La llegada masiva de menores extranjeros no acompañados a Ceuta tras el cruce irregular de miles de migrantes desde Marruecos de hace una semana ha desbordado la capacidad de acogida de la ciudad autónoma. Incluso antes de que el Gobierno concrete cuántos de esos menores deberán ser trasladados a cada comunidad autónoma, el reparto previsto en la reforma de la Ley de Extranjería ya ha dibujado un mapa con posiciones enfrentadas. Los gobiernos de coalición regionales entre PP y Vox han cerrado filas contra la medida y amenazan con combatirla en los tribunales; otros ejecutivos autonómicos apelan al cumplimiento de la ley y a la solidaridad entre territorios; mientras el Gobierno vasco y partidos como Junts introducen un debate distinto, centrado en las competencias en inmigración y la reunificación familiar.

El pulso llega en uno de los momentos de mayor presión para Ceuta. La ciudad atiende ya a unos 1.100 menores migrantes, una cifra que multiplica por veintiséis la capacidad ordinaria de su sistema de protección. Solo desde la entrada masiva registrada el pasado jueves, la Policía Nacional ha identificado a 528 menores que han quedado bajo tutela de la administración ceutí, mientras otros continúan siendo localizados.

Con este escenario, el Gobierno insiste en activar el mecanismo de redistribución aprobado el pasado año para aliviar la presión sobre territorios especialmente expuestos a la llegada de migrantes. El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha recordado que la ley obliga a proteger a estos menores y ha advertido de que, si alguna comunidad se niega a cumplir el reparto, podría intervenir la Fiscalía de Menores. También el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confiado en que no sea necesario llegar a un conflicto judicial porque, ha insistido, la normativa es de obligado cumplimiento para todas las autonomías.

PP y Vox convierten el reparto en un nuevo frente contra el Gobierno

Las primeras en levantar la voz han sido las comunidades gobernadas por PP y Vox, aunque no todas lo hacen con la misma intensidad. El denominador común pasa por responsabilizar al Gobierno de Pedro Sánchez de la crisis migratoria y rechazar que la respuesta consista en distribuir a los menores entre los distintos territorios.

Extremadura ha adoptado el tono más contundente. El vicepresidente autonómico, Óscar Fernández (Vox), ha prometido combatir el reparto “por tierra, mar y aire” y utilizar “todos los medios políticos, administrativos y jurídicos” para impedir que lleguen menores a la comunidad. A su juicio, el sistema de protección extremeño está al borde del colapso y ampliar plazas no entra en los planes del Ejecutivo regional.

Una línea prácticamente idéntica mantiene Andalucía. El vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira (Vox), ha recordado que el acuerdo de gobierno firmado con el PP incluye el rechazo a cualquier mecanismo de distribución de menores migrantes impulsado por el Ejecutivo central. En ese contexto, ha calificado la llegada masiva a Ceuta como “una invasión” y ha defendido que quienes cruzaron la frontera deben regresar a Marruecos, incluidos los menores junto a sus familias.

Algo diferente es el caso de Aragón. La vicepresidenta Mar Vaquero (PP) asegura que el Gobierno autonómico cumplirá la ley si el reparto termina siendo obligatorio, pero avisa de que recurrirá cualquier decisión que considere contraria al ordenamiento jurídico. El Ejecutivo aragonés sostiene que su sistema de protección ya ha llegado a duplicar su capacidad y acusa al Gobierno de trasladar a las comunidades las consecuencias de una política migratoria que considera fallida.

La Comunitat Valenciana tampoco comparte el planteamiento del Ejecutivo, aunque rebaja el tono respecto a otros socios de Vox. La consellera de Servicios Sociales e Infancia, Elena Albalat (PP), evita rechazar expresamente la acogida, pero insiste en que los centros valencianos presentan una sobreocupación del 160% y reclama conocer primero los detalles del reparto. También exige financiación suficiente para atender a los menores más allá de los tres meses que cubre el Estado y reprocha al Gobierno la falta de planificación y diálogo con las autonomías.

Los gobiernos socialistas reivindican la solidaridad entre territorios

Frente a ese bloque, las comunidades gobernadas por el PSOE defienden que el mecanismo aprobado el año pasado debe aplicarse para responder a una situación excepcional y evitar que el peso de la crisis recaiga únicamente sobre Ceuta.

Navarra ha sido la autonomía que ha expresado un respaldo más claro al reparto. La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, ha comunicado al Gobierno ceutí la disposición del Ejecutivo foral para colaborar y ha recordado que el sistema de distribución ya establece criterios objetivos basados en la población, la capacidad de acogida y el esfuerzo realizado previamente por cada territorio. Además, ha advertido de que ninguna comunidad puede situarse “al margen de la ley” y ha defendido que la solidaridad institucional “no puede depender de la voluntad política de cada gobierno”.

Castilla-La Mancha también se ha mostrado favorable a participar, aunque reclama conocer previamente cómo se articulará el reparto. El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha pedido rebajar el tono del debate y ha defendido que la comunidad está dispuesta a “arrimar el codo” siempre que exista una coordinación efectiva por parte del Ejecutivo central.

En paralelo, la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha elevado la presión sobre la Junta de Andalucía al recordar que “las leyes no son optativas”. La dirigente socialista ha acusado al PP y a Vox de convertir la inmigración en un elemento de confrontación política y ha advertido de que utilizarán todos los mecanismos legales para exigir el cumplimiento de la normativa.

Cataluña y Euskadi se desmarcan con argumentos propios

Más difícil resulta encajar las posiciones de Cataluña y Euskadi en cualquiera de esos dos bloques. Junts, aunque no gobierne en Cataluña, rechaza que la comunidad reciba más menores procedentes de Ceuta, pero lo hace desde una argumentación distinta a la de PP y Vox. La portavoz del partido en el Congreso, Miriam Nogueras, sostiene que Cataluña ya acoge “muy por encima de su capacidad” y que no puede asumir las consecuencias de una política migratoria que atribuye al Estado. Además, reclama acelerar la transferencia integral de las competencias en inmigración a la Generalitat y vincula cualquier escenario futuro a esa negociación.

El Gobierno vasco tampoco se opone de forma tajante a la acogida, aunque cuestiona el planteamiento del Ejecutivo. La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa (PNV), sostiene que antes de trasladar a los menores a cientos de kilómetros, debe intentarse localizar a sus familias y favorecer la reunificación cuando sea posible. Recuerda, además, que Euskadi también trabaja por encima de su capacidad ordinaria y reclama que cualquier derivación se acuerde con las instituciones vascas, llegue acompañada de financiación suficiente y cuente con todas las garantías jurídicas y asistenciales.

Con las comunidades perfilando ya sus posiciones, el Gobierno mantiene el calendario previsto. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, viajará este viernes a Ceuta para reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, el delegado del Gobierno y distintas organizaciones de protección de la infancia, mientras el Ejecutivo trata de sacar adelante un reparto que ha convertido la emergencia humanitaria en un nuevo foco de tensión política entre administraciones.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido contra un sindicato de bomberos que denunciaba la falta de inversión en la región en materia de prevención de incendios. Desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Pelayo de la Presa, la presidenta ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha criticado a los bomberos en huelga que “deberían haber estado trabajando como el resto de sus compañeros, arriesgando la vida en la primera línea de fuego y no intoxicando en los momentos más difíciles”.

El reproche ha llegado tras la pregunta de una periodista que ha querido conocer su opinión después de que un sindicato de bomberos que afirma que la falta de inversión de 35 millones de euros en la región en técnicos y bomberos podría haber afectado a la propagación y a la falta de control de los incendios que han asolado a a la Comunidad de Madrid durante las últimas semanas. Ahora bien, ella se ha referido a los 60 técnicos y bomberos contratados por la región que no están trabajando en las labores de extinción porque sus contratos son diferentes a los de sus compañeros funcionarios y que exigen que les aplica la ley nacional aprobada en 2024, que supone que les puedan contratar todo el año (no solo seis meses como ocurre actualmente), que les reconozcan la categoría y que les paguen pluses

“Afirmar que ellos lo habrían resuelto es una mentira enorme y aporta poco, porque todos hemos vivido este incendio, que ha sido de una magnitud nunca vista”, aseguraba.

Sin detalles sobre la compra y venta del ático de Chamberí

A la presidenta también le han preguntado por el polémico ático de Chamberí. “Está en venta este inmueble y hemos puesto otros cuatro que están en Gran Vía. Con esos 22 millones vamos a reforzar la reconstrucción en la Sierra Oeste”, es todo lo que ha dicho al respecto. No ha habido más preguntas sobre la compra secreta ni sobre el anuncio de su venta tras hacerse pública la noticia.

La presidenta defendía tras hacerse público el asunto que sería utilizado para “reuniones institucionales de forma provisional” mientras se reforma la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. Sin embargo, la normativa prohíbe el uso de ese tipo de residencias para oficinas, por lo que muchos se preguntaban la motivación tras la compra. Finalmente, el Ejecutivo autonómico anunció su venta y no ha querido dar más explicaciones.

En medio de la crisis migratoria que sufre Ceuta, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha cargado duramente contra el Gobierno de España por la respuesta que ha realizado ante la entrada masiva e irregular de entre 50.000 y 70.000 personas. Según ha señalado en una comparecencia ante los medios de comunicación desde la ciudad autónoma, esta actuación ha sido “tardía e insuficiente”.

Feijóo ha afirmado que lo ocurrido en Ceuta durante los tres últimos días es el “resultado de decisiones políticas fallidas que han impedido cumplir con el primer deber de cualquier Gobierno”, que es “garantizar la seguridad de nuestra gente, defender nuestra soberanía y proteger nuestras fronteras”.

El líder de la oposición ha remarcado la importancia de blindar el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla para que esta situación no vuelva a repetirse. Así, ha indicado que la población de estas dos ciudades autónomas tiene “derecho a sentirse seguros, vivir en paz y ser protegidos por la nación”.

Feijóo afirma que todo “parece indicar” que el Gobierno sabía lo que iba a ocurrir

En su comparecencia, Feijóo ha afirmado que el Gobierno ya tenía información que alertaba sobre que la crisis migratoria se iba a producir y que, por tanto, no se hizo “nada” para impedirlo. “Tenemos el derecho a que el Gobierno nos diga si conociendo lo que iba a pasar, por qué no actuó. Queremos saber si el Gobierno tenía conocimiento, como parece indicar, desde hacía días que se iba a producir”.

En este sentido, el líder popular ha afirmado que no se cree que “todos los servicios de información” de España fallaran y no hubiese ninguna previsión de que “miles” de personas se aproximaban a la frontera entre España y Marruecos.

Por el contrario, Fernando Grande-Marlaska ha negado esta mañana que los servicios secretos advirtiesen del asalto masivo que se podía producir. “No, no hay ningún informe al respecto de la situación acontecida”, ha afirmado desde la sede de la Delegación del Gobierno de Ceuta tras reunirse con mandos policiales al frente del operativo desplegado esta semana.

Feijóo critica las barreras: “¿Por qué no se pusieron mucho antes?"

El presidente del Partido Popular, además, ha tachado de “ridícula” la reciente medida adoptada por el Gobierno, que este sábado ha anunciado que se ha comenzado a instalar una barrera de contención en el espigón de Ceuta de 500 metros en el mar para evitar posibles situaciones similares futuras.

“Si ahora valen las boyas, ¿por qué no se pusieron mucho antes?”, ha cuestionado Feijóo, que ha criticado que en 2021 entraron “entre 10.000 y 15.000 personas” y no se ha hecho “nada” hasta que han entrado 60.000.

Junto a él, Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, ha señalado este sábado que en la zona no se “ha logrado la normalidad” completa. “Todavía hay varios miles de personas que deben ser retornadas y un clima anímico en la población marcado por la inquietud y la preocupación”, ha señalado, indicando también que es necesario que en Ceuta se sienten las bases para que esta situación no vuelve a repetirse.

Esto contraste con lo indicado esta mañana desde el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Ceuta, que han asegurado que la mayoría de los migrantes que entraron a Ceuta de forma ilegal ya han vuelto a Marruecos, tras dos días en los que la ciudad ha sido casi imposible encontrar alimento y un lugar en el que dormir.

*Con información de Europa Press y EFE

Tras la comparecencia de Pedro Sánchez en Ceuta, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este viernes activar mecanismos “extraordinarios” para recuperar el control de la frontera y aceptar el despliegue de Frontex ante la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma. Además, ha acusado al presidente del Gobierno de no estar “a la altura” de una situación que define como una “crisis de soberanía”.

Feijóo ha reclamado que el Gobierno explique si hubo advertencias previas sobre lo que podía ocurrir y ha pedido que se depuren responsabilidades políticas “de manera inmediata”. Además, ha pedido convocar un pleno del Congreso para tramitar en lectura única la reforma de la Ley de Extranjería, al considerar que “una frontera no se asegura improvisando boyas en el mar para encajar una sentencia”, en referencia al fallo del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente.

“Un territorio español está siendo ocupado”, ha afirmado Feijóo, que ha insistido en que “la frontera de España ha sido desbordada” y que lo ocurrido en Ceuta “no es solo un problema migratorio, sino una crisis de soberanía”. A su juicio, la situación requiere un despliegue “inmediato y masivo de medios”, así como que el Gobierno declare la ciudad “situación de interés para la seguridad nacional”, activando todos los instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico “sin descartar ninguno”.

Además, el líder del PP ha defendido que “quienes han entrado irregularmente tienen que volver” y ha reclamado al Ejecutivo que habilite “hoy, conforme a la ley”, el dispositivo necesario para hacer posible ese retorno, incluyendo el abastecimiento de agua y comida que pueda ser necesario.

Feijóo también ha señalado que “España no puede aceptar que el control de su frontera dependa de una decisión ajena”, ya que, según ha recalcado, “eso no es un problema técnico, sino una humillación”. Asimismo, ha defendido que los socios europeos “no son los enemigos”, sino “los aliados de España en la defensa de la frontera exterior de la Unión Europea”.

Tras su comparecencia, el líder del PP difundió en X (antes Twitter) un documento bajo el título “Ceuta: seis decisiones urgentes”, en el que resumió sus propuestas ante la crisis migratoria, entre ellas la declaración de la ciudad como situación de interés para la Seguridad Nacional, el despliegue de Frontex y la reforma de la Ley de Extranjería.

Vox exige explicaciones sobre Marruecos

Por su parte, Vox ha reclamado que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, comparezcan en el Congreso para explicar su actuación antes y durante la llegada masiva de migrantes a Ceuta procedentes de Marruecos, así como las comunicaciones mantenidas con el país vecino durante el mes de julio.

La formación de Santiago Abascal quiere que Albares informe en la comisión de Asuntos Exteriores sobre “el incremento exponencial” de las llegadas a la ciudad autónoma, el asalto “masivo” a la frontera y las medidas adoptadas por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis migratoria. Además, reclama conocer las comunicaciones mantenidas con Marruecos durante la crisis, la posición del Gobierno ante las propuestas europeas sobre gestión de fronteras y los posibles efectos sobre el espacio Schengen.

Vox también ha pedido la comparecencia de la directora del CNI en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para que detalle las consecuencias para la seguridad nacional de la llegada irregular de migrantes desde Marruecos y las medidas adoptadas por el Gobierno ante una situación que la formación considera una amenaza para la seguridad nacional.

Asimismo, el partido ha solicitado informes y documentos sobre la crisis, incluidos los elaborados por el CNI antes y durante la presión migratoria sobre Ceuta, así como las comunicaciones entre el Ejecutivo, Frontex y las autoridades marroquíes. También ha reclamado conocer las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional relacionadas con la seguridad fronteriza de Ceuta y Melilla.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha advertido este jueves sobre la gravedad de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad en los últimos días. Según el político del PP, la situación ha alcanzado el nivel de “absoluta emergencia humanitaria y social”, lo que exige una intervención urgente y coordinada de las autoridades estatales.

En declaraciones ofrecidas a varias emisoras de radio, el presidente ha resaltado que la respuesta a esta crisis debe desarrollarse bajo la dirección de un mando único. A su juicio, esa coordinación es imprescindible para garantizar que las medidas adoptadas sean eficientes. Vivas ha insistido en la necesidad de que el Estado asuma un papel activo para enfrentar el desafío y ha recordado que “han entrado 1500 personas”, lo que equivale al “2% de la población”.

Un 2% de la población y 60 muertos en un mes

Vivas ha asegurado que, en los últimos 10 días, han llegado a Ceuta entre 1.500 y 2.000 personas. Para poner la cifra en contexto, explicó en la Cadena SER que esto equivale al 2% de la población total de la ciudad, lo que, trasladado al conjunto de España, sería comparable a la entrada de un millón de personas por vía marítima y de manera irregular en el mismo periodo.

El presidente ha precisado que la sobreocupación en el área destinada a menores alcanza el 2.400%, y que el número de migrantes fuera del centro temporal de adultos ya supera al de quienes permanecen dentro de esas instalaciones. Vivas también ha informado de que, en el último mes, se han recuperado 60 cadáveres en el mar durante intentos de llegar a la ciudad. Ha añadido que la crisis migratoria está generando en la población local una sensación de vulnerabilidad y de inseguridad.

Ceuta pide “emergencia nacional” y “mando único”

Ante esta situación, Juan Jesús Vivas ha solicitado al Gobierno la declaración de “emergencia nacional”. El presidente ha reclamado que el Ejecutivo asuma el “mando único” y adopte medidas “contundentes” para enfrentar una crisis de esta magnitud. “La presión migratoria sobre Ceuta es una constante”, señaló, recordando que la ciudad constituye junto con Melilla la única frontera terrestre y marítima de España y Europa en África.

El presidente ha afirmado mantener contacto permanente con el Gobierno central, y ha expresado su deseo de que su petición encuentre comprensión. También ha subrayado la saturación de los centros de acogida, especialmente en el área de adultos, competencia del Estado, y la necesidad de recursos provisionales y de emergencia. Sobre los menores, ha insistido en que la ciudad requiere apoyo financiero estatal.

Vivas también ha pedido intensificar la colaboración con Marruecos para intentar frenar la llegada masiva, reforzar los cuerpos de seguridad en la frontera y en la ciudad, y modificar la ley tras la sentencia del Supremo sobre devoluciones. “Si esto no se corrige, en un mes estaremos como en mayo de 2021”, ha advertido. La decisión judicial ha impedido que las personas que cruzan a nado sean devueltas de manera instantánea al país vecino.

La defensa de Sergio Ríos, exchófer de Luis Bárcenas, ha subrayado ante el tribunal que su representado “nunca dudó de la licitud de la operación Kitchen”, porque presenciaba “las ilegalidades que cometía a diario la familia” del extesorero del PP. Según la declaración de su abogado, Javier Navarro, Ríos fue testigo de movimientos de joyas y cuadros, así como de entregas de dinero destinadas blanquear dinero.

“Ríos no conoció finalidad ilícita, conoció la trama delictiva de los Bárcenas, que tiraban de él para cambiar dinero”, ha afirmado Navarro durante la presentación de su informe final. Con esta defensa de la legalidad de los operativos presuntamente liderados por el comisario Villarejo, concluye tras más de tres meses con casi 40 sesiones el juicio de la Kitchen. De esta manera, queda visto para sentencia este martes uno de los casos más mediáticos de la historia reciente de las salas judiciales españolas.

El exchófer describe su trabajo y la vida de Bárcenas

El exchófer de la familia Bárcenas ha asegurado que, durante el tiempo que trabajó para ellos, “le obligaban a cambiar billetes de 500” y que llegó a presenciar cómo “se pagaba todo en efectivo, el renting, todo el día con billetes de 500”. Ha relatado que ha transportado joyas —“que ya sabemos lo que pueden valer”— y cuadros, y ha observado el nivel de vida de la familia, remarcando que Bárcenas “mantiene aún ese nivel de vida pese a no trabajar y no tener ingresos”.

Según la defensa, la captación de su cliente se dio en un encuentro con el excomisario José Villarejo, quien le habría dicho: “Tronco, estás moviendo joyas y dinero y si te pillan te van a dejar colgado”. El abogado ha insistido en que su defendido “jamás conoció finalidad ilícita porque no se dio finalidad ilícita alguna”. Ha subrayado que no se desviaron fondos públicos con el sueldo de confidente y que no ha encubierto delito alguno ni ha facilitado los móviles de Bárcenas.

Termina el juicio de la Kitchen

Este martes a mediodía, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha cerrado el juicio que comenzó el 6 de abril y ha sentado en el banquillo a la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy. Se les acusa de ordenar un operativo para sustraer al extesorero del PP, Luis Bárcenas, documentación y grabaciones que comprometían al partido. Queda así visto para sentencia un caso con un enorme impacto político.

El exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, su exsecretario de Estado Francisco Martínez y el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino se enfrentan a peticiones fiscales de 15 años de cárcel. Ninguno de los tres ha hecho uso de su derecho a la última palabra. Sí lo han hecho José Villarejo, Sergio Ríos y Andrés Gómez Gordo, el exasesor de María Cospedal, que, a pesar de sus vínculos, no llegó a ser procesada y participó como testigo. La mayor condena la pide la Fiscalía para Villarejo, con 19 años de prisión.

Mientras los incendios siguen obligando a movilizar decenas de efectivos y a evacuar a miles de personas en distintos puntos de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a defender la necesidad de sacar adelante el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. El Ejecutivo sostiene que la actual ola de incendios demuestra la necesidad de alcanzar un acuerdo de país para responder a fenómenos extremos, pero ¿en qué consiste realmente esa propuesta que lleva casi un año sobre la mesa?

Durante sus visitas a las zonas afectadas, Sánchez ha insistido en que España necesita una estrategia común para afrontar un escenario en el que los grandes incendios, las olas de calor, las inundaciones o las sequías son cada vez más frecuentes. Frente a ello, el Partido Popular ha evitado pronunciarse sobre el pacto en sí y ha defendido que, mientras continúe la emergencia, la prioridad debe ser apagar los fuegos y atender a los afectados.

Aunque estos días se habla de él como si fuera un acuerdo específico contra los incendios, lo cierto es que la propuesta del Gobierno tiene un alcance mucho mayor. Los grandes fuegos forestales son uno de sus pilares, pero el documento elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aspira a convertirse en una hoja de ruta para adaptar el país a los efectos de la emergencia climática en todos los ámbitos.

Un pacto que va mucho más allá de los incendios

El origen de esta iniciativa se remonta a septiembre de 2025, cuando el Gobierno presentó oficialmente el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática tras una campaña de incendios especialmente devastadora. La idea era impulsar un acuerdo estable que no dependiera de los cambios de Gobierno y que implicara a todas las administraciones, además de la comunidad científica, las empresas, los sindicatos, las universidades, las organizaciones sociales y la ciudadanía.

La filosofía del documento parte de una idea que el Ejecutivo ha repetido en varias ocasiones: la emergencia climática ya no puede afrontarse únicamente cuando se produce una catástrofe. El objetivo, sostiene, es anticiparse a los riesgos y reforzar la capacidad de respuesta del país antes de que ocurran.

Sobre esa base, el Ministerio elaboró una propuesta estructurada en 15 ejes y 80 medidas que buscan reforzar la capacidad de respuesta del país ante los efectos del cambio climático. El texto abarca ámbitos muy distintos, desde la prevención de incendios forestales hasta la planificación urbana, la protección de las infraestructuras críticas o la gestión del agua, con el objetivo de que las administraciones actúen de forma coordinada antes, durante y después de una emergencia.

Uno de los bloques más amplios está dedicado precisamente a los incendios forestales. El documento plantea cambiar el enfoque y pasar de una política centrada casi exclusivamente en la extinción a otra basada en la prevención durante todo el año. Para ello propone impulsar una gestión forestal más activa, reducir el combustible vegetal acumulado en los montes, fomentar el aprovechamiento de la biomasa, recuperar actividades tradicionales como el pastoreo extensivo y adaptar las actuaciones a las características de cada territorio para reducir el riesgo de que se produzcan grandes incendios.

El pacto también contempla reforzar los sistemas de Protección Civil y de alerta temprana para que las administraciones puedan anticiparse a fenómenos extremos y coordinar mejor la respuesta cuando se produzcan. En paralelo, apuesta por aumentar la resiliencia de las ciudades mediante la creación de una red de refugios climáticos y la adaptación de los espacios urbanos frente a episodios de calor extremo.

Otro de los ejes se centra en la gestión de los recursos hídricos y la adaptación de sectores especialmente vulnerables, como la agricultura, la ganadería o los ecosistemas naturales, con medidas orientadas a hacer frente a la sequía y a preservar la biodiversidad. El documento también incluye actuaciones para reforzar la investigación científica, mejorar la generación y el intercambio de datos climáticos y combatir la desinformación sobre la emergencia climática, con la idea de que las decisiones públicas se apoyen en la evidencia científica.

La propuesta incorpora, además, medidas dirigidas a proteger las infraestructuras esenciales y los servicios básicos frente a fenómenos meteorológicos extremos, promover la colaboración entre todas las administraciones y favorecer la participación de empresas, universidades, organizaciones sociales y ciudadanía en las políticas de adaptación. El Gobierno defiende que solo un enfoque transversal permitirá responder a una emergencia climática que, sostiene, ya afecta a prácticamente todos los ámbitos de la vida económica y social.

¿Por qué sigue bloqueado?

Pese a que el Ejecutivo presentó el pacto hace casi un año y lo ha reivindicado de nuevo durante la actual crisis de incendios, la iniciativa continúa sin materializarse. El Gobierno sostiene que el texto nació con vocación de consenso y recuerda que durante su elaboración participaron más de 1.300 organizaciones y se recibieron cerca de 4.000 aportaciones. Sin embargo, ese consenso todavía no se ha trasladado al terreno político.

El Partido Popular ha mostrado desde el principio sus reservas sobre el planteamiento del Ejecutivo. Aunque comparte algunas medidas relacionadas con la prevención y la gestión forestal, considera que el Gobierno ha centrado excesivamente el debate en el cambio climático y reclama priorizar actuaciones como la limpieza de los montes, el apoyo al mundo rural o el refuerzo de los medios de extinción.

Las reticencias tampoco se limitan al principal partido de la oposición. Algunas formaciones nacionalistas han expresado su rechazo al considerar que determinadas medidas podrían afectar al reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, mientras que Vox también se ha desmarcado de la propuesta.

Por el contrario, el Ejecutivo considera que la situación actual evidencia la necesidad de sacar adelante el acuerdo. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha insistido durante las últimas semanas en la conveniencia de alcanzar un “pacto de país” para responder a una emergencia climática que, a juicio del Gobierno, ya está teniendo consecuencias cada vez más visibles sobre el territorio.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el gobierno regional pondrá a disposición de los afectados por los incendios asesoramiento jurídico gratuito y ha avanzado la aprobación de una línea de avales para empresas y autónomos afectados y un plan de ayuda a la vivienda.

Así lo ha afirmado en una comparecencia desde el puesto de mando de Navalcarnero, donde ha explicado que el paquete contará con una dotación de 30 millones de euros. La dirigente regional ha avanzado la adjudicación de viviendas temporales propiedad de la agencia de vivienda social “para aquellas personas que hayan perdido su hogar”, así como ayudas directas de hasta el 100% del alquiler y apoyo económico para la reparación y reconstrucción de las propiedades dañadas.

Ayuso ha vuelto a comparecer este lunes para evaluar la situación del peor incendio en la historia del territorio, que ha calcinado ya 34.000 hectáreas y mantiene confinados tres núcleos poblacionales.

La regidora madrileña ha avanzado que los pronósticos son negativos y “adversos” y se ha remitido a la información proporcionada por las autoridades encargadas de la extinción, que han apuntado a la dificultad de controlar el fuego debido a las fuertes rachas de viento y la subida de temperaturas, que se espera que se consoliden en los próximos días. Ayuso ha fijado su preocupación una vez más en el foco en el entorno del pantano de San Juan. Un poco más al sur, en San Martín de Valdeiglesias, preocupa la “situación endemoniada”, ha dicho.

En la zona hay desplegados unos 300 bomberos y agentes forestales de la Comunidad de Madrid, con 50 vehículos como medios terrestres y otros cinco helicópteros que actúan desde el aire.

Confinamientos y desalojos

Los municipios actualmente desalojados son los de Aldea del Fresno, Navas del Rey, Chapinería, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Las Rozas de Puerto Real, Cenicientos, Cadalso de los Vidrios, Zarzalejo y Valdemaqueda. Los confinamientos siguen vigentes en San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado, donde han reabierto los centros de salud.

También regresarán a la residencia López Rumayor de San Martín de Valdeiglesias las personas mayores evacuadas hace unos días, así como el cámping de El Escorial, donde fueron evacuadas unas 5.000 personas. Está previsto habilitar una franja horaria para que los ganaderos puedan acceder a sus explotaciones y alimentar a los animales.

España vuelve a arder en verano, un titular que se repite cada año y que recuerda que el problema de fondo es que el planeta está cada vez más caliente y que el fuego es más difícil de prevenir si el mundo rural sigue abandonado.

Los incendios también han puesto de manifiesto que las diferencias partidistas entre las administraciones —la central, gobernada por PSOE y Sumar; y las autonómicas, mayoritariamente en manos del PP— no son un obstáculo para la colaboración cuando la vida de miles de vecinos está en juego. Pero a pesar de que esta crisis haya trascendido la bronca política, los líderes todavía no han sido capaces de lograr un acuerdo para mejorar las capacidades de prevención y respuesta frente a estas emergencias.

El último intento data de apenas un año. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó en agosto de 2025 un pacto de Estado sobre el clima tras los devastadores incendios que arrasaron Castilla y León el año pasado, que afectaron 143.880 hectáreas y que fijaron la crítica en la falta de previsión y de medios por parte del Gobierno de Alfonso Mañueco.

“La España sensata, vote lo que vote, exige el pacto”, justificó entonces el líder socialista. Y el propio dirigente autonómico refrendó la propuesta: “Todos estamos expuestos a ellos, por eso debe tratarse como un asunto de Estado con la máxima coordinación y colaboración entre las administraciones públicas”. El plan del Ejecutivo consistía en un acuerdo de mínimos para el que esperaba reunir un consenso: fondos con recursos permanentes, mayor coordinación entre administraciones, programas de formación ciudadana sobre emergencias o un plan de respuesta nacional contra la sequía.

Las 50 medidas del PP que compartían base con las del Gobierno

Ese mismo año, el PP presentó un proyecto alternativo de 50 medidas, con propuestas que eran idénticas a las del Ejecutivo, como más ayudas a los afectados, reforzar la estructura de la UME, exenciones fiscales y más apoyo a la ganadería y el mundo rural. El líder de la oposición introdujo también otras de dudoso criterio técnico, como la creación de un registro de pirómanos (que Feijóo atribuyó a la primera causa de los incendios).

El acuerdo, a priori, habría sido fácil de sacar adelante, pero no fue así. El texto que propuso Sánchez aterrizó en el Congreso ese mismo año para su debate en la Comisión para la Transición Ecológica, donde debía aprobarse para poder llevar la norma a su votación en el pleno. Sin embargo, en su ponencia se encontró con la oposición de los de Alberto Núñez Feijóo y de Vox, que rechazaron la medida por una razón política: dijeron que era una “cortina de humo” de Sánchez para ocultar sus casos de corrupción.

ERC, Junts, PNV y Bildu también declinaron la propuesta porque suponía, según ellos, “una ocasión más de recentralizar y de pisar nuestras competencias por parte del Gobierno”, como expuso la formación de Carles Puigdemont. En cuanto al plan de Feijóo, nunca llegó siquiera al debate en la Cámara Baja.

Los incendios en Madrid, Ávila y Toledo, ¿una nueva oportunidad?

Un año después, cuando tres grandes incendios han arrasado decenas de miles de hectáreas, primero en Almería —donde murieron 13 personas—, y en después Madrid, Ávila y Toledo—, Sánchez ha rescatado su propuesta. “La magnitud del desastre que estamos viviendo es muy difícil de asumir. [...] Las hectáreas calcinadas por los 32 grandes incendios en este 2026 han pasado de 130.000 a 150.000 hectáreas en menos de 24 horas”, alertó este domingo. Solo el fuego originado en Burgohondo, Ávila, ha arrasado cerca de 50.000 hectáreas, lo que lo sitúa ya como el incendio forestal más grande del que se tiene constancia en España.

El Partido Popular, de momento, no ha recogido el guante. Preguntado por ello, el portavoz de los populares, Borja Sémper, se ha limitado a afear que el Gobierno había ignorado su anterior plan: “Fueron ignoradas [las propuestas] y las votaron en contra. Que no hagan como que el PP no propone nada”, señaló. Sémper no respondió a las preguntas sobre un posible pacto, señalando que lo primordial era salvar la vida de los vecinos y extinguir los fuegos que permanecían descontrolados.

El Gobierno ya ha comenzado a mover ficha de cara al siguiente curso parlamentario. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, presentará junto al líder del Ejecutivo un plan para la creación de una red de refugios climáticos, cuyo texto ya fue presentado el año pasado. No será la única iniciativa. Desde Moncloa también quieren atajar los bulos difundidos alrededor de estas crisis, por lo que se esperan medidas como el plan contra la desinformación climática, anunciado el pasado mes de febrero y que podría presentarse a la vuelta del verano.

Alberto Núñez parece haber abandonado la idea de recortar la legislatura por la vía de una moción de censura, pese a que él mismo repite que lleva tiempo “agotada”. Sabe que, sin el voto de Junts per Catalunya, solo Sánchez tiene en su mano apretar el botón nuclear, un movimiento que hará “cuando mejor le venga”, aseguró el líder de la oposición. No obstante, en las filas populares prevén contar con los de Puigdemont en un número cada vez más creciente de votaciones en este final de legislatura, según ha podido saber Infobae; una realidad que ya ha empezado a evidenciarse desde que los posconvergentes anunciasen su ruptura irreversible con el Ejecutivo por incumplir sus compromisos de investidura.

Junts, por su posición de partido bisagra (ha votado en numerosas ocasiones con ambos bloques), es útil para hacer que las mayorías parlamentarias permanezcan en el bloqueo, lo que impide que Pedro Sánchez pueda culminar las grandes medidas de legislatura que se votarán después del parón veraniego: los Presupuestos, la senda de déficit, la condonación de la deuda autonómica o el decreto de vivienda (que ya ha sido tumbado dos veces y que Junts ha avisado que tumbará en su tercera oportunidad). Sin Junts junto al PSOE, Feijóo puede seguir reforzando su tesis de que el Gobierno “se ha convertido simplemente en una minoría de bloqueo”, tal y como sostuvo en el balance de la legislatura.

Desde el último parón veraniego en septiembre de 2025, Junts ha coincidido con los populares en cerca de la mitad de las votaciones (el 40%), una tendencia que, si bien todavía no es superior a lo que pactan Junts y PSOE, se prevé que vaya en aumento en los próximos meses. “Por supuesto que hemos pactado y hemos votado de la misma forma en más de 170 votaciones. Y si la legislatura continúa, espero hacerlo en más ocasiones”, afirmó Feijóo.

El futuro de la amnistía puede acelerar cambios

Fuentes populares consultadas por Infobae consideran además que el fin judicial de la ley de amnistía, avalada recientemente por el TJUE y previsiblemente avalada por el Constitucional el próximo 22 de septiembre, “puede ayudar a cambiar cosas” —aunque la última palabra la tiene el Supremo—. ¿Por qué? Al fin y al cabo, el futuro de la norma es lo que ha retenido a Junts en el bloque del Gobierno. Una vez que la Justicia europea avala la norma, Junts ya no necesita al PSOE y el PP se beneficia de ello.

Y esta es una de las claves para entender por qué Génova está pasando de pedir la cabeza de Puigdemont a tratar de reeditar un Pacto del Majestic (como se llamó el acuerdo en el que José María Aznar negoció con CIU los apoyos para su investidura). Cabe recordar que el PP ha protagonizado decenas de manifestaciones en contra de la ley de amnistía e incluso llegó a pedir la disolución de aquellos partidos que organizaron el conflicto independentista.

Este mismo jueves, fuera de Madrid, PP y Junts unieron sus fuerzas para tumbar la proposición de ley para limitar las compras especulativas de vivienda, uno de los principales compromisos del socialista Salvador Illa con los comunes.

Feijóo enmarca a Vox en la nueva normalidad

Pero pasar de coincidir en votos a derribar el Gobierno lleva más trabajo. ¿Cómo engrasar un bloque en el que están Vox y Junts? La clave para Génova pasa primero por dar por superado el debate de la extrema derecha. Y en este punto de la legislatura, la relación con Vox vive uno de sus mejores momentos, especialmente si se tiene en cuenta que hace dos años Vox anunció la ruptura con los populares en todos los gobiernos autonómicos.

Ahora, reconoció Feijóo, la relación es “fluida y cortés” y fruto de ello ha sido la culminación de acuerdos autonómicos —con presupuestos incluidos— en todos los territorios donde el PP ha necesitado de Vox. Y pese al ruido mediático, desde Génova dan por superado el debate, incluso, de la prioridad nacional. “Que toda la crítica sobre Vox sea ordenar el acceso a las ayudas por arraigo me deja muy tranquilo”, apuntó Feijóo.

Los españoles ya no podrán saber nunca cuánto les cuestan los medicamentos. El Congreso ha aprobado este jueves una ley sobre el programa de cribado neonatal que incluye, en una enmienda transaccional, la reforma de la actual ley del medicamento, con la que establecen como confidencial la cantidad de dinero que paga el Estado a las farmacéuticas por un medicamento.

La norma se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, con el objetivo de evitar llegar a la Cámara Baja. Si bien en un primer momento parecía que todas las enmiendas habían caído en la Comisión de Sanidad, el añadido de la mano del PP, PSOE y Sumar resistió la votación y pasó directamente a la Cámara Alta. Sin embargo, las enmiendas introducidas durante su paso por el Senado han obligado a los diputados a debatir la nueva norma.

“Los acuerdos de financiación que se alcancen, así como la información derivada de los mismos o de su aplicación, incluyendo los precios de adjudicación de los contratos de suministro de medicamentos que celebren las Administraciones públicas, tendrán carácter confidencial y no podrán ser revelados ni por la Administración General del Estado ni por las empresas u otras entidades que sean parte en dichos acuerdos", reza el texto que debería centrarse en la detección precoz de enfermedades en recién nacidos.

Un golpe a la transparencia para hacer frente a Trump

El Congreso culmina así una estrategia liderada por el Ministerio de Sanidad que busca, según el secretario de Estado Javier Padilla, hacer frente a Donald Trump y su política farmacéutica. El presidente estadounidense aplica desde 2025 la cláusula de la Nación Más Favorecida (MFN, por sus siglas en inglés) por la que se compromete a pagar el precio más bajo que se produzca dentro del G7. “A nosotros nos toca ver cuáles son las externalidades negativas que puede tener para nuestro país”, explicó Padilla ante la Comisión de Sanidad del Congreso.

El secretario de Estado defiende que, hacer público ahora lo que le cuestan a la Administración Pública los medicamentos, retrasaría la entrada de nuevos fármacos al país y podría causar problemas de desabastecimiento. “El hecho de que haya países de nuestro entorno, y especialmente España, donde ese precio se publique, hace que algunas de esas compañías tengan un incentivo total y absoluto para retrasar su financiación aquí, para poder seguir fijando precio en Estados Unidos”, valoró.

Es una postura que avalan desde Farmaindustria, la patronal española del sector farmacéutico. “La confidencialidad de los precios netos y condiciones de financiación de los medicamentos financiados por el SNS es un elemento estratégico para preservar la capacidad negociadora del Estado, garantizar la sostenibilidad presupuestaria y asegurar el acceso equitativo a la innovación terapéutica”, recalcaron a preguntas de este medio.

La reforma legal consigue, a su vez, adelantarse al Tribunal Supremo, que actualmente estudia una denuncia de la plataforma ciudadana Civio por la transparencia en estos contratos públicos. Al cambiar la ley en este sentido, el Gobierno elimina cualquier espacio de interpretación legal que el Alto Tribunal pudiera tener.

Farmaindustria se apoya en un estudio financiado por uno de los gigantes del sector, Merck Sharp and Dohme (MSD), que concluyó que revelar este coste podría aumentar hasta un 50% el gasto farmacéutico en países como España, Grecia o Portugal. Otros informes, sin embargo, alegan que este secretismo estaría provocando diferencias de hasta el 183% entre lo que pagan unos países europeos y otros.

“Son argumentos que, desde 2019, no se han respaldado ante ninguna instancia con una prueba: nadie ha acreditado un daño real y concreto derivado de la transparencia. Lo que hay son especulaciones y advertencias, como que algunas compañías quizá dejen de ofrecer sus medicamentos al sistema público”, advierten desde Civio. La organización critica el uso de esta “cláusula escoba” que “vuelve secreto todo lo que pueda conectarse, de cerca o de lejos, con un acuerdo de financiación”.

“PSOE y SUMAR, y esta vez también el PP (enfrentado al Gobierno en casi todo lo demás), se han alineado para sacar adelante el secreto legal sobre lo que cuestan realmente los nuevos medicamentos a las arcas públicas. Y alineados también en cómo hacerlo: lo más lejos posible del foco, donde les costaría mucho más defenderlo”, concluyen.

El curso parlamentario entra en el tiempo de descuento. Y, como es costumbre, sus señorías tendrán que terminar las tareas pendientes antes de irse de vacaciones. Algunas asignaturas que deberán resolver este jueves antes del parón veraniego llevan rezagadas desde hace años, como es el caso de la ley para otorgar la nacionalidad española a la población saharaui nacida bajo administración española, que este jueves encara su votación en la Comisión de Justicia para poder llevarla a Pleno. Han pasado exactamente dos años y medio desde que la proposición de ley fue presentada por Sumar, una propuesta que fue planteada como una manera de saldar una deuda histórica de nuestro país.

La primera ponencia tuvo lugar el pasado 28 de abril, por lo que era necesaria una segunda reunión con la posterior votación para poder llevarla finalmente a pleno. Dicha votación estaba programada para el mes de mayo, pero la norma ha permanecido atascada hasta ahora. ¿Por qué se ha tardado tanto? Desde Sumar achacan el retraso a las reticencias del PSOE para avanzar en un asunto que manejan desde una especie de ambigüedad estratégica.

La presión ejercida, tanto por el socio de Gobierno minoritario como por el resto de aliados progresistas, logró que el pasado 30 de junio el PSOE levantase su bloqueo y la Comisión aprobara su dictamen, que salió adelante con la abstención de Junts y los votos en contra de PP y Vox.

Fuentes de la coalición consultadas por Infobae prevén que la norma pueda llevarse a pleno el 10 de septiembre, ya que reconocen que no ha habido pleno para llevarlo a pleno antes de agosto. A pocas horas de producirse la votación, mantienen que las negociaciones siguen abiertas y el acuerdo llegará in extremis. “Estamos apretando mucho, pero aún no hay nada definitivo”, señalan.

No obstante, desde Más Madrid se aferran a las últimas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien se mostró “totalmente favorable” a la aprobación de la norma después de evitar fijar una posición. Algunos de los socios de Investudria llegaron a acusarle de “secuestrar” la norma, una afirmación que el jefe de la diplomacia española ha negado tajantemente. Los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal argumentan que la medida podría alterar los procesos de adquisición de la nacionalidad y, si bien desde el PP acostumbran a no adelantar su sentido de voto, todo apunta a que mantendrán su rechazo a la norma.

El texto consensuado en la última sesión estableció la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a todas las personas nacidas en la antigua colonia española antes de septiembre de 1977, aunque no cuenten con residencia legal en España. El plazo legal otorgado a los saharauis para optar por la nacionalidad española concluyó en el verano de aquel año, momento en que su territorio fue cedido a la administración de Marruecos y Mauritania, lo que impidió que pudieran ejercer ese derecho.

Llega el pleno ‘escoba’

Dos horas más tarde tendrá lugar una traca de votaciones en el llamado pleno escoba. La cita parlamentaria comenzará con el debate sobre la condonación de hasta 83.000 millones de la deuda autonómica. Después se llevarán a cabo diversas votaciones, entre ellas la convalidación del decreto de medidas anticrisis ligado a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, que incluye la rebaja de los carburantes; y el de jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones Públicas y el complemento de insularidad en Islas Baleares.

El Congreso votará las enmiendas del Senado introducidas en la transferencia de las competencias de la AP-9 a Galicia, cuya tramitación se aprobó el pasado mes de junio con los votos en contra de PP y Vox. Otro de los asuntos principales es la reforma para facilitar a los mutualistas alternativos una pasarela a la Seguridad Social. Tras su paso por el Senado con modificaciones, la Cámara Baja votará esos cambios y, si los ratifica, la norma quedará lista para su publicación en el BOE.

Por último, se votará en el hemiciclo las enmiendas en la reforma del programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud, que busca armonizar y actualizar anualmente en todas las comunidades la llamada prueba del talón a los recién nacidos. Pese a que la norma tiene que ver con la detección de las enfermedades raras, lo que se votará este jueves es una modificación acordada entre PP, PSOE y Sumar que hará que los contratos de suministros con las farmacéuticas sean confidenciales.

A pocas horas de encarar el tercer año de legislatura, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ya ha sacado a relucir su programa electoral. Y en este sentido, ha prometido que su posible llegada a la Moncloa, de culminarse en las urnas en 2027, “no será un relevo”, sino que llevará a cabo una “limpieza a fondo” de las instituciones que irá acompañada de una serie de reformas en materia de vivienda, transportes o sanidad.

Y dentro de ese paquete, Feijóo ha desdeñado cambios en la política migratoria. Y en este punto, Feijóo ha sido especialmente crítico con la ley de nietos impulsada por el Gobierno y que concede la nacionalidad a los descendientes de exiliados españoles. “No he cambiado de opinión sobre que los nietos de los españoles puedan tener acceso a la nacionalidad. Y como no he cambiado de opinión, digo que esta ley no responde a este objetivo y ha sido manipulada y ampliada a los bisnietos y tataranietos. Esa disposición es nula de pleno derecho”, ha añadido.

Feijóo ha avanzado que su partido está trabajando en una modificación del Código Civil para “ordenar la nacionalidad” y restringir el rango de esta disposición. “Estamos defendiendo la limpieza y no se puede delegar la inspección de los expedientes en empresas españolas, y mucho menos cubanas”, ha señalado.

El líder de la oposición no ha querido avanzar cómo se materializará esta nueva normativa y se ha limitado a mencionar que el equipo jurídico del PP “está consultando las opciones con sus socios europeos”. “Estamos buscando un punto de equilibrio entre derechos y obligaciones. La ley no va a regalar pasaportes, hay que merecerlos”, ha sentenciado.

Feijóo activa “la cuenta atrás” para el cambio, con Junts en la mayoría de bloqueo

En su balance de la legislatura, el líder del PP ha denunciado que el Ejecutivo trata de agotar la legislatura “políticamente agotado, parlamentariamente bloqueado y éticamente inhabilitado por completo”. Así lo ha expuesto tras constatar las últimas victorias populares en el ciclo autonómico y después de que saliese adelante la moción en el Congreso para pedir a Pedro Sánchez un adelanto electoral. Y en esta línea, ha subrayado que “el cambio está más cerca” y que la “cuenta atrás” ya ha empezado.

El líder del PP parece haber abandonado la idea de recortar la legislatura por la vía de la moción de censura, ya que no cuenta con el apoyo de una mayoría parlamentaria por las reticencias de los nacionalistas a incluir en la fórmula a Vox. Sí espera, no obstante, que en el último tramo de la legislatura pueda contar con el apoyo de Junts per Catalunya para actuar como una mayoría de bloqueo, una tendencia que ya se ha vivido en varias votaciones parlamentarias.

Feijóo no ha rebajado su crítica contra el Ejecutivo por los casos de corrupción. Ha reiterado que las últimas sentencias judiciales firmes —primero, la que afecta al exfiscal general del Estado; y segundo, la del exministro de Transportes— reflejan que existe “una corrupción institucional” con Moncloa como “zona cero”.

Las elecciones generales están a la vuelta de la esquina y los partidos políticos ya comienzan a tomar posiciones para llegar a las urnas en el mejor estado de forma. Los partidos de la izquierda a la izquierda del PSOE llevan meses inmersos en una lluvia de ideas a la espera de la fórmula que optimice su voto. Una de ellas la propuso el portavoz republicano, Gabriel Rufián, quien planteó que solo se presentase en cada provincia la formación con más opciones de voto, “en lugar de 14″ compitiendo por el mismo electorado. La fórmula Rufián pretendía sortear la ley D’Hondt, que se basa en el mayor voto relativo. En resumidas cuentas, penaliza las divisiones dentro de un mismo espacio.

A la izquierda no parece gustarle esta idea: los independentistas prefieren seguir su proyecto y los partidos estatales optar por la coalición. Sin embargo, la fórmula podría haber gustado en la derecha, donde el pastel no se reparte en 14 partidos, pero sí en dos: PP y Vox. Así lo avanzó una información del diario La Razón, que apuntó a que el PP estaría estudiando pedir a Vox, su aliado y rival natural en el bloque de la derecha, que se apartase en algunas provincias donde no consiguiesen ganar escaños. El propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido en numerosas ocasiones a los de Santiago Abascal que aparquen sus diferencias y apuesten por lo que les une: echar a Pedro Sánchez del Gobierno.

Y los populares son conscientes de que, como ocurrió en 2023, se enfrentarán en 2027 a un bloque de partidos en su contra, por lo que la única opción posible será que Vox y PP se vean obligados a entenderse y busquen soluciones imaginativas. En las pasadas elecciones generales de 2023, PP y Vox se dejaron alrededor de 9 escaños (y la mayoría absoluta) por no haber logrado adaptar sus votos al sistema electoral.

Un ‘lastre’ en Cataluña

¿Dónde podría ser útil esta fórmula? Siguiendo esta tesis —y suponiendo que todos los votantes de Vox, o al menos una parte, decidirían redirigir su voto hacia el PP—, podría ser útil en el caso, por ejemplo, de las provincias catalanas de Girona y Lleida, donde el voto a Vox lastró a los populares en el 23J. En Girona, el PP obtuvo un escaño tras sumar 31.042 votos, mientras que Vox, con 22.000 votos, no logró representación. Ese voto fracturado se tradujo en que los populares no pudiesen arrebatar el quinto escaño a los socialistas —o a Junts per Catalunya—, que obtuvieron dos asientos en el Congreso.

En el caso de la provincia de Lleida, los populares se quedaron a un puñado de papeletas de obtener representación, ya que los 23.428 votos (el 12,8%) no fueron suficientes. Vox también se quedó fuera con 22.514 votos (68%), por lo que, en el caso de unir fuerzas, los populares habrían superado incluso a Junts per Catalunya (18,6%) y Esquerra Republicana (18%). En otras provincias de España, como en Guipúzcoa —donde ni PP ni Vox consiguieron representación—, el escaso resultado de Vox (apenas 3.000 votos) no habría sido suficiente para que los populares pudiesen arrebatar un escaño.

Desde el PP no aclaran si esta idea está realmente encima de la mesa. La portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz, se limitó a contestar que no le constaba que su formación estuviese tanteando esa idea. En la calle Bambú no han esperado a que Génova se pronunciase públicamente sobre este asunto y ya han tachado el plan de “ocurrencias” que no conducen a “nada”. “¿Estas cosas del PP, quién las piensa? ¿En base a qué criterios dicen que no nos presentemos?”, se ha planteado la portavoz de Vox, Pepa Millán, quien ha invitado al PP -irónicamente- a que dé un paso a un lado.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que, si llega al Gobierno, modificará la política migratoria impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, revisará las regularizaciones de inmigrantes y endurecerá los requisitos para obtener la nacionalidad española. “La política migratoria del señor Sánchez va en contra del derecho europeo”, asegura el líder de la oposición en una entrevista concedida a The Objective.

Las declaraciones forman parte de una amplia entrevista en la que Feijóo repasa la actualidad política y desgrana algunas de las medidas que impulsaría en caso de convertirse en presidente del Gobierno. Entre ellas sitúa un cambio de rumbo en materia migratoria, uno de los asuntos en los que marca mayores diferencias con el Ejecutivo socialista.

“Nuestro planteamiento es llevar a cabo una política migratoria ordenada en función de las necesidades objetivas de nuestro país”, afirma. “El que venga a aportar, el que venga a integrarse y el que cumpla la ley podrá convivir en nuestro país. El que venga de forma irregular, el que no venga a trabajar y, por supuesto, el que delinca será expulsado de nuestro país”, añade.

Feijóo plantea revisar las regularizaciones

Preguntado por si un eventual Gobierno del PP revocaría los permisos de residencia concedidos como consecuencia de la regularización extraordinaria impulsada durante esta legislatura, Feijóo sostiene que esa posibilidad existe una vez expire su vigencia inicial. “La regularización teóricamente es por un año y, por tanto, finalizado ese tiempo se puede revocar”, responde. A continuación, eleva el alcance de esa medida y considera que el proceso podría afectar “entre dos y dos millones y medio de personas, una vez que los regularizados hayan traído a sus familias”.

El presidente del PP considera que ese escenario supondría una carga para los servicios públicos y califica la actuación del Gobierno de “irresponsabilidad histórica”. “Desde el punto de vista económico y financiero no podemos soportarla, porque no tenemos recursos para regalar tarjetas sanitarias, matrículas escolares o pensiones no contributivas. La frivolidad del señor Sánchez no tiene límites”, denuncia.

Las críticas a la política migratoria se extienden también a la concesión de nacionalidades al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Feijóo insiste en que la instrucción dictada por el Gobierno para ampliar el acceso a la nacionalidad “es nula de pleno derecho” y advierte de que vulnera el marco legal vigente. “Si llego al Gobierno, le aseguro que la nacionalidad no la vamos a regalar”, señala. Además, anuncia que modificará el Código Civil para “establecer una serie de requisitos para el otorgamiento de la nacionalidad española” y que derogará “la totalidad de la Ley de Memoria Democrática”.

Una moción de censura solo si prospera

Durante la entrevista, Feijóo también vuelve a dejar abierta la puerta a una moción de censura contra Pedro Sánchez, aunque únicamente si dispone de los apoyos suficientes para desalojarle de La Moncloa. “Si hay algún atisbo de dignidad entre los socios de Sánchez, yo no descarto presentarla, pero solo para que salga adelante”, expone. En cambio, descarta registrar una iniciativa que pueda fracasar porque, según sostiene, eso serviría para reforzar políticamente al presidente del Gobierno. “Lo que no haré en ningún caso es facilitar que el señor Sánchez se quede tras una moción de censura fallida”.

El líder popular explica que todos los grupos conocen cuál es la propuesta del PP: una moción de censura cuyo único objetivo sería convocar elecciones generales. Sin embargo, vuelve a cerrar la puerta a cualquier negociación con Carles Puigdemont fuera de España para lograr el respaldo de Junts. “Yo no voy a salir de España para negociar con nadie el futuro de España”, afirma.

Feijóo también reconoce que, si tras las próximas elecciones no obtiene mayoría absoluta, la única alternativa pasa por entenderse con Vox. “Me tengo que entender con el señor Abascal porque por encima de mi carrera política y de mi partido está mi país”, apunta. A su juicio, “la única solución que tenemos, cuando no tenemos mayoría, es llegar a un acuerdo con la tercera fuerza política”.

No obstante, marca diferencias con la formación de Santiago Abascal y manifiesta que mantiene discrepancias en cuestiones como el modelo autonómico o determinadas posiciones sobre política europea. Entre ellas cita el rechazo de Vox al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, una postura que considera contraria a los intereses españoles.

En el plano político, Feijóo carga con dureza contra Pedro Sánchez, al que acusa de haber consolidado “tics autoritarios”. “Una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados ha pedido su dimisión y él se levanta y se ríe. Y esos tics autoritarios los está consolidando”, relata.

El presidente del PP también recuerda que el Ejecutivo está “pendiente de su agenda judicial” y que España atraviesa una situación institucional “insufrible”. Asegura, además, que no mantiene ningún contacto con Sánchez desde la reunión que ambos celebraron en marzo de 2025 en el Palacio de la Moncloa y critica que el presidente del Gobierno “no consulta a nadie” porque “toma las decisiones de forma autoritaria”.

Respecto a las próximas elecciones generales, Feijóo considera que Sánchez intentará agotar la legislatura, aunque se muestra convencido de que perderá los comicios. “Estoy convencido de que volverá a perderlas y de que en este caso habrá un cambio de Gobierno”, adelanta. Además, promete que, si llega a La Moncloa, informará a los ciudadanos de “todo” lo que encuentre sobre la situación económica, presupuestaria y los compromisos internacionales asumidos por el Ejecutivo. “El señor Sánchez estará sometido a la verdad. Si de mí depende, le aseguro que lo haré”, concluye en la entrevista.

El PP ha dado a conocer a los candidatos que encabezarán sus listas en las 52 capitales de provincia para las elecciones municipales del 21 de mayo de 2027. El partido ha renovado 11 de las candidaturas en las ciudades donde actualmente no gobierna. Además, 21 de los cabezas de lista son mujeres, alcanzando el 42 % de representación femenina. Alberto Núñez Feijóo se ha encargado este sábado de presentar el nuevo “equipo”.

El evento, celebrado en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, ha reunido a los candidatos del PP en un ambiente distendido en el que cada uno ha expuesto sus propuestas en un minuto. Según EFE, las intervenciones han incluido referencias a la final del Mundial y críticas al Gobierno, dentro de un clima de confianza de cara a las próximas elecciones municipales y generales.

El PP ha querido presumir de diversidad y fuerza de los nuevos perfiles, y ha apostado por mantener el control en las 30 capitales donde ya gobierna, a la vez que ambiciona conquistar nuevas plazas. La formación ha destacado la importancia de renovar equipos y reforzar la presencia femenina, de cara a una cita electoral fijada para el 21 de mayo de 2027, en la que espera consolidar su posición en los gobiernos municipales de toda España.

Feijóo pide “jugar en equipo”

El líder de la formación ha instado a los candidatos a ejercer el cargo con “decencia” y “servicio”, y ha remarcado la importancia de no caer en la pleitesía al líder del partido ni en prácticas personalistas. Feijóo ha recordado durante el acto de presentación que “no quiero que me deis la razón cuando no la tengo. Yo no quiero que me llaméis el puto amo, porque me daría vergüenza si alguno habla así”, según ha recogido EFE.

El dirigente ha defendido que España necesita “jugar en equipo”, comparando el trabajo político con el espíritu de la selección nacional de fútbol. Feijóo ha asegurado que el Gobierno no ha priorizado el interés colectivo y ha reclamado a los suyos dar la cara por España, subrayando que el país los necesita “más que nunca”. Además, ha criticado que existan partidos que “están deseando que pierda España en la final del Mundial de Fútbol” por motivos nacionalistas e independentistas.

Nuevos y viejos conocidos entre los candidatos

Según el partido, han buscado combinar la continuidad institucional de los 30 alcaldes actuales con una renovación donde han sido derrotados. Se mantienen en su puesto José Luis Martínez-Almeida (Madrid), María José Catalá (Valencia), Francisco de la Torre (Málaga), José Luis Sanz (Sevilla), Natalia Chueca (Zaragoza), José María Bellido (Córdoba), Marifrán Carazo (Granada), Carlos Velázquez (Toledo) y Gema Igual (Santander).

Han cambiado los nombres principales en 11 de las 20 capitales de la oposición donde destacan apuestas como David Fernández (León), Patricia Rodríguez (Ávila), Víctor Torres (Palencia), José Manuel Hernando (Soria) y Elvira Velasco (Zamora). Figuras de peso encabezan el liderazgo popular en el resto de territorios de la oposición como Daniel Sirera (Barcelona), Carlos García Adanero (Pamplona), Esther Martínez (Bilbao), Jimena Delgado (Las Palmas), Miguel Lorenzo (A Coruña) y Elena Candia (Lugo) con el objetivo de recuperar el poder municipal.

El dirigente popular insistió en que el archipiélago canario enfrenta retos graves ante la llegada de inmigrantes irregulares. Feijóo aseguró que “en Canarias hay más de 173.000 inmigrantes irregulares”, y comparó esa cifra con la registrada durante el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando, según sus datos, “llegaron 2.800”. Para el presidente del PP, la diferencia entre ambas cifras evidencia la magnitud del desafío actual y la urgencia de una intervención estatal más decidida.

“Esta situación es insostenible”, declaró el líder de la oposición, quien responsabilizó al Ejecutivo nacional de haber “renunciado a una de sus responsabilidades más importantes, que es decidir quién entra en España y quién no”. De esta manera, el PP endurece el tono ante los problemas que considera que genera la inmigración irregular y pone el foco en la necesidad de “controlar”.

El “abandono institucional” de Canarias o la vivienda

El discurso de Feijóo abordó otros temas centrales en Canarias más allá de la inmigración, reflejando las preocupaciones sociales y el contexto insular. “Quiero hablar de lo que le quita el sueño a los españoles”, señaló durante el acto en Las Palmas de Gran Canaria, donde enfatizó la importancia de conectar con la ciudadanía. Feijóo aseguró que el PP cuenta con un plan para afrontar el que considera el principal problema del país: la construcción de un millón de viviendas. También mencionó medidas para facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda, reforzar la sanidad pública con más médicos, reducir la presión fiscal sobre la clase trabajadora y respaldar al sector agrícola y pesquero.

En materia institucional, Feijóo sostuvo que el reto va más allá de un cambio de Gobierno. Subrayó la necesidad de “reconstruir la limpieza de las instituciones” y optimizar los servicios públicos en todos los niveles. Criticó al Gobierno al considerar que ha buscado priorizar su supervivencia frente a la corrupción y ha ignorado la labor del poder legislativo. Insistió en que “la ley es igual para todos”, defendiendo la relevancia del poder judicial como garante de la democracia.

La situación de Canarias también ocupó un papel central en su intervención. Feijóo denunció el abandono institucional que, a su juicio, ha sufrido el archipiélago y prometió trabajar para que Canarias destaque por su liderazgo y talento, alejándose de polémicas y escándalos políticos. Solicitó respaldo total de su militancia para afrontar los retos del país, reclamando al Gobierno la recuperación del control sobre la inmigración y la gestión de las fronteras.

La Junta Electoral Central pide precisar y objetivar los criterios para inscribir en el censo electoral a los nuevos españoles nacionalizados a través de la ley de nietos, como se conoce popularmente a la disposición adicional en la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 y que concede la nacionalidad a quien demuestre que desciende de exiliados por la guerra o la dictadura.

Hasta el 31 de marzo de este año unos 2,4 millones de personas han solicitado la nacionalidad por esta vía, según el ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Por este motivo, y tras recibir varios escritos de diferentes formaciones políticas, entre ellos Vox, haciendo alusión a la repercusión que este incremento pueda tener en el censo electoral, la JCE ha decidido solicitar a la Oficina del Censo un informe sobre la aplicación de la disposición actual, especialmente sobre los mecanismos de elaboración del Censo de Electores Residentes Ausentes que viven en el extranjero (CERA).

El máximo órgano electoral solicita que se elabore una nueva instrucción para las Oficinas Consulares y encomienda a la Oficina del Censo la redacción de una instrucción que precise los criterios aplicables para determinar el municipio de inscripción electoral debiendo especificar cómo se debe acreditar el “mayor arraigo” propio o de los ascendientes, qué documentación justificativa se podrá aportar y cuáles son los “supuestos y criterios en los que procede que la oficina determine el municipio de inscripción de oficio”.

Criterios objetivos para todas las Oficinas Consulares

La Junta considera que su determinación constituye un elemento “esencial” porque condiciona la circunscripción electoral a la que queda adscrito cada votante. Por ello, sostiene que los criterios deben ser “objetivos, homogéneos, suficientemente acreditados y susceptibles de una aplicación uniforme” por todas las oficinas consulares.

Aunque el informe remitido por la Oficina del Censo constata la existencia de mecanismos de actualización, control y trazabilidad del CERA, el órgano entiende que no permite concluir con claridad que el procedimiento de asignación del municipio de inscripción se esté aplicando de forma jurídicamente uniforme. En consecuencia, solicita un informe complementario y establece que, cuando el municipio no coincida con la última residencia en España, la decisión deberá quedar suficientemente motivada en el expediente para garantizar la transparencia, la objetividad y la igualdad en la formación del censo electoral.

En el acuerdo, la Junta también rechaza las peticiones para suspender cautelarmente la elaboración del CERA, como solicitó el partido de ultraderecha liderado por Santiago Abascal. Además, recuerdan que no le corresponde pronunciarse sobre los requisitos para acceder a la nacionalidad española ni valorar la Ley de Memoria Democrática, ya que esa competencia corresponde al legislador y, en su caso, a los tribunales. Asimismo, subraya que el derecho de sufragio de los españoles residentes en el extranjero está reconocido por la Constitución y que la Administración electoral debe aplicar la legislación vigente mientras no sea modificada.

El PSOE consigue recuperarse de un mes de junio agónico marcado por el pulso en los tribunales. Así lo refleja el último CIS de julio publicado este miércoles, que otorga el 33% de los votos a los de Pedro Sánchez frente al 25% que consigue el partido de Alberto Núñez Feijóo, que se queda a una distancia de 7,9 puntos tras caer ligeramente (dos puntos).

El estudio, elaborado entre el 1 y el 6 de este mes, coincide en el tiempo con el acuerdo entre PP andaluz y Vox, que incorporó la prioridad nacional, para investir a Juanma Moreno como presidente de la Junta. El barómetro se realizó además pocos días después de conocerse la condena al exministro de Transportes José Luis Ábalos y coincidió con la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

Vox también experimenta un ligero descenso y se sitúa en la tercera plaza con una proyección de votos del 15,3%. Los de Santiago Abascal sacan más del doble de votos a Sumar, que baja tres décimas hasta un apoyo del 6,1%. Por su parte, ERC sube ocho décimas (hasta el 2,7 %) y gana la pugna del independentismo catalán a Junts per Catalunya, que se queda con el 0,7% de los votos. Una de las sorpresas de este estudio es Se Acabó la Fiesta, que supera a Podemos al cosechar siete décimas más, que dejan a la formación con un 2,6%, una décima por encima de los morados (2,5%).

Respecto al resto de formaciones, el estudio revela un alza del respaldo al PNV de 0,4 décimas hasta alcanzar el 1% de voto estimado, en tanto que EH Bildu cae en la misma medida hasta el 0,8%.

La inmigración, el segundo tema que más preocupa por detrás de la vivienda

El estudio también ha coincidido con el proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha por el Gobierno. Y en este sentido, refleja que la preocupación por la inmigración se ha incrementado 4,5 puntos, escalando del tercer al segundo puesto de la tabla de problemas del país: es un asunto citado en el 23,4% de los cuestionarios.

La lista la lidera, un mes más, la vivienda, con un 43% de menciones, por delante de la inmigración y los problemas políticos en general (18,7%). El cuarto puesto está muy ‘peleado’ entre la corrupción (17,8%) y la crisis económica (17,3%).

Sánchez sigue siendo el líder preferido

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente del Gobierno, según el 26,7% de los entrevistados (25% en junio), mientras el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lo es para el 13,9% (13,4% en junio). Eso sí, el 20,9 % de los encuestados dice que no prefiere a “ninguno” como jefe del Ejecutivo.

En cuanto a los ministros, el barómetro revela que la titular de Educación, Milagros Tolón, es desconocida para el 88,2%; al igual que la ministra portavoz, Elma Saiz, a la que no conoce el 76,7 % de los encuestados, mientras que a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, no la conoce el 75,4%. La ministra más conocida es la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el 96,5% admite que la conoce; seguida del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, (88,1%), y de la de Defensa, Margarita Robles, (82,7%).

Al igual que hace un mes, aprueban en la puntuación de los ciudadanos el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con una nota de 5,62; seguido del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (5,36), y del titular de Cultura, Ernest Urtasun (5,02). La titular de Defensa se queda por debajo del aprobado con un 4,92%.

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que la victoria de la selección española en la semifinal del Mundial ha beneficiado políticamente a Pedro Sánchez. Según Bendodo, el triunfo deportivo ha relegado a un segundo plano la condena a nueve años de inhabilitación a David Sánchez, hermano del presidente, por un delito de prevaricación. Las declaraciones se han producido este miércoles, en una entrevista concedida a RNE.

Bendodo ha calificado de “maravillosa” para el Gobierno la victoria del equipo nacional frente a Francia, que ha supuesto el pase de España a su segunda final de un Mundial de fútbol, 16 años después de la anterior. Según el dirigente del PP, la repercusión mediática y social del encuentro ha desplazado el debate público sobre la situación judicial del hermano del presidente. No obstante, desde la oposición tratan de recuperar el foco y volver a señalar lo que consideran una condena muy grave y un nuevo motivo por el que Sánchez debería dimitir.

“Debería suponer la caída del Gobierno”

Durante la entrevista, Elías Bendodo ha insistido en que la condena a David Sánchez “debería suponer la caída del Gobierno”, argumentando que el presidente es el “verdadero cooperador necesario” para que se creara una plaza a medida para su hermano. “Si David Sánchez no es el hermano de Pedro Sánchez, no le hubieran hecho una plaza a medida y, evidentemente, no hubiera sido condenado a nueve años de inhabilitación. Eso es verde con asas”, ha declarado el dirigente popular en RNE.

En sus declaraciones, Elías Bendodo ha asegurado que la sentencia contra David Sánchez es “el triunfo del Estado de derecho sobre esa cloaca sanchista”. El dirigente del PP ha acusado al entorno del presidente del Gobierno y al PSOE de intentar influir en las instituciones y de poner en marcha estrategias para desacreditar a jueces, fiscales, periodistas y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Según Bendodo, “ha demostrado ser más fuerte que las estrategias del PSOE y la cloaca que montaron con Leire (Díez)”. Además, ha advertido sobre la necesidad de preservar la independencia judicial ante cualquier intento de presión política y ha defendido que la sociedad debe confiar en la fortaleza de las instituciones democráticas.

Condena al hermano de Pedro Sánchez

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa. La Audiencia Provincial de Badajoz considera que Sánchez, tras ser contratado como coordinador de los conservatorios en la Diputación de Badajoz, abandonó estas funciones y se centró en actividades operísticas ajenas a su contrato.

La condena se centra en el cambio de denominación de su puesto en 2022, que encubrió la creación de un cargo distinto, diseñado a medida y sin respetar los procedimientos legales. El tribunal destaca una “desatención sostenida” a sus funciones, falta de justificación documental y que residía en Portugal desde 2021. La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. El Gobierno considera que es excesiva y parte de una “persecución” al entorno del presidente.

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), ha rechazado este martes que el incendio forestal de Los Gallardos se utilice para hablar del cambio climático y ha acusado a los responsables políticos de recurrir a ese argumento para “eludir sus responsabilidades”. “Estamos hartos de ver a políticos hablar de cambio climático para eludir sus responsabilidades”, ha afirmado el dirigente de Vox, en respuesta a las declaraciones realizadas el día anterior por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a la zona afectada por el fuego.

En su primer pronunciamiento como vicepresidente segundo del Ejecutivo andaluz, Gavira ha reivindicado que el debate debe centrarse en la prevención de incendios y en la gestión de los montes. “Necesitamos menos ideología, más seriedad, más responsabilidad y más sentido común”, ha asegurado, antes de defender que “cuando llueve, el pasto crece, y la obligación de los responsables políticos es tomar todas las medidas necesarias para limpiar los montes y gestionar bien nuestros bosques”.

Las declaraciones llegan un día después de que Juanma Moreno y Pedro Sánchez visitaran el Puesto de Mando Avanzado instalado en Turre, donde se reunieron con los responsables del dispositivo de emergencias desplegado por el incendio. Tras ese encuentro, ambos comparecieron conjuntamente ante los medios y pusieron el foco en los efectos del cambio climático.

Moreno pidió a la ciudadanía una mayor “sensibilidad” ante el impacto que, según afirmó, el cambio climático está teniendo en Andalucía, mientras que Sánchez volvió a reclamar un pacto de Estado para hacer frente a este fenómeno. Un mensaje que Gavira ha rechazado de plano y que, además, ha aprovechado para contraponer con uno de los compromisos incluidos en el acuerdo de gobierno entre el PP y Vox: dar prioridad a las partidas destinadas a la prevención de incendios y revisar la normativa para facilitar la participación de los trabajadores del campo en la conservación del monte.

Malestar por la imagen conjunta de Moreno y Sánchez

El comunicado del vicepresidente segundo no se limita a cuestionar el discurso sobre el cambio climático. Gavira también ha expresado su “malestar” por la fotografía institucional que protagonizaron Juanma Moreno y Pedro Sánchez durante su visita al incendio, una imagen de la que ha querido desmarcarse públicamente.

“Lo último que necesitan las víctimas del incendio de Almería y los vecinos de las zonas afectadas es tener que soportar en el lugar de la tragedia al líder de la mafia de Moncloa”, ha afirmado en referencia al presidente del Gobierno. En la misma declaración también le ha atribuido la “gestión criminal del accidente ferroviario de Adamuz” y le ha acusado de haber “dejado abandonadas a su suerte a las víctimas de la DANA en Valencia”.

El dirigente de Vox ha insistido en que su formación no compartirá actos ni fotografías con Sánchez. “Jamás van a ver una foto de nadie de Vox con el representante de la mafia; el mayor problema que tenemos los españoles se llama Pedro Sánchez y no vamos a parar hasta sentarlo en el banquillo de los acusados”, ha manifestado.

Pese al tono marcadamente político de sus declaraciones, Gavira ha cerrado su comunicado con un mensaje dirigido a los afectados por el incendio. “Todo nuestro apoyo y nuestro compromiso para reconstruir la zona y atender a los que lo han perdido todo”, ha señalado.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado hace unos minutos que el incendio forestal originado en un restaurante clausurado en 2009 en Los Gallardos, en Almería, ha sido oficialmente “controlado”, tras avanzar favorablemente desde la fase de estabilización. El líder del PP en la comunidad autónoma ha destacado, así, que existe un “control absoluto” del fuego y confía en su extinción total en los próximos días.

Esto, como ha subrayado el presidente de la Junta, “significa que hemos avanzado, afortunadamente”, contra el fuego, “más allá de algunos pequeños conatos” que se han producido. Recordemos que el siniestro se ha convertido en el incendio más letal de Andalucía al dejar un trágico balance provisional de 13 víctimas mortales y 7.000 hectáreas calcinadas.

Aun así, ha remarcado que “el incendio ya no presenta como tal una amenaza, puesto que las condiciones meteorológicas” de las próximas horas “van a ser positivas, especialmente en lo que refiere a humedad”, de “casi el 90%, lo cual nos va a ayudar enormemente a refrescar la zona y, por tanto, a evitar que se vuelva a activar”, ha añadido.

De esta forma, aunque gran parte de los efectivos de extinción ya se han retirado de la zona, un dispositivo del Plan Infoca continuará con los trabajos de vigilancia para evitar que las llamas vuelvan a avivarse. También se ha permitido que los vecinos evacuados este fin de semana regresen a sus hogares “de manera progresiva para que no colapsaran las entradas y los accesos”, como ha señalado Moreno.

Según ha valorado, “la mayoría de las casas se han conseguido salvar gracias a la ingente labor que se ha hecho por parte de todos los efectivos”. Aunque, hay otras que han acabado destrozadas por las llamas.

Diez desaparecidos y seis cuerpos identificados

Por el momento, a las víctimas mortales se suman diez denuncias por desaparición y otras alertas vecinales sobre residentes extranjeros que vivían en la zona y de los que aún no se tiene noticias. Aunque, Moreno ha confirmado que, “después de rastrear de una manera intensa prácticamente todo el perímetro”, se cree que “esas diez denuncias de desaparición coinciden con los fallecidos” ya contabilizados, de modo que no habría ninguno más, lo cual “sería una muy buena noticia”, según ha subrayado.

Por otro lado, las personas heridas en estado crítico en el Hospital Virgen del Rocío por “quemaduras sevras”, permanecen en la misma situación, Por lo que “siguen en estado “crítico, grave, pero estables”, ha explicado Moreno. Pese a esta situación, desde la Junta se sienten “mínimamente positivos y optimistas” y tienen “la esperanza de que a lo largo de los próximos días puedan ir mejorando progresivamente, lo cual sería una gratísima noticia”.

Esta posición se refuerza, como ha indicado el presidente de la comunidad, porque “están en muy buenas manos”, pues el centro cuenta con “un elenco de profesionales muy especializado en quemaduras, y algunos de ellos han sido intervenidos y han salido bien” de esas operaciones".

En el ámbito judicial, el juzgado de Vera ya dispone de la identificación de seis de las trece víctimas mortales, correspondientes a tres hombres y tres mujeres. Entre ellos se encuentran un ciudadano español y cinco extranjeros: un hombre y una mujer de Reino Unido, una ciudadana de Francia, uno de Bélgica y una mujer de Estados Unidos.

Las autoridades de la investigación precisaron que el fallecido español y la mujer estadounidense formaban un matrimonio. Asimismo, se trabaja en un séptimo fallecido cuya identidad aún no ha sido contrastada, y se prevé comunicar otras tres identificaciones adicionales durante la tarde.

Feijoo se compromete a “presentar un gran acuerdo de prevención de riesgos”

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha viajado hasta el puesto de mando del incendio para transmitir su solidaridad con las familias de los fallecidos, los evacuados y los profesionales de emergencia. Del mismo modo, ha asegurado: “Yo me comprometo a presentar un gran acuerdo de prevención de riesgos de respuesta y de coordinación ante los riesgos naturales que se produzcan en nuestro país”.

En sus palabras, si gobierna, presentará un documento que “atienda al nombre de gran acuerdo en prevención, respuesta y coordinación ante riesgos naturales”. Y es que, como ha continuado, “se precisa más que nunca colaboración y coordinación” entre las administraciones públicas.

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido a quienes le han acusado de racismo por su polémica frase sobre una selección francesa “sin franceses”, que provocó un choque político con el Ejecutrivo de Emmanuel Macron. A través de su entorno, ha asegurado al periódico El Mundo que no piensa contestar a los insultos de miembros del Gobierno español y ha trasladado al diario que considera la expresión un “tema menor” magnificado por la reacción política y mediática entre Madrid y París.

La controversia se produjo por una columna de opinión publicada por Rajoy en el diario El Debate, titulada ‘Hoy llegó el desquite’, dentro de un texto sobre la eliminación de Bélgica y el futuro cruce de la selección de Luis de la Fuente. En ese artículo definió al conjunto galo como un rival de “altísimo nivel” y un “adversario formidable”, que, según sus palabras, no contaba con “franceses” en su plantilla.

Según ha informado El Mundo, desde el entorno del exjefe del Ejecutivo sostienen que no hubo “mala intención” en esas palabras y que Rajoy no prevé entrar en un intercambio público con el Gobierno. “No me voy a poner al nivel de ciertos miembros del Gobierno español”, han sido sus palabras.

Indignación en los gobiernos de Francia y España

Las palabras de Rajoy provocaron una oleada al otro lado de los Pirineos, que a través de su titular del Interior, Laurent Nuñez, calificó las afirmaciones de “absolutamente inaceptables“. También se refirió a ello Aurore Bergé, ministra encargada de la Lucha contra las Discriminaciones, quien habló de “reiterados deslices racistas”, y sostuvo que “es hora de que cesen y de que el deporte vuelva a ser deporte”.

La respuesta institucional más medida llegó desde la Embajada de Francia en Madrid, que recordó que “todos los jugadores de la selección francesa son franceses”. “De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los tres que nacieron en el extranjero también son franceses”, precisó.

En el Ejecutivo español, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escribió en X contra “quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel” y añadió que “España es de quien la ama y la trabaja, no de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas”. “Que gane el mejor y que pierda el racismo”, sentenció. Por su parte, el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, ha pedido al actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que desautorice las palabras del antiguo mandatario, pero por el momento no ha recibido respuesta desde Génova.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha sido citado para declarar como investigado el próximo 9 de octubre tras la querella interpuesta por una exconcejal de su partido por presunto acoso sexual y laboral. Según una información adelantada por El País y confirmada por la agencia EFE, la magistrada titular de la plaza 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha acordado también la citación de cinco testigos solicitados por la acusación particular.

Entre ellos, según ha señalado a EFE el abogado de la querellante Antonio Suárez-Valdés, se encuentra el exedil Raúl Gallego Parrondo, que dimitió en marzo pasado de su acta de concejal tras mostrar su solidaridad con su compañera, y el exjefe de Comunicación del consistorio, David Zamorano.

La imputación de Bautista llega después de que la jueza tomara declaración el 29 de junio pasado a la exedil denunciante, que se ratificó en su querella e insistió en que el regidor le hizo “proposiciones de tipo sexual en tres ocasiones” y que su rechazo derivó en “el inicio de un proceso de presunto acoso laboral”.

Así lo expuso durante las más de tres horas que duró la primera comparecencia. La exedil detalló además que “puso estos hechos en conocimiento del PP”, pero que “no se le hizo el más mínimo caso” y que, incluso, se llegó a sentir “coaccionada” por las dos interlocutoras que la dirección del PP puso a su disposición para sustanciar la cuestión.

Falta de amparo del PP

El recurso judicial de la exedil se ha apoyado en diversos materiales probatorios, entre ellos grabaciones de conversaciones y documentación relacionada, con el propósito de demostrar tanto las acciones del alcalde como la desprotección institucional por parte del partido y el consistorio. Cabe recordar que la primera denuncia fue interpuesta a través de los canales internos del partido.

La propia presidenta de la Comunidad de Madrid también ha sido una de las que ha cerrado filas con Bautista, reiterando que nadie había demostrado “nada”. Su número dos, Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, amenazó en paralelo con impulsar acciones legales contra la exconcejala por considerar que actuó “de mala fe” y supuestamente manipuló pruebas.

El alcalde de Móstoles presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid para que la jueza archivase la causa, alegando que la resolución no concretaba qué hechos se atribuirían al regidor ni cuáles son los indicios que justificarían la continuación del procedimiento. Sin embargo, la magistrada rechazó estos argumentos el pasado 29 de junio, argumentando que los hechos denunciados eran, “independientemente del resultado de las diligencias”, constitutivos de ilícito penal.

Noticia con información de EFE

Este lunes se cumplirán 29 años del secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, por la banda terrorista ETA. Aquella muerte, que se produjo tras un ultimátum lanzado desde la organización contra el entonces gobierno de José María Aznar —que no cedió al chantaje—, llevó a la ciudadanía a enfrentarse al miedo e inundar las calles exigiendo el cese de la violencia.

Este domingo, el PP ha celebrado un homenaje en la localidad natal de Miguel Ángel Blanco, al que han asistido su hermana y diputada popular, Meri Blanco, y representantes de la Ejecutiva Nacional. Y tras finalizar el acto, el Partido Popular ha aprovechado para cargar contra el Gobierno y sus acuerdos de investidura con EH Bildu, la formación que los de Alberto Núñez Feijóo consideran la línea roja en su política de acuerdos.

En una intervención ante los medios allí presentes, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha reprochado al presidente del Gobierno que “ceda al chantaje” y tenga un “pacto encapuchado” con EH Bildu que constituye, ha afirmado, “el mayor de los agravios y las traiciones” a las víctimas de ETA, que “dieron su vida por los valores” de la democracia.

“Lo que no consiguieron con las armas hoy, lo consiguen a través de un presidente del Gobierno que permite estos acuerdos”, ha señalado Gamarra, para después apuntar que, desde el PP, “nunca blanquearían a Bildu”. Y en esta línea, ha avanzado que su partido impulsará “diversas reformas” en la ley penitenciaria que impidan “que pueda ser utilizada en beneficio de los políticos”. Ha abogado, de igual forma, por la reforma de la Ley Electoral, para impedir que en las listas puedan concurrir candidatos formados por personas condenadas por terrorismo que, “ni se arrepienten, ni colaboran con la justicia”.

Gamarra ha avanzado también que su partido no solo trabajará para seguir esclareciendo los 376 asesinatos de ETA que permanecen sin resolver, sino para que sean juzgados “quienes dieron las órdenes” de esos crímenes.

Aznar reivindica la actuación de su Gobierno frente al chantaje de ETA

Miguel Ángel Blanco fue secuestrado el 10 de julio de 1997 por tres miembros de ETA, que exigieron, para su liberación, el acercamiento de los reclusos de la banda terrorista. Fue tiroteado dos días después en una pista forestal cerca de la localidad de Lasarte (Guipúzcoa) y murió horas después, el 13 de julio.

En el marco del aniversario se ha pronunciado también el expresidente del Gobierno, José María Aznar, quien ha reivindicado la “firmeza” con la que se actuó desde su Ejecutivo sin acceder a las exigencias de la banda terrorista. “ETA acusó el golpe y reaccionó extremando su crueldad habitual. No vaciló en usar la vida de Miguel Ángel como moneda de cambio para chantajear al Gobierno y al conjunto de la sociedad”, ha asegurado el expresidente.

El devastador incendio de Los Gallardos en Almería, que ha dejado al menos 12 víctimas mortales, 23 desaparecidos y unas 7.000 hectáreas arrasadas, evidencia cómo el negacionismo climático multiplica la magnitud y letalidad de los fuegos, según ha denunciado en un comunicado Ecologistas en Acción. La organización ambientalista advierte de que la falta de políticas efectivas y la inacción frente al cambio climático configuran un escenario donde estos desastres serán cada vez más habituales y destructivos.

El operativo desplegado para combatir el fuego que se declaró en Los Gallardos en la tarde del jueves, en el paraje de Almocáizar, y que ha sido estabilizado en la mañana de este domingo, ha incluido a cientos de bomberos forestales, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Civil y decenas de medios aéreos, lo que ilustra el nivel de dificultad para contener estos siniestros. Pero pese al amplio despegue, indica Ecologistas en Acción, no se ha podido evitar la pérdida de vidas y la destrucción de viviendas. De hecho, este incendio es ya el más mortífero del siglo XXI en España.

“Es cada vez más evidente que la sociedad no está preparada para este nuevo escenario que provoca el cambio climático, y también es evidente que la inacción y el negacionismo climático provocan destrucción y muertes. Cada año en los países del ámbito mediterráneo se sufren incendios de mayor amplitud y consecuencias más catastróficas. Ya sucedieron en Portugal y Grecia, el año pasado desolaron amplias zonas del noroeste de la Península y ahora llegan al sur", recuerda la organización.

También se muestran muy críticos con la respuesta del Gobierno andaluz que lidera el ‘popular’ Juanma Moreno junto con Vox, pues consideran que “existen responsabilidades políticas evidentes en el escenario catastrófico” de Los Gallardos, aunque también señala como responsables a la anterior administración del PSOE por permitir ciertas leyes en la región. “Los políticos que no han hecho nada frente al creciente cambio climático ahora se lamentan”, sostiene la organización.

“La proliferación de viviendas en el campo como segunda residencia de ciudadanos del centro y norte de Europa fue amparada por los ayuntamientos y por la Junta de Andalucía, que llegó a aprobar varios decretos y promover la modificación de leyes para impedir la demolición y blindar miles de viviendas en suelo no urbanizable en zonas como la Axarquía malagueña o el Levante almeriense. Las consecuencias de tamaña irresponsabilidad se están viviendo ahora, y son responsables tanto la anterior administración del PSOE como las posteriores del PP”, indican en el comunicado.

La organización también critica la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), al considerar que facilita la urbanización de terrenos no urbanizables y fomenta la expansión de segundas residencias ajenas a la explotación agrícola o forestal. Esta normativa “agravará la exposición de la población a situaciones de emergencia y dificultará la gestión de los incendios”, añaden.

No hay planes de emergencias o no están actualizados

En el plano de la prevención, Ecologistas en Acción señala el fracaso de los planes municipales de emergencia. El Decreto 371/2010 obliga a los municipios andaluces en zonas de riesgo a contar con un Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales (PLEIF), pero muchos ayuntamientos, aseguran, carecen de estos documentos o no los han actualizado. “La inmensa mayoría son desconocidos por la sociedad, que ignora qué hacer ante un incendio que puede afectar a sus viviendas”, detalla la organización. Tampoco existen simulacros para informar a la ciudadanía sobre protocolos de confinamiento o evacuación.

“Esta dejación de funciones y de delegar todo el trabajo a los efectivos del Plan INFOCA, ignorando a la población local, tiene estas consecuencias trágicas”, insiste la organización ecologista.

Asimismo denuncian la ausencia de Planes de Autoprotección frente a Incendios Forestales (PAIF) en diseminados urbanísticos y urbanizaciones aisladas, a pesar de su carácter obligatorio en zonas de peligro, pues se tratara de instrumentos que permiten evaluar riesgos, definir medidas preventivas y organizar evacuaciones, pero “no se implementaron en las áreas afectadas por el incendio de Los Gallardos”.

“Ante este escenario, es muy preocupante que se acabe de constituir un gobierno en Andalucía que asume el negacionismo climático y se compromete por escrito a la inacción climática. En la una de las regiones del mundo que puede sufrir, y ya se está evidenciando, con mayor intensidad las consecuencias del cambio climático, con el aumento de fenómenos meteorológicos extremos, el nuevo gobierno andaluz se compromete a no hacer nada. Quienes no actúen frente al cambio climático serán responsables de sus consecuencias", concluye la organización.

Después de que hacia las 11:00 de este domingo el Infoca haya dado por estabilizado el incendio en Los Gallardos, se ha autorizado el regreso de 1.000 personas que permanecían desalojadas por este fuego.

Feijóo ha subrayado que “no lleva toda su vida dedicándose a la política y al servicio público para llegar al Gobierno de España y conformarse con lo que hereda”. Las críticas, ha dicho, son “razonables” y no le frenan. Con ese tono, ha repasado uno a uno los frentes abiertos esta semana.

El pasado martes, en Bilbao, afirmó que el absentismo laboral en España “no se sostiene” y supone “un cáncer que no podemos pagar”, con un coste que cifró en más de 30.000 millones de euros, frente a un déficit de la Seguridad Social de 70.000 millones. Este sábado ha defendido que esa posición responde a su voluntad de construir una España “en la que el absentismo laboral fraudulento no se consienta sino que se persiga”.

Concebido no nacido

El pasado 29 de junio, en una entrevista en EsRadio, Feijóo acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “fabricar” votantes a través de la conocida como ley de nietos, que otorga la nacionalidad española a descendientes de españoles. El líder del PP ha reiterado este sábado que cuestionó esa norma por permitir que millones de personas obtengan la nacionalidad “sin las garantías necesarias y por encima de los límites legales que se habían fijado”.

La semana pasada, en una entrevista en Antena 3, el presidente del PP anunció que, si llega a la presidencia del Gobierno, impulsará una ley nacional para que el concebido no nacido sea reconocido como miembro de la familia a efectos de ayudas públicas. La medida iría en la línea de la norma promovida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este sábado ha vuelto a referirse a ello al defender que el Gobierno pueda ayudar a quienes vayan a ser padres “antes de que un niño nazca”.

Feijóo ha lanzado ese mensaje en el cierre del XVI Congreso de las Nuevas Generaciones del PP (NNGG) celebrado en Valladolid, donde la organización juvenil ha renovado su dirección: Ignacio Dancausa asume la presidencia en sustitución de la diputada vasca Bea Fanjul. El acto ha contado con la presencia del secretario general del PP, Miguel Tellado, entre otros miembros de la dirección nacional.

Una promesa a los jóvenes

El congreso se ha celebrado en un momento en el que Vox aventaja al PP entre los votantes más jóvenes. El 21,1 % de los jóvenes de entre 18 y 24 años votaría a Vox, frente al 14,1 % que lo haría al PP, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado en mayo, el más reciente que desglosa los datos por franjas de edad.

Ante ese escenario, Feijóo ha reivindicado su voluntad de ser “el presidente de los jóvenes” y ha cargado contra la gestión del Gobierno de Sánchez, al que ha acusado de haberles “fallado”. “Merecéis una política mejor y no me resigno a que seáis la primera generación que viva peor que vuestros padres”, ha dicho el líder popular, recibido por los asistentes con gritos de “presidente” y “Feijóo a la Moncloa”.

El presidente del PP ha cerrado su intervención con un compromiso ante los jóvenes del partido: “Os prometo una vida justa, no os prometo un país subsidiado, os prometo un país con oportunidades, no os prometo dependencia, me comprometo con la libertad”. Les ha pedido además que sean “el altavoz” que recuerde a la sociedad el futuro que, a su juicio, merecen.

Alberto Núñez Feijóo salió malparado de la polvareda sobre la ley de nietos y el supuesto fraude electoral y esta semana se ha propuesto poner otro asunto sobre la mesa que parece llevar el mismo camino. Sus compañeros de filas han salido en tromba a tratar de echar una mano. Dijo: “Debemos, con o sin acuerdos, sentar a patronal y sindicatos y tomar una decisión con el absentismo, (...) un cáncer que no podemos pagar, porque cuesta más de 30.000 millones de euros”. El presidente del PP abogó por que “una persona que no va a trabajar” no cobre lo mismo que “cuando va” y presumió de haberlo solucionado al frente del Insalud, donde “es muy difícil que un médico no le dé la baja a un colega”, y en Correos.

El PP ya ha desmentido tajantemente que vaya a tocar las nóminas a los empleados que causen baja si llega al poder y subraya que su presidente se refirió a las ausencias “sin justificar”. De ser así, el partido se ha opuesto frontalmente en el Congreso a una de las medidas que más ayudaría a las empresas con empleados que faltan de forma recurrente y sin aportar una razón, principalmente de la forma más expeditiva imaginable, como lo es el despido disciplinario.

El Gobierno sigue sin lograr que se haga efectivo el fichaje digital obligatorio en las empresas. La patronal se opone frontalmente y el PP, como se ha mencionado, ha puesto todos los obstáculos legislativos a su alcance. El proyecto que contemplaba este registro fue tumbado en septiembre de 2025 por este partido junto a Vox, Junts y UPN. El Ministerio de Trabajo trató entonces de aprobarlo por real decreto, es decir sin necesidad de mayoría en las Cortes, pero se encontró con un dictamen desfavorable del Consejo de Estado, que argumentó que debe tramitarse como ley, que no se adapta a sectores como la hostelería o la agricultura y que supone una carga económica inasumible para muchas pymes.

El despido disciplinario por absentismo

El Tribunal Supremo actualizó recientemente los requisitos para el despido disciplinario. El fichaje digital cambiaría de forma sustancial la capacidad de los empleadores para acreditar esas ausencias ante un juez. La ley permite despedir a un trabajador sin pagarle indemnización cuando falta al trabajo de forma repetida y sin justificación. No existe un número concreto de ausencias, es el convenio colectivo de cada sector el que fija cuántas y en qué plazo bastan. Como referencia general, los tribunales han considerado que tres ausencias injustificadas en un mes pueden amparar esa decisión, aunque comúnmente se tienen en consideración las circunstancias concretas.

Aunque Feijóo mezcló en su exposición inicial absentismo y bajas, la diferencia es notable. Antes que él, aunque de forma vinculante, lo hizo Mariano Rajoy, cuando en 2012 recortó el salario de los funcionarios durante permisos de incapacidad temporal. Una baja médica acreditada por el médico, un permiso por fallecimiento de un familiar o una huelga legal son ausencias justificadas y no pueden usarse como argumento para el despido. Solo cuentan las faltas sin ningún amparo legal ni convencional, o aquellas que el trabajador no ha comunicado ni explicado. Si hay un litigio, es el propio trabajador quien debe demostrar que su ausencia tenía justificación; la empresa solo tiene que probar que la falta se produjo.

El Supremo cambió una regla que hasta entonces beneficiaba al trabajador. Antes, en muchos convenios, las ausencias se contaban dentro de cada mes del calendario: si alguien faltaba los últimos días de enero y los primeros de febrero, esas faltas no sumaban al mismo periodo y era más difícil alcanzar el umbral del despido. El Supremo ha establecido que el plazo se cuenta desde el día de la primera ausencia, sin importar si ese intervalo cruza el cambio de mes. El efecto práctico es que faltas antes dispersas pueden ahora acumularse en el mismo cómputo y facilitar el despido.

Hay además un requisito formal que la empresa no puede saltarse: antes de entregar la carta de despido, debe dar al trabajador la oportunidad de explicarse en una audiencia previa. Si no lo hace, el despido puede ser declarado improcedente por un juez aunque las ausencias fueran reales, lo que obliga a pagar una indemnización. El trabajador tiene 20 días hábiles para recurrir el despido ante los tribunales.

Aumentan las bajas, también los motivos

Aquí es donde entra el fichaje digital. Para que un despido por ausencias sea sólido ante un juez, la empresa necesita probar con documentación fiable que las faltas se produjeron. Con un registro en papel o en una hoja de Excel, el trabajador puede cuestionar que los datos fueron manipulados, y los tribunales han dado la razón en algunos casos a esa alegación. Un sistema digital con registros inalterables elimina ese problema: cada fichaje queda sellado con fecha y hora exactas, y cualquier modificación posterior deja rastro automático de quién la hizo y cuándo. Esa trazabilidad convierte el historial de asistencia en una prueba difícilmente rebatible ante un juez.

El mismo principio vale para los retrasos o las salidas anticipadas. El Tribunal Supremo ha aclarado que la impuntualidad no es solo llegar tarde, sino también marcharse antes de hora o ausentarse del puesto durante la jornada sin justificación. Un sistema digital registra todos esos supuestos con precisión; un papel, en la práctica, rara vez lo hace.

La calle se ha pasado la semana debatiendo el asunto, lo que ha servido para aportar luz sobre una realidad que objetivamente crece. El informe más reciente sobre absentismo en España, de este mismo jueves, concluye que, en efecto, España registra más bajas, pero también que no todas son fraude ni se solucionan bajando sueldos. Detrás del aumento, concluye el estudio, confluyen factores como el envejecimiento de la población trabajadora -las reformas de las pensiones empujan a trabajar más tiempo, pero una plantilla de más edad tiene mayor riesgo de bajas frecuentes y prolongadas- y señala la salud mental, los dolores de espalda o el propio desgaste laboral como las patologías que más despuntan.

El portavoz del PP, Borja Sémper, quien acaba de superar un cáncer, ha pedido en una entrevista en RAC1 “cautela” a quien use esa palabra para referirse a las bajas laborales, algo que “no es un capricho”.

El Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, firmado hace más de tres años por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron con la intención de estrechar la relación entre ambos países, ha vuelto a quedar bloqueado este jueves por decisión del Senado. La mayoría absoluta del PP, con el apoyo de Vox, ha sacado adelante una cuestión previa para que el Tribunal Constitucional determine si uno de sus artículos es compatible con la Constitución, un paso que paraliza por el momento su ratificación definitiva por las Cortes.

La iniciativa ha prosperado con 146 votos a favor, 112 en contra y dos abstenciones. El detonante es el artículo 2.4 del tratado, un apartado que contempla que un ministro español y otro francés puedan ser invitados, al menos una vez cada tres meses y de forma alterna, a participar en reuniones del Consejo de Ministros del otro país. Para el PP, esa previsión plantea dudas de constitucionalidad que deben resolverse antes de que el acuerdo entre en vigor. El Gobierno sostiene, por el contrario, que el texto ya fue aclarado mediante una interpretación conjunta con Francia y que en ningún caso supone que un ministro extranjero forme parte del Consejo de Ministros.

La votación de este jueves supone un nuevo capítulo en la accidentada tramitación parlamentaria del tratado. El Congreso lo aprobó el pasado 18 de junio, después de que Junts y Podemos cambiaran el sentido de su voto respecto al año anterior y respaldaran el texto. Sin embargo, el Senado ya había frenado una primera ratificación en 2025 recurriendo también al Constitucional, que finalmente no llegó a pronunciarse porque el tratado decayó durante su paso por la Cámara Baja.

Ahora, con el acuerdo nuevamente aprobado por el Congreso, el PP ha reactivado la misma estrategia. El Constitucional tendrá que decidir si existe contradicción entre el artículo cuestionado y la Carta Magna antes de que el tratado pueda culminar su recorrido parlamentario.

Un acuerdo para reforzar una relación estratégica

Aunque toda la atención política se ha concentrado en un único artículo, el Tratado de Amistad y Cooperación es un documento mucho más amplio. Firmado el 19 de enero de 2023 durante la cumbre hispano-francesa celebrada en Barcelona, nació con el objetivo de dar un salto cualitativo a la relación entre dos países que comparten una de las fronteras más importantes de la Unión Europea y mantienen desde hace décadas una estrecha colaboración política, económica y de seguridad.

El acuerdo pretende hacer permanente esa cooperación y dotarla de mecanismos estables. Francia ya había suscrito tratados similares con Alemania e Italia, y España aspiraba a situarse en ese mismo nivel de interlocución privilegiada con uno de sus principales socios europeos.

La finalidad del texto es institucionalizar una cooperación que ya existe y facilitar que ambos gobiernos coordinen posiciones de manera más frecuente y estructurada. Para ello, el tratado establece la celebración de cumbres bilaterales todos los años entre los presidentes de ambos países y reuniones periódicas entre ministros para preparar posiciones comunes antes de las grandes citas europeas. La idea es que esa coordinación no dependa únicamente de la actualidad política, sino que forme parte del funcionamiento habitual de las relaciones entre Madrid y París.

El acuerdo también amplía la colaboración en ámbitos como la política exterior, la defensa y la seguridad, incluyendo la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, las amenazas híbridas y la protección civil. A ello se suman compromisos para reforzar la cooperación en materia energética, impulsar las interconexiones entre ambos países, desarrollar infraestructuras comunes y avanzar en proyectos relacionados con la transición ecológica.

Otro de sus capítulos pone el foco en la economía, la investigación, la innovación, la educación, la cultura y los intercambios entre jóvenes, con el propósito de facilitar proyectos conjuntos y estrechar la colaboración entre universidades, centros tecnológicos y empresas.

Especial relevancia adquieren las zonas fronterizas. El tratado prevé mejorar la coordinación entre administraciones para simplificar la prestación de servicios públicos, favorecer la movilidad de los ciudadanos y desarrollar iniciativas compartidas en territorios donde la cooperación entre ambos países resulta cotidiana. Se trata de una cuestión especialmente relevante para el millón de personas que viven en municipios próximos a la frontera y para los cientos de miles de españoles residentes en Francia.

En definitiva, el objetivo del acuerdo es consolidar una relación política permanente entre dos socios estratégicos de la Unión Europea mediante un marco estable de colaboración que vaya más allá de los cambios de gobierno o de las circunstancias políticas de cada momento.

El artículo 2.4, origen de toda la controversia

Sin embargo, prácticamente todo ese contenido ha quedado eclipsado por la polémica generada alrededor del artículo 2.4. Ese apartado establece que un miembro del Gobierno español y otro del Gobierno francés podrán ser invitados, de forma alterna y con una periodicidad mínima trimestral, a participar en reuniones del Consejo de Ministros del otro país.

La redacción pretendía simbolizar el elevado grado de confianza y cooperación entre ambos Ejecutivos, pero ha acabado convirtiéndose en el principal obstáculo para la entrada en vigor del tratado.

El PP sostiene que la composición del Consejo de Ministros está regulada por la Constitución y considera que permitir la participación de un miembro de un Gobierno extranjero plantea dudas que deben ser resueltas por el Tribunal Constitucional. Por ese motivo promovió ya una cuestión previa en 2025 y ha vuelto a hacerlo ahora, una vez que el Congreso ha aprobado definitivamente el tratado.

Para evitar que ese artículo frustrara nuevamente la ratificación, los ministros de Asuntos Exteriores de España y Francia alcanzaron el pasado mes de abril una interpretación conjunta del texto. En ella se precisa que la invitación prevista en el artículo 2.4 debe entenderse como una participación “en los márgenes” del Consejo de Ministros, es decir, mediante una reunión separada de la sesión oficial y sin intervenir en las deliberaciones ni en la toma de decisiones del Ejecutivo.

El Gobierno considera que esa aclaración despeja cualquier duda sobre la constitucionalidad del tratado y defiende que nunca estuvo previsto que un ministro francés pudiera integrarse en el Consejo de Ministros español o viceversa.

El PP discrepa. En el requerimiento aprobado este jueves sostiene que esa cláusula interpretativa no modifica el contenido del tratado ni forma parte de su articulado, por lo que ambos gobiernos podrían adoptar en el futuro otra interpretación distinta. Además, considera que expresiones como “en los márgenes del Consejo” o “reunión por separado” son demasiado ambiguas y, lejos de eliminar las dudas, las acrecientan.

La decisión adoptada este jueves devuelve ahora la última palabra al Tribunal Constitucional. Hasta que el alto tribunal determine si el artículo 2.4 es o no compatible con la Constitución, la ratificación definitiva del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia volverá a permanecer en suspenso, prolongando un bloqueo que ya impidió su entrada en vigor hace poco más de un año.

La propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar una ley nacional que reconozca al concebido no nacido como miembro de la familia a efectos de recibir ayudas públicas, siguiendo el modelo de la normativa promovida por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, ha recibido un amplio rechazo por parte de organizaciones sociales y feministas, al considerar que podría derivar en un retroceso de los derechos reproductivos de las mujeres y acabar afectando al derecho al aborto.

La Asamblea de Madrid aprobó la medida el pasado jueves en el último Pleno del curso con los votos favorables de PP y Vox, con lo que la comunidad pasará a ser la única de España que lo reconoce con carácter general dentro de sus competencias administrativas. La norma amplía el cómputo de los hijos a aquellos que aún no han nacido para la concesión de diversas prestaciones económicas y sociales, de forma que se tendrá en cuenta para acceder a becas de Bachillerato, ayudas para el comedor escolar, subvenciones para la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, abonos de transporte, ayudas al alquiler joven y deducciones en el impuesto sobre la renta por gastos escolares. También alcanzará la exención de tasas y las bonificaciones vinculadas a la compra de vivienda de segunda mano.

La Federación de Mujeres Progresistas advierte que la propuesta de Feijóo “resulta peligrosa, ya que puede ocultar la intención de vulnerar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propia maternidad”, lo que supondría una amenaza al derecho al aborto. Según explica a Infobae Yolanda Besteiro, presidenta de la federación, la defensa de la protección de la vida “desde el minuto cero”, como expresó la propia Ayuso, “implica un intento de controlar el cuerpo de las mujeres y, bajo el argumento de proteger al concebido, reducir o eliminar derechos vinculados a la interrupción voluntaria del embarazo”.

“Más que proteger al concebido y no nacido, lo que deberían hacer es promulgar toda la legislación correspondiente y extender todas las prestaciones posibles para los ya nacidos, que esos ya están ahí, y a partir de ese momento sí que debería protegerse la vida, pero obviamente se olvidan de ellos”, critica Besteiro. Además, cuestiona por qué no se otorgan los mismos derechos a los miles de embriones congelados a la espera de ser implantados por técnicas de reproducción asistida. “Esta propuesta responde a la imposición de un modelo de familia concreto y a una ideología que restringe los derechos de las mujeres sobre su maternidad”, añade.

Reclaman empleo estable y un refuerzo de los servicios públicos de cuidados

Por su parte, la socióloga Mónica Saiz, especializada en igualdad de género, considera que la propuesta del líder del PP supone un “retroceso” en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. “No hay que analizar esta medida solo por las ayudas económicas que plantea, sino por lo que representa. Aunque no modifica la legislación sobre el aborto, sí introduce un cambio simbólico importante: el Estado empieza a reconocer al concebido no nacido como un sujeto relevante en las políticas públicas, y eso no es un detalle menor”, señala. En su opinión, esto implica que el embarazo “deja de entenderse exclusivamente desde la realidad y los derechos de las mujeres para incorporar como protagonista a un nuevo sujeto”.

Saiz señala que este cambio de enfoque puede modificar la percepción social y política sobre el embarazo y los derechos reproductivos. Añade que, si el objetivo es apoyar a las familias y mujeres o fomentar la natalidad, “existen políticas más eficaces, como facilitar el acceso a la vivienda, mejorar la conciliación, garantizar empleos estables o reforzar los servicios públicos de cuidados”. Estas medidas, concluye, son las que realmente permiten que las mujeres “decidan libremente si desean ser madres y en qué momento hacerlo”.

Desde Génova, sin embargo, según ha señalado su portavoz nacional, Borja Sémper, lo enmarcan en una ley de apoyo a las familias “para apoyar la maternidad, favorecer la conciliación” y que en España “tener hijos deje de ser una heroicidad”.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, entiende que el absentismo laboral es un “cáncer” que “no podemos pagar” los españoles. Más allá del cuestionable argumento que defendió en esa afirmación, que vinculó al aumento de las bajas médicas, el líder de la oposición ha encadenado críticas por el uso metafórico de esta enfermedad, que él mismo rechazó en una votación en el Congreso.

El primero fue el presidente del Gobierno, quien apostilló que “quien llama ‘cáncer’ a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está”. La titular de Sanidad, Mónica García, acusó al líder del PP de estigmatizar y mentir porque “las bajas son un acto médico y detrás de cada baja hay un profesional que la prescribe”. “Lo que hay que preguntarse es qué está enfermando a nuestra sociedad y ahí ahora mismo la vivienda es el mayor determinante social de la salud”, afirmó en un mensaje publicado en X.

El líder del PP podría haber escogido cualquier otra palabra para describir una problemática, la del absentismo fraudulento, que se muestra como un desafío en todas las economías europeas. Y debería saberlo especialmente Feijóo, que apenas hace unos meses, en octubre de 2025, apoyó una declaración en el Congreso para evitar el mal uso de la palabra “cáncer” para describir una problemática. La proposición no de ley impulsada por el grupo socialista en la Cámara Baja pedía evitar las “metáforas bélicas” o “culpabilizadoras” en los discursos públicos.

La Asociación Española Contra el Cáncer lleva años pidiendo eliminar el mal uso del término

La iniciativa, apoyada por 307 diputados, se basó en una definición del Diccionario de la Lengua Española de la RAE, que en su cuarta acepción describe “cáncer” como la presencia de situaciones o hechos destructivos dentro de un grupo social. A partir de esa interpretación, el término se ha empleado fuera del ámbito sanitario en frases sobre economía, política, justicia o deporte, como cuando se presenta la inflación o la droga como “el cáncer” de una realidad colectiva.

El texto aprobado rechazaba ese traslado metafórico. “No es aceptable emplearla como metáfora de lo peor, de lo que corrompe o de lo que destruye, porque el cáncer no es eso: es una enfermedad grave, sí, pero también cada vez más tratable, más comprensible y, en muchos casos, curable”, rezaba el escrito.

“No se trata de censurar, sino de darle un uso más responsable. No hace falta decir esa palabra todo el rato, no es necesario meterla con calzador”, defendió entonces la diputada socialista Patricia Blanquer, quien apuntó que el estigma también estaba afectando a representantes públicos que estaban atravesando un proceso oncológico y no siempre lo hacen público. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el portavoz del PP, Borja Sémper, fueron dos de los mencionados en el debate.

La Asociación Española Contra el Cáncer lleva años alertando sobre ese uso peyorativo. Un estudio de 2010 señaló que en el 15% de las declaraciones públicas recogidas por medios de comunicación se hacía un mal uso del término.

Una investigación en la que participan la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y la de Barcelona (UB) ha vinculado la victoria del PSOE en las elecciones generales de 2004 con un descenso en el número de matrimonios y embarazos entre los votantes del PP. El estudio, publicado en Journal of Population Economics, afirma que las peores expectativas económicas que percibían estos electores impactaron en sus decisiones vitales.

Los autores analizaron los datos administrativos de los abortos, nacimientos y matrimonios registrados en España entre el año 2000 y el 2020, prestando especial atención a los resultados tras las elecciones generales de marzo de 2004. Para medir el efecto que pudieron tener los comicios, los investigadores usaron un método de diferencias en diferencias, comparando los cambios mensuales en tasas de aborto y embarazo en municipios con alto y bajo apoyo previo al partido que perdió la elección en 2000.

Los resultados muestran que, un mes después de acudir a las urnas, los municipios en los que el Partido Popular tuvo más apoyo registraron un aumento de abortos (0,05 por cada 1.000 mujeres) y una caída de las concepciones mensuales (0,14 por cada 1.000 mujeres). El repunte de abortos y la caída de embarazos se concentró en el primer mes tras la elección y se desvaneció en los meses siguientes. En consecuencia, también se redujeron los matrimonios reparadores, es decir, aquellos que se formalizan tras conocerse un embarazo.

Cuando el voto afecta a la fecundidad

Este trabajo identifica una relación directa entre shocks políticos inesperados y las decisiones reproductivas individuales, un fenómeno ya sugerido en Estados Unidos tras la victoria inesperada de Donald Trump en 2016, que hizo que los votantes republicanos tuviesen más hijos en los meses siguientes, pero nunca cuantificado en el caso español ni incorporando el dato clave del aborto. Según los autores, el impacto del cambio de gobierno fue equiparable al de políticas públicas como el pago de 2.500 euros por nacimiento vigente en España entre 2007 y 2010.

La bajada de la natalidad en los votantes conservadores se debe, según el estudio, a un “descenso agudo y persistente de las expectativas económicas de los simpatizantes del PP”. Así lo certificaron los barómetros del CIS que siguieron a los comicios: en los meses posteriores a las elecciones, se registró una bajada de entre 0,6 y 0,8 puntos en el índice de expectativas. Esta caída es mayor que la que se produce entre un momento de expansión y otro de crisis económica.

El efecto, además, solo se da cuando el resultado electoral es inesperado. El estudio analizó también los resultados de otros comicios, como los del 2011, cuando la victoria popular era previsible, y vieron que el impacto en la natalidad no se replicaba. No obstante, los investigadores reconocen que aún faltan respuestas sobre el peso relativo de las expectativas económicas frente a otros factores, como cambios en actitudes políticas o expectativas de políticas públicas, y proponen analizar con mayor profundidad estos mecanismos en futuros trabajos.

“La polarización divide a los ciudadanos según líneas partidistas, afectando a sus preferencias y creencias. Hemos demostrado que los efectos del partidismo pueden extenderse más allá de la esfera de la opinión pública, incluyendo comportamientos tan importantes como las decisiones sobre fecundidad y matrimonio”, concluyen los autores.

Alberto Núñez Feijóo ha calificado este martes de “cáncer que no podemos pagar” el aumento del absentismo laboral en España, y ha reclamado medidas urgentes para frenarlo. Durante su intervención en el Círculo de Empresarios Vascos en Bilbao, el presidente del Partido Popular ha recalcado que el absentismo es un fenómeno que cuesta más de 30.000 millones de euros al año, en un momento en el que la Seguridad Social arrastra un déficit de alrededor de 70.000 millones de euros.

El líder popular ha advertido, además, que la situación se ha agravado de forma acelerada en los últimos siete años. Según los datos que aportó durante el encuentro, en 2018 había 450.000 trabajadores que no acudían a su puesto cada día. En 2025, esa cifra se disparó hasta los 1.160.000.

“Que casi 1.200.000 personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir y Euskadi tampoco”, ha afirmado Feijóo ante los empresarios vascos. El líder de los populares ha sido tajante también al señalar que la respuesta política no puede quedar supeditada a un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, y que “debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y sindicatos y tomar una decisión”.

“Un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación”

Para Feijóo, una parte del problema tiene una explicación directa en que “si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, ¿qué quieren que les diga?”, ha preguntado retóricamente ante el auditorio. La ausencia de incentivos para la presencia, a su juicio, alimenta un sistema que no distingue entre quien cumple y quien no.

Y a esto se le sumó otra crítica dirigida a la Administración pública, una institución que, según él, “considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y prestaciones”. Con estos datos encima de la mesa, ha dejado claro que “este absentismo no se sostiene”.

“Todo lo que supere un 4-5% de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude”

Pero, además, el presidente del PP recurrió a su trayectoria en la gestión pública para ilustrar que el problema tiene solución. Así, ha recordado su paso por el Insalud, al que describió como “una fábrica de bajas”, explicando que la dificultad estructural residía en que “es muy difícil que un médico no le dé la baja a un colega”.

También ha mencionado su etapa en Correos, donde, tal y como ha relatado, “faltaban a trabajar 5.000 personas todos los días”. Con una plantilla de 60.000 empleados, eso representaba un 8% de absentismo, aunque luego rectificó y dijo que “lo bajamos al 4%”. “Todo aquello que supere un 4-5% de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude”, ha sostenido Feijóo.

Por último, el presidente del PP ha planteado la necesidad de involucrar a todos los actores, tanto comunidades autónomas como el Gobierno central, la patronal y los sindicatos. Pero ha añadido que la voluntad del diálogo tiene un límite: “Si llegamos a un acuerdo, fantástico, y si no llegamos, qué le vamos a hacer, pero España no puede dedicar 30.000 millones a esto”.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a implementar en toda España la controvertida ley del concebido no nacido impulsada por Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que considera el feto como nacido de cara a ayudas como las otorgadas por familia numerosa.

El líder de la oposición lo ha anunciado este lunes en una entrevista para el programa Espejo Público de Antena 3, en la que ha señalado que “cuando una mujer está esperando un hijo, eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones del sector público”.

“Eso lo hice en el año 2011 en Galicia. La presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha reiterado y ampliado en la Asamblea de Madrid y, desde luego, en responsabilidad de Gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando”, ha asegurado.

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha defendido la norma en una rueda de prensa en la sede nacional del partido, señalando que España tiene un problema en la tasa de fertilidad y considera que muchas familias “no tienen los hijos que les gustaría tener porque no pueden”.

La ley del concebido no nacido en Madrid

La Asamblea de Madrid aprobó la medida el pasado jueves en el último Pleno del curso con los votos favorables de PP y Vox, con lo que la comunidad pasará a ser la única de España que lo reconoce con carácter general dentro de sus competencias administrativas.

La iniciativa extiende ese cómputo a prestaciones ligadas a la renta, como becas de Bachillerato, ayudas de comedor escolar, subvenciones para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, abono transporte, alquiler joven y deducciones en el impuesto sobre la renta por gastos escolares.

También alcanzará la exención de tasas y las bonificaciones vinculadas a la compra de vivienda de segunda mano. Como recordó Feijóo, Galicia ya contempla una previsión similar, pero limitada a las familias numerosas, mientras que Madrid la aplicará de forma general.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, defendió ante la Cámara que la medida era una ley “justa y necesaria”, mientras que la oposición cargó contra el contenido y el mensaje político de la norma. La diputada del PSOE Lorena Morales reprochó al Ejecutivo autonómico que apruebe una ley para el concebido no nacido, pero que, una vez que la mujer da a luz, “desaparecen”.

Al proyecto original se le incorporaron tres enmiendas de los populares para fijar una semana mínima de gestación en determinados procedimientos. Como regla general, no se exigirá un mínimo temporal para asimilar al concebido no nacido al hijo ya nacido, salvo cuando la regulación específica de cada trámite disponga otra cosa. La excepción afecta a la consideración de familia numerosa, que en ese supuesto habrá que esperar a la semana 14 de gestación. Ese requisito no se exigirá cuando el pago de la ayuda quede condicionado al nacimiento, ni tampoco para calcular la renta per cápita familiar.

La Audiencia Nacional ha condenado a nueve años de prisión a Joakim Broberg, ciudadano sueco e hijastro de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, por delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. La sentencia, hecha pública este lunes, señala que Broberg participó en una red internacional dedicada al tráfico de marihuana y hachís entre España y Suecia, con suministro procedente de Marruecos durante los años 2019 y 2020. Según ha podido saber este medio, la fiscal ha exigido su entrada en prisión o, de lo contrario, la retirada de su pasaporte y prohibición de salir del país.

Lars Gunnar Sune Broberg, padre de Joakim y esposo de la alcaldesa, también fue investigado en el caso por presunto blanqueo de 6,3 millones de euros. El proceso contra él quedó archivado debido a su delicado estado de salud y falleció antes de celebrarse el juicio. El fallo afecta a 21 de los 24 acusados en el proceso, quienes recibieron penas de entre dos y 16 años de cárcel. Entre los condenados figuran 11 ciudadanos suecos, seis polacos, tres españoles, dos alemanes, un holandés y un macedonio. Según la resolución judicial, todos ellos formaban parte de una estructura orientada al transporte y distribución de estupefacientes y al blanqueo de los beneficios.

Su abogada, Sylvia Córdoba, confirma a Infobae que recurrirán la sentencia. Para la letrada, la decisión del juez es muy inestable. Considera que el tráfico de drogas “está metido con calzador” y que las pruebas aportadas no son suficiente para demostrar un vínculo de su cliente con la supuesta mafia. De hecho, celebra que no haya sido declarado culpable del delito de pertenencia a organización criminal, lo que ve como un indicio de su inocencia.

“La fiscal no preguntó a Joakim”, cuenta la abogada, explicando que su cliente se mostró, desde el principio, dispuesto a declarar y que no es nada habitual que desde la acusación opten por no hacer preguntas. “Le condenan por unos hechos que han sido juzgados en Francia y que tienen un detenido”, relata Sylvia Córdoba. Defiende la inocencia de Broberg, al que considera que han condenado por narcotráfico sin pruebas con peso suficiente.

Broberg señala “motivaciones políticas”

Broberg ha roto su silencio tras la sentencia de la Audiencia Nacional en una entrevista con Sydkusten. Insiste en que el proceso ha tenido “motivaciones políticas” y niega cualquier participación en una red criminal. “Ya estamos preparando una apelación que estoy seguro de que ganaremos”, señala, mientras critica que la fiscalía solicitara inicialmente 18 años de prisión y una multa de 30 millones de euros. El tribunal finalmente rebajó la pena a nueve años y 4,9 millones de euros de multa al no acreditar su pertenencia a una organización criminal.

El empresario relata que fue arrestado en Brasil, donde asegura que residía por la pandemia, y denuncia irregularidades en el proceso de extradición. La sentencia aún no es firme y Broberg se mantiene en libertad condicional. Insiste en su inocencia y en que su situación “se ha utilizado para intentar perjudicar políticamente a Ángeles Muñoz”. Su defensa prepara la apelación, y sostiene que no tiene miedo de ir al Supremo si hiciese falta.

El acuerdo de gobierno sellado este jueves entre el PP y Vox en Andalucía ha puesto el punto final al ciclo de elecciones autonómicas de 2026 y ha dejado una fotografía nítida de la cuota de poder que la formación de Santiago Abascal ha conseguido convertir en gobiernos. Allí donde los populares han necesitado sus votos para investir a sus candidatos, Vox ha logrado entrar en los ejecutivos con un reparto de responsabilidades prácticamente idéntico: vicepresidencias y el control de áreas estratégicas como agricultura, medioambiente, turismo, cultura o políticas de familia y ayudas sociales, además de reforzar su presencia institucional con senadores autonómicos y puestos en las mesas de los parlamentos regionales.

Aunque cada negociación ha tenido sus propios tiempos y dificultades, el resultado final responde a un mismo patrón. El PP ha cedido a Vox una vicepresidencia en cada uno de los cuatro gobiernos autonómicos que dependían de sus votos, mientras que las competencias asignadas se repiten con escasas variaciones entre comunidades, acumulando hasta nueve consejerías.

El último acuerdo en cerrarse ha sido el de Andalucía. Pese a que Juanma Moreno se quedó a solo dos escaños de la mayoría absoluta en las elecciones del 17 de mayo, necesitaba el respaldo de Vox para asegurar su continuidad al frente de la Junta. El pacto alcanzado concede a la formación la Vicepresidencia primera del Gobierno andaluz, que ocupará quien fue su candidato en esos comicios, Manuel Gavira.

Además de asumir ese puesto, Gavira dirigirá una macroconsejería que reunirá las competencias de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. El acuerdo también reserva a Vox uno de los cinco senadores por designación autonómica que corresponden a Andalucía y una vicepresidencia de la Mesa del Parlamento, completando así su entrada tanto en el Ejecutivo como en las principales instituciones de la comunidad.

Un mismo reparto de poder en las cuatro comunidades

El esquema apenas cambia si se observa el resto de pactos alcanzados durante este ciclo electoral. En Castilla y León y Aragón, Vox ha obtenido tres consejerías y una vicepresidencia en cada uno de los gobiernos autonómicos, con competencias muy similares a las asumidas en Andalucía.

En Castilla y León, el acuerdo para facilitar la investidura de Alfonso Fernández Mañueco otorgó la Vicepresidencia primera a Carlos Pollán, expresidente de las Cortes autonómicas, que también dirigirá la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. A esas responsabilidades se suman las consejerías de Cultura, Turismo y Deporte y la de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, de manera que Vox gestionará tres de los departamentos del Ejecutivo autonómico.

En Aragón, el reparto reproduce prácticamente el mismo modelo. Alejandro Nolasco ocupará la Vicepresidencia del Gobierno autonómico y el partido estará al frente de las tres consejerías de Desregulación, Bienestar Social y Familia; Medio Ambiente y Turismo; y Agricultura, Ganadería y Alimentación. La presencia institucional de Vox también se amplía en esa comunidad con una vicepresidencia de las Cortes de Aragón y un senador por designación autonómica. Nolasco, además, regresa al Ejecutivo tras haber formado parte del anterior gobierno de coalición constituido después de las elecciones de 2023, que quedó roto cuando la dirección nacional del partido decidió abandonar todos los gobiernos autonómicos en los que participaba.

En Extremadura, Vox obtuvo una representación algo menor en número de consejerías, aunque mantuvo el mismo esquema de poder. La formación logró la Vicepresidencia de la Junta para Óscar Fernández Calle, quien además asumirá la macroconsejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. El acuerdo incluye también la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural y un senador por designación autonómica, completando así el reparto institucional pactado con el PP.

Extremadura marcó el modelo de las negociaciones

Las conversaciones entre PP y Vox no se desarrollaron con la misma facilidad en todas las comunidades. El caso de Extremadura fue el más complejo y terminó condicionando el resto de acuerdos. Tras las elecciones celebradas el 21 de diciembre del año pasado, las negociaciones permanecieron bloqueadas durante semanas sin que María Guardiola lograra reunir los apoyos suficientes para ser investida presidenta. La situación llevó a la dirección nacional del PP a intervenir directamente y elaborar un documento marco que sirviera de referencia para las conversaciones abiertas en el resto de territorios.

El objetivo de Génova era dotar de homogeneidad a todos los pactos y fijar unos criterios comunes sobre el reparto de responsabilidades, de forma que los acuerdos respetaran las líneas generales del partido y fueran proporcionales a los resultados obtenidos por cada formación en las urnas.

Ese esquema terminó trasladándose a Andalucía, Castilla y León y Aragón. Más allá de las diferencias en la denominación de algunas consejerías, todos los gobiernos comparten una estructura muy similar: una vicepresidencia para Vox, competencias ligadas al sector primario, el medioambiente, el turismo o las políticas sociales, presencia en los parlamentos autonómicos y, salvo en Castilla y León, un senador por designación autonómica.

Los cuatro acuerdos incorporan además una referencia a la “prioridad nacional”, una expresión incluida en los documentos firmados por PP y Vox que ambas formaciones interpretan de forma distinta, aunque ha terminado formando parte del marco político común de todos los pactos alcanzados durante esta maratón electoral autonómica.

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha comenzado a preparar a su formación de cara al próximo ciclo electoral. Con ese objetivo, encabezará el próximo 18 de julio un acto en Santiago de Compostela en el que se presentará a los aspirantes del partido a las alcaldías de las capitales de provincia. La designación de los candidatos a la Presidencia de las comunidades autónomas que celebrarán elecciones en mayo de 2027 quedará, en cambio, para después del verano, según han adelantado fuentes del partido a Europa Press.

Las elecciones municipales y las autonómicas en las comunidades de régimen común se celebran, por lo general, de forma simultánea el cuarto domingo de mayo cada cuatro años. Siguiendo esta regla general, la próxima cita con las urnas tendría lugar el 23 de mayo de 2027.

Precisamente, esta semana, la alcaldesa de Valencia y líder del PP en la ciudad, María José Catalá, trasladó a los medios que el partido ya tiene un “cronograma fijado” para la elección de candidatos a las elecciones del próximo año.

A nivel nacional, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado que no habrá adelanto electoral y que las generales se celebrarán en 2027 cuando corresponda, Feijóo quiere tener la estructura del partido a punto y al PP “electoralizado” a través de la preparación previa de los comicios municipales y autonómicas.

Desde el PP, aseguran haber tomado nota de lo ocurrido en 2023, cuando Sánchez adelantó las generales a julio — dos meses después de las autonómicas y municipales y con PP y Vox negociando en varias comunidades— y cogió al partido con el paso cambiado. Por ello, ahora recalcan que la prioridad es estar “listos” y “tener una alternativa preparada“.

Calendario para designar a los candidatos locales y autonómicos

Ante la posibilidad de que pueda haber elecciones generales en cualquier momento, el PP de Feijóo quiere tener sus equipos definidos. De este modo, el próximo 18 de julio está previsto que los candidatos a las capitales de provincia de toda España viajen a Santiago de Compostela, donde serán proclamados por la dirección del partido en un acto de nombramiento oficial.

En el caso de las comunidades autónomas de régimen común que también celebrarán elecciones autonómicas el próximo año, los candidatos a la Presidencia serán proclamados posteriormente, previsiblemente a la vuelta de verano.

Los estatutos del PP establecen que corresponde al Comité Electoral Nacional nombrar a los candidatos a las presidencias de los Gobiernos autonómicos, a las presidencias de las diputaciones, a diputado general, así como a las alcaldías de las capitales de comunidad autónoma, de las capitales de provincia, y de cabildos, consells insulares y juntas generales.

Más protagonismo a alcaldes populares

Con este calendario, el PP también busca reforzar el protagonismo de sus alcaldes y de la política municipal dentro de la estrategia del partido de cara a las elecciones municipales, al considerar que cuentan con una alta capacidad de atraer votos.

Este objetivo se vio reflejado el pasado viernes, durante el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del Partido Popular, que clausuró Feijóo en Castellón y en la reunión que el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, mantuvo con los portavoces populares en los Parlamentos autonómicos.

El PSOE no solo cerró 2025 con más ahorro que el año anterior. También reforzó una posición que lleva años consolidando: la de ser el partido con mayor capacidad económica de España. Las cuentas anuales aprobadas por la dirección socialista reflejan un incremento de dos millones de euros en los ingresos de origen privado y un ahorro acumulado de 12,7 millones de euros, 5,1 millones más que en 2024. Pero el dato que mejor resume su situación financiera está en otro apartado del balance: una tesorería de más de 70 millones de euros y un patrimonio cercano a los 123 millones, cifras que ninguna otra formación política alcanza actualmente.

El balance deja además una paradoja. El PSOE terminó el ejercicio con una posición económica más sólida pese a ingresar menos dinero procedente de las administraciones. La financiación pública cayó en más de siete millones de euros respecto al año anterior, al pasar de 54 a 46,7 millones, una reducción que se explica, sobre todo, por el desplome de las subvenciones ligadas a la actividad electoral en un año sin grandes citas con las urnas y por un cambio en la forma de presentar las cuentas.

Sin embargo, esa bajada quedó compensada por el aumento de los ingresos privados y por una drástica reducción del gasto electoral, lo que permitió al partido ampliar todavía más su colchón financiero. Los ingresos privados crecieron de 24 a 26 millones de euros gracias al exceso de provisiones contabilizado durante el ejercicio, al incremento de las aportaciones realizadas por afiliados y cargos públicos y a otros ingresos de la actividad ordinaria.

Más allá de las cifras de un solo año, las cuentas confirman una tendencia que se viene repitiendo desde hace tiempo. El PSOE es el partido con mayor capacidad para acumular patrimonio y liquidez, una ventaja que le permite afrontar campañas electorales, mantener su estructura territorial y absorber con mayor facilidad los cambios en la financiación pública.

Dos grandes partidos y una brecha económica cada vez más evidente

Si el PSOE ocupa el primer puesto en músculo financiero, el Partido Popular continúa siendo el segundo actor con mayor capacidad económica. Las cuentas correspondientes a 2024 muestran una formación saneada, con más de 63 millones de euros de ingresos entre financiación pública y privada y un beneficio superior a los 20 millones de euros, muy por encima del registrado el año anterior. A ello se suman otros 11,2 millones contabilizados como ingresos extraordinarios, una partida que llamó la atención por no detallarse su procedencia.

Aunque los populares siguen reforzando su patrimonio, la distancia respecto al PSOE continúa siendo notable cuando se analiza la liquidez disponible. Ningún partido dispone actualmente de una tesorería comparable a la de los socialistas, que superan ampliamente los 70 millones de euros en efectivo.

El contraste resulta todavía mayor al observar la situación de Vox. La formación liderada por Santiago Abascal ingresó 22,7 millones de euros durante 2024, una cifra muy inferior a la de los dos grandes partidos. Además, casi ocho de cada diez euros que entraron en sus cuentas procedieron de subvenciones públicas y aportaciones institucionales, mientras que la financiación privada apenas superó los cuatro millones y descendió alrededor de un 20 % respecto al ejercicio anterior. El partido volvió a cerrar el año en pérdidas, con un resultado negativo de 2,75 millones de euros, encadenando así dos ejercicios consecutivos en números rojos.

La comparación entre las tres principales fuerzas nacionales refleja modelos económicos muy distintos. Mientras PSOE y PP han logrado consolidar estructuras financieras capaces de generar importantes colchones de liquidez, Vox continúa dependiendo en gran medida de las subvenciones públicas y no ha conseguido equilibrar sus cuentas en los dos últimos ejercicios.

Mucho dinero público y enormes diferencias de patrimonio

Las diferencias son todavía más acusadas al bajar un escalón en el mapa político. Ciudadanos apenas ingresó algo más de 700.000 euros durante 2024, una cantidad insuficiente para sostener una estructura que terminó generando pérdidas superiores a los dos millones tras el desplome de su representación institucional.

Sumar tampoco consiguió cerrar el ejercicio en positivo. La coalición registró unos ingresos ordinarios de 1,9 millones de euros, de los que la inmensa mayoría procedían de financiación pública, pero sus gastos volvieron a superar los ingresos y el resultado final fue un déficit superior a los 660.000 euros.

Entre los partidos de ámbito territorial, el PNV continúa siendo el que maneja un mayor volumen de recursos. Durante 2024 declaró unos ingresos próximos a los 13,2 millones de euros, repartidos entre financiación pública y privada, aunque el ejercicio terminó también en pérdidas. EH Bildu destacó por el crecimiento de sus ingresos privados, impulsados por las aportaciones y cuotas de afiliados, mientras que ERC logró regresar al superávit pese al descenso de las subvenciones derivadas de sus resultados electorales.

Las cuentas de todas las formaciones dejan otra conclusión común: la financiación pública sigue siendo el principal sostén económico de los partidos españoles. Incluso cuando aumenta el peso de los ingresos privados, buena parte de ellos procede de las aportaciones realizadas por cargos públicos y grupos institucionales, es decir, de recursos vinculados a la representación obtenida en las instituciones. La diferencia aparece, sobre todo, en la capacidad para transformar esos ingresos en patrimonio y liquidez.

Fue el jueves cuando el por ahora presidente en funciones Juanma Moreno y el candidato de ultraderecha Manuel Gavira rubricaron 120 medidas que dan pie a investir de nuevo al presidente popular por otros cuatro años, convirtiendo por primera vez a Vox en socio del Ejecutivo andaluz. El pacto no es solo la hoja de ruta de la comunidad par los próximos cuatro años, también una tanda de medidas que anticipan un eventual Gobierno central.

No es la primera vez. En los últimos meses todos los caminos del PP han llevado a Vox. Las últimas cuatro autonomías que se han jugado unas nueva presidencia no solo han revalidado al Partido Popular, sino que lo han hecho siguiendo las exigencias de la ultraderecha. Extremadura, Aragón, Castilla y León y ahora Andalucía, han pactado con el partido de Santiago Abascal con la vista puesta en las elecciones generales que tendrán lugar el año que viene, cuando Pedro Sánchez agote su segunda legislatura.

El acuerdo sellado en Andalucía ha alzado una vez más la llamada prioridad nacional como una de las exigencias clave de Vox para facilitarle los gobiernos al PP. “El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio“, escriben, medida que también contemplaban las comunidades predecesoras.

De la misma manera que en las medidas ya pactadas en Extremadura, Aragón y Castilla y León, en esta ocasión Moreno Bonilla aboga por “no más menores extranjeros no acompañados”, promete un plan de retorno de inmigrantes en situación irregular y asegura que suprimirán totalmente las subvenciones a las ONG que, según el texto, “favorezcan la inmigración ilegal”. De la misma manera, han prohibido el uso del burka y el nicab en edificios y servicios públicos.

La segunda gran constante es la fiscalidad. Los cuatro acuerdos incluyen rebajas de impuestos y nuevas deducciones para las familias. En Andalucía, el pacto contempla una reducción progresiva del tramo autonómico del IRPF, incentivos por nacimiento o adopción de hijos, entre otros.

El rechazo a parte de la agenda medioambiental impulsada desde Bruselas constituye otro de los denominadores comunes. Los cuatro documentos muestran su oposición al Pacto Verde Europeo, cuestionan algunas de las políticas derivadas de la Agenda 2030 y defienden una mayor protección del sector primario frente a las exigencias medioambientales. En el caso andaluz, PP y Vox se blindan “frente a los aspectos negativos de la Agenda 2030″.

A esto hay que sumarle su dura ofensiva contra la ocupación ilegal. En los cuatro territorios, sendos partidos han acordado exigir la aplicación estricta del “desahucio exprés”. Para reforzar esta medida, los pactos contemplan la creación de unidades específicas o servicios para verificar el fraude en el padrón municipal, buscando anular las inscripciones en domicilios ocupados que muchas veces sirven de llave para acceder a prestaciones.

El ámbito educativo también refleja la impronta ideológica de estos acuerdos. Uno de los puntos más llamativos que comparten Andalucía, Extremadura, Aragón y Castilla y León es la supresión del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), justificando la decisión como un rechazo al “adoctrinamiento en las aulas” y a cualquier injerencia extranjera. Además, en un guiño directo al sector primario, en los comedores escolares y públicos de estas cuatro comunidades se exigirá dar prioridad a los productos nacionales frente a los extranjeros en las licitaciones. En la vertiente social de la educación, todos los documentos prometen avanzar hacia la gratuidad total en la etapa infantil de 0 a 3 años.

Por otro lado, la tijera se aplicará sobre lo que la formación de extrema derecha ha bautizado sistemáticamente como “gasto político o improductivo”. Esta exigencia se traduce en una reducción directa del 50% de las subvenciones destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales. De la misma forma, las cuatro autonomías se han comprometido a congelar y reducir al “mínimo legal imprescindible” los fondos destinados a la cooperación internacional al desarrollo y a someter las cuentas a auditorías anuales y periódicas para rastrear y eliminar cualquier gasto superfluo.

Finalmente, la sustitución del relato sobre el pasado reciente de España es otro de los pilares del cuádruple pacto. Las regiones contemplan la derogación de sus respectivas normativas de memoria histórica para reemplazarlas por nuevas “Leyes de Concordia”, con el argumento de superar los “planteamientos de carácter ideológico”.

Para vigilar y garantizar el cumplimiento de todo este engranaje de medidas, el partido de Santiago Abascal se ha asegurado una parcela de poder muy concreta en los cuatro Ejecutivos: han creado e integrado en sus vicepresidencias o consejerías carteras específicas para favorecer la “regulación”, destinadas a la simplificación burocrática y al control ideológico y de eficiencia del gasto. A la espera de que Sánchez agote la legislatura, las cartas ya están sobre la mesa.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a la carga este viernes a cuenta de la llamada ley de nietos, estrategia que ha debido ir puliendo una vez salió a la luz la hemeroteca, que le evidencia favorable a la medida, a él y a los principales dirigentes de su partido. También ha tenido que dar marcha atrás con la insinuación de un fraude electoral, como, siguiendo el hilo de Vox, deslizó al comenzar la semana en el programa de Federico Jiménez Losantos. Ahora, Núñez Feijóo apunta a la hermana del ministro Óscar Puente y a un supuesto colapso del Estado a golpe de regularizar o nacionalizar a ciudadanos.

Sofía Puente es fiscal de carrera y actual alto cargo en el Ministerio de Justicia, en concreto secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia. ¿Por qué el PP la señala? Porque la responsabiliza de una instrucción clave para la aplicación de la disposición que habilita la reparación hacia los descendientes de aquellos españoles que emigraron huyendo de la guerra o la dictadura. Esa instrucción fue publicada en el BOE cinco días después de que entrara en vigor la ley. La emitió y aprobó la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que entonces dirigía Puente.

En uno de sus apartados, esa orden administrativa reza que “se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955”, mientras que “si la salida de España se produjo entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978 deberá acreditarse la condición de exiliado”. Así, otorga el estatus de exiliado caso de forma automática a todos los que emigraron durante dos décadas, entre 1936 y 1955. Para el PP, es una reinterpretación que no tuvo debate y que abrió la puerta o decenas o cientos de miles más.

“El Estado no está preparado”

A ella se ha referido Núñez Feijóo, que ha intervenido en el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells, celebrado en Castellón. Defiende el líder de la oposición que “no hay un solo español que crea que hay buena fe” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. “Es irresponsable tomar decisioiones de este impacto sin un amplio consenso ni debate en el Parlamento”, se ha quejado. Lamenta el político que se trata de una decisión “irreversible” y que el Ejecutivo “se está negando a transparentar cómo se está ejecutando”. “Nos dijeron que era medio millón -de personas- y son 1,3 millones”, ha subrayado.

Como ya ha dicho en otras ocasiones a lo largo de la semana, “la nacionalidad es la expresion más honda en la relación entre un ciudadano y un Estado”. “¿Es tanto pedir -ha insistido a continuación- que se haga con limpieza y sin arbitrariedad?" El presidente del PP valora que “cambios sociales de esta dimension no se pueden hacer sin planificacion ninguna” y diagnostica que “el Estado no está preparado para un cambio de esta manitud”. “No podemos gestionarlo”, se ha quejado, hablando de servicios públicos como la sanidad.

“El PSOE está muerto de miedo”

Núñez Feijóo ha asegurado a los presentes que la preocupación de Sánchez no son los españoles, no mientras esté cercado en su gobierno, en su partido y hasta en el seno de su familia por los tribunales. “Su verdadera preocupación -ha apostado- es que se sepa todo, que hablen quienes saben. Su espada de Damocles son Leire, un testaferro, un intermediario, un alto cargo o cualquiera que quiera decir la verdad”. Para el líder popular, “el PSOE está muerto de miedo y así no se puede gobernar el país”. Y ha terminado: “Quiten sus sucias manos de nuestro dinero ya, paren ya de robar”.

Si llega a la Presidencia del Gobierno, ha prometido Feijóo, “vamos a limpiar, sin medias tintas; vamos a devolver las instituciones a la gente y gobernar con honestidad, y quien no actúe con honestidad no tiene hueco en este partido”.

La prioridad nacional se ha consolidado en apenas seis meses como una de las principales condiciones impuestas por Vox para facilitar gobiernos del Partido Popular en las comunidades autónomas. El acuerdo alcanzado este jueves entre ambas formaciones para investir a Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía ha convertido a la comunidad andaluza en la cuarta en incorporar este principio a un pacto de gobierno, después de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Allí donde el PP ha necesitado los votos de la formación de Santiago Abascal para gobernar, la prioridad nacional ha terminado formando parte del acuerdo.

La medida, una de las principales banderas políticas de Vox en materia de inmigración y acceso a ayudas públicas, ha ido ganando peso negociación tras negociación hasta convertirse en un elemento prácticamente inamovible en las conversaciones con el Partido Popular. Aunque el PP nunca ha defendido públicamente el concepto en los mismos términos que su socio, en todas las comunidades ha acabado aceptando incluirlo en los acuerdos, eso sí, acompañado de la misma matización: su aplicación deberá respetar la Constitución, la legislación española y el derecho de la Unión Europea.

Lejos de producirse de forma simultánea, la incorporación de la prioridad nacional ha seguido una evolución progresiva. Extremadura abrió el camino, Aragón confirmó que no se trataba de un caso aislado, Castilla y León consolidó el precedente y Andalucía ha terminado por cerrar un ciclo político que ha convertido una de las principales reivindicaciones de Vox en un elemento común de todos los pactos autonómicos suscritos con el PP durante el último medio año.

Extremadura abrió el precedente

La primera comunidad donde la prioridad nacional dejó de ser una propuesta política para convertirse en un compromiso de gobierno fue Extremadura. Tras las elecciones autonómicas, María Guardiola necesitaba el respaldo de Vox para ser investida presidenta y las negociaciones desembocaron en el primer acuerdo que recogía expresamente este principio.

El documento establecía que “el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional”, una redacción que Vox presentó como una de las grandes victorias de la negociación. Por primera vez, uno de los pilares de su discurso político quedaba plasmado por escrito en un acuerdo firmado con el Partido Popular.

La inclusión de esa referencia abrió inmediatamente un debate sobre su alcance. Mientras Vox defendía que la prioridad nacional debía traducirse en una preferencia para los españoles en el acceso a determinados recursos públicos, el PP trató desde el primer momento de limitar su interpretación. Desde Génova insistieron en que el concepto debía entenderse conforme al marco constitucional y a la normativa europea y comenzaron a vincularlo al arraigo y a la integración, una explicación que se convertiría en el argumento habitual de los populares durante los meses siguientes.

Pero, sobre todo, Extremadura marcó un precedente político. Vox comprobó que había logrado incorporar una de sus principales reivindicaciones a un acuerdo de gobierno y decidió convertirla desde entonces en una condición prácticamente irrenunciable en todas las negociaciones posteriores con el Partido Popular.

Aragón y Castilla y León consolidan el modelo

El siguiente capítulo se escribió en Aragón. Jorge Azcón necesitaba los votos de Vox para alcanzar la presidencia autonómica y la prioridad nacional volvió a situarse entre las principales exigencias de la formación de Santiago Abascal.

Las conversaciones reprodujeron buena parte del esquema visto semanas antes en Extremadura y el acuerdo definitivo volvió a recoger este principio. La diferencia estuvo en la forma de presentarlo. Durante la comparecencia para anunciar el pacto, Azcón defendió que “el concepto político de la prioridad nacional, adecuado a la legalidad, va a regir los principios que inspiran al próximo Gobierno”, una declaración con la que el PP asumía ya abiertamente la expresión, aunque insistía en que su desarrollo tendría que ajustarse al ordenamiento jurídico.

Aquella apelación constante a la legalidad se convirtió en la fórmula utilizada por los populares para tratar de marcar distancias con la interpretación que hacía Vox. Mientras la formación de Abascal presentaba la prioridad nacional como una preferencia para los españoles en el acceso a determinadas ayudas y recursos públicos, el PP insistía en relacionarla con criterios de arraigo y con el respeto a la legislación vigente.

Ese mismo planteamiento volvió a repetirse poco después en Castilla y León. Para entonces, el precedente ya estaba plenamente asentado y la prioridad nacional formaba parte del paquete habitual de condiciones que Vox llevaba a la mesa de negociación.

El acuerdo alcanzado entre ambas formaciones volvió a incorporar este principio junto a otras medidas relacionadas con la inmigración, como el endurecimiento de las políticas sobre menores extranjeros no acompañados, la prohibición del burka o la revisión de distintas líneas de ayudas públicas. De nuevo, el Partido Popular acompañó el pacto del mismo mensaje: cualquier desarrollo de esas medidas tendría que producirse respetando el marco constitucional y la legislación española.

A esas alturas, el debate ya no giraba tanto en torno a la presencia de la prioridad nacional en los acuerdos, sino sobre el significado que cada uno de los socios atribuía a ese concepto.

Andalucía completa la secuencia

La negociación andaluza ha sido la última en seguir ese mismo recorrido y también la que mayor repercusión política ha tenido. Durante la campaña electoral, Juanma Moreno defendió reiteradamente su intención de gobernar en solitario y rechazó algunas de las principales propuestas planteadas por Vox. Entre ellas figuraba precisamente la prioridad nacional, a la que llegó a calificar de “eslogan hueco”. También sostuvo que muchas de las medidas asociadas a ese concepto eran “ilegales”, al considerar que no podían encajar en el marco constitucional.

Sin embargo, el resultado electoral dejó al PP sin mayoría suficiente y obligó a Moreno a abrir una negociación con Vox. Como ya había ocurrido en las comunidades anteriores, la prioridad nacional volvió a situarse entre las principales exigencias de la formación de Santiago Abascal y se convirtió en uno de los puntos que más dificultaron el acuerdo.

Las conversaciones atravesaron varios momentos de bloqueo. De hecho, Vox llegó a votar en contra de la primera sesión de investidura de Moreno al considerar insuficiente la propuesta planteada por el Partido Popular. Solo después de varios días de negociación ambas formaciones lograron cerrar un pacto que incorpora finalmente la prioridad nacional y que, además, permitirá por primera vez la entrada de Vox en el Gobierno andaluz con una vicepresidencia y una consejería.

Con el acuerdo alcanzado en Andalucía culmina una secuencia iniciada meses atrás en Extremadura. Lo que comenzó como una exigencia planteada por Vox en una primera negociación autonómica ha terminado convirtiéndose en un elemento común de los cuatro pactos de gobierno que el Partido Popular ha suscrito con la formación de Santiago Abascal durante el último semestre, siempre acompañado de la misma defensa por parte de los populares: que cualquier aplicación de la prioridad nacional deberá realizarse dentro de los límites que marca la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente.

El Partido Popular y Vox han firmado un acuerdo de gobierno de 120 medidas que fija la hoja de ruta de la Junta de Andalucía para los próximos cuatro años y sella la entrada de la formación de Santiago Abascal en el Ejecutivo autonómico. El pacto no solo incorpora buena parte de las principales reivindicaciones programáticas de Vox, sino que también redefine el reparto institucional del nuevo Gobierno: Manuel Gavira será vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regulación, Justicia y Administración Local, mientras que Vox obtendrá además un senador por designación autonómica y la Vicepresidencia Primera del Parlamento andaluz.

El documento, firmado este jueves por Juanma Moreno y Manuel Gavira, convierte por primera vez a Vox en socio de gobierno del Partido Popular en Andalucía y establece un compromiso para desarrollar durante toda la legislatura un programa dividido en quince grandes bloques que abarcan desde la fiscalidad y la inmigración hasta la sanidad, la vivienda, el sector primario o la simplificación administrativa. El texto también incluye el compromiso de aprobar los presupuestos autonómicos de 2027, 2028, 2029 y 2030 para garantizar la ejecución de las medidas acordadas.

Durante la presentación del acuerdo, Juanma Moreno defendió que la incorporación de Vox al Consejo de Gobierno responde a una cuestión de responsabilidad política. “Siempre he dicho que es muy importante que el partido con el que se acuerda esté en el Gobierno porque asume también la responsabilidad y es corresponsable de los objetivos para los próximos cuatro años”, afirmó el presidente andaluz. Moreno calificó además el pacto de “sensato” y “sereno” y aseguró que es el resultado de un diálogo “intenso” y “honesto” entre ambas formaciones.

Vox logra introducir la prioridad nacional y endurecer la política migratoria

La principal cesión programática del Partido Popular gira en torno a la inmigración, uno de los ejes sobre los que Vox ha construido la negociación. El acuerdo incorpora expresamente el principio de prioridad nacional en el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, una reivindicación que el PP había evitado asumir durante las primeras semanas de conversaciones y que finalmente queda recogida bajo el concepto de “arraigo real, duradero y verificable”.

El texto establece que el acceso a los recursos públicos deberá inspirarse en ese principio y prevé reforzar los requisitos de empadronamiento y vinculación con Andalucía, vincular determinadas ayudas a la trayectoria de cotización y permanencia en el sistema y limitar el acceso a prestaciones sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, salvo en supuestos de urgencia vital. Además, ambas formaciones se comprometen a impulsar las modificaciones legales necesarias para facilitar la aplicación de estas medidas.

El capítulo dedicado a inmigración va mucho más allá de esa medida. El acuerdo plantea la puesta en marcha de un plan para favorecer el retorno de menores extranjeros no acompañados a sus países de origen dentro de las competencias de la Junta, una auditoría anual de todo el gasto público vinculado a la inmigración, la supresión de subvenciones a organizaciones que, según el texto, favorezcan la inmigración ilegal, la creación de un servicio específico para combatir el fraude del padrón y de las prestaciones sociales y la prohibición del uso del burka y el nicab en edificios y servicios públicos autonómicos. También recoge el compromiso de reclamar al Gobierno la publicación periódica de estadísticas sobre expulsiones de extranjeros condenados por delitos y promover cambios en la legislación del padrón para combatir el fraude y la ocupación ilegal.

Rebajas fiscales, vivienda y apoyo al campo

El documento dedica otro de sus grandes bloques a la política económica y fiscal. PP y Vox acuerdan aplicar una rebaja progresiva del tramo autonómico del IRPF para las rentas inferiores a 60.000 euros, ampliar las deducciones fiscales por nacimiento y adopción de hijos, discapacidad, familias numerosas o pacientes con ELA y suprimir los tres tributos propios de carácter medioambiental actualmente vigentes. También prevén nuevas bonificaciones en el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y una reducción gradual del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para facilitar el acceso a la vivienda.

Precisamente la vivienda ocupa otro de los apartados centrales del acuerdo. El texto compromete la construcción de al menos 20.000 viviendas protegidas durante la legislatura mediante fórmulas de colaboración público-privada y plantea aplicar también el principio de prioridad nacional en el acceso a vivienda protegida y alquiler social. Entre los criterios de adjudicación se valorará la vinculación económica, laboral, familiar o social con Andalucía y se excluirá del acceso a vivienda pública a quienes hayan sido condenados por ocupación ilegal de inmuebles. El pacto incorpora además medidas para reforzar la protección jurídica de los propietarios afectados por ocupaciones y reclama la aplicación efectiva del denominado desahucio exprés.

Las políticas de familia constituyen otro de los ejes del acuerdo. PP y Vox se comprometen a aprobar una nueva Ley de Familia de Andalucía, incrementar las partidas destinadas a natalidad, maternidad y dependencia, desarrollar un Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada y sacar adelante una Ley de Segunda Infancia para reforzar la atención temprana. El documento también prevé aumentar las plazas en residencias y centros de día para mayores y revisar el modelo de dependencia para reducir las listas de espera.

En materia educativa, el acuerdo contempla la no renovación del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), impulsar la climatización de los centros educativos, reforzar la atención a alumnos con necesidades especiales, reclamar una prueba única de acceso a la universidad en toda España e incorporar la historia del terrorismo en los contenidos curriculares.

El sector primario ocupa igualmente una posición destacada dentro del documento. Ambas formaciones expresan su rechazo al Pacto Verde Europeo, al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y a la reforma de la Política Agraria Común. Además, acuerdan impulsar nuevas infraestructuras hidráulicas, ampliar la superficie de regadío, reducir la burocracia para agricultores y ganaderos, promover un paquete fiscal específico para el campo y reforzar el apoyo a la ganadería extensiva, la pesca de arrastre, la caza y las denominaciones de origen andaluzas.

El acuerdo incorpora asimismo compromisos para reducir el gasto considerado superfluo, revisar subvenciones y entes públicos, reforzar la sanidad con medidas para reducir las listas de espera y mejorar la Atención Primaria, impulsar nuevas infraestructuras deportivas y avanzar en la simplificación administrativa. Para garantizar el cumplimiento de lo pactado, PP y Vox crean una comisión de seguimiento encargada de resolver las discrepancias entre los socios de gobierno y supervisar el desarrollo de las medidas recogidas en el documento durante toda la legislatura.

Juanma Moreno ya tiene asegurado un segundo mandato al frente de la Junta de Andalucía. El líder del Partido Popular ha sido investido este jueves presidente gracias al apoyo de los 15 diputados de Vox, que han respaldado su candidatura después del acuerdo de gobierno sellado entre ambas formaciones apenas unos minutos antes de la votación. Moreno ha superado así la segunda sesión de investidura al reunir más votos a favor que en contra, la mayoría simple exigida en esta fase del procedimiento parlamentario, y encabezará por primera vez un Ejecutivo de coalición con la formación de Santiago Abascal.

La votación pone fin a casi un mes y medio de negociaciones desde las elecciones autonómicas del 17 de mayo, en las que el PP se quedó a solo dos escaños de la mayoría absoluta. La negativa de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía a facilitar la investidura mediante una abstención convirtió desde el primer momento a Vox en el único socio posible para evitar una repetición electoral y garantizar la continuidad del Gobierno popular.

El respaldo de los 15 diputados de Vox permitió a Moreno alcanzar 68 votos favorables en un Parlamento compuesto por 109 escaños. Dos días antes no había logrado superar la primera votación, en la que era necesaria la mayoría absoluta, pero el acuerdo cerrado entre ambas formaciones despejó el camino para que el candidato popular obtuviera la mayoría simple exigida en la segunda.

Antes de la sesión de investidura, PP y Vox hicieron público un acuerdo de gobierno de 120 puntos que servirá de hoja de ruta durante toda la legislatura y que supone un cambio de escenario respecto al mandato anterior. Si entre 2019 y 2022 Vox sostuvo al Ejecutivo desde la oposición, ahora pasará a formar parte del Consejo de Gobierno y compartirá la gestión de la Junta durante los próximos cuatro años.

Moreno defiende la entrada de Vox en el Gobierno

Durante su comparecencia antes de la votación, Juanma Moreno justificó la incorporación de Vox al Ejecutivo como una decisión orientada a garantizar la estabilidad política y a compartir la responsabilidad del futuro Gobierno. “Siempre he dicho que es muy importante que el partido con el que se acuerda esté en el Gobierno porque asume también la responsabilidad y es corresponsable de los objetivos para los próximos cuatro años”, afirmó.

El presidente reconoció que el resultado electoral hacía pensar al Partido Popular que podría gobernar en solitario, aunque admitió que la composición del Parlamento obligaba a buscar un acuerdo. En ese contexto, defendió que la presencia de Vox en el Consejo de Gobierno facilitará la coordinación entre el Ejecutivo y el Parlamento y permitirá desarrollar un proyecto común durante toda la legislatura.

Moreno insistió en que el pacto era la mejor alternativa para evitar un escenario de bloqueo institucional o una repetición electoral. “Ante la posibilidad del bloqueo o incluso de un adelanto electoral que paralizaría nuestra comunidad durante seis meses, se ha alcanzado un acuerdo que creo que es positivo para Andalucía”, sostuvo.

El líder popular definió además el entendimiento alcanzado con Vox como un acuerdo “sensato” y “sereno”, fruto de un diálogo “intenso” y “honesto” en el que, según explicó, ambas formaciones hablaron “con absoluta claridad”, incluso cuando mantenían posiciones distintas en algunos asuntos.

Un Ejecutivo de coalición

El pacto que ha hecho posible la investidura de Moreno no se limita al respaldo parlamentario. El documento, compuesto por 120 puntos, fija el programa político que ambas formaciones desarrollarán durante la legislatura e incorpora varias de las principales reivindicaciones de Vox.

Entre ellas figura el principio de prioridad nacional en el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, una medida que el Partido Popular había rechazado durante la negociación y que finalmente ha aceptado bajo la referencia al “arraigo”. El texto establece que el acceso a esos recursos públicos “se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en el territorio”. El acuerdo también recoge medidas de apoyo a la familia, rebajas fiscales, simplificación administrativa, actuaciones en materia de desregulación y compromisos relacionados con el denominado Pacto Verde europeo.

En el plano institucional, Vox se incorpora por primera vez al Gobierno andaluz. Su portavoz parlamentario, Manuel Gavira, asumirá la Consejería de Turismo, Regulación, Justicia y Administración Local con rango de vicepresidente de la Junta. Además, el Partido Popular cederá a la formación uno de los cinco senadores por designación autonómica que corresponden al Parlamento andaluz y facilitará que ocupe una de las vicepresidencias de la Cámara.

La investidura de Juanma Moreno abre así una nueva etapa política en Andalucía. Será la quinta vez que la comunidad esté gobernada por un Ejecutivo de coalición desde la constitución de la autonomía, pero la primera en la que el Partido Popular y Vox compartan el Consejo de Gobierno. También convierte a Andalucía en la quinta comunidad autónoma en la que ambas formaciones gobiernan conjuntamente, consolidando una fórmula que ya se había puesto en marcha en Castilla y León, Extremadura y Aragón.

La Audiencia Nacional ha condenado al ex secretario general del PP de Madrid y exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados a dos años y medio de prisión por favorecer la adjudicación de contratos públicos a la empresa Waiter Music en el marco de la pieza del ‘caso Púnica’ centrada en la organización de festejos en distintos municipios madrileños. La Sala de lo Penal le considera autor de un delito continuado de fraude y otro continuado de prevaricación, por el que además le impone ocho años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

La sentencia, correspondiente a la pieza separada número 7 de la macrocausa Púnica, concluye que Granados desempeñó un papel clave para facilitar el funcionamiento del sistema de adjudicaciones, pese a no intervenir formalmente en la tramitación administrativa de los contratos. Según los magistrados, actuó como “elemento impulsor y facilitador del sistema” gracias a su posición de poder político y a la influencia que mantenía sobre los responsables de adoptar las decisiones.

El tribunal sostiene que esa capacidad de influencia permitió favorecer de forma continuada a la empresa Waiter Music, propiedad del empresario José Luis Huertas, fallecido antes de que pudiera ser juzgado. A cambio, añade la resolución, Granados recibió prestaciones en especie consistentes en la organización de eventos privados sufragados por el empresario, sin que estos fueran abonados.

Los hechos juzgados abarcan un periodo comprendido entre 2007 y 2014 y se refieren a contratos para la organización de fiestas patronales, carnavales, cabalgatas de Reyes y otros eventos festivos en varios municipios madrileños gobernados por el PP.

Un sistema de adjudicaciones predeterminado

La sentencia considera acreditado que Waiter Music trabajó durante años para distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid gracias a un sistema en el que los expedientes administrativos estaban orientados para que los contratos acabaran siendo adjudicados a esa empresa o a otras sociedades controladas directa o indirectamente por José Luis Huertas.

Según los hechos declarados probados, la compañía prestó servicios para el Ayuntamiento de Valdemoro entre 2004 y 2013 y también organizó festejos entre 2007 y 2011 en municipios como Móstoles, San Martín de la Vega, Algete, Chinchón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Moraleja de En Medio.

La Audiencia Nacional explica que esa relación comercial respondía a un esquema estable. Por un lado, Waiter Music organizaba los festejos públicos contratados por los ayuntamientos y, por otro, ofrecía servicios adicionales que beneficiaban directamente a responsables políticos. Entre esos servicios figuraban actuaciones extraordinarias durante las fiestas, actos organizados para agrupaciones locales del PP o celebraciones privadas de algunos de sus dirigentes. Según recoge el fallo, esos trabajos no eran facturados a quienes los recibían.

La resolución añade que José Luis Huertas asumía directamente el coste de algunos de esos servicios y, en otros casos, incrementaba el importe de las facturas correspondientes a los contratos públicos para absorber ese gasto. El objetivo, según el tribunal, era mantener el favor de los responsables municipales y asegurar la continuidad de las adjudicaciones.

La responsabilidad atribuida a Granados

Los magistrados destacan que la responsabilidad de Francisco Granados no deriva de haber firmado personalmente los expedientes administrativos, sino de la influencia política que ejercía sobre quienes sí tenían capacidad para adoptar las decisiones. Asimismo, considera probado que “mantuvo una capacidad de influencia continuada sobre los órganos decisores, aun sin ostentar formalmente competencia administrativa directa”, lo que permitió favorecer las adjudicaciones a Waiter Music. La Sala añade que esa influencia iba acompañada de un beneficio personal para Granados mediante la recepción “sistemática de prestaciones en especie no retribuidas”, consistentes en eventos privados sufragados por el empresario.

El tribunal subraya además que la propia dinámica de los hechos revela que las adjudicaciones se desarrollaban en un contexto en el que la relación política y personal entre Granados y el empresario facilitaba la obtención de decisiones favorables para la compañía, aunque sin necesidad de que existiera una intervención directa en cada procedimiento administrativo.

Además de Granados, la sentencia condena a los exalcaldes de Valdemoro José Carlos Boza, a cuatro años de prisión, y José Miguel Moreno, a dos años. También impone dos años de cárcel a la exalcaldesa de Ciempozuelos María Ángeles Herrera y al exalcalde de Moraleja de En Medio Carlos Alberto Estrada. Por el contrario, el tribunal absuelve a quienes fueron alcaldes de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz Espejo, así como a otros dos acusados que también estaban siendo juzgados en esta pieza separada.

La resolución supone la primera gran condena por corrupción impuesta a Francisco Granados dentro de los procedimientos derivados del ‘caso Púnica’. La macrocausa, abierta en 2014, fue dividida en más de una decena de piezas separadas para investigar distintas líneas de actuación relacionadas con presuntas adjudicaciones irregulares y otros delitos de corrupción.

Granados ya había sido condenado anteriormente dentro del ‘caso Púnica’. En 2017 recibió una pena de dos años de prisión por haber recibido un aviso de un guardia civil sobre la investigación que se estaba desarrollando en su contra. Aquella condena fue posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo. En ese procedimiento no se le juzgó por el desvío de fondos públicos ni por las adjudicaciones irregulares que constituyen el núcleo de la investigación, sino exclusivamente por el chivatazo recibido antes de que estallara la operación policial.

El PP nacional presiona a Juanma Moreno para que aparque las diferencias con Vox y busque lo que les une, pero el barón andaluz trata de jugar con el órdago electoral para tratar de forzar una abstención. El enrocamiento de Moreno todavía no ha empujado a Génova a tomar cartas sobre el asunto. La Dirección Nacional confía en que más “pronto que tarde” acabarán llegando al cuarto acuerdo autonómico. Así lo expuso la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, quien pidió a ambas formaciones que se entendiesen porque “lo que quieren muchos ciudadanos” es “pasar página” de la etapa de Pedro Sánchez.

El mensaje de la portavoz popular iba dirigido especialmente al barón andaluz: “Hay cosas que nos diferencian con Vox, por supuesto, por eso somos dos partidos completamente diferentes, pero hay cosas que nos unen. Y en estos momentos de urgencia nacional, yo creo que tiene que ser más lo que nos une que lo que nos separa”, apuntó.

Lo que los “separa” son dos condiciones que el propio Moreno marcó como línea roja en su campaña electoral, pero que Vox marca como inamovible en las negociaciones: la prioridad nacional —que él describió como un “eslogan vacío”— y la entrada de Abascal en el Ejecutivo autonómico.

El presidente en funciones trata de hacer ver que los 53 diputados del PP frente a los 13 de Vox son razón suficiente para rebajar sus exigencias. Pero los de Santiago Abascal mantienen que, mientras el PP necesite de sus diputados, ellos son los que dictan las condiciones y marcan los tiempos en esta negociación.

En su discurso de investidura, Moreno insistió en su “línea andaluza”, evitando regalar balones a Manuel Gavira con un discurso sin menciones a la prioridad nacional o vinculaciones entre migración y delincuencia, apelando en su lugar al “bien común” y a un proyecto de estabilidad que no dependa de “circunstancias políticas”. El líder andaluz jugó al mismo tiempo con equilibrismos, evitando ensalzar la política de acogida que ha defendido en pasados cruces parlamentarios.

Victoria a la segunda o tocará hablar en verano

Su intervención no convenció a la extrema derecha, que volvió a exigir a Moreno pasar por el mismo aro por el que pasaron María Guardiola en Extremadura, Jorge Azcón en Aragón y Alfonso Mañueco en Castilla y León. “Si sigue por ese camino, será en tercera votación, cuarta, quinta o nunca”, avisó Gavira.

El dirigente andaluz fracasó en la primera votación para su investidura y deberá enfrentarse a una segunda este jueves, 48 horas después. Vox ya hace ver que las conversaciones podrían extenderse a lo largo del mes de julio. La última oportunidad podría llegar a finales de octubre y, en el caso de encajar una nueva derrota, habría una repetición electoral.

Fuentes del PP consultadas por Infobae no ven probable este escenario. Insisten en que, en el caso de Extremadura, el acuerdo llegó cuatro meses después de las urnas. “Acabó siendo más tarde que pronto”, subrayaron. Y el acuerdo engrasó las negociaciones estancadas con Azcón y Mañueco, que aceptaron la prioridad nacional y la entrada de Vox en sendos acuerdos el 23 de abril y el 10 de junio.

Moreno esperó dos semanas para descolgar el teléfono, empujado por la negativa de Vox a negociar una abstención. Desde el Ejecutivo central vieron la primera votación fallida como un “teatrillo” que acabará en un eventual acuerdo. Y en este sentido, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ya ha avisado al ejecutivo andaluz que el Gobierno “parará” y no permitirá vulneraciones de derechos humanos y fundamentales en esta comunidad. “Los ciudadanos tienen que saber que la garantía de sus derechos somos nosotros, el Gobierno de España”, declaró.

La Guardia Civil ha irrumpido este miércoles en la Diputación de Cádiz para reclamar varios expedientes de contratos de patrocinio concedidos a un conocido empresario de El Puerto de Santa María investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. La solicitud de documentación forma parte de una operación policial desplegada entre las provincias de Cádiz y Sevilla, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de El Puerto de Santa María y la Fiscalía Antidroga, que también ha incluido registros en distintos negocios del hostelero.

Los agentes se han personado en el Edificio Roma, sede del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación, para requerir cinco expedientes relacionados con contratos privados de patrocinio concedidos a empresas del investigado para la organización de conciertos y festivales celebrados en distintos municipios de la provincia. La propia Diputación ha confirmado, a través de un comunicado, que la Guardia Civil solicitó esa documentación “en el marco de una investigación en curso” y que la institución facilitó los expedientes requeridos.

La actuación ha situado el foco sobre un área especialmente sensible desde el punto de vista político, ya que está coordinada por el alcalde de El Puerto de Santa María y vicepresidente cuarto de la Diputación, Germán Beardo (PP). No obstante, fuentes cercanas a la investigación insisten a El País en que, por el momento, no existen indicios que impliquen a responsables políticos en la presunta trama que investiga el juzgado.

El propio Beardo quiso desvincularse de cualquier especulación poco después de conocerse la presencia de los agentes en la institución provincial. A través de un comunicado difundido en su perfil de Facebook, explicó que acudió al edificio “sin ser requerido” para ponerse a disposición de los investigadores y facilitar cualquier colaboración que fuera necesaria. Asimismo, precisó que abandonó posteriormente las dependencias y negó que la Guardia Civil registrara su despacho.

Los festivales patrocinados, en el centro de las pesquisas

La documentación requerida está relacionada con varios eventos musicales promovidos por el empresario investigado, cuya actividad empresarial se concentra principalmente en El Puerto de Santa María, donde regenta un local de copas, un restaurante, un chiringuito y un edificio de apartamentos turísticos.

Entre esos eventos figura un conocido festival de música urbana y latina nacido en la localidad gaditana y que, con el paso de los años, se ha extendido a otras ciudades, entre ellas Sevilla. Ese festival constituye uno de los principales focos de interés de la investigación.

En la página web de la edición de este año aparece la Junta de Andalucía como una de las entidades patrocinadoras. Además, la Plataforma de Contratación del Estado recoge que la empresa organizadora fue beneficiaria de un contrato privado de patrocinio de la Diputación de Cádiz por importe de 100.000 euros.

A ese evento se suma otro festival itinerante, también dedicado a la música urbana y gestionado por el mismo empresario, que se celebró entre los meses de mayo y junio en distintas localidades de la Sierra de Cádiz. En su página web también figura la Diputación como patrocinadora y, según la información publicada en la Plataforma de Contratación del Estado, las empresas vinculadas al investigado han recibido durante los dos últimos años contratos privados de patrocinio por un importe conjunto superior al millón de euros.

Precisamente para comprobar el alcance de esas relaciones contractuales, la Guardia Civil también ha solicitado información a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía sobre otros contratos de patrocinio de características similares.

Registros en Cádiz y Sevilla dentro de una investigación bajo secreto

La actuación en la Diputación se ha producido de forma simultánea a un amplio dispositivo desplegado desde primera hora de la mañana en distintos puntos de las provincias de Cádiz y Sevilla. Los agentes de la Comandancia de Sevilla han registrado varios locales y oficinas del empresario investigado, situados tanto en el centro histórico de El Puerto de Santa María como en la urbanización Puerto Sherry, además de practicar otras entradas en municipios del entorno de la capital sevillana.

Las diligencias permanecen bajo secreto de sumario y, según cuentan fuentes cercanas al caso a El País, comenzaron hace varios meses. Además del hostelero portuense, la investigación afecta a “varios empresarios” más y apunta a la existencia de un entramado de sociedades que, presuntamente, habría servido para blanquear capitales procedentes del narcotráfico. Por ahora, sin embargo, los investigadores no han desvelado cuál habría sido el funcionamiento de esa supuesta red ni el mecanismo utilizado para introducir el dinero en el circuito legal.

Las actuaciones policiales también han tenido una inmediata repercusión política. Desde la oposición, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha reclamado al Partido Popular “la mayor transparencia” ante una investigación que, aunque permanece bajo secreto, ha alcanzado ya a una de las principales instituciones de la provincia. “Estamos expectantes y con incredulidad. ¿Qué está ocurriendo?”, ha manifestado el dirigente socialista tras conocerse la actuación de la Guardia Civil.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado este miércoles la presencia de observadores que supervisen los procesos de nacionalización y regularización impulsados por el Gobierno central antes de la celebración de las próximas elecciones. A su juicio, estos procedimientos deben contar con mayores garantías de control y transparencia, ya que considera que su desarrollo puede tener consecuencias sobre el censo electoral y, por tanto, sobre el reparto de escaños.

Durante un coloquio celebrado en el Club Siglo XXI, la dirigente popular ha mostrado preocupación por el incremento de nuevos ciudadanos con derecho a voto derivado, entre otras medidas, de la conocida Ley de Nietos, una disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática de 2022 también criticada por Vox. Una normativa que permite acceder a la nacionalidad española a determinados descendientes de personas que abandonaron España como consecuencia de la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista.

Así, Ayuso ha anunciado que el Ejecutivo madrileño va a continuar recurriendo a todas las vías institucionales y jurídicas que considere oportunas para exigir un mayor control sobre estos procesos. “Seguiremos pidiendo transparencia, rigor, iremos a las instancias que hagan falta, ante la Unión Europea, ante el tribunal que sea, y también pedir a observadores. Observadores ya, no el día de las elecciones, ya, porque es ahora cuando este proceso a nosotros nos parece que inquieta”, ha afirmado.

“Nacionalizar socialistas”

Según ella, la supervisión debería comenzar antes de la próxima cita con las urnas, al entender que las decisiones que afectan al censo electoral se están produciendo con antelación y podrían condicionar la composición del electorado. En su intervención, ha insistido en que la preocupación no radica únicamente en la jornada electoral, sino en la forma en la que se están desarrollando los procedimientos previos de concesión de nacionalidades y regulación de personas.

De hecho, Ayuso ha vinculado esta situación con una supuesta estrategia política del Gobierno de Pedro Sánchez, preguntándose si el Ejecutivo está intentando “nacionalizar socialistas”. Así, ha acusado al PSOE de utilizar estos procesos para alterar el censo electoral, defendiendo que el Gobierno estaría realizando una “ingeniería” sobre el registro de votantes y favoreciendo decisiones que, en su opinión, permitirían incentivar o desincentivar el voto “según conviene y según el origen”.

La presidenta popular ha ido un paso más allá al plantear que, en determinadas circunstancias, algunos nuevos electores podrían llegar a elegir la circunscripción en la que empadronarse con efectos sobre el reparto de escaños. “Allí donde le falten los votos al PSOE, pues ahí se podrá empadronar según, por ejemplo, en qué circunscripción, en aquellas regiones que son pluriprovinciales, si saben que, por los restos y por el recuento del voto, quedan 2.100 votos para llegar al siguiente escaño”, ha asegurado.

A partir de esta hipótesis, ha cuestionado los mecanismos de control existentes para determinar dónde se inscriben los nuevos ciudadanos con derecho a voto. En su opinión, podría darse la circunstancia de que personas sin una relación estrecha con España puedan influir en determinadas circunscripciones electorales. “Quién lo controla, quién lo decide y con qué criterio”, se preguntó durante su intervención.

“Una nueva arbitrariedad”

La presidenta madrileña también ha puesto el foco en las consecuencias que, a su juicio, tendría el aumento del número de electores sobre la representación parlamentaria. Según ha explicado, el crecimiento del censo derivado de las nuevas nacionalizaciones y regularizaciones ya estaría modificando el reparto de escaños en la Asamblea de Madrid. En este sentido, ha asegurado que la comunidad pasará de tener “136 a 145 que repartir” como consecuencia de la aplicación de la denominada Ley de Nietos, una situación que califica de “una nueva arbitrariedad”.

Además, ha afirmado que el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), en el que figuran los españoles que viven fuera del país con derecho a voto, ha experimentado un incremento que considera “de manera exponencial e inusual” durante el último año. “Nadie pone en tela de juicio que una persona que lleva tiempo viviendo en España tenga sus papeles, todo lo contrario. Nosotros somos una región que da su sanidad y sus servicios públicos a todo el mundo, pero tendrá que haber una ley, tendrá que haber un orden”, ha manifestado.

En relación con la propia Ley de Nietos, Ayuso ha evitado cuestionar directamente el reconocimiento de la nacionalidad a descendientes de exiliados o represaliados por el franquismo, aunque defiende que un asunto de esa trascendencia debería abordarse desde un amplio consenso político y social. “Tendremos que decir todos los españoles quién consideramos que son nuevos españoles”, ha concluido.

*Noticia elaborada con información de agencias.

El PP nacional recoge cable en su ofensiva contra la ley de nietos y rebaja sus acusaciones de pucherazo. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado este miércoles que su partido no se ha opuesto a conceder la nacionalidad a quien demuestre que desciende de exiliados por la guerra o la dictadura, sino que su denuncia tiene que ver con la “opacidad” y la “urgencia” con la que se está aplicando la normativa.

Los populares acusan al Ejecutivo de “manipular” la posición del PP en este tema, pero lo cierto es que fue la propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien apuntó que la normativa trataba de alterar el censo electoral en favor del partido socialista: afirmó que “Buenos Aires sería la tercera provincia de España” en las próximas generales. La dirigente madrileña también denunció unas supuestas instrucciones del Gobierno a los consulados para regular a cualquiera que hubiera salido de España por cualquier razón.

También se refirió sobre ello el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, quien evitó mencionar la palabra pucherazo, como lleva haciendo Vox desde 2022, pero sí denunció que el Gobierno ha recurrido a una “arquitectura electoral” para “incrementar en dos millones y medio” el número de personas con derecho a voto “en un espacio muy corto de tiempo”, pese a que es una medida que él mismo pidió expresamente en 2006 y en su programa electoral en 2023.

Muñoz critica que votarán muchos “que no han pisado ni una sola vez España”

Muñoz ha matizado estas palabras señalando que el líder de la oposición nunca puso bajo sospecha el sistema electoral, sino que se refería a la “opacidad” del proceso. Según las cifras de los ‘populares’ –que difieren de las del Gobierno–, “ahora de repente hay dos millones y medio de personas más que pueden votar en las próximas elecciones porque han adquirido la nacionalidad. Muchos sin haber pisado ni una sola vez en su vida España”, ha señalado Muñoz.

“Yo me pregunto: ¿Por qué tanta rapidez? ¿Por qué están teniendo que contratar empresas externas para hacer lo que los consulados no pueden hacer? ¿Por qué hay tanta necesidad en que todo esto sea rápido? ¿Por qué hay tanta opacidad? Y sobre todo, ¿por qué les ha molestado tanto que preguntemos?”, ha lanzado Muñoz, que volvió a obviar que el proceso lleva tres años abierto: la norma se aprobó en 2022 y, tras una prórroga en 2024, se cerró en octubre de 2025. También obvió que el voto desde el exterior apenas supera el 10% del censo de electores: en las últimas generales apenas votó (233.688 sufragios de los más de dos millones potenciales).

Muñoz también ha señalado que “altos cargos del PSOE” estaban organizando actos en otros países en los que argumentan que la gente va a poder votar gracias a las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez.

Albares reacciona: “Es una traición al pueblo español”

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha cargado contra las acusaciones infundadas del PP contra el servicio diplomático. “Es una traición al pueblo español. Lo que el PP quiere es que tres millones y medio de españoles no puedan votar. Muchos de esos españoles son españoles de nacimiento”, ha afirmado el jefe de la diplomacia europea.

Así, el jefe de la diplomacia española ha exigido “disculpas públicas” del líder de la oposición y ha criticado la hipocresía del PP con una ley que propuso hace años: “demuestra que PP y Vox están absolutamente incapacitados para gobernar”.

El PP clama contra la ley de nietos cuatro años después de su aprobación y puesta en marcha. Eso que el partido, si bien se opuso a la de Memoria Democrática, nunca había dejado de defender el derecho de estos descendientes de compatriotas a recuperar la nacionalidad, llevándolo incluso en su programa. El presidente del PP Alberto Núñez Feijóo y la portavoz Ester Muñoz se han visto rebatidos en las últimas horas por el presidente de Galicia Alberto Núñez Feijóo y la senadora Ester Muñoz, defendiendo lo mismo por lo que estos días acusan a Pedro Sánchez de querer ganar las elecciones de forma fraudulenta.

Conscientes de la contradicción, los populares han hilado más fino, puntualizando que no es la ley de nietos, sino el afán del Gobierno por que esta norma de reparación abarque al mayor número de personas y en el menor tiempo posible. Deslizan o directamente explicitan que Sánchez “fabrica votantes” para compensar el escrutinio y ponen la sospecha sobre el personal en las embajadas y consulados, avisando de que estarán atentos ante posibles inscripciones irregulares. Vox ha ido más lejos, solicitando que en las próximas generales no se contabilice el voto CERA, es decir el que se emita desde el extranjero.

Una de las voces más autorizadas en cuanto a procesos electorales en nuestro país es la de Narciso Michavila, presidente y fundador de la consultora GAD3. Este martes, la periodista Susanna Griso le preguntó en Espejo Público por esta polvareda, que el sociólogo despejó rápido. “¿Avalas esas sospechas?“, preguntó Griso. ”Es lógico que, viendo lo que está pasando en el mundo de la política, la oposición este muy recelosa con muchas de las medidas -comenzó Michavila-, pero creo que se está sacando de quicio". Para el experto, no hay motivo para dudar del proceso, sino al contrario.

“Su impacto en la urna es mínimo”

“Si hay algún sitio donde tengamos datos fiables -continuó- es en el censo electoral, y las cifras están muy claras: sabemos que hay 2,7 millones de españoles que viven fuera, pero es que sabemos cuántos acuden a votar, pero es que también tenemos la suerte de poder saber qué han votado, porque ese voto se contabiliza después, y su impacto en la urna es mínimo”. Michavila pone como ejemplo que a lo largo de la democracia, los españoles han elegido a 5.600 diputados, y que de esos 5.600, el voto exterior solo ha cambiado cuatro. El último en Madrid, en 2023, y fue a favor del PP, que arrebató un escaño al PSOE.

Griso le recordó entonces que en últimos comicios autonómicos, como pasó en Andalucía, el voto exterior fue muy diferente al interior. En estas, ganadas por Juanma Moreno al borde de la mayoría absoluta, el PSOE, que obtuvo su peor resultado histórico con María Jesús Montero, ganó entre los andaluces que emitieron su papeleta lejos de su tierra. ¿Cómo es esto posible? “Es bien sencillo -según Michavila-: porque el tipo de migración en esos territorios tendía a ser un votante más socialista, que no quiere decir de izquierdas”. Matiza que en otros lugares, como Madrid o Barcelona, la tendencia es otra.

Griso apretó, centrándose ya en Madrid, que es donde más está aumentando el censo en virtud de la ley de nietos. Pero Michavila volvió a desmentir que pueda haber una alteración en las urnas: “Tiene muchísimo más impacto la legislación que se está aplicando en cada momento para garantizar transparencia y seguridad en el voto que el censo”. Para terminar, la presentadora pidió al sociólogo un pronóstico sobre cuándo cree que serán esas generales: “Cuando decida el presidente, evidentemente -bromeó-. Mi apuesta es que van a ser el 7 de marzo, podrían ser el 14, y descarto totalmente el superdomingo. A sus compañeros de partido no les vendría bien y sus socios no le dejarían”.

📺 Nuestro presidente Narciso Michavila @nmichavila ha intervenido en el programa @EspejoPublico de @antena3com para analizar la situación del voto exterior y la Ley de Nietos.

📅 Además, adelanta su apuesta para las próximas elecciones generales: 7 de marzo.

Aquí os dejamos un… pic.twitter.com/1aVsuMgtDq

— GAD3 (@GAD3_com) June 30, 2026

600.000 nuevos votantes

La ley de nietos es el nombre con el que se ha llamado a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. La norma abrió una vía extraordinaria y temporal para que hijos y nietos de españoles nacidos en el extranjero obtuvieran la nacionalidad, sin necesidad de haber residido nunca en territorio español. Sus beneficiarios son los descendientes de quienes la perdieron o renunciaron ella como consecuencia del exilio durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, así como los hijos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución.

Más de 2,4 millones de personas iniciaron los trámites, y a 31 de marzo de 2026, el Ministerio de Asuntos Exteriores contabilizaba 544.722 solicitudes aprobadas. Una vez obtenida la nacionalidad, los nuevos ciudadanos pueden inscribirse en el Censo Electoral de Españoles Residentes Ausentes (CERA) y votar en elecciones generales, autonómicas y europeas. Ese censo alcanzó los 2.708.083 inscritos el 1 de mayo de 2026, frente a los 2.333.056 que había en las generales de julio de 2023, lo que supone un incremento de 375.027 electores, un 16,1% más, en menos de tres años.

Con un ritmo de crecimiento de unos 16.000 nuevos inscritos al mes, las proyecciones apuntan a que el CERA podría rozar los tres millones de votantes en 2027, lo que supondría cerca de 600.000 electores adicionales respecto a los comicios de 2023.

El PP se sube a la cresta del ‘pucherazo’ y acusa al Gobierno de alterar el censo a través de sus políticas migratorias. En esta narrativa, que Vox lleva abanderando desde 2022, el primer partido de la oposición ha mezclado churras con merinas, metiendo en el mismo cajón la regularización extraordinaria de migrantes, que es un proceso administrativo para permitir que las personas extranjeras que viven en España puedan vivir y trabajar en el país; y la Ley de Nietos, que reconoce la nacionalidad a los hijos y nietos de quienes se vieron obligados al exilio tras la Guerra Civil (1936-1939) o por la persecución franquista.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció que el presidente del Gobierno estaba recurriendo a una “ingeniería electoral” para “incrementar en dos millones y medio” el número de personas con derecho a voto “en un espacio muy corto de tiempo, un año o año y medio”, a pesar de que la medida lleva más de tres años en vigor. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, secundó estas palabras y añadió que Buenos Aires sería la “tercera provincia de España en las elecciones generales”, momento en el que las personas reconocidas por la ley de nietos contarían en el voto desde el exterior.

De acuerdo con el INE, la población española aumenta en unas 16.000 personas cada mes. Desde las últimas generales de julio de 2023, el padrón de residentes en el exterior sumó 375.027 nuevos inscritos, lo que representa un incremento del 16,1%. Para las próximas elecciones generales, previstas para 2027, se estima que esta cifra se acercará a los 600.000 votantes adicionales potenciales, con un total próximo a los tres millones de inscritos.

Y en parte tiene que ver con la ley de nietos, que fue aprobada en 2022 como parte de la ley de Memoria Democrática. La norma contemplaba un plazo de dos años para presentar solicitudes. Ese plazo fue ampliado hasta octubre de 2025 debido al enorme atasco burocrático. De hecho, los consulados todavía continúan cerrando los expedientes presentados a tiempo.

Según la información del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, hasta un total de 2,4 millones de hijos y nietos de exiliados han solicitado la nacionalidad española a través de la ley de memoria democrática, de los cuales 544.722 la tienen aprobada y 306.000 están ya inscritos como españoles. El Gobierno defiende la ‘ley de nietos’ como una medida de “justicia y reparación”, ya que no se ideó como una medida para “fabricar votantes”, como sugiere la oposición.

El voto CERA, clave en la polémica

La relación entre la ley de nietos y las elecciones tiene que ver con el voto CERA, la modalidad en la que se canaliza el voto de aquellos ciudadanos españoles que viven fuera del territorio nacional, pero que desean participar en los procesos electorales. En el caso de la ley de nietos, la ley de Memoria Democrática sí contempla este reconocimiento, si bien no es inmediato. No ocurre así en el proceso de la regularización extraordinaria, que no implica la concesión del derecho al sufragio, como así ha asegurado el Gobierno.

En caso de que todas esas personas obtuvieran el derecho al voto (que implica superar otras fases intermedias), tampoco puede asumirse que todas ejercerán ese derecho: en las últimas generales apenas votó el 10% de los más de 233.688 electores, un aumento con respecto a 2019, cuando fue del 6,85%. Además, aunque lo hiciesen, no hay garantía de que su voto beneficie al PSOE, ya que cada persona decide su voto de manera individual.

El PP amplió su ventaja en Madrid, la comunidad donde más influye el voto CERA

¿Ha supuesto cambios? Sí, aunque suelen ser mínimos y no suele ser la norma. Si nos vamos al histórico, el voto CERA alteró el reparto de escaños en las elecciones generales de 2023. En esa ocasión, los consulados donde más españoles votaron fueron los de Londres (18,11%), Bruselas (15,26%), Ginebra (15,20%) y París (15,17%). En América Latina la participación ha sido más moderada y la lideran Buenos Aires (6,22%) y México (4,78%).

Dado el ajustado resultado de las elecciones, el escrutinio de este sufragio generó una gran expectación y se preveía que podría alterar el resultado en hasta 9 provincias españolas. Ocurrió en la comunidad que más escaños reparte, en Madrid, el censo donde los españoles en el extranjero que no tienen provincia suelen adscribirse (en 2023 fueron 46.394 de los 233.688 sufragios CERA). Y un dato que le gustará al líder de la oposición y la presidenta madrileña es que en aquella ocasión fue en favor de Alberto Núñez Feijóo, que obtuvo 19.006 votos, y en detrimento de Pedro Sánchez, que recibió 10.411 votos.

El PSOE gana en el ciclo autonómico donde arrasó el PP

Pero tampoco es cierto que esta modalidad de voto implique siempre cambios. Por ejemplo, el PSOE ganó el voto desde el extranjero en las últimas elecciones andaluzas, concretamente, en siete de las ocho circunscripciones. No obstante, los más de 300 votos de diferencia en favor de María Jesús Montero no supusieron cambios en el recuento de escaños. Además, apenas votaron 21.500 personas de las más de 302.000 que están registradas en este censo electoral.

Tampoco alteró el resultado en el resto de elecciones autonómicas de este último ciclo, donde el PSOE también se erigió como primera fuerza pese a la arrasadora victoria del PP: En Extremadura, los socialistas de Miguel Ángel Gallardo mantuvieron su último diputado; en Aragón, el PSOE ganó en las tres circunscripciones; y en Castilla y León, ganó en todas las circunscripciones a excepción de Zamora, que cayó para el PP. De nuevo, en ninguna de estas comunidades supuso cambios en el reparto.

En las elecciones al Parlamento catalán, el voto CERA no fue suficiente para distorsionar el resultado porque había demasiada distancia entre los partidos y porque tan solo un 10% de las 294.000 personas inscritas votaron. Tan solo hubo un margen apretado en Girona y Tarragona, donde Junts se jugaba su último escaño frente al PP y PSC. Pero finalmente no fue suficiente. Aunque si nos atenemos a la hemeroteca, en las de 2017, un diputado de Ciudadanos pasó al PP.

El PP abona el terreno para una victoria legítima o una derrota que haga saltar las alarmas en las próximas elecciones generales. El argumento no es tanto la ley de nietos, aprobada en el Congreso de los Diputados en el marco de la Memoria Democrática, incluso avalada por el Alberto Núñez Feijóo presidente de Galicia, como por una posterior reinterpretación que ha dado lugar a que un mayor número de personas quepa en la norma, o una ampliación del plazo inicialmente previsto para el trámite, o un refuerzo en el número de empleados en embajadas y consulados para facilitarlo, especialmente en los países con una alta demanda de solicitudes, casos de Argentina, Cuba, Brasil o México.

La oposición suma uno más uno y le sale que Pedro Sánchez está alterando el censo para dar un vuelco en las generales. Que hace “ingeniería electoral” para sumar escaños en provincias clave, vía voto CERA, es decir el de los compatriotas que residen en el extranjero, a fin de mantenerse en el poder. Que sin esos votos “fabricados”, las tiene perdidas. Para el Gobierno, se trata de una reparación histórica por fin resuelta.

Según el INE, cada mes somos en torno a 16.000 españoles más. Desde julio de 2023, última vez que pasamos por las urnas, el padrón exterior ha crecido en 375.027 inscritos, un 16,1% más, y para las próximas generales, previstas para 2027, ese incremento se acercará a los 600.000 votantes adicionales, con un total que rozará los tres millones de inscritos. Detrás de esa cifra está la llamada ‘ley de nietos’.

Llamada porque no existe como tal en el ordenamiento jurídico. Es, en realidad, la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que salió adelante en 2022 con 173 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, PNV, EH Bildu, Más País, Compromís y PDeCAT), 159 en contra (PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP) y 14 abstenciones (ERC y BNG).

La norma entró en vigor el 21 de octubre de aquel año y abrió la puerta a que hijos y nietos de españoles nacidos en el extranjero pudieran obtener la nacionalidad si sus ascendientes la perdieron o renunciaron a ella por razones políticas, ideológicas, religiosas o de orientación sexual durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco, sin necesidad de haber residido nunca en territorio español.

Lo que vino después

El texto original de la ley exigía acreditar que el ascendiente sufrió una persecución política concreta. Poco después de su aprobación en el Congreso, una instrucción administrativa del Ministerio de Justicia eliminó en la práctica ese requisito. A partir de entonces, bastaba con ser descendiente de un español que hubiera salido del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin necesidad de demostrar que el motivo fue el exilio político. El efecto fue inmediato: el universo de potenciales beneficiarios se amplió de forma sustancial, y las solicitudes empezaron a llegar en volúmenes que ninguna previsión administrativa había contemplado.

El plazo para presentar solicitudes se fijó inicialmente en dos años desde la entrada en vigor de la norma, con la posibilidad de una prórroga adicional de un año por acuerdo del Consejo de Ministros. Esa prórroga se activó, y el plazo definitivo se cerró el 22 de octubre de 2025. A esa fecha, el Ministerio de Asuntos Exteriores había registrado 2,4 millones de peticiones de cita para presentar la documentación. De ellas, 1,2 millones ya habían pasado por las oficinas consulares. La tasa de denegación del proceso se sitúa apenas en un 2%.

La tramitación del proceso recae en la red consular española en el exterior, compuesta por 180 oficinas repartidas por todo el mundo. Es allí donde el solicitante presenta su expediente y acredita el vínculo familiar mediante actas de nacimiento, partidas de matrimonio, pasaportes o, en los casos de exilio político, certificados de partidos o pensiones de exiliado. Una vez aprobada la solicitud, el interesado presta juramento de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución, y su nacimiento queda inscrito en el Registro Civil Consular. Desde ese momento es legalmente español, pero aún no figura en el censo electoral.

Para votar necesita un paso más: registrarse como residente en la demarcación consular. En la práctica, la mayoría de los consulados gestionan ambos trámites en la misma cita. El interesado firma el alta en el Registro de Matrícula Consular y cumplimenta el formulario del Ministerio de Asuntos Exteriores en el que declara el municipio español al que queda adscrito a efectos electorales. El formulario ofrece varias opciones de justificación -municipio de última residencia, de mayor arraigo propio o de mayor arraigo de los ascendientes- y una cuarta casilla: “Otros motivos”. No existe un mecanismo de verificación establecido para esa última opción. Cuando el nuevo ciudadano no puede acreditar arraigo en ninguna provincia concreta, queda adscrito por defecto a la Comunidad de Madrid.

“Argentina, la tercera provincia”

El volumen de solicitudes desbordó con rapidez la capacidad de la red consular. El cónsul general en Buenos Aires, José María Ridao, reconoció que al ritmo administrativo habitual haría falta más de un siglo para resolver todos los expedientes acumulados en su demarcación. Los consulados españoles en Argentina concentran alrededor del 40% de todas las solicitudes presentadas, y la capital argentina acumula 640.000 de ellas. Argentina es el país con más inscritos en el CERA: 505.168 electores, el 18,8% del total del censo exterior. De ahí que dirigentes como Isabel Díaz Ayuso exclamen que “Argentina será la tercera provincia de España en las elecciones generales”.

Para hacer frente a la situación, el Ministerio de Asuntos Exteriores autorizó en 2025 la contratación de 657 nuevos efectivos de personal laboral en el exterior, un 43% más que el año anterior, con refuerzo específico en las oficinas de Argentina, Cuba y México. En diciembre de 2025 se implantó en todos los consulados el llamado Escritorio Único de Tramitación, una aplicación informática para gestionar los expedientes de forma electrónica. El Ministerio de Justicia adjudicó en abril de 2026 un contrato de 1,7 millones de euros a la empresa Neoris España para reforzar los sistemas informáticos de tramitación de nacionalidades. Exteriores firmó, a su vez, un contrato de 1.131.295 euros con el Grupo Empresarial Palco para aportar personal al consulado de La Habana.

A 31 de marzo de 2026, el Exteriores cifró en 544.722 las solicitudes aprobadas, con 306.500 inscripciones practicadas en el Registro Civil Consular. Estos últimos son los únicos con derecho efectivo a voto en ese momento.

Las tres preocupaciones del PP

El PP ha anunciado que está encima del proceso, vigilante ante un posible fraude. Las dudas que el partido traslada giran en torno a tres puntos: la dificultad de verificar los antecedentes familiares, la asignación de circunscripciones a los nacionalizados sin arraigo demostrable en ninguna provincia española y la existencia de esa casilla de “otros motivos” en el formulario de adscripción electoral.

Díaz Ayuso fue más directa y advirtió de que “cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no le pertenece, ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Vox ha pedido directamente que no haya voto CERA en las próximas elecciones.

Elma Saiz, portavoz del Gobierno, ha calificado estas acusaciones como una “irresponsabilidad mayúscula” y recuerda que la ley de nietos responde a “principios de reparación y justicia” hacia quienes tuvieron que abandonar España durante la dictadura, o que se trata de una norma similar a la de otros países de nuestro entorno. También, que el PP aceptó durante la tramitación parlamentaria un mecanismo de acceso a la nacionalidad para descendientes de exiliados y que en su recurso de inconstitucionalidad no solicitó la derogación de estaa disposición.

Respecto a la regularización extraordinaria de migrantes, otro de los frentes los últimos meses de esta legislatura, y cuyo plazo de solicitud concluyó el 29 de junio con más de 1,2 millones de peticiones, no hay lugar a la duda, pese a las que se pretendieron imponer durante semanas: la regularización da derecho a residir, pero no a votar.

Madrid y la adscripción por defecto

El incremento del CERA no se reparte de forma uniforme. Madrid ha pasado de 379.961 inscritos en el exterior en julio de 2023 a 486.223 en mayo de 2026, un aumento de más de 106.000 nuevos electores con una tasa de crecimiento del 28%, casi el doble de la media nacional. La provincia es la circunscripción que más diputados reparte en el Congreso y la única en la que el voto exterior modificó el reparto de escaños en las generales de 2023, cuando un acta pasó del PSOE al PP. Ese crecimiento desproporcionado se explica en parte por la norma de adscripción por defecto ya mencionada.

El escrutinio del 23-J ofrece un antecedente que sitúa mejor el debate, o quizá que lo enciende. En esas generales, el PP fue la fuerza más votada entre los españoles en el exterior, con 66.422 sufragios frente a los 58.973 del PSOE, según las actas oficiales. El partido de Núñez Feijóo se impuso en el voto CERA de siete comunidades autónomas, entre ellas Madrid, Galicia y Andalucía. En Madrid, el PP obtuvo 19.006 votos frente a los 10.411 del PSOE, resultado que determinó el traspaso del escaño en disputa. La participación exterior pasó del 6,85% en las generales de 2019 al 10% en 2023, tras la eliminación del voto rogado.

El comportamiento electoral de los nuevos nacionales incorporados al censo por la ley de nietos es, por el momento, una incógnita. No hay encuestas sobre su orientación política ni estudios que permitan anticipar hacia dónde se decantarán sus papeletas. Lo que sí registran las cifras oficiales es que, con un CERA que se acercará a los tres millones de inscritos, el peso del sufragio exterior sobre el resultado final de las próximas generales será mayor que en cualquier elección anterior. Las próximas elecciones generales serán la primera vez en que ese voto, por su volumen, podría no solo alterar el reparto de escaños en varias circunscripciones, sino determinar qué partido o bloque alcanza una mayoría.

El viernes pasado, Moreno adelantaba que todavía no se había llegado a un acuerdo, pero expresó su voluntad de negociar “hasta el último minuto” con Vox para que Andalucía tenga Gobierno “lo antes posible”: “Si pudiera ser el martes, el martes, pero no depende de nosotros y, por tanto, nosotros vamos a seguir dialogando hasta el último minuto”.

Vox no apoyará la investidura de Moreno pero agradece su “buena disposición”

El portavoz nacional de la formación ya había deslizado la dirección de su voto a la investidura de Moreno este lunes, porque las partes negociadoras, explicó, no habían llegado todavía a un acuerdo, para el que “todavía falta”. Advertía que, si Moreno sigue “por este camino”, Vox tendrá que apoyarle en “tercera, cuarta o quinta votación” o directamente “nunca”.

Gavira ha indicado que los quince diputados de Vox votarán en contra, lo que deja a Moreno con los 53 votos del Partido Popular, insuficientes para alcanzar la mayoría absoluta requerida en la primera votación. Ante este escenario, el candidato popular tendrá que esperar 48 horas para una segunda votación, en la que le bastaría con obtener una mayoría simple para ser investido presidente.

A pesar de la negativa, han agradecido la “buena disposición” de Moreno para llegar a un acuerdo de gobierno, en el que “siguen trabajando”. Para Vox, lo principal es su prioridad nacional, la desregulación, y el “poner fin a las políticas derivadas del fanatismo climático”.

“Deberíamos haber empezado antes las negociaciones y nos hubiésemos ahorrado la situación de hoy”, ha dicho Gavira, recalcando que su grupo no ha acudido al debate “a hacer un paripé” e insistiendo en la disposición de Vox para alcanzar “un acuerdo bueno para los andaluces”.

En su intervención, Gavira ha comparado la situación de Andalucía con la de otras comunidades como Aragón, Extremadura y Castilla y León, donde el Partido Popular y Vox han logrado acuerdos de gobierno. El portavoz ha definido estos pactos como “una ola de sentido común”.

Gavira se ha referido al discurso de Juanma Moreno del lunes, en el que el candidato popular lamentaba la “autoexclusión” de los partidos de izquierdas para un posible pacto. “Señor Moreno, le voy a hacer una recomendación. Supera a la pantalla de la izquierda de una vez por todas, sea más feliz”, ha dicho.

La segunda votación, para la cual Moreno necesita una mayoría simple - en la de hoy necesitaba una mayoría absoluta -, se celebrará este jueves. Si Moreno no consigue los apoyos suficientes, se podrán celebrar más intentos en un plazo de dos meses. Si en ese plazo no se logra investir un presidente, el Parlamento se disolverá automáticamente y tendrán que volver a convocarse elecciones autonómicas.

Juanma Moreno no ha logrado este martes ser investido presidente de la Junta de Andalucía en la primera votación celebrada en el Parlamento andaluz. El candidato del Partido Popular ha obtenido únicamente el respaldo de los 53 diputados de su grupo, mientras que los 15 parlamentarios de Vox se han sumado al voto en contra de las formaciones de izquierda, impidiendo que alcanzara la mayoría absoluta de 55 escaños necesaria para ser reelegido.

El resultado obliga a esperar 48 horas, el plazo fijado por el Reglamento de la Cámara, para una segunda votación en la que Moreno ya solo necesitará mayoría simple. Ese escenario deja toda la presión sobre las negociaciones entre PP y Vox, que mantienen abiertas conversaciones para intentar cerrar un acuerdo de legislatura que permita desbloquear la investidura y evitar un escenario de repetición electoral.

El líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, justificó el voto negativo de su grupo asegurando que “no se ha llegado a ningún acuerdo”, aunque reconoció la “buena disposición” mostrada por el candidato popular durante las conversaciones mantenidas en los últimos días. Aun así, reprochó al PP no haber iniciado antes la negociación y dejó claro que su formación no facilitará un Gobierno en solitario sin un compromiso político firmado.

Vox eleva la presión sobre el PP

La negociación entre ambas formaciones gira ahora en torno a un pacto de legislatura. Vox ha trasladado al PP que aspira a un acuerdo similar a los alcanzados en otras comunidades autónomas, con compromisos concretos y plazos de ejecución.

Durante su intervención en el debate, Gavira reclamó que el futuro Gobierno andaluz asuma la denominada “prioridad nacional” y abandone lo que calificó de “fanatismo climático”, dos de los ejes que la formación de Santiago Abascal considera irrenunciables para respaldar la investidura. El dirigente de Vox insistió en que su partido trabaja para votar afirmativamente en la segunda sesión, pero únicamente si existe un acuerdo “con garantías de cumplimiento”.

Moreno evitó asumir expresamente esas exigencias, aunque durante el debate endureció parte de su discurso sobre inmigración, vinculando este fenómeno con problemas de inseguridad y narcotráfico, un planteamiento que evidencia el acercamiento de posiciones entre ambas formaciones tras semanas de negociación.

Un debate marcado por el enfrentamiento con la oposición

La sesión de investidura, iniciada el lunes y concluida este martes tras más de ocho horas de debate, estuvo marcada tanto por las negociaciones entre PP y Vox como por el duro enfrentamiento entre Moreno y la líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero.

El presidente andaluz en funciones acusó a los partidos de izquierda de conformar “el bloque del bloqueo” al rechazar cualquier posibilidad de facilitar su investidura y defendió que Vox es la única formación que ha mostrado disposición para negociar. “Nos gustaría llegar a un acuerdo con Vox. Aquí no hay trampa ni cartón”, afirmó desde la tribuna.

Moreno advirtió además de que, si no consigue ser investido en el plazo legal de dos meses, Andalucía tendría que celebrar nuevas elecciones autonómicas, una posibilidad que situó en torno al próximo 25 de octubre. Según sostuvo, la comunidad no puede permitirse permanecer durante meses con un Gobierno en funciones mientras siguen pendientes decisiones presupuestarias y de gestión.

Frente a ese planteamiento, María Jesús Montero acusó al dirigente popular de haber convertido la investidura en “un fraude” al negociar con Vox fuera del Parlamento mientras, a su juicio, ocultaba el verdadero contenido del futuro acuerdo político. La dirigente socialista sostuvo que Moreno conocía desde el principio que su única opción para gobernar pasaba por entenderse con Vox y rechazó que el PP responsabilizara a la izquierda de esa situación. “Usted no ha descolgado el teléfono desde la noche electoral”, le reprochó, negando que hubiera existido voluntad alguna de buscar apoyos fuera del bloque de la derecha.

El intercambio de reproches fue elevando el tono a medida que avanzaba la sesión. Moreno centró buena parte de su réplica en criticar al Gobierno de Pedro Sánchez, aludiendo a los acuerdos con el independentismo, los casos de corrupción que afectan al PSOE y la financiación autonómica, mientras Montero defendió la gestión del Ejecutivo central y acusó al presidente andaluz de utilizar el debate de investidura para atacar al Gobierno de España.

La votación dejó además una imagen simbólica de la jornada. El sorteo para determinar el orden de llamada de los diputados eligió en primer lugar a Manuel Gavira, que fue el encargado de inaugurar la votación pronunciando el primer “no” a la investidura de Moreno, escenificando el bloqueo que mantiene abierta la negociación entre PP y Vox.

Con el rechazo de la primera votación, ambas formaciones disponen ahora de dos días para intentar cerrar un acuerdo que permita al candidato popular superar el segundo debate de investidura, donde ya no necesitará mayoría absoluta, sino únicamente obtener más votos a favor que en contra.

El Partido Popular ha avanzado que volverá a citar al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Senado. Así lo ha avanzado este martes la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, quien ha anunciado una nueva ofensiva con otros cuatro nuevos interrogatorios en julio.

El exlíder socialista ya compareció en la comisión de investigación del caso Koldo el pasado mes de mayo, donde negó su vinculación con el rescate del Gobierno a la aerolínea Plus Ultra. El PP ha argumentado la citación en los últimos avances judiciales, entre ellos la imputación del expresidente por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales y el hallazgo de las joyas en su despacho.

El juez decidió abrir una causa separada sobre este último asunto, ante las sospechas de que puede incurrirse en un delito de contrabando. “Quien faltó a la verdad en sede parlamentaria y ahora tiene que dar explicaciones ante un juez está obligado a dárselas también a los españoles. Aquí no vamos a pasar ni una”, ha avisado la portavoz. García no ha querido desvelar la fecha prevista para su comparecencia, limitándose a decir que estarán a la espera de los avances judiciales.

El PP multiplica los interrogatorios en julio

Los populares se reservan un segundo interrogatorio a la secretaria del expresidente del Gobierno, María Gertrudis Alcázar, quien compareció este lunes, pero se acogió a su derecho a no declarar, alegando que se encuentra imputada en el ‘caso Plus Ultra’. “Ella puede acogerse a ese derecho, pero quien calla repite”, ha afirmado García.

Además de Zapatero, la portavoz del PP ha garantizado que el mes de julio estará copado por varias comparecencias en las diferentes comisiones de investigación abiertas en el Senado. La primera en hacerlo será la ministra Sara Aagesen el 6 de julio. El PP pone el foco en el rescate a la empresa vasca Tubos Reunidos, que la SEPI rescató con 112,8 millones de euros y que ahora investiga la UCO en el marco del ‘caso Leire Díez’.

Asimismo, García ha garantizado que la ‘comisión Koldo’ del Senado seguirá investigando lo que ella denomina el “comando cloacas”, por lo que citarán al DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, el 7 de julio; a la directora de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Soledad Fernández, el 13; y a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el 14.

El PP acusa a Sánchez de “atrincherarse” contra una mayoría parlamentaria

La portavoz ha acusado al presidente del Gobierno de atrincherarse contra una mayoría parlamentaria. Ha recordado las votaciones que se produjeron la semana pasada en el Congreso y el Senado, donde se aprobaron mociones para exigir a Pedro Sánchez una moción de confianza y su dimisión inmediata.

La votación en la Cámara Baja salió adelante con el voto de Junts per Catalunya, que junto a Vox y PP sumaron una mayoría absoluta. Los de Carles Puigdemont no se presentaron en la votación en el Senado, pero la mayoría popular permitió que saliese adelante. “Sánchez ya no se comporta como un demócrata”, ha acusado García, quien ha añadido que “no hay cortina de humo que tape su soledad parlamentaria”.

Ante la Audiencia Nacional, el fiscal ha argumentado que la operación Kitchen no constituyó una acción de inteligencia legal, sino un dispositivo ilícito diseñado para retirar documentación a Bárcenas. De Rivas solicita una condena de 15 años de prisión para Fernández Díaz, integrante del primer gabinete de Mariano Rajoy. Entre los materiales que el operativo pretendía obtener figuran grabaciones a las que Bárcenas hacía referencia en sus conversaciones con el entonces presidente del Gobierno.

El fiscal solicita la misma pena de 15 años de prisión para Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad; Eugenio Pino, ex director adjunto operativo de la Guardia Civil; y Andrés Gómez Gordo, inspector jefe. Para Sergio Ríos, el antiguo chófer de Luis Bárcenas que colaboró como confidente, la acusación reclama una condena de 12 años y medio de prisión.

Acusación sobre Fernández Díaz

El fiscal remarcó que “se ha acreditado en el plenario la participación, ya desde el momento de la captación de Sergio Ríos –chófer de Bárcenas–, tanto de Francisco Martínez, secretario de Estado, como de Jorge Fernández Díaz, en su condición de ministro del Interior”. Esta afirmación se apoya en los mensajes incriminatorios que el propio exnúmero dos de Interior registró ante notario y que, según la acusación, evidencian el conocimiento y la implicación de ambos altos cargos en el inicio y desarrollo del operativo Kitchen.

Según sus palabras, “desde el momento en que fue concebido el operativo, ya se puso de manifiesto la finalidad, si se nos permite, delictiva, de todo el operativo”. De Rivas ha explicado que el propósito no era colaborar con la investigación del caso Gürtel, sino obtener documentos y pruebas que pudieran implicar al PP y a sus principales responsables. El fiscal ha detallado que antes de acciones como la captación de Sergio Ríos o las vigilancias sobre Rosalía Iglesias, los acusados ya buscaban información sensible que Bárcenas podía tener en su poder.

Esa documentación, relacionada con Gürtel, incluía grabaciones sobre Mariano Rajoy y Javier Arenas que, según Bárcenas, podrían resultar comprometedoras. La preocupación por este material quedó reflejada en los diarios y agendas de José Manuel Villarejo, quien según De Rivas, “cuando escribía en sus agendas no se engaña a sí mismo y redactaba exactamente lo que estaba viviendo”.

Además, el fiscal ha rechazado que se tratara de un operativo de inteligencia legal, señalando que los acusados nunca mantuvieron contacto con el juez instructor ni con la UDEF, responsable de la investigación oficial de Gürtel. Por tanto, mantiene las exigencias preestablecidas y solicita penas de hasta las casi dos décadas para Villarejo.

El Ayuntamiento de Don Benito ha cerrado de forma definitiva el proyecto de fusión con Villanueva de la Serena, una iniciativa lanzada hace cuatro años con la aspiración de alumbrar la tercera ciudad de Extremadura y que desde ahora sale oficialmente de la agenda política local.

El pleno municipal ha aprobado por unanimidad una moción del Partido Popular con apoyo de Siempre Don Benito y del PSOE para archivar el expediente y comunicar la decisión al Gobierno central, la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. La consulta que permitió seguir adelante en 2022 se resolvió en Don Benito con un ajustado 66,27 % de votos a favor, apenas por encima del mínimo exigido.

La decisión certifica el final institucional de un proceso que ya estaba paralizado desde el arranque de la legislatura, cuando el actual equipo de gobierno lo dejó en el aire. El acuerdo del pleno convierte esa suspensión política en un cierre administrativo y formal.

Siempre Don Benito ha sostenido que el procedimiento “estaba viciado desde el principio” y que no se desarrolló de forma limpia. Su portavoz, María Fernanda Sánchez, ha definido la votación como “un acuerdo al que hemos llegado con el PP para dar carpetazo definitivo a todo el proceso malogrado de la fusión”.

Qué ha decidido Don Benito sobre la fusión con Villanueva de la Serena

El Partido Popular ha situado el origen de la ruptura en la fase posterior al referéndum. Ángel Luis Valadés ha afirmado que entonces comenzaron a imponerse medidas “de forma unilateral” y ha defendido la necesidad de “aparcar esto” de manera definitiva.

El PSOE también ha respaldado la moción, aunque ha rebajado su trascendencia política. Su secretario general, Manuel Gómez, ha señalado que “no es momento de hablar ahora de la fusión” y ha fijado como prioridad “recuperar Don Benito, su economía y volver a ilusionar a los donbenitenses”.

El contraste con el punto de partida es amplio. A finales de 2021, los entonces alcaldes José Luis Quintana y Miguel Ángel Gallardo, ambos socialistas, presentaron la unión municipal como una oportunidad histórica que desbordó el marco comarcal y llegó al debate político nacional.

La consulta popular se celebró el 20 de febrero de 2022. En Villanueva de la Serena, el sí obtuvo un 90 % de los votos, frente al 9 % del no y un 1 % de votos en blanco, mientras que en Don Benito el respaldo se quedó en el 66,27 %, con un 33,21 % en contra y un 0,52 % de votos nulos.

El resultado ajustado en 2022 anticipaba el fin

La participación también mostró una diferencia entre ambos municipios. En Don Benito votó el 50,42 % del censo y en Villanueva de la Serena lo hizo el 58,94 %. Aquel recuento en Don Benito estuvo marcado por la tensión hasta pasada la medianoche y por un largo escrutinio de las urnas del voto anticipado. El resultado final superó por muy poco el umbral del 66 % fijado para seguir adelante con la fusión.

Ese margen mínimo, unido a un fallo informático durante el recuento, alimentó las sospechas de los sectores contrarios a la unión. De ese contexto surgió con fuerza Siempre Don Benito, primero como plataforma y después como partido político.

Las denuncias de falta de transparencia y de “pucherazo” no prosperaron en los tribunales, pero el desgaste político ya se había producido. Tras conocerse los resultados definitivos en 2022, José Luis Quintana y Miguel Ángel Gallardo comparecieron juntos en el Centro de Formación para el Empleo de la carretera Don Benito-Villanueva y anunciaron que seguirían adelante con el proceso a través de la cogobernanza.

Ambos regidores trasladaron entonces su satisfacción y su intención de cumplir los plazos previstos. Pero ahora, con equipos de gobierno diferentes, el proyecto llega a su fin.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha salido este lunes en defensa de la conocida como ‘ley de nietos’ frente a las críticas lanzadas por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha acusado al Ejecutivo de utilizar esta medida con fines electorales. La ministra ha rechazado de plano esa interpretación y ha asegurado que la norma responde exclusivamente a un principio de “reparación y justicia” hacia los descendientes de los españoles que se vieron obligados a abandonar el país durante la dictadura.

La controversia surge después de que Feijóo sostuviera, en una entrevista radiofónica, que el Gobierno pretende ampliar el número de votantes mediante la concesión de la nacionalidad española a descendientes de exiliados. En concreto, el líder de la oposición afirmó que Pedro Sánchez busca incorporar “en un espacio muy corto de tiempo” a dos millones y medio de personas con derecho a voto gracias a la nacionalización prevista en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como ‘ley de nietos’.

La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha calificado esas declaraciones de “irresponsabilidad mayúscula” y ha asegurado que reflejan la situación política del líder del PP más que la realidad de la norma. “Demuestran la desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país”, ha afirmado la portavoz, que fue un paso más allá al señalar que Feijóo “parece ya oler una derrota electoral”.

Una medida vinculada a la Ley de Memoria Democrática

La ministra ha insistido en que la disposición cuestionada forma parte de la Ley de Memoria Democrática y ha recordado que su objetivo no es otro que reparar una situación histórica. Según ha explicado, la denominada ‘ley de nietos’ permite acceder a la nacionalidad española a determinados descendientes de quienes tuvieron que abandonar España como consecuencia de la dictadura, una medida que, según ha defendido, está sustentada en criterios de justicia y reparación hacia esas familias.

Saiz ha recordado además que este proceso comenzó a desarrollarse en 2020 y terminó incorporándose al ordenamiento jurídico con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática en 2022. También ha subrayado que España no constituye una excepción en este ámbito, ya que otros países del entorno cuentan igualmente con mecanismos que permiten recuperar la nacionalidad o acceder a ella por razones de ascendencia familiar.

En ese contexto, la portavoz ha aprovechado para recordar unas declaraciones realizadas por el propio Feijóo en 2009. Según ha señalado, el entonces dirigente popular defendía que modificaciones de este tipo debían abordarse desde el consenso y con amplias mayorías parlamentarias. Por ello, ha reclamado ahora “responsabilidad” a los líderes políticos a la hora de abordar un asunto que, a su juicio, afecta a miles de familias.

El Gobierno acusa al PP de alimentar la desinformación

Más allá del choque político por la interpretación de la norma, Saiz ha reprochado al Partido Popular el tono empleado en sus críticas y ha considerado que este tipo de mensajes acercan a la formación de Feijóo a los planteamientos de Vox. A su juicio, el debate sobre la ‘ley de nietos’ se ha reabierto ahora con un único objetivo: “Generar odio y desinformación”.

La ministra ha querido también lanzar un mensaje de confianza sobre el sistema electoral español. En este sentido, ha defendido que España dispone de uno de “los mejores” procesos electorales del mundo y ha pedido “más rigor y más responsabilidad” a quienes cuestionan su funcionamiento o vinculan la concesión de la nacionalidad con una supuesta estrategia para alterar el resultado de futuras elecciones.

Durante su intervención, Saiz ha aportado además algunos datos sobre la aplicación de la medida. Según ha explicado, alrededor de 2,5 millones de descendientes de españoles exiliados han solicitado acogerse a este procedimiento para obtener la nacionalidad española. De ese total, hasta la fecha ya se han inscrito 306.500 personas.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene intacta su acusación contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y quien fuera su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en el juicio por la denominada ‘Operación Kitchen’. El Ministerio Público ha ratificado este lunes su petición de 15 años de prisión para ambos en la recta final del proceso, al considerar que siguen existiendo fundamentos para atribuirles responsabilidades en el presunto operativo parapolicial organizado para obtener información del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Con el trámite de conclusiones definitivas, celebrado en la Audiencia Nacional tras finalizar la práctica de la prueba y la declaración de los últimos acusados, el fiscal Anticorrupción César de Rivas no ha introducido cambios en su escrito de acusación y ha confirmado íntegramente las penas que ya solicitaba al comienzo del juicio. Así, además de mantener los 15 años de prisión para Fernández Díaz y Francisco Martínez, la Fiscalía sigue reclamando la misma condena para el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y para el comisario Andrés Gómez Gordo.

La petición más elevada continúa siendo la dirigida contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo, para quien el Ministerio Público solicita 19 años de cárcel por su presunta participación en la trama.

Por su parte, Sergio Ríos, el antiguo chófer de la familia Bárcenas al que la acusación sitúa como el confidente captado para facilitar información desde el entorno del extesorero del PP, sigue enfrentándose a una petición de 12 años y cinco meses de prisión. En el caso del exjefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas, la Fiscalía mantiene la solicitud de dos años y medio de cárcel.

Las acusaciones reducen notablemente las penas

Frente a la posición invariable de la Fiscalía, la acusación particular y las acusaciones populares sí han modificado de forma significativa sus peticiones de condena respecto a las formuladas al inicio del juicio. La representación legal de la familia Bárcenas ha rebajado sustancialmente las penas que reclama para los acusados. Si al comienzo del procedimiento solicitaba 41 años de prisión para los principales procesados y 33 años para Sergio Ríos, ahora reduce esas peticiones hasta los 17 años y medio de cárcel para los primeros y los 11 años y medio para el antiguo conductor de la familia.

También el PSOE y Podemos, personados como acusaciones populares, han rebajado las condenas que reclamaban inicialmente para los acusados. En el arranque del juicio solicitaban penas de entre 32 y 47 años de prisión para los distintos procesados, aunque durante la sesión de conclusiones definitivas no se ha detallado el alcance concreto de esas nuevas peticiones.

Dos inspectores quedan fuera del juicio

La modificación de la estrategia de las acusaciones ha tenido además una consecuencia directa sobre la situación procesal de dos de los mandos policiales investigados. Los inspectores jefe de la Policía Nacional José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano han quedado definitivamente fuera del juicio después de que tanto la familia Bárcenas como el PSOE y Podemos retiraran la acusación que mantenían contra ellos.

Hasta ese momento, la acusación particular reclamaba 41 años de prisión para ambos, mientras que las acusaciones populares solicitaban condenas de entre 32 años y cuatro meses y 39 años de cárcel. La decisión ha sido comunicada por la presidenta del tribunal de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, durante la sesión celebrada este lunes.

En cualquier caso, la retirada de esas acusaciones coincide con la posición que la propia Fiscalía había mantenido desde el inicio del procedimiento. El fiscal César de Rivas ha vuelto a ratificar que no acusa ni a José Ángel Fuentes Gago ni a Bonifacio Díez Sevillano, una postura que también extiende al comisario José Luis Olivera, exactamente en los mismos términos que ya recogía su escrito de conclusiones provisionales.

Las defensas mantienen la petición de absolución

La última jornada del juicio también ha servido para que las defensas confirmaran su estrategia procesal. Todos los abogados de los acusados han elevado a definitivas las conclusiones provisionales presentadas antes del inicio de la vista oral y mantienen su petición de libre absolución para sus respectivos clientes, al considerar que durante el juicio no ha quedado acreditada su participación en los hechos investigados.

El trámite de conclusiones definitivas se ha celebrado después de la declaración de los tres últimos acusados que quedaban por comparecer ante el tribunal —los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano y el comisario José Luis Olivera—, con lo que el procedimiento entra ya en su fase final antes de que la Audiencia Nacional dicte sentencia sobre una causa que investiga el presunto dispositivo parapolicial organizado para obtener de forma clandestina información que obraba en poder del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Su compañera de filas y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho esta misma denuncia en un acto organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección, señalando que “la tercera provincia en número de votos en las próximas elecciones será Argentina”. Para la dirigente, se estarían alterando las “reglas del juego” de cara a las generales, previstas en 2027. “El Gobierno no puede tener la facultad de asignar provincias de manera arbitraria, según donde le falten los votos necesarios para obtener el siguiente escaño”, ha defendido la dirigente, quien también ha advertido: “Cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece estaría haciendo algo ilegal”.

Las claves de la ley de nietos

La ley de nietos es el nombre con el que se conoce una disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022. Su objetivo original era reparar una deuda histórica: permitir que los descendientes de españoles que se vieron forzados al exilio durante la Guerra Civil y la dictadura franquista pudieran recuperar la nacionalidad española. En concreto, la norma abre esa posibilidad a hijos, nietos y bisnietos de españoles que perdieron o renunciaron a su nacionalidad por razones políticas, ideológicas, de creencia o de identidad sexual. También se benefician las hijas de mujeres que perdieron el pasaporte español al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978.

La aplicación práctica de la ley ha resultado mucho más amplia de lo previsto. Una instrucción administrativa firmada poco después de su aprobación en el Congreso eliminó en la práctica la obligación de acreditar una persecución política concreta. A partir de entonces, bastaba con ser descendiente de un español que hubiera salido del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin necesidad de demostrar que el motivo fue el exilio. Eso abrió la puerta a millones de descendientes de emigrantes económicos de finales del siglo XIX y principios del XX, especialmente en América Latina.

Argentina, a la cabeza

Los datos más recientes, correspondientes a junio de 2026, sitúan en 2,62 millones el número de personas que han iniciado algún trámite para acogerse a la ley. De ellas, los consulados han recibido presencialmente 1,2 millones de expedientes y ya se han entregado 557.709 pasaportes. El plazo para solicitar la nacionalidad venció en octubre de 2025, pero los números siguen creciendo a razón de unas 100.000 nuevas solicitudes al mes, a medida que los consulados van procesando el atasco acumulado.

Y, en efecto, Argentina encabeza el volumen de peticiones con diferencia: los cinco consulados españoles en el país registran 462.815 expedientes, con más de 645.000 citas aún por tramitar. Al ritmo actual de resolución -unos 10.000 casos al año-, el cónsul general en Buenos Aires ha advertido que harían falta más de un siglo para ponerse al día. Tras Argentina, los principales países de origen de los solicitantes son Cuba, Brasil y México.

Díaz Ayuso ha asegurado que su gobierno estará muy pendiente de este proceso, además del papel de “cónsules y funcionarios”, temiendo por la limpieza de las próximas y cruciales elecciones generales. Para Núñez Feijóo, se trata simple y llanamente de “fabricar votantes”.

“Lo que sucedió en Cataluña en el 2017 -referéndum ilegal- sucedió en 2017. No se esperará que pensemos lo mismo, hoy el contexto es otro. Hoy la amenaza no es el secesionismo, es la permanencia en el Gobierno de una organización criminal”, defendió este jueves Miguel Tellado, secretario general, en Hora 25 de la Cadena SER. Horas antes, el Congreso había votado a favor de una moción del Grupo Popular para instar a Sánchez a una cuestión de confianza, con el apoyo del partido de Carles Puigdemont.

La moción incluía un punto que exigía la dimisión inmediata del presidente por “la acumulación de investigaciones sobre casos de corrupción que tienen como protagonistas a responsables políticos nombrados y sostenidos de forma directa” por él. Recibió 177 votos favorables, uno por encima de la mayoría absoluta. Sánchez abandonó el hemiciclo con una sonrisa y entre aplausos de la bancada socialista.

🗣️ @Mtelladof: "Los socios de Sánchez dicen que la situación es insostenible, y yo les digo que no la sostengan"

"Lo que sucedió en Cataluña en el 2017 sucedió en 2017. Hoy la amenaza no es el secesionismo, es la permanencia en el gobierno de una organización criminal" pic.twitter.com/eHBIJ7ADNo

— Hora 25 (@Hora25) June 25, 2026

“Un presidente fuera de la realidad”

Desde el Ejecutivo se quita hierro al resultado, subrayando que no es vinculante. Para Tellado, la lectura es muy distinta: “Hay un hecho claro y cierto y es que el mismo Congreso que hizo a Sánchez presidente hace tres años y pico hoy le ha dado la espalda, y no creo que sea democrático aferrarse al cargo con una mayoría explícita. (...) Creo que las imágenes de esta jornada retratan a un presidente y a un partido fuera de la realidad”.

Preguntado por el acercamiento a Junts, Tellado responde que en los dos años que lleva como portavoz del PP en el Congreso, han cerrado “acuerdos que han permitido sacar adelante iniciativas y propinarle sonoras derrotas al Gobierno de Sánchez”. “Eso -añadió- no quiere decir nada más que eso. Es un partido en el que podemos coincidir, sobre todo en materia económica, y tenemos claras divergencias sobre otro tipo de cuestiones, pero creo que eso es perfectamente legítimo en el parlamento actual”.

Una alternativa a Vox

En cualquier caso, esta distensión abre nuevas posibilidades para Núñez Feijóo, que hasta la fecha solo tenía como socio posible a Vox, una fuerza capaz de propociarles mayorías pero que espanta al resto, impidiendo acuerdos más amplios. En caso de que el PP se quedara a un puñado de escaños de la absoluta, podría explorarla tal como José María Aznar hizo en su día con los nacionalismos para recuperar el poder para la derecha.

La legislatura atraviesa una recta final de alta tensión. Sánchez trata de resistir, asediado por numerosas y complejas causas judiciales que afectan a su núcleo de mayor confianza en el PSOE pero también en su familia, además de a su referente político, José Luis Rodríguez Zapatero. El PP trató de armar una moción de censura instrumental -para convocar elecciones generales- pero no ha logrado que los socios de Sánchez se impliquen más allá de votaciones simbólicas como la de este jueves. Al menos por el momento.

Pedro Sánchez tuvo cerca de un mes para preparar la comparecencia este miércoles en el Congreso de los Diputados, prevista para dar cuenta de las causas judiciales que apuntan al PSOE y al Gobierno. Los socios esperaban explicaciones, pero más que eso, motivos para seguir sosteniendo la legislatura, vacía de iniciativa cuando queda un año para que expire. El discurso duró media hora, y la réplica consistió en hacer oposición al PP. No hubo anuncios. Sánchez lo fía a los logros pasados, pero sobre todo a que la derecha es peor.

Aquí vino Gabriel Rufián a decirle que ya no cuela. Que no le tiene que recordar nadie lo que son el PP o Vox, pero que no es por lo que estaban ahí. Le pidió que le mirara a los ojos, que le reconociera si lo sabía, si estaba al tanto de lo que hacían José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Leire Díez. Le cuestionó el respaldo cerrado a José Luis Rodríguez Zapatero: “La derecha tiene intereses; la izquierda tiene principios”. Pero Rufián se confesó: con todo, no iba a pedirle elecciones, tan solo ”una hoja de ruta, un programa". Contenido.

Cómo si no cada uno de los partidos que soportan al PSOE defienden ante su electorado que lo seguirán haciendo, si no está siendo la legislatura de la vivienda, el “quinto pilar del Estado del bienestar” vendido por Sánchez; si no se presentan Presupuestos; si, centrado en defenderse, el ejecutivo no legisla, aplastado por el judicial. Los socios no quieren generales, pero necesitan razones. No las hubo, y generó bronca. Empezando por Sumar, compañera de coalición: “No vamos a hacer como que no pasa nada cuando tenemos que estar empujando todo el rato”.

Los Presupuestos

También el PNV puso de manifiesto su decepción, en voz de la diputada Maribel Vaquero: “El Gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo, que vienen PP y Vox, como si ese aviso permanente pudiera sustituir la rendición de cuentas, la gestión o la explicación de sus propias decisiones. (...) El miedo a la ultraderecha ya no funciona. Ese mantra ya no moviliza ni cohesiona, sino que fortalece aquello que se pretende frenar”. Junts, el apoyo más endeble, a la vez sólido en tanto que Carles Puigdemont sigue en Bélgica, subió la apuesta.

Los conservadores catalanes, que estas últimas semanas han acercado posturas con el PP, se han puesto en línea de salida a elecciones asegurándose lejos de izquierda y derecha nacional y marcando una línea roja: con Sánchez ya no. Llaman al PSOE a cambiar de líder si quieren seguir teniendo interlocutor, y filtran incluso que han hablado con socialistas “dispuestos a negociar” un nuevo presidente. De modo que Sánchez llegó al Congreso con un problema de corrupción y se marchó con otro de desafección. Ambiente de fin de un ciclo.

Pero de Sánchez ya se han anunciado varias muertes, y aquí sigue. Le favorece el verano, cuando los telediarios pierden audiencia y los ciudadanos interés. En su contra, que después de agosto viene septiembre, y los socios ya no dejarán pasar una. La clave reside en los Presupuestos, reconoce el propio Sánchez, quien, por primera vez, ha admitido que no podría sino adelantar elecciones si el Congreso tumba las cuentas. Prometió presentarlas y otoño será crucial. Será la moción de censura que el PP no se ha atrevido a registrar.

Adelanto electoral

Sánchez no adelanta porque está lejos de una mayoría, y considera que la forma más rápida de dar la vuelta a la situación es que cale una gran conspiración de cuerpos y fuerzas de seguridad, jueces y medios de comunicación al servicio de la derecha y la extrema derecha. Ahora sabe que con eso, o solo con eso, no llega al 27. Tiene condenado a un secretario de Organización a 24 años, imputado a su sucesor, también a la actual gerente en el cargo, como a su mujer y a su hermano. Y su faro moral se ha apagado con estrépito. “La izquierda tiene principios”, que dijo Rufián.

Convencido de que la alternativa es peor, Sánchez no pone las urnas. Necesita tiempo, un tiempo que solo le darán unos Presupuestos que necesitaría aprobar sí o sí. Esto, a la vez, invitaría a las fuerzas que negociaran con el PSOE a pedir el cielo, desde Podemos a Junts, sabedores de la urgencia de Sánchez. Tradicionalmente, los presidentes acaban legislaturas con una actividad frenética, bien para promocionar su reelección, bien para poner una guinda a su legado. Septiembre empezará a definir el final de la presente, la de más alta tensión que se recuerda.

El Congreso de los Diputados ha aprobado la penalización de las pseudoterapias de conversión para personas LGTBIQ+. La iniciativa registrada por el PSOE plantea incorporar un nuevo artículo al Código Penal para castigar con prisión de seis meses a dos años a quien aplique o practique actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión que busquen modificar, reprimir, eliminar o negar la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género de una persona.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, informó la semana pasada al Congreso que en los últimos meses su departamento había recibido varias denuncias relevantes, tanto individuales como colectivas, sobre el uso de estas falsas terapias prohibidas por ley. En 2025, la Asociación Española contra las Terapias de Conversión presentó una denuncia ante Igualdad contra varias diócesis españolas, además de personas físicas, una empresa y una fundación, por presuntamente promover y acoger eventos donde se proponían terapias de conversión para personas LGTBI “basadas en la castidad y la práctica religiosa” con el objetivo de hacer ver que la homosexualidad no responde a una orientación sexual natural.

La ONU describe como actos de tortura estas prácticas por los daños psicológicos y físicos que pueden ser permanentes para las personas que se exponen a ellas. Estas prácticas, señaló el organismo en un informe publicado el pasado 2020, son “intrínsecamente degradantes y discriminatorias”, ya que se apoyan en la idea de que las personas LGBT son inferiores.

El PP acusa al gobierno de “instrumentalizar la batalla” y Vox defiende las prácticas

El Partido Popular y Vox se opusieron a la tramitación de la norma en la Comisión de Igualdad, paso previo a la votación en pleno. Esta vez, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha optado por la abstención y el de Santiago Abascal ha reafirmado su negativa, aunque por motivos diferentes. El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime De los Santos, ha acusado al PSOE de “utilizar el debate” de esta ley “tan necesaria como corrompida”, mientras que la diputada de Vox, María Ruiz Solas, ha defendido la continuidad de estas prácticas y ha acusado al Ejecutivo de “encarcelar” a quienes no piensan como ellos.

La ministra de Igualdad ha aseverado que la penalización de esas ‘terapias’ significa “un punto de llegada, un paso más, un avance más” en materia de derechos. “Reivindicamos precisamente la dignidad de las personas, estamos avanzando en derechos y también desarrollando la Constitución, ese artículo 15 que reconoce el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad y en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes”, ha afirmado.

La Federación Estatal LTBI+ celebra la decisión: “Es un paso más”

“Esta ley supone un paso más en la protección de la dignidad y la integridad de las personas LGTBI+”, ha celebrado la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, en un comunicado publicado tras la votación.

“Hoy sembramos una semilla de reparación para todas esas personas que han sido víctimas de la tortura que suponen las mal llamadas terapias de conversión. Esperamos recoger sus frutos en forma de erradicación definitiva de unas prácticas que atentan contra la libertad de un colectivo históricamente agredido y perseguido únicamente por ser y existir fuera de la normatividad”, ha denunciado.

Aunque los políticos nos tienen acostumbrados a las faltas de respeto y a todo tipo de comentarios desde la tribuna que quedan impunes, este miércoles en el Congreso de los Diputados se ha vivido una escena desagradable. Pedro Sánchez comparecía hoy para informar sobre los casos de corrupción que asolan a su partido (José Luis Rodríguez Zapatero, Leire Díez, José Luis Ábalos...) Y aunque los ataques de la oposición se han centrado sobre el presidente del Gobierno, principalmente Patxi López, el portavoz del PSOE también ha recibido.

“Señor Patxi López si se levanta su padre y ve lo que hace usted, le aseguro que no se lo perdonaría jamás”, ha afirmado en una de sus intervenciones Feijóo, en referencia a las causas judiciales abiertas contra el partido. Estas palabras, en referencia a la memoria del padre del exlehendakari, el histórico dirigente socialista y sindicalista vasco Lalo López, han provocado gran indignación en la bancada del grupo socialista.

La primera respuesta no llegó del propio López —quien debió esperar su turno para intervenir—, sino del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que acusó a Feijóo de “vileza”. La portavoz de la ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, también arremetió contra el dirigente popular en su cuenta de X. “Dice mucho de la miseria moral del personaje”, escribió.

Cuando le llegó el turno, el propio López no esquivó la provocación y calificó a Feijóo de “ruin”. “Para que yo le acepte que hable de mi padre tendría que nacer tres veces”, ha afirmado. En ese momento, la bancada socialista empezó a aplaudir y López, con cara de enfado, les hizo un gsto para que pararan. “Una por las veces que le dieron de hostias en las comisarías de este país, otra por las veces que estuvo encarcelado y otra por el destierro que tuvo que soportar por defender la libertad, mientras que el fundador de su partido —del que el señor Feijóo dice siempre que es su heredero orgulloso— formaba parte del Gobierno de la dictadura que le torturó, le encarceló, le desterró y que fusilaba a la gente en este país", ha zanjado, en alusión directa a Manuel Fraga.

“Deje de ser tan ruin”

“Tápese un poco y deje de ser tan ruin. Es lo que es. Esa es la degradación, la decadencia que ha traído el señor Feijóo a este país”, ha sentenciado López. También ha hecho referencia a Víctor de Aldama, que para el socialista se ha convertido en la “gran referencia del PP en su faro moral”. “Si lo llevan en sus manifestaciones, les dan palmaditas en la espalda, lo pasean por los platos de televisión... Pero es que todo ha sido así desde que llegó el señor Feijóo a la política de este país”, ha sentenciado.

“Como no tengo ningún argumento con el que replicar, insulto. Como no se me ocurre ninguna idea que proponer, insulto; como no se me ocurre nada para responder a la intervención del presidente, insulto; como esto de la alternativa me queda un poco grande, insulto -ha continuado López-, pues sí, el insulto lo borda, pero todo lo demás, todo lo que es la política que necesita la gente, al señor Feijóo le viene muy grande“.

El juicio de la operación Kitchen, que aborda el presunto espionaje ilegal al extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha sumado este miércoles los testimonios de dos piezas clave en la trama. Uno es Sergio Ríos, el que fuera chófer de Bárcenas, y el otro Andrés Gómez Gordo, comisario y exasesor de seguridad en el Gobierno de Castilla-La Mancha bajo la dirección de María Dolores de Cospedal.

Durante su comparecencia en la Audiencia Nacional, Ríos, procesado y enfrentando una petición fiscal de 12 años y medio de prisión, ha basado su argumento en la falta de memoria sobre si el excomisario José Manuel Villarejo le pidió recuperar grabaciones comprometedoras de Bárcenas. Por su parte, Gómez Gordo ha explicado que ni Cospedal ni su exmarido, Ignacio López del Hierro, le pidieron que presentara al chófer y Villarejo.

El papel de Gómez Gordo y Cospedal

Gómez Gordo, también acusado en la causa, ha insistido en que su actuación no estuvo motivada por ninguna instrucción de Cospedal ni de López del Hierro. Ha asegurado que su única relación con Ríos se limitaba a haber coincidido en actos institucionales, dado que este fue conductor del entonces consejero Francisco Granados, y que su interés por la Policía derivó en una “pequeña relación” personal.

En el interrogatorio, Gómez Gordo ha relatado cómo Ríos, durante el verano de 2013, le contactó para mostrarle una tarjeta con un número de teléfono que, según él, le habían entregado. Tras identificarse telefónicamente como inspector jefe, recibió una llamada posterior de Villarejo para citarse en un hotel, donde este último se presentó como miembro de la seguridad del Estado y le instó a colaborar. Ante esa propuesta, Gómez Gordo solicitó una cita en un espacio oficial y, tras informar al entonces Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, acudió a su despacho.

El exasesor ha subrayado que nunca fue informado de un interés policial concreto sobre Ríos, aunque asumía que el objetivo era captar al conductor de Bárcenas, pues era “el delincuente número uno” en ese momento. Además, ha reconocido que, por orden del DAO, fue él quien abonó en tres ocasiones la mensualidad pactada con Ríos, utilizando fondos reservados.

El testimonio de Sergio Ríos

Sergio Ríos, suspendido actualmente de empleo y sueldo en la Policía, ha intentado distanciarse del núcleo de la operación Kitchen. Consultado por la Fiscalía, primero ha negado y después ha dicho que no recordaba si Villarejo le solicitó buscar grabaciones del extesorero. El fiscal le ha mostrado un audio donde supuestamente el excomisario le pedía “darle al tarro” para encontrar un pendrive con conversaciones de Bárcenas con dirigentes del PP.

Durante su intervención, también ha detallado cómo Villarejo, que utilizaba los alias “Tommy” o “Tomás”, lo captó para colaborar en la localización de bienes y movimientos de la familia Bárcenas. Según su relato, Villarejo le advirtió de las consecuencias legales de no colaborar y le asignó tareas de observación y seguimiento, así como la entrega de información sobre contactos y matrículas.

Ríos ha explicado, además, que la compensación económica que recibió —2.000 euros mensuales— respondía a la necesidad de mantener un salario estable al dejar su trabajo con la familia Bárcenas. Ha sostenido que no conoció la verdadera identidad de Villarejo hasta su aparición en los medios y ha negado conocer el apodo de “cocinero” atribuido a él en la causa.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, redobla la presión contra los socios del Gobierno de Pedro Sánchez e insiste en pedir un adelanto electoral. Al menos, mientras no tenga el voto de la mayoría parlamentaria necesaria. “¿Qué necesitan para retirar el apoyo al Gobierno?”, ha preguntado el líder de la oposición en una rueda de prensa desde la sede del partido, poco después de conocerse la condena contra el ministro José Luis Ábalos en el caso mascarillas, la máxima posible para el delito atribuido.

“Estamos viviendo demasiadas situaciones incompatibles. Hoy estamos viviendo la más grave con la sentencia del TS. 24 años al ‘número dos’ que impulsó una moción de censura contra la corrupción [...] Hablamos de 15 causas judiciales [...] Todo es una basura”, ha añadido el líder de la oposición.

Y frente a este “colapso”, ha mantenido el presidente del PP, “solo se sale con la convocatoria electoral”. Feijóo ha señalado que en la sentencia del caso Ábalos “existe una responsabilidad política” que tiene nombre y apellidos. Y en este sentido, apunta que el presidente del Gobierno fue quien “le convirtió en su mano derecha”. “Es Pedro Sánchez el que debe irse tras él”, ha subrayado Feijóo.

Feijóo ha defendido que de este colapso solo se sale convocando elecciones generales de forma inmediata, denunciando que el Gobierno les silencia en el Congreso, recordando el veto de la Mesa a su enmienda y a la de Junts per Catalunya para instar al presidente a presentar una moción de confianza. “La semana pasada Sánchez quiso amordazar a la Cámara porque sabía que iba a perder una votación. Sabíamos que Sánchez teme al Poder Judicial. Ahora constatamos que teme al Poder Legislativo”, ha apuntado.

Pese a la sentencia condenatoria, los populares insisten en que mantendrán su estrategia de desgaste, a la espera de que la presión judicial haga insostenible el apoyo de los socios y les acabe pasando factura electoralmente. Lanzarse a la piscina con una moción de censura sin apoyos, apunta el líder del PP, serviría para “avalar” al presidente del Gobierno. “Las precipitaciones no son buenas, no haré nada que sea bueno para Sánchez”, ha sentenciado.

Dos votaciones que servirán de ensayo

En este contexto, el PP utilizará como campo de pruebas dos votaciones parlamentarias programadas esta semana en el Senado y el Congreso, que tendrán como propósito instar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. En definitiva, una nueva maniobra que pretende sortear el veto de la Mesa del Congreso, que cuenta con mayoría del PSOE y Sumar.

En la Cámara Alta, los populares cuentan con mayoría parlamentaria, por lo que está previsto que la moción salga adelante. En el Congreso, de llegarse a votar, las miradas estarán fijadas en el voto de PNV y Junts per Catalunya, los aliados de Sánchez que han mostrado más dudas sobre la continuidad de la legislatura. En cualquier caso, como la enmienda vetada, no es vinculante para que el líder del Ejecutivo tome una decisión. “Los socios, después de una sentencia, ¿qué necesitan más? [...] No estamos hablando de un ministro cualquiera. Estamos hablando del número dos del partido del Gobierno”, ha indicado Feijóo.

El auto con el que el juez Juan Carlos Peinado abrió juicio oral contra Begoña Gómez ha supuesto para el Partido Popular una victoria política largamente perseguida, pero también le ha colocado ante una situación incómoda que no figuraba en el guion de Génova. La decisión judicial refuerza el discurso que los populares llevan meses construyendo alrededor de la esposa de Pedro Sánchez, pero las polémicas afirmaciones del magistrado sobre los escoltas policiales de Gómez han obligado al partido a moverse en un terreno mucho más delicado del esperado.

La apertura de juicio oral era exactamente la imagen que el PP buscaba desde que comenzaron a conocerse las primeras informaciones sobre las actividades profesionales de la mujer del presidente del Gobierno. Durante más de dos años, la dirección popular ha convertido el caso en uno de los principales ejes de su ofensiva contra Sánchez, sosteniendo que existían suficientes indicios para cuestionar la actuación de Gómez y denunciando lo que consideraba una utilización de la influencia asociada a su posición en La Moncloa.

Por eso, la reacción de los dirigentes populares fue inmediata cuando se conoció la decisión de Peinado. El más contundente fue el secretario general del partido, Miguel Tellado, que aprovechó la noticia para elevar todavía más el tono de la confrontación política con el Gobierno. “Sánchez ha convertido La Moncloa en una guarida de delincuentes y el Ejecutivo en una organización criminal”, escribió en sus redes sociales apenas unos minutos después de hacerse pública la resolución judicial.

En Génova consideran que el auto supone un respaldo evidente a las críticas que llevan meses formulando contra el entorno del presidente. Sin embargo, el documento judicial contenía un elemento inesperado que ha terminado desplazando parte del foco político de la propia apertura de juicio oral.

El párrafo que cambia el debate

La controversia no gira en torno a los delitos atribuidos a Gómez ni a las medidas cautelares impuestas por el magistrado. Lo que provocó la tormenta política e institucional es uno de los argumentos utilizados por Peinado para justificar esas medidas. En su auto, el juez sostiene que existe riesgo de fuga y señala que los propios agentes encargados de la protección de Begoña Gómez podrían, llegado el caso, colaborar para facilitar una eventual huida. Según recoge la resolución, esa colaboración podría producirse tanto por iniciativa propia como siguiendo instrucciones de superiores jerárquicos.

La afirmación provocó una reacción prácticamente inmediata dentro de la Policía Nacional y entre los sindicatos profesionales, que interpretaron esas palabras como un cuestionamiento directo a la integridad y profesionalidad de los agentes.

Lo que inicialmente parecía una jornada de celebración para el Partido Popular terminó convirtiéndose en un ejercicio de equilibrio político. El PP lleva años presentándose como uno de los principales defensores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y difícilmente podía permanecer en silencio ante las críticas lanzadas desde el ámbito policial. Pero, al mismo tiempo, tampoco le interesaba aparecer cuestionando una resolución judicial que supone uno de los mayores golpes políticos recibidos por el Gobierno en los últimos meses.

Gamarra busca el equilibrio

La encargada de fijar la posición oficial del partido ha sido este domingo Cuca Gamarra. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha calificado de “lógica” la reacción de los policías y ha trasladado el respaldo de su formación a los agentes, subrayando la confianza del partido en su profesionalidad. Desde Logroño, Gamarra ha defendido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha destacado que son quienes trabajan diariamente en la protección de los ciudadanos. Además, ha recordado que los cuerpos policiales están desempeñando un papel fundamental en investigaciones sensibles que afectan al entorno del presidente del Gobierno.

Sus palabras buscaban enviar un mensaje claro de apoyo a los agentes sin entrar en una confrontación directa con el juez instructor. La dirigente popular ha evitado en todo momento cuestionar a Peinado. Tampoco ha querido valorar la posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial termine adoptando medidas contra el magistrado por las afirmaciones incluidas en el auto. “El Consejo General del Poder Judicial se va a pronunciar y ese es un camino que está ahí y que respetamos absolutamente”, ha señalado.

Gamarra ha insistido en que corresponde exclusivamente al órgano de gobierno de los jueces analizar la situación y tomar las decisiones que considere oportunas, reivindicando el respeto a la separación de poderes y rechazando cualquier intento de interferencia política.

El PP separa la responsabilidad política de la penal

Más allá de la polémica sobre los escoltas y las palabras de Peinado, Gamarra ha aprovechado para reivindicar el significado político que el PP atribuye a la apertura de juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno. La dirigente popular ha destacado que la resolución supone “avanzar todavía más” en una causa en la que se investigan cuatro presuntos delitos y ha defendido que el caso tiene consecuencias políticas independientemente de cuál sea su desenlace judicial.

De hecho, la número dos del PP ha reconocido expresamente que el procedimiento podría no acabar en condena. “Veremos si termina o no en condena”, ha afirmado, antes de insistir en que, a su juicio, existe una responsabilidad política que trasciende la decisión final de los tribunales.

Esa es precisamente la línea argumental que Génova ha ido consolidando durante los últimos meses. Los populares sostienen que el debate sobre las actividades de Begoña Gómez no depende exclusivamente de si los hechos investigados terminan siendo considerados delictivos, sino también de la utilización que habría hecho de su posición como esposa del presidente del Gobierno para desarrollar determinadas actividades profesionales.

En esa misma línea, Gamarra ha asegurado que La Moncloa se ha convertido en un “centro de tráfico de influencias” y ha sostenido que determinadas actuaciones vinculadas al entorno de Sánchez “habrán podido ser delito o no”, pero en cualquier caso deberían tener consecuencias en el plano político.

En un encuentro con la junta directiva provincial del Partido Popular en Sueca (València), Alberto Núñez Feijóo ha dirigido críticas contundentes al Gobierno tras la decisión de la Mesa del Congreso de no admitir a trámite la moción presentada por su grupo para pedir la convocatoria de elecciones generales. Feijóo ha calificado escomo la “degradación máxima del sanchismo”.

Rodeado de más de un millar de militantes y acompañado por el presidente de la Comunitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, el líder del PP ha insistido en que la situación supone una restricción de derechos tanto para la ciudadanía como para los representantes públicos. “No nos dejan votar en urna y tampoco a los diputados en el Congreso”, ha señalado. Feijóo ha vinculado esta decisión con una estrategia de Pedro Sánchez.

Feijóo critica al Gobierno por no actuar “democrático”

Durante su intervención, Feijóo ha subrayado la gravedad de impedir el debate y la votación en sede parlamentaria sobre una cuestión fundamental como la convocatoria de elecciones. “Allá él, atacar a los jueces y amordazar a los diputados es impropio de un gobierno democrático”, ha añadido, remarcando que estas actitudes, a su juicio, distorsionan el funcionamiento de las instituciones y alejan al Ejecutivo de los valores democráticos.

El acto en Sueca se produce en medio de una creciente tensión política, en el que el PP busca movilizar a su militancia y reforzar su discurso en defensa de la separación de poderes y la representación parlamentaria. Feijóo ha querido resaltar su compromiso con la transparencia institucional y reclamar la necesidad de respetar las reglas del juego democrático en todos los ámbitos del Estado.

Moción presentada por el PP

El PP ha dado un nuevo paso en el Congreso al registrar una moción que busca que la Cámara Baja inste al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza. Esta iniciativa llega pocos días después de que la Mesa del Congreso vetara tanto una moción conjunta de PP y Junts que solicitaba un adelanto electoral, como varias enmiendas presentadas con el mismo objetivo.

Desde el PP han explicado que el texto fue reformulado para ajustarse a los requisitos legales exigidos por los servicios jurídicos de la Cámara. “No comprenderíamos que con la nueva redacción no se admita a trámite la moción completa”, han señalado desde la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo. Finalmente, la Mesa ha admitido solo la parte en la que se plantea instar a Sánchez a solicitar una cuestión de confianza, dejando fuera la petición explícita de elecciones anticipadas.

El jueves, la iniciativa popular fue aprobada en el Congreso con el respaldo de Vox y Junts, aunque sin contemplar el adelanto electoral, debido al veto previo. Según la mayoría socialista y de Sumar en la Mesa, solo el presidente del Gobierno puede plantear una cuestión de confianza, lo que ha limitado el alcance de la moción. La oposición sigue así presionando, pero, por el momento, sigue sin contar con la mayoría necesaria para llevar a cabo una moción de censura que termine con el Gobierno.

El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cobró 4,4 millones de euros a Quirón Prevención entre 2021 y 2023 a través de dos sociedades que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, carecían de capacidad real para ejecutar los servicios de consultoría que facturaban. Así lo recoge un informe elaborado en diciembre de 2025 que ha trascendido en las últimas horas.

El documento, elaborado en el marco de la pieza separada que instruye el juez Antonio Viejo en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, señala que la mercantil Masterman & Whitaker -anteriormente denominada Círculo de Belleza S.L.- “carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría” que emitió a Quirón Prevención. La UCO se apoya en las conclusiones de la Agencia Tributaria, que ya había catalogado a esa empresa como una compañía de tratamientos estéticos sin relación con el sector de la asesoría.

“Masterman contaría con medios relacionados con tratamientos estéticos o de belleza, los cuales no guardarían relación con la prestación de servicios de asesoría”, recoge el informe, añadiendo que el material de la sociedad “estaría totalmente amortizado”: básicamente unas máquinas de depilación láser y remodelación corporal, y un ordenador portátil.

La actividad de la empresa

La facturación total de González Amador al grupo sanitario, distribuida entre Masterman y su otra sociedad, Maxwell Cremona, ascendió a 1.078.412 euros en 2021, a 1.956.449 euros en 2022 y a 1.401.634 euros en 2023, con una cifra conjunta de 4.436.495 euros. En 2024 esa facturación se redujo a cero. Los tres ejercicios con actividad, denuncia la oposición política, coinciden con el inicio público de la relación de González Amador con Díaz Ayuso.

La trayectoria de Círculo de Belleza ilustra el núcleo de la investigación. La UCO precisa que la mercantil no tenía prácticamente actividad antes de su venta en 2020 y que su cifra de negocio aumentó tras ser adquirida por González Amador. En el ejercicio 2021, sus ingresos -327.320 euros- “guardarían relación con la factura que Masterman emite a Quirón Prevención SLU por importe de 396.057,20 euros (327.320 más 21% de IVA)”, según el informe de la UCO.

La cadena de transmisión de la empresa arranca en septiembre de 2020, cuando Fernando Camino, entonces presidente de Quirón Prevención, cedió 66 participaciones de Círculo de Belleza a su pareja, Gloria Carrasco, que pasó a ser socia única tras pagar 8.000 euros a su hermano y al propio Camino. Tres meses después, en diciembre, Carrasco transmitió sus participaciones a Maxwell Cremona, la sociedad de González Amador, por un precio de casi medio millón de euros.

El juez Viejo aprecia indicios de que esa compraventa no respondía al valor real de la empresa -de la que no existen elementos que acrediten su precio de mercado- y que “la verdadera finalidad de dicho acto” fue “satisfacer una comisión” al directivo sanitario. La fiscalía empleó el término “soborno” en su escrito y señaló que Círculo de Belleza no facturaba ni 30.000 euros anuales y carecía de empleados y activos.

Fue precisamente este informe de diciembre el que sirvió de base para que el magistrado autorizara recientemente a la UCO a investigar los movimientos de varias cuentas bancarias desde 2014, entre ellas las del novio de Díaz Ayuso. Carrasco está investigada en la causa; Camino, por el momento, no figura como imputado en el procedimiento por presunto soborno. La operación de compraventa derivó también en un procedimiento inspector de la Agencia Tributaria sobre el IRPF de 2020 de Fernando Camino, iniciado en junio de 2025.

La defensa de González Amador

Al conocer la existencia de la investigación penal en curso, la Agencia Tributaria remitió un escrito al juez en el que solicitaba paralizar ese procedimiento inspector, al entender que su resultado depende de los hechos que finalmente se acrediten en sede penal.

La defensa de González Amador ha respondido con una solicitud ante el juzgado en la que sostiene que los hechos denunciados por Hacienda “ya no son objeto de investigación por el Tribunal al que nos dirigimos al haber concluido la fase de instrucción e intermedia del procedimiento, siendo competencia de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Madrid”.

Esta pieza separada discurre al margen del procedimiento principal, en el que el empresario aguarda fecha de juicio por un presunto fraude fiscal de unos 350.000 euros, causa por la que la Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan tres años y nueve meses de prisión por dos delitos contra la Hacienda Pública.

El Partido Popular ha optado por rebajar el tono político tras la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de citar como investigadas a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, dentro de del denominado ‘caso Plus Ultra’. Lejos de aprovechar la resolución para cargar contra el exlíder socialista, la dirección nacional de los populares ha querido marcar distancias y evitar cualquier comentario que pueda interpretarse como un ataque personal.

La posición del partido la ha fijado este jueves su portavoz nacional, Borja Sémper, en los pasillos del Congreso de los Diputados. Preguntado por la decisión judicial, el dirigente popular ha dejado claro que “no voy a hacer sangre con algo que tiene que ver con algo tan sagrado como es el entorno personal. Bastante pesado será para el señor Zapatero haber metido a sus hijas en este lío”.

La misma línea marcada por Sémper fue seguida por la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, que también ha evitado pronunciarse sobre el fondo de la resolución judicial.

Preguntada por los periodistas en la Cámara Baja, Muñoz se ha limitado a recordar que el juez ha acordado la declaración como investigadas de las hijas de Zapatero y de su secretaria, insistiendo a continuación en que “nosotros no comentamos las decisiones procesales que decidan los jueces”, ha señalado.

Por qué el juez las cita como investigadas

La decisión del instructor responde a una petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado 16 de junio solicitó la declaración de las dos hijas del expresidente y de su secretaria como investigadas. Finalmente, el magistrado ha asumido ese criterio y considera que existen elementos suficientes para otorgarles esa condición procesal.

En el caso de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, el auto pone el foco en su papel como administradoras solidarias de la sociedad Whathefav SL. Según recoge la resolución, la investigación atribuye a esta mercantil una participación presuntamente relevante dentro de la estructura empresarial que está siendo analizada por la Audiencia Nacional.

El magistrado sostiene que la propia posición que ambas ocupan al frente de la compañía justifica su citación como investigadas. No porque exista en este momento una conclusión cerrada sobre su participación en los hechos, sino porque, desde el punto de vista procesal, considera que es la fórmula que mejor garantiza sus derechos de defensa.

De hecho, Calama explica que llamarlas a declarar como testigos podría generar problemas jurídicos, ya que estarían obligadas a decir verdad sobre hechos que eventualmente podrían afectarles. Por ello entiende que la condición de investigadas resulta la opción más garantista y respetuosa con sus derechos constitucionales.

La resolución incorpora igualmente a Gertrudis Alcázar, secretaria personal del expresidente, a quien el juez ya había situado en anteriores resoluciones en una posición relevante dentro de la investigación. El magistrado recuerda que los indicios sobre su posible participación ya fueron expuestos en el auto que autorizó el registro de la oficina en la que desarrolla su actividad profesional. Según recoge ahora la resolución, la documentación analizada durante la investigación la sitúa como una figura con funciones de coordinación y gestión documental dentro de la estructura investigada.

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Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado su entrevista en ‘El Hormiguero’ para reivindicar su alternativa de Gobierno, fijar sus líneas rojas ante un posible pacto y cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con un mensaje que combinó promesas de regeneración democrática, recorte de estructura política y cambios en materias como la eutanasia.

El presidente del PP ha sostenido que, para entender la situación política actual, hay ya 15 sumarios, 19 delitos y 94 imputados, y ha ligado ese diagnóstico a su oferta de llegar a La Moncloa con un Ejecutivo de 14 o 15 ministerios, menos asesores y el objetivo declarado de construir un millón de viviendas en cuatro años.

Antes de entrar en política, Feijóo ha enviado un mensaje a Ilia Topuria tras su derrota. Ha afirmado: “Es una persona que es un gran campeón, que le hemos conocido durante una derrota, que es cuando se conoce a la gente. Le mando un abrazo y decirle que sigue siendo el mejor del mundo”. Pablo Motos también se ha sumado a ese respaldo. El presentador ha añadido: “Todos estamos con él. Todavía tengo el cuerpo revuelto de lo que pasó”.

Promesa de “decencia” y regeneración institucional

En el arranque del bloque político, Feijóo ha descrito el panorama actual con una imagen de confusión, diciendo que para seguir el día a día del Gobierno “se necesita mapa y cantimplora”, mientras que ha recogido la misma idea con otra cifra: “15 sumarios, 19 delitos, 94 imputados…”.

A partir de ese diagnóstico, el líder del PP ha situado su primera promesa en la “decencia” institucional. Ha asegurado: “Si yo llego a la presidencia devolveré la decencia, que es lo que la mayoría de los años este país ha tenido. Un Gobierno decente que no venga a robar y que su compromiso sean solo los españoles”.

Ese planteamiento se ha completado con una batería de objetivos económicos y administrativos. Feijóo ha prometido ayudar a los jóvenes, a los autónomos, mantener la eficiencia de los servicios públicos y abrir una etapa de regeneración democrática, además de revisar qué deuda existe, qué partidas siguen sin contabilizar y cuánto costará reparar carreteras o invertir en AVE e infraestructura eléctrica.

En esa misma línea, ha planteado una reducción de la estructura del Ejecutivo, y ha señalado que quitará asesores y reducirá el equipo de ministros porque “no estamos para tener 900 asesores”. También comparó esa cifra con los 595 asesores de Mariano Rajoy y que sostuvo que con 14 o 15 ministerios “el Gobierno iba a trabajar más y nos íbamos a ahorrar un pastón”.

La posibilidad de gobernar con Vox ha ocupado una parte central de la entrevista. Feijóo ha defendido que su objetivo es gobernar en solitario, pero ha rechazado “demonizar” a un partido que considera el tercero más votado y ha recordado que más de tres millones de personas lo respaldan.

Feijóo ha pedido “cuatro años de confianza”, ha insistido en que las elecciones generales serán distintas de las autonómicas y ha afirmado que aceptará lo que decidan las urnas para garantizar la estabilidad política del país.

Si necesitara una coalición, el dirigente popular ha delimitado sus condiciones, ya que no está dispuesto a ceder en el respeto a la Constitución, a las autonomías, a las políticas de igualdad, de género y LGTBI, al equilibrio de las cuentas públicas, a la prosperidad económica y a una inmigración “ordenada y racional”.

Criterios para vivienda y postura sobre derechos sociales

La inmigración ha aparecido además vinculada al acceso a vivienda pública. Feijóo ha explicado que se tendrá en cuenta la permanencia en el censo y que el criterio no distinguirá entre españoles e inmigrantes, sino cuántos años lleva cada solicitante, porque “no tenemos recurso para todos, tenemos que priorizar”.

En cuestiones sociales, Feijóo ha mantenido que no cambiará la ley del aborto, ya que ha defendido que los poderes públicos deben proteger la vida y ayudar a cualquier mujer que quiera tener un hijo, pero también ha reconocido que, si una mujer decide interrumpir voluntariamente su embarazo, “las leyes la protegen y no se lo vamos a impedir”.

Sobre la eutanasia, su posición ha sido distinta, pues ha criticado que la norma actual no se haya hecho con consenso con comunidades científicas y organizaciones médicas, y ha anunciado que, si gobierna, la someterá a una nueva redacción. Citó también el caso de Noelia Castillo, que le “impactó mucho”, y que llegó a escribirle para pedirle perdón en nombre de los poderes del Estado.

La entrevista también ha servido para endurecer su discurso contra el PSOE, ya que Feijóo ha cargado contra José Luis Rodríguez Zapatero por su declaración como imputado en la Audiencia Nacional y ha asegurado que “con el código penal en la mano, es muy posible que el PSOE acabe imputado”.

En el tramo final, el líder popular ha añadido una propuesta concreta en materia de vivienda. Su idea pasa por crear un millón de viviendas en cuatro años porque, a su juicio, si no aumenta la oferta no bajará el precio.

Alberto Núñez Feijóo ha comenzado la sesión de control al Gobierno atacando a Pedro Sánchez en un día particularmente tenso. Minutos antes de comenzar la sesión, José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado a la Audiencia Nacional para hacer frente a las acusaciones por su supuesto vínculo con el caso Plus Ultra. “Es el presidente con más sospechas de corrupción”, ha asegurado el líder del PP al dirigirse a Sánchez.

El caso de Zapatero ha protagonizado el inicio por su coincidencia con la comparecencia, pero Feijóo ha centrado más acusaciones en el desarrollo del caso Leire Díez. “El objetivo era defender a P.S, es decir, el objetivo era defenderlo a usted”, ha asegurado el popular, asociando al presidente al caso de corrupción y poniendo en duda que no conociese cómo Leire recibía supuestamente dinero del partido. “¿Cómo van a denunciar a quien cumplía sus órdenes?“, ha planteado.

Pedro Sánchez ha respondido destacando las medidas de su Gobierno, asegurando que “lo que hace es gobernar para la gente”. Sánchez ha asegurado que España “es un mejor país” en la actualidad que en 2018, antes de iniciar su primera legislatura, en materia de derechos y lucha contra la desigualdad.

Acusaciones y exigencias de presupuestos

Feijóo ha calificado de “cobarde” al presidente del Gobierno por no autorizar la votación en el Congreso de una iniciativa que solicitaba el adelanto de las elecciones generales. También ha insistido en su reproche a Pedro Sánchez por la acumulación de escándalos que salpican al PSOE. Sánchez ha respondido al líder del PP recordando los casos de corrupción que han afectado a su formación. “No deja de sorprenderme la calaña moral desde la que se convierte en un Torquemada de la vida”, ha replicado el presidente.

Por su parte, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha instado a presentar los presupuestos ante la Cámara Baja y, en caso de no reunir la mayoría necesaria para su aprobación, convocar elecciones. Durante la sesión de control al Gobierno, Vaquero ha advertido de que el Ejecutivo está “nadando en el último largo de la legislatura” y ha afirmado que resulta “evidente” la pérdida de la mayoría de la investidura.

Protección tras el alto el fuego en Oriente Medio

Pedro Sánchez ha anunciado este miércoles que el Consejo de Ministros va a aprobar un real decreto ley de protección al tejido productivo y a la ciudadanía para ver los resultados del alto el fuego con Irán anunciado por Donald Trump. En la sesión de control, Sánchez ha anunciado que el decreto se aprobará el próximo 29 de junio y ha llamado al líder de la oposición a convalidarlo en cuando llegue a la Cámara Baja.

El Gobierno quiere, ha explicado el presidente “ver exactamente cuál es el recorrido de este alto el fuego”. Sánchez ha defendido los decretos previos similares aprobados para dar respuesta a los conflictos internacionales, entre ellos el que se aprobó hace tres meses ante la guerra de Irán para proteger el escudo social, el tejido productivo y a los hogares de España. “Eso es lo que está haciendo este gobierno, gobernar para la gente”, ha dicho el presidente.

La Mesa del Congreso ha impedido la votación de las enmiendas de Junts per Catalunya y el Partido Popular para obligar a los partidos políticos a posicionarse sobre si Pedro Sánchez debe disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas. Así lo han trasladado fuentes del organismo que preside Francina Armengol tras una reunión telefónica mantenida con los portavoces parlamentarios minutos antes de comenzar el Pleno.

El argumento de la Mesa es que sendas iniciativas exceden las competencias del Congreso, ya que la decisión sobre una moción de confianza es competencia del presidente del Gobierno. En cualquier caso, Sánchez no estaría obligado a acatar la decisión que se adopte en Pleno sobre este tipo de iniciativas. De hecho, la propia iniciativa de Junts mencionaba explícitamente que no era vinculante.

La primera reacción ha llegado del PP, que ha criticado duramente la decisión porque “acredita que el Gobierno tiene miedo de que este parlamento vote". “El PSOE dice que la votación no significa nada. Entonces, ¿por qué no quieren que se vote?“, se ha preguntado la portavoz del PP, Ester Muñoz, en unas declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.

Los populares han denunciado que la Mesa impidió a los portavoces parlamentarios debatir la viabilidad de la medida y critican un “cambio de criterio”, ya que hace un año sí se admitió una moción similar planteada por Vox. “La diferencia es que hoy el Gobierno no tiene mayoría. Lo único que cabe esperar es que Sánchez siga parasitando el Gobierno hasta que no le quede otra que convocar elecciones”, ha señalado Muñoz.

El PP denuncia una decisión “arbitraria” y estudia acciones legales

El PP ha defendido que su enmienda no invade las competencias del Ejecutivo porque “se insta, no se obliga”, algo que para ellos “se hace todos los días”. Y en esta línea, Muñoz ha adelantado que su grupo pedirá que se reconsidere la posición y que estudiará acciones legales contra una decisión que entienden es “arbitraria”.

Fuentes del PP consultadas por Infobae entienden que el veto de la Mesa debería acercar posturas con la formación de Carles Puigdemont porque “esto debería acercar a todos los demócratas”. “Hay muchas cosas que nos separan de Junts, pero por encima de las ideologías están los valores democráticos”, han sentenciado.

Junts per Catalunya, por su parte, ha calificado el veto de “inaudito” y ha recordado la proposición no de ley que presentaron en febrero de 2025 en la que pedían a Sánchez someterse a una cuestión de confianza y que la Mesa entonces “admitió a trámite sin ningún problema”.

El PSOE no se ha pronunciado sobre la decisión, pero sí habló de ello anteriormente el portavoz socialista Patxi López, quien apuntó que el único camino democrático para echar al Gobierno es la moción de censura y que “ni Junts, ni PP ni el Congreso” podían obligar al líder del Ejecutivo a disolver las Cortes.

El Congreso ha gastado 919.669,49 euros para traducir, interpretar, transcribir y subtitular al castellano las intervenciones de los diputados que hablan en euskera, catalán y gallego. Desde que se aprobó el uso de lenguas cooficiales en el Congreso, la Cámara Baja ha gastado una media de 76.600 euros al mes, 17.700 euros a la semana y unos 2.500 euros al día.

La distribución mensual del gasto ha seguido lógicamente el ritmo de la actividad parlamentaria. El mes de mayo fue el más caro con 101.041,29 euros, seguido de octubre con 82.750,93 euros y noviembre con 76.617,68 euros. Por el otro lado, agosto registró 4.260,17 euros, enero 14.991,42 euros y julio 23.979 euros, todos ellos meses de parón parlamentario.

La mayor parte del gasto se ha concentrado en la interpretación. Según los datos del portal de transparencia difundidos por la agencia de noticias Europa Press, esa partida ha sumado 660.359,92 euros para cubrir 66 sesiones plenarias, dos reuniones de la Diputación Permanente y 285 comisiones celebradas durante el año.

La reforma del Reglamento que normalizó el uso de las lenguas cooficiales salió adelante en septiembre de 2023. Lo hizo como parte de la exigencia de ERC y Junts para apoyar la Presidencia de Francina Armengol, lo que permitió a PSOE y Sumar alcanzar la mayoría en la Mesa de la Cámara.

El subtitulado supera los 200.000 euros y el catalán concentra más uso

El subtitulado al castellano fue la segunda partida más cara, ya que superó los 200.000 euros. En concreto, el Congreso invirtió 201.528,11 euros en ese servicio durante 2025. También en este caso, mayo, noviembre y octubre fueron los meses con mayor desembolso: 34.338,534 euros, 32.825 euros y 27.612,99 euros, respectivamente. Enero y agosto quedaron en el nivel más bajo, con importes que apenas llegaron a los 1.000 euros.

Los servicios de transcripción de intervenciones en lenguas distintas del castellano ascendieron a 33.113,16 euros durante todo el año pasado. La traducción de textos, iniciativas y discursos añadió otros 24.668,03 euros.

El Portal de Transparencia del Congreso de los Diputados ha rechazado detallar el coste desglosado por lengua y alegó que facilitar esa información exigiría “una acción previa de reelaboración para su divulgación”. Aun así, se da por hecho que el catalán concentra la mayor reserva de recursos por el peso de Cataluña en escaños y por su uso exclusivo o mayoritario por parte de Junts per Catalunya, Esquerra y varios diputados de En Comú y Compromís.

Las lenguas cooficiales aterrizaron en el Congreso el pasado septiembre de 2023 tras aprobarse por mayoría absoluta y con los votos negativos de PP y Vox. Aquella sesión es recordada porque fue un debate bronco en el que los representantes del partido de Santiago Abascal llegaron a abandonar el hemiciclo al inicio de la sesión como gesto de protesta.

Esa modificación reglamentaria recibió 176 votos a favor, 169 en contra y dos abstenciones. Aunque el uso de las lenguas cooficiales pudo arrancar de inmediato en los plenos, el contrato para los servicios de traducción, interpretación, transcripción y subtitulado en directo al castellano no se adjudicó hasta un año después, con un presupuesto máximo de 12,5 millones de euros para cuatro años.

La senadora del PP y alcaldesa de Aguilar de Campoo, en la provincia de Palencia, María José Ortega, ha sufrido un accidente de tráfico este sábado. El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 3 de la carretera provincial PP-2201, poco antes de las 14:25 horas, cuando el vehículo en el que viajaba Ortega recibió un impacto en una colisión fronto-lateral, de acuerdo con lo publicado por la Agencia EFE.

En la provincia de Palencia, la alcaldesa ha sido trasladada en helicóptero sanitario a la UVI del Hospital Universitario de Burgos. Según publica El Norte de Castilla, el coche lo conducía el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y diputado provincial Jesús Manuel Sevilla, que viajaba con su esposa y una hija. Fuentes del servicio Emergencias 112 Castilla y León han informado a la agencia de comunicación de que Sevilla y una joven de 25 años fueron trasladados en una ambulancia convencional al Hospital Río Carrión, también en Palencia.

Una llamada de emergencia con tres heridos, en cuyo vehículo viajaban dos ediles de Palencia

El accidente de tráfico que ha tenido lugar la tarde de este sábado pasado ha involucrado a dos ediles castellanos: a la alcaldesa del municipio Aguilar de Campoo, María José Ortega, y al concejal de Urbanismo, Obras y Hacienda del Ayuntamiento, Jesús Manuel Sevilla. Ambos políticos viajaban en el vehículo siniestrado junto a la mujer y la hija de Sevilla.

En la llamada de emergencia que ha recibido el servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León, se ha notificado que tras la colisión fronto-lateral de dos turismos, se solicitaba asistencia para tres ocupantes de un mismo vehículo: dichos viajeros tenían dolores y heridas en la pierna, además de presentar un cuadro de ansiedad por lo sucedido.

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El organigrama cuenta con Carlos Pollán (Vox) como vicepresidente primero, quien asume además la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Isabel Blanco Llamas (PP) ocupa la vicepresidencia segunda, con competencias en Vivienda, Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil, aunque sin una consejería específica a su cargo.

Vox asume las consejerías de Familia, Cultura y Agricultura

Entre las nuevas incorporaciones del Partido Popular figuran Cristina Sanchidrián y María Pardo. Sanchidrián se encargará de la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Es licenciada en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid, con especialidad en Edificación, y cuenta con experiencia como arquitecta municipal en Ávila y como jefa del Servicio de Movilidad y Transformación Digital en la provincia abulense. En las últimas elecciones autonómicas encabezó la lista del PP por Ávila a las Cortes de Castilla y León.

María Pardo asume la Consejería de Educación. Nacida en Valladolid, es doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid y ha ocupado cargos en la administración autonómica y en la Comunidad de Madrid. Entre 2017 y 2019 fue directora general de Promoción Cultural en Madrid y, posteriormente, dirigió la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo en la Junta de Castilla y León hasta febrero de este año. En las pasadas elecciones encabezó la candidatura del PP por Valladolid.

Por parte de Vox, las nuevas incorporaciones incluyen a Joaquín Antonio Pino y Alberto Díaz Pico, junto al propio Carlos Pollán. Pino se encargará de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. Es licenciado en Veterinaria por la Universidad de León, con formación adicional en áreas como Ingeniería Agronómica, Alta Dirección y Biotecnología. Además, es agricultor, presidente de Asaja desde 2008 y funcionario de carrera del Estado como ingeniero agrónomo desde 2023.

Alberto Díaz Pico, cabeza de lista de Vox por Valladolid, gestionará la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, es oficial del Cuerpo Jurídico Militar y ha desempeñado funciones en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, así como en áreas ligadas a políticas culturales, industria y deportes dentro de la administración autonómica.

El Gobierno mantiene en sus puestos a varios consejeros del PP. Carlos Fernández Carriedo sigue al frente de Economía y Hacienda y renueva su labor como portavoz, mientras que Luis Miguel González Gago se mantiene en la Consejería de la Presidencia. Juan Carlos Suárez-Quiñones cambia de área y asume la dirección de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. Alejandro Vázquez continúa en Sanidad y Bienestar Social, y María González Corral pasa de Agricultura y Ganadería a Medio Ambiente y Energía.

En una rueda de prensa ofrecida este sábado a los medios, Mañueco ha defendido que los seleccionados para formar parte del nuevo Gobierno de Castilla y León son “personas preparadas, con criterio, con talento, con capacidad de trabajo y con experiencia”. La toma de posesión está prevista para el próximo lunes, 15 de junio, en la sede de la Presidencia de la Junta. Tras el acto, se celebrará la primera reunión del Consejo de Gobierno, con el objetivo de “empezar a trabajar desde el primer minuto”.

Durante su intervención, el presidente autonómico ha asegurado que este equipo va a conformar un “Gobierno sólido” y, “sobre todo, con la fuerza necesaria”. Tiene la intención, ha dicho, de garantizar un “Gobierno fuerte para seguir avanzando y apostando por la transformación de la Comunidad, y para seguir apostando y avanzando también por el protagonismo y el liderazgo” de Castilla y León en el conjunto del país.

Según ha detallado el presidente, el nuevo Ejecutivo está compuesto por un grupo de personas “preparadas para gestionar con solvencia todas las que tienen encomendadas, impulsar el acuerdo de gobierno y el programa de investidura, y, lo más importante, afrontar los retos que tiene por delante nuestra comunidad autónoma”. La estructura definitiva del Gobierno se dará a conocer el lunes y, en los días siguientes, se designarán las personas al frente de las direcciones generales y viceconsejerías, según ha avanzado Mañueco.

La inmigración se ha situado esta semana en el centro de la agenda social y política en España, un debate impulsado por la visita de León XIV, quien ha transmitido un mensaje firme contra la discriminación y en defensa de la dignidad de las personas migrantes. El papa ha reclamado “vías legales y seguras, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración” durante su recorrido por el país, que ha incluido paradas en el muelle de Arguineguín en Gran Canaria y el centro de acogida Las Raíces en Tenerife, dos puntos simbólicos de la migración africana que llega al archipiélago arriesgando su vida en el mar. Las declaraciones del pontífice han tenido eco en todo el arco institucional y político, y han servido de impulso al Gobierno de Pedro Sánchez en medio de las críticas a su gestión migratoria y la situación nacional, presentando la visión humanista del Vaticano como un respaldo a su política en la materia.

Según la ministra y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, “los mensajes del papa han sido un espaldarazo desinteresado a la política migratoria del Gobierno de España”. También destacó que los discursos del pontífice en favor de los migrantes “chocan de manera clara y contundente con esa nefasta ‘prioridad nacional’ que pivota en los acuerdos de PP y Vox”, que establece que los ciudadanos españoles tengan preferencias sobre los extranjeros en el acceso a ayudas públicas. Aunque ni el partido de Alberto Núñez Feijóo ni el de Santiago Abascal se han dado por aludidos. El líder ‘popular’ afirmó que comparte el mensaje del papa “de la A a la Z”, mientras que el ultraderechista reclamó para España la política migratoria del Vaticano.

La defensa en estos últimos días de las personas migrantes, sin embargo, contrasta con la realidad administrativa del proceso de regularización extraordinaria que está en marcha en España desde mediados de abril, una medida que pretende otorgar el permiso de residencia y trabajo a más de medio millón de extranjeros que ya residían en el país, pero sin poder ejercer derechos básicos al no tener papeles.

Racismo institucional

Organizaciones sociales colaboradoras de Extranjería, que están sosteniendo en buena medida el proceso —asesorando a los solicitantes y facilitándoles la obtención de los certificados de vulnerabilidad—, han denunciado las trabas administrativas y los fallos burocráticos que amenazan con dejar fuera del proceso a miles de personas vulnerables, además de los controles raciales y deportaciones exprés como la que sufrió recientemente Abdou, un joven senegalés. Las entidades sociales también critican las demoras en la admisión a trámite de expedientes y las “pocas resoluciones favorables”, cuando apenas quedan poco más de dos semanas para que termine el plazo del 30 de junio para acceder a la regularización.

Desde la organización Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, la activista Edith Espínola explica a Infobae que, en muchos casos, los expedientes pueden tardar hasta mes y medio en ser admitidos a trámite, sin que exista claridad sobre el procedimiento que sigue Extranjería para su gestión. Esta situación afecta especialmente a familias con menores, “con la angustia e incertidumbre que implica” vivir en esas condiciones, añade. También denuncian la ausencia de recursos y personal suficiente en las oficinas de Extranjería para atender el volumen de solicitudes, “pese a la cantidad de personas desempleadas que podrían cubrir esas funciones”, sostiene Espínola, que asegura que “el racismo institucional y la violencia silenciosa afectan de manera desproporcionada” a los colectivos migrantes.

Extender el plazo del proceso más allá del 30 de junio

Por todo ello, desde el movimiento Regularización Ya, que aglutina a decenas de asociaciones de migrantes, han llevado este miércoles al Congreso una proposición no de ley (PNL) para pedir la prórroga del plazo. “A través de esta PNL, también señalamos con preocupación la falta de citas para huellas, la burocracia de las administraciones, la inoperancia de algunos consulados para legalizar certificados de antecedentes penales y las deportaciones racistas puestas en marcha desde la firma del primer acuerdo“, indica por su parte Victoria Columba, portavoz del movimiento. La activista también recuerda que incluso el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado en un informe que se suspendan las deportaciones de quienes ya han iniciado el procedimiento, dado que muchas personas no logran completar la solicitud por obstáculos ajenos a su voluntad.

“El Gobierno tiene la obligación de garantizar que este proceso se realice con éxito. El plazo arbitrario del 30 de junio no haría justicia al esfuerzo que estamos haciendo las entidades sociales, sin presupuesto, ni al sacrificio de muchas personas que están pagando trámites consulares excesivos sin poder legalizarlos”, sostiene Columba.

La PNL presentada ante el Congreso propone una serie de medidas urgentes para corregir las deficiencias detectadas en la regularización, como facilitar, de manera prioritaria, los trámites de legalización de documentos en los consulados españoles y reforzar el sistema de citas para la toma de huellas dactilares. También plantea la suspensión temporal de las órdenes de expulsión mientras dure el proceso y pide garantizar la presunción de inocencia, evitando que antecedentes policiales sin condena judicial afecten negativamente los expedientes, al tiempo que solicita agilizar la apostilla de los certificados penales requeridos.

A pesar de las dificultades señaladas por las organizaciones sociales y el propio Defensor del Pueblo, la visita y el mensaje de León XIV han situado el foco en la necesidad de que la regularización no quede relegada a una mera declaración de intenciones. El jueves, durante su discurso ante migrantes, voluntarios y trabajadores humanitarios en el muelle de Arguineguín, el pontífice interpeló a las autoridades civiles y a las instituciones europeas, exigiéndoles la apertura de vías legales y seguras. “No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera”, afirmó justo un día después de que la ONG Caminando Fronteras reportara un total 1.317 muertes en las rutas migratorias hacia España entre enero y mayo de 2026.

En el partido de Santiago Abascal tienen grabado a fuego que los números no importan cuando el resultado de la ecuación es invariable. Da igual que sean dos o quince de sus diputados si el gobierno depende de su mano. De ahí que la prioridad nacional se haya convertido en una imposición en todas las negociaciones territoriales mantenidas con el PP, que ha tenido que tragar con el sapo para evitar un adelanto electoral.

La prioridad nacional fue anunciada, como su propio nombre dice, como el principio de “españoles primero”. El PP se ha esforzado en edulcorar su contenido y da por “superado” el debate, matizando que es un simple eslogan y acotando el concepto al arraigo territorial, “como ya se hace en los ayuntamientos”. Pero la prioridad nacional, más allá del nombre, ha supuesto la aceptación de la agenda ultra, que ya ha condicionado las partidas presupuestarias con recortes, por ejemplo, en las ayudas públicas que reciben las ONG de inmigración.

La prioridad nacional es una realidad en Extremadura, Aragón y Castilla y León, regiones donde el PP salió vencedor en las urnas, pero sin mayoría absoluta. El PP tuvo que tragar con la crítica del papa León XIV en su discurso pronunciado en el Congreso, donde hizo referencia a estos acuerdos cuando cargó contra la criminalización de los migrantes y la “discriminación de la persona por origen”.

Primeros contactos, misma premisa

Convertida en su bandera política, Vox pretende imponer la prioridad nacional en Andalucía, donde Juanma Moreno se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta. Vox desliza que podría no exigir su entrada en el nuevo gobierno de Andalucía si el PP ofrece garantías “veraces” con el acuerdo programático. El precedente está en 2018, cuando Vox apoyó la investidura del popular Juanma Moreno sin reclamar responsabilidades de gobierno.

Los primeros contactos entre ambas formaciones llegaron el martes, después de que Moreno y Abascal coincidiesen en la ceremonia de bienvenida al pontífice en el Palacio Real. Las conversaciones formales apenas comenzaron este miércoles, pero ya se presentan complicadas de entrada porque supone tragar con postulados que Moreno rechazó en su campaña electoral. De ahí que Moreno alertase entonces de que perder la mayoría absoluta y depender de los de Abascal supondría “meterse en un lío”.

El dirigente andaluz llegó a amagar con intentar una investidura en solitario, pero Vox ya le ha advertido que deberá pasar por el aro como los Guardiola, Azcón y Mañueco. La opción de una repetición electoral se da por descartada porque podría dar alas a los socialistas de María Jesús Montero.

La cúpula del PP nacional presiona a Moreno

Génova ha dado rienda suelta al PP andaluz para conducir en solitario las negociaciones con Vox, vigilando de cerca los acuerdos que afectan al marco estatal. El PP nacional confía en que tarde o temprano se llegue a un acuerdo. Fuentes del PP consultadas por Infobae recuerdan el caso de Extremadura, que llegó a un acuerdo seis meses después de las urnas. Aunque evitan pronunciarse sobre las negociaciones, el núcleo duro del PP nacional presiona a su barón andaluz para aceptar la prioridad nacional. “No veo dónde está el problema”, respondió la número 3 de Génova, Alma Ezcurra, cuando fue preguntada por algunos de los principios exigidos por Vox.

La constitución de la nueva Presidencia del Parlamento Andaluz, que finalmente ha dejado fuera de los cargos a Vox, ya anticipa que no están muy avanzadas. La formación de Gavira propuso a la diputada por Granada, Beatriz Sánchez Agustino, quien quedó en cuarto lugar obteniendo únicamente los 15 votos de los diputados de su partido. En la pasada legislatura, Vox sí consiguió la vicepresidencia tercera de la Cámara para su diputada Cristina Alejandra Jiménez Jiménez.

Alfonso Fernández Mañueco (PP) ha tomado posesión este jueves como presidente de la Junta de Castilla y León, revalidando así el que será su tercer mandato en el cargo en un acto celebrado en el hemiciclo de las Cortes regionales. El líder autonómico percibirá en un principio una retribución de 82.621,56 euros brutos anuales durante 2026, según los presupuestos vigentes para este periodo.

Al acto de toma de posesión, celebrado en el hemiciclo de las Cortes de Castilla y León, han acudido el expresidente del Gobierno central Mariano Rajoy y los presidentes de otras comunidades autónomas como Galicia, Aragón, Asturias, Extremadura y Cantabria, entre otros.

Mañueco fue investido este martes con el apoyo de su formación y de Vox, tras el acuerdo de gobierno alcanzado entre los dos partidos que incluye, entre otras medidas, el principio de “prioridad nacional” que exigía la formación de Santiago Abascal.

De acuerdo con el pacto, Vox se hará cargo de la primera vicepresidencia y de tres carteras en este Ejecutivo de coalición, mientras que el PP dirigirá la presidencia y segunda vicepresidencia, así como siete consejerías.

Mañueco cobrará 5.143,32 euros más que al inicio de la anterior legislatura en 2022

Tras su toma de posesión, Mañueco mantendrá el mismo sueldo percibido durante los primeros cinco meses de 2026 y, en un principio, continuará con este durante el resto del año. Según los últimos datos recogidos en el Portal de Transparencia de la Junta de Castilla y León, este salario asciende a 82.621,56 euros brutos anuales, lo que se traduce en 5.901,54 euros brutos mensuales repartidos en 14 pagas.

Al inicio de la legislatura previa en 2022, también presidida Mañueco, el popular cobraba un total de 77.478,24 euros brutos anuales, 5.534,16 euros mensuales en 14 pagas. Esto significa que el salario que percibe ha aumentado en 5.143,32 euros en los últimos cuatro años, un 6,6% más.

Los miembros del Gobierno autonómico no perciben dinero extra por participar en consejos de administración, órganos de gobierno o reuniones a las que asisten en función de su cargo.

Otra cosa son las indemnizaciones por razón del servicio (viajes oficiales, alojamiento, manutención en desplazamientos, etc.). Esas cantidades pueden existir durante la legislatura, pero no forman parte del sueldo y solo se perciben cuando se produce el gasto correspondiente, según recoge la normativa autonómica.

Las retribuciones de sus altos cargos en los presupuestos anuales

El salario de los altos cargos de Castilla y León, como es el caso del presidente autonómico, se fija anualmente en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Esto significa que los sueldos que perciben están vinculados al presupuesto vigente de cada año.

Por tanto, si tras el comienzo de esta nueva legislatura no se aprueba una nueva norma que modifique estas cuantías, el presidente, vicepresidentes y nuevos consejeros continuarán percibiendo las retribuciones establecidas para 2026.

Además de estos salarios correspondientes por norma, los altos cargos también tienen derecho a percibir retribución por la antigüedad que puedan tener reconocida como empleados del sector público, así como la que completen mientras ocupen esta condición.

Según el Portal de Transparencia de la Junta de Castilla y León, los miembros del Ejecutivo regional cuentan con el régimen de protección social que les corresponde con carácter ordinario, sin que exista ningún tratamiento especial por su condición de alto cargo.

Los hechos se produjeron durante el debate de una Proposición No de Ley (PNL) relativa a los permisos penitenciarios a miembros de ETA. Fernández Lara fue expulsado por la vicepresidenta de la Cámara, Ana Millán, después de intervenir fuera de su turno de palabra y recibir tres llamadas al orden. Mientras abandonaba el pleno protagonizó además una discusión con el diputado del PP Enrique Serrano, en una escena que obligó a varios parlamentarios socialistas a intervenir para acompañarle fuera de la sala.

La tensión comenzó a aumentar cuando Fernández Lara tomó la palabra para reprochar unas manifestaciones realizadas desde la bancada del Partido Popular acerca de las víctimas del terrorismo de ETA. El diputado socialista cuestionó que desde las filas populares se hubiera trasladado la idea de que “las víctimas” del terrorismo se encontraban representadas en ese grupo parlamentario. Sus palabras provocaron la intervención de la vicepresidenta de la Asamblea, Ana Millán, quien quiso precisar el contenido de las afirmaciones realizadas durante el debate.

Según explicó la dirigente popular, desde el PP no se había sostenido que todas las víctimas estuvieran representadas en su bancada, sino que el grupo contaba con tres víctimas del terrorismo entre sus integrantes. Entre ellas citó a Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, y a Luis Portero, presidente de la asociación Dignidad y Justicia, quien además defendía la iniciativa debatida en ese momento.

Fernández Lara trató de responder a la aclaración y criticó que no se le permitiera intervenir. La discusión con la Mesa de la Cámara fue elevando progresivamente el tono mientras desde los escaños continuaban los reproches entre representantes de ambos grupos. Ante la insistencia del diputado socialista, Ana Millán le llamó al orden en tres ocasiones. Tras el tercer apercibimiento acordó su expulsión del hemiciclo conforme al reglamento parlamentario.

Enfrentamiento al abandonar el pleno

La tensión no terminó con la decisión de la Mesa. Cuando Fernández Lara se dirigía hacia la salida del salón de plenos mantuvo una discusión con el diputado popular Enrique Serrano. El intercambio verbal entre ambos parlamentarios elevó aún más la crispación en la Cámara y varios diputados socialistas tuvieron que intervenir para sacar a su compañero del hemiciclo y evitar que la situación fuera a más.

Tras la expulsión de Fernández Lara, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, solicitó la palabra para intervenir sobre lo ocurrido. Espinar sostuvo que el debate se había ido “de las manos” y señaló que la responsabilidad de lo sucedido correspondía “a todos”. Asimismo, denunció que desde la bancada popular se habían escuchado gritos de “traidores” dirigidos a los diputados socialistas.

Ana Millán no autorizó la intervención de la portavoz socialista, lo que provocó una nueva protesta del grupo. Como respuesta, los diputados del PSOE decidieron abandonar el hemiciclo durante el desarrollo de la sesión.

El último Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas se publicó el 29 de mayo. El mes fue complicado para el PSOE por la imputación de Zapatero en el marco del caso ‘Plus Ultra’ o los avances en el caso ‘Leire Díez’, con la publicación del auto del juez Pedraz y el requerimiento de información en la sede socialista en Ferraz.

El trabajo de campo para aquel barómetro, sin embargo, se llevó a cabo antes de que trascendiese todo aquello, por lo que los resultados no reflejan sus efectos: los encuestadores, entre el 3 y el 18 de mayo, siendo el 19 el día en que trascendió la citación del expresidente socialista.

Ocupaba entonces la agenda mediática el brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius. También estaba en curso la vista oral del ‘caso Kitchen’ - que investiga el presunto espionaje a Luis Bárcenas, extesorero del PP, por parte del Ministerio del Interior del gobierno de Mariano Rajoy - y acababa de terminar la del ‘caso Koldo’, que sentó en el manquillo al exministro socialista José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

El PSOE volvía a ganar las elecciones en mayo

Los resultados de aquel CIS, entonces, no podían reflejar cualesquiera que fuesen las consecuencias del cúmulo de causas judiciales que afectan al PSOE: habría vuelto a ganar las elecciones, con un 36% del voto válido - experimentó una ligera caída respecto del 36,4% que registró en abril - frente al 24,9% del PP, que mejoró su resultado en más de un punto en comparación con el 23,6% de abril. El PSOE aventajaba al PP en 11,3 puntos antes de la imputación de Zapatero.

Vox era la tercera fuerza, con un 16,2%, punto y medio más que en abril, cuando registró un 14,5%. Sumar registró un 5,7% (frente al 5,8% de abril) y Podemos un 2,5% idéntico al resultado anterior. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) obtuvo un 2,6% en mayo. Se Acabó la Fiesta (SALF) suma un 2,4% en mayo, frente al 1,7 % registrado en abril. El resto de partidos nacionalistas y regionalistas, como EH Bildu, Junts, BNG, EAJ-PNV y Coalición Canaria (CCa), no lograron superar el 1% en estimación de voto en ninguno de los dos meses. Unión del Pueblo Navarro (UPN) se sitúa en el 0,1 %, una cifra sujeta a alta variabilidad.

El PSOE cae 5 puntos en junio

Los resultados del CIS de junio vuelven a situar al PSOE como primera fuerza, pero registra una caída de cinco puntos, del 36,4% de mayo a un 31,3% del voto válido en junio. El Partido Popular, por su parte, mejoraría sus resultados en 2,2 puntos respecto al 24,9% de mayo, alcanzando un 27,1% del voto válido este mes. Así, esos 11,3 puntos con los que el PSOE aventajaba al PP en mayo quedan ahora en 4,2 puntos de distancia, aún a favor de los socialistas.

Vox se mantiene como tercera fuerza, con un 15,8% (lo que supone una caída de algo menos que un punto), Sumar crece algo menos de un punto y obtiene un 6,4% y Podemos registra un 2,8 % en la estimación de voto, apenas 3 décimas más que en mayo y abril.

Se Acabó la Fiesta (SALF) cae 0,5 puntos y alcanza un 1,9% en la proyección, prácticamente igualando a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que se sitúa también en el 1,9% tras caer del 2,6% del mes anterior. El resto de formaciones nacionalistas y regionalistas - EH Bildu, Junts, BNG, EAJ-PNV, Coalición Canaria (CCa) y Unión del Pueblo Navarro (UPN) - no superan el 2% de estimación individualmente.

Los coeficientes reductores que penalizarán de por vida la pensión de cerca de 900.000 personas con más de cuatro décadas cotizadas seguirán vigentes tras el voto en contra del PP y el PSOE este jueves en el Congreso a la enmienda que los habría eliminado, según recoge Europa Press. La medida, impulsada por Podemos, no superó el trámite parlamentario al encontrar la oposición de los dos partidos mayoritarios y la absetención de Vox. Sumar (socio de gobierno de los socialistas), Junts, UPN y Coalición Canaria votaron a favor.

Al contrario que en esta ocasión, el PSOE respaldó una iniciativa de Podemos con idéntico contenido en noviembre de 2025. Aquella propuesta, no obstante, era una declaración política sin efectos jurídicos. La enmienda de este jueves sí modificaba la ley, lo que disparó su coste estimado a 3.358 millones de euros anuales. De esa cifra, 1.345 millones corresponden a la supresión de los coeficientes en jubilaciones anticipadas voluntarias, y los 2.013 millones restantes, a las involuntarias.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha calificadfo el resultado como “insoportable” y lo resume así en una publicación de su cuenta de X (antes Twitter): “El bipartidismo contra los jubilados, otra vez, como en 2011, como siempre. Armas sí, pensiones no“.

Qué son los coeficientes reductores y a quién afectan

En España, quien se jubila antes de la edad legal ve recortada su pensión de forma permanente. El descuento se calcula en función de los meses de adelanto respecto a la edad ordinaria y de los años cotizados, y no desaparece en ningún momento de la vida del pensionista. La norma distingue dos situaciones. Quien se jubila voluntariamente puede adelantarse un máximo de 24 meses y asume una penalización de entre el 13% y el 21% según los años cotizados. Quien lo hace de forma involuntaria por despido o ERE puede adelantarse hasta 48 meses, con recortes que en el peor caso alcanzan el 30%. En ambas modalidades, el descuento es permanente.

La reforma que planteaba Podemos habría eximido de esa reducción a quienes acrediten 40 o más años de cotización. El argumento del partido morado es que ese colectivo “ya ha contribuido suficientemente al sostenimiento del sistema” y no debería sufrir penalización adicional por adelantar su retiro.

La reivindicación no es nueva. La asociación Asjubi40, que lleva una década reclamando la supresión de estos recortes, había seguido de cerca la tramitación de la enmienda y animó a sus miembros a seguir el pleno en directo. Varios de ellos intentaron asistir presencialmente al hemiciclo para, en sus propias palabras, “visibilizar la lucha durante la votación”.

Podemos critica el giro del PSOE

Antes de la votación, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido ante los medios que el PSOE se pusiera “del lado de la gente” y califica la situación de los afectados como “absolutamente injusta”. También ha lanzado una advertencia directa a los votantes socialistas: “Creo que quien votó al PSOE el 23 de julio de 2023 no entendería que hoy el PSOE votara en contra”.

La diputada de Podemos Martina Velarde también ha intervenido en el pleno para pedir apoyo a la enmienda y rechazar el argumento de derivar la cuestión al Pacto de Toledo. “Cuando las cosas se quieren hacer, se hacen”, ha afirmado desde la tribuna.

Las palabras de paz y diálogo que reclamó el papa en su discurso en el Congreso de los Diputados —que fueron acogidas por todos los grupos con una larga ovación— han quedado como un episodio anecdótico. La sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Baja ha vuelto a ser sede de la bronca política tras un nuevo enfrentamiento entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El jefe de la oposición ha vuelto a instar elecciones repasando el reguero de causas judiciales abiertas que salpican al PSOE y que, según ha apuntado, convergen en la figura del presidente. “12 sumarios, 17 delitos y casi un centenar de imputados. Ha practicado incluso la delincuencia de Estado. Es evidente que no tiene límites”, ha comenzado su intervención.

Feijóo ha acusado a Sánchez de beneficiarse de las diferentes tramas y le ha recordado que pasará a la historia como el “inductor y financiador del mayor caso de corrupción en el país”. “Señor ‘P.S.’ [las siglas que aparecían en el sumario del caso Leire en alusión a Sánchez], si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción; si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente”. Y en esta línea, Feijóo ha cerrado su intervención con una pregunta: “¿Hasta cuándo piensa estirar esta basura antes de dar la palabra a los españoles?”.

El líder socialista le ha replicado al líder del PP acusándole de hacer durante ocho años oposición marrullera: “Jamás asumiré su grado de hipocresía. Del partido de la Púnica, la Kitchen, del partido de Marcial Dorado, lecciones ninguna”, ha respondido. Sánchez ha rechazado “las lecciones” del PP y ha apuntado que la verdadera diferencia entre ambos radica en que él se sienta en una sede “que no ha sido financiada con dinero en negro”. “Dan lecciones de democracia y no respetan los resultados; dan lecciones de legitimidad y tapan la corrupción”, ha sentenciado.

El líder de la oposición no ha sido el único que le ha abordado por el tema de la corrupción. Las preguntas también han llegado desde la bancada de Bildu a través de la portavoz Mertxe Aizpurua, quien ha exigido al presidente del Gobierno que aclare y depure responsabilidades en la comparecencia prevista para finales de este mes.

También le ha pedido que dote de un “sentido” a lo que resta de legislatura, que acelere la aprobación de las medidas sociales pendientes y que avance en la plurinacionalidad, porque “limitarse a resistir será un fracaso asegurado”. Sánchez ha evitado en todo momento profundizar en las causas, limitándose a asumir que ha cometido “errores”.

El caso Leire Díez en los pasillos del Congreso

El caso de Leire Díez ha estado presente en los pasillos del Congreso. Preguntado sobre supuestos encuentros de la ‘fontanera del PSOE’ en la Fiscalía General del Estado, el portavoz de los socialistas en la Cámara Baja, Patxi López, ha asegurado que su partido “está colaborando con toda la información de la que dispone” sobre el caso, al tiempo que ha señalado que no le preocupa una posible imputación de la formación como persona jurídica porque cree que “no hay nada” para ello.

El coordinador del PSC en el Congreso, José Zaragoza, también se ha remitido a la actuación judicial. “No sé lo que aparece en los papeles de Leire Díez. ¡Están apareciendo tantas cosas!”, ha señalado. En todo caso, ha pedido confiar en la Justicia y dejar que esta actúe, “porque al final nos convertimos nosotros en sustitutos de los jueces, de los fiscales y de los abogados defensores”, ha afirmado el diputado catalán.

El papa se va de Madrid, pero los problemas no se han ido para el Gobierno. En el último mes de curso parlamentario, la legislatura parece haber entrado en una fase de guerra de trincheras, en la que los movimientos están medidos únicamente para evitar sonadas derrotas. En las filas socialistas, la mayor preocupación es la de aislar al presidente del Gobierno frente a la corrupción que salpica a su entorno. La consigna es clara: llegar con vida al parón veraniego, dos meses sin actividad parlamentaria y con la judicial colgando el cartel de cierre por vacaciones.

El mes de mayo ha sido catastrófico para los ánimos del socio mayoritario del Gobierno, que en apenas dos semanas ha tenido que tragar con registros policiales en la sede del partido, la imputación del expresidente del Gobierno ―y tándem socialista―, José Luis Rodríguez Zapatero; y la apertura de una investigación sobre el uso de las cloacas para torpedear casos judiciales que afectan al PSOE. El Ejecutivo está decidido a cerrar filas con todo lo que esté en su mano, aunque eso suponga apoyar ciegamente la teoría de la conspiración judicial para “derribar” al Gobierno.

La oposición, por su parte, evita ejecutar movimientos precipitados que den alas al Gobierno, como puede ser una moción de censura sin visos de prosperar. En su lugar, está dispuesto a seguir subido en la cresta judicial y esperar a que la legislatura se acabe hundiendo por su propio peso, llevándose a los socios de Sánchez consigo. Ahora, Génova tampoco piensa estar de brazos cruzados y ya ha puesto a punto su maquinaria en el Senado para engrosar su agenda con la citación de los protagonistas de los numerosos sumarios en sus comisiones de investigación: la fontanera Leire Diez o la directora de la Guardia Civil lo harán este mes.

Sentencias inminentes

De forma paralela, en los tribunales se espera que llegue de manera inminente la sentencia del juicio al hermano de Pedro Sánchez, que terminó su última vista este martes tras la revisión de todos los informes policiales y la declaración de decenas de testigos. Las acusaciones populares, que ejercen entre otros PP y Vox, reclaman ahora duplicar la pena de prisión para el hermano del presidente tras escuchar su declaración ante la jueza.

En los próximos días llegará también la “inminente” sentencia del caso mascarillas, que investiga una trama de mordidas en el Ministerio de Transportes, entonces dirigido por José Luis Ábalos, a cambio de contratos públicos. Durante las sucesivas vistas se han ido descafeinando por falta de pruebas importantes acusaciones, como que el presidente del Gobierno era “el número 1″ o que en el PSOE existía una caja B. Y dentro de la gravedad de los hechos, el PSOE se aferra a la poca información para tratar de tranquilizar a sus filas.

Zapatero y Leire Díez, los últimos escándalos

Y por si fuera poco, las miradas están puestas ahora en la citación del expresidente Zapatero en la Audiencia Nacional, el 17 y 18 de junio, donde deberá aclarar todos los vacíos y afirmaciones en el extensísimo sumario de la UCO, que le apunta como jefe de una red de tráfico de influencias y blanqueo de dinero. La imputación de Zapatero fue un “shock” para el partido y los socios.

La última piedra en la mochila de Sánchez ha sido el escándalo Leire Díez, vinculado al uso de las cloacas por parte de Santos Cerdán para impedir el avance de las investigaciones judiciales que afectaban al partido. El Gobierno, de la mano de la portavoz Elma Saiz, insiste en que Pedro Sánchez nunca se vio con Leire Díez ni supo de sus “andanzas”. La investigación policial reúne una decena de conversaciones, mensajes y testimonios de terceros en los que se menciona a Pedro Sánchez como “el one”, “el jefe” o “el Presidente”, pero no figura como interlocutor en las conversaciones que han trascendido del sumario. En los últimos días ha sido citada en calidad de testigo la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ya en el próximo mes de julio tras constatar una conversación de Díez con Narbona a través de WhatsApp el 24 de abril de 2024.

Los socios de Sánchez piden salir del shock

El reguero de casos judiciales deja a los socios de Sánchez en un mar de dudas, a la espera de la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados prevista para finales de este mes, casi un mes después del estallido del caso Zapatero.

Desde el PNV no esconden su posición y dan por muerta la legislatura tras el “noveno caso” judicial abierto, mientras que desde Sumar piden al socio mayoritario que salga del “shock” y “acelere y desbloquee” las reformas pendientes, “sin esperar ni un minuto más”, especialmente en materia de vivienda. Sin embargo, en las filas socialistas no están dispuestos a adentrarse en batallas que se prevén perdidas mientras Junts per Catalunya permanezca en el ‘no’ sistemático. La única batalla que parece dispuesta a combatir el presidente del Gobierno es la de aprobar los presupuestos de 2027, a pesar de que la tarea se presenta imposible por el rechazo de los de Carles Puigdemont.

Alfonso Fernández Mañueco ha sido investido este martes como presidente de la Junta de Castilla y León por tercera vez, respaldado por los 33 procuradores del Partido Popular (PP) y los 14 de Vox, que le otorgaron los 47 votos necesarios para superar la mayoría absoluta fijada en 42 escaños en la XII Legislatura del Parlamento autonómico. La sesión, celebrada en las Cortes de Castilla y León con sede en Valladolid, ha concluido a las 20.40 horas tras una votación pública y por llamamiento que ha formalizado el inicio de un nuevo mandato de cuatro años al frente del Ejecutivo regional.

El pleno del Debate de Investidura arrancó a mediodía con la intervención de Mañueco, que empleó una hora y veinte minutos para exponer lo que él mismo ha denominado su “contrato de Legislatura”. La sesión se reanudó a las 16 horas con las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios: el socialista Carlos Martínez, los integrantes del Grupo Mixto —Ángel Ceña, Pedro Pascual y Alicia Gallego—, el portavoz de Vox, Carlos Pollán, y la representante del Grupo Popular, Leticia García. Cada intervención fue seguida de las correspondientes réplicas y dúplicas del candidato.

La votación concluyó con 47 votos a favor y 35 en contra. El rechazo vino del PSOE, con 30 escaños, y el Grupo Mixto, compuesto por la Unión del Pueblo Leonés (UPL) —tres procuradores—, Soria ¡Ya! y Por Ávila, con un representante cada uno. Tras la proclamación oficial del resultado, el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, ha declarado a Mañueco presidente de la Junta. La toma de posesión del cargo está prevista para el jueves 11 de junio.

Un acuerdo de 324 medidas y el regreso de Vox al Gobierno

La investidura de este martes ha sido posible gracias al pacto de gobierno suscrito el pasado 3 de junio entre PP y Vox, un documento de 62 páginas y 324 medidas que llegó 80 días después de las elecciones autonómicas del 15 de marzo. Unos comicios de los que el PP salió ganador con 33 escaños, a nueve de la mayoría absoluta, lo que ha obligado a Mañueco a buscar un socio de gobierno para garantizar la gobernabilidad de la comunidad.

El acuerdo, presentado por ambas formaciones en una comparecencia conjunta en las Cortes, establece una estructura de gobierno con dos vicepresidencias y once consejerías. Vox se queda con la vicepresidencia primera, que asumirá Pollán, con rango de consejería, y con tres carteras: Desregulación, Familia y Ayudas Sociales —que incluye competencias en inmigración—; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; y Cultura, Turismo y Deporte. El PP retiene la vicepresidencia segunda y el resto de las consejerías, entre ellas Presidencia, Economía y Hacienda, Sanidad, Educación y Medio Ambiente.

Uno de los puntos más polémicos del pacto es la aplicación del principio de “prioridad nacional”, una fórmula ya incluida en los acuerdos de coalición de PP y Vox en Extremadura y Aragón. Bajo este principio, el acceso a una vivienda protegida y alquiler social quedará condicionado a un “arraigo real y prolongado”, que se medirá mediante el empadronamiento histórico en Castilla y León y en España: un mínimo de diez años para la compra de vivienda y de cinco para el alquiler.

*Noticia elaborada con información de agencias

El papa no llegó a Madrid con promesas de milagros, pero el lunes logró rozar algo que hasta ahora parecía inimaginable: silenció el bronco hemiciclo para unirlo en una larga ovación a izquierda y derecha. No obstante, su llamado al respeto y al diálogo, a “la firmeza” sin el “desprecio”, y a “la discrepancia” sin “humillación” chocará, con toda probabilidad, con la realidad cotidiana de la Cámara Baja, que en los últimos años se ha convertido en sede de la crispación política, de los gritos e incluso los insultos contra el adversario político.

Es la realidad que esperan las filas socialistas, que se preparan para volver a ver a un Partido Popular y Vox dando por acreditados los indicios policiales en las distintas causas abiertas que afectan al partido. Desde el PP, las fuentes consultadas por Infobae aseguran que la hoja de ruta no cambia porque “la actualidad sigue” y, a pesar de haber estado el papa, “aquí han sucedido cosas”.

El partido de Alberto Núñez Feijóo saldrá en tromba a exponer la declaración como testigo de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la imputación del vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, en el marco de una investigación sobre el uso de cloacas por parte del PSOE para boicotear investigaciones judiciales. No será el único asunto, pues este mismo mes se conocerá la sentencia del caso mascarillas y la que afecta al hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. Todo ello, para centrar la narrativa en que el reguero de tramas converge en una misma figura, la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Esto es un único caso de corrupción institucionalizada. El PSOE se ha reído de todos, nos ha mentido a todos. A los españoles, a los socios y a los periodistas”, criticó la portavoz popular en la Cámara Baja, Ester Muñoz.

El PP ha abandonado la idea de presionar a los socios del Gobierno para que apoyen una moción de censura. Tampoco lo hará Vox, que hasta ahora había sido el partido más insistente con ello, consciente de que presionar al PP solo supone dar alas a Sánchez. En su lugar, la estrategia de la oposición volverá a ser la de reclamar un adelanto electoral ante una legislatura que consideran “agotada”. “Esto solo tiene una salida: decencia y elecciones”, reclamó Muñoz.

Los socios piden motivos para seguir la legislatura

Desde el lado del Gobierno, los socios volverán a pedir al Gobierno que explique los motivos para aguantar los 13 meses que quedan de legislatura sometido al bloqueo legislativo de Junts per Catalunya, que desde hace meses permanece en la oposición ante los “incumplimientos del Gobierno”. Aliados como el PNV ya han dado por muerta la legislatura y desde el socio minoritario lamentan que el PSOE es incapaz de reponerse del “shock” judicial.

Será la diputada de Bildu, Mertxe Aizpurua, quien formule la pregunta, que será respondida por el presidente del Gobierno, previsiblemente, recurriendo al anuncio de los presupuestos generales del Estado —que no tiene posibilidades de salir adelante— y otra serie de medidas sociales, entre ellas, el plan de 400 millones de ayudas en eficiencia energética de colegios y hospitales.

Su comparecencia se enmarca en una nueva jornada del juicio por la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas. En esta ocasión, su abogado ha anunciado al comenzar la sesión que Villarejo no iba a contestar las preguntas del Fiscal, limitándose a las cuestiones planteadas por su defensa. El excomisario ha negado que le pidieran que buscara grabaciones que implicaran al expresidente Rajoy.

Acusaciones de montaje del caso Leire

El investigado aparece involucrado en un nuevo supuesto caso de corrupción. Villarejo ha rechazado los señalamientos de la UCO, que apuntan a posibles reuniones con Díez en 2014 para negociar información a cambio de favores judiciales. “Desde 2018 me vienen persiguiendo y abriendo piezas, todo esto es un montaje para destruirme”, ha afirmado ante los periodistas.

El excomisario ha mostrado su indignación por la difusión de informaciones sobre su supuesta implicación y ha acusado a la Fiscalía de actuar de manera contradictoria. “Una parte persigue a las supuestas cloacas y otra acepta los audios que le da”, ha señalado. Además, ha recordado que el PSOE está personado en varias causas en su contra. “Ahora resulta que yo hago un acuerdo con ellos, cuando llevan años intentando destruirme”, ha concluido.

La investigación de la UCO sobre Leire Díez se integra en una causa más amplia que apunta a una presunta red liderada por Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, y coordinada por Díez, con el objetivo de influir en procesos judiciales que afectan al partido y al Gobierno. Los agentes han accedido a mensajes entre el abogado de Villarejo y la Fiscalía, donde se reflejan negativas a posibles pactos. Antonio García Cabrera, abogado de Villarejo, está citado a declarar como testigo ante el juez Santiago Pedraz el próximo 8 de julio.

“Jamás el PP me ha encargado nada a nivel privado”

Tras su primer obstáculo de la mañana con las declaraciones a la prensa, Villarejo ha negado ante el tribunal del caso Kitchen haber recibido encargos para localizar grabaciones entre Mariano Rajoy y Luis Bárcenas o instrucciones políticas del partido. Durante su declaración, ha explicado que el entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, le solicitó una operación de inteligencia para determinar si Bárcenas ocultaba fondos o poseía información sensible que pudiera afectar a instituciones del Estado.

“Jamás el PP me ha encargado nada a nivel privado, menos aún me ha pagado nada”, ha confirmado. También ha negado haber actuado por iniciativa propia ni haber realizado seguimientos, afirmando que su papel fue “el de un agente volante”, sin coordinación ni integración en la estructura policial oficial. Villarejo ha asegurado que captó al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, solo para obtener información.

El papa ha logrado incluir en un aplauso a izquierda y derecha, a patronal y sindicatos, a creyentes y excépticos, incluso ahondando en los frentes que más sacuden la actualidad cuando él no está. Sin ir más lejos, este lunes lo comenzaba reunido con Pedro Sánchez, o incluía en su agenda un asunto que debiera serle de gran incomodidad y sin embargo ha abordado abiertamente y con cercanía, como los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Se ha reunido con víctimas de curas pederastas. Pero la cita más esperada tenía lugar en el Congreso de los Diputados, epicentro nacional de la discordia.

En ausencia de Podemos, BNG y los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, León XIV ha entrado al Congreso como jefe de Estado y ha salido como líder de masas. Tras una larga ovación de siete minutos al término de un discurso histórico, el pontífice ha aparcado el protocolo y ha abandonado a pie la Cámara Baja. Ha salido del patio hacia la carrera de San Jerónimo y ha estrechado la mano de decenas de asistentes. Pero lo extraordinario había ocurrido dentro, generando el consenso entre PSOE, PP, Vox, Junts, ERC, Bildu y cuantas formaciones ocupaban los escaños.

Nogueras le habla en catalán

Pero al salir, el Congreso ha recuperado su ‘esencia’ y las palabras del papa, llamado a la “humanidad”, a medir la “grandeza moral” de las naciones en “su apacidad de acompañar a las personas que pasan por una mayor fragilidad”, a acoger “respetuosamente” e “integrar” a los migrantes, se han trasformado en arma política. El primero en disparar ha sido Gabriel Rufián, en la red social X: “PP y Vox le han aplaudido durante 10 minutos un discurso al papa que abuchean y vetan en el Congreso hace siete años. Como resumen de la cosa”. El primero después del discurso, porque Junts ya empezó antes.

Nada más ingresar en el Congreso, el papa ha sido recibido por la presidenta de la cámara, Francina Armengol, y los portavoces de los distintos grupos, entre ellos Míriam Nogueras, que se ha dirigido al pontífice en inglés para pedirle que hable catalán cuando visite Barcelona, adonde viaja este martes, una vez concluya su agenda en Madrid. “Su santidad; como Gaudí, soy catalana. Hablar la lengua de la tierra que te acoge es un maravilloso acto de amor y respeto. Espero que disfrute de su visita a Cataluña, mi nación”, le ha dicho.

“Abascal se retuerce en su escaño”

En otro tono han tomado el discurso altos representantes de PP y PSOE, este último con alguna excepción. El presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en X, ha difundido un vídeo con la comparecencia íntegra del papa, la que ha acompañado del siguiente comentario: “Ha sido un honor ser testigo. Su discurso ha sido sereno, sólido y esperanzador. Por la defensa de la dignidad humana. De la vida. De la familia. De la libertad. Os invito a escucharlo. Desde la primera a la última palabra”.

El portavoz de los socialistas, Patxi López, ha seguido la misma línea: “Ha sido una jornada histórica para nuestra democracia. Me quedo con una reflexión especialmente necesaria en estos tiempos: la discrepancia no puede convertirse en descalificación permanente del adversario. Diálogo, respeto, convivencia y defensa de la dignidad de las personas. Valores que fortalecen nuestra democracia y que merecen ser escuchados”.

El ministro más activo en redes, Óscar Puente, no ha tecleado pero sí compartido lo que han escrito otros. Sin ir más lejos, ha retuiteado a Rufián, su “PP y Vox le han aplaudido...”, además de otro post del usuario @PiedrafitaMario, que se ha quedado con este momento en la alocución de León XIV: “La grandeza de una nación se manifiesta, sobre todo, en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad”. Lo apostilla con un “vaya recado le ha dejado el papa a la derecha. Abascal se retuerce en su escaño”.

Las acusaciones populares han endurecido este jueves su ofensiva judicial contra David Sánchez tras escuchar su versión de los hechos. PP, Vox y Hazte Oír han elevado hasta los seis años de prisión la pena que solicitan para el hermano del presidente del Gobierno por un presunto delito de prevaricación administrativa en concurso medial con otro de tráfico de influencias. El aumento de las penas también alcanza a Miguel Ángel Gallardo. Las tres acusaciones reclaman ahora cuatro años de cárcel para el expresidente de la Diputación de Badajoz, al considerar que tuvo un papel relevante en los hechos que se investigan.

Las nuevas peticiones han sido formalizadas durante la presentación de los escritos de acusación definitiva, un trámite clave en el procedimiento porque fija de manera definitiva los delitos que las acusaciones atribuyen a los procesados y las condenas que solicitarán durante el juicio.

La única nota discordante ha llegado de Manos Limpias. La organización se ha desmarcado del resto de acusaciones populares y no ha respaldado el endurecimiento de las penas planteado por PP, Vox y Hazte Oír.

Fiscalía y defensas piden frenar el giro de las acusaciones

Sin embargo, tanto la Fiscalía como las defensas han reaccionado de inmediato solicitando al tribunal que no admita las nuevas penas planteadas por las acusaciones populares. El Ministerio Público ha mantenido intacta la posición que ha defendido desde el inicio del procedimiento y ha vuelto a reclamar la absolución de David Sánchez y del resto de los acusados. La Fiscalía considera que no existen elementos suficientes para sustentar una condena y entiende además que las acusaciones han introducido cambios sustanciales en la calificación jurídica de los hechos al elevar ahora las penas solicitadas.

En la misma línea se han pronunciado las defensas, que han elevado sus conclusiones a definitivas insistiendo en la absolución de todos los procesados. Los abogados han denunciado que el giro de las acusaciones les deja en una situación de “indefensión” y han pedido al tribunal que rechace las nuevas peticiones de condena.

El principal reproche de las defensas se centra en que, a su juicio, las acusaciones populares no solo han endurecido las penas, sino que han alterado el encaje jurídico y el relato sobre el que se ha desarrollado el procedimiento. “No es posible modificar de esta manera el relato fáctico de los hechos que se enjuician”, ha sostenido uno de los letrados durante la sesión.

Las críticas han sido especialmente duras. Uno de los abogados ha llegado a calificar la actuación de las acusaciones como una “subversión absoluta” del procedimiento, mientras que otro ha hablado de una “anormalidad intolerable”.

Frente a estas objeciones, el abogado de Hazte Oír, Javier Pérez Roldán, ha defendido la legalidad de las nuevas conclusiones y ha rechazado que se haya producido modificación alguna de los hechos investigados. El letrado ha ratificado la petición de seis años de prisión para David Sánchez y ha asegurado que el cambio se limita a la valoración jurídica de los hechos ya conocidos. “No hemos tocado ni un solo hecho”, ha afirmado ante el tribunal.

Finalmente, el tribunal ha avalado la maniobra de las acusaciones populares. Tras un receso para deliberar sobre las objeciones planteadas por la Fiscalía y las defensas, la Audiencia Provincial de Badajoz ha acordado admitir las nuevas conclusiones presentadas por el PP, Vox y otras cuatro acusaciones, permitiéndoles elevar hasta los seis años de prisión la pena que solicitan para David Sánchez. De este modo, la sala rechaza los argumentos de quienes denunciaban una modificación sustancial de la acusación y deja fijadas las nuevas peticiones de condena con las que la causa afronta ya su recta final.

El Partido Popular y Vox han cerrado este miércoles el acuerdo de gobierno de coalición para Castilla y León que presidirá Alfonso Fernández Mañueco. En una rueda de prensa conjunta, el presidente regional del PP y el portavoz de Vox, Carlos Pollán, han explicado que la estructura del Ejecutivo autonómico contempla dos vicepresidencias. La primera será para Vox y estará encabezada por Carlos Pollán, aunque aún no se encuentra adscrita a ninguna consejería específica, según ha reconocido el portavoz de Vox. La segunda vicepresidencia será para el PP y estará vinculada a las áreas de vivienda, igualdad, despoblación y protección civil.

En cuanto al reparto de carteras, la consejería de Hacienda quedará en manos del Partido Popular, que también gestionará las consejerías de Sanidad, Educación, Medioambiente y Energía e Industria. Por su parte, Vox asumirá tres: la consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, la de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental —que incluye competencias en caza y pesca—, así como la consejería de Cultura, Turismo y Deportes.

En las últimas semanas, a través de su portavoz en las Cortes, Vox avanzó que el concepto de ‘prioridad nacional’ para el acceso a determinadas ayudas públicas estará incluido en el acuerdo, como ya hicieron en los acuerdos de Extremadura y Aragón. Este miércoles, el presidente regional Alfonso Mañueco ha concretado que implicará “una asignación prioritaria a quienes tienen un arraigo real, verificable y efectivo con nuestra tierra, siempre dentro del marco legal”.

Desde el Gobierno ya han salido a criticar el acuerdo, calificándolo de “pacto de la infamia” por incorporar la prioridad nacional. “Es lamentable que en el siglo XXI se firme un pacto que se llama de prioridad nacional y en realidad son una vergüenza”, ha lamentado el ministro de Transformación Digital, Óscar López, que ha precisado que este principio significa trasladar un “mensaje xenófobo”.

Fumata blanca 80 días después de las elecciones

Las negociaciones se han sucedido con la máxima discreción entre ambas formaciones, como así acordaron al inicio de las conversaciones. El líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, avanzó este miércoles que el acuerdo estaba “muy avanzado”, a falta de ultimar detalles sobre el programa y la estructura del Gobierno autonómico. Finalmente, el acuerdo de gobierno ha llegado 80 días después de la celebración de las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo que dieron la victoria al Partido Popular, con 33 de los 82 escaños que componen el Parlamento, a nueve de la mayoría absoluta.

Por su parte, Vox consiguió 14 parlamentarios, un escaño más que en los anteriores comicios. La sesión de investidura se desarrollará la próxima semana, con la fecha inicial prevista del 10 de junio. Tras la votación, Fernández Mañueco podrá empezar su tercer mandato. Todos ellos han sido mediante un gobierno de coalición, que será el segundo que compartirá con el partido de Santiago Abascal.

Junts per Catalunya aprovecha la moción de censura ofertada por Feijóo para reactivar su estrategia política en el momento más frágil de la legislatura. El líder del Partido Popular lleva días tratando de convencerles para sumar sus apoyos para echar al Gobierno, lo que le permitiría sumar una mayoría absoluta.

La última oferta sobre la mesa ha sido una moción instrumental para crear un gobierno interino que convoque elecciones inmediatamente. Según Feijóo, no necesitaría a Vox para ello. Y el matiz es importante, pues son las dos líneas rojas que marcan los partidos de Carles Puigdemont y Aitor Esteban.

Los de Carles Puigdemont optan por abrirle la puerta, pero con una condición incómoda para Génova. “Si tiene una propuesta seria de una moción de censura instrumental, que nos la explique. Sabe que, si tiene que contarnos algo, esta reunión debe hacerse en Waterloo, y nosotros le escucharemos”, ha afirmado el secretario general de Junts, Jordi Turull.

En un evento con líderes empresariales catalanes, Feijóo ha tratado de esquivar el desafío, deslizando que “no pedirá favores ni los regalará”. “Yo no sé lo que harán otros”. ¿Eso significa que es impensable una reunión? Para Génova es una situación incómoda porque sería echar tierra en su propio jardín, después de haber tratado de torpedear la ley de amnistía. Pero al mismo tiempo, Feijóo desliza que estaría dispuesto a tragar con el sapo para echar a Sánchez. “Vamos a hablar de cosas serias”, ha zanjado al ser preguntado por las palabras de Turull.

Waterloo, un lugar incómodo

La jugada de Junts forma parte de la estrategia de equilibrios que sigue desde que decidió retirar el apoyo al Gobierno. Porque esto sucede mientras Junts presiona al PSOE para acelerar los compromisos pendientes, entre ellos la culminación de la ley de amnistía, que es precisamente el obstáculo que impide que el centro de operaciones de Junts se mueva de Waterloo.

Ni el Gobierno ni los socios progresistas de Sánchez se creen las palabras de Junts porque ven impensable que ceda su apoyo al PP cuando lleva “ocho años insultando” a estas fuerzas políticas. “Sería un suicidio político", ha aseverado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en un mensaje en X.

Pradales viaja a Barcelona

En cuanto al PNV, la formación jeltzale no ha querido dar lugar a la especulación y rechazó la oferta el mismo día que fue lanzada, ya que valoran el mensaje como una fórmula “poco clara” y que seguiría dependiendo de Vox. “Nuestra posición no ha cambiado respecto a lo que hemos dicho estos días”, insisten fuentes de la formación jeltzale consultadas por Infobae.

Y en medio de este juego de tronos, el lehendakari peneuvista Imanol Pradales y el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, se han reunido en Barcelona. En ese encuentro, que aseguran es de carácter institucional, han abordado cuestiones como el papel del catalán y el vasco en las instituciones europeas y la agenda modernizadora. Ahora, el momento en el que sucede ya es ciertamente simbólico.

El municipio de Totana, en la Región de Murcia, no contará este año con actos institucionales durante el Orgullo LGTBIQ+, ni con la tradicional colocación de la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento. Estas nuevas medidas se enmarcan en el acuerdo presupuestario alcanzado entre el Partido Popular y Vox, que ha permitido sacar adelante las cuentas municipales a cambio de introducir cambios en materia simbólica y cultural.

Según el pacto, el consistorio mantendrá la “ausencia total de actos institucionales LGTBIQ+ y de la colocación de la bandera arcoíris en edificios y espacios públicos municipales, así como del resto de simbología ideológica de carácter partidista o activista”. Además, el acuerdo incluye otras medidas impulsadas por Vox en ámbitos como la inmigración o el acceso a determinados servicios públicos.

Por su parte, el alcalde de Totana, Juan Pagán, ha explicado al medio Onda Regional que la retirada de la bandera responde directamente a lo pactado entre las formaciones y que hasta ahora su colocación se realizaba por “iniciativa del propio Ayuntamiento”. El regidor ha defendido que la bandera tiene un “valor simbólico”, aunque ha subrayado que “en ningún caso supone una vulneración de los derechos del colectivo LGTBIQ+”.

Sin embargo, la decisión ha provocado críticas por parte de colectivos sociales y partidos de la oposición, que la interpretan como un retroceso en materia de visibilidad y derechos para las personas del colectivo.

Una campaña de banderas arcoíris en los balcones

La asociación Red Regional LGTBIQ+ ha sido una de las voces más críticas con el acuerdo alcanzado en Totana. La entidad considera que el pacto constituye una forma de discriminación hacia las personas LGTBIQ+ del municipio y denuncia que “veta posibles iniciativas en el Consistorio a favor del reconocimiento del colectivo”, según declaraciones recogidas por el diario eldiario.es.

Asimismo, advierte de que la medida impacta en personas que “nacen, viven, trabajan o llegan a Totana, y que afrontan las dificultades propias de ser una minoría en una población pequeña”. En este sentido, la organización ha criticado que, para Vox, “la prioridad es que queden resignados al olvido en un mes en el que suelen esperar un pequeño guiño de sus instituciones públicas”.

Además, acusa al Partido Popular de haber “comprado este discurso discriminatorio a cambio de la aprobación de sus cuentas para la Corporación”, en referencia al acuerdo presupuestario entre ambas formaciones.

Frente a esta situación, la plataforma ha impulsado una respuesta ciudadana basada en la visibilidad en el espacio público. La Red Regional ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía para colgar banderas arcoíris en los balcones como gesto de apoyo al Orgullo y a la diversidad, y ha animado también a partidos políticos, sindicatos, comercios y centros educativos a promover iniciativas similares en el municipio.

En la misma línea, Javi Nicolás, responsable de comunicación del colectivo ‘No te Prives’ y miembro de la Red Regional, ha señalado al medio local que la retirada de la bandera es “aún más grave” al producirse en un municipio pequeño, aunque matiza que “no refleja el sentir general de sus habitantes”.

Waterloo sí o Waterloo no, esa es la cuestión. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quiere impulsar una moción de censura “instrumental” sin Vox para formar un gobierno provisional que releve al Ejecutivo de Pedro Sánchez. La iniciativa llega en unas semanas especialmente sensibles para los socialistas, aupado por el caso Plus Ultra y la presunta implicación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, además del trama que supuestamente coordina Leire Díez junto a Santos Cerdán.

El presidente del PP viene solicitando la ayuda de Junts, motivo por el que el secretario general del partido, Jordi Turull, le ha invitado a reunirse en Bélgica con el expresidente catalán y líder del partido, Carles Puigdemont. Por ahora, el líder de la oposición ha evitado pronunciarse al respecto de esta invitación.

A la salida de las jornadas del Cercle d’Economia, celebradas en Barcelona, Feijóo ha sido preguntado en varias ocasiones por la posibilidad de viajar a Bélgica para negociar el respaldo de los de Puigdemont a una eventual moción de censura. Su respuesta ha sido escueta: “Vamos a hablar de cosas serias”, como ha recogido EFE.

El partido independentista catalán pide una propuesta

Por su parte, la formación nacionalista aboga porque el PP traiga una propuesta. “Si tiene una propuesta seria de una moción de censura instrumental y tiene una oferta juntos, pues que no lo haga por los medios de comunicación y que, por tanto, nos la explique. Y el señor Feijóo sabe que, si tiene que contarnos algo, esta reunión debe hacerse en Waterloo, y nosotros le escucharemos”, ha afirmado Turull esta mañana.

Durante su intervención en el foro económico, Feijóo ha instado en que no busca “atajos” para llegar a La Moncloa. “No vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos”, afirmó. Además, defendió la necesidad de impulsar “un proyecto limpio” para España y lanzó un mensaje de firmeza política: “Devolveré la decencia a mi país con ayuda o sin ella”.

En ese sentido, el popular continúa retando a los “184 diputados que piden elecciones” -formada por PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y UPN-, a la espera de conseguir los 176 escaños por los que en el Congreso obtendría la mayoría absoluta.

Para Turull la vía más “rápida” es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disuelva las Cortes y convoque elecciones. “Nosotros no estamos para apuntalar a uno o a otro”, ha afirmado, recordando que Junts rompió relaciones con los socialistas el pasado mes de noviembre ante sus incumplimientos del pacto de investidura.

Fue en una entrevista para El Programa de Ana Rosa este lunes cuando Feijóo ofreció una moción de censura para que un gobierno interino, “sin Vox”, limpie las instituciones “de manera inmediata” y convoque elecciones. La propuesta iba dirigida especialmente al partido de Carles Puigdemont y el PNV, los socios externos del Gobierno que han manifestado sus dudas sobre el futuro de la legislatura y han reclamado un adelanto electoral.

Por el momento, la pelota está en el tejado de Feijóo. Con una mayoría alternativa aún lejos de concretarse y el Gobierno insistiendo en agotar la legislatura, la posibilidad de una moción de censura sigue siendo, por ahora, más una declaración de intenciones que una operación política cerrada.

En plena ofensiva para impulsar una moción de censura instrumental, el líder del PP multiplica sus mensajes al PNV y Junts para convencerles de sumar sus votos. En la reunión anual del Cercle d’Economia, Feijóo ha trasladado a los empresarios catalanes la necesidad de un cambio de Gobierno para garantizar un proyecto limpio que “devuelva la decencia” al país.

Después de que este mismo martes Junts le haya retado a ir a Waterloo (Bélgica) a negociar con el expresidente catalán y líder del partido, Carles Puigdemont, una oferta “seria” para impulsar una moción de censura, Feijóo ha insistido en que no realizará cesiones a cambio de su voto. “No sé qué harán otros. No vengo a pedir favores ni a regalarlos”, ha dicho. Y en ese sentido, el líder popular ha vuelto a retar a esos "184 diputados que piden elecciones" a llevar a la práctica lo que han pronunciado en público.

“Lo que se dice no tiene valor si no se acompaña de hechos coherentes con las palabras”, ha añadido Feijóo, para después apuntar que “en un momento como este”, en el que el PSOE se ve afectado por varias investigaciones judiciales en marcha, los partidos de la oposición deberían priorizar la “responsabilidad democrática” y no la “conveniencia política”. “De este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. Es el único final digno para una legislatura exhausta, lo que ocurre es que la teoría hay que llevarla a la práctica”, ha manifestado.

Critica que la conversación política “gira alrededor de una agenda de tribunales”

Feijóo ha evitado pronunciarse sobre la petición de Junts durante su intervención, limitándose a decir que “en un momento como este”, en el que el PSOE se ve afectado por varias investigaciones judiciales en marcha, los partidos de la oposición deberían priorizar la “responsabilidad democrática” y no la “conveniencia política”. Ha asegurado “tener muy claro que el momento es tan delicado que desaconseja reflexiones irreflexivas” y ha apuntado que seguirá actuando “con aplomo y responsabilidad” y solamente en función de sus “convicciones”. Y así, preguntado de nuevo a su salida del Palau de Congressos de Catalunya, Feijóo ha sentenciado: “Vamos a hablar de cosas serias”.

Ante el empresariado catalán, Feijóo se ha quejado de que “la conversación pública gire alrededor de sumarios, de imputaciones y comisiones”, en lugar de centrarse en una agenda económica. “Salgamos del día de la marmota de una vez”, ha reclamado Feijóo, que ha subrayado que se debería “estar hablando de cómo ordenar los asuntos claves de nuestro país y de impulsar la economía”, ha añadido.

Junts per Catalunya ha respondido este martes a los llamamientos del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para sumarse a una moción de censura “instrumental” para tumbar al Gobierno de Pedro Sánchez. En una entrevista para Catalunya Radio, el secretario general de Junts, Jordi Turull, le ha invitado a reunirse con la cúpula del partido en Waterloo, Bélgica, “si quiere hacer una oferta seria”.

“Si tiene una propuesta seria de una moción de censura instrumental y tiene una oferta juntos, pues que no lo haga por los medios de comunicación y que, por tanto, nos la explique. Y el señor Feijóo sabe que, si tiene que contarnos algo, esta reunión debe hacerse en Waterloo, y nosotros le escucharemos”, ha afirmado.

Al mismo tiempo, Turull ha sostenido que para Junts “el camino más rápido” para acabar con una legislatura que consideran “amortizada” es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disuelva las Cortes y convoque elecciones. “Nosotros no estamos para apuntalar a uno o a otro”, ha afirmado, recordando que Junts rompió relaciones en el PSOE ante sus incumplimientos del pacto de investidura.

En una entrevista para El Programa de Ana Rosa de Telecinco este lunes, Feijóo ofreció una moción de censura para que un gobierno interino, “sin Vox”, limpie las instituciones “de manera inmediata” y convoque elecciones. La propuesta iba dirigida especialmente al partido de Carles Puigdemont y el PNV, los socios externos del Gobierno que han manifestado sus dudas sobre el futuro de la legislatura y han reclamado un adelanto electoral.

Pero ninguno de los dos parece dispuesto a moverse más allá de esta posición. Desde el partido de Aitor Esteban rechazaron la oferta porque ven el elemento Vox indivisible en la fórmula, mientras que los posconvergentes optaron por el silencio, si bien ya habían rechazado las sucesivas propuestas con este mismo argumento.

En este punto, Feijóo no tiene pensado entablar negociaciones directas para recabar apoyos y su estrategia se limita a aumentar la presión mediática, pidiéndoles ser “coherentes” por sus palabras y animándoles a “buscar una solución rápida”, a la espera de recibir un gesto claro de estos partidos. “Somos 184 diputados los que pedimos elecciones”, afirmó. Para el PSOE, la última oferta de Feijóo no es más que “un atajo más” y mantienen que el “calendario no cambia”.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asegura haber detectado “movimientos” en el PNV y Junts para apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez. Insiste en que ahora “hay 184 diputados” que piden las urnas, dos más que los necesarios para la mayoría absoluta, pero la realidad es que ni los de Carles Puigdemont ni los de Aitor Esteban están dispuestos a mover ficha por ahora.

El líder de la oposición aumenta la presión y les pide ser “coherentes” con sus palabras y “buscar una solución rápida”, aunque tampoco está dispuesto a entablar una conversación formal para negociar los apoyos. Por un lado, porque es consciente de que ambas formaciones sitúan “la línea roja” en el partido de Santiago Abascal, una incógnita que viene implícita en la ecuación. Por el otro, porque la condición que pone Vox es que el apoyo de PNV y Junts no esconda “cesiones a los separatistas”.

El margen de maniobra es escaso, el Gobierno lo sabe, y a Feijóo no le queda otra que lanzar sus propuestas a través de los medios de comunicación, con el objetivo de que PNV y/o Junts -el resto no se sienten aludidos- recojan el guante. Este lunes, Feijóo ha vuelto a intentarlo proponiendo una moción de censura “instrumental” para que un gobierno provisional, “que no necesita necesariamente a Vox”, limpie las instituciones “de manera inmediata” y convoque elecciones. ¿Cuánto tiempo estaría ese gobierno? El PP evita dar plazos: “No vamos a especular en este momento”, se limitó a decir el portavoz del PP, Borja Sémper, en una rueda de prensa en la sede del partido.

¿Qué ha visto de nuevo Feijóo? Las fuentes de Génova consultadas por Infobae se remiten a las declaraciones de ambas formaciones han hecho en público. “Les pedimos coherencia con lo que dicen, porque del dicho al hecho hay un trecho”, subrayan. Por ahora, lo conocido es que ni el PNV ni Junts, quienes consideran que la legislatura está agotada, aprietan cada vez más fuerte, pero sin ahogar. “No hemos entendido bien la propuesta”, reconocen fuentes de la formación jelzale.

Los socios esperan a la comparecencia de Sánchez y el PSOE no cambia el calendario

Para el PSOE, la última oferta de Feijóo no es más que “un atajo más” y recuerdan que el botón electoral, sin una moción de censura viable, solo lo tiene Sánchez: “El calendario no cambia”, aseguró la portavoz del PSOE, Montse Mínguez. El Gobierno trata de trasladar tranquilidad en un mes de junio que vaticina una rebosada agenda judicial, marcada por la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la investigación del caso Koldo, las que afectan a su hermano y a su mujer y la que apunta a una operación para desestabilizar procesos judiciales contra el PSOE comandada por Santos Cerdán. Y todo ello, con la incertidumbre de si la Audiencia Nacional abrirá una causa por financiación irregular en el partido, que sería la estocada final para la legislatura, según han afirmado los propios aliados del Gobierno.

El resto de socios no se dan por aludidos tras los mensajes de Feijóo, pero sí mantienen que las líneas rojas siguen siendo las mismas que con el caso Cerdán. Y después de esta primavera negra para el Gobierno, el presidente tratará de remontar los ánimos en el Congreso de los Diputados, donde dará explicaciones a finales de este mes de junio, casi un mes después de estallar el caso Zapatero y semanas después del caso Leire Díez. “En función de cómo se dilucen, podría llegar a una situación en la que haya que tomar las medidas oportunas”, advirtió la líder de Sumar, Lara Hernández.

Pino, máxima autoridad operativa de la Policía Nacional entre 2012 y 2016, solo respondió a las preguntas de su defensa. Ante el tribunal explicó que en 2013 llegó a la DAO información sobre la posibilidad de que Sergio Ríos, entonces chófer de Bárcenas, hubiera sido propuesto para viajar en coche a Suiza y recoger fondos de la familia. “Cuando hay un coche esperando para ir, según la información del confidente, a por dinero, evidentemente hay que ir a montar un servicio, nos pongamos como nos pongamos. No buscábamos documentos. Lo que intentábamos era el dinero. Y, además, había noticias sobre la existencia de otras cuentas distintas”, ha declarado, según información de agencias. El exdirector adjunto rechazó también el término Kitchen y lo ha calificado de denominación periodística.

“No buscábamos documentos. Lo que intentábamos era el dinero”

El relato de Pino sobre el origen del confidente implica a varios mandos policiales. Según su versión, el comisario Andrés Gómez Gordo—entonces asesor de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha— le comunicó que alguien había intentado captar al chófer de Bárcenas. Pino trasladó el dato a Cosidó, quien propuso que el comisario José Manuel Villarejo se hiciera cargo del confidente.. “Evidentemente, Villarejo me llega al poco tiempo y me dice que va a colaborar”, precisó el ex DAO ante el tribunal.

A Ríos se le abonaron 2.000 euros mensuales con fondos reservados para evitar que dejase de colaborar al perder su empleo tras el ingreso en prisión provisional de Bárcenas en el marco del caso Gürtel. “Es un colaborador, le tenemos que pagar algo”, justificó Pino. El pago fue autorizado por el propio ex DAO tras consultar al “secretario general”.

Villarejo, a quien Pino describió como “un agente libre” dedicado a “captar información” y al “manejo de fuentes”, solicitó en un momento posterior apoyo operativo por un preso cercano a Bárcenas que estaba próximo a salir de prisión y que, según se temía, podría manipular cuentas bancarias o archivos en la nube. Para esa tarea, Villarejo requirió al comisario Enrique García Castaño y a su equipo.

Las dudas sobre García Castaño y el volcado de dispositivos

Pino puso en entredicho las declaraciones que García Castaño realizó durante la instrucción. Negó que ese comisario entrara en el taller de pintura de Rosalía Iglesias —esposa de Bárcenas— en busca de documentos. “Este hombre no entró en ninguna parte. No me cuadra nada”, afirmó, al tiempo que consideró inverosímil que un mando formado con la CIA, al frente de lo que describió como “un CNI en pequeño”, ejecutara un operativo de ese tipo. “García Castaño es espía, siempre son relativos los espías”, añadió.

El ex DAO también negó tener conocimiento del supuesto volcado de dispositivos que agentes adscritos al departamento de García Castaño habrían realizado en una cafetería Vips de Madrid. “No tenía conocimiento de nada”, subrayó.

El cierre de la operación y la desvinculación del ministro

Pino situó el fin del operativo a finales de 2015, tras conocer que el hijo del extesorero había viajado a Chile y ante la sospecha de que la familia podría haber accedido ya a dinero guardado en Paraguay, tesis que siempre sostuvo el exjefe de la UDEF Manuel Vázquez. Fue el propio Pino quien pidió al comisario Gómez Gordo que mantuviera los pagos al chófer durante algunos meses más, una vez que Villarejo fue cesado.

El exDAO negó haber informado al entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz sobre vigilancias policiales a Rosalía Iglesias, con quien aseguró no haber tratado “nunca aspectos operativos”. Tampoco abordó el asunto entre 2013 y 2015 con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, a quien describió como alguien que mantenía comunicación directa “con todo el cuerpo” y que “llamaba a quien le parecía”. Pino se desvinculó igualmente del ingreso de Ríos en la Policía Nacional como supuesto favor a cambio de sus servicios como confidente.

Con información de Efe y Europa Press

Pablo Iglesias ha revelado este lunes que Podemos engañó al PNV y a Ciudadanos para lograr que la moción de censura contra Mariano Rajoy saliera adelante en 2018 y Pedro Sánchez llegara a la presidencia del Gobierno. Se cumplen ocho años de ese momento. Iglesias lo ha explicado en Las mañanas de RNE.

“Sánchez de repente se vio presidente del Gobierno sin haber hecho una triste llamada telefónica para pedir los apoyos”, ha afirmado el exvicepresidente, quien ha opinado que la falta de tiempo del socialista para negociar jugó a su favor. “Si hubiera tenido que negociar, no habría podido entregar lo que le hubieran pedido el PNV o Junts”, ha apuntado.

Primero, Ciudadanos

El primer paso de la estrategia, ha comenzado Iglesias, fue convencer a Albert Rivera, entonces presidente de Ciudadanos, de que unas elecciones anticipadas tras la moción beneficiarían a su partido. Para ello, le trasladó que las encuestas apuntaban a que Cs obtendría más escaños que el PP y a que Podemos superaría al PSOE en unos hipotéticos comicios.

Con ese argumento sobre la mesa, Iglesias planteó a Rivera la posibilidad de presentar juntos una moción de censura de carácter instrumental, cuyo único objetivo declarado sería forzar la convocatoria electoral.

“Le hicimos creer que efectivamente era posible que presentáramos juntos una moción de censura de carácter instrumental para convocar elecciones”, ha admitido el exlíder de Podemos. Rivera, sin embargo, acabó votando en contra de la moción. Pese a ello, la conversación cumplió su función: sembrar la idea de que la iniciativa contaría con un respaldo más amplio del que finalmente tuvo, lo que Iglesias utilizó como palanca para el siguiente movimiento.

Después, el PNV

Con ese escenario construido, Iglesias se puso en contacto con Andoni Ortuzar, entonces presidente del PNV, para advertirle de que la moción iba a prosperar con el respaldo del PSOE y Ciudadanos. Le trasladó que si los nacionalistas vascos seguían apoyando al PP tras la sentencia del caso Gürtel -que condenó al partido por corrupción sistemática- sufrirían un coste electoral severo en los comicios que, en teoría, se convocarían tras la aprobación de la moción. También le recordó que Podemos ya había superado al PNV en las generales de 2016, un dato que reforzaba la presión sobre los vascos.

“Vosotros veréis”, le dijo, según su propio relato, en lo que ha descrito como una victoria “al mus” que “sale una vez en la vida”.

El papel de Puigdemont

Iglesias también ha mencionado que, en paralelo, habló con Marta Pascal, entonces dirigente del PDeCAT, para tratar de sumar el apoyo de Carles Puigdemont a la moción. El expresidente catalán no estaba dispuesto inicialmente a respaldarla dado el coste político que podría suponerle en un momento de máxima tensión entre el independentismo y el Estado. Las gestiones con Pascal formaron parte de la misma estrategia de construcción de apoyos que Iglesias ha descrito este lunes.

Sánchez estaba al margen

Uno de los aspectos más llamativos del relato de Iglesias es el papel secundario que atribuye al propio Sánchez en toda la operación. Según el exlíder de Podemos, el entonces secretario general del PSOE no participó en ninguna de las negociaciones que hicieron posible su llegada al poder. “Sánchez de repente se vio presidente del Gobierno sin haber hecho una triste llamada telefónica para pedir los apoyos”, ha repetido, haciendo a Podemos el verdadero artífice de aquel cambio de gobierno.

Pese a esto, Unidas Podemos quedó fuera del Ejecutivo durante el primer año y medio de aquella legislatura. La coalición entre socialistas y la formación morada no se materializó hasta después de las elecciones, en noviembre de 2019, cuando Iglesias sí entró en el Gobierno como vicepresidente segundo.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado hoy el Barómetro de Opinión correspondiente al mes de mayo. Los encuestadores llevaron a cabo el trabajo de campo entre el 3 y el 18, en plena campaña para los comicios autonómicos de Andalucía y antes de que trascendiesen los últimos desarrollos en los casos ‘Plus Ultra’ y ‘Leire Díez’ que afectan al PSOE.

En ese momento acaparaba la atención mediática el brote de hantavirus andes a bordo del crucero MV Hondius, que llegó a Tenerife el 10 de mayo y cuyos pasajeros internacionales fueron repatriados, llegando los 14 españoles al hospital Gómez Ulla de Madrid.

El Barómetro de Opinión de mayo no recoge lo último del PSOE

También la vista oral del ‘caso Kitchen’ - que investiga el presunto espionaje de Luis Bárcenas, extesorero del PP, por parte del Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy - estaba en curso y la del ‘caso mascarillas’ - que sentó en el banquillo al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama - recién finalizada.

Un día después del final del trabajo de campo de los encuestadores, el 19 de mayo - dos después de las elecciones andaluzas -, trascendía que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama había citado como investigado al expresidente socialista Zapatero, señalado como líder de una presunta trama de tráfico de influencias para rescatar a la aerolínea venezolana Plus Ultra, que recibió un préstamo estatal de 53 millones de euros durante la pandemia del coronavirus.

Los resultados de este Barómetro no reflejan, por tanto, estas últimas informaciones sobre el PSOE. Tampoco entra en juego, por el mismo motivo, la entrada a la sede central socialista en Ferraz por parte de agentes de la UCO este miércoles, 27 de mayo, para requerir información en el marco del ‘caso Leire Díez’, quien presuntamente estaría implicada en una estrategia para obstaculizar investigaciones judiciales contra el partido.

El PSOE y Pedro Sánchez siguen siendo favoritos

Teniendo esto en cuenta: los resultados reflejan una consolidación del liderazgo del PSOE. En mayo, el PSOE alcanza un 28,5% en intención directa de voto y un 30,9% en la suma de voto y simpatía. En la estimación sobre voto válido, el PSOE registra un 36,2% en mayo, mientras que en abril este porcentaje fue del 36,4%, el mejor dato de los últimos seis meses. La diferencia con el Partido Popular (PP) se mantiene estable: en mayo, el PP obtiene un 24,9%, frente al 23,6% de abril. Es decir: El PSOE aventajaba en 11,3 puntos al PP en estimación de voto justo antes de la imputación.

VOX ocupa el tercer lugar, alcanzando en mayo un 16,2% en estimación de voto, frente al 14,7% de abril. Sumar obtiene un 5,7% en mayo, una cifra prácticamente idéntica al 5,8 % de abril, que marcó su peor registro de la legislatura. Podemos, tras su ruptura con Sumar, se sitúa en un 2,5 % en ambos meses.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), por su parte, obtiene un 2,6% en mayo. Se Acabó la Fiesta (SALF) suma un 2,4% en mayo, frente al 1,7 % registrado en abril. El resto de partidos nacionalistas y regionalistas, como EH Bildu, Junts, BNG, EAJ-PNV y Coalición Canaria (CCa), no supera el 1% en estimación de voto en ninguno de los dos meses. Unión del Pueblo Navarro (UPN) se sitúa en el 0,1 %, una cifra sujeta a alta variabilidad.

El análisis señala que la fragmentación a la izquierda del PSOE, junto con la escasa transferencia de apoyos hacia el PP, mantiene al bloque progresista como opción dominante. El 29,4% de los encuestados en mayo señala a Pedro Sánchez como preferido para la presidencia del Gobierno, mientras que Feijóo obtiene un 13,8% y el Santiago Abascal un 9,3%. Un 20,5% rechaza todos los nombres propuestos de la política actual.

Las valoraciones de los líderes nacionales no muestran grandes cambios entre abril y mayo. Pedro Sánchez (PSOE) obtiene un 4,59 sobre diez, Feijóo (PP) un 3,74, Yolanda Díaz (Sumar) un 4,25 y Santiago Abascal un 2,93. En cuanto a la confianza personal, un 35,8% expresa mucha o bastante confianza en Pedro Sánchez y un 18,7% en Feijóo.

En su declaración, el exministro —para quien la Fiscalía solicita 15 años de prisión— ha recalcado que nunca ordenó ninguna acción para obtener datos confidenciales del extesorero. También ha subrayado que no tuvo conocimiento de que Bárcenas poseyera información sensible ni recibió avisos sobre ello por parte de compañeros del PP. Solo ha respondido las preguntas de su abogado y del tribunal. “La verdad nos hace libres”, ha asegurado en su declaración.

Debate sobre la autenticidad de los mensajes

Durante la sesión, el tribunal ha puesto el foco en los mensajes de texto atribuidos a Jorge Fernández Díaz y enviados supuestamente a Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad. En dichos mensajes se informaba sobre el clonado de los dispositivos electrónicos de Luis Bárcenas y los avances en la obtención de información relevante, hechos que la investigación sitúa en octubre de 2013.

Fernández Díaz ha negado la autoría de estos textos, alegando que “jamás” pudo enviar mensajes sobre una operación cuya existencia desconocía. Según su declaración, tampoco le parecía lógico que el ministro informara al secretario de Estado sobre cuestiones operativas, defendiendo que corresponde al “número dos” informar al “número uno”.

Por su parte, Martínez presentó ante notario los mensajes para certificar su recepción, aunque el perito informático propuesto por la defensa del exministro ha advertido de posibles “indicios de manipulación” y ha asegurado no poder garantizar que Fernández Díaz fuera realmente el emisor. El tribunal también ha repasado el contexto de los mensajes, que coinciden con el clonado de dispositivos de Bárcenas en una cafetería de Madrid, según confirmaron agentes policiales implicados.

Negación de pagos y desconocimiento de los fondos

El exministro, además, ha rechazado cualquier vinculación con la gestión o autorización de pagos provenientes de fondos reservados. Estos fondos, según los investigadores, se habrían utilizado para retribuir a Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, por su papel como confidente policial. Fernández Díaz ha insistido en que no firmó ningún documento ni participó en la gestión de esos recursos, resumiendo su implicación con un “nada de nada”.

Tampoco reconoció indicaciones hacia el comisario José Luis Olivera para presionar al inspector Manuel Morocho, encargado de la investigación de la trama Gürtel. Fernández Díaz ha reiterado que solo conoció a Morocho durante el desarrollo de este proceso judicial. Además, ha restado credibilidad a los mensajes atribuidos a él, argumentando que nunca ha utilizado la letra “K” en sus comunicaciones, ni entonces ni en la actualidad.

El exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha negado haber conocido una operación ilegal contra el extesorero del PP Luis Bárcenas y ha sostenido en el juicio que “jamás” escuchó al excomisario José Manuel Villarejo hablar de actuaciones fuera de la ley. El acusado en el caso Kitchen ha vinculado su relación con el mando policial a canales de información que, según su versión, se movían entre avisos de inteligencia, comentarios sin valor y datos que debían remitirse a la Fiscalía.

Martínez, número dos de Interior entre 2013 y 2016 con el ministro del PP Jorge Fernández Díaz, ha admitido que Villarejo le habló del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como presunto confidente de la trama, pero ha rebajado ese contenido a informaciones de “escasísima relevancia” sobre el estado emocional de la familia de Bárcenas, las personas próximas a su mujer, Rosalía Iglesias y extremos que, según ha dicho, ya habían aparecido en la prensa.

El ex alto cargo también ha asegurado que no tuvo “ningún motivo” para pensar que el comisario Enrique García Castaño hubiese hecho “nada ilegal nunca”, pese a que este agente reconoció durante la instrucción haber entrado en un local de la mujer del extesorero y haber recibido instrucciones políticas para buscar discos duros de Bárcenas. En sala, Martínez ha negado la máxima, afirmando que es “fantasía, algo absolutamente falso”.

Martínez ha situado el origen de su relación con Villarejo en 2012, cuando era jefe de gabinete del ministro Díaz y este le instó a escuchar la información que transmitiese este agente, que tenía el aval de ser una persona “fiable” por parte de Juan Cotino, que había sido director general de la Policía.

Sobre Villarejo, García Castaño y Bárcenas en el caso Kitchen

A partir de ese momento, Martínez ha descrito a Villarejo como un comisario con relaciones en la judicatura que hablaba con naturalidad de sus contactos y de su actividad. Un rasgo que, siempre según su versión, le generó confianza. Ha añadido que, cuando pasó a la Secretaría de Estado, comprobó esa red de vínculos y siguió recibiendo de él informaciones de naturaleza muy distinta.

Entre ellas, ha mencionado asuntos de inteligencia, datos que podían abrir investigaciones, noticias que aún no se habían publicado y también “puros chascarrillos”. En uno de los pasajes más concretos de su comparecencia, ha resumido así su forma de expresarse: “Hablaba tanto, a veces en clave, utilizaba apodos, reconozco que a veces ni siquiera le entendía bien”.

Martínez ha mantenido además que, cuando Villarejo le trasladó información con posible interés penal, le instó a ponerla en conocimiento de la Fiscalía. En ese contexto, ha dicho que le puso en contacto con el fiscal jefe Anticorrupción Antonio Colinas y que incluso concertó una reunión con el CNI cuando el comisario le habló de información relacionada con Bárcenas, en un momento que ha definido como el “salto cualitativo” al saberse que el extesorero tenía cuentas en Canadá y Estados Unidos.

Sobre tres grabaciones con Villarejo incorporadas a la causa, el exsecretario de Estado ha afirmado que no las recuerda, aunque tampoco las ha negado. Su tesis ha sido la misma: el comisario no le trasladó nada irregular “porque no lo hizo nunca”, aunque hablaba en voz baja, encadenaba asuntos distintos y en ocasiones le “aturdía un poco”.

Noticia con información de EFE