El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, redobla la presión contra los socios del Gobierno de Pedro Sánchez e insiste en pedir un adelanto electoral. Al menos, mientras no tenga el voto de la mayoría parlamentaria necesaria. “¿Qué necesitan para retirar el apoyo al Gobierno?”, ha preguntado el líder de la oposición en una rueda de prensa desde la sede del partido, poco después de conocerse la condena contra el ministro José Luis Ábalos en el caso mascarillas, la máxima posible para el delito atribuido.

“Estamos viviendo demasiadas situaciones incompatibles. Hoy estamos viviendo la más grave con la sentencia del TS. 24 años al ‘número dos’ que impulsó una moción de censura contra la corrupción [...] Hablamos de 15 causas judiciales [...] Todo es una basura”, ha añadido el líder de la oposición.

Y frente a este “colapso”, ha mantenido el presidente del PP, “solo se sale con la convocatoria electoral”. Feijóo ha señalado que en la sentencia del caso Ábalos “existe una responsabilidad política” que tiene nombre y apellidos. Y en este sentido, apunta que el presidente del Gobierno fue quien “le convirtió en su mano derecha”. “Es Pedro Sánchez el que debe irse tras él”, ha subrayado Feijóo.

Feijóo ha defendido que de este colapso solo se sale convocando elecciones generales de forma inmediata, denunciando que el Gobierno les silencia en el Congreso, recordando el veto de la Mesa a su enmienda y a la de Junts per Catalunya para instar al presidente a presentar una moción de confianza. “La semana pasada Sánchez quiso amordazar a la Cámara porque sabía que iba a perder una votación. Sabíamos que Sánchez teme al Poder Judicial. Ahora constatamos que teme al Poder Legislativo”, ha apuntado.

Pese a la sentencia condenatoria, los populares insisten en que mantendrán su estrategia de desgaste, a la espera de que la presión judicial haga insostenible el apoyo de los socios y les acabe pasando factura electoralmente. Lanzarse a la piscina con una moción de censura sin apoyos, apunta el líder del PP, serviría para “avalar” al presidente del Gobierno. “Las precipitaciones no son buenas, no haré nada que sea bueno para Sánchez”, ha sentenciado.

Dos votaciones que servirán de ensayo

En este contexto, el PP utilizará como campo de pruebas dos votaciones parlamentarias programadas esta semana en el Senado y el Congreso, que tendrán como propósito instar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. En definitiva, una nueva maniobra que pretende sortear el veto de la Mesa del Congreso, que cuenta con mayoría del PSOE y Sumar.

En la Cámara Alta, los populares cuentan con mayoría parlamentaria, por lo que está previsto que la moción salga adelante. En el Congreso, de llegarse a votar, las miradas estarán fijadas en el voto de PNV y Junts per Catalunya, los aliados de Sánchez que han mostrado más dudas sobre la continuidad de la legislatura. En cualquier caso, como la enmienda vetada, no es vinculante para que el líder del Ejecutivo tome una decisión. “Los socios, después de una sentencia, ¿qué necesitan más? [...] No estamos hablando de un ministro cualquiera. Estamos hablando del número dos del partido del Gobierno”, ha indicado Feijóo.

El auto con el que el juez Juan Carlos Peinado abrió juicio oral contra Begoña Gómez ha supuesto para el Partido Popular una victoria política largamente perseguida, pero también le ha colocado ante una situación incómoda que no figuraba en el guion de Génova. La decisión judicial refuerza el discurso que los populares llevan meses construyendo alrededor de la esposa de Pedro Sánchez, pero las polémicas afirmaciones del magistrado sobre los escoltas policiales de Gómez han obligado al partido a moverse en un terreno mucho más delicado del esperado.

La apertura de juicio oral era exactamente la imagen que el PP buscaba desde que comenzaron a conocerse las primeras informaciones sobre las actividades profesionales de la mujer del presidente del Gobierno. Durante más de dos años, la dirección popular ha convertido el caso en uno de los principales ejes de su ofensiva contra Sánchez, sosteniendo que existían suficientes indicios para cuestionar la actuación de Gómez y denunciando lo que consideraba una utilización de la influencia asociada a su posición en La Moncloa.

Por eso, la reacción de los dirigentes populares fue inmediata cuando se conoció la decisión de Peinado. El más contundente fue el secretario general del partido, Miguel Tellado, que aprovechó la noticia para elevar todavía más el tono de la confrontación política con el Gobierno. “Sánchez ha convertido La Moncloa en una guarida de delincuentes y el Ejecutivo en una organización criminal”, escribió en sus redes sociales apenas unos minutos después de hacerse pública la resolución judicial.

En Génova consideran que el auto supone un respaldo evidente a las críticas que llevan meses formulando contra el entorno del presidente. Sin embargo, el documento judicial contenía un elemento inesperado que ha terminado desplazando parte del foco político de la propia apertura de juicio oral.

El párrafo que cambia el debate

La controversia no gira en torno a los delitos atribuidos a Gómez ni a las medidas cautelares impuestas por el magistrado. Lo que provocó la tormenta política e institucional es uno de los argumentos utilizados por Peinado para justificar esas medidas. En su auto, el juez sostiene que existe riesgo de fuga y señala que los propios agentes encargados de la protección de Begoña Gómez podrían, llegado el caso, colaborar para facilitar una eventual huida. Según recoge la resolución, esa colaboración podría producirse tanto por iniciativa propia como siguiendo instrucciones de superiores jerárquicos.

La afirmación provocó una reacción prácticamente inmediata dentro de la Policía Nacional y entre los sindicatos profesionales, que interpretaron esas palabras como un cuestionamiento directo a la integridad y profesionalidad de los agentes.

Lo que inicialmente parecía una jornada de celebración para el Partido Popular terminó convirtiéndose en un ejercicio de equilibrio político. El PP lleva años presentándose como uno de los principales defensores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y difícilmente podía permanecer en silencio ante las críticas lanzadas desde el ámbito policial. Pero, al mismo tiempo, tampoco le interesaba aparecer cuestionando una resolución judicial que supone uno de los mayores golpes políticos recibidos por el Gobierno en los últimos meses.

Gamarra busca el equilibrio

La encargada de fijar la posición oficial del partido ha sido este domingo Cuca Gamarra. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha calificado de “lógica” la reacción de los policías y ha trasladado el respaldo de su formación a los agentes, subrayando la confianza del partido en su profesionalidad. Desde Logroño, Gamarra ha defendido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha destacado que son quienes trabajan diariamente en la protección de los ciudadanos. Además, ha recordado que los cuerpos policiales están desempeñando un papel fundamental en investigaciones sensibles que afectan al entorno del presidente del Gobierno.

Sus palabras buscaban enviar un mensaje claro de apoyo a los agentes sin entrar en una confrontación directa con el juez instructor. La dirigente popular ha evitado en todo momento cuestionar a Peinado. Tampoco ha querido valorar la posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial termine adoptando medidas contra el magistrado por las afirmaciones incluidas en el auto. “El Consejo General del Poder Judicial se va a pronunciar y ese es un camino que está ahí y que respetamos absolutamente”, ha señalado.

Gamarra ha insistido en que corresponde exclusivamente al órgano de gobierno de los jueces analizar la situación y tomar las decisiones que considere oportunas, reivindicando el respeto a la separación de poderes y rechazando cualquier intento de interferencia política.

El PP separa la responsabilidad política de la penal

Más allá de la polémica sobre los escoltas y las palabras de Peinado, Gamarra ha aprovechado para reivindicar el significado político que el PP atribuye a la apertura de juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno. La dirigente popular ha destacado que la resolución supone “avanzar todavía más” en una causa en la que se investigan cuatro presuntos delitos y ha defendido que el caso tiene consecuencias políticas independientemente de cuál sea su desenlace judicial.

De hecho, la número dos del PP ha reconocido expresamente que el procedimiento podría no acabar en condena. “Veremos si termina o no en condena”, ha afirmado, antes de insistir en que, a su juicio, existe una responsabilidad política que trasciende la decisión final de los tribunales.

Esa es precisamente la línea argumental que Génova ha ido consolidando durante los últimos meses. Los populares sostienen que el debate sobre las actividades de Begoña Gómez no depende exclusivamente de si los hechos investigados terminan siendo considerados delictivos, sino también de la utilización que habría hecho de su posición como esposa del presidente del Gobierno para desarrollar determinadas actividades profesionales.

En esa misma línea, Gamarra ha asegurado que La Moncloa se ha convertido en un “centro de tráfico de influencias” y ha sostenido que determinadas actuaciones vinculadas al entorno de Sánchez “habrán podido ser delito o no”, pero en cualquier caso deberían tener consecuencias en el plano político.

En un encuentro con la junta directiva provincial del Partido Popular en Sueca (València), Alberto Núñez Feijóo ha dirigido críticas contundentes al Gobierno tras la decisión de la Mesa del Congreso de no admitir a trámite la moción presentada por su grupo para pedir la convocatoria de elecciones generales. Feijóo ha calificado escomo la “degradación máxima del sanchismo”.

Rodeado de más de un millar de militantes y acompañado por el presidente de la Comunitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, el líder del PP ha insistido en que la situación supone una restricción de derechos tanto para la ciudadanía como para los representantes públicos. “No nos dejan votar en urna y tampoco a los diputados en el Congreso”, ha señalado. Feijóo ha vinculado esta decisión con una estrategia de Pedro Sánchez.

Feijóo critica al Gobierno por no actuar “democrático”

Durante su intervención, Feijóo ha subrayado la gravedad de impedir el debate y la votación en sede parlamentaria sobre una cuestión fundamental como la convocatoria de elecciones. “Allá él, atacar a los jueces y amordazar a los diputados es impropio de un gobierno democrático”, ha añadido, remarcando que estas actitudes, a su juicio, distorsionan el funcionamiento de las instituciones y alejan al Ejecutivo de los valores democráticos.

El acto en Sueca se produce en medio de una creciente tensión política, en el que el PP busca movilizar a su militancia y reforzar su discurso en defensa de la separación de poderes y la representación parlamentaria. Feijóo ha querido resaltar su compromiso con la transparencia institucional y reclamar la necesidad de respetar las reglas del juego democrático en todos los ámbitos del Estado.

Moción presentada por el PP

El PP ha dado un nuevo paso en el Congreso al registrar una moción que busca que la Cámara Baja inste al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza. Esta iniciativa llega pocos días después de que la Mesa del Congreso vetara tanto una moción conjunta de PP y Junts que solicitaba un adelanto electoral, como varias enmiendas presentadas con el mismo objetivo.

Desde el PP han explicado que el texto fue reformulado para ajustarse a los requisitos legales exigidos por los servicios jurídicos de la Cámara. “No comprenderíamos que con la nueva redacción no se admita a trámite la moción completa”, han señalado desde la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo. Finalmente, la Mesa ha admitido solo la parte en la que se plantea instar a Sánchez a solicitar una cuestión de confianza, dejando fuera la petición explícita de elecciones anticipadas.

El jueves, la iniciativa popular fue aprobada en el Congreso con el respaldo de Vox y Junts, aunque sin contemplar el adelanto electoral, debido al veto previo. Según la mayoría socialista y de Sumar en la Mesa, solo el presidente del Gobierno puede plantear una cuestión de confianza, lo que ha limitado el alcance de la moción. La oposición sigue así presionando, pero, por el momento, sigue sin contar con la mayoría necesaria para llevar a cabo una moción de censura que termine con el Gobierno.

El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cobró 4,4 millones de euros a Quirón Prevención entre 2021 y 2023 a través de dos sociedades que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, carecían de capacidad real para ejecutar los servicios de consultoría que facturaban. Así lo recoge un informe elaborado en diciembre de 2025 que ha trascendido en las últimas horas.

El documento, elaborado en el marco de la pieza separada que instruye el juez Antonio Viejo en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, señala que la mercantil Masterman & Whitaker -anteriormente denominada Círculo de Belleza S.L.- “carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría” que emitió a Quirón Prevención. La UCO se apoya en las conclusiones de la Agencia Tributaria, que ya había catalogado a esa empresa como una compañía de tratamientos estéticos sin relación con el sector de la asesoría.

“Masterman contaría con medios relacionados con tratamientos estéticos o de belleza, los cuales no guardarían relación con la prestación de servicios de asesoría”, recoge el informe, añadiendo que el material de la sociedad “estaría totalmente amortizado”: básicamente unas máquinas de depilación láser y remodelación corporal, y un ordenador portátil.

La actividad de la empresa

La facturación total de González Amador al grupo sanitario, distribuida entre Masterman y su otra sociedad, Maxwell Cremona, ascendió a 1.078.412 euros en 2021, a 1.956.449 euros en 2022 y a 1.401.634 euros en 2023, con una cifra conjunta de 4.436.495 euros. En 2024 esa facturación se redujo a cero. Los tres ejercicios con actividad, denuncia la oposición política, coinciden con el inicio público de la relación de González Amador con Díaz Ayuso.

La trayectoria de Círculo de Belleza ilustra el núcleo de la investigación. La UCO precisa que la mercantil no tenía prácticamente actividad antes de su venta en 2020 y que su cifra de negocio aumentó tras ser adquirida por González Amador. En el ejercicio 2021, sus ingresos -327.320 euros- “guardarían relación con la factura que Masterman emite a Quirón Prevención SLU por importe de 396.057,20 euros (327.320 más 21% de IVA)”, según el informe de la UCO.

La cadena de transmisión de la empresa arranca en septiembre de 2020, cuando Fernando Camino, entonces presidente de Quirón Prevención, cedió 66 participaciones de Círculo de Belleza a su pareja, Gloria Carrasco, que pasó a ser socia única tras pagar 8.000 euros a su hermano y al propio Camino. Tres meses después, en diciembre, Carrasco transmitió sus participaciones a Maxwell Cremona, la sociedad de González Amador, por un precio de casi medio millón de euros.

El juez Viejo aprecia indicios de que esa compraventa no respondía al valor real de la empresa -de la que no existen elementos que acrediten su precio de mercado- y que “la verdadera finalidad de dicho acto” fue “satisfacer una comisión” al directivo sanitario. La fiscalía empleó el término “soborno” en su escrito y señaló que Círculo de Belleza no facturaba ni 30.000 euros anuales y carecía de empleados y activos.

Fue precisamente este informe de diciembre el que sirvió de base para que el magistrado autorizara recientemente a la UCO a investigar los movimientos de varias cuentas bancarias desde 2014, entre ellas las del novio de Díaz Ayuso. Carrasco está investigada en la causa; Camino, por el momento, no figura como imputado en el procedimiento por presunto soborno. La operación de compraventa derivó también en un procedimiento inspector de la Agencia Tributaria sobre el IRPF de 2020 de Fernando Camino, iniciado en junio de 2025.

La defensa de González Amador

Al conocer la existencia de la investigación penal en curso, la Agencia Tributaria remitió un escrito al juez en el que solicitaba paralizar ese procedimiento inspector, al entender que su resultado depende de los hechos que finalmente se acrediten en sede penal.

La defensa de González Amador ha respondido con una solicitud ante el juzgado en la que sostiene que los hechos denunciados por Hacienda “ya no son objeto de investigación por el Tribunal al que nos dirigimos al haber concluido la fase de instrucción e intermedia del procedimiento, siendo competencia de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Madrid”.

Esta pieza separada discurre al margen del procedimiento principal, en el que el empresario aguarda fecha de juicio por un presunto fraude fiscal de unos 350.000 euros, causa por la que la Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan tres años y nueve meses de prisión por dos delitos contra la Hacienda Pública.

El Partido Popular ha optado por rebajar el tono político tras la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de citar como investigadas a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, dentro de del denominado ‘caso Plus Ultra’. Lejos de aprovechar la resolución para cargar contra el exlíder socialista, la dirección nacional de los populares ha querido marcar distancias y evitar cualquier comentario que pueda interpretarse como un ataque personal.

La posición del partido la ha fijado este jueves su portavoz nacional, Borja Sémper, en los pasillos del Congreso de los Diputados. Preguntado por la decisión judicial, el dirigente popular ha dejado claro que “no voy a hacer sangre con algo que tiene que ver con algo tan sagrado como es el entorno personal. Bastante pesado será para el señor Zapatero haber metido a sus hijas en este lío”.

La misma línea marcada por Sémper fue seguida por la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, que también ha evitado pronunciarse sobre el fondo de la resolución judicial.

Preguntada por los periodistas en la Cámara Baja, Muñoz se ha limitado a recordar que el juez ha acordado la declaración como investigadas de las hijas de Zapatero y de su secretaria, insistiendo a continuación en que “nosotros no comentamos las decisiones procesales que decidan los jueces”, ha señalado.

Por qué el juez las cita como investigadas

La decisión del instructor responde a una petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado 16 de junio solicitó la declaración de las dos hijas del expresidente y de su secretaria como investigadas. Finalmente, el magistrado ha asumido ese criterio y considera que existen elementos suficientes para otorgarles esa condición procesal.

En el caso de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, el auto pone el foco en su papel como administradoras solidarias de la sociedad Whathefav SL. Según recoge la resolución, la investigación atribuye a esta mercantil una participación presuntamente relevante dentro de la estructura empresarial que está siendo analizada por la Audiencia Nacional.

El magistrado sostiene que la propia posición que ambas ocupan al frente de la compañía justifica su citación como investigadas. No porque exista en este momento una conclusión cerrada sobre su participación en los hechos, sino porque, desde el punto de vista procesal, considera que es la fórmula que mejor garantiza sus derechos de defensa.

De hecho, Calama explica que llamarlas a declarar como testigos podría generar problemas jurídicos, ya que estarían obligadas a decir verdad sobre hechos que eventualmente podrían afectarles. Por ello entiende que la condición de investigadas resulta la opción más garantista y respetuosa con sus derechos constitucionales.

La resolución incorpora igualmente a Gertrudis Alcázar, secretaria personal del expresidente, a quien el juez ya había situado en anteriores resoluciones en una posición relevante dentro de la investigación. El magistrado recuerda que los indicios sobre su posible participación ya fueron expuestos en el auto que autorizó el registro de la oficina en la que desarrolla su actividad profesional. Según recoge ahora la resolución, la documentación analizada durante la investigación la sitúa como una figura con funciones de coordinación y gestión documental dentro de la estructura investigada.

(Noticia en ampliación)

Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado su entrevista en ‘El Hormiguero’ para reivindicar su alternativa de Gobierno, fijar sus líneas rojas ante un posible pacto y cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con un mensaje que combinó promesas de regeneración democrática, recorte de estructura política y cambios en materias como la eutanasia.

El presidente del PP ha sostenido que, para entender la situación política actual, hay ya 15 sumarios, 19 delitos y 94 imputados, y ha ligado ese diagnóstico a su oferta de llegar a La Moncloa con un Ejecutivo de 14 o 15 ministerios, menos asesores y el objetivo declarado de construir un millón de viviendas en cuatro años.

Antes de entrar en política, Feijóo ha enviado un mensaje a Ilia Topuria tras su derrota. Ha afirmado: “Es una persona que es un gran campeón, que le hemos conocido durante una derrota, que es cuando se conoce a la gente. Le mando un abrazo y decirle que sigue siendo el mejor del mundo”. Pablo Motos también se ha sumado a ese respaldo. El presentador ha añadido: “Todos estamos con él. Todavía tengo el cuerpo revuelto de lo que pasó”.

Promesa de “decencia” y regeneración institucional

En el arranque del bloque político, Feijóo ha descrito el panorama actual con una imagen de confusión, diciendo que para seguir el día a día del Gobierno “se necesita mapa y cantimplora”, mientras que ha recogido la misma idea con otra cifra: “15 sumarios, 19 delitos, 94 imputados…”.

A partir de ese diagnóstico, el líder del PP ha situado su primera promesa en la “decencia” institucional. Ha asegurado: “Si yo llego a la presidencia devolveré la decencia, que es lo que la mayoría de los años este país ha tenido. Un Gobierno decente que no venga a robar y que su compromiso sean solo los españoles”.

Ese planteamiento se ha completado con una batería de objetivos económicos y administrativos. Feijóo ha prometido ayudar a los jóvenes, a los autónomos, mantener la eficiencia de los servicios públicos y abrir una etapa de regeneración democrática, además de revisar qué deuda existe, qué partidas siguen sin contabilizar y cuánto costará reparar carreteras o invertir en AVE e infraestructura eléctrica.

En esa misma línea, ha planteado una reducción de la estructura del Ejecutivo, y ha señalado que quitará asesores y reducirá el equipo de ministros porque “no estamos para tener 900 asesores”. También comparó esa cifra con los 595 asesores de Mariano Rajoy y que sostuvo que con 14 o 15 ministerios “el Gobierno iba a trabajar más y nos íbamos a ahorrar un pastón”.

La posibilidad de gobernar con Vox ha ocupado una parte central de la entrevista. Feijóo ha defendido que su objetivo es gobernar en solitario, pero ha rechazado “demonizar” a un partido que considera el tercero más votado y ha recordado que más de tres millones de personas lo respaldan.

Feijóo ha pedido “cuatro años de confianza”, ha insistido en que las elecciones generales serán distintas de las autonómicas y ha afirmado que aceptará lo que decidan las urnas para garantizar la estabilidad política del país.

Si necesitara una coalición, el dirigente popular ha delimitado sus condiciones, ya que no está dispuesto a ceder en el respeto a la Constitución, a las autonomías, a las políticas de igualdad, de género y LGTBI, al equilibrio de las cuentas públicas, a la prosperidad económica y a una inmigración “ordenada y racional”.

Criterios para vivienda y postura sobre derechos sociales

La inmigración ha aparecido además vinculada al acceso a vivienda pública. Feijóo ha explicado que se tendrá en cuenta la permanencia en el censo y que el criterio no distinguirá entre españoles e inmigrantes, sino cuántos años lleva cada solicitante, porque “no tenemos recurso para todos, tenemos que priorizar”.

En cuestiones sociales, Feijóo ha mantenido que no cambiará la ley del aborto, ya que ha defendido que los poderes públicos deben proteger la vida y ayudar a cualquier mujer que quiera tener un hijo, pero también ha reconocido que, si una mujer decide interrumpir voluntariamente su embarazo, “las leyes la protegen y no se lo vamos a impedir”.

Sobre la eutanasia, su posición ha sido distinta, pues ha criticado que la norma actual no se haya hecho con consenso con comunidades científicas y organizaciones médicas, y ha anunciado que, si gobierna, la someterá a una nueva redacción. Citó también el caso de Noelia Castillo, que le “impactó mucho”, y que llegó a escribirle para pedirle perdón en nombre de los poderes del Estado.

La entrevista también ha servido para endurecer su discurso contra el PSOE, ya que Feijóo ha cargado contra José Luis Rodríguez Zapatero por su declaración como imputado en la Audiencia Nacional y ha asegurado que “con el código penal en la mano, es muy posible que el PSOE acabe imputado”.

En el tramo final, el líder popular ha añadido una propuesta concreta en materia de vivienda. Su idea pasa por crear un millón de viviendas en cuatro años porque, a su juicio, si no aumenta la oferta no bajará el precio.

Alberto Núñez Feijóo ha comenzado la sesión de control al Gobierno atacando a Pedro Sánchez en un día particularmente tenso. Minutos antes de comenzar la sesión, José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado a la Audiencia Nacional para hacer frente a las acusaciones por su supuesto vínculo con el caso Plus Ultra. “Es el presidente con más sospechas de corrupción”, ha asegurado el líder del PP al dirigirse a Sánchez.

El caso de Zapatero ha protagonizado el inicio por su coincidencia con la comparecencia, pero Feijóo ha centrado más acusaciones en el desarrollo del caso Leire Díez. “El objetivo era defender a P.S, es decir, el objetivo era defenderlo a usted”, ha asegurado el popular, asociando al presidente al caso de corrupción y poniendo en duda que no conociese cómo Leire recibía supuestamente dinero del partido. “¿Cómo van a denunciar a quien cumplía sus órdenes?“, ha planteado.

Pedro Sánchez ha respondido destacando las medidas de su Gobierno, asegurando que “lo que hace es gobernar para la gente”. Sánchez ha asegurado que España “es un mejor país” en la actualidad que en 2018, antes de iniciar su primera legislatura, en materia de derechos y lucha contra la desigualdad.

Acusaciones y exigencias de presupuestos

Feijóo ha calificado de “cobarde” al presidente del Gobierno por no autorizar la votación en el Congreso de una iniciativa que solicitaba el adelanto de las elecciones generales. También ha insistido en su reproche a Pedro Sánchez por la acumulación de escándalos que salpican al PSOE. Sánchez ha respondido al líder del PP recordando los casos de corrupción que han afectado a su formación. “No deja de sorprenderme la calaña moral desde la que se convierte en un Torquemada de la vida”, ha replicado el presidente.

Por su parte, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha instado a presentar los presupuestos ante la Cámara Baja y, en caso de no reunir la mayoría necesaria para su aprobación, convocar elecciones. Durante la sesión de control al Gobierno, Vaquero ha advertido de que el Ejecutivo está “nadando en el último largo de la legislatura” y ha afirmado que resulta “evidente” la pérdida de la mayoría de la investidura.

Protección tras el alto el fuego en Oriente Medio

Pedro Sánchez ha anunciado este miércoles que el Consejo de Ministros va a aprobar un real decreto ley de protección al tejido productivo y a la ciudadanía para ver los resultados del alto el fuego con Irán anunciado por Donald Trump. En la sesión de control, Sánchez ha anunciado que el decreto se aprobará el próximo 29 de junio y ha llamado al líder de la oposición a convalidarlo en cuando llegue a la Cámara Baja.

El Gobierno quiere, ha explicado el presidente “ver exactamente cuál es el recorrido de este alto el fuego”. Sánchez ha defendido los decretos previos similares aprobados para dar respuesta a los conflictos internacionales, entre ellos el que se aprobó hace tres meses ante la guerra de Irán para proteger el escudo social, el tejido productivo y a los hogares de España. “Eso es lo que está haciendo este gobierno, gobernar para la gente”, ha dicho el presidente.

La Mesa del Congreso ha impedido la votación de las enmiendas de Junts per Catalunya y el Partido Popular para obligar a los partidos políticos a posicionarse sobre si Pedro Sánchez debe disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas. Así lo han trasladado fuentes del organismo que preside Francina Armengol tras una reunión telefónica mantenida con los portavoces parlamentarios minutos antes de comenzar el Pleno.

El argumento de la Mesa es que sendas iniciativas exceden las competencias del Congreso, ya que la decisión sobre una moción de confianza es competencia del presidente del Gobierno. En cualquier caso, Sánchez no estaría obligado a acatar la decisión que se adopte en Pleno sobre este tipo de iniciativas. De hecho, la propia iniciativa de Junts mencionaba explícitamente que no era vinculante.

La primera reacción ha llegado del PP, que ha criticado duramente la decisión porque “acredita que el Gobierno tiene miedo de que este parlamento vote". “El PSOE dice que la votación no significa nada. Entonces, ¿por qué no quieren que se vote?“, se ha preguntado la portavoz del PP, Ester Muñoz, en unas declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.

Los populares han denunciado que la Mesa impidió a los portavoces parlamentarios debatir la viabilidad de la medida y critican un “cambio de criterio”, ya que hace un año sí se admitió una moción similar planteada por Vox. “La diferencia es que hoy el Gobierno no tiene mayoría. Lo único que cabe esperar es que Sánchez siga parasitando el Gobierno hasta que no le quede otra que convocar elecciones”, ha señalado Muñoz.

El PP denuncia una decisión “arbitraria” y estudia acciones legales

El PP ha defendido que su enmienda no invade las competencias del Ejecutivo porque “se insta, no se obliga”, algo que para ellos “se hace todos los días”. Y en esta línea, Muñoz ha adelantado que su grupo pedirá que se reconsidere la posición y que estudiará acciones legales contra una decisión que entienden es “arbitraria”.

Fuentes del PP consultadas por Infobae entienden que el veto de la Mesa debería acercar posturas con la formación de Carles Puigdemont porque “esto debería acercar a todos los demócratas”. “Hay muchas cosas que nos separan de Junts, pero por encima de las ideologías están los valores democráticos”, han sentenciado.

Junts per Catalunya, por su parte, ha calificado el veto de “inaudito” y ha recordado la proposición no de ley que presentaron en febrero de 2025 en la que pedían a Sánchez someterse a una cuestión de confianza y que la Mesa entonces “admitió a trámite sin ningún problema”.

El PSOE no se ha pronunciado sobre la decisión, pero sí habló de ello anteriormente el portavoz socialista Patxi López, quien apuntó que el único camino democrático para echar al Gobierno es la moción de censura y que “ni Junts, ni PP ni el Congreso” podían obligar al líder del Ejecutivo a disolver las Cortes.

El Congreso ha gastado 919.669,49 euros para traducir, interpretar, transcribir y subtitular al castellano las intervenciones de los diputados que hablan en euskera, catalán y gallego. Desde que se aprobó el uso de lenguas cooficiales en el Congreso, la Cámara Baja ha gastado una media de 76.600 euros al mes, 17.700 euros a la semana y unos 2.500 euros al día.

La distribución mensual del gasto ha seguido lógicamente el ritmo de la actividad parlamentaria. El mes de mayo fue el más caro con 101.041,29 euros, seguido de octubre con 82.750,93 euros y noviembre con 76.617,68 euros. Por el otro lado, agosto registró 4.260,17 euros, enero 14.991,42 euros y julio 23.979 euros, todos ellos meses de parón parlamentario.

La mayor parte del gasto se ha concentrado en la interpretación. Según los datos del portal de transparencia difundidos por la agencia de noticias Europa Press, esa partida ha sumado 660.359,92 euros para cubrir 66 sesiones plenarias, dos reuniones de la Diputación Permanente y 285 comisiones celebradas durante el año.

La reforma del Reglamento que normalizó el uso de las lenguas cooficiales salió adelante en septiembre de 2023. Lo hizo como parte de la exigencia de ERC y Junts para apoyar la Presidencia de Francina Armengol, lo que permitió a PSOE y Sumar alcanzar la mayoría en la Mesa de la Cámara.

El subtitulado supera los 200.000 euros y el catalán concentra más uso

El subtitulado al castellano fue la segunda partida más cara, ya que superó los 200.000 euros. En concreto, el Congreso invirtió 201.528,11 euros en ese servicio durante 2025. También en este caso, mayo, noviembre y octubre fueron los meses con mayor desembolso: 34.338,534 euros, 32.825 euros y 27.612,99 euros, respectivamente. Enero y agosto quedaron en el nivel más bajo, con importes que apenas llegaron a los 1.000 euros.

Los servicios de transcripción de intervenciones en lenguas distintas del castellano ascendieron a 33.113,16 euros durante todo el año pasado. La traducción de textos, iniciativas y discursos añadió otros 24.668,03 euros.

El Portal de Transparencia del Congreso de los Diputados ha rechazado detallar el coste desglosado por lengua y alegó que facilitar esa información exigiría “una acción previa de reelaboración para su divulgación”. Aun así, se da por hecho que el catalán concentra la mayor reserva de recursos por el peso de Cataluña en escaños y por su uso exclusivo o mayoritario por parte de Junts per Catalunya, Esquerra y varios diputados de En Comú y Compromís.

Las lenguas cooficiales aterrizaron en el Congreso el pasado septiembre de 2023 tras aprobarse por mayoría absoluta y con los votos negativos de PP y Vox. Aquella sesión es recordada porque fue un debate bronco en el que los representantes del partido de Santiago Abascal llegaron a abandonar el hemiciclo al inicio de la sesión como gesto de protesta.

Esa modificación reglamentaria recibió 176 votos a favor, 169 en contra y dos abstenciones. Aunque el uso de las lenguas cooficiales pudo arrancar de inmediato en los plenos, el contrato para los servicios de traducción, interpretación, transcripción y subtitulado en directo al castellano no se adjudicó hasta un año después, con un presupuesto máximo de 12,5 millones de euros para cuatro años.

La senadora del PP y alcaldesa de Aguilar de Campoo, en la provincia de Palencia, María José Ortega, ha sufrido un accidente de tráfico este sábado. El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 3 de la carretera provincial PP-2201, poco antes de las 14:25 horas, cuando el vehículo en el que viajaba Ortega recibió un impacto en una colisión fronto-lateral, de acuerdo con lo publicado por la Agencia EFE.

En la provincia de Palencia, la alcaldesa ha sido trasladada en helicóptero sanitario a la UVI del Hospital Universitario de Burgos. Según publica El Norte de Castilla, el coche lo conducía el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y diputado provincial Jesús Manuel Sevilla, que viajaba con su esposa y una hija. Fuentes del servicio Emergencias 112 Castilla y León han informado a la agencia de comunicación de que Sevilla y una joven de 25 años fueron trasladados en una ambulancia convencional al Hospital Río Carrión, también en Palencia.

Una llamada de emergencia con tres heridos, en cuyo vehículo viajaban dos ediles de Palencia

El accidente de tráfico que ha tenido lugar la tarde de este sábado pasado ha involucrado a dos ediles castellanos: a la alcaldesa del municipio Aguilar de Campoo, María José Ortega, y al concejal de Urbanismo, Obras y Hacienda del Ayuntamiento, Jesús Manuel Sevilla. Ambos políticos viajaban en el vehículo siniestrado junto a la mujer y la hija de Sevilla.

En la llamada de emergencia que ha recibido el servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León, se ha notificado que tras la colisión fronto-lateral de dos turismos, se solicitaba asistencia para tres ocupantes de un mismo vehículo: dichos viajeros tenían dolores y heridas en la pierna, además de presentar un cuadro de ansiedad por lo sucedido.

Noticia en ampliación.

El organigrama cuenta con Carlos Pollán (Vox) como vicepresidente primero, quien asume además la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Isabel Blanco Llamas (PP) ocupa la vicepresidencia segunda, con competencias en Vivienda, Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil, aunque sin una consejería específica a su cargo.

Vox asume las consejerías de Familia, Cultura y Agricultura

Entre las nuevas incorporaciones del Partido Popular figuran Cristina Sanchidrián y María Pardo. Sanchidrián se encargará de la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Es licenciada en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid, con especialidad en Edificación, y cuenta con experiencia como arquitecta municipal en Ávila y como jefa del Servicio de Movilidad y Transformación Digital en la provincia abulense. En las últimas elecciones autonómicas encabezó la lista del PP por Ávila a las Cortes de Castilla y León.

María Pardo asume la Consejería de Educación. Nacida en Valladolid, es doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid y ha ocupado cargos en la administración autonómica y en la Comunidad de Madrid. Entre 2017 y 2019 fue directora general de Promoción Cultural en Madrid y, posteriormente, dirigió la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo en la Junta de Castilla y León hasta febrero de este año. En las pasadas elecciones encabezó la candidatura del PP por Valladolid.

Por parte de Vox, las nuevas incorporaciones incluyen a Joaquín Antonio Pino y Alberto Díaz Pico, junto al propio Carlos Pollán. Pino se encargará de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. Es licenciado en Veterinaria por la Universidad de León, con formación adicional en áreas como Ingeniería Agronómica, Alta Dirección y Biotecnología. Además, es agricultor, presidente de Asaja desde 2008 y funcionario de carrera del Estado como ingeniero agrónomo desde 2023.

Alberto Díaz Pico, cabeza de lista de Vox por Valladolid, gestionará la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, es oficial del Cuerpo Jurídico Militar y ha desempeñado funciones en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, así como en áreas ligadas a políticas culturales, industria y deportes dentro de la administración autonómica.

El Gobierno mantiene en sus puestos a varios consejeros del PP. Carlos Fernández Carriedo sigue al frente de Economía y Hacienda y renueva su labor como portavoz, mientras que Luis Miguel González Gago se mantiene en la Consejería de la Presidencia. Juan Carlos Suárez-Quiñones cambia de área y asume la dirección de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. Alejandro Vázquez continúa en Sanidad y Bienestar Social, y María González Corral pasa de Agricultura y Ganadería a Medio Ambiente y Energía.

En una rueda de prensa ofrecida este sábado a los medios, Mañueco ha defendido que los seleccionados para formar parte del nuevo Gobierno de Castilla y León son “personas preparadas, con criterio, con talento, con capacidad de trabajo y con experiencia”. La toma de posesión está prevista para el próximo lunes, 15 de junio, en la sede de la Presidencia de la Junta. Tras el acto, se celebrará la primera reunión del Consejo de Gobierno, con el objetivo de “empezar a trabajar desde el primer minuto”.

Durante su intervención, el presidente autonómico ha asegurado que este equipo va a conformar un “Gobierno sólido” y, “sobre todo, con la fuerza necesaria”. Tiene la intención, ha dicho, de garantizar un “Gobierno fuerte para seguir avanzando y apostando por la transformación de la Comunidad, y para seguir apostando y avanzando también por el protagonismo y el liderazgo” de Castilla y León en el conjunto del país.

Según ha detallado el presidente, el nuevo Ejecutivo está compuesto por un grupo de personas “preparadas para gestionar con solvencia todas las que tienen encomendadas, impulsar el acuerdo de gobierno y el programa de investidura, y, lo más importante, afrontar los retos que tiene por delante nuestra comunidad autónoma”. La estructura definitiva del Gobierno se dará a conocer el lunes y, en los días siguientes, se designarán las personas al frente de las direcciones generales y viceconsejerías, según ha avanzado Mañueco.

La inmigración se ha situado esta semana en el centro de la agenda social y política en España, un debate impulsado por la visita de León XIV, quien ha transmitido un mensaje firme contra la discriminación y en defensa de la dignidad de las personas migrantes. El papa ha reclamado “vías legales y seguras, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración” durante su recorrido por el país, que ha incluido paradas en el muelle de Arguineguín en Gran Canaria y el centro de acogida Las Raíces en Tenerife, dos puntos simbólicos de la migración africana que llega al archipiélago arriesgando su vida en el mar. Las declaraciones del pontífice han tenido eco en todo el arco institucional y político, y han servido de impulso al Gobierno de Pedro Sánchez en medio de las críticas a su gestión migratoria y la situación nacional, presentando la visión humanista del Vaticano como un respaldo a su política en la materia.

Según la ministra y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, “los mensajes del papa han sido un espaldarazo desinteresado a la política migratoria del Gobierno de España”. También destacó que los discursos del pontífice en favor de los migrantes “chocan de manera clara y contundente con esa nefasta ‘prioridad nacional’ que pivota en los acuerdos de PP y Vox”, que establece que los ciudadanos españoles tengan preferencias sobre los extranjeros en el acceso a ayudas públicas. Aunque ni el partido de Alberto Núñez Feijóo ni el de Santiago Abascal se han dado por aludidos. El líder ‘popular’ afirmó que comparte el mensaje del papa “de la A a la Z”, mientras que el ultraderechista reclamó para España la política migratoria del Vaticano.

La defensa en estos últimos días de las personas migrantes, sin embargo, contrasta con la realidad administrativa del proceso de regularización extraordinaria que está en marcha en España desde mediados de abril, una medida que pretende otorgar el permiso de residencia y trabajo a más de medio millón de extranjeros que ya residían en el país, pero sin poder ejercer derechos básicos al no tener papeles.

Racismo institucional

Organizaciones sociales colaboradoras de Extranjería, que están sosteniendo en buena medida el proceso —asesorando a los solicitantes y facilitándoles la obtención de los certificados de vulnerabilidad—, han denunciado las trabas administrativas y los fallos burocráticos que amenazan con dejar fuera del proceso a miles de personas vulnerables, además de los controles raciales y deportaciones exprés como la que sufrió recientemente Abdou, un joven senegalés. Las entidades sociales también critican las demoras en la admisión a trámite de expedientes y las “pocas resoluciones favorables”, cuando apenas quedan poco más de dos semanas para que termine el plazo del 30 de junio para acceder a la regularización.

Desde la organización Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, la activista Edith Espínola explica a Infobae que, en muchos casos, los expedientes pueden tardar hasta mes y medio en ser admitidos a trámite, sin que exista claridad sobre el procedimiento que sigue Extranjería para su gestión. Esta situación afecta especialmente a familias con menores, “con la angustia e incertidumbre que implica” vivir en esas condiciones, añade. También denuncian la ausencia de recursos y personal suficiente en las oficinas de Extranjería para atender el volumen de solicitudes, “pese a la cantidad de personas desempleadas que podrían cubrir esas funciones”, sostiene Espínola, que asegura que “el racismo institucional y la violencia silenciosa afectan de manera desproporcionada” a los colectivos migrantes.

Extender el plazo del proceso más allá del 30 de junio

Por todo ello, desde el movimiento Regularización Ya, que aglutina a decenas de asociaciones de migrantes, han llevado este miércoles al Congreso una proposición no de ley (PNL) para pedir la prórroga del plazo. “A través de esta PNL, también señalamos con preocupación la falta de citas para huellas, la burocracia de las administraciones, la inoperancia de algunos consulados para legalizar certificados de antecedentes penales y las deportaciones racistas puestas en marcha desde la firma del primer acuerdo“, indica por su parte Victoria Columba, portavoz del movimiento. La activista también recuerda que incluso el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado en un informe que se suspendan las deportaciones de quienes ya han iniciado el procedimiento, dado que muchas personas no logran completar la solicitud por obstáculos ajenos a su voluntad.

“El Gobierno tiene la obligación de garantizar que este proceso se realice con éxito. El plazo arbitrario del 30 de junio no haría justicia al esfuerzo que estamos haciendo las entidades sociales, sin presupuesto, ni al sacrificio de muchas personas que están pagando trámites consulares excesivos sin poder legalizarlos”, sostiene Columba.

La PNL presentada ante el Congreso propone una serie de medidas urgentes para corregir las deficiencias detectadas en la regularización, como facilitar, de manera prioritaria, los trámites de legalización de documentos en los consulados españoles y reforzar el sistema de citas para la toma de huellas dactilares. También plantea la suspensión temporal de las órdenes de expulsión mientras dure el proceso y pide garantizar la presunción de inocencia, evitando que antecedentes policiales sin condena judicial afecten negativamente los expedientes, al tiempo que solicita agilizar la apostilla de los certificados penales requeridos.

A pesar de las dificultades señaladas por las organizaciones sociales y el propio Defensor del Pueblo, la visita y el mensaje de León XIV han situado el foco en la necesidad de que la regularización no quede relegada a una mera declaración de intenciones. El jueves, durante su discurso ante migrantes, voluntarios y trabajadores humanitarios en el muelle de Arguineguín, el pontífice interpeló a las autoridades civiles y a las instituciones europeas, exigiéndoles la apertura de vías legales y seguras. “No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera”, afirmó justo un día después de que la ONG Caminando Fronteras reportara un total 1.317 muertes en las rutas migratorias hacia España entre enero y mayo de 2026.

En el partido de Santiago Abascal tienen grabado a fuego que los números no importan cuando el resultado de la ecuación es invariable. Da igual que sean dos o quince de sus diputados si el gobierno depende de su mano. De ahí que la prioridad nacional se haya convertido en una imposición en todas las negociaciones territoriales mantenidas con el PP, que ha tenido que tragar con el sapo para evitar un adelanto electoral.

La prioridad nacional fue anunciada, como su propio nombre dice, como el principio de “españoles primero”. El PP se ha esforzado en edulcorar su contenido y da por “superado” el debate, matizando que es un simple eslogan y acotando el concepto al arraigo territorial, “como ya se hace en los ayuntamientos”. Pero la prioridad nacional, más allá del nombre, ha supuesto la aceptación de la agenda ultra, que ya ha condicionado las partidas presupuestarias con recortes, por ejemplo, en las ayudas públicas que reciben las ONG de inmigración.

La prioridad nacional es una realidad en Extremadura, Aragón y Castilla y León, regiones donde el PP salió vencedor en las urnas, pero sin mayoría absoluta. El PP tuvo que tragar con la crítica del papa León XIV en su discurso pronunciado en el Congreso, donde hizo referencia a estos acuerdos cuando cargó contra la criminalización de los migrantes y la “discriminación de la persona por origen”.

Primeros contactos, misma premisa

Convertida en su bandera política, Vox pretende imponer la prioridad nacional en Andalucía, donde Juanma Moreno se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta. Vox desliza que podría no exigir su entrada en el nuevo gobierno de Andalucía si el PP ofrece garantías “veraces” con el acuerdo programático. El precedente está en 2018, cuando Vox apoyó la investidura del popular Juanma Moreno sin reclamar responsabilidades de gobierno.

Los primeros contactos entre ambas formaciones llegaron el martes, después de que Moreno y Abascal coincidiesen en la ceremonia de bienvenida al pontífice en el Palacio Real. Las conversaciones formales apenas comenzaron este miércoles, pero ya se presentan complicadas de entrada porque supone tragar con postulados que Moreno rechazó en su campaña electoral. De ahí que Moreno alertase entonces de que perder la mayoría absoluta y depender de los de Abascal supondría “meterse en un lío”.

El dirigente andaluz llegó a amagar con intentar una investidura en solitario, pero Vox ya le ha advertido que deberá pasar por el aro como los Guardiola, Azcón y Mañueco. La opción de una repetición electoral se da por descartada porque podría dar alas a los socialistas de María Jesús Montero.

La cúpula del PP nacional presiona a Moreno

Génova ha dado rienda suelta al PP andaluz para conducir en solitario las negociaciones con Vox, vigilando de cerca los acuerdos que afectan al marco estatal. El PP nacional confía en que tarde o temprano se llegue a un acuerdo. Fuentes del PP consultadas por Infobae recuerdan el caso de Extremadura, que llegó a un acuerdo seis meses después de las urnas. Aunque evitan pronunciarse sobre las negociaciones, el núcleo duro del PP nacional presiona a su barón andaluz para aceptar la prioridad nacional. “No veo dónde está el problema”, respondió la número 3 de Génova, Alma Ezcurra, cuando fue preguntada por algunos de los principios exigidos por Vox.

La constitución de la nueva Presidencia del Parlamento Andaluz, que finalmente ha dejado fuera de los cargos a Vox, ya anticipa que no están muy avanzadas. La formación de Gavira propuso a la diputada por Granada, Beatriz Sánchez Agustino, quien quedó en cuarto lugar obteniendo únicamente los 15 votos de los diputados de su partido. En la pasada legislatura, Vox sí consiguió la vicepresidencia tercera de la Cámara para su diputada Cristina Alejandra Jiménez Jiménez.

Alfonso Fernández Mañueco (PP) ha tomado posesión este jueves como presidente de la Junta de Castilla y León, revalidando así el que será su tercer mandato en el cargo en un acto celebrado en el hemiciclo de las Cortes regionales. El líder autonómico percibirá en un principio una retribución de 82.621,56 euros brutos anuales durante 2026, según los presupuestos vigentes para este periodo.

Al acto de toma de posesión, celebrado en el hemiciclo de las Cortes de Castilla y León, han acudido el expresidente del Gobierno central Mariano Rajoy y los presidentes de otras comunidades autónomas como Galicia, Aragón, Asturias, Extremadura y Cantabria, entre otros.

Mañueco fue investido este martes con el apoyo de su formación y de Vox, tras el acuerdo de gobierno alcanzado entre los dos partidos que incluye, entre otras medidas, el principio de “prioridad nacional” que exigía la formación de Santiago Abascal.

De acuerdo con el pacto, Vox se hará cargo de la primera vicepresidencia y de tres carteras en este Ejecutivo de coalición, mientras que el PP dirigirá la presidencia y segunda vicepresidencia, así como siete consejerías.

Mañueco cobrará 5.143,32 euros más que al inicio de la anterior legislatura en 2022

Tras su toma de posesión, Mañueco mantendrá el mismo sueldo percibido durante los primeros cinco meses de 2026 y, en un principio, continuará con este durante el resto del año. Según los últimos datos recogidos en el Portal de Transparencia de la Junta de Castilla y León, este salario asciende a 82.621,56 euros brutos anuales, lo que se traduce en 5.901,54 euros brutos mensuales repartidos en 14 pagas.

Al inicio de la legislatura previa en 2022, también presidida Mañueco, el popular cobraba un total de 77.478,24 euros brutos anuales, 5.534,16 euros mensuales en 14 pagas. Esto significa que el salario que percibe ha aumentado en 5.143,32 euros en los últimos cuatro años, un 6,6% más.

Los miembros del Gobierno autonómico no perciben dinero extra por participar en consejos de administración, órganos de gobierno o reuniones a las que asisten en función de su cargo.

Otra cosa son las indemnizaciones por razón del servicio (viajes oficiales, alojamiento, manutención en desplazamientos, etc.). Esas cantidades pueden existir durante la legislatura, pero no forman parte del sueldo y solo se perciben cuando se produce el gasto correspondiente, según recoge la normativa autonómica.

Las retribuciones de sus altos cargos en los presupuestos anuales

El salario de los altos cargos de Castilla y León, como es el caso del presidente autonómico, se fija anualmente en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Esto significa que los sueldos que perciben están vinculados al presupuesto vigente de cada año.

Por tanto, si tras el comienzo de esta nueva legislatura no se aprueba una nueva norma que modifique estas cuantías, el presidente, vicepresidentes y nuevos consejeros continuarán percibiendo las retribuciones establecidas para 2026.

Además de estos salarios correspondientes por norma, los altos cargos también tienen derecho a percibir retribución por la antigüedad que puedan tener reconocida como empleados del sector público, así como la que completen mientras ocupen esta condición.

Según el Portal de Transparencia de la Junta de Castilla y León, los miembros del Ejecutivo regional cuentan con el régimen de protección social que les corresponde con carácter ordinario, sin que exista ningún tratamiento especial por su condición de alto cargo.

Los hechos se produjeron durante el debate de una Proposición No de Ley (PNL) relativa a los permisos penitenciarios a miembros de ETA. Fernández Lara fue expulsado por la vicepresidenta de la Cámara, Ana Millán, después de intervenir fuera de su turno de palabra y recibir tres llamadas al orden. Mientras abandonaba el pleno protagonizó además una discusión con el diputado del PP Enrique Serrano, en una escena que obligó a varios parlamentarios socialistas a intervenir para acompañarle fuera de la sala.

La tensión comenzó a aumentar cuando Fernández Lara tomó la palabra para reprochar unas manifestaciones realizadas desde la bancada del Partido Popular acerca de las víctimas del terrorismo de ETA. El diputado socialista cuestionó que desde las filas populares se hubiera trasladado la idea de que “las víctimas” del terrorismo se encontraban representadas en ese grupo parlamentario. Sus palabras provocaron la intervención de la vicepresidenta de la Asamblea, Ana Millán, quien quiso precisar el contenido de las afirmaciones realizadas durante el debate.

Según explicó la dirigente popular, desde el PP no se había sostenido que todas las víctimas estuvieran representadas en su bancada, sino que el grupo contaba con tres víctimas del terrorismo entre sus integrantes. Entre ellas citó a Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, y a Luis Portero, presidente de la asociación Dignidad y Justicia, quien además defendía la iniciativa debatida en ese momento.

Fernández Lara trató de responder a la aclaración y criticó que no se le permitiera intervenir. La discusión con la Mesa de la Cámara fue elevando progresivamente el tono mientras desde los escaños continuaban los reproches entre representantes de ambos grupos. Ante la insistencia del diputado socialista, Ana Millán le llamó al orden en tres ocasiones. Tras el tercer apercibimiento acordó su expulsión del hemiciclo conforme al reglamento parlamentario.

Enfrentamiento al abandonar el pleno

La tensión no terminó con la decisión de la Mesa. Cuando Fernández Lara se dirigía hacia la salida del salón de plenos mantuvo una discusión con el diputado popular Enrique Serrano. El intercambio verbal entre ambos parlamentarios elevó aún más la crispación en la Cámara y varios diputados socialistas tuvieron que intervenir para sacar a su compañero del hemiciclo y evitar que la situación fuera a más.

Tras la expulsión de Fernández Lara, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, solicitó la palabra para intervenir sobre lo ocurrido. Espinar sostuvo que el debate se había ido “de las manos” y señaló que la responsabilidad de lo sucedido correspondía “a todos”. Asimismo, denunció que desde la bancada popular se habían escuchado gritos de “traidores” dirigidos a los diputados socialistas.

Ana Millán no autorizó la intervención de la portavoz socialista, lo que provocó una nueva protesta del grupo. Como respuesta, los diputados del PSOE decidieron abandonar el hemiciclo durante el desarrollo de la sesión.

El último Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas se publicó el 29 de mayo. El mes fue complicado para el PSOE por la imputación de Zapatero en el marco del caso ‘Plus Ultra’ o los avances en el caso ‘Leire Díez’, con la publicación del auto del juez Pedraz y el requerimiento de información en la sede socialista en Ferraz.

El trabajo de campo para aquel barómetro, sin embargo, se llevó a cabo antes de que trascendiese todo aquello, por lo que los resultados no reflejan sus efectos: los encuestadores, entre el 3 y el 18 de mayo, siendo el 19 el día en que trascendió la citación del expresidente socialista.

Ocupaba entonces la agenda mediática el brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius. También estaba en curso la vista oral del ‘caso Kitchen’ - que investiga el presunto espionaje a Luis Bárcenas, extesorero del PP, por parte del Ministerio del Interior del gobierno de Mariano Rajoy - y acababa de terminar la del ‘caso Koldo’, que sentó en el manquillo al exministro socialista José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

El PSOE volvía a ganar las elecciones en mayo

Los resultados de aquel CIS, entonces, no podían reflejar cualesquiera que fuesen las consecuencias del cúmulo de causas judiciales que afectan al PSOE: habría vuelto a ganar las elecciones, con un 36% del voto válido - experimentó una ligera caída respecto del 36,4% que registró en abril - frente al 24,9% del PP, que mejoró su resultado en más de un punto en comparación con el 23,6% de abril. El PSOE aventajaba al PP en 11,3 puntos antes de la imputación de Zapatero.

Vox era la tercera fuerza, con un 16,2%, punto y medio más que en abril, cuando registró un 14,5%. Sumar registró un 5,7% (frente al 5,8% de abril) y Podemos un 2,5% idéntico al resultado anterior. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) obtuvo un 2,6% en mayo. Se Acabó la Fiesta (SALF) suma un 2,4% en mayo, frente al 1,7 % registrado en abril. El resto de partidos nacionalistas y regionalistas, como EH Bildu, Junts, BNG, EAJ-PNV y Coalición Canaria (CCa), no lograron superar el 1% en estimación de voto en ninguno de los dos meses. Unión del Pueblo Navarro (UPN) se sitúa en el 0,1 %, una cifra sujeta a alta variabilidad.

El PSOE cae 5 puntos en junio

Los resultados del CIS de junio vuelven a situar al PSOE como primera fuerza, pero registra una caída de cinco puntos, del 36,4% de mayo a un 31,3% del voto válido en junio. El Partido Popular, por su parte, mejoraría sus resultados en 2,2 puntos respecto al 24,9% de mayo, alcanzando un 27,1% del voto válido este mes. Así, esos 11,3 puntos con los que el PSOE aventajaba al PP en mayo quedan ahora en 4,2 puntos de distancia, aún a favor de los socialistas.

Vox se mantiene como tercera fuerza, con un 15,8% (lo que supone una caída de algo menos que un punto), Sumar crece algo menos de un punto y obtiene un 6,4% y Podemos registra un 2,8 % en la estimación de voto, apenas 3 décimas más que en mayo y abril.

Se Acabó la Fiesta (SALF) cae 0,5 puntos y alcanza un 1,9% en la proyección, prácticamente igualando a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que se sitúa también en el 1,9% tras caer del 2,6% del mes anterior. El resto de formaciones nacionalistas y regionalistas - EH Bildu, Junts, BNG, EAJ-PNV, Coalición Canaria (CCa) y Unión del Pueblo Navarro (UPN) - no superan el 2% de estimación individualmente.

Los coeficientes reductores que penalizarán de por vida la pensión de cerca de 900.000 personas con más de cuatro décadas cotizadas seguirán vigentes tras el voto en contra del PP y el PSOE este jueves en el Congreso a la enmienda que los habría eliminado, según recoge Europa Press. La medida, impulsada por Podemos, no superó el trámite parlamentario al encontrar la oposición de los dos partidos mayoritarios y la absetención de Vox. Sumar (socio de gobierno de los socialistas), Junts, UPN y Coalición Canaria votaron a favor.

Al contrario que en esta ocasión, el PSOE respaldó una iniciativa de Podemos con idéntico contenido en noviembre de 2025. Aquella propuesta, no obstante, era una declaración política sin efectos jurídicos. La enmienda de este jueves sí modificaba la ley, lo que disparó su coste estimado a 3.358 millones de euros anuales. De esa cifra, 1.345 millones corresponden a la supresión de los coeficientes en jubilaciones anticipadas voluntarias, y los 2.013 millones restantes, a las involuntarias.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha calificadfo el resultado como “insoportable” y lo resume así en una publicación de su cuenta de X (antes Twitter): “El bipartidismo contra los jubilados, otra vez, como en 2011, como siempre. Armas sí, pensiones no“.

Qué son los coeficientes reductores y a quién afectan

En España, quien se jubila antes de la edad legal ve recortada su pensión de forma permanente. El descuento se calcula en función de los meses de adelanto respecto a la edad ordinaria y de los años cotizados, y no desaparece en ningún momento de la vida del pensionista. La norma distingue dos situaciones. Quien se jubila voluntariamente puede adelantarse un máximo de 24 meses y asume una penalización de entre el 13% y el 21% según los años cotizados. Quien lo hace de forma involuntaria por despido o ERE puede adelantarse hasta 48 meses, con recortes que en el peor caso alcanzan el 30%. En ambas modalidades, el descuento es permanente.

La reforma que planteaba Podemos habría eximido de esa reducción a quienes acrediten 40 o más años de cotización. El argumento del partido morado es que ese colectivo “ya ha contribuido suficientemente al sostenimiento del sistema” y no debería sufrir penalización adicional por adelantar su retiro.

La reivindicación no es nueva. La asociación Asjubi40, que lleva una década reclamando la supresión de estos recortes, había seguido de cerca la tramitación de la enmienda y animó a sus miembros a seguir el pleno en directo. Varios de ellos intentaron asistir presencialmente al hemiciclo para, en sus propias palabras, “visibilizar la lucha durante la votación”.

Podemos critica el giro del PSOE

Antes de la votación, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido ante los medios que el PSOE se pusiera “del lado de la gente” y califica la situación de los afectados como “absolutamente injusta”. También ha lanzado una advertencia directa a los votantes socialistas: “Creo que quien votó al PSOE el 23 de julio de 2023 no entendería que hoy el PSOE votara en contra”.

La diputada de Podemos Martina Velarde también ha intervenido en el pleno para pedir apoyo a la enmienda y rechazar el argumento de derivar la cuestión al Pacto de Toledo. “Cuando las cosas se quieren hacer, se hacen”, ha afirmado desde la tribuna.

Las palabras de paz y diálogo que reclamó el papa en su discurso en el Congreso de los Diputados —que fueron acogidas por todos los grupos con una larga ovación— han quedado como un episodio anecdótico. La sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Baja ha vuelto a ser sede de la bronca política tras un nuevo enfrentamiento entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El jefe de la oposición ha vuelto a instar elecciones repasando el reguero de causas judiciales abiertas que salpican al PSOE y que, según ha apuntado, convergen en la figura del presidente. “12 sumarios, 17 delitos y casi un centenar de imputados. Ha practicado incluso la delincuencia de Estado. Es evidente que no tiene límites”, ha comenzado su intervención.

Feijóo ha acusado a Sánchez de beneficiarse de las diferentes tramas y le ha recordado que pasará a la historia como el “inductor y financiador del mayor caso de corrupción en el país”. “Señor ‘P.S.’ [las siglas que aparecían en el sumario del caso Leire en alusión a Sánchez], si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción; si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente”. Y en esta línea, Feijóo ha cerrado su intervención con una pregunta: “¿Hasta cuándo piensa estirar esta basura antes de dar la palabra a los españoles?”.

El líder socialista le ha replicado al líder del PP acusándole de hacer durante ocho años oposición marrullera: “Jamás asumiré su grado de hipocresía. Del partido de la Púnica, la Kitchen, del partido de Marcial Dorado, lecciones ninguna”, ha respondido. Sánchez ha rechazado “las lecciones” del PP y ha apuntado que la verdadera diferencia entre ambos radica en que él se sienta en una sede “que no ha sido financiada con dinero en negro”. “Dan lecciones de democracia y no respetan los resultados; dan lecciones de legitimidad y tapan la corrupción”, ha sentenciado.

El líder de la oposición no ha sido el único que le ha abordado por el tema de la corrupción. Las preguntas también han llegado desde la bancada de Bildu a través de la portavoz Mertxe Aizpurua, quien ha exigido al presidente del Gobierno que aclare y depure responsabilidades en la comparecencia prevista para finales de este mes.

También le ha pedido que dote de un “sentido” a lo que resta de legislatura, que acelere la aprobación de las medidas sociales pendientes y que avance en la plurinacionalidad, porque “limitarse a resistir será un fracaso asegurado”. Sánchez ha evitado en todo momento profundizar en las causas, limitándose a asumir que ha cometido “errores”.

El caso Leire Díez en los pasillos del Congreso

El caso de Leire Díez ha estado presente en los pasillos del Congreso. Preguntado sobre supuestos encuentros de la ‘fontanera del PSOE’ en la Fiscalía General del Estado, el portavoz de los socialistas en la Cámara Baja, Patxi López, ha asegurado que su partido “está colaborando con toda la información de la que dispone” sobre el caso, al tiempo que ha señalado que no le preocupa una posible imputación de la formación como persona jurídica porque cree que “no hay nada” para ello.

El coordinador del PSC en el Congreso, José Zaragoza, también se ha remitido a la actuación judicial. “No sé lo que aparece en los papeles de Leire Díez. ¡Están apareciendo tantas cosas!”, ha señalado. En todo caso, ha pedido confiar en la Justicia y dejar que esta actúe, “porque al final nos convertimos nosotros en sustitutos de los jueces, de los fiscales y de los abogados defensores”, ha afirmado el diputado catalán.

El papa se va de Madrid, pero los problemas no se han ido para el Gobierno. En el último mes de curso parlamentario, la legislatura parece haber entrado en una fase de guerra de trincheras, en la que los movimientos están medidos únicamente para evitar sonadas derrotas. En las filas socialistas, la mayor preocupación es la de aislar al presidente del Gobierno frente a la corrupción que salpica a su entorno. La consigna es clara: llegar con vida al parón veraniego, dos meses sin actividad parlamentaria y con la judicial colgando el cartel de cierre por vacaciones.

El mes de mayo ha sido catastrófico para los ánimos del socio mayoritario del Gobierno, que en apenas dos semanas ha tenido que tragar con registros policiales en la sede del partido, la imputación del expresidente del Gobierno ―y tándem socialista―, José Luis Rodríguez Zapatero; y la apertura de una investigación sobre el uso de las cloacas para torpedear casos judiciales que afectan al PSOE. El Ejecutivo está decidido a cerrar filas con todo lo que esté en su mano, aunque eso suponga apoyar ciegamente la teoría de la conspiración judicial para “derribar” al Gobierno.

La oposición, por su parte, evita ejecutar movimientos precipitados que den alas al Gobierno, como puede ser una moción de censura sin visos de prosperar. En su lugar, está dispuesto a seguir subido en la cresta judicial y esperar a que la legislatura se acabe hundiendo por su propio peso, llevándose a los socios de Sánchez consigo. Ahora, Génova tampoco piensa estar de brazos cruzados y ya ha puesto a punto su maquinaria en el Senado para engrosar su agenda con la citación de los protagonistas de los numerosos sumarios en sus comisiones de investigación: la fontanera Leire Diez o la directora de la Guardia Civil lo harán este mes.

Sentencias inminentes

De forma paralela, en los tribunales se espera que llegue de manera inminente la sentencia del juicio al hermano de Pedro Sánchez, que terminó su última vista este martes tras la revisión de todos los informes policiales y la declaración de decenas de testigos. Las acusaciones populares, que ejercen entre otros PP y Vox, reclaman ahora duplicar la pena de prisión para el hermano del presidente tras escuchar su declaración ante la jueza.

En los próximos días llegará también la “inminente” sentencia del caso mascarillas, que investiga una trama de mordidas en el Ministerio de Transportes, entonces dirigido por José Luis Ábalos, a cambio de contratos públicos. Durante las sucesivas vistas se han ido descafeinando por falta de pruebas importantes acusaciones, como que el presidente del Gobierno era “el número 1″ o que en el PSOE existía una caja B. Y dentro de la gravedad de los hechos, el PSOE se aferra a la poca información para tratar de tranquilizar a sus filas.

Zapatero y Leire Díez, los últimos escándalos

Y por si fuera poco, las miradas están puestas ahora en la citación del expresidente Zapatero en la Audiencia Nacional, el 17 y 18 de junio, donde deberá aclarar todos los vacíos y afirmaciones en el extensísimo sumario de la UCO, que le apunta como jefe de una red de tráfico de influencias y blanqueo de dinero. La imputación de Zapatero fue un “shock” para el partido y los socios.

La última piedra en la mochila de Sánchez ha sido el escándalo Leire Díez, vinculado al uso de las cloacas por parte de Santos Cerdán para impedir el avance de las investigaciones judiciales que afectaban al partido. El Gobierno, de la mano de la portavoz Elma Saiz, insiste en que Pedro Sánchez nunca se vio con Leire Díez ni supo de sus “andanzas”. La investigación policial reúne una decena de conversaciones, mensajes y testimonios de terceros en los que se menciona a Pedro Sánchez como “el one”, “el jefe” o “el Presidente”, pero no figura como interlocutor en las conversaciones que han trascendido del sumario. En los últimos días ha sido citada en calidad de testigo la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ya en el próximo mes de julio tras constatar una conversación de Díez con Narbona a través de WhatsApp el 24 de abril de 2024.

Los socios de Sánchez piden salir del shock

El reguero de casos judiciales deja a los socios de Sánchez en un mar de dudas, a la espera de la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados prevista para finales de este mes, casi un mes después del estallido del caso Zapatero.

Desde el PNV no esconden su posición y dan por muerta la legislatura tras el “noveno caso” judicial abierto, mientras que desde Sumar piden al socio mayoritario que salga del “shock” y “acelere y desbloquee” las reformas pendientes, “sin esperar ni un minuto más”, especialmente en materia de vivienda. Sin embargo, en las filas socialistas no están dispuestos a adentrarse en batallas que se prevén perdidas mientras Junts per Catalunya permanezca en el ‘no’ sistemático. La única batalla que parece dispuesta a combatir el presidente del Gobierno es la de aprobar los presupuestos de 2027, a pesar de que la tarea se presenta imposible por el rechazo de los de Carles Puigdemont.

Alfonso Fernández Mañueco ha sido investido este martes como presidente de la Junta de Castilla y León por tercera vez, respaldado por los 33 procuradores del Partido Popular (PP) y los 14 de Vox, que le otorgaron los 47 votos necesarios para superar la mayoría absoluta fijada en 42 escaños en la XII Legislatura del Parlamento autonómico. La sesión, celebrada en las Cortes de Castilla y León con sede en Valladolid, ha concluido a las 20.40 horas tras una votación pública y por llamamiento que ha formalizado el inicio de un nuevo mandato de cuatro años al frente del Ejecutivo regional.

El pleno del Debate de Investidura arrancó a mediodía con la intervención de Mañueco, que empleó una hora y veinte minutos para exponer lo que él mismo ha denominado su “contrato de Legislatura”. La sesión se reanudó a las 16 horas con las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios: el socialista Carlos Martínez, los integrantes del Grupo Mixto —Ángel Ceña, Pedro Pascual y Alicia Gallego—, el portavoz de Vox, Carlos Pollán, y la representante del Grupo Popular, Leticia García. Cada intervención fue seguida de las correspondientes réplicas y dúplicas del candidato.

La votación concluyó con 47 votos a favor y 35 en contra. El rechazo vino del PSOE, con 30 escaños, y el Grupo Mixto, compuesto por la Unión del Pueblo Leonés (UPL) —tres procuradores—, Soria ¡Ya! y Por Ávila, con un representante cada uno. Tras la proclamación oficial del resultado, el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, ha declarado a Mañueco presidente de la Junta. La toma de posesión del cargo está prevista para el jueves 11 de junio.

Un acuerdo de 324 medidas y el regreso de Vox al Gobierno

La investidura de este martes ha sido posible gracias al pacto de gobierno suscrito el pasado 3 de junio entre PP y Vox, un documento de 62 páginas y 324 medidas que llegó 80 días después de las elecciones autonómicas del 15 de marzo. Unos comicios de los que el PP salió ganador con 33 escaños, a nueve de la mayoría absoluta, lo que ha obligado a Mañueco a buscar un socio de gobierno para garantizar la gobernabilidad de la comunidad.

El acuerdo, presentado por ambas formaciones en una comparecencia conjunta en las Cortes, establece una estructura de gobierno con dos vicepresidencias y once consejerías. Vox se queda con la vicepresidencia primera, que asumirá Pollán, con rango de consejería, y con tres carteras: Desregulación, Familia y Ayudas Sociales —que incluye competencias en inmigración—; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; y Cultura, Turismo y Deporte. El PP retiene la vicepresidencia segunda y el resto de las consejerías, entre ellas Presidencia, Economía y Hacienda, Sanidad, Educación y Medio Ambiente.

Uno de los puntos más polémicos del pacto es la aplicación del principio de “prioridad nacional”, una fórmula ya incluida en los acuerdos de coalición de PP y Vox en Extremadura y Aragón. Bajo este principio, el acceso a una vivienda protegida y alquiler social quedará condicionado a un “arraigo real y prolongado”, que se medirá mediante el empadronamiento histórico en Castilla y León y en España: un mínimo de diez años para la compra de vivienda y de cinco para el alquiler.

*Noticia elaborada con información de agencias

El papa no llegó a Madrid con promesas de milagros, pero el lunes logró rozar algo que hasta ahora parecía inimaginable: silenció el bronco hemiciclo para unirlo en una larga ovación a izquierda y derecha. No obstante, su llamado al respeto y al diálogo, a “la firmeza” sin el “desprecio”, y a “la discrepancia” sin “humillación” chocará, con toda probabilidad, con la realidad cotidiana de la Cámara Baja, que en los últimos años se ha convertido en sede de la crispación política, de los gritos e incluso los insultos contra el adversario político.

Es la realidad que esperan las filas socialistas, que se preparan para volver a ver a un Partido Popular y Vox dando por acreditados los indicios policiales en las distintas causas abiertas que afectan al partido. Desde el PP, las fuentes consultadas por Infobae aseguran que la hoja de ruta no cambia porque “la actualidad sigue” y, a pesar de haber estado el papa, “aquí han sucedido cosas”.

El partido de Alberto Núñez Feijóo saldrá en tromba a exponer la declaración como testigo de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la imputación del vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, en el marco de una investigación sobre el uso de cloacas por parte del PSOE para boicotear investigaciones judiciales. No será el único asunto, pues este mismo mes se conocerá la sentencia del caso mascarillas y la que afecta al hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. Todo ello, para centrar la narrativa en que el reguero de tramas converge en una misma figura, la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Esto es un único caso de corrupción institucionalizada. El PSOE se ha reído de todos, nos ha mentido a todos. A los españoles, a los socios y a los periodistas”, criticó la portavoz popular en la Cámara Baja, Ester Muñoz.

El PP ha abandonado la idea de presionar a los socios del Gobierno para que apoyen una moción de censura. Tampoco lo hará Vox, que hasta ahora había sido el partido más insistente con ello, consciente de que presionar al PP solo supone dar alas a Sánchez. En su lugar, la estrategia de la oposición volverá a ser la de reclamar un adelanto electoral ante una legislatura que consideran “agotada”. “Esto solo tiene una salida: decencia y elecciones”, reclamó Muñoz.

Los socios piden motivos para seguir la legislatura

Desde el lado del Gobierno, los socios volverán a pedir al Gobierno que explique los motivos para aguantar los 13 meses que quedan de legislatura sometido al bloqueo legislativo de Junts per Catalunya, que desde hace meses permanece en la oposición ante los “incumplimientos del Gobierno”. Aliados como el PNV ya han dado por muerta la legislatura y desde el socio minoritario lamentan que el PSOE es incapaz de reponerse del “shock” judicial.

Será la diputada de Bildu, Mertxe Aizpurua, quien formule la pregunta, que será respondida por el presidente del Gobierno, previsiblemente, recurriendo al anuncio de los presupuestos generales del Estado —que no tiene posibilidades de salir adelante— y otra serie de medidas sociales, entre ellas, el plan de 400 millones de ayudas en eficiencia energética de colegios y hospitales.

Su comparecencia se enmarca en una nueva jornada del juicio por la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas. En esta ocasión, su abogado ha anunciado al comenzar la sesión que Villarejo no iba a contestar las preguntas del Fiscal, limitándose a las cuestiones planteadas por su defensa. El excomisario ha negado que le pidieran que buscara grabaciones que implicaran al expresidente Rajoy.

Acusaciones de montaje del caso Leire

El investigado aparece involucrado en un nuevo supuesto caso de corrupción. Villarejo ha rechazado los señalamientos de la UCO, que apuntan a posibles reuniones con Díez en 2014 para negociar información a cambio de favores judiciales. “Desde 2018 me vienen persiguiendo y abriendo piezas, todo esto es un montaje para destruirme”, ha afirmado ante los periodistas.

El excomisario ha mostrado su indignación por la difusión de informaciones sobre su supuesta implicación y ha acusado a la Fiscalía de actuar de manera contradictoria. “Una parte persigue a las supuestas cloacas y otra acepta los audios que le da”, ha señalado. Además, ha recordado que el PSOE está personado en varias causas en su contra. “Ahora resulta que yo hago un acuerdo con ellos, cuando llevan años intentando destruirme”, ha concluido.

La investigación de la UCO sobre Leire Díez se integra en una causa más amplia que apunta a una presunta red liderada por Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, y coordinada por Díez, con el objetivo de influir en procesos judiciales que afectan al partido y al Gobierno. Los agentes han accedido a mensajes entre el abogado de Villarejo y la Fiscalía, donde se reflejan negativas a posibles pactos. Antonio García Cabrera, abogado de Villarejo, está citado a declarar como testigo ante el juez Santiago Pedraz el próximo 8 de julio.

“Jamás el PP me ha encargado nada a nivel privado”

Tras su primer obstáculo de la mañana con las declaraciones a la prensa, Villarejo ha negado ante el tribunal del caso Kitchen haber recibido encargos para localizar grabaciones entre Mariano Rajoy y Luis Bárcenas o instrucciones políticas del partido. Durante su declaración, ha explicado que el entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, le solicitó una operación de inteligencia para determinar si Bárcenas ocultaba fondos o poseía información sensible que pudiera afectar a instituciones del Estado.

“Jamás el PP me ha encargado nada a nivel privado, menos aún me ha pagado nada”, ha confirmado. También ha negado haber actuado por iniciativa propia ni haber realizado seguimientos, afirmando que su papel fue “el de un agente volante”, sin coordinación ni integración en la estructura policial oficial. Villarejo ha asegurado que captó al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, solo para obtener información.

El papa ha logrado incluir en un aplauso a izquierda y derecha, a patronal y sindicatos, a creyentes y excépticos, incluso ahondando en los frentes que más sacuden la actualidad cuando él no está. Sin ir más lejos, este lunes lo comenzaba reunido con Pedro Sánchez, o incluía en su agenda un asunto que debiera serle de gran incomodidad y sin embargo ha abordado abiertamente y con cercanía, como los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Se ha reunido con víctimas de curas pederastas. Pero la cita más esperada tenía lugar en el Congreso de los Diputados, epicentro nacional de la discordia.

En ausencia de Podemos, BNG y los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, León XIV ha entrado al Congreso como jefe de Estado y ha salido como líder de masas. Tras una larga ovación de siete minutos al término de un discurso histórico, el pontífice ha aparcado el protocolo y ha abandonado a pie la Cámara Baja. Ha salido del patio hacia la carrera de San Jerónimo y ha estrechado la mano de decenas de asistentes. Pero lo extraordinario había ocurrido dentro, generando el consenso entre PSOE, PP, Vox, Junts, ERC, Bildu y cuantas formaciones ocupaban los escaños.

Nogueras le habla en catalán

Pero al salir, el Congreso ha recuperado su ‘esencia’ y las palabras del papa, llamado a la “humanidad”, a medir la “grandeza moral” de las naciones en “su apacidad de acompañar a las personas que pasan por una mayor fragilidad”, a acoger “respetuosamente” e “integrar” a los migrantes, se han trasformado en arma política. El primero en disparar ha sido Gabriel Rufián, en la red social X: “PP y Vox le han aplaudido durante 10 minutos un discurso al papa que abuchean y vetan en el Congreso hace siete años. Como resumen de la cosa”. El primero después del discurso, porque Junts ya empezó antes.

Nada más ingresar en el Congreso, el papa ha sido recibido por la presidenta de la cámara, Francina Armengol, y los portavoces de los distintos grupos, entre ellos Míriam Nogueras, que se ha dirigido al pontífice en inglés para pedirle que hable catalán cuando visite Barcelona, adonde viaja este martes, una vez concluya su agenda en Madrid. “Su santidad; como Gaudí, soy catalana. Hablar la lengua de la tierra que te acoge es un maravilloso acto de amor y respeto. Espero que disfrute de su visita a Cataluña, mi nación”, le ha dicho.

“Abascal se retuerce en su escaño”

En otro tono han tomado el discurso altos representantes de PP y PSOE, este último con alguna excepción. El presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en X, ha difundido un vídeo con la comparecencia íntegra del papa, la que ha acompañado del siguiente comentario: “Ha sido un honor ser testigo. Su discurso ha sido sereno, sólido y esperanzador. Por la defensa de la dignidad humana. De la vida. De la familia. De la libertad. Os invito a escucharlo. Desde la primera a la última palabra”.

El portavoz de los socialistas, Patxi López, ha seguido la misma línea: “Ha sido una jornada histórica para nuestra democracia. Me quedo con una reflexión especialmente necesaria en estos tiempos: la discrepancia no puede convertirse en descalificación permanente del adversario. Diálogo, respeto, convivencia y defensa de la dignidad de las personas. Valores que fortalecen nuestra democracia y que merecen ser escuchados”.

El ministro más activo en redes, Óscar Puente, no ha tecleado pero sí compartido lo que han escrito otros. Sin ir más lejos, ha retuiteado a Rufián, su “PP y Vox le han aplaudido...”, además de otro post del usuario @PiedrafitaMario, que se ha quedado con este momento en la alocución de León XIV: “La grandeza de una nación se manifiesta, sobre todo, en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad”. Lo apostilla con un “vaya recado le ha dejado el papa a la derecha. Abascal se retuerce en su escaño”.

Las acusaciones populares han endurecido este jueves su ofensiva judicial contra David Sánchez tras escuchar su versión de los hechos. PP, Vox y Hazte Oír han elevado hasta los seis años de prisión la pena que solicitan para el hermano del presidente del Gobierno por un presunto delito de prevaricación administrativa en concurso medial con otro de tráfico de influencias. El aumento de las penas también alcanza a Miguel Ángel Gallardo. Las tres acusaciones reclaman ahora cuatro años de cárcel para el expresidente de la Diputación de Badajoz, al considerar que tuvo un papel relevante en los hechos que se investigan.

Las nuevas peticiones han sido formalizadas durante la presentación de los escritos de acusación definitiva, un trámite clave en el procedimiento porque fija de manera definitiva los delitos que las acusaciones atribuyen a los procesados y las condenas que solicitarán durante el juicio.

La única nota discordante ha llegado de Manos Limpias. La organización se ha desmarcado del resto de acusaciones populares y no ha respaldado el endurecimiento de las penas planteado por PP, Vox y Hazte Oír.

Fiscalía y defensas piden frenar el giro de las acusaciones

Sin embargo, tanto la Fiscalía como las defensas han reaccionado de inmediato solicitando al tribunal que no admita las nuevas penas planteadas por las acusaciones populares. El Ministerio Público ha mantenido intacta la posición que ha defendido desde el inicio del procedimiento y ha vuelto a reclamar la absolución de David Sánchez y del resto de los acusados. La Fiscalía considera que no existen elementos suficientes para sustentar una condena y entiende además que las acusaciones han introducido cambios sustanciales en la calificación jurídica de los hechos al elevar ahora las penas solicitadas.

En la misma línea se han pronunciado las defensas, que han elevado sus conclusiones a definitivas insistiendo en la absolución de todos los procesados. Los abogados han denunciado que el giro de las acusaciones les deja en una situación de “indefensión” y han pedido al tribunal que rechace las nuevas peticiones de condena.

El principal reproche de las defensas se centra en que, a su juicio, las acusaciones populares no solo han endurecido las penas, sino que han alterado el encaje jurídico y el relato sobre el que se ha desarrollado el procedimiento. “No es posible modificar de esta manera el relato fáctico de los hechos que se enjuician”, ha sostenido uno de los letrados durante la sesión.

Las críticas han sido especialmente duras. Uno de los abogados ha llegado a calificar la actuación de las acusaciones como una “subversión absoluta” del procedimiento, mientras que otro ha hablado de una “anormalidad intolerable”.

Frente a estas objeciones, el abogado de Hazte Oír, Javier Pérez Roldán, ha defendido la legalidad de las nuevas conclusiones y ha rechazado que se haya producido modificación alguna de los hechos investigados. El letrado ha ratificado la petición de seis años de prisión para David Sánchez y ha asegurado que el cambio se limita a la valoración jurídica de los hechos ya conocidos. “No hemos tocado ni un solo hecho”, ha afirmado ante el tribunal.

Finalmente, el tribunal ha avalado la maniobra de las acusaciones populares. Tras un receso para deliberar sobre las objeciones planteadas por la Fiscalía y las defensas, la Audiencia Provincial de Badajoz ha acordado admitir las nuevas conclusiones presentadas por el PP, Vox y otras cuatro acusaciones, permitiéndoles elevar hasta los seis años de prisión la pena que solicitan para David Sánchez. De este modo, la sala rechaza los argumentos de quienes denunciaban una modificación sustancial de la acusación y deja fijadas las nuevas peticiones de condena con las que la causa afronta ya su recta final.

El Partido Popular y Vox han cerrado este miércoles el acuerdo de gobierno de coalición para Castilla y León que presidirá Alfonso Fernández Mañueco. En una rueda de prensa conjunta, el presidente regional del PP y el portavoz de Vox, Carlos Pollán, han explicado que la estructura del Ejecutivo autonómico contempla dos vicepresidencias. La primera será para Vox y estará encabezada por Carlos Pollán, aunque aún no se encuentra adscrita a ninguna consejería específica, según ha reconocido el portavoz de Vox. La segunda vicepresidencia será para el PP y estará vinculada a las áreas de vivienda, igualdad, despoblación y protección civil.

En cuanto al reparto de carteras, la consejería de Hacienda quedará en manos del Partido Popular, que también gestionará las consejerías de Sanidad, Educación, Medioambiente y Energía e Industria. Por su parte, Vox asumirá tres: la consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, la de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental —que incluye competencias en caza y pesca—, así como la consejería de Cultura, Turismo y Deportes.

En las últimas semanas, a través de su portavoz en las Cortes, Vox avanzó que el concepto de ‘prioridad nacional’ para el acceso a determinadas ayudas públicas estará incluido en el acuerdo, como ya hicieron en los acuerdos de Extremadura y Aragón. Este miércoles, el presidente regional Alfonso Mañueco ha concretado que implicará “una asignación prioritaria a quienes tienen un arraigo real, verificable y efectivo con nuestra tierra, siempre dentro del marco legal”.

Desde el Gobierno ya han salido a criticar el acuerdo, calificándolo de “pacto de la infamia” por incorporar la prioridad nacional. “Es lamentable que en el siglo XXI se firme un pacto que se llama de prioridad nacional y en realidad son una vergüenza”, ha lamentado el ministro de Transformación Digital, Óscar López, que ha precisado que este principio significa trasladar un “mensaje xenófobo”.

Fumata blanca 80 días después de las elecciones

Las negociaciones se han sucedido con la máxima discreción entre ambas formaciones, como así acordaron al inicio de las conversaciones. El líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, avanzó este miércoles que el acuerdo estaba “muy avanzado”, a falta de ultimar detalles sobre el programa y la estructura del Gobierno autonómico. Finalmente, el acuerdo de gobierno ha llegado 80 días después de la celebración de las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo que dieron la victoria al Partido Popular, con 33 de los 82 escaños que componen el Parlamento, a nueve de la mayoría absoluta.

Por su parte, Vox consiguió 14 parlamentarios, un escaño más que en los anteriores comicios. La sesión de investidura se desarrollará la próxima semana, con la fecha inicial prevista del 10 de junio. Tras la votación, Fernández Mañueco podrá empezar su tercer mandato. Todos ellos han sido mediante un gobierno de coalición, que será el segundo que compartirá con el partido de Santiago Abascal.

Junts per Catalunya aprovecha la moción de censura ofertada por Feijóo para reactivar su estrategia política en el momento más frágil de la legislatura. El líder del Partido Popular lleva días tratando de convencerles para sumar sus apoyos para echar al Gobierno, lo que le permitiría sumar una mayoría absoluta.

La última oferta sobre la mesa ha sido una moción instrumental para crear un gobierno interino que convoque elecciones inmediatamente. Según Feijóo, no necesitaría a Vox para ello. Y el matiz es importante, pues son las dos líneas rojas que marcan los partidos de Carles Puigdemont y Aitor Esteban.

Los de Carles Puigdemont optan por abrirle la puerta, pero con una condición incómoda para Génova. “Si tiene una propuesta seria de una moción de censura instrumental, que nos la explique. Sabe que, si tiene que contarnos algo, esta reunión debe hacerse en Waterloo, y nosotros le escucharemos”, ha afirmado el secretario general de Junts, Jordi Turull.

En un evento con líderes empresariales catalanes, Feijóo ha tratado de esquivar el desafío, deslizando que “no pedirá favores ni los regalará”. “Yo no sé lo que harán otros”. ¿Eso significa que es impensable una reunión? Para Génova es una situación incómoda porque sería echar tierra en su propio jardín, después de haber tratado de torpedear la ley de amnistía. Pero al mismo tiempo, Feijóo desliza que estaría dispuesto a tragar con el sapo para echar a Sánchez. “Vamos a hablar de cosas serias”, ha zanjado al ser preguntado por las palabras de Turull.

Waterloo, un lugar incómodo

La jugada de Junts forma parte de la estrategia de equilibrios que sigue desde que decidió retirar el apoyo al Gobierno. Porque esto sucede mientras Junts presiona al PSOE para acelerar los compromisos pendientes, entre ellos la culminación de la ley de amnistía, que es precisamente el obstáculo que impide que el centro de operaciones de Junts se mueva de Waterloo.

Ni el Gobierno ni los socios progresistas de Sánchez se creen las palabras de Junts porque ven impensable que ceda su apoyo al PP cuando lleva “ocho años insultando” a estas fuerzas políticas. “Sería un suicidio político", ha aseverado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en un mensaje en X.

Pradales viaja a Barcelona

En cuanto al PNV, la formación jeltzale no ha querido dar lugar a la especulación y rechazó la oferta el mismo día que fue lanzada, ya que valoran el mensaje como una fórmula “poco clara” y que seguiría dependiendo de Vox. “Nuestra posición no ha cambiado respecto a lo que hemos dicho estos días”, insisten fuentes de la formación jeltzale consultadas por Infobae.

Y en medio de este juego de tronos, el lehendakari peneuvista Imanol Pradales y el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, se han reunido en Barcelona. En ese encuentro, que aseguran es de carácter institucional, han abordado cuestiones como el papel del catalán y el vasco en las instituciones europeas y la agenda modernizadora. Ahora, el momento en el que sucede ya es ciertamente simbólico.

El municipio de Totana, en la Región de Murcia, no contará este año con actos institucionales durante el Orgullo LGTBIQ+, ni con la tradicional colocación de la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento. Estas nuevas medidas se enmarcan en el acuerdo presupuestario alcanzado entre el Partido Popular y Vox, que ha permitido sacar adelante las cuentas municipales a cambio de introducir cambios en materia simbólica y cultural.

Según el pacto, el consistorio mantendrá la “ausencia total de actos institucionales LGTBIQ+ y de la colocación de la bandera arcoíris en edificios y espacios públicos municipales, así como del resto de simbología ideológica de carácter partidista o activista”. Además, el acuerdo incluye otras medidas impulsadas por Vox en ámbitos como la inmigración o el acceso a determinados servicios públicos.

Por su parte, el alcalde de Totana, Juan Pagán, ha explicado al medio Onda Regional que la retirada de la bandera responde directamente a lo pactado entre las formaciones y que hasta ahora su colocación se realizaba por “iniciativa del propio Ayuntamiento”. El regidor ha defendido que la bandera tiene un “valor simbólico”, aunque ha subrayado que “en ningún caso supone una vulneración de los derechos del colectivo LGTBIQ+”.

Sin embargo, la decisión ha provocado críticas por parte de colectivos sociales y partidos de la oposición, que la interpretan como un retroceso en materia de visibilidad y derechos para las personas del colectivo.

Una campaña de banderas arcoíris en los balcones

La asociación Red Regional LGTBIQ+ ha sido una de las voces más críticas con el acuerdo alcanzado en Totana. La entidad considera que el pacto constituye una forma de discriminación hacia las personas LGTBIQ+ del municipio y denuncia que “veta posibles iniciativas en el Consistorio a favor del reconocimiento del colectivo”, según declaraciones recogidas por el diario eldiario.es.

Asimismo, advierte de que la medida impacta en personas que “nacen, viven, trabajan o llegan a Totana, y que afrontan las dificultades propias de ser una minoría en una población pequeña”. En este sentido, la organización ha criticado que, para Vox, “la prioridad es que queden resignados al olvido en un mes en el que suelen esperar un pequeño guiño de sus instituciones públicas”.

Además, acusa al Partido Popular de haber “comprado este discurso discriminatorio a cambio de la aprobación de sus cuentas para la Corporación”, en referencia al acuerdo presupuestario entre ambas formaciones.

Frente a esta situación, la plataforma ha impulsado una respuesta ciudadana basada en la visibilidad en el espacio público. La Red Regional ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía para colgar banderas arcoíris en los balcones como gesto de apoyo al Orgullo y a la diversidad, y ha animado también a partidos políticos, sindicatos, comercios y centros educativos a promover iniciativas similares en el municipio.

En la misma línea, Javi Nicolás, responsable de comunicación del colectivo ‘No te Prives’ y miembro de la Red Regional, ha señalado al medio local que la retirada de la bandera es “aún más grave” al producirse en un municipio pequeño, aunque matiza que “no refleja el sentir general de sus habitantes”.

Waterloo sí o Waterloo no, esa es la cuestión. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quiere impulsar una moción de censura “instrumental” sin Vox para formar un gobierno provisional que releve al Ejecutivo de Pedro Sánchez. La iniciativa llega en unas semanas especialmente sensibles para los socialistas, aupado por el caso Plus Ultra y la presunta implicación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, además del trama que supuestamente coordina Leire Díez junto a Santos Cerdán.

El presidente del PP viene solicitando la ayuda de Junts, motivo por el que el secretario general del partido, Jordi Turull, le ha invitado a reunirse en Bélgica con el expresidente catalán y líder del partido, Carles Puigdemont. Por ahora, el líder de la oposición ha evitado pronunciarse al respecto de esta invitación.

A la salida de las jornadas del Cercle d’Economia, celebradas en Barcelona, Feijóo ha sido preguntado en varias ocasiones por la posibilidad de viajar a Bélgica para negociar el respaldo de los de Puigdemont a una eventual moción de censura. Su respuesta ha sido escueta: “Vamos a hablar de cosas serias”, como ha recogido EFE.

El partido independentista catalán pide una propuesta

Por su parte, la formación nacionalista aboga porque el PP traiga una propuesta. “Si tiene una propuesta seria de una moción de censura instrumental y tiene una oferta juntos, pues que no lo haga por los medios de comunicación y que, por tanto, nos la explique. Y el señor Feijóo sabe que, si tiene que contarnos algo, esta reunión debe hacerse en Waterloo, y nosotros le escucharemos”, ha afirmado Turull esta mañana.

Durante su intervención en el foro económico, Feijóo ha instado en que no busca “atajos” para llegar a La Moncloa. “No vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos”, afirmó. Además, defendió la necesidad de impulsar “un proyecto limpio” para España y lanzó un mensaje de firmeza política: “Devolveré la decencia a mi país con ayuda o sin ella”.

En ese sentido, el popular continúa retando a los “184 diputados que piden elecciones” -formada por PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y UPN-, a la espera de conseguir los 176 escaños por los que en el Congreso obtendría la mayoría absoluta.

Para Turull la vía más “rápida” es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disuelva las Cortes y convoque elecciones. “Nosotros no estamos para apuntalar a uno o a otro”, ha afirmado, recordando que Junts rompió relaciones con los socialistas el pasado mes de noviembre ante sus incumplimientos del pacto de investidura.

Fue en una entrevista para El Programa de Ana Rosa este lunes cuando Feijóo ofreció una moción de censura para que un gobierno interino, “sin Vox”, limpie las instituciones “de manera inmediata” y convoque elecciones. La propuesta iba dirigida especialmente al partido de Carles Puigdemont y el PNV, los socios externos del Gobierno que han manifestado sus dudas sobre el futuro de la legislatura y han reclamado un adelanto electoral.

Por el momento, la pelota está en el tejado de Feijóo. Con una mayoría alternativa aún lejos de concretarse y el Gobierno insistiendo en agotar la legislatura, la posibilidad de una moción de censura sigue siendo, por ahora, más una declaración de intenciones que una operación política cerrada.

En plena ofensiva para impulsar una moción de censura instrumental, el líder del PP multiplica sus mensajes al PNV y Junts para convencerles de sumar sus votos. En la reunión anual del Cercle d’Economia, Feijóo ha trasladado a los empresarios catalanes la necesidad de un cambio de Gobierno para garantizar un proyecto limpio que “devuelva la decencia” al país.

Después de que este mismo martes Junts le haya retado a ir a Waterloo (Bélgica) a negociar con el expresidente catalán y líder del partido, Carles Puigdemont, una oferta “seria” para impulsar una moción de censura, Feijóo ha insistido en que no realizará cesiones a cambio de su voto. “No sé qué harán otros. No vengo a pedir favores ni a regalarlos”, ha dicho. Y en ese sentido, el líder popular ha vuelto a retar a esos "184 diputados que piden elecciones" a llevar a la práctica lo que han pronunciado en público.

“Lo que se dice no tiene valor si no se acompaña de hechos coherentes con las palabras”, ha añadido Feijóo, para después apuntar que “en un momento como este”, en el que el PSOE se ve afectado por varias investigaciones judiciales en marcha, los partidos de la oposición deberían priorizar la “responsabilidad democrática” y no la “conveniencia política”. “De este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. Es el único final digno para una legislatura exhausta, lo que ocurre es que la teoría hay que llevarla a la práctica”, ha manifestado.

Critica que la conversación política “gira alrededor de una agenda de tribunales”

Feijóo ha evitado pronunciarse sobre la petición de Junts durante su intervención, limitándose a decir que “en un momento como este”, en el que el PSOE se ve afectado por varias investigaciones judiciales en marcha, los partidos de la oposición deberían priorizar la “responsabilidad democrática” y no la “conveniencia política”. Ha asegurado “tener muy claro que el momento es tan delicado que desaconseja reflexiones irreflexivas” y ha apuntado que seguirá actuando “con aplomo y responsabilidad” y solamente en función de sus “convicciones”. Y así, preguntado de nuevo a su salida del Palau de Congressos de Catalunya, Feijóo ha sentenciado: “Vamos a hablar de cosas serias”.

Ante el empresariado catalán, Feijóo se ha quejado de que “la conversación pública gire alrededor de sumarios, de imputaciones y comisiones”, en lugar de centrarse en una agenda económica. “Salgamos del día de la marmota de una vez”, ha reclamado Feijóo, que ha subrayado que se debería “estar hablando de cómo ordenar los asuntos claves de nuestro país y de impulsar la economía”, ha añadido.

Junts per Catalunya ha respondido este martes a los llamamientos del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para sumarse a una moción de censura “instrumental” para tumbar al Gobierno de Pedro Sánchez. En una entrevista para Catalunya Radio, el secretario general de Junts, Jordi Turull, le ha invitado a reunirse con la cúpula del partido en Waterloo, Bélgica, “si quiere hacer una oferta seria”.

“Si tiene una propuesta seria de una moción de censura instrumental y tiene una oferta juntos, pues que no lo haga por los medios de comunicación y que, por tanto, nos la explique. Y el señor Feijóo sabe que, si tiene que contarnos algo, esta reunión debe hacerse en Waterloo, y nosotros le escucharemos”, ha afirmado.

Al mismo tiempo, Turull ha sostenido que para Junts “el camino más rápido” para acabar con una legislatura que consideran “amortizada” es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disuelva las Cortes y convoque elecciones. “Nosotros no estamos para apuntalar a uno o a otro”, ha afirmado, recordando que Junts rompió relaciones en el PSOE ante sus incumplimientos del pacto de investidura.

En una entrevista para El Programa de Ana Rosa de Telecinco este lunes, Feijóo ofreció una moción de censura para que un gobierno interino, “sin Vox”, limpie las instituciones “de manera inmediata” y convoque elecciones. La propuesta iba dirigida especialmente al partido de Carles Puigdemont y el PNV, los socios externos del Gobierno que han manifestado sus dudas sobre el futuro de la legislatura y han reclamado un adelanto electoral.

Pero ninguno de los dos parece dispuesto a moverse más allá de esta posición. Desde el partido de Aitor Esteban rechazaron la oferta porque ven el elemento Vox indivisible en la fórmula, mientras que los posconvergentes optaron por el silencio, si bien ya habían rechazado las sucesivas propuestas con este mismo argumento.

En este punto, Feijóo no tiene pensado entablar negociaciones directas para recabar apoyos y su estrategia se limita a aumentar la presión mediática, pidiéndoles ser “coherentes” por sus palabras y animándoles a “buscar una solución rápida”, a la espera de recibir un gesto claro de estos partidos. “Somos 184 diputados los que pedimos elecciones”, afirmó. Para el PSOE, la última oferta de Feijóo no es más que “un atajo más” y mantienen que el “calendario no cambia”.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asegura haber detectado “movimientos” en el PNV y Junts para apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez. Insiste en que ahora “hay 184 diputados” que piden las urnas, dos más que los necesarios para la mayoría absoluta, pero la realidad es que ni los de Carles Puigdemont ni los de Aitor Esteban están dispuestos a mover ficha por ahora.

El líder de la oposición aumenta la presión y les pide ser “coherentes” con sus palabras y “buscar una solución rápida”, aunque tampoco está dispuesto a entablar una conversación formal para negociar los apoyos. Por un lado, porque es consciente de que ambas formaciones sitúan “la línea roja” en el partido de Santiago Abascal, una incógnita que viene implícita en la ecuación. Por el otro, porque la condición que pone Vox es que el apoyo de PNV y Junts no esconda “cesiones a los separatistas”.

El margen de maniobra es escaso, el Gobierno lo sabe, y a Feijóo no le queda otra que lanzar sus propuestas a través de los medios de comunicación, con el objetivo de que PNV y/o Junts -el resto no se sienten aludidos- recojan el guante. Este lunes, Feijóo ha vuelto a intentarlo proponiendo una moción de censura “instrumental” para que un gobierno provisional, “que no necesita necesariamente a Vox”, limpie las instituciones “de manera inmediata” y convoque elecciones. ¿Cuánto tiempo estaría ese gobierno? El PP evita dar plazos: “No vamos a especular en este momento”, se limitó a decir el portavoz del PP, Borja Sémper, en una rueda de prensa en la sede del partido.

¿Qué ha visto de nuevo Feijóo? Las fuentes de Génova consultadas por Infobae se remiten a las declaraciones de ambas formaciones han hecho en público. “Les pedimos coherencia con lo que dicen, porque del dicho al hecho hay un trecho”, subrayan. Por ahora, lo conocido es que ni el PNV ni Junts, quienes consideran que la legislatura está agotada, aprietan cada vez más fuerte, pero sin ahogar. “No hemos entendido bien la propuesta”, reconocen fuentes de la formación jelzale.

Los socios esperan a la comparecencia de Sánchez y el PSOE no cambia el calendario

Para el PSOE, la última oferta de Feijóo no es más que “un atajo más” y recuerdan que el botón electoral, sin una moción de censura viable, solo lo tiene Sánchez: “El calendario no cambia”, aseguró la portavoz del PSOE, Montse Mínguez. El Gobierno trata de trasladar tranquilidad en un mes de junio que vaticina una rebosada agenda judicial, marcada por la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la investigación del caso Koldo, las que afectan a su hermano y a su mujer y la que apunta a una operación para desestabilizar procesos judiciales contra el PSOE comandada por Santos Cerdán. Y todo ello, con la incertidumbre de si la Audiencia Nacional abrirá una causa por financiación irregular en el partido, que sería la estocada final para la legislatura, según han afirmado los propios aliados del Gobierno.

El resto de socios no se dan por aludidos tras los mensajes de Feijóo, pero sí mantienen que las líneas rojas siguen siendo las mismas que con el caso Cerdán. Y después de esta primavera negra para el Gobierno, el presidente tratará de remontar los ánimos en el Congreso de los Diputados, donde dará explicaciones a finales de este mes de junio, casi un mes después de estallar el caso Zapatero y semanas después del caso Leire Díez. “En función de cómo se dilucen, podría llegar a una situación en la que haya que tomar las medidas oportunas”, advirtió la líder de Sumar, Lara Hernández.

Pino, máxima autoridad operativa de la Policía Nacional entre 2012 y 2016, solo respondió a las preguntas de su defensa. Ante el tribunal explicó que en 2013 llegó a la DAO información sobre la posibilidad de que Sergio Ríos, entonces chófer de Bárcenas, hubiera sido propuesto para viajar en coche a Suiza y recoger fondos de la familia. “Cuando hay un coche esperando para ir, según la información del confidente, a por dinero, evidentemente hay que ir a montar un servicio, nos pongamos como nos pongamos. No buscábamos documentos. Lo que intentábamos era el dinero. Y, además, había noticias sobre la existencia de otras cuentas distintas”, ha declarado, según información de agencias. El exdirector adjunto rechazó también el término Kitchen y lo ha calificado de denominación periodística.

“No buscábamos documentos. Lo que intentábamos era el dinero”

El relato de Pino sobre el origen del confidente implica a varios mandos policiales. Según su versión, el comisario Andrés Gómez Gordo—entonces asesor de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha— le comunicó que alguien había intentado captar al chófer de Bárcenas. Pino trasladó el dato a Cosidó, quien propuso que el comisario José Manuel Villarejo se hiciera cargo del confidente.. “Evidentemente, Villarejo me llega al poco tiempo y me dice que va a colaborar”, precisó el ex DAO ante el tribunal.

A Ríos se le abonaron 2.000 euros mensuales con fondos reservados para evitar que dejase de colaborar al perder su empleo tras el ingreso en prisión provisional de Bárcenas en el marco del caso Gürtel. “Es un colaborador, le tenemos que pagar algo”, justificó Pino. El pago fue autorizado por el propio ex DAO tras consultar al “secretario general”.

Villarejo, a quien Pino describió como “un agente libre” dedicado a “captar información” y al “manejo de fuentes”, solicitó en un momento posterior apoyo operativo por un preso cercano a Bárcenas que estaba próximo a salir de prisión y que, según se temía, podría manipular cuentas bancarias o archivos en la nube. Para esa tarea, Villarejo requirió al comisario Enrique García Castaño y a su equipo.

Las dudas sobre García Castaño y el volcado de dispositivos

Pino puso en entredicho las declaraciones que García Castaño realizó durante la instrucción. Negó que ese comisario entrara en el taller de pintura de Rosalía Iglesias —esposa de Bárcenas— en busca de documentos. “Este hombre no entró en ninguna parte. No me cuadra nada”, afirmó, al tiempo que consideró inverosímil que un mando formado con la CIA, al frente de lo que describió como “un CNI en pequeño”, ejecutara un operativo de ese tipo. “García Castaño es espía, siempre son relativos los espías”, añadió.

El ex DAO también negó tener conocimiento del supuesto volcado de dispositivos que agentes adscritos al departamento de García Castaño habrían realizado en una cafetería Vips de Madrid. “No tenía conocimiento de nada”, subrayó.

El cierre de la operación y la desvinculación del ministro

Pino situó el fin del operativo a finales de 2015, tras conocer que el hijo del extesorero había viajado a Chile y ante la sospecha de que la familia podría haber accedido ya a dinero guardado en Paraguay, tesis que siempre sostuvo el exjefe de la UDEF Manuel Vázquez. Fue el propio Pino quien pidió al comisario Gómez Gordo que mantuviera los pagos al chófer durante algunos meses más, una vez que Villarejo fue cesado.

El exDAO negó haber informado al entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz sobre vigilancias policiales a Rosalía Iglesias, con quien aseguró no haber tratado “nunca aspectos operativos”. Tampoco abordó el asunto entre 2013 y 2015 con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, a quien describió como alguien que mantenía comunicación directa “con todo el cuerpo” y que “llamaba a quien le parecía”. Pino se desvinculó igualmente del ingreso de Ríos en la Policía Nacional como supuesto favor a cambio de sus servicios como confidente.

Con información de Efe y Europa Press

Pablo Iglesias ha revelado este lunes que Podemos engañó al PNV y a Ciudadanos para lograr que la moción de censura contra Mariano Rajoy saliera adelante en 2018 y Pedro Sánchez llegara a la presidencia del Gobierno. Se cumplen ocho años de ese momento. Iglesias lo ha explicado en Las mañanas de RNE.

“Sánchez de repente se vio presidente del Gobierno sin haber hecho una triste llamada telefónica para pedir los apoyos”, ha afirmado el exvicepresidente, quien ha opinado que la falta de tiempo del socialista para negociar jugó a su favor. “Si hubiera tenido que negociar, no habría podido entregar lo que le hubieran pedido el PNV o Junts”, ha apuntado.

Primero, Ciudadanos

El primer paso de la estrategia, ha comenzado Iglesias, fue convencer a Albert Rivera, entonces presidente de Ciudadanos, de que unas elecciones anticipadas tras la moción beneficiarían a su partido. Para ello, le trasladó que las encuestas apuntaban a que Cs obtendría más escaños que el PP y a que Podemos superaría al PSOE en unos hipotéticos comicios.

Con ese argumento sobre la mesa, Iglesias planteó a Rivera la posibilidad de presentar juntos una moción de censura de carácter instrumental, cuyo único objetivo declarado sería forzar la convocatoria electoral.

“Le hicimos creer que efectivamente era posible que presentáramos juntos una moción de censura de carácter instrumental para convocar elecciones”, ha admitido el exlíder de Podemos. Rivera, sin embargo, acabó votando en contra de la moción. Pese a ello, la conversación cumplió su función: sembrar la idea de que la iniciativa contaría con un respaldo más amplio del que finalmente tuvo, lo que Iglesias utilizó como palanca para el siguiente movimiento.

Después, el PNV

Con ese escenario construido, Iglesias se puso en contacto con Andoni Ortuzar, entonces presidente del PNV, para advertirle de que la moción iba a prosperar con el respaldo del PSOE y Ciudadanos. Le trasladó que si los nacionalistas vascos seguían apoyando al PP tras la sentencia del caso Gürtel -que condenó al partido por corrupción sistemática- sufrirían un coste electoral severo en los comicios que, en teoría, se convocarían tras la aprobación de la moción. También le recordó que Podemos ya había superado al PNV en las generales de 2016, un dato que reforzaba la presión sobre los vascos.

“Vosotros veréis”, le dijo, según su propio relato, en lo que ha descrito como una victoria “al mus” que “sale una vez en la vida”.

El papel de Puigdemont

Iglesias también ha mencionado que, en paralelo, habló con Marta Pascal, entonces dirigente del PDeCAT, para tratar de sumar el apoyo de Carles Puigdemont a la moción. El expresidente catalán no estaba dispuesto inicialmente a respaldarla dado el coste político que podría suponerle en un momento de máxima tensión entre el independentismo y el Estado. Las gestiones con Pascal formaron parte de la misma estrategia de construcción de apoyos que Iglesias ha descrito este lunes.

Sánchez estaba al margen

Uno de los aspectos más llamativos del relato de Iglesias es el papel secundario que atribuye al propio Sánchez en toda la operación. Según el exlíder de Podemos, el entonces secretario general del PSOE no participó en ninguna de las negociaciones que hicieron posible su llegada al poder. “Sánchez de repente se vio presidente del Gobierno sin haber hecho una triste llamada telefónica para pedir los apoyos”, ha repetido, haciendo a Podemos el verdadero artífice de aquel cambio de gobierno.

Pese a esto, Unidas Podemos quedó fuera del Ejecutivo durante el primer año y medio de aquella legislatura. La coalición entre socialistas y la formación morada no se materializó hasta después de las elecciones, en noviembre de 2019, cuando Iglesias sí entró en el Gobierno como vicepresidente segundo.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado hoy el Barómetro de Opinión correspondiente al mes de mayo. Los encuestadores llevaron a cabo el trabajo de campo entre el 3 y el 18, en plena campaña para los comicios autonómicos de Andalucía y antes de que trascendiesen los últimos desarrollos en los casos ‘Plus Ultra’ y ‘Leire Díez’ que afectan al PSOE.

En ese momento acaparaba la atención mediática el brote de hantavirus andes a bordo del crucero MV Hondius, que llegó a Tenerife el 10 de mayo y cuyos pasajeros internacionales fueron repatriados, llegando los 14 españoles al hospital Gómez Ulla de Madrid.

El Barómetro de Opinión de mayo no recoge lo último del PSOE

También la vista oral del ‘caso Kitchen’ - que investiga el presunto espionaje de Luis Bárcenas, extesorero del PP, por parte del Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy - estaba en curso y la del ‘caso mascarillas’ - que sentó en el banquillo al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama - recién finalizada.

Un día después del final del trabajo de campo de los encuestadores, el 19 de mayo - dos después de las elecciones andaluzas -, trascendía que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama había citado como investigado al expresidente socialista Zapatero, señalado como líder de una presunta trama de tráfico de influencias para rescatar a la aerolínea venezolana Plus Ultra, que recibió un préstamo estatal de 53 millones de euros durante la pandemia del coronavirus.

Los resultados de este Barómetro no reflejan, por tanto, estas últimas informaciones sobre el PSOE. Tampoco entra en juego, por el mismo motivo, la entrada a la sede central socialista en Ferraz por parte de agentes de la UCO este miércoles, 27 de mayo, para requerir información en el marco del ‘caso Leire Díez’, quien presuntamente estaría implicada en una estrategia para obstaculizar investigaciones judiciales contra el partido.

El PSOE y Pedro Sánchez siguen siendo favoritos

Teniendo esto en cuenta: los resultados reflejan una consolidación del liderazgo del PSOE. En mayo, el PSOE alcanza un 28,5% en intención directa de voto y un 30,9% en la suma de voto y simpatía. En la estimación sobre voto válido, el PSOE registra un 36,2% en mayo, mientras que en abril este porcentaje fue del 36,4%, el mejor dato de los últimos seis meses. La diferencia con el Partido Popular (PP) se mantiene estable: en mayo, el PP obtiene un 24,9%, frente al 23,6% de abril. Es decir: El PSOE aventajaba en 11,3 puntos al PP en estimación de voto justo antes de la imputación.

VOX ocupa el tercer lugar, alcanzando en mayo un 16,2% en estimación de voto, frente al 14,7% de abril. Sumar obtiene un 5,7% en mayo, una cifra prácticamente idéntica al 5,8 % de abril, que marcó su peor registro de la legislatura. Podemos, tras su ruptura con Sumar, se sitúa en un 2,5 % en ambos meses.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), por su parte, obtiene un 2,6% en mayo. Se Acabó la Fiesta (SALF) suma un 2,4% en mayo, frente al 1,7 % registrado en abril. El resto de partidos nacionalistas y regionalistas, como EH Bildu, Junts, BNG, EAJ-PNV y Coalición Canaria (CCa), no supera el 1% en estimación de voto en ninguno de los dos meses. Unión del Pueblo Navarro (UPN) se sitúa en el 0,1 %, una cifra sujeta a alta variabilidad.

El análisis señala que la fragmentación a la izquierda del PSOE, junto con la escasa transferencia de apoyos hacia el PP, mantiene al bloque progresista como opción dominante. El 29,4% de los encuestados en mayo señala a Pedro Sánchez como preferido para la presidencia del Gobierno, mientras que Feijóo obtiene un 13,8% y el Santiago Abascal un 9,3%. Un 20,5% rechaza todos los nombres propuestos de la política actual.

Las valoraciones de los líderes nacionales no muestran grandes cambios entre abril y mayo. Pedro Sánchez (PSOE) obtiene un 4,59 sobre diez, Feijóo (PP) un 3,74, Yolanda Díaz (Sumar) un 4,25 y Santiago Abascal un 2,93. En cuanto a la confianza personal, un 35,8% expresa mucha o bastante confianza en Pedro Sánchez y un 18,7% en Feijóo.

En su declaración, el exministro —para quien la Fiscalía solicita 15 años de prisión— ha recalcado que nunca ordenó ninguna acción para obtener datos confidenciales del extesorero. También ha subrayado que no tuvo conocimiento de que Bárcenas poseyera información sensible ni recibió avisos sobre ello por parte de compañeros del PP. Solo ha respondido las preguntas de su abogado y del tribunal. “La verdad nos hace libres”, ha asegurado en su declaración.

Debate sobre la autenticidad de los mensajes

Durante la sesión, el tribunal ha puesto el foco en los mensajes de texto atribuidos a Jorge Fernández Díaz y enviados supuestamente a Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad. En dichos mensajes se informaba sobre el clonado de los dispositivos electrónicos de Luis Bárcenas y los avances en la obtención de información relevante, hechos que la investigación sitúa en octubre de 2013.

Fernández Díaz ha negado la autoría de estos textos, alegando que “jamás” pudo enviar mensajes sobre una operación cuya existencia desconocía. Según su declaración, tampoco le parecía lógico que el ministro informara al secretario de Estado sobre cuestiones operativas, defendiendo que corresponde al “número dos” informar al “número uno”.

Por su parte, Martínez presentó ante notario los mensajes para certificar su recepción, aunque el perito informático propuesto por la defensa del exministro ha advertido de posibles “indicios de manipulación” y ha asegurado no poder garantizar que Fernández Díaz fuera realmente el emisor. El tribunal también ha repasado el contexto de los mensajes, que coinciden con el clonado de dispositivos de Bárcenas en una cafetería de Madrid, según confirmaron agentes policiales implicados.

Negación de pagos y desconocimiento de los fondos

El exministro, además, ha rechazado cualquier vinculación con la gestión o autorización de pagos provenientes de fondos reservados. Estos fondos, según los investigadores, se habrían utilizado para retribuir a Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, por su papel como confidente policial. Fernández Díaz ha insistido en que no firmó ningún documento ni participó en la gestión de esos recursos, resumiendo su implicación con un “nada de nada”.

Tampoco reconoció indicaciones hacia el comisario José Luis Olivera para presionar al inspector Manuel Morocho, encargado de la investigación de la trama Gürtel. Fernández Díaz ha reiterado que solo conoció a Morocho durante el desarrollo de este proceso judicial. Además, ha restado credibilidad a los mensajes atribuidos a él, argumentando que nunca ha utilizado la letra “K” en sus comunicaciones, ni entonces ni en la actualidad.

El exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha negado haber conocido una operación ilegal contra el extesorero del PP Luis Bárcenas y ha sostenido en el juicio que “jamás” escuchó al excomisario José Manuel Villarejo hablar de actuaciones fuera de la ley. El acusado en el caso Kitchen ha vinculado su relación con el mando policial a canales de información que, según su versión, se movían entre avisos de inteligencia, comentarios sin valor y datos que debían remitirse a la Fiscalía.

Martínez, número dos de Interior entre 2013 y 2016 con el ministro del PP Jorge Fernández Díaz, ha admitido que Villarejo le habló del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como presunto confidente de la trama, pero ha rebajado ese contenido a informaciones de “escasísima relevancia” sobre el estado emocional de la familia de Bárcenas, las personas próximas a su mujer, Rosalía Iglesias y extremos que, según ha dicho, ya habían aparecido en la prensa.

El ex alto cargo también ha asegurado que no tuvo “ningún motivo” para pensar que el comisario Enrique García Castaño hubiese hecho “nada ilegal nunca”, pese a que este agente reconoció durante la instrucción haber entrado en un local de la mujer del extesorero y haber recibido instrucciones políticas para buscar discos duros de Bárcenas. En sala, Martínez ha negado la máxima, afirmando que es “fantasía, algo absolutamente falso”.

Martínez ha situado el origen de su relación con Villarejo en 2012, cuando era jefe de gabinete del ministro Díaz y este le instó a escuchar la información que transmitiese este agente, que tenía el aval de ser una persona “fiable” por parte de Juan Cotino, que había sido director general de la Policía.

Sobre Villarejo, García Castaño y Bárcenas en el caso Kitchen

A partir de ese momento, Martínez ha descrito a Villarejo como un comisario con relaciones en la judicatura que hablaba con naturalidad de sus contactos y de su actividad. Un rasgo que, siempre según su versión, le generó confianza. Ha añadido que, cuando pasó a la Secretaría de Estado, comprobó esa red de vínculos y siguió recibiendo de él informaciones de naturaleza muy distinta.

Entre ellas, ha mencionado asuntos de inteligencia, datos que podían abrir investigaciones, noticias que aún no se habían publicado y también “puros chascarrillos”. En uno de los pasajes más concretos de su comparecencia, ha resumido así su forma de expresarse: “Hablaba tanto, a veces en clave, utilizaba apodos, reconozco que a veces ni siquiera le entendía bien”.

Martínez ha mantenido además que, cuando Villarejo le trasladó información con posible interés penal, le instó a ponerla en conocimiento de la Fiscalía. En ese contexto, ha dicho que le puso en contacto con el fiscal jefe Anticorrupción Antonio Colinas y que incluso concertó una reunión con el CNI cuando el comisario le habló de información relacionada con Bárcenas, en un momento que ha definido como el “salto cualitativo” al saberse que el extesorero tenía cuentas en Canadá y Estados Unidos.

Sobre tres grabaciones con Villarejo incorporadas a la causa, el exsecretario de Estado ha afirmado que no las recuerda, aunque tampoco las ha negado. Su tesis ha sido la misma: el comisario no le trasladó nada irregular “porque no lo hizo nunca”, aunque hablaba en voz baja, encadenaba asuntos distintos y en ocasiones le “aturdía un poco”.

Noticia con información de EFE

Desde que el pasado 20 de abril se abrió el plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes, los Servicios Sociales y las asociaciones que otorgan certificados de vulnerabilidad se han visto desbordados ante el aluvión de peticiones, lo que está generando retrasos e incertidumbre para quienes esperan acceder al procedimiento. En algunos pueblos la situación se complica todavía más, ya que a la falta de recursos se suma, según denuncia el Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura, la “escasa voluntad” de los responsables de los servicios sociales para gestionar estos trámites. Un ejemplo es Talayuela, en Cáceres, un municipio de poco más de 7.000 habitantes y con la mayor proporción de población migrante de Extremadura: cerca del 40% de sus vecinos son de origen marroquí.

“Entendemos que algunos ayuntamientos tienen menos personal, que están sobrepasados y no dan abasto, pero hay que ponerse en el lugar de quienes ven en este proceso la posibilidad de tener una vida digna. En este caso no hay voluntad“, explica a Infobae la activista Maryorit Guevara, presidenta de este colectivo, que forma parte del Registro de Colaboradores de Extranjería, encargado de emitir el certificado de vulnerabilidad requerido para quienes no han trabajado en España con contrato ni tienen hijos menores a su cargo.

Entidades sociales como esta han asumido un rol clave en el proceso de regularización, atendiendo de forma directa a quienes necesitan el certificado de vulnerabilidad ante la falta de respuesta de muchos ayuntamientos. ”Hemos vivido en carne propia esa desesperación de no tener documentos y sabemos qué consecuencias tiene a la hora de acceder a derechos básicos", señala el colectivo, que cuestiona que se exija acreditar la vulnerabilidad cuando “la propia situación administrativa irregular de los migrantes ya implica esa condición”.

“Tener que demostrar constantemente la propia precariedad para acceder a derechos básicos es una forma de revictimización. El certificado de vulnerabilidad es apenas la punta del iceberg de un sistema que burocratiza el sufrimiento y profundiza la exclusión", sostiene Guevara.

En Talayuela, en concreto, la asociación que encabeza Guevara ha atendido recientemente a más de un centenar de personas, en su mayoría hombres marroquíes, a quienes “los trabajadores sociales no les han emitido el certificado de vulnerabilidad” a pesar de presentar la documentación requerida, explican. “Estos 105 expedientes estaban registrados por el ayuntamiento, todos con empadronamiento, pero no les han hecho el certificado de vulnerabilidad”, afirma. Según explica, además, a algunos solicitantes les han pedido documentos que “no se contemplan en el real decreto” para acceder al proceso.

“Talayuela es el ejemplo perfecto de un sistema que nos quiere sin derechos, un sistema que está pensado en la explotación de nuestros cuerpos sin el mínimo acceso a derechos, porque esas 105 personas y otras tantas que nos han solicitado ayuda son vecinos del pueblo del día a día, son la comunidad, son la misma España”, reivindica la activista.

Este periódico ha intentado contactar en varias ocasiones con el Ayuntamiento de Talayuela, tanto por teléfono como por correo electrónico, pero no ha obtenido respuesta.

A los obstáculos para obtener el certificado de vulnerabilidad se suma que muchas personas migrantes tienen serias dificultades para desplazarse hasta Talayuela desde otros pueblos, por las limitaciones del transporte público en Extremadura. Además, para quienes trabajan como peones en fincas o como internas y viven aislados y sin empadronamiento, acceder a la regularización resulta aún más complicado.

Acuerdo entre PP y Vox en Extremadura

Las complicaciones que enfrentan muchos migrantes para obtener el certificado de vulnerabilidad llegan en un contexto marcado por el nuevo acuerdo político entre PP y Vox en Extremadura, firmado a mediados de abril. El pacto, que recoge más de 70 medidas, incluye algunas de las principales demandas de Vox, como el endurecimiento de las políticas migratorias, y entre los compromisos asumidos por el Gobierno autonómico figura el rechazo a la acogida de menores extranjeros no acompañados y oponerse legal, jurídica y políticamente a cualquier mecanismo de “reparto” de migrantes en situación irregular, tanto adultos como menores.

PP y Vox se han comprometido a no abrir nuevos centros de acogida ni ampliar las plazas en los ya existentes, y llevar a cabo auditorías anuales para reducir al mínimo los gastos vinculados a la migración irregular. También plantean prohibir el uso del burka y el nicab en espacios públicos antes de que finalice 2026, una propuesta que ya intentaron promover en el Congreso.

El punto 7 del acuerdo entre ambas formaciones establece que el acceso “a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas” se inspirará en el principio de prioridad nacional, de forma que se asignarán antes a quienes mantengan “un arraigo real, duradero y verificable con el territorio". Para acceder a estas ayudas, se exigirá un tiempo mínimo de residencia y empadronamiento en la región —diez años para comprar vivienda y cinco años para alquiler—, así como haber cotizado y contribuido al sistema. Además, según el acuerdo, quienes estén en situación irregular solo podrán recibir asistencia social en situaciones de urgencia vital.

El acuerdo del PP y Vox en Extremadura también elimina el programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los centros públicos de Talayuela, una decisión que ha generado críticas entre la comunidad educativa y preocupación entre la población migrante, que percibe estas medidas como discriminatorias y teme que dificulten aún más su regularización y el acceso a servicios básicos.

Dificultades para conseguir el informe de antecedentes penales

Como requisitos generales para poder acogerse al proceso de regularización, las personas migrantes en situación irregular deben acreditar su llegada a España antes del 31 de diciembre de 2025, demostrar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses previos a la solicitud y no tener antecedentes penales. De hecho, la obtención del informe de antecedentes penales, emitido por las autoridades del país de origen, también está presentando dificultades en numerosos consulados y embajadas, donde las citas se conceden con mucha demora.

Esta situación afecta sobre todo a personas originarias de países africanos como Gambia, Guinea Conakry, Senegal o Argelia. La falta del mecanismo de apostilla de La Haya, que permite validar documentos de manera rápida, hace que en los países que no forman parte del convenio el certificado deba gestionarse por vía diplomática, lo que alarga aún más los plazos.

El expresidente del Gobierno, Felipe González, mantiene su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero porque no le ve con capacidad de montar la “ingeniería financiera” descrita por la UDEF en sus últimos informes, que le señalan como líder de una red de tráfico de influencias. Así lo ha afirmado en un encuentro con empresarios en Valencia, donde ha subrayado que, a pesar de estar en desacuerdo políticamente con él, la presunción de inocencia debe ser “imprescindible”.

Felipe González ha lamentado que el escándalo “nos afecta como país, como partido y como personas”, pero ha pedido respeto a su inocencia a la espera de conocer el contenido de la investigación a cargo del juez José Luis Calama. “Esta investigación lleva mucho tiempo recopilando datos y a mí me ha impresionado mucho”, ha asegurado.

En esta línea, el expresidente ha censurado las denuncias de lawfare por parte de algunos sectores de la política y ha resaltado la labor del juez instructor, reconociendo que su instrucción “cumple con todos los pasos garantistas”. “Es muy exquisito con lo que pide”, ha añadido.

Pide a Sánchez que convoque elecciones “este año”

Felipe González ha abordado también el runrún político sobre una moción de censura impulsada por el PP. Sobre este asunto, ha dicho que no emprendería una moción de censura abocada al fracaso porque “solo se hablaría de ese tema”. En su lugar, ha apoyado la petición del PNV de adelantar las elecciones generales a este 2026 y ha reivindicado el liderazgo no mercenario, “el que se ejerce por el beneficio de la población”.

A la pregunta de si cree que el Gobierno podrá acabar la legislatura, ha señalado que, “dadas las circunstancias actuales”, es “bastante difícil”, apuntando que las “opiniones que han versado últimamente por parte de algunos de sus socios demuestran la enorme debilidad” del Ejecutivo. “Por tanto, lo razonable y lo sensato sería que este gobierno no llegara más allá de las Navidades de 2026″, ha agregado.

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales en el marco del caso Plus Ultra detiene la atención en la actividad privada de los expresidentes del Gobierno. Él es el primero en ser investigado por un presunta corrupción. El Estado procura generosos beneficios públicos vitalicios a quienes han ostentado el cargo, pero ninguno de ellos se conforma y hacen un lucrativo uso de su pasado y de su agenda, con una intensa actividad de consultoría, conferencias o consejos de administración, según de quién hablemos.

Este miércoles, en sesión de control, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, preguntó al actual, Pedro Sánchez: “¿Dónde acaba el lobbismo y empieza el tráfico de influencias?"

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, ha citado a Rodríguez Zapatero a declarar el martes 2 de junio, tras levantar el secreto de sumario de un procedimiento que investiga el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno inyectó en 2021 a la aerolínea Plus Ultra. En un auto de 85 páginas, el magistrado lo sitúa como el “núcleo decisor y estratégico” de una red que habría puesto sus contactos con altos cargos de la Administración al servicio de terceros a cambio de comisiones que la UDEF cifra en 1,95 millones de euros. Él lo niega.

De vuelta al motivo de esta información, la causa arroja luz sobre una zona gris que afecta al conjunto de los expresidentes: la tensión entre los privilegios que el Estado les reconoce de por vida y la actividad privada que desarrollan una vez abandonan La Moncloa, sin que exista una regulación específica que delimite con precisión qué pueden o no pueden hacer a partir del día siguiente de su cese.

Cuánto cobra un expresidente

El aparato legal que les blinda parte del Real Decreto 405/1992, aprobado bajo el mandato de Felipe González y conocido como el Estatuto de los Expresidentes del Gobierno. El texto establece una dotación anual para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquiler de inmuebles, cuya cuantía fija cada año los Presupuestos Generales del Estado. Esa cifra asciende a 74.580 euros anuales. Dado que el estatuto vigente eliminó la restricción de cuatro años que contemplaba la norma anterior y no exige justificación de los gastos, en la práctica funciona como una paga vitalicia sin control efectivo.

A esa dotación se añaden otros beneficios: dos funcionarios a su servicio designados a propuesta del expresidente -uno de nivel 30 y otro de nivel 18-, un vehículo de representación con conductor, servicios de seguridad a criterio del Ministerio del Interior y libre pase en los transportes regulares del Estado por tierra, mar y aire. Los expresidentes también conservan el tratamiento de “presidente”, el lugar protocolario correspondiente en actos públicos y el apoyo de los servicios de representación diplomática española en sus desplazamientos al extranjero.

Además de esa dotación, la ley de Presupuestos Generales del Estado de 1981 contempla una indemnización del 80% del salario durante un periodo igual al tiempo que se ocupó el cargo, con un máximo de 24 mensualidades. Esta compensación, sin embargo, es incompatible con cualquier otra retribución de actividad pública o privada desde 2012, según el Real Decreto-ley 20/2012. El sueldo de Sánchez como presidente en activo asciende a 90.449 euros brutos anuales, lo que situaría su futura indemnización en torno a los 72.000 euros.

Existe también la opción de integrarse como consejero nato vitalicio en el Consejo de Estado, cargo remunerado con 103.204 euros brutos anuales. Una vía que Aznar rechazó para incorporarse al consejo de administración de News Corporation y que Zapatero abandonó en 2015 para iniciar su actividad privada.

Con Felipe empezó todo

González, presidente entre 1982 y 1996, fue el arquitecto de los beneficios que hoy perciben sus sucesores y también el primero en beneficiarse de ellos durante más tiempo. Desde que dejó La Moncloa, desarrolló una intensa agenda internacional, con participación en seminarios y conferencias en Europa y América Latina, con tarifas estimadas en más de 80.000 euros por intervención. En 2001 constituyó la sociedad Ialcon Consultoría SL, a través de la cual canaliza sus ingresos por conferencias, asesorías y la gestión de parte de su patrimonio inmobiliario. También creó Tagua Capital, una firma de inversión que no llegó a despegar y que en su último depósito registrado arrojaba pérdidas. González es el primer expresidente en haber cobrado más de dos millones de euros de la dotación vitalicia que él mismo instituyó.

Aznar: consejos de administración y FAES

Aznar, al frente del Gobierno entre 1996 y 2004, renunció al Consejo de Estado para dedicarse a una carrera empresarial e institucional de alcance internacional. Desde 2004 preside FAES, think tank vinculado al PP. Ese mismo año fundó junto a su esposa Ana Botella la sociedad Famaztella, destinada a gestionar los derechos de propiedad intelectual de los libros que ambos publican y que en 2023 registró pérdidas de 27.085 euros tras haber obtenido beneficios de 184.619 euros el año anterior.

Su actividad en el sector privado abarca un amplio abanico de posiciones. Es consejero del conglomerado mediático News Corporation, por cuyo cargo percibió 303.300 euros en el último ejercicio fiscal conocido. Figura también como asesor especial del despacho de abogados Latham & Watkins desde 2018, miembro del consejo consultivo internacional de Barrick Gold Corporation -dedicada a la extracción de oro-, consejero de la empresa tecnológica Afiniti y presidente del Instituto Atlántico de Gobierno. Entre 2011 y 2014 formó parte del consejo de administración de Endesa con una retribución próxima a los 300.000 euros anuales. De 2004 a 2011 ejerció como profesor en la Universidad de Georgetown, en Washington. Aznar también actúa como conferenciante a través de la agencia Washington Speakers Bureau, que representa a exmandatarios y figuras de primer nivel internacional.

Rajoy el registrador

Rajoy, que gobernó entre 2011 y 2018, optó por la vía más alejada del mundo empresarial: regresar a su profesión de origen como registrador de la propiedad. Tras la moción de censura que le apartó del poder, se reincorporó al Cuerpo de Registradores en Santa Pola (Alicante) y posteriormente obtuvo plaza en el Registro Mercantil número 5 de Madrid, en el Paseo de la Castellana. Sus ingresos anuales podrían situarse entre 1 millón y 1,2 millones de euros brutos, una cifra muy superior a los 80.953 euros que percibía como presidente. A ello se suma la dotación vitalicia de 74.580 euros anuales contemplada en el Estatuto de Expresidentes. Rajoy es también autor de varios libros, entre ellos Una España mejor y Política para adultos.

Zapatero: consultoría y Venezuela

Zapatero, presidente entre 2004 y 2011, abandonó el Consejo de Estado en 2015 y se volcó en la actividad privada como autónomo, con trabajos de consultoría para distintas empresas y conferencias. Según El País, el expresidente pagaba a Hacienda el 45% de lo que facturaba. Entre 2020 y 2025, cobró 463.000 euros de la consultora Análisis Relevante SL, propiedad del empresario alicantino Julio Martínez Martínez -detenido en diciembre de 2024-, por elaborar informes de geopolítica y análisis de política económica. La empresa de sus hijas, Whathefav SL, recibió otros 198.000 euros de esa misma sociedad por trabajos de comunicación y marketing. En total, el entorno familiar de Zapatero habría percibido unos 600.000 euros de Análisis Relevante, una cifra muy similar a la que Plus Ultra abonó a Martínez Martínez por sus gestiones como “conseguidor” en Venezuela.

El juez Calama describe en su auto cómo Zapatero habría actuado como “vértice” de una estructura que usó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para ejercer influencias ilícitas. La investigación incluye una presunta conexión con empresarios venezolanos y chinos, y la constitución de una sociedad en Dubái para recibir fondos sin trazabilidad en España. El magistrado recoge conversaciones en las que personas vinculadas a Plus Ultra aludían a que “nuestro pana Zapatero” estaba “detrás” de una reunión con el Ministerio de Transportes, donde “se notaba” que les habían recibido por “altas” recomendaciones.

Las incompatibilidades

La legislación española establece, a través de la Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que durante los dos años siguientes al cese los altos cargos no pueden desempeñar actividades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo ocupado ni celebrar contratos de asistencia técnica con las Administraciones Públicas. Esa restricción, además, es incompatible con la percepción simultánea de la indemnización del 80%.

La norma, sin embargo, no se aplica a la actividad desarrollada una vez transcurrido ese plazo de dos años, lo que deja un amplio margen para que un expresidente ejerza como consultor, conferencista o consejero de empresas privadas sin restricción legal alguna. El delito de tráfico de influencias, tipificado en los artículos 428 a 430 del Código Penal, cubre los casos en que un particular -incluido un exfuncionario- ejerce influencia sobre otro funcionario en ejercicio para obtener una resolución que le beneficie a él o a un tercero. Es precisamente ese precepto el que el juez Calama aplica al caso Zapatero, al considerar que el expresidente habría usado sus contactos con altos cargos del Gobierno de Sánchez para favorecer el rescate de Plus Ultra.

La UDEF y la Fiscalía Anticorrupción llevan investigando el asunto desde finales de 2024, tras recibir solicitudes de cooperación internacional de las fiscalías suiza y francesa sobre un posible blanqueo de capitales opacos procedentes de Venezuela. El 2 de junio, Zapatero podrá defenderse y el juez decidirá. También puede acogerse a su derecho a no declarar. En su contra, la de Rodríguez Zapatero, que Calama pueda valorar un alto riesgo de fuga.

El Congreso de los Diputados ha tumbado este miércoles cinco propuestas presentadas por el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar en materia de vivienda, mientras que ha dado el visto bueno a otras tres presentadas por el Partido Popular, lo que pone de manifiesto la dificultad del Ejecutivo para sacar adelante medidas en este ámbito, a horas de la reunión de las comunidades autónomas en Madrid para impulsar el Plan Estatal de Vivienda.

Por parte del Gobierno, han presentado dos proposiciones no de ley para vigilar mejor los procesos de adjudicación de vivienda protegida y desarrollar una fiscalidad más severa para la compra especulativa de vivienda. La primera propuesta -viviendas protegidas- ha sido separada por puntos, para que no fuera tumbada por completo ya que el PNV y Junts habían expresado previamente sus críticas al considerar que la medida usurpaba competencias a las CCAA.

Así, han sido sometidos a votación tres puntos: que los procesos de adjudicación de viviendas protegidas sean claros y objetivos; que la vivienda protegida sea destinada “exclusivamente” a residencia habitual y detallar el suelo disponible de su titularidad y de sus entes adscritos o dependientes, que se encuentre dotado de potencialidad edificatoria. Los tres han sido aprobados con el voto en contra y la abstención en las tres votaciones de Vox y PNV respectivamente.

El resto de la propuesta, sometida a votación en su conjunto, no ha contado con los apoyos necesarios. En concreto, proponía que las viviendas protegidas mantengan ese régimen para siempre y no se puedan desclasificar y contar con registros públicos de demandantes de vivienda protegida. PP, Vox y Junts han votado en contra y PNV, UPN y Coalición Canaria se han abstenido, dejando un resultado final de 164 votos a favor, 175 en contra y 7 abstenciones.

Sumar no logra prohibir las socimis y fondos buitre

La segunda propuesta del Gobierno que no ha pasado la votación del Congreso ha sido una petición de Sumar para aplicar las modificaciones legales necesarias para establecer limitaciones a la adquisición de bienes inmuebles por distintas vías en función del territorio y el adquiriente para terminar con la compra especulativa. Además, pedía impulsar una reforma fiscal “progresista” que mejore el trato a las rentas del trabajo y elimine los beneficios fiscales de las rentas del capital particularmente de vehículos singulares como las socimis.

La propuesta ya fue mal recibida en origen, ya que el partido de Yolanda Díaz pedía directamente derogar las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimis) y prohibir la compra de viviendas por parte de “personas jurídicas, empresas y fondos buitre”. El Congreso ha tumbado estas peticiones con el voto en contra de PP, Vox y UPN, la abstención de Junts y Coalición Canaria y el voto favorable del resto del hemiciclo, dejando un resultado final de 169 votos a favor, 170 en contra y 8 abstenciones.

El Congreso respalda las propuestas del PP

Por el contrario, el Congreso ha respaldado las propuestas del Partido Popular en materia de vivienda, que incluye una para agilizar la construcción de viviendas aplicando el silencio administrativo positivo, de modo que si la Administración no responde a las solicitudes de construcción en el plazo establecido, esta se considerará aceptada.

Además, el PP ha propuesto reorientar por completo la política de vivienda del Gobierno, con medidas enfocadas a aumentar la oferta de vivienda, garantizar la seguridad jurídica y reducir la burocracia “asfixiante”, al tiempo que pide evitar medidas “propagandísticas vacías” y bajar el IVA de vivienda nueva y rehabilitación al 4%, así como otras deducciones que faciliten el alquiler.

Por último, el Congreso insta a agilizar los trámites para el acceso a la conexión del sistema eléctrico para nuevas promociones o rehabilitaciones energéticas, priorizando aquellas promociones o rehabilitaciones de viviendas asequibles en zonas con alta demanda.

Las votaciones del Congreso se dan en las horas previas a la reunión entre comunidades autónomas prevista para este jueves en el marco del Plan Estatal de Vivienda, en el que el Gobierno espera alcanzar un acuerdo sobre la distribución de los fondos del proyecto. La Comunidad de Madrid ha confirmado que participará en la reunión, pese a que considera que “va en el camino equivocado” y reducirá la oferta disponible.

La sesión de control al Ejecutivo de este miércoles se ha convertido en un pleno monográfico sobre el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por la Audiencia Nacional ante un presunto cobro de comisiones ilegales en el marco del caso Plus Ultra. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado a la sesión dispuesto a desplegar todo su arsenal contra el jefe del Ejecutivo, a quien ha vinculado con la corrupción porque “sin su Gobierno, ni Zapatero, ni Santos Cerdán ni Ábalos podrían delinquir”. “Y esa es la clave de todo”, ha afirmado.

El líder del PP le ha preguntado por las supuestas presiones que Zapatero habría ejercido en su Gobierno para aprobar el rescate a la aerolínea y ha asegurado que su lema desde que llegó al poder es que “el que pueda robar, que robe”. Feijóo no ha recogido el guante de Vox para activar una moción de censura, pero sí ha vuelto a pedir su salida: “¿Qué hace todavía ahí manchando, todavía más, la Presidencia de España?”, ha sentenciado.

Las miradas estaban puestas en el presidente del Gobierno, después de que ayer pusiese la mano en el fuego por Zapatero e instruyese a sus bases para “defender su buen nombre”. Pero todo eso fue antes de conocerse los detalles del auto de la Audiencia Nacional, un escrito de casi 90 páginas que dejó poco margen a la interpretación por la contundencia en sus afirmaciones. De ahí que sus socios, que llegaron a insinuar que Zapatero estaba siendo víctima de lawfare, albergasen dudas y respondiesen a los periodistas con más cautela. “Pinta feo el auto”, comentó la líder de Podemos, Ione Belarra, a su llegada a la Cámara Baja.

Sánchez muestra todo su respaldo, Rufián asegura estar “jodido”

A pesar de ello, el presidente del Gobierno ha mantenido la misma línea, mostrando una defensa cerrada hacia el exlíder socialista y pidiendo el respeto a la presunción de inocencia.

“Lecciones de quienes tanto tienen que tapar, ninguna”, ha replicado Sánchez. Y en la misma línea, el líder del PSOE ha alimentado la teoría de que el PP manejaba previamente información privilegiada bajo secreto sumarial. “El 12 de mayo, usted en plena campaña, anunció que era un sumario bajo secreto. ¿Qué información le pasan a usted? [...] Al Gobierno se llega con votos, no con atajos”, ha añadido.

Sánchez no solo ha tenido que responder a las preguntas de la oposición, de PP y Vox, sino también de sus propios socios. Entre ellos, el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. Visiblemente decepcionado, el diputado republicano se ha dirigido en un tono incluso más duro que el líder de la oposición: “Lo reconozco, hoy estoy jodido. Le tengo un enorme afecto a Zapatero, pero también tengo ojos en la cara. Si esto es verdad, es una mierda. Y si no lo es, es una mierda todavía mayor”, ha expresado.

El PSOE vuelve a encajar un nuevo revés judicial tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y teme los efectos que provocará la exposición prolongada a esta causa. Porque, independientemente de cómo evolucione el proceso en la Audiencia Nacional, en Ferraz reconocen el efecto desmovilizador que los casos de corrupción han tenido en la militancia, especialmente en un partido que desde hace un año arrastra la imputación y procesamiento de sus dos exsecretarios de Organización y personas de confianza de Pedro Sánchez.

Tras meses de investigación, el juez de instrucción José Luis Calama ha citado al expresidente del Gobierno a raíz de las sospechas de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de Policía Nacional (UDEF) y la Fiscalía Anticorrupción, quienes creen que Zapatero cobró casi dos millones de euros por su gestión en el rescate a la aerolínea Plus Ultra. En dicha resolución, el magistrado asegura haber identificado como enviados diferentes cobros al entorno de Zapatero, de los cuales en su mayoría la cantidad fue destinada a él mismo y a la empresa Whathefav, propiedad de sus hijas, Laura y Alba, destinada a la publicidad, y públicamente vinculada al marketing, la comunicación, los contenidos digitales y los eSports.

La noticia se produce en un momento crítico de la legislatura, con las elecciones municipales y generales a la vuelta de la esquina y con una aritmética parlamentaria muy complicada para gobernar, presionado por sus socios fiables y bloqueado por Junts per Catalunya. Precisamente, la imputación de Zapatero deja muy tocada la supervivencia de Pedro Sánchez, ya que se queda sin uno de sus mayores activos en la sombra para construir mayorías.

Asumió el rol de interlocutor de Cerdán

El socialista asumió el rol negociador que dejó vacante Santos Cerdán y desde entonces ha sido él quien ha desempeñado como interlocutor, por ejemplo, con la formación de Carles Puigdemont para tratar de desencallar el divorcio con el Ejecutivo. De ahí que los socios del Gobierno hayan insinuado que Zapatero podría ser víctima de ‘lawfare’ porque el movimiento judicial beneficia claramente a la oposición. “La derecha le tenía ganas a Zapatero”, afirmó sin reparos la líder de la formación morada, Ione Belarra, en una rueda de prensa en el Congreso.

Desde Sumar también han cerrado filas con el expresidente del Gobierno, cuestionando las últimas decisiones judiciales. “A nadie le puede sorprender después de las últimas imputaciones que se han producido, especialmente con líderes del espacio progresista”, señalaron fuentes del socio minoritario del Gobierno.

El revulsivo electoral podría quedarse en el banquillo

El PSOE también pierde al que ha sido también su mayor baza electoral. Porque Zapatero no ha desempeñado un mero rol de acompañante en los mítines políticos. Es la figura que Pedro Sánchez ha utilizado cuando agitaba a su electorado para hablar de remontadas frente al PP y la extrema derecha. Esto ya se vivió durante la campaña de las elecciones generales de 2023, cuando Zapatero reaparecía para darse un baño de masas en las grandes ciudades.

En todo caso, los socialistas cierran filas e insisten en poner la mano en el fuego por su expresidente, como ya hicieron con Santos Cerdán: “No nos vamos a dejar avasallar”, insistió el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López.

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la DANA, ha comparecido en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, pero se ha limitado a recordar que ya contó “todo lo que sabía y más” en su declaración judicial. La periodista ha asegurado que no entiende el motivo por el que ha sido citada en la cámara y ha añadido que sabe cuándo su nombre “aparece para tapar algo”.

Podemos y ERC, aclarando que la citación se debe a la posible cooperación de un testigo que tuvo la “mala suerte” de estar allí, han preguntado de forma más insistente. Vilaplanas se ha limitado a pedirles que recuperen sus respuestas en sede judicial, asegurando que ya ha respondido a todas esas preguntas. Ambos partidos han señalado a supuestas presiones del PP como razón por la que no ha querido abordar las cuestiones planteadas en la Comisión.

Vilaplana ha comparecido visiblemente emocionada. Ha explicado que “es difícil no derrumbarte” tras los señalamiento públicos que ha recibido, aunque también ha querido asegurar que en ningún caso quiere victimizarse. La periodista ha defendido que no puede aportar nada nuevo o relevante a la investigación, de manera que considera que no debería haber sido citada. Los diputados han tratado de conseguir algún dato nuevo y relevante, pero sin éxito.

La comida con Mazón que la convirtió en testigo

Vilaplana fue citada como testigo clave en la investigación sobre la gestión de la tragedia causada por la DANA en la Comunidad Valenciana. Ese día compartió una extensa comida profesional con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, mientras en el exterior se desarrollaba la emergencia. Su declaración es clave porque las autoridades buscan reconstruir la cronología de decisiones adoptadas en las horas críticas del desastre.

En sus declaraciones y escritos, Vilaplana sostiene que su presencia en la reunión fue una “terrible coincidencia” y asegura que desconocía la magnitud de los hechos mientras permanecía en el restaurante. Precisa que la comida se inició sobre las 15:00 y finalizó cerca de las 18:45. Durante ese tiempo, Mazón recibió varias llamadas, pero Vilaplana afirma que no escuchó referencias a la DANA ni a situaciones de emergencia, y que la conversación se centró en asuntos de comunicación y fútbol. Después de la comida, Mazón la acompañó hasta el parking antes de dirigirse al Palau.

Vilaplana ha denunciado públicamente la presión y el acoso sufridos tras el suceso, lo que la llevó a ser hospitalizada por una crisis de ansiedad. Asociaciones de víctimas la acusan de ocultar información y de haber retrasado el esclarecimiento de los hechos, especialmente tras modificar su versión respecto al horario del encuentro, lo que ha generado desconfianza entre los afectados.

El caso ya derivó hace meses en un debate público y judicial sobre la responsabilidad de los dirigentes, mientras Vilaplana insiste en que no tuvo capacidad de decisión, aunque asume la carga emocional de haber estado presente en ese momento clave para la sociedad valenciana. En sus respuestas en el Congreso ha vuelto a apoyarse en esta misma explicación, pidiendo que recurran a su declaración judicial para conocer sus aportaciones.

Andalucía ha puesto el broche final a un intenso ciclo electoral autonómico y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ya ha activado toda la maquinaria para la “batalla final”, las elecciones generales. El Partido Popular ha ganado holgadamente en las últimas cuatro citas (Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía), pero se ha complicado la gobernabilidad en todos los territorios en los que ya gobernaba. El último de ellos ha sido Andalucía, donde Juanma Moreno presumía de ser uno de los privilegiados gobernantes con mayoría absoluta (tan solo quedan cuatro autonomías con un gobierno en solitario).

El líder del PP, no obstante, ha conseguido lo que se propuso cuando activó el botón nuclear: una saga de debacles electorales en las delegaciones territoriales del PSOE —con ministros de Sánchez encabezando varias de ellas—, que usará para extrapolarlas a nivel nacional: “Todo el legado de Sánchez, que se ha testado en las urnas en estos meses, ha obtenido la misma respuesta: No, gracias”, afirmó Feijóo en una intervención tras concluir la reunión de la Ejecutiva Nacional.

Y con los cinco trofeos en su vitrina, Feijóo ya estudia sus próximos movimientos. Y en este punto, al líder del PP se le presenta una disyuntiva: qué encaje ideológico tomará el PP nacional y cuál le dará mayor rédito para reducir su dependencia ded Vox en una contienda nacional.

Feijóo entre dos líneas ideológicas y la presión interna

Y ante este escenario se presentan dos líneas. Por un lado, el lado moderado que ha seguido el dirigente andaluz, Juanma Moreno, quien ha tratado de desmarcarse de las políticas del partido de Santiago Abascal . El resultado de Moreno Bonilla ha puesto de manifiesto que el PP puede cosechar buenos resultados con un discurso propio, menos mediático y dispuesto a rechazar ciertos postulados radicales que la dirección nacional ya enmarcaba en la nueva normalidad. El último ejemplo de esta línea propia fue su mensaje en contra de la prioridad nacional, un principio acordado entre PP y Vox en las autonomías que Moreno enmarcó como “irreal” y anticonstitucional.

Por otro lado, se encuentra el ala radical del PP madrileño, donde la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha disputado el electorado de la derecha con el mismo discurso que Vox, incluso en temas tabú para Génova, como el aborto.

Feijóo asumió el timón de Génova con la premisa de la moderación, la de devolver al PP al centro que lideró años antes Mariano Rajoy. Por entonces, Vox no se postulaba como una amenaza real. Tras demostrar su avance en los últimos comicios, Feijóo ha tratado de endurecer su discurso hasta el punto de enmarcarse en el ala ayusista. En parte también, porque en sus mismas filas ha estado presionado por la dirigente madrileña, quien no duda en pescar en aguas de la extrema derecha donde el líder del PP nacional no se atreve a entrar. Y no solo está Ayuso, hay ejemplos como el alcalde de Badalona, Xavier Albiol, quien asumió el bastón de mando gracias a un discurso que deshumanizaba a los migrantes.

Cabe decir que en Madrid funciona una política espectacular que en Andalucía, en cambio, no se ha necesitado para captar el electorado clave, que es el socialista desencantado. Lo mismo ocurre en feudos históricos del PP como Galicia, donde el PP no siente la presión de la extrema derecha como para adaptar su discurso.

Al margen de la estrategia que el partido considere que se ajusta más al panorama nacional en su conjunto, los movimientos ideológicos de Feijóo estarán condicionados por los pactos con Vox en las autonomías, donde Abascal ya ha tendido varias ‘trampas’ que podrían despertar al electorado socialista en unas generales, donde la dinámica es distinta a las autonómicas. También podría entorpecer el enrocamiento de Moreno en Andalucía, que repercutiría en las relaciones con el partido si consiguen llegar a La Moncloa.

El Partido Popular de Juanma Moreno Bonilla gana en Andalucía. Lo ha vuelto a hacer de manera incontestable contra un PSOE que no luchó por ganar, sino por evitar hundirse. Pese a obtener 25 diputados más que el partido de la exministra María Jesús Montero, la victoria “sobresaliente” en Andalucía no ha podido ser de “matrícula de honor” porque dependerá ahora de Vox tras ceder cinco representantes respecto a 2022. Uno de los responsables ha sido el éxito del partido regionalista Adelante Andalucía, que reconfigura la izquierda sur tras conseguir cuadriplicar sus votos y superar a la coalición Por Andalucía.

/espana/2026/05/18/el-pp-respalda-a-moreno-bonilla-y-le-da-carta-blanca-para-gobernar-en-solitario-en-andalucia-sin-vox-es-muy-complicado-tumbar-una-investidura-en-estas-circunstancias/

El PP ha ganado en tres de cada cuatro municipios de Andalucía

El Partido Popular de Andalucía ha ganado en 588 municipios.

En 3 de cada 4 pueblos y ciudades de Andalucía, un 75% del total.#ConLaFuerzaDeAndalucía pic.twitter.com/03D6qcyxDG

— PP de Andalucía (@ppandaluz) May 18, 2026

En vídeo: Robles cree que el PSOE debe aprender de los resultados y que “hay que sacar lecciones”

/espana/2026/05/18/teresa-rodriguez-revela-que-padece-cancer-despues-de-que-una-usuaria-en-redes-sociales-se-burlase-de-su-aspecto-al-acudir-a-votar/

EH Bildu ve en Andalucía la confirmación de un bloque PP-Vox y el auge de las izquierdas soberanistas de cara a las generales

El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha interpretado los resultados de las elecciones andaluzas como la confirmación de una tendencia que, a su juicio, marcará también las próximas generales: “El PP gobierna con Vox”. Otxandiano ha señalado, además, que el avance de Adelante Andalucía es el factor que ha impedido al PP alcanzar la mayoría absoluta, y lo ha enmarcado en una corriente más amplia de “auge de las izquierdas soberanistas” visible también en el Reino Unido, Irlanda del Norte y el País Vasco del norte.

En su análisis, la ciudadanía, “en un contexto de incertidumbre y de inseguridad”, busca “protección, seguridad en la comunidad y en las políticas kilómetro cero, de cercanía”, lo que beneficia a fuerzas como EH Bildu. Después, ha considerado que estas izquierdas soberanistas actúan también como dique frente a la penetración de la derecha y la ultraderecha en territorios como Cataluña, Galicia o Euskadi.

Sumar, IU y Podemos apuestan por una izquierda estatal fuerte tras el avance de Adelante Andalucía en las autonómicas

Sumar, IU y Podemos coinciden en que los resultados de las elecciones andaluzas evidencian “ganas de izquierda” y reclaman la construcción de un bloque estatal sólido que capitalice ese voto en las próximas generales. Las tres fuerzas destacan el avance de Adelante Andalucía, que ha pasado de dos a ocho escaños, aunque la coalición Por Andalucía que integraban se estancó en cinco. Con ello, rechazan la tesis de ERC, que abogó por una izquierda “troceada” de carácter soberanista.

El líder de IU, Antonio Maíllo, ha advertido que fragmentarse territorialmente dejaría al PSOE el monopolio del proyecto nacional de izquierdas. Pese a ese diagnóstico compartido, Sumar y Podemos mantienen visiones distintas sobre quién debe liderar ese espacio: mientras Sumar apela a su coalición, Podemos reivindica su autonomía y descarta dar “un paso a un lado”.

Sánchez defiende la sanidad pública universal y ataca el concepto de “prioridad nacional” de Vox

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su intervención ante la 79 Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra para criticar el concepto de “prioridad nacional” que Vox pretende imponer al PP, y ha alertado sobre los riesgos de privatizar la sanidad. Ante los representantes de los 192 países miembros de la OMS, Sánchez ha defendido que la verdadera prioridad de un Estado es proteger la salud de todos los ciudadanos sin excepciones. El presidente ha viajado a Ginebra un día después de las elecciones en Andalucía, aunque ha evitado hacer declaraciones sobre los resultados.

Margarita Robles pide aprender de las elecciones en Andalucía y rechaza un pacto PP-Vox

La ministra de Defensa, Margarita Robles, considera fundamental que el PSOE extraiga lecciones de los resultados de las elecciones andaluzas, subrayando que “los ciudadanos nunca se equivocan”. Robles ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España con Andalucía y ha destacado el esfuerzo inversor del Ministerio de Defensa en la comunidad, asegurando que la implicación estatal se mantendrá.

Además, Robles ha expresado su deseo de que el presidente en funciones, Juanma Moreno, no forme gobierno con Vox, al señalar que este partido representa valores incompatibles con la convivencia. Ha criticado también la campaña de Santiago Abascal por su tono polarizador e insultante y ha elogiado a la candidata socialista María Jesús Montero por su capacidad y compromiso, añadiendo que el crecimiento de Adelante Andalucía debe ser motivo de reflexión para el partido.

La alcaldesa de Palencia lamenta la caída del PSOE en Andalucía y advierte sobre la pérdida de poder territorial

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha expresado su preocupación por los resultados del PSOE en las elecciones andaluzas. En un mensaje en su cuenta de X, Andrés señala que el partido socialista se queda sin poder territorial y califica a Adelante Andalucía como la gran vencedora de los comicios, aunque reconoce la victoria del PP. Además, lamenta que, por solo dos escaños, el PSOE tenga que depender de las prioridades de Vox en acuerdos autonómicos, destacando el impacto negativo de estos resultados para el socialismo en el ámbito local.

El PSOE vigilará los pactos PP-Vox y avanza que no facilitará su investidura en solitario

El PSOE y el Gobierno mantienen que “vigilarán los pactos del PP con Vox” tras los comicios en Andalucía, especialmente por la voluntad de los de Abascal de condicionar el Gobierno a la cuestionada “prioridad nacional”. Al mismo tiempo, desde las filas socialistas ya han rechazado una abstención en la investidura de Juanma Moreno y obligarán al líder popular “moderado” a negociar con la extrema derecha.

Feijóo dicta sentencia tras el 17M: “El legado de Sánchez se ha testado y es la misma respuesta: ‘No, gracias’”

El líder del PP ha reunido a su plana mayor en la calle Génova para celebrar la victoria de Moreno y definir los siguientes pasos de cara a la batalla final, las elecciones generales de 2027 (si Sánchez no convoca un adelanto). Después de ganar en Extremadura, Castilla y León y ahora en Andalucía, el líder de la oposición ve más cerca “el cambio en España”. Así lo ha querido reflejar en una comparecencia posterior a la reunión, en la que se ha comprometido a liderarlo. Según ha recalcado, “la campaña para lograr el cambio en España empieza hoy”.

Y pese a complicarse el gobierno en Andalucía, Génova consigue lo que buscaba: un nuevo golpe a Pedro Sánchez (desde Ferraz evitan extrapolar los resultados a nivel nacional). Feijóo ha subrayado que “todo el legado de Sánchez, que se ha testado en las urnas en estos meses, ha obtenido la misma respuesta: No, gracias”. A su entender, la condición del ministro de Sánchez “no es un reclamo electoral”, sino que “es una losa” porque “la losa es Pedro Sánchez”.

El dilema de las izquierdas: Andalucía da la razón al modelo Rufián

El éxito de Adelante Andalucía abre un debate en la izquierda a la izquierda del PSOE. La receta del éxito de la formación regionalista ha sido ofrecer un proyecto fresco, sin el desgaste que arrastran Sumar y Podemos desde Madrid y por una clara apuesta por el territorio. Se trata de una receta similar a la que ya ofreció en Aragón Chunta Aragonesista, que decidió concurrir en solitario.

Sumar, Podemos e Izquierda Unida insisten en que la dinámica en unas elecciones generales es distinta y que la fórmula pasa por una confluencia de izquierdas plurinacional. Sin embargo, los últimos resultados dan la razón a la fórmula que propuso el portavoz Gabriel Rufián: una alianza de izquierdas confederales, donde la izquierda más fuerte se presente en cada circunscripción.

/espana/2026/05/18/maria-jesus-montero-deja-su-escano-en-el-congreso-y-atribuye-el-desastre-electoral-a-la-mala-estrategia-del-psoe-en-redes-no-hemos-sabido-adaptarnos/

Vox condicionará el gobierno en Andalucía

El líder del PP andaluz, Juanma Moreno, sondea gobernar en solitario con el apoyo externo del partido de Santiago Abascal sin tener que negociar, pero desde la calle Bambú ya le advierten que está condenado a entenderse con ellos si quiere revalidar el Gobierno. “Alguien que tenía mayoría absoluta ya no la tiene y Vox tiene la capacidad de cambiar el rumbo [...] La responsabilidad nos exige hablar de medidas y cómo vamos a mejorar la vida de los andaluces”, ha afirmado el portavoz de Vox, Ignacio Garriga, en una rueda de prensa.

Vox no ha desvelado todavía si pedirá entrar en el ejecutivo autonómico, ya que Moreno solo necesita dos diputados de los 15 que ostenta la extrema derecha. Sí advierte que el guion será similar a las últimas negociaciones autonómicas, con el concepto de la prioridad nacional en primera plana.

/espana/2026/05/17/el-voto-del-partido-popular-en-adamuz-sale-reforzado-en-las-elecciones-de-andalucia-tras-el-accidente-ferroviario/

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/espana/2026/05/17/vox-gana-sin-ganar-el-partido-de-ultraderecha-sube-solo-dos-escanos-pero-tendra-de-nuevo-la-llave-de-un-gobierno-autonomico-y-afirma-que-habra-prioridad-nacional/

Ayuso felicita a Moreno y asegura que la derrota del PSOE “debería obligar a dimitir” a Sánchez

Juanma Moreno ha conseguido arrasar a la izquierda en Andalucía una vez más.

Felicidades por cambiar el destino de tu tierra, que ahora es más fuerte, emprendedora y auténtica.

Esta derrota absoluta de Pedro Sánchez debería obligarle a dimitir, pero no lo hará porque su vida…

— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 17, 2026

El escrutinio entra en su fase final sin cambios: el PP se queda en 53 escaños

Con el 95,89% de los votos escrutados, el panorama electoral andaluz queda prácticamente definido. El PP de Juanma Moreno ganaría las elecciones con 53 diputados, cinco menos que en 2022 y a solo dos de la mayoría absoluta.

El PSOE consolidaría su segunda posición con 28 escaños, dos menos que en la anterior legislatura, mientras Vox obtendría 15 representantes y mantendría un papel determinante para facilitar un nuevo gobierno del PP en Andalucía.

Adelante Andalucía confirma uno de los crecimientos más destacados de la noche y alcanzaría 8 diputados. Por Andalucía, por su parte, resistiría con 5 escaños pese al retroceso respecto a los anteriores comicios.

Rufián pide a la izquierda española “escuchar y ayudar” tras el avance de Adelante Andalucía

3 cosas:

1) Es el momento de las izquierdas soberanistas.

Un momento que deben saber interpretar y liderar: la conclusión no puede ser 'como a mí me va bien que le den a lo demás'.

Y un momento que las izquierdas españolas deben saber aceptar y fomentar: son el problema.

A…

— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 17, 2026

El PP sube a 53 escaños en la recta final del escrutinio y se acerca a la mayoría absoluta

Con el 89,06% de los votos contabilizados, el PP de Juanma Moreno mejora sus resultados y alcanza los 53 diputados en el Parlamento andaluz. Los populares continúan liderando con claridad las elecciones y reducen a solo dos escaños la distancia respecto a la mayoría absoluta.

El PSOE se mantiene con 28 representantes y confirma un retroceso respecto a la anterior legislatura, mientras Vox pierde un diputado en este último avance y bajaría hasta los 15 escaños, aunque seguiría siendo decisivo para la gobernabilidad.

En la izquierda andaluza, Adelante Andalucía consolida definitivamente su crecimiento y conservaría 8 diputados. Por Andalucía también estabiliza sus resultados y mantendría 5 representantes en la Cámara autonómica.

El PP consolida su victoria con más del 80% escrutado, aunque sigue sin mayoría absoluta

Recta final del recuento en Andalucía. Con el 80,74% del escrutinio completado, el PP de Juanma Moreno mantiene una cómoda ventaja y obtendría 52 escaños, seis menos que en las elecciones de 2022, quedándose nuevamente a las puertas de la mayoría absoluta.

El PSOE cae hasta los 28 diputados y empeora sus expectativas respecto a los primeros resultados de la noche, mientras Vox conserva 16 representantes y mantiene la llave de una posible investidura del candidato popular.

En la izquierda alternativa, Adelante Andalucía continúa estabilizada en 8 escaños y confirma una notable subida respecto a la anterior legislatura. Por Andalucía logra recuperar terreno en este tramo final del escrutinio y alcanzaría los 5 diputados.

El resultado se estabiliza con más del 70% escrutado: Moreno seguiría necesitando a Vox

El avance del escrutinio consolida el escenario dibujado durante buena parte de la noche electoral. Con el 71,74% de los votos contabilizados, el PP de Juanma Moreno mantiene los 52 escaños y continúa como fuerza claramente vencedora, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta del Parlamento andaluz.

El PSOE resistiría como segunda fuerza con 29 diputados, uno menos que en la anterior legislatura, mientras Vox conservaría 16 representantes y seguiría siendo determinante para facilitar la continuidad del bloque de derechas en la Junta de Andalucía.

En el espacio situado a la izquierda del PSOE, Adelante Andalucía afianza su crecimiento y repetiría los 8 escaños que viene marcando el escrutinio en los últimos avances. Por Andalucía, por su parte, se mantendría con 4 diputados.

El escrutinio supera el 60% y mantiene el escenario abierto para la mayoría absoluta del PP

Con el 61,38% de los votos contabilizados, el PP de Juanma Moreno sigue liderando con claridad las elecciones andaluzas y conservaría 52 escaños, aunque todavía seis menos que en la anterior legislatura. Los populares continúan a tres diputados de la mayoría absoluta.

El PSOE recupera un representante respecto al anterior avance y subiría hasta los 29 escaños, mientras Vox baja nuevamente a 16 diputados, consolidándose aun así como pieza clave para garantizar una mayoría parlamentaria junto al PP.

Por su parte, Adelante Andalucía mantiene su mejoría respecto a 2022 y seguiría con 8 representantes en la Cámara andaluza. Por Andalucía no logra remontar y se quedaría con 4 escaños, uno menos que en los anteriores comicios.

El PP mantiene los 52 escaños al superar el 50% del escrutinio y Vox vuelve a crecer

La noche electoral sigue estrechando el margen del PSOE mientras el PP consolida su ventaja. Con el 50,01% del voto escrutado, la candidatura de Juanma Moreno mantiene los 52 diputados y continúa a tres escaños de la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz.

El PSOE baja hasta los 28 representantes, dos menos que en los primeros avances de la noche, mientras Vox recupera terreno y sube hasta los 17 escaños, reforzando su posición como aliado imprescindible para un eventual gobierno popular.

En la izquierda alternativa, Adelante Andalucía sostiene sus buenos resultados y se mantiene con 8 diputados. Por Andalucía, por su parte, conservaría 4 escaños, uno menos que en la anterior legislatura.

La suma de PP y Vox alcanzaría ya los 69 diputados, una mayoría suficiente para reeditar un bloque de derechas en Andalucía si se confirmaran estos resultados.

Juanma Moreno roza la mayoría absoluta con casi la mitad del escrutinio completado

Con el 46,14% de los votos contabilizados, el PP continúa ampliando su ventaja y alcanza los 52 escaños en el Parlamento andaluz. La formación de Juanma Moreno mejoraría respecto a los anteriores avances, aunque todavía perdería seis diputados en comparación con la mayoría absoluta obtenida en 2022.

El PSOE desciende hasta los 29 representantes y pierde un escaño respecto al último recuento provisional, mientras Vox también baja ligeramente y se sitúa en 16 diputados, aunque seguiría siendo decisivo para apuntalar una mayoría de derechas en Andalucía.

En el bloque de izquierdas, Adelante Andalucía mantiene su fuerte crecimiento y conservaría 8 escaños, mientras Por Andalucía recupera un diputado respecto al anterior avance y se colocaría con 4 representantes.

El PP se acerca a la mayoría absoluta con más de un tercio del voto escrutado

El avance del escrutinio reduce la distancia del PP respecto a la mayoría absoluta. Con el 33,74% de los votos contabilizados, la candidatura de Juanma Moreno alcanzaría ya los 51 escaños, cuatro más que en el anterior avance, aunque todavía siete por debajo del resultado logrado en 2022.

El PSOE mantiene sus 30 diputados y continúa como segunda fuerza política en Andalucía, mientras Vox baja ligeramente hasta los 17 representantes, aunque seguiría siendo clave para garantizar la continuidad de un gobierno popular.

En la izquierda andaluza, Adelante Andalucía consolida su crecimiento y obtendría 8 escaños, mientras Por Andalucía empeora sus perspectivas y caería hasta los 3 diputados, perdiendo dos respecto a la anterior legislatura.

El PP mejora sus resultados con el 26% escrutado, pero sigue lejos de la mayoría absoluta

Avanza el recuento en las elecciones andaluzas y el PP de Juanma Moreno consolida su victoria con el 25,66% del escrutinio completado. Los populares subirían hasta los 49 escaños, aunque todavía perderían 9 diputados respecto a los resultados de 2022 y continuarían sin alcanzar la mayoría absoluta.

El PSOE se mantiene como segunda fuerza con 30 representantes, mientras Vox confirma su crecimiento y conservaría un papel decisivo para la gobernabilidad al lograr 18 escaños, cuatro más que en la anterior cita electoral.

En el espacio a la izquierda de los socialistas, Adelante Andalucía continúa creciendo y alcanzaría 8 diputados, mientras Por Andalucía retrocede y se quedaría con 4 escaños.

El PP ganaría las elecciones, con el 10% escrutado

Con el 10,07% escrutado, el PP ganaría las elecciones, aunque todavía estos resultados son provisionales. El PP obtendría 47 escaños, lejos de la mayoría absoluta que está en 55, y necesitaría a Vox, que suma 18, para gobernar. El PSOE sumaría 3 hasta los 33; Adelante Andalucía suma 5 hasta los 7; y Por Andalucía perdería 1, quedando en 4.

Con más 6% de los votos escrutados, el PP ganaría pero quedaría lejos de la mayoría absoluta

Superado el 6% de los votos escrutados, el PP-Andalucía ganaría las elecciones con 45 escaños, lejos de la mayoría absoluta (55) a la que apuntaban los sondeos a pie de urna. El PSOE mejoraría sus resultados con respecto a 2022, sumando cinco escaños más a un total de 35, mientras que Vox también subiría con 18 diputados, cuatro más que en los comicios anteriores. Adelante Andalucía mantendría sus 7 escaños, mientras que Por Andalucía perdería uno, quedándose con cuatro.

A pesar de estos resultados iniciales, tanto Juanma Moreno como la dirección nacional del PP han apelado a la prudencia. “Ahora mismo está todo abierto, seguimos como estábamos hace prácticamente un mes y medio en el sentido de que sabíamos que íbamos a llegar a estas elecciones con incertidumbre”, decía el candidato y actual presidente de la comunidad autónoma.

Juanma Moreno, sobre la participación: “Un dato positivo para la democracia y para las instituciones”

El presidente de la Junta y candidato del PP-Andalucía a la reelección, Juanma Moreno, ha valorado positivamente los datos de participación en las elecciones andaluzas de este domingo y ha confiado en alcanzar una “mayoría de estabilidad”. Moreno llegó a la sede regional del PP-A en Sevilla acompañado de su mujer, Manuela Villena, y de miembros de su equipo para seguir el escrutinio. Aunque reconoció estar nervioso, destacó que la participación parece superior a la de las elecciones de 2022, en las que el PP-A obtuvo mayoría absoluta, calificándolo como “un dato positivo para la democracia y las instituciones”.

Respecto a las encuestas publicadas tras el cierre de los colegios electorales, Moreno ha pedido prudencia y ha recordado que el resultado real solo se conocerá tras el recuento de votos. Señaló que la incertidumbre ha marcado la campaña y reiteró los tres objetivos del PP-A: ganar las elecciones, hacerlo en las ocho provincias y lograr una mayoría estable. Además, expresó su deseo de que el escrutinio transcurra con rapidez y sin incidencias, subrayando que “gane quien quieran los andaluces”.

Comienzan a contarse los votos

A las 20:43 han cerrado las últimas mesas electorales, dando comienzo al escrutinio de los votos. Los primeros sondeos a pie de urna ya se han ido publicando a partir de las 20:00. Según el realizado por Sigma 2 para Canal Sur, el PP estaría a punto de revalidar su mayoría absoluta en unos comicios en los que María Jesús Montero y el PSOE quedarían en segunda posición con un nuevo peor resultado histórico de entre 26 y 29 escaños.

/espana/2026/05/17/los-sondeos-a-pie-de-urna-dan-la-victoria-al-pp-y-le-aseguran-la-mayoria-absoluta-en-andalucia/

Cierran las urnas a la espera de los tres centros que se retrasaron

A las 20:00 han cerrado casi todos los colegios electorales abiertos en Andalucía para las elecciones. La excepción han sido los tres centros cuya apertura se ha retrasado por la mañana en Cádiz, Málaga y Sevilla. De este modo, el escrutinio empezará cuando este último centro electoral cierre sus puertas a las 20:43.

Así ha evolucionado la participación

A falta de que el cierre de urnas confirme la subida de la participación en las elecciones de Andalucía (que, a falta de los datos finales, se sitúa temporalmente en un 52,16%), los últimos avances señalan que la afluencia ha subido en más del 97% de los municipios de la comunidad autónoma.

Las elecciones de 2022 registraron la segunda cifra más baja de la historia de la democracia (56,13%, que a las 18:00 se había situado en un 44,51%), solo por debajo de las de 1990, cuando se quedó en un 55,34%. En el lado contrario estarían los comicios de 1996, cuando la afluencia rozó el 78%.

/espana/2026/05/17/el-alcalde-de-malaga-no-encuentra-su-papeleta-un-enfrentamiento-en-sevilla-y-la-foto-que-ha-desatado-la-polemica-las-anecdotas-de-las-elecciones-de-andalucia-2026/

La participación a las 18:00 supera el 52%, más de 7,5 puntos más que en 2022

Los últimos datos de participación antes de conocer los primeros resultados y sondeos han confirmado la subida de afluencia a las urnas del avance de las 14:00. A pocas horas de empezar a contar las papeletas, el 52,11% de los votantes ya se ha acercado a las mesas para depositar su confianza en alguno de los candidatos.

Este dato supone un significativo aumento del 7,6% respecto a los datos de 2022, cuando a esta misma hora el porcentaje era del 44,51%. Esta diferencia se ha hecho muy notoria en provincias como Almería, Granada, Huelva y Sevilla, donde la subida se ha situado por encima del 8% e incluso se ha rozado el 9%.

/espana/2026/05/17/se-retrasa-la-publicacion-del-escrutinio-en-andalucia-hasta-las-2043-horas-porque-tres-mesas-electorales-cerraran-mas-tarde/

Vox denuncia la agresión a uno de sus apoderados en Sevilla

El candidato de Vox por Sevilla, Javier Cortés, ha denunciado una presunta agresión a apoderados de su partido en el barrio sevillano de La Oliva, que atribuyó a la “extrema izquierda violenta”. Además de mostrar su apoyo a los afectados, defendió que Vox responde “con determinación” frente al clima de tensión que, según afirmó, sufre la formación.

Cortés también pidió una alta participación en las elecciones andaluzas para impulsar una “ola de sentido común” en la comunidad. Durante su intervención, reivindicó medidas como la "prioridad nacional" en ayudas y vivienda, políticas contra la inmigración irregular y un plan de industrialización orientado a generar empleo y apoyar al mundo rural y a las pymes.

Así se ha distribuido la participación hasta ahora

Con los datos provisionales de participación en el avance de las 14.00, que han reflejado ese aumento de tres puntos porcentuales respecto a 2022, se han podido conocer también los datos por provincias. El aumento de la participación se ha dado sobre todo en las provincias de Almería (36,8%) y Huelva (34,2%), donde esa subida ha sido cercana al 4,5%.

La provincia con un mayor porcentaje de votos, sin embargo, ha sido Córdoba, que con un 40,3% ha sido, paradójicamente, la que ha experimentado una subida menor junto a Jaén (39,3%). Por su parte, Cádiz (34,7%), Granada (38,1%), Málaga (35,7%) y Sevilla (38,7%) han visto aumentada su participación en un margen del 2,7 al 3,5%, confirmando un ascenso que podría verse modificado con los últimos datos de participación, que se darán a las 18:00.

Desde un punto de vista local, la afluencia a las urnas ha crecido en ocho de cada diez municipios, con capitales como Sevilla, Granada o Córdoba con aumentos considerables, y otros emplazamientos más pequeños como Manzanilla (Huelva), donde la subida ha rozado el 20%.

Los primeros datos del escrutinio no llegarán hasta las 20:43

El consejero andaluz Antonio Sanz ha informado de que la Junta Electoral de Andalucía permitirá difundir sondeos electorales desde las 20.00 horas, al considerar que están amparados por la libertad de información y el principio de proporcionalidad.

Sin embargo, los datos oficiales del escrutinio no podrán publicarse en la web ni en la aplicación móvil hasta las 20.43 horas, momento en que cerrará la última mesa electoral. La Junta Electoral sostiene que no deben difundirse resultados oficiales mientras permanezca abierto algún colegio electoral.

El segundo avance de la participación muestra un aumento del 3%

Los datos de participación compartidos por la Junta de Andalucía a las 14.00 señalan que, hasta esa hora, se han depositado ya en las urnas un 37,25% de todas las papeletas posibles, lo que refleja un aumento del 3% respecto a las elecciones de 2022. Según estos datos, casi 2,2 millones de andaluces ya habrían votado en las más de 10.400 mesas dispuestas en la comunidad autónoma.

Una cabeza de lista del PSOE recurre tras votar en una mesa que no le correspondía

La candidata del PSOE por Granada al Parlamento andaluz, Olga Manzano, ha votado por error en una mesa distinta a la que le correspondía en la Casa de la Cultura de Cuevas del Campo. La incidencia se detectó después de depositar el voto, pese a contar con la autorización de la mesa electoral.

La Junta Electoral ha optado por impedir que volviera a votar y ordenó anular aleatoriamente una papeleta de la urna afectada. El PSOE ha presentado un recurso al considerar que se trata de un error administrativo que no altera el resultado y pide que se reconozca la validez del voto emitido.

/espana/2026/05/17/de-70-a-5000-euros-esto-es-lo-que-cobran-los-miembros-de-la-junta-electoral-de-andalucia-y-de-las-mesas-electorales-este-17m/

Gavira anima a votar este 17M: “Los andaluces tenemos la oportunidad para que el sentido común se imponga”

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha afirmado que en las elecciones autonómicas de este domingo 17 de mayo “los andaluces tenemos la oportunidad para que el sentido común se imponga”. Acompañado por su mujer y su hija, el candidato Vox ha ejercido su derecho al voto en el Colegio San Vicente de Paul de Cádiz capital.

Gavira han reiterado una vez más su mensaje de “prioridad nacional” apelando al voto de los andaluces para conseguir un gobierno “que se meta en el líos”. “Los andaluces nos merecemos ser más que los últimos o los penúltimos, que es lo que somos hoy en día a nivel nacional. Por tanto, hoy ese es el mensaje que hay que dar”, ha apuntado.

El dirigente de Vox en Andalucía ha agradecido su labor a los apoderados, los servidores públicos y a los medios de comunicación que han estado siguiendo toda la campaña electoral. Además, ha afirmado que “se encuentra tranquilo” aunque es probable que “se ponga más nervioso a medida que vaya pasando la jornada”.

“El objetivo que tiene Vox siempre es consolidar el proyecto y seguir creciendo para que más pronto que tarde tengamos un presidente en el Palacio de la Moncloa que no sea otro que Santiago Abascal”, ha explicado el candidato a los medios en Cádiz. Gavira seguirá los resultados de la noche electoral en el Restaurante Muelle 21 de la capital andaluza junto con los representantes de Vox de todas las provincias.

*Información elaborada por Europa Press.

José Ignacio García llama a votar “por la clase trabajadora” en el “único día cada cuatro años que todos somos iguales”

José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía, ha hecho este domingo un llamamiento a la participación tras ejercer su derecho al voto en Jerez de la Frontera y ha pedido el apoyo “por la clase trabajadora, por el pueblo andaluz y por la gente normal y corriente”.

Tras votar en la Sala Paul, un edificio municipal del Ayuntamiento de Jerez, el dirigente del parido ha valorado, en declaraciones a los medios, que la jornada electoral está transcurriendo “con total normalidad”, algo que ha considerado “una forma de tranquilidad democrática”, y ha animado a la ciudadanía a acudir a las urnas en una jornada que ha definido como “el día de la participación”.

El andaluz ha defendido que la jornada electoral representa “el único día cada cuatro años que todos somos iguales”, ya que el resto del año “están los bancos, los poderes mediáticos, los grandes empresarios o los grandes rentistas, pero hoy todos los andaluces y andaluzas somos iguales”. “Hoy todos tenemos el mismo poder y hay que aprovecharlo. Por una vez hay que aprovecharlo por los que lo consiguieron hace años y porque tenemos la oportunidad de ser todos y todas iguales”, ha remarcado.

*Información elaborada por EFE.

La participación a las 11:30 horas es del 15%, medio punto menos que en 2022

A las 11:30 de este domingo, 983.649 andaluces han acudido a las urnas. La cifra supone un 15,10% del censo electoral, un 0,34% menos que en las elecciones de 2022, cuando a estas horas habían acudido a los colegios electorales 985.053 ciudadanos, un 15,44%. Por provincias, las cifras son la siguientes:

• Almería: 16,68% en 2026 frente a 16,51% en 2022. La diferencia es de +0,17 puntos porcentuales.
• Cádiz: 13,58% en 2026 frente a 13,56% en 2022. La diferencia es de +0,02 puntos porcentuales.
• Córdoba: 16,48% en 2026 frente a 17,35% en 2022. La diferencia es de -0,87 puntos porcentuales.
• Granada: 16,07% en 2026 frente a 16,82% en 2022. La diferencia es de -0,75 puntos porcentuales (con el 99,95% escrutado).
• Huelva: 13,24% en 2026 frente a 12,22% en 2022. La diferencia es de +1,02 puntos porcentuales.
• Jaén: 15,64% en 2026 frente a 16,97% en 2022. La diferencia es de -1,33 puntos porcentuales.
• Málaga: 15,04% en 2026 frente a 15,62% en 2022. La diferencia es de -0,58 puntos porcentuales.
• Sevilla: 14,95% en 2026 frente a 15,08% en 2022. La diferencia es de -0,13 puntos porcentuales.

María Jesús Montero, tras pasar por las urnas anima a los andaluces a votar: “Que nadie se quede en casa”

La candidata del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, ha animado “a todo el mundo” a votar y ha lanzado un mensaje a los andaluces: “Que nadie se quede en casa”. La socialista ha explicado a la prensa que seguirá el recuento junto a sus seres queridos pero no ha matizado si será desde la sede de su partido en la capital hispalense.

La exministra de Hacienda también ha indicado, tras una pregunta de los periodistas, aún no ha hablado este domingo con el secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “En el día de hoy no he hablado con él. Hablaré, me imagino, que a lo largo del día, seguro que sí, como lo hago habitualmente, pero como siempre que me va a transmitir todo el ánimo, toda la fuerza y todo el apoyo”.

Juanma Moreno, tras votar: “No lo dejen para lo último”

El candidato de Partido Popular y presidente de la Junta en Andalucía, Juanma Moreno, ya ha ejercido su derecho al voto en Málaga. Desde la capital de la Costa del Sol, el popular ha recordado que esta es “una jornada que permite a los ciudadanos ejercer uno de los derechos más importantes que tenemos como ciudadanos libres: el derecho al voto”.

El candidato, que se presenta por cuarta vez a las elecciones, ha pedido a los andaluces que acudan a las urnas para decidir “qué quieren para Andalucía en los próximos cuatro años”. Además, ha hecho un llamamiento a aquellos que están de celebración este domingo: “Sé que hoy hay muchas comuniones. Que no lo dejen para lo último, porque las sobremesas se hacen largas y después da pereza ir a votar”.

El presidente durante los últimos cuatro años ha informado de que seguirá el recuento de votos desde Sevilla.

El ministro Planas anima al voto en unas elecciones “particularmente” importantes para Andalucía

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ya ha votado y ha animado a los andaluces a seguir su ejemplo en unas elecciones “particularmente” importantes para Andalucía. El socialista ha ejercido su derecho al voto en Córdoba, en la sede de la empresa municipal de vivienda Vimcorsa, al encontrarse en obras su colegio electoral.

Planas, que es el único ministro que vota en región, ha señalado a los periodistas que votar es una “acción democrática muy importante y, sin duda, lo es para el futuro de Andalucía” y, por ello, ha llamado a la participación.

Planas ha explicado que no podrá pasar la jornada electoral en la capital cordobesa porque mañana participa en la reunión de la Asamblea de la Organización Mundial de la Sanidad Animal en París y viajará esta tarde hasta la capital francesa.

Planas ha resaltado que en esa reunión España “tiene muchos intereses en el orden del día”, aunque ha precisado que este viaje no le va a impedir estar “en contacto permanente” para conocer el desarrollo de la jornada electoral.

*Con información de EFE.

Maíllo, tras depositar su voto: “Queremos cuatro años de defensa de lo común, de las gentes que tengan seguridad y certidumbre y tranquilidad”

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha llamado a la movilización de los andaluces para votar. Maíllo ha sido uno de los primeros candidatos en ejercer su derecho al voto en el Colegio Salesiano Santísima Trinidad en Sevilla capital.

“Andalucía debe decidir qué quiere hacer en estos cuatro años y nosotros queremos unos cuatro años de defensa de lo común, de las gentes que tengan seguridad y certidumbre y tranquilidad en la vida y mejor felicidad”, ha señalado Maíllo en una atención a los medios en el exterior de su colegio electoral.

El candidato ha agradecido el trabajo de los 5.225 apoderados de la coalición distribuidos por todo el territorio andaluz. Una cifra que según Maíllo “refleja la expansión que tiene por todo el territorio”. En esta línea, ha apelado a un proceso electoral “impecable, como siempre ha sido”. Maíllo seguirá los resultados de la noche electoral desde la sede regional de IU en la calle Donantes de Sangre de Sevilla.

*Con información de Europa Press.

El alcalde de Málaga, sobre las elecciones: “Se muestra la fortaleza de una democracia con una alta participación”

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha ejercido este domingo su derecho al voto en las elecciones autonómicas y ha llamado a la participación del electorado este 17M a la vez que ha destacado que “en momentos como estos se demuestra la fortaleza de una democracia con una alta participación”. Pasaban pocos minutos de las 9,00 horas cuando el regidor malagueño ha depositado su voto en el colegio electoral ubicado en el Hospital Noble de la capital malagueña, donde, al ser preguntado por el hecho de ser los primeros en votar, ha asegurado que “cada uno vota a la hora que quiere”, y ha añadido que lo importante es votar.

De la Torre ha destacado la importancia de estas elecciones: “Son muy importantes para Andalucía, pero lo son también en relación a los municipios y provincias que formamos Andalucía. Para todos es importante, espero que haya esa participación, como es natural”.

*Con información de Europa Press

Constituidas el 100% de las mesas electorales en Andalucía a las 09.46 horas

Las elecciones autonómicas que se celebran este domingo 17 de mayo en Andalucía han arrancado en toda la comunidad completando a las 09.46 horas la constitución de las 10.403 mesas electorales repartidas en 3.756 colegios electorales de la región, según los datos consultados por Europa Press en la web de seguimiento electoral de la Junta de Andalucía.

Los 31.209 miembros de las 10.403 mesas electorales que se constituirán este domingo 17 de mayo en toda Andalucía para los comicios autonómicos percibirán una dieta de 70 euros, cinco euros más que en las anteriores elecciones celebradas el 19 de junio de 2022.

Así lo establece un decreto de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias que regula las compensaciones económicas a percibir por las personas integrantes de las Juntas Electorales, personal a su servicio y otro personal colaborador con motivo de las elecciones. Cada mesa electoral está compuesta por tres personas, una que ostenta la Presidencia y otras dos que ejercen las Vocalías, elegidas por sorteo entre las personas mayores de edad censadas en una sección electoral, que sean menores de 65 años y que sepan leer y escribir.

La Junta ofrecerá tres avances sobre el dato de participación a las 11.30, las 14 y las 18 horas

La Junta de Andalucía ofrecerá este domingo 17 de mayo tres avances sobre el dato de participación en las elecciones autonómicas a las 11.30 horas, las 14.00 y las 18.00 horas, que posteriormente se trasladarán en ruedas de prensa.

Así lo avanzó este pasado viernes el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante una visita al Centro de Difusión de Datos (CDD), situado en el Pabellón de la Navegación de Sevilla, donde facilitó información relativa a la cobertura de las elecciones autonómicas de este 17 de mayo.

La primera comparecencia está prevista a las 10.30 horas para informar sobre la apertura de los colegios electorales -a las 09.00 horas-, la constitución de las mesas y las incidencias que puedan producirse en el inicio de la jornada electoral. Con posterioridad están programadas otras tres comparecencias: a las 12.00 horas para informar sobre el dato de participación hasta las 11.30 horas; a las 14.30 horas para ofrecer el dato de participación a las 14.00 horas; y a las 18.30 horas para detallar el dato de participación hasta las 18.00 horas.

A partir del cierre de los colegios, previsto a las 20.00 horas, se podrán suceder comparecencias ante los medios acreditados en el Centro de Difusión para informar sobre el avance del escrutinio, que se irá actualizando de forma progresiva hasta la obtención de resultados definitivos.

Para estos comicios se han dispuesto 3.757 colegios electorales distribuidos entre los 785 municipios de la comunidad, con 10.403 mesas electorales para ejercer el derecho al voto. Los primeros votantes ya ejercen su derecho al voto.

El censo de electores para los comicios autonómicos de este domingo 17 de mayo en Andalucía presenta clara mayoría femenina, con 182.842 mujeres más que hombres convocados a ejercer su derecho al voto, según datos definitivos de la Oficina del Censo Electoral consultados por Europa Press.

En concreto, 3.346.837 mujeres podrán acudir a las urnas en las elecciones autonómicas en Andalucía, frente a 3.163.995 hombres. La mayoría femenina en el censo se registra a partir de los 40 años, mientras que en edades inferiores son los hombres los más numerosos.

Arranca la jornada electoral con la apertura a las 9:00 de los colegios electorales.

Dispositivo de seguridad con más de 16.000 agentes

Las 10.403 mesas electorales que se habilitan este 17 de mayo contarán con “infraestructura tecnológica duplicada” para la seguridad de la transmisión de datos en la que se incorpora por primera vez la inteligencia artificial (IA) en la verificación del escrutinio.

En cuanto al dispositivo de seguridad para la jornada electoral, estarán desplegados más de 16.000 agentes policiales incluyendo a 14.583 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La Guardia Civil contará con 8.999 agentes desplegados en su ámbito territorial de actuación, que abarca 785 municipios andaluces, mientras que la Policía Nacional destinará 5.584 funcionarios a la vigilancia y seguridad de los centros electorales situados en su demarcación.

Juanma Moreno Bonilla ha salido este lunes reforzado de la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP con el respaldo unánime de los líderes territoriales del partido, que han avalado su intención de formar gobierno en solitario en Andalucía tras el resultado de las elecciones del domingo. La victoria de la formación, que se ha quedado a tan solo dos escaños y 21.000 votos de alcanzar la mayoría absoluta, ha generado optimismo en las filas populares y la convicción de que Vox carece de músculo suficiente para imponer sus condiciones.

El propio Moreno ha marcado el camino nada más llegar a la sede nacional del partido en la calle Génova. “El resultado es muy bueno y nos da un margen de maniobra para poder gobernar en solitario”, afirmó el presidente andaluz, que calificó de “contundente” su victoria y descartó ceder ante posibles exigencias de Vox. A su juicio, no tendría “ningún sentido la imposición o la búsqueda permanente de un sillón” por parte de la formación de ultraderecha.

Vox, a la espera

Y, mientras el PP cierra filas en torno a Moreno, Vox ha optado por la ambigüedad. El secretario general del partido, Ignacio Garriga, ha eludido aclarar este lunes si la formación pedirá entrar en el futuro gobierno andaluz, aunque sí ha insistido en que el resultado electoral les “capacita” para “condicionar un futuro ejecutivo” de Moreno. Una postura que en el entorno del PP interpretan como una señal de debilidad negociadora.

Varios presidentes autonómicos populares han coincidido en privado en que el escenario andaluz es cualitativamente distinto al de otras comunidades donde el PP ha pactado con Vox. “El resultado de Andalucía es mejor y lo lógico es que la negociación sea distinta”, ha señalado uno de los líderes, en referencia a los acuerdos alcanzados en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Otro dirigente fue más directo al evaluar la posición de Abascal, reconociendo que “es muy complicado tumbar una investidura a dos escaños de la mayoría absoluta. Si quiere hacerlo, que se atreva”.

La valoración del resultado entre los presidentes autonómicos del PP no ha dejado lugar a dudas. “Es un pedazo de resultado”, coincidieron dos de ellos en una conversación informal. Un tercero añadió matices: “Es un resultado espectacular, pero la ley D’Hondt es la ley D’Hondt”. Y un cuarto lo resumió con una frase que refleja el estado de ánimo general en el partido: “Lo de Juanma lo firmamos todos”.

Feijóo lanza la precampaña general

Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado la reunión de la Junta Directiva Nacional para proyectar el resultado andaluz hacia el horizonte de las próximas elecciones generales. El líder del PP ha calificado la victoria de Moreno de “clara, inapelable y amplia” y la presenta como un modelo político a seguir a escala nacional. “Hay una forma de hacer política limpia, honesta y decente que sí es premiada. Ese es el modelo que merece el Gobierno de la nación. Y el que tendrá”, ha afirmado.

Además, Feijóo no ha mencionado a Vox en su intervención, sino que ha centrado su discurso en cargar contra Pedro Sánchez, con un mensaje que en Génova ya interpretan como el pistoletazo de salida hacia las generales. “Damos por inaugurada la precampaña de las elecciones generales. Hoy empieza todo”, trasladaron desde el entorno del líder del PP.

El equipo de Feijóo también ha dejado claro que la pelota está en el tejado de Moreno. “De momento no hemos escuchado peticiones concretas por parte de Vox”, han señalado fuentes del partido, que subrayaron que el presidente andaluz tiene la “obligación” de formar gobierno y no han ocultado su preferencia por un Ejecutivo en solitario.

La reunión, que comenzó con un minuto de silencio por el fallecimiento del alcalde de Murcia, José Ballesta, contó con las intervenciones de Feijóo, su número dos Miguel Tellado, el propio Moreno y la vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, que tomará el bastón de mando de la ciudad el próximo 22 de mayo. Tras el acto, Feijóo se reunió a almorzar con sus presidentes autonómicos.

La centralidad como garantía

El aragonés Jorge Azcón ha sido el presidente que más explícitamente ha respaldado en público la autonomía de Moreno para negociar. “Las decisiones que tome Juanma van a ser las mejores para los andaluces y también para el PP”, ha afirmado ante los periodistas, confiando en el criterio del presidente andaluz para gestionar “el magnífico resultado”.

Ante quienes temen que las exigencias de Vox puedan alejar al futuro gobierno andaluz de la centralidad política, un dirigente popular lo descartó con rotundidad: “¿Creéis que Juanma no va a estar centrado? La centralidad son las personas”.

Andalucía cerró este domingo el ciclo de elecciones autonómicas que ha marcado la política española durante los últimos seis meses, y dejó una sensación extraña en los dos grandes partidos. El PP ganó otra vez con claridad, sí, pero no consiguió aquello que Alberto Núñez Feijóo necesitaba políticamente casi tanto como Juanma Moreno: la mayoría absoluta. El PSOE, mientras tanto, volvió a tocar fondo en la comunidad donde durante décadas construyó buena parte de su poder institucional y emocional.

El resultado final resume bastante bien el clima político que atraviesa España. El PP obtuvo 53 escaños, cinco menos que en 2022, y seguirá siendo con enorme diferencia la primera fuerza andaluza. El PSOE-A cayó hasta los 28 diputados, su peor resultado histórico. Vox subió solo uno, hasta los 15, pero confirmó algo que ya se ha repetido en Extremadura, Aragón y Castilla y León: la derecha española sigue dependiendo de la ultraderecha para gobernar. Adelante Andalucía dio la sorpresa y pasó de dos a ocho escaños, mientras que Por Andalucía resistió con cinco.

La noche deja, por tanto, dos derrotas políticas de naturaleza distinta. La del PSOE es mucho más dura en términos electorales y simbólicos. La del PP es más sutil, pero estratégicamente incómoda. Porque Feijóo había convertido estas elecciones en algo más que una batalla autonómica: eran la gran oportunidad para demostrar que existe una fórmula popular capaz de gobernar sin Vox incluso en un contexto de auge de la ultraderecha. No lo ha conseguido.

Feijóo pierde la foto que buscaba

Durante semanas, el PP preparó estas elecciones como si fueran un ensayo general de las próximas generales. Andalucía no era una autonomía cualquiera. Era la comunidad más poblada de España, un antiguo bastión socialista y el territorio donde Juanma Moreno parecía haber perfeccionado una fórmula política especialmente valiosa para Génova: un PP moderado, ‘desideologizado’, con perfil institucional y capaz de atraer votantes tanto del centro como de la derecha sin entrar en competición directa con Vox. Ese era el famoso “modelo andaluz” que Feijóo llevaba meses reivindicando como referencia nacional.

La campaña se diseñó precisamente para proteger esa idea. Moreno evitó la política madrileña, redujo al mínimo la presencia de dirigentes nacionales y huyó deliberadamente del ruido ideológico. Nada de guerras culturales, nada de grandes batallas identitarias ni confrontaciones excesivas. Mientras Isabel Díaz Ayuso ocupaba titulares hablando de México y del legado español, Moreno se hacía fotos en explotaciones ganaderas y recorría pueblos con discursos enfocados en gestión, estabilidad y normalidad. El contraste dentro del propio PP era evidente.

Génova confiaba en que esa estrategia desembocara en una mayoría absoluta con enorme carga simbólica. Habría sido la demostración de que el PP puede crecer ocupando el centro político y sin necesidad de endurecer su discurso para competir con Vox. Habría sido, además, el primer gran gobierno regional conservado en solitario desde que Santiago Abascal rompió los ejecutivos autonómicos y empezó a recuperar fuerza electoral. Pero la mayoría absoluta no llegó y eso cambia bastante la lectura nacional de la noche.

Porque Andalucía era, probablemente, el territorio más favorable para que esa estrategia funcionara. Moreno tenía una valoración personal altísima, una fidelidad de voto muy superior a la de Feijóo y una capacidad de penetración en antiguos votantes socialistas que ningún otro dirigente popular ha conseguido replicar en España. Aun así, el PP volvió a quedarse atrapado en el mismo escenario que lleva meses repitiéndose elección tras elección: ganar mucho, pero no lo suficiente como para independizarse de Vox.

Extremadura, Aragón, Castilla y León y ahora Andalucía terminan dejando la misma fotografía política. El PP domina claramente el bloque conservador, pero Vox conserva la fuerza necesaria para condicionar gobiernos, marcar límites y exigir peajes parlamentarios. Y eso tiene consecuencias directas sobre Feijóo.

Y es que uno de los principales argumentos del líder popular para presentarse como alternativa de gobierno consistía precisamente en ofrecer una imagen de estabilidad y centralidad frente a la polarización política. El problema es que cada nueva elección refuerza una realidad incómoda: la suma de la derecha sigue necesitando a Vox para gobernar.

El PSOE agrava su crisis en el peor lugar posible

Si la noche del PP fue incómoda, la del PSOE fue devastadora. María Jesús Montero no solo no consiguió recuperar terreno para los socialistas andaluces, sino que empeoró el resultado de Juan Espadas en 2022. Los 28 escaños obtenidos consolidan el desplome histórico del PSOE en una comunidad donde gobernó durante casi cuatro décadas y donde llegó a construir una maquinaria política prácticamente imbatible.

Montero no es una candidata territorial cualquiera. Era la vicepresidenta del Gobierno, una de las figuras más poderosas del Ejecutivo y una dirigente estrechamente vinculada a Pedro Sánchez. Su candidatura convirtió automáticamente estas elecciones en un examen nacional para el PSOE y para el propio Gobierno. Y el examen ha salido mal.

El partido confiaba en movilizar a parte del electorado progresista que sí respaldó a Sánchez en las generales de 2023, pero no logró cerrar la brecha con el PP ni recuperar el pulso emocional en un territorio donde los socialistas llevan años perdiendo arraigo social, estructura territorial y capacidad de movilización.

La caída tiene además un enorme peso simbólico. Andalucía no era una comunidad más para el PSOE: era su gran reserva electoral, el lugar donde el partido construyó buena parte de su identidad política desde la Transición. Ver al socialismo andaluz instalado ya de forma estructural en porcentajes cercanos al 22% refleja hasta qué punto el mapa político español ha cambiado en pocos años. Y lo hace, además, en un momento especialmente delicado para Sánchez.

El PSOE acumula varios retrocesos territoriales consecutivos, el desgaste del Gobierno sigue creciendo y las generales empiezan a asomar en el horizonte político, aunque oficialmente nadie quiera hablar todavía de fechas. En Moncloa insisten en que las autonómicas no son extrapolables a unas generales. Y probablemente tengan razón. Ya ocurrió en 2022: Moreno arrasó en Andalucía y, un año después, Sánchez consiguió competir muy cerca del PP en las generales dentro de la propia comunidad.

Pero también es verdad que las dinámicas políticas terminan generando climas. Y ahora mismo el clima favorece claramente al PP, aunque no tanto como para permitirle desprenderse de Vox. Ese es precisamente el gran atasco de la política española que Andalucía ha vuelto a confirmar.

La victoria ha permitido a Moreno mantener al PP como fuerza hegemónica en Andalucía y conservar el control político de la comunidad más poblada de España, pero el nuevo reparto parlamentario ha cambiado por completo el escenario de la próxima legislatura. El presidente andaluz necesitará ahora el respaldo de Vox para garantizar la investidura y sostener la estabilidad de su futuro Gobierno, justo el escenario que el PP había tratado de evitar durante toda la campaña.

La noche electoral en la sede de los populares andaluces ha transcurrido entre la euforia de la victoria y la sensación evidente de oportunidad perdida. Sonaba ‘Kilómetro Sur’, se escuchaban gritos de “¡presidente!” y la militancia celebraba que Moreno hubiera vuelto a ganar las elecciones. Pero conforme avanzaba el escrutinio, también se consolidaba la idea de que el PP no había logrado retener la mayoría absoluta histórica que conquistó en 2022.

Moreno ha intentado construir desde el primer momento un relato optimista del resultado. Y, en parte, los números le daban argumentos. El PP ha ganado las elecciones con 1.724.678 votos, casi 150.000 más que hace cuatro años, y ha vuelto a imponerse en las ocho provincias andaluzas. Sin embargo, el crecimiento en votos no se ha traducido en más poder parlamentario. Los populares han pasado de 58 diputados en 2022 a 53 escaños, perdiendo cinco representantes y quedándose a dos de la mayoría absoluta.

“No hemos sacado matrícula de honor, pero sí sobresaliente”, ha resumido Moreno durante su comparecencia ante los militantes. El presidente andaluz ha reconocido que el PP se había quedado “muy cerquita” del objetivo de gobernar en solitario. “Nos hemos quedado a dos escaños de esa mayoría suficiente”, ha admitido entre aplausos y cánticos de “presidente”.

Una victoria clara, pero sin el control absoluto

Durante buena parte de la noche electoral, en el PP existió la esperanza de conservar los últimos escaños decisivos que permitían mantener la mayoría absoluta. Los populares consolidaban una ventaja amplia sobre el resto de fuerzas políticas y teñían de azul prácticamente todo el mapa andaluz, pero el recuento iba dejando claro que el Parlamento resultante sería mucho más incómodo para Moreno.

El líder popular ha reivindicado especialmente haber ganado en las ocho provincias andaluzas, uno de los objetivos que el PP se había marcado durante la campaña. “No es fácil ganar en estas ocho maravillosas provincias”, ha señalado Moreno, visiblemente satisfecho por el dominio territorial de su partido.

Los populares han vuelto a lograr sus mejores resultados en Málaga, donde han conseguido nueve diputados y más de 327.000 votos, y en Sevilla, la provincia más poblada de Andalucía, donde el PP ha obtenido ocho escaños y más de 404.000 papeletas. También se han impuesto en Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Huelva y Almería, consolidando un mapa electoral ampliamente favorable a Moreno.

Pero el retroceso parlamentario ha acabado eclipsando parte de la celebración. Porque el PP ha aumentado su número de votos respecto a 2022, pero ha perdido cinco escaños y, con ellos, la comodidad política con la que Moreno había gobernado durante la última legislatura.

El presidente andaluz ha tratado de presentar el resultado como un respaldo suficiente para continuar liderando la Junta y profundizar en el proyecto político que inició hace seis años. “Los andaluces nos han dado un mandato claro, que sigamos transformando Andalucía para hacer una tierra mucho más próspera y con mayor bienestar”, ha afirmado. “Ese mandato lo vamos a cumplir”, ha prometido.

Vox vuelve a tener la llave

La nueva aritmética parlamentaria ha devuelto además a Vox una capacidad de influencia que el PP había conseguido neutralizar durante los últimos cuatro años. La formación de Santiago Abascal apenas ha mejorado su resultado respecto a 2022 —ha pasado de 14 a 15 diputados—, pero ese único escaño más le ha bastado para volver a convertirse en decisiva para la gobernabilidad andaluza.

Moreno seguirá liderando el proceso para formar Gobierno, pero necesitará apoyos parlamentarios para garantizar tanto la investidura como la estabilidad de la legislatura. La paradoja para el PP es evidente: Vox apenas ha crecido, pero el retroceso de los populares ha devuelto a la formación ultraderechista una influencia política que parecía amortizada tras la mayoría absoluta de 2022.

Durante toda la campaña, el presidente andaluz había tratado precisamente de evitar ese escenario. Su estrategia se había basado en animar a los votantes a evitar el “lío” que supondría perder la mayoría, reforzar un perfil moderado y centrado en la gestión, apelando al votante de centro y alejándose del tono bronco de la política nacional. El objetivo era concentrar suficiente voto alrededor del PP para conservar la mayoría absoluta y evitar depender de Vox. Pero las urnas han dibujado finalmente un Parlamento mucho más fragmentado.

Moreno, aun así, ha evitado hacer referencias directas a Vox durante su intervención. El líder popular se ha limitado a reivindicar que “la democracia ha hablado” y que corresponde al PP, como “fuerza mayoritaria”, asumir “la responsabilidad de formar gobierno y gobernar”. “Este candidato aspira a dar cuatro años más de reformas y estabilidad”, ha asegurado.

La jornada electoral se ha desarrollado con normalidad en los más de 3.700 colegios electorales repartidos por toda Andalucía y en las cerca de 10.400 mesas habilitadas para la votación. Más de 178.000 andaluces habían solicitado además el voto por correo en unas elecciones seguidas con enorme atención política tanto dentro como fuera de la comunidad.

La reelección de Moreno ha confirmado que el PP sigue siendo la fuerza dominante en Andalucía y mantiene intacta su posición como principal referencia política de la comunidad. Pero la pérdida de la mayoría absoluta ha modificado por completo el equilibrio parlamentario y ha obligado a los populares a regresar a la política de pactos apenas cuatro años después de haber firmado el mayor triunfo electoral de su historia en Andalucía.

Vox no dependía de sí mismo para celebrar o no una victoria en las elecciones de Andalucía. Y es que el resultado no iba a estar marcado por su desempeño —todas las encuestas apuntaban a un ligero ascenso, de los 14 escaños que logró en 2022 a una horquilla de entre 17 a 20 diputados—, sino por el del PP: si Juanma Moreno lograba la mayoría absoluta y podía gobernar de nuevo en solitario, Vox podría aplaudir su mejora, pero no resultar determinante como en Aragón, Extremadura o Castilla y León. La “prioridad nacional” no llegaría a Andalucía. Y si el PP no alcanzaba la mayoría absoluta, Vox volvería a ser determinante para formar un Gobierno autonómico, al margen de sus resultados de la noche. Sería el equivalente a ganar sin hacer nada.

Y así ha sido. El partido liderado por Santiago Abascal, y representado en la región por Manuel Gavira, se ha quedado incluso por debajo de esa horquilla que apuntaban las encuestas, con 15 diputados, solo uno más, y un 13,9% de los votos. Una subida muy ligera frente al 13,4% de 2022. Una subida muy pobre para las aspiraciones de la formación, pero suficiente para celebrar el éxito: no gracias a sus propios méritos, sino al demérito del PP.

Por ello, en la sede del partido predominó un ambiente festivo cuando Manuel Gavira salió a dirigirse a los afiliados y a la prensa: botes, cánticos, aplausos, gritos. Gritos de “prioridad nacional”, “prioridad nacional”. Y: “¿Dónde está la mayoría?” “¿La mayoría dónde está?”. “No puedo empezar de otra manera que agradeciendo a ese más de medio millón de andaluces que ha confiado en Vox”, ha comenzado. Y a continuación destacó: “No les vamos a defraudar y, por supuesto, no les vamos a decepcionar y vamos a estar a la altura y a defender cada uno de esos votos”. Gavira felicitó a Juanma Moreno, pero le advirtió: “Esperamos del Partido Popular que escuche a los andaluces, porque han hablado claro y le han dicho al Gobierno de Andalucía qué es lo que quieren. Y lo que quieren es: prioridad nacional”. “Va a haber también más campo, más agricultura, más ganadería, más pesca, más seguridad y más prosperidad. Y el próximo Gobierno de Andalucía tendrá mucho más sentido común”, ha añadido. “Y en Andalucía por fin tendremos un bastión contra el Gobierno mafioso, corrupto y traidor que hay en el Gobierno de España, el Gobierno de Sánchez”. Y con un grito de “¡Viva España!”, terminó su intervención.

Minutos después, Santiago Abascal compareció desde la sede de Vox en Madrid, para felicitar a Gavira y afirmar que “Vox será decisivo una vez más”. “El PSOE y el PP han bajado, han perdido apoyo de los andaluces y han perdido escaños. Y Vox ha logrado más votos, más porcentaje y más escaños”, añadió, en un ejercicio claro, muy de la clase política, de ver el vaso medio lleno.

La prioridad nacional llega a Andalucía

En la maratón electoral que arrancó en Extremadura a finales del año pasado, la formación de Santiago Abascal arrancó con lo que esperaba que fuera el inicio de una tendencia generalizada en todo el país: allí, el 21 de diciembre, más que duplicó sus escaños, que se elevaron de 5 a 11. “Extremadura ha hablado alto y claro: quiere más Vox, el doble de Vox. Y lo va a tener”, proclamó el candidato, Óscar Fernández Calle. Y el 8 de febrero, en Aragón, el partido aumentó el número de diputados de 7 a 14, y fue la agrupación que más creció, también en porcentaje de votos, donde pasó del 11% a casi el 18%. “Se ha demostrado que también en Aragón se quiere el doble de Vox”, afirmó su candidato en esa región, Alejandro Nolasco.

Eran momentos históricos para el partido de ultraderecha, que veía crecer su poder entre el estancamiento del PP, el descalabro del PSOE y la división de la izquierda, sumida en la irrelevancia en esos dos comicios. Vox se había hecho con la llave de ambos ejecutivos autonómicos, pues los populares debían negociar con ellos si querían gobernar, y no estaba dispuesto a ‘vender’ barato su apoyo.

Las negociaciones, que duraron meses, dejaron esto claro. En Extremadura, tras cuatro meses de conversaciones, el pacto para investir a María Guardiola terminó incluyendo varias de las principales reclamaciones de Vox, como el endurecimiento de las políticas migratorias y la rebaja de impuestos. El partido de Abascal también ocupará una vicepresidencia, dos consejerías —Desregulación, Servicios Sociales y Familia; y Agricultura, Ganadería y Medio Natural— y un senador por designación autonómica. En Aragón, también se han hecho con tres consejerías, una con rango de vicepresidencia: una de Desregulación, Servicios Sociales y Familia; otra de Agricultura, Ganadería y Alimentación; y una tercera de Medio Ambiente y Turismo, además de un senador de designación autonómica.

Y en ambos pactos, brillan las referencias a la “prioridad nacional”, es decir, la iniciativa de poner por delante a los nacionales en el acceso a la vivienda social y otras prestaciones y ayudas sociales, la “asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, dice el pacto extremeño. Estas líneas hicieron saltar la polémica a nivel nacional y —además de las muchas dudas legales y prácticas que existen sobre su aplicación— han tenido relevancia en la campaña electoral andaluza.

El líder del PP, Juanma Moreno, se apresuró a desmarcarse del tema: “El eslogan de campaña, que me parece muy efectista, la prioridad nacional, está muy bien, pero hay una cosa que está por encima de la prioridad nacional que se llama ley orgánica de estatuto de autonomía y Constitución Española y eso no lo puede superar ningún presidente autonómico, ni ningún dirigente político, ni ningún acuerdo entre partidos”, dijo el 13 de mayo, en declaraciones a Onda Cero. Abascal respondió llamando a Moreno “Chiquilicuatre de San Telmo”: “Este señor se pone muy bravo, pero luego es bastante simpático y tendrá que negociar”. Ambos políticos convirtieron la recta final de la campaña en un referéndum sobre la ‘prioridad nacional’ y la siguiente elección: un gobierno del PP en solitario o con Vox.

Y las urnas han decidido, aunque con un mensaje no tan sencillo de interpretar. Habrá “prioridad nacional”, o es de esperar que la habrá, pero no porque Vox haya logrado una gran subida de escaños, sino porque el PP se ha quedado a dos de la mayoría absoluta, en una noche en la que la mayor subida la consiguió la izquierda de Adelante Andalucía. Pero al margen de estos ‘detallitos’, la consecuencia práctica es la siguiente: el PP necesitará a Vox para gobernar, y Vox, que le tiene ganas a Juanma Moreno —como se vio claramente en los cánticos de “prioridad nacional” y “¿dónde está la mayoría?”—, piensa cobrárselo caro.

Con 8 diputados en el parlamento regional, Adelante Andalucía ha sido el claro ganador de las elecciones de 2026. Y es que, aunque Juanma Moreno ha vuelto a ser el partido con más votos, no ha podido evitar perder la mayoría absoluta al sumar solo 53 escaños (41,60 %). Por su parte, el PSOE ha perdido dos escaños, obteniendo el peor resultado para el partido en la historia en la comunidad autónoma (22,71 %). Vox se mantiene como tercera fuerza política al ganar un diputado (15); aunque sin cumplir con las encuestas que le daban entre 17 y 20 escaños.

En cuarta posición se encuentra Adelante Andalucía con el 9,62 % de los votos de la noche. En total ha ganado 6 votos con respecto a las elecciones de 2022, en las que se presentó en una coalición de izquierdas junto a Andalucistas. El resultado ha superado con creces la barrera de los cinco diputados que esperaba conseguir esta noche. Tras la salida de su fundadora, Teresa Rodríguez, fue José Ignacio García Sánchez quien poco a poco se hizo hueco en el partido hasta convertirse en el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. “A partir de mañana vamos a empezar con el reto histórico, porque AA va a llegar al Congreso de los Diputados”, ha dicho el portavoz desde el centro social La Yerbabuena, en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Recordemos que el partido se creó en 2018 para “defender los intereses del pueblo andaluz”, como lo describen ellos en su página web. Con esta afirmación se distancia de Por Andalucía, la coalición de izquierdas generalistas (Izquierda Unida, Podemos, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde), que se ha quedado con los 5 votos que obtuvo en las pasadas elecciones. Pese a tener casi el mismo programa electoral, AA se ha negado desde el principio de la campaña a tener una posible alianza con el PSOE.

“Se han puesto las bases para echar mañana a las derechas de Andalucía”

“Hoy todos tenemos el mismo poder y hay que aprovecharlo”, ha dicho esta mañana José Ignacio García en la mesa electoral. Y así ha sido, porque con los votos que ha obtenido esta noche el partido regional “AA le ha quitado la mayoría absoluta al Partido Popular” y “le ha plantado cara a la extrema derecha”, tal y como ha dicho su portavoz.

Nada más empezar la rueda de prensa postelectoral, José Ignacio ha querido agradecer en primer lugar “a la militancia de Adelante Andalucía”, pues según el portavoz: “Ha trabajado en condiciones muy duras con muy pocos recursos y dinero, pero con mucha ilusión y compromiso, que no solo ha hecho una campaña histórica, sino que también hay que poner en valor que no es fruto de una campaña electoral”, ha afirmado. Según ha asegurado, la victoria del partido ha nacido del “trabajo de hormiguitas con mucho esfuerzo y colectivo”.

Con Teresa Rodríguez a su lado, ha querido “dar las gracias a los casi 400.000 andaluces y andaluzas que han votado hoy por el andalucismo. Han votado por rebelarse por lo injusto”. Seguidamente, ha prometido a sus votantes: “No os vamos a fallar. Esto no ha hecho más que empezar”. Y es que, como ha matizado el portavoz de AA, “de momento no hemos echado a las derechas y somos muy conscientes. Pero hoy se han puesto las bases para echar mañana a las derechas de Andalucía”.

“Una vía independiente del PSOE”

Pese a tener solo 8 escaños, José Ignacio García Sánchez se ha quedado completamente satisfecho con el resultado al haber sido una fuerza de izquierdas regionalista la que le “ha quitado dos provincias a Vox”. Asimismo, ha garantizado que seguirán trabajando porque “es posible superarlo en todas las provincias”. Así, el candidato de Adelante Andalucía ha presentado al partido como “la herramienta más útil contra las derechas, el PP y los fascistas”.

Del mismo modo, ha criticado la gestión de Moreno Bonilla con “la privatización de sanidad”, la educación y la “precariedad laboral”. Por eso ha reiterado que “el andalucismo” y AA “hemos llegado para quedarnos”. Sus críticas también se han girado hacia la izquierda. Concretamente, ha señalado que Adelante Andalucía es “una vía independiente del PSOE”, así que “no espera a ser subalterno del PSOE y viene a transformarlo todo”, ha añadido.

La cuadruplicación de los votos ha sido posible, como ha señalado, gracias a tener “tres ideas: una oposición con “un poquito de alegría, que no hace falta hacerlo enfadado, con bronca”, “entender los dolores de tu pueblo” y “años de compromiso”, como el de Teresa Rodríguez. José Ignacio ha asegurado que “tenemos un proyecto de futuro” y que seguirán luchando para conseguir sus objetivos. Asimismo, se ha denominado “la izquierda de la alegría”, ya que “eso es lo que más teme ahora mismo el PP”.

El Partido Popular mantendría la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, según una encuesta realizada por Sigma 2 para Canal Sur tras las elecciones autonómicas de este domingo. El sondeo otorga a los populares entre 56 y 59 escaños, superando así el umbral de los 55 necesarios y situándose en cifras similares a los 58 obtenidos en la legislatura anterior. El PSOE, encabezado por María Jesús Montero, seguiría en segundo lugar, con una estimación de entre 26 y 29 escaños, por debajo de los 30 alcanzados en la anterior cita electoral en 2022, que ya representaba su resultado más bajo.

Por su parte, Vox conservaría una presencia similar a la actual, con una proyección de entre 13 y 15 escaños, en comparación con los 14 que tiene actualmente. En el bloque de las izquierdas, Por Andalucía lograría entre cinco y seis representantes, y Adelante Andalucía incrementaría su presencia hasta alcanzar entre cuatro y cinco escaños.

Retraso en la publicación de resultados

Aun así, todavía queda tiempo para que comience el escrutinio oficial, ya que no se producirá hasta las 20:43 horas, tal y como ha informado esta tarde el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz. La Junta Electoral de Andalucía ha justificado este retraso por la demora en la apertura de algunos colegios electorales, lo que obliga a prolongar su horario de cierre para asegurar que todos los votantes puedan ejercer su derecho al sufragio. Por este motivo, los primeros datos del reparto de votos no se difundirán hasta que hayan cerrado los últimos colegios afectados.

Participación al alza

En cuanto a la participación, las primeras estimaciones reflejan un incremento en la afluencia de votantes, con una cifra provisional del 52,16%. Este aumento se registra en más del 97% de los municipios andaluces. En las elecciones de 2022, la participación se situó en el 56,13%, uno de los niveles más bajos desde 1990, año en el que el dato quedó en un 55,34%. Por el contrario, el máximo histórico se alcanzó en 1996, cuando la participación se aproximó al 78%.

Andalucía celebra sus decimoterceras elecciones autonómicas

Este domingo, Andalucía afronta su decimotercera cita con las urnas para elegir el Parlamento autonómico. Un total de 6.812.861 ciudadanos están llamados a participar, lo que representa un aumento del 2,58% respecto al censo de los comicios anteriores, celebrados en junio de 2022.

En esta convocatoria se han presentado un total de 27 partidos y tres coaliciones, aunque únicamente 13 de estas candidaturas han presentado listas en todas las provincias andaluzas. Entre las formaciones que optan a los 109 escaños del Parlamento destacan PP, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, todas ellas con representación en la legislatura anterior.

La mayoría absoluta se sitúa en 55 escaños que, según los sondeos, podrían alcanzar los populares. La incógnita se centra en si la formación liderada por Juanma Moreno logrará mantener oficialmente la mayoría absoluta o si, como ha ocurrido en otros territorios, necesitará el respaldo de Vox para formar gobierno.

Andalucía celebra este domingo sus decimoterceras elecciones autonómicas, en las que podrán votar un total de 6.812.861 personas. Entre ellas, se encuentran los 31.209 miembros de las 10.403 mesas electorales. Cada uno de ellos, recibirá 70 euros -cinco más que en las elecciones de 2022- por formar parte de las mesas, ya sea en la presidencia o en las vocalías. Pero no son, ni de lejos, los que recibirán la mayor suma por formar parte estas elecciones autonómicas.

La presidencia cobra más de 5.000 euros

La normativa, recogida en el decreto de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, detalla que los pagos más elevados se asignan a los integrantes de la Junta Electoral de Andalucía. El presidente del órgano recibirá 5.100 euros, mientras que la vicepresidencia percibirá 4.635 euros. La secretaría obtendrá 4.170 euros y el resto de vocalías, 3.246 euros cada una. La composición del órgano para este proceso electoral queda encabezada por José Ángel Vázquez García como presidente, acompañado por María Teresa Gómez Pastor como vicepresidenta, junto a seis vocales y Manuel Carrasco Durán en funciones de secretario y letrado mayor del Parlamento andaluz.

Los presidentes provinciales reciben más de 3.000 euros

El decreto especifica diferentes escalas de indemnización según el nivel y el alcance territorial del órgano electoral. En las Juntas Electorales Provinciales, las cantidades varían en función del número de mesas electorales existentes. Así, en las provincias con un censo superior a 1.000 mesas, la presidencia percibirá 3.460 euros, la secretaría 3.245 euros, las vocalías judiciales y los delegados de la Oficina del Censo Electoral recibirán 1.514 euros y las vocalías no judiciales, 866 euros.

En provincias donde hay entre 500 y 1.000 mesas, la presidencia cobrará 3.245 euros, la secretaría 3.028 euros, las vocalías judiciales y delegados 1.385 euros, y las vocalías no judiciales 779 euros. Los miembros de las Juntas Electorales de Zona también cuentan con indemnizaciones: la presidencia recibirá 2.596 euros, la secretaría 2.380 euros, las vocalías judiciales 1.082 euros y las vocalías no judiciales 605 euros.

El decreto incluye la compensación por desplazamiento fuera del municipio de residencia habitual para asistir a reuniones convocadas, cubriendo todos los gastos de transporte y añadiendo 0,26 euros por kilómetro recorrido en caso de uso de vehículo propio.

También se prevé una indemnización de 65 euros para los jueces de Primera Instancia o de Paz implicados, así como el abono de los gastos de desplazamiento necesarios para entregar la documentación electoral a la Junta Electoral Provincial.

Las indemnizaciones se extienden al personal colaborador de las Juntas Electorales Provinciales y de Zona, que recibirá 52 euros por cada mesa electoral constituida en la respectiva provincia. Las delegaciones del Gobierno autonómico comunicarán a cada Junta Electoral Provincial el montante total asignado para su distribución interna.

La normativa prevé, además, una escala para las Secretarías de los Ayuntamientos en función del número de mesas electorales constituidas: 779 euros cuando el municipio cuente con hasta 10 mesas, 866 euros para municipios con entre 11 y 50, y 953 euros en caso de superar las 50 mesas. El personal de los ayuntamientos, exceptuando a las secretarías, percibirá 44 euros por cada mesa constituida en el municipio.

Más de 6,8 millones de andaluces están llamados a las urnas este domingo 17 de mayo para decidir a sus representantes en el Parlamento autonómico. La mayoría absoluta está fijada en 55 escaños (109 componen la Cámara) y los últimos sondeos sitúan al PP como ganador. Eso no está en duda. La única cuestión es si revalidará la mayoría absoluta de la que ha gozado en los últimos años o si, como ha ocurrido este año en otras comunidades autónomas, dependerá de Vox para gobernar.

El partido liderado en la región por Juanma Moreno está en la horquilla de los 54 y 58 escaños, un margen que, en el primero de los casos, no le permitiría gobernar en solitario. “No es suficiente ganar las elecciones, necesitamos matrícula de honor”, dijo el propio Moreno en los actos de Granada y Málaga. Y es que, según los sondeos, hasta un 18% del electorado no sabía a quién votar justo antes de este domingo.

Este escenario obligaría a los populares a pactar con la ultraderecha, algo que ya ha ocurrido en las últimas elecciones de Castilla y León, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia.

El voto por provincias, clave

Para entender el resultado global de las elecciones, hay que tener en cuenta cómo se reparten los votos por provincias de Andalucía. El sistema electoral andaluz, basado en la ley D’Hondt, igual que en el resto del país, convierte a los últimos escaños de circunscripciones como Córdoba, Málaga, Cádiz, Sevilla o Huelva en el verdadero campo de batalla.

Ya en las últimas elecciones de 2022, varios de esos escaños se decidieron por márgenes muy estrechos. En Sevilla, por ejemplo, el último diputado cayó del lado del PP en el tramo final del escrutinio. “Estamos en una batalla por el último diputado en Córdoba, Huelva, Cádiz, Málaga o Sevilla. De que esas provincias caigan del lado del PP depende que apuntalemos la mayoría absoluta”, reconoció Moreno.

Málaga y Cádiz como factor sorpresa

Málaga tiene un valor simbólico evidente. Es la provincia del actual presidente andaluz y la que más crece en el censo, con 57.499 nuevos electores. Cádiz, en cambio, introduce un nuevo factor con la candidatura local La Línea 100%, encabezada por el alcalde Juan Franco. Ya en las elecciones municipales arrasó con el 75% de los votos.

A todo ello se suma un factor nuevo: los 368.853 jóvenes que votan por primera vez, aproximadamente el 5,4% del electorado. Y los 302.005 votos del exterior, que se incorporarán al escrutinio general días después de la jornada electoral y pueden ser decisivos en provincias donde el último escaño se decida por muy poco.

La izquierda, fragmentada

En el bloque progresista, el PSOE encara las elecciones como una prueba de resistencia. María Jesús Montero ha intentado llevar su propuesta hacia el modelo de los servicios públicos. “Nosotros asistimos al referéndum diciendo que sí queremos unos servicios de calidad, que todas las personas tengan derecho a servicios públicos”, ha defendido durante sus mítines.

Además, se ha visto apoyada por la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien acudió a su cierre de campaña en Sevilla. “Andalucía tiene un freno que se llama PP y Vox y una única solución que se llama María Jesús Montero y PSOE”, afirmó Sánchez. No obstante, las encuestas sitúan al Partido Socialista muy por debajo de los populares, entre los 26 y 31 escaños. Mantenerse por encima de la treintena sería clave para evitar lo que sería considerado como un desastre sin paliativos.

Por detrás, la izquierda presenta un bando fragmentado. Por Andalucía, con Antonio Maíllo al frente, aspira a conseguir entre 4 y 6 diputados con un discurso centrado en el refuerzo de los servicios públicos, sanidad y educación. Adelante Andalucía, con José Ignacio García, ha ganado impulso en las últimas semanas y algunos sondeos le atribuyen hasta 7 escaños, apoyado en un discurso de identidad andaluza y crítica a la gestión sanitaria.

Vox: el “lío” que cambia la mayoría absoluta

Por último, Vox ha mantenido una campaña fiel a su perfil, distanciándose de los dos grandes, con un discurso más duro en inmigración, seguridad y modelo social. “Votad con alegría, con convicción, en conciencia, y no con estrategia, ni con cálculos matemáticos”, dijo el viernes Santiago Abascal, quien cerró la campaña en la capital andaluza.

Su candidato en Andalucía, Manuel Gavira, fue aún más directo en su crítica a Moreno: “No queremos un gobierno que sea simpático, que el presidente sea cantante y le ponga la mano a las vacas. Queremos un gobierno que se meta en líos y saque del lío a todos los andaluces”. Las últimas encuestas señalan a Vox entre los 13 y los 19 escaños. Su papel será decisivo si el PP no alcanza la mayoría absoluta.

La constitución del nuevo Parlamento está prevista para el 11 de junio. A partir de ahí, se abrirá el reloj político. Juanma Moreno ya ha anticipado sus tiempos: si hay mayoría absoluta, habrá Gobierno en julio; si no, el calendario se alarga a “octubre o noviembre”. El escenario más probable sigue apuntando a una victoria del PP. Pero la verdadera incógnita no es quién gana, sino cómo gobierna. Si lo hace en solitario o dependiendo de Vox. Este domingo se sabrá la respuesta.

Un estudio de la Universidad de Salamanca publicado en la revista académica Electoral Studies revela que la subida del precio del alquiler en Madrid entre 2015 y 2019 tuvo efectos electorales opuestos según el perfil del barrio: benefició a Vox y al PP en las zonas con más propietarios, mientras que el PSOE y Unidas Podemos ganaron apoyos en los distritos con mayor proporción de inquilinos. La investigación, firmada por Álvaro Sánchez-García y Hugo Marcos-Marne, analiza datos de 2.290 secciones censales de la capital y ofrece una radiografía de cómo el mercado de la vivienda moldea el comportamiento electoral.

El alquiler medio por metro cuadrado en Madrid pasó de 10 a casi 12 euros entre 2015 y 2019, un incremento del 20%. Para un piso de tamaño medio en la capital —unos 72 metros cuadrados—, eso se tradujo en 144 euros más al mes, una carga que representó más del 10% de la renta neta per cápita de los madrileños. Prácticamente ningún barrio escapó a esa tendencia: solo cinco de las 2.480 secciones censales registraron una bajada del alquiler. El contexto no ha mejorado desde entonces. Según datos de Idealista, desde finales de 2020 los alquileres en España subieron un 40% y la oferta de vivienda en alquiler se contrajo un 61%, con Madrid como uno de los mercados más tensionados: los precios en la capital escalaron un 54% en ese mismo periodo.

Propietarios y rentistas: la lógica del voto económico

El estudio parte de una premisa que la literatura académica sobre vivienda y política ya había apuntado: la posición de cada ciudadano en el mercado inmobiliario —propietario o arrendatario— condiciona sus preferencias políticas. Cuando el alquiler sube, no todos lo viven igual. Para el inquilino, es una presión directa sobre su bolsillo. Para el propietario que arrienda, es un ingreso mayor. Y esa diferencia, según los autores, se traslada a las urnas.

En los barrios con una tasa de propiedad alta —en torno al 90% de los hogares—, un aumento del alquiler se asoció con un mayor voto a PP y Vox. Los datos del modelo estadístico muestran que, en esas zonas, una subida alta del alquiler se asoció con un resultado estimado del 21,7% para el PP y del 12% para Vox, frente al 20,6% y el 11,1% respectivos cuando la subida era baja. La lógica que proponen los investigadores es la del “beneficio económico”: los propietarios perciben la subida del alquiler como una revalorización de su patrimonio y tienden a votar por partidos que defienden la no intervención del Estado en el mercado inmobiliario.

Vox, que en las elecciones generales de abril de 2019 obtuvo una media del 12,34% del voto en Madrid, defendía en su programa electoral la liberalización del suelo y el rechazo a cualquier regulación del mercado del alquiler. El PP, por su parte, apostaba por incentivar la oferta mediante subvenciones y desgravaciones fiscales para los propietarios. Ambos partidos comparten una posición contraria a los controles de precios, lo que los sitúa, según el estudio, como las opciones preferidas en los barrios donde los vecinos tienen más que ganar con la subida de los alquileres. El precio medio del alquiler en España alcanzó un máximo histórico de 13,5 euros por metro cuadrado en 2024, según datos de Global Property Guide.

El peso de la crisis en los barrios de inquilinos

El panorama se invierte en las zonas con menor tasa de propiedad. En los distritos donde aproximadamente el 60% de los hogares son propietarios —y el resto depende del mercado de alquiler—, las subidas del precio del arrendamiento se asociaron con un mayor apoyo a PSOE y, especialmente, a Unidas Podemos. El modelo predice que, en esas zonas, un alquiler al alza correlaciona con un voto estimado del 26,2% para el PSOE y del 16,6% para UP, frente al 25,9% y el 15% respectivos cuando la subida es baja.

El salto es más pronunciado en el caso de UP, algo que los autores atribuyen a la combinación de su agenda redistributiva con un discurso populista, aunque reconocen que los datos no permiten determinar cuál de los dos factores pesa más. “Los discursos populistas enfatizan una distinción tajante entre un pueblo concebido de forma positiva y una élite malvada, y defienden que la política debe seguir la voluntad del pueblo. La relación entre el pueblo y la élite es, por tanto, vertical, y el pueblo se define a menudo como el ‘desvalido’ que soporta el comportamiento de los gobernantes económicos, políticos y/o culturales, quienes atienden a sus propios intereses particulares”, indican los autores.

El programa de Unidas Podemos para esas elecciones incluía la creación de un parque público de vivienda con 375.000 pisos, la limitación del gasto en alquiler al 30% de los ingresos del hogar y la recuperación de fondos bancarios del rescate de 2008 para destinarlos a vivienda social. En la ciudad de Madrid, las familias destinan ya un 39% de sus ingresos al alquiler, según datos de Idealista correspondientes al tercer trimestre de 2025.

Vox, un caso diferente al de la ultraderecha europea

Uno de los hallazgos que más se distancia de la investigación comparada es el que tiene que ver con Vox. Estudios previos sobre Alemania habían encontrado que la subida del alquiler beneficiaba al partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) principalmente en barrios con inquilinos de renta baja, como expresión de malestar económico y ansiedad ante la competencia con inmigrantes por la vivienda. En Madrid, el mecanismo es distinto: Vox crece donde hay más propietarios y donde el alquiler sube más, no donde hay más inquilinos presionados.

Esa diferencia se explica, según los autores, por el perfil económico del partido español. A diferencia de la mayoría de partidos de ultraderecha europeos, que suelen adoptar posiciones ambiguas o directamente favorables al Estado de bienestar —aunque con un enfoque nativista—, Vox mantiene una línea abiertamente neoliberal en materia económica, más próxima al Partido Popular Suizo o al Foro por la Democracia neerlandés que al AfD o al Reagrupamiento Nacional francés. Esa postura lo convierte en una opción atractiva para los propietarios que esperan beneficiarse de un mercado sin regulación.

Una fractura que persiste y se agudiza

El estudio analiza datos de 2019, pero sus conclusiones adquieren mayor peso a la luz de la situación actual. La presión sobre el acceso a la vivienda tiene una dimensión generacional especialmente acusada: la edad media de emancipación en España se sitúa en los 30,4 años, una de las más altas de Europa, según el Informe Juventud en España 2024 del Consejo de la Juventud de España (CJE). La tasa de jóvenes emancipados cayó al 15,2% en el segundo semestre de 2024, el nivel más bajo desde que el CJE comenzó a recopilar estos datos.

Madrid cuenta con apenas 9.082 viviendas de alquiler social, según datos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), frente a las más de 271.000 unidades de vivienda social de París, según el Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR). La investigación de Sánchez-García y Marcos-Marne señala que la izquierda podría mejorar sus resultados en los barrios con más inquilinos si politizara con más intensidad la cuestión de la vivienda.

Ni a Ángela Claverol ni a sus compañeras se les ha olvidado lo que desvelaron los medios en octubre de 2025: más de 2.000 mujeres recibieron con hasta dos años de retraso su diagnóstico de cáncer de mama. La Junta de Andalucía lo atribuyó a un “fallo de información” en el programa de cribado del cáncer de mama, que obvió avisar a las mujeres con un resultado dudoso (BID-rads 3) en su mamografía de que debían repetirse las pruebas.

Claverol es la presidenta de Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), y sigue esperando que este 17 de mayo las urnas den la sorpresa a Juanma Moreno, pese a los resultados de las encuestas. “No creo que los andaluces se arriesguen a cuatro años más de este deterioro y privatización bestial en la sanidad andaluza”, asegura a Infobae.

Aunque la Junta cifró el alcance del error en 2.317 afectadas, aunque los cálculos de Amama han llegado a duplicar esta cifra.

Sin embargo, el escándalo sanitario parece haber tenido poco calado en el electorado andaluz: las últimas encuestas dan la victoria al Partido Popular en los próximos comicios autonómicos. El pasado 5 de mayo, el Centro de Estudios Andaluces (Centra) otorgaba al PP entre 53 y 56 escaños, al borde de los 55 que necesita para la mayoría absoluta, pero perdiendo dos de los asientos que ahora ocupa en el Parlamento andaluz.

Las consecuencias de la espera

Las causas por las que el sistema del Servicio Andaluz de Salud (SAS) dejó de avisar a miles de mujeres dentro del programa de cribado no están claras. Una reciente investigación del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, defiende que “la razón de fondo“ de los fallos en los cribados ”apunta con claridad a demoras asistenciales cuya causa no se detalla” en la respuesta que la Consejería de Sanidad y el SAS han dado.

El fallo para Maeztu no es puntual, es estructural en todo el sistema sanitario autonómico. Andalucía es la comunidad que menos invierte en sanidad por habitante, según la última Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP), un total de 1.658 euros por persona. Mientras, los andaluces esperan de media 11,16 días para acudir al médico de cabecera (9,15 a nivel nacional) y otros 139,9 en que les vea el especialista. El diagnóstico y tratamiento llegan más de un mes después, según el último Barómetro Sanitario del CIS.

En el tratamiento del cáncer, los procesos deberían acelerarse, pero no siempre lo hacen. Los protocolos andaluces establecen un máximo de 30 días desde la realización de una mamografía para comunicar los resultados de la prueba. Los fallos en el SAS dejaron a las mujeres sin información durante al menos un año.

Estas esperas tienen sus consecuencias: se sabe que cada mes de espera desde que se notan síntomas hasta el tratamiento del cáncer aumenta el riesgo de muerte entre un 6 y un 10%. Un reciente estudio publicado en la revista de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria evidenció que, entre 2019 y 2024, Andalucía tuvo una sobremortalidad de 3.701 personas por tumores malignos. Es decir, murieron 3.701 personas más que las esperadas. “Tener cáncer en Andalucía es una desgracia frente a otras comunidades autónomas”, sentencia Claverol.

Sin respuesta a las afectadas

Frente al escándalo de los cribados, la Junta de Andalucía presentó un plan de choque sanitario: se aumentaría la inversión dedicada a sanidad en 12 millones de euros, se llamaría a todas las mujeres afectadas para repetir sus mamografías y se contrataría a 65 radiólogos para reforzar el sistema de cribado, que quedó limitada por la falta de profesionales.

En noviembre de 2025, la Junta de Andalucía terminó de realizar las pruebas a las 2.317 mujeres, dando fin a la crisis de los cribados. Pero Amama insiste en que el problema persiste: “No le ha puesto arreglo, no ha publicado medidas ni ha aplicado los planes de choque”, lamenta Claverol. Ahora, Amama se centra en reclamar justicia por las miles de afectadas, pero por el momento sus movimientos han caído en saco roto. En febrero de 2026, la Fiscalía andaluza archivó todas las denuncias recibidas por los fallos en los cribados, al no apreciar indicios de delito en ninguno de los altos cargos señalados.

Mientras, los debates electorales no dejan olvidar a Moreno Bonilla. Los candidatos del resto de partidos le reprochan “ir a las elecciones sin saber cuántas mujeres han fallecido”, achacan a la privatización los fallos ocurridos y defienden que debería haber dimitido en cuanto se supo.

Ante los señalamientos, el popular insiste en que su Gobierno pidió perdón y recuerda que no es el único señalado por su gestión sanitaria, achacando a María Jesús Montero, actual candidata socialista, sus promesas incumplidas de su tiempo como consejera de Sanidad. “Durante esos nueve años muchas personas fallecieron porque no hubo cribado de cáncer de colon, entre ellas mi padre, que tuvo un diagnóstico tardío y por tanto metastásico”, espetó.

La campaña electoral andaluza llega a su fin este viernes, después de dos semanas donde el presidente en funciones y el candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha hecho un llamamiento para lograr su tan ansiada mayoría absoluta en la comunidad autónoma más poblada de España. El popular no quiere seguir la estela de sus compañeros de partido que han encarado comicios en los últimos meses y que se han visto obligados a pactar con Vox.

En el bloque socialista, María Jesús Montero lucha por no hundir los 30 escaños conseguidos en 2022, el mínimo histórico del PSOE en la región. La última gran batalla se la batirán Por Andalucía y Adelante Andalucía por un cuarto puesto que no podrá con la ultraderecha, tercera en las encuestas.

A lo largo de la campaña, Moreno se ha centrado en contrarrestar los ataques de la oposición, cuya recta final de su mandato quedó marcada por la crisis de los cribados de cáncer de mama y el accidente ferroviario de Adamuz a mediados de enero, que dejó 46 víctimas mortales.

El PP, a la búsqueda de sus 55 escaños mientras se ‘huele’ la debacle del PSOE

El líder popular en la región espera encontrar los “15.000 o 20.000 votos” que necesita para la mayoría absoluta de 55 escaños. Pero aunque se quedara a un diputado, Moreno confía en que la oposición ceda: “Que no tienen ni que votar a favor, simplemente que se abstuvieran para que se produjera la investidura y el gobierno empezara a funcionar”, ha afirmado a Canal Sur Radio en este último día de campaña, que tendrá lugar en Málaga.

Sin embargo, ni Montero ni el presidente de Vox, Santiago Abascal, parecen dispuestos a facilitarle ese escenario. La última encuesta del Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de la Presidencia de la Junta, publicada a comienzos de mes, dejó en duda si este revalidará dicha mayoría al encontrarse en una horquilla entre 53 y 56 diputados. Pese a ello, Moreno ha descartado negociar con la ultraderecha, como sí han tenido que hacer Extremadura y Aragón. La vista puesta está en Córdoba, Huelva, Cádiz y Málaga: “Si perdemos esos cuatro diputados en esas cuatro provincias, hemos perdido la mayoría”.

Por otro lado, la actual secretaria general del PSOE de Andalucía, que renunció a su cargo en el Gobierno como miembro del círculo de confianza de Pedro Sánchez apostando por liderar la región, intenta salir bien parada de una campaña que no ha terminado de arrancar y que ha tenido como baza el bastión de la sanidad pública. Hace unos días, la política se refirió como “accidente laboral” a la muerte de los dos guardias civiles que perseguían una narcolancha en Huelva, cuando impactaron las dos embarcaciones del cuerpo.

Su objetivo es superar, si no rebajar, los 30 escaños obtenidos por el socialista Juan Espadas en 2022, el peor resultado del PSOE en Andalucía en su historia. Sin embargo, las encuestas vaticinan que logrará entre 25 y 27 diputados y el 20,1% de los votos, como dató la última encuesta electoral del CIS andaluz. Más positivo se muestra el organismo de José Félix Tezanos, que cifra los escaños entre 27 y 34, rascando un 25,8% de apoyos. Montero se enfrenta a su último día de campaña en Sevilla junto a Sánchez, arropada por el líder del partido y presidente del Gobierno.

En la izquierda alternativa, Adelante Andalucía encara la recta final intentando comprobar si la atención generada durante la campaña alrededor de la candidatura liderada por José Ignacio García acaba traduciéndose en votos. Por su parte, Por Andalucía, encabezada por Antonio Maíllo y respaldada por IU, Sumar y Podemos, llega al último día con la sensación de haber remontado una campaña marcada inicialmente por las dudas internas en el espacio de la izquierda, con un cierre que tendrá lugar en Sevilla, al igual que el partido de García.

La jornada del domingo decidirá si Moreno consolida un poder casi incontestable en Andalucía, si el PSOE logra contener el golpe o si la izquierda alternativa consigue alterar el equilibrio político de la comunidad.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de España de preparar una “compra masiva de votos” de cara a las elecciones previstas para 2027 mediante ayudas financiadas “con el dinero de todos”, en una ofensiva verbal en la que también ha ironizado con la posibilidad de conceder subvenciones incluso a “mujeres afectadas por ballenas”. La dirigente madrileña ha realizado estas declaraciones este jueves durante una entrevista en EsRadio, en la que ha vuelto a cargar contra la estrategia política del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Ayuso ha sostenido que el Gobierno central está utilizando “todos los medios a su alcance y el poder y el dinero de todos” para construir “un estado de ánimo cara al año 2027”. Según ha afirmado, el Ejecutivo prepara una batería de anuncios y medidas con el objetivo de asegurar el apoyo de sus socios parlamentarios y reforzar su base electoral en distintas comunidades autónomas.

“Con todo tipo de trampas”, ha señalado la presidenta madrileña, quien ha asegurado que a partir de la próxima semana comenzarán a conocerse nuevas iniciativas destinadas, a su juicio, a “contentar a los socios de Sánchez y seguir comprando voluntades”. Frente a ello, ha contrapuesto la situación económica de la clase media y del tejido empresarial. “Mientras tanto, la clase media se sigue hundiendo, las empresas siguen perdiendo competitividad y los problemas auténticos de España siguen a su suerte”, ha afirmado durante la entrevista.

Críticas a las ayudas y a la política fiscal

En el transcurso de su intervención, Ayuso ha vinculado esas futuras medidas con la elevada recaudación fiscal del Estado. Ha asegurado que el Gobierno ha llevado a cabo una “recaudación estratosférica de impuestos y de medios públicos” para poder desplegar políticas de ayudas de carácter social y económico en el horizonte electoral de 2027.

La presidenta autonómica ha mencionado de forma irónica posibles subvenciones de distinta naturaleza y ha afirmado que habrá ayudas “de 1.000 euros por ser joven” o “3.000 euros por ser agraviada”, en referencia a lo que considera una estrategia de segmentación del electorado mediante incentivos económicos. Ha sido en ese contexto cuando ha pronunciado la referencia a las “mujeres afectadas por ballenas”, una expresión utilizada para criticar lo que considera un exceso de políticas subvencionadas.

Ayuso también ha sostenido que la Unión Europea “ya le está reclamando” al Ejecutivo central explicaciones sobre el uso de recursos públicos y la política económica desarrollada en los últimos años, aunque no ha precisado a qué advertencias o requerimientos concretos se refería.

Acusaciones sobre el censo y las nacionalizaciones

Durante la entrevista, Ayuso ha ido más allá de las críticas económicas y ha vinculado la estrategia del Gobierno con el proceso de nacionalizaciones y la evolución del censo electoral. La dirigente popular ha denunciado que “la trampa no está en la urna” sino que “se está haciendo ahora”, aludiendo a supuestas maniobras previas relacionadas con el cuerpo electoral.

En este sentido, ha declarado que el Ejecutivo estudia “desde qué países es más fácil que el voto sea propicio o no” y ha advertido de que personas que “nunca han pisado España” podrán votar en futuros procesos electorales. Además, ha asegurado que “el 80% de las nacionalizaciones van a votar izquierdas”, aunque no ha aportado datos o estudios que respaldaran esa afirmación.

Ayuso ha relacionado estas acusaciones con lo ocurrido en las elecciones generales de 2023. Según ha indicado, entonces se produjo un “exceso de confianza” por parte de la oposición y se “jugó con el voto por correo”. Ahora, ha añadido, la estrategia pasaría por las nacionalizaciones y la ampliación del censo electoral.

“Todos sabemos que en igualdad de condiciones Sánchez no tiene absolutamente nada que hacer”, ha subrayado la presidenta madrileña, quien ha insistido en que el Gobierno intentará repetir la misma estrategia electoral que, a su juicio, utilizó en los anteriores comicios generales.

La dirigente autonómica ha descrito además que determinados colectivos profesionales están siendo objeto de presión o desprestigio por parte del Ejecutivo. Ha citado específicamente a funcionarios, jueces, agentes y periodistas, de quienes ha dicho que “van a ser desprestigiados y acorralados” por estar “haciendo su trabajo”.

“Claro que daremos esta batalla y lo contaremos”, ha relatado la presidenta madrileña al término de sus declaraciones, en una intervención marcada por las acusaciones al Ejecutivo central sobre el uso de recursos públicos, la política de ayudas y el impacto electoral de las nacionalizaciones.

El Partido Popular ha decidido convertir la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado y el uso de fondos europeos por parte del Gobierno en uno de los grandes frentes políticos de este tramo de legislatura. Con mayoría en la Mesa de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, los populares forzarán el próximo 21 de mayo un debate parlamentario sobre la ejecución presupuestaria de 2024 y sobre las modificaciones de crédito aprobadas por el Ejecutivo al amparo de las cuentas prorrogadas de 2023.

La ofensiva llega después de que el Tribunal de Cuentas advirtiera en su informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024 de que el Gobierno autorizó modificaciones presupuestarias por valor de 2.389,4 millones de euros financiadas con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, vinculado a los fondos europeos Next Generation. Ese dinero sirvió para cubrir gastos ligados a las pensiones de clases pasivas y a complementos mínimos.

El PP sostiene que el Ejecutivo ha utilizado la prórroga presupuestaria para gobernar sin someterse al control ordinario de las Cortes y ha elevado el tono contra una práctica que considera una anomalía política y parlamentaria. Sin embargo, la Comisión Europea ha salido en defensa del Gobierno y ha avalado que los Estados miembros puedan emplear temporalmente liquidez procedente de fondos europeos para cubrir otras necesidades presupuestarias, siempre que el destino final de esos recursos comunitarios no se altere.

Pese a ello, los populares mantienen su ofensiva y tratan ahora de trasladar el debate técnico y contable al terreno político.

El informe del Tribunal de Cuentas abre un nuevo choque

La iniciativa del PP fue presentada este jueves por la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, y por el vicesecretario de Economía, Alberto Nadal. Ambos comparecieron para anunciar la petición formal de modificación del orden del día de la Comisión Mixta con el objetivo de debatir la Cuenta General del Estado y llamar a comparecer a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano.

Los populares consideran que el informe del órgano fiscalizador ofrece la primera oportunidad real para que el Parlamento pueda pronunciarse sobre la política presupuestaria del Gobierno en toda la legislatura. La razón es sencilla: el Ejecutivo no ha aprobado nuevos Presupuestos Generales del Estado y continúa funcionando con las cuentas prorrogadas de 2023.

“Estamos en el tercer año de legislatura sin que se haya presentado un presupuesto”, denunció Gamarra, que calificó la situación de “anomalía democrática”. A su juicio, el Gobierno ha impedido que las Cortes ejerzan una de sus funciones esenciales, que es debatir y aprobar las cuentas públicas.

La dirigente popular sostuvo además que el Ejecutivo está recurriendo a “ingeniería contable” para sostener su política de gasto y acusó al Gobierno de utilizar mecanismos extraordinarios para modificar partidas sin necesidad de someterlas al Congreso.

La estrategia del PP pasa ahora por aprovechar su mayoría en la Comisión Mixta para elevar políticamente el dictamen sobre la Cuenta General del Estado. El informe deberá pasar posteriormente por el Congreso y por el Senado, donde podría producirse una situación inédita: que una de las cámaras rechace el dictamen sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno.

En el PP admiten abiertamente que el movimiento tiene una elevada carga política. También persigue obligar a los socios parlamentarios del Ejecutivo, especialmente a Junts, a retratarse sobre la gestión presupuestaria del Gobierno y sobre el uso de modificaciones de crédito durante la prórroga de las cuentas.

La clave está en la flexibilidad presupuestaria

El núcleo de la discusión se encuentra en la flexibilidad presupuestaria aprobada tras la pandemia y todavía vigente en las cuentas prorrogadas de 2023. Ese mecanismo permite al Gobierno redistribuir determinadas partidas mediante acuerdos del Consejo de Ministros sin necesidad de tramitar unos nuevos presupuestos en el Parlamento.

Para el Ejecutivo, se trata de una herramienta legal y ordinaria dentro de la gestión presupuestaria. Para el PP, en cambio, se ha convertido en una fórmula para gobernar al margen del control parlamentario.

Alberto Nadal endureció especialmente el discurso y llegó a hablar de “dictadura presupuestaria”. Según explicó, el Gobierno está utilizando una flexibilidad concebida para circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia como un mecanismo permanente para modificar gasto público sin pasar por las Cortes. “El Gobierno está aprovechando esa flexibilidad para gestionar un presupuesto que en realidad no existe”, afirmó.

El dirigente popular insistió además en que el problema no es únicamente político, sino también contable y jurídico. A su juicio, el Tribunal de Cuentas ha puesto en cuestión la utilización de créditos sobrantes vinculados al Plan de Recuperación para financiar gasto en pensiones. Sin embargo, esa interpretación no coincide con la mantenida por Bruselas.

Bruselas respalda al Gobierno y rebaja la polémica

La Comisión Europea ha dado por válida la explicación ofrecida por el Ejecutivo español sobre el uso temporal de liquidez vinculada a fondos europeos. El vicepresidente de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto, aclaró esta semana que los Estados miembros sí pueden utilizar temporalmente recursos procedentes de desembolsos europeos para cubrir otras necesidades presupuestarias.

Fitto precisó que las pensiones y otros gastos corrientes no son financiables directamente con fondos europeos, pero distinguió entre el destino final de los recursos y operaciones temporales de tesorería realizadas por los Estados. “Este tipo de operaciones de gestión de tesorería son temporales y no tienen impacto en la protección de los fondos de la UE”, señaló el vicepresidente comunitario.

La Comisión Europea subrayó además que mantiene intactos los mecanismos de control sobre el destino final de los fondos Next Generation y que puede intervenir en casos de fraude, corrupción o conflicto de intereses.

El Gobierno español se ha apoyado en esa interpretación para negar cualquier irregularidad. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, rechazó en el Senado haber utilizado fondos europeos para pagar pensiones y defendió que las modificaciones presupuestarias son un instrumento “ordinario” y plenamente legal.

También el Ministerio de Hacienda sostuvo que las modificaciones realizadas cuentan con “respaldo legal claro” y defendió que los fondos europeos se han destinado exclusivamente a las inversiones comprometidas con Bruselas.

Pese al aval comunitario, el PP mantiene intacta su crítica. Los populares insisten en que la Comisión Europea analiza únicamente si España cumple los hitos asociados al Plan de Recuperación, pero no entra a valorar la legalidad interna de la gestión presupuestaria. Nadal sostuvo este jueves que el Tribunal de Cuentas sí ha expresado dudas sobre la forma en que se realizaron esas modificaciones y defendió que el problema de fondo sigue siendo que partidas concebidas para unas políticas concretas terminaron utilizándose para cubrir gasto en pensiones.

La polémica ha terminado además por trasladarse a las instituciones europeas. El eurodiputado alemán Andreas Schwab, presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo y miembro del PPE, ha solicitado la comparecencia de representantes de los tribunales de cuentas español y europeo para analizar el caso.

El Congreso de los Diputados ha vuelto a aplazar la tramitación de la proposición de ley impulsada por el Partido Popular para reconocer a policías nacionales y guardias civiles como profesión de riesgo. La Mesa de la Cámara, donde PSOE y Sumar mantienen mayoría, acordó ampliar de nuevo el plazo de presentación de enmiendas, una decisión que mantiene bloqueada la iniciativa desde hace casi dos años y que suma ya 71 prórrogas consecutivas.

La medida había sido aprobada en el Senado en junio de 2024 gracias a la mayoría absoluta del PP, pero desde su llegada al Congreso no ha superado la fase de enmiendas. La última ampliación retrasa otros quince días su tramitación parlamentaria.

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La decisión se adoptó mediante una ronda telefónica de la Mesa del Congreso y sin explicaciones públicas sobre el motivo del aplazamiento. Desde el PP sostienen que la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, comunicó el acuerdo sin ofrecer argumentos adicionales.

El nuevo bloqueo coincide con un momento de especial tensión política y social tras la muerte de dos guardias civiles en Huelva durante una persecución a una narcolancha. El capitán Jerónimo Jiménez Molero y el agente Germán Pérez González fallecieron después de que dos patrulleras del Servicio Marítimo colisionaran entre sí a unas 80 millas de la costa, entre Punta Umbría y Mazagón, en una operación nocturna contra el narcotráfico. Otros dos agentes resultaron heridos.

Una ley atrapada en la fase de enmiendas

La proposición de ley del PP plantea incluir a Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera entre los colectivos considerados profesiones de riesgo, una categoría que ya poseen otros cuerpos y sectores como la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra, las policías locales, los bomberos o determinados trabajadores del ámbito minero y ferroviario.

Ese reconocimiento permitiría aplicar coeficientes reductores para acceder a la jubilación anticipada sin pérdida económica y abriría la puerta a mejoras laborales y compensaciones específicas derivadas de la peligrosidad del trabajo.

El texto quedó pendiente de enmiendas el 3 de septiembre de 2024. Desde entonces, la Mesa del Congreso ha ido ampliando sucesivamente los plazos para evitar que la iniciativa llegue a la Comisión de Trabajo y pueda ser votada.

La estrategia de mantener iniciativas en fase de enmiendas se ha utilizado ya en cerca de cuarenta proposiciones impulsadas por el PP durante la legislatura. El mecanismo parlamentario permite evitar el debate público y posponer indefinidamente tanto las votaciones en comisión como una eventual llegada al Pleno.

En la exposición de motivos de la ley, el PP defendía que Policía Nacional y Guardia Civil deben diferenciarse del resto de funcionarios por “sus peculiaridades y riesgos” y recordaba que, según datos del Ministerio del Interior, una media de 30 agentes son agredidos cada día en España.

El debate político tras la tragedia de Huelva

La paralización de la ley se produce además en plena campaña electoral andaluza, con el narcotráfico convertido en uno de los principales ejes del debate político tras la muerte de los agentes en Huelva.

La ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de miembros del Ejecutivo en el funeral de los guardias civiles provocó malestar entre asociaciones profesionales y dentro del propio cuerpo. El Gobierno justificó la ausencia por la crisis sanitaria relacionada con el hantavirus.

La polémica aumentó después de las declaraciones de la vicepresidenta primera y candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, durante el debate electoral celebrado el 12 de mayo en Canal Sur. Montero se refirió en varias ocasiones a las muertes como “accidente laboral”. “Mis condolencias para las familias de Jerónimo y Germán. Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad”, afirmó durante el debate televisado.

Las asociaciones de guardias civiles reclamaron una rectificación inmediata y criticaron el uso de esa expresión para referirse a unos hechos ocurridos durante una operación contra el narcotráfico. El presidente andaluz, Juanma Moreno, acusó a Montero de “frivolizar con el dolor de las familias”, mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó de “inhumana” la intervención.

En el PSOE reconocen preocupación por el impacto político que puedan tener tanto esas declaraciones como la ausencia institucional en el funeral. Dirigentes socialistas admiten que el Gobierno debería haber hablado desde el primer momento de “muerte en acto de servicio”.

Montero rectificó parcialmente al día siguiente mediante un mensaje publicado en la red social X, donde utilizó ya esa expresión, aunque no pidió disculpas de forma explícita.

La polémica continuó este miércoles durante un acto en la Academia de Guardias Civiles de Baeza, en Jaén, donde el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue recibido con abucheos y pitidos cuando intentó expresar su “rabia” por lo ocurrido en Huelva. El ministro quiso aclarar que se trató de una “muerte en acto de servicio”, aunque su intervención fue interrumpida por la protesta de algunos asistentes.

La muerte de los agentes en Huelva ha reavivado además el recuerdo del caso de Barbate, ocurrido el 9 de febrero de 2024, cuando dos guardias civiles murieron y otros dos resultaron heridos después de que una narcolancha embistiera deliberadamente una patrullera durante otra persecución marítima en aguas andaluzas.

Mientras continúa el bloqueo parlamentario, sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles mantienen abierto el diálogo con el Ministerio del Interior. El pasado 29 de abril anunciaron un preacuerdo con la Secretaría de Estado de Seguridad para avanzar en el reconocimiento de Policía Nacional y Guardia Civil como profesión de riesgo. El acuerdo incluía la creación de una mesa técnica y un calendario de reuniones previstas para mayo, junio, julio y septiembre.

El 15M no tuvo líderes, tampoco fue espontáneo. Nació multidisciplinar, horizontal y asambleario. Lo hizo durante un gobierno del PSOE ya en el ocaso, a las puertas de unas elecciones en las que asomaba el PP. Sí tiene rostros, los de quienes supieron capitalizar esa bandera, tratando de encerrarla en listas electorales y estructuras de partido. Génova entonó con desdén “que se presenten a unas elecciones”, para acabar empleando todo tipo de instrumentos para echarlos abajo. Las dinámicas internas hicieron el resto. A los que quedan se les llama supervivientes. 15 años después, siguen gobernando los mismos, solo amenazados por Vox. Entonces era el paro, la insatisfactoria respuesta a una crisis financiera; hoy, en supuesta bonanza, lo es la vivienda, porque un trabajo no basta. Pero las calles no han vuelto a bullir.

Repasando nombres propios, los que asomaron la cabeza para tratar de transformar la indignación en voto, hay un patrón que consiste en un ascenso meteórico y una caída estruendosa, en diferentes formas. Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón. De los fundadores de Podemos, solo Carolina Bescansa y Luis Alegre supieron bajarse en marcha en relativo silencio, diluyéndose en la sociedad civil. “Fue más fácil conseguir 71 diputados que construir una herramienta que reflejase los acuerdos que nos habían impulsado a fundar Podemos”, reflexionó Bescansa en una entrevista a TVE. No solo Madrid, Ada Colau tomó el megáfono en Barcelona, la ciudad de la que fue alcaldesa; Teresa Rodríguez durmió en Cádiz sobre los cartones que durante el día hacían de pancartas. La primera pica se puso en Bruselas, en 2014, con cinco eurodiputados.

‘La Tuerka’ y ¿Ciudadanos?

Podemos tiene ahora dos, y cuatro en el Congreso, integrado en el Grupo Mixto. Ione Belarra e Irene Montero son las dos principales dirigentes. Iglesias sigue teniendo voz e influencia, director de Canal Red. Los días del 15M se le vio empuñando un micrófono. También es docente. Su final en la política es conocido, como su verdugo, Isabel Díaz Ayuso. Tenían 32 años aquel mayo. Él, profesor y presentador de La Tuerka. Ella, trabajadora en la Comunicación del PP, colaboraba en ese programa. En julio lograría un escaño en la Asamblea de Madrid. Él empezaría a encontrar mayor espacio en los medios, germinando la idea de una formación a medida que vio crecer su popularidad, sus posibilidades. Monedero salió cuando el choque con Iglesias era insostenible. Errejón lo hizo para competir, hasta que se las vio con “el límite entre el personaje y la persona”.

Hay teóricos que aseguran que Ciudadanos también es un hijo del 15M. No desde luego de la Puerta del Sol, sí si acaso del descontento y el hartazgo con el bipartidismo. Se vendía como centro y era capaz de atraer voto del centro-izquierda, pero a término fue facilitador del PP. Esta transmisión directa terminó por vaciar de sentido su existencia, desapareciendo. Pero sí, por unos años, el juego fue cosa de cuatro, y la historia podría haber sido distinta: Albert Rivera tuvo en sus manos ser vicepresidente del Gobierno. En el 15M, Rivera, con 31 años, hacía cinco que había fundado el partido y logrado escaño en el Parlament, y le faltaban otros cinco para hacerlo en el Congreso. Pero para hablar de los protagonistas del 15M no se pueden pasar por alto quiénes eran los grandes señalados por la deriva de la vida política, social y económica en España.

Un abogado y un experto en marketing

El presidente era José Luis Rodríguez Zapatero, ya de salida por su gestión de la crisis, y Mariano Rajoy estaba cerca de asumir el poder. Se trataba de un cambio, pero para los jóvenes no de una solución. El relevo de Rodríguez Zapatero en el PSOE, alternativa a Rajoy, sería además Alfredo Pérez Rubalcaba, lo que no hacía indicar una renovación en la política. La llamada izquierda a la izquierda del PSOE era IU, con Cayo Lara al frente. Alberto Garzón, con 25 años, era ya un activo militante. Presidían comunidades Esperanza Aguirre, José Antonio Griñán o Artur Mas. Fuera de la política, no lejos, Rodrigo Rato, exvicepresidente de José María Aznar y en 2011 presidente de Bankia. El 15MpaRato tenía como fin sentarlo en un banquillo por su responsabilidad en la crisis y la burbuja inmobiliaria. Acabaron viéndole entrar en prisión.

Faltan sin embargo por aquí nombres que levantaron a pulso el 15M, las acampadas, el fenómeno. Algunos no sonarán tanto, como Fabio Gandara, abogado gallego en paro que creó en febrero de 2011 el grupo de Facebook ‘Plataforma de coordinación de grupos pro-movilización ciudadana’, germen de Democracia Real Ya. Actualmente dirige una agencia de comunicación social que él fundó. O Pablo Gallego, experto en marketing digital y cofundador de Democracia Real Ya junto a Gandara. Más conocido es Ramón Espinar, hoy rostro televisivo, fue senador de Podemos, pero antes, en 2011, uno de los portavoces de Juventud sin Futuro, colectivo surgido en el ámbito universitario. De él también salieron Pablo Padilla, Eduardo Rubiño, Rita Maestre o Isa Serra, hoy eurodiputada.

El movimiento vino de la universidad y del desempleo, por jóvenes distintos con problemas en común. Hoy, según barómetros, la juventud y el descontento apuntan a la extrema derecha.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, optará a la reelección al cargo tras una carrera electoral que culminará el 17 de mayo. Las encuestas dan por cantada su victoria, con un resultado holgado respecto a los socialistas de María Jesús Montero. Pero deja en duda la forma que tendrá el futuro gobierno: ¿volverá a repetir la hazaña de gobernar en solitario o necesitará ir de la mano de Vox como en Extremadura, Aragón o Castilla y León?

Al margen de la contienda política, el calendario electoral siempre suele dar lugar al debate sobre la cuestión económica. Y aquí no hace falta esperar a las urnas. Esta información, como dicta la ley, es de acceso abierto para todo el público: los bienes de los candidatos que aspiran a ocupar alguno de los 109 escaños del Parlamento andaluz aparecen publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

En este sentido, el presidente de la Junta de Andalucía tiene registrada la titularidad de ocho propiedades, entre inmuebles urbanos y rústicos, todos ellos repartidos en Madrid y Andalucía.

Tres propiedades más que María Jesús Montero

En la capital, por ejemplo, posee el 50% de un apartamento de 56 metros cuadrados, con un valor catastral de 48.198 euros. En Málaga tiene hasta cinco bienes inmuebles, entre ellos, una plaza de aparcamiento valorada en 9.300,00 euros, y tres viviendas heredadas en la localidad malagueña de Cártama. Por último, el líder del PP andaluz posee la mitad de una vivienda valorada en 61.508,00 en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Con esto, el presidente andaluz tiene tres propiedades más que la candidata socialista, María Jesús Montero, que posee cuatro viviendas en Sevilla y otro inmueble urbano.

Entre sus inversiones financieras figura un depósito de 5.639,00 euros en una cuenta de valores en Banco de Santander y un plan de pensiones en ING por 46.894,00 euros. La suma total de estas inversiones supera los 52.000 euros.

Moreno tiene firmada una hipoteca en el Banco de Santander, con un valor de 302.197,00 euros. En el documento no consta la posesión de automóviles, embarcaciones, obras de arte u otros bienes superiores a 6.000,00 euros, ni seguros de vida con indemnización mayor a 30.000,00 euros, el mínimo para ser declarados.

El sueldo de Moreno

Juanma Moreno tiene publicado también su sueldo como presidente regional. Según su declaración disponible en el portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, Moreno ha percibido estos años 89.200 euros brutos anuales distribuidos en 12 pagas.

No obstante, el dirigente andaluz acordó subirse el sueldo en 2026 hasta cobrar un total de 92.208 euros desde este mes de enero. La exministra de Hacienda, por ser diputada en el Congreso, cobra 77.000 euros anuales, una cantidad a la que se deben sumar los 83.800 euros anuales adicionales que percibió como ministra de Hacienda.

La iniciativa ha provocado una rápida reacción del Partido Popular andaluz, que acusa a los socialistas de utilizar un formato “confuso” y de “suplantar” las comunicaciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Desde el entorno socialista, por el contrario, defienden que se trata de una acción legal enmarcada dentro de la campaña electoral y rechazan que exista una suplantación institucional.

El mensaje difundido tiene una duración aproximada de entre 25 y 40 segundos, según las distintas versiones que circulan. La grabación comienza con una voz femenina y acento andaluz que se dirige al receptor simulando una llamada relacionada con una cita médica. “Buenas, le llamo por su próxima cita médica”, arranca el audio. A continuación, el mensaje afirma que “el PP de Moreno Bonilla está privatizando y abandonando la sanidad pública” y añade que “ya somos más de dos millones de andaluces los que estamos en listas de espera”.

La locución concluye con un llamamiento directo al voto: “Solo tú puedes arreglarlo. En estas elecciones vota sanidad pública. Vota PSOE”. Solo en la parte final se aclara que se trata de “un anuncio político financiado por el Partido Socialista Obrero Español”.

Reacción inmediata del PP

El PP andaluz considera que el formato elegido por los socialistas puede inducir a error, especialmente entre personas mayores, principales usuarias de líneas fijas y también uno de los colectivos que más frecuentemente recibe comunicaciones sanitarias relacionadas con consultas médicas o listas de espera.

Dirigentes populares han denunciado que el mensaje imita el tono y el lenguaje de las comunicaciones habituales del SAS. El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, exigió públicamente la retirada “urgente” de la campaña y calificó la iniciativa de “guerra sucia sanitaria”.

Según sostuvo Bendodo, la estrategia socialista “ha pasado todos los límites de la decencia”. El dirigente popular afirmó además que el partido estudia posibles acciones y pidió explicaciones a la candidata socialista, María Jesús Montero.

Desde el PP se insiste en que muchas de las personas que reciben las llamadas podrían interpretar inicialmente que se trata de una comunicación real del sistema sanitario andaluz. Algunas de las personas contactadas han señalado que el mensaje resulta “confuso” por la referencia inicial a una supuesta cita médica pendiente y por el tono institucional empleado durante los primeros segundos de la grabación.

La sanidad, eje central de la campaña socialista

La polémica se produce en un contexto en el que la sanidad pública se ha convertido en el principal eje discursivo del PSOE andaluz durante toda la campaña. La candidatura encabezada por María Jesús Montero ha centrado buena parte de sus mensajes en denunciar un supuesto proceso de deterioro y privatización del sistema sanitario público bajo los gobiernos del PP andaluz.

“Vota sanidad pública” ha sido precisamente uno de los lemas más repetidos por los socialistas tanto en actos electorales como en cartelería y mensajes de campaña. La propia Montero ha insistido durante las últimas semanas en vincular directamente el respaldo al PSOE con la defensa de la sanidad pública andaluza.

Fuentes socialistas sostienen que la campaña telefónica se ajusta a la legalidad vigente y recuerdan que este tipo de acciones están contempladas dentro de la normativa electoral. Desde sectores del partido también minimizan la polémica y aseguran que otras formaciones políticas han recurrido anteriormente a estrategias similares.

En Ferraz, además, restan relevancia al debate generado y consideran que se trata de una acción más de campaña en un escenario de máxima confrontación política a pocos días de las elecciones.

El precedente de Aragón y otras campañas similares

Las llamadas difundidas ahora en Andalucía recuerdan a otro episodio reciente ocurrido durante la campaña de las elecciones autonómicas de Aragón. En aquella ocasión, el PSOE aragonés impulsó una campaña telefónica automatizada en la que intervenía la voz del expresidente autonómico Marcelino Iglesias para criticar al entonces candidato popular, Jorge Azcón.

En esos mensajes se acusaba al PP de votar en contra de la subida de las pensiones y se pedía el apoyo electoral para la candidatura socialista encabezada por Pilar Alegría. Aquella estrategia también generó polémica y terminó siendo llevada ante la Junta Electoral por el Partido Popular.

Los socialistas defendieron entonces que la práctica era legal y argumentaron que otras formaciones habían empleado mecanismos similares en campañas anteriores.

De hecho, el propio PP recurrió en las elecciones generales de 2019 a envíos masivos de mensajes a teléfonos móviles solicitando el voto. Aquella iniciativa generó críticas por la utilización de bases de datos de marketing y por la falta de mecanismos claros para solicitar la baja de las comunicaciones.

Mariano Rajoy ha vuelto este miércoles sobre uno de esos debates históricos que periódicamente reaparecen en la conversación política y cultural entre España y Latinoamérica y que está de actualidad en estos momentos: el de la conquista española. Y lo ha hecho sin rodeos. El expresidente del Gobierno ha reclamado “respeto” hacia el legado español en América y ha criticado abiertamente que se sigan planteando lecturas que, a su juicio, reducen aquel proceso histórico únicamente a sus aspectos más negativos.

Rajoy ha intervenido en Madrid durante un encuentro sobre geopolítica organizado por el IESE Business School de la Universidad de Navarra, aunque una parte de su discurso ha terminado desviándose hacia la cuestión histórica y cultural de la presencia española en América Latina. El exdirigente del PP no ha mencionado de forma expresa ninguna polémica reciente ni tampoco la visita institucional de Isabel Díaz Ayuso a México, que ha vuelto a reactivar el debate sobre la herencia española en el continente americano. Pero el contexto ha sobrevolado toda su intervención.

El expresidente ha dejado claro desde el principio su rechazo a la manera en la que, en determinados ámbitos políticos y académicos, se aborda la conquista española. En su opinión, se trata de un asunto que suele analizarse desde una visión parcial y simplificada, sin tener en cuenta la dimensión histórica completa ni las consecuencias culturales y sociales que, sostiene, ha dejado España en América durante siglos.

“Un respeto, ¿no?”, ha resumido Rajoy en uno de los momentos más comentados de su intervención, después de reivindicar la huella española en países como México.

“España dejó universidades, lengua y derechos”

Lejos de un tono especialmente bronco, Rajoy ha optado por una intervención pausada, apoyada en la ironía y en comparaciones históricas para reforzar su argumento. El expresidente ha contrapuesto el legado español al de otros países europeos con pasado colonizador y ha planteado una pregunta al auditorio: “¿Qué dejaron allí algunos países nórdicos?”. Acto seguido, ha citado el caso de Noruega para defender que la presencia española en América tuvo una dimensión cultural e institucional que todavía sigue siendo visible.

“España dejó universidades, dejó una lengua común, dejó derechos y dejó religión”, ha afirmado Rajoy durante su intervención, insistiendo en que buena parte de la identidad actual de muchos países latinoamericanos no puede entenderse sin esa herencia histórica.

La idea central de su discurso ha girado precisamente alrededor de esa reivindicación cultural. Rajoy ha sostenido que el debate sobre la conquista suele presentarse desde una visión “muy parcial” y ha lamentado que se ignore el peso que tuvieron instituciones, estructuras jurídicas o el idioma compartido en la configuración de América Latina.

El expresidente no ha entrado en una defensa histórica detallada de la colonización ni ha discutido episodios concretos de aquel periodo, pero sí ha mostrado su rechazo a las interpretaciones que reducen la presencia española en América exclusivamente a la violencia o la explotación. “Parece que algunos quieren contar solo una parte de la historia”, ha deslizado durante su exposición.

Un debate político y cultural cada vez más presente

La intervención de Rajoy se ha producido además en un momento en el que el debate sobre la memoria colonial española vuelve a ocupar espacio político tanto en España como en varios países latinoamericanos, especialmente México. En los últimos años, distintas polémicas diplomáticas y culturales han reabierto la discusión sobre el papel histórico de España en el continente americano y sobre la conveniencia —o no— de revisar ese pasado desde parámetros actuales.

Rajoy se ha situado claramente en el sector que reivindica la herencia española frente a quienes exigen una lectura más crítica del proceso colonizador. Más que una intervención académica, su discurso ha tenido un marcado tono político y cultural, apelando a la idea de una comunidad histórica compartida entre España y Latinoamérica.

El exjefe del Ejecutivo ha evitado elevar el tono, pero sí ha dejado varias frases con carga política e ideológica. “No entiendo muy bien este afán de revisarlo todo permanentemente”, ha señalado en otro momento de su intervención, insistiendo en que la historia debe analizarse “con perspectiva” y no únicamente desde criterios contemporáneos.

Durante años, las campañas del Partido Popular han tenido algo de pegadizo. A veces era un eslogan convertido en melodía; otras, un jingle imposible de quitarse de la cabeza. Pero en los últimos tiempos el PP ha ido un paso más allá: ya no solo pone música a sus campañas, también ha empezado a convertir a algunos de sus dirigentes en protagonistas directos de esa puesta en escena. El último ejemplo ha sido Juanma Moreno, que esta semana confirmó que es él mismo quien canta Kilómetro Sur, la canción oficial de la campaña andaluza.

El presidente de la Junta de Andalucía puso fin así al misterio que había rodeado durante días al videoclip lanzado por el PP andaluz. “¡Por fin! Aquí está!”, escribió Moreno en redes sociales junto al vídeo en el que aparece acompañado por un grupo de jóvenes músicos. Después de las especulaciones iniciales, el dirigente popular confirmó que la voz que sonaba en la canción era la suya.

Más tarde, en una entrevista en Onda Cero, explicó que la idea surgió dentro del propio equipo de campaña ante las dudas sobre qué sintonía utilizar para las elecciones. La canción, grabada hace unos dos meses, terminó convirtiéndose en una pieza central de la estrategia electoral. Moreno llegó a revelar incluso que le habían propuesto interpretar el tema en directo durante el cierre de campaña, aunque descartó la posibilidad porque requería ensayos y preparación técnica. “No es cuestión de improvisar”, señaló.

El episodio puede parecer anecdótico, pero encaja en una tradición muy concreta dentro del Partido Popular: la de utilizar la música como una herramienta política y de comunicación casi tan importante como los propios eslóganes electorales.

Del “pa-pam” del PP al fenómeno Ayuso

Mucho antes de que Juanma Moreno apareciera cantando en un videoclip, el PP ya había entendido el potencial político de las melodías simples y fácilmente reconocibles. Durante los años de José María Aznar y Mariano Rajoy, el partido convirtió sus jingles electorales en una de sus principales señas de identidad. El famoso “pa-pam pa-pam” asociado a aquellas campañas terminó funcionando como una especie de logotipo sonoro del partido.

Detrás de aquella sintonía estaba además uno de los compositores de jingles más conocidos de España: Manuel Pacho. El músico asturiano, autor también de numerosas melodías publicitarias y cabeceras televisivas, fue el encargado de crear el himno del PP a finales de los años ochenta por encargo de Miguel Ángel Rodríguez. La pieza terminó convirtiéndose en uno de los sonidos políticos más reconocibles de la democracia española. El propio Pacho llegó a definirla años después como una melodía “pegadiza y reconocible” pensada para transmitir optimismo y dinamismo.

Esa relación entre el PP y la música no se limitó a los jingles nacionales. En distintas campañas autonómicas y municipales, dirigentes populares participaron en vídeos musicales, actuaciones festivas o piezas promocionales construidas alrededor de su propia imagen. Esperanza Aguirre convirtió en habituales sus apariciones cantando chotis y canciones populares en actos madrileños, mientras Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella participaron durante años en campañas donde la música y la estética de espectáculo formaban parte central de la puesta en escena electoral.

La fórmula era sencilla: melodías cortas, ritmos fáciles de memorizar y mensajes positivos construidos casi como si fueran anuncios publicitarios. Más que himnos políticos tradicionales, muchas de aquellas canciones parecían campañas de marketing comercial diseñadas para quedarse en la cabeza del votante.

Con el tiempo, la estrategia fue evolucionando. El PP empezó a adaptar sus campañas musicales al tono de cada territorio y a desarrollar una estética cada vez más cercana al entretenimiento. Andalucía apostó frecuentemente por sonidos ligados a la música festiva y popular; Madrid abrazó fórmulas más cercanas al pop comercial; y en distintas campañas aparecieron versiones, remezclas y variaciones de las propias sintonías del partido.

A partir de esa base sonora, el PP fue adaptando su propia sintonía a distintos formatos y estilos según la campaña y el territorio. La melodía original ha tenido variaciones pop, electrónicas, versiones más festivas y adaptaciones autonómicas, manteniendo siempre la misma lógica: construir una identidad musical fácilmente reconocible. Igual que el partido fue modificando con los años sus logotipos y su imagen visual, también acabó desarrollando una especie de marca sonora propia alrededor de aquel himno creado por Manuel Pacho.

Uno de los casos más recordados fue el de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. La campaña construida alrededor del lema “Ganas” terminó convertida en un fenómeno viral. “Ganas, tú ganas, ganas de Madrid, con ganas” sonó de forma constante durante aquellas elecciones y acabó trascendiendo la política para instalarse en redes sociales, memes y vídeos parodia.

La fuerza de aquella canción no estaba en un gran contenido ideológico, sino en algo mucho más simple: era fácil de recordar. El ritmo, la repetición y la sencillez de la letra respondían a una lógica muy concreta de comunicación política moderna, donde las campañas funcionan cada vez más como productos de consumo rápido.

Del Eurovisión frustrado de Mazón a los videoclips virales

En paralelo a esa utilización sistemática de la música como herramienta electoral, el PP también ha acumulado varios dirigentes con una relación real con el mundo musical.

El caso más conocido es el de Carlos Mazón. Mucho antes de convertirse en presidente de la Generalitat Valenciana, lideró el grupo Marengo junto a Carlos Robles y Jorge Orts. En 2011, la banda se presentó a la preselección española de Eurovisión con la canción Y solo tú, compitiendo en una edición en la que también participaban Sonia y Selena o Auryn.

Aunque no consiguieron representar a España en el festival, Marengo mantuvo actividad y ofreció conciertos en distintos escenarios del país. Años después, ya con Mazón convertido en uno de los principales dirigentes del PP, algunas de aquellas actuaciones reaparecieron en redes sociales y se viralizaron rápidamente. Especialmente el videoclip de Me llamas, recuperado por numerosos usuarios durante los últimos meses.

La relación del exdirigente valenciano con la música venía de mucho antes de la política. Estudió piano, guitarra y solfeo desde joven y mantuvo durante años una intensa afición musical. Marengo llegó a interpretar versiones de artistas como José Luis Perales en conciertos celebrados en lugares como el Palau de Altea.

Lo llamativo es que ni el caso de Mazón ni el de Moreno aparecen como episodios completamente aislados dentro del Partido Popular. Más bien forman parte de una cultura política en la que la música lleva décadas ocupando un lugar central. Himnos pegadizos, videoclips de campaña, candidatos cantando y eslóganes convertidos en canciones forman parte de una misma manera de entender la comunicación electoral.

En un contexto cada vez más condicionado por las redes sociales y por la necesidad de generar impacto inmediato, el PP ha encontrado en la música una herramienta especialmente eficaz para construir imagen, reforzar mensajes y convertir campañas electorales en productos reconocibles mucho más allá de los mítines.

Las declaraciones de Azcón se han producido en Zaragoza, durante el acto de colocación de la primera piedra de una promoción de 640 viviendas en el barrio de Miralbueno. Allí, el presidente aragonés ha acusado a Alegría de haber “mentido a todos los aragoneses” y ha recordado sus comparecencias públicas y parlamentarias en relación con el conocido como ‘caso Koldo’.

Según la información publicada por El Español, el entonces asesor ministerial Koldo García habría organizado la llegada de varias mujeres desde Andalucía al Parador de Teruel, donde Ábalos y parte de su equipo pasaron la noche tras unos actos oficiales celebrados en la ciudad. El digital sostiene además que algunas de las personas que coincidieron aquella noche en el establecimiento ocuparon posteriormente puestos de mayor relevancia política e institucional.

Azcón vincula la polémica con las declaraciones previas de Alegría

Azcón ha centrado buena parte de sus críticas en las explicaciones ofrecidas hasta ahora por Pilar Alegría. El dirigente popular ha asegurado recordar “perfectamente” cómo la exministra y actual líder socialista en Aragón negó “en múltiples ocasiones” que se produjera ninguna fiesta en el Parador y defendió que “nada podía saber de lo que no se había producido”.

El presidente autonómico ha insistido en que Alegría era entonces la máxima representante del Gobierno central en Aragón y que de ella dependía la Policía Nacional en la comunidad autónoma. “No se enteró de una orgía con prostitutas que un ministro del Gobierno de España montó en el Parador de Teruel, pero hoy no existen dudas de que aquella orgía existió”, ha afirmado.

“Cuando todos estábamos con mascarillas, cuando todos salíamos de haber estado encerrados en nuestras casas, no solamente incumplía las normas sanitarias, sino que además pagaba con dinero público los viajes de prostitutas para montar orgías con ellas”, ha insistido.

El líder del Ejecutivo aragonés ha hecho referencia además a las manifestaciones realizadas por Alegría en la comisión de investigación del Senado sobre el ‘caso Koldo’. Según Azcón, la entonces compareciente aseguró que, si se demostraba que había mentido respecto a lo ocurrido en Teruel, asumiría responsabilidades políticas. “Hoy toca que haga lo que dijo que iba a hacer: dimitir de todos sus cargos”, ha reiterado.

Las preguntas sobre la actuación policial

El presidente de Aragón también ha planteado dudas sobre la posible intervención de la Policía Nacional aquella noche y sobre una eventual ocultación posterior de información relacionada con los hechos. Azcón ha preguntado públicamente “qué gestiones se hicieron con la Policía Nacional para borrar huellas” y si “una unidad policial se personó o no en el Parador de Teruel”. Según ha señalado, “alguien ha borrado el registro” de esa hipotética actuación policial.

Las acusaciones del dirigente popular se producen después de que El Español publicara que Koldo García se puso al día siguiente en contacto con Jesús Ramírez, considerado mano derecha del entonces director general de la Policía Nacional, para tratar de solucionar un “problema”. El contenido exacto de esas gestiones no ha sido detallado públicamente.

Hasta ahora, Pilar Alegría ha mantenido que nunca tuvo conocimiento de ninguna fiesta ni de incidentes relacionados con la estancia de Ábalos en Teruel. La dirigente socialista reconoció haber dormido aquella noche en el Parador junto a otros integrantes de la delegación oficial y explicó que se reservaron varias habitaciones debido a la cercanía horaria entre dos actos institucionales celebrados en la ciudad. “Si hubiera habido el más mínimo parte de la Policía Nacional, la primera que se habría enterado es la que les está hablando”, afirmó Alegría en anteriores declaraciones públicas sobre este asunto.

La polémica ha reactivado además el foco sobre las personas presentes en aquella visita institucional. Entre ellas se encontraba Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif y posteriormente nombrada secretaria de Estado de Transportes tras la salida de Ábalos del Gobierno. También estuvieron presentes varios colaboradores próximos al exministro, como Alfredo Rodríguez, entonces jefe de prensa, y miembros del equipo de seguridad y protocolo ministerial.

La exclusiva de El Español menciona igualmente a Ricardo Mar, exjefe de gabinete de Ábalos y actual secretario general de Paradores, así como a Óscar López, que en aquel momento presidía la red pública hotelera y que más tarde se convirtió en jefe de gabinete de Pedro Sánchez y posteriormente en ministro de Transformación Digital. López negó en una comparecencia en el Senado haber tenido conocimiento de ninguna fiesta vinculada al entonces ministro y aseguró que la presidencia de Paradores no recibe información sobre la identidad de los huéspedes alojados en sus establecimientos.

El PP nacional respalda la petición de dimisión

La dirección nacional del Partido Popular ha respaldado horas después las palabras de Azcón. El portavoz del partido y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha asegurado que la formación se suma a la petición de dimisión de Pilar Alegría.

En una rueda de prensa celebrada tras la reunión del comité de dirección presidido por Alberto Núñez Feijóo, Sémper ha sostenido que el PP lleva tiempo pronunciándose sobre este asunto y ha afirmado que no rebajará “el nivel de exigencia” respecto a la dirigente socialista.

El portavoz popular ha señalado que los acontecimientos relacionados con el entorno de Ábalos “se suceden de tal manera que algunos de ellos se repiten” y ha criticado que la política nacional permanezca “sujeta permanentemente a los escándalos que provoca este Gobierno”.

Mientras tanto, desde el PSOE y el entorno de Pilar Alegría se mantiene la versión ofrecida hasta ahora: la dirigente socialista no tuvo conocimiento de ninguna fiesta ni de incidentes ocurridos en el Parador de Teruel durante aquella noche de septiembre de 2020.

El alcalde de Murcia, José Ballesta Germán, ha fallecido a los 67 años a causa de un cáncer, tal y como ha informado la corporación municipal. El ayuntamiento ha anunciado que decretará tres días de luto en señal de duelo. En un comunicado, el consistorio ha expresado su “profundo pesar por el fallecimiento de su alcalde tras una vida marcada por una vocación de servicio público ejemplar y una entrega permanente a Murcia y a los murcianos”. Además, han recalcado que la ciudad no solo “acaba de perder a su alcalde”, sino que también “a una persona que dedicó su vida al servicio público, al trabajo constante y al compromiso con sus vecinos”, afirman.

Ballesta fue alcalde durante dos legislaturas, una de ellas desde 2015 hasta marzo de 2021, cuando fue apartado del cargo por una moción de censura impulsada por PSOE, Ciudadanos y Podemos. Más tarde, en 2023, consiguió ganar de nuevo las elecciones con el PP y mayoría absoluta. Desde que le diagnosticaron cáncer, el regidor no abandonó sus funciones, a pesar de los tratamientos. De esta forma, adaptó su agenda y sus reuniones a su estado de salud, sin retirarse de la vida pública ni dejar de asistir a los principales compromisos municipales.

De acuerdo con la ley de régimen local, ahora se dispone de un plazo de diez días para que el Partido Popular convoque el pleno de la corporación que elegirá al próximo alcalde de Murcia, cargo que se mantendrá hasta las siguientes elecciones municipales. Hasta que llegue ese momento, la vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha asumido la alcaldía temporalmente. Así, la coordinadora de la ejecutiva regional del PP se convierte en la primera mujer en ocupar la alcaldía de la ciudad.

Su carrera en política se consolidó en 2007

Nacido en la capital murciana el 19 de julio de 1958, Ballesta desarrolló una sólida trayectoria como académico y gestor público. Antes de su irrupción en la política, ocupó el Rectorado de la Universidad de Murcia (UMU) entre 1998 y 2006, además de desempeñar el cargo de vicerrector de Investigación e Infraestructuras. Se doctoró en Medicina y Cirugía y fue catedrático de Biología Celular en la Facultad de Medicina de la UMU, además de académico de número de la Real Academia de Medicina, tal y como ha informado La Opinión de Murcia.

Su vocación a la política se consolidó en 2007, cuando fue elegido como diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional. Posteriormente, ocupó la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes hasta 2011, sumando después competencias en Puertos y Ordenación del Territorio. También actuó como portavoz del Gobierno regional y consejero de Universidades, Empresa e Investigación. Llegó a la alcaldía en 2015 con el apoyo del Partido Popular, pactó con Ciudadanos y, tras ser apartado por una moción de censura en 2021, recuperó la mayoría absoluta en 2023, demostrando capacidad para superar crisis políticas y recuperar la confianza del electorado.

“Caiga quien caiga”

Durante sus legislaturas al frente del Ayuntamiento de Murcia, José Ballesta impulsó proyectos que transformaron la ciudad. Entre todas las medidas, destacan la peatonalización de Alfonso X el Sabio, el plan Murcia Río y la recuperación de la Vía Verde de la Costera Sur. El soterramiento de las vías del tren supuso otro avance significativo en la movilidad urbana, como ha mencionado La Opinión de Murcia. Tras su salida, Ballesta retomó la docencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia (UMU), aunque continuó en la oposición municipal, presentando iniciativas y fiscalizando la labor del gobierno local.

Uno de los momentos más complejos de su mandato ocurrió en su segunda legislatura, tras el incendio en las discotecas de Atalayas el 1 de octubre de 2023, donde murieron trece personas. Ballesta se desplazó de inmediato al lugar y aseguró que llegaría hasta el fondo del asunto “caiga quien caiga”. En estos últimos años, también impulsó la remodelación de la Cárcel Vieja, la recuperación del yacimiento de San Esteban y la celebración del 1.200 aniversario de Murcia, donde la ciudad reafirmó su identidad.

En Jódar, un municipio de algo más de 11.000 habitantes en la comarca jienense de Sierra Mágina, la política local rara vez ha dado lugar a sorpresas. Durante décadas, el poder ha oscilado entre el PSOE e Izquierda Unida en una alternancia casi mecánica, sin que otras fuerzas hayan logrado romper ese equilibrio.

Tras las últimas elecciones municipales, ese patrón saltó por los aires con la reedición de un acuerdo que, sobre el papel, desafía la coherencia ideológica: el pacto entre Izquierda Unida y el Partido Popular. No es la primera vez que ocurre, ya que hubo un precedente en 2007, pero eso no ha evitado que la alianza vuelva a generar desconcierto tanto dentro como fuera del municipio.

Para Juan Caballero, concejal socialista durante 12 años, la clave no está en el acercamiento entre IU y PP, sino en la imposibilidad de entendimiento entre las fuerzas de izquierda. “No hemos podido pactar nunca porque las ambiciones personales se ponen por delante del interés del pueblo”, sostiene en una conversación con Infobae.

El resultado, explica, es una anomalía difícil de asimilar incluso para los propios votantes: “Tendríamos 15 concejales de izquierdas de 17 totales que hay en el Ayuntamiento, pero mandan los dos del PP”. Una frase que resume bien el malestar del PSOE local, atrapado entre la frustración y la resignación. Porque, aunque Caballero reconoce que existía “alguna esperanza” de gobernar tras las elecciones, admite que era “mínima”. El precedente de 2007, en el fondo, seguía pesando más de lo que muchos querían admitir.

Anatomía de una alianza

La explicación que ofrece el equipo de gobierno sobre este matrimonio de conveniencia dista mucho de la lectura socialista. Para el teniente de alcalde, Juan Ruiz (PP), la génesis del pacto no reside en una carambola de despachos, sino en una inercia de agotamiento social. Ruiz esgrime a Infobae que “había un descontento” y que “la gente quería cambiar”, una pulsión que, según su análisis, trascendía las siglas políticas.

El dirigente popular disecciona la aritmética de la gobernabilidad: “Ellos [Izquierda Unida] tenían siete concejales y nosotros [Partido Popular] dos”, y “con eso había mayoría absoluta”. Sin embargo, más allá de la suma de actas, Ruiz apela a la crudeza de la realidad administrativa una vez se cruza el dintel de la alcaldía. Desliza que “hasta que no entras en el ayuntamiento y ves los documentos, no sabes lo que hay”, sugiriendo que la opacidad del anterior Ejecutivo ocultaba unas finanzas heridas de gravedad.

Este diagnóstico es refrendado por la alcaldesa Juana Cazorla (IU), que afirma a este periódico que “el Partido Socialista durante 12 años no había hecho prácticamente nada”. “Aquí no está gobernando ni el PP ni IU. Los pueblos somos las personas, no los partidos”, apunta la alcaldesa. Con esta idea, Cazorla trata de revestir el pacto de una lógica municipalista alejada de las siglas. Sin embargo, tras ese discurso conciliador emerge una crítica demoledora hacia sus antiguos compañeros de espectro político: “La pregunta es quién es el PSOE en Jódar para que IU tenga que hacer acuerdos con el PP”.

El “vaciado” municipal

La narrativa del actual Ejecutivo se cimenta sobre los escombros de lo que denominan una “gestión negligente”. “Me he encontrado el Ayuntamiento totalmente desvalijado, con más de 13 millones de euros de deuda en un presupuesto de apenas siete y pico”, asegura Cazorla.

Esta “auditoría” por parte del nuevo Gobierno no solo arroja cifras rojas, sino también sospechas que ya han llegado a los tribunales. Cazorla menciona “muchísimos frentes abiertos” en la vía judicial y sostiene que “cuando haces una falsificación de un documento público o un desvío de fondos, tienes que justificarlo”, algo que, en su opinión, el anterior Ejecutivo socialista no ha hecho. Y la regidora asegura que, al tomar posesión, descubrieron que “había cámaras en el despacho de secretaría y en otros espacios para vigilar quién venía o qué reuniones había”.

Bajo este clima de sospecha, la alcaldesa justifica el pacto con el PP como un acto de legítima defensa ante un PSOE al que califica de fuerza hegemónica y asfixiante. Sugiere que “el Partido Socialista ha sido el mayor opresor de la clase trabajadora” en la localidad y denuncia que Izquierda Unida ha sido víctima de un “acoso con denuncias y persecución” por parte de los socialistas.

Dialéctica del insulto

Este deterioro de las relaciones políticas no se limita al ámbito institucional. Con el paso de los meses, la confrontación ha ido escalando hasta trasladarse al terreno personal y al debate público. Juan Ruiz relata una campaña de desprestigio en redes sociales, donde asegura que cargos del PSOE participan en el escarnio: “Tienen gente que son secretarios de un área en el Partido Socialista de Jódar y que me ponen cosas como “Juanito fascista, cabrón, asómate al balcón”.

“Tienen perfiles falsos que se dedican a difamar a la alcaldesa y a mí; nos insultan, nos dicen miserables, ladrones o corruptos”, añade Ruiz con amargura. La ironía, para el teniente de alcalde, reside en el comportamiento de las propias plataformas: “Qué curioso era antes Facebook y ahora qué asqueroso se ha vuelto; antes eliminaban comentarios sin un solo insulto y ahora no eliminan cuando nos llaman asquerosos, corruptos o mentirosos”.

Parlamentarismo de urgencia

Ese mismo clima de confrontación se traslada, según las distintas versiones, al desarrollo de las sesiones plenarias, donde se libra otra de las grandes batallas de la legislatura. El PSOE describe una “deriva autoritaria” cristalizada en la convocatoria de sesiones extraordinarias de carácter urgente. Juan Caballero denuncia un uso torticero del reglamento al señalar que “se hicieron convocatorias de un momento para otro para poder aprobar medidas”, citando la prórroga de una cantera como ejemplo de una administración que actúa de espaldas a la pluralidad. A ojos de la oposición, se gobierna “sin contar con la oposición, no dando información, no dando explicaciones”.

Juana Cazorla vincula este clima de hostilidad a una supuesta incapacidad del PSOE para asumir la pérdida del poder y la fiscalización de su gestión, lo que se traslada también a los plenos municipales. “Lo que no se puede permitir es que el pleno se convierta en un patio de vecinos donde no se entere nadie de nada”, afirma la regidora, justificando la necesidad de llamar al orden ante lo que denomina una estrategia de “insultar y amenazar”. Para Cazorla, la agresividad de la oposición es proporcional a su nerviosismo por los procesos judiciales abiertos: “Como es indefendible la gestión que han estado haciendo, decidieron con esta excusa decir que yo no los dejo hablar”.

El edil del PP, por el contrario, defiende que la urgencia es una necesidad operativa, no una estrategia política. Argumenta que las sesiones “se pueden convocar incluso media hora antes” para cumplir con plazos administrativos externos. Además, el teniente de alcalde contraataca afeando la labor de fiscalización del PSOE, revelando que “el PSOE ha estado más de dos años sin venir a los plenos”.

Gobernar por un euro

La tensión política ha derivado en una situación inédita que afecta directamente a la subsistencia de los cargos públicos. En un movimiento que el equipo de gobierno califica de “venganza personal”, la mayoría de la oposición —PSOE junto a las concejalas no adscritas— aprobó una medida drástica para asfixiar al Ejecutivo. “Aprobaron ellos el dejarme a mí un euro y al concejal de obras un euro de salario”, relata Cazorla.

La alcaldesa ve en este gesto una falta de altura institucional que pone en riesgo el funcionamiento del municipio. “Han dejado sin sueldo a servicios esenciales para que un pueblo se desarrolle; fíjate tú si están por el bien común del pueblo”, lamenta.

Una convivencia “en las antípodas”

Resulta inevitable preguntarse cómo se gestiona el día a día en un Ayuntamiento donde los socios de gobierno comparten tan poco en el plano ideológico. Ruiz admite que, sobre el papel, están “en las antípodas”, pero defiende una suerte de humanismo localista que ha limado las asperezas de las siglas. “Los del Partido Popular no somos extraterrestres ni gente rara; somos trabajadores, autónomos, jornaleros y albañiles. Ven que las personas del PP no somos ricachones, ni condes, ni marqueses”, explica para justificar por qué IU se siente cómoda a su lado.

Cazorla coincide en este análisis personalista de la política municipal, asegurando que la relación es “muy buena” y que el objetivo común de “limpiar” las instituciones ha pesado más que el dogmatismo. “Aquí no está gobernando el Partido Popular ni Izquierda Unida: somos hombres y mujeres que tenemos claro que se pueden hacer muchas cosas”, zanja la alcaldesa.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha respaldado la concesión de un indulto parcial para Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, limitándolo únicamente a la pena de inhabilitación de dos años para ejercer dicho cargo. Este pronunciamiento se ha realizado tras la condena impuesta por el propio Alto Tribunal como consecuencia de un delito de revelación de secretos.

El informe suscrito por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, avala parcialmente la solicitud de indulto presentada en diciembre por dos ciudadanos ante el Gobierno. Estos solicitantes habían reclamado un indulto total a favor de García Ortiz, quien resultó condenado en noviembre por revelar datos relativos a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Entre las penas impuestas figuran una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros —según consta en el informe, ya abonadas en su totalidad— además de cubrir las costas procesales y afrontar la citada inhabilitación.

De conformidad con el criterio esgrimido por la teniente fiscal, procede el indulto exclusivamente respecto a la inhabilitación especial. Señala que, dado el calendario de ejecución fijado por el Supremo, la extinción de la sanción está prevista para el 9 de diciembre de 2027, por lo que la concesión del indulto implicaría únicamente el perdón de la parte aún pendiente en ese momento.

Qué consecuencias tendría el indulto parcial

La memoria remitida a la Sala Segunda matiza que la medida tendría efectos “limitados”, ya que tan solo acortaría la duración de la inhabilitación y reduciría los plazos necesarios para la cancelación de antecedentes penales. Según la fiscal, no existiría una revisión de los hechos probados ni de la calificación jurídica del delito, ya que la solicitud se centra en valorar “si la ejecución íntegra de la pena resulta necesaria, proporcionada y útil desde la justicia, la equidad y la utilidad pública”.

Entre los argumentos empleados en apoyo a esta medida de gracia, la fiscal recalca que García Ortiz no obtuvo ningún beneficio personal derivado del delito, y subraya la “incidencia desorbitada” que la condena ha tenido sobre la reputación, la carrera profesional y la posición institucional del exfiscal. Además, identifica que el proceso ha generado consecuencias extrapenales “intensas y desproporcionadas”.

El informe destaca también que la condena dictada ya ha cumplido sus finalidades retributivas, al afianzar la vigencia de la ley penal, establecer la responsabilidad e ilustrar que incluso las más altas autoridades quedan sometidas al escrutinio judicial. Atendiendo a la situación actual, la extensión de la pena de inhabilitación perdería sentido, puesto que García Ortiz ya ha dejado de desempeñar el cargo tras la sentencia. El puesto de fiscal general, expone la fiscal, lo ocupa ya una nueva titular cuyo mandato de cuatro años únicamente puede ser interrumpido por causas estrictamente tasadas recogidas en el Estatuto del Ministerio Fiscal.

Impacto personal e institucional de la condena

La representación del Ministerio Público enfatiza la ausencia de un propósito lucrativo en la actuación enjuiciada, recalcando que la causa “tuvo una repercusión pública extraordinaria” y que la condena conllevó un impacto desproporcionado para la carrera y la imagen pública de García Ortiz. Sostiene también que no existe posibilidad alguna de reincidencia delictiva, una vez desvinculado del puesto.

En la argumentación, la fiscal señala que toda la actuación buscó “preservar el buen nombre de la institución” frente a críticas que cuestionaban la labor de los fiscales y frente a imputaciones que el propio tribunal ha reconocido como fraudulentas —circunstancia que, según el informe, otorga una dimensión institucional y constitucional al caso—.

Como elementos adicionales, el informe hace constar la asunción íntegra de la responsabilidad en la confección de la nota de prensa que motivó la condena, la constante disposición de García Ortiz ante el Tribunal, su renuncia efectiva al cargo tras la sentencia y el pago de todas las cuantías económicas derivadas tanto de la multa como de la responsabilidad civil, según queda recogido en la documentación aportada por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Con información de Efe

El presidente popular y dirigente valenciano, Pérez Llorca, evita hablar de congresos regionales en el PPCV. No quiere abrir ese cajón porque, insiste, como su predecesor Carlos Mazón, en que lo primero es finalizar las tareas de reconstrucción de Valencia tras la DANA. A Génova también le incomoda este asunto, pues quiere evitar distraer el foco mediático en plena ofensiva contra Sánchez y en medio de un ciclo electoral autonómico.

Pero el runrún es inevitable por la inminente candidatura del expresidente valenciano, Francisco Camps, quien lleva meses reclamando al partido una fecha con el apoyo de sus afines. Su intención, ha mantenido en reiteradas ocasiones, es optar por la presidencia del partido y del Consell. En una rueda de prensa convocada en un hotel de la capital valenciana, Camps se ha mostrado convencido de que el PP nacional convocará los congresos a partir del próximo 18 de mayo -tras las elecciones andaluzas- y vaticina que en septiembre u octubre podría celebrarse el del PP valenciano.

Camps presidió la comunidad autónoma entre junio de 2003 y julio de 2011. Un largo mandato enturbiado por una lista interminable de casos de corrupción: el circuito de F1,la visita del Papa, la Gürtel o el caso Nóos. Pero el pasado 30 de mayo de 2024, Camps puso punto y final a 15 años de investigación, 10 acusaciones y dos juicios. Contra todo pronóstico, salió absuelto de todos los cargos.

300 avales en 48 horas y una encuesta que le favorece

Y ese es el motivo que ha justificado y empujado su regreso a la primera línea de la política. Camps asegura que ya ha logrado 300 avales de militantes que están al día en la cuota del partido —la misma cifra que se ha exigido en el congreso regional de Andalucía— “en solo 48 horas”. Un holgado colchón, añade, “por si hubiese algún tipo de problema con alguno”.

Como ya hizo el pasado mes de julio, Camps ha querido reforzar su candidatura apoyándose en otra encuesta en la que su nombre aparece por encima del del actual president y de la alcaldesa de València, María José Catalá, como político más conocido, y también como mejor candidato a la alcaldía de la capital valenciana y a la Presidencia del Ejecutivo autonómico.

En las últimas semanas, Camps ha presumido de llevar la delantera y ser la opción favorita para movilizar al electorado de centro-derecha. De hecho, la referida encuesta manifiesta que el 35 % de los votantes de Vox quiere una mayoría absoluta del PP en el parlamento regional. Cabe recordar que Juanfran Pérez Llorca asumió el mando tras el visto bueno del partido de Abascal, que nunca escondió que tenía una mejor sintonía.

La moción de censura impulsada por el PP en Lugo ha prosperado este jueves con el apoyo de una concejala tránsfuga que dejó el PSOE y ahora figura como no adscrita. Tras la salida del edil socialista Miguel Fernández, la portavoz local del PP y líder del partido en la provincia, Elena Candia, será nombrada nueva alcaldesa en la localidad, devolviendo el bastón de mando municipal a los populares tras 27 años de gobiernos de izquierdas.

Los populares registraron la iniciativa el pasado 22 de abril tras conseguir el respaldo de la concejala María Reigosa y sumar las 13 firmas necesarias. Este miércoles, en la víspera del pleno, la edila ha ratificado que votará a favor de la moción de censura porque “confía en el proyecto” de Candia.

Miguel Fernández asumió la alcaldía tras la repentina muerte de Paula Alvarellos el pasado mes de marzo, quien sufrió un infarto con 61 años y cuando apenas llevaba 13 meses en el cargo.

La carambola perfecta

La intrahistoria de esta votación es todavía más rocambolesca. Regiosa tomó posesión en el Concello el último 30 de octubre tras otro fallecimiento, esta vez del concejal socialista Pablo Permuy. Se dio de baja del PSOE en enero y dejó el grupo municipal hace menos de un mes con el aviso de que no participaría en moción de censura alguna en la que es la cuna del líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. La historia no fue así, motivo por el que fue recibida con abucheos en el pleno de la semana pasada, que avaló la votación de este jueves.

Durante la celebración del Pleno también han podido escucharse pitos desde el exterior del Consistorio, donde se han concentrado varios cientos de personas para mostrar su rechazo a la moción. Una protesta que ha convivido con la llegada de un nutrido número de alcaldes y concejalas del PP, encabezados por la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, que se han situado a la entrada de la Casa Consistorial para esperar su momento para acceder. Sin embargo, para evitar problemas, no se ha dejado entrar al público.

27 gobiernos de izquierdas

Joaquín García Díez había sido el último regidor popular hasta que José López Orozco fue elegido alcalde en 1999. En aquel momento lograron arrebatar una plaza del PP con un resultado electoral muy ajustado y en coalición con el BNG. Orozco dirigió el gobierno local hasta 2015, año en que Lara Méndez asumió el cargo y se convirtió en la primera mujer en liderar el consistorio. Posteriormente, la socialista fue reelegida en dos ocasiones.

Durante el último mandato, iniciado en 2023, permaneció menos de un año en el puesto, tras lo cual dejó la política municipal para incorporarse a la lista al Parlamento de Galicia encabezada por el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien se postuló como candidato a la Xunta. En esas elecciones, los socialistas ocuparon la tercera posición en el Parlamento autonómico. Fue sucedida por Alvarellos. Tras la salida de Fernández, Candia es ya la cuarta dirigente en tener el bastón municipal en este mandato.

Noticia con información de agencias

Koldo García ha convertido este miércoles su alegato final ante el Tribunal Supremo en una ofensiva directa contra el Partido Popular al asegurar ante los magistrados que ha recibido una oferta para colaborar en la causa “mintiendo y engañando a todos los españoles” a cambio de obtener beneficios judiciales y evitar la cárcel. La acusación, formulada durante el tramo más delicado de su intervención, ha elevado aún más la tensión política y judicial que rodea al conocido como ‘caso Koldo’, una investigación que desde hace meses mantiene bajo presión al entorno del exministro José Luis Ábalos.

“A mí también me ha ofrecido el abogado del Partido Popular que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles”, ha afirmado el exasesor ministerial en el uso de la última palabra ante el alto tribunal. García ha sostenido que ha rechazado cualquier posibilidad de alterar su relato pese a encontrarse, según ha dicho, “destrozado” personal y económicamente. “Estoy en la cárcel, lo he perdido absolutamente todo y he dicho que no voy a mentir”, ha añadido.

La referencia al “abogado del PP” ha marcado el eje de una intervención cargada de reproches, victimismo y acusaciones cruzadas. Aunque no ha llegado a identificar expresamente a la persona con la que supuestamente ha mantenido esa conversación, fuentes conocedoras del procedimiento han apuntado a El Independiente que podría tratarse de contactos relacionados con Miguel Tellado. El Partido Popular ha negado de inmediato cualquier reunión o propuesta de pacto y ha rechazado tajantemente haber ofrecido contraprestación alguna a Koldo.

La declaración se ha producido después de que Víctor de Aldama, considerado uno de los principales implicados en la trama y pieza clave de la investigación, haya renunciado a hacer uso de su derecho a la última palabra. Koldo García ha asumido entonces el protagonismo de una sesión en la que ha buscado presentarse ante el tribunal como un hombre arruinado por el procedimiento judicial y mediático, alejado de la imagen de intermediario corrupto que sostiene la investigación.

“Soy un humilde trabajador”, ha afirmado en uno de los primeros compases de su intervención. “Tan malo, tan malo, creo que no he sido”.

Un alegato centrado en las presiones

Lejos de limitarse a una defensa técnica, Koldo ha construido un discurso emocional y político en el que ha tratado de situarse como víctima de una operación judicial y mediática. Ha asegurado haber sufrido presiones constantes desde el inicio de la investigación y ha deslizado que algunas de esas advertencias han afectado directamente a su familia.

“Tengo que permitir que ciertas personas me digan: ‘ojo, que puede ir tu mujer a la cárcel, y tu hermano, entonces tu hija…’ Claro que me lo han dicho”, ha relatado ante los magistrados. “¿Porque pienso distinto? ¿Así vamos a funcionar?”, se ha preguntado.

El exasesor ha insistido varias veces en que ha recibido propuestas para modificar su versión de los hechos a cambio de aliviar su situación judicial. “La verdad es que me han ofrecido mentir para no entrar en la cárcel”, ha reiterado. En ese punto ha apelado incluso a principios personales y familiares para justificar su negativa. “Mi padre me enseñó que todo lo que digas y prometas cuando des tu palabra, cúmplelo”, ha afirmado.

La intervención ha estado atravesada por una mezcla de desafío y reivindicación personal. Koldo ha asegurado que puede demostrar todo lo que ha sostenido ante el tribunal y ha negado haber recibido pagos o comisiones ilegales. “No tengo dinero, no he recibido ninguna dádiva”, ha señalado antes de cargar directamente contra Víctor de Aldama, al que ha acusado de haber construido su estrategia judicial implicando falsamente tanto a él como a José Luis Ábalos.

“Aldama vive a costa de todos por habernos metido en la cárcel con mentiras”, ha sostenido.

El registro de su casa: “Había que montar el circo”

Uno de los momentos más duros de su alegato ha llegado al recordar el operativo policial desplegado durante el registro de su domicilio en febrero de 2024. Koldo García ha cuestionado la actuación de la Guardia Civil y ha asegurado no comprender la dimensión del dispositivo utilizado pese a que, según su versión, ha mostrado plena disposición a colaborar desde el primer momento.

“Si yo les di las llaves, les dije que colaboraba y que les daba todo, ¿por qué tuvieron que entrar armados hasta los dientes y con el dedo en el disparador?”, ha planteado ante el Supremo.

El exasesor ha descrito entonces una escena especialmente sensible al mencionar la presencia de una menor durante aquella actuación. “Apuntando a una niña de tres años corriendo”, ha afirmado. “Métanme en la cárcel, pero que alguien me explique por qué había que montar ese circo”.

La crítica a la investigación policial ha ocupado buena parte de su intervención. Koldo ha tratado de reforzar su credibilidad reivindicando la relación que durante años ha mantenido con las fuerzas de seguridad. “He dedicado 27 años de mi vida a ayudarles”, ha asegurado, en referencia a su colaboración con la Guardia Civil a lo largo de distintas etapas profesionales.

También ha rechazado que su situación patrimonial encaje con el perfil de alguien enriquecido ilícitamente. “No tengo millones, nadie me ha pagado nada”, ha afirmado, antes de pedir que se revise minuciosamente toda la prueba digital incorporada a la causa. “Hay que averiguar qué es falso y qué no”, ha sentenciado.

La bronca política comienza a asomar ante la falta de entendimiento entre el gobierno canario y el Ejecutivo central respecto al desembarco del crucero afectado por hantavirus.

Esta mañana, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, arremetía contra el Ministerio de Sanidad por la falta de información sobre el cambio en el criterio en el protocolo habitual y la situación que se vive actualmente en el barco. Aseguró que no se le había trasladado lo acordado entre el Gobierno y la OMS y advirtió que el sistema sanitario “solo disponía de una cama” de alto aislamiento para atender a los enfermos más graves.

La “confusión” ha sido aprovechada por el Partido Popular para señalar la “falta de transparencia” del Gobierno y entrar al choque con la ministra de Sanidad, Mónica García. No confiamos en la gestión de la crisis de la ministra de Sanidad. Ha demostrado una gran incapacidad de gestión en anteriores crisis menores, ha trasladado el vicesecretario de coordinación autonómica y local y análisis electoral del Partido Popular,Elías Bendodo, en unas declaraciones a los medios.

Exigen transparencia y piden al Gobierno enviar efectivos

Los populares han exigido “transparencia” al Gobierno para “trasladar tranquilidad” frente a la crisis del hantavirus y han pedido al Ejecutivo no tomar decisiones “sin conocer” la realidad a bordo del barco. “Estamos solicitando el envío de efectivos necesarios para conocer exactamente la situación que se está viviendo, cuál es la cepa que está afectando al crucero y cuál es el número real de contagios [..] No se puede fallar”, ha añadido Bendodo.

El MV Hondius, el barco que cubría una ruta entre Argentina y Canarias, permanece aislado y preparando la cuarentena tras confirmarse varios contagios. La versión oficial es que hay al menos ocho casos sospechosos y tres positivos confirmados en pruebas realizadas en Suiza y Sudáfrica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha puesto el foco en la variante “Andes” del virus, poco habitual fuera de Sudamérica y única capaz de transmitirse entre personas a través de contacto directo y estrecho.

El jefe del Ejecutivo ha presidido esta mañana en La Moncloa la reunión de seguimiento del desembarco junto a cuatro ministros (Sanidad, Interior, Política Territorial y Transportes) y ha contado con la participación del presidente canario. Está prevista una rueda de prensa a las 13:15.

Vox lleva la polémica al terreno del odio

Por su parte, Vox ha aprovechado la crisis para recurrir al discurso del odio, comparando la escala del crucero con hantavirus en Canarias con la llegada de migrantes.

Así lo ha expresado en un mensaje en X el portavoz nacional de Inmigración, Interior y Seguridad de Vox, Samuel Vázquez. “Hoy hablamos de un barco en Canarias con personas con posible enfermedad contagiosa dentro, como si no llegaran todos los días, ha afirmado Vázquiez, quien ha acusado después al Gobierno de permitir la escala “sin control”.

Los hechos son los siguientes: el 19 de marzo de 2024, un agente vestido de paisano pidió la identificación a dos personas en las proximidades del domicilio particular de Díaz Ayuso. Horas más tarde, Rodríguez envió a un chat de periodistas la fotografía de esas dos personas, profesionales de El País, con nombre y apellidos, indicando en un mensaje que estos estaban “acosando a los vecinos de la presidenta -Díaz Ayuso-, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”.

Como contexto, días previos saltaron las primeras noticias sobre el empresario Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, en relación con la denuncia de la Fiscalía por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros. Según El País, sus trabajadores trataban de averiguar si González Amador realizó una obra ilegal en la vivienda, motivo por el que estuvieron cerca de una hora hablando con vecinos o comercios cercanos, a fin de conocer si habían sabido de alguna reforma.

“¿Dónde está el secreto?”

Cuando se marchaban, un agente -que en un primer momento se sotuvo que era la escolta de la presidenta de Madrid- les pidió la identificación, que facilitaron. Acto seguido, según El País, recoge la agencia EFE, Rodríguez envió a periodistas de otros medios “una información falsa” e “insinuó falsamente una conducta delictiva” con el propósito de “intimidar a la prensa en un momento en que la presidenta regional se encuentra cuestionada por el presunto fraude fiscal que ha confesado su pareja”.

La declaración de Rodríguez ha coincidido con el viaje oficial de Díaz Ayuso de diez días en México. Su principal colaborador, que no ha podido acompañarla, se presentaba esta mañana a primera hora en los juzgados de Plaza de Castilla, donde ha negado haber cometido delito alguno. Ante los medios que le esperaban a la puerta, el asesor ha enmarcado todo en una estrategia política del PSOE para que le vean entrar en un tribunal y “hacerle parecer culpable”.

MÁR (como se le conoce coloquialmente), ha asegurado ante la jueza que la información que difundió no procedía de fuentes policiales y que los periodistas perjudicados “firman cada día en su periódico”, por lo que “no es una revelación de secretos”, deduce. “¿Dónde está el secreto? A estos periodistas les conozco. Me las envió -las fotografías- un vecino enfadado porque habían molestado a su hija”, ha defendido. Dice también ignorar quiénes son los policías que identificaron a los informadores.

“Matonismo barato de barra de bar”

La jueza ha identificado y llamado a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que prestaron su servicio como escoltas de Díaz Ayuso los días 18 y 19 de marzo de 2024.

Horas antes de la cita de MÁR, el PSOE expresaba su confianza en la Justicia para acabar “con este matonismo barato de barra de bar”, que es como califican la actitud del asesor. “Es una vergüenza que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid persiga y amenace a periodistas. Debería haber sido cesado hace ya tiempo”, ha dicho el partido a la agencia EFE, recordando también que Rodríguez ya amenazó a profesionales de eldiario.es, diciéndoles “os vamos a triturar”.

Ecologistas en Acción lo califica de “pelotazo urbanístico”. Se trata del plan parcial Majada de las Monjas, que unos propietarios privados quieren desarrollar en plena sierra de Madrid, en el pequeño municipio de Becerril de la Sierra (6.700 habitantes), gobernado actualmente por un Gobierno de coalición de PP y Vox. El plan se acaba de exponer a información pública para que se puedan presentar alegaciones, un plan que prevé construir un 79% más de las viviendas previstas inicialmente, pasando de 43 a 77 en dos parcelas que suman 48.600 metros cuadrados de un alto valor ecológico.

“Este plan parcial es un trato de favor hacia los propietarios del ámbito, con la pretensión de multiplicar el uso lucrativo previsto en las normas urbanísticas, autorizando la construcción de 34 viviendas más sobre las 43 establecidas por la actual normativa”, explica Adolfo Rodríguez, portavoz de los ecologistas. El objetivo que tienen los dos propietarios del suelo (una familia de toda la vida de Becerril y el estudio de arquitectura Fernández Carballada) es levantar en estos terrenos 43 pisos en altura, en cuatro bloques, y luego 34 chalés en parcelas más pequeñas de 350 metros cuadrados.

“La aspiración es que haya un mayor lucro para los propietarios, la antítesis de lo que debería suponer una ordenación del territorio hecha en base a los intereses generales”, denuncian desde Ecologistas. “Nosotros también hemos presentado alegaciones. Apostamos por construir solo 43 viviendas, no 77, y que sean viviendas bajas, chalés. ¿Por qué? Esta zona de Becerril está alejada del casco urbano y muy cerca del límite con Moralzarzal, lo que construir pisos en altura atenta contra la morfología urbana en un territorio de carácter rural y con importantes valores medioambientales y paisajísticos", explica Manoli Jiménez, portavoz del grupo socialista.

Los ecologistas señalan que el documento aprobado por el Ayuntamiento es “rudimentario, incompleto y de baja calidad. Lo que venimos denominando como ‘ecopostureo’, donde hay términos que pueden sonar bien, pero que son ambiguos y superficiales, que no comprometen y que son impropios de un documento que pretende ser una norma urbanística. Se abusa de ‘se intentará’, ‘en la mayor medida posible’, ‘se propondrá’. ‘el máximo respeto posible’, ‘preferiblemente’, ‘se estudiará’, ‘preferentemente’, ‘adecuarse lo más posible’...” Además, su aprobación crearía un grave precedente. Infobae se ha puesto en contacto con un portavoz municipal para trasladarle una serie de cuestiones, pero al cierre de esta información no había obtenido respuesta.

Un efecto imitación

De aprobarse la densidad de viviendas propuesto en este Plan Parcial, “se provocaría un efecto imitación y agravio comparativo, que llevaría a que los propietarios de los numerosísimos ámbitos sin edificar o urbanizar que existen, exigieran el mismo nivel de densificación, planteando incrementos en el número de viviendas en torno al 80%, lo que desbordaría todas las previsiones de las Normas Subsidiarias, las infraestructuras y servicios públicos”, recalca Adolfo Rodríguez. Una persona que tuviera, por ejemplo, una parcela de 1.000 metros cuadrados en la que solo se permitiera una vivienda unifamiliar, podría plantear, por agravio comparativo, una modificación para hacer tres viviendas unifamiliares en ella o incluso un bloque multifamiliar para 20 pisos.

Este plan de iniciativa privada y aprobación municipal cuenta con que de las 77 viviendas, 43 serán protegidas, VPP, “una coartada de interés social que carece de fundamento”, denuncian los ecologistas. Los precios máximos legales para VPP en Becerril de la Sierra han aumentado entre un 67% y un 80% tras la reclasificación de zonas, situándose en valores altos para sectores vulnerables y jóvenes. Una vivienda VPP básica (de 90 metros cuadrados) costaría unos 202.700 euros, mientras que una VPP de precio limitado (entre 80 y 120 metros cuadrados) oscilaría entre los 239.300 y los 317.000 euros. “Las VPP pueden ser adquiridas por familias con rentas de hasta 90.000 euros al año, sin cupos reservados para habitantes del municipio y sin requisitos sociales específicos”.

El plan también señala que las parcelas afectadas “apenas tienen cobertura arbórea”, lo que según los ecologistas falta a la realidad. De hecho, todo el ámbito tiene unos altos niveles de protección por estar situado en Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, la Zona de Transición de la Reserva de la Biosfera Cuencas altas de los ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama, la Zona Forestal de la Comunidad de Madrid, la Zona de Alta Calidad de Paisaje, la Zona de Alta Fragilidad de Paisaje, y estar junto a la vía pecuaria Vereda de los Arroyuelos. Hay una importante presencia de fauna dentro de este paraje y una rica vegetación mezcla de roble rebollo y fresno, con matorrales y praderas.

Desde el PSOE recuerdan que en 2013 el PSOE llegó a un acuerdo para el PP para hacer 60 viviendas de protección adosadas, “pero llegamos a la votación y tres ediles del PP votaron en contra con IU y Podemos. Ya estaría hecho si se hubiese aprobado, pero ahora meter bloques es una locura. Hay que conjugar el desarrollo urbanístico del pueblo con el medio ambiente. No lo llamaríamos pelotazo. Venimos de 40 años sin reformas urbanísticas. Quedan cinco planes parciales por desarrollar de hace 40 años, que han perdido vigencia y hay que actualizarlos". Este plan en concreto todavía tiene que aprobarse en el Pleno.

José Luis Ábalos se ha negado este lunes en el Tribunal Supremo a responder a las preguntas de la acusación popular, encabezada por el Partido Popular, al que ha acusado de hacer oposición política mediante un “uso torticero de la Justicia” en el juicio por el presunto amaño de contratos de mascarillas durante la pandemia.

El exministro de Transportes ha marcado así desde el primer momento el tono de su intervención en la sesión vespertina de la decimotercera jornada, en la que también están acusados el empresario Víctor de Aldama y el exasesor ministerial Koldo García. Tras haber respondido por la mañana a la Fiscalía Anticorrupción negando las acusaciones, Ábalos ha optado por levantar un dique frente a las acusaciones populares y a la defensa de Aldama.

El intento de interrogatorio por parte de la acusación popular ha quedado abortado antes de tomar forma. A la primera pregunta, Ábalos ha respondido con una negativa tajante, amparándose en un “principio de coherencia”. Ha recordado que ya había solicitado la exclusión de los partidos políticos del procedimiento y ha sostenido que no reconoce ese espacio como legítimo para su actuación.

A su juicio, la presencia de partidos en el proceso desborda los límites de la acción judicial y convierte el juicio en un instrumento de confrontación política. “Entiendo que no es el foro de acción de un partido político, tiene otras formas”, ha sostenido, ni tampoco “la vía para conformar y contribuir a la formación de la opinión pública”.

En ese contexto, ha dirigido sus reproches al PP, al que ha señalado como impulsor de esa estrategia. Según ha expuesto, las acusaciones populares no actúan con el objetivo de esclarecer los hechos, sino de “hacer una acción de oposición al Gobierno”. De ahí su negativa a responder a sus preguntas.

El tribunal le ha recordado que entre las acusaciones populares figuran también entidades ajenas a los partidos. Ábalos no ha negado ese extremo, pero ha insistido en que el liderazgo del PP dentro de ese bloque es evidente. “Se le reconoce perfectamente”, ha resumido, sin modificar su decisión.

Cuestionamiento de Aldama

La misma línea de rechazo se ha extendido a la defensa de Víctor de Aldama. Ábalos tampoco ha querido contestar a su abogado y ha aprovechado cuestionar el papel procesal del empresario —quien se encuentra en libertad— y el sentido de su actuación en la causa. “Habrá visto que somos dos personas que venimos de la cárcel y otra, sin haber colaborado en la causa, fue puesta en libertad”, ha señalado.

El exministro ha descrito a Aldama como una figura “muy rara” dentro del procedimiento, llegando a calificarlo de “ornitorrinco procesal”. Con esa expresión, ha expuesto lo que considera un papel atípico, marcado por una supuesta colaboración con la Justicia cuyo alcance ha cuestionado abiertamente.

En su intervención, ha dejado entrever que esa estrategia podría responder a un intento de obtener beneficios judiciales, desviando la atención hacia un terreno ajeno al núcleo del proceso. Ha hablado de actuaciones en un plano “extraprocesal” y ha sugerido que se estaría tratando de “eludir la responsabilidad” mediante la politización de la causa.

Ese planteamiento enlaza con la crítica que había dirigido previamente a las acusaciones populares. Para Ábalos, tanto la actuación de los partidos como la posición de Aldama forman parte de una dinámica que desvirtúa el procedimiento judicial.

Las elecciones andaluzas cerrarán el próximo 17 de mayo un maratoniano ciclo electoral de cuatro elecciones casi seguidas. Los partidos, que sacarán sus propias conclusiones del conjunto de estos resultados, ya tienen la mirada puesta en un decisivo 2027, año en el que se agotará la legislatura de Pedro Sánchez. El escenario electoral que dibujan los últimos sondeos elaborados por 40dB para El País y Sigma Dos para El Mundo revela que, con leves diferencias en sus cifras, el Partido Popular se impondría como primera fuerza frente a un PSOE que absorbe a las formaciones a su izquierda y un Vox que presenta señales de estancamiento.

En concreto, el sondeo de 40dB otorga al partido de Alberto Núñez Feijóo un respaldo de alrededor del 31,3% de los votos, similar al resultado que prevé la segunda encuesta, ligeramente más optimista, con un 32,3%. En todo caso, los datos muestran que los populares cosecharían menos votos que en 2023.

El Partido Socialista permanece por debajo del listón del 29%, con una pérdida de 3,3 puntos con respecto a su resultado en los últimos comicios generales. No obstante, el hundimiento de Sumar y Podemos amortiguaría la caída de la formación de Pedro Sánchez. Sigma Dos estima que los socialistas podrían captar hasta el 19,2% del voto que Sumar obtuvo en 2023, una transferencia que supera la captación de Podemos y refleja un trasvase neto de apoyos hacia los socialistas.

Vox se estanca, pero es el que más crece

En cuanto al futuro de Vox, ambas encuestas coinciden en que la extrema derecha saldría como tercera fuerza, siendo el partido que, con diferencia, más crece desde las pasadas elecciones.

No obstante, los datos constatan que la tendencia con los de Abascal es descendente después de batir máximos en los últimos meses: pierde cerca de un punto porcentual en estimación de voto en solo un mes y acumula varios meses en caída. La encuesta de Sigma Dos añade que esto se traduciría en la pérdida de un diputado respecto al último sondeo. En todo caso, la gran fortaleza de Vox reside en la fidelidad de su votante: casi el 88% de quienes optaron por la formación ultra en 2023 repetiría hoy su voto.

Una de las novedades de los próximos comicios será la candidatura del partido de Alvise Pérez, que logró obtener representación en las elecciones al Parlamento Europeo, pero no consiguió repetirlo en el actual ciclo autonómico. Según 40dB, la candidatura de Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta, crece casi un punto y se aproxima a igualar a Podemos en estimación de voto.

La derecha se impone con casi 13 puntos respecto a la izquierda

La suma de bloques deja una realidad demoledora para el espacio progresista. Los votos de los partidos de derecha y extrema derecha, PP y Vox, alcanzan el 49,2% de los votos, que podría escalar al 51% si se le añaden los de Se Acabó la Fiesta. La izquierda (PSOE, Sumar y Podemos) reúne al 36,6%.

Es decir, la ventaja del PP y Vox sobre las fuerzas progresistas es de casi 13 puntos. La intención de voto de los partidos (Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y CC) que apoyaron la investidura del líder socialista aglutina el 7,6% de los votos, medio punto más de lo que sumaron en 2023.

Trece años han tenido que pasar para que la Audiencia Nacional celebre el juicio por el caso Kitchen, la causa que apunta a la cúpula del Ministerio del Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy, con Jorge Fernández Díaz al frente y como principal señalado. Según la Fiscalía, es el presunto cabecilla político de una trama dirigida a robar pendrives y agendas de Luis Bárcenas con la contabilidad B del PP para evitar que acabaran en manos del juez. Solo dos han transcurrido para que tenga lugar, y coincidan en el tiempo, el del caso mascarillas, que sienta en el banquillo a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, si bien este último ha obrado más de acusación que de acusado, apuntando a Pedro Sánchez.

Los titulares han sido para el presidente, sobre el que no consta prueba ni citación al respecto. Y pese a que por la Audiencia y el Tribunal Supremo han desfilado rostros tan conocidos como los propios Ábalos, Koldo, Mariano Rajoy o Soraya Sáenz de Santamaría -estos dos últimos en calidad de testigos-, ninguno de ellos ha protagonizado un interrogatorio como el de Manuel Morocho, el inspector jefe de la UDEF que lideró la investigación de Gürtel. Fue quien en 2013 recibió el encargo de elaborar un informe sobre los llamados papeles de Bárcenas, el trabajo en el que más presión, obstáculos y zancadillas ha debido sortear.

Morocho es presentado como jefe de la UDEF, pero podría serlo por algún otro cargo de los que se le ofrecieron a lo largo de las pesquisas para que se apartara del caso, todos mejor remunerados. No aceptó. Pero no pudo hacer nada por retener a su equipo, que, uno a uno, también recibió suculentas ofertas, hasta dejarlo solo. Pero, por comenzar por el principio, 2013, Morocho relató al tribunal que nada más recibir el encargo, sus superiores le transmitieron que aquella documentación era “una ideación de Bárcenas” sin “ninguna verosimilitud” y que respondía a cosas “de él, pero nunca de la formación política para la que trabajaba”, en referencia al PP.

El nombre de Rajoy

Preguntado por la abogada del PSOE, Gloria Pascual, confirmó que recibió una instrucción expresa para que el nombre de Rajoy no apareciera en sus informes. Pero la presión no se limitó al entonces presidente. Cuando Morocho incluyó en uno de sus informes a Ignacio López del Hierro, entonces marido de María Dolores de Cospedal, su jefe de unidad, Manuel Vázquez, le llamó al día siguiente para decirle que había cometido un “grave error” y le instó a subsanarlo. El inspector se negó porque no podía “omitir a nadie” y trasladó el asunto al juez instructor. La mención generó, según sus palabras, “desasosiego en toda la escala de mandos”.

En ese contexto, a su jefe de sección, Miguel Ángel Cuevas, “se le escapó” revelarle que López del Hierro era “amigo” del comisario José Manuel Villarejo, uno de los acusados en el caso Kitchen. El nombre de Cospedal tampoco pudo reflejarse pese a que aparecía como persona apoderada de una cuenta.

El episodio más grave que describió Morocho fue la filtración de un documento de su investigación a la propia Cospedal. Su entonces jefe en la UDEF, el acusado José Luis Olivera, le solicitó un fax intercambiado entre Pablo Crespo y Bárcenas que permitía identificar al extesorero como ‘Luis el cabrón’ y, posteriormente, le comunicó: “Ya me he encargado yo de que lo tenga Cospedal y lo tiene en su caja de seguridad”. “Me quedé estupefacto (...), era un documento importante a los efectos de ir construyendo poco a poco la prueba, (...) no sé por qué tenía que salir del ámbito de la investigación”, declaró el inspector ante el tribunal.

“Querían echar abajo la investigación”

Morocho también atribuyó a Olivera haberle pedido el teléfono de Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, cuando este ya había ingresado en prisión provisional, lo que interpretó como un “indicador” de que “el escenario que se estaba generando era de que iba a haber una acción en el entorno del extesorero”. El investigador avisó al juez instructor Pablo Ruz de la existencia de esa pesquisa paralela en 2015: “Están encima de Bárcenas”, le dijo, y ambos optaron por actuar “con cuidado porque había unos indicios claros de que querían echar abajo la investigación”.

Las obstrucciones, según el testigo, tenían una cadena de mando definida. El fiscal César Rivas le preguntó por los nombres implicados y Morocho los enumeró. Las reuniones con esa cadena de mando se convertían en sesiones de cuestionamiento sistemático sobre el contenido de sus informes: si la documentación era extracontable o no, quiénes figuraban como donantes o receptores de fondos, o la correlación entre las salidas de caja B y los pagos de la reforma de la sede del PP.

La estrategia para neutralizar al grupo de investigación incluyó también el desmantelamiento progresivo del equipo. Tres personas lo abandonaron en 2013, un subinspector en 2014 y otras cinco en 2015, a quienes se les ofrecieron puestos mejor remunerados. La merma dejó informes sin elaborar “porque no había capacidad investigativa”. A Morocho, en particular, se le ofreció un destino en Lisboa -en una conversación en la que Olivera dijo haber recibido una llamada del entonces ministro del Interior, Fernández Díaz- y una estancia de formación con el FBI en Estados Unidos. Él rechazó ambas ofertas y alertó al juez de que intentaban “largarle”. El superior Vázquez llegó a decirle que el propio Rajoy conocía “su nombre”.

Tornillería, un taladro y matrículas policiales

El entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, también acusado, le presentó al comisario Enrique García Castaño -figura central en Kitchen pero apartada de la causa por motivos de salud-, quien le espetó: “Tú qué haces aquí si tenías que estar muerto”. Morocho también relató indicios de que su despacho pudo haber sido vigilado con micrófonos. Ante el tribunal mostró una bolsa con material de tornillería, un taladro y matrículas oficiales de la Policía que encontró en su lugar de trabajo. El juez Ruz, ante esa evidencia, optó por trabajar con un portátil externo para evitar “fugas de información” y por mantener las conversaciones sensibles fuera del despacho.

Entre las maniobras de desgaste que describió el inspector figuró también la retención de un informe sobre el exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda, marido de la exministra de Sanidad Ana Mato. Morocho lo entregó en 2011 y sus superiores lo guardaron más de un año, hasta que el juez lo reclamó en febrero o marzo de 2012. Su contenido derivó en que Mato fuera juzgada y condenada como partícipe a título lucrativo.

Este lunes continúa el juicio, por el que pasan presidentes del Gobierno, ministros, altos mandos policiales, agentes encubiertos y confidentes, con diez acusados que afrontan peticiones de cárcel de 19 años para Villarejo o 15 para Fernández Díaz y su ‘dos’ Francisco Martínez, además de la inhabilitación. Serán un total de 35 sesiones entre Madrid y San Fernando de Henares.

El nuevo Gobierno de Aragón ha dado a conocer su nueva composición con los representantes del Partido Popular y Vox. El acuerdo de gobierno otorga a Alejandro Nolasco, líder de la formación de ultraderecha en Aragón, la Vicepresidencia y la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia. Junto a él, además, habrá otras dos consejería clave para los socios de gobierno de los populares: Agricultura, Ganadería y Alimentación y Medio Ambiente y Turismo.

La nueva estructura, que contará con un total de nueve departamentos, ha sido presentada un día antes del acto de toma de posesión previsto en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, donde el presidente Jorge Azcón estará acompañado por su círculo de confianza y las nuevas incorporaciones.

Entre los cambios más relevantes también figura la llegada de Eva Valle Maestro a la Consejería de Economía, Competitividad y Empleo. Con experiencia en organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, Valle asumirá este departamento como respuesta a la estrategia de reforzar el área económica en el gabinete.

Nueva distribución de competencias en el Ejecutivo

Desde Vox, Arancha Simón, con más de dos décadas de experiencia en gestión de regadíos y dirección de obras hidráulicas, sustituirá a Javier Rincón y reforzará la presencia técnica en el área agrícola. Por su parte, Luis Biendicho, funcionario de carrera y experto en asesoría jurídica, asumirá la cartera de Medio Ambiente tras desempeñar funciones en la gestión de empresas públicas y en la secretaría técnica del Departamento de Agricultura.

El núcleo central del gabinete se mantiene con Mar Vaquero, quien retiene la Vicepresidencia y competencias en Presidencia y Justicia, e incorpora Cultura a su gestión. Vaquero, abogada con amplia experiencia en el ámbito local y autonómico, cede Economía a Eva Valle, marcando un ajuste en las áreas de influencia dentro del gobierno.

Roberto Bermúdez de Castro continúa al frente de Hacienda, Interior y Administración Pública, tras una carrera en la gestión empresarial y en instituciones estatales como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y La Liga. Octavio López, por su parte, conserva su posición en Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, respaldado por su experiencia en la administración local y orgánica del Partido Popular.

Una nueva oportunidad

La renovación se extiende a dos áreas estratégicas: Sanidad y Educación. Ángel Sanz Barea, ingeniero industrial y funcionario superior, asume el reto de liderar la gestión sanitaria tras dirigir instituciones como AST y el Servicio Navarro de Salud. Su perfil técnico y su experiencia en la administración autonómica sustentan esta designación. Por otro lado, Carmen Susín Gabarre toma la responsabilidad de Educación. Con formación en Ciencias Políticas, Derechos Humanos y contabilidad pública, y un máster en liderazgo, Susín aporta una visión orientada a la gestión y la auditoría de la administración educativa.

La toma de posesión de los nuevos consejeros tendrá lugar en el Edificio Pignatelli, donde cada uno asumirá formalmente las competencias asignadas, dando comienzo a una etapa en la que la gestión compartida entre Partido Popular y Vox será puesta a prueba tras el adelanto electoral que impulsó Azcón ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo para aprobar los presupuestos autonómicos.

Ayuso ha expresado su preocupación por la situación nacional y la falta de apoyo administrativo a Madrid, pese a su papel como capital internacional. “Somos la región más heterogénea que existe, hecha de todas las formas de ser español. ¿Cuántas oportunidades estamos perdiendo en estas circunstancias?”, ha afirmado. Ha reclamado centrarse en proyectos estatales que impulsen infraestructuras, incentiven a los médicos y apoyen a autónomos, familias y la natalidad.

En su discurso, la presidenta ha puesto en valor la convivencia entre la vida social y la diversidad cultural de la región, y ha subrayado la solidaridad de los madrileños. “Todos actuamos si vemos a alguien en apuros”, ha dicho. Además, ha celebrado la próxima visita del Papa León XIV y ha expresado su deseo de que el Ejército regrese a la Puerta del Sol tras la suspensión de la parada militar.

Ayuso ha reivindicado el carácter autónomo y resistente de la región. Al referirse a la ausencia del Ejército en la Puerta del Sol, la presidenta ha destacado que la sociedad madrileña actúa como un verdadero ejército civil, capaz de hacer frente a cualquier desafío que amenace su libertad. A partir de ahí ha hecho su apunte de no dejarse controlar por nadie, en referencia al Gobierno.

La defensa de Madrid de Ayuso

Durante el acto institucional celebrado por el Día de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha puesto en primer plano la idea de una región construida sobre la diversidad y abierta a todas las realidades. La presidenta ha realizado un repaso por la historia de la ciudad, evocando sus orígenes como villa modesta y su transformación en punto de referencia para el país. Ha recordado cómo la capital se ha convertido en un espacio donde confluyen caminos e historias, y ha remarcado el carácter hospitalario y plural que, según su visión, define a la sociedad madrileña.

Ayuso ha hecho referencia al legado arquitectónico y cultural que conecta el pasado con el presente, subrayando la importancia de las decisiones históricas tomadas en Madrid para el desarrollo del Estado moderno. Ha defendido que la ciudad es símbolo de mestizaje y puente entre continentes, y ha señalado la Plaza Mayor como un ejemplo de este espíritu integrador.

La presidenta ha resaltado que la capital ha sabido combinar tradición y modernidad, con barrios llenos de vida, literatura y costumbres que se entrelazan. Ha recordado el papel de Madrid como escenario de grandes gestos colectivos, y ha puesto en valor la entrega de distinciones a quienes representan la excelencia y el compromiso social. En su visión, Madrid se define por la acogida, el respeto a la pluralidad y la defensa de valores como la libertad y el Estado de Derecho, que considera fundamentales para el futuro de la región.

Este sábado 2 de mayo, en medio de las reivindicaciones políticas por el día de la Comunidad de Madrid, han hecho entrega de la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a 14 personalidades. Según explica la comunidad, los seleccionados responden a personas, entidades e instituciones a los que se quiere reconocer sus trayectorias, solidaridad y contribución al desarrollo social, cultural y deportivo de la región.

El acto, celebrado en la Real Casa de Correos y presidido por Isabel Díaz Ayuso, es uno de los momentos clave de la conmemoración oficial del Día de la Comunidad. Dentro de los premiados hay personas conocidas, proyectos con menos altavoz, deportistas o artistas, buscando cierta diversidad entre los protagonistas, pero siempre respondiendo a su aportación a Madrid.

Figuras del deporte, el arte o la comunicación

Uno de los nombres más reconocibles es Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid desde 2003, que recibe el premio por impulsar la modernización y proyección internacional del club, además de su labor como productor cinematográfico, fundamental en la conservación del patrimonio audiovisual español. El piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz Jr. también ha recibido la distinción, por consolidarse como referente y embajador del deporte madrileño en el ámbito internacional.

La esquiadora paralímpica Audrey Pascual, bicampeona del mundo, ha sido distinguida como modelo de superación y ejemplo en el deporte adaptado. La Vuelta Ciclista a España y su director, Francisco Javier Guillén Bedoya, han sido premiados por su contribución al desarrollo deportivo y la proyección internacional de Madrid. En el acto, Ayuso recordó el boicot contra la Vuelta, “una de las competiciones deportivas más queridas por todos los españoles”, por las protestas en contra de Israel. “Ni los deportistas ni los organizadores merecían ese final”, señaló.

El Gobierno regional ha concedido la Gran Cruz al pintor Augusto Ferrer-Dalmau, considerado uno de los principales exponentes de la pintura histórica en España. Su obra ha revitalizado el interés por el patrimonio histórico nacional. En comunicación, el periodista César Lumbreras ha sido galardonado por su trabajo al frente de Agropopular durante más de cuatro décadas, dando visibilidad al mundo rural.

Empresas e instituciones

La ceremonia de entrega de la Gran Cruz del Dos de Mayo ha destacado la trayectoria de empresas e instituciones emblemáticas de la Comunidad de Madrid. IBM ha sido reconocida por sus 100 años de presencia en España y su aportación al desarrollo tecnológico en la región. El Hospital Universitario San Francisco de Asís ha recibido la distinción tras un siglo dedicado a la atención sanitaria continuada de los madrileños.

En el ámbito medioambiental y social, el reconocimiento ha recaído en los profesionales del Centro de Recuperación de Especies Silvestres (CRAS) por su dedicación a la recuperación de la fauna silvestre y la conservación de la biodiversidad. También han sido distinguidos Miguel Carballeda, presidente de la ONCE, por su trabajo a favor de la integración de personas con discapacidad, y José Eugenio Guerrero, jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón y de HM Hospitales, por su liderazgo durante la pandemia.

Entre las empresas tradicionales, La Pajarita ha sido valorada por mantener la calidad y la elaboración artesanal desde 1852. El Club Metrópoli, gestionado por el Grupo Paraguas en el Edificio Metrópolis, ha sido destacado por dinamizar el patrimonio arquitectónico y cultural de la capital. Los doce alumnos del IES Humanejos de Parla, conocidos como “Los vigilantes de Parla”, han sido distinguidos por su valentía al salvar una vida durante un viaje escolar en Irlanda, reflejando valores de civismo y solidaridad juvenil.

La mayoría absoluta habilita a Isabel Díaz Ayuso a legislar sin apenas sufrir desgaste en la Asamblea de Madrid, luego la oposición debe poner todos los huevos en la cesta de la comunicación. Para que esta sea eficaz, la acción y el mensaje deben sostenerse sobre la apariencia de un proyecto sólido, lo que pasa necesariamente por que todos y cada uno de sus representantes sean una sola voz, por intenso que pueda ser el debate interno. O que quien ha de depositar su voto en esas siglas tenga la confianza en que su mayor y más urgente propósito es poner en marcha cada una de las medidas por las que aboga.

Más Madrid tiene un capital político relevante. Se trata de la segunda fuerza en la Comunidad, pero más trascendente que eso, se identifica como la principal alternativa y azote del PP, dejando en segundo plano al centenario PSOE. Los socialistas tienen a su candidato trabajando en un ministerio, del que dimitirá cuando toque la campaña. Entre las fortalezas de la marca impulsada por Manuela Carmena en 2018 están precisamente su arraigo y también su no dependencia de un aparato superior. Superadas turbulencias iniciales o crisis de crecimiento, tampoco habían mostrado problemas de convivencia.

Hasta que el sábado 25 de abril, Mónica García proclamó: “Quiero ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid”. Las elecciones estaban ahí, y Más Madrid no tenía un candidato, pero tampoco se aventuraba un episodio traumático. De un lado Manuela Bergerot, portavoz, principal activo frente a Díaz Ayuso, rival en los cara a cara. Por otro, Emilio Delgado, rostro televisivo y viral y subido al intento de Gabriel Rufián. La sorpresa es García, compañera de Óscar López, quien se suponía fuera de la carrera. Que Sanidad era un fin, un asiento, y no un trampolín.

“Emilio ha cometido dos errores”

La ministra ha anunciado su intención de saltar del barco cuando tiene importantes vías de agua abiertas. Los médicos han tomado nota y han dejado de considerarla interlocutora en su huelga. La ven ya enfocada en su salida y quieren negociar con Pedro Sánchez. Ahora tiene nuevos problemas, derivados de sus intenciones. García entró en Al Rojo Vivo de laSexta como en tantas ocasiones, pero no iba a ser como el resto. En la mesa estaba Delgado y Antonio García Ferreras apenas tuvo que deslizar el asunto para que entre ellos empezara a advertirse una tensión que trató de vestirse de cordialidad.

“No competimos entre nosotros, competimos con Ayuso, tenemos claro quién es el adversario. Nos hemos presentado siempre de forma consensuada”, comenzó García. Siguió Delgado: “Para desalojar al PP es imprescindible arrancar con un enorme movimiento democrático que sea lo más participativo posible”. La frase, que parece lógica e inocente, tenía toda la intención. Todo responde al cambio en los estatutos de 2025, cuando por mayoría se decidió cambiar un sistema de participación “complejo e incomprensible”, según fuentes del partido, por uno más sencillo, reduciendo el censo.

Más Madrid pasó de reconocer tres figuras, la del inscrito, el afiliado y el colaborador, a solo dos, la del simpatizante y la del militante, según su grado de implicación en la actividad de la formación. Sobre este y otros asuntos hubo enmiendas, pero ninguna fue de Delgado. “Emilio ha cometido dos errores: no conoce las normas de su partido y no quiere someterse a lo que decidió la mayoría”, dicen desde la secretaría de Organización a Infobae. El aspirante, que hace cálculos en su pugna con García, considera que esta simplificación echa abajo sus posibilidades.

El PP deja hacer

Retrocediendo a la amable hostilidad en televisión, hay otra frase afilada, esta de García: “Nos hemos presentado siempre de forma consensuada”. La ministra no estaba negando un proceso interno para elegir al candidato, sí apelando a la discreción, ya solo por los abundantes precedentes de cuantas opciones de izquierdas se han marchado por el mismo sumidero, el del liderazgo. La unilateral aventura de Delgado con Rufián no sentó bien, y todavía menos que este pusiera a García en un compromiso en pleno directo en televisión, actuando como rival y no como compañero.

Más Madrid tiene un capital político relevante, decíamos. Hoy, muchos dentro, de un lado y otro, coinciden en mencionar a Podemos, pero hoy también los chats echan humo, los partidarios de uno y otro disparan contra el otro y el uno, y hasta cerrar esta herida ya no puede pensar en las elecciones, para las que puede ser más crucial el cómo -se desarrollan las primarias- que el quién -las gana-. Ni García ni Delgado están dispuestos a ceder, convencidos de ser capaces de tumbar a Díaz Ayuso. Ya lo intentaron Ángel Gabilondo, Íñigo Errejón, Pablo Iglesias, Juan Lobato y la propia García dos veces.

Los dos se consideran arietes para gobernar en la Puerta del Sol y entre los dos pueden dinamitar toda opción, poniendo a Díaz Ayuso una alfombra hacia cuatro años más. Con un PSOE débil, las dudas al PP podían surgirle con Más Madrid, fuerza joven pero con importante arraigo en distritos y barrios y empuje en redes sociales, y precisamente en ausencia de un PSOE fuerte, potencial voto útil en la izquierda. Pero ni con esas, uno y otro se necesitan, deben sumar. En el Gobierno de la Comunidad prefieren no intervenir, o no lo ven necesario después de poner laSexta. Que se maten entre ellos y a esperar el fruto.

La campaña electoral andaluza para el 17 de mayo ha comenzado con los principales candidatos lanzando sus mensajes en distintas ciudades de la comunidad, marcando el inicio de dos semanas de actividad política intensiva.

A partir de las 00:00, se dio comienzo a la tradicional pega de carteles, un acto simbólico que oficializa el arranque de la campaña y que reunió a equipos y simpatizantes en diferentes puntos de Andalucía.

La búsqueda de votos y la movilización de los diferentes electorados han centrado las primeras horas de unas elecciones en las que el empleo, los servicios públicos y la seguridad ocupan el centro del debate.

Moreno pide mayoría y estabilidad

Durante la apertura de campaña, Juanma Moreno ha comenzado los actos en los Jardines de Murillo, en Sevilla, conminando a los andaluces a realizar “un examen” de su gestión al frente de la Junta. Ha subrayado que, tras siete años y cuatro meses de gobierno, se ha dejado atrás una etapa marcada por deudas con universidades y proveedores, y por situaciones como las “camas en los pasillos” de hospitales.

El actual presidente y candidato a la reelección por el PP ha defendido que necesita una mayoría legislativa fuerte, remarcando que “cuando las cosas van razonablemente bien, no nos podemos meter en un lío”. Moreno ha advertido así del riesgo de perder la mayoría absoluta, lo que podría abocar a pactos con Vox, y ha subrayado la importancia de garantizar la estabilidad institucional.

El presidente popular ha afirmado que mantiene “más ganas de Andalucía que nunca” y que quiere continuar impulsando reformas dirigidas a crear empleo y futuro para la comunidad. Del mismo modo, ha pedido a su electorado “no meterse en líos”, haciendo un llamamiento explícito para que el futuro gobierno andaluz no dependa de otras fuerzas políticas, en alusión a Vox.

Asimismo, Moreno ha sostenido que el avance logrado bajo su mandato requiere continuidad y ha instado a mantener “seguridad y solidez” durante los próximos cuatro años, además de reivindicar que el PP “se ha ganado a pulso la confianza y el cariño de la ciudadanía de Andalucía”.

Montero apela a la movilización

En el acto de apertura celebrado en Granada, la candidata del PSOE, María Jesús Montero, se ha dirigido a sus simpatizantes pidiendo “movilización” ante lo que ha calificado de “encrucijada” electoral. Ha advertido en su intervención del peligro de “sociedades que excluyen a una parte por molestar a algunos”, señalando el riesgo que suponen políticas basadas en la llamada “prioridad nacional”.

Montero ha insistido en que la sanidad pública, la educación y la dependencia se encuentran “asfixiadas” bajo la gestión del PP, reprochando la política “privatizadora” del actual presidente. Ha asegurado que “la dignidad humana está por encima de cualquier otra cuestión, aunque aquí alguno azuza sentimientos de odio”, precisando que el PSOE es “la única alternativa” a ese escenario.

Montero ha caracterizado la propuesta socialista como garante de los derechos sociales y ha llamado a que el voto progresista defienda servicios públicos esenciales. Ha apelado a la ciudadanía a acudir a las urnas “en la puerta del colegio, en la reunión del club del jubilado, en la fábrica o en el comercio”, y ha establecido una contraposición directa entre el PSOE y los “políticos que son lobos con piel de cordero”, en referencia velada al presidente en funciones.

Vox y la izquierda alternativa buscan romper el escenario

Por parte de Vox, Manuel Gavira ha iniciado la campaña en Cádiz subrayando que estas elecciones suponen decidir si Andalucía “pone primero la prioridad nacional”. Gavira ha declarado ante los medios que Vox afronta la convocatoria con la intención de “ganarlas” y lograr un cambio en las políticas andaluzas.

Ha criticado lo que considera “políticas de puertas abiertas” atribuidas al PP y al PSOE, y ha advertido de las consecuencias de “la regularización masiva” en los servicios públicos, la seguridad y los barrios. Gavira ha repetido su apuesta por que “los andaluces sean lo primero” e insiste en que Vox defenderá un gobierno que reduzca “el gasto político” y priorice la inversión social.

Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía, ha inaugurado su campaña en Sevilla manifestando la convicción de que su coalición “dará la sorpresa” el 17 de mayo. Ha recordado que el PP pactó por primera vez con Vox en Andalucía y ejecutó acuerdos referidos a bajadas de impuestos “a las altas rentas y grandes patrimonios”, privatización y permisividad con fondos de inversión.

Maíllo ha reivindicado la centralidad de la defensa de los servicios públicos y la necesidad de una mayor inversión en sanidad, educación y dependencia, afirmando que “el debate no es si hay dinero o no, sino dónde se pone”. Su mensaje incluye la aspiración a representar a la mayoría social frente a “los ultra ricos” y la voluntad de “dar la sorpresa y cambiar el guion de quienes nos lo tienen que escribir”.

Por su parte, José Ignacio García, de Adelante Andalucía, ha optado por iniciar su campaña en Málaga, tierra del actual presidente, desde donde ha declarado que “el fin de Moreno Bonilla y el PP empieza en Málaga”.

García ha definido esta provincia como el “laboratorio” de políticas de vivienda y turismo que “expulsan a los vecinos”, y ha rechazado que las autonómicas sean un “ensayo” de las elecciones generales. Su llamamiento a la movilización se basa en apelar a la esperanza y a una izquierda “nueva, valiente, que no se vende, andalucista y feminista”.

Modelos en disputa

La diversidad de planteamientos programáticos y la intensidad en la confrontación de modelos económicos y sociales han dominado la apertura de los actos electorales. En los primeros discursos, los candidatos han recurrido a citas y datos concretos: Moreno ha sostenido que “tiene más ganas de crear empleo, de crear futuro y de reformar nuestra tierra”, mientras que Montero ha incidido en que “Andalucía apuesta por la esperanza y la dignidad”, y Gavira ha recalcado que “el 17 de mayo los andaluces nos jugamos un gobierno que ponga primero la prioridad nacional”.

Las consignas en defensa de los servicios públicos, la referencia a la gestión económica y la presión por la movilización electoral vertebran esta primera fase de la campaña, con especial atención al electorado progresista y al rechazo de modelos privatizadores. En todos los casos, la movilización del voto se confirma como objetivo esencial de los primeros días, con palabras y estrategias cuidadosamente reivindicadas en los actos de arranque.

La reaparición pública de Borja Sémper, portavoz del Partido Popular del País Vasco, se ha producido en el plató de El Hormiguero tras diez meses marcados por la lucha contra un cáncer de páncreas. El político ha comunicado que actualmente se encuentra libre de cáncer, compartiendo su experiencia personal durante la emisión del programa de Antena 3.

Después de un proceso de casi un año desde su diagnóstico, Borja Sémper ha confirmado públicamente que ha superado el cáncer de páncreas, uno de los tumores más agresivos, tras someterse a un tratamiento riguroso y vivir los meses “más amargos” de su vida.

El hallazgo del tumor fue posible gracias a un chequeo al que accedió a petición de su esposa, la actriz Bárbara Goenaga, a pesar de no presentar síntomas claros de la enfermedad, un hecho que Sémper atribuye a la insistencia de su pareja.

Detección temprana

La entrevista en El Hormiguero ha permitido al político del Partido Popular vasco exponer el impacto vital que ha supuesto su enfermedad. Sémper ha relatado que, tras reincorporarse a la vida política y retomar el tabaco, su mujer se mostró muy preocupada y le recomendó insistentemente someterse a revisiones médicas habituales. Este control médico resultó determinante, ya que permitió la detección del cáncer en un estadio que aún era abordable quirúrgicamente.

El propio Sémper ha subrayado que debe a Bárbara Goenaga la posibilidad de estar hoy contando su experiencia. Durante la conversación, Borja Sémper ha descrito el proceso de aceptación del diagnóstico y las implicaciones emocionales que supone enfrentarse a una enfermedad de estas características.

Ante la consulta sobre el momento en que los médicos le informaron de la presencia de una “mancha en el páncreas”, Sémper ha confesado que inicialmente sentía que los especialistas no hablaban realmente de él, sino de otra persona, debido a la dificultad para asumir la noticia.

“Durante mucho tiempo, cuando escuchaba a los médicos, sentía que no hablaban de mí, porque es un proceso de aceptación, que le pasa a mucha gente pero también te puede pasar a ti. Y eso significa que todo lo que creíamos sólido se vuelve frágil también”, ha reconocido en el programa.

En el desarrollo de la entrevista, el político vasco ha narrado el duro ciclo de la quimioterapia, que ha descrito sin eufemismos como “veneno”, un procedimiento que, si bien ataca el tumor, puede agredir otras partes del cuerpo.

Sémper ha señalado que la tolerancia física al tratamiento ha sido limitada, con ingresos hospitalarios frecuentes debido a complicaciones como el daño renal. “Cada cáncer es diferente. Cada persona es diferente”, ha puntualizado ante las preguntas de Pablo Motos.

Fragilidad física y reflexión sobre la vida

El relato incluye la transformación física y la sensación de fragilidad derivada del tratamiento, con caídas del cabello y un deterioro general del estado corporal. En palabras de Sémper, los cinco meses de tratamiento supusieron una sucesión constante de malestares y episodios de febrícula, hasta el punto de experimentar cierto alivio al ser ingresado, ya que “la ciencia, afortunadamente, es capaz de estabilizarte”.

El discurso del portavoz del Partido Popular del País Vasco ha girado también hacia una reflexión íntima sobre el sentido del tiempo, la muerte y el valor de la vida tras convivir con una patología de alta mortalidad. A este respecto, Sémper ha subrayado que lo que ha sentido no es tanto miedo, sino una profunda tristeza ante la posibilidad de dejar de disfrutar de las experiencias cotidianas y del crecimiento de sus hijos.

“De la noche a la mañana el tiempo pasa a tener otro peso, otro valor. La perspectiva de futuro también. Aparece la nostalgia. Queda todo suspendido, todo pasa a ser parte de un hipótesis. Tu vida es una hipótesis. Esto pasa cuando tienes una enfermedad potentemente mortal como es el cáncer”, ha expresado durante la entrevista.

Al término del encuentro televisivo, el propio Borja Sémper ha reiterado que la enfermedad obliga a aceptar que nada es inamovible y que tanto el miedo a la muerte como el dolor ante la posible pérdida de la vida cuentan con significados distintos. Para el portavoz popular, asumir la realidad del cáncer implica necesariamente reconocer que forma parte de la vida, un aprendizaje personal que ha compartido ante la audiencia de El Hormiguero.

Los testimonios de la trama Kitchen han continuado este jueves con el segundo turno del inspector Manuel Morocho. El policía que lideró la investigación sobre la trama Gürtel sostuvo ayer que recibió presiones de sus superiores para que “no saliera” el nombre de Mariano Rajoy. En esta sesión, ha revelado una “estrategia” interna para “desmantelar” el grupo policial que rastreaba los papeles de Bárcenas.

Según ha expuesto ante la Audiencia Nacional, el propio magistrado del caso, Pablo Ruz, pidió al policía que evitara la presencia de sus superiores en sus encuentros. “Me dijo que si venían no iban a acceder a la reunión”, ha relatado Morocho en sede judicial, volviendo a apuntar a que cargos policiales de relevancia pretendían obstaculizar las indagaciones.

Además, Morocho ha descrito cómo se vio obligado a adoptar medidas de “autocensura” para sortear las interferencias de sus jefes directos. El inspector ha contado que, en coordinación con Ruz, modificaba los informes oficiales para que la información sensible no apareciera en el cuerpo principal de los documentos, sino en anexos. Así, sorteaba los asuntos que podían generar “problemas” pero sin eliminarlos de los informes.

Estrategia para frenar la investigación

La comparecencia de Morocho ha puesto de manifiesto la magnitud de las presiones internas que sufrió el equipo policial y la estrategia que llevaron a cabo para frenar los avances sobre la contabilidad B del PP. Según datos aportados por el propio inspector, en 2013 el equipo asignadoa a la investigación contaba con 11 policías. Sin embargo, tal y como cuenta, les ofrecían otros puestos o mejores salarios y acababan saliendo a otros destinos, de manera que en 2015 ya habían abandonado la mayoría el equipo.

Pablo Ruz, según la declaración de Morocho, adoptó una postura tajante ante la posible interferencia de mandos policiales en las reuniones informativas. Esta protección institucional permitió que parte de la información relevante llegara a la autoridad judicial, aunque con mecanismos de reserva y cautela.

Presiones para quitar información

Según expuso el miércoles, sus superiores intentaron minimizar el alcance de los denominados papeles de Bárcenas e incluso cuestionaron su autenticidad, afirmando que todo respondía a “una ideación de Bárcenas” y que solo debía darse validez a la documentación presentada ante el Tribunal de Cuentas. Además, relató que cuando aparecían nombres relevantes en los informes, como el de Ignacio López del Hierro o María Dolores de Cospedal, sus superiores le solicitaban expresamente que los retirara, aunque él se negó por motivos de rigor profesional.

Esta presión también se tradujo en la recomendación de evitar los términos “contabilidad B” o “extracontable”, a fin de suavizar las conclusiones de los documentos oficiales. Estas directrices reflejaban un claro intento de limitar el impacto judicial y político de los hallazgos, generando intensas tensiones y desacuerdos internos durante la elaboración de los informes clave para la causa Gürtel y los pagos en la sede nacional del partido-

Jorge Azcón (PP) ha sido reelegido este miércoles presidente de Aragón con 39 votos a favor —26 del Partido Popular (PP) y 13 de Vox— en el segundo día del debate de investidura celebrado en las Cortes de Aragón. La derecha y la extrema derecha sellan así un Gobierno de coalición con la formación ultra que incluye, entre sus puntos más polémicos, el principio de “prioridad nacional” en el acceso a ayudas y prestaciones públicas.

El popular se convierte en el primer presidente en repetir mandato en la comunidad desde la restauración democrática. La aritmética de la sesión refleja el nuevo equilibrio de fuerzas en el parlamento aragonés: entre PP y Vox suman 40 diputados de los 67 que componen la Cámara, aunque una parlamentaria ultra no compareció por enfermedad, lo que redujo el respaldo efectivo a 39 votos. Azcón calificó el resultado de “investidura histórica”, en alusión a la mayoría absoluta que ambas fuerzas obtuvieron en las elecciones anticipadas del pasado 8 de febrero.

El acuerdo de gobierno otorga a Alejandro Nolasco, líder de Vox en Aragón, una vicepresidencia y tres consejerías: Desregulación, Servicios Sociales y Familia; Medio Ambiente y Turismo; y Ganadería, Agricultura y Alimentación. La formación también se hará con un senador de designación autonómica. “Aragón no necesita un socio dócil, sino un socio fiable”, ha afirmado Nolasco durante el pleno, para quien el acuerdo “no es un cheque en blanco”. El portavoz ultra fue más allá en la defensa de la “prioridad nacional”: “No tenemos miedo a decirlo: primero los aragoneses y españoles, primero quienes sostienen España”, subrayó ante la Cámara.

El propio Azcón se esforzó en matizar el alcance de esa cláusula. El presidente investido insistió en que la medida se aplicará con “estricta legalidad”, que en el acuerdo “no se habla de los nacidos en España ni se exige ninguna nacionalidad” y que el criterio de acceso se vincula a un “arraigo real, duradero y verificable”.

Momentos tensos en la investidura

El debate de este miércoles también dejó momentos de tensión dialéctica. Cuando la portavoz de Izquierda Unida (IU), Marta Abengoechea, cargó contra el candidato por “legitimar el discurso racista” de Vox, Azcón respondió con una pregunta que arrancó las risas del propio Nolasco: “¿Quién le ha dado el carnet de sexador de demócratas?”. La izquierda aragonesa —PSOE, IU y Chunta Aragonesista (CHA)— mantuvo a lo largo de la jornada una ofensiva sostenida contra la asunción del ideario ultra por parte del PP.

La portavoz del PSOE y jefa de la oposición, Pilar Alegría, ha abierto la sesión recordando que Nolasco no aplaudió en ningún momento el discurso de investidura de Azcón el día anterior. “No es porque fuera un discurso aburrido, flojo, que lo fue; no le aplaudió porque su socio quiere demostrar desde el primer momento quién manda”, señaló Alegría, quien advirtió que Vox intentará “devorarles por dentro” a lo largo de la legislatura. La exministra reprochó además a Azcón no haber buscado un acuerdo presupuestario con los socialistas antes de convocar elecciones anticipadas ni haber tendido puentes tras las urnas del 8 de febrero.

Nolasco, que previsiblemente ocupará la vicepresidencia del nuevo Ejecutivo, fue tajante sobre las expectativas de su partido: “Seremos parte del Gobierno, pero no dejaremos de ser Vox”. La advertencia llega en un contexto en el que Azcón convocó las elecciones anticipadas en diciembre precisamente para tratar de deshacerse de la dependencia parlamentaria de los ultras, que le impedía sacar adelante los presupuestos. El resultado fue el contrario: el PP perdió dos diputados respecto a la legislatura anterior, mientras Vox duplicó su representación, lo que otorgó a la formación de Santiago Abascal un peso aún mayor en la negociación del nuevo pacto de gobierno.

Manuel Morocho, inspector jefe de la UDEF y encargado de investigar el caso Gürtel, ha relatado ante el tribunal que recibió presiones cuando preparaba un informe sobre los papeles de Bárcenas y la contabilidad B del PP en 2013, según recoge EFE. El policía ha explicado que le pidieron que el nombre de Mariano Rajoy no apareciera en ese informe. “Es una persona singular que se individualizó expresamente que esa persona no saliera”, ha asegurado Morocho, en lo que parece apuntar a sus superiores, a los que acusa de presiones mientras elaboraba la investigación.

El inspector jefe ha detallado que sus superiores minimizaron el contenido de los papeles de Bárcenas y cuestionaron su autenticidad. Según su testimonio, le trasladaron que estos documentos eran “una ideación de Bárcenas” y que no tenían validez. Le insistieron en que la única contabilidad válida era la presentada ante el Tribunal de Cuentas. De acuerdo con Morocho, la instrucción que recibió fue no dar relevancia al material intervenido, planteando que todo respondía únicamente a iniciativas personales del extesorero y no a prácticas del partido.

Presiones al investigar la Gürtel

Durante la investigación de la UDEF, Morocho relató que recibió presiones directas de sus superiores para omitir ciertos nombres relevantes en los informes oficiales sobre la contabilidad B. Uno de los episodios clave ocurrió cuando incluyó en el informe a Ignacio López del Hierro, esposo de María Dolores de Cospedal. Según recoge la agencia, su jefe directo, Manuel Vázquez, lo llamó para advertirle que había cometido un “grave error” al mencionar a López del Hierro y le pidió que eliminara esa referencia del documento.

Morocho se negó a modificar el informe porque consideró que no podía excluir a ninguna persona implicada en los hechos investigados. Ante la insistencia, decidió poner la situación en conocimiento del juez encargado del caso. El inspector también aseguró que las presiones no se limitaron a este nombre y al de Rajoy. Afirmó que recibió instrucciones para evitar que apareciera la propia María Dolores de Cospedal, quien figuraba como apoderada de una cuenta vinculada a la investigación.

Desacuerdos internos y problemas metodológicos

Las decisiones sobre la redacción de los informes y la información que debían contener generaron importantes tensiones en la cadena de mando policial. Miguel Ángel Cuevas, jefe de sección, advirtió a Morocho que Ignacio López del Hierro era “amigo” del comisario José Manuel Villarejo, implicado en el caso Kitchen, lo que sumaba presión y condicionaba las acciones del equipo investigador.

Por otra parte, Morocho relató las dificultades para emplear términos como “contabilidad B” o “extracontable”, debido a que sus superiores preferían que estos conceptos no aparecieran en los documentos oficiales, aunque el análisis del equipo se centraba precisamente en ese tipo de movimientos financieros y manejos irregulares. La resistencia a utilizar estos términos reflejaba, a su juicio, la intención de evitar consecuencias legales y políticas para el partido. Los desacuerdos internos se intensificaron con el avance de la investigación, sobre todo cuando se abordó la relación entre la caja B y los pagos por la reforma de la sede nacional del partido.

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este miércoles su nuevo equipo de cara a la nueva etapa en el Gobierno que compartirá con Vox. En una rueda de prensa en Mérida ha avanzado que estará formado por diez consejerías y, como novedad, esta vez habrá dos vicepresidencias. En el nuevo gabinete volverán a verse caras conocidas de la legislatura, pero también habrá tres nuevas incorporaciones.

Abel Bautista asumirá una de las vicepresidencias y la cartera de Interior y Emergencias, área que incorpora la planificación y extinción de incendios forestales. Según ha avanzado Guardiola, será él quien asuma el mando de la Junta en ausencia de la líder extremeña.

La otra Vicepresidencia, vinculada a la cartera de Desregulación, Servicios Sociales y Enfermería, quedará a cargo del líder de Vox Óscar Fernández, quien concentrará además las competencias de servicios sociales, infancia y familia, y juventud, funciones que antes integraba la cartera de salud. En virtud del acuerdo que se ha alcanzado para investir a Guardiola, el partido de Santiago Abascal también asumirá la cartera de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, que será dirigida por el diputado Juan José García. Esta cartera, ha adelantado Guardiola, incluye la gestión de la PAC, pesca y la tauromaquia.

Guadiola espera aprobar los presupuestos en las próximas semanas

Elena Manzano continuará al frente de Hacienda y Administración Pública y seguirá como portavoz del ejecutivo autonómico, además de ser la encargada de elaborar los presupuestos autonómicos para el nuevo periodo. Sobre este último asunto, Guardiola ha evitado dar plazos concretos, pero ha estimado “un par de semanas” para iniciar su tramitación parlamentaria.

La dirección de Industria quedará en manos de Mercedes Morá, que suma ciencia e investigación a sus atribuciones tras su paso previo por Agricultura. Guillermo Santamaría liderará Economía, Empleo y Transformación Digital; Sara García Espadas permanecerá al frente de Salud y Atención a la Dependencia; Sandra Valencia asume la Consejería de Educación; y Laureano León dirigirá Turismo y Deportes, tras su experiencia como presidente en la diputación de Cáceres y en sustitución de Victoria Bazaga.

Según ha explicado la dirigente extremeña, la toma de posesión de los cargos y la aprobación de los decretos de estructura de cada consejería tendrán lugar en el siguiente consejo de gobierno, que tendrá lugar este jueves.

En su intervención, la presidenta extremeña ha reafirmado que se trata de un nuevo gobierno “plenamente motivado y ambicioso”, que se va a encargar de “materializar” su programa de gobierno, así como “a cumplir los acuerdos alcanzados para poder ofrecer estabilidad a nuestra región en los próximos cuatro años”, ha resaltado.

Noticia con información de agencias

Tras la derogación este martes en el Congreso del decreto ley que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2% las actualizaciones anuales de renta, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha anunciado una primavera de movilizaciones y nuevas herramientas para quienes enfrentan la incertidumbre de su vivienda. El rechazo de la medida, con los votos contrarios de PP, Vox y Junts y la abstención del PNV, “deja sin protección a cerca de un millón de familias inquilinas y beneficia a los intereses rentistas”, denuncia la organización.

“PP, Vox y Junts per Catalunya con su voto en contra y la abstención del PNV demuestran que son el brazo político del rentismo. Con su negación a la prórroga de alquileres demuestran claramente sus prioridades: proteger al rentismo por encima de la mayoría de la población”, señalan en un comunicado los sindicatos, que también critican la falta de respuestas institucionales a la crisis habitacional. Por ello, la organización convoca la primera gran protesta para el 24 de mayo en Madrid, que saldrá a las 12:00 horas desde Atoacha, como inicio de una serie de acciones en todo el país. “No vamos a permitir que el rentismo dicte las reglas de acceso a la vivienda”, aseguran.

La organización explica que, aunque la prórroga era una medida de mínimos que no solucionaba la crisis de vivienda, “sí podía evitar la expulsión de hasta un millón de familias inquilinas hasta finales de 2027”, al ofrecer protección ante el incremento sostenido de los alquileres.

Desde la organización recuerdan que “la prórroga es legalmente válida si se ha solicitado entre el 22 de marzo y el 28 de abril, ambos días incluidos”, aunque también advierten que es fundamental responder de forma firme a cualquier negativa de los propietarios, ya que prevén que las empresas rentistas e inmobiliarias “intentarán generar confusión”.

Para anticipar posibles conflictos, durante el último mes los sindicatos han remitido más de 16.000 solicitudes de prórroga y han recopilado las contestaciones de los caseros, lo que les ha permitido elaborar cuatro documentos específicos para rebatir las excusas más habituales empleadas para rechazar la prórroga.

Una web con asesoramiento

Los sindicatos han lanzado además una web con recursos legales, asesoramiento y modelos de respuesta para quienes buscan sostener sus contratos. Para quienes no pudieron acogerse a la prórroga, la organización mantiene activa la campaña de desobediencia civil Nos Quedamos y convoca a asambleas presenciales en distintas ciudades.

También denuncian que la actual situación económica agrava la crisis: “Mientras los salarios han subido una media del 20% en los últimos cinco años, los precios del alquiler en las capitales de provincia han subido un 60%”. Este desfase, concluyen, ha acentuado la presión sobre los hogares inquilinos.

Han pasado ya ocho meses desde que se levantó el secreto a la investigación judicial del llamado caso Montoro, que investiga las presuntas reformas legislativas realizadas desde el Ministerio de Hacienda para que empresas gasísticas recibieran beneficios fiscales a cambio de pagos millonarios al despacho de abogados de Cristóbal Montoro, Equipo Económico. Ocho meses en los que la instrucción se ha mantenido en una especie de pausa, que, parece, ya se empieza a romper.

En una providencia firmada el 21 de abril de 2026, a la que ha tenido acceso Infobae, el juez instructor del juzgado número 2 de Tarragona llama a declarar a los primeros ocho imputados de los 28 que hay en esta causa, entre los que no se encuentra ni el propio exministro Montoro, ni ninguno de los cargos del Ministerio de Hacienda investigados.

Se trata de parte de los empresarios que habrían realizado pagos a Equipo Económico a cambio de los beneficios fiscales que se investigan y que tendrán que pasar por el juzgado entre el 30 de abril y el 12 de mayo.

El primer grupo en comparecer está compuesto por los directivos Rubén Folgado Girón y Karl Andrea Hauck, vinculados a la empresa Messer Ibérica, que están citados el 30 de abril. Les seguirá el 8 de mayo un bloque formado por Patrick Emmanuel Marcel Jozon, Teresa Rasero Guerrero y Jorge Pedrazuela Prieto. Finalmente, el 12 de mayo declararán Eduardo Gil Elejoste, Carlos Romero Moreno y Jacobina Escámez Esteve, todos ellos relacionados con compañías del sector de gases industriales y energía.

Las cuentas bancarias de Montoro

En paralelo, el juez instructor ha presentado una nueva diligencia en la que se solicita a diferentes entidades bancarias los movimientos de todas las cuentas del exministro y de su entorno cercano durante los últimos 20 años. Entre las entidades bancarias requeridas para facilitar esa información están el Banco Santander, el Banco Sabadell, CaixaBank, BBVA, Unicaja, Ibercaja, ING Bank y Deutsche Bank.

En concreto, el juez pide los movimientos de todas las cuentas bancarias activas o no; los ficheros informáticos en los que consten los fondos recibidos o enviados con origen o destino al extranjero; una relación de cheques y efectos emitidos, recibidos, cobrados o pagados con todo grado de detalle; y las tarjetas asociadas, así como cualquier documentación relativa a planes y fondos de pensiones, cajas de seguridad y préstamos concedidos.

La estrategia dilatoria de las defensas

Estos dos últimos pasos significan un primer impulso judicial, tras la fase de “pausa” en la que se encontraba desde el levantamiento del secreto. Esto se ha debido principalmente a las estrategias que persiguen las defensas de los 28 acusados: dilatar las diligencias. Desde el comienzo han presentado todo tipo de recursos, desde peticiones de nulidad a poner en duda la legitimidad del juzgado para llevar el proceso, lo que durante meses ha dejado el caso en una especie de ‘modo de espera’.

Esta es una conclusión que, aunque se sospechaba desde antes, quedó reflejada en un escrito de la Fiscalía que indicaba claramente cómo, a su juicio, las defensas estarían intentando frenar la investigación mediante la interposición de recursos “masivos”.

En este mismo escrito, la fiscal Anticorrupción, Carmen María García Cerdá, destacaba también “lo llamativo de las argumentaciones utilizadas en algunos casos”. “Es claramente apreciable que, en esta causa, además, vistas las actuaciones de los investigados en estos momentos, el secreto ha conseguido evitar esas manipulaciones que parece se están utilizando ahora, levantado el secreto, por las partes”, añadía.

Entre sus críticas, también destaca que algunas de estas peticiones buscan cerrar la investigación o se oponen a la prórroga de la instrucción, pese a que hasta ahora no se ha tomado declaración a los investigados, quienes han solicitado aplazamientos para poder examinar la causa.

“Fíjese la Sala que casa mal el argumentar la causación de indefensión con la oposición a la prórroga de la Instrucción, que permitirá a las partes declarar cuantas veces tengan por conveniente, asistir a las declaraciones de testigos, proponer prueba, etc.”, denunciaba.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha cerrado la puerta, al menos por ahora, a la investigación judicial del expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su actuación durante la DANA que devastó la región en 2024. En un auto hecho público este lunes, el pleno de la Sala de lo Civil y Penal ha desestimado por unanimidad los recursos de súplica presentados por diversas acusaciones, ratificando íntegramente su decisión previa.

La resolución respalda el criterio ya fijado el pasado 16 de marzo, cuando el Alto Tribunal valenciano se pronunció tras recibir la exposición razonada de la jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la catástrofe, que se saldó con 230 víctimas mortales. El nuevo auto se alinea además con el informe del Ministerio Fiscal, reforzando la posición de la Sala en un asunto de enorme trascendencia política y social.

El núcleo de la decisión judicial reside en la insuficiencia de los argumentos presentados por las acusaciones. Según recoge el propio auto, los recurrentes —tanto principales como adhesivos— no han logrado aportar “razones bastantes” que permitan configurar ese “cuadro indiciario de cierto nivel”que exige la jurisprudencia para abrir una causa penal. Ni en la vertiente de una posible actuación activa ni en la de una eventual omisión aprecia la Sala indicios sólidos que permitan atribuir responsabilidad al entonces jefe del Consell.

La posición de garante, descartada

Uno de los ejes de la impugnación —la supuesta posición de garante de Mazón durante la emergencia— es desmontado con claridad por los magistrados. El tribunal recuerda que el derecho penal español no permite derivar responsabilidades por la mera relevancia del cargo y rechaza cualquier automatismo entre jerarquía institucional y culpabilidad penal.

En términos expresos, la Sala señala que “no existe la responsabilidad penal por el desempeño de un cargo” y advierte de que atribuirla por el hecho de ostentar la máxima autoridad autonómica resulta contrario al principio de culpabilidad. En esa misma línea, insiste en que “ni cabe la responsabilidad por elevación, ni se admiten imputaciones por jerarquía”, descartando que eventuales déficits de gestión puedan traducirse, sin más, en autoría penal.

El análisis de la normativa autonómica refuerza esa conclusión. Según el auto, la dirección operativa de la emergencia en nivel 2 correspondía “con carácter exclusivo y excluyente” a la consellera competente, sin que al president se le atribuyera un deber jurídico específico de actuación. Esa ausencia de obligación concreta impide, a juicio del tribunal, sostener la posición de garante que defendían las acusaciones.

Exigencia de causalidad

La Sala aborda también la decisión de no activar la situación de emergencia catastrófica, uno de los aspectos más controvertidos del caso. En este punto, el tribunal delimita con nitidez el ámbito de la discrecionalidad política frente al de la responsabilidad penal.

El auto subraya que las decisiones discrecionales de un presidente autonómico no pueden convertirse en fuente de reproche penal por el mero hecho de que, a posteriori, se consideren inadecuadas o insuficientes. Para que una omisión pueda tener relevancia penal, añade, sería imprescindible acreditar que la acción no realizada habría evitado los resultados dañosos, incluidos los fallecimientos, una relación de causalidad que no ha sido demostrada por las acusaciones.

En esa misma línea, el TSJCV descarta que existan indicios cualificados sobre una participación activa de Mazón en el envío del mensaje de alerta a la población a través del sistema Es-Alert. La resolución insiste en que no concurren los requisitos de solidez exigidos por la jurisprudencia para atribuir relevancia penal a esa eventual intervención.

El aforamiento

El auto rechaza igualmente la pretensión de inaplicar el aforamiento del expresident. Las acusaciones sostenían que su condición de diputado en Les Corts respondía a una estrategia para eludir la actuación del juzgado ordinario, pero el tribunal descarta de forma expresa cualquier abuso de derecho.

La Sala recuerda que Mazón ya ostentaba su escaño antes de la DANA y que lo ha mantenido sin interrupción desde el inicio de la legislatura, lo que excluye cualquier adquisición sobrevenida del fuero. En este punto, diferencia el caso del denominado ‘caso Gallardo’, resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, donde sí se apreció una maniobra para obtener la condición de aforado de forma estratégica.

El tribunal desestima además el resto de alegaciones y rechaza que se haya vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva. Recuerda que este derecho no garantiza un resultado concreto, sino el acceso a una resolución motivada, razonable y fundada en derecho, condiciones que considera plenamente cumplidas en este procedimiento.

En relación con otros elementos apuntados durante la instrucción, como los mensajes intercambiados en el entorno del expresident con miembros del Consell durante los momentos críticos de la emergencia, la Sala entiende que no permiten inferir, con el grado de certeza exigible en el ámbito penal, la existencia de órdenes directas ni de una relación de subordinación suficiente para sustentar una imputación. Añade, además, que las diligencias acordadas sobre este extremo no han arrojado aún resultados concluyentes incorporados a la causa.

A preguntas de su abogada, ya que además de ser testigo está personado como acusación en esta causa, ha explicado que su padre le habló del audio que tenía con Mariano Rajoy y que se está convirtiendo en un tema recurrente en este juicio. “Lo único que sé es lo que me ha contado él, lo que me contó en su día”, ha relatado.

“Me contó que subía al despacho de Rajoy en presencia de [Javier] Arenas y el detalle, no me acuerdo bien, le comentaba algo de la contabilidad B y un remanente que había dejado”, ha asegurado, añadiendo que “nunca” ha escuchado la grabación. “Creo que me lo cuenta antes de entrar, unos días antes o un mes antes, en alguna charla que me contase un poco más”, ha agregado, por lo que esta conversación estaría fechada a mediados de 2013.

Sin embargo, esta versión choca con la que aportó su padre la semana pasada, ya que en su turno de palabra relató que existían dos grabaciones diferentes, una con Rajoy y otra con Arenas, que en ese momento era ministro de Presidencia. La defensa del excomisario José Manuel Villarejo ha querido incidir en esta cuestión, a lo que el testigo ha respondido que era una grabación conjunta con “Rajoy y Arenas”.

Lo que sí coincide es el contenido de esta conversación, ya que el extesorero relató cómo le entregaba un sobre al expresidente con el remanente de la caja B y la respuesta de Rajoy fue de sorpresa. Entonces, cogió estos papeles y los introdujo en la trituradora, siempre según la versión de Bárcenas, ya que Rajoy negó que este episodio sucediera. “Absolutamente falso”, respondió como testigo.

El final de confianza en Sergio Ríos

La gran parte de su declaración ha versado sobre Sergio Ríos, el chófer que contrató la familia Bárcenas y que está imputado por presuntamente haber sido el caballo de Troya que permitió el espionaje al extesorero y su entorno. Ha indicado que su contratación se produjo antes de que su padre entrara en prisión, “a través de una persona que trabajaba en el PP” y que conocían de “toda la vida”.

“Se encargaba de los dos [de él y su madre], nos llevaba a Soto del Real o realizaba recados, pero su función era de chófer y teníamos una buena relación”, ha relatado. Sin embargo, esta relación empezó a ir a peor desde que tuvieron el incidente del secuestro, un hecho que no ha entrado en esta causa, en la que presuntamente una serie de personas entraron en la casa de los Bárcenas y llegaron a apuntar con una pistola al hijo.

“Dejamos de confiar en él, porque nos olió todo un poco mal”, ha indicado, a lo que ha añadido que “en esos meses yo empecé a notar que hacía más preguntas: ‘¿Tu padre qué sabe de esto?’, ‘¿Tiene estos documentos’“.

“No recuerdo esa información” o “no me consta” han sido las frases más escuchadas durante su escueta declaración de unos diez minutos, en las que ha defendido que no hubo ningún tipo de participación de su partido en todo este caso. Ha indicado en más de una ocasión que los únicos conocimientos que tenía, aunque en esa época era la ministra de Presidencia, era por lo que “leía en prensa”.

Ni de la regularización fiscal que realizó el extesorero, ni de cuando aparecieron los papeles de Bárcenas, ni si desde Interior se llevó a cabo una operación para espiar al entorno del extesorero, no ha sido capaz de recordar nada.

“No observaba inquietud, porque no se hablaba de esos temas”

Su declaración ha ido en la misma línea que la de sus excompañeros de partido, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, que tampoco parecen acordarse de todo lo que ocurrió en esos años dentro de su propia sede.

Este lunes también ha declarado el exmiembro de la ejecutiva del PP, Javier Arenas, en la que ha defendido la legalidad de las actuaciones de sus compañeros. Sobre los papeles de Bárcenas ha relatado que es un “ávido lector, además de los antiguos, de periódicos. Yo he seguido estos asuntos por la obligación en medios, pero la primera vez que veo materialmente los papeles fue en el juicio, en agosto de 2013″.

En el momento en que Bárcenas se fue del partido, tras el estallido de todo el caso, solo recuerda “tranquilidad” entre sus compañeros. “No observaba inquietud, porque no se hablaba de esos temas”, ha añadido. También ha hablado de la reunión que mantuvieron él mismo, Rajoy, Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, en ese momento.

“Creo que hubo reunión. Fue una reunión humana, de una persona que había trabajado muchos años en el partido y su mujer, que es una persona muy educada, prácticamente no habló. No se habló de temas económicos, solo de su situación actual y de su futuro”, ha indicado.

Ha sido también preguntado por los audios que Bárcenas asegura que tenía guardados y que fueron destruidos, que incluían dos conversaciones diferentes, una con Rajoy y otra con el propio Arenas. Fue en una reunión que mantuvieron en Sevilla, a finales de 2012, que sí ha asegurado que se llevó a cabo.

“No recuerdo si hablamos de la Gürtel, sé que genéricamente estaba muy dolido, porque la actuación de la Policía y los fiscales no estaba siendo neutral respecto a su persona”, ha explicado sobre la conversación, pero ha negado la existencia de cualquier grabación. “Lo que yo he observado es que en algunos medios se manifestaba que esta grabación existía y en otros que no existía”, ha agregado.

“Nunca tuve conocimiento de esa grabación. Si existió, fue sin mi conocimiento ni mi aprobación, pero tampoco me creo ninguna intranquilidad que existiera”, ha explicado. En la misma línea, ha sido preguntado si le consta que se intentará conseguir la grabación que el extesorero tenía con Rajoy, a lo que ha respondido: “Bajo ningún concepto me consta. Ese asunto me parece un asunto muy confuso y lo desconozco”. Ha aprovechado para defender que los dos principales acusados, Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez Vázquez, son “grandes profesionales siempre al servicio público”.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado este lunes que ve “posible” y “viable” llegar a un “acuerdo” con Junts que permita la convalidación mañana en el Congreso del decreto ley que prorroga dos años los contratos de alquiler y limita al 2% la actualización de la renta. Así lo ha señalado en una entrevista en TVE, a pesar de que el partido de Miriam Nogueras ha señalado que votará en contra del decreto, al igual que lo rechazan PP y Vox, por lo que todo apunta a que la medida no saldrá adelante.

Bustinduy ha explicado en el programa La Hora de La 1 que el acuerdo incumbe al PSOE y pasa por aceptar algunas de las condiciones que Junts ha puesto públicamente sobre la mesa para poder reconsiderar su voto, como la cuestión del IVA franquiciado de los autónomos, es decir, la recaudación del IVA por parte de los autónomos que facturan por debajo de un determinado umbral. El ministro ha señalado que esta medida es una transposición de una directiva europea y que el Gobierno ya la “preacordó con Junts cuando se votó el primer decreto ley de la guerra de Irán”, según informa EFE.

Otras de las condiciones de Junts son, según Bustinduy, “matizaciones aceptables” y “alguna medida fiscal” que Sumar no comparte, pero que “con la prórroga en vigor podría merecer la pena”, ha dicho. “Por tanto, creemos que podrían darse las condiciones de aquí a mañana para que se produzca un acuerdo. Esperamos que tanto Junts como el PSOE tengan voluntad suficiente para, en el tiempo que nos queda, esbozar ese acuerdo y que pueda salir adelante la medida”, ha confiado el ministro.

Hasta el momento, tanto Junts como PP y Vox han rechazado la prórroga de los alquileres y el límite a las subidas de renta por diferentes motivos. La formación independentista argumenta que el decreto no respeta el marco competencial de Cataluña y que las decisiones sobre vivienda deben adoptarse desde las instituciones catalanas. El partido de Alberto Núñez Feijóo sostiene que la medida genera inseguridad jurídica, invade competencias autonómicas y desincentiva la oferta de viviendas en alquiler, mientras que los de Santiago Abascal consideran que este tipo de intervenciones limitan la libertad de mercado y afectan negativamente a los propietarios.

Por otro lado, el ministro Bustinduy ya ha advertido en otras ocasiones del “coste social” que supondrá para el PP votar en contra de este decreto, que busca aliviar la situación de quienes enfrentan dificultades para mantener su vivienda en el actual contexto de encarecimiento de los alquileres. Además, el límite del 2% a la actualización anual de la renta impediría incrementos abusivos, lo que daría mayor estabilidad a los inquilinos.

(Con información de EFE)

El Congreso vota este martes el decreto ley impulsado por Sumar que permitiría a miles de inquilinos extender los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaría al 2% las subidas de renta. El PSOE y otros partidos de izquierda respaldan la medida, pero PP, Vox y Junts, que suman mayoría, ya han anunciado su rechazo, por lo que todo apunta a que el decreto será tumbado.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, será el encargado de defender el decreto ante el pleno, una iniciativa que Sumar logró sacar adelante en el Consejo de Ministros el pasado 19 de marzo tras intensas tensiones internas y la mediación directa de la vicepresidenta Yolanda Díaz con el presidente Pedro Sánchez.

El PSOE, reticente a aceptar la prórroga por dudas jurídicas y políticas, llegó a advertir que el decreto podía rozar la inconstitucionalidad. La excepción se impuso ante la crisis abierta por la guerra en Irán, pero el sector socialista ha optado por mantener un perfil bajo. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, apoya el marco legal pero se resiste a recomendar abiertamente que los inquilinos pidan la prórroga, ante el riesgo de una derogación que podría arrastrar a miles de familias a la inseguridad jurídica.

Algunos algunos juristas advierten que, si el Congreso rechaza el decreto, podría haber una oleada de demandas en los tribunales. La principal duda es si las prórrogas de alquiler solicitadas durante la vigencia de la norma seguirán siendo válidas o quedarán anuladas, ya que no hay doctrina al respecto.

Por qué la rechazan

Por su parte, PP, Vox y Junts rechazan la prórroga de los alquileres y el límite a las subidas de renta por diferentes motivos. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo sostiene que la medida genera inseguridad jurídica, invade competencias autonómicas y desincentiva la oferta de viviendas en alquiler. Los de Santiago Abascal consideran que este tipo de intervenciones limitan la libertad de mercado y afectan negativamente a los propietarios, mientras que la formación liderada por Miriam Nogueras argumenta que el decreto no respeta el marco competencial de Cataluña y que las decisiones sobre vivienda deben adoptarse desde las instituciones catalanas.

El ministro Bustinduy ha insistido en el “coste social” que supondrá para el PP votar en contra y este domingo, a las 12:30 horas, hay una concentración frente a la sede nacional del partido, en la calle Génova de Madrid, convocada por el Sindicato de Inquilinas y la Federación Vecinal de Madrid, junto a organizaciones y colectivos de vivienda, con el lema “O con la gente o con los especuladores”. La formación de Feijóo no ha querido reunirse con Sumar para negociar la medida.

Más del 70% de la población apoya la medida

El 73,6% de los españoles apoya la prórroga de los alquileres, según una encuesta de Atenea del Dato encargada por el grupo The Left a petición de la eurodiputada de Sumar Estrella Galán. Ese mismo sondeo indica que el apoyo también es significativo entre el electorado del PP (65%) y de Vox (60%). Es más, casi la mitad de los encuestados, un 48,7%, asegura que reconsideraría su voto si su partido se opone a esta medida en el Congreso. Entre los votantes del PP, uno de cada tres estaría dispuesto a cambiar de opción, y entre los de Vox, la cifra se acerca al 36%.

(Con información de EFE)

Más de 200 alumnos de dos centros educativos de Talayuela (Cáceres) podrían dejar de recibir clases de lengua árabe y cultura marroquí tras la eliminación del programa, una medida incluida en el acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox en Extremadura. El pacto entre ambas formaciones, alcanzado tras la investidura de María Guardiola como presidenta autonómica, ha generado preocupación en la comunidad educativa del municipio.

El acuerdo contempla la supresión del Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), que hasta ahora se impartía en el CEIP Gonzalo Encabo y el CEIP Juan Güell, los dos centros ubicados en Talayuela.

El programa está amparado por el Convenio de Cooperación Cultural entre el Gobierno de España y Marruecos, firmado en 1980 y en vigor desde 1985, según la información de Educarex. Se trata de una iniciativa de carácter estatal presente en varias comunidades autónomas, aunque su aplicación depende de cada administración educativa. Asimismo, se desarrolla fuera del horario lectivo y es financiado por el Gobierno de Marruecos.

Desde los centros educativos señalan que el programa ha sido un apoyo fundamental en el día a día, ya que contaban con la ayuda del profesorado del PLACM en tareas de comunicación y mediación con las familias, especialmente en cuestiones de traducción y adaptación lingüística. Por ello, afirman que la eliminación del programa genera preocupación entre la comunidad educativa.

Preocupación en la comunidad educativa

La eliminación del programa ha sido recibida con inquietud por parte de los centros y de representantes locales, que subrayan su papel en la convivencia y la integración del alumnado. “No sirve para nada, es absurdo. Como no están en los centros, no conocen y no saben. El beneficio es al alumnado, por supuesto, pero también al profesorado porque nos sirve para mediar”, señaló el director del CEIP Gonzalo Encabo, Luis Alberto Corrales, en declaraciones a La Sexta.

“Además de dar el crecimiento cultural y lingüístico que tiene la asignatura, es una gran herramienta para la convivencia. Así que animamos para que se rectifique la decisión”, afirma Youseff Meziane, representante de la comunidad musulmana de Talayuela.

La eliminación del programa

El Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (LACM) se enmarca en la colaboración bilateral entre los Gobiernos de España y Marruecos. Está coordinado por la Embajada de Marruecos en España y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y su gestión corresponde a las comunidades autónomas. Además, según explica el propio ministerio, el profesorado es funcionario marroquí.

Actualmente, se desarrolla en centros de Educación Primaria y Secundaria de diez comunidades autónomas: País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura e Illes Balears.

Entre sus objetivos destacan la enseñanza de la lengua árabe y la cultura marroquí al alumnado marroquí y no marroquí; la promoción de la inclusión escolar y sociocultural; el fomento de valores de tolerancia y convivencia; y la cooperación con las familias para facilitar la comunicación con el profesorado y mejorar la participación en el proceso educativo.

Los acuerdos de gobierno del PP y Vox en Aragón y Extremadura han devuelto -si es que se había ido en algún momento- la cuestión de la integración al centro del debate político. La implantación de la “prioridad nacional” para acceder a ayudas públicas se ha llevado la mayoría de los titulares. Figuras de ambos partidos han definido este concepto de distinta forma, mientras la oposición la tacha de racista o clasista.

La exigencia de adaptar el Reglamento Europeo de Retornos para “endurecer la política migratoria” y la primera prohibición autonómica del burka y el niqab en espacios públicos se unen a la prioridad nacional como otras de las medidas alcanzadas en esta dirección. Los partidos firmantes defienden estas iniciativas como una apuesta por la seguridad y el arraigo.

Prioridad nacional en las ayudas públicas

La principal novedad del acuerdo es la aplicación del principio de “prioridad nacional” para el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas. Según el texto del pacto, tendrán preferencia quienes acrediten un arraigo real, duradero y verificable con la comunidad, reforzando la exigencia de empadronamiento y la vinculación con el territorio.

Los criterios mencionados para comprobar este “arraigo” son la cantidad de años de residencia registrada, vínculos económicos, sociales, familiares, laborales y educativos, así como el historial de cotizaciones y aportes al sistema. Esto significa que quienes hayan residido más tiempo, hayan trabajado durante más años, tengan familiares en la región o hayan realizado estudios allí pueden acumular más puntos para acceder a ayudas o prestaciones.

Sin embargo, según la documentación oficial, no se otorga mayor puntuación por haber nacido en España frente a quienes nacieron en el extranjero, de manera que un español que llegue próximamente a Extremadura o Aragón no partiría con ninguna ventaja. Los obstáculos para los migrantes llegan porque es mucho más complicado que cumplan con criterios como los vínculos familiares.

Endurecimiento migratorio y prohibición del burka

Otra de las líneas de acción prioritarias del pacto consiste en instar al Gobierno central a adaptar de manera inmediata el nuevo Reglamento Europeo de Retornos, aprobado recientemente por el Parlamento Europeo. Este reglamento, orientado a endurecer el control sobre los retornos y la política migratoria, debe ser incorporado a la legislación nacional antes de septiembre de 2026, defienden los dos partidos según lo pactado.

La décima página del pacto de Aragón, tras estas dos medidas, la completa una de las cuestiones que ha generado más polémica en los últimos meses. Se trata de la prohibición autonómica del uso del burka, el niqab y cualquier prenda que oculte completamente el rostro en espacios, edificios y servicios públicos de la comunidad. Los dos partidos han aprobado esta restricción, que justifican con motivos de seguridad, identificación personal y convivencia, pero también por la defensa de los valores de igualdad y dignidad.

De esta forma, este acuerdo supone la primera vez que una comunidad autónoma prohíbe el uso de estas prendas. Algunos ayuntamientos, principalmente liderados por Vox, han impulsado medidas similares, pero nunca se ha hecho a nivel autonómico. Hace unos días lo anunció Lleida, gobernada por el Partido Socialista de Cataluña (PSC). El alcance de sus competencias limita esta norma en la práctica, pero los espacios que dependan de la comunidad tendrán que regirse por esta medida.

Tras casi 15 jornadas y con todavía más de un mes pendiente, el juicio al ‘caso Kitchen’ ha finalizado su semana clave, en la que han pasado por la Audiencia Nacional tres de los testigos más importantes: el extesorero del PP, Luis Bárcenas, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la que fue secretaria del mismo partido, María Dolores de Cospedal.

Aunque el caso está enjuiciando el presunto espionaje por parte del Ministerio del Interior al extesorero popular, en estas jornadas el foco ha estado puesto en la lucha abierta entre el PP y Bárcenas alrededor de la ‘trama Gürtel’.

La semana comenzó con Bárcenas el mismo lunes, con ataques directos a su antiguo partido. El extesorero relató que, estando en prisión, llegó a ordenar a otro interno la destrucción de material sensible que había almacenado previamente en la nube y que, según su versión, podía afectar a antiguos dirigentes del partido. Las instrucciones se las dio en un papel, en el que indicaba que debía “destruir los audios de MR, es decir, Mariano Rajoy”. “No debe quedar nada, es mi compromiso”, declaró.

Esta grabación en concreto se trataría de una conversación que mantuvo con el expresidente en su despacho, donde le entregó en un sobre la “última hoja” de los movimientos de la cantidad extracontable que llevaban. Rajoy “se extrañó mucho: ‘¿Cómo puede ser que llevéis estos papeles?’“. Entonces lo destruyó en una trituradora.

“Yo me llamo Mariano Rajoy”

Como si de una respuesta directa se tratara, la declaración de este jueves de Rajoy ha comenzado con la pregunta de si tenía algún conocimiento de que se le apodara ‘El Barbas’, ‘El Asturiano’ o ‘M. Rajoy’, a lo que contestó: “Yo me llamo Mariano Rajoy y cada uno me llama como quiere, así que pregúnteles a ellos”.

También aprovechó la ocasión para negar de forma tajante el episodio que describió el extesorero. “Absolutamente falso”, respondió tras ser preguntado por este tema, negando también que existiera cualquier tipo de contabilidad B dentro de su partido.

Sobre la relación con Bárcenas, aseguró que “no era de confianza”, solo profesional. “Él fue por muchos años gerente del partido, yo no trataba temas económicos”, ha defendido. Preguntado sobre cuándo se transformó su relación con Bárcenas, cambió, por lo menos por su parte, cuando tuvo la “seguridad de que tenía 48 millones de euros en Suiza. Antes había algún tipo de presunción y ese día cambió”, indicando que fue alrededor de 2013.

“No me consta”

Fuera de esta pelea entre los dos testigos, la otra declaración que ha marcado la agenda de esta semana es la de Cospedal. Afirmó que ella no tuvo ningún tipo de participación en el espionaje a Bárcenas dentro del denominado ‘caso Kitchen’. “No me consta, ni era lo normal que me constara porque no tenía nada que ver”, defendió.

Sin embargo, el plato fuerte de su testimonio ha sido la relación que tiene con el excomisario José Manuel Villarejo. Defendió que en ningún momento hablaron sobre la trama Gürtel. “No me informaba porque no tenía que informarme”, indicó.

En las ocho o nueve reuniones que mantuvieron, según su versión, solo hablaron del interés que tenía ella en unas filtraciones que se estaban llevando a cabo sobre Rita Barberá, a la que ha descrito como “una señora y muy amiga mía”. “Tenía posibilidad de ayudarme con la prensa sobre unas filtraciones de un sumario de Rita Barberá”, declaró, agregando que no le hizo ningún encargo, “solo preguntas”. Así, dejando más preguntas que respuestas, terminó esta semana de declaraciones clave que, sin embargo, han dejado lo que se esperaba: mucha negativa y ninguna revelación.

El PP de Juanma Moreno ganaría las elecciones en Andalucía con entre 51 y 59 escaños, horquilla que contempla la mayoría absoluta, a partir de los 55, y un 43,6% de los votos, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este viernes en relación con los comicios autonómicos que se celebran el 17 de mayo.

Según este mismo estudio, el PSOE, segunda fuerza, con la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero como candidata, obtendría el peor resultado en su historia, con entre 27 y 34 escaños y un 25,8% de apoyos. Vox, termómetro del 17-M, porque de su resultado depende que el PP siga o no gobernando en solitario, habría frenado su ascenso.

La formación de Manuel Gavira, candidato de Santiago Abascal en esta región, se embolsaría entre 8 y 17 representantes, con un 10,3% de los sufragios. Hace cuatro años logró 14. Sin un aumento como el visto en Extremadura o Aragón, Moreno puede respirar tranquilo, si bien la actualidad política mantiene el río revuelto y un puñado de indecisos pudiera aún cambiar el signo.

No muy distinto al CIS andaluz

En una y otra región, PP y Vox han podido concretar estos últimos días un acuerdo para gobernar, en el que los segundos han colado a los primeros en los respectivos textos un sintagma que ya les está haciendo daño: prioridad nacional. Es decir, los españoles primero, si bien el partido no ha sido capaz de determinar cuál es el alcance ni si es de obligado cumplimiento.

La llamada izquierda a la izquierda del PSOE aspira a hasta los 12 escaños, según el CIS. Por Andalucía, que integra a Izquierda Unida, Sumar y Podemos, con Antonio Maíllo como número 1, alcanzaría entre 5 y 7 parlamentarios, mientras que Adelante Andalucía, encabezado por José Ignacio García, sentaría a entre 4 y 5 diputados.

No son resultados muy diferentes a los vertidos por el Centra, conocido como el CIS andaluz. Según este, Moreno tiene a su alcance mantener la mayoría absoluta, con una estimación de entre 54 y 57 escaños, y Montero se quedaría por debajo de la mitad, entre 26 y 27, también por debajo incluso del suelo histórico de los socialistas en esta región.

Al igual que el CIS, el Centra detecta un frenazo de Vox, con entre 17 y 20 parlamentarios, si bien cabe puntualizar que esta encuesta es de hace 10 días y realizó las preguntas antes incluso de que Podemos se sumara a Por Andalucía. En cualquier caso, Montero dijo no creerse este estudio: “Está hecho por el PP con recursos públicos”, criticó. Al igual que el CIS de José Félix Tezanos.

“Todos sabemos que iba a ser difícil estar acá, pero nunca imaginamos un panorama tan complicado para los migrantes. Por eso conseguir los papeles es crucial, porque no solo ganas derechos, sino que eres visible ante la sociedad”, explica Gabriela a Infobae, que llegó desde Lima a Madrid hace tres años y desde entonces se ha dedicado a trabajar en el cuidado de personas y en limpieza, atravesando numerosas dificultades.

Para obtener el certificado de vulnerabilidad, que se les exige a quienes no han trabajado en España con contrato y no tienen hijos menores a su cargo, Gabriela se ha dirigido a la organización SEDOAC (Servicio Doméstico Activo) en el barrio de Orcasitas, una de las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, aunque los servicios sociales también lo gestionan. Sin embargo, desde que el 20 de abril comenzó la atención presencial en más de 400 oficinas habilitadas en toda España para la regularización, la demanda del documento ha superado la capacidad de respuesta tanto de las organizaciones colaboradoras como de los propios ayuntamientos, lo que está generando un cuello de botella que dificulta avanzar en el proceso.

Algunos consistorios han denunciado tanto la falta de personal como la “escasez de instrucciones por parte del Gobierno central”, que dificultan aún más el trámite.

Para SEDOAC, el principal obstáculo en la gestión del certificado de vulnerabilidad es la falta de información y las dudas sobre el formato, quién debe validarlo y cómo tramitarlo.

“La mayor dificultad es la falta de información correcta y que, lógicamente, las comunidades migrantes están ansiosas de poder completar la carpeta con todos los documentos requeridos para presentar la solicitud de regularización. Por eso siempre hemos pedido mucha calma, porque las entidades sociales estamos haciendo lo imposible por cubrir todos estos huecos y también tenemos que organizarnos”, explica la activista Edith Espínola, portavoz de la organización, si bien también destaca la labor de “los trabajadores sociales comprometidos” en orientar a los solicitantes.

SEDOAC recuerda que no todos los migrantes deben presentar este certificado y que también quedan exentos quienes han sido o son solicitantes de protección internacional y los migrantes que residen en España con hijos mayores de edad con discapacidad o problemas de salud, o con ascendientes de primer grado a su cargo.

Nuevo choque entre el Gobierno central y PP

La tramitación del certificado de vulnerabilidad también ha abierto un nuevo frente de tensión entre el Gobierno central y las administraciones gobernadas por el PP. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha denunciado los “obstáculos” impuestos por algunos ayuntamientos y ha acusado a la formación de Alberto Núñez Feijóo de “boicotear” el proceso, al tiempo que ha apelado a la colaboración de todas las administraciones en el proceso.

Ante las críticas sobre la supuesta falta de recursos para implementar el procedimiento, Saiz ha afirmado que el sistema está “totalmente dimensionado, es perfectamente asumible y todo transcurre con normalidad”. “La mayor parte de los servidores públicos, independientemente del color del Ayuntamiento, están funcionando”, ha asegurado la ministra en una entrevista con TVE. También ha precisado que el proceso continuará aunque algunos ayuntamientos del PP no colaboren y la fecha de cierre sigue fijada en el 30 de junio.

Evitar abusos y aportar garantías

De hecho, pese a las dificultades, ya hay muchos migrantes que, como Eric, han logrado el certificado de vulnerabilidad. “Me lo acaban de dar y estoy muy contento”, dice a Infobae desde la sede de SEDOAC. Este joven de 22 años llegó a España desde Perú en 2024 y actualmente trabaja en la cocina de un restaurante sin contrato, por lo que confía en que la regularización pueda mejorar tantos sus condiciones laborales y como su vida cotidiana. “Hay empresas que abusan mucho y no respetan las horas, pero no tenemos más opción que aceptar, porque al final de cuentas estamos trabajando y tratamos de sacar dinero para llevar un pan a la casa”, explica.

Eric ha llegado a esta asociación madrileña acompañado de su tío, Heiner, que también se encuentra en situación irregular y solo ha podido desempeñar trabajos en la construcción de manera informal. “Vine a buscar un mejor futuro para mí y para mi familia”, relata este migrante, al que solo falta el certificado de vulnerabilidad para poder entregar su expediente.

Lilian, de tan solo 20 años, llegó a España hace apenas doce meses en busca de nuevas oportunidades y solo ahora, tras recibir apoyo en SEDOAC, siente algo de alivio, ya que aquí ha obtenido la ayuda que no encontró en el Ayuntamiento de Móstoles. Ahora espera obtener sus papeles lo más pronto posible para poder trabajar.

Esta organización social, por su parte, asegura que todas las entidades continuarán trabajando para que el mayor número posible de personas pueda presentar expedientes completos y regularizarse para acceder a una vida más digna. Se estima que medio millón de personas pueda lograrlo.

Ha defendido que la primera vez que hablaron fue a través de su marido y por interés del excomisario. Tras esa primera reunión, se vieron unas “ocho o nueve” veces, aunque ha asegurado no recordar todas ellas.

En todas estas veces que se vieron, ha asegurado que solo hablaban del interés que tenía ella en unas filtraciones que se estaban llevando a cabo sobre Rita Barberá, a la que ha descrito como “una señora y muy amiga mía”. “Tenía posibilidad de ayudarme con la prensa sobre unas filtraciones de un sumario de Rita Barberá”, ha declarado y ha agregado que no le hizo ningún encargo, “solo preguntas”.

En ese momento, 2009, también ha defendido que se encontraban en la oposición y que estaban “siendo espiados por parte de alguien que tenía que ver con Interior. Esa cuestión salió en la conversación y le dije que si podía saber si era verdad”, ha relatado. Ese fue el motivo inicial de verme con él. Luego siguió durante más tiempo, pero no dio más de sí“, ha añadido.

“Era una persona que tenía unas magníficas relaciones con la prensa, con toda la prensa”, ha remarcado y ha añadido que “prácticamente todos los periodistas de este país hablaban con él”. Según su versión, en ningún momento le pidió ningún tipo de remuneración, “ni tampoco tenía por qué”.

Los documentos de Bárcenas

Entrando ya más en el centro de la cuestión, ha indicado también que ella no tuvo ningún tipo de participación en el espionaje a Bárcenas dentro del denominado ‘caso Kitchen’. “No me consta, ni era lo normal que me constara porque no tenía nada que ver”, ha defendido.

Ha relatado que ella no fue la que le indicó su despido a Bárcenas y no recuerda quién llevó a cabo esta acción. Ha hablado también de los documentos que el extesorero dejó en la sede del PP durante dos meses y que más tarde acabaron en el estudio de su mujer, Rosalía Iglesias, de donde presuntamente fueron robados.

“A Bárcenas se le prohibió la entrada en la sede en enero de 2013 y se le reclamó que recoja sus efectos”, pero tras pasar el tiempo y que esto no ocurriera, la propia Cospedal les insistió que “si no venían a por ello, lo voy a poner todo en la calle”. “Fueron hasta 27 cajas”, ha explicado, pero no sabe si las recogieron propios trabajadores del partido o alguien enviado por el extesorero.

También ha limitado la relación que tenía con el exministro de Interior y principal acusado en el juicio, Jorge Fernández Díaz, con que solo tenía que ver “con los temas del partido”. Ha aprovechado para meter una pullita, explicando que “es una persona que ha sufrido mucho”.