En Jódar, un municipio de algo más de 11.000 habitantes en la comarca jienense de Sierra Mágina, la política local rara vez ha dado lugar a sorpresas. Durante décadas, el poder ha oscilado entre el PSOE e Izquierda Unida en una alternancia casi mecánica, sin que otras fuerzas hayan logrado romper ese equilibrio.

Tras las últimas elecciones municipales, ese patrón saltó por los aires con la reedición de un acuerdo que, sobre el papel, desafía la coherencia ideológica: el pacto entre Izquierda Unida y el Partido Popular. No es la primera vez que ocurre, ya que hubo un precedente en 2007, pero eso no ha evitado que la alianza vuelva a generar desconcierto tanto dentro como fuera del municipio.

Para Juan Caballero, concejal socialista durante 12 años, la clave no está en el acercamiento entre IU y PP, sino en la imposibilidad de entendimiento entre las fuerzas de izquierda. “No hemos podido pactar nunca porque las ambiciones personales se ponen por delante del interés del pueblo”, sostiene en una conversación con Infobae.

El resultado, explica, es una anomalía difícil de asimilar incluso para los propios votantes: “Tendríamos 15 concejales de izquierdas de 17 totales que hay en el Ayuntamiento, pero mandan los dos del PP”. Una frase que resume bien el malestar del PSOE local, atrapado entre la frustración y la resignación. Porque, aunque Caballero reconoce que existía “alguna esperanza” de gobernar tras las elecciones, admite que era “mínima”. El precedente de 2007, en el fondo, seguía pesando más de lo que muchos querían admitir.

Anatomía de una alianza

La explicación que ofrece el equipo de gobierno sobre este matrimonio de conveniencia dista mucho de la lectura socialista. Para el teniente de alcalde, Juan Ruiz (PP), la génesis del pacto no reside en una carambola de despachos, sino en una inercia de agotamiento social. Ruiz esgrime a Infobae que “había un descontento” y que “la gente quería cambiar”, una pulsión que, según su análisis, trascendía las siglas políticas.

El dirigente popular disecciona la aritmética de la gobernabilidad: “Ellos [Izquierda Unida] tenían siete concejales y nosotros [Partido Popular] dos”, y “con eso había mayoría absoluta”. Sin embargo, más allá de la suma de actas, Ruiz apela a la crudeza de la realidad administrativa una vez se cruza el dintel de la alcaldía. Desliza que “hasta que no entras en el ayuntamiento y ves los documentos, no sabes lo que hay”, sugiriendo que la opacidad del anterior Ejecutivo ocultaba unas finanzas heridas de gravedad.

Este diagnóstico es refrendado por la alcaldesa Juana Cazorla (IU), que afirma a este periódico que “el Partido Socialista durante 12 años no había hecho prácticamente nada”. “Aquí no está gobernando ni el PP ni IU. Los pueblos somos las personas, no los partidos”, apunta la alcaldesa. Con esta idea, Cazorla trata de revestir el pacto de una lógica municipalista alejada de las siglas. Sin embargo, tras ese discurso conciliador emerge una crítica demoledora hacia sus antiguos compañeros de espectro político: “La pregunta es quién es el PSOE en Jódar para que IU tenga que hacer acuerdos con el PP”.

El “vaciado” municipal

La narrativa del actual Ejecutivo se cimenta sobre los escombros de lo que denominan una “gestión negligente”. “Me he encontrado el Ayuntamiento totalmente desvalijado, con más de 13 millones de euros de deuda en un presupuesto de apenas siete y pico”, asegura Cazorla.

Esta “auditoría” por parte del nuevo Gobierno no solo arroja cifras rojas, sino también sospechas que ya han llegado a los tribunales. Cazorla menciona “muchísimos frentes abiertos” en la vía judicial y sostiene que “cuando haces una falsificación de un documento público o un desvío de fondos, tienes que justificarlo”, algo que, en su opinión, el anterior Ejecutivo socialista no ha hecho. Y la regidora asegura que, al tomar posesión, descubrieron que “había cámaras en el despacho de secretaría y en otros espacios para vigilar quién venía o qué reuniones había”.

Bajo este clima de sospecha, la alcaldesa justifica el pacto con el PP como un acto de legítima defensa ante un PSOE al que califica de fuerza hegemónica y asfixiante. Sugiere que “el Partido Socialista ha sido el mayor opresor de la clase trabajadora” en la localidad y denuncia que Izquierda Unida ha sido víctima de un “acoso con denuncias y persecución” por parte de los socialistas.

Dialéctica del insulto

Este deterioro de las relaciones políticas no se limita al ámbito institucional. Con el paso de los meses, la confrontación ha ido escalando hasta trasladarse al terreno personal y al debate público. Juan Ruiz relata una campaña de desprestigio en redes sociales, donde asegura que cargos del PSOE participan en el escarnio: “Tienen gente que son secretarios de un área en el Partido Socialista de Jódar y que me ponen cosas como “Juanito fascista, cabrón, asómate al balcón”.

“Tienen perfiles falsos que se dedican a difamar a la alcaldesa y a mí; nos insultan, nos dicen miserables, ladrones o corruptos”, añade Ruiz con amargura. La ironía, para el teniente de alcalde, reside en el comportamiento de las propias plataformas: “Qué curioso era antes Facebook y ahora qué asqueroso se ha vuelto; antes eliminaban comentarios sin un solo insulto y ahora no eliminan cuando nos llaman asquerosos, corruptos o mentirosos”.

Parlamentarismo de urgencia

Ese mismo clima de confrontación se traslada, según las distintas versiones, al desarrollo de las sesiones plenarias, donde se libra otra de las grandes batallas de la legislatura. El PSOE describe una “deriva autoritaria” cristalizada en la convocatoria de sesiones extraordinarias de carácter urgente. Juan Caballero denuncia un uso torticero del reglamento al señalar que “se hicieron convocatorias de un momento para otro para poder aprobar medidas”, citando la prórroga de una cantera como ejemplo de una administración que actúa de espaldas a la pluralidad. A ojos de la oposición, se gobierna “sin contar con la oposición, no dando información, no dando explicaciones”.

Juana Cazorla vincula este clima de hostilidad a una supuesta incapacidad del PSOE para asumir la pérdida del poder y la fiscalización de su gestión, lo que se traslada también a los plenos municipales. “Lo que no se puede permitir es que el pleno se convierta en un patio de vecinos donde no se entere nadie de nada”, afirma la regidora, justificando la necesidad de llamar al orden ante lo que denomina una estrategia de “insultar y amenazar”. Para Cazorla, la agresividad de la oposición es proporcional a su nerviosismo por los procesos judiciales abiertos: “Como es indefendible la gestión que han estado haciendo, decidieron con esta excusa decir que yo no los dejo hablar”.

El edil del PP, por el contrario, defiende que la urgencia es una necesidad operativa, no una estrategia política. Argumenta que las sesiones “se pueden convocar incluso media hora antes” para cumplir con plazos administrativos externos. Además, el teniente de alcalde contraataca afeando la labor de fiscalización del PSOE, revelando que “el PSOE ha estado más de dos años sin venir a los plenos”.

Gobernar por un euro

La tensión política ha derivado en una situación inédita que afecta directamente a la subsistencia de los cargos públicos. En un movimiento que el equipo de gobierno califica de “venganza personal”, la mayoría de la oposición —PSOE junto a las concejalas no adscritas— aprobó una medida drástica para asfixiar al Ejecutivo. “Aprobaron ellos el dejarme a mí un euro y al concejal de obras un euro de salario”, relata Cazorla.

La alcaldesa ve en este gesto una falta de altura institucional que pone en riesgo el funcionamiento del municipio. “Han dejado sin sueldo a servicios esenciales para que un pueblo se desarrolle; fíjate tú si están por el bien común del pueblo”, lamenta.

Una convivencia “en las antípodas”

Resulta inevitable preguntarse cómo se gestiona el día a día en un Ayuntamiento donde los socios de gobierno comparten tan poco en el plano ideológico. Ruiz admite que, sobre el papel, están “en las antípodas”, pero defiende una suerte de humanismo localista que ha limado las asperezas de las siglas. “Los del Partido Popular no somos extraterrestres ni gente rara; somos trabajadores, autónomos, jornaleros y albañiles. Ven que las personas del PP no somos ricachones, ni condes, ni marqueses”, explica para justificar por qué IU se siente cómoda a su lado.

Cazorla coincide en este análisis personalista de la política municipal, asegurando que la relación es “muy buena” y que el objetivo común de “limpiar” las instituciones ha pesado más que el dogmatismo. “Aquí no está gobernando el Partido Popular ni Izquierda Unida: somos hombres y mujeres que tenemos claro que se pueden hacer muchas cosas”, zanja la alcaldesa.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha respaldado la concesión de un indulto parcial para Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, limitándolo únicamente a la pena de inhabilitación de dos años para ejercer dicho cargo. Este pronunciamiento se ha realizado tras la condena impuesta por el propio Alto Tribunal como consecuencia de un delito de revelación de secretos.

El informe suscrito por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, avala parcialmente la solicitud de indulto presentada en diciembre por dos ciudadanos ante el Gobierno. Estos solicitantes habían reclamado un indulto total a favor de García Ortiz, quien resultó condenado en noviembre por revelar datos relativos a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Entre las penas impuestas figuran una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros —según consta en el informe, ya abonadas en su totalidad— además de cubrir las costas procesales y afrontar la citada inhabilitación.

De conformidad con el criterio esgrimido por la teniente fiscal, procede el indulto exclusivamente respecto a la inhabilitación especial. Señala que, dado el calendario de ejecución fijado por el Supremo, la extinción de la sanción está prevista para el 9 de diciembre de 2027, por lo que la concesión del indulto implicaría únicamente el perdón de la parte aún pendiente en ese momento.

Qué consecuencias tendría el indulto parcial

La memoria remitida a la Sala Segunda matiza que la medida tendría efectos “limitados”, ya que tan solo acortaría la duración de la inhabilitación y reduciría los plazos necesarios para la cancelación de antecedentes penales. Según la fiscal, no existiría una revisión de los hechos probados ni de la calificación jurídica del delito, ya que la solicitud se centra en valorar “si la ejecución íntegra de la pena resulta necesaria, proporcionada y útil desde la justicia, la equidad y la utilidad pública”.

Entre los argumentos empleados en apoyo a esta medida de gracia, la fiscal recalca que García Ortiz no obtuvo ningún beneficio personal derivado del delito, y subraya la “incidencia desorbitada” que la condena ha tenido sobre la reputación, la carrera profesional y la posición institucional del exfiscal. Además, identifica que el proceso ha generado consecuencias extrapenales “intensas y desproporcionadas”.

El informe destaca también que la condena dictada ya ha cumplido sus finalidades retributivas, al afianzar la vigencia de la ley penal, establecer la responsabilidad e ilustrar que incluso las más altas autoridades quedan sometidas al escrutinio judicial. Atendiendo a la situación actual, la extensión de la pena de inhabilitación perdería sentido, puesto que García Ortiz ya ha dejado de desempeñar el cargo tras la sentencia. El puesto de fiscal general, expone la fiscal, lo ocupa ya una nueva titular cuyo mandato de cuatro años únicamente puede ser interrumpido por causas estrictamente tasadas recogidas en el Estatuto del Ministerio Fiscal.

Impacto personal e institucional de la condena

La representación del Ministerio Público enfatiza la ausencia de un propósito lucrativo en la actuación enjuiciada, recalcando que la causa “tuvo una repercusión pública extraordinaria” y que la condena conllevó un impacto desproporcionado para la carrera y la imagen pública de García Ortiz. Sostiene también que no existe posibilidad alguna de reincidencia delictiva, una vez desvinculado del puesto.

En la argumentación, la fiscal señala que toda la actuación buscó “preservar el buen nombre de la institución” frente a críticas que cuestionaban la labor de los fiscales y frente a imputaciones que el propio tribunal ha reconocido como fraudulentas —circunstancia que, según el informe, otorga una dimensión institucional y constitucional al caso—.

Como elementos adicionales, el informe hace constar la asunción íntegra de la responsabilidad en la confección de la nota de prensa que motivó la condena, la constante disposición de García Ortiz ante el Tribunal, su renuncia efectiva al cargo tras la sentencia y el pago de todas las cuantías económicas derivadas tanto de la multa como de la responsabilidad civil, según queda recogido en la documentación aportada por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Con información de Efe

El presidente popular y dirigente valenciano, Pérez Llorca, evita hablar de congresos regionales en el PPCV. No quiere abrir ese cajón porque, insiste, como su predecesor Carlos Mazón, en que lo primero es finalizar las tareas de reconstrucción de Valencia tras la DANA. A Génova también le incomoda este asunto, pues quiere evitar distraer el foco mediático en plena ofensiva contra Sánchez y en medio de un ciclo electoral autonómico.

Pero el runrún es inevitable por la inminente candidatura del expresidente valenciano, Francisco Camps, quien lleva meses reclamando al partido una fecha con el apoyo de sus afines. Su intención, ha mantenido en reiteradas ocasiones, es optar por la presidencia del partido y del Consell. En una rueda de prensa convocada en un hotel de la capital valenciana, Camps se ha mostrado convencido de que el PP nacional convocará los congresos a partir del próximo 18 de mayo -tras las elecciones andaluzas- y vaticina que en septiembre u octubre podría celebrarse el del PP valenciano.

Camps presidió la comunidad autónoma entre junio de 2003 y julio de 2011. Un largo mandato enturbiado por una lista interminable de casos de corrupción: el circuito de F1,la visita del Papa, la Gürtel o el caso Nóos. Pero el pasado 30 de mayo de 2024, Camps puso punto y final a 15 años de investigación, 10 acusaciones y dos juicios. Contra todo pronóstico, salió absuelto de todos los cargos.

300 avales en 48 horas y una encuesta que le favorece

Y ese es el motivo que ha justificado y empujado su regreso a la primera línea de la política. Camps asegura que ya ha logrado 300 avales de militantes que están al día en la cuota del partido —la misma cifra que se ha exigido en el congreso regional de Andalucía— “en solo 48 horas”. Un holgado colchón, añade, “por si hubiese algún tipo de problema con alguno”.

Como ya hizo el pasado mes de julio, Camps ha querido reforzar su candidatura apoyándose en otra encuesta en la que su nombre aparece por encima del del actual president y de la alcaldesa de València, María José Catalá, como político más conocido, y también como mejor candidato a la alcaldía de la capital valenciana y a la Presidencia del Ejecutivo autonómico.

En las últimas semanas, Camps ha presumido de llevar la delantera y ser la opción favorita para movilizar al electorado de centro-derecha. De hecho, la referida encuesta manifiesta que el 35 % de los votantes de Vox quiere una mayoría absoluta del PP en el parlamento regional. Cabe recordar que Juanfran Pérez Llorca asumió el mando tras el visto bueno del partido de Abascal, que nunca escondió que tenía una mejor sintonía.

La moción de censura impulsada por el PP en Lugo ha prosperado este jueves con el apoyo de una concejala tránsfuga que dejó el PSOE y ahora figura como no adscrita. Tras la salida del edil socialista Miguel Fernández, la portavoz local del PP y líder del partido en la provincia, Elena Candia, será nombrada nueva alcaldesa en la localidad, devolviendo el bastón de mando municipal a los populares tras 27 años de gobiernos de izquierdas.

Los populares registraron la iniciativa el pasado 22 de abril tras conseguir el respaldo de la concejala María Reigosa y sumar las 13 firmas necesarias. Este miércoles, en la víspera del pleno, la edila ha ratificado que votará a favor de la moción de censura porque “confía en el proyecto” de Candia.

Miguel Fernández asumió la alcaldía tras la repentina muerte de Paula Alvarellos el pasado mes de marzo, quien sufrió un infarto con 61 años y cuando apenas llevaba 13 meses en el cargo.

La carambola perfecta

La intrahistoria de esta votación es todavía más rocambolesca. Regiosa tomó posesión en el Concello el último 30 de octubre tras otro fallecimiento, esta vez del concejal socialista Pablo Permuy. Se dio de baja del PSOE en enero y dejó el grupo municipal hace menos de un mes con el aviso de que no participaría en moción de censura alguna en la que es la cuna del líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. La historia no fue así, motivo por el que fue recibida con abucheos en el pleno de la semana pasada, que avaló la votación de este jueves.

Durante la celebración del Pleno también han podido escucharse pitos desde el exterior del Consistorio, donde se han concentrado varios cientos de personas para mostrar su rechazo a la moción. Una protesta que ha convivido con la llegada de un nutrido número de alcaldes y concejalas del PP, encabezados por la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, que se han situado a la entrada de la Casa Consistorial para esperar su momento para acceder. Sin embargo, para evitar problemas, no se ha dejado entrar al público.

27 gobiernos de izquierdas

Joaquín García Díez había sido el último regidor popular hasta que José López Orozco fue elegido alcalde en 1999. En aquel momento lograron arrebatar una plaza del PP con un resultado electoral muy ajustado y en coalición con el BNG. Orozco dirigió el gobierno local hasta 2015, año en que Lara Méndez asumió el cargo y se convirtió en la primera mujer en liderar el consistorio. Posteriormente, la socialista fue reelegida en dos ocasiones.

Durante el último mandato, iniciado en 2023, permaneció menos de un año en el puesto, tras lo cual dejó la política municipal para incorporarse a la lista al Parlamento de Galicia encabezada por el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien se postuló como candidato a la Xunta. En esas elecciones, los socialistas ocuparon la tercera posición en el Parlamento autonómico. Fue sucedida por Alvarellos. Tras la salida de Fernández, Candia es ya la cuarta dirigente en tener el bastón municipal en este mandato.

Noticia con información de agencias

Koldo García ha convertido este miércoles su alegato final ante el Tribunal Supremo en una ofensiva directa contra el Partido Popular al asegurar ante los magistrados que ha recibido una oferta para colaborar en la causa “mintiendo y engañando a todos los españoles” a cambio de obtener beneficios judiciales y evitar la cárcel. La acusación, formulada durante el tramo más delicado de su intervención, ha elevado aún más la tensión política y judicial que rodea al conocido como ‘caso Koldo’, una investigación que desde hace meses mantiene bajo presión al entorno del exministro José Luis Ábalos.

“A mí también me ha ofrecido el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles”, ha afirmado el exasesor ministerial en el uso de la última palabra ante el alto tribunal. García ha sostenido que ha rechazado cualquier posibilidad de alterar su relato pese a encontrarse, según ha dicho, “destrozado” personal y económicamente. “Estoy en la cárcel, lo he perdido absolutamente todo y he dicho que no voy a mentir”, ha añadido.

La referencia al “abogado del PP” ha marcado el eje de una intervención cargada de reproches, victimismo y acusaciones cruzadas. Aunque no ha llegado a identificar expresamente a la persona con la que supuestamente ha mantenido esa conversación, fuentes conocedoras del procedimiento han apuntado a El Independiente que podría tratarse de contactos relacionados con Miguel Tellado. El Partido Popular ha negado de inmediato cualquier reunión o propuesta de pacto y ha rechazado tajantemente haber ofrecido contraprestación alguna a Koldo.

La declaración se ha producido después de que Víctor de Aldama, considerado uno de los principales implicados en la trama y pieza clave de la investigación, haya renunciado a hacer uso de su derecho a la última palabra. Koldo García ha asumido entonces el protagonismo de una sesión en la que ha buscado presentarse ante el tribunal como un hombre arruinado por el procedimiento judicial y mediático, alejado de la imagen de intermediario corrupto que sostiene la investigación.

“Soy un humilde trabajador”, ha afirmado en uno de los primeros compases de su intervención. “Tan malo, tan malo, creo que no he sido”.

Un alegato centrado en las presiones

Lejos de limitarse a una defensa técnica, Koldo ha construido un discurso emocional y político en el que ha tratado de situarse como víctima de una operación judicial y mediática. Ha asegurado haber sufrido presiones constantes desde el inicio de la investigación y ha deslizado que algunas de esas advertencias han afectado directamente a su familia.

“Tengo que permitir que ciertas personas me digan: ‘ojo, que puede ir tu mujer a la cárcel, y tu hermano, entonces tu hija…’ Claro que me lo han dicho”, ha relatado ante los magistrados. “¿Porque pienso distinto? ¿Así vamos a funcionar?”, se ha preguntado.

El exasesor ha insistido varias veces en que ha recibido propuestas para modificar su versión de los hechos a cambio de aliviar su situación judicial. “La verdad es que me han ofrecido mentir para no entrar en la cárcel”, ha reiterado. En ese punto ha apelado incluso a principios personales y familiares para justificar su negativa. “Mi padre me enseñó que todo lo que digas y prometas cuando des tu palabra, cúmplelo”, ha afirmado.

La intervención ha estado atravesada por una mezcla de desafío y reivindicación personal. Koldo ha asegurado que puede demostrar todo lo que ha sostenido ante el tribunal y ha negado haber recibido pagos o comisiones ilegales. “No tengo dinero, no he recibido ninguna dádiva”, ha señalado antes de cargar directamente contra Víctor de Aldama, al que ha acusado de haber construido su estrategia judicial implicando falsamente tanto a él como a José Luis Ábalos.

“Aldama vive a costa de todos por habernos metido en la cárcel con mentiras”, ha sostenido.

El registro de su casa: “Había que montar el circo”

Uno de los momentos más duros de su alegato ha llegado al recordar el operativo policial desplegado durante el registro de su domicilio en febrero de 2024. Koldo García ha cuestionado la actuación de la Guardia Civil y ha asegurado no comprender la dimensión del dispositivo utilizado pese a que, según su versión, ha mostrado plena disposición a colaborar desde el primer momento.

“Si yo les di las llaves, les dije que colaboraba y que les daba todo, ¿por qué tuvieron que entrar armados hasta los dientes y con el dedo en el disparador?”, ha planteado ante el Supremo.

El exasesor ha descrito entonces una escena especialmente sensible al mencionar la presencia de una menor durante aquella actuación. “Apuntando a una niña de tres años corriendo”, ha afirmado. “Métanme en la cárcel, pero que alguien me explique por qué había que montar ese circo”.

La crítica a la investigación policial ha ocupado buena parte de su intervención. Koldo ha tratado de reforzar su credibilidad reivindicando la relación que durante años ha mantenido con las fuerzas de seguridad. “He dedicado 27 años de mi vida a ayudarles”, ha asegurado, en referencia a su colaboración con la Guardia Civil a lo largo de distintas etapas profesionales.

También ha rechazado que su situación patrimonial encaje con el perfil de alguien enriquecido ilícitamente. “No tengo millones, nadie me ha pagado nada”, ha afirmado, antes de pedir que se revise minuciosamente toda la prueba digital incorporada a la causa. “Hay que averiguar qué es falso y qué no”, ha sentenciado.

La bronca política comienza a asomar ante la falta de entendimiento entre el gobierno canario y el Ejecutivo central respecto al desembarco del crucero afectado por hantavirus.

Esta mañana, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, arremetía contra el Ministerio de Sanidad por la falta de información sobre el cambio en el criterio en el protocolo habitual y la situación que se vive actualmente en el barco. Aseguró que no se le había trasladado lo acordado entre el Gobierno y la OMS y advirtió que el sistema sanitario “solo disponía de una cama” de alto aislamiento para atender a los enfermos más graves.

La “confusión” ha sido aprovechada por el Partido Popular para señalar la “falta de transparencia” del Gobierno y entrar al choque con la ministra de Sanidad, Mónica García. No confiamos en la gestión de la crisis de la ministra de Sanidad. Ha demostrado una gran incapacidad de gestión en anteriores crisis menores, ha trasladado el vicesecretario de coordinación autonómica y local y análisis electoral del Partido Popular,Elías Bendodo, en unas declaraciones a los medios.

Exigen transparencia y piden al Gobierno enviar efectivos

Los populares han exigido “transparencia” al Gobierno para “trasladar tranquilidad” frente a la crisis del hantavirus y han pedido al Ejecutivo no tomar decisiones “sin conocer” la realidad a bordo del barco. “Estamos solicitando el envío de efectivos necesarios para conocer exactamente la situación que se está viviendo, cuál es la cepa que está afectando al crucero y cuál es el número real de contagios [..] No se puede fallar”, ha añadido Bendodo.

El MV Hondius, el barco que cubría una ruta entre Argentina y Canarias, permanece aislado y preparando la cuarentena tras confirmarse varios contagios. La versión oficial es que hay al menos ocho casos sospechosos y tres positivos confirmados en pruebas realizadas en Suiza y Sudáfrica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha puesto el foco en la variante “Andes” del virus, poco habitual fuera de Sudamérica y única capaz de transmitirse entre personas a través de contacto directo y estrecho.

El jefe del Ejecutivo ha presidido esta mañana en La Moncloa la reunión de seguimiento del desembarco junto a cuatro ministros (Sanidad, Interior, Política Territorial y Transportes) y ha contado con la participación del presidente canario. Está prevista una rueda de prensa a las 13:15.

Vox lleva la polémica al terreno del odio

Por su parte, Vox ha aprovechado la crisis para recurrir al discurso del odio, comparando la escala del crucero con hantavirus en Canarias con la llegada de migrantes.

Así lo ha expresado en un mensaje en X el portavoz nacional de Inmigración, Interior y Seguridad de Vox, Samuel Vázquez. “Hoy hablamos de un barco en Canarias con personas con posible enfermedad contagiosa dentro, como si no llegaran todos los días, ha afirmado Vázquiez, quien ha acusado después al Gobierno de permitir la escala “sin control”.

Los hechos son los siguientes: el 19 de marzo de 2024, un agente vestido de paisano pidió la identificación a dos personas en las proximidades del domicilio particular de Díaz Ayuso. Horas más tarde, Rodríguez envió a un chat de periodistas la fotografía de esas dos personas, profesionales de El País, con nombre y apellidos, indicando en un mensaje que estos estaban “acosando a los vecinos de la presidenta -Díaz Ayuso-, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”.

Como contexto, días previos saltaron las primeras noticias sobre el empresario Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, en relación con la denuncia de la Fiscalía por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros. Según El País, sus trabajadores trataban de averiguar si González Amador realizó una obra ilegal en la vivienda, motivo por el que estuvieron cerca de una hora hablando con vecinos o comercios cercanos, a fin de conocer si habían sabido de alguna reforma.

“¿Dónde está el secreto?”

Cuando se marchaban, un agente -que en un primer momento se sotuvo que era la escolta de la presidenta de Madrid- les pidió la identificación, que facilitaron. Acto seguido, según El País, recoge la agencia EFE, Rodríguez envió a periodistas de otros medios “una información falsa” e “insinuó falsamente una conducta delictiva” con el propósito de “intimidar a la prensa en un momento en que la presidenta regional se encuentra cuestionada por el presunto fraude fiscal que ha confesado su pareja”.

La declaración de Rodríguez ha coincidido con el viaje oficial de Díaz Ayuso de diez días en México. Su principal colaborador, que no ha podido acompañarla, se presentaba esta mañana a primera hora en los juzgados de Plaza de Castilla, donde ha negado haber cometido delito alguno. Ante los medios que le esperaban a la puerta, el asesor ha enmarcado todo en una estrategia política del PSOE para que le vean entrar en un tribunal y “hacerle parecer culpable”.

MÁR (como se le conoce coloquialmente), ha asegurado ante la jueza que la información que difundió no procedía de fuentes policiales y que los periodistas perjudicados “firman cada día en su periódico”, por lo que “no es una revelación de secretos”, deduce. “¿Dónde está el secreto? A estos periodistas les conozco. Me las envió -las fotografías- un vecino enfadado porque habían molestado a su hija”, ha defendido. Dice también ignorar quiénes son los policías que identificaron a los informadores.

“Matonismo barato de barra de bar”

La jueza ha identificado y llamado a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que prestaron su servicio como escoltas de Díaz Ayuso los días 18 y 19 de marzo de 2024.

Horas antes de la cita de MÁR, el PSOE expresaba su confianza en la Justicia para acabar “con este matonismo barato de barra de bar”, que es como califican la actitud del asesor. “Es una vergüenza que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid persiga y amenace a periodistas. Debería haber sido cesado hace ya tiempo”, ha dicho el partido a la agencia EFE, recordando también que Rodríguez ya amenazó a profesionales de eldiario.es, diciéndoles “os vamos a triturar”.

Ecologistas en Acción lo califica de “pelotazo urbanístico”. Se trata del plan parcial Majada de las Monjas, que unos propietarios privados quieren desarrollar en plena sierra de Madrid, en el pequeño municipio de Becerril de la Sierra (6.700 habitantes), gobernado actualmente por un Gobierno de coalición de PP y Vox. El plan se acaba de exponer a información pública para que se puedan presentar alegaciones, un plan que prevé construir un 79% más de las viviendas previstas inicialmente, pasando de 43 a 77 en dos parcelas que suman 48.600 metros cuadrados de un alto valor ecológico.

“Este plan parcial es un trato de favor hacia los propietarios del ámbito, con la pretensión de multiplicar el uso lucrativo previsto en las normas urbanísticas, autorizando la construcción de 34 viviendas más sobre las 43 establecidas por la actual normativa”, explica Adolfo Rodríguez, portavoz de los ecologistas. El objetivo que tienen los dos propietarios del suelo (una familia de toda la vida de Becerril y el estudio de arquitectura Fernández Carballada) es levantar en estos terrenos 43 pisos en altura, en cuatro bloques, y luego 34 chalés en parcelas más pequeñas de 350 metros cuadrados.

“La aspiración es que haya un mayor lucro para los propietarios, la antítesis de lo que debería suponer una ordenación del territorio hecha en base a los intereses generales”, denuncian desde Ecologistas. “Nosotros también hemos presentado alegaciones. Apostamos por construir solo 43 viviendas, no 77, y que sean viviendas bajas, chalés. ¿Por qué? Esta zona de Becerril está alejada del casco urbano y muy cerca del límite con Moralzarzal, lo que construir pisos en altura atenta contra la morfología urbana en un territorio de carácter rural y con importantes valores medioambientales y paisajísticos", explica Manoli Jiménez, portavoz del grupo socialista.

Los ecologistas señalan que el documento aprobado por el Ayuntamiento es “rudimentario, incompleto y de baja calidad. Lo que venimos denominando como ‘ecopostureo’, donde hay términos que pueden sonar bien, pero que son ambiguos y superficiales, que no comprometen y que son impropios de un documento que pretende ser una norma urbanística. Se abusa de ‘se intentará’, ‘en la mayor medida posible’, ‘se propondrá’. ‘el máximo respeto posible’, ‘preferiblemente’, ‘se estudiará’, ‘preferentemente’, ‘adecuarse lo más posible’...” Además, su aprobación crearía un grave precedente. Infobae se ha puesto en contacto con un portavoz municipal para trasladarle una serie de cuestiones, pero al cierre de esta información no había obtenido respuesta.

Un efecto imitación

De aprobarse la densidad de viviendas propuesto en este Plan Parcial, “se provocaría un efecto imitación y agravio comparativo, que llevaría a que los propietarios de los numerosísimos ámbitos sin edificar o urbanizar que existen, exigieran el mismo nivel de densificación, planteando incrementos en el número de viviendas en torno al 80%, lo que desbordaría todas las previsiones de las Normas Subsidiarias, las infraestructuras y servicios públicos”, recalca Adolfo Rodríguez. Una persona que tuviera, por ejemplo, una parcela de 1.000 metros cuadrados en la que solo se permitiera una vivienda unifamiliar, podría plantear, por agravio comparativo, una modificación para hacer tres viviendas unifamiliares en ella o incluso un bloque multifamiliar para 20 pisos.

Este plan de iniciativa privada y aprobación municipal cuenta con que de las 77 viviendas, 43 serán protegidas, VPP, “una coartada de interés social que carece de fundamento”, denuncian los ecologistas. Los precios máximos legales para VPP en Becerril de la Sierra han aumentado entre un 67% y un 80% tras la reclasificación de zonas, situándose en valores altos para sectores vulnerables y jóvenes. Una vivienda VPP básica (de 90 metros cuadrados) costaría unos 202.700 euros, mientras que una VPP de precio limitado (entre 80 y 120 metros cuadrados) oscilaría entre los 239.300 y los 317.000 euros. “Las VPP pueden ser adquiridas por familias con rentas de hasta 90.000 euros al año, sin cupos reservados para habitantes del municipio y sin requisitos sociales específicos”.

El plan también señala que las parcelas afectadas “apenas tienen cobertura arbórea”, lo que según los ecologistas falta a la realidad. De hecho, todo el ámbito tiene unos altos niveles de protección por estar situado en Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, la Zona de Transición de la Reserva de la Biosfera Cuencas altas de los ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama, la Zona Forestal de la Comunidad de Madrid, la Zona de Alta Calidad de Paisaje, la Zona de Alta Fragilidad de Paisaje, y estar junto a la vía pecuaria Vereda de los Arroyuelos. Hay una importante presencia de fauna dentro de este paraje y una rica vegetación mezcla de roble rebollo y fresno, con matorrales y praderas.

Desde el PSOE recuerdan que en 2013 el PSOE llegó a un acuerdo para el PP para hacer 60 viviendas de protección adosadas, “pero llegamos a la votación y tres ediles del PP votaron en contra con IU y Podemos. Ya estaría hecho si se hubiese aprobado, pero ahora meter bloques es una locura. Hay que conjugar el desarrollo urbanístico del pueblo con el medio ambiente. No lo llamaríamos pelotazo. Venimos de 40 años sin reformas urbanísticas. Quedan cinco planes parciales por desarrollar de hace 40 años, que han perdido vigencia y hay que actualizarlos". Este plan en concreto todavía tiene que aprobarse en el Pleno.

José Luis Ábalos se ha negado este lunes en el Tribunal Supremo a responder a las preguntas de la acusación popular, encabezada por el Partido Popular, al que ha acusado de hacer oposición política mediante un “uso torticero de la Justicia” en el juicio por el presunto amaño de contratos de mascarillas durante la pandemia.

El exministro de Transportes ha marcado así desde el primer momento el tono de su intervención en la sesión vespertina de la decimotercera jornada, en la que también están acusados el empresario Víctor de Aldama y el exasesor ministerial Koldo García. Tras haber respondido por la mañana a la Fiscalía Anticorrupción negando las acusaciones, Ábalos ha optado por levantar un dique frente a las acusaciones populares y a la defensa de Aldama.

El intento de interrogatorio por parte de la acusación popular ha quedado abortado antes de tomar forma. A la primera pregunta, Ábalos ha respondido con una negativa tajante, amparándose en un “principio de coherencia”. Ha recordado que ya había solicitado la exclusión de los partidos políticos del procedimiento y ha sostenido que no reconoce ese espacio como legítimo para su actuación.

A su juicio, la presencia de partidos en el proceso desborda los límites de la acción judicial y convierte el juicio en un instrumento de confrontación política. “Entiendo que no es el foro de acción de un partido político, tiene otras formas”, ha sostenido, ni tampoco “la vía para conformar y contribuir a la formación de la opinión pública”.

En ese contexto, ha dirigido sus reproches al PP, al que ha señalado como impulsor de esa estrategia. Según ha expuesto, las acusaciones populares no actúan con el objetivo de esclarecer los hechos, sino de “hacer una acción de oposición al Gobierno”. De ahí su negativa a responder a sus preguntas.

El tribunal le ha recordado que entre las acusaciones populares figuran también entidades ajenas a los partidos. Ábalos no ha negado ese extremo, pero ha insistido en que el liderazgo del PP dentro de ese bloque es evidente. “Se le reconoce perfectamente”, ha resumido, sin modificar su decisión.

Cuestionamiento de Aldama

La misma línea de rechazo se ha extendido a la defensa de Víctor de Aldama. Ábalos tampoco ha querido contestar a su abogado y ha aprovechado cuestionar el papel procesal del empresario —quien se encuentra en libertad— y el sentido de su actuación en la causa. “Habrá visto que somos dos personas que venimos de la cárcel y otra, sin haber colaborado en la causa, fue puesta en libertad”, ha señalado.

El exministro ha descrito a Aldama como una figura “muy rara” dentro del procedimiento, llegando a calificarlo de “ornitorrinco procesal”. Con esa expresión, ha expuesto lo que considera un papel atípico, marcado por una supuesta colaboración con la Justicia cuyo alcance ha cuestionado abiertamente.

En su intervención, ha dejado entrever que esa estrategia podría responder a un intento de obtener beneficios judiciales, desviando la atención hacia un terreno ajeno al núcleo del proceso. Ha hablado de actuaciones en un plano “extraprocesal” y ha sugerido que se estaría tratando de “eludir la responsabilidad” mediante la politización de la causa.

Ese planteamiento enlaza con la crítica que había dirigido previamente a las acusaciones populares. Para Ábalos, tanto la actuación de los partidos como la posición de Aldama forman parte de una dinámica que desvirtúa el procedimiento judicial.

Las elecciones andaluzas cerrarán el próximo 17 de mayo un maratoniano ciclo electoral de cuatro elecciones casi seguidas. Los partidos, que sacarán sus propias conclusiones del conjunto de estos resultados, ya tienen la mirada puesta en un decisivo 2027, año en el que se agotará la legislatura de Pedro Sánchez. El escenario electoral que dibujan los últimos sondeos elaborados por 40dB para El País y Sigma Dos para El Mundo revela que, con leves diferencias en sus cifras, el Partido Popular se impondría como primera fuerza frente a un PSOE que absorbe a las formaciones a su izquierda y un Vox que presenta señales de estancamiento.

En concreto, el sondeo de 40dB otorga al partido de Alberto Núñez Feijóo un respaldo de alrededor del 31,3% de los votos, similar al resultado que prevé la segunda encuesta, ligeramente más optimista, con un 32,3%. En todo caso, los datos muestran que los populares cosecharían menos votos que en 2023.

El Partido Socialista permanece por debajo del listón del 29%, con una pérdida de 3,3 puntos con respecto a su resultado en los últimos comicios generales. No obstante, el hundimiento de Sumar y Podemos amortiguaría la caída de la formación de Pedro Sánchez. Sigma Dos estima que los socialistas podrían captar hasta el 19,2% del voto que Sumar obtuvo en 2023, una transferencia que supera la captación de Podemos y refleja un trasvase neto de apoyos hacia los socialistas.

Vox se estanca, pero es el que más crece

En cuanto al futuro de Vox, ambas encuestas coinciden en que la extrema derecha saldría como tercera fuerza, siendo el partido que, con diferencia, más crece desde las pasadas elecciones.

No obstante, los datos constatan que la tendencia con los de Abascal es descendente después de batir máximos en los últimos meses: pierde cerca de un punto porcentual en estimación de voto en solo un mes y acumula varios meses en caída. La encuesta de Sigma Dos añade que esto se traduciría en la pérdida de un diputado respecto al último sondeo. En todo caso, la gran fortaleza de Vox reside en la fidelidad de su votante: casi el 88% de quienes optaron por la formación ultra en 2023 repetiría hoy su voto.

Una de las novedades de los próximos comicios será la candidatura del partido de Alvise Pérez, que logró obtener representación en las elecciones al Parlamento Europeo, pero no consiguió repetirlo en el actual ciclo autonómico. Según 40dB, la candidatura de Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta, crece casi un punto y se aproxima a igualar a Podemos en estimación de voto.

La derecha se impone con casi 13 puntos respecto a la izquierda

La suma de bloques deja una realidad demoledora para el espacio progresista. Los votos de los partidos de derecha y extrema derecha, PP y Vox, alcanzan el 49,2% de los votos, que podría escalar al 51% si se le añaden los de Se Acabó la Fiesta. La izquierda (PSOE, Sumar y Podemos) reúne al 36,6%.

Es decir, la ventaja del PP y Vox sobre las fuerzas progresistas es de casi 13 puntos. La intención de voto de los partidos (Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y CC) que apoyaron la investidura del líder socialista aglutina el 7,6% de los votos, medio punto más de lo que sumaron en 2023.

Trece años han tenido que pasar para que la Audiencia Nacional celebre el juicio por el caso Kitchen, la causa que apunta a la cúpula del Ministerio del Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy, con Jorge Fernández Díaz al frente y como principal señalado. Según la Fiscalía, es el presunto cabecilla político de una trama dirigida a robar pendrives y agendas de Luis Bárcenas con la contabilidad B del PP para evitar que acabaran en manos del juez. Solo dos han transcurrido para que tenga lugar, y coincidan en el tiempo, el del caso mascarillas, que sienta en el banquillo a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, si bien este último ha obrado más de acusación que de acusado, apuntando a Pedro Sánchez.

Los titulares han sido para el presidente, sobre el que no consta prueba ni citación al respecto. Y pese a que por la Audiencia y el Tribunal Supremo han desfilado rostros tan conocidos como los propios Ábalos, Koldo, Mariano Rajoy o Soraya Sáenz de Santamaría -estos dos últimos en calidad de testigos-, ninguno de ellos ha protagonizado un interrogatorio como el de Manuel Morocho, el inspector jefe de la UDEF que lideró la investigación de Gürtel. Fue quien en 2013 recibió el encargo de elaborar un informe sobre los llamados papeles de Bárcenas, el trabajo en el que más presión, obstáculos y zancadillas ha debido sortear.

Morocho es presentado como jefe de la UDEF, pero podría serlo por algún otro cargo de los que se le ofrecieron a lo largo de las pesquisas para que se apartara del caso, todos mejor remunerados. No aceptó. Pero no pudo hacer nada por retener a su equipo, que, uno a uno, también recibió suculentas ofertas, hasta dejarlo solo. Pero, por comenzar por el principio, 2013, Morocho relató al tribunal que nada más recibir el encargo, sus superiores le transmitieron que aquella documentación era “una ideación de Bárcenas” sin “ninguna verosimilitud” y que respondía a cosas “de él, pero nunca de la formación política para la que trabajaba”, en referencia al PP.

El nombre de Rajoy

Preguntado por la abogada del PSOE, Gloria Pascual, confirmó que recibió una instrucción expresa para que el nombre de Rajoy no apareciera en sus informes. Pero la presión no se limitó al entonces presidente. Cuando Morocho incluyó en uno de sus informes a Ignacio López del Hierro, entonces marido de María Dolores de Cospedal, su jefe de unidad, Manuel Vázquez, le llamó al día siguiente para decirle que había cometido un “grave error” y le instó a subsanarlo. El inspector se negó porque no podía “omitir a nadie” y trasladó el asunto al juez instructor. La mención generó, según sus palabras, “desasosiego en toda la escala de mandos”.

En ese contexto, a su jefe de sección, Miguel Ángel Cuevas, “se le escapó” revelarle que López del Hierro era “amigo” del comisario José Manuel Villarejo, uno de los acusados en el caso Kitchen. El nombre de Cospedal tampoco pudo reflejarse pese a que aparecía como persona apoderada de una cuenta.

El episodio más grave que describió Morocho fue la filtración de un documento de su investigación a la propia Cospedal. Su entonces jefe en la UDEF, el acusado José Luis Olivera, le solicitó un fax intercambiado entre Pablo Crespo y Bárcenas que permitía identificar al extesorero como ‘Luis el cabrón’ y, posteriormente, le comunicó: “Ya me he encargado yo de que lo tenga Cospedal y lo tiene en su caja de seguridad”. “Me quedé estupefacto (...), era un documento importante a los efectos de ir construyendo poco a poco la prueba, (...) no sé por qué tenía que salir del ámbito de la investigación”, declaró el inspector ante el tribunal.

“Querían echar abajo la investigación”

Morocho también atribuyó a Olivera haberle pedido el teléfono de Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, cuando este ya había ingresado en prisión provisional, lo que interpretó como un “indicador” de que “el escenario que se estaba generando era de que iba a haber una acción en el entorno del extesorero”. El investigador avisó al juez instructor Pablo Ruz de la existencia de esa pesquisa paralela en 2015: “Están encima de Bárcenas”, le dijo, y ambos optaron por actuar “con cuidado porque había unos indicios claros de que querían echar abajo la investigación”.

Las obstrucciones, según el testigo, tenían una cadena de mando definida. El fiscal César Rivas le preguntó por los nombres implicados y Morocho los enumeró. Las reuniones con esa cadena de mando se convertían en sesiones de cuestionamiento sistemático sobre el contenido de sus informes: si la documentación era extracontable o no, quiénes figuraban como donantes o receptores de fondos, o la correlación entre las salidas de caja B y los pagos de la reforma de la sede del PP.

La estrategia para neutralizar al grupo de investigación incluyó también el desmantelamiento progresivo del equipo. Tres personas lo abandonaron en 2013, un subinspector en 2014 y otras cinco en 2015, a quienes se les ofrecieron puestos mejor remunerados. La merma dejó informes sin elaborar “porque no había capacidad investigativa”. A Morocho, en particular, se le ofreció un destino en Lisboa -en una conversación en la que Olivera dijo haber recibido una llamada del entonces ministro del Interior, Fernández Díaz- y una estancia de formación con el FBI en Estados Unidos. Él rechazó ambas ofertas y alertó al juez de que intentaban “largarle”. El superior Vázquez llegó a decirle que el propio Rajoy conocía “su nombre”.

Tornillería, un taladro y matrículas policiales

El entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, también acusado, le presentó al comisario Enrique García Castaño -figura central en Kitchen pero apartada de la causa por motivos de salud-, quien le espetó: “Tú qué haces aquí si tenías que estar muerto”. Morocho también relató indicios de que su despacho pudo haber sido vigilado con micrófonos. Ante el tribunal mostró una bolsa con material de tornillería, un taladro y matrículas oficiales de la Policía que encontró en su lugar de trabajo. El juez Ruz, ante esa evidencia, optó por trabajar con un portátil externo para evitar “fugas de información” y por mantener las conversaciones sensibles fuera del despacho.

Entre las maniobras de desgaste que describió el inspector figuró también la retención de un informe sobre el exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda, marido de la exministra de Sanidad Ana Mato. Morocho lo entregó en 2011 y sus superiores lo guardaron más de un año, hasta que el juez lo reclamó en febrero o marzo de 2012. Su contenido derivó en que Mato fuera juzgada y condenada como partícipe a título lucrativo.

Este lunes continúa el juicio, por el que pasan presidentes del Gobierno, ministros, altos mandos policiales, agentes encubiertos y confidentes, con diez acusados que afrontan peticiones de cárcel de 19 años para Villarejo o 15 para Fernández Díaz y su ‘dos’ Francisco Martínez, además de la inhabilitación. Serán un total de 35 sesiones entre Madrid y San Fernando de Henares.

El nuevo Gobierno de Aragón ha dado a conocer su nueva composición con los representantes del Partido Popular y Vox. El acuerdo de gobierno otorga a Alejandro Nolasco, líder de la formación de ultraderecha en Aragón, la Vicepresidencia y la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia. Junto a él, además, habrá otras dos consejería clave para los socios de gobierno de los populares: Agricultura, Ganadería y Alimentación y Medio Ambiente y Turismo.

La nueva estructura, que contará con un total de nueve departamentos, ha sido presentada un día antes del acto de toma de posesión previsto en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, donde el presidente Jorge Azcón estará acompañado por su círculo de confianza y las nuevas incorporaciones.

Entre los cambios más relevantes también figura la llegada de Eva Valle Maestro a la Consejería de Economía, Competitividad y Empleo. Con experiencia en organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, Valle asumirá este departamento como respuesta a la estrategia de reforzar el área económica en el gabinete.

Nueva distribución de competencias en el Ejecutivo

Desde Vox, Arancha Simón, con más de dos décadas de experiencia en gestión de regadíos y dirección de obras hidráulicas, sustituirá a Javier Rincón y reforzará la presencia técnica en el área agrícola. Por su parte, Luis Biendicho, funcionario de carrera y experto en asesoría jurídica, asumirá la cartera de Medio Ambiente tras desempeñar funciones en la gestión de empresas públicas y en la secretaría técnica del Departamento de Agricultura.

El núcleo central del gabinete se mantiene con Mar Vaquero, quien retiene la Vicepresidencia y competencias en Presidencia y Justicia, e incorpora Cultura a su gestión. Vaquero, abogada con amplia experiencia en el ámbito local y autonómico, cede Economía a Eva Valle, marcando un ajuste en las áreas de influencia dentro del gobierno.

Roberto Bermúdez de Castro continúa al frente de Hacienda, Interior y Administración Pública, tras una carrera en la gestión empresarial y en instituciones estatales como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y La Liga. Octavio López, por su parte, conserva su posición en Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, respaldado por su experiencia en la administración local y orgánica del Partido Popular.

Una nueva oportunidad

La renovación se extiende a dos áreas estratégicas: Sanidad y Educación. Ángel Sanz Barea, ingeniero industrial y funcionario superior, asume el reto de liderar la gestión sanitaria tras dirigir instituciones como AST y el Servicio Navarro de Salud. Su perfil técnico y su experiencia en la administración autonómica sustentan esta designación. Por otro lado, Carmen Susín Gabarre toma la responsabilidad de Educación. Con formación en Ciencias Políticas, Derechos Humanos y contabilidad pública, y un máster en liderazgo, Susín aporta una visión orientada a la gestión y la auditoría de la administración educativa.

La toma de posesión de los nuevos consejeros tendrá lugar en el Edificio Pignatelli, donde cada uno asumirá formalmente las competencias asignadas, dando comienzo a una etapa en la que la gestión compartida entre Partido Popular y Vox será puesta a prueba tras el adelanto electoral que impulsó Azcón ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo para aprobar los presupuestos autonómicos.

Ayuso ha expresado su preocupación por la situación nacional y la falta de apoyo administrativo a Madrid, pese a su papel como capital internacional. “Somos la región más heterogénea que existe, hecha de todas las formas de ser español. ¿Cuántas oportunidades estamos perdiendo en estas circunstancias?”, ha afirmado. Ha reclamado centrarse en proyectos estatales que impulsen infraestructuras, incentiven a los médicos y apoyen a autónomos, familias y la natalidad.

En su discurso, la presidenta ha puesto en valor la convivencia entre la vida social y la diversidad cultural de la región, y ha subrayado la solidaridad de los madrileños. “Todos actuamos si vemos a alguien en apuros”, ha dicho. Además, ha celebrado la próxima visita del Papa León XIV y ha expresado su deseo de que el Ejército regrese a la Puerta del Sol tras la suspensión de la parada militar.

Ayuso ha reivindicado el carácter autónomo y resistente de la región. Al referirse a la ausencia del Ejército en la Puerta del Sol, la presidenta ha destacado que la sociedad madrileña actúa como un verdadero ejército civil, capaz de hacer frente a cualquier desafío que amenace su libertad. A partir de ahí ha hecho su apunte de no dejarse controlar por nadie, en referencia al Gobierno.

La defensa de Madrid de Ayuso

Durante el acto institucional celebrado por el Día de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha puesto en primer plano la idea de una región construida sobre la diversidad y abierta a todas las realidades. La presidenta ha realizado un repaso por la historia de la ciudad, evocando sus orígenes como villa modesta y su transformación en punto de referencia para el país. Ha recordado cómo la capital se ha convertido en un espacio donde confluyen caminos e historias, y ha remarcado el carácter hospitalario y plural que, según su visión, define a la sociedad madrileña.

Ayuso ha hecho referencia al legado arquitectónico y cultural que conecta el pasado con el presente, subrayando la importancia de las decisiones históricas tomadas en Madrid para el desarrollo del Estado moderno. Ha defendido que la ciudad es símbolo de mestizaje y puente entre continentes, y ha señalado la Plaza Mayor como un ejemplo de este espíritu integrador.

La presidenta ha resaltado que la capital ha sabido combinar tradición y modernidad, con barrios llenos de vida, literatura y costumbres que se entrelazan. Ha recordado el papel de Madrid como escenario de grandes gestos colectivos, y ha puesto en valor la entrega de distinciones a quienes representan la excelencia y el compromiso social. En su visión, Madrid se define por la acogida, el respeto a la pluralidad y la defensa de valores como la libertad y el Estado de Derecho, que considera fundamentales para el futuro de la región.

Este sábado 2 de mayo, en medio de las reivindicaciones políticas por el día de la Comunidad de Madrid, han hecho entrega de la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a 14 personalidades. Según explica la comunidad, los seleccionados responden a personas, entidades e instituciones a los que se quiere reconocer sus trayectorias, solidaridad y contribución al desarrollo social, cultural y deportivo de la región.

El acto, celebrado en la Real Casa de Correos y presidido por Isabel Díaz Ayuso, es uno de los momentos clave de la conmemoración oficial del Día de la Comunidad. Dentro de los premiados hay personas conocidas, proyectos con menos altavoz, deportistas o artistas, buscando cierta diversidad entre los protagonistas, pero siempre respondiendo a su aportación a Madrid.

Figuras del deporte, el arte o la comunicación

Uno de los nombres más reconocibles es Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid desde 2003, que recibe el premio por impulsar la modernización y proyección internacional del club, además de su labor como productor cinematográfico, fundamental en la conservación del patrimonio audiovisual español. El piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz Jr. también ha recibido la distinción, por consolidarse como referente y embajador del deporte madrileño en el ámbito internacional.

La esquiadora paralímpica Audrey Pascual, bicampeona del mundo, ha sido distinguida como modelo de superación y ejemplo en el deporte adaptado. La Vuelta Ciclista a España y su director, Francisco Javier Guillén Bedoya, han sido premiados por su contribución al desarrollo deportivo y la proyección internacional de Madrid. En el acto, Ayuso recordó el boicot contra la Vuelta, “una de las competiciones deportivas más queridas por todos los españoles”, por las protestas en contra de Israel. “Ni los deportistas ni los organizadores merecían ese final”, señaló.

El Gobierno regional ha concedido la Gran Cruz al pintor Augusto Ferrer-Dalmau, considerado uno de los principales exponentes de la pintura histórica en España. Su obra ha revitalizado el interés por el patrimonio histórico nacional. En comunicación, el periodista César Lumbreras ha sido galardonado por su trabajo al frente de Agropopular durante más de cuatro décadas, dando visibilidad al mundo rural.

Empresas e instituciones

La ceremonia de entrega de la Gran Cruz del Dos de Mayo ha destacado la trayectoria de empresas e instituciones emblemáticas de la Comunidad de Madrid. IBM ha sido reconocida por sus 100 años de presencia en España y su aportación al desarrollo tecnológico en la región. El Hospital Universitario San Francisco de Asís ha recibido la distinción tras un siglo dedicado a la atención sanitaria continuada de los madrileños.

En el ámbito medioambiental y social, el reconocimiento ha recaído en los profesionales del Centro de Recuperación de Especies Silvestres (CRAS) por su dedicación a la recuperación de la fauna silvestre y la conservación de la biodiversidad. También han sido distinguidos Miguel Carballeda, presidente de la ONCE, por su trabajo a favor de la integración de personas con discapacidad, y José Eugenio Guerrero, jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón y de HM Hospitales, por su liderazgo durante la pandemia.

Entre las empresas tradicionales, La Pajarita ha sido valorada por mantener la calidad y la elaboración artesanal desde 1852. El Club Metrópoli, gestionado por el Grupo Paraguas en el Edificio Metrópolis, ha sido destacado por dinamizar el patrimonio arquitectónico y cultural de la capital. Los doce alumnos del IES Humanejos de Parla, conocidos como “Los vigilantes de Parla”, han sido distinguidos por su valentía al salvar una vida durante un viaje escolar en Irlanda, reflejando valores de civismo y solidaridad juvenil.

La mayoría absoluta habilita a Isabel Díaz Ayuso a legislar sin apenas sufrir desgaste en la Asamblea de Madrid, luego la oposición debe poner todos los huevos en la cesta de la comunicación. Para que esta sea eficaz, la acción y el mensaje deben sostenerse sobre la apariencia de un proyecto sólido, lo que pasa necesariamente por que todos y cada uno de sus representantes sean una sola voz, por intenso que pueda ser el debate interno. O que quien ha de depositar su voto en esas siglas tenga la confianza en que su mayor y más urgente propósito es poner en marcha cada una de las medidas por las que aboga.

Más Madrid tiene un capital político relevante. Se trata de la segunda fuerza en la Comunidad, pero más trascendente que eso, se identifica como la principal alternativa y azote del PP, dejando en segundo plano al centenario PSOE. Los socialistas tienen a su candidato trabajando en un ministerio, del que dimitirá cuando toque la campaña. Entre las fortalezas de la marca impulsada por Manuela Carmena en 2018 están precisamente su arraigo y también su no dependencia de un aparato superior. Superadas turbulencias iniciales o crisis de crecimiento, tampoco habían mostrado problemas de convivencia.

Hasta que el sábado 25 de abril, Mónica García proclamó: “Quiero ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid”. Las elecciones estaban ahí, y Más Madrid no tenía un candidato, pero tampoco se aventuraba un episodio traumático. De un lado Manuela Bergerot, portavoz, principal activo frente a Díaz Ayuso, rival en los cara a cara. Por otro, Emilio Delgado, rostro televisivo y viral y subido al intento de Gabriel Rufián. La sorpresa es García, compañera de Óscar López, quien se suponía fuera de la carrera. Que Sanidad era un fin, un asiento, y no un trampolín.

“Emilio ha cometido dos errores”

La ministra ha anunciado su intención de saltar del barco cuando tiene importantes vías de agua abiertas. Los médicos han tomado nota y han dejado de considerarla interlocutora en su huelga. La ven ya enfocada en su salida y quieren negociar con Pedro Sánchez. Ahora tiene nuevos problemas, derivados de sus intenciones. García entró en Al Rojo Vivo de laSexta como en tantas ocasiones, pero no iba a ser como el resto. En la mesa estaba Delgado y Antonio García Ferreras apenas tuvo que deslizar el asunto para que entre ellos empezara a advertirse una tensión que trató de vestirse de cordialidad.

“No competimos entre nosotros, competimos con Ayuso, tenemos claro quién es el adversario. Nos hemos presentado siempre de forma consensuada”, comenzó García. Siguió Delgado: “Para desalojar al PP es imprescindible arrancar con un enorme movimiento democrático que sea lo más participativo posible”. La frase, que parece lógica e inocente, tenía toda la intención. Todo responde al cambio en los estatutos de 2025, cuando por mayoría se decidió cambiar un sistema de participación “complejo e incomprensible”, según fuentes del partido, por uno más sencillo, reduciendo el censo.

Más Madrid pasó de reconocer tres figuras, la del inscrito, el afiliado y el colaborador, a solo dos, la del simpatizante y la del militante, según su grado de implicación en la actividad de la formación. Sobre este y otros asuntos hubo enmiendas, pero ninguna fue de Delgado. “Emilio ha cometido dos errores: no conoce las normas de su partido y no quiere someterse a lo que decidió la mayoría”, dicen desde la secretaría de Organización a Infobae. El aspirante, que hace cálculos en su pugna con García, considera que esta simplificación echa abajo sus posibilidades.

El PP deja hacer

Retrocediendo a la amable hostilidad en televisión, hay otra frase afilada, esta de García: “Nos hemos presentado siempre de forma consensuada”. La ministra no estaba negando un proceso interno para elegir al candidato, sí apelando a la discreción, ya solo por los abundantes precedentes de cuantas opciones de izquierdas se han marchado por el mismo sumidero, el del liderazgo. La unilateral aventura de Delgado con Rufián no sentó bien, y todavía menos que este pusiera a García en un compromiso en pleno directo en televisión, actuando como rival y no como compañero.

Más Madrid tiene un capital político relevante, decíamos. Hoy, muchos dentro, de un lado y otro, coinciden en mencionar a Podemos, pero hoy también los chats echan humo, los partidarios de uno y otro disparan contra el otro y el uno, y hasta cerrar esta herida ya no puede pensar en las elecciones, para las que puede ser más crucial el cómo -se desarrollan las primarias- que el quién -las gana-. Ni García ni Delgado están dispuestos a ceder, convencidos de ser capaces de tumbar a Díaz Ayuso. Ya lo intentaron Ángel Gabilondo, Íñigo Errejón, Pablo Iglesias, Juan Lobato y la propia García dos veces.

Los dos se consideran arietes para gobernar en la Puerta del Sol y entre los dos pueden dinamitar toda opción, poniendo a Díaz Ayuso una alfombra hacia cuatro años más. Con un PSOE débil, las dudas al PP podían surgirle con Más Madrid, fuerza joven pero con importante arraigo en distritos y barrios y empuje en redes sociales, y precisamente en ausencia de un PSOE fuerte, potencial voto útil en la izquierda. Pero ni con esas, uno y otro se necesitan, deben sumar. En el Gobierno de la Comunidad prefieren no intervenir, o no lo ven necesario después de poner laSexta. Que se maten entre ellos y a esperar el fruto.

La campaña electoral andaluza para el 17 de mayo ha comenzado con los principales candidatos lanzando sus mensajes en distintas ciudades de la comunidad, marcando el inicio de dos semanas de actividad política intensiva.

A partir de las 00:00, se dio comienzo a la tradicional pega de carteles, un acto simbólico que oficializa el arranque de la campaña y que reunió a equipos y simpatizantes en diferentes puntos de Andalucía.

La búsqueda de votos y la movilización de los diferentes electorados han centrado las primeras horas de unas elecciones en las que el empleo, los servicios públicos y la seguridad ocupan el centro del debate.

Moreno pide mayoría y estabilidad

Durante la apertura de campaña, Juanma Moreno ha comenzado los actos en los Jardines de Murillo, en Sevilla, conminando a los andaluces a realizar “un examen” de su gestión al frente de la Junta. Ha subrayado que, tras siete años y cuatro meses de gobierno, se ha dejado atrás una etapa marcada por deudas con universidades y proveedores, y por situaciones como las “camas en los pasillos” de hospitales.

El actual presidente y candidato a la reelección por el PP ha defendido que necesita una mayoría legislativa fuerte, remarcando que “cuando las cosas van razonablemente bien, no nos podemos meter en un lío”. Moreno ha advertido así del riesgo de perder la mayoría absoluta, lo que podría abocar a pactos con Vox, y ha subrayado la importancia de garantizar la estabilidad institucional.

El presidente popular ha afirmado que mantiene “más ganas de Andalucía que nunca” y que quiere continuar impulsando reformas dirigidas a crear empleo y futuro para la comunidad. Del mismo modo, ha pedido a su electorado “no meterse en líos”, haciendo un llamamiento explícito para que el futuro gobierno andaluz no dependa de otras fuerzas políticas, en alusión a Vox.

Asimismo, Moreno ha sostenido que el avance logrado bajo su mandato requiere continuidad y ha instado a mantener “seguridad y solidez” durante los próximos cuatro años, además de reivindicar que el PP “se ha ganado a pulso la confianza y el cariño de la ciudadanía de Andalucía”.

Montero apela a la movilización

En el acto de apertura celebrado en Granada, la candidata del PSOE, María Jesús Montero, se ha dirigido a sus simpatizantes pidiendo “movilización” ante lo que ha calificado de “encrucijada” electoral. Ha advertido en su intervención del peligro de “sociedades que excluyen a una parte por molestar a algunos”, señalando el riesgo que suponen políticas basadas en la llamada “prioridad nacional”.

Montero ha insistido en que la sanidad pública, la educación y la dependencia se encuentran “asfixiadas” bajo la gestión del PP, reprochando la política “privatizadora” del actual presidente. Ha asegurado que “la dignidad humana está por encima de cualquier otra cuestión, aunque aquí alguno azuza sentimientos de odio”, precisando que el PSOE es “la única alternativa” a ese escenario.

Montero ha caracterizado la propuesta socialista como garante de los derechos sociales y ha llamado a que el voto progresista defienda servicios públicos esenciales. Ha apelado a la ciudadanía a acudir a las urnas “en la puerta del colegio, en la reunión del club del jubilado, en la fábrica o en el comercio”, y ha establecido una contraposición directa entre el PSOE y los “políticos que son lobos con piel de cordero”, en referencia velada al presidente en funciones.

Vox y la izquierda alternativa buscan romper el escenario

Por parte de Vox, Manuel Gavira ha iniciado la campaña en Cádiz subrayando que estas elecciones suponen decidir si Andalucía “pone primero la prioridad nacional”. Gavira ha declarado ante los medios que Vox afronta la convocatoria con la intención de “ganarlas” y lograr un cambio en las políticas andaluzas.

Ha criticado lo que considera “políticas de puertas abiertas” atribuidas al PP y al PSOE, y ha advertido de las consecuencias de “la regularización masiva” en los servicios públicos, la seguridad y los barrios. Gavira ha repetido su apuesta por que “los andaluces sean lo primero” e insiste en que Vox defenderá un gobierno que reduzca “el gasto político” y priorice la inversión social.

Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía, ha inaugurado su campaña en Sevilla manifestando la convicción de que su coalición “dará la sorpresa” el 17 de mayo. Ha recordado que el PP pactó por primera vez con Vox en Andalucía y ejecutó acuerdos referidos a bajadas de impuestos “a las altas rentas y grandes patrimonios”, privatización y permisividad con fondos de inversión.

Maíllo ha reivindicado la centralidad de la defensa de los servicios públicos y la necesidad de una mayor inversión en sanidad, educación y dependencia, afirmando que “el debate no es si hay dinero o no, sino dónde se pone”. Su mensaje incluye la aspiración a representar a la mayoría social frente a “los ultra ricos” y la voluntad de “dar la sorpresa y cambiar el guion de quienes nos lo tienen que escribir”.

Por su parte, José Ignacio García, de Adelante Andalucía, ha optado por iniciar su campaña en Málaga, tierra del actual presidente, desde donde ha declarado que “el fin de Moreno Bonilla y el PP empieza en Málaga”.

García ha definido esta provincia como el “laboratorio” de políticas de vivienda y turismo que “expulsan a los vecinos”, y ha rechazado que las autonómicas sean un “ensayo” de las elecciones generales. Su llamamiento a la movilización se basa en apelar a la esperanza y a una izquierda “nueva, valiente, que no se vende, andalucista y feminista”.

Modelos en disputa

La diversidad de planteamientos programáticos y la intensidad en la confrontación de modelos económicos y sociales han dominado la apertura de los actos electorales. En los primeros discursos, los candidatos han recurrido a citas y datos concretos: Moreno ha sostenido que “tiene más ganas de crear empleo, de crear futuro y de reformar nuestra tierra”, mientras que Montero ha incidido en que “Andalucía apuesta por la esperanza y la dignidad”, y Gavira ha recalcado que “el 17 de mayo los andaluces nos jugamos un gobierno que ponga primero la prioridad nacional”.

Las consignas en defensa de los servicios públicos, la referencia a la gestión económica y la presión por la movilización electoral vertebran esta primera fase de la campaña, con especial atención al electorado progresista y al rechazo de modelos privatizadores. En todos los casos, la movilización del voto se confirma como objetivo esencial de los primeros días, con palabras y estrategias cuidadosamente reivindicadas en los actos de arranque.

La reaparición pública de Borja Sémper, portavoz del Partido Popular del País Vasco, se ha producido en el plató de El Hormiguero tras diez meses marcados por la lucha contra un cáncer de páncreas. El político ha comunicado que actualmente se encuentra libre de cáncer, compartiendo su experiencia personal durante la emisión del programa de Antena 3.

Después de un proceso de casi un año desde su diagnóstico, Borja Sémper ha confirmado públicamente que ha superado el cáncer de páncreas, uno de los tumores más agresivos, tras someterse a un tratamiento riguroso y vivir los meses “más amargos” de su vida.

El hallazgo del tumor fue posible gracias a un chequeo al que accedió a petición de su esposa, la actriz Bárbara Goenaga, a pesar de no presentar síntomas claros de la enfermedad, un hecho que Sémper atribuye a la insistencia de su pareja.

Detección temprana

La entrevista en El Hormiguero ha permitido al político del Partido Popular vasco exponer el impacto vital que ha supuesto su enfermedad. Sémper ha relatado que, tras reincorporarse a la vida política y retomar el tabaco, su mujer se mostró muy preocupada y le recomendó insistentemente someterse a revisiones médicas habituales. Este control médico resultó determinante, ya que permitió la detección del cáncer en un estadio que aún era abordable quirúrgicamente.

El propio Sémper ha subrayado que debe a Bárbara Goenaga la posibilidad de estar hoy contando su experiencia. Durante la conversación, Borja Sémper ha descrito el proceso de aceptación del diagnóstico y las implicaciones emocionales que supone enfrentarse a una enfermedad de estas características.

Ante la consulta sobre el momento en que los médicos le informaron de la presencia de una “mancha en el páncreas”, Sémper ha confesado que inicialmente sentía que los especialistas no hablaban realmente de él, sino de otra persona, debido a la dificultad para asumir la noticia.

“Durante mucho tiempo, cuando escuchaba a los médicos, sentía que no hablaban de mí, porque es un proceso de aceptación, que le pasa a mucha gente pero también te puede pasar a ti. Y eso significa que todo lo que creíamos sólido se vuelve frágil también”, ha reconocido en el programa.

En el desarrollo de la entrevista, el político vasco ha narrado el duro ciclo de la quimioterapia, que ha descrito sin eufemismos como “veneno”, un procedimiento que, si bien ataca el tumor, puede agredir otras partes del cuerpo.

Sémper ha señalado que la tolerancia física al tratamiento ha sido limitada, con ingresos hospitalarios frecuentes debido a complicaciones como el daño renal. “Cada cáncer es diferente. Cada persona es diferente”, ha puntualizado ante las preguntas de Pablo Motos.

Fragilidad física y reflexión sobre la vida

El relato incluye la transformación física y la sensación de fragilidad derivada del tratamiento, con caídas del cabello y un deterioro general del estado corporal. En palabras de Sémper, los cinco meses de tratamiento supusieron una sucesión constante de malestares y episodios de febrícula, hasta el punto de experimentar cierto alivio al ser ingresado, ya que “la ciencia, afortunadamente, es capaz de estabilizarte”.

El discurso del portavoz del Partido Popular del País Vasco ha girado también hacia una reflexión íntima sobre el sentido del tiempo, la muerte y el valor de la vida tras convivir con una patología de alta mortalidad. A este respecto, Sémper ha subrayado que lo que ha sentido no es tanto miedo, sino una profunda tristeza ante la posibilidad de dejar de disfrutar de las experiencias cotidianas y del crecimiento de sus hijos.

“De la noche a la mañana el tiempo pasa a tener otro peso, otro valor. La perspectiva de futuro también. Aparece la nostalgia. Queda todo suspendido, todo pasa a ser parte de un hipótesis. Tu vida es una hipótesis. Esto pasa cuando tienes una enfermedad potentemente mortal como es el cáncer”, ha expresado durante la entrevista.

Al término del encuentro televisivo, el propio Borja Sémper ha reiterado que la enfermedad obliga a aceptar que nada es inamovible y que tanto el miedo a la muerte como el dolor ante la posible pérdida de la vida cuentan con significados distintos. Para el portavoz popular, asumir la realidad del cáncer implica necesariamente reconocer que forma parte de la vida, un aprendizaje personal que ha compartido ante la audiencia de El Hormiguero.

Los testimonios de la trama Kitchen han continuado este jueves con el segundo turno del inspector Manuel Morocho. El policía que lideró la investigación sobre la trama Gürtel sostuvo ayer que recibió presiones de sus superiores para que “no saliera” el nombre de Mariano Rajoy. En esta sesión, ha revelado una “estrategia” interna para “desmantelar” el grupo policial que rastreaba los papeles de Bárcenas.

Según ha expuesto ante la Audiencia Nacional, el propio magistrado del caso, Pablo Ruz, pidió al policía que evitara la presencia de sus superiores en sus encuentros. “Me dijo que si venían no iban a acceder a la reunión”, ha relatado Morocho en sede judicial, volviendo a apuntar a que cargos policiales de relevancia pretendían obstaculizar las indagaciones.

Además, Morocho ha descrito cómo se vio obligado a adoptar medidas de “autocensura” para sortear las interferencias de sus jefes directos. El inspector ha contado que, en coordinación con Ruz, modificaba los informes oficiales para que la información sensible no apareciera en el cuerpo principal de los documentos, sino en anexos. Así, sorteaba los asuntos que podían generar “problemas” pero sin eliminarlos de los informes.

Estrategia para frenar la investigación

La comparecencia de Morocho ha puesto de manifiesto la magnitud de las presiones internas que sufrió el equipo policial y la estrategia que llevaron a cabo para frenar los avances sobre la contabilidad B del PP. Según datos aportados por el propio inspector, en 2013 el equipo asignadoa a la investigación contaba con 11 policías. Sin embargo, tal y como cuenta, les ofrecían otros puestos o mejores salarios y acababan saliendo a otros destinos, de manera que en 2015 ya habían abandonado la mayoría el equipo.

Pablo Ruz, según la declaración de Morocho, adoptó una postura tajante ante la posible interferencia de mandos policiales en las reuniones informativas. Esta protección institucional permitió que parte de la información relevante llegara a la autoridad judicial, aunque con mecanismos de reserva y cautela.

Presiones para quitar información

Según expuso el miércoles, sus superiores intentaron minimizar el alcance de los denominados papeles de Bárcenas e incluso cuestionaron su autenticidad, afirmando que todo respondía a “una ideación de Bárcenas” y que solo debía darse validez a la documentación presentada ante el Tribunal de Cuentas. Además, relató que cuando aparecían nombres relevantes en los informes, como el de Ignacio López del Hierro o María Dolores de Cospedal, sus superiores le solicitaban expresamente que los retirara, aunque él se negó por motivos de rigor profesional.

Esta presión también se tradujo en la recomendación de evitar los términos “contabilidad B” o “extracontable”, a fin de suavizar las conclusiones de los documentos oficiales. Estas directrices reflejaban un claro intento de limitar el impacto judicial y político de los hallazgos, generando intensas tensiones y desacuerdos internos durante la elaboración de los informes clave para la causa Gürtel y los pagos en la sede nacional del partido-

Jorge Azcón (PP) ha sido reelegido este miércoles presidente de Aragón con 39 votos a favor —26 del Partido Popular (PP) y 13 de Vox— en el segundo día del debate de investidura celebrado en las Cortes de Aragón. La derecha y la extrema derecha sellan así un Gobierno de coalición con la formación ultra que incluye, entre sus puntos más polémicos, el principio de “prioridad nacional” en el acceso a ayudas y prestaciones públicas.

El popular se convierte en el primer presidente en repetir mandato en la comunidad desde la restauración democrática. La aritmética de la sesión refleja el nuevo equilibrio de fuerzas en el parlamento aragonés: entre PP y Vox suman 40 diputados de los 67 que componen la Cámara, aunque una parlamentaria ultra no compareció por enfermedad, lo que redujo el respaldo efectivo a 39 votos. Azcón calificó el resultado de “investidura histórica”, en alusión a la mayoría absoluta que ambas fuerzas obtuvieron en las elecciones anticipadas del pasado 8 de febrero.

El acuerdo de gobierno otorga a Alejandro Nolasco, líder de Vox en Aragón, una vicepresidencia y tres consejerías: Desregulación, Servicios Sociales y Familia; Medio Ambiente y Turismo; y Ganadería, Agricultura y Alimentación. La formación también se hará con un senador de designación autonómica. “Aragón no necesita un socio dócil, sino un socio fiable”, ha afirmado Nolasco durante el pleno, para quien el acuerdo “no es un cheque en blanco”. El portavoz ultra fue más allá en la defensa de la “prioridad nacional”: “No tenemos miedo a decirlo: primero los aragoneses y españoles, primero quienes sostienen España”, subrayó ante la Cámara.

El propio Azcón se esforzó en matizar el alcance de esa cláusula. El presidente investido insistió en que la medida se aplicará con “estricta legalidad”, que en el acuerdo “no se habla de los nacidos en España ni se exige ninguna nacionalidad” y que el criterio de acceso se vincula a un “arraigo real, duradero y verificable”.

Momentos tensos en la investidura

El debate de este miércoles también dejó momentos de tensión dialéctica. Cuando la portavoz de Izquierda Unida (IU), Marta Abengoechea, cargó contra el candidato por “legitimar el discurso racista” de Vox, Azcón respondió con una pregunta que arrancó las risas del propio Nolasco: “¿Quién le ha dado el carnet de sexador de demócratas?”. La izquierda aragonesa —PSOE, IU y Chunta Aragonesista (CHA)— mantuvo a lo largo de la jornada una ofensiva sostenida contra la asunción del ideario ultra por parte del PP.

La portavoz del PSOE y jefa de la oposición, Pilar Alegría, ha abierto la sesión recordando que Nolasco no aplaudió en ningún momento el discurso de investidura de Azcón el día anterior. “No es porque fuera un discurso aburrido, flojo, que lo fue; no le aplaudió porque su socio quiere demostrar desde el primer momento quién manda”, señaló Alegría, quien advirtió que Vox intentará “devorarles por dentro” a lo largo de la legislatura. La exministra reprochó además a Azcón no haber buscado un acuerdo presupuestario con los socialistas antes de convocar elecciones anticipadas ni haber tendido puentes tras las urnas del 8 de febrero.

Nolasco, que previsiblemente ocupará la vicepresidencia del nuevo Ejecutivo, fue tajante sobre las expectativas de su partido: “Seremos parte del Gobierno, pero no dejaremos de ser Vox”. La advertencia llega en un contexto en el que Azcón convocó las elecciones anticipadas en diciembre precisamente para tratar de deshacerse de la dependencia parlamentaria de los ultras, que le impedía sacar adelante los presupuestos. El resultado fue el contrario: el PP perdió dos diputados respecto a la legislatura anterior, mientras Vox duplicó su representación, lo que otorgó a la formación de Santiago Abascal un peso aún mayor en la negociación del nuevo pacto de gobierno.

Manuel Morocho, inspector jefe de la UDEF y encargado de investigar el caso Gürtel, ha relatado ante el tribunal que recibió presiones cuando preparaba un informe sobre los papeles de Bárcenas y la contabilidad B del PP en 2013, según recoge EFE. El policía ha explicado que le pidieron que el nombre de Mariano Rajoy no apareciera en ese informe. “Es una persona singular que se individualizó expresamente que esa persona no saliera”, ha asegurado Morocho, en lo que parece apuntar a sus superiores, a los que acusa de presiones mientras elaboraba la investigación.

El inspector jefe ha detallado que sus superiores minimizaron el contenido de los papeles de Bárcenas y cuestionaron su autenticidad. Según su testimonio, le trasladaron que estos documentos eran “una ideación de Bárcenas” y que no tenían validez. Le insistieron en que la única contabilidad válida era la presentada ante el Tribunal de Cuentas. De acuerdo con Morocho, la instrucción que recibió fue no dar relevancia al material intervenido, planteando que todo respondía únicamente a iniciativas personales del extesorero y no a prácticas del partido.

Presiones al investigar la Gürtel

Durante la investigación de la UDEF, Morocho relató que recibió presiones directas de sus superiores para omitir ciertos nombres relevantes en los informes oficiales sobre la contabilidad B. Uno de los episodios clave ocurrió cuando incluyó en el informe a Ignacio López del Hierro, esposo de María Dolores de Cospedal. Según recoge la agencia, su jefe directo, Manuel Vázquez, lo llamó para advertirle que había cometido un “grave error” al mencionar a López del Hierro y le pidió que eliminara esa referencia del documento.

Morocho se negó a modificar el informe porque consideró que no podía excluir a ninguna persona implicada en los hechos investigados. Ante la insistencia, decidió poner la situación en conocimiento del juez encargado del caso. El inspector también aseguró que las presiones no se limitaron a este nombre y al de Rajoy. Afirmó que recibió instrucciones para evitar que apareciera la propia María Dolores de Cospedal, quien figuraba como apoderada de una cuenta vinculada a la investigación.

Desacuerdos internos y problemas metodológicos

Las decisiones sobre la redacción de los informes y la información que debían contener generaron importantes tensiones en la cadena de mando policial. Miguel Ángel Cuevas, jefe de sección, advirtió a Morocho que Ignacio López del Hierro era “amigo” del comisario José Manuel Villarejo, implicado en el caso Kitchen, lo que sumaba presión y condicionaba las acciones del equipo investigador.

Por otra parte, Morocho relató las dificultades para emplear términos como “contabilidad B” o “extracontable”, debido a que sus superiores preferían que estos conceptos no aparecieran en los documentos oficiales, aunque el análisis del equipo se centraba precisamente en ese tipo de movimientos financieros y manejos irregulares. La resistencia a utilizar estos términos reflejaba, a su juicio, la intención de evitar consecuencias legales y políticas para el partido. Los desacuerdos internos se intensificaron con el avance de la investigación, sobre todo cuando se abordó la relación entre la caja B y los pagos por la reforma de la sede nacional del partido.

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este miércoles su nuevo equipo de cara a la nueva etapa en el Gobierno que compartirá con Vox. En una rueda de prensa en Mérida ha avanzado que estará formado por diez consejerías y, como novedad, esta vez habrá dos vicepresidencias. En el nuevo gabinete volverán a verse caras conocidas de la legislatura, pero también habrá tres nuevas incorporaciones.

Abel Bautista asumirá una de las vicepresidencias y la cartera de Interior y Emergencias, área que incorpora la planificación y extinción de incendios forestales. Según ha avanzado Guardiola, será él quien asuma el mando de la Junta en ausencia de la líder extremeña.

La otra Vicepresidencia, vinculada a la cartera de Desregulación, Servicios Sociales y Enfermería, quedará a cargo del líder de Vox Óscar Fernández, quien concentrará además las competencias de servicios sociales, infancia y familia, y juventud, funciones que antes integraba la cartera de salud. En virtud del acuerdo que se ha alcanzado para investir a Guardiola, el partido de Santiago Abascal también asumirá la cartera de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, que será dirigida por el diputado Juan José García. Esta cartera, ha adelantado Guardiola, incluye la gestión de la PAC, pesca y la tauromaquia.

Guadiola espera aprobar los presupuestos en las próximas semanas

Elena Manzano continuará al frente de Hacienda y Administración Pública y seguirá como portavoz del ejecutivo autonómico, además de ser la encargada de elaborar los presupuestos autonómicos para el nuevo periodo. Sobre este último asunto, Guardiola ha evitado dar plazos concretos, pero ha estimado “un par de semanas” para iniciar su tramitación parlamentaria.

La dirección de Industria quedará en manos de Mercedes Morá, que suma ciencia e investigación a sus atribuciones tras su paso previo por Agricultura. Guillermo Santamaría liderará Economía, Empleo y Transformación Digital; Sara García Espadas permanecerá al frente de Salud y Atención a la Dependencia; Sandra Valencia asume la Consejería de Educación; y Laureano León dirigirá Turismo y Deportes, tras su experiencia como presidente en la diputación de Cáceres y en sustitución de Victoria Bazaga.

Según ha explicado la dirigente extremeña, la toma de posesión de los cargos y la aprobación de los decretos de estructura de cada consejería tendrán lugar en el siguiente consejo de gobierno, que tendrá lugar este jueves.

En su intervención, la presidenta extremeña ha reafirmado que se trata de un nuevo gobierno “plenamente motivado y ambicioso”, que se va a encargar de “materializar” su programa de gobierno, así como “a cumplir los acuerdos alcanzados para poder ofrecer estabilidad a nuestra región en los próximos cuatro años”, ha resaltado.

Noticia con información de agencias

Tras la derogación este martes en el Congreso del decreto ley que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2% las actualizaciones anuales de renta, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha anunciado una primavera de movilizaciones y nuevas herramientas para quienes enfrentan la incertidumbre de su vivienda. El rechazo de la medida, con los votos contrarios de PP, Vox y Junts y la abstención del PNV, “deja sin protección a cerca de un millón de familias inquilinas y beneficia a los intereses rentistas”, denuncia la organización.

“PP, Vox y Junts per Catalunya con su voto en contra y la abstención del PNV demuestran que son el brazo político del rentismo. Con su negación a la prórroga de alquileres demuestran claramente sus prioridades: proteger al rentismo por encima de la mayoría de la población”, señalan en un comunicado los sindicatos, que también critican la falta de respuestas institucionales a la crisis habitacional. Por ello, la organización convoca la primera gran protesta para el 24 de mayo en Madrid, que saldrá a las 12:00 horas desde Atoacha, como inicio de una serie de acciones en todo el país. “No vamos a permitir que el rentismo dicte las reglas de acceso a la vivienda”, aseguran.

La organización explica que, aunque la prórroga era una medida de mínimos que no solucionaba la crisis de vivienda, “sí podía evitar la expulsión de hasta un millón de familias inquilinas hasta finales de 2027”, al ofrecer protección ante el incremento sostenido de los alquileres.

Desde la organización recuerdan que “la prórroga es legalmente válida si se ha solicitado entre el 22 de marzo y el 28 de abril, ambos días incluidos”, aunque también advierten que es fundamental responder de forma firme a cualquier negativa de los propietarios, ya que prevén que las empresas rentistas e inmobiliarias “intentarán generar confusión”.

Para anticipar posibles conflictos, durante el último mes los sindicatos han remitido más de 16.000 solicitudes de prórroga y han recopilado las contestaciones de los caseros, lo que les ha permitido elaborar cuatro documentos específicos para rebatir las excusas más habituales empleadas para rechazar la prórroga.

Una web con asesoramiento

Los sindicatos han lanzado además una web con recursos legales, asesoramiento y modelos de respuesta para quienes buscan sostener sus contratos. Para quienes no pudieron acogerse a la prórroga, la organización mantiene activa la campaña de desobediencia civil Nos Quedamos y convoca a asambleas presenciales en distintas ciudades.

También denuncian que la actual situación económica agrava la crisis: “Mientras los salarios han subido una media del 20% en los últimos cinco años, los precios del alquiler en las capitales de provincia han subido un 60%”. Este desfase, concluyen, ha acentuado la presión sobre los hogares inquilinos.

Han pasado ya ocho meses desde que se levantó el secreto a la investigación judicial del llamado caso Montoro, que investiga las presuntas reformas legislativas realizadas desde el Ministerio de Hacienda para que empresas gasísticas recibieran beneficios fiscales a cambio de pagos millonarios al despacho de abogados de Cristóbal Montoro, Equipo Económico. Ocho meses en los que la instrucción se ha mantenido en una especie de pausa, que, parece, ya se empieza a romper.

En una providencia firmada el 21 de abril de 2026, a la que ha tenido acceso Infobae, el juez instructor del juzgado número 2 de Tarragona llama a declarar a los primeros ocho imputados de los 28 que hay en esta causa, entre los que no se encuentra ni el propio exministro Montoro, ni ninguno de los cargos del Ministerio de Hacienda investigados.

Se trata de parte de los empresarios que habrían realizado pagos a Equipo Económico a cambio de los beneficios fiscales que se investigan y que tendrán que pasar por el juzgado entre el 30 de abril y el 12 de mayo.

El primer grupo en comparecer está compuesto por los directivos Rubén Folgado Girón y Karl Andrea Hauck, vinculados a la empresa Messer Ibérica, que están citados el 30 de abril. Les seguirá el 8 de mayo un bloque formado por Patrick Emmanuel Marcel Jozon, Teresa Rasero Guerrero y Jorge Pedrazuela Prieto. Finalmente, el 12 de mayo declararán Eduardo Gil Elejoste, Carlos Romero Moreno y Jacobina Escámez Esteve, todos ellos relacionados con compañías del sector de gases industriales y energía.

Las cuentas bancarias de Montoro

En paralelo, el juez instructor ha presentado una nueva diligencia en la que se solicita a diferentes entidades bancarias los movimientos de todas las cuentas del exministro y de su entorno cercano durante los últimos 20 años. Entre las entidades bancarias requeridas para facilitar esa información están el Banco Santander, el Banco Sabadell, CaixaBank, BBVA, Unicaja, Ibercaja, ING Bank y Deutsche Bank.

En concreto, el juez pide los movimientos de todas las cuentas bancarias activas o no; los ficheros informáticos en los que consten los fondos recibidos o enviados con origen o destino al extranjero; una relación de cheques y efectos emitidos, recibidos, cobrados o pagados con todo grado de detalle; y las tarjetas asociadas, así como cualquier documentación relativa a planes y fondos de pensiones, cajas de seguridad y préstamos concedidos.

La estrategia dilatoria de las defensas

Estos dos últimos pasos significan un primer impulso judicial, tras la fase de “pausa” en la que se encontraba desde el levantamiento del secreto. Esto se ha debido principalmente a las estrategias que persiguen las defensas de los 28 acusados: dilatar las diligencias. Desde el comienzo han presentado todo tipo de recursos, desde peticiones de nulidad a poner en duda la legitimidad del juzgado para llevar el proceso, lo que durante meses ha dejado el caso en una especie de ‘modo de espera’.

Esta es una conclusión que, aunque se sospechaba desde antes, quedó reflejada en un escrito de la Fiscalía que indicaba claramente cómo, a su juicio, las defensas estarían intentando frenar la investigación mediante la interposición de recursos “masivos”.

En este mismo escrito, la fiscal Anticorrupción, Carmen María García Cerdá, destacaba también “lo llamativo de las argumentaciones utilizadas en algunos casos”. “Es claramente apreciable que, en esta causa, además, vistas las actuaciones de los investigados en estos momentos, el secreto ha conseguido evitar esas manipulaciones que parece se están utilizando ahora, levantado el secreto, por las partes”, añadía.

Entre sus críticas, también destaca que algunas de estas peticiones buscan cerrar la investigación o se oponen a la prórroga de la instrucción, pese a que hasta ahora no se ha tomado declaración a los investigados, quienes han solicitado aplazamientos para poder examinar la causa.

“Fíjese la Sala que casa mal el argumentar la causación de indefensión con la oposición a la prórroga de la Instrucción, que permitirá a las partes declarar cuantas veces tengan por conveniente, asistir a las declaraciones de testigos, proponer prueba, etc.”, denunciaba.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha cerrado la puerta, al menos por ahora, a la investigación judicial del expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su actuación durante la DANA que devastó la región en 2024. En un auto hecho público este lunes, el pleno de la Sala de lo Civil y Penal ha desestimado por unanimidad los recursos de súplica presentados por diversas acusaciones, ratificando íntegramente su decisión previa.

La resolución respalda el criterio ya fijado el pasado 16 de marzo, cuando el Alto Tribunal valenciano se pronunció tras recibir la exposición razonada de la jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la catástrofe, que se saldó con 230 víctimas mortales. El nuevo auto se alinea además con el informe del Ministerio Fiscal, reforzando la posición de la Sala en un asunto de enorme trascendencia política y social.

El núcleo de la decisión judicial reside en la insuficiencia de los argumentos presentados por las acusaciones. Según recoge el propio auto, los recurrentes —tanto principales como adhesivos— no han logrado aportar “razones bastantes” que permitan configurar ese “cuadro indiciario de cierto nivel”que exige la jurisprudencia para abrir una causa penal. Ni en la vertiente de una posible actuación activa ni en la de una eventual omisión aprecia la Sala indicios sólidos que permitan atribuir responsabilidad al entonces jefe del Consell.

La posición de garante, descartada

Uno de los ejes de la impugnación —la supuesta posición de garante de Mazón durante la emergencia— es desmontado con claridad por los magistrados. El tribunal recuerda que el derecho penal español no permite derivar responsabilidades por la mera relevancia del cargo y rechaza cualquier automatismo entre jerarquía institucional y culpabilidad penal.

En términos expresos, la Sala señala que “no existe la responsabilidad penal por el desempeño de un cargo” y advierte de que atribuirla por el hecho de ostentar la máxima autoridad autonómica resulta contrario al principio de culpabilidad. En esa misma línea, insiste en que “ni cabe la responsabilidad por elevación, ni se admiten imputaciones por jerarquía”, descartando que eventuales déficits de gestión puedan traducirse, sin más, en autoría penal.

El análisis de la normativa autonómica refuerza esa conclusión. Según el auto, la dirección operativa de la emergencia en nivel 2 correspondía “con carácter exclusivo y excluyente” a la consellera competente, sin que al president se le atribuyera un deber jurídico específico de actuación. Esa ausencia de obligación concreta impide, a juicio del tribunal, sostener la posición de garante que defendían las acusaciones.

Exigencia de causalidad

La Sala aborda también la decisión de no activar la situación de emergencia catastrófica, uno de los aspectos más controvertidos del caso. En este punto, el tribunal delimita con nitidez el ámbito de la discrecionalidad política frente al de la responsabilidad penal.

El auto subraya que las decisiones discrecionales de un presidente autonómico no pueden convertirse en fuente de reproche penal por el mero hecho de que, a posteriori, se consideren inadecuadas o insuficientes. Para que una omisión pueda tener relevancia penal, añade, sería imprescindible acreditar que la acción no realizada habría evitado los resultados dañosos, incluidos los fallecimientos, una relación de causalidad que no ha sido demostrada por las acusaciones.

En esa misma línea, el TSJCV descarta que existan indicios cualificados sobre una participación activa de Mazón en el envío del mensaje de alerta a la población a través del sistema Es-Alert. La resolución insiste en que no concurren los requisitos de solidez exigidos por la jurisprudencia para atribuir relevancia penal a esa eventual intervención.

El aforamiento

El auto rechaza igualmente la pretensión de inaplicar el aforamiento del expresident. Las acusaciones sostenían que su condición de diputado en Les Corts respondía a una estrategia para eludir la actuación del juzgado ordinario, pero el tribunal descarta de forma expresa cualquier abuso de derecho.

La Sala recuerda que Mazón ya ostentaba su escaño antes de la DANA y que lo ha mantenido sin interrupción desde el inicio de la legislatura, lo que excluye cualquier adquisición sobrevenida del fuero. En este punto, diferencia el caso del denominado ‘caso Gallardo’, resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, donde sí se apreció una maniobra para obtener la condición de aforado de forma estratégica.

El tribunal desestima además el resto de alegaciones y rechaza que se haya vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva. Recuerda que este derecho no garantiza un resultado concreto, sino el acceso a una resolución motivada, razonable y fundada en derecho, condiciones que considera plenamente cumplidas en este procedimiento.

En relación con otros elementos apuntados durante la instrucción, como los mensajes intercambiados en el entorno del expresident con miembros del Consell durante los momentos críticos de la emergencia, la Sala entiende que no permiten inferir, con el grado de certeza exigible en el ámbito penal, la existencia de órdenes directas ni de una relación de subordinación suficiente para sustentar una imputación. Añade, además, que las diligencias acordadas sobre este extremo no han arrojado aún resultados concluyentes incorporados a la causa.

A preguntas de su abogada, ya que además de ser testigo está personado como acusación en esta causa, ha explicado que su padre le habló del audio que tenía con Mariano Rajoy y que se está convirtiendo en un tema recurrente en este juicio. “Lo único que sé es lo que me ha contado él, lo que me contó en su día”, ha relatado.

“Me contó que subía al despacho de Rajoy en presencia de [Javier] Arenas y el detalle, no me acuerdo bien, le comentaba algo de la contabilidad B y un remanente que había dejado”, ha asegurado, añadiendo que “nunca” ha escuchado la grabación. “Creo que me lo cuenta antes de entrar, unos días antes o un mes antes, en alguna charla que me contase un poco más”, ha agregado, por lo que esta conversación estaría fechada a mediados de 2013.

Sin embargo, esta versión choca con la que aportó su padre la semana pasada, ya que en su turno de palabra relató que existían dos grabaciones diferentes, una con Rajoy y otra con Arenas, que en ese momento era ministro de Presidencia. La defensa del excomisario José Manuel Villarejo ha querido incidir en esta cuestión, a lo que el testigo ha respondido que era una grabación conjunta con “Rajoy y Arenas”.

Lo que sí coincide es el contenido de esta conversación, ya que el extesorero relató cómo le entregaba un sobre al expresidente con el remanente de la caja B y la respuesta de Rajoy fue de sorpresa. Entonces, cogió estos papeles y los introdujo en la trituradora, siempre según la versión de Bárcenas, ya que Rajoy negó que este episodio sucediera. “Absolutamente falso”, respondió como testigo.

El final de confianza en Sergio Ríos

La gran parte de su declaración ha versado sobre Sergio Ríos, el chófer que contrató la familia Bárcenas y que está imputado por presuntamente haber sido el caballo de Troya que permitió el espionaje al extesorero y su entorno. Ha indicado que su contratación se produjo antes de que su padre entrara en prisión, “a través de una persona que trabajaba en el PP” y que conocían de “toda la vida”.

“Se encargaba de los dos [de él y su madre], nos llevaba a Soto del Real o realizaba recados, pero su función era de chófer y teníamos una buena relación”, ha relatado. Sin embargo, esta relación empezó a ir a peor desde que tuvieron el incidente del secuestro, un hecho que no ha entrado en esta causa, en la que presuntamente una serie de personas entraron en la casa de los Bárcenas y llegaron a apuntar con una pistola al hijo.

“Dejamos de confiar en él, porque nos olió todo un poco mal”, ha indicado, a lo que ha añadido que “en esos meses yo empecé a notar que hacía más preguntas: ‘¿Tu padre qué sabe de esto?’, ‘¿Tiene estos documentos’“.

“No recuerdo esa información” o “no me consta” han sido las frases más escuchadas durante su escueta declaración de unos diez minutos, en las que ha defendido que no hubo ningún tipo de participación de su partido en todo este caso. Ha indicado en más de una ocasión que los únicos conocimientos que tenía, aunque en esa época era la ministra de Presidencia, era por lo que “leía en prensa”.

Ni de la regularización fiscal que realizó el extesorero, ni de cuando aparecieron los papeles de Bárcenas, ni si desde Interior se llevó a cabo una operación para espiar al entorno del extesorero, no ha sido capaz de recordar nada.

“No observaba inquietud, porque no se hablaba de esos temas”

Su declaración ha ido en la misma línea que la de sus excompañeros de partido, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, que tampoco parecen acordarse de todo lo que ocurrió en esos años dentro de su propia sede.

Este lunes también ha declarado el exmiembro de la ejecutiva del PP, Javier Arenas, en la que ha defendido la legalidad de las actuaciones de sus compañeros. Sobre los papeles de Bárcenas ha relatado que es un “ávido lector, además de los antiguos, de periódicos. Yo he seguido estos asuntos por la obligación en medios, pero la primera vez que veo materialmente los papeles fue en el juicio, en agosto de 2013″.

En el momento en que Bárcenas se fue del partido, tras el estallido de todo el caso, solo recuerda “tranquilidad” entre sus compañeros. “No observaba inquietud, porque no se hablaba de esos temas”, ha añadido. También ha hablado de la reunión que mantuvieron él mismo, Rajoy, Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, en ese momento.

“Creo que hubo reunión. Fue una reunión humana, de una persona que había trabajado muchos años en el partido y su mujer, que es una persona muy educada, prácticamente no habló. No se habló de temas económicos, solo de su situación actual y de su futuro”, ha indicado.

Ha sido también preguntado por los audios que Bárcenas asegura que tenía guardados y que fueron destruidos, que incluían dos conversaciones diferentes, una con Rajoy y otra con el propio Arenas. Fue en una reunión que mantuvieron en Sevilla, a finales de 2012, que sí ha asegurado que se llevó a cabo.

“No recuerdo si hablamos de la Gürtel, sé que genéricamente estaba muy dolido, porque la actuación de la Policía y los fiscales no estaba siendo neutral respecto a su persona”, ha explicado sobre la conversación, pero ha negado la existencia de cualquier grabación. “Lo que yo he observado es que en algunos medios se manifestaba que esta grabación existía y en otros que no existía”, ha agregado.

“Nunca tuve conocimiento de esa grabación. Si existió, fue sin mi conocimiento ni mi aprobación, pero tampoco me creo ninguna intranquilidad que existiera”, ha explicado. En la misma línea, ha sido preguntado si le consta que se intentará conseguir la grabación que el extesorero tenía con Rajoy, a lo que ha respondido: “Bajo ningún concepto me consta. Ese asunto me parece un asunto muy confuso y lo desconozco”. Ha aprovechado para defender que los dos principales acusados, Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez Vázquez, son “grandes profesionales siempre al servicio público”.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado este lunes que ve “posible” y “viable” llegar a un “acuerdo” con Junts que permita la convalidación mañana en el Congreso del decreto ley que prorroga dos años los contratos de alquiler y limita al 2% la actualización de la renta. Así lo ha señalado en una entrevista en TVE, a pesar de que el partido de Miriam Nogueras ha señalado que votará en contra del decreto, al igual que lo rechazan PP y Vox, por lo que todo apunta a que la medida no saldrá adelante.

Bustinduy ha explicado en el programa La Hora de La 1 que el acuerdo incumbe al PSOE y pasa por aceptar algunas de las condiciones que Junts ha puesto públicamente sobre la mesa para poder reconsiderar su voto, como la cuestión del IVA franquiciado de los autónomos, es decir, la recaudación del IVA por parte de los autónomos que facturan por debajo de un determinado umbral. El ministro ha señalado que esta medida es una transposición de una directiva europea y que el Gobierno ya la “preacordó con Junts cuando se votó el primer decreto ley de la guerra de Irán”, según informa EFE.

Otras de las condiciones de Junts son, según Bustinduy, “matizaciones aceptables” y “alguna medida fiscal” que Sumar no comparte, pero que “con la prórroga en vigor podría merecer la pena”, ha dicho. “Por tanto, creemos que podrían darse las condiciones de aquí a mañana para que se produzca un acuerdo. Esperamos que tanto Junts como el PSOE tengan voluntad suficiente para, en el tiempo que nos queda, esbozar ese acuerdo y que pueda salir adelante la medida”, ha confiado el ministro.

Hasta el momento, tanto Junts como PP y Vox han rechazado la prórroga de los alquileres y el límite a las subidas de renta por diferentes motivos. La formación independentista argumenta que el decreto no respeta el marco competencial de Cataluña y que las decisiones sobre vivienda deben adoptarse desde las instituciones catalanas. El partido de Alberto Núñez Feijóo sostiene que la medida genera inseguridad jurídica, invade competencias autonómicas y desincentiva la oferta de viviendas en alquiler, mientras que los de Santiago Abascal consideran que este tipo de intervenciones limitan la libertad de mercado y afectan negativamente a los propietarios.

Por otro lado, el ministro Bustinduy ya ha advertido en otras ocasiones del “coste social” que supondrá para el PP votar en contra de este decreto, que busca aliviar la situación de quienes enfrentan dificultades para mantener su vivienda en el actual contexto de encarecimiento de los alquileres. Además, el límite del 2% a la actualización anual de la renta impediría incrementos abusivos, lo que daría mayor estabilidad a los inquilinos.

(Con información de EFE)

El Congreso vota este martes el decreto ley impulsado por Sumar que permitiría a miles de inquilinos extender los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaría al 2% las subidas de renta. El PSOE y otros partidos de izquierda respaldan la medida, pero PP, Vox y Junts, que suman mayoría, ya han anunciado su rechazo, por lo que todo apunta a que el decreto será tumbado.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, será el encargado de defender el decreto ante el pleno, una iniciativa que Sumar logró sacar adelante en el Consejo de Ministros el pasado 19 de marzo tras intensas tensiones internas y la mediación directa de la vicepresidenta Yolanda Díaz con el presidente Pedro Sánchez.

El PSOE, reticente a aceptar la prórroga por dudas jurídicas y políticas, llegó a advertir que el decreto podía rozar la inconstitucionalidad. La excepción se impuso ante la crisis abierta por la guerra en Irán, pero el sector socialista ha optado por mantener un perfil bajo. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, apoya el marco legal pero se resiste a recomendar abiertamente que los inquilinos pidan la prórroga, ante el riesgo de una derogación que podría arrastrar a miles de familias a la inseguridad jurídica.

Algunos algunos juristas advierten que, si el Congreso rechaza el decreto, podría haber una oleada de demandas en los tribunales. La principal duda es si las prórrogas de alquiler solicitadas durante la vigencia de la norma seguirán siendo válidas o quedarán anuladas, ya que no hay doctrina al respecto.

Por qué la rechazan

Por su parte, PP, Vox y Junts rechazan la prórroga de los alquileres y el límite a las subidas de renta por diferentes motivos. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo sostiene que la medida genera inseguridad jurídica, invade competencias autonómicas y desincentiva la oferta de viviendas en alquiler. Los de Santiago Abascal consideran que este tipo de intervenciones limitan la libertad de mercado y afectan negativamente a los propietarios, mientras que la formación liderada por Miriam Nogueras argumenta que el decreto no respeta el marco competencial de Cataluña y que las decisiones sobre vivienda deben adoptarse desde las instituciones catalanas.

El ministro Bustinduy ha insistido en el “coste social” que supondrá para el PP votar en contra y este domingo, a las 12:30 horas, hay una concentración frente a la sede nacional del partido, en la calle Génova de Madrid, convocada por el Sindicato de Inquilinas y la Federación Vecinal de Madrid, junto a organizaciones y colectivos de vivienda, con el lema “O con la gente o con los especuladores”. La formación de Feijóo no ha querido reunirse con Sumar para negociar la medida.

Más del 70% de la población apoya la medida

El 73,6% de los españoles apoya la prórroga de los alquileres, según una encuesta de Atenea del Dato encargada por el grupo The Left a petición de la eurodiputada de Sumar Estrella Galán. Ese mismo sondeo indica que el apoyo también es significativo entre el electorado del PP (65%) y de Vox (60%). Es más, casi la mitad de los encuestados, un 48,7%, asegura que reconsideraría su voto si su partido se opone a esta medida en el Congreso. Entre los votantes del PP, uno de cada tres estaría dispuesto a cambiar de opción, y entre los de Vox, la cifra se acerca al 36%.

(Con información de EFE)

Más de 200 alumnos de dos centros educativos de Talayuela (Cáceres) podrían dejar de recibir clases de lengua árabe y cultura marroquí tras la eliminación del programa, una medida incluida en el acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox en Extremadura. El pacto entre ambas formaciones, alcanzado tras la investidura de María Guardiola como presidenta autonómica, ha generado preocupación en la comunidad educativa del municipio.

El acuerdo contempla la supresión del Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), que hasta ahora se impartía en el CEIP Gonzalo Encabo y el CEIP Juan Güell, los dos centros ubicados en Talayuela.

El programa está amparado por el Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno de España y Marruecos, firmado en 1980 y en vigor desde 1985, según la información de Educarex. Se trata de una iniciativa de carácter estatal presente en varias comunidades autónomas, aunque su aplicación depende de cada administración educativa. Asimismo, se desarrolla fuera del horario lectivo y es financiado por el Gobierno de Marruecos.

Desde los centros educativos señalan que el programa ha sido un apoyo fundamental en el día a día, ya que contaban con la ayuda del profesorado del PLACM en tareas de comunicación y mediación con las familias, especialmente en cuestiones de traducción y adaptación lingüística. Por ello, afirman que la eliminación del programa genera preocupación entre la comunidad educativa.

Preocupación en la comunidad educativa

La eliminación del programa ha sido recibida con inquietud por parte de los centros y de representantes locales, que subrayan su papel en la convivencia y la integración del alumnado. “No sirve para nada, es absurdo. Como no están en los centros, no conocen y no saben. El beneficio es al alumnado, por supuesto, pero también al profesorado porque nos sirve para mediar”, señaló el director del CEIP Gonzalo Encabo, Luis Alberto Corrales, en declaraciones a La Sexta.

“Además de dar el crecimiento cultural y lingüístico que tiene la asignatura, es una gran herramienta para la convivencia. Así que animamos para que se rectifique la decisión”, afirma Youseff Meziane, representante de la comunidad musulmana de Talayuela.

La eliminación del programa

El Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (LACM) se enmarca en la colaboración bilateral entre los Gobiernos de España y Marruecos. Está coordinado por la Embajada de Marruecos en España y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y su gestión corresponde a las comunidades autónomas. Además, según explica el propio ministerio, el profesorado es funcionario marroquí.

Actualmente, se desarrolla en centros de Educación Primaria y Secundaria de diez comunidades autónomas: País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura e Illes Balears.

Entre sus objetivos destacan la enseñanza de la lengua árabe y la cultura marroquí al alumnado marroquí y no marroquí; la promoción de la inclusión escolar y sociocultural; el fomento de valores de tolerancia y convivencia; y la cooperación con las familias para facilitar la comunicación con el profesorado y mejorar la participación en el proceso educativo.

Los acuerdos de gobierno del PP y Vox en Aragón y Extremadura han devuelto -si es que se había ido en algún momento- la cuestión de la integración al centro del debate político. La implantación de la “prioridad nacional” para acceder a ayudas públicas se ha llevado la mayoría de los titulares. Figuras de ambos partidos han definido este concepto de distinta forma, mientras la oposición la tacha de racista o clasista.

La exigencia de adaptar el Reglamento Europeo de Retornos para “endurecer la política migratoria” y la primera prohibición autonómica del burka y el niqab en espacios públicos se unen a la prioridad nacional como otras de las medidas alcanzadas en esta dirección. Los partidos firmantes defienden estas iniciativas como una apuesta por la seguridad y el arraigo.

Prioridad nacional en las ayudas públicas

La principal novedad del acuerdo es la aplicación del principio de “prioridad nacional” para el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas. Según el texto del pacto, tendrán preferencia quienes acrediten un arraigo real, duradero y verificable con la comunidad, reforzando la exigencia de empadronamiento y la vinculación con el territorio.

Los criterios mencionados para comprobar este “arraigo” son la cantidad de años de residencia registrada, vínculos económicos, sociales, familiares, laborales y educativos, así como el historial de cotizaciones y aportes al sistema. Esto significa que quienes hayan residido más tiempo, hayan trabajado durante más años, tengan familiares en la región o hayan realizado estudios allí pueden acumular más puntos para acceder a ayudas o prestaciones.

Sin embargo, según la documentación oficial, no se otorga mayor puntuación por haber nacido en España frente a quienes nacieron en el extranjero, de manera que un español que llegue próximamente a Extremadura o Aragón no partiría con ninguna ventaja. Los obstáculos para los migrantes llegan porque es mucho más complicado que cumplan con criterios como los vínculos familiares.

Endurecimiento migratorio y prohibición del burka

Otra de las líneas de acción prioritarias del pacto consiste en instar al Gobierno central a adaptar de manera inmediata el nuevo Reglamento Europeo de Retornos, aprobado recientemente por el Parlamento Europeo. Este reglamento, orientado a endurecer el control sobre los retornos y la política migratoria, debe ser incorporado a la legislación nacional antes de septiembre de 2026, defienden los dos partidos según lo pactado.

La décima página del pacto de Aragón, tras estas dos medidas, la completa una de las cuestiones que ha generado más polémica en los últimos meses. Se trata de la prohibición autonómica del uso del burka, el niqab y cualquier prenda que oculte completamente el rostro en espacios, edificios y servicios públicos de la comunidad. Los dos partidos han aprobado esta restricción, que justifican con motivos de seguridad, identificación personal y convivencia, pero también por la defensa de los valores de igualdad y dignidad.

De esta forma, este acuerdo supone la primera vez que una comunidad autónoma prohíbe el uso de estas prendas. Algunos ayuntamientos, principalmente liderados por Vox, han impulsado medidas similares, pero nunca se ha hecho a nivel autonómico. Hace unos días lo anunció Lleida, gobernada por el Partido Socialista de Cataluña (PSC). El alcance de sus competencias limita esta norma en la práctica, pero los espacios que dependan de la comunidad tendrán que regirse por esta medida.

Tras casi 15 jornadas y con todavía más de un mes pendiente, el juicio al ‘caso Kitchen’ ha finalizado su semana clave, en la que han pasado por la Audiencia Nacional tres de los testigos más importantes: el extesorero del PP, Luis Bárcenas, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la que fue secretaria del mismo partido, María Dolores de Cospedal.

Aunque el caso está enjuiciando el presunto espionaje por parte del Ministerio del Interior al extesorero popular, en estas jornadas el foco ha estado puesto en la lucha abierta entre el PP y Bárcenas alrededor de la ‘trama Gürtel’.

La semana comenzó con Bárcenas el mismo lunes, con ataques directos a su antiguo partido. El extesorero relató que, estando en prisión, llegó a ordenar a otro interno la destrucción de material sensible que había almacenado previamente en la nube y que, según su versión, podía afectar a antiguos dirigentes del partido. Las instrucciones se las dio en un papel, en el que indicaba que debía “destruir los audios de MR, es decir, Mariano Rajoy”. “No debe quedar nada, es mi compromiso”, declaró.

Esta grabación en concreto se trataría de una conversación que mantuvo con el expresidente en su despacho, donde le entregó en un sobre la “última hoja” de los movimientos de la cantidad extracontable que llevaban. Rajoy “se extrañó mucho: ‘¿Cómo puede ser que llevéis estos papeles?’“. Entonces lo destruyó en una trituradora.

“Yo me llamo Mariano Rajoy”

Como si de una respuesta directa se tratara, la declaración de este jueves de Rajoy ha comenzado con la pregunta de si tenía algún conocimiento de que se le apodara ‘El Barbas’, ‘El Asturiano’ o ‘M. Rajoy’, a lo que contestó: “Yo me llamo Mariano Rajoy y cada uno me llama como quiere, así que pregúnteles a ellos”.

También aprovechó la ocasión para negar de forma tajante el episodio que describió el extesorero. “Absolutamente falso”, respondió tras ser preguntado por este tema, negando también que existiera cualquier tipo de contabilidad B dentro de su partido.

Sobre la relación con Bárcenas, aseguró que “no era de confianza”, solo profesional. “Él fue por muchos años gerente del partido, yo no trataba temas económicos”, ha defendido. Preguntado sobre cuándo se transformó su relación con Bárcenas, cambió, por lo menos por su parte, cuando tuvo la “seguridad de que tenía 48 millones de euros en Suiza. Antes había algún tipo de presunción y ese día cambió”, indicando que fue alrededor de 2013.

“No me consta”

Fuera de esta pelea entre los dos testigos, la otra declaración que ha marcado la agenda de esta semana es la de Cospedal. Afirmó que ella no tuvo ningún tipo de participación en el espionaje a Bárcenas dentro del denominado ‘caso Kitchen’. “No me consta, ni era lo normal que me constara porque no tenía nada que ver”, defendió.

Sin embargo, el plato fuerte de su testimonio ha sido la relación que tiene con el excomisario José Manuel Villarejo. Defendió que en ningún momento hablaron sobre la trama Gürtel. “No me informaba porque no tenía que informarme”, indicó.

En las ocho o nueve reuniones que mantuvieron, según su versión, solo hablaron del interés que tenía ella en unas filtraciones que se estaban llevando a cabo sobre Rita Barberá, a la que ha descrito como “una señora y muy amiga mía”. “Tenía posibilidad de ayudarme con la prensa sobre unas filtraciones de un sumario de Rita Barberá”, declaró, agregando que no le hizo ningún encargo, “solo preguntas”. Así, dejando más preguntas que respuestas, terminó esta semana de declaraciones clave que, sin embargo, han dejado lo que se esperaba: mucha negativa y ninguna revelación.

El PP de Juanma Moreno ganaría las elecciones en Andalucía con entre 51 y 59 escaños, horquilla que contempla la mayoría absoluta, a partir de los 55, y un 43,6% de los votos, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este viernes en relación con los comicios autonómicos que se celebran el 17 de mayo.

Según este mismo estudio, el PSOE, segunda fuerza, con la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero como candidata, obtendría el peor resultado en su historia, con entre 27 y 34 escaños y un 25,8% de apoyos. Vox, termómetro del 17-M, porque de su resultado depende que el PP siga o no gobernando en solitario, habría frenado su ascenso.

La formación de Manuel Gavira, candidato de Santiago Abascal en esta región, se embolsaría entre 8 y 17 representantes, con un 10,3% de los sufragios. Hace cuatro años logró 14. Sin un aumento como el visto en Extremadura o Aragón, Moreno puede respirar tranquilo, si bien la actualidad política mantiene el río revuelto y un puñado de indecisos pudiera aún cambiar el signo.

No muy distinto al CIS andaluz

En una y otra región, PP y Vox han podido concretar estos últimos días un acuerdo para gobernar, en el que los segundos han colado a los primeros en los respectivos textos un sintagma que ya les está haciendo daño: prioridad nacional. Es decir, los españoles primero, si bien el partido no ha sido capaz de determinar cuál es el alcance ni si es de obligado cumplimiento.

La llamada izquierda a la izquierda del PSOE aspira a hasta los 12 escaños, según el CIS. Por Andalucía, que integra a Izquierda Unida, Sumar y Podemos, con Antonio Maíllo como número 1, alcanzaría entre 5 y 7 parlamentarios, mientras que Adelante Andalucía, encabezado por José Ignacio García, sentaría a entre 4 y 5 diputados.

No son resultados muy diferentes a los vertidos por el Centra, conocido como el CIS andaluz. Según este, Moreno tiene a su alcance mantener la mayoría absoluta, con una estimación de entre 54 y 57 escaños, y Montero se quedaría por debajo de la mitad, entre 26 y 27, también por debajo incluso del suelo histórico de los socialistas en esta región.

Al igual que el CIS, el Centra detecta un frenazo de Vox, con entre 17 y 20 parlamentarios, si bien cabe puntualizar que esta encuesta es de hace 10 días y realizó las preguntas antes incluso de que Podemos se sumara a Por Andalucía. En cualquier caso, Montero dijo no creerse este estudio: “Está hecho por el PP con recursos públicos”, criticó. Al igual que el CIS de José Félix Tezanos.

“Todos sabemos que iba a ser difícil estar acá, pero nunca imaginamos un panorama tan complicado para los migrantes. Por eso conseguir los papeles es crucial, porque no solo ganas derechos, sino que eres visible ante la sociedad”, explica Gabriela a Infobae, que llegó desde Lima a Madrid hace tres años y desde entonces se ha dedicado a trabajar en el cuidado de personas y en limpieza, atravesando numerosas dificultades.

Para obtener el certificado de vulnerabilidad, que se les exige a quienes no han trabajado en España con contrato y no tienen hijos menores a su cargo, Gabriela se ha dirigido a la organización SEDOAC (Servicio Doméstico Activo) en el barrio de Orcasitas, una de las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, aunque los servicios sociales también lo gestionan. Sin embargo, desde que el 20 de abril comenzó la atención presencial en más de 400 oficinas habilitadas en toda España para la regularización, la demanda del documento ha superado la capacidad de respuesta tanto de las organizaciones colaboradoras como de los propios ayuntamientos, lo que está generando un cuello de botella que dificulta avanzar en el proceso.

Algunos consistorios han denunciado tanto la falta de personal como la “escasez de instrucciones por parte del Gobierno central”, que dificultan aún más el trámite.

Para SEDOAC, el principal obstáculo en la gestión del certificado de vulnerabilidad es la falta de información y las dudas sobre el formato, quién debe validarlo y cómo tramitarlo.

“La mayor dificultad es la falta de información correcta y que, lógicamente, las comunidades migrantes están ansiosas de poder completar la carpeta con todos los documentos requeridos para presentar la solicitud de regularización. Por eso siempre hemos pedido mucha calma, porque las entidades sociales estamos haciendo lo imposible por cubrir todos estos huecos y también tenemos que organizarnos”, explica la activista Edith Espínola, portavoz de la organización, si bien también destaca la labor de “los trabajadores sociales comprometidos” en orientar a los solicitantes.

SEDOAC recuerda que no todos los migrantes deben presentar este certificado y que también quedan exentos quienes han sido o son solicitantes de protección internacional y los migrantes que residen en España con hijos mayores de edad con discapacidad o problemas de salud, o con ascendientes de primer grado a su cargo.

Nuevo choque entre el Gobierno central y PP

La tramitación del certificado de vulnerabilidad también ha abierto un nuevo frente de tensión entre el Gobierno central y las administraciones gobernadas por el PP. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha denunciado los “obstáculos” impuestos por algunos ayuntamientos y ha acusado a la formación de Alberto Núñez Feijóo de “boicotear” el proceso, al tiempo que ha apelado a la colaboración de todas las administraciones en el proceso.

Ante las críticas sobre la supuesta falta de recursos para implementar el procedimiento, Saiz ha afirmado que el sistema está “totalmente dimensionado, es perfectamente asumible y todo transcurre con normalidad”. “La mayor parte de los servidores públicos, independientemente del color del Ayuntamiento, están funcionando”, ha asegurado la ministra en una entrevista con TVE. También ha precisado que el proceso continuará aunque algunos ayuntamientos del PP no colaboren y la fecha de cierre sigue fijada en el 30 de junio.

Evitar abusos y aportar garantías

De hecho, pese a las dificultades, ya hay muchos migrantes que, como Eric, han logrado el certificado de vulnerabilidad. “Me lo acaban de dar y estoy muy contento”, dice a Infobae desde la sede de SEDOAC. Este joven de 22 años llegó a España desde Perú en 2024 y actualmente trabaja en la cocina de un restaurante sin contrato, por lo que confía en que la regularización pueda mejorar tantos sus condiciones laborales y como su vida cotidiana. “Hay empresas que abusan mucho y no respetan las horas, pero no tenemos más opción que aceptar, porque al final de cuentas estamos trabajando y tratamos de sacar dinero para llevar un pan a la casa”, explica.

Eric ha llegado a esta asociación madrileña acompañado de su tío, Heiner, que también se encuentra en situación irregular y solo ha podido desempeñar trabajos en la construcción de manera informal. “Vine a buscar un mejor futuro para mí y para mi familia”, relata este migrante, al que solo falta el certificado de vulnerabilidad para poder entregar su expediente.

Lilian, de tan solo 20 años, llegó a España hace apenas doce meses en busca de nuevas oportunidades y solo ahora, tras recibir apoyo en SEDOAC, siente algo de alivio, ya que aquí ha obtenido la ayuda que no encontró en el Ayuntamiento de Móstoles. Ahora espera obtener sus papeles lo más pronto posible para poder trabajar.

Esta organización social, por su parte, asegura que todas las entidades continuarán trabajando para que el mayor número posible de personas pueda presentar expedientes completos y regularizarse para acceder a una vida más digna. Se estima que medio millón de personas pueda lograrlo.

Ha defendido que la primera vez que hablaron fue a través de su marido y por interés del excomisario. Tras esa primera reunión, se vieron unas “ocho o nueve” veces, aunque ha asegurado no recordar todas ellas.

En todas estas veces que se vieron, ha asegurado que solo hablaban del interés que tenía ella en unas filtraciones que se estaban llevando a cabo sobre Rita Barberá, a la que ha descrito como “una señora y muy amiga mía”. “Tenía posibilidad de ayudarme con la prensa sobre unas filtraciones de un sumario de Rita Barberá”, ha declarado y ha agregado que no le hizo ningún encargo, “solo preguntas”.

En ese momento, 2009, también ha defendido que se encontraban en la oposición y que estaban “siendo espiados por parte de alguien que tenía que ver con Interior. Esa cuestión salió en la conversación y le dije que si podía saber si era verdad”, ha relatado. Ese fue el motivo inicial de verme con él. Luego siguió durante más tiempo, pero no dio más de sí“, ha añadido.

“Era una persona que tenía unas magníficas relaciones con la prensa, con toda la prensa”, ha remarcado y ha añadido que “prácticamente todos los periodistas de este país hablaban con él”. Según su versión, en ningún momento le pidió ningún tipo de remuneración, “ni tampoco tenía por qué”.

Los documentos de Bárcenas

Entrando ya más en el centro de la cuestión, ha indicado también que ella no tuvo ningún tipo de participación en el espionaje a Bárcenas dentro del denominado ‘caso Kitchen’. “No me consta, ni era lo normal que me constara porque no tenía nada que ver”, ha defendido.

Ha relatado que ella no fue la que le indicó su despido a Bárcenas y no recuerda quién llevó a cabo esta acción. Ha hablado también de los documentos que el extesorero dejó en la sede del PP durante dos meses y que más tarde acabaron en el estudio de su mujer, Rosalía Iglesias, de donde presuntamente fueron robados.

“A Bárcenas se le prohibió la entrada en la sede en enero de 2013 y se le reclamó que recoja sus efectos”, pero tras pasar el tiempo y que esto no ocurriera, la propia Cospedal les insistió que “si no venían a por ello, lo voy a poner todo en la calle”. “Fueron hasta 27 cajas”, ha explicado, pero no sabe si las recogieron propios trabajadores del partido o alguien enviado por el extesorero.

También ha limitado la relación que tenía con el exministro de Interior y principal acusado en el juicio, Jorge Fernández Díaz, con que solo tenía que ver “con los temas del partido”. Ha aprovechado para meter una pullita, explicando que “es una persona que ha sufrido mucho”.

“No me interesé por este tema porque no sabía que se estaba produciendo esa operación policial”, ha continuado y ha añadido que “nadie le preguntó en ningún momento en el parlamento sobre este asunto. También ha defendido la inocencia del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la causa, al asegurar que con su cargo no tiene sentido que supiera sobre las operaciones policiales o si se conseguía a cualquier confidente.

Explicando que él también ocupó el cargo de ministro de Interior, ha descrito que esa suposición “no tiene ningún sentido, es disparatado”. “No queremos ser conscientes del trabajo de un ministro”, ha denunciado.

Su relación con Bárcenas

La primera pregunta ha ido dirigida a si era conocedor de que en diferentes papeles se le identificara como ‘El Barbas’, ‘El Asturiano’ o ‘M.Rajoy’ ha respondido: “Yo me llamo Mariano Rajoy y cada uno me llama como quiere, así que pregúnteles a ellos”.

Ante las preguntas de la acusación del PSOE, ha negado cualquier tipo de implicación o conocimiento de la trama parapolicial que presuntamente se llevó a cabo para espiar a Bárcenas en el seno del Ministerio del Interior con respuestas escuetas de “no” o con más de una repetición de “absolutamente falso”.

Sobre la relación con el extesorero, ha asegurado que “no era de confianza”, solo profesional. “Él fue por muchos años gerente del partido, yo no trataba temas económicos”, ha defendido. Preguntado sobre cuándo cambió su relación con Bárcenas, cambió, por lo menos por su parte, cuando tuvo la “seguridad de que tenía 48 millones de euros en Suiza. Antes había algún tipo de presunción y ese día cambió”, indicando que piensa que sería en 2013.

“Absolutamente falso”

Un tema clave que ha tenido que tratar ha sido las acusaciones que realizó el otro día el propio Bárcenas como testigo en este mismo juicio. En su declaración aseguró que tenía un audio guardado, que más tarde fue destruido, en el que le entregaba un sobre con la contabilidad B del partido. El expresidente se habría mostrado sorprendido de que tuviera ese documento para inmediatamente haberlo destruido en una trituradora de papeles.

Rajoy ha negado tajantemente que ese episodio ocurriera. “Absolutamente falso”, ha respondido tras ser preguntado por este tema, negando también que existiera cualquier tipo de contabilidad B dentro de su partido.

También ha respondido sobre los mensajes que se intercambiaron él mismo con el extesorero tras su despido del PP. Sobre un primer mensaje de Bárcenas en el que les amenazaba con que ya tenía los papeles judicializados, ha respondido: “No lo recuerdo, no sé si me lo mandó este señor o no. Reconocerlo, no puedo reconocerlo, porque no lo he mandado yo”. Del mensaje clave en el que le indicó ‘Luis, sé fuerte’, solo ha explicado que lo recuerda por todo lo que se ha sacado en prensa. “Supongo que sí lo escribí”, ha espetado.

“¡Un momento! ¿¡O sea que ‘M.R.’ era Mariano Rajoy?! Coño, esto sí que es un titular. Menudo sorpresón. ¡Todos estos años he pensado que era Meg Ryan!“, ironizaba el Gran Wyoming este lunes en El Intermedio tras la que fue una de las declaraciones clave en el juicio por la ‘Operación Kitchen’. Esa misma mañana, Luis Bárcenas había asegurado de forma tajante que esas siglas que aparecían en sus anotaciones pertenecían al expresidente del Gobierno.

En el litigio se está juzgando a la cúpula del Ministerio del Interior durante la era de Rajoy, pero en estas casi tres semanas, uno de los protagonistas que ha ido apareciendo en diferentes declaraciones ha sido el mismo expresidente. Esto ha creado una gran expectación en su declaración de este jueves, ya que, aunque se sienta como testigo, va a tener que responder a una serie de cuestiones de su implicación en toda esta trama.

La primera mención llegó la semana pasada con la testifical de Gonzalo Fraga, inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos en la Audiencia Nacional. “La persona a la que denominan ‘El Asturiano’ es Mariano Rajoy, quien era el presidente del Gobierno entonces”, aseguró y añadió que su otro mote era ‘El Barbas’.

Los audios de Villarejo

Aunque esto parezca algo solamente anecdótico, esconde una relevancia dentro de toda esta investigación. En varios audios del excomisario Villarejo se refiere a una persona con esos apodos, una persona que estaba al tanto del operativo parapolicial que se había montado. Esta información ya era conocida, pero el hecho de que se haya ratificado en sede judicial añade una nueva dimensión de gravedad sobre la implicación de Mariano Rajoy.

“Paco tirará para arriba porque él le daba todas las novedades al ‘Asturiano’. ‘El Asturiano’ le preguntaba qué hay de esto y qué hay de lo otro, porque eso era lo único que le preocupaba al Asturiano”, se puede escuchar a Villarejo en uno de los audios.

En otra de las grabaciones, el excomisario dice lo siguiente: “Las maldades que me han encargado a mí para salvarle el culo al ‘Barbas’, no te puedes imaginar. ¡Que podía estar preso el presidente del Gobierno por muchas cosas!”. Entonces surge la duda por la que tendrá que ser preguntado el expresidente: ¿Hasta dónde conocía la ‘Operación Kitchen’ Mariano Rajoy?

‘M.Rajoy’

Sin embargo, el plato fuerte vino este mismo lunes con la declaración del extesorero del PP, Luis Bárcenas. Tras años manteniendo un pacto de no agresión con su antiguo partido político, por primera vez ha cargado de forma directa contra ellos y en concreto contra el propio Rajoy.

Mientras se encontraba en prisión preventiva, según su relato, ordenó a otro preso que destruyera todos los documentos que se encontraban en la nube, entre los que se encontraban unos audios que él mismo había grabado. “Debía destruir los audios de M.R.”, al que claramente identificó como Mariano Rajoy y añadió que no debía “quedar nada”: “Es mi compromiso”.

También aprovechó para relatar lo que se encontraba en uno de esos audios. Se trataba de una conversación que mantuvo con el expresidente en su despacho, donde le entregó en un sobre la “última hoja” de los movimientos de la cantidad extracontable que llevaban. Rajoy “se extrañó mucho: ‘¿Cómo puede ser que llevéis estos papeles?’“. Entonces lo destruyó en el destructor de papeles.

Tras ser preguntado por las defensas de los acusados si alguien más había escuchado ese audio aparte de él, contestó que “no”, lo que abre la posibilidad de que Rajoy sea preguntado por esta cuestión y la veracidad de esta conversación.

Ya la última de las menciones llegó este mismo martes por parte de un exjefe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional, Manuel Vázquez. Afirmó que dudar sobre quién se esconde tras la anotación de “M. Rajoy” en una presunta contabilidad extracontable del PP es como hacerlo de “si aparece K. Mbappé en la del Real Madrid”, añadiendo una diana más sobre el expresidente.

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha cargado este miércoles contra el acuerdo de gobierno sellado entre el Partido Popular y Vox en Aragón, al que ha definido sin ambages como “un ejercicio de supervivencia política” y “un reajuste de intereses”, desvinculándolo de cualquier planteamiento programático orientado a la comunidad. La dirigente socialista ha comparecido tras la reunión de la Ejecutiva autonómica del partido, en una jornada marcada por el anuncio del pacto que permitirá la investidura del popular Jorge Azcón.

Desde el primer momento, Alegría ha cuestionado el sentido político del acuerdo, subrayando que llega tras “cuatro meses de parálisis” institucional sin que, a su juicio, se haya articulado una propuesta de gobierno reconocible. “Lo que hemos conocido no es un proyecto real para Aragón, sino un reparto de sillones”, ha resumido, incidiendo en la idea de que el entendimiento entre ambas formaciones responde más a una lógica de poder que a la voluntad de abordar los problemas estructurales de la comunidad.

El diagnóstico de la líder socialista se ha centrado en la ausencia de medidas concretas en ámbitos sensibles de la gestión pública. Ha puesto como ejemplo la situación de la sanidad, con demoras de al menos quince días para acceder a una cita en atención primaria, o las dificultades de acceso a la vivienda, cuestiones sobre las que, ha remarcado, no se ha escuchado “ni una sola propuesta” en el marco del acuerdo.

En la misma línea, ha aludido a la falta de respuestas sobre la red de residencias públicas, otro de los frentes que, según el PSOE, exige actuaciones urgentes. “Aragón ha estado cuatro meses paralizado para esto”, ha insistido, en una crítica que combina el reproche por el tiempo transcurrido con la ausencia de contenido del pacto.

Alegría ha dirigido también sus dardos a Azcón, a quien ha recordado que convocó elecciones anticipadas con el objetivo declarado de reforzar la estabilidad y la autonomía política de su gobierno. A su entender, el resultado ha sido el contrario. “Ha perdido ambas”, ha afirmado, sugiriendo que el nuevo Ejecutivo nacerá condicionado tanto en su margen de maniobra como en su capacidad de decisión.

Un acuerdo condicionado y bajo sospecha de inestabilidad

La dirigente socialista ha ido más allá al cuestionar la génesis del pacto, que, según ha señalado, se habría cerrado bajo la tutela de la dirección nacional del Partido Popular, con la participación del dirigente Miguel Tellado. Este extremo, en su opinión, evidenciaría una pérdida de autonomía política en Aragón, al trasladar el centro de decisión fuera de la comunidad.

A partir de ahí, Alegría ha dibujado un escenario de incertidumbre para la legislatura que ahora se abre. Ha sostenido que la relación entre PP y Vox está marcada por la “desconfianza mutua”, una circunstancia que, lejos de disiparse con el acuerdo, podría trasladarse a la acción de gobierno. “Esa desconfianza se traducirá en inestabilidad, y esa inestabilidad la acabarán pagando los aragoneses”, ha advertido.

En ese contexto, ha augurado un recorrido limitado al pacto, al que ha atribuido una “fecha de caducidad” breve, en coherencia, ha dicho, con la naturaleza de un acuerdo que no se sustenta en un proyecto compartido, sino en la necesidad coyuntural de alcanzar el poder.

La dirigente socialista ha reservado también parte de su intervención para cuestionar la inclusión del concepto de “prioridad nacional” en el acuerdo, que ha interpretado como una quiebra del principio de igualdad recogido en la Constitución Española. A su juicio, este planteamiento puede derivar en una criminalización de la población migrante, frente a la que ha reivindicado políticas de integración y regularización respaldadas —ha recordado— por una amplia mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados y por diversos agentes sociales.

Chunta Aragonesista eleva el tono

Las críticas al acuerdo no se han limitado al PSOE. El presidente de Chunta Aragonesista y portavoz en las Cortes, Jorge Pueyo, ha reaccionado con dureza al pacto, al considerar que supone un giro de gran calado en la política autonómica. En su valoración, el entendimiento entre PP y Vox implica que “el fascismo está en las instituciones de Aragón” y anticipa “tiempos oscuros” para la comunidad.

Pueyo ha sostenido que el acuerdo “vulnera los derechos humanos” y los principios básicos tanto del Estatuto de Autonomía como de la Constitución, y ha vinculado esta situación al adelanto electoral impulsado por Azcón, que ha calificado como “un fracaso” para los populares tras la pérdida de escaños.

Asimismo, ha rechazado la creación de nuevas estructuras como una “vicepresidencia de desregulación”, que, en su opinión, podría erosionar el autogobierno, y ha criticado la configuración de departamentos que ha vinculado a políticas de recorte y a planteamientos restrictivos en materia migratoria.

Pueyo ha reprochado también a Vox haber aceptado responsabilidades institucionales pese a haber rechazado previamente este tipo de acuerdos, subrayando lo que considera una contradicción en su discurso. “No pactaban sillones, pero han pactado los sillones del Gobierno, los de la Mesa de las Cortes y uno de los senadores autonómicos”, ha afirmado, al tiempo que ha advertido de que su formación ejercerá una oposición activa frente al nuevo Ejecutivo.

El PP y Vox han llegado a un acuerdo para renovar al candidato popular y presidente en funciones, Jorge Azcón, como líder del Ejecutivo autonómico. Así lo han anunciado este miércoles sendos partidos, poniendo fin a más de dos meses de bloqueo institucional tras las elecciones anticipadas del pasado 8 de febrero.

El líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, ha avanzado que Vox tendrá una vicepresidencia, que puede ir o no, “unida a una consejería determinada”, pese a que todavía no han determinado cuál. Además, la ultraderecha contará con tres consejerías, mientras que el PP se quedará con nueve: Desregulación, Bienestar Social y Familia; Medioambiente y Turismo; y Ganadería, Agricultura y Alimentación, así como el senador autonómico y un puesto en la Mesa de las Cortes.

"Acabamos de cerrar un acuerdo que no es otra cosa que la respuesta natural de las urnas. Los aragoneses eligieron una manera natural para darle forma. Lo que es evidente es que los aragoneses pidieron más Vox y es lo que va a haber”, ha sentenciado Nolasco, a las 17.30 horas en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Un pacto de 13 puntos donde se incluye la “prioridad nacional”

Por su parte, Azcón ha defendido que el pacto, que consta de 13 puntos, “cumplirá con el principio de legalidad”, y será “transparente” para un Gobierno que será efectivo durante “los próximos cuatro años”. “Con un reparto proporcional al resultado de las elecciones, con un acuerdo que cumple con el mínimo común que los dos partidos les hemos prometido a los aragoneses, estamos convencidos de que hay que creer en la palabra de que será un gobierno de cuatro años”, ha añadido.

Sin embargo, el pacto sigue la misma hoja de ruta que el acuerdo de Extremadura e incluye, al igual que este, el principio de “prioridad nacional”. Este mismo miércoles el Congreso ha rechazado la moción presentada por su partido aliado para implantar este concepto en el acceso a ayudas, servicios y viviendas públicas, que ha contado con el voto en contra de los populares, que esperaban adoptar medidas como la repatriación de todos los inmigrantes irregulares o que cometieran delitos.

“Mi prioridad absoluta son los aragoneses. Este debate de que haya un principio en la prioridad nacional tiene dos debates distintos: uno que tiene que ver con la política y otro con la legalidad”, ha señalado el popular, asegurando que la prioridad nacional va a ser compatible con el principio de legalidad. Ningún acuerdo que se lleve al Consejo del Gobierno del Gobierno de Aragón irá sin un informe jurídico de la casa“.

Sobre el rechazo a la moción, Feijóo ha apuntado que este arraigo no depende el lugar de nacimiento, sino del tiempo que lleva empadronado o residiendo en este territorio, motivo por el que Azcón ha apuntado que “son conceptos distintos y no incompatibles”. “Lo que vamos a proponer siempre va a estar ligado a los distintos criterios de legalidad, sea por permanencia, arraigo, por mayor número de empadronamiento, de años o porque se ha conseguido la residencia legal que es asimilable a la nacionalidad española”, ha apuntado.

Sobre los presupuestos, Azcón ha asegurado que la prioridad es que se aprueben “cuatro presupuestos”, después de que precisamente se adelantaran al no llegar a un acuerdo. “Lo importante es ser coherente”, ha afirmado, subrayando además que “si llevamos dos años sin presupuesto, lo lógico es que llamemos a los aragoneses”, dijo hace unos meses el líder de la región.

El Partido Popular y Vox han cerrado un acuerdo para gobernar en Aragón que permitirá la investidura de Jorge Azcón como presidente de la comunidad autónoma, poniendo fin a más de dos meses de bloqueo institucional tras las elecciones anticipadas del pasado 8 de febrero. El pacto, que será presentado formalmente esta tarde, llega en la víspera del Día de Aragón y sigue la estela del acuerdo sellado entre ambas formaciones en Extremadura.

Azcón comparecerá ante los medios a las 17:30 horas para detallar el contenido del acuerdo, que se ha cerrado tras intensificar los contactos en los últimos días y una vez consumada la investidura de María Guardiola en Extremadura. El líder del PP aragonés había expresado su intención de alcanzar un entendimiento antes de la festividad de San Jorge, una fecha simbólica que la comunidad no había vivido hasta ahora sin un Gobierno plenamente constituido.

El entendimiento entre ambas formaciones se produce después de una negociación prolongada y deliberadamente discreta, en la que han participado tanto las direcciones autonómicas como representantes de las cúpulas nacionales. La culminación del acuerdo en Aragón ha estado condicionada, además, por el desarrollo de las conversaciones paralelas en otras comunidades, especialmente en Extremadura, cuyo pacto ha servido de referencia programática y política.

Un acuerdo en la estela de Extremadura

El texto pactado en Aragón sigue de cerca la arquitectura del acuerdo alcanzado entre PP y Vox en Extremadura, tanto en su planteamiento general como en algunos de sus elementos más significativos. Entre ellos destaca la incorporación del concepto de “prioridad nacional”, una formulación impulsada por Vox que ha adquirido centralidad en la negociación y que ha generado debate en el seno del propio Partido Popular.

Este principio, cuya concreción práctica no ha sido detallada, se presenta como un criterio orientador en el acceso a determinados recursos públicos. Mientras Vox defiende una interpretación explícita de “los españoles primero”, en palabras de sus dirigentes, el PP ha tratado de acotar su alcance, subrayando que en ningún caso implicará vulnerar la legalidad vigente ni introducir discriminaciones.

La asunción de este término por parte de los populares ha suscitado incomodidad en algunos sectores del partido, que cuestionan tanto su encaje político como su traslación al ámbito estatal, donde ya ha sido incorporado en iniciativas parlamentarias. Desde la dirección, sin embargo, se defiende como parte de una estrategia orientada a garantizar la gobernabilidad en los territorios donde la suma con Vox resulta imprescindible.

Equilibrio de fuerzas tras las urnas

El resultado electoral ha sido determinante en la configuración del acuerdo. El Partido Popular obtuvo 26 escaños —dos menos que en la anterior legislatura—, mientras Vox experimentó un notable crecimiento hasta alcanzar los 14 diputados, siete más que en 2023. Este reparto ha reforzado la posición negociadora de la formación liderada por Santiago Abascal, que ha aspirado desde el inicio a una presencia proporcional en el futuro Ejecutivo.

El líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, ya había anticipado en los últimos días que su partido acudiría a la negociación con una posición de fuerza superior a la de otros territorios, en referencia a su mayor porcentaje de voto respecto a Extremadura. En ese contexto, Vox confía en haber obtenido concesiones adicionales en el reparto de responsabilidades gubernamentales.

Aunque los detalles sobre la estructura del Ejecutivo no han sido aún desvelados, distintas fuentes apuntan a que la formación podría asumir un número relevante de consejerías. Desde el Partido Popular, no obstante, se ha insistido en que la negociación se ha centrado prioritariamente en el contenido programático y no en la distribución de cargos.

Durante las últimas jornadas, los equipos negociadores han intensificado los contactos para cerrar los últimos aspectos del acuerdo. La vicepresidenta en funciones y portavoz del PP en las conversaciones, Mar Vaquero, ya había avanzado que las negociaciones se encontraban en una fase muy avanzada, subrayando el progreso realizado en cada uno de los puntos del documento.

En paralelo a la negociación política, el Gobierno aragonés en funciones ha mantenido una posición crítica respecto a la política migratoria del Ejecutivo central, especialmente en relación con la regularización extraordinaria de inmigrantes. Vaquero anunció la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo y advirtió del impacto que, a su juicio, estas medidas pueden tener sobre los servicios públicos, si bien reiteró el compromiso de cumplir la legalidad estatal.

El Congreso de los Diputados ha rechazado la moción presentada por Vox para implantar la “prioridad nacional” en el acceso a ayudas, servicios y viviendas públicas. La iniciativa ha quedado relegada después de que el Partido Popular, junto al resto de formaciones, haya votado en contra de la propuesta. Su cambio de postura ha ocurrido después de que el partido liderado por Santiago Abascal negara la posibilidad de introducir enmiendas que matizaran el texto.

El objetivo de esta moción buscaba obligar al Gobierno a adoptar medidas como la repatriación de todos los inmigrantes irregulares o que cometieran delitos, la limitación del acceso a la sanidad para los extranjeros a situaciones de emergencia, la derogación del decreto de regularización de inmigrantes y la exclusión de la asistencia jurídica gratuita para este colectivo. La votación que ha dejado solo a Vox en el Congreso de los Diputados ha sido unas pocas horas después de que saliera adelante la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura.

Y es que, este concepto era, a petición del partido de Abascal, una de las condiciones para formar una coalición en la comunidad extremeña. Los populares habrían ofrecido diferentes aportaciones para intentar una transacción del texto, pero todas fueron rechazadas por Vox, según han confirmado fuentes del PP. Además, los de la ultraderecha también se negaron a que la moción se votara por puntos.

“El español trabaja para el que acaba de entrar”

Los del Partido Popular han justificado su postura por diversos motivos. Primero, defienden el criterio de arraigo “es importante” para el acceso a los servicios públicos. Asimismo, han negado que su acuerdo en Extremadura implicase restringir la sanidad o la educación de los inmigrantes. Así, “ningún extranjero que tenga arraigo se quedará sin servicios públicos, porque eso sería ilegal”.

El diputado de Vox, Ignacio Hoces, ha acusado al Gobierno de provocar “una España al revés”, durante su turno en el debate. También ha denunciado que “el español trabaja para el que acaba de entrar”. Según Hoces, la inmigración está transformando la identidad de España y denunció lo que denominó “endofobia” en el Ejecutivo y la izquierda. “Gobernar es priorizar y han olvidado a los españoles”, ha criticado.

Por lo que el diputado defiende que la “prioridad nacional” es una exigencia de justicia social y no una cuestión xenófoba. Pese al acercamiento en Extremadura, la formación de Abascal ha descartado cualquier modificación, insistiendo en que el acuerdo “está bien, pero hoy estamos en el Congreso”. Por parte del PP, la diputada Carmen Navarro ha marcado distancias con Vox y ha recalcado que su formación no se apartará del marco constitucional ni de lo formado en Extremadura. Asimismo, ha insistido en que “el debate de la inmigración requiere de seriedad”.

Desde el Gobierno y los partidos de izquierda se han multiplicado las críticas al concepto de “prioridad nacional”, al que tildaron de “racista” y “xenófobo”. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, considera preocupante la deriva del PP en este ámbito y ha alertado que el Ejecutivo recurrirá ante los tribunales cualquier norma autonómica que recorte derechos o libertades fundamentales. “Quieren quitar la sanidad a las personas migrantes cuando aquí hay sanidad universal. El PP atenta contra dos artículos de la Constitución. Estaremos vigilantes”, ha asegurado.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado este miércoles que en Venezuela se han producido excarcelaciones de “decenas y decenas de presos” tanto antes como durante la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. Asimismo, ha afeado a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que no se haya reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su reciente estancia en España.

Las declaraciones del expresidente están relacionadas con la visita de Corina Machado a Madrid, donde se reunió con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la sede de Génova y participó en un acto en la Puerta del Sol junto a Isabel Díaz Ayuso. Ante esto, Zapatero ha reprochado a Machado no haberse reunido con el “presidente del Gobierno que mejor ha tratado a los venezolanos”, pese a que el Ejecutivo le ofreció un encuentro en la Moncloa.

En una entrevista en TVE, al ser preguntado sobre si bajo la presidencia de Estados Unidos se habían producido liberaciones de presos que él no habría logrado durante el mandato de Nicolás Maduro, Zapatero ha asegurado que él ha “liberado a decenas y decenas de presos antes de Trump, y de que existiera Trump” y también “con Trump”, subrayando además que muchos de ellos se encuentran actualmente en España.

En relación con la política de Estados Unidos hacia Venezuela, especialmente en lo referente a las acciones para la captura de Nicolás Maduro, Zapatero ha señalado que se trata de iniciativas que merecen “todos los reparos” desde el punto de vista de la legalidad internacional.

Delcy Rodríguez y la ley de amnistía en Venezuela

Zapatero ha apuntado que el actual proceso de cambios en Venezuela se ha producido con la figura de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a la que atribuye en exclusiva la puesta en marcha de la ley de amnistía que ha facilitado la liberación de numerosos presos políticos. Según ha señalado, esta norma “no estuvo establecida en el acuerdo con Estados Unidos”.

Pese a ello, ha reconocido que existe una “cierta esperanza” en Venezuela respecto a una evolución hacia reformas políticas, institucionales y una ampliación de libertades, y ha defendido que ese proceso debe ser respaldado.

Zapatero ha rechazado también las críticas dirigidas este miércoles en el Congreso contra su papel en Venezuela y contra el jefe del Ejecutivo. En concreto, ha aludido a las declaraciones de la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha acusado al expresidente de actuar en Venezuela por “negocios” y ha sostenido que Pedro Sánchez actúa en coordinación con Delcy Rodríguez.

Los cánticos contra Sánchez en la Puerta del Sol

El expresidente ha considerado que el posicionamiento del Partido Popular sobre Venezuela es “completamente pasado”, y ha defendido la gestión del Ejecutivo español, a la que ha calificado de “ejemplar” en su relación con el país caribeño.

Asimismo, ha criticado los cánticos y protestas registrados el pasado sábado en la Puerta del Sol durante el acto en el que participó María Corina Machado, en los que se profirieron expresiones ofensivas contra Delcy Rodríguez y el presidente del Gobierno, y que contaron además con la presencia del cantante Carlos Baute. Y ha recordado a los manifestantes que “todos están ahí porque el Gobierno de Sánchez les ha permitido tener una vida digna aquí porque no podían en su país”.

En su opinión, “en la vida es muy importante saber quién es agradecido y reconocer a los demás”, subrayando que él mismo intenta aplicar ese criterio en su valoración del conflicto venezolano. Además, ha afirmado haber reconocido recientemente “el cambio que hubo en Venezuela” y ha defendido que la vía de diálogo internacional en torno al país “es una política que funciona”.

La conclusión de Zapatero es que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comportado con Venezuela “con una gran dignidad y generosidad”, apoyando tanto a la comunidad venezolana residente en España como a lo que ha definido como “causas sensatas de avances en derechos y en democracia”.

Tras cuatro meses de bloqueo y dos intentos de investidura fallidos, María Guardiola ha sido reelegida como presidenta de la Junta de Extremadura con los votos a favor de PP y Vox. El resultado de la votación de este miércoles ha sido de 40 votos a favor y 25 en contra, lo que permite que Guardiola tome posesión del cargo este viernes.

Sus primeras declaraciones como presidenta extremeña han sido fiel reflejo de la tensión que se ha vivido en la región. Hasta hace una semana estaba avocada a la repetición electoral: “Hoy quiero dar las gracias a toda la gente que ha estado acompañándome todo este tiempo, dándome la mano, levantándome cuando me he caído; quiero darles un abrazo, quiero llorar, quiero gritar y divertirme con ellos y celebrar porque todo el PP de Extremadura lo merece”, ha asegurado.

En realidad, Guardiola ha afrontado este debate con el apoyo de los de Abascal más que garantizado, tras alcanzar la semana pasada un acuerdo para formar gobierno en Extremadura, en el que Vox asumirá una vicepresidencia y dos consejerías, además del senador autonómico. El texto consta de 61 puntos y 74 medidas, que abarcan “todas las áreas del Gobierno y que van a ser buenas para Extremadura”, defienden sus impulsores.

El acuerdo ha sido muy criticado por la oposición, que arremete especialmente contra el concepto de “prioridad nacional”, un concepto que los populares, a petición de Vox, se han comprometido a incorporar en el acceso a ayudas sociales. También ha protagonizado el primer choque entre los nuevos socios de gobierno, que todavía no tienen clara la interpretación de este principio.

La “prioridad nacional” protagoniza el debate de investidura

Porque mientras el PP cree que la prioridad se refiere al “arraigo”, Vox mantiene que lo que se ha firmado es “la prioridad de los españoles” respecto a las personas extranjeras, eliminando precisamente el término del arraigo. Abascal ya ha adelantado que pretende replicar su idea en Aragón, Castilla y León y Andalucía.

Vox acusó a la Dirección Nacional del PP de boicotear el acuerdo que, según ellos, había sido acordado “con el partido en Extremadura”, no con Génova. “Que no molesten” ni intenten “truncar” el pacto”, recriminó el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster. En su turno durante el debate de investidura, María Guardiola volvió a repetir que “aquí no se va a priorizar a nadie” y trató de quitar hierro a este choque cargando contra el PSOE y Unidas por Extremadura por tratar de “demonizar” el acuerdo.

Próxima parada: Aragón

El pasado 4 de abril, la presidenta extremeña fracasó en su primer intento de investidura con el único apoyo del PP. Tras apelar a la abstención en la segunda votación, Vox dejó claro que su sentido de voto sería “un sí o un no, porque aquí no hay medias tintas”.

Desde entonces, aprovechando la ventana que se abría entre las elecciones de Castilla y León y las de Andalucía, el PP ha multiplicado sus contactos con los de Abascal en las últimas semanas. El acuerdo llegó tras dos reuniones sobre el terreno con las direcciones nacionales encabezando los equipos negociadores.

Ahora es el turno de Aragón, que debe llegar a un acuerdo antes del 4 de mayo si quiere evitar una repetición electoral. Tanto el PP como Vox insisten en que el acuerdo es inminente y podría llegar, incluso, en la tarde de este miércoles.

El vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha encarado este miércoles su primer cara a cara con el PP en su nuevo puesto. Podría hablarse casi de debut como diputado, pues se trata de apenas su cuarto interrogatorio como ministro de Economía en sus dos años de estancia en Moncloa.

Y su primer examen como vicepresidente ha dado pistas de por qué se le ha visto tan poco. Lejos de contagiarse del tono bronco de la Cámara, de su nueva rival de los miércoles, Ester Muñoz; o de su predecesora María Jesús Montero (con 193 sesiones de control a sus espaldas), Cuerpo ha conseguido algo que parecía imposible: rebajar los decibelios de la bancada popular.

Muñoz ha comenzado preguntándole por su decisión de aceptar el ascenso en el Gobierno, pese a reconocer en una entrevista con Onda Cero que le “indignan” los casos de corrupción: “¿No le indigna la corrupción en su Gobierno?”, le ha preguntado. Cuerpo, lejos de entrar al trapo, ha comenzado su intervención leyendo la cartilla a los populares, achacándoles haber desaprovechado las sesiones de los miércoles en lugar de preguntar sobre “el conjunto de preocupación que tienen los españoles”.

“No están preocupados por la economía o la vivienda”

“Lo que he visto en estos dos años es que no están preocupados por la economía o la vivienda. Han hecho dos preguntas al ministro de Economía (en realidad han sido tres) y menos del 3% han ido en materia de vivienda. No están preocupados por las empresas y autónomos porque rechazaron el decreto contra los aranceles y se abstuvieron en el decreto para paliar los efectos de la guerra, a pesar de que era el mismo [...] Es importante que tratemos el conjunto de las preocupaciones de los españoles”, ha sentenciado.

En su réplica, la portavoz parlamentaria del PP le ha agradecido el tono “sin insultos”, pero le ha advertido que “ser educado no es ser moderado”. “Usted esquiva las preguntas y pretende disociar. No puede decir que está indignado por la corrupción y sentarse a la izquierda de Pedro Sánchez”, ha arremetido Muñoz, para después añadir que “asumió esa corrupción, la de Sánchez, la de su Gobierno, la de su mujer y la de su partido”.

La intervención de Muñoz ha seguido con el turno del vicesecretario de Economía, Juan Bravo, quien le ha acusado de maquillar los datos económicos y le ha preguntado si “va a continuar la política económica de su predecesora”.

Ensalza la gestión del Gobierno y acusa al PP de “aislar” a Extremadura

“Llevo dos años al frente del Ministerio de Economía, aunque usted haya preguntado dos veces en materia económica”, ha contestado Cuerpo, quien ha defendido el modelo de gestión del Gobierno —que apuesta por el crecimiento equilibrado y la innovación— frente al del PP en Extremadura, donde los populares han firmado un pacto con Vox que “segrega a su propia población”.

En este punto le ha preguntado al diputado popular si el modelo de su partido es el que han firmado en Extremadura con Vox y que “reduce a Extremadura a estar cada vez más aislada, a no aprovechar el capital humano, a segregar entre su propia población, a no aprovechar el factor productivo que tiene, que es la energía renovable”.

Pero Bolaños no ha respondido, o cuando menos ha delegado la respuesta: “Pregúnteselo usted al señor (Alfonso) Rueda que está allí, al señor (Juanma) Moreno Bonilla que ha ido o al señor (Manuel) Fraga, que iba con mucha frecuencia”, ha dicho entre aplausos de la bancada del PSOE. La del PP ha mostrado su enfado: “Se escuda en Rueda... ¿De verdad es usted incapaz de contestar si China es una dictadura? ¿Un país sin elecciones, sin partidos, sin disidencia, sin libertad?”

“Tampoco llamó dictador a Nicolás Maduro -ha continuado Álvarez de Toledo-, pero a nosotros nos llama racistas y xenófobos. Lo dijo Mario Vargas Llosa: ‘Racistas son los europeos que aceptan para América Latina lo que jamás tolerarían para sí mismos’. (...) Señor Bolaños, caretas fuera: cuatro viajes a China y una cumbre liberticida en Barcelona con aval explícito a la dictadura cubana. Sánchez no es la némesis pacifista de Donald Trump, sino la de María Corina Machado, premio Nobel de la Paz".

“Como tiranos panza arriba”

Machado ha visitado España esta semana, viéndose con Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso o Santiago Abascal; reuniendo a decenas de miles de personas en la Puerta del Sol o a algunas de las principales personalidades de Madrid en una relevante conferencia, presentada por Felipe González, pero, invitada por el Gobierno, ha preferido no reunirse con Sánchez “porque no conviene” para el futuro y la libertad de Venezuela, ha argumentado la líder opositora.

De vuelta al Congreso, Álvarez de Toledo no había terminado ahí: “Sánchez pretendía que María Corina Machado le blanqueara. Al amigo de Delcy (Rodríguez), héroe de los ayatolás y troyano de Pekín. La subestiman. A su coherencia y a su dignidad. (...) Mírenlos, amarraditos los dos, Sánchez y Delcy, Delcy y Sánchez. Unidos por el lobby de (José Luis Rodríguez) Zapatero y por el pánico al pueblo. Los dos saben que no sobreviven a unas elecciones limpias y por eso los dos las rehúyen como tiranos panza arriba”.

Por último, la diputada ha animado al Gobierno a “convocar elecciones en España” y a “exigirlas en Venezuela”.

“El PP ha firmado un pacto denigrante e inhumano”

Como en su primera intervención, el ministro se ha defendido atacando: “Usted tiene un gran adversario y no soy yo, es la realidad. Usted, conocida como ‘la mujer bulo’, hoy propaga otro bulo, que es intentar asemejar a España con una dictadura. No me haga mucho caso, pero igual no es muy creíble su tesis. (...) ¿A quién cree usted que van a considerar los españoles más defensores de los Derechos Humanos, a usted, que dice ‘sí a la guerra’, por tanto a la guerra y a la destrucción, o a nosotros?"

De lo internacional a lo nacional, Bolaños ha pasado al acuerdo PP-Vox en Extremadura, contrario a los Derechos Humanos, como lo declara Amnistía Internacional. “Porque lo que van a hacer ustedes -ha expuesto- es no dar asistencia sanitaria a los niños cuyos padres no tengan los papeles en regla; ustedes no van a escolarizar a las niñas cuyos padres estén en situación irregular; ustedes van a discriminar a personas por origen, por raza. Porque son ustedes los que han firmado un pacto denigrante”.

“Ese es el problema de nuestra democracia -ha concluido el ministro, cerrando el cara a cara-, no es que los ultras sean ultras, es que el PP firma un pacto totalmente inhumano con ellos”.

El exjefe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional, Manuel Vázquez, ha asegurado este martes en la Audiencia Nacional que no alberga dudas sobre la identidad que se oculta tras la anotación “M. Rajoy” en una supuesta contabilidad paralela del Partido Popular (PP). Durante su declaración como testigo en el juicio del ‘caso Kitchen’, ha comparado esa identificación con la de un futbolista de primer nivel: “Es como si aparece K. Mbappé en la del Real Madrid”.

Vázquez, que estuvo al frente de la UDEF entre 2012 y 2016, ha respondido a preguntas de la defensa del comisario Andrés Gómez Gordo en el marco de un procedimiento en el que se juzga la presunta existencia de una trama parapolicial destinada a espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle documentación sensible para la formación política. Los hechos investigados se sitúan entre 2013 y 2015, en plena instrucción de los casos Gürtel y de la denominada caja B del partido.

La anotación de “M. Rajoy” y su interpretación

En su intervención, Vázquez ha señalado que el debate en torno a la anotación no giraba en torno a la identidad de la persona mencionada, sino a la veracidad de la propia contabilidad. Según ha explicado, cuando apareció el nombre, se planteó la posibilidad de llamar a declarar al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, una opción que finalmente fue descartada tanto por la Fiscalía como por el juez instructor.

El exresponsable policial ha negado de forma tajante que existieran órdenes para ocultar esa información o evitar que trascendiera. “No se tapó nada. Esas órdenes no existieron”, ha afirmado ante el tribunal. En ese contexto, ha insistido en que la comparación con Mbappé pretende ilustrar la evidencia de la identidad, restando relevancia a cualquier duda sobre a quién podría referirse la inicial.

El juicio del ‘caso Kitchen’, que se celebra en la Audiencia Nacional, tiene entre sus principales acusados al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Ambos están acusados de haber participado en un operativo irregular para obtener información de Bárcenas al margen de los cauces judiciales.

Sin constancia de seguimientos

Durante su declaración, Vázquez también ha abordado la cuestión de los supuestos seguimientos y vigilancias al extesorero del PP y a su entorno familiar. En este punto, ha indicado que no tiene constancia de que tales actuaciones se produjeran mientras estuvo al frente de la UDEF, aunque ha matizado que no puede descartarlo de forma absoluta.

“Antes de ser destinado a la UDEF, lo ignoro. Desde que fui jefe de la UDEF no lo puedo afirmar categóricamente, porque a lo mejor sí”, ha señalado, introduciendo así un margen de incertidumbre sobre posibles actuaciones no registradas oficialmente o realizadas fuera de su conocimiento directo.

Procedimientos internos y registro de investigaciones

En la misma sesión ha declarado otro testigo, quien ejercía como coordinador de inteligencia de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) en 2015. Este ha explicado que las unidades policiales estaban obligadas a introducir las investigaciones en el sistema interno desde el inicio de las mismas, con el objetivo de detectar posibles coincidencias entre distintas operaciones en curso.

Esta cuestión ha cobrado relevancia a raíz de que uno de los acusados, el inspector Andrés Gómez Gordo, introdujera en ese sistema información relacionada con la operación Kitchen dos años después de su supuesto inicio. Esa incorporación tardía generó una coincidencia con las investigaciones de la UDEF sobre Gürtel y Bárcenas, lo que derivó en la cesión de información entre unidades.

El testigo ha detallado que dicha cesión se canalizó mediante comunicaciones internas dirigidas a José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, también acusados en la causa, quienes centralizaban las comunicaciones dentro de la DAO. Según ha indicado, este procedimiento era habitual en este tipo de actuaciones, aunque ha subrayado que no era frecuente que la propia DAO desarrollara investigaciones de este tipo.

Fondos reservados

La sesión también ha contado con la declaración del comisario jubilado José Manuel Benavides, quien fue secretario general de la DAO hasta septiembre de 2013. Durante su comparecencia, ha explicado el funcionamiento de los fondos reservados y su distribución entre las distintas unidades policiales.

Benavides ha afirmado que la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), dirigida por Enrique García Castaño, no recibía directamente estos fondos, que eran canalizados a través de la Comisaría General de Información. Asimismo, ha negado haber recibido solicitudes de fondos reservados destinadas al excomisario José Manuel Villarejo, también vinculado a la causa.

Según su testimonio, únicamente autorizó dos pagos a Villarejo, ambos relacionados con gastos de viaje y manutención, sin conexión con las cantidades que se investigan en el ‘caso Kitchen’. Estas, presuntamente, habrían sido utilizadas para pagar al chófer de Bárcenas a cambio de información, un extremo que, según ha señalado, no formaba parte de los presupuestos oficiales gestionados por la DAO.

La declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas ha dominado la séptima sesión del juicio del ‘caso Kitchen’ en la Audiencia Nacional con un relato minucioso y en ocasiones incómodo sobre encargos, grabaciones y maniobras que, según su versión, situarían el origen de la operación en el propio partido. Su comparecencia, junto a la de su esposa, Rosalía Iglesias, ha abierto la tercera semana de vistas de una causa que examina el presunto espionaje parapolicial desplegado entre 2013 y 2015.

En el banquillo se sientan el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su número dos Francisco Martínez y varios mandos policiales de la época, en un proceso que encara su tramo final con la prevista declaración del expresidente Mariano Rajoy.

Un relato que apunta al origen político

Bárcenas ha sostenido con rotundidad que la operación Kitchen “empieza en el PP” y no en el Ministerio del Interior, una afirmación que ha reiterado al situar el primer episodio en el borrado de los discos duros de sus ordenadores en 2013. A partir de ahí, ha descrito una secuencia que, a su juicio, conecta la inquietud interna del partido con la posterior actuación de estructuras policiales.

El extesorero ha introducido además un elemento especialmente sensible: la existencia de grabaciones vinculadas a la contabilidad extracontable del PP. Ha relatado que encargó a un interno de prisión eliminar archivos de la nube, entre ellos audios que identificó con las siglas “M.R.”, que atribuyó a Mariano Rajoy, y otro relativo al dirigente popular Javier Arenas.

En uno de los pasajes más llamativos de su declaración, Bárcenas ha descrito un encuentro en su despacho en el que habría entregado a Rajoy un documento con el saldo de esos movimientos. Según su versión, el entonces líder del partido reaccionó con sorpresa antes de introducir el papel en una trituradora. La escena, relatada con detalle, ha quedado como uno de los ejes de la jornada.

El pago por el borrado de los archivos, que ha cifrado entre 4.000 y 4.500 euros, con variaciones respecto a declaraciones anteriores, no ha podido ser corroborado por la Fiscalía, aunque el propio Bárcenas ha sugerido que “algo debió hacerse” al no encontrar posteriormente esos contenidos en la nube.

Entre la incredulidad y la constatación

El extesorero ha reconocido que, cuando en 2015 tuvo noticia de la existencia de una operación policial sin control judicial para espiarle, reaccionó con escepticismo. “Me parecía de película”, ha señalado. Sin embargo, con el paso del tiempo, ha asumido esa hipótesis y ha identificado como propios diversos documentos intervenidos en la causa, incluidos papeles con anotaciones manuscritas vinculadas al ‘caso Gürtel’.

En ese contexto, ha adquirido relevancia la figura del chófer de la familia, Sergio Ríos, acusado de actuar como confidente. Bárcenas lo ha definido como “el chico para todo”, mientras que Iglesias ha subrayado la confianza que depositaban en él, hasta el punto de considerarlo “uno más de la familia”.

Según el relato ofrecido, Ríos recogió varias cajas de documentación de la sede del PP tras la salida del extesorero y las trasladó al domicilio familiar, donde, según la investigación, habría tenido acceso la trama. Iglesias ha añadido un matiz significativo al describir el cambio de comportamiento del conductor, que pasó a mostrarse nervioso y excesivamente pendiente de sus movimientos, lo que terminó generándole incomodidad.

Presiones, visitas y sombras en prisión

La declaración de Bárcenas ha incorporado también referencias a supuestas presiones durante su estancia en prisión. Ha relatado encuentros con el abogado y exfiscal Ignacio Peláez, a quien ha vinculado con el exministro Federico Trillo, en los que se le habría planteado la posibilidad de acreditar manipulaciones en la causa Gürtel a cambio de importantes sumas económicas.

Asimismo, ha señalado a otro letrado, Javier Iglesias, al que ha descrito como “enviado” por el PP, por ofrecerle dinero para alterar la contabilidad y advertirle de consecuencias para su esposa si colaboraba con la Justicia.

A este bloque se ha sumado la declaración del abogado Javier Gómez de Liaño, quien ha apuntado a la existencia de fotografías íntimas de Bárcenas durante su estancia en prisión preventiva y ha expresado la sospecha de que sus reuniones con el cliente podían estar siendo grabadas.

El propio extesorero ha descrito ese periodo —entre 2013 y 2015— como un “infierno”, con un trato “deplorable” y una situación de “persecución tremenda”, en contraste con etapas posteriores de cumplimiento de condena.

Un testimonio bajo escrutinio

Las defensas han tratado de erosionar la credibilidad de Bárcenas subrayando las inconsistencias de su relato a lo largo del procedimiento, especialmente en lo relativo a la existencia de grabaciones o a las cantidades económicas mencionadas. Los letrados de Fernández Díaz y Martínez han incidido en esos cambios de versión para cuestionar la solidez de su testimonio.

El extesorero ha respondido situando esas variaciones en el contexto de sus intereses procesales y de la evolución de su relación con el PP, que, según ha explicado, se deterioró definitivamente tras el ingreso en prisión de su esposa en 2020.

Durante una comparecencia prolongada, de cerca de cinco horas, Bárcenas ha mantenido un tono firme y un discurso articulado. A su lado, Rosalía Iglesias, más contenida y visiblemente afectada en algunos momentos, ha corroborado parcialmente su relato, aunque ha eludido algunos detalles concretos.

Miedo, seguimiento y un entorno enrarecido

Tras tomar el relevo de su marido, Rosalía Iglesias ha trasladado al tribunal un testimonio marcado por la angustia y la sensación persistente de vigilancia desde el inicio del caso. Ha asegurado que “desde el minuto uno” percibía que la seguían, aunque en aquel momento lo atribuía a la presión de los medios, en un contexto en el que, según ha descrito, vivía “casi enclaustrada” y “absolutamente aterrorizada”.

Iglesias ha situado el origen de ese estado en el ingreso en prisión de Bárcenas en junio de 2013, un periodo que ha definido como “un infierno” durante los 19 meses de prisión provisional. Ha relatado que, tras los encuentros familiares en la cárcel —que solicitaban como vis a vis para poder mantener una mínima normalidad—, su marido era sometido a cacheos integrales. También ha evocado episodios que, a su juicio, reflejan un trato hostil, como el comentario de un funcionario que le dijo que estaba “deseando verla allí dentro”, circunstancia que denunció formalmente.

En su declaración ha incidido en el papel del chófer, Sergio Ríos, a quien ha atribuido inicialmente una actitud “protectora” en un momento en el que ella se encontraba “devastada”, pero cuyo comportamiento cambió con el tiempo. Ha descrito ese giro como una actitud “nerviosa”, “desafiante” y con formas bruscas, hasta el punto de que decidió prescindir de sus servicios al sentirse “incomodísima”. Pese a ello, ha confirmado que tanto ella como su marido depositaron en él “toda la confianza”, lo que le permitió acceder a documentación.

Iglesias ha señalado además que, tras el traslado de material desde la sede del PP a su estudio, detectó la desaparición de varias cajas cuando abandonó el edificio, donde, según le advirtieron, acudía “gente muy extraña” interesándose por ella. En paralelo, ha reconocido que conocía la existencia de grabaciones de su marido relacionadas con Rajoy y Arenas, aunque nunca llegó a escucharlas, insistiendo en que Bárcenas tendía a mantenerla al margen de determinados asuntos “en su afán de protegerla”.

La sesión, intensa y en ocasiones tensa, ha dejado al tribunal ante unos testimonios amplios, llenos de matices y aristas, que las partes seguirán desgranando en los próximos días en un juicio que encara ya su fase decisiva.

Su declaración ha tomado el relevo de la de su marido, que se prolongó durante más de cinco horas, y ha situado el foco en el impacto personal y cotidiano de aquellos meses, marcados, según ha relatado, por la angustia, la desorientación y una sensación persistente de vigilancia. “Desde el minuto uno tenía la sensación de que me seguían”, ha afirmado, insistiendo en que siempre atribuyó esa percepción a la presión mediática.

Una vida condicionada por el miedo

Iglesias ha descrito un cambio radical en su vida tras el ingreso en prisión de Bárcenas el 27 de junio de 2013. “Lo que vivimos en esos 19 meses de prisión provisional fue un infierno”, ha señalado. A partir de entonces, ha explicado, su rutina quedó profundamente alterada: redujo sus salidas al mínimo, vivía “casi enclaustrada” y cada desplazamiento estaba marcado por la tensión.

La ausencia de garaje en su domicilio, ha añadido, la obligaba a enfrentarse a “una nube de periodistas” cada vez que salía a la calle, lo que reforzaba su percepción de estar siendo observada. “Yo todo lo achacaba a la prensa”, ha reiterado, descartando que en aquel momento pudiera contemplar otra explicación.

En ese contexto, cobró especial relevancia la figura de Sergio Ríos, quien había sido conductor de Bárcenas y pasó a trabajar para ella tras su entrada en prisión. Iglesias ha señalado que depositó en él plena confianza, hasta el punto de encargarle el traslado de documentación. “Tenía toda la confianza de mi marido. Yo le ofrecí toda mi confianza”, ha afirmado.

El deterioro de la confianza y los episodios inquietantes

Esa relación, sin embargo, se fue deteriorando con el tiempo. Iglesias ha situado en un momento impreciso un cambio en la actitud de Ríos, que comenzó a mostrarse “nervioso”, “desafiante” y con comportamientos que le generaban incomodidad. Ha relatado episodios de conducción brusca y comentarios que percibía como reproches, hasta el punto de trasladar a su marido su malestar. “Le dije que no estaba a gusto”, ha explicado, lo que desembocó en la decisión de que dejara de trabajar para ellos.

Paralelamente, su testimonio ha ido enlazando distintos episodios que, según ha contado, alimentaban su sensación de vulnerabilidad. Ha recordado la angustia vivida al salir de una visita en prisión y no encontrar al chófer esperándola durante varios minutos, así como el comentario de un funcionario penitenciario que le dijo: “Estoy deseando verte aquí dentro”, hecho que motivó la presentación de una queja formal.

En relación con la documentación de su marido, Iglesias ha señalado que no revisó en detalle los papeles trasladados desde el despacho de Bárcenas en la sede del Partido Popular, aunque posteriormente detectó la desaparición de algunas cajas en su estudio. Según ha explicado, un inquilino del edificio le alertó de la presencia de personas “muy extrañas” que preguntaban por ella.

Durante el interrogatorio, también ha confirmado que conocía la existencia de grabaciones en las que aparecerían dirigentes como Javier Arenas, aunque ha insistido en que nunca las escuchó. “Mi marido me dijo que existían, pero no dónde estaban ni lo que contenían”, ha declarado, señalando que se mantenía al margen de esos asuntos.

Asimismo, ha mencionado la entrega de dispositivos electrónicos —un iPad y varios teléfonos— al abogado Javier Gómez de Liaño en el contexto de la defensa.

Uno de los episodios que ha reflejado con mayor claridad el clima de temor en el que asegura que vivía ha sido la entrada de un desconocido en su domicilio. “Cuando entra el mercenario en mi casa, lo primero que le pregunto es quién le ha mandado”, ha afirmado.

El testimonio de Iglesias ofrecido con evidente cansancio —ha reconocido estar “más cansada y menos fuerte”—, ha añadido una dimensión personal a una causa centrada en las responsabilidades políticas y policiales de la operación Kitchen.

Los entresijos del acuerdo PP-Vox en Extremadura ya dejan entrever que habrá bronca entre los socios de investidura. Uno de los puntos que ha generado controversia, a pocos días de firmarse, es el que afecta a las ayudas a las ONG. El texto especifica que se cortarán las ayudas a aquellas organizaciones que “fomenten” la inmigración irregular. “Eso es colaborar con mafias”, ha apuntado este lunes el secretario general del PP, Miguel Tellado.

¿Qué organizaciones entran en este cupo? ¿entraría, por ejemplo, Cáritas Diocesana, que tiene actualmente un convenio con la Junta? Según Vox, sí: “No se puede aceptar que el dinero de los contribuyentes vaya a promover la inmigración masiva e ilegal”, subrayó en una entrevista para El País, Carlos Hernández Quero, el diputado de Vox incorporado en el equipo negociador.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha querido desmentir las palabras de sus socios, dejando claro que la situación de esta organización, así como otras que ya operan en España como Open Arms, deberá decidirse por la vía judicial. “Eso tiene que acreditarse con sentencia. Si una ONG es condenada por colaborar con la inmigración irregular, quedará excluida de las ayudas. Organizaciones como Cáritas pueden estar completamente tranquilas, no les va a afectar”, ha matizado Tellado.

La “prioridad nacional”, otro punto de fricción

Los populares también han querido matizar otro de los puntos controvertidos del acuerdo, que es el que hace referencia al concepto de “prioridad nacional” para obtener las ayudas sociales autonómicas. Vox ha asegurado que este punto prioriza a los españoles nacionales por encima de los nacionales extranjeros, un punto que, de ser cierto, iría en contra de la Ley de Extranjería. La propia Isabel Díaz Ayuso cargó con la interpretación de los de Abascal señalando que esto sería ilegal.

Desde Vox quitan peso a que este principio pueda chocar con la ley porque, indican, el PP se comprometió en su acuerdo a instar al Gobierno central a modificar la ley de Extranjería.

El PP ha corregido estas palabras y ha recordado que lo firmado fue el criterio de prioridad en el “arraigo”, que en ningún caso “es obligatorio” ni tendría que beneficiar solo al origen español de la persona. En todo caso, han apuntado fuentes del PP, se trata de un criterio más, “como puede ser el económico” que ya ha sido incorporado a otros acuerdos autonómicos como el de Aragón en 2022 o Baleares en 2023.

Las instrucciones se las dio en un papel, en el que indicaba que debía “destruir los audios de MR, es decir, Mariano Rajoy”. “No debe quedar nada, es mi compromiso”, ha declarado en la Audiencia Nacional como testigo y afectado.

Sobre estas grabaciones ha indicado que en total eran tres y que, aparte de estar en la nube, se encontraban en un pen drive guardado en el estudio en el que trabajaba su mujer, junto a toda la documentación que se llevó desde su despacho del PP. “Una mía propia explicando una serie de cosas del procedimiento; una grabación muy cortita con Rajoy, y otra un poco más extensa con Javier Arenas”, ha relatado. Sobre estos audios, ha concretado, a respuestas de las defensas, que solo él los escuchó.

La caja B del PP “existía con conocimiento de todas las instancias”

Sobre la de Rajoy ha declarado que es una conversación que mantuvo con el expresidente en su despacho, donde le entregó en un sobre la “última hoja” de los movimientos de la cantidad extracontable que llevaban. Rajoy “se extrañó mucho: ‘¿Cómo puede ser que llevéis estos papeles?’“. Entonces lo destruyó en el destructor de papeles.

Nadie sabía de la existencia de estos audios, según su versión, y ha explicado que puede que en algún momento desde Soto del Real se lo contara a su abogado. “Yo no tenía interés de ir más allá de donde tenía que ir, no lo iba pregonando. Quería que quedase claro que esa contabilidad existía, pero que existía con conocimiento de todas las instancias por encima del tesorero y mío”.

Los audios también se encontraban en un pendrive, que, según ha explicado, se encontraba en el estudio de su esposa y que fueron robados por su chófer y acusado en la causa, Sergio Ríos. Ha surgido una duda entre el abogado de la defensa del exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que le ha indicado que en fase de instrucción declaró que no estaba seguro si este pendrive acabó en su casa o se quedó en Génova. Ha querido aclarar que estaban en “su casa”, pero que en la declaración actual no lo dijo, porque se encontraba imputado por los ‘papeles de Bárcenas’.

El trato en prisión

Sobre su paso por prisión preventiva en el verano de 2013, ha relatado que cuando llegó, el trato por parte de la Dirección fue “cordial”. Sin embargo, con el paso del tiempo empezaron los problemas y empezaron a abrirle todo tipo de expedientes y, según Bárcenas, fue por órdenes del PP tras haber declarado en sede judicial el 15 de junio.

Y es que unos días antes de llevar a cabo esa declaración en la trama Gürtel, en la que acreditó los papeles que estaban a su nombre, asestando un duro golpe a los populares, fue a visitarle a prisión el abogado de este partido, Javier Iglesias. “Me amenazó con que iba a entrar mi mujer en prisión y que no tenía que declarar”, ha relatado.

Según su versión, una prueba clave de la intermediación del PP y del Ministerio del Interior es que esta conversación se llevó a cabo en una sala. “Más adelante, cuando quería reunirme con mi propio abogado, para poder hacerlo en la misma sala, tenía que presentar todo tipo de escritos y la autorización era muy complicada”, ha explicado.

El juicio por la trama Kitchen entra en su tercera semana con las declaraciones de varios pesos pesados de este caso: el extesorero del PP y principal afectado, Luis Bárcenas, su mujer, Rosalía Iglesia Villar, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Tras una primera semana de cuestiones previas en las que las defensas presentaron todo tipo de alegaciones para tirar por tierra el juicio y las acusaciones buscaron implicar a Cospedal y su marido, comenzó una segunda semana de testificales con cargos técnicos dentro de Interior y varios agentes que participaron en los espionajes a la familia Bárcenas.

Varios policías nacionales han confirmado los seguimientos a la esposa de Bárcenas y el volcado de dispositivos robados, mientras que el comisario Mariano Hervás admitió que participó en esas vigilancias por encargo superior, aunque restó relevancia a la misión.

Rajoy y Cospedal

El inspector jefe de Asuntos Internos que investigó el caso Kitchen fue el primero en mencionar a Rajoy en el juicio, al explicar que dentro de la operación aparecía con los alias “el Asturiano” y “el Barbas” en audios, documentos y anotaciones. El testigo sostuvo que no era una hipótesis, sino una conclusión de su investigación: que los implicados en la operación utilizaban esos nombres en clave para referirse al entonces presidente del Gobierno.

Esta es una de las claves por las que tendrá que responder este jueves como testigo. Sin embargo, es esperable que su declaración se centre en negar cualquier conocimiento directo con esta operación y en rechazar que existiera una implicación política en su creación. En su declaración previa ante el juez instructor, el expresidente ya sostuvo que no tuvo “conocimiento de la operación Kitchen” y añadió que “no era una cuestión que llegara a mi despacho ni a mi nivel de decisión”.

La misma línea seguirá previsiblemente la testifical de Cospedal, fijada para el mismo jueves. Durante toda la fase de instrucción, ha defendido que sus encuentros con el excomisario José Manuel Villarejo, imputado en esta causa, no tenían relación con ninguna operación policial, sino que se enmarcaban en contactos informales sin trascendencia ejecutiva ni capacidad de influencia en el Ministerio del Interior.

Luis Bárcenas y Rosario Iglesias

Sin embargo, antes de estos dos testigos están previstas este mismo lunes las declaraciones de Luis Bárcenas y su mujer, Rosario Iglesias, ambos presentados en la causa como acusaciones particulares.

Sus testimoniales son ejes principales en la causa, ya que ambos fueron los principales objetivos de la operación investigada. En su caso, el tribunal escuchará el relato de quienes sufrieron de primera mano los seguimientos, la sustracción de información y la supuesta captación de su entorno, incluida la figura del chófer contratado por la familia, pieza clave en la investigación.

Bárcenas ya ha sostenido en procedimientos anteriores que existió una estrategia coordinada para neutralizar su capacidad de aportar documentación sobre la financiación del partido, mientras que su entorno familiar ha descrito un clima de vigilancia constante durante el periodo investigado. De esta manera, podrán aportar detalles sobre la cronología de los hechos, la identidad de los intermediarios y el impacto de la operación sobre la custodia de la documentación sensible que conservaban.

En el caso de Rosalía Iglesias, su testimonio podría centrarse en la dinámica diaria de los seguimientos y en la gestión de los objetos y soportes sustraídos o intervenidos, mientras que Bárcenas podría insistir en la conexión entre la operación y el intento de recuperar material comprometedor para el partido.

Desde la clausura de la Intermunicipal del PP andaluz, el dirigente popular ha trazado un diagnóstico de la legislatura, apoyándose en una idea que ha vertebrado buena parte de su intervención: la ausencia de Presupuestos Generales del Estado. “Llevamos una legislatura entera sin presupuestos, algo que no ha pasado nunca”, ha afirmado, enmarcando esta anomalía en una crisis más amplia de gobernabilidad. A su juicio, el hecho de que el Ejecutivo ni siquiera haya presentado las cuentas públicas evidencia la falta de una mayoría sólida y la renuncia a cumplir con los estándares básicos de funcionamiento institucional.

Una legislatura “a golpe de improvisación”

Feijóo ha desarrollado su crítica con un hilo argumental y ha recordado que en etapas anteriores, incluso en contextos de debilidad parlamentaria, los gobiernos han logrado sacar adelante sus presupuestos o, en su defecto, han convocado elecciones. Frente a ello, ha contrapuesto la situación actual, que ha descrito como “inédita”.

“Cuando no hay cuentas, cuando no hay dirección, cuando no hay mayoría parlamentaria, se gobierna a golpe de improvisación”, ha sostenido. Esa forma de gobernar, ha añadido, no solo compromete la estabilidad institucional, sino que introduce incertidumbre en el conjunto del país. “Y eso no es bueno ni para Andalucía ni para España”, ha remachado.

El líder del PP ha ido más allá al cuestionar el uso de los recursos públicos por parte del Ejecutivo. Ha acusado al Gobierno de destinar fondos a “comprar apoyos” que le permitan sostenerse en el poder, al tiempo que ha denunciado una política fiscal orientada, a su juicio, a compensar su debilidad parlamentaria. “Suben impuestos para tapar las carencias de sus minorías”, ha afirmado, en una crítica que ha enlazado con su idea de fondo: un Gobierno más preocupado por resistir que por gobernar.

En ese mismo registro, Feijóo ha dibujado un panorama de desgaste institucional, aludiendo a la corrupción, la falta de responsabilidades políticas y una supuesta desconexión con las preocupaciones ciudadanas. “Son insaciables con el dinero de los demás pero insensibles con sus necesidades”, ha dicho.

El contraste con el modelo del PP

Frente a ese escenario, el presidente del Partido Popular ha reivindicado el modelo de su formación como una alternativa basada en la previsibilidad y la gestión. “La política de la sensatez” y “de las cosas posibles” han sido las expresiones que ha utilizado para definir la acción de su partido, en contraste con lo que considera una política errática del Ejecutivo central.

Feijóo ha situado a Andalucía como ejemplo de ese modelo, subrayando la evolución política de la comunidad en los últimos años. “El cambio le ha sentado bien a Andalucía y le sentará bien a España”, ha afirmado, en una apelación directa a trasladar esa experiencia al conjunto del país. Según ha defendido, el Partido Popular ofrece “estabilidad, bajar impuestos, gestión, igualdad y regeneración”, cinco ejes que ha presentado como señas de identidad de su proyecto político.

El líder popular también ha puesto el acento en el crecimiento territorial del partido, destacando el aumento de su presencia institucional en ayuntamientos y diputaciones. “El PP es el partido de Andalucía”, ha asegurado, interpretando ese avance como una consecuencia de una gestión que, a su juicio, ha generado confianza entre los ciudadanos.

Sin triunfalismos ante el 17 de mayo

Pese al tono reivindicativo, Feijóo ha evitado trasladar cualquier sensación de victoria anticipada de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo. Su mensaje, en este punto, se ha orientado a la movilización y a la prudencia estratégica. “No estamos para celebrar nada. No estamos para dar por ganado ningún partido”, ha advertido.

El dirigente popular ha insistido en una idea recurrente en su discurso: el carácter prestado del voto. “Los votos no se regalan, se prestan”, ha señalado, subrayando la necesidad de revalidar la confianza ciudadana a través de la gestión y la rendición de cuentas. En ese sentido, ha planteado el respaldo electoral como un contrato temporal que obliga a los gobernantes a responder con resultados.

En un contexto que ha descrito como “complejo” tanto a nivel internacional como nacional, Feijóo ha defendido el papel de las comunidades autónomas como espacios de estabilidad frente a la incertidumbre del Gobierno central. Su intervención, en definitiva, ha dibujado una doble línea argumental: la impugnación de la gestión de Sánchez y la reivindicación del Partido Popular como alternativa capaz de ofrecer certezas en un escenario político marcado, según su diagnóstico, por la volatilidad.

Un juzgado especializado en violencia sobre la mujer ha aceptado investigar la denuncia de una exconcejala del Partido Popular contra el alcalde de la localidad madrileña de Móstoles, Manuel Bautista, al entender que pudo incurrir en delitos de acoso sexual y laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

En el auto judicial, al que ha tenido acceso EFE, la magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles admite a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, y cita la exconcejala para que preste declaración el 29 de junio. También ordena que un médico forense la examine para evaluar los daños que pudo haber sufrido.

La jueza considera que los hechos denunciados podrían constituir delitos de acoso sexual y laboral, maltrato, lesiones, amenazas y revelación de secretos, y que corresponde a su juzgado investigarlos. Esta decisión se tomó poco después de que la Fiscalía pidiera reactivar el caso, ya que el proceso llevaba tiempo parado.

El PP “no activó los protocolos de protección”

La exconcejala presentó la querella contra Bautista el pasado 17 de febrero. Su abogado asegura que no recibió apoyo del PP y que fue revictimizada dentro del partido, formación que la exedil abandonó en octubre de 2024.

La querella formalizada expone que parte de los hechos transcurrieron en ámbitos privados, lo que complica su investigación, y denuncia la desaparición de correos electrónicos oficiales de la víctima. Su abogado, Antonio Suárez-Valdés, argumenta que la falta de protección y respuesta dentro del partido llevó a su clienta a recurrir a la vía penal.

La denuncia incluye pruebas que, según el letrado, demuestran la supuesta solicitud de favores sexuales y un posterior hostigamiento laboral cuando ella se negó, con la finalidad de aislarla y reducir su visibilidad profesional dentro del Ayuntamiento, por lo que terminó dejando su puesto. La denuncia también se dirige contra el Partido Popular como organización, por considerar que no activó los protocolos de protección y no respondió institucionalmente.

Además, la exconcejala denuncia la difusión de correos electrónicos intercambiados con la Comunidad de Madrid, enviados a varios medios y donde se habría revelado su identidad. Su abogado sostiene que esto podría constituir un delito de revelación de secretos.

El alcalde niega las acusaciones

Por su parte, Manuel Bautista niega todas las acusaciones. El Ayuntamiento de Móstoles aseguró el pasado viernes que las acusaciones contra el alcalde “son falsas” y carecen de “credibilidad”, y que él aún no ha recibido la querella oficialmente. Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió al alcalde, al considerar que se encuentra “en situación de indefensión”, y acusa al Gobierno central de tratar el caso de forma abusiva.

Otros casos en el ámbito político

Las denuncias por acoso sexual en el ámbito político, que también afectan a figuras como Íñigo Errejón, exportavoz de Sumar, o Francisco Salazar, exdirigente socialista, evidencian cómo a pesar de los avances en igualdad y leyes de protección, persisten entornos laborales masculinizados que no garantizan espacios seguros para las mujeres, tal y como señalaron expertas consultadas por Infobae en este artículo.

Estos casos también reflejan la persistencia de dinámicas de poder y estructuras jerárquicas que dificultan la denuncia y la protección efectiva de las víctimas. Las expertas también recuerdan que la respuesta institucional suele ser insuficiente y que la presión social sobre las denunciantes puede llevar al silencio o al abandono de sus cargos.

(Con información de EFE)

María Corina Machado, líder opositora venezolana, se encuentra en Madrid este fin de semana junto a Edmundo González. A las seis de la tarde de este sábado se celebra en la Puerta del Sol un encuentro con venezolanos, al que finalmente González no ha podido asistir por encontrarse hospitalizado, aunque ha enviado su cariño a los asistentes a través de Machado. El viernes, recibió de José Luis Martínez Almeida la Llave de Oro de la Villa de Madrid n un acto celebrado en el Salón de Plenos de Casa de la Villa.

Machado fue recibida este viernes por Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, en la sede nacional de su partido, donde esperaban también varios dirigentes populares. El presidente del PP ha trasladado su deseo de que Machado pueda regresar a Venezuela y que se celebren elecciones en el país, señalando que se posiciona del lado de la democracia y “no con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas”. “El sitio de España es al lado de María Corina y no de la tiranía que le ha perseguido y le sigue persiguiendo”. Esta mañana, Machado ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha respondido preguntas de distintos medios en relación a la situación actual y el futuro de Venezuela.

María Corina Machado reivindica “elecciones limpias y libres” en Venezuela en pos de la “estabilidad y la paz”

“Quiero transmitir un mensaje al mundo entero en nombre de los venezolanos y es darles la absoluta seguridad de que la garantía de la estabilidad y la paz en Venezuela son elecciones limpias y libres, para que podamos avanzar en una transición ordenada que permita construir pilares sólidos para que puedan volver los millones de venezolanos que han sido forzados a dejar su país”, ha expresado desde el podio. “No hay sociedad en el mundo tan unida, decidida, preparada y organizada para avanzar hacia la democracia como la venezolana”, ha asegurado.

Ha relatado cómo se configuró la candidatura de Edmundo González Urrutia, a quien define como “un venezolano de bien, padre de familia ejemplar”, y cuya trayectoria hasta entonces se había desarrollado en la diplomacia y no en la política. “El régimen pensó que era imposible que recogiera el apoyo de una nación. Nos fuimos con un póster en la mano diciendo: ‘Si quieren votar por mí, voten por él, Edmundo González Urrutia’”, ha dicho Machado.

Para Machado, en las elecciones del 28 de julio de 2024 se demostró cómo se había logrado construir “una plataforma ciudadana como nunca antes había existido en Venezuela, más de un millón de voluntarios organizados”, convencidos de que en ese momento “teníamos en nuestras manos la expresión de la soberanía popular y el destino de Venezuela”. Según Machado, el régimen “subestimó a la gente” y, pese al “periodo de terror que se desató, donde miles de venezolanos fueron desaparecidos, encarcelados, torturados, golpeados, obligados a dejar su país”, creyó que lograría quebrar esa organización.

Ha señalado que en Venezuela “ha empezado a fluir un cauce indetenible de ansias democráticas, cívico y pacífico, pero muy fuerte”, y que este proceso ha desembocado en el reto actual de “concluir la tarea y ratificar el mandato popular del 28 de julio de 2024”. Para Machado, el país atraviesa ahora “una fase delicada y compleja” en la que “los propios actores del régimen están siendo forzados a un proceso de desmantelamiento de una estructura represiva, de corrupción, de crimen”. Para Machado, dichos actores “nuevamente subestiman a la sociedad venezolana”, en la que existe unidad y determinación para avanzar “por la democracia y libertad de Venezuela”. Explica que el contacto mantenido con ciudadanos, colectivos y partidos ha permitido identificar los pilares necesarios para “el reencuentro de una nación próspera, segura y libre”.

“A menudo digo ‘Ahí vienen venezolanos’ y son españoles con lágrimas en los ojos”, añade Machado, quien agradece al alcalde de Madrid y a la presidenta de la Comunidad el reconocimiento otorgado, así como al Congreso, al Senado, a los medios y, especialmente, a los venezolanos que han acudido a los distintos actos: “Con sus llantos y miradas transmiten que Venezuela será libre y pronto los llevaremos de vuelta a casa”.

La reunión con Sánchez no era oportuna por “lo ocurrido en Barcelona”

“Lo ocurrido en Barcelona es el motivo de por qué no es conveniente que me vea con Pedro Sánchez”, dice Corina, que critica la idea del presidente colombiano Petro de un gobierno conjunto de Delcy con la oposición: “Quienes insisten en impedir este proceso están favoreciendo la inestabilidad en el país, porque Delcy Rodríguez representa el caos, la violencia, representa el terror, nosotros representamos la sociedad venezolana que quiere avanzar en paz hacia la democracia”. Al mismo tiempo, sin embargo, ha asegurado que la coincidencia de su visita con la IV Reunión en Defensa de la Democracia ha sido “providencial” y no intencional.

Preguntada sobre la posición de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez respecto al proceso venezolano, María Corina Machado ha señalado, sin referirse por nombre a nadie, que existen actores que “cuestionan la necesidad de un proceso electoral en estos términos” y que, al advertir sobre posibles episodios de violencia ante el regreso de los venezolanos, “indiscutiblemente están favoreciendo al régimen y obstaculizando este proceso”. Machado distingue entre quienes apoyan una Venezuela democrática y quienes buscan mantener la situación actual, e invita a preguntar a estos actores “cuándo creen que debe haber elecciones”.

“Me voy a referir a la acogida de cientos de miles de venezolanos en este país y que los distintos gobiernos que ha tenido España han mantenido la conciencia de lo que significa la diáspora de gente talentosa, trabajadora, buena, que se ha visto obligada a dejar su país. Ayer lo vieron en el programa con Ana Rosa y de repente los camarógrafos... todos decían: ‘Queremos volver’. Ustedes los han acogido y quiero hacer un reconocimiento a las autoridades”, ha dicho.

También se ha mostrado agradecida por el “respaldo inmenso” que ha sentido por parte de “Macron, Meloni y el primer ministro de Países Bajos, de diferentes posturas del espectro ideológico. Los venezolanos tenemos un apoyo enorme de los demócratas del mundo”.

No se arrepiente de donar el Nobel a Trump a pesar de su apoyo a Delcy Rodríguez

Durante la ronda de preguntas, Machado ha asegurado estar en contacto constante con la administración estadounidense. Ha expresado su confianza en el plan propuesto por Marco Rubio, compuesto por tres fases. “Me reuní con él hace poco y tuvimos la oportunidad de conocer el avance de las tres fases. No son consecutivas, pueden solaparse. La tercera fase es una transición a través de unas elecciones libres. Ya se están dando pasos en el desmontaje de la estructura represiva”, ha afirmado.

Preguntada por el apoyo de Donald Trump, a quien Machado regaló su Nobel de la Paz, a Delcy Rodríguez, la opositora venezolana ha asegurado que “nadie se chupa el dedo”: “(Delcy) está cumpliendo las instrucciones. Los primeros pasos de desmontaje de una estructura represiva es porque ha habido una rectificación. Nos da tranquilidad, tenemos que esperar, tenemos responsabilidad y nuestra parte que cumplir. Hay un líder en el mundo, un jefe de Estado en el mundo, que ha puesto en riesgo la vida de ciudadanos de su país por la libertad de Venezuela: Donald Trump. Eso siempre lo recordaremos y lo agradeceremos y por eso no me arrepiento (de donarle a Trump el Nobel de la Paz)”.

Regresará a Venezuela “tan pronto concluya este proceso”

Machado ha asegurado que recibe mensajes diarios de compatriotas que piden su regreso, y ha explicado que solo volverá al país “tan pronto concluya este proceso. Lo estoy hablando con EEUU y lo estamos haciendo con coordinación, con respeto mutuo y entendimiento”. Ha añadido que el avance debe ser cívico y civilizado, aunque persisten los riesgos, como demuestra la reciente detención de Alex Paparoni en el aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. “Nuestro deber es estar en Venezuela. También otros países van a ofrecer protección. Y a nosotros nos cuida la gente y tenemos la protección de Dios”.

En referencia a la situación socioeconómica en Venezuela, ha puesto el foco en la paradoja de que, en un país con las mayores reservas de petróleo del mundo, “el 86% vive en pobreza”. Según su testimonio, “esto fue intencional”. Para Machado, la urgencia es evidente: “La pobreza y el terror ha sido intencional” y sostiene que solo será posible una Venezuela próspera, capaz de atraer grandes inversiones, cuando exista un estado de derecho y una justicia independiente. “Hay urgencia y queremos que este proceso avance”, ha concluido.

Para Machado, Venezuela fue “el hub del crimen global”: “Lo robado en Venezuela supera los dos trillones de dólares. Venezuela fue excluyéndose de todo tipo de control externo, necesitaba opacidad absoluta para que sus crímenes no dejaran huella. Es el último país en el ranking de democracias. Estar sometido a la vigilancia del FMI exige full disclosure (divulgación completa); ya era hora, es precisamente lo que queremos, que cumplan, que muestren todo, que se abran esas bóvedas del Banco Central, cuáles son las acreencias; al final se está imponiendo una estructura de control, a la que los criminales tienen terror".

Ha asegurado también que “las Fuerzas Armadas venezolanas anhelan un proceso de democratización”. “En los centros de votación con mayoría de militares, Edmundo ganó por paliza. Qué puede pensar un militar que ve cómo entra la droga, el contrabando de armas, cómo se siente esa fuerza armada, si hay una institución que requiere reconstituirse es precisamente la Fuerza Armada Nacional”, ha dicho.

Su gobierno tendrá “relaciones cercanas y respetuosas” con todos sus vecinos

Por otro lado, ha prometido que su gobierno tendrá “relaciones cercanas y respetuosas” con todos sus vecinos, “especialmente con Colombia”, y que el motivo por el cual no ha trascendido información sobre sus reuniones con dirigentes es porque “es lo que hemos acordado”, pero que han tenido conversaciones muy detalladas sobre el futuro de Venezuela. La presión hay que incrementarla para que ninguno se desvíe. Venezuela es otra y el régimen sabe que este proceso es irreversible e indetenible, porque ganamos de paliza. Primero fue la derrota espiritual, después la política, luego la electoral y finalmente la militar. Es riesgoso y necesitamos apoyo internacional". También ha asegurado que “la causa de Cuba y de Venezuela es la misma”: “No nos vamos a detener hasta que el pueblo cubano y el nicaragüense puedan tener un futuro de libertad. Es un compromiso mío con todos los cubanos”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido este viernes a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, la posibilidad de mantener una reunión en el Palacio de La Moncloa, según ha señalado en su comparecencia junto al presidente de Brasil, Lula da Silva, en el marco de la cumbre bilateral celebrada en Barcelona.

Sánchez ha explicado que, si ese encuentro no se ha producido hasta ahora, es porque “no hemos tenido ocasión porque ella ha considerado que no era oportuno". En este sentido, ha añadido que estaría “encantado de poder reunirme con la señora Machado cuando ella tenga la oportunidad y el placer de querer reunirse conmigo”, según ha recogido EFE.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo ha afirmado que “las puertas de La Moncloa están abiertas para los miembros de la oposición venezolana”, citando como precedentes los encuentros mantenidos con Edmundo González y Leopoldo López. También ha subrayado que muchos opositores al régimen chavista residen en España “por la política humanista de acogida” del país.

Asimismo, Sánchez ha defendido que el futuro de Venezuela debe ser decidido por los propios venezolanos “en unas elecciones sin injerencias extranjeras”. Estas declaraciones se han producido durante la primera cumbre bilateral entre España y Brasil, donde ambos países han firmado una quincena de acuerdos de cooperación.

El Gobierno ofreció una reunión

La secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo, señaló el pasado miércoles que el Gobierno de España había ofrecido reunirse con la líder opositora venezolana María Corina Machado durante su visita a Madrid, aunque no recibió ninguna respuesta en ese sentido.

La responsable gubernamental afirmó en ese contexto que, por el momento, “no hay ninguna indicación de la voluntad de la señora Machado de solicitar una reunión con ningún representante del Gobierno; más bien, según hemos leído en la prensa, parece lo contrario”.

Sin embargo, este viernes, María Corina Machado ha sido recibida en la sede nacional del Partido Popular por su líder, Alberto Núñez Feijóo, en un encuentro privado y con representantes de la comunidad venezolana en España.

Durante el acto, el líder del PP ha expresado su respaldo a la dirigente opositora y ha reclamado su regreso a Venezuela, así como la celebración de elecciones libres en el país. Feijóo ha defendido además que su formación “siempre estará del lado de la democracia en Venezuela” y ha sostenido que Machado habría ganado las elecciones en su país.

El “no a la guerra”

En la comparecencia conjunta, el presidente de Brasil, Lula da Silva, ha respaldado el mensaje de Pedro Sánchez de “no a la guerra” en relación con el conflicto en Oriente Próximo. Lula ha situado su intervención en un contexto internacional que ha descrito como marcado por nuevas tensiones globales, recordando que España fue un “laboratorio de la Segunda Guerra Mundial, la peor carnicería de la historia”.

De igual manera, ha alertado de que hoy “varias regiones del mundo están en conflicto de nuevo”, con una nueva carrera armamentística, víctimas civiles y un papel creciente de la tecnología y la inteligencia artificial en la erosión de la ética. En ese marco, ha afirmado que comprende la posición del presidente español: “Por eso entiendo perfectamente cuando dices no a la guerra”.

El mandatario brasileño ha sostenido además que Brasil y España comparten una misma posición internacional y ha situado a ambos países “en la misma trinchera”, defendiendo que es posible buscar soluciones a los conflictos globales sin recurrir a discursos o planteamientos extremos.

Sánchez, por su parte, ha defendido que ambos gobiernos comparten una “misma visión del mundo” basada en el derecho internacional, los derechos humanos y la paz. Ha insistido en la necesidad de reforzar el multilateralismo como herramienta frente a los desafíos globales y ha contrapuesto ese enfoque a lo que ha definido como una “ola reaccionaria”, marcada por el avance de la desinformación.

En ese sentido, ha subrayado: “Nuestros gobiernos quieren redoblar los esfuerzos para trabajar por la paz y un multilateralismo reforzado”, concluyendo que “mientras otros abren heridas, nosotros queremos curarlas”.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recibido este viernes a la dirigente opositora María Corina Machado. En el acto de su partido ha exigido que pueda regresar a Venezuela y que se celebren elecciones libres en el país. También se ha acordado del Gobierno, señalando que están con la democracia y “no con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas”.

El dirigente popular ha señalado que Génova ha recibido a Machado como a un presidente autonómico que gana unas elecciones, ya que, según dijo, ella “ha ganado las elecciones en Venezuela”. El político español ha dicho directamente a la opositora de Maduro que el PP siempre estará de su lado.

“No a la tiranía”

María Corina Machado ha sido recibida este viernes con una ovación en la sede nacional del PP, donde la esperaban Feijóo y varios dirigentes del partido. El presidente del PP ha expresado su respaldo a la líder opositora venezolana y defendió el compromiso de su formación con la causa democrática en Venezuela. Durante su intervención, Feijóo ha insistido en que “el sitio de España es al lado de María Corina y no de la tiranía que le ha perseguido y le sigue persiguiendo”.

Tras esto, ha recordado el episodio de la llegada de Delcy Rodríguez a Madrid en 2020, que involucra al ejecutivo de Pedro Sánchez a través de José Luis Ábalos. El entonces ministro de Transportes, ahora procesado por varios delitos de corrupción, habría sido el intermediario que participó en aquel intercambio de maletas en Barajas.

Feijóo ha recalcado que no puede haber ambigüedad “entre democracia y dictadura, libertad o represión” y reclamó el regreso de Machado a Venezuela, así como una transición que permita a los venezolanos votar “sin miedo, sin fraude y con garantías”, en un proceso electoral transparente y con fechas claras.

Intervención de Machado

Machado también ha intervenido para señalar que Venezuela enfrenta ahora el “reto mayor”, que es “consolidar el desplazamiento del régimen chavista, al que, según ella, ya han derrotado “espiritualmente, electoralmente y ahora militarmente”. Ha llamado a la comunidad internacional a no rendirse en el apoyo a la libertad en Venezuela y ha pedido avanzar hacia “la liberación total de todos los venezolanos que siguen presos” y facilitar el regreso de quienes se han visto obligados a abandonar el país.

La líder venezolana tiene previsto reunirse el sábado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y este viernes recibirá la Llave de Oro de la ciudad de manos del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la Casa de la Villa, en un acto previsto para las 18.00.

Por el contrario, no está programado ningún encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se encuentra en Barcelona participando en una cumbre de líderes progresistas, donde coincide con Lula, líder de Brasil, y Gustavo Petro, de Colombia. La agenda de Machado en Madrid incluye además encuentros con miembros de la sociedad civil y representantes de la diáspora venezolana.

Con el inicio de la campaña de la Renta esta semana pasada, tanto Isabel Díaz Ayuso como Alberto Núñez Feijóo han retomado las críticas a lo que llamaron “infierno fiscal” impuesto por el Gobierno socialista en España, acusando al Ejecutivo central de ahogar a autónomos, empresas y familias con su política impositiva. Los dirigentes populares señalan los niveles sin precedentes alcanzados por la recaudación fiscal y achacan más de un centenar de subidas de impuestos a las dos últimas legislaturas del PSOE. Sin embargo, al revisar los datos oficiales, España no destaca por su carga impositiva en comparación con otras economías avanzadas.

La presión fiscal, que representa el porcentaje de impuestos y cotizaciones sociales respecto al Producto Interior Bruto, se situaba en el 37,3% en el país en 2024, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Aunque esta cifra supera en varios puntos la media del conjunto de las economías desarrolladas, que se queda alrededor del 34%, todavía queda por debajo del promedio de la Unión Europea, que bordea el 40%.

El análisis internacional ubica a España en el grupo de países de fiscalidad media-alta en Europa, junto a otras naciones como Alemania, Italia, Austria y Portugal, pero la oposición reclama bajadas de impuestos y denuncia un exceso de presión por parte del Estado. Esta aparente distancia entre los datos comparados y el discurso político contribuye a alimentar una percepción social muy extendida de que la carga impositiva en España es elevada, especialmente entre las rentas medias y los trabajadores por cuenta propia.

Peso de la fiscalidad sobre el trabajo

Uno de los elementos que más inciden en la percepción de la ciudadanía es la cuña fiscal, que mide la diferencia entre el coste laboral total para las empresas y el salario neto recibido por el trabajador. En España, este indicador ronda el 38%–40% para una persona con salario medio, según el informe Taxing Wages de la OCDE. El dato supera la media de la organización, que se sitúa en torno al 35%. Este resultado refleja el impacto conjunto del impuesto sobre la renta, las cotizaciones sociales de los trabajadores y las aportaciones empresariales. La consecuencia directa es una sensación generalizada de que el salario disponible resulta bajo en comparación con el coste laboral total, especialmente en los tramos de renta media.

Entre los rasgos estructurales del sistema fiscal español que explican estas cifras destaca el peso de las cotizaciones sociales, que representan aproximadamente un tercio de los ingresos públicos. Esta característica no es exclusiva de España; países como Francia y Alemania presentan niveles similares o incluso mayores.

En esta línea, un reciente informe de la OCDE señalaba a principios de este mes que uno de los principales problemas del sistema fiscal español es su diseño. En particular, advierten de que la carga tributaria recae en gran medida sobre el trabajo, lo que puede desincentivar tanto la contratación como la búsqueda de empleo. En sus últimos análisis sobre la economía española, la organización subraya que este tipo de estructura impositiva resulta “distorsionadora”. Por ello, recomienda un reequilibrio del sistema hacia figuras como el IVA o los impuestos medioambientales, que generan menos efectos negativos sobre la actividad económica.

El efecto de la progresividad en frío y las diferencias de medición

Más allá de los datos agregados de presión fiscal, el debate sobre si España puede considerarse un “infierno fiscal” depende en parte de cómo se miden los impuestos y de qué se entiende exactamente por subida tributaria. En declaraciones recientes, los dirigentes del PP han sostenido que desde 2018 se han producido más de un centenar de incrementos impositivos. Sin embargo, esta cifra no responde siempre a modificaciones claras y diferenciadas de los tipos de gravamen, sino a sistemas de recuento que pueden fragmentar una misma medida en múltiples impactos estadísticos. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se desglosan efectos indirectos o se contabilizan de forma separada elementos que en la práctica forman parte de una única decisión normativa.

Uno de los ejemplos más relevantes es el del IRPF y el fenómeno conocido como progresividad en frío. Este se produce cuando, en un contexto de inflación, los tramos del impuesto no se actualizan. Como consecuencia, los contribuyentes pueden ver incrementados sus ingresos nominales, por ejemplo, a través de subidas salariales que solo compensan la pérdida de poder adquisitivo, y, aun así, pasar a tributar en tramos superiores. En la práctica, esto implica una mayor carga fiscal sin que exista un aumento real de su capacidad económica. Aunque este efecto está ampliamente reconocido por la literatura económica como una forma indirecta de incremento impositivo, su consideración como “subida de impuestos” depende del criterio adoptado, ya que no deriva de una modificación explícita de los tipos ni de la estructura del impuesto.

La recaudación crece, pero no solo por impuestos

En paralelo, los datos de organismos como la OCDE o Eurostat muestran que la recaudación en España ha aumentado en los últimos años hasta situarse en aproximadamente unos 590.000 millones de euros de ingresos fiscales en 2024. No obstante, este crecimiento no se explica exclusivamente por subidas de impuestos.

Una parte relevante procede del propio crecimiento económico y del empleo, ya que los ingresos ligados al trabajo (IRPF y cotizaciones sociales) representan en torno al 21% del PIB, según la OCDE. El aumento del número de ocupados y de los salarios nominales ha elevado automáticamente la recaudación, incluso sin cambios significativos en los tipos impositivos. A ello se suma el efecto de la inflación, que incrementa las bases imponibles: al subir los precios, también aumenta la recaudación del IVA y, al crecer los salarios nominales, se eleva la tributación por IRPF, aunque el poder adquisitivo no mejore en la misma proporción.

Por último, parte del crecimiento reciente de la recaudación se explica por la retirada de medidas temporales adoptadas durante la crisis energética e inflacionaria, como las reducciones del IVA en electricidad o determinados productos básicos. Al revertirse estas rebajas, los ingresos fiscales han vuelto a sus niveles estructurales, contribuyendo también al aumento global de la recaudación.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, será recibida este viernes por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la sede nacional de la formación en Madrid. El encuentro se celebrará a partir de las 10.00 horas e incluirá posteriormente un acto con dirigentes populares y representantes de la comunidad venezolana en España.

La reunión, fijada en la sede de la calle Génova, abre la agenda política de Machado en la capital española, donde desplegará durante los próximos días una intensa ronda de contactos con responsables institucionales y líderes de distintos partidos. Media hora después del encuentro bilateral, ambos participarán en un acto conjunto que reunirá a cargos del PP y a ciudadanos venezolanos residentes en España.

Sintonía política y respaldo a la oposición venezolana

La cita entre Machado y Feijóo se inscribe en una relación consolidada entre el Partido Popular y la oposición venezolana, que el líder de la formación ha reivindicado de forma reiterada en los últimos años. Esa sintonía quedó patente el pasado mes de enero durante la cumbre del Partido Popular Europeo en Zagreb, donde el dirigente gallego defendió la “legitimidad electoral y moral” de los sectores opositores frente al Gobierno de Caracas.

El encuentro de este viernes en Madrid servirá así para escenificar ese respaldo en un momento en el que la dirigente venezolana intensifica su presencia internacional tras recibir el Premio Nobel de la Paz en 2025. La propia Machado ha situado su gira europea en la necesidad de recabar apoyos externos para impulsar un cambio político en su país.

Una agenda política amplia en Madrid

La visita de Machado a España no se limita al encuentro con el líder del PP. La opositora tiene previsto reunirse también con el presidente de Vox, Santiago Abascal, si bien no se han detallado las condiciones de ese encuentro, así como con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Asimismo, acudirá al Senado el próximo 20 de abril para mantener un encuentro con el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, en el marco de una agenda que combina contactos políticos, actos institucionales y reuniones con la diáspora venezolana.

Fue la propia Machado quien confirmó su presencia en España a través de un mensaje difundido esta semana, en el que invitó a los venezolanos residentes en el país a participar en un acto previsto para el día 18. Su viaje forma parte de una gira europea que ya la ha llevado a reunirse con distintos dirigentes en otros países del continente.

En paralelo, la dirigente ha descartado por el momento mantener un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En declaraciones recientes, ha justificado esta decisión al señalar que “en determinados momentos no conviene ciertas reuniones”, en función de los objetivos políticos que persigue en esta fase.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha reiterado que el Gobierno mantiene su disposición a recibirla si así lo solicita, recordando además los contactos habituales con distintos actores de la política venezolana.

La presencia de Machado en Madrid coincidirá además con una semana de intensa actividad diplomática en España, marcada por la celebración en Barcelona de la cumbre bilateral entre España y Brasil, encabezada por Pedro Sánchez y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lo que sitúa su visita en un contexto político e internacional especialmente activo.

La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, ha iniciado la tramitación del registro de objetores de conciencia al aborto, un proceso que el Ejecutivo autonómico justifica de forma reiterada como el cumplimiento de una obligación judicial. La administración regional ha publicado la memoria justificativa del proyecto de decreto en su portal de transparencia, donde insiste en que actúa por mandato de los tribunales.

La referencia a esa imposición aparece de forma expresa en distintos apartados del documento. En el epígrafe dedicado a los problemas que se pretenden solucionar, la Comunidad señala que el objetivo es “dar cumplimiento al Auto Nº 60/2026”, mediante el cual “queda obligada la Comunidad de Madrid a iniciar los trámites para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia”.

Esa misma formulación se repite en otros apartados clave de la memoria. En el de necesidad y oportunidad de la norma, el Ejecutivo vuelve a indicar que la medida responde a la obligación de “iniciar los trámites para la creación del Registro”, mientras que en el apartado de objetivos afirma que “el principal objetivo de esta Orden es dar cumplimiento” al citado auto judicial.

La insistencia se mantiene también en la justificación general del proyecto. El texto subraya que “la regulación prevista trae causa del cumplimiento de una medida cautelar acordada” por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, reforzando la idea de que el desarrollo del registro responde a ese mandato.

En este contexto, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha reiterado en diferentes ocasiones su rechazo a que la administración “señale” a los profesionales que opten por no participar en la realización de interrupciones voluntarias del embarazo. Para el Ejecutivo madrileño, el registro de objetores se trata de una “lista negra” que estigmatiza a aquellos facultativos que rechazan la interrupción del embarazo.

En ese apartado, la Comunidad de Madrid expone su posición sobre el sistema y plantea que “la alternativa son los procedimientos internos seguidos en la actualidad en los centros hospitalarios”, donde “se garantiza el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia y la prestación del aborto en los términos establecidos en la ley”.

Un registro derivado de la reforma legal

La creación de este registro deriva de la reforma de la ley del aborto aprobada en 2023, que establece la obligación de que todas las comunidades autónomas cuenten con un listado de profesionales sanitarios objetores de conciencia con fines organizativos.

Además, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó en diciembre de 2024 un protocolo común para su implantación en todas las administraciones sanitarias. Este acuerdo fija unas condiciones mínimas para garantizar su funcionamiento.

Ante la falta de desarrollo en algunas comunidades, entre ellas Madrid, el Ministerio de Sanidad recurrió a la vía judicial. El auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó la medida cautelar solicitada por la Abogacía del Estado y “obligó” a la región a iniciar los trámites.

En cumplimiento de esa resolución, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha ahora el procedimiento administrativo. El proyecto continúa en fase de consulta pública, en la que se podrán presentar aportaciones antes de su tramitación definitiva.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha salido a la ofensiva contra la regularización extraordinaria de migrantes que ha aprobado este martes el Gobierno, afirmando que la norma es “injusta”, “inhumana” e “insostenible”. Pero su ofensiva ya estuvo falta de pólvora porque la primera bala de su partido ya la disparó, de nuevo, la oposición alternativa de Sánchez, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Ayuso ha vuelto a pasar por encima de su jefe nacional llevando la iniciativa política y judicial. Cinco días antes de que Feijóo fijase posiciones con los grupos del PP en el Congreso y el Senado, la baronesa madrileña anunció en Pleno que presentaría un recurso contra la ILP porque, según denunció, provocaría el colapso de los servicios madrileños. Y este lunes mismo, un día antes del discurso de Feijóo, avanzó que presentaría un recurso ante el Tribunal Supremo para intentar su suspensión cautelar.

En su intervención, Feijóo criticó enérgicamente la norma, pero no anticipó movimientos judiciales por parte de su partido. Se refirió al impacto económico de la regularización e incluso se hizo eco de bulos afirmando que no se acredita fehacientemente la presencia de antecedentes penales, a pesar de que el Gobierno sí incluyó la obligatoriedad de presentar un certificado en el texto final.

Según ha explicado el Gobierno, a partir de este jueves 16 se podrán iniciar los trámites de forma telemática y, desde el día 20, de forma presencial. La autorización que se conceda permitirá residir y trabajar en todo el territorio nacional, tanto por cuenta propia como ajena y en cualquier sector. El permiso tendrá carácter temporal y una validez máxima de un año. Al término de ese periodo, quienes hayan accedido a esta regularización podrán solicitar alguno de los permisos ordinarios contemplados en el Reglamento de Extranjería.

Ayuso lideró la ofensiva de Adamuz, la ley de amnistía y la financiación autonómica

No es la primera vez que Ayuso mueve la primera ficha. Lo hizo anteriormente con la ley de amnistía, cuando la líder regional anunció un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y avanzó que los ejecutivos autonómicos del PP harían lo mismo, adelantándose así al anuncio que se esperaba de Alberto Núñez Feijóo.

También anunció, antes que Feijóo, su intención de recurrir por la vía judicial la reforma de la financiación autonómica que el Gobierno acordó con ERC al denunciar que “perjudica” a los madrileños, “prioriza a las comunidades con intereses independentistas” y reduce el “acceso equitativo a los servicios públicos”.

Y ya no solo se ha limitado al ámbito judicial. Ayuso ha tratado de liderar ofensivas del PP como, por ejemplo, sobre el accidente de Adamuz del pasado mes de febrero. Ayuso, mientras el PP nacional respetó el silencio institucional cuando las circunstancias eran totalmente desconocidas, Ayuso salió a la palestra para ser la primera en exigir responsabilidades políticas tras el accidente y propuso una misa encabezada por el Arzobismo de Madrid. Un día después, el PP pediría las comparecencias de Sánchez y Puente en el Congreso.

Ayuso también se anticipó una vez más a la dirección nacional del partido cuando llamó a Sánchez a rendir cuentas en la Asamblea de Madrid para explicar posibles tratamientos de favor en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) hacia Begoña Gómez, cuando el grupo parlamentario en el Senado aún no dio el paso de citar al presidente del Gobierno; lo hizo finalmente en mayo de 2024.

Sánchez rechazó su comparecencia en la Cámara madrileña, por lo que la sesión quedó inicialmente aplazada, a la espera de que el Consejo de Estado aclarase si está obligado o no a asistir. Finalmente, avaló la decisión de Presidencia, pero la primera bala ya había sido

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra el proceso de regularización extraordinaria de migrantes que entra en vigor este martes tras su aprobación en el Consejo de Ministros. En una intervención en el Congreso, el líder de la oposición ha criticado que el Gobierno no haya permitido el debate de la norma en el Congreso y ha acusado al Ejecutivo de “regalar papeles por el mero paso del tiempo” y de no calcular su impacto económico.

“Se está haciendo sin ningún tipo de previsión de coste. Sin que nadie haya explicado quién se hace cargo”, ha denunciado. Feijóo se ha referido al baile de cifras que existe sobre el rango de posibles beneficiados por la regularización automática: el Gobierno estima que afectará a 500.000 personas, mientras que los sindicatos policiales elevan el número a más de un millón.

También ha criticado que la ley sea “injusta” porque, según él, no se demuestra de manera fehaciente la ausencia de antecedentes penales de los solicitantes, a pesar de que el Gobierno acabó rectificando y eliminó la posibilidad de que los solicitantes la acrediten mediante una declaración responsable cuando no puedan hacerlo por otra vía. “España no puede convertirse en el país donde romper las normas sale más rentable que cumplirlas”, ha subrayado.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tomó la delantera de la ofensiva popular contra la ILP, avanzando que recurriría la norma porque produciría un “colapso” de los servicios madrileños. “Estoy en contra del abuso del sistema sanitario, estoy en contra del desorden y la ilegalidad, estoy en contra de regularizar sin control y encima a personas con antecedentes penales”, recalcó en la Asamblea de Madrid.

La respuesta del PSOE a la valoración de Feijóo ha llegado a través del portavoz del grupo en el Congreso, Patxi López, quien ha acusado al líder popular de “dar una lección magistral de bulos”. “La medida afecta a personas que ya están viviendo y trabajando aquí [...] Es una ley justa”, ha reivindicado.

Feijóo dice que trabajará para liberar España del “Orbán del sur”

Más allá de la regularización, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido al último auto del juez Peinado que procesa a la esposa del presidente del Gobierno por cuatro delitos (tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida). En este contexto, ha proclamado que no es “aceptable” tener “un presidente del Gobierno con su mujer imputada y procesada por delitos graves de corrupción sin que el presidente “dimita”, y ha cargado contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por sus “señalamientos” a los jueces que investigan al entorno de Sánchez.

El líder del PP ha intentado en todo momento hacer un paralelismo entre la situación a la que Viktor Orbán llevó a Hungría en sus 16 años de gobierno y la “degradación” que vive España desde que gobierna Sánchez. “Yo cumpliré con mi deber moral de denunciar la degradación a la que Sánchez está sometiendo a España y cumpliré con mi deber político de reconstruir todo lo que ha arrasado”, ha garantizado.

Feijóo ha asegurado que trabajará para liberar a los españoles del “Orbán del sur” -aunque en realidad es Vox quien comparte grupo con el partido húngaro en Europa-; y ha pedido a los grupos del PP en el Congreso y el Senado que “se preparen” para la recta final de la legislatura, en la que espera que venga “la traca final de la degradación”.

La oficina del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), ubicada en el barrio de Chamberí y única en la Comunidad destinada a expedir certificados sobre el historial de recargas de la tarjeta de transporte, ha agotado todas sus citas disponibles, ha informado la Cadena Ser. El sistema está saturado debido a que la inminente aprobación de la regularización extraordinaria de migrantes ha disparado la demanda de certificados de transporte de titularidad y de recargas.

Para muchos solicitantes que no pueden acceder al padrón, el historial de su tarjeta de transporte es una de las pocas vías oficiales para acreditar su entrada y estancia en el país. Y es que uno de los requisitos clave para que los migrantes accedan a la regularización que este martes prevé aprobar el Gobierno en el Consejo de Ministros es que acrediten al menos cinco meses de residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales.

Por el momento, la elevada demanda de citas en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha dejado sin disponibilidad a quienes necesitan este trámite. Algunas personas migrantes en situación irregular que se han acercado hasta esta oficina han relatado que, tras el anuncio del proceso de regularización, resultó imposible conseguir turno.

“Ayuso boicotea el proceso”

Ante la alta demanda, el PSOE ha reclamado al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que refuerce la atención en esta oficina. El grupo socialista planteará en la Asamblea de Madrid una propuesta para aumentar el número de oficinas habilitadas, sumar personal y permitir que el trámite pueda realizarse también de forma digital.

El PSOE atribuye el colapso de la oficina a la actitud del Gobierno regional, que prevé recurrir la regularización de migrantes ante los tribunales una vez se apruebe en el Consejo de Ministros. “Ayuso boicotea el proceso de regularización con trabas administrativas porque su modelo es otro”, denuncia Javier Guardiola, portavoz de la Ejecutiva del PSOE, según recoge la Cadena Ser. “Pone la alfombra roja a los multimillonarios del mundo para que vendan Madrid a cachos, mientras condena a la pobreza y la marginalidad a miles de vecinos”, ha añadido el político.

Por su parte, el Gobierno de Madrid afirma que el certificado de recarga es un trámite poco habitual y por eso solo se gestiona en una oficina. Considera que ampliar el servicio, como propone el PSOE, solo aumentaría la carga de trabajo y podría colapsar la atención en el resto de gestiones.

La ex vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha sido citada para el 16 de abril a comparecer en la comisión de investigación en el Senado que investiga sobre las anomalías en la SEPI, en plena precampaña a las elecciones andaluzas.

El Grupo del PP en el Senado, que tiene mayoría absoluta en la Cámara, ha acusado a Montero de ser la “directora de esa sucursal” y el “nexo corruptor entre todas las tramas de corrupción sanchista”.

Los populares rechazan que esto sea una maniobra para perjudicar la campaña electoral de Montero y defienden que el plan de trabajo de la comisión, planteado en febrero, ya contemplaba que el interrogatorio a la exministra de Hacienda fuese uno de los primeros. “En ese momento, en febrero, María Jesús Montero dijo que no habría ningún problema y que iría las veces que hiciera falta. Que no piense que por dejar el cargo se va a ir de rositas, no”, subrayan fuentes del PP.

En la comisión del Senado comparecerán este lunes 13 la presidenta de la SEPI, Belén Gualda; el vicepresidente, Bartolomé Lora, el miércoles 15; y el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández, que lo hará el jueves 16.

Los rescates a Plus Ultra y Air Europa y los “números rojos” de Correos

El grupo popular anunció que la investigación se centrará en cuestiones como la designación de Plus Ultra como empresa estratégica, el rescate a Air Europa, el rol del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, las cuentas de Correos, y las circunstancias en torno a una visita en 2020 de la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España. “No se si nunca antes una mujer había tenido tanto poder como ella; pero lo que sí sé es que nunca antes una vicepresidenta había estado tan rodeada de corruptos y de corrupción como Montero”, critica el PP.

La comisión parlamentaria coincide con el desarrollo de otra investigación similar —esta vez judicial— de la Audiencia Nacional, que tiene a la SEPI bajo la lupa de presuntos delitos asociados a fraude y blanqueo de capitales, y con la revisión del encaje legal del rescate a diversas compañías. El enfoque también está en las operaciones de Plus Ultra y en por qué se le consideró una “empresa estratégica”. Los investigadores están analizando la influencia política y el impacto que pudieron ejercer diferentes actores en las decisiones tomadas en años pasados, tanto del Estado como de fuera del país.

Noticia con información de agencias

Ferraz lleva semanas con la maquinaria electoral a pleno rendimiento para tratar de despertar al electorado absentista que tanto ha lastrado al partido en los comicios autonómicos. Pedro Sánchez espera que su crítica enérgica contra Donald Trump, que tanto peso internacional le está otorgando, también le dé rédito en clave nacional. Por contra, se espera que la condescendencia e incluso el vasallaje de cierto sector de la política, siguiendo esta tesis, podría penalizarlos electoralmente.

Sin embargo, la última encuesta de Ipsos para La Vanguardia, realizada entre el 23 de marzo y el 8 de abril, nos dice que la tónica dominante en otros países de Europa no llegaría a ser así en España. Al menos respecto a Vox, que ni siquiera la guerra interna desatada en la calle Bambú, entre Abascal y sus críticos, parece pasarle factura. Así, mientras el PSOE y PP descenderían ligeramente sus votos, la formación de Santiago Abascal conseguiría duplicar su resultado obtenido en 2023.

Y este resultado son malas noticias para la izquierda. Porque, pese al leve retroceso del partido de Feijóo en beneficio de Vox, ambas fuerzas sumarían una holgada mayoría absoluta si ahora se celebrasen elecciones: un total de 194 escaños, de los que 130 corresponderían al PP y 64 a Vox.

El PSOE se queda corto, pero la debacle es a su izquierda

Paralelamente, el hundimiento en la izquierda sería de dimensiones prácticamente inéditas. Según el sondeo de Ipsos, el PSOE cosecharía un 28,4% de los votos –tres puntos menos que en las últimas generales–, un resultado similar al del naufragio del 2011 y solo por encima del umbral de supervivencia del 2015 o el 2016. La estimación en escaños que le otorga a los socialistas es de 117 diputados, frente a los 121 que tienen actualmente. Pero sus opciones de gobernar se verían lastradas, esencialmente, por el desastre que se dibuja a su izquierda.

De no conseguirse la reconciliación entre Podemos y la coalición Sumar, el resultado que le da esta encuesta es de apenas siete escaños para los socios de coalición minoritarios e implicaría la desaparición de los de Ione Belarra.

Y en el caso de que finalmente cuajara, el cómputo de diputados podría elevarse a 17, pero sin capacidad de alterar la abrumadora mayoría absoluta conservadora. De hecho, según la encuesta, la desmovilización a la izquierda del PSOE se evidencia en el porcentaje de voto estimado para Sumar (5,8%), que contrasta con el 12,3% que obtuvo la candidatura de Yolanda Díaz en el 2023. Y si se añade la estimación de Podemos (1,8% del sufragio), la caída del conjunto de ambas fuerzas es de casi cinco puntos.

La fortaleza de Vox: la fidelidad de su votante

El dato que mejor explica el horizonte electoral de la encuesta es la radiografía sobre la fidelidad y los trasvases de voto. Como es sintómatico del resto de encuestas, Vox exhibe la mayor fidelidad electoral (con más de un 85% de sus votantes que repetirían el sufragio del 2023). A continuación, pero casi 15 puntos por debajo, se sitúa el PP, con una fidelidad del 71% y un 9% de indecisos.

Y más abajo aún, aparece el PSOE, cuyo índice de fidelidad es del 64%, aunque su tasa de indecisos alcanza al 11% de sus votantes de hace casi tres años. En cuanto a la izquierda alternativa, menos de la mitad de los votantes de Sumar repetirían ahora su voto y solo uno de cada diez optaría por Podemos.

La batalla catalana con Aliança Catalana de por medio

La encuesta de La Vanguardia también analiza la batalla particular por la hegemonía independentista entre Esquerra y Junts, aunque en esta ocasión el partido de Junqueras se impondría con más claridad, tanto en votos como en escaños. La proyección de las estimaciones daría ocho diputados a ERC (uno más que ahora) y cinco a Junts (dos menos que en el 2023).

El resultado de Esquerra podría tener un culpable, el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, quien se ha posicionado como el personaje político mejor valorado. Rufián cosecha una nota de 4,5 y aparece como el dirigente que se sitúa más cerca del aprobado. De hecho, obtiene mejor nota entre los votantes del PSOE que Salvador Illa o el propio Pedro Sánchez.

En medio de esta pugna, ha aparecido un nuevo contendiente, aupado por la ola nacional-populista que recorre Europa: Aliança Catalana. El grupo de Sílvia Orriols lograría irrumpir en la Cámara Baja con dos escaños y se nutriría de uno de cada diez votantes de Junts y de los nuevos electores.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado la política fiscal del Gobierno central y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de realizar la “mayor recaudación” de impuestos “a través del terror fiscal”. Para la dirigente autonómica, el contexto nacional se ha convertido en “un infierno fiscal”, especialmente para los trabajadores por cuenta propia. En una entrevista en la Cadena Cope, Ayuso ha asegurado que “en cuanto a una empresa le va medianamente bien, es sospechosa” y asegura que “siempre hay una nueva ocurrencia para evitar que prospere”.

Frente a las medidas del Ejecutivo socialista, la política ha defendido su gestión al frente de la Comunidad de Madrid, donde, según afirma, se han aplicado “más de 90 reducciones y rebajas fiscales” desde su llegada. Durante la entrevista, Ayuso se ha alineado con las propuestas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que prometió el pasado miércoles bajar impuestos si alcanza la presidencia del Gobierno. El dirigente de la formación azul afirmó que existe margen para reducir la carga impositiva y mejorar los servicios públicos, comprometiéndose a dimitir si en algún momento se vuelve a recaudar tanto como en el año actual.

El PP propone reducciones en el IVA y el IRPF

En un acto organizado por los populares, Feijóo propuso reducir al 5% el IVA para carne, pescado y conservas en caso de que la guerra en Irán continúe, bajar el IRPF en el primer año de la legislatura, bonificar este impuesto para jóvenes durante los primeros cuatro años, rebajar los gravámenes sobre la vivienda y establecer incentivos fiscales para fomentar la natalidad. También prometió acabar con lo que calificó como “el atraco a los autónomos”.

El líder del PP argumentó que comunidades como Andalucía y Madrid han demostrado que “bajar impuestos y mejorar los servicios públicos es posible”. También señaló que no se trata de una cuestión ideológica, sino de justicia, y criticó la política fiscal del Ejecutivo nacional, al que acusó de destinar recursos a “publicidad y propaganda”, mantener un elevado número de asesores y favorecer a determinados colectivos, mientras “la gente paga más y recibe menos”.

Hacienda llama “irresponsable” a Feijóo tras sus declaraciones

El Ministerio de Hacienda respondió a las críticas del Partido Popular sobre la supuesta “voracidad fiscal” del Ejecutivo, defendiendo que las reducciones fiscales recientes han significado un ahorro de 50.000 millones de euros para la clase media y trabajadora. Desde Hacienda, calificaron de “irresponsable” la actitud de Feijóo y vincularon al discurso de la extrema derecha las declaraciones del líder del PP. El ministerio sostiene que es falso que el Gobierno haya subido los impuestos más de cien veces, como afirma el PP, y que ese argumento no considera las rebajas aprobadas en los últimos años.

En cuanto a la presión fiscal, Hacienda señaló que en España está tres puntos por debajo de la media europea. Además, puso como ejemplo que un trabajador con salario mínimo interprofesional está ahora exento de IRPF, cuando durante el Gobierno del PP debía pagar más de 2.000 euros por este concepto. Igualmente, el Ministerio subraya que, bajo el mandato de Pedro Sánchez, las comunidades autónomas han recibido 47.500 millones más que en la etapa anterior, y cuestionó la gestión de esos fondos si, como denuncia el PP, los servicios públicos sufren deterioro.

La retención durante menos de una hora de un militar español por parte del Ejército israelí en el sur del Líbano ha desatado un agrio enfrentamiento político entre el Gobierno y el Partido Popular, no tanto por el fondo del incidente como por la forma en que ha sido valorado públicamente.

El episodio, ocurrido el pasado martes en el marco de la misión de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), ha escalado este jueves al primer plano del debate político tras las declaraciones de la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz.

Según la versión trasladada por el Ministerio de Defensa, el incidente se produjo cuando fuerzas israelíes bloquearon un convoy logístico de la FINUL que transportaba alimentos y suministros destinados al contingente indonesio desplegado en la zona. En el transcurso de esa intervención, varios efectivos fueron retenidos, entre ellos un militar de nacionalidad española.

La retención se prolongó durante “menos de una hora” y concluyó tras la “protesta más enérgica” cursada por España tanto ante Naciones Unidas como ante las autoridades israelíes. El propio comunicado de la FINUL confirmó el bloqueo del convoy, aunque sin detallar la nacionalidad de los soldados afectados.

Sin embargo, más allá de la brevedad temporal del incidente, la ministra Robles ha querido subrayar su gravedad. En declaraciones posteriores, detalló que los militares fueron objeto de “conductas agresivas” y de una “violencia evidente” por parte de un miembro del Ejército israelí, al que describió como “exaltado”, insistiendo en la necesidad de abordar lo sucedido con “prudencia” y “respeto”.

Ese llamamiento contrasta con las palabras de la portavoz popular. Preguntada por el asunto en rueda de prensa, Muñoz optó por no entrar a valorar la actuación de Israel alegando desconocer los motivos concretos de la retención. No obstante, sí se detuvo en su duración para introducir una comparación que ha marcado el tono del debate.

“La ministra dijo que durante una hora estuvo retenido un militar. No tengo más información de por qué estuvo retenido, me va a permitir que no diga qué nos parece. Sí sabemos que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida”, afirmó.

La réplica de Robles fue tajante. La ministra acusó a la dirigente del PP de incurrir en una “frivolidad” impropia de la responsabilidad política que ostenta y apeló al respeto debido tanto a los militares desplegados como a las misiones internacionales. “Por respeto, uno debería callarse”, zanjó.

Israel, Hezbolá y el tablero internacional

La cautela del PP a la hora de censurar la actuación israelí no se limita a este incidente concreto. En su comparecencia, Muñoz extendió esa misma línea argumental al conjunto de la situación en la región, marcada por la reciente escalada militar.

Ante los bombardeos sobre Beirut que han causado cientos de víctimas y la ruptura del alto el fuego impulsado con mediación internacional, la portavoz popular sostuvo que Israel no está atacando al Estado libanés como tal, sino actuando contra “un grupo terrorista financiado por Irán, Hezbolá”. “Llevamos tiempo pidiendo que se desescale la guerra”, afirmó.

Esa posición contrasta con la mantenida por la Comisión Europea, que ha condenado los ataques al considerar que constituyen “una escalada muy grave” y una amenaza para la población civil y la estabilidad regional. Bruselas ha reiterado la necesidad de respetar el derecho internacional humanitario y ha instado a todas las partes a implementar el alto el fuego.

España se ha alineado con esta postura a través de un comunicado conjunto con otros países europeos, en el que se hace un llamamiento explícito a la contención y al cumplimiento de los acuerdos, incluyendo el territorio libanés.

En paralelo, el Gobierno ha defendido la continuidad y utilidad de la misión de la FINUL, cuyo mandato expira en diciembre, subrayando su valor tanto operativo como simbólico. “Si no estuviera la FINUL, la situación sería mucho más grave”, ha advertido Robles, reivindicando el papel de Naciones Unidas como actor imprescindible en escenarios de alta tensión.

La OTAN como telón de fondo

El cruce político no se ha limitado al incidente en Líbano. En la misma comparecencia, Muñoz introdujo otro elemento de fricción al referirse a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una eventual salida de su país de la OTAN.

La dirigente popular expresó su inquietud ante esa posibilidad, subrayando que la Alianza Atlántica constituye un pilar esencial para la seguridad europea. “Europa necesita que la OTAN siga en pie. Es una cuestión de defensa nacional y territorial”, sostuvo.

Al mismo tiempo, trasladó al Gobierno la responsabilidad de evitar un deterioro de las relaciones transatlánticas. “No puedes generar conflictos que pueden dejarnos sin marcos de defensa”, advirtió en alusión a la política exterior del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Muñoz defendió que es posible mantener discrepancias con Washington sin tensionar el vínculo estratégico y puso como ejemplo a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. También respaldó la posición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien recientemente pidió “sensatez” frente a declaraciones de Trump sobre Irán.

Juanma Moreno aprueba y Pedro Sánchez suspende en Andalucía. El 59% de los andaluces cree que la gestión de la Juntaal frente de las inundaciones que dejaron pueblos anegados y miles de personas desalojadas de sus casas a principios de año fue “muy buena o buena”, el 25,6% que fue “regular” y solo un 12,8% que fue “mala o muy mala”. La positividad disminuye en la gestión nacional. En cuanto a la labor del Gobierno de España, solo el 33,6% considera que la gestión fue “muy buena o buena”, el 24,7% que fue “regular” y el 37,9% dice que fue “mala o muy mala”. Así lo recoge el estudio ‘Actitudes y demandas de los andaluces tras las inundaciones’, que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha elaborado a partir de 6.016 entrevistas realizadas entre el 12 y el 26 de marzo.

La opinión respecto a la gestión general es similar.

En la comparación global de estos cuatro años de mandato autonómico, el 40,2% de los encuestados califica positivamente la gestión del Gobierno de Andalucía, y un 32,9% la describe como regular. En el lado opuesto, el 25,8% cree que ha resultado “mala o muy mala”. Respecto al desempeño del Gobierno de Sánchez en ese mismo periodo, solo el 23,3% lo aprecia como “muy bueno o bueno”, un 26,1% lo sitúa en la categoría de “regular” y la mitad de los andaluces (un 49,6%) lo considera “malo o muy malo”. El CIS introduce estos datos en el marco de una consulta destinada a indagar en las demandas y las percepciones ciudadanas tras los episodios de inundaciones, pero también con un ojo puesto en las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

Los andaluces no creen que la región esté preparada para otra catástrofe

El 26,6% de la ciudadanía andaluza afirma haberse visto “muy o bastante afectada” por los recurrentes temporales e inundaciones de los últimos meses, mientras que el 71,8% reconoce impactos “poco o nada” relevantes en su vida diaria. La conexión de estos desastres con el cambio climático es señalada por el 66,3% de los participantes, en contraste con el 21,6% que asume que se trata de episodios aislados.

En lo relativo a la preparación de la Comunidad para afrontar fenómenos similares, el 60,8% de quienes han respondido a la encuesta considera que Andalucía está “poco o nada preparada” para hacerles frente. El 32% sí confía en el grado de preparación y un 3,9% se decanta por la opción “regular”. Además, un 48,4% de los encuestados valora como “muy o bastante adecuada” la coordinación entre ayuntamientos, Junta y Gobierno central, frente a un 43,2% que la considera insuficiente.

Juanma Moreno dobla en popularidad a Montero

De cara a futuras elecciones autonómicas, el estudio refleja la preferencia de un 40,9% por Juan Manuel Moreno como presidente, seguido a distancia por María Jesús Montero (17,5%), Antonio Maíllo (5,6%) y José Antonio García (5,5%). En cuanto a afinidades partidistas ante diversos problemas detectados en la Comunidad, un 25,2% declara que el Partido Popular mantiene posturas cercanas a sus preocupaciones, seguido del PSOE (21,4%), VOX (8,8%) y Adelante Andalucía (5,3%).

El liderazgo personal de Juan Manuel Moreno resulta ampliamente respaldado: el 47% lo considera el dirigente más dialogante, el 45,7% lo ve como el mejor preparado para gobernar y el 42,3% lo identifica como el más fiable.

En el caso de María Jesús Montero, que se quedaría como líder de la oposición según el estudio, mientras que el 21,3% percibe que cuenta con formación suficiente, el 18,3% la considera dialogante y el 16,5% le atribuye fiabilidad. Su notas no son tan buenas. De hecho, a la hora de detallar las cualidades necesarias en un presidente autonómico, el 46,4% estima que Moreno dispone de “capacidad de gestión y competencia”, y un 23,7% opina lo mismo sobre Montero. En relación a la visión estratégica, el 39,7% atribuye a Moreno “visión de futuro” y el 19% a Montero.

Los motivos que mueven la decisión de voto en unas elecciones autonómicas varían: el 44,2% escoge a un partido porque considera que es el que mejor representa sus ideas, el 32,8% se guía por la capacidad de gestión percibida y el 30,9% por la situación económica y social. Además, el 65% reconoce que en los siguientes comicios autonómicos priorizará asuntos propios de Andalucía para decidir el sentido de su voto, mientras que un 27,5% lo hará en función de temáticas de ámbito estatal.

La sanidad pública y la vivienda, al frente de las preocupaciones

La sanidad pública sigue ocupando el primer lugar entre los problemas que perciben los andaluces. El 38% apunta a la sanidad como la principal dificultad de la región, seguida de la vivienda (22,8%) y del desempleo (21,7%). Cuando se pregunta por el problema que más les afecta en el ámbito personal, la sanidad vuelve a encabezar las respuestas, con el 40,7%, seguida por la vivienda (17,2%) y las infraestructuras como tercer elemento, que preocupa al 16,4%. No obstante, para el grupo de 18 a 24 años, la vivienda representa su mayor preocupación individual, así lo manifiesta el 32,6%.

De cara a los desafíos prioritarios para el Ejecutivo autonómico en los próximos años, el 26,5% de los ciudadanos apuesta por la sanidad pública como el área en la que más urge avanzar, seguida de la prevención de riesgos y catástrofes (12,6%) y las infraestructuras (11,1%).

Las elecciones andaluzas se juegan con el telón de fondo de las negociaciones entre PP y Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León. A día de hoy, en ninguna de ellas se ha dado el mutuo ‘sí quiero’, algo preocupante en Extremadura, que disolvió la Asamblea el pasado mes de octubre y que debe llegar a un acuerdo antes del 4 de mayo. Las últimas elecciones autonómicas han puesto de relieve lo complicado que es conseguir mayorías absolutas y Juanma Moreno, que sí ostenta una mayoría del PP en esta comunidad y que tiene opciones reales de revalidarla, quiere aprovechar este “lío” para revalidar su resultado.

“Quiero recordar que en Extremadura llevamos medio año con la administración paralizada. Una parte de los votantes de Vox no entienden que les hayan votado para bloquear [...] Si se vuelven a convocar elecciones por la incapacidad de Vox, le va a penalizar en Andalucía”, ha afirmado Moreno en una entrevista para el Programa de Ana Rosa de Telecinco.

El dirigente andaluz admite que “va a estar muy ajustado”, aunque ve “probable” que su partido gane en las ocho circunscripciones. “Por 15.000 votos de un millón y medio puedo tener 57 escaños o 52”, ha apuntado. En este contexto, Moreno ha advertido a los andaluces que el 17 de mayo tendrán que elegir entre “seguir apostando por la estabilidad o meternos en el lío en el que están Extremadura, Castilla y León y Aragón”: “Espero que los andaluces sigan confiando en este proyecto tolerante y moderado”, ha añadido.

La campaña electoral empezará el 1 de mayo, pero los cuatro principales partidos que participan en la carrera ya han comenzado a fijar sus posiciones en Pascua. Vox volverá a hacer bandera de la lucha contra la inmigración, mientras que el PSOE tratará de fagocitar los votos de la izquierda poniendo el foco en la gestión de Moreno, especialmente sobre las listas de espera en la sanidad andaluza. Por su parte, la coalición Por Andalucía tratará de mostrarse como la opción alternativa a los socialistas en la izquierda.

Acusa a Vox de no ofrecer soluciones y recuerda que para gobernar “hay que desgastarse”

El PP de Moreno volverá a apostar por un discurso moderado, evitando entrar en el cuerpo a cuerpo con Vox en los asuntos donde los de Abascal se sienten cómodos, como sí han intentado Guardiola, Azcón o Mañueco. En este sentido, el barón popular ha acusado a los de Abascal de señalar a los problemas, pero no ofrecer soluciones. “Gobernar es arremangarse. Hay que desgastarse y yo no veo a Vox con esas actitudes”, ha afeado.

“Nosotros estamos a favor de una inmigración ordenada, pero es verdad también que en Andalucía es el cuarto problema. Ni la hostelería funcionaría, ni el campo funcionaría si no tuviéramos migrantes porque los españoles no queremos hacer esas labores. Ellos (Vox) no atienden a la realidad”, ha señalado.

Ha comenzado el juicio por el ‘caso Kitchen’ y las partes personadas han aprovechado para marcar sus estrategias en las cuestiones previas. Desde la acusación, el PSOE ha pedido que se investigue la “conexión política” en la causa, lo que implicaría directamente a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, mientras que las defensas de los acusados han sacado todo su arsenal para poner en duda la investigación que se llevó a cabo. Los magistrados tendrán que deliberar sobre estas peticiones.

Durante este primer paso en el litigio, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y las acusaciones ejercidas por la familia de José Luis Bárcenas y Podemos no han presentado ninguna cuestión previa. Si lo ha hecho el PSOE, que ha “interpuesto incidente de nulidad de auto de juicio oral” para que “se declare nulidad parcial a sobreseimientos de la conexión política”.

“En consecuencia procede dictar nueva resolución, que permita a esta acusación ejercer sus derechos en términos que no restringa sus actuaciones”, ha explicado la abogada del partido. Por último, han pedido que “se acuerde el llamamiento del PP como partícipe a título lucrativo o en su defecto como responsable civil subsidiario”.

Ha denunciado que “es sorprendente que se llame al Estado como responsable civil y no al PP, cuando son evidentes los daños que han causado todas las piezas previas, como la Gürtel”.

Las defensas cargan contra la instrucción

Por su parte, la estrategia de las defensas ha venido marcada por el primero de los comparecientes, el abogado del principal acusado, el ex ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, a la que se han adherido el resto de letrados. Sus peticiones han ido todas encaminadas a que se anule la causa, lo que podría acabar directamente con el juicio.

Su primera alegación ha venido con la competencia que tiene la Audiencia Nacional para enjuiciar estos hechos, defendiendo que la jurisprudencia la tendría que tener la Audiencia Provincial de Madrid. “Se investiga en esta Sala porque se hizo una conexión con la pieza Tándem [que investiga la red de corrupción del excomisario José Manuel Villarejo, que ofrecía servicios privados de espionaje] y esta mal denominada Kitchen, pero no tienen nada que ver”, ha explicado.

Según su versión, no existe esa “supuesta conexión”, por lo que los delitos no serían competencia de la Audiencia Nacional, lo que anularía el juicio, dilatando más el proceso. Ha ironizado con que la única conexión era el propio Villarejo y es como si se “hubiera encontrado droga en su casa y ahora se estuviera juzgando en la Audiencia Nacional”.

Su segunda línea de impugnación ha ido dirigida a la “inmotivada e injustificada dilación del secreto en esta causa”. Ha explicado que la investigación duró dos años y siete meses y estuvo en secreto dos años y seis meses. Por eso ha solicitado la “nulidad de todos los autos que sin ninguna motivación, inexistente, se acuerda el secreto de la causa”.

“Se ha producido un abuso del secreto, manifiesto y evidente, por lo que solicitamos que esta investigación prospectiva sea anulada”, ha añadido.

La legitimidad de los audios de Villarejo

El abogado del exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha añadido una nueva cuestión previa, enfocada en los audios de Villarejo, que son la base de toda la causa.

Para ello ha explicado que existen dos tipos de grabaciones: el primer grupo son los diez audios que dieron inicio a esta pieza, que fueron un hallazgo casual en la vivienda del excomisario; el segundo grupo corresponden a tres audios incorporados este mismo año, que recogen conversaciones entre Villarejo y Martínez.

Sobre estos tres últimos el abogado ha sido tajante al asegurar que “deben ser anulados por la Sala. No deben considerarse prueba lícita”. La primera razón, es que fueron incorporados después de que se presentaran los escritos de defensa.

Sin embargo, la más importante es la forma en la que acabaron en la causa. Fue el empresario Javier Pérez Dolset el que los entregó a la Policía. “Los agentes le preguntaron de dónde salían y Dolset respondió que algunos se los habían facilitado los medios y otros los había obtenido del Telegram de Alvise Pérez”, ha relatado el letrado.

“Ninguno de estos audios está en el material incautado de Villarejo, por lo que su origen es desconocido y no podemos autentificar el contenido”, ha denunciado.

Sobre los otros diez audios, el primer grupo como los ha descrito, considera que ha existido un problema formal, ya que no pudieron acceder a ellos hasta la fase de tramitación. A esto se suma que en cuanto tuvieron acceso, estaban “troceados” por los propios policías, sin tener la grabación completa, según el abogado.

“La causa la ha construido la Fiscalía”

La defensa de Villarejo ha introducido también el concepto de la “acusación sorpresiva”, argumentando que en la apertura de juicio oral se le impusieron muchos más delitos de los que se le imputaba en sus dos primeras comparecencias, lo que considera fuera de la legalidad.

El letrado del exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, ha ido más lejos y ha llegado a decir que la causa “la ha construido la Fiscalía, ya que nace de una denuncia supuestamente anónima, pero no es verdad, es un conocido por la Fiscalía. Venía de un tal David Rodríguez Vidal [informático del CNI]. Nace de vamos a montar una instrucción”.

Ha querido continuar describiendo que la Fiscalía actuó de forma “muy tosca y muy incisiva”, denunciando que el Ministerio Público habría “amenazado” a su defendido, razón por la que ha sido reprendido por la jueza de la Sala. “La Fiscalía puede tener sus fallos, pero no le voy a permitir esas descalificaciones”, ha incidido.

Han pasado ya ocho años desde que comenzó la investigación del conocido como ‘caso Kitchen’ y dos años desde que se abrió el juicio oral, pero no es hasta este lunes cuando comienza el juicio que sienta en el banquillo de los acusados a la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy por, presuntamente, haber espiado al extesorero del PP, José Luis Bárcenas.

El principal nombre entre los acusados es el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, a quien la Fiscalía sitúa en la cúspide de la presunta operación parapolicial. Junto a él será juzgado quien fuera su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, considerado una pieza clave en la supuesta coordinación del dispositivo. Ambos habrían participado, según las acusaciones, en el diseño y puesta en marcha de un operativo destinado a obtener información comprometedora de Bárcenas.

En el banquillo también se sentarán varios mandos policiales, entre ellos el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el ex director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, así como el comisario Andrés Gómez Gordo, a quienes se vincula con tareas de coordinación y ejecución del dispositivo.

También está acusado el policía Sergio Ríos, exchófer de Bárcenas, que habría actuado como confidente al servicio del operativo, proporcionando información a cambio de contraprestaciones económicas y laborales. Su papel es considerado central en la obtención de datos del entorno del extesorero.

El espionaje a José Luis Bárcenas

Los hechos que se van a juzgar en estos próximos meses en la Audiencia Nacional tuvieron lugar entre 2013 y 2025, cuando —siempre según la Fiscalía y las acusaciones— se puso en marcha desde el Ministerio del Interior un operativo clandestino, al margen de cualquier control judicial, para espiar a José Luis Bárcenas y apoderarse de documentación sensible relacionada con la financiación irregular del Partido Popular en el marco del caso Gürtel.

En concreto, la acusación sostiene que ese dispositivo, bautizado como operación Kitchen, habría tenido como objetivo localizar y sustraer pruebas comprometedoras que podían afectar a altos cargos del partido.

Según la investigación, el operativo se habría diseñado en 2013, cuando Bárcenas ya estaba en el foco judicial, y habría contado con la participación de la cúpula de Interior, encabezada por Jorge Fernández Díaz, y su secretario de Estado, Francisco Martínez. A ellos se les atribuye haber dado la orden política para activar un dispositivo que, presuntamente, fue ejecutado por mandos policiales como Eugenio Pino y el comisario José Manuel Villarejo, dentro de una estructura jerárquica que los investigadores describen como piramidal.

Uno de los elementos centrales del caso es la captación como confidente del chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, quien habría sido retribuido con fondos reservados, más de 50.000 euros según las actuaciones, y recompensado con un puesto en la Policía. A través de él, los agentes habrían accedido a información, documentos y dispositivos electrónicos del extesorero, incluyendo móviles y una tablet cuyo contenido habría sido copiado y entregado a los responsables del operativo.

La causa también pone el foco en el uso de recursos públicos para fines presuntamente ilícitos, ya que se habrían empleado fondos reservados del Estado y medios policiales para una operación orientada a obstaculizar investigaciones judiciales en curso. Entre los hechos que se analizan, figura incluso el intento de acceder a documentación guardada en el entorno familiar de Bárcenas, en un contexto en el que ya se investigaban los llamados “papeles de Bárcenas”, relativos a una supuesta contabilidad paralela del partido.

Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal

Dentro de esta trama han quedado fuera el resto de dirigentes políticos del PP que no se encontraban dentro del propio Ministerio del Interior. El juez instructor de la causa, Manuel García-Castellón, decidió no procesar a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ni a su marido pese a los indicios y a las grabaciones aportadas por el comisario José Manuel Villarejo, que apuntaban a contactos de ellos con mandos policiales implicados en el operativo.

En uno de estos audios se puede escuchar a la propia Cospedal hablando con Villarejo de la necesidad de que “lo de la libretita” —en referencia a la contabilidad manuscrita de Bárcenas— “sería mejor poderlo parar” y que había que “laminar” al extesorero para evitar que esas informaciones salieran a la luz, a lo que Villarejo supuestamente respondía que estaría “al loro”. El magistrado consideró que no había pruebas suficientes para acreditar su participación directa en la trama, una decisión que no contentó a todas las acusaciones.

Tampoco se sentará en el banquillo el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, cuya eventual implicación fue objeto de debate durante la investigación. Aunque diversas líneas de indagación trataban de esclarecer si la operación pudo tener un origen político más amplio, el instructor concluyó que no existían elementos sólidos para atribuirle responsabilidad penal. De este modo, el juicio se centrará exclusivamente en la cúpula de Interior y los mandos policiales procesados, dejando fuera la posible derivada política más amplia del caso.

Esto no quita que Cospedal y Rajoy hayan sido llamados a declarar como testigos en el juicio. Lo harán el próximo 23 de abril, a petición de la acusación que ejerce el partido Podemos en la causa. Ese mismo día también declarará el hijo del extesorero del PP, Willy Bárcenas -vocalista del grupo Taburete-, el 27 de marzo será el turno de la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el 11 de mayo del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Las penas que enfrentan los acusados

En cuanto a las penas que afrontan los acusados y los delitos por los que se les imputa, la Fiscalía Anticorrupción ha detallado en su escrito de acusación las calificaciones penales que pide para cada uno. Para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, la petición de condena es de 15 años de prisión y más de 30 años de inhabilitación, por delitos que incluyen encubrimiento, malversación de fondos públicos y contra la intimidad por presuntamente utilizar la estructura del Ministerio del Interior y fondos reservados para organizar y financiar la operación Kitchen.

El mismo paquete de penas también se solicita para el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino y el comisario Andrés Gómez Gordo, en cada caso por su papel en la ejecución del operativo clandestino, presunta organización criminal, revelación de secretos y malversación. Para el comisario jubilado José Manuel Villarejo, cuya actuación material como intermediario fue especialmente señalada, la Fiscalía eleva la pena solicitada hasta los 19 años de prisión.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal, retomaron el contacto tras las elecciones de Castilla y León para avanzar en las negociaciones de los gobiernos autonómicos en Extremadura, Aragón y la propia comunidad castellano y leonesa. El líder popular ha revelado que las delegaciones negociadoras se citaron el 25 de marzo en Mérida, según ha explicado en una entrevista con Servimedia.

Las conversaciones, que tuvieron lugar diez días después de los comicios, contaron con la presencia de Miguel Tellado, número dos del PP. Ambas partes acordaron además que sus equipos se reunirían “inmediatamente en Extremadura” para seguir avanzando en los contactos.

Aunque ha evitado revelar los detalles de su conversación con Abascal, Feijóo ha insistido en que los votantes del PP y de Vox han enviado “un mensaje claro”. “No podemos defraudar a la gente”, ha afirmado, subrayando que, a su juicio, la única alternativa viable tras los resultados pasa por la formación de gobiernos de centroderecha en las tres regiones.

Tras los comicios autonómicos, ambos líderes acordaron “seguir reuniéndose” para avanzar en las negociaciones de los ejecutivos regionales, en un contexto en el que han intensificado sus contactos. Esta voluntad de diálogo se mantiene pese a las recientes tensiones, después de que Vox lanzara su ataque contra Feijóo y la dirección del PP, a quienes acusó de prácticas desleales y de promover un “ataque brutal, calumnioso y miserable”.

En este escenario, Feijóo ha defendido la necesidad de acatar el mandato de las urnas: “Donde la gente manda, los políticos tenemos que obedecer. Y lo que nos han dicho es que haya un Gobierno del PP con apoyo de Vox”. El líder popular ha recalcado que el resultado es “inapelable”, con un PP reforzado, un PSOE en retroceso y Vox consolidado como tercera fuerza política.

“Los votantes no lo perdonarán”

“No creo que la gente pueda aceptar, ni nosotros podamos defraudarles, al no garantizar estabilidad en los gobiernos autonómicos. Para eso se convocan elecciones: para recibir un mandato y seguir gobernando, o para pasar a la oposición. Y en este caso, es para seguir gobernando”, ha señalado Feijóo.

Además, trasladó a Abascal la presión del electorado: “Si no hay acuerdo, los votantes no lo perdonarán, y harán bien”. El líder popular ha recordado que, tras el “peor resultado” histórico del PSOE y con la suma de la derecha en los parlamentos autonómicos, “la cosa está juzgada”.

“Una vez dictada la sentencia, hay que acatarla. Y la sentencia electoral en Castilla y León, Extremadura y Aragón es que haya gobiernos liderados por el PP, con apoyo en la intensidad que se considere oportuno por parte de Vox”, ha afirmado. “Nosotros, desde luego, planteamos así la situación y no nos levantaremos de la mesa hasta lograr estabilidad en las tres comunidades autónomas”, ha añadido.

Los límites en la negociación

En el transcurso de las negociaciones, los equipos del PP y de Vox están evaluando las propuestas del partido de Abascal en función de las posibilidades legales y presupuestarias de cada comunidad autónoma.

Algunas de las medidas planteadas por Vox exceden las competencias autonómicas, como “el fin” de Mercosur, del Pacto Verde Europeo o de los acuerdos alcanzados por PP y Vox en Bruselas. “Un presidente autonómico no puede adoptar decisiones que vayan en contra de la legislación española o europea”, ha advertido Feijóo.

La negociación que se encuentra más avanzada, o que el PP aspira a cerrar primero, es la de Extremadura. Aunque Feijóo aseguró desconocer los detalles concretos que bloquean el acuerdo, ha señalado que su equipo está “contrastando las medidas que propone Vox con las posibilidades reales, presupuestarias y legales” para comprobar si pueden encajar en los Presupuestos, en el marco competencial y en la legislación vigente.

Feijóo ha concluido que “la gente está muy cansada” y no quiere “problemas” ni “discusiones formales”, sino “soluciones” y debates “de fondo”. Por ello, ha insistido en que su prioridad es “garantizar la estabilidad y la aceptación del resultado de las urnas”, centrando su acción en “presentar un proyecto y una alternativa” y en hacer una política “distinta a la frivolidad de la política nacional”.

Un museo taurino al aire libre dentro del principal parque del municipio. Esto es lo que ha propuesto y aprobado el Ayuntamiento de Galapagar, liderado por el Partido Popular en coalición con Vox. Con este proyecto, valorado en cerca de 1,5 millones de euros y financiado mediante un préstamo a largo plazo, se pretende transformar el parque de El Toril en un espacio temático de más de 27.000 metros cuadrados, que combinará biodiversidad, patrimonio cultural y tradición taurina.

Y, dentro de toda la reforma, el elemento central será el “primer museo taurino al aire libre de Madrid”, según lo anuncia el Ayuntamiento en sus redes sociales, que contará con un recorrido con paneles informativos que se leerán mediante un QR, esculturas y espacios expositivos. Según la memoria del proyecto, la idea es explicar “la importancia del mundo taurino en Galapagar” y su papel en la historia local. Entre sus vecinos más conocidos figuran el torero José Tomás y el ganadero Victorino Martín.

Aunque la actuación no se limita a lo taurino. El diseño incluye también zonas dedicadas a la biodiversidad, un centro de interpretación de la naturaleza y un espacio etnográfico, con el objetivo de combinar cultura, medio ambiente y ocio en el mismo entorno. Desde el Ayuntamiento se defiende que esta transformación permitirá atraer visitantes y reforzar la identidad del municipio.

Financiación con deuda

Para la financiación, el Consistorio ha aprobado una modificación de crédito para habilitar una inversión de 1.499.120 euros, que se sufragará mediante un préstamo a largo plazo. El expediente justifica esta fórmula por tratarse de un gasto que “no puede demorarse” y para el que no existe suficiente dotación en el presupuesto municipal actual. En la práctica, esto supone que el Ayuntamiento recurrirá al endeudamiento para ejecutar la obra, una decisión que ha sido cuestionada por los grupos de la oposición.

Uno de los más críticos ha sido la coalición Por Galapagar, que ha lanzado una recogida de firmas en contra del proyecto. Su portavoz, la concejala Maribel Ramírez, confiesa a Infobae que, en su opinión, es un gasto desproporcionado: “Yo no digo que no haya que arreglar el parque de El Toril, que probablemente se deba arreglar, pero el gasto es una pasada”.

Además, en los reclamos de la oposición sostienen que el uso de un procedimiento de urgencia en la contratación ha reducido los plazos y podría haber limitado la concurrencia de empresas. Y, en la misma línea, denuncian que el proyecto responde más a una estrategia política que a una necesidad prioritaria del municipio, criticando también el aumento de la deuda municipal que implicará su ejecución.

El contrato también fue objeto de una denuncia ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública por parte de la oposición del Consistorio. Sin embargo, este órgano no llegó a analizar el fondo del asunto. El tribunal consideró que no era competente, al tratarse de un contrato de obras y con un importe inferior a los umbrales que permiten su intervención, fijados en este caso por debajo de los tres millones de euros.

Tala de seis pinos protegidos

El proyecto se presenta oficialmente como una actuación centrada en la mejora ambiental. El Ayuntamiento sostiene que permitirá incrementar la biodiversidad y crear un espacio más sostenible para los vecinos. No obstante, el propio documento técnico reconoce que el terreno actual presenta limitaciones importantes. Describe el suelo como degradado y con escasa capacidad para sostener vegetación, lo que obligará a crear un nuevo sustrato artificial para desarrollar las zonas verdes.

Entre las actuaciones previstas, el proyecto contempla intervenciones directas sobre el arbolado existente, incluyendo la tala de varios ejemplares. En concreto, la memoria recoge la propuesta de talar seis pinos protegidos por la normativa autonómica para permitir la ampliación de algunas instalaciones dentro del parque. La actuación obligará, según el propio documento, a reponer los árboles talados mediante nuevas plantaciones, según la antigüedad de los ejemplares eliminados.

Asimismo, se plantea la retirada de raíces y troncos cortados de ejemplares ya eliminados, y la elaboración de un inventario del arbolado con riesgo, junto con labores de poda en otros árboles para evitar daños durante las obras. Estas medidas se enmarcan dentro de la reconfiguración completa del espacio, pero afectan al impacto ambiental de la zona.

“Un museo taurino cuando la afición es minoritaria”

Aunque desde el Ayuntamiento han hecho público este proyecto desde sus redes sociales, describiéndolo como “una experiencia inmersiva que se vive, se aprende y se disfruta durante todo el año”, no ha sido muy bien recibido. En sus redes sociales, la publicación con el anuncio de esta reforma ha recibido numerosos comentarios negativos y quejas de los vecinos por destinar grandes partidas presupuestarias a este tipo de medidas.

Una de las usuarias comentó en la publicación que “es discutible dedicar un espacio tan grande y dinero público a un museo taurino cuando la afición es minoritaria y casi ajena a las generaciones más jóvenes”, y propone alternativas, como “hacer un proyecto para poner en valor algo que sí compartimos todos: la naturaleza, la flora y el entorno de nuestra localidad”.

Otro, por ejemplo, cree que “la limpieza de aceras, calles y zonas de basura, el mantenimiento de las calles de Galapagar requieren una atención ineludible de cara al verano”, y añade que “la tauromaquia implica una carga de violencia y sufrimiento animal que resulta inapropiada en estos tiempos”. “Qué vergüenza, con el pueblo tan bonito que tenemos lo estáis destrozando con vuestros caprichos”, denuncia después una vecina en los comentarios.

El 2 de abril de 2022, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, Alberto Núñez Feijóo se alzaba con la presidencia del Partido Popular con el respaldo incontestable del 98,35% de los votos de la militancia. “Vamos allá”, pronunciaba entonces al tomar la palabra, después de una ovación prolongada. Aquel congreso certificaba el intento de recomposición de una organización sacudida por una crisis sin precedentes en su historia reciente.

Feijóo llegaba como candidato único, avalado por su trayectoria al frente de la Xunta de Galicia, con cuatro mayorías absolutas consecutivas a sus espaldas, y por un perfil de gestor que el partido necesitaba exhibir tras semanas de implosión interna. La confrontación entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso había precipitado la caída de la anterior dirección y dejado al PP al borde de la fractura. En ese contexto, la figura del dirigente gallego fue interpretada por distintos sectores del partido como un elemento de consenso para encauzar la situación interna.

Reconstruir el partido, ordenar el liderazgo

La primera tarea fue doméstica. Antes de mirar hacia La Moncloa, el nuevo presidente tuvo que recomponer la casa. “Pacificar las aguas” no era una consigna retórica, sino una necesidad urgente en un partido atravesado por desconfianzas internas y tensiones territoriales. Feijóo abordó una reorganización de la estructura, integró sensibilidades y trató de proyectar una imagen de unidad que contrastara con el ruido de las semanas previas.

Ese proceso de reconstrucción se apoyó también en una redefinición del discurso. El PP de Feijóo quiso recuperar un tono de moderación institucional, apelando al votante de centro y presentando la gestión como uno de los ejes de su propuesta política. Era, en esencia, la traslación al ámbito nacional del modelo gallego que había sostenido su carrera.

Sin embargo, la política nacional imponía sus propias reglas. La necesidad de articular mayorías en distintos territorios obligó al Partido Popular a pactar con Vox en varias comunidades autónomas, introduciendo desde el inicio una tensión estructural entre el discurso de centralidad y la práctica de los acuerdos parlamentarios.

De la expectativa de gobierno al bloqueo parlamentario

Con el partido reordenado, Feijóo asumió el liderazgo de la oposición a Pedro Sánchez. Su estrategia combinó, en los primeros compases, una cierta contención institucional con una progresiva intensificación del tono, a medida que se consolidaba la confrontación política.

El momento decisivo de esta etapa llegó en las elecciones generales de julio de 2023. El Partido Popular logró la victoria en términos electorales, con un salto significativo en representación de 89 a 137 escaños, pero insuficiente para gobernar. La aritmética parlamentaria frustró la investidura de Feijóo y dejó al PP en una posición ambivalente: ganador en las urnas, pero incapaz de traducir ese resultado en poder ejecutivo.

Aquella secuencia dejó una huella duradera en el liderazgo del dirigente gallego. En su entorno se admite que hubo errores en la campaña, aunque se subraya también el impacto del retroceso de Vox en la imposibilidad de articular una mayoría alternativa. En todo caso, la expectativa de llegada a La Moncloa —que se daba por descontada en amplios sectores del partido— dio paso a una nueva fase de oposición.

Un ciclo electoral favorable

Pese al revés de la investidura, el Partido Popular ha consolidado su posición en el mapa político español durante estos cuatro años. La dirección de Génova defiende un balance electoral positivo: victoria en las municipales de 2023, crecimiento sostenido en el ámbito autonómico y triunfo en las elecciones europeas de 2024.

Ese avance se ha traducido en una ampliación del poder territorial, con la obtención de gobiernos en ayuntamientos y comunidades que anteriormente estaban en manos de otras formaciones, en muchos casos de izquierda. En paralelo, el PP ha logrado mantener sus principales bastiones, reforzando su presencia institucional en distintos niveles de la administración.

Entre la centralidad y el endurecimiento del discurso

Uno de los rasgos más destacados de la evolución de Feijóo al frente del PP ha sido el ajuste progresivo de su posicionamiento político. Si su llegada estuvo marcada por la reivindicación de la moderación, el paso del tiempo ha traído consigo un endurecimiento del tono y de algunas propuestas, en sintonía con un contexto político cada vez más polarizado.

Desde su entorno se insiste en que ese giro no supone una renuncia a la centralidad, sino una adaptación a las condiciones del tablero político: el auge de Vox, la presión del electorado de derechas y la confrontación con el Gobierno han empujado al líder popular a redefinir sus márgenes de actuación.

Esa tensión se ha manifestado también en su relación con otras fuerzas. Feijóo ha oscilado entre marcar distancias con Vox y mantener abiertas las vías de entendimiento cuando la gobernabilidad lo ha requerido, reflejando las contradicciones inherentes a la actual aritmética política.

Cuatro años de oposición y exposición pública

En el plano parlamentario, el líder del PP se ha situado como principal líder de la oposición, protagonizando debates de alta intensidad con el Ejecutivo y manteniendo una crítica constante a la gestión del Gobierno. Su discurso ha pivotado sobre cuestiones económicas, fiscales y de modelo territorial, al tiempo que ha impulsado movilizaciones contra algunas de las decisiones más controvertidas del Ejecutivo.

Su liderazgo no ha estado exento de episodios polémicos. Declaraciones controvertidas, lapsus y enfrentamientos políticos han alimentado su presencia mediática en una etapa marcada por la sobreexposición y la inmediatez del ciclo informativo.

Al mismo tiempo, Feijóo ha mantenido una estrategia de proximidad territorial, con campañas desplegadas sobre el terreno y una implicación directa en procesos electorales clave. Andalucía vuelve a perfilarse como un escenario simbólico, en continuidad con aquel primer examen que, en 2022, marcó el inicio de su etapa al frente del Partido Popular.

Vox ha elevado varios grados la confrontación con el Partido Popular al acusar directamente a su dirección nacional de orquestar una campaña política y mediática contra la formación. Lo hace en una carta a la militancia firmada por su secretario general, Ignacio Garriga, en la que denuncia un “ataque brutal, calumnioso y miserable” y señala con nombres y apellidos a Alberto Núñez Feijóo y su núcleo duro.

La misiva, difundida tras días de informaciones sobre tensiones internas, salidas de dirigentes y polémicas en torno a las cuentas del partido, no se limita a una defensa genérica. Vox construye un relato cerrado: su crecimiento electoral habría provocado una reacción coordinada para frenar su avance.

“Después de los extraordinarios resultados obtenidos […] ha llegado el ataque brutal, calumnioso y miserable que estamos sufriendo. No es extraño”, arranca el texto, que sitúa el origen de esa ofensiva en “muchos interesados, no solo en la política, en que Vox no continúe creciendo”.

“Clan gallego” y “prácticas de contrabandistas de ría”

El punto de mayor tensión llega cuando Garriga identifica de forma explícita a los responsables. “Todo este brutal ataque […] tiene un único origen”, sostiene, para añadir a continuación: “no es otro que la dirección actual del Partido Popular. En concreto, el señor Núñez Feijóo, su asesora, Mar Sánchez, y el secretario general de su partido, Miguel Tellado”.

La carta da un paso más allá en el tono al describir a ese entorno como “ese clan gallego con prácticas de contrabandistas de ría”, al que acusa de haber “contactado con arribistas y despechados para poner en marcha la maquinaria mediática contra el tercer partido de España”.

No es una expresión menor ni retórica: introduce un elemento de deslegitimación política directa en pleno proceso de negociación entre ambos partidos para la formación de gobiernos autonómicos. De hecho, Vox contrapone esta actuación con la etapa de Pablo Casado, de quien afirma que “ya lo intentó en su momento”, aunque —añade— “de una forma más honorable”.

La dureza del ataque convive, sin embargo, con un matiz relevante. Garriga distingue entre la dirección nacional del PP y sus dirigentes territoriales. “La mayoría de los ‘barones’ del PP no han contribuido al ataque mafioso”, afirma, y reconoce que con ellos “es posible llegar a acuerdos”, lo que mantiene abierta la puerta a pactos en comunidades como Extremadura o Aragón.

Defensa cerrada ante las acusaciones

La carta dedica buena parte de su contenido a desmontar las informaciones publicadas en los últimos días. Vox asegura que sus cuentas son “tan cristalinas que ni siquiera con todo el poder del aparato del sanchismo han conseguido montar ningún caso”.

En ese contexto, el texto enumera lo que califica como “auténticos disparates”: desde la afirmación de que el presidente del partido “se ha embolsado dos millones de euros de Disenso” hasta supuestos vínculos con el ‘caso Koldo’ o pagos “millonarios” a asesores. “Barbaridades y mentiras”, resume Garriga.

El dirigente atribuye parte de estas informaciones a antiguos miembros de Vox que abandonaron el partido “en los momentos más difíciles” y que ahora, con mejores expectativas electorales, reaparecen “con un desvergonzado ‘¿qué hay de lo mío?’”.

Frente a ello, reivindica los mecanismos internos de control: “Las únicas irregularidades […] han sido descubiertas gracias a nuestros mecanismos” y sus responsables “han sido expulsados y denunciados”. Y anuncia una respuesta judicial: el partido, asegura, “ya está poniendo las correspondientes demandas y querellas”.

El objetivo sería silenciar a Vox

Más allá de la defensa, la carta articula una tesis política sobre el sentido de la ofensiva. “Los objetivos […] no son otros que conseguir que Vox tenga que defenderse de las mil insidias”, escribe Garriga, “y no pueda seguir lanzando su mensaje”.

Ese mensaje incluye, según detalla, cuestiones como “la vivienda inaccesible”, “la sanidad colapsada”, “los impuestos abusivos” o “la corrupción que arruina y mata”. Y, de forma destacada, la inmigración, definida en el texto como “invasión migratoria” que “también arruina y mata”.

La conclusión operativa es un llamamiento a la militancia: “Salgamos a la calle y a las redes”, pide Garriga, instando a evitar “el debate fangoso de corruptos y embusteros” y a centrarse en la acción política.

El PP rebaja el choque

Desde el Partido Popular, la respuesta ha sido contenida y medida. Fuentes de la dirección nacional consultadas por Artículo 14 han evitado entrar en el cuerpo a cuerpo y han optado por rebajar la tensión: “Dos no pelean si uno no quiere, y nosotros no queremos”.

Los populares rechazan estar detrás de ese supuesto “ataque” y marcan distancias con la estrategia de Vox. “No responderemos a los ataques ni amplificaremos sus líos”, aseguran, insistiendo en que su adversario político es el Gobierno de Pedro Sánchez.

Al mismo tiempo, en Génova interpretan la carta como un movimiento interno para cohesionar al partido en un momento de presión, aunque evitan trasladar esa crítica en términos directos que puedan dinamitar las negociaciones autonómicas.

El Tribunal Supremo se prepara para iniciar el juicio correspondiente al conocido caso 'Mascarillas', que analiza procedimientos para la adquisición de material sanitario en plena emergencia sanitaria. En este contexto, la comparecencia prevista de Francisca Muñoz Cano ante la comisión de investigación en el Senado genera atención pública y política por su coincidencia temporal con el proceso judicial. Según informó Europa Press, la comparecencia de Muñoz Cano está agendada para este lunes en el marco de la llamada 'comisión Koldo'.

De acuerdo con fuentes del Partido Popular citadas por Europa Press, Francisca Muñoz Cano, esposa de Santos Cerdán —quien desempeñó el cargo de exsecretario de Organización del PSOE—, acudirá el lunes a las 16:00 horas ante el grupo de trabajo parlamentario que investiga la gestión de contratos durante la pandemia. El mismo lunes, pero en la mañana, está previsto que el presidente ejecutivo y fundador de Forestalia, Fernando Samper Rivas, también asista al Senado para declarar ante la comisión relacionada con el caso.

La investigación parlamentaria, conocida como 'comisión Koldo', trabaja para esclarecer los mecanismos seguidos en la contratación de suministros sanitarios durante la crisis pandémica. Tal como publicó Europa Press, las pesquisas apuntan a determinar si se produjeron irregularidades en los procesos de adquisición, así como identificar posibles responsabilidades políticas o administrativas. La comparecencia de Muñoz Cano busca aportar información sobre el rol de distintos actores en la gestión de los contratos.

Las diligencias judiciales que se ponen en marcha en el Tribunal Supremo están relacionadas con la adquisición de artículos como mascarillas y otros insumos médicos durante la etapa más crítica de la pandemia. Según detalló Europa Press, el caso examina posibles delitos asociados al procedimiento de contratación pública y su impacto en la gestión de la crisis sanitaria.

El proceso de investigación desarrollado en la cámara alta ha incluido la citación de diversas personalidades y representantes de empresas, con el objetivo de recabar testimonios y documentos que permitan contextualizar los hechos. La presencia conjunta de Muñoz Cano y Samper Rivas marca un día relevante dentro de la investigación parlamentaria, ya que ambos participan en calidad de comparecientes en una fase clave del proceso, coincidiendo con la apertura del juicio por el caso 'Mascarillas'.

Santos Cerdán, mencionado en la información publicada por Europa Press como esposo de Muñoz Cano, ocupó durante la emergencia sanitaria un puesto destacado en la dirección del PSOE, lo que otorga especial interés al desarrollo de las comparecencias relacionadas con figuras cercanas al entorno político. Las fuentes populares citadas por Europa Press han confirmado la convocatoria y explican que se trata de un procedimiento habitual en el trabajo de la comisión Koldo.

El caso que examina el Tribunal Supremo se originó en denuncias sobre posibles anomalías en la contratación de material sanitario que puso en marcha varias administraciones durante el periodo más agudo de la emergencia por la pandemia. Los investigadores parlamentarios y judiciales buscan aclarar la responsabilidad de los distintos actores implicados en la compra de insumos, con especial énfasis en garantizar la transparencia en el uso de fondos públicos.

En la sesión programada para el lunes, los senadores podrán formular preguntas a Francisca Muñoz Cano y a Fernando Samper Rivas, intentando esclarecer las dudas surgidas en torno al proceso de contratación. El enfoque está puesto tanto en la determinación de responsabilidades individuales como en la revisión de los procedimientos internos de contratación seguidos durante la emergencia sanitaria, según ha destacado el medio Europa Press en su reporte sobre las convocatorias.

La simultaneidad de las audiencias en el Senado y el arranque del juicio en el Tribunal Supremo evidencia la multiplicidad de investigaciones abiertas sobre la adquisición de material sanitario. Europa Press contextualizó el caso recordando que el interés público se ha centrado en la búsqueda de explicaciones y en asegurar que los recursos empleados en la pandemia se utilizaran conforme a los principios establecidos de legalidad y transparencia.

A lo largo de las últimas semanas, la comisión del Senado ha oído a numerosos comparecientes, entre responsables políticos, representantes empresariales y funcionarios, en un intento de reconstruir la cadena de decisiones tomadas durante la urgencia sanitaria. La sesión del lunes, con la presencia de Muñoz Cano y Samper Rivas, representa un nuevo capítulo de las diligencias parlamentarias, en paralelo a lo que sucede en la máxima instancia judicial.

La decisión de formar una ponencia conjunta de diputados y senadores destinada a examinar cómo podría afectar una eventual regularización extraordinaria de migrantes sobre la seguridad nacional generó críticas desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Según consignó Europa Press, Elma Saiz, ministra y portavoz del Gobierno, expresó su desacuerdo respecto a la postura tomada por el Partido Popular (PP) y Vox en este tema, subrayando que representa un cambio drástico en la trayectoria política del PP sobre cuestiones migratorias, especialmente después de haber respaldado en el pasado una iniciativa legislativa popular vinculada a la regularización de personas migrantes.

De acuerdo con Europa Press, Elma Saiz atribuyó a ambas formaciones políticas intenciones de exclusión con la propuesta de alejar los centros de menores extranjeros no acompañados del entorno urbano en la Comunidad Valenciana. Saiz calificó este planteamiento como un intento de “apartheid”, indicando que “pactar para que los centros de menores de niños y niñas no acompañados se lleven lo más lejos posibles de nuestra realidad tiene un nombre, se llama apartheid”. Estas declaraciones fueron realizadas en una entrevista concedida a Radio Nacional de España (RNE).

El planteamiento, impulsado por Vox y que prevé recibir el apoyo del PP en las Cortes Valencianas, busca cambiar la ubicación de los centros en los que residen menores extranjeros no acompañados, alejándolos de las ciudades. La portavoz gubernamental contextualizó esta propuesta en el marco de las conversaciones y pactos entre PP y Vox para la conformación de gobiernos autonómicos, señalando que determinadas condiciones están siendo impuestas en dichas negociaciones.

Elma Saiz hizo hincapié, según detalló Europa Press, en la “absoluta incoherencia” del Partido Popular en relación a la política migratoria. La ministra recordó que el PP brindó respaldo un año atrás a una iniciativa legislativa popular que, según explicó, constituye el primer paso para que el Gobierno adopte una respuesta social mediante la regularización de personas migrantes. Sobre esto, Saiz señaló que “es un giro absoluto” respecto al posicionamiento anterior de los populares.

Saiz también reprochó al PP la supeditación de sus políticas a las exigencias de Vox, sosteniendo que “el PP está supeditado a los acuerdos que le está marcando la ultraderecha”. Añadió su rechazo a la vinculación propuesta por el PP entre la regularización extraordinaria de migrantes y el terrorismo, postura que calificó de injustificada.

El análisis de la ministra incluyó una crítica al enfoque que promueve el PP de realizar la regularización de migrantes “caso por caso”, al mismo tiempo que plantea la eliminación de la figura del arraigo, mecanismo que, según resaltó, es el que permite al Gobierno evaluar individualmente las situaciones de migrantes para determinar su regularización. Según declaró Saiz, esta petición refleja “desconocimiento” por parte de los populares sobre el funcionamiento del sistema vigente, puesto que el propio Gobierno ya regula estos procesos de modo personalizado a través del arraigo.

Europa Press reportó que Saiz enmarcó sus declaraciones en la preocupación por el rumbo de la política migratoria en la Comunidad Valenciana si se aprueban iniciativas como la impulsada por Vox y apoyada por el PP, que buscan apartar a menores migrantes no acompañados del entorno urbano. La ministra expresó que este tipo de medidas no encajan con la integración social ni con el enfoque humanitario que, según defendió, debería guiar toda política pública dirigida a menores.

Además, la ministra situó el actual debate en el contexto de las tensiones y condicionantes que rodean la formación de nuevos gobiernos autonómicos, haciendo referencia a los acuerdos pendientes entre PP y Vox y las exigencias que ello implica en materia de políticas migratorias. Recalcó que este giro en la política del Partido Popular vulnera el consenso previo existente en torno a la necesidad de dar una respuesta social a los procesos migratorios.

Para finalizar, la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destacó la contradicción entre lo que el PP solicita y lo que el sistema actual ya contempla, e insistió en que el estudio de cada caso es precisamente la función que cumple la figura del arraigo. Saiz pidió consecuentemente coherencia y conocimiento preciso en la formulación de propuestas que afectan tanto a menores extranjeros no acompañados como a la totalidad de la política migratoria nacional.

Elma Saiz mencionó la ampliación de dos oficinas comerciales en Estados Unidos como parte de la estrategia para reforzar los lazos económicos entre España y ese país, subrayando la importancia de las inversiones mutuas y de la actividad empresarial bilateral. Tras exponer estos datos, la portavoz del Gobierno reiteró la naturaleza firme y habitual de las relaciones diplomáticas entre Madrid y Washington, rechazando recientes afirmaciones sobre posibles tensiones y defendiendo la coherencia de la política exterior oficial. Según publicó Europa Press, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también solicitó al Partido Popular (PP) que clarifique su posición respecto a la guerra en Irán y deje de recurrir a planteamientos superficiales en asuntos internacionales.

Durante una entrevista en "Las mañanas de RNE", como recogió Europa Press, Saiz criticó el enfoque adoptado por la oposición frente a desafíos globales. Instó al PP, como principal grupo opositor, a abandonar lo que denominó “política del chascarrillo” y a adoptar una perspectiva más profunda y calmada al analizar el panorama internacional. Saiz sostuvo que no resulta útil reaccionar con mensajes inmediatos en redes sociales o comentarios ligeros, planteando que la situación global requiere mayor responsabilidad en el discurso público.

La portavoz del Gobierno reaccionó a las declaraciones hechas por Ester Muñoz, representante del PP en el Congreso, quien acusó al presidente Pedro Sánchez de provocar una “crisis diplomática” con Donald Trump como consecuencia de sus recientes declaraciones. Saiz defendió la postura mantenida por el Ejecutivo, alegando que las decisiones se han tomado en línea con los compromisos internacionales y que España ha mantenido coherencia en su posicionamiento internacional. La ministra aseguró que el país cumple sus obligaciones como miembro de la OTAN y mantiene el estatus de socio fiable en el marco de la organización.

En relación con los comentarios del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que criticó que Madrid impida el acceso de Estados Unidos a las bases militares de Rota y Morón, mientras los estadounidenses se consideran “obligados” a defender a España, Saiz respondió que respetar el derecho internacional y la soberanía no supone una contradicción con la lealtad hacia los compromisos de la OTAN. Según destacó Europa Press, la ministra insistió en la independencia de la política exterior española y defendió el equilibrio entre el cumplimiento del derecho internacional y el mantenimiento de relaciones estratégicas sólidas.

La portavoz también abordó el estado de las relaciones económicas con Estados Unidos, apoyándose en las palabras del ministro de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, al recordar la próxima apertura de dos nuevas oficinas comerciales en territorio estadounidense. Esta medida forma parte de un marco de inversiones en ambos sentidos, y Saiz subrayó la relevancia de las empresas estadounidenses en el tejido empresarial español. El medio Europa Press reportó que la ministra defendió la normalidad y el dinamismo en las interacciones comerciales, financieras y gubernamentales entre ambas naciones.

En el ámbito de la política interna, Saiz dedicó atención al problema de la vivienda, identificando esta cuestión como el tema que mayor inquietud genera entre la ciudadanía y entre los miembros del Ejecutivo. Manifestó la intención del Gobierno de mantener en vigencia el decreto para prorrogar los alquileres, e invitó a las fuerzas políticas a respaldar la medida para evitar incrementos superiores al 2% en los precios. Según consignó Europa Press, la ministra reconoció que solucionar la crisis habitacional requiere múltiples acciones coordinadas y no admiten recetas inmediatas.

Saiz identificó la colaboración entre los diversos niveles administrativos como un método necesario para garantizar la aplicación efectiva de la Ley de Vivienda. Apuntó a que algunas autonomías habrían mostrado reticencia al cumplimiento normativo, lo que, según sus palabras, repercute negativamente en el bienestar colectivo. La portavoz reivindicó el objetivo de proteger a los ciudadanos y llamó a la unidad de todas las administraciones, desde el nivel local hasta el autonómico.

En relación con la situación parlamentaria, abordó la reciente ausencia de los ministros de Sumar en el Consejo de Ministros, que se produjo el 20 de marzo debido a desacuerdos en materia de política habitacional. Saiz señaló el resultado final, es decir, la aprobación del real decreto que permite la prórroga de los alquileres, como muestra de que el objetivo común prevalece sobre las diferencias puntuales dentro del Ejecutivo. Europa Press recogió su valoración de que, pese a los desencuentros, lo relevante radica en la continuidad de las medidas de protección.

Respecto a la perspectiva política de cara a las próximas elecciones a la Junta de Andalucía, previstas para el 17 de mayo, así como las recientes encuestas desfavorables para la candidata socialista María Jesús Montero y los resultados negativos en regiones como Extremadura, Aragón y Castilla y León, Saiz manifestó que el Partido Socialista Obrero Español mantiene su vocación de partido de gobierno. Según las declaraciones reproducidas por Europa Press, la ministra afirmó que el PSOE continuará trabajando para trasladar sus propuestas de política pública y orientarlas hacia la transformación de la sociedad. Reconoció que no alcanzar el gobierno en una región representa un balance insatisfactorio, aunque afirmó la disposición del partido para seguir buscando el cumplimiento de sus objetivos programáticos.

Elma Saiz reiteró a lo largo de la entrevista la necesidad de priorizar los análisis profundos y responsables en el abordaje de temas tanto nacionales como internacionales. Planteó que el espíritu de colaboración institucional y la preservación de las alianzas internacionales constituyen factores clave en el desarrollo de la política de gobierno. Europa Press reflejó su llamado a todas las fuerzas políticas para participar activamente en la resolución de cuestiones urgentes, como la vivienda, y dejar de lado los debates superficiales sobre el escenario internacional.

El jefe de la unidad de bomberos forestales de Alzira, Alberto Pardo Raso, envío un mensaje de audio unos días antes de declarar en la causa de la DANA a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, en el que, además de tranquilizarla con que iba a decir la verdad, realizó unos comentarios que apuntan a una responsabilidad por encima de la ahora imputada, dejando caer que hubo “unos jefes” que le “cortaron las alas” durante la catástrofe ocurrida el pasado 29 de octubre de 2024 que dejó 230 muertes en la Comunidad de Valencia.

“Nada, Salomé, estate tranquila, porque al final sigo diciendo, que al final, para mí hiciste hasta donde podías, hasta donde te dejaron, porque al final tanto tú como nosotros, nosotros teníamos nuestros jefes por encima, que entre ellos una de nuestros jefes eras tú y tú tienes a tus jefes por encima que al final, si te van cortando las alas”, le indicó en el mensaje, enviado en marzo de este año y que ha sido validado por el secretario judicial.

Aunque se trata solamente de una conversación, es importante remarcar que durante el día de la DANA, cuando Pradas era consellera, los únicos superiores que tenía se encontraban en la presidencia de la Generalitat, siendo el máximo representante en ese momento Carlos Mazón. Estas palabras chocarían completamente con la versión que llevan defendiendo desde el inicio de la investigación judicial, en la que el expresident no habría influido en ninguna de la toma de decisiones que se llevaron a lo largo de ese día.

“Hicimos creo que mas de lo que nos pertenecía”

“O sea que una barbaridad, pero es lo que hay, al final, lamentablemente las cabezas visibles de alto cargo que en este aso erais vosotros sois los que mas perjudicados vais a salir de todo esto. Que siempre lo he dicho, y siempre lo diré, que a mí nadie me va a decir lo que hiciste, por lo menos hasta donde yo estuve, todo lo demás se ha ido sabiendo. Si a ti te van cortando las alas pues no lo sé. Mentir o no mentir, pues no lo sé. Porque al final todas las vías telefónicas, todos los WhatsApp, todo al final se desvaría mucho entonces no lo sé”, continúa en el mismo audio.

En otro audio enviado tan solo unos minutos antes, el jefe de bomberos indicaba a Pradas que no se tenía que preocupar por la declaración que él iba a llevar a cabo ese mismo mes. “Yo sé lo que hablamos tú y yo cuando fuimos, sé la información que vi, creo que nosotros hasta última hora estuvimos trabajando codo con codo con el consorcio”, le indicaba.

“Hicimos creo que mas de lo que nos pertenecía pero al final estamos trabajando en emergencias y cuando pasan estas catástrofes, pues creo que ahí se ve la gente profesional, que tira para adelante sin mirar atrás”, continuaba.

Aquí ya le dice directamente que “no te preocupes, que yo se lo que hablaste en el coche y no voy a decir nada que no sea. Si me preguntan por ti o cualquier cosa, si escuché alguna información, sigo manteniendo que tu movilizaste todo lo habido y por haber, desde mi coche, prácticamente, no sé con quien estabas hablando, eso si, pero que movilizaste a todo el mundo”.

También le indica a Pradas que sabe que la UME ya estaba movilizada cuanto montó en su coche, sobre las 15:00 del 29 de octubre de 2024, porque fueron “palabras textuales” de la exconsellera con alguien con quién estaba hablando en ese momento. “Pero vamos, que ya te dije en su día que si algún día tuviese que ir a declarar, no tendría ningún problema porque al final se trata de que se sepa la verdad, que cada uno tenga la responsabilidad que tenga y santas pascuas”, concluía.

La intervención del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, incluyó el anuncio de un futuro paquete de medidas dirigido a afrontar el impacto inflacionario ocasionado por la guerra en Irán y Oriente Próximo, así como la atención a la crisis migratoria y la asistencia a víctimas de violencia machista. Estas propuestas fueron presentadas en el marco del Debate de Política General de 2026, que este martes reanuda su segunda sesión, según informó el medio.

El Consell de Mallorca retomará a las 10:00 horas la jornada parlamentaria, en la que se prevén intervenciones de los portavoces insulares sobre cuestiones relacionadas con vivienda, infraestructuras, servicios sociales y la respuesta institucional ante crisis internacionales, tal como detalló el medio. De acuerdo con la organización establecida, los grupos de la oposición abrirán el turno de palabra, siguiendo un orden de mayor a menor representación, seguidos por los partidos que respaldan al gobierno insular, que intervendrán en sentido inverso. Tanto los partidos opositores como los oficialistas tendrán un tiempo límite de 30 minutos para exponer sus argumentos.

Una vez finalizadas estas exposiciones, el presidente Llorenç Galmés contará con una intervención sin límite de tiempo, configurando el eje central de la respuesta gubernamental en el debate. Posteriormente, los grupos parlamentarios podrán ejercer su derecho de réplica, con un máximo de 15 minutos por formación. Galmés cerrará la sesión con una alocución de duración indefinida, según publicó el medio.

Durante la sesión previa, que marcó el inicio del debate este lunes, el presidente insular formalizó el traspaso de un solar al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) para la construcción de 323 viviendas de protección pública situadas junto al Velòdrom Illes Balears de Palma. A esto se sumó el anuncio del inicio de las obras del primer tramo del segundo cinturón de Palma antes de la mitad de 2027, con una inversión proyectada en 78 millones de euros, reportó el medio.

Junto a los anuncios en materia de vivienda e infraestructuras, Galmés se refirió a la implementación de diversas iniciativas sociales, incluyendo la atención a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales y el fortalecimiento de recursos para víctimas de violencia de género, además del desarrollo de políticas frente a desafíos como la crisis migratoria y los efectos de los conflictos internacionales en la economía local, según consignó el medio.

Las reacciones de las fuerzas de oposición no se hicieron esperar y criticaron el discurso presidencial, calificándolo como una intervención “vacía” y señalando la presencia de “anuncios repetidos” procedentes de años anteriores, indicó la información recogida por el medio. Por su parte, representantes del Partido Popular (PP) y Vox subrayaron la “estabilidad” alcanzada por el ejecutivo insular, con Galmés destacando el pacto entre ambas formaciones como un ejemplo a nivel nacional.

El desarrollo del Debate de Política General contempla, además, que la oposición utilice su espacio para cuestionar la gestión y los compromisos del Ejecutivo en los ámbitos priorizados de esta legislatura, y para proponer alternativas ante los retos expuestos. Los partidos en el gobierno, por su parte, según publicó el medio, defenderán los acuerdos alcanzados en materia de vivienda, infraestructuras, servicios sociales y respuesta ante crisis externas, justificando la viabilidad y temporalidad de las medidas anunciadas.

El Debate de Política General del Consell de Mallorca representa uno de los principales espacios de discusión parlamentaria sobre el estado de la administración insular y permite a todos los grupos expresar su posicionamiento respecto a los lineamientos impulsados por el Ejecutivo y anunciados durante la anterior sesión por Llorenç Galmés, de acuerdo con lo que reportó el medio.

Los ejes temáticos sobre los que giran las intervenciones comprenden la política de vivienda, con la cesión de terrenos públicos para vivienda protegida; la ejecución de grandes proyectos de infraestructuras, como el nuevo tramo de la circunvalación de Palma; y la planificación de recursos asistenciales a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. Además, la actual coyuntura internacional, marcada por la inestabilidad en Oriente Próximo, la guerra en Irán y sus consecuencias económicas y sociales en Mallorca, concentra parte del análisis parlamentario, según detalló el medio.

El presidente Galmés remarcó, según los registros oficiales, la importancia de la colaboración institucional y del pacto PP-Vox, que el gobierno insular presenta como un modelo de funcionamiento estable de cara al resto del territorio nacional, según consignó el medio en su cobertura de la sesión.

A la espera de la segunda jornada del debate, tanto la oposición como los partidos que apoyan al gobierno ultiman sus aportaciones para abordar los asuntos priorizados. Está previsto que las respuestas y réplicas giren en torno a la ejecución de los compromisos adquiridos y los retos que afronta Mallorca en una fase marcada por la presión internacional y la situación socioeconómica derivada de la inflación y la migración, según lo publicado por el medio.

La toma de postura sobre el impacto en el sector primario y las críticas a la introducción provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur han ocupado el centro del debate, con la portavoz de Vox, Leticia Díaz, advirtiendo que si se permite la aplicación del tratado antes del dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), podrían cerrarse explotaciones ganaderas en localidades como Soba o Valderredible de forma irreversible. Este cuestionamiento se dirigió específicamente a la petición de Vox de que el Parlamento cántabro promueva un referéndum consultivo sobre el acuerdo, además de suspender cualquier avance mientras el TJUE no se pronuncie. La propuesta, sin embargo, no prosperó en el Pleno, ya que tanto el Partido Popular (PP) como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) votaron en contra, postura que, según reportó el medio, refuerza el respaldo de la mayoría de la Cámara al pacto con Mercosur, bajo el argumento de sus potenciales beneficios económicos y la urgencia de reformas en el sector agrario.

De acuerdo con la información consignada por los medios, la iniciativa parlamentaria impulsada por Vox buscaba detener la aplicación pasajera del tratado entre la Unión Europea y los países sudamericanos integrantes de Mercosur. El texto presentado argumentaba la necesidad de que la ciudadanía se pronuncie mediante referéndum y expresaba preocupaciones sobre las repercusiones de permitir la entrada de productos agropecuarios de estos países en condiciones que podrían perjudicar a los productores locales. Leticia Díaz insistió en que el sector agrario español ya enfrenta dificultades graves por el aumento de los costes y la escasez de relevo generacional, lo que a su juicio agravaría la situación si se suma la competencia externa promovida por el acuerdo. También señaló el uso de "fitosanitarios u hormonas que aquí son ilegales" en los productos importados y denunció la “hipocresía climática” que supone exigir a los productores europeos normas ambientales mientras se acepta mercancía de países que han realizado talas masivas.

Durante el debate en la Cámara, el Partido Popular argumentó que el acuerdo con Mercosur puede traer ventajas relevantes como la eliminación de aranceles, el crecimiento en el comercio exterior y la posible creación de más de 22.000 empleos. El portavoz popular, Juan José Alonso, declaró que el verdadero desafío para el sector agrícola no proviene del pacto con Mercosur, sino de las políticas gubernamentales y la desconfianza generada por el Ejecutivo nacional. Defendió la importancia de que se incorporen controles y condiciones de reciprocidad en la aplicación del acuerdo, subrayando que con la “protección y con controles”, el tratado puede fortalecer al sector agrario en vez de debilitarlo. Para el PP, las mejoras introducidas y la supervisión garantizan una evolución positiva para el campo.

El Partido Socialista, según detallaron los medios, sostuvo una postura similar al PP sobre la oportunidad que representa el tratado, rememorando el proceso de adaptación que experimentó el sector lácteo español tras la entrada a la Comunidad Económica Europea hace cuatro décadas. Joaquín Gómez, diputado socialista, subrayó que en aquel entonces los ganaderos españoles afrontaron el reto de igualarse a la competencia europea y, con el tiempo, lograron una posición destacada. Añadió que el reto presente reside más en el envejecimiento del sector y la dificultad para atraer a nuevas generaciones que en el acuerdo comercial en sí. A su entender, la situación de los precios de la leche y la carne en Cantabria se encuentra en niveles óptimos.

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) fue la única formación que respaldó la iniciativa de Vox, pese a admitir que existen puntos a favor del acuerdo con Mercosur. El portavoz regionalista, Pedro Hernando, expresó preocupación por el “desequilibrio” generado, ya que mientras algunos sectores económicos obtienen beneficios, el agrario asume costes desproporcionados. En su intervención ante el Parlamento, Hernando alertó sobre la inmediatez e irreversibilidad de los efectos en el sector primario, y cuestionó que se recurra a la aplicación provisional del tratado en tanto persisten dudas y no existe una resolución definitiva del Parlamento Europeo ni del TJUE. Tanto Vox como el PRC recalcaron que dicha provisionalidad contó con el respaldo de populares y socialistas europeos, a pesar de que representantes de estos grupos acudieron recientemente a manifestaciones de ganaderos donde expresaron reservas sobre Mercosur.

El debate coincidió con una concentración de ganaderos en Meruelo que protestaban por el descenso del precio de la leche. Los argumentos expresados por Vox en la sesión parlamentaria hicieron referencia a esta coyuntura, alertando que la entrada en vigor del acuerdo comercial podría suponer un agravante estructural para el sector ante la pérdida de explotaciones y el agravamiento de la crisis de relevo generacional. La portavoz de Vox enfatizó que “introducir ahora la competencia de Mercosur es darle el tiro de gracia” al campo cántabro. El grupo defendió, en palabras de Leticia Díaz, que “si el acuerdo se está revisando en el TJUE, lo prudente y lo legal es esperar”.

Por otro lado, tanto el PP como el PSOE rechazaron las acusaciones de falta de protección al sector primario y mostraron conformidad con la estrategia de adaptar y modernizar la agricultura y ganadería regionales frente a los retos comerciales globales. El diputado popular Juan José Alonso argumentó que la campaña de rechazo al acuerdo es “demagógica y populista”, porque “no explican a los ganaderos de Cantabria qué sería de nuestro sector primario si rompemos con Europa como pretenden”. Del lado socialista, Gómez defendió la adaptación como clave para no quedar fuera del mercado y valoró la capacidad del sector para transformar los retos en oportunidades desde el acceso de España a la comunidad europea.

La votación final dejó en minoría a Vox y PRC, consolidando el respaldo mayoritario en el Parlamento cántabro al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur con las condiciones añadidas de protección y supervisión. Durante la sesión, desde la oposición se denunció también la falta de coherencia de populares y socialistas, señalando que muchos de sus miembros acudieron a protestas agrarias, pero luego apoyaron medidas en instancias europeas. Leticia Díaz de Vox resaltó esta paradoja señalando que “la verdadera foto se produce hoy votando”.

La resolución parlamentaria refleja las profundas divisiones sobre los retos del sector primario frente a los acuerdos internacionales de comercio, y marca la posición de la mayoría de la Cámara favorable a avanzar con el tratado de Mercosur bajo mecanismos de control y revisión. Según publicó el medio, la discusión parlamentaria se produjo en un contexto de elevada tensión en el sector primario, tanto por el encarecimiento de insumos y la ausencia de relevo generacional como por el temor ante la progresiva apertura a productos importados bajo normas diferentes a las europeas.

La fecha límite para registrar coaliciones de partidos ante las elecciones andaluzas se acerca, con el plazo fijado para el viernes 3 de abril, mientras los actores políticos implicados en la izquierda alternativa mantienen abiertas conversaciones en diversos niveles para explorar la posibilidad de concurrir juntos. Según publicó Europa Press, Podemos ha reiterado su disposición a alcanzar un acuerdo con Izquierda Unida y la coalición Por Andalucía para desplazar al Partido Popular del Gobierno andaluz y propiciar un cambio de rumbo en las políticas de la Junta.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, afirmó en rueda de prensa desde Madrid que tanto la dirección estatal del partido como su candidato autonómico, Juan Antonio Delgado, y la dirección andaluza respaldan la disposición a pactar con Antonio Maíllo, líder de IU y candidato de Por Andalucía. Fernández señaló: "Refrendamos y respaldamos absolutamente la posición de nuestro candidato Juan Antonio Delgado y de la dirección andaluza que ya han expresado la total mano tendida a Maíllo y 'Por Andalucía' para llegar a un acuerdo que permita desalojar a Moreno Bonilla de la Junta". El directivo subrayó que esta postura responde a la demanda de amplios sectores sociales que solicitan la unidad de la izquierda para frenar las políticas actuales del PP en la región.

De acuerdo con lo consignado por Europa Press, el dirigente detalló que la dirección andaluza de Podemos gestiona los contactos para negociar un posible acuerdo, al tratarse de una competencia vinculada a los acuerdos territoriales, pero recalcó que la estructura a nivel nacional brinda pleno respaldo a la iniciativa. "Desde la dirección estatal, todo el respaldo, todo el apoyo y compartimos plenamente esa mano tendida a Maíllo en 'Por Andalucía' para poder llegar a ese acuerdo", enfatizó Fernández, quien manifestó la expectativa de que estos últimos días de plazo sirvan para avanzar en la negociación.

Europa Press reportó que las posiciones sobre la viabilidad de una candidatura conjunta difieren dentro de las formaciones implicadas, aunque existe consenso en que las opciones continuaban abiertas. Algunas fuentes de los partidos indicaban que las posibilidades de una alianza seguían siendo "muy difíciles", mientras otras reconocían que los diálogos se mantenían, aun sin considerar estas conversaciones como negociaciones formales. Fernández remarcó que muchas personas están solicitando que se alcance el acuerdo y que la formación andaluza está actuando al respecto con el objetivo de poner fin a lo que describió como políticas de saqueo, privatización y deterioro de los servicios públicos, impulsadas por el Partido Popular en Andalucía.

Durante el encuentro con los medios, Fernández evitó detallar condiciones previas para el entendimiento con Izquierda Unida y Por Andalucía, e insistió en que la voluntad de acuerdo es absoluta y abierta. "Si decimos que mano tendida a un acuerdo a Antonio Maíllo en 'Por Andalucía', creo que queda muy claro que el marco es 'Por Andalucía'. Estamos esperando la respuesta", afirmó, según recogió Europa Press, incidiendo en que no se han exigido requisitos para la convergencia.

Por su parte, Antonio Maíllo, líder de Izquierda Unida y cabeza de lista de Por Andalucía, expresó en días anteriores, de acuerdo con Europa Press, que la continuidad de Podemos en la coalición depende únicamente de la voluntad del propio partido y que la agrupación parlamentaria autonómica puede mantenerse si nadie decide abandonarla. "Esto tiene una fácil solución: con que no se vaya nadie, seguimos adelante", declaró Maíllo en un acto en Granada, donde también indicó que no había que dramatizar la permanencia o ausencia de Podemos en Por Andalucía.

El medio Europa Press documentó que, en semanas previas, episodios similares de división electoral entre fuerzas de la izquierda han tenido lugar, como en los recientes procesos en Aragón y Castilla y León, lo que aumenta la presión sobre los dirigentes para evitar la fragmentación del voto en Andalucía. En este contexto, la izquierda alternativa encara días decisivos para definir si concurrirán al proceso electoral como bloques diferenciados o en una plataforma común que aspire a alcanzar un mayor respaldo parlamentario.

La dirección de Podemos, según reiteró Pablo Fernández, considera fundamental la conformación de un frente político fuerte que les permita desplazar al presidente Juanma Moreno y revertir las políticas del actual gobierno autonómico. Fernández sostuvo que la urgencia de este cambio reside en los efectos de las decisiones tomadas por el Partido Popular en la gestión de los servicios públicos y los recursos de la comunidad, motivo por el que insisten en el llamamiento a otras fuerzas progresistas.

La atención permanece centrada en los próximos días, período en que los distintos agentes involucrados deberán decidir si se logra un acuerdo que supere las diferencias vividas en ciclos electorales recientes y posibilite una candidatura unitaria, tal como han hecho pública su aspiración desde la cúpula de Podemos. Europa Press especificó que, hasta el momento, los contactos y conversaciones continúan, con la expectativa de una respuesta definitiva de Izquierda Unida y Por Andalucía antes de que se venza el plazo legal de presentación de coaliciones.

“Han transcurrido más de siete meses desde que se levantó el secreto y las partes no han solicitado ninguna diligencia ni aportado prueba o documentación alguna”. Es una de las quejas que muestra en uno de sus últimos escritos la fiscal Anticorrupción, Carmen María García Cerdá, sobre el caso Montoro. Y es que la instrucción —que investiga las presuntas reformas legislativas realizadas desde el Ministerio de Hacienda para que empresas gasísticas recibieran beneficios fiscales a cambio de pagos millonarios al despacho de abogados de Cristóbal Montoro, Equipo Económico— sigue desde junio de 2025, cuando se levantó el secreto, en una situación de bloqueo en la que es cada vez más difícil avanzar.

Aunque la investigación en sí es de alta complejidad (estuvo en secreto desde 2018), los obstáculos que dificultan su avance son permanentes, entre un bombardeo constante de recursos presentados por las defensas, ahora centrados en poner en entredicho la declaración de secreto durante tantos años, y los problemas que están surgiendo con varios documentos aportados por diferentes entidades.

Sobre los recursos de los investigados, el Ministerio Fiscal ha emitido una respuesta el pasado 16 de marzo, a la que ha tenido acceso Infobae y en la que destacan “lo llamativo de las argumentaciones utilizadas en algunos casos”. “Es claramente apreciable que, en esta causa, además, vistas las actuaciones de los investigados en estos momentos, el secreto ha conseguido evitar esas manipulaciones que parece se están utilizando ahora, levantado el secreto, por las partes”, señala la fiscal. A su juicio, las defensas estarían intentando frenar la investigación mediante la interposición de recursos “masivos”, solicitando nulidades por indefensión sin concretarlas o impugnando actuaciones clave del proceso.

Los investigados aún no declaran

También critica que algunas de estas peticiones buscan cerrar la investigación o se oponen a la prórroga de la instrucción, pese a que aún no se ha tomado declaración a los investigados, quienes han solicitado aplazamientos para poder examinar la causa.

“Fíjese la Sala que casa mal el argumentar la causación de indefensión con la oposición a la prórroga de la Instrucción, que permitirá a las partes declarar cuantas veces tengan por conveniente, asistir a las declaraciones de testigos, proponer prueba, etc.”, agrega, en un intento más de demostrar cómo estos recursos tienen el supuesto objetivo de dilatar todo el proceso, porque el juzgado tiene la obligación de responderlos para no caer en la indefensión que ellos mismos alegan.

Sin embargo, para el Ministerio Público, la situación es clara y “no se ha privado a las partes de ningún medio de defensa”, a lo que se añade una crítica directa a estas defensas: “Los recurrentes no son capaces de señalar qué indefensión les ha producido la declaración de secreto, teniendo en cuenta que, aunque el secreto ha durado mucho tiempo, todas las partes están pudiendo proponer desde que se ha alzado el mismo las diligencias que tengan por conveniente”.

“Los recurrentes contestados en este escrito, al igual que otros que también han impugnado los autos de secreto, no han concretado qué diligencias habrían pedido, que el secreto les haya impedido su práctica”, finaliza de forma contundente.

Información “incompleta” aportada por los bancos

A este muro de contención creado por los propios imputados, se suma una serie de problemas con los documentos que se van aportando a cuentagotas en la causa. Esta semana pasada, el 25 de marzo, el juez instructor emitía un auto, al que ha tenido acceso este periódico, y en el que, basándose en un informe de la Agencia Tributaria, indica que “se pone de manifiesto la existencia de una serie de deficiencias en la información bancaria recibida, de manera que ésta se muestra incompleta, de ahí que solicite la emisión de una serie de mandamientos, con el objeto de completar la información recibida”.

Son unos datos, concretamente “información relevante respecto a cuentas pertenecientes a los investigados“, que fueron solicitados el 1 de junio de 2023, pero que ahora tienen que volver a ser solicitados ante esta problemática. ”A tal efecto, damos por reproducidos los argumentos expuestos en anteriores resoluciones, en cuanto a la necesidad de acceder a la información solicitada, y su relevancia para el curso de las actuaciones”, añade el instructor.

De hecho, el propio auto deja claro que “realmente se trata de una diligencia ya acordada y cumplimentada”, pero que, aun así, la información disponible no permitía completar el examen, ya que “la información remitida por algunas entidades bancarias resultó insuficiente”. Es decir, los investigadores trabajaron inicialmente con un mapa incompleto de las cuentas, lo que ha obligado a reabrir esta línea de investigación y ampliar los requerimientos.

En el mismo escrito destaca que, al empezar a completar esos datos, han aflorado indicios relevantes, como “una fragmentación de los pagos y un diferimiento de los mismos”, así como ingresos en distintas cuentas y transferencias a “exsocios y familiares” que no encajan con los porcentajes de participación, lo que refuerza esta necesidad de rehacer y profundizar en el análisis financiero, pero que se va a alargar más en el tiempo.

“Ciertos archivos no pueden reproducirse”

En paralelo, el juez ha escrito otro auto sobre un problema adicional que ha surgido con otra de las peticiones, esta vez al Ministerio de Hacienda. El 16 de diciembre de 2021, “se acordó librar varios mandamientos, entre otros organismos, a la Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para que facilitasen copia del contenido de diversas cuentas de correo corporativo”.

El 26 de enero de este año, la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada pidió a los Mossos d’Esquadra que presentaran en el juzgado “la relación de documentos y notas adjuntas, por tratarse de un formato HTML que remiten a un servidor interno del Ministerio de Hacienda, y no pueden visionarse”. El requerimiento judicial también se amplió al Ministerio de Hacienda.

El magistrado, como en el otro auto, vuelve a remarcar que “realmente se trata de una diligencia ya acordada y cumplimentada si bien, al parecer, ciertos archivos no pueden reproducirse, ya que remiten a un servidor interno del Ministerio de Hacienda, por lo que se hace necesario remitir nuevo requerimiento a fin de que aporte el contenido de tales archivos”.

Agentes de emergencia han tenido que colaborar en las labores de inspección del polígono del Tarajal en Ceuta, tras detectarse que partes de la infraestructura subterránea permanecen anegadas y solo pueden accederse con apoyo logístico especializado. La Policía Nacional localizó un segundo túnel clandestino, que habría sido empleado para sortear los controles de la frontera con Marruecos y facilitar el traslado de droga, según detalló El País.

La investigación, según publicó El País, se desplegó como parte de una macrooperación antidroga coordinada entre Ceuta, Andalucía y Galicia, en la que han participado más de 250 efectivos. El dispositivo derivó en decenas de detenciones, incluidas 20 en la ciudad autónoma. Las personas bajo investigación en Ceuta han sido trasladadas a instalaciones policiales durante las primeras horas del domingo, donde permanecen a la espera de las decisiones judiciales. El medio El País agregó que los registros domiciliarios se multiplicaron a lo largo de los territorios intervenidos y que la Policía Nacional, a través de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), continúa investigando el alcance del sistema subterráneo localizado el sábado.

Este segundo túnel fue hallado junto a otro localizado en febrero de 2025 en el mismo polígono industrial. De acuerdo con El País, la primera infraestructura del tipo fue descubierta entonces por la Guardia Civil durante la Operación Hades, una acción que supuso el desmantelamiento de una red de narcotráfico y que incluyó la detención de dos agentes de la Guardia Civil y del diputado en la Asamblea local por MDyC, Mohamed Ali Duas. Aquella instalación contaba con una profundidad de unos 12 metros y ya evidenciaba la existencia de conexiones clandestinas con Marruecos para el transporte ilegal de estupefacientes.

En cuanto al funcionamiento de la red recientemente desarticulada, El País subrayó que la organización facilitaba supuestos flujos constantes de hachís desde Marruecos hacia múltiples destinos en España y Francia. La nueva infraestructura permitía eludir los sistemas de vigilancia fronterizos mediante un paso subterráneo, que actualmente sigue siendo objeto de inspección por parte de las autoridades, junto con los servicios de bomberos, para determinar su extensión y características.

Las pesquisas parten de una investigación iniciada hace más de un año, que ya había permitido la incautación de un alijo relevante de sustancias ilícitas en fases previas, de acuerdo con información recabada por El País. La Jefatura Superior de Policía continúa sin difundir datos oficiales sobre el operativo, al encontrarse la intervención en desarrollo.

Las reacciones políticas no se han hecho esperar tras la localización del nuevo túnel. Vox Ceuta emitió un comunicado este domingo en el que aseguró que la aparición de estas infraestructuras “no es un episodio aislado” y afirmó que la situación “evidencia un problema estructural derivado de la falta de control en la zona y voluntad política para intervenir por parte de quienes han gestionado las instituciones durante décadas”. Según consignó El País, el presidente de Vox Ceuta, Juan Sergio Redondo, argumentó: “No es cuestión de intuición, es cuestión de valentía. De atreverse a señalar lo evidente cuando otros han preferido callar, mirar hacia otro lado o directamente negar la realidad”.

En el comunicado al que hace referencia El País, la formación atribuye la responsabilidad al Partido Popular y al Partido Socialista, afirmando: “El bipartidismo no solo no ha solucionado el problema, sino que ha contribuido a cronificarlo mediante la inacción y la falta de determinación”.

Mientras tanto, los trabajos continúan en el polígono del Tarajal, donde siguen las actividades de análisis del túnel y se mantiene la vigilancia sobre la evolución judicial y policial de los detenidos. El registro exhaustivo de la infraestructura busca determinar el grado de sofisticación alcanzado por las redes que operaban en la zona y esclarecer la posible existencia de más pasos ocultos que faciliten el contrabando de drogas y la evasión de controles fronterizos.

El operativo ha marcado la segunda localización de un narcotúnel en la misma área industrial de Ceuta en menos de un año, dejando patente un patrón en el uso de estas estructuras para el tráfico internacional de estupefacientes. El País reportó que la continuidad del caso y la actuación de las fuerzas de seguridad apuntan a la existencia de una problemática ligada tanto a la capacidad logística de las organizaciones criminales como a la permeabilidad de la frontera entre España y Marruecos en este enclave estratégico. Al cierre de esta edición, la operación policial y las tareas periciales seguían abiertas.

La existencia de un protocolo general frente al acoso sexual dentro de la Administración General del Estado, aprobado en marzo de 2024, no contempla los casos en los que los autores de los comportamientos sean internos del sistema penitenciario. El Partido Popular, según detalló el medio fuente, sostiene que esta laguna normativa transmite una situación de “desprotección institucional” hacia las trabajadoras de las cárceles en España y, como consecuencia, fomenta que se produzcan menos denuncias y se incremente la doble victimización.

De acuerdo con lo publicado, el PP presentó una proposición no de ley en el Congreso con el objetivo de que se endurezcan los protocolos actuales frente a conductas de violencia sexual, acoso y agresiones sufridas por funcionarias de prisiones. Según consignó el medio, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo reclama, además, que se sancionen específicamente actos como el exhibicionismo o las demandas de relaciones sexuales, conductas a las que se enfrentan de forma cotidiana muchas trabajadoras del personal penitenciario.

El documento registrado por el PP, previsto para debatirse en la Comisión de Interior, expone que las empleadas de los centros de reclusión soportan a diario comportamientos como exhibicionismo, comentarios y amenazas con connotaciones sexuales, tocamientos, intimidaciones e inclusive agresiones físicas. El partido remarcó que, ante estos episodios, las herramientas administrativas existentes no resultan suficientes en el caso de que la persona responsable sea un interno, informó la fuente.

La iniciativa parlamentaria plantea que la conducta de la administración, considerada “tardía, insuficiente o inexistente”, constituye también una forma de violencia institucional incompatible con los postulados de un Estado social y democrático de derecho. En este sentido, el PP defiende que las cárceles no deben convertirse en espacios donde se vulneren los derechos fundamentales de seguridad, integridad e igualdad de las mujeres que allí trabajan, reportó el medio.

El Partido Popular propone la aprobación de un protocolo específico para combatir agresiones, acoso y toda forma de violencia sexual ejercida contra funcionarias por parte de internos en los centros penitenciarios. Esta guía debería incorporar la perspectiva de género en la seguridad penitenciaria y priorizar la protección efectiva de las trabajadoras. Además, la propuesta subraya la necesidad de que el protocolo vaya más allá de la actuación posterior al incidente, e incluya medidas preventivas y sistemas de detección temprana para frenar las agresiones desde el inicio.

Entre las medidas sugeridas, el PP reclama que las víctimas de estas conductas reciban protección inmediata, lo cual implicaría, según publicó el medio, la separación del agresor —mediante su aislamiento o traslado— para evitar posibles represalias o nuevos episodios. Añade la propuesta de que las acciones de índole sexual o sexista cometidas contra el personal femenino se consideren faltas susceptibles de sanción disciplinaria.

El PP también reclama el acceso inmediato a apoyo psicológico y asesoramiento jurídico para las mujeres afectadas, destacando la importancia de proporcionar herramientas no solo de intervención, sino también de acompañamiento tras los hechos. El documento partido remarca la necesidad de que los programas de prevención de agresiones, como el Plan de Prevención de Agresiones a Funcionarios de Prisiones (PEAFA), incluyan expresamente las agresiones sexuales y sexistas dentro de su ámbito de actuación.

Entre los requisitos adicionales, el PP pide que en cada establecimiento penitenciario se nombre a una persona responsable de coordinar y supervisar la respuesta frente a estos incidentes, así como de comunicar a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal cuando proceda, reportó la fuente.

La iniciativa incluye también la solicitud de reformas legales que permitan considerar las agresiones sexuales contra funcionarias de prisiones como una modalidad agravada dentro del código penal. Asimismo, el PP plantea que comportamientos que en otros contextos sociales no se contemplan como delitos, como el exhibicionismo ante trabajadores o la solicitud de relaciones sexuales, pasen a estar tipificados como delitos en el ámbito penitenciario para reforzar la cobertura y protección de las víctimas.

Este conjunto de peticiones, según reportó el medio, se enmarca en el objetivo de endurecer el tratamiento institucional frente a conductas sexuales o sexistas en las cárceles españolas, situando la protección de las mujeres trabajadoras en el eje de la gestión penitenciaria y legislativa.

El futuro de la planta industrial de Solvay en Barreda y los criterios que emplea el Ejecutivo cántabro para garantizar su continuidad se encuentran entre los temas que serán foco de atención en la sesión plenaria que celebrará este lunes el Parlamento de Cantabria. Además, la agenda del Pleno incluye iniciativas sobre sanidad, relaciones comerciales internacionales, la política fiscal para trabajadores autónomos y el abordaje de la dependencia, según detalló el medio Europa Press.

De acuerdo con Europa Press, la sesión, prevista para comenzar a las 13:00, incluirá el debate de una moción del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) centrada en la adopción de medidas para mitigar los efectos derivados del aumento de los costos del carburante. Además, se debatirán cuatro proposiciones no de ley (PNL), dos de las cuales estarán vinculadas al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. En este sentido, el partido Vox presentará una iniciativa que busca rechazar cualquier medida asociada al acuerdo que pueda resultar perjudicial para los productores cántabros, mientras que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) solicitará protección para el sector pesquero regional ante el impacto de ese tratado.

El Partido Popular (PP), por su parte, llevará a debate una proposición para pedir el cumplimiento de la normativa europea que permitiría establecer el sistema de IVA franquiciado para los trabajadores autónomos en Cantabria. Esta medida fiscal pretende favorecer a los pequeños empresarios y profesionales independientes, según reportó Europa Press. El PRC también agregará a la sesión una iniciativa que plantea la creación de un programa de becas de excelencia académica dirigido al próximo curso escolar.

En la misma sesión, el Gobierno del PP tendrá que responder a tres interpelaciones presentadas por los diferentes grupos parlamentarios. Los regionalistas demandarán una explicación sobre los procedimientos y criterios adoptados para asegurar el futuro de la planta industrial de Solvay, ubicada en Barreda, cuya situación ha motivado preocupación sobre la viabilidad y el empleo en la zona. Según publicó Europa Press, las preguntas buscarán aclarar qué pasos está dando la administración para mantener la actividad y los puestos de trabajo en ese enclave industrial.

El PSOE y Vox orientarán sus interpelaciones hacia el sistema de atención a la dependencia. En el caso de los socialistas, se busca que el ejecutivo que lidera María José Sáenz de Buruaga explique los motivos que han llevado a Cantabria a estar entre las comunidades con menor calificación en el Observatorio Estatal de la Dependencia, lo que sugiere un bajo nivel de satisfacción y seguridad en el acceso a servicios esenciales para personas dependientes. Por parte de Vox, la solicitud al Gobierno está referida al grado de cumplimiento de una moción previamente aprobada en el Parlamento, en la que se instaba a realizar un estudio para identificar con precisión las necesidades actuales en materia de dependencia en la comunidad autónoma.

Varios temas relacionados con la sanidad ocuparán también el debate parlamentario, según consignó Europa Press. Entre ellos, figuran el proyecto Cohorte Cantabria, un estudio poblacional de referencia, las agresiones al personal sanitario, las demoras en la Atención Primaria y cuestiones relacionadas con infraestructuras de salud como el centro de salud y hospital de Alta Resolución de Castro Urdiales. El PRC, en concreto, solicitará información sobre el contenido y los términos del convenio que permitiría a Cohorte Cantabria poner a disposición de una farmacéutica estadounidense los datos de 50.000 cántabros. Esta cuestión suscita interrogantes acerca de la protección de información personal y de los usos previstos para estos datos en investigaciones médicas o farmacológicas.

El PSOE, además, cuestionará al Ejecutivo respecto a los episodios de agresiones reportadas por el personal sanitario y pedirá información sobre los avances y planificación del centro de salud y hospital de Castro Urdiales, infraestructura clave para la atención en esa área geográfica. Vox, por su parte, formulará preguntas relativas al programa ZIUR, orientado a la prevención de conductas suicidas, y a la situación de las listas de espera en la Atención Primaria, un asunto recurrente de preocupación entre la población y los profesionales sanitarios.

Según informó Europa Press, la diferencia de posiciones entre los partidos políticos marcará el desarrollo de la sesión. Los debates reflejarán la diversidad de intereses y prioridades del arco parlamentario cántabro, desde la preocupación por el futuro industrial y las políticas de empleo, hasta los retos que plantea la sostenibilidad del sistema sanitario y la protección fiscal de los profesionales autónomos. Además, los representantes regionales abordarán el impacto local de acuerdos internacionales, especialmente en sectores económicos considerados estratégicos para la región, como la pesca y la producción agrícola.

El Pleno se configura así como un espacio para la confrontación y el contraste de propuestas ante las principales inquietudes sociales, laborales y económicas de Cantabria, detalló Europa Press. La jornada prevé exposiciones y debates sobre la sanidad pública, las relaciones comerciales, la fiscalidad y la gestión de servicios sociales, con la expectativa por parte de los distintos grupos de exponer sus posiciones, estrategias y medidas concretas ante cada uno de los retos en agenda.

El portavoz de Iniciativa y diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, expuso que no pasa una semana sin que representantes de distintos partidos progresistas pregunten por el regreso de Mónica Oltra a la política. Según detalló Europa Press, Ibáñez destacó la relevancia de Oltra como figura capaz de recomponer el espacio de la izquierda en la Comunidad Valenciana, recalcando que su “liderazgo desborda a Compromís” y tiene alcance en todo el espectro progresista valenciano.

De acuerdo con la entrevista publicada por Europa Press, Ibáñez expresó su convencimiento de que la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana estará nuevamente en la primera línea política y ocupará una posición destacada en las próximas listas electorales, acorde a su condición de referente. El portavoz señaló que Oltra debería encabezar una candidatura fuerte en las próximas elecciones, aunque evitó concretar si su preferencia es para que lidere la lista al Ayuntamiento de Valencia. Al respecto, se limitó a afirmar: “El dónde ya vendrá”.

Ibáñez declaró que el perfil público de la exconsellera es el idóneo para impulsar la unidad entre las formaciones de izquierda, e invitó a las diferentes organizaciones políticas a reflexionar sobre las circunstancias que llevaron a Oltra a retirarse en 2022. En referencia a su dimisión, Ibáñez recordó la presión existente en torno al proceso judicial por el presunto encubrimiento de abusos sexuales cometidos por su exmarido entre 2016 y 2017. Remitió a la reciente apertura de juicio oral contra Oltra decidida por la Audiencia de Valencia, medida que consideró un ejemplo de “lawfare brutal” –es decir, guerra judicial–, según consignó Europa Press. Ibáñez puntualizó que este procedimiento judicial carece de pruebas y sostuvo que Compromís debe estar preparado ante situaciones de estas características.

En lo relativo a la estrategia política, el portavoz de Iniciativa explicó que apuesta por la conformación de un frente amplio de toda la izquierda para concurrir unida a las próximas citas electorales, tanto autonómicas como generales. Según lo relatado por Europa Press, Ibáñez consideró necesario articular una candidatura que, bajo el liderazgo de Compromís, integre de manera generosa a Izquierda Unida, Podemos, ERC, Movimiento Sumar y, en su caso, al PACMA. Comparó este planteamiento con el modelo defendido por Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso.

Ibáñez señaló, de acuerdo con la información de Europa Press, que Compromís debe abrir un debate interno sobre cuál es la mejor fórmula electoral y reconoció que dentro de la coalición existen posturas que tienden a priorizar la identidad partidista, particularmente en la mayoritaria Més Compromís. No obstante, reiteró la necesidad de “desbordar Compromís”, sin restarle autonomía ni su capacidad de proyecto propio, y defendió que deben mostrar generosidad hacia otras formaciones con las que comparten propuestas programáticas.

Sobre la ley electoral vigente y sus repercusiones, el diputado recordó que el sistema de circunscripción provincial penaliza a las fuerzas políticas que se presentan divididas, lo que, según su análisis remitido a Europa Press, refuerza el argumento a favor de la cooperación y las alianzas. Al referirse a las divisiones recientes en el Congreso, como la protagonizada por la diputada de Compromís, Àgueda Micó, quien abandonó Sumar para incorporarse al Grupo Mixto, Ibáñez admitió que estas fracturas no han beneficiado la imagen de Compromís y subrayó la coincidencia en las votaciones con IU y Podemos en la mayoría de ocasiones.

En relación al Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, Ibáñez indicó que detecta un problema de “liderazgo y de presencia territorial” bajo la secretaria general y ministra de Ciencia, Diana Morant. Según publicó Europa Press, el portavoz de Iniciativa criticó que, en ocasiones, Morant confunde su papel como responsable institucional con el del partido, y opinó que debería ajustar mejor su agenda pública. Afirmó que, a pesar de la colaboración diaria entre ambas formaciones, el PSOE no está sacando partido de la acción del gobierno estatal para ofrecer un contrapunto político efectivo a la Generalitat dirigida por Juanfran Pérez Llorca, apoyada por Vox. Ibáñez consideró, según consignó Europa Press, que este hecho refleja el temor de los socialistas a que Compromís consolide su posición como fuerza hegemónica de la izquierda, percepción respaldada por sondeos y debates recientes.

Con respecto al futuro político y judicial del expresidente autonómico, Carlos Mazón, Ibáñez se refirió a la reciente citación judicial relacionada con la llamada “dana” que provocó muertes durante un temporal, considerando, según indica Europa Press, que el escenario para Mazón se ha complicado. El diputado recordó que en la comisión de investigación del Congreso pidieron voluntariamente los mensajes que Mazón intercambió con la exconsejera Salomé Pradas y con su jefe de gabinete, con el propósito de esclarecer la gestión de la crisis del 29 de octubre de 2024. Ibáñez volvió a solicitar públicamente la dimisión de Mazón como diputado en el parlamento valenciano, más allá de las resoluciones judiciales que aún están pendientes.

En cuanto a la gestión del actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, Ibáñez criticó la presencia de situaciones que, según sus declaraciones recogidas por Europa Press, muestran prácticas asociadas a la corrupción y a la repartición de cargos entre allegados. Mencionó, como ejemplos, el emplazamiento de la esposa de Pérez Llorca en un puesto funcionario de la Diputación de Valencia y la adjudicación de viviendas de protección oficial a una concejal del PP en Alicante. Ibáñez argumentó que estos episodios evidencian un modelo de gobernanza orientado principalmente a favorecer los intereses de ciertos grupos sociales privilegiados. Alertó, según detalló Europa Press, sobre el riesgo de que la atención mediática hacia estos temas o polémicas familiares del presidente distraiga de lo que describió como una gestión perjudicial para la ciudadanía valenciana.

Ibáñez concluyó que la izquierda debe mantenerse alerta y centrada en denunciar y contrarrestar estos episodios, asegurando que afectan directa y negativamente a la población de la Comunidad Valenciana, conforme a lo comunicado a Europa Press.

Según expresó Maribel Vaquero, portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Congreso de los Diputados, la duración de la presente legislatura depende de la voluntad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Vaquero resaltó que, aunque el Ejecutivo puede avanzar sin la aprobación de nuevos Presupuestos, ve aconsejable que se aprueben cuentas públicas para reforzar la legitimidad gubernamental. De acuerdo con lo publicado por La Vanguardia y recogido por Europa Press, la diputada insistió en que el gobierno actual se encuentra en minoría y no cuenta con el respaldo suficiente para actuar como si tuviera mayoría parlamentaria.

La representante del PNV explicó que su grupo ha transmitido al Ejecutivo central la importancia de intensificar el diálogo con las diferentes formaciones de la Cámara Baja antes de llevar las propuestas a votación. Según indicó en la entrevista, en muchas ocasiones falta comunicación previa con los grupos, lo que acaba generando desconfianza entre socios claves para la estabilidad de la legislatura, reportó Europa Press citando La Vanguardia.

En referencia al paquete de medidas elaborado por el Gobierno para contrarrestar las repercusiones de la guerra en Oriente Medio, Vaquero señaló que en esa ocasión hubo una mayor interlocución. Especificó que esta vez, al menos vía telefónica, el Ejecutivo solicitó aportaciones a los grupos parlamentarios. De acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, la dirigente nacionalista afirmó: “La diferencia esta vez ha sido que, por lo menos, por teléfono nos ha pedido propuestas. Y el plan aprobado ha ido en la línea de lo que le hemos planteado”.

Vaquero puntualizó también que el Gobierno demostró responsabilidad al no incorporar al decreto medidas que, a juicio del PNV, habrían puesto en riesgo su aprobación definitiva. En relación al decreto de vivienda, detalló que su partido aún no ha definido el sentido de su voto. Según la europarlamentaria, continúan analizando los posibles efectos de la prórroga de dos años en los contratos de alquiler sobre el mercado, antes de tomar una decisión oficial.

Sobre los vínculos del PNV con otros grupos parlamentarios, la portavoz consideró que su formación mantiene una relación normalizada con todos los partidos salvo Vox y descartó dar su respaldo a una moción de censura presentada por el Partido Popular si incluye a Vox como socio. Al ser preguntada acerca de Junts, comentó que dicha formación ha endurecido su discurso en ciertos temas, pero matizó que no dispone de elementos para valorar si ese cambio responde al surgimiento de Aliança Catalana, ya que afirmó no conocer los pormenores de la situación política de Cataluña.

El medio La Vanguardia consignó que Vaquero hizo hincapié en su llamamiento a un mayor esfuerzo de comunicación por parte del Gobierno hacia sus socios parlamentarios. De este modo, busca minimizar las sospechas y fortalecer las alianzas necesarias para la gestión de la legislatura, en un contexto de incertidumbre por la falta de presupuestos aprobados.

Las declaraciones de Vaquero, reproducidas por Europa Press, reflejan la preocupación del partido vasco por las dinámicas parlamentarias en la actual legislatura, marcada por la fragmentación y la complejidad para tejer acuerdos entre los diferentes grupos. En este escenario, la portavoz considera que el Ejecutivo debe adoptar una actitud más abierta y dialogante para evitar tensiones y mantener la estabilidad, priorizando la búsqueda de consensos y el respeto al pluralismo de la Cámara.

El juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional ha aceptado poner en libertad a Pablo Crespo, quien ocupó el puesto de número dos en la denominada trama Gürtel, tras haber cumplido una parte significativa de su condena inicial, que tenía un límite de 18 años. La decisión judicial, recogida en un auto de José Luis Castro, responde, entre otros factores, al reducido riesgo de reincidencia y al buen comportamiento mostrado por el exdirigente.

La libertad condicional anticipada para Pablo Crespo se ha concedido tras más de doce años en prisión, incluyendo los tres últimos bajo el régimen de tercer grado, según destaca el auto judicial. La resolución aún no es firme y solo se hará efectiva cuando transcurran cinco días sin que se interpongan recursos.

Para asegurar el cumplimiento del resto de la pena, fijada hasta 2031, Crespo deberá fijar domicilio, permanecer bajo el control del centro donde cumple régimen abierto y solicitar autorización para cualquier desplazamiento. El auto subraya que Crespo mantiene una actividad laboral en el exterior y afronta pagos mensuales de 100 euros para saldar la responsabilidad civil derivada de sus condenas.

Riesgo bajo de reincidencia y entorno favorable

Según el auto adelantado por El País, la clave para autorizar la excarcelación ha sido “el escaso riesgo de reincidencia” que atribuye la junta de tratamiento a Crespo. El magistrado ha considerado especialmente la antigüedad de los hechos por los que fue condenado —remontándose al año 2009—, el nivel de cumplimiento efectivo en prisión y la conducta mantenida durante la condena.

El informe recoge tanto el uso adecuado del régimen abierto como el respaldo familiar que ofrece un entorno de apoyo “vinculante y positivo”. La Fiscalía ha respaldado esta postura y el juez concluye que existe un “pronóstico individualizado y favorable de reinserción social”. Entre las condiciones impuestas, además de las ya mencionadas, Crespo continuará bajo seguimiento del centro mientras se extinga la pena, algo previsto para 2031.

Del PP gallego al caso Gürtel

Nacido en Pontevedra en 1960, Pablo Crespo Sabarís desarrolló su carrera tanto en la empresa privada como en la vida política vinculada al Partido Popular gallego. Entre los años noventa y principios de los dos mil, ocupó cargos de responsabilidad, incluyendo la secretaría de Organización del PP de Galicia desde 1996 hasta 1999 y una breve etapa como diputado por Pontevedra entre 1997 y 1998.

Su actividad empresarial se centró en la dirección de la firma Special Events, responsable de la organización de numerosos actos políticos del Partido Popular gallego entre 1996 y 1999, así como en la agencia Pasadena Viajes, S.L. Parte de su entramado empresarial fue objeto de investigaciones judiciales, desembocando en su detención y posterior encarcelamiento en febrero de 2009, a raíz de la conocida operación contra la trama Gürtel.

En cuanto al bloque judicial, Pablo Crespo acumula diversas condenas relacionadas con prácticas de corrupción, adjudicaciones y delitos fiscales. La condena principal, dictada en 2018 dentro de la pieza bautizada como la “primera época de Gürtel”, fue fijada en 37 años y seis meses de prisión, aunque en 2020 el Tribunal Supremo redujo la pena a 36 años y ocho meses.

Además, en 2018 la máxima instancia judicial confirmó otra sentencia de 13 años y tres meses en relación con el llamado caso FITUR, correspondiente a la rama valenciana de la trama Gürtel. La resolución del juez José Luis Castro, indica que Crespo seguirá cumpliendo obligaciones y restricciones hasta 2031, fecha en la que concluirá formalmente su condena.

El PSOE sostuvo que la publicación de transcripciones literales de audios incorporados al expediente parlamentario del Senado influyó de manera directa en la comparecencia de la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor. Según consignó el medio, los socialistas presentaron un escrito dirigido al presidente de la comisión de investigación sobre el apagón eléctrico en el que denunciaron una “quiebra evidente del deber de confidencialidad” tras la difusión de este material, clasificado como reservado por la propia comisión parlamentaria. El caso pone el foco en las prácticas de custodia de documentos oficiales y los límites de la divulgación en procedimientos parlamentarios.

De acuerdo con lo informado por el medio, el PSOE atribuyó la filtración de los audios al Partido Popular en el Senado y anunció que estudia dirigir el asunto a la justicia, reservándose el derecho a emprender “cuantas acciones parlamentarias y legales resulten oportunas”. El origen de los documentos en cuestión se remonta a la documentación remitida por Iberdrola, relativa a comunicaciones con Red Eléctrica de España, y que según fuentes parlamentarias, había sido clasificada como reservada mediante acuerdo de la Mesa de la comisión. Este protocolo especial incluía medidas de seguridad estrictas: acceso restringido solo al personal autorizado, control presencial de los asistentes, prohibición de portar dispositivos electrónicos y almacenamiento seguro de la información en áreas habilitadas del Senado.

El PSOE manifestó que los hechos no solo representan una alteración significativa en el funcionamiento interno de la comisión de investigación, sino que podrían constituir una infracción de los deberes legales de custodia y confidencialidad que se exigen a los cargos públicos. El partido subrayó la gravedad de la situación, indicando que la revelación de información reservada podría derivar en la imposición de responsabilidades disciplinarias, políticas o incluso penales para los autores. Los socialistas alegan que los hechos denunciados estarían en el marco de los delitos referidos a la revelación de secretos por parte de autoridades o funcionarios públicos.

En relación con las implicancias políticas, el PSOE remarcó que la intermediación del PP en la exposición pública del contenido reservado incide en la percepción pública sobre la gestión del apagón y afecta la integridad de la investigación parlamentaria. Según publicó el medio, los socialistas responsabilizan directamente al grupo popular y apelan a la normativa interna del Senado para exigir una investigación sobre la custodia y posible escape de la información.

Por su parte, la respuesta del PP se dio a conocer mediante una intervención de su portavoz en el Senado, Alicia García, quien argumentó en rueda de prensa que los audios filtrados sirvieron para demostrar que “el Gobierno estaba alertado días antes del apagón y no hicieron nada”. García descartó la gravedad atribuida por el PSOE e interpretó sus acciones como una reacción defensiva. Según reportó el medio, la portavoz del PP expresó: “Como se ha destapado la verdad, pues es la pataleta de unos niños que quieren hacer ruido, pero el ruido ya está y es que nos han mentido a todos los españoles”.

Mientras el enfrentamiento entre ambos partidos continúa, el foco queda puesto sobre el acceso y la protección de documentos clasificados en entornos parlamentarios y las posibles consecuencias legales sobre su divulgación. Según detalló el medio, la comisión parlamentaria sobre el apagón había establecido un protocolo reforzado para asegurar la confidencialidad y evitar cualquier acceso o reproducción no autorizada de la información, lo que añade complejidad a la localización de responsabilidades.

El debate sobre la transparencia y la reserva de las investigaciones parlamentarias se plantea ante la opinión pública, mientras el Gobierno y la oposición presentan argumentos en torno al derecho a la información y al deber de preservar la confidencialidad en comisiones de este tipo. El medio señaló que el PSOE insiste en que la difusión de los audios podría llevar a consecuencias legales severas, mientras el PP sostiene que el contenido de los mismos contenía elementos de interés público que justificaban su conocimiento por parte de la ciudadanía.

De acuerdo con lo publicado, la investigación sobre el origen y la distribución de las grabaciones se enmarca en los procedimientos internos de la comisión, que deberá evaluar si existió negligencia en la custodia, así como en el posible incumplimiento de normativas y leyes de protección de información clasificada. La situación incrementa las tensiones políticas y reabre el debate sobre los límites del secreto oficial y la función de control institucional de los órganos legislativos.

La propuesta del Partido Popular para la comisión de investigación en el Senado tras el accidente ferroviario de Adamuz incluye el análisis detallado de todas las comunicaciones y decisiones tomadas durante los días del siniestro, así como la solicitud de expedientes relacionados con las obras en el tramo afectado. Además, el grupo ha solicitado acceder a las diligencias abiertas por la Fiscalía Europea sobre un posible fraude en el uso de fondos comunitarios, junto a los informes enviados a los juzgados acerca de presuntos contratos amañados dentro de Adif y documentos que avalen los cambios implementados en los límites de velocidad en la red ferroviaria. Según informó el medio, estas exigencias forman parte de un plan de trabajo que contempla un enfoque exhaustivo sobre la gestión y supervisión de la infraestructura ferroviaria en el periodo relacionado con el accidente.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, presentó este viernes el cronograma y el alcance de la investigación, subrayando la convocatoria de comparecencias clave por parte de las máximas figuras responsables del sector en los últimos años. Alicia García confirmó que la comisión llamará a declarar al actual ministro de Transportes, Óscar Puente, y a sus predecesores Raquel Sánchez y José Luis Ábalos. Además, se prevé la citación de Koldo García Izaguirre, exasesor ministerial actualmente en prisión preventiva. Según consignó el medio, la representante popular remarcó que “la actuación del Gobierno ha sido claramente insuficiente”, y acusó a Puente de priorizar la confrontación y la narrativa pública sobre la resolución efectiva de los problemas originados tras el accidente.

El listado de personas convocadas por el PP asciende a 73, abarcando a altos cargos ministeriales, responsables técnicos y directivos de entidades públicas y privadas vinculadas al transporte ferroviario y a la gestión de infraestructuras. Entre los convocados figuran la exsecretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, el actual secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, la directora general de Transporte por Carretera, Elena María Atance, y el director general del sector ferroviario, Carlos María Juárez. También han sido citados la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, el subsecretario de Transportes, Rafael Guerra Posadas, el director del Observatorio para la Atención de las Víctimas de Accidentes de Transportes, Fernando Moreno, y el exsecretario de Estado de Transportes, Pedro Saura.

Según detalló el medio, el plan de comparecencias propuesto incluye la integración a la comisión de responsables autonómicos, como el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, junto a sus homólogos de otras regiones bajo gobiernos del PP. En lo referente a las infraestructuras en Cataluña, se ha citado a la consellera de Territorio, Silvia Paneque, al secretario de Movilidad, Manel Nadal, al comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macías, y al consejero delegado de la empresa mixta Rodalies de Catalunya, Oscar Playá. El PP también ha citado a directivos de empresas operadoras privadas como Iryo y Ouigo, así como a responsables de Renfe y a varios cargos de Adif.

De acuerdo con la información difundida por el medio, la dinámica propuesta para la comisión otorga un mínimo de cincuenta minutos de intervención a cada grupo parlamentario para interrogar a los comparecientes, replicando el modelo empleado en la comisión del ‘caso Koldo’. Como novedad, los portavoces podrán disponer de un segundo turno de cinco minutos, formato que no cuenta con antecedentes en otras investigaciones parlamentarias del Senado. El PP se ha asegurado también prioridad para ser el primer grupo en formular preguntas, permitiendo que el resto proceda según la representación de cada partido.

Entre los documentos solicitados destacan no solo las comunicaciones internas de los días en los que ocurrió el accidente de Adamuz, sino también la totalidad de los informes y expedientes relativos a todas las obras ejecutadas en el tramo afectado. La petición de acceso a las diligencias llevadas a cabo por la Fiscalía Europea responde a sospechas de irregularidades en la gestión de fondos europeos, así como a la existencia de investigaciones judiciales sobre contratos presuntamente manipulados en el ámbito de Adif. El PP también reclama los expedientes justificativos de cualquier modificación en la regulación de velocidades en la zona objeto del siniestro, en busca de aclarar las circunstancias y posibles responsabilidades.

La intervención de Alicia García, difundida por el medio, enfatizó que la gestión gubernamental tras el accidente no ha alcanzado niveles de respuesta adecuados y avanzó que la estrategia del PP al frente de la comisión busca no solo esclarecer los hechos sucedidos en Adamuz, sino profundizar en la transparencia de la contratación y supervisión pública en el sistema ferroviario nacional. La única mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado permite a la formación impulsar la agenda y las comparecencias propuestas, así como definir los requisitos y el orden de las sesiones investigadoras.

La filtración de audios reservados relacionados con el apagón eléctrico y difundidos a medios de comunicación tuvo, según la denuncia del PSOE, un impacto directo en la comparecencia de Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, ante la comisión de investigación del Senado. El partido sostiene que la exposición pública de estos materiales, considerados confidenciales, afectó el desarrollo de dicho acto parlamentario. De acuerdo con la información publicada por el medio, la denuncia presentada por el PSOE va dirigida a la supuesta actuación de miembros del Partido Popular en la Cámara Alta.

Según consignó el medio, los socialistas formalizaron la denuncia mediante un escrito enviado al presidente de la comisión de investigación sobre el apagón eléctrico, en el que señalan una vulneración del deber de confidencialidad tras la divulgación de fragmentos textuales de los audios considerados reservados. El PSOE comunicó que se reserva el derecho de iniciar “cuantas acciones parlamentarias y legales resulten oportunas”, al considerar que los hechos pueden implicar consecuencias jurídicas y disciplinarias.

El medio detalló que la documentación en cuestión había sido remitida por Iberdrola e incluía comunicaciones con Red Eléctrica de España. Esta información fue clasificada como reservada por acuerdo de la Mesa de la comisión y, para protegerla, se adoptó un protocolo de custodia reforzado, con medidas como el acceso restringido a los expedientes, el control presencial de las personas autorizadas, la retirada de dispositivos electrónicos y el almacenamiento seguro del material en dependencias del Senado. El objetivo de este protocolo fue garantizar la confidencialidad e impedir la circulación no autorizada de la información incluida en el expediente parlamentario.

El PSOE argumentó, según publicó el medio, que la divulgación de los audios representa una “quiebra evidente” del compromiso de confidencialidad que rige para los representantes con acceso a material reservado. En el texto dirigido a la comisión, la formación subrayó que “estamos ante unos hechos de extrema gravedad que no solo vulneran el funcionamiento interno de la comisión, sino que pueden suponer un incumplimiento de los deberes legales de custodia y confidencialidad exigibles a los responsables públicos”.

La denuncia también advierte, según la información aportada por el medio, que la revelación de información protegida puede dar lugar a responsabilidades de carácter político, disciplinario e incluso penal. El PSOE aludió a la posible comisión de delitos relacionados con la revelación de secretos por parte de autoridades o funcionarios, en función del contenido compartido y la presencia de normas legales que exigen confidencialidad en el tratamiento de documentos reservados.

El desarrollo de la investigación parlamentaria sobre el apagón, según puntualizó el medio, se ha visto alterado por la publicación de las transcripciones reservadas, lo que ha motivado un debate sobre los límites de la función parlamentaria y la protección de la información clasificada. La Mesa de la comisión, como órgano supervisor del acceso y custodia de los expedientes, fue la encargada de establecer las medidas para mantener la confidencialidad que, a juicio del PSOE, quedaron gravemente comprometidas tras la filtración.

Este conflicto abre la posibilidad de acciones adicionales tanto dentro del ámbito parlamentario como en el judicial, según manifestó el partido afectado, que no descarta elevar la denuncia a instancias jurídicas a raíz de las presuntas infracciones cometidas por los representantes implicados en la divulgación de contenidos protegidos.

La reciente postura de la Junta Electoral Central sobre la suspensión del uso del Documento Nacional de Identidad en su formato digital para las elecciones ha generado nuevas condiciones para la verificación de la identidad de los votantes. Según informó Europa Press, la decisión se produce tras diversas solicitudes y presiones ejercidas en especial por el Partido Popular, que sostiene que la utilización del DNI digital únicamente a través de la muestra de la imagen con fotografía no resulta suficiente para asegurar la legitimidad del proceso electoral. De esta forma, la Junta ha determinado que el uso de credenciales electrónicas queda suspendido de cara a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo y en tanto no se acredite un sistema de control considerado “suficientemente seguro”.

Desde septiembre pasado, la Junta Electoral Central permitía que los electores acreditaran su identidad con la versión digital del DNI o el carné de conducir, a través de las aplicaciones móviles oficiales desarrolladas por el Ministerio del Interior. Esta autorización se fundamentaba en el hecho de que las aplicaciones incluyen la fotografía y otros datos relevantes del titular, elementos equiparados a los del soporte físico, apuntó Europa Press. Sin embargo, la proposición del Partido Popular durante los procesos electorales previos en comunidades como Aragón y Castilla y León se centró en exigir controles adicionales: planteó que no solo se mostrara la imagen digital, sino que fuera necesario desplegar la aplicación en el móvil, generar un código QR único para cada elector y que este código se verificara en presencia de los responsables de las mesas electorales.

Los principales argumentos del PP se centraron en la necesidad de evitar potenciales riesgos y fortalecer las garantías, según publicó Europa Press. La agrupación insistió en que la sola visualización de la fotografía del DNI digital no ofrecía la suficiente fiabilidad. Consideró imprescindible que se dispusieran lectores de códigos QR autorizados en cada mesa y que estos dispositivos permitieran corroborar, en tiempo real, la autenticidad de cada elector. Además, advirtieron que en la práctica, el control de verificación de la aplicación móvil sin sistemas complementarios podría abrir dudas sobre la seguridad, motivo por el cual reclamaron la revisión de los procedimientos vigentes.

En un análisis efectuado por la propia Junta Electoral Central y tras consultar con el Ministerio del Interior, el organismo resolvió que las identificaciones digitales ya contenían los requisitos legales obligatorios: nombre, apellidos, número de documento y fotografía. Hasta ese momento, ninguna incidencia grave se había reportado a causa del uso de estos soportes electrónicos, consignó Europa Press. Exigir la validación mediante código QR se consideró un requisito adicional que el documento físico no presentaba, motivo por el cual la Junta, en un primer momento, había optado por mantener la equivalencia entre ambos formatos. Además, subrayaron las dificultades técnicas y logísticas para equipar a todas las mesas electorales de España con sistemas de escaneo de códigos QR que permitan validar la identidad digital de cada votante, señalando que la cobertura tecnológica no es uniforme en todo el territorio, lo que podría comprometer el derecho al voto en algunas áreas.

Pese a los argumentos técnicos y la vigencia de la norma anterior, la insistencia del Partido Popular en reforzar la confianza ciudadana derivó en una nueva petición remitida pocos días antes de las elecciones andaluzas. Según reportó Europa Press, el PP argumentó que los partidos deben priorizar la eliminación de toda sospecha que pudiera influir sobre la percepción pública respecto a la integridad de los procesos electorales. En esta ocasión, la Junta Electoral Central resolvió admitir la demanda, después de analizar los escritos presentados por la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía y la Dirección General de Política Interior.

Con esta decisión, la JEC acordó suspender los acuerdos que desde 2023 permitían el uso de aplicaciones oficiales como “MiDGT” y “MiDNI” para la identificación de los votantes, tanto en la modalidad presencial como en la de voto por correo. El organismo especificó que la suspensión regirá hasta que se disponga de una solución tecnológica que permita un proceso de verificación de la identidad calificado como suficientemente seguro, publicó Europa Press.

Tras la comunicación oficial de la Junta Electoral Central, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, manifestó su acuerdo con la suspensión aplicada al método digital. Según consignó Europa Press, Gamarra indicó que la principal preocupación del partido radicaba en garantizar la seguridad de todo el proceso electoral y evitar cualquier tipo de duda respecto a los mecanismos de identificación de los electores. Defendió que, hasta que no existan garantías tecnológicas suficientes, resulta más apropiado restringir el uso de soportes digitales y mantener los procedimientos tradicionales para preservar la confianza ciudadana en el sistema de votación.

La Junta Electoral Central ha decidido este jueves suspender el uso del DNI digital como método de identificación en los procesos electorales, una medida que afecta directamente a los próximos comicios en Andalucía. La resolución llega después de que el Partido Popular solicitara formalmente paralizar esta opción al considerar que no existen garantías suficientes para comprobar la autenticidad del documento mediante sistemas digitales.

En un comunicado, el organismo ha explicado los motivos de su decisión y ha subrayado la necesidad de reforzar la seguridad antes de permitir el uso de estas herramientas. “La Junta acuerda suspender la eficacia de sus Acuerdos de fecha 16 de febrero 2023, 18 de septiembre de 2025 y 5 de marzo de 2026, por los que se permitía la utilización de las aplicaciones ‘MiDGT’ y ‘MiDNI’ por parte de los electores en el momento de depositar su voto, presencialmente o por correo, hasta tanto se garantice que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente segura”, recoge el texto.

En la práctica, esta decisión implica que los votantes deberán utilizar métodos tradicionales de identificación, como el DNI físico o el pasaporte, mientras no se certifique que las aplicaciones digitales cumplen con los estándares de seguridad exigidos en un proceso electoral.

Dudas sobre el sistema digital

El detonante de esta suspensión ha sido la petición del PP, que ha expresado su preocupación por la fiabilidad del sistema de verificación basado en códigos QR. Según la formación, existe el riesgo de que no se pueda comprobar de manera “fidedigna” la autenticidad del documento digital en el momento de votar.

Los populares sostienen que, en caso de autorizarse su uso, sería imprescindible que cada mesa electoral dispusiera de dispositivos con acceso a las aplicaciones correspondientes para validar los documentos en tiempo real. Esta comprobación debería realizarse mediante la lectura del código WR y su conexión con los servidores del Ministerio del Interior, garantizando así que la información es correcta y está actualizada.

Sin embargo, el partido considera que estas condiciones no están aseguradas en la actualidad. En su opinión, introducir el DNI digital sin estas garantías podría generar problemas logísticos y, sobre todo, desconfianza entre los ciudadanos.

“El sistema electoral español funciona bien y esta iniciativa del Gobierno, sin las verificaciones necesarias, solo genera problemas y desconfianza”, han escrito desde las redes sociales del Partido Popular. Esta línea argumental coincide con las últimas declaraciones al respecto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien fue una de las primeras voces en cuestionar públicamente la implantación del DNI digital en procesos electorales. Su postura fue respaldada posteriormente por la dirección nacional del partido, que ha mantenido un discurso crítico con la medida.

El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el decreto anticrisis impulsado por el Gobierno para hacer frente a los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Medio, tras una votación que ha despejado las dudas mantenidas durante buena parte de la mañana. La norma ha salido adelante con 175 votos a favor, las abstenciones de PP y Podemos y el voto en contra de Vox, consolidando así una mayoría suficiente para su aprobación.

El Ejecutivo ha logrado reunir los apoyos parlamentarios necesarios gracias al respaldo de PSOE, Sumar, PNV, EH Bildu, ERC, Junts y, finalmente, el BNG, cuya decisión ha resultado determinante para asegurar la holgura en el resultado. La formación nacionalista gallega ha anunciado su voto favorable a última hora de la mañana, alegando “responsabilidad política”, aunque ha subrayado que considera insuficientes las medidas incluidas en el decreto.

Pasadas las 13:00 horas, el Partido Popular ha anunciado su abstención, un movimiento que ha perdido relevancia en términos numéricos tras el posicionamiento del BNG. Por su parte, Coalición Canaria ha confirmado su voto favorable después de alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo para compensar económicamente aquellas medidas del decreto que no se apliquen en el archipiélago. La cuantía concreta de esta compensación se definirá el próximo lunes.

Rebajas fiscales y ayudas directas

El decreto convalidado incluye un amplio paquete con 80 medidas fiscales, sociales y económicas orientadas a mitigar el impacto del encarecimiento de la energía y los combustibles. Entre las principales iniciativas figura la rebaja del IVA de los carburantes al 10% y la reducción del impuesto especial de hidrocarburos, lo que permitirá un ahorro estimado de hasta 30 céntimos por litro, equivalente a unos 20 euros por depósito para un vehículo medio.

En el ámbito energético, la norma contempla una reducción del 60% en la carga impositiva de la electricidad, con la bajada del IVA al 10%, la suspensión del impuesto sobre la producción eléctrica y la disminución del impuesto especial del 5,11% al 0,5%. Asimismo, el IVA del gas natural, los pellets y la leña también se reduce al 10%, mientras que se congelan los precios del butano y el propano.

El decreto incorpora además una bonificación del 80% en los peajes eléctricos para las industrias con mayor consumo energético, así como la extensión durante todo el año de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico. A ello se suma el incremento de la ayuda mínima del bono social térmico hasta los 50 euros y la prohibición de interrumpir los suministros básicos a los hogares vulnerables.

En cuanto a las ayudas directas, el texto establece una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, además de una ayuda equivalente destinada a la adquisición de fertilizantes.

Medidas estructurales y laborales

El plan aprobado no se limita a medidas coyunturales, sino que también incorpora iniciativas de carácter estructural orientadas a reforzar la independencia energética y fomentar la transición hacia modelos más sostenibles. Entre ellas destacan las deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga para vehículos eléctricos y sistemas de climatización eficientes, así como el impulso al autoconsumo energético.

En el ámbito empresarial, el decreto incluye la prórroga de la moratoria contable para las pérdidas registradas durante la pandemia en los ejercicios 2020 y 2021, con el objetivo de evitar que empresas afectadas entren en causa de disolución. Asimismo, se prohíbe el despido objetivo en aquellas compañías que se beneficien de las ayudas contempladas en la norma.

El texto también refuerza los planes de movilidad sostenible, obligando a las empresas de más de 200 trabajadores a facilitar el desplazamiento de sus empleados al centro de trabajo mediante alternativas más eficientes.

Estas medidas forman parte de un paquete económico más amplio, publicado previamente en el Boletín Oficial del Estado y dotado con unos 5.000 millones de euros, según las estimaciones del Ejecutivo. Junto a este decreto, el Gobierno ha aprobado otro centrado en vivienda que incluye la congelación temporal de los precios del alquiler y la prórroga extraordinaria de contratos, aunque este segundo texto deberá afrontar una votación posterior en el Congreso sin una mayoría aún garantizada.

Las modificaciones impulsadas en el Senado, que determinan la entrada en vigor de las nuevas normas el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) —y no tras veinte días como se había previsto inicialmente—, marcarán la aplicación inmediata de medidas que endurecen el tratamiento penal de la multirreincidencia en España. El Congreso ha aprobado este jueves la reforma del Código Penal enfocada en contener la reincidencia delictiva, destacando el aumento de penas y sanciones para determinados delitos. Según informó El País, la iniciativa se envía ahora al BOE tras recibir el respaldo de una amplia mayoría parlamentaria, incluyendo al Partido Socialista, Partido Popular, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro.

El texto aprobado en el Pleno del Congreso responde a una proposición de ley impulsada originalmente por Junts, partido que logró desbloquear la tramitación del proyecto luego de anunciar la ruptura de relaciones con el Gobierno. Según detalló El País, la actitud del Partido Socialista de Desbloquear la propuesta resultó decisiva para alcanzar el acuerdo, que contó con votos a favor de fuerzas de distinto espectro político, si bien se encontró con el rechazo de partidos de izquierda como Bildu, Podemos, Bloque Nacionalista Galego y Compromís. Esquerra Republicana de Catalunya, por su parte, decidió abstenerse.

Al paso del proyecto por el Senado, donde el Partido Popular dispone de mayoría absoluta, se incorporaron enmiendas de calado. Entre ellas destaca una modificación a la Ley de Extranjería, promovida en consenso por PP, Vox y Junts, que establece que en procesos de regularización de personas inmigrantes se verificará que los solicitantes carezcan de antecedentes penales, procedimientos abiertos o causas penales activas en España o en otros estados de residencia previa. El medio El País informó que esta medida surge en el contexto del proceso de regularización en marcha por parte del Ejecutivo.

En la Cámara Alta también prosperó otra propuesta del Partido Popular encaminada a aumentar el número de plazas en la Fiscalía. Esta reforma preveía ampliar, durante un periodo de dos años, la dotación de fiscales en fiscalías de área, provinciales y autonómicas, según un baremo de un fiscal por cada 100.000 habitantes o fracción superior a 50.000. No obstante, tanto esta enmienda sobre la Fiscalía como la relacionada con Extranjería quedaron vetadas en el Congreso por el Gobierno alegando razones presupuestarias.

De acuerdo con lo consignado por El País, Moncloa ejerció su facultad de veto sobre ambas enmiendas, sustentando su decisión en el incremento del gasto público que implicarían: la enmienda de Extranjería supondría contratar a 400 funcionarios adicionales en comisarías, con un coste medio de 42.000 euros por plaza, lo que supondría un sobrecoste de 16,78 millones de euros. La ampliación de fiscales requeriría convocar 491 nuevas plazas, con un coste adicional de 53,79 millones de euros. La Mesa de la Cámara Baja, gracias a la mayoría combinada de PSOE y Sumar, avaló el uso de esta prerrogativa, frenando así el debate sobre propuestas que supongan un aumento de gasto público o una disminución de ingresos.

Entre las enmiendas procedentes del Senado que sí alcanzaron la aprobación definitiva destacan dos nuevas figuras delictivas, según reportó el medio El País: la primera fija penas de prisión de entre seis y 18 meses, o multas de uno a dos años, para quienes cometan fraude energético dirigido al cultivo de marihuana. La segunda establece penas de entre tres y cinco años de cárcel para el suministro ilegal de combustible a embarcaciones utilizadas para el narcotráfico, práctica conocida como ‘petaqueo’. Estas enmiendas complementan la reforma penal añadiendo herramientas contra nuevas modalidades de criminalidad organizada.

Además, durante la tramitación en la Comisión de Justicia del Congreso, los votos de PSOE y Junts permitieron introducir otras reformas punitivas. Entre ellas sobresale el endurecimiento de las penas para el robo de teléfonos móviles, que pasan a castigarse con hasta tres años de prisión, así como el incremento de castigos para ciertos tipos de estafa. El País detalló que las penas contempladas para quienes cometan una estafa inferior a 400 euros —siempre que sean personas multirreincidentes y acumulen al menos tres condenas por este delito— se fijan en una horquilla de entre uno y seis años de privación de libertad.

La nueva normativa, reportó El País, responde a la preocupación por el incremento de delitos cometidos por reincidentes, un fenómeno que ha suscitado debate público sobre la eficacia de las penas vigentes para disuadir la reiteración delictiva. A través de la reforma, el legislador pretende reforzar los elementos de prevención y represión de la delincuencia habitual, introduciendo sanciones más severas y ampliando el alcance de las conductas punibles. Las disposiciones recientemente aprobadas forman parte de un paquete más amplio de reformas legislativas encaminadas a actualizar el marco penal frente a las dinámicas delictivas actuales y las demandas surgidas desde diversas administraciones y colectivos ciudadanos.

Por otro lado, la tramitación parlamentaria ha evidenciado la división política respecto a la orientación penal y migratoria del nuevo texto legal. Mientras que la mayoría formada por PSOE, PP, Vox y Junts encontró puntos de acuerdo, los grupos situados a la izquierda del Gobierno expresaron su rechazo señalando las posibles consecuencias sociales de un endurecimiento penal. Según publicó El País, estos partidos centraron sus críticas en el riesgo de sobrepenalización y en el impacto que las nuevas medidas podrían tener sobre colectivos vulnerables.

Con la publicación de la reforma en el Boletín Oficial del Estado, las nuevas disposiciones legales comenzarán a aplicarse en todo el territorio de inmediato, tal como contempla la modificación introducida durante el proceso en el Senado. El País consignó que la inmediatez en la entrada en vigor responde a la voluntad política de afrontar de forma urgente el fenómeno de la multirreincidencia y a la presión social y política ejercida por sectores afectados por el incremento de delitos contra la propiedad y el fraude.

Las modificaciones aprobadas afectan tanto a delitos tradicionalmente perseguidos —como los robos y estafas— como a formas emergentes de criminalidad asociadas con la economía sumergida y el narcotráfico. En la práctica, el cambio legal implica una variación sustancial en la respuesta penal ante la reiteración de conductas delictivas, con la expectativa de reducir la impunidad percibida y dotar a jueces y fiscales de nuevos instrumentos para intervenir ante la reincidencia.

Fuentes del Partido Popular han señalado que la legislación propuesta por el Ejecutivo incorpora una serie de bajadas tributarias que el PP viene impulsando desde hace tiempo, aunque consideran que el texto queda lejos de cumplir con todas sus demandas, según publicó el medio original. El partido de la oposición ha matizado que su decisión de no rechazar el decreto ley destinado a aliviar el impacto económico de la guerra en Irán facilitará el avance de la propuesta en el Congreso de los Diputados, algo que resultará clave en la votación prevista para este jueves.

De acuerdo con lo señalado por el medio, el PP se abstendrá durante la votación sobre el nuevo decreto de medidas fiscales, lo que permitirá al Gobierno sumar los apoyos necesarios para convalidar la normativa en la cámara baja. Esta postura del principal partido de la oposición también responde, según fuentes internas citadas por el medio, al hecho de que la propuesta incluye algunas de las rebajas fiscales que el PP ha reclamado sistemáticamente en los últimos tiempos. No obstante, los portavoces del partido insisten en que la ley no contempla otras peticiones centrales en sus reclamaciones, como sería la deflactación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Según publicó el medio, el PP aclaró que, aunque la norma recoge parte de sus sugerencias en materia tributaria, no obtendrá su voto afirmativo mientras no se incluyan todas las modificaciones que el partido considera indispensables para afrontar los efectos económicos derivados del conflicto en Irán. El partido trasladó su posición en los siguientes términos: “Puesto que el decreto recoge parte de nuestra propuesta de bajadas de impuestos no votaremos en contra. Pero si no recogen todas las medidas que consideramos imprescindibles, no votaremos a favor”.

El Ejecutivo diseñó el nuevo decreto con el propósito de compensar algunos de los efectos negativos que la guerra en Irán ha provocado en la economía española, fundamentalmente a través de incentivos fiscales y reducciones de tributos. El medio original detalló que, gracias al anunciado voto positivo de los partidos aliados de izquierda que sostienen al Gobierno en el Congreso y la abstención del PP, la aprobación del decreto resulta prácticamente garantizada. En este escenario, la posición final que adopte Junts pierde relevancia, ya que los votos favorables previstos bastarán para sacar adelante el texto legal.

El PP ha insistido en que mantiene su reivindicación de que el Gobierno asuma la rebaja del IRPF, advirtiendo que la ausencia de este compromiso impide al partido respaldar activamente la propuesta. Así, la postura de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo se sitúa entre el rechazo a una negativa rotunda y la exigencia de mayores concesiones fiscales por parte del Ejecutivo.

La decisión del PP genera un impacto directo en el resultado parlamentario. Según el medio, el bloque gubernamental podrá consolidar apoyos suficientes en la cámara baja sin depender de otras formaciones como Junts. Ese margen de maniobra resulta posible por la suma de votos de los socios de izquierda del Gobierno y la abstención del primer partido de la oposición, tal como detalló el medio.

En la argumentación pública, las fuentes populares insisten en que la norma propuesta por el Ejecutivo al menos incorpora algunas peticiones históricas del partido en el terreno de la rebaja de impuestos, aunque subrayan que el decreto continúa resultando “insuficiente” para afrontar la actual coyuntura económica. La exigencia de la deflactación del IRPF sigue figurando en la lista de prioridades del PP, que tampoco ha confirmado si apoyaría un eventual compromiso adicional en ese sentido.

El contexto político en el Congreso muestra hasta qué punto las posiciones estratégicas de los grandes partidos pueden inclinar la balanza en votaciones clave sobre temas económicos. Según el mismo medio, el voto positivo de los socios del Gobierno y la abstención del PP despejan el camino para que las nuevas medidas fiscales propuestas salgan adelante, independientemente de otras posiciones minoritarias que hasta ahora han sido consideradas decisivas en otras ocasiones.

El PP ha confirmado que se abstendrá en la votación del decreto anticrisis impulsado por el Gobierno para paliar las consecuencias económicas del conflicto de Oriente Medio. Fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo han señalado que la propuesta “recoge parte de nuestra propuesta de bajadas de impuestos”, de manera que no pueden votar en contra. No obstante, recalcan que el decreto se queda corto porque faltan “medidas imprescindibles”.

El paquete de medidas que se vota este jueves en el Congreso incorpora 80 medidas, entre ellas, la prórroga al bono social eléctrico y rebajas fiscales en gasolina, electricidad y gas. En total, el decreto supone una inversión de unos 5.000 millones de euros. Tres de las cuatro propuestas fiscales que los de Feijóo reclamaron en la ronda de contactos que inició el ministro Félix Bolaños están incluidas. La única que se ha dejado fuera ha sido la revalorización de los salarios a través de la deducción del IRPF, a pesar de que los populares han tratado de presionar hasta el último momento, “de momento, sin éxito”. “Si lo hacen, consideraremos apoyar el decreto y votar a favor de su convalidación”, apuntan desde el PP.

El primer partido de la oposición también exigió al Gobierno la retirada del cierre de las centrales nucleares en España “en los momentos en los que necesitamos reducir la dependencia de los combustibles fósiles”, pero el Gobierno ya ha sentenciado que su apuesta pasa por la inversión en las renovables.

Las cuentas salen para el Gobierno

En realidad, el Gobierno no necesita el voto afirmativo del PP al ya tener asegurado el ‘sí’ del PNV, Junts, Coalición Canaria y BNG. La abstención de Podemos y populares permitirá que la norma salga adelante con 175 votos a favor y 174 abstenciones, a falta de que Vox aclare su sentido de voto.

Horas antes de la votación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió a los grupos “responsabilidad” para sacar adelante la votación. “Es aquí y ahora cuando se demuestra el sentido de Estado. Hay momentos en los que la política se reduce a lo esencial. No hay mayor muestra de patriotismo que aliviar la economía de muchos españoles”, afirmó.

El decreto de vivienda será más difícil (si no imposible) de aprobar

Al margen del paquete energético, el Ejecutivo dio luz verde a otro decreto que establece una congelación temporal de los precios del alquiler, similar a la aplicada en crisis previas. Sin embargo, el Gobierno tiene prácticamente imposible asegurar su reválida en la Cámara Baja por el rechazo ya anunciado de formaciones como Junts, PP y Vox, que suman una mayoría de bloqueo.

La votación para este segundo decreto se llevará a cabo a la vuelta de Semana Santa para dar más margen para negociar. Desde Sumar aseguran que todavía no tiran la toalla y confían en que la presión de la ciudadanía y haga rectificar a los de Carles Puigdemont.

La diputada socialista Milena Herrera tomó la palabra en el debate parlamentario y subrayó que el PSOE no permitiría que la representación de Formentera en el Senado quedara comprometida por la discusión terminológica acerca de la denominación 'Ibiza' o 'Eivissa' en el texto constitucional. Con este mensaje, el grupo socialista fijó su postura y explicó la motivación detrás de su abstención en la votación sobre la enmienda presentada por el Partido Popular. La noticia, de acuerdo con lo informado por diversos medios, se centra en que el PSOE facilitará la aprobación de la propuesta del PP en el Congreso, lo que permitirá que la reforma constitucional incluya la forma castellana 'Ibiza', y no 'Eivissa', que era la opción sugerida previamente por el Parlamento balear.

Según consignó la cobertura de prensa, el anuncio se formalizó este jueves durante la sesión parlamentaria dedicada a la reforma constitucional referida al escaño de Formentera. El PSOE comunicó que se abstendrá en la votación de la enmienda del PP por considerar imprescindible el respaldo de la principal fuerza opositora, ya que el trámite legislativo requiere una mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara para poder avanzar.

Durante su intervención en el Congreso, la diputada Milena Herrera manifestó la disposición de su grupo a adoptar esta decisión como un gesto para asegurar que Formentera tenga garantizado un senador en la Cámara Alta. En palabras de Herrera, “los socialistas estamos aquí y nuestro voto no va a poner en peligro el senador de Formentera. Dicen ustedes que su enmienda es un matiz. Si era un matiz, bastaba con no presentarla. Pero les digo, nos vamos a abstener, porque no vamos a permitir que ese sea el precio para que Formentera quede sin senador”, según declaró el medio que reportó el debate.

El origen de la controversia radica en la reforma constitucional promovida para consolidar la representación de Formentera en el Senado. Esta reforma requería modificar la redacción de la Constitución para asegurar que la isla disponga de un escaño propio. El Parlamento balear sugirió que en el texto figurase 'Eivissa', denominación en catalán de la isla, pero el Partido Popular registró una enmienda para que se mantuviera la forma castellana 'Ibiza', de acuerdo con lo publicado por los medios.

El PSOE, tras analizar el escenario parlamentario y la dificultad de alcanzar la mayoría reforzada necesaria, optó por no obstaculizar la aprobación de la enmienda del PP. Esta decisión permitirá obtener el respaldo suficiente para que la modificación constitucional siga adelante. El debate sobre la denominación ha generado intercambios entre los grupos parlamentarios, en los que el PSOE enfatizó que su prioridad era salvaguardar la presencia de Formentera en la Cámara Alta, no abrir una controversia filológica que, en su opinión, podría bloquear la reforma demandada por la isla.

El trámite legislativo en curso requiere la colaboración entre las principales fuerzas, ya que modificar la Constitución implica superar una barrera de tres quintos del Congreso. La discusión sobre si la Constitución debía reflejar el nombre oficial en catalán o en castellano quedó supeditada al acuerdo necesario para que Formentera pueda contar con representación autónoma en el Senado.

La abstención del PSOE se interpreta, según explicó la diputada Herrera en sede parlamentaria, como un gesto de responsabilidad institucional. Con esta postura, los socialistas consideran asegurada la aprobación de la enmienda y la reforma constitucional vinculada al escaño de Formentera, pues garantiza que la isla seguirá participando directamente en la Cámara Alta del Parlamento español. El medio que cubrió el debate detalló que, gracias a esta decisión, la enmienda del PP incorporará definitivamente la denominación 'Ibiza' en la Constitución española, cumpliendo así las exigencias de la principal fuerza opositora y permitiendo el avance del texto normativo.

La decisión adoptada en el Congreso busca evitar que diferencias asociadas a las lenguas cooficiales y la toponimia interfieran en la garantía de representación política de Formentera. De acuerdo con la información publicada por los medios, este episodio ilustra cómo las negociaciones parlamentarias y las posiciones adoptadas por los grupos pueden condicionar los resultados de las reformas constitucionales, en especial cuando estas afectan a la configuración institucional de los territorios insulares.

Las declaraciones de Susana Díaz incluyeron críticas directas al Partido Popular por intentar asociar la figura de Felipe González con la precampaña electoral andaluza. Según informó Europa Press, la expresidenta de la Junta de Andalucía argumentó que el homenaje a González estaba planificado antes de la convocatoria de los comicios y rechazó que este evento deba ser visto como una estrategia electoral. A propósito de la coincidencia en un acto en Sevilla entre Felipe González y el presidente andaluz, Juanma Moreno, Díaz defendió la relevancia histórica del exmandatario socialista.

La senadora por designación autonómica y exsecretaria general del PSOE andaluz destacó en el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3 Televisión que “Felipe González es historia del PSOE y de España”, añadiendo que el partido “no va a renunciar nunca” a su legado político. Durante la entrevista, recogida por Europa Press, Susana Díaz expresó su malestar ante lo que consideró como una utilización partidista de la figura de González por parte del PP, afirmando que le “cabrea que el PP manosee” la imagen del expresidente.

En sus declaraciones, Susana Díaz recordó episodios de enfrentamiento político entre González y el Partido Popular durante los años noventa, señalando específicamente las campañas impulsadas por la oposición bajo el liderazgo de José María Aznar. “Son los mismos del ‘Váyase, señor González’”, recalcó, en alusión a la consigna utilizada por el PP en aquel entonces. Díaz mencionó que los representantes populares “son los mismos que lo persiguieron (a Felipe González) y que no lo acabaron sentando en un banquillo porque no pudieron sentarlo”, según publicó Europa Press.

Díaz insistió en la importancia de la trayectoria de Felipe González y rechazó cualquier intento de desligar al PSOE de su legado. Según relató Europa Press, la exlíder andaluza subrayó que González provocó transformaciones significativas en el país y en la formación socialista, y aseguró: “yo lo voy a seguir defendiendo”.

Respecto al homenaje en Sevilla, organizado en el marco del centenario de la duquesa Cayetana de Alba, la senadora explicó en sus declaraciones que el evento estaba “programado” antes de anunciarse la fecha de las elecciones autonómicas en Andalucía, lo que, a su juicio, elimina cualquier vínculo con la precampaña. Asimismo, Díaz comentó que Cayetana de Alba, fallecida en 2014, “tenía admiración por Felipe González”, argumento que utilizó para justificar la participación del expresidente en el acto, según consignó Europa Press.

En relación con el uso político de homenajes o actos institucionales en periodos preelectorales, Díaz expresó su desacuerdo con el enfoque del PP y reiteró su rechazo al “manoseo indecente”, en palabras suyas recogidas por Europa Press. La exmandataria insistió en separar los reconocimientos personales e históricos de González de cualquier motivación estratégica vinculada a los procesos electorales en curso.

Durante su intervención, Díaz reiteró la imposibilidad de que cualquier dirigente socialista olvide o renuncie a la figura de González, recalcando su papel transformador y su importancia para el PSOE y para el conjunto del Estado. En defensa del exmandatario, defendió además que los homenajes hacia él mantienen plena justificación independientemente de los calendarios políticos.

El PSOE señaló que, con la decisión del Tribunal Constitucional de aceptar analizar su recurso sobre la reciente reforma del Reglamento del Senado, ya suman dos las impugnaciones admitidas por la corte respecto a este reglamento, después de que en marzo de 2025 se anulara una modificación previa de 2023 promovida también por el Partido Popular. Según reportó Europa Press, el actual recurso socialista centra sus objeciones en posibles irregularidades cometidas en el procedimiento y en la introducción de mecanismos como el "veto presunto", cuya constitucionalidad ahora será evaluada por el máximo órgano judicial.

De acuerdo con Europa Press, el Tribunal Constitucional decidió admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el grupo socialista contra la reforma aprobada por mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado. Entre los cambios impulsados, la modificación abre la posibilidad de que el Senado recurra ante los tribunales contra el Congreso, además de establecer límites a los tiempos de intervención de los ministros. El PSOE denunció que la reforma incluyó "supuestas correcciones técnicas" que no llegaron a ser debatidas ni votadas por el Pleno, señalando que con este procedimiento se facilitaron, según su criterio, "enmiendas encubiertas".

Las fuentes consultadas por Europa Press indicaron que el recurso del PSOE también objeta la habilitación para que una comisión del Senado convierta en ley un texto procedente del Congreso sin que medie votación en sesión plenaria. Los socialistas argumentaron que esta disposición atenta contra las garantías democráticas propias del procedimiento legislativo y va en contra de las facultades del Pleno de la Cámara.

Europa Press detalló que el recurso socialista impugna específicamente los artículos que introducen la figura del "veto presunto". Este mecanismo interpreta el rechazo de un texto legislativo por la mayoría absoluta del Pleno del Senado como equivalente a un veto formalmente previsto en la Constitución. El PSOE entiende que, de esta manera, se desdibuja el procedimiento constitucional para los vetos, afectando potencialmente tanto el equilibrio de poderes como los derechos de las minorías parlamentarias.

Otro de los apartados recurridos es el artículo 108.6 del Reglamento del Senado, modificado por la mayoría del PP, que permite al Senado plantear un conflicto de atribuciones si considera que el Congreso incurre en una demora no justificada en la tramitación de iniciativas procedentes de la cámara alta. Para el PSOE, esta novedad abre la puerta a enfrentamientos institucionales y podría limitar la autonomía del Congreso en la gestión de su agenda legislativa.

Según Europa Press, la corte de garantías analizará si estas modificaciones vulneran derechos fundamentales, como alega el grupo socialista. El origen de la controversia se sitúa en la aprobación acelerada de una reforma por parte de la mayoría popular en el Senado, que fue presentada bajo la fórmula de correcciones técnicas y, según el PSOE, introdujo cambios sustantivos sin que el Pleno pueda ejercer su potestad de control y debate.

Europa Press informó que esta admisión a trámite se suma a la tendencia del alto tribunal de revisar reformas del Senado impulsadas por el PP bajo acusaciones de irregularidad en el procedimiento, recordando la reciente sentencia de marzo de 2025 que invalidó una reforma similar ejecutada en 2023. Para el PSOE, estos antecedentes refuerzan la necesidad de que el Tribunal Constitucional actúe como árbitro en la salvaguarda del procedimiento legislativo y de las garantías institucionales previstas por la Constitución.

La revisión judicial ahora se centrará en determinar si la forma en que se llevó a cabo la reforma reglamentaria, así como los mecanismos introducidos —como el "veto presunto" y las facultades de comisiones para convertir textos en leyes sin pasar por el Pleno—, respetan o no los principios fundamentales del funcionamiento parlamentario y los derechos de los grupos de la oposición. Tal como publicó Europa Press, la resolución que adopte el Tribunal Constitucional sobre este asunto tendrá repercusiones directas en la práctica legislativa del Senado y en la relación de equilibrio entre las principales instituciones parlamentarias de España.

Durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso de los Diputados, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, hizo alusión a declaraciones previas de miembros de Vox para sostener que la formación estaría beneficiándose económicamente a expensas de los trabajadores y las clases medias de España. El medio Europa Press reportó que Bolaños fundamentó sus acusaciones mencionando testimonios de exdirigentes del partido, como Javier Ortega Smith, Iván Espinosa de los Monteros y Juan García Gallardo. En este contexto, el ministro denunció que la cúpula de Vox “se lo están llevando crudo” y contrapuso la postura del Ejecutivo respecto al progreso social frente al modelo que, según sus palabras, representan los partidos de derecha y ultraderecha.

Según informó Europa Press, Bolaños afirmó que el Partido Popular y Vox están en vías de cerrar un acuerdo para formar gobierno en Extremadura. El ministro describió este posible ejecutivo como una coalición “reaccionaria”, apuntando a que favorecería “a los poderosos, a favor de la guerra y a favor de los machistas”. Bolaños expresó además: “Con su pan se lo coman”. Estas declaraciones surgieron como respuesta a una pregunta formulada por la diputada del Partido Popular Míriam Guardiola, quien acusó al Gobierno de encontrarse rodeado de “un lodazal de corrupción”.

La diputada popular, detalló Europa Press, sostuvo que existen indicios de que el PSOE habría abonado hasta 20.000 euros a operarios de fontanería con el propósito de obtener información sobre jueces y fiscales implicados en investigaciones por supuesta corrupción dentro del partido. Guardiola recurrió además a expresiones despectivas para referirse al ministro, calificándolo de “cartucho quemado” y “juguete roto”, al tiempo que aseguró que el presidente Pedro Sánchez “no tiene compañeros, tiene vasallos”.

En su intervención, Bolaños rechazó las acusaciones y señaló que la diputada no había dejado “ni un solo bulo por utilizar en esta antología de la mentira”. El ministro exhortó a Guardiola a que procure contrastar la veracidad de las afirmaciones que esgrime en sede parlamentaria. Añadió: “Ustedes, a los cuentos y nosotros, a las cuentas”, antes de exponer cifras económicas como los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, una tasa de desempleo por debajo del 10% y más de 2.500 millones de euros destinados a becas, en contraste —según él— con lo que denominó “cuentos” provenientes del PP.

Durante la misma sesión, Europa Press detalló que la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo interrogó al titular de Justicia sobre las razones por las que Ucrania dispone de presupuestos mientras que España carece de ellos. La parlamentaria acusó a Bolaños de actuar como “ministro para el sometimiento de las Cortes”. El ministro replicó señalando que Álvarez de Toledo considera una falta la ausencia de presupuestos en el Congreso, mientras que en Castilla y León —gobernada por una coalición del PP y Vox— ve normal ese mismo hecho. Asimismo, Bolaños acusó a la bancada popular de incumplimiento de la Constitución por no renovar los magistrados del Tribunal Constitucional responsabilidad del Senado.

Europa Press consignó que, en respuesta a la pregunta sobre la guerra, Bolaños subrayó que mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, había manifestado su rechazo a la guerra ese día, Álvarez de Toledo había publicado el 7 de marzo un mensaje en redes sociales con el texto “sí a la guerra”. La diputada defendió su postura afirmando: “Digo sí a la libertad y por tanto sí a la derrota de una teocracia criminal”, y acusó al Gobierno de usar la guerra para “no perder” el poder.

Álvarez de Toledo repasó acontecimientos como los atentados yihadistas de 2004 señalando que, según su opinión, el PSOE politizó aquellas tragedias para influir en los comicios. Tildó el manejo del 11-M como “el gran bulo” que, afirmó, incluyó el cerco a sedes del PP y la utilización política de la masacre. Añadió: “Terrorismo, guerras, danas, todo aprovecha el convento socialista”. A raíz de estas afirmaciones, Bolaños le reprochó poner en duda la legitimidad de la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero en las elecciones generales de aquel año y exigió una rectificación inmediata. Según publicó Europa Press, el ministro calificó a Álvarez de Toledo como “mujer bulo” y expresó que su discurso se encuentra “más cerca de Donald Trump y Benjamin Netanyahu que de Pedro Sánchez”.

Europa Press informó que la portavoz de Vox, Pepa Millán, dirigió una pregunta directa sobre la definición de progreso que maneja el Gobierno. Bolaños respondió que “seguro que no es lo que entienden ustedes” y criticó al líder de Vox, Santiago Abascal, por abandonar el hemiciclo antes de tiempo, a pesar de reclamar frecuentemente debates con el presidente Sánchez. Millán replicó señalando que “el que acusa debe probar” y lamentó que, según su percepción, muchas familias hoy deben elegir “entre llenar el depósito o llenar la nevera”. La diputada de Vox atribuyó al Ejecutivo el despliegue de un modelo de precariedad, deterioro de servicios públicos y corrupción, y sostuvo que “su no a la guerra es una gran mentira”.

Frente a estas acusaciones, el ministro recurrió a testimonios de exmiembros de Vox para reiterar su denuncia de supuestos beneficios obtenidos por la dirección de este partido, reiterando que tales actuaciones se realizan a costa de los trabajadores y clases medias del país. Según reiteró Europa Press, la dinámica del debate parlamentario se centró tanto en la disputa sobre el posible pacto en Extremadura como en el enfrentamiento entre los discursos de Gobierno y oposición en torno a los temas de corrupción, política presupuestaria y conflictos internacionales.