque era superconocido, ¿entendés? Y hubo una causa ahí que no me voy a meter. Por eso allanaron”. La Mansión WiFi quedó marcada como un símbolo de excesos, informalidad y escándalos, hechos que terminaron con el propio Cabrera en prisión: “Está preso ahora”, confirmó la participante en pleno aire.

La figura de Luana adquirió entonces para el afuera y adentro de la casa una nueva dimensión. Su historia personal, atravesada por la convivencia con Cabrera y la exposición en la Mansión WiFi, se transformó en materia de interés.

Sus confesiones, rupturas televisadas y romances nacientes alimentan el debate tanto entre los espectadores como en las redes sociales. La combinación de su trayectoria como modelo, empresaria e influencer, sumada al peso de un presente bajo la lupa judicial y mediática, la convierten en uno de los personajes centrales de la edición.

El pasado 1 de abril, Texas implementó una de las transformaciones más estrictas en su sistema penal con la entrada en vigor de la ley SB-9, firmada por el gobernador Greg Abbott. Esta normativa redefine el modo en que se otorgan fianzas y la libertad condicional en el estado, marcando un antes y un después en el tratamiento de las personas detenidas a la espera de juicio. La reforma, impulsada en la legislatura por la senadora republicana Joan Huffman, no es una revisión integral del sistema judicial, pero sí introduce una serie de cambios legales y operativos que afectan de forma directa a miles de personas en el territorio texano.

Hasta la llegada de esta ley, el pago de una fianza representaba la vía más común para que un acusado recuperara la libertad mientras aguardaba su proceso judicial. Según datos del Vera Institute of Justice de 2015, en un día promedio, unas 53.000 personas permanecían privadas de libertad antes del juicio en diferentes dependencias de Texas. La entrada en vigor de la SB-9 supone un giro en este esquema, estableciendo nuevas reglas para el acceso a la libertad bajo fianza y reforzando la intervención estatal en cada etapa del procedimiento.

El objetivo declarado por los impulsores de la ley SB-9 es fortalecer la seguridad pública y dar mayor coherencia a las decisiones sobre libertad provisional. La administración estatal busca cerrar vacíos en la supervisión de delincuentes reincidentes y asegurar que los jueces dispongan de toda la información sobre los antecedentes penales de un acusado antes de tomar la decisión de permitirle regresar a la calle. Para las autoridades, la reforma responde a la necesidad de evitar que personas con historial delictivo grave o reincidente eludan el control judicial por fallas de coordinación o falta de datos actualizados.

En palabras de los defensores de la medida, la SB-9 pretende “garantizar que la seguridad de la comunidad y los derechos de las víctimas sean considerados de manera prioritaria”. Además, el estado de Texas busca estandarizar criterios en todo su territorio para reducir la subjetividad o la inconsistencia en la fijación de fianzas, una problemática que, según los legisladores, podía generar desigualdades y riesgos para la sociedad.

Entre las modificaciones más destacadas, la ley exige un mayor uso del Sistema de Informes de Seguridad Pública (PSRS, por sus siglas en inglés), una plataforma que recopila información relevante sobre antecedentes criminales y factores de riesgo previos al juicio. Este sistema debe ser consultado por los jueces antes de pronunciarse sobre la concesión de una fianza, con el objetivo de que cada decisión cuente con un respaldo informativo más sólido y menos arbitrario.

La reforma también impulsa la integración tecnológica de los sistemas locales de gestión de casos y cárceles con el PSRS. Para lograrlo, el estado ofrece reembolsos y subvenciones a condados y municipios que se adapten a la nueva normativa, favoreciendo así la estandarización del acceso a los datos y la reducción de diferencias entre jurisdicciones. Esta medida pretende, en última instancia, evitar que la libertad bajo fianza dependa de criterios dispares o de la falta de información actualizada.

La ley SB-9 otorga poderes adicionales al Estado en materia de control y supervisión del proceso de fianzas. Por ejemplo, los fiscales podrán apelar una fianza si consideran que el monto establecido resulta insuficiente para la gravedad del delito imputado. Otro cambio relevante es la obligación de las organizaciones benéficas que pagan fianzas en nombre de terceros de registrarse oficialmente y presentar informes trimestrales sobre el origen de sus fondos y las actividades realizadas. Además, los jueces están obligados a considerar de manera formal el impacto en la seguridad de las víctimas y sus derechos al fijar una fianza.

En el ámbito procedimental, la ley introduce ajustes técnicos de gran impacto. Antes de fijar una fianza, el sistema debe generar automáticamente un informe detallado que contenga el historial criminal, los factores de riesgo y la existencia de otras fianzas activas para el acusado. Sin embargo, la norma prohíbe que el sistema emita “recomendaciones” automáticas sobre el monto específico a fijar, y también impide que los jueces basen su decisión exclusivamente en el reporte generado. La decisión final sigue siendo humana, pero debe estar respaldada por información más completa y precisa.

Otra novedad operativa radica en la notificación electrónica inmediata al tribunal original si un acusado comete un nuevo delito grave mientras se encuentra en libertad bajo fianza en otro condado. De este modo, el juez que concedió la primera fianza podrá reevaluar y, si corresponde, modificar o revocar la medida de manera casi instantánea. Por otro lado, se refuerza la prohibición de otorgar libertad bajo caución a personas con órdenes de detención migratoria o a quienes tengan dos o más condenas previas por delitos graves.

La implementación de la SB-9 se realiza en etapas: la recolección de datos inició el 1 de enero, el sistema de reportes y alertas de reincidencia comenzó a funcionar el 1 de abril y se prevé que el 1 de septiembre todas las disposiciones técnicas estén operativas en los 254 condados de Texas.

Críticas y argumentos de las asociaciones por los derechos civiles

La aprobación y entrada en vigor de la SB-9 ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones defensoras de los derechos civiles, como la ACLU (Asociación Nacional por las Libertades Civiles). Según Nick Hudson, estratega de políticas y defensa de la ACLU en Texas, la ley SB-9 “consolida aún más un sistema de justicia de dos niveles: uno para los ricos y otro para el resto de la población”. La organización sostiene que la reforma puede mantener tras las rejas a personas que, de otro modo, podrían recuperar su libertad al pagar la fianza, sin importar lo que haya determinado el juez en cada caso.

Desde la ACLU también advierten sobre el posible exceso de poder otorgado a los fiscales, quienes ahora pueden apelar el monto de la fianza incluso después de que un tribunal haya declarado a una persona apta para su liberación. Además, denuncian que la ley fuerza a los jueces a fijar fianzas en efectivo incluso para quienes enfrentan su primer delito, lo que, en opinión de la organización, vulnera el derecho a un proceso legal justo para todos los ciudadanos.

Un juez de la Ciudad de México analiza la petición de prisión preventiva contra Eduardo Yáñez tras la denuncia por robo calificado interpuesta por la reportera Patricia Cuevas, quien exige que el actor sea ingresado al Reclusorio Sur luego de un altercado ocurrido hace casi dos años en una ceremonia de premiación.

La defensa de Cuevas sostuvo que existen videos y testigos que prueban el apoderamiento ilegítimo de un celular. Además, buscan que el proceso avance hasta ver a Yáñez tras las rejas.

Abogados de Patricia Cuevas buscan prisión preventiva para Yáñez

Durante su encuentro con la prensa, los representantes legales de Patricia Cuevas subrayaron que la intención es que Eduardo Yáñez enfrente el proceso desde prisión.

“Ya hubo el dolo, ya hubo la conducta ilícita de apoderarte de algo que no es tuyo”, afirmó su equipo legal y añadió:

“Estamos pidiendo como asesores de la periodista Patricia que él ingrese al reclusorio por el delito de robo calificado. Sí se podría dar, pero eso lo va a señalar el juzgador”.

Los litigantes rechazaron que la devolución del teléfono anule el delito:

“No puede anteponerse como defensa decir: ‘Te lo robé, pero quería devolvértelo’. Si no, cualquiera podría quedarse con algo y devolverlo solo si lo descubren”.

Eduardo Yáñez y su defensa niegan intención de robo

Por su parte, Eduardo Yáñez defendió su versión de los hechos y se dijo sorprendido por el avance penal del caso.

“¿Para qué chingad*s me voy a robar el teléfono de alguien?”, declara ante reporteros.

Su abogado sostuvo que la audiencia fue suspendida para garantizar una defensa adecuada: “No sabemos quién nos imputa, cuándo, dónde. Esta defensa suspendió audiencia para tener una defensa técnica y adecuada”.

Yáñez insistió en que el incidente fue accidental y que se ha magnificado el conflicto:

“Ella tiene derecho a decir lo que crea que fue. Yo diré mi parte. Hubo una persecución, me pegó con el teléfono en la cara. Lo agarré, se lo devolví y no lo quiso recibir. Esa es la verdad”.

El actor cuestiona la atención judicial al caso: “El sistema está perdiendo el tiempo. Hay un chorro de delincuentes desaparecidos, niños, niñas. El problema en el país está mucho más grave como para estar perdiendo el tiempo con esto”.

El incidente y las pruebas en disputa

La confrontación entre Yáñez y Cuevas tiene origen tras una premiación en la Ciudad de México. La reportera lo acusa de haberla agredido y de haberse apropiado de su celular.

El actor aseguró hace un tiempo que el altercado fue resultado del desorden entre prensa y organización, y que no hubo dolo:

“Me venía picando con el teléfono, agarré el teléfono y se rompió su palito, me quedé con el teléfono en mis manos, seguí mi camino y se lo mandé a dejar afuera”.

El equipo legal de Cuevas sostuvo que existen videos y testigos del momento.

“Recuerdo perfectamente las palabras de Eduardo en el momento que me quitó mi celular. Le dije: ‘Devuélvemelo o te voy a demandar’. Él muy retador me dijo: ‘Demándame, que tengas buena suerte porque credibilidad no tienes’”, afirmó Cuevas.

Según la defensa de la periodista, el juez habría señalado que si el actor no comparece, podrá ser considerado prófugo.

La audiencia clave será el próximo 7 de mayo, donde se determinará si el proceso avanza con Yáñez privado de su libertad.

La diputada Merilyn Gómez Pozos, integrante del partido Morena, impulsa una iniciativa legislativa en la Cámara de Diputados que busca garantizar el acceso a la educación en todos los niveles para las personas privadas de su libertad en centros penitenciarios del país.

La propuesta, que ya fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Educación, plantea reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal y a la Ley General de Educación. El objetivo principal es que las personas en reclusión, especialmente las mujeres, tengan derecho a recibir educación gratuita desde alfabetización hasta nivel superior, así como capacitación para el trabajo.

De acuerdo con el documento, se propone modificar el artículo 10 y adicionar una nueva fracción para establecer como derecho el acceso a programas educativos completos dentro de los centros de readaptación social. Asimismo, se contempla incluir este beneficio en la Ley General de Educación, con el fin de reforzar el compromiso del Estado en garantizar este derecho.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es brindar herramientas que faciliten la reinserción social. En este sentido, se plantea que las personas privadas de la libertad puedan acceder no solo a educación básica, sino también a estudios de nivel medio superior y superior, además de recibir capacitación laboral que les permita desarrollar habilidades útiles para incorporarse al mercado de trabajo.

La propuesta también contempla la continuidad de estos procesos una vez que las personas obtengan su libertad, ya sea anticipada o definitiva. Para ello, se prevé que los servicios educativos y de inclusión laboral tengan seguimiento, evitando que la formación se interrumpa tras la salida del centro penitenciario.

En la exposición de motivos, la legisladora subraya que la educación es un derecho humano fundamental que no debe suspenderse por la privación de la libertad. Enfatiza que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar una formación integral que vaya más allá de la alfabetización, permitiendo a las personas alcanzar niveles educativos más avanzados.

Además, la iniciativa pone especial atención en la población femenina en reclusión, al señalar que enfrenta condiciones particulares de desigualdad. Históricamente, las opciones educativas y laborales en los centros penitenciarios femeniles han estado limitadas a actividades tradicionales, lo que reduce las oportunidades de desarrollo profesional.

Por ello, la reforma busca romper con estos esquemas, obligando a las autoridades a ofrecer capacitación avanzada y educación superior que permita a las mujeres competir en mejores condiciones en el ámbito laboral una vez que recuperen su libertad.

Finalmente, la diputada destaca que invertir en educación dentro de los centros penitenciarios es una estrategia efectiva para reducir la reincidencia delictiva. Considera que la falta de oportunidades y el rezago educativo son factores que contribuyen a la criminalidad, por lo que garantizar el acceso a la educación puede generar beneficios a largo plazo en materia de seguridad pública.

La iniciativa continúa en análisis legislativo y, de ser aprobada, representaría un avance significativo en el reconocimiento del derecho a la educación para las personas privadas de la libertad en México.

La diputada Merilyn Gómez Pozos, representante del partido Morena, impulsa una iniciativa legislativa destinada a que las personas privadas de su libertad en México accedan a educación gratuita que abarque desde la alfabetización hasta el nivel superior, así como a programas de capacitación laboral avanzados dentro de los centros penitenciarios.

El propósito declarado es que la privación de la libertad no signifique la suspensión de uno de los derechos humanos fundamentales: la educación. La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Educación para su análisis, según informó la Cámara de Diputados en su boletín oficial.

El proyecto de Gómez Pozos incorpora un elemento diferencial respecto de reformas previas al centrarse en las mujeres en reclusión.

En el segundo bloque de la iniciativa, se plantea modificar el artículo 10 y añadir la fracción IX Bis de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con lo que las internas en centros de readaptación social obtendrían el derecho a educación gratuita en todos los niveles, superando la limitación histórica a roles laborales tradicionales y de género. Esta visión busca romper con el paradigma que ha restringido la oferta educativa a la alfabetización o niveles básicos, tal como se expone en la documentación presentada por la diputada Morena.

La medida trasciende el periodo de reclusión: contempla que, una vez otorgada la libertad anticipada o definitiva a una persona, los servicios de apoyo descritos en los artículos 7 y 207 de la Ley Nacional de Ejecución Penal tengan carácter de continuidad, facilitando tanto la conclusión de la formación educativa como la incorporación efectiva al ámbito laboral, refiere la Cámara de Diputados.

Educación en prisión: herramienta de seguridad pública y reinserción efectiva

Con el fin de garantizar que toda persona interna en un centro penitenciario cuente con acceso gratuito a la educación media superior y superior, ampliando el alcance más allá de la alfabetización, la iniciativa apunta a la obligación del Estado mexicano de que dicho derecho “no se suspenda” por el hecho penitenciario y subraya que la juventud y la falta de oportunidades educativas constituyen focos de riesgo para la reincidencia.

La parlamentaria detalla que uno de los componentes innovadores de la reforma consiste en establecer mecanismos de seguimiento obligatorio, vinculando la trayectoria educativa y la capacitación laboral dentro de la cárcel con la vida en libertad.

La intención es impedir que el proceso de aprendizaje se interrumpa al concluir el internamiento y dotar así de competencias reales para competir en el mercado laboral, en particular a las mujeres, quienes —explica Gómez Pozos— enfrentan “barreras diferenciadas” derivadas de la oferta limitada de programas formativos orientados históricamente a funciones con base en el género.

Prioridad legal y seguimiento estructurado una vez concedida la libertad

En términos legales, toda persona en situación de prisión preventiva o cumpliendo sanciones penales tendría derecho a esta cobertura educativa gratuita durante la estancia en el centro penitenciario. Además, los servicios de seguimiento obligatorio para la enseñanza y la inserción laboral serían activados automáticamente al momento de su liberación, en cumplimiento de los artículos 7 y 207 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

La diputada Merilyn Gómez Pozos sostiene que la educación es “la inversión más efectiva para la seguridad pública a largo plazo", considerando que la ignorancia y la falta de oportunidades refuerzan el ciclo de la criminalidad. Su iniciativa busca, además, sentar un precedente normativo que obligue a las autoridades penitenciarias a ofrecer capacitación laboral avanzada y niveles educativos superiores, con el objetivo de transformar las trayectorias de vida de las personas egresadas del sistema penitenciario y optimizar su reinserción.

El fallo de la Sala de Apelación ha reducido la indemnización por daños psicológicos a la víctima de 5.400 a 2.400 euros, manteniéndose la obligación del acusado de pagar 30.000 euros por daños morales, según detalló el medio. Este ajuste forma parte de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que confirmó la condena a 12 años y dos meses de prisión para un hombre acusado de violencia de género y agresiones sexuales contra una menor de 15 años, que sufrió dos abortos a consecuencia de la relación. La decisión ratifica en lo esencial la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia de Almería.

Según informó el medio, el tribunal juzgó que entre julio de 2017 y marzo de 2018 el acusado, de entre 25 y 26 años de edad, mantuvo una relación con la adolescente a sabiendas de que era menor. Durante los primeros meses, el contacto fue calificado como dentro de la normalidad, pero luego se instauró un patrón de control y violencia. La víctima relató que las agresiones verbales y físicas incluían insultos, acusaciones de tener relaciones con un vecino y prohibiciones de saludar a otros chicos. El agresor, además, espiaba el contenido del teléfono móvil de la menor y la obligaba a enviarle fotografías sobre su ubicación y con quién se encontraba.

En cuanto a las agresiones sexuales, el medio consignó que la víctima quedó embarazada en dos ocasiones y, debido a esas circunstancias, acudió a una clínica abortiva. El tribunal valoró los abortos como evidencia de la violación de la integridad sexual de la menor, dada la relación de dominación e intimidación que el acusado ejercía. Aunque no se acreditó el uso de violencia física directa o amenazas específicas durante los actos sexuales, la presión y manipulación fueron consideradas determinantes para invalidar el consentimiento de la joven, ya que "tras negarse inicialmente, accedía posteriormente para evitar problemas", según consta en la sentencia reproducida por el medio. Por este motivo, el tribunal concluyó que no existió consentimiento genuino.

A lo largo del proceso, el hombre fue condenado a diez años y medio de prisión por un delito continuado de agresión sexual, un año y un mes por un delito de maltrato habitual y siete meses por otro episodio de maltrato. Sin embargo, la Sala de Apelación lo absolvió de un delito de amenazas. El medio indicó que, pese a la confirmación de la mayor parte de las penas, el tribunal aceptó en parte el recurso de la defensa en relación con la cuantía de la indemnización por los perjuicios psicológicos.

El informe judicial describe que la menor padeció alteraciones mentales y emocionales derivadas del trato recibido. Se indicó que la víctima necesitó 180 días para recuperarse de un trastorno adaptativo causado por la situación de violencia y abuso continuados, resultando este proceso en el agravamiento de otros trastornos psiquiátricos previos, catalogados como leves o moderados.

El medio también detalló un episodio específico ocurrido en octubre de 2017, cuando el agresor le dio una bofetada durante una discusión, aunque la joven no fue examinada por un médico y no se llegó a acreditar la existencia de lesiones físicas asociadas a ese hecho. Sin embargo, el tribunal consideró probado que existió un contexto constante de intimidación psicológica y agresión verbal, que generó en la víctima un daño prolongado y afectó su salud mental.

En el marco de la violencia de género, el medio recordó que las víctimas y su entorno pueden recurrir al servicio telefónico 016, disponible todos los días sin generar un registro en la factura telefónica, aunque algunos terminales sí pueden conservar evidencias de la llamada. Existen también canales de atención a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, vía WhatsApp en el número 600 000 016 y mediante chat en línea en la web de violenciagenero.igualdad.gob.es.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía enfatizó que el consentimiento de la víctima se vio comprometido por la intimidación ejercida por el acusado y que esta manipulación resultó en graves daños personales y emocionales. El medio reportó que el caso subraya los riesgos asociados a la violencia de género en relaciones con menores y la necesidad de protección e intervención en estos contextos.

Un productor rural de Santa Fe será sometido a juicio oral tras ser acusado de reducir a la servidumbre a trabajadores en un campo de frutillas de Arroyo Leyes, una localidad situada a 22 kilómetros de la capital provincial.

El acusado está identificado como Francisco Poccia, de 25 años. Durante la elevación a juicio, la Fiscalía federal solicitó una pena de 8 años de prisión efectiva para Poccia, quien permanece detenido desde octubre de 2025. La imputación abarca delitos de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre, agravados por la cantidad de víctimas y su situación de vulnerabilidad.

Según la acusación, al menos 20 personas fueron sometidas a condiciones de vida y trabajo que los fiscales calificaron como “particularmente lesivas” para los derechos fundamentales.

El proceso se inició en septiembre de 2025, cuando 3 trabajadores lograron escapar del predio y denunciaron los hechos en una comisaría local.

La investigación, a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), llevó pocos días después a la detención de Poccia y a la identificación de otras posibles víctimas.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario La Capital de Rosario, el campo de frutillas donde ocurrieron los hechos se encuentra en el kilómetro 17,5 de la Ruta Provincial 1. Durante un allanamiento realizado el 1° de octubre de 2025, las autoridades identificaron a 42 trabajadores en el lugar, quienes se sumaron a los tres denunciantes iniciales.

La mayoría de las personas provenía de la provincia de Chaco, especialmente de las localidades de San Bernardo y La Clotilde, y habían sido trasladadas bajo promesas laborales que, de acuerdo con la acusación, nunca se cumplieron.

La pesquisa determinó que Poccia financiaba los pasajes de los trabajadores y luego descontaba esos montos de los salarios, lo que generaba un sistema de endeudamiento inducido. Estas prácticas, según la acusación presentada por los fiscales Walter Rodríguez, Milagros Traverso y Marcelo Colombo, configuraban una situación de sometimiento económico y social para las víctimas.

Los fiscales resaltaron en su presentación: “Debe valorarse la naturaleza y gravedad del hecho, ya que el caso se inscribe dentro de una modalidad delictiva particularmente lesiva, como lo es la trata de personas con fines de reducción a servidumbre, fenómeno criminal que constituye una de las manifestaciones contemporáneas más severas de vulneración de los derechos fundamentales, en la medida que implica la cosificación de la persona y la supresión fáctica de su libertad y dignidad mediante mecanismos de sometimiento económico, social y material”.

La acusación formal sostiene que las víctimas se encontraban en condiciones de extrema precariedad. Los trabajadores dormían en galpones o construcciones improvisadas, con techos de chapa y pisos de tierra, utilizando cajones de madera como camas. El lugar carecía de instalaciones sanitarias adecuadas y de acceso regular a agua potable.

De acuerdo con los testimonios recogidos durante la investigación, las víctimas debían higienizarse en zonas de monte con baldes y consumir agua almacenada en bidones que previamente habían contenido agroquímicos. Las jornadas laborales comenzaban alrededor de las 3 de la madrugada y se extendían por más de doce horas, de lunes a lunes, sin descansos y con remuneraciones por debajo de los mínimos legales.

La elevación de la causa a juicio oral fue solicitada por los fiscales federales mediante una acusación presentada por escrito, en la que se detalla el alcance del daño sufrido por los trabajadores. La acusación subraya que la reducción a la servidumbre implica la supresión efectiva de la libertad y dignidad de las víctimas, quienes eran sometidas a mecanismos de control material y social. Los fiscales remarcaron que la gravedad del delito radica en la cosificación de las personas, transformadas en instrumentos de explotación económica.

Fabián Rossi podría salir de la cárcel de Marcos Paz para continuar cumpliendo su condena bajo prisión domiciliaria en la causa por “la ruta del dinero K”, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal ordenó revisar un rechazo de ese beneficio a la luz de nuevos elementos sobre su estado de salud.

Por mayoría, los jueces de la Sala IV del máximo tribunal penal federal, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, resolvieron devolver el expediente al juez de ejecución del Tribunal Oral Federal 4. para que dicte una nueva decisión con base en informes médicos actualizados.

Rossi, de 61 años y ex marido de la vedette Ileana Calabró, cumple una condena de 4 años y 6 meses de prisión por lavado de activos agravado, en la causa donde también se condenó al dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez.

El ex apoderado de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita” en Puerto Madero, se entregó en los tribunales federales de Retiro para quedar detenido el 2 de junio del año pasado, luego de que la Corte Suprema confirmó las condenas dictadas en el caso de corrupción, y rechazó su recurso extraordinario. La sentencia lo consideró partícipe necesario del delito de lavado de activos agravado.

En la investigación se comprobaron maniobras de lavado de activos por 55 millones de dólares, por medio de transferencias a bancos del extranjero y el reingreso de esos fondos a través de la compra de bonos. Báez, dueño de “Austral Construcciones” y beneficiario de casi la totalidad de la obra pública vial nacional en Santa Cruz durante el kirchnerismo, recibió en esta causa por lavado una pena de 10 años de prisión.

La situación de Rossi

El eje de la decisión fue la aparición de circunstancias que no habían sido evaluadas al momento del rechazo original. “Estas circunstancias novedosas, que no han podido ser valoradas por el juez de ejecución al momento de decidir, ameritan y demandan un nuevo tratamiento del caso”, sostuvo el voto del juez Carbajo, al que adhirió para conformar una mayoría Borinsky.

Este último magistrado se había mostrado favorable a conceder la prisión domiciliaria. Borinsky entendió que correspondía otorgar el beneficio porque “se encuentran acreditadas las condiciones clínicas que justifican la concesión de la prisión domiciliaria”. Además advirtió que “la modalidad actual de ejecución resulta incompatible con los fines de la pena”.

Pero ante la oposición del juez Gustavo Hornos, quien mantuvo que Rossi debe seguir preso en una cárcel común, adhirió al voto de Carbajo para conformar mayoría y habilitar la revisión por parte del Tribunal Oral. En esa línea, se decidió que “corresponde devolver las actuaciones a la instancia anterior a fin de que, con la celeridad que el caso requiere y munido de informes médicos actualizados, se decida sobre la materia planteada”.

En su voto en minoría Hornos postuló rechazar el recurso y confirmar así la decisión del Tribunal Oral. “No nos encontramos frente a una enfermedad aguda” y “el debido tratamiento puede ser garantizado” dentro del ámbito carcelario, consideró.

En septiembre pasado los mismos magistrados habían rechazado un primer intento de Rossi por obtener la prisión domiciliaria.

Deterioro del estado de salud

En ese contexto, la defensa de Rossi describió un deterioro progresivo de su estado físico durante la detención y apuntó contra las condiciones de alojamiento en el penal de Marcos Paz. “La pierna de Rossi se ha reducido a la mitad de su tamaño… al no poder apoyarse en ella y renguear desde hace meses”, señalaron los abogados, quienes además advirtieron que el establecimiento penitenciario no tendría “las condiciones, la aparatología ni el personal adecuado para tratarlo”.

Como ejemplo de esa situación, detalló un episodio ocurrido el 9 de febrero pasado. “Ante la carencia de herramientas de ejercicio terapéutico adecuadas y estando reducido junto con otros treinta internos, Rossi perdió el equilibrio y cayó al suelo, chocó su cabeza con una ventana interior con marco de hierro”, indicaron. Según la presentación, el golpe le provocó una herida que requirió sutura y “los puntos fueron cocidos sin anestesia”.

La defensa también advirtió sobre la falta de tratamientos específicos para su rehabilitación. “Existe falta de aparatología, herramientas y lugares adecuados para llevar a cabo la rehabilitación del tendón de Aquiles, ni tampoco el tratamiento de magnetoterapia que ayuda a reducir las secuelas de dolor e hinchazón”, plantearon.

A esos argumentos se sumaron nuevos diagnósticos médicos que vincularon con las condiciones de detención.

En base a ese cuadro, los abogados insistieron en que se trata de hechos nuevos que obligan a revisar la decisión previa. “Estas circunstancias novedosas… ameritan y demandan un nuevo tratamiento del caso”, remarcaron, y agregaron que “resulta de aplicación la teoría de los recursos, según la cual es ineludible el principio que ordena que estos sean resueltos de conformidad con las circunstancias existentes”.

El pedido de domiciliaria había sido rechazado en primera instancia bajo el argumento de que no se trataba de un cuadro de gravedad. “No nos encontramos frente a una enfermedad aguda”, sostuvo entonces el juez de ejecución, quien consideró además que “el debido tratamiento puede ser garantizado… dentro del ámbito carcelario”.

Ahora, el juez de Ejecución de la condena, Néstor Costabel, deberá analizar nuevamente el estado de salud de Rossi y definir si las nuevas circunstancias justifican que continúe cumpliendo su condena fuera de la cárcel.

En octubre de 2023, agentes procedieron con la detención de varias personas que viajaban en una furgoneta, portando matrícula falsa y en posesión de objetos considerados útiles para actividades ilícitas, incluyendo máscaras, bridas, guantes, espray de defensa personal y una pistola en perfecto estado de funcionamiento. La Audiencia de Málaga, según informó Europa Press, dictó el fallo que condena a seis personas –entre las cuales se encuentra una exnovia de la víctima– por delitos relacionados con dos tentativas de secuestro, amenazas de muerte y robo violento, registros que totalizan más de 34 años de prisión.

El medio Europa Press detalló que las sentencias fijan penas individuales comprendidas entre un año y medio y nueve años y medio de reclusión, en función de la participación de cada implicado. Los hechos ocurrieron durante 2023, cuando dos de los acusados, actuando en acuerdo y con la colaboración de la exnovia de la víctima –entonces en prisión por otros motivos–, planearon privar de libertad a un hombre para exigirle el pago de una cantidad indefinida de dinero, indica la resolución de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

De acuerdo con Europa Press, el primer intento de secuestro tuvo lugar en junio de 2023 en Alhaurín de la Torre, Málaga. En aquella ocasión, dos de los principales procesados, asistidos por otras dos personas y un individuo no identificado, organizaron el secuestro del hombre. Consiguieron introducirlo de manera forzada en un vehículo, no obstante, la resistencia opuesta por la víctima frustró el hecho e hizo que sufriera lesiones. Según recoge la sentencia, los implicados cubrían sus rostros con pasamontañas y se equipaban con chalecos policiales y una placa falsa de la Policía, intentando así ocultar sus identidades. Al no concretar el secuestro pero aprovechando la situación, lograron apropiarse, mediante violencia, de una mochila perteneciente al afectado, que contenía documentación personal, varias tarjetas de crédito, setecientos euros en efectivo y las llaves de un vehículo.

El segundo episodio ocurrió en septiembre de 2023, cuando los acusados repitieron el intento de privar de libertad a la víctima. El hombre llegó a un aparcamiento en Málaga donde coincidió con su primo; allí, una furgoneta con placas alteradas se aproximó y de su interior descendieron tres de los encausados, quienes amenazaron con un arma al primo del hombre y agredieron físicamente a la víctima. Europa Press consignó que, pese al uso de la fuerza y las amenazas, ambas personas lograron huir del lugar.

La resolución judicial a la que accedió Europa Press expone que, tras el segundo intento fallido, uno de los principales encausados se comunicó mediante videollamada con el familiar de la víctima. En esa conversación, lo intimidó diciendo: “esta tarde te hemos tenido a tiro, hemos sido nosotros y no va a haber una tercera vez, soy delincuente desde chico y no tengo nada que perder. Si mañana estás en la tienda te tiro dos granadas y si no te matan te pego cuatro tiros”.

El fallo detalla que la detención de los acusados se realizó en octubre de ese año, cuando circulaban a bordo de otra furgoneta con matrículas falsas y transportaban los materiales propios “para la realización de actividades ilícitas que no se han acreditado en juicio”, según el documento judicial. Los delitos por los cuales fueron condenados incluyen secuestro en grado de tentativa, robo con violencia, falsificación documental y tenencia ilícita de armas, variando la pena según el grado de implicación en los hechos. A los dos principales responsables se les impusieron condenas de nueve años y nueve años y medio de prisión respectivamente.

En la sentencia, tal como publicó Europa Press, el tribunal absuelve a los procesados del cargo por pertenencia a grupo criminal. El razonamiento expuesto sostiene que la conducta se considera “un supuesto de codelincuencia y no grupo criminal”, ya que, aunque las actuaciones reflejan planificación y coordinación, no se acredita que la agrupación operara con el fin de cometer una pluralidad de delitos distintos a los eventos juzgados.

El tribunal también desestimó la imputación de un posible tercer secuestro, por entender que durante la intervención policial en la segunda furgoneta, no quedó demostrado sin género de dudas los eventuales planes para ejecutar un nuevo intento de privación de libertad.

Según la información facilitada por Europa Press, la sentencia detalla con precisión tanto los instrumentos usados como las estrategias de los implicados, así como el contexto en el que la exnovia del afectado colaboró desde prisión para facilitar los atentados contra la libertad de la víctima. Las actuaciones judiciales concluyen que el móvil de los responsables incluía la obtención de una suma de dinero cuyo monto no fue determinado y el uso reiterado de la intimidación y la violencia para lograr sus objetivos.

Los condenados deberán cumplir las penas por los diferentes delitos según la participación acreditada en cada uno de los hechos. La Audiencia de Málaga destaca la diferencia entre la organización puntual de los hechos y la existencia de una estructura criminal estable, razón por la cual se ha matizado la calificación legal de las conductas juzgadas.

La resolución emitida por el Tribunal Supremo aborda un argumento presentado por uno de los acusados que cuestionó la validez de una declaración realizada por una de las menores durante la fase de instrucción, destacando la ausencia de su abogada en dicho momento. No obstante, según publicó Europa Press, el Tribunal Supremo determinó que, aun aceptando parcialmente este recurso, la irregularidad detectada no afectaba ni los hechos probados ni la calificación jurídica de los delitos, dado que existían otras pruebas suficientes capaces de fundamentar la condena previamente impuesta por la Audiencia Provincial de Álava. Este fallo confirma así las sentencias que condenan a ambos varones por delitos de corrupción y abuso sexual cometidos entre 2016 y 2018 en Vitoria-Gasteiz en perjuicio de dos menores de edad.

Según consignó Europa Press, el Tribunal Supremo ratificó que los acusados recibieron penas de doce y ocho años de prisión, respectivamente. La Audiencia Provincial de Álava condenó a uno de los hombres a dos años de cárcel por corrupción de menor de dieciséis años, cuatro años más por un delito continuado de abuso sexual sin penetración sobre la misma menor, y dos años adicionales por abuso sexual sin penetración contra la otra menor. Además, ordenó el pago de 2.500 y 1.500 euros como indemnización a las víctimas. El otro acusado fue sentenciado a dos años de prisión por corrupción de menor de dieciséis años y diez años por un delito continuado de abuso sexual con penetración, así como al abono de 3.500 euros de indemnización.

La sentencia, recogida por Europa Press, detalla que los hechos juzgados ocurrieron en un contexto de especial vulnerabilidad para las víctimas, de trece y quince años en el momento de los hechos. Los jueces establecieron que la situación socioeconómica precaria y las problemáticas familiares de las menores, junto con su dependencia de sustancias estupefacientes, constituyeron factores que los acusados aprovecharon para cometer los delitos. Los magistrados delimitaron que los implicados ofrecieron dinero a las menores para satisfacer sus intereses sexuales, estableciendo así la existencia de un aprovechamiento deliberado de la situación de las niñas.

Según lo publicado por Europa Press, el Tribunal Supremo hizo hincapié en que la revisión de la regularidad de una de las pruebas no alteraba la valoración global realizada por las instancias judiciales previas, debido a la existencia de otros testimonios y elementos probatorios que permitieron llegar al mismo resultado condenatorio. De acuerdo con el fallo, la estimación parcial del recurso interpuesto solo se extendió a la validez de la diligencia cuestionada, sin modificar el relato fáctico ni la consecuencia jurídica prevista en las sentencias anteriores.

En el proceso, la Audiencia Provincial de Álava analizó la conducta de ambos hombres, determinando que actuaron de forma reiterada durante el periodo señalado y con pleno conocimiento del estado de indefensión de las jóvenes afectadas. Los jueces valoraron elementos como las declaraciones de las víctimas, pruebas periciales y otros documentos, concluyendo que se trató de un patrón de conducta dirigido a aprovechar la fragilidad de las menores.

El medio Europa Press precisó que el Tribunal Supremo no modificó ninguna de las penas impuestas. La decisión judicial ratifica que los delitos contemplados incluyen corrupción de menores y abuso sexual, diferenciando la naturaleza de las agresiones sufridas por cada una de las víctimas y la responsabilidad concreta de cada condenado. Además, las indemnizaciones económicas establecidas buscan compensar los daños y perjuicios ocasionados a las menores por los actos delictivos confirmados en sede judicial.

El fallo del Tribunal Supremo pone fin al recorrido judicial del caso y refuerza las sentencias previamente dictadas, consolidando la posición de la Justicia respecto a la protección de la infancia y la condena de conductas de abuso y corrupción que involucran a menores en situación de vulnerabilidad social y personal. Europa Press reportó que esta resolución se suma a precedentes existentes en la jurisprudencia española vinculados a la explotación de menores y define los alcances legales de la responsabilidad penal en contextos de especial desprotección de las víctimas.

La Fiscalía ha presentado una solicitud de condena de 18 años de prisión y una indemnización de 7.200 euros contra el acusado en un proceso que tendrá lugar ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares. Según consignó la agencia Europa Press, el caso gira en torno a los hechos que se habrían producido la noche del 12 de noviembre de 2024 en Palma, donde el procesado habría ejercido violencia y coacciones sobre una mujer con discapacidad, a la que conocía previamente a través de amigos comunes.

El informe de acusación de la Fiscalía relata que el acusado, plenamente consciente de que la víctima tenía una discapacidad mental, la encontró y la llevó hasta una cabaña ocupada próxima al Hospital Sant Joan de Déu, en Palma. Una vez allí, según expuso Europa Press, el hombre habría agredido físicamente a la mujer utilizando una barra de hierro, para luego amenazarla de muerte colocándole un cuchillo en el cuello. Posteriormente, el acusado la habría violado, manteniéndola bajo amenaza continua.

La víctima permaneció dentro de la cabaña durante toda la noche, incapaz de abandonar el lugar debido al temor por su integridad y las amenazas. Europa Press detalló que la mujer recién logró escapar al día siguiente, tiempo durante el cual continuó bajo intimidación. La acusación por parte del ministerio público comprende dos delitos principales: uno de agresión sexual y otro de lesiones, por los cuales solicita tanto la pena privativa de libertad como el resarcimiento económico mencionado.

El juicio se celebrará en doble sesión, el lunes y el martes, desde las 09:30 horas, tal como publicó Europa Press. El proceso abordará el relato de los hechos y la condición de discapacidad de la víctima, considerando relevante el conocimiento previo que el acusado tenía sobre ella. Además, se prestará particular atención al entorno donde ocurrieron los hechos, ya que la cabaña ocupada y su localización próxima a un hospital figuran entre los elementos recogidos en el escrito de la fiscalía.

Europa Press reportó que la instrucción judicial incluirá testimonios y pruebas sobre la secuencia de acontecimientos, el impacto físico y psicológico causado a la víctima y el presunto uso de armas por parte del acusado. Durante la vista, la acusación hará hincapié en la vulnerabilidad de la mujer y en el aprovechamiento de esa condición por parte del procesado.

Este caso forma parte de los juicios relevantes de la jurisdicción penal en Baleares para el presente año, atendiendo al contexto de protección de personas con discapacidad y la gravedad de los delitos imputados. La resolución judicial considerará tanto la versión de la denunciante como la defensa que presente el procesado, quien se enfrenta a una petición de pena susceptible de ser una de las más elevadas en delitos de este tipo analizados por la Audiencia.

Un tribunal federal de Waco, Texas, sentenció a Kevin Duane Pridemore a 80 años de prisión por producir y poseer material de abuso sexual infantil que involucraba a múltiples víctimas jóvenes. La condena, dictada por el juez federal Alan D. Albright, se compone de 360 meses por cada uno de dos cargos de producción de pornografía infantil y 240 meses por un cargo de posesión, sumando un total de 960 meses consecutivos de prisión federal. Además, se ordenó a Pridemore pagar 207.000 USD en concepto de indemnización a las víctimas. Con estos términos, el ahora condenado, de 41 años, pasará el resto de su vida en una prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional.

La acusación formal contra Pridemore se presentó el 8 de abril de 2025, y fue ampliada el 24 de noviembre del mismo año para incluir los cargos de producción y posesión de pornografía infantil. Solo un día después de la presentación de la acusación modificada, Pridemore se declaró culpable de todos los cargos. Según la información proporcionada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la condena refleja la gravedad y el carácter reiterado de los delitos cometidos, y busca marcar un precedente en el tratamiento judicial de este tipo de crímenes.

La investigación que condujo a la detención de Pridemore se inició tras su actividad en un sitio web de explotación infantil. De acuerdo con el comunicado del Departamento de Justicia, el intercambio de al menos 50 mensajes en dicha plataforma fue el detonante para que las autoridades obtuvieran una orden de registro en su domicilio, ejecutada el 24 de marzo de 2025. Durante el operativo, agentes del FBI incautaron diversos dispositivos de almacenamiento digital, incluyendo una tarjeta SD cuyo contenido resultó clave para el caso.

El análisis forense de los dispositivos permitió a los investigadores descubrir aproximadamente 23.728 imágenes y 155 videos de material de abuso sexual infantil en posesión de Pridemore. Entre estos archivos, se identificaron fotografías y grabaciones que involucraban a menores prepúberes, bebés y niños pequeños. Uno de los hallazgos más contundentes fue un video de 15 minutos en el que Pridemore mantenía relaciones sexuales con una niña completamente desnuda, de entre cinco y siete años. Además, se recuperaron grabaciones realizadas en octubre de 2024 que documentaban otros episodios de abuso sexual contra una menor de aproximadamente cinco años.

Las pruebas recabadas establecieron un patrón sistemático de abuso y producción de material pornográfico infantil. El volumen y la naturaleza de los archivos incautados evidenciaron la magnitud del delito, y permitieron a los investigadores reconstruir la dinámica de los hechos. El FBI, encargado de la investigación, empleó técnicas avanzadas de análisis digital para catalogar y autenticar el contenido, lo que resultó fundamental para sostener la acusación en sede judicial.

Durante el proceso, las autoridades lograron identificar al menos cuatro víctimas conocidas que fueron abusadas sexualmente y grabadas por Pridemore en distintos momentos. Todas ellas eran menores de edad bajo su cuidado, lo que agravó la situación al tratarse de un “abuso de confianza flagrante”, según destacó el FBI. El acusado, que ejercía funciones de niñero, se valió de la relación de confianza con las familias para perpetrar los delitos y documentar los abusos. El material audiovisual producido no solo fue almacenado sino también compartido en plataformas ilegales, lo que amplificó el daño causado a las víctimas.

La modalidad del abuso quedó documentada tanto en los archivos digitales como en las declaraciones de las autoridades. Pridemore actuaba en contextos cotidianos, aprovechando la vulnerabilidad de los niños bajo su responsabilidad. La recopilación de pruebas y testimonios permitió establecer que los episodios de abuso no fueron hechos aislados, sino que respondían a una conducta sistemática y planificada. El FBI subrayó que la forma en que Pridemore utilizó su posición para acceder a las víctimas constituye uno de los aspectos más graves del caso.

Las declaraciones de los funcionarios judiciales y de los cuerpos de seguridad pusieron de relieve la gravedad de los hechos y la determinación de las autoridades para combatir estos delitos. El fiscal federal del Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons, expresó que “si bien nada compensa el daño causado por este acusado, la sentencia de 80 años dictada por el juez Albright pone de relieve la naturaleza atroz del abuso en este caso”. Simmons agradeció al FBI por su “diligente investigación” y recalcó que, aunque no se puede reparar el daño sufrido por las víctimas y sus familias, la sentencia implica que el acusado “jamás podrá volver a tratar a un niño como trató a los niños de este caso”.

Por su parte, Alex Doran, agente especial interino a cargo de la oficina del FBI en San Antonio, afirmó que el caso representa un “profundo abuso de confianza” y destacó la política de “tolerancia cero” de la agencia frente a crímenes atroces contra menores. Doran insistió en que el FBI perseguirá sin descanso a quienes exploten a niños, utilizando todos los recursos disponibles para garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

El fiscal adjunto estadounidense Greg Gloff llevó el caso, reforzando el compromiso institucional con la protección de los derechos de la infancia y la erradicación de la explotación sexual infantil. La sentencia de Pridemore establece un precedente en la jurisdicción federal de Texas y marca un hito en la lucha judicial contra la pornografía infantil y el abuso sexual de menores.

El hombre condenado por arrancar parte de la oreja de otro durante una pelea en Ronda deberá abonar a la víctima una indemnización de 16.591 euros, cantidad establecida por los daños permanentes ocasionados. La decisión, adoptada originalmente por la Audiencia de Málaga, ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que desestimó el recurso presentado por la defensa, según detalló el medio de comunicación. Los jueces confirmaron así tanto la condena de prisión como el pago de la compensación económica tras rechazar los argumentos de defensa del acusado.

De acuerdo con la información difundida por el TSJA y recogida por medios de Andalucía, los hechos datan de una noche frente a una discoteca de la localidad malagueña de Ronda, donde se produjo una discusión entre el acusado y la víctima. Según la sentencia, las causas del altercado no se conocen, pero la confrontación evolucionó a un forcejeo en el que ambos cayeron sobre una jardinera situada a las puertas del recinto. Fue entonces cuando, aprovechando la posición, el acusado mordió la oreja izquierda de la víctima, arrancando parte de ella y escupiéndola después.

El incidente no solo significó la pérdida de un fragmento de la oreja del afectado. El tribunal precisó que la agresión también ocasionó una fractura y arrancamiento de la base de la tercera falange de uno de los dedos de la mano derecha de la víctima. Las lesiones resultaron lo suficientemente graves como para requerir atención médica urgente e ingreso hospitalario. A consecuencia de la violencia ejercida, el perjudicado presenta secuelas permanentes.

Respecto a la responsabilidad del acusado, la defensa argumentó ante el TSJA que su cliente solo habría actuado pretendiendo defenderse de una supuesta agresión previa de la víctima. También señaló que la única declaración incriminatoria provenía del afectado sin que existiera testimonio o prueba adicional que corroborara los hechos en su totalidad. Los jueces, según consignó el medio, analizaron el recurso y concluyeron que la sentencia inicial establecía que no consta que la víctima haya realizado un ataque previo y que, en cualquier caso, la reacción del acusado habría superado cualquier marco de proporcionalidad respecto a un posible empujón inicial.

Durante el juicio, la víctima explicó que se encontraba junto a un amigo en la puerta de la discoteca cuando observó que el acusado, quien ya había sido rechazado al querer ingresar al local, comenzó a insultarlo y a increparlo, según información presentada en los tribunales y compartida por el TSJA. El agredido afirmó no conocer al acusado ni haber tenido ningún tipo de conflicto anterior con él. Según su relato, trató de alejarse e incluso pudo haberle dado un empujón, pero en ningún caso inició la agresión.

El TSJA, reportó el medio, consideró probados los hechos descritos y reiteró que la reacción del acusado frente al hipotético empujón en modo alguno se consideraría adecuada o proporcionada. Así, el tribunal andaluz ratificó la condena a tres años y medio de prisión y el abono de la indemnización a la víctima, rechazando de manera categórica el argumento de la defensa y validando la suficiencia de la declaración de la víctima ante la ausencia de pruebas exculpatorias que modifiquen lo establecido en la sentencia de primera instancia.

El arresto de un hombre de 59 años de origen argelino en Maria de la Salut, Mallorca, ocurrió tras una denuncia presentada por una trabajadora de los servicios sociales del Ayuntamiento local. De acuerdo con el diario 'Última Hora', esta acción derivó en la intervención de la Guardia Civil, que procedió a la detención del individuo el pasado 18 de marzo. El tribunal de Inca decretó posteriormente su ingreso en prisión, bajo la acusación de maltrato en el ámbito familiar contra su esposa y sus tres hijos menores de edad.

Según consignó 'Última Hora', el caso se inició cuando una trabajadora social notificó a la Guardia Civil sobre el testimonio de una mujer que había afirmado sufrir agresiones reiteradas por parte de su esposo. La funcionaria también informó que, según las declaraciones de la víctima, los hijos menores de la pareja vivían bajo un estricto control impuesto por el hombre.

Fuentes de la investigación confirmaron a Europa Press que, tras recibir la denuncia, agentes de la Guardia Civil de Santa Margalida y la Policía Local se desplazaron a la vivienda familiar. Según detalló el medio 'Última Hora', el operativo se desplegó rápidamente esa misma jornada, lo que permitió que el sospechoso fuera detenido sin incidentes en el domicilio.

El juzgado de Inca decretó el ingreso en prisión preventiva del hombre, que se enfrenta ahora a cargos por un posible delito de violencia familiar. Según reportó 'Última Hora', el procedimiento judicial consideró la gravedad del testimonio y las circunstancias que describieron tanto la trabajadora social como las víctimas. La detención se produjo apenas unas horas después de haberse conocido la denuncia, mostrando la actuación coordinada entre los servicios municipales y las fuerzas de seguridad.

La Guardia Civil informó que, tras la detención, los servicios sociales intervinieron para proteger a la madre y los menores, quienes fueron conducidos a un centro de acogida temporal. El propósito de este traslado fue garantizar la seguridad y el bienestar de las víctimas, dado el contexto de control y presunta violencia al que estaban expuestos en el entorno familiar.

El hombre permanecerá en la prisión de Inca, donde continuará el proceso judicial para esclarecer la magnitud y el alcance de los hechos denunciados. Según señalaban fuentes de la investigación a Europa Press y la cobertura realizada por 'Última Hora', la situación inicial se catalogó como de alto riesgo debido a las declaraciones recabadas y al ambiente descrito por la trabajadora social.

El operativo contó con la presencia conjunta de la Guardia Civil y la Policía Local a fin de asegurar la protección de las víctimas y evitar cualquier tipo de confrontación. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Maria de la Salut han quedado a cargo de la atención integral de la familia, proporcionando apoyo psicológico y social según lo indicado por las autoridades.

Hasta el momento, la investigación permanece abierta, según reportó 'Última Hora', y no se descartan nuevas diligencias para esclarecer con mayor detalle el contexto de los hechos. Las autoridades judiciales y policiales mantienen el seguimiento sobre la situación de la madre y los menores, a fin de asegurar su protección durante el desarrollo del proceso.

Durante la jornada de juicio en la Audiencia Provincial de Albacete, la madre de la menor implicada respaldó la nueva declaración de su hija, negando la existencia de acceso carnal y describiendo solo contactos superficiales consensuados. Según informó el medio de comunicación, el proceso analiza la acusación de agresión sexual en La Roda, en la provincia de Albacete, derivada de un encuentro entre una menor de 13 años y un joven que la superaba en más de diez años, quien enfrentaría una pena de hasta seis años de prisión solicitada por la Fiscalía.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, la menor modificó su versión de los hechos durante la vista, asegurando que no hubo penetración y que los contactos físicos se limitaron a tocamientos mutuos por encima de la ropa, con el consentimiento de ambas partes. En declaraciones previas, la víctima había sugerido acceso carnal, versión que fue reconsiderada en el tribunal. La Fiscalía, según consignó el medio, ha mantenido la acusación ante la imposibilidad legal de que una menor consienta, dado que aún no tenía la edad mínima requerida por la legislación para este tipo de relaciones.

Tanto la menor como el acusado comparecieron ante el tribunal para narrar los acontecimientos. Según reportó el medio, ambas partes relataron que el contacto entre ellos se originó en 2023 a través de redes sociales, después de que el acusado felicitara a la menor por su cumpleaños. El encausado manifestó ante el tribunal que desconocía la edad real de la menor, estimando que tenía entre 15 y 16 años al momento de iniciar las conversaciones. Además, ambos implicados confirmaron que previamente existía un lazo, pues la adolescente era prima de la exnovia del procesado.

A partir de las conversaciones mantenidas por internet, y al percibir interés recíproco, decidieron verse en persona tras tres días de contacto digital. El joven viajó en su vehículo hasta La Roda y recogió a la menor, llevándola primero a un parque donde conversaron. Posteriormente, según la versión recogida ante el tribunal, la joven guió al acusado hacia un descampado más reservado. En ese lugar, según ambos relatos, se produjeron los besos y los tocamientos limitados a la superficie de la ropa, con consentimiento mutuo, siempre de acuerdo con lo manifestado por ambas partes en sala.

A pesar de esta nueva versión, la Fiscalía sostiene que se cometió un delito de agresión sexual porque la ley no reconoce la validez del consentimiento otorgado por menores de la edad legalmente establecida. Además, según publicó el medio, los fiscales fundamentan su acusación en un informe elaborado por peritos médicos que examinaron a la víctima tras la denuncia original. Dicho informe concluyó que existieron indicios de penetración, aunque no logró determinar con precisión ni el momento ni las circunstancias en que pudo producirse. Tampoco se hallaron restos de ADN masculino en los exámenes realizados.

En su testimonio, la víctima explicó al tribunal que confesó a una amiga la existencia de la relación. Esta amiga, posteriormente, difundió la información entre conocidos y familiares, generando comentarios negativos en su entorno. Al sentirse abrumada y experimentar vergüenza, la menor reveló el hecho a su prima, quien lo comunicó a su hermano y este a los padres de la víctima. La menor argumentó que ello la llevó a dar su primera versión ante las autoridades, en la que sugirió penetración, ya que sus propios padres asumieron que eso había ocurrido. Según el testimonio reproducido por el medio, la adolescente afirmó haber cambiado su declaración porque en ese primer momento se sentía sobrepasada por la situación y no quería contradecir a su entorno familiar.

El representante de la Fiscalía, en línea con lo detallado en el informe del medio de comunicación, atribuyó este cambio de testimonio a una posible mayor madurez de la menor y a una toma de conciencia del impacto que una eventual condena tendría para el acusado, con quien había mantenido una relación afectiva. Esta postura fue cuestionada por el abogado defensor, quien recurrió al artículo 183 de la Ley de Menores para solicitar la absolución. La defensa alegó que, dado que la diferencia de edad y de madurez entre los implicados no era excesiva y la relación fue acordada, no correspondería la imposición de una sanción penal.

El letrado defensor planteó, de manera subsidiaria, que si se lograra acreditar alguna responsabilidad penal, se debería considerar la ausencia de penetración como factor para reducir la gravedad del delito imputado y aplicar atenuantes, como la reparación del daño. Según consignó la misma fuente, la familia de la menor ya habría recibido una indemnización de 4.000 euros. Bajo tales circunstancias, el abogado solicitó que, en caso de condena, la pena se limite a un año de prisión como máximo.

En cuanto a las posibles consecuencias legales, la acusación pública solicitó una pena de seis años de prisión para el acusado si el tribunal entiende que existió penetración, o de tres años en el caso de que solo se prueben los tocamientos referidos por ambas partes. La vista oral quedó vista para sentencia tras la exposición de los argumentos de las partes, y se aguarda el fallo del tribunal sobre la veracidad de los hechos que determinarán la responsabilidad penal del inculpado.

El caso, reportado por la fuente, se inscribe en los márgenes que la legislación española contempla para delitos sexuales en los que se ven involucrados menores de edad, y plantea el dilema jurídico de la interpretación del consentimiento frente a la edad legal y la valoración judicial de los testimonios modificados en el transcurso del proceso. Las autoridades judiciales deberán analizar los elementos aportados por los peritos médicos, los testimonios directos y las circunstancias expuestas para dictar sentencia acorde a la normativa vigente.

La hija mayor de la pareja intervino directamente durante el ataque para intentar detener la agresión, mientras sus dos hermanos menores lograron huir de la vivienda y solicitar ayuda a los vecinos, lo que permitió la rápida llegada de los servicios de emergencia. Según informó el medio de comunicación que cubrió el caso, tras este episodio de violencia ocurrido en Alcázar de San Juan en abril de 2023, el responsable reconoció los hechos ante la sala de la Audiencia Provincial de Ciudad Real y aceptó una condena de diez años de prisión, en el marco de un acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía y la acusación particular. De acuerdo con lo publicado, la aplicación de este pacto impidió la celebración del juicio previsto y condujo a la sentencia inmediata en sede judicial.

Conforme detalló el medio, el acuerdo establece una pena compuesta por nueve años de cárcel por tentativa de asesinato y un año adicional por maltrato en el entorno familiar. El veredicto incluye también varias restricciones estrictas: la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y sus hijos durante 20 años, así como la obligación de mantener una distancia mínima de 500 metros respecto de estas personas. El magistrado resolvió la privación de la patria potestad del acusado sobre sus hijos, la cual queda suspendida de forma indefinida según lo acordado por las partes.

El acuerdo mantiene todas las indemnizaciones reclamadas en la acusación, incluyendo un monto superior a los 91.000 euros destinados a la mujer agredida y más de 4.000 euros que corresponden a una de las hijas menores como afectada. Según consignó el medio, el hombre permanece en prisión desde el momento de los hechos, tiempo que será computado para el cumplimiento de la condena total. Inicialmente, la Fiscalía solicitaba una sanción de 14 años de cárcel por tentativa de asesinato y un año más por violencia familiar. La aplicación del pacto reducido evitó la comparecencia de la víctima en juicio, aspecto que las partes consideraron esencial, atendiendo al estado de salud física y psicológica de la mujer, quien aún presenta secuelas y continúa en proceso de recuperación tras más de un año desde el ataque.

Durante el episodio violento, según el escrito de la Fiscalía y los hechos admitidos por el propio acusado ante el tribunal, la mujer informó al responsable que pretendía abandonar el domicilio familiar junto a sus tres hijos, quienes en ese momento tenían 14, 10 y 7 años. El acusado respondió a este anuncio con agresividad, tomando un cuchillo de cocina de unos 18 centímetros y profiriendo amenazas. En el transcurso de la disputa, mientras la víctima recogía sus pertenencias de espaldas, el hombre se le acercó y le infringió una puñalada en la espalda. La agresión persistió y, tras la caída de la víctima, el hombre la atacó nuevamente con varias cuchilladas en diferentes partes del cuerpo.

Según reportó el medio citado, la brutalidad del ataque provocó lesiones muy graves, incluyendo daños abdominales y hepáticos que requirieron una cirugía de urgencia y un proceso médico de larga duración. Tras ese momento, el agresor también se autoinfligió heridas en la zona abdominal. Dos de los menores escaparon de la vivienda y notificaron a los vecinos, quienes al recibir el aviso alertaron a los servicios de emergencia. Tanto la mujer atacada como el agresor fueron posteriormente trasladados al hospital para recibir atención.

La recuperación de la víctima ha implicado un seguimiento hospitalario y psicológico debido a la gravedad de las lesiones. Según publicó el medio, la pronta intervención médica fue determinante, y las partes declararon a la prensa que de haber ocurrido estos hechos lejos de un centro hospitalario, el desenlace habría sido fatal para la mujer.

El acuerdo alcanzado entre las partes recibió valoración favorable, ya que, según sus declaraciones recogidas por el medio, consideraron que la resolución representa la opción más adecuada tanto por la cuantía de la pena impuesta como por el conjunto de medidas de protección establecidas. Las restricciones buscan principalmente proteger a la mujer y a los menores, asegurando la prohibición de cualquier posible contacto futuro con el condenado.

Minutos después de la muerte de Borja Villacís, la Policía localizó a María José E. J., madre de uno de los principales acusados, en un lavadero de coches de la zona de plaza Elíptica, donde había sido grabada cambiando las placas de matrícula de un vehículo implicado. Según informó El País, este hallazgo formó parte de una serie de actuaciones que permitieron reconstruir la secuencia de los hechos y establecer la presunta participación de varios implicados en una emboscada armada ocurrida el 4 de junio de 2024, en la carretera de El Pardo, Madrid. La Fiscalía de Madrid solicita penas que alcanzan hasta los 46 años de prisión para los responsables señalados del asesinato de Borja Villacís, así como de otros delitos asociados a este caso, de acuerdo con fuentes fiscales citadas por el citado medio.

El Ministerio Público sostiene que Kevin P., de 24 años, y otros dos acusados, planificaron una emboscada en la que utilizaron armas de fuego y vehículos manipulados para ejecutar el ataque que derivó en la muerte del hermano de Begoña Villacís. El procedimiento se encuentra en la fase intermedia, en la que las partes presentan los escritos de acusación y defensa antes de la celebración del juicio, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, según publicó El País.

El fiscal pide para Kevin P. una condena de 46 años, distribuidos entre los delitos de asesinato, dos intentos de homicidio, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. Para los otros dos procesados, incluida la madre de Kevin, María José E. J., se solicitan 38 años de prisión a cada uno, por los mismos delitos excepto uno de los intentos de homicidio. El medio El País detalló que el ataque se produjo durante una cita previamente pactada a la que Villacís acudió supuestamente para intervenir como intermediario en un conflicto entre terceros, originado por una denuncia contra Kevin P. por causar destrozos a un automóvil.

De acuerdo con la investigación, María José E. J. fue la primera persona detenida tras el crimen. Según consignó El País, la mujer conducía el coche en el que su hijo habría disparado contra las víctimas y, tras el ataque, manipuló el vehículo para dificultar su localización. El coche fue hallado con abolladuras y airbags activados, daños compatibles con el uso durante la ejecución de los hechos.

Imágenes registradas permitieron identificar a María José E. J. junto a dos varones jóvenes en un descampado cercano a la carretera de Fuencarral a El Pardo, poco tiempo después de producirse el tiroteo. Las autoridades creen que ella llevó a ambos individuos al lugar del ataque, donde uno de ellos, identificado como su hijo Kevin P., habría sido el autor material de los disparos. El acompañante de Borja Villacís resultó herido durante la agresión, precisó El País.

Kevin P. fue arrestado después en Yuncos, provincia de Toledo, en una operación coordinada por el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional. En el operativo también fue detenido Ismael E. I. V., de 24 años, cuando, según las pesquisas policiales citadas por El País, ambos intentaban abandonar su escondite tras el crimen.

La investigación policial también incluyó el arresto de un tercer individuo, Omar, quien fue puesto en libertad bajo cargos al determinarse que no había participado directamente en la ejecución del homicidio. Sin embargo, El País reportó que Omar habría ofrecido refugio a los supuestos autores materiales en una vivienda ocupada, lo que propició su implicación en el marco de la causa judicial.

Las primeras conclusiones de las pesquisas descartan que Borja Villacís fuera el objetivo principal del ataque. Según la información divulgada por El País, Villacís asistió a la cita en calidad de mediador debido a un conflicto previo entre otras partes, relacionado con denuncias por daños materiales a un vehículo atribuidas a Kevin P.

La acusación fiscal describe el ataque como una emboscada premeditada, en la que se coordinaron vehículos y armas para asegurar la ejecución del delito y dificultar la identificación de los responsables. Este planteamiento se basa en los desplazamientos previos que realizaron los implicados, los cambios de matrícula del coche utilizado y los indicios recogidos en la escena y en las inmediaciones, según detalló El País a partir de las fuentes relacionadas con el caso.

El proceso judicial continúa en curso, manteniéndose en la fase de presentación de escritos por parte de la Fiscalía y las defensas de los acusados. La familia de la víctima ha sido informada puntualmente de los desarrollos, mientras el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid concentra las actuaciones previas al juicio, que será el encargado de determinar la responsabilidad penal de los implicados conforme a la petición presentada por el Ministerio Público y la evidencia recabada por la policía, de acuerdo con la cobertura brindada por El País.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga resalta que, tras la agresión, el acusado envió a una amiga una fotografía del cadáver, acción que la resolución judicial considera un elemento relevante para describir el desarrollo y la intencionalidad de los hechos ocurridos en la zona del Barranco de Maro, en Nerja. Según informó el medio responsable de la cobertura, el tribunal ha condenado a un hombre de nacionalidad alemana a doce años de prisión por la muerte de un vecino y causar graves lesiones a otro, todo en un contexto de conflictos vecinales prolongados en un asentamiento de cuevas en esta localidad malagueña.

El hecho, según lo consignó la Audiencia de Málaga y publicó el medio citado, se produjo en septiembre de 2023, cuando se intensificaron las tensiones preexistentes entre el condenado y la víctima principal. La sentencia señala la existencia de “fuertes desavenencias” entre ambos, quienes residían en las inmediaciones de las cuevas habitadas. El día de los hechos, la víctima, junto con otro hombre, se aproximó en repetidas ocasiones a la parcela delimitada por lonas del ahora condenado, realizando actos de provocación y derribando parte de aquellas, mientras profería gritos.

El fallo judicial, reportó el medio, indica que poco antes de la agresión, el acusado contactó sin éxito telefónicamente con la Guardia Civil de Nerja, imposibilitado de transmitir adecuadamente la situación por barreras de idioma. También pidió ayuda a una amiga, quien tampoco pudo acudir al lugar. Ante la persistencia de la tensión, el hombre se preparó con protección física y esperó armado la posible llegada de los vecinos.

Según las conclusiones del juicio, citadas por la Audiencia de Málaga, tras una nueva provocación verbal, el acusado inició un enfrentamiento directo con la víctima, a quien golpeó varias veces utilizando una barra de hierro de noventa centímetros reforzada con tuercas. Los impactos alcanzaron cabeza, cara, tórax y extremidades, causándole heridas descritas como incompatibles con la vida. Los forenses determinaron que la causa principal del fallecimiento fue un traumatismo cráneo-encefálico severo que incluyó hundimiento craneal y fracturas faciales.

El otro vecino, testigo y acompañante de la víctima, también sufrió lesiones de gravedad. El tribunal relató que el condenado lo atacó con la misma barra, impactándole en la muñeca, y luego intentó apuñalarlo en la cabeza. La víctima logró evitar un desenlace fatal al sujetar la mano del agresor y escapar, pese a que tenía ya una herida de cuchillo en el antebrazo. El medio precisó que este segundo afectado pudo huir del lugar y posteriormente prestar su testimonio ante las autoridades.

La decisión judicial desglosa que el acusado fue condenado a diez años de prisión por homicidio y a dos años adicionales por lesiones graves contra el segundo hombre. La sentencia también recoge la obligación de indemnizar con 120.000 euros a la madre del vecino fallecido, y de determinar en fase de ejecución la compensación económica al superviviente, una vez se cuente con la valoración médica definitiva de las lesiones sufridas.

Según el dictamen de la Sala y del jurado popular, los hechos se produjeron en un “contexto belicoso” derivado del conflicto interpersonal existente entre el acusado y la víctima principal, con múltiples episodios de provocación y enfrentamientos verbales en las proximidades del asentamiento. El procesado, tal como recogió el veredicto, actuó de manera insistente y reiterada, propinando varios golpes a la víctima incluso cuando esta se encontraba desarmada e incapaz de defenderse, lo que elimina la aplicación de la circunstancia atenuante de legítima defensa alegada por la defensa.

El medio detalló que, durante el proceso, los magistrados descartaron la existencia de un ataque previo por parte del vecino fallecido contra el acusado, a la vez que contextualizaron la inquietud del procesado por los gritos, amenazas y destrozos en los límites de su parcela. Sin embargo, subrayaron que la respuesta desmedida del agresor, que incluyó el uso prolongado de la barra de hierro y el ataque con arma blanca, excedió cualquier reacción defensiva y derivó en la muerte violenta del residente local. La Audiencia de Málaga, según publicó la prensa, resolvió así no mitigar la pena e imponer las sanciones máximas previstas para los delitos de homicidio y lesiones constatados por el tribunal y el jurado.

La reparación del daño jugó un papel determinante en la rebaja de la pena para el responsable del homicidio, pues la aportación de 35.000 euros en concepto de indemnización para la madre de la víctima permitió aplicar una atenuante muy cualificada. Según consignó el medio que recoge la información, la Audiencia Provincial de Baleares dictó sentencia condenatoria a 13 años de prisión contra el acusado por el asesinato de otro hombre con quien mantenía una relación sentimental en Palma. La decisión judicial se produjo después de que las partes llegaran a un pacto, cuyo eje central fue la aceptación de los hechos por parte del procesado y la reparación parcial de los daños.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, tanto la Fiscalía como la acusación particular y la defensa alcanzaron un acuerdo por el cual el acusado reconoció el crimen, evitándose así la celebración del juicio con jurado popular que estaba previsto para ese lunes. Inicialmente, el Ministerio Público solicitaba 15 años de cárcel al considerar que los hechos constituían un delito de homicidio, mientras que la acusación particular reclamaba una condena de 25 años de prisión calificando el caso como asesinato. Finalmente, la Fiscalía cambió su postura y tipificó el caso como asesinato al constatar que el acusado atacó a la víctima con una piedra en la cabeza, en un acto sorpresivo y sin posibilidad de defensa para el agredido.

El medio que reportó este caso explicó que la introducción de una circunstancia atenuante por reparación del daño resultó clave para ajustar la pena. Aunque la recalificación agravó la consideración penal de los hechos, al tratarse de asesinato, tanto la acusación particular como la defensa aceptaron la nueva petición de la fiscalía, que rebajó la pena final a 13 años de reclusión. En la sentencia, dictada oralmente por la magistrada, se estableció que deberá descontarse el tiempo que el acusado ha permanecido en prisión provisional.

Según detalló la fuente original, el crimen ocurrió en diciembre de 2024. Un viandante que paseaba por las inmediaciones del torrente de Coanegra, una zona próxima a Palma, encontró el cuerpo sin vida de la víctima, que tenía 34 años en el momento del fallecimiento. Las primeras pesquisas de la Guardia Civil apuntaron a una muerte violenta, ya que el fallecido presentaba signos evidentes de golpes en la cabeza. Los análisis posteriores confirmaron que las heridas fueron provocadas por el impacto de una piedra.

Las investigaciones del caso derivaron en la detención de otro hombre, que mantenía algún tipo de vínculo sentimental con la víctima. Tras su detención, la autoridad judicial dictó su ingreso en prisión provisional, donde ha permanecido hasta la sentencia. La dinámica de los hechos quedó descrita por Fiscalía, quien aseguró que el ataque fue inesperado y la víctima no tuvo oportunidad de defenderse.

La audiencia a cargo del tribunal de Baleares sustituyó el juicio previsto por la aceptación de la condena pactada entre las partes, lo que permitió resolver el caso sin la intervención del jurado popular. La sentencia oral recoge la aceptación del delito de asesinato, la rebaja en la condena a 13 años y la consignación de la indemnización a favor de la madre del fallecido, elementos que delimitaron el desenlace judicial, según publicó la fuente.

El acuerdo fue suscrito poco antes del inicio del juicio. Tanto la representación de la familia de la víctima como la defensa del acusado acordaron adherirse al nuevo planteamiento del Ministerio Público, el cual introdujo la atenuante muy cualificada al considerar relevante la reparación económica. En consecuencia, la magistrada aceptó la propuesta conjunta y dictó sentencia en los términos ya definidos.

El proceso ha quedado marcado por la colaboración de las partes y la aceptación de los hechos por parte del responsable, quien reconoció su participación tanto en el acto que originó la muerte como en la posterior decisión de indemnizar a la madre del fallecido. El cumplimiento de los 13 años de prisión queda sujeto al descuento del tiempo de reclusión provisional, según estableció la Audiencia Provincial de Baleares en la resolución oral.

El acusado, recluido en prisión provisional desde diciembre de 2024, ha reconocido su responsabilidad en la muerte de un hombre de 34 años cuyo cadáver fue localizado en las cercanías del torrente de Coanegra, en Palma. Tras admitir su culpabilidad y consignar 35.000 euros como indemnización destinada a la madre de la víctima, el caso ha avanzado sin la intervención de un jurado popular, según reportó la Audiencia Provincial de Baleares y recogió el medio correspondiente.

De acuerdo con la información publicada por los medios, la sentencia resultante establece una condena de 13 años de prisión tras el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, la acusación particular y la defensa. El proceso judicial evidenció que el acusado y la víctima mantenían una relación sentimental y que la agresión se produjo de forma sorpresiva. Según consignó la Fiscalía, el procesado golpeó a la víctima en la cabeza con una piedra, impidiendo cualquier tipo de defensa, lo que llevó a modificar la inicial calificación de los hechos a delito de asesinato.

En un principio, la Fiscalía solicitaba una pena de 15 años de prisión al considerar que se trataba de homicidio, mientras que la acusación particular reclamaba 25 años bajo la premisa de que los hechos constituían asesinato. Durante la resolución del caso, el fiscal optó por agravar la tipificación penal al reconocer la naturaleza sorpresiva y letal del ataque, encuadrando el delito como asesinato, a la vez que introdujo la atenuante muy cualificada de reparación del daño dado el abono de la indemnización. Esta circunstancia permitió reducir la petición de pena a 13 años, explicó el Ministerio Público, informó la Audiencia Provincial de Baleares.

El medio detalló que ambas partes, acusación y defensa, aceptaron la petición revisada y la magistrada dictó la sentencia de manera oral, acordando que se descuenten de la condena los meses ya cumplidos en prisión preventiva por el acusado. Además, ninguna de las partes planea recurrir la decisión, de modo que la sentencia, que será plasmada por escrito en los próximos días, devendrá firme.

Los hechos, según publicó la fuente, se remontan a diciembre de 2024, cuando el hallazgo de un cadáver con claras lesiones en la cabeza puso en marcha la investigación de la Guardia Civil. Los primeros indicios apuntaron a una muerte violenta provocada por el impacto de una piedra, lo que orientó la investigación hacia el entorno personal del fallecido. Poco tiempo después, los agentes detuvieron al sospechoso y fue ingresado en prisión provisional por orden judicial.

Además, el proceso judicial se desarrolló sin la constitución del jurado popular previsto inicialmente, tras alcanzarse el acuerdo entre las partes y el reconocimiento expreso de los hechos por parte del acusado. Según el relato de la Audiencia Provincial, el pacto judicial evitó la celebración del juicio completo y facilitó la resolución mediante el consenso entre Fiscalía, acusación particular y defensa, todo ello bajo la presencia de la magistrada encargada del caso.

Con este procedimiento, el responsable del crimen resultó condenado y la familia de la víctima percibirá la indemnización fijada. Según detalló la información recogida por la Audiencia Provincial, la cercanía entre la víctima y el acusado constituye un factor importante en la reconstrucción de los hechos, enmarcando la agresión en el contexto de una relación personal preexistente.

La sentencia contempla el abono de la compensación económica y la reducción de la condena por la reparación del daño, lo que según el fiscal determina la cualificación de la atenuante. El tiempo pasado en prisión provisional desde diciembre de 2024 será deducido del total de la pena carcelaria, conforme a lo dictado por la autoridad judicial.

Diversos elementos probatorios recabados en la investigación inicial, como las contusiones presentadas por el cuerpo y la ausencia de señales de defensa, sostienen la calificación jurídica de asesinato expuesta por el fiscal. La resolución judicial queda cerrada tras el acuerdo entre todas las partes, condición que contribuye a la firmeza inmediata de la sentencia, según se desprende de los datos aportados por la Audiencia Provincial de Baleares.

El documento oficial señala presuntos privilegios y excesos incompatibles con las normas habituales de reclusión.

Según información obtenida por Noticias RCN, la investigación parte de un informe que documenta la incautación de al menos cinco teléfonos celulares en poder de la empresaria, práctica prohibida en el régimen carcelario.

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Además, el reporte describe el ingreso de un vehículo Mini Cooper de color morado, presentado por la reclusa como un obsequio a su pareja, así como diversas situaciones de conflicto con otras internas y amenazas dirigidas a funcionarios penitenciarios tras operativos de control.

La reacción de la entidad fue inmediata: el organismo dispuso la apertura de una investigación formal que evalúa la posibilidad de trasladar a la empresaria de la Escuela de Carabineros a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. El caso exhibe una tensión persistente entre el trato dado a figuras públicas privadas de la libertad y la aplicación del régimen carcelario ordinario.

El informe reservado también expuso hechos como presuntos tratos preferenciales en visitas, lo que llevó a la administración a considerar sanciones y posibles traslados para evitar que se sienten precedentes de desigualdad en el sistema penitenciario.

El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, se refirió al caso ante la prensa y confirmó que la entidad activó un proceso investigativo dirigido al ministro de Justicia.

“No podemos tener aquí internos privilegiados de ningún sentido, con lujos, con privilegios y demás. Y por eso, a raíz de esas denuncias que sacaron medios de comunicación, ya hicimos un informe dirigido al señor ministro de Justicia, donde también estamos trabajando con la Policía Nacional para poder determinar una decisión frente a esto”, dijo Gutiérrez, director del Inpec.

Voces de respaldo y cuestionamiento a la cobertura mediática

La controversia también movilizó a personas del entorno más cercano de Epa Colombia. Su prometida, Karol Samantha, manifestó abiertamente su respaldo y agradecimiento a quienes apoyan a la empresaria y cuestionó el papel de los medios en el tratamiento del caso.

Desde redes sociales, Karol Samantha expresó: “Gracias por siempre estar aquí, por apoyarnos, por desear lo mejor para Nayrit, por llevarla en sus oraciones y sobre todo por pedir justicia para ella”, dijo Karol Samantha a sus seguidores en redes sociales.

Samantha también criticó a quienes, según ella, priorizan el impacto mediático por encima de la veracidad de los hechos reportados:

“Yo sé que la polémica llama más polémica y que, obviamente, los medios buscan estar pegados de la noticia del momento. Pero mi pregunta es: ¿En dónde queda la conciencia de todas esas personas que transmiten información sin tener la certeza de si es real o no? Amiga, ¿solo por generar vistas? ¿Solo por generar público? ¿Y el daño que le hacen a esa persona dónde queda?”, criticó la pareja de la bogotana.

La intervención de Samantha añadió una dimensión ética al debate público, al pedir que se respete la presunción de inocencia y el derecho a un tratamiento informativo justo mientras avanzan las investigaciones administrativas y penales en el sistema penitenciario colombiano.

“Por otro lado, quiero hacer una invitación a los medios de comunicación. Ustedes sí saben que tienen una responsabilidad supergrande de transmitir información a todo el mundo. Informen y no desinformen más, no desorienten a las personas, no sean un teléfono roto”, concluyó Karol Samantha en la publicación.

Soledad Iparragirre, conocida por su vinculación histórica con ETA y por haber sido una de las voces que, junto a Josu Urrutikoetxea, anunció la disolución de la organización armada en 2018, accede a un régimen penitenciario flexible que le permitirá salir de prisión durante los días laborables a partir del próximo lunes. Esta medida, aprobada por el Departamento de Justicia del Gobierno vasco y confirmada por fuentes de la Consejería a Europa Press, contempla que la exjefa de ETA permanezca en régimen de segundo grado, sin que se le haya concedido el tercer grado penitenciario, pero podrá abandonar el centro penitenciario entre semana al amparo del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, siempre que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ratifique la autorización.

Según consignó Europa Press, la flexibilización concedida a Iparragirre replica la aplicada en febrero al exjefe de la banda Garikoitz Aspiazu Rubina, alias ‘Txeroki’. En ese caso, el interno sale de la prisión de Martutene, en San Sebastián, cada día entre semana, pero debe regresar para dormir y permanece en el centro los fines de semana. En ambos procesos, la Junta de Tratamiento del centro penitenciario propone la medida, que busca favorecer la resocialización de los internos a través del desempeño de actividades laborales o de voluntariado fuera del centro. La legislación vigente exige, para la concesión de este régimen, que el recluso cuente con un plan de ejecución detallando sus actividades externas y que la medida reciba la autorización del tribunal sentenciador.

La aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario supone una flexibilización del régimen para internos que se mantienen en segundo grado, lo que permite adelantar la posibilidad de salir del centro para trabajar o realizar labores formativas, sin que se modifique su calificación penitenciaria. En el caso de Iparragirre, su salida queda supeditada a que el órgano judicial correspondiente le otorgue el visto bueno final a la propuesta impulsada por el Gobierno vasco, detalló Europa Press.

Iparragirre nació en Escoriatza, Guipúzcoa, en 1961 y cuenta con una trayectoria prolongada en la militancia armada. Según informó Europa Press, se integró en ETA en 1981 y participó en los comandos Araba y Madrid durante las décadas de 1980 y 1990. Posteriormente se trasladó a Francia, donde fue arrestada y pasó cerca de dos décadas en prisión antes de ser entregada a las autoridades españolas en 2019. Tras su regreso a España, debía hacer frente a una serie de procedimientos pendientes, con el primero de los doce juicios celebrados en julio de 2020.

Entre las principales sentencias en su contra figura la condena de 122 años de prisión dictada en 2020 por su implicación en el atentado que en diciembre de 1995 costó la vida al comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo. Además, en 2021 aceptó una pena adicional de 15 años por haber planeado un intento de atentado contra el entonces rey Juan Carlos I en el contexto de una visita al Museo Guggenheim en 1997. Europa Press detalló que los cargos contra Iparragirre incluyen también el suministro de explosivos para un ataque a una comisaría de Policía en Oviedo en julio de 1997, así como acusaciones relacionadas con la entrega de armas y la autoría o conspiración en homicidios como el de dos agentes en Vitoria en 1987 y el del cartero Estanislao Galíndez en 1985.

Según publicó Europa Press, la medida penitenciaria que ahora beneficia a Iparragirre tiene como finalidad contribuir al proceso de reinserción social de las personas privadas de libertad. El artículo 100.2 de la normativa penitenciaria fue aplicado previamente a otros internos con antecedentes similares, bajo estrictos requisitos de control y supervisión. El plan de ejecución presentado por cada interno constituye una condición indispensable y debe especificar las tareas que se realizarán fuera del establecimiento penitenciario, así como los horarios de salida y reingreso.

El medio Europa Press señaló que, en el supuesto de que el Tribunal de Vigilancia Penitenciaria deniegue la solicitud, la flexibilización acordada por la Junta de Tratamiento y el Gobierno vasco quedaría automáticamente sin efecto. Esta doble exigencia administrativa y judicial responde a la naturaleza de los delitos juzgados, que requieren la intervención última del tribunal sentenciador en las concesiones que modifican la vida penitenciaria de los condenados.

A lo largo de su recorrido judicial en España, Iparragirre ha enfrentado acciones legales que comprenden desde homicidios dolosos hasta la preparación y suministro de medios para la comisión de atentados. Además de los casos ya mencionados, las acusaciones incluyen la supuesta facilitación de armas para un ataque contra la oficina del Documento Nacional de Identidad en Bilbao en enero de 1995, que dejó un fallecido y un herido de gravedad, según documentación recogida por Europa Press.

Iparragirre asumió un papel destacado en la estructura de ETA, con responsabilidades operativas que la situaron al frente del aparato militar durante varios años. Su vinculación a distintos comandos y su participación en la estructura directiva de la organización le conllevó una de las trayectorias penales más extensas entre los miembros de ETA, con condenas que suman más de 280 años, de acuerdo con los datos facilitados por Europa Press.

El episodio más reciente de su avance en el régimen penitenciario se enmarca en el contexto de otros casos similares autorizados por el Gobierno vasco y supervisados por la Audiencia Nacional. Europa Press ha reportado que este tipo de medidas se integran en la política penitenciaria impulsada tras la transferencia de competencias de prisiones y están orientadas a favorecer itinerarios de reintegración, sin reconocimiento del tercer grado para los presos beneficiados, quienes siguen sujetos a restricciones propias del segundo grado.

Luego de que Noticias RCN denunció que la creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, tenía lujos dentro de la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, en donde cumple con una condena por delitos relacionados con daño en bien ajeno y perturbación del transporte público en Bogotá, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se pronunció.

Durante una atención a medios, el coronel Daniel Gutiérrez confirmó que se ha abierto una investigación para indagar sobre el comportamiento de la influenciadora, que según el informe periodístico tendría teléfonos celulares y hasta un vehículo dentro de las instalaciones de la Policía.

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“Aquí no podemos tener internos o presos de condiciones especiales frente a la comodidad, frente a los lujos, y ese es nuestro trabajo constante desde el Inpec. El año pasado hicimos 25.000 operativos evitando celulares, evitando fiestas, evitando lujos, evitando comodidades excesivas, claro, respetando derechos humanos, respetando la dignidad humana, pero no puede haber aquí estratificación de personas; todos deben cumplir con el régimen penitenciario”, declaró el director del Inpec al respecto.

Abogado analizó las consecuencias que podría recibir Epa Colombia

En diálogo con Infobae Colombia, el jurista Edwin Chaves, profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, analizó lo que podría pasar en caso de que se confirme que Barrera Rojas violó las reglas del centro de reclusión especial y tenía lujos dentro de prisión.

En primer lugar, el experto mencionó qué es lo que suele registrarse cuando se encuentran este tipo de fallas
en los diferentes centros de reclusión del país, sin importar que estén a cargo del Inpec o la Policía Nacional.

“Existe un reglamento disciplinario para los internos. Cuando se presentan situaciones como esta, se debe iniciar un proceso disciplinario con base en las presuntas faltas cometidas, con el fin de establecer lo ocurrido y determinar la sanción correspondiente”.

Chaves también habló de las consecuencias que suelen recibir los condenados que incumplen con los reglamentos y tienen objetos indebidos en sus celdas.

“Lo primero es que la condena no se ve afectada por una falta disciplinaria prevista en el reglamento penitenciario; sin embargo, dependiendo de la gravedad de la falta, la sanción puede ir desde una amonestación hasta la pérdida del derecho a la redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza, que según lo previsto en el Código Penitenciario y Carcelario puede ser de entre 60 y 120 días”.

Cabe recordar que Epa Colombia, tras ser condenada, llegó a un acuerdo de pago con Recaudo Bogotá S.A.S. y Chubb Seguros para reparar económicamente los daños causados en la estación de TransMilenio, lo que ha permitido que su defensa busque una conciliación con Transmilenio y de esa forma se plantee un proceso de justicia restaurativa como alternativa a la prisión.

Al respecto, el docente indicó que, en caso de que se pruebe que la creadora de contenido cometió infraciones como las mencionadas, estos “acuerdos” podrían verse afectados.

“Como se trata de un caso juzgado, no son procedentes preacuerdos y no se extiende la condena por las presuntas infracciones del reglamento penitenciario. No obstante, dependiendo de la gravedad de la falta, sí pueden verse afectados beneficios como la redención de pena. Además, una sanción disciplinaria puede dificultar el acceso a medidas como la libertad condicional, ya que el comportamiento del interno es un factor que se tiene en cuenta”.

El medio citado indicó que la bogotana tuvo acceso a lujos poco habituales para una persona privada de la libertad, como la posesión de cinco teléfonos celulares y la presencia de un vehículo Mini Cooper, que aseguró era de su propiedad. Además, mantuvo música a alto volumen y protagonizó altercados con otras internas y funcionarios penitenciarios.

Un tribunal federal del sur de Florida condenó a Daniel James Riggs, ex entrenador de tenis y nieto de Bobby Riggs, a 20 años de prisión tras declararse culpable de coacción e incitación a menores para participar en actividades sexuales ilícitas.

La jueza federal Melissa Damian impuso la sentencia el jueves, en respuesta a una serie de delitos ocurridos entre 2021 y finales de 2024, cuando Riggs utilizó su posición como entrenador en Fort Lauderdale para abusar sexualmente de dos adolescentes bajo su tutela, según detalló la United States Attorney’s Office for the Southern District of Florida.

De acuerdo con WPLG Local 10, el caso contra Riggs, de 33 años, salió a la luz en septiembre de 2024, cuando una de las víctimas, entonces estudiante en el centro de tenis Team Riggs, presentó una denuncia. La investigación reveló que la conducta criminal inició cuando la primera víctima tenía 15 años y recibía instrucción directa de Riggs en 2020.

Posteriormente, la relación se tornó sexual aproximadamente en octubre de 2021, coincidiendo con viajes nacionales e internacionales motivados por torneos y entrenamientos, donde ocurrieron varios de los episodios de abuso, como señaló la United States Attorney’s Office for the Southern District of Florida en los documentos judiciales.

El tribunal estableció que el acusado empleó múltiples cuentas anónimas en redes sociales como Snapchat para contactar a las víctimas, además de solicitarles la producción y envío de material gráfico de abuso sexual infantil.

La segunda víctima, identificada por los registros de redes sociales, tenía 16 años al momento de los hechos, conforme a la información recabada por la United States Attorney’s Office for the Southern District of Florida y publicada por New York Post.

La resolución judicial obliga a Riggs a registrarse como delincuente sexual al cumplir su condena, además de enfrentar 15 años adicionales de libertad supervisada, según puntualizó Telemundo 51 Miami.

El acusado fue detenido en diciembre de 2024 por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y permanecía, hasta la tarde del martes, bajo custodia en el Centro de Detención Paul Rein en Pompano Beach, conforme consta en los registros difundidos por WPLG Local 10

La notoriedad pública del caso está relacionada, en parte, con la herencia deportiva del principal implicado. Bobby Riggs —abuelo del condenado y figura célebre por su “Batalla de los Sexos” contra Billie Jean King en 1973— fue tres veces campeón de Grand Slam, alcanzó el puesto de número uno mundial y forma parte del Salón Internacional de la Fama del Tenis desde 1967, datos aportados por New York Post.

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones subrayó en un comunicado la gravedad de la traición a la confianza depositada en los entrenadores: “Los niños y los padres confían en los entrenadores para mucho más que la instrucción deportiva. Confían en ellos para la seguridad, la orientación y la formación del carácter”.

Quiñones agregó que “este acusado abusó de esa confianza de la manera más perturbadora imaginable, utilizando su posición para captar y explotar sexualmente a los mismos estudiantes a quienes debía guiar. Veinte años en una prisión federal reflejan la gravedad de esa traición”.

Aseguró además que “el Distrito Sur de Florida seguirá persiguiendo a los depredadores que atacan a menores y se asegurará de que enfrenten todo el peso de la ley”.

Investigación y antecedentes

La investigación estuvo a cargo de la FBI Miami y se enmarcó en el proyecto federal Project Safe Childhood, dedicado a combatir la explotación infantil a nivel nacional desde 2006, según información oficial proporcionada por la United States Attorney’s Office for the Southern District of Florida.

Riggs, de 33 años, utilizó su papel de entrenador en Fort Lauderdale para acercarse a dos menores y perpetuar una situación de abuso sexual en contextos deportivos y durante viajes relacionados con torneos.

Las acciones incluyeron la manipulación digital a través de redes sociales y la producción de material ilícito, lo que derivó en una condena federal de dos décadas de prisión y la obligación de registrarse de por vida como delincuente sexual.

La decisión presidencial de otorgar libertad provisional a 416 personas privadas de la libertad en Túnez amplía significativamente el alcance de las medidas adoptadas con motivo de importantes celebraciones nacionales y religiosas. Según consignó Europa Press, el presidente tunecino, Kais Saied, anunció la excarcelación de 1.473 reclusos, la reducción de condena a otros 835 y la libertad provisional mencionada para 416 internos, en el marco del Eid al Fitr y el 70º aniversario de la independencia nacional.

De acuerdo con la información difundida por la presidencia tunecina y recogida por Europa Press, la liberación de estas personas forma parte de un perdón masivo emitido por el jefe de Estado. El comunicado oficial, compartido a través de perfiles institucionales en redes sociales, atribuye la medida a la celebración del Eid al Fitr, que marca el fin del mes sagrado del Ramadán, así como a los actos conmemorativos de la independencia del país, alcanzada el 20 de marzo de 1956 después de un prolongado periodo bajo dominio francés.

La coincidencia de ambos eventos —la festividad del Eid al Fitr y el aniversario número setenta de la proclamación de independencia— motivó la decisión adoptada por las autoridades. Tal como publicó Europa Press, el presidente Saied declaró que la medida beneficiaría a un total de más de 2.700 personas, integrando tanto los excarcelados como quienes verán reducida su pena o accederán a regímenes de libertad provisional.

El documento oficial no ofrece detalles adicionales sobre los criterios utilizados para determinar a los beneficiarios de la reducción de sentencias y la libertad provisional, ni especifica el periodo por el cual se aplican las medidas a los internos seleccionados. No obstante, la presidencia remarcó la importancia simbólica del perdón presidencial en el contexto de las dos celebraciones, según consignó el medio europeo.

El Eid al Fitr, conocido como Fiesta de Ruptura del Ayuno, representa uno de los momentos más destacados del calendario musulmán y este año tendrá lugar entre la noche del jueves y las primeras horas del viernes. En Túnez, esta festividad adquiere especial relevancia debido a las prácticas religiosas mayoritarias de la población, y su coincidencia con el Día de la Independencia añade un componente adicional de significado colectivo, tal como detalló Europa Press.

Durante la administración de Kais Saied, se han implementado en distintas ocasiones medidas de gracia relacionadas con festividades religiosas, así como conmemoraciones nacionales, según el historial documentado por medios oficiales y citados por Europa Press. La liberación y reducción de penas suele orientarse a optimizar las condiciones dentro del sistema penitenciario y a reconocer contextos de reconciliación social.

La proclamación de independencia de Túnez, el 20 de marzo de 1956, puso fin a varias décadas de control colonial francés y marcó el inicio de una etapa moderna en la historia del país. Europa Press recordó que dicho aniversario figura entre las conmemoraciones de mayor peso en la agenda política y social tunecina.

Con estas acciones, el gobierno busca responder tanto a demandas humanitarias como a tradiciones legales y culturales propias de la nación magrebí. La respuesta institucional a festividades religiosas y eventos nacionales suele incluir gestos de clemencia, siguiendo costumbres compartidas en otros países de mayoría musulmana y en el contexto de fechas patrias relevantes, según ha reportado el medio europeo.

La información oficial difundida por la presidencia no detalla los delitos por los que estaban condenadas las personas beneficiadas, ni precisa si las medidas afectan únicamente a internos que cumplen con determinados requisitos legales o si el indulto es de carácter amplio. Europa Press agregó que la publicación presidencial tampoco especifica el exacto mecanismo de implementación que regirá la excarcelación y reducción de sentencias anunciadas.

La decisión del ejecutivo tunecino recibió difusión previa a la celebración concreta tanto del Eid al Fitr como del aniversario nacional, permitiendo que familiares y allegados de los internos conozcan con antelación la posibilidad de reencuentro durante las fechas señaladas, según la información recogida por Europa Press. El alcance de esta política, limitada a la información oficial remitida, motivó reacciones dentro del ámbito social y político del país, interesadas en su aplicación efectiva y su impacto en el sistema penitenciario.

El gobierno reiteró vía comunicado que la medida busca reafirmar el compromiso del Estado con valores de reconciliación y clemencia, especialmente en el marco de celebraciones religiosas y aniversarios significativos para la identidad nacional.

En una audiencia celebrada en la Plaza número 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, el acusado admitió haber intentado agredir y amenazado de muerte a un agente de la Guardia Civil en Xinzo de Limia, episodio en el cual utilizó una vara de hierro. A raíz del acuerdo alcanzado entre el abogado defensor y el Ministerio Fiscal, la condena se fijó en seis meses de prisión, una cifra notablemente inferior a la pena inicial de un año y nueve meses que había propuesto el fiscal, de acuerdo a lo publicado por diversos medios nacionales.

Según reportó el medio, los hechos se remontan a la tarde del 24 de abril de 2024, cuando, alrededor de las 17:05 horas, el acusado se encontraba en las inmediaciones del cuartel de la Guardia Civil de la localidad ourensana. Los informes judiciales recogidos en el acta del tribunal detallan que el hombre actuó, según el texto, “con ánimo de impedir el legítimo ejercicio de la función policial” y con “desprecio por la integridad física” de los funcionarios presentes.

El relato fiscal, citado por la prensa, indica que el proceso de amenazas incluyó consignas verbales en las que el acusado afirmó que “iba a quemar el pueblo y el cuartel”, y que “iba a pinchar, a clavar un pincho y a matar” a los agentes. La actuación escaló cuando intentó herir a uno de los guardias civiles con una barra metálica de medio centímetro de grosor y terminada en punta. Esta barra fue introducida por uno de los huecos de la valla que delimita el recinto de la comandancia, mientras el acusado profería amenazas explícitas de acabar con la vida del agente. Pese a la violencia de la acción, el funcionario no recibió daño físico directo, señala el informe judicial divulgado por el medio citado.

El acusado intensificó la intimidación al asegurar en repetidas ocasiones al agente implicado que “le quedaban quince minutos cuando saliese del juzgado”, frase que, según los documentos judiciales referidos por la fuente, repitió hasta en dos ocasiones más. Estas expresiones y actos configuraron el delito de atentado a la autoridad por el que ha sido juzgado y sentenciado.

El acuerdo alcanzado entre defensa y Fiscalía implicó una rebaja de la petición inicial de cárcel, fundamentada, en parte, en la admisión de los hechos durante el procedimiento en el tribunal ourensano. La conformidad entre las partes permitió evitar el desarrollo completo de un juicio y formalizar la condena este pasado martes.

A lo largo de los informes recogidos por los medios, se subraya la gravedad de las amenazas y el peligro potencial que supuso la conducta del acusado para la seguridad tanto de los agentes como de las instalaciones policiales. La decisión emitida tras el acuerdo pone fin a un proceso iniciado tras el incidente registrado en la primavera de 2024 a las puertas de la comandancia situada en Xinzo de Limia. Las autoridades competentes han recogido en sus informes que el acusado deberá cumplir la pena establecida de seis meses por el delito de atentado contra un agente de la autoridad.

La postura de las psicólogas forenses se situó en el centro del proceso judicial desarrollado este martes en la Audiencia Provincial de Barcelona. Las profesionales aseguraron que el relato de la víctima, una joven que actualmente tiene 19 años, no presentaba indicios de estar influenciado por factores externos y que era coherente en el tiempo. El juicio abordó las acusaciones por las que la Fiscalía y la acusación particular solicitan una condena de 18 años de prisión para el padre de la víctima por un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años. Tal como consignó la agencia Europa Press, la investigación señala que los hechos habrían ocurrido de manera reiterada entre 2014 y 2019, en el contexto familiar, y fueron denunciados en 2019 por la madre de la menor.

De acuerdo con Europa Press, la joven declaró en la vista oral que los abusos comenzaron cuando tenía siete u ocho años y se extendieron hasta los doce. Narró que el acusado, su padre, la desvestía, que ingresaba al baño cuando ella se duchaba y que la obligaba a tocarlo, llegando a exigirle prácticas sexuales bajo amenazas. “Cállate o te mataré a ti o a tu familia”, recordó la víctima durante su testimonio. El relato incluyó la progresión de la gravedad de los abusos, desde tocamientos hasta agresiones de mayor intensidad, que se mantuvieron en secreto hasta que la menor decidió comunicárselo a una profesora cuando tenía 12 años.

La reacción del entorno educativo resultó fundamental para activar la investigación. La profesora, quien compareció como testigo, explicó ante el tribunal que durante una excursión percibió un comportamiento inusual en la alumna. Observó que la niña se mostraba apartada del grupo, llorando, y que, tras insistirle, la menor confesó que estaba siendo víctima de abusos. La testigo detalló que tomó nota de todo lo dicho por la niña y presentó la información ante los Mossos d’Esquadra, donde la víctima posteriormente ratificó el contenido del escrito. Según publicó Europa Press, la profesora relató que la menor mostraba signos de aislamiento y tristeza, y sufría especialmente en los días en que le correspondía estar con el padre.

La madre de la víctima también intervino en la causa y relató ante la Audiencia que conoció los hechos porque fue llamada por el colegio para tratar una situación urgente. La niña, tras ser consultada directamente, le explicó que su padre la tocaba “por todo el cuerpo”. Europa Press indicó que la mujer interpuso la denuncia en 2019 y expresó que, desde 2017, comenzó a temer por la seguridad de sus hijos, en particular por problemas de alcohol y drogas del acusado. Explicó que la separación se retrasó debido a la falta de recursos y que hasta entonces no había sospechado lo ocurrido.

El acusado rebatió todas las acusaciones durante la sesión judicial. Negó haber desnudado a la menor o haber realizado tocamientos o amenazas. “Me lo intento explicar desde hace 7 años y no encuentro respuesta”, afirmó ante el tribunal, según reportó Europa Press. Justificó posibles cambios de actitud de su hija por la separación de la madre y aseguró que la joven mostraba distancia hacia él desde entonces. En su turno de última palabra, repitió que no entiende el motivo de la acusación.

La prueba pericial se convirtió en un elemento clave del debate judicial. Las psicólogas que evaluaron a la víctima subrayaron que el hecho de que la joven, a pesar de no querer ver a su padre, le enviara una postal por el Día del Padre tras la denuncia o manifestara que no deseaba que él fuera a la cárcel no resultaba contradictorio. En su criterio, respondía a que el progenitor funcionaba como figura de referencia afectiva para la menor. Por su parte, el perito aportado por la defensa sostuvo que, a partir de los nueve años, los niños son capaces de discernir si han sido dañados y que en este caso existía “una influencia terrible externa”, aludiendo a que la joven podría haberse sugestionado como efecto de las preguntas realizadas por la profesora y la madre.

Sobre el aspecto penal, la Fiscalía presentó una petición detallada, según consignó Europa Press. Además de la condena a 18 años de prisión, requirió para el acusado ocho años en régimen de libertad vigilada, la privación de la patria potestad y la inhabilitación durante cuatro años más de los que dure la pena de cárcel para desempeñar cualquier función relacionada con menores. También propuso la imposición de una orden de alejamiento de mil metros respecto a la hija durante diez años posteriores a su salida de prisión y una indemnización de veinte mil euros por daños morales. “No podemos olvidar que un padre es la persona que te tiene que proteger y que te tiene que cuidar”, argumentó la acusación citada por Europa Press.

En contraste, la defensa mantuvo que el testimonio de la menor estaba “sugestionado o contaminado”, por lo que solicitó la absolución. Además, planteó que, en caso de condena, el tribunal contemple la atenuante de dilaciones indebidas debido a la duración del proceso judicial.

Europa Press detalló que la decisión judicial queda ahora pendiente de las deliberaciones del tribunal, tras un proceso donde las partes enfrentaron visiones opuestas sobre la credibilidad del testimonio de la víctima, el contexto familiar y los informes periciales que acompañaron el caso.

Gerson Cuadra Soto, conocido como “El Fantasma”, negó haber confesado ante autoridades de Estados Unidos su participación en el asesinato de Said Lobo Bonilla, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, y rechazó haber implicado en el crimen al también exmandatario Juan Orlando Hernández.

En su mensaje, Cuadra Soto afirmó que las versiones sobre una supuesta confesión carecen de fundamento. Ante las cámaras, sostuvo que nunca proporcionó a fuerzas federales estadounidenses declaraciones incriminatorias ni señaló a Hernández o a cualquier otra persona como responsable intelectual del asesinato.

El caso permanece bajo la observación de autoridades hondureñas y de agencias de Estados Unidos, dado que la víctima, Said Lobo Bonilla, tenía nacionalidad estadounidense, hecho que condiciona la atención internacional y explica la participación federal en la investigación, como relató el propio Lobo Sosa.

En el video difundido, Cuadra Soto se identifica: “Mi nombre es Gerson Cuadra, estoy haciendo este video desde una cárcel en los Estados Unidos. Hago este video tomando en cuenta que ya me hicieron famoso, pero no de la forma que me hubiera gustado”.

La grabación responde a afirmaciones públicas y mediáticas, especialmente después de la declaración de Porfirio Lobo Sosa, quien asegura que agentes federales estadounidenses le informaron sobre la supuesta confesión del detenido.

Cuadra Soto sostiene que no ofreció ninguna declaración a las autoridades estadounidenses donde admitiera el crimen o implicara a terceros. Dijo de manera tajante: “Nunca confesé el asesinato de Said Lobo ni mencioné al expresidente Juan Orlando Hernández como responsable”.

La implicación de Hernández como autor intelectual también fue rechazada directamente en su mensaje grabado: “En ningún momento he declarado ni he mencionado al expresidente Juan Orlando diciendo que me ha pagado por hacer tal hecho. Todo eso es mentira”.

El hombre, señalado por las autoridades de Estados Unidos como presunto integrante de MS-13, negó haber colaborado con el Federal Bureau of Investigation (FBI). Sobre esto, replicó: “Con seguridad digo que eso es una gran y total mentira”, negando la colaboración señalada por ex mandatario.

De acuerdo con su testimonio, Soto indica que solo mantuvo contacto con agentes del FBI al momento de su captura, cuando le comunicaron los cargos y le leyeron sus derechos. Explicó en el video: “La única vez que agentes del FBI vinieron a mí fue cuando me detuvieron y lo hicieron para decirme las razones por las cuales me detienen”. Posteriormente, fue entregado al United States Marshals Service y, más tarde, a la prisión federal donde permanece recluido.

Sobre la hipótesis de que funcionarios estadounidenses viajen a Honduras para dar información inexacta, Cuadra Soto expresó su escepticismo: “No creo que agentes del FBI, de una agencia tan importante, viajen a Honduras a decir mentiras de esa magnitud”. Explicó que decidió grabar el video porque: “Lo que me queda es Dios y mi familia, y eso me basta porque es lo más importante al final”. Esta declaración busca distanciarlo de las acusaciones difundidas tanto en medios hondureños como en las declaraciones públicas de los exmandatarios.

Cuadra Soto se mostró sorprendido por haber terminado involucrado en el enfrentamiento entre Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández. En cámara, manifestó: “No sé en qué momento terminé en medio de la guerra de estos dos grandes personajes. ¿Quién soy yo para que me mencionen?”. Su intervención se suma al clima de tensión política y mediática, alimentado por el asesinato que sacudió a Honduras en 2022 y que sigue generando debate nacional.

El exmandatario Lobo Sosa señaló que recibió la visita de agentes federales estadounidenses, quienes, según su versión, le comunicaron la captura de Cuadra Soto y una supuesta confesión en la que se atribuía la autoría intelectual del crimen a Juan Orlando Hernández. Agregó: “Me dijeron que el señor Gerson Cuadra Soto declaró que era una orden de Juan Orlando Hernández”.

En palabras de Porfirio Lobo Sosa: “Mi hijo era un ciudadano americano y lógicamente es de interés de ellos”, aludiendo así al papel de las agencias estadounidenses en el esclarecimiento del asesinato. Mientras tanto, la Fiscalía hondureña, encabezada por Johel Zelaya, mantiene abierta la investigación con colaboración de autoridades de Estados Unidos.

Una pareja de Carolina del Sur fue condenada a penas de prisión tras ejecutar un plan de acoso y extorsión que, según la fiscalía federal, llevó al suicidio a un empleado de Chick-fil-A con discapacidad intelectual.

La justicia federal les impuso sentencias y ello generó conmoción entre familiares y amigos de la víctima, además de abrir un debate sobre la protección jurídica de personas vulnerables.

Los condenados deberán pagar USD 26.700 de indemnización y enfrentar supervisión tras dejar la prisión

Además de las condenas de 3 años y 5 meses para Trysten Anthony Cullon y 2 años y 3 meses para Jade Ashlynn Stone, ambos de 27 años, el tribunal federal de distrito estableció la obligación de cumplir tres años bajo libertad supervisada al finalizar la prisión, así como abonar USD 26.700 en concepto de restitución.

Según consignó el medio Daily Mail, el fallo emitido el 14 de marzo de 2026 estuvo a cargo del juez federal Max O. Cogburn Jr. Cullon y Stone admitieron haber tramado el plan en septiembre de 2024, aprovechando la confianza de Christopher John Tsoulos, de 37 años, quien tenía discapacidad intelectual y trabajaba de anfitrión en el local de Chick-fil-A, en Charlotte, Carolina del Norte.

El incidente desencadenante ocurrió el 5 de septiembre, cuando Cullon ingresó al restaurante y solicitó el teléfono móvil de Tsoulos “por un acto de bondad” del empleado, relataron los familiares y la fiscalía federal a Daily Mail.

Al obtener acceso al aparato, la pareja intentó intervenir las cuentas bancarias y aplicaciones de pago de Tsoulos, como Cash App y PayPal, pero ante la imposibilidad de apropiarse del dinero directamente recurrieron al acoso virtual.

Descargaron su lista de contactos y procedieron a enviar mensajes amenazantes a familiares, en los que acusaban falsamente a Tsoulos de conducta sexual inapropiada y advertían que revelarían la calumnia a la empresa si no recibían dinero.

Fiscales y la familia sostienen que estas amenazas devastaron el ánimo de Tsoulos, quien terminó quitándose la vida el 8 de septiembre, bajo la creencia infundada de que perdería el empleo o sería encarcelado.

A lo largo de la investigación, la fiscalía federal presentó ante el tribunal mensajes donde los extorsionadores reclamaban USD 300 a cambio de no difundir falsas acusaciones, sumando transferencias desde las cuentas de la víctima que rotulaban como alquiler, gasolina y pago de automóvil.

El padre de Tsoulos, Michael Tsoulos, expresó en su declaración que su hijo no podía comprender la falsedad de los ataques, dada su discapacidad, y dependía de su familia para tareas cotidianas como la gestión económica. La madre, Patricia Buckingham, contó durante la audiencia que el joven aguardaba con ilusión un viaje familiar a Grecia y era aficionado a los entrenamientos de béisbol, situaciones que ilustran su carácter infantil y bondadoso.

Un acoso de tres días tuvo consecuencias irreversibles para la víctima

La campaña de hostigamiento y falsas imputaciones, que duró apenas del 5 al 8 de septiembre de 2024, resultó letal para Tsoulos.

Los mensajes enviados a su madre y hermano lo acusaban de acoso y consumo de prostitución, denuncias que la familia le mostró para advertirle del chantaje y que devastaron su capacidad de discernimiento.

El fallecimiento de Tsoulos, producto de un disparo en el porche de su vivienda, fue descubierto por su padre a la mañana siguiente. El juez Cogburn describió la agresión como “especialmente grave por haber conducido a la víctima al suicidio”.

Durante la audiencia, ambos condenados leyeron cartas de disculpa, mientras la familia del fallecido recordó la personalidad generosa de Christopher, quien también había trabajado en el restaurante familiar John’s Family Restaurant y era valorado por su trato afectuoso con clientes. Su necrológica lo describió como “una luz brillante en la vida de todos los que lo conocieron”, destacó Daily Mail.

La sala estuvo repleta de más de sesenta amigos y parientes, según consignó el medio Charlotte Observer. Algunos asistentes debieron quedarse fuera por falta de espacio. El padre de la víctima agradeció en redes sociales el apoyo y el reconocimiento del tribunal al daño causado, señalando que “la justicia fue servida en parte“.

El fiscal federal Russ Ferguson condenó la acción de la pareja y afirmó: “Cullon y Stone recurrieron a explotar a los más vulnerables para alimentar su adicción a las drogas“.

El agente especial Reid Davis, del FBI, sumó: ”Esta pareja atormentó deliberadamente a un joven con una discapacidad intelectual por beneficio personal“.

Las condenas contrastan con el máximo legal de 45 años y ponen el foco en la protección judicial de personas con discapacidad intelectual

De acuerdo con Daily Mail, Cullon y Stone enfrentaban inicialmente hasta 45 años de prisión por cargos de conspiración para fraude electrónico, extorsión y acoso cibernético. La declaración de culpabilidad por conspirar para cometer ciberacoso redujo el castigo a los 3 años y 5 meses para Cullon y 2 años y 3 meses para Stone.

Christopher John Tsoulos, de 37 años, era un hombre con discapacidad intelectual severa. Trabajaba como anfitrión en un restaurante de Chick-fil-A en Charlotte, dependía de la asistencia familiar para sus actividades cotidianas y era recordado por su amabilidad.

El acoso y la extorsión digitados por Cullon y Stone entre el 5 y el 8 de septiembre de 2024 causaron su suicidio. La sentencia incluye prisión, libertad supervisada y el pago conjunto de USD 26.700 en indemnización, aunque los acusados enfrentaron cargos con penas mucho más graves.

Daily Mail destaca que el caso dejó en evidencia la vulnerabilidad estructural de personas con discapacidad intelectual frente a esquemas de acoso y chantaje, y demostró la respuesta judicial ante delitos cuyo resultado es irreversible.

Entre los objetos recuperados se encontraban varias pertenencias que habían sido denunciadas como robadas y que el sospechoso aún tenía consigo al momento de ser identificado, según consignó Europa Press. El hombre fue arrestado por la Policía Nacional en Salamanca tras un operativo en el que los agentes ubicaron múltiples pruebas que lo relacionaban con un robo perpetrado en el almacén de un restaurante.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, los hechos sucedieron el domingo 8 de marzo alrededor del mediodía. El individuo forzó la entrada al almacén, fracturando un cristal de la puerta para acceder a las taquillas del personal. En el lugar sustrajo una mochila, documentos de identidad, varias carteras, tarjetas bancarias, llaves, distintas prendas de vestir, un reloj, un teléfono móvil y la suma de 300 euros en efectivo.

Tras la comisión del delito, el detenido dejó en el sitio una bandolera que portaba sustancias estupefacientes, documentación judicial y su propia identificación, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional y recogida por Europa Press. La situación fue advertida inicialmente por un empleado del restaurante, que observó que uno de los cristales de acceso al almacén estaba roto. Además, se percató de la presencia de una bandolera que no correspondía a ninguno de los empleados habituales del establecimiento.

A través de la investigación, los funcionarios de la Policía Nacional revisaron los objetos hallados en el almacén. En el interior de la bandolera abandonada encontraron tanto la documentación personal del presunto autor como papeles vinculados a procesos judiciales, lo que facilitó su identificación. Los informes recopilados por Europa Press detallan que la policía vinculó de inmediato la documentación al sospechoso y activó una búsqueda para dar con su paradero.

El jueves 12 de marzo, agentes en servicio localizaron al hombre en la calle Linares de Salamanca. Al proceder a su identificación, los policías comprobaron que portaba consigo efectos personales, algunos de los cuales correspondían a los objetos denunciados como robados en el incidente del almacén del restaurante ocurrido días antes. Entre los artículos recuperados figuran diversos objetos personales y documentos pertenecientes a las víctimas.

Tras la intervención, los agentes de la Policía Nacional detuvieron al sospechoso y aseguraron los bienes sustraídos. Los objetos incautados fueron devueltos posteriormente a sus propietarios, según informó Europa Press. El individuo fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de diligencias y para completar todos los trámites documentales requeridos.

Cuando concluyeron las actuaciones policiales, el arrestado fue puesto a disposición judicial. El juez de guardia estudió la información policial y, ante la evidencia recabada, decretó el ingreso en prisión del hombre por el robo con fuerza, la tenencia de sustancias prohibidas y por la documentación judicial hallada junto a su identificación en el escenario del delito. Las autoridades destacaron la importancia de la colaboración entre los empleados del restaurante y la intervención policial para resolver el caso y proceder a la restitución de los objetos robados.

En los 80 y 90, esta estructura criminal protagonizó una guerra con Pablo Escobar, tomó el control de las rutas del narcotráfico tras la caída del antioqueño y hasta intervinieron en las elecciones presidenciales de 1994 en Colombia, lo que los convirtió en criminales buscados internacionalmente.

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Los hermanos terminaron capturados y extraditados a Estados Unidos, y es poco lo que se conoce sobre la actualidad de Miguel Rodríguez Orejuela, único sobreviviente de los fundadores del Cartel de Cali, por lo que ha sido sorpresa que su sobrino decidiera hablar sobre el estado de salud del capo.

Esto se registró en la cuenta de Instagram de Fernando Mondragón, hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela, que le respondió una pregunta a uno de sus seguidores en la red social mencionada.

¿Cómo está la salud de Miguel Rodríguez Orejuela?

El hijo de “El ajedrecista”, que es como se le conocía en el mundo criminal a Gilberto Rodríguez Orejuela, indicó que su tío entiende que su tiempo en este plano terrenal está por terminar.

“Tras la muerte de mi padre, Gilberto Rodríguez Orejuela, en mayo de 2022 en una prisión de Carolina del Norte, mi tío Miguel ha quedado como el último de los fundadores del Cartel de Cali que aún permanece en una celda de los Estados Unidos. A sus más de 80 años, el tiempo se agota”.

Fernando Mondrágón indicó que el capo debe cumplir con al menos tres años más de condena, pero un médico le ha indicado que su esperanza de vida podría ser de menos de 365 días.

“Miguel cumple su condena en una prisión federal en Illinois, donde le restan aproximadamente tres años de sentencia. Sin embargo, su estado de salud es crítico; padece un cáncer de próstata avanzado y, según los diagnósticos médicos más recientes, su esperanza de vida es menor a un año”.

Mondragón reveló que los hijos del capo han pagado tratamientos privados para hacer que siga con vida, mientras siguen solicitando que le permitan salir de prisión y pasar los últimos días de su vida junto a sus allegados.

“A lo largo de su reclusión, se han intentado diversas vías legales y humanitarias. Desde la solicitud formal para ser gestor de paz en Colombia, hasta peticiones de clemencia y liberación compasiva que fueron rechazadas bajo la administración de Donald Trump. Hoy, sus hijos y abogados luchan contra el reloj, pagando oncólogos particulares para certificar la gravedad de su estado y buscar, por razones humanitarias, que sus últimos días no transcurran tras las rejas”.

Así fue la caída de ‘El Señor’

Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los líderes del Cartel de Cali, fue capturado el 6 de agosto de 1995 en Cali, durante un operativo de la Policía Nacional de Colombia. Las autoridades lograron ubicarlo en un apartamento tras meses de seguimientos e inteligencia, en el marco de una ofensiva contra el narcotráfico en el país.

Tras su arresto, Rodríguez Orejuela fue condenado por narcotráfico y otros delitos en Colombia. En marzo de 2005, fue extraditado a Estados Unidos junto a su hermano Gilberto, luego de que el gobierno colombiano aprobara su entrega a la justicia estadounidense.

En Estados Unidos enfrentó cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero y conspiración. La extradición marcó el fin de su influencia directa en el narcotráfico colombiano y representó uno de los golpes más significativos contra las estructuras criminales del país durante esa década.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid incluyó la absolución de tres personas tras analizar su implicación en la violenta noche ocurrida en la discoteca Pura Vida, situada en Arganda del Rey, además de la imposición de dos penas de prisión a otros dos acusados, según informó Europa Press. Esta decisión llega luego de los hechos registrados la madrugada del 15 de enero de 2022, cuando una riña dentro del local desembocó en graves heridas para varias personas y culminó en el atropello intencionado de un hombre.

El tribunal madrileño impuso una condena de seis años de cárcel a un implicado, responsabilizándolo de tentativa de homicidio por arrollar con su vehículo a uno de los asistentes tras la pelea multitudinaria. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, también se estableció una pena de dos años de prisión para otro acusado, este último hallado culpable de un delito de lesiones al haber golpeado a una de las víctimas con una botella en la cabeza. Esta agresión provocó la caída del afectado en el interior del recinto.

Europa Press detalló que, tras el golpe con la botella, el autor del ataque inicial abandonó la discoteca precipitadamente, siendo perseguido por varias personas que se encontraban en el lugar. El agresor fue alcanzado en la calle, donde uno de los presentes le propinó una bofetada que le ocasionó la perforación de un tímpano. Las personas que lo seguían lograron retenerlo en el suelo para evitar su fuga antes de que ingresara en el vehículo de uno de los acusados.

En ese momento, un segundo acusado llegó al lugar conduciendo un automóvil BMW, aproximándose al grupo con movimientos que pusieron en riesgo la integridad de quienes estaban en la vía pública. Finalmente, el conductor embistió a uno de los hombres, causándole heridas severas. Según los detalles consignados por Europa Press, las lesiones incluyeron traumatismo craneoencefálico, fracturas en varias vértebras y múltiples costillas rotas.

La sentencia recogida por Europa Press consideró que la maniobra con el vehículo constituyó un intento claro de acabar con la vida del atropellado, agravando las consecuencias de la reyerta inicial. Al mismo tiempo, el tribunal determinó que el uso de una botella para golpear a una persona en la cabeza reviste la gravedad necesaria para ser calificado como un delito de lesiones con instrumento peligroso.

Por otra parte, los jueces determinaron que no existían pruebas suficientes para condenar a otros tres involucrados, quienes habían comparecido como acusados en el proceso. Europa Press indicó que estos individuos fueron absueltos de todos los cargos.

La resolución judicial refleja la valoración de los acontecimientos ocurridos en un ambiente de tensión y violencia, destacando cómo una discusión en el interior del local derivó en una secuencia de intervenciones violentas y en un atropello en las inmediaciones del establecimiento.

En el análisis de los hechos, Europa Press subrayó la cronología de los sucesos: primero, el enfrentamiento verbal entre dos personas en la barra de la discoteca; seguidamente, la agresión por la espalda con una botella; la huida del agresor y su posterior persecución; el ataque físico fuera del local que provocó una lesión auditiva permanente; y finalmente, el arrollamiento con el vehículo, que produjo daños corporales de gravedad en una de las víctimas.

El fallo de la Audiencia Provincial de Madrid describe que las penas varían de acuerdo a la implicación directa de cada encausado y la intensidad del daño generado. En el caso del conductor que provocó el atropello, el tribunal consideró la intencionalidad y la potencialidad letal de su actuar al abordar repetidamente al grupo con el vehículo antes de arrollar a la víctima.

Las consecuencias médicas para el hombre atropellado fueron extensas. Según recogió Europa Press, sufrió heridas que requirieron atención hospitalaria urgente, con secuelas permanentes relacionadas con las fracturas vertebrales y costales, así como daños neurológicos derivados del traumatismo cráneo-encefálico.

La sentencia concreta, puesta a disposición de Europa Press, subraya la importancia de analizar en detalle el contexto de los hechos, la secuencia de las acciones y el instrumento utilizado en cada agresión, lo que condujo a las diferentes condenas para los acusados y la absolución para el resto. El tribunal observó que la violencia desencadenada en aquel momento alcanzó un nivel que motivó respuestas penales diferenciadas, según las pruebas presentadas durante el juicio.

La petición del Ministerio Fiscal incluye una indemnización de 8.000 euros a favor de la adolescente, junto con otras restricciones que buscan limitar el contacto del acusado con menores de edad. Según consignó Europa Press, la Fiscalía solicita que R.M.S., de 21 años al momento de los hechos, afronte una pena de 10 años y un día de prisión, además de otras medidas, tras haber mantenido relaciones sexuales con una menor de 15 años en Toledo. El juicio tendrá lugar ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo el miércoles 18 de marzo.

De acuerdo con el escrito de acusación al que accedió Europa Press, los hechos se remontan a finales de noviembre de 2020, cuando R.M.S. inició una relación sentimental con A., sabiendo de antemano que ella tenía 15 años. El documento del Ministerio Fiscal indica que entre diciembre de 2020 y el 16 de enero de 2021, el procesado mantuvo en repetidas ocasiones relaciones sexuales con penetración con la menor, plenamente consciente de su edad. Tal como detalló Europa Press, estos encuentros ocurrieron en el domicilio de la madre del acusado.

En su solicitud, el Ministerio Fiscal sostiene que R.M.S. actuó con el objetivo de satisfacer deseos sexuales, destacando que nunca perdió conocimiento de la edad de la menor durante la relación. Esta circunstancia agrava la valoración de los hechos, encuadrándose la conducta dentro del delito de abuso sexual a menor de 16 años.

Europa Press reportó que la Fiscalía no solo impulsa la condena de privación de libertad, sino que demanda una serie de restricciones adicionales. Entre ellas figura la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima durante 15 años. Además, el acusado quedaría sujeto a libertad vigilada durante cinco años una vez cumplida la pena de prisión, según publicó el citado medio.

Otra de las condiciones relevantes incluidas en la petición fiscal es la inhabilitación por un periodo de tres años para el ejercicio de cualquier profesión u oficio, remunerado o no, que implique contacto regular y directo con menores. El propósito de esta medida, según explica la documentación recogida por Europa Press, reside en la protección de otros menores de situaciones similares.

Dentro de las consecuencias civiles por este proceso judicial, la Fiscalía reclama una compensación económica de 8.000 euros para la menor, a fin de resarcir los daños y perjuicios derivados de los hechos expuestos. La exigencia de esta indemnización figura entre las conclusiones del escrito de acusación, de acuerdo con los detalles informados por Europa Press.

La apertura del proceso judicial contra R.M.S. se presenta como uno de los casos recientes juzgados por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo enfocados en la protección de menores y la respuesta legal frente a delitos sexuales. El desarrollo de la causa queda asociado tanto a los hechos recogidos en el escrito fiscal como al marco legal vigente para este tipo de delitos en España.

El procedimiento judicial está programado para celebrarse el próximo miércoles, y contempla la exposición de las pruebas y testimonios relacionados con la relación entre R.M.S. y la menor. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el proceso será clave para determinar la posible imposición de las restricciones y sanciones solicitadas, así como la reparación a la víctima.

Durante la presentación de 'La mujer de la fila' en el Festival de Málaga, la activista argentina Andrea Casamento subrayó que más allá de la historia personal que inspiró la película, la situación de acompañar a un familiar en prisión afecta a millones de mujeres en el mundo. Según detalló el medio que cubrió el evento, Casamento resaltó que su testimonio es solo un caso en una realidad mucho más amplia, en la que tantas otras personas comparten vivencias similares ante el impacto familiar de la privación de libertad.

De acuerdo con lo comunicado por el Festival de Málaga este viernes, el cineasta Benjamín Ávila presentó 'La mujer de la fila' como una de las competidoras en la sección oficial de la 29ª edición del certamen. El director argentino ha construido la trama a partir del caso real de Andrea Casamento. En el largometraje, la protagonista debe enfrentar la prisión de su hijo y realizar su primer ingreso a la cárcel para poder verlo, encontrando en ese entorno a un grupo de mujeres conocidas como “las mujeres de la fila”, quienes primero se muestran distantes, pero después terminan brindándole su apoyo y fortaleza para afrontar la situación.

En la rueda de prensa celebrada en el Cine Albéniz de Málaga estuvieron presentes Benjamín Ávila, la actriz protagonista Natalia Oreiro, la propia Andrea Casamento y los productores de la película. Según publicó el medio, Ávila explicó que 'La mujer de la fila' expone las consecuencias del encarcelamiento, no solo sobre los reclusos, sino en especial sobre las madres expuestas al peso económico, emocional y espiritual de la situación. Además, el director señaló que estas mujeres suelen experimentar el estigma social añadido que implica su vínculo con personas privadas de libertad. “Cuando alguien está preso, la familia también está presa”, citó Ávila, recogiendo palabras de uno de los personajes de la película.

El guion se fundamenta en las experiencias de Casamento, quien enfatizó durante el evento que la película aspira a ser una herramienta que permita abrir el diálogo sobre la realidad de quienes acompañan a personas detenidas, no solo durante diez años sino a largo plazo. Para Casamento, el hecho de que la película sea su historia es secundario, porque representa la voz de muchas otras mujeres, según consignó el medio. La activista pidió desde el inicio a la actriz Natalia Oreiro que la película transmitiera un mensaje de esperanza; “es atrevernos a mirar, a entregar el corazón, a ver al otro”, declaró Casamento durante la presentación.

Natalia Oreiro contó que Benjamín Ávila le entregó una charla TED de Andrea Casamento señalando el potencial cinematográfico del testimonio. Según relató la actriz, grabar con las auténticas “mujeres de la fila” fue una de las experiencias más auténticas de su carrera. Oreiro explicó que su preparación incluyó convivir y conversar directamente con varias mujeres que atravesaron por situaciones semejantes al personaje que interpreta. Manifestó que durante ese proceso escuchó temores profundos, como la preocupación constante de que algo grave pudiera sucederle a sus seres queridos dentro del penal.

El film ha sido señalado, según informó el medio, como un reflejo de la carga adicional que soportan las madres de los reclusos, quienes se convierten en el principal sostén emocional y económico de quienes cumplen condena. Además de abordar las visitas a la cárcel desde la perspectiva de quienes asisten, la película plantea el doble encierro que implica tanto para quien permanece dentro de la institución penitenciaria como para su entorno familiar.

La propuesta de 'La mujer de la fila' también se enmarca, tal como reportó el medio presente en el Festival de Málaga, en la búsqueda de crear conciencia sobre los efectos sociales menos visibles del encarcelamiento. La explicación que ofreció Casamento en la rueda de prensa refuerza el objetivo de la película de funcionar como una plataforma para debatir abiertamente una problemática habitual en Argentina y otros contextos, cuya magnitud tiende a quedar fuera del foco de atención pública.

Como parte del elenco y equipo de producción, el encuentro sirvió para compartir tanto las dificultades como las emociones vividas durante el proceso de realización de la película. Oreiro concluyó su intervención destacando la importancia de escuchar y visibilizar a las mujeres que deben convivir con el miedo, la incertidumbre y la presión social debido a la situación penal de un familiar cercano, según indicó el medio en su cobertura.

'La mujer de la fila' continúa en competencia dentro del Festival de Málaga y ha generado interés por su abordaje de una temática social desde la óptica de las familias afectadas, en especial las madres, los vínculos que se crean en la fila de espera de la cárcel y las estrategias de resiliencia ante circunstancias adversas, según reportó el medio.

El tribunal de jurado aceptó las argumentaciones de la Fiscalía y de los representantes de la familia de la víctima, considerando que existieron tanto asesinato como violencia de género en la muerte de Paula, la joven fallecida en Torremolinos (Málaga) en 2023, tras las declaraciones del acusado y de las partes. Según informó Europa Press, la decisión fue comunicada tras la lectura del veredicto, en el cual por unanimidad se halló responsable al acusado de ambos delitos.

Tal como detalla Europa Press, el proceso judicial tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Málaga e incluyó el testimonio del imputado, quien reconoció su implicación en los hechos durante la comparecencia. En su declaración, el hombre expresó que los hechos ocurrieron durante una pelea, sosteniendo que la víctima tenía el arma en todo momento y que el resultado fatal se debió a un forcejeo. Asimismo, reconoció la existencia de una relación conflictiva, calificada por él mismo como "tóxica", pero rechazó las acusaciones de maltrato habitual.

La resolución del jurado adoptó como válidas las tesis expuestas tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular, liderada por el abogado Guillermo Smerdou. Ambas partes, según publicó Europa Press, solicitaron inicialmente una pena de 28 años de prisión para el acusado. Dichas peticiones se sustentaron en la calificación de los hechos como asesinato y en la existencia de malos tratos continuados en el contexto de violencia de género. De acuerdo con el relato presentado ante el tribunal, Paula murió tras recibir dieciséis puñaladas.

Por su parte, la defensa del acusado mantuvo en todo momento que se trató de un homicidio y negó la existencia de episodios reiterados de violencia durante la relación sentimental. El alegato exculpatorio del procesado no fue respaldado por el jurado, el cual optó por atribuirle la máxima responsabilidad penal contemplada para este tipo de crímenes.

Europa Press consignó que la votación del jurado, compuesta por ciudadanos elegidos para participar en el juicio, resultó unánime en la culpabilidad del acusado en ambos delitos: asesinato y maltrato habitual. El Tribunal acogió plenamente las pruebas y los argumentos presentados tanto por la Fiscalía como por la acusación particular, que representaba a la familia de la joven.

Durante la vista oral, celebrada desde el lunes anterior al veredicto, se sometió a análisis tanto la conducta concreta que derivó en la muerte violenta de Paula como los posibles antecedentes de malos tratos previos al homicidio. Además, las versiones de las partes ofrecieron contextos diferenciados respecto a la dinámica de la relación y a los hechos ocurridos la noche del crimen.

El caso generó especial atención debido a la gravedad de los hechos y a la forma en que, según los informes del juicio publicados por Europa Press, se habría producido el ataque mortal con arma blanca y la presunta situación de violencia sistemática en el entorno doméstico. La lectura del veredicto da paso ahora a la fase en la que se determinará la condena que deberá cumplir el acusado, quien afronta la posibilidad de una larga pena privativa de libertad, tal como reclamaban las partes acusadoras.

El hombre juzgado permanecerá en prisión hasta que el Tribunal dicte la sentencia definitiva, resolviendo sobre el tiempo exacto que deberá cumplir en función de la suma de los delitos tipificados en el veredicto. Según el medio Europa Press, la resolución refleja la importancia dada por los tribunales a la lucha contra la violencia de género y al castigo de los crímenes cometidos por motivos de dominación o discriminación por razón de género.

El procedimiento judicial continuará con la comunicación oficial de la condena y con los recursos que pudieran presentarse ante instancias superiores, de acuerdo con los plazos legales y tras la notificación a las partes implicadas.

Sin que se haya probado que existiera penetración, la sentencia recoge que el camarero habría actuado valiéndose del estado de embriaguez de la víctima para realizar actos de carácter sexual mientras la joven dormía en el sofá, agotada tras ingerir bebidas alcohólicas durante la noche. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ratificó en los últimos días la sanción impuesta por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que había condenado a dos años de prisión al trabajador y le impuso una indemnización de 2.000 euros dirigida a reparar los daños y perjuicios derivados de los hechos.

Según detalló Europa Press a partir de los documentos del TSJC, los hechos ocurrieron la madrugada del 23 de octubre de 2023 en un establecimiento del Centro Comercial San Telmo, en la localidad tinerfeña de Los Cristianos. De acuerdo con el relato judicial, la víctima, quien se encontraba acompañada por una amiga, había estado consumiendo bebidas alcohólicas dentro del local, donde el acusado ejercía labores de camarero.

La resolución judicial indica que, tras finalizar la jornada en el local, tanto la víctima como su acompañante aceptaron una invitación del propietario para continuar la reunión en un apartamento adjunto. En este nuevo escenario, se mantuvo el consumo de alcohol hasta que la joven, cansada y bajo los efectos de la intoxicación etílica, optó por recostarse sobre el sofá del salón, donde finalmente se quedó dormida.

El TSJC sostiene en la sentencia, difundida por Europa Press, que aprovechando esta circunstancia, el trabajador se acercó a la víctima en estado de inconsciencia y procedió a realizarle distintos tocamientos de tipo sexual. El tribunal consideró probado que este comportamiento respondió a un “ánimo libidinoso” y se sostuvo únicamente gracias a la situación de vulnerabilidad provocada por la ingesta de bebidas alcohólicas.

Los magistrados desestimaron los recursos presentados por la defensa del camarero, validando tanto la calificación del delito de agresión sexual como la suma de la pena privativa de libertad de dos años y la obligación de resarcir económicamente a la afectada. El fallo no recoge indicio alguno de que existiera penetración durante los hechos, aspecto que la defensa había señalado para reclamar la revisión de la condena.

Tal como publicó Europa Press, la sentencia subraya el aprovechamiento consciente del acusado de la incapacidad de la víctima para defenderse o rechazar los avances, circunstancia agravada por la intoxicación etílica previa. Los jueces destacaron que la declaración coherente de la víctima y los testimonios aportados por las partes corroboraron lo sucedido en el apartamento durante la madrugada del 23 de octubre.

En cuanto a la indemnización impuesta, el tribunal estableció la cantidad de 2.000 euros como compensación directa por los daños padecidos, en línea con lo que consideran los parámetros habituales para casos de agresión sexual en los que no se acredita penetración, según recogió Europa Press de la documentación judicial. La condena incorpora además el pago de las costas procesales por parte del acusado.

Este caso se suma a otros registrados en los tribunales de Canarias que han centrado la atención en la vigilancia judicial frente a delitos de carácter sexual cometidos en contextos de intoxicación y vulnerabilidad, situación en la que el consentimiento queda anulado por el estado de la víctima al momento de los hechos. Los jueces, según consta en el fallo difundido, valoraron especialmente este punto para justificar tanto la condena penal como la sanción económica dictada.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California buscará imponer la pena máxima contra María de la Luz “N”, conocida como “La Tía” o “La Abuela”, señalada por su presunta participación en la desaparición de varios jóvenes en la ciudad de Tijuana.

De acuerdo con la fiscal estatal María Elena Andrade Ramírez, la investigación reúne elementos suficientes para que el Ministerio Público solicite una condena que podría superar los 120 años de prisión, dependiendo de los delitos que se acrediten durante el proceso judicial.

La mujer fue detenida recientemente y actualmente se encuentra sujeta a proceso penal con prisión preventiva, mientras avanzan las investigaciones sobre su posible participación en varios casos de desaparición.

Señalada por desaparición de jóvenes

Las autoridades investigan a la mujer por su presunta relación con la desaparición de varios jóvenes en la zona este de Tijuana, particularmente en colonias como Los Valles y fraccionamientos cercanos.

De acuerdo con colectivos de búsqueda, la detenida habría estado involucrada en la privación de la libertad de al menos varios jóvenes, algunos de ellos desaparecidos desde 2025.

Integrantes del colectivo Buscando a Tolano han señalado que la mujer presuntamente engañaba o reclutaba a jóvenes y posteriormente estos desaparecían, por lo que consideran que podría haber más víctimas relacionadas con el caso.

Las familias de personas desaparecidas han solicitado que la investigación no se limite a unos cuantos casos, sino que se integren todas las denuncias existentes para que la acusación refleje la magnitud del daño.

Detención tras confrontación con madres buscadoras

La captura de la mujer ocurrió después de que madres buscadoras la confrontaran durante una jornada de búsqueda en la colonia Los Valles, en Tijuana.

Según testimonios de integrantes del colectivo, vecinos del área señalaron que la mujer podría tener información sobre varios jóvenes desaparecidos, lo que llevó a las buscadoras a acudir a su domicilio para exigir respuestas.

Tras el encuentro, las activistas solicitaron la intervención de las autoridades, quienes posteriormente ejecutaron la orden de aprehensión en su contra por delitos relacionados con desaparición de personas.

El caso generó gran atención pública en Baja California, ya que el arresto se produjo en medio de la presión de colectivos de búsqueda, quienes han denunciado que muchas investigaciones por desaparición avanzan lentamente.

Familiares exigen que se investiguen más casos

Tras la detención, familiares de personas desaparecidas acudieron a la Fiscalía estatal para exigir que se amplíe la investigación y se incluyan más denuncias en la carpeta.

Los colectivos han advertido que permanecerán vigilantes del proceso judicial para evitar que el caso quede impune y para que todas las víctimas potenciales sean consideradas dentro del expediente.

La Fiscalía ha reiterado que continuará integrando pruebas y testimonios para sustentar la solicitud de la pena máxima, lo que convertiría el caso en uno de los procesos más severos por desaparición de personas en la entidad.

Un senador presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Mendoza que propone importantes cambios en el sistema penitenciario. De aprobarse, los presos deberán usar uniforme naranja, una práctica común en cárceles de Estados Unidos.

La propuesta sigue una línea similar a la aplicada en Santa Fe: desde 2024, los reclusos calificados como de “alta peligrosidad” deben usar mamelucos del mismo color. La medida alcanzaría a cárceles, alcaidías y centros de detención transitoria de toda la provincia.

El proyecto fue presentado por el senador provincial Martín Rostand, perteneciente al bloque Unión Mendocina, y también propone eliminar el uso de zapatillas deportivas. En su lugar, plantea que los internos utilicen un calzado de goma blanda que -según argumenta- dificultaría las fugas.

“El calzado deportivo de propiedad privada, diseñado para la tracción, la carrera y la escalada, es una herramienta que facilita la huida”, indica el texto, que propone en su lugar la provisión de calzado “monomaterial” y sin cordones.

Según explicó el legislador, la iniciativa surge a partir de distintos episodios de fuga registrados en Mendoza. Entre ellos, el caso de dos detenidos que escaparon de la Alcaidía de Tunuyán y lograron mezclarse con civiles durante casi 24 horas.

Otro de los episodios ocurrió en el pabellón penitenciario del Hospital Central, donde un recluso simuló ser familiar de un paciente internado y logró desplazarse por los pasillos del centro de salud.

“La actual permisividad de la vestimenta civil dentro de las alcaidías y cárceles atenta contra el principio de identificación inmediata. La experiencia comparada y la criminología moderna demuestran que el uso de uniformes de alta visibilidad (mamelucos color naranja internacional) reduce drásticamente las posibilidades de una fuga exitosa”, sigue el documento, al que tuvo acceso Infobae.

En ese sentido, el proyecto de ley señala que un interno uniformado es “fácilmente detectable” tanto por fuerzas policiales como cámaras de seguridad y ciudadanos comunes, quienes pueden alertar a las autoridades.

El tercer punto central establece que sean los propios internos quienes asuman el costo de comprar y reponer tanto los uniformes como el calzado que utilicen dentro del sistema penitenciario.

“El sostenimiento del sistema penitenciario no debe recaer exclusivamente sobre el contribuyente mendocino, especialmente en elementos de uso personal y obligatorio”, argumenta. Y continúa: “La asunción de este costo por parte del sujeto privado de libertad no solo alivia el erario público, sino que funciona como un mecanismo de internalización de las cargas que genera su situación procesal”.

En ese marco, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia sería el encargado de fijar los valores de venta de la indumentaria. Para ello, tomaría como referencia los costos de producción o los valores de compra mayorista.

La iniciativa también contempla la prohibición del uso de prendas civiles dentro de las zonas de alojamiento y circulación de los penales, así como durante los traslados fuera de los establecimientos penitenciarios.

Además, el senador Rostand propone que, al momento de ingresar al sistema, las prendas personales de los detenidos sean inventariadas y queden bajo custodia en depósitos del servicio penitenciario. Esos objetos serían restituidos a los internos una vez que recuperen la libertad.

Desde 2024, los presos de “peligrosidad alta” de Santa Fe usan uniforme naranja. Este grupo incluye a aquellos que “tengan participación o contacto con organizaciones criminales complejas o relacionadas al narcotráfico; existencia de indicios de participación en atentados, actos de fuerza, agresión o amenaza hacia los poderes públicos”.

La resolución 008/2024, que regula la implementación de la medida, establece que los mamelucos deben ser usados por los internos en todo momento cuando sean retirados de su lugar de alojamiento, ya sea para un destino dentro o fuera de la Unidad Penitenciaria, hasta su regreso.

La resolución también prohíbe el ingreso de visitantes con ropa naranja para evitar posibles confusiones o conflictos dentro de los establecimientos. Además, en los considerandos, se especifica que “el interno es responsable del cuidado y mantenimiento de su ropa personal, y responderá ante ello con descuentos del peculio en caso de roturas o deterioro del uniforme”.

En la resolución, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) advirtió que la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Bizkaia eludió cualquier análisis sobre la posibilidad de que la denunciante tuviera motivos espurios para sustentar la acusación, un aspecto que, según el órgano judicial superior, adquiere especial relevancia en el contexto del proceso. El TSJPV determinó que esta ausencia de referencia constituye una omisión relevante en la valoración de las pruebas, aspecto que debe ser subsanado en una próxima resolución judicial.

Según consignó el medio, la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV dejó sin efecto la condena de 7 años y 9 meses de prisión impuesta a un hombre como autor de delitos de maltrato dentro del ámbito de la violencia de género, vejaciones y agresión sexual. El tribunal ordenó así a la Sección Sexta de la Audiencia de Bizkaia la elaboración de una nueva sentencia, fundamentada de manera reforzada en la valoración de las pruebas presentadas en el proceso. De acuerdo con la información publicada, esta decisión responde a la estimación del recurso presentado por la defensa del condenado, que alegó falta de motivación en la sentencia y omisión en la valoración de pruebas de descargo, particularmente en lo referente a la acusación de agresión sexual.

El TSJPV reconoció que el artículo 24.1 de la Constitución española impide cualquier situación de indefensión y avala el derecho de los ciudadanos a recibir protección jurisdiccional efectiva, lo que incluye una resolución judicial fundamentada de manera racional. En el recurso admitido por el alto tribunal vasco, la defensa señaló que la Audiencia de Bizkaia no cumplió con la exigencia de una motivación reforzada, requerida en los casos en que la convicción de los hechos recae principalmente en el testimonio de la persona denunciante. Además, según detalló el medio, la defensa argumentó que no se habría valorado correctamente la declaración de dos testigos que podrían haber servido como prueba de descargo.

El Tribunal Superior solicitó a la Audiencia vizcaína que, en la nueva resolución, realice una valoración rigurosa del proceso de prueba, prestando especial atención a la posible inexistencia de intereses ajenos en la parte denunciante, y a la confrontación adecuada de las pruebas de descargo frente a las de cargo. Según publicó el medio, el TSJPV remarcó la importancia de que el fallo contenga una explicación clara y suficiente sobre los hechos que se consideran probados y que, en caso de modificar los hechos acreditados, esto se justifique conforme a las pretensiones de la defensa.

El fallo del Tribunal Superior es definitivo y no admite recurso, por lo que la Audiencia de Bizkaia debe responder a la instrucción ordenada. El nuevo análisis debe confirmar o modificar los hechos objeto de condena, en cualquiera de los casos aportando una argumentación suficiente y racional acorde a las garantías procesales constitucionales, según informó el TSJPV.

En este contexto, el órgano superior judicial explicó que, en delitos en los que la declaración de la víctima es el principal elemento de prueba, resulta indispensable motivar de forma reforzada cualquier condena, para evitar que pueda cuestionarse la imparcialidad o la razonabilidad del fallo. El TSJPV enfatizó que la omisión de referencias concretas sobre la ausencia de móviles espurios en la denunciante constituye una carencia fundamental en la valoración de los hechos.

La resolución ordena a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial que lleve a cabo un nuevo examen de las pruebas y de los testimonios, dejando constancia expresa de las razones que avalen la confirmación o la modificación de los hechos acreditados hasta el momento. El TSJPV recordó que toda persona tiene derecho a obtener una sentencia fundamentada de una manera que permita comprender las razones de la decisión y garantice el pleno ejercicio del derecho de defensa.

El tribunal señaló como punto central la existencia de indefensión ante una sentencia que no desglosa adecuadamente la valoración de las pruebas, lo que puede generar inseguridad jurídica y limitar el alcance de la protección judicial efectiva. Por este motivo, la nueva sentencia que emita la Audiencia de Bizkaia debe ajustarse estrictamente a estos parámetros, según reportó el medio.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estableció que los diversos episodios de agresión sexual denunciados por la menor ocurrieron dentro de un mismo periodo y bajo un patrón repetido que evidencia una voluntad delictiva uniforme del acusado. Según informó el medio, la Sala de Apelación del TSJA decidió que estos hechos constituyen un solo delito continuado, lo que motivó la reducción de la condena original.

El caso fue revisado después de que la defensa del acusado presentara un recurso de apelación, recurso que fue desestimado, aunque el tribunal detectó un error en la calificación jurídica de la sentencia dictada por la Audiencia de Almería. Tal como publicó la fuente original, el fallo inicial impuso una pena de diecinueve años de prisión, compuesta por once años por un delito de agresión sexual y ocho años por otro delito de agresión sexual continuada. La nueva resolución concluyó que el acusado debe cumplir doce años y nueve meses de prisión, al quedar demostrado que todas las agresiones se produjeron entre abril y junio de 2022 en un mismo contexto temporal y utilizando un método similar.

El medio consignó que los hechos se remontan al inicio de la primavera de 2022, cuando el acusado acudió al domicilio de la víctima para efectuar trabajos de reforma y estableció contacto con la menor, quien tenía catorce años. Posteriormente, le propuso trabajar como limpiadora en varias viviendas en obras, oferta que la joven aceptó. A partir de ese momento, el obrero recogía a la menor para llevarla a distintos lugares donde, aislados de otras personas, cometía actos de agresión sexual en contra de la voluntad de la víctima.

De acuerdo con los detalles aportados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la conducta del acusado estaba condicionada por el conocimiento explícito de la edad de la víctima. En una de las ocasiones, el acusado expresó a la menor que era “la chica más pequeña con la que había tenido relaciones”, según reportó el medio. Además, el procesado utilizaba amenazas para asegurar el silencio de la menor: le advertía que debía mantener en secreto los hechos y que si llegaba a revelarlos, él iría a prisión, lo que dejaría a su propio hijo pequeño desatendido.

Luego de analizar las circunstancias, la Sala de Apelación resolvió actuar de oficio para salvaguardar la legalidad y la seguridad jurídica, considerando que los cuatro capítulos de agresiones sexuales formaban parte de una única acción delictiva de carácter continuado. El tribunal valoró que no cabía individualizar cada episodio como un delito independiente, ya que toda la conducta evidenciaba un dolo único destinado a vulnerar la indemnidad sexual de la menor, consignó la fuente.

El fallo redujo la condena a doce años y nueve meses de prisión, una cifra cercana al mínimo previsto por la legislación para este tipo penal, reportó el medio. Además de la pena principal de cárcel, el condenado deberá cumplir medidas accesorias, incluyendo el alejamiento e incomunicación con la víctima. Asimismo, el tribunal fijó una indemnización de cincuenta mil euros a favor de la menor en atención a la reiteración de los actos contra su integridad sexual, a su edad y a las consecuencias psicológicas documentadas, como síntomas de ansiedad y depresión, detalló la fuente.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía especificó que la decisión se fundamenta en la apreciación de la continuidad delictiva y en la importancia de atribuir correctamente la calificación jurídica a los hechos, con el objetivo de garantizar criterios uniformes de legalidad. A la vez, el tribunal enfatizó que el cambio en la pena obedece a la necesidad de integrar todos los episodios bajo un único delito continuado, lo que permite ajustar la condena a los términos legales correspondientes.

El medio informó que la Sala reiteró la vigencia de las medidas preventivas para proteger a la víctima después de que cumpla la mayoría de edad, entre ellas la prohibición de comunicación y aproximación del condenado. En los fundamentos de su fallo, la Sala de Apelación también valoró el impacto emocional y psicológico en la menor, así como el uso reiterado de la posición de poder y confianza por parte del acusado, aspectos que contribuyeron a fijar la suma de la indemnización y a fundamentar la extensión de la condena.

Un jurado del condado de Parker dictó la máxima pena de 20 años de prisión a Jesús Briceño Carrillo, un hombre de Mineral Wells, Texas tras considerarlo responsable de una persecución a alta velocidad y de la posesión de drogas. El caso se remonta a agosto, cuando los agentes lo siguieron a más de 190 km/h luego de acudir a un llamado por violencia doméstica. El veredicto, emitido el miércoles, refleja tanto la gravedad de los hechos como la acumulación de delitos previos en el historial del acusado.

La detención de Carrillo tuvo lugar tras una jornada cargada de riesgos para la comunidad. De acuerdo con los agentes, el sospechoso fue identificado por un vehículo que coincidía con la descripción proporcionada en la llamada por violencia doméstica. Al advertir la presencia policial, optó por huir, iniciando una persecución que se extendió durante 10 minutos y que puso en peligro la vida no solo de los involucrados, sino también de conductores y peatones.

Durante la persecución, Carrillo zigzagueó entre el tráfico que venía de frente, adelantó vehículos por el arcén y cruzó a toda velocidad frente a tres escuelas en plena hora de salida. Según los investigadores, el trayecto se desarrolló por la carretera FM 730, desde Weatherford hacia el norte, alcanzando velocidades que superaron los 193 km/h, en medio de un tráfico denso. Las maniobras peligrosas incluyeron la invasión del carril contrario y adelantamientos que por momentos estuvieron a punto de provocar colisiones graves.

La persecución culminó en una calle sin salida cerca de Azle. Allí, Carrillo abandonó el vehículo y trató de escapar a pie, logrando avanzar unos 200 metros antes de ser alcanzado. Los agentes utilizaron una pistola Taser para detenerlo. En la revisión posterior, las autoridades encontraron una pipa con metanfetamina en su bolsillo, lo que sumó el cargo de posesión de una sustancia controlada al proceso judicial.

El fiscal de distrito del condado de Parker, Jeff Swain, subrayó el peligro que representó la conducta de Carrillo para el público. En un comunicado de prensa, Swain enfatizó que la situación fue especialmente grave debido a la cercanía de las escuelas y a la presencia de niños y padres durante la persecución. Swain declaró que Carrillo “merecía cada día” de la pena máxima, destacando que la totalidad del episodio, desde la huida hasta la detención, estuvo marcada por riesgos constantes para terceros.

En palabras de Swain: “En el momento en que el Sr. Carrillo recibió la descarga eléctrica, se estaba llevando la mano a la cintura“. El fiscal detalló que toda la secuencia estuvo cargada de amenazas para la seguridad pública, en especial para quienes salían de las escuelas ese primer día de clases. Esta evaluación fue determinante en la solicitud de la máxima pena ante el jurado.

Por parte de la defensa, Carrillo manifestó sentir remordimiento, especialmente tras el nacimiento de su quinto hijo, acontecimiento que ocurrió mientras permanecía en prisión. Sin embargo, la fiscal adjunta Mallory Vincent cuestionó la sinceridad del acusado, señalando que su testimonio presentaba inconsistencias, especialmente en relación con actos violentos previos. Vincent sostuvo ante el jurado que Carrillo no asumía plenamente la responsabilidad de sus acciones, ejemplificando con la falta de honestidad sobre el tipo de arma utilizada en un incidente anterior con su exesposa.

Los antecedentes penales de Carrillo también influyeron en la severidad de la condena. Las autoridades detallaron un historial que incluye acusaciones de agresión con agravantes, posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente, posesión de una sustancia controlada, dos cargos de robo de un arma de fuego y otros dos por agresión en el ámbito familiar. Este historial fue considerado por los fiscales como un agravante clave para solicitar penas elevadas.

El jurado decidió condenar a Carrillo a 20 años de prisión por el delito de evadir el arresto con un vehículo y a 10 años por posesión de una sustancia controlada. Según los fiscales, las penas se agravaron debido a la existencia de antecedentes penales y se cumplirán de manera simultánea, no consecutiva.

Carrillo, quien optó por declararse culpable y dejar en manos del jurado la determinación de la pena, ha notificado su intención de apelar la sentencia impuesta. La Fiscalía del Condado de Parker informó sobre este proceso y anticipó que el caso podría prolongarse en las instancias superiores. Mientras tanto, CBS News Texas anunció que continuará actualizando la información a medida que se desarrollen nuevas etapas del caso.

El medio EFE reportó que el acusado aceptó una condena de seis años de prisión, cifra considerablemente menor frente a los dieciséis años solicitados inicialmente por la Fiscalía. La reducción de la pena se fundamentó en el reconocimiento íntegro de los hechos por parte del acusado y de uno de sus cómplices, así como en la consignación de la responsabilidad civil ante la Audiencia de Almería, medida considerada como parte del proceso de reparación hacia la víctima.

El abogado defensor Karim El Marbouhe El Faqyr explicó, según consignó EFE, que su estrategia jurídica se centró en la función reparadora del derecho penal. El principal acusado enfrentará una condena de cinco años por tentativa de asesinato y un año por tenencia ilícita de armas. En cuanto al cómplice, el acuerdo contempla una pena de dos años de prisión por complicidad y un año adicional por posesión ilegal de arma, solicitando además la suspensión de su ingreso efectivo en la cárcel.

Con los dos acusados principales reconociendo su participación, el juicio se dirige ahora a deliberar sobre el nivel de implicación de un tercer procesado, conductor del vehículo utilizado para la huida tras el ataque. El letrado de la acusación particular, Leo Marfil, argumentó que este tercer implicado fue cooperador necesario, lo que significaría enfrentar sanciones equivalentes a las del autor material. Esta postura difiere de la calificación efectuada por la Fiscalía, situando el debate exclusivamente en torno a la responsabilidad del conductor en los hechos.

Durante la sesión, se reconstruyó el desarrollo del ataque en base a las declaraciones de la víctima, prestadas bajo la modalidad de testimonio oculto a fin de proteger su identidad. La víctima relató haber recibido inicialmente mensajes por WhatsApp con amenazas y exigencias de encuentro a solas por parte del acusado. Posteriormente, tras salir de un local en el que trabajaba, se enfrentó al agresor, quien desenfundó un arma oculta en el pantalón y disparó directamente al pecho de la víctima. Esta logró refugiarse en el interior del establecimiento, durante lo cual el tirador efectuó un segundo disparo sin lograr alcanzarla.

El relato ante la Audiencia detalló que ya en la calle, y al intentar huir hacia una cafetería cercana, la víctima fue alcanzada por dos proyectiles adicionales en el antebrazo y la muñeca. El arma se encasquilló y, según la declaración, el atacante mostró un proyectil a la víctima mientras le dirigía amenazas. Instantes después, ante la llegada de las sirenas policiales, el agresor huyó hacia un coche estacionado, subió al vehículo y abandonó rápidamente la zona.

Un testigo presencial confirmó el desarrollo de los hechos y destacó la fuga del vehículo, que abandonó el lugar “a velocidad excesiva”, según citó EFE. Este elemento se incorporó a las pruebas presentadas ante la Audiencia de Almería, sumándose a las piezas probatorias aportadas por los mensajes y las comunicaciones previas al ataque.

Los detalles expuestos durante la vista oral corroboraron no solo la autoría material del principal acusado sino también la premeditación y la colaboración de los implicados, arrojando luz sobre la planificación y ejecución del atentado. EFE abundó en que la conducta mostrada por los acusados motivó la aplicación de atenuantes y la reducción de las penas inicialmente requeridas.

La decisión final sobre la implicación y el grado de responsabilidad del tercer procesado, conductor del vehículo, queda en manos del tribunal, mientras se resuelve si su papel debe clasificarse como cooperación necesaria o mera complicidad. Con estos elementos, el caso continúa avanzando en sede judicial, marcado por el reconocimiento de los hechos, la reparación parcial a la víctima y el debate jurídico respecto a las responsabilidades derivadas del ataque perpetrado en 2022.

La visita del subsecretario de Estado para Diplomacia y Asuntos Públicos de Estados Unidos, Darren Beattie, al exmandatario brasileño Jair Bolsonaro en la prisión de Papuda tendrá lugar el miércoles 18 entre las 8:00 y las 10:00 horas, según la decisión tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso en el Tribunal Supremo de Brasil. Tal como publicó el medio original, la autorización responde a una solicitud excepcional realizada por la defensa de Bolsonaro, que había pedido que el encuentro se realizase el lunes o el martes de esa semana. No obstante, el juez dictaminó que la visita respetará el calendario habitual del centro penitenciario, que fija los miércoles y sábados como días disponibles para recibir visitantes.

De acuerdo con lo consignado por el medio, De Moraes enfatizó que los visitantes deben adecuarse al régimen jurídico previsto dentro de las instalaciones penitenciarias, argumentando que se busca preservar la organización interna y la seguridad del centro de detención. Bolsonaro cumple una condena de más de 27 años bajo cargos relacionados con delitos de golpe de Estado, informó el medio.

Beattie, reconocido en Brasil principalmente por sus declaraciones críticas hacia Alexandre de Moraes, fue autorizado a ingresar a la prisión a pesar de su papel en tensiones previas entre ambos países. De acuerdo con la publicación, Beattie había pronunciado en el pasado duras acusaciones contra De Moraes por imponer censura y supuesta persecución sobre Bolsonaro y su entorno, y defendió abiertamente las sanciones que la administración de Donald Trump dictó en su momento contra el magistrado brasileño, además de apoyar la aplicación de aranceles norteamericanos a productos brasileños.

Durante su estancia en Brasil, Beattie prevé además mantener reuniones con figuras de alto relieve político. Entre los encuentros programados figura un cara a cara con el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente y principal representante de la derecha de cara a las elecciones previstas para octubre. También se espera su participación en una reunión sobre la industria de tierras raras en la ciudad de Sao Paulo.

El medio añadió que la postura de Beattie ante el juez Alexandre de Moraes llegó a profundizar la crisis diplomática entre Washington y Brasilia, agudizada en aquél entonces por la imposición de aranceles estadounidenses sobre exportaciones brasileñas. Según detalló la fuente, el contencioso comenzó a disiparse tras las últimas reuniones bilaterales que sostuvieron Donald Trump y el actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. La mejor sintonía entre ambos líderes resultó en la disminución y la eliminación de tarifas sobre una serie de exportaciones, así como en la retirada de sanciones que pesaban sobre de Moraes y otros altos funcionarios judiciales brasileños.

La agenda de Beattie en territorio brasileño, según informó el medio, ha generado expectativas y atención por el contexto político, teniendo en cuenta que el viaje incluirá reuniones con actores políticos en ejercicio y actividades vinculadas a sectores estratégicos de la economía. Estos acontecimientos ocurren en medio del cumplimiento de la pena de Jair Bolsonaro, protagonista de uno de los juicios políticos más relevantes en la historia reciente del país.

El juez Alexandre de Moraes, en su resolución, reiteró que el protocolo penitenciario no debe alterarse en función de visitas de carácter diplomático o político, por lo que la organización interna de la prisión y sus normas permanecerán inalteradas durante la visita de Beattie.

El relacionamiento diplomático entre Estados Unidos y Brasil había experimentado un momento de tensión notable derivado de las sanciones y la retórica cargada entre funcionarios de ambos gobiernos. Según el medio, las negociaciones y un posterior acercamiento diplomático entre Trump y Lula da Silva permitieron superar algunos de los desencuentros, lo cual incluyó la reducción de aranceles y la reanudación de ciertas exportaciones sin restricciones.

Quedó establecido que Beattie aprovechará su estancia en Brasil no solo para visitar a Bolsonaro, sino también para generar contactos políticos y económicos, según la información recopilada por el medio. La visita representa un episodio relevante en el entramado político y judicial actual del país, involucrando a un representante del gobierno estadounidense y a personalidades influyentes de la política brasileña.

La resolución judicial establece que el acusado no podrá acercarse a su hija menor durante seis años, como parte de las medidas impuestas tras el proceso penal. Esta decisión se suma a una condena de cinco años de prisión y una indemnización de 25.000 euros a la víctima por daños morales, según publicó la Audiencia Provincial de Palma tras analizar los hechos probados en el juicio. El tribunal determinó que el hombre, aprovechando el régimen de visitas concedido para interactuar con su hija de tres años, cometió abusos sexuales repetidos entre 2016 y 2018 en Mallorca. De acuerdo con la información difundida por la Sección Primera de la Audiencia, el fallo absuelve al procesado del delito de agresión sexual, por el cual también había sido denunciado y juzgado.

Según detalló el medio, la causa se remonta a los testimonios aportados durante un juicio celebrado en Palma en febrero. El hombre, durante la vista oral, negó en todo momento haber incurrido en los hechos señalados y sostuvo que la denuncia obedecía a un supuesto intento de venganza por parte de la madre de la menor, apoyada por familiares de ella. A pesar de este alegato, el tribunal valoró las pruebas disponibles y concluyó que existió una conducta reiterada de tocamientos durante el período en el que el acusado tenía permitido recibir a la niña en virtud del régimen de visitas fijado previamente por las autoridades.

Los magistrados de la Sala tuvieron en cuenta que el procesado presentaba antecedentes por violencia machista y delitos de abusos sexuales, lo que incidió en la valoración de su comportamiento durante las visitas. La resolución, comunicada inicialmente por la Sección Primera de la Audiencia Provincial, señala que el tribunal halló fundamentado y probado que el acusado se sirvió de las oportunidades derivadas del régimen de visitas para perpetrar los actos por los que finalmente fue condenado.

La decisión también establece la obligación para el condenado de indemnizar a la víctima en la suma de 25.000 euros, destinada a resarcir el daño moral generado. Asimismo, la sentencia contempla una prohibición expresa de aproximarse o comunicarse con la menor por un plazo total de seis años, complementando las demás sanciones impuestas en el marco del fallo judicial recogido por la Audiencia Provincial.

Durante el desarrollo del juicio, consignó el medio, la defensa intentó desacreditar la acusación alegando motivos personales y familiares como motor de la denuncia. Sin embargo, la Sala valoró la coherencia de los hechos presentados y los antecedentes penales del acusado, lo que consideró elementos clave para fijar la sentencia.

La Audiencia Provincial precisó que, mientras el tribunal consideró acreditados los episodios de abuso sexual, no pudo constatarse el uso de violencia o intimidación necesarios para el delito de agresión sexual, motivo por el cual el acusado fue absuelto de este último cargo.

El fallo de la Audiencia Provincial, según reportó el medio, se enmarca en los procedimientos penales que siguen los tribunales ante delitos cometidos contra menores, y atiende a la gravedad de los hechos y el impacto sobre la víctima. Toda la actuación judicial se basa en los hechos probados durante el juicio, que incluyó la revisión de pruebas, la valoración de los testimonios y el análisis de los antecedentes del procesado.

Tras una notificación procedente de la prisión de Soto del Real en la que se desaconsejaba el traslado de Koldo García a causa de motivos médicos, la comisión de investigación sobre la adjudicación de obra pública en el Parlamento de Navarra ajustó la programación para permitir la comparecencia del exasesor ministerial mediante videoconferencia. El Parlamento decidió celebrar la comparecencia a las 12 horas de este miércoles, un cambio respecto al horario original, que situaba el inicio de la sesión a las 10 horas. Según informó el Parlamento y recogió la agencia de noticias, la modificación respondió a cuestiones técnicas comunicadas por el centro penitenciario, que manifestó que la comparecencia no podía efectuarse telemáticamente antes del mediodía.

De acuerdo con la información publicada, las autoridades de la cárcel de Soto del Real transmitieron que solo sería posible la intervención de García de manera remota a partir del mediodía, explicando que cualquier preparación previa para una conexión anterior resultaba inviable por cuestiones técnicas internas. Ante este escenario, el Parlamento navarro optó por abrir inicialmente la sesión a las 10 horas, tal como figuraba en la agenda, pero únicamente a modo informativo para anunciar formalmente el aplazamiento de la comparecencia.

La convocatoria de la comisión de investigación forma parte de las indagaciones legislativas sobre la adjudicación de obra pública en Navarra. Según precisó el Parlamento, la participación de García en la sesión se concretó finalmente bajo formato telemático, tras la intervención de la administración penitenciaria, que remarcó los riesgos que implicaría un desplazamiento físico para la situación médica del exasesor. La alternativa de la videoconferencia fue coordinada entre las autoridades parlamentarias y los servicios de la prisión, que emitieron su recomendación luego de evaluar el estado de salud de García.

El cambio de horario y el mecanismo de comparecencia obedecen, según indicó la institución legislativa navarra, a la conjunción entre la imposibilidad técnica de una conexión temprana y los criterios emitidos por Instituciones Penitenciarias, que subrayaron su negativa a autorizar un traslado por motivos médicos. Tal como reportó el Parlamento, la decisión se tomó el martes anterior al día de la comparecencia, permitiendo así organizar la logística para la sesión remota y notificando con antelación a los miembros de la comisión y a los servicios correspondientes.

Esta comparecencia se enmarca en el proceso más amplio de investigación sobre contrataciones de obra pública en la región. Los procedimientos de la comisión han incluido varias citaciones y la reelaboración de tiempos de intervención en función de criterios legales y de salud. Según recogió el Parlamento navarro, las circunstancias que rodearon la participación de García se comunicaron formalmente a los grupos parlamentarios y se trasladaron al orden del día, contemplando la posibilidad de futuros ajustes en función de la evolución de las condiciones de los comparecientes.

Además de informar sobre el retraso, el órgano legislativo reafirmó que la comisión mantiene como prioridad asegurar el desarrollo de las sesiones dentro del marco legal y respetando las prescripciones de la administración penitenciaria, así como los derechos de quienes son citados. La sesión, prevista para desarrollarse bajo formato híbrido, se reprogramó enteramente en formato remoto en el caso de García, de acuerdo con las sugerencias y limitaciones impuestas por los equipos médicos y técnicos de la prisión, según publicó el Parlamento de Navarra.

Tal como publicó el medio, la víctima, hermana de la exnovia del acusado, contaba en ese momento trece años y presentaba, según los informes incorporados a la causa, un retraso en su desarrollo madurativo. El TSXG fundamentó su fallo destacando la firmeza y coherencia mostradas en la declaración de la menor, la cual, afirmaron los magistrados, fue exenta de contradicciones o ambigüedades. El relato, evaluado por la Sala, fue considerado claro y respaldado con detalles precisos del suceso.

El medio detalló que la fiabilidad de la versión entregada por la joven no solo se asentó en su testimonio, sino en una serie de pruebas objetivas recogidas durante la investigación judicial. Entre ellas, los jueces señalaron expresamente mensajes y fotografías relevantes para los hechos, así como informes periciales que otorgaron credibilidad al alegato de la menor. Estas pruebas periféricas fueron descritas por la Sala como elementos que refuerzan y dan solidez al relato ofrecido por la víctima a lo largo de las diferentes fases procesales.

El fallo, cuya confirmación alcanzó ahora el TSXG según reportó el medio, no quedó restringido a la pena de prisión. Al condenado se le impuso una prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima por un período que supera en diez años el tiempo de condena a prisión. Asimismo, fue sentenciado a cinco años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena principal y se le inhabilitó para ejercer cualquier profesión u ocupación que implique trato directo con menores por un plazo superior en cinco años al tiempo que deba estar privado de libertad.

En el aspecto civil, el tribunal dispuso el pago de una indemnización por 7.500 euros a favor de la víctima, según recogió la sentencia originaria ratificada por la instancia superior. El TSXG consideró que la valoración conjunta de las pruebas reunidas y el contexto particular de la víctima aportaban suficientes garantías sobre la veracidad de los hechos. Entre los argumentos destacados, los jueces subrayaron que la menor no sólo expuso sin vacilaciones los hechos ocurridos, sino que además incluyó detalles que podrían interpretarse como beneficiosos para la defensa, aspecto que, a juicio del tribunal, confiere mayor fiabilidad a su declaración.

Según consignó el medio, la combinación del relato directo de la víctima, las pruebas materiales recuperadas durante la instrucción —incluidas las comunicaciones y las imágenes— y el análisis especializado de peritos en la materia fueron determinantes para considerar plenamente probados los hechos constitutivos del delito de agresión sexual. Los jueces, al fundamentar su decisión, recalcaron la ausencia de factores subjetivos que pudieran alterar la objetividad de la menor, y añadieron que los informes periciales resultaron determinantes en este sentido.

El proceso judicial, según narró el medio, se inició luego de la denuncia y la apertura de diligencias por parte de las autoridades tras la agresión ocurrida en el interior de un garaje. Durante el desarrollo de la causa, la consistencia mostrada entre las diferentes pruebas y la declaración de la menor permitió a los jueces rechazar los recursos presentados por la defensa del acusado, hasta culminar en la ratificación de la condena de seis años de cárcel. La interlocutoria del TSXG, además de validar los elementos de prueba, elogió la manera en que la Sala de la Audiencia Provincial de Pontevedra valoró y argumentó la responsabilidad penal del procesado.

Según detalló el medio, entre las restricciones adicionales impuestas, la inhabilitación profesional se aplicará a cualquier ámbito en el que el penado pueda tener contacto directo con menores, sin excepciones, lo que amplía el alcance de la medida privativa además de la propia reclusión. Todos estos parámetros, sumados a la indemnización económica, constituyen, dijeron los magistrados, las acciones que buscan reparar el daño ocasionado y proteger a la víctima ante situaciones futuras.

El caso, según recogió el medio, se suma a otros procedimientos judiciales en los que el testimonio de menores víctimas de abusos se valora conforme a garantías procesales y se corrobora con pruebas materiales y análisis técnicos.

Ante los recientes hechos de violencia registrados en planteles educativos que han puesto en riesgo la integridad de estudiantes, la diputada Rebeca Peralta León presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para establecer la responsabilidad penal de madres, padres o tutores cuando, por negligencia en el resguardo de armas de fuego, menores de edad tengan acceso a ellas.

Durante la Sesión Ordinaria del órgano legislativo capitalino, la legisladora explicó que su propuesta tiene como objetivo fortalecer la prevención de la violencia en los entornos escolares, así como establecer con claridad la responsabilidad parental cuando hijas, hijos o menores bajo tutela porten armas de fuego. Asimismo, destacó que la iniciativa se enmarca en la necesidad de garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

“La niñez y la juventud de la ciudad merecen escuelas seguras. Merecen cargar en sus mochilas libros, cuadernos, sueños y proyectos de vida, y no miedo ni violencia. Protegerlos no es sólo una responsabilidad institucional; es una obligación moral con el presente y el futuro de la Ciudad de México”, enfatizó.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) precisó que la iniciativa propone adicionar el Artículo 251 Bis al Código Penal de la Ciudad de México, el Artículo 9 Bis a la Ley de Educación de la Ciudad de México y el Artículo 48 Bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes local.

En tribuna, la legisladora recordó un hecho reciente que generó alarma en la comunidad educativa, cuando un adolescente ingresó con un arma de fuego a la Escuela Secundaria No. 15, ubicada en la colonia Santa Catarina, en la alcaldía Azcapotzalco. El incidente provocó temor e incertidumbre entre estudiantes, docentes y familias.

“Estos hechos obligan a reflexionar sobre cómo es posible que un menor tenga acceso a un arma de fuego. Cuando un arma llega a las manos de una niña, un niño o un adolescente no se trata de un simple descuido, sino de una señal clara de que falló el entorno que debía protegerlos”, puntualizó.

Peralta León señaló que al establecer la responsabilidad parental cuando menores porten armas, también se envía un mensaje claro de que la seguridad en las escuelas comienza desde el hogar, con el compromiso de madres, padres y tutores en el resguardo responsable de estos artefactos.

En materia educativa, la propuesta también contempla reformas a la Ley de Educación capitalina para crear un protocolo de seguridad escolar ante la portación de armas, con el fin de que las autoridades educativas puedan actuar de manera inmediata y coordinada para proteger a la comunidad escolar.

Por otro lado, las modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la ciudad buscan garantizar que cualquier situación en la que se vea involucrado un menor sea atendida bajo un enfoque de protección integral de derechos, privilegiando la orientación, el acompañamiento y la prevención.

La diputada subrayó que diversos estudios advierten que la violencia en los entornos escolares sigue siendo una problemática relevante. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación, cerca del 28 por ciento de adolescentes ha reportado haber sido víctima de acoso escolar, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales de prevención y atención.

En ese contexto, reiteró que niñas, niños y adolescentes no deben ser considerados como el problema, sino como sujetos de derechos que requieren protección, guía y entornos seguros para su desarrollo.

“Las escuelas deben ser espacios de confianza, lugares donde la infancia y la juventud puedan aprender, descubrir el mundo y construir su futuro. Cuando la violencia entra por la puerta de un plantel educativo no sólo se rompe la tranquilidad, también se debilita la confianza de toda la comunidad escolar”, concluyó.

La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva del Congreso capitalino a las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial, con opinión de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez.

El escrito de la Fiscalía recoge que la menor, tras acudir al dormitorio del tío para pedir ayuda, presentaba moratones, sangrado vaginal y vestía únicamente ropa interior. Según lo documentado por el ministerio público en el texto citado por la agencia de prensa, el acusado, en vez de brindarle apoyo, la abrazó supuestamente a modo de consuelo y, a continuación, inició tocamientos y besos, antes de despojarla parcialmente de su ropa y agredirla sexualmente de forma vaginal y anal. La denuncia sostiene que la adolescente quedó paralizada y en estado de shock, solicitando al hombre que cesara en su comportamiento, petición que no fue atendida hasta que el individuo eyaculó sobre el abdomen de la chica.

De acuerdo con la información publicada por la agencia, la Fiscalía solicita una condena de diez años de prisión para el acusado, a quien señalan por un delito de agresión sexual a menor de dieciséis años. Según detalló el ministerio público, la menor afectada mantiene además un vínculo de amistad con el sobrino del procesado, quien también se encuentra investigado en un proceso judicial separado tras haber obligado supuestamente a la adolescente a mantener relaciones sexuales momentos antes de que esta buscara ayuda en la habitación del familiar.

El escrito fiscal incorpora que, debido a los hechos denunciados, la joven padece trastorno de estrés postraumático y presenta síntomas de ansiedad y depresión, cuestiones que han alterado de manera significativa varias esferas de su vida cotidiana y dificultan su funcionamiento habitual, según reportó la agencia citando el texto de la acusación.

El juicio contra el acusado está programado para realizarse el miércoles 11 a las 9:30 en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria. El medio de comunicación detalló que, además de la solicitud de pena privativa de libertad, la fiscalía reclama la imposición de ocho años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la posible condena, así como la inhabilitación para el ejercicio de empleo público por un período de cinco años y para cualquier profesión vinculada con menores durante quince años.

La acusación también exige la prohibición de comunicación y acercamiento del procesado a la víctima durante dieciocho años, como parte de las medidas de protección solicitadas para salvaguardar la integridad de la adolescente, según publicó la agencia de prensa a partir del documento fiscal.

En el ámbito de la responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que el acusado indemnice a la joven con 15.000 euros por los daños y padecimientos sufridos a raíz de los hechos descritos, argumentando la repercusión que estos han tenido a nivel físico y psicológico en la víctima, según informó el medio.

Por otro lado, el sobrino del acusado permanece sujeto a un procedimiento judicial independiente, ya que la acusación sostiene que forzó a la adolescente a mantener relaciones sexuales en una habitación en la que ambos se encontraban en casa del tío, según consignó el medio. Luego de ese hecho, la menor se dirigió al dormitorio del adulto en busca de ayuda, lo que dio lugar al episodio por el cual ahora será juzgado el hombre.

La investigación oficial, según el medio, reposa en el testimonio de la adolescente y en el examen médico que constató las lesiones y síntomas físicos compatibles con los hechos denunciados. Los informes periciales, incluidos en el sumario judicial, indican la existencia de impactos psicológicos persistentes sobre la menor, como el bloqueo emocional y el estado de shock en el momento de las agresiones y en los periodos posteriores.

Las diligencias previas del caso, tal como detalló el medio, aseguran que la secuencia de hechos fue rápidamente puesta en conocimiento de las autoridades, dando lugar a la apertura de las dos causas actualmente a la espera de resolución judicial, la primera vinculada al tío y la segunda al sobrino.

El juicio será resuelto por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, que deberá evaluar la prueba aportada, el alcance de las lesiones físicas y psíquicas de la víctima, así como la gravedad de los hechos descritos en los escritos de acusación. Según el expediente citado por el medio, el procedimiento irá acompañado del análisis de la posible reincidencia y del riesgo de reiteración delictiva, aspectos que sustentan la petición de medidas de alejamiento y de prolongada inhabilitación profesional.

En el transcurso del proceso, la Fiscalía argumentará la necesidad de proteger el entorno vital y psicológico de la menor y la conveniencia de evitar cualquier tipo de contacto para preservar la recuperación de la víctima. La cuantía de la indemnización también busca reparar parcialmente los perjuicios derivados de las secuelas, conforme indicaron las fuentes citadas por el medio.

El caso adquiere especial relevancia al afectar a una menor de catorce años y enmarcarse en el ámbito de relación entre familiares y conocidos, lo que incrementa la complejidad de la investigación y del proceso judicial ya que involucra hechos presuntamente cometidos de manera sucesiva por el sobrino y por el adulto, ambos conocidos para la víctima y de su círculo cercano.

Las sesiones judiciales permitirán a la acusación, la defensa y la representante de la menor exponer sus respectivos argumentos, mientras se recaban nuevas pruebas y se realizan interrogatorios a los implicados, con el objetivo de esclarecer la responsabilidad penal del acusado y establecer las consecuencias legales y sociales de los hechos enjuiciados, de acuerdo a la información reunida y publicada por la agencia.

El implicado en la muerte de su exnovia Paula en Torremolinos en 2023 ha expresado que lamenta profundamente lo sucedido y aseguró que su intención nunca fue causar daño, según reportó el medio que cubre el caso. El acusado, que enfrenta una solicitud de 28 años de prisión por asesinato con alevosía y malos tratos habituales en el contexto de la violencia de género, ha declarado durante el juicio que el fallecimiento ocurrió de forma accidental durante una pelea, en la que, según su relato, la víctima sostuvo siempre el arma blanca. La Fiscalía y la acusación particular, representada por el abogado Guillermo Smerdou en nombre de la familia de la fallecida, mantienen la petición de la condena máxima para el procesado.

De acuerdo con lo publicado, el jurado popular comenzó esta semana la evaluación del caso, abordando los hechos que derivaron en la muerte de Paula, quien presentaba dieciséis heridas por arma blanca, dos de ellas en la espalda. En la apertura del juicio, el procesado reconoció su implicación, al afirmar: “Cometí el error más grande de mi vida” y añadió: “debería haber evitado este sufrimiento”. El acusado insistió en que ambos mantenían una “relación tóxica”, pero negó haber ejercido maltrato, alegando que su papel en el incidente se limitó a tratar de apartar los ataques y desviar el cuchillo. Según su declaración, no existió premeditación ni intencionalidad homicida, postura sostenida también por su defensa, que subraya la ausencia de alevosía y que todo se debió a un forcejeo en el suelo al intentar evitar un supuesto ataque.

Según consignó la fiscal en el proceso, durante los tres años de la relación la víctima habría sido sometida a malos tratos, aislamiento y descrédito por parte del acusado. Se expusieron elementos sobre antecedentes penales del procesado, quien mantiene una condena previa por amenazas a otra expareja y está vinculado al caso de desaparición y posterior hallazgo del cuerpo sin vida de su anterior pareja, Sibora, nueve años después de que se la reportara como desaparecida, hallazgo que se produjo en el marco de las diligencias del crimen de Paula.

El medio detalló que la acusación particular sostiene que el procesado evidenciaba “celos enfermizos” y que la muerte fue resultado de un acto planificado. Según la acusación formulada ante el tribunal, una semana antes de los hechos, el acusado sustrajo el cuchillo que utilizó en la agresión y, el día de los hechos, atrajo a Paula al domicilio donde perdió la vida. Añadieron desde la acusación que la víctima luchaba por recuperar la custodia de sus tres hijos, quienes se encontraban bajo la tutela de las autoridades.

Por su parte, la defensa del procesado ha reconocido que la muerte de Paula resulta “innegable” y que el caso merece un reproche penal por la gravedad del desenlace. No obstante, el equipo jurídico defensor plantea la existencia de matices que diferenciarían entre homicidio y asesinato, basándose en la ausencia de premeditación y alevosía. La letrada de la defensa declaró ante el tribunal: “No iba a matar, pero mató. Ese momento, sin ser preparado, efectivamente ocurrió”.

En sus exposiciones, el acusado reiteró que nunca actuó por celos ni ejerció control sobre Paula, rechazando las imputaciones de malos tratos habituales. Negó el carácter premeditado de la agresión y afirmó que, en todo momento, intentó evitar que el cuchillo lo alcanzara, describiendo que su intervención se limitó a redirigir el brazo de Paula para esquivar los golpes. El acusado ha insistido en transmitir su “arrepentimiento sincero” a la familia de la víctima durante su declaración.

El medio relató que la fiscalía mantiene que los hechos constituyen un asesinato con alevosía y violencia de género, argumentando que Paula recibió un total de dieciséis puñaladas, incluidas dos por la espalda, lo que, según la acusación, prueba la indefensión de la víctima. Desde la defensa se plantea que el incidente no se correspondió con ese tipo penal, recalcando la importancia de los detalles diferenciadores que, a su juicio, situarían el caso en el terreno del homicidio.

La investigación reveló, según detalló la cobertura periodística, que el acusado ya había incidido en situaciones similares, lo que la fiscalía expuso como antecedente relevante para la valoración global de la peligrosidad y la intencionalidad del procesado. Además, la acusación particular insistió en la carga psicológica a la que la víctima se veía sometida durante su convivencia con el encausado.

A lo largo del proceso, la familia de Paula, representada por el abogado Guillermo Smerdou, ha sostenido que el acusado cometió el crimen bajo una motivación celotípica y premeditada, mientras que la defensa reitera que se trató de un episodio puntual sin planificación previa. El juicio, en manos de un jurado popular, continuará explorando la secuencia de los hechos y las pruebas aportadas, con la expectativa de que las deliberaciones concluyan en los próximos días.

Según detalló Realidad Helicoidal, Expósito, quien fue detenida en septiembre de 2018, recibió una sentencia de veinticuatro años de prisión bajo los cargos de terrorismo y asociación para delinquir, después de las acusaciones del Ejecutivo encabezado por Nicolás Maduro sobre su supuesta participación en el ataque con drones que tuvo lugar ese año contra el presidente venezolano, atentado que dejó siete heridos. El Tribunal de Casación de Venezuela confirmó la condena en 2022, consolidando uno de los fallos más severos adjudicados en el sistema de justicia penal local en los últimos años.

La excarcelación fue posible tras la nueva Ley de Amnistía decretada el 20 de febrero, normativa que, según informaron Realidad Helicoidal y Vente Venezuela, abre la puerta a la libertad de miles de personas condenadas o en proceso judicial por “delitos contra el Estado” cometidos desde 1999. De acuerdo con el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, “7.365 personas que habían estado privadas de libertad o sometidas a algún tipo de medida sustitutiva de la privación de libertad han recibido la libertad plena”. Esta cifra incluye a quienes estaban formalmente arrestados y a quienes soportaban otras modalidades de restricción judicial.

La entrada en vigor de la Ley de Amnistía coincide con un complejo escenario político nacional, marcado por tensiones y negociaciones entre distintos actores. El gobierno justificó la medida indicando que busca contribuir a la llamada “reconciliación nacional” y reducir la población reclusa, afectando especialmente a quienes son considerados presos políticos o fueron procesados por delitos de alto perfil.

El caso de Expósito se suma a la excarcelación de otros once hispanovenezolanos y cuatro ciudadanos de origen español en 2024, según datos publicados por Vente Venezuela y ratificados por Realidad Helicoidal. La noticia de su salida del centro penitenciario fue difundida de manera simultánea por ambas organizaciones, las cuales indicaron que la activista quedó bajo medidas cautelares. Según Realidad Helicoidal, los detalles específicos todavía no se han hecho públicos, aunque en excarcelaciones anteriores se han impuesto restricciones como la prohibición de salida del país o la obligación de presentarse de forma periódica ante la judicatura.

Tanto el movimiento Vente Venezuela, dirigido por María Corina Machado, como entidades humanitarias y especialistas jurídicos, vinculan la aplicación de la ley con una expansión del número de beneficiados y esperan un debate prolongado sobre el alcance legal y social de la medida. Mientras agrupaciones opositoras celebran la liberación de personas como Expósito, sectores críticos al gobierno cuestionan los criterios de selectividad y las condiciones impuestas a los beneficiarios.

Dentro y fuera del país, la historia procesal de Expósito fue objeto de atención. Distintos organismos internacionales incluyeron su caso en informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, mencionando los pormenores de su encarcelamiento y las acusaciones en su contra luego del incidente ocurrido en 2018, en el que un ataque atribuido al uso de drones causó heridas entre oficiales de las fuerzas armadas.

Durante los años que permaneció en prisión, familiares, organizaciones y redes de apoyo impulsaron campañas reclamando su liberación y denunciando aparentes irregularidades procesales. Su salida, facilitada por la ley, representa para estos sectores una muestra de los efectos tangibles de la nueva política de amnistía, que ha permitido la revisión de condenas y procesos desde la promulgación oficial a fines de febrero.

La iniciativa legal cubre tanto a condenados como a procesados por hechos catalogados como ligados a la seguridad del Estado, siempre que hayan ocurrido desde 1999, y se presenta como una de las acciones más abarcadoras en materia de descompresión carcelaria impulsadas por el oficialismo en la última década. Según consignaron fuentes parlamentarias a Realidad Helicoidal y Vente Venezuela, la aplicación de la normativa seguirá generando nuevas excarcelaciones en las próximas semanas.

Mientras tanto, tanto la situación de Expósito como la de otros recientemente liberados mantendrá la atención de organizaciones de derechos humanos y movimientos políticos, que han anunciado su intención de monitorear de cerca la vigencia de las medidas cautelares y la evolución del proceso de reintegración para los beneficiados por la amnistía. La puesta en práctica de la Ley se desarrolla en un entorno de alta sensibilidad política, con posturas encontradas sobre la legalidad de la norma y el futuro de los excarcelados bajo control judicial.

El acusado, de nacionalidad colombiana, deberá abandonar el territorio español tras la sentencia y tendrá prohibido el ingreso al país durante una década. La resolución incluye la obligación de abonar una indemnización de 15.000 euros a la víctima y someterse a un régimen de libertad vigilada durante cinco años, luego de la finalización de la condena principal, según difundió el medio que proporcionó la información.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial dictó esta decisión tras una conformidad alcanzada por la fiscalía y la defensa, según reportó la fuente original. Además de la expulsión y la restricción de retorno, el condenado tiene prohibido comunicarse o acercarse a la víctima a menos de 200 metros por un periodo de 10 años. La sentencia también recoge la consideración de responsabilidad civil, estableciendo la compensación económica a la joven debido al impacto emocional derivado de los hechos.

Tal como publicó la fuente, los hechos ocurrieron el 14 de enero de 2023, cuando la víctima tenía 17 años. Aquella noche, la joven y una amiga salieron en compañía del primo, que residía temporalmente en la vivienda familiar. Durante la reunión, las tres personas consumieron bebidas alcohólicas. Más tarde, al regresar al domicilio, la madre de la joven mantuvo una discusión con ella al percatarse del consumo de alcohol. Tras el altercado, la adolescente se dirigió a su habitación y escribió una carta de despedida dirigida a su madre. Posteriormente ingirió un número no determinado de pastillas —ibuprofeno, omeprazol y lorazepam— que le provocaron un estado de semiinconsciencia.

Según consignó la sentencia, el acusado ingresó entonces en la habitación de la menor y se metió en su cama. La resolución detalla que procedió a tocarle el pecho por debajo de la ropa, intentó besarla en la boca y acabó cometiendo la agresión sexual, aprovechando el estado en el que se encontraba la joven. La víctima, según documenta la resolución judicial, fue “incapaz de reaccionar” ante el ataque.

El dictamen judicial también describe las consecuencias psicológicas de la agresión. Se menciona la aparición de síntomas de ansiedad y depresión en grado moderado-grave, así como la presencia de sentimientos de culpabilidad y desesperanza respecto al futuro, lo que repercute en los ámbitos personal, familiar, educativo y social de la víctima. La valoración del daño se utilizó para fijar la cuantía de la indemnización señalada por el tribunal.

Según detalló la publicación, al analizar las circunstancias en torno al autor del delito, el tribunal tomó en cuenta que presentaba una afectación leve de sus capacidades intelectuales y volitivas, atribuida al consumo de alcohol durante los hechos. Esto motivó la aplicación de la atenuante de embriaguez en la condena.

Después de interponerse la denuncia por parte de la víctima, el investigado había sido citado por la Policía Nacional para declarar en las dependencias policiales el 20 de marzo de 2023, pero no compareció y abandonó el territorio nacional al día siguiente. Ante esta situación, se solicitó su extradición. Tras ser entregado a las autoridades españolas, el juez instructor ordenó su ingreso en prisión provisional, una medida que permaneció vigente hasta el 8 de septiembre de 2025, según informaciones resultantes del procedimiento judicial.

Antes de la celebración de la vista oral el pasado 18 de febrero, la fiscalía mantenía una petición de ocho años de prisión para el encausado. Tras la negociación con la defensa, ambas partes alcanzaron un acuerdo, lo que redujo la pena solicitada a cinco años de prisión. La solución acordada entre las partes permitió que la condena de cárcel resultara sustituida por la orden de expulsión del territorio español y la prohibición de regresar durante diez años.

La resolución judicial incluye la obligación de cumplir libertad vigilada durante cinco años adicionales al período de expulsión del país. Todo el proceso judicial y los hechos transmitidos han sido detallados extensamente por el medio fuente, garantizando la transparencia informativa respecto a la actuación de las autoridades y de los implicados.

El proceso judicial contra dos hombres acusados de agresiones sexuales la misma noche en Bétera incluye la petición por parte de la Fiscalía de Valencia de una pena de tres años de prisión y multa económica para uno de los implicados, identificado como Pablo. Según detalló el Ministerio Público, Pablo está acusado de agredir sexualmente a una joven de 25 años, a quien presuntamente realizó tocamientos, pese a la negativa de ella, en al menos tres ocasiones en la piscina de la vivienda. Este caso quedó sumado al de Rafa Mir, futbolista profesional y también acusado en la misma causa por delitos de agresión sexual y atentado contra la integridad física.

De acuerdo con la información publicada por Las Provincias y retomada por otros medios, la Fiscalía solicita diez años y medio de prisión para Rafa Mir debido a la presunta agresión sexual a una joven de 21 años. El Ministerio Público señala que los hechos sucedieron la madrugada del 1 de septiembre de 2024, luego de que el deportista conociera a la víctima en una discoteca de Valencia y ambos acudieran posteriormente al domicilio de Mir, localizado en una urbanización de Bétera. Allí, según la acusación presentada, se habrían producido los hechos investigados tanto en la piscina como en un cuarto de baño.

El expediente judicial atribuye a Rafa Mir, jugador del Elche CF, dos delitos: agresión sexual —con acceso carnal y empleo de violencia— y otro contra la integridad física. Además de la pena de prisión, la Fiscalía pide para el futbolista la prohibición durante diez años de acercarse y comunicarse con la denunciante, así como una inhabilitación especial por ocho años adicionales para cualquier trabajo que implique contacto con menores. La solicitud de medidas se amplía con la imposición de libertad vigilada durante siete años tras el cumplimiento de la eventual condena.

Las diligencias judiciales avanzan desde octubre de 2025, momento en el que la jueza titular de la Plaza número 8 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria dictó auto de procesamiento para ambos acusados, según consignó Las Provincias. En el caso de Pablo, la acusación se centra en los reiterados tocamientos a una mujer de 25 años, desoyendo de manera expresa la negativa de la presunta víctima. El Ministerio Público también requiere el pago de una multa y la imposición de la respectiva responsabilidad penal para este segundo acusado.

El proceso judicial se originó tras la denuncia presentada al inicio de septiembre de 2024 por una joven contra Rafa Mir por presunta agresión sexual. La policía efectuó la detención del futbolista pocas horas después. Posteriormente, también quedó arrestado Pablo, a raíz de la investigación de los hechos sucedidos en la vivienda de Mir. La causa investiga de manera diferenciada las agresiones denunciadas por ambas jóvenes durante la misma noche.

Tanto Rafa Mir como su compañero negaron categóricamente los hechos que se les imputan al recuperar la libertad. La defensa de Mir emitió un comunicado en el que destacó la obligación de velar por la presunción de inocencia, citando la Constitución Española y la directiva europea 2016/343. En ese mensaje, destacaron que el proceso penal servirá "para esclarecer los hechos" y expresaron la confianza en que "se evidenciará que la imputación no se sostiene".

Las Provincias especificó que el Ministerio Público basa su calificación en los relatos de las víctimas, la investigación policial y pruebas recabadas en la fase de instrucción. El caso ha generado expectación social en torno a la participación de un futbolista profesional y a la rapidez con la que los procesos judiciales y mediáticos avanzan ante denuncias por delitos sexuales.

De acuerdo con la información difundida por Las Provincias, el expediente refleja que la Fiscalía ha solicitado la imposición de medidas destinadas a proteger a las víctimas e impedir eventuales situaciones de riesgo, siendo la prohibición de acercamiento y la inhabilitación profesional parte de la estrategia de sanción y prevención. Al mismo tiempo, la defensa del principal acusado mantiene su argumento de defensa y llama a respetar los derechos del procesado y garantizar la transparencia de las actuaciones judiciales.

El escrito presentado por la defensa de José Luis Ábalos destaca las dificultades que enfrenta el equipo jurídico para acceder a la totalidad de la documentación relevante, al señalar la necesidad de descargar individualmente hasta 50.000 archivos, lo que ha provocado serios inconvenientes en la preparación de la estrategia legal antes del juicio por las presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia. Ante esta situación, el abogado Marino Turiel ha solicitado al Tribunal Supremo una ampliación del plazo para elaborar una defensa adecuada y ha denunciado obstáculos que dificultan ejercer en plenitud el derecho de defensa del exministro. Según ha informado Europa Press, Turiel subrayó que preparar el juicio en las condiciones actuales resulta prácticamente imposible y que espera que el alto tribunal atienda el pedido de la defensa para garantizar las garantías procesales.

El letrado informó en una entrevista emitida en el programa matinal de Telecinco, recogida por Europa Press, que su equipo legal evalúa recurrir al Tribunal Constitucional, tras la decisión del Tribunal Supremo de rechazar sus cuestiones previas, confirmando así que la vista oral del juicio iniciará el 7 de abril. Marino Turiel afirmó que están estudiando interponer un incidente de nulidad ante la Sala de lo Penal del Supremo, en busca de que se conceda más tiempo y se reconsidere el procedimiento, argumentando la insuficiencia del periodo otorgado para la preparación del caso.

De acuerdo con Europa Press, Turiel explicó que no se oponen a la celebración del juicio, sino que buscan que este se realice bajo condiciones que permitan a la defensa ejercer su labor con todas las garantías legales. El letrado remarcó: “lo estamos solventando y creemos que lo vamos a hacer”, en alusión a la probable presentación del recurso ante el Constitucional, si el tribunal mantiene su postura. Expresó que una eventual sentencia condenatoria incluiría entre sus motivos de recurso la falta de tiempo para la preparación del caso, y que la cuestión del aplazamiento podría constituir uno de los principales fundamentos de una solicitud de amparo ante el alto tribunal de garantías.

El equipo legal también llamó la atención sobre la magnitud de la causa, puesto que los 50.000 archivos necesarios para la defensa deben descargarse de forma individual, lo que afecta tanto los plazos como la capacidad de organización eficaz del material probatorio y documental. Ese volumen de información, según manifestó Turiel en las declaraciones recogidas por Europa Press, supone un reto técnico y logístico que entorpece una defensa adecuada y dificulta la interlocución con Ábalos, especialmente al encontrarse este en prisión preventiva desde noviembre.

Sobre el estado del exministro, Turiel detalló que Ábalos se encuentra anímicamente afectado y con dificultades para comprender el desarrollo judicial del caso, enfatizando la complejidad de preparar la defensa cuando el acusado permanece privado de libertad. El abogado indicó que, a pesar de los desafíos, Ábalos mantiene cierto optimismo en relación a su estrategia legal, aunque resulta consciente de las limitaciones derivadas de su situación penitenciaria.

Tal como recoge Europa Press, Marino Turiel insiste en la importancia de que el tribunal valore criterios razonables y proporcione mayores plazos, con el fin de evitar vulneraciones al derecho de defensa y de asegurar un juicio con todas las garantías legales. El abogado subrayó también que la defensa agotará las vías legales a su disposición para revertir la situación, mientras continúan los preparativos para la vista oral programada, insistiendo en que la petición de más tiempo responde a la necesidad concreta de manejar de forma eficaz la voluminosa documentación contenida en la causa.

Un exdesarrollador de software ejecutó un sabotaje informático masivo contra su empresa tras ser despedido, causando pérdidas millonarias y enfrentando una condena de prisión. El caso de Davis Lu en Eaton Corporation expone los riesgos internos a los que se enfrentan las organizaciones en el entorno digital.

Un ataque informático que marcó un precedente

La seguridad informática suele asociarse a amenazas externas, pero situaciones como la que protagonizó Lu en Houston, Texas, han cambiado la percepción de los riesgos internos. Tras una reestructuración interna en Eaton Corporation, el programador, con más de una década de experiencia en la empresa, decidió tomar represalias al sentirse desplazado.

Lu instaló un malware en los sistemas corporativos antes de abandonar la organización. Este código malicioso fue diseñado para activarse si su acceso era revocado, lo que finalmente ocurrió tras su despido definitivo en septiembre de 2019. El “interruptor de apagado” que desarrolló generó fallos sistemáticos, eliminó archivos y bloqueó a miles de empleados.

Cómo se gestó el sabotaje

Durante su tiempo en Eaton, Davis Lu participó en el desarrollo de soluciones tecnológicas para sectores estratégicos, incluyendo los rubros aeroespacial y automotor. La decisión de recortar puestos, tomada en 2018, redujo su rol dentro de la compañía. El ambiente de inestabilidad laboral llevó al programador a planificar un ataque que aprovecharía sus privilegios como desarrollador.

Según registros judiciales citados el programador ocultó un software que ejecutaba bucles infinitos en los servidores y eliminaba archivos de perfil de otros empleados. El código fue bautizado como “IsDLEnabledinAD”, en referencia a su propio nombre y a la función de comprobar si su usuario seguía activo en el directorio de la empresa.

Cuál fue el impacto del malware en la infraestructura de Eaton

El ataque no solo afectó los equipos de Houston, sino que se propagó a nivel global. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que el código malicioso generó colapsos en los sistemas empresariales, interrumpiendo operaciones y causando una pérdida de cientos de miles de euros.

El sabotaje también incluyó mecanismos para entorpecer cualquier intento de restauración: el programador eliminó datos cifrados de su portátil corporativa antes de devolverla, lo que complicó las tareas de investigación y recuperación.

Una de las particularidades del caso fue la sofisticación de los mecanismos empleados. Además del software principal, la fiscalía estadounidense encontró otros programas denominados “Hakai” y “HunShui”, que tenían la capacidad de causar daños adicionales y estaban diseñados para activarse bajo ciertas condiciones.

Aunque Lu tomó precauciones para encubrir sus acciones, la investigación logró vincular el origen del ataque a un servidor de desarrollo ubicado en Kentucky. Los análisis demostraron que la cuenta de usuario del exempleado había ejecutado el código en el momento exacto en que se produjo el despido.

En octubre de 2019, menos de un mes después de la activación del malware, Lu confesó su responsabilidad durante los interrogatorios, aunque inicialmente se declaró no culpable de los cargos de sabotaje informático. Durante el juicio, que se extendió durante seis días, se presentaron pruebas que acreditaron el daño intencional provocado a los sistemas de la compañía y a miles de usuarios.

En 2021, un tribunal estadounidense declaró culpable a Davis Lu por daño intencional a sistemas informáticos. La última actualización del caso, en agosto de 2025, confirmó que el programador fue condenado a cuatro años de prisión y tres años de libertad supervisada. La sentencia se impuso por el uso malicioso de sus conocimientos técnicos y la magnitud de las pérdidas ocasionadas.

El caso de Lu resalta la importancia de gestionar adecuadamente los accesos y privilegios dentro de las organizaciones tecnológicas. Los incidentes protagonizados por personal interno pueden tener consecuencias tan graves como los ataques externos. La historia de Eaton Corporation sirve de advertencia sobre la necesidad de una política de seguridad robusta y de revisión constante de los protocolos de acceso y monitoreo de actividades sospechosas.

En el Congreso de la Ciudad de México se presentó una iniciativa para tipificar el acecho como delito en el Código Penal local, con penas que podrían alcanzar hasta seis años de prisión bajo circunstancias agravantes. La propuesta, impulsada en el contexto del Día Internacional de la Mujer, busca reconocer y sancionar el acecho como una forma de violencia que atenta contra la integridad física y psicológica, especialmente de mujeres y otros grupos vulnerables.

Propuesta de reforma al Código Penal capitalino

Durante la sesión ordinaria del Congreso capitalino este 3 de marzo de 2026, la diputada de Morena, Adriana Espinosa de los Monteros García, fundamentó la iniciativa que contempla penas de hasta cuatro años de prisión y multas de 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes cometan el delito de acecho.

La propuesta plantea incrementar la sanción hasta en la mitad, es decir, hasta seis años de prisión, si la víctima es mujer, persona con discapacidad, menor de edad, persona en situación de vulnerabilidad o si existió una relación afectiva previa entre víctima y agresor.

Así quedaría modificado el Código Penal

La diputada Espinosa de los Monteros detalló que el objetivo es adicionar un Capítulo VII al Código Penal local, reconociendo legalmente el acecho como la conducta persistente de vigilar, seguir, monitorear o comunicarse con una persona por cualquier medio, incluidos los digitales o tecnológicos, sin consentimiento.

La legisladora subrayó que el acecho representa el inicio de una escalada de violencia que puede derivar en feminicidio y que no debe confundirse con insistencia romántica. La iniciativa destaca que la falta de tipificación autónoma ha perpetuado escenarios de impunidad, por lo que se busca sancionar esta conducta de manera específica.

El delito de acecho podría seguirse de oficio

La propuesta incluye reglas para la actuación de oficio de las autoridades en casos donde exista riesgo o cuando la víctima sea menor de edad, permitiendo dictar medidas de protección de forma inmediata. Entre los objetivos de la reforma se encuentran:

• Fortalecer la seguridad de las mujeres en la capital.
• Reconocer el acecho como una forma de violencia específica.
• Dotar de herramientas al Estado para intervenir y proteger a las víctimas.

La diputada de Morena señaló que estas reformas no surgen de manera aislada, ya que la Cámara de Diputados ha reconocido la necesidad de atender y sancionar el acecho. Además, enfatizó que esta modificación envía un mensaje claro para dejar de normalizar el control y la persecución en las relaciones.

Al cierre de la sesión, la Mesa Directiva informó que las y los diputados Elizabeth Mateos Hernández, Judith Vanegas Tapia, Cecilia Vadillo Obregón y Pedro Haces Lago se sumaron a la iniciativa, la cual fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen.

El acusado ejercía su autoridad dentro del entorno familiar para perpetrar agresiones sexuales contra la hermana de su esposa de manera reiterada, con frecuencia de hasta dos o tres veces a la semana, según detalló el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El fallo judicial atribuye la prolongación de los hechos a la posición de superioridad del condenado y la vulnerabilidad de la víctima, quien desde los catorce años y hasta cumplir los veinte sufrió estos delitos. La resolución recoge que la joven padece además un trastorno mental leve, circunstancia que fue aprovechada durante los ataques cometidos por el hombre de Almería. Según informó Europa Press, el tribunal confirmó la condena de 14 años y medio de prisión por delitos de agresión sexual, fijando también una indemnización de 50.000 euros para compensar el daño psicológico sufrido.

De acuerdo con Europa Press, la sentencia ratificada responde al rechazo de los argumentos de la defensa, que había solicitado la nulidad del juicio. El tribunal, sin embargo, estimó parcialmente el recurso presentado por la Fiscalía de Almería, que había calificado de insuficiente la primera indemnización y solicitó su incremento debido a la gravedad de las consecuencias para la víctima. De este modo, se elevó la cantidad a abonar a la afectada, pasando de los 20.000 a los 50.000 euros, en función de los informes médicos que reconocieron en la víctima sintomatología ansiosa-depresiva y trastorno de estrés postraumático originados por los hechos probados.

El medio Europa Press detalló que las agresiones se produjeron, durante al menos siete años y hasta octubre de 2021, siempre en contextos privados en los que el acusado quedaba a solas con la víctima. La sentencia señala que los delitos ocurrieron tanto en la vivienda familiar de la menor, como en el municipio donde residía mientras estudiaba, e incluso en la casa del propio procesado. Apunta también que siempre se produjeron sin consentimiento y recurriendo el agresor en ocasiones a la amenaza o a zarandear a la víctima para quebrar su resistencia.

El fallo fundamenta que la frecuencia y duración de los delitos, así como las secuelas psicológicas, justifican que la reparación correspondiente incluya una compensación económica más elevada que la prevista inicialmente. Consigna Europa Press que la resolución pone de relieve que, debido al vínculo de parentesco, el acusado pudo utilizar su influencia en el ámbito familiar para facilitar las agresiones de modo sistemático, afectando a la estabilidad emocional y mental de la joven.

Según consignó Europa Press, la sentencia de la Sala de lo Penal señala que el comportamiento del condenado supuso una “explotación continuada” de la situación de vulnerabilidad de la víctima. El tribunal subraya que el acusado aprovechó cada oportunidad para perpetrar los abusos, con una regularidad de varias veces por semana, pese al claro rechazo y oposición de la víctima.

La joven fue sometida a amenazas y violencia física ocasional para vencer su resistencia, lo que incrementó la gravedad de las secuelas mentales. De acuerdo con el contenido del fallo, recogido por Europa Press, los profesionales de la salud certificaron un estado de ansiedad, depresión y síntomas propios del trastorno de estrés postraumático en la víctima, atribuibles al largo periodo de agresiones.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestimó así el recurso de apelación presentado por la defensa, confirmando tanto la culpabilidad del imputado como su responsabilidad penal, en sintonía con la posición de la Fiscalía, que recalcó la especial gravedad de estos hechos por el aprovechamiento de la discapacidad intelectual y la relación de confianza dentro del grupo familiar. Europa Press informó que la resolución añade que la reparación económica busca compensar el daño moral enfrentado por la afectada, derivado de un proceso que se prolongó durante siete años y que terminó afectando a su vida emocional, social y profesional.

Europa Press concluye que el tribunal dejó constancia de que el acusado aprovechó el entorno seguro de la víctima para cometer estos delitos, lo que influyó tanto en la extensión del sufrimiento como en la determinación de la indemnización final fijada en 50.000 euros.

Un juez federal dictó prisión preventiva en contra de Karina “N”, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del Ayuntamiento de Monterrey, al ser imputada por los presuntos delitos de extorsión y falsedad de declaraciones.

La medida cautelar también fue impuesta a otras personas señaladas en el mismo caso.

La audiencia, celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo León, se prolongó por casi cuatro horas.

Al término, el juez determinó que la funcionaria enfrente el proceso privada de la libertad mientras continúan las investigaciones.

Prisión preventiva y próxima audiencia en el caso Karina Barrón

De acuerdo con el abogado del denunciante, Walter de Ochoa, la medida cautelar aplicada fue prisión preventiva y los imputados solicitaron que su situación jurídica se resuelva en el plazo constitucional de 144 horas.

Por ello, se programó una nueva audiencia para el próximo sábado, en la que se definirá si son vinculados a proceso.

Karina “N” fue ingresada a un Centro de Reinserción Social Femenil en Nuevo León, donde permanecerá mientras avanza el procedimiento penal.

La autoridad judicial no detalló públicamente la ubicación exacta del penal.

Denuncia del senador Waldo Fernández y actuación de la FGR

El senador de Morena, Waldo Fernández González, confirmó que la detención deriva de una denuncia que él mismo promovió.

Según su versión, los hechos estarían relacionados con un presunto “montaje y fabricación” de acusaciones en su contra durante el proceso electoral de 2024, cuando ambos contendieron por un escaño en el Senado.

El legislador señaló que el caso es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que llevó a cabo la detención, y no por la fiscalía estatal.

Además, cuestionó el actuar de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, al considerar que admitió una denuncia previa sin que, según él, existieran elementos sólidos.

Fernández también aseguró que dentro de la carpeta de investigación se menciona un presunto intento de extorsión por cinco millones de pesos.

Así fue la detención en San Nicolás

Según el informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la funcionaria fue detenida el 1 de marzo alrededor de las 13:45 horas en la colonia Nuevo Mezquital, en el municipio de San Nicolás de los Garza, sobre la avenida Aceros.

En el mismo operativo fueron aseguradas otras personas identificadas como Deborah “N” y Gustavo “N”, quienes presuntamente habrían participado en los hechos investigados.

Lista de acusaciones contra Karina “N”

De acuerdo con lo expuesto en audiencia y por las partes involucradas, a la funcionaria se le señala por:

• Presunta extorsión en perjuicio del senador Waldo Fernández.
• Supuesta falsedad de declaraciones ante una autoridad.
• Probable participación en la presentación de una denuncia considerada como fabricación de hechos.
• Posible coordinación con otras personas para sustentar la acusación.
• Presunto intento de obtener un beneficio económico derivado del caso.

La situación jurídica de Karina “N” se definirá en los próximos días, cuando el juez determine si existen elementos suficientes para vincularla a proceso y establecer las siguientes etapas del caso.

La resolución judicial, a la que tuvo acceso Europa Press, establece que los hechos ocurrieron en marzo de 2021, momento en que la ciudad enfrentaba las limitaciones y medidas preventivas derivadas de la pandemia. Tanto la víctima como el responsable del delito se conocieron esa misma noche a través de conocidos en común. La agresión se produjo en la vivienda del acusado, lugar en el que ambos se quedaron a solas tras el inicio del toque de queda decretado por la pandemia.

El fallo de la sala resalta que el acusado se aprovechó de la situación derivada del toque de queda, lo que facilitó que ambos permanecieran en el interior del domicilio. La sentencia detalla que el hombre actuó al detectar que la menor estaba profundamente dormida y que llevó a cabo la agresión sexual sin que constara ningún tipo de consentimiento por parte de la joven.

Europa Press informó que fue mientras se encontraba todavía bajo el impacto de lo sucedido cuando la menor despertó, recogió sus pertenencias y abandonó el domicilio para buscar ayuda. Dicha experiencia, según los hechos probados, desencadenó importantes afecciones psicológicas en la víctima, tales como alteraciones en el sueño, disminución en la vida social y pensamientos recurrentes ligados al episodio que sufrió.

De acuerdo con la sentencia reseñada por Europa Press, el acusado, además del tiempo en prisión, tendrá que afrontar la prohibición de acercarse a la víctima a una distancia menor de 500 metros, así como a comunicarse directamente o por cualquier medio durante el periodo establecido. También se le impuso una medida de libertad vigilada por ocho años, la misma duración que la prohibición de contacto.

El dictamen añade que la víctima debe recibir una compensación económica por los daños morales sufridos a raíz del delito. Las secuelas identificadas por el tribunal como consecuencia de la agresión sexual incluyen la dificultad para dormir y mantener el sueño, una clara reducción de sus relaciones interpersonales y la persistencia de pensamientos intrusivos relacionados con el suceso.

Europa Press consignó que tanto el procesado como su defensa aceptaron la acusación presentada y las penas solicitadas, lo que llevó a que el tribunal declarara la sentencia firme de manera inmediata, cerrando así el proceso judicial sin necesidad de una vista adicional.

La decisión del tribunal provincial incorpora la evaluación de la situación especial impuesta por el toque de queda originado por la pandemia de covid, señalando que dicha circunstancia facilitó el aislamiento de la menor y el delito cometido. Además, el dictamen judicial determina que durante ningún momento existió consentimiento de la víctima hacia los actos cometidos por el acusado.

Con esta sentencia, la Audiencia de Málaga fija medidas que buscan salvaguardar la integridad física y emocional de la afectada, así como clarificar la responsabilidad civil y penal del condenado. El caso refleja las consideraciones legales adoptadas durante la vigencia de las restricciones por la crisis sanitaria y subraya el reconocimiento del impacto psicológico de la agresión en la víctima, según publicó Europa Press.

Europa Press detalló que la resolución judicial se adoptó tras un acuerdo entre la defensa del acusado y las demás partes procesales, lo que evitó la celebración del juicio oral previsto originalmente para los días 18 y 19 de febrero de 2026. El tribunal consideró acreditado que los hechos ocurrieron entre los años 2011 y 2016 en Ávila, periodo durante el cual el acusado mantenía una relación de convivencia con la madre de la menor. Durante ese tiempo, la víctima tenía entre 9 y 15 años.

La sentencia recogió que el condenado se valió de su posición de superioridad respecto a la menor y de las circunstancias que le permitían quedarse solo con ella en el domicilio familiar para realizar tocamientos de índole sexual. Según explicó Europa Press, la resolución subraya que el hombre incluso llegó a ofrecerle dinero a la niña a cambio de mantener relaciones sexuales, aunque la menor rechazó esa propuesta.

La Audiencia Provincial de Ávila también impuso la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo mientras perdure la condena, así como la obligación de no acercarse ni mantener comunicación con la víctima en un radio de 200 metros durante seis años adicionales al periodo de prisión. Europa Press añadió que, una vez cumplida la condena de cinco años, el sentenciado deberá someterse a un régimen de libertad vigilada por ocho años.

Según publicó Europa Press, el tribunal estableció que el procesado no podrá desempeñar funciones en ningún empleo o tarea que conlleve trato habitual y directo con personas menores de edad por un plazo que supera la condena en prisión en cinco años. En relación con la responsabilidad civil, la sentencia ordenó el pago de una indemnización de 10.000 euros a la víctima en concepto de daños de carácter moral y psicológico, junto con los intereses legales que correspondan.

La resolución, que ya es firme tras la conformidad alcanzada entre las partes, contempla también que el condenado asuma el pago de las costas del proceso, salvo aquellas derivadas de la intervención de la acusación particular. Europa Press informó que es posible interponer recurso de apelación contra esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El Ministerio Fiscal ha solicitado que el acusado no solo cumpla una pena de encarcelamiento, sino que también permanezca siete años alejado de la denunciante y sin poder establecer ningún tipo de contacto con ella, extendiendo esta vigilancia por igual período tras su potencial excarcelación. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la vista oral comenzará este jueves, 5 de marzo, a las 9:30 horas, en las dependencias de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

De acuerdo con la información publicada por la Fiscalía de Cantabria, los hechos ocurrieron cuando la mujer y el acusado compartían una casa de verano. El escrito del ministerio público recoge que, tras advertir el varón que la denunciante se hallaba en un “profundo estado de embriaguez” y presentaba “situación de inconsciencia", decidió aprovechar ese estado y empezó a tocar partes de su cuerpo, según detalló la Fiscalía. El ministerio público sostiene que este comportamiento tuvo por objeto explotar la incapacidad de la mujer para oponerse a sus actos, con la intención de satisfacer deseos sexuales del acusado.

El acusado, una vez que constató el estado de indefensión de la víctima, procedió a quitarle la ropa interior, según consignó la Fiscalía en el acta. La acusación sostiene que después el hombre penetró a la mujer “fuertemente, vaginal y analmente”, causándole lesiones resultantes de dicha agresión. Estas lesiones han quedado registradas como parte de la investigación y forman parte de la base probatoria del caso en la solicitud de condena.

En el momento en que la mujer recuperó la consciencia, según documentó la Fiscalía, denunció los hechos ante la autoridad competente. Esta denuncia dio inicio al procedimiento judicial que ahora comenzará a sustanciarse en sede provincial.

El Ministerio Fiscal califica la conducta atribuida al acusado como constitutiva de un delito de agresión sexual según el Código Penal, por el uso del estado de inconsciencia de la víctima para perpetrar el abuso. Como respuesta a estos hechos, la solicitud incluye una pena de seis años de prisión, siete años de libertad vigilada una vez cumplida la condena y la prohibición de aproximarse y comunicarse con la denunciante durante el mismo tiempo, según reportó el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

En el ámbito de la responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que el acusado haga frente a una indemnización por importe de 7.000 euros, suma destinada a la víctima como compensación por los daños físicos y psicológicos sufridos a raíz de la agresión, detalló el mismo organismo.

Según publicó el Tribunal Superior de Justicia autonómico, el caso se girará en torno a la evidencia recabada sobre el estado de incapacidad de la denunciante, la relación circunstancial entre los presentes en la casa de verano, y las consecuencias físicas documentadas. Los informes recogidos serán presentados ante los magistrados en la audiencia con el objetivo de valorar la solidez de las acusaciones del Ministerio Fiscal y determinar la responsabilidad penal del encausado.

El juicio, señalado para celebrarse en Santander, prevé el testimonio de la víctima, así como la presentación de informes médicos y pruebas periciales en relación a las lesiones y el estado de la denunciante al momento de los hechos. Durante la vista, se examinarán las circunstancias que rodearon la presunta agresión y los elementos expuestos por la Fiscalía en su escrito de acusación.

La petición del Ministerio Fiscal implica la aplicación combinada de sanciones privativas de libertad, medidas accesorias para impedir el contacto con la denunciante y una compensación económica, enmarcadas en la normativa de protección de las víctimas de delitos contra la libertad sexual, según precisó el comunicado divulgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

El desarrollo del juicio permitirá a las partes presentar nuevos elementos de defensa y acusación en relación al relato presentado por el Ministerio Fiscal, mientras los magistrados evaluarán si los hechos generan responsabilidad penal en los términos planteados en el escrito de acusación. La vista está fijada para este jueves en la principal sede judicial provincial, a la espera del pronunciamiento posterior de la autoridad judicial conforme avancen las diligencias.

El tribunal indicó que la amenaza ejercida por el acusado contra la madre de la menor, junto con el sometimiento y apartamiento que sufrió la joven durante la relación, reflejaron una situación de control y miedo que reforzó el alcance de los delitos, según detalló la sentencia consultada por Europa Press. La Audiencia Provincial de Almería impuso al hombre una pena de 12 años y medio de prisión tras hallarlo responsable de un delito continuado de agresión sexual contra una menor de 16 años, así como de maltrato habitual en el contexto de la violencia de género y de amenazas. Además de la condena de cárcel, la Sección Tercera estableció veinte años de alejamiento de la víctima y la obligación de abonar 30.000 euros en concepto de daños morales, además de otras penas accesorias y restricción de comunicación.

Según publicó Europa Press, los hechos juzgados comenzaron cuando el acusado, de 26 años, entabló un vínculo con la menor, que tenía 13 años, y que, aunque presuntamente consensuado, fue calificado jurídicamente como constitutivo de ilícito penal por la reforma legislativa que elimina el consentimiento como eximente en relaciones sexuales con menores de esa edad. Ambos reconocieron en juicio los encuentros sexuales; sin embargo, el acusado alegó que creía que la adolescente tenía 15 años. El tribunal subrayó que “ese aspecto carece de relevancia alguna”, debido a la modificación de la ley del ‘solo sí es sí’, que considera punible toda relación sexual con menores de 16 años, consentida o no por la víctima.

A lo largo del proceso, la sala resaltó la veracidad y claridad del testimonio de la menor. Según consignó Europa Press, la víctima explicó ante el tribunal que el acusado, en reiteradas ocasiones, profirió amenazas contra la vida de su madre, situación que le generaba “gran miedo” por las malas relaciones existentes entre el acusado y la progenitora, reconocidos ambos durante el proceso judicial. El relato de la joven fue corroborado mediante peritajes psicológicos, los cuales identificaron signos compatibles con el daño emocional propio de víctimas de violencia de género, incluyendo baja autoestima y sintomatología ansioso-depresiva.

El tribunal también valoró las conclusiones de las psicólogas que analizaron el caso, quienes determinaron que, pese a que el acusado no agredió físicamente a la menor, ejercía contra ella insultos frecuentes, control de sus amistades y restricciones, prácticas que fueron consideradas nuevas pruebas de maltrato psicológico en el ámbito de la relación. Según reportó Europa Press, las pruebas documentaron la presencia de situaciones de sumisión, intimidación y aislamiento social de la adolescente, así como episodios de insultos, vejaciones y menosprecios.

Durante el periodo correspondiente al primer semestre de 2019, el acusado mantuvo múltiples relaciones sexuales con la menor, a pesar de ser plenamente consciente de su edad. Producto de esta relación, la adolescente resultó embarazada, hecho que fue recogido en la resolución consultada por Europa Press. El tribunal determinó que la joven se encontraba en “estado de sumisión y aislamiento” durante distintas fases del vínculo, lo que afectó significativamente su bienestar emocional. La resolución judicial señaló, además, que como resultado de las amenazas recibidas, la menor experimentó un episodio de intento autolítico.

En relación con los argumentos empleados en la defensa del procesado, la Audiencia rechazó las circunstancias atenuantes de confesión, al haber negado inicialmente los hechos el acusado en sus primeras declaraciones. Tampoco aceptó la alegación de “circunstancias sociales” relativas al hecho de ser de etnia gitana ni a prácticas de matrimonios prematuros, estableciendo la sentencia que “ese hecho no aporta ninguna relevancia a la hora de valorar la menor culpabilidad en el acusado”.

La sala tuvo en cuenta exclusivamente la atenuante de dilaciones indebidas por una paralización injustificada en el procedimiento judicial, circunstancia que moderó parcialmente la extensión de la condena, según explicó Europa Press. Los magistrados descartaron cualquier otra eximente o atenuante relevante.

El acusado ya había registrado antecedentes por delito de violencia de género antes de los hechos juzgados. A pesar de que la madre de la menor se oponía a la relación, no existió convivencia entre ambos, de acuerdo con la información consignada por Europa Press. La sentencia prevé que la condena puede ser recurrida en apelación por ambas partes.

El fallo de la Audiencia Provincial de Almería hace explícita la gravedad de las conductas constitutivas de delito, subrayando el impacto de la relación desigual basada en el control, las amenazas y el sometimiento psicológico. El daño derivado fue acreditado por peritos a través de indicios clínicos compatibles con secuelas propias de violencia de género.

Finalmente, la información revisada por Europa Press recuerda que las víctimas de violencia contra las mujeres y sus allegados pueden acceder al servicio de atención, asesoramiento jurídico y apoyo psicosocial a través del número 016, que opera de manera gratuita, sin dejar rastro en la factura telefónica y en múltiples idiomas, y por medios digitales como el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y mediante WhatsApp en el número 600000016.

El tribunal determinó que la víctima no tuvo ningún tipo de relación previa con el condenado, más allá de conocerlo por comentarios despectivos que este realizaba a ella y su entorno, entre ellos apodos y referencias sobre su cuerpo, de acuerdo con la información difundida por Europa Press. Esta valoración judicial se fundamentó en la coherencia, persistencia y homogeneidad de las declaraciones de la denunciante ante la Audiencia Provincial de Orense, contrastadas con la versión del acusado, a quien finalmente se impuso una pena de siete años de prisión por un delito de violación a una menor de 17 años en situación de embriaguez. Los hechos se produjeron en la ciudad de Ourense durante la madrugada del 15 de octubre de 2023, según detalló Europa Press.

La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, recoge que la víctima se encontraba en un estado de embriaguez y bajo los efectos de fluoxetina cuando fue abordada por el acusado cerca de su domicilio, aproximadamente entre las 3.00 y 3.30 horas. El texto judicial describe cómo el hombre se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la joven, a quien condujo hasta un callejón poco transitado con la intención de mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. En ese lugar, el acusado sujetó a la víctima por la cabeza para forzarla a realizarle una felación cuando esta se hallaba indefensa, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos incluida en la sentencia.

Posteriormente, el condenado desvistió parcialmente a la menor y consumó el acto sexual a través de penetración vaginal, eyaculando sin el uso de preservativo tanto en el interior de la víctima como sobre su torso, según consta en el auto judicial referido por Europa Press. El tribunal detalló además que después de los hechos, el hombre dejó a la joven en el suelo, boca arriba, abandonando el lugar sin prestarle ayuda alguna ni avisar a nadie, lo que agudizó las condiciones de desamparo de la víctima.

Durante el proceso judicial, tanto el acusado como amigos suyos comparecieron como testigos en las vistas celebradas los días 2 y 9 de febrero. Los testimonios aportados por estos respaldaron la versión del procesado, quien sostuvo que la menor tomó la iniciativa, sugirió consumar el encuentro y posteriormente se comunicó de forma coherente. Según publicaron los periodistas de Europa Press, la Sala descartó estos argumentos por considerar que las pruebas en su contra resultaban concluyentes. Del mismo modo, la Audiencia Provincial descartó contradicciones sustanciales en las declaraciones de la víctima, subrayando su persistencia en la incriminación y la “homogeneidad esencial” del relato.

La respuesta del tribunal, según la información de Europa Press, incluyó la imposición de cinco años de libertad vigilada después del cumplimiento de la pena de prisión, la prohibición de ejercer empleos o participar en actividades que impliquen contacto directo y regular con menores durante diez años, así como la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 300 metros de distancia, de acudir a su domicilio o cualquier lugar donde la joven se encuentre, y de comunicarse con ella por cualquier medio, igualmente por un periodo de diez años.

La resolución judicial estableció, además, el pago de una indemnización de 18.000 euros a favor de la menor agredida. Todos estos extremos figuran en la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press, donde se precisa que la Sala valoró como veraces y consistentes las declaraciones de la víctima, frente a las emitidas tanto por el acusado como por los testigos de la defensa.

En el relato de hechos probados, la sentencia subrayó que la víctima no sólo se encontraba bajo la influencia del alcohol, sino también de medicamentos, lo que anuló sus facultades para resistirse. El condenado llevó a la joven a un espacio aislado y realizó los actos descritos aprovechando la incapacidad de la menor para defenderse o consentir libremente. Además de dejarla sola y expuesta, el fallo resalta que el condenado demostró un absoluto desapego tras obtener lo que buscaba.

Entre los argumentos esgrimidos por la Audiencia Provincial de Orense, el tribunal remarcó que la versión del inculpado y de quienes atestiguaron en su favor quedaron desestimadas a la luz de la prueba practicada. De igual manera, la Sala puso en valor la consistencia y el detalle mantenido por la víctima en sus reiteradas intervenciones durante todo el proceso judicial, resaltando la ausencia de contradicciones relevantes, lo que contribuyó a la condena del procesado.

Finalmente, la sentencia notificada por la Audiencia Provincial de Orense y recogida por Europa Press fijó las penas principales y accesorias para el condenado. El fallo abordó las circunstancias agravantes derivadas del aprovechamiento de la situación de especial indefensión de la menor, cuyo estado de inconsciencia se atribuyó a la combinación de ingesta alcohólica y medicamentos, elementos considerados determinantes por los magistrados para emitir la condena.

Según publicó Europa Press, la Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado tanto a la madre como al hijo —quienes compartieron vivienda con la joven desde agosto de 2022— a más de treinta años en total de prisión. El tribunal comprobó que desde el inicio de la convivencia, el hijo ejerció un control total sobre la joven, impidiendo que saliera sola, restringiendo cualquier contacto con terceros y retirando su acceso al teléfono particular. A este control se añadieron agresiones físicas y verbales frecuentes.

La sentencia detalló que, pese a existir una orden de alejamiento dictada en agosto de 2023, ambos condenados reanudaron la convivencia en el domicilio materno, lo que supuso un empeoramiento en las condiciones de cautiverio y violencia. De acuerdo con el fallo judicial, la situación alcanzó su punto crítico en los meses más recientes del verano siguiente, cuando los maltratos, la privación de movilidad y la administración forzosa de fármacos se intensificaron. Durante ese período, el hijo mantuvo varias relaciones sexuales sin consentimiento con la joven, utilizando tanto la fuerza física como la medicación sedante para impedir la resistencia.

La resolución judicial describe el intento de huida de la joven en enero de 2024, cuando trató de marcharse por la ventana del baño. El condenado la forzó a regresar a través de amenazas dirigidas a la familia de la víctima, consolidando su sometimiento. Según informó Europa Press, los acusados también se apropiaron de la ayuda económica mensual que percibía la joven, obligándola en ocasiones a acompañarles al banco con el fin de retirar dinero, que luego pasaba a manos de los condenados.

El fallo recoge que la víctima padeció lesiones físicas que incluyeron hematomas, heridas en las extremidades y cicatrices persistentes, además de un cuadro de estrés postraumático que requirió atención psiquiátrica especializada. El tribunal consideró los hechos probados como constitutivos de múltiples delitos: maltrato habitual, quebrantamiento de medida cautelar, amenazas, detención ilegal, estafa continuada, delito contra la integridad moral, agresión sexual continuada y lesiones. El hijo fue considerado autor principal de la mayor parte, y coautor junto a su madre en los delitos de detención ilegal y estafa, agravados en su caso por su relación de parentesco con la víctima.

De acuerdo con la información de Europa Press, la Audiencia impuso al hijo 17 años y medio de prisión por detención ilegal, 13 años y medio por agresión sexual continuada, un año y nueve meses por maltrato habitual, seis meses por quebrantar la medida cautelar, seis meses por amenazas, seis meses por delito contra la integridad moral, un año por lesiones y un año y nueve meses adicionales por estafa continuada. La sentencia también estipula la privación de la patria potestad por seis años, inhabilitación para empleo o cargo público por seis años más, libertad vigilada durante un decenio y prohibiciones totales de aproximación y comunicación con la víctima por 18 años y medio.

La madre ha recibido una pena de cinco años por detención ilegal, un año y nueve meses por estafa continuada, seis meses por lesiones, así como restricciones de contacto y acercamiento a la víctima por periodos de entre cinco y seis años, en función de cada infracción. Ambos deberán indemnizar a la joven en conjunto con una suma de 60.000 euros, destinada a reparar los daños físicos, secuelas y sufrimiento moral ocasionados, además de hacerse cargo de las costas legales, precisa Europa Press.

La sentencia mantiene activa la medida de prisión provisional para ambos condenados mientras no adquiera firmeza definitiva. Según Europa Press, la resolución aún admite recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En la descripción de los hechos, la sentencia enfatiza que la situación afectó de manera persistente y grave tanto la integridad física como el bienestar psíquico y moral de la joven, que fue privada no solo de su capacidad de decisión y movilidad, sino también de sus medios económicos y de toda posibilidad de mantener vínculos estables y seguros con su entorno. Las actuaciones consideradas por el tribunal incluyen no solo la agresión sexual y la privación de libertad, sino también la continuidad en la estafa y el quebrantamiento de órdenes judiciales tendentes a proteger a la víctima.

La menor logró registrar en audio algunos de los episodios de abuso para respaldar sus acusaciones contra su abuelo, aportando así pruebas directas sobre lo ocurrido en la vivienda familiar del municipio asturiano de Mieres. Según informó Europa Press, este jueves el hombre, procesado por delitos de agresión sexual continuada contra su nieta, admitió los hechos ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, y aceptó las penas propuestas tanto por la Fiscalía del Principado de Asturias como por la acusación particular.

El caso se refiere a una serie de delitos de abuso sexual cometidos entre los meses de marzo y noviembre de 2024, período en el cual la víctima, una menor de 14 años, permanecía con frecuencia en la casa de sus abuelos para comer y dormir. Europa Press detalló que los hechos tuvieron lugar en presencia de la abuela, aunque la denuncia y las pruebas presentadas se centraron en las acciones del acusado.

El acusado reconoció la comisión de los hechos, calificados por el tribunal como constitutivos de un delito continuado contra la libertad sexual. La aceptación de los hechos derivó en un acuerdo de conformidad por el cual se impuso al hombre una condena de 13 años de cárcel. El paquete de sanciones establece también la inhabilitación absoluta durante los años de la condena, lo que imposibilita al procesado ejercer cualquier derecho relacionado con la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento por 15 años.

Europa Press consignó que, además de la pena privativa de libertad, el condenado fue sentenciado a nueve años bajo un régimen de libertad vigilada tras cumplir la condena, y se le aplicó una inhabilitación especial durante 19 años para trabajar o colaborar en cualquier profesión, oficio o actividad, remunerada o no, que implique contacto regular y directo con menores de edad.

El tribunal impuso igualmente una orden de alejamiento que establece que el acusado no podrá acercarse a menos de 500 metros de la víctima, de su domicilio o de cualquiera de los lugares habitualmente frecuentados por la menor, ni comunicarse con ella a través de ningún medio durante un período de 18 años. De acuerdo con la información de Europa Press, en materia de responsabilidad civil, el procesado indemnizará a la menor con una suma de 30.000 euros, a lo que se suman los intereses legales que correspondan.

El juicio no llegó a desarrollarse de manera ordinaria porque la confesión del procesado condujo a un acuerdo previo entre las partes acusadoras y la defensa, situación que permitió la imposición de las penas mencionadas. El expediente inició una vez que la víctima logró entregar a las autoridades las grabaciones realizadas durante los episodios relatados. Estas pruebas fueron consideradas determinantes durante la instrucción y en la acreditación de la denuncia.

Con estos hechos, la Audiencia Provincial de Oviedo cerró una causa que involucró uno de los delitos más graves tipificados en la legislación, dada la edad de la víctima y el contexto familiar en el que se perpetraron los abusos. Europa Press indicó que el caso ha puesto en primer plano los mecanismos de protección judicial para menores víctimas de violencia sexual, así como la aplicación de medidas accesorias que trascienden el cumplimiento de la pena de prisión.

La sentencia aborda también la prevención de riesgos para la menor mediante la orden de protección y la imposición de barreras legales a cualquier tipo de contacto o acercamiento por parte del condenado. Según Europa Press, el expediente contempla todo tipo de prohibiciones: desde el ejercicio de cargos de responsabilidad sobre menores, hasta cualquier forma de interacción, física o virtual, entre el condenado y su nieta, durante los plazos fijados por la resolución judicial.

En conjunto, la resolución judicial adoptada tras la confesión del hombre estableció tanto un castigo penal proporcional a la gravedad de los hechos, como una serie de dispositivos legales para resguardar la integridad de la víctima y limitar cualquier riesgo futuro de reiteración de conductas similares. La información de Europa Press remarca el valor de las pruebas aportadas por la menor y el impulso de la acusación particular, que resultaron decisivos para que el tribunal dictara sentencia sin necesidad de un juicio oral prolongado.

Un jurado en California inició deliberaciones para definir el destino de Shannon O’Connor, madre de 51 años, quien enfrenta 63 cargos, incluyendo abuso de menores y facilitación de agresiones sexuales, tras organizar fiestas donde adolescentes consumieron alcohol y habría alentado comportamientos de riesgo sexual.

La acusación sostiene que estos hechos no solo buscaron consolidar la popularidad escolar de su hijo —escenario que fue escalando con consecuencias potencialmente graves— y que las consecuencias para O’Connor podrían significar más de 30 años de prisión, de acuerdo con el diario local The Mercury News.

La acusada enfrenta delitos graves y faltas menores

El caso fue entregado al jurado este martes, tras varias semanas de audiencias. El panel deberá analizar 20 cargos de delitos graves, entre ellos por presunta puesta en peligro de menores y complicidad en agresiones sexuales, así como 43 cargos menores relacionados con el suministro de alcohol a menores de edad.

La pesquisa detalla que las fiestas comenzaron cuando el hijo de O’Connor cursaba la escuela secundaria y aumentaron en escala a su ingreso en Los Gatos High School. Los fiscales apuntan que, lejos de supervisar el entorno, la acusada habría facilitado el consumo de alcohol y posteriormente la actividad sexual entre jóvenes.

Según The Mercury News, varios adolescentes declararon que sufrieron amnésicos episodios de penetración sexual, y uno relató que estuvo a punto de ahogarse en una bañera tras beber en exceso.

Entre los incidentes más graves, se documentó la caída de un joven de una camioneta tras un paseo en estado de ebriedad, con O’Connor como conductora, en el estacionamiento de la escuela.

Testimonios de víctimas y evidencia digital revelan el rol activo de O’Connor

Durante el juicio, numerosos asistentes a las reuniones señalaron no recordar detalles de situaciones sexuales tras las fiestas.

El proceso judicial se centró también en la significativa cantidad de mensajes de texto y comunicaciones en redes sociales, presentadas como prueba principal, en los que la acusada coordinaba pedidos de alcohol y mostraba interés en la vida privada de los adolescentes.

Ante la magnitud de las evidencias, padres de víctimas consideraron que O’Connor mostró un patrón de manipulación. Uno de ellos la definió como una maestra manipuladora y sostuvo que el flujo de mensajes explícitos evidenciaba la participación protagónica de O’Connor en la organización y encubrimiento de las fiestas, informó The Mercury News.

La acusación indicó que O’Connor habría intentado garantizar el silencio de los jóvenes frente a la creciente inquietud de familias, lo que culminó en el traslado de O’Connor junto a sus hijos a Idaho. Allí fue arrestada en 2021, luego de que padres de la comunidad y autoridades reunieran las pruebas que impulsaron la investigación judicial.

La defensa de O’Connor y las consecuencias legales en juego

Durante el proceso, O’Connor decidió no declarar ante el jurado, aunque en diciembre, desde la cárcel de mujeres de Elmwood en Milpitas, defendió públicamente su accionar.

Se calificó como un chivo expiatorio de las conductas de los adolescentes, asegurando que los involucrados actuaban por su cuenta y que la fiscalía les habría concedido inmunidad a cambio de responsabilizarla a ella. Según The Mercury News, la acusada afirmó que “los adolescentes son ingeniosos, encuentran la forma de conseguir lo que quieren”.

Añadió: “Fueron castigados y se les prohibió salir en numerosas ocasiones, pero seguían haciéndolo y realmente no había manera de impedirlo”.

En abril de 2023, O’Connor consideró declararse culpable para evitar juicio, pero desistió tras ser informada por la jueza Elizabeth Peterson de que la condena sería de 17 años de prisión. Posteriormente, una nueva acusación del gran jurado elevó la cifra de cargos y amplió la posible sentencia a más de tres décadas en prisión.

Un punto central para O’Connor fue el peligro de ser obligada a registrarse como delincuente sexual, ya que entre los nuevos cargos tras la acusación de 2023 aparecen dos por penetración sexual agravada.

La fiscalía sostiene que facilitó la intoxicación de dos menores, lo que habría impedido su consentimiento, constituyéndose así en cómplice indirecta de agresión sexual.

Durante el juicio celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, la madre de la víctima narró cómo fue el momento en que su hija le confesó la supuesta agresión sexual por parte de su tío, acusación que llevó a un proceso judicial en Mallorca. Según informó el medio, la mujer relató que la niña, actualmente mayor de edad y diagnosticada con trastorno del espectro autista, le confió los detalles tras una conversación sobre experiencias traumáticas. Este testimonio se presenta en un caso donde el acusado niega haber cometido agresiones sexuales y asegura que la relación entre ambos fue la habitual entre padrino y ahijada, situación que constituye el núcleo central del proceso penal.

De acuerdo con la información publicada por el citado medio, el acusado rechazó de manera categórica las imputaciones durante su declaración. Aseguró que en ningún momento estuvo a solas con la menor y manifestó desconocer las razones que habrían motivado la denuncia. La defensa argumentó que nunca existieron incidentes o comportamientos que despertaran sospechas en el entorno familiar durante la convivencia, enfatizando que, para ellos, la relación siempre fue normal y sin indicios de abusos.

Según consignó el medio, la investigación judicial incluyó la intervención de familiares cercanos al círculo de la víctima y del acusado. La madre de la joven explicó ante el tribunal que en un principio no detectó motivo alguno para considerar veraces las acusaciones, pero le otorgó total credibilidad a su hija debido a su diagnóstico de autismo. A este respecto, afirmó: “Los autistas no mienten. Confío 100 por 100 en mi hija porque no es una mentirosa”. Sin embargo, admitió que presentó la denuncia porque así se lo indicaron las autoridades de menores, que la instaron a hacerlo bajo la advertencia de ser investigada en caso contrario.

La abuela de la víctima, madre del acusado, también compareció en el juicio y, según detalló el medio, sostuvo que no percibió ningún tipo de comportamiento sospechoso durante el tiempo en que convivieron en la misma vivienda. La abuela señaló que la menor pasaba mucho tiempo en el domicilio familiar y enfatizó que “nunca oyó nada” que pudiera alertarla de un posible abuso.

Sumando otras voces, el relato recogido por el medio incluye el testimonio de la ex pareja del acusado, en cuya casa la menor pasaba períodos prolongados. Esta testigo manifestó que tampoco percibió ninguna actitud inadecuada, sexual o de otro tipo, y negó haber visto siquiera conductas sospechosas entre el tío y la sobrina.

Durante la vista oral, el tribunal aceptó la reproducción del interrogatorio previo realizado a la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad y relató pormenorizadamente los hechos investigados. Según reportó el medio, la joven narró cómo, desde los siete u ocho años y en diferentes domicilios, su tío le practicó tocamientos y actos de contenido sexual. “Venía y me tocaba en las partes íntimas. Ponía una manta por encima y lo hacía por fuera y por dentro de la ropa”, declaró la chica. En otra parte de su relato, recordó otro episodio: “Iba a dormirme, se tumbó en la cama y empezó a tocarme”, lo que, según la acusación, se repitió en diferentes ocasiones durante la convivencia.

La Unidad de Valoración del Abuso Sexual Infantil (Uvasi) del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) estuvo implicada en la evaluación del testimonio de la menor. Una técnica explicó durante su declaración en el juicio, según la información publicada, que la víctima aportó detalles muy específicos sobre los presuntos abusos ya en la tercera o cuarta entrevista mantenida con los especialistas. La profesional señaló que, de acuerdo con su experiencia, puede darse el caso de que, pese a la denuncia y los hechos que se investigan, persista una aparente buena relación entre familiares.

En cuanto a los requerimientos penales, la Fiscalía solicitó para el acusado una condena de 12 años de prisión y el pago de una indemnización de 15.000 euros. Según el escrito de la fiscalía, los hechos por los que se le acusa ocurrieron entre 2012 y 2015, cuando el hombre habría aprovechado las visitas de la menor a su domicilio para someterla a tocamientos y actos sexuales. Posteriormente, entre 2015 y 2016, cuando la niña convivió en la misma vivienda que el acusado, la fiscal sostiene que continuaron las agresiones sexuales.

El Ministerio Público estimó que, dada una media de al menos siete episodios mensuales a lo largo de esos cuatro años, la víctima habría sufrido como mínimo 336 episodios de agresión sexual. Como consecuencia de esta experiencia, la menor desarrolló diversas reacciones psicológicas, siempre según el relato del fiscal presentado en el proceso.

En marzo de 2019, un juzgado de Palma impuso al acusado una orden de alejamiento de 500 metros respecto de la víctima y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, medida revertida si incumple este mandato. El procedimiento judicial pone en primer plano tanto el testimonio pormenorizado de la víctima como la posición de la defensa y el entorno familiar directo, que mantienen la existencia de una relación familiar sin señales externamente visibles que hayan permitido detectar los hechos antes de la denuncia, de acuerdo con lo registrado por el citado medio.

La declaración de la madre de la presunta víctima ha tenido un papel central durante la vista oral al explicar las circunstancias en que su hija desveló los hechos a la familia. Según relató en el juicio, fue tras observar a la menor visiblemente afectada cuando decidió abrirse sobre experiencias traumáticas propias y, tras escucharla, la hija le acabó confesando las agresiones: “Un día la vi triste y le conté cosas que a mí me habían pasado y ella me dijo ‘a mí también’. Le insistí y me dijo que había sido el padrino”. Este testimonio ha servido para contextualizar el inicio de la denuncia que ha dado lugar a la causa penal, en la que la Fiscalía solicita 12 años de prisión y una indemnización de 15.000 euros para el acusado como supuesto autor de un delito de agresión sexual con penetración a menor de edad, según reportó el medio.

Durante el desarrollo de la sesión, el hombre acusado negó de manera firme los hechos y sostuvo que la relación con su ahijada fue siempre “la normal de padrino y ahijada”. El procesado afirmó desconocer las causas que podrían haber motivado la denuncia presentada por la menor, según detalló la fuente original. A lo largo de su intervención, insistió en que nunca coincidió a solas con la niña y rechazó categóricamente cualquier implicación en los delitos imputados, tal como consignó el medio.

El Ministerio Público sostuvo en su escrito de acusación que los delitos ocurrieron entre los años 2012 y 2015. Según la fiscalía, el acusado aprovechaba las ocasiones en las que la víctima, con diagnóstico de trastorno del espectro autista, dormía en su domicilio para someterla a tocamientos y violaciones. Posteriormente, entre 2015 y 2016, la menor convivió en la misma vivienda que el presunto agresor, periodo en el que supuestamente continuaron las agresiones sexuales, según publicó el medio.

La investigación recogió que, según cálculos de la fiscalía citados por el medio de comunicación, las agresiones habrían tenido una periodicidad de al menos siete veces al mes durante cuatro años, de modo que el número mínimo estimado de actos fue de 336. El relato oficial afirma que este patrón de conducta del acusado se habría repetido con dicha frecuencia desde el inicio de los hechos hasta la denuncia.

El impacto en la menor se reflejó en reacciones psicológicas resultado de las supuestas agresiones, indicó el Ministerio Público en el procedimiento. Este punto fue sustentado por el diagnóstico de trastorno del espectro autista que afecta a la víctima, lo que se consideró relevante en la exposición del caso ante el tribunal provincial, según informó el medio.

En marzo de 2019, un juzgado de Palma dictó una orden de alejamiento que obliga al acusado a mantenerse a una distancia mínima de 500 metros de la víctima, así como la prohibición de establecer comunicación con ella por cualquier medio, medida que aún está vigente conforme reportó la información original.

El juicio, que se celebra ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, aborda hechos que, según la versión de la fiscalía, habrían continuado a lo largo de varios años en entornos vinculados a la cotidianidad familiar y bajo la confianza derivada de la relación de padrino. La defensa, por su parte, mantuvo una negativa absoluta a cualquier forma de abuso y cuestionó la credibilidad de la acusación durante el interrogatorio, según consignó el medio.

La acusación pública solicita como pena para el presunto autor 12 años de cárcel y la obligación de abonar 15.000 euros en concepto de indemnización a la víctima. Por su parte, la madre de la joven relató los detalles del momento en que la menor decidió narrar los hechos, reconstruyendo ante el tribunal la conversación en la que la adolescente aludió por primera vez de forma directa a las supuestas agresiones a manos de su padrino, según relató el medio.

El caso ha generado una revisión detallada de los periodos en que la menor pasaba noches en la vivienda del acusado y luego el periodo en que ambos convivieron en la misma residencia, así como los informes periciales y médicos que se han incluido como prueba en el proceso judicial según la cobertura del medio.

La vista continúa su desarrollo en la Audiencia Provincial con la comparecencia de especialistas, familiares y la evaluación de las pruebas documentales, conforme al procedimiento judicial descrito en los reportes del medio consultado.

De acuerdo con la información publicada por El Progreso, el Juzgado de lo Penal número 2 de Lugo dictó una condena de doce meses de prisión para el acusado, quien fue señalado por agredir sexualmente a una compañera de trabajo menor de edad en aquel momento, una joven de 18 años. Los hechos se produjeron en el lugar de trabajo y, según el relato recogido por la acusación, el camarero se aproximó a su compañera, le hizo comentarios sobre su aspecto físico y la invitó al baño utilizando frases como "tengo condones y viagra" y "vamos a ser novios", además de realizar tocamientos y acciones de carácter sexual no consentidas. Tras el incidente, la víctima decidió abandonar su puesto de trabajo al día siguiente, según consignó el medio local.

El acusado inicialmente enfrentaba una petición de dos años y seis meses de prisión, pero el acuerdo alcanzado en audiencia permitió rebajar la pena y establecer medidas alternativas. Tal como informó El Progreso, el hombre no cumplirá la pena de prisión al haberse acordado la suspensión de la misma, aunque tendrá que someterse a un curso de formación orientado a agresores sexuales. Además, el tribunal le impuso una orden de alejamiento respecto de la víctima, que se extenderá por cuatro años, junto con la obligación de someterse a libertad vigilada durante el mismo periodo.

Entre las medidas adicionales impuestas se encuentra la prohibición de que el condenado ejerza cualquier profesión que le vincule con menores durante seis años. Asimismo, tendrá que abonar una indemnización de 2.000 euros a la víctima, que se realizará a razón de pagos mensuales de 100 euros, explicó El Progreso. Las condiciones de la suspensión de la pena contemplan que el hombre cumpla con estos requisitos, bajo advertencia de que cualquier incumplimiento puede motivar el cumplimiento efectivo de la condena.

La resolución de este caso refleja la aplicación de medidas judiciales alternativas en delitos sexuales cuando existe acuerdo entre las partes, reducción de la pena y cumplimiento de órdenes de alejamiento y formación específica. El Progreso detalló que la víctima decidió abandonar el entorno laboral inmediatamente después del sucedo y que su declaración fue esencial para el avance del procedimiento. La diligencia del tribunal permitió cerrar el caso tras la aceptación de los hechos y el consentimiento respecto a las condiciones fijadas en audiencia.

El caso se remonta a septiembre de 2021, cuando tanto el acusado como la denunciante, ambos adultos y procedentes de la República Dominicana, compartían vivienda en la ciudad gallega. El Ministerio Público sostiene la acusación de agresión sexual con introducción de miembros corporales y solicita una condena de nueve años de prisión, junto a la ejecución íntegra de la pena con expulsión del territorio español una vez que el acusado alcance el tercer grado penitenciario o reciba la libertad condicional. El fiscal también reclama siete años adicionales de libertad vigilada y el pago de 23.000 euros a la supuesta víctima en concepto de daños morales, detalló el medio Europa Press.

Por su parte, la acusación particular eleva la petición de condena a diez años de cárcel. Mientras tanto, la defensa insiste en la libre absolución, fundamentando su alegato en la ausencia de pruebas de una relación sexual o cualquier interacción física entre ambos individuos. Según declaró el letrado del acusado a Europa Press, “negamos cualquier tipo de relación pues no pasó absolutamente nada entre ellos”.

En su testimonio ante el tribunal, el acusado sostuvo reiteradamente que no tocó a la denunciante, insistiendo en su inocencia. “Yo sé que soy inocente, que no hice eso, estoy segurísimo de que yo no la toqué en ningún momento”, afirmó. También destacó su condición de salud en la fecha señalada: afirmó que se encontraba “cojo” por una fractura en la tibia y el peroné sufrida nueve meses antes y que “necesitaba ayuda prácticamente para todo”.

Durante el juicio, el procesado afirmó que la joven víctima era como una hermana pequeña para él, reseñó Europa Press, añadiendo que la convivencia se produjo a instancias de los padres de ambos, quienes mantenían una relación de amistad. El acusado relató que accedió a recibirla en su domicilio después de que sus progenitores le solicitaran ese favor.

En cuanto a los hechos denunciados, el hombre describió una situación en la cual la joven “estuvo perreando” con él y le ofreció bebidas alcohólicas, alegando que “intentó emborracharme”. Sin embargo, sostuvo que no existió relación sexual alguna ni tocamientos. Al cuestionarle los motivos detrás de la denuncia, el procesado apuntó a presuntos “celos y envidia” de la denunciante, considerando que el hecho de que no quisiera dejar a su pareja habría motivado la acusación.

Sobre el hallazgo de su ADN en el lavado vaginal practicado a la joven tras la denuncia, el acusado alegó que la única explicación plausible es que la supuesta víctima habría manipulado un preservativo usado por él y posteriormente se lo colocó de forma personal. Estas declaraciones fueron recogidas por Europa Press durante el desarrollo del juicio.

Durante el proceso, el acusado sostuvo que la denunciante, en ningún momento previo a los hechos, le sugirió o intentó mantener relaciones sexuales, reforzando así su afirmación de que no existió interacción de esa naturaleza. Tanto la defensa como la versión del propio encausado regresan constantemente sobre la total ausencia de relación entre ambas partes, mientras la acusación sigue adelante con las peticiones establecidas.

Las instancias judiciales analizan ahora los distintos testimonios, las pruebas biológicas aportadas por las partes y las circunstancias que rodearon la convivencia de los implicados en la ciudad de A Coruña durante el periodo señalado. A la espera de una resolución, las partes mantienen sus posiciones enfrentadas sobre la naturaleza de los hechos y la veracidad de las alegaciones presentadas durante la vista. Europa Press ha recogido puntualmente el desarrollo del juicio y las declaraciones de las partes involucradas.

El procesado envió un correo electrónico posterior a sus acciones iniciales, en el que se disculpó ante las personas destinatarias por los efectos de su mensaje, reconociendo el daño causado al clima social y manifestando su compromiso con los valores de respeto y convivencia. Según informó el medio, la Audiencia Provincial de Navarra impuso una pena de dos años de prisión y una multa de 720 euros al residente del Valle de Baztan, quien admitió durante el juicio celebrado el pasado 16 de mes haber sido responsable de la remisión de correos electrónicos con mensajes discriminatorios hacia extranjeros, buscando influir en las decisiones de contratación de empresas locales.

De acuerdo con la información publicada por la fuente, la sentencia describe que entre 2020 y 2023 el hombre redactó y distribuyó mensajes electrónicos a distintas entidades empresariales. En dichos comunicados instaba a que solo se contratara a nacionales españoles y exhortaba a reemplazar en las plantillas a trabajadores inmigrantes, señalando de forma directa la exclusión de personas “marroquís” y extendiéndola a otras comunidades extranjeras. Además, su accionar incluyó a quienes, aunque nacionalizados, tenían antecedentes migratorios, reflejando un criterio de discriminación amplio.

El medio detalló que los correos recibidos por las empresas frecuentemente respondían a ofertas de empleo publicadas en internet. La finalidad declarada era fortalecer prejuicios y materializar la marginación de personas inmigrantes dentro del mercado laboral, según relata la resolución judicial. El mensaje también anunciaba la intención de elaborar un listado de empresas empleadoras de inmigrantes, con el objetivo de que esa información circulase públicamente y generara un vínculo entre la contratación de extranjeros y las decisiones de consumo de la población.

Según consignó el medio, la reiteración de estos mensajes provocó repercusiones evidentes en las redes sociales, donde surgieron numerosos comentarios relacionados con el contenido discriminatorio de los correos. Esta situación terminó generando un rechazo público y diversos pronunciamientos en los que se recalcaba la naturaleza excluyente y contraria a los principios de respeto e integración social que rigen la convivencia democrática.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra destacó que los acontecimientos juzgados constituyen un delito cometido con ocasión del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas garantizados por la Constitución. La causa contempló, además, la atenuante muy cualificada de reparación del daño, dado que el acusado, tras los hechos, remitió un correo electrónico de disculpa reconociendo su responsabilidad penal y señalando su intención de contribuir a la restauración de la convivencia y las normas democráticas. En ese mensaje, el condenado expresó: "Por este medio, quisiera disculparme porque entiendo que el contenido del mismo ha contribuido al clima de odio y prejuicio hacia la comunidad de inmigrantes, y ha causado un dolor significativo y un sentimiento de inseguridad y rechazo hacia los mismos. Le comunico que voy a reconocer mi responsabilidad en los hechos de acusación en la causa penal dirigida contra mí por estos hechos, ya que, además, ello contribuye a mi compromiso de promover un entorno de respeto, tolerancia y convivencia, propias de nuestro Estado social y democrático de derecho".

Tal como publicó la fuente, la condena fue resultado de un acuerdo entre el Ministerio Fiscal y la defensa, alcanzado antes del inicio del juicio oral. La Sección Primera de la Audiencia Provincial fijó que la pena de prisión quede en suspenso siempre que el condenado no incurra en nuevas infracciones en un periodo de dos años y complete un programa de formación en materia de igualdad, como condición indispensable para la suspensión del ingreso en prisión. Estas medidas tienen la intención, según la resolución judicial, de restaurar el tejido social afectado y prevenir futuras actuaciones discriminatorias.

El proceso penal y la resolución judicial han tenido un notable impacto en la comunidad y fueron objeto de amplio debate público y rechazo en plataformas sociales y medios de comunicación. Los hechos pusieron de relieve el alcance del delito de odio y la respuesta institucional frente a manifestaciones que atentan contra la igualdad y la integración de las personas migrantes y extranjeras en el entorno social y laboral.

El medio detalló que el ingreso en prisión se produjo tras la comparecencia del detenido ante el Juzgado Número 6 de Zamora, el martes alrededor de las 14:00 horas. El juez ordenó su ingreso en la cárcel de Topas bajo régimen comunicado y le denegó la posibilidad de salir bajo fianza, medida que suele aplicarse en los casos graves o cuando existe riesgo de fuga o de destrucción de pruebas.

De acuerdo con lo reportado por la Guardia Civil y publicado por diversos medios, la víctima sufrió varias heridas de arma blanca. Fuentes oficiales indicaron que el presunto homicida habría apuñalado reiteradamente a su hermano mayor en la vivienda que ambos compartían en el municipio de Peleas de Abajo, situado en la provincia de Zamora. La intervención policial se produjo tras recibir el aviso de un familiar, que alertó sobre un posible incidente violento. Cuando los agentes llegaron al lugar, localizaron el cuerpo del hombre de 70 años, quien presentaba numerosas lesiones compatibles con un ataque con cuchillo.

El detenido, quien fue identificado como hermano menor de la víctima, fue arrestado en el propio domicilio el mismo domingo y trasladado inicialmente a las dependencias de la Guardia Civil. Allí permaneció hasta ser puesto a disposición judicial. Según consignó la Guardia Civil, el proceso se realizó siguiendo los protocolos establecidos para delitos de homicidio y violencia doméstica, dada la naturaleza del vínculo entre la víctima y el sospechoso.

El medio también indicó que la investigación sigue abierta para esclarecer los motivos y circunstancias que desencadenaron el suceso, aunque los responsables del caso no han ofrecido hasta el momento más detalles sobre el posible móvil del crimen. La vivienda fue precintada mientras los agentes continuaban recabando pruebas para el procedimiento judicial.

Según detalló la Guardia Civil, el arresto inmediato y la rápida puesta a disposición judicial se enmarcan en la gravedad del suceso y la contundencia de los indicios reunidos hasta ahora. El traslado a Topas, uno de los centros penitenciarios de referencia en Castilla y León, se aplicó para garantizar la seguridad del detenido y facilitar la instrucción del caso.

La localidad de Peleas de Abajo, escenario de los hechos, cuenta con poco más de 200 habitantes. La noticia del enfrentamiento mortal entre hermanos ha impactado a los vecinos, quienes han sido testigos de la movilización policial desde el inicio de la investigación. La Guardia Civil continuará con las pesquisas para completar el informe destinado a la autoridad judicial y reunir todos los elementos necesarios para la instrucción.

El caso ha quedado ahora en manos de la justicia, mientras siguen las diligencias para dilucidar todos los elementos relacionados con el fallecimiento y la posible imputación del principal sospechoso por delito de homicidio. Todo el procedimiento judicial continuará desarrollándose en el ámbito del Juzgado Número 6 de Zamora, encargado del caso desde el pasado martes.

El jurado popular encargado del caso determinó que el acusado del atropello ocurrido en la puerta de una discoteca en Málaga actuó con intención, considerando que realizó una acción deliberada que causó la muerte a un joven inconsciente y provocó lesiones a tres de sus amigos que intentaban socorrerlo. Según fuentes judiciales citadas por la prensa este martes, el veredicto del jurado establece su responsabilidad por un delito de asesinato consumado y otros tres de tentativa, incorporando las circunstancias atenuantes de reparación parcial del daño y de haber confesado los hechos.

De acuerdo con la información publicada por los medios, el incidente se produjo en mayo de 2022 frente a una discoteca de la capital malagueña, donde tanto el acusado como la víctima celebraban sus respectivos cumpleaños en grupos separados. Al finalizar la fiesta, se originó una pelea entre otros jóvenes, quienes utilizaron botellas de cristal y provocaron heridas. En esos enfrentamientos, una persona golpeó a la víctima con una botella, dejándolo incapacitado en el suelo. Sus amigos se acercaron a ayudarlo, momento en el cual ocurrió el atropello.

El medio detalló que el acusado y su grupo se dirigieron al coche tras el altercado. Durante el trayecto, el copiloto sufrió una lesión al recibir un objeto en la cabeza. La secuencia de eventos que recogieron las acusaciones sostiene que en ese momento, el conductor dio un brusco e inesperado cambio de sentido y embistió deliberadamente a un grupo de jóvenes. La víctima fue arrastrada por el vehículo trece metros y perdió la vida, mientras que los tres acompañantes resultaron heridos tras salir despedidos.

Según reportó la prensa, el acusado negó en el juicio tener intención de causar daño. Afirma que únicamente pretendía huir del lugar, argumentando que “no hice nada intencionadamente. No era consciente de lo que sucedía”, y reiteró sentir miedo durante los hechos. Estas explicaciones no resultaron convincentes para el tribunal, que consideró acreditada la voluntad de embestir.

Durante la lectura del fallo, la Fiscalía mantuvo la petición inicial de veinte años de cárcel por el delito de asesinato en concurso con conducción temeraria, además de diez años por cada uno de los tres delitos de asesinato en grado de tentativa, informó el medio. La acusación particular, que representa a la familia de la víctima, elevó la solicitud a veinticinco años por el delito de asesinato.

Según consignaron fuentes judiciales, en paralelo se celebró una vista para resolver la posible extensión de la prisión provisional del acusado, tema sobre el que la Fiscalía y la acusación particular coincidieron en la conveniencia de prorrogarla por la gravedad de las penas previstas. La defensa, en cambio, solicitó su levantamiento argumentando el arraigo familiar del procesado. La magistrada-presidenta del tribunal acordó la prórroga de la situación de prisión provisional.

La decisión del jurado subraya la gravedad de los hechos, ya que determinó que el conductor actuó de forma intencionada y rápida, tras recibir su copiloto una agresión, retornando al lugar de la pelea y arremetiendo contra el grupo que auxiliaba al joven inconsciente. La víctima, según constataron los hechos debatidos en la vista, fue arroyada y arrastrada a lo largo de trece metros por el asfalto, lo que ocasionó la muerte inmediata.

En cuanto a los acompañantes, el golpe del vehículo provocó que resultaran desplazados e impactaran contra el pavimento, causándoles lesiones de diversa consideración. El alcance del daño y el perfil de las personas involucradas, festajando su cumpleaños esa noche, forman parte del contexto en el que se analizan la culpa y la responsabilidad penal que se debate en este proceso judicial.

El juicio, según fuentes citadas en los reportes, recogió tanto los argumentos de las partes como los testimonios de los presentes, además de las pruebas periciales y documentales que respaldaron el veredicto. El acusado mantuvo su versión durante todo el proceso, insistiendo en que no se encontraba en condiciones de razonar correctamente y que quiso alejarse del conflicto, elementos que el tribunal descartó al valorar la contundencia de las pruebas.

Por su parte, la familia del joven fallecido mantuvo durante todo el procedimiento la reclamación de la máxima pena por el delito de asesinato, siendo su representación legal la que solicitó veinticinco años de cárcel. Al cierre de la audiencia, la jueza justificó la prórroga de la prisión preventiva en la posibilidad de una pena elevada, tomando en cuenta tanto la gravedad de los delitos como las circunstancias en que se produjo el fatal desenlace frente a numerosos testigos.

El relato de los hechos, según indicaron fuentes judiciales en los citados reportes, recalca que el acusado realizó el cambio de sentido y alcanzó gran velocidad antes de chocar contra el grupo, lo que los miembros del jurado consideraron incompatible con una fuga improvisada. La investigación judicial incluyó análisis de las cámaras de seguridad, declaraciones de testigos presenciales y valoración médico-forense sobre lesiones y causa de muerte.

La noticia sigue generando repercusión en el entorno de la discoteca y entre los familiares de las víctimas, que resaltan el impacto emocional y social del suceso. Los próximos pasos jurídicos comprenden la vista final para fijar la condena acorde con el veredicto emitido por unanimidad por el tribunal popular.

Después de que la madre de la joven encontrara a su hija en estado de confusión y recibiera la confesión de que “la habían violado”, el proceso judicial contra el agente de la Policía Local de Vigo se puso en marcha por una supuesta agresión sexual cometida la madrugada del 27 de noviembre de 2022. Este caso, según informó el medio La Voz de Galicia, ha concentrado la atención en la Audiencia Provincial de Pontevedra, donde el acusado enfrenta cargos de agresión sexual contra una menor de edad en el momento de los hechos.

De acuerdo con lo declarado en el tribunal, el policía local, que en el momento del presunto delito estaba suspendido de sus funciones, se defendió argumentando que mantuvo una relación consentida con la joven. El procesado afirmó: “Me dijo que tenía 19 años y me besó en la boca”. Según publicó La Voz de Galicia, el agente relató que llevaba a la joven a casa después de una noche de fiesta y que ella era hermana de un amigo suyo. La narración del acusado sostiene que se encontraron en una discoteca y que, tras besarse, acordaron que él la llevaría a casa, como habría ocurrido en otras ocasiones anteriores.

El recorrido hacia el domicilio de la joven incluyó una parada para dejar a dos amigas del procesado en el barrio de Navia, según indicó el propio acusado. Cuando se quedaron solos en el vehículo, continuó relatando que la joven mostró interés en establecer relaciones sexuales y que aceptó la propuesta tras recibir insinuaciones hasta en tres ocasiones. El agente describió el encuentro afirmando que se dirigieron a un aparcamiento del parque de Castrelos y allí mantuvieron relaciones sexuales orales, vaginales y anales, insistiendo en que la joven estaba “normal”, “muy excitada” y “consciente”. Ante la pregunta de si ella pidió que detuviera el acto, él respondió negativamente. Informó La Voz de Galicia que el acusado presentó mensajes de WhatsApp en los que la joven le decía al día siguiente que estaba “bien” y que “no sabía beber”, mientras él le pidió “perdón”.

La joven prestó declaración a puerta cerrada durante la primera jornada del juicio. En contraste, la madre de la denunciante relató ante la Audiencia que, al ver que su hija no regresaba y tras varios intentos fallidos de comunicarse con ella, recibió finalmente una llamada en la que la joven le explicó que el acusado la llevaba en su coche. La madre explicó que el agente era un conocido de la familia. Tras el regreso a casa y varias horas después, la joven confesó que “la habían violado” y posteriormente identificó al acusado como autor del hecho. Tal como reportó La Voz de Galicia, la madre llevó a la joven al hospital, donde el personal sanitario detectó dos fisuras en la zona anal y un eritema en la región dorsolumbar derecha.

Una amiga de la denunciante, que también estuvo en la salida nocturna, declaró ante el tribunal que ambas habían bebido “alguna copa” pero no en exceso, por lo que percibió que la víctima se encontraba “normal”. La testigo señaló que la denunciante tomaba medicación para la depresión, aunque desconocía si había ingerido la dosis esa noche. Según su relato, acompañó a su amiga hasta el coche del acusado, quien estaba en compañía de otras dos mujeres, y luego se retiró por su cuenta a pie. Al día siguiente, la amiga recibió un mensaje de la joven solicitando que la visitara porque se encontraba mal, y allí le relató los hechos.

El escrito de acusación de la Fiscalía, citado por La Voz de Galicia, expone que la noche de los hechos la joven subió al coche del acusado, junto con otras dos chicas, para regresar a sus domicilios tras salir de fiesta. Cuando las otras dos subieron y bajaron del vehículo, el acusado y la joven se quedaron solos. El documento señala que la joven, “por razones no aclaradas”, empezó a sentirse mal y perdió el conocimiento. Según la acusación, el policía aprovechó esa situación, llevó a la joven a una zona apartada y la agredió sexualmente. La víctima habría despertado “con un dolor fuerte en el ano” y, pese a pedir que parara, el acusado insistió en continuar. Después del episodio, el agente la condujo a su domicilio. Según consignó el Ministerio Público, la joven se despertó confusa y no comprendía lo que había sucedido. Poco después, expuso su experiencia a varios amigos y a su madre, quien la llevó a urgencias hospitalarias.

Como resultado de estos hechos, los informes médicos recogidos por La Voz de Galicia consignan que la joven sufrió lesiones físicas y psicológicas; en particular, se establecieron dos pequeñas fisuras en la zona anal y un enrojecimiento en la parte dorsal lumbar derecha. A nivel emocional, el diagnóstico determinó un cuadro de ansiedad y depresión como consecuencia del trauma y la necesidad de tratamiento psiquiátrico. Las secuelas incluyeron un agravamiento en el estado mental previo de la joven.

La Fiscalía solicita para el acusado una condena de 15 años de prisión, junto con 10 años de vigilancia y 20 años de inhabilitación para ocupar empleos vinculados a menores. Además, propone que el policía tenga prohibido acercarse o comunicarse con la víctima durante un periodo de 25 años, y que indemnice a la joven con 37.600 euros en concepto de daño moral y secuelas.

El historial del acusado presenta antecedentes judiciales. Fue condenado anteriormente a 6 meses de prisión y a una multa de 2.880 euros por incumplir la orden de alejamiento respecto de la joven denunciante. El juzgado de lo Penal 3 de Vigo estableció como probado que el agente se acercó en coche a corta distancia de la víctima y efectuó un gesto simulando disparar con una pistola. Además, indica La Voz de Galicia, a comienzos de 2025 fue juzgado junto a otro agente también acusado de detener a una mujer que grabó la actuación policial y ocultarle el teléfono móvil. Ambos resultaron absueltos tras la retirada de la acusación fiscal.

Las declaraciones y los documentos recogidos por el medio destacan varios relatos opuestos, mientras el tribunal evalúa los hechos y analiza testimonios y pruebas aportadas en esta causa.

El agente policial implicado enfrenta una petición fiscal de 15 años de cárcel, así como extensas medidas de alejamiento e indemnización económica, tras una acusación de agresión sexual ocurrida la madrugada del 27 de noviembre de 2022. Según detalló la Fiscalía y reportó el medio, los hechos han tenido especial impacto en la salud mental de la denunciante, quien requiere actualmente tratamiento psiquiátrico. El caso se analiza en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, luego de que la acusación formal incluyese el agravamiento del daño psíquico atribuido al episodio.

Tal como informó el medio, el policía local de Vigo sostiene que la relación sexual se produjo de mutuo acuerdo. Su testimonio ante el tribunal apunta a que la joven le manifestó tener 19 años y lo besó en la boca, aclarando que la consideraba hermana de un amigo y que solía llevarla a casa tras salidas nocturnas. La noche de los hechos, el acusado narra que la joven primero se negó a irse con él, pero después lo llamó en varias ocasiones y finalmente se dirigió a su vehículo. El ahora procesado relata que, tras despedir a dos amigas que los acompañaban, quedó a solas con la joven, quien, según él, se insinuó varias veces antes de acceder ambos a mantener relaciones sexuales en el aparcamiento del parque de Castrelos. De acuerdo con su versión, las prácticas incluyeron sexo oral, vaginal y anal, y la joven se encontraba en todo momento consciente, tranquila y participativa. Además, afirmó que en ningún momento ella pidió poner fin al encuentro.

Posteriormente, asegura que intercambiaron mensajes vía WhatsApp, donde la denunciante le confesó que no sabía beber y afirmó estar bien, mientras él le pidió disculpas. Según el policía, ambos acordaron la posibilidad de repetir la cita, aunque poco después ella le comunicó su decisión de no hacerlo.

El relato de la madre de la joven aportó un enfoque distinto ante el tribunal, luego de su intervención tras la declaración a puerta cerrada de la presunta víctima. Explicó que la madrugada de los hechos intentó localizar a su hija, sin éxito, hasta que recibió una llamada de la misma, informándole que regresaba a casa en el coche de un conocido de la familia, el agente acusado. Según el medio, tras regresar del trabajo, la madre recibió la confesión de su hija respecto a una supuesta violación, que atribuyó al procesado después de varias horas. Además, la madre mencionó las secuelas psicológicas que experimenta su hija desde entonces, incluida la imposibilidad de salir de casa sin acompañamiento y la necesidad de tratamiento por el daño sufrido.

Según publicó el medio, el testimonio de una amiga que estuvo con la joven esa noche describió que ambas tomaron algunas copas pero de forma moderada. Dijo desconocer si la denunciante había consumido su medicación para la depresión esa noche, aunque no notó comportamientos anómalos. Esta testigo indicó que llevó a su amiga hasta donde estaba el acusado, acompañado por otras dos mujeres, antes de irse por su cuenta a casa. Al día siguiente, la joven le pidió que la visitara y allí le compartió el relato completo de lo ocurrido.

La Fiscalía, de acuerdo con la información difundida por el medio, sostiene una versión que difiere fundamentalmente de la presentada por el acusado. Según el escrito de acusación, mientras regresaban a casa y tras dejar a otras dos chicas, la joven comenzó a sentirse indispuesta y perdió el conocimiento "por razones no aclaradas". El agente aprovechó esa circunstancia para trasladarla a una zona oscura y apartada, donde la habría agredido sexualmente. La joven refirió haber despertado por un intenso dolor anal y haber pedido al acusado que se detuviera, solicitud que, según el escrito, fue desoída. Al llegar a su domicilio y recuperarse parcialmente, la denunciante contactó a familiares y amigos, quienes la llevaron al hospital. Allí, los sanitarios detectaron pequeñas lesiones en la zona anal y en la región lumbar.

Entre las consecuencias psíquicas que reportó la Fiscalía se encuentra el desarrollo de un estado de ansiedad y depresión aguda, que agravó un trastorno mental previo y motivó la necesidad de un seguimiento psiquiátrico. Por estos hechos, la fiscalía solicita, además de la pena privativa de libertad de 15 años, una década de libertad vigilada, veinte años de inhabilitación profesional para empleos con menores, una orden de alejamiento de la víctima y prohibición de comunicación por un periodo de veinticinco años, así como una indemnización de 37.600 euros.

El medio consignó también antecedentes del acusado, quien ya había sido condenado a seis meses de prisión y debía pagar una multa de 2.880 euros, después de comprobarse que vulneró la orden de alejamiento relacionada con la misma denunciante. De acuerdo con la sentencia de un juzgado de lo Penal de Vigo, el agente se aproximó a la joven en su coche, a corta distancia, e hizo un gesto simulando dispararle con una pistola. Además, el procesado compareció en un juicio celebrado a comienzos de 2025 junto con otro agente, tras ser acusados ambos de detener a una mujer que los grabó y de ocultarle el teléfono móvil, un proceso que concluyó con la absolución después de que la Fiscalía retiró la acusación.

Durante la primera jornada del juicio oral, celebrada en la Audiencia Provincial de Pontevedra, las declaraciones de las partes evidenciaron versiones contrapuestas respecto al consentimiento y el desarrollo de los hechos denunciados. El tribunal analizará en las próximas sesiones los testimonios y pruebas médicas, en un proceso seguido de cerca tanto por los abogados de ambas partes como por la opinión pública, a la espera del fallo judicial.

El recuerdo de Mar Flores sobre el distanciamiento físico con su hijo Carlo Costanzia durante los primeros meses de su condena señala el elevado precio personal y familiar que supuso este episodio. Según el testimonio de Flores, ella evitó visitar a Carlo en prisión durante dos meses, no por vergüenza, como se insinuó en algunas declaraciones públicas, sino por la intención de proteger la situación legal de su hijo y evitar que el asunto cobrara mayor exposición mediática. En esa línea, la propia Mar relató lo que sintió al conocer la condena y las acciones adoptadas para apoyar a Carlo en un momento en el que, según su relato, la presión mediática y personal era abrumadora. Según consignó el medio Decomasters y recogió la información de base, la experiencia de la familia Costanzia fue marcada por la tensión y el aislamiento derivados del proceso judicial.

De acuerdo con lo publicado, Carlo Costanzia enfrentó una condena a prisión en 2023 tras ser hallado culpable de un delito de estafa agravada vinculado a la compraventa de automóviles de lujo. El actor detalló que, tras finalizar su trabajo en la serie "Toy Boy", se involucró en un negocio de importación, exportación y venta de coches de alta gama en el que su exsocio cometió irregularidades que acabaron por involucrarle legalmente. "Tuve un personaje, mi exsocio, que me estafó y acabé yo pagando por todo", explicó Costanzia a sus compañeros en el programa, según informó Decomasters.

El proceso judicial fue especialmente serio porque la pena solicitada inicialmente ascendía a nueve años de prisión. Carlo Costanzia relató cómo, a raíz de la acusación y la investigación sobre el caso, varios proyectos profesionales se vieron interrumpidos: largometrajes y series en las que ya contaba con acuerdos cerrados fueron cancelados, y su representante profesional terminó desvinculándose. Costanzia afirmó que se sintió abandonado por prácticamente todos los círculos profesionales y sociales, señalando que solo recibió apoyo de su familia durante ese período.

Flores, en conversación con el programa citado, detalló cómo participó activamente en el proceso de defensa legal de su hijo. Relató que, tras asumir parte de la responsabilidad penal en acuerdo con la Fiscalía, la familia realizó un pago económico elevado con el objetivo de reducir la duración de la condena carcelaria. Según sus palabras, "la condena era de 9 años y estuvo en la cárcel 21 meses", explicando que la intervención familiar evitó una estancia mucho mayor en prisión. Flores compartió que la noticia de la condena tuvo un impacto severo en su salud emocional, declarando: "Yo casi me muero el día que me lo dijo. Te destroza la vida".

El impacto mediático también tuvo consecuencias dentro del entorno familiar. La exposición pública del caso generó tensiones, intensificadas por declaraciones del padre de Carlo Costanzia, Costanzia di Costigliole, quien sugirió que Flores no acudió a visitar a su hijo por vergüenza. Ante ello, Mar aclaró que su decisión respondía a la necesidad de preservar la privacidad del caso y minimizar la cobertura mediática, afirmando: "Estuve dos meses sin verle. ¿Sabes lo que es?", en referencia a la dificultad emocional que suponía esa distancia.

Costanzia también relató detalles de su vida personal antes de la condena, aludiendo al inicio de una relación con Alejandra Rubio. Según lo consignado por Decomasters, el primer encuentro de ambos fue en un restaurante indio, sin que Carlo conociera aún la identidad de su acompañante como hija de Terelu Campos. La pareja ganó relevancia pública después de que su relación se hiciera pública en una revista tras la publicación de fotografías juntos.

La repercusión mediática del caso llevó a que tanto la familia como el propio Carlo tuvieran que gestionar no solo las cuestiones legales sino el escrutinio de los medios y el público. De acuerdo con los testimonios en Decomasters, el proceso judicial y la posterior condena alteraron diversos aspectos de la vida profesional de Costanzia, dejándolo sin el respaldo de sectores de la industria y enfrentando dificultades económicas y personales.

La declaración de Mar Flores recoge el esfuerzo económico realizado en defensa de su hijo y el profundo coste emocional que afrontaron a raíz del proceso legal. El caso, según detalló el medio, se resolvió con el cumplimiento de 21 meses de prisión tras negociar con las autoridades y aceptar parte de los cargos para acceder a una reducción de la condena.

Flores resaltó que las secuelas emocionales persistieron más allá del cumplimiento de la sentencia y puso énfasis en la importancia del apoyo familiar frente al aislamiento social que consideró evidente durante ese tiempo. Según las diversas declaraciones recogidas por Decomasters, la familia Costanzia atravesó una etapa marcada por la presión de los medios y el juicio público, además del proceso judicial y sus consecuencias inmediatas.

La información publicada detalla que la experiencia de Carlo Costanzia y su familia no solo afectó esferas privadas y emocionales, sino que también tuvo implicaciones laborales a largo plazo tanto para él como para su entorno familiar más cercano.

Entre las pruebas clave presentadas ante los tribunales sobresalieron mensajes intercambiados por el procesado con las menores a través de aplicaciones móviles, comunicados que según el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) constituyen “prácticamente un reconocimiento documental de los hechos” por parte del acusado. Teniendo en cuenta este elemento, la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV avaló la resolución previa dictada por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, que impuso 26 años de prisión a un masajista de San Sebastián por haber agredido sexualmente a tres menores y por ciberacoso sexual a dos de ellas, según publicó el medio.

De acuerdo con el TSJPV, según consignó la prensa, el acusado recurrió la sentencia ante el alto tribunal autonómico argumentando vulneración de su presunción de inocencia y alegando deficiencias en la valoración de las pruebas presentadas durante el juicio. El tribunal, sin embargo, desestimó todas las objeciones planteadas por la defensa y ratificó la sentencia original, la cual además de la pena privativa de libertad contempla 17 años adicionales de libertad vigilada al término de la estancia en prisión y el pago de una indemnización que en conjunto asciende a 40.000 euros para las jóvenes afectadas.

El fallo del TSJPV, detalló la fuente, sostiene que las pruebas fueron examinadas de manera adecuada y suficiente durante el proceso en la Audiencia de Gipuzkoa, y considera que la inferencia probatoria se encuentra “razonada suficientemente”. El tribunal destacó, asimismo, que el contenido de los mensajes entre el acusado y las menores, incorporados a la causa, refuerza la carga de la prueba, al otorgar un peso determinante a estos intercambios para la determinación de los hechos.

El TSJPV subrayó, según reportó el medio, que el derecho del encausado a la duda se circunscribe a la duda razonable y no permite rebatir la prueba de cargo únicamente con argumentos falibles. “No una corroboración periférica, sino prácticamente un reconocimiento documental de los hechos por el propio encausado”, indicó la sentencia. Estas palabras fueron incluidas en la resolución, recalcando que no solo existió prueba indiciaria sino una autoincriminación a través de los mensajes analizados durante la instrucción.

Junto a la condena principal y las medidas accesorias, el tribunal estableció que el acusado debe asumir una indemnización global de 40.000 euros, cifra que busca reparaciones económicas a favor de las víctimas, según reportó el medio. La libertad vigilada impuesta por diecisiete años se implementará tras la eventual salida del condenado de prisión, con el propósito de asegurar un seguimiento judicial y social posterior a la sanción principal.

El recurso presentado por la defensa, según describió el TSJPV, sostenía entre otros puntos la “errónea valoración de la prueba practicada”. No obstante, en opinión del tribunal, el criterio adoptado por la instancia previa se encuentra debidamente fundamentado y la carga probatoria obtuvo el respaldo documental necesario para sustentar el fallo condenatorio.

La resolución de la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV no es firme, señaló la fuente, lo que permite que la defensa interponga un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo. De esa forma, la sentencia sigue abierta a revisión a través de las instancias judiciales superiores, según informaron los medios especializados.

En el desarrollo del procedimiento, la investigación acreditó que el acusado cometió las agresiones sexuales en el ámbito de su actividad como masajista en San Sebastián y empleó canales digitales para ejercer ciberacoso hacia las víctimas, dos de ellas menores. El tribunal consideró que las pruebas reunidas durante la causa evidencian la autoría de los hechos en base tanto a testimonios como a la documentación digital incautada.

El medio detalló además, que junto a la privación de libertad y la indemnización, el fallo incluye una serie de medidas destinadas a salvaguardar la seguridad de las víctimas una vez firme la decisión judicial, contemplando restricciones y requisitos futuros para el condenado orientados a su vigilancia y control. Todo el proceso judicial se gestó en torno a la evidencia que se consolidó como prueba irrefutable a los ojos del tribunal, especialmente los elementos surgidos a partir de las comunicaciones detectadas y analizadas durante la instrucción.

Según reportó el mismo medio, la decisión pone en relieve el peso que los elementos digitales pueden adquirir en este tipo de delitos, en el contexto judicial contemporáneo. Los mensajes enviados por aplicaciones móviles, contextualizados y autenticados durante la investigación, jugaron un papel decisivo para el desenlace procesal.

Por el momento, permanece abierta la posibilidad de que el caso siga escalando a instancias superiores si así lo determina la defensa jurídica, aunque tanto la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV como la Audiencia Provincial de Gipuzkoa han coincidido en la gravedad de los hechos y la consistencia de las pruebas aportadas.

Mientras Silvia Bronchalo ha anunciado su intención de regresar próximamente a Tailandia para visitar a su hijo Daniel Sancho, Rodolfo Sancho, padre del joven, respondió a las especulaciones sobre su ausencia en ese país asiático en una conversación telefónica emitida por el programa 'Fiesta'. Según detalló el medio, el actor explicó que lleva más de año y medio sin viajar a Tailandia debido únicamente a compromisos profesionales. Este argumento desmiente versiones que habían circulado sobre otros posibles motivos para su ausencia desde el verano de 2024, después de que Daniel fuera condenado a cadena perpetua.

De acuerdo con lo publicado por el medio, Daniel Sancho permanece recluido en la prisión de Surat Thani tras ser condenado por el asesinato y descuartizamiento del colombiano Edwin Arrieta en agosto de 2023. La defensa del joven presentó un recurso ante la Justicia tailandesa y se espera resolución mientras él continúa en uno de los centros penitenciarios con mayor hacinamiento y catalogado entre los más peligrosos de ese país, según la información difundida. En este contexto, Silvia Bronchalo, madre de Daniel, concedió una entrevista al programa '¡De Viernes!', donde abordó los desafíos económicos derivados de la reclusión de su hijo y la necesidad de seguir prestándole apoyo financiero ante las complicadas condiciones dentro de la cárcel.

El mismo medio consignó que, tras la aparición televisiva de Bronchalo, comenzó a circular el dato de que Rodolfo Sancho no había vuelto a visitar a Daniel desde poco después de la sentencia. Estas revelaciones provocaron rumores acerca de los motivos reales del prolongado distanciamiento físico del actor respecto a su hijo, alimentando teorías sobre dificultades económicas e incluso amenazas recibidas por él o por su expareja. Rodolfo Sancho abordó directamente estas versiones en la intervención telefónica citada y puntualizó que “el único motivo por el que no voy a Tailandia es que he rodado una serie y he empezado el rodaje de otra”, enfatizando que no existe “ningún problema añadido”.

El medio también subrayó que el intérprete hizo hincapié en la falsedad de los rumores acerca de supuestas deudas adquiridas en Tailandia: "Tampoco es cierto lo que se dice de la deuda con una tercera persona. Estoy tranquilo, centrado en el trabajo y, por supuesto, en el bienestar de Daniel", expresó Sancho, según recogió el programa. Además, reiteró que el apoyo a su hijo sigue siendo uno de sus objetivos prioritarios.

Esta aclaración surgió en un período caracterizado tanto por la espera de una decisión judicial clave como por la atención pública centrada en las figuras de Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho. Mientras la madre de Daniel ha manifestado su disposición a continuar respaldando económicamente a su hijo y espera viajar a Tailandia para visitarlo, el padre del joven se ha distanciado físicamente argumentando motivos de agenda laboral, pero negando cualquier otra circunstancia adversa o conflicto.

Las recientes declaraciones de ambos padres ofrecieron una visión más precisa sobre la situación familiar en torno a Daniel Sancho durante su estancia en la prisión tailandesa y frente a las difíciles condiciones que enfrenta. Según reportó el medio, la familia sigue gestionando su apoyo, cada uno desde su posición, en un caso que ha mantenido el interés de la opinión pública por la gravedad de los hechos y por el desarrollo judicial pendiente.

El ayuntamiento de Puerto Vallarta difundió este domingo un comunicado oficial solicitando a la población que evite salir de sus domicilios y recomendó a los comercios no abrir sus puertas hasta nuevo aviso, según reportó el medio suministrado. La alerta municipal se produce tras acciones violentas y disturbios desatados en varios puntos de la ciudad, originados por la irrupción de un comando fuertemente armado en la cárcel de Ixtapa, ubicada en el municipio de Puerto Vallarta. Las autoridades locales detallaron que la medida busca proteger a la ciudadanía e instaron tanto a trabajadores como a clientes a dar prioridad a su propia seguridad.

De acuerdo con el medio fuente, el grupo armado accedió a las instalaciones penitenciarias y permitió la fuga de un número no especificado de internos. La prisión de Ixtapa aloja a reclusos clasificados como de alta peligrosidad, detalle que ha generado preocupación entre los habitantes y autoridades municipales. Tras este incidente, testigos reportaron tiroteos en diversas zonas de Puerto Vallarta junto con incendios de vehículos y comercios, incrementando el clima de tensión y vulnerabilidad en la ciudad.

Según publicó el medio, el episodio de violencia se desencadenó en el contexto de los disturbios posteriores a la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', quien era líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La muerte de Oseguera Cervantes ocurrió durante una operación militar, lo que provocó reacciones tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios y el surgimiento de nuevos episodios de inseguridad en la región.

El medio detalló que autoridades locales han desplegado personal de Protección Civil y Seguridad Pública con el objetivo de contener los riesgos, atender incidentes, y resguardar instituciones y zonas estratégicas en la ciudad. Los esfuerzos se centran en garantizar la seguridad tanto de la ciudadanía como de las infraestructuras críticas, luego de que se registraran ataques a vehículos y negocios situados en la zona urbana de Puerto Vallarta.

El número exacto de reclusos que lograron evadirse tras la incursión armada no ha sido precisado, según consignó el medio fuente. Las fuerzas de seguridad intensificaron los controles en las inmediaciones del penal de Ixtapa y mantienen presencia en diferentes sectores de la ciudad para prevenir nuevos hechos de violencia. Las autoridades locales advierten sobre el peligro que representa la liberación de reos considerados de alta peligrosidad y enfatizan la necesidad de que la población continúe resguardada.

El episodio ha generado inquietud entre los residentes de Puerto Vallarta, quienes se mantienen atentos a las recomendaciones de las autoridades y monitorean la evolución de la situación a través de comunicados oficiales. La coordinación entre las instancias de Protección Civil y Seguridad Pública se mantiene activa mientras se busca restaurar el orden y prevenir incidentes adicionales en municipios cercanos.

De acuerdo con el medio suministrado, el ambiente en Puerto Vallarta continúa marcado por la tensión y la incertidumbre, en medio de las labores de contención y la espera de nueva información oficial sobre la búsqueda de los evadidos, así como sobre el restablecimiento de la seguridad en la zona metropolitana y el resto del municipio.

Según publicó la Audiencia Provincial de Soria, la sentencia establece que el responsable de la agresión no conocía previamente a la víctima y que su estado de intoxicación etílica contribuyó a que no recordara detalles de ese día, ni siquiera haber estado en el bar donde ocurrió el incidente. El fallo judicial, que aún puede recurrirse ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, también contempla un mes adicional de multa de 15 euros diarios por un delito leve de lesiones.

Durante el juicio, Martínez relató que el ataque se produjo de manera inesperada y en cuestión de segundos, sin que llegara a reaccionar. La agresión se llevó a cabo con insultos previos, como "prevaricador" e "hijo de puta", seguidos de un puñetazo en la zona maxilar y un segundo que no logró impactar. Tras la agresión, el condenado se encerró en el baño del local y salió por la puerta trasera, ayudado por el personal, según detalló la Audiencia y recogió la prensa.

El agredido presentó un traumatismo superficial por el que no necesitó asistencia médica, pero cuya recuperación requirió seis días. Los testigos de la acusación identificaron sin dudas al agresor durante el juicio, lo que permitió fortalecer las pruebas presentadas. Además, la sentencia absuelve al acusado de un delito de injurias, ya que los insultos se consideran incluidos dentro del delito mayor de atentado a la autoridad, que es el fundamento principal de la condena de 15 meses de prisión.

El acusado declaró que no recordaba haber estado en el establecimiento ni tener contacto alguno con Martínez, atribuyendo sus lagunas a una ingesta de alcohol durante los festejos en Valonsadero. Tanto el relato del alcalde como el testimonio de los testigos y la ausencia de antecedentes penales se tuvieron en cuenta para el dictado de la sentencia.

El medio consigna además que la agresión no supuso atención médica urgente para Martínez, aunque sí tuvo consecuencias físicas menores. Estos hechos, así como las declaraciones recogidas durante la vista, influyeron en la decisión judicial.

Según se detalla en la sentencia, la sanción económica incluye tanto la multa penal como la indemnización civil, motivadas por el daño causado y por la condición de autoridad de la víctima en el momento de los hechos. El tribunal consideró que la agresión, acompañada de insultos y dada la notoriedad de la víctima como alcalde y candidato político, constituyó un claro atentado a la autoridad.

La información proporcionada por los testigos resultó fundamental en la identificación del responsable, mientras que el argumento de la intoxicación por alcohol aportado por la defensa no impidió la condena, matizando, eso sí, el alcance de la responsabilidad penal del acusado. El proceso judicial permanece abierto a recursos ante instancias superiores, según advirtió la Audiencia Provincial de Soria.

El 18 de febrero, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó por tercera vez una solicitud de la defensa de Sandra Ortiz, exconsejera Presidencial para las Regiones, que permanece detenida por su presunta vinculación con hechos de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Este nuevo fallo mantiene a Ortiz privada de la libertad y representa la tercera derrota judicial consecutiva desde que fue vinculada formalmente al proceso, lo que intensifica los cuestionamientos sobre la capacidad de su equipo jurídico para demostrar su inocencia.

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Infobae Colombia repasa los reveses afrontados por los abogados de Sandra Ortiz, acusada de lavado de activos y tráfico de influencias.

Las derrotas de Ortiz en medio del escándalo de corrupción en la Ungrd

Desde que se le relacionó con el caso, Ortiz ha acumulado una serie de decisiones adversas que han impedido su liberación y han sostenido las acusaciones en su contra.

La primera derrota judicial relevante se registró cuando, tras ser señalada como presunta intermediaria en el entramado de corrupción de la Ungrd, fue privada de la libertad de manera preventiva. Desde ese momento, Ortiz ha permanecido detenida en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá. La medida de aseguramiento se fundamenta en que la Fiscalía General de la Nación la considera pieza clave en la investigación de recursos desviados y repartidos entre funcionarios públicos y particulares.

En el desarrollo del proceso, la defensa de Ortiz ha presentado múltiples solicitudes para lograr su libertad, todas ellas rechazadas por las autoridades competentes. Una de las estrategias empleadas fue la solicitud de libertad por vencimiento de términos y la interposición de acciones de hábeas corpus, argumentando que el tiempo máximo de detención preventiva se había cumplido sin que se dictara sentencia en su contra.

Sin embargo, la Sala de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela interpuesta por su defensa, ratificando la validez de la medida de aseguramiento y la continuidad del proceso penal.

Otra línea de defensa consistió en pedir la preclusión del proceso penal bajo el argumento de que los fundamentos del delito de tráfico de influencias habían cambiado desde el momento de la imputación.

Este recurso también fue desestimado por los jueces encargados del caso, que consideraron que los elementos probatorios aportados hasta el momento no justificaban el cierre del proceso ni la revocatoria de la medida de aseguramiento.

En paralelo a los recursos judiciales, Ortiz solicitó acceso a informes financieros de terceros involucrados en el caso, buscando demostrar que no existían pruebas suficientes en su contra o que los fundamentos de la acusación habían variado, pero las solicitudes para obtener dichos documentos fueron igualmente rechazadas, al no considerarse determinantes para modificar su situación jurídica.

A lo largo del proceso, Ortiz ha optado por distintas estrategias públicas y legales que han resultado contradictorias. En entrevistas concedidas a medios de comunicación, la exfuncionaria reconoció la existencia de investigaciones en su contra y admitió haber estado en lugares relacionados con la trama de corrupción; además, manifestó su intención de colaborar con la justicia, solicitando un principio de oportunidad para aportar información relevante sobre los hechos y delatar órdenes superiores.

No obstante, esta postura no se reflejó en las actuaciones de su defensa ante los estrados judiciales, donde se argumentó la inexistencia de los hechos y la vulneración de derechos fundamentales como base para solicitar la libertad o la preclusión de la investigación.

En los juzgados, la defensa de Ortiz ha insistido en que las pruebas en su contra no son suficientes para mantenerla privada de la libertad y ha intentado desvirtuar las decisiones judiciales por diversas vías, incluyendo la argumentación de que los hechos imputados no corresponden con la realidad probatoria del expediente. Además, se ha reclamado supuestas violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia, sin lograr que los jueces modifiquen su condición jurídica.

La declaración del acusado incluyó la afirmación de que la denuncia se había producido por influencia de la madre de la menor, quien desconocía la existencia de la relación entre ambos. El hombre aseguró durante su intervención judicial que nunca había forzado a la adolescente y que la relación mantenida desde hacía tiempo era de carácter sentimental y consentida. Según publicó ElDiario.es, durante el juicio celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, el acusado insistió en que en ningún momento ejerció violencia o coacción sobre la menor.

La acusación de la Fiscalía se basa en hechos que, según su escrito, tuvieron lugar entre agosto de 2021 y mayo de 2022, cuando el procesado contactó con la víctima, de 13 años en ese momento, a través de una red social popular. ElDiario.es detalló que, pese a tener conocimiento de la corta edad de la menor, el acusado mantuvo la comunicación con ella y, posteriormente, le ofreció su ayuda para resolver deberes de inglés.

El fiscal sostiene que, en mayo de 2022, el acusado invitó a la menor a su domicilio, ubicado en Palma, aprovechando la excusa del apoyo escolar. Según el relato recogido por ElDiario.es, después de terminar con los deberes, el hombre inició una serie de tocamientos a la menor y luego habría cometido una violación. El testimonio de la víctima, presentada por el Ministerio Público, señala que los hechos afectaron gravemente su bienestar psicológico, lo que la llevó a contar lo ocurrido a su madre aproximadamente un mes después.

Una vez conocida la situación, la madre y la menor formularon la denuncia ante la Policía Nacional. ElDiario.es reportó que la investigación partió de la declaración de la víctima y de pruebas que situaron los contactos y encuentros entre la menor y el acusado. El fiscal solicitó una condena de siete años de prisión para el hombre bajo la acusación de un delito de abuso sexual. Además, requirió el pago de una indemnización de 4.000 euros en favor de la menor por los daños psicológicos sufridos.

Durante el desarrollo del juicio, el acusado reiteró que nunca existió coacción ni violencia, y que "no ha habido una sola vez que la haya forzado". ElDiario.es incluyó la declaración textual del procesado, quien defendió que la supuesta relación mantenida era conocida únicamente por los involucrados y alejó la existencia de presiones o amenazas durante los encuentros.

La fiscalía fundamentó su acusación en la diferencia de edad y en la incapacidad legal de la menor para consentir actos sexuales, señalando que el hombre aprovechó la situación de vulnerabilidad y el entorno privado para mantener relaciones no permitidas por la ley. ElDiario.es señaló que el escrito de la acusación hace énfasis en que el acusado tenía pleno conocimiento de la edad de la adolescente en el momento de los hechos.

El caso expuesto ante la Audiencia Provincial de Baleares continúa estando centrado en la valoración de las pruebas testimoniales, periciales y las declaraciones ofrecidas por la víctima, el acusado y otros intervinientes. Según consignó ElDiario.es, la defensa del procesado ha fundamentado sus argumentos en la existencia de consentimiento y en la ausencia de coacción, mientras que la fiscalía sostiene que la relación sexual, por la edad de la menor, constituye ilícito penal aunque medie un aparente acuerdo entre ambos.

El proceso judicial queda ahora pendiente de la decisión de los magistrados sobre la culpabilidad y la posible condena, en función de la valoración de la prueba y la interpretación de los hechos ocurridos entre agosto de 2021 y mayo de 2022, conforme a lo documentado por ElDiario.es.

La familia de Lindsay y Craig Foreman ha centrado sus reclamos en la falta de transparencia y garantías en el proceso judicial que resultó en la condena a diez años de prisión para la pareja en Irán, según informó ITV News. Ambos ciudadanos británicos resultaron arrestados en enero de 2025 durante un viaje en motocicleta por el mundo, imputados por cargos de espionaje, y se encuentran actualmente detenidos en la prisión de Evin, en Teherán. La noticia principal gira en torno al dictamen del tribunal revolucionario iraní, que dictó la condena mientras las autoridades del Reino Unido demandan su liberación inmediata y advierten a otros ciudadanos extranjeros sobre los riesgos de viajar a ese país.

De acuerdo con ITV News, el hijo de la pareja, Joe Bennett, denunció públicamente que el juicio que llevó a la sentencia apenas duró tres horas y que sus padres no dispusieron de asistencia legal. Bennett declaró que Lindsay y Craig Foreman rechazaron todas las acusaciones de espionaje y añadió que la familia no ha visto pruebas que justifiquen los cargos por los que ambos han sido condenados. Subrayó además la "profunda preocupación" que tienen por la sentencia y por la opacidad de todo el procedimiento judicial, solicitando al gobierno británico que emplee todos los recursos posibles para obtener la liberación de los Foreman.

La ministra de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, calificó la condena como “absolutamente atroz y totalmente injustificable” y aseguró que seguirá interviniendo ante las autoridades de Irán “hasta que Craig y Lindsay Foreman regresen sanos y salvos a Reino Unido y se reúnan con su familia”, según recogió ITV News. Cooper enfatizó también la intención de su gobierno de mantener presión diplomática sobre Teherán para conseguir su excarcelación.

La condena contra la pareja se dictó tras una comparecencia en octubre anterior ante el juez Abolqasem Salavati, en el marco de un tribunal revolucionario de Teherán. El medio ITV News especificó que el magistrado Salavati está sancionado por el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea debido a acusaciones relacionadas con violaciones de derechos humanos cometidas durante procesos judiciales en Irán. La detención y el proceso judicial contra los Foreman coinciden con acciones similares adoptadas contra otros extranjeros y personas de doble nacionalidad, lo que ha elevado la preocupación entre gobiernos occidentales y organizaciones de derechos humanos.

El gobierno británico mantiene una advertencia de viaje sobre Irán ante el “riesgo significativo de arresto, interrogatorio o detención”, de acuerdo con ITV News. Esta advertencia responde al aumento de casos de ciudadanos extranjeros y con doble nacionalidad que enfrentan cargos de espionaje u otros delitos graves vinculados con la seguridad nacional en tribunales iraníes. Las autoridades británicas han recalcado que los ciudadanos del Reino Unido viajarán bajo su propio riesgo y que las posibilidades de intervención del ejecutivo británico en caso de detención son muy limitadas. El propio aviso gubernamental insiste en que “el Ejecutivo británico no podrá ayudar si sufre dificultades en Irán”.

El contexto en el que ocurren los hechos agrega otro punto relevante. La pareja británica, según la información de ITV News, fue arrestada en pleno trayecto turístico alrededor del mundo, una circunstancia que alimenta las dudas planteadas por la familia sobre la validez del proceso judicial y la motivación detrás de las acusaciones. Por su parte, el gobierno de Irán no ha emitido ningún comunicado oficial en relación al caso o sobre la sentencia del tribunal revolucionario.

El pronunciamiento de la ministra Yvette Cooper, sumado a la petición directa de la familia Foreman y a los antecedentes del juez encargado del caso, sitúan la situación en un escenario diplomático sensible entre ambos países. Joe Bennett expresó que le comunicaron que si se dictaba sentencia, se emprenderían nuevas acciones, y reiteró la petición para que las autoridades británicas actúen con decisión. Hasta ahora, la pareja sigue recluida en la prisión de Evin, conocida internacionalmente como uno de los centros penitenciarios donde han estado detenidos numerosos extranjeros y defensores de los derechos humanos bajo cargos similares.

Varias decenas de ciudadanos extranjeros y personas con doble nacionalidad fueron detenidos en Irán bajo acusaciones de espionaje y delitos relacionados con la seguridad, menciona ITV News. Estas detenciones han formado parte de una tendencia que llevó al gobierno británico a reforzar sus advertencias de seguridad y su postura diplomática ante Teherán, advirtiendo sobre la falta de recursos para asistir a sus nacionales en situaciones legales complejas dentro del país asiático.

La sentencia a los Foreman se suma a una secuencia de casos que despiertan la inquietud por los procedimientos aplicados en algunos tribunales iraníes, especialmente aquellos a cargo de jueces señalados internacionalmente y sometidos a sanciones, como es el caso de Salavati. La incertidumbre sobre el futuro de Lindsay y Craig Foreman continúa creciendo mientras sus familiares y el gobierno británico insisten en la necesidad de una pronta resolución y el respeto de los derechos fundamentales durante los procesos legales en el extranjero.

La sanción judicial incluye, además de la pena de prisión, la expulsión del condenado de origen peruano tras cumplir la mitad de la condena, así como la prohibición de regresar a España por 10 años. Estas medidas fueron establecidas luego de que la Audiencia Provincial de Navarra, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, dictara sentencia contra el joven, de 24 años, por la violación de una menor de 14 años ocurrida en Pamplona en julio de 2024.

De acuerdo con el medio, la Sección Primera de la Audiencia Provincial tomó en cuenta que el procesado deberá permanecer alejado de la víctima a una distancia mínima de 200 metros y no podrá comunicarse con ella durante los próximos 13 años. Además, tras cumplir la pena privativa de libertad, se le impondrá un régimen de libertad vigilada de 10 años. El tribunal también resolvió que la joven recibirá una indemnización de 15.000 euros por el daño moral causado.

La resolución judicial detalla que la noche de los hechos, en julio de 2024, el acusado coincidió con el grupo habitual de la menor de 14 años. En ese momento, el joven indicó a la víctima que tenía 17 años, aunque en realidad tenía 22. Hacia finales de ese mes, la menor había planeado pasar la noche en casa de una amiga. Tras salir de una discoteca de Pamplona, un contratiempo familiar impidió que la amiga cumpliera el plan, por lo que la menor se vio sin alojamiento para esa noche.

El procesado le ofreció entonces acudir a su propia vivienda. Conforme narra la sentencia, durante el trayecto le confesó a la víctima su verdadera edad, situación que produjo desagrado y sorpresa en la menor, quien manifestó su deseo de no mantener relación alguna. No obstante, accedió a ir con él por no disponer de otra alternativa de alojamiento en ese momento.

Una vez en la habitación que ocupaba el joven, relata el fallo judicial, él besó y realizó tocamientos a la víctima con su consentimiento. Posteriormente, cuando propuso tener relaciones sexuales completas, la menor rechazó la intención del acusado. A pesar de la negativa, el Juzgado estableció que el joven cometió el acto de agresión sexual utilizando la fuerza.

Antes del inicio del juicio, que tuvo lugar el 26 de noviembre, la fiscalía planteó inicialmente una solicitud de trece años de prisión por el delito de agresión sexual a menor de 16 años. Por su parte, la acusación particular pidió trece años y seis meses de cárcel, mientras que la defensa solicitó la absolución del acusado. Al comenzar la vista oral, el Ministerio Fiscal redujo su petición a ocho años de prisión y la acusación particular respaldó esta nueva solicitud. La defensa expresó su conformidad con la modificación de la petición penal.

Durante la audiencia, el procesado admitió los hechos descritos en el escrito de acusación, lo que llevó a que tanto la fiscalía como la acusación particular renunciaran a la práctica del resto de las pruebas propuestas. En consecuencia, el tribunal dictó sentencia ajustándose a los términos acordados entre las partes, reportó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

La sentencia recogió expresamente las restricciones impuestas al condenado en relación con la menor, tanto en cuanto a comunicación y proximidad como las condiciones del tiempo que deberá estar sometido a vigilancia una vez excarcelado. También se puntualizó la obligación de indemnización y la imposibilidad de regresar a territorio español durante una década a partir de su salida del país.

El caso se inscribe en la categoría de delitos sexuales cometidos contra menores de edad y refuerza la actuación de las autoridades judiciales en la imposición de medidas preventivas y punitivas, según remarcó la información detallada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Michelle Bolsonaro relató que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro pudo beber caldo e inició una sesión de fisioterapia tras sufrir una recaída de salud en prisión. Con este mensaje, difundido a través de sus redes sociales, la ex primera dama intentó llevar calma tras un episodio que involucró un aumento de presión arterial y sensación de mareo, ocurridos durante su reclusión en el centro penitenciario de Papuda, en Brasilia.

De acuerdo con la información publicada por el medio, Carlos Bolsonaro, hijo del exmandatario y concejal en Río de Janeiro, notificó el episodio el lunes por la noche. El concejal expresó su preocupación señalando: “Me han informado hace poco que el presidente Jair Bolsonaro lo pasó mal de nuevo esta tarde y está en observación. Desgraciadamente no tengo más información. Sin palabras”. Según detalló la fuente, el exmandatario está cumpliendo una condena de más de 27 años por delitos relacionados con un intento de golpe de Estado vinculado a su permanencia en el poder tras los resultados de las elecciones de 2022.

Según precisó el medio, las molestias de Bolsonaro fueron atendidas por un médico de guardia del penal. La familia dio detalles sobre la atención médica y especificó que logró consumir alimentos ligeros y realizar actividades controladas para evaluar su recuperación. Michelle Bolsonaro compartió en su perfil: “Lo atendió el médico de guardia. Logró beber su caldo y ya estaba haciendo fisioterapia. Son días difíciles, pero los superaremos”, reflejando el momento que atraviesan tanto el exmandatario como sus allegados.

Bolsonaro está bajo custodia en la cárcel de Papuda desde mediados de enero, tras haber sido trasladado desde una celda en dependencias de la Policía Federal de Brasilia. Esta reubicación respondió al objetivo de brindarle una mejor cobertura médica durante el cumplimiento de su condena, según señalamiento del mismo medio.

El juez del Supremo Tribunal Federal que instruye la causa, Alexandre de Moraes, garantiza el acceso de los médicos personales de Jair Bolsonaro dentro del penal sin necesidad de autorización previa. Esta disposición también permite que, frente a cualquier emergencia, el expresidente pueda ser llevado a un hospital, a condición de que la autoridad judicial sea informada dentro de las 24 horas posteriores, informó el medio de comunicación.

La situación judicial y médica de Bolsonaro sigue generando atención pública y familiar. Tanto sus hijos como la ex primera dama mantienen informados a sus seguidores y al público general sobre el estado de salud del exgobernante y las medidas adoptadas dentro de la prisión.

Las autoridades penitenciarias y judiciales han optado por monitorear de forma constante los signos vitales y la evolución clínica del expresidente, buscando prevenir nuevas complicaciones. La familia y su círculo cercano se mantienen atentos a la evolución del exmandatario mientras se prolonga su estadía en Papuda, en contexto de los procesos judiciales posteriores al ciclo electoral de 2022, consignó el medio.

El Ministerio Fiscal en Asturias atribuyó al acusado el haber vendido una cruz y un dije de oro pertenecientes a una mujer que lo había alojado en su domicilio. Los objetos fueron comercializados en diferentes establecimientos de Oviedo durante enero de 2024, según consignó la Fiscalía, que también indicó que los propietarios de estos comercios no conocían la procedencia ilícita de las piezas. A este hecho se suman la apropiación de más efectos personales y dinero durante los meses en que el acusado convivió con la víctima. Según reportó la Fiscalía del Principado de Asturias, este martes, 17 de febrero, el acusado comparecerá en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, sede Oviedo, donde la Fiscalía solicita una condena de 3 años y 6 meses de prisión.

De acuerdo con la información oficial, la víctima conocía al acusado desde hacía algunos años y le ofreció alojamiento en su vivienda de Oviedo durante octubre de 2023, ya que carecía de un lugar para dormir. El acusado residió en el domicilio hasta abril de 2024, cuando decidió mudarse a Luarca después de encontrar un empleo, detalló la Fiscalía. Durante ese periodo, según el relato del Ministerio Público, el acusado aprovechó la confianza depositada por la mujer y el acceso a sus cuentas y pertenencias para llevar a cabo diversas operaciones no autorizadas.

Entre el 18 de diciembre de 2023 y el 25 de enero de 2024, el acusado realizó once transferencias por Bizum, utilizando la cuenta bancaria de la mujer y enviando un total de 2.450 euros a su propia cuenta. La Fiscalía especifica que la víctima había facilitado al acusado sus datos bancarios en ocasiones en que le prestó dinero, dado que desconocía la operativa de Bizum, y que todas estas transferencias se hicieron sin su permiso ni conocimiento.

Adicionalmente, la Fiscalía del Principado de Asturias destacó que el acusado tenía acceso tanto a la libreta como a la tarjeta bancaria y las claves de la mujer, ya que la acompañaba en ocasiones al banco para retirar fondos. Utilizando estos datos, extrajo dinero de la cuenta en quince ocasiones a través de cajeros automáticos entre el 13 de noviembre de 2023 y el 14 de marzo de 2024, sumando un total de 7.500 euros. Las extracciones se produjeron, señala el Ministerio Público, sin la autorización de la titular de la cuenta.

A estas acciones se suma la realización de cuatro reintegros adicionales, por un global de 2.000 euros, entre el 13 de noviembre y el 18 de diciembre de 2023, también a espaldas de la propietaria de los fondos, según informó la Fiscalía. El monto total de dinero sustraído, según el cálculo del Ministerio Fiscal, supera los 11.950 euros.

Además del dinero, según expuso la Fiscalía, el acusado se apropió de diversas pertenencias de la víctima. El listado incluye, además de la cruz y el dije ya vendidos, unos pendientes comercializados por 52 euros, cuatro teléfonos móviles, un reloj smartwatch comprado en 2022 por 309 euros, una caja con monedas antiguas y una caja fuerte portátil con 100 euros en su interior. El valor estimado de los efectos sustraídos asciende a más de 400 euros.

El Ministerio Fiscal consideró constitutivos de delito los hechos descritos, atribuyendo al acusado un delito continuado de estafa, según los artículos 249.1-b) y 74 del Código Penal, y un delito de hurto conforme al artículo 234, sumando la agravante de abuso de confianza en este último. Para el delito de estafa, la Fiscalía solicitó una pena de 2 años y 6 meses de prisión, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo mientras dure la condena. Por el delito de hurto, se reclamó una pena de 12 meses y un día de prisión, junto con la misma inhabilitación ligada a la condena.

En cuanto a la responsabilidad civil, la Fiscalía solicitó que el acusado indemnice a la mujer con 11.950 euros correspondientes a la suma de dinero sustraída, así como con la cantidad que se determine en la ejecución de sentencia por los objetos apropiados, incluyendo el valor de los bienes no recuperados y los intereses legales pertinentes, todo según la presentación oficial reportada por la Fiscalía del Principado de Asturias.

Al conocer la posibilidad de que Isabel Pantoja regrese a prisión, José Manuel Parada manifestó su desconcierto ante esta situación y consideró que la artista ya ha cumplido las consecuencias de sus actos anteriores. El periodista, que en el pasado formó parte del entorno cercano de la cantante, expresó su opinión sobre las informaciones recientes publicadas por la revista Lecturas, que apuntan a la posible vuelta de Pantoja a la cárcel y calificó de desproporcionada una nueva condena para la tonadillera.

De acuerdo con el testimonio de José Manuel Parada difundido por Europa Press, el comunicador recordó la relación que mantuvo con la artista, asegurando que, aunque en algún momento ambos se distanciaron tras una ruptura con varios allegados de la cantante, el paso del tiempo modificó la perspectiva de aquel quiebre y actualmente le profesa buenos deseos. Parada recalcó que no guarda resentimientos hacia Pantoja y expuso que no quiere verla privada de libertad. “No le deseo nada malo, le deseo lo mejor, yo no quiero que vaya a la cárcel, quiero que sea feliz, que llene los escenarios, los teatros y que continúe trabajando mientras aún puede”, declaró ante los micrófonos de Europa Press.

El presentador resaltó que la situación resultaría especialmente dura para Pantoja, dado el antecedente de su paso anterior por prisión debido al Caso Malaya. Parada mostró su sorpresa ante el posible regreso de la intérprete de ‘Marinero de luces’ a la cárcel y se preguntó: “¿Otra vez? ¿Pero qué ha hecho nuevo?”. Además, se pronunció de forma categórica, señalando que no desea volver a ver a su antigua amiga en ese contexto, al que calificó como “una situación muy traumática”.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Parada también opinó sobre el proceso judicial en el que se vio envuelta la artista. Sostuvo que Pantoja ya cumplió su sentencia anterior y sugirió que su caso no fue tratado con la misma equidad que otros similares. Sobre este punto, comentó: “Se dijo en su momento y creo que es verdad, que mucha gente tenía el mismo tiempo de cárcel y sin embargo no la hicieron y a ella le tocó hacerlo, y me parece un poco injusto lo que pasó con ella”.

Durante la conversación con Europa Press, Parada destacó el impacto personal y profesional que tuvo en Isabel Pantoja la estancia en prisión. Para el comunicador, el futuro de la artista debería centrarse en su carrera musical y artística, dadas las oportunidades que aún puede aprovechar en el mundo del espectáculo. Subrayó que su deseo es verla en los escenarios, disfrutando de una vida plena y activa, en lugar de enfrentarse nuevamente a una condena carcelaria.

Según informó Europa Press en declaraciones de Parada, el comunicador se refirió también al tiempo compartido con Pantoja en el pasado, describiendo aquella etapa como parte de su “prehistoria” y admitiendo que, tras el distanciamiento, persiste una cierta nostalgia y aprecio hacia la cantante. En diferentes intervenciones públicas, Parada ha relatado que la ruptura con Pantoja nunca tuvo una explicación clara, pero que el tiempo le permitió dejar atrás el resentimiento.

Tal como publicó Europa Press, la posibilidad de que Isabel Pantoja regrese a prisión surge a raíz de informaciones recientes, aunque Parada recalcó su postura en favor de que la artista continúe con su trayectoria profesional y personal. El periodista reiteró su deseo de que la cantante esté rodeada de éxito y tranquilidad, considerando que ya afrontó las consecuencias de decisiones tomadas en el pasado.

Entre las personas trasladadas a Irak desde Siria por su vinculación con el grupo Estado Islámico se encuentran individuos provenientes de hasta 60 países distintos, con presencia de altos líderes señalados como “emires” dentro de la estructura yihadista. El ministro de Justicia de Irak, Jaled Shuani, indicó en declaraciones recogidas por el canal kurdo Rudaw que la mayoría de estos prisioneros son de nacionalidad siria y que todos ellos han sido llevados a una prisión situada en Bagdad. Según informó Rudaw, el Gobierno iraquí prevé completar este jueves la última fase de recepción de aproximadamente 7.000 miembros y simpatizantes de Estado Islámico, procedentes de centros de detención al norte y noreste de Siria bajo control de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS). Este traslado se produce tras un acuerdo entre las autoridades kurdas semiautónomas de Siria y el Ejecutivo central de Damasco.

El proceso ha contado con la participación de fuerzas estadounidenses involucradas en la coordinación y logística en territorio sirio, mientras que la seguridad y el traslado en Irak es responsabilidad exclusiva de un equipo conformado por especialistas de ese país. The coalition forces operating en la región, según el mismo ministro Shuani, se encargan de cubrir los costes asociados tanto al transporte como a la reclusión de los detenidos en suelo iraquí. Shuani remarcó ante Rudaw que la operación se ha planificado para impedir el acceso de los prisioneros a la región del Kurdistán iraquí y enfatizó que “todos ellos han sido ubicados en una prisión en Bagdad”, asegurando que ninguno será derivado a otras zonas del territorio nacional.

El titular de Justicia subrayó que todos los casos serán sometidos a investigación antes de la celebración de juicios por parte de los tribunales locales, de acuerdo con la estricta ley antiterrorista vigente en Irak. Esta normativa establece que formar parte de una organización catalogada como terrorista constituye un delito sancionable, incluyendo la cadena perpetua para quienes se determinen culpables de haber pertenecido a Estado Islámico. “No hay necesidad de desarrollar lo que Estado Islámico hizo en Irak, todo el mundo lo sabe. Por ello, según la ley iraquí, la pertenencia a Estado Islámico es un crimen punible con la cadena perpetua”, declaró el ministro a la cadena Rudaw, refiriéndose a los antecedentes de violencia y atentados cometidos por este grupo en territorio iraquí.

Entre los trasladados figuran reconocidos dirigentes de Estado Islámico considerados de elevada peligrosidad por las autoridades de Irak, quienes se encuentran ya recluidos en instalaciones penitenciarias de máxima seguridad. El ministro de Justicia también abordó las informaciones según las cuales existiría una comunidad turca numerosa entre los prisioneros recién enviados, rechazando que sumaran 2.500 como se había especulado. Shuani precisó que “solo 165” de los detenidos poseen nacionalidad turca, aunque no descartó que puedan identificarse más ciudadanos de Turquía entre los extranjeros del último contingente. Añadió que las autoridades de Bagdad mantienen un canal de comunicación constante con el gobierno turco y que Ankara ha mostrado interés en repatriar a sus nacionales. Estos trámites se resolverán cuando concluyan las investigaciones pertinentes que realiza el sistema judicial iraquí.

Según publicó Rudaw, la entrega de detenidos se produce en medio del férreo dispositivo de seguridad dispuesto para evitar cualquier incidente durante los traslados. Estados Unidos, a través de sus fuerzas desplegadas en Siria, ha supervisado la entrega de los reclusos a las autoridades iraquíes, mientras que el Ministerio de Justicia de Irak, respaldado por fuerzas de seguridad nacionales, se hace cargo a partir del momento del ingreso en el país. Según detalló Shuani, ningún extranjero será liberado sin antes comparecer ante la justicia local, ya que todos los casos serán revisados bajo la legislación vigente contra el terrorismo.

Este movimiento masivo de detenidos responde al compromiso iraquí de procesar a todos los presuntos miembros y colaboradores del Estado Islámico implicados en ataques y crímenes que tuvieron repercusiones tanto dentro como fuera del país. La operación forma parte de los acuerdos regionales alcanzados para coordinar el manejo de prisioneros vinculados a organizaciones yihadistas en Siria e Irak, así como la repatriación o persecución judicial de los extranjeros capturados fuera de su país de origen.

El medio Rudaw consignó que el proceso de investigación y catalogación de los detenidos, especialmente aquellos pertenecientes a diferentes nacionalidades, se realiza en colaboración con varias embajadas y consulados, mientras continúa el intercambio de información entre Irak y otros gobiernos interesados en los casos de sus ciudadanos vinculados con Estado Islámico. La presencia en este grupo de ciudadanos de múltiples países refleja la dimensión transnacional que asumió la organización yihadista durante su etapa de mayor actividad armada en la zona.

El ministro de Justicia de Irak reiteró que la detención y el traslado masivo, así como el futuro procesamiento legal de estos individuos, busca responder a la demanda de justicia ante las acciones que Estado Islámico protagonizó en territorio iraquí y que afectaron gravemente a la población civil local. Tal como informó Rudaw, las acciones legales y las investigaciones en curso tienen como objetivo sentar precedentes frente a la participación extranjera en actividades terroristas desarrolladas en Oriente Medio.

La familia de Sergio Delgado aún no ha recibido comunicación formal sobre la excarcelación de J.L.N. y permanece a la espera de novedades, según información entregada a Europa Press por sus allegados. El martes, J.L.N. dejó la prisión de Burgos pasadas las 17:00 horas, luego de haber cumplido dos años bajo prisión preventiva. Tal como informó Europa Press, la liberación de J.L.N. surge tras la decisión del jurado popular de calificar la muerte de Delgado como un homicidio imprudente.

El magistrado responsable del caso determinó que el periodo de reclusión cumplido por el acusado corresponde a la mitad del máximo previsto para este tipo de condena, que en ningún caso superaría los cuatro años. De acuerdo con los datos que compartió Europa Press, aún no se ha dictado una sentencia definitiva, pero la resolución judicial toma en cuenta el tiempo cumplido en prisión como un argumento de peso para su puesta en libertad.

Las circunstancias de la muerte de Sergio Delgado fueron analizadas por un jurado popular, que resolvió, con ocho votos a favor y uno en contra, que J.L.N. resultó responsable de la muerte, aunque sin hallarse intención de matar en su conducta. Según detalló Europa Press, los miembros del tribunal concluyeron, en base a los informes forenses, que el consumo de alcohol pudo intervenir en el desenlace fatal y que las pruebas no acreditaron que el móvil estuviera relacionado con la procedencia vallisoletana de la víctima.

El tribunal aceptó la interpretación de los peritos sobre la influencia del alcohol en el momento de los hechos, considerando este factor esencial para descartar la intencionalidad y, por tanto, dictaminar la calificación de homicidio imprudente. Europa Press consignó que esta interpretación de las pruebas resultó clave en la evaluación final de los hechos, orientando la decisión del jurado hacia la absolución de dolo.

La familia del fallecido manifestó su descontento tras conocerse el veredicto del jurado, tildándolo de "puta vergüenza" y acusando al juez del caso de mostrar "parcialidad" en beneficio del acusado, de acuerdo con declaraciones recogidas por Europa Press. Al término del juicio, los allegados de Delgado criticaron el proceso judicial y expresaron su indignación tanto por el fallo como por la interpretación que el tribunal hizo de la actuación del acusado y de las pruebas presentadas.

El caso se enmarca en un contexto donde la figura de la prisión preventiva y la determinación de la intencionalidad en los homicidios reciben atención pública y generan debate. Según publicó Europa Press, la excarcelación provisional de J.L.N. representa la aplicación de la doctrina que contabiliza el tiempo efectivo de prisión preventiva a la espera de sentencia, en conjunción con la calificación del delito según lo decidió el jurado popular. La decisión judicial queda pendiente de la sentencia definitiva, mientras la familia de Sergio Delgado traslada su malestar y solicita una revisión del desarrollo del proceso.

Hasta el momento, la resolución del magistrado sobre la excarcelación se apoya en la valoración de las pruebas hecha en juicio y en la interpretación mayoritaria del jurado acerca de los hechos, descartando la premeditación y atribuyendo un papel determinante a las circunstancias del momento, incluida la ingesta de alcohol. El seguimiento informativo de este caso ha puesto de relieve las diferencias de criterio entre el tribunal y la familia del joven fallecido. Europa Press ha recogido tanto los argumentos legales esgrimidos por el magistrado como las protestas de los familiares de la víctima, que siguen aguardando una sentencia final y han cuestionado públicamente la imparcialidad del procedimiento.

Un comunicado del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, describe que Narges Mohammadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, fue arrestada el 12 de diciembre de 2025 durante un evento en memoria del abogado Josrou Alikordi, fallecido semanas antes en circunstancias poco claras, tras haber sido liberada provisionalmente apenas un año antes por motivos médicos. El medio consignó que, a raíz de este reciente arresto, Mohammadi enfrenta una condena de siete años y medio de prisión.

Según informó el Comité Noruego del Nobel, la activista permaneció en situación crítica tras su detención y denuncia tratos considerados "crueles, inhumanos y degradantes", en violación del Derecho Internacional. El organismo detalló que existen reportes que confirman que Mohammadi fue objeto de violencia física al ser golpeada con palos y porras de madera, además de haber sido arrastrada por el pelo, resultando con heridas en el cuero cabelludo. Durante el traslado en vehículo, sufrió más agresiones físicas. El Comité indicó que recibió patadas dirigidas a los genitales y la zona pélvica, lo que le provocó un dolor intenso e incapacidad para sentarse o moverse, además de generar preocupación sobre una posible fractura ósea.

El Comité Noruego del Nobel sostuvo, de acuerdo con los informes, que Mohammadi fue sometida a aislamiento prolongado en una celda sin ventanas, expuesta a luz artificial constante, con suelo frío y ropa de cama inadecuada. La institución denunció que, mientras permanecía en prisión, escuchó los gritos de dolor de mujeres jóvenes. Además, las autoridades iraníes instalaron una horca en el patio de la prisión, lugar donde los reclusos realizan actividades físicas, como medida de intimidación psicológica, según detalló el comunicado del organismo.

El informe también subraya que la activista fue trasladada a diferentes instalaciones de detención y, en una ocasión, llevada bajo vigilancia al hospital, donde el personal médico documentó lesiones visibles y complicaciones cardíacas relevantes. El Comité Noruego alertó que Mohammadi se encuentra privada de seguimiento médico adecuado y enfrenta interrogatorios e intimidaciones intensas dentro de la prisión, según reportó el propio organismo. Se hizo público que ha sufrido varios desmayos, se halla con presión arterial peligrosamente elevada y le prohíben acceder a pruebas para posibles tumores en las mamas.

El Comité Noruego del Nobel expresó en su comunicado que el encarcelamiento de Mohammadi es arbitrario e injusto, vinculando su caso con el ejercicio pacífico de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, asociación y reunión, en el contexto de la defensa de la igualdad de la mujer y la dignidad humana. El documento sostiene que el único motivo de su privación de libertad está relacionado con su papel en la defensa de derechos civiles en Irán.

Ante estos hechos, el Comité Noruego del Nobel realizó un llamamiento urgente a las autoridades iraníes para que la liberen de forma inmediata e incondicional, exigiendo además que Mohammadi acceda a atención médica independiente y profesional. El organismo extendió su demanda al Gobierno de Teherán para que deje en libertad a todos los prisioneros políticos y de conciencia, detenidos únicamente por ejercer derechos reconocidos a nivel internacional.

Según publicó el Comité Noruego del Nobel, las experiencias de Mohammadi ilustran el ambiente de represión instaurado tras grandes protestas en Irán. Numerosos ciudadanos, según la entidad, han arriesgado sus vidas en la búsqueda de libertad, igualdad y respeto de los derechos humanos. El largo comunicado destaca que el sufrimiento de Mohammadi constituye un ejemplo más de la respuesta estatal frente a quienes exigen respeto a derechos fundamentales.

La reciente condena a siete años y medio de prisión se suma a antecedentes de detenciones y problemas de salud de Mohammadi. El Comité Noruego del Nobel recordó que en diciembre de 2024 fue puesta en libertad provisional por recomendación médica, después de intensas denuncias de su familia por la negativa de las autoridades a permitirle recibir tratamiento durante más de dos meses.

La organización enfatizó en su comunicado la gravedad de la situación de Mohammadi, el estado crítico de su salud y el impacto de su encarcelamiento en el contexto de la represión a defensores de derechos humanos en Irán. El caso continúa atrayendo la atención internacional, después de que el Comité Noruego del Nobel reiterara la urgencia de prestar atención a las condiciones de los presos políticos y de conciencia en ese país.