Cerca de 10.000 personas se están concentrando este miércoles frente al ático de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, según la Delegación del Gobierno. La movilización se ha producido después del desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años que vivía desde hacía siete décadas en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro.

La protesta ha comenzado a las 18.30 en el paseo del General Martínez Campos, junto al inmueble que se convirtió en uno de los focos de las críticas contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El Sindicato de Inquilinas convocó la concentración tras no lograr frenar por la mañana el cuarto intento de desalojo de la mujer, que fue retirada en camilla y trasladada a un hospital.

Los asistentes han cortado la calle y exhibido pancartas con mensajes como “Fondos buitre fuera de nuestras ciudades”. También han coreado algunas consignas como “Vergüenza”, “Fuera fondos buitre”, “El ático para Maricarmen”, “Ayuso dimisión” y “Maricarmen no estás sola”. Durante la movilización se han utilizado bengalas y botes de humo rojos y amarillos.

Concentraciones en 12 ciudades y críticas a ambas administraciones

A la protesta han acudido sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes y personas de distintas edades. Entre los dirigentes políticos presentes han estado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y representantes de Podemos como Ione Belarra, Irene Montero y Pablo Fernández.

El Sindicato de Inquilinas también ha impulsado concentraciones en otras 12 ciudades de España. La organización ha planteado la convocatoria como una respuesta al desahucio y una exigencia de responsabilidades a las administraciones.

Alicia del Río, portavoz del colectivo, ha afirmado que la respuesta ha superado sus previsiones y ha reflejado el malestar por el caso. “La gente está muy enfadada, esto no puede continuar así”, ha sostenido. También ha indicado que Maricarmen permanecía hospitalizada, aunque estaba “muy contenta y agradecida” por las muestras de apoyo.

Desde la organización han vinculado la protesta con la defensa del derecho a la vivienda y han cuestionado tanto la política del Gobierno de la Comunidad de Madrid como la actuación del Ejecutivo central. En el mismo sentido, Carlos Ochoa, portavoz del Sindicato de Estudiantes, ha responsabilizado a ambas administraciones por la situación de la mujer y por la respuesta policial durante el operativo.

El origen del conflicto

El caso de Maricarmen se remonta a 2018, cuando Urbagestión Desarrollo e Inversiones compró el piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda en el que ella vivía desde hacía 70 años. La mujer, de 87 años y con una discapacidad del 50% por problemas de movilidad, residía allí con un contrato de renta antigua firmado por su padre en 1956. Tras la muerte de sus padres, mantuvo el derecho a permanecer en la vivienda, cuya renta se actualizaba según el Índice de Precios de Consumo (IPC).

El conflicto se agravó en 2020, cuando la empresa planteó la compra del inmueble por 250.000 euros o un incremento del alquiler desde los 440 hasta los 1.650 euros mensuales. La compañía sostiene que el contrato fue subrogado en dos ocasiones y considera que carece de validez.

La defensa de Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas reclamaban un alquiler asequible. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había solicitado suspender el desalojo para evitar posibles “daños irreparables”.

En la “legislatura de la vivienda” —Sánchez la acuñó así en una entrevista para RTVE el pasado 1 de septiembre de 2025— los desahucios como el ejecutado este miércoles contra Maricarmen, una señora de 87 años que vive desde 1955 en un piso en el distrito del Retiro, no son hechos aislados.

En el mismo día en el que centenares de personas se congregaron para evitar el desalojo —ordenado tras la compra de su edificio por un fondo buitre—, en el barrio de Vallecas, la Policía Nacional intervenía en otro desahucio de un padre de 51 años que vivía con su hijo. Urbagestión, el fondo que compró la casa de Maricarmen, se prepara para ejecutar otro en el barrio de Chamberí.

Esta situación se vuelve todavía más preocupante si se tiene en cuenta que hace apenas una semana, el proyecto de ley impulsado por la coalición Sumar para prohibir la compra de vivienda por fondos buitre se estrellaba por segunda vez en el Congreso de los Diputados. De nuevo, fueron los votos en contra de la derecha —una tónica general en esta legislatura— los que impidieron su toma en consideración (paso previo para proceder a su votación definitiva) en la Cámara Baja. El PSOE, que acusa a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de “poner la alfombra roja a los fondos buitre”, optó por la abstención, aun sabiendo que la iniciativa no prosperaría por falta de apoyos.

Tres fracasos en diez meses

La propuesta persigue una reforma de la ley de vivienda de 2023 para limitar el derecho de transmisión de propiedad de viviendas exclusivamente a las personas físicas, con excepciones como los agentes económicos y sociales, las entidades sin ánimo de lucro, las religiosas y las ONG para el desarrollo.

Y no sería la primera vez que decaería, ni la segunda. Tres meses antes, Sumar trató de relanzar el debate sobre el endurecimiento de la política de vivienda a través de un decreto no de ley, que no tenía efecto vinculante, pero que fue rechazado igualmente en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria, mientras que el PSOE y el PNV se abstuvieron.

El primer intento se produjo en el anterior curso político, el pasado 27 de noviembre de 2025, cuando sus señorías rechazaron que la norma pudiese debatirse en Pleno. Las derechas hicieron piña para tumbar la medida bajo el pretexto de que era un “invento” que solo iba a agravar el problema, mientras que los socialistas ofrecieron su apoyo indirecto a través de la abstención. Los cinco diputados del PNV también optaron por esta fórmula, señalando que no iba a arreglar el problema de oferta.

Sumar presiona al PSOE para relanzar el decreto de vivienda

Y no ha sido el único tropiezo en esta legislatura en materia de vivienda. El Gobierno lleva dos años tratando de sacar adelante el decreto de vivienda, que contempla la congelación de los alquileres para las personas vulnerables y la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Su convalidación depende del Congreso, pero ya ha naufragado en varias ocasiones.

El socio minoritario aboga por aprobar el decreto tantas veces como haga falta, pero la parte socialista evita dar una fecha mientras Junts no dé su brazo a torcer. El último borrador que plantea Sumar incorpora bonificaciones fiscales a los caseros, una exigencia del partido de Carles Puigdemont, que aun así no promete su aprobación. La cesión a los posconvergentes enfadó a Podemos, que también amenazó con retirar su apoyo.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha relanzado el debate en la sesión de control al Ejecutivo, donde ha reclamado al resto de fuerzas aparcar las diferencias. También haría lo propio la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, que instó a aprobar el decreto en el próximo Consejo de Ministros: “El martes tiene que ir el Real Decreto Ley de vivienda al Consejo de Ministros. Sí o sí. No hay otra opción. El PSOE no puede seguir dilatándolo más. PP, Junts y Vox no pueden volver a votar en contra. Ni más Maricármenes desahuciadas ni más dueños de fondos buitre haciendo de nuestros derechos su ley de la jungla”, sentenció en un mensaje en X.

El Congreso de los Diputados se ha visto envuelto en una nube de gas pimienta este miércoles que ha terminado con 12 personas atendidas por los médicos y varias zonas del hemiciclo precintadas. Esta mañana, la diputada popular Ana Vázquez ha mostrado dicho spray durante la sesión de control al Gobierno, hecho que ha obligado a la presidenta de la cámara, Francina Armengol, a expulsar a la diputada por Ourense por “enseñar un arma”. Después, un trabajador del PP lo ha manipulado en el cuarto de baño: “Lo he tocado y lo he accionado sin querer. Quedaba un poquillo, me he ido a otro baño y ya no tenía nada”, ha recogido El País. Vázquez, por su parte, ha asegurado que estaba vacío y ha negado que el bote “se trate de un arma”.

Pero, ¿quién es esta diputada? Ana Belén Vázquez Blanco (Bande, Ourense, 1975) es la actual portavoz de Interior del PP en el Congreso, aunque quiso ser periodista, opositó a Policía Nacional, estudió Derecho y terminó en política.

Hija de un emigrante que con 18 años se fue a trabajar a Venezuela, su trayectoria comenzó cuando se afilió al PP con 17 años. Presidió Nuevas Generaciones en la provincia de Ourense, fue concejal con 20 años y a los 25 se convirtió en la diputada más joven de España después de que en las elecciones generales de marzo del 2000, el presidente del PP de Ourense, José Luis Baltar, la colocara como número tres de la candidatura por la provincia.

La política que quería ser policía

Para entonces ya había terminado la carrera de Derecho y preparaba las oposiciones mientras compaginaba la política municipal con el trabajo en el negocio familiar, el bar que sus padres abrieron en Bande en 1967. Su otra vocación era la Policía Nacional. Vázquez se preparó para acceder a la Escala Ejecutiva del cuerpo y llegó a superar las pruebas, aunque para entonces su carrera política ya había despegado. Por si fuera poco, ganó la oposición para trabajar en la Diputación de Ourense en 2010. Cuando perdió el escaño en 2015, volvió a ese puesto hasta regresar al Congreso tras las elecciones de 2016.

En 2006 asumió la alcaldía del municipio donde nació, que actualmente tiene 1460 habitantes, tras la muerte del entonces regidor, Amador de Celis. Permaneció en el cargo apenas unos meses y no concurrió a las municipales de 2007. Sí lo hizo quien entonces era su marido, José Antonio Armada, que ganó las elecciones y fue su edil desde ese mismo año hasta el 2020.

Vázquez, en cambio, continuó su carrera en Madrid. Su ficha oficial del Congreso contabiliza actualmente ocho legislaturas: VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV y XV. Sin embargo, su trayectoria parlamentaria no ha sido ininterrumpida. En las elecciones de 2015 ocupó el tercer puesto de la lista del PP por Ourense y se quedó fuera del Congreso. Entonces volvió a Ourense donde trabajó en la Diputación como funcionaria del Cuerpo Superior de Administración Local, plaza que había obtenido por oposición cinco años antes. Un año después, tras las elecciones de 2016, el PP recuperó el tercer escaño por la provincia y Vázquez volvió a la Cámara Baja.

Desde 2020 ejerce como portavoz popular en la Comisión de Interior —cargo que revalidó en la actual legislatura— y también forma parte del Comité Ejecutivo Nacional del PP como secretaria nacional de Interior.

Esa especialización en Interior la ha llevado a protagonizar numerosos enfrentamientos parlamentarios con Fernando Grande-Marlaska. De hecho, el pasado mes de marzo reconocía en una entrevista que dentro del partido la llaman “el azote de Marlaska”. Y el spray de pimienta de este miércoles no ha sido la primera vez que Vázquez ha recurrido a un objeto para reforzar una intervención desde su escaño. El pasado 11 de febrero mostró una baliza V16 encendida durante una pregunta al ministro del Interior, al tiempo que aseguraba que la polémica sobre estos dispositivos sería “el nuevo caso Koldo del PSOE”.

El Ayuntamiento del municipio madrileño de Morata de Tajuña anunció el pasado 24 de agosto que las fiestas patronales, que se celebraban a principios de septiembre, iban a contar con su tradicional (y polémica) plaza de toros. Su exalcalde, Fernando Villalaín (PP) dimitió a principios de este año precisamente tras ser procesado por un presunto delito de prevaricación vinculado a este mismo proyecto. Los hechos se remontan a 2024, cuando las gradas de la plaza no eran seguras y así lo advirtió el arquitecto municipal. Pero eso no impidió que se acabara ordenando la instalación y en este 2026 la historia ha sido parecida. Esta vez ha sido un arquitecto anónimo quien ha avalado el proyecto, algo poco habitual que levanta sospechas. Sobre todo, porque el informe de un perito, al que ha tenido acceso Infobae, resaltaba que, de nuevo, el proyecto presenta “deficiencias” de seguridad y lagunas legales.

Para entender la polémica, hay que recordar que el anterior regidor municipal dimitió a comienzos de este año a raíz del escándalo que investiga la contratación del mismo graderío portátil durante los festivos del año 2024, que fue adjudicado a la única empresa que se presentó a concurso, Plazas de Toros Ocón, por un importe de 390.710 euros, sin IVA, y con un plazo de ejecución de tres meses. Sin embargo, la certificación para poder utilizar la plaza no llegaría a tiempo para los festejos por la negativa del técnico municipal, que presentó un informe desfavorable del 2 de octubre de ese mismo año en el que advirtió de la ausencia de los requisitos técnicos obligatorios para la adecuada instalación de la estructura.

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Lejos de paralizar las obras, el alcalde decidió proceder con la instalación de las gradas, permitiendo su uso durante toda la semana de festejos sin todavía saber si era seguro para el millar de asistentes. El certificado no llegaría hasta un año después, en 2025, a través de un técnico externo que el ayuntamiento contrató mientras el responsable municipal se encontraba de vacaciones. Este periódico se ha puesto en contacto con el técnico municipal, pero ha declinado hacer comentarios al estar el caso judicializado.

“Hay una firma que asegura que el graderío era seguro, pero ¿cómo vas a aprobar algo si no hubo un proyecto aprobado que explicaba a los operarios cómo montarlo?”, se pregunta Carlos Vallecillos, representante del PSOE de Morata, en una conversación con Infobae. La oposición está personada en la causa instruida por el Tribunal de Instancia de Arganda del Rey y denuncia que el consistorio morateño todavía no ha facilitado el expediente de aquel concurso ni el plan de seguridad del montaje del actual. Se espera que la apertura del juicio oral, a cargo de la Audiencia Provincial, comience en las próximas semanas.

La nueva alcaldesa sostiene que el graderío de 2026 es seguro basándose en el modelo de 2025

Volvamos ahora a 2026. Tras la salida del consistorio de Villalaín (que él refirió a “asuntos personales”), Gloria de la Torre, su número dos, asumió el bastón de mando y tanto ella como el responsable de Urbanismo, Raúl García Carretero, sostienen que el Ayuntamiento ha cumplido este año con los controles y permisos urbanísticos, pese a que el nuevo montaje vuelve a presentar evidentes problemas de seguridad e incumple la normativa estatal. Y que, de nuevo, no ha contado con la firma del actual técnico municipal.

En un intento por respaldar su posición, el consistorio publicó en su página web la memoria técnica en la que se detallaban las características del nuevo graderío, que ha sido adjudicado a la misma empresa. El ayuntamiento certifica la solidez y seguridad estructural sin aportar el certificado emitido por la empresa instaladora ni el calculista, que es el ingeniero especializado que analiza el peso propio de la obra y su resistencia. En su lugar, se argumentó que la instalación de 2026 era idéntica a la del año anterior.

La memoria defiende que las dimensiones de la plaza se ajustaban al Decreto 42/2025 de la Comunidad de Madrid (la norma que regula espectáculos taurinos en Madrid), ignorando que esta normativa no incluye los espectáculos taurinos en los que la muerte del animal se produce en público, como son las novilladas que este municipio celebró el pasado 9 y 13 de septiembre. Para estas actividades, la estructura debe cumplir con la normativa estatal, recogida en el artículo 21.2 del Real Decreto 145/1996.

El informe pericial que desmonta el proyecto

Un informe pericial externo elaborado y firmado por un procurador del Colegio de Arquitectos de Madrid, al que ha tenido acceso Infobae, señaló que las medidas de la plaza no coincidían ni con las expuestas en la memoria ni con las del montaje ejecutado. El autor, que aseguró realizar una inspección sobre el terreno, constató que, aun ajustándose a las medidas reflejadas en el papel, el graderío “no alcanzaba el diámetro mínimo exigible”.

El documento también detalló varias deficiencias de seguridad en las gradas, que podrían haber puesto en riesgo a las cerca de mil personas que asistieron este año a los festejos. Por ejemplo, el sistema de apoyos carecía de anclaje mecánico de la base y muchos de los soportes (que son tubos de metal regulables) se encontraban incrustados a escasos centímetros de las alcantarillas, zonas con una resistencia distinta de la del resto de la superficie. Una serie de problemas que se agravan dada la inclinación del terreno sobre el que se levanta el graderío.

La estructura también carecía de un reparto de cargas para evitar posibles derrumbes y presentaba visibles deficiencias en las uniones estructurales, como corrosión o soldaduras de aspecto irregular.

El informe documenta con fotografías las deficiencias en el diseño de las plazas reservadas para personas con movilidad reducida. La normativa exige no solo garantizar el acceso, sino también asegurar que puedan ver el espectáculo en condiciones equivalentes a las del resto del público. De igual manera, los aseos “resultan incompatibles” con el uso por personas con movilidad reducida.

El arquitecto municipal se coge la baja médica poco antes de aprobarse el montaje

El proyecto de 2026 no ha sido firmado por el arquitecto municipal, ya que este se dio de baja médica justo antes de aprobarse la certificación. En su lugar, fue certificado por otro arquitecto técnico externo, colegiado en Cáceres y que responde al número de colegiado ’1002′, pero en la memoria técnica no se incluye ni la firma ni el nombre de este profesional. Infobae se ha puesto en contacto con el Colegio de Arquitectos Técnicos de Cáceres sobre este asunto y señalan que una memoria “no puede ser válida” si carece de firma e identificación. “Nosotros no aceptamos memorias o informes sin firmar”, afirmó un portavoz en una conversación telefónica. Por su parte, ni De la Torre ni García Carretero han respondido a ninguna de las preguntas formuladas por este periódico.

La regidora popular insistió en un vídeo publicado en las redes del ayuntamiento en que el montaje del graderío contaba con el respaldo de un arquitecto técnico, cuyo informe “no dejaba lugar a dudas” frente a los relatos “malintencionados”. “Una plaza como esta debe cumplir sus autorizaciones precisas, y eso es lo que hemos hecho, como no puede ser de otra manera”, secundaría cuatro días antes García Carretero.

La oposición presentó un escrito de queja ante la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid por los problemas de seguridad documentados en el graderío. La Administración, no obstante, rechazó interferir sobre el asunto porque sostiene que “carece de competencias” para inspeccionar las instalaciones, pese a la existencia del informe urbanístico que advierte sobre estas deficiencias.

Esta misma mañana, el Congreso ha vivido otro episodio relacionado con un gas, en este caso, tóxico. Las autoridades han precintado los baños y otras zonas aledañas situadas en uno de sus edificios después de que alguien vaciara en esa zona un espray tóxico, según han informado fuentes de la Cámara baja a EFE.

Según ha expuesto Armengol, el artículo 101 y el registro de armas establecen que el gas pimienta encaja en esta lista y que, por tanto, debe salir del edificio y depositarlo. “Esto no puede plantearse en la casa de la democracia”, ha defendido Armengol ante el enfado de Vázquez, que ha tardado varios minutos en salir mientras defendía, con el micrófono desactivado, que no ha incumplido ninguna norma. Entre gritos de “¡Fuera, fuera!" y aplausos de sus compañeros de partido, ha terminado abandonando la sala. Armengol ha llegado a llamarla al orden en dos ocasiones y le ha avisado que, si llegaba a la tercera, aplicaría el artículo 106 para expulsarla durante toda la sesión.

“Esto no es un arma y además estaba vacío. Esta es la normalidad que ellos quieren decir que existe en Ceuta”, ha asegurado la diputada en el pasillo del Congreso cuando ha salido del hemiciclo. Ana Belén Vázquez ha mostrado su evidente enfado y sorpresa ante la prensa. Su compañero de partido y portavoz, Borja Sémper, ha salido en su defensa dentro de la cámara al sostener que “no es un arma” y recuperar el mensaje sobre la situación de Ceuta.

Normas sobre el gas pimienta y el Congreso

El artículo 101 del Reglamento del Congreso establece que un diputado puede ser suspendido temporalmente de su condición parlamentaria por motivos disciplinarios. La medida debe aprobarla el Pleno de la Cámara y se reserva para supuestos concretos. Entre ellos figura que el parlamentario mantenga una conducta sancionable después de haber recibido y cumplido una advertencia, una llamada al orden, la retirada de la palabra o una expulsión temporal, previstas en el artículo 99. También contempla la suspensión si un diputado porta armas dentro del recinto parlamentario. La Mesa del Congreso propone la suspensión.

En cuanto al registro de armas al que se refiere Armengol, se trata del Real Decreto 137/1993. En su artículo número 5, incluye los “sprays de defensa personal y todas aquellas armas que despidan gases o aerosoles, así como cualquier dispositivo que comprenda mecanismos capaces de proyectar sustancias estupefacientes, tóxicas o corrosivas”. En este grupo es donde entraría el gas pimienta que supuestamente portaba Vázquez, aunque todavía no ha dado explicaciones. Además, el Real Decreto también recoge que “se exceptúan los sprays de defensa personal que, en virtud de la correspondiente aprobación del Ministerio de Sanidad, previo informe de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, se consideren permitidos”, lo que vuelve todo más enrevesado.

El reglamento español regula el uso de armas y su identificación en el Real Decreto de 1993, en el que se establece que el spray de gas pimienta es un arma. Pero, ¿cómo está clasificado? El régimen jurídico español clasifica los aerosoles defensivos dentro del marco regulatorio de los dispositivos de defensa personal bajo supervisión administrativa. El marco regulatorio en España establece que el uso de gas pimienta constituye un arma no letal autorizada exclusivamente para la legítima defensa si cuenta con la homologación oficial del Ministerio de Sanidad. La legislación impone severos límites a su comercialización, porte y aplicación con el objetivo de prevenir un uso desproporcionado o la generación de daños irreversibles en la salud de las personas.

La razón por la que los sprays gas pimienta se consideran un arma letal

Los dispositivos de gas pimienta o spray de pimienta contienen como principio activo la oleorresina de capsicum (OC), un extracto vegetal derivado del pimiento que actúa como agente irritante químico. Al entrar en contacto con las mucosas oculares, la piel o las vías respiratorias, el compuesto genera blefaroespasmo, inflamación de los tejidos expuestos e intensa sensación de ardor. La función de este producto es provocar una incapacitación temporal del agresor durante un lapso de entre 15 y 30 minutos sin causar secuelas duraderas, motivo por el cual los organismos de seguridad lo catalogan como una herramienta defensiva no letal.

Llevar un spray de pimienta en un lugar concurrido o usarlo en una discusión conlleva multas de hasta 30.000 euros y penas de cárcel

Aunque el spray de pimienta esté homologado por Sanidad, no se puede llevar a cualquier sitio. La Ley de Seguridad Ciudadana permite a los agentes de policía confiscar el dispositivo y sancionar al usuario si lo lleva a discotecas, manifestaciones, recintos deportivos o lugares con gran afluencia de público. Las multas por esta infracción grave oscilan entre los 601 y los 30.000 euros, en función del riesgo que la situación represente para el entorno.

En el ámbito penal, el Código Penal exige que el uso de este producto responda de forma estricta a la legítima defensa. Esto significa que solo se puede accionar ante una agresión real e inminente, de manera proporcional a la amenaza y siempre que no haya existido una provocación previa. Utilizar el spray en una discusión de tráfico o en un altercado verbal se considera un delito de lesiones o amenazas, lo cual puede deriven en penas de prisión, antecedentes penales y la obligación de pagar indemnizaciones a la víctima.

Una cena para unos 400 invitados, un escenario, mesas y servicio de restauración a los pies de la Giralda y varias Administraciones públicas implicadas en la organización y financiación. Lo que ocurrió el pasado 17 de septiembre en la Plaza Virgen de los Reyes, con motivo de la vigésima edición de los Premios Escaparate, ha terminado ahora en los tribunales. Iustitia Europa ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Instancia de Sevilla por posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación y sostiene que debe investigarse cómo se autorizó la celebración de una gala de iniciativa privada en un espacio sometido a una prohibición específica y por qué distintas Administraciones pusieron fondos, instalaciones y recursos públicos al servicio del evento. La denuncia, presentada el 22 de septiembre y a la que ha tenido acceso Infobae, pide que se abran diligencias previas y se determine quién intervino en las decisiones.

La escena tuvo como telón de fondo uno de los enclaves más reconocibles de Sevilla. La Plaza Virgen de los Reyes, situada junto a la Catedral y la Giralda, acogió la gala de los Premios Escaparate, un evento promovido durante dos décadas por la revista Escaparate. Según recoge el escrito de Iustitia Europa, la celebración fue restringida a invitados y supuso la ocupación material de la plaza con mesas, mobiliario, un escenario y las instalaciones necesarias para ofrecer una cena. Las informaciones publicadas entonces situaron en alrededor de 400 el número de asistentes y el promotor, Mario Niebla, cifró el coste global del acto en unos 150.000 euros.

El problema que plantea la denuncia no es únicamente que se celebrara una cena en la plaza, sino cómo se consiguió la autorización para utilizar ese espacio. Iustitia Europa pone el foco en la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de los Espacios Públicos del Conjunto Histórico de Sevilla, cuyo artículo 11.1 establece una prohibición específica para la ocupación de las plazas Virgen de los Reyes y del Triunfo en determinados eventos sometidos a esa normativa. El Ayuntamiento, según recuerda el escrito, ha defendido públicamente que la gala podía acogerse a la excepción prevista en el artículo 3.d), destinada a actividades de corta duración o con instalaciones de escasa entidad cuya incidencia sobre el espacio o su entorno pudiera considerarse reducida.

Ahí aparece uno de los elementos centrales de la denuncia: el papel que asumió el Ayuntamiento de Sevilla. La información institucional difundida con motivo de la gala presentó al Consistorio como impulsor y organizador de la ceremonia y la delegada municipal de Turismo explicó posteriormente que fue el propio Ayuntamiento, a través de Congresos y Turismo de Sevilla (Contursa), quien solicitó la utilización de la Plaza Virgen de los Reyes. Según esa explicación pública, una empresa privada no podía solicitar directamente el uso de ese espacio, mientras que el Ayuntamiento sí podía hacerlo.

Para Iustitia Europa, esa circunstancia resulta especialmente relevante porque, de acuerdo con su relato, un evento promovido por una empresa privada pasó a contar con la Administración municipal como organizadora o coorganizadora justo cuando se planteaba la utilización de un espacio al que el promotor no podía acceder directamente. La formación considera que debe esclarecerse si esa transformación tuvo una justificación material real o si la incorporación de Contursa permitió proporcionar cobertura administrativa a la ocupación de la plaza. El propio promotor, Mario Niebla, declaró a El País que, con motivo del vigésimo aniversario, el Ayuntamiento había querido convertirse en promotor de los premios.

36.058 euros de financiación pública

La otra pata de la polémica está en el dinero público. El Ayuntamiento de Sevilla aportó, según consta en la denuncia, 14.900 euros más IVA, hasta alcanzar 18.029 euros, para la celebración. En años anteriores, la financiación municipal de los Premios Escaparate se habría articulado mediante contratos menores de patrocinio por esa misma cuantía, mientras que en 2026, coincidiendo con la asunción de la condición de coorganizador, se utilizó un convenio.

A esa cantidad se sumaron otros 14.900 euros más IVA aportados por la Junta de Andalucía a través de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, también 18.029 euros, mediante un contrato menor de patrocinio. La financiación pública conocida de ambas Administraciones ascendió así a 36.058 euros. El patrocinio autonómico correspondió al ámbito de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, dirigida por Manuel Gavira, vicepresidente segundo de la Junta y líder regional de Vox. El presidente andaluz, Juanma Moreno, asistió además a la gala, según recoge su agenda institucional.

La denuncia amplía la lupa más allá de esta edición. Según la documentación citada por Iustitia Europa, la Junta de Andalucía ya habría adjudicado contratos de patrocinio relacionados con los Premios Escaparate en 2023, 2025 y 2026, por un importe conjunto aproximado de 44.000 euros. El escrito destaca especialmente que el contrato correspondiente a 2023 se publicó oficialmente el 27 de septiembre, cinco días después de que se celebrara aquella gala, el 22 de septiembre. También recuerda que una pregunta registrada en el Parlamento andaluz reclamó información sobre las cantidades destinadas al evento, las partidas presupuestarias, los contratos y patrocinios y la existencia o no de concurrencia competitiva.

La Diputación Provincial de Sevilla aparece igualmente en la reconstrucción. Inicialmente se informó de que había facilitado instalaciones próximas a la Plaza del Triunfo para que fueran utilizadas como camerinos y aseos por los músicos. Posteriormente, el propio Mario Niebla explicó que el presidente de la Diputación, Javier Fernández, le había remitido un contrato para permitir la utilización de dependencias de la Casa de la Provincia como camerino de los artistas. Según el promotor, finalmente no aceptó ese contrato. Iustitia Europa pide que se determine la existencia, contenido, fecha y eventual ejecución de ese documento.

La denuncia pide investigar toda la cadena administrativa

El partido no dirige inicialmente la denuncia contra una persona concreta, sino contra quienes resulten responsables de las decisiones, resoluciones, contrataciones, convenios, autorizaciones, disposiciones de fondos públicos y puesta a disposición de bienes y recursos públicos relacionados con la gala. El escrito sitúa en la misma secuencia al Ayuntamiento de Sevilla y Contursa, a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial, y deja abierta la posibilidad de que durante una eventual instrucción aparezcan otras Administraciones, funcionarios, responsables públicos o particulares cuya intervención deba ser examinada.

La principal calificación que plantea Iustitia Europa es la de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal. El escrito recuerda que este delito exige una resolución dictada por una autoridad o funcionario en un asunto administrativo que sea objetivamente contraria a Derecho, presente un grado de arbitrariedad superior a una mera irregularidad administrativa y haya sido adoptada con conocimiento de su injusticia. La formación sostiene que, en este caso, habría que analizar de forma conjunta toda la cadena de decisiones que permitió celebrar el evento y no únicamente la resolución final que autorizó la ocupación.

En concreto, la denuncia plantea que debe comprobarse si la incorporación de Contursa como organizadora o coorganizadora respondió a una verdadera función pública o si sirvió para sortear el impedimento que afectaba al promotor privado. También cuestiona la aplicación de la excepción de la ordenanza municipal a una gala que, según las informaciones e imágenes recogidas en el escrito, reunió a cientos de personas y requirió escenario, mesas, restauración y otras infraestructuras.

El escrito introduce además el posible fraccionamiento o reiteración de contrataciones. Iustitia Europa pide que se analicen conjuntamente las relaciones económicas mantenidas durante distintos ejercicios con el mismo evento y su promotor, especialmente cuando algunas cantidades se aproximan al límite establecido para los contratos menores. La denuncia recuerda que el uso del contrato menor es legal, pero que la normativa exige respetar la integridad del objeto contractual y prohíbe alterar o fragmentar artificialmente una prestación para eludir los procedimientos ordinarios.

Por último, la formación plantea que también se examine una posible malversación de caudales públicos. En este punto incluye las aportaciones económicas del Ayuntamiento y Contursa, los patrocinios de la Junta y los recursos, instalaciones, personal o bienes que eventualmente hubiera puesto a disposición la Diputación. La denuncia no da por acreditado que exista ese delito, sino que solicita que se compruebe si los fondos y recursos públicos terminaron sufragando gastos de naturaleza privada sin una contraprestación pública real o mediante prestaciones inexistentes, simuladas o distintas de las contratadas.

Iustitia Europa solicita al Tribunal de Instancia de Sevilla que incoe diligencias previas, determine qué personas intervinieron en las decisiones y establezca, en su caso, las responsabilidades penales que pudieran derivarse de la investigación.

El debate sobre la nacionalidad española ha marcado dos actos simultáneos en Cataluña, protagonizados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. En un acto en el municipio barcelonés de Gavà, el líder del Ejecutivo ha vuelto a referirse a la decisión del Supremo de suspender el voto a los beneficiados por la ley de nietos. Sánchez ha evitado arremeter directamente contra los jueces (como sí ha hecho en sus últimas intervenciones) y ha atribuido al Partido Popular y a Vox la responsabilidad por el bloqueo.

“Son dos siglas, pero la misma agenda. Una agenda de involución. Hace dos semanas se produjo un hecho muy grave que, desgraciadamente, socava nuestra democracia. El Supremo aceptó suspender el voto de 4.000 españoles que vivían en el extranjero y tendrá que resolverlo. No voy a cuestionar una decisión que a todas luces no comparto, pero no voy a perdonar a un PP y Vox que fueron los que plantearon este recurso”, ha afirmado.

Sánchez ha apuntado que esta ley fue aprobada por el Congreso en 2022, que desde entonces ya han tenido lugar diversas elecciones y que “la derecha nunca planteó un problema hasta ahora”. En el caso del PP, ha señalado que sí votaron a favor de conceder la nacionalidad a descendientes de sefardíes expulsados de España y que se abstuvieron en el caso de los saharauis cuando ese territorio era español.

Ahora, por contra, cuando se trata de conceder la nacionalidad a descendientes de exiliados por la Guerra Civil, se posicionan en contra: “¿Hay alguien que lo entienda o es que se entiende todo?”, se ha preguntado irónicamente.

Feijóo pide recuperar el prestigio del pasaporte español

Una hora antes, al otro lado del área metropolitana de Barcelona, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho hincapié en su propuesta de restringir la nacionalidad, una medida que ya adelantó el pasado mes de julio, en plena polémica por la ley de nietos. Feijóo ha pedido revisar cómo se concede, se mantiene y “se puede perder” la nacionalidad por cuestiones de delitos graves.

“Un país con autoestima es exigente con los ciudadanos que han nacido aquí y los que vengan a vivir aquí. Es justo y razonable. Si a alguien le molesta que le retiremos la nacionalidad a un condenado por pertenecer a una organización criminal, que nos lo explique. [...] Si a alguien le molesta que se la retiremos a un agresor sexual, que me lo explique”. En esta línea, el líder del PP ha sostenido que “España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte” y ha señalado que la nacionalidad supone tener derechos “y también deberes”: “Los que vengan a saltarse la ley, que sepan que España estará cerrada a cal y canto”.

El Gobierno rechaza en bloque la propuesta de Feijóo

Esta semana, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya desacreditó la propuesta del PP de retirar la nacionalidad española a los delincuentes, que tildó de “descabellada” y enmarcada en su tónica de anuncios “chuscos”. “Una vez que le quitas la nacionalidad a una persona, dónde la envías, dónde la mandas? ¿La mandas al limbo?“, ironizó el ministro socialista.

La ministra portavoz, Elma Saiz, también aludió al “carrusel de declaraciones irresponsables” de Feijóo, porque en su opinión lo que planteaba es establecer “ciudadanos de primera y de segunda” en función de los delitos cometidos.

Noticia con información de agencias

La tercera ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid, destino turístico por excelencia porque allí nació el ilustre Miguel de Cervantes, tiene un serio problema con la grúa municipal. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares (gobernado por PP y Vox) no encuentra, de momento, empresa que le suministre dos nuevos vehículos de arrastre para renovar su anticuada flota, que solo puede atender las infracciones más graves. Además, el Juzgado de lo Social Número 47 de Madrid ha condenado al Consistorio a readmitir a los trabajadores que habían tenido que dejar el servicio porque la concesión municipal de la grúa había vencido, sentencia que ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por el Gobierno local.

“Es toda una película, sí”, reconoce a Infobae Orleana de Miguel, concejala de Seguridad Ciudadana, Recursos Humanos y Comercio. El Consistorio está licitando actualmente un contrato para comprar dos nuevas grúas. Está dispuesto a pagar un máximo de 242.000 euros. Pero está teniendo dificultades. Ya licitó un primer contrato en mayo, pero en julio quedó desierto porque la única empresa que se presentó no cumplía ciertos requisitos técnicos que exigían los pliegos. Así que Alcalá de Henares (203.000 vecinos) ha tenido que volver a sacar otro contrato y espera poder adjudicarlo en breve.

Mientras tanto, el Ayuntamiento está prestando el servicio de retirada de coches mal aparcados. “Solo estamos retirando los vehículos en casos de máxima urgencia. Para el resto de casos estamos poniendo cepos para inmovilizar el vehículo y las multas”, explica De Miguel, un trabajo que se está haciendo con un par de grúas muy antiguas que el Consistorio compró a la empresa (Conforvial SL) que prestaba este servicio municipal. La edil popular asegura que todo este embrollo no habría pasado si la anterior Corporación municipal, del PSOE, hubiera empezado a tramitar a principios de 2023 el nuevo contrato de la grúa porque el que estaba en vigor caducaba en diciembre de ese año.

Pero cuando el PP ganó las elecciones en mayo de 2023 y llegó a la Alcaldía, se encontró, además, que la parcela que hacía las funciones de base de la grúa y depósito de los coches retirados estaba irregularmente en una zona verde. Hubo que buscar otra ubicación que se adecuara a la legalidad. Todo esto retrasó los trámites de la nueva adjudicación del servicio, que no se licitó hasta enero de 2024. Antes de este nuevo contrato, la empresa Conforvial gestionaba la grúa municipal desde diciembre de 2018. La empresa solo tenía que pagar como canon al Ayuntamiento “el 1% sobre el 100% de la recaudación líquida obtenida por la prestación del servicio conforme a las tarifas establecidas en la correspondiente ordenanza fiscal”.

Sin nuevos licitadores

El nuevo contrato, el de enero de 2024, cambió las condiciones. El Consistorio solo pedía un canon fijo anual de 6.050 euros y otro variable de 6,05 euros por vehículo retirado (turismo y furgonetas) y de 2,42 euros si son motocicletas. Más una retribución de 1,21 euros por día de estancia en el depósito. La diferencia de lo que paga un conductor cuando va a retirar su coche se lo queda la empresa que se lleve el contrato. Y hay que tener en cuenta que en Alcalá se paga 150 euros cuando la grúa se lleva tu coche (69 euros si es moto). Según fuentes policiales, en la localidad la grúa retira unos 4.000 vehículos al año.

A la licitación se presentó una solo empresa, Green Truck S.L., pero en mayo de 2024 el Ayuntamiento decidió excluir su oferta “porque no cumplía los requisitos de solvencia económica” y la adjudicación quedó desierta. Esta sociedad no se conformó y presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, que finalmente, en julio de 2024, decidió estimarlo “anulando la declaración de desierto del procedimiento y retrotrayendo actuaciones hasta alcanzar el momento procesal de motivar su exclusión”.

Y el Ayuntamiento es lo que ha hecho: retrotraer las actuaciones, analizar la documentación y volver a excluir a Green Truck toda vez que no quedaba acreditada la solvencia económica por ninguno de los medios que contemplan los pliegos. Mientras tanto, los trabajadores de Conforvial SL que debían ser subrogados con Green Tuck fueron despedidos. “El Ayuntamiento mandó un día a la Policía Local y, sin ningún tipo de preaviso, ordenó a estos trabajadores que abandonaran su puesto de trabajo. A partir de ahí le pedimos al Consistorio que cumpliera con el convenio colectivo para aceptar la subrogación de estos empleados, cosa que no hizo”, explica Luis Suárez Machota, director del despacho SBO Abogados, un veterano letrado laborista que demandó a Conforvial y al Ayuntamiento de Alcalá al considerar que ambos ejecutaron despidos improcedentes y, por tanto, nulos.

En enero de este año, el juzgado dictó sentencia y obligó no solo a la readmisión inmediata de los trabajadores, sino también al pago íntegro de los salarios dejados de percibir durante todo el tiempo de tramitación del juicio, un periodo que se ha extendido durante casi dos años. “Fue un despido nulo. Esto le puede costar al Ayuntamiento un millón de euros. Los trabajadores, alrededor de una docena, han tenido que ser readmitidos, aunque no todos han vuelto porque algunos en todo este tiempo encontraron otro empleo. El Ayuntamiento ha recurrido ahora al Tribunal Superior de Justicia de Madrid”, explica Suárez Machota.

Responsabilidad del Ayuntamiento

El juzgado ha dado por acreditado que, tras los despidos ejecutados por Conforvial, el Consistorio continuó prestando el servicio de grúa con medios propios, asumiendo de facto la actividad sin respetar los derechos laborales de la plantilla afectada. Este elemento ha sido clave para que el tribunal aprecie responsabilidad directa del Ayuntamiento en el resultado final. De momento, el Gobierno local del PP va poniendo parches. Quiere comprar las dos grúas para que, cuando se resuelva el recurso y licite el nuevo contrato, estos vehículos se sumen al mismo.

“La sentencia, que está recurrida, nos ha obligado a readmitir a estos trabajadores como empleados municipales. No queremos licitar el nuevo servicio hasta que esté solucionado y haya sentencia firme. Creemos que quien tiene que subrogar a estos trabajadores es la empresa adjudicataria”, concluye Orleana de Miguel. “Habrá que ver cómo se articula la nueva licitación para ver si estos trabajadores siguen como empleados municipales o si se subrogan con la futura empresa. El Ayuntamiento no lo tiene claro. Pero nosotros defenderemos los derechos de estos trabajadores, en la vía laboral y en la vía contencioso-administrativa y, si es necesario, también en la penal”, sentencia el letrado Suárez Machota.

Los eurodiputados se preparan para pronunciarse sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, pero todavía no saben muy bien qué decir ni a quiénes señalar. El PPE promovió la votación y sus intenciones pasaban por cerrar un acuerdo entre las fuerzas proeuropeas (populares, socialistas, liberales), que es lo que suelen hacer —a diferencia de en el Congreso— en Estrasburgo. Pero las conversaciones han cerrado sin un acuerdo, con siete propuestas distintas y 84 enmiendas, 80 de ellas contra el texto del PP.

El borrador inicial era una resolución que reclamase a Marruecos asumir su responsabilidad y cumplir sus compromisos en materia de gestión de fronteras, además de rechazar las reclamaciones soberanistas de Ceuta y Melilla pronunciadas por varios ministros marroquíes. Más allá de su alcance político, que tiene un mero valor simbólico, la votación es una primera prueba para comprobar hasta qué punto está dispuesta a llegar la respuesta europea, tal y como demandó hace una semana el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

Los socialdemócratas, encargados de coordinar la elaboración del texto con el resto de familias políticas, enviaron hasta dos resoluciones (a todos menos a Patriotas por Europa, grupo al que pertenece Vox). La primera fue rechazada por los populares y la segunda, directamente ignorada. ¿La razón? Fuentes parlamentarias consultadas por Infobae señalan que la delegación española del PP, encabezada por Dolors Montserrat, pretende instrumentalizar la votación contra el Ejecutivo español, introduciendo en sus propuestas varias referencias críticas a su gestión que el PSOE no está dispuesto a secundar. “PP y PSOE están en las antípodas de lo que quieren ver reflejado en el texto”, señala una fuente parlamentaria consultada por Infobae a pocas horas de la votación.

Por ejemplo, una de las propuestas registradas por el PP insta al Gobierno de España a que “acate y colabore” con la investigación que dirige la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón. La iniciativa sostiene que el Ejecutivo ignoró comunicaciones de los servicios de inteligencia y no actuó en consecuencia, y establece cierta conexión entre esos hechos con la regularización masiva de inmigrantes aprobada en abril (apoyándose en la carta que emitieron 22 jefes de Estado a la Comisión Europea).

Dolors Montserrat, eurodiputada del Partido Popular, ha sostenido que la propuesta de su grupo busca respaldar a la población ceutí y afirmar la pertenencia española y europea de la ciudad. “El texto que defenderá el PPE mañana es estar al lado de los ceutíes, de defender un territorio nacional como es Ceuta, de que nunca jamás dejará de ser española y europea, […] a diferencia del PSOE, cuya resolución solo pretendía salvar al presidente Sánchez y nada más", ha afirmado.

El diputado de Vox, Jorge Buxadé, afeó que el texto del PP no señala con “claridad” la responsabilidad de Marruecos”, que ellos incorporarán en sus enmiendas a través de su familia política, los Patriotas por Europa.

El PPE cuela una condena sobre Ceuta en una enmienda horas antes de la votación

En paralelo, el Parlamento Europeo aprobó este miércoles por la tarde una primera condena por los hechos ocurridos el 30 y 31 de julio. Aunque la iniciativa no estaba vinculada con la votación prevista para este jueves, el Partido Popular Europeo consiguió que la Eurocámara aprobara una enmienda que condena explícitamente “el ataque a la frontera meridional de la Unión en la ciudad de Ceuta”.

Este apartado se incluyó dentro de un informe más amplio que habla sobre las amenazas híbridas para la Unión Europea, e identifica a Rusia como el principal foco de riesgo, seguido por Bielorrusia, China, Irán y Corea del Norte. La enmienda fue aprobada por 435 votos a favor, 209 en contra y 13 abstenciones.

Una situación poco habitual

¿Qué veremos mañana? La falta de acuerdo ha conducido a una situación poco habitual, en la que los eurodiputados deberán pronunciarse sobre las resoluciones individuales, unos documentos que normalmente sirven como el punto de partida de las conversaciones entre los grupos para llegar a un texto conjunto.

Es un escenario muy distinto al que vivió la Eurocámara en una votación emitida el pasado 2021 sobre la entrada masiva de migrantes en la valla de Melilla. Por aquel entonces, los eurodiputados de las tres principales familias políticas, respaldados por el Gobierno español, pactaron una resolución en la que se responsabilizaba a Marruecos del asalto a la valla de Melilla.

La Comisión Europea de Ursula von der Leyen ha tratado de jugar hasta ahora con cierta ambigüedad estratégica a la hora de verter cualquier tipo de responsabilidad a Rabat, a quien todavía define como un socio estratégico para la Unión. Sin embargo, horas antes de la votación en Estrasburgo, la jefa del ejecutivo comunitario ha comenzado a elevar el tono ante las pretensiones de los ministros marroquíes. En su discurso sobre el Estado de la Unión, von der Leyen quiso dejar claro que todas nuestras fronteras exteriores son fronteras europeas.

“Quiero dirigirme directamente al pueblo de España. La frontera de Ceuta es una frontera europea. Porque Ceuta es España. Ceuta es Europa. Y Europa estará ahí para vosotros”, subrayó la dirigente comunicativa, para después añadir que la UE “nunca hará concesiones en la protección de nuestras fronteras”.

El Partido Popular, de la mano de Vox, apunta al acuerdo de asociación de la UE con Marruecos como respuesta del bloque comunitario ante la avalancha migratoria en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, aunque eso ponga en jaque lazos empresariales que mueven 23.000 millones de euros al año. ¿El motivo? Tanto el partido de Alberto Núñez Feijóo como el de Santiago Abascal —que pertenece en la Eurocámara a la familia política Patriotas por Europa— acusan a Rabat de “promover una invasión” y de no querer colaborar en la estabilización de la crisis.

La última vez que oímos hablar de un acuerdo de asociación fue hace un año, cuando España y varios países presionaron a Bruselas para romper relaciones con Israel a raíz de sus bombardeos en la franja de Gaza, aludiendo a una vulneración del artículo 2 del acuerdo. Este tipo de acuerdos definen la base jurídica de las relaciones entre la UE y terceros países. El texto firmado con Marruecos es el Acuerdo Euromediterráneo, que data del año 2000.

La petición de revisión debe ser formalizada por la Alta Representante y, posteriormente, el Consejo (los Veintisiete) debe decidir por unanimidad si suspender o no el Acuerdo de Asociación. Esto, llevado a la práctica, es algo prácticamente imposible de llevar a cabo porque ni siquiera el propio Gobierno de España apoya esta opción. El Gobierno ha evitado referirse a la posible autoría, por acción u omisión, de Rabat e insiste en que su ayuda está siendo fundamental en la recepción de migrantes.

Marruecos, principal socio y cliente de la UE

Para entender la importancia de esta decisión, hay que recordar que la UE es el principal socio comercial y cliente de Marruecos: el intercambio de bienes en 2025 ascendió a los más de 65.000 millones de euros, según datos de la Comisión Europea. La UE es también el mayor inversor extranjero en Marruecos. Sin ir más lejos, a través del BEI, anunció el pasado mes de julio una inversión de 365 millones de euros en Marruecos para reforzar la seguridad y la resiliencia de su red ferroviaria y sus autopistas, con el objetivo de mejorar la conectividad entre Europa y África e impulsar el desarrollo económico.

La propia presidenta del BEI definió entonces a Marruecos como un socio estratégico para la institución y aseguró que la asociación estaba entrando en “una nueva fase”. Dentro del marco financiero 2021-2027 y de la iniciativa Global Gateway, la Unión Europea prevé movilizar entre 8.100 y 8.400 millones de euros en Marruecos mediante subvenciones, préstamos e instrumentos financieros.

España es el país europeo con mayor relación comercial

El golpe económico resonaría con mayor fuerza en España, cuyo comercio bilateral es masivo comparado con otros socios: actualmente existen más de 1.000 empresas consolidadas (más de 350 empresas españolas instaladas en el país) y mueve un volumen comercial de 22.500 millones de euros (26.000 millones si se incluyen servicios), con un superávit para España de 3.000 millones de euros, según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Comercio.

¿Qué exportamos más a Marruecos? Según los registros del Observatorio de Complejidad Económica, las mayores exportaciones españolas al mercado marroquí fueron petróleo refinado (1,42 millones de euros), piezas y accesorios para vehículos de motor (1,2 millones), motores de encendido por chispa (518 millones) y alambre de cobre (685 millones).

Un golpe a la industria automotriz y textil

La Cámara de Comercio de Ceuta ya ha cifrado en más de 33 millones de euros las pérdidas directas desde el inicio de la crisis y en plena temporada turística. En este contexto, una ruptura de los lazos comerciales afectaría a la cadena comercial y, por la parte española, conllevaría que las empresas con presencia en ese país enfrentasen mayores represalias o dificultades operativas.

Por ejemplo, las plantas españolas de automovilísticas europeas como Renault mantienen vínculos con los polos industriales de Tánger y Kenitra, donde también trabajan proveedores como Gestamp, Antolín, CIE Automotive y Ficosa. En este sentido, sus nueve centros de producción en territorio marroquí ensamblan cerca de 395.000 vehículos al año. La fábrica de Tánger produce modelos como el Dacia Sandero, superventas del mercado español, además del Jogger y la Renault Express.

Las exportaciones de vehículos fabricados en España hacia Marruecos crecieron cerca de un 30% el año pasado, alcanzando los 600 millones de euros, según un informe de ANFAC. Marruecos, por su parte, produce más de 700.000 vehículos anuales y destina el 90% al exterior, siendo España el destino de una quinta parte de esas exportaciones.

También pasaría factura a la industria textil. Empresas como la gigante Inditex tienen uno de los clústeres de producción y aprovisionamiento más importantes en Marruecos, concentrando más de 200 proveedores directos y cientos de fábricas asociadas. Otras, como El Corte Inglés y Mango, han externalizado gran parte de su producción a ciudades como Tánger. Para Marruecos, esta industria representa cerca del 5% de su Producto Interior Bruto (PIB).

La relación hispano-marroquí también incluye el gasoducto que cruza el Estrecho, las interconexiones eléctricas y de fibra óptica, y la red logística formada por los puertos de Algeciras y Tánger Med.

Primer examen a la respuesta europea

Antes de apretar el botón nuclear comercial, este jueves llegará la primera prueba para comprobar hasta qué punto está dispuesta la respuesta europea con una votación en la Eurocámara promovida por el PPE. Se trata de una resolución que reclama a Marruecos asumir su responsabilidad y cumplir sus compromisos en materia de gestión de fronteras, además de subrayar que las reclamaciones de Ceuta y Melilla pronunciadas por varios ministros marroquíes no tienen cabida.

El resultado, más allá de su alcance, se trata de un gesto con un alto valor político. De hecho, el lobby marroquí en Bruselas ya ha desplegado toda su maquinaria para tratar de influir en la votación. Así lo expuso la diputada del PNV, Ohiane Agirregoitia, que confirmó la recepción de un email en el que Marruecos se comprometería a readmitir a los migrantes que cruzaron a Ceuta.

La última votación similar se remonta a 2021, cuando los eurodiputados votaron una resolución que responsabilizaba a Marruecos del asalto a la valla de Melilla. Cabe matizar que, a diferencia de la votación del jueves, el posicionamiento del Parlamento Europeo estaba respaldado por el Ejecutivo español.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este martes que su formación prepara una proposición de ley orgánica para que España pueda retirar la nacionalidad a extranjeros nacionalizados que cometan delitos graves, como asesinatos, violaciones, abusos sexuales, terrorismo o hechos vinculados a bandas criminales.

El líder del PP presentó la iniciativa en Madrid y sostuvo que la ciudadanía implica un “acto de confianza” entre el Estado y quien la adquiere. La futura norma, según adelantó, regularía la concesión, el mantenimiento y la pérdida de la nacionalidad española para quienes no sean españoles de origen.

El partido aún no ha registrado el texto ni ha definido qué condenas activarían el procedimiento, qué plazos existirían, qué institución resolvería cada expediente o si se exigiría que el afectado tuviera una segunda nacionalidad. Esas condiciones son centrales en los sistemas de Francia, Reino Unido y Alemania, donde ya hay mecanismos de privación de ciudadanía, aunque no responden a un modelo único.

Francia limita la medida al terrorismo

La legislación francesa permite retirar la nacionalidad a quienes la adquirieron por naturalización y tienen otra ciudadanía. El requisito busca impedir que la persona quede en situación de apatridia.

El Código Civil francés limita esta medida a un listado de conductas, entre ellas los delitos contra los intereses fundamentales del Estado y los actos de terrorismo. Por tanto, no basta con cualquier condena penal, incluso si se trata de un delito grave.

El procedimiento se inicia por vía administrativa y concluye mediante decreto del Gobierno. Antes, el Consejo de Estado debe emitir un dictamen conforme. El afectado tiene derecho a ser informado, formular alegaciones y recurrir la decisión ante los tribunales administrativos.

La ley también establece plazos. En los casos de terrorismo, los hechos deben haberse cometido antes de obtener la nacionalidad francesa o dentro de los 15 años posteriores. El decreto de retirada debe dictarse dentro de los 15 años siguientes a los hechos. Para el resto de las infracciones incluidas en la ley, los dos plazos se reducen a 10 años.

Francia retiró la ciudadanía en 2015 a cinco hombres con doble nacionalidad, cuatro marroquíes y un turco, que habían sido condenados por asociación de malhechores con fines terroristas. El Consejo de Estado francés confirmó los decretos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló el sistema en 2020. La corte destacó que los afectados mantenían otra nacionalidad y que la pérdida de ciudadanía no conllevaba por sí sola su expulsión del país.

Reino Unido amplía los supuestos

El modelo británico ofrece un margen más amplio al Gobierno. La Ley de Nacionalidad Británica de 1981 permite que el ministro del Interior retire la ciudadanía cuando considere que la decisión resulta “conducente al bien público”.

La guía vigente del Ministerio del Interior incluye en ese concepto la seguridad nacional, el terrorismo, las actividades de Estados hostiles, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y la delincuencia organizada grave.

En materia de crimen organizado, el documento menciona delitos violentos o sexuales, trata de personas, facilitación de inmigración irregular, blanqueo de capitales, delitos financieros graves, tráfico organizado de drogas y explotación sexual infantil. La relación no es cerrada, ya que cada expediente debe resolverse de forma individual, según la conducta y la amenaza que, a juicio de la administración, represente para Reino Unido.

La decisión corresponde personalmente al ministro del Interior. El Gobierno debe comunicarla por escrito, exponer las razones e informar del derecho a recurrir. Las apelaciones se tramitan ante el Tribunal de Primera Instancia de Inmigración y Asilo o, si hay cuestiones de seguridad nacional, ante la Comisión Especial de Apelaciones de Inmigración.

La regla general prohíbe que la retirada deje a la persona sin nacionalidad. Sin embargo, la ley permite una excepción para casos de conducta gravemente perjudicial para los intereses vitales británicos, si hay motivos razonables para creer que el afectado puede obtener la ciudadanía de otro país. Reino Unido también puede retirar la nacionalidad si fue obtenida mediante fraude, falsedad u ocultación de datos relevantes.

La legislación en Alemania y España

La regulación alemana es más reducida. La Ley de Nacionalidad establece la pérdida de la ciudadanía alemana para una persona mayor de edad que conserve otra nacionalidad y participe voluntariamente en acciones concretas de combate de una organización terrorista en el extranjero. La autoridad debe comprobar que se cumplen esos requisitos, pero no adopta una privación discrecional como la que corresponde al Gobierno francés o al ministro del Interior británico.

La medida se incorporó en 2019 y no tiene carácter retroactivo. Solo puede aplicarse por hechos cometidos desde el 9 de agosto de ese año. Tampoco se aplica si deja a la persona afectada en situación de apatridia.

La norma no prevé la pérdida de la ciudadanía por una condena penal común, aunque sea por asesinato, violación o agresión sexual. Tampoco alcanza a quienes solo expresen apoyo ideológico, financien a un grupo o mantengan una vinculación periférica. El supuesto exige participación efectiva en acciones de combate.

El ordenamiento alemán contempla además la pérdida de nacionalidad cuando una persona entra voluntariamente en las Fuerzas Armadas de otro Estado sin la autorización exigida. También permite anular una naturalización lograda mediante engaño, amenazas, sobornos o datos falsos determinantes. En este último caso, la retirada debe acordarse dentro de los 10 años posteriores a la naturalización.

En España, el Código Civil no contempla la pérdida de nacionalidad por delitos cometidos después de adquirirla y la Constitución impide privar de ella a los españoles de origen.

Para quienes obtuvieron la ciudadanía por naturalización, la ley prevé la pérdida si usan durante tres años la nacionalidad a la que renunciaron o si entran voluntariamente al servicio de las armas o ejercen un cargo político en otro Estado contra una prohibición expresa del Gobierno. Además, una sentencia firme puede anular la adquisición de la nacionalidad si hubo fraude. La iniciativa de Feijóo incorporaría una causa nueva, cuyo alcance dependerá de su futuro texto.

El anuncio de Alberto Núñez Feijóo de que el Partido Popular prepara una ley para retirar la nacionalidad española a extranjeros nacionalizados que incurran en delitos graves abre un debate que Francia reguló hace décadas para casos acotados, entre ellos los vinculados al terrorismo. El modelo francés exige que la persona haya adquirido la ciudadanía y conserve otra nacionalidad, de modo que la medida no la deje apátrida.

Feijóo ha planteado este martes, 15 de septiembre, que la futura proposición de ley orgánica alcance a quienes pertenezcan a bandas terroristas o criminales, y a reincidentes en delitos como violaciones, abusos sexuales o asesinatos. El líder del PP ha sostenido que la nacionalidad supone un vínculo de confianza con el Estado y que debe poder retirarse cuando ese vínculo se quiebra.

El sistema francés ofrece uno de los antecedentes europeos más citados en este debate, aunque su alcance es distinto. La legislación del país permite la pérdida de nacionalidad para quienes la adquirieron y cuentan con una segunda ciudadanía, dentro de un listado cerrado de supuestos. Entre ellos figuran los delitos contra los intereses fundamentales del Estado y los actos de terrorismo.

Cinco antecedentes en Francia

El precedente más cercano se produjo en Francia. El 7 de octubre de 2015, el Gobierno retiró la nacionalidad a cinco hombres con doble ciudadanía, cuatro marroquíes y un turco, que habían sido condenados por participación en una asociación de malhechores con fines terroristas. Los decretos se dictaron durante la presidencia de François Hollande y el Gobierno de Manuel Valls, cuando Bernard Cazeneuve ocupaba el Ministerio del Interior. El Consejo de Estado francés rechazó el 8 de junio de 2016 los recursos contra los cinco decretos y consideró que la medida no era desproporcionada por la naturaleza y gravedad de los hechos.

Los cinco habían sido juzgados en París por actividades desarrolladas entre 1995 y 2004 en apoyo del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), una organización próxima a la Salafiya Jihadia y vinculada a los atentados de Casablanca del 16 de mayo de 2003. La justicia francesa concluyó que los acusados habían aportado apoyo financiero y logístico al grupo, mediante negocios que respaldaban su actividad, alojamiento clandestino de integrantes y la obtención de pasaportes para facilitar desplazamientos tras su falsificación.

Las condenas fueron de entre seis y ocho años de prisión. Bachir Ghoumid recibió una pena de siete años; Fouad Charouali y Rachid Aït El Haj, de ocho años; mientras que Attila Turk y Redouane Aberbri fueron condenados a seis años. Ghoumid, Charouali, Aberbri y Aït El Haj conservaban la nacionalidad marroquí; Turk, la turca. Esa segunda ciudadanía permitió que Francia aplicara la pérdida de nacionalidad sin dejarles en situación de apatridia.

El caso de Rachid Aït El Haj tuvo un recorrido posterior. Francia lo expulsó a Marruecos el 30 de marzo de 2024, casi nueve años después de que perdiera la nacionalidad francesa. Su deportación mostró que la retirada de ciudadanía no implicaba por sí sola una expulsión automática del país, ya que esta última decisión requirió un procedimiento distinto.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos examinó los recursos de Ghoumid, Charouali, Turk, Aberbri y Aït El Haj en la sentencia Ghoumid y otros contra Francia, publicada el 25 de junio de 2020. El tribunal determinó por unanimidad que no hubo vulneración del derecho a la vida privada, recogido en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ni del principio que prohíbe juzgar o sancionar dos veces por los mismos hechos.

La corte europea consideró relevante que los cinco afectados conservaran otra nacionalidad y que la pérdida de ciudadanía no conllevara de forma automática una expulsión de Francia. También avaló la calificación de la medida como sanción administrativa, y no penal, aunque constató que los afectados recibieron una notificación previa, pudieron presentar alegaciones y tuvieron acceso a revisión judicial.

El caso de Ahmed Sahnouni

Antes de que el TEDH resolviera los recursos de los cinco condenados, la normativa francesa había sido cuestionada por Ahmed Sahnouni, un ciudadano con nacionalidad francesa y marroquí condenado a siete años de prisión por terrorismo. Su caso llegó al Consejo Constitucional francés, que el 23 de enero de 2015 declaró conforme a la Constitución el mecanismo de pérdida de nacionalidad por actos terroristas.

Sahnouni alegó que la norma establecía una diferencia de trato respecto de los franceses que poseen la nacionalidad desde su nacimiento. El Consejo Constitucional sostuvo que el legislador podía prever esa sanción para personas que adquirieron la ciudadanía francesa, siempre que se respetaran los límites fijados por la ley y no se generara apatridia.

La posibilidad de retirar la nacionalidad ya existía en Francia desde antes de esta controversia. El Consejo de Estado sitúa su origen en la ley de nacionalidad de 10 de agosto de 1927 y en un decreto ley de 12 de noviembre de 1938. La inclusión expresa de los delitos de terrorismo fue validada por el Consejo Constitucional en 1996, y una ley de 2006 amplió de 10 a 15 años los plazos aplicables a esos delitos.

Los límites legales de Francia

Los artículos 25 y 25-1 del Código Civil francés permiten retirar la nacionalidad a quien la adquirió, siempre que también posea otra. La decisión se adopta mediante decreto, tras un dictamen conforme del Consejo de Estado, y no puede dejar a la persona sin ciudadanía.

Para los casos de terrorismo, los hechos deben haberse cometido antes de obtener la nacionalidad francesa o dentro de los 15 años posteriores a su adquisición. La pérdida de ciudadanía, además, debe dictarse dentro de los 15 años siguientes a los hechos. Para otros supuestos previstos en la ley, el plazo es de 10 años.

La propuesta anunciada por Feijóo no ha concretado todavía su articulado, sus plazos ni el procedimiento administrativo o judicial que aplicaría España. El PP sí ha avanzado que pretende regular tanto la concesión como el mantenimiento y la eventual pérdida de la nacionalidad, con los supuestos de retirada definidos en una futura proposición de ley orgánica.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado retirar la nacionalidad española a los extranjeros nacionalizados que cometan delitos graves, una medida que su partido prevé incorporar a una proposición de ley orgánica para regular tanto su concesión como su mantenimiento y eventual pérdida. El dirigente sostiene que la ciudadanía constituye un acto de confianza del Estado que exige requisitos de conducta.

La propuesta del Partido Popular incluiría a quienes pertenezcan a bandas criminales o terroristas y a reincidentes en delitos como abusos sexuales, violaciones o asesinatos. Feijóo ha anunciado que la iniciativa busca adaptar la regulación del Código Civil a la “realidad europea” y tipificar los supuestos en que podría perderse la nacionalidad.

El presidente del PP ha expuesto el proyecto este martes en Madrid, tras visitar la promoción pública de viviendas de alquiler Cañaveral 7 junto al alcalde José Luis Martínez-Almeida. La información sobre la futura ley había sido adelantada por El Mundo, y Feijóo la ha confirmado ante los medios.

La nacionalidad como “acto de confianza”

Feijóo ha definido la nacionalidad como “el mayor acto de confianza” que puede conceder un Estado a una persona nacida fuera de España, al otorgarle un pasaporte y acceso a los servicios públicos. A su juicio, esa confianza debe mantenerse durante el tiempo y no puede ser un mero procedimiento administrativo.

El líder popular ha vinculado la retirada de la ciudadanía a la ruptura de ese vínculo. “Cuando a la persona a la que le hemos otorgado la nacionalidad pertenece a una banda criminal, a una banda terrorista, es reincidente en delitos graves como abusos sexuales, violaciones o asesinatos, lógicamente, tiene que saber que esa confianza se quiebra y que la nacionalidad será retirada”, ha afirmado.

La proposición de ley orgánica abordará el otorgamiento, el mantenimiento y, en su caso, la pérdida de la nacionalidad. Feijóo ha dicho que su diseño se inspira en los ordenamientos jurídicos de los países “más serios” de la Unión Europea y que aspira a tener vocación de permanencia.

El dirigente ha criticado además la “frivolidad” con la que, a su entender, se conceden en ocasiones nacionalizaciones en España. Su objetivo, ha añadido, es que los casos de pérdida queden definidos para que “todo el mundo sepa a qué atenerse”.

La medida no formaba parte del plan migratorio presentado por el PP hace un año y llega dos meses después de que Vox registrase en el Congreso una iniciativa en el mismo sentido. El partido de Santiago Abascal ha celebrado el cambio de posición de los populares y Pepa Millán ha pedido a Feijóo que actúe sin esperar a llegar al Gobierno.

La respuesta del Gobierno

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha rechazado la propuesta desde el Consejo de Ministros y la ha calificado de “absolutamente descabellada”. El ministro ha relacionado el anuncio con las encuestas y ha preguntado: “¿Bárcenas estaría incluido?”.

En la misma línea, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha aludido al “carrusel de declaraciones irresponsables” de Feijóo, porque en su opinión lo que plantea es establecer “ciudadanos de primera y de segunda” en función de los delitos cometidos.

La ministra cree que lo que está haciendo el líder del PP es escribir con el líder de Vox, Santiago Abascal, “a cuatro manos”, el programa electoral de ambas formaciones, puesto que ya no se distinguen si los “globos sonda” proceden del PP o de Vox.

Así que Saiz ha pedido “rigor” y “responsabilidad” a Feijóo porque cree que España necesita “tener una oposición a la altura y que se arrime el hombro a trabajar por una situación bien compleja como la de Ceuta”.

La pasada semana, Marruecos emitió un duro comunicado en el que por primera vez se refería de forma oficial a la crisis en Ceuta, y lo hizo para señalar a quienes están acusando a Marruecos de haberla provocado, “partidos históricos que a pesar de su dilatada experiencia en el gobierno, han caído en este atolladero donde la retórica populista e irracional se impone al sentido común”. El PP se dio por aludido y horas después respondió, reafirmándose: Rabat es la “responsable de la invasión”.

Este martes, le360, medio de comunicación afín a Mohamed VI, es más explícito. En un artículo firmado por el analista Samir Bennis y que abre la portada de la web, habla de una “guerra híbrida contra Ceuta” en la que “el veredicto precede a las pruebas”. Se queja de que “los líderes del PP, como Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y Juan Vivas siguen empeñados en envenenar las relaciones entre Marruecos y España y llevarlas hasta el límite”.

“En su afán por demostrar al electorado español que son políticos de armas tomar, que no cejarán ante Marruecos y que no se bajarán los pantalones, han decidido trasladar ahora su campaña antimarroquí al Parlamento Europeo”, explica Bennis. Se refiere a que, a iniciativa del PP, la cámara va a debatir una resolución para condenar a Marruecos.

“Feijóo ha elegido la escalada”

Es en este punto en el que el analista alaba a Silvia Intxaurrondo, presentadora de ‘La Hora de La 1′ en TVE y, según este, “una de las pocas periodistas que todavía ejercen su profesión con honestidad, rigor y escrúpulos, quien ha puesto al descubierto la rancia campaña de desinformación en la que buena parte de los medios españoles, especialmente los de derechas, llevan inmersos desde hace seis semanas para construir un relato sobre la supuesta implicación directa de Marruecos en lo ocurrido en Ceuta”.

Bennis disculpa también al Gobierno, recordando que desclasificó los informes sobre Ceuta, en los que no consta que Marruecos haya “planificado, organizado o coordinado” acción alguna contra territorio español. Por contra -expone-, “en vez de tomar nota y procurar, al menos, matizar su lenguaje con respecto a un Gobierno -el de Rabat- con el que quizá esté llamado a trabajar en el futuro para reforzar los lazos bilaterales, pero, sobre todo, para asegurar la estabilidad de las fronteras españolas frente a los incesantes flujos migratorios, Feijóo ha elegido el camino de la escalada”.

“Al señor Feijóo -continúa Bennis-, como a sus colegas en el PP, no les importa la verdad ni que la opinión pública española sea manipulada. Lo que más les importa a estas alturas es sacar rédito político de lo que pasó en Ceuta, pues él sabe que convertir a Marruecos en enemigo exterior y presentarse como el hombre que va a ‘ponerlo en su sitio’ constituye una herramienta electoral extremadamente eficaz para ganar votos y arrinconar a Pedro Sánchez”.

Admite y lamenta el analista que esta campaña “parece estar surtiendo efecto”. Se basa en la encuesta elaborada por 40dB. para El País y la Cadena SER en la que un 90% de los españoles apunta al país vecino como culpable de la crisis.

“Uno puede discutir si la reacción marroquí fue suficientemente rápida, si los efectivos desplegados fueron suficientes o si se cometieron errores operativos. (...) Todo eso es legítimo -argumenta-. Lo que no es legítimo es transformar, sin aportar pruebas, una insuficiencia operativa o una reacción tardía en la demostración de que Marruecos organizó deliberadamente una ‘guerra híbrida’. Pero el PP, Vox y la mayoría de los medios españoles parecen haber invertido el método, pues primero dictaron el veredicto. (...) Ahora pretenden exportar ese mismo relato al Parlamento Europeo”, concluye Bennis.

La gestión de la crisis de Ceuta pasa factura al Gobierno y refuerza a la extrema derecha. Así lo ha expuesto el barómetro elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de septiembre, el primero que recoge los efectos en la proyección de voto de la entrada masiva de más de 70.000 migrantes en la ciudad autónoma los pasados 30 y 31 de julio.

El PSOE cosecharía el 31% de los votos después de perder dos puntos porcentuales respecto al último estudio del mes de julio. Por otro lado, el partido de Alberto Núñez Feijóo se llevaría el 25,5% y recortaría distancias tras mejorar cuatro décimas.

El partido que más beneficiado sale es Vox, que escala más de un punto (1,3%), con el 16,6% de los votos. Por detrás quedaría Sumar, que, al igual que el socio mayoritario, se deja medio punto y conseguiría el 5,7% de los votos. Por su parte, Podemos se hace con el quinto puesto tras escalar un punto y medio (3,7%).

Esquerra Republicana ganaría la pugna del independentismo catalán con 2,7% de los votos por el 0,7 de Junts per Catalunya, que se mantiene con el mismo resultado respecto al anterior estudio. Entre medias se situaría el partido de Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta, que cae posiciones tras dejarse 0,8 puntos (registra el 0,8% por el 1,6 en julio).

En País Vasco, EH Bildu volvería a imponerse al PNV tras ganar medio punto respecto a julio. Ese resultado le dejaría con el 1,3% respecto al 0,7 de los jeltzales. Mismo resultado obtendría el BNG, que pierde dos décimas.

La crisis diplomática con Marruecos

La crisis de Ceuta ha copado una gran parte de las preguntas en este cuestionario. La amplia mayoría considera que el entendimiento entre España y Marruecos es importante para garantizar la seguridad en las fronteras, un dato que cobra relevancia después de que Vox exigiese al Gobierno romper relaciones con Rabat, a quien acusa de promover la avalancha migratoria.

También es significativo que el 89,4% de los entrevistados opina que la UE debería haber colaborado más durante los días posteriores a la crisis. Por otra parte, el 67,7% considera que hay países, líderes y/o actores mundiales que están intentando crear problemas o malentendidos que puedan afectar a la seguridad en la frontera. Entre ellos, una amplia mayoría menciona a Estados Unidos (49,1%), a Marruecos (38,1%) e Israel (35,4%).

Un mes más, la vivienda continúa siendo el primer problema para los entrevistados. La inmigración es el tercer tema más mencionado, si bien desciende al quinto puesto cuando el estudio pregunta por cómo afecta personalmente.

Respecto a la valoración de nuestros líderes políticos, el presidente del Gobierno, sigue siendo el favorito para gobernar. No obstante, tanto él como el resto de los principales representantes suspenden, según el juicio de los entrevistados: Pedro Sánchez (4,18), Yolanda Díaz (3,99), Alberto Núñez Feijóo (3,65) y Santiago Abascal (3,01). A diferencia del último estudio, a los entrevistados no se les ha preguntado por una valoración de los miembros del Ejecutivo.

Borja Sémper ha advertido a Marruecos de que un futuro Gobierno del PP mantendrá una posición de firmeza y que “con España no se juega”, después de que el Ejecutivo marroquí haya aludido al partido en un comunicado sobre la crisis de Ceuta. El dirigente popular ha vinculado ese mensaje con la previsión de un cambio político en España.

El portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP ha sostenido que un eventual Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo ofrecería a Marruecos colaboración, vecindad y entendimiento, pero actuaría con “absoluta firmeza” y sin subordinación a intereses extranjeros, tras el comunicado marroquí que ha señalado al Partido Popular por la crisis de Ceuta.

El pronunciamiento de Sémper llega después de que Marruecos difundiera el 10 de septiembre un comunicado contra los “partidos históricos” españoles que, según Rabat, han instrumentalizado la crisis de Ceuta y han atribuido al reino una implicación sin pruebas. Aunque el texto no citó expresamente al Partido Popular, Génova lo interpretó como una alusión directa.

El PP respondió al día siguiente que Marruecos es responsable de lo ocurrido “por acción u omisión”, reclamó respeto a la investigación judicial abierta en España y sostuvo que la relación bilateral debe basarse en la transparencia, la reciprocidad y el respeto mutuo. También remarcó que “Ceuta y Melilla son España”.

“Un Gobierno arrodillado”

En declaraciones en Vigo, Sémper ha considerado “verdaderamente novedoso” que un país se dirija directamente a la oposición de otro Estado. Aun así, ha dicho que no le resulta extraño porque Marruecos “entiende que va a haber un cambio político en España” y que la posición de un Gobierno popular no será la del actual Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El portavoz ha defendido una relación “cordial y de colaboración” con el país vecino, pero ha rechazado que cualquier Estado del entorno pueda aspirar a que España tenga “un Gobierno arrodillado” ante intereses de terceras potencias. También ha afirmado que Ceuta, Melilla y Canarias no están en discusión y ha calificado de “agresión a España” las reivindicaciones marroquíes sobre esos territorios.

Sémper ha mantenido que la crisis no tendrá solución mientras no regresen a Marruecos quienes entraron irregularmente en España. Según ha señalado, Rabat ha expresado su disposición a acoger a los menores no acompañados que salieron del país, una vía que el PP reprocha al Gobierno no haber aplicado.

“¿Por qué España tiene que hacer la política social marroquí?”, ha preguntado el dirigente popular. Ha defendido que esa responsabilidad corresponde al Gobierno marroquí y ha rechazado que Ceuta se convierta en un “corredor de entrada” hacia la península y la Unión Europea.

El vicesecretario del PP ha reclamado al Ejecutivo que recurra al respaldo de las instituciones europeas para garantizar esos retornos y que refuerce la seguridad en la ciudad autónoma. Ha denunciado que cerca de 30 mujeres han presentado denuncias por agresiones de contenido sexual y ha aludido al temor de familias a acudir a parques, playas o al colegio.

Críticas al Gobierno por la gestión de la crisis

Sémper ha situado en la dimisión de Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, la única responsabilidad política asumida más de un mes después del asalto a la frontera. “Parece una broma”, ha dicho sobre la salida del asesor.

El dirigente popular ha acusado al Gobierno de “soberbia”, de falta de humildad y de no asumir responsabilidades. Según su relato, Sanz ha asegurado que los ministerios estaban informados de los planes para saltar la frontera, lo que, a juicio de Sémper, contradice la versión oficial del Ejecutivo.

Sémper ha reprochado a Pedro Sánchez y a sus ministros que no hayan pedido perdón ni realizado “algún mínimo gesto de humildad”. También ha criticado que el presidente presente lo ocurrido como una realidad estructural, sin ofrecer una respuesta eficaz ni un horizonte de solución.

El portavoz ha acusado al Gobierno de aceptar que Ceuta se convierta en un CETI y de tolerar que los residentes se autoconfinen en sus casas por miedo o abandonen la ciudad antes que facilitar el retorno de quienes accedieron irregularmente al país. Ha pedido a Sánchez que disuelva las Cortes y convoque elecciones porque, en su opinión, el Gobierno es incapaz de resolver los problemas.

Marruecos rompió su silencio este jueves. El país vecino apenas se había pronunciado sobre la crisis de Ceuta, hasta que hace unas horas decidió responder a las acusaciones de “pasividad” o incluso participación en la entrada masiva del 30 de julio. A través de un comunicado del Ministerio de Exteriores, ha cargado contra los “partidos históricos” de España por las acusaciones sobre su supuesta implicación. Por el contrario, evita mencionar de forma expresa al Gobierno español y cuestiona las críticas dirigidas contra Rabat sin pruebas que, a su juicio, acrediten la participación de sus autoridades.

Junto a las declaraciones cruzadas sobre su papel en la ciudad autónoma, ayer se producía un nuevo episodio en el Congreso de los Diputados que no ha encajado bien en la prensa cercana al régimen marroquí. Este septiembre, tras meses de pelea, se ha aprobado la ley de nacionalidad española para los saharauis, que representaban casi la totalidad de apátridas del país. Esto no iba a pasar desapercibido entre los diarios marroquíes. Le360 lanza esta mañana en portada un artículo donde ha afirmado que “el colonialismo vuelve a resultar útil” para España por esta ley.

Respuesta al PP de Marruecos

El comunicado oficial marroquí acusa a fuerzas políticas españolas (sin mencionarlo el principal señalado es el PP, que ya ha emitido su respuesta) de dejarse llevar por una dinámica en la que “la retórica populista e irracional se impone al sentido común”. Rabat responde al debate abierto tras los intentos de entrada de migrantes en Ceuta y pregunta: “¿Por qué se formulan acusaciones contra Marruecos sin datos, hechos o informes que demuestren la implicación de las autoridades marroquíes?”.

El Gobierno español ha sostenido que no hay pruebas que vinculen a Rabat con el episodio del 30 de julio. Marruecos pide esclarecer las circunstancias, identificar responsabilidades y evitar que los hechos se repitan. El texto cuestiona asimismo por qué España no ha devuelto a los migrantes irregulares cuando Marruecos se ha comprometido a recibirlos y por qué los menores no acompañados siguen separados de sus familias. Rabat rechaza ser “peón preelectoral” o “chivo expiatorio” ante las elecciones de 2027. Frente a las críticas, reivindica la Declaración Conjunta de 2022, la cooperación policial y lazos comerciales con España.

Reacción a la ley de saharauis

El medio marroquí Le360 presenta la proposición de ley aprobada por el Congreso para facilitar la nacionalidad española a saharauis y sus descendientes como una medida con “carga política evidente” frente a Marruecos. El texto cuestiona que la iniciativa se defina como una “reparación histórica” y sostiene que España usa su pasado colonial para dar un pasaporte europeo. Además, consideran que, durante el debate de su aprobación, se emiten ataques verbales a Marruecos, por afirmaciones como la de Tesh Sidi, diputada saharaui de Sumar, que sostiene que votar en contra es “estar del lado de Marruecos”.

Le360 destaca que la norma permitirá solicitar la nacionalidad por carta de naturaleza a quienes nacieron en el territorio antes del 29 de septiembre de 1977, sin residencia en España, y a sus hijos de primer grado. A juicio del medio, esa fórmula crea una “categoría hereditaria”. El artículo subraya que la concesión exige jurar fidelidad al rey español y obediencia a la Constitución española. Reprocha al PSOE haber cambiado su posición aunque también resaltan que la medida puede servir como salida de los campamentos de Tinduf.

El PP ha respondido este viernes al duro comunicado de Marruecos con otro comunicado. El país vecino quiso referirse a la crisis en España consecuencia de la entrada masiva de migrantes en Ceuta del 30 y 31 de julio, aún sin resolver, mostrando su enfado con quienes le responsabilizan. La nota de Rabat es inequívoca y no hace referencia al Gobierno, sino a la oposición. De hecho, abraza la versión de Pedro Sánchez, la de que “ningún dato, hecho o informe demuestra la implicación”.

Por contra, critica a “partidos históricos” que, “a pesar de su dilatada experiencia en el gobierno, han caído en este atolladero donde la retórica populista e irracional se impone al sentido común”. Alberto Núñez Feijóo o Isabel Díaz Ayuso han señalado a Marruecos, esta última llegando a sostener que si ella fuera la presidenta de la nación, rompería las relaciones.

“El Reino de Marruecos se niega a ser utilizado como peón preelectoral. Tampoco acepta ser el chivo expiatorio de ajustes de cuentas políticos. La proximidad geográfica es un hecho inmutable. Son los líderes políticos quienes, con valentía y visión, transforman esto en un activo para el futuro. La ceguera estratégica, por el contrario, convertirá este capital en una fuente de desconfianza crónica y tensiones recurrentes”, augura y zanja Rabat.

El comunicado del PP

Pero el PP no da un paso atrás: “Marruecos es responsable de lo ocurrido por acción u omisión”, defiende en el escrito que ha difundido. “La defensa de los intereses generales de la Nación, de la integridad de nuestras fronteras y de la seguridad de los españoles constituye una prioridad irrenunciable. La ejerceremos siempre con firmeza, dentro del Estado de Derecho y con independencia de cualquier circunstancia”, proclama el partido.

Génova pide “el máximo respeto a las instituciones españoles y a la investigación judicial actualmente en curso en nuestra Nación”, ya que “corresponde exclusivamente a la Justicia española, en el ejercicio de su independencia y de nuestra soberanía nacional, determinar los hechos, valorar las pruebas y, en su caso, establecer las responsabilidades que procedan”. Ante esto -añade el PP-, “ningún pronunciamiento, ni interno ni externo, debe interferir, condicionar o deslegitimar este procedimiento”.

“España y Marruecos -continúa el comunicado- comparten una frontera y una responsabilidad común en su gestión. Precisamente por ello, y con más motivo a la luz de los informes oficiales desclasificados por el Gobierno de España, lo ocurrido en Ceuta exige una evaluación rigurosa e inaplazable, una actuación leal y transparente por todas las partes y garantías verificables de que hechos similares no volverán a producirse”.

Por último, el PP, que en unos meses puede alcanzar la Moncloa, anticipa “la voluntad de mantener una relación leal y estable con el Reino de Marruecos, convencidos de que ambos países están llamados a mantenerla en beneficio de sus ciudadanos”. Con un pero: “Esta relación solo puede asentarse sobre principios innegociables de respeto mutuo, lealtad institucional, transparencia, reciprocidad y pleno respeto a la soberanía de ambos Estados”. Por último, un recordatorio: “Ceuta y Melilla son España”.

Marruecos se ha pronunciado sobre la crisis en Ceuta y la entrada masiva de migrantes a finales de julio. El país vecino está molesto, pero no menciona al Gobierno de España, que en todo momento ha tratado de defender que no hay pruebas contra Rabat, sino a los “partidos históricos”, en referencia al PP pero sin mencionarlo explícitamente. El texto dice que, pese a “su dilatada experiencia en el gobierno”, ha “caído en este atolladero donde la retórica populista e irracional se impone al sentido común”. El reino de Mohamed VI se pregunta por qué “se formulan acusaciones contra Marruecos sin datos, hechos o informes que demuestren la implicación de las autoridades marroquíes”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos, a cargo de Naser Bourita, defiende en el texto su relación con España y sostiene que la asociación bilateral atraviesa una etapa definida por el entendimiento político, los vínculos económicos y la coordinación en seguridad. Sobre los hechos ocurridos el 30 y 21 de julio, piden un “examen exhaustivo para esclarecer sus circunstancias, identificar injerencias, denunciar manipulaciones y, sobre todo, garantizar que no se repitan”.

Pero aun así, se pregunta: “¿Por qué no se ha deportado a los migrantes irregulares, dado que el gobierno marroquí se ha comprometido oficialmente a recibirlos? ¿Y por qué se mantiene a los menores no acompañados separados de sus familias, a pesar de los reiterados llamamientos de Marruecos para su retorno?”. El comunicado subraya que las respuestas a estas preguntas no deben buscarse en Marruecos, sino en las partes interesadas españolas pertinentes.

“Es lamentable que instituciones legislativas y judiciales, por lo demás honorables, se vean afectadas por iniciativas mal concebidas que siembran la discordia”

“Es lamentable que instituciones legislativas y judiciales, por lo demás honorables, se vean afectadas por iniciativas mal concebidas que siembran la discordia. Estos excesos, donde el discernimiento cede ante el pensamiento simplista y el análisis objetivo ante la acusación, forman parte de una estrategia de miedo perjudicial para todos”, apuntan.

Incluso señalan la situación preelectoral de España, que el año que viene tendrá que ir a las urnas. “El Reino de Marruecos se niega a ser utilizado como peón preelectoral. Tampoco acepta ser el chivo expiatorio de ajustes de cuentas políticos. La proximidad geográfica es un hecho inmutable”, sentencia.Y agrega: “Son los líderes políticos quienes, con valentía y visión, transforman esto en un activo para el futuro. La ceguera estratégica, por el contrario, convertirá este capital en una fuente de desconfianza crónica y tensiones recurrentes”.

Marruecos, sobre la cooperación policial

La posición marroquí remite a la Declaración Conjunta del 7 de abril de 2022, acordada tras el encuentro entre el rey Mohammed VI y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Según el texto, ese acuerdo estableció un marco de diálogo permanente y respeto mutuo, con el objetivo de encauzar las diferencias entre ambos países sin medidas unilaterales.

El comunicado subraya el peso del intercambio comercial y de la cooperación policial. Marruecos afirma que España es su principal socio económico, mientras que el país magrebí ocupa el segundo lugar entre los socios comerciales españoles fuera de la Unión Europea. También atribuye a la coordinación en seguridad la desarticulación de redes terroristas y criminales, así como la prevención de riesgos en la frontera.

Noticia en ampliación

Vivas ha adelantado que reclamará al comisario europeo del Interior y Migraciones, Magnus Brunner, un mayor apoyo económico y logístico para acelerar los retornos de los miles de migrantes que todavía permanecen en territorio español. Desde el punto de vista estructural, Vivas también pedirá un estatus especial para Ceuta y Melilla por su condición de frontera europea en África y la adecuación del pacto de migración y asilo, en vigor desde junio, a las necesidades del territorio.

El acuerdo recoge precisamente una cláusula que permite limitar el acceso al asilo en los países que enfrentan una mayor presión migratoria. Además, estos países podrán recibir ayuda mediante la acogida de migrantes por parte de otros socios o a través de aportes económicos y materiales. “Ceuta vive una situación insostenible y por eso pedimos el apoyo de las instituciones europeas [...] Estamos al borde del colapso”, ha reiterado Vivas, para después cargar contra el Gobierno español por no haber estado a la altura “antes, durante y después” del cruce masivo.

El dirigente popular espera además que el bloque exhiba una mayor contundencia política con Rabat, a quien acusa de estar detrás de la entrada masiva por acción u omisión, como así lo sostuvieron varios informes policiales que fueron filtrados a la prensa la semana pasada. En este sentido, Vivas ha pedido al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea una declaración en la que se ponga de manifiesto “que las fronteras se deben respetar”.

Vivas subraya que Marruecos debe respetar las fronteras si quiere colaborar con la UE

“Nosotros somos los vecinos, somos los mayores interesados en que las relaciones entre la UE y Marruecos sean fructíferas y de colaboración, pero la realidad no se puede negar: Marruecos ha utilizado dos veces el control fronterizo y autorizado la presión migratoria para poner en jaque la integridad territorial de Ceuta, España y Europa”, ha sostenido el dirigente ceutí. Vivas ha recordado además los informes policiales del CENIF remitidos a la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, que apuntan a que los gendarmes marroquíes guiaron a los migrantes a la frontera. Vivas ha insistido en que no es creíble que 80.000 migrantes procedentes de distintas partes del país se dirijan a la frontera sin conocimiento de las autoridades marroquíes.

“Hay un clamor social, que se ha convertido en una causa nacional, que dice: ‘Ceuta no está en venta, Ceuta no se rinde y Ceuta se defiende’. Espero que eso también sea una causa europea porque si naufraga Ceuta, naufraga España y naufraga Europa”, ha advertido.

Hasta ahora, la Unión Europea ha mantenido una ambigüedad estratégica respecto a Marruecos, al que aún considera un “socio fiable”. Cabe recordar que Bruselas ha pagado a Marruecos cientos de millones de euros en los últimos años para que actúe como dique de contención de los flujos migratorios.

Isabel Díaz Ayuso rompería relaciones con Marruecos si ella fuera la presidenta del Gobierno, ha asegurado en una entrevista concedida a Okdiario. “Desde luego, mientras esto siguiera así, sí”, responde al periodista y director del medio, Eduardo Inda. “Yo, por lo menos, pondría pie en pared con esto. No se puede no hacer nada. (...) ¿O es que hay algo que no debiéramos saber todos y que ellos sí saben de ti, señor presidente? ¿Qué ocurre ahí?, añade la dirigente del PP, apuntando a Pedro Sánchez.

Más de un mes después del estallido de la crisis en Ceuta con el ingreso masivo de decenas de miles de personas, asalto en el que murieron 145 personas, la situación sigue siendo grave en la ciudad autónoma, donde campan migrantes, en buena parte menores, aún sin un destino. Según un sondeo publicado este lunes por El País y la Cadena SER, al contrario que Sánchez, los españoles culpan a Marruecos de lo sucedido, al tiempo que suspenden al Gobierno por la gestión de este desafío.

La presidenta de la Comunidad de Madrid no es optimista con el futuro del enclave español: “Es una tragedia y el preludio de mucho más. (...) Lo que han querido los servicios secretos marroquíes con esta invasión perfectamente planificada era desnudar a este Gobierno y demostrar que no tenemos aliados, que estamos solos”. Díaz Ayuso critica que Sánchez “se pone bravo contra Estados Unidos, contra Israel, contra grandes potencias”, pero no ha dicho una sola palabra negativa sobre el reino vecino.

“El primer día”

“Han querido comprobar que pueden invadirnos y una vez que lo han demostrado, siguen ofendiendo y mostrando esa patita y lo que tenemos enfrente es un presidente que dice que tiene derecho a vacaciones -no tienes derecho a vacaciones cuando pasa esto- y, sobre todo, que está tremendamente secuestrado por algo que todos sospechamos, no exactamente por qué pero sí el hecho de que está secuestrado por Marruecos, y ha decidido abandonarnos”, zanja la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Preguntada por si ella “hubiera devuelto a los invasores en caliente”, contesta tajante: “El primer día”. “Desde luego -añade- habría que militarizar la zona y llamar a capítulo a la Unión Europea, sentarla con Marruecos y decir que retornen a toda la gente porque esto es un problema para Europa”.

Sobre una visita a Ceuta, dice conocer bien tanto esta ciudad como Melilla -“las quiero mucho y son España”-, estar para cuando se le “necesite” y haberse puesto “a entera disposición” del presidente Juan Jesús Vivas para “seguir reivindicando desde Madrid que Ceuta es España y que no es sólo un problema de Ceuta”.

La visita del rey

Sobre si debe viajar el rey, cree que “es difícil que le dejen”, señalando al Gobierno, “el que tiene que marcar esa agenda”. “Es evidente la disponibilidad que siempre tiene el rey para el pueblo español, como demostró en la DANA, en los incendios de este verano… Yo creo que Sánchez no quiere otra vez esa foto de un rey que es más alto y más poderoso que él, eclipsándolo", opina Díaz Ayuso.

La entrevista tuvo lugar en MadRing, el circuito de Fórmula 1 de la capital, que este fin de semana celebra su primer Gran Premio.

Nueve de cada diez españoles señalan al Gobierno de Marruecos como principal responsable de la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta el pasado 30 de julio, según el sondeo elaborado por 40dB para El País y la Cadena SER. La encuesta, realizada entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, revela además un fuerte castigo ciudadano a la gestión del Ejecutivo, aunque sin que ese malestar se traduzca todavía en un vuelco electoral significativo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sostuvo el jueves en el Congreso que “no hay evidencias sólidas” de la responsabilidad marroquí en lo sucedido. Sin embargo, la percepción ciudadana contradice esa versión: casi el 75% de los encuestados atribuye también lo ocurrido a las mafias y redes de inmigración clandestina, a la difusión del hecho en redes sociales o a la decisión individual de quienes cruzaron la frontera. Un 72% responsabiliza, además, al propio Gobierno español.

Suspenso en rapidez y transparencia

El sondeo evalúa la actuación del Gobierno en cuatro dimensiones: rapidez, eficacia, transparencia y cohesión. Más del 60% de los encuestados considera que el Ejecutivo actuó mal o muy mal en las tres primeras, y la mitad opina lo mismo respecto a la cohesión mostrada. El suspenso es unánime entre todos los electorados en cuanto a rapidez y eficacia. Solo los votantes del PSOE y Podemos valoran de forma positiva la transparencia y la cohesión exhibidas durante la crisis.

Por actores, más del 80% de los ciudadanos cree que quien peor ha gestionado la situación ha sido el Gobierno marroquí. El 63% suspende a Sánchez en particular y el 60% al Gobierno español en general. Tampoco el PP ni su líder, Alberto Núñez Feijóo, salen bien parados: casi la mitad de los encuestados considera que su desempeño ha sido malo o muy malo. En cambio, la Guardia Civil y la Policía reciben la valoración más positiva, con un 52% de opiniones favorables, seguidas del Gobierno de Ceuta (44%) y las organizaciones humanitarias (casi el 40%).

La Guardia Civil y el Gobierno de Marruecos son los únicos actores valorados de forma homogénea por todos los electorados, uno en positivo y otro en negativo. El resto de las figuras políticas solo aprueba entre sus propios votantes, aunque con matices: Feijóo obtiene un 42% de aprobación entre el electorado del PP, mientras que Sánchez apenas alcanza el 15,5% de aprobación entre sus propios votantes.

Vox, el mejor valorado en inmigración

Uno de los datos más llamativos del sondeo es que Vox aparece como el partido que los ciudadanos consideran más capacitado para gestionar la inmigración, con el 27% de las menciones, por delante del PSOE (18,5%) y el PP (14%). Esta percepción se explica en parte porque más del 23% de los votantes populares y un 6% de los socialistas también otorgan esa capacidad a la formación de Santiago Abascal.

Los electores de derecha reparten la responsabilidad casi por igual entre los gobiernos de España y Marruecos, con cerca del 90% de menciones para ambos. Entre los votantes de izquierda, la mitad también culpa al Ejecutivo de Sánchez, aunque con matices: un 44% entre los votantes de Podemos, un 48,5% entre los del PSOE y un 51% entre los de Sumar.

A favor de endurecer el control fronterizo

La crisis deja una posición mayoritaria a favor de reforzar la vigilancia en la frontera. El 70% de los españoles considera que hay que endurecer el control fronterizo aunque eso perjudique a migrantes en situación vulnerable, frente a apenas el 20% que prioriza la acogida por encima de otros factores. Esta postura es casi unánime entre los votantes del PP y Vox, pero también mayoritaria (51%) entre el electorado socialista.

En relación con los menores no acompañados, el 63% de los encuestados aboga por devolverlos a Marruecos, pese a que la legislación vigente no permite hacerlo de forma automática. Solo el 16,5% opta por un reparto obligatorio entre comunidades autónomas y un 11% por uno voluntario. La mayoría (55%) rechaza acoger a esos menores en su propia comunidad, frente al 36% que se muestra a favor, con una división marcadamente ideológica entre izquierda y derecha.

Cerca de la mitad de españoles desconoce la ley

El sondeo evidencia también un notable desconocimiento sobre los aspectos legales de la inmigración: la mayoría ignora que quien entra de forma irregular puede solicitar asilo, y casi la mitad no sabe que los menores no acompañados no pueden ser devueltos de manera automática a Marruecos. Aun así, siete de cada diez ciudadanos afirman que ayudarían a alguien que acabara de cruzar la frontera y necesitara asistencia, aunque la respuesta más habitual es prestar la ayuda imprescindible y avisar a las autoridades.

De cara al futuro, más del 80% de los españoles considera necesario aumentar la vigilancia fronteriza y acelerar las devoluciones de quienes cruzan de manera irregular. Un porcentaje similar reclama a la Unión Europea financiación y personal permanente en la frontera sur, y solo el 10% cree que el bloque comunitario ha respaldado lo suficiente a España durante la crisis.

Creen que volverá a ocurrir

Más de la mitad de los encuestados apoya ampliar las vías de entrada legal mediante visados y cupos laborales, así como mejorar la cooperación con Marruecos a cambio de un mayor control fronterizo. La única medida que genera más rechazo que respaldo es la ampliación de los recursos de acogida y de tramitación de solicitudes de asilo. El refuerzo del control fronterizo y la agilización de las devoluciones cuentan con apoyo transversal en todos los electorados, aunque más marcado en los de derecha, mientras que los votantes de Vox rechazan tanto la cooperación con Marruecos como la ampliación de recursos de acogida.

El 72% de los españoles está convencido de que episodios como el de Ceuta volverán a repetirse con regularidad en el futuro.

La soberanía de Ceuta y Melilla

Respecto a la relación bilateral, el sondeo revela que los españoles se inclinan ligeramente por endurecer el vínculo con Marruecos (46%) frente a quienes prefieren reforzarlo (37%). Los esfuerzos de cooperación reciben mayor respaldo entre los votantes de izquierda, y se observa una brecha de género entre los llamados baby boomers: las mujeres tienden a preferir el refuerzo de la cooperación, mientras que los hombres se inclinan por el endurecimiento.

En cuanto a la soberanía de Ceuta y Melilla, el 64% de los encuestados la considera incuestionable. Un 17% cree que España debería estar dispuesta a dialogar con Marruecos sobre el futuro de ambas ciudades autónomas, un 16% opina que debería decidirlo la propia población local y un 4% se muestra favorable a que España contemple ceder ambos territorios para mejorar las relaciones bilaterales.

El respaldo a la defensa de la soberanía se debilita cuando el sacrificio exigido es más personal: seis de cada diez encuestados apoyan que el Ejército participe en un conflicto armado por Ceuta y Melilla, pero ese apoyo cae por debajo de la mitad cuando se trata de pagar más impuestos o participar de forma directa en la defensa de las ciudades.

PP y Vox superan la mayoría absoluta

El barómetro de septiembre de 40dB, elaborado antes de la comparecencia de Sánchez en el Congreso y de la polémica generada por los informes policiales sobre lo sucedido en Ceuta, no detecta grandes movimientos electorales derivados de la crisis migratoria. Aun así, la ligera caída del bloque de izquierda y el leve repunte de PP y Vox permiten a la derecha situarse, por primera vez en la serie histórica, por encima de la mayoría absoluta.

Si hoy se celebrasen elecciones, el PP volvería a ganar con el 32,4% de los votos, cuatro décimas más que en la entrega anterior, en un trasvase de papeletas que coincide con la caída del PSOE. Sánchez se mantendría en segundo lugar con el 27,6% de los sufragios, lo que deja una distancia de 4,8 puntos entre ambos partidos, similar a la registrada en junio, cuando la acumulación de causas judiciales afectaba ya la imagen del Ejecutivo de coalición.

Vox vuelve a ser el partido que más crece, con un incremento de 0,6 puntos hasta el 17,8% de los votos, lo que le permite frenar la caída que acumulaba desde hacía cuatro meses, aunque sin alcanzar su mejor registro histórico, el 18,8% logrado en marzo. La formación de Abascal amplía además en casi un punto (0,8%) los votos que capta del electorado que en 2023 respaldó a Feijóo.

Sumar cae una décima respecto a la entrega anterior y Podemos pierde tres décimas, con lo que queda por debajo del umbral mínimo del 3% necesario para obtener representación parlamentaria. En conjunto, PP y Vox reúnen el 50,2% de los votos, frente al 33,3% que suman PSOE y Sumar, una diferencia de casi 17 puntos que no incluye el respaldo de los partidos nacionalistas y soberanistas que en 2023 apoyaron la investidura de Sánchez.

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, de Vox, acaba de anunciar la supresión del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los diez colegios de la comunidad donde se impartía. La medida, que entrará en vigor durante el curso 2026-2027 que arranca mañana, era una de las condiciones que impuso el partido de ultraderecha para formar gobierno con el partido del actual presidente de la comunidad, Jorge Azcón.

Aunque cada comunidad autónoma se encarga de gestionar individualmente este programa, las bases de este estaban coordinadas por personal de la Embajada de Marruecos en España y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Los centros afectados son los CEIP Aljafería, Antonio Beltrán Martínez, José Camón Aznar, Luis Vives, Marcos Frechín, Puerta de Sancho, Ramón Sainz de Varanda y Tío Jorge. También dejarán de ofrecer el programa los colegios Cantín y Gamboa y El Carmen y San José.

Vox ya había pedido retirar el programa en 2025

Nolasco ha subrayado que la cancelación de este curso es “una realidad gracias a que Vox está en el Gobierno”. Algo que le ha permitido sostener que los compromisos a los que se somete el partido se acaban cumpliendo.

El motivo para censurar del sector académico estas lecciones es el rechazo del partido a la “islamización”. En sus palabras: ”No a la islamización de Europa. Y no a la islamización de España”.

Cabe recordar también que el partido de ultraderecha ya había planteado la eliminación de estas clases en las Cortes de Aragón el 14 de noviembre de 2025, durante la legislatura anterior. Al no haberlo conseguido en ese momento, lo convirtieron en una de sus condiciones para formar gobierno con el partido de Azcón el pasado 22 de abril.

Asimismo, el grupo municipal de la formación en el Ayuntamiento de Zaragoza también presentó el 26 de junio de 2025 una moción que pedía la suspensión inmediata del programa en los centros educativos de España, con especial mención a la capital aragonesa. La propuesta no obtuvo el respaldo del resto de los grupos municipales.

Gracias a @vox_es, ARAGÓN ELIMINA el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí a partir de este curso.

Decimos NO a la islamización de nuestra tierra y NO a una cultura que denosta y maltrata a la mujer.

Volvemos a poner el sentido común, el respeto a las familias, y la… pic.twitter.com/xzDMH5NqVh

— Alejandro Nolasco (@_a_nolasco) September 6, 2026

¿Qué otras cuestiones se incluyen en el pacto de PP y Vox en Aragón?

La negociación entre ambos partidos se alargó por más de dos meses con el fin de evitar una repetición electoral. Igualmente, el acuerdo final sigue de cerca el modelo político que alcanzaron sendos grupos previamente en Extremadura.

Además de la eliminación del programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los colegios aragoneses, el gobierno de coalición en la comunidad autónoma pactó cuatro condiciones propuestas por Vox. Entre ellas se ha repartido el poder del Ejecutivo, después de que Vox duplicase sus resultados electorales de 7 a 14.

Asimismo, destaca la “prioridad nacional”. Aunque Vox defiende el principio de “los españoles primero”, el PP ha acotado su alcance insistiendo en que no vulnerará la legalidad vigente ni supondrá discriminaciones.

En la misma línea, el Gobierno autonómico en funciones mantuvo una postura muy crítica con las políticas de regularización extraordinaria de inmigrantes del Ejecutivo nacional, anunciando la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo.

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP se han desmarcado de la estrategia de Isabel Díaz Ayuso y han acudido este viernes a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), pese al llamamiento de la presidenta madrileña a boicotear la cita en la que se somete a votación la reforma del sistema de financiación autonómica. La Comunidad de Madrid decidió no asistir al encuentro al considerar que la propuesta del Ministerio de Hacienda fue negociada de manera bilateral con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y trasladó esa postura al PP nacional y al resto de gobiernos autonómicos con el argumento de que la única forma de frenar el acuerdo era que no hubiera quórum en la sala.

Varios consejeros populares no han seguido la recomendación de la presidenta madrileña y reivindican su presencia en la reunión. La consejera de Extremadura, Elena Manzano, ha defendido a la entrada del encuentro que su comunidad mantendrá “esa máxima lealtad institucional” y ha remarcado que “hemos venido a servir a los ciudadanos extremeños y a que su voz se escuche en todos los ámbitos”. El propio Ministerio de Hacienda, que dirige Arcadi España, calificó de “irresponsable” el llamamiento de Ayuso al resto de territorios para vaciar de contenido la cita, que llevaba meses reclamada por las propias comunidades del PP y que se había pospuesto desde julio a petición de los populares por la situación de los incendios.

La votación se produce en un contexto de rechazo generalizado a la propuesta, que además de las comunidades del PP cuenta con la oposición de Castilla-La Mancha y Asturias, ambas gobernadas por el PSOE. El Gobierno central, que dispone del 50% de los votos en el CPFF, solo necesita el respaldo de un territorio para sacar adelante el plan y contará previsiblemente con el apoyo de Cataluña y Canarias, lo que le permitiría remitir la reforma al Consejo de Ministros y, después, al Congreso de los Diputados.

La propuesta de Hacienda busca reemplazar el sistema aprobado en 2009, negociado entonces con el tripartito catalán del PSC, e incorpora el llamado principio de ordinalidad, según el cual las comunidades con mayor capacidad fiscal reciben más recursos. Sus defensores, entre ellos la Generalitat, aseguran que el nuevo reparto aportaría más de 21.000 millones de euros al conjunto del sistema y reduciría la brecha de financiación por habitante entre territorios, de los 1.500 euros actuales a 470 euros. Sus detractores, en cambio, sostienen que ese mismo principio beneficia de forma desproporcionada a Cataluña y penaliza a comunidades con menor capacidad fiscal.

Galicia, Valencia y Murcia justifican su presencia pese a compartir la crítica de Madrid

El consejero gallego, Miguel Corgos, ha asegurado que su comunidad “va a intentar hasta el final que se devuelva esta propuesta de sistema de financiación”. El consejero de la Comunidad Valenciana, José Antonio Rovira, ha calificado el plantón madrileño de “decisión” legítima, aunque considera que “no tiene ninguna utilidad” práctica. Por su parte, la consejera murciana, María Isabel López Aragón, ha evitado pronunciarse sobre la asistencia o ausencia de otras comunidades y centra sus declaraciones en el rechazo de su gobierno a la propuesta.

La vicepresidenta tercera y consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha defendido que su comunidad debía asistir para justificar su voto contrario: “Respetamos la postura de la Comunidad de Madrid”, ha señalado, aunque remarca que “el fondo es el mismo: es un ‘no’ alto y claro a este sistema de financiación injusto” que califica de “corrupción política”. Según sus cálculos, el modelo supondría 244 euros menos por ciudadano andaluz que por uno catalán, lo que dejaría a Andalucía sin 2.000 millones de euros respecto a Cataluña.

Castilla-La Mancha y Asturias se reiteran en su ‘no’

El consejero de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha insistido en que el plan “se ha negociado exclusivamente con un partido político, con ERC, al que se ha sumado después el PSC” y que “la mayor beneficiada es Cataluña”. También reprocha a Hacienda que ignore las alternativas presentadas por su comunidad y reclama que se retire el punto del orden del día o, en su defecto, que el Gobierno se abstenga para que la votación “manifieste el sentir de las comunidades”. El consejero de Asturias, Guillermo Peláez, advierte de que el plan “adolece de defectos formales y de fondo” por priorizar la capacidad fiscal sobre “un plano de igualdad” en la prestación de servicios públicos.

Al contrario, la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Alícia Romero, ha definido la reforma como una “ventana de oportunidad” de la que, a su juicio, “todas ganamos”, y ha confirmado el voto favorable de su comunidad.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido que las intenciones del Gobierno pasan por reagrupar con sus familias a los menores que entraron de forma irregular en Ceuta el pasado mes de julio, aunque ha advertido de que habrá casos con derecho a asilo o sin posibilidad legal de retorno.

En una entrevista en RNE, Torres ha precisado que la mayoría de las personas que accedieron irregularmente a Ceuta serán devueltas porque, según ha dicho, no tendrán derecho al asilo ni a protección internacional.

El ministro, que actúa desde el 25 de agosto como mando único en la ciduad autónoma, ha matizado que los menores que sí puedan ser reunidos con sus familias serán objeto de ese proceso, pero ha diferenciado a quienes tengan derecho a asilo y a aquellos que no puedan ser reagrupados. “Esos son los que no podrán ser devueltos acorde a ley, no porque sea una voluntad de nadie el que se quede nadie o que se devuelva a nadie”, ha afirmado el titular de Política Territorial.

Torres ha insistido en que las devoluciones se harán “conforme a la legalidad” y ha rechazado la idea de que puedan ejecutarse de forma inmediata. En ese punto, ha recordado que ya hubo retornos en 2006, 2002, 2015 y 2026 con distintos gobiernos en España.

El ministro ha añadido que cuando esos procedimientos no se han ajustado a la ley, ha habido responsables políticos de distintas organizaciones que han sido condenados. Y en este contexto, ha cargado contra quienes sostienen desde la oposición que las devoluciones pueden resolverse “de la noche a la mañana”. También ha reprochado a los populares y a Vox que votaran en contra de distribuir por el resto del territorio español a los menores no acompañados que ya estaban en Ceuta antes del 30 de julio.

Choque político por el boicot de PP y Vox

El ministro ha cuestionado además el sentido de las manifestaciones convocadas este miércoles. Según su interpretación, no buscan defender a la ciudad ni a los ceutíes, sino actuar contra el Gobierno de España.

El ministro ha manifestado que Vox y el Partido Popular, “que dicen que quieren ayudar a Ceuta”, votaron en contra de que los menores no acompañados que estaban en Ceuta antes del 30 de julio fueran distribuidos por el resto del territorio español, aun cuando “había una gran presión social en Ceuta y había una petición expresa de su presidente, Juan Jesús Vivas”. “No ayudaron a Ceuta, cuando tuvieron que hacerlo”, ha afirmado.

PSOE y Sumar se enfrentan por el traslado de personas a la península

En otra entrevista para el programa Mañaneros de TVE, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha insistido en la necesidad de reubicar a migrantes en otras zonas del país para aliviar la presión, aunque ha reconocido que es un asunto en el que hay discrepancias con la parte socialista del Ejecutivo. “Hay que trasladar personas a la península porque hay plazas disponibles y sus expedientes deben ser tramitados allí. Eso es ayudar a Ceuta, es muy importante”, ha afirmado.

Al igual que Torres, el titular de la cartera de Cultura, Ernest Urtasun también ha remarcado que “muchos” migrantes que permanecen en la ciudad autónoma “deberán retornar”, al igual que otros tantos tendrán derecho a la protección internacional. “Pero lo que más me preocupa es que demos por hecho que son mercancía y que no tienen ningún derecho. Nosotros tenemos la obligación de proteger esos derechos humanos como país democrático que somos”, ha declarado el ministro.

Noticia con información de Europa Press

El PP y Vox buscan capitalizar la crisis de Ceuta para que las movilizaciones convocadas para el 2 de septiembre sean un éxito y utilizarlas como arma arrojadiza contra el Gobierno, pese a que los organizadores han insistido en que la marcha no tenga signos ni banderas políticas.

El partido de Alberto Núñez Feijóo ha presentado las protestas como una convocatoria “sin banderas” y abierta a “todos los españoles”, aunque Génova pretende usarlas para denunciar la respuesta “tardía e insuficiente” del Ejecutivo, la “ausencia de autocrítica” de sus ministros y la “falta de contundencia” ante Rabat. En este sentido, el partido de Alberto Núñez Feijóo ya ha movilizado toda su maquinaria y dado instrucciones a todos los barones para que calienten las calles en las horas previas.

“Necesitamos que todo el partido se involucre”, ha insistido el secretario general del PP, Miguel Tellado, en un mensaje enviado por los canales internos del partido. En la misma línea, los populares alientan a los alcaldes socialistas a rebelarse contra las órdenes de Ferraz (que rechaza las manifestaciones) y sumarse a las manifestaciones. Por el momento, ciudades gobernadas por socialistas como la de León han anunciado que sí estarán presentes.

A última hora de la tarde del martes, la Delegación del Gobierno en Madrid notificó al Ayuntamiento de la capital la prohibición de la concentración prevista en la plaza de Cibeles, convocada en respaldo a Ceuta y programada para las 20:00 horas del miércoles, 2 de septiembre, frente a la sede del consistorio. La razón que han dado desde Delegación es que el Consistorio carece de legitimidad para amparar convocatorias bajo la figura del derecho de reunión. Aclara que el Ayuntamiento puede organizar, si así lo decide, un “acto institucional”, una figura distinta a la manifestación ciudadana y que no requiere el mismo marco jurídico que regula el ejercicio del derecho de reunión. La comunicación ha encendido los ánimos en la capital. El jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que participará en esta concentración de Madrid, ha asegurado en su cuenta de la red social X: “Que España hable. A eso le tienen miedo”. También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado en la red social: “No tiene narices de mandarnos a los antidisturbios”. A la presidenta madrileña ha respondido el delegado del Gobierno también en X, a la que ha tildado de “bulera”, negando que se haya prohibido ninguna concentración de apoyo a Ceuta.

Abascal coincidirá con el líder de la oposición en la manifestación por Ceuta prevista en Cibeles y ya ha querido dejar claro que el motivo principal es instrumentarla contra Pedro Sánchez: “Claro que es contra el Gobierno, el PP debe abandonar la tibieza”, aseguró. El líder de Vox, Santiago Abascal, viajó este lunes al enclave español, donde acusó al Ejecutivo de “perpetrar una traición” y promovió, sin el apoyo del PP, debatir en el Congreso si el jefe del Ejecutivo cometió este delito. Durante toda la intervención, el líder de Vox volvió a sacar a relucir su ideario xenófobo para describir a los migrantes como poco más que agresores y violadores.

Las movilizaciones nacen del llamamiento de la asociación ciudadana Por Ceuta, Unidos por España, que convocó a título personal una protesta en la ciudad autónoma en apoyo a la crisis migratoria que arrastra desde hace un mes. La convocatoria ha conseguido un alcance nacional después de que la Federación Española de Municipios y Provincias secundase su llamamiento, replicando movilizaciones frente a todos los ayuntamientos de España. En la capital y a la misma hora, vecinos de Ceuta residentes en la capital también han llamado a concentrarse frente al Congreso con el lema “Ceuta nos une”.

“Solo queremos dar importancia a que se den soluciones”

En una conversación con Infobae, Javier Bollit, portavoz de esta última asociación, interpreta como algo “positivo” los llamamientos de la FEMP en los consistorios, si bien evita vincularse con la ideología extremista. “Las movilizaciones nacen de un movimiento que llama a los ciudadanos a salir a las calles. Lo que buscamos es destacar la importancia de dar soluciones, que se desbloquee la situación y que el país, ya no solo el Gobierno, sino todos los partidos políticos, tomen una conciencia del problema que tenemos”, ha señalado.

La tensión social en la ciudad autónoma se ha disparado ante el hartazgo de los vecinos que no pueden hacer vida cotidiana en una ciudad con apenas espacios públicos y que funciona como una isla, rodeada por la frontera con Marruecos y el mar. Esta semana se sucedieron tres jornadas de protestas en la ciudad, que derivaron en episodios de violencia contra los miles de migrantes que aún permanecen en la ciudad española.

En esas movilizaciones no solo figuraban vecinos indignados, sino que se escondían agitadores extremistas portando banderas franquistas y gritos xenófobos que alentaban a echar por la fuerza a los migrantes. La Unidad de Intervención Polial tuvo que actuar disparando al aire y los vecinos de Ceuta decidieron suspender las movilizaciones hasta este 2 de septiembre.

En España hay municipios donde un voto puede cambiar una mayoría, una alcaldía puede quedar pendiente de un recuento y, en casos extremos, el azar puede acabar entrando en escena. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) contempla el sorteo como mecanismo para resolver determinados empates en las elecciones municipales. Lo que no establece es que tenga que hacerse lanzando una moneda. Sin embargo, en algunos pueblos la cara o cruz ha terminado convirtiéndose en la forma más literal de dejar una decisión política en manos de la suerte.

La escena parece sacada de otro tiempo: dos candidatos han obtenido exactamente el mismo respaldo de sus vecinos y ya no queda una papeleta que pueda inclinar la balanza. En lugar de volver a las urnas, el azar entra en el procedimiento. Una moneda, dos caras y una pregunta sencilla: ¿cara o cruz? Lo que salga decidirá quién se queda con el puesto.

No todos los empates electorales desembocan en un sorteo ni este tiene siempre como resultado la elección de un alcalde. La legislación establece distintos mecanismos en función del tipo de municipio y del supuesto electoral. En los pueblos pequeños, por ejemplo, un empate entre candidatos puede afectar directamente a la atribución de un acta de concejal y resolverse mediante sorteo. En otros casos, si se cumplen las condiciones previstas por la ley, el empate puede acabar comprometiendo la elección del alcalde. La norma establece el recurso al sorteo, pero no fija que deba hacerse mediante una moneda ni determina una única fórmula para llevarlo a cabo.

La pregunta, entonces, es qué ocurre cuando el azar deja de ser una posibilidad sobre el papel y se convierte en el último paso antes de saber quién ocupará un cargo público.

La alcaldía que estuvo a dos votos de una moneda

La respuesta estuvo a punto de llegar en Casillas, un municipio de la provincia de Ávila de alrededor de 650 habitantes. En las elecciones municipales de 2023, el PP y el PSOE terminaron el escrutinio con exactamente los mismos votos: 239. El resultado puso durante unos días al pueblo en el foco de la prensa. María Beatriz Díaz Morueco, alcaldesa popular desde 1999, se enfrentaba a Gustavo Moreno Martín, cabeza de lista del PSOE. Si el empate se mantenía, la elección podía terminar dependiendo del azar.

Pero antes de llegar a la moneda quedaba un asunto por resolver. Durante el escrutinio, la mesa había declarado nulos tres votos: uno favorable al PSOE y dos correspondientes al PP. Ambas candidaturas reclamaron sus respectivos sufragios ante la Junta Electoral de Zona de Arenas de San Pedro. Los dos votos populares eran por correo y habían sido cuestionados porque el remitente de los sobres contenía un error en uno de los apellidos. La Junta Electoral de Zona terminó considerándolos válidos y el resultado cambió: 241 votos para el PP y 239 para el PSOE.

“La moneda no se llegó a plantear”, afirma Moreno. Aunque la prensa había empezado a hablar de un posible cara o cruz, los candidatos todavía estaban pendientes de que se resolvieran las reclamaciones. Ni siquiera llegaron a discutir cómo se habría realizado el hipotético sorteo. “No se llegó a plantear en ningún momento quién elegiría antes o cómo se lanzaría la moneda”, precisa. Tampoco se decidió qué candidato escogería cara o cruz, quién tendría que lanzar la moneda o qué procedimiento se seguiría.

La circunstancia resulta especialmente llamativa porque, mientras los medios ya situaban a Casillas ante una posible moneda al aire, los candidatos seguían pendientes de una cuestión bastante menos cinematográfica y mucho más decisiva: qué votos eran válidos. La Junta Electoral Central confirmó posteriormente la decisión de la Junta Electoral de Zona después de que el PSOE recurriera el resultado. Así, la Alcaldía de Casillas siguió en manos del PP y Moreno continuó en la oposición como portavoz del grupo municipal socialista.

Gustavo Moreno llegó incluso a plantear una alternativa para el caso de que el empate se hubiera mantenido. En lugar de dejar la Alcaldía en manos del azar, propuso repartir la legislatura: dos años para una candidatura y otros dos para la otra. “Eso permitiría realmente a los vecinos y vecinas comparar la forma que tiene una candidatura de gobernar frente a la que tiene la otra”, sostiene.

La propuesta no prosperó. Tampoco hizo falta decidir quién elegía cara y quién cruz. Dos votos por correo terminaron inclinando el resultado antes de que nadie tuviera que lanzar una moneda.

Una moneda en un juzgado

En Villaverde-Mogina, en Burgos, la historia fue distinta. Allí no hubo una reclamación posterior que evitara el sorteo. La moneda sí llegó a lanzarse y decidió el futuro político de uno de los candidatos.

Fue en las elecciones municipales de 2015. Galín Dimitrov Ivanov, candidato del PSOE, obtuvo 23 votos. El candidato del PP con el que se disputaba el último puesto de concejal consiguió exactamente la misma cifra: 23. En un municipio que apenas supera las seis decenas de habitantes, la diferencia entre entrar o quedarse fuera del Ayuntamiento era exactamente cero votos.

Dimitrov ya llevaba años vinculado a la política local. En 2011 había formado parte de la candidatura socialista y llegó a ejercer como teniente de alcalde. Por eso aquel empate no era para él una anécdota cualquiera. Llevaba tiempo implicado en la vida del municipio y, de pronto, su continuidad en el Ayuntamiento iba a depender de un procedimiento que no tenía nada que ver con una campaña, una negociación o una papeleta adicional. Según relata, además, el candidato con el que empató era de Sevilla. “El PP necesitaba a gente en sus listas y, como no tenían, pusieron a un señor de Sevilla al frente”, señala en una entrevista con Infobae.

Una semana después de las elecciones tuvo que acudir a un juzgado para resolver el empate. “Te sientas en un círculo, rodeado de un montón de personas en el juzgado, y estás esperando a que caiga la moneda y a que gire a tu favor para poder salir concejal de tu propio pueblo”, rememora. El candidato rival no acudió al sorteo. El socialista cuenta que, al ser él quien estaba presente, fue quien escogió entre cara y cruz. No hubo otro procedimiento previo para determinar quién podía elegir primero. “Estaba yo. Entonces yo elegí”, relata.

La moneda cayó de su lado. El resultado le permitió conservar el acta de concejal, pero no la Alcaldía. Lo ocurrido aquel día, sin embargo, dejó una huella que fue mucho más allá del resultado electoral. Dimitrov recuerda haber sentido una profunda decepción con sus propios vecinos. Había obtenido los mismos votos que un candidato al que consideraba ajeno al municipio y al que, según su percepción, buena parte del pueblo no conocía. “Me sentí bastante mal, las cosas como son. Después de conocer el resultado pensé: ‘No me puedo creer que me hayáis igualado con este hombre, al que ni siquiera conocéis, cuando yo llevo aquí toda la vida y no he hecho ningún mal’”, lamenta.

La política municipal de un pueblo tan pequeño tenía para él una lógica diferente a la de las grandes ciudades. “Es un pueblo pequeño y daba igual de qué partido eres”, apunta. Con el paso del tiempo, sin embargo, reconoce que aquella experiencia contribuyó a que perdiera la motivación. “Al principio sí que me implicaba, discutía y buscaba lo que fuera mejor para el pueblo”, recuerda. Después, asegura, llegó la resignación. “Esa fue una de las razones por las que decidí retirarme y no volver a presentarme”.

Galín Dimitrov tampoco considera justo que una moneda pueda resolver una cuestión de este calibre. Su alternativa sería “hacer una segunda votación entre los que se han quedado en empate”, aunque admite que organizar unas nuevas elecciones en un municipio tan pequeño también tendría dificultades.

Hay otro detalle de aquel día que ayuda a entender cómo se desarrolló el procedimiento. Dimitrov asegura que no fue el único candidato que acudió al juzgado. “Cuando fui a los juzgados no era el único, había más pueblos empatados. Ese día se hizo el cara o cruz para varios”, relata.

En Villaverde-Mogina, la moneda resolvió un empate que las urnas no habían sido capaces de romper. Galín Dimitrov escogió una de las dos caras, el resultado cayó de su lado y conservó su asiento en el Ayuntamiento. En Casillas, dos votos que inicialmente habían sido considerados nulos hicieron que nadie tuviera que lanzar la moneda. Pero los dos muestran el mismo límite al que puede llegar un sistema electoral cuando dos opciones obtienen exactamente el mismo respaldo: cuando ya no queda un voto que contar, la decisión puede terminar dependiendo de algo tan pequeño como una moneda.

Más de 260 municipios de España han llamado a la movilización ciudadana este miércoles 2 de septiembre en apoyo a Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes el pasado 30 de julio y coincidiendo con el Día de Ceuta. Las convocatorias que están previstas, casi todas para las 20.00 horas, incluirán actos frente a ayuntamientos de todo el país y una programada específicamente en Madrid capital frente al Congreso de los Diputados, además de una protesta prevista en Bruselas frente al Parlamento Europeo.

La iniciativa ‘Por Ceuta’, nacida en redes sociales y respaldada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha ordenado en su web las convocatorias por municipios y ha explicado cómo organizar las protestas, distinguiendo entre los ayuntamientos que las han convocado oficialmente y los que responden al llamamiento surgido en internet.

“Ni banderas de partido, ni siglas en las pancartas. Es un acto pacífico y de la ciudad, no una campaña. Los ceutíes lo han pedido así: No queremos que politicen nuestro dolor”, reza el lema de la concentración. La presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, ha pedido a los municipios españoles que secunden la manifestación ciudadana convocada en redes y prevista en Ceuta.

Qué municipios se manifestarán el 2 de septiembre en apoyo a Ceuta

La comunidad con mayor número de convocatorias es la Comunidad de Madrid. La protesta principal se ha fijado frente al Congreso y, además, hay llamamientos en los municipios de Alcalá de Henares, Alcobendas, Algete, Becerril de la Sierra, Boadilla del Monte, Brunete, Colmenar Viejo, Colmenarejo, El Escorial, Galapagar, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Las Rozas, Majadahonda, Moralzarzal, Paracuellos del Jarama, Pozuelo de Alarcón, San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Torrelodones y Tres Cantos.

En la zona sur madrileña también se han convocado concentraciones en Aranjuez, Arganda del Rey, Arroyomolinos, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Humanes de Madrid, Leganés, Loeches, Móstoles, Pinto, Torrejón de la Calzada, Torres de la Alameda y Villaviciosa de Odón.

En Andalucía se prevé otra parte importante del despliegue ciudadano, con Málaga como la provincia con más actos previstos en esa comunidad. En la provincia de Málaga habrá protestas en la capital, Mijas, Rincón de la Victoria, Benalmádena, Nerja, Benahavís, Fuengirola, Alhaurín de la Torre, Vélez, Marbella, Ronda, Torremolinos, Estepona, Antequera y Coín.

En Sevilla están previstas en Écija, Utrera, La Rinconada, Alcalá de Guadaíra, Tomares y en la capital, frente a la fachada principal del ayuntamiento en Plaza Nueva. En Almería se han sumado la capital, Roquetas de Mar, Berja, Albox, Macael, Olula del Río y Huércal-Overa. En Cádiz figuran la capital, Chiclana de la Frontera, Barbate, Villamartín, Rota, El Puerto de Santa María, Algeciras, Los Barrios, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, Ubrique y Tarifa, mientras que en Granada las convocatorias oficiales alcanzan a Santa Fe, Motril, Almuñécar y la capital, y en Huelva a la ciudad, Aracena, La Palma del Condado e Isla Cristina.

La Comunidad Valenciana suma concentraciones en las tres provincias. En Valencia se han convocado en la capital, Torrent, L’Alcúdia de Crespins, Llocnou de la Corona, Gandía, Carcaixent, Burjassot y Sagunto, mientras que en Castellón habrá actos en Castellón de la Plana, Nules, Segorbe, Almassora y Burriana.

La provincia de Alicante reúne el mayor número de convocatorias dentro de la comunidad: Jávea, El Verger, Guardamar del Segura, Elche, Teulada, Santa Pola, Elda, Benidorm, Calpe, Pilar de la Horadada, Almoradí, Cox, Granja de Rocamora, Torrevieja, Orihuela, Callosa de Segura, Catral, Redován, Albatera, Sax, Callosa d’en Sarrià, Finestrat, Villajoyosa, Polop de la Marina y la capital alicantina.

De Baleares y Canarias a Galicia, Murcia y el País Vasco

En Baleares, el Ayuntamiento de Palma se ha sumado a la convocatoria ciudadana respaldada por la FEMP y en Ibiza también se ha convocado una concentración. En Canarias, las concentraciones empezarán a las 19.00 horas, hora local. Habrá actos en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Puerto del Rosario y Arrecife.

Castilla-La Mancha ha registrado llamamientos en Toledo capital, Bargas, Casarrubios del Monte, Dosbarrios, Illescas, Madridejos, Quintanar de la Orden, Seseña, Talavera de la Reina, Villatobas y Yepes; en Albacete capital, Caudete y Villarrobledo; en Cuenca capital y Horcajo de Santiago; y en Guadalajara capital, El Casar y Torrejón del Rey.

En Castilla y León se han previsto concentraciones en Valladolid capital y Arroyo de la Encomienda; en León capital, Astorga, Carracedelo, La Virgen del Camino y Ponferrada; en Salamanca capital, Béjar y Guijuelo; en Ávila capital y Arévalo; y en las capitales de Burgos y Soria.

Cataluña tendrá protestas en Barcelona, Badalona, Cornellà de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Sabadell y Terrassa; en Tarragona y Reus; y en las capitales de Girona y Lleida. En Extremadura se han convocado en Badajoz, Mérida, Azuaga, Don Benito, Fregenal de la Sierra, Los Santos de Maimona, Montijo, Cáceres y Casar de Cáceres.

Galicia contará con concentraciones en A Coruña, Ferrol y Santiago de Compostela, así como en Pontevedra y Vigo. La Rioja las tendrá en Calahorra, Haro y Logroño, y Murcia en Águilas, Alcantarilla, Archena, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cieza, Jumilla, Lorca, Mazarrón, Molina de Segura, San Javier, Torre Pacheco y la capital murciana.

Cantabria ha previsto congregaciones en Castro Urdiales, El Astillero, Santander y Santoña. Navarra las celebrará en Pamplona y Tudela, mientras que en el País Vasco se han convocado en Bilbao, San Sebastián y Vitoria, y en el Principado de Asturias en Gijón, Pola de Lena y Oviedo.

El PP alienta las movilizaciones

El Partido Popular se ha subido a la cresta de la presión social y lleva días alentando públicamente a las movilizaciones, incluso de los municipios liderados por el PSOE. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha compartido en su cuenta de X la carta del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pidiendo a los españoles que se unan a las movilizaciones. “No es una concentración contra nadie, sino en apoyo de la soberanía nacional y de la vuelta a la normalidad en territorio español”, señalan fuentes del PP.

Los populares han pedido a las delegaciones del Gobierno que dejen de prohibir concentraciones en diversos puntos de España, y han apelado a la “conciencia solidaria, si existe”, de los dirigentes del PSOE. En contra de las directrices de Ferraz, algunos alcaldes socialistas, como José Antonio Diez en León, han decidido participar activamente, aunque en este caso en una marcha convocada por una asociación civil.

El devenir de la crisis en Ceuta podría ser un factor decisivo en vísperas de año electoral. Un mes después de la llegada de 70.000 migrantes, la ciudad todavía se mantiene en una situación insostenible, marcada por una creciente tensión social que se ha traducido ya en varios episodios de violencia contra los migrantes, ONG y los propios ceutíes. Los primeros sondeos publicados en el inicio del nuevo curso ya vaticinan un descenso del PSOE, que aparece por debajo de los resultados registrados antes del receso veraniego.

Así lo ha indicado la última encuesta de Sigma Dos para El Mundo, elaborada entre el 20 y el 26 de agosto, que sitúa al PSOE de Pedro Sánchez en su peor estimación de la legislatura, con apenas 101 diputados y el 25,4% de los votos si hoy se celebraran elecciones generales. El PSOE, que ya llegaba desgastado por los casos de corrupción que afectan al partido y al entorno del presidente, ha sido fuertemente señalado por sus aliados y rivales, quienes han acusado al socio mayoritario del Gobierno de responder de manera tardía en la crisis y de mostrar poca contundencia contra Marruecos.

Si se compara con el anterior barómetro, publicado antes de que se produjese el cruce masivo de 70.000 migrantes, los socialistas se dejan siete décimas en un mes (Sigma Dos estima 20 diputados menos). Agosto también golpea a la otra parte del Gobierno, la coalición Sumar, que cae ocho décimas hasta el 6,6%. La suma en bloque de PSOE y Sumar sumaría 111 diputados, o 112 si se cuenta el que lograría Podemos en solitario.

Por el contrario, el estudio otorga al PP 143 escaños y a Vox 61. La suma de ambos alcanzaría 204 de los 350 diputados de la Cámara, muy por encima del umbral de la mayoría absoluta. El partido de Alberto Núñez Feijóo ganaría las elecciones, pero el sondeo coloca a Vox como el partido que más rentabilizaría la tensión social en Ceuta. En concreto, el PP mejora 0,3%, mientras que el partido de Santiago Abascal avanza siete puntos porcentuales respecto a julio. Y como es habitual en la mayoría de estudios, continúa siendo el partido con mayor fidelidad de voto, con un 85,3%, seguido del PP, con un 74,5%.

Junts sufre el avance de Aliança Catalana

En la pugna del independentismo catalán, ERC ganaría un escaño y llegaría a ocho, mientras Junts perdería tres de sus siete diputados actuales, en parte, por el ascenso de la formación ultra Aliança Catalana, que mejoraría cuatro escaños. La encuesta concede también dos diputados a Adelante Andalucía en su estreno en la Cámara Baja.

En el País Vasco, Bildu mantendría seis representantes y empataría con el PNV, que sumaría uno más, mientras el BNG obtendría dos diputados y Coalición Canaria y UPN conservarían uno cada uno.

Durante el mes de septiembre se esperan más estudios que podrían mostrar una nueva fotografía de la aritmética parlamentaria, en función de cómo evolucione la situación en el enclave español, sin olvidarnos de los otros acontecimientos políticos que ya han marcado subidas y bajadas. El CIS prepara un barómetro sobre vivienda, diseñado con el Gobierno y que se hará público a final de año.

El caos en Ceuta será el —¿único?— protagonista en el inicio de un curso político que ya se vaticinaba turbulento para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La sensación que perciben los que viven el día a día en la ciudad autónoma, un mes después de la entrada masiva de 72.000 migrantes entre los días 30 y 31 de julio, es que la convivencia en la ciudad sigue siendo insostenible. Síntoma de ese nerviosismo han sido los altercados que se están repitiendo en los últimos días, entre ellos asaltos a los migrantes, a los voluntarios de Cruz Roja e incluso a los propios ceutíes musulmanes.

En medio de este clima de violencia creciente, Sánchez comparecerá este jueves en el Congreso para dar explicaciones sobre su gestión, especialmente después de ser señalado por su insistencia en atender la crisis desde su residencia vacacional. Unos días antes, el lunes, ofrecerá una entrevista a la Cadena Ser, en la primera oportunidad para que el presidente conteste a algunas preguntas esenciales: por qué tardó tanto en regresar a La Moncloa, en convocar el Consejo de Seguridad Nacional, en declarar el mando único en la ciudad, en aprobar el plan de emergencia, en pedir ayuda financiera y medios a la UE —reclamó a Frontex tras rechazarlo dos veces— o en organizar con las comunidades autónomas el traslado de los 500 menores en situación de vulnerabilidad.

La debilidad institucional que se ha demostrado en la crisis le ha llevado a encajar una fuerte crítica transversal, desde el socio minoritario hasta la oposición. El Ejecutivo se ha defendido en todo momento, asegurando que el presidente lleva volcado con Ceuta desde el “minuto uno” y que desde entonces ha permanecido en contacto ininterrumpido con sus ministros involucrados, recordando además que el líder socialista ha visitado cuatro veces el enclave español, mientras que Aznar —que viajó este jueves— solo ha ido como expresidente.

Un gabinete enfrentado

A todo esto se unen los problemas en casa, revelados tras el choque entre Marlaska y Robles por el papel del servicio de inteligencia español. ¿Tuvo conocimiento previo el CNI de la entrada masiva? Y de saberlo, ¿alertó al Gobierno de ello? El presidente deberá aclarar un relato que, por el momento, ofrece versiones contradictorias.

Ninguno de los seis ministros que han declarado en el Congreso ha hecho el mínimo ejercicio de autocrítica. Ni hacia ellos ni hacia el gobierno de Marruecos, a quien siguen considerando —pese a las sospechas de que pudo mirar hacia otro lado para permitir el paso de los migrantes hacia la frontera— como un socio fiable hacia quien solo tienen palabras de agradecimiento por colaborar en los retornos.

Mientras la Audiencia Nacional trata de esclarecer las posibles responsabilidades, la versión oficial atribuye la avalancha migratoria a un “conjunto de factores”, que comenzó con una sentencia judicial “tergiversada” del Tribunal Supremo y continuó con su difusión masiva en las redes, impulsada por las mafias y “agentes externos”. “¿Alguien se puede creer que puedan asaltar un país y puedan entrar 80.000 personas y ni los gobiernos español y marroquí lo sepan?”, se preguntó en tono irónico el portavoz de los populares Borja Sémper en unas declaraciones a los periodistas en el Congreso.

La tensión en las calles dificulta la salida de la crisis

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, reconoce que la situación “no se resuelve en un santiamén”. Al menos, si se quieren evitar los mismos errores que se cometieron en el asalto a la valla de Melilla en 2021, cuando el Gobierno optó por la devolución en masa sin respetar el derecho humanitario (como así reflejó el Tribunal Supremo en una sentencia posterior). Sánchez tratará de rebajar la tensión en las calles ante la preocupación de que una escalada acabe dificultando todavía más el traslado, la identificación y la devolución de las personas migrantes. El ministro Ángel Víctor Torres y el presidente ceutí, Juan Vivas, llevan días haciendo llamamientos a la calma: “Queremos que regrese la convivencia. En 2021, en Ceuta se consiguió la normalidad, y ahora también se va a conseguir, pero no va a ser posible si seguimos avivando la violencia”, ha señalado Torres.

El PP nacional, por su parte, evita sumarse a estos llamamientos, alegando que “la ciudadanía ceutí está cansada”. En privado, fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo creen que esta crisis puede resquebrajar definitivamente a un Gobierno que llega muy tocado en vísperas de año electoral. En este contexto, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, ha anunciado la convocatoria de manifestaciones por Ceuta en los ayuntamientos socialistas “que no las secunden” para que sus ciudadanos “puedan expresar su apoyo a Ceuta y exigir la normalidad”.

Por el momento, más de 260 municipios han respaldado de manera oficial concentraciones ciudadanas frente a sus ayuntamientos este 2 de septiembre, mientras que, en el caso de Madrid capital, la manifestación se ha convocado frente al Congreso.

Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que el PP se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional para investigar la reciente entrada masiva de migrantes en Ceuta. Durante un acto público en Cerdedo Cotobade, Pontevedra, que marca el inicio del curso político para el PP, Feijóo ha subrayado que los responsables del “abandono” deberán comparecer y rendir cuentas ante la justicia. Por ello, el líder del principal partido de la oposición ha apuntado a la comparecencia en el Senado de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, a fin de esclarecer las discrepancias en las versiones ofrecidas por diferentes departamentos del Gobierno central sobre este episodio.

“España tiene derecho a saber lo que ocurrió y cómo se produjo la entrada irregular desde Marruecos de decenas de miles de personas”, ha continuado Feijóo. El PP ha mantenido una línea muy crítica con la actuación del Gobierno, tanto desde la formación nacional como desde la figura del presidente autonómico, Juan Jesús Vivas. Las acusaciones han crecido con el paso de los días, pues consideran ineficaz la actuación ante la crisis.

Para Feijóo, las últimas comparecencias de ministros en las Cortes han sido “patéticas” y no han respondido a las preguntas clave sobre la gestión y responsabilidad del Gobierno en la frontera sur. Por ello, ha pedido que la siguiente en pasar por el Senado sea la directora del CNI, para aclarar cuál fue la actuación de los agentes y qué información se facilitó previamente al Ministerio del Interior.

Además, ha animado a la ciudadanía a participar en las concentraciones organizadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el próximo 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de la Autonomía de Ceuta. Feijóo estará presente en la ciudad autónoma esa misma mañana, y por la tarde participará en una movilización en Madrid. Ha remarcado que esta convocatoria “no va contra nadie”, sino que busca mostrar solidaridad con la población ceutí, “en las maduras y en las duras”.

Los ceutíes viven el “abandono” del Gobierno

Durante su intervención, el líder del PP ha sostenido que los ciudadanos de Ceuta “no están sufriendo solo una crisis migratoria, viven el abandono del Estado”. Feijóo ha hablado de “convivencia fracturada” y de servicios públicos “colapsados”, y ha reprochado al Gobierno su tardanza en declarar la situación de interés para la seguridad nacional, en crear un mando único, en pedir refuerzos a Frontex y en reforzar las plantillas de Extranjería.

También ha subrayado que todas estas medidas habían sido propuestas por el PP desde el inicio de la crisis. “Todo el mundo tiene derecho a descansar, faltaría más, pero a lo que no tiene derecho un Gobierno es a desatender su país”, ha afirmado, en referencia a las vacaciones de Pedro Sánchez. Ha recordado que “Ceuta y Melilla son España, desde siempre”, y ha rechazado que ambas ciudades sean tratadas como “periferia” o “una pieza a negociar”. Finalmente, ha dedicado buenas palabras a Juan Jesús Vivas, “un político de Estado, que con su ejemplo, con su presencia y con su trabajo ha demostrado que en esta crisis el Estado fue él”.

En medio de uno de los días más complicados de la crisis que vive desde hace un mes, Ceuta ha recibido este jueves la visita del expresidente José María Aznar. Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, le ha recibido con los brazos abiertos y ha defendido su labor como mandatario en lo referente a la ciudad autónoma. Vivas ha asegurado que no permitió que “dependiera del otro lado de la frontera”. A su vez, ha asegurado que ambos comparten el “dolor” por esta crisis y por la “pasividad de quien pudo evitarlo y estaba avisado”, en un nuevo mensaje dirigido al Gobierno.

Tras las palabras de Vivas, ha llegado el turno de Aznar. El que fuera presidente de España entre 1996 y 2004, ha comenzado su discurso exigiendo la vuelta del “orden”. “Quien ataca nuestras fronteras no puede permanecer en territorio nacional”, ha sostenido, dirigiéndose después a Pedro Sánchez al afirmar que “la soberanía nacional no tiene vacaciones”.

Aznar ha pedido que hay que centrarse en los ceutíes y no en lo que ocurre al otro lado de la frontera. El expresidente ha concluido con el mensaje de que “Ceuta es España” y su futuro el de todo el país. Por ello, ha llamado a terminar con las “incertidumbres” que suponen una amenaza para todo España. También ha recordado que la frontera con Marruecos no solo es española, sino que también europea, tratando de elevar el problema al continente.

Reacciones del PP a la tensión en Ceuta

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado a la agresión sufrida por cuatro militares en Ceuta señalando que este incidente evidencia el deterioro de la situación tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio. En un mensaje publicado en la red social X, Feijóo ha reclamado al Gobierno una revisión de la normativa para que los militares puedan desempeñar funciones de agentes de la autoridad, subrayando que ahora actúan “sin medios, órdenes claras ni respaldo legal”.

El líder popular ha expresado su inquietud por la falta de respuesta gubernamental y cuestionó la pasividad del Ejecutivo. Feijóo ha sostenido que los ciudadanos de Ceuta afrontan en solitario la crisis y criticó la ausencia de medidas preventivas para controlar la llegada de migrantes, así como la gestión de la seguridad en la ciudad autónoma. Paralelamente, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha cuestionado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por la situación de los militares y la ausencia de facultades legales para intervenir más allá de labores logísticas o de apoyo.

Muñoz ha recordado que durante la pandemia se permitió a las Fuerzas Armadas actuar como agentes de la autoridad, instando a que se adopte una medida similar ahora. Por su parte, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, alertó sobre el “descontrol” en Ceuta y solicitó la ampliación de competencias del Ejército en tareas de seguridad ciudadana. En el Congreso, la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, dirigió críticas al Ejecutivo por la gestión de la seguridad y la protección a los militares desplegados en la ciudad.

La gestión de los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva desde Marruecos a finales de julio -el Gobierno ha identificado hasta el momento a 2.500, aunque las organizaciones humanitarias elevan la cifra a 4.000- enfrenta de nuevo al Gobierno central y a varias comunidades autónomas. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada para este jueves 27, abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de estos niños, niñas y adolescentes y su posible reubicación, pero las regiones gobernadas por PP y Vox -Aragón, Castilla y León y Extremadura- han rechazado participar.

La negativa de estas tres regiones, que no están de acuerdo con la propuesta de reparto planteada por el Ejecutivo, se produce pese a que la normativa vigente obliga a todas las regiones a colaborar en la reubicación de menores y en un contexto de especial vulnerabilidad como el actual. Aragón, Castilla y León y Extremadura también plantaron al Ministerio de Infancia en la reunión técnica que se celebró el pasado 13 de agosto.

Al encuentro de este jueves entre el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, y los directores generales de Infancia, han confirmado su participación Andalucía, Cataluña, Murcia, Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, Navarra, Canarias y País Vasco, si bien algunas como esta última ya han dicho que colaborarán con el Gobierno central pero con condiciones. Otras gobernadas por el PP como Baleares, la Comunidad de Madrid y La Rioja han evitado confirmar su asistencia.

El PP ha recalcado en distintas comparecencias que “el interés superior del menor es estar con su familia” y se ha respaldado en el aval de la Comisión Europea para el retorno de los menores que cruzaron la frontera ceutí. No obstante, organizaciones humanitarias advierten que decenas de menores llegados a Ceuta han huido de Marruecos por la violencia intrafamiliar e incluso matrimonios forzados, una práctica que sigue permitiéndose en el reino alauita mediante excepciones legales, a pesar de que la edad mínima para casarse está fijada en los 18 años.

El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, que condiciona cualquier discusión sobre el reparto de los menores migrantes a la obtención de datos concretos, también subraya que Marruecos ha exigido a España la devolución de sus menores que cruzaron a Ceuta. “Si hay petición de Marruecos para que vuelvan los niños, si Europa ha dicho que por favor vuelvan los niños y los no niños, los que han entrado de manera irregular, ¿qué más necesita el Gobierno?”, preguntó la semana pasada el vicesecretario del Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, en declaraciones que recoge Europa Press.

“La deportación es ilegal”

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado en redes sociales que lo que el Partido Popular plantea “no es reunificación familiar ni retorno, sino una deportación de niños y niñas sin ninguna garantía y sin derechos, algo absolutamente ilegal”.

En esta línea, Rego ha explicado que la ley en España y en Europa “es clara: escucha del menor, intervención de Fiscalía, garantía de derechos y cooperación entre países”. Además, subrayó que “el retorno debe ser voluntario y con garantías”.

Reforma de la Ley de Extranjería

El enfrentamiento entre el Gobierno central y las comunidades autónomas por el reparto de menores migrantes no acompañados se intensificó tras la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. La modificación, aprobada el pasado mes de abril, introduce un sistema obligatorio que redistribuye a los menores cuando territorios como Canarias, Ceuta o Melilla superan su capacidad de acogida. El mecanismo, que fija las cuotas según población, renta y nivel de desempleo de cada autonomía, ha sido rechazado por varias regiones gobernadas por el PP, que han recurrido a los tribunales al considerar que el modelo impone criterios obligatorios sin garantizar los recursos necesarios ni transparencia en los datos.

Vox, por otro lado, sostiene una postura aún más estricta y exigen la devolución de los menores a sus países de origen. “Hay que poner todos los medios para devolverlos”, han señalado los consejeros del partido de Santiago Abascal.

“Deben quedar fuera de la pelea política”

El rechazo de algunas autonomías a acoger a los menores migrantes que permanecen en Ceuta preocupa especialmente a organizaciones como Amnistía Internacional, que urge a todas las regiones a facilitar la reubicación “en cumplimiento del Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo”, que regula su acogida y traslado en situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. “La acogida digna de estos niños y niñas es una responsabilidad compartida entre las comunidades autónomas, la Fiscalía y el Gobierno Central. Los niños y niñas no acompañados tienen que quedar fuera de la pelea política y las autoridades deben garantizar que se adopta una solución que respete todos sus derechos”, indica la organización.

Esta situación se produce, además, en un momento en el que el Gobierno central y el de Ceuta trabajan en el traslado urgente de unas 500 menores a la Península, “sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas”. Esta medida incluye el mencionado real decreto-ley para “la acogida vinculante y solidaria” por parte de todas las comunidades o el acogimiento familiar, “pero también otras fórmulas que permita agilizar la acogida”. Entre ellas, se aborda “una vía” para que las organizaciones de protección a la infancia “desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, entre ellos las niñas, en recursos adaptados en Península”, sin que las regiones asuman la tutela.

Son precisamente las niñas y adolescentes solas y sin acceso a sistemas de protección quienes enfrentan un mayor riesgo de sufrir violencia, explotación o ser víctimas de trata. Además, según ha informado la Cadena Ser, aún hay unas 300 niñas en las instalaciones improvisadas que montaron algunas asociaciones vecinales desde casi el inicio de la crisis para ofrecerles ayuda y protección.

Financiar gastos de atención y acogida

La partida de 25 millones de euros que ya ha aprobado el Consejo de Ministros transferir a Ceuta para la atención de los menores migrantes se someterá a votación este jueves en la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia. Según ha explicado el departamento liderado por Rego, con este crédito la ciudad autónoma podrá financiar todos aquellos gastos de atención inmediata y acogida de los menores, como las actuaciones de información, orientación y apoyo psicosocial, su escolarización, la inserción socio laboral y la inclusión social, bien en acogimiento residencial o en acogimiento familiar.

También podrán sufragarse gastos de alojamiento, traslado, alimentación, vestuario, apoyo jurídico, atención médica, acompañamiento socioeducativo, servicios de traducción e identificación de perfiles vulnerables y su atención, así como cualquier otro gasto destinado a garantizar la adecuada atención e integración de las personas migrantes no acompañadas menores de edad.

La batalla entre ministros por el CNI se intensifica y la oposición es consciente. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado de forma urgente la convocatoria de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados. Se trata del órgano responsable de ejercer el control parlamentario sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y los fondos reservados asignados a los ministerios relacionados con la defensa y la seguridad del Estado.

La petición de Feijóo llega tras el “desbarajuste de versiones” entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Mientras la primera ha asegurado que los 25 agentes desplegados en Ceuta realizaron su labor de forma correcta, Marlaska ha defendido que Interior no recibió ningún informe que alertara de que se podía producir una entrada masiva de personas.

Según el líder del PP, las contradicciones en el seno del Gobierno hacen “imprescindible la convocatoria inmediata” de este instrumento. El dirigente popular recordó que su grupo ya había solicitado la reunión el pasado 5 de agosto, sin obtener respuesta hasta la fecha. “Ya no admite más demora”, escribió Feijóo en X. Ha cuestionado que “alguien miente” y ha acusado al Ejecutivo de no cumplir con su responsabilidad ante los ciudadanos de la ciudad autónoma.

Qué es la Comisión de Secretos Oficiales

La Comisión de Control de los Créditos destinados a Gastos Reservados, popularmente conocida como Comisión de Secretos Oficiales, se constituye en cada legislatura en el Congreso de los Diputados. Su función principal consiste en conocer y supervisar la utilización de información clasificada como secreta, así como controlar los fondos asignados a los ministerios de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores. Estos recursos, cuya cuantía se fija en los Presupuestos Generales del Estado y permanece en secreto, se destinan exclusivamente a misiones de defensa y seguridad nacional.

Los integrantes de la comisión se eligen mediante votación secreta en urna por el Pleno del Congreso, requiriendo una mayoría cualificada de tres quintos, es decir, al menos 210 votos afirmativos. Por tradición, la comisión está formada por los portavoces de todos los grupos parlamentarios y un representante del grupo mixto. El control sobre el uso de los fondos se realiza mediante comparecencias semestrales y a puerta cerrada de los ministros responsables, quienes deben informar sobre la gestión de dichos recursos. En este caso, de convocarse tendrían que aclarar qué realizaron los agentes en la ciudad autónoma los días previos a la entrada.

Por otro lado, la comisión también debe elaborar un informe anual destinado al presidente del Gobierno y al Tribunal de Cuentas. El director del CNI comparece ante este órgano parlamentario para informar sobre el funcionamiento y las actividades del centro. Los diputados que forman parte de la Comisión de Secretos Oficiales pueden consultar tanto originales como fotocopias de documentos clasificados, con la posibilidad de tomar notas, aunque tienen prohibido retener o reproducir esos documentos fuera del recinto parlamentario. Todos los miembros están obligados a guardar secreto sobre cualquier información reservada o clasificada a la que accedan en el ejercicio de sus funciones.

El parón estival ha funcionado históricamente para Sánchez. El presidente ha sabido aprovechar siempre el apagón informativo para remontar los resultados de las encuestas cuando su partido llegaba al final del curso parlamentario con la lengua fuera. Lo hizo en 2024, cuando el presidente se tomó cinco días de reflexión tras la imputación de su esposa. También en 2025, tras el estallido del caso Cerdán, un golpe demoledor del que todavía se siguen resintiendo.

La misión del Ejecutivo en el pasado curso era llegar al parón veraniego con vida. Y aunque se logró, la calma fue simbólica porque el verano no ha dado tregua: primero fueron los incendios en julio, que obligaron al presidente a desplazarse a las zonas afectadas. Después, cuando Sánchez estaba instalado en el Palacio de La Mareta -su residencia vacacional habitual- para tomarse unos días de descanso, ocurriría la mayor avalancha migratoria tras la Marcha Verde.

De manera repentina y con Marruecos mirando hacia otro lado, 70.000 personas cruzaron la frontera española sin apenas resistencia, rebasando durante horas una ciudad cuya población es de poco más de 80.000 habitantes. Casi un mes después, y con gran parte de los migrantes retornados, las causas siguen siendo difusas y la ciudad autónoma está lejos de la normalidad, con miles de personas deambulando todavía en las calles, entre críticas de la policía y los tribunales, que piden refuerzos para afrontar la sobrecarga.

En el plano político, la crisis ha servido de arma arrojadiza para la oposición, que culpa al presidente de haberse escondido durante la crisis y de haber usado como “escudos humanos” a los ministros. Especialmente rentable está siendo para Vox, quien ha visto un terreno fértil para hablar de su tema favorito: la inmigración y la inseguridad.

Ceuta abrirá así un curso parlamentario de alto voltaje, con un hemiciclo enfurecido por la lenta respuesta de Madrid y la poca contundencia diplomática con Rabat. Esta semana tendrá lugar la ronda de comparecencias de hasta ocho ministros, que deberán dar explicaciones sobre su papel 26 días después, coincidiendo además con la reunión del Consejo de Seguridad Nacional presidido por Sánchez.

Cuenta atrás para reactivar a la militancia

Septiembre activará la cuenta atrás para las elecciones de 2027 y Ceuta podría trastocar el calendario político de Moncloa, diseñado completamente en la precampaña electoral con la esperanza de reactivar a los militantes, simpatizantes y votantes progresistas que siguen en estado de shock por la corrupción. “Queda un año para culminar la legislatura y las reformas”, insistió el líder del Ejecutivo en su balance del curso realizado el pasado 27 de julio.

En los últimos días de actividad en la Cámara Baja, el líder socialista tuvo que tragar con la aprobación de una moción en el último pleno en la que los grupos le exigían su dimisión y un adelanto electoral. Y en los tribunales, con autos demoledores que han condenado a su exministro de Transportes y al exfiscal general del Estado; y que han imputado a su hermano, su esposa y miembros del partido. Todo esto seguirá, con Ceuta como ruido de fondo.

Los presupuestos y la financiación autonómica, el programa electoral para salir del pozo

En este contexto, están marcados en rojo los Presupuestos Generales del Estado, un compromiso que lleva sin cumplir tres años y que Sánchez prometió que se presentaría “con o sin apoyos” a la vuelta del verano. El PSOE pretende hacer de las cuentas públicas su programa electoral, con su previsible derrota en el hemiciclo como la excusa para convocar las elecciones.

El proyecto nunca tuvo visos de ser aprobado, una realidad de la que es consciente el Gobierno de coalición. Junts ya ha dicho por activa y por pasiva que no votarán a favor, una posición que ha sido refrendada con dos rechazos a la senda de déficit (paso previo a la presentación de los presupuestos). Son varios los motivos que ha esgrimido el partido de Carles Puigdemont. Uno evidente es que tiene su lucha particular contra el PSOE en Catalunya, donde los posconvergentes actúan como oposición a los socialistas en el Parlament, presionados a su derecha por el avance de Aliança Catalana.

Desde el bloque progresista, Podemos también considera que la maniobra solo tiene un “fin electoralista” y, en todo caso, los de Ione Belarra han advertido en varias ocasiones que tumbarían las cuentas públicas si se dedican fondos a aumentar el gasto en Defensa.

El segundo asunto de gran calado es el modelo de financiación autonómica. El Gobierno tiene en contra a todas las comunidades del PP, que han rechazado en bloque la propuesta de Hacienda porque “se ha diseñado a espaldas de todas las demás”. Por su parte, el portavoz del partido de Carles Puigdemont, Josep Rius, ya ha confirmado que presentarán una enmienda a la totalidad, al igual que el partido de Alberto Núñez Feijóo y Vox.

Reactivar la vivienda

La vuelta al cole tiene pendientes varias iniciativas sociales, entre ellas, la importante votación sobre el decreto de alquileres, la medida social abanderada por el socio minoritario. El ministro de Sumar, Ernest Urtasun, asegura que el borrador recoge las propuestas de todos los grupos —a excepción de Vox, que no está incluido en las conversaciones, y del PP, que se negó a sentarse—.

A pesar de ello, el Gobierno se ha encontrado con un difícil rompecabezas. Podemos exige medidas más duras para limitar los precios del alquiler, frenar la especulación y proteger a los inquilinos frente a los desahucios. Por la otra parte, Junts no quiere hablar de intervención estatal intensa en el mercado y reclama una mayor protección para los pequeños arrendadores. Para intentar salvar esa distancia, el Gobierno ha estudiado combinar la moratoria de los alquileres, una de las demandas de la izquierda, con bonificaciones fiscales en el IRPF para los caseros, como pide el partido de Carles Puigdemont. Además, el PNV ha exigido una modificación de la ley de suelo, una medida que los de Ione Belarra han calificado de “línea roja” para su apoyo.

¿El revulsivo internacional?

En el panorama internacional, Ceuta ha agravado el aislamiento del presidente socialista, señalado por algunos de sus colegas europeos por sus políticas migratorias de puertas abiertas. Sánchez, no obstante, tendrá una oportunidad para relanzar su papel en varias citas internacionales clave previstas en la segunda mitad del año. En septiembre tendrá lugar uno de los dos viajes programados a Estados Unidos y en el que coincidirá con el presidente de ese país, Donald Trump, con quien ha protagonizado varios choques diplomáticos, el último de ellos por la crisis migratoria. Será en Nueva York con motivo de la apertura del periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, ante la que se prevé que Sánchez pronuncie un discurso en representación de España.

Madrid albergará la 30.ª Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid con el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”. Sánchez será el anfitrión en un momento de derechización en los países al otro lado del charco. Junto con el líder brasileño, Lula da Silva, el jefe del Ejecutivo español se ha consolidado como referente de la izquierda en Europa y América. Tres meses más tarde, en diciembre, Sánchez volverá a verse las caras con Trump en la cumbre de líderes del G20 que organizará el presidente estadounidense.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que estudie decretar el confinamiento en Ceuta por riesgo sanitario tras la entrada masiva de más de 70.000 migrantes el pasado 30 de julio. Así lo ha afirmado en una entrevista con Europa Press, en la que el líder de la oposición ha vinculado la avalancha migratoria con la posterior aparición de enfermedades infectocontagiosas y con un deterioro del orden público y de la asistencia sanitaria en la ciudad.

“Ante la situación sanitaria de Ceuta el Gobierno debería estudiar decretar un confinamiento de los portadores de enfermedades infectocontagiosas por razones de salud pública”, ha afirmado Feijóo.

El líder popular ha elevado el tono y ha situado el foco en los datos concretos trasladados por los responsables sanitarios de la ciudad autónoma, quienes advierten de casos de tuberculosis, sarna, varicela y más de 450 casos de gastroenteritis detectados en un contexto en el que hay 10.000 personas sin cobijo en calles, playas, colinas y barrancos de Ceuta.

El jefe de la oposición ha explicado que se ha reunido con el presidente del Colegio de Médicos y la presidenta del Colegio de Enfermería de Ceuta para conocer la situación de los hospitales y del servicio de urgencias. A partir de esa reunión, ha defendido que concurren “los supuestos de confinamiento por riesgo sanitario”, aunque ha admitido que no dispone de todos los datos porque “está en la oposición”.

En esta situación, ha censurado que la ministra de Sanidad, Mónica García, haya “tardado 17 días en ir a Ceuta” cuando “sabe por sus registros epidemiológicos el riesgo de enfermedades infectocontagiosas”. “Yo sería incapaz de estar de vacaciones cuando una parte de tu país está en esta situación”, ha enfatizado.

Ante la situación sanitaria de Ceuta el Gobierno debería estudiar decretar un confinamiento de los portadores de enfermedades infectocontagiosas por razones de salud pública. pic.twitter.com/YaVYbAmxES

— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 23, 2026

Feijóo ha advertido de que esos contagios pueden producir “un enorme impacto en la población” y ha señalado que la sarna ha afectado a militares. El líder del PP ha relacionado ese riesgo con las condiciones de insalubridad que, a su juicio, sufren quienes permanecen en la calle, mientras que las asociaciones de militares, entre ellas la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), han atribuido los contagios a deficiencias graves en la higienización de las bases. Desde el ministerio de Margarita Robles han evitado establecer una vinculación entre la sarna y la crisis en Ceuta, señalando que es una infección “común” en zonas de elevada humedad.

Sanidad recuerda a Feijóo que Ceuta tiene las competencias sanitarias

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha contestado a la petición del líder popular recordándole que las competencias en materia de salud pública en Ceuta las tiene el gobierno regional. “Cada vez que Feijóo dice que esto es una emergencia de salud pública, lo primero que tendría que hacer es preguntar al gobierno de la ciudad qué está haciendo”, ha escrito en un mensaje publicado en X.

García ha aclarado que, en el caso de los contagios por tuberculosis, son tres confirmados, de los cuales, ha detallado la ministra, “uno ya venía con tratamiento (no contagioso), otro se trataba de una tuberculosis cerebral (tampoco contagiosa) y un tercero era una persona ”presente en Ceuta desde antes de la crisis migratoria, que estaba sometida a un proceso diagnóstico y que ha iniciado el tratamiento”. En cuanto a los casos de varicela, la titular de Sanidad ha explicado que los casos sospechosos “no tienen nada que ver” con los migrantes, matizando que la enfermedad no está erradicada en nuestro país. Misma situación con los casos de gastroenteritis y sarna, los cuales ha indicado que “no necesitan de confinamiento”.

El PP bloqueará el reparto de menores

En cuanto a la propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia para derivar a 500 niñas de Ceuta a la Península, Feijóo ha avisado de que el PP no facilitará, en su opinión, un intento del Gobierno de desplazar la crisis de soberanía hacia un enfrentamiento con las comunidades autónomas.

El líder de la oposición ha insistido en que “todos tienen que volver” mediante los procedimientos legales de expulsión y repatriación, pese a que la propia legislación española y europea lo impide en el caso de los menores migrantes no acompañados. Para hacerlo, ha reclamado que se trasladen a Ceuta todas las unidades de extranjería necesarias y que trabajen en tres turnos, mañana, tarde y noche, para tramitar los expedientes con carácter de urgencia.

El dirigente popular ha rechazado la advertencia del Gobierno a las comunidades autónomas de que, si se niegan a acoger menores de Ceuta, la Fiscalía tendrá que actuar de oficio. Ha reiterado que el PP no entrará, según sus palabras, en esa “trampa” porque considera que el problema afecta a la integridad territorial y a la soberanía nacional.

En esta línea, Feijóo ha sostenido que Marruecos se ha mostrado a favor de recibir a los menores nacionales, ignorando que la normativa obliga a España a garantizar la protección de los menores -como así acabó admitiendo también Bruselas-. Pese a ello, ha pedido ejecutar ese retorno y ha criticado la “frivolidad” del Gobierno al equiparar, en su opinión, lo ocurrido en Ceuta con llegadas en patera a Cartagena o Lanzarote, cuando él lo define como una “invasión”.

Noticia con información de Europa Press

La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, programada para el próximo jueves 27 de agosto, reunirá al Ministerio de Juventud e Infancia con las comunidades autónomas para tratar la gestión de los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de extranjeros a finales de julio. Sin embargo, las comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox -Aragón, Castilla y León y Extremadura- volverán a plantar al Gobierno, en rechazo al planteamiento del Ejecutivo de repartirlos entre las regiones. Estas tres comunidades tampoco participaron en la reunión técnica del pasado 13 de agosto, en la que se acordó que Ceuta recibiría una ayuda de 25 millones para atender a los menores.

En aquella reunión técnica, las comunidades del PP sí estuvieron presentes y respaldaron esta transferencia de fondos, aunque se negaron a avanzar en el debate sobre el reparto de menores migrantes entre regiones sin disponer de datos concretos. No obstante, está previsto que los ‘populares’ asistan a esta nueva cita con el Ministerio que lidera Sira Rego, aunque mantengan su postura en contra del reparto territorial.

Esta situación se produce, además, en un momento en el que el Gobierno central y el de Ceuta trabajan en el traslado urgente de unas 500 menores a la Península, “sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas”. Esta medida incluye el real decreto-ley para “la acogida vinculante y solidaria” por parte de todas las comunidades o el acogimiento familiar, “pero también otras fórmulas que permita agilizar la acogida”. Entre ellas, se aborda “una vía” para que las organizaciones de protección a la infancia “desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, entre ellos las niñas, en recursos adaptados en Península”, sin que las regiones asuman la tutela.

“Vox ni está ni se le espera”

El PP condiciona cualquier discusión sobre el reparto a la obtención de información precisa y defiende la prioridad de la reunificación familiar, por lo que reclama al Gobierno que active los mecanismos legales y diplomáticos necesarios para ello. “El menor debe estar con su familia”, destacó hace unos días el vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, a pesar de que diversas organizaciones sociales y humanitarias han señalado que muchos menores marroquíes rechazan regresar con sus familias debido a situaciones de violencia en sus hogares o entornos.

Por su parte, los representantes de Vox sostienen una postura aún más estricta y exigen la devolución de los menores a sus países de origen. “Hay que poner todos los medios para devolverlos”, han señalado los consejeros del partido de Santiago Abascal.

Ante esta postura, la ministra Rego defiende que tanto el Estado como las comunidades autónomas tienen la obligación de atender a los menores que se encuentran solos en España y lamenta que el debate se centre únicamente en Ceuta. “Vox ni está, ni se le espera. Desprecian a la infancia y desprecian a Ceuta. Bloquear el debate es solo un síntoma de falta de argumentos”, dijo la ministra tras la reunión técnica del 13 de agosto, donde también destacó que los gobiernos autonómicos “deben estar a la altura”.

(Con información de Europa Press)

La Junta de Extremadura, dirigida por el Partido Popular y Vox, ha abierto un expediente para declarar a la Cruz de los Caídos erigida en la plaza de América de Cáceres como Bien de Interés Cultural (BIC). Era uno de los puntos del acuerdo entre ambos partidos para impulsar la investidura de la popular María Guardiola, cuyo Ejecutivo consigue así paralizar la orden de retirada que lanzó meses antes el Gobierno central, basándose en la Ley de Memoria Democrática.

En abril, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática incluía a la cruz en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática y ordenaba su retirada del espacio público, al considerarlo un símbolo franquista. El Ayuntamiento de Cáceres, también liderado por el PP, recurrió la decisión y anunció que defendería su permanencia por la vía judicial. Pero la Junta se ha adelantado. No es la primera vez que Vox y el PP utilizan la carta del BIC.

El pasado martes, el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicaba la resolución del trámite oficial en busca del “reconocimiento y protección” del vestigio franquista. En el texto, admiten que fue construido durante la Guerra Civil, pero se justifican con que “la intervención municipal realizada en 1984 modificó sustancialmente su lectura pública, al eliminar las inscripciones y referencias explícitas de exaltación del régimen franquista y dotarlo de un nuevo significado acorde con los valores constitucionales”. En consecuencia, defienden que “su valoración patrimonial actual debe entenderse desvinculada de su sentido conmemorativo originario y referida a sus valores formales, artísticos, arquitectónicos y urbanísticos, derivados de su lenguaje austero, geométrico y depurado, de su monumentalidad, de su permanencia en el emplazamiento original y de su papel como referencia visual en la memoria urbana de la ciudad”.

“Llamar patrimonio democrático a un símbolo de la dictadura”

El departamento que dirige Ángel Víctor Torres no opina lo mismo. Para el Ministerio de Memoria Democrática, “el lugar, durante la dictadura, fue utilizado para todo tipo de conmemoraciones franquistas, desfiles militares o civiles, y todavía hoy, con su emplazamiento privilegiado, constituye un elemento de humillación para las víctimas”. En un comunicado, explican que “se trata de una de las primeras cruces construidas para conmemorar a los caídos durante la Guerra de España. […] Bajo ningún concepto puede considerarse un elemento o símbolo religioso, dado su origen político. Según los informes de los expertos, esa cruz no presenta ningún elemento artístico singular y carece de originalidad o relación con las tendencias estéticas de finales de los años 30 en los que se construyó”.

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cáceres, Víctor Bazo, ha afirmado que “es un referente en la ciudad, es un sitio de encuentro que forma parte del paisaje urbano y debe continuar donde está”. Para Bazo, la cruz diseñada en 1937 no tiene el mismo significado original. “En el año 1984, el Ayuntamiento ya la declaró como memoria para todos los caídos. Los cacereños no la interpretan como monumento franquista; el cacereño conoce la Cruz como sitio de reencuentro y concordia, formando parte de nuestro día a día”.

Por su parte, la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA) celebró el anuncio de su retirada. “Decir que la Cruz de los Caídos es un bien cultural es tan absurdo como llamar patrimonio democrático a un símbolo de la dictadura. La cultura, la universidad y la investigación lo tienen claro: no merece protección, merece su retirada. Hay que cumplir la ley”, subrayó en un manifiesto.

BIC, un escudo para los símbolos franquistas

El Bien de Interés Cultural (BIC) es la máxima figura de protección del patrimonio histórico en España que sirve para conservar los vestigios materiales e inmateriales del pasado, pero el PP y Vox utilizan este sello para saltarse la Ley de Memoria Democrática y evitar el traslado o eliminación de monumentos franquistas. El de la Cruz de los Caídos de Cáceres es solo el último caso.

Esta catalogación está regulada por la Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio, que establece que “un inmueble declarado Bien de Interés Cultural es inseparable de su entorno. No se podrá proceder a su desplazamiento o remoción”. Además, la sola apertura del expediente ya implica el mismo régimen de protección hasta que sea valorado y aceptado o denegado.

La declaración requiere únicamente la incoación y tramitación de un expediente administrativo, donde debe constar un informe favorable de alguna instituciones consultivas. En el caso de la cruz franquista de Cáceres, constan dos elaborados por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Documental por encargo de la Junta. Ahora, queda abierto un periodo de un mes para que otros organismos y particulares puedan presentar alegaciones a la declaración de BIC. En caso de que haya informes cruzados, la disputa por su protección se podrá elevar al plano judicial, como ya ha ocurrido con el Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife, inaugurado en 1964 para homenajear al dictador y a los sublevados en la Guerra Civil.

La Pirámide de los Italianos de Burgos

En 2024, la Junta de Castilla y León, gobernada por ambos partidos, declaraba BIC la Pirámide de los Italianos de Burgos. Se trata de una construcción piramidal de 20 metros de altura, de cemento forrado con placas calizas, donde fueron enterrados los italianos que murieron en suelo español durante la Guerra Civil luchando por el bando sublevado. Su estilo “se enmarca en la arquitectura de entreguerras dentro del racionalismo imperante en la época”, defendía el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

La Junta consideró entonces que se trata de “un bien único dentro del patrimonio cultural de Castilla y León, por su diseño y los valores estéticos, arquitectónicos y paisajísticos que en él concurren”. De nuevo, las asociaciones memorialistas no estuvieron de acuerdo.

Entonces, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, afirmó que la declaración de BIC fue una vergüenza. “No se puede enaltecer a quienes vinieron a España para apoyar un golpe de Estado y asesinar a quienes trataban de proteger la democracia. Los fascistas italianos que murieron ayudando a Franco no merecen ningún honor en democracia y la Junta de Castilla y León pretende tratarlos honorablemente, que es una forma de enaltecer el sufrimiento de sus víctimas”, denunció.

El mes pasado la Comisión Técnica de Expertos del ministerio incluía a la pirámide junto a la cruz de Cáceres en el catálogo estatal de símbolos y elementos contrarios a la Memoria, pese a contar con el sello de BIC. “Tenemos que garantizar que las generaciones venideras no hereden espacios públicos donde estos vestigios exaltan todo lo contrario a lo que somos: un pueblo democrático”, aseguraba el ministro Torres tras la reunión. Así, el Gobierno dejaba en el aire la posibilidad de tomar otras vías para eliminar la protección del monumento franquista.

El monumento a Carrero Blanco en Santoña

En junio, el Parlamento de Cantabria aprobaba una propuesta de Vox para que el monumento al Luis Carrero Blanco en Santoña, asesinado por ETA en 1973, seis meses después de ser nombrado presidente del Gobierno de Franco, sea declarado BIC y lugar de memoria de las víctimas del terrorismo. Este movimiento llegaba como respuesta al procedimiento administrativo iniciado por el Gobierno central para incluir este conjunto escultórico en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria.

El PP y el Partido Regionalista de Cantabria apoyaron la propuesta de Vox en el pleno y solo el PSOE votó en contra. La portavoz de Vox, Leticia Díaz, defendió el valor artístico del monumento y subrayó que no nació de “una imposición dictatorial”, sino que fue erigido en 1976 por voluntad de los santoñeses, que se unieron “para homenajear a un hijo de la villa”. A ella se sumó el portavoz del PP, Íñigo Fernández, que, en sintonía con la línea argumental de su partido, insistió en que “de las víctimas del terrorismo nadie habla” y pasó por alto el vínculo del militar con la dictadura. “No podemos ir desmontando pieza a pieza toda la Historia de España”.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Mario Iglesias, aseguró que se trata de “un blanqueamiento de un escultor detrás de una ley de patrimonio y detrás de una ley de víctimas del terrorismo”. El autor fue Juan de Ávalos, escultor en el Valle de los Caídos -ahora Valle de Cuelgamuros-. Iglesias también recordó el cargo del político y militar franquista: “¿Fue Carrero Blanco víctima del terrorismo? Sí, y este grupo condena aquel asesinato como condena todos los crímenes de ETA”. ¿Fue un militar que alcanzó el grado más alto de la Armada? También. Todos aquellos ascensos de capitán de fragata a capitán general, como reza la escultura, fueron concedidos por la dictadura. ¿Fue Carrero Blanco presidente del Gobierno? Sí, evidentemente, del Gobierno de la dictadura franquista, nombrado a dedo por el propio Caudillo".

La Sala de vacaciones del Tribunal Supremo ha decidido no dar lugar a la solicitud urgente presentada por tres senadores del Partido Popular (PP), quienes reclamaron que varios ministros comparecieran en el Senado durante el mes de agosto, tras la crisis migratoria que afecta a Ceuta.

La resolución del alto tribunal establece que, tras analizar los argumentos presentados, no existe la urgencia legal suficiente que justifique ignorar el derecho de audiencia de la parte contraria, requisito indispensable para adoptar una medida de este tipo en carácter extraordinario.

La petición de los senadores buscaba que se ordenara al Gobierno, en un plazo máximo de 24 horas, tomar medidas para asegurar la presencia de los titulares de Interior, Defensa y Exteriores en el Senado antes de finalizar agosto. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha considerado este sábado que el control parlamentario, vinculado al ejercicio del cargo de senador, de acuerdo con el artículo 23.2 de la Constitución, no tiene por qué realizarse necesariamente dentro del periodo extraordinario de agosto para ser efectivo. La Sala argumenta que el procedimiento ordinario para resolver la medida cautelar no supondrá una demora excesiva y, por tanto, no se justifica la urgencia especial solicitada.

No se acredita perjuicio irreparable ni desaparición del interés público

En su auto, el tribunal subraya que no se ha demostrado que el recurso vaya a perder su finalidad legítima —la protección del derecho al ejercicio del cargo representativo— solo porque el control al Gobierno se realice después de escuchar a la contraparte. “Sobre todo porque no se advierte que vaya a desaparecer el interés público de la cuestión sustantiva que, según se alega, sustenta las peticiones de comparecencia convocadas, centrada en la grave crisis migratoria que viene padeciendo en estos días la Ciudad Autónoma de Ceuta”, recoge la resolución.

De este modo, la Sala no aprecia que concurran circunstancias excepcionales que permitan sacrificar el derecho de audiencia de la parte contraria antes de una decisión cautelar de ejecución inmediata. Por ese motivo, se tramitará el incidente cautelar por la vía ordinaria, otorgando a la Abogacía del Estado un plazo de diez días para presentar sus alegaciones.

¿Por qué rechazó el Supremo la petición del PP?

El Tribunal Supremo denegó la medida cautelarísima porque los senadores del PP no justificaron suficientemente la urgencia legal requerida. El tribunal sostiene que la naturaleza del control parlamentario no exige que se produzca exclusivamente durante el mes de agosto y que el trámite ordinario garantiza la protección del derecho invocado sin afectar la finalidad del recurso. Esto implica que la posibilidad de que los ministros comparezcan sigue abierta, pero tras el proceso ordinario y no con carácter inmediato.

El auto aclara que se pronuncia únicamente sobre la solicitud urgente y no anticipa ninguna decisión sobre la jurisdicción, competencia o admisibilidad del procedimiento principal. La crisis migratoria en Ceuta sigue como telón de fondo de este enfrentamiento institucional, mientras el Senado y el Gobierno mantienen sus posiciones sobre la obligación de comparecencia de los ministros en periodos extraordinarios.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, del Partido Popular, se ha encarado con los presuntos okupas de un local, situado en el barrio de La Salut, que considera conflictivo, y ha asegurado que el inmueble será cerrado y desokupado “de acuerdo a la legalidad”. El dirigente popular ha difundido un vídeo en el que advierte a los “okupas” de que los echará y, posteriormente, explica que el consistorio ya ha iniciado un procedimiento administrativo para actuar sobre el inmueble.

“Os voy a echar de la ciudad legalmente, pero lo voy a echar”, afirma Albiol durante la discusión, antes de insistir: “Esto se va a cerrar rápido”. Ante la respuesta de uno de los ocupantes, el alcalde mantiene el enfrentamiento y asegura que tiene intención de actuar contra el local. La discusión se produce a las puertas del inmueble, después de que uno de los presuntos okupas le recrimine su presencia y le acuse de racismo. Albiol defiende entonces su posición y mantiene que el local será cerrado.

En otro momento de la conversación, uno de los presentes le recrimina que esté grabando. Albiol responde que tiene derecho a hacerlo y continúa con sus advertencias: “Lo vamos a cerrar, que lo sepáis”. El alcalde también introduce en la discusión su discurso sobre la inmigración: “En España no queremos gentuza. Queremos gente que venga a trabajar, no a delinquir y a robar”.

Ayer estuve en el barrio de La Salut por la okupación de un local. Si los delincuentes creen que en #Badalona nos van a amedrentar, están muy equivocados.

Mientras el Gobierno y las leyes no cambien, aquí no vamos a parar. Seguimos. ¡Sin dar un paso atrás! pic.twitter.com/cI2acDr4IM

— Xavier García Albiol (@Albiol_XG) August 20, 2026

El vídeo, publicado por Albiol en la red social X, supera ya los 1,7 millones de reproducciones. Tras el enfrentamiento, varios vecinos se acercan al alcalde para felicitarle por su intervención y trasladarle diferentes consultas relacionadas con la gestión municipal, entre ellas cuestiones sobre la instalación de rampas mecánicas en la ciudad.

Un procedimiento administrativo ya iniciado

“Los vecinos no tienen por qué aguantar lo que ocurre aquí con esta gente”, sostiene el alcalde, que reclama paciencia y confianza a los residentes. Según explica, el Ayuntamiento ya ha puesto en marcha las actuaciones necesarias para intervenir sobre el inmueble: “Ya hemos iniciado el procedimiento administrativo y os puedo garantizar que en unos meses este local estará cerrado”.

Albiol insiste en que la actuación debe realizarse dentro del marco legal. “Lo tenemos que hacer de acuerdo a la legalidad, pero este local lo vamos a desokupar y lo vamos a precintar”, señala. En este sentido, critica las dificultades que, a su juicio, existen para actuar contra la okupación. “Es una vergüenza que unas personas se puedan meter en un local y pasen a estar más protegidos que la propiedad o que el Ayuntamiento”, lamenta el alcalde, antes de añadir que esta situación continuará “hasta que Pedro Sánchez no se vaya y se puedan cambiar las leyes”.

Fuentes municipales han confirmado a EFE que el Ayuntamiento de Badalona mantiene abierto un expediente por el uso que se está haciendo del local. Según estas fuentes, tanto la Guardia Urbana como el área de Disciplina Urbanística se han desplazado hasta el inmueble para comprobar su situación y continuar con las actuaciones correspondientes.

El consistorio también trabaja con la propiedad para intentar agilizar los trámites que permitan desokupar el espacio “lo antes posible”. El Ayuntamiento sostiene que los ocupantes están generando “graves problemas de convivencia” en la zona. Albiol pide así “paciencia” a los vecinos mientras avanza el procedimiento y reconoce que la actuación debe desarrollarse conforme a la normativa para evitar consecuencias legales para el propio Ayuntamiento.

“Mi misión como alcalde es luchar, ir machacando y hacer la vida imposible a toda esta gente que, con sinceridad, no sé cómo se les permite entrar a nuestro país”, concluye Albiol, que insiste en que el consistorio seguirá trabajando para resolver la situación.

El Gobierno acelera el traslado urgente de 500 niñas migrantes de Ceuta a la península, pero las comunidades del PP y Génova ya han rechazado el primer intento de acogida. En menos de una semana, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha pasado de defender que cumplirían con la ley, siempre que el reparto fuese “justo, bien dotado y planificado”, a advertir que todos los migrantes en situación irregular debían tener “muy claro que para ellos no hay asilo”.

El líder de los populares subrayó que las devoluciones incluían también a los menores, ya que, según sus palabras, “lo lógico” era que fuesen devueltos a Marruecos. Sus palabras serían replicadas por algunos de sus barones territoriales, entre ellos el murciano Fernando López Miras y la madrileña Isabel Díaz Ayuso. “Marruecos ha solicitado la vuelta de menores; [José Manuel] Albares dijo que así sería y [Fernando Grande] Marlaska lo confirma. Europa lo reclama. ¿Qué problema tiene el Gobierno?“, se preguntó este miércoles la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, para reclamar después que el Pacto de Migración y Asilo reconoce a Marruecos como ”país seguro" para el retorno de los menores.

El giro en el discurso del PP se explica tras las recientes presiones de la Comisión Europea sobre España para que los menores sean devueltos a Marruecos por estar “cubiertos por el Derecho de la UE”. El portavoz del Ejecutivo comunitario sobre Asuntos Internos, Markus Lammert, sostuvo que el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor desde este mes de junio, incluía disposiciones sobre la repatriación de migrantes en situación irregular, incluidos los menores no acompañados. Desde el Parlamento Europeo, el presidente del Comité de Libertades Civiles, Javier Zarzalejos, del PP, exigiría a Marruecos además que “pasase de los actos a las palabras” con los menores de Ceuta para acoger a estos menores.

“Caso por caso” con los menores

En cambio, tanto el Partido Popular como Bruselas han hecho caso omiso a lo que realmente dicta la legislación internacional en materia de menores. Porque, si bien el Pacto de Migración y Asilo endurece la política de retornos y consolida los centros de deportación fuera del territorio de la UE, los menores no acompañados quedan excluidos de dichos acuerdos o convenios con terceros países. Eso sí, abre la puerta a controles biométricos para verificar la edad de los menores y su detención como “último recurso” durante “el período más breve posible”, con un máximo de 24 meses.

Es un procedimiento que no es sencillo. En el caso de los menores, explican asociaciones como Save the Children, se debe ir “caso por caso” y no se puede devolverlos “de un día para el otro” a petición de Marruecos. Victoria Columba, portavoz del movimiento Regularización Ya!, explica a Infobae que “España es el país responsable de identificar, primero, quiénes son, cuáles son sus vínculos en el otro lado y acogerlos hasta ver cumplidas todas las garantías de retorno”. Y en este sentido, recuerdan el error que cometió el Gobierno tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos el pasado 2021, cuando el ministro Fernando Grande-Marlaska ordenó la devolución inmediata de los menores, una instrucción que sería reprendida por el Tribunal Supremo años después.

Los expertos consultados señalan que la única forma de que estos menores puedan retornar es a través de un acuerdo con los padres del menor, que puede reclamarlo. No obstante, Columba señala que España, y no Marruecos, sería el gobierno responsable de verificar la identidad de los progenitores y de descartar, por ejemplo, que el niño o la niña tiene una historia previa que puede ser susceptible de pedir protección internacional. “La mayoría de los centros a los que les hemos preguntado dicen que casi ningún niño quiere retornar”, aseguran desde Unicef.

El Gobierno acordó el reparto con la ciudad de Ceuta, dirigida por el popular Juan Jesús Vivas, como medida “extraordinaria” dado el colapso que sufren los centros de acogida tras la avalancha migratoria del pasado 30 de julio. Más de 20 días después, todavía quedan más de 2.000 menores en el territorio, entre ellos, niñas que ya han sufrido episodios de agresiones sexuales. Las organizaciones humanitarias han aplaudido este acuerdo, señalando que “puede contribuir desde luego a aliviar la situación de sobreocupación y garantizar un entorno más adecuado para su atención”.

Vox eleva el tono en el Congreso y el PP anuncia una ofensiva política en el Senado

Ante el peligro de bloqueo por las ocho comunidades autónomas gobernadas por el PP, el Ministerio de Juventud e Infancia tiene diseñadas otras fórmulas que podrían agilizar la acogida. Entre ellas, avanzó la cartera de Sira Rego, que la tutela sea gestionada por organizaciones privadas como ONG de infancia, por lo que las administraciones no podrían retrasar su acogida a través de recursos administrativos o judiciales. Una vía urgente que también va en contra de lo que pide Vox, quien llegó a hacer llamamientos para realizar una “cacería de migrantes” en Ceuta.

El partido de Santiago Abascal ya ha registrado una batería de medidas en el Congreso en las que se exige la devolución de todas las personas involucradas en la entrada masiva, incluidos menores cuya edad sería verificada. Además, Vox ha reclamado también que los inmigrantes “que no necesiten tratamientos urgentes” sean trasladados a la frontera marroquí.

Los populares no han querido valorar estas medidas y se centran en una nueva ofensiva política para tratar de retratar a los ministros del gobierno, a quienes acusan de limitarse a hacer el paseíllo en Ceuta durante la gestión de la emergencia. El PP ha llamado a cinco ministros a comparecer en el Senado, pero todos ellos han declinado la petición, ya que registraron posteriormente sus respectivas comparecencias a petición propia en el Congreso. Como respuesta, los senadores del PP prevén aprobar reprobaciones a todos ellos, dejando la puerta abierta a iniciar acciones legales ante un posible conflicto de competencias.

“El Gobierno no puede decidir en qué Cámara comparece, ni cuándo lo hace ni en qué condiciones acepta ser controlado”, ha afirmado Feijóo durante su segunda visita a Ceuta desde el inicio de la crisis, que comenzó el pasado 30 de julio con la entrada irregular de miles de migrantes en la ciudad autónoma.

El presidente del PP ha defendido que la comparecencia posterior de los ministros en el Congreso no responde a la petición formulada por el Senado y ha anunciado la judicialización de este enfrentamiento institucional. “Todavía hoy no sabemos exactamente por qué ha pasado. Nos hemos visto en la obligación de acudir al Tribunal Supremo para que nos digan si se pueden negar a comparecer en la Cámara territorial y no informar de lo que ha pasado en Ceuta a los españoles”, ha señalado junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

Feijóo ha insistido en que la presencia de los ministros en el Congreso la próxima semana no exime, a su juicio, de la obligación de atender el requerimiento de la comisión del Senado. “Una comparecencia posterior en el Congreso no exime de la petición del Senado. Usaremos los mecanismos legales para obligarles a informar de lo que ha pasado”, ha añadido.

El PP pide reprobar a cinco ministros

La ofensiva de los populares no se limitará a la vía judicial. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este miércoles que su grupo registrará cinco solicitudes de reprobación para que sean debatidas y, en su caso, aprobadas en el primer pleno de la Cámara Alta de septiembre. Las iniciativas se dirigirán contra Grande-Marlaska, Albares y Robles por no haber acudido a la comisión de investigación sobre la crisis de Ceuta. A ellos se sumarán las ministras de Sanidad, Mónica García, y de Igualdad, Ana Redondo.

En el caso de Mónica García, el PP fundamentará su petición en el “colapso sanitario” que, según los populares, se ha producido en Ceuta durante la crisis migratoria. Respecto a Ana Redondo, Alicia García ha criticado que la ministra “no ha pisado Ceuta” pese a que, según ha afirmado, “las agresiones sexuales se han multiplicado”.

Feijóo ha aprovechado su comparecencia para elevar el tono de sus críticas al Ejecutivo y situar la gestión de la crisis migratoria en el centro de su visita. El presidente del PP ha asegurado que el 30 de julio España “perdió el control de una de sus fronteras” y ha sostenido que, veinte días después, los ciudadanos de Ceuta continúan sufriendo lo que considera un “abandono del Gobierno de la nación”.

El líder de la oposición también ha cuestionado que Pedro Sánchez todavía no haya comparecido para dar explicaciones sobre lo sucedido, mientras que, según ha señalado, “algunos primeros ministros europeos” sí lo han hecho antes que el presidente español. A su juicio, la situación supone una “absoluta irresponsabilidad del Gobierno central” y está “desprotegiendo a más de 80.000 españoles que residen en Ceuta”.

Durante su intervención, Feijóo ha acusado al Ejecutivo de haber mantenido tres planteamientos que considera falsos sobre la crisis. El primero, que el episodio migratorio se produjo como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo; el segundo, que la situación ya está resuelta; y el tercero, que quienes denuncian la situación y reclaman el cumplimiento de la legislación migratoria actúan desde posiciones racistas.

“Hace tres semanas todo el mundo vio que no se estuvo a la altura antes de la invasión, durante para contenerla y después tampoco”, ha afirmado. Feijóo ha puesto además en duda los datos ofrecidos inicialmente sobre el número de migrantes que permanecían en la ciudad. Según ha asegurado, se comunicó que la normalidad se había recuperado en 48 horas y que quedaban unas 2.000 personas, mientras que, según sus cálculos, “hay al menos 10.000 personas, cuatro veces más”.

El presidente del PP ha defendido que reclamar el cumplimiento de la ley y una mayor protección de la frontera no constituye una posición racista. “Es mentira decir que los ceutíes son insolidarios, pedir que se cumpla la ley no es racismo y que se proteja la frontera tampoco”, ha sostenido.

Siete medidas para Ceuta

Feijóo ha acompañado el anuncio de la ofensiva institucional y judicial con un paquete de siete propuestas para abordar la situación de la ciudad autónoma. La primera pasa por establecer un “mando único” para coordinar la respuesta a la crisis. “Aquí no manda nadie, solo el presidente de la ciudad autónoma”, ha afirmado, antes de reclamar de nuevo al Gobierno su activación.

Como segunda medida, el líder del PP ha planteado el “regreso voluntario” de las personas que hayan entrado ilegalmente en Ceuta o, cuando corresponda, su expulsión. Ha reclamado al Ejecutivo que active los procedimientos legales de repatriación y que complete los expedientes de expulsión en un plazo de un mes.

El tercer punto se centra en la relación con Marruecos. Feijóo ha reclamado “respeto y reciprocidad” y ha defendido que España debe utilizar “todos los medios, ley y aliados” a su disposición. En este sentido, ha cuestionado la política desarrollada por el Gobierno con Rabat y ha advertido de que la seguridad de una ciudad española “no puede depender de una nación extranjera”.

Como cuarta medida, ha reclamado el uso de las herramientas europeas disponibles para gestionar la situación migratoria. Entre ellas ha citado el reglamento de crisis, Frontex, los procedimientos de triaje, el sistema de asilo y los mecanismos de retorno. “España tiene medios e instrumentos propios y los de Europa, pero no se ha usado ninguno”, ha afirmado.

La quinta propuesta plantea reforzar la protección de la frontera mediante más infraestructura y medios humanos, además de reformas legales. Feijóo ha defendido que la frontera debe ser “inviolable” y ha anunciado que el PP planteará una reforma de la ley de asilo.

El sexto punto consiste en reclamar un mayor reconocimiento de Ceuta en el ámbito europeo. El líder del PP ha defendido que la ciudad autónoma tenga presencia en el Comité de las Regiones y ha planteado que reciba un tratamiento similar al de otros territorios europeos alejados del continente.

La séptima medida se centra en la economía. Feijóo ha propuesto un plan de reactivación con participación de la sociedad civil, un marco específico que blinde por ley las bonificaciones a la Seguridad Social, compromisos económicos e inversión pública, además de mejoras en la conectividad con la Península y un plan de choque contra el desempleo juvenil.

El presidente del PP ha defendido también una mayor presencia del Estado en Ceuta: “Mayor presencia del Estado, no menos Estado”, ha señalado durante su intervención, en la que ha reclamado al Ejecutivo respuestas ante una crisis que, veinte días después de las entradas masivas registradas el 30 de julio, continúa centrando el enfrentamiento político entre el Gobierno y la oposición.

Los ministros del Gobierno encararán una semana de interrogatorios en el Congreso de los Diputados sobre la acción del Gobierno antes, durante y después de la avalancha migratoria que rebasó Ceuta. Todos ellos acuden a petición propia, pero el Partido Popular lleva semanas reclamando que rindan cuentas en el Senado, donde tienen mayoría.

Son muchas las incógnitas por despejar sobre cómo 70.000 migrantes accedieron sin oposición a la ciudad autónoma. Desde el Gobierno atribuyen la tragedia a las redes mafiosas y un llamamiento masivo en redes. Pero más allá de eso, la sensación instalada en la ciudad autónoma es que Rabat podría haber mirado hacia otro lado en los peores momentos y cuestionan que el Gobierno español no contase con información de inteligencia suficiente como para haber podido bloquear a tiempo la entrada masiva.

Todo eso ya es pasado y la misión inmediata es retornar a la normalidad. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, dio este lunes un ultimátum de 30 días al Gobierno de Pedro Sánchez para que la Ciudad Autónoma “vuelva a la normalidad” porque considera que tiene “medios y capacidades suficientes” para ello, pero desde el Gobierno todavía no han señalado una fecha en el calendario. Más allá de todo esto, los ministros deberán contestar a la duda que atormenta a los ceutíes. ¿Volverá a pasar? Y si pasa, ¿estará españa preparada? ¿Sigue siendo Marruecos un socio fiable?

Robles, la primera en desfilar

A estas preguntas se enfrentará la titular de Defensa, Margarita Robles, quien será la primera en pasar por la Cámara Baja. En un primer lugar, la ministra iba a responder a las preguntas en la Cámara Alta, pero posteriormente rechazó la petición alegando que necesitaba más tiempo.

Robles viajó a la ciudad autónoma el pasado 12 de agosto (dos semanas después de la avalancha migratoria), donde tuvo que enfrentarse a un pequeño grupo que le recibió al grito de “traidora” y que le recriminó haber abandonado a Ceuta. La ministra solo ofreció una rueda de prensa en aquella visita, donde trató de despejar cualquier atisbo de dudas sobre los planes del Gobierno respecto a la soberanía de los dos enclaves: claro que Ceuta y Melilla “son españolísimas”, expresó. De hecho, la titular de Defensa ha sido la única ministra en demostrar firmeza contra Rabat, una singularidad que ha sido afeada por la oposición.

Una de las preguntas que tendrá que responder tendrá que ver con la defendibilidad de Ceuta y Melilla ante eventuales operaciones híbridas como la vivida el pasado 30 de junio. ¿Necesita España un refuerzo en los enclaves? Actualmente, se encuentran desplegados 9.000 efectivos, entre militares, policías nacionales y guardias civiles. Antes de la crisis migratoria, se concentraban algo más de 3.000 militares, entre regulares, legionarios, cuerpo de ingenieros, regimientos de caballería y artillería.

En cuanto a la situación de los efectivos movilizados, las asociaciones de militares han elevado más de una decena de quejas en las que ponen de manifiesto la precariedad de las condiciones de trabajo del personal, señalando que los militares duplican y triplican sus turnos por apenas 17 euros cada tres horas. El sindicato UMT denunció además que los regulares viven hacinados en las antiguas instalaciones de la Batería K-8; condiciones que, según exponen, habrían provocado un brote de sarna en el personal.

Mónica García se enfrenta a un PP que pedirá (de nuevo) su dimisión

La ministra de Sanidad, Mónica García, comparecerá un día después, el 27 de agosto. La líder de Más Madrid está siendo una de las principales señaladas por el partido de Alberto Núñez Feijóo, que salió en tromba a pedir su dimisión por la falta de respuesta de su ministerio ante el “colapso sanitario”.

El PP reprochó a la ministra que apareciese en Ceuta “17 días después” de la avalancha migratoria y criticó que Sanidad apenas ha reforzado las plantillas pese a las advertencias de los médicos que trabajan “desde el primer día” sobre el terreno: “dos médicos y dos enfermeros”, cifró entonces Elías Bendodo, el vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP.

La titular de Sanidad ha negado la mayor, insistiendo en que los hospitales, tanto urgencias como atención primaria, funcionan dentro de los niveles de “normalidad”. García añadió además que el ministerio ha agilizado la contratación de hasta 60 nuevos sanitarios y ha aportado músculo, dentro de sus competencias, en las plantillas de urgencias, en torno a un 17% más. Los sindicatos de médicos han cuestionado estas cifras, alegando que el Hospital Universitario de Ceuta se encuentra al 125% respecto a la capacidad estival habitual y que solo el 25% lo ocupan migrantes.

Bolaños y los contactos con Rabat

La comparecencia de García coincidirá con la del ministro de Justicia, Félix Bolaños. El Partido Popular ya tiene preparada una batería de preguntas que tendrán que ver con “todas las gestiones y contactos” que el titular de Justicia ha mantenido con su homólogo marroquí “tras la “invasión”. Y en este sentido, el Congreso le preguntará si ha solicitado asistencia judicial a Marruecos para identificar a los muertos, si existe una relación de desaparecidos y quién coordina jurídicamente la entrega o repatriación de los cuerpos.

El titular de Justicia deberá responder también a la petición del Consejo General del Poder Judicial, que este martes emitió un comunicado en el que pidieron refuerzos para el servicio de guardia y la plaza con competencia en materia de violencia sobre la mujer” tras conocerse que se han producido varias agresiones sexuales tras la entrada masiva (las cifras oscilan, ya que la ministra de Sanidad dijo que tenían constancia de 5 y el sindicato policial SUP habla de unas 15).

¿Cuántos migrantes permanecen en Ceuta?

La ministra de Migraciones, Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, todavía no ha querido concretar una fecha para dar una solución administrativa a los migrantes que permanecen en Ceuta, cuyos expedientes están pendientes de resolución. En parte, porque todavía no ha ofrecido la cifra total de migrantes que permanecen en el enclave. La ministra ha insistido en que España es un “Estado de Derecho” y “garantista” tanto con las personas que llegan como con los funcionarios y, por ello, “hay unos expedientes y tramitaciones” que cumplir.

La portavoz del Gobierno deberá dar explicaciones sobre la situación de colapso en los centros de estancia temporal de inmigrantes (en sus siglas CETI), que desde el 30 de julio permanece colapsado. En los peores momentos de la tragedia, el centro tuvo que lidiar con más de mil jóvenes migrantes, principalmente subsaharianos, concentrándose en los alrededores del recinto desde entonces, después de que el centro alcanzara su capacidad máxima y bloqueara el paso.

Su comparecencia está prevista el 28 de agosto, coincidiendo con las de dos ministros: el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el del Interior, Fernando Grande Marlaska.

Albares y Marlaska, los más condescendientes con Rabat

Albares ya ha hablado en varias ocasiones en el Congreso sobre las relaciones entre Madrid y Rabat, especialmente cuando tienen que ver con el giro diplomático que Sánchez tomó en 2022 con el Sáhara Occidental. En todas sus intervenciones, el jefe de la diplomacia española ha ido con pies de plomo.

Y pese a que la mayoría de exministros, expertos y partidos políticos reclaman una mayor firmeza contra el reino de Mohamed VI, el Gobierno de España seguirá manteniendo intacta su estrategia, como así adelantó una información de El País. Tanto Albares como Marlaska han alabado la colaboración con Rabat y todavía se resisten a pronunciarse sin eufemismos sobre los reclamos soberanistas de Rabat con Ceuta y Melilla.

Una de las grandes preguntas que deberá contestar Marlaska es qué sabían los servicios de inteligencia sobre la entrada masiva y cómo reaccionó el ejecutivo ante ellas. Y en esta línea, Vox ya ha pedido al Gobierno que desclasifique los informes del CNI para aclarar si hubo avisos previos sobre la entrada masiva. El Gobierno se ha negado a admitir que los servicios de información de la Policía, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia alertaran “de la magnitud de las cifras”, pese a que fuentes de inteligencia consultadas por Cadena Ser sostienen que Interior “tenía muchas advertencias”.

Rego, sobre la situación de los menores y su reparto

La ministra de Infancia, Sira Rego, cerrará la ronda de comparecencias, con la situación de los menores migrantes como principal asunto. Interior cifra en 1.500 personas los menores que permanecen en Ceuta, mientras que Ceuta elevaba esa cifra a 500 personas. Rego también anunció que en las próximas semanas comenzarán las derivaciones a la Península, un asunto que será utilizado como munición por el PP y Vox.

El plato fuerte podría ser anunciado el 26 de agosto, el día reservado en el Congreso para que se reúna la Diputación Permanente con el fin de debatir las peticiones de comparecencia de ministros registradas por el PP, que ya están encauzadas. Allí es previsible que también se vote si se convoca una sesión plenaria extraordinaria para que sea el propio presidente quien ofrezca explicaciones.

Comparecía este lunes Cuca Gamarra en Génova para amplificar la protesta del PP y de buen número de españoles por lo que está ocurriendo en Ceuta, pero apenas pudo sino acudir a las palabras que apenas unos minutos antes había pronunciado Juan José Vivas en una comparecencia que será recordada. El presidente de la ciudad autónoma elevó la presión pero no el tono, clamando por una solución, alertando de que el enclave “está en peligro”.

Vivas denunció que “el Gobierno cuenta con recursos y capacidad suficientes, pero no tiene voluntad” y dio 30 días a Pedro Sánchez antes de acudir a las Cortes, a la Justicia o a Europa; antes de perder la paciencia. Teme que Sánchez “no quiera molestar” a Marruecos y por omisión dé alas a “un hipotético plan concebido para golpear a Ceuta hasta su caída definitiva”.

Lleva nada menos que un cuarto de siglo en el cargo y cerca de tres cuartos en Ceuta, que solo abandonó para estudiar la carrera. Nació en la calle Jáudenes y es el mayor de tres hermanos. Su padre era el practicante del barrio, oficio hoy casi desaparecido. Ni en su niñez ni en su adolescencia ni en toda su madurez ha vivido algo como lo ocurrido los pasados 30 y 31 de julio, asegura, cuando más de 70.000 personas cruzaron la frontera con Marruecos en horas.

Funcionario antes que presidente

Vivas se formó en el Colegio San Agustín y cruzó el Estrecho para licenciarse en Ciencias Económicas en la Universidad de Málaga. Al regresar a Ceuta trabajó en la empresa privada, se casó con Lola Puya -tienen dos hijos- en 1978 y preparó oposiciones al Ayuntamiento. Las sacó en 1980, con 27 años, con una plaza de auxiliar administrativo. Fue el punto de partida a sus ascensos en la administración local, que durante años compaginó con la docencia como tutor en el centro asociado de la UNED en Ceuta, una etapa que recuerda como una de las más satisfactorias de su vida.

Vivas no llegó a la política por vocación temprana ni por ambición. Sus amigos acabaron por convencerle a finales de los 90, cuando Ceuta vivía bajo la influencia del Grupo Independiente Liberal (GIL), el partido del empresario Jesús Gil que había conquistado varios municipios andaluces y cuya gestión acumulaba deudas y escándalos. En 1999, con 46 años, se incorporó a las listas del PP y fue elegido diputado de la Asamblea de Ceuta.

El acceso a la presidencia no llegó por las urnas, sino por una moción de censura: en febrero de 2001, PP, PSOE, el Partido Democrático y Social de Ceuta y cuatro tránsfugas del GIL desalojaron al entonces presidente Antonio Sampietro. Vivas fue el elegido para sustituirle precisamente por su perfil técnico y apolítico. “Como aquello iba a ser un periodo de transición, se quería algo nuevo, distinto y sobre todo alguien que no tuviera perfil político. Un perfil técnico, un burócrata cien por cien. Y por esos factores me eligieron. Pero lo que iba a ser una etapa transitoria nos ha llevado hasta hoy”, ha explicado el propio Vivas. Desde 1979 hasta 2001, Ceuta había tenido nueve cambios en la presidencia.

El transformador de Ceuta

Su primera prueba electoral como candidato, en 2003, le dio 19 de los 25 escaños de la Asamblea, la primera mayoría absoluta que obtenía ningún partido en Ceuta en la era democrática. Repitió ese resultado en 2007, esta vez con el 65,18% de los votos. En 2011 mantuvo 18 escaños, y en 2015 logró su cuarta mayoría absoluta con 13 diputados. Desde 2019 gobierna en minoría con nueve escaños, aunque siempre como la lista más votada. A lo largo de esa trayectoria ha cohabitado con cuatro presidentes del Gobierno en Madrid —José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez- y solo le supera en duración como regidor en activo el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, por solo un año.

Durante sus primeros años de gobierno transformó el urbanismo de la ciudad: peatonalizó el centro, reformó barrios, construyó nuevos viales e impulsó el Teatro Auditorio del Revellín, obra del Premio Pritzker de Arquitectura Álvaro Siza, inaugurado en 2011. Entre 2001 y 2011, Ceuta recibió una inversión de alrededor de 625 millones de euros. Uno de los hitos que más recuerda es haber garantizado el suministro de agua corriente las 24 horas del día a todos los hogares ceutíes a partir de 2003, algo que hasta entonces no existía.

Ceuta, sin embargo, siempre ha sido una ciudad en tensión. “Marruecos no reconoce la soberanía de Ceuta desde que yo era un niño, y aquí estamos”, ha dicho Vivas en más de una ocasión. Vivas ha tenido que gestionar episodios migratorios recurrentes -en 2005, 2014, 2021 y 2023- y ha aprendido a moverse en el equilibrio entre la lealtad institucional al Gobierno central y la defensa de los intereses de una ciudad de 83.000 habitantes enclavada en el norte de África. En la crisis de 2021, llegó a defender públicamente la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, una postura que le costó un desgaste electoral frente a Vox. Esta vez no ha repetido ese gesto.

Una llamada a la unidad

La crisis de julio de 2026 lo ha colocado en el centro del debate político nacional. Desde el primer día reclamó la “emergencia nacional” y un “mando único” estatal. Compareció ante la Comisión de Asuntos de Interior del Parlamento Europeo por videoconferencia para advertir de que “la seguridad de Ceuta está en manos de un tercero, Marruecos. Viajó casi mil kilómetros hasta el Palacio de Marivent para reunirse con el rey Felipe VI, de quien obtuvo el compromiso de una visita a Ceuta. Ha recibido en la ciudad al presidente del Senado, Pedro Rollán, y a la ministra de Sanidad, Mónica García, entre otros cargos desplazados para ver la situación sobre el terreno.

“Yo tengo 73 años y no recuerdo nunca que un presidente del Gobierno haya anunciado que se ha producido un ataque con éxito a la integridad territorial de España”, lamenta. Pese a la dureza de sus críticas, Vivas mantiene un registro institucional. Ha pedido a los ceutíes que no “rompan la unidad” y ha reconocido que la ciudadanía ha respondido a la crisis “con una ejemplar actitud de entereza y madurez”, sin que se hayan producido reacciones de xenofobia. “Ceuta es España porque lo dice la historia, el derecho y porque lo quiere el corazón de todos los ceutíes: cristianos, musulmanes, judíos e hindúes”, repite desde hace años. Es la voz de una ciudad que se siente sola ante la mayor crisis de su historia reciente, pronunciada por un hombre que lleva 25 años aprendiendo a no perder la calma.

El PP cierra filas con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, e intensifica su ataque contra la “inacción” del Gobierno “antes, durante y después” de la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 y 31 de julio. Génova mantiene que, 19 días después de esa avalancha migratoria, todavía “no se puede hablar de normalidad” mientras más de 10.000 personas “continúan deambulando ilegalmente por las calles del enclave español”. Así, ha responsabilizado al Gobierno de “negligencia y pasividad” en su respuesta ante la crisis.

“A Ceuta, el Gobierno de España la ha dejado sola. Tenían información de primera mano por los servicios de inteligencia y el propio [Juan Jesús] Vivas. No han hecho nada, ni antes ni durante ni ahora”, ha denunciado la vicesecretaria de Regeneración Democrática, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa desde la sede nacional del partido.

Las palabras de la portavoz han llegado minutos después de la comparecencia ofrecida por el presidente ceutí, quien ha dado un ultimátum de 30 días a Pedro Sánchez para resolver la crisis antes de acudir a las Cortes, a la Justicia o a Europa. Vivas se ha mostrado más crítico que nunca con la “absoluta pasividad” del Ejecutivo a la hora de actuar para volver a la normalidad y se ha preguntado públicamente si la “pasividad” del Ejecutivo ante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma obedecía al propósito de “no molestar” a Marruecos.

Génova ha secundado la crítica del dirigente, pero tratando de mantener todavía la crítica ambigua contra el gobierno marroquí, pese a las señales cada vez más evidentes de que Rabat miró hacia otro lado en los peores momentos de la crisis. También, pese a que el propio PP no habla de “crisis migratoria”, sino de “crisis de soberanía territorial”, invasión o la gestión de fronteras poco fiable de “terceros países”.

Gamarra ha mantenido que su partido está dispuesto a respaldar cualquier acción en los tribunales que impulse Vivas. “Vivas tiene una responsabilidad y el PP también, y es la de articular mecanismos a nuestro alcance. El PP les dice a los ceutíes que vamos a estar ahí y respaldaremos al presidente en sus acciones legales”.

Entre esos mecanismos, la popular ha anunciado un nuevo pasillito de un miembro del Ejecutivo en las cámaras legislativas. El Gobierno mantiene que solo hablará en el Congreso y ya ha rechazado todas las citaciones formuladas por las filas populares en el Senado, entre ellas la de Albares (cuya ausencia será llevada a los tribunales).

De nuevo, el PP ha llamado -esta vez en la Cámara Baja- a la ministra de Sanidad, Mónica García, ante la “falta de respuesta” al “colapso sanitario” que sufre en la ciudad autónoma. “Si los profesionales sanitarios están denunciando una situación de colapso, entre creer a la ministra que solo pasó un día por la Delegación del Gobierno, evidentemente a quien hay que creer es a quien lleva al frente desde el primer día”, ha mantenido la vicesecretaria.

El PP registra un plan de 11 puntos para la “normalización” en Ceuta

Gamarra ha avanzado también que su partido ha registrado en el Congreso un plan nacional de 11 de puntos, recogido en una proposición no de ley, para acelerar la “normalización” en Ceuta. En el texto, el PP pide, entre otras medidas, una mayor presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Ceuta, así como de las Fuerzas Armadas, bajo un mando único que permita recuperar de la mano del Estado la normalidad en la ciudad autónoma.

Contempla medidas como el refuerzo adicional de 50 agentes de Extranjería y mecanismos legislativos para agilizar las devoluciones en caliente de los migrantes. “Sánchez ya no actúa como presidente del Gobierno. Ha quedado ya como un personaje, un holograma que aparece tras una pantalla, pero que no es capaz de dirigir un país”, han señalado desde el PP.

Otras de las medidas que reclaman los populares es la aprobación de una reforma de la Ley de Extranjería que habilite las devoluciones “en caliente” a migrantes llegados por mar, una propuesta que ya se encuentra registrada en el Congreso desde antes de la tragedia en Ceuta.

La llegada masiva de menores extranjeros no acompañados a Ceuta tras el cruce irregular de miles de migrantes desde Marruecos de hace una semana ha desbordado la capacidad de acogida de la ciudad autónoma. Incluso antes de que el Gobierno concrete cuántos de esos menores deberán ser trasladados a cada comunidad autónoma, el reparto previsto en la reforma de la Ley de Extranjería ya ha dibujado un mapa con posiciones enfrentadas. Los gobiernos de coalición regionales entre PP y Vox han cerrado filas contra la medida y amenazan con combatirla en los tribunales; otros ejecutivos autonómicos apelan al cumplimiento de la ley y a la solidaridad entre territorios; mientras el Gobierno vasco y partidos como Junts introducen un debate distinto, centrado en las competencias en inmigración y la reunificación familiar.

El pulso llega en uno de los momentos de mayor presión para Ceuta. La ciudad atiende ya a unos 1.100 menores migrantes, una cifra que multiplica por veintiséis la capacidad ordinaria de su sistema de protección. Solo desde la entrada masiva registrada el pasado jueves, la Policía Nacional ha identificado a 528 menores que han quedado bajo tutela de la administración ceutí, mientras otros continúan siendo localizados.

Con este escenario, el Gobierno insiste en activar el mecanismo de redistribución aprobado el pasado año para aliviar la presión sobre territorios especialmente expuestos a la llegada de migrantes. El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha recordado que la ley obliga a proteger a estos menores y ha advertido de que, si alguna comunidad se niega a cumplir el reparto, podría intervenir la Fiscalía de Menores. También el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confiado en que no sea necesario llegar a un conflicto judicial porque, ha insistido, la normativa es de obligado cumplimiento para todas las autonomías.

PP y Vox convierten el reparto en un nuevo frente contra el Gobierno

Las primeras en levantar la voz han sido las comunidades gobernadas por PP y Vox, aunque no todas lo hacen con la misma intensidad. El denominador común pasa por responsabilizar al Gobierno de Pedro Sánchez de la crisis migratoria y rechazar que la respuesta consista en distribuir a los menores entre los distintos territorios.

Extremadura ha adoptado el tono más contundente. El vicepresidente autonómico, Óscar Fernández (Vox), ha prometido combatir el reparto “por tierra, mar y aire” y utilizar “todos los medios políticos, administrativos y jurídicos” para impedir que lleguen menores a la comunidad. A su juicio, el sistema de protección extremeño está al borde del colapso y ampliar plazas no entra en los planes del Ejecutivo regional.

Una línea prácticamente idéntica mantiene Andalucía. El vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira (Vox), ha recordado que el acuerdo de gobierno firmado con el PP incluye el rechazo a cualquier mecanismo de distribución de menores migrantes impulsado por el Ejecutivo central. En ese contexto, ha calificado la llegada masiva a Ceuta como “una invasión” y ha defendido que quienes cruzaron la frontera deben regresar a Marruecos, incluidos los menores junto a sus familias.

Algo diferente es el caso de Aragón. La vicepresidenta Mar Vaquero (PP) asegura que el Gobierno autonómico cumplirá la ley si el reparto termina siendo obligatorio, pero avisa de que recurrirá cualquier decisión que considere contraria al ordenamiento jurídico. El Ejecutivo aragonés sostiene que su sistema de protección ya ha llegado a duplicar su capacidad y acusa al Gobierno de trasladar a las comunidades las consecuencias de una política migratoria que considera fallida.

La Comunitat Valenciana tampoco comparte el planteamiento del Ejecutivo, aunque rebaja el tono respecto a otros socios de Vox. La consellera de Servicios Sociales e Infancia, Elena Albalat (PP), evita rechazar expresamente la acogida, pero insiste en que los centros valencianos presentan una sobreocupación del 160% y reclama conocer primero los detalles del reparto. También exige financiación suficiente para atender a los menores más allá de los tres meses que cubre el Estado y reprocha al Gobierno la falta de planificación y diálogo con las autonomías.

Los gobiernos socialistas reivindican la solidaridad entre territorios

Frente a ese bloque, las comunidades gobernadas por el PSOE defienden que el mecanismo aprobado el año pasado debe aplicarse para responder a una situación excepcional y evitar que el peso de la crisis recaiga únicamente sobre Ceuta.

Navarra ha sido la autonomía que ha expresado un respaldo más claro al reparto. La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, ha comunicado al Gobierno ceutí la disposición del Ejecutivo foral para colaborar y ha recordado que el sistema de distribución ya establece criterios objetivos basados en la población, la capacidad de acogida y el esfuerzo realizado previamente por cada territorio. Además, ha advertido de que ninguna comunidad puede situarse “al margen de la ley” y ha defendido que la solidaridad institucional “no puede depender de la voluntad política de cada gobierno”.

Castilla-La Mancha también se ha mostrado favorable a participar, aunque reclama conocer previamente cómo se articulará el reparto. El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha pedido rebajar el tono del debate y ha defendido que la comunidad está dispuesta a “arrimar el codo” siempre que exista una coordinación efectiva por parte del Ejecutivo central.

En paralelo, la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha elevado la presión sobre la Junta de Andalucía al recordar que “las leyes no son optativas”. La dirigente socialista ha acusado al PP y a Vox de convertir la inmigración en un elemento de confrontación política y ha advertido de que utilizarán todos los mecanismos legales para exigir el cumplimiento de la normativa.

Cataluña y Euskadi se desmarcan con argumentos propios

Más difícil resulta encajar las posiciones de Cataluña y Euskadi en cualquiera de esos dos bloques. Junts, aunque no gobierne en Cataluña, rechaza que la comunidad reciba más menores procedentes de Ceuta, pero lo hace desde una argumentación distinta a la de PP y Vox. La portavoz del partido en el Congreso, Miriam Nogueras, sostiene que Cataluña ya acoge “muy por encima de su capacidad” y que no puede asumir las consecuencias de una política migratoria que atribuye al Estado. Además, reclama acelerar la transferencia integral de las competencias en inmigración a la Generalitat y vincula cualquier escenario futuro a esa negociación.

El Gobierno vasco tampoco se opone de forma tajante a la acogida, aunque cuestiona el planteamiento del Ejecutivo. La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa (PNV), sostiene que antes de trasladar a los menores a cientos de kilómetros, debe intentarse localizar a sus familias y favorecer la reunificación cuando sea posible. Recuerda, además, que Euskadi también trabaja por encima de su capacidad ordinaria y reclama que cualquier derivación se acuerde con las instituciones vascas, llegue acompañada de financiación suficiente y cuente con todas las garantías jurídicas y asistenciales.

Con las comunidades perfilando ya sus posiciones, el Gobierno mantiene el calendario previsto. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, viajará este viernes a Ceuta para reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, el delegado del Gobierno y distintas organizaciones de protección de la infancia, mientras el Ejecutivo trata de sacar adelante un reparto que ha convertido la emergencia humanitaria en un nuevo foco de tensión política entre administraciones.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido contra un sindicato de bomberos que denunciaba la falta de inversión en la región en materia de prevención de incendios. Desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Pelayo de la Presa, la presidenta ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha criticado a los bomberos en huelga que “deberían haber estado trabajando como el resto de sus compañeros, arriesgando la vida en la primera línea de fuego y no intoxicando en los momentos más difíciles”.

El reproche ha llegado tras la pregunta de una periodista que ha querido conocer su opinión después de que un sindicato de bomberos que afirma que la falta de inversión de 35 millones de euros en la región en técnicos y bomberos podría haber afectado a la propagación y a la falta de control de los incendios que han asolado a a la Comunidad de Madrid durante las últimas semanas. Ahora bien, ella se ha referido a los 60 técnicos y bomberos contratados por la región que no están trabajando en las labores de extinción porque sus contratos son diferentes a los de sus compañeros funcionarios y que exigen que les aplica la ley nacional aprobada en 2024, que supone que les puedan contratar todo el año (no solo seis meses como ocurre actualmente), que les reconozcan la categoría y que les paguen pluses

“Afirmar que ellos lo habrían resuelto es una mentira enorme y aporta poco, porque todos hemos vivido este incendio, que ha sido de una magnitud nunca vista”, aseguraba.

Sin detalles sobre la compra y venta del ático de Chamberí

A la presidenta también le han preguntado por el polémico ático de Chamberí. “Está en venta este inmueble y hemos puesto otros cuatro que están en Gran Vía. Con esos 22 millones vamos a reforzar la reconstrucción en la Sierra Oeste”, es todo lo que ha dicho al respecto. No ha habido más preguntas sobre la compra secreta ni sobre el anuncio de su venta tras hacerse pública la noticia.

La presidenta defendía tras hacerse público el asunto que sería utilizado para “reuniones institucionales de forma provisional” mientras se reforma la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. Sin embargo, la normativa prohíbe el uso de ese tipo de residencias para oficinas, por lo que muchos se preguntaban la motivación tras la compra. Finalmente, el Ejecutivo autonómico anunció su venta y no ha querido dar más explicaciones.

En medio de la crisis migratoria que sufre Ceuta, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha cargado duramente contra el Gobierno de España por la respuesta que ha realizado ante la entrada masiva e irregular de entre 50.000 y 70.000 personas. Según ha señalado en una comparecencia ante los medios de comunicación desde la ciudad autónoma, esta actuación ha sido “tardía e insuficiente”.

Feijóo ha afirmado que lo ocurrido en Ceuta durante los tres últimos días es el “resultado de decisiones políticas fallidas que han impedido cumplir con el primer deber de cualquier Gobierno”, que es “garantizar la seguridad de nuestra gente, defender nuestra soberanía y proteger nuestras fronteras”.

El líder de la oposición ha remarcado la importancia de blindar el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla para que esta situación no vuelva a repetirse. Así, ha indicado que la población de estas dos ciudades autónomas tiene “derecho a sentirse seguros, vivir en paz y ser protegidos por la nación”.

Feijóo afirma que todo “parece indicar” que el Gobierno sabía lo que iba a ocurrir

En su comparecencia, Feijóo ha afirmado que el Gobierno ya tenía información que alertaba sobre que la crisis migratoria se iba a producir y que, por tanto, no se hizo “nada” para impedirlo. “Tenemos el derecho a que el Gobierno nos diga si conociendo lo que iba a pasar, por qué no actuó. Queremos saber si el Gobierno tenía conocimiento, como parece indicar, desde hacía días que se iba a producir”.

En este sentido, el líder popular ha afirmado que no se cree que “todos los servicios de información” de España fallaran y no hubiese ninguna previsión de que “miles” de personas se aproximaban a la frontera entre España y Marruecos.

Por el contrario, Fernando Grande-Marlaska ha negado esta mañana que los servicios secretos advirtiesen del asalto masivo que se podía producir. “No, no hay ningún informe al respecto de la situación acontecida”, ha afirmado desde la sede de la Delegación del Gobierno de Ceuta tras reunirse con mandos policiales al frente del operativo desplegado esta semana.

Feijóo critica las barreras: “¿Por qué no se pusieron mucho antes?"

El presidente del Partido Popular, además, ha tachado de “ridícula” la reciente medida adoptada por el Gobierno, que este sábado ha anunciado que se ha comenzado a instalar una barrera de contención en el espigón de Ceuta de 500 metros en el mar para evitar posibles situaciones similares futuras.

“Si ahora valen las boyas, ¿por qué no se pusieron mucho antes?”, ha cuestionado Feijóo, que ha criticado que en 2021 entraron “entre 10.000 y 15.000 personas” y no se ha hecho “nada” hasta que han entrado 60.000.

Junto a él, Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, ha señalado este sábado que en la zona no se “ha logrado la normalidad” completa. “Todavía hay varios miles de personas que deben ser retornadas y un clima anímico en la población marcado por la inquietud y la preocupación”, ha señalado, indicando también que es necesario que en Ceuta se sienten las bases para que esta situación no vuelve a repetirse.

Esto contraste con lo indicado esta mañana desde el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Ceuta, que han asegurado que la mayoría de los migrantes que entraron a Ceuta de forma ilegal ya han vuelto a Marruecos, tras dos días en los que la ciudad ha sido casi imposible encontrar alimento y un lugar en el que dormir.

*Con información de Europa Press y EFE

Tras la comparecencia de Pedro Sánchez en Ceuta, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este viernes activar mecanismos “extraordinarios” para recuperar el control de la frontera y aceptar el despliegue de Frontex ante la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma. Además, ha acusado al presidente del Gobierno de no estar “a la altura” de una situación que define como una “crisis de soberanía”.

Feijóo ha reclamado que el Gobierno explique si hubo advertencias previas sobre lo que podía ocurrir y ha pedido que se depuren responsabilidades políticas “de manera inmediata”. Además, ha pedido convocar un pleno del Congreso para tramitar en lectura única la reforma de la Ley de Extranjería, al considerar que “una frontera no se asegura improvisando boyas en el mar para encajar una sentencia”, en referencia al fallo del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente.

“Un territorio español está siendo ocupado”, ha afirmado Feijóo, que ha insistido en que “la frontera de España ha sido desbordada” y que lo ocurrido en Ceuta “no es solo un problema migratorio, sino una crisis de soberanía”. A su juicio, la situación requiere un despliegue “inmediato y masivo de medios”, así como que el Gobierno declare la ciudad “situación de interés para la seguridad nacional”, activando todos los instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico “sin descartar ninguno”.

Además, el líder del PP ha defendido que “quienes han entrado irregularmente tienen que volver” y ha reclamado al Ejecutivo que habilite “hoy, conforme a la ley”, el dispositivo necesario para hacer posible ese retorno, incluyendo el abastecimiento de agua y comida que pueda ser necesario.

Feijóo también ha señalado que “España no puede aceptar que el control de su frontera dependa de una decisión ajena”, ya que, según ha recalcado, “eso no es un problema técnico, sino una humillación”. Asimismo, ha defendido que los socios europeos “no son los enemigos”, sino “los aliados de España en la defensa de la frontera exterior de la Unión Europea”.

Tras su comparecencia, el líder del PP difundió en X (antes Twitter) un documento bajo el título “Ceuta: seis decisiones urgentes”, en el que resumió sus propuestas ante la crisis migratoria, entre ellas la declaración de la ciudad como situación de interés para la Seguridad Nacional, el despliegue de Frontex y la reforma de la Ley de Extranjería.

Vox exige explicaciones sobre Marruecos

Por su parte, Vox ha reclamado que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, comparezcan en el Congreso para explicar su actuación antes y durante la llegada masiva de migrantes a Ceuta procedentes de Marruecos, así como las comunicaciones mantenidas con el país vecino durante el mes de julio.

La formación de Santiago Abascal quiere que Albares informe en la comisión de Asuntos Exteriores sobre “el incremento exponencial” de las llegadas a la ciudad autónoma, el asalto “masivo” a la frontera y las medidas adoptadas por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis migratoria. Además, reclama conocer las comunicaciones mantenidas con Marruecos durante la crisis, la posición del Gobierno ante las propuestas europeas sobre gestión de fronteras y los posibles efectos sobre el espacio Schengen.

Vox también ha pedido la comparecencia de la directora del CNI en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para que detalle las consecuencias para la seguridad nacional de la llegada irregular de migrantes desde Marruecos y las medidas adoptadas por el Gobierno ante una situación que la formación considera una amenaza para la seguridad nacional.

Asimismo, el partido ha solicitado informes y documentos sobre la crisis, incluidos los elaborados por el CNI antes y durante la presión migratoria sobre Ceuta, así como las comunicaciones entre el Ejecutivo, Frontex y las autoridades marroquíes. También ha reclamado conocer las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional relacionadas con la seguridad fronteriza de Ceuta y Melilla.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha advertido este jueves sobre la gravedad de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad en los últimos días. Según el político del PP, la situación ha alcanzado el nivel de “absoluta emergencia humanitaria y social”, lo que exige una intervención urgente y coordinada de las autoridades estatales.

En declaraciones ofrecidas a varias emisoras de radio, el presidente ha resaltado que la respuesta a esta crisis debe desarrollarse bajo la dirección de un mando único. A su juicio, esa coordinación es imprescindible para garantizar que las medidas adoptadas sean eficientes. Vivas ha insistido en la necesidad de que el Estado asuma un papel activo para enfrentar el desafío y ha recordado que “han entrado 1500 personas”, lo que equivale al “2% de la población”.

Un 2% de la población y 60 muertos en un mes

Vivas ha asegurado que, en los últimos 10 días, han llegado a Ceuta entre 1.500 y 2.000 personas. Para poner la cifra en contexto, explicó en la Cadena SER que esto equivale al 2% de la población total de la ciudad, lo que, trasladado al conjunto de España, sería comparable a la entrada de un millón de personas por vía marítima y de manera irregular en el mismo periodo.

El presidente ha precisado que la sobreocupación en el área destinada a menores alcanza el 2.400%, y que el número de migrantes fuera del centro temporal de adultos ya supera al de quienes permanecen dentro de esas instalaciones. Vivas también ha informado de que, en el último mes, se han recuperado 60 cadáveres en el mar durante intentos de llegar a la ciudad. Ha añadido que la crisis migratoria está generando en la población local una sensación de vulnerabilidad y de inseguridad.

Ceuta pide “emergencia nacional” y “mando único”

Ante esta situación, Juan Jesús Vivas ha solicitado al Gobierno la declaración de “emergencia nacional”. El presidente ha reclamado que el Ejecutivo asuma el “mando único” y adopte medidas “contundentes” para enfrentar una crisis de esta magnitud. “La presión migratoria sobre Ceuta es una constante”, señaló, recordando que la ciudad constituye junto con Melilla la única frontera terrestre y marítima de España y Europa en África.

El presidente ha afirmado mantener contacto permanente con el Gobierno central, y ha expresado su deseo de que su petición encuentre comprensión. También ha subrayado la saturación de los centros de acogida, especialmente en el área de adultos, competencia del Estado, y la necesidad de recursos provisionales y de emergencia. Sobre los menores, ha insistido en que la ciudad requiere apoyo financiero estatal.

Vivas también ha pedido intensificar la colaboración con Marruecos para intentar frenar la llegada masiva, reforzar los cuerpos de seguridad en la frontera y en la ciudad, y modificar la ley tras la sentencia del Supremo sobre devoluciones. “Si esto no se corrige, en un mes estaremos como en mayo de 2021”, ha advertido. La decisión judicial ha impedido que las personas que cruzan a nado sean devueltas de manera instantánea al país vecino.

La defensa de Sergio Ríos, exchófer de Luis Bárcenas, ha subrayado ante el tribunal que su representado “nunca dudó de la licitud de la operación Kitchen”, porque presenciaba “las ilegalidades que cometía a diario la familia” del extesorero del PP. Según la declaración de su abogado, Javier Navarro, Ríos fue testigo de movimientos de joyas y cuadros, así como de entregas de dinero destinadas blanquear dinero.

“Ríos no conoció finalidad ilícita, conoció la trama delictiva de los Bárcenas, que tiraban de él para cambiar dinero”, ha afirmado Navarro durante la presentación de su informe final. Con esta defensa de la legalidad de los operativos presuntamente liderados por el comisario Villarejo, concluye tras más de tres meses con casi 40 sesiones el juicio de la Kitchen. De esta manera, queda visto para sentencia este martes uno de los casos más mediáticos de la historia reciente de las salas judiciales españolas.

El exchófer describe su trabajo y la vida de Bárcenas

El exchófer de la familia Bárcenas ha asegurado que, durante el tiempo que trabajó para ellos, “le obligaban a cambiar billetes de 500” y que llegó a presenciar cómo “se pagaba todo en efectivo, el renting, todo el día con billetes de 500”. Ha relatado que ha transportado joyas —“que ya sabemos lo que pueden valer”— y cuadros, y ha observado el nivel de vida de la familia, remarcando que Bárcenas “mantiene aún ese nivel de vida pese a no trabajar y no tener ingresos”.

Según la defensa, la captación de su cliente se dio en un encuentro con el excomisario José Villarejo, quien le habría dicho: “Tronco, estás moviendo joyas y dinero y si te pillan te van a dejar colgado”. El abogado ha insistido en que su defendido “jamás conoció finalidad ilícita porque no se dio finalidad ilícita alguna”. Ha subrayado que no se desviaron fondos públicos con el sueldo de confidente y que no ha encubierto delito alguno ni ha facilitado los móviles de Bárcenas.

Termina el juicio de la Kitchen

Este martes a mediodía, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha cerrado el juicio que comenzó el 6 de abril y ha sentado en el banquillo a la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy. Se les acusa de ordenar un operativo para sustraer al extesorero del PP, Luis Bárcenas, documentación y grabaciones que comprometían al partido. Queda así visto para sentencia un caso con un enorme impacto político.

El exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, su exsecretario de Estado Francisco Martínez y el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino se enfrentan a peticiones fiscales de 15 años de cárcel. Ninguno de los tres ha hecho uso de su derecho a la última palabra. Sí lo han hecho José Villarejo, Sergio Ríos y Andrés Gómez Gordo, el exasesor de María Cospedal, que, a pesar de sus vínculos, no llegó a ser procesada y participó como testigo. La mayor condena la pide la Fiscalía para Villarejo, con 19 años de prisión.

Mientras los incendios siguen obligando a movilizar decenas de efectivos y a evacuar a miles de personas en distintos puntos de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a defender la necesidad de sacar adelante el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. El Ejecutivo sostiene que la actual ola de incendios demuestra la necesidad de alcanzar un acuerdo de país para responder a fenómenos extremos, pero ¿en qué consiste realmente esa propuesta que lleva casi un año sobre la mesa?

Durante sus visitas a las zonas afectadas, Sánchez ha insistido en que España necesita una estrategia común para afrontar un escenario en el que los grandes incendios, las olas de calor, las inundaciones o las sequías son cada vez más frecuentes. Frente a ello, el Partido Popular ha evitado pronunciarse sobre el pacto en sí y ha defendido que, mientras continúe la emergencia, la prioridad debe ser apagar los fuegos y atender a los afectados.

Aunque estos días se habla de él como si fuera un acuerdo específico contra los incendios, lo cierto es que la propuesta del Gobierno tiene un alcance mucho mayor. Los grandes fuegos forestales son uno de sus pilares, pero el documento elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aspira a convertirse en una hoja de ruta para adaptar el país a los efectos de la emergencia climática en todos los ámbitos.

Un pacto que va mucho más allá de los incendios

El origen de esta iniciativa se remonta a septiembre de 2025, cuando el Gobierno presentó oficialmente el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática tras una campaña de incendios especialmente devastadora. La idea era impulsar un acuerdo estable que no dependiera de los cambios de Gobierno y que implicara a todas las administraciones, además de la comunidad científica, las empresas, los sindicatos, las universidades, las organizaciones sociales y la ciudadanía.

La filosofía del documento parte de una idea que el Ejecutivo ha repetido en varias ocasiones: la emergencia climática ya no puede afrontarse únicamente cuando se produce una catástrofe. El objetivo, sostiene, es anticiparse a los riesgos y reforzar la capacidad de respuesta del país antes de que ocurran.

Sobre esa base, el Ministerio elaboró una propuesta estructurada en 15 ejes y 80 medidas que buscan reforzar la capacidad de respuesta del país ante los efectos del cambio climático. El texto abarca ámbitos muy distintos, desde la prevención de incendios forestales hasta la planificación urbana, la protección de las infraestructuras críticas o la gestión del agua, con el objetivo de que las administraciones actúen de forma coordinada antes, durante y después de una emergencia.

Uno de los bloques más amplios está dedicado precisamente a los incendios forestales. El documento plantea cambiar el enfoque y pasar de una política centrada casi exclusivamente en la extinción a otra basada en la prevención durante todo el año. Para ello propone impulsar una gestión forestal más activa, reducir el combustible vegetal acumulado en los montes, fomentar el aprovechamiento de la biomasa, recuperar actividades tradicionales como el pastoreo extensivo y adaptar las actuaciones a las características de cada territorio para reducir el riesgo de que se produzcan grandes incendios.

El pacto también contempla reforzar los sistemas de Protección Civil y de alerta temprana para que las administraciones puedan anticiparse a fenómenos extremos y coordinar mejor la respuesta cuando se produzcan. En paralelo, apuesta por aumentar la resiliencia de las ciudades mediante la creación de una red de refugios climáticos y la adaptación de los espacios urbanos frente a episodios de calor extremo.

Otro de los ejes se centra en la gestión de los recursos hídricos y la adaptación de sectores especialmente vulnerables, como la agricultura, la ganadería o los ecosistemas naturales, con medidas orientadas a hacer frente a la sequía y a preservar la biodiversidad. El documento también incluye actuaciones para reforzar la investigación científica, mejorar la generación y el intercambio de datos climáticos y combatir la desinformación sobre la emergencia climática, con la idea de que las decisiones públicas se apoyen en la evidencia científica.

La propuesta incorpora, además, medidas dirigidas a proteger las infraestructuras esenciales y los servicios básicos frente a fenómenos meteorológicos extremos, promover la colaboración entre todas las administraciones y favorecer la participación de empresas, universidades, organizaciones sociales y ciudadanía en las políticas de adaptación. El Gobierno defiende que solo un enfoque transversal permitirá responder a una emergencia climática que, sostiene, ya afecta a prácticamente todos los ámbitos de la vida económica y social.

¿Por qué sigue bloqueado?

Pese a que el Ejecutivo presentó el pacto hace casi un año y lo ha reivindicado de nuevo durante la actual crisis de incendios, la iniciativa continúa sin materializarse. El Gobierno sostiene que el texto nació con vocación de consenso y recuerda que durante su elaboración participaron más de 1.300 organizaciones y se recibieron cerca de 4.000 aportaciones. Sin embargo, ese consenso todavía no se ha trasladado al terreno político.

El Partido Popular ha mostrado desde el principio sus reservas sobre el planteamiento del Ejecutivo. Aunque comparte algunas medidas relacionadas con la prevención y la gestión forestal, considera que el Gobierno ha centrado excesivamente el debate en el cambio climático y reclama priorizar actuaciones como la limpieza de los montes, el apoyo al mundo rural o el refuerzo de los medios de extinción.

Las reticencias tampoco se limitan al principal partido de la oposición. Algunas formaciones nacionalistas han expresado su rechazo al considerar que determinadas medidas podrían afectar al reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, mientras que Vox también se ha desmarcado de la propuesta.

Por el contrario, el Ejecutivo considera que la situación actual evidencia la necesidad de sacar adelante el acuerdo. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha insistido durante las últimas semanas en la conveniencia de alcanzar un “pacto de país” para responder a una emergencia climática que, a juicio del Gobierno, ya está teniendo consecuencias cada vez más visibles sobre el territorio.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el gobierno regional pondrá a disposición de los afectados por los incendios asesoramiento jurídico gratuito y ha avanzado la aprobación de una línea de avales para empresas y autónomos afectados y un plan de ayuda a la vivienda.

Así lo ha afirmado en una comparecencia desde el puesto de mando de Navalcarnero, donde ha explicado que el paquete contará con una dotación de 30 millones de euros. La dirigente regional ha avanzado la adjudicación de viviendas temporales propiedad de la agencia de vivienda social “para aquellas personas que hayan perdido su hogar”, así como ayudas directas de hasta el 100% del alquiler y apoyo económico para la reparación y reconstrucción de las propiedades dañadas.

Ayuso ha vuelto a comparecer este lunes para evaluar la situación del peor incendio en la historia del territorio, que ha calcinado ya 34.000 hectáreas y mantiene confinados tres núcleos poblacionales.

La regidora madrileña ha avanzado que los pronósticos son negativos y “adversos” y se ha remitido a la información proporcionada por las autoridades encargadas de la extinción, que han apuntado a la dificultad de controlar el fuego debido a las fuertes rachas de viento y la subida de temperaturas, que se espera que se consoliden en los próximos días. Ayuso ha fijado su preocupación una vez más en el foco en el entorno del pantano de San Juan. Un poco más al sur, en San Martín de Valdeiglesias, preocupa la “situación endemoniada”, ha dicho.

En la zona hay desplegados unos 300 bomberos y agentes forestales de la Comunidad de Madrid, con 50 vehículos como medios terrestres y otros cinco helicópteros que actúan desde el aire.

Confinamientos y desalojos

Los municipios actualmente desalojados son los de Aldea del Fresno, Navas del Rey, Chapinería, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Las Rozas de Puerto Real, Cenicientos, Cadalso de los Vidrios, Zarzalejo y Valdemaqueda. Los confinamientos siguen vigentes en San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado, donde han reabierto los centros de salud.

También regresarán a la residencia López Rumayor de San Martín de Valdeiglesias las personas mayores evacuadas hace unos días, así como el cámping de El Escorial, donde fueron evacuadas unas 5.000 personas. Está previsto habilitar una franja horaria para que los ganaderos puedan acceder a sus explotaciones y alimentar a los animales.

España vuelve a arder en verano, un titular que se repite cada año y que recuerda que el problema de fondo es que el planeta está cada vez más caliente y que el fuego es más difícil de prevenir si el mundo rural sigue abandonado.

Los incendios también han puesto de manifiesto que las diferencias partidistas entre las administraciones —la central, gobernada por PSOE y Sumar; y las autonómicas, mayoritariamente en manos del PP— no son un obstáculo para la colaboración cuando la vida de miles de vecinos está en juego. Pero a pesar de que esta crisis haya trascendido la bronca política, los líderes todavía no han sido capaces de lograr un acuerdo para mejorar las capacidades de prevención y respuesta frente a estas emergencias.

El último intento data de apenas un año. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó en agosto de 2025 un pacto de Estado sobre el clima tras los devastadores incendios que arrasaron Castilla y León el año pasado, que afectaron 143.880 hectáreas y que fijaron la crítica en la falta de previsión y de medios por parte del Gobierno de Alfonso Mañueco.

“La España sensata, vote lo que vote, exige el pacto”, justificó entonces el líder socialista. Y el propio dirigente autonómico refrendó la propuesta: “Todos estamos expuestos a ellos, por eso debe tratarse como un asunto de Estado con la máxima coordinación y colaboración entre las administraciones públicas”. El plan del Ejecutivo consistía en un acuerdo de mínimos para el que esperaba reunir un consenso: fondos con recursos permanentes, mayor coordinación entre administraciones, programas de formación ciudadana sobre emergencias o un plan de respuesta nacional contra la sequía.

Las 50 medidas del PP que compartían base con las del Gobierno

Ese mismo año, el PP presentó un proyecto alternativo de 50 medidas, con propuestas que eran idénticas a las del Ejecutivo, como más ayudas a los afectados, reforzar la estructura de la UME, exenciones fiscales y más apoyo a la ganadería y el mundo rural. El líder de la oposición introdujo también otras de dudoso criterio técnico, como la creación de un registro de pirómanos (que Feijóo atribuyó a la primera causa de los incendios).

El acuerdo, a priori, habría sido fácil de sacar adelante, pero no fue así. El texto que propuso Sánchez aterrizó en el Congreso ese mismo año para su debate en la Comisión para la Transición Ecológica, donde debía aprobarse para poder llevar la norma a su votación en el pleno. Sin embargo, en su ponencia se encontró con la oposición de los de Alberto Núñez Feijóo y de Vox, que rechazaron la medida por una razón política: dijeron que era una “cortina de humo” de Sánchez para ocultar sus casos de corrupción.

ERC, Junts, PNV y Bildu también declinaron la propuesta porque suponía, según ellos, “una ocasión más de recentralizar y de pisar nuestras competencias por parte del Gobierno”, como expuso la formación de Carles Puigdemont. En cuanto al plan de Feijóo, nunca llegó siquiera al debate en la Cámara Baja.

Los incendios en Madrid, Ávila y Toledo, ¿una nueva oportunidad?

Un año después, cuando tres grandes incendios han arrasado decenas de miles de hectáreas, primero en Almería —donde murieron 13 personas—, y en después Madrid, Ávila y Toledo—, Sánchez ha rescatado su propuesta. “La magnitud del desastre que estamos viviendo es muy difícil de asumir. [...] Las hectáreas calcinadas por los 32 grandes incendios en este 2026 han pasado de 130.000 a 150.000 hectáreas en menos de 24 horas”, alertó este domingo. Solo el fuego originado en Burgohondo, Ávila, ha arrasado cerca de 50.000 hectáreas, lo que lo sitúa ya como el incendio forestal más grande del que se tiene constancia en España.

El Partido Popular, de momento, no ha recogido el guante. Preguntado por ello, el portavoz de los populares, Borja Sémper, se ha limitado a afear que el Gobierno había ignorado su anterior plan: “Fueron ignoradas [las propuestas] y las votaron en contra. Que no hagan como que el PP no propone nada”, señaló. Sémper no respondió a las preguntas sobre un posible pacto, señalando que lo primordial era salvar la vida de los vecinos y extinguir los fuegos que permanecían descontrolados.

El Gobierno ya ha comenzado a mover ficha de cara al siguiente curso parlamentario. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, presentará junto al líder del Ejecutivo un plan para la creación de una red de refugios climáticos, cuyo texto ya fue presentado el año pasado. No será la única iniciativa. Desde Moncloa también quieren atajar los bulos difundidos alrededor de estas crisis, por lo que se esperan medidas como el plan contra la desinformación climática, anunciado el pasado mes de febrero y que podría presentarse a la vuelta del verano.

Alberto Núñez parece haber abandonado la idea de recortar la legislatura por la vía de una moción de censura, pese a que él mismo repite que lleva tiempo “agotada”. Sabe que, sin el voto de Junts per Catalunya, solo Sánchez tiene en su mano apretar el botón nuclear, un movimiento que hará “cuando mejor le venga”, aseguró el líder de la oposición. No obstante, en las filas populares prevén contar con los de Puigdemont en un número cada vez más creciente de votaciones en este final de legislatura, según ha podido saber Infobae; una realidad que ya ha empezado a evidenciarse desde que los posconvergentes anunciasen su ruptura irreversible con el Ejecutivo por incumplir sus compromisos de investidura.

Junts, por su posición de partido bisagra (ha votado en numerosas ocasiones con ambos bloques), es útil para hacer que las mayorías parlamentarias permanezcan en el bloqueo, lo que impide que Pedro Sánchez pueda culminar las grandes medidas de legislatura que se votarán después del parón veraniego: los Presupuestos, la senda de déficit, la condonación de la deuda autonómica o el decreto de vivienda (que ya ha sido tumbado dos veces y que Junts ha avisado que tumbará en su tercera oportunidad). Sin Junts junto al PSOE, Feijóo puede seguir reforzando su tesis de que el Gobierno “se ha convertido simplemente en una minoría de bloqueo”, tal y como sostuvo en el balance de la legislatura.

Desde el último parón veraniego en septiembre de 2025, Junts ha coincidido con los populares en cerca de la mitad de las votaciones (el 40%), una tendencia que, si bien todavía no es superior a lo que pactan Junts y PSOE, se prevé que vaya en aumento en los próximos meses. “Por supuesto que hemos pactado y hemos votado de la misma forma en más de 170 votaciones. Y si la legislatura continúa, espero hacerlo en más ocasiones”, afirmó Feijóo.

El futuro de la amnistía puede acelerar cambios

Fuentes populares consultadas por Infobae consideran además que el fin judicial de la ley de amnistía, avalada recientemente por el TJUE y previsiblemente avalada por el Constitucional el próximo 22 de septiembre, “puede ayudar a cambiar cosas” —aunque la última palabra la tiene el Supremo—. ¿Por qué? Al fin y al cabo, el futuro de la norma es lo que ha retenido a Junts en el bloque del Gobierno. Una vez que la Justicia europea avala la norma, Junts ya no necesita al PSOE y el PP se beneficia de ello.

Y esta es una de las claves para entender por qué Génova está pasando de pedir la cabeza de Puigdemont a tratar de reeditar un Pacto del Majestic (como se llamó el acuerdo en el que José María Aznar negoció con CIU los apoyos para su investidura). Cabe recordar que el PP ha protagonizado decenas de manifestaciones en contra de la ley de amnistía e incluso llegó a pedir la disolución de aquellos partidos que organizaron el conflicto independentista.

Este mismo jueves, fuera de Madrid, PP y Junts unieron sus fuerzas para tumbar la proposición de ley para limitar las compras especulativas de vivienda, uno de los principales compromisos del socialista Salvador Illa con los comunes.

Feijóo enmarca a Vox en la nueva normalidad

Pero pasar de coincidir en votos a derribar el Gobierno lleva más trabajo. ¿Cómo engrasar un bloque en el que están Vox y Junts? La clave para Génova pasa primero por dar por superado el debate de la extrema derecha. Y en este punto de la legislatura, la relación con Vox vive uno de sus mejores momentos, especialmente si se tiene en cuenta que hace dos años Vox anunció la ruptura con los populares en todos los gobiernos autonómicos.

Ahora, reconoció Feijóo, la relación es “fluida y cortés” y fruto de ello ha sido la culminación de acuerdos autonómicos —con presupuestos incluidos— en todos los territorios donde el PP ha necesitado de Vox. Y pese al ruido mediático, desde Génova dan por superado el debate, incluso, de la prioridad nacional. “Que toda la crítica sobre Vox sea ordenar el acceso a las ayudas por arraigo me deja muy tranquilo”, apuntó Feijóo.

Los españoles ya no podrán saber nunca cuánto les cuestan los medicamentos. El Congreso ha aprobado este jueves una ley sobre el programa de cribado neonatal que incluye, en una enmienda transaccional, la reforma de la actual ley del medicamento, con la que establecen como confidencial la cantidad de dinero que paga el Estado a las farmacéuticas por un medicamento.

La norma se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, con el objetivo de evitar llegar a la Cámara Baja. Si bien en un primer momento parecía que todas las enmiendas habían caído en la Comisión de Sanidad, el añadido de la mano del PP, PSOE y Sumar resistió la votación y pasó directamente a la Cámara Alta. Sin embargo, las enmiendas introducidas durante su paso por el Senado han obligado a los diputados a debatir la nueva norma.

“Los acuerdos de financiación que se alcancen, así como la información derivada de los mismos o de su aplicación, incluyendo los precios de adjudicación de los contratos de suministro de medicamentos que celebren las Administraciones públicas, tendrán carácter confidencial y no podrán ser revelados ni por la Administración General del Estado ni por las empresas u otras entidades que sean parte en dichos acuerdos", reza el texto que debería centrarse en la detección precoz de enfermedades en recién nacidos.

Un golpe a la transparencia para hacer frente a Trump

El Congreso culmina así una estrategia liderada por el Ministerio de Sanidad que busca, según el secretario de Estado Javier Padilla, hacer frente a Donald Trump y su política farmacéutica. El presidente estadounidense aplica desde 2025 la cláusula de la Nación Más Favorecida (MFN, por sus siglas en inglés) por la que se compromete a pagar el precio más bajo que se produzca dentro del G7. “A nosotros nos toca ver cuáles son las externalidades negativas que puede tener para nuestro país”, explicó Padilla ante la Comisión de Sanidad del Congreso.

El secretario de Estado defiende que, hacer público ahora lo que le cuestan a la Administración Pública los medicamentos, retrasaría la entrada de nuevos fármacos al país y podría causar problemas de desabastecimiento. “El hecho de que haya países de nuestro entorno, y especialmente España, donde ese precio se publique, hace que algunas de esas compañías tengan un incentivo total y absoluto para retrasar su financiación aquí, para poder seguir fijando precio en Estados Unidos”, valoró.

Es una postura que avalan desde Farmaindustria, la patronal española del sector farmacéutico. “La confidencialidad de los precios netos y condiciones de financiación de los medicamentos financiados por el SNS es un elemento estratégico para preservar la capacidad negociadora del Estado, garantizar la sostenibilidad presupuestaria y asegurar el acceso equitativo a la innovación terapéutica”, recalcaron a preguntas de este medio.

La reforma legal consigue, a su vez, adelantarse al Tribunal Supremo, que actualmente estudia una denuncia de la plataforma ciudadana Civio por la transparencia en estos contratos públicos. Al cambiar la ley en este sentido, el Gobierno elimina cualquier espacio de interpretación legal que el Alto Tribunal pudiera tener.

Farmaindustria se apoya en un estudio financiado por uno de los gigantes del sector, Merck Sharp and Dohme (MSD), que concluyó que revelar este coste podría aumentar hasta un 50% el gasto farmacéutico en países como España, Grecia o Portugal. Otros informes, sin embargo, alegan que este secretismo estaría provocando diferencias de hasta el 183% entre lo que pagan unos países europeos y otros.

“Son argumentos que, desde 2019, no se han respaldado ante ninguna instancia con una prueba: nadie ha acreditado un daño real y concreto derivado de la transparencia. Lo que hay son especulaciones y advertencias, como que algunas compañías quizá dejen de ofrecer sus medicamentos al sistema público”, advierten desde Civio. La organización critica el uso de esta “cláusula escoba” que “vuelve secreto todo lo que pueda conectarse, de cerca o de lejos, con un acuerdo de financiación”.

“PSOE y SUMAR, y esta vez también el PP (enfrentado al Gobierno en casi todo lo demás), se han alineado para sacar adelante el secreto legal sobre lo que cuestan realmente los nuevos medicamentos a las arcas públicas. Y alineados también en cómo hacerlo: lo más lejos posible del foco, donde les costaría mucho más defenderlo”, concluyen.

El curso parlamentario entra en el tiempo de descuento. Y, como es costumbre, sus señorías tendrán que terminar las tareas pendientes antes de irse de vacaciones. Algunas asignaturas que deberán resolver este jueves antes del parón veraniego llevan rezagadas desde hace años, como es el caso de la ley para otorgar la nacionalidad española a la población saharaui nacida bajo administración española, que este jueves encara su votación en la Comisión de Justicia para poder llevarla a Pleno. Han pasado exactamente dos años y medio desde que la proposición de ley fue presentada por Sumar, una propuesta que fue planteada como una manera de saldar una deuda histórica de nuestro país.

La primera ponencia tuvo lugar el pasado 28 de abril, por lo que era necesaria una segunda reunión con la posterior votación para poder llevarla finalmente a pleno. Dicha votación estaba programada para el mes de mayo, pero la norma ha permanecido atascada hasta ahora. ¿Por qué se ha tardado tanto? Desde Sumar achacan el retraso a las reticencias del PSOE para avanzar en un asunto que manejan desde una especie de ambigüedad estratégica.

La presión ejercida, tanto por el socio de Gobierno minoritario como por el resto de aliados progresistas, logró que el pasado 30 de junio el PSOE levantase su bloqueo y la Comisión aprobara su dictamen, que salió adelante con la abstención de Junts y los votos en contra de PP y Vox.

Fuentes de la coalición consultadas por Infobae prevén que la norma pueda llevarse a pleno el 10 de septiembre, ya que reconocen que no ha habido pleno para llevarlo a pleno antes de agosto. A pocas horas de producirse la votación, mantienen que las negociaciones siguen abiertas y el acuerdo llegará in extremis. “Estamos apretando mucho, pero aún no hay nada definitivo”, señalan.

No obstante, desde Más Madrid se aferran a las últimas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien se mostró “totalmente favorable” a la aprobación de la norma después de evitar fijar una posición. Algunos de los socios de Investudria llegaron a acusarle de “secuestrar” la norma, una afirmación que el jefe de la diplomacia española ha negado tajantemente. Los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal argumentan que la medida podría alterar los procesos de adquisición de la nacionalidad y, si bien desde el PP acostumbran a no adelantar su sentido de voto, todo apunta a que mantendrán su rechazo a la norma.

El texto consensuado en la última sesión estableció la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a todas las personas nacidas en la antigua colonia española antes de septiembre de 1977, aunque no cuenten con residencia legal en España. El plazo legal otorgado a los saharauis para optar por la nacionalidad española concluyó en el verano de aquel año, momento en que su territorio fue cedido a la administración de Marruecos y Mauritania, lo que impidió que pudieran ejercer ese derecho.

Llega el pleno ‘escoba’

Dos horas más tarde tendrá lugar una traca de votaciones en el llamado pleno escoba. La cita parlamentaria comenzará con el debate sobre la condonación de hasta 83.000 millones de la deuda autonómica. Después se llevarán a cabo diversas votaciones, entre ellas la convalidación del decreto de medidas anticrisis ligado a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, que incluye la rebaja de los carburantes; y el de jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones Públicas y el complemento de insularidad en Islas Baleares.

El Congreso votará las enmiendas del Senado introducidas en la transferencia de las competencias de la AP-9 a Galicia, cuya tramitación se aprobó el pasado mes de junio con los votos en contra de PP y Vox. Otro de los asuntos principales es la reforma para facilitar a los mutualistas alternativos una pasarela a la Seguridad Social. Tras su paso por el Senado con modificaciones, la Cámara Baja votará esos cambios y, si los ratifica, la norma quedará lista para su publicación en el BOE.

Por último, se votará en el hemiciclo las enmiendas en la reforma del programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud, que busca armonizar y actualizar anualmente en todas las comunidades la llamada prueba del talón a los recién nacidos. Pese a que la norma tiene que ver con la detección de las enfermedades raras, lo que se votará este jueves es una modificación acordada entre PP, PSOE y Sumar que hará que los contratos de suministros con las farmacéuticas sean confidenciales.

A pocas horas de encarar el tercer año de legislatura, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ya ha sacado a relucir su programa electoral. Y en este sentido, ha prometido que su posible llegada a la Moncloa, de culminarse en las urnas en 2027, “no será un relevo”, sino que llevará a cabo una “limpieza a fondo” de las instituciones que irá acompañada de una serie de reformas en materia de vivienda, transportes o sanidad.

Y dentro de ese paquete, Feijóo ha desdeñado cambios en la política migratoria. Y en este punto, Feijóo ha sido especialmente crítico con la ley de nietos impulsada por el Gobierno y que concede la nacionalidad a los descendientes de exiliados españoles. “No he cambiado de opinión sobre que los nietos de los españoles puedan tener acceso a la nacionalidad. Y como no he cambiado de opinión, digo que esta ley no responde a este objetivo y ha sido manipulada y ampliada a los bisnietos y tataranietos. Esa disposición es nula de pleno derecho”, ha añadido.

Feijóo ha avanzado que su partido está trabajando en una modificación del Código Civil para “ordenar la nacionalidad” y restringir el rango de esta disposición. “Estamos defendiendo la limpieza y no se puede delegar la inspección de los expedientes en empresas españolas, y mucho menos cubanas”, ha señalado.

El líder de la oposición no ha querido avanzar cómo se materializará esta nueva normativa y se ha limitado a mencionar que el equipo jurídico del PP “está consultando las opciones con sus socios europeos”. “Estamos buscando un punto de equilibrio entre derechos y obligaciones. La ley no va a regalar pasaportes, hay que merecerlos”, ha sentenciado.

Feijóo activa “la cuenta atrás” para el cambio, con Junts en la mayoría de bloqueo

En su balance de la legislatura, el líder del PP ha denunciado que el Ejecutivo trata de agotar la legislatura “políticamente agotado, parlamentariamente bloqueado y éticamente inhabilitado por completo”. Así lo ha expuesto tras constatar las últimas victorias populares en el ciclo autonómico y después de que saliese adelante la moción en el Congreso para pedir a Pedro Sánchez un adelanto electoral. Y en esta línea, ha subrayado que “el cambio está más cerca” y que la “cuenta atrás” ya ha empezado.

El líder del PP parece haber abandonado la idea de recortar la legislatura por la vía de la moción de censura, ya que no cuenta con el apoyo de una mayoría parlamentaria por las reticencias de los nacionalistas a incluir en la fórmula a Vox. Sí espera, no obstante, que en el último tramo de la legislatura pueda contar con el apoyo de Junts per Catalunya para actuar como una mayoría de bloqueo, una tendencia que ya se ha vivido en varias votaciones parlamentarias.

Feijóo no ha rebajado su crítica contra el Ejecutivo por los casos de corrupción. Ha reiterado que las últimas sentencias judiciales firmes —primero, la que afecta al exfiscal general del Estado; y segundo, la del exministro de Transportes— reflejan que existe “una corrupción institucional” con Moncloa como “zona cero”.

Las elecciones generales están a la vuelta de la esquina y los partidos políticos ya comienzan a tomar posiciones para llegar a las urnas en el mejor estado de forma. Los partidos de la izquierda a la izquierda del PSOE llevan meses inmersos en una lluvia de ideas a la espera de la fórmula que optimice su voto. Una de ellas la propuso el portavoz republicano, Gabriel Rufián, quien planteó que solo se presentase en cada provincia la formación con más opciones de voto, “en lugar de 14″ compitiendo por el mismo electorado. La fórmula Rufián pretendía sortear la ley D’Hondt, que se basa en el mayor voto relativo. En resumidas cuentas, penaliza las divisiones dentro de un mismo espacio.

A la izquierda no parece gustarle esta idea: los independentistas prefieren seguir su proyecto y los partidos estatales optar por la coalición. Sin embargo, la fórmula podría haber gustado en la derecha, donde el pastel no se reparte en 14 partidos, pero sí en dos: PP y Vox. Así lo avanzó una información del diario La Razón, que apuntó a que el PP estaría estudiando pedir a Vox, su aliado y rival natural en el bloque de la derecha, que se apartase en algunas provincias donde no consiguiesen ganar escaños. El propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido en numerosas ocasiones a los de Santiago Abascal que aparquen sus diferencias y apuesten por lo que les une: echar a Pedro Sánchez del Gobierno.

Y los populares son conscientes de que, como ocurrió en 2023, se enfrentarán en 2027 a un bloque de partidos en su contra, por lo que la única opción posible será que Vox y PP se vean obligados a entenderse y busquen soluciones imaginativas. En las pasadas elecciones generales de 2023, PP y Vox se dejaron alrededor de 9 escaños (y la mayoría absoluta) por no haber logrado adaptar sus votos al sistema electoral.

Un ‘lastre’ en Cataluña

¿Dónde podría ser útil esta fórmula? Siguiendo esta tesis —y suponiendo que todos los votantes de Vox, o al menos una parte, decidirían redirigir su voto hacia el PP—, podría ser útil en el caso, por ejemplo, de las provincias catalanas de Girona y Lleida, donde el voto a Vox lastró a los populares en el 23J. En Girona, el PP obtuvo un escaño tras sumar 31.042 votos, mientras que Vox, con 22.000 votos, no logró representación. Ese voto fracturado se tradujo en que los populares no pudiesen arrebatar el quinto escaño a los socialistas —o a Junts per Catalunya—, que obtuvieron dos asientos en el Congreso.

En el caso de la provincia de Lleida, los populares se quedaron a un puñado de papeletas de obtener representación, ya que los 23.428 votos (el 12,8%) no fueron suficientes. Vox también se quedó fuera con 22.514 votos (68%), por lo que, en el caso de unir fuerzas, los populares habrían superado incluso a Junts per Catalunya (18,6%) y Esquerra Republicana (18%). En otras provincias de España, como en Guipúzcoa —donde ni PP ni Vox consiguieron representación—, el escaso resultado de Vox (apenas 3.000 votos) no habría sido suficiente para que los populares pudiesen arrebatar un escaño.

Desde el PP no aclaran si esta idea está realmente encima de la mesa. La portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz, se limitó a contestar que no le constaba que su formación estuviese tanteando esa idea. En la calle Bambú no han esperado a que Génova se pronunciase públicamente sobre este asunto y ya han tachado el plan de “ocurrencias” que no conducen a “nada”. “¿Estas cosas del PP, quién las piensa? ¿En base a qué criterios dicen que no nos presentemos?”, se ha planteado la portavoz de Vox, Pepa Millán, quien ha invitado al PP -irónicamente- a que dé un paso a un lado.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que, si llega al Gobierno, modificará la política migratoria impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, revisará las regularizaciones de inmigrantes y endurecerá los requisitos para obtener la nacionalidad española. “La política migratoria del señor Sánchez va en contra del derecho europeo”, asegura el líder de la oposición en una entrevista concedida a The Objective.

Las declaraciones forman parte de una amplia entrevista en la que Feijóo repasa la actualidad política y desgrana algunas de las medidas que impulsaría en caso de convertirse en presidente del Gobierno. Entre ellas sitúa un cambio de rumbo en materia migratoria, uno de los asuntos en los que marca mayores diferencias con el Ejecutivo socialista.

“Nuestro planteamiento es llevar a cabo una política migratoria ordenada en función de las necesidades objetivas de nuestro país”, afirma. “El que venga a aportar, el que venga a integrarse y el que cumpla la ley podrá convivir en nuestro país. El que venga de forma irregular, el que no venga a trabajar y, por supuesto, el que delinca será expulsado de nuestro país”, añade.

Feijóo plantea revisar las regularizaciones

Preguntado por si un eventual Gobierno del PP revocaría los permisos de residencia concedidos como consecuencia de la regularización extraordinaria impulsada durante esta legislatura, Feijóo sostiene que esa posibilidad existe una vez expire su vigencia inicial. “La regularización teóricamente es por un año y, por tanto, finalizado ese tiempo se puede revocar”, responde. A continuación, eleva el alcance de esa medida y considera que el proceso podría afectar “entre dos y dos millones y medio de personas, una vez que los regularizados hayan traído a sus familias”.

El presidente del PP considera que ese escenario supondría una carga para los servicios públicos y califica la actuación del Gobierno de “irresponsabilidad histórica”. “Desde el punto de vista económico y financiero no podemos soportarla, porque no tenemos recursos para regalar tarjetas sanitarias, matrículas escolares o pensiones no contributivas. La frivolidad del señor Sánchez no tiene límites”, denuncia.

Las críticas a la política migratoria se extienden también a la concesión de nacionalidades al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Feijóo insiste en que la instrucción dictada por el Gobierno para ampliar el acceso a la nacionalidad “es nula de pleno derecho” y advierte de que vulnera el marco legal vigente. “Si llego al Gobierno, le aseguro que la nacionalidad no la vamos a regalar”, señala. Además, anuncia que modificará el Código Civil para “establecer una serie de requisitos para el otorgamiento de la nacionalidad española” y que derogará “la totalidad de la Ley de Memoria Democrática”.

Una moción de censura solo si prospera

Durante la entrevista, Feijóo también vuelve a dejar abierta la puerta a una moción de censura contra Pedro Sánchez, aunque únicamente si dispone de los apoyos suficientes para desalojarle de La Moncloa. “Si hay algún atisbo de dignidad entre los socios de Sánchez, yo no descarto presentarla, pero solo para que salga adelante”, expone. En cambio, descarta registrar una iniciativa que pueda fracasar porque, según sostiene, eso serviría para reforzar políticamente al presidente del Gobierno. “Lo que no haré en ningún caso es facilitar que el señor Sánchez se quede tras una moción de censura fallida”.

El líder popular explica que todos los grupos conocen cuál es la propuesta del PP: una moción de censura cuyo único objetivo sería convocar elecciones generales. Sin embargo, vuelve a cerrar la puerta a cualquier negociación con Carles Puigdemont fuera de España para lograr el respaldo de Junts. “Yo no voy a salir de España para negociar con nadie el futuro de España”, afirma.

Feijóo también reconoce que, si tras las próximas elecciones no obtiene mayoría absoluta, la única alternativa pasa por entenderse con Vox. “Me tengo que entender con el señor Abascal porque por encima de mi carrera política y de mi partido está mi país”, apunta. A su juicio, “la única solución que tenemos, cuando no tenemos mayoría, es llegar a un acuerdo con la tercera fuerza política”.

No obstante, marca diferencias con la formación de Santiago Abascal y manifiesta que mantiene discrepancias en cuestiones como el modelo autonómico o determinadas posiciones sobre política europea. Entre ellas cita el rechazo de Vox al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, una postura que considera contraria a los intereses españoles.

En el plano político, Feijóo carga con dureza contra Pedro Sánchez, al que acusa de haber consolidado “tics autoritarios”. “Una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados ha pedido su dimisión y él se levanta y se ríe. Y esos tics autoritarios los está consolidando”, relata.

El presidente del PP también recuerda que el Ejecutivo está “pendiente de su agenda judicial” y que España atraviesa una situación institucional “insufrible”. Asegura, además, que no mantiene ningún contacto con Sánchez desde la reunión que ambos celebraron en marzo de 2025 en el Palacio de la Moncloa y critica que el presidente del Gobierno “no consulta a nadie” porque “toma las decisiones de forma autoritaria”.

Respecto a las próximas elecciones generales, Feijóo considera que Sánchez intentará agotar la legislatura, aunque se muestra convencido de que perderá los comicios. “Estoy convencido de que volverá a perderlas y de que en este caso habrá un cambio de Gobierno”, adelanta. Además, promete que, si llega a La Moncloa, informará a los ciudadanos de “todo” lo que encuentre sobre la situación económica, presupuestaria y los compromisos internacionales asumidos por el Ejecutivo. “El señor Sánchez estará sometido a la verdad. Si de mí depende, le aseguro que lo haré”, concluye en la entrevista.

El PP ha dado a conocer a los candidatos que encabezarán sus listas en las 52 capitales de provincia para las elecciones municipales del 21 de mayo de 2027. El partido ha renovado 11 de las candidaturas en las ciudades donde actualmente no gobierna. Además, 21 de los cabezas de lista son mujeres, alcanzando el 42 % de representación femenina. Alberto Núñez Feijóo se ha encargado este sábado de presentar el nuevo “equipo”.

El evento, celebrado en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, ha reunido a los candidatos del PP en un ambiente distendido en el que cada uno ha expuesto sus propuestas en un minuto. Según EFE, las intervenciones han incluido referencias a la final del Mundial y críticas al Gobierno, dentro de un clima de confianza de cara a las próximas elecciones municipales y generales.

El PP ha querido presumir de diversidad y fuerza de los nuevos perfiles, y ha apostado por mantener el control en las 30 capitales donde ya gobierna, a la vez que ambiciona conquistar nuevas plazas. La formación ha destacado la importancia de renovar equipos y reforzar la presencia femenina, de cara a una cita electoral fijada para el 21 de mayo de 2027, en la que espera consolidar su posición en los gobiernos municipales de toda España.

Feijóo pide “jugar en equipo”

El líder de la formación ha instado a los candidatos a ejercer el cargo con “decencia” y “servicio”, y ha remarcado la importancia de no caer en la pleitesía al líder del partido ni en prácticas personalistas. Feijóo ha recordado durante el acto de presentación que “no quiero que me deis la razón cuando no la tengo. Yo no quiero que me llaméis el puto amo, porque me daría vergüenza si alguno habla así”, según ha recogido EFE.

El dirigente ha defendido que España necesita “jugar en equipo”, comparando el trabajo político con el espíritu de la selección nacional de fútbol. Feijóo ha asegurado que el Gobierno no ha priorizado el interés colectivo y ha reclamado a los suyos dar la cara por España, subrayando que el país los necesita “más que nunca”. Además, ha criticado que existan partidos que “están deseando que pierda España en la final del Mundial de Fútbol” por motivos nacionalistas e independentistas.

Nuevos y viejos conocidos entre los candidatos

Según el partido, han buscado combinar la continuidad institucional de los 30 alcaldes actuales con una renovación donde han sido derrotados. Se mantienen en su puesto José Luis Martínez-Almeida (Madrid), María José Catalá (Valencia), Francisco de la Torre (Málaga), José Luis Sanz (Sevilla), Natalia Chueca (Zaragoza), José María Bellido (Córdoba), Marifrán Carazo (Granada), Carlos Velázquez (Toledo) y Gema Igual (Santander).

Han cambiado los nombres principales en 11 de las 20 capitales de la oposición donde destacan apuestas como David Fernández (León), Patricia Rodríguez (Ávila), Víctor Torres (Palencia), José Manuel Hernando (Soria) y Elvira Velasco (Zamora). Figuras de peso encabezan el liderazgo popular en el resto de territorios de la oposición como Daniel Sirera (Barcelona), Carlos García Adanero (Pamplona), Esther Martínez (Bilbao), Jimena Delgado (Las Palmas), Miguel Lorenzo (A Coruña) y Elena Candia (Lugo) con el objetivo de recuperar el poder municipal.

El dirigente popular insistió en que el archipiélago canario enfrenta retos graves ante la llegada de inmigrantes irregulares. Feijóo aseguró que “en Canarias hay más de 173.000 inmigrantes irregulares”, y comparó esa cifra con la registrada durante el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando, según sus datos, “llegaron 2.800”. Para el presidente del PP, la diferencia entre ambas cifras evidencia la magnitud del desafío actual y la urgencia de una intervención estatal más decidida.

“Esta situación es insostenible”, declaró el líder de la oposición, quien responsabilizó al Ejecutivo nacional de haber “renunciado a una de sus responsabilidades más importantes, que es decidir quién entra en España y quién no”. De esta manera, el PP endurece el tono ante los problemas que considera que genera la inmigración irregular y pone el foco en la necesidad de “controlar”.

El “abandono institucional” de Canarias o la vivienda

El discurso de Feijóo abordó otros temas centrales en Canarias más allá de la inmigración, reflejando las preocupaciones sociales y el contexto insular. “Quiero hablar de lo que le quita el sueño a los españoles”, señaló durante el acto en Las Palmas de Gran Canaria, donde enfatizó la importancia de conectar con la ciudadanía. Feijóo aseguró que el PP cuenta con un plan para afrontar el que considera el principal problema del país: la construcción de un millón de viviendas. También mencionó medidas para facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda, reforzar la sanidad pública con más médicos, reducir la presión fiscal sobre la clase trabajadora y respaldar al sector agrícola y pesquero.

En materia institucional, Feijóo sostuvo que el reto va más allá de un cambio de Gobierno. Subrayó la necesidad de “reconstruir la limpieza de las instituciones” y optimizar los servicios públicos en todos los niveles. Criticó al Gobierno al considerar que ha buscado priorizar su supervivencia frente a la corrupción y ha ignorado la labor del poder legislativo. Insistió en que “la ley es igual para todos”, defendiendo la relevancia del poder judicial como garante de la democracia.

La situación de Canarias también ocupó un papel central en su intervención. Feijóo denunció el abandono institucional que, a su juicio, ha sufrido el archipiélago y prometió trabajar para que Canarias destaque por su liderazgo y talento, alejándose de polémicas y escándalos políticos. Solicitó respaldo total de su militancia para afrontar los retos del país, reclamando al Gobierno la recuperación del control sobre la inmigración y la gestión de las fronteras.

La Junta Electoral Central pide precisar y objetivar los criterios para inscribir en el censo electoral a los nuevos españoles nacionalizados a través de la ley de nietos, como se conoce popularmente a la disposición adicional en la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 y que concede la nacionalidad a quien demuestre que desciende de exiliados por la guerra o la dictadura.

Hasta el 31 de marzo de este año unos 2,4 millones de personas han solicitado la nacionalidad por esta vía, según el ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Por este motivo, y tras recibir varios escritos de diferentes formaciones políticas, entre ellos Vox, haciendo alusión a la repercusión que este incremento pueda tener en el censo electoral, la JCE ha decidido solicitar a la Oficina del Censo un informe sobre la aplicación de la disposición actual, especialmente sobre los mecanismos de elaboración del Censo de Electores Residentes Ausentes que viven en el extranjero (CERA).

El máximo órgano electoral solicita que se elabore una nueva instrucción para las Oficinas Consulares y encomienda a la Oficina del Censo la redacción de una instrucción que precise los criterios aplicables para determinar el municipio de inscripción electoral debiendo especificar cómo se debe acreditar el “mayor arraigo” propio o de los ascendientes, qué documentación justificativa se podrá aportar y cuáles son los “supuestos y criterios en los que procede que la oficina determine el municipio de inscripción de oficio”.

Criterios objetivos para todas las Oficinas Consulares

La Junta considera que su determinación constituye un elemento “esencial” porque condiciona la circunscripción electoral a la que queda adscrito cada votante. Por ello, sostiene que los criterios deben ser “objetivos, homogéneos, suficientemente acreditados y susceptibles de una aplicación uniforme” por todas las oficinas consulares.

Aunque el informe remitido por la Oficina del Censo constata la existencia de mecanismos de actualización, control y trazabilidad del CERA, el órgano entiende que no permite concluir con claridad que el procedimiento de asignación del municipio de inscripción se esté aplicando de forma jurídicamente uniforme. En consecuencia, solicita un informe complementario y establece que, cuando el municipio no coincida con la última residencia en España, la decisión deberá quedar suficientemente motivada en el expediente para garantizar la transparencia, la objetividad y la igualdad en la formación del censo electoral.

En el acuerdo, la Junta también rechaza las peticiones para suspender cautelarmente la elaboración del CERA, como solicitó el partido de ultraderecha liderado por Santiago Abascal. Además, recuerdan que no le corresponde pronunciarse sobre los requisitos para acceder a la nacionalidad española ni valorar la Ley de Memoria Democrática, ya que esa competencia corresponde al legislador y, en su caso, a los tribunales. Asimismo, subraya que el derecho de sufragio de los españoles residentes en el extranjero está reconocido por la Constitución y que la Administración electoral debe aplicar la legislación vigente mientras no sea modificada.

El PSOE consigue recuperarse de un mes de junio agónico marcado por el pulso en los tribunales. Así lo refleja el último CIS de julio publicado este miércoles, que otorga el 33% de los votos a los de Pedro Sánchez frente al 25% que consigue el partido de Alberto Núñez Feijóo, que se queda a una distancia de 7,9 puntos tras caer ligeramente (dos puntos).

El estudio, elaborado entre el 1 y el 6 de este mes, coincide en el tiempo con el acuerdo entre PP andaluz y Vox, que incorporó la prioridad nacional, para investir a Juanma Moreno como presidente de la Junta. El barómetro se realizó además pocos días después de conocerse la condena al exministro de Transportes José Luis Ábalos y coincidió con la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

Vox también experimenta un ligero descenso y se sitúa en la tercera plaza con una proyección de votos del 15,3%. Los de Santiago Abascal sacan más del doble de votos a Sumar, que baja tres décimas hasta un apoyo del 6,1%. Por su parte, ERC sube ocho décimas (hasta el 2,7 %) y gana la pugna del independentismo catalán a Junts per Catalunya, que se queda con el 0,7% de los votos. Una de las sorpresas de este estudio es Se Acabó la Fiesta, que supera a Podemos al cosechar siete décimas más, que dejan a la formación con un 2,6%, una décima por encima de los morados (2,5%).

Respecto al resto de formaciones, el estudio revela un alza del respaldo al PNV de 0,4 décimas hasta alcanzar el 1% de voto estimado, en tanto que EH Bildu cae en la misma medida hasta el 0,8%.

La inmigración, el segundo tema que más preocupa por detrás de la vivienda

El estudio también ha coincidido con el proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha por el Gobierno. Y en este sentido, refleja que la preocupación por la inmigración se ha incrementado 4,5 puntos, escalando del tercer al segundo puesto de la tabla de problemas del país: es un asunto citado en el 23,4% de los cuestionarios.

La lista la lidera, un mes más, la vivienda, con un 43% de menciones, por delante de la inmigración y los problemas políticos en general (18,7%). El cuarto puesto está muy ‘peleado’ entre la corrupción (17,8%) y la crisis económica (17,3%).

Sánchez sigue siendo el líder preferido

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente del Gobierno, según el 26,7% de los entrevistados (25% en junio), mientras el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lo es para el 13,9% (13,4% en junio). Eso sí, el 20,9 % de los encuestados dice que no prefiere a “ninguno” como jefe del Ejecutivo.

En cuanto a los ministros, el barómetro revela que la titular de Educación, Milagros Tolón, es desconocida para el 88,2%; al igual que la ministra portavoz, Elma Saiz, a la que no conoce el 76,7 % de los encuestados, mientras que a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, no la conoce el 75,4%. La ministra más conocida es la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el 96,5% admite que la conoce; seguida del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, (88,1%), y de la de Defensa, Margarita Robles, (82,7%).

Al igual que hace un mes, aprueban en la puntuación de los ciudadanos el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con una nota de 5,62; seguido del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (5,36), y del titular de Cultura, Ernest Urtasun (5,02). La titular de Defensa se queda por debajo del aprobado con un 4,92%.

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que la victoria de la selección española en la semifinal del Mundial ha beneficiado políticamente a Pedro Sánchez. Según Bendodo, el triunfo deportivo ha relegado a un segundo plano la condena a nueve años de inhabilitación a David Sánchez, hermano del presidente, por un delito de prevaricación. Las declaraciones se han producido este miércoles, en una entrevista concedida a RNE.

Bendodo ha calificado de “maravillosa” para el Gobierno la victoria del equipo nacional frente a Francia, que ha supuesto el pase de España a su segunda final de un Mundial de fútbol, 16 años después de la anterior. Según el dirigente del PP, la repercusión mediática y social del encuentro ha desplazado el debate público sobre la situación judicial del hermano del presidente. No obstante, desde la oposición tratan de recuperar el foco y volver a señalar lo que consideran una condena muy grave y un nuevo motivo por el que Sánchez debería dimitir.

“Debería suponer la caída del Gobierno”

Durante la entrevista, Elías Bendodo ha insistido en que la condena a David Sánchez “debería suponer la caída del Gobierno”, argumentando que el presidente es el “verdadero cooperador necesario” para que se creara una plaza a medida para su hermano. “Si David Sánchez no es el hermano de Pedro Sánchez, no le hubieran hecho una plaza a medida y, evidentemente, no hubiera sido condenado a nueve años de inhabilitación. Eso es verde con asas”, ha declarado el dirigente popular en RNE.

En sus declaraciones, Elías Bendodo ha asegurado que la sentencia contra David Sánchez es “el triunfo del Estado de derecho sobre esa cloaca sanchista”. El dirigente del PP ha acusado al entorno del presidente del Gobierno y al PSOE de intentar influir en las instituciones y de poner en marcha estrategias para desacreditar a jueces, fiscales, periodistas y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Según Bendodo, “ha demostrado ser más fuerte que las estrategias del PSOE y la cloaca que montaron con Leire (Díez)”. Además, ha advertido sobre la necesidad de preservar la independencia judicial ante cualquier intento de presión política y ha defendido que la sociedad debe confiar en la fortaleza de las instituciones democráticas.

Condena al hermano de Pedro Sánchez

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa. La Audiencia Provincial de Badajoz considera que Sánchez, tras ser contratado como coordinador de los conservatorios en la Diputación de Badajoz, abandonó estas funciones y se centró en actividades operísticas ajenas a su contrato.

La condena se centra en el cambio de denominación de su puesto en 2022, que encubrió la creación de un cargo distinto, diseñado a medida y sin respetar los procedimientos legales. El tribunal destaca una “desatención sostenida” a sus funciones, falta de justificación documental y que residía en Portugal desde 2021. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. El Gobierno considera que es excesiva y parte de una “persecución” al entorno del presidente.

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), ha rechazado este martes que el incendio forestal de Los Gallardos se utilice para hablar del cambio climático y ha acusado a los responsables políticos de recurrir a ese argumento para “eludir sus responsabilidades”. “Estamos hartos de ver a políticos hablar de cambio climático para eludir sus responsabilidades”, ha afirmado el dirigente de Vox, en respuesta a las declaraciones realizadas el día anterior por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a la zona afectada por el fuego.

En su primer pronunciamiento como vicepresidente segundo del Ejecutivo andaluz, Gavira ha reivindicado que el debate debe centrarse en la prevención de incendios y en la gestión de los montes. “Necesitamos menos ideología, más seriedad, más responsabilidad y más sentido común”, ha asegurado, antes de defender que “cuando llueve, el pasto crece, y la obligación de los responsables políticos es tomar todas las medidas necesarias para limpiar los montes y gestionar bien nuestros bosques”.

Las declaraciones llegan un día después de que Juanma Moreno y Pedro Sánchez visitaran el Puesto de Mando Avanzado instalado en Turre, donde se reunieron con los responsables del dispositivo de emergencias desplegado por el incendio. Tras ese encuentro, ambos comparecieron conjuntamente ante los medios y pusieron el foco en los efectos del cambio climático.

Moreno pidió a la ciudadanía una mayor “sensibilidad” ante el impacto que, según afirmó, el cambio climático está teniendo en Andalucía, mientras que Sánchez volvió a reclamar un pacto de Estado para hacer frente a este fenómeno. Un mensaje que Gavira ha rechazado de plano y que, además, ha aprovechado para contraponer con uno de los compromisos incluidos en el acuerdo de gobierno entre el PP y Vox: dar prioridad a las partidas destinadas a la prevención de incendios y revisar la normativa para facilitar la participación de los trabajadores del campo en la conservación del monte.

Malestar por la imagen conjunta de Moreno y Sánchez

El comunicado del vicepresidente segundo no se limita a cuestionar el discurso sobre el cambio climático. Gavira también ha expresado su “malestar” por la fotografía institucional que protagonizaron Juanma Moreno y Pedro Sánchez durante su visita al incendio, una imagen de la que ha querido desmarcarse públicamente.

“Lo último que necesitan las víctimas del incendio de Almería y los vecinos de las zonas afectadas es tener que soportar en el lugar de la tragedia al líder de la mafia de Moncloa”, ha afirmado en referencia al presidente del Gobierno. En la misma declaración también le ha atribuido la “gestión criminal del accidente ferroviario de Adamuz” y le ha acusado de haber “dejado abandonadas a su suerte a las víctimas de la DANA en Valencia”.

El dirigente de Vox ha insistido en que su formación no compartirá actos ni fotografías con Sánchez. “Jamás van a ver una foto de nadie de Vox con el representante de la mafia; el mayor problema que tenemos los españoles se llama Pedro Sánchez y no vamos a parar hasta sentarlo en el banquillo de los acusados”, ha manifestado.

Pese al tono marcadamente político de sus declaraciones, Gavira ha cerrado su comunicado con un mensaje dirigido a los afectados por el incendio. “Todo nuestro apoyo y nuestro compromiso para reconstruir la zona y atender a los que lo han perdido todo”, ha señalado.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado hace unos minutos que el incendio forestal originado en un restaurante clausurado en 2009 en Los Gallardos, en Almería, ha sido oficialmente “controlado”, tras avanzar favorablemente desde la fase de estabilización. El líder del PP en la comunidad autónoma ha destacado, así, que existe un “control absoluto” del fuego y confía en su extinción total en los próximos días.

Esto, como ha subrayado el presidente de la Junta, “significa que hemos avanzado, afortunadamente”, contra el fuego, “más allá de algunos pequeños conatos” que se han producido. Recordemos que el siniestro se ha convertido en el incendio más letal de Andalucía al dejar un trágico balance provisional de 13 víctimas mortales y 7.000 hectáreas calcinadas.

Aun así, ha remarcado que “el incendio ya no presenta como tal una amenaza, puesto que las condiciones meteorológicas” de las próximas horas “van a ser positivas, especialmente en lo que refiere a humedad”, de “casi el 90%, lo cual nos va a ayudar enormemente a refrescar la zona y, por tanto, a evitar que se vuelva a activar”, ha añadido.

De esta forma, aunque gran parte de los efectivos de extinción ya se han retirado de la zona, un dispositivo del Plan Infoca continuará con los trabajos de vigilancia para evitar que las llamas vuelvan a avivarse. También se ha permitido que los vecinos evacuados este fin de semana regresen a sus hogares “de manera progresiva para que no colapsaran las entradas y los accesos”, como ha señalado Moreno.

Según ha valorado, “la mayoría de las casas se han conseguido salvar gracias a la ingente labor que se ha hecho por parte de todos los efectivos”. Aunque, hay otras que han acabado destrozadas por las llamas.

Diez desaparecidos y seis cuerpos identificados

Por el momento, a las víctimas mortales se suman diez denuncias por desaparición y otras alertas vecinales sobre residentes extranjeros que vivían en la zona y de los que aún no se tiene noticias. Aunque, Moreno ha confirmado que, “después de rastrear de una manera intensa prácticamente todo el perímetro”, se cree que “esas diez denuncias de desaparición coinciden con los fallecidos” ya contabilizados, de modo que no habría ninguno más, lo cual “sería una muy buena noticia”, según ha subrayado.

Por otro lado, las personas heridas en estado crítico en el Hospital Virgen del Rocío por “quemaduras sevras”, permanecen en la misma situación, Por lo que “siguen en estado “crítico, grave, pero estables”, ha explicado Moreno. Pese a esta situación, desde la Junta se sienten “mínimamente positivos y optimistas” y tienen “la esperanza de que a lo largo de los próximos días puedan ir mejorando progresivamente, lo cual sería una gratísima noticia”.

Esta posición se refuerza, como ha indicado el presidente de la comunidad, porque “están en muy buenas manos”, pues el centro cuenta con “un elenco de profesionales muy especializado en quemaduras, y algunos de ellos han sido intervenidos y han salido bien” de esas operaciones".

En el ámbito judicial, el juzgado de Vera ya dispone de la identificación de seis de las trece víctimas mortales, correspondientes a tres hombres y tres mujeres. Entre ellos se encuentran un ciudadano español y cinco extranjeros: un hombre y una mujer de Reino Unido, una ciudadana de Francia, uno de Bélgica y una mujer de Estados Unidos.

Las autoridades de la investigación precisaron que el fallecido español y la mujer estadounidense formaban un matrimonio. Asimismo, se trabaja en un séptimo fallecido cuya identidad aún no ha sido contrastada, y se prevé comunicar otras tres identificaciones adicionales durante la tarde.

Feijoo se compromete a “presentar un gran acuerdo de prevención de riesgos”

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha viajado hasta el puesto de mando del incendio para transmitir su solidaridad con las familias de los fallecidos, los evacuados y los profesionales de emergencia. Del mismo modo, ha asegurado: “Yo me comprometo a presentar un gran acuerdo de prevención de riesgos de respuesta y de coordinación ante los riesgos naturales que se produzcan en nuestro país”.

En sus palabras, si gobierna, presentará un documento que “atienda al nombre de gran acuerdo en prevención, respuesta y coordinación ante riesgos naturales”. Y es que, como ha continuado, “se precisa más que nunca colaboración y coordinación” entre las administraciones públicas.

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido a quienes le han acusado de racismo por su polémica frase sobre una selección francesa “sin franceses”, que provocó un choque político con el Ejecutrivo de Emmanuel Macron. A través de su entorno, ha asegurado al periódico El Mundo que no piensa contestar a los insultos de miembros del Gobierno español y ha trasladado al diario que considera la expresión un “tema menor” magnificado por la reacción política y mediática entre Madrid y París.

La controversia se produjo por una columna de opinión publicada por Rajoy en el diario El Debate, titulada ‘Hoy llegó el desquite’, dentro de un texto sobre la eliminación de Bélgica y el futuro cruce de la selección de Luis de la Fuente. En ese artículo definió al conjunto galo como un rival de “altísimo nivel” y un “adversario formidable”, que, según sus palabras, no contaba con “franceses” en su plantilla.

Según ha informado El Mundo, desde el entorno del exjefe del Ejecutivo sostienen que no hubo “mala intención” en esas palabras y que Rajoy no prevé entrar en un intercambio público con el Gobierno. “No me voy a poner al nivel de ciertos miembros del Gobierno español”, han sido sus palabras.

Indignación en los gobiernos de Francia y España

Las palabras de Rajoy provocaron una oleada al otro lado de los Pirineos, que a través de su titular del Interior, Laurent Nuñez, calificó las afirmaciones de “absolutamente inaceptables“. También se refirió a ello Aurore Bergé, ministra encargada de la Lucha contra las Discriminaciones, quien habló de “reiterados deslices racistas”, y sostuvo que “es hora de que cesen y de que el deporte vuelva a ser deporte”.

La respuesta institucional más medida llegó desde la Embajada de Francia en Madrid, que recordó que “todos los jugadores de la selección francesa son franceses”. “De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los tres que nacieron en el extranjero también son franceses”, precisó.

En el Ejecutivo español, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escribió en X contra “quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel” y añadió que “España es de quien la ama y la trabaja, no de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas”. “Que gane el mejor y que pierda el racismo”, sentenció. Por su parte, el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, ha pedido al actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que desautorice las palabras del antiguo mandatario, pero por el momento no ha recibido respuesta desde Génova.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha sido citado para declarar como investigado el próximo 9 de octubre tras la querella interpuesta por una exconcejal de su partido por presunto acoso sexual y laboral. Según una información adelantada por El País y confirmada por la agencia EFE, la magistrada titular de la plaza 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha acordado también la citación de cinco testigos solicitados por la acusación particular.

Entre ellos, según ha señalado a EFE el abogado de la querellante Antonio Suárez-Valdés, se encuentra el exedil Raúl Gallego Parrondo, que dimitió en marzo pasado de su acta de concejal tras mostrar su solidaridad con su compañera, y el exjefe de Comunicación del consistorio, David Zamorano.

La imputación de Bautista llega después de que la jueza tomara declaración el 29 de junio pasado a la exedil denunciante, que se ratificó en su querella e insistió en que el regidor le hizo “proposiciones de tipo sexual en tres ocasiones” y que su rechazo derivó en “el inicio de un proceso de presunto acoso laboral”.

Así lo expuso durante las más de tres horas que duró la primera comparecencia. La exedil detalló además que “puso estos hechos en conocimiento del PP”, pero que “no se le hizo el más mínimo caso” y que, incluso, se llegó a sentir “coaccionada” por las dos interlocutoras que la dirección del PP puso a su disposición para sustanciar la cuestión.

Falta de amparo del PP

El recurso judicial de la exedil se ha apoyado en diversos materiales probatorios, entre ellos grabaciones de conversaciones y documentación relacionada, con el propósito de demostrar tanto las acciones del alcalde como la desprotección institucional por parte del partido y el consistorio. Cabe recordar que la primera denuncia fue interpuesta a través de los canales internos del partido.

La propia presidenta de la Comunidad de Madrid también ha sido una de las que ha cerrado filas con Bautista, reiterando que nadie había demostrado “nada”. Su número dos, Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, amenazó en paralelo con impulsar acciones legales contra la exconcejala por considerar que actuó “de mala fe” y supuestamente manipuló pruebas.

El alcalde de Móstoles presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid para que la jueza archivase la causa, alegando que la resolución no concretaba qué hechos se atribuirían al regidor ni cuáles son los indicios que justificarían la continuación del procedimiento. Sin embargo, la magistrada rechazó estos argumentos el pasado 29 de junio, argumentando que los hechos denunciados eran, “independientemente del resultado de las diligencias”, constitutivos de ilícito penal.

Noticia con información de EFE

Este lunes se cumplirán 29 años del secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, por la banda terrorista ETA. Aquella muerte, que se produjo tras un ultimátum lanzado desde la organización contra el entonces gobierno de José María Aznar —que no cedió al chantaje—, llevó a la ciudadanía a enfrentarse al miedo e inundar las calles exigiendo el cese de la violencia.

Este domingo, el PP ha celebrado un homenaje en la localidad natal de Miguel Ángel Blanco, al que han asistido su hermana y diputada popular, Meri Blanco, y representantes de la Ejecutiva Nacional. Y tras finalizar el acto, el Partido Popular ha aprovechado para cargar contra el Gobierno y sus acuerdos de investidura con EH Bildu, la formación que los de Alberto Núñez Feijóo consideran la línea roja en su política de acuerdos.

En una intervención ante los medios allí presentes, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha reprochado al presidente del Gobierno que “ceda al chantaje” y tenga un “pacto encapuchado” con EH Bildu que constituye, ha afirmado, “el mayor de los agravios y las traiciones” a las víctimas de ETA, que “dieron su vida por los valores” de la democracia.

“Lo que no consiguieron con las armas hoy, lo consiguen a través de un presidente del Gobierno que permite estos acuerdos”, ha señalado Gamarra, para después apuntar que, desde el PP, “nunca blanquearían a Bildu”. Y en esta línea, ha avanzado que su partido impulsará “diversas reformas” en la ley penitenciaria que impidan “que pueda ser utilizada en beneficio de los políticos”. Ha abogado, de igual forma, por la reforma de la Ley Electoral, para impedir que en las listas puedan concurrir candidatos formados por personas condenadas por terrorismo que, “ni se arrepienten, ni colaboran con la justicia”.

Gamarra ha avanzado también que su partido no solo trabajará para seguir esclareciendo los 376 asesinatos de ETA que permanecen sin resolver, sino para que sean juzgados “quienes dieron las órdenes” de esos crímenes.

Aznar reivindica la actuación de su Gobierno frente al chantaje de ETA

Miguel Ángel Blanco fue secuestrado el 10 de julio de 1997 por tres miembros de ETA, que exigieron, para su liberación, el acercamiento de los reclusos de la banda terrorista. Fue tiroteado dos días después en una pista forestal cerca de la localidad de Lasarte (Guipúzcoa) y murió horas después, el 13 de julio.

En el marco del aniversario se ha pronunciado también el expresidente del Gobierno, José María Aznar, quien ha reivindicado la “firmeza” con la que se actuó desde su Ejecutivo sin acceder a las exigencias de la banda terrorista. “ETA acusó el golpe y reaccionó extremando su crueldad habitual. No vaciló en usar la vida de Miguel Ángel como moneda de cambio para chantajear al Gobierno y al conjunto de la sociedad”, ha asegurado el expresidente.

El devastador incendio de Los Gallardos en Almería, que ha dejado al menos 12 víctimas mortales, 23 desaparecidos y unas 7.000 hectáreas arrasadas, evidencia cómo el negacionismo climático multiplica la magnitud y letalidad de los fuegos, según ha denunciado en un comunicado Ecologistas en Acción. La organización ambientalista advierte de que la falta de políticas efectivas y la inacción frente al cambio climático configuran un escenario donde estos desastres serán cada vez más habituales y destructivos.

El operativo desplegado para combatir el fuego que se declaró en Los Gallardos en la tarde del jueves, en el paraje de Almocáizar, y que ha sido estabilizado en la mañana de este domingo, ha incluido a cientos de bomberos forestales, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Civil y decenas de medios aéreos, lo que ilustra el nivel de dificultad para contener estos siniestros. Pero pese al amplio despegue, indica Ecologistas en Acción, no se ha podido evitar la pérdida de vidas y la destrucción de viviendas. De hecho, este incendio es ya el más mortífero del siglo XXI en España.

“Es cada vez más evidente que la sociedad no está preparada para este nuevo escenario que provoca el cambio climático, y también es evidente que la inacción y el negacionismo climático provocan destrucción y muertes. Cada año en los países del ámbito mediterráneo se sufren incendios de mayor amplitud y consecuencias más catastróficas. Ya sucedieron en Portugal y Grecia, el año pasado desolaron amplias zonas del noroeste de la Península y ahora llegan al sur", recuerda la organización.

También se muestran muy críticos con la respuesta del Gobierno andaluz que lidera el ‘popular’ Juanma Moreno junto con Vox, pues consideran que “existen responsabilidades políticas evidentes en el escenario catastrófico” de Los Gallardos, aunque también señala como responsables a la anterior administración del PSOE por permitir ciertas leyes en la región. “Los políticos que no han hecho nada frente al creciente cambio climático ahora se lamentan”, sostiene la organización.

“La proliferación de viviendas en el campo como segunda residencia de ciudadanos del centro y norte de Europa fue amparada por los ayuntamientos y por la Junta de Andalucía, que llegó a aprobar varios decretos y promover la modificación de leyes para impedir la demolición y blindar miles de viviendas en suelo no urbanizable en zonas como la Axarquía malagueña o el Levante almeriense. Las consecuencias de tamaña irresponsabilidad se están viviendo ahora, y son responsables tanto la anterior administración del PSOE como las posteriores del PP”, indican en el comunicado.

La organización también critica la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), al considerar que facilita la urbanización de terrenos no urbanizables y fomenta la expansión de segundas residencias ajenas a la explotación agrícola o forestal. Esta normativa “agravará la exposición de la población a situaciones de emergencia y dificultará la gestión de los incendios”, añaden.

No hay planes de emergencias o no están actualizados

En el plano de la prevención, Ecologistas en Acción señala el fracaso de los planes municipales de emergencia. El Decreto 371/2010 obliga a los municipios andaluces en zonas de riesgo a contar con un Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales (PLEIF), pero muchos ayuntamientos, aseguran, carecen de estos documentos o no los han actualizado. “La inmensa mayoría son desconocidos por la sociedad, que ignora qué hacer ante un incendio que puede afectar a sus viviendas”, detalla la organización. Tampoco existen simulacros para informar a la ciudadanía sobre protocolos de confinamiento o evacuación.

“Esta dejación de funciones y de delegar todo el trabajo a los efectivos del Plan INFOCA, ignorando a la población local, tiene estas consecuencias trágicas”, insiste la organización ecologista.

Asimismo denuncian la ausencia de Planes de Autoprotección frente a Incendios Forestales (PAIF) en diseminados urbanísticos y urbanizaciones aisladas, a pesar de su carácter obligatorio en zonas de peligro, pues se tratara de instrumentos que permiten evaluar riesgos, definir medidas preventivas y organizar evacuaciones, pero “no se implementaron en las áreas afectadas por el incendio de Los Gallardos”.

“Ante este escenario, es muy preocupante que se acabe de constituir un gobierno en Andalucía que asume el negacionismo climático y se compromete por escrito a la inacción climática. En la una de las regiones del mundo que puede sufrir, y ya se está evidenciando, con mayor intensidad las consecuencias del cambio climático, con el aumento de fenómenos meteorológicos extremos, el nuevo gobierno andaluz se compromete a no hacer nada. Quienes no actúen frente al cambio climático serán responsables de sus consecuencias", concluye la organización.

Después de que hacia las 11:00 de este domingo el Infoca haya dado por estabilizado el incendio en Los Gallardos, se ha autorizado el regreso de 1.000 personas que permanecían desalojadas por este fuego.

Feijóo ha subrayado que “no lleva toda su vida dedicándose a la política y al servicio público para llegar al Gobierno de España y conformarse con lo que hereda”. Las críticas, ha dicho, son “razonables” y no le frenan. Con ese tono, ha repasado uno a uno los frentes abiertos esta semana.

El pasado martes, en Bilbao, afirmó que el absentismo laboral en España “no se sostiene” y supone “un cáncer que no podemos pagar”, con un coste que cifró en más de 30.000 millones de euros, frente a un déficit de la Seguridad Social de 70.000 millones. Este sábado ha defendido que esa posición responde a su voluntad de construir una España “en la que el absentismo laboral fraudulento no se consienta sino que se persiga”.

Concebido no nacido

El pasado 29 de junio, en una entrevista en EsRadio, Feijóo acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “fabricar” votantes a través de la conocida como ley de nietos, que otorga la nacionalidad española a descendientes de españoles. El líder del PP ha reiterado este sábado que cuestionó esa norma por permitir que millones de personas obtengan la nacionalidad “sin las garantías necesarias y por encima de los límites legales que se habían fijado”.

La semana pasada, en una entrevista en Antena 3, el presidente del PP anunció que, si llega a la presidencia del Gobierno, impulsará una ley nacional para que el concebido no nacido sea reconocido como miembro de la familia a efectos de ayudas públicas. La medida iría en la línea de la norma promovida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este sábado ha vuelto a referirse a ello al defender que el Gobierno pueda ayudar a quienes vayan a ser padres “antes de que un niño nazca”.

Feijóo ha lanzado ese mensaje en el cierre del XVI Congreso de las Nuevas Generaciones del PP (NNGG) celebrado en Valladolid, donde la organización juvenil ha renovado su dirección: Ignacio Dancausa asume la presidencia en sustitución de la diputada vasca Bea Fanjul. El acto ha contado con la presencia del secretario general del PP, Miguel Tellado, entre otros miembros de la dirección nacional.

Una promesa a los jóvenes

El congreso se ha celebrado en un momento en el que Vox aventaja al PP entre los votantes más jóvenes. El 21,1 % de los jóvenes de entre 18 y 24 años votaría a Vox, frente al 14,1 % que lo haría al PP, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado en mayo, el más reciente que desglosa los datos por franjas de edad.

Ante ese escenario, Feijóo ha reivindicado su voluntad de ser “el presidente de los jóvenes” y ha cargado contra la gestión del Gobierno de Sánchez, al que ha acusado de haberles “fallado”. “Merecéis una política mejor y no me resigno a que seáis la primera generación que viva peor que vuestros padres”, ha dicho el líder popular, recibido por los asistentes con gritos de “presidente” y “Feijóo a la Moncloa”.

El presidente del PP ha cerrado su intervención con un compromiso ante los jóvenes del partido: “Os prometo una vida justa, no os prometo un país subsidiado, os prometo un país con oportunidades, no os prometo dependencia, me comprometo con la libertad”. Les ha pedido además que sean “el altavoz” que recuerde a la sociedad el futuro que, a su juicio, merecen.

Alberto Núñez Feijóo salió malparado de la polvareda sobre la ley de nietos y el supuesto fraude electoral y esta semana se ha propuesto poner otro asunto sobre la mesa que parece llevar el mismo camino. Sus compañeros de filas han salido en tromba a tratar de echar una mano. Dijo: “Debemos, con o sin acuerdos, sentar a patronal y sindicatos y tomar una decisión con el absentismo, (...) un cáncer que no podemos pagar, porque cuesta más de 30.000 millones de euros”. El presidente del PP abogó por que “una persona que no va a trabajar” no cobre lo mismo que “cuando va” y presumió de haberlo solucionado al frente del Insalud, donde “es muy difícil que un médico no le dé la baja a un colega”, y en Correos.

El PP ya ha desmentido tajantemente que vaya a tocar las nóminas a los empleados que causen baja si llega al poder y subraya que su presidente se refirió a las ausencias “sin justificar”. De ser así, el partido se ha opuesto frontalmente en el Congreso a una de las medidas que más ayudaría a las empresas con empleados que faltan de forma recurrente y sin aportar una razón, principalmente de la forma más expeditiva imaginable, como lo es el despido disciplinario.

El Gobierno sigue sin lograr que se haga efectivo el fichaje digital obligatorio en las empresas. La patronal se opone frontalmente y el PP, como se ha mencionado, ha puesto todos los obstáculos legislativos a su alcance. El proyecto que contemplaba este registro fue tumbado en septiembre de 2025 por este partido junto a Vox, Junts y UPN. El Ministerio de Trabajo trató entonces de aprobarlo por real decreto, es decir sin necesidad de mayoría en las Cortes, pero se encontró con un dictamen desfavorable del Consejo de Estado, que argumentó que debe tramitarse como ley, que no se adapta a sectores como la hostelería o la agricultura y que supone una carga económica inasumible para muchas pymes.

El despido disciplinario por absentismo

El Tribunal Supremo actualizó recientemente los requisitos para el despido disciplinario. El fichaje digital cambiaría de forma sustancial la capacidad de los empleadores para acreditar esas ausencias ante un juez. La ley permite despedir a un trabajador sin pagarle indemnización cuando falta al trabajo de forma repetida y sin justificación. No existe un número concreto de ausencias, es el convenio colectivo de cada sector el que fija cuántas y en qué plazo bastan. Como referencia general, los tribunales han considerado que tres ausencias injustificadas en un mes pueden amparar esa decisión, aunque comúnmente se tienen en consideración las circunstancias concretas.

Aunque Feijóo mezcló en su exposición inicial absentismo y bajas, la diferencia es notable. Antes que él, aunque de forma vinculante, lo hizo Mariano Rajoy, cuando en 2012 recortó el salario de los funcionarios durante permisos de incapacidad temporal. Una baja médica acreditada por el médico, un permiso por fallecimiento de un familiar o una huelga legal son ausencias justificadas y no pueden usarse como argumento para el despido. Solo cuentan las faltas sin ningún amparo legal ni convencional, o aquellas que el trabajador no ha comunicado ni explicado. Si hay un litigio, es el propio trabajador quien debe demostrar que su ausencia tenía justificación; la empresa solo tiene que probar que la falta se produjo.

El Supremo cambió una regla que hasta entonces beneficiaba al trabajador. Antes, en muchos convenios, las ausencias se contaban dentro de cada mes del calendario: si alguien faltaba los últimos días de enero y los primeros de febrero, esas faltas no sumaban al mismo periodo y era más difícil alcanzar el umbral del despido. El Supremo ha establecido que el plazo se cuenta desde el día de la primera ausencia, sin importar si ese intervalo cruza el cambio de mes. El efecto práctico es que faltas antes dispersas pueden ahora acumularse en el mismo cómputo y facilitar el despido.

Hay además un requisito formal que la empresa no puede saltarse: antes de entregar la carta de despido, debe dar al trabajador la oportunidad de explicarse en una audiencia previa. Si no lo hace, el despido puede ser declarado improcedente por un juez aunque las ausencias fueran reales, lo que obliga a pagar una indemnización. El trabajador tiene 20 días hábiles para recurrir el despido ante los tribunales.

Aumentan las bajas, también los motivos

Aquí es donde entra el fichaje digital. Para que un despido por ausencias sea sólido ante un juez, la empresa necesita probar con documentación fiable que las faltas se produjeron. Con un registro en papel o en una hoja de Excel, el trabajador puede cuestionar que los datos fueron manipulados, y los tribunales han dado la razón en algunos casos a esa alegación. Un sistema digital con registros inalterables elimina ese problema: cada fichaje queda sellado con fecha y hora exactas, y cualquier modificación posterior deja rastro automático de quién la hizo y cuándo. Esa trazabilidad convierte el historial de asistencia en una prueba difícilmente rebatible ante un juez.

El mismo principio vale para los retrasos o las salidas anticipadas. El Tribunal Supremo ha aclarado que la impuntualidad no es solo llegar tarde, sino también marcharse antes de hora o ausentarse del puesto durante la jornada sin justificación. Un sistema digital registra todos esos supuestos con precisión; un papel, en la práctica, rara vez lo hace.

La calle se ha pasado la semana debatiendo el asunto, lo que ha servido para aportar luz sobre una realidad que objetivamente crece. El informe más reciente sobre absentismo en España, de este mismo jueves, concluye que, en efecto, España registra más bajas, pero también que no todas son fraude ni se solucionan bajando sueldos. Detrás del aumento, concluye el estudio, confluyen factores como el envejecimiento de la población trabajadora -las reformas de las pensiones empujan a trabajar más tiempo, pero una plantilla de más edad tiene mayor riesgo de bajas frecuentes y prolongadas- y señala la salud mental, los dolores de espalda o el propio desgaste laboral como las patologías que más despuntan.

El portavoz del PP, Borja Sémper, quien acaba de superar un cáncer, ha pedido en una entrevista en RAC1 “cautela” a quien use esa palabra para referirse a las bajas laborales, algo que “no es un capricho”.

El Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, firmado hace más de tres años por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron con la intención de estrechar la relación entre ambos países, ha vuelto a quedar bloqueado este jueves por decisión del Senado. La mayoría absoluta del PP, con el apoyo de Vox, ha sacado adelante una cuestión previa para que el Tribunal Constitucional determine si uno de sus artículos es compatible con la Constitución, un paso que paraliza por el momento su ratificación definitiva por las Cortes.

La iniciativa ha prosperado con 146 votos a favor, 112 en contra y dos abstenciones. El detonante es el artículo 2.4 del tratado, un apartado que contempla que un ministro español y otro francés puedan ser invitados, al menos una vez cada tres meses y de forma alterna, a participar en reuniones del Consejo de Ministros del otro país. Para el PP, esa previsión plantea dudas de constitucionalidad que deben resolverse antes de que el acuerdo entre en vigor. El Gobierno sostiene, por el contrario, que el texto ya fue aclarado mediante una interpretación conjunta con Francia y que en ningún caso supone que un ministro extranjero forme parte del Consejo de Ministros.

La votación de este jueves supone un nuevo capítulo en la accidentada tramitación parlamentaria del tratado. El Congreso lo aprobó el pasado 18 de junio, después de que Junts y Podemos cambiaran el sentido de su voto respecto al año anterior y respaldaran el texto. Sin embargo, el Senado ya había frenado una primera ratificación en 2025 recurriendo también al Constitucional, que finalmente no llegó a pronunciarse porque el tratado decayó durante su paso por la Cámara Baja.

Ahora, con el acuerdo nuevamente aprobado por el Congreso, el PP ha reactivado la misma estrategia. El Constitucional tendrá que decidir si existe contradicción entre el artículo cuestionado y la Carta Magna antes de que el tratado pueda culminar su recorrido parlamentario.

Un acuerdo para reforzar una relación estratégica

Aunque toda la atención política se ha concentrado en un único artículo, el Tratado de Amistad y Cooperación es un documento mucho más amplio. Firmado el 19 de enero de 2023 durante la cumbre hispano-francesa celebrada en Barcelona, nació con el objetivo de dar un salto cualitativo a la relación entre dos países que comparten una de las fronteras más importantes de la Unión Europea y mantienen desde hace décadas una estrecha colaboración política, económica y de seguridad.

El acuerdo pretende hacer permanente esa cooperación y dotarla de mecanismos estables. Francia ya había suscrito tratados similares con Alemania e Italia, y España aspiraba a situarse en ese mismo nivel de interlocución privilegiada con uno de sus principales socios europeos.

La finalidad del texto es institucionalizar una cooperación que ya existe y facilitar que ambos gobiernos coordinen posiciones de manera más frecuente y estructurada. Para ello, el tratado establece la celebración de cumbres bilaterales todos los años entre los presidentes de ambos países y reuniones periódicas entre ministros para preparar posiciones comunes antes de las grandes citas europeas. La idea es que esa coordinación no dependa únicamente de la actualidad política, sino que forme parte del funcionamiento habitual de las relaciones entre Madrid y París.

El acuerdo también amplía la colaboración en ámbitos como la política exterior, la defensa y la seguridad, incluyendo la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, las amenazas híbridas y la protección civil. A ello se suman compromisos para reforzar la cooperación en materia energética, impulsar las interconexiones entre ambos países, desarrollar infraestructuras comunes y avanzar en proyectos relacionados con la transición ecológica.

Otro de sus capítulos pone el foco en la economía, la investigación, la innovación, la educación, la cultura y los intercambios entre jóvenes, con el propósito de facilitar proyectos conjuntos y estrechar la colaboración entre universidades, centros tecnológicos y empresas.

Especial relevancia adquieren las zonas fronterizas. El tratado prevé mejorar la coordinación entre administraciones para simplificar la prestación de servicios públicos, favorecer la movilidad de los ciudadanos y desarrollar iniciativas compartidas en territorios donde la cooperación entre ambos países resulta cotidiana. Se trata de una cuestión especialmente relevante para el millón de personas que viven en municipios próximos a la frontera y para los cientos de miles de españoles residentes en Francia.

En definitiva, el objetivo del acuerdo es consolidar una relación política permanente entre dos socios estratégicos de la Unión Europea mediante un marco estable de colaboración que vaya más allá de los cambios de gobierno o de las circunstancias políticas de cada momento.

El artículo 2.4, origen de toda la controversia

Sin embargo, prácticamente todo ese contenido ha quedado eclipsado por la polémica generada alrededor del artículo 2.4. Ese apartado establece que un miembro del Gobierno español y otro del Gobierno francés podrán ser invitados, de forma alterna y con una periodicidad mínima trimestral, a participar en reuniones del Consejo de Ministros del otro país.

La redacción pretendía simbolizar el elevado grado de confianza y cooperación entre ambos Ejecutivos, pero ha acabado convirtiéndose en el principal obstáculo para la entrada en vigor del tratado.

El PP sostiene que la composición del Consejo de Ministros está regulada por la Constitución y considera que permitir la participación de un miembro de un Gobierno extranjero plantea dudas que deben ser resueltas por el Tribunal Constitucional. Por ese motivo promovió ya una cuestión previa en 2025 y ha vuelto a hacerlo ahora, una vez que el Congreso ha aprobado definitivamente el tratado.

Para evitar que ese artículo frustrara nuevamente la ratificación, los ministros de Asuntos Exteriores de España y Francia alcanzaron el pasado mes de abril una interpretación conjunta del texto. En ella se precisa que la invitación prevista en el artículo 2.4 debe entenderse como una participación “en los márgenes” del Consejo de Ministros, es decir, mediante una reunión separada de la sesión oficial y sin intervenir en las deliberaciones ni en la toma de decisiones del Ejecutivo.

El Gobierno considera que esa aclaración despeja cualquier duda sobre la constitucionalidad del tratado y defiende que nunca estuvo previsto que un ministro francés pudiera integrarse en el Consejo de Ministros español o viceversa.

El PP discrepa. En el requerimiento aprobado este jueves sostiene que esa cláusula interpretativa no modifica el contenido del tratado ni forma parte de su articulado, por lo que ambos gobiernos podrían adoptar en el futuro otra interpretación distinta. Además, considera que expresiones como “en los márgenes del Consejo” o “reunión por separado” son demasiado ambiguas y, lejos de eliminar las dudas, las acrecientan.

La decisión adoptada este jueves devuelve ahora la última palabra al Tribunal Constitucional. Hasta que el alto tribunal determine si el artículo 2.4 es o no compatible con la Constitución, la ratificación definitiva del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia volverá a permanecer en suspenso, prolongando un bloqueo que ya impidió su entrada en vigor hace poco más de un año.

La propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar una ley nacional que reconozca al concebido no nacido como miembro de la familia a efectos de recibir ayudas públicas, siguiendo el modelo de la normativa promovida por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, ha recibido un amplio rechazo por parte de organizaciones sociales y feministas, al considerar que podría derivar en un retroceso de los derechos reproductivos de las mujeres y acabar afectando al derecho al aborto.

La Asamblea de Madrid aprobó la medida el pasado jueves en el último Pleno del curso con los votos favorables de PP y Vox, con lo que la comunidad pasará a ser la única de España que lo reconoce con carácter general dentro de sus competencias administrativas. La norma amplía el cómputo de los hijos a aquellos que aún no han nacido para la concesión de diversas prestaciones económicas y sociales, de forma que se tendrá en cuenta para acceder a becas de Bachillerato, ayudas para el comedor escolar, subvenciones para la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, abonos de transporte, ayudas al alquiler joven y deducciones en el impuesto sobre la renta por gastos escolares. También alcanzará la exención de tasas y las bonificaciones vinculadas a la compra de vivienda de segunda mano.

La Federación de Mujeres Progresistas advierte que la propuesta de Feijóo “resulta peligrosa, ya que puede ocultar la intención de vulnerar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propia maternidad”, lo que supondría una amenaza al derecho al aborto. Según explica a Infobae Yolanda Besteiro, presidenta de la federación, la defensa de la protección de la vida “desde el minuto cero”, como expresó la propia Ayuso, “implica un intento de controlar el cuerpo de las mujeres y, bajo el argumento de proteger al concebido, reducir o eliminar derechos vinculados a la interrupción voluntaria del embarazo”.

“Más que proteger al concebido y no nacido, lo que deberían hacer es promulgar toda la legislación correspondiente y extender todas las prestaciones posibles para los ya nacidos, que esos ya están ahí, y a partir de ese momento sí que debería protegerse la vida, pero obviamente se olvidan de ellos”, critica Besteiro. Además, cuestiona por qué no se otorgan los mismos derechos a los miles de embriones congelados a la espera de ser implantados por técnicas de reproducción asistida. “Esta propuesta responde a la imposición de un modelo de familia concreto y a una ideología que restringe los derechos de las mujeres sobre su maternidad”, añade.

Reclaman empleo estable y un refuerzo de los servicios públicos de cuidados

Por su parte, la socióloga Mónica Saiz, especializada en igualdad de género, considera que la propuesta del líder del PP supone un “retroceso” en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. “No hay que analizar esta medida solo por las ayudas económicas que plantea, sino por lo que representa. Aunque no modifica la legislación sobre el aborto, sí introduce un cambio simbólico importante: el Estado empieza a reconocer al concebido no nacido como un sujeto relevante en las políticas públicas, y eso no es un detalle menor”, señala. En su opinión, esto implica que el embarazo “deja de entenderse exclusivamente desde la realidad y los derechos de las mujeres para incorporar como protagonista a un nuevo sujeto”.

Saiz señala que este cambio de enfoque puede modificar la percepción social y política sobre el embarazo y los derechos reproductivos. Añade que, si el objetivo es apoyar a las familias y mujeres o fomentar la natalidad, “existen políticas más eficaces, como facilitar el acceso a la vivienda, mejorar la conciliación, garantizar empleos estables o reforzar los servicios públicos de cuidados”. Estas medidas, concluye, son las que realmente permiten que las mujeres “decidan libremente si desean ser madres y en qué momento hacerlo”.

Desde Génova, sin embargo, según ha señalado su portavoz nacional, Borja Sémper, lo enmarcan en una ley de apoyo a las familias “para apoyar la maternidad, favorecer la conciliación” y que en España “tener hijos deje de ser una heroicidad”.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, entiende que el absentismo laboral es un “cáncer” que “no podemos pagar” los españoles. Más allá del cuestionable argumento que defendió en esa afirmación, que vinculó al aumento de las bajas médicas, el líder de la oposición ha encadenado críticas por el uso metafórico de esta enfermedad, que él mismo rechazó en una votación en el Congreso.

El primero fue el presidente del Gobierno, quien apostilló que “quien llama ‘cáncer’ a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está”. La titular de Sanidad, Mónica García, acusó al líder del PP de estigmatizar y mentir porque “las bajas son un acto médico y detrás de cada baja hay un profesional que la prescribe”. “Lo que hay que preguntarse es qué está enfermando a nuestra sociedad y ahí ahora mismo la vivienda es el mayor determinante social de la salud”, afirmó en un mensaje publicado en X.

El líder del PP podría haber escogido cualquier otra palabra para describir una problemática, la del absentismo fraudulento, que se muestra como un desafío en todas las economías europeas. Y debería saberlo especialmente Feijóo, que apenas hace unos meses, en octubre de 2025, apoyó una declaración en el Congreso para evitar el mal uso de la palabra “cáncer” para describir una problemática. La proposición no de ley impulsada por el grupo socialista en la Cámara Baja pedía evitar las “metáforas bélicas” o “culpabilizadoras” en los discursos públicos.

La Asociación Española Contra el Cáncer lleva años pidiendo eliminar el mal uso del término

La iniciativa, apoyada por 307 diputados, se basó en una definición del Diccionario de la Lengua Española de la RAE, que en su cuarta acepción describe “cáncer” como la presencia de situaciones o hechos destructivos dentro de un grupo social. A partir de esa interpretación, el término se ha empleado fuera del ámbito sanitario en frases sobre economía, política, justicia o deporte, como cuando se presenta la inflación o la droga como “el cáncer” de una realidad colectiva.

El texto aprobado rechazaba ese traslado metafórico. “No es aceptable emplearla como metáfora de lo peor, de lo que corrompe o de lo que destruye, porque el cáncer no es eso: es una enfermedad grave, sí, pero también cada vez más tratable, más comprensible y, en muchos casos, curable”, rezaba el escrito.

“No se trata de censurar, sino de darle un uso más responsable. No hace falta decir esa palabra todo el rato, no es necesario meterla con calzador”, defendió entonces la diputada socialista Patricia Blanquer, quien apuntó que el estigma también estaba afectando a representantes públicos que estaban atravesando un proceso oncológico y no siempre lo hacen público. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el portavoz del PP, Borja Sémper, fueron dos de los mencionados en el debate.

La Asociación Española Contra el Cáncer lleva años alertando sobre ese uso peyorativo. Un estudio de 2010 señaló que en el 15% de las declaraciones públicas recogidas por medios de comunicación se hacía un mal uso del término.

Una investigación en la que participan la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y la de Barcelona (UB) ha vinculado la victoria del PSOE en las elecciones generales de 2004 con un descenso en el número de matrimonios y embarazos entre los votantes del PP. El estudio, publicado en Journal of Population Economics, afirma que las peores expectativas económicas que percibían estos electores impactaron en sus decisiones vitales.

Los autores analizaron los datos administrativos de los abortos, nacimientos y matrimonios registrados en España entre el año 2000 y el 2020, prestando especial atención a los resultados tras las elecciones generales de marzo de 2004. Para medir el efecto que pudieron tener los comicios, los investigadores usaron un método de diferencias en diferencias, comparando los cambios mensuales en tasas de aborto y embarazo en municipios con alto y bajo apoyo previo al partido que perdió la elección en 2000.

Los resultados muestran que, un mes después de acudir a las urnas, los municipios en los que el Partido Popular tuvo más apoyo registraron un aumento de abortos (0,05 por cada 1.000 mujeres) y una caída de las concepciones mensuales (0,14 por cada 1.000 mujeres). El repunte de abortos y la caída de embarazos se concentró en el primer mes tras la elección y se desvaneció en los meses siguientes. En consecuencia, también se redujeron los matrimonios reparadores, es decir, aquellos que se formalizan tras conocerse un embarazo.

Cuando el voto afecta a la fecundidad

Este trabajo identifica una relación directa entre shocks políticos inesperados y las decisiones reproductivas individuales, un fenómeno ya sugerido en Estados Unidos tras la victoria inesperada de Donald Trump en 2016, que hizo que los votantes republicanos tuviesen más hijos en los meses siguientes, pero nunca cuantificado en el caso español ni incorporando el dato clave del aborto. Según los autores, el impacto del cambio de gobierno fue equiparable al de políticas públicas como el pago de 2.500 euros por nacimiento vigente en España entre 2007 y 2010.

La bajada de la natalidad en los votantes conservadores se debe, según el estudio, a un “descenso agudo y persistente de las expectativas económicas de los simpatizantes del PP”. Así lo certificaron los barómetros del CIS que siguieron a los comicios: en los meses posteriores a las elecciones, se registró una bajada de entre 0,6 y 0,8 puntos en el índice de expectativas. Esta caída es mayor que la que se produce entre un momento de expansión y otro de crisis económica.

El efecto, además, solo se da cuando el resultado electoral es inesperado. El estudio analizó también los resultados de otros comicios, como los del 2011, cuando la victoria popular era previsible, y vieron que el impacto en la natalidad no se replicaba. No obstante, los investigadores reconocen que aún faltan respuestas sobre el peso relativo de las expectativas económicas frente a otros factores, como cambios en actitudes políticas o expectativas de políticas públicas, y proponen analizar con mayor profundidad estos mecanismos en futuros trabajos.

“La polarización divide a los ciudadanos según líneas partidistas, afectando a sus preferencias y creencias. Hemos demostrado que los efectos del partidismo pueden extenderse más allá de la esfera de la opinión pública, incluyendo comportamientos tan importantes como las decisiones sobre fecundidad y matrimonio”, concluyen los autores.

Alberto Núñez Feijóo ha calificado este martes de “cáncer que no podemos pagar” el aumento del absentismo laboral en España, y ha reclamado medidas urgentes para frenarlo. Durante su intervención en el Círculo de Empresarios Vascos en Bilbao, el presidente del Partido Popular ha recalcado que el absentismo es un fenómeno que cuesta más de 30.000 millones de euros al año, en un momento en el que la Seguridad Social arrastra un déficit de alrededor de 70.000 millones de euros.

El líder popular ha advertido, además, que la situación se ha agravado de forma acelerada en los últimos siete años. Según los datos que aportó durante el encuentro, en 2018 había 450.000 trabajadores que no acudían a su puesto cada día. En 2025, esa cifra se disparó hasta los 1.160.000.

“Que casi 1.200.000 personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir y Euskadi tampoco”, ha afirmado Feijóo ante los empresarios vascos. El líder de los populares ha sido tajante también al señalar que la respuesta política no puede quedar supeditada a un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, y que “debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y sindicatos y tomar una decisión”.

“Un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación”

Para Feijóo, una parte del problema tiene una explicación directa en que “si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, ¿qué quieren que les diga?”, ha preguntado retóricamente ante el auditorio. La ausencia de incentivos para la presencia, a su juicio, alimenta un sistema que no distingue entre quien cumple y quien no.

Y a esto se le sumó otra crítica dirigida a la Administración pública, una institución que, según él, “considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y prestaciones”. Con estos datos encima de la mesa, ha dejado claro que “este absentismo no se sostiene”.

“Todo lo que supere un 4-5% de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude”

Pero, además, el presidente del PP recurrió a su trayectoria en la gestión pública para ilustrar que el problema tiene solución. Así, ha recordado su paso por el Insalud, al que describió como “una fábrica de bajas”, explicando que la dificultad estructural residía en que “es muy difícil que un médico no le dé la baja a un colega”.

También ha mencionado su etapa en Correos, donde, tal y como ha relatado, “faltaban a trabajar 5.000 personas todos los días”. Con una plantilla de 60.000 empleados, eso representaba un 8% de absentismo, aunque luego rectificó y dijo que “lo bajamos al 4%”. “Todo aquello que supere un 4-5% de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude”, ha sostenido Feijóo.

Por último, el presidente del PP ha planteado la necesidad de involucrar a todos los actores, tanto comunidades autónomas como el Gobierno central, la patronal y los sindicatos. Pero ha añadido que la voluntad del diálogo tiene un límite: “Si llegamos a un acuerdo, fantástico, y si no llegamos, qué le vamos a hacer, pero España no puede dedicar 30.000 millones a esto”.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a implementar en toda España la controvertida ley del concebido no nacido impulsada por Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que considera el feto como nacido de cara a ayudas como las otorgadas por familia numerosa.

El líder de la oposición lo ha anunciado este lunes en una entrevista para el programa Espejo Público de Antena 3, en la que ha señalado que “cuando una mujer está esperando un hijo, eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones del sector público”.

“Eso lo hice en el año 2011 en Galicia. La presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha reiterado y ampliado en la Asamblea de Madrid y, desde luego, en responsabilidad de Gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando”, ha asegurado.

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha defendido la norma en una rueda de prensa en la sede nacional del partido, señalando que España tiene un problema en la tasa de fertilidad y considera que muchas familias “no tienen los hijos que les gustaría tener porque no pueden”.

La ley del concebido no nacido en Madrid

La Asamblea de Madrid aprobó la medida el pasado jueves en el último Pleno del curso con los votos favorables de PP y Vox, con lo que la comunidad pasará a ser la única de España que lo reconoce con carácter general dentro de sus competencias administrativas.

La iniciativa extiende ese cómputo a prestaciones ligadas a la renta, como becas de Bachillerato, ayudas de comedor escolar, subvenciones para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, abono transporte, alquiler joven y deducciones en el impuesto sobre la renta por gastos escolares.

También alcanzará la exención de tasas y las bonificaciones vinculadas a la compra de vivienda de segunda mano. Como recordó Feijóo, Galicia ya contempla una previsión similar, pero limitada a las familias numerosas, mientras que Madrid la aplicará de forma general.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, defendió ante la Cámara que la medida era una ley “justa y necesaria”, mientras que la oposición cargó contra el contenido y el mensaje político de la norma. La diputada del PSOE Lorena Morales reprochó al Ejecutivo autonómico que apruebe una ley para el concebido no nacido, pero que, una vez que la mujer da a luz, “desaparecen”.

Al proyecto original se le incorporaron tres enmiendas de los populares para fijar una semana mínima de gestación en determinados procedimientos. Como regla general, no se exigirá un mínimo temporal para asimilar al concebido no nacido al hijo ya nacido, salvo cuando la regulación específica de cada trámite disponga otra cosa. La excepción afecta a la consideración de familia numerosa, que en ese supuesto habrá que esperar a la semana 14 de gestación. Ese requisito no se exigirá cuando el pago de la ayuda quede condicionado al nacimiento, ni tampoco para calcular la renta per cápita familiar.

La Audiencia Nacional ha condenado a nueve años de prisión a Joakim Broberg, ciudadano sueco e hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, por delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. La sentencia, hecha pública este lunes, señala que Broberg participó en una red internacional dedicada al tráfico de marihuana y hachís entre España y Suecia, con suministro procedente de Marruecos durante los años 2019 y 2020. Según ha podido saber este medio, la fiscal ha exigido su entrada en prisión o, de lo contrario, la retirada de su pasaporte y prohibición de salir del país.

Lars Gunnar Sune Broberg, padre de Joakim y esposo de la alcaldesa, también fue investigado en el caso por presunto blanqueo de 6,3 millones de euros. El proceso contra él quedó archivado debido a su delicado estado de salud y falleció antes de celebrarse el juicio. El fallo afecta a 21 de los 24 acusados en el proceso, quienes recibieron penas de entre dos y 16 años de cárcel. Entre los condenados figuran 11 ciudadanos suecos, seis polacos, tres españoles, dos alemanes, un holandés y un macedonio. Según la resolución judicial, todos ellos formaban parte de una estructura orientada al transporte y distribución de estupefacientes y al blanqueo de los beneficios.

Su abogada, Sylvia Córdoba, confirma a Infobae que recurrirán la sentencia. Para la letrada, la decisión del juez es muy inestable. Considera que el tráfico de drogas “está metido con calzador” y que las pruebas aportadas no son suficiente para demostrar un vínculo de su cliente con la supuesta mafia. De hecho, celebra que no haya sido declarado culpable del delito de pertenencia a organización criminal, lo que ve como un indicio de su inocencia.

“La fiscal no preguntó a Joakim”, cuenta la abogada, explicando que su cliente se mostró, desde el principio, dispuesto a declarar y que no es nada habitual que desde la acusación opten por no hacer preguntas. “Le condenan por unos hechos que han sido juzgados en Francia y que tienen un detenido”, relata Sylvia Córdoba. Defiende la inocencia de Broberg, al que considera que han condenado por narcotráfico sin pruebas con peso suficiente.

Broberg señala “motivaciones políticas”

Broberg ha roto su silencio tras la sentencia de la Audiencia Nacional en una entrevista con Sydkusten. Insiste en que el proceso ha tenido “motivaciones políticas” y niega cualquier participación en una red criminal. “Ya estamos preparando una apelación que estoy seguro de que ganaremos”, señala, mientras critica que la fiscalía solicitara inicialmente 18 años de prisión y una multa de 30 millones de euros. El tribunal finalmente rebajó la pena a nueve años y 4,9 millones de euros de multa al no acreditar su pertenencia a una organización criminal.

El empresario relata que fue arrestado en Brasil, donde asegura que residía por la pandemia, y denuncia irregularidades en el proceso de extradición. La sentencia aún no es firme y Broberg se mantiene en libertad condicional. Insiste en su inocencia y en que su situación “se ha utilizado para intentar perjudicar políticamente a Ángeles Muñoz”. Su defensa prepara la apelación, y sostiene que no tiene miedo de ir al Supremo si hiciese falta.

El acuerdo de gobierno sellado este jueves entre el PP y Vox en Andalucía ha puesto el punto final al ciclo de elecciones autonómicas de 2026 y ha dejado una fotografía nítida de la cuota de poder que la formación de Santiago Abascal ha conseguido convertir en gobiernos. Allí donde los populares han necesitado sus votos para investir a sus candidatos, Vox ha logrado entrar en los ejecutivos con un reparto de responsabilidades prácticamente idéntico: vicepresidencias y el control de áreas estratégicas como agricultura, medioambiente, turismo, cultura o políticas de familia y ayudas sociales, además de reforzar su presencia institucional con senadores autonómicos y puestos en las mesas de los parlamentos regionales.

Aunque cada negociación ha tenido sus propios tiempos y dificultades, el resultado final responde a un mismo patrón. El PP ha cedido a Vox una vicepresidencia en cada uno de los cuatro gobiernos autonómicos que dependían de sus votos, mientras que las competencias asignadas se repiten con escasas variaciones entre comunidades, acumulando hasta nueve consejerías.

El último acuerdo en cerrarse ha sido el de Andalucía. Pese a que Juanma Moreno se quedó a solo dos escaños de la mayoría absoluta en las elecciones del 17 de mayo, necesitaba el respaldo de Vox para asegurar su continuidad al frente de la Junta. El pacto alcanzado concede a la formación la Vicepresidencia primera del Gobierno andaluz, que ocupará quien fue su candidato en esos comicios, Manuel Gavira.

Además de asumir ese puesto, Gavira dirigirá una macroconsejería que reunirá las competencias de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. El acuerdo también reserva a Vox uno de los cinco senadores por designación autonómica que corresponden a Andalucía y una vicepresidencia de la Mesa del Parlamento, completando así su entrada tanto en el Ejecutivo como en las principales instituciones de la comunidad.

Un mismo reparto de poder en las cuatro comunidades

El esquema apenas cambia si se observa el resto de pactos alcanzados durante este ciclo electoral. En Castilla y León y Aragón, Vox ha obtenido tres consejerías y una vicepresidencia en cada uno de los gobiernos autonómicos, con competencias muy similares a las asumidas en Andalucía.

En Castilla y León, el acuerdo para facilitar la investidura de Alfonso Fernández Mañueco otorgó la Vicepresidencia primera a Carlos Pollán, expresidente de las Cortes autonómicas, que también dirigirá la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. A esas responsabilidades se suman las consejerías de Cultura, Turismo y Deporte y la de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, de manera que Vox gestionará tres de los departamentos del Ejecutivo autonómico.

En Aragón, el reparto reproduce prácticamente el mismo modelo. Alejandro Nolasco ocupará la Vicepresidencia del Gobierno autonómico y el partido estará al frente de las tres consejerías de Desregulación, Bienestar Social y Familia; Medio Ambiente y Turismo; y Agricultura, Ganadería y Alimentación. La presencia institucional de Vox también se amplía en esa comunidad con una vicepresidencia de las Cortes de Aragón y un senador por designación autonómica. Nolasco, además, regresa al Ejecutivo tras haber formado parte del anterior gobierno de coalición constituido después de las elecciones de 2023, que quedó roto cuando la dirección nacional del partido decidió abandonar todos los gobiernos autonómicos en los que participaba.

En Extremadura, Vox obtuvo una representación algo menor en número de consejerías, aunque mantuvo el mismo esquema de poder. La formación logró la Vicepresidencia de la Junta para Óscar Fernández Calle, quien además asumirá la macroconsejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. El acuerdo incluye también la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural y un senador por designación autonómica, completando así el reparto institucional pactado con el PP.

Extremadura marcó el modelo de las negociaciones

Las conversaciones entre PP y Vox no se desarrollaron con la misma facilidad en todas las comunidades. El caso de Extremadura fue el más complejo y terminó condicionando el resto de acuerdos. Tras las elecciones celebradas el 21 de diciembre del año pasado, las negociaciones permanecieron bloqueadas durante semanas sin que María Guardiola lograra reunir los apoyos suficientes para ser investida presidenta. La situación llevó a la dirección nacional del PP a intervenir directamente y elaborar un documento marco que sirviera de referencia para las conversaciones abiertas en el resto de territorios.

El objetivo de Génova era dotar de homogeneidad a todos los pactos y fijar unos criterios comunes sobre el reparto de responsabilidades, de forma que los acuerdos respetaran las líneas generales del partido y fueran proporcionales a los resultados obtenidos por cada formación en las urnas.

Ese esquema terminó trasladándose a Andalucía, Castilla y León y Aragón. Más allá de las diferencias en la denominación de algunas consejerías, todos los gobiernos comparten una estructura muy similar: una vicepresidencia para Vox, competencias ligadas al sector primario, el medioambiente, el turismo o las políticas sociales, presencia en los parlamentos autonómicos y, salvo en Castilla y León, un senador por designación autonómica.

Los cuatro acuerdos incorporan además una referencia a la “prioridad nacional”, una expresión incluida en los documentos firmados por PP y Vox que ambas formaciones interpretan de forma distinta, aunque ha terminado formando parte del marco político común de todos los pactos alcanzados durante esta maratón electoral autonómica.

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha comenzado a preparar a su formación de cara al próximo ciclo electoral. Con ese objetivo, encabezará el próximo 18 de julio un acto en Santiago de Compostela en el que se presentará a los aspirantes del partido a las alcaldías de las capitales de provincia. La designación de los candidatos a la Presidencia de las comunidades autónomas que celebrarán elecciones en mayo de 2027 quedará, en cambio, para después del verano, según han adelantado fuentes del partido a Europa Press.

Las elecciones municipales y las autonómicas en las comunidades de régimen común se celebran, por lo general, de forma simultánea el cuarto domingo de mayo cada cuatro años. Siguiendo esta regla general, la próxima cita con las urnas tendría lugar el 23 de mayo de 2027.

Precisamente, esta semana, la alcaldesa de Valencia y líder del PP en la ciudad, María José Catalá, trasladó a los medios que el partido ya tiene un “cronograma fijado” para la elección de candidatos a las elecciones del próximo año.

A nivel nacional, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado que no habrá adelanto electoral y que las generales se celebrarán en 2027 cuando corresponda, Feijóo quiere tener la estructura del partido a punto y al PP “electoralizado” a través de la preparación previa de los comicios municipales y autonómicas.

Desde el PP, aseguran haber tomado nota de lo ocurrido en 2023, cuando Sánchez adelantó las generales a julio — dos meses después de las autonómicas y municipales y con PP y Vox negociando en varias comunidades— y cogió al partido con el paso cambiado. Por ello, ahora recalcan que la prioridad es estar “listos” y “tener una alternativa preparada“.

Calendario para designar a los candidatos locales y autonómicos

Ante la posibilidad de que pueda haber elecciones generales en cualquier momento, el PP de Feijóo quiere tener sus equipos definidos. De este modo, el próximo 18 de julio está previsto que los candidatos a las capitales de provincia de toda España viajen a Santiago de Compostela, donde serán proclamados por la dirección del partido en un acto de nombramiento oficial.

En el caso de las comunidades autónomas de régimen común que también celebrarán elecciones autonómicas el próximo año, los candidatos a la Presidencia serán proclamados posteriormente, previsiblemente a la vuelta de verano.

Los estatutos del PP establecen que corresponde al Comité Electoral Nacional nombrar a los candidatos a las presidencias de los Gobiernos autonómicos, a las presidencias de las diputaciones, a diputado general, así como a las alcaldías de las capitales de comunidad autónoma, de las capitales de provincia, y de cabildos, consells insulares y juntas generales.

Más protagonismo a alcaldes populares

Con este calendario, el PP también busca reforzar el protagonismo de sus alcaldes y de la política municipal dentro de la estrategia del partido de cara a las elecciones municipales, al considerar que cuentan con una alta capacidad de atraer votos.

Este objetivo se vio reflejado el pasado viernes, durante el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del Partido Popular, que clausuró Feijóo en Castellón y en la reunión que el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, mantuvo con los portavoces populares en los Parlamentos autonómicos.

El PSOE no solo cerró 2025 con más ahorro que el año anterior. También reforzó una posición que lleva años consolidando: la de ser el partido con mayor capacidad económica de España. Las cuentas anuales aprobadas por la dirección socialista reflejan un incremento de dos millones de euros en los ingresos de origen privado y un ahorro acumulado de 12,7 millones de euros, 5,1 millones más que en 2024. Pero el dato que mejor resume su situación financiera está en otro apartado del balance: una tesorería de más de 70 millones de euros y un patrimonio cercano a los 123 millones, cifras que ninguna otra formación política alcanza actualmente.

El balance deja además una paradoja. El PSOE terminó el ejercicio con una posición económica más sólida pese a ingresar menos dinero procedente de las administraciones. La financiación pública cayó en más de siete millones de euros respecto al año anterior, al pasar de 54 a 46,7 millones, una reducción que se explica, sobre todo, por el desplome de las subvenciones ligadas a la actividad electoral en un año sin grandes citas con las urnas y por un cambio en la forma de presentar las cuentas.

Sin embargo, esa bajada quedó compensada por el aumento de los ingresos privados y por una drástica reducción del gasto electoral, lo que permitió al partido ampliar todavía más su colchón financiero. Los ingresos privados crecieron de 24 a 26 millones de euros gracias al exceso de provisiones contabilizado durante el ejercicio, al incremento de las aportaciones realizadas por afiliados y cargos públicos y a otros ingresos de la actividad ordinaria.

Más allá de las cifras de un solo año, las cuentas confirman una tendencia que se viene repitiendo desde hace tiempo. El PSOE es el partido con mayor capacidad para acumular patrimonio y liquidez, una ventaja que le permite afrontar campañas electorales, mantener su estructura territorial y absorber con mayor facilidad los cambios en la financiación pública.

Dos grandes partidos y una brecha económica cada vez más evidente

Si el PSOE ocupa el primer puesto en músculo financiero, el Partido Popular continúa siendo el segundo actor con mayor capacidad económica. Las cuentas correspondientes a 2024 muestran una formación saneada, con más de 63 millones de euros de ingresos entre financiación pública y privada y un beneficio superior a los 20 millones de euros, muy por encima del registrado el año anterior. A ello se suman otros 11,2 millones contabilizados como ingresos extraordinarios, una partida que llamó la atención por no detallarse su procedencia.

Aunque los populares siguen reforzando su patrimonio, la distancia respecto al PSOE continúa siendo notable cuando se analiza la liquidez disponible. Ningún partido dispone actualmente de una tesorería comparable a la de los socialistas, que superan ampliamente los 70 millones de euros en efectivo.

El contraste resulta todavía mayor al observar la situación de Vox. La formación liderada por Santiago Abascal ingresó 22,7 millones de euros durante 2024, una cifra muy inferior a la de los dos grandes partidos. Además, casi ocho de cada diez euros que entraron en sus cuentas procedieron de subvenciones públicas y aportaciones institucionales, mientras que la financiación privada apenas superó los cuatro millones y descendió alrededor de un 20 % respecto al ejercicio anterior. El partido volvió a cerrar el año en pérdidas, con un resultado negativo de 2,75 millones de euros, encadenando así dos ejercicios consecutivos en números rojos.

La comparación entre las tres principales fuerzas nacionales refleja modelos económicos muy distintos. Mientras PSOE y PP han logrado consolidar estructuras financieras capaces de generar importantes colchones de liquidez, Vox continúa dependiendo en gran medida de las subvenciones públicas y no ha conseguido equilibrar sus cuentas en los dos últimos ejercicios.

Mucho dinero público y enormes diferencias de patrimonio

Las diferencias son todavía más acusadas al bajar un escalón en el mapa político. Ciudadanos apenas ingresó algo más de 700.000 euros durante 2024, una cantidad insuficiente para sostener una estructura que terminó generando pérdidas superiores a los dos millones tras el desplome de su representación institucional.

Sumar tampoco consiguió cerrar el ejercicio en positivo. La coalición registró unos ingresos ordinarios de 1,9 millones de euros, de los que la inmensa mayoría procedían de financiación pública, pero sus gastos volvieron a superar los ingresos y el resultado final fue un déficit superior a los 660.000 euros.

Entre los partidos de ámbito territorial, el PNV continúa siendo el que maneja un mayor volumen de recursos. Durante 2024 declaró unos ingresos próximos a los 13,2 millones de euros, repartidos entre financiación pública y privada, aunque el ejercicio terminó también en pérdidas. EH Bildu destacó por el crecimiento de sus ingresos privados, impulsados por las aportaciones y cuotas de afiliados, mientras que ERC logró regresar al superávit pese al descenso de las subvenciones derivadas de sus resultados electorales.

Las cuentas de todas las formaciones dejan otra conclusión común: la financiación pública sigue siendo el principal sostén económico de los partidos españoles. Incluso cuando aumenta el peso de los ingresos privados, buena parte de ellos procede de las aportaciones realizadas por cargos públicos y grupos institucionales, es decir, de recursos vinculados a la representación obtenida en las instituciones. La diferencia aparece, sobre todo, en la capacidad para transformar esos ingresos en patrimonio y liquidez.

Fue el jueves cuando el por ahora presidente en funciones Juanma Moreno y el candidato de ultraderecha Manuel Gavira rubricaron 120 medidas que dan pie a investir de nuevo al presidente popular por otros cuatro años, convirtiendo por primera vez a Vox en socio del Ejecutivo andaluz. El pacto no es solo la hoja de ruta de la comunidad par los próximos cuatro años, también una tanda de medidas que anticipan un eventual Gobierno central.

No es la primera vez. En los últimos meses todos los caminos del PP han llevado a Vox. Las últimas cuatro autonomías que se han jugado unas nueva presidencia no solo han revalidado al Partido Popular, sino que lo han hecho siguiendo las exigencias de la ultraderecha. Extremadura, Aragón, Castilla y León y ahora Andalucía, han pactado con el partido de Santiago Abascal con la vista puesta en las elecciones generales que tendrán lugar el año que viene, cuando Pedro Sánchez agote su segunda legislatura.

El acuerdo sellado en Andalucía ha alzado una vez más la llamada prioridad nacional como una de las exigencias clave de Vox para facilitarle los gobiernos al PP. “El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio“, escriben, medida que también contemplaban las comunidades predecesoras.

De la misma manera que en las medidas ya pactadas en Extremadura, Aragón y Castilla y León, en esta ocasión Moreno Bonilla aboga por “no más menores extranjeros no acompañados”, promete un plan de retorno de inmigrantes en situación irregular y asegura que suprimirán totalmente las subvenciones a las ONG que, según el texto, “favorezcan la inmigración ilegal”. De la misma manera, han prohibido el uso del burka y el nicab en edificios y servicios públicos.

La segunda gran constante es la fiscalidad. Los cuatro acuerdos incluyen rebajas de impuestos y nuevas deducciones para las familias. En Andalucía, el pacto contempla una reducción progresiva del tramo autonómico del IRPF, incentivos por nacimiento o adopción de hijos, entre otros.

El rechazo a parte de la agenda medioambiental impulsada desde Bruselas constituye otro de los denominadores comunes. Los cuatro documentos muestran su oposición al Pacto Verde Europeo, cuestionan algunas de las políticas derivadas de la Agenda 2030 y defienden una mayor protección del sector primario frente a las exigencias medioambientales. En el caso andaluz, PP y Vox se blindan “frente a los aspectos negativos de la Agenda 2030″.

A esto hay que sumarle su dura ofensiva contra la ocupación ilegal. En los cuatro territorios, sendos partidos han acordado exigir la aplicación estricta del “desahucio exprés”. Para reforzar esta medida, los pactos contemplan la creación de unidades específicas o servicios para verificar el fraude en el padrón municipal, buscando anular las inscripciones en domicilios ocupados que muchas veces sirven de llave para acceder a prestaciones.

El ámbito educativo también refleja la impronta ideológica de estos acuerdos. Uno de los puntos más llamativos que comparten Andalucía, Extremadura, Aragón y Castilla y León es la supresión del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), justificando la decisión como un rechazo al “adoctrinamiento en las aulas” y a cualquier injerencia extranjera. Además, en un guiño directo al sector primario, en los comedores escolares y públicos de estas cuatro comunidades se exigirá dar prioridad a los productos nacionales frente a los extranjeros en las licitaciones. En la vertiente social de la educación, todos los documentos prometen avanzar hacia la gratuidad total en la etapa infantil de 0 a 3 años.

Por otro lado, la tijera se aplicará sobre lo que la formación de extrema derecha ha bautizado sistemáticamente como “gasto político o improductivo”. Esta exigencia se traduce en una reducción directa del 50% de las subvenciones destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales. De la misma forma, las cuatro autonomías se han comprometido a congelar y reducir al “mínimo legal imprescindible” los fondos destinados a la cooperación internacional al desarrollo y a someter las cuentas a auditorías anuales y periódicas para rastrear y eliminar cualquier gasto superfluo.

Finalmente, la sustitución del relato sobre el pasado reciente de España es otro de los pilares del cuádruple pacto. Las regiones contemplan la derogación de sus respectivas normativas de memoria histórica para reemplazarlas por nuevas “Leyes de Concordia”, con el argumento de superar los “planteamientos de carácter ideológico”.

Para vigilar y garantizar el cumplimiento de todo este engranaje de medidas, el partido de Santiago Abascal se ha asegurado una parcela de poder muy concreta en los cuatro Ejecutivos: han creado e integrado en sus vicepresidencias o consejerías carteras específicas para favorecer la “regulación”, destinadas a la simplificación burocrática y al control ideológico y de eficiencia del gasto. A la espera de que Sánchez agote la legislatura, las cartas ya están sobre la mesa.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a la carga este viernes a cuenta de la llamada ley de nietos, estrategia que ha debido ir puliendo una vez salió a la luz la hemeroteca, que le evidencia favorable a la medida, a él y a los principales dirigentes de su partido. También ha tenido que dar marcha atrás con la insinuación de un fraude electoral, como, siguiendo el hilo de Vox, deslizó al comenzar la semana en el programa de Federico Jiménez Losantos. Ahora, Núñez Feijóo apunta a la hermana del ministro Óscar Puente y a un supuesto colapso del Estado a golpe de regularizar o nacionalizar a ciudadanos.

Sofía Puente es fiscal de carrera y actual alto cargo en el Ministerio de Justicia, en concreto secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia. ¿Por qué el PP la señala? Porque la responsabiliza de una instrucción clave para la aplicación de la disposición que habilita la reparación hacia los descendientes de aquellos españoles que emigraron huyendo de la guerra o la dictadura. Esa instrucción fue publicada en el BOE cinco días después de que entrara en vigor la ley. La emitió y aprobó la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que entonces dirigía Puente.

En uno de sus apartados, esa orden administrativa reza que “se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”, mientras que “si la salida de España se produjo entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978 deberá acreditarse la condición de exiliado”. Así, otorga el estatus de exiliado caso de forma automática a todos los que emigraron durante dos décadas, entre 1936 y 1955. Para el PP, es una reinterpretación que no tuvo debate y que abrió la puerta o decenas o cientos de miles más.

“El Estado no está preparado”

A ella se ha referido Núñez Feijóo, que ha intervenido en el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells, celebrado en Castellón. Defiende el líder de la oposición que “no hay un solo español que crea que hay buena fe” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. “Es irresponsable tomar decisioiones de este impacto sin un amplio consenso ni debate en el Parlamento”, se ha quejado. Lamenta el político que se trata de una decisión “irreversible” y que el Ejecutivo “se está negando a transparentar cómo se está ejecutando”. “Nos dijeron que era medio millón -de personas- y son 1,3 millones”, ha subrayado.

Como ya ha dicho en otras ocasiones a lo largo de la semana, “la nacionalidad es la expresion más honda en la relación entre un ciudadano y un Estado”. “¿Es tanto pedir -ha insistido a continuación- que se haga con limpieza y sin arbitrariedad?" El presidente del PP valora que “cambios sociales de esta dimension no se pueden hacer sin planificacion ninguna” y diagnostica que “el Estado no está preparado para un cambio de esta manitud”. “No podemos gestionarlo”, se ha quejado, hablando de servicios públicos como la sanidad.

“El PSOE está muerto de miedo”

Núñez Feijóo ha asegurado a los presentes que la preocupación de Sánchez no son los españoles, no mientras esté cercado en su gobierno, en su partido y hasta en el seno de su familia por los tribunales. “Su verdadera preocupación -ha apostado- es que se sepa todo, que hablen quienes saben. Su espada de Damocles son Leire, un testaferro, un intermediario, un alto cargo o cualquiera que quiera decir la verdad”. Para el líder popular, “el PSOE está muerto de miedo y así no se puede gobernar el país”. Y ha terminado: “Quiten sus sucias manos de nuestro dinero ya, paren ya de robar”.

Si llega a la Presidencia del Gobierno, ha prometido Feijóo, “vamos a limpiar, sin medias tintas; vamos a devolver las instituciones a la gente y gobernar con honestidad, y quien no actúe con honestidad no tiene hueco en este partido”.

La prioridad nacional se ha consolidado en apenas seis meses como una de las principales condiciones impuestas por Vox para facilitar gobiernos del Partido Popular en las comunidades autónomas. El acuerdo alcanzado este jueves entre ambas formaciones para investir a Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía ha convertido a la comunidad andaluza en la cuarta en incorporar este principio a un pacto de gobierno, después de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Allí donde el PP ha necesitado los votos de la formación de Santiago Abascal para gobernar, la prioridad nacional ha terminado formando parte del acuerdo.

La medida, una de las principales banderas políticas de Vox en materia de inmigración y acceso a ayudas públicas, ha ido ganando peso negociación tras negociación hasta convertirse en un elemento prácticamente inamovible en las conversaciones con el Partido Popular. Aunque el PP nunca ha defendido públicamente el concepto en los mismos términos que su socio, en todas las comunidades ha acabado aceptando incluirlo en los acuerdos, eso sí, acompañado de la misma matización: su aplicación deberá respetar la Constitución, la legislación española y el derecho de la Unión Europea.

Lejos de producirse de forma simultánea, la incorporación de la prioridad nacional ha seguido una evolución progresiva. Extremadura abrió el camino, Aragón confirmó que no se trataba de un caso aislado, Castilla y León consolidó el precedente y Andalucía ha terminado por cerrar un ciclo político que ha convertido una de las principales reivindicaciones de Vox en un elemento común de todos los pactos autonómicos suscritos con el PP durante el último medio año.

Extremadura abrió el precedente

La primera comunidad donde la prioridad nacional dejó de ser una propuesta política para convertirse en un compromiso de gobierno fue Extremadura. Tras las elecciones autonómicas, María Guardiola necesitaba el respaldo de Vox para ser investida presidenta y las negociaciones desembocaron en el primer acuerdo que recogía expresamente este principio.

El documento establecía que “el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional”, una redacción que Vox presentó como una de las grandes victorias de la negociación. Por primera vez, uno de los pilares de su discurso político quedaba plasmado por escrito en un acuerdo firmado con el Partido Popular.

La inclusión de esa referencia abrió inmediatamente un debate sobre su alcance. Mientras Vox defendía que la prioridad nacional debía traducirse en una preferencia para los españoles en el acceso a determinados recursos públicos, el PP trató desde el primer momento de limitar su interpretación. Desde Génova insistieron en que el concepto debía entenderse conforme al marco constitucional y a la normativa europea y comenzaron a vincularlo al arraigo y a la integración, una explicación que se convertiría en el argumento habitual de los populares durante los meses siguientes.

Pero, sobre todo, Extremadura marcó un precedente político. Vox comprobó que había logrado incorporar una de sus principales reivindicaciones a un acuerdo de gobierno y decidió convertirla desde entonces en una condición prácticamente irrenunciable en todas las negociaciones posteriores con el Partido Popular.

Aragón y Castilla y León consolidan el modelo

El siguiente capítulo se escribió en Aragón. Jorge Azcón necesitaba los votos de Vox para alcanzar la presidencia autonómica y la prioridad nacional volvió a situarse entre las principales exigencias de la formación de Santiago Abascal.

Las conversaciones reprodujeron buena parte del esquema visto semanas antes en Extremadura y el acuerdo definitivo volvió a recoger este principio. La diferencia estuvo en la forma de presentarlo. Durante la comparecencia para anunciar el pacto, Azcón defendió que “el concepto político de la prioridad nacional, adecuado a la legalidad, va a regir los principios que inspiran al próximo Gobierno”, una declaración con la que el PP asumía ya abiertamente la expresión, aunque insistía en que su desarrollo tendría que ajustarse al ordenamiento jurídico.

Aquella apelación constante a la legalidad se convirtió en la fórmula utilizada por los populares para tratar de marcar distancias con la interpretación que hacía Vox. Mientras la formación de Abascal presentaba la prioridad nacional como una preferencia para los españoles en el acceso a determinadas ayudas y recursos públicos, el PP insistía en relacionarla con criterios de arraigo y con el respeto a la legislación vigente.

Ese mismo planteamiento volvió a repetirse poco después en Castilla y León. Para entonces, el precedente ya estaba plenamente asentado y la prioridad nacional formaba parte del paquete habitual de condiciones que Vox llevaba a la mesa de negociación.

El acuerdo alcanzado entre ambas formaciones volvió a incorporar este principio junto a otras medidas relacionadas con la inmigración, como el endurecimiento de las políticas sobre menores extranjeros no acompañados, la prohibición del burka o la revisión de distintas líneas de ayudas públicas. De nuevo, el Partido Popular acompañó el pacto del mismo mensaje: cualquier desarrollo de esas medidas tendría que producirse respetando el marco constitucional y la legislación española.

A esas alturas, el debate ya no giraba tanto en torno a la presencia de la prioridad nacional en los acuerdos, sino sobre el significado que cada uno de los socios atribuía a ese concepto.

Andalucía completa la secuencia

La negociación andaluza ha sido la última en seguir ese mismo recorrido y también la que mayor repercusión política ha tenido. Durante la campaña electoral, Juanma Moreno defendió reiteradamente su intención de gobernar en solitario y rechazó algunas de las principales propuestas planteadas por Vox. Entre ellas figuraba precisamente la prioridad nacional, a la que llegó a calificar de “eslogan hueco”. También sostuvo que muchas de las medidas asociadas a ese concepto eran “ilegales”, al considerar que no podían encajar en el marco constitucional.

Sin embargo, el resultado electoral dejó al PP sin mayoría suficiente y obligó a Moreno a abrir una negociación con Vox. Como ya había ocurrido en las comunidades anteriores, la prioridad nacional volvió a situarse entre las principales exigencias de la formación de Santiago Abascal y se convirtió en uno de los puntos que más dificultaron el acuerdo.

Las conversaciones atravesaron varios momentos de bloqueo. De hecho, Vox llegó a votar en contra de la primera sesión de investidura de Moreno al considerar insuficiente la propuesta planteada por el Partido Popular. Solo después de varios días de negociación ambas formaciones lograron cerrar un pacto que incorpora finalmente la prioridad nacional y que, además, permitirá por primera vez la entrada de Vox en el Gobierno andaluz con una vicepresidencia y una consejería.

Con el acuerdo alcanzado en Andalucía culmina una secuencia iniciada meses atrás en Extremadura. Lo que comenzó como una exigencia planteada por Vox en una primera negociación autonómica ha terminado convirtiéndose en un elemento común de los cuatro pactos de gobierno que el Partido Popular ha suscrito con la formación de Santiago Abascal durante el último semestre, siempre acompañado de la misma defensa por parte de los populares: que cualquier aplicación de la prioridad nacional deberá realizarse dentro de los límites que marca la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente.

El Partido Popular y Vox han firmado un acuerdo de gobierno de 120 medidas que fija la hoja de ruta de la Junta de Andalucía para los próximos cuatro años y sella la entrada de la formación de Santiago Abascal en el Ejecutivo autonómico. El pacto no solo incorpora buena parte de las principales reivindicaciones programáticas de Vox, sino que también redefine el reparto institucional del nuevo Gobierno: Manuel Gavira será vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regulación, Justicia y Administración Local, mientras que Vox obtendrá además un senador por designación autonómica y la Vicepresidencia Primera del Parlamento andaluz.

El documento, firmado este jueves por Juanma Moreno y Manuel Gavira, convierte por primera vez a Vox en socio de gobierno del Partido Popular en Andalucía y establece un compromiso para desarrollar durante toda la legislatura un programa dividido en quince grandes bloques que abarcan desde la fiscalidad y la inmigración hasta la sanidad, la vivienda, el sector primario o la simplificación administrativa. El texto también incluye el compromiso de aprobar los presupuestos autonómicos de 2027, 2028, 2029 y 2030 para garantizar la ejecución de las medidas acordadas.

Durante la presentación del acuerdo, Juanma Moreno defendió que la incorporación de Vox al Consejo de Gobierno responde a una cuestión de responsabilidad política. “Siempre he dicho que es muy importante que el partido con el que se acuerda esté en el Gobierno porque asume también la responsabilidad y es corresponsable de los objetivos para los próximos cuatro años”, afirmó el presidente andaluz. Moreno calificó además el pacto de “sensato” y “sereno” y aseguró que es el resultado de un diálogo “intenso” y “honesto” entre ambas formaciones.

Vox logra introducir la prioridad nacional y endurecer la política migratoria

La principal cesión programática del Partido Popular gira en torno a la inmigración, uno de los ejes sobre los que Vox ha construido la negociación. El acuerdo incorpora expresamente el principio de prioridad nacional en el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, una reivindicación que el PP había evitado asumir durante las primeras semanas de conversaciones y que finalmente queda recogida bajo el concepto de “arraigo real, duradero y verificable”.

El texto establece que el acceso a los recursos públicos deberá inspirarse en ese principio y prevé reforzar los requisitos de empadronamiento y vinculación con Andalucía, vincular determinadas ayudas a la trayectoria de cotización y permanencia en el sistema y limitar el acceso a prestaciones sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, salvo en supuestos de urgencia vital. Además, ambas formaciones se comprometen a impulsar las modificaciones legales necesarias para facilitar la aplicación de estas medidas.

El capítulo dedicado a inmigración va mucho más allá de esa medida. El acuerdo plantea la puesta en marcha de un plan para favorecer el retorno de menores extranjeros no acompañados a sus países de origen dentro de las competencias de la Junta, una auditoría anual de todo el gasto público vinculado a la inmigración, la supresión de subvenciones a organizaciones que, según el texto, favorezcan la inmigración ilegal, la creación de un servicio específico para combatir el fraude del padrón y de las prestaciones sociales y la prohibición del uso del burka y el nicab en edificios y servicios públicos autonómicos. También recoge el compromiso de reclamar al Gobierno la publicación periódica de estadísticas sobre expulsiones de extranjeros condenados por delitos y promover cambios en la legislación del padrón para combatir el fraude y la ocupación ilegal.

Rebajas fiscales, vivienda y apoyo al campo

El documento dedica otro de sus grandes bloques a la política económica y fiscal. PP y Vox acuerdan aplicar una rebaja progresiva del tramo autonómico del IRPF para las rentas inferiores a 60.000 euros, ampliar las deducciones fiscales por nacimiento y adopción de hijos, discapacidad, familias numerosas o pacientes con ELA y suprimir los tres tributos propios de carácter medioambiental actualmente vigentes. También prevén nuevas bonificaciones en el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y una reducción gradual del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para facilitar el acceso a la vivienda.

Precisamente la vivienda ocupa otro de los apartados centrales del acuerdo. El texto compromete la construcción de al menos 20.000 viviendas protegidas durante la legislatura mediante fórmulas de colaboración público-privada y plantea aplicar también el principio de prioridad nacional en el acceso a vivienda protegida y alquiler social. Entre los criterios de adjudicación se valorará la vinculación económica, laboral, familiar o social con Andalucía y se excluirá del acceso a vivienda pública a quienes hayan sido condenados por ocupación ilegal de inmuebles. El pacto incorpora además medidas para reforzar la protección jurídica de los propietarios afectados por ocupaciones y reclama la aplicación efectiva del denominado desahucio exprés.

Las políticas de familia constituyen otro de los ejes del acuerdo. PP y Vox se comprometen a aprobar una nueva Ley de Familia de Andalucía, incrementar las partidas destinadas a natalidad, maternidad y dependencia, desarrollar un Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada y sacar adelante una Ley de Segunda Infancia para reforzar la atención temprana. El documento también prevé aumentar las plazas en residencias y centros de día para mayores y revisar el modelo de dependencia para reducir las listas de espera.

En materia educativa, el acuerdo contempla la no renovación del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), impulsar la climatización de los centros educativos, reforzar la atención a alumnos con necesidades especiales, reclamar una prueba única de acceso a la universidad en toda España e incorporar la historia del terrorismo en los contenidos curriculares.

El sector primario ocupa igualmente una posición destacada dentro del documento. Ambas formaciones expresan su rechazo al Pacto Verde Europeo, al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y a la reforma de la Política Agraria Común. Además, acuerdan impulsar nuevas infraestructuras hidráulicas, ampliar la superficie de regadío, reducir la burocracia para agricultores y ganaderos, promover un paquete fiscal específico para el campo y reforzar el apoyo a la ganadería extensiva, la pesca de arrastre, la caza y las denominaciones de origen andaluzas.

El acuerdo incorpora asimismo compromisos para reducir el gasto considerado superfluo, revisar subvenciones y entes públicos, reforzar la sanidad con medidas para reducir las listas de espera y mejorar la Atención Primaria, impulsar nuevas infraestructuras deportivas y avanzar en la simplificación administrativa. Para garantizar el cumplimiento de lo pactado, PP y Vox crean una comisión de seguimiento encargada de resolver las discrepancias entre los socios de gobierno y supervisar el desarrollo de las medidas recogidas en el documento durante toda la legislatura.

Juanma Moreno ya tiene asegurado un segundo mandato al frente de la Junta de Andalucía. El líder del Partido Popular ha sido investido este jueves presidente gracias al apoyo de los 15 diputados de Vox, que han respaldado su candidatura después del acuerdo de gobierno sellado entre ambas formaciones apenas unos minutos antes de la votación. Moreno ha superado así la segunda sesión de investidura al reunir más votos a favor que en contra, la mayoría simple exigida en esta fase del procedimiento parlamentario, y encabezará por primera vez un Ejecutivo de coalición con la formación de Santiago Abascal.

La votación pone fin a casi un mes y medio de negociaciones desde las elecciones autonómicas del 17 de mayo, en las que el PP se quedó a solo dos escaños de la mayoría absoluta. La negativa de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía a facilitar la investidura mediante una abstención convirtió desde el primer momento a Vox en el único socio posible para evitar una repetición electoral y garantizar la continuidad del Gobierno popular.

El respaldo de los 15 diputados de Vox permitió a Moreno alcanzar 68 votos favorables en un Parlamento compuesto por 109 escaños. Dos días antes no había logrado superar la primera votación, en la que era necesaria la mayoría absoluta, pero el acuerdo cerrado entre ambas formaciones despejó el camino para que el candidato popular obtuviera la mayoría simple exigida en la segunda.

Antes de la sesión de investidura, PP y Vox hicieron público un acuerdo de gobierno de 120 puntos que servirá de hoja de ruta durante toda la legislatura y que supone un cambio de escenario respecto al mandato anterior. Si entre 2019 y 2022 Vox sostuvo al Ejecutivo desde la oposición, ahora pasará a formar parte del Consejo de Gobierno y compartirá la gestión de la Junta durante los próximos cuatro años.

Moreno defiende la entrada de Vox en el Gobierno

Durante su comparecencia antes de la votación, Juanma Moreno justificó la incorporación de Vox al Ejecutivo como una decisión orientada a garantizar la estabilidad política y a compartir la responsabilidad del futuro Gobierno. “Siempre he dicho que es muy importante que el partido con el que se acuerda esté en el Gobierno porque asume también la responsabilidad y es corresponsable de los objetivos para los próximos cuatro años”, afirmó.

El presidente reconoció que el resultado electoral hacía pensar al Partido Popular que podría gobernar en solitario, aunque admitió que la composición del Parlamento obligaba a buscar un acuerdo. En ese contexto, defendió que la presencia de Vox en el Consejo de Gobierno facilitará la coordinación entre el Ejecutivo y el Parlamento y permitirá desarrollar un proyecto común durante toda la legislatura.

Moreno insistió en que el pacto era la mejor alternativa para evitar un escenario de bloqueo institucional o una repetición electoral. “Ante la posibilidad del bloqueo o incluso de un adelanto electoral que paralizaría nuestra comunidad durante seis meses, se ha alcanzado un acuerdo que creo que es positivo para Andalucía”, sostuvo.

El líder popular definió además el entendimiento alcanzado con Vox como un acuerdo “sensato” y “sereno”, fruto de un diálogo “intenso” y “honesto” en el que, según explicó, ambas formaciones hablaron “con absoluta claridad”, incluso cuando mantenían posiciones distintas en algunos asuntos.

Un Ejecutivo de coalición

El pacto que ha hecho posible la investidura de Moreno no se limita al respaldo parlamentario. El documento, compuesto por 120 puntos, fija el programa político que ambas formaciones desarrollarán durante la legislatura e incorpora varias de las principales reivindicaciones de Vox.

Entre ellas figura el principio de prioridad nacional en el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, una medida que el Partido Popular había rechazado durante la negociación y que finalmente ha aceptado bajo la referencia al “arraigo”. El texto establece que el acceso a esos recursos públicos “se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en el territorio”. El acuerdo también recoge medidas de apoyo a la familia, rebajas fiscales, simplificación administrativa, actuaciones en materia de desregulación y compromisos relacionados con el denominado Pacto Verde europeo.

En el plano institucional, Vox se incorpora por primera vez al Gobierno andaluz. Su portavoz parlamentario, Manuel Gavira, asumirá la Consejería de Turismo, Regulación, Justicia y Administración Local con rango de vicepresidente de la Junta. Además, el Partido Popular cederá a la formación uno de los cinco senadores por designación autonómica que corresponden al Parlamento andaluz y facilitará que ocupe una de las vicepresidencias de la Cámara.

La investidura de Juanma Moreno abre así una nueva etapa política en Andalucía. Será la quinta vez que la comunidad esté gobernada por un Ejecutivo de coalición desde la constitución de la autonomía, pero la primera en la que el Partido Popular y Vox compartan el Consejo de Gobierno. También convierte a Andalucía en la quinta comunidad autónoma en la que ambas formaciones gobiernan conjuntamente, consolidando una fórmula que ya se había puesto en marcha en Castilla y León, Extremadura y Aragón.

La Audiencia Nacional ha condenado al ex secretario general del PP de Madrid y exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados a dos años y medio de prisión por favorecer la adjudicación de contratos públicos a la empresa Waiter Music en el marco de la pieza del ‘caso Púnica’ centrada en la organización de festejos en distintos municipios madrileños. La Sala de lo Penal le considera autor de un delito continuado de fraude y otro continuado de prevaricación, por el que además le impone ocho años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

La sentencia, correspondiente a la pieza separada número 7 de la macrocausa Púnica, concluye que Granados desempeñó un papel clave para facilitar el funcionamiento del sistema de adjudicaciones, pese a no intervenir formalmente en la tramitación administrativa de los contratos. Según los magistrados, actuó como “elemento impulsor y facilitador del sistema” gracias a su posición de poder político y a la influencia que mantenía sobre los responsables de adoptar las decisiones.

El tribunal sostiene que esa capacidad de influencia permitió favorecer de forma continuada a la empresa Waiter Music, propiedad del empresario José Luis Huertas, fallecido antes de que pudiera ser juzgado. A cambio, añade la resolución, Granados recibió prestaciones en especie consistentes en la organización de eventos privados sufragados por el empresario, sin que estos fueran abonados.

Los hechos juzgados abarcan un periodo comprendido entre 2007 y 2014 y se refieren a contratos para la organización de fiestas patronales, carnavales, cabalgatas de Reyes y otros eventos festivos en varios municipios madrileños gobernados por el PP.

Un sistema de adjudicaciones predeterminado

La sentencia considera acreditado que Waiter Music trabajó durante años para distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid gracias a un sistema en el que los expedientes administrativos estaban orientados para que los contratos acabaran siendo adjudicados a esa empresa o a otras sociedades controladas directa o indirectamente por José Luis Huertas.

Según los hechos declarados probados, la compañía prestó servicios para el Ayuntamiento de Valdemoro entre 2004 y 2013 y también organizó festejos entre 2007 y 2011 en municipios como Móstoles, San Martín de la Vega, Algete, Chinchón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Moraleja de En Medio.

La Audiencia Nacional explica que esa relación comercial respondía a un esquema estable. Por un lado, Waiter Music organizaba los festejos públicos contratados por los ayuntamientos y, por otro, ofrecía servicios adicionales que beneficiaban directamente a responsables políticos. Entre esos servicios figuraban actuaciones extraordinarias durante las fiestas, actos organizados para agrupaciones locales del PP o celebraciones privadas de algunos de sus dirigentes. Según recoge el fallo, esos trabajos no eran facturados a quienes los recibían.

La resolución añade que José Luis Huertas asumía directamente el coste de algunos de esos servicios y, en otros casos, incrementaba el importe de las facturas correspondientes a los contratos públicos para absorber ese gasto. El objetivo, según el tribunal, era mantener el favor de los responsables municipales y asegurar la continuidad de las adjudicaciones.

La responsabilidad atribuida a Granados

Los magistrados destacan que la responsabilidad de Francisco Granados no deriva de haber firmado personalmente los expedientes administrativos, sino de la influencia política que ejercía sobre quienes sí tenían capacidad para adoptar las decisiones. Asimismo, considera probado que “mantuvo una capacidad de influencia continuada sobre los órganos decisores, aun sin ostentar formalmente competencia administrativa directa”, lo que permitió favorecer las adjudicaciones a Waiter Music. La Sala añade que esa influencia iba acompañada de un beneficio personal para Granados mediante la recepción “sistemática de prestaciones en especie no retribuidas”, consistentes en eventos privados sufragados por el empresario.

El tribunal subraya además que la propia dinámica de los hechos revela que las adjudicaciones se desarrollaban en un contexto en el que la relación política y personal entre Granados y el empresario facilitaba la obtención de decisiones favorables para la compañía, aunque sin necesidad de que existiera una intervención directa en cada procedimiento administrativo.

Además de Granados, la sentencia condena a los exalcaldes de Valdemoro José Carlos Boza, a cuatro años de prisión, y José Miguel Moreno, a dos años. También impone dos años de cárcel a la exalcaldesa de Ciempozuelos María Ángeles Herrera y al exalcalde de Moraleja de En Medio Carlos Alberto Estrada. Por el contrario, el tribunal absuelve a quienes fueron alcaldes de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz Espejo, así como a otros dos acusados que también estaban siendo juzgados en esta pieza separada.

La resolución supone la primera gran condena por corrupción impuesta a Francisco Granados dentro de los procedimientos derivados del ‘caso Púnica’. La macrocausa, abierta en 2014, fue dividida en más de una decena de piezas separadas para investigar distintas líneas de actuación relacionadas con presuntas adjudicaciones irregulares y otros delitos de corrupción.

Granados ya había sido condenado anteriormente dentro del ‘caso Púnica’. En 2017 recibió una pena de dos años de prisión por haber recibido un aviso de un guardia civil sobre la investigación que se estaba desarrollando en su contra. Aquella condena fue posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo. En ese procedimiento no se le juzgó por el desvío de fondos públicos ni por las adjudicaciones irregulares que constituyen el núcleo de la investigación, sino exclusivamente por el chivatazo recibido antes de que estallara la operación policial.

El PP nacional presiona a Juanma Moreno para que aparque las diferencias con Vox y busque lo que les une, pero el barón andaluz trata de jugar con el órdago electoral para tratar de forzar una abstención. El enrocamiento de Moreno todavía no ha empujado a Génova a tomar cartas sobre el asunto. La Dirección Nacional confía en que más “pronto que tarde” acabarán llegando al cuarto acuerdo autonómico. Así lo expuso la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, quien pidió a ambas formaciones que se entendiesen porque “lo que quieren muchos ciudadanos” es “pasar página” de la etapa de Pedro Sánchez.

El mensaje de la portavoz popular iba dirigido especialmente al barón andaluz: “Hay cosas que nos diferencian con Vox, por supuesto, por eso somos dos partidos completamente diferentes, pero hay cosas que nos unen. Y en estos momentos de urgencia nacional, yo creo que tiene que ser más lo que nos une que lo que nos separa”, apuntó.

Lo que los “separa” son dos condiciones que el propio Moreno marcó como línea roja en su campaña electoral, pero que Vox marca como inamovible en las negociaciones: la prioridad nacional —que él describió como un “eslogan vacío”— y la entrada de Abascal en el Ejecutivo autonómico.

El presidente en funciones trata de hacer ver que los 53 diputados del PP frente a los 13 de Vox son razón suficiente para rebajar sus exigencias. Pero los de Santiago Abascal mantienen que, mientras el PP necesite de sus diputados, ellos son los que dictan las condiciones y marcan los tiempos en esta negociación.

En su discurso de investidura, Moreno insistió en su “línea andaluza”, evitando regalar balones a Manuel Gavira con un discurso sin menciones a la prioridad nacional o vinculaciones entre migración y delincuencia, apelando en su lugar al “bien común” y a un proyecto de estabilidad que no dependa de “circunstancias políticas”. El líder andaluz jugó al mismo tiempo con equilibrismos, evitando ensalzar la política de acogida que ha defendido en pasados cruces parlamentarios.

Victoria a la segunda o tocará hablar en verano

Su intervención no convenció a la extrema derecha, que volvió a exigir a Moreno pasar por el mismo aro por el que pasaron María Guardiola en Extremadura, Jorge Azcón en Aragón y Alfonso Mañueco en Castilla y León. “Si sigue por ese camino, será en tercera votación, cuarta, quinta o nunca”, avisó Gavira.

El dirigente andaluz fracasó en la primera votación para su investidura y deberá enfrentarse a una segunda este jueves, 48 horas después. Vox ya hace ver que las conversaciones podrían extenderse a lo largo del mes de julio. La última oportunidad podría llegar a finales de octubre y, en el caso de encajar una nueva derrota, habría una repetición electoral.

Fuentes del PP consultadas por Infobae no ven probable este escenario. Insisten en que, en el caso de Extremadura, el acuerdo llegó cuatro meses después de las urnas. “Acabó siendo más tarde que pronto”, subrayaron. Y el acuerdo engrasó las negociaciones estancadas con Azcón y Mañueco, que aceptaron la prioridad nacional y la entrada de Vox en sendos acuerdos el 23 de abril y el 10 de junio.

Moreno esperó dos semanas para descolgar el teléfono, empujado por la negativa de Vox a negociar una abstención. Desde el Ejecutivo central vieron la primera votación fallida como un “teatrillo” que acabará en un eventual acuerdo. Y en este sentido, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ya ha avisado al ejecutivo andaluz que el Gobierno “parará” y no permitirá vulneraciones de derechos humanos y fundamentales en esta comunidad. “Los ciudadanos tienen que saber que la garantía de sus derechos somos nosotros, el Gobierno de España”, declaró.

La Guardia Civil ha irrumpido este miércoles en la Diputación de Cádiz para reclamar varios expedientes de contratos de patrocinio concedidos a un conocido empresario de El Puerto de Santa María investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. La solicitud de documentación forma parte de una operación policial desplegada entre las provincias de Cádiz y Sevilla, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de El Puerto de Santa María y la Fiscalía Antidroga, que también ha incluido registros en distintos negocios del hostelero.

Los agentes se han personado en el Edificio Roma, sede del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación, para requerir cinco expedientes relacionados con contratos privados de patrocinio concedidos a empresas del investigado para la organización de conciertos y festivales celebrados en distintos municipios de la provincia. La propia Diputación ha confirmado, a través de un comunicado, que la Guardia Civil solicitó esa documentación “en el marco de una investigación en curso” y que la institución facilitó los expedientes requeridos.

La actuación ha situado el foco sobre un área especialmente sensible desde el punto de vista político, ya que está coordinada por el alcalde de El Puerto de Santa María y vicepresidente cuarto de la Diputación, Germán Beardo (PP). No obstante, fuentes cercanas a la investigación insisten a El País en que, por el momento, no existen indicios que impliquen a responsables políticos en la presunta trama que investiga el juzgado.

El propio Beardo quiso desvincularse de cualquier especulación poco después de conocerse la presencia de los agentes en la institución provincial. A través de un comunicado difundido en su perfil de Facebook, explicó que acudió al edificio “sin ser requerido” para ponerse a disposición de los investigadores y facilitar cualquier colaboración que fuera necesaria. Asimismo, precisó que abandonó posteriormente las dependencias y negó que la Guardia Civil registrara su despacho.

Los festivales patrocinados, en el centro de las pesquisas

La documentación requerida está relacionada con varios eventos musicales promovidos por el empresario investigado, cuya actividad empresarial se concentra principalmente en El Puerto de Santa María, donde regenta un local de copas, un restaurante, un chiringuito y un edificio de apartamentos turísticos.

Entre esos eventos figura un conocido festival de música urbana y latina nacido en la localidad gaditana y que, con el paso de los años, se ha extendido a otras ciudades, entre ellas Sevilla. Ese festival constituye uno de los principales focos de interés de la investigación.

En la página web de la edición de este año aparece la Junta de Andalucía como una de las entidades patrocinadoras. Además, la Plataforma de Contratación del Estado recoge que la empresa organizadora fue beneficiaria de un contrato privado de patrocinio de la Diputación de Cádiz por importe de 100.000 euros.

A ese evento se suma otro festival itinerante, también dedicado a la música urbana y gestionado por el mismo empresario, que se celebró entre los meses de mayo y junio en distintas localidades de la Sierra de Cádiz. En su página web también figura la Diputación como patrocinadora y, según la información publicada en la Plataforma de Contratación del Estado, las empresas vinculadas al investigado han recibido durante los dos últimos años contratos privados de patrocinio por un importe conjunto superior al millón de euros.

Precisamente para comprobar el alcance de esas relaciones contractuales, la Guardia Civil también ha solicitado información a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía sobre otros contratos de patrocinio de características similares.

Registros en Cádiz y Sevilla dentro de una investigación bajo secreto

La actuación en la Diputación se ha producido de forma simultánea a un amplio dispositivo desplegado desde primera hora de la mañana en distintos puntos de las provincias de Cádiz y Sevilla. Los agentes de la Comandancia de Sevilla han registrado varios locales y oficinas del empresario investigado, situados tanto en el centro histórico de El Puerto de Santa María como en la urbanización Puerto Sherry, además de practicar otras entradas en municipios del entorno de la capital sevillana.

Las diligencias permanecen bajo secreto de sumario y, según cuentan fuentes cercanas al caso a El País, comenzaron hace varios meses. Además del hostelero portuense, la investigación afecta a “varios empresarios” más y apunta a la existencia de un entramado de sociedades que, presuntamente, habría servido para blanquear capitales procedentes del narcotráfico. Por ahora, sin embargo, los investigadores no han desvelado cuál habría sido el funcionamiento de esa supuesta red ni el mecanismo utilizado para introducir el dinero en el circuito legal.

Las actuaciones policiales también han tenido una inmediata repercusión política. Desde la oposición, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha reclamado al Partido Popular “la mayor transparencia” ante una investigación que, aunque permanece bajo secreto, ha alcanzado ya a una de las principales instituciones de la provincia. “Estamos expectantes y con incredulidad. ¿Qué está ocurriendo?”, ha manifestado el dirigente socialista tras conocerse la actuación de la Guardia Civil.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado este miércoles la presencia de observadores que supervisen los procesos de nacionalización y regularización impulsados por el Gobierno central antes de la celebración de las próximas elecciones. A su juicio, estos procedimientos deben contar con mayores garantías de control y transparencia, ya que considera que su desarrollo puede tener consecuencias sobre el censo electoral y, por tanto, sobre el reparto de escaños.

Durante un coloquio celebrado en el Club Siglo XXI, la dirigente popular ha mostrado preocupación por el incremento de nuevos ciudadanos con derecho a voto derivado, entre otras medidas, de la conocida Ley de Nietos, una disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática de 2022 también criticada por Vox. Una normativa que permite acceder a la nacionalidad española a determinados descendientes de personas que abandonaron España como consecuencia de la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista.

Así, Ayuso ha anunciado que el Ejecutivo madrileño va a continuar recurriendo a todas las vías institucionales y jurídicas que considere oportunas para exigir un mayor control sobre estos procesos. “Seguiremos pidiendo transparencia, rigor, iremos a las instancias que hagan falta, ante la Unión Europea, ante el tribunal que sea, y también pedir a observadores. Observadores ya, no el día de las elecciones, ya, porque es ahora cuando este proceso a nosotros nos parece que inquieta”, ha afirmado.

“Nacionalizar socialistas”

Según ella, la supervisión debería comenzar antes de la próxima cita con las urnas, al entender que las decisiones que afectan al censo electoral se están produciendo con antelación y podrían condicionar la composición del electorado. En su intervención, ha insistido en que la preocupación no radica únicamente en la jornada electoral, sino en la forma en la que se están desarrollando los procedimientos previos de concesión de nacionalidades y regulación de personas.

De hecho, Ayuso ha vinculado esta situación con una supuesta estrategia política del Gobierno de Pedro Sánchez, preguntándose si el Ejecutivo está intentando “nacionalizar socialistas”. Así, ha acusado al PSOE de utilizar estos procesos para alterar el censo electoral, defendiendo que el Gobierno estaría realizando una “ingeniería” sobre el registro de votantes y favoreciendo decisiones que, en su opinión, permitirían incentivar o desincentivar el voto “según conviene y según el origen”.

La presidenta popular ha ido un paso más allá al plantear que, en determinadas circunstancias, algunos nuevos electores podrían llegar a elegir la circunscripción en la que empadronarse con efectos sobre el reparto de escaños. “Allí donde le falten los votos al PSOE, pues ahí se podrá empadronar según, por ejemplo, en qué circunscripción, en aquellas regiones que son pluriprovinciales, si saben que, por los restos y por el recuento del voto, quedan 2.100 votos para llegar al siguiente escaño”, ha asegurado.

A partir de esta hipótesis, ha cuestionado los mecanismos de control existentes para determinar dónde se inscriben los nuevos ciudadanos con derecho a voto. En su opinión, podría darse la circunstancia de que personas sin una relación estrecha con España puedan influir en determinadas circunscripciones electorales. “Quién lo controla, quién lo decide y con qué criterio”, se preguntó durante su intervención.

“Una nueva arbitrariedad”

La presidenta madrileña también ha puesto el foco en las consecuencias que, a su juicio, tendría el aumento del número de electores sobre la representación parlamentaria. Según ha explicado, el crecimiento del censo derivado de las nuevas nacionalizaciones y regularizaciones ya estaría modificando el reparto de escaños en la Asamblea de Madrid. En este sentido, ha asegurado que la comunidad pasará de tener “136 a 145 que repartir” como consecuencia de la aplicación de la denominada Ley de Nietos, una situación que califica de “una nueva arbitrariedad”.

Además, ha afirmado que el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), en el que figuran los españoles que viven fuera del país con derecho a voto, ha experimentado un incremento que considera “de manera exponencial e inusual” durante el último año. “Nadie pone en tela de juicio que una persona que lleva tiempo viviendo en España tenga sus papeles, todo lo contrario. Nosotros somos una región que da su sanidad y sus servicios públicos a todo el mundo, pero tendrá que haber una ley, tendrá que haber un orden”, ha manifestado.

En relación con la propia Ley de Nietos, Ayuso ha evitado cuestionar directamente el reconocimiento de la nacionalidad a descendientes de exiliados o represaliados por el franquismo, aunque defiende que un asunto de esa trascendencia debería abordarse desde un amplio consenso político y social. “Tendremos que decir todos los españoles quién consideramos que son nuevos españoles”, ha concluido.

*Noticia elaborada con información de agencias.

El PP nacional recoge cable en su ofensiva contra la ley de nietos y rebaja sus acusaciones de pucherazo. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado este miércoles que su partido no se ha opuesto a conceder la nacionalidad a quien demuestre que desciende de exiliados por la guerra o la dictadura, sino que su denuncia tiene que ver con la “opacidad” y la “urgencia” con la que se está aplicando la normativa.

Los populares acusan al Ejecutivo de “manipular” la posición del PP en este tema, pero lo cierto es que fue la propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien apuntó que la normativa trataba de alterar el censo electoral en favor del partido socialista: afirmó que “Buenos Aires sería la tercera provincia de España” en las próximas generales. La dirigente madrileña también denunció unas supuestas instrucciones del Gobierno a los consulados para regular a cualquiera que hubiera salido de España por cualquier razón.

También se refirió sobre ello el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, quien evitó mencionar la palabra pucherazo, como lleva haciendo Vox desde 2022, pero sí denunció que el Gobierno ha recurrido a una “arquitectura electoral” para “incrementar en dos millones y medio” el número de personas con derecho a voto “en un espacio muy corto de tiempo”, pese a que es una medida que él mismo pidió expresamente en 2006 y en su programa electoral en 2023.

Muñoz critica que votarán muchos “que no han pisado ni una sola vez España”

Muñoz ha matizado estas palabras señalando que el líder de la oposición nunca puso bajo sospecha el sistema electoral, sino que se refería a la “opacidad” del proceso. Según las cifras de los ‘populares’ –que difieren de las del Gobierno–, “ahora de repente hay dos millones y medio de personas más que pueden votar en las próximas elecciones porque han adquirido la nacionalidad. Muchos sin haber pisado ni una sola vez en su vida España”, ha señalado Muñoz.

“Yo me pregunto: ¿Por qué tanta rapidez? ¿Por qué están teniendo que contratar empresas externas para hacer lo que los consulados no pueden hacer? ¿Por qué hay tanta necesidad en que todo esto sea rápido? ¿Por qué hay tanta opacidad? Y sobre todo, ¿por qué les ha molestado tanto que preguntemos?”, ha lanzado Muñoz, que volvió a obviar que el proceso lleva tres años abierto: la norma se aprobó en 2022 y, tras una prórroga en 2024, se cerró en octubre de 2025. También obvió que el voto desde el exterior apenas supera el 10% del censo de electores: en las últimas generales apenas votó (233.688 sufragios de los más de dos millones potenciales).

Muñoz también ha señalado que “altos cargos del PSOE” estaban organizando actos en otros países en los que argumentan que la gente va a poder votar gracias a las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez.

Albares reacciona: “Es una traición al pueblo español”

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha cargado contra las acusaciones infundadas del PP contra el servicio diplomático. “Es una traición al pueblo español. Lo que el PP quiere es que tres millones y medio de españoles no puedan votar. Muchos de esos españoles son españoles de nacimiento”, ha afirmado el jefe de la diplomacia europea.

Así, el jefe de la diplomacia española ha exigido “disculpas públicas” del líder de la oposición y ha criticado la hipocresía del PP con una ley que propuso hace años: “demuestra que PP y Vox están absolutamente incapacitados para gobernar”.

El PP clama contra la ley de nietos cuatro años después de su aprobación y puesta en marcha. Eso que el partido, si bien se opuso a la de Memoria Democrática, nunca había dejado de defender el derecho de estos descendientes de compatriotas a recuperar la nacionalidad, llevándolo incluso en su programa. El presidente del PP Alberto Núñez Feijóo y la portavoz Ester Muñoz se han visto rebatidos en las últimas horas por el presidente de Galicia Alberto Núñez Feijóo y la senadora Ester Muñoz, defendiendo lo mismo por lo que estos días acusan a Pedro Sánchez de querer ganar las elecciones de forma fraudulenta.

Conscientes de la contradicción, los populares han hilado más fino, puntualizando que no es la ley de nietos, sino el afán del Gobierno por que esta norma de reparación abarque al mayor número de personas y en el menor tiempo posible. Deslizan o directamente explicitan que Sánchez “fabrica votantes” para compensar el escrutinio y ponen la sospecha sobre el personal en las embajadas y consulados, avisando de que estarán atentos ante posibles inscripciones irregulares. Vox ha ido más lejos, solicitando que en las próximas generales no se contabilice el voto CERA, es decir el que se emita desde el extranjero.

Una de las voces más autorizadas en cuanto a procesos electorales en nuestro país es la de Narciso Michavila, presidente y fundador de la consultora GAD3. Este martes, la periodista Susanna Griso le preguntó en Espejo Público por esta polvareda, que el sociólogo despejó rápido. “¿Avalas esas sospechas?“, preguntó Griso. ”Es lógico que, viendo lo que está pasando en el mundo de la política, la oposición este muy recelosa con muchas de las medidas -comenzó Michavila-, pero creo que se está sacando de quicio". Para el experto, no hay motivo para dudar del proceso, sino al contrario.

“Su impacto en la urna es mínimo”

“Si hay algún sitio donde tengamos datos fiables -continuó- es en el censo electoral, y las cifras están muy claras: sabemos que hay 2,7 millones de españoles que viven fuera, pero es que sabemos cuántos acuden a votar, pero es que también tenemos la suerte de poder saber qué han votado, porque ese voto se contabiliza después, y su impacto en la urna es mínimo”. Michavila pone como ejemplo que a lo largo de la democracia, los españoles han elegido a 5.600 diputados, y que de esos 5.600, el voto exterior solo ha cambiado cuatro. El último en Madrid, en 2023, y fue a favor del PP, que arrebató un escaño al PSOE.

Griso le recordó entonces que en últimos comicios autonómicos, como pasó en Andalucía, el voto exterior fue muy diferente al interior. En estas, ganadas por Juanma Moreno al borde de la mayoría absoluta, el PSOE, que obtuvo su peor resultado histórico con María Jesús Montero, ganó entre los andaluces que emitieron su papeleta lejos de su tierra. ¿Cómo es esto posible? “Es bien sencillo -según Michavila-: porque el tipo de migración en esos territorios tendía a ser un votante más socialista, que no quiere decir de izquierdas”. Matiza que en otros lugares, como Madrid o Barcelona, la tendencia es otra.

Griso apretó, centrándose ya en Madrid, que es donde más está aumentando el censo en virtud de la ley de nietos. Pero Michavila volvió a desmentir que pueda haber una alteración en las urnas: “Tiene muchísimo más impacto la legislación que se está aplicando en cada momento para garantizar transparencia y seguridad en el voto que el censo”. Para terminar, la presentadora pidió al sociólogo un pronóstico sobre cuándo cree que serán esas generales: “Cuando decida el presidente, evidentemente -bromeó-. Mi apuesta es que van a ser el 7 de marzo, podrían ser el 14, y descarto totalmente el superdomingo. A sus compañeros de partido no les vendría bien y sus socios no le dejarían”.

📺 Nuestro presidente Narciso Michavila @nmichavila ha intervenido en el programa @EspejoPublico de @antena3com para analizar la situación del voto exterior y la Ley de Nietos.

📅 Además, adelanta su apuesta para las próximas elecciones generales: 7 de marzo.

Aquí os dejamos un… pic.twitter.com/1aVsuMgtDq

— GAD3 (@GAD3_com) June 30, 2026

600.000 nuevos votantes

La ley de nietos es el nombre con el que se ha llamado a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. La norma abrió una vía extraordinaria y temporal para que hijos y nietos de españoles nacidos en el extranjero obtuvieran la nacionalidad, sin necesidad de haber residido nunca en territorio español. Sus beneficiarios son los descendientes de quienes la perdieron o renunciaron ella como consecuencia del exilio durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, así como los hijos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución.

Más de 2,4 millones de personas iniciaron los trámites, y a 31 de marzo de 2026, el Ministerio de Asuntos Exteriores contabilizaba 544.722 solicitudes aprobadas. Una vez obtenida la nacionalidad, los nuevos ciudadanos pueden inscribirse en el Censo Electoral de Españoles Residentes Ausentes (CERA) y votar en elecciones generales, autonómicas y europeas. Ese censo alcanzó los 2.708.083 inscritos el 1 de mayo de 2026, frente a los 2.333.056 que había en las generales de julio de 2023, lo que supone un incremento de 375.027 electores, un 16,1% más, en menos de tres años.

Con un ritmo de crecimiento de unos 16.000 nuevos inscritos al mes, las proyecciones apuntan a que el CERA podría rozar los tres millones de votantes en 2027, lo que supondría cerca de 600.000 electores adicionales respecto a los comicios de 2023.

El PP se sube a la cresta del ‘pucherazo’ y acusa al Gobierno de alterar el censo a través de sus políticas migratorias. En esta narrativa, que Vox lleva abanderando desde 2022, el primer partido de la oposición ha mezclado churras con merinas, metiendo en el mismo cajón la regularización extraordinaria de migrantes, que es un proceso administrativo para permitir que las personas extranjeras que viven en España puedan vivir y trabajar en el país; y la Ley de Nietos, que reconoce la nacionalidad a los hijos y nietos de quienes se vieron obligados al exilio tras la Guerra Civil (1936-1939) o por la persecución franquista.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció que el presidente del Gobierno estaba recurriendo a una “ingeniería electoral” para “incrementar en dos millones y medio” el número de personas con derecho a voto “en un espacio muy corto de tiempo, un año o año y medio”, a pesar de que la medida lleva más de tres años en vigor. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, secundó estas palabras y añadió que Buenos Aires sería la “tercera provincia de España en las elecciones generales”, momento en el que las personas reconocidas por la ley de nietos contarían en el voto desde el exterior.

De acuerdo con el INE, la población española aumenta en unas 16.000 personas cada mes. Desde las últimas generales de julio de 2023, el padrón de residentes en el exterior sumó 375.027 nuevos inscritos, lo que representa un incremento del 16,1%. Para las próximas elecciones generales, previstas para 2027, se estima que esta cifra se acercará a los 600.000 votantes adicionales potenciales, con un total próximo a los tres millones de inscritos.

Y en parte tiene que ver con la ley de nietos, que fue aprobada en 2022 como parte de la ley de Memoria Democrática. La norma contemplaba un plazo de dos años para presentar solicitudes. Ese plazo fue ampliado hasta octubre de 2025 debido al enorme atasco burocrático. De hecho, los consulados todavía continúan cerrando los expedientes presentados a tiempo.

Según la información del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, hasta un total de 2,4 millones de hijos y nietos de exiliados han solicitado la nacionalidad española a través de la ley de memoria democrática, de los cuales 544.722 la tienen aprobada y 306.000 están ya inscritos como españoles. El Gobierno defiende la ‘ley de nietos’ como una medida de “justicia y reparación”, ya que no se ideó como una medida para “fabricar votantes”, como sugiere la oposición.

El voto CERA, clave en la polémica

La relación entre la ley de nietos y las elecciones tiene que ver con el voto CERA, la modalidad en la que se canaliza el voto de aquellos ciudadanos españoles que viven fuera del territorio nacional, pero que desean participar en los procesos electorales. En el caso de la ley de nietos, la ley de Memoria Democrática sí contempla este reconocimiento, si bien no es inmediato. No ocurre así en el proceso de la regularización extraordinaria, que no implica la concesión del derecho al sufragio, como así ha asegurado el Gobierno.

En caso de que todas esas personas obtuvieran el derecho al voto (que implica superar otras fases intermedias), tampoco puede asumirse que todas ejercerán ese derecho: en las últimas generales apenas votó el 10% de los más de 233.688 electores, un aumento con respecto a 2019, cuando fue del 6,85%. Además, aunque lo hiciesen, no hay garantía de que su voto beneficie al PSOE, ya que cada persona decide su voto de manera individual.

El PP amplió su ventaja en Madrid, la comunidad donde más influye el voto CERA

¿Ha supuesto cambios? Sí, aunque suelen ser mínimos y no suele ser la norma. Si nos vamos al histórico, el voto CERA alteró el reparto de escaños en las elecciones generales de 2023. En esa ocasión, los consulados donde más españoles votaron fueron los de Londres (18,11%), Bruselas (15,26%), Ginebra (15,20%) y París (15,17%). En América Latina la participación ha sido más moderada y la lideran Buenos Aires (6,22%) y México (4,78%).

Dado el ajustado resultado de las elecciones, el escrutinio de este sufragio generó una gran expectación y se preveía que podría alterar el resultado en hasta 9 provincias españolas. Ocurrió en la comunidad que más escaños reparte, en Madrid, el censo donde los españoles en el extranjero que no tienen provincia suelen adscribirse (en 2023 fueron 46.394 de los 233.688 sufragios CERA). Y un dato que le gustará al líder de la oposición y la presidenta madrileña es que en aquella ocasión fue en favor de Alberto Núñez Feijóo, que obtuvo 19.006 votos, y en detrimento de Pedro Sánchez, que recibió 10.411 votos.

El PSOE gana en el ciclo autonómico donde arrasó el PP

Pero tampoco es cierto que esta modalidad de voto implique siempre cambios. Por ejemplo, el PSOE ganó el voto desde el extranjero en las últimas elecciones andaluzas, concretamente, en siete de las ocho circunscripciones. No obstante, los más de 300 votos de diferencia en favor de María Jesús Montero no supusieron cambios en el recuento de escaños. Además, apenas votaron 21.500 personas de las más de 302.000 que están registradas en este censo electoral.

Tampoco alteró el resultado en el resto de elecciones autonómicas de este último ciclo, donde el PSOE también se erigió como primera fuerza pese a la arrasadora victoria del PP: En Extremadura, los socialistas de Miguel Ángel Gallardo mantuvieron su último diputado; en Aragón, el PSOE ganó en las tres circunscripciones; y en Castilla y León, ganó en todas las circunscripciones a excepción de Zamora, que cayó para el PP. De nuevo, en ninguna de estas comunidades supuso cambios en el reparto.

En las elecciones al Parlamento catalán, el voto CERA no fue suficiente para distorsionar el resultado porque había demasiada distancia entre los partidos y porque tan solo un 10% de las 294.000 personas inscritas votaron. Tan solo hubo un margen apretado en Girona y Tarragona, donde Junts se jugaba su último escaño frente al PP y PSC. Pero finalmente no fue suficiente. Aunque si nos atenemos a la hemeroteca, en las de 2017, un diputado de Ciudadanos pasó al PP.

El PP abona el terreno para una victoria legítima o una derrota que haga saltar las alarmas en las próximas elecciones generales. El argumento no es tanto la ley de nietos, aprobada en el Congreso de los Diputados en el marco de la Memoria Democrática, incluso avalada por el Alberto Núñez Feijóo presidente de Galicia, como por una posterior reinterpretación que ha dado lugar a que un mayor número de personas quepa en la norma, o una ampliación del plazo inicialmente previsto para el trámite, o un refuerzo en el número de empleados en embajadas y consulados para facilitarlo, especialmente en los países con una alta demanda de solicitudes, casos de Argentina, Cuba, Brasil o México.

La oposición suma uno más uno y le sale que Pedro Sánchez está alterando el censo para dar un vuelco en las generales. Que hace “ingeniería electoral” para sumar escaños en provincias clave, vía voto CERA, es decir el de los compatriotas que residen en el extranjero, a fin de mantenerse en el poder. Que sin esos votos “fabricados”, las tiene perdidas. Para el Gobierno, se trata de una reparación histórica por fin resuelta.

Según el INE, cada mes somos en torno a 16.000 españoles más. Desde julio de 2023, última vez que pasamos por las urnas, el padrón exterior ha crecido en 375.027 inscritos, un 16,1% más, y para las próximas generales, previstas para 2027, ese incremento se acercará a los 600.000 votantes adicionales, con un total que rozará los tres millones de inscritos. Detrás de esa cifra está la llamada ‘ley de nietos’.

Llamada porque no existe como tal en el ordenamiento jurídico. Es, en realidad, la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que salió adelante en 2022 con 173 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, PNV, EH Bildu, Más País, Compromís y PDeCAT), 159 en contra (PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP) y 14 abstenciones (ERC y BNG).

La norma entró en vigor el 21 de octubre de aquel año y abrió la puerta a que hijos y nietos de españoles nacidos en el extranjero pudieran obtener la nacionalidad si sus ascendientes la perdieron o renunciaron a ella por razones políticas, ideológicas, religiosas o de orientación sexual durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco, sin necesidad de haber residido nunca en territorio español.

Lo que vino después

El texto original de la ley exigía acreditar que el ascendiente sufrió una persecución política concreta. Poco después de su aprobación en el Congreso, una instrucción administrativa del Ministerio de Justicia eliminó en la práctica ese requisito. A partir de entonces, bastaba con ser descendiente de un español que hubiera salido del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin necesidad de demostrar que el motivo fue el exilio político. El efecto fue inmediato: el universo de potenciales beneficiarios se amplió de forma sustancial, y las solicitudes empezaron a llegar en volúmenes que ninguna previsión administrativa había contemplado.

El plazo para presentar solicitudes se fijó inicialmente en dos años desde la entrada en vigor de la norma, con la posibilidad de una prórroga adicional de un año por acuerdo del Consejo de Ministros. Esa prórroga se activó, y el plazo definitivo se cerró el 22 de octubre de 2025. A esa fecha, el Ministerio de Asuntos Exteriores había registrado 2,4 millones de peticiones de cita para presentar la documentación. De ellas, 1,2 millones ya habían pasado por las oficinas consulares. La tasa de denegación del proceso se sitúa apenas en un 2%.

La tramitación del proceso recae en la red consular española en el exterior, compuesta por 180 oficinas repartidas por todo el mundo. Es allí donde el solicitante presenta su expediente y acredita el vínculo familiar mediante actas de nacimiento, partidas de matrimonio, pasaportes o, en los casos de exilio político, certificados de partidos o pensiones de exiliado. Una vez aprobada la solicitud, el interesado presta juramento de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución, y su nacimiento queda inscrito en el Registro Civil Consular. Desde ese momento es legalmente español, pero aún no figura en el censo electoral.

Para votar necesita un paso más: registrarse como residente en la demarcación consular. En la práctica, la mayoría de los consulados gestionan ambos trámites en la misma cita. El interesado firma el alta en el Registro de Matrícula Consular y cumplimenta el formulario del Ministerio de Asuntos Exteriores en el que declara el municipio español al que queda adscrito a efectos electorales. El formulario ofrece varias opciones de justificación -municipio de última residencia, de mayor arraigo propio o de mayor arraigo de los ascendientes- y una cuarta casilla: “Otros motivos”. No existe un mecanismo de verificación establecido para esa última opción. Cuando el nuevo ciudadano no puede acreditar arraigo en ninguna provincia concreta, queda adscrito por defecto a la Comunidad de Madrid.

“Argentina, la tercera provincia”

El volumen de solicitudes desbordó con rapidez la capacidad de la red consular. El cónsul general en Buenos Aires, José María Ridao, reconoció que al ritmo administrativo habitual haría falta más de un siglo para resolver todos los expedientes acumulados en su demarcación. Los consulados españoles en Argentina concentran alrededor del 40% de todas las solicitudes presentadas, y la capital argentina acumula 640.000 de ellas. Argentina es el país con más inscritos en el CERA: 505.168 electores, el 18,8% del total del censo exterior. De ahí que dirigentes como Isabel Díaz Ayuso exclamen que “Argentina será la tercera provincia de España en las elecciones generales”.

Para hacer frente a la situación, el Ministerio de Asuntos Exteriores autorizó en 2025 la contratación de 657 nuevos efectivos de personal laboral en el exterior, un 43% más que el año anterior, con refuerzo específico en las oficinas de Argentina, Cuba y México. En diciembre de 2025 se implantó en todos los consulados el llamado Escritorio Único de Tramitación, una aplicación informática para gestionar los expedientes de forma electrónica. El Ministerio de Justicia adjudicó en abril de 2026 un contrato de 1,7 millones de euros a la empresa Neoris España para reforzar los sistemas informáticos de tramitación de nacionalidades. Exteriores firmó, a su vez, un contrato de 1.131.295 euros con el Grupo Empresarial Palco para aportar personal al consulado de La Habana.

A 31 de marzo de 2026, el Exteriores cifró en 544.722 las solicitudes aprobadas, con 306.500 inscripciones practicadas en el Registro Civil Consular. Estos últimos son los únicos con derecho efectivo a voto en ese momento.

Las tres preocupaciones del PP

El PP ha anunciado que está encima del proceso, vigilante ante un posible fraude. Las dudas que el partido traslada giran en torno a tres puntos: la dificultad de verificar los antecedentes familiares, la asignación de circunscripciones a los nacionalizados sin arraigo demostrable en ninguna provincia española y la existencia de esa casilla de “otros motivos” en el formulario de adscripción electoral.

Díaz Ayuso fue más directa y advirtió de que “cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no le pertenece, ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Vox ha pedido directamente que no haya voto CERA en las próximas elecciones.

Elma Saiz, portavoz del Gobierno, ha calificado estas acusaciones como una “irresponsabilidad mayúscula” y recuerda que la ley de nietos responde a “principios de reparación y justicia” hacia quienes tuvieron que abandonar España durante la dictadura, o que se trata de una norma similar a la de otros países de nuestro entorno. También, que el PP aceptó durante la tramitación parlamentaria un mecanismo de acceso a la nacionalidad para descendientes de exiliados y que en su recurso de inconstitucionalidad no solicitó la derogación de estaa disposición.

Respecto a la regularización extraordinaria de migrantes, otro de los frentes los últimos meses de esta legislatura, y cuyo plazo de solicitud concluyó el 29 de junio con más de 1,2 millones de peticiones, no hay lugar a la duda, pese a las que se pretendieron imponer durante semanas: la regularización da derecho a residir, pero no a votar.

Madrid y la adscripción por defecto

El incremento del CERA no se reparte de forma uniforme. Madrid ha pasado de 379.961 inscritos en el exterior en julio de 2023 a 486.223 en mayo de 2026, un aumento de más de 106.000 nuevos electores con una tasa de crecimiento del 28%, casi el doble de la media nacional. La provincia es la circunscripción que más diputados reparte en el Congreso y la única en la que el voto exterior modificó el reparto de escaños en las generales de 2023, cuando un acta pasó del PSOE al PP. Ese crecimiento desproporcionado se explica en parte por la norma de adscripción por defecto ya mencionada.

El escrutinio del 23-J ofrece un antecedente que sitúa mejor el debate, o quizá que lo enciende. En esas generales, el PP fue la fuerza más votada entre los españoles en el exterior, con 66.422 sufragios frente a los 58.973 del PSOE, según las actas oficiales. El partido de Núñez Feijóo se impuso en el voto CERA de siete comunidades autónomas, entre ellas Madrid, Galicia y Andalucía. En Madrid, el PP obtuvo 19.006 votos frente a los 10.411 del PSOE, resultado que determinó el traspaso del escaño en disputa. La participación exterior pasó del 6,85% en las generales de 2019 al 10% en 2023, tras la eliminación del voto rogado.

El comportamiento electoral de los nuevos nacionales incorporados al censo por la ley de nietos es, por el momento, una incógnita. No hay encuestas sobre su orientación política ni estudios que permitan anticipar hacia dónde se decantarán sus papeletas. Lo que sí registran las cifras oficiales es que, con un CERA que se acercará a los tres millones de inscritos, el peso del sufragio exterior sobre el resultado final de las próximas generales será mayor que en cualquier elección anterior. Las próximas elecciones generales serán la primera vez en que ese voto, por su volumen, podría no solo alterar el reparto de escaños en varias circunscripciones, sino determinar qué partido o bloque alcanza una mayoría.

El viernes pasado, Moreno adelantaba que todavía no se había llegado a un acuerdo, pero expresó su voluntad de negociar “hasta el último minuto” con Vox para que Andalucía tenga Gobierno “lo antes posible”: “Si pudiera ser el martes, el martes, pero no depende de nosotros y, por tanto, nosotros vamos a seguir dialogando hasta el último minuto”.

Vox no apoyará la investidura de Moreno pero agradece su “buena disposición”

El portavoz nacional de la formación ya había deslizado la dirección de su voto a la investidura de Moreno este lunes, porque las partes negociadoras, explicó, no habían llegado todavía a un acuerdo, para el que “todavía falta”. Advertía que, si Moreno sigue “por este camino”, Vox tendrá que apoyarle en “tercera, cuarta o quinta votación” o directamente “nunca”.

Gavira ha indicado que los quince diputados de Vox votarán en contra, lo que deja a Moreno con los 53 votos del Partido Popular, insuficientes para alcanzar la mayoría absoluta requerida en la primera votación. Ante este escenario, el candidato popular tendrá que esperar 48 horas para una segunda votación, en la que le bastaría con obtener una mayoría simple para ser investido presidente.

A pesar de la negativa, han agradecido la “buena disposición” de Moreno para llegar a un acuerdo de gobierno, en el que “siguen trabajando”. Para Vox, lo principal es su prioridad nacional, la desregulación, y el “poner fin a las políticas derivadas del fanatismo climático”.

“Deberíamos haber empezado antes las negociaciones y nos hubiésemos ahorrado la situación de hoy”, ha dicho Gavira, recalcando que su grupo no ha acudido al debate “a hacer un paripé” e insistiendo en la disposición de Vox para alcanzar “un acuerdo bueno para los andaluces”.

En su intervención, Gavira ha comparado la situación de Andalucía con la de otras comunidades como Aragón, Extremadura y Castilla y León, donde el Partido Popular y Vox han logrado acuerdos de gobierno. El portavoz ha definido estos pactos como “una ola de sentido común”.

Gavira se ha referido al discurso de Juanma Moreno del lunes, en el que el candidato popular lamentaba la “autoexclusión” de los partidos de izquierdas para un posible pacto. “Señor Moreno, le voy a hacer una recomendación. Supera a la pantalla de la izquierda de una vez por todas, sea más feliz”, ha dicho.

La segunda votación, para la cual Moreno necesita una mayoría simple - en la de hoy necesitaba una mayoría absoluta -, se celebrará este jueves. Si Moreno no consigue los apoyos suficientes, se podrán celebrar más intentos en un plazo de dos meses. Si en ese plazo no se logra investir un presidente, el Parlamento se disolverá automáticamente y tendrán que volver a convocarse elecciones autonómicas.

Juanma Moreno no ha logrado este martes ser investido presidente de la Junta de Andalucía en la primera votación celebrada en el Parlamento andaluz. El candidato del Partido Popular ha obtenido únicamente el respaldo de los 53 diputados de su grupo, mientras que los 15 parlamentarios de Vox se han sumado al voto en contra de las formaciones de izquierda, impidiendo que alcanzara la mayoría absoluta de 55 escaños necesaria para ser reelegido.

El resultado obliga a esperar 48 horas, el plazo fijado por el Reglamento de la Cámara, para una segunda votación en la que Moreno ya solo necesitará mayoría simple. Ese escenario deja toda la presión sobre las negociaciones entre PP y Vox, que mantienen abiertas conversaciones para intentar cerrar un acuerdo de legislatura que permita desbloquear la investidura y evitar un escenario de repetición electoral.

El líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, justificó el voto negativo de su grupo asegurando que “no se ha llegado a ningún acuerdo”, aunque reconoció la “buena disposición” mostrada por el candidato popular durante las conversaciones mantenidas en los últimos días. Aun así, reprochó al PP no haber iniciado antes la negociación y dejó claro que su formación no facilitará un Gobierno en solitario sin un compromiso político firmado.

Vox eleva la presión sobre el PP

La negociación entre ambas formaciones gira ahora en torno a un pacto de legislatura. Vox ha trasladado al PP que aspira a un acuerdo similar a los alcanzados en otras comunidades autónomas, con compromisos concretos y plazos de ejecución.

Durante su intervención en el debate, Gavira reclamó que el futuro Gobierno andaluz asuma la denominada “prioridad nacional” y abandone lo que calificó de “fanatismo climático”, dos de los ejes que la formación de Santiago Abascal considera irrenunciables para respaldar la investidura. El dirigente de Vox insistió en que su partido trabaja para votar afirmativamente en la segunda sesión, pero únicamente si existe un acuerdo “con garantías de cumplimiento”.

Moreno evitó asumir expresamente esas exigencias, aunque durante el debate endureció parte de su discurso sobre inmigración, vinculando este fenómeno con problemas de inseguridad y narcotráfico, un planteamiento que evidencia el acercamiento de posiciones entre ambas formaciones tras semanas de negociación.

Un debate marcado por el enfrentamiento con la oposición

La sesión de investidura, iniciada el lunes y concluida este martes tras más de ocho horas de debate, estuvo marcada tanto por las negociaciones entre PP y Vox como por el duro enfrentamiento entre Moreno y la líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero.

El presidente andaluz en funciones acusó a los partidos de izquierda de conformar “el bloque del bloqueo” al rechazar cualquier posibilidad de facilitar su investidura y defendió que Vox es la única formación que ha mostrado disposición para negociar. “Nos gustaría llegar a un acuerdo con Vox. Aquí no hay trampa ni cartón”, afirmó desde la tribuna.

Moreno advirtió además de que, si no consigue ser investido en el plazo legal de dos meses, Andalucía tendría que celebrar nuevas elecciones autonómicas, una posibilidad que situó en torno al próximo 25 de octubre. Según sostuvo, la comunidad no puede permitirse permanecer durante meses con un Gobierno en funciones mientras siguen pendientes decisiones presupuestarias y de gestión.

Frente a ese planteamiento, María Jesús Montero acusó al dirigente popular de haber convertido la investidura en “un fraude” al negociar con Vox fuera del Parlamento mientras, a su juicio, ocultaba el verdadero contenido del futuro acuerdo político. La dirigente socialista sostuvo que Moreno conocía desde el principio que su única opción para gobernar pasaba por entenderse con Vox y rechazó que el PP responsabilizara a la izquierda de esa situación. “Usted no ha descolgado el teléfono desde la noche electoral”, le reprochó, negando que hubiera existido voluntad alguna de buscar apoyos fuera del bloque de la derecha.

El intercambio de reproches fue elevando el tono a medida que avanzaba la sesión. Moreno centró buena parte de su réplica en criticar al Gobierno de Pedro Sánchez, aludiendo a los acuerdos con el independentismo, los casos de corrupción que afectan al PSOE y la financiación autonómica, mientras Montero defendió la gestión del Ejecutivo central y acusó al presidente andaluz de utilizar el debate de investidura para atacar al Gobierno de España.

La votación dejó además una imagen simbólica de la jornada. El sorteo para determinar el orden de llamada de los diputados eligió en primer lugar a Manuel Gavira, que fue el encargado de inaugurar la votación pronunciando el primer “no” a la investidura de Moreno, escenificando el bloqueo que mantiene abierta la negociación entre PP y Vox.

Con el rechazo de la primera votación, ambas formaciones disponen ahora de dos días para intentar cerrar un acuerdo que permita al candidato popular superar el segundo debate de investidura, donde ya no necesitará mayoría absoluta, sino únicamente obtener más votos a favor que en contra.

El Partido Popular ha avanzado que volverá a citar al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Senado. Así lo ha avanzado este martes la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, quien ha anunciado una nueva ofensiva con otros cuatro nuevos interrogatorios en julio.

El exlíder socialista ya compareció en la comisión de investigación del caso Koldo el pasado mes de mayo, donde negó su vinculación con el rescate del Gobierno a la aerolínea Plus Ultra. El PP ha argumentado la citación en los últimos avances judiciales, entre ellos la imputación del expresidente por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales y el hallazgo de las joyas en su despacho.

El juez decidió abrir una causa separada sobre este último asunto, ante las sospechas de que puede incurrirse en un delito de contrabando. “Quien faltó a la verdad en sede parlamentaria y ahora tiene que dar explicaciones ante un juez está obligado a dárselas también a los españoles. Aquí no vamos a pasar ni una”, ha avisado la portavoz. García no ha querido desvelar la fecha prevista para su comparecencia, limitándose a decir que estarán a la espera de los avances judiciales.

El PP multiplica los interrogatorios en julio

Los populares se reservan un segundo interrogatorio a la secretaria del expresidente del Gobierno, María Gertrudis Alcázar, quien compareció este lunes, pero se acogió a su derecho a no declarar, alegando que se encuentra imputada en el ‘caso Plus Ultra’. “Ella puede acogerse a ese derecho, pero quien calla repite”, ha afirmado García.

Además de Zapatero, la portavoz del PP ha garantizado que el mes de julio estará copado por varias comparecencias en las diferentes comisiones de investigación abiertas en el Senado. La primera en hacerlo será la ministra Sara Aagesen el 6 de julio. El PP pone el foco en el rescate a la empresa vasca Tubos Reunidos, que la SEPI rescató con 112,8 millones de euros y que ahora investiga la UCO en el marco del ‘caso Leire Díez’.

Asimismo, García ha garantizado que la ‘comisión Koldo’ del Senado seguirá investigando lo que ella denomina el “comando cloacas”, por lo que citarán al DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, el 7 de julio; a la directora de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Soledad Fernández, el 13; y a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el 14.

El PP acusa a Sánchez de “atrincherarse” contra una mayoría parlamentaria

La portavoz ha acusado al presidente del Gobierno de atrincherarse contra una mayoría parlamentaria. Ha recordado las votaciones que se produjeron la semana pasada en el Congreso y el Senado, donde se aprobaron mociones para exigir a Pedro Sánchez una moción de confianza y su dimisión inmediata.

La votación en la Cámara Baja salió adelante con el voto de Junts per Catalunya, que junto a Vox y PP sumaron una mayoría absoluta. Los de Carles Puigdemont no se presentaron en la votación en el Senado, pero la mayoría popular permitió que saliese adelante. “Sánchez ya no se comporta como un demócrata”, ha acusado García, quien ha añadido que “no hay cortina de humo que tape su soledad parlamentaria”.