Un educador fue encontrado sin vida dentro de su residencia en el corregimiento de La Arena, en Chitré, provincia de Herrera, antes de que las autoridades cumplieran una diligencia de allanamiento vinculada con una investigación por un presunto delito contra la libertad e integridad sexual.

Informes preliminares indican que el hombre tenía una herida en el cuello.

Las primeras versiones señalan que presuntamente se quitó la vida con un arma blanca, aunque las autoridades aún deben establecer de forma oficial cómo ocurrió la muerte.

El caso reúne dos líneas de investigación: la muerte del docente que laboraba en la provincia de Los Santos y el proceso que motivó el allanamiento previsto para la mañana del miércoles.

El Ministerio Público deberá determinar las circunstancias del fallecimiento y si existe algún vínculo con la pesquisa que ya estaba en curso.

La diligencia estaba programada para realizarse en la vivienda del docente como parte de una investigación relacionada con el presunto delito sexual.

El hallazgo se produjo antes de que el procedimiento pudiera concretarse. La situación causó conmoción entre los residentes del sector de La Arena.

Tras conocer el hecho, las autoridades acordonaron el lugar e iniciaron las tareas para recoger elementos dentro de la residencia.

Los exámenes forenses y las diligencias de investigación permitirán determinar qué ocurrió en el interior de la vivienda. Hasta ahora, no se ha confirmado oficialmente la identidad del fallecido.

El Ministerio Público tampoco ha divulgado detalles adicionales sobre la investigación que motivó el allanamiento. Las pesquisas continúan bajo reserva.

En otro caso ocurrido igualmente en la provincia de Herrera, tres hombres recibieron condenas de 35 años de prisión por el homicidio de Nivia Judith Bósquez, una comerciante de 62 años asesinada dentro de su minisúper en la comunidad de Los Higos de Parita.

Las sentencias equivalen a 420 meses de cárcel e incluyen los delitos de homicidio doloso agravado, robo agravado y asociación ilícita para delinquir.

Se informó que la Fiscalía Regional de la provincia de Herrera obtuvo las condenas individuales luego de que tres de los implicados aceptaran su responsabilidad penal. Otras tres personas vinculadas al expediente serán llevadas ante un Tribunal de Juicio en octubre.

Las pesquisas judiciales lograron determinar que el crimen ocurrió el 1 de septiembre de 2025, cuando la comunidad recibió la noticia de que la comerciante había sido hallada sin vida dentro de su negocio.

De acuerdo con los resultados de la investigación, los sujetos ingresaron al local y se llevaron $2.700 en efectivo que estaba distribuido entre la caja registradora y dos alcancías.

También sustrajeron el teléfono celular de la víctima. La causa sostiene que el robo derivó en el asesinato de la comerciante. La mujer fue encontrada amordazada y con un golpe en la cabeza. El hecho provocó temor entre los vecinos de una comunidad donde la víctima era conocida por su actividad comercial.

Los familiares y residentes de Los Higos de Parita reclamaron justicia desde el inicio de la investigación. El homicidio alteró la tranquilidad habitual del poblado.

La Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron operativos en las provincias de Herrera y Panamá Oeste para ubicar a los sospechosos.

Cuatro personas fueron detenidas el 13 de septiembre de 2025 durante allanamientos simultáneos. Tres días más tarde, otro implicado se entregó voluntariamente en el corregimiento de Chitré cabecera.

El último sospechoso fue capturado después. La Fiscalía logró imputar a seis personas por el homicidio y el robo agravado. La causa continuará respecto de los tres acusados que no aceptaron culpabilidad. Será el Tribunal de Juicio el que deberá resolver su situación procesal en este caso que conmocionó a los residentes de Los Higos de Parita.

La Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación (PGN) detuvo este lunes 10 de agosto a Publio De Gracia, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), en el marco de la Operación Cuestor, bajo sospecha de supuesto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Las autoridades también aprehendieron a la pareja sentimental del exfuncionario durante el desarrollo de las diligencias, que forman parte de una investigación por una posible lesión patrimonial al Estado por un monto de $724,682.39.

Según informes de prensa, la Operación Cuestor se desplegó en varios puntos de las provincias de Panamá y Panamá Oeste, con el apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

Las pesquisas comenzaron en mayo de 2026, a partir de un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República, que identificó un incremento patrimonial no justificado en las cuentas de De Gracia y su entorno cercano.

El reporte precisó que la investigación de la Fiscalía Anticorrupción se centra en la gestión de Publio De Gracia al frente de la DGI entre 2019 y 2024, periodo en el que, según la auditoría, se habría producido un aumento patrimonial que no guarda relación con los ingresos declarados del funcionario ni de su pareja.

El informe de la Contraloría General derivó en una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República y en la orden de secuestro de bienes por el mismo monto observado.

Durante la operación, las autoridades ordenaron la aprehensión de diversos activos presuntamente vinculados con los hechos investigados. Entre los bienes incautados figuran tres inmuebles, seis vehículos de alta gama —incluidos modelos Toyota Prado, Lexus y BMW— y cuatro cuentas bancarias.

Esta acción, según se indicó, forma parte de la estrategia del Ministerio Público para evitar el ocultamiento de activos y asegurar el resarcimiento del daño patrimonial al Estado.

De acuerdo con información recabada por la televisora estatal SERTV, la denuncia presentada por la Contraloría General en mayo pasado se sustentó en una auditoría forense que detectó movimientos financieros “incompatibles” con el salario y las funciones públicas del exdirector de la DGI.

El informe señala la existencia de transferencias, adquisición de bienes y depósitos bancarios que no pudieron ser justificados por los investigados.

TVN Noticias informó por su parte que, además de la pareja sentimental de De Gracia, no se descartan otras aprehensiones en el marco del mismo expediente, que sigue bajo reserva judicial.

El caso ha generado repercusión en la opinión pública panameña, debido al monto involucrado y al perfil del funcionario investigado.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar si existió una red de colaboradores o testaferros en la operación de blanqueo de capitales.

Según la información proporcionada por las autoridades a TVN Noticias, el proceso judicial continuará con la toma de declaraciones y la revisión de documentación financiera, así como la trazabilidad de los fondos sospechosos.

La Procuraduría General de la Nación comunicó que el proceso seguirá en fase de instrucción, con el objetivo de establecer la procedencia de los fondos y posibles responsabilidades adicionales.

El caso forma parte de los esfuerzos institucionales para combatir delitos contra la administración pública y el lavado de activos en Panamá.

Recientemente, la DGI se vio envuelta en un escándalo por presunta corrupción que llevó a las autoridades a desarticular una supuesta organización criminal integrada por funcionarios y particulares que habría manipulado el sistema tributario E-Tax para obtener millonarios beneficios económicos.

De acuerdo con la Fiscalía, el grupo utilizaba accesos privilegiados al sistema E-Tax para eliminar del registro tributario cuentas millonarias correspondientes a contribuyentes que ya habían cancelado sus obligaciones fiscales.

La Procuraduría General de la Nación llevó a cabo este miércoles la aprehensión de un ex representante de corregimiento y una ex tesorera en el distrito de Munä, corregimiento de Peña Blanca, territorio de la comarca Ngäbe Buglé.

La acción, realizada con el apoyo de la Fiscalía Superior Anticorrupción y los cuerpos auxiliares de la Dirección de Investigación Judicial y la Policía Nacional, se relaciona con una investigación por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.

La operación se desarrolló a primera hora de este miércoles y permitió la captura de ambos exfuncionarios, quienes se encontraban bajo seguimiento judicial por su posible participación en el desvío de fondos públicos.

De acuerdo con un reporte de la Procuraduría General de la Nación, la diligencia incluyó la recuperación de equipo tecnológico que habría sido utilizado durante la gestión administrativa de los investigados y que ahora forma parte de los elementos probatorios recabados por el Ministerio Público.

La Fiscalía Superior Anticorrupción detalló que la investigación se centra en presuntas irregularidades cometidas durante la gestión de ambos exservidores públicos.

Conforme a lo divulgado por los medios de comunicación, “la aprehensión se produjo tras una serie de pesquisas y verificación documental que vinculan a los exfuncionarios con el manejo indebido de recursos estatales, específicamente en la administración de partidas presupuestarias asignadas al corregimiento”.

En Panamá, los fondos de descentralización fueron creados para fortalecer a los gobiernos locales, permitiendo que juntas comunales y municipios ejecuten proyectos de infraestructura social, mantenimiento, apoyo comunitario y servicios básicos.

Estos recursos provienen del presupuesto general del Estado y son transferidos a los corregimientos con el objetivo de acercar la inversión pública a las comunidades.

Los fondos provienen principalmente de la recaudación del Impuesto de Bien Inmueble (IBI), gestionado a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y transferidos a los municipios y las juntas comunales mediante el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios.

En la operación de la aprehensión del ex representante de corregimiento y de la ex tesorera en el distrito de Munä participaron agentes de la Dirección de Investigación Judicial y efectivos de la Policía Nacional, quienes ejecutaron las órdenes judiciales en coordinación con la Fiscalía Superior Anticorrupción.

La Procuraduría General de la Nación reiteró que el equipo tecnológico recuperado será sometido a peritaje informático para determinar su vinculación con las investigaciones en curso.

Según fuentes de la institución, “los dispositivos electrónicos contienen información relevante sobre movimientos financieros y gestiones administrativas realizadas durante el periodo investigado”.

El procedimiento de aprehensión se inscribe en el marco de una ofensiva nacional contra la corrupción administrativa, impulsada por la Procuraduría General de la Nación en diferentes regiones del país. Conforme al seguimiento, se dijo que las acciones de la fiscalía buscan fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos, con énfasis en áreas vulnerables como la comarca Ngäbe Buglé.

Fuentes de la Fiscalía Superior Anticorrupción indicaron que la investigación se inició tras la recepción de denuncias ciudadanas sobre irregularidades en la ejecución de proyectos comunitarios y el presunto desvío de fondos destinados a obras sociales. Los exfuncionarios serán puestos a disposición de un juez de garantías, quien determinará las medidas cautelares correspondientes mientras avanza la investigación.

La detención de estas personas se suma a una serie de acciones judiciales registradas en lo que va de 2026 contra exfuncionarios de juntas comunales en todo el país, vinculados a investigaciones por presunto peculado relacionado con fondos asignados para obras sociales.

Mientras se encontraba en una zona de playa de la provincia de Coclé, a unas 2 horas de la ciudad de Panamá, el exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, fue detenido por los supuestos delitos de peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir.

La detención de Oliva, quien fungió como director de la AIG de 2019-2024, bajo la administración del expresidente Laurentino Cortizo, fue ordenada por un juez de garantía y volvió a poner el foco sobre un organismo estatal clave en la estructura tecnológica del país.

La AIG tuvo a su cargo áreas sensibles de modernización administrativa y gestión pública.

El caso de Oliva quedó ligado a presuntos hechos de corrupción dentro de una dependencia con peso en la operación institucional panameña.

La Contraloría General de la República determinó un presunto incremento patrimonial de Oliva por más de $937,000.

Fuentes judiciales indicaron que la acusación incluyó peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir.

Esa combinación colocó el expediente en un plano mayor que el de una irregularidad administrativa aislada, porque apuntó a un posible esquema delictivo articulado desde el Estado.

Oliva ya cumplía una medida cautelar de reporte periódico los 14 y 28 de cada mes, así como un impedimento de salida del país, luego de que en septiembre del 2025 se le formularan cargos por peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir.

Los cargos están relacionados con presuntas irregularidades en la gestión de la plataforma Vale Digital, que luego pasó a llamarse Listo Wallet, implementada por el gobierno durante la cuarentena total por el Covid-19 para entregar subsidios a trabajadores, según el diario Critica.

En 2020 el gobierno, a través del Ministerio de Comercio e Industrias y la AIG anunció el inicio del plan piloto en la primera abarrotería de la ciudad capital para cambiar el Vale Digital, apoyo económico entregado a los panameños suspendidos de sus plazas laborales y afectados por la pandemia ocasionada por el Coronavirus o Covid-19.

En esa oportunidad, Oliva señaló que “el inicio de este plan piloto para canjear el Vale Digital en las abarroterías le permite al ciudadano estar más cerca de sus hogares sin necesidad de tener que trasladarse en transporte público o tener que asistir a grandes concentraciones en supermercados. De igual manera, les permite a los negocios pequeños ingresar a nuevos medios de pagos digitales”.

Pero, ante los constantes tropiezos de esta plataforma, se creó Listo Wallet en 2022 para que los usuarios del Vale Digital y el PASE-U recibieran sus pagos.

Al año siguiente, en octubre, Luis Oliva presentó su renuncia irrevocable a la entidad, para aspirar a una fallida candidatura a diputado.

A finales del 2023 el exadministrador de la AIG, Luis Carlos Stoute, presentó una denuncia por la cesión indebida de los derechos exclusivos a dos empresas para beneficiarse y lucrar de la plataforma Vale Digital, de acuerdo con medios de prensa.

La denuncia de Stoute, presentada ante el Ministerio Público, fue ignorada por la Presidencia de la República y por el entonces contralor, Gerardo Solís.

Stoute fue separado del cargo que ocupaba en febrero del 2024.

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, establecida mediante la Ley 65 de 30 de octubre de 2009, es la entidad que lidera la transformación digital del Estado panameño, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, disminuir la brecha de desigualdad e incrementar la competitividad del país, se lee en su página web.

El PSOE valenciano ha considerado "todavía más grave" la "nueva versión" aportada por Presidencia de la Generalitat de la comida del jefe del Consell, Carlos Mazón, el pasado 29 de octubre, el día de la dana, y ha argumentado que esta debería ser "la prueba definitiva" de que no puede seguir al frente del Consell, al tiempo que ha exigido su dimisión "por mentiroso".

De esta manera lo ha manifestado el síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, en declaraciones remitidas a los medios, después de que Presidencia haya asegurado que la comida de Mazón el 29 de octubre no ha sido satisfecha con cargo a los presupuestos de la Generalitat, dado que el jefe del Consell asistió a la misma "en su condición de presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV)" y estas "son íntegramente sufragadas por su formación política".

Para el portavoz del PSOE, Mazón "sigue avergonzándonos a los valencianos, ahora con la enésima versión de lo que sucedió o lo que dice que sucedió en aquella nefasta comida en El Ventorro que provocó que la alarma a todos los valencianos no llegara hasta pasadas las ocho de la tarde, lo que provocó la muerte de muchas personas".

Así, ha sostenido que el presidente de la Generalitat "se revela como el más incompetente y, sobre todo, el más mentiroso de la Generalitat Valenciana en toda su historia" y ha criticado que "se niegue" a facilitar al PSPV una copia de la factura de la comida del 29 de octubre, "la factura más cara que han pagado nunca los valencianos y valencianas con 223 vidas".

"Nos niega esa factura a toda la sociedad valenciana alegando que estaba en El Ventorro como presidente del Partido Popular y que, por tanto, esa factura la pagó el PP", ha incidido Muñoz, que ha considerado este argumento algo "todavía más grave" porque "revela que aquel día, mientras los valencianos se ahogaban y lo perdían todo, Mazón no estaba ejerciendo como presidente de la Generalitat, sino que estaba ocupado como presidente del PPCV".

Además, ha hecho hincapié en que el dirigente autonómico estaba "ocupado" en "un acto que, como demócratas, nos debería repugnar a todos": "El presidente del PP no quita y pone directores de la radio y la televisión pública valenciana".

"ACORRALADO" E "INSTALADO EN LA MENTIRA"

"Mazón, el presidente del Consell no de los mejores como decían, sino de los peores, nos cuenta hoy una nueva versión para ocultar la factura más cara a todos los valencianos y evidencia que tenemos a un mentiroso compulsivo como presidente de la Generalitat", ha resumido José Muñoz, que ha insistido en que Mazón está "acorralado" e "instalado en la mentira".

"Nos cuenta una versión diferente de su comida en El Ventorro, hoy una más", ha lamentado y, frente a ello, ha recalcado que los valencianos tienen "el legítimo derecho a no creernos ninguna de esas versiones". "Hoy Carlos Mazón no puede seguir al frente de la Generalitat, esto debería ser ya la prueba definitiva de que debe dimitir y desde aquí lo pedimos, el Partido Socialista exige, por mentiroso, la dimisión", ha zanjado.