El Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Bahía Blanca condenó a Rafael Antonio Flores Machuca a seis años y medio de prisión por estafar desde la cárcel a un hombre, haciéndose pasar por efectivo policial, e intentar realizar una maniobra similar con otra víctima.

La sentencia se dio a conocer este martes. No obstante, por ser declarado reincidente y poseer condenas previas, entre ellas un homicidio ocurrido en 2019, el tribunal unificó sus sentencias para que tenga que purgar una condena total de 22 años de cárcel.

La investigación, llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 20 bajo la dirección del fiscal Rodolfo De Lucia, se inició el 6 de junio de 2023. Según la causa, Flores Machuca contactó a una persona a través de Facebook utilizando el perfil de una supuesta mujer.

Tras intercambiar teléfonos y mantener conversaciones de índole sexual, la víctima recibió un llamado donde un hombre, simulando ser autoridad policial, afirmó que la mujer era menor de edad y había presentado una denuncia por grooming. A partir de este punto, comenzó a exigirle dinero a cambio de no continuar con la denuncia.

Según la información recopilada por La Nueva, el 6 de junio de 2023, la víctima, temerosa ante las amenazas recibidas, realizó tres transferencias de $200.000 cada una a la cuenta del acusado, totalizando una suma de $600.000.

Luego de que el hecho fuera denunciado, la maniobra fue descubierta gracias a las tareas investigativas que permitieron rastrear los movimientos hasta Flores Machuca. Para ese entonces, el acusado cumplía otra condena en una institución penitenciaria.

A raíz de esto, el acusado fue declarado reincidente por contar con antecedentes penales. Mientras que en 2021 había sido condenado por un homicidio en el Bajo Rondeau, el año pasado recibió otra sentencia por defraudación mediante el uso ilícito de datos de tarjeta de crédito, tanto consumada como en grado de tentativa, así como por tentativa de extorsión y extorsión en concurso real.

El caso establece que Flores Machuca fue hallado responsable de los delitos de extorsión y tentativa de extorsión, cometidos mientras se encontraba preso. La causa también documenta un intento similar ocurrido el 28 de enero del año pasado, cuando, bajo la misma modalidad de amenazas, Flores Machuca intentó que otra persona entregara dinero para evitar una supuesta denuncia por grooming.

El crimen por el que Rafael Antonio Flores Machuca fue condenado

El 18 de noviembre de 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Bahía Blanca condenó a Flores Machuca a once años de prisión por el homicidio de Cristian Álvarez, cuyo cuerpo fue hallado calcinado en diciembre de 2019 en el baúl de un auto en esa ciudad bonaerense. El fallo, dictado por los jueces María Mercedes Rico, Eugenio Casas y Claudia Fortunatti, también dispuso la absolución y liberación inmediata de Matías Gutiérrez, quien había sido acusado junto a Flores Machuca.

El fiscal Jorge Viego había solicitado una pena de 17 años de prisión para ambos imputados. Por su parte, las defensas reclamaron la absolución de Gutiérrez y el mínimo legal previsto para el delito de homicidio respecto de Flores Machuca. La resolución final se conoció tras el análisis de las pruebas recolectadas durante la investigación del hecho.

El cuerpo calcinado de Álvarez fue encontrado el 6 de diciembre de 2019, luego de que un vecino alertara al 911 sobre un vehículo incendiándose en un basural en la intersección de las calles Gorriti y Richieri, a pocos metros del centro de Bahía Blanca. Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas, varias seccionales de la policía local y la Policía Científica hallaron un Renault Logan blanco quemado.

La autopsia determinó que la víctima no presentaba rastros de humo en las vías respiratorias, lo que confirmó que ya había muerto antes de que el auto fuera incendiado. Para identificar a Álvarez, fue fundamental el hallazgo de una chapa patente que permitió rastrear el vehículo hasta una venta realizada en mayo de 2019 en un concesionario de la ciudad. El comprador resultó ser Cristian Álvarez, de 38 años, oriundo de Algarrobo y dedicado a tareas agrícolas.

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre las 15:30 del 5 de diciembre de 2019 y la 1:00 del día siguiente en una vivienda de la calle Moreno al 1800. A partir de registros de cámaras de seguridad, los investigadores observaron a la víctima conduciendo su Renault Logan cerca de las 15:00 del día del crimen en la ruta nacional 3, en dirección a Bahía Blanca.

La reconstrucción de los hechos indicó que Flores Machuca y Gutiérrez habrían causado la muerte de Álvarez de forma violenta, empleando un elemento contundente —presuntamente un tronco de madera— con el que le golpearon la cabeza. Posteriormente, colocaron el cuerpo en el baúl del automóvil de la víctima y trasladaron el vehículo hasta el descampado donde lo incendiaron, con el propósito de ocultar evidencias del delito.

En el transcurso de la investigación, las autoridades detuvieron a Flores Machuca, quien terminó autoincriminándose. Según declaró, el dueño del auto había comenzado a convulsionar, por lo que decidió meterlo en el automóvil y prenderlo fuego. También confesó que había estado consumiendo estupefacientes junto a Álvarez en su domicilio.

Un hombre de 28 años murió este lunes 4 de mayo tras recibir una herida de arma blanca en la cárcel de Orán, ubicada en la provincia de Salta. El hecho ocurrió durante la mañana y la víctima falleció en el hospital local por un ataque en un pulmón y corazón, pese a los intentos médicos por salvarle la vida.

El interno fue atacado en el pabellón “A” de la Unidad Carcelaria 3 de Orán y sufrió heridas en la zona torácica con un elemento punzocortante, según informó El Tribuno. Cuando llegaron al hospital, había sufrido dos paros cardíacos y fue derivado a terapia intensiva, donde falleció poco después. Otros dos internos también resultaron lesionados, aunque sin heridas graves.

Tras el brutal ataque, la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, dirige la investigación. La fiscal dispuso el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán para la realización de la autopsia y ordenó la intervención del personal de la Unidad de Investigación UGAP.

El informe preliminar de autopsia, indica que la causa de muerte fue shock hipovolémico por una herida de arma blanca, que provocó daño tanto en el corazón como en el pulmón. Las primeras diligencias incluyeron, no solo la realización de la autopsia, sino también el análisis de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones a testigos, lo que permitió individualizar a dos internos como sospechosos, uno de ellos señalado como autor y el otro como partícipe.

La pesquisa continúa con el cumplimiento de las medidas de rigor para esclarecer el episodio ocurrido en la cárcel de Orán. se espera que, a medida que avance el caso, las autoridades puedan definir responsabilidades y adoptar nuevas medidas para reforzar la seguridad interna de la Unidad Carcelaria 3 de Orán.

El pedido de justicia de la familia

La víctima fue identificada como Julio Cesar Flores, quien cumplía desde hacia varios años una condena por homicidio. Sus familiares se presentron en el establacimiento de Orán para pedir justicia y mostrar su descotento por la falta de comunicación y transparencia por parte del servicio penitenciario. Nadia Flores, dialogó con la prensa local y expresó: “Estamos muy enojados porque nunca nos avisaron oficialmente sobre la muerte de mi primo, nosotros nos terminamos enterando por alguien que trabaja allí en la cárcel”.

La familia exige a la Justicia y a la Fiscalía que se tomen medidas para proteger a los presos y planean movilizarse para exigir una investigación exhaustiva. También señalaron que la pelea habría comenzado por una discusión y que uno de los involucrados utilizó un arma blanca.

Por la mañana del martes, mientras se realizaba la autopsia, la familia también se presentó en la morgue. “Mi primo murió ayer a la mañana y recién hoy le están haciendo la autopsia porque la médica legal no tenía los ayudantes necesarios”, reclamó Flores en Radio Ciudad.

“Los atendieron primero a los otros y después lo dejaron a mi primo, cuando hace el otro paro lo llevan a terapia, quedó ahí entubado en terapia y la doctora tampoco daba esperanzas de vida”, afirmó Nadia sobre el crimen. En este marco, manifestó que iniciarán acciones legales contra las autoridades del Servicio Penitenciario para que la causa no quede “en la nada”.

La mujer también exigió una explicación de por qué su primo se encontraba en un pabellón que no era el propio. “Porque el que lo mato a mi primo ya tiene condena por asesinato y tenemos conocimiento que ya mató a un interno y se tienen que tomar las medidas no solo para los presos sino para los que trabajan ahí”, explicó.

La cárcel de Piñero, ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe, volvió a ser escenario del accionar delictivo de uno de sus reclusos más notorios. Sergio “Checho” Bareiro, de 33 años, sumó una nueva condena. Esta vez, por coordinar búnkeres de drogas y extorsiones desde su celda.

Puntualmente, se fue encontrado responsable de gestionar la venta de estupefacientes en el interior del penal, así como liderar la organización de tres búnkeres en el barrio Ludueña.

Bareiro, conocido por su implicancia en la violencia territorial que afectó a Ludueña en el año 2022, fue nuevamente apuntado por los investigadores a partir de 2025, en el contexto de una pesquisa por la venta minorista de drogas en ese sector del noroeste rosarino.

Según los informes de la investigación, logró montar un verdadero quiosco de drogas dentro de su celda en Piñero. La investigación derivó en una serie de allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones el pasado 23 de mayo, que permitieron desbaratar parte de la estructura criminal que seguía operando desde el penal.

Los procedimientos recientes no solo permitieron incautar droga lista para su comercialización sino que además llevaron a la detención de varios presuntos colaboradores fuera de la cárcel. Esta situación pone en evidencia la capacidad de ciertas bandas para mantener redes de distribución y extorsión más allá de las rejas, según informaron fuentes judiciales.

Según informó el portal Rosario3, durante los operativos desplegados el 23 de mayo, los efectivos policiales irrumpieron en la cárcel de Piñero y en diversos domicilios situados en Junín al 5100 (ex 2200), Patagones entre Minetti y Casilda, y en Minetti al 5000 (ex 2100). En estos lugares, la Policía de Investigaciones secuestró marihuana, tanto prensada como en cogollos, y dosis de cocaína ya preparadas para la venta al menudeo. Además, fueron detenidos Vanesa y Joana C.; Kevin C., Máximo R. y Romelia S., quienes permanecen ligados a la causa.

Entre los elementos incautados también figuraban un pote de creatina y bicarbonato de sodio. Aunque ambas sustancias son legales y de uso común, la Fiscalía las consideró relevantes en tanto constituyen herramientas habituales en la comercialización de estupefacientes. La creatina, suplemento popular entre deportistas, es utilizada para “estirar” la cocaína, lo que permite multiplicar las ganancias en detrimento de su pureza. El bicarbonato de sodio, en tanto, es empleado para transformar la cocaína en crack, droga fumable que se consume principalmente en los sectores más vulnerables de la ciudad.

La conexión entre el penal y el barrio Ludueña ilustra cómo las organizaciones criminales logran sortear las barreras físicas para mantener su influencia en la calle, según la información recabada en la causa.

Bareiro, apodado “Checho”, estuvo prófugo casi dos años hasta ser detenido el 20 de mayo de 2024 en Minetti y Felipe Moré durante un procedimiento del Comando Radioeléctrico. Previamente, había logrado eludir diversos operativos policiales dirigidos a desarticular la violenta banda de la que formaba parte, una agrupación subsidiaria de Los Monos, organización señalada por su papel en el narcotráfico y la violencia urbana de Rosario.

En junio de 2025, el juez Pablo Pinto condenó a Bareiro a ocho años de prisión tras validar un acuerdo entre el fiscal Pablo Socca y la defensa. Se lo declaró miembro de una asociación ilícita —delito agravado por la participación de un menor de edad—, encubrimiento y responsable de siete casos de extorsión a comerciantes. Estas acciones se produjeron bajo la órbita de la banda liderada por Mauro Gerez, Andy Benítez, Julián Aguirre y Matías “Pino” César, quienes ya recibieron penas de entre nueve y veinte años de prisión.

La reincidencia de Bareiro en delitos cometidos desde el penal llevó a un nuevo acuerdo entre la fiscal Mercedes Banchio y la defensa, por el cual aceptó una pena de cuatro años de prisión en calidad de coautor por la venta de drogas. La sentencia, homologada por el juez Rodrigo Santana, fijó una pena única de doce años, sumando las distintas condenas.

La investigación judicial sostiene que Bareiro no actuaba solo. Su rol dentro de la organización incluía la coordinación de búnkeres y la gestión de recursos humanos y materiales para el funcionamiento de los puntos de venta de droga. Los procedimientos realizados permitieron confirmar que, incluso desde la cárcel, mantenía contacto con operadores externos encargados de la logística y la recaudación.

Para Vanessa Farina, la esperanza se había vuelto peligrosa. Durante más de un año, midió su vida en función del número de días que su esposo, el activista de derechos humanos y político Luis Tarbay, pasó en la prisión más notoria de Venezuela.

Ahora, con el presidente Nicolás Maduro bajo custodia de Estados Unidos y la administración Trump ejerciendo presión, su vicepresidenta y confidente, Delcy Rodríguez, había comenzado a liberar a algunos de los cientos de presos políticos que retenía. Mañana y noche, Vanessa revisaba su teléfono, con la esperanza de recibir buenas noticias.

Durante más de un año, yo hice lo mismo.

Vanessa y yo somos amigas desde hace años. Nuestros hijos se hicieron mejores amigos en el jardín de infancia, y nosotras seguimos el mismo camino de manera natural. Estuve en la casa que Vanessa y Luis compartían con sus dos hijos el día en que fue arrestado. Me mantuve a su lado durante los meses que siguieron.

Luego llegó el domingo en que una fuente vinculada a la prisión de El Helicoide me envió un mensaje: “Es posible que Tarbay salga hoy”.

Dudé en decírselo a Vanessa. Durante su calvario, pasé varias noches en su casa, y no quería que sufriera otra falsa esperanza. Finalmente, la llamé por WhatsApp. En Caracas, donde reporto para The Washington Post, no usamos líneas telefónicas regulares para conversaciones sensibles desde hace una década.

Cuando me devolvió la llamada, salía a almorzar. Le dije que se quedara en casa.

“Es posible que Luis sea liberado hoy”, le dije. “Estaré allí en 30 minutos”.

‘Es esto. Creo que es él’

Maduro encarceló a miles de presos políticos durante sus doce años en el Palacio de Miraflores. Mientras su régimen socialista avanzaba, manteniéndose en el poder mediante elecciones ampliamente condenadas como fraudulentas, el ritmo de la represión se aceleró.

“Varios miles” de venezolanos fueron “detenidos arbitrariamente” en medio de manifestaciones antigubernamentales masivas en 2017, dijo en ese momento el entonces jefe de derechos humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein. Muchos, afirmó, fueron “supuestamente sometidos a malos tratos e incluso torturas”. Tras la reelección reclamada por Maduro en 2024, él mismo se jactó de haber arrestado al menos a 2.200 personas durante protestas masivas.

Pero la redada estadounidense ha transformado las relaciones entre Washington y Caracas. Rodríguez se irritó ante el plan del presidente Donald Trump de “direccionar” Venezuela, pero el gobierno aprobó rápidamente legislación para facilitar el acceso extranjero al petróleo venezolano.

Rodríguez también prometió un cambio político. Días después de la captura de Maduro el 3 de enero, el régimen anunció que comenzaría a liberar prisioneros — un “gesto unilateral”, según el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, para “reforzar nuestra inquebrantable decisión de consolidar la paz en la república y la convivencia pacífica de todos”. Jorge es hermano de Delcy.

Se introdujo y aprobó una ley de amnistía. Entre los primeros liberados estuvieron el exdiputado opositor Enrique Márquez, candidato presidencial en 2024; el periodista y exparlamentario Biagio Pilieri; y la activista de derechos Rocío San Miguel, cuya organización sin fines de lucro investigó ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad venezolanas.

Pero no hubo noticias de Luis. Él era el coordinador internacional de Vente Venezuela, el partido encabezado por la popular líder opositora María Corina Machado, en diciembre de 2024, cuando fue detenido en un puesto de control del gobierno y arrestado.

Se le acusó de terrorismo, una acusación común contra críticos del régimen, y fue finalmente enviado a El Helicoide. Construida sobre una colina, la ciudadela en forma de pirámide, sede de la policía secreta de Maduro, domina el oeste de Caracas. Según la misión de determinación de hechos de la ONU para Venezuela, también ha funcionado como centro de tortura.

Tras el anuncio de Jorge Rodríguez de que “un número importante” de detenidos serían liberados, los familiares se acercaron a las cárceles donde creían que sus seres queridos estaban siendo retenidos. No se les informó nada sobre su situación, dijeron varios, aunque algunos expresaron una esperanza cautelosa.

“Me dije a mí misma: ‘Voy’”, contó Ingrid Rodríguez, cuya amiga Jesús Armas era organizadora opositora. “Si no sale hoy, saldrá mañana, pero tengo que estar allí”.

La misión de la ONU celebró la aprobación preliminar de la ley de amnistía, pero pidió “supervisión rigurosa”.

“Esta ley tiene el potencial de contribuir a restaurar derechos y reparar el tejido social de Venezuela”, dijo Alex Neve, experto de la ONU. “Pero las voces de los incontables venezolanos cuyos derechos han sido violados en las cárceles del país, así como las organizaciones de la sociedad civil que los han asistido y defendido, deben estar en el centro de este proceso”.

Una preocupación particular eran los cerca de 50 detenidos que habían desaparecido dentro del sistema penitenciario. Algunos siguen desaparecidos.

Así que esperamos. A mediados de enero, el régimen afirmó haber liberado a cientos de prisioneros. Según Foro Penal, una organización independiente de derechos legales que representa a detenidos, la cifra real era mucho menor. Pero era evidente que los detenidos estaban saliendo.

Luego llegó el domingo de febrero en que fue liberado el político opositor Juan Pablo Guanipa. El régimen había distinguido al popular exgobernador del estado Zulia y vicepresidente de la Asamblea Nacional para un acoso particular.

El ambiente en la cocina de Vanessa cambió.

Vanessa canceló sus planes de salir y pidió comida china a domicilio. Sus hijos y sobrinas veían televisión mientras nos agrupábamos en torno a su teléfono. Mensajes y llamadas llegaban en cascada de personas que habían escuchado los rumores.

Y entonces, el teléfono volvió a sonar.

“Vane”, me dijo (en español, se pronuncia VAH-nay). “Es esto. Creo que es él”.

Ella contestó. “¿Hola?”

Un año en el infierno

La pesadilla de la familia comenzó menos de una semana antes de Navidad de 2024. El 19 de diciembre, Luis fue parte de la represión postelectoral. Esa noche, fui a su casa a buscar a mi hijo.

Vanessa me recibió en la puerta.

“Tengo algo que contarte”, susurró. “Luis fue arrestado. No digas nada. Los niños no lo saben”.

El miedo inundó nuestras vidas.

Desde 2014, al menos 19.000 personas han sido arrestadas por manifestarse, hablar en contra, intentar destituir o votar contra el gobierno, según Foro Penal y otros grupos de derechos humanos. Varios aseguran que eran simples transeúntes cuando los detuvieron.

Las fuerzas de seguridad de Maduro mataron al menos a 300 manifestantes, según organizaciones de derechos humanos. Ex presos políticos afirman que fueron torturados. La Corte Penal Internacional está investigando denuncias de detenciones arbitrarias, violencia sexual y otros abusos.

La mayoría de los casos ocurrieron en El Helicoide.

Durante seis meses, Luis tuvo prohibido comunicarse con su familia. Se le negaron las visitas y el acceso a un abogado privado. No supimos nada.

En medio de la angustia, Vanessa trató de crear una rutina. Como Luis es cocinero, comenzó a preparar los elaborados platos de sus recetarios. “Es como tener una parte de él aquí”, me dijo.

Sus hijos, Mateo, de 8 años, y Andrés, de 4, llevaban su propio dolor, pero se esforzaban por ser fuertes para Papito —Papá.

Pregunté a mi hijo si alguna vez hablaba con Mateo sobre su padre. “No, mami”, respondió. “Eso es algo de lo que hablaré solo si él inicia la conversación”.

Pero Mateo nunca lo hizo.

Finalmente, Luis llamó. Ya era primavera. Dijo que estaba bien. Vanessa podía visitarlo.

Fue a El Helicoide dos veces por semana. Tenía que vestir una camisa blanca y unos jeans azules: el uniforme de las visitas.

En el sistema penitenciario venezolano, la supervivencia del recluso recae completamente en mujeres como Vanessa. El Estado no provee ni pan ni agua; solo ofrece celdas inmundas. Los detenidos comen lo que sus familias les llevan —algunas llevan más de lo necesario, para compartir— o no comen en absoluto.

Para que Luis sobreviviera, Vanessa enfocaba su dolor en una logística ritualizada.

“El infierno, mi infierno”, escribió tras una visita el año pasado. “El inframundo de Hades para mí se traduce en El Helicoide. Te reciben los de negro; tú vas de blanco. Qué ironía”.

Describió cómo subía la pirámide en espiral, paso a paso. “¿Quién iba a pensar que para llegar al inframundo habría que subir? Al final, está Luis, quien también se niega —se niega a morir. Porque cuando estás vivo en el infierno, no quieres quedarte; solo quieres pasar”.

Pese al peso de su espera, Vanessa, artista, seguía en pie. Directora de una prestigiosa escuela de diseño, transformó su tragedia en una línea de ropa —chaquetas y pantalones, faldas y bolsos, con rayas verticales que evocan barrotes. Su amor estaba preso, pero ella no sería doblegada.

El abrazo

Durante el primer mes tras los anuncios de liberaciones, Vanessa vivió a base de rumores y pistas, solo para acabar desilusionada una y otra vez.

“Tengo una forma de medir cómo me siento”, me dijo la primera noche. “A veces estoy en ‘modo terraza’ —llena de esperanza. Otras, me siento en el sótano”.

Al escuchar un rumor, pasé la noche en su casa. “Hoy es día de balcón, Vane”, le dije. Esperaba que fuera cierto.

No lo era.

Nuestra amistad se había convertido en una clase magistral de supervivencia digital en medio del acoso gubernamental. Escribíamos por WhatsApp, con mensajes que desaparecían en 24 horas. Hablábamos en códigos, borrábamos registros de llamadas y nunca mencionábamos la situación de su esposo fuera de nuestro círculo confiable.

A medida que pasaban las horas y Luis no aparecía, Vanessa bajaba del balcón al sótano. No había sido liberado.

Pero aquel domingo de febrero, una notificación sonó en mi teléfono. Era un mensaje nuevo en el chat cifrado que comparto con Vanessa y otra amiga.

“Terraza”, escribió. Sonreí, sintiendo cómo, por fin, empezaba a aligerarse el peso. “Un balcón con vista”, respondí.

Vanessa atendió la llamada. “Guru”, su apodo para él. “Hola amor. ¿Bien y tú?”

Una pausa. Y luego, un grito de pura alegría. Era como si el peso y el dolor de un año finalmente hubieran salido de su cuerpo. Luis venía camino a casa.

El regreso

Andrés abrazó a su prima. “Papá viene a casa”, gritó. Mateo saltó a los brazos de su madre. “Feliz cumpleaños, Mateo”, le dijo.

En seguida, la camioneta negra se detuvo ante la alta verja de entrada. Luis, escoltado por agentes de inteligencia vestidos de negro, bajó —más pálido, barbudo, más delgado. Los oficiales lo vigilaron hasta la puerta. El portón se cerró.

Luis y Vanessa se abrazaron y besaron. Su madre enterró la cabeza en su pecho y lloró.

Luis fue liberado, pero aún no es libre. Sigue acusado de financiar terrorismo y conspiración. Debe presentarse ante el tribunal cada 30 días. Se le ha advertido que no debe salir del país.

El día de su arresto, nos contó, fue llevado por varios hombres a una casa utilizada por fuerzas de seguridad para retener personas. “Pasé por diferentes etapas, diferentes celdas”, relató. La primera, un espacio de dos metros por dos metros (6,5 pies por 6,5 pies) que compartía con otro hombre, no tenía agua ni baño.

“Teníamos que hacer nuestras necesidades en una olla que luego teníamos que tirar a la basura”, dijo. Al poco tiempo, fue trasladado a El Helicoide, primero a una celda pequeña. Pasó un mes antes de ver la luz del sol. “Es como una cuarentena por la que pasas antes de que empiecen a darte la oportunidad de salir”.

Finalmente, lo trasladaron a una celda “presurizada”: 16 personas en un espacio de 40 metros cuadrados (430 pies cuadrados). “Está totalmente sellada, sin ventanas”, explicó. “Durante los primeros meses de detención, estaba prohibido hablar con personas de otras celdas”.

Afuera de El Helicoide, la economía venezolana caía en picada. Dentro, los presos crearon pequeños negocios —vendiendo empanadas, cortando cabello— para generar ingresos para sus familias.

Durante este tiempo, Vanessa fue su salvavidas. Llevaba suficiente comida para toda la celda porque otras familias simplemente no podían alimentar a sus seres queridos. Algunos compañeros de celda compartían su comida con sus familias.

La captura de Maduro marcó un punto de inflexión, dijo. “Los guardias cambiaron”, contó. “Se volvieron más humanos”. Le permitieron pasar más tiempo en el patio de la cárcel.

Sus compañeros de celda fueron liberados uno a uno. “Cada liberación era una celebración”, recuerda. La suya fue la última.

La libertad no llegó a tiempo para su compañero de celda y amigo Alfredo Díaz. El exgobernador de Nueva Esparta, arrestado unas semanas antes que Luis, murió bajo custodia en diciembre. Las autoridades dijeron que al parecer sufrió un ataque al corazón.

Ya en casa, Luis miró a su alrededor. “Lo que más extrañé, más allá de mi familia, fue caminar descalzo y sentir el césped”, dijo. “Extrañé la tierra. Allí, todo es concreto, en todas partes. Sientes que entras en las entrañas de una bestia de cemento. No hay vida”.

Esa noche, Vanessa me envió una foto. Luis, Vanessa, Mateo y Andrés se abrazan con anticipación para su primera noche nuevamente bajo un mismo techo. Vanessa mira a la cámara, con lágrimas en los ojos. Mateo y Andrés se aferran a ellos. Luis los abraza a todos.

Habían llegado a la terraza. La vista, al fin, era clara.

(c) The Washington Post

Un operativo policial desarrollado en la ciudad de La Plata permitió la detención de un hombre de 38 años acusado de cometer varios asaltos armados en una misma jornada. El hombre estuvo 17 años preso, pero había sido liberado hace cinco meses.

El acusado, con un historial que abarca más de 17 años de detenciones y condenas, fue apresado en el Barrio Hipódromo luego de una minuciosa labor policial. Autoridades locales destacaron la colaboración entre fuerzas de seguridad y el aporte de registros fílmicos para lograr la captura.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, el caso quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3 de La Plata, que deberá definir los próximos pasos judiciales en relación a los cargos de robo agravado por el uso de arma de fuego, atribuidos en tres hechos distintos. El acusado se encontraba en libertad condicional desde hace menos de seis meses al momento de los hechos investigados.

La serie de robos que motivó el despliegue policial se inició en un comercio ubicado en 2 y 63, donde el sospechoso irrumpió armado y sustrajo dinero en efectivo. Luego se trasladó a otro local en 2 entre 48 y 49, donde repitió el modus operandi. Finalmente, ingresó a una vivienda en 55 entre 2 y 3, cometiendo otro asalto con intimidación.

Las cámaras de seguridad fueron esenciales para reconstruir el desplazamiento del sospechoso entre los distintos escenarios. El seguimiento visual permitió establecer coincidencias en la vestimenta, la fisonomía y la modalidad de actuación.

Las imágenes recolectadas fueron analizadas por personal de la Policía Bonaerense y funcionarios municipales, quienes cruzaron datos con registros previos para confirmar la identidad del presunto autor. Esta labor fue determinante para solicitar la orden de allanamiento ante la fiscalía.

El lunes por la tarde, efectivos policiales concretaron el allanamiento en una vivienda de 116 entre 34 y 35, Barrio Hipódromo, donde hallaron al acusado.

Allí, se incautaron las prendas utilizadas en los robos y se recuperaron 3.800 dólares en efectivo que habían sido denunciados como robados.

El procedimiento incluyó la identificación de otros elementos vinculados a los hechos, como mochilas y accesorios reconocidos por las víctimas a partir de los registros fílmicos. Los investigadores valoraron la rapidez de la reacción policial, que permitió detener al sospechoso antes de que pudiera abandonar la ciudad o desprenderse de las pruebas.

Una vez formalizada la detención, el hombre quedó inmediatamente a disposición de la UFI N°3 de La Plata, que lo imputó por los delitos de “robo agravado por el uso de arma de fuego en tres hechos”.

La causa avanzará en las próximas horas con nuevas declaraciones y peritajes sobre los objetos recuperados.

Pese a que la identidad del detenido no fue difundida oficialmente, el hombre cuenta con un extenso prontuario.

Según se reconstruyó a partir de fuentes judiciales, fue arrestado ese año por robo calificado y permaneció preso hasta 2015. Posteriormente, fue condenado nuevamente por robo con arma de fuego, cumpliendo otra pena hasta 2019. Tras un nuevo arresto por desobediencia, entre 2021 y 2025 volvió a la cárcel, en la Unidad Penal N°12 de Gorina, hasta recuperar la libertad en septiembre del año pasado.

A partir de ahora, la investigación continuará para determinar si existen otros hechos recientes que puedan vincularse al acusado. La fiscalía analizará los antecedentes y evaluará medidas de seguridad adicionales en función del desarrollo procesal.

La Justicia de Rosario condenó a Joel Ibarra a 42 años de prisión por ordenar el asesinato de Maximiliano Bazán en 2023 mientras estaba preso en la cárcel de Coronda. Cumplía otras penas por homicidio.

La decisión judicial unifica esta sentencia con una condena previa de 20 años por dos homicidios cometidos en 2013. Además, el recluso tiene otra acusación en su contra por una balacera que terminó con el asesinato de un policía.

Según la acusación de la Fiscalía, a la que pudo acceder el medio local La Capital, utilizó teléfonos celulares para planificar delitos violentos, incluyendo el crimen de Bazán y el intento de rescate de un preso en 2023.

Los jueces también dictaron una pena de 25 años de prisión para Benjamín Farías, identificado como coautor material del homicidio de Bazán. Aunque la Fiscalía solicitó prisión perpetua para ambos, el tribunal impuso penas diferenciadas. La estructura de la sentencia responde a la gravedad de los hechos, pero también a la valoración de la participación de cada imputado.

El crimen de Bazán, de 28 años, ocurrió la noche del 4 de marzo de 2023 en una vivienda de Chacabuco al 3400, en el barrio Tablada de Rosario. De acuerdo con los informes policiales, al menos dos hombres armados ingresaron al domicilio y abrieron fuego contra la víctima. El ataque fue tan violento que los peritos hallaron 18 vainas servidas calibre 9 milímetros en la escena.

La reconstrucción de los hechos, realizada por la Fiscalía, señala que Ibarra se comunicó por WhatsApp con Farías desde la cárcel de Coronda y le encargó que organizara el ataque.

Según la acusación, Farías consiguió apoyo de otro hombre, se dirigió al domicilio de Bazán y concretó el homicidio antes de escapar. La Policía encontró al joven tiempo después ya sin vida, con heridas de bala en la cabeza, glúteo y pierna derecha.

El sicario fue capturado a las pocas horas en un pasillo de Cerrillos al 3800. Vestía un chaleco antibalas y portaba una pistola Bersa Thunder Pro 9 milímetros con la numeración eliminada. Según la investigación, esa arma había sido robada en noviembre de 2021. Además de ser acusado por el homicidio, Farías enfrenta cargos por portación ilegal y encubrimiento agravado.

Ibarra permanece privado de la libertad desde 2014, luego de ser identificado como autor de un raid delictivo registrado el 16 de febrero de 2013. Los expedientes judiciales relatan que entonces tenía 21 años. La Justicia pudo comprobar que disparó en tres ocasiones, en distintos puntos del barrio Tablada. En ese lapso, asesinó a dos hombres: Horacio Nicolás López y Nicolás Basualdo. Otra persona resultó gravemente herida, al recibir un disparo a la altura del fémur.

En noviembre de 2023, ya con varios años de cárcel, sumó una nueva acusación, cuando fue imputado como uno de los organizadores de una maniobra para liberar al preso Gabriel Encina. Según fuentes judiciales, la operación se planificó desde el penal de Piñero, aprovechando una salida de Encina por razones de salud al Hospital Provincial. El intento de fuga terminó con la muerte del policía Leoncio Bermúdez, encargado de la custodia en el centro de salud.

En este contexto, las autoridades lo imputaron por homicidio calificado, agravado por la intervención de dos menores de edad y por el uso de armas de fuego, entre otros cargos. La expectativa de pena en este caso podría alcanzar la prisión perpetua. El tribunal consideró en la nueva sentencia la gravedad de esta acusación pendiente, aunque el proceso judicial aún no concluyó.

Un episodio inusual y de alto riesgo se registró el sábado por la tarde en la Unidad XI de Piñero, cuando un interno fue derivado a un centro de salud de alta complejidad, de la ciudad de Santa Fe tras ingerir un tenedor. La gravedad de la situación activó un operativo policial y sanitario de gran escala.

El traslado ocurrió alrededor de las 19:00 horas, cuando un móvil del Servicio Penitenciario de Santa Fe llegó al hospital Cullen, acompañado por efectivos del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP).

El interno, identificado por las siglas A. C., de 27 años, fue ingresado a emergencias con una lesión interna provocada por la ingestión del utensilio metálico. Frente a esto, los médicos dispusieron que permanezca internado bajo estricta vigilancia policial, mientras evalúan su condición clínica y definen los pasos del tratamiento médico.

El operativo involucró no solo a personal del hospital, sino a agentes penitenciarios, fuerzas policiales y equipos médicos de emergencia.

Una fuente del hospital Cullen confirmó al portal Rosario3, que se trata de un detenido catalogado como “de alto perfil”, aunque no trascendieron datos vinculados a las razones de su condena o situación legal.

El episodio no solo generó revuelo en el hospital, sino también en el ámbito penitenciario. Hasta el momento, las autoridades del Servicio Penitenciario y de la Unidad XI de Piñero no ofrecieron detalles acerca de cómo y por qué el interno ingirió el tenedor. Tampoco se informó si el acto fue accidental, voluntario como parte de una protesta, padecimiento psicológico o intento de autolesión.

Por esto mismo, las autoridades del penal iniciaron una investigación interna para reconstruir el contexto dentro del penal durante la tarde del sábado. Mientras tanto, el destino inmediato del interno A. C. dependerá de su evolución clínica.

Un preso se tragó una bombilla de mate y tuvieron que operarlo

A mediados del mes de agosto y en un hecho similar, un preso que estaba alojado en el Complejo Penitenciario de Rosario, ubicado en 27 de Febrero al 7800, en el extremo oeste de la ciudad, se tragó una bombilla de mate en horas de la noche. Tuvo que ser trasladado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde fue operado con éxito, ya que los médicos lograron sacarle el elemento.

Oscar Fabián Rodríguez (35), oriundo de Venado Tuerto, pidió asistencia médica a causa de una dolencia estomacal, y fue llevado de urgencia hasta el hospital, donde se corroboró en una placa radiográfica que había ingerido una bombilla. El utensillo había quedado atravesado en la zona toracoabdominal.

Rodríguez, luego de haber sido intervenido quirúrgicamente, quedó internado en observación, a la espera de una evolución favorable.

El recluso cayó preso el 5 de febrero de 2016 por un hecho de abuso sexual con acceso carnal, robo, tentativa de robo simple, hurto simple y amenazas simples. En un primer momento, fue alojado en la cárcel de Piñero, pero luego fue derivado a otro predio penitenciario.

Por el cúmulo de acusaciones del Ministerio Público de la Acusación recibió una condena cuya pena vencerá en 2029, según indicaron desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

El caso de Oscar Fabián Rodríguez abrió interrogantes sobre si se trató de un accidente o un intento de autolesión, práctica que, en algunos contextos carcelarios, busca forzar traslados a hospitales para evadir condiciones de encierro.

Un joven de 28 años fue asesinado este lunes en el penal de Villa Las Rosas, en Salta, tras ser apuñalado en su celda durante el horario de recreación del pabellón A2. Las cámaras de seguridad de la Unidad Carcelaria 1 registraron el ingreso de cinco internos al lugar donde se produjo el ataque.

Al tomar conocimiento de lo que sucedía, las autoridades trasladaron al joven al hospital San Bernardo, donde los médicos intentaron salvarle la vida mediante una intervención quirúrgica. Horas más tarde, falleció como consecuencia de las lesiones sufridas. Tanto la víctima como los presuntos agresores se encontraban cumpliendo condenas por delitos vinculados al robo.

En las redes sociales, el joven asesinado había publicado imágenes en las que aparecía portando un arma de fuego y exhibía una actitud desafiante, acompañando una de las fotografías con la frase: “Me sobran balas”.

La Unidad de Graves Atentados contra las Personas 2 del Ministerio Público Fiscal intervino de inmediato, y los cinco sospechosos fueron apartados de la población general del penal.

Irá a juicio la presa que cambió de género en la cárcel de Bouwer y fue denunciada por violar a siete reclusas

La Justicia de Córdoba confirmó la elevación a juicio de la causa contra Gabriela Nahir Fernández, acusada de abuso sexual contra siete detenidas en el penal femenino de Bouwer. La imputada, de 34 años, cambió su identidad de género en 2018 y fue trasladada al pabellón de mujeres, donde habría cometido los delitos.

De acuerdo con la acusación del fiscal Juan Ávila Echenique, Fernández será juzgada como “probable autora penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado (dos hechos) en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante continuado en perjuicio de siete detenidas, calificado por el conocimiento de ser portadora de una enfermedad de transmisión sexual grave”.

Además, en uno de los episodios, se la consideró “coautora de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos, calificado por el número de autores”, ya que habría actuado junto a otras dos presas, y se sumó la agravante de “uso de arma en grado de tentativa”.

En la misma resolución, el fiscal imputó a I. R. F. (42 años) y R. B. M. (26 años) como “probables coautoras penalmente responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos”, en relación con una sola víctima, según información de La Voz del Interior.

El historial judicial de Fernández comenzó en octubre de 2016, cuando ingresó a prisión bajo el nombre de Gabriel y, un año después, recibió una condena de tres años por “lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada”. En noviembre de 2018, manifestó ante la Justicia: “Me autopercibo mujer”, lo que motivó el cambio de identidad de género y su traslado al sector femenino del penal de Bouwer. En ese contexto, rechazó las condenas por violencia de género, argumentando que “no son compatibles con el género al que actualmente estoy arraigada”.

Mientras cumplía condena, en abril de 2019, Fernández fue imputada por “privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas” contra una mujer, y poco después obtuvo la libertad condicional. Hacia finales de 2019 y nuevamente en 2022, enfrentó denuncias que fueron archivadas. Ya en libertad, en 2023, fue denunciada por “privación ilegítima de la libertad, amenazas y lesiones leves calificadas”, y posteriormente por “violación de domicilio, coacción y desobediencia”, lo que derivó en su detención y, en 2024, en la prisión preventiva.

Durante su reclusión en el anexo Sala A del Establecimiento Penitenciario Nº 3, se detectó el abuso contra una compañera de celda. Tras varias sanciones disciplinarias, las autoridades decidieron trasladar a Fernández a otro penal para resguardar a la víctima. Actualmente, permanece en régimen de aislamiento dentro del penal femenino de Bouwer, mientras las tres acusadas continúan detenidas.

Un error administrativo provocó que James Edward Daniels, condenado por doble asesinato y conocido como “45”, quedara en libertad durante el fin de semana, pese a su sentencia de prisión perpetua. La Oficina del Sheriff de Miami-Dade activó un operativo de búsqueda junto con agencias federales tras la insólita liberación desde el Centro Correccional Turner Guilford Knight en el condado de Miami-Dade, según reportaron Telemundo 51 y Univision.

De acuerdo con la información difundida el lunes 29 de septiembre por Telemundo 51, Daniels, de 60 años, fue excarcelado el sábado 27 de septiembre de 2025 debido a lo que las autoridades denominan “un error de procedimiento”. El hecho despertó alarma entre las fuerzas del orden, dado el historial y los antecedentes de violencia ligados al nombre de Daniels.

En diciembre de 2020 se localizaron los cuerpos de Osmar Oliva, de 50 años, y Johan González Quesada, de 26, en el patio de una residencia en la zona de Opa-Locka. Ambos eran camioneros y ciudadanos cubanos, víctimas de un secuestro seguido de tortura y ejecución, en un caso que conmocionó a la comunidad local.

Según Univision, los fiscales estadounidenses sostienen que los dos hombres, junto con una tercera persona que sobrevivió, fueron capturados por secuestradores enmascarados. Fueron atados, torturados y trasladados con los ojos cubiertos hasta una vivienda abandonada, donde los asesinos les dispararon en la cabeza.

La liberación se produjo tras un proceso que, para las autoridades, debió haber sido revisado en múltiples etapas. Juan Diasgranados, gerente de Asuntos Públicos del Departamento de Correccionales y Rehabilitación de Miami-Dade, declaró a Telemundo 51 que “la principal prioridad del Departamento de Correccionales y Rehabilitación de Miami-Dade es asegurar su rápida detención y su regreso seguro a la custodia. Se están utilizando todos los recursos disponibles, incluyendo la asistencia de nuestros colaboradores policiales locales y federales”.

La búsqueda de Daniels cuenta con la colaboración de agentes federales, una postura que destaca la gravedad que supone tener en libertad a un criminal condenado por un homicidio doble. Univision informó que las autoridades publicaron un folleto con la imagen actual del condenado y una advertencia: “Daniels debe ser considerado armado y peligroso”. La misma advertencia acompaña la oferta de una recompensa para quien aporte información que lleve a su recaptura.

La investigación oficial sobre los hechos ocurridos en diciembre de 2020 determinó que, tras el secuestro inicial en un parque de camiones cercano al aeropuerto ejecutivo de Opa-Locka, se mantuvo a las víctimas bajo tortura durante varias horas en la parte trasera de un camión.

La escena final se dio en un terreno abandonado, según testigos y pruebas presentadas por la policía. El camión fue hallado en el patio de una casa vacía, donde las víctimas ya habían sido ejecutadas, según el expediente judicial y los reportes de prensa.

En diciembre, Daniels y Frederick Eugene Rudolph recibieron sentencia de cadena perpetua por su papel en estos crímenes, luego de que un tribunal los hallara responsables del secuestro, tortura y asesinato de las víctimas. Un tercer implicado, Herbert Barr, optó por declararse culpable y fue sentenciado a doce años y medio de prisión.

Las autoridades locales han reiterado su llamado a la cooperación ciudadana. Cualquier persona con información sobre el paradero de James Edward Daniels puede comunicarse con la Oficina del Sheriff de Miami-Dade al número 305-471-2400.

La búsqueda de Daniels continúa activa en coordinación con las fuerzas del orden nacionales. Las autoridades insisten en no intentar intervenir directamente y advierten que el prófugo representa un “alto riesgo”.

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora María Corina Machado, exigió este domingo la liberación del periodista Gabriel González, parte del equipo de prensa de la formación, detenido hace 14 meses.

“Hoy se cumplen 14 meses del secuestro de Gabriel ‘Gabito’ González, joven periodista con sueños y metas, a quien el régimen encarceló por decir la verdad y luchar por un país distinto”, señaló el comité en una publicación en X.

La formación indicó que González sigue siendo un recordatorio “fundamental de esta lucha”.

“Seguimos alzando la voz por él y por todos los jóvenes a quienes su futuro les ha sido arrebatado”, añadió.

González fue detenido en junio de 2024, un mes antes de las presidenciales, cuando, según dijo entonces Machado, el periodista salió a comprar algo para almorzar y fue interceptado y “llevado al Helicoide”, la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

En abril pasado, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón exigió respeto al debido proceso en el caso del periodista.

Reiteró que la detención de González es una “grave violación a sus derechos humanos y al ejercicio libre del periodismo”.

Según un informe de la ONG Espacio Público difundido en marzo pasado, en 2024 hubo 619 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela -la mayoría “intimidación”-, un incremento del 61% respecto a 2023, cuando se registraron 384.

Además, registró 99 detenciones, un alza del 253,5% frente a 2023, cuando hubo 28, según la organización, que computó el año pasado las aprehensiones de 71 “particulares”, 24 “periodistas y trabajadores de la prensa”, tres miembros de ONG y un trabajador público.

La salud de Víctor Ugas

El mismo Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), denunció este sábado el deterioro del estado de salud del periodista Víctor Ugas, detenido desde hace casi un año.

“Durante su injusto encarcelamiento, su estado de salud se ha visto afectado y el deterioro ha sido notable. Su integridad física no es la misma”, indicó el comité en una publicación en X.

La formación exigió la liberación de Ugas, así como de todos los presos políticos en el país.

En julio pasado, Yris Azócar, la madre Ugas, pidió a la Fiscalía, Defensoría del Pueblo y al Ministerio Penitenciario de Venezuela saber el estado de salud de su hijo de manera urgente.

Asimismo, pidió “oraciones y plegarias” para la fortaleza de ella y la del periodista, quien fue detenido en agosto de 2024, en el contexto de crisis poselectoral luego de que la mayor coalición opositora denunciara fraude en el resultado de las presidenciales de julio de ese año, cuando el ente comicial dio la reelección a Nicolás Maduro.

El partido opositor Voluntad Popular (VP) alertó previamente, ese mismo mes, que Ugas requiere “atención médica urgente”, ya que, aseguró, “ha presentado fiebre por casi un mes”, tiene el “lado derecho de la cara inflamada y adolorida, episodios depresivos, disociación de la realidad”.

De acuerdo a la ONG Espacio Público, Ugas fue detenido el 18 de agosto del año pasado y presentado ante tribunales luego de “un conflicto con el tiktoker Emmanuel Marcano, quien luego se declaró abiertamente oficialista y habló sobre el caso en el programa televisivo de Nicolás Maduro”.

“El periodista fue imputado por el presunto delito de instigación al odio, tipificado en la ilegal e inconstitucional Ley Contra el Odio, un instrumento arbitrario que se usa con fines de persecución política y que no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos, al criminalizar por completo el derecho a la libertad de expresión”, añadió.

(con información de EFE)

Un interno de la cárcel de Batán falleció el viernes por la tarde antes de llegar al Hospital Interzonal General de Agudos y las primeras investigaciones apuntaban a que la causa de la muerte fue intoxicación por consumo de droga. Este lunes se conocieron los resultados de la autopsia, los cuales la fiscal Constanza Mandagarán aguardaba para confirmar la principal hipótesis.

El hombre, identificado como Alan Godoy, comenzó a sentirse mal poco después del mediodía, tras finalizar el horario de visitas. Su compañero de celda notó su grave estado y solicitó asistencia médica.

El personal sanitario del penal lo atendió, pero ante la falta de mejoría, lo trasladaron de urgencia en ambulancia al hospital, donde ingresó sin signos vitales.

Según informó el medio local 0223, los testimonios de los compañeros de pabellón coinciden en que Godoy consumió cocaína minutos antes de descompensarse.

La autopsia preliminar reveló que el fallecido tenía tres bochas de cocaína en el estómago, dato que respalda la versión de que tragó las sustancias para ocultarlas durante la visita. Esta acción habría provocado el cuadro de intoxicación que derivó en su muerte.

La fiscal Mandagarán continúa reuniendo pruebas y espera los resultados definitivos de los estudios médicos para avanzar en la investigación y determinar responsabilidades dentro de la Unidad Penal Nº15.

La principal línea de investigación se centra en determinar cómo ingresó la droga al penal y quiénes facilitaron su acceso al fallecido, quien cumplía condena por tenencia y comercialización de estupefacientes.

Las autoridades buscan esclarecer si existió complicidad interna o si la sustancia llegó durante el horario de visitas, como sugieren los testimonios recabados.

Murió el preso más temido del sistema penitenciario mendocino

Hace tan solo unos días, encontraron sin vida en su celda del Complejo Penitenciario N°3 Almafuerte, en Cacheuta, a Enrique Hugo Montuelle Masmouk, de 45 años.

Montuelle se encontraba alojado en una celda RIF, una modalidad de aislamiento utilizada para preservar la integridad física del interno. Estaba solo, sin contacto con otros reclusos, un régimen que no era nuevo para él: su historial incluía años de encierro bajo condiciones similares, con antecedentes de autoagresiones y episodios violentos.

Los agentes del Servicio Penitenciario de Mendoza advirtieron que Montuelle no respondía a los llamados desde el interior de su celda. Estaba sentado en la cama, en posición normal, pero inmóvil. Ante la falta de reacción, se solicitó la presencia de personal médico, que confirmó su fallecimiento.

La Fiscalía de Homicidios informó que en el lugar no se detectaron signos de violencia ni indicios de intervención de terceros, como tampoco evidencias de suicidio. Todo apunta a una muerte natural.

La última vez que su nombre apareció en los medios fue en febrero de 2018, cuando la Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de Mendoza ordenó al Estado provincial indemnizarlo con $350.000. Según la resolución, el preso había sufrido “daños físicos y agravio moral” durante su estadía en el penal de Boulogne Sur Mer.

En 2013, en ese mismo establecimiento, fue gravemente herido en una pelea con arma blanca. La agresión obligó a los médicos a amputarle el bazo. El fallo señaló que esa lesión le generó una “predisposición a cuadros infecciosos respiratorios” y comprometió su estado físico general, afectando sus miembros superiores e inferiores. Además, los jueces remarcaron que presentaba “problemas patológicos severos de orden psicológico” tras “13 años de encierro en malas condiciones ambientales, en aislamiento, con varios hechos de autoagresión y heteroagresión”.

Sin embargo, su nombre ya era conocido desde mucho antes. En 2004, Montuelle participó de uno de los episodios más estremecedores registrados en la historia reciente del sistema penitenciario mendocino: el asesinato y posterior descuartizamiento de Sergio Salinas, un preso de 24 años, corpulento, de más de 110 kilos y 1,90 metros de altura. La noche del 3 de diciembre, mientras Salinas se preparaba para lavar su ropa en una lavandería del penal, fue abordado por nueve compañeros de pabellón que habían ingerido alcohol y pastillas recetadas habitualmente a pacientes con Parkinson.

La víctima fue apuñalada más de 70 veces con facas de 35 centímetros de hoja. Una vez muerto, lo trasladaron a una pileta en desuso y comenzaron a seccionarlo en ocho partes. Luego guardaron los restos en bolsas de nylon y se fueron a dormir.

Cumplió su pena a 3 años de prisión por un crimen, quedó en libertad y, al mes de quedar en libertad, cobró venganza contra su amigo. Se trata de Kevin Pérez, de 24 años, quien ejecutó de cinco disparos por la espalda a Diego Emanuel Mancuello Ortíz, de 20 años, durante la madrugada del martes en el barrio Olimpo de Lomas de Zamora.

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Olimpo y San Juan, una intersección muy concurrida del barrio. Las cámaras de seguridad de la zona y testimonios recolectados por la Policía permitieron reconstruir los minutos previos al asesinato.

Según información del portal Diario Conurbano, la relación entre la víctima y el victimario tenía varios antecedentes: ambos estaban vinculados a delitos en la zona y eran consumidores. El motivo del enfrentamiento fue una presunta acusación en una causa de robo que había involucrado a ambos y por la cual Pérez permaneció detenido hasta junio pasado.

El clima de tensión se instaló en el barrio tras la salida de Pérez de la cárcel. Según el entorno, la amenaza contra Mancuello Ortíz era conocida por varios vecinos, aunque nadie advirtió que la violencia tomaría este nivel.

Durante la madrugada del martes, el reencuentro fortuito se transformó en tragedia. Testigos mencionaron que, tras una discusión cargada de insultos y recriminaciones, Pérez extrajo un arma y disparó a su contrincante cuando este intentó alejarse. Los cinco tiros por la espalda terminaron con la vida de Mancuello Ortíz en el lugar.

Tras el ataque, el homicida y sus acompañantes huyeron a pie, lo que dificultó el comienzo de la investigación. Efectivos de la DDI de Lomas de Zamora encontraron resistencia en los primeros contactos con la comunidad. Varios vecinos, pese a conocer tanto a la víctima como al victimario, prefirieron no brindar detalles sobre el hecho por el miedo a represalias.

“Todos sabíamos que había problemas viejos entre ellos, pero nadie pensó que iba a pasar esto”, señaló un residente bajo condición de anonimato.

La utilización de cámaras de vigilancia fue clave para avanzar en el caso. El monitoreo de las inmediaciones del cruce entre Olimpo y San Juan permitió a los investigadores identificar la presencia de Kevin Pérez y sus movimientos tras el ataque. Estos datos fueron incorporados a la causa judicial.

El fiscal Semisa, de la UFI 7 de Lomas de Zamora, tomó la conducción de la causa y ordenó la búsqueda inmediata de Pérez. Efectivos policiales localizaron al acusado en la calle Llovera, también dentro del barrio Olimpo, cuando salía de su domicilio. Pérez fue detenido sin oponer resistencia.

Las autoridades lo imputan por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Está previsto que preste declaración en las próximas horas en la UFI 7, mientras continúa la investigación para determinar la responsabilidad de los acompañantes y si existió alguna planificación previa para el crimen.

Las autoridades trabajan en ampliar las declaraciones testimoniales, revisar otros registros de vigilancia y definir si el conflicto entre ambos tenía ramificaciones adicionales. Hasta el momento, la causa principal apunta a un ajuste de cuentas derivado de un supuesto acto de delación vinculado a robos en la zona.

El caso permanece en etapa de instrucción, mientras la familia de la víctima exige justicia y los habitantes del barrio demandan mayor seguridad para evitar nuevos episodios de esta naturaleza.

Mataron a un hombre y detuvieron a su amigo

La secuencia comenzó a principios de junio con la llegada de efectivos del Comando Patrulla a Guaraní al 500, Lomas de Zamora, tras recibir la denuncia anónima. Allí, Germán Maldonado fue encontrado sin vida y presentaba una lesión de arma blanca en el tórax. La pesquisa posterior determinó que el hecho ocurrió en la vivienda de Silva, quien fue aprehendido en las últimas horas.

De acuerdo con datos recabados en la zona, la víctima tenía antecedentes de adicciones y frecuentaba la casa de un amigo identificado como Silva, residente en la calle Iparraguirre, próximo al sitio donde fue hallado el cuerpo. Un aviso anónimo previo notificó a la Policía Bonaerense sobre la presencia de un cadáver en Parque Barón, partido de Lomas de Zamora. Cuando los agentes llegaron, constataron el deceso de un hombre de 36 años, identificado después como Maldonado.

Efectivos de la Comisaría 9ª intervinieron para esclarecer lo sucedido, bajo la orientación de la fiscal Carla Furingo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Lomas de Zamora.

En los últimos meses, en Colombia se han conocido varias historias sobre personas que decidieron dejar el país sudamericano para viajar a Europa y sumarse al conflicto entre Ucrania y Rusia.

En un caso que se ha vuelto viral en los últimos días, se confirmó la condena en Rusia de Héctor Joel Urbano Perdomo, un expolicía que se sumó al Ejército ucraniano después de ser vinculado a un proceso en el que se le responsabilizaba del asesinato de su expareja.

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Para entender esta historia hay que remontarse a febrero de 2019, cuando en el barrio Gualanday, en Neiva, se registró el asesinato de Esmeralda Marín, una enfermera de 38 años que fue encontrada sin vida al interior de su vivienda.

Las autoridades informaron que la víctima estaba esposada y suspendida en una cuerda al costado de una cama, por lo que la primera hipótesis planteada fue sobre un suicidio.

Medicina Legal desmontó esta posibilidad debido a que el cuerpo presentaba hematomas, fracturas y signos de violencia física, haciendo que el caso fuera tipificado como un homicidio violento.

En el desarrollo de la investigación se registró la captura de Urbano Perdomo, expareja de la víctima, que seguía vinculado a la Policía Nacional; sin embargo, meses más tarde fue dejado en libertado por vencimiento de términos.

Mientras los familiares de la víctima buscaban que se hiciera justicia, el exuniformado salió del país en 2022 y personas cercanas confirmaron que se había unido como mercenario en el conflicto entre Ucrania y Rusia.

Mientras en Colombia se le volvió a vincular en el caso del asesinato de Esmeralda Marín, señalado como el responsable del crimen, el nombre de Héctor Joel Urbano Perdomo no volvió a ser mencionado hasta que en julio de 2025 la prensa de Rusia informó que ha sido condenado a 14 años de prisión por “luchar para Ucrania”.

De acuerdo a lo expuesto por la fiscalía de Rusia, el colombiano fue detenido junto a otro individuo tras ser parte de combates en Donets y Lugansk. El exuniformado fue presentado ante el Comité de Investigación de Rusia y acusado de violar el artículo 359 del Código Penal del país, que aborda la “participación en conflictos armados en calidad de mercenario”.

Debido a que no existe un tratado de extradición entre Colombia y Rusia, no es posible gestionar el regreso de Urbano para que sea juzgado en el país sudamericano por el asesinato de Esmeralda Marín,

Ante esta situación, colectivos feministas y familiares de la víctima han pedido ayuda de las autoridades y el Gobierno nacional para que se lleve a cabo una negociación en el que se avalen los mecanismos de cooperación internacional para pedir la extradición del individuo.

“No es justo que esté preso por otros delitos y que aquí su crimen siga impune. Esmeralda merece justicia”, indicó uno de los familiares de Marín a Diario del Huila.

Los motivos que hacen que los colombianos se sumen como mercenarios en el conflicto entre Rusia y Ucrania

En Armapedia—una comunidad enfocada en el mundo militar—, entrevistaron a un colombiano que se encuentra en el exterior como mercenario, este expuso las razones que lo motivaron a batallar en un conflicto ajeno, indicando que el dinero es un aspecto crucial, ya que ganaba alrededor de 400 dólares al mes en el Ejército Nacional, mientras que en el exterior recibe más de 1.800 dólares.

“Yo soy de la legión internacional, en esta rama es la sección de inteligencia, tenemos reconocimiento ante la necesidad de tropas y personal. La mayoría de combatientes extranjeros estamos en condiciones de segunda línea”, indicó el latino en la entrevista.

Tras una larga investigación, el Tribunal conformado por los jueces Trinidad Chiabrera, Silvana Lamas y Gonzalo Fernández Bussy sentenció a Samanta Joana Vilches a 19 años de prisión por su papel como organizadora en una red de extorsiones a comerciantes.

La condena alcanzó, además, a Vanesa Luna, quien deberá cumplir una pena de siete años, y a Lucas Robay Romagnoli, sobre quien recayó una pena de seis años. Ambos también fueron considerados responsables de participar en las maniobras de extorsión, aunque la estructura fue encabezada por Vilches bajo el liderazgo de su ex pareja, el recluso Fabio Giménez.

El fiscal Pablo Socca alertó en su alegato sobre la “alarmante ausencia de control, o connivencia, de las autoridades encargadas de la custodia” de los detenidos. De acuerdo con la información a la que pudo acceder Rosario3, cobraran dinero a cambio a los comerciantes a cambio de “protección”, según informó el portal Rosario3.

Hasta su detención en mayo de 2022, Vilches mantenía una relación íntima y de visitas con Fabio Giménez, quien se encontraba en la cárcel de Coronda. Giménez tenía antecedentes por dirigir una red delictiva con eje en extorsiones y homicidios por encargo, tercerizando las tareas a familiares, menores de edad o “tiratiros” contratados.

A Vilches se le atribuyó la función de organizadora dentro de la asociación ilícita. Su tarea principal consistía en seleccionar objetivos, reunir información y transmitirla a Giménez. En los hechos juzgados, realizó tareas de inteligencia para identificar a las víctimas, tales como obtener fotografías y detalles de sus círculos familiares, que luego eran utilizados para intimidarlas y reclamarles dinero.

La condena recayó sobre Vilches por dos extorsiones agravadas consumadas y otras dos intentadas, además de su responsabilidad en la organización de la asociación ilícita.

La investigación expuso el modo de operar del grupo: los integrantes contactaban a los comerciantes, enviaban mensajes extorsivos y, en ocasiones, realizaban ataques armados como advertencia.

Uno de los casos emblemáticos fue el de un empresario de mudanzas de Rosario, quien recibió amenazas tras el seguimiento realizado por Vilches. Otro episodio afectó al dueño de un comercio en barrio Las Heras, zona sur de la ciudad, cuya fachada fue atacada a tiros tras negarse a pagar la “protección” exigida. Bajo presión, la víctima terminó entregando 280 mil pesos.

En su exposición ante los jueces, el fiscal Socca detalló cómo Vilches se encargaba de “seleccionar” los objetivos, conseguir números de contacto y transmitir la información a Giménez, que comandaba todo desde su celda, valiéndose de celulares ingresados de forma ilegal a los pabellones.

El fenómeno de las amenazas a comercios se consolidó en Rosario a partir de 2022. Según describió el fiscal en el juicio, ese año las bandas carcelarias sumaron el cobro de “protección” como nueva fuente de ingresos; una actividad fácil y a bajo riesgo, organizada desde el encierro. Citaron los mensajes y hechos violentos a modo de presión: “Solo se necesitaba dejar un cartel con un número de teléfono y –a veces– cometer una balacera para aumentar el pánico de las víctimas y así doblegar su voluntad”, expuso Socca al describir la dinámica delictiva.

Fabio Giménez representa al tipo de recluso que amplía su accionar criminal desde el interior de las cárceles. A inicios de 2021, purgaba una condena por robo calificado. Tiempo después, su nombre apareció vinculado a homicidios por encargo, entre ellos el de Nicolás “Fino” Ocampo, relacionado a Esteban Alvarado, por lo que terminó con prisión perpetua en 2024.

Por las extorsiones, Giménez ya había sido condenado a quince años adicionales tras admitir, a través de un acuerdo, haber dirigido una serie de amenazas y cobros forzados en comercios de Villa Gobernador Gálvez y Rosario. El funcionamiento se valía del aporte de sus parejas y colaboradores dentro y fuera de la cárcel.

El juicio oral contra Samanta Joana Vilches, una expareja de un preso vinculado a la narcocriminalidad, comenzó ayer miércoles en Rosario. La mujer está acusada jugar un papel central en la gestión de las extorsiones perpetradas contra comerciantes en el primer semestre de 2022. Su novio era quien organizaba los ataques desde la cárcel, si no pagaban el dinero que les exigían.

Junto a ella, se juzga a Vanesa Luna y a Lucas Robay Romagnoli, también por su participación en la misma estructura.

Durante la apertura del juicio, el fiscal Pablo Socca focalizó el alegato en la sofisticación de los esquemas delictivos comandados desde las cárceles de Santa Fe, abordando la expansión de lo que denominó “pymes carcelarias”.

El funcionario señaló la implementación de sistemas de extorsión conocidos como “protección” a comerciantes y resaltó la falta de control o incluso la posible connivencia de autoridades penitenciarias, según informó el portal Rosario3.

Antes de la detención de Vilches en mayo de 2022, su vínculo personal con Fabio Giménez fue clave para el funcionamiento de una estructura que mezclaba extorsiones, amenazas y homicidios encargados desde la cárcel. Giménez, con múltiples condenas vigentes, articulaba estos delitos a través de familiares, parejas y menores de edad, funcionando desde una celda compartida en la prisión de Coronda.

A Vilches se le atribuye el rol de organizadora dentro de una asociación ilícita cuyo jefe máximo era Giménez. En la dinámica habitual, ella realizaba “tareas de inteligencia” como tomar fotografías o reunir datos sobre comerciantes, que luego eran trasladados a Giménez para la ejecución de mensajes intimidatorios o acciones directas.

Entre los episodios detallados en la acusación figura el caso de un empresario del sector de mudanzas y transportes, quien fue objeto de persecución sistemática y amenazas directas. De acuerdo con la instrucción judicial, Vilches identificó y recolectó información sobre el entorno familiar de la víctima, facilitando la extorsión.

Otro de los hechos más graves se refiere al dueño de un comercio en barrio Las Heras, quien tras recibir reiterados mensajes extorsivos sufrió un ataque armado sobre la fachada de su local. Las amenazas concluyeron con el pago de 280 mil pesos, según consta en los testimonios y pruebas presentadas.

El fiscal Socca argumentó que estas maniobras respondían a una lógica de mercado criminal instaurada desde 2021 en Rosario: el cobro de dinero a comerciantes bajo la excusa de ofrecer “protección” frente a eventuales ataques. “Protección de quién, si no de los mismos extorsionadores”, planteó Socca. Bastaba con dejar un cartel con un número de teléfono y, en ocasiones, disparar contra el local para instalar el miedo y activar el pago.

Para Vilches, la acusación es por dos extorsiones consumadas, dos en grado de tentativa, y por su papel como organizadora de la asociación ilícita. El pedido de condena del fiscal asciende a 20 años de prisión. Vanesa Luna, por otro lado, está imputada por dos casos de extorsión como partícipe primaria, para quien Socca solicitó una pena de 9 años. Lucas Robay Romagnoli, que compartía pabellón con Giménez, está acusado de tentativa de extorsión, con una solicitud de 6 años.

Giménez, principal referente de la banda, ya recibió una condena a prisión perpetua por un homicidio cuya víctima, Nicolás “Fino” Ocampo, estuvo vinculado a Esteban Alvarado. Además, un acuerdo abreviado le otorgó otros 15 años de prisión en concepto de múltiples extorsiones cometidas desde la cárcel, coordinadas con Vilches y otras parejas.

Las maniobras incluían tanto extorsiones directas como la disposición de mano de obra que ejecutaba los ataques, a menudo seleccionados entre sectores marginalizados y tercerizados. El celular como herramienta fundamental, ingresado de forma ilícita a los pabellones, fue el nexo entre el liderazgo carcelario y las calles rosarinas.

Este lunes por la mañana, la Policía logró recapturar a Gustavo Nicolás R., un joven de 26 años que se había fugado esposado de la comisaría 10ª de Rosario el pasado viernes.

El operativo fue realizado de forma conjunta entre la brigada motorizada de la Unidad Regional II y el fiscal César Cabrera, de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. Este permitió localizar y recapturar al sospechoso dentro de una pensión situada en la calle Blas Parera al 2000.

La recaptura se concretó apenas transcurridas unas 72 horas de la fuga, que mantuvo en vilo a las autoridades policiales y judiciales de Rosario.

Según informó el medio local Rosario3, la investigación incluyó la recolección de información aportada por testigos y la colaboración de vecinos del barrio, cuyos datos resultaron claves para orientar el operativo.

Fuentes policiales confirmaron al portal citado que el joven permanecía con las esposas puestas al momento de la irrupción policial en la pensión. Los efectivos lo redujeron de inmediato y lo trasladaron bajo estricta custodia, quedando nuevamente a disposición de los fiscales y autoridades competentes.

La evasión de Gustavo Nicolás R. se produjo cerca de las 14.30 en la seccional ubicada en Darragueira al 1100. Ese mismo día había sido trasladado desde la comisaría 12ª, del barrio Ludueña, debido a cuestiones vinculadas a procedimientos internos.

Su detención inicial se dio luego de que vecinos del sector de Juan B. Justo al 2000 denunciaran amenazas con arma de fuego.

De acuerdo con los registros, el imputado fue arrestado en una vivienda cercana al cruce ferroviario de la línea Belgrano. Durante la requisa, la Policía encontró una pistola calibre .22 en mal estado, sin cargador y con un proyectil en la recámara, lo que sumó cargos al expediente.

La actuación policial tras la denuncia señaló que Gustavo R. amenazó a un residente de la zona, generando temor entre los vecinos. La presencia rápida de los efectivos permitió concretar la detención y el traslado al primer destino, la subcomisaría 12ª, y posteriormente a la comisaría 10ª, desde donde finalmente logró fugarse.

Respecto a cómo fue que escapó, funcionarios policiales admitieron que Gustavo Nicolás R. habría aprovechado un momento de distracción de los agentes para abandonar el edificio esposado.

La clave para dar con el paradero de Gustavo R. fue un dato recibido durante el fin de semana por la brigada motorizada. Tras diversas tareas de inteligencia y vigilancia discreta, los agentes lograron identificar la pensión donde se ocultaba el prófugo, en una zona de alta circulación y edificios habitacionales.

Durante el operativo, efectivos de la Policía de Rosario rodearon el lugar y pidieron refuerzos. El ingreso fue rápido y, según los involucrados, no hubo resistencias ni lesionados.

La Fiscalía de Flagrancia, representada por el fiscal Cabrera, intervino de inmediato para formalizar la recaptura y garantizar que el detenido permanezca bajo custodia. El fiscal detalló a la prensa que en las próximas horas se tomará declaración al involucrado y se evaluarán nuevas imputaciones, tanto por la fuga como por el uso de arma de fuego.

La Policía de Chaco busca intensamente a Julio Ireneo Hoyos, un preso de la Unidad Penal N°7 de Resistencia, que no regresó al penal después de contar con salidas transitorias autorizadas.

La situación mantiene en vilo a las autoridades policiales y judiciales, que trabajan de manera coordinada para dar con el paradero del hombre identificado como un “peligroso narcotraficante”.

Los procedimientos se desplegaron desde la última jornada, una vez que quedó en evidencia el incumplimiento de Hoyos.

El recluso debía reincorporarse al penal el martes pasado tras una de sus salidas en la localidad de Quitilipi, donde se encontraba realizando actividades autorizadas por la Justicia.

La ausencia fue confirmada en los registros, lo que activó la intervención directa del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, órgano que emitió una orden de detención inmediata y exigió refuerzo de los controles en las rutas y en el transporte público, según informó el portal de Diario Chaco.

Según detalló la Policía del Chaco, Hoyos accedía regularmente a salidas transitorias bajo el sistema de palabra de honor, contemplado en el régimen penitenciario.

En esta modalidad, el beneficiario debe comprometerse a regresar a la unidad penal en un plazo determinado bajo ciertas condiciones impuestas por la Justicia. Cualquier incumplimiento configura la comisión de un nuevo delito y agrava la situación judicial del involucrado.

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe tomó intervención directa al constatar que Hoyos no regresó en la fecha y hora estipuladas. En consecuencia, se produjo una inmediata comunicación a todas las unidades policiales de la provincia y a fuerzas federales para activar los protocolos de búsqueda y captura.

Un preso narco se escapó de un hospital en Moreno

Eran dos los agentes de la Policía Bonaerense que debían custodiar a un detenido por una causa narco que debió ser internado en la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Cuartel Quinto, en el partido de Moreno, por una pancreatitis, aparentemente.

Uno de los oficiales no fue a trabajar y el otro, que sí cumplía con la orden, "salió y lo dejó solo". Y, entonces, el reo se fugó por la ventana. Es intensamente buscado por la DDI local.

“Yo creo que estos dos policías están liquidados. No sabemos si salió a fumar o qué, pero el que estaba solo con la custodia, porque el otro no estaba, se fue y lo dejó solo”, ampliaron las fuentes del caso a Infobae.

En ese sentido, contaron que, tras la fuga, se abrió una causa por evasión que ahora investiga la UFI N°8 del departamento judicial de Moreno - General Rodríguez, a cargo de la fiscal Verónica Pitella.

Oscar César Reynoso, de 34 años, es el nombre del prófugo que busca tanto la justicia de Moreno y como la Policía Bonaerense.

A Reynoso lo habían detenido el pasado 13 de mayo por agentes de la Comisaría 4ª de Moreno, en una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización que tramita en la UFI N°12 especializada en Estupefacientes de Moreno - General Rodríguez, a cargo de Leandro Ventricelli y Ezequiel Feeydier. Le encontraron “papeles con cocaína”.

A finales de mayo fue internado en la UPA de Cuartel Quinto por una “presunta pancreatitis”, según explicaron las fuentes del caso. Sin embargo, el delincuente aprovechó la oportunidad para escapar.

Ahora, son los agentes de la DDI de Moreno los que están con la investigación para dar con el evadido.

“Son ocho partidos, la mayoría con solo un congresista, pero ubicados justo donde pueden hundir las reformas que necesita el pueblo. ¿La razón? Sus dueños son la codicia y el poder”, señaló.

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Durante su intervención también habló sobre su estancia en la Casa de Nariño. Para el presidente desde que asumió el cargo se siente vigilado y acosado por la prensa, lo que desató su tristeza, ya que no tiene tiempo para resolver varios asuntos del país.

“Ahora fui a condecorar a los soldados que entraron a El Plateado, fueron como mil, y sin un solo muerto en la acción. Y en Cancillería, los funcionarios de segundo nivel dijeron que no había el material suficiente para hacer las medallas. No he podido condecorar a nadie en mi Gobierno. Esa es la realidad del presidente de Colombia, un presidente preso y vigilado segundo a segundo”, expresó.

Incluso, sostuvo que sus compromisos como jefe de Estado lo convierten en un preso, pero no por culpa de los colombianos, sino de la oligarquía.

“No soy el presidente de Colombia, soy el preso de Colombia, pero no de su pueblo, sino de su oligarquía”.

El jefe de Estado aprovechó el evento, que tenía como objetivo el reconocimiento de responsabilidad internacional y la presentación de disculpas públicas a la comunidad de paz de San José de Apartadó, para lanzar duras críticas contra los expresidentes que manifestaron su desacuerdo con la consulta.

En su discurso tildó a los exmandatarios Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque, Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana como “asesinos” y “hampones”, señalando que provenían de los sectores acomodados Chapinero Alto en Bogotá y El Poblado en Medellín.

“Estos presidentes que desde ayer me atacan juntos se unieron, uno súplica porque lo acepten en el club, porque se siente muy desolado, porque lo sacaron del club de los oligarcas por hacer la paz”. Con estas palabras, el jefe de Estado hizo referencia a la supuesta exclusión de algunos exmandatarios de los círculos de poder tradicionales, al tiempo que los acusó de haberse unido para oponerse a su propuesta de consulta popular.

Incluso, cuestionó el discurso de la defensa de la democracia que promueven los expresidentes. Además de polemizar si durante los gobiernos anteriores no fue cuando ocurrieron las masacres en Colombia y si no fue en esos periodos cuando el país alcanzó el tercer lugar en desigualdad social a nivel mundial.

“¿Cómo puede decir una constitución que buscamos construir un Estado social de derecho y al mismo tiempo ser el tercer país más desigual del mundo? ¿Alguien miente? ¿Alguien miente? Estado de derecho es que se cumplen las normas y Estado Social de Derecho es que las normas buscan la igualdad y la libertad de la sociedad colombiana. Esa es la diferencia”, enfatizó.

Petro resaltó la necesidad de construir un verdadero Estado social de derecho en Colombia, uno que garantice la independencia de poderes, pero que reconozca que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo colombiano. “Claro que tenemos una bandera que conquistar entonces hacia adelante y es que hay que construir un Estado social de derecho que implique independencia de poderes, pero los tres poderes se subordinan al poder exclusivo que es del pueblo de Colombia. Lo demás era aristocracia falsa de sanguinarios”, argumentó Petro durante el evento.

Grant Hardin, un antiguo jefe de policía de 56 años, se ha fugado de la prisión de Calico Rock, en Arkansas, Estados Unidos, el pasado domingo 25 de mayo. Cumplía dos condenas, una de 30 años por asesinato y otra de 50 por violación. Las autoridades penitenciarias han confirmado que la evasión se produjo mediante el uso de un disfraz improvisado de agente de las fuerzas del orden, que le permitió salir del recinto sin ser detectado.

El recluso, que fue jefe de policía de una pequeña localidad situada cerca de la frontera con Misuri durante cuatro meses, también había trabajado como oficial anteriormente. Su conocimiento de los procedimientos policiales está siendo considerado por los investigadores como un elemento que complica su captura.

Uso de uniforme falso y experiencia policial

Según las declaraciones de Rand Champion, portavoz de la administración penitenciaria, Hardin logró confeccionar una “tenida de fortuna” con el objetivo de imitar a un agente de seguridad. Esta indumentaria le permitió atravesar los controles sin levantar sospechas. Hasta el momento no se ha especificado de qué manera obtuvo los materiales necesarios para fabricar el uniforme simulado.

Las autoridades han desplegado equipos de búsqueda en la zona, incluyendo unidades caninas y drones, con el fin de rastrear su paradero. Aunque no se han revelado detalles precisos sobre el recorrido que pudo haber seguido tras la fuga, las fuerzas de seguridad mantienen la hipótesis de que Hardin sigue en las inmediaciones de la prisión de Calico Rock.

Rand Champion ha señalado que el perfil del fugado representa un desafío para las labores de búsqueda, debido a su familiaridad con las tácticas de rastreo empleadas por los cuerpos policiales. El portavoz también ha subrayado que la investigación permanece abierta y que se está evaluando toda la información disponible para dar con su paradero.

Alerta a la población y advertencia de peligrosidad

El sheriff del condado de Stone ha emitido una advertencia a la población a través de redes sociales, indicando que el fugado debe ser considerado como “extremadamente peligroso” y que no debe ser confrontado bajo ninguna circunstancia. Las autoridades han instado a cualquier persona que tenga información relevante sobre su paradero a contactar con los servicios de emergencia.

Grant Hardin ingresó en prisión en 2017 tras ser condenado por dos delitos graves. La condena por asesinato fue dictada con una pena de 30 años, mientras que la correspondiente a violación estableció una pena adicional de 50 años. El caso generó atención en su momento debido a su historial como miembro de las fuerzas del orden.

Las autoridades continúan examinando cámaras de seguridad, registros telefónicos y posibles contactos del entorno del evadido. La prisión de Calico Rock ha iniciado una investigación interna para determinar si existieron fallos en los protocolos de seguridad que facilitaron la fuga del recluso.

Un jurado popular de Río Negro determinó la culpabilidad de cuatro policías por la muerte de un recluso ocurrida en 2023, cuando lo trasladaron una seccional de Cipolletti para corroborar sus antecedentes y, poco después, confirmaron su deceso ocasionado por una hemorragia interna. Se trataba de Jorge Gatica, de 36 años.

La sentencia se conoció este jueves contra los cabos Jorge Sosa y Walter Carrizo, y el sargento Vilmar Quintrel por la tortura seguida de muerte de Gatica, tras ser detenido el 9 de enero de 2023 en el barrio Anai Mapu. A su vez, la oficial Andrea Henríquez fue encontrada culpable de omisión funcional, al no evitar los ataques que resultaron en el fallecimiento.

De acuerdo con lo mencionado por el portal El Cordillerano, con el veredicto terminó la etapa del proceso donde participan ciudadanos comunes, dando lugar a un período de cinco días para presentar nuevas pruebas durante el juicio de cesura, donde el juez Marcelo Gómez determinará las penas correspondientes para los acusados. Podrían enfrentar una condena a prisión perpetua.

La audiencia contó con extensos alegatos y la presentación de diversas pruebas, como registros de cámaras de seguridad, testimonios de peritos y del personal médico involucrado en el caso. El análisis realizado por el Cuerpo de Investigación Forense de General Roca determinó en aquel entonces que el hombre sufrió una “hemorragia hepática interna provocada por múltiples fracturas costales”.

El portal Agencia Digital detalló parte de lo indicado por la autopsia. El médico forense Marcelo Uzal describió que el cuerpo presentaba más de 180 lesiones repartidas en el rostro, cuello, brazos, pecho y piernas. Se identificaron golpes con objetos contundentes, marcas de pisadas y claros indicios de asfixia. Muchas de las heridas parecían haber sido provocadas por un elemento punzante que no perforó la piel, lo que llevó a estimar que estas fueron el resultado de golpes o presiones repetidas. Un dato significativo fue la ausencia de lesiones en los nudillos, lo que sugirió que Gatica no pudo defenderse ni protegerse durante la agresión.

Los familiares de la víctima también se pronunciaron respecto a lo ocurrido y contaron cómo fueron los minutos previos a la notificación. “Cuando a él lo detuvieron, antes de llevarlo a la comisaria, lo revisaron en el hospital. Estaba golpeado. En ese momento, no me permitieron ir a verlo. Yo sabía que él no estaba bien. A las 4 de mañana apreció la Policía en mi casa para avisarme que mi hijo estaba muerto”, relató la madre a un canal local.

Durante la madrugada del martes 10 de enero, el Ministerio Público Fiscal recibió el aviso e inició una investigación que incluyó la inspección ocular en la comisaría y la participación de la unidad operativa de investigación fiscal de Cipolletti. A raíz de este procedimiento, se ejecutó la detención de cinco policías implicados en la custodia de Gatica.

El abogado Rubén Antiguala contó a una agencia de noticias que, tras el ataque, el padre de la víctima tomó fotografías del cuerpo que mostraban golpes en varias partes. “Tenía hematomas en los brazos, piernas, abdomen, testículos, etcétera. Lo que hicieron fue una aberración, lo torturaron hasta matarlo”, indicó el letrado. Todo había comenzado el fin de semana anterior, previo a que se llevara a cabo la segunda detención. En línea con el abogado, la esposa y otro testigo confirmaron que antes de ser detenido, el hombre no tenía lesiones visibles.

El relato de los policías sostenía que la víctima se había golpeado intencionalmente contra la pared, lo que, según Antiguala, no podría causar las múltiples lesiones observadas. Los policías alegaron que intentaron realizarle RCP y llamaron a una ambulancia cuando comenzó a sentirse mal, pero finalmente lo trasladaron al hospital en un patrullero, donde llegó sin vida. “Creo que cuando lo llevaron ya estaba muerto”, afirmó el letrado.

Las autoridades de Rosario lograron identificar al hombre que falleció el martes de un disparo en el barrio Triángulo. Se trataba de un preso de 24 años que estaba gozando de una salida transitoria. Según el relato de los vecinos, había caminado unos 100 metros hasta que finalmente se desplomó en la vía pública y murió.

El escenario fue el pasaje Lisandro de la Torre al 3500 cerca del Bulevar Seguí. La víctima, identificada como Osvaldo Reyna, se encontraba cumpliendo una condena en la cárcel de Piñero, pero gozaba del beneficio para salir del establecimiento penitenciario durante determinados horarios, tal como consignó el portal Aire Digital.

Un llamado al 911 cerca de las 19 horas alertó a la Policía sobre la presencia de un hombre con una herida de bala debajo de la axila derecha, que no era residente de la zona. Lo vieron desplomarse en la vereda y poco después el Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), constató el deceso.

El reporte inicial de los expertos forenses indicó que no se hallaron vainas de balas en el sitio donde se localizó el cadáver, sugiriendo que el ataque pudo haber sucedido desde una distancia considerable. Esto habría permitido que la víctima se moviera por sus propios medios hasta el lugar donde fue hallada.

En la escena estuvieron presentes miembros de la Policía de Investigaciones (PDI), junto con un dispositivo de seguridad establecido por las autoridades provinciales. Los investigadores llevaron a cabo un examen detallado del área, buscando pruebas balísticas, cámaras de vigilancia y declaraciones de testigos que puedieran esclarecer los detalles del suceso.

El caso permanece a cargo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), bajo la supervisión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que por el momento no logró identificar a ningún sospechoso.

Doble homicidio en Rosario

Dos hombres perdieron la vida en un violento ataque a tiros en la zona noroeste de Rosario, el pasado 5 de mayo. El episodio tuvo lugar cerca de las calles Ayala Gauna y Colombres, en el barrio 7 de Septiembre, en horas de la tarde.

Las víctimas, identificadas como Juan José Quintela, de 52 años, y Eduardo Ezequiel Gallardo, de 42, fueron sorprendidas por tres agresores que, tras disparar, huyeron en un vehículo. La Policía encontró en la zona un rastro de al menos quince casquillos de bala.

En el momento del ataque, Quintela y Gallardo se encontraban dentro de un auto cuando tres jóvenes se aproximaron y abrieron fuego. El primero de ellos cayó sin vida a solo metros del vehículo, mientras que el segundo, gravemente herido, fue llevado por los vecinos al Hospital Alberdi, donde lamentablemente murió debido a la gravedad de las heridas.

La fiscal Marisol Fabbro, a cargo de la investigación, instruyó al personal de la Policía de Investigaciones para recolectar las evidencias en el lugar del incidente, incluidos los testimonios y las grabaciones de cámaras de seguridad cercanas.

Las primeras investigaciones aluden a que los atacantes serían muy jóvenes. En la reconstrucción de los hechos se confirmó que, después de cometer el crimen, escaparon corriendo hacia la cortada El Paraíso, a unos 100 metros de la escena del doble homicidio, donde los esperaba un auto gris con el que se dieron a la fuga.

Los cuerpos de Quintela y Gallardo fueron trasladados al Instituto Médico Legal de Rosario para la realización de las autopsias correspondientes.

Ambos asesinatos ocurrieron tras varios episodios violentos en la ciudad. Uno de los últimos registrados había sido el de Héctor Tomás H. de 64 años.

El hombre sufrió un ataque a balazos durante la madrugada en Villa Gobernador Gálvez, provocándole heridas en el rostro y los brazos. Según informó un familiar cercano, el incidente ocurrió cuando la víctima se disponía a subir a su automóvil, un Corsa gris, tras haber salido de un kiosco. Por el ataque debió ser asistido en el Hospital Provincial.

El caso está directamente relacionado con la muerte de Robert Brooks, un recluso del Centro Correccional Marcy, ocurrida en diciembre de 2024.

Según informó NBC News, Christopher Walrath, de 36 años, presentó su declaración este lunes en el Tribunal del Condado de Oneida, reconociendo su participación en el ataque que resultó fatal para Brooks.

La admisión de culpabilidad en la audiencia

Durante la audiencia, Walrath respondió afirmativamente a las preguntas del juez Robert L. Bauer y del fiscal, admitiendo que él y otros cinco oficiales penitenciarios agredieron a Brooks en una sala de reconocimiento médico de la prisión.

Además, el oficial reconoció haber aplicado una llave de estrangulamiento al recluso, acción que violaba las normas y procedimientos del departamento.

También confesó no haber reportado el uso de fuerza contra Brooks, quien falleció como resultado de las agresiones repetidas.

La brutal escena en donde los policías golpean al recluso

Los videos sin audio, registraron los momentos en que Michael Brooks se encuentra en una sala de reconocimiento médico la noche del 9 de diciembre de 2024.

En las imágenes, se le ve colgado boca abajo, esposado con las manos a la espalda, mientras un grupo de agentes lo inmoviliza en una esquina de la habitación. Aunque no se observa que Brooks intente resistirse físicamente, los ángulos discontinuos de las cámaras y la falta de audio dificultan reconstruir con claridad lo sucedido.

Más adelante, Brooks aparece sobre una cama, desnudo salvo por su ropa interior, mientras una enfermera lo atiende.

En otro momento, se ve a los oficiales levantándolo violentamente del suelo por el cuello de su camisa, con el rostro visiblemente ensangrentado. Estas imágenes, fueron publicadas por la oficina del fiscal general de Nueva York.

Horas después de este incidente en el Centro Correccional Marcy, Brooks fue trasladado a un hospital donde murió al día siguiente. Una autopsia preliminar realizada, según un reporte obtenido por WKTV, determinó que la causa probable del fallecimiento fue asfixia por compresión del cuello.

El traslado al Centro Correccional Marcy, una prisión de mediana seguridad en el condado de Oneida, ocurrió el mismo día, según James, quien inicialmente lo había visto en el Centro Correccional Mohawk, también ubicado en la misma región.

La reacción de la gobernadora Kathy Hochul

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, calificó el ataque como “brutal” y tomó medidas inmediatas al despedir a 14 personas involucradas en el caso, incluidos oficiales penitenciarios, sargentos y una enfermera de la prisión.

En febrero de este año, Hochul anunció cargos contra seis oficiales penitenciarios, entre ellos Walrath, Anthony Farina, Mathew Galliher, David Kinglsey y Michael Mashaw. Un sexto nombre no fue revelado. En ese momento, Hochul declaró: “Robert Brooks debería estar vivo hoy”.

Próximos pasos legales y su situación actual

Los cinco oficiales mencionados se declararon inocentes de los cargos de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario en una audiencia previa realizada en febrero.

Sin embargo, Walrath, quien no aceptó el cargo de asesinato en segundo grado, cambió su declaración este lunes al admitir su culpabilidad por homicidio involuntario. Según NBC News, su abogado no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Walrath permanece en libertad bajo fianza, con la condición de no cometer nuevos delitos y presentarse ante el tribunal cuando sea requerido.

Brooks cumplía una condena de 12 años desde 2017 por agresión en primer grado relacionada con su pareja de largo tiempo. Este historial, sin embargo, no responde a las incógnitas que rodean su muerte en custodia y que han generado llamados a una revisión completa de los procedimientos en el sistema penitenciario estatal.

La sentencia de Walrath está programada para el próximo 4 de agosto. Este caso ha puesto en el centro del debate público el uso de la fuerza en las instituciones penitenciarias y las responsabilidades de los oficiales encargados de la custodia de los reclusos.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado, mañana está prevista la constitución del jurado popular, la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas y la declaración del investigado, de nacionalidad marroquí y que se encuentra en situación administrativa irregular de residencia en España.

Además, está programado que este martes 4 comparezcan los testigos y el miércoles 5 lo hagan los peritos.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía solicita para el acusado 19 años y 11 meses de prisión y que indemnice con más de 197.800 euros a la familia del fallecido por un presunto delito de asesinato.

Los hechos, explica el Ministerio Público, tuvieron lugar el 28 de febrero de 2023, cuando el acusado, una vez finalizada la comida de mediodía, subió a su celda.

Sin posibilidad de defenderse

Sobre las 15:30 horas, y aprovechando que su compañero escribía una carta a sus familiares, el investigado se aproximó por la espalda y, de forma súbita y sorpresiva, y con ánimo de acabar con su vida, se abalanzó sobre él apretándole el cuello con los manos y brazos y haciendo igualmente uso de un cordón a modo de lazo, no dándole oportunidad para defenderse.

Una vez lo dejó inconsciente en el suelo, para finalizar su propósito le anudó el cordón por un extremo al cuello y por el otro a la barra de la litera, ahorcándolo, según sostiene la Fiscalía, que señala que el encasado causó la muerte de su compañero de celda por asfixia mecánica-estrangulación.

El Ministerio Público asevera que la víctima no tuvo posibilidad de defenderse ni de huir, ya que en esos momentos el cierre automático de las puertas de las celdas estaba activado.

También subraya que el "ataque letal" descrito se produjo de forma sorpresiva y repentina, y tuvo lugar ante la tranquilidad de la víctima de encontrarse en el lugar donde desarrollaba su vida íntima con una persona con la que de forma habitual compartía su espacio vital.

La pareja sentimental, el hermano y la madre del fallecido se han personado en las actuaciones como acusación particular. EFE

La Sala Administrativa de la Corte de Mendoza falló a favor de José Aníbal Molina, un ex presidiario que reclamaba el pago de los salarios correspondientes a los trabajos que realizó en distintos penales de la provincia durante los 20 años que estuvo detenido. Asimismo, se ordenó a la ANSES completar los aportes a la seguridad social que hizo el denunciante.

Molina, quien estuvo preso desde el 30 de mayo de 1996 hasta el 4 de marzo de 2016, inició su demanda después de recuperar su libertad. No obstante, desde el Servicio Penitenciario provincial desconocieron cualquier deuda pendiente.

Todo comenzó cuando el ex preso intentó comenzar el trámite para su jubilación, que fue rechazado por el sistema bajo la argumentación de que carecía de los aportes necesarios. El inconveniente lo llevó a acudir al presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura mendocina, quien envió una nota al director del Servicio Penitenciario para que aclarara la situación.

Aunque el Gobierno provincial y la Fiscalía de Estado reconocieron que Molina trabajó y cobró por los días registrados por la Administración Contable del Servicio Penitenciario, apuntaron que no podían verificar los períodos de trabajo faltantes, ya que no habían sido registrados.

De acuerdo con la información publicada por La Gaceta, el fallo que ordenó al Estado pagar los períodos reclamados por el ex presidiario fue firmado el pasado 11 de abril, por los jueces Mario Adaro, Omar Palermo y José Valeiro.

Incluso, remarcaron que las autoridades no podrán negarse a abonar los honorarios, debido a que la persona había firmado las planillas correspondientes y forma parte de sus responsabilidades verificar que los mismos hayan sido registrados.

En la sentencia, la Corte determinó que Molina trabajó al menos 2.505 días entre junio de 1996 y diciembre de 2003, y alrededor de 727 jornadas laborales entre enero de 2004 y enero de 2016. Asimismo, establecieron que los pagos deberán incluir los intereses correspondientes hasta la fecha en que Molina recobró su libertad y realizar las gestiones necesarias ante la ANSES para subsanar la falta de aportes a la seguridad social.

Según la demanda presentada, el ex recluso comenzó a trabajar en 1996 en el taller de mimbre en el penal de Boulogne Sur Mer, ubicado en la ciudad de Mendoza. Asimismo, detalló que había desempeñado su labor de lunes a viernes a lo largo de un año y que había firmado las planillas de jornales por las labores realizadas.

Al año siguiente, el denunciante afirmó que había comenzado a cumplir con las tareas de limpieza en los patios de visitas y otros sectores de la cárcel. En este puesto, el período de trabajo se extendió entre 1997 y 2000.

A raíz de que en febrero de 2005 había sido trasladado hacia el penal de San Felipe, Molina señaló que continuó con su labor de fajinero en el área de limpieza, en donde le encargaron mantener los módulos y los patios de visitas. La actividad se prolongó hasta el 2008 y resaltó que había firmado los registros por 30 días durante ese período.

Posteriormente, fue trasladado al penal Almafuerte, donde continuó con tareas de limpieza en el sector donde funcionaba la escuela del penal hasta 2010, cuando volvió a ser enviado hacia la cárcel de San Felipe. De regreso, confirmó que siguió como fajinero de módulos y patios.

En 2011, Molina fue trasladado hacia la Granja y Colonia Penal Gustavo André, ubicado en el departamento de Lavalle, en donde trabajó en agricultura hasta 2013. A partir de 2014, trabajó nuevamente en Almafuerte, esta vez como fajinero y bibliotecario ambulante hasta que fue liberado en marzo de 2016.

Lo ha hecho tras un acuerdo entre Fiscalía y la defensa al reconocer los hechos el procesado y acordarse una rebaja de la pena al añadir las atenuantes de confesión y anomalía psíquica.

"En el momento de los hechos, el acusado poseía un nivel intelectual límite, personalidad dependiente y dislexia, condiciones que provocaban dificultades para entender y acatar normas sociales, no entendiendo plenamente las consecuencias y las responsabilidades de sus actos", ha argumentado la representante del Ministerio Público en la Sala.

Respecto a la suspensión de la condena de prisión solicitada por el letrado de la defensa, ha quedado aplazada hasta determinar la responsabilidad civil derivada de la extinción el incendio.

Los hechos se remontan a agosto de 2020 cuando el encausado acudió al lugar de Brandariz, en el municipio de Ortigueira. Una allí, según el escrito de calificación fiscal, "con el ánimo de ocasionar un incendio que afectase a montes o masas forestales, prendió fuego con un mechero de gas sobre la vegetación de la zona, en la que se incluían especies arbóreas, en concreto, eucaliptos".

"A continuación, el acusado se desplazó con el ciclomotor unos cientos de metros a través de una pista forestal, hasta llegar al lugar de Casal, en el mismo término municipal". Entonces, añade, "prendió otro fuego con un mechero de gas sobre la vegetación de la zona, existiendo en ella las mismas especies arbóreas".

"Como consecuencia de la actuación del acusado se originaron dos incendios", expone. El primero afectó aproximadamente a unos 510 metros cuadrados y el segundo calcinó 638 metros cuadrados, sin que conste la puesta en peligro para personas o bienes materiales.

Una situación insólita fue descubierta durante un allanamiento realizado en la Comisaría Tercera de la localidad bonaerense de Florencio Varela, luego de que el personal de la Delegación de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense descubrieran a un preso mientras tomaba mates con el comisario a cargo de la departamental. Ambos se conocían previamente, debido a que el detenido se trata de un agente que antes cumplía funciones en el lugar.

El hecho ocurrió a finales de enero, después de que se ordenara un allanamiento en la seccional que era investigada por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación que está a cargo de la Fiscalía N° 2 de Florencio Varela se inició producto de una denuncia anónima que habría aportado detalles sobre lo que ocurría en el establecimiento.

De esta manera, los agentes de Asuntos Internos realizaron un operativo en la comisaría y encontraron que uno de los presos se encontraba fuera de su celda, mientras tomaba mates con el comisario en su oficina. El detenido se trataría de un policía detenido por un caso de gatillo fácil que, aparentemente, habría sido privilegiado por las autoridades de la departamental.

Según la información publicada por Infosur, el agente fue identificado como Marcos Rosseti, quien fue imputado por el ataque a Ruth Cabral, una mujer de 31 años que resultó herida tras recibir un disparo de escopeta durante una trifulca vecinal en la que no estaba involucrada. El oficial fue acusado de haber disparado en contra de la víctima, por lo que determinaron que quede preso.

No obstante, el dato llamativo es que Rosseti quedó detenido en la misma comisaría en la que brindaba servicios antes de que ocurriera el incidente. Por este motivo, la denuncia habría planteado que el imputado nunca habría cumplido con la detención como tal, ya que nunca habría sido alojado en una celda y habría rondado por la seccional como si nada hubiera ocurrido.

A raíz de esto, los investigadores sospecharían de un posible caso de encubrimiento dentro de la fuerza. Mientras que la Fiscalía avanzará en la investigación para determinar quiénes facilitaron su permanencia fuera de la celda y qué sanciones podrían enfrentar los responsables, el policía detenido fue trasladado hacia la Alcaidía de Florencio Varela el pasado 1 de febrero.

El caso de Ruth Cabral que derivó en la detención del policía

Según reconstruyeron los investigadores, el hecho ocurrió en noviembre de 2024 en la intersección de Laguna Iberá y El Chocón, cuando un hombre en aparente estado de ebriedad inició disturbios que escalaron hasta involucrar a más de 30 personas arrojando piedras y objetos contundentes. La situación requirió la intervención de varias comisarías para contener el conflicto.

Si bien el foco del disturbio se disipó con la detención del responsable inicial, el momento crítico se produjo al retirarse la policía. Testigos indicaron que hubo un altercado entre Rosseti y Cabra, debido a que la mujer habría intentado tomar el cañón de la escopeta del agente, provocando un disparo accidental que impactó en el pecho de la víctima.

No obstante, la gravedad de las heridas en el pecho de la víctima y otras declaraciones en la causa generaron dudas sobre esta versión, lo que llevó a la imputación de Rosseti. Asimismo, la mujer fue internada en estado crítico en el Hospital Mi Pueblo, ubicado en la zona de Villa Vatteone.

A raíz de esto, la Fiscalía y el Juzgado de Garantías N° 6 ordenaron la detención e imputación del agente por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser miembro de la fuerza policial en grado de tentativa”. Pese a que el defensor de Rosseti había intentado que la carátula tuviera una morigeración y pasara a ser por “lesiones culposas”, el juez señaló que existían las pruebas y los testimonios para sostener la acusación por lesiones agravadas.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a la novia del preso que se fugó de la Comisaría Vecinal 1D, ubicada en Retiro. Está acusada de haber sido cómplice del delincuente. En simultáneo, la División Autónoma de Asuntos Internos de la fuerza de seguridad investiga el accionar de dos oficiales.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, los miembros de la Policía que fueron demorados prestan servicio en la comisaría ubicada en Lavalle al 400. Ambos están siendo investigados en el marco de determinar cuál fue su acción al momento de la fuga.

En horas de la tarde, uno de los presos que se encuentran detenidos en esa dependencia se fugó durante el horario de la visita. El delincuente fue identificado como Wilson Marcelo Ramírez Ríos, quien vestía una musculosa azul y pantalón negro corto. De tez trigueña, mide 1.65 metros, completaron las fuentes del caso. Por el momento, no se precisó cómo fue la participación de la novia del detenido en la fuga.

Ramírez Ríos es de nacionalidad peruana y estaba detenido desde el pasado 13 de enero por encubrimiento agravado, falsificación de documentación pública y resistencia a la autoridad.

Tras su fuga, las autoridades intentan dar con su paradero. Para eso, la Policía de la Ciudad comenzó a realizar un seguimiento de cámaras para dar con el evadido.

La semana pasada, seis presos lograron fugarse de la Alcaidía 6A de Caballito. Los delincuentes salieron corriendo. Cuatro de ellos se subieron a un taxi que estaba estacionado a pocos metros de la comisaría desde hacía 30 minutos y huyeron con dirección a Lanús. Los otros dos fueron capturados al poco tiempo.

Un tercer evadido cayó el jueves. Fue identificado como Axel Eduardo Ríos, de 26 años. Estaba escondido en la casa de un familiar, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, y lo atraparon cuando salió a comprar el pan para la merienda.

Tras varios días de labores de inteligencia, los agentes de la Policía de la Ciudad lograron identificar la vivienda en donde se encontraba. A partir de ahí, esperaron a que saliera. Fue durante la tarde, cuando Ríos decidió ir a la panadería, que los efectivos lo arrestaron, según informaron fuentes del caso.

En simultáneo, las autoridades buscan intensamente a los tres delincuentes que aún continúan prófugos.

La fuga de Caballito también se produjo durante el horario de la visita. Los detenidos golpearon y maniataron a dos oficiales de la Policía de la Ciudad antes de huir del edificio ubicado en la avenida Díaz Vélez al 5100. Entre los uniformados reducidos, se encontraba el jefe de servicio de la dependencia, a quien además le robaron su celular, aunque no le quitaron el arma.

Se sospecha que hubo complicidad de funcionarios de la Comisaría Vecinal 6A en la fuga. Como resultado, el Ministerio de Seguridad porteño separó a dos celadores.

En el marco de las reiteradas fugas en la Ciudad, se intensifican los reclamos por el traslado de los presos que están abarrotando las comisarías de la Policía de la Ciudad hacia el Servicio Penitenciario Federal, el tema de las fugas tiene en vela a las autoridades porteñas.

A finales de 2024, tras las fugas de detenidos ocurridas en la Alcaidía de Barracas y el Centro de Contraventores, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires no solo removió a la cúpula policial, sino que destituyó a dos altos funcionarios. Sebastián Vela, quien era el responsable civil del ministerio, y Martín Ochoa, quien era director de Alcaidías, fueron cesados de sus cargos.

El nuevo director de Alcaidías, Germán Goris, quien tiene formación en la Armada, tomó como primera medida disponer que siempre haya un policía vigilando a los presos en las comisarías y alcaidías porteñas.

La Policía Bonaerense se encuentra trabajando en un intenso operativo para poder encontrar a Thiago Daniel Aguirre, un joven acusado de homicidio que se escapó mientras estaba siendo trasladado desde La Plata hacia el interior de la provincia.

El episodio ocurrió el lunes, en una estación de servicio ubicada en la intersección de Ituzaingó y Ruta 215, en la localidad de Coronel Brandsen, cuando los agentes a cargo del operativo hicieron una parada técnica. En ese momento, el adolescente de 16 años pidió ir al baño. Según detallaron en el portal 0221, el recluso escapó tras haber atacado al guardia que lo custodiaba.

Inmediatamente, las fuerzas policiales iniciaron una intensa búsqueda, aunque hasta el momento no han logrado localizarlo. El joven estaba siendo trasladado desde La Plata hacia la localidad de Azul, en el interior de la provincia, un recorrido de casi 300 kilómetros.

Aguirre es considerado un delincuente peligroso debido al cargo de homicidio que enfrenta. Por tal razón, las fuerzas de Seguridad desplegaron numerosos patrullajes y controles vehiculares en el centro de Brandsen y en áreas circundantes, con el objetivo de localizarlo antes de que pueda abandonar la región.

También se reforzaron los rastrillajes en rutas y otros accesos a la ciudad, con el objetivo de cerrar posibles vías de escape. Se espera que en las próximas horas se sumen más efectivos a la búsqueda para intensificar los esfuerzos.

Según informó el portal DLN, la Policía solicitó la colaboración de los vecinos para reportar cualquier información relevante llamando al 911, y recomendó extremar las precauciones ante la peligrosidad del fugitivo.

En este último tiempo, la Ciudad de Buenos Aires ha estado en el foco de los interrogantes debido a reiteradas fugas de presos e intentos frustrados, en al menos tres alcaidías.

El jueves pasado fue el turno de la Comisaría 8 Bis, ubicada en el barrio porteño de Villa Lugano. Los agentes del lugar detectaron dos agujeros en una de las paredes de una celda durante una inspección de rutina. Este descubrimiento, que evidenció un boquete en proceso, llevó a las autoridades a colocar bajo estricta vigilancia a los ocho reclusos que ocupaban el pabellón investigado.

La alerta inicial surgió luego de que los celadores percibieran ruidos extraños y movimientos sospechosos mientras realizaban su rutina de vigilancia. Ante esta situación, se activó de inmediato el protocolo de seguridad y se convocó a la División Unidad Táctica de Intervención de Alcaidías (DUTIA) para llevar a cabo la revisión detallada del lugar.

En el procedimiento, los agentes incautaron una punta de hierro de ocho pulgadas, un elemento que habrían utilizado para realizar el hueco en la pared; además de drogas como marihuana y cocaína, en posesión de los internos.

Por protocolo, se realizó una verificación exhaustiva de todos los espacios circundantes, incluyendo techos, puertas, rejas, incluso las paredes, con el objetivo de descartar otras posibles irregularidades o planes similares.

A fines de diciembre, 17 detenidos lograron escapar de la Alcaidía 9 ubicada en Gana al 400, en Liniers. Según trascendió, los internos utilizaron un agujero de 30 centímetros de diámetro en una pared de ladrillo hueco situada en un patio interno para evadirse.

El escape fue descubierto en la madrugada del 25, lo que activó un operativo cerrojo de manera inmediata que terminó con la captura de dos de ellos.

Anteriormente, 11 detenidos —la mayoría provenientes de la Villa Zavaleta— se habían fugado por los techos de la Alcaidía 4 Bis, ubicada en el barrio de Barracas. Para alcanzar el objetivo, los presos aprovecharon la oscuridad provocada por un corte de energía en la zona para trepar al techo desde un pasillo y escapar.

Un preso de la cárcel La Vega, en Sincelejo, sorprendió a los locutores y oyentes de la emisora Olímpica Stereo al usar su derecho a una llamada telefónica, no para contactar a sus familiares, sino para hacer una solicitud muy especial.

El recluso pidió que sonara la famosa canción A un cariño del alma, del fallecido ídolo del vallenato, Diomedes Díaz. Durante la llamada, dedicó la canción a una persona muy especial para él, aunque no reveló más detalles sobre su identidad.

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El locutor, sorprendido, atendió la petición y dijo: “¡Aquí los complacemos a todos, pidan sus canciones!”, cumpliendo con el deseo del interno.

“La llamada fue algo inusual, pero nos dio una gran sorpresa (...) El recluso no pidió hablar con su familia ni realizar otro tipo de solicitud, sino que, con gran entusiasmo, nos pidió que pusiéramos una de las canciones más populares de Diomedes”, añadieron los locutores de la emisora conocida a nivel nacional.

Este emotivo momento no solo tocó a los presentadores del programa, sino que también generó una fuerte respuesta en las redes sociales, donde muchos internautas opinaron sobre la solicitud. Algunos consideraron que el recluso, al no poder hablar con sus seres queridos, buscaba conectarse emocionalmente a través de la música.

“Este preso es un hombre que entiende el valor y el sentir de esa canción, que Dios lo ayude y le muestre su salvación”; “Respeto la opinión de los demás, pero en especial el sentimiento de este hombre, que solo Dios lo conoce, en cuanto a la canción es su gusto y lo respeto, muy linda la canción, sea cual sea el motivo, esta en su derecho como todo ser humano”; “Esta canción tiene una letra súper hermosa solos los que la escuchamos sabemos el porque nos gusta nadie está libre de pecado todos tenemos derecho a equivocarnos y también derecho a redimirnos bendiciones”; “De pronto le da sentimientos de culpa le da volver al pasado y al mismo tiempo pesar por no haber tomado la mejor decisión en su vida y por ende el presente fuese mejor y todo apunta que fue algo sentimental el también es humano y tiene sentimientos”, son algunas reacciones en las redes sociales.

La canción A un cariño del alma, una composición de Hernán Urbina Joiro, es una de las más emblemáticas de Diomedes Díaz y hace parte de su álbum Volver a vivir, estrenado en 1998, junto al acordeonero Iván Zuleta.

El tema es conocida por su profunda letra que expresa el dolor de perder un amor verdadero, además, habla de la nostalgia y el sufrimiento por un amor que se fue, transformando el dolor en una fuente de inspiración artística.

Letra de ‘A un cariño del alma’ de Diomedes Díaz

Cuando se acaban todas las palabras

Y ni siquiera puedes reprochar

Cuánto duele un cariño así del alma

Como el que tú me diste, nada más

Pienso que viví mi vida

De forma distinta a todos los demás

Que si volviera el pasado

Viviría despacio y te quisiera más

Pero aquí estoy deshojando el dolor

Por dondequiera que estés en verdad

Dime qué hacer con este corazón

Que solo sabe extrañarte y cantar

No busco a nadie a quien quiera culpar

Yo asumo toda esta pena sin fin

Reminiscencia de un beso sin par

Que en este mundo no he vuelto a sentir

Y un cariño de estos, ¿quién no ha de llorar?

Un cariño de estos que encierra pasión

Un cariño de estos, ¿quién no ha de llorar?

Un cariño de estos que encierra pasión

Ay, amor del alma que se ha de cantar

Con lo más sublime de la inspiración

Como un dejo triste como el recordar

Son dejos que salen desde el corazón

Cuando uno siente que la vida pasa

Es tarde para muchas cosas ya

Cuánto duele un cariño así del alma

Al comprender que la amo y si no está

Cuando vuelva a enamorarme

He de recordarme que contigo fui

Muy descuidado al quererte

Porque creí que siempre serías para mí

Pero aquí estoy enfrentando el ayer

Sueños que enferman sin cura y final

Ha terminado la angustia tal vez

Pero también la esperanza de amar

No tengo pena de ser lo que fui

El cantador de tus versos de amor

Profundo como el recuerdo de ti

Y vallenato como es mi canción

Y un cariño de estos, ¿quién no ha de llorar?

Un cariño de estos que encierra pasión

Y un cariño de estos, ¿quién no ha de llorar?

Un cariño de estos que encierra pasión

Ay, amor del alma que te ha de cantar

Con lo más sublime de la inspiración

Como un dejo triste como al recordar

Son dejos que salen desde el corazón

Y un cariño de estos, ¿quién no ha de llorar?

Un cariño grande que encierra pasión

Y un cariño de estos, ¿quién no ha de llorar?

Un cariño de estos que encierra pasión

Ay, amor del alma que se ha de cantar

Con lo más sublime de la inspiración

Como un dejo triste como al recordar

Son dejos que salen desde el corazón

Ay, amor del alma que se ha de cantar

Con lo más sublime de la inspiración

Agustín Muscarello, de 22 años, permanece detenido tras un trágico accidente ocurrido el 10 de octubre en Villa Parque Santa Ana, donde un joven de 18 años, Francisco Ledesma, perdió la vida.

Según las investigaciones, Muscarello conducía un Fiat Iveco a alta velocidad y bajo los efectos del alcohol cuando impactó fatalmente contra Ledesma, quien estaba subiendo a un colectivo. La familia de la víctima ha solicitado que se agrave la imputación del conductor, actualmente acusado de homicidio culposo agravado.

El fiscal de Primer Turno de Alta Gracia, Diego Fernández, dictó prisión preventiva para Muscarello, mientras que el abogado de la familia Ledesma, Carlos Nayi, argumenta que el caso debería ser considerado como un homicidio simple con dolo eventual. El letrado sostiene que el imputado actuó con temeridad al conducir en esas condiciones, desafiando las normas legales y despreciando la vida humana.

Según informó el portal El Doce.tv, las pericias realizadas confirmaron que Muscarello tenía alcohol en sangre y superaba los límites de velocidad permitidos en el lugar del accidente. Este hecho intensificó el llamado de la familia de Ledesma para que se reevalúe la gravedad de los cargos.

Nayi enfatizó que Muscarello debió prever las posibles consecuencias de sus acciones y que, al ignorarlas, incurrió en un comportamiento que va más allá de la mera negligencia.

El accidente también involucró al hermano de la víctima, quien se salvó gracias a la rápida intervención de un transeúnte que logró apartarlo del camino del vehículo.

La comunidad local y los allegados a la familia Ledesma continúan exigiendo justicia, mientras el proceso judicial avanza con la expectativa de que se haga una revisión exhaustiva de los hechos y se determine una sentencia acorde a la gravedad del caso.

Y este domingo por la tarde y en un hecho similar, detuvieron en un country de Villa Warcalde, también en la provincia de Córdoba, a un hombre que horas atrás, durante la madrugada, había atropellado a un grupo de adolescentes que volvían de un cumpleaños de 15. Uno de los chicos está grave, en terapia intensiva, mientras que otros dos sufrieron heridas más leves.

El siniestro ocurrió en el camino intercountries, que une a varios clubes de campo y barrios privados entre La Calera y Córdoba capital. La camioneta, una Volkswagen Amarok color negro mate, los arrolló por la espalda y, según se denunció, no se detuvo en ningún momento.

El vehículo tiene daños notables que serían producto del impacto. Un factor determinante fue el espejo derecho del vehículo, que habría golpeado en la cabeza al adolescente que sacó la peor parte del incidente. El plástico del retrovisor lateral de la camioneta se desprendió y quedó tirado en el lugar de los hechos, algo que resultó fundamental para identificar al sospechoso más tarde.

Personal de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Córdoba trabajó con las cámaras de seguridad de la zona. Las filmaciones ubicaron al sospechoso de regreso a su country, donde lo encontraron a él y a su camioneta. La Volkswagen Amarok quedó incautada y el sospechoso fue aprehendido e imputado por lesiones graves culposas. Lo identificaron como J.M.B., de 45 años. Deberá declarar en las próximas horas ante la fiscal Liliana Copello.

Lucas Méndez, el padre del adolescente que está en terapia intensiva, brindó precisiones sobre su estado de salud: “Tiene un hematoma en la parte posterior de la cabeza. Los resultados de la resonancia y la TAC dieron bien, pero está con mucho dolor en los brazos, piernas y la cabeza”, indicó.

“Volvían de unos 15, venían en fila india porque ya entraban a la guardia de cada barrio y este tipo pasó y los atropelló”, reconstruyó. Además, se confirmó que los otros dos jóvenes lesionados fueron dados de alta y se recuperan en sus domicilios de hematomas y cortes que sufrieron tras el impacto.

Dos agentes de la Policía de la Ciudad fueron detenidos luego de que fueran acusados de haber reemplazado a un preso por otro a cambio de dinero. El caso fue investigado por el Departamento de Desempeño Profesional y se decidió que los acusados fueron puestos en situación pasiva. A raíz del escándalo, ambos serían expulsados de la fuerza de seguridad.

El hecho ocurrió la semana pasada, cuando dos agentes que estaban a cargo del traslado de un detenido a la comisaría fue reemplazado por otra persona. El mismo había sido demorado por tenencia de drogas e iba a ser puesto a disposición de la Justicia para que le iniciaran una causa en su contra.

Aparentemente, la maniobra fue pactada a cambio de una gran suma de dinero. No obstante, al detectarse las irregularidades por parte de los dos oficiales, la Oficina de Transparencia del Ministerio de Seguridad porteño ordenó que ambos fueran puestos en situación pasiva.

Según las fuentes consultadas por Infobae, las autoridades comenzaron a evaluar la posibilidad de desvincularlos de la fuerza de seguridad. De la misma manera, confirmaron que el comisario y los dos subcomisarios de la seccional 7A fueron desplazados, ya que se trataban de los superiores de los detenidos.

El caso se desencadenó por un operativo realizado por la Unidad de Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR), en el que se buscaba detener a un dealer que comercializaba estupefacientes en el barrio porteño de Flores. Luego de que el sujeto fuera detenido, los agentes de la seccional 7A estaban encargados de realizar el traslado y labrar un acta por infracción de la Ley N°27.737.

De acuerdo a la información publicada por Noticias Argentinas, el procedimiento transcurría sin ningún tipo de inconveniente, hasta que los efectivos del DIR notaron que la persona que se encontraba en la dependencia policial no era la misma que habían capturado momentos antes. Por este motivo, denunciaron al oficial primero, identificado como J.A.T, y al inspector R.H.P, por haber cambiado de presos.

La hipótesis principal apuntaría a que los familiares del dealer original habrían interceptado al patrullero antes de que llegara a la comisaría y le habrían ofrecido aproximadamente unos 20 mil dólares para que lo dejaran en libertad. Se cree que la estrategia impulsada por el círculo cercano del preso habría sido pensada para evitar que su situación judicial se complique.

En el intento de no levantar sospechas, la familia del detenido habría entregado a un hermano del sujeto en cuestión, debido a que ambos serían parecidos físicamente. No obstante, no se informó acerca de la situación procesal en la que se encontrarían el dealer y su hermano. Tampoco si el fugitivo volvió a ser detenido por las fuerzas de seguridad.

En lo que va de la segunda mitad del año, este no fue el único caso que tuvo a integrantes de la policía porteña como el blanco de sospechas por presunta corrupción, ya que a mediados de agosto otros cuatro agentes fueron imputados por intentar sobornar a un conductor a cambio de no realizarle una multa de tránsito.

La situación quedó registrada por las cámaras de seguridad de Parque Avellaneda y permitió que la fiscal Lorena San Marco, de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 19, solicitara la detención de los acusados. Asimismo, los imputó por el delito de exacción legal y los excarceló con medidas restrictivas, entre ellas la suspensión para ejercer cargos públicos mientras dure el proceso judicial.

Después de que se difundiera el caso, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, repudió el hecho en sus redes sociales, al tiempo que aseguró: “Uno de los pilares de nuestra gestión es el respeto a la Policía de la Ciudad. En ese sentido, cuando recibimos una denuncia de algún oficial sospechado de un ilícito, somos los primeros en ponernos al frente judicializando el tema”.

“Así como defendemos permanentemente a los hombres y mujeres que cada día honran el uniforme, también somos implacables con aquellos que no lo hacen. A la Policía se la respeta, adentro y afuera de la institución”, completó el funcionario.

La Policía acudió al lugar tras recibir un llamado al 911 reportando un incendio en la zona. Al llegar, el personal del Comando de Patrullas cortó la calle y los bomberos lograron apagar las llamas que envolvían el automóvil. Poco después, un hombre se presentó en la escena afirmando ser el propietario del vehículo y fue llevado a la comisaría Segunda para realizar la denuncia.

Durante el interrogatorio, el denunciante comenzó a contradecirse en sus respuestas, lo que levantó sospechas entre los agentes. En un momento de frustración, el hombre cuestionó a los oficiales diciendo: “¿A la Policía qué le importa esto?”. Esta actitud incrementó las dudas de las autoridades, quienes decidieron revisar las cámaras de seguridad de la zona.

Según informó el portal 0221, las imágenes obtenidas de una cámara de seguridad, mostraron al mismo hombre abriendo la puerta del auto y rociando líquidos en su interior antes de que el vehículo se incendiara. Al ser confrontado con este material, el sospechoso admitió que su intención era cobrar el dinero del seguro. Inmediatamente, fue detenido y se le imputó el delito de “falsa denuncia”, quedando a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción 17.

La rápida intervención de los bomberos evitó que el incendio se propagara, mientras que la diligencia de los agentes permitió esclarecer los hechos y detener al responsable.

Y en otro caso de incendio de vehículos y también de manera intencional, a mediados del mes de abril último, la Ciudad de Buenos Aires volvió a ser escenario de un ataque de quemacoches. Esa vez ocurrió en el barrio de Villa del Parque, en la calle Tinogasta al 3000, don al menos dos vehículos fueron incendiados en plena vía pública.

Oficiales de la comisaría vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad, así como miembros del equipo de bomberos, se desplazaron hoy hacia el cruce de las calles Tinogasta y Helguera, tras ser notificados del incendio de dos automóviles estacionados frente a una vivienda: una camioneta Chevrolet Tracker blanca y un Peugeot 208 azul.

De forma preventiva, también fueron convocadas dos ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia, aunque fuentes oficiales confirmaron que finalmente no se registraron heridos.

Tras extinguir el fuego, la Unidad Fiscal de Flagrancia determinó labrar actuaciones por el hecho y someter a los vehículos a pericias por parte del Área de Siniestros de Bomberos. Hasta el momento, desde la Policía de la Ciudad se presume que se trató de un incendio intencional.

Cerca de las 3 de la mañana los vecinos del barrio escucharon risas e, inmediatamente después, dos explosiones. Tras comunicarse con Bomberos de la Ciudad, tuvieron que cerrar las ventanas de sus viviendas por pedido del SAME: las llamas alcanzaron una altura que llegaban hasta el primer piso del edificio, mientras que el humo era aún mayor.

Es destacar que frente al lugar del incendio existe una casa con cámaras de seguridad que enfocan hacia los vehículos estacionados, por lo que las imágenes podrían ayudar a identificar al responsable.

Y hace tan solo 10 día antes de este último hecho, cuatro vehículos fueron incendiados en el barrio porteño de Vélez Sarsfield. Los hechos ocurrieron por la madrugada también, en un radio de dos cuadras.

En el primer incidente, un Chevrolet Agile fue afectado en el patio interno de una agencia de autos, localizada en la intersección de la Avenida Juan Bautista Justo y Pedro Calderón de la Barca. A dos cuadras de este sitio, sobre la calle Emilio Castelar al 700, otros tres vehículos resultaron víctimas de un ataque.

Desde la Policía de la Ciudad indicaron que el incidente se produjo en cadena: las llamas afectaron primero a un Chevrolet Spark, luego se expandieron a un Fiat 147 y, más adelante, “transitoriamente por radiación calórica”, llegaron a un Ford Mondeo. En este segundo sitio fue que los bomberos encontraron un bidón con combustible, presuntamente utilizado para iniciar el incendio.

El martes 23 de julio, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia le negó la libertad al exsenador sucreño Álvaro García Romero, condenado a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo, en Bolívar.

El diario El Tiempo conoció que la Sala de Primera Instancia, en la decisión adoptada el 22 de julio, decidió no conceder la libertad provisional, no revocar la medida de aseguramiento que se le impuso a García por su nueva investigación por desplazamiento forzado; y determinó no sustituir la medida de aseguramiento por una no privativa de la libertad.

Tras dicha decisión, ‘el Gordo’ García Romero instauró en la mañana de este viernes 26 de Julio, una acción tutela en contra del presidente Gustavo Petro. El exsenador radicó el documento, ante el Consejo de Estado, al que le colocaron como número de recibo el 2215063.

Con esta tutela de diez folios que el diario El heraldo conoció, el exsenador, condenado por la masacre de Macayepo de la que ya pagó las tres quintas partes de la pena de 40 años, busca su derecho a la dignidad humana que le habría sido vulnerado por el jefe de Estado con unas “manifestaciones realizadas el día 16 de julio de 2024, frente a la medida de aseguramiento que pesa sobre este suscrito tutelante”.

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Con dicha tutela, pretende que el Consejo de Estado le ordene al hoy Presidente de la República de Colombia, que se abstenga hacía el futuro o en lo sucesivo de realizar públicamente, manifestaciones denigrantes, incitadoras socialmente y trasgresoras a la dignidad humana, con alguna repercusión judicial en contra del señor Álvaro Alfonso García Romero.

Además, busca que se le ordene al mandatario que “en el término de 48 horas emita nuevas declaraciones que reconozcan un trato digno a este accionante y los penados privados de la libertad. Igualmente, quiere que se le ordene al presidente que, hacia el futuro se abstenga de elevar manifestaciones que intervengan con las demás ramas del poder público y en especial la judicial, señalando anticipadamente decisiones de estos órganos”.

El exsenador se refiere a las expresiones que lanzó el presidente Gustavo Petro en la plaza pública durante la sanción de la reforma pensional, cuando dijo que “… García Romero había recurrido al asesinato para mantenerse en el poder. Toda la clase política de Sucre estaba arrodillada al paramilitarismo y en esas masacres creció una resistencia popular, pero su senador que asesinaba opositores, fiscales y campesinos por mantenerse en el poder y controlar el voto asesinando”.

Por otro lado, con relación a la libertad condicional pedida y concedida por un juez de ejecución de penas de Bogotá a Álvaro García dijo que: “Me gustaría que saliera y pudiera jugar con sus nietos, pero hoy la justicia le dice que no puedes salir porque fuiste un masacrador de tu pueblo”.

Según Petro, la Corte ha actuado en defensa de la justicia y en rechazo a quienes han utilizado el poder para amedrentar y asesinar a sus contrincantes. “Hoy la Corte Suprema de Justicia permite que no salga en libertad un senador asesino”, dijo el mandatario.

García le insistió al Consejo de Estadio en su tutela que “la dignidad humana debe entenderse no solo como un derecho fundamental, sino también a su vez, como un valor, como norma rectora, como un principio, la cual es fundamento de donde provienen otras normas, garantías constitucionales relevantes, que afianzan esa esfera de protección de intimidad, de libertad, de igualdad, de autonomía, de prohibición de discriminación y de humillación. Las características trascendentales en todas las esferas de la persona y del Estado, política y moralmente de la dignidad humana, revisten tanta complejidad, que no es indiferente a la persona que pretenda reclamar su protección cuando se ha visto conculcada”.

Además, según García esto cobra mayor relevancia porque quien lo hace es una persona privada de la libertad y para ello se fundamenta en el artículo 5 de la Ley 65 de 1993 “que hoy siendo el hombre vencido sobre él se mofa el Presidente de la República de manera pública. Olvidando el mismo, que dentro del proceso que hoy cursa en la Corte ha reconocido no ser un testigo directo, pero que al aprovechar los diferentes cargos públicos y a costa de mi nombre ha hecho carrera”.

“Sigo con la pelea jurídica por demostrar de alguna manera, el no haber tenido responsabilidad en los hechos que se me endilgan sin reconocer que ocurrieron, y de gracia que en el proceso que está en manos del magistrado Caldas ya hoy tiene elementos que pueden demostrar la atipicidad de esa conducta en mi nombre, pero hoy me siento más que nunca que sigo siendo una víctima de una guerra jurídica”, concluye.

Miguel Polo Polo volvió a encender las redes sociales por una publicación en X (antes Twitter). En su rol de oposición, el representante a la Cámara publicó una fotografía en la que se ve a una persona con el rostro del presidente Gustavo Petro, siendo capturada por las autoridades. El montaje surge en medio de una álgida discusión que gira en torno a la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) de la campaña del primer mandatario, por una presunta financiación irregular.

En la red social, el congresista aseguró que ver al presidente tras las rejas sería “el sueño de toda una nación”. “Petro te queremos, pero PRESO!”, escribió Polo Polo en como descripción de la fotografía con la cara de Petro.

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Su publicación generó una ola de críticas por parte de los internautas, que cuestionaron su trabajo como representante a la Cámara e indicaron que su rol ha estado basado en pronunciarse a través de las redes sociales con insultos. “El nivel de estos políticos es tan patético”; “Una falta de respeto”; “Que baja su argumentación”, señalaron algunos de los usuarios, mientras que otros afirmaron estar de acuerdo con su postura, teniendo en cuenta los escándalos que han surgido alrededor de su campaña y de su gobierno.

Pero, Polo Polo no ha sido el único en manifestar su postura con respecto a lo que espera que pase con el primer mandatario. En las recientes marchas contra el Gobierno nacional, la exsenadora Ingrid Betancourt salió a protestar con una pancarta que tenía la imagen de Gustavo Petro y el siguiente mensaje: “Te queremos preso”.

El congresista también exigió un juicio político contra Petro por las dudas que hay sobre la transparencia de su campaña presidencial en 2022, que también salpican a su exgerente de campaña, Ricardo Roa, que funge actualmente como presidente de Ecopetrol. De acuerdo con el CNE, los topes de financiación habrían sido sobrepasados en más de $5.300 millones, de los cuales $3.709 millones se usaron en primera vuelta, y $1.646 millones, en la segunda.

Además, se investiga si la red de criptomonedas Daily Cop donó $2.000 millones para la aspiración presidencial de Petro, y si otros $500 millones aportados por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) a la Colombia Humana fueron en realidad gastos de campaña. Por estos y otros presuntos ingresos inrregulares, el CNE radicó una ponencia de pliego de cargos contra Petro y Roa.

Así las cosas, Polo Polo recordó que en 2020, el presidente aseguró en X que cualquier jefe de Estado que se haya hecho elegir con dineros ilícitos, debería ser declarado ilegítimo. Para entonces, criticaba la financiación de la campaña del expresidente Iván Duque, que también fue investigada, pero el caso terminó siendo archivado.

“El Petro del 2020 hablándole al Petro del 2024. Como dice el dicho: el que escupe pa’ arriba, en la cara le cae. @petrogustavo. ILEGÍTIMO ¡Juicio Político YA!”, escribió el congresista en la red social.

Frente a la investigación que adelanta el CNE, el presidente Petro aseguró que “ha comenzado el golpe blando” en su contra y defendió las donaciones de Fecode a la Colombia Humana, teniendo en cuenta que parte del dinero fue utilizado para la vigilancia posterior a las elecciones. “Las vuelven irregulares cuando son permitidas por la ley y que gastos supuestos después de que termina la campaña electoral son presentados como si fueran dentro de la campaña”, aseveró el primer mandatario en X.

Añadió: “Ni un gasto en testigos electorales que hagan partidos en cuidar los votos ya depositados es un acto de campaña, al contrario, es un derecho y una obligación ciudadana. La campaña por ley termina antes del día de elecciones”.