Los jóvenes acusados de haber golpeado salvajemente a un hombre de 54 años en Granadero Baigorria durante una entradera, quedaron a disposición de la Justicia. La víctima sufrió la amputación de un dedo con un machete, mientras que la madre, una mujer ciega de 84 años, fue atacada adentro de la vivienda.

Se trata de J.M., de 21 años, y R.M., de 24. El primero de ellos quedó identificado como el autor material, saltó un tapial y una reja para ingresar al domicilio, donde se topó directamente con la víctima. El segundo, por su parte, cumplió el rol de partícipe primario y permaneció en las inmediaciones, de acuerdo a la reconstrucción judicial.

El caso, que se investiga como tentativa de homicidio criminis causa, ocurrió minutos después de la medianoche a mediados de la semana pasada en una vivienda de la calle Los Naranjos al 3000, dentro de una zona residencial próxima a la Ciudad Deportiva del club Rosario Central. El ataque quedó registrado en una cámara de vigilancia.

Allí, C.R., de 54 años, fue sorprendido por los asaltantes, quienes lo golpearon con una pala, provocándole una fractura en el cráneo; y luego continuaron con el machete, con el que le cortaron la primera falange del índice derecho.

La agresión no se detuvo ahí. Mientras C.R. intentaba defenderse, su madre, quien es no vidente y de avanzada edad, fue atacada a golpes en la cintura y el tobillo derecho por uno de los individuos.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario La Capital de Rosario, los asaltantes intentaron huir llevándose un televisor y un celular. Sin embargo, la presencia de vecinos en la calle provocó que abandonaran parte del botín y se dieran a la fuga.

Los efectivos policiales llegaron al lugar tras el llamado al 911 y encontraron al hombre gravemente herido en el ingreso de la casa. Fue trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón, donde permanecía internado en terapia intensiva, sedado y con asistencia respiratoria, debido a las lesiones sufridas: fractura de cráneo, fractura de mandíbula y un profundo corte en la cabeza, además de la amputación de un dedo.

La fiscal Anabel Cerutti imputó a los dos detenidos los delitos de tentativa de homicidio criminis causa (cometido con la finalidad de facilitar el robo y asegurar la impunidad) y robo doblemente agravado por el uso de arma impropia y por escalamiento. La fiscal sostuvo ante el juez la gravedad de los hechos y la violencia ejercida contra las víctimas, subrayando que el ataque puso en riesgo la vida de C.R. y afectó la integridad física de su madre.

Los dos sospechosos, que quedaron registrados de frente en cámaras de vigilancia de la cuadra, fueron detenidos horas después del asalto en el monte de Celulosa, una zona cercana al domicilio de la víctima.

Durante la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el juez Federico Rébola dispuso la prisión preventiva para ambos imputados por el plazo legal de dos años, mientras avanza la investigación, de acuerdo a lo indicado por el portal mencionado.

La policía secuestró en la vivienda el machete utilizado en la agresión, el televisor que los asaltantes no lograron sustraer y el fragmento de dedo amputado durante el forcejeo. La evidencia fue documentada en el acta de procedimiento y sumada a la causa judicial.

La Justicia sigue adelante con la investigación, mientras los dos detenidos enfrentan cargos por delitos de máxima gravedad y permanecerán en prisión preventiva. El caso pone en foco el nivel de violencia que puede alcanzar un hecho delictivo en contextos residenciales y la urgencia de respuestas integrales en materia de prevención y sanción penal.

Nuevas denuncias por presuntas irregularidades pusieron en el ojo del huracán a la cárcel El Pedregal. que está ubicada en Medellín (Antioquia), en la que la concejala Claudia Carrasquilla advirtió sobre posibles cobros indebidos en la distribución de alimentos, así como remodelaciones internas no autorizadas.

De acuerdo con las declaraciones que fueron citadas por La FM, esta situación tiene en entredicho a la administración y las condiciones de vida de los internos, por lo que la comunidad cuestiona el control de las autoridades penitenciarias.

“Tienen el piso unos dólares e incluso y encima tiene una especie cristal como que le tiraron al piso. Así mismo tienen como una especie de ajedrez, tienen neveras, tienen hornos microondas”, lujos que no están autorizados para las celdas de las personas privadas de la libertad en Colombia.

La información entregada por la cabildante, que declaró que las modificaciones estructurales y la manipulación irregular de alimentos generan preocupación sobre la integridad de los procesos dentro de este establecimiento carcelario.

De acuerdo con lo informado por Carrasquilla, las modificaciones dentro del centro penitenciario se habrían realizado sobre todo en el patio 2, destinado a internos de alta seguridad, donde se efectuaron cambios en la infraestructura sin la aprobación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ni del Ministerio de Justicia, lo que llama la atención por la forma en cómo los presos lograrían acceder a estas comodidades.

Entre las intervenciones señaladas, los testigos citados en la investigación describieron que hay decenas de elementos ajenos al diseño original del penal, por lo que piden una rápida intervención para evitar que algunos de los criminales más famosos del país continúen disfrutando de facilidades durante su tiempo en prisión.

Y es que en el reporte se indica que cuentan con la presencia de electrodomésticos y mobiliario no autorizado; lo que evidencia que para los guardias es común encontrarse con la presencia de objetos no permitidos que alteran la operatividad y el ambiente de los patios de la prisión.

El cartel de la comida

Un aspecto considerado de mayor gravedad está relacionado con la posible existencia de un cartel de la comida dentro del penal. Según los testigos, el azúcar y el café, ambos parte del racionamiento básico para los internos, habrían sido retirados de la entrega habitual para luego ser vendidos dentro de El Pedregal por algunas guardianas, incluyendo a una funcionaria con rango de capitán.

Asimismo, se indicó que una libra de azúcar alcanzaría a comercializarse internamente hasta por $20.000, cifra muy superior al precio regular fuera del penal, lo que demuestra que las irregularidades están respaldadas por los uniformados.

Este conjunto de señalamientos fue respaldado por el cierre de los comedores institucionales debido a la mala manipulación de alimentos, según reveló Carrasquilla a La FM, lo que obligó a que la comida fuera preparada a las afueras de las instalaciones en condiciones improvisadas y posteriormente ingresada en horarios y condiciones supervisados por el Inpec.

Esta situación agrava las dudas sobre la calidad y salubridad de la alimentación, además de crear riesgos en la cadena de custodia y distribución, pues también podrían ingresarse otros objetos completamente ajenos a la comida.

Las anomalías detectadas reforzaron la preocupación pública y política sobre el manejo y la supervisión al interior de la cárcel El Pedregal. Asimismo, las denuncias más recientes desataron preguntas sobre la capacidad del Inpec y del Ministerio de Justicia para fiscalizar adecuadamente los procedimientos administrativos, las condiciones de infraestructura y la gestión de recursos dentro del penal.

Hasta el momento de la publicación, las autoridades oficiales han respondido a las solicitudes de los concejales ni aclarado las medidas tomadas frente a los posibles lujos al interior de las celdas de los privados de la libertad.

Las personas privadas de la libertad en los Centros Federales de Reinserción Social contarán con atención médica especializada en hospitales de IMSS-Bienestar, tras la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el IMSS-Bienestar.

El acuerdo, anunciado este 14 de abril mediante un comunicado oficial, establece las bases de coordinación entre ambas instituciones federales para fortalecer y garantizar el derecho a la protección de la salud de quienes se encuentran en situación de reclusión en el ámbito federal.

Según la información oficial, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS), adscrito a la SSPC, será el responsable de identificar los casos que requieran atención médica en hospitales de segundo y tercer nivel, así como gestionar las salidas temporales por razones de salud, los traslados y la custodia de las personas privadas de la libertad durante todo el proceso.

El convenio también contempla la creación de espacios seguros dentro de las unidades hospitalarias del IMSS-Bienestar, en coordinación con las autoridades responsables de la seguridad, para garantizar la atención especializada con protección de datos personales y confidencialidad médica conforme a la normativa vigente.

El acuerdo fue oficializado tras las firmas de Jacobo Rodríguez, titular del PRS, y José Avalos, encargado de la Unidad de Atención a la Salud del IMSS-Bienestar.

PRS coordinará traslados y vigilancia de personas privadas de la libertad

El PRS tendrá a su cargo la identificación de las personas que necesiten atención médica fuera de los centros penitenciarios, así como la gestión operativa de las salidas, los traslados y la vigilancia durante todo el proceso.

Según los reportes, la coordinación con autoridades federales garantizará que se cumplan los protocolos de seguridad y custodia exigidos por la ley para este tipo de traslados.

El convenio, cuya vigencia se extiende hasta el 30 de septiembre de 2030, también obliga a ambas instituciones a proteger los datos personales y la información médica de las y los pacientes.

Además, se prevé la suscripción de instrumentos adicionales que definirán aspectos operativos como la selección de hospitales, los recursos destinados, los plazos de atención y las responsabilidades específicas de cada institución involucrada. Estos instrumentos permitirán adaptar la implementación del acuerdo a las necesidades particulares de cada caso y región.

IMSS-Bienestar ofrecerá atención médica integral y especializada

Por su parte, el IMSS-Bienestar estará encargado de brindar atención médica, quirúrgica, hospitalaria, odontológica y de urgencias para las personas privadas de la libertad remitidas por el PRS.

También realizará estudios de laboratorio y gabinete y proporcionará medicamentos e insumos disponibles, bajo principios de trato digno, sin discriminación y con oportunidad.

La infraestructura hospitalaria y la cobertura nacional de IMSS-Bienestar servirán de base para ampliar el acceso a especialidades y servicios médicos avanzados para la población penitenciaria federal.

Durante la formalización del acuerdo, representantes de ambas instituciones subrayaron que la salud es un derecho que debe garantizarse a toda persona, independientemente de su situación jurídica.

En la firma el acuerdo, el representante del IMSS-Bienestar manifestó su disposición a trabajar de manera coordinada para asegurar que la atención médica se preste bajo los principios de universalidad, accesibilidad y continuidad, contribuyendo al bienestar integral y la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

El régimen de Nicaragua excarceló este miércoles a 1.200 presos comunes con sentencia en firme para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus hogares, con motivo de la Semana Santa.

Los 1.200 privados de la libertad recibieron el beneficio legal de la excarcelación bajo el régimen de convivencia familiar durante un acto celebrado en la sede del Sistema Penitenciario Nacional, cerca de Managua, la mayor prisión de Nicaragua, conocida como "La Modelo“, así como en otras siete cárceles, de acuerdo con la información oficial.

En un acto oficial, la ministra nicaragüense del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, afirmó que otorgaron ese beneficio a los presos con motivo de la Semana Mayor.

“La Semana Santa nos recuerda la entrega de Cristo Jesús, su sacrificio y su resurrección, que es también la confirmación de nuestra fe y la oportunidad de recrearnos, una nueva vida, una vida que debemos construir mejor cada día”, declaró la funcionaria, quien subrayó además que abril es especial porque es “el mes de la paz”.

Con esos excarcelados, la cifra de presos comunes liberados aumentó a 2.400 en lo que va de año, según el Ministerio del Interior.

El pasado 2 de febrero, el régimen de Nicaragua indultó a 1.200 presos comunes con sentencia en firme para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus casas, con motivo del Día Nacional de la Reconciliación y la Paz, que se conmemora en honor al fallecido cardenal nicaragüense Miguel Obando y Bravo (1926-2018).

Las autoridades de Nicaragua han liberado y puesto bajo el régimen de convivencia familiar a un total de 53.164 reos comunes en los últimos diez años, de los cuales el 7,18% ha reincidido en la comisión de al menos un delito, según datos del régimen.

La excarcelación de convictos comunes antes de cumplir sus penas ha enfrentado críticas, principalmente de organizaciones feministas, al considerar que se han incrementado los feminicidios y la delincuencia en Nicaragua.

En 2025, las autoridades beneficiaron con esta medida a 9.900 de estos condenados, la mayor cantidad en el último decenio.

Según indicaron fuentes de la causa a Infobae, las celdas de los sospechosos fueron allanadas en las últimas horas y lograron la detención de los tres internos involucrados en las maniobras en las que usaron diversas tácticas para quedarse con los WhatsApp de sus víctimas y sus cuentas de Google.

“Páseme el código, quédese tranquilo”, era una de las frases más usadas por los delincuentes para convencer a sus víctimas de que así iban a mandarles el envío que esperaban, a recuperarles el WhatsApp y todo lo que hiciera falta para hacerlos caer. Algunos sí cayeron en la trampa, otros no: “Ya nos estafaron con eso acá”, le lanzó uno al darse cuenta de la treta.

La causa se inició el 19 de febrero pasado, tras detectarse el fraude a un juez, quien denunció haber recibido un llamado en su celular por una supuesta entrega de una encomienda de la empresa Andreani.

En la comunicación, un hombre que simulaba ser empleado de la compañía le pidió un código de seis dígitos que llegaría por WhatsApp, indicándole que era un requisito para entregar el paquete. Al facilitar ese código, la víctima perdió el control de su cuenta de inmediato.

Con esa misma maniobra, los delincuentes aprovecharon ese acceso para contactar a los allegados del magistrado y trataron de engañarlos del mismo modo para obtener transferencias de dinero.

Poco después, el 26 de febrero, el mismo número intentó repetir el ardid contra un juez colega del primer magistrado víctima. Durante la conversación, el sospechoso le refirió: “Tiene para tomar nota porque le voy a dar un número de remito que se lo pedirá el cadete cuando llegue”.

El juez respondió que no tenía para anotar y el estafador le dijo que se lo iba a enviar por WhatsApp. El magistrado, sin embargo, estuvo a punto de caer. Lo que no sabían los estafadores es que su propio colega, que ya había vivido en carne propia el engaño, estaba cerca, le advirtió de la estafa y cortó la comunicación.

El análisis de los informes de telefonía y otras pruebas permitió a los investigadores identificar tres métodos recurrentes de estafa:

• La suplantación de empleados de correo Andreani
• Hacerse pasar por trabajadores de la empresa telefónica Movistar
• Simular ser del soporte técnico de WhatsApp

En todos los casos, el objetivo era obtener códigos de acceso y contraseñas para apropiarse de cuentas y luego solicitar dinero a los contactos de las víctimas.

El expediente incorporó una cadena de pruebas que incluía informes de operadores telefónicos y policiales, actas testimoniales y hasta archivos de audio con las conversaciones entre uno de los imputados y sus víctimas, a las que tuvo acceso Infobae.

El patrón se repite: los delincuentes acceden al nombre completo, número de documento y domicilio de sus objetivos, les envían un “código de verificación” y logran tomar el control de la aplicación para extorsionar a sus contactos.

Estrategia e identificación desde la cárcel

La investigación del fiscal Ferrari avanzó con un análisis técnico de la línea utilizada para los engaños. El funcionario judicial logró precisar que todas las llamadas y mensajes fueron canalizados por la antena próxima a la Unidad Penitenciaria N°35 del Servicio Penitenciario Bonaerense, ubicada en Magdalena.

“Una modalidad coincidente con las estafas telefónicas cometidas desde distintas unidades penitenciarias de la provincia”, según el documento de la solicitud de allanamiento al que también accedió este medio.

La intervención judicial sobre la línea permitió detectar que el número se mantenía activo y seguía usándose cotidianamente para cometer delitos.

En paralelo, personal especializado de la DDI de San Isidro de la Policía Bonaerense analizó las escuchas y comprobó que las comunicaciones partían de dispositivos móviles dentro de la cárcel.

El patrón operacional era sistemático. Entre las 9 y 17:30, los sujetos realizaban hasta 30 llamadas diarias, con tres guiones diferentes para captar víctimas:

• El pretexto de una encomienda de Andreani y el pedido del código recibido por WhatsApp.
• El supuesto llamado de un “analista en sistemas de Movistar”, advirtiendo sobre un intento de acceso desde otro dispositivo.
• El contacto fingido de un servicio de “soporte técnico” de WhatsApp, con el que presionaban con amenazas de bloqueo.

A partir de los datos de la empresa Movistar, la fiscalía accedió al registro de tarjetas SIM vinculadas al IMEI del equipo desde donde se contactó al juez que cayó en la trampa.

El líder de la banda

Allí apareció una SIM card, registrada a nombre de Gabriel Nicolás Giménez, con domicilio en Caseros y con un frondoso historial penal. Los informes adjuntos mostraron que Giménez lleva detenido en la Unidad N°35 desde marzo de 2023. La policía aportó fotografías y causas abiertas contra el procesado.

El documento sostiene que “Giménez se encuentra detenido ininterrumpidamente desde el día 13 de marzo de 2023 y actualmente alojado en la Unidad N°35 de Magdalena, siendo esto coincidente con el lugar de comisión de los delitos aquí investigados”.

El fiscal remarcó que el caso pone en evidencia “una organización delictiva con un alto grado de planificación que estaría funcionando desde el interior del Servicio Penitenciario Bonaerense”, liderada por Giménez, quien incluso fue condenado y reincidente por otros ilícitos.

Finalmente, avalados por el Juzgado de Garantías Nº4 de San Isidro, efectivos policiales irrumpieron en el pabellón 7, celda 3, donde secuestraron seis teléfonos celulares, tres cargadores y una tarjeta SIM de la empresa Claro.

En el lugar fueron aprehendidos Giménez—identificado como líder de la organización— y su cómplices Juan Manuel Acuña y Facundo Ponce.

Giménez cumple una condena de tres años y nueve meses por robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda, además de una pena de diez años por robo agravado con arma de fuego y portación de arma de guerra.

Tanto él como sus cómplices compartían la celda desde donde se coordinaban las maniobras. Los tres fueron acusados de estafa en grado de tentativa, acceso indebido a sistema o dato informático de acceso restringido y uso indebido de datos.

Dos hombres que ya se encontraban detenidos bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) volvieron a quedar bajo prisión preventiva, luego de que fueran acusados de haber defraudado por más de 30 millones de pesos a una familia de Rosario. Según constó en la causa, ambos habrían simulado tener una relación a distancia con una joven con retraso madurativo.

Después de que la denuncia fuera presentada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, ambos fueron acusados de presuntamente simular una relación sentimental con una joven con retraso madurativo. Así, se habrían aprovechado de su vulnerabilidad para conseguir que la víctima les realizara transferencias de fondos que pertenecían a su madre.

A raíz de esto, el miércoles 18 de marzo, el juez Alejandro Negroni dictó la prisión preventiva contra los sospechosos, tras argumentar que la medida respondía a la gravedad del delito y al carácter continuado del perjuicio ocasionado.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, el fiscal Aurelio Cicerchia imputó a Alber Martínez, de 31 años y domiciliado en Escobar, y a Martín Patane, de 37 años y oriundo de Marcos Paz, como coautores en la estafa.

Al momento de los hechos, aclaró que ambos se encontraban alojados en la Unidad Penitenciaria N° 11 de Baradero, una prisión de régimen semiabierto, mientras cumplían condenas previas. No obstante, desde el interior del establecimiento, operaban utilizando teléfonos celulares para comunicarse con la víctima mediante la aplicación WhatsApp.

Según la acusación formalizada en la audiencia imputativa, la maniobra delictiva comenzó en una fecha no determinada de 2023 y se extendió hasta noviembre de 2025. Durante ese período, se constató que la víctima llegó a transferir un total de 31.485.500 pesos que pertenecían a los ahorros familiares.

Respecto al depósito del dinero, el fiscal Cicerchia apuntó que este fue dividido en más de doce cuentas bancarias. Bajo su punto de vista, esta modalidad daría cuenta del despliegue y planeamiento detrás de la operación fraudulenta.

De la misma forma, las pesquisas señalaron que Patane se habría encargado de realizar videollamadas para darle instrucciones precisas a la joven sobre cómo contar el dinero en efectivo y luego facilitarle los datos bancarios necesarios para efectuar las transferencias. Como parte del ardid, le exigían que les enviara comprobantes fotográficos para corroborar la acreditación de los fondos.

Otro de los datos relevantes para la investigación es que los acusados le prometían a la víctima la concreción de un encuentro presencial en Rosario, pero que nunca iba a realizarse. Por esto, utilizaban como excusa que tenían que solventar gastos personales u obtener ayuda para viajar a la ciudad, lo que reforzaba la coerción emocional ejercida.

Entre los datos recabados en la causa figura que Martínez recibió entre junio y noviembre de 2025 transferencias por un monto total de 12.809.000 pesos. Este flujo dinerario individualizó su participación activa en el tramo final de la maniobra. A pesar de esto, el juez Negroni resolvió otorgar prisión preventiva efectiva a ambos imputados: el plazo legal completo para Martínez y 90 días para Patane, en atención a la presentación del fiscal Cicerchia.

La descripción judicial y las pruebas aportadas permitieron tipificar la conducta como estafa agravada, en tanto los sospechosos actuaron en calidad de coautores y supieron aprovechar la condición de encierro para coordinar la operación delictiva desde el interior del sistema penitenciario.

Presentaron un proyecto para prohibir los celulares en las cárceles de Buenos Aires

La iniciativa presentada esta semana por el bloque HECHOS en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires propone prohibir por completo celulares y dispositivos con conectividad en todas las cárceles del territorio bonaerense, con el argumento de que su uso extendido facilitó la comisión de una serie de delitos contra sectores vulnerables.

A partir del análisis, los legisladores sostuvieron que la excepción que permitió dispositivos móviles a las personas privadas de libertad fue implementada durante la pandemia por Covid-19 para suplir la imposibilidad de visitas debido a las restricciones sanitarias. Sin embargo, puntualizan que esta medida se extendió “más allá de su justificación inicial y sin un análisis de sus consecuencias”.

El texto presentado advirtió que, tras la flexibilización excepcional impuesta en 2020, el uso de celulares por parte de la población carcelaria dejó de ser una situación extraordinaria y se transformó en práctica habitual. Según los fundamentos citados en el proyecto, este acceso a la tecnología dentro de penales bonaerenses habría incrementado “las estafas telefónicas, extorsiones y amenazas”.

También establecieron un esquema de restitución de la situación previa a la pandemia, puesto que se prevé la derogación de cualquier norma o disposición administrativa que haya autorizado el uso de teléfonos celulares en las cárceles y la aplicación de sistemas tecnológicos para inhibir, bloquear o detectar señales de dispositivos móviles en todas las instalaciones del Servicio Penitenciario Bonaerense.

De acuerdo con el bloque HECHOS, el derecho de las personas detenidas a comunicarse será garantizado únicamente por “canales oficiales, supervisados y registrados”, que incluyen líneas institucionales y sistemas de comunicación controlados por las autoridades penitenciarias. El objetivo declarado es asegurar el contacto con familiares y abogados en condiciones de seguridad.

Entre las sanciones contempladas, el incumplimiento de la restricción a los dispositivos móviles será catalogado como falta grave y podría derivar en responsabilidades penales. Finalmente, los autores del proyecto insistieron en que el sistema penitenciario debe funcionar bajo “reglas claras, con un control efectivo y en resguardo de la seguridad de los bonaerenses”.

Un senador presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Mendoza que propone importantes cambios en el sistema penitenciario. De aprobarse, los presos deberán usar uniforme naranja, una práctica común en cárceles de Estados Unidos.

La propuesta sigue una línea similar a la aplicada en Santa Fe: desde 2024, los reclusos calificados como de “alta peligrosidad” deben usar mamelucos del mismo color. La medida alcanzaría a cárceles, alcaidías y centros de detención transitoria de toda la provincia.

El proyecto fue presentado por el senador provincial Martín Rostand, perteneciente al bloque Unión Mendocina, y también propone eliminar el uso de zapatillas deportivas. En su lugar, plantea que los internos utilicen un calzado de goma blanda que -según argumenta- dificultaría las fugas.

“El calzado deportivo de propiedad privada, diseñado para la tracción, la carrera y la escalada, es una herramienta que facilita la huida”, indica el texto, que propone en su lugar la provisión de calzado “monomaterial” y sin cordones.

Según explicó el legislador, la iniciativa surge a partir de distintos episodios de fuga registrados en Mendoza. Entre ellos, el caso de dos detenidos que escaparon de la Alcaidía de Tunuyán y lograron mezclarse con civiles durante casi 24 horas.

Otro de los episodios ocurrió en el pabellón penitenciario del Hospital Central, donde un recluso simuló ser familiar de un paciente internado y logró desplazarse por los pasillos del centro de salud.

“La actual permisividad de la vestimenta civil dentro de las alcaidías y cárceles atenta contra el principio de identificación inmediata. La experiencia comparada y la criminología moderna demuestran que el uso de uniformes de alta visibilidad (mamelucos color naranja internacional) reduce drásticamente las posibilidades de una fuga exitosa”, sigue el documento, al que tuvo acceso Infobae.

En ese sentido, el proyecto de ley señala que un interno uniformado es “fácilmente detectable” tanto por fuerzas policiales como cámaras de seguridad y ciudadanos comunes, quienes pueden alertar a las autoridades.

El tercer punto central establece que sean los propios internos quienes asuman el costo de comprar y reponer tanto los uniformes como el calzado que utilicen dentro del sistema penitenciario.

“El sostenimiento del sistema penitenciario no debe recaer exclusivamente sobre el contribuyente mendocino, especialmente en elementos de uso personal y obligatorio”, argumenta. Y continúa: “La asunción de este costo por parte del sujeto privado de libertad no solo alivia el erario público, sino que funciona como un mecanismo de internalización de las cargas que genera su situación procesal”.

En ese marco, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia sería el encargado de fijar los valores de venta de la indumentaria. Para ello, tomaría como referencia los costos de producción o los valores de compra mayorista.

La iniciativa también contempla la prohibición del uso de prendas civiles dentro de las zonas de alojamiento y circulación de los penales, así como durante los traslados fuera de los establecimientos penitenciarios.

Además, el senador Rostand propone que, al momento de ingresar al sistema, las prendas personales de los detenidos sean inventariadas y queden bajo custodia en depósitos del servicio penitenciario. Esos objetos serían restituidos a los internos una vez que recuperen la libertad.

Desde 2024, los presos de “peligrosidad alta” de Santa Fe usan uniforme naranja. Este grupo incluye a aquellos que “tengan participación o contacto con organizaciones criminales complejas o relacionadas al narcotráfico; existencia de indicios de participación en atentados, actos de fuerza, agresión o amenaza hacia los poderes públicos”.

La resolución 008/2024, que regula la implementación de la medida, establece que los mamelucos deben ser usados por los internos en todo momento cuando sean retirados de su lugar de alojamiento, ya sea para un destino dentro o fuera de la Unidad Penitenciaria, hasta su regreso.

La resolución también prohíbe el ingreso de visitantes con ropa naranja para evitar posibles confusiones o conflictos dentro de los establecimientos. Además, en los considerandos, se especifica que “el interno es responsable del cuidado y mantenimiento de su ropa personal, y responderá ante ello con descuentos del peculio en caso de roturas o deterioro del uniforme”.

La situación sorprendió a todos, menos al policía, que reaccionó mientras se escuchaba decir a uno de los presentes: “Qué es lo que le pasa, tranquilo”. La respuesta fue un puñetazo del reo a la TV que le valió una causa por daños extra a su historial criminal.

“Fue un momento desagradable. Cuando el juez decide no darle lugar a la defensa, empezó el conflicto. Reaccionó, intentó agredirme, me insultó y me dijo que no sabía lo que estaba pasando”, relató el fiscal José Plaza a 0264 Noticias.

Todo sucedió este jueves luego de que fuera trasladado desde la cárcel Axel Hernán Rojas, un preso de 28 años condenado a 11 años, 2 meses y 15 días de prisión, a los tribunales de San Juan.

Rojas tenía que enfrentar una audiencia en una causa por lesiones agravadas por haberle pegado con un palo a un agente penitenciario y fracturarle los dedos de una mano. El fiscal en ese expediente es Plaza.

En ese contexto, antes de finalizar, el juez Alberto Caballero le negó a la defensa oficial de Rojas cambiar al preso al pabellón de Sanidad, como había solicitado por sus problemas de adicciones, por una cuestión de jurisdicción y le dijo que ese planteo debía hacerlo ante el Juzgado de Ejecución.

Luego, el juez le imputó al detenido las lesiones graves por el ataque al penitenciario. Ante esto, Rojas se levantó de la silla e intentó agredir al fiscal, pero un policía lo contuvo y lo puso contra la pared. Visiblemente alterado, y como se ve en el video, le dio un puñetazo a una TV que estaba colgada en la pared.

“Lo importante es que no pasó a mayores. Cuando lo redujeron, le dio golpes de puño a la pantalla”, agregó el fiscal. La Justicia no se la dejó pasar y se le abrió una causa en flagrancia por daño agravado.

“No me amenazó, está enojado conmigo”, acotó el fiscal al portal sanjuanino tras el ataque que no pasó a mayores, pero que le sumará un tiempo más en prisión a Rojas.

Un preso murió este domingo por la madrugada en Mendoza, luego de caer al vacío desde el tercer piso del Hospital Central de Godoy Cruz. Había intentado darse a la fuga junto a otro detenido, que fue recapturado minutos después.

El fallecido era Juan Marcelo Tejada, de 35 años, con un extenso prontuario por robos, usurpaciones, homicidio y otros delitos. Su cómplice fue identificado como Sebastián Leonel Rodríguez, de 26 años.

Según indicaron fuentes oficiales, los presos estaban alojados en el pabellón judicial del Hospital Central. Por motivos que permanecen bajo investigación, quedaron solos en su habitación y lograron romper uno de los barrotes de la ventana que da a la calle Garibaldi.

Una vez hecho el espacio para pasar, colocaron una sábana para descender lentamente desde el tercer piso. Rodríguez pudo con la maniobra, pero Tejada no resistió al salto. Una vez que cayó al suelo, no volvió a moverse. Aun con vida, fue aprehendido por la Policía y trasladado en una camilla a una sala interna del centro médico.

En cuestión de minutos, el detenido perdió la vida como consecuencia de las heridas que le provocó el golpe. Sufrió un infarto agudo de miocardio.

El segundo preso, Sebastián Leonel Rodríguez, no abandonó el hospital pese a haber soportado el salto de más de diez metros de altura. Personal policial que prestaba servicio extraordinario lo vio merodeando las inmediaciones del lugar “en actitud sospechosa”, según se desprende de la reconstrucción que está en manos de la Justicia.

Al ser abordado por los uniformados, dijo estar cuidando a un familiar que estaba internado allí. No le creyeron y, una vez que lo identificaron, volvió a quedar detenido. Lo trasladaron al Complejo Penitenciario Almafuerte, una cárcel de máxima seguridad.

En la investigación de lo ocurrido tomó intervención la fiscal Andrea Lazo. Según indicaron fuentes del caso, todas las pruebas recabadas hasta el momento apuntan a que el detenido murió sin intervención de un tercero, por lo que este tramo de la causa se encamina a ser archivado.

En cambio, resta esclarecer cómo fue el accionar de los funcionarios que debían custodiar a los presos que intentaron fugarse.

Un penitenciario murió durante la fuga de dos presos

Un agente del Servicio Penitenciario de la provincia de Mendoza se descompensó y murió mientras perseguía a dos personas privadas de libertad que se fugaron de la Alcaldía de Alojamiento Transitorio de Tunuyán, que escaparon cuando esperaban ser reintegradas al Complejo Penitenciario San Felipe tras asistir a sus audiencias judiciales.

Todo ocurrió a fines de febrero, cuando los internos, identificados como Enrique Acosta Vega y Víctor Bravo Morón, aprovecharon la espera por el traslado al penal para escapar, según se informó oficialmente.

En ese contexto, el jefe de la Alcaldía, acompañado por personal del turno, inició la persecución de los evadidos. Durante el trayecto, el penitenciario sufrió una descompensación que motivó su traslado de urgencia a un centro asistencial cercano.

A pesar de las maniobras de reanimación realizadas en el Hospital Regional Antonio Scaravelli, se comunicó el fallecimiento del jefe de la Alcaidía, ampliaron las fuentes del caso consultadas por este medio.

Los dos evadidos fueron vistos corriendo por última vez en las inmediaciones de calle 25 de Noviembre y Melchor Villanueva. Y lograron recapturarlos.

Acosta Vega está procesado por el delito de homicidio simple en grado de tentativa y registraba antecedentes por homicidio simple, lesiones leves y dolosas en riña, amenazas simples, daños simples en concurso real, amenazas simples en contexto de violencia de género, robo simple y homicidio simple en grado de tentativa.

Por su parte, Bravo Morón enfrenta una acusación por robo agravado por uso de arma, y cuenta con antecedentes por homicidio agravado por el uso de arma y hechos relacionados con violencia de género.

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) emitió un comunicado respondiendo a denuncias públicas relacionadas con el sistema de brazaletes electrónicos para personas privadas de la libertad (PPL).

En el documento, la entidad sostuvo que no existen fallas estructurales ni afectaciones sistémicas en el funcionamiento del mecanismo de vigilancia electrónica y explicó que las incidencias registradas obedecen a situaciones operativas específicas.

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En el comunicado, la entidad indicó que “el sistema de brazaletes electrónicos para Personas Privadas de la Libertad (PPL) no presenta fallas estructurales ni afectación sistémica. Las desconexiones registradas obedecen principalmente a daños intencionales de los privados de la libertad a los dispositivos o a interferencias ambientales, no a negligencia institucional”.

Asimismo, precisó que el servicio cumple con su finalidad contractual al generar alertas automáticas por vandalismo, transgresión de geocercas o desconexiones, las cuales son remitidas a los jueces competentes; y reiteró que la decisión de asignar, mantener o revocar el beneficio de vigilancia electrónica corresponde exclusivamente a los jueces de ejecución de penas.

En relación con casos mencionados públicamente, la entidad se refirió a Matías Álvarez Tabares, alias Keiler, sobre quien indicó que el sistema permitió el seguimiento permanente, la documentación de alertas y el reporte a las autoridades judiciales, que posteriormente revocaron la medida. Frente a Edison Rodolfo Rojas, alias Pichi Gordo, afirmó que no ha sido beneficiario de brazalete electrónico; y en cuanto a Jesús David Sánchez Calderón, señaló que el monitoreo permitió la elaboración de más de 60 informes al juez por parte del Centro de Reclusión Virtual (Cervi Inpec).

La Uspec también explicó que el monitoreo cuenta con puntos de control permanentes a través del Cervi Inpec, la interventoría integral contratada bajo principios de idoneidad y transparencia y la propia entidad. Indicó que el seguimiento se realiza en articulación con autoridades judiciales, la Policía Nacional —para perfiles diferenciales— y entes de control como la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación.

En el mismo pronunciamiento, sostuvo que no ha favorecido al contratista y que el seguimiento es “estricto y permanente”, con verificación continua para garantizar el monitoreo ininterrumpido de las PPL. Además, aclaró que la naturaleza del servicio contratado es de carácter persuasivo y no coercitivo, por lo que los dispositivos no son indestructibles frente a actos de vandalismo violento e intencional.

Sobre el contrato vigente, la entidad informó que el servicio se presta mediante el contrato USPEC-CTO-357-2023, adjudicado a través de licitación pública. Según el comunicado, el proceso fue abierto y transparente, con cuatro proponentes habilitados, y la selección recayó en la Unión Temporal Efectiva por obtener la mayor puntuación.

El contrato cuenta con interventoría integral mediante contrato y ambos se encuentran vigentes hasta el 31 de julio de 2026, con un plazo inicial de 20 meses y prórrogas sucesivas que, de acuerdo con la entidad, no han superado el 50% del límite legal de adición de recursos.

La Uspec indicó además que adelanta la estructuración precontractual de un nuevo proceso de selección, con el fin de establecer mecanismos para el pago del brazalete electrónico por parte de las personas privadas de la libertad, salvo los casos en que el Estado deba subsidiarlo.

El comunicado de la Uspec se dio luego de que la Procuraduría General de la Nación, encabezada por Gregorio Eljach, abriera el 4 de marzo una indagación previa contra funcionarios por determinar de la entidad. La decisión busca esclarecer presuntas faltas disciplinarias relacionadas con el contrato de brazaletes electrónicos adjudicado a la Unión Temporal Efectiva.

La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas para identificar posibles responsables y verificar supuestas irregularidades, incluida la eventual manipulación de informes, con el fin de determinar si los hechos configuran faltas disciplinarias.

Un tribunal de Rosario absolvió el viernes a tres presos que estaban acusados de haber asesinado por encargo a Candela Berenice Romero en 2022. A pesar de esto, deberán cumplir penas de entre seis y siete años por delitos conexos.

La absolución fue resultado de la aplicación del beneficio de la duda por parte de los jueces, después de que consideraran insuficientes las pruebas directas sobre la autoría del asesinato de la adolescente de 16 años. Pese a los múltiples peritajes balísticos y la revisión de mensajes de celular, la presencia de zonas grises en la causa impidió que fueran condenados por homicidio calificado.

Nicolás Daniel Spalleta (32), Gonzalo Ezequiel Villalba (24) y Franco Darío Aguiar (32) habían llegado al juicio en calidad de imputados como coautores del crimen. Por eso, la fiscal Marisol Fabbro había pedido que los acusados fueran condenados a la pena de prisión perpetua.

Luego de que los tres fueran absueltos por el homicidio, la Justicia determinó que permanezcan presos por el encubrimiento de vehículos robados, tenencia de armas y un ataque armado, que fue posterior a la muerte de la joven, según la información publicada por Rosario3.

En el expediente se detalló que, minutos después del ataque mortal a Romero, los acusados fueron detenidos luego de un tiroteo en el barrio Santa Lucía, durante el cual se movilizaban en un Ford Fiesta que había sido sustraído dos semanas antes.

En ese mismo operativo policial se incautaron dos pistolas 9 milímetros y varias motocicletas robadas. No obstante, otros sospechosos lograron escapar y parte de las pruebas clave —en especial algunos archivos telefónicos— no pudieron ser reconstruidas en su totalidad.

De esta manera, Spalleta fue absuelto por segunda vez en el marco de acusaciones relacionadas con la narcocriminalidad. Previamente, había sido juzgado por el asesinato de María Elena González (“Loca Mari”), ocurrido en abril de 2022 en Necochea y Ameghino. Su nombre estaba asociado a la banda de Alan Funes, una de las organizaciones delictivas más activas en el Cordón Ayacucho.

En el caso de Aguiar, la Justicia lo identificó como presunto miembro de la banda de Francisco “Fran” Riquelme, recluso con varias causas abiertas en Empalme Graneros. La acusación sostiene que el acusado manejaba un búnker y supervisaba la venta de estupefacientes en una estructura jerárquica. Continúa detenido con prisión preventiva, a la espera de otro juicio.

El crimen de Candela Romero

Según las investigaciones, al menos tres individuos ingresaron a la vivienda de Candela Romero pasada la medianoche del 2 de noviembre de 2022, y la ejecutaron con nueve disparos. La joven de 16 años murió producto de la destrucción cráneoencefálica en un contexto marcado por la disputa violenta entre clanes vinculados al narcomenudeo y la incidencia de redes organizadas desde las cárceles.

La vivienda donde ocurrió la ejecución ya sumaba antecedentes, debido a que fue baleada en agosto de 2017 y allanada en 2018 durante una investigación federal sobre narcotráfico. Allí, la familia de la víctima figuró como parte de “La banda del mercado”, un grupo que controlaba la venta de droga en el Mercado de Concentración de Fisherton.

La violencia no era un hecho aislado. Solo una semana antes, Mario Alejandro “Lalito” Martínez, tío materno de Candela, había sido acribillado a 12 cuadras de distancia. Pocos días después, el propio domicilio de Achira al 638 volvió a sufrir un ataque a balazos.

De acuerdo con la acusación presentada en el juicio, el asesinato habría sido encargado desde la prisión como acto de venganza por una agresión previa que tenía como blanco a la adolescente o a su madre. De hecho, los peritajes encomendados permitieron identificar que una misma pistola había sido utilizada tanto en el crimen de la joven como en el de su tío y en el tiroteo en Santa Lucía.

También existieron coincidencias parciales con otra de las armas incautadas. Además, entre los elementos secuestrados, la fiscalía logró acceder a mensajes de audio recuperados en el celular de uno de los acusados. “Cuchá, boludo, parece que lo pusieron a Papu, avisale al Tona que le avise a Franco, que la vamos a volar a la Noe o a la hija”, se escuchaba en una de las grabaciones.

Fue así que la Fiscalía vinculó el ataque a Candela con el intento de homicidio ocurrido el 1º de noviembre de 2022, en la calle Méjico al 2000, donde resultó gravemente herido Maximiliano “Papu” A., entonces novio de la víctima y señalado como integrante de otra red narco.

Javier de Andrés, presidente del Partido Popular (PP) en el País Vasco, anunció su intención de interpelar directamente al lehendakari Imanol Pradales acerca de los criterios aplicados en la concesión de beneficios penitenciarios a presos vinculados a ETA, después de que se autorizara el tercer grado a Asier Arzalluz, conocido como ‘Santi’, y el régimen de semilibertad para el exjefe de la organización, Garikoitz Aspiazu Rubina, alias ‘Txeroki’. De acuerdo con lo reportado por el medio, De Andrés ha expresado su preocupación por lo que considera un trato diferenciado hacia los reclusos de la banda armada en las instituciones penitenciarias vascas.

Según publicó la fuente, la gestión de las cárceles vascas corresponde al Gobierno Vasco desde octubre de 2021. En ese contexto, De Andrés ha señalado que resulta necesario aclarar “cómo valora el lehendakari que se dispense un trato privilegiado a los penados de ETA en el sistema penitenciario que él preside”, haciendo hincapié en su percepción de ausencia de igualdad respecto al resto de los internos.

El líder vasco del Partido Popular ha manifestado que la situación “ya se ha hecho evidente”, sosteniendo que los presos de ETA disfrutan de “privilegios” en los centros penitenciarios gestionados por las autoridades autonómicas. Estas declaraciones se producen después de la polémica generada por la concesión de beneficios, como el tercer grado y la semilibertad, a figuras destacadas de la organización y las críticas formuladas por el PP a la decisión.

De acuerdo con la información difundida, De Andrés ha utilizado la red social X para reiterar su postura. El dirigente popular ha respondido a las declaraciones recientes de María Ubarretxena, portavoz del Gobierno Vasco, quien este martes explicó que el Ejecutivo autonómico “respeta escrupulosamente la legalidad” en cuanto a la progresión de grados penitenciarios, independientemente de la vinculación del interno con ETA. La portavoz también subrayó su reconocimiento a la labor de la Fiscalía y declaró su respeto a la decisión de dicha institución de recurrir el tercer grado otorgado a Asier Arzalluz.

El medio también consignó que la concesión del citado beneficio a Arzalluz, junto a la autorización de un régimen de semilibertad para Aspiazu Rubina —ambas medidas criticadas por el PP— ha incentivado a De Andrés a reclamar más explicaciones a las autoridades vascas sobre los parámetros aplicados en tales decisiones. El dirigente de los populares vascos insistió en que estas concesiones refuerzan la visión de que “no hay equidad con otros presos” en Euskadi, una situación que, según su apreciación, contraviene los principios de igual tratamiento y justicia en el ámbito penitenciario.

La controversia sobre la situación en las cárceles gestionadas por el Gobierno Vasco se sitúa en el centro del debate político en la región. El PP sostiene que, tras la transferencia de competencias penitenciarias a las autoridades vascas, los internos de ETA acceden a beneficios en condiciones que consideran ventajosas respecto al resto de la población reclusa, una postura que los miembros del partido han expresado tanto en declaraciones públicas como en intervenciones parlamentarias.

Según detalló el medio, el próximo viernes está previsto que De Andrés formule su pregunta al lehendakari Pradales, en busca de explicaciones sobre los criterios y la valoración del Gobierno Vasco respecto al trato dispensado a los reclusos de ETA. El presidente del PP vasco ha insistido en la necesidad de explicar cómo se justifica, desde la administración autonómica, lo que califica como privilegios, y qué fundamentos sostienen la política penitenciaria aplicada tras la asunción de competencias.

Las posturas contrapuestas entre el Gobierno Vasco y el Partido Popular tienen como eje central el principio de igualdad ante la ley dentro del ámbito carcelario. Mientras desde el Ejecutivo presidido por Pradales se afirma que la legalidad se cumple sin excepciones, el PP mantiene que las recientes concesiones a miembros de ETA evidencian la existencia de un trato especial. La Fiscalía ha tomado parte al recurrir el tercer grado concedido a Arzalluz, lo que introduce un elemento legal en el debate y se suma al pronunciamiento público de las partes interesadas.

La situación de los presos de ETA en las cárceles vascas y la gestión de las progresiones de grado continúa produciendo tensiones políticas y sociales, según informó la fuente. Frente a las críticas del PP, el Gobierno Vasco mantiene que las decisiones se ajustan a la normativa vigente, aplicándose los mismos estándares a todos los internos, independientemente de su pasado delictivo.

A la espera de la comparecencia del lehendakari ante las preguntas formuladas por De Andrés, el tratamiento penitenciario de los reclusos de ETA sigue siendo motivo de controversia en el debate público de Euskadi.

Un hombre de 29 años, que había sido reportado como desaparecido durante el festival Cosquín Rock 2026 en la localidad de Santa María de Punilla, fue localizado tras confirmarse que estaba detenido por participar en una pelea callejera.

La búsqueda había movilizado a familiares y amigos, quienes iniciaron una campaña en redes sociales para dar con su paradero.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Voz del Interior, tras la pelea ocurrida en el valle de Punilla, el detenido, junto a varios involucrados, sufrió lesiones en el rostro y fue arrestado por contravenir el Código de Convivencia al protagonizar la disputa en la vía pública.

El hecho ocurrió durante el evento musical más convocante del país que se realiza todos los años en la provincia de Córdoba. La confusión sobre el paradero del joven se generó luego de que familiares y allegados perdieran contacto con él y, ante la falta de información, comenzaron a buscarlo.

Las autoridades aclararon que la detención del joven se debió exclusivamente a su participación en una riña y no estuvo vinculada a otros hechos delictivos denunciados en el festival, tales como el robo de celulares. Hasta ahora hubo 113 denuncias aunque se estima que la cifra real fue mayor.

Se enfrentaron a golpes en la calle y terminaron presos

Una pelea entre dos cuidacoches en pleno centro de la ciudad de Córdoba terminó con uno de los involucrados hospitalizado y el otro detenido. El hecho ocurrió a fines de enero en la calle Oncativo al 50, donde dos hombres, de 34 y 36 años, protagonizaron un enfrentamiento en la vía pública. Según la información oficial brindada por la Policía de Córdoba, durante la disputa uno de ellos habría golpeado al otro en la cabeza con palos de madera.

Personal del servicio de emergencias acudió al lugar para asistir al mayor de los hombres herido, quien fue trasladado al Hospital de Urgencias con diagnóstico de traumatismo de cráneo. La atención médica fue inmediata ante la gravedad de las lesiones sufridas. El agresor fue aprehendido en el lugar y quedó bajo custodia policial.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron tres elementos de madera que habrían sido utilizados como armas durante la pelea. Tanto el detenido como los objetos incautados fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.

La secuencia del episodio quedó registrada por las cámaras de seguridad instaladas en la zona, lo que permitió una rápida intervención policial. Según fuentes oficiales, la causa quedó caratulada como lesiones graves y los elementos secuestrados fueron incorporados como pruebas.

En distintos barrios de Córdoba, la actividad de los cuidacoches fue motivo de múltiples denuncias. En sectores como Güemes, Nueva Córdoba, Jardín, Cerro de las Rosas, General Paz y Centro se reportaron incidentes relacionados con pedido de dinero, robos y hechos de violencia tanto física como verbal contra conductores y peatones.

En otro operativo realizado en la avenida Vélez Sarsfield al 600, en Nueva Córdoba, la Policía detuvo a dos cuidacoches acusados de solicitar dinero a conductores a cambio de permitirles estacionar en la vía pública. El procedimiento se originó a partir de una alerta del sistema de videovigilancia 911, que detectó movimientos sospechosos en el área. Los detenidos, de 25 y 28 años, exigían a los automovilistas una suma superior a cinco mil pesos para estacionar en el sector. Los agentes secuestraron un chaleco refractario utilizado como distintivo y lo incorporaron como prueba en la causa.

Ambos implicados fueron trasladados a la comisaría y notificados por infracción al código de convivencia antes de ser derivados a la sede judicial. L

El nuevo centro penitenciario de Guipúzcoa, el de Zubieta, abrirá sus puertas seguramente en junio. Contará con 475 plazas: 360 para hombres, 40 para mujeres y 75 más para régimen abierto y otras modalidades. Las celdas serán más espaciosas y contarán con duchas individuales, y la instalación tendrá piscina y frontón. El problema es que, a día de hoy, el Gobierno vasco está teniendo dificultades para rematar algunas de las actuaciones del nuevo proyecto: la habilitación de celdas de observación (para vigilar especialmente a reclusos problemáticos), el acondicionamiento de celdas de sujeción y la instalación de concertinas en el perímetro de seguridad.

El contrato licitado, valorado en 481.000 euros, ha quedado desierto. Así lo ha tenido que reconocer el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Ejecutivo vasco en una resolución firmada el 4 de febrero. Ninguna empresa se presentó interesada en estas obras. La construcción de Zubieta, con un presupuesto de casi 39 millones, acumula retrasos. En principio, se esperaba su inauguración en 2024. Ahora se espera para este verano. La cárcel la construye el Estado a través de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), pero una vez terminada será cedida al Gobierno vasco, que asumió la gestión de los centros penitenciarios ubicados en el País Vasco en octubre de 2021.

Tras las visitas realizadas al nuevo centro por parte de distintos responsables del Departamento, “se ha determinado que la obra tiene una serie de carencias y deficiencias que no posibilitan su puesta en marcha antes de la subsanación de las mismas. Se ha acordado con el SIEPSE la subsanación de parte de estas deficiencias, si bien otras requerirán un proyecto ex profeso en el que se detallen las actuaciones a realizar”, señala la memoria justificativa del contrato que ahora ha quedado desierto. Son actuaciones enmarcadas en criterios de seguridad: celdas de observación, celdas de sujeción, las concertinas y la eliminación de zonas ajardinadas en los patios residenciales. El objetivo era realizar estos trabajos en 45 días, pero al quedar desierto el contrato, hay que tramitar una nueva licitación.

Las concertinas (alambres con cuchillas) deben instalarse en todo el recinto penitenciario, teniendo en cuenta que hoy no existe en ninguno de los puntos. “Estas se componen de una cinta de alambre dentado de acero inoxidable, de diámetro de 2.5 mm del tipo Graepel Barrier Zl o similar”, señala el pliego de condiciones. “La cinta de alambre dentado concertina ha sido concebida para reemplazar el alambre de hierro dentado estándar en su papel de disuadir, impedir y proteger”. El objetivo es trasladar a este nuevo centro los 339 reclusos que ya hay en la prisión de Martutene y una cantidad por fijar de presos de Zaballa, la cárcel con más población reclusa del País Vasco.

Celdas más grandes

En Zubieta las celdas serán más grandes: pasarán de los entre 9 metros cuadrados de media que hay en Martutene a los 13 metros cuadrados. Además, en la nueva prisión no habrá duchas comunitarias, sino duchas individuales, integradas en las celdas, además de un inodoro y un lavabo. Entre los servicios que tendrá en las celdas figura un televisor, un escritorio, una estantería y la cama. En el exterior, el complejo penitenciario, que abarca una superficie de 33.344 metros cuadrados, contará con instalaciones deportivas como un frontón, un campo de fútbol y un polideportivo. Además, cuenta con una piscina climatizada que combinará los usos terapéuticos y de rehabilitación con usos deportivos. También se han previsto espacios de recreo, talleres o huertos, entre otros servicios.

La cárcel de Zubieta cuenta con seis módulos que suman 232 celdas dobles. Los módulos se han previsto en función del perfil de los internos que la ocuparán. Así, se ha previsto un módulo específico para mujeres, con 25 celdas. Además, cuenta con un módulo con 52 celdas donde cumplirán condena los internos que se encuentren en régimen de semilibertad. El módulo de ingresos contará con 36 celdas y se ha previsto un módulo disciplinario con siete celdas. En este último son necesarias las obras del contrato que ha quedado desierto. El objetivo es que, una vez abierta Zubieta, la prisión de Martutene se derribará y se construirán en esos terrenos 400 viviendas protegidas.

Cuatro internos del Complejo Penitenciario de Rosario fueron condenados a nueve años de prisión efectiva, luego de que se probara que habían cometido el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado contra un compañero de pabellón en la Sub Unidad 3 del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe. Durante el ataque, habían sujetado a la víctima mientras lo amenazaban con armas blancas.

El fallo en contra de Ignacio G., de 36 años; Paulino M., de 54; Gerardo S., de 34, y Brian P., de 32, fue dictado por el tribunal de Primera Instancia integrado por las juezas Lorena Aronne, Silvana Lamas González y el juez Gonzalo Fernández Bussy este viernes 13 de febrero.

Así, los cuatro fueron encontrados culpables del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de más de dos personas y por el uso de arma en calidad de coautores. Asimismo, todos continuaban detenidos al momento del juicio por condenas previas.

De esta manera, la sentencia aumentó el tiempo que los implicados permanecerán en la cárcel en el sudoeste de Rosario, debido a que la pena se acumuló con la cantidad de años que les habían ordenado permanecer detenidos. Por este motivo, la duración del encarcelamiento para tres de ellos será mayor a los 14 años.

Los hechos sucedieron en la Sub Unidad 3, ubicada en la zona de 27 de Febrero al 7600, donde los condenados aprovecharon la condición de vulnerabilidad del interno afectado para agredirlo sexualmente, mediante reiteradas amenazas con armas blancas. La víctima era un compañero de pabellón, según la información publicada por La Capital.

Durante la etapa investigativa, las fiscales Cecilia Marcolin Loberse y Manuela Dalcol, de la Unidad Especial de Delitos Contra la Integridad Sexual, lograron documentar que las agresiones tuvieron lugar entre diciembre de 2021 y enero de 2022, acreditando que la violencia y la intimidación ejercidas posibilitaron los hechos.

Fue así que las investigadoras comprobaron que los condenados habían amenazado a la víctima con un arma blanca en varias oportunidades para forzar el abuso en la celda compartida. Tras hacer énfasis en la situación de indefensión, habían solicitado una condena de 14 años de prisión efectiva para cada uno, pero el tribunal determinó reducirla a nueve años.

Entre los condenados, Paulino M. será el que más tiempo deberá pasar tras las rejas, ya que, al unificarse sus antecedentes, la pena total ascendió a 22 años de prisión efectiva. Los registros indicaron que tenía condenas previas, entre ellas, por abuso sexual agravado debido a la convivencia preexistente con una menor de 18 años.

Mientras que Ignacio G., informaron que a fines de 2024 recibió otros nueve años de prisión por causas previas que incluyen amenazas simples y daños, Gerardo S. afrontó cargos por abuso sexual con acceso carnal agravado y tenencia de arma, sumándose a una sentencia anterior de 2 años y 6 meses por portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

Por último, Brian P. fue sancionado como partícipe primario, ya que sujetó a la víctima para inmovilizarla durante los ataques, y su condena se unificó en 14 años de prisión efectiva debido a antecedentes por intento de abuso sexual y amenazas coactivas.

Detuvieron a cinco hombres acusados de abusar sexualmente de un camionero

La semana pasada cinco hombres fueron detenidos en Villa Ana, en el departamento General Obligado de la provincia de Santa Fe, luego de que un camionero denunciara haber sido abusado sexualmente por el grupo mientras trabajaba en una cosecha.

La agresión se produjo el 24 de enero en un camino rural, a 200 metros de la ruta provincial 32, pero la denuncia formal se presentó el día 27. Según consta en la denuncia, el hombre fue interceptado por los agresores, quienes lo habrían amenazado con un cuchillo para que bajara del vehículo.

Entre los detalles que pudo brindar el hombre, contó que habían grabado el ataque con un celular. Incluso, relató cómo lo torturaron con cortarle las partes íntimas mientras era sometido. Además, pudo proporcionar la identidad de cada uno de ellos al confirmar que había trabajado con ellos en la cosecha.

Fue así que la investigación derivó en la detención de cuatro de los implicados: Diego M., Diego B., Jorge S. y Enrique S., quienes quedaron bajo custodia por orden de la jueza penal Natalia Palud. El quinto acusado, Mariano B., permaneció en libertad hasta ser arrestado el 1 de febrero.

El fiscal Valentín Herenú imputó a los cinco por abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado debido a la cantidad de atacantes y el uso de un arma. Además, tras varias audiencias, la causa quedó en manos del fiscal Norberto Ríos, encargado de terminar de consolidar la acusación contra los presuntos agresores.

Por otro lado, las autoridades confirmaron que pudieron dar con el video del ataque. Estos registros fueron recuperados por la Fiscalía N° 4 del Ministerio Público Fiscal de Santa Fe y agregados al expediente como prueba clave.

El colectivo de víctimas del terrorismo Covite sostiene que Asier Arzalluz Goñi mantiene vínculos explícitos con el entorno político próximo a ETA, según informó el medio que recogió su posicionamiento. La organización destaca que Arzalluz figura en listados actualizados de Etxerat —la agrupación de familiares de condenados relacionados con ETA adscritos a Sortu— y advierte que su imagen se utiliza en actos públicos que reivindican la excarcelación de estos presos. Covite argumenta que estos hechos contradicen cualquier señal de arrepentimiento genuino, uno de los elementos que la ley contempla para la concesión de beneficios penitenciarios como el tercer grado obtenido recientemente por Arzalluz Goñi, según consignó el medio que difundió la denuncia.

De acuerdo con lo publicado, dicho colectivo denuncia la reciente decisión de otorgar el tercer grado penitenciario a Arzalluz Goñi, a quien se atribuyen condenas por delitos cometidos en el marco del terrorismo, incluyendo asesinatos, tentativas de asesinato, atentados, detención ilegal y almacenamiento de armas de guerra. En el año 2000, Arzalluz fue condenado por el asesinato de Irene Fernández Perera y José Ángel de Jesús Encinas, y también se le declaró responsable del asesinato de Máximo Casado Carrera, por el que recibió condena en 2020. A finales de 2024, fue sentenciado a treinta años de prisión por la muerte de José Luis López de Lacalle en el año 2000.

El medio indicó que, a juicio de Covite, la resolución conocida se produce pocos días después de que se concediese el artículo 100.2 a ‘Txeroki’, otro condenado por terrorismo, y consideran que la política penitenciaria actualmente implementada en el País Vasco sigue una línea que “flexibiliza el cumplimiento de las condenas sin exigir el arrepentimiento real que prevé la ley para progresar de grado penitenciario”. El colectivo denuncia que la administración vasca está actuando en sintonía con los lineamientos marcados por la izquierda abertzale.

Covite se refirió también a las declaraciones de María Jesús San José, consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, quien defendió la legalidad de estas iniciativas de flexibilización carcelaria. Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, afirmó que “claro que son legales”, pero puso énfasis en que con la misma ley podría haberse denegado el beneficio: “La ley no obliga a conceder ni terceros grados, ni el artículo 100.2, ni ningún otro mecanismo de flexibilización del cumplimiento de las condenas. La ley dice que se podrá conceder, no que se deba conceder. Ahí está la trampa”, recogió el medio entre sus declaraciones.

El colectivo plantea que el actual marco jurídico permitiría denegar el acceso a este tipo de medidas de semilibertad, sobre todo cuando, según argumentan, “no existe ningún gesto mínimo de arrepentimiento real ni de desvinculación” respecto al entorno político y social de la izquierda abertzale, al que según su análisis sigue perteneciendo Arzalluz Goñi. De acuerdo con sus declaraciones difundidas por el medio, Covite sostiene que “no se debería premiar con semilibertad a quien no ha hecho nada por merecerla”.

Según el reportaje, Covite advierte que la controversia se centra en la “interpretación interesada” del arrepentimiento exigido por la ley. Para la organización, el criterio sobre el arrepentimiento se ha reducido a un formalismo y ya no cumple la finalidad prevista por el ordenamiento legal, que sería la reinserción efectiva del penado mediante un arrepentimiento auténtico y constatable. Consuelo Ordóñez afirmó en ese sentido que solo a través de un arrepentimiento sincero y público, junto con la deslegitimación expresa de la violencia terrorista, se puede considerar viable una reintegración social. Ordóñez subrayó: “Lo hemos comprobado en el pasado, la última vez con la Vía Nanclares”.

La agrupación alude a experiencias previas en las que aquellos que mostraron un arrepentimiento concreto y verificable rompieron con el entorno que defendía la violencia, distanciándose a su vez de formaciones como EH Bildu. A juicio de Covite, los escritos privados y genéricos —como las cartas utilizadas por el Gobierno Vasco para justificar el requisito de arrepentimiento— carecen de valor probatorio si no van acompañados de evidencias públicas que acrediten dicha ruptura.

El medio también reflejó la denuncia de Covite, en la cual se sostiene que el contexto político y social sigue glorificando a los presos relacionados con ETA, presentándolos como “presos políticos” y exhibiéndolos en actos públicos. Estas prácticas, a consideración del colectivo, generan un mensaje que “insulta a las víctimas, a quienes se nos exige un acto de fe mientras los hechos desmienten constantemente las palabras”.

En el caso de Arzalluz Goñi, Covite reitera que “figura en la última lista actualizada de Etxerat (30 de diciembre de 2025)” y que su imagen aparece en actos de apoyo a reclusos de ETA, circunstancias que, en palabras del colectivo, resultan incompatibles con cualquier muestra creíble de arrepentimiento. “No se puede estar con la izquierda abertzale y estar arrepentido, puesto que la propia izquierda abertzale lo prohíbe expresamente desde hace muchos años”, agregó la organización de víctimas en declaraciones reproducidas en el reportaje.

Por otro lado, Covite remarca que “comprobar si un preso de ETA está verdaderamente arrepentido es sencillo porque cuando lo está, queda automáticamente apartado del entorno político y social de EH Bildu”, manifestaron a través del medio, para insistir en que ese no sería el caso de Arzalluz Goñi.

Finalmente, Covite reclama que la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurra la concesión del tercer grado, con el objetivo de impedir que esta medida se traduzca en una “amnistía encubierta” que, desde la óptica de este colectivo, vulnera el derecho de las víctimas a la justicia. El medio destacó que, según explican los representantes de víctimas, en la fase de ejecución de las condenas las víctimas no pueden estar personadas en el proceso, lo que deja en manos de la Fiscalía la responsabilidad de velar por su derecho a la justicia. Para Covite, “avalar decisiones como esta y mirar hacia otro lado supone trasladar un mensaje devastador de impunidad”, según recogió el medio en su cobertura.

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) se pronunció frente a las advertencias recientes sobre posibles riesgos en la atención en salud de la población privada de la libertad, en un contexto marcado por alertas de la Defensoría del Pueblo y por una denuncia del Ministerio de Salud y Protección Social ante organismos de control.

En un comunicado oficial, la entidad expuso precisiones técnicas, presupuestales y jurídicas sobre el funcionamiento del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) y defendió su actuación dentro del marco normativo vigente.

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Según la Uspec, su gestión se ha ajustado a las obligaciones legales relacionadas con la garantía del derecho fundamental a la salud de la población recluida.

Presupuesto, pasivos y auditoría del fondo

En materia presupuestal, la Uspec indicó que la planeación anual del fondo se realiza con base en criterios históricos y técnicos. Señaló además que, aunque la socialización del presupuesto ante el Consejo Directivo no pudo realizarse en los tiempos previstos por cambios en las carteras de Justicia y Salud que impidieron conformar cuórum, el presupuesto para la vigencia 2026 sí fue presentado en distintas sesiones del Consejo Directivo.

Respecto a los pasivos acumulados y a la deuda con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), la entidad afirmó que la prestación del servicio de salud debe garantizarse por mandato legal incluso en ausencia de apropiaciones previas, al tratarse de derechos fundamentales. En esa línea, explicó que la auditoría de cuentas médicas cuenta con certificación y que los soportes han sido expuestos ante el Consejo Directivo.

Sobre el déficit reportado ante la Adres, la Uspec sostuvo que corresponde a “un déficit estructural de recursos que el Fondo viene arrastrando desde el año 2020”, originado en la falta de asignación completa de recursos por parte del Gobierno nacional frente a la demanda real de servicios para la población intramural.

Contratos y modelo de salud

La entidad también abordó cuestionamientos relacionados con la afiliación al sistema de salud. Señaló que carece de competencia legal para determinar la afiliación o desafiliación al régimen subsidiado, función que —de acuerdo con la Ley 1122 de 2007— corresponde a entidades territoriales y a los organismos rectores del sistema de salud.

En cuanto a la contratación, la Uspec afirmó que en el Contrato 145 de 2019 no existió detrimento patrimonial por $81.000 millones, pues la Fiduprevisora, como agente liquidador, determinó que esos recursos no fueron requeridos al Estado ante la ausencia de obligaciones pendientes, lo que se tradujo en un superávit para el fondo. Añadió que las dificultades en la liquidación técnica se relacionaron con los plazos legales de facturación de las instituciones prestadoras de salud, que pueden extenderse entre tres y cinco años.

Sobre el Contrato 059 de 2023, precisó que su ejecución terminó el 30 de abril de 2024 y que la entidad se encuentra dentro de los términos legales para su liquidación, por lo que descartó omisiones en ese proceso.

Frente a la reformulación del modelo de salud ordenada por la Corte Constitucional en la Sentencia T-494 de 2023, la Uspec indicó que el informe de consultoría contratado por el fondo —y no por la entidad— recoge hallazgos de organismos de control que atribuyen la problemática a factores estructurales y financieros externos. También aclaró que la directriz para verificar la viabilidad de contratar a la Nueva EPS como operador único se impartió en enero de 2026 y se limitó a la realización de estudios técnicos, jurídicos y logísticos aún en ejecución.

El pronunciamiento de la Uspec se produce mientras la Defensoría del Pueblo advirtió riesgos asociados a la transición hacia un operador único en salud para más de 100.000 personas privadas de la libertad, señalando la necesidad de estudios técnicos que garanticen continuidad en tratamientos, suministro de medicamentos y oportunidad en la atención.

De manera paralela, el Ministerio de Salud informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía, con copia a la Procuraduría y la Contraloría, por presuntas irregularidades en la administración de recursos y en la prestación de servicios del Fondo PPL.

El final del Inpe. El Gobierno de José Jerí aprobó el Decreto Legislativo N.° 1710, una norma que redefine la administración del sistema penitenciario en el país. La medida crea una nueva entidad y, en la práctica, dispone la desaparición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en un contexto marcado por extorsiones, fugas, corrupción y el control criminal desde las cárceles.

El decreto plantea una reforma integral de la estructura penitenciaria como respuesta a una crisis que se ha agravado en los últimos años y que ha puesto en cuestión la capacidad del Estado para ejercer control efectivo sobre los centros de reclusión.

La creación de la SUNIR

La norma crea la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR) como la nueva autoridad responsable del sistema penitenciario y de reinserción social. Esta entidad absorbe al INPE, al Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) y al Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES).

La SUNIR queda adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y contará con autonomía administrativa, funcional y financiera. Según el decreto, su creación responde a las limitaciones estructurales del modelo vigente y a la necesidad de fortalecer el control, la seguridad y los procesos de resocialización bajo una gestión unificada.

Las funciones que concentrará la nueva entidad

La SUNIR asumirá todas las funciones vinculadas al internamiento de personas privadas de libertad y adolescentes en conflicto con la ley penal. Entre sus competencias se incluye la administración de cárceles y centros juveniles, la ejecución de medidas alternativas a la prisión, la vigilancia electrónica y los programas de seguimiento postpenitenciario.

Asimismo, tendrá a su cargo la seguridad interna y externa de los establecimientos, la formación del personal penitenciario y la supervisión de la participación del sector privado y de la sociedad civil en los procesos de tratamiento y reinserción social.

En términos operativos, el decreto concentra en una sola entidad la toma de decisiones sobre el sistema de encierro, con el argumento de lograr una gestión más articulada y eficiente.

Resocialización en el discurso, control en la práctica

Aunque la norma enfatiza la reinserción social y el respeto de derechos, el eje predominante es el control del sistema penitenciario. El decreto busca reducir las condiciones que han facilitado la corrupción, la violencia institucional y la infiltración del crimen organizado, fenómenos que han convertido a varios penales en centros de operación delictiva.

La medida también responde a exhortaciones previas del Tribunal Constitucional, que había advertido sobre la necesidad de una reforma integral. Sin embargo, el texto no establece metas públicas ni indicadores que permitan evaluar resultados concretos en la reducción del delito o en la mejora de las condiciones carcelarias.

El proceso de transición y sus plazos

La reforma se implementará mediante un proceso de fusión y transferencia que involucra la absorción total del INPE, el PRONACEJ y el PRONAPRES por parte de la SUNIR. Para ello, se conforma una Comisión de Transferencia encargada de inventariar y trasladar bienes, personal y recursos, mientras las entidades absorbidas continúan operando durante el periodo transitorio.

El proceso de fusión deberá culminar en un plazo de 90 días hábiles desde la instalación de la comisión, con la posibilidad de una única prórroga adicional de hasta 30 días calendario, autorizada por el Ministerio de Justicia. Durante esta etapa, se prevé la adecuación del marco normativo y la designación temporal de autoridades para asegurar la continuidad del servicio.

Lo que el decreto no resuelve

Pese a su alcance institucional, la norma no aborda problemas estructurales como el hacinamiento, la falta de infraestructura penitenciaria o el déficit de personal. Tampoco contempla recursos presupuestales adicionales, ya que la implementación deberá realizarse con los fondos existentes.

Así, la creación de la SUNIR supone un cambio profundo en la arquitectura del sistema penitenciario, pero deja abiertas dudas sobre su impacto real en una crisis que excede la reorganización administrativa y requiere soluciones de fondo.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín denegó la solicitud de libertad asistida presentada por la defensa de Brian Alberto “Boli” González, quien cumple una pena de diez años de prisión por un secuestro extorsivo ocurrido en 2015, en la localidad bonaerense de Olivos.

La decisión se tomó este jueves, luego de evaluar diversos informes penitenciarios que desaconsejaron su egreso anticipado de la cárcel. El juez Daniel Omar Gutierrez consideró que, aunque el recluso cumplió con los plazos temporales previstos por la ley, todavía representa un riesgo para sí mismo y para terceros.

“Boli” González fue condenado el 8 de agosto de 2019, cuando la justicia lo encontró culpable de haber participado en la captura, retención y ocultamiento de una persona para cobrar rescate. La sentencia impuesta vencerá el 7 de marzo de 2027, fecha en la que completará la totalidad del castigo previsto. Sin embargo, la ley permite que los internos soliciten salir bajo supervisión antes del agotamiento de la pena si cumplen ciertos requisitos de conducta y tratamiento.

El abogado defensor, Cristian Barritta, argumentó que su cliente ya estaba en condiciones de acceder al beneficio. El letrado explicó que González alcanzó el tiempo requerido gracias a un estímulo educativo que redujo los plazos de su progresividad en nueve meses.

También destacó que el joven mantiene una conducta ejemplar dentro del penal, posee un concepto bueno y cuenta con contención familiar para su reinserción laboral fuera de la cárcel. Según esta postura, el único motivo por el cual los reportes fueron negativos se debió a un traslado reciente de unidad, una circunstancia ajena a la voluntad del detenido.

No obstante, las autoridades del Servicio Penitenciario Federal emitieron una opinión distinta tras analizar el perfil del recluso en la Unidad 12, la cárcel de Viedma. El consejo correccional votó mayoritariamente en contra de la liberación.

Los especialistas señalaron que, si bien las calificaciones numéricas de González mejoraron en los últimos trimestres de 2025, existen problemas de fondo que no se resolvieron. El área criminológica advirtió que el hombre tiene dificultades persistentes para revisar su conducta delictiva y muestra una capacidad de introspección limitada, lo que significa que asume poca responsabilidad subjetiva por los hechos que cometió.

Otro punto central para rechazar el pedido fue el informe del equipo de salud mental. Los profesionales indicaron que el interno tuvo una escasa adherencia al tratamiento psicológico ofrecido. Detallaron que González no solicitó audiencias y, cuando asistió a las entrevistas en su anterior lugar de alojamiento, exhibió actitudes desafiantes. Por este motivo, los expertos concluyeron que el trabajo terapéutico realizado hasta el momento resultó insuficiente para comprender los factores que lo llevaron a delinquir.

A estas valoraciones se sumó un reporte de la División Seguridad Interna que encendió las alarmas del TOF N° 2 de San Martín. El documento reveló que González llegó a su actual prisión proveniente de la cárcel de Río Gallegos debido a problemas de convivencia. En aquel establecimiento del sur del país, el personal lo identificó como un “líder negativo”, capaz de iniciar o participar en episodios de violencia. Esta situación obligó a los evaluadores a requerir un periodo más prolongado de observación para confirmar si realmente incorporó las normas sociales.

El fiscal general Eduardo Codesido coincidió con el diagnóstico penitenciario y se opuso a la liberación. En su dictamen, sostuvo que el objetivo de la ley es lograr que el condenado comprenda y respete las normas, algo que todavía no se garantizó en este caso. Para la fiscalía, los datos objetivos sobre la falta de autocrítica y los antecedentes de mala conducta pesaron más que el cumplimiento matemático de la pena.

El caso

El hecho que originó esta causa sucedió la noche del 5 de diciembre de 2015 en la localidad de Olivos. La víctima salía de su casa y se disponía a encender su auto cuando otro vehículo le bloqueó el paso. Del rodado descendieron varios sujetos armados, entre ellos González, quienes obligaron al muchacho a subir al asiento trasero de un Chevrolet Prisma. Durante el cautiverio, los captores golpearon al joven y le provocaron cortes mientras circulaban por la zona.

La banda criminal se comunicó con la madre del secuestrado para exigir dinero. Tras una negociación, la familia entregó diez mil pesos y varios dispositivos electrónicos, incluyendo una computadora, un teléfono y auriculares, en una esquina pactada.

Finalmente, liberaron al hombre cerca de la estación de tren de Carapachay, dejándolo solamente en ropa interior y con un buzo, ya que se quedaron con sus zapatillas y pantalones. La policía detuvo a González nueve días después, tras un allanamiento donde encontraron armas.

Durante el trámite reciente para definir la libertad asistida, el tribunal intentó contactar a la familia damnificada para informarle sobre la situación, tal como lo establece la ley de víctimas. La madre del joven secuestrado agradeció la comunicación pero expresó que el grupo familiar intenta olvidar ese episodio al que calificó como “terrible”, por lo que pidieron no recibir más notificaciones sobre los avances del expediente judicial.

El juez Gutierrez concluyó que otorgar el beneficio en este momento resultaría prematuro. En su resolución, ordenó que el Servicio Penitenciario elabore informes cada 15 días para monitorear la evolución de González y le brinde herramientas para afianzar su tratamiento. De no revertir los aspectos negativos señalados por los peritos, el condenado deberá permanecer tras las rejas hasta el cumplimiento total de su sentencia en marzo de 2027.

Desde febrero de 2025, el Comando Nacional Antidrogas (CNA) de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en Las Acacias, Caracas, dejó de ser solo un centro operativo antidrogas para convertirse en una cárcel con detenidos relevantes para Diosdado Cabello, entre ellos, el venezolano estadounidense Andrés Ibarz, así como David Pita el empresario de los 104 lingotes de oro que involucró a Delcy Rodríguez y a Víctor Aldama en España; también hay más de treinta militares y cinco alcaldes.

Antes de la Operación Resolución Absoluta, con la que fuerzas militares de los EEUU se llevaron a Nicolás Maduro y a Cilia Adela Flores de Maduro, le hicieron grabar, a Andrés Ibarz, un vídeo, con el pasaporte estadounidense en la mano, enfatizando su segunda nacionalidad. Su familia habría contacto con el Departamento de Estado del país del norte.

El almacén de la empresa de Ibarz, que se encarga de entregas puerta a puerta, fue allanado y las encomiendas desaparecieron en manos de los funcionarios del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), dependiente del Ministerio del Interior y Justicia, a cargo del teniente retirado del Ejército, Diosdado Cabello Rondón.

Desde el año pasado se intensificaron las detenciones con el GOES y la estructura antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), aplicando la “Operación Tun Tun”, cuyas víctimas son trasladadas encapuchadas, sin orden judicial y remitidas directamente a tribunales de terrorismo. “Diosdado Cabello es quien da las órdenes de todo lo que se hace en el CNA”, le dice un custodio a Infobae.

Actualmente, en el Comando Nacional Antidrogas de Las Acacias en Caracas hay alrededor de 72 detenidos, de los cuales 35 son militares activos, 5 son alcaldes, 20 empresarios, entre ellos uno de nacionalidad estadounidense y dos mexicanos, y 12 civiles.

Del caso de los empresarios, entre ellos el venezolano estadounidense, mexicanos y varios oficiales activos y retirados, les leyeron sus derechos el 01 de noviembre 2025 y los enviaron a una celda de castigo denominada El Tigrito, “sin luz y en condiciones infrahumanas”.

El 4 de noviembre fueron presentados, vía telemática ante el Tribunal Cuarto de Terrorismo, sin haberles permitido defensa privada entonces ni hasta el momento. “Han violentado todos sus derechos constitucionales y las leyes que amparan el debido proceso”, le dice a Infobae una fuente relacionada al caso.

Los funcionarios que son señalados de haber cometido actos de tortura contra los detenidos serían el mayor Joel Eduardo Suárez Gutiérrez y el mayor del grupo EMI llamado Rodríguez Aldana; igualmente el SM1. Pedro Luis Montoya León alias “El Munrra”. Desglosemos una de las causas.

El caso Ibarz y la trama militar

El caso que involucra a Andrés Ibarz, vicepresidente de la empresa de logística The J&J Tech Import Corp, junto a militares, civiles y policías, ha sido calificado por familiares de los detenidos como “emblemático de violaciones graves a los derechos humanos, por detención arbitraria, tortura y fabricación de cargos”.

Entre los militares detenidos figuran Eduardo Elías Mata Villarroel, ascendido a coronel en julio de 2023 y quien en diciembre 2024 fue designado como jefe del Grupo Antiextorsión y Secuestro Nro. 23 de Trujillo, y el coronel retirado Tomás Gómez Machuca; también el capitán (r) Rodolfo Berríos.

Se suman los empresarios Ismael del Valle y David Manuel Pita Bracho, representante legal de Bancasa AG, y quien aparece en el escándalo, que involucró a Delcy Rodríguez y al empresario español Víctor Aldama, por de la transacción de 104 lingotes de oro, desde Rusia a Venezuela, operación que se diseñó en Suiza y donde participan Manuel João Gonçalves Pita, presidente de la empresa venezolana Bancasa SA, y David Manuel Pita Bracho, quien dirigía Bancasa desde Suiza, hoy detenido en el Comando Antidrogas Caracas.

En el grupo de extranjeros, además de Andrés Ibarz, destacan los mexicanos Diego Gómez Toral y Gustavo Orellana, junto a Gladys Orellana, quien fue trasladada en diciembre de 2025 a la cárcel de mujeres “La Crisálida”.

Detenciones y torturas

Según los familiares, funcionarios del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES) y del Estado Mayor de Inteligencia (EMI) vincularon a los detenidos con un caso de drogas, sustentado “mediante torturas y vejaciones”. El proceso comenzó el 1 de octubre de 2025, cuando los tres mexicanos fueron arrestados en Margarita durante una negociación de “productos del mar”.

Posteriormente, fueron trasladados a Caracas y presentados ante un tribunal de terrorismo, aunque no está claro cómo se relacionan con los militares.

El teniente coronel Tomás Gómez Machuca fue detenido el 7 de octubre de 2025; hace una delación, obtenida bajo tortura, que sirvió para estructurar el caso involucrando a empresarios y militares. El 10 de octubre, fue presentado telemáticamente ante tribunales de terrorismo y acusado de tráfico de drogas y asociación para delinquir.

Tras sufrir maltrato físico, Machuca fue trasladado a los calabozos de la Unidad de Reacción Inmediata Antidrogas (URIA) 43. El 11 de octubre, durante la última visita permitida a los detenidos, intentó suicidarse causándose heridas cortantes en el cuello y punzantes en el pecho. Posteriormente fue estabilizado en el Hospital Militar y devuelto al Comando Nacional Antidrogas (CNA), donde permanece detenido.

Dos militares

El coronel Eduardo Elías Mata Villarroel, quien se desempeñaba como subdirector de la Dirección de Telecomunicaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), fue citado el 8 de octubre de 2025 para una entrevista con el General de División Frank Alonzo Osuna Díaz, Inspector de la GNB. Tras el encuentro, Mata Villarroel fue entregado en calidad de detenido al General de Brigada Gustavo Javier Bustos, segundo comandante y jefe del Estado Mayor del Comando Nacional Antidrogas.

Ese mismo día, funcionarios se presentaron en la residencia del capitán retirado Rodolfo Berríos, quien se encontraba acompañado de su familia y otras personas. Berríos fue arrestado sin que se le mostrara orden judicial. Según fuentes consultadas por Infobae, agentes del GOES y de la GNB, adscritos al Comando Nacional Antidrogas, le dijeron que las órdenes de su detención provenían de Diosdado Cabello y se lo llevaron, en vehículos particulares, hasta la sede del Comando Antidrogas en Las Acacias, Caracas.

Tanto Mata Villarroel como Berríos fueron atados a una reja en un pasillo principal de la instalación durante toda la noche. El 9 de octubre de 2025, ambos militares, según dijeron a sus amigos y familias, fueron sometidos a torturas, que incluyeron descargas eléctricas en los testículos, el uso de un collar eléctrico, golpes en todo el cuerpo, exposición al agua y encapuchamiento, con el objetivo de forzar declaraciones que respaldaran la versión oficial de los funcionarios.

Durante 23 días permanecieron esposados y sin comunicación en una oficina frente al despacho del jefe de Estado Mayor. El coronel Mata fue finalmente trasladado a un calabozo, mientras que Berríos continuó esposado en el pasillo.

Durante la misa de aguinaldo celebrada, en diciembre 2025, por Monseñor Benito Méndez Bracamonte, Obispo del Ordinariato Militar Venezolano, Berríos recibió la bendición sin que el religioso tuviera conocimiento de las violaciones a los derechos humanos sufridas por los detenidos.

Teniente coronel Coronado

En diciembre 2024, el teniente coronel Sinecio de Jesús Coronado Rodríguez, es nombrado jefe del Grupo Antiextorsión y Secuestro Nro. 23, estado Trujillo. Diez meses después, el 7 de octubre 2025, una comisión del GOES lo detiene en las instalaciones del Comando de Zona N° 23 de Trujillo, durante una videoconferencia con comandantes de unidades tácticas y en presencia del GB Luis Guillermo Marín Meléndez, jefe del CZGNB N° 23.

Coronado es trasladado a la base del GOES en Maracaibo, estado Zulia, hasta una semana después que lo envían, en avión comercial, a la sede principal del GOES en Caracas, ubicada en la urbanización Las Mercedes, junto a la Embajada de Rusia.

A Coronado lo recibe el coronel Jusehp Jesús Barrios Oliveros, director general del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), quien sin darle información alguna lo remite al Comando Antidrogas en Las Acacias. “Fue esposado y encapuchado”, le confirma una fuente a Infobae.

Fue llevado a una oficina donde, según Coronado llegó a narrar posteriormente, se encontraba el coronel Fran Emmiruth Bustillos Silva, junto con los mayores Rodríguez Aldana y Suárez Gutiérrez, así como el Sargento Mayor de Primera (SM1) Pedro Montoya León, quienes “le causaron torturas, incluyendo corriente eléctrica en los testículos y cuello, asfixia con bolsa y toalla, golpizas, insultos e improperios”.

Cuando el Tcnel Sinecio Coronado “comenzó a vomitar sangre”, lo trasladaron a una clínica en Chacao, en estado de deshidratación. “Le realizaron rayos X y ecogramas que revelaron sangre en el pulmón izquierdo y moretones”, le asegura la fuente a Infobae.

Después lo llevaron a la Oficina de Comunicaciones, que está junto a la del GB Bustos, “lo esposaron a una litera y ahí estuvo encerrado 26 días”, cuando lo suben a la URIA 43 y lo presentan por delitos de tráfico de drogas y asociación para delinquir, “obligado a firmar el acta de derechos del imputado. Hoy permanece en esa situación”.

La Cámara Federal porteña dejó sin efecto el traslado urgente de personas detenidas en comisarías de la Policía de la Ciudad a la cárcel de Devoto. En este sentido había fallado la jueza de CABA María Mercedes Maiorano -quien además dispuso multas económicas para los funcionarios intervinientes si no cumplían la orden judicial-, y luego fue acompañada por el juez federal Daniel Rafecas.

El fallo original se firmó a fines de diciembre en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 3, del fuero penal de la Ciudad.

La resolución de la justicia local porteña ordenó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) que recibiera de manera inmediata a mujeres y personas del colectivo trans con situación procesal resuelta, así como a todos los condenados que permanecían en alcaidías y comisarías.

La jueza Maiorano buscó así descomprimir la superpoblación en las celdas de la Policía de la Ciudad y encomendó un plan de trabajo para aumentar los cupos de ingreso al sistema federal, con un cupo mínimo de 130 traslados por semana y un plazo máximo de cuatro meses desde su inicio para resolver la problemática en las comisarías.

De no cumplirse lo resuelto, la magistrada había fijado una multa de 200.000 pesos por cada día de demora que el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Marcelo Curi, y el director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, deberían pagar de su bolsillo.

Frente a este escenario, el juez federal Daniel Rafecas, que lleva adelante un habeas corpus colectivo sobre la situación en la cárcel de Villa Devoto, acompañó con una resolución propia y llamó a priorizar el alojamiento de los presos de la Ciudad en ese complejo penitenciario, para dar una “respuesta coordinada y coherente” a la problemática.

El 23 de diciembre, Rafecas dispuso que, para colaborar con la crisis de los detenidos en dependencias de la Ciudad, el SPF debía admitir a los presos provenientes de la fuerza policial porteña.

Además, ordenó que se trasladara a otros penales a quienes ya tenían condena firme y estaban alojados en Devoto, con el fin de liberar plazas para los nuevos ingresos y “no superar la cantidad actual de alojados”.

Las autoridades del Servicio Penitenciario apelaron la decisión de Rafecas ante la Cámara. El organismo expuso que la medida invadía sus funciones exclusivas, ya que la organización y clasificación de los internos según su riesgo y necesidades corresponde a la administración carcelaria y no a los jueces.

La apelación

En los fundamentos de la apelación, el SPF señaló que imponer un ingreso masivo y excluyente vulneraba su capacidad técnica para gestionar la seguridad dentro de los penales.

A su vez, el organismo penitenciario advirtió que se encontraba en una situación de imposible cumplimiento. Sucede que reciben órdenes simultáneas de múltiples juzgados nacionales, federales y provinciales, todos con mandatos de igual jerarquía que exigen alojar detenidos.

Según el planteo, acatar la prioridad exigida para los presos de la Ciudad los obligaría a desobedecer otros requerimientos judiciales vigentes. También recordaron que la Cámara de Casación Penal había instado a ubicar a los detenidos en cárceles adecuadas, pero sin establecer preferencias por una fuerza de seguridad específica ni designar un penal en particular.

Al analizar el caso, la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, consideró que la decisión del juez Rafecas excedió el objetivo original de la causa, que buscaba justamente limitar la cantidad de internos en la cárcel de Devoto para evitar el hacinamiento.

Por lo tanto, habilitar el ingreso de un número indeterminado de personas iba en contra de los intereses que se intentaban proteger en ese mismo legajo, dijeron los camaristas. Y además, de acuerdo a la interpretación adoptada, el fallo transformó un recurso de habeas corpus, destinado a la tutela urgente de derechos, en una herramienta de planificación estructural del sistema penitenciario.

Aunque revocó la resolución de Rafecas, la Cámara reconoció la gravedad de la problemática de las comisarías porteñas y la necesidad de buscar soluciones coordinadas para la superpoblación carcelaria.

Un comunicado del Ministerio del Interior de Nicaragua informó que la reciente liberación de numerosos reclusos se enmarca en la conmemoración del 19º aniversario de la llegada de Daniel Ortega a la presidencia del país. Según reportó el propio Ministerio, el sábado 10 de enero de 2026, varios individuos que permanecían en el Sistema Penitenciario Nacional retornaron a sus hogares y se reunieron con sus familias, como parte de una medida decretada en esta fecha especial. El Gobierno de Nicaragua anunció la excarcelación de "decenas" de personas, en lo que consideró una acción vinculada al aniversario de la gestión presidencial de Ortega.

La información difundida por el Ministerio del Interior, citada por el medio, destacó que la excarcelación se llevó a cabo durante la jornada en la que se celebran los 19 años del llamado "Pueblo Presidente", una alusión frecuente en los discursos oficiales para referirse al gobierno liderado por Ortega. El ente gubernamental explicó que la decisión de poner en libertad a estos reclusos busca ratificar la política institucional de "priorizar la paz, la reconciliación y la unión" en el territorio nacional. El comunicado oficial puso énfasis en que el regreso de los excarcelados a sus casas representa un paso hacia la consolidación de estos valores, que las autoridades presentan como objetivos centrales de su administración.

De acuerdo con lo publicado, el acontecimiento tuvo lugar en medio de las habituales conmemoraciones públicas del proceso político liderado por Ortega desde su retorno al poder, en 2007. El Ministerio del Interior señaló que esta medida de gracia pretende servir como un ejemplo de los esfuerzos gubernamentales orientados a la convivencia pacífica y la recomposición del tejido social entre nicaragüenses.

El texto compartido por la institución estatal precisó que los liberados corresponden a personas que estuvieron bajo custodia en centros penitenciarios nacionales, aunque no especificó las identidades ni los delitos por los que fueron condenados. Según consignó la fuente oficial, la excarcelación se da en el contexto de reafirmar una doctrina gubernamental basada en la unión, y fue presentada como una acción humanitaria alineada con la visión de reconciliación que el Ejecutivo nicaragüense sostiene en sus discursos.

Desde el comienzo del actual gobierno, la administración de Ortega ha empleado este tipo de medidas en fechas conmemorativas, buscando reforzar los mensajes políticos, indicó el informe difundido por el Ministerio del Interior. La noticia de la liberación fue comunicada oficialmente para avalar la imagen de un Estado comprometido con la estabilidad y la paz social, elementos a los que el comunicado asigna un valor fundamental en la gestión actual.

El Ministerio del Interior subrayó que este tipo de liberaciones forman parte de una política de Estado consistente en favorecer escenarios de entendimiento social, resaltando que la decisión se toma tras procesos internos de revisión y en ocasiones particulares del calendario nacional. El mensaje gubernamental, según difundió la fuente, se mostró enfático en vincular la acción con la continuidad del proyecto político que cumple 19 años desde la investidura de Ortega en el Ejecutivo.

El comunicado institucional tampoco especificó los criterios exactos para seleccionar a los reclusos beneficiados en esta ocasión. Tampoco se detalló la cifra exacta de personas excarceladas ni se mencionaron los lugares específicos en los que se realizó la entrega de los liberados a sus familias. El medio estatal resaltó que la prioridad del gobierno sigue centrada en la promoción de un ambiente pacífico y en la restauración de lazos familiares para quienes recuperaron su libertad, posicionando esta decisión bajo el marco del aniversario gubernamental.

La acción supone un nuevo episodio en la estrategia del Ejecutivo de Nicaragua de vincular acontecimientos penitenciarios con fechas institucionales relevantes, una práctica habitual señalada en los comunicados oficiales de las autoridades nicaragüenses. Según el texto difundido por el Ministerio del Interior, este procedimiento cumple la doble función de conmemorar la continuidad del mandato de Ortega y reafirmar los valores que el Gobierno declara como rectores de su administración política.

La liberación de reclusos, en coincidencia con este aniversario, se suma a otras acciones previas adoptadas durante términos anteriores. El mensaje oficial subrayó, según publicó el Ministerio, que la "política de nuestro Pueblo Presidente" persiste en privilegiar la paz y la unidad entre la población, y la excarcelación anunciada busca materializar ese compromiso en una fecha considerada simbólica para el actual régimen.

"Debe haber condiciones además para que los que están exiliados puedan regresar al país, que el ejercicio de la política y el ejercicio de los derechos sociales, de las libertades, se pueda realizar sin riesgo", indicó a EFE el coordinador de Exigibilidad Legal de Provea, Marino Alvarado, a las afueras de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas, conocido como El Helicoide.

Alvarado sostuvo que los políticos María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y otros "altos dirigentes" del país deberían poder volver a Venezuela y planteó que "se pueda hacer el ejercicio de la política sin ningún tipo de riesgo".

Igualmente, indicó que los presos políticos deben obtener la libertad plena y también exigió el cese de la llamada "puerta giratoria" que, según ONG locales, consiste en la excarcelación de unas personas y la posterior detención de otras.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la liberación de "un número importante de personas", que incluye a venezolanos y extranjeros -sin precisar la cifra ni las condiciones-, como un "gesto unilateral" para "consolidar la paz y la convivencia pacífica en el país".

El anuncio de las excarcelaciones se da luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el martes el supuesto cierre de una "cámara de torturas" en Caracas, en medio de la presión que ejerce sobre el Gobierno de la ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, después de la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de tropas estadounidenses durante una operación militar en el país suramericano.

Este jueves, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, confirmó las identidades de cinco españoles liberados en Venezuela, entre los que se encuentran la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.

Los cinco han podido hablar con sus familias y con Albares, y van camino a España, asistidos por la Embajada de Madrid en Caracas.

Los ojos del mundo están puestos en todo lo que se registra en territorio venezolano tras la captura del dictador Nicolás Maduro, que fue presentado ante un juez en Estados Unidos el 5 de enero.

Tras la detención de Maduro, el país será dirigido por Delcy Rodríguez, que, de acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, estará a cargo mientras se consolidan mecanismos para que la democracia sea viable.

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Ante la falta de pronunciamientos sobre los posibles cambios que habrá en ese país, agremiaciones y colectivos de diferentes países han pedido que la nueva administración se pronuncie sobre el futuro de los cientos de presos políticos y extranjeros que hay en territorio venezolano.

Familias colombianas protestan en la frontera

Debido a la incertidumbre y falta de respuestas, familiares de 19 ciudadanos colombianos que están presos en Venezuela, adelantaron una protesta pacifica en la frontera entre los dos países, en Cúcuta.

Allegados de los colombianos se plantaron en zonas aledañas al puente internacional Simón Bolívar para exigir que los 19 compatriotas sean liberados, argumentando que fueron retenidos de manera ilegal y en procesos polémicos.

Entre los protestantes está Sandra Castaño, madre de Brandon José Castaño, que lleva más de seis años en una prisión de Venezuela, a pesar de que hace más de siete meses cumplió la condena que recibió en el vecino país.

“Mi hijo fue capturado en Venezuela por andar en la calle. Le sembraron falsos positivos y hoy lo acusan de terrorismo y extorsión, prácticamente el mismo repertorio que les imputan a los extranjeros, incluso a los mismos venezolanos”, denunció la mujer Caracol Radio.

Sandra Castaño se mostró nostálgica al revelar que la fecha de la protesta coincide con el cumpleaños de su hijo, al que desea ver de nuevo. La mujer aprovechó el espacio para enviarle un mensaje a la nueva administración en Venezuela.

“Hoy es el día más triste de mi vida. Quisiera tener a mi hijo aquí para abrazarlo y protegerlo, pero ha sido muy duro. No se lo deseo a nadie. Pedimos misericordia, que miren hacia las cárceles de Venezuela. Hay muchas personas presas injustamente. Quienes cometieron errores ya pagaron su condena y es injusto que sigan detenidos. Por favor, ayúdennos y déjenlos en libertad”.

Antes de retirarse del puente internacional, las familias colombianas pidieron que el Gobierno nacional intervenga por el regreso de los connacionales a través de la cancillería, denunciando que la comunicación con las entidades del Estado no ha sido recurrente.

Organización internacional pide por los presos políticos en Venezuela

Además de las peticiones por parte de familiares de presos de diferentes nacionalidades que permanecen en Venezuela, la organización Foro Penal solicitó la aprobación de una amnistía general para 863 personas identificadas como presos políticos en dicho país.

Este pedido surge en un contexto donde diversas organizaciones han denunciado la existencia de detenciones por motivos políticos, señalando limitaciones al debido proceso y restricciones a derechos fundamentales.

El Foro Penal argumenta que la amnistía permitiría la liberación inmediata de estas personas y contribuiría a un ambiente propicio para el diálogo político en el país. La lista de presos incluye activistas, militares, estudiantes y ciudadanos vinculados a protestas o manifestaciones opositoras. La situación de los detenidos ha generado preocupación en organismos nacionales e internacionales que han solicitado garantías para la integridad física y el respeto a los derechos humanos. La petición se dirige tanto a las autoridades nacionales como a actores internacionales, con el objetivo de lograr la liberación de quienes consideran privados de libertad por motivos políticos.

Un interno de una cárcel de la provincia de Córdoba murió en los últimos días producto de las quemaduras que sufrió en un establecimiento de Villa María. Su caso se suma al de otras dos internas que fallecieron en diciembre.

De acuerdo con medios locales, el incidente en el que resultó herido ocurrió a fines de diciembre en el Establecimiento Penitenciario N°5 de esa localidad.

Luego de luchar contra las quemaduras desde entonces, el hombre -cuya identidad aún no fue difundida oficialmente- murió el domingo pasado en el Instituto del Quemado de la ciudad de Córdoba. Así lo confirmó este martes el juez de Ejecución Penal, Arturo Ferreyra, al diario La Voz.

Según se pudo reconstruir, el episodio se remonta al pasado viernes 26 de diciembre. A partir de la información trascendida sobre el caso, a modo de protesta la víctima inició un incendio intencional junto a otro recluso dentro de la celda de contención en la que se encontraba.

El hecho se habría desencadenado cuando los internos exigieron un traslado inmediato a otra unidad. Ante la negativa de ser alojados en un pabellón común, fueron derivados a un box de aislamiento temporal, un espacio de tránsito administrativo con infraestructura mínima.

Pero las llamas se descontrolaron, alimentadas por la existencia de colchones, y tomaron el 45% del cuerpo de la víctima, quien fallecería días después. Si bien fue trasladado de urgencia a la ciudad capital para ser tratado, finalmente falleció.

El recluso que lo acompañaba también sufrió heridas, pero de menor gravedad. Este último fue asistido en el Hospital Regional Pasteur y luego regresó a la cárcel bajo control sanitario.

En las últimas semanas, otras dos mujeres murieron por incendios en las cárceles de esta provincia. Las víctimas fatales fueron identificadas como Agostina Guadalupe Pedraza (24) y María Flavia Ramallo (33), reclusas del Complejo Penitenciario de Bouwer.

En aquel caso, el episodio ocurrió en la madrugada del sábado 20 de diciembre, cuando una pelea entre dos presas derivó en el inicio de un foco ígneo.

Y, si bien en un primer momento murió solo una de las internas, la segunda falleció posteriormente. El caso es investigado por la Fiscalía de Distrito 1, Turno 3, de Córdoba, a cargo de José Mana.El

El Servicio Penitenciario de Córdoba informó que el incidente se produjo a la 1:17 del 20 de diciembre, cuando se desató una pelea entre dos internas: una procesada, identificada como P.G.A., y una condenada, R.M.F. Durante la disputa se originó un incendio en el interior del sector, que fue controlado por el personal de guardia y el Grupo de Intervención Rápida (GIRF).

Como consecuencia, la interna P.G.A. murió y R.M.F. fue trasladada a un hospital externo en estado delicado, con signos vitales, aunque momentos después también murió.

Las autoridades penitenciarias consignaron que se entregó el procedimiento de rigor a la Fiscalía correspondiente, aportando todos los elementos probatorios vinculados al caso. Además, el incidente se remitió al Organismo de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia de Córdoba, según informó el Servicio Penitenciario de Córdoba.

El 6 de octubre de 2025, en el mismo complejo carcelario de la localidad de Bower, se produjo otra muerte que derivó en una investigación y tuvo repercusión. En aquella oportunidad, un interno que se encontraba bajo un régimen de “autoexclusión” murió en circunstancias que abrieron una causa.

Las autoridades del Servicio Penitenciario cordobés informaron que inicialmente cualquier deceso dentro de los establecimientos del organismo se caratula bajo la categoría de “etiología dudosa” y se abre un proceso para esclarecer las circunstancias. Fue lo que ocurrió con este interno.

Entre los hechos más recientes relacionados con internos vinculados a la organización ETA, siete personas han recuperado la libertad en 2025 luego de la concesión de la libertad condicional por decisión de los tribunales. Uno de los casos destacados corresponde a Asier Carrera, quien cumplía condena por el asesinato del dirigente socialista vasco Fernando Buesa y su escolta. Según datos recabados por Europa Press y publicados por el Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), menos de la mitad de los reclusos condenados por delitos terroristas asociados a ETA se encuentran cumpliendo condenas sin posibilidad de acceder a anticipos o flexibilizaciones en su régimen penitenciario.

De acuerdo con la información de la AVT, el porcentaje de presos todavía en régimen ordinario representa el 47% de los 125 internos condenados por su vinculación con ETA. En total, 58 personas cumplen pena en segundo grado, conocido como régimen ordinario, mientras que el resto accede a diferentes medidas de flexibilización, entre las que se cuentan el tercer grado o semilibertad, así como la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite atenuaciones de la privación de libertad para realizar actividades laborales o formativas. El saldo de internos bajo régimen de semilibertad asciende a 54, y otras doce personas se benefician de la medida de flexibilización regulada en el citado artículo 100.2.

La AVT también informó que el Gobierno Vasco, tras la transferencia de las competencias penitenciarias en octubre de 2021, ha concedido durante 2025 un total de 20 terceros grados. Esta medida corresponde a 19 personas vinculadas a la banda terrorista, precisó la AVT, que adicionalmente detalló que desde la asunción de estas competencias se han otorgado 110 terceros grados a 90 presos de ETA, con 20 casos repetidos después de que la Justicia revocara previamente la medida.

El mismo balance del Observatorio de Política Penitenciaria recogió que siete internos concluyeron sus condenas en 2025 y obtuvieron así la libertad, a lo que se sumaron otros tres casos en que salieron de prisión gracias a la reducción de sus penas por el cómputo de periodos de reclusión completados en Francia, país en el que también enfrentaron procesos judiciales relativos a su pertenencia a ETA o a delitos conexos.

El medio Europa Press detalla que en noviembre de 2019, previo al traspaso de la gestión penitenciaria al Gobierno Vasco, el número de personas presas por delitos protagonizados por ETA llegaba a 222. De este grupo, 166 estaban entonces en régimen cerrado o primer grado, el más restrictivo de todos, cifra que en la actualidad ha descendido hasta desaparecer totalmente en ese nivel de clasificación. Solo 56 ocupaban en ese momento el segundo grado, o régimen ordinario, cifra similar a los 58 actuales según los últimos registros destacados por la AVT.

Por tanto, el régimen penitenciario de los condenados ha evolucionado de manera significativa desde el traspaso de competencias al Ejecutivo vasco. El número de personas que permanece bajo condiciones ordinarias o más restrictivas se ha reducido, a la vez que ha aumentado el acceso al tercer grado, la aplicación de medidas de flexibilización y la obtención de la libertad, tanto por el cumplimiento íntegro de condenas como por la aplicación de la libertad condicional o el descuento de penas cumplidas en Francia, informó Europa Press y el Observatorio de Política Penitenciaria de la AVT.

La AVT subraya en su análisis la variedad de situaciones en que se encuentran los condenados por delitos vinculados a la banda, elemento que refleja el impacto de las decisiones judiciales y administrativas sobre la población penitenciaria etarra en los últimos años.

“Nos daban polenta con salsa blanca sin carne ni pollo, fideos con una salsa roja incomible, manzanas en compotas podridas literalmente. Y cuando se recibía pollo o carne, era máximo 60 gramos, a veces el cogote o la carcaza de pollo. Y la carne era pura grasa o cartílago”.

Rubén C. estuvo detenido en el pabellón LGBT del módulo 5 del penal de Ezeiza durante tres años y salió el mes pasado. En ese tiempo que pasó privado de su libertad (condenado a seis años de prisión por “tenencia y consumo de marihuana”) presentó más de 10 habeas corpus a la Justicia por la pésima calidad de la comida que le servían a él y al resto de los aproximadamente 2.000 detenidos de esa cárcel de “máxima seguridad”.

“En varias oportunidades las comidas llegaban en mal estado o con algún ‘cuerpo extraño’ como clavos, cucarachas, mechones de pelo o cintas con las que se atan las hojas de acelga”, contó el hombre a Infobae, luego de que este medio revelara ayer el allanamiento ordenado por el juez federal Federico Villena a las oficinas del director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Martínez, por sospechas de connivencia en el negocio de la provisión de viandas dentro del penal.

Rubén C. no fue el único en presentar habeas corpus. La cantidad de reclamos a la Justicia fue tal desde 2016 -año en que el interno Diego Ariel Díaz denunció por primera vez- a esta parte, que Villena unificó todas las denuncias y armó una única causa que había terminado en 2024 con la prohibición a la empresa Food Rush S.A. de volver a brindar el servicio de catering al penal de Ezeiza.

Sin embargo, el mes pasado Villena reactivó el expediente al recibir otra catarata de habeas corpus que indicaban que la calidad de la comida seguía siendo denigrante.

Al retomar la investigación, el magistrado federal de Lomas de Zamora descubrió indicios que le permiten sospechar que la nueva empresa adjudicataria del servicio de viandas, Biolimp, es una pantalla para que siga operando Food Rush. Y que esto no podría no saberlo la autoridad máxima del penal de Ezeiza y, mucho menos, la máxima autoridad del Servicio Penitenciario Federal.

Se trata de un negocio que maneja cifras millonarias. Según detallaron fuentes con acceso a la investigación, la empresa factura 17 mil pesos por cada plato que entrega. Y son tres por día, por persona, lo que, a razón de aproximadamente dos mil internos, da $102 millones diarios y 37.230.000.000 de pesos anuales. En dólares -con un cambio estimado en $1.500- se entiende mejor: 24.820.000 por año.

Desde la empresa Foodrush rechazaron las acusaciones y aclararon que ellos no participaron de la licitación y, además, que dejaron de brindar el servicio en agosto de 2024 justamente por orden de Villena. “Esa prohibición carece de sustento jurídico y por lo tanto es intrínseca y ostensiblemente arbitraria”, comentaron a este medio. Además aclararon que el traspaso de empleados de Foodrush a Biolimp se hizo dentro del marco normativo vigente para proteger las fuentes de trabajo y los convenios colectivos de trabajo.

A pesar de que 17 mil pesos es lo que cuesta en promedio un menú ejecutivo en cualquier cantina de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que se infiere que la calidad debería estar a la altura de la alimentación digna de un ser humano, no es lo que relatan los detenidos consultados por este medio.

Alguien contó que en una de las unidades de Ezeiza está rota la cocina y se usa el casino de suboficiales, que no cumple con las condiciones de higiene y bromatología debidas.

Otro aseguró que la mala provisión de comida obliga a que los presos compren los alimentos en la “cantina” del penal. Pero no todos tienen los recursos para hacerlo. Un preso le pasó a este medio el listado de precios: 1 kilo de cebolla cuesta $ 1.700; 1 maple, $16.000; un morrón, $ 4.100; 1 kilo de arroz, $3.000. “Muchos productos no entran con la visita, por eso los precios son altísimos”, cuenta.

Un sobrino de otro detenido contó a Infobae: “Esta semana, cuando le llevaron la comida a mi tío, uno de los celadores le dijo ‘Así como se la entrego tírela’”.

Este interno tiene problemas de salud cardiovascular y diabetes. La alimentación saludable, para personas con este tipo de patologías, es tan importante (o más) que la medicación y la actividad física; dos aspectos que, por cierto, también son limitados en Ezeiza, en el mejor de los casos.

“Medicamentos, la misma situación. Hoy por hoy se los estamos llevando nosotros porque, o no tienen, o te dan un génerico al que el organismo no esta acostumbrado. Sé de presos que por ejemplo tomando el medicamento de ‘cuidado’ de stents y se les han tapado las arterias por la calidad de los medicamentos que les dan en el penal”, contó.

Esta misma persona relató que esta semana vio con sus propios ojos que estaban repartiendo la comida en una ambulancia. “Para no hablar de la calidad del agua. Mi tío estuvo con diarrea los primeros diez días”, relató.

Rubén C. tiene infinidad de ejemplos para dar cuenta de la falta de humanidad que existe respecto de la alimentación en la cárcel de Ezeiza.

“El almuerzo siempre llega después de las 14. Dos veces a la semana, la comida llega comible, cerdo al horno con papas hervidas y pollo al horno con ensalada. Después, tres veces a la semana llega arroz con salsa roja, fideos con salsa roja y los miércoles llega una porción de pizza asquerosa con repollo cortado. Los sábados llevan lentejas con trocitos de carne”, detalló.

“Muchas veces a la semana teníamos diarrea o acidez y era una pelea con el médico conseguir medicación. Los fideos tienen olor a cucaracha”, agregó Rubén. Y más: “Una vez por semana era seguro que venían comidas descompuestas, ensaladas fermentadas o pollo color verdoso”.

Villena mismo probó las viandas. Y sufrió una intoxicación al otro día. Su investigación no sólo se centra en la calidad de los alimentos, sino también en el incumplimiento de las dietas prescriptas por cuestiones de salud. Como si al Servicio Penitenciario Federal o a los jueces de ejecución de la pena no les importara si los condenados se mueren como consecuencia de esto.

Por orden del juez de Lomas, la ANMAT analizó las viandas que se secuestraron en el marco de la causa y el organismo del Estado determinó que no se cumplen con las especificaciones del Código Alimentario Argentino y no son aptas para el consumo humano porque superan los máximos admitidos para el recuento de la bacteria Escherichia coli.

“Su presencia en alimentos sugiere una falta general de higiene en el manejo de los mismos o un almacenamiento inadecuado. La contaminación del alimento puede ser atribuible a utensilios de cocina, superficies, manos de manipuladores o contaminación cruzada por contacto con otros alimentos contaminados”, dice uno de los varios informes de ANMAT realizados en marzo, mayo, agosto y diciembre de 2023 a los que tuvo acceso este medio, e incorporados al expediente.

También se detectó la presencia de Listeria monocytogenes y de Bacillus cereus, bacterias que también impiden el consumo humano. Por ejemplo, la Escherichia coli se encontró en mayo de 2023 en viandas con pollo y legumbres.

Rubén C. cuenta que “jamás nos entregaban la comida cuando en el penal estaba la gente de la Procuración Penitenciaria” y que las empezaban a distribuir “cuando ellos se iban”. Esto implicaría un conocimiento de parte del SPF de que la calidad de la vianda es mala.

“Siempre que iba un juez o alguna entidad repartían las mejores comidas, una pata de pollo y muslo enteros con arroz blanco o un bife de carne con tomate y lechuga. Pero al día siguiente era lo mismo. En algunos pabellones no podían denunciar porque los enviaban a alguna cárcel lejos de su familia, como las de Rawson o Senillosa”, enumeró Rubén.

Y agregó: “El SPF hacía arreglo con algunos detenidos, les conseguían trabajo o algún beneficio a cambio de no denunciar”.

Tras el fallo de Villena que le prohibía a Food Rush Soluciones Gastronómicas S.A. operar en la cárcel de Ezeiza, el 22 de agosto del año pasado el Servicio Penitenciario reemplazó de manera transitoria el servicio por el de Biolimp Soluciones de Calidad S.A.

Pero no tardaron en llegar nuevos habeas corpus que denunciaban que la comida era igual de pésima que con el servicio anterior, por lo cual Villena reabrió el expediente y ordenó nuevas inspecciones que le permitieron descubrir un vínculo entre ambas empresas: por ejemplo, que Biolimp usaba camiones pertenecientes a Food Rush que llevaban un ploteo de la firma Q-Chef encima de las de Food Rush observables a simple vista.

Villena detectó, además, que uno de los vehículos tiene una medida de inhibición dispuesta por una fiscalía de La Pampa.

“La mercadería que Foodrush le vendió a Bio Limp fue entregada en el complejo penitenciario con los camiones de nuestra empresa, por eso motivo fueron vistos”, explicaron desde la compañía.

Ambas compañías, Food Rush y Biolimp, además, comparten los mismos empleados. Y el domicilio de Q-Chef es el mismo que el de Biolimp, en la localidad de Dock Sud, Avellaneda. También, en otra de las direcciones fiscales de esta firma funciona una financiera.

Por eso el magistrado requirió nuevamente la intervención de ANMAT y otra vez el resultado de los análisis concluyó en que la comida no era apta para consumo humano.

El viernes pasado, 26 de diciembre, se iba a llevar la licitación para confirmar la empresa que brindará el servicio los próximos años. Aunque Food Rush no podía participar, se presentó. También lo hicieron Biolimp y otras tres compañías sin antecedentes en el rubro, lo cual las dejó afuera de la supuesta compulsa.

Villena entonces ordenó allanamientos en todas las empresas para ese mismo viernes a las 11.30 y también en las oficinas del Servicio Penitenciario Federal, incluida la de su director Fernando Martínez, nombrado en 2024 por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

El juez pidió secuestrar los celulares de los empresarios y los responsables del penal de Ezeiza, incluido Martínez. Lo curioso es que el director del SPF llegó con aparato viejo. Cuando los oficiales de la Policía de la Ciudad, que habían ido por orden de Villena, se dieron cuenta, el funcionario adujo que lo había “perdido”.

El magistrado revisó el impacto de las antenas de telefonía celular y descubrió que el “extravío” se había dado apenas una hora antes del allanamiento.

La situación se puso extremadamente tensa en la oficina del director del SPF. El juez hasta pensó en detenerlo, pero luego eligió no generar un desastre institucional mayor.

Martínez, que llegó ese día a la oficina en una Toyota Hilux gris a nombre de Enrique Antequera, uno de los “reyes” de La Salada, profugado de la Justicia, no quedó bien parado. ¿Alguien le avisó del allanamiento? ¿Qué tiene para ocultar Martínez en su teléfono que prefirió deshacerse de este?

Más pronto que tarde en la Justicia creen que se sabrá. Los investigadores cuentan con los teléfonos de los empresarios y los otros funcionarios del Servicio Penitenciario Federal.

“Es una mafia interna enquistada hace muchos años. Villena se está metiendo en la boca del lobo. Todo lo maneja el Servicio”, contó una fuente que transita los pasillos de Tribunales de Lomas de Zamora y agregó: “Es preocupante el desafío a la justicia que tuvo Martínez. Como funcionario del Estado, si el juez te pide el celular se lo tenés que entregar. Es causal para detenerlo. Fue prudente en no detenerlo Villena, porque era un escándalo”.

Un nuevo escándalo podría desatarse en el Servicio Penitenciario Federal si las sospechas del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena se concretan: el último viernes, el magistrado ordenó allanar las oficinas de Fernando Julián Martínez, el director del SPF, por un presunto vínculo entre el funcionario y la empresa que provee comida en el penal de Ezeiza.

La situación se puso demasiado tensa, contaron fuentes policiales a Infobae, cuando Martínez entregó su teléfono a la Justicia, pero notaron que no había puesto a disposición el de todos los días sino un aparato viejo y en desuso.

Al comprobar que no era el celular que buscaban, los oficiales de Justicia requirieron, por orden del juez, que entregue el que correspondía. Sin embargo, Martínez adujo, sorpresivamente, que lo había “extraviado” ese mismo día.

Villena sospechó de la actitud del funcionario y pidió que mapearan los últimos impactos del teléfono del director del Servicio en las antenas de telefonía celular.

El allanamiento en la oficina del director del SPF, que asumió su cargo en 2024, nombrado por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se ejecutó a las 11.30 de la mañana del viernes y los resultados de la investigación sobre la trazabilidad del celular “perdido” sorprendieron todavía más al juez horas después, cuando le entregaron el informe: la última señal de conexión había sido ese mismo día, una hora antes del allanamiento.

La zona donde impactó fue cerca del estadio de Huracán, en el barrio porteño de Barracas. El horario de la última conexión resultó inquietante para la Justicia.

“O fue mucha casualidad o alguien le avisó que iban a allanar”, ironizó una fuente con acceso a la investigación, e incluso fue más allá: “Villena podría haber detenido ahí mismo a Martínez, porque lo que hizo fue muy grave, pero evidentemente prefirió no generar un escándalo institucional, total tiene tiempo para seguir investigando”.

La razón por la que Villena decidió allanar el viernes no habría sido casual. Es que ese mismo día se resolvía la nueva licitación para la provisión de comida en la Unidad Penal de Ezeiza, donde se alojan cerca de 2.000 personas privadas de su libertad, y que volvió a obtener la empresa Bio Limp.

Para entender por qué el juez federal de Lomas de Zamora emprendió esta cruzada hay que remontarse años atrás cuando, tras un habeas corpus que denunciaba comida en mal estado en el penal de Ezeiza, Villena falló contra la proveedora del servicio de aquel momento, la empresa Foodrush, y le prohibió volver a participar de una licitación.

En aquellos años, los presos no querían ingerir esos alimentos y gastaban el dinero (los que tenían) en comprar la comida en “la cantina” de la cárcel, rechazando de alguna manera el derecho a ser alimentados en prisión. El habeas duró mucho tiempo, durante el cual se hicieron reuniones, inspecciones y peritajes con ANMAT que indicaron que la comida superaba los valores máximos admitidos para el recuento de Escherichia coli, y no era apta para el consumo humano. Todos los resultados indicaban que la comida estaba contaminada.

Villena estableció un protocolo y ordenó auditar la producción de los alimentos, pero los problemas continuaron y los presos mantuvieron su reclamo por el estado de la comida. Los defensores oficiales comunicaban al Juzgado las impresiones de los presos: comer esos alimentos les resultaba imposible, “eran absolutamente asquerosos”, según contó una fuente del caso, mientras el SPF y la empresa lo negaban y poco más aseguraban que la comida era fantástica.

Hasta que un día del año pasado Villena fue a la cárcel y probó distintas comidas que los presos no querían ingerir. Pocas horas después lo sintió en su cuerpo. Se descompuso y sufrió una fuerte diarrea. “Un asco, vomitiva”, les contó a sus allegados.

Así las cosas, el juez de Lomas de Zamora condenó a Foodrush al castigo de no poder presentarse más para una licitación ante el Servicio Penitenciario Federal en ninguna cárcel federal del país.

En una nueva licitación, de todos modos, Foodrush se presentó, junto a otras dos empresas sin antecedentes en el rubro y una más, Bio Limp, que sólo tenía experiencia en limpieza.

A poco de empezar a entregar alimentos, volvieron los habeas corpus al despacho de Villena. Con Bio Limp pasaba lo mismo que con Foodrush. Nadie quería comer de esos platos. Entonces, el magistrado reabrió la causa en noviembre pasado bajo la carátula de “Envenenamiento”.

“Fueron a la cárcel y detectaron, a través de sus chapas patentes, que los camiones que usaba Bio Limp eran de Foodrush”, contó una fuente cercana al caso.

A partir de eso, Villena ordenó varios allanamientos en Bio Limp y comprobó que no sólo “compartía” los camiones con la empresa sancionada sino que los empleados de la cocina de una empresa habían sido los mismos que la empresa anterior y, entre toda la documentación que todavía no analizaron, hallaron por ejemplo facturas de Biolimp a Foodrush por alrededor de 150 millones de pesos.

Consultadas por este medio, fuentes de Foodrush aclararon que la empresa “dejó de prestar el servicio de alimentación al Complejo Penitenciario Federal 1 a partir del 16 de agosto del año 2024, y el traspaso del personal se realizó el día 15 en cumplimiento de la cláusula especial incorporada al Convenio Colectivo de Trabajo 401/05″ que dice que “en caso de transferencia por cualquier título del establecimiento, pasarán al sucesor o adquirente todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que el transmitente tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia, aun aquellas que se originen con motivo de la misma” y que “el contrato de trabajo, en tales casos, continuará con el sucesor o adquirente, y el trabajador conservará la antigüedad adquirida con el transmitente y los derechos que de ella se deriven”.

También negaron que Biolimp haya facturado a la empresa y aclararon que fue de forma inversa por cuatro ventas realizadas en enero, mayo y junio de 2025.

Villena, contaron a Infobae, concluyó que esta especie de “cartelización” del negocio de la comida en la cárcel de Ezeiza no podía hacerse sin el guiño de los responsables del penal, por lo que ordenó allanar la oficina del director de la cárcel, de su director administrativo y de Fernando Martínez porque, según él, no podían desconocer esta licitación.

En los pasillos del Juzgado Federal N° 1 de Lomas de Zamora aseguran que Villena tiene elementos para ir contra el Servicio Penitenciario Federal, que no podían no saber que Bio Limp era una pantalla para que siguiera con el negocio Foodrush y sortearan su propia decisión judicial. Desde Foodrush aseguraron que nunca se presentaron a la licitación.

Durante la tensa reunión de los agentes judiciales con el director del SPF, estos le pidieron que diera una constancia del extravío del teléfono y Martínez se negó. Según cuentan, lo hizo de mala manera.

“El allanamiento empezó a las 11, el funcionario llegó 11.30 y su teléfono se apagó a las 10.15. Le avisaron del procedimiento, apagó el aparato y fue con otro. Fueron a tratar de buscar el celular y, mientras tanto, retuvieron a Martínez”, contó una fuente ligada al caso que aportó otro dato inquietante: el director del SPF se estaba moviendo a bordo de una camioneta a nombre de Enrique “Quique” Antequera, uno de los creadores de La Salada y todavía prófugo de la Justicia.

Mientras tanto, la fiscal federal Cecilia Incardona pidió la nulidad de todo lo actuado por Villena por considerar que habilitó medidas en un día inhábil, que no mandó a sortear el juzgado tras la reapertura de la causa por la comida en mal estado y que no tenía motivos para secuestrar el teléfono de Martínez.

Cerca del juez dijeron a Infobae que “si Martínez no tiene nada que ocultar, no tiene por qué negar su teléfono a un juez, más siendo funcionario público”, pero advirtieron que Villena está preocupado por “el desafío a la Justicia” que hizo el director del SPF y que sabe que “se está metiendo con mafias enquistadas hace muchos años”.

Consultado por este medio, Federico Villena prefirió no hacer comentarios, pero aclaró que, teniendo en cuenta que el SPF depende de Seguridad de la Nación, se comunicó con la ministra, Alejandra Monteoliva, y que tuvo una “excelente predisposición” y le dio todo su “apoyo”.

El juzgado del fuero Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires intimó a las máximas autoridades penitenciarias nacionales a vaciar los calabozos de las comisarías porteñas, con un plazo perentorio para reubicar a los detenidos en unidades carcelarias adecuadas. Además, la Justicia local de CABA fijó sanciones económicas personales para los funcionarios en caso de incumplimiento.

El fallo, firmado por la jueza María Mercedes Maiorano, ordenó al subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Marcelo Curi, y al Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Martínez, que comiencen el proceso de traslado en un término de diez días.

El objetivo de la disposición consistió en que todas las personas que actualmente permanecen encerradas en alcaidías o comisarías de la Policía de la Ciudad, y que ya cuentan con condena o situación procesal resuelta, sean ingresadas al sistema federal.

Para concretar esta tarea, el magistrado impuso un esquema de trabajo específico. Las autoridades federales deben garantizar un cupo mínimo de 130 traslados por semana.

Según los términos del escrito, la totalidad del operativo de descongestión de las sedes policiales tendrá que finalizar en un lapso máximo de cuatro meses desde su inicio. Esta decisión buscó dar cumplimiento a una sentencia de fondo dictada originalmente en julio de 2020, la cual ordenaba que nadie permaneciera detenido de forma permanente en lugares no aptos para tal fin.

Uno de los puntos más relevantes de la resolución recayó sobre las consecuencias de ignorar este mandato. La jueza advirtió a los funcionarios responsables que si no acatan la orden, se les aplicará una multa diaria.

Dicha sanción, conocida técnicamente como astreintes, se fijó en la suma de 200.000 pesos por cada día de demora y deberá ser abonada con el patrimonio personal de los involucrados. Además, se alertó sobre la posibilidad de iniciar causas penales por los delitos de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La situación de hacinamiento en las dependencias de seguridad porteñas motivó este fallo. De acuerdo con la información recabada en el expediente, hay 2.449 privados de su libertad en instalaciones de la fuerza local. De ese total, 365 se encontraban en calabozos de comisarías vecinales, 1.978 en alcaidías y 81 en sitios de tránsito. El documento judicial destacó que la capacidad operativa de la Policía de la Ciudad se hallaba ampliamente superada.

La población carcelaria

El análisis de la población carcelaria reveló que la gran mayoría de estos internos ya no deberían estar bajo custodia policial. Las cifras indicaron que 2.170 detenidos tenían su situación legal definida: 1.764 contaban con prisión preventiva dictada, mientras que 269 poseían condena firme y otros 137 aguardaban que su sentencia quedara firme. Sin embargo, el fallo aclaró que, en esta instancia, no corresponde hacer distinciones entre condenados y procesados, ya que todos deben ser alojados en prisiones federales.

Durante el desarrollo del conflicto judicial, que lleva más de cinco años, se estableció que las comisarías no son espacios diseñados para el cumplimiento de penas ni para estancias prolongadas. La jueza, además, remarcó que la función de custodia de presos corresponde por ley y convenios vigentes al Servicio Penitenciario Federal.

Y agregó en sus fundamentos que la Policía porteña carece del entrenamiento y los recursos necesarios para suplir el rol de los guardiacárceles, lo que impide garantizar las condiciones dignas de detención y los objetivos de resocialización previstos en la normativa nacional.

El Juzgado N° 3 rechazó los argumentos presentados por la administración penitenciaria federal, que sostenía haber cumplido con cupos fijados anteriormente.

La resolución explicó que la realidad del delito y las detenciones es dinámica, por lo que aferrarse a números de ingresos establecidos tiempo atrás resultaba insuficiente frente al crecimiento exponencial de la población detenida. Actualmente, el sistema federal solo aceptaba un promedio de 80 ingresos semanales, cantidad que el Juzgado consideró inadecuada para resolver la crisis.

Además de las intimaciones a los funcionarios nacionales, la orden judicial incluyó directivas para la fuerza de seguridad local.

La jueza Maiorano se dirigió al Jefe de la Policía de la Ciudad para prohibirle alojar nuevos detenidos con situación procesal resuelta en sus comisarías una vez iniciado el plan de traslados. Si bien no se le aplicarán multas económicas, el titular de la fuerza también quedó bajo apercibimiento de enfrentar cargos penales si no respeta esta prohibición de ingreso.

La imagen de un detenido entrando esposado a un cementerio -rodeado de agentes del Servicio Penitenciario, con la cabeza baja en esa larga y densa caminata hasta una lápida solo conocida por él- puede resultar incómoda. La gente que está presa, ¿puede “salir” a despedir a un familiar o amigo?

¿La cárcel corta de raíz todos los vínculos con el mundo exterior o la Justicia admite ciertos hechos excepcionales como asistir a un velorio o a una inhumación? En el imaginario popular, castigar a una persona suele implicar una serie de privaciones sino todas las que se puedan contar, pero la ley no opera de esa manera y fija pautas en torno a ciertas situaciones.

En Argentina, la respuesta no depende solo de la “buena voluntad” de un juez. El tema está regulado por la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que establece el marco general sobre cómo se cumple una condena. Esa norma -de alcance nacional- no se ocupa tanto del motivo por el cual una persona fue condenada, sino de las condiciones en que debe transitar su encierro: qué derechos conserva, qué salidas excepcionales puede tener y cuál es la finalidad de la pena.

El punto central para los casos de velorios y entierros es el artículo 166 de la Ley 24.660. Allí se regulan los permisos de salida por “deberes morales”. El artículo refiere que “el interno será autorizado, en caso de enfermedad o accidente grave o fallecimiento de familiares o allegados con derecho a visita o correspondencia, para cumplir con sus deberes morales, excepto cuando se tuviesen serios y fundamentados motivos para resolver lo contrario.”

En el año 2017 se introdujo una modificación al texto de este artículo, precisando que en los casos de las personas procesadas o condenadas por delitos contra la integridad sexual o en los supuestos en que el juez lo estimare pertinente, se exigirá que ese acompañamiento esté a cargo de dos empleados del Servicio de Custodia, Traslados y Objetivos Fijos del Servicio Penitenciario Federal.

En pocas palabras, la norma indica que el interno puede ser autorizado a salir, por un tiempo limitado, en supuestos de enfermedad o accidente grave o fallecimiento de familiares o allegados con quienes mantenga un vínculo significativo. La regla es que el permiso se conceda, siempre que no existan serios y fundados motivos para denegarlo. La excepción es la negativa, que debe estar debidamente justificada.

Estos permisos no interrumpen la pena ni modifican el cómputo de la condena: son salidas breves, estrictamente controladas, que se enmarcan en la finalidad de la ejecución. La propia ley señala que las penas privativas de libertad deben cumplirse respetando la dignidad humana y favoreciendo la reinserción social.

En este sentido, el encierro no implica anular toda vida social de la persona, sino a restringir sus movimientos dentro de ciertos límites y recluir a quien cometió un ilícito. Permitir que un preso despida a un familiar encajaría en esa lógica: no es un ciudadano libre, pero no deja de ser hijo, padre, hermano.

Un fallo reciente de la Justicia trató este asunto espinoso, ya que la situación y condiciones de vida de los presos suele despertar acalorados debates. Ante el fallecimiento de su hermana, un interno alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Federal pidió autorización para concurrir al velorio y/o a la inhumación. La defensa oficial formalizó el pedido ante el tribunal competente, invocando el artículo 166 de la Ley 24.660 y señalando que se trataba de un típico deber moral hacia su familia.

A partir de allí se activó un engranaje administrativo y judicial. El Servicio Penitenciario realizó un informe social, verificó la existencia del vínculo, incorporó la partida de nacimiento de la hermana, el certificado de defunción y los datos del cementerio donde se realizaría la inhumación. También se contactó a los familiares para confirmar que estaban de acuerdo con la presencia del detenido durante la despedida. Paralelamente, se informó al tribunal sobre la logística necesaria para efectuar el traslado con custodia, la disponibilidad de móviles y la posibilidad de realizar el operativo sin afectar la seguridad.

El Ministerio Público Fiscal dictaminó que no existían objeciones jurídicas para conceder el permiso, siempre que el Servicio Penitenciario contara con los medios y adoptara las medidas de seguridad necesarias. Con esa base probatoria, el tribunal hizo lugar al pedido y autorizó una salida excepcional por deber moral, de duración muy acotada -no más de una hora-, sin computar el tiempo de viaje. El interno fue trasladado a una unidad más cercana al lugar del velatorio para facilitar el operativo y luego, finalizado el acto, debía retornar a su lugar de alojamiento original.

Luego de que se acordara un juicio abreviado, la Justicia de Mendoza sentenció a dos internos del penal de Almafuerte por la muerte bajo tortura de otro recluso. Según constataron las autoridades, los acusados habían utilizado el método del “hornito” para quitarle la vida.

El hecho ocurrió el 8 de marzo de 2025, cuando Michael Samir Cañete Tello (21) y Matías Ezequiel Jesús Araya (19) asesinaron a Darío Alexander Rodríguez Carmona (20). Al aceptar sus responsabilidades en el crimen, Cañete Tello fue condenado a 9 años y Araya a 8 años, que quedó unificada en 9 años por reincidencia y antecedentes previos.

La sentencia estuvo a cargo de la jueza penal María Cristina Pietrasanta, después de que se llegara a un acuerdo para celebrar un juicio abreviado entre la fiscal de Homicidios, Florencia Díaz Peralta, y las defensas de los acusados. De esta manera, ambos reconocieron su culpabilidad por el delito de homicidio simple de Rodríguez Carmona.

De acuerdo con la información publicada por Los Andes, los condenados emplearon un método de tortura, conocido en el ámbito carcelario como “hornito”, que consistió en una serie de agresiones y vejaciones que se extendieron durante aproximadamente cuarenta minutos. La duración de la sesión culminó con la muerte de la víctima.

La investigación determinó que la noche del crimen, en la celda 532 del sector A1 del penal de Almafuerte, en Cacheuta, Luján, los condenados y otros internos sometieron a Rodríguez Carmona a un “juego macabro”.

Según describieron, el procedimiento incluyó golpes, ataduras y el envolvimiento de la víctima en sábanas y frazadas. Posteriormente, le colocaron un colchón encima y lo introdujeron debajo de una cama, intensificando la asfixia y el sufrimiento.

La víctima había sido detenida meses antes por dos robos agravados y compartía celda con los ahora condenados.

Condenaron a los presos que tomaron de rehenes a una docente y un penitenciario

A finales de octubre, el Tribunal Penal Colegiado N° 2 de Mendoza ratificó las condenas de diez años de prisión para los cuatro internos que encabezaron la toma de rehenes en el penal de Almafuerte, ocurrida en mayo de 2023. Según las autoridades, la decisión busca reafirmar la autoridad penitenciaria y enviar un mensaje claro frente a la violencia carcelaria.

La pena recayó sobre Omar Alexander Gómez Cortez, Ricardo Cortez Acosta, Pablo Morales Montenegro y Héctor Mercado López, todos con antecedentes penales de extrema gravedad y participación en otros incidentes dentro del penal. Por esto, aclararon que se ampliarán las penas previas que ya cumplían dentro de la cárcel.

El episodio que motivó la condena ocurrió el 24 de mayo de 2023, alrededor de las 16:00, durante una jornada educativa en el Sector de Educación del Módulo 5. En ese contexto, los internos iniciaron una revuelta y retuvieron como rehenes a un docente de la Dirección General de Escuelas (DGE) y a un agente del Servicio Penitenciario.

La investigación determinó que los acusados recurrieron a esta medida de fuerza para exigir la presencia de un juez y plantear reclamos vinculados a derechos humanos. La intervención inmediata de personal especializado permitió controlar la situación y garantizar la seguridad de las víctimas.

En el caso de Héctor Mercado López, acumuló una condena total de 35 años por homicidio criminis causa y ya había estado implicado en otra toma de rehenes en el mismo complejo, además de estar vinculado a reiterados episodios de violencia intramuros.

Omar Alexander Gómez Cortez contaba con más de 23 años en prisión, con antecedentes por robo agravado, homicidio en grado de tentativa y evasión. Su historial incluye un crimen que derivó en la sanción de la Ley Petri, normativa que restringe beneficios para presos reincidentes, y es considerado uno de los internos más peligrosos del sistema penal mendocino.

Por su parte, Pablo Morales Montenegro cumple una condena de más de veinticuatro años por robo agravado y otros delitos; en 2014, protagonizó un intento de fuga disfrazado de mujer, hecho que lo hizo conocido dentro del penal, y también registra antecedentes de violencia y evasión.

Finalmente, Ricardo Cortez Acosta fue condenado por homicidio cometido cuando era menor de edad y actualmente cumple una pena de seis años y seis meses, con antecedentes por robos agravados y participación en motines.

Los presos hicieron un ardid para poder fugarse. Según informó a medios locales el subjefe de la Departamental Paraná, Comisario Hernán Góngora, uno de ellos simuló estar descompuesto. Esto motivó la asistencia de los guardias y les dio la oportunidad a los otros de entrar en escena, amedrentar a los agentes penitenciarios y huir. Se estima que participaron unos 10 internos del pabellón 5, que empuñaban armas “tumberas”.

Dos guardiacárceles resultaron heridos. El incidente se produjo en el pabellón 5 a eso de las 18. Las primeras informaciones dan cuenta de que hubo un tercer interno que logró franquear la salida, pero fue recapturado de inmediato.

Una vez fuera, los presos, alojados en la Unidad Penitenciaria 1, robaron una moto a pocas cuadras del penal y huyeron en contra mano. De inmediato, se informó a la Policía que montó un operativo para dar con los prófugos.

En un primer momento, se los buscó en inmediaciones de la cárcel. El sistema del 911 permitió identificar que habían sustraído el rodado. Y, a pocas cuadras de allí, encontraron tirada en la calle una faca, un elemento corto punzante de fabricación casera que se utiliza en las peleas carcelarias.

La Policía trabaja en la hipótesis de que el escape estaría relacionado con un hecho ocurrido en el barrio Nueva Ciudad. Allí, una mujer resultó herida con un arma blanca. Sería, según las primeras averiguaciones de la fuerza de seguridad, pariente de uno de los internos de la UP1 que escaparon, por lo que creen que habrían intentado vengarse.

Los tres internos evadidos fueron recapturados por personal policial en la intersección de las calles Blas Parera y Martín Fierro. El lugar está muy lejos de la UP1 y cerca de la zona de salidas de Paraná.

De hecho, este punto es cercano al barrio Nueva Ciudad, donde la mujer pariente de uno de los presos recibió la herida luego de una disputa en la que habrían participado otras mujeres.

Los presos no fueron devueltos a la UP1; por el contrario, quedaron a disposición de la Fiscalía en Turno. En paralelo, personal policial realizaba pesquisas en la cárcel para determinar si más internos participaron de la fuga, delimitar las responsabilidades de los agentes penitenciarios y analizar la situación en la que se produjo el hecho.

Uno de los guardiacárceles herido fue trasladado a un nosocomio local donde se constató que su cuadro no representa un caso de gravedad. El uniformado quedó en observación.

Caracas, 14 dic (EFE).- Los familiares de los presos políticos instalaron este domingo la "mesa de los que esperan", en Caracas, como una forma de protesta para exigir la liberación de estas personas antes de la celebración de la Navidad.

"Estamos exigiendo una Navidad sin presos políticos, porque la Navidad representa la esperanza, representa la unidad familiar y representa la alegría", señaló Diego Casanova, activista de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, desde la plaza Bolívar de Chacao, en el este de Caracas.

Los manifestantes instalaron una mesa alargada en la plaza con un mantel negro, velas doradas, servilletas de tela rojas y platos donde había bambalinas con los nombres de todos los presos políticos, la mayoría detenidos tras las elecciones presidenciales de julio del año pasado en los que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro.

Además, tenían pancartas en las que exigían la liberación de sus familiares, y frases como: "Venezuela se viola el debido proceso", "a los familiares se les niega el derecho a visitar a los presos políticos", "pensar distinto no es un delito", así como "liberen a los adolescente injustamente detenidos".

"Nosotros creemos que es fundamental para que haya paz y retomemos la democracia y los caminos de la justicia, deben liberar a todos los presos políticos, para que ninguna mesa quede vacía en esta Navidad", añadió Casanova.

Por su parte, Luz Coello indicó a EFE que su hijo fue detenido el 31 de julio de 2024 cuando estaba regresando de hacer una diligencia y que, en ese momento, no se encontraba protestando.

Coello indicó que a su hijo lo están acusando de terrorismo e incitación al odio y actualmente está recluido en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua (norte).

"Estoy esperando la libertad de mi hijo como lo estamos esperando todas las madres que tenemos nuestros hijos, hermanos, injustamente detenidos", añadió.

De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 893 presos políticos, de los cuales 774 son hombres, 119 mujeres y cuatro son adolescentes de entre 14 y 17 años de edad, de acuerdo a su último reporte publicado el pasado 10 de diciembre.

El Gobierno de Nicolás Maduro y la Fiscalía General niegan que en el país haya detenidos por motivos políticos e insisten en que estas personas han cometido diversos delitos.

Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, se convirtió en un modelo de conducta para internos y autoridades en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, según testimonios recogidos por Paris Match.

A pesar de soportar un proceso judicial de alto perfil en una de las cárceles más estrictas de Estados Unidos, Mangione recibió permisos excepcionales, como vestir traje durante las audiencias y trabajar dentro del penal, gracias a una conducta intachable.

El entorno institucional del MDC depositó en él una confianza poco común. El abogado Arthur Aidala, conocedor del sistema por representar a internos notorios del centro, afirma que Mangione es “muy apreciado por todos”.

Destaca que su comportamiento es “impecable”, que respeta las reglas y que nunca fue sancionado, lo que le permitió recibir encargos internos como la limpieza de las duchas. Un privilegio que, el medio sostiene, solo obtienen quienes demuestran buena conducta y fiabilidad.

Aidala resaltó para Paris Match que, en una prisión donde son frecuentes los incidentes disciplinarios y la entrada de objetos prohibidos, Mangione sobresale por su adhesión estricta a las normas. Este buen comportamiento es reconocido tanto por el personal penitenciario como por la administración del centro.

La red de apoyo y el apodo “el embajador”

Entre los internos, Mangione se ha ganado el apodo de “el embajador”, símbolo de su papel como guía y apoyo para los recién llegados.

Aidala señala que Mangione ayuda a quienes entran desorientados, explicándoles las normas básicas de convivencia.

Michael Daddea, compañero desde marzo, narró cómo fue recibido cordialmente y cómo ambos, de origen italiano, entablaron una amistad que incluyó la participación conjunta en celebraciones religiosas como el Miércoles de Ceniza. Además, Mangione revisa la prensa todos los días para conocer cualquier novedad sobre su caso.

La rutina diaria de Mangione implica gestionar hasta 200 cartas de apoyo. Lleva un registro detallado en un catálogo manuscrito que luego digitaliza y publica online para que los remitentes puedan confirmar la recepción de sus mensajes.

Mangione expresa su agradecimiento por cada muestra de apoyo y afirma que lee todas las cartas, aunque no siempre puede responder individualmente. Mantiene también una activa comunicación pública con sus seguidores.

Tras cumplir 27 años, elaboró una lista titulada “27 cosas por las que estoy agradecido”, agradeciendo a su familia, amigos, personal de la prisión, a quienes envían libros —que comparte con otros internos— y a los “Chicken Thursdays”, los días en que se sirve pollo en el comedor, así como a su abogada y a quienes colaboran con su fondo legal.

Respaldo internacional y desafío judicial

El apoyo externo a Mangione ha sido extraordinario. Según Paris Match, más de 30.000 personas realizaron donaciones, llegando a recaudar USD 1,37 millones en la plataforma GiveSendGo, muy cerca del objetivo de USD 1,5 millones para su defensa.

Destaca un aporte anónimo de USD 50.000 motivado por experiencias personales con el sistema de salud. Mangione ha enfatizado su agradecimiento tanto a conservadores como a progresistas, remarcando el carácter transversal de este respaldo.

El apoyo social y financiero recibido ha tenido un impacto favorable en Mangione, quien, señala Paris Match, parece haber encontrado un propósito en prisión.

Tras la desestimación de los cargos de terrorismo por parte del juez Gregory Carro al considerarlos “legalmente insuficientes”, Mangione y su equipo legal enfrentan ahora un nuevo proceso federal programado para enero. En este juicio, podría ser condenado a la pena de muerte.

El reconocimiento y la solidaridad de miles de personas han dado un nuevo sentido a la experiencia de Mangione en el MDC de Brooklyn, según concluye Paris Match.

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) ejecutó este jueves un nuevo operativo de reordenamiento en la región altiplánica con el traslado de 26 internos desde el Establecimiento Penitenciario de Juliaca hacia el penal de Puno. La medida forma parte del plan inmediato para reducir los niveles de hacinamiento y mejorar las condiciones de alojamiento en los recintos penitenciarios, una estrategia impulsada por el presidente del Inpe, Iván Paredes Yataco. Según la entidad, el penal de Puno cuenta con mayor capacidad de albergue, lo que permitirá una distribución más equilibrada de la población carcelaria.

Desde las primeras horas de la mañana, agentes penitenciarios y autoridades del penal de Juliaca llevaron a cabo el traslado bajo estrictos protocolos de seguridad. El desplazamiento fue supervisado para garantizar la integridad de los internos y el orden durante todo el proceso. Con esta acción, el Inpe busca avanzar en la reorganización operativa en los penales de la región, priorizando la reducción del hacinamiento que afecta a diversos establecimientos del país.

Reordenamiento penitenciario

El traslado responde a lo dispuesto en la Resolución N.° D000195-2025-INPE-ORAP, emitida por la Oficina Regional Altiplano Puno y dirigida por Víctor Gonzales Lazo. El documento ordena la reubicación de internos del régimen ordinario como parte de un proceso más amplio de adecuación de la capacidad penitenciaria. Según el Inpe, esta medida permitirá que los reclusos tengan acceso a espacios más apropiados para su alojamiento y a un tratamiento penitenciario acorde con los estándares establecidos.

Además de aliviar la saturación de Juliaca, la reubicación facilita que los internos reciban un manejo más adecuado dentro del sistema penitenciario. El Inpe destacó que estas acciones forman parte de un enfoque progresivo que busca garantizar la seguridad interna, evitar la formación de estructuras delictivas dentro de los penales y optimizar los recursos disponibles en cada establecimiento.

Enfoque en reinserción

La institución penitenciaria señaló que las acciones desarrolladas en Puno y Juliaca se enmarcan en una política más amplia orientada a fortalecer las condiciones para la resocialización de los internos. Con una distribución más equilibrada, los establecimientos pueden ofrecer mejores oportunidades para el desarrollo de actividades productivas, educativas y de tratamiento individual, aspectos clave dentro del proceso de reinserción social.

El Inpe reafirmó que continuará desplegando medidas de reordenamiento en diversos penales del país, priorizando aquellos con mayor sobrepoblación. Estas labores buscan no solo descongestionar los establecimientos, sino también asegurar entornos más seguros y condiciones que permitan a la población penal acceder a programas que contribuyan a su recuperación y retorno adecuado a la sociedad.

INPE frustra ingreso de chips

Un reciente incidente en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho puso de relieve los desafíos que enfrenta la seguridad carcelaria en el Perú. Durante una revisión de rutina, el agente pastoral David Aguilar Mendoza fue detectado portando dispositivos electrónicos prohibidos: dos chips y una memoria micro SD. Estos elementos, considerados de alto riesgo, evidencian tanto la eficacia de los controles implementados como la necesidad de vigilancia constante en uno de los penales más poblados del país.

El objetivo de Aguilar Mendoza era reunirse con internos del pabellón 18, pertenecientes a una congregación religiosa que recibe asistencia pastoral. Este hecho subraya la importancia de equilibrar el acceso a servicios espirituales con la protección de la integridad institucional, garantizando que actividades legítimas no comprometan la seguridad del establecimiento. La intervención se realizó siguiendo estrictamente los protocolos internos, lo que permitió una respuesta inmediata y coordinada.

El personal penitenciario notificó de manera inmediata al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú, quienes se encargaron de realizar las diligencias e investigaciones correspondientes.

Las autopsias realizadas por las autoridades ecuatorianas evidenciaron que los diez internos encontrados sin vida en la prisión del Litoral, en Guayaquil, tenían edades comprendidas entre 19 y 49 años y fallecieron, en todos los casos menos uno, debido a patologías respiratorias, principalmente tuberculosis. Tanto el Ministerio del Interior como el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) confirmaron estos datos tras identificar los restos y analizar las causas de muerte, según detalló el diario Primicias.

De acuerdo con la información publicada por Primicias, los internos murieron en distintas fechas, todas a partir del 14 de noviembre, y solo uno de los fallecidos presentaba signos de violencia. El resto de los cadáveres mostraba indicios claros de delgadez extrema y un marcado deterioro físico atribuible a enfermedades respiratorias severas, incluyendo tuberculosis. Las autoridades ecuatorianas especificaron que las muertes se vinculan directamente con un brote de estas patologías, que ya había causado preocupación en el sistema penitenciario nacional meses antes.

El Ministerio del Interior informó al diario Primicias que estas muertes se suman a los ocho fallecimientos reportados a principios de noviembre en el mismo centro penitenciario y en la cárcel Regional de Guayaquil. La mayoría de esos casos anteriores también ha estado asociada al deterioro físico por enfermedades crónicas y condiciones carenciales, de acuerdo con fuentes penitenciarias citadas por el medio.

Según reportó Primicias, Ecuador ya había enfrentado en marzo de este año un brote de tuberculosis en su red penitenciaria, el cual afectó a doce de sus más de treinta prisiones. El Ministerio de Salud publicó que en la cárcel del Litoral se concentró más de la mitad de los 1.115 casos identificados, situación que puso en alerta a las autoridades sanitarias y penitenciarias por la velocidad de transmisión y la magnitud del contagio en condiciones de hacinamiento y precariedad.

El organismo SNAI, según consignaron las fuentes citadas por Primicias, enfatizó la importancia de las fechas de fallecimiento, todas posteriores al 14 de noviembre, como un indicador del rápido deterioro de la situación sanitaria dentro del penal. Las muertes atribuidas principalmente a infecciones respiratorias reflejan no solo la expansión del brote de tuberculosis, sino también las deficiencias estructurales en la atención médica disponible para la población reclusa.

Tal como publicó Primicias, la autoridad sanitaria nacional y el SNAI comenzaron a implementar protocolos de emergencia en las cárceles más afectadas, centrados en el aislamiento de casos, el rastreo de contactos y el refuerzo de los controles médicos rutinarios. El ministerio informó que la vigilancia epidemiológica se mantiene activa, aunque el número de casos confirmados desde marzo continúa proporcionando un desafío operativo y logístico considerable.

Los datos publicados por Primicias subrayan que la tuberculosis representa un riesgo persistente dentro de los centros de reclusión, especialmente en instalaciones donde el hacinamiento y las carencias en el acceso a la salud dificultan el control efectivo de epidemias. El brote registrado este año no solo motivó alertas internas en el sistema penitenciario, sino que también activó la intervención de equipos especializados del Ministerio de Salud para reforzar la vigilancia y los tratamientos disponibles en prisión.

La situación descrita en la prisión del Litoral y en la cárcel Regional de Guayaquil no es un hecho aislado, sino que forma parte de la dinámica sanitaria más amplia dentro del sistema penitenciario ecuatoriano. Las estadísticas oficiales sugieren la necesidad de medidas adicionales para contener y revertir los riesgos asociados a la propagación de enfermedades infecciosas entre la población reclusa. Según detalló el medio Primicias, las autoridades siguen investigando la evolución del brote, así como posibles nuevas vías de contagio entre internos.

Las autopsias y los informes médicos recopilados por las autoridades, publicados por Primicias, confirman que solo uno de los reclusos fallecidos en este período mostraba lesiones compatibles con violencia física. El resto evidenció complicaciones resultado de enfermedades infecciosas y condiciones de salud deterioradas. Este patrón refuerza la tendencia observada en brotes epidemiológicos anteriores dentro de las cárceles del país.

El Ministerio del Interior, según reportó Primicias, mantiene en marcha el seguimiento de los casos, en coordinación con el SNAI y el Ministerio de Salud, con el objetivo de actuar de forma preventiva y reducir los riesgos de nuevos brotes de tuberculosis y otras afecciones entre la población penitenciaria. Las autoridades han hecho un llamado a continuar con la aplicación de estrategias integrales de salud en los centros de privación de libertad, priorizando la detección temprana, el aislamiento de casos y el tratamiento oportuno de las enfermedades.

El documento de Primicias finaliza detallando que las investigaciones en curso buscan esclarecer las circunstancias de las muertes recientes y evaluar la infraestructura existente en las cárceles, para determinar las responsabilidades institucionales y definir acciones de respuesta más eficaces ante crisis epidemiológicas dentro del sistema penitenciario ecuatoriano.

Entre los múltiples creadores de contenido que hay en Colombia, Alejandro Escallón se destaca por tener una plataforma digital de gastronomía, que tiene como objetivo recomendar restaurantes y platos en Bogotá.

Este proyecto incluye un canal de YouTube llamado B.eats, en el que se afirma que el propósito es resaltar como la “comida une”, por lo que en el último video publicado visitaron la Cárcel Distrital de Bogotá para “compartir y escuchar historias que también merecen un lugar en la mesa”.

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Antes de ingresar a las instalaciones, el creador de contenido habló con Adriana Patricia Hernández, directora de la Cárcel Distrital, que explicó como funciona el “rancho” allí.

“Tenemos autonomía, dependemos de la Secretaría de Seguridad. Deben tener un administrador, un chef que trabaja con ellos. Nosotros estamos para verificar para que todo lo que reciba el privado esté bien”.

En segundo lugar, hablaron con Miguel Ángel, el chef profesional que se encarga de trabajar con los reclusos en la elaboración del menú diario, que incluye seis platillos.

“Este es un taller, ellos no tienen descuentos, pero ofrece un salario que se le envía a un familiar”, explicó el profesional, que trabaja con 28 internos divididos en grupos de 14 personas.

El primer turno de internos debe comenzar a trabajar sobre las 4:30 a. m. para que una hora y media después sea entregado el desayuno, esto incluye la revisión por parte de personal médico que garantiza que se cumpla con los requisitos de salubridad.

Al conocer a los reclusos, tuvieron la oportunidad de hablar con José Castillo, que narró lo que lo motivo a trabajar en la cocina de la cárcel. “Me gustaba mucho cocinar, miraba las preparaciones por internet y las hacía. Estar acá para mí es algo maravilloso, quiero salir rápido y estudiar”.

En el depósito de la cárcel hay un supervisor que se encarga de entregar la cantidad de alimentos necesaria para cada preparación, evitando con ello que exista algún tipo de irregularidad.

Además de las cantidades masivas de comida que realizan a diario, el programa incluye talleres en los que los internos aprenden a realizar preparaciones de alta cocina. “Esas se las comen los internos, es parte de los beneficios que incluye participar del programa. Ellos no tienen que saber cocinar, tienen que tener la disposición”, indicó el encargado de supervisar el taller.

“Entre internos no hay jerarquía”, indicó José Castillo, que afirmó que al interior de la cocina todos son aprendices y deben tener la disposición de estar prestos a lo que dispongan los maestros.

Debido al horario en el que estaba, el creador de contenido solo pudo comer el segundo refrigerio del día, que fue arroz con leche. Al respecto, Escallón indicó que tenía buen sabor.

“No había visto una preparación tan grande de arroz con leche”, comentó el youtuber sobre las tres ollas grandes que son utilizadas para alimentar a todos en la prisión.

Por último, visitaron la panadería de la cárcel, en donde se especializan los alumnos que más trabajan. Sobre las preparaciones elaboradas allí, explicaron que son entregadas a los reclusos que tienen un comportamiento positivo.

“Los profes nos enseñan que los productos son como para la familia, son de la mejor calidad lo que tenemos que hacer. A diario hacemos productos nuevos, podemos también vender lo que hacemos acá y se utiliza para el mantenimiento del taller”.

Sobre su experiencia en la Cárcel Distrital, Escallón indicó que le gustaba conocer que hay proyectos de esa índole en el país; “Sueñan con seguir cocinando, enseñarles cosas que pueden hacer afuera, es chévere”, puntualizó.

Al menos 47 presos cubanos fueron víctimas de 67 violaciones a los derechos humanos durante octubre, incluidas la muerte de dos reclusos, según informó este miércoles el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) en su informe mensual.

La organización independiente, con sede en México, detalló que “se notificaron, total o parcialmente, trece funcionarios penitenciarios (una mujer y doce hombres) como autores directos de las violaciones registradas”, registrando casos de hostigamiento, negación de atención médica, condiciones de vida inadecuadas y golpizas como fenómenos recurrentes en el sistema penal.

Entre las situaciones documentadas por el CDPC destacaron 50 incidentes de hostigamiento, 24 casos de negación de atención médica, 12 reportes de condiciones de vida inadecuadas, 10 traslados arbitrarios, 9 problemas de alimentación y 7 episodios de golpizas o tortura física. Además, la organización alertó sobre la propagación de enfermedades contagiosas, señalando que en al menos dos campamentos de trabajo forzado hubo brotes de dengue, chikunguña y fiebre de oropouche, enfermedades epidémicas señaladas recientemente por las autoridades sanitarias.

En cuanto a las muertes, el CDPC responsabilizó a la “atención médica negligente” por el fallecimiento de Serguey Marrero Faure en la prisión de Guantánamo, después de que le detectaran un trombo en la pierna sin recibir tratamiento adecuado. La otra víctima mortal, Yoendris Tornés, fue hallado ahorcado en el baño de una empresa en la que realizaba trabajos forzados, en La Lima, La Habana.

En su informe anual, la ONG reportó al menos 60 muertes en las cárceles cubanas entre marzo de 2024 y marzo de 2025. De acuerdo con el documento, 47 de estos decesos estuvieron vinculados a problemas de salud física o mental y a la falta de atención médica oportuna, mientras que siete se relacionaron con actos de violencia física.

El panorama descrito por el CDPC encuentra respaldo en los datos aportados esta semana por Prisoners Defenders, organización internacional dedicada a la defensa de derechos humanos, que denunció la existencia de 1.179 presos políticos y cientos de muertes relacionadas con torturas, enfermedades e insuficiente atención médica en los penales del país.

Según el reporte recogido por Prisoners Defenders, en octubre se sumaron once nuevos presos políticos, coincidiendo con episodios que denuncian represión creciente no solo contra activistas sino también contra ciudadanos sin militancia política. La entidad resaltó que el hacinamiento, la desnutrición, la falta de medicinas y la violencia institucional han convertido a las cárceles cubanas en lugares de alto riesgo, tanto para la integridad física como para la salud mental de los internos.

Sobre el impacto de la crisis carcelaria en Cuba, Prisoners Defenders agregó que “463 prisioneros presentan patologías graves y 40 padecen trastornos mentales sin atención sanitaria”. Además, 35 menores de edad permanecen en prisión por delitos políticos, muchos de ellos condenados por “sedición” hasta una media de cinco años.

Durante octubre, la situación sanitaria de las cárceles se agravó debido al paso del huracán Melissa, que provocó evacuaciones y empeoró condiciones de hacinamiento y precariedad en centros penitenciarios como Aguadores, en Santiago de Cuba, y Combinado del Sur, en Matanzas, donde, según la organización, “cuando se enferman, los aíslan, pero no tienen ni un solo medicamento para darles”.

Según Prisoners Defenders, en los últimos doce meses ingresaron en prisión 155 nuevas personas por motivos políticos, y desde julio de 2021, han sido privadas de libertad 1.906 personas bajo cargos relacionados con el ejercicio de derechos fundamentales. La entidad concluyó que el patrón represivo en Cuba es “estructural y sistemático” y exigió una respuesta urgente de la comunidad internacional frente a la gravedad de las denuncias.

(Con información de EFE)

Durante la jornada del 11 de noviembre de 2025 se dieron a conocer detalles de la protesta de dos privados de la libertad en una cárcel de Santander, lo que demostró las dificultades que enfrentan los reclusos en medio de su condena. En esta ocasión, los involucrados decidieron someterse a una estricta huelga de hambre al coser su boca.

Según confirmó Hernando Mantilla, defensor de los Derechos Carcelarios en Santander, en diálogo como la emisora W Radio, los presos llevan casi una semana con la boca cosida, en lo que describió como una forma extrema de protesta, con el fin de exigir su traslado a centros penitenciarios que estén más cerca de sus familias.

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La situación fue calificada por Mantilla como de alta gravedad por sus implicaciones en materia de derechos humanos, lo que obligó a la administración penitenciaria a activar protocolos de seguridad y atención médica.

De acuerdo con la información proporcionada por el director del penal al vocero, los internos han sido hidratados mediante sueros, teniendo en cuenta que la costura de sus labios les impide ingerir alimentos de manera convencional.

“Hace seis días aproximadamente dos internos entraron en una huelga de hambre, pues no es sencillamente que no reciban alimentos como tal, sino que se cosieron la boca, eso obviamente es muy delicado porque tiene que ver con derechos humanos propiamente dichos, sobre todo el derecho más fundamental de todos que es la vida”, detalló Mantilla a W Radio.

¿Por qué se cosieron la boca los presos en Santander?

Mantilla indicó que la solicitud de los reclusos está orientada a solicitar que sean enviados a cárceles ubicadas cerca de sus familiares, que residen en ciudades apartadas, por lo que viajar hasta la cárcel de Palogordo no se les facilita, debido a la distancia y la situación económica.

El defensor se refirió a la complejidad de la situación, señalando que ha gestionado numerosas solicitudes similares en busca de lo que los internos denominan “acercamiento familiar”, por lo que tomaron estas medidas extremas.

“Los internos piden el traslado a cárceles cercanas a la familia de ellos. Aquí el problema está en lo siguiente, yo soy testigo de eso porque he hecho miles de solicitudes de traslados de internos buscando lo que ellos también llaman el acercamiento familiar. Es muy fregado y desde varios puntos de vista que un interno esté en Bucaramanga y la familia esté como esos dos señores, la una en Villavicencio y la otra en Barranquilla, es difícil”, afirmó Mantilla en su declaración a la emisora.

Del mismo modo, se confirmó que la petición de traslado de los internos ya fue remitida a la dirección nacional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), por lo que los encargados del centro penitenciario en Girón ya están a la espera de una respuesta oficial.

Cabe mencionar que en el departamento de Santander, la demanda de traslados por motivos familiares es frecuente, teniendo en cuenta que allí la población carcelaria ha presentado diferentes inconvenientes, como es el caso del hacinamiento y la inseguridad de los internos ante la falta de control en los ingresos de los visitantes en los días autorizados.

Ante la petición de los dos presos involucrados, Mantilla recordó que la Corte Constitucional estableció el acercamiento familiar como un pilar fundamental para la resocialización de los internos, argumento que respalda la mayoría de las solicitudes presentadas ante las autoridades penitenciarias.

Por ahora, la ciudadanía está atenta al desenlace de la huelga de hambre, teniendo en cuenta que este no es el primer caso presentado en el cetro penitenciario en los últimos años.

Una operación coordinada entre el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía en la provincia de Tucumán culminó este martes con la detención de cuatro personas en El Cadillal, entre ellas dos efectivos policiales que ya fueron puestos en disponibilidad. La investigación determinó que los oficiales utilizaban a dos presos para realizar trabajos de albañilería.

Todo comenzó a partir de una serie de llamadas anónimas, que alertaron sobre movimientos inusuales de personas con antecedentes en la zona. Estas denuncias motivaron una investigación reservada bajo instrucción del jefe de Policía, comisario general Joaquín Girvau, y su segundo, comisario general Roque Yñigo, que finalmente derivó en el procedimiento policial.

Según informó el mismo Gobierno de Tucumán, el operativo se desarrolló en las inmediaciones de la localidad turística de El Cadillal, conocida por su dique y afluencia de visitantes, donde se detectó la presencia de los reclusos.

De acuerdo con la información del Gobierno de Tucumán, dos de los detenidos eran hombres que debían estar cumpliendo condena y alojados en la Comisaría Chuscha. Sin embargo, describieron que los policías implicados eran quienes facilitaban la salida de los reclusos y, presuntamente, encubrieron las circunstancias en que el hecho ocurrió.

El procedimiento policial contó con la presencia en el lugar del ministro de Seguridad de Tucumán, Eugenio Agüero Gamboa, acompañado por los máximos jefes policiales provinciales que supervisaron la recuperación de los reclusos y el arresto de los uniformados.

Las medidas administrativas, dispuestas en el marco de una política de depuración interna de la fuerza, comenzaron de inmediato. Las autoridades confirmaron que los dos efectivos policiales pasaron automáticamente a disponibilidad y se iniciaron sumarios administrativos para determinar las responsabilidades funcionales y penales correspondientes. La situación procesal de los civiles aprehendidos también permanece bajo análisis judicial.

Según detallaron fuentes oficiales, el operativo responde a “un plan de saneamiento institucional que busca erradicar prácticas incompatibles con la función pública y reforzar la confianza de la ciudadanía en la Policía de Tucumán”.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue notificado de lo sucedido y procedió a firmar la baja preventiva de los funcionarios policiales involucrados. El propio mandatario instruyó que todas las situaciones irregulares serán informadas de inmediato a la Justicia y los responsables no volverán a la fuerza.

Detuvieron a dos policías por un violento asalto a una fábrica de plásticos en Rosario

A principios del mes de octubre, dos policías de Rosario fueron detenidos este miércoles por estar sospechados de haber participado en un violento asalto en una fábrica de plásticos, ubicada en la ciudad de Granadero Baigorria el pasado 19 de septiembre. Se trata de Aldo Emanuel R. (31) de Asuntos Internos y Pablo Guillermo F. (40), subinspector del Comando Radioeléctrico, quienes fueron aprehendidos en un operativo de la brigada operativa de la Policía de Investigaciones.

De acuerdo con la investigación que encabeza la fiscal Karina Bartocci, Aldo R. y Pablo F. fueron junto a otras personas en un Eco Sport sin patente hasta la planta de plásticos situada en Las Malvinas al 2700, donde ingresaron con vestimentas policiales, rostro tapado y armas en mano para indicar que debían hacer un allanamiento, aparentemente, por una causa por lavado de activos.

Sin exhibir papel alguno, redujeron al dueño y a otra persona y los llevaron hasta una de las oficinas de la fábrica, donde sustrajeron una bolsa en la que había 19 millones de pesos.

Según el relato del dueño de la firma PlastiTec, al menos tres de los ladrones tenían prendas policiales, armas cortas y largas y chalecos balísticos. Agregó que todos usaron pasamontañas para que no se les reconociera ninguna facción del rostro.

De acuerdo con la declaración de la víctima, los implicados luego le dijeron que no iban a detenerlo y que iba a ser citado por el Ministerio Público de la Acusación para brindar testimonio. Le dejaron un supuesto papel de recibo del dinero “secuestrado” que, en realidad, era un formulario de cadena de custodia que utiliza la Fiscalía cuando se incauta material de interés en una causa.

La brigada operativa de la Policía de Investigaciones arrestó a Aldo R. en un allanamiento, donde se secuestraron varios elementos que quedaron a disposición de la fiscal Bartocci. En tanto, el subinspector del Comando Radioeléctrico fue detenido mientras estaba de servicio en la zona noroeste de Rosario.

A los agentes sospechados se les incautaron las pistolas reglamentarias, cargadores, cartuchos calibre 9 milímetros, 11.25 y calibre 38.

La Guardia Civil ya dispone de dos nuevos vehículos “inteligentes” para el traslado de presos. Se trata de un autobús de 35 plazas y una furgoneta de 9 que han sido diseñados por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), dependiente del ministerio de Ciencia. Los dos vehículos han costado seis millones de euros y según el Ministerio del Interior “alcanzan niveles superiores de operatividad, seguridad y durabilidad” que hasta ahora no tenía la flota de la Benemérita que se encarga de trasladar a estos penados, por ejemplo, a un juzgado o a un hospital.

La Unidad de Protección y Seguridad (UPROSE) de la Guardia Civil se encarga del traslado de presos. Actualmente, tiene para ellos tres tipos de vehículos: autobuses de 28 plazas que cuentan en su interior con 14 celdas (de dos asientos cada una), aseo comunitario, y un sistema de videovigilancia con dos puestos de control que permiten a los agentes que viajan dentro ver en todo momento qué pasa en cada una de esas pequeñas celdas. Interior compró cinco de estos autobuses en 2018 con un coste cercano a los 400.000 euros la unidad. “Este tipo de vehículo es el encargado de los traslados entre los diferentes centros penitenciarios repartidos por toda la geografía nacional. Se trata de rutas largas y donde el número de presos en cada servicio es elevado”; explican fuentes de UPROSE.

En segundo lugar, están los microbuses de entre 12 y 16 plazas, “diseñados para los traslados entre prisiones por motivos de urgencia”. Estos vehículos son muy útiles para aquellas operaciones de menor envergadura, pero en las que el número de presos es relativamente elevado. Son más maniobrables en el interior de poblaciones, para trasladar a los penados a sedes judiciales. El problema es que pocos fabricantes ponen en el mercado este tipo de vehículos con las directrices técnicas que pide la Guardia Civil. Y, por último, en tercer lugar están los furgones de cinco plazas. Es el vehículo que mejor responde parar atender a los requerimientos con una cierta discreción, ya que son capaces de acceder a los garajes de las sedes judiciales o centros sanitarios.

Interior reconoce que estos tres tipos de vehículos no son los más adecuados para este tipo de servicio. ¿Por qué? Porque muchos son anteriores a la Orden INT/2573/2015, que regula los requisitos de seguridad y equipamiento que deben tener estos autobuses y furgones. Además, “las condiciones de transporte de los presos y de los escoltas son francamente mejorables en cuanto a espacio, luminosidad, seguridad y confort”. Por ejemplo, el cinturón de seguridad del trasladado es abrochado por la escolta, “con los problemas que sobre su integridad física lleva aparejado”. Las tareas de mantenimiento son deficientes, lo que “conlleva un desgaste mayor de lo habitual”.

Trasvase entre ambos vehículos

Hace falta un cambio. Por eso se han construido estos dos prototipos (un autobús de 35 plazas y un furgón de nueve plazas) para analizar cómo se adaptan a este servicio. Son tan “avanzados tecnológicamente” que permitirán “establecer un nuevo escenario operativo de cooperación entre ambos vehículos, más eficiente”. El objetivo es que el autobús funcione como vehículo nodriza para el trasvase de presos a los furgones y viceversa. “Así, el vehículo de mayor tamaño quedaría configurado como un módulo de custodia móvil”, mientras que los furgones serían los encargados de acceder a sedes judiciales o centros sanitarios. El vehículo nodriza gestiona una base de datos que integra los requerimientos y necesidades de los distintos furgones.

Los dos vehículos son “limpios, emisiones cero. Su sistema de propulsión y energía no utiliza combustibles de origen fósil”. Además, se ha intentado disminuir el acero en los materiales del diseño. Son vehículos con “alto aislamiento térmico y alta resistencia frente al fuego, la corrosión, el rayado, la abrasión y los ataques químicos y agentes biológicos”. Las celdas incluyen nuevos parámetros de seguridad y confort: son más luminosas, se limpian solas y el sistema de retención de los presos es automático. Sus sistemas de comunicación están diseñados para no ser hackeados, cuentan con un sistema de visión artificial para el reconocimiento de objetos y vehículos, así como para el análisis de comportamientos sospechosos en las inmediaciones del propio vehículo.

Autobús y furgón tienen ocultos un inhibidor automático (sin antenas exteriores que lo delaten) capaz de rechazar bandas de frecuencia. También cuentan con sistemas automáticos de lavado, desinfección y desodorización de las celdas y del aseo interior “que permitan un tratamiento rápido y eficaz de eliminación de los residuos generados”. El sistema de climatización también es “inteligente”, que fija una temperatura y calidad del aire óptimos en cada estancia en función del momento. Los vehículos fueron presentados la semana pasada en la comandancia de Málaga.

La población alojada en los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) mantiene una tendencia sostenida de crecimiento durante 2025, con casi el 40% de los detenidos sin condena. Al finalizar septiembre de este año, 12.062 personas se encontraban privadas de su libertad en las cárceles federales, según reveló el último informe trimestral de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN).

Este dato significó que la cifra de la población total tuvo un incremento de 366 personas en lo que transcurrió del año, con una suba del 3,2% respecto de la última medición de diciembre de 2024.

Además, la sobrepoblación sigue siendo una problemática vigente. Hay 529 presos por sobre la capacidad de alojamiento declarada por el SPF. Ello representó un exceso del 4,6% en unidades y complejos federales.

Este porcentaje se redujo en el tercer trimestre del año a partir de la apertura de la cárcel de Coronda -Unidad 36 de Santa Fe-, que “absorbió prácticamente el total del crecimiento poblacional registrado en 2025″, según reportó la PROCUVIN, a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili.

Cabe destacar que estas estadísticas no comprenden el total de los detenidos en causas de los fueros nacional y federal, dado que solo se contemplan los datos del SPF y no los de las cárceles provinciales, institutos penales para menores ni otras dependencias administradas por la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval o la Policía Federal Argentina.

El 39,5% de los presos no tiene condena

En cuanto a la situación procesal de los detenidos, el 60,5% de la población se encontraba cumpliendo condena a fines de septiembre. Del total, fueron 7.300 las personas sentenciadas, mientras que otras 4.761 estaban detenidas preventivamente o procesadas, lo que constituyó el 39,5% de los presos. También se registró una persona inimputable privada de su libertad.

En el transcurso de 2025, la cantidad de condenados creció un 5% (351 personas más).

Al discriminar la situación procesal por fuero, la justicia federal registró la mayor proporción de personas bajo arresto con prisión preventiva, con un 42,9%.

Mujeres, madres y población trans

El informe de la PROCUVIN también hizo énfasis en la evolución de colectivos vulnerables dentro del SPF.

El tercer trimestre de 2025 finalizó con 919 mujeres y 33 personas travesti-trans detenidas en cárceles federales. En conjunto, representaron el 7,9% del total de la población penal.

En tanto, la población de mujeres creció un 8% durante el año actual (67 mujeres más), y la población travesti-trans experimentó un leve descenso en el periodo analizado (7 detenidos menos).

Otro dato relevante aportado por el informe es que más de la mitad (51,2%) de las mujeres y personas travesti-trans se encontraban detenidas con prisión preventiva, una proporción que superó la cifra general del 39,5%. Además, el 50,4% de este colectivo estuvo a disposición de la justicia federal, mientras que el 46,4% lo estuvo de la justicia nacional.

Respecto a las madres y sus hijos, las cifras experimentaron un aumento significativo: aunque se trata de una población reducida, la cantidad registrada se triplicó durante 2025.

Se contabilizaron 15 mujeres detenidas conviviendo con sus hijos y la misma cantidad de niños viviendo con sus madres en cárceles federales. Además, se reportaron 10 embarazadas detenidas bajo custodia del SPF. La mayoría de estos casos se registró en el Complejo Penitenciario Federal VII de Ezeiza.

Menos jóvenes presos, pero la mayoría sin condena

La cifra de jóvenes de 18 a 21 años detenidos en cárceles federales fue de 292 personas en septiembre de 2025. Representaron el 2,4% de la población total.

Este colectivo registró una disminución del 12% durante 2025. Sin embargo, el informe destacó que casi 7 de cada 10 jóvenes cumplían prisión preventiva. La proporción de jóvenes sin condena firme (66%) fue significativamente superior a la de la población general (39,5%).

La mayoría de los jóvenes encarcelados son hombres (93,5%), dato que va en línea con la tendencia habitual.

Población extranjera

El 16,1% de los presos en el Servicio Penitenciario Federal son extranjeros; exactamente 1.935 personas.

Este grupo creció un 2,7% en la primera mitad del año. La gran mayoría (90%) son hombres, mientras que 9% son mujeres y 1% personas travesti-trans.

Además, el 52,7% de los extranjeros privados de su libertad (1.020 personas) están en complejos ubicados en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En el corazón de una isla noruega rodeada de pinos y aguas tranquilas, la prisión de Bastoy ha transformado radicalmente el concepto tradicional de reclusión hasta el punto de ser reconocida como la prisión más lujosa del mundo. En este enclave, conocido como la Isla del Diablo, los internos no solo disfrutan de vistas al océano y viviendas individuales, sino que también acceden a actividades recreativas y educativas que buscan su reinserción social, según un reportaje de Daily Express.

Lejos de los barrotes y el alambre de púas que caracterizan a la mayoría de los centros penitenciarios, Bastoy ofrece a cada uno de sus 115 internos una pequeña casa equipada con cocina y espacios comunes, así como una parcela de terreno para su propio cultivo. La prisión, fundada en 1982 y extendida sobre apenas un kilómetro cuadrado, funciona como un pequeño pueblo autosuficiente, donde la vida cotidiana se asemeja más a la de una comunidad rural que a la de una institución penal.

La alimentación en Bastoy marca otra diferencia notable respecto a otras cárceles europeas. Un chef profesional prepara platos que distan mucho de la comida habitual en prisión. Los internos pueden degustar “albóndigas de pescado con salsa blanca y camarones” o platos sustanciosos como “pollo con carne” y “salmón”, elaborados con ingredientes frescos y productos agrícolas cultivados en la propia isla. Esta calidad culinaria supera ampliamente la de las sopas instantáneas o el pan seco que suelen servirse en muchas prisiones británicas.

El enfoque de Bastoy se centra en la rehabilitación y la preparación para la vida en libertad. Los internos tienen acceso a una amplia gama de actividades, entre las que destacan la equitación, la pesca y clases de tenis. Muchos dedican sus jornadas al trabajo agrícola o disfrutan de la naturaleza, con la posibilidad de pasear libremente por la isla y pasar tiempo en la playa cuando el clima lo permite. La sensación de encierro es prácticamente inexistente, lo que ha llevado a que la prisión sea comparada con un campamento vacacional más que con una institución punitiva.

La prisión que es un “campamento de vacaciones para delincuentes”

Esta filosofía ha generado debate, pero sus resultados son difíciles de cuestionar. En una entrevista concedida a CNN en 2012, el director de la prisión, Arne Kvernvik Nilsen, defendió el modelo adoptado por la institución: “Y si hemos creado un campamento de vacaciones para delincuentes aquí, ¿qué importa? El objetivo es reducir el riesgo de reincidencia, porque si no lo hacemos, ¿cuál es el sentido del castigo, aparte de volver a una forma primitiva de justicia?”, declaró Nilsen a CNN.

Las cifras respaldan la efectividad de este enfoque. Solo alrededor del 16% de los exinternos de Bastoy reinciden en los dos primeros años tras su liberación, una proporción inferior a la media nacional de Noruega, que se sitúa en el 20%. Este logro se atribuye a la apuesta por la confianza, la responsabilidad y la libertad supervisada, elementos que fomentan el desarrollo de conductas positivas y facilitan la reintegración de los reclusos como miembros activos de la sociedad.

El modelo de Bastoy ha captado la atención internacional como ejemplo de cómo los sistemas penitenciarios pueden ir más allá de la mera reclusión, priorizando la rehabilitación, la reintegración social y la reducción de la reincidencia.

Un grupo integrado mayormente por mujeres fue detenido en la provincia de Córdoba, acusado de utilizar certificados médicos falsificados para ingresar objetos prohibidos en el interior del Complejo Carcelario Bouwer. Las sospechosas presentaban documentación apócrifa que decía que estaban atravesando embarazos o enfermedades graves como método para sortear los controles habituales de seguridad. De esta manera, lograban facilitar el ingreso de teléfonos celulares, dinero en efectivo y sustancias prohibidas durante las visitas a personas privadas de su libertad.

Según supo Infobae, la investigación se originó a partir de una denuncia presentada meses atrás por el Servicio Penitenciario de Córdoba, que advirtió sobre irregularidades en el sistema de visitas. Tras el avance de la causa, se consiguieron elementos suficientes para realizar un operativo que estuvo a cargo de la Unidad Judicial de Delitos Económicos. El despliegue policial incluyó 120 allanamientos simultáneos en distintos barrios de Córdoba, localidades del interior y dentro de los establecimientos penitenciarios.

Durante estos procedimientos se procedió al secuestro de dispositivos electrónicos, teléfonos móviles, CPU, más de 2 millones de pesos en efectivo, recetarios, sellos profesionales y formularios médicos apócrifos, según explicaron fuentes del caso.

El mecanismo detectado por los investigadores se basaba en la presentación de certificados médicos apócrifos que señalaban embarazos avanzados o padecimientos oncológicos inexistentes. Esa documentación otorgaba a las acusadas la posibilidad de evitar los controles corporales con el body scanner, el principal sistema de control aplicado por el Servicio Penitenciario de Córdoba para reducir el riesgo de ingresos irregulares. De ese modo, los objetos prohibidos eran ocultados y traspasados a los internos sin ser advertidos por el personal penitenciario.

En el marco de la causa, que dirige la Fiscalía de Instrucción del Distrito 11 —bajo la conducción de José Mana—, se dispusieron medidas procesales contra las principales sospechosas. Como parte del operativo, las autoridades alcanzaron sectores específicos del Complejo Carcelario Bouwer y del Establecimiento Penitenciario N.º 9 (ex UCA) donde se realizaron inspecciones y decomisos.

En este sentido, remarcaron que además de mujeres, otros involucrados podrían formar parte de la maniobra desarticulada, aunque las principales sospechadas responden a ese perfil.

Las autoridades hallaron durante los allanamientos sellos médicos originales y adulterados, copias de recetas y certificados, así como dispositivos electrónicos que serán peritados para identificar eventuales cómplices internos o externos. También más de 2 millones de pesos en distintas divisas fueron elemento de secuestro, lo que según la investigación permite presumir una organización de cierta envergadura. Los peritajes sobre los materiales incautados podrían aportar más datos acerca de la cadena de complicidad y de la magnitud del circuito ilegal.

La principal hipótesis manejada por la instrucción apunta no solo a la responsabilidad de los autores directos, sino también a la posible participación de personal penitenciario o agentes de la salud, dado el volumen de la documentación falsificada y el uso de sellos auténticos.

Por el momento, la Fiscalía de Distrito 11 mantiene abiertas varias líneas de investigación para precisar la existencia de colaboradores en la expedición ilícita de los certificados médicos y determinar si la maniobra detectada se encuentra limitada a Bouwer o abarca también otros establecimientos carcelarios provinciales.

La causa se encuentra en etapa de instrucción, mientras que el análisis de los dispositivos secuestrados permitirá establecer nuevos vínculos y detectar posibles cómplices. Las fuentes consultadas por Infobae no descartan futuras detenciones ni que la maniobra, de acuerdo al caudal de información recabada, cuente con ramificaciones desconocidas. El caso puso bajo la lupa la seguridad y los mecanismos de control del sistema penitenciario de Córdoba.

La Cámara Federal de Casación Penal desestimó este miércoles una queja presentada por la Defensoría General de la Nación (DGN) y confirmó el rechazo a una medida cautelar que buscaba suspender la aplicación de las resoluciones 1346/2024 y 429/2025 del Ministerio de Seguridad. Con esta decisión, quedaron firmes las normas dictadas por la ministra Patricia Bullrich, que regulan el dinero que perciben los internos por trabajos en prisión y establecen tareas no remuneradas obligatorias.

La Resolución 1346/2024 dispuso la “obligatoriedad para todos los internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal de participar en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes”. Esas actividades, contempló la normativa, podrán extenderse hasta cinco horas diarias y “no serán remuneradas”. En sus considerandos, el Ministerio afirmó que “la ociosidad de los internos conlleva al aumento ostensible de los índices de violencia y alteraciones al orden, a la vez que resulta funcional a una subcultura carcelaria vinculada al delito”.

La Resolución 429/2025 complementó esa disposición y limitó al 5% de la población penitenciaria la posibilidad de acceder a prestaciones personales remuneradas como única ocupación. Ese grupo debe cumplir un mínimo de ocho horas diarias. En efecto, el artículo 1° estableció: “Se podrá asignar la realización de prestaciones personales para labores generales del establecimiento o comisiones como única ocupación al cinco por ciento (5%) de las personas privadas de la libertad (…) que no lleven a cabo actividades con objetivos productivos a los fines de la reinserción social”. El artículo 2° agregó que esas personas “deberán cumplir un mínimo de ocho horas diarias y se les otorgará” el pago correspondiente, sin tomar en cuenta el salario mínimo vital y móvil.

La Defensoría General, como co-titular de la Comisión de Cárceles, había solicitado una medida de “no innovar” para suspender preventivamente la aplicación de las resoluciones. En su presentación alegó que modificaban las condiciones laborales en el complejo penitenciario de Marcos Paz, con impacto sobre derechos como el trabajo y el salario. El pedido fue rechazado en primera instancia y luego en la Cámara Federal de San Martín. Ante ese escenario, la Defensoría presentó un recurso de casación que fue denegado y, finalmente, una queja directa.

Las actuaciones quedaron, así, radicadas en la Sala IV de la Casación Federal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos. Al pronunciarse en mayoría, Borinsky y Carbajo concluyeron que el recurso no era admisible, en tanto “la decisión recurrida en casación no cumple con el requisito de impugnabilidad objetiva previsto por el artículo 457 del C.P.P.N., ya que no se trata de una sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones”.

A su vez, señalaron que la apelante “tampoco alcanzó a demostrar el agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genera la decisión dictada por el tribunal a quo, a efectos de equipararla a un pronunciamiento de carácter definitivo y habilitar así la intervención de esta Cámara”.

El juez Gustavo Hornos emitió un voto en disidencia parcial y propuso la apertura de la queja y la fijación de una audiencia para tramitar el pedido. Según consideró, “el recurso de queja resulta formalmente admisible en tanto esta Cámara Federal de Casación Penal debe intervenir en su carácter de ‘tribunal intermedio’ cuando, como en el caso, se sometan a su consideración cuestiones federales debidamente fundadas”. Así, explicó que el planteo de la Defensoría estaba vinculado con “la justa remuneración y el derecho al trabajo establecidos en el art. 14 bis de la Constitución Nacional” y con el alcance de la vía del habeas corpus.

En la parte resolutiva, el máximo tribunal penal del país resolvió no hacer lugar a la queja presentada por la Defensoría Pública Oficial “en su carácter de cotitular de la Comisión de Cárceles de la DGN, sin costas”.

“En ese contexto, claramente se trata de una conducta no delictiva, sino que tiene otro componente”, explican fuentes judiciales consultas por Infobae luego de que se conociera que, aunque se abren causas contra los responsables directos de los destrozos en las cárceles, la mayoría son archivadas.

En ese contexto, en el caso del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, los fiscales con competencia, Sergio Mola y Cecilia Incardona, han pedido el archivo de, al menos, 25 causas en donde consideraron que el daño no era por el destrozo de lo material sino una consecuencia de un atentado a la vida misma del recluso que lo ocasionaba.

“Razones de humanidad, lógica y sentido común, en definitiva, mirar el caso de una persona que intenta suicidarse como un llamado de atención a las autoridades que tienen a su cargo velar por la seguridad del detenido”, describieron las fuentes desde una mirada más empática. Y agregaron que ese es un criterio es sostenido desde hace años por el Ministerio Público Fiscal, salvo, claro, en casos graves donde se rompen cámaras de seguridad, televisores y cosas de uso común.

Pero, el juez federal Federico Villena les puso un freno a esos intentos de archivar los casos en los que los presos provocan daños que tiene que pagar el Estado, aunque con razones muy diferentes a las que pudo tener Guille Cantero o El Loco César. Y declaró la nulidad para seguir adelante con las causas. Eso fue apelado por los fiscales Mola e Incardona.

Para muestra, un botón

El 8 de septiembre de 2023, un preso del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza incendió un colchón dentro de su celda. El fuego generó una situación de riesgo extremo: sufrió quemaduras en el rostro y ambos brazos, debió ser trasladado, primero, al hospital penitenciario y, luego, a un centro de salud externo por posible inhalación de monóxido de carbono.

El fiscal del caso fue Mola, quien solicitó el archivo de esa causa sin formular una imputación penal contra el interno. Según el fallo, al que accedió este medio, el funcionario argumentó: “Lejos de constituir delitos comunes, son manifestaciones de situaciones de desesperación o angustia extrema, muchas veces asimilables a intentos de suicidio o autolesiones”.

Y siguió: “El hecho generó un resultado dañoso en la integridad física del propio interno. Ello me permite concluir que el nombrado se encontraba en un estado anímico y emocional en el que se le hacía imposible dirigir adecuadamente sus acciones, y que produjo el daño en un intento por canalizar sus reclamos y/o de llamar la atención de personal penitenciario, a punto de poner en riesgo su integridad física e, incluso, su propia vida”.

Luego, solicitó el archivo de las actuaciones porque “su conducta fue emergente de una situación de desesperación, lo cual es corroborado por el riesgo que él mismo asumió al iniciar un incendio en un espacio reducido, y el daño que efectivamente recibió al cabo del suceso analizado”.

El juez Villena, al declarar la nulidad del pedido de archivo de Mola, sostuvo que el fiscal había presentado “argumentaciones meramente aparentes” y que intentó “dotar de una supuesta apariencia de legalidad a conductas que, prima facie, deberían ser objeto de persecución penal”.

A eso devino un recurso de apelación que presentó el fiscal Mola contra la nulidad del dictamen de Villena. Ahí, no solo cuestionó la interpretación jurídica del juez, sino que denunció un patrón de decisiones y que implicó un cambio abrupto e respecto de criterios anteriores, en los que el magistrado había acompañado pedidos de archivo en casos similares.

Para el fiscal, la nueva postura del juez, que exige la prosecución penal en estos casos, carece de explicación y afecta la seguridad jurídica. Y enfatiza el impacto humano y social de la decisión judicial, ya que la mayoría de los casos involucran a personas en situación de extrema vulnerabilidad, muchas veces con antecedentes de padecimientos psíquicos o emocionales.

Mola, además, cuestionó la actitud del Servicio Penitenciario Federal, que se presenta como querellante y actor civil en busca de resarcimiento por los daños materiales. “Lo importante no es el colchón que eventualmente se perdió o dañó, sino la integridad física y psíquica de la persona que se encuentra bajo custodia del Estado”, sostuvo en el escrito.

Para el funcionario, cada caso debe analizarse en su contexto. La postura de la fiscal Incardona es casi idéntica a la de su colega.

Cámaras de seguridad instaladas en el recinto policial registraron el momento en que comenzaron a salir llamas desde una de las torres del edificio, generando gran preocupación entre los funcionarios asignados a la estación.

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En las grabaciones se observa el desplazamiento de varias personas en el interior del establecimiento, dirigiéndose hacia el foco del fuego e intentando, mediante diversas acciones, contener el avance de las llamas.

La aparición repentina del incendio motivó la reacción de quienes se encontraban en las inmediaciones. Transeúntes y habitantes de Funza se acercaron a las inmediaciones de la estación, algunos de los cuales grabaron los hechos. El humo denso producido por la combustión de materiales en la celda se hizo visible en las inmediaciones.

Ante la magnitud de la emergencia, un vehículo del Cuerpo de Bomberos del municipio de Funza se trasladó hasta la estación de Policía. El equipo de bomberos se encargó de controlar el avance del fuego y reducir los riesgos inmediatos para las personas privadas de la libertad, así como para el personal policial presente en el momento de los hechos. Junto con ellos, un equipo de atención médica llegó para apoyar las labores de socorro y realizar la valoración de las personas expuestas a la emergencia.

De acuerdo con declaraciones oficiales del capitán Álvaro Farfán, delegado de Bomberos de Cundinamarca, el incendio fue ocasionado aparentemente como resultado de un amotinamiento de los internos. Según la información reportada, se habría producido la quema de varias colchonetas por parte de algunos detenidos, lo que desencadenó la propagación de las llamas dentro del establecimiento. Este hecho activó todas las alertas del personal a cargo de la seguridad y el resguardo de las instalaciones.

En palabras del capitán Farfán, “Desde Hombres de Cundinamarca informamos que personal del cuerpo de bomberos del municipio de Funza se encuentra en la atención de un incidente relacionado a un incendio. Esto en la estación de policía de este municipio. Al parecer, por un amotinamiento del personal que se encontraba privado de la libertad, se hace la valoración inicial de doce personas recluidas, las cuales son remitidas a los diferentes centros asistenciales. Al momento, la situación está bajo control”.

Los informes entregados por las autoridades destacan que doce personas privadas de la libertad fueron trasladadas a diferentes centros médicos del municipio. Los internos presentaban síntomas asociados con la inhalación de humo y, en algunos casos, lesiones menores producto del contacto con las llamas y la reacción ante el siniestro. El personal médico especializado evaluó el estado de los heridos y procedió a brindar la atención pertinente para descartar complicaciones derivadas de la emergencia. No se reportaron fallecidos tras la atención inicial de los acontecimientos.

Una vez controlado el fuego, los bomberos, en coordinación con la Policía Nacional, procedieron a realizar una revisión exhaustiva del área afectada. Se verificó el estado de las celdas, los sistemas de seguridad y la integridad estructural de la estación de Policía. Además, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en todas las zonas del edificio para prevenir la repetición de incidentes similares y garantizar el resguardo de las personas privadas de la libertad.

El evento puso en marcha el despliegue de los protocolos establecidos para este tipo de emergencias en centros de detención transitoria. Las autoridades del municipio de Funza y del departamento de Cundinamarca iniciaron una investigación formal para esclarecer los hechos, identificar a los responsables del presunto amotinamiento y establecer si se presentaron fallas en los sistemas de seguridad y prevención al interior de la estación de Policía.

De acuerdo con los procedimientos, los organismos competentes recopilaron testimonios de las personas presentes y recopilaron imágenes de las cámaras de seguridad para analizar el desarrollo de los acontecimientos. El material será utilizado como parte de las diligencias judiciales y disciplinarias para determinar la secuencia exacta de los hechos y las responsabilidades correspondientes.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad, tanto de las personas privadas de la libertad como del personal de la institución, y anunciaron el reforzamiento de los protocolos ante la posible ocurrencia de futuros motines o emergencias similares.

Hasta el momento, la estación de Policía de Funza se encuentra nuevamente bajo control y funcionando, mientras los organismos de investigación avanzan en la recopilación de información para presentar un reporte final sobre lo sucedido en la noche del martes 16 de septiembre.

Un extenso informe publicado por Prisoners Defenders documentó con precisión la existencia de un sistema de trabajo forzoso en las cárceles de Cuba, donde al menos 60.000 personas sancionadas penalmente son obligadas a trabajar bajo condiciones que el propio reporte califica como esclavitud.

El estudio, basado en 53 declaraciones individuales validadas y más de 60 entrevistas adicionales, revela que el Estado cubano utiliza a la población penitenciaria como fuerza laboral esclava para la producción de bienes, principalmente carbón vegetal de marabú y tabaco, destinados en su mayoría a la exportación hacia Europa.

La investigación, verificada externamente por el Institute for Crime & Justice Policy Research de la Universidad de Londres, expone que el 100% de los testimonios recogidos identifican patrones sistemáticos de trabajo forzoso.

Los reclusos, tanto comunes como políticos, son sometidos a coacción, amenazas, violencia física y represalias para obligarlos a trabajar.

El informe detalla que el 69,81% de los declarantes no firmó contrato laboral ni recibió documento alguno que regulara su vínculo; y el 98,11% trabajó sin herramientas, formación ni útiles necesarios.

Además, el 96,23% fue sometido a graves riesgos por las condiciones climáticas y ambientales; y el 81,13% reportó graves deterioros físicos y psicológicos como consecuencia del trabajo forzoso.

Las condiciones descritas por los reclusos incluyen jornadas de más de 63 horas semanales, con una media de 10 horas diarias y descansos mínimos o inexistentes.

El 94,34% de los entrevistados fue obligado a trabajar con enfermedades incompatibles con las tareas asignadas; y el 98,11% no recibió medicamentos ni atención médica adecuada. Solo el 5,66% fue evaluado médicamente antes de iniciar el trabajo forzoso.

Los testimonios recogen secuelas físicas como mutilaciones, problemas de columna, tuberculosis, hipertensión, úlceras, estrés postraumático y ansiedad crónica.

El informe recogió la palabra de los reclusos que ilustran la gravedad de la situación: “Me obligaron a cargar sacos de carbón con lesiones en el hombro. Cuando protesté, me quitaron las visitas familiares durante un mes” o “Nos pagan entre 34 y 62 céntimos de dólar por tonelada de carbón vegetal de marabú producida enteramente por nosotros”. Otro testimonio señala: “Dormimos en el campo, sin camas, sin techo... Solo podemos beber el agua sucia de un abrevadero donde mismo beben las vacas en una finca cercana”.

Las mujeres privadas de libertad sufren condiciones especialmente degradantes. El 87,50% de las entrevistadas, fue obligada a realizar trabajos no adecuados; y el 50% sufrió acoso y violencia sexual, tanto por parte de funcionarios como de otros reos. Una de ellas fue violada y otra obligada a trabajar durante su embarazo.

El carbón vegetal de marabú es el principal producto generado bajo este sistema. En 2023, Cuba exportó 61,8 millones de dólares en carbón vegetal, convirtiéndose en el noveno mayor exportador mundial. Los principales destinos fueron España, Portugal, Grecia, Italia y Turquía.

El informe detalla que el precio de venta por tonelada en Europa ronda los USD 500, mientras que el pago al trabajador forzoso cubano es de menos de 10 milésimas de dólar por cada saco de 15 kilogramos. El margen de exportación para el régimen cubano alcanza el 99,96%, y el margen bruto para los comercializadores europeos supera el 64%.

El tabaco cubano también se produce en fábricas instaladas dentro de las prisiones, como la de Quivicán. Allí, 40 presos trabajan jornadas de hasta 15 horas diarias por un salario de USD 7,32 al mes, mientras que los civiles que supervisan la producción reciben USD 97 mensuales y mejores condiciones.

Los presos deben confeccionar entre 50 y 130 cigarros diarios, y cualquier queja o bajo rendimiento se castiga con el regreso a regímenes penitenciarios más severos. El informe calcula que la retribución media por cada puro elaborado es de 3,25 milésimas de dólar, mientras que el precio de venta al público en Europa supera los USD 21 por unidad.

El sistema de trabajo forzoso no se limita a la producción de carbón y tabaco. Los reclusos también son empleados en el corte de caña de azúcar, agricultura, construcción, recogida de basuras, limpieza de calles y trabajo en instituciones estatales. El informe documenta que los generales y altos mandos del ejército utilizan a los presos para construir sus propias mansiones privadas.

El análisis legal incluido en el informe demuestra que la legislación cubana no solo permite, sino que fomenta explícitamente, la coacción para trabajar. Las leyes condicionan los beneficios penitenciarios a los “resultados relevantes en el trabajo”, imponen plazos estrictos para incorporarse a laborar y prevén la revocación de alternativas penales ante incumplimientos vinculados al trabajo.

El Código Penal y la Ley de Ejecución Penal establecen el trabajo correccional como sanción principal y medio fundamental del tratamiento penitenciario, mientras que el Reglamento del Sistema Penitenciario condiciona los beneficios a la “excepcional conducta en el trabajo socialmente útil”.

El informe subraya la incompatibilidad de este sistema con los estándares internacionales. El Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíben el trabajo forzoso y la esclavitud, salvo en condiciones estrictamente reguladas y bajo salvaguardas de dignidad, seguridad y remuneración justa. Las Reglas Mandela de la ONU establecen la voluntariedad, la utilidad para la reinserción social y la prohibición de trabajos punitivos o degradantes en el ámbito penitenciario.

El estudio también documenta patrones de discriminación racial. El 64,15% de los declarantes se identificó como afrocubano, a pesar de que este grupo representa solo el 33,7% de la población cubana. La sobrerrepresentación de afrocubanos entre los presos políticos y los sometidos a trabajo forzoso alcanza el 190,36% respecto a su peso en la sociedad. El colectivo afrocubano sufre mayores amenazas, jornadas laborales más largas, peores condiciones salariales y contractuales, y una mayor exposición a riesgos ambientales.

En cuanto a la responsabilidad internacional, el informe señala que la Unión Europea y los países importadores tienen la obligación de inspeccionar y prohibir la comercialización de productos elaborados con trabajo forzoso, en cumplimiento de la EU Forced Labour Regulation y la Directiva de Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD).

La continuidad en la importación y venta de carbón vegetal de marabú cubano constituye una violación de la normativa europea y de los compromisos internacionales de los Estados miembros.

El informe concluye que el sistema penitenciario cubano constituye una maquinaria de represión y extracción de valor económico mediante coerción, sufrimiento y abuso, sostenida por la impunidad y la ausencia de supervisión independiente. El Estado cubano debe ser responsabilizado internacionalmente por estas violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos.

El documento exige la condena internacional, la prohibición del comercio basado en estas prácticas, la apertura del sistema penitenciario a misiones independientes y la reparación integral a las víctimas, especialmente mujeres y personas afrodescendientes sometidas a formas agravadas de discriminación.

Entre las citas textuales destacadas en el informe, un recluso resume la situación: “Nunca firmé un contrato. Me dijeron que, si no trabajaba, no vería la luz del sol por semanas. Era eso o el calabozo”.

Otro testimonio ilustra la represión: “Te amenazaban con quitarte pases y visitas”. Una mujer privada de libertad relata: “Vi una reclusa que se fracturó un pie y le dijeron que si iba al médico ya no podría salir de pase, y ella no tenía opción, era madre de niños pequeños”.

Un preso político también describió el sistema: “El cambio de régimen penitenciario, o campamento, como se le conoce, no es un beneficio, es una herramienta. La policía política lo utiliza por varios motivos y le funciona muy bien. Todos los reclusos que se encuentran cumpliendo sanción, ya sea por delitos comunes o casos políticos, añoran su libertad y eso la policía lo usa”.

El informe de Prisoners Defenders constituye la documentación más exhaustiva hasta la fecha sobre el trabajo forzoso en las prisiones cubanas, aportando evidencia cuantitativa y cualitativa de un sistema de explotación institucionalizado que afecta a decenas de miles de personas y que tiene ramificaciones directas en los mercados internacionales.

¿Quién paga por esos bienes destruidos? La administración pública.

Aunque se abren causas contra los responsables directos de los destrozos, la mayoría son archivadas, generalmente, por pedido de los fiscales federales que intervienen. La reparación del daño es la excepción, no la norma, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

Por esa razón, dos fallos, uno de la Justicia federal de Campana y otro de Lomas de Zamora, sorprendieron esta semana. Sobre todo, por los nombres de los involucrados: Ariel “Guille” Cantero y César “El Loco” Morán de la Cruz, dos capos narcos muy sonados en los medios de comunicación.

El primero, Guille, encerrado en Marcos Paz, deberá pagar por un colchón prendido fuego; el segundo, Morán de la Cruz, acordó devolver el dinero en dos cuotas de una cámara, un televisor, y un anafe del penal de Ezeiza que destrozó en un ataque de furia.

En ese penal, en particular, se dio una seguidilla de hechos: el 25 de marzo pasado, J.I.R.A. amenazó con prender fuego todo el centro médico. Luego, se dirigió abruptamente hacia el baño y le dio patadas a la puerta: desprendió partes y arrancó tablas de madera.

Sin embargo, la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, consideró -ante el juez Federico Villena- que la causa no tenía entidad para ser abordada desde la intervención penal.

Para la fiscal, “el delito de daño en el contexto de los establecimientos carcelarios plantea importantes interrogantes legales y sociales, ya que se enmarca dentro de un espacio donde confluyen la vulnerabilidad de las personas privadas de su libertad, y la necesidad de garantizar la seguridad y el orden público”.

Al mismo tiempo, evocó un caso similar tratado por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata en el que los jueces dictaminaron que “no resulta aceptable que las personas privadas de su libertad sean sometidas a proceso penal por conductas que en realidad, a lo sumo pueden significar una resistencia a su situación de detención. En tal sentido, toda actividad, directa o indirecta, de rechazo a las normas que rigen la convivencia dentro de un penal y que resultan propias de ese estado, no pueden nunca dar lugar a una nueva imputación penal”.

La misma postura tomó Incardona con una interna que el 21 de marzo dañó la estufa del pabellón porque quería cambiar a otro. Días más tarde, el 29 de marzo, una tercera presa alojada en el Pabellón “B” del Módulo I del mismo penal, provocó un foco ígneo al incendiar un retazo de colchón que colocó sobre un anafe eléctrico. G.N.G. sufrió lesiones superficiales. También se pidió su archivo.

Del lado masculino, el 28 de marzo, J.B. prendió fuego un tacho de basura. En esta oportunidad, además, Incardona se negó a aceptar al Jefe del Complejo Penitenciario como querellante. “Carece de legitimación para actuar en representación del Servicio Penitenciario Federal”, indicó.

El 30 de marzo, cerca de las 15, dos internos comenzaron a arrojar objetos contundentes a un plafón del salón de usos múltiples hasta que lo rompieron.

Más atrás en el tiempo, en octubre de 2024, Sergio Mola, de la Fiscalía N°1 de Lomas de Zamora, hizo lo propio con un interno que prendió fuego su celda. La cortina de humo alertó a los guardias y a otros internos. Lograron apagarla y el autor no presentó lesiones.

El mismo día, poco más tarde, volvió a hacer lo mismo. Mola -el mismo fiscal que pidió que “El Loco César” pague por los daños que provocó- consideró, en este caso, que la conducta del interno fue “emergente de una situación de desesperación”.

“Te prendo fuego todo el pabellón”, gritó B.G., el 29 de mayo de 2023, en un rincón del pabellón “B” del Módulo Residencial II en el que se agolpó junto a un colchón. En la mano, la mujer tenía un encendedor. “No tengo miedo, te prendo todo”, le dijo a la celadora. B.G., de esta manera, exigía una estufa para el frío. A la protesta se sumó una de sus compañeras de encierro. No lo quemaron, pero ambas rompieron sus colchones con sus manos.

Mola solicitó que se archivara el caso y fundó su petición en que las imputadas no había superado el umbral de las conductas alcanzadas por el régimen disciplinario, desplazando las previsiones del Código Penal. Además, indicó que lo que hicieron “puede tenderse como una reacción frente a la necesidad de contar con condiciones adecuadas para afrontar las bajas temperaturas”.

El freno del juez

La lista continúa. Sin embargo, este 1 de septiembre Villena declaró nulo el dictamen del fiscal respecto al último hecho narrado y le ordenó que continué con la investigación.

En la resolución, lo criticó con dureza: “Valiéndose de argumentaciones meramente aparentes, el Sr. Fiscal Federal intentó dotar de una supuesta apariencia de legalidad a conductas que, prima facie, deberían ser objeto de persecución penal”, escribió.

Al mismo tiempo, le recordó: “el Ministerio Público Fiscal es el órgano que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República”. Y consideró que “la conducta investigada reviste de gravedad objetiva, por la afectación a bienes institucionales, lo que impone la prosecución de la acción penal”.

Para el juez, las mismas conductas “de ser llevadas a cabo por ciudadanos en libertad, configurarían incuestionablemente delitos de acción pública”.

“No resulta admisible naturalizar la destrucción deliberada de bienes estatales por personas privadas de la libertad por considerarlas una manifestación de disconformidad con su situación de encierro. Aquello desvirtuaría el sentido de la Ley penal y significaría un desprecio al esfuerzo colectivo que implica el sostenimiento del sistema penitenciario, financiado por los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones tributarias y que no han infringido la ley. Aceptar, justificar o minimizar la destrucción intencional de instalaciones carcelarias implicaría, además, fomentar una práctica que generaría recurrentes gastos por parte del Estado para la reparación o reemplazo de los bienes dañados”, añadió.

Por otro lado, le señaló que “son los mismos presos que rompen las instalaciones de sus lugares de alojamiento, los que luego, mediante innumerables acciones de habeas corpus, exigen su inmediato arreglo. Esta situación distorsiona el objeto de tales mecanismos de protección y traslada al Estado una carga injustificada derivada de actos ilícitos”.

Y cerró: “Tampoco puede sostenerse que romper los colchones que el Estado Nacional le provee al Servicio Penitenciario Federal como modo de protesta pueda ser considerado lícito o tolerable”.

Con un criterio similar, el juez federal declaró nulo un dictamen de Incardona por un caso ocurrido el 5 de marzo pasado, en el que una interna quemó un colchón y provocó un incendio.

En esa resolución, señaló que la fiscal se basó en un precedente aislado (un fallo de la Cámara Federal de La Plata de 2012) para pedir el archivo, sin analizar la aplicación al caso concreto ni confrontarlo con otros fallos del mismo tribunal que sí habían confirmado procesamientos por hechos similares.

Consideró, a la vez, que ese dictamen era “manifiestamente arbitrario”, ya que no hacía una derivación razonada del derecho vigente en relación a los hechos comprobados.

Por último, al igual que a Mola, le recordó que el Ministerio Público Fiscal tiene la obligación de impulsar la acción penal cuando hay sospecha de delito, y que no puede desistir salvo en los casos expresamente previstos por ley.

Para el juez federal, “provocar un incendio en una cárcel afecta bienes institucionales y genera un riesgo grave para la integridad de personas, lo que hace que el caso deba seguir en el ámbito penal y no limitarse a sanciones administrativas”.

La visita programada de Verónica Alcocer a la cárcel La Picota en Bogotá generó una serie de interrogantes y medidas excepcionales de seguridad, según se desprende de un documento oficial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La presencia de la primera dama de Colombia en el centro penitenciario, prevista para el jueves 4 de septiembre de 2025, motivó la suspensión temporal del ingreso de vehículos y personal externo, así como la advertencia de posibles sanciones para quienes incumplan las directrices establecidas.

El documento, expedido el 2 de septiembre y dirigido a diversas áreas internas de La Picota, detalla que “por el día 04 de septiembre del 2025 NO SE AUTORIZA NI ESTÁ PERMITIDO el ingreso de vehículos dispensadores de artículos, víveres u otro elemento que desee ingresar al COBOG como de personal externo (abogados, visitantes, actividades eclesiásticas, actividades de educación, representantes de bancos u entidades externas), en horas de la mañana el servicio se retornará después de las 13:30 horas”.

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El Inpec advirtió que cualquier incumplimiento de estas disposiciones acarreará consecuencias para los responsables. El documento enfatiza: “Se deja claridad que de hacer caso omiso a la orden aquí impartida, cualquier responsabilidad penal, disciplinaria o administrativa que se desprenda del incumplimiento de dicha medida, será responsabilidad de los funcionarios que omitan, retarden o entorpezcan el procedimiento”.

Esta instrucción se dirige a áreas como Delta 5 (puerta de información), Delta 4 (cárcamo), Consorcio de Alimentos Capital Uspec 2025 Unión Temporal, proyectos productivos, casino, cafetería, tratamiento, sanidad, almacén, mantenimiento, encomiendas y visitor, entre otras.

La información sobre la visita fue difundida inicialmente por la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila a través de sus redes sociales. Dávila compartió el documento y planteó varias preguntas sobre el alcance de la cita, como el número de funcionarios que ingresarían al penal y cuántos reclusos participarían en el encuentro, considerando que en La Picota se encuentran personas privadas de la libertad por delitos de lesa humanidad.

En su publicación, Dávila señaló: “Atentos: me llega este documento. Funcionarios de presidencia van a ir mañana a La Picota. Nadie puede entrar ni salir hasta la 1 y 30 de la tarde. Y amenazan a quienes incumplan la orden y anuncian refuerzo de la seguridad. (La visita es al ERON)”.

En reacción a los cuestionamientos del sector de oposición, la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, defendió a la esposa de Gustavo Petro en redes sociales.

De acuerdo con la alta funcionaria, entre las labores de primera dama, Alcocer se dedica a visitar varios centros penitenciarios, puesto que está enfocada en apoyar la resocialización de los reclusos en todo el territorio nacional.

A su vez, sostuvo que sus actividades hacen parte de la política criminal del Gobierno nacional orientada a que las personas que cometieron algún delito tengan una segunda oportunidad de cara al futuro.

“La primera dama Verónica Alcocer ha recorrido cárceles en todo el país, impulsando la resocialización y recordándonos que en cada centro penitenciario también hay personas que merecen una segunda oportunidad”, escribió la excanciller en su cuenta de X.

Verónica Alcocer se pronunció tras la polémica sobre sus visitas a las cárceles del país. En sus redes sociales publicó un video en el que compartió su labor en los centros de reclusión.

“Visité el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá porque creo en la fuerza de la resocialización y las segundas oportunidades. No es un acto político, es un gesto de humanidad. Las artesanías y oficios que allí realizan son más que trabajo: son símbolos de dignidad”.

Y agregó: “Durante mi visita a la Cárcel de Media Seguridad de Barranquilla, recorrí las aulas donde 217 personas privadas de la libertad avanzan en primaria y bachillerato, y 10 cursan estudios universitarios”.

Se presentó como “el proxeneta y jefe de la casa de servicios de Simple Scorts y encargado de los sicarios de la agencia de chicas”. Le endilgó mil y una deudas sin explicarle las razones, solo por haberle hecho perder tiempo, y durante 29 minutos le lanzó una catarata de amenazas por mensajes, que incluyeron hasta un video de seguimiento y la frase más aterradora: “Me traigo a tu hermana y la pongo a laburar de puta”. No lo dejaron pensar y pagó.

La historia de esta maniobra comenzó con la obtención ilícita de datos personales de la familia de la víctima y de él, una táctica cada vez más frecuente en el entramado de los delitos digitales.

El hombre recibió los mensajes en los que le decían de la nada: “En Argentina, si no quiere que esto pase a problemas personales con usted y su familia, lo mejor sería que lleguemos a un acuerdo por las buenas”.

Y le subió la apuesta el interlocutor que se presentó como Diego Iván Sanabria, un nombre que eligió al azar: “Tengo a 10 de mis mejores hombres por la zona de su localidad, esperando que usted me dé una respuesta, ya que si no me responde o me bloquea, le daré orden de que lo traigan para hacerle pagar a la mala, o que lo levanten de inmediato y me traigan su cabeza acá”.

En ese contexto le mandaron un video de un auto en el tránsito, como que estaban yendo o siguiendo a alguien. “No quiero involucrar su familia. Espero su respuesta si quiere arreglar esto por las buenas o procedemos por las malas”.

Y, entonces, fue la frase: “Ok, ahora tu familia paga por vos... Me traigo a tu hermana y la pongo a laburar de puta”. Y la víctima decidió ceder a la presión y pagó el dinero exigido.

Hay dos detenidos y el autor de los mensajes intimidatorios era un preso. El cobrador, su padre.

Fue la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín la que logró desarticular en las últimas horas una maniobra de secuestro virtual extorsivo que se orquestaba desde el interior de la Unidad Penitenciaria Nº13 de Junín.

La investigación se llevó adelante bajo directivas de la Fiscalía Nº4 de Junín, a cargo de Pamela Ricci, con intervención del Juzgado de Garantías Nº3, encabezado por María Laura Durante.

El caso comenzó con la denuncia de un joven residente en Junín, quien informó haber recibido llamadas y mensajes intimidatorios a través de WhatsApp.

En esas comunicaciones, los delincuentes le aportaban datos personales de su hermana y lo amenazaban con secuestrarla si no entregaba una importante suma de dinero.

“Ahora vas a ver qué con nosotros no vas a joder, pagá lo que debes”, le ponían y la víctima no debía nada. Un minuto después, bajo la presión, terminó transfiriendo $500.000 a una cuenta de Mercado Pago vinculada a un ciudadano de Junín, según pudieron establecer los investigadores.

Las tareas de inteligencia digital desplegadas por la división especializada fueron determinantes. Se trabajó sobre la cuenta de WhatsApp empleada en la maniobra, sobre la trazabilidad de los números telefónicos utilizados, el análisis de direcciones IP que revelaron conexiones a través de redes móviles, así como pedidos de informes tanto a empresas de telecomunicaciones como a entidades financieras.

El resultado de esas investigaciones permitió determinar que el origen de la operación se encontraba dentro de la UP Nº13 de Junín. Allí se identificó a un interno de 22 años, con 13 antecedentes penales, quien cumple condena desde junio de 2025 por robo.

Además, se estableció que la cuenta receptora del dinero estaba asociada a su padre, un hombre de 55 años, lo que confirmó la operatoria conjunta entre ambos.

El martes pasado, bajo orden judicial, se realizaron allanamientos simultáneos. En el Pabellón 2 de la Unidad Penitenciaria Nº13 se incautó un teléfono celular Samsung, señalado como el dispositivo utilizado en la maniobra.

En tanto, en el Barrio San Martín de Junín, fue secuestrado un aparato Z Blade perteneciente al familiar del recluso acusado de cobrar la extorsión en su billetera virtual.

Ambos quedaron imputados por el delito de extorsión y a disposición de la justicia para prestar declaración indagatoria. Los dispositivos incautados serán sometidos a pericias forenses con el fin de profundizar en la recolección de evidencia digital.

En la madrugada del martes, un hombre de 47 años, detenido por una acusación de abuso sexual infantil contra su hijastra de 7 años, fue víctima de una golpiza por parte de varios internos en la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Si bien se encontraba alojado en un sector separado por razones de seguridad, esto no fue impedimento para el violento ataque. Tras el hecho, intervino la Infantería y trasladaron a todos los reclusos.

La investigación judicial sobre el presunto abuso comenzó el lunes, cuando una mujer de 28 años denunció a su esposo tras encontrarlo abusando a su hija menor, en presencia de otra de sus hijas, dentro de una vivienda ubicada en la calle Legisladores, en el barrio 25 de Mayo.

De acuerdo con la información publicada por LM Neuquén, la Comisaría Segunda recibió un llamado de auxilio a las 8:00. Era un hombre en estado de alteración, solicitando la presencia policial en el domicilio.

Al llegar, los efectivos entrevistaron a la denunciante, quien relató con angustia lo que acababa de presenciar en su propio hogar.

Posteriormente, la mujer fue trasladada a la Comisaría de la Mujer para formalizar la denuncia, mientras que el acusado fue detenido y llevado a la dependencia policial cerca de las 23:30.

A pesar de que el hombre fue alojado en el sector de celdas judiciales, separado del resto de la población carcelaria, la medida no impidió que se produjera la agresión.

Según el reporte, durante la madrugada del martes, los oficiales de turno escucharon gritos provenientes del área de calabozos. Al acudir, descubrieron que el detenido era agredido por varios internos. Frente a esto, los agentes intervinieron y evacuaron al hombre para resguardar su integridad física.

Durante la inspección posterior, se constató que el calabozo N.º 3 había sido forzado: tanto el pasador como el candado presentaban signos de haber sido violentados.

Tras el incidente, las autoridades solicitaron la presencia de Infantería para realizar un ingreso controlado y evacuar a todos los detenidos del sector.

El personal policial llevó a cabo una requisa exhaustiva en los calabozos y en las prendas de vestir de los reclusos, aunque trascendió que no se hallaron elementos de interés para la investigación.

La médica de turno examinó a todos los internos involucrados y solo constató lesiones leves en el hombre acusado de abuso sexual infantil.

Mientras tanto, la Policía inició una investigación para determinar las circunstancias exactas en las que inició la agresión y esclarecer cómo los internos lograron vulnerar el sistema de seguridad del calabozo.

La causa judicial está en manos del Juzgado de Instrucción Penal N.º 2, que deberá establecer las responsabilidades tanto en el presunto caso de abuso como en el episodio de violencia carcelaria.

Detuvieron a un hombre por almacenar y distribuir imágenes de explotación sexual infantil

A finales de la semana pasada, en San Francisco, Córdoba, un hombre de 32 años fue detenido por almacenar y distribuir imágenes de explotación sexual infantil.

La investigación se comenzó a partir de un reporte emitido por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos, un organismo de referencia en la lucha contra la explotación sexual de menores.

Según informó el medio local El.Doce.TV, el operativo se llevó a cabo en el barrio Sarmiento, más precisamente en una casa ubicada en la calle Jerónimo del Barco.

Como producto de los allanamientos se pudieron secuestrar diferentes dispositivos electrónicos que serán peritados en el marco de la causa.

En simultáneo a la detención, las autoridades realizaron tres allanamientos adicionales en domicilios de San Francisco. Estas medidas estuvieron asociadas a una causa diferente, pero también relacionada con contenidos de explotación sexual infantil hallados en teléfonos celulares de menores de edad.

Según información preliminar, citada por El País de Cali, la situación habría surgido a raíz del supuesto traslado del líder del patio a otro centro penitenciario, lo que habría desatado disturbios entre los internos.

Ante esta situación, varios presos protagonizaron enfrentamientos con los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) y alteraciones dentro de las instalaciones.

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No obstante, los uniformados lintervinieron de inmediato y solicitaron respaldo de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) de la Policía Nacional, cuyos miembros desplegaron refuerzos para controlar completamente la situación.

Los videos difundidos muestran cómo algunos internos lanzaron objetos hacia los uniformados, presuntamente buscando distraerlos y facilitar una eventual fuga. Sin embargo, la situación fue controlada y normalizada. Hasta el momento, no se ha reportado ninguna evasión de presos, ni heridos, aunque algunos medios locales hablan de cuatro lesionados.

El video del intento de motín habría sido captado por un funcionario del penal ubicado en una de las torres de vigilancia, situadas en la parte superior de una de las edificaciones.

Cabe recordar que el 6 de junio de 2025 ocurrió un ataque contra la fachada del mencionado centro carcelario: lanzaron una granada en la entrada, lo que dejó a cuatro guardianes heridos, aunque ninguno sufrió daños graves.

En ese caso, los reportes indicaron que fueron dos hombres, que se desplazaban en una motocicleta, los que perpetraron el ataque.

Se conocen presuntas amenazas contra directora de la Cárcel de Villahermosa

La dirección y demás funcionarios del Inpec informaron en las últimas horas la aparición de un panfleto amenazante en los corredores de la Cárcel de Villahermosa.

El mensaje declara como “objetivo militar” a la directora del centro penitenciario, María Lorena Serrano Aguilar, a su familia y a funcionarios del Inpec.

Según el documento, fechado el 25 de agosto de 2025, se responsabiliza a Serrano Aguilar de provocar enfrentamientos entre internos, presuntamente debido a la venta irregular de un patio en el penal. El texto asegura que esta situación habría desatado una “guerra” dentro de la cárcel.

El panfleto, firmado de forma anónima, lanza amenazas directas al dragoneante Miller Palta y a cualquier guardia que, según lo señalado, “se ponga al servicio de estas ratas”. El escrito también menciona a un supuesto cabecilla identificado como alias Dinax o Juan Carlos Vacca Castillo.

“Declaramos a la señora directora María Lorena Serrano Aguilar objetivo militar y a toda su familia, de paso al dragoneante Miller Palta y toda la guardia que se ponga al servicio o a la orden de estas dos ratas que se hacen llamar funcionarios del Inpec y que trabajan al servicio de alias Dimax o Juan Carlos Vacca Castillo”, se lee en el comunicado intimidatorio.

Sobre esto, las autoridades iniciaron investigaciones para determinar el origen de la amenaza y tomar medidas que permitan resguardar la seguridad de la directora, el personal penitenciario y las personas privadas de la libertad.

“Y que por la culpa de la señora directora, en estos momentos al interior de los patios hay una guerra entre internos porque ella misma recibió la suma $50.000.000 para vender el (sic) uno de los patios, sin importar la vida de los guardianes, ni de los internos del establecimiento. Dejamos constancia, señora directora María Lorena Serrano Aguilar, que toda falta cometida será cobrada”, complementa el panfleto.

El Inpec no ha emitido ningún pronunciamiento oficial hasta el momento sobre este caso.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia emitió este lunes una instrucción para llevar a cabo jornadas de verificación de las detenciones preventivas en todos los procesos judiciales del país. La medida surge tras las protestas de varios presos que reclamaron un “trato igualitario” con respecto a tres políticos involucrados en la crisis de 2019, cuyos casos serán revisados.

Romer Saucedo, presidente del TSJ, ordenó formalmente a las autoridades de los tribunales departamentales que inicien “de manera inmediata” estas jornadas, con el objetivo de comprobar que se cumpla correctamente la medida cautelar de detención preventiva en todos los casos bajo la jurisdicción de cada juzgado o tribunal.

La decisión llega luego de que cientos de presos en distintas cárceles del país protestaran este lunes exigiendo la revisión de sus detenciones, similares a las que se aplican a la ex presidenta interina Jeanine Áñez, al suspendido gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al ex líder ciudadano de Potosí, Marco Pumari.

El TSJ indicó que las jornadas deben realizarse en todos los centros penitenciarios y coordinarse con el Ministerio Público, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública y las direcciones departamentales de Régimen Penitenciario, “para el éxito de lo encomendado”. Además, en los casos en que los detenidos se encuentren en cárceles distintas al lugar del proceso, “se deberá ordenar el traslado correspondiente del detenido o en su defecto y de manera excepcional el uso de medios virtuales tecnológicos”.

“Que ellos salgan libres, pero también que salgan libres todos los presos que están más de tres años (con detención preventiva), hemos pedido una reunión con el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz”, dijo un dirigente de los presos del penal de Palmasola.

En San Pedro, La Paz, los internos realizaron una protesta en el patio del penal, quemando objetos y exhibiendo carteles con mensajes como “Justicia para todos” y “Queremos un trato igualitario”.

El viernes pasado, el TSJ había ordenado verificar en un plazo de 24 horas el cumplimiento de los plazos de las detenciones preventivas en los procesos de Áñez, Camacho y Pumari. Según el Supremo, los jueces que ejercen control sobre estos casos deben realizar la revisión incluso de oficio y tomar las decisiones que procedan a “resolver lo que en derecho corresponda”.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, aseguró que el Ejecutivo respeta “la independencia de órganos y la no injerencia de las decisiones del uno sobre el otro”. Ríos valoró que el TSJ instruya la revisión de las detenciones preventivas y el “uso desmedido” de esa medida cautelar.

Sin embargo, resaltó la importancia de que estas revisiones se apliquen de manera general, considerando que entre el 65 y 70% de los reclusos bolivianos aún no tienen sentencia firme.

(Con información de EFE)

Un preso que está alojado en el Complejo Penitenciario de Rosario, ubicado en 27 de Febrero al 7800, en el extremo oeste de la ciudad, se tragó una bombilla de mate en la noche del pasado domingo. Tuvo que ser trasladado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde fue operado con éxito, ya que los médicos lograron sacarle el elemento.

De acuerdo a los datos que recolectó Infobae, Oscar Fabián Rodríguez (35), oriundo de Venado Tuerto, pidió asistencia médica a causa de una dolencia estomacal, y fue llevado de urgencia hasta el hospital, donde se corroboró en una placa radiográfica que había ingerido una bombilla que había quedado atravesada transversalmente en la zona toracoabdominal.

Rodríguez, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente, quedó internado en observación. Se espera que este miércoles, de evolucionar favorablemente, pueda evaluarse su traslado al penal provincial.

El recluso, por la información que recolectó este medio, cayó preso el 5 de febrero de 2016 por un hecho de abuso sexual con acceso carnal, robo, tentativa de robo simple, hurto simple y amenazas simples. En un primer momento, fue alojado en la cárcel de Piñero, pero luego fue derivado a otro predio penitenciario.

Por el cúmulo de acusaciones del Ministerio Público de la Acusación recibió una condena cuya pena vencerá en 2029, según indicaron desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

Por el momento, desde el Servicio penitenciario no se emitieron declaraciones sobre las causas que llevaron al interno a tragarse la bombilla. El caso de Oscar Fabián Rodríguez abrió interrogantes sobre si se trató de un accidente o un intento de autolesión, práctica que, en algunos contextos carcelarios, busca forzar traslados a hospitales para evadir condiciones de encierro.

Murió el preso más temido del sistema penitenciario mendocino

Después de pasar 22 años tras las rejas y acumular múltiples condenas por homicidios cometidos dentro de la cárcel, Enrique Hugo Montuelle Masmouk, de 45 años, fue hallado sin vida en su celda del Complejo Penitenciario N°3 Almafuerte, en Cacheuta, Luján de Cuyo. La muerte ocurrió a finales de julio, durante el recuento de internos del módulo 5.

Los agentes del Servicio Penitenciario de Mendoza advirtieron que Montuelle no respondía a los llamados desde el interior de su celda. Estaba sentado en la cama, en posición normal, pero inmóvil. Ante la falta de reacción, se solicitó la presencia de personal médico, que confirmó su fallecimiento.

La Fiscalía de Homicidios informó que en el lugar no se detectaron signos de violencia ni indicios de intervención de terceros, como tampoco evidencias de suicidio. Todo apunta a una muerte natural, aunque será el Cuerpo Médico Forense quien determine con precisión la causa del deceso una vez finalizada la necropsia.

La última vez que su nombre apareció en los medios fue en febrero de 2018, cuando la Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de Mendoza ordenó al Estado provincial indemnizarlo con $350.000. Según la resolución, el preso había sufrido “daños físicos y agravio moral” durante su estadía en el penal de Boulogne Sur Mer.

Sin embargo, su nombre ya era conocido desde mucho antes. En 2004, Montuelle participó de uno de los episodios más estremecedores registrados en la historia reciente del sistema penitenciario mendocino: el asesinato y posterior descuartizamiento de Sergio Salinas, un preso de 24 años, corpulento, de más de 110 kilos y 1,90 metros de altura. La noche del 3 de diciembre, mientras Salinas se preparaba para lavar su ropa en una lavandería del penal, fue abordado por nueve compañeros de pabellón que habían ingerido alcohol y pastillas recetadas habitualmente a pacientes con Parkinson.

Las múltiples condenas acumuladas por Montuelle lo convirtieron en una figura “célebre” en el ambiente penitenciario mendocino. Su vida estuvo marcada por episodios de violencia extrema, tanto contra otros internos como contra sí mismo. El paso por distintas unidades penitenciarias, los aislamientos prolongados y los múltiples enfrentamientos dejaron una huella en su salud física y mental.

El homicidio se ha producido sobre las 4:30 horas con un objeto cortante.

Tanto el agresor como la víctima son de nacionalidad marroquí.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

Desde Instituciones Penitenciarias confirman la muerte de un interno, sin más detalles. EFE

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, destacó en la red social X que el operativo, denominado Umbral e impulsado por el Consejo de Defensa Nacional (Codena), significó “un paso firme hacia un nuevo modelo penitenciario, donde el orden, la seguridad y la disciplina son pilares fundamentales”.

Los agentes policiales y militares escoltaron a los reclusos, vestidos de amarillo y con capuchas negras que cubrían completamente sus cabezas, hasta los autobuses. Allí fueron trasladados al Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, inaugurado en mayo de 2024, ubicado a poco más de 20 kilómetros de la Penitenciaria Regional de Ciudad del Este.

Ambas ciudades están en el departamento de Alto Paraná, limítrofe con Brasil.

En un video compartido por el mandatario en X, se informó que con este nuevo modelo de gestión penitenciaria también se busca disminuir la “superpoblación” en los establecimientos, así como clasificar a los internos por “el tipo de delito y el perfil de riesgo, para un manejo más seguro”.

Desde la cárcel de Minga Guazú, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, explicó a los medios que en este traslado participaron condenados de baja, media y alta peligrosidad.

Nicora advirtió que el hacinamiento y el desorden en las cárceles “deviene en problemas graves de seguridad”.

“Cuando tenemos hacinamiento tenemos personas que son captadas por organizaciones criminales, cuando tenemos falta de clasificación tenemos la mezcla entre procesados y condenados y los programas de reinserción social no tienen el efecto que nosotros deseamos”, indicó.

El ministro confirmó que el plan es cerrar la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, aunque no adelantó cuándo se implementará esa decisión.

El Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, con capacidad para 1.237 reos, cuenta con módulos de máxima seguridad que incluyen restricciones a la circulación y a las visitas privadas, de acuerdo con información del Ministerio de Justicia.

Se trata de la desarticulación de una presunta red criminal que operaba dentro de la cárcel de varones La 40, en Pereira (Risaralda). Las víctimas, en este caso, eran los propios reclusos, que vivían una odisea si no cumplían con las exigencias económicas del grupo ilegal.

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De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el grupo conocido como Apolo exigía pagos a otros internos a cambio de permitirles el acceso a derechos básicos como comer, dormir, usar el baño, caminar en el patio y recibir visitas.

Las extorsiones iban dirigidas principalmente a reclusos recién llegados o sin respaldo, quienes eran obligados a consignar montos entre $200.000 y $3.000.000 a través de plataformas digitales y empresas de giros.

Aquellos que se negaban a pagar eran sometidos a amenazas, agresiones físicas y otros tratos crueles, detalló el ente judicial.

El grupo criminal se estaba haciendo una millonada mediante esta práctica, pues se estima que recaudó cerca de $290 millones.

La investigación incluyó un análisis de bases de datos y seguimiento a redes criminales, permitiendo la identificación de los responsables de estas extorsiones dentro del penal: Bonny Ruiz Mosquera, Héctor Fabio Gómez Cortés, José Luis Vélez Oviedo, Jeison Alexander Posso Mosquera, Julián David Restrepo Gil y Julián David Arias Ceballos como los presuntos cabecillas. La Fiscalía señaló que actuaban en complicidad con otros internos y personas fuera de la cárcel encargadas de recibir el dinero.

“Se logra articular una operación en la que se capturan seis delincuentes que se dedicaban a la extorsión dentro de la cárcel de Pereira, estaban dedicando a extorsionar reclusos. Es un trabajo articulado con el Inpec, con el Gaula militar, con el Gaula de la Policía, con la Fiscalía y se logra poner a disposición de la justicia a estos delincuentes que estaban afectando la tranquilidad de las personas también que están allí detenidas”, dijo el coronel Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Cinco de los capturados tienen antecedentes judiciales por delitos como porte ilegal de armas, hurto calificado, narcotráfico, extorsión, lesiones personales, homicidio, receptación, fuga de presos y porte de estupefacientes.

Las capturas se realizaron en los barrios Jorge Eliécer Gaitán y el barrio Perla del Sur de Cuba, en Pereira; y en Tuluá (Valle del Cauca), en operativos ejecutados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Gaula Militar y el Gaula de la Policía de Risaralda. Tres de los acusados ya estaban recluidos y fueron notificados de los nuevos cargos dentro del penal.

La Fiscalía Quinta especializada del Gaula imputó a los señalados los delitos de extorsión agravada, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares.

El juez Cuarto Penal de Garantías de Pereira ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para los detenidos. Otros miembros de la red, ya privados de la libertad, también enfrentan cargos por estos hechos.

Por último, las autoridades hicieron un llamado para que las víctimas de este tipo de delitos denuncien inmediatamente, permitiendo la acción oportuna de la Policía.

Cabe señalar que las extorsiones originadas desde las cárceles constituyen una modalidad delictiva con un alcance significativo. Redes dentro de estos establecimientos logran movilizar aproximadamente $2.000 millones al año y emiten hasta 250 llamadas diarias desde un solo celular. El funcionamiento de estas actividades requiere la colaboración de internos y funcionarios penitenciarios, que permiten el ingreso clandestino de teléfonos y tarjetas SIM. Lo paradójico del caso es que las víctimas resultaron siendo los propios reclusos.

La Legislatura porteña logró avances en el debate de la Ley de Ejecución Penal, con la que la Ciudad de Buenos Aires busca crear su propio sistema penitenciario. Se trata de una propuesta del Poder Ejecutivo para descomprimir la sobrepoblación en las comisarías y alcaidías, problemática que derivó en varios episodios de fugas.

En marzo de este año, el jefe de Gobierno Jorge Macri creó la subsecretaría de Política Criminal y Asunto Penitenciarios -a cargo de Leandro Halperín- para empezar a gestionar las cárceles porteñas, independientes del Sistema Penitenciario Federal.

Y también giró el proyecto de ley al Poder Legislativo. En los últimos días hubo un plenario de las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales, Seguridad y Legislación del Trabajo, donde se debatieron -con funcionarios y especialistas- los detalles de la iniciativa que busca aprobar el Ejecutivo.

La Ciudad no tiene cárceles propias. El Complejo Penitenciario de Devoto es gestionado por Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich. La cartera no renovó los convenios con CABA para hacer más efectivo el traslado de presos y aumentar los cupos.

Es por esto que los detenidos en territorio porteño, aunque hayan cometido delitos federales, son alojados en comisarías o alcaidías de la Policía de la Ciudad. Sin los cupos necesarios para descomprimir estos lugares de alojamiento transitorio, en las celdas porteñas hay 2.464 privadas de su libertad, cuando la capacidad es de 1.300. Así lo reflejan las estadísticas de la Procuración Penitenciaria de la Nación.

Además, el último reporte del organismo reflejó que el 69,8% de las personas detenidas en dependencias de la Ciudad se encuentran procesadas con prisión preventiva -por lo que deberían estar en un penal-, el 15,3% imputadas y el 14,9% condenadas.

En lugar de pensar en las cárceles como “lugares de castigo”, el proyecto porteño de Ley de Ejecución Penal prevé crear un sistema que funcione como “una escuela de segunda oportunidad” enfocada en la protección de la sociedad.

Cada detenido será acompañado para que durante el encierro pueda crear su propio plan de vida que incluye educación, trabajo, salud y desarrollo personal. Este enfoque, según se debatió en comisiones, no pretende diluir la experiencia carcelaria para quien comete un delito, sino crear un sistema en el que quienes salen de prisión tengan menores probabilidades de volver a delinquir.

También de la discusión surgieron propuestas de modificaciones. Ines Parry, legisladora de UCR Evolución y presidenta de la comisión de Justicia, sugirió asignar nuevos roles a las víctimas y las personas privadas de su libertad y la comunidad en general.

Parry propuso que quienes sufran un delito tengan voz activa a la hora de otorgar beneficios penitenciarios y puedan participar en procesos de justicia restaurativa.

A los detenidos se les mantendrán sus derechos garantizados, desde alimentación digna hasta la posibilidad de mantener vínculos familiares, pero pidió reforzar los mecanismos para su preparación para la reinserción social, que deberá ser integral.

Para esto el proyecto también evalúa crear un Instituto de Inserción Social que trabaje con cada preso para que, cuando salga, tenga las herramientas necesarias para una vida digna y no represente una amenaza para la sociedad.

En tanto, la oposición tiene sus propuestas propias. La Libertad Avanza, a través de la legisladora Rebeca Fleitas, presentó un proyecto que permite la creación de cárceles privadas, en línea con el ajuste que consideran necesario llevar adelante en el Gobierno de la Ciudad.

El peronismo, con la legisladora Graciana Peñafort como una de sus impulsoras, también elaboró una iniciativa paralela a la del Ejecutivo porteño. Esta se basa principalmente en la reinserción social y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

Más de 800 presos colombianos fueron deportados de Ecuador hacia su país a través del paso fronterizo de Rumichaca, en la provincia ecuatoriana de Carchi, tras una operación de traslado que generó tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Gustavo Petro y Daniel Noboa.

La medida se llevó a cabo en medio de la protesta formal presentada por el gobierno colombiano, que consideró que la deportación se realizó sin acuerdo previo ni protocolo bilateral.

La Cancillería de Colombia emitió una nota de protesta diplomática el viernes contra Quito, señalando que la entrega de los reclusos colombianos se hizo “de manera unilateral” y “en incumplimiento del derecho internacional”. El organismo afirmó en un comunicado que “Colombia, haciendo uso de los canales diplomáticos, ha expresado su más enérgica protesta ante el Gobierno del Ecuador por este gesto inamistoso hacia nuestro país, y se encuentra evaluando las acciones pertinentes para atender la situación”.

De acuerdo con la gobernadora de la provincia ecuatoriana Carchi, Diana Pozo, que supervisó la operación en el puente fronterizo, “han sido deportadas más de 800 personas privadas de la libertad”. La funcionaria detalló, en declaraciones reproducidas por la prensa, que la acción se realizó bajo custodia de decenas de policías y militares ecuatorianos, quienes controlaron la marcha de los reclusos —vistiendo uniformes naranjas— hasta la frontera colombiana, a las afueras de Tulcán.

En la madrugada del sábado, algunos internos, cubiertos solo con camisetas y pantalones cortos, hicieron ejercicios físicos para soportar las bajas temperaturas de la región andina. A la espera de ser recibidos por funcionarios colombianos, exclamaron “queremos pasar, queremos pasar” ante las autoridades fronterizas.

Una fuente de la gobernación de Carchi explicó que el viernes comenzó la deportación de cerca de 870 presos colombianos, cifra que representa alrededor del 60% de los internos de ese país que permanecían detenidos en cárceles ecuatorianas. La gobernadora Pozo afirmó que la operación incluyó trabajo coordinado con migración de ambos países para evitar congestiones en el puente de Rumichaca.

A pesar de estas declaraciones, autoridades colombianas sostienen que no fueron informadas oficialmente de la repatriación masiva. El secretario de Gobierno del municipio colombiano de Ipiales, Juan Morales, manifestó: “El problema que hemos tenido es que al no informársenos, no teníamos un plan de contingencia para recibirlos”. Y señaló que debieron improvisar un dispositivo de atención humanitaria. Por su parte, el alcalde de Ipiales, Amilcar Pantoja, sostuvo que esperan acoger al menos a 1.061 colombianos en este proceso.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia advirtió que la decisión de Ecuador se tomó “desatendiendo las respetuosas y reiteradas solicitudes” para implementar un protocolo previo. También calificó la acción de Quito como un “gesto inamistoso”. El gobierno colombiano desplazó a la canciller encargada, Rosa Villavicencio, hasta Rumichaca para atender la emergencia.

El gobierno ecuatoriano respondió en un comunicado que las deportaciones fueron notificadas a Bogotá desde el 8 de julio y se han realizado, según su versión, “con respeto a los derechos humanos” y tras una revisión individual de cada caso. La Cancillería de Ecuador enfatizó que “el respeto al debido proceso se garantiza mediante la emisión de resoluciones individuales debidamente motivadas y la correspondiente boleta de excarcelación emitida por autoridad judicial”. Las autoridades ecuatorianas negaron que se tratara de una deportación colectiva y dijeron rechazar las afirmaciones en ese sentido.

En 2024, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa expresó reiteradamente su intención de deportar a los presos colombianos recluidos en Ecuador, señalando como objetivo la disminución del hacinamiento penitenciario. Los primeros traslados de presos se efectuaron en abril, en pequeños grupos.

El mandatario colombiano Gustavo Petro comunicó su desacuerdo y destacó la necesidad de establecer mecanismos conjuntos para garantizar los derechos de los connacionales.

La emisora colombiana Radio Caracol informó que la alcaldía de Ipiales reportó el envío de unos 700 colombianos a través del puente binacional sin una notificación formal previa.

El jueves, el gobierno colombiano sí reconoció que había recibido información de Ecuador sobre la intención de lanzar la deportación de nacionales detenidos en varias cárceles ecuatorianas, aunque insistió en la falta de acuerdos sobre los procedimientos. Las autoridades de ambos países continúan intercambiando comunicados en torno a la legalidad y legitimidad del proceso.

Las operaciones fronterizas y las posiciones de ambos gobiernos mantienen la atención internacional sobre las condiciones y garantías de los derechos de los presos repatriados y el futuro de las relaciones bilaterales en materia de cooperación penitenciaria y migratoria.

(Con información de AFP y Reuters)

"En estos 14 años, el régimen no solo ha sido incapaz de transformar el sistema carcelario, sino que ha dejado un saldo trágico que revela la magnitud del fracaso institucional: 3.528 personas murieron y 5.094 resultaron heridas en centros de reclusión, lo que eleva a 8.532 el número total de víctimas por violencia y falta de atención médica", dijo el OVP en una nota de prensa.

La organización sostuvo que con la fundación de un ministerio para la atención de las cárceles en el país se ha "creado un aparato burocrático sin capacidad de transformación real, con ministros que rotan sin dejar huella y con políticas que se quedan en el papel".

"El sistema penitenciario venezolano no necesita más planes ni promesas: necesita transparencia, rendición de cuentas, voluntad política y respeto por la dignidad humana", añadió.

El OVP recordó que en junio del año pasado, más de 50.000 presos se unieron a una huelga en 19 cárceles de Venezuela, exigiendo mejores condiciones de reclusión.

"Uno de los aspectos más reveladores del fracaso institucional ha sido la proliferación de planes oficiales. Entre 2011 y 2024 se han anunciado 18 planes, desde el 'Plan Cayapa' hasta el más reciente 'Plan Nacional de Redenciones 2024-2025'", explicó.

La ONG dijo que "no existe evidencia pública que permita conocer cuántas personas han sido beneficiadas ni cuál ha sido el verdadero alcance de estas políticas".

Además, agregó que en el país hay cárceles "sobrepobladas", así como "personal sin formación, bandas armadas con poder interno, falta de atención médica, alimentos en descomposición y la constante violación del derecho a ser juzgado por un tribunal competente en un plazo razonable".

El 26 de de julio de 2011, el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013) ordenó la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario, luego de concluir una de las crisis más largas y masivas del sistema penitenciario en Venezuela, en la que un millar de presos, de un complejo carcelario cercano a Caracas, resistió con armas de fuego y durante casi un mes un intento gubernamental por controlar el recinto con unos 5.000 soldados.

En la operación de aquel momento murieron dos militares y un preso, y 22 soldados fueron heridos.EFE

El 24 de julio de 2025, la administración del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, notificó oficialmente a Colombia sobre la inminente deportación de cientos de reclusos de nacionalidad colombiana, actualmente distribuidos en distintas cárceles ecuatorianas.

Esta medida, sustentada en resoluciones de la Subsecretaría de Asuntos Migratorios del Ministerio del Interior de Ecuador, se enmarca en la declaración de conflicto armado interno emitida en abril de 2024. Según el Gobierno ecuatoriano, el objetivo es proteger la seguridad nacional frente a amenazas de grupos armados, permitiendo la expulsión de extranjeros vinculados a delitos graves sin que hayan cumplido ni la mitad de sus condenas.

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En este escenario, más de 800 presos colombianos serán expulsados de territorio ecuatoriano en los próximos días, una decisión que generó inquietud en las autoridades por la seguridad en la frontera.

Entre los deportados figuran personas condenadas por terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, homicidio, abuso sexual, secuestro y hurto, entre otros delitos. La ley reformada autoriza la suspensión de la pena de cárcel a cambio de la deportación, siempre que el individuo no regrese a Ecuador durante cuatro décadas. Si lo hace, la policía podrá detenerlo de inmediato y reactivar la condena pendiente.

En uno de los casos documentados por Caracol Radio, el propio condenado aceptó la deportación y no presentó recursos para evitarla. Las autoridades ecuatorianas notificaron a la Embajada de Colombia, la Cancillería, la Defensoría Pública y el Ministerio de Relaciones Exteriores, además de activar la alerta migratoria correspondiente.

El proceso logístico de la deportación generó un problema administrativo y de seguridad en la frontera colombo-ecuatoriana. Los reclusos llegarán en autobús a Ipiales, en el sur de Colombia, y podrían quedar en libertad, ya que los cónsules colombianos en ciudades ecuatorianas como Tulcán, Guayaquil, Guayas y Esmeraldas no han recibido los expedientes necesarios para determinar si los deportados tienen condenas pendientes en Colombia o requieren documentación adicional. Toda la información relevante permanece bajo control exclusivo de la cónsul colombiana en Quito, Paula Andrea Perdomo, quien, según fuentes de la Cancillería, recibió los datos hace más de dos semanas, pero no los ha compartido con sus colegas en otras ciudades.

La gestión de Perdomo fue objeto de críticas, por su presunta inexperiencia en asuntos consulares y migratorios y su cercanía personal con la embajadora colombiana en Ecuador, María Antonia Velasco, exmilitante del M-19 y exsecretaria de Integración de la alcaldía de Gustavo Petro en 2013. Aunque el perfil oficial de Perdomo indica 17 años de experiencia en el sector público y privado, su formación es en ecología y gestión ambiental, y no pertenece a la carrera administrativa.

Por su parte, la Cancillería de Colombia publicó un comunicado en sus redes sociales confirmando la deportación de los colombianos privados de la libertad.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se permite informar a la opinión pública que el Gobierno de Ecuador ha transmitido al Gobierno de Colombia su propósito de dar inicio, en el marco de su ordenamiento jurídico, a un proceso de deportación de colombianos privados de la libertad en diferentes centros penitenciarios en ese país”.

Así mismo, sostuvo que mantiene conversaciones con el vecino país, con el fin de asegurar que el traslado de los connacionales se realice sin ninguna violación a sus derechos.

“En el espíritu de cooperación que caracteriza las relaciones de entre Colombia y Ecuador, el gobierno colombiano está adelantando por las vías diplomáticas las gestiones tendientes a acordar un procedimiento que garantice condiciones dignas para el traslado de nuestros connacionales al país, así como los principios de seguridad, orden y regularidad que orientan el accionar de los Estados en materia migratoria”.

Y agregó: “Con este gesto de protección humanitaria, el Gobierno de Colombia reafirma el lugar prioritario que la atención a los migrantes ocupa en su política exterior”.

Las cárceles españolas figuran entre las menos saturadas del continente, registrando 74 internos por cada 100 plazas disponibles en enero de 2024. De acuerdo con el informe anual SPACE I sobre la población carcelaria realizado por el Consejo de Europa en 2024, la densidad penitenciaria en el país es significativamente menor que la media europea. Para la elaboración de la estadística española, el informe suma los datos de la Administración Estatal —que gestiona la mayor parte de los centros penitenciarios— y la administración catalana, que actúa de manera independiente. Considerando ambas, la densidad se sitúa por debajo de la media europea, que ha experimentado un leve incremento anual, pasando de 93,5 a 94,9 internos por cada 100 celdas.

En el contexto europeo, la situación de hacinamiento es desigual y depende en gran parte de la región geográfica y el tamaño del país. El informe del Consejo de Europa identifica seis administraciones con situaciones críticas de sobrepoblación carcelaria, todas superando los 113 internos por cada 100 plazas. Eslovenia lidera la clasificación con una tasa de 134, seguida de Chipre (132), Francia (124), Italia (118), Rumania (116) y Bélgica (113). Por su parte, otros ocho territorios experimentan un hacinamiento moderado, incluyendo a Croacia (110), Irlanda y Suecia (ambos con 105), y países como Hungría, Azerbaiyán, Finlandia, Turquía y Macedonia del Norte con cifras entre los 101 y los 104 internos por cada centenar de plazas penitenciarias.

Otros sistemas penitenciarios, como los de Escocia (100,3) y Inglaterra y Gales (98,3) en el Reino Unido, así como Serbia (97,9), han reportado operar al límite de su capacidad, situación que podría derivar en hacinamiento ante mínimas variaciones en el número de ingresos. Del mismo modo, varios países presentan altas tasas de densidad carcelaria pero aún por debajo del umbral del hacinamiento severo. Entre ellos, figuran Chequia, Portugal, Suiza, Grecia, Dinamarca, Países Bajos y Albania, todos con valores en torno a los 94-96 internos por cada 100 plazas ocupadas.

En contraste, el informe destaca a aquellos países con menor saturación de sus prisiones. Las administraciones penitenciarias de Ucrania y Armenia son las que manejan las cifras más bajas, con 54 y 55 internos respectivamente por cada 100 plazas. Le siguen Bulgaria, Luxemburgo, Estonia, Cataluña, Letonia, Lituania, Montenegro y la Administración Estatal de España (76). Al juntar los datos españoles estatales y catalanes se obtiene una cifra promedio de 74 internos por cada 100 plazas, situando a España entre los países de mayor disponibilidad carcelaria en relación con el número de personas presas.

Las cárceles de Cataluña, entre las que tienen más población reclusa extranjera

El porcentaje de extranjeros en las cárceles varía ampliamente entre los países europeos. Así, en Cataluña (España), los extranjeros representan la mitad de los internos, cifra solo superada por Luxemburgo y Suiza, donde la proporción asciende al 75% y 72%, respectivamente. Este dato contrasta con el promedio continental, que sitúa la presencia de no ciudadanos en las prisiones europeas en torno al 16%.

Después de estos países, numerosos países —como Chipre (58%), Grecia (54%), Austria (53%) y Malta (52%)— también superan el 50% de población penitenciaria extranjera. Alemania, Eslovenia y Bélgica se ubican justo por debajo, entre el 4% y el 49%. En la Administración Estatal de España, los extranjeros representan el 28% de la población penitenciaria, una proporción que se sitúa ligeramente por encima del promedio medio europeo.

Otros países de Europa occidental presentan también índices elevados de reclusos extranjeros, como Italia (31%), Dinamarca y Noruega (27%), Francia (25%) y Países Bajos (24%). Por el contrario, la proporción de extranjeros se reduce drásticamente en los sistemas penitenciarios de Rumania (1,1%), la República de Moldavia (1,3%) y otros países del este y sureste de Europa, muchos de los cuales reportan porcentajes inferiores al 5%. También aparecen en el segmento más bajo administraciones como las de Hungría (5%), Eslovaquia (5,2%), Serbia (6,3%), Macedonia del Norte (7,1%), Armenia (8,1%) y Chequia (8,4%).

En el resto del continente, el porcentaje de extranjeros dentro de la población penitenciaria oscila entre el 10% y el 20% en países como Irlanda del Norte (10%), Estonia (11%), Inglaterra y Gales (12%), Finlandia (20%), Croacia (18%), Portugal (17%) y Montenegro (16%). La variedad de estos datos pone de manifiesto la diversidad de enfoques y realidades que gestionan los sistemas penitenciarios en el espacio europeo, así como los diferentes retos vinculados tanto al hacinamiento como a la integración de la población extranjera en prisión.

En enero de 2024, el número de reclusos en las prisiones europeas alcanzó 1.021.431, según consignó el Consejo de Europa en su informe anual SPACE I sobre la situación penitenciaria del continente. Esta cifra representa una media de 105 personas encarceladas por cada 100.000 habitantes, aunque se aprecian notables disparidades entre países y regiones, tanto en el nivel de superpoblación carcelaria como en las tasas de encarcelamiento.

De acuerdo con el reporte detallado por el Consejo de Europa, el fenómeno de la superpoblación afecta aún a un tercio de las administraciones penitenciarias en Europa. Durante el periodo comprendido entre el 31 de enero de 2023 y la misma fecha de 2024, el índice promedio de ocupación pasó de 93,5 a 94,9 reclusos por cada 100 plazas disponibles, destacándose la situación crítica en seis países que atravesaron un nivel considerado como de “superpoblación grave”. Eslovenia encabezó la lista con 134 reclusos por cada 100 plazas habilitadas, seguida de Chipre (132), Francia (124), Italia (118), Rumanía (116) y Bélgica (113). Estas cifras indican que en esas jurisdicciones la infraestructura penitenciaria resulta insuficiente para el número de personas privadas de libertad.

En países con más de medio millón de habitantes, otras ocho administraciones penitenciarias también reportaron niveles de ocupación superiores al 100%, aunque en umbrales catalogados como superpoblación moderada. Entre ellas se encuentran Croacia (110 reclusos por cada 100 plazas), Irlanda (105), Suecia (105), Hungría (104), Azerbaiyán (103), Finlandia (103), Turquía (102) y Macedonia del Norte (101). Escocia y Inglaterra y Gales en el Reino Unido, así como Serbia, notificaron situaciones al límite de la capacidad máxima (con ratios de 100 y 98 respectivamente), por lo que leves variaciones en los ingresos a prisión habrían bastado para provocar superpoblación en sus sistemas.

Las estadísticas también destacan que, pese al incremento puntual en la ocupación penitenciaria, la tasa global de encarcelamiento mostró una ligera disminución en el conjunto de países con poblaciones superiores al millón de habitantes. En ese grupo, la media pasó de 116,2 a 115,1 reclusos por cada 100.000 personas, es decir, una caída del 0,9%.

Analizando la evolución durante el último año, trece administraciones penitenciarias de países con más de 500.000 habitantes registraron incrementos sustanciales en sus tasas de población reclusa. El aumento más pronunciado tuvo lugar en Eslovenia (+25,4%), seguido por Suecia (+15,5%), Malta (+11,1%), Serbia (+9,4%), Croacia y Azerbaiyán (ambos con +8,3%), Italia (+7,8%), Albania (+7,5%), Irlanda del Norte (+6,9 %), Bélgica (+6,8 %), Escocia (+6,7%), Inglaterra y Gales (+6,4%) e Irlanda (+5,4%). Por el contrario, algunas naciones experimentaron descensos relevantes, con Bulgaria y Luxemburgo a la cabeza (ambos con -14,5%), seguidos de Turquía (-12,9%), Estonia (-12%), Lituania (-9,4%) y Hungría (-7,3%). La estabilidad predominó en otras veinticuatro administraciones durante el mismo periodo, según indicó el Consejo de Europa.

Las tasas de encarcelamiento más elevadas se registraron en Turquía (356 reclusos por cada 100.000 habitantes), seguida de Azerbaiyán (264), Georgia (261), República de Moldavia (235), Polonia (202), Hungría (195), Albania (192), Chequia (180), Eslovaquia (179), Serbia (177), Letonia (175) y Montenegro (164). En la franja de altos índices también figuraron Lituania (158), Reino Unido (Inglaterra y Gales) (145) y Macedonia del Norte (143).

Un tercio de la población, condenada por delitos violentos

El profesor Marcelo Aebi, quien encabeza el equipo de investigación SPACE de la Universidad de Lausana, resaltó el impacto negativo de la superpoblación, ya que deteriora las condiciones de vida de los privados de libertad y obstaculiza los programas de reinserción social. Según sus palabras: “La superpoblación vulnera gravemente las condiciones de vida de la población reclusa y los esfuerzos de reinserción de las administraciones penitenciarias. Los datos sobre la duración de las penas de prisión muestran que periodos medios de detención más cortos tienden a correlacionarse con tasas de población reclusa más bajas. Aunque hay excepciones a este patrón, esta relación pone de relieve la importancia de la duración de las penas como herramienta de gestión de la superpoblación en las cárceles. Además de promover penas alternativas al encarcelamiento, la reducción de la duración de las penas, especialmente para los delincuentes no violentos y de bajo riesgo, puede ser una poderosa herramienta para reducir las tasas de encarcelamiento”, recogió el Consejo de Europa.

En cuanto a las tipologías delictivas, aproximadamente un tercio de la población penitenciaria condenada en Europa había cometido delitos violentos, entre los que destacaban homicidios (11,9%), delitos sexuales (8,7%), agresiones (6,7%) y robos con violencia o intimidación (6,3%). No obstante, la categoría más común correspondía a delitos relacionados con drogas (16,7%), seguida de hurtos y robos con fuerza (12,3%). En conjunto, el 2,9% de los reclusos purgaba condena por infracciones a la seguridad vial y el 2,4% por delitos económicos o financieros, según el informe.

El uso de la prisión preventiva constituye una parte significativa del fenómeno penitenciario. El 26% del total de encarcelados en Europa se encontraba bajo régimen preventivo al 31 de enero de 2024, según el Consejo de Europa. Las mayores proporciones de presos preventivos se documentaron en Albania (58%), Armenia (53%), Montenegro y Luxemburgo (47% cada uno), Suiza y Países Bajos (46% cada uno), Malta (42%), Croacia (41%), Eslovenia (40%), Irlanda del Norte en el Reino Unido (39%), Ucrania (37%), Dinamarca (36%) y Bélgica (33%). En el extremo opuesto, Bulgaria (5%), Chequia (8%), Polonia y Lituania (11% y 12% respectivamente), Macedonia del Norte (12%) y Rumanía (13%) presentaron las proporciones más bajas de esta categoría.

Las mujeres constituyeron un 4,9% del total de la población penitenciaria europea

La presencia de personas extranjeras en las prisiones europeas varió ampliamente. En promedio, el 16% del total de reclusos en Europa correspondía a ciudadanos extranjeros, aunque este porcentaje osciló de manera marcada entre países, influido por factores migratorios y jurídicos. Luxemburgo encabezó la estadística con un 75% de reclusos extranjeros, seguido de Suiza (72%), Chipre (58%), Grecia (54%), Austria (53%), Malta (52%), Cataluña –es una administración penitenciaria independiente– (50%), Alemania (49%), Eslovenia (48%) y Bélgica (41%), en naciones con más de 500.000 habitantes. Los valores más bajos para este rubro se advierten en Rumanía (1,1%) y República de Moldavia (1,3%).

El perfil demográfico de los reclusos en las instituciones penitenciarias de Europa se ubicó en una media de 37 años. Las poblaciones penitenciarias más jóvenes correspondieron a Lituania (32 años), Suecia y Cataluña (34), junto con Dinamarca y Francia (35). Por el contrario, las medias de edad más avanzadas se detectaron en Georgia (44 años), Italia, Portugal y República Srpska –en Bosnia Herzegovina– (42 años), además de Estonia (41 años).

En lo concerniente a la distribución por sexo, las mujeres constituyeron un 4,9% del total de la población penitenciaria europea, cifra que se mostró constante en la mayoría de los Estados analizados. Las mayores proporciones de reclusas se registraron en Chequia (8,8%), Hungría (8,4%) y Finlandia (8%). Albania y Georgia se situaron en el extremo inferior, con solo un 1,4%, mientras que Croacia presentó un 2,1% de población femenina encarcelada. Todas estas cifras demuestran la persistencia y complejidad del reto que supone la gestión penitenciaria en el continente, reflejó el informe anual del Consejo de Europa.

La apertura de “Alligator Alcatraz”, un centro de detención para migrantes en Estados Unidos, ha provocado que varios líderes latinoamericanos cuestionen a Donald Trump y su postura sobre el trato a extranjeros.

A pesar de la postura de varios mandatarios, incluyendo el de Colombia, Gustavo Petro, el republicano se ha mantenido firme en su postura y el 13 de julio indicó que tiene la intención de ordenar la reapertura de la cárcel de Alcatraz, una prisión abandonada que está ubicada en una isla con el mismo nombre en San Francisco.

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Esta prisión es recordada por haber sido la prisión federal de máxima seguridad del país norteamericano, en donde había aislamiento total, estrictas condiciones de vida y era el “último recurso” que tenía el sistema penal, por lo que solo enviaban a los más peligrosos criminales de la época.

Sobre esta posibilidad, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, indicó en su cuenta de X que la reapertura de la cárcel de Alcatraz sería “un crimen contra la humanidad”.

"Le solicito al presidente de los EE. UU. no abrir Alcatraz en la Florida. Es un crimen contra la humanidad, y una afrenta imborrable ante los pueblos que habitan las Américas, desde hace 30.000 años. La migración es un derecho de la humanidad. Construyamos las condiciones del progreso de las Américas, entre todos y en bien de la humanidad, y lo que abra es paz permanente, y prosperidad para todos, obtendremos menos migración y una gran América“, escribió el colombiano.

Los presos más famosos que tuvo Alcatraz

Debido a la propuesta de Donald Trump, se han recordado algunos de los presos que estuvieron privados de su libertad en la isla mencionada, comenzando con Al Capone, uno de los capos más referenciados de la historia.

Nacido y criado en Nueva York, Capone fue un contrabandista que logró sumar ganancias por más de 100.000 dólares semanales en los años 20, por lo que fue condenado a 11 años de prisión en 1931.

El de orígenes italianos, fue trasladado a la prisión de Atlanta, en donde siguió con su influencia, por lo que terminó siendo llevado a Alcatraz, en donde permaneció durante cuatro años y fue atacado con unas tijeras por otro recluso. Debido al deterioro de su salud, fue enviado a la cárcel Terminal Island, de donde fue liberado en 1939. Al Capone fue el preso 85 de Alcatraz.

Otro preso recordado de la época fue George Kelly Barnes, al que las autoridades nombraron “Machine Gun”, un contrabandista que también tuvo antecedentes por robo de bancos y fue el autor intelectual del secuestro del empresario petrolero Charles Urschel.

Fue capturado luego de pedir 200.000 dólares por la liberación del empresario, y tras varios rumores sobre su inminente fuga, fue llevado a Alcatraz, en donde trabajo en la lavandería, la capilla y las oficinas administrativas.

De la misma forma, en Estados Unidos mencionan constantemente a James “Whitey” Bulger, uno de los mafiosos más importantes de la historia de Boston, que expuso historias sobre lo vivido en Alcatraz, en donde cumplió su condena para luego volverse informante del FBI, hasta que en 2011 volvió a ser capturado por varios asesinatos.

En diálogo con la BBC, Charlie Hopkins, uno de los últimos exreclusos de Alcatraz que sigue con vida, indicó que el problema principal en la isla era el tiempo libre, en el que había desespero total de los presentes por no tener nada que hacer.

Durante los años que estuvo en funcionamiento la cárcel de Alcatraz, se registraron 14 intentos de fuga, en los que 36 prisioneros intentaron nada o escapar en balsas improvisadas de la prisión; sin embargo, 23 de ellos fueron recapturados, seis fueron abatidos y el resto murieron ahogados.

El último intento de fuga fue en 1962, cuando Frank Morris y los hermanos John y Clarence Angilin escaparon de su celda, aunque nunca encontraron los cuerpos, las autoridades determinaron que habían fallecido naufragando en una balsa. Después de ese hecho, se determinó que era más económico construir nuevas prisiones que seguir invirtiendo para mantener en funcionamiento Alcatraz.

La seguridad en la provincia de Tucumán quedó en el centro de la atención pública tras la fuga de seis presos de la comisaría de El Colmenar, ocurrida el pasado domingo por la madrugada.

Hasta ayer martes, la Policía provincial confirmó la recaptura de tres de los seis fugados, mientras continúa la búsqueda intensa de los otros tres reos.

El episodio motivó una rápida reacción de las máximas autoridades provinciales. El gobernador Osvaldo Jaldo aseguró que se abrieron sumarios administrativos contra los policías responsables de la custodia de los detenidos en el momento del escape. “Tiene que haber responsables”, declaró el mandatario, y resaltó la necesidad de revisar de manera urgente la política carcelaria en la provincia.

La investigación por la fuga avanza en paralelo con los operativos de búsqueda, en medio de un clima de preocupación ciudadana y cuestionamientos al esquema de seguridad vigente.

La fuga de estos seis presos ocurrió el domingo en horas de la madrugada y tras lo ocurrido, las primeras diligencias se enfocaron en el análisis de cámaras de seguridad, relevamientos en las inmediaciones de la comisaría y despliegue de divisiones especializadas en búsqueda de prófugos.

Ese mismo día domingo, la Policía logró recapturar a uno de los evadidos en la ciudad Capital. El detenido, que cumplía arresto por robo, fue encontrado tras ser localizado por la división Búsqueda y Captura de Prófugos, según informó el portal El Tucumano.

La presión policial se mantuvo durante toda la jornada del lunes y un segundo prófugo fue interceptado en la zona de las vías del ferrocarril, entre las calles Rapelli y Necochea, tras un operativo que combinó tareas de vigilancia, patrullaje a pie y colaboración de vecinos.

El tercer recapturado se encontraba merodeando cerca del Asentamiento El Ángel, donde vive su madre. Un equipo de la División Homicidios, junto con las divisiones Robos y Hurtos, Captura de Prófugos y Sustracción del Automotor, ejecutó un operativo cerrojo para evitar una nueva fuga. Tras ser reducido, el evadido fue trasladado a la base operativa de la Unidad Especial.

Ante lo sucedido, el gobernador Jaldo se refirió al episodio en distintos medios y remarcó la preocupación por la recurrente custodia de detenidos en comisarías, asignación que, a su entender, debería estar exclusivamente en manos del Servicio Penitenciario. “Los presos tienen que estar en los establecimientos penitenciarios. A los presos los tiene que cuidar el Servicio Penitenciario, no el policía”, señaló el gobernador. Además, indicó que el hecho expone una falla estructural en el sistema de seguridad, relacionada directamente con la ausencia de una política carcelaria eficaz.

“Ya se capturaron algunos, y sí, se le iniciaron sumarios a los policías porque tienen responsabilidad. Tiene que haber responsables”, reafirmó Jaldo frente a la prensa provincial.

Los tres recapturados quedaron imputados en una nueva causa por evasión y fueron puestos a disposición de la Justicia, que resolverá sus situaciones procesales. Desde el Ministerio de Seguridad precisaron que la apertura de esta nueva causa se suma a los procesos judiciales que enfrentaban antes de la fuga.

Paralelamente, la Policía mantiene un amplio despliegue de recursos para dar con el paradero de los otros tres evadidos. El operativo incluye controles en rutas, patrullajes en barrios y el monitoreo de sitios donde se presume podrían refugiarse familiares o allegados de los prófugos.

La cantidad de personas detenidas en comisarías de todo el país creció un 145 por ciento en los últimos ocho años. Pasó de 5.422 presos en 2016 a 13.287 en diciembre de 2023, el último registro oficial. El incremento supera la capacidad de alojamiento en un 36 por ciento, lo que tiene como consecuencia el hacinamiento de personas con mala alimentación, falta de atención médica, denuncias de violencia policial y por lo menos 54 muertes en esos lugares de detención durante 2023.

Así surge del informe que elaboró el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), un organismo que depende del Poder Legislativo, y fue presentado en la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso.

La CNPT releva la información de todo el país sobre las condiciones de detención en comisarías, alcaidías y unidades penitenciarias. El trabajo tiene 218 páginas y hace un análisis del grave estado de situación que atraviesan los lugares de detención.

Uno de los puntos centrales es sobre las personas alojadas en comisarías, sub comisarías, alcaidías y otro tipo de dependencias policiales del país. Las detenciones en comisarías fueron noticia en los últimos tiempos por lo que ocurría en las de la ciudad de Buenos Aires: sobrepoblación y fugas. Pero no son una excepción.

Según el informe, desde 2016 hasta fines de 2023 la cantidad de personas alojadas en esas dependencias no dejó de crecer cada año. De 2019 a 2020 se dio el mayor incremento -de 8.257 personas a 11.778- y de 2022 a 2023, el menor -de 13.252 a 13.287-. Pero la cantidad nunca mermó.

El aumento es de un 145 por ciento que contrasta con el de las unidades penitenciarias que en el mismo período fue de 48,5 por ciento.

Pero además es una cantidad de detenidos que supera la capacidad de alojamiento. El informe describe que en todo el país hay 1206 establecimientos policiales con capacidad para 9704 personas. Pero a diciembre de 2023 había 13.287: “Esto significa que los lugares de encierro policial funcionaron con un 36,9% de sobrepoblación”.

De las 24 provincias del país, 10 tenían sobrepoblación. La provincia de Buenos Aires con un 188 por ciento; Chaco 144 por ciento; la ciudad de Buenos Aires 174 por ciento; La Pampa 151 por ciento; Neuquén 152 por ciento; Salta 109 por ciento; Santa Cruz 113 por ciento; Santa Fe 205 por ciento (el mes pasado el gobierno trasladó a los 400 presos que había en comisarías de Rosario a una nueva cárcel); Santiago del Estero 103 por ciento; y Tucumán 426 por ciento. En Tucumán la capacidad de alojamiento en comisarías es de 489 personas y había detenidas 2086.

“Ante la escasez de plazas penitenciarias, en numerosas jurisdicciones las personas son alojadas en comisarías y establecimientos policiales, con frecuencia, por períodos prolongados. Algunas permanecen allí por años, pese a que las estadías en estos espacios deberían durar el menor tiempo posible”, describe el informe.

Las comisarías y las alcaidías son lugares de detención transitoria. Las personas deberían estar 48, 72 horas hasta que se defina su situación y si deben continuar detenidas, pasar a una cárcel. Pero eso no ocurre.

Hay personas detenidas en comisarías por años, inclusive ya condenadas. Pero esos lugares, señala el informe, “no cuentan con infraestructura, servicios, tratamiento ni personal idóneo para permanencias extendidas” y en contra de lo establecido en estándares nacionales e internacionales, “el alojamiento prolongado de personas en sedes policiales es una práctica habitual y extendida en una porción importante del territorio nacional”.

Y también le quita a la Policías personal que tiene que ocuparse de funciones de penitenciarios para la que no están preparados y así relejan las propias, como la de patrullaje y prevención del delito.

Este cuadro de situación tiene varias consecuencias en las condiciones de detención. Una es la infraestructura de las comisarias. No solo que están sobrepobladas, sino que no tienen las condiciones para detenciones prolongadas.

El informe describe que las celdas no tienen la iluminación ni la ventilación para la cantidad de personas que alojan. La sobrepoblación genera que se usen “patios, pasillos, oficinas, baños u otros sectores” como celdas y que no tienen las condiciones mínimas para eso. Además, las comisarías tienen un “régimen excesivamente estricto” sin lugares o muy escasos para recreación, lo que provoca que los presos están días enteros en los calabozos. Allí también se da que se conviven personas acusadas de delitos graves con otras que están por contravenciones o hechos menores.

“El hacinamiento, a su vez, provoca que las personas privadas de libertad no cuenten con camas, y muchas deban dormir en colchones en el piso, que en varias ocasiones tampoco son suficientes por lo cual se utilizan frazadas. Algo similar ocurre con la falta de sanitarios y, cuando no son suficientes para la cantidad de personas detenidas, utilizan botellas y otros recipientes. La ocupación por encima de la capacidad de los establecimientos acelera el deterioro de los espacios de detención, observable en el estado de paredes, cielorrasos, sanitarios, mobiliario y, de manera preocupante, de las instalaciones eléctricas”, describe la CNPT.

La salud es un tema central. Las condiciones de hacinamiento y de falta de condiciones de vida digna generan enfermedades propias de ese contexto: “Se registraron infecciones cutáneas y respiratorias, vinculadas a la humedad, escasez de ventilación, régimen de encierro y hacinamiento; cuadros de malnutrición; infecciones gastrointestinales; entre otros”. La CNPT detalla que las comisarías no tienen sectores médicos propios, por lo que los detenidos tienen que ser trasladados a hospitales.

“Tanto las autoridades, como las personas privadas de la libertad, suelen describir todo tipo de hechos de discriminación ejercidos por los profesionales de la salud. En algunas jurisdicciones se han impulsado acuerdos o mesas de trabajo para disminuir obstáculos, agilizar turnos, etc.; mientras que en otras, optaron por crear dispositivos sanitarios dentro de la misma órbita ministerial”, describe el trabajo.

Tampoco hay atención ni tratamiento para problemas de salud mental ni para el consumo de drogas.

Como la salud, la alimentación es otro problema grave que destaca la CNPT. Se dan tres principales situaciones en las comisarías. En las algunas provincias el estado no da ningún tipo de alimento, “lo que viola todo estándar en materia de derechos de las personas privadas de libertad”. En otras se contrata un servicio de vianda de empresas privadas. Y por último hay lugares donde se deriva a las comisarías lo que sobra de las cárceles.

Pero lo que suele ocurrir es que son los familiares de los detenidos los que les llevan la comida porque los alimentos que el Estado les da suele llegar en malas condiciones. Sin embargo, la CNPT destaca que “en algunos lugares tampoco se encuentra permitido el ingreso de alimentos elaborados, por lo que la dieta resulta poco variada y saludable”, lo que tiene como consecuencia “problemas de salud y malnutrición”.

La Comisión también dio cuenta de torturas y malos tratos hacia los detenidos. En su trabajo de monitoreo de los lugares de detención destacó que en 2024 de 849 personas detenidas en comisarias, cárceles y otro tipo de establecimientos que dijeron que fueron víctimas de tortura o malos tratos, 189 dijeron que lo fueron de violencia policial. Es el 22 por ciento de quienes fueron entrevistados.

“Este total se distribuye en catorce jurisdicciones diferentes, siendo señaladas como responsables las policías de Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, como también Fuerzas Federales de Seguridad”, detalla el informe.

Los entrevistados relataron que sufrieron golpes de puños y con tonfas, patadas, que eran atados e interrogados de manera violenta. También que eran requisados desnudos “marco en el cual las personas detenidas son obligadas a realizar posiciones humillantes y a permanecer por tiempos prolongados con sujeciones y/o de rodillas o en el piso”.

“La violencia en el contacto inicial con las policías resulta recurrente sobre todo cuando se trata de jóvenes y adolescentes, quienes agregan que suelen ser hostigados por personal policial de manera regular en el barrio donde viven”, detalla la CNPT.

De la violencia se desprende el dato más grave, las muertes de presos en comisarías: “Durante 2024 el CNPT avanzó en la recolección e integración de las muertes ocurridas a lo largo de 2023. De la información reportada, se desprende que se produjeron al menos 54 fallecimientos en establecimientos policiales y 132 en el marco de intervenciones policiales”.

Las 54 muertes significan una tasa de mortalidad de 3,9 cada mil personas detenidas. De las personas que murieron en comisarías el 87 por ciento eran hombres y mayormente entre 18 y 29 años.

El informe destaca que puede haber cifras ocultas. La CNPT trabaja con información oficial y hubo demoras e imprecisiones en lo que se reportó porque involucra a las mismas fuerzas que las cometieron.

El 8 de julio de 2025, 15 extranjeros, catorce colombianos y una guatemalteca, recuperaron la libertad después de aceptar cargos por lavado de dinero, receptación y agrupaciones ilícitas en el caso conocido como “Gota a Gota”. El Juzgado Especializado Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador permitió su salida al admitir un proceso abreviado, condición indispensable para que pudieran regresar a sus países.

Dos mujeres y dos hombres colombianos, junto a la guatemalteca, fueron trasladados por personal de Migración desde el Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador hasta el Aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero, donde abandonaron el territorio salvadoreño.

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Las otras diez personas de nacionalidad colombiana permanecieron bajo custodia de Migración, a la espera de viajar a Colombia al el 11 de julio. Milady Marín explicó a La Prensa Gráfica que la demora en la salida de algunos se debió a que sus familias tenían comprar los boletos de avión, lo que retrasó el proceso para varios de ellos.

La audiencia especial comenzó a las 8:30 a.m. y concluyó cerca de las 7:00 p. m. Todos los acusados aceptaron los cargos, requisito para acceder a la libertad. Marín relató que sus abogados les recomendaron admitir los hechos: “Era como aceptación, como un proceso abreviado y todos accedimos. Solo entré y dije cómo había llegado al país y que reconocía que desconocía de dónde venía el dinero, y que estaba trabajando con un alto porcentaje en los cobros, por eso yo no quise seguir trabajando más con ese cuento de préstamos“.

Tras la audiencia, los liberados fueron trasladados en vehículos de Migración al aeropuerto, con apoyo de la embajada de Colombia. “Terminó la reunión (audiencia) y nos dieron la libertad, gracias a Dios, y de una nos enviaron. Nos subimos al carro de Migración y ellos se encargaron de llevarnos al aeropuerto. Fue una colaboración por parte de ellos (Migración) y de nuestra embajada (de Colombia) que estuvieron apoyándonos en todo”.

A su vez, la acusada expresó su descontento con la medida de expulsión, ya que le prohíbe regresar a El Salvador durante cinco años. “No me gustó, pues no puedo entrar durante 5 años al país (El Salvador). Quedé expulsada, todos quedamos expulsados por 5 años para no volver a entrar al país”, reiteró.

Durante su reclusión, Marín y las demás extranjeras capturadas bajo el régimen de excepción estuvieron en la Granja Penitenciaria de Izalco, donde también se encuentran madres con sus hijos. Antes de llegar a Izalco, permanecieron mes y medio en el centro penal de Apanteos. Según describió, las condiciones en Izalco eran “mucho mejor” que en Apanteos, ya que participaron en programas formativos.

Negó haber sufrido malos tratos o presenciado violencia entre reclusas. “Había igualdad de condiciones para todas y un buen trato. Fue una oportunidad muy grande porque allí pude estudiar, meditar sobre la vida. Yo hasta era capacitadora de aeróbicos. Dios me preparó camino durante ese tiempo. Los muchachos hasta tenían oportunidad de jugar fútbol, recibir capacitaciones de salud mental, recibieron inglés”, relató al medio citado.

La cancillería informó que 140 colombianos estarían detenidos en El Salvador

Cabe recordar que la Cancillería de Colombia reveló, el 20 de abril de 2025, que cerca de 140 colombianos están retenidos en centros penitenciarios de El Salvador. Frente a esta situación, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo un llamado al país centroamericano a autorizar la repatriación de los connacionales.

A su vez, solicitó a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, entregar a los colombianos privados de la libertad en ese país.

“Son cerca de 140, pero ninguno de esos colombianos está detenido el Cecot, están en otros centros de detención”, dijo a la AFP la Cancillería, en referencia a la megacárcel salvadoreña donde hay migrantes deportados presos y que acumula denuncias por hacinamiento, malas condiciones y restricciones en las visitas.

“El consulado de Colombia en El Salvador ha dado seguimiento constante a la situación de estas personas”, añadió la cancillería.

Durante un patrullaje preventivo en las inmediaciones de la cárcel de Bouwer, en la provincia de Córdoba, personal del Sistema Penitenciario detectó un dron colgado de un tendido eléctrico.

La escena llamó la atención: el dispositivo había quedado suspendido en los cables, visiblemente trabado, con dos teléfonos celulares atascados entre su estructura.

El hecho ocurrió este lunes y forma parte de una modalidad que, si bien no es nueva, sigue preocupando a los responsables de seguridad en los establecimientos carcelarios.

Según pudo reconstruir Infobae, el dron, marca Mavic Pro, fue detectado fuera del perímetro del penal, por lo que luego de realizar el hallazgo, el personal penitenciario dio aviso a la Policía de Córdoba, que tiene competencia sobre el lugar.

Al llegar a la zona, los policías descolgaron el dispositivo del tendido eléctrico y encontraron un paquete negro envuelto con cinta aislante, el cual pendía de un hilo blanco que estaba sujeto a una de las alas. Dentro de ese envoltorio, se encontraban dos celulares marca Samsung, que fueron incautados para la investigación.

Esta maniobra, de acuerdo con fuentes penitenciarias, evidencia una modalidad que no es tan recurrente. En otras cárceles de la provincia, como San Francisco, Río Cuarto, Villa María, Cruz del Eje y Los Arroyos, se han registrado episodios similares, pero con otras modalidades, ya que el terreno es diferente y no están rodeadas de campo, como la de Bower.

En esos casos, personas se acercan en moto a los muros perimetrales y lanzan paquetes por encima, que pueden contener desde celulares hasta drogas. Esta tendencia obliga a los guardias a estar en constante alerta.

Pero en Bower no pueden llegar de la misma manera y el ingenio se puso a tono con la innovación. Actualmente, el penal no cuenta con sistemas de inhibición ni mecanismos para derribar drones. Desde la institución indicaron que ya se ha iniciado un proceso de licitación para incorporar tecnología que permita detectar e impedir este tipo de vuelos no autorizados.

Mientras tanto, las estrategias de contención siguen siendo manuales y dependen de la vigilancia y los patrullajes, dado que esta cárcel está rodeada de campos.

La dificultad para neutralizar estos dispositivos responde también a los tiempos administrativos que implica la compra de tecnología de seguridad. Aunque se trata de una necesidad reconocida por las autoridades penitenciarias, los procesos formales para adquirir e implementar nuevas herramientas suelen extenderse.

En ese contexto, las organizaciones que intentan vulnerar la seguridad carcelaria continúan perfeccionando sus métodos. El uso de drones para introducir celulares no es exclusivo del complejo de Bouwer.

Estas prácticas, que combinan el uso de tecnología y logística externa, representan un desafío constante para las fuerzas de seguridad penitenciaria.

En muchos casos, la finalidad es garantizar a los internos el acceso a medios de comunicación o a elementos prohibidos, que pueden facilitar la coordinación de actividades ilegales desde el interior de las cárceles.

Por ahora, en el caso de Bouwer, las investigaciones continúan para establecer el origen del dron y determinar si existen personas detenidas implicadas en la organización del envío.

El gobernador Maximiliano Pullaro supervisó este martes el operativo, que se llevó a cabo con la participación de 85 efectivos del Servicio Penitenciario, 70 uniformados de la Unidad Regional II, un total de 30 vehículos y dos drones.

La Subunidad 4 cuenta con cuatro pabellones y 320 plazas. Dispone de 160 celdas, cada una con capacidad para dos reclusos, en un espacio de 3.640 metros cuadrados cubiertos y 2.267 metros cuadrados destinados a áreas recreativas y patios.

La obra demandó una inversión de $8.200 millones y se licitó el 9 de abril del año pasado. Con esta incorporación, el CPR suma cuatro penales: dos para hombres (incluyendo la nueva subunidad), uno de mujeres y una alcaidía transitoria.

De acuerdo con datos oficiales, hasta este martes en Rosario permanecían 460 detenidos en comisarías, de los cuales 60 eran mujeres. Si bien la nueva subunidad cuenta con 320 plazas, se prevé alojar a tres personas en celdas para dos en algunos sectores, ante la sobrepoblación existente en dependencias donde se registraban hasta 50 o 60 detenidos en espacios con capacidad para 12 a 18 personas.

El gobernador Pullaro indicó que el traslado permitirá que entre 20 y 30 binomios de policías, antes afectados a la custodia de detenidos, puedan destinarse a tareas de prevención e investigación en calle. También remarcó que las condiciones de alojamiento en la nueva subunidad incluyen servicios de atención psicológica, posibilidades educativas en todos los niveles y talleres de formación en 31 oficios. Los detenidos dispondrán de un patio y un pabellón comunes para actividades e interacción.

El gobierno santafesino anunció una inversión de 500 millones de dólares durante cuatro años para construir 3.700 celdas. Se planea la edificación de tres nuevas unidades penitenciarias detrás de la cárcel de Piñero, una de ellas de alto perfil, así como la ampliación y construcción de unidades en Rosario, Recreo y Santa Felicia.

Además, está en curso el inicio de obras de tres alcaidías regionales en Rafaela, Melincué y Reconquista. La meta es contar con 3.700 plazas disponibles hacia el final de 2026.

El operativo se suma al reciente traslado de 83 reclusos de la Unidad Regional IX al complejo penitenciario Nº10 de Santa Felicia, además de otras reubicaciones en dependencias de San Javier y Helvecia.

Así fue el traslado de casi un centenar de presos

En marzo de este año, el gobierno santafesino difundió imágenes del traslado de casi un centenar de presos, con un vasto despliegue de uniformados, a un penal de máxima seguridad, con el objetivo de aliviar la sobrepoblación carcelaria en dependencias policiales.

En esa oportunidad, 62 reclusos fueron trasladados desde la Comisaría 2ª de la Unidad Regional II de la ciudad santafesina, al Complejo Penitenciario Rosario, dependiente del Servicio Penitenciario provincial. La medida forma parte de una estrategia para mejorar la seguridad y la eficiencia operativa de la Policía en la región.

El traslado de reclusos también se extendió a la comisaría 24ª de Granadero Baigorria, donde se movilizaron 34 internos.

El procedimiento estuvo encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien supervisó las tareas junto a la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri. Según explicó el funcionario, el traslado responde a la necesidad de reducir la cantidad de reclusos en comisarías y mejorar la operatividad policial.

“Es mejor que los detenidos estén en las unidades penitenciarias, ya que el preso en comisaría genera como efecto de arrastre un montón de otros problemas. El patrullero tiene que estar dando seguridad, patrullando la ciudad, no siendo el remís del preso para llevarlo al hospital u otras diligencias”, afirmó Cococcioni.

Los efectivos de la Policía de Salta recapturaron a dos personas que se encontraban prófugas tras haberse escapado de dependencias policiales en el norte provincial.

Se trata de Fredy Ariel Gareca y Alejandro Segundo, cuyas detenciones fueron posibles a partir de operativos coordinados por diferentes unidades de seguridad y con intervención de las fiscalías penales de la jurisdicción.

La recaptura de ambos prófugos se da en un contexto de alerta por la reiteración de fugas en comisarías del norte salteño y la creciente preocupación por las condiciones de seguridad en esos centros de detención. Tanto en Los Toldos como en Tartagal, las autoridades policiales desplegaron estrategias que incluyeron tareas de inteligencia, allanamientos y monitoreo de zonas rurales y urbanas.

Las detenciones motivaron que el Ministerio de Seguridad de la provincia reforzara el pedido de colaboración a la ciudadanía para localizar a los sospechosos que siguen prófugos, enfatizando la importancia de las denuncias anónimas para avanzar con el rastreo de los evadidos.

Según informó el portal del diario El Tribuno, Gareca, de 48 años, fue detenido la madrugada del domingo 22 de junio en el domicilio particular de un allegado. Su recaptura estuvo a cargo de personal del Distrito de Prevención 2 de Orán, bajo la dirección de la Fiscalía Penal N.º 3.

Se había fugado el 10 de junio de la Subcomisaría de Los Toldos, situada en el departamento Santa Victoria, cerca de la frontera con Bolivia. Tras la evasión, se puso en marcha un operativo de búsqueda que incluyó controles en zonas rurales, pasos fronterizos no habilitados y puntos estratégicos de la región.

La proximidad de Los Toldos con pasos ilegales hacia territorio boliviano había generado inquietud en autoridades y vecinos, quienes advirtieron el riesgo de que el prófugo pudiera cruzar a un país vecino eludiendo el control policial. Finalmente, el seguimiento de familiares y allegados, sumado a los rastrillajes nocturnos, permitió ubicarlo en una vivienda particular y proceder con su detención sin que ofreciera resistencia.

En tanto, la recaptura de Segundo también se concretó el domingo, pocas horas después de la detención de Gareca. Este fue localizado en la vía pública de Tartagal por personal del Distrito de Prevención 4, previa tarea de vigilancia y relevamientos en distintos sectores de la ciudad. El procedimiento contó con la intervención de la Fiscalía Penal N.º 1, que instruyó las diligencias posteriores a la detención.

Segundo se encontraba prófugo desde el 2 de junio, fecha en la que consiguió escapar junto a otros seis internos de la Comisaría 4.ª de Tartagal. Según información policial, la fuga se produjo durante la madrugada y desató diversos dispositivos de búsqueda en colaboración con fuerzas federales.

Actualmente, ya fueron recapturados cinco de los siete evadidos de la dependencia de Tartagal, mientras que dos —Dante Daniel Domínguez y Banegas Durand Alexander— aún permanecen profugos y su localización sigue siendo prioridad para las autoridades policiales.

Recapturaron a un detenido prófugo de una comisaría de Rosario

Pocos días atrás, la Policía logró recapturar a Gustavo Nicolás R., un joven de 26 años que se había fugado esposado de la comisaría 10ª de Rosario.

El operativo fue realizado de forma conjunta entre la brigada motorizada de la Unidad Regional II y el fiscal César Cabrera, de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. Este permitió localizar y recapturar al sospechoso dentro de una pensión situada en la calle Blas Parera al 2000.

La recaptura se concretó apenas transcurridas unas 72 horas de la fuga, que mantuvo en vilo a las autoridades policiales y judiciales de Rosario.

El joven permanecía con las esposas puestas al momento de la irrupción policial en la pensión. Los efectivos lo redujeron de inmediato y lo trasladaron bajo estricta custodia, quedando nuevamente a disposición de los fiscales y autoridades competentes.

La evasión de Gustavo Nicolás R. se produjo cerca de las 14.30 en la seccional ubicada en Darragueira al 1100. Ese mismo día había sido trasladado desde la comisaría 12ª, del barrio Ludueña, debido a cuestiones vinculadas a procedimientos internos.

Su detención inicial se dio luego de que vecinos del sector de Juan B. Justo al 2000 denunciaran amenazas con arma de fuego.

De acuerdo con los registros, el imputado fue arrestado en una vivienda cercana al cruce ferroviario de la línea Belgrano. Durante la requisa, la Policía encontró una pistola calibre .22 en mal estado, sin cargador y con un proyectil en la recámara, lo que sumó cargos al expediente.

Respecto a cómo fue que escapó, funcionarios policiales admitieron que Gustavo Nicolás R. habría aprovechado un momento de distracción de los agentes para abandonar el edificio esposado.

La Fiscalía de Flagrancia, representada por el fiscal Cabrera, intervino de inmediato para formalizar la recaptura y garantizar que el detenido permanezca bajo custodia. El fiscal detalló a la prensa que en las próximas horas se tomará declaración al involucrado y se evaluarán nuevas imputaciones, tanto por la fuga como por el uso de arma de fuego.

La Fiscalía de Distrito de Salta imputó a ocho internos del Complejo Penitenciario Federal NOA III de General Güemes y a la pareja de uno de ellos por integrar una organización dedicada a la comercialización de drogas dentro de la cárcel.

El proceso judicial se inició tras una investigación de un año y medio desencadenada por la fuga de un preso, secuestros reiterados de celulares y el ingreso de estupefacientes. Además se puso la lupa sobre el Servicio Penitenciario Federal (SPF) por presunta complicidad.

Durante la audiencia de formalización efectuada ante la jueza federal de Garantías N° 2, Mariela Giménez, todos los acusados recibieron prisión preventiva y se ordenó su traslado inmediato a otras unidades para evitar que influyan en la investigación judicial. Se trata de ocho personas identificadas con las iniciales R.A.R., conocido como “El Patrón” y posible organizador. E.J.A.B., C.E.A., M.J.F., E.M.T., R.A.V., M.H.O. y F.E.C. En tanto, los agentes detuvieron en la ciudad de Orán a A.I.A., pareja de uno de los implicados, acusada de ser coautora.

Todo se habría dado a partir de la fuga de un preso en enero del año pasado que hasta el momento no ha sido recapturado. De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal, desde ese episodio se inició una serie de operaciones que terminaron con el secuestro de más de 250 celulares y la detención de ingresos de drogas.

La investigación tomó varios meses de prórrogas y análisis. Entre las medidas adoptadas, la magistrada autorizó peritajes sobre los dispositivos secuestrados y dispuso el levantamiento del secreto bancario y el congelamiento de cuentas vinculadas a los imputados. A través de imágenes captadas por drones pudieron observar que los reclusos descartaban celulares y droga por las ventanas minutos antes de ser requisados. En las grabaciones también mostraban la cantidad de paquetes que poseían, donde mencionaban la cocaína y la pasta base con los términos “blanca” y “amarilla”.

Con las pruebas recolectadas detectaron conversaciones telefónicas entre los acusados, audios y videos que mostraban el fraccionamiento y la distribución de los productos, así como su venta interna por valores que promediaban los 10 mil pesos por paquete.

El operativo central de la investigación tuvo lugar el 10 de junio pasado y fue encabezado por el fiscal general Eduardo Villalba ante la decisión de evitar intervención del SPF por sospechas de connivencia. Durante dicho procedimiento se allanaron otras dependencias del penal, como la capilla, y algunos domicilios de allegados de los internos.

Al mismo tiempo, Giménez remarcó que la distribución de la droga dentro del penal alcanzaba zonas determinadas como el área de la escuela, los talleres y el sector funcional, donde solían pasar los productos de mano en mano. En otras ocasiones, ocultaban los estupefacientes en huecos realizados en el piso o en las paredes. En varios lugares encontraron incluso pastillas y envoltorios sospechosos.

La magistrada destacó la gravedad institucional del caso, mientras la fiscalía subrayó que la organización delictiva operaba con un esquema mafioso interno, valiéndose del contacto externo, transferencias bancarias y uso recurrente de los móviles no permitido detrás de la cárcel.

Cabe destacar que los acusados se encuentran cumpliendo otras condenas y en alguno de los casos, relacionadas con la comercialización de droga. Tal es el caso de al menos cuatro de ellos, sentenciados a penas de entre 2 y 8 años de prisión por transporte de estupefacientes agravado, algunos en calidad de organizador. Otro de los imputados cumplía una sentencia por secuestro extorsivo doblemente agravado contra un empresario del transporte; mientras que en otros casos, las acusaciones se dieron por robo y hurto, y tenencia de drogas con fines de comercialización.

“No queremos que se vayan antes de la cárcel, queremos que salgan mejores”, destaca Eduardo, quien deja claro que no busca privilegios para quienes han cumplido su condena, sino igualdad y herramientas para que puedan competir. Destaca también la compleja logística de los partidos y la posibilidad de que el sector pueda brindar capacitaciones y encontrar personal valioso sin pensar en hacer beneficencia, sino en un vínculo que sume valor a ambas partes.

¿Cómo surgieron los Espartanos?

El proyecto surge en 2009. Yo había conocido una cárcel unos meses antes y lo que vi ahí adentro me hizo pensar: estas personas van a salir y van a salir peor, y las consecuencias las vamos a sufrir nosotros. En ese momento ya estaba casado, teníamos varios hijos, y dije: esto tiene que ser por mis hijos. Llevé lo que me apasiona, que es el rugby, a ver si podía servir como herramienta para bajar los índices de reincidencia.

¿Cómo fue la recepción de los presos?

En el primer entrenamiento, físicamente estaban muy mal. Con un ida y vuelta corriendo, ya estaban cansados, se tiraban a fumar. Fue difícil. Pero les enseñamos a tacklear, que es algo distinto, te podés golpear y es lícito. Eso les empezó a gustar, y fue lo que hizo que nos pidieran volver. Dijimos que iríamos todos los martes. A partir de esa constancia empezó a crecer la idea de Espartanos.

¿Creés que otro deporte podría haber funcionado igual?

Yo creo que cualquier actividad dentro de una cárcel suma, porque son personas totalmente abandonadas. Nadie las va a visitar. Eso es lo más parecido al infierno. Que alguien vaya a llevarles algo, les suma. Pero el rugby tiene ese plus: estas personas crecieron con violencia y se manejaron así. Nosotros fuimos a enseñar catequesis también. Si no querés ser agresivo, acá tenés el rugby: podés golpear con un tackle y descargar esa adrenalina. Uno de ellos me dijo: “en esta hora y media me saqué dos años de odio”. A partir de ahí, empieza la reconstrucción.

¿Organizan partidos con otros equipos?

Sí. Con el tiempo el equipo fue creciendo, se contagió a otras cárceles, y empezamos a hacer partidos entre ellas. También con equipos de afuera. Jugamos cada seis meses, un sábado, tres horas, para que sus familias vean todo lo que trabajaron. Eso les daba un propósito, y el propósito te enfoca. Y eso es clave para no reincidir.

En cuanto a la logística, ¿cómo es trasladar al equipo?

Es complejo. Primero necesitás jueces que autoricen. Tenés que hablar con cada uno y explicar que estas personas están enfocadas, que jugar un partido los ayuda a mantenerse así durante meses. Convencimos primero al Servicio Penitenciario y después a los clubes para que los recibieran. No fue fácil, pero funcionó. Los índices de reincidencia bajaron a menos del 5% en quienes participaron.

¿Qué significa “liderar tu pyme como un espartano”?

Cuando empecé a dar charlas, muchas empresas que me contrataban para eventos terminaron ofreciendo trabajo. Eso es espectacular. Liderar como un espartano es tener valores de vida: respeto, sacrificio, perseverancia, constancia, animarse. Ellos fueron creciendo así. Y se puede ser ejemplo incluso estando preso.

¿Qué tipo de empresas los apoyan?

Hay de todo. No es un solo rubro. Eso está bueno, porque si fuera uno solo, el resto no se involucraría. El prejuicio empieza a bajar. Van, conocen, y dicen: “a este me lo llevo”.

¿Creés que en logística o comercio exterior puede aplicarse?

Sí, claro. Pero no porque alguien estuvo preso hay que darle trabajo por lástima. Tiene que servirte. No hagas solidaridad. Tampoco quiero que bajen impuestos a quien contrate a alguien con antecedentes. Eso sería desigual. La persona ya cumplió su pena, ahora que compita.

¿Y del lado de los propios Espartanos? ¿Crees que pueden interesarse con trabajos en este sector?

Totalmente. Muchos arrancan sin saber nada del lugar donde entran a trabajar, pero se entusiasman, se capacitan y se apasionan. Tenemos gente estudiando para contador, abogado. Descubren talentos que no sabían que tenían. Y cuando alguien les da una oportunidad, se la juegan. Uno que fue al Aconcagua, por ejemplo: nunca había subido dos pisos por escalera, pero entrenó e hizo cumbre. Dijo: “ahora entiendo cuando me decían que no tenía techo. El techo me lo había puesto yo”. Cuando estás dispuesto a dar un paso, ya estás en otro lugar.

¿Qué rol juegan los cursos en este proceso?

Fundamental. Hay empresas que hoy vienen a dar cursos porque necesitan gente. Hicimos tres aulas y un gimnasio para eso. Apuntamos a los que están a seis meses de recuperar la libertad. Así, si les interesa a las empresas, ya conocen a quién pueden sumar. No es dar un curso por darlo, es dar herramientas que sirvan para ambos lados.

¿Qué recomendación darías a quienes lideran en contextos cambiantes?

Que no claudiquen ante la adversidad. El Papa Francisco, cuando fuimos a Roma en 2015, nos dijo una frase que me marcó: “en el arte de ascender, lo importante no es no caer, sino no permanecer caído”. Cada vez que te caés, levantate. Apasionate por resolver problemas. A la gente la contratan para eso. Te tiene que gustar convertir un “no” en un “sí”.

¿Querés dejar un mensaje final?

Me gustaría que pensemos la seguridad no solo como un tema del Estado. Nos afecta a todos. Es más importante que lo económico. Prefiero estar sin plata y vivo, que lleno de plata y en el cementerio. No es solo responsabilidad del gobierno. Hay que ayudar. Me quedo con una frase que escuché a un mexicano: “la persona idealista es la que entiende que su misión empieza donde termina su responsabilidad”. No es para el que se queja, sino para el que da un paso. Y ese paso, cada uno sabrá cuál es. Pero si llevás tu pasión a un lugar como este, el beneficiado no es solo el preso. Somos todos.

Uno de los temas centrales en su discurso fue las estrategias de lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Arana, quien antes fue titular del Ministerio de Justicia, reconoció que bandas criminales continúan operando desde los penales peruanos.

Para frenar esto, el Gobierno anunció que evalúan mecanismos de cooperación bilateral que permitirían el traslado de internos extranjeros de alta peligrosidad a sus países de origen.

Entre las opciones planteadas se encuentra el envío de estos reclusos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, una de las cárceles de máxima seguridad más severas de la región.

La propuesta tiene como principal objetivo descongestionar el sistema penitenciario peruano, desarticular estructuras criminales que se fortalecen dentro de los penales y reafirmar el principio de autoridad del Estado. “El Perú no permitirá que sus cárceles sean plataformas del crimen. Estamos decididos a recuperar el control total del sistema penitenciario”, señaló el premier.

El CECOT, promovido por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, se ha convertido en un símbolo del endurecimiento de las políticas de seguridad en América Latina. Con capacidad para 40 mil reos, este penal alberga a miembros de peligrosas pandillas como la MS-13 y Barrio 18, y ha sido objeto de controversia por las condiciones de reclusión extremas y los cuestionamientos sobre derechos humanos.

La idea de enviar a reos de alta peligrosidad al CECOT de El Salvador no es reciente. Hace una semana, la congresista Katy Ugarte presentó un proyecto de ley con ese objetivo. La iniciativa propone que los internos extranjeros, considerados de alto riesgo, puedan ser trasladados a centros penitenciarios especializados fuera del país.

En su momento, miembros del Ejecutivo señalaron que estaban evaluando la propuesta; sin embargo, el anuncio de Arana solo aplicaría únicamente a delincuentes de nacionalidad extranjera. Es decir, los reos peruanos seguirían cumpliendo sus condenas en territorio nacional.

Ante la propuesta, el congresista Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, expresó su desacuerdo y criticó que se pretenda “exportar presos”. Para el legislador, la prioridad debería ser fortalecer los penales del país.

¿Es viable enviar presos a El Salvador?

Esta medida busca combatir el hacinamiento carcelario y cortar los vínculos del crimen organizado que opera desde los penales del país. Sin embargo, aún no existe claridad sobre cómo se gestionaría este posible acuerdo entre el gobierno peruano y el salvadoreño.

Desde El Salvador, Nery Mabel Reyes, directora de Noticias de Radio YSKL, señaló que las autoridades salvadoreñas no se han pronunciado oficialmente sobre esta propuesta.

“En El Salvador no se ha tenido una posición oficial sobre acercamientos con autoridades peruanas para poder recibir a presos en la cárcel de máxima seguridad o CECOT, como se le conoce, que está ubicada en la zona paracentral del país”, declaró en RPP.

Reyes reveló que algunos especialistas en materia penitenciaria han planteado que El Salvador podría analizar la propuesta si representa una oportunidad económica.

“Me decía un especialista en materia penitenciaria que El Salvador estaría buscando rentabilidad en el sistema carcelario y que si el acuerdo incluye una remuneración que a El Salvador le parece rentable, sería una especie de alquiler de la cárcel de máxima seguridad para dar el tratamiento a los presos ya condenados en Perú”, comentó.

Este modelo no es nuevo. De acuerdo con Reyes, ya existe un precedente de cooperación entre El Salvador y Estados Unidos, mediante el cual se cobra más de 200 dólares diarios por cada reo estadounidense trasladado. Bajo ese esquema, el costo para el Estado peruano podría ascender a 73 mil dólares anuales por cada interno.

La policía de Louisiana arrestó el lunes 9 de junio a Darriana Burton, de 28 años, acusada de colaborar en la fuga de su novio, Derrick Groves, uno de los dos reclusos que permanecen prófugos desde el pasado 16 de mayo en el Orleans Justice Center de Nueva Orleans.

Las autoridades aseguran que Burton jugó un rol activo en la planificación del escape y enfrentará cargos por conspiración para cometer evasión simple, un delito grave.

Burton, quien trabajó como empleada en la Oficina del Sheriff del Distrito de Orleans, fue despedida en marzo de 2023 luego de ser detenida por presuntamente introducir contrabando en la cárcel. Aunque esos cargos fueron rechazados posteriormente por la fiscalía local, su nombre volvió a aparecer en el radar de las autoridades tras la fuga masiva del mes pasado.

La Oficina del Fiscal General de Louisiana afirmó que Burton mantuvo comunicaciones constantes con Groves mientras este aún se encontraba detenido, incluyendo mensajes de texto y videollamadas.

De acuerdo con una orden de arresto, en una de esas videollamadas, Groves evitó revelar detalles comprometedores sabiendo que estaba siendo grabado, pero dejó claro que coordinaría una segunda llamada fuera del sistema monitoreado. En esa futura conversación, presuntamente discutirían la logística del escape, incluyendo transporte y el momento oportuno para ejecutar el plan.

Un plan cada vez más evidente

Según la documentación judicial, dos días antes de la fuga, Burton participó en una videollamada desde una de las tablets del centro penitenciario. Durante la comunicación, se le vio sosteniendo otro dispositivo frente a la cámara, en el que aparecía un tercer hombre que también estaba en una llamada por FaceTime.

Las autoridades creen que este sujeto sería parte del círculo externo que ayudó a coordinar el escape. Aunque el hombre desconocido advirtió que la evasión era una “mala idea” y que desencadenaría una “cacería humana”, el intercambio sirvió para confirmar que Burton ya había informado del plan a terceros y solicitado ayuda externa.

El fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, aseguró en un comunicado que las autoridades continuarán persiguiendo a cualquier persona que haya colaborado en la fuga. “Arrestaremos a todos los cómplices y eventualmente llevaremos de regreso a Derrick Groves y Antoine Massey a prisión, donde pertenecen”, declaró. Murrill también agradeció al Servicio de Alguaciles de EE.UU. por ejecutar la orden de captura contra Burton.

Una fuga de película y dos prófugos peligrosos

El 16 de mayo, Groves y otros nueve reclusos escaparon del centro penitenciario aprovechando fallas estructurales en el recinto. Según las autoridades, los internos lograron abrir una puerta defectuosa de la celda, quitar un inodoro de la pared, arrastrarse por un hueco, saltar desde el muelle de carga y escalar una cerca con alambre de púas antes de huir en diferentes direcciones.

Desde entonces, ocho de los diez evadidos fueron recapturados. Solo Derrick Groves y Antoine Massey siguen prófugos. Ambos son considerados peligrosos, y el estado aumentó la recompensa por su captura a 50.000 dólares por cada uno.

Groves fue condenado en 2023 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de dos personas durante el Mardi Gras de 2018. Además, también se declaró culpable de dos cargos de homicidio involuntario en un caso no relacionado.

Red de apoyo bajo vigilancia

Las autoridades ya han detenido a más de una docena de personas sospechosas de haber facilitado la fuga. Entre ellos figura Sterling Williams, un trabajador de mantenimiento de la cárcel acusado de cortar el suministro de agua, lo que permitió a los presos desmontar el inodoro. Williams habría declarado que lo hizo bajo amenaza de uno de los reclusos, aunque su abogado sostiene que simplemente intentaba desatascar un baño en desuso.

Con la detención de Burton, los investigadores refuerzan su hipótesis de que los reclusos contaron con una red de apoyo interna y externa para ejecutar la fuga y mantenerse ocultos. La relación intermitente de tres años entre Burton y Groves parece haber sido un factor clave en la colaboración de la mujer, quien ahora enfrenta hasta cinco años de prisión si es hallada culpable.

Mientras tanto, el cerco se estrecha en torno a los últimos dos prófugos. La policía estatal y los marshals federales continúan trabajando “sin descanso” para dar con Groves y Massey, considerados armados y peligrosos.

Hoy todo cambió: la dependencia se convirtió en una alcaidía y la vista de su contra frente se modificó por completo. Graciela vive con las ventanas de su baño, dormitorio, comedor y cocina orientadas hacia un pulmón de manzana donde ahora funcionan los patios de la Alcaidía Anexo 3A. “Es como una mini cárcel de Devoto”, aseguró.

Los días de semana, el tránsito y la circulación de peatones por calle General Urquiza, entre Agrelo y Venezuela, es incesante. Por allí pasan cuatro líneas de colectivos, alumnos que entran y salen de dos colegios de la zona, ambulancias que ingresan al Hospital Ramos Mejía, taxis y remises que dejan a pacientes en la guardia, y público en general que concurre a alguno de los tres bares que hay en la cuadra.

En medio de la vorágine cotidiana que se vive en ese rincón porteño, hay un “infierno” que pasa inadvertido para muchos en la calle General Urquiza 550: los vecinos aseguran que allí funciona “una cárcel a cielo abierto”.

Detrás de la fachada de ese edificio, afirman, “se viven situaciones de un reality tumbero”: fugas de presos, motines con quema de colchones, gritos nocturnos, peleas entre detenidos, música fuerte a cualquier hora y momentos de extrema tensión.

“Acá no hay que temerle a una entradera desde la calle; acá los presos se me meten desde adentro”, contó Sergio, otro vecino de la zona, al recordar que durante una quema de colchones, en mayo y en diciembre del año pasado, se fugaron varios presos y uno de ellos escapó por la terraza de su casa.

El PH donde vive Sergio linda con el fondo de la alcaidía. “A principios de mayo de 2024, uno de los reclusos se subió a la medianera, cayó sobre mi terraza y de ahí saltó unos cinco metros hacia el pasillo que se dirige a la puerta de entrada para darse a la fuga”, relató. “Fue una locura. No sabés si estás en tu casa o si formás parte de una serie carcelaria. Acá la realidad supera la ficción”, se indigna el vecino.

Graciela también fue testigo de esa fuga. “Escuché los gritos, y estaban parados en el tapial que da a mis tres ventanas. Subieron al paredón que separa mi edificio del de Sergio. Fue un peligro. Cerré todas puertas y las ventanas, y me atrincheré en living rogando que no se metieran a mi casa”, recordó.

El temor no es infundado: en ese predio se alojan alrededor de 60 detenidos con causas graves, desde robo a mano armada hasta homicidio. “No estamos hablando de contraventores; son tipos pesados”, describió Sergio.

Pero eso no es todo: muchas celdas están pared de por medio con su PH. “En mi caso, y para ser gráfico, es como si tuviese a los detenidos dentro de mi dormitorio. Los gritos, insultos y el descontrol se prolongan hasta altas horas de la noche, sin ningún tipo de supervisión, agravando aún más la situación”, enfatizó.

Los damnificados también denunciaron que durante el incendio dentro del penal debieron autoevacuarse por el humo. “Los presos prendieron fuego colchones. Seis dotaciones de bomberos entraron por nuestros patios. Nosotros nos intoxicamos y los presos, cuando llegaron los bomberos, ya habían apagado los matafuegos. Nadie se preocupó por nosotros”, remarcó.

La repercusión mediática de ese episodio y la difusión de los videos por redes sociales, hizo que a principios de 2024 la Policía de la Ciudad construyera un muro de cemento de dos metros con alambre de púas entre su casa y la alcaidía. Para Sergio, la medida fue simbólicamente doble: “Quisieron contener las fugas y callarnos. Nos encerraron más a nosotros que a ellos”.

La vida de quienes están privados de su libertad en la alcaidía también es visible desde las ventanas de los edificios. En este contexto, algunos padres prohibieron a sus hijos asomarse a las ventanas por temor a presenciar situaciones violentas o desnudos, dado que los reclusos se cambian al aire libre, a la vista de todos.

Pese al levantamiento del paredón —que bloqueó parcialmente el ruido—, Graciela dijo que la estructura redujo la entrada de luz y aire al pulmón de manzana y no resolvió los problemas de fondo, que son los ruidos molestos. “Ellos se la pasan todo el tiempo en el patio. Comen, hacen gimnasia, escuchan música, conversan en voz alta y todo retumba en nuestras casas”, ejemplificó.

Además, relataron que las noches suelen estar marcadas por gritos y escenas de violencia que los obligan a intervenir. “A las doce de la noche tenemos que llamar al jefe de guardia para pedirle que bajen la música. ¿Quién tiene que llamar a una comisaría para denunciar a la comisaría misma?”, se preguntan con ironía. Los damnificados también advirtieron que hubo mujeres que tuvieron ataques de pánico y que actualmente se encuentra bajo tratamiento.

Todos coinciden en que la llegada masiva de condenados se produjo en septiembre de 2022. “Lo recuerdo muy bien porque fue el atentando a Cristina Kirchner, y después, en el mundial, los presos nos gritaban antes los goles porque escuchan los partidos por la radio”, recordó Sergio.

Según contó Rosa, en varias ocasiones se acercó en persona a la sede policial para pedirle a los policías que supervisen el comportamiento de los detenidos. También envió correos a funcionarios del Gobierno porteño, como el Director de la Alcaidía y el Ministro de Seguridad, sin obtener respuestas satisfactorias. “Se lo transfieren entre ellos como si fuera un trámite menor. Te contestan con una liviandad total: ‘Su solicitud ha sido remitida al área competente‘”, se lamentó.

Para Rosa, la rutina se volvió insoportable. “Yo trabajo en casa, procesando datos con la computadora. Necesito concentración, pero todo el tiempo tengo que interrumpir lo que hago porque empiezan los ruidos. “Es como vivir con ellos”, aseveró.

Además, dijo que el impacto va más allá de lo emocional, debido a que su propiedad perdió valor de mercado. “¿Quién me va a comprar la casa con esto al lado? Aunque la tenga impecable, ¿a quién se la vendés? Es una pérdida económica, laboral y productiva”, ejemplificó.

El conflicto, asegura, lo provocó el mismísimo gobierno porteño: “Nos trajeron el conflicto al barrio. Ellos se llenan la boca hablando de seguridad, pero esto es una cargada. Encima ya no tenemos comisaría. Si hay un problema, no hay nadie para atenderte. Los policías de la alcaidía están para vigilar a los presos, no para cuidarnos a nosotros".

A pesar de los reiterados reclamos presentados por los vecinos -tanto de forma presencial como escrita- dirigidos al Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; y al Ministro de Seguridad, Horacio Alberto Giménez; junto a su segundo, el secretario Maximiliano Hernán Piñeiro; “la respuesta fue el silencio y la total inacción”.

Los vecinos identificaron, al menos, a cinco funcionarios y áreas que los escucharon sin darle respuestas. Aseguran que les prometieron reuniones, seguimiento y ayuda, pero que nunca más me llamaron. “Nos obligan a una convivencia forzada con una población penitenciaria que vulneró nuestros derechos básicos al descanso, a la seguridad, la salud y la dignidad de quienes vivimos y trabajamos aquí”, se lamentaron.

Infobae se comunicó con el gobierno porteño, quienes aseguraron que se está trabajando para poder “sacar a los presos de las comisarías en base a un acuerdo con Nación para la creación del servicio penitenciario porteño que incluirá el nuevo penal que se está construyendo en Marcos Paz”.

Mientras tanto reforzaron el trabajo en las cárceles y comisarías para evitar fugas. “Es una realidad que hay 2500 presos en la Ciudad y se disponen diariamente de 3000 policías dedicados a cuidarlos”, agregaron.

Datos oficiales sostiene que hay superpoblación en las comisarías y las alcaldías porteñas: poseen 2.240 detenidos dentro de sus calabozos, los cuales tienen una capacidad máxima para 1.270.

“Esto no es un centro de detención transitorio. Esto es vivir al lado de una cárcel real, con todas las consecuencias, pero sin ninguna protección”, concluyeron los damnificados, mientras sus vidas siguen “al límite” y cada semana las alcaidías reciben entre 100 y 120 nuevos presos.

Fotos y videos: Gastón Taylor

El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed al Nahyan, ha ordenado este martes la excarcelación de 963 presos de centros penitenciarios y correccionales con motivo del Eid al Adha --el Día del Cordero, la mayor festividad del islam--, una iniciativa a la que se han sumado los emires de Dubái y Fujairah, elevando a 2.060 el número total de indultados.

El dirigente de Dubái, que ocupa también los cargos de vicepresidente, primer ministro y ministro de Defensa, Mohamed bin Rashid al Maktum, ha ordenado también la liberación de 985 reos, mientras que el gobernador de Fujairah, Hamad bin Mohamed al Sharqi, ha instado a las autoridades pertinentes a excarcelar a otros 112 reclusos, según ha recogido la agencia de noticias emiratí , WAM.

Esta serie de medidas, similares al perdón concedido a más de 1.500 presos al inicio del Ramadán, incluye a presos de varias nacionalidades, que habrían probado su "elegibilidad y buena conducta", al menos en el caso de Fujairah, y que deriva del interés de los dirigentes por dar una nueva oportunidad a los liberados y reconfortar y fortalecer a las familias, ha apuntado la agencia WAM.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de febrero, cuando un interno del centro penitenciario vallisoletano logró escaparse gracias a la colaboración de otros reclusos que fueron puestos en libertad ese mismo día, han informado este martes fuentes del instituto armado.

Las imágenes de seguridad evidenciaban cómo el fugado podría haber sido trasladado dentro de un voluminoso bulto transportado en un carro portaequipaje por los ahora detenidos.

 Tras la fuga, la Guardia Civil inició la operación ESCAPE para esclarecer los hechos y revisó las grabaciones de seguridad del centro penitenciario.

Los agentes identificaron a los tres internos recientemente liberados, quienes llevaban consigo numerosos paquetes al salir del recinto. En una de estas bolsas de gran tamaño, se sospechó que iba oculto el fugado.

Las pesquisas llevaron a los agentes a analizar perfiles públicos en redes sociales, donde encontraron imágenes que confirmaban la relación previa entre el interno evadido y los tres liberados, reforzando la hipótesis de una fuga planificada.

 Además, tuvieron conocimiento que el interno fugado tenía una fuerte influencia dentro de la penitenciaría.

 Con las pruebas recopiladas, los agentes los arrestaron como supuesto autores de quebrantamiento de condena como cooperadores necesarios. También investigaron a la persona titular del vehículo en el que presuntamente fue trasladado el fugado.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias que han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción numero 3 de Valladolid. EFE

Las autoridades todavía están buscando a dos fugitivos del grupo de 10 reclusos que se escapó de una prisión de Nueva Orleans hace 11 días en una persecución que se ha extendido hasta Texas y ha atrapado a varios sospechosos más acusados de ayudar a los fugitivos.

Tres hombres más fueron arrestados el lunes 26 de mayo, uno por el Departamento de Policía de Baton Rouge y dos en el condado de Walker, Texas, por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo la Policía Estatal de Louisiana el lunes por la noche.

La Policía Estatal de Louisiana también arrestó a seis personas acusadas de ayudar a los fugitivos, incluyendo a una mujer de 21 años, acusada de complicidad en la fuga con agravantes.

Se unen a Sterling Williams, trabajador de mantenimiento de la cárcel de Nueva Orleans, quien fue arrestado la semana pasada y también acusado de complicidad en la fuga, y a Cortnie Harris, de 32 años, y Corvanntay Baptiste, de 38, quienes también fueron acusados la semana pasada de ayudar a los fugitivos tras la fuga.

Los dos fugitivos que siguen prófugos son Antoine Massey y Derrick Groves, según la policía estatal. Groves fue condenado por asesinato en segundo grado por un tiroteo ocurrido en 2018 durante el Día de Carnaval, según la fiscalía de distrito de la parroquia de Orleans.

Massey enfrenta cargos de robo de vehículo motorizado y agresión con violencia doméstica con estrangulamiento, según Nola.com, y también es buscado por violencia doméstica, secuestro en segundo grado y violación en segundo grado.

Massey presuntamente amenazó con apuñalar a Williams para obligarlo a cerrar el suministro de agua de una celda, lo que facilitó la fuga al permitir que los reclusos se llevaran un inodoro y un lavabo de la celda sin que se dieran cuenta, según la declaración jurada de Williams.

Groves presuntamente intentó quitarle el teléfono. Un abogado de Williams declaró a The Associated Press que Williams es inocente y que había sido utilizado como instrumento por los fugitivos.

Massey se ha fugado de la custodia en varias ocasiones en Louisiana, según informes de prensa locales: una vez en 2007 de un centro de detención juvenil de Nueva Orleans y otra en 2019 del Centro de Detención de la Parroquia de Morehouse, cuando huyó a Texas. Fue recapturado en ambas ocasiones.

Los funcionarios estatales y parroquiales han prometido una respuesta enérgica a la descarada fuga de la cárcel en la que Massey, Groves y los otros fugitivos violaron la pared de una celda en el Centro de Justicia de la Parroquia de Orleans al sacar un inodoro y un lavabo y dejaron mensajes burlones para los funcionarios después de huir.

La fuga puso bajo escrutinio la presunta mala administración de la cárcel, que según la sheriff de la parroquia de Orleans, Susan Hutson, carece de personal y fondos suficientes, y hubo quejas de que las autoridades tardaron en informar sobre la fuga cuando se descubrió horas después de que los reclusos escaparan.

El gobernador republicano Jeff Landry, quien anunció una investigación independiente sobre la fuga, ha promocionado el esfuerzo por recapturar a los fugitivos en las redes sociales. “Antoine y Derrick, ¡ustedes son los SIGUIENTES!”, escribió el lunes.

(c) 2025, The Washington Post

Las historias en las que los presos consiguen escaparse de la cárcel suelen ser muy llamativas. De hecho hay varias series y películas que han sido éxitos taquilleros. Una de ellas de Prision Break, una de las más vistas de inicios de siglo.

Las historias de Michael Scofield y Lincoln Burrows parecían utópicas e irrepetibles. Sin embargo, la policía francesa ha tenido que incautar en 66 cárceles diferentes teléfonos de tamaño minúsculo, algo que ha hecho saltar todas las alarmas debido a la gravedad del asunto.

Según informa el diario francés Le Monde, la policía ha confiscado más de 5.000 minimóviles este martes, siendo una prioridad para el cuerpo de seguridad requisar todos estos pequeños dispositivos electrónicos.

Quién ha distribuido estos dispositivos

Estos teléfonos en miniatura se estima que han sido distribuidos por una página web que se dedica a la venta de estos teléfonos en miniatura. Esta web francesa se llama Oportik y se dedicaba a comprar los teléfonos a una empresa China y revenderlos en Francia.

Pese a que la policía no haya confirmado de manera oficial que sea esta, la web permanece cerrada. De hecho, si intentas acceder a esta, aparece una imagen en el que se especifica que la web ha sido incautada por un proceso judicial.

Además, en su cuenta de Instagram, @oportik.phone, compartían fotos en las que presumían de su efectividad a la hora de entrar en la cárcel, pudiendo pasar los controles sin ningún tipo de problema. Esto se debe a que estaban compuestos casi por completo con plástico, lo que los hacía indetectables. Para meterlos en la cárcel tenían que introducírselos en el ano y, una vez pasado el detector, expulsarlos.

Estos pequeños dispositivos están a la venta en diferentes tiendas a lo largo del mundo, siendo China su principal exportador. La venta de estos dispositivos no está prohibida, sin embargo Oportik cometió un error garrafal al exponer de manera tan evidente en redes sociales lo efectivo que puede ser su uso en las cárceles.

El inicio de una tendencia global

Los móviles han permitido a cientos de presos continuar con sus actividades delictivas, que van desde el tráfico de droga hasta actividades de extorsión. La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) ya se ha hecho eco de esta noticia, advirtiendo al resto de países de que podría ser una práctica recurrente en el resto de cárceles.

España es uno de los países que más pendiente debe de estar de esta tendencia debido a la cercanía geográfica que tiene con Francia. En muchos casos, los primeros países en adoptar este tipo de tendencias delictivas suelen ser los que más cerca están geográficamente.

La reciente noticia ha hecho saltar las alarmas en redes sociales, siendo un suceso muy llamativo. Estos pequeños teléfonos medían entre 2 y 4 centímetros y su precio estándar es de 20 euros, sin embargo, hay algunos modelos que pueden llegar a los 100 euros.

El pasado febrero, el ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, defendió la la prohibición de toda actividad recreativa en las cárceles. Esta propuesta ha tenido un desenlace de lo más decepcionante para el responsable de esta cartera, ya que en un auto publicado el lunes el Consejo de Estado subrayó que prohibir tales actividades sería contrario al código penitenciario, que prevé la organización de actividades para ayudar a los presos condenados a reinsertarse en la sociedad.

La Justicia también señaló que, el ministro de Justicia tiene la capacidad de fijar las condiciones de las actividades propuestas por la administración penitenciaria, pero no puede prohibir actividades que se ajusten al Código Penitenciario por el mero hecho de tener carácter lúdico.

Polémica tratamientos faciales

A raíz de la polémica generada por los tratamientos faciales que se daban los reclusos de la cárcel de Toulouse-Seysses, Darmanin anunció a mediados de febrero que había ordenado suspender todas las actividades recreativas en las cárceles que no tuvieran que ver con la educación, la lengua francesa o el deporte. En una carta dirigida al director de la administración penitenciaria, el ministro había insistido en que la realización de actividades en detención debía tener en cuenta el respeto a las víctimas.

Posteriormente, el tribunal administrativo precisó que sólo pueden prohibirse las actividades que, por su finalidad, la elección de los participantes o sus modalidades prácticas, puedan atentar contra el respeto debido a las víctimas.

Más de 150 actividades suprimidas desde febrero

Tras este anuncio, Nicolas Ferran, responsable de la Unidad de Contencioso del Observatorio Internacional de Prisiones (OIP), que inició el recurso, declaró al medio parisino Libération que se trataba de “una victoria innegable y un revés total para Gérald Darmanin”. También explicó que “no se trata de una anulación propiamente dicha, sino de una restricción tan estricta que neutraliza casi por completo esta posibilidad.”

Según Nicolas Ferran, la cuestión relevante en estos momentos es de qué manera afectará esta decisión a la administración penitenciaria, ya que según un recuento realizado por la OIP, se han retirado más de 150 actividades destinadas a los presos desde la publicación de esta circular, en más de 70 establecimientos. Algunas de las actividades como sesiones de yoga, de juegos de mesa o de mediación con animales han sido rechazadas con el argumento de que son divertidas.

“Ahora vamos a concentrarnos en vigilar la forma en que se restablecen las actividades en los establecimientos”, explica el responsable de la OPI, quien añade que ya ha emprendido acciones legales contra varias de estas cancelaciones.

La Controladora General de los Lugares de Privación de Libertad, Dominique Simonnot declaró al medio francés su satisfacción por la decisión del Consejo de Estado, que pone fin a “esta decisión catastrófica de Gérald Darmanin”.

Además, asegura refiriéndose al ministro que “él mismo sabía que había ido demasiado lejos”. Dominique Simonnot destaca, sin embargo, que es “absurdo alegrarse de una decisión que ratifica una decisión propia de la normalidad”.

Un cuarto recluso que escapó de una cárcel en Nueva Orleans ha sido capturado, mientras que seis más continúan prófugos tras una fuga ocurrida el pasado viernes.

Gary C. Price, de 21 años, quien enfrenta múltiples cargos, incluidos siete por intento de asesinato en primer grado, fue detenido el lunes por la noche, según confirmaron las autoridades.

Según informó Fox News, la captura fue anunciada por el FBI de Nueva Orleans a través de una publicación en la red social X, en la que también se instó al público a proporcionar información sobre el paradero de los fugitivos restantes.

Seis hombres continúan prófugos y las autoridades aumentan las recompensas por información

De acuerdo con el FBI, los seis hombres que aún no han sido localizados podrían haber abandonado la ciudad o incluso el estado de Luisiana, aunque se cree que la mayoría permanece en el área de Nueva Orleans.

Las autoridades continúan trabajando en la captura de los seis hombres restantes. Según el agente especial del FBI, Jonathan Trapp, existe la posibilidad de que miembros del público estén ayudando a los fugitivos, lo que podría derivar en cargos por complicidad. Las investigaciones también han llevado a la suspensión de tres empleados del sheriff mientras se determina si alguno de ellos colaboró en la fuga.

También han intensificado la búsqueda, ofreciendo recompensas que ascienden hasta los 20.000 dólares por información que conduzca a la captura de cada uno de los prófugos. Según reportó The Associated Press, el FBI incrementó su recompensa inicial de 5.000 a 10.000 dólares por fugitivo, mientras que otras agencias, como Crime Stoppers y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, también han ofrecido sumas adicionales.

La fuga de los diez presos a través de un agujero detrás de un inodoro

La fuga, que ha generado un intenso escrutinio, ocurrió en el Centro de Justicia de Orleans, una instalación que alberga a 1.400 reclusos.

Según explicó la sheriff de la parroquia de Orleans, Susan Hutson, los hombres escaparon a través de un agujero detrás de un inodoro y luego escalaron una pared utilizando mantas para protegerse del alambre de púas. Las imágenes de vigilancia muestran a los fugitivos corriendo hacia un barrio cercano tras cruzar una autopista interestatal. La sheriff señaló que las “cerraduras defectuosas” y la posible colaboración de personal interno facilitaron la fuga.

El escape no fue detectado de inmediato. Los reclusos lograron salir de la cárcel alrededor de la 1:30 horas, en la madrugada, pero las autoridades no se percataron de su ausencia hasta un recuento rutinario realizado más de siete horas después.

Según funcionarios de la oficina del sheriff, no había agentes presentes en la celda donde se encontraban los fugitivos, y una empleada civil que estaba asignada al área se había ausentado para buscar comida. Este retraso en la detección y notificación ha sido duramente criticado por figuras públicas como la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, quien calificó la situación como inexcusable.

Información sobre los presos que se encuentran fugitivos

Entre los fugitivos se encuentran hombres de entre 19 y 42 años, muchos de ellos acusados de delitos graves como asesinato, agresión con agravantes y violencia doméstica.

Uno de ellos, Derrick Groves, fue condenado en 2022 por dos cargos de asesinato en segundo grado y dos de intento de asesinato en segundo grado. Otro, Corey Boyd, enfrenta un cargo pendiente de asesinato en segundo grado. Hasta ahora, tres de los fugitivos capturados han sido trasladados a un centro penitenciario estatal fuera del área de Nueva Orleans, según informó la Policía Estatal de Luisiana.

Los problemas de seguridad que enfrenta la cárcel de Nueva Orleans

La fuga ha puesto en evidencia problemas estructurales y de seguridad en el Centro de Justicia de Orleans, que abrió sus puertas en 2015. Según Jeworski “Jay” Mallet, jefe de correcciones del centro, el sistema de la cárcel fue diseñado para reclusos de custodia mínima, pero actualmente alberga a numerosos detenidos de alta seguridad que enfrentan cargos por delitos violentos.

Mallet también señaló que muchas puertas y cerraduras han sido manipuladas hasta el punto de no poder cerrarse correctamente. Apenas unos días antes de la fuga, la oficina de Hutson había solicitado fondos para reparar estas deficiencias.

La sheriff Hutson, quien enfrenta un proceso de reelección este año, ha sido objeto de críticas por parte de sus oponentes políticos y otros funcionarios.

Michelle Woodfork, exsuperintendente interina de la policía de Nueva Orleans y candidata a la posición de sheriff, ha exigido respuestas sobre cómo ocurrió la fuga. Por su parte, el fiscal de distrito de la parroquia de Orleans, Jason Williams, expresó su indignación, calificando el incidente como “absurdo” y señalando que el retraso en la notificación dio una ventaja significativa a los fugitivos.

Una intensa búsqueda se extiende ya por tres días en Louisiana, donde las autoridades persiguen a siete reclusos que lograron escapar de la Cárcel de Justicia de Orleans en Nueva Orleans. Los hombres, que formaban parte de un grupo de diez que se fugaron el viernes 16 de mayo por la mañana, permanecen prófugos tras utilizar un agujero detrás de un inodoro para salir de la prisión, según reportó ABC News.

Según las autoridades, los reclusos, cuyas edades oscilan entre los 19 y los 42 años, enfrentan cargos graves que incluyen homicidio, agresión agravada y abuso doméstico. “Sabemos que estos fugitivos son peligrosos, pero pedimos a la comunidad que no entre en pánico”, señaló la superintendente del Departamento de Policía de Nueva Orleans, Anne Kirkpatrick, en una conferencia de prensa el viernes.

Hasta el momento, se han ofrecido recompensas por hasta 12.000 dólares por información que lleve a su captura, de acuerdo con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), Crimestoppers y el FBI.

De acuerdo con NBC News, el escape fue descubierto durante un conteo rutinario de presos a las 8:30 a.m. del viernes, aunque las cámaras de vigilancia mostraron que todo comenzó horas antes, alrededor de la medianoche.

De acuerdo con declaraciones de Susan Hutson, sheriff de la parroquia de Orleans, los reos lograron abrir una puerta de celda, acceder a un muro y eventualmente salir del edificio a través de un muelle de carga. A las 1:19 a.m., las cámaras capturaron cómo escalaban una valla con la ayuda de mantas.

Las investigaciones iniciales han señalado la posible implicación de trabajadores del propio centro penitenciario. “Tenemos indicios de que estos detenidos recibieron ayuda interna”, afirmó Hutson, quien también confirmó que tres empleados han sido suspendidos mientras estos hechos son investigados.

Por su parte, el jefe de correccionales de la prisión, Jay Mallett, destacó que los detenidos utilizaron herramientas especiales para completar su fuga. “Más allá de ser una simple violación de seguridad, claramente hubo una herramienta involucrada”, indicó.

Un detalle relevante fue el hallazgo de un gran agujero detrás de un inodoro en una de las celdas, acompañado por frases que los reclusos escribieron en las paredes, entre ellas: “Somos inocentes” y “Demasiado fácil, jaja”. Fotografías difundidas por la oficina del sheriff muestran las marcas dejadas en el proceso de escape.

Tres recapturados

Hasta el momento, tres de los diez reclusos han sido recapturados. Entre ellos están Kendall Myles, de 20 años, quien ya había protagonizado una fuga en el 2022 desde el Centro para Jóvenes de Bridge City.

Myles, acusado de intento de homicidio y robo de vehículo, fue localizado el mismo viernes en un aparcamiento en el French Quarter de Nueva Orleans, luego de intentar esconderse bajo un auto.

Otro fugitivo, Robert Moody, también fue detenido el viernes, aunque no se han revelado mayores detalles sobre su captura. El tercer detenido, Dkenan Dennis, fue capturado más tarde esa noche y presentado como el caso más reciente de recaptura.

Poca seguridad en el penal

La infraestructura de la cárcel ha sido señalada como una de las causas principales que facilitaron el escape. Según Hutson, los problemas con los cerrojos y la antigüedad de las instalaciones habían sido recurrentemente reportados a las autoridades.

Incluso mencionó que días antes de la fuga había solicitado fondos para reparar la infraestructura. “Los cerrojos defectuosos son un problema que he denunciado continuamente”, enfatizó la funcionaria.

Más allá de los problemas físicos en las instalaciones, se identificaron errores humanos durante la fuga. Según la oficina del sheriff, un empleado civil encargado de monitorear las cámaras no estaba en su puesto en el momento crítico, debido a que había salido a buscar comida. Cuando regresó, los reclusos ya habían huido, lo que retrasó la detección del escape.

Voces de las autoridades

Las autoridades locales han intensificado los esfuerzos para localizar a los siete fugitivos restantes, con el apoyo de agencias estatales y federales. El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, anunció el domingo una conferencia de prensa para informar sobre los avances del operativo y reafirmar su compromiso con la seguridad pública. “Tres capturados, siete por atrapar, y no vamos a detenernos”, escribió Landry en la plataforma X, expresando su determinación.

Por otro lado, la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, solicitó una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. “Alguien claramente falló y no hay excusas para esto”, declaró a través de un comunicado en redes sociales. Además, subrayó la necesidad de establecer medidas de responsabilidad una vez que se recapture a todos los reos.

La comunidad local ha recibido advertencias para mantenerse alerta y no interactuar con los fugitivos por seguridad. La Oficina del Sheriff ha pedido a cualquier persona con información que colabore de manera discreta, utilizando las líneas habilitadas por Crimestoppers y otras agencias involucradas.

Mientras tanto, la región se mantiene en estado de vigilancia, y las autoridades avanzan con recursos ampliados para resolver una fuga que ha expuesto serios problemas en el sistema penitenciario de Luisiana.

Unas 1.700 personas privadas de su libertad están habilitadas para votar en las elecciones para legisladores de la ciudad de Buenos Aires y lo harán en nueve centros de detención, entre cárceles e institutos de menores, tanto de la ciudad como de la provincia de Buenos Aires. Quiénes no votarán son los presos en las comisarías porteñas.

Son quienes están empadronados en la ciudad y lo harán con el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), el mismo que se utilizará en las escuelas y en los centros de votación. La organización del comicio de los detenidos está a cargo de la Cámara Nacional Electoral en colaboración con la Justicia porteña.

La elección de los presos presenta algunas particularidades. No todos los detenidos con domicilio en la ciudad podrán votar. Solo alcanza a 1.700 personas que están detenidas en las cárceles de Devoto (la única unidad penitenciaria de la ciudad) y en las bonaerenses de Marcos Paz, Campo de Mayo y todos los complejos de Ezeiza. También en tres institutos de menores de la ciudad ya que se puede votar a partir de los 16 años. Esto es porque la logística permite llegar hasta los lugares de detención de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires.

La Justicia tiene registrado que hay otras mil personas detenidas en distintas cárceles del país con domicilio en la ciudad pero que no podrán votar por una cuestión operativa ya que no hay una logística que alcance a todas las provincias. Tampoco lo harán los cerca de 2.500 presos que tienen hoy las comisarías y las alcaidías en la ciudad de Buenos Aires, aunque no todos tienen domicilio en el distrito. Eso es porque la ley establece que pueden votar los detenidos en “establecimientos penitenciarios” y eso excluye a las comisarías y a las alcaidías.

La dinámica de las cárceles hace que el día de la elección no todas las personas registradas en una unidad penitenciaria o un instituto de menores están detenidas. Es porque pudieron ser liberadas o trasladadas a otra unidad. El cierre del padrón de presos es 60 días antes de la elección.

Por eso las personas empadronadas en una cárcel también lo están en el padrón general para que puedan votar en caso que hayan recuperado la libertad. “Después se hace un cruce de padrones para confirmar algo que es muy improbable y es que hayan votado dos veces”, aclaró una de las fuentes consultadas por Infobae.

Para las personas detenidas el modelo de elección que rige es el de la Boleta Única de Papel pero en esta elección utilizarán la boleta electrónica. Habrá de una a dos urnas electrónicas en cada uno de los nueve lugares de votación para las personas detenidas.

Históricamente el porcentaje de votación entre las personas detenidas es bajo. El récord de participación fue del 25 por ciento de las personas que podían hacerlo. Si bien el voto es obligatorio hay varias circunstancias que se presentan. Una es que al momento de votar muchos detenidos ya no lo están. También que muchos deciden no votar y no se lo coerciona a hacerlo y otro factor es que muchos no tienen en su poder el documento nacional de identidad porque se los retienen las autoridades penitenciarias o porque lo tiene algún familiar para un trámite.

Hoy a la noche se conocerá el resultado del escrutinio provisorio de la elección pero allí no estarán computados los votos -aunque sea un porcentaje ínfimo de las más de 2,5 millones de personas habilitadas para votar- de las cárceles. Esos votos se contarán directamente en el escrutinio definitivo que la Justicia comenzará a realizar el miércoles en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires.

"Por la mañana no se presentaron a recoger sus uniformes. No portaban armas. Todos eran presidiarios", relató una fuente al medio local 161.ru.

El incidente ocurrió entre el 8 y el 9 de mayo, durante las festividades del aniversario del Día de la Victoria, tan sólo días antes de ser enviados a combatir en el frente ucraniano.

Algunos de los desertores fueron condenados por crímenes como robo, homicidio y narcotráfico, entre otros casos.

Aunque cuatro de ellos fueron detenidos días después de huir, se desconoce el paradero de otros seis.

Las cárceles rusas han sido una de las principales fuentes de captación de soldados al Ejército ruso desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022.

Los convictos compran así su libertad a cambio de servir en el campo de batalla ucraniano, a pesar de que este tipo de agrupaciones registran numerosas quejas por el maltrato por parte de sus superiores y el bajo índice de supervivencia.EFE

Los inocentes que han estado en la cárcel hasta que ha llegado la sentencia tienen derecho a una indemnización por cada día que se les ha privado de su libertad. Pero no siempre es así. El 29 de junio de 2023, el Tribunal Supremo español dictó un fallo que declaró la inocencia de Baldomero, un hombre que pasó 15 años en prisión tras ser condenado en 1992 por dos delitos de violación y dos faltas de lesiones. Sin embargo, a pesar de la absolución, Baldomero no recibirá indemnización alguna, ya que la Justicia no reconoció la existencia de un “error judicial evidente”.

La sentencia del Supremo anuló el fallo emitido por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona en 1992, que había condenado a Baldomero calculando en el testimonio de una de las víctimas y en pruebas que posteriormente se demostraron insuficientes para sostener su culpabilidad. Entre los elementos que llevaron a la revisión del caso destacan nuevas evidencias científicas y la revelación de procedimientos deficientes en la investigación inicial.

Evidencias clave para la absolución

Entre las razones que condujeron a la reapertura del caso se encuentran informes periciales que no fueron debidamente presentados ni valorados en el juicio original. En 1992, la Policía Científica de Barcelona analizó muestras de semen encontradas en la ropa de una víctima, cuya característica genética no coincidía con la de Baldomero. Sin embargo, esta prueba, catalogada por la defensa como determinante, nunca fue adecuadamente expuesta en la vista oral debido a que los peritos no compararon y el juicio no se suspendió para garantizar su presencia.

Además, la principal testigo y víctima, Adriana, se retractó años después de haber identificado a Baldomero como el autor del delito. Su testimonio había sido la prueba central para la condena. En entrevistas posteriores, Adriana reconoció su error en la identificación, lo que debilitó aún más el marco probatorio en contra del acusado.

Otra pieza significativa fue un informe pericial del Servicio Central de Policía Científica que, en 1992, concluyó que los marcadores genéticos del semen hallado en la ropa analizada no coincidían con la sangre del acusado. Este detalle pasó desapercibido para los jueces en el juicio inicial, un aspecto que fue subrayado por el Tribunal Supremo durante la reciente revisión, al señalar que esta omisión de valoración perjudicó gravemente el derecho a la defensa.

Además, el Supremo tuvo en cuenta una evolución en la jurisprudencia española, que actualmente permite atender aquellas pruebas que podrían generar “dudas significativas” sobre la culpabilidad inicial, incluso si no comprueban de forma definitiva la inocencia del acusado. Este enfoque fue clave para admitir la posibilidad de que Baldomero fuera condenado injustamente con pruebas insuficientes.

La negativa a la indemnización

Sin embargo, la sentencia absolutoria no incluye una declaración de “error judicial evidente”, un requisito imprescindible para que un condenado injustamente pueda solicitar una indemnización del Estado. Según el fallo, la ausencia de valoración de algunas pruebas durante el juicio inicial no puede considerarse un error judicial en sentido estricto, ya que dichas pruebas no fueron excluidas por un acto deliberado, sino por la negligencia de ciertos procedimientos.

El Supremo subrayó que, aunque la absolución confirma la inocencia de Baldomero, no se puede interpretar que el proceso judicial inicial haya estado completamente viciado de nulidades graves que justifican una compensación económica. Este punto ha generado controversia, ya que organizaciones de defensa de los derechos humanos han señalado que el sistema penal debería otorgar un mayor reconocimiento y reparación a quienes sufren condenas indebidas.

La condena inicial estuvo basada en una investigación policial y judicial plagada de deficiencias, como la omisión de pruebas periciales que habrían permitido llegar a una conclusión diferente. Baldomero quedó absuelto formalmente en junio de 2023, pero su proceso penal y los años pasados ​​en prisión dejan una mancha imborrable en su vida. Sin indemnización ni reconocimiento oficial de un error judicial en términos materiales, se enfrenta ahora al desafío de reconstruir su vida en un sistema que, hasta el momento, no ha mostrado disposición para reparar su sufrimiento. El debate en torno a los casos de este tipo y las reformas en el sistema judicial continúa abierto.

El papa Francisco donó antes de su muerte, este lunes, 200.000 euros a los presos, una acción alineada con uno de los pilares de su papado, de no marginar a los privados de su libertad.

El obispo Benoni Ambarus, director de la Oficina para la Pastoral Carcelaria y encargado de Asuntos Caritativos de Roma, informó en las últimas horas que el Sumo Pontífice se había acercado a él poco tiempo atrás y había realizado esta transferencia de dinero de “sus últimas posesiones”.

“Donó 200.00 euros de su cuenta personal” al centro penitenciario para menores Casal del Marmo, en Roma, para ayudar, específicamente, con la fábrica de pastas que allí opera.

“Le dije que tenemos una hipoteca cuantiosa sobre esta fábrica de pastas y que, si conseguíamos cubrirla, bajaríamos los precios de los productos, venderíamos más y podríamos contratar a más chicos”, recordó Ambarus sobre su conversación con el Santo Padre.

Entonces, sumó, éste le respondió que “casi me quedo sin dinero, pero aún tengo algo en mi cuenta” y, a continuación, le envío la suma.

Ambarus destacó que Francisco, a lo largo de sus 12 años de papado, mantuvo una fuerte defensa hacia los presos y puso especial énfasis en no marginar a quienes están privados de su libertad.

Como parte de su compromiso, el pasado Jueves Santo, el Papa estuvo en la cárcel de Regina Coeli, en Roma, donde “gritó al mundo, con todas sus fuerzas, la necesidad de prestar atención a los presos”. Su visita fue parte de una tradición que mantuvo pese a su delicado estado de salud, tras pasar cinco semanas internado.

Así, por ejemplo, durante la Semana Santa en 2013, había estado en Casal del Marmo; en 2015, en la cárcel de Rebbibia; en 2017, en la prisión de Paliano; en 2019, en una cárcel en el municipio de Velleteri; en 2022, en la de Civitavecchia; en 2023, nuevamente en Casal del Marmo; y, en 2024, en el módulo de mujeres de Rebbibia.

“En modo especial, rezamos por los presos, por nuestros hermanos y hermanas recluidos en las cárceles. Ellos están sufriendo y tenemos que estar cerca de ellos a través de la oración, para que el Señor los ayude y les dé consuelo en este momento difícil. Rezamos por los hermanos y las hermanas que están en la cárcel: sufren tanto por la incertidumbre de lo que pasará dentro de la cárcel y, también, pensando en sus familias, cómo están, si alguno está enfermo, si falta algo”, dijo durante la Cuaresma, cinco años atrás.

Asimismo, en diciembre, con motivo del inicio del Año Santo y las varias celebraciones del Jubileo, Francisco abrió una de las puertas santas en la capilla del Padre Nuestro del penal de Rebibbia, la primera vez en la historia que un pontífice realizaba una acción tal en un sitio distinto a una basílica.

Según dijo entonces, la decisión tenía el objetivo de “ofrecer a los presos un signo concreto de cercanía”.

Durante su homilía estuvieron presentes decenas de reclusos, que lo miraban “con compostura y modestia, admiración y agradecimiento”, informó entonces Vatican News.

(Con información de EFE)

A pesar de que la medida generó polémica, Jaime Andrés Beltrán defendió la estrategia al indicar que la labor de los reclusos podrían ayudar a que la “Ciudad Bonita” tuviera un cambio total, además de que esto era parte de la reinserción social que requieren los presos.

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“El modelo que empezamos en Bucaramanga para que los privados de la libertad aporten con trabajo social a la comunidad se está replicando en todo el país, algo que nos complace y destacamos. Hoy embellecemos un nuevo parque”, indicó el alcalde de Bucaramanga en diciembre de 2024.

Beltrán argumentó que esta era una forma de aprovechar el dinero público que se invierte por cada preso. “Muchos de ellos valen de seis a doce millones de pesos mensuales a los colombianos, pero lo que hay que decir hoy es que este proceso que inició en Bucaramanga, hoy, se expande por todo el país”.

Cuatro meses después, Jaime Andrés Beltrán volvió a hablar sobre el tema, exponiendo varios videos de reclusos pintando calles y muros de Bucaramanga, lo que llenó de orgullo al alcalde por, según él, incentivar a que se consoliden las “segundas oportunidades”.

“Embellecemos la ciudad, sembramos árboles y limpiamos las avenidas, con ayuda de las segundas oportunidades”, escribió Beltrán en su cuenta de X, en la que publicó tres videos de la labor social que están haciendo varios condenados en Santander.

“Lo prometimos y lo cumplimos; Bucaramanga es pionera en Colombia en esta iniciativa”, puntualizó Beltrán, que ha agradecido a otros mandatarios locales que se han sumado a la iniciativa, entre ellos, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Cabe recordar que, uno de los motivos por los que se ha generado debate al respecto es que la Alcaldía de Bucaramanga no ha expuesto los beneficios que recibirán los reclusos por su trabajo, ni como se medirá este tipo de labores a nivel de cumplimiento.

Al respecto, Beltrán ha indicado que lo más importante es que la ciudadanía tenga claridad de que en la capital de Santander no se seguirán “alimentando una cantidad de presos encerrados”.

“Le estamos devolviendo a los bumangueses y a los colombianos la confianza de que no solamente estamos alimentando una cantidad de presos encerrados, sino que ellos le están aportando a la sociedad un poco de la recuperación del espacio público”.

Ante este panorama, en diálogo con Infobae Colombia, Andrés Agudelo, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, opinó sobre este tipo de estrategias y los aspectos positivos que tiene.

“Este tipo de acciones se pueden comprender desde dos puntos, el bukelismo, que es de extrema derecha y peligroso para los derechos humanos, o la realidad de nuestro sistema judicial, que necesita una gran reforma e invita a construir un modelo que permita una verdadera reinserción. Este tipo de acciones pueden ser positivos si hay una alternatividad penal, si apuntan a una resocialización integral, no solo de trabajo”.

Agudelo indicó que este tipo de estrategias son positivas, siempre y cuando no solo se ejecuten para promocionar el trabajo de los mandatarios de turno, sino para buscar una reinserción real de los reclusos.

“Los aspectos positivos podrían ser que no se vea hacinamiento en las cárceles, pero también exponer a estas personas es volverlos a estigmatizar, sin importar sus delitos, eso puede darse con programas responsables y no solo desde una visibilidad por parte de los políticos de turno”.

Desde que comenzó el Gobierno Petro, el mandatario colombiano se ha pronunciado en contra de los métodos que ha utilizado Nayib Bukele, presidente de El Salvador, para erradicar a las bandas delincuenciales de su país, incluyendo el uso de una megacárcel en la que los presos no reciben la luz del sol.

Es por ello por lo que luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó a Donald Trump, mandatario de ese país, detener la deportación de ciudadanos extranjeros bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, con la que han sido enviados múltiples migrantes a la prisión mencionada en El Salvador, Gustavo Petro fue una de las primeras figuras públicas en reaccionar.

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En su cuenta de X, Gustavo Petro afirmó que ese tipo de expulsiones de migrantes son “fascistas”, por lo que pidió a Nayib Bukele que deporte a los colombianos capturados en El Salvador.

“No señor Bukele, muy mal. No aceptamos y la justicia estadounidense no acepta, que se criminalice a los niños y niñas de Venezuela, la tierra madre de Bolívar. Entréguenos a los colombianos que tienen en sus cárceles. Dejen libre al pueblo venezolano, porque ese pueblo sí sabe gritar Libertad. Los migrantes no son criminales, esta es una razón de humanidad”, escribió el mandatario colombiano.

Hasta el momento, el presidente de El Salvador no se ha pronunciado en la nueva polémica protagonizada por Gustavo Petro, recordando que no es la primera vez que los dos mandatarios discuten sobre la forma de combatir la criminalidad.

Debido a que la megacárcel de El Salvador es el punto más nombrado por Gustavo Petro, cabe mencionar que esta se conoce como Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que fue construida en tiempo récord gracias a la financiación de una empresa mexicana.

Cada pabellón de la prisión es de 6.000 metros cuadrados, tiene 32 celdas con barrotes de acero, en la que se alojan hasta mil reclusos, por lo que cada persona tiene 100 metros cuadrados, siendo la pileta de agua corriente y dos inodoros, los únicos espacios dispuestos para ellos además de la celda.

En esta cárcel hay múltiples camarotes de lámina de hierro, sin colchón, allí duermen miembros de todas las pandillas y todo tipo de criminales, puesto que la distribución para evitar conflictos internos fue descartada por orden de Bukele.

En caso de que uno de los reclusos tenga un comportamiento indebido, la prisión tiene un pabellón de “celdas de castigo”, que es oscuro y sin ventanas.

Las 24 horas del día el espacio es protegido por 3.000 guardas armados; además, el lugar tiene equipos electrónicos que bloquean la señal de teléfono, erradicando uno de los problemas más comunes de las cárceles en Latinoamérica, la comunicación desde el interior del espacio penal.

Cabe recordar que esta es la prisión más grande de Latinoamérica, está a 74 kilómetros de San Salvador y tiene rigurosos controles de ingreso para los visitantes y trabajadores.

Para poder entrar, se debe llegar a una zona de registro, en la que hay tres portones controlados, un escáner corporal y otros puntos que no han sido expuestos.

Para que la prisión tenga servicio eléctrico y de agua de manera constante, se perforaron dos pozos, se instaló una planta de 600 metros cúbicos del líquido vital, cuatro cisternas y ocho subestaciones de energía eléctrica.

Debido al riesgo que existía de algún tipo de boicot al interior de la cárcel, también se instalaron plantas de emergencia a base de combustible y una planta de aguas residuales, con la que se consolidó un sistema autosostenible.

Cabe mencionar que los reclusos no pueden manipular los servicios de agua y luz, puesto que existe un cuarto de control frente a cada celda, en la que es un guarda el que opera estos mecanismos.

A pesar de que una de las críticas más expuestas por las organizaciones de derechos humanos es que los presos no tienen la posibilidad de exponerse a la luz solar en ningún momento, la administración de la cárcel ha expuesto que esto no es necesario, ya que las luces de la prisión no se apagan en ningún momento, ni siquiera en el horario de dormir.

En un operativo de requisa realizado el lunes 14 de abril en el penal de máxima seguridad de Challapalca, en Tacna, las autoridades encontraron un teléfono celular marca Samsung y unos auriculares negros en la celda 3 del pabellón 3. Allí cumple condena José Luis Lumbreras Huamán, sentenciado por homicidio calificado. El hallazgo se suma al de una antena de internet satelital, descubierta días antes en uno de los techos del penal, lo que evidencia la grave crisis de control en esta prisión considerada como la más segura del país.

La presencia de aparatos electrónicos con tecnología de última generación confirma lo que desde hace tiempo era un secreto a voces: en Challapalca opera una red de corrupción enquistada que permite a ciertos internos de alto perfil —los denominados “reos VIP”— vivir con privilegios, como acceso a televisión por cable, calefacción, alimentación a la carta e incluso visitas sexuales.

Dos exagentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), conversaron con el semanario Hildebrandt en sus trece y revelaron cómo funciona este sistema de impunidad y privilegios. “Cuando vi el anuncio de la presidenta Boluarte sobre trasladar a los delincuentes más peligrosos a Challapalca, me reí. He trabajado en diversas instituciones y he visto corrupción, pero nada como en esa cárcel”, dijo “Manuel”, uno de los exfuncionarios entrevistados. Ambos prefieren mantener su identidad en reserva, como medida de seguridad.

Según relataron, las mafias operan con la complicidad de trabajadores del INPE e incluso con algunos efectivos policiales. Los internos son llevados al tópico o a las oficinas administrativas del penal bajo pretextos médicos o logísticos. Allí, sin supervisión, acceden a señal WiFi y equipos móviles para realizar llamadas clandestinas.

Un informe reservado del INPE, fechado en 2023, revela que cabecillas de bandas criminales como el Tren de Aragua, Barrio King y Los Malditos eran trasladados con frecuencia al centro de salud del penal. El precio de este “servicio” ronda los 400 soles.

Los presos VIP y sus amenazas desde salas de audiencias

Pero no solo el tópico sirve como punto de conexión. La sala de audiencias del penal también era usada como un espacio para poder comunicarse con el exterior. Según “Vicente”, otro exfuncionario consultado por H13, varios reclusos eran llevados frecuentemente allí para operar con total impunidad.

Entre ellos, destaca Edwin Penedo Gómez, alias “Cara de Cuy”, condenado a 35 años, quien en 2023 fue denunciado por el alcalde de San Martín de Porres por enviarle amenazas en video desde esta sala.

También figuran Giussepe de la Flor Rojas, implicado en un presunto plan para asesinar al coronel Harvey Colchado, y Lucio Moreno Jaque, alias “Pirata”, sentenciado por secuestro. Este último fue trasladado desde el penal Ancón II tras descubrirse que dirigía una red de extorsión desde su celda.

El catálogo de beneficios incluye también visitas íntimas, celdas con calefacción y una dieta especial.

“Vi cómo Raúl Vera Gallegos, un ecuatoriano que había fugado de una cárcel de su país, hizo pasar a una prostituta de alta gama y luego de estar con ella se la regaló al resto del pabellón. Otro reo que tenía beneficios era Rubén Moreno Olivo, alias Goro, quien gozaba de televisión, calefacción y platos a la carta”, agregó.

Cochamarca, otro centro del crimen

Además de Challapalca, el penal de Cochamarca, ubicado en Pasco, se ha consolidado como uno de los principales centros del crimen organizado en el país. Desde sus celdas, internos continúan extorsionando, traficando drogas y ordenando asesinatos con total impunidad.

El caso más reciente es el de Jesús Gastañadui Tapia, alias “Pitbull”, integrante de la banda “Los Compadres”, a quien agentes del INPE le incautaron un moderno celular Redmi y 150 gramos de cocaína en su celda. Días antes, el mismo reo ya había sido intervenido con otro móvil, pese a estar bajo vigilancia.

El precio por ingresar un celular al penal puede ascender hasta los S/15 mil, mientras que por realizar llamadas desde espacios “habilitados” se puede pagar hasta S/100 por minuto. Según fuentes penitenciarias, estas mafias operan con la complicidad de agentes del INPE e incluso de algunos policías.

EFE

jce/cpy

El Gobierno nacional ordenó que desde ahora solo un 5% de los presos del Servicio Penitenciario Federal cobrará por la realización de tareas de mantenimiento en el penal. El resto, que hasta ahora también recibía una retribución económica, deberá cumplir con esas mismas obligaciones, pero como parte de su convivencia.

La modificación en el régimen laboral para las personas privadas de su libertad en cárceles federales fue publicada en la resolución 429/2025 del Boletín Oficial. Según indicaron desde el ministerio de Seguridad, fue definido a partir de un diagnóstico administrativo que señaló que en los últimos años, se incrementó en forma “considerable y alarmante” el pago a los internos que no daban ningún tipo de contraprestación a cambio.

En este sentido, la ministra Patricia Bullrich aclaró que esta nueva disposición será aplicada a los reclusos “que no lleven a cabo actividades con objetivos productivos a los fines de la reinserción social”. No obstante, afirmó que esto no los exime de cumplir las tareas de mantenimiento de los penales.

“Lo establecido no modifica la obligatoriedad para todos los internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal de participar en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos penitenciarios”, determinaron en el artículo 1° del documento.

Asimismo, la normativa dispuso que quienes recibirán un pago por sus labores serán destinados exclusivamente a las labores generales del penal y deberán cumplir una jornada mínima de ocho horas diarias. Este será distribuido conforme al artículo 121 de la Ley N.º 24.660, el cual no será considerado como salario mínimo vital y móvil.

“La ejecución del trabajo remunerado no exime a ningún interno de su prestación personal para labores generales del establecimiento o comisiones que se le encomienden de acuerdo con los reglamentos. Estas actividades no serán remuneradas, salvo que fueren su única ocupación”, se lee en el artículo mencionado anteriormente.

De la misma manera, argumentaron la medida al señalar que “el trabajo en contexto de encierro, entendido como un derecho y un deber de las personas privadas de la libertad en carácter de condenados y también de aquellos detenidos en forma cautelar, es formativo y especializado”.

Incluso, remarcaron que el cumplimiento de actividades productivas que forman “parte esencial del tratamiento penitenciario tiene por finalidad generar hábitos laborales, aptitudes profesionales y capacitación técnica profesional para la reinserción social y la reducción de la reiterancia”.

En el documento apuntaron que la medida también tendrá el objetivo de disminuir el pago de peculios sin asignación de tareas productivas, luego de que detectaran un incremento de estos en los últimos años. De hecho, informaron que un 66,33% de la población carcelaria (7.545 personas) había percibido sumas de dinero bajo este concepto.

En línea con esto, evaluaron que de esos 7.545 reclusos, solo 2.922 se trataban de presos que realizaban tareas productivas con fines de reinserción laboral. Y concluyeron que 4.623 internos “percibieron una suma de dinero por la realización, como ‘única ocupación’”.

Por este motivo, en el artículo 3° de la normativa se dispuso que la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal deberá elaborar planes y cronogramas específicos para dichas tareas, así como controlar su cumplimiento.

El organismo deberá informar mensualmente a la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios sobre los montos destinados al pago en concepto de peculio, tanto por actividades productivas con fines de reinserción social como por las prestaciones personales generales.

No obstante, la resolución advirtió que el pago de peculio podría ser suspendida, si llegara a detectarse que el total de la población carcelaria que participara de la contraprestación superara el 5% establecido.

Anteriormente, el Ministerio de Seguridad Nacional había establecido que, desde el 16 de diciembre de 2024, todos los internos estaban obligados a cumplir con las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de las cárceles en las que se encontraban alojados.

A diferencia del régimen de tareas generales, las autoridades señalaron que los reclusos contaban con un total de cinco horas diarias para poder terminar con las actividades de limpieza. Asimismo, se determinó que estas no serían remuneradas.

En las cárceles de alta seguridad de Italia, los líderes mafiosos no solo cumplen sus condenas: controlan las dinámicas internas del centro penitenciario, gestionan las comunicaciones entre bloques e incluso se desplazan fuera de sus celdas con total libertad. Esta situación alarmante ha sido recientemente denunciada por el sindicato de la policía penitenciaria Osapp, que ha puesto de manifiesto la increíble falta de control sobre los prisioneros más peligrosos, especialmente en establecimientos como Lorusso y Cutugno y Sulmona. Según el sindicato, los presos no solo disfrutan de una movilidad inusitada, sino que también gestionan las zonas comunes y controlan las llamadas telefónicas del resto de presos, facilitando la comunicación con el exterior y manteniendo el poder de sus organizaciones criminales dentro de las paredes de las cárceles.

Esta grave crisis del sistema penitenciario expuesta por el Osapp ha informado a los directores de las prisiones pata detallar cómo los presos de alto calibre, incluidos los miembros de mafias como la Camorra y la Cosa Nostra, se mueven por las cárceles con total impunidad, gestionando incluso los contactos con el exterior. “Circulan fuera de las celdas, controlan las zonas comunes y las llamadas telefónicas”, denuncia el informe, que señala la falta de control efectivo por parte de la administración penitenciaria. Con este documento se ha confirmado incluso por uno de los jefes de la Camorra, en la prisión de Sulmona al decir, según el medio italiano La Stampa: "Con lo nuestro, incluso podríamos abrir algunas celdas y enviar mensajes entre los bloques”.

“El Estado no se doblega” ante la presión de los mafiosos

Durante los últimos meses, las autoridades penitenciarias han vivido varios momentos de tensión con los prisioneros que pertenecen a las grandes mafias italianas. Concretamente, el pasado 5 de abril Il Fatto Quotidiano sacó a la luz unas amenazas de muerte que ha recibido el subsecretario de Justicia italiano, Andrea Delmastro, por parte de un preso la cárcel de Sulmona: “Ese cabrón de Delmastro tiene que volar por los aires”. Al parecer, esta ha sido la reacción de las primeras medidas que ha tomado el subsecretario ante la creciente preocupación de los trabajadores de las cárceles.

No obstante, Delmastro ha reaccionado a las amenazas proferidas por los mafiosos, asegurando en una publicación en Facebook que eso solo confirma una cosa: “Si nos atacan, significa que el camino que hemos elegido es el correcto”. Ante el mensaje, muchos integrantes del gobierno han aprovechado para mostrar su simpatía hacia la determinación del subsecretario. Entre los más destacados se encuentra la primera ministra, Giorgia Meloni, que ha indicado que “estas intimidaciones confirman que la dirección tomada por el gobierno en la lucha contra la criminalidad es la correcta. Conozco bien a Andrea y sé que él no se dejará intimidar, sino que seguirá adelante con la misma determinación de siempre. El Estado no se doblega”, ha confirmado. El gobierno italiano no piensa dar un paso atrás hacia las amenazas ni “dará un paso atrás en la lucha contra el crimen organizado”. Una idea con la que ha concordado también el presidente del Senado, Ignazio La Russa.

La guerra entre el Estado y las mafias se agravó el pasado 27 de febrero cuando se publicó la circular del Departamento de Administración Penitenciaria (Dap) en la que se ordena una ofensiva contra los detenidos en el régimen de alta seguridad, con el objetivo de cerrar las celdas y limitar los contactos entre los internos. Asimismo, los trabajadores penitenciarios deben tomar “todos los esfuerzos posibles para evitar que las celdas permanezcan abiertas”, con el fin de evitar que los presos sigan consolidando su poder.

A pesar de las duras restricciones que ha implantado el gobierno de Meloni, las autoridades penitenciarias, detrás del comunicado del sindicato, han alertado sobre el riesgo de las medidas y han manifestado su temor por posibles motines dentro de las cárceles. El secretario de Osapp, Leo Beneduci, denunció que las celdas de alta seguridad en diversas prisiones están abiertas de manera constante, y que los mafiosos siguen controlando gran parte de las comunicaciones entre internos y con el exterior. “Las celdas deberían estar cerradas, pero en muchas cárceles de alta seguridad, como en Prato, Avellino y Turín, los presos siguen circulando libremente”. Beneduci también subrayó la incapacidad del sistema para implementar el aislamiento total de los presos más peligrosos que solicitan las nuevas limitaciones.

París, 3 ene (EFE).- Un preso armado con un arma blanca de confección artesanal mantiene este viernes a cinco rehenes en la enfermería de la cárcel de Arles (sureste de Francia).

Los rehenes son cuatro miembros del personal sanitario y un vigilante, indicó el ministro de Justicia, Gérald Darmanin.

El preso, de 37 años, tiene un historial delictivo con numerosas infracciones y además figura como radicalizado desde 2013, señaló el diario regional La Provence.

Sin embargo, el periódico precisó que la toma de rehenes no tendría un trasfondo yihadista, sino que se debería al descontento del recluso por su próximo traslado a otra prisión.

Darmanin señaló en un mensaje en redes que se han movilizado "todos los medios" para hacer frente a la situación.

La Provence detalló que se han activado varios equipos especiales ERIS de intervención en cárceles y también a la unidad especial de operaciones de la Policía Nacional (Raid). EFE

Las autoridades de India y Pakistán han anunciado este miércoles el intercambio de las listas de sus presos bajo custodia, así como de sus respectivas instalaciones nucleares, en virtud de sendos acuerdos entre los dos estados fronterizos, enfrentados desde su independencia del Imperio Británico en 1947.

El Ministerio de Exteriores indio ha confirmado que el intercambio de información se produjo este 1 de enero, como cada año desde que se realizó por primera vez en 1992, a través de canales diplomáticos en Nueva Delhi e Islamabad.

En particular, ambos estados han compartido una lista de instalaciones nucleares que no pueden ser atacadas en caso de hostilidades, en virtud de un acuerdo de 1988 que prohíbe los ataques contra este tipo de infraestructuras.

Además, según recoge el diario 'Hindustan Times', también han compartido los nombres de los presos bajo custodia del otro, como parte de un acuerdo que data desde 2008. India tiene bajo su custodia a 462 presos de nacionalidad paquistaní. Mientras, 266 ciudadanos indios permanecen en cárceles del país vecino.

El Ministerio de Exteriores indio ha pedido a Pakistán que "acelere la liberación y repatriación" de 183 presos que han cumplido su condena. Además, ha solicitado acceso consular "inmediato" a otros 18 ciudadanos encarcelados que se cree que son indios y que hasta el momento no han recibido atención de las autoridades consulares indias.

Por su parte, Islamabad ha instado a Nueva Delhi a que "libere y repatríe a todos los paquistaníes que hayan cumplido sus respectivas condenas y cuya condición nacional esté confirmada", cifrándolos en 108 personas. Asimismo, ha solicitado el acceso consular a 38 miembros del personal de Defensa desaparecidos durante las guerras de 1965 y 1971.

Al menos siete presos han muerto a causa de un motín en una cárcel en la ciudad mexicana de Villahermosa, situada en el estado de Tabasco (sureste), según han confirmado las autoridades del país norteamericano, que han afirmado que otras diez personas han resultado heridas.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco ha indicado en un comunicado que el motín, registrado en el Centro de Reinserción Social de Tabasco (CREST), ha sido controlado tras un "operativo" por parte de las fuerzas de seguridad.

"Con motivo de estos hechos perdieron la vida siete personas privadas de su libertad", ha manifestado el organismo, antes de agregar que "otras seis resultaron lesionadas, además de cuatro policías".

"La Fiscalía ya ha iniciado las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de lo sucedido", ha zanjado, sin que por ahora haya una confirmación oficial sobre los motivos del motín, en el que han sido incendiadas parte de las instalaciones.

Un total de 62 reclusos fueron trasladados ayer miércoles desde la Comisaría 2ª de la Unidad Regional II de la ciudad santafesina, al Complejo Penitenciario Rosario, dependiente del Servicio Penitenciario provincial. La medida forma parte de una estrategia para mejorar la seguridad y la eficiencia operativa de la Policía en la región.

El procedimiento estuvo encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien supervisó las tareas junto a la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri. Según explicó el funcionario, el traslado responde a la necesidad de reducir la cantidad de reclusos en comisarías y mejorar la operatividad policial.

“Es mejor que los detenidos estén en las unidades penitenciarias, ya que el preso en comisaría genera como efecto de arrastre un montón de otros problemas. El patrullero tiene que estar dando seguridad, patrullando la ciudad, no siendo el remís del preso para llevarlo al hospital u otras diligencias”, afirmó Cococcioni.

El traslado de reclusos también se extendió a la comisaría 24ª de Granadero Baigorria, donde se movilizaron 34 internos.

El ministro de Justicia y Seguridad detalló que al asumir la gestión, la Unidad Regional II contaba con 600 detenidos en comisarías. Tras los operativos recientes, la cifra se redujo a 302 internos, el número más bajo desde el inicio de la administración.

“Teniendo en cuenta que la población penal no para de aumentar como consecuencia de algo que es positivo, que es la proactividad policial en calle y la mejora de las investigaciones criminales, durante todo el 2024 la población penal en total creció a un ritmo un 50 % superior a años anteriores. Es decir, mientras sacamos presos de la comisaría, la Policía sigue deteniendo delincuentes”, sostuvo el ministro.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, destacó la magnitud de los traslados realizados en los últimos días: “Hoy estamos trasladando 100 personas y el viernes trasladamos casi 60, con esto podemos decir que en los últimos 10 días se trasladaron 182 personas que estaban en dependencia de la URII y que fueron al Servicio Penitenciario”.

La sobrepoblación carcelaria y el traslado de presos de comisarías a cárceles es un foco de conflicto entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires, que se desató ante la fuga de detenidos de distintas dependencias debido al hacinamiento en las dependencias porteñas.

Días atrás, y tras un habeas corpus presentado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Justicia ordenó que los presos condenados que se encuentren alojados en comisarías y alcaldías porteñas sean trasladados a cárceles federales.

El fallo fue emitido por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N° 23, a cargo del juez Norberto Circo, el cual resolvió el cambio de alojamiento para aquellos detenidos que se estén en dependencias policiales de CABA y que cumplan con los requisitos de ingreso al servicio penitenciario federal.

Se trata de 411 presos, según se especificó en la resolución, de los cuales 347 están a disposición de la justicia nacional, mientras que el resto se dividen entre la justicia porteña (57), federal (5) y bonaerense (2). De este total, 181 tienen sentencia firme. Los demás, en primera instancia.

En el documento, las autoridades judiciales argumentan que la decisión fue tomada ante la problemática de la sobrepoblación que existe en las comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires, donde actualmente hay 2.455 personas detenidas. Un escenario que, según alegaron, vulnera su dignidad.

A fines de enero de este año, la Ciudad de Buenos Aires difundió estadísticas sobre el estado de los presos en las comisarías, alcaidías y celdas modulares porteñas. Los datos marcan aún más en claro la problemática de la superpoblación que se arrastra desde 2020, cuando el gobierno nacional de turno cerró el grifo de traslados a penales federales de los detenidos, incluso con condena firme, y pasaron de 60 apresados a más de 2.200 que hay en la actualidad.

Aunque el Servicio Penitenciario Federal se lleva unos 90 reos por semana, la situación continúa siendo alarmante.

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires puso en marcha un organismo que buscará crear su propio servicio penitenciario. Ocurre en un momento de tensión con el gobierno nacional por los presos en las comisarías y también refuerza la autonomía porteña. Se trata de la subsecretaría de Política Criminal y Asunto Penitenciarios, que estará a cargo del dirigente radical Leandro Halperín.

El objetivo es crear el sistema penitenciario local en el que uno de los ejes centrales sea la plena resocialización de los presos. Para ese necesitará una ley de la Legislatura porteña.

La ciudad no tiene cárceles. La unidad de Devoto es del gobierno nacional. Por eso, los presos que se detienen en CABA se alojan en comisarías o alcaidías que son lugares transitorios de pocos días de alojamiento hasta que son derivados a una cárcel. Pero desde la pandemia que el Servicio Penitenciario Federal, que depende de Nación y que tiene convenios con la ciudad, achicó los cupos de ingresos de presos de CABA. Eso generó que las comisarías estallen de detenidos: hay 2500 para una capacidad de mil, lo que generó -entre otros motivos- fugas semanales de esas dependencias. Una sobrepoblación que en rigor se vive en todos los sistemas de detención del país.

Se creía que con la llegada de Javier Milei al gobierno nacional y con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad eso iba a cambiar por la buena sintonía con el jefe de gobierno, Jorge Macri. Pero se agravó. La tensión política por las elecciones provocó duros cruces de Bullrich con el ministro de Seguridad de la ciudad, Waldo Wolff, que se echan responsabilidades mutuas sobre a quién le corresponde alojar a los presos.

La Nación dice que son de ciudad porque se los detiene allí. Ciudad responde que, de todos esos presos, la amplia mayoría son de la justicia penal nacional y hasta que no sea transferida en su totalidad son de la Nación y, por lo tanto, deben ir a cárceles federales. O que el gobierno central le transfiera a CABA su servicio penitenciario.

Pero como el traspaso hoy no es lo más viable por las peleas políticas, la Ciudad avanzó por otro carril. Creó la subsecretaría de Política Criminal y Asunto Penitenciarios dentro del Ministerio de Justicia, a cargo de Gabino Tapia, uno de los hombres de más confianza del gabinete de Jorge Macri. La subsecretaría estará a cargo de Halperín bajo la órbita de la Secretaría de Justicia -virtual segundo del Ministerio- que ocupa Francisco Quintana.

Halperín es un dirigente radical que responde al presidente del partido nacional, Martín Lousteau, y al titular de CABA, Martín Ocampo, que además es el procurador General de la ciudad, Martín Ocampo. “Esto forma parte del diálogo del PRO y la UCR”, confió a Infobae una fuente que estuvo en las negociaciones de la llegada de Halperín al cargo.

El nuevo funcionario conoce el mundo penitenciario. Fue titular del programa UBA XII de estudios universitarios en las cárceles, asesoró a Bullrich cuando era secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios durante el gobierno de Fernando De la Rúa, fue legislador porteño y subsecretario de Vinculación Ciudadana con la seguridad en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y viene de ser comisionado nacional del Comité para la Prevención de la Tortura en representación de las provincias.

Halperín presentó el año pasado un proyecto en la Legislatura para crear el sistema penitenciario en la ciudad. Ese será el eje de su nuevo trabajo. La iniciativa contempla varios objetivos. Pero algunos ejes centrales.

Uno se vincula a la coyuntura: que los presos no se fuguen. También que los internos que formen parte de organizaciones criminales tengan un régimen más estricto para evitar que desde su lugar de detención sigan manejando el delito, lo que ha ocurrido en muchas oportunidades.

Los otros se vinculan con el rol social que deberían tener las cárceles. El servicio penitenciario porteño buscará que haya trabajo pleno para los internos. Eso no solo permitirá que forme parte del proceso de resocialización -y que bajen los índices de reincidencia en el delito- sino que los presos tengan un sueldo con el que paguen su alojamiento y comida. Así lo establece la ley nacional de Ejecución de la pena. También que se busque un mecanismo para que indemnicen a las víctimas.

En la resocialización, el proyecto de Halperín es trabajar sobre las causas que llevó a una persona a cometer el delito y hacer intervenir a los resortes que ya tiene el estado porteño: adicciones, salud mental, trabajo, o el área que corresponda.

El camino no es inmediato. Requiere de la aprobación de una ley de la legislatura. Habría un principio de acuerdo para avanzar porque todos los bloques -el peronismo, la Libertad Avanza, el PRO- presentaron proyectos, pero el año electoral y las disputas políticas podrían demorarlo.

Tampoco se descarta de avanzar con la transferencia total o parcial del servicio penitenciario federal a la ciudad. Pero ahí también la política demora una resolución.

El problema por el hacinamiento de presos en comisarías y alcaidías porteñas que mantiene enfrentados al Gobierno Nacional con el de la Ciudad de Buenos Aires todavía no parece tener una solución inminente a la vista. Lejos de un acuerdo, las autoridades siguen señalándose mutuamente por quién es el responsable de una crisis que ya generó al menos seis fugas en los últimos 4 meses. Y mientras los dirigentes ahondan en su discusión, el crecimiento de la población carcelaria de CABA continúa en aumento.

La comisaría 14 A, localizada en pleno barrio de Palermo, es un claro reflejo de esta problemática, que ya traspasó los límites de la política y se instaló entre la ciudadanía como una nueva preocupación.

Ubicada en las calles Julián Álvarez y Güemes, una zona residencial con al menos tres colegios en sus inmediaciones y decenas de comercios aledaños, la dependencia policial alberga 48 reclusos en total, incluyendo cuatro mujeres y seis condenados. Una cantidad que excede ampliamente su capacidad.

El desborde es visible a los ojos. En la celda de esa comisaría, que cuenta con espacio para 12 colchones, hay 28 imputados encerrados y amontonados. Es un hervidero que ni siquiera cuenta con un baño cerca: quienes necesiten ir, tienen que pedir permiso y trasladarse con custodia a uno que está a varios metros del calabozo, del otro lado de un patio al aire libre. “Siempre es un riesgo”, afirmaron fuentes de la fuerza porteña a Infobae durante una recorrida.

En la alcaidía de esa misma dependencia policial hay otros 16 presos. Entre ellos, los que están cumpliendo condena. Pero son tantos que, tal como argumentó la justicia porteña en un fallo emitido el pasado fin de semana, se vulnera su dignidad y sus derechos. En este escenario, debido al poco espacio que hay en la comisaría y el peligro que conlleva sacarlos de las celdas en estas condiciones, se les suspendieron las visitas de sus familiares momentáneamente.

Las cuatro mujeres aprehendidas ni siquiera están en una celda porque no hay para ellas. Están presas por delinquir bajo la modalidad de mecheras en el shopping Alto Palermo, ubicado a pocas cuadras de la dependencia policial. Como solución provisoria, fueron alojadas en una especie de oficina con puerta corrediza, donde están esposadas. Tampoco tienen baño, por lo que tienen que compartirlo con los otros presos.

Para mantener a cada uno de ellos, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires destina $83.576 por día, según datos oficiales a los que accedió Infobae. Este número incluye comida, salud y traslado.

Y esta misma situación se replica en la mayoría de las dependencias policiales porteñas. Actualmente, en CABA hay 2434 detenidos totales, cuando la capacidad máxima es de 1270 presos, la mitad. El número marca un significativo incremento en comparación al dato de 2020, cuando hubo 448, o de 2023, que ingresaron 1794.

Entre los aprehendidos en la actualidad, se registran 418 condenados y 188 con sentencia firme, de los cuales dos son a cadena perpetua. Para su correcto resguardo, las autoridades porteñas debieron poner a disposición más agentes que antes: ahora hay 3.000 oficiales dedicados a la custodia de los presos.

Según datos a los que accedió este medio, de los reclusos en comisarías vecinales y alcaidías, 1347 están detenidos por los delitos de robo y hurto; 287 por tentativa; 273 por abuso sexual, 36 por homicidio, y 485 por otros ilícitos. También hay 7 menores.

Frente a este panorama, desde la cartera que conduce el ministro Waldo Wolff le reclaman a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que reanude el traslado de sus presos a las cárceles federales para desagotar los calabozos hasta que se concrete la transferencia del Servicio Penitenciario y de la Justicia penal.

“La primera transferencia está más cerca de cumplirse que la segunda”, señalaron las fuentes al respecto.

Sin embargo, del lado de la funcionaria insisten en que los porteños “no se quieren hacer cargo de sus presos” y que les dieron “un montón de soluciones que no toman”. Además, señalan a Wolff por su “inacción” ante las numerosas fugas en la Ciudad.

En este sentido, desde el ministerio porteño se defienden: remarcan que su gestión, estadísticamente, sufrió menos fugas que administraciones anteriores. Pero no por eso se relaja. Sin embargo, hasta que no exista un acuerdo viable entre ambas partes, desde el gobierno de la Ciudad temen que el conflicto se agrave.

El ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, declaró ante la comisión de Seguridad de la Legislatura porteña y apuntó contra la falta de traslado de detenidos por parte del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en medio de la polémica por la fuga de presos. En su exposición de seis horas, advirtió que la Policía de la ciudad no está preparada para funciones penitenciarias y denunció el Gobierno de Javier Milei no cumple con el traslado de detenidos. “Hay un convenio firmado en 2004 donde el gobierno nacional se tiene que llevar a la totalidad de los presos”, recordó.

“Me da mucha vergüenza decirle a la gente que 3000 policías, que tendrían que estar en la calle cuidándolos, están cuidando detenidos”, afirmó Wolff. Según explicó, esto representa un turno completo de agentes que deberían estar patrullando la ciudad, pero que en la práctica cumplen tareas que no les corresponden. “Policías que no son penitenciarios, porque no se votó en la Legislatura junto a los delitos penales, están cuidando presos y no en cárceles”, insistió.

Durante el encuentro, legisladores de los distintos espacios políticos realizaron diversas preguntas y plantearon críticas sobre la situación de los detenidos en la ciudad, tras lo cual el funcionario respondió y dio detalles de la gestión.

En ese sentido, el ministro detalló cómo creció la cantidad de detenidos en la ciudad en los últimos años. Según sus datos, en 2021 había 448 personas bajo custodia en dependencias policiales. Sin embargo, tras la pandemia, la cifra comenzó a escalar: 637 en 2021, 962 en 2022, 1794 en 2023 y 2200 en 2024. Para febrero de 2025, la cantidad de detenidos alcanzó un pico de 2500, lo que llevó a una situación de hacinamiento en las comisarías.

“Los detenidos en la ciudad se comenzaron a convertir en presos”, sostuvo Wolff, y agregó que el 95 % de los reclusos cometieron delitos que no fueron transferidos al sistema federal. “No le voy a discutir si fueron 90 % o 95 %, porque hay un convenio firmado en 2004 donde el gobierno nacional se tiene que llevar a la totalidad de los presos”, explicó.

Además, alertó sobre el peligro que implica alojar presos de alta peligrosidad en dependencias que no están preparadas para tal fin. “¿Sabían que tenemos un condenado por cadena perpetua en Cabildo 332, por homicidio? ¿Sabían que tenemos un condenado por cadena perpetua a una puerta de la calle?”, denunció. “Cuando se escape, va a matar a uno de sus familiares, y 16 jueces de la Corte dicen que es del SPF”, agregó, en referencia a la responsabilidad del sistema penitenciario federal en el manejo de estos reclusos.

En su intervención, Wolff también abordó el problema de las fugas de presos en comisarías. “¿Saben por qué se escapan de a 6 o de a 4? Porque hay 30 en una habitación”, explicó. Según el ministro, la sobrepoblación y las condiciones inadecuadas de detención generan situaciones de riesgo y facilitan las evasiones.

Consultado sobre qué medidas tomó el Gobierno porteño para solucionar esta problemática, el funcionario aseguró que presentaron un recurso penal, pero que la Nación no cumplió con el traslado de detenidos. “Fue a quejarse a la Corte y fue denegada. Y siguen apelando”, señaló, y criticó lo que consideró una estrategia dilatoria: “Es una apelación política, es desconocer el fallo, de la misma manera que se desconocía el fallo de la coparticipación”.

“Si quieren hablar de cifras, no tengo problemas”, dijo al responder críticas sobre su gestión. Según el ministro, mientras en la Provincia de Buenos Aires los homicidios aumentaron, en la ciudad se registró la menor cantidad de homicidios de su historia en 2024. “No fue casualidad, por eso tenemos más detenidos”, argumentó. También vinculó este descenso en la tasa de homicidios con la incautación de armas de fuego. “¿Saben por qué? Porque incautamos 9000 armas en la calle”, afirmó.

Sobre el final de su exposición, Wolff se refirió a los cuestionamientos que ha recibido a través de redes sociales, donde algunos lo responsabilizan por la crisis en el sistema de detención. “Por ahí en redes ponen ‘tiene la culpa Wolff’. Pero yo les pregunto: ¿qué hicieron para que no tengamos a los presos de esta manera? No son nuestros los presos. Repito: no lo digo yo, lo dicen 16 jueces de la Nación”, enfatizó.

Por último, marcó distancia con el gobierno nacional y subrayó que su reclamo es el mismo de siempre. “¿Qué nos dice hoy el Gobierno nacional, que hasta hace dos años estaba al lado nuestro? Yo estoy en el mismo lugar, eh. Estoy reclamando lo mismo”, aseguró. “Y ¿saben qué? No me voy a pasar a otro partido. Y aunque me pase algún día a otro partido, voy a reclamar lo mismo, porque es mi gente la que vive en la Ciudad de Buenos Aires”, concluyó.