Un policía murió y dos resultaron heridos durante un enfrentamiento armado en la colonia Cerrito Lindo, sector Rivera Hernández, en San Pedro Sula, Honduras.

El agente fallecido fue identificado como Erlin Marín Izaguirre Sánchez, asignado a la Policía Nacional. Durante el mismo hecho murió otro hombre señalado de manera preliminar por las autoridades como presunto integrante de la Pandilla 18.

El enfrentamiento se produjo después de que los agentes llegaran al sector tras recibir información sobre varios automotores con reporte de robo.

Al notar la presencia policial, varias personas que se encontraban en el lugar intentaron escapar. Los uniformados iniciaron una persecución que se extendió aproximadamente tres o cuatro cuadras y, durante ese tramo, los sospechosos habrían comenzado a disparar contra los agentes.

Fue en medio de ese intercambio cuando Izaguirre Sánchez resultó mortalmente herido.

Cómo se originó el enfrentamiento

La intervención comenzó a partir de una denuncia sobre automotores con reporte de robo. Los policías se desplazaron hasta el sector para verificar la información y localizar los vehículos.

El subcomisionado César Ruiz, jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la zona norte, explicó que al advertir la presencia policial, varias personas intentaron escapar y que durante la persecución los sospechosos abrieron fuego contra los uniformados, quienes respondieron.

Durante el enfrentamiento también murió un hombre que las autoridades vinculan de manera preliminar con la Pandilla 18.

Su identidad no había sido confirmada públicamente en los primeros reportes. Según la Policía, cerca del cuerpo fueron hallados un arma de fuego y tatuajes que las autoridades relacionan con esa estructura, entre otros indicios que deberán analizarse como parte de la investigación.

Las autoridades advirtieron que esa vinculación es preliminar y que corresponde a las investigaciones establecer la identidad del fallecido y determinar su eventual participación en los hechos.

Además del agente que perdió la vida, otros dos policías resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial. Según reportes publicados este lunes, uno de ellos permanecía en condición crítica; las autoridades no habían detallado públicamente la evolución del segundo.

La Policía Nacional confirmó la muerte de Izaguirre Sánchez y señaló que falleció mientras cumplía labores de servicio. De manera póstuma, la institución le otorgó el grado de Clase I de Policía y la distinción de Héroe Policial, y expresó sus condolencias a sus familiares y compañeros.

Vehículos recuperados y cuatro personas requeridas

Como parte del procedimiento, las autoridades localizaron los automotores que figuraban con reporte de robo. Según declaraciones atribuidas al jefe de la DPI, los vehículos fueron recuperados y trasladados a instalaciones policiales como parte de las diligencias correspondientes.

Tras el enfrentamiento, cuatro personas fueron requeridas para efectos de investigación, mientras se busca determinar si tuvieron alguna participación en los hechos. Equipos policiales, de Medicina Forense y del Ministerio Público permanecieron en el sector para recopilar pruebas y documentar la escena.

Luego del enfrentamiento, las autoridades reforzaron la presencia policial en distintos sectores de San Pedro Sula. Según reportes publicados este lunes, los operativos continuaron en la zona como parte de las acciones posteriores al incidente.

Las investigaciones siguen abiertas para determinar con precisión cómo comenzó el enfrentamiento, quiénes participaron y cuál era la relación de las personas halladas en el sector con los vehículos robados. Los resultados de esas diligencias, así como la situación de los cuatro requeridos, corresponden a información policial en desarrollo.

El Ministerio de Cultura informó sobre una intervención realizada en el Sitio Arqueológico Huaca Los Sauces, en el distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, luego de una alerta vecinal por presuntas labores no autorizadas dentro del área intangible. La acción permitió identificar trabajos de excavación y remoción de suelo con maquinaria pesada.

La diligencia estuvo a cargo de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Lambayeque, con apoyo de la Policía de Turismo, la Comisaría de Pimentel y el Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Pimentel. El operativo se produjo tras el aviso de vecinos sobre actividades clandestinas dentro del sitio arqueológico.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura, una persona fue intervenida al interior de un minicargador frontal ubicado dentro del área intangible. La maquinaria fue utilizada para excavar, remover y nivelar el terreno, acciones que afectaron un espacio reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación.

La intervención permitió delimitar una zona de aproximadamente 900 metros cuadrados con excavaciones que alcanzaron hasta 1.5 metros de profundidad. El Ministerio de Cultura precisó que el minicargador frontal quedó incautado como parte de las diligencias efectuadas en el lugar.

Excavaciones afectaron un área de 900 metros cuadrados

La inspección permitió determinar las dimensiones de la zona intervenida y la profundidad de las excavaciones. El terreno presentó modificaciones producto del movimiento de suelo dentro del espacio protegido.

El Ministerio de Cultura, mediante la DDC Lambayeque, identificó además trabajos de nivelación que no contaban con autorización. La presencia de maquinaria pesada dentro del área intangible permitió establecer el tipo de intervención ejecutada sobre el terreno arqueológico.

La entidad cultural señaló que estas acciones representan una afectación al Patrimonio Cultural de la Nación. El minicargador frontal quedó bajo incautación tras su utilización en las labores detectadas durante la diligencia.

Encuentran cerco metálico y materiales de construcción

Durante la inspección también se verificaron modificaciones adicionales en el espacio intervenido. El área contaba con un cerco elaborado con planchas metálicas y dos columnas de acero instaladas recientemente.

En el lugar fueron encontrados, además, bolsas de cemento, cilindros de agua, arena y piedra. La presencia de estos elementos fue registrada durante la diligencia debido a su relación con los trabajos ejecutados dentro del sitio arqueológico.

Los materiales quedaron identificados junto con las modificaciones efectuadas en el terreno. La intervención permitió reunir estos elementos dentro de las acciones de verificación desarrolladas por las autoridades culturales y policiales.

Intervención contó con apoyo de autoridades locales

En el operativo participaron especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque, efectivos de la Policía de Turismo y personal del Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Pimentel.

La Policía Nacional del Perú también intervino mediante efectivos de la Comisaría de Pimentel. La participación conjunta permitió ejecutar la diligencia tras la alerta formulada por vecinos del sector.

El Ministerio de Cultura indicó que este tipo de intervenciones requiere la participación de las instituciones encargadas de la protección del patrimonio y de las autoridades locales. En este caso, la actuación incluyó la inspección del área, la identificación de los trabajos y la incautación de la maquinaria encontrada dentro del espacio intangible.

Ministerio de Cultura pide reportar actividades ilegales

El Ministerio de Cultura solicitó a la ciudadanía informar sobre cualquier actividad que pueda afectar bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. En Lambayeque, la entidad dispone de los teléfonos (01) 7140102 y 976075739 para recibir denuncias.

Las alertas también pueden enviarse al correo electrónico lambayeque@cultura.gob.pe. Otra vía corresponde a las comisarías distritales y a los destacamentos policiales ubicados en los museos de la región Lambayeque.

Según la entidad, estos puntos permanecen atentos ante posibles actividades ilícitas en sitios arqueológicos y monumentos históricos. La intervención en Huaca Los Sauces se produjo precisamente después de una alerta emitida por vecinos sobre trabajos ejecutados dentro del área intangible.

Más de 200 jóvenes hondureños ingresaron este domingo al Instituto Técnico Policial (ITP), en Comayagua, para iniciar la formación correspondiente a la 120 promoción de agentes de escala básica de la Policía Nacional. Durante los próximos meses completarán un programa que combina instrucción teórica, preparación física y entrenamiento técnico.

Los hombres y mujeres que integran este contingente llegaron desde diferentes puntos del país para concentrarse en el complejo educativo policial, donde permanecerán bajo un régimen de internamiento que combinará clases teóricas, preparación física, entrenamiento técnico y actividades orientadas al desarrollo de competencias propias de la función policial.

La incorporación de esta nueva promoción se produce como parte de los esfuerzos de las autoridades de Seguridad para fortalecer el personal de la institución y ampliar progresivamente la cantidad de agentes disponibles para labores de prevención, vigilancia y atención a la ciudadanía.

De acuerdo con la Dirección de Educación Policial, los candidatos fueron sometidos a exámenes de confianza, evaluaciones médicas, pruebas psicológicas y evaluaciones de aptitud física. Estas pruebas forman parte del mecanismo utilizado por las autoridades para determinar si los postulantes reúnen las condiciones requeridas para iniciar la formación profesional dentro de la institución.

Luego de completar las evaluaciones y ser seleccionados, los aspirantes recibieron la convocatoria para presentarse en el ITP, donde deberán cumplir con las diferentes fases del programa académico.

Proceso de selección

Aunque la preparación física y operativa constituye uno de los componentes de la carrera policial, el programa contempla también una importante carga académica.

“La formación busca que los futuros agentes conozcan los límites legales de sus actuaciones y comprendan las responsabilidades que implica ejercer funciones de autoridad frente a la población.”

Entre las materias contempladas se encuentra la investigación criminal básica, un área que permitirá a los estudiantes familiarizarse con conceptos y procedimientos relacionados con la prevención y el esclarecimiento de hechos delictivos.

El conocimiento de estas herramientas resulta relevante para los agentes de escala básica, dado que su trabajo puede involucrar la atención inicial de situaciones que posteriormente son objeto de investigaciones más especializadas.

El programa contempla además contenidos relacionados con el uso de la fuerza, aspecto fundamental de la preparación policial por las situaciones de riesgo que pueden enfrentar los agentes durante el cumplimiento de sus funciones.

La Policía Nacional destacó que el respeto de los derechos humanos será uno de los componentes transversales de la formación. Los estudiantes recibirán conocimientos orientados a comprender los principios que deben observarse durante las actuaciones policiales y en la relación cotidiana con la ciudadanía.

Las autoridades también incorporaron la perspectiva de equidad de género dentro del proceso educativo. El objetivo planteado por la institución es que los nuevos elementos cuenten con una preparación que abarque tanto las capacidades operativas como los aspectos éticos y legales asociados al ejercicio de la función policial.

La etapa exigirá disciplina y cumplimiento de horarios, además de participación permanente en actividades académicas, físicas y de entrenamiento.

El proceso de formación será determinante para que los aspirantes alcancen la condición necesaria para graduarse e incorporarse a las unidades operativas.

Preparación y distribución

Una vez completado el período de formación y superadas las evaluaciones correspondientes, quienes culminen el programa recibirán el título técnico correspondiente y serán distribuidos entre diferentes unidades de la Policía Nacional a nivel nacional.

Entre las estructuras que podrían recibirlos se encuentran las Unidades Metropolitanas de Prevención (UMEP) y las Unidades Departamentales de Prevención (UDEP), con presencia en diferentes sectores del territorio hondureño. Ambas desarrollan principalmente labores de prevención, vigilancia y atención a la población.

El ingreso de la 120 promoción se enmarca en las políticas de las autoridades de Seguridad para ampliar y fortalecer la Policía Nacional. Las autoridades han señalado que el aumento y la tecnificación del personal forman parte de las estrategias para enfrentar los diferentes fenómenos delictivos que afectan al país.

Unidades de la Policía Nacional incautaron 1.380 kilos de presunta droga durante una diligencia desarrollada en un centro logístico del distrito de Arraiján, en Panamá Oeste.

El operativo se concretó luego de labores de inteligencia y seguimiento. La sustancia quedó bajo custodia de las autoridades, que continuarán con las investigaciones y las diligencias correspondientes.

La actuación en Arraiján fue uno de los procedimientos vinculados con las investigaciones por delitos relacionados con drogas desarrolladas en la provincia. Las autoridades no precisaron en el material disponible si hubo personas aprehendidas por ese decomiso.

En tanto, el decomiso de 5.529 paquetes con presunta sustancia ilícita y la captura de dos ciudadanos colombianos marcaron una operación ejecutada en aguas del sur de Punta Burica, en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí.

El procedimiento ocurrió durante la madrugada cuando las autoridades interceptaron una embarcación que navegaba con dos tripulantes y varios bultos, en medio de labores de patrullaje y control del tráfico marítimo ilícito.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Chiriquí y el Servicio Nacional Aeronaval participaron en la diligencia que permitió asegurar los paquetes y detener a los dos ocupantes de la nave.

Las autoridades ubicaron la embarcación al sur de Punta Burica, una zona marítima situada frente al distrito de Barú.

Tras la revisión, los agentes encontraron los bultos con la presunta sustancia ilícita y trasladaron el caso a las instancias competentes.

La intervención formó parte de las acciones de vigilancia desplegadas contra las rutas usadas para el traslado de droga por mar.

La investigación deberá determinar el origen de la sustancia, el destino de la embarcación y la posible participación de otras personas.

Mientras, un colombiano de 52 años quedó bajo detención provisional en Panamá Oeste por su presunta vinculación con el cultivo de plantas destinadas a producir droga ilícita y la posesión ilícita de armas de fuego.

La medida se resolvió durante una audiencia de solicitudes múltiples. La Fiscalía pidió la legalización de la aprehensión, la formulación de cargos y la aplicación de una medida cautelar.

El Juzgado de Garantías admitió las peticiones tras considerar los riesgos procesales expuestos por el Ministerio Público. Entre ellos figuraron el peligro de fuga y el riesgo para la comunidad por la naturaleza de los hechos investigados.

El caso surgió a partir de un allanamiento realizado por la Sección de Atención Primaria de Arraiján, con apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

Durante esa diligencia, las autoridades encontraron 30 plantones de presunta sustancia ilícita en la residencia del imputado. También ubicaron una escopeta, 10 municiones calibre 12 y 34 municiones compatibles con armas calibre 9 mm.

La Fiscalía de Adolescentes de Chiriquí obtuvo la detención provisional de un adolescente de 17 años, imputado por su presunta relación con los delitos de comercialización de drogas y asociación ilícita para delinquir.

La decisión se tomó en una audiencia de control de garantías ante un Juzgado Penal de Adolescentes. La Fiscalía presentó elementos de convicción sobre la comisión del hecho y la posible participación del joven.

El tribunal legalizó la aprehensión, admitió la formulación de cargos y ordenó la medida cautelar por el término establecido en la ley. El expediente está relacionado con diligencias en el distrito de Bugaba.

Según el material presentado por las autoridades, durante el procedimiento judicial se ubicaron sustancias ilícitas y dinero autorizado en poder de la persona investigada. No se detalló la cantidad de droga ni el monto de efectivo asegurado.

La Policía señala que el nombre de Méndez Araujo apareció en conversaciones encontradas en uno de los teléfonos incautados a Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’. En esos mensajes se mencionaría la distribución de parte del dinero relacionado con el rescate del empresario, con un monto de hasta S/1 millón destinado a la mujer.

La llegada de Méndez a Trujillo se produjo mientras permanece vigente una orden de detención preliminar por 15 días. Al ingresar a la dependencia policial, la investigada negó haber recibido dinero relacionado con el secuestro, mientras la Fiscalía y la Policía continúan con las diligencias para determinar su eventual participación en los hechos.

Expareja de ‘Jhonsson Pulpo’ permanece bajo custodia policial en Trujillo

La Policía Nacional trasladó a Catherin Méndez desde Lima hacia Trujillo luego de su captura en Pueblo Libre. La intervención estuvo a cargo de agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco-Escuadrón Especializado), en cumplimiento de una orden judicial.

Antes de su traslado, la mujer pasó por la sede de Medicina Legal en La Victoria. Posteriormente, fue llevada a otras dependencias policiales y finalmente trasladada a Trujillo para continuar con las diligencias relacionadas con el caso.

Las imágenes muestran a Méndez con un chaleco rojo mientras era custodiada por efectivos policiales durante su llegada a la ciudad. La mujer ingresó a la sede de la Divincri de la urbanización San Andrés.

La medida judicial establece 15 días de detención preliminar para Méndez Araujo. La investigación comprende delitos como organización criminal, secuestro extorsivo y homicidio calificado, según la información difundida sobre el caso.

Los chats de ‘Jhonsson Pulpo’ mencionan un pago de S/1 millón para Méndez

El nombre de Méndez Araujo apareció en conversaciones encontradas en uno de los teléfonos incautados a Jhonsson Smit Cruz Torres. Según la información difundida por medios de comunicación, en esos mensajes se coordinaba la distribución de parte del dinero relacionado con el rescate de Jenss Lara.

De acuerdo con lo señalado por el general Antonio Zavala, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, en las comunicaciones se mencionaba que Catherin Méndez recibiría S/1 millón. La Policía analiza estos mensajes para determinar si el dinero llegó efectivamente a manos de la mujer.

En las conversaciones también figuraría otro monto de S/430 mil destinado a una hija de Cruz Torres. La información forma parte de las diligencias que buscan reconstruir cómo se habría distribuido el dinero obtenido tras el secuestro.

Al llegar a la Divincri de Trujillo, Méndez negó haber recibido dinero relacionado con el rescate. Su versión deberá ser contrastada con los elementos que la Policía y la Fiscalía incorporen durante la investigación.

Investigación busca establecer el recorrido del dinero del rescate

El caso se relaciona con el secuestro del empresario minero Jenss Lara, ocurrido el 30 de agosto en Trujillo. Según información citada por El Comercio, un testigo identificado con el seudónimo de “Juan” declaró que la familia del empresario habría pagado S/2 millones para conseguir su liberación.

De acuerdo con esa versión, el pago se habría realizado mediante una parte en efectivo y otra a través de una transferencia bancaria. Los investigadores analizan este dinero y las comunicaciones atribuidas a Cruz Torres para determinar quiénes habrían participado en su distribución.

La Policía también encontró, según la información difundida, listas con nombres y montos en los teléfonos incautados al investigado. Estos documentos son revisados como parte de las pesquisas sobre el funcionamiento de la organización y el destino del dinero.

Mientras permanece bajo detención preliminar, Catherin Méndez quedó a disposición de las autoridades en Trujillo. La investigación continuará para determinar su eventual vinculación con el secuestro y el manejo del dinero, así como la responsabilidad que corresponda a cada una de las personas investigadas.

La Policía del Chubut informó que se convirtió en la primera fuerza policial del país en otorgar una formación específica en prevención del suicidio a integrantes de su personal. La primera cohorte de la Diplomatura en Suicidología reunió a 50 efectivos, que completaron seis meses de capacitación.

La iniciativa fue elaborada y presentada por el Área Equipo Técnico Interdisciplinario, que funciona bajo la órbita de la Dirección de Acción Social. Además, contó con la participación conjunta y el aporte del Área de Formación Continua, que depende de la Dirección de Formación y Capacitación Policial.

El trayecto académico estuvo orientado a que los agentes puedan advertir señales de alarma entre sus compañeros, reconocer cambios de conducta que requieran atención y actuar de forma temprana ante una situación de riesgo. Entre las señales que se abordaron figuran el aislamiento, el abandono de actividades que antes generaban interés y el distanciamiento de vínculos familiares o de amistad.

La diplomatura incorporó contenidos para facilitar una intervención responsable ante posibles situaciones vinculadas al suicidio. Entre las herramientas abordadas figura la identificación de rasgos de alerta, el acercamiento adecuado a la persona y la activación de los circuitos institucionales de asistencia.

La capacitación contó con la participación del comisario inspector retirado Jorge Pascual Scalzo, el negociador Mauro Sebastián Ocampo, el licenciado Nicolás Cerato y la doctora Verónica Rehl, profesionales procedentes de Santa Fe y Buenos Aires que dictaron los contenidos del programa.

Jorge Pascual Scalzo, fundador del Equipo de Negociación y Respuesta en Crisis y especialista en suicidología, destacó la decisión de la Policía del Chubut de impulsar una formación específica para su personal. “Tuve la fortuna de coincidir con la Policía del Chubut, que ha tenido la visión de generar una diplomatura en prevención del suicidio, la primera en el país que instituye una Policía”, afirmó.

Scalzo señaló que la prevención requiere intervenir antes de que una persona llegue a una situación crítica. En ese sentido, remarcó la importancia de que integrantes de las fuerzas de seguridad, docentes, bomberos, profesionales de la salud y miembros de la comunidad puedan advertir señales de alerta y orientar a quienes necesitan ayuda.

La propuesta se enmarca en los lineamientos de la Ley Nacional 27.130, que establece un abordaje integral de las problemáticas vinculadas al suicidio y contempla instancias de capacitación para los sectores de Salud, Educación y Seguridad.

Los policías que completaron la formación podrán dar aviso a los equipos profesionales correspondientes y poner en marcha los protocolos de atención inmediata previstos por la institución.

La ceremonia de entrega de certificados fue encabezada por el subjefe de la Policía del Chubut, comisario general Mauricio Damián Zabala, acompañado por integrantes de la Plana Mayor Policial.

Con esta primera cohorte, la fuerza incorpora personal con capacitación específica para colaborar en la detección temprana de situaciones de riesgo, facilitar la asistencia y fortalecer las estrategias internas de cuidado y acompañamiento.

La institución señaló que la iniciativa constituye un antecedente en la formación de fuerzas de seguridad argentinas, al incorporar una diplomatura destinada de manera exclusiva a la prevención y al abordaje temprano del suicidio entre sus integrantes.

La prevención del suicidio constituye una prioridad de salud pública y requiere la participación articulada de instituciones, equipos profesionales y comunidad. De acuerdo con las Estadísticas Vitales 2023 de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud, ese año se registraron 3.488 muertes por suicidio en la Argentina.

La primera cohorte deja incorporada una red interna de agentes con formación específica para acompañar, orientar y canalizar situaciones que requieran intervención profesional. Desde la institución indicaron que la experiencia permitirá consolidar protocolos de actuación y profundizar las acciones de capacitación destinadas al bienestar y al cuidado del personal policial.

Cuatro personas requeridas por delitos sexuales fueron aprehendidas en distintos puntos de Panamá durante operativos de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación Judicial.

Uno de los casos ocurrió en el distrito de Dolega, provincia de Chiriquí, donde las unidades judiciales detuvieron a un hombre de 68 años.

El ciudadano era investigado por denuncias relacionadas con presuntos delitos contra la libertad e integridad sexual, incluida la modalidad de violación.

Las pesquisas indican que el sospechoso publicaba aparentes ofertas laborales en plataformas digitales. Luego, citaba a las personas interesadas a una entrevista en su residencia, donde presuntamente cometía las agresiones sexuales.

Sobre el hombre pesan más de cinco denuncias presentadas en las provincias de Panamá y Chiriquí. Tras un allanamiento, fue trasladado para los procedimientos que permitirán ponerlo a disposición del Ministerio Público.

En otra acción, las autoridades aprehendieron a un joven de 19 años en el sector de El Cruce de San Félix, en el distrito de San Félix. El ciudadano era requerido por un delito contra la libertad e integridad sexual.

El joven mantenía un oficio emitido el 26 de junio de 2026 por el Juzgado Municipal del Distrito de Remedios, y la captura se concretó durante tareas de verificación realizadas por las unidades policiales.

También, dentro del Plan Firmeza, la Policía Nacional detuvo a una persona requerida por el presunto delito de violación en la estación Metro de Villa Zaita, en el distrito de San Miguelito.

En la isla Colón, provincia de Bocas del Toro, agentes de la Dirección de Investigación Judicial hicieron efectiva una orden de aprehensión y conducción contra otro ciudadano.

La medida se ejecutó en Calle Primera por un presunto delito contra la libertad e integridad sexual en modalidad agravada.

Los casos fueron remitidos a las autoridades judiciales correspondientes, que continuarán con las investigaciones y los trámites legales previstos.

El panorama de los delitos sexuales en Panamá muestra, entre 2025 y 2026, una combinación de persistencia estructural y aceleración reciente, con aumentos significativos en las denuncias, especialmente en conductas que afectan directamente a niñas, niños y adolescentes.

Las cifras del Ministerio Público revelan que, tras un quinquenio 2019-2023 con más de 35.000 denuncias y una tasa nacional en ascenso, 2025 se consolidó como un año de alta incidencia y 2026 profundizó ese incremento, con un crecimiento general cercano al 16% en los primeros siete meses del año respecto al mismo período del año anterior.

En ambos años, el capítulo de violación y otros delitos sexuales concentra alrededor del 90% de las denuncias, con el acceso sexual con una persona mayor de 14 y menor de 18 años y la violación como conductas predominantes.

Mientras, las estadísticas confirman que más del 70% de las víctimas son menores de edad y que provincias como Panamá, Chiriquí, Panamá Oeste, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé se mantienen como focos críticos de violencia sexual.

Las notas informativas que analizan la magnitud de la violencia sexual en Panamá enfatizan que el catálogo penal no solo abarca agresiones físicas directas, sino también conductas que explotan la vulnerabilidad de menores de edad mediante corrupción, explotación sexual comercial y producción, posesión o exhibición de material pornográfico.

En este sentido, la pornografía infantil y la explotación sexual aparecen con cifras absolutas mucho menores que la violación o el acceso sexual, pero muestran, en los últimos años, incrementos porcentuales muy elevados, lo que ha encendido alarmas en las instituciones encargadas de la protección de la niñez.

La tipificación penal de estos delitos permite su registro estadístico diferenciado y, a la vez, ofrece un marco para la elaboración de políticas específicas, por ejemplo en materia de control de contenidos digitales, turismo sexual o explotación comercial en contextos de pobreza.

Colón acumula seis homicidios en lo que va de septiembre, registro mensual que se sumó a los 10 asesinatos reportados durante agosto en la provincia.

La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de generales desconocidas en un herbazal ubicado en el sector conocido como la bajada de Altos de Los Portales, en San Judas, provincia de Colón. Tenía varios balazos.

Según informes preliminares, el hallazgo se produjo bajo una constante lluvia en la zona. Al parecer se trata de un taxista a quien le despojaron el auto con que se ganaba la vida.

El Ministerio Público inició las investigaciones para determinar la identidad de la víctima, su lugar de residencia y las causas de la muerte, sobre las cuales aún no hay un reporte oficial.

Horas antes, un lava auto se transformó, en un abrir y cerrar de ojos, en un escenario de horror y muerte. Un hombre fue ejecutado a balazos mientras se encontraba en el mencionado local, ubicado en el corregimiento de Cristóbal.

Según los primeros informes, sicarios fuertemente armados irrumpieron en el establecimiento y sin contemplaciones descargaron ráfagas de disparos contra la víctima, dejándola tendida sin vida ante la mirada atónita de los presentes. El estruendo de las detonaciones interrumpió la rutina del lugar y desató el caos entre los residentes.

Además, las autoridades indagan la muerte de una persona encontrada cerca de Merca Panamá, cuya identidad tampoco había sido confirmada.

La sucesión de casos en un lapso reducido elevó la preocupación entre los residentes de la provincia, donde varios corregimientos concentran una parte de los homicidios registrados durante los últimos meses.

Los sectores de Cristóbal, Cativá y Barrio Norte aparecen señalados en los informes sobre violencia letal como puntos con una alta incidencia de ataques armados.

La violencia homicida en Colón mantuvo niveles elevados en 2025 y lo que va de 2026, según las cifras oficiales.

El Ministerio Público informó que Panamá cerró 2025 con 593 homicidios, 10 más que los contabilizados en 2024. El aumento anual representó una variación de 1,72%.

En ese período, Colón registró 121 víctimas y quedó como la segunda provincia con más asesinatos del país, por detrás de Panamá.

Los informes del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) ubicaron la tasa de homicidios de Colón entre 39 y 42 casos por cada 100 mil habitantes durante ese año.

El organismo clasificó ese nivel como una tasa alta, vinculada a una situación de violencia alarmante. La tasa nacional fue de 14,2 homicidios por cada 100 mil habitantes, considerada moderada dentro de la escala utilizada por el sistema.

Entre enero y abril de 2026, Panamá registró 193 homicidios y 32 de esos casos ocurrieron en Colón. Esa proporción representó 16,6% del total nacional durante los primeros cuatro meses del año.

Los datos del primer semestre señalaron que la provincia acumulaba 52 homicidios dentro de un total nacional de 300.

Esta semana la Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollaron la Operación Rigor, dirigida contra integrantes de la pandilla autodenominada Los RG4L o G4, que mantiene presencia en el corregimiento de Cativá.

Tras labores de inteligencia el operativo se concentró en los sectores de San Pedro B, San Pedro C y Altos de Los Lagos, donde se logró la aprehensión de siete personas, quienes estarían presuntamente vinculadas a esta estructura delictiva. Además de otra persona que mantenía oficio por distinto delito.

De acuerdo con las investigaciones, esta pandilla se le relaciona con la presunta comisión de diversos delitos, entre ellos homicidio, tentativa de homicidio, lesiones personales, drogas, posesión ilícita de armas de fuego y otro

A. J. E. J., alias “El Fresa”, fue reaprehendido la mañana del jueves 17 de septiembre de 2026 en un hotel de Tamazulápam del Progreso, Oaxaca, horas después de que escapó durante un traslado bajo custodia oficial en inmediaciones de San Bartolo Coyotepec. Su localización cerró el operativo de búsqueda, pero abrió una investigación sobre las condiciones en que un detenido logró evadirse y la posible participación de particulares o servidores públicos.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que en la búsqueda participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, Policía Estatal y fuerzas federales. El despliegue permitió ubicar a “El Fresa” en un hotel de la Mixteca, donde volvió a quedar bajo custodia.

La reaprehensión resolvió la ubicación del prófugo, aunque no explicó la secuencia que hizo posible su salida. La atención se concentró en el traslado realizado en la jurisdicción de San Bartolo Coyotepec y en las decisiones tomadas por quienes tenían la responsabilidad de vigilarlo.

En un primer informe se relató que los agentes que lo trasladaron habrían sido emboscados por sicarios para liberar al detenido, sin embargo la Fiscalía separó de sus funciones a los cuatro integrantes del Grupo de Operaciones Tácticas tras la evasión. Los agentes quedaron sujetos a investigación, una medida que no estableció por sí misma su responsabilidad, pues esa definición correspondió a los procedimientos administrativos y ministeriales abiertos por el caso.

El reo fue identificado por medios locales de Oaxaca como exjefe operativo de la Policía Municipal de San Antonio de la Cal.

Cuatro agentes quedaron bajo investigación por la evasión

La dependencia inició procedimientos mediante la Contraloría y la Visitaduría General para deslindar responsabilidades operativas y administrativas. Además, abrió una carpeta de investigación por el delito de Evasión de Presos.

La autoridad advirtió que las personas que favorecieran la fuga de un detenido podrían enfrentar consecuencias penales conforme a la legislación estatal. El expediente debía esclarecer tanto la mecánica de la evasión como una eventual conducta sancionable de quienes participaron en la custodia.

La información oficial indicó que un grupo de personas interceptó a los agentes para liberar a “El Fresa”. Esa versión dejó pendientes detalles sobre el sitio exacto donde comenzó el incidente, la forma en que ocurrió la intercepción y la respuesta de los custodios.

También permanecieron sin explicación pública el número de vehículos involucrados, la cantidad de elementos que acompañaban al detenido, el armamento y equipo disponibles, así como las medidas de seguridad activas durante el traslado. La reconstrucción de esos factores permitiría establecer si la fuga derivó de una agresión externa, una falla de protocolo o de ambas circunstancias.

La investigación debía identificar a quienes intervinieron

Otro punto por determinar era el tiempo transcurrido entre la evasión y el inicio del operativo de búsqueda. Ese lapso resultaba necesario para conocer cómo se activó la respuesta institucional y bajo qué condiciones “El Fresa” consiguió trasladarse hasta un hotel de Tamazulápam del Progreso.

Con la información pública disponible, no podía afirmarse que los cuatro agentes separados hubieran actuado en complicidad con el detenido. Tampoco existían elementos que acreditaran un pago para facilitar la fuga.

La investigación debía identificar a las personas que habrían intervenido para liberar al detenido y precisar su posible relación con él. Si se trató de una operación coordinada, las autoridades tendrían que determinar quién la organizó y cómo se ejecutó.

La indagatoria también debía revisar si alguien tuvo información anticipada sobre el traslado. En caso de que un servidor público hubiera proporcionado datos, facilitado condiciones o dejado de cumplir deliberadamente sus obligaciones, la responsabilidad tendría que sustentarse con pruebas.

Los posibles pagos permanecieron como una línea por verificar

Tras una evasión suelen surgir versiones sobre pagos, amenazas, favores o acuerdos entre particulares y custodios. En este caso, esas interrogantes permanecieron como líneas por verificar y no como hechos demostrados.

La información disponible no identificó una dádiva entregada a los agentes ni acreditó que existiera un pago para permitir la liberación. Cualquier conclusión sobre esa posibilidad dependía del avance de la carpeta de investigación.

Para esclarecerla, las autoridades tendrían que revisar declaraciones, registros de comunicación, videos, movimientos financieros, peritajes y otros elementos que se incorporaran al expediente. La recaptura del detenido resolvió su búsqueda, pero dejó pendiente conocer quién y bajo qué condiciones hizo posible su escape.

Florida entregará más de 10 millones de dólares en bonificaciones para 1.506 agentes policiales recién incorporados, como parte de una política estatal que busca reforzar la contratación en las fuerzas de seguridad y atraer efectivos de otras zonas de Estados Unidos.

Cada uno de los beneficiarios recibirá un pago único neto de USD 5.000, informó CBS News. La administración estatal cubre las retenciones impositivas para que los nuevos integrantes de los cuerpos policiales perciban el monto completo anunciado.

La medida corresponde al Programa de Bonificaciones para el Reclutamiento de Agentes del Orden, creado en 2022. La iniciativa admite tanto a quienes comienzan su carrera en el sector como a policías certificados en otros estados que se trasladan a territorio floridano y cumplen con los requisitos de contratación.

El programa alcanzó a casi 12.500 policías desde 2022

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, encabezó el anuncio en el centro de entrenamiento de la Oficina del Sheriff del Condado de Pasco, cerca de Land O’ Lakes. Durante el acto, sostuvo que el estado pretende poner en valor la tarea de los agentes y ampliar la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad.

“Queríamos demostrar que esta es una profesión noble e importante para la seguridad de nuestras comunidades y para la vitalidad de Florida”, afirmó DeSantis durante la conferencia recogida por CBS News.

La más reciente entrega incluyó a 38 reclutas del condado de Pasco, algunos de los cuales recibieron sus cheques durante la actividad. Con esta ronda, el programa acumula casi 12.500 agentes beneficiados y una inversión estatal superior a 83 millones de dólares desde su puesta en marcha.

El gobierno estatal no presentó un detalle de la cantidad de receptores por agencia ni por condado. Sin embargo, los datos divulgados indican que el incentivo ha tenido alcance en distintos cuerpos de seguridad que operan en Florida.

Las agencias buscan cubrir vacantes ante la caída de aspirantes

El sheriff del condado de Pasco, Chris Nocco, aseguró que las entidades policiales afrontan dificultades para completar sus plantillas, debido a una disminución de personas interesadas en ingresar a la profesión.

“El número de personas que quiere entrar a las fuerzas del orden está disminuyendo”, señaló Nocco. El sheriff agregó que los estímulos económicos permiten a las agencias competir por una cantidad limitada de candidatos.

El funcionario también advirtió que los departamentos deben ofrecer remuneraciones y beneficios que acompañen el aumento del costo de vida. Bajo esa lógica, el bono de reclutamiento funciona como un complemento al salario inicial y a otras condiciones de empleo disponibles para los agentes.

La administración de DeSantis ha presentado estos pagos como una herramienta para atraer tanto a nuevos graduados de academias como a efectivos con experiencia previa en otros estados. Para acceder al beneficio, los aspirantes deben cumplir las condiciones de certificación y contratación establecidas por las autoridades de Florida.

El presupuesto prevé fondos para bonos y aumentos salariales

El presupuesto de Florida para el ejercicio fiscal 2026-2027 asignó 20 millones de dólares para sostener el programa de reclutamiento. A esa cifra se suman otros 19,8 millones de dólares destinados a aumentos salariales de los agentes estatales juramentados.

Durante el período fiscal anterior, el estado elevó a USD 60.000 el salario base mínimo de esos funcionarios. También aprobó incrementos de 10% para los agentes que inician su carrera y de 15% para los veteranos con al menos cinco años de servicio.

Además de las bonificaciones, el Ejecutivo estatal ha impulsado becas para cubrir los costos de formación en academias policiales, recursos de bienestar y programas educativos dirigidos a estudiantes de secundaria. Las acciones forman parte de la estrategia oficial para ampliar el número de postulantes en un contexto de competencia entre agencias por personal capacitado.

La nueva partida presupuestaria mantendrá vigente el programa de incentivos mientras las agencias locales y estatales continúan con sus procesos de contratación para cubrir las vacantes disponibles.

Al otro, un hombre de más de 70 años sostiene otra cámara y filma sin apartar la mirada. Cuando la mujer pierde el conocimiento, el video continúa.

Esa grabación fue recuperada de uno de los más de 50 discos duros encontrados en una casona del barrio de Olney, en el norte de Filadelfia. El hombre que aparece en el video murió en 2025, a los 82 años, sin haber sido arrestado.

Su hijo lleva meses en prisión preventiva por cargos de armas. Y la Policía sigue sin poder responder la pregunta más básica del caso: qué pasó con las mujeres que entraron a esa casa y nunca volvieron a salir.

El caso arranca en la calle

El 19 de junio de 2026, pasadas las ocho de la noche, un guardabosques federal patrullaba a pie la cuadra 600 de Market Street, en el corazón histórico de Filadelfia. Frente al Independence Mall — el parque donde se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos — había un BMW negro estacionado en una zona prohibida. El agente se acercó.

Dentro del vehículo estaban Eugene Horsch y una mujer sin identificar. Al pedirle documentación, la mujer entregó un carnet a nombre de Blair Tonzelli, de 35 años, desaparecida desde 2023.

Según declaraciones posteriores a la Policía, fue el propio Horsch quien le había dado esa identificación. En el asiento trasero había dos pistolas y aproximadamente USD 8.000 en drogas ilegales.

En los bolsillos de Horsch, credenciales que lo acreditaban como agente de la Agencia Antidrogas (DEA) y del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Todas falsas.

Horsch fue detenido. Pero lo que dijo a continuación fue lo que transformó un arresto rutinario en una investigación de homicidio. Según documentos judiciales, el hombre afirmó que la mujer desaparecida “jamás volvería a ser vista”.

Esa frase llevó a los investigadores hasta la casona en el norte de la ciudad.

La casa de West Chew Avenue

Olney es un barrio de clase trabajadora, con una densa red de casas adosadas, comercios de barrio y comunidades de inmigrantes.

La casa del bloque 400 de West Chew Avenue no llamaba la atención desde fuera. Adentro, era otra cosa.

El 20 de junio, la Policía ejecutó la primera orden de allanamiento. Encontraron una planta de marihuana, una insignia falsa del FBI, al menos un arma adicional y cinco urnas con restos que parecen ser cenizas humanas. Todavía no se confirmó a quién pertenecen.

El 25 de junio los policías regresaron con una segunda orden, esta vez acompañados por agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y una unidad de desactivación de explosivos.

Lo que encontraron desbordó cualquier expectativa: más de 50 discos duros con más de 600.000 imágenes, 70.000 videos y 10.000 escritos y dibujos.

En el sótano, un laboratorio improvisado con recipientes de una sustancia aceitosa no identificada.

Los investigadores sospechan que esa sustancia pudo haberse usado para disolver cadáveres o destruir pruebas biológicas. Las muestras fueron enviadas a un laboratorio federal en Chicago para análisis.

Los técnicos también excavaron tuberías subterráneas frente a la propiedad. Hallaron, además, una nota manuscrita sin firma que, según documentos obtenidos por el canal local WPVI, hacía referencia al asesino serial Ted Bundy y describía métodos para deshacerse de “basura”.

Los protagonistas

Raymond “RC” Horsch tenía 82 años cuando murió, en 2025, antes de que comenzara la investigación. Era fotógrafo y productor de material pornográfico con temática sadomasoquista.

También escribía libros de ficción erótica cuyos protagonistas eran asesinos en serie que cazaban mujeres. Según testimonios de familiares y personas que lo conocieron, Horsch ejercía una autoridad absoluta dentro de su entorno.

Su exesposa, Amy McHale, de 44 años, fue vista por última vez en 2016 en esa misma casa. Era una de sus modelos y figura entre las mujeres cuyo paradero se desconoce.

Eugene Horsch es el hijo de Raymond. Tenía 44 años y, al momento de su arresto, no registraba antecedentes por delitos violentos, aunque sí una condena previa que le impedía legalmente portar armas.

Vivía en esa misma casa junto a su padre y fue imputado formalmente en julio por posesión de armas de fuego —incluyendo una con el número de serie borrado— y por uso de credenciales federales falsas.

Hasta la fecha, no enfrenta cargos relacionados con las mujeres desaparecidas.

Gabrielle Amarando tenía 22 años cuando desapareció en 2012. Sus amigos de la infancia recuerdan una joven que luchaba contra la adicción a las drogas.

“Era un alma maravillosa. De verdad”, declaró Ashley Levin, amiga de la infancia, en declaraciones al noticiero local Action News. “La adicción y la salud mental pueden llevar a la gente a lugares muy oscuros, pero eso no define a una persona”.

Catorce años después de su desaparición, la madre de Amarando recibió la confirmación que temía: los investigadores le mostraron videos de su hija con vida y fotografías halladas e incautadas en la casa, en las que aparecía aparentemente muerta, con la cara pálida y el cuerpo en una posición que los médicos forenses interpretaron como inequívoca.

Maribel Fresses desapareció en 2018, también a los 27 años. Aparece en el mismo conjunto de imágenes que Amarando. Los archivos están fechados en 2017.

Nicole Fusaro tenía 27 años cuando fue vista por última vez, en 2018. Su primo confirmó su vinculación al caso a través de WPVI.

Según fuentes de la investigación citadas por ABC News, el video de la apertura de esta historia — el que muestra a una mujer esposada y con un precinto al cuello — podría ser el de Fusaro.

La Policía no lo confirmó oficialmente: el Comisionado Adjunto Frank Vanore describió la secuencia en ese encuentro con la prensa sin identificar a la víctima por nombre.

Blair Tonzelli desapareció en 2023, la más reciente de las víctimas identificadas. Fue la primera en ser nombrada públicamente, cuando la mujer detenida junto a Eugene Horsch presentó su documentación.

Las otras dos mujeres vinculadas al caso aparecen en el material digital en estado de inconsciencia o con lesiones visibles.

Una de ellas fue identificada por la Policía pero su familia pidió que no se revelara su nombre. La identidad de la séptima sigue sin determinarse.

Lo que muestran los videos

El miércoles 16 de septiembre de 2026, la Policía de Filadelfia convocó a los medios para ofrecer el estado de la investigación.

El comisionado Vanore describió lo que los agentes habían encontrado en el material digital. “Hay miles y miles de videos que hay que revisar. Necesitamos corroborar lo que vemos”, afirmó el funcionario, según la cadena NBC10.

De las 58 personas identificadas en el material, 4 aparecen inconscientes o sin vida. Otras 10 murieron posteriormente por sobredosis en distintos puntos de Filadelfia, aunque no en la casa de West Chew Avenue.

Dieciséis fueron localizadas con vida pero se negaron a colaborar con los investigadores. Los detectives trabajan para contactar a otras 25.

La investigación enfrenta un obstáculo central: ningún cuerpo fue recuperado. Sin restos físicos, los cargos de homicidio son más difíciles de sostener ante un tribunal.

“Sin cuerpos, no hay una fuente fácil de ADN para cotejar con cualquier evidencia forense que encuentren en la casa”, explicó el ex agente del FBI JJ Klaver en declaraciones a Action News.

La Policía ejecutó cerca de 100 órdenes de allanamiento sobre la propiedad y su contenido. El FBI revisó apenas el 30% del material digital. La agencia aumentó el número de agentes asignados al caso para acelerar el proceso de autenticación de imágenes.

El estado actual

Las familias de las siete mujeres vinculadas al caso aguardan. La casa de West Chew Avenue sigue bajo custodia policial. Las autoridades tienen previsto regresar a la propiedad con una nueva orden de allanamiento antes de que finalice septiembre de 2026.

“Tenemos un deber”, dijo el Comisionado de Policía Kevin Bethel en la rueda de prensa. “Un deber con esas familias que están preocupadas por si su ser querido perdió la vida en esa casa o en algún otro lugar”.

El agente especial al mando de la oficina del FBI en Filadelfia, Wayne Jacobs, fue más escueto: “El objetivo es la exhaustividad, no la velocidad”.

Quien cuente con información puede llamar a la Policía de Filadelfia al 215-686-8477. Para contactar directamente a un investigador de la Unidad de Homicidios: 215-686-3334.

La patrullera de la Policía Nacional Yenifer Yadira Ordóñez Valencia fue asesinada con arma de fuego en el municipio de El Charco, Nariño, mientras realizaba diligencias personales fuera de servicio.

De acuerdo con la información oficial de la institución, la uniformada tenía 23 años y estaba adscrita a la estación del municipio nariñense.

El ataque ocurrió en la tarde del miércoles 16 de septiembre de 2026, después de que la joven saliera de las instalaciones policiales cerca de las 1:30 p. m. Minutos más tarde, hombres armados en una motocicleta la atacaron en una zona comercial de la población.

Los responsables escaparon tras el homicidio. La Policía y la Fiscalía General de la Nación desplegaron un equipo para recolectar elementos de prueba, establecer el móvil del crimen e identificar a los autores materiales.

De hecho, voceros de la Policía Nacional publicaron un comunicado oficial en el que se calificó el crimen como una agresión contra las mujeres de la institución:

“Con profundo dolor lamentamos el vil homicidio de nuestra patrullera de policía Yenifer Yaira Ordóñez Valencia, una mujer valiente a quien le arrebataron la vida encontrándose de civil y sin su armamento. No solo le quitaron la vida a nuestra compañera, hirieron el corazón de las 47.662 mujeres policías que, como ella, entregan su servicio por el país. A sus familiares, amigos y compañeros extendemos nuestra solidaridad y acompañamiento en este momento de dolor. Los hechos son materia de investigación y no descansaremos hasta dar con los responsables para presentarlos ante la justicia”.

El director de la Policía, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, también se unió en el rechazo al acontecimiento: “La vida de una mujer policía que sirve a Colombia merece respeto y justicia. A su familia, amigos y compañeros les reitero toda nuestra solidaridad y acompañamiento. Desde la @PoliciaColombia trabajamos para esclarecer lo ocurrido, identificar y capturar a los responsables y presentarlos ante la justicia. Su entrega por Colombia no será olvidada. Honramos su memoria y su vocación de servicio”.

De la misma manera, la institución habilitó la Línea contra el Crimen 3143587212 para recibir información que permita avanzar en el esclarecimiento del caso.

Investigan si el ataque está ligado al frente Jaime Martínez

Una de las hipótesis que evalúan los investigadores apunta a la posible participación del frente Jaime Martínez, estructura del Bloque Occidental Jacobo Arenas, de las disidencias de las Farc. Sin embargo, esa eventual vinculación no ha sido confirmada oficialmente y continúa bajo verificación.

También, de acuerdo con medios informativos regionales, se analiza si el asesinato hace parte de un posible “plan pistola” contra miembros de la fuerza pública en el suroccidente del país, debido a que las autoridades mantienen alertas por amenazas contra uniformados en esa zona.

El subsecretario de Seguridad de la Gobernación de Nariño, Andrés Peñaranda Benavides, sugirió en sus redes sociales que el ataque a una funcionaria de la fuerza pública podría provenir de estructuras armadas.

“Condenamos con absoluta contundencia el asesinato de la patrullera (...) Este homicidio constituye una grave agresión contra la vida, la institucionalidad y contra quienes representan al Estado y cumplen la misión constitucional de proteger a nuestras comunidades. Atacar a un integrante de la Fuerza Pública es atacar la seguridad de los territorios y pretender intimidar la presencia legítima del Estado. (...) Ninguna causa, estructura armada o interés criminal justifica asesinar a quien sirve y protege a los colombianos. La vida se respeta. La Fuerza Pública se respeta. Nariño no se arrodilla ante la violencia”.

En ese sentido, desde la ONG Hijos de los Héroes Colombia, también alegaron una posible injerencia de grupos al margen de la ley: “La asesinaron de civil y sin armamento. COBARDES. Rechazamos con vehemencia el homicidio de la patrullera Yenifer Yaira Ordóñez. Nuestras más sentidas condolencias a su familia. ¡JUSTICIA! (sic)”.

La pesquisa fiscal apunta a un supuesto esquema de direccionamiento y fraccionamiento de contrataciones por más de S/4 millones. Entre los hechos bajo investigación figura un proyecto cuyo valor inicial fue establecido en S/4 millones 107.799,95, además de presuntas irregularidades relacionadas con el uso de viáticos para comisiones de servicio en el extranjero.

El despliegue policial se realizó bajo el nombre de “Los Saqueadores de la UNU” y contó con agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, personal de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior y representantes de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ucayali.

El rector de la universidad, Edgardo Leoncio Braúl Gomero, figura en la hipótesis fiscal como presunto líder de la organización investigada. Durante el operativo no pudo ser ubicado y permanece como no habido, mientras las autoridades realizan diligencias para determinar su ubicación y esclarecer la participación de los investigados.

Cuatro detenidos durante el operativo

La intervención permitió detener a Gustavo Adolfo Igreda Vadillo, director general de Administración de la UNU; Jhon Uldarico Meza Martel, director de la Oficina de Infraestructura; José Manuel Aquino Lara, jefe de la Unidad de Abastecimiento; y Andrés Marchand Ramos, empresario investigado en el caso.

Marchand Ramos fue intervenido en el aeropuerto de Pucallpa cerca de las 7 de la noche. Según la información expuesta por las autoridades, el empresario contaba con un pasaje para viajar a Lima, situación que llevó a la Policía a adelantar parte del operativo.

Los agentes también realizaron allanamientos en ocho inmuebles vinculados con la investigación. Entre los lugares intervenidos se encuentra un inmueble relacionado con el rector de la universidad, donde se buscó documentación y otros elementos que puedan aportar información sobre las presuntas irregularidades.

Fiscalía investiga contrataciones por más de S/4 millones

Uno de los principales puntos de la investigación corresponde a un proyecto valorizado inicialmente en S/4 millones 107.799,95. De acuerdo con la hipótesis fiscal, su ejecución estuvo vinculada con contrataciones que se habrían dividido para favorecer a determinados proveedores.

La Fiscalía investiga los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y otros ilícitos. Las pesquisas buscan establecer si funcionarios y particulares coordinaron desde distintas áreas administrativas de la universidad para beneficiar a determinados proveedores mediante los procesos de contratación.

El caso también comprende el presunto otorgamiento y uso irregular de viáticos destinados al rector y a trabajadores de la UNU para supuestas comisiones de servicio fuera del país. La investigación busca determinar si esas actividades realmente se realizaron y cuál fue el destino de los recursos entregados.

Rector permanece como no habido

Edgardo Braúl Gomero no fue encontrado durante la ejecución de la orden judicial. La Policía inició acciones para determinar cómo el rector pudo conocer previamente detalles del operativo y salir del alcance de los agentes.

El jefe de la Divico-Dircocor, coronel PNP José Santillán, señaló que existe una línea de investigación sobre una posible filtración de información. “Existe la posibilidad y eso lo vamos a investigar caiga quien caiga, señores. Si sea miembro de cualquier institución, vamos a hacer que caiga todo el peso de la ley”, declaró durante una rueda de prensa.

Santillán explicó que los equipos policiales desplazados desde Lima modificaron el momento de ejecución debido a información de inteligencia sobre el movimiento de los objetivos. “Entonces, tuvimos que adelantar nuestro trabajo. Por eso es que no ha sido un operativo como siempre lo hacemos”, indicó.

La Policía también incautó un teléfono celular de Marchand Ramos y realizó un allanamiento en el inmueble de la esposa del rector. Según Santillán, estos elementos serán incorporados a las diligencias destinadas a determinar si existió una filtración desde alguna de las instituciones involucradas en el proceso.

Investigación alcanza a funcionarios y particulares

La Fiscalía y la Policía mantienen abierta la investigación para establecer el nivel de participación de cada persona comprendida en el caso. El expediente incluye tanto a funcionarios de áreas administrativas de la universidad como a particulares vinculados con las contrataciones bajo investigación.

Las diligencias también buscan determinar la eventual responsabilidad de quienes participaron en los procesos cuestionados y esclarecer el destino de los recursos relacionados con las operaciones examinadas.

El operativo se desarrolló mientras la Universidad Nacional de Ucayali atraviesa una crisis institucional vinculada con una huelga que, según la información proporcionada, se extendió por más de cien días. Durante ese periodo se registraron manifestaciones estudiantiles y la toma de las instalaciones universitarias.

En ese contexto, la Policía también mantiene bajo investigación el incendio de tres vehículos de la universidad. Las cámaras de seguridad registraron a personas encapuchadas que habrían utilizado combustible para provocar el fuego. Este hecho forma parte de otra línea de investigación de las autoridades.

Joaquín de la Torre, exintendente de San Miguel y exministro de Gobierno bonaerense, propuso crear una Policía Militar del conurbano con formación en Campo de Mayo como parte de un plan para federalizar los 24 municipios de esa región y trasladar sus principales competencias a la órbita nacional.

La iniciativa plantea que los distritos del conurbano dejen de depender del gobierno de la provincia de Buenos Aires y pasen a tener estatus federal, bajo una estructura con dos niveles de administración: el municipal y el nacional. Según el dirigente, el cambio permitiría reformular el esquema de seguridad, financiamiento y prestación de servicios en el área metropolitana.

De la Torre explicó que la nueva Policía Militar del conurbano dependería del Gobierno nacional, sin subordinación al gobernador bonaerense ni a los intendentes. Su función estaría enfocada en investigaciones complejas, inteligencia criminal, narcotráfico y operativos tácticos dentro de los municipios federalizados.

“Es una fuerza federal permanente, de régimen y formación militar”, sostuvo el exfuncionario. También remarcó que no se trataría de un despliegue temporal del Ejército ni de la Gendarmería, sino de una institución creada específicamente para actuar en el conurbano.

El planteo prevé que la formación se realice en Campo de Mayo, con participación de la Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino. Además, propuso que parte de sus integrantes provenga de la actual Policía Bonaerense. Y señaló que la guarnición se encuentra dentro del área que la fuerza tendría a su cargo.

El nuevo cuerpo podría crearse mediante leyes ordinarias aprobadas por el Congreso y la Legislatura bonaerense, sin una reforma constitucional. Ese punto forma parte de la arquitectura institucional que el dirigente plantea para modificar el esquema de administración y seguridad del conurbano.

El rol de las policías municipales

El modelo diseñado por el exintendente bonaerense reserva a los municipios las funciones vinculadas con el patrullaje preventivo. “Convive con la Policía municipal que está a cargo del intendente y se encarga del patrullaje y la prevención”, afirmó al describir cómo se distribuirían las responsabilidades.

A su vez, consideró que las policías locales ya demostraron capacidad para reducir el delito y sostuvo que necesitan mayores recursos. Bajo ese criterio, la fuerza federal propuesta concentraría sus recursos en fenómenos delictivos de mayor escala, mientras cada intendencia conservaría el despliegue territorial cotidiano.

La crítica al actual funcionamiento de la seguridad bonaerense ocupa un lugar central en su diagnóstico. De la Torre cuestionó que la conducción provincial pueda supervisar las problemáticas particulares de cada municipio y afirmó que la Policía Bonaerense duplicó su personal desde 2010 sin que el delito descendiera.

“¿Qué sabe el gobernador sobre lo que pasa en la Comisaría Tercera de un municipio del conurbano?”, planteó. Para el dirigente, el crecimiento poblacional, la complejidad social y la expansión del delito exigen una modificación de fondo del sistema vigente.

La federalización de los 24 distritos

La creación de la fuerza está ligada a la propuesta más amplia de federalizar los 24 distritos del conurbano ubicados entre la ruta 6 y la Ciudad de Buenos Aires. En agosto, De la Torre sostuvo que el cambio eliminaría la intervención del gobierno provincial en esa zona y concentraría la administración en los municipios y la Nación.

El dirigente indicó que en el conurbano viven entre 13 y 14 millones de personas, cerca del 28% de la población argentina. En declaraciones a Infobae al Amanecer, argumentó que buena parte de los servicios esenciales ya están regulados o prestados desde el ámbito nacional, entre ellos el transporte público, la distribución de energía y gas, y los servicios de agua y cloacas.

Su propuesta contempla una reasignación de fondos: una parte se destinaría al resto de la provincia y otra quedaría bajo administración nacional para cubrir salarios docentes, de las fuerzas de seguridad y de hospitales nacionales situados en el conurbano. También planteó eliminar Ingresos Brutos en esos distritos, al retirar el nivel provincial de gobierno.

“Hay que cambiar por completo”, concluyó De la Torre al insistir en que las respuestas actuales no alcanzan para abordar la inseguridad en el conurbano.

Un martes por la mañana en San Francisco, Christina Lacourte abrió con un gancho de ropa la puerta cerrada del cuarto de su hijo. Lo encontró con el rostro azulado y fluido negro en la boca y la nariz.

Los dos antídotos de Narcan que guardaba en la cocina no alcanzaron. Dante Paul Lacourte tenía 16 años y su muerte desató una alerta que la ciudad no esperaba.

La autopsia no mencionó el fentanilo. Introdujo, en cambio, una palabra nueva: cychlorphine o cicloorfina en español. Es un opioide sintético que ya circulaba en Europa y la costa este de Estados Unidos, tal como informó el New York Times.

San Francisco viene de atravesar años devastadores por el fentanilo, responsable de más de 4.000 muertes por sobredosis desde 2020. Ahora el reporte forense de Dante es el primer documento oficial de la ciudad que registra la presencia de cicloorfina.

Más potente, más difícil de detener

Las tiras reactivas disponibles en el mercado identifican fentanilo, pero no cicloorfina. Revertir sus efectos requiere múltiples dosis de naloxona, utilizada para tratar una sobredosis, mientras que la mayoría de las personas lleva consigo solo una o dos.

Diecisiete días después de la muerte de Dante, las autoridades sanitarias convocaron una conferencia de prensa para advertir sobre la presencia de esta droga en el mercado ilegal local.

De los laboratorios de los 60 a las cocinas clandestinas

La cicloorfina fue sintetizada en Bélgica en la década de 1960 como parte de la búsqueda de analgésicos potentes para enfermedades como el cáncer óseo.

Nunca recibió aprobación para uso médico por considerarse demasiado peligrosa. Su fórmula, publicada en revistas científicas, hoy circula en la internet profunda.

Keith Humphreys, profesor de psiquiatría en Stanford y ex asesor de política antidrogas de la administración Obama, explicó al New York Times que fabricarla no requiere grandes recursos.

“No hace falta ser una gran farmacéutica”, agregó. A diferencia de la cocaína o la heroína, la cicloorfina no necesita tierras de cultivo ni infraestructura industrial.

Humphreys identificó dos perfiles de consumidor: quienes, con alta tolerancia al fentanilo, buscan activamente una sustancia más potente, y quienes la ingieren sin saberlo en pastillas adulteradas.

También advirtió que la peor forma de detectar una droga nueva en una ciudad es a través de una autopsia.

Como alternativa, recomendó el análisis de aguas residuales. San Francisco abandonó ese monitoreo en 2024 por falta de financiamiento federal y lo retomó en julio; este otoño comenzará a publicar sus hallazgos.

Cómo una red de dealers llegó hasta un chico de 16 años

Dante y su hermano gemelo, Marco Lacourte, nacieron el 1 de octubre de 2009. La familia vivía entre Sausalito, donde residía su padre Ludovic Lacourte, y San Francisco, donde vivía su madre. El divorcio de sus padres en 2017 marcó un quiebre en la vida del adolescente.

Dante fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), ansiedad y depresión. A los 13 años comenzó a consumir marihuana. Poco después, adquiría pastillas de Xanax y Percocet a través de Snapchat.

Sus padres lo sometieron a múltiples terapias y tres programas de rehabilitación, ninguno con resultados duraderos.

Leo Wingate, amigo de 19 años, fue la última persona que lo vio con vida. Esa noche hablaron de una posible excursión de pesca. Wingate lo dejó en el apartamento de madrugada y no volvió a saber de él. “Solo era un chico tratando de sentirse mejor”, dijo al New York Times.

Su padre reconoció ante el mismo medio haberse sentido atrapado en una situación sin salida. “Hay que ganar tiempo”, aseguró Ludovic, con la convicción de que la única estrategia posible era mantener a Dante con vida hasta que él mismo encontrara la forma de salir.

Cuatro sospechosos fueron arrestados y se incautaron 20.000 pastillas

La investigación avanzó a partir del teléfono celular de Dante y las pastillas halladas en el apartamento. Los detectives revisaron los mensajes que había intercambiado antes de morir y enviaron agentes encubiertos a comprar sustancias a los sospechosos.

La Policía de San Francisco (SFPD) detuvo a Nicholas Wallace, de 46 años, en el barrio Tenderloin, donde encontró 34 pastillas de oxicodona y cocaína.

En el mismo domicilio arrestó a Sharonee Hyson, de 44 años, que cumplía libertad condicional y tenía cocaína base y un arma cargada.

Días después, Leander Pitts, de 46, y Starr Lamare, de 39, cayeron en Bayview-Hunters Point con 20.000 pastillas —entre ellas, falsificaciones de Xanax y oxicodona—, fentanilo, un rifle semiautomático, una pistola y efectivo.

Los cuatro enfrentan múltiples cargos graves por narcotráfico y tenencia de armas. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) realiza pruebas urgentes sobre las pastillas incautadas para determinar si contienen cicloorfina.

La fiscal del distrito, Brooke Jenkins, adelantó que evaluará acusaciones más graves si la investigación logra establecer quién le vendió la pastilla fatal a Dante.

La SFPD también advirtió que pastillas de operativos anteriores, sin relación con este caso, ya dieron positivo para cicloorfina. El hallazgo indica que la droga circula en la ciudad a través de más de un canal de distribución.

Cada mañana lo enciende, cada noche lo apaga

Christina recibió una llamada del alcalde Daniel Lurie el viernes por la tarde. El funcionario prometió “gritar desde los tejados” sobre el peligro que representan las pastillas falsificadas para los adolescentes, según contó la mujer.

Esa misma jornada, siguió la conferencia de prensa de la fiscal desde un rincón del fondo de la sala.

En el apartamento, Christina deshizo casi todo el mobiliario del cuarto donde murió su hijo. Conservó una sola cosa: el letrero de neón con la palabra “Open” que Dante había pedido como regalo de cumpleaños en sexto grado. Cada mañana lo enciende. Cada noche lo apaga. Con cada movimiento del interruptor, piensa en él.

En las imágenes difundidas por el programa 24 horas de Panamericana TV se observa a un sujeto que llega hasta un negocio, levanta un arma, apunta contra la fachada y dispara en varias oportunidades. El atacante no intenta cubrir su rostro ni evitar que el hecho quede registrado. Posteriormente, las grabaciones llegaron al teléfono de la víctima como parte de las intimidaciones.

La amenaza también fue enviada mediante WhatsApp. En uno de los mensajes, los presuntos extorsionadores se presentan como Los Mexicanos y advierten a los administradores de una discoteca que deberán alinearse con ellos para evitar consecuencias violentas. Bajo el argumento de brindar seguridad, exigen dinero a los propietarios para permitirles continuar con sus actividades.

El empresario afectado confirmó que recibió videos en los que aparecen armas y municiones, además de mensajes intimidatorios. Ante esta situación, acudió a la División de Investigación de Extorsiones para presentar la denuncia correspondiente. Según explicó, los agentes le indicaron que el caso entraría en una etapa de evaluación y que posteriormente podrían brindarle apoyo.

Pero las amenazas no se limitarían a los disparos. En otro establecimiento de la misma avenida, un individuo descendió de un vehículo, caminó hasta la puerta y manipuló el candado hasta dejarlo bloqueado. Antes de retirarse, introdujo una carta por debajo del acceso. El procedimiento quedó registrado por las cámaras de vigilancia del local.

Los trabajadores de la zona aseguran que no se trata de un episodio aislado. Según uno de los testimonios recogidos por Panamericana TV, recientemente otro comercio fue atacado a balazos. En esa conversación también se mencionó a Los Mexicanos, mientras que meses atrás habría circulado el nombre de Los Malditos de la Zona como otra agrupación vinculada con amenazas contra negocios del sector.

La sucesión de estos episodios mantiene en alerta a quienes trabajan en esta parte de Lima. Comerciantes y empleados aseguran que ahora deben permanecer atentos a sus puertas, teléfonos y sistemas de videovigilancia ante cualquier movimiento sospechoso.

Uno de los empresarios expresó su preocupación por la seguridad de sus trabajadores y clientes. Explicó que varias familias dependen de la actividad comercial y que su principal temor es que alguna persona resulte herida durante un ataque. Aunque reconoció que existe miedo entre quienes permanecen en la zona, sostuvo que la prioridad será preservar la vida frente a cualquier eventualidad.

La avenida Canadá concentra talleres, tiendas y otros establecimientos que continúan atendiendo al público pese al escenario de inseguridad. Para los propietarios, mantener abiertos sus negocios implica ahora convivir con el temor de convertirse en el próximo objetivo de los extorsionadores.

Mientras las autoridades evalúan las denuncias presentadas, los comerciantes esperan que las investigaciones permitan identificar a los responsables de los ataques y detener las amenazas que afectan a quienes buscan continuar con sus actividades laborales.

La orden de captura en su contra había sido dictada por el Cuarto Juzgado Penal de Trujillo–Pataz. La detección se concretó gracias al trabajo de la Unidad Funcional de Análisis, Monitoreo y Seguridad Migratoria, dependencia de la Superintendencia Nacional de Migraciones que realiza tareas de vigilancia durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

Alerta previa al vuelo

El personal de Migraciones, en coordinación con el mecanismo Punto Atenas, tuvo conocimiento anticipado de que López Valverde viajaría desde Medellín con destino a Lima. Tras verificar la vigencia de la orden judicial en su contra, la unidad de monitoreo mantuvo activa la alerta hasta el momento del arribo del vuelo.

Con esa información, el personal desplegó acciones específicas para ubicar al pasajero apenas descendiera de la aeronave, lo que permitió su identificación inmediata en el área de llegadas internacionales del aeropuerto limeño.

Detenido fue entregado a la PNP

Una vez confirmada su identidad, el ciudadano fue puesto a disposición del personal de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú (PNP) destacado en el Aeropuerto Jorge Chávez. La entidad policial quedó a cargo de las diligencias derivadas de la orden de captura emitida por el juzgado de Trujillo–Pataz.

El operativo se sustentó en el intercambio oportuno de información entre Migraciones y la PNP, un mecanismo que la Superintendencia Nacional de Migraciones considera clave para identificar situaciones de riesgo antes de que las personas requisitoriadas logren ingresar o salir del territorio nacional.

La Superintendencia Nacional de Migraciones señaló que la Unidad Funcional de Análisis, Monitoreo y Seguridad Migratoria proseguirá con sus labores de vigilancia e inteligencia en articulación con la PNP. La entidad busca así contribuir a la seguridad nacional y ofrecer una respuesta oportuna ante alertas vinculadas al ingreso o salida de personas por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El accidente paralizó uno de los corredores de mayor circulación de la ciudad y movilizó simultáneamente a equipos de rescate técnico y brigadas de bomberos.

La estructura impactó al menos tres vehículos y desató un incendio visible desde varios puntos del vecindario. Las llamas obligaron a los equipos de emergencia a atender dos frentes al mismo tiempo: sofocar el fuego y rescatar a trabajadores atrapados bajo el metal.

La Policía de Miami cortó el tránsito en el área de inmediato y convocó a la prensa para una conferencia posterior, tal como informó CBS Miami.

La grúa aplastó un contenedor de obra con dos obreros adentro

Dos trabajadores, de 27 y 29 años, se encontraban dentro de un Conex box —un contenedor metálico de uso habitual en obras de construcción— en el momento en que la grúa cayó sobre él.

El impacto los dejó atrapados bajo el acero. El equipo de rescate técnico de Miami Fire Rescue debió cortar la estructura para extraerlos.

“Fue una escena muy compleja, con un incendio en curso. Nuestros equipos sofocaron el fuego mientras el equipo de rescate técnico cortó el contenedor de construcción y pudo extraer a las dos víctimas con éxito”, declaró el jefe de Miami Fire Rescue, Robert Hevia, en declaraciones recogidas por NBC Miami.

El operador de la grúa, de 47 años, saltó del equipo antes de que este tocara el suelo. Fue el tercer trabajador trasladado al hospital.

Los cuatro heridos —los tres obreros y la conductora de uno de los vehículos— llegaron al centro médico con lesiones leves. Hevia confirmó que los 18 trabajadores presentes en la obra fueron localizados y están en buen estado.

El fuego consumió un SUV blanco y las llamas alcanzaron nueve metros de altura

La grúa cayó sobre el capó de un SUV blanco que circulaba por el lugar. La conductora vio la estructura inclinarse, frenó y puso marcha atrás, pero el equipo la alcanzó de todas formas, precisó NBC Miami.

El impacto provocó un incendio que lanzó llamas de entre seis y nueve metros (20 y 30 pies) hacia el aire.

Testigos presentes en la zona afirmaron a Local 10 que la grúa golpeó un total de tres vehículos, no solo el que se incendió.

Christina Larden, una vecina del sector, describió la escena a Local 10: “Venía de hacer un mandado y al doblar la esquina para entrar a mi garaje escuché un estruendo enorme. Bajé a la calle y vi un auto en llamas con las llamaradas disparándose hacia arriba”.

El teniente de Miami Fire Rescue, Pete Sanchez, precisó en un comunicado a CBS Miami que la operación fue catalogada como compleja.

Las autoridades no difundieron de forma inmediata el estado de salud de los heridos ni sus identidades.

Brickell Bay Drive permanece cerrada y la causa del colapso sigue bajo investigación

Las autoridades recomendaron a los conductores evitar el área y utilizar Brickell Avenue como vía alternativa, informó Local 10.

La investigación del incidente quedó en manos de la Policía de Miami y los bomberos de Miami-Dade.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) también se trasladó al lugar para evaluar las circunstancias.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron si el derrumbe obedeció a una falla mecánica, un error de obra u otro factor.

Este es el segundo colapso de grúa en Brickell en menos de seis semanas

El incidente del lunes no es el primero de esta naturaleza en el barrio. El 8 de agosto, una grúa en proceso de montaje se derrumbó sobre la cubierta de la piscina del condominio One Plaza West Brickell.

En esa oportunidad no hubo heridos. Ese caso permanece bajo investigación del Departamento de Edificios de Miami y de la OSHA, afirmó CiberCuba.

La carretera que comunica Tegucigalpa con Danlí y el oriente de Honduras volvió a quedar habilitada este lunes después de varias horas de bloqueo protagonizado por transportistas de carga pesada en el sector de El Zamorano.

La protesta, motivada por el incremento sostenido en el precio de los combustibles, derivó en un enfrentamiento entre los manifestantes y elementos de la Policía Nacional cuando las autoridades ejecutaron un operativo para recuperar la circulación vehicular. El desalojo dejó un comisionado policial herido y un transportista detenido.

Los conductores habían colocado vehículos de equipo pesado sobre la carretera y bloquearon completamente el paso en uno de los principales corredores que unen la capital hondureña con la zona oriental del país.

El conflicto se intensificó cuando agentes de la Policía Nacional retiraron a los manifestantes y despejaron la carretera. Durante el operativo, los uniformados usaron gas lacrimógeno, mientras algunos transportistas reaccionaron de manera violenta ante la intervención policial.

Previamente, las autoridades habían advertido que, si los manifestantes no liberaban la vía de forma voluntaria, se usaría la fuerza pública para restablecer el tránsito.

En medio de los disturbios, un comisionado de la Policía Nacional resultó herido durante el enfrentamiento. Uno de los transportistas fue detenido, señalado de haber agredido físicamente al oficial.

Rechazan aumento a los combustibles

La protesta fue convocada por conductores de equipo pesado que cuestionan el impacto de los aumentos en el precio de los combustibles sobre sus actividades. Los transportistas sostienen que el encarecimiento de los carburantes incrementa de manera considerable los costos de operación y afecta directamente la rentabilidad de sus operaciones.

Para el sector, el combustible representa uno de los principales gastos del transporte de carga, por lo que los incrementos registrados de manera constante generan presión sobre quienes trabajan en el traslado de mercancías. Los manifestantes mantienen su demanda de medidas que permitan hacer frente al aumento de costos y esperan respuestas por parte de las autoridades.

Luego de la intervención policial, la carretera fue despejada y el paso vehicular quedó habilitado. Con la liberación de la vía se normalizó la circulación en el tramo que conecta la capital con Danlí y otros municipios del oriente del país.

Las autoridades mantienen atención sobre el sector debido a la tensión generada durante la protesta. El bloqueo había provocado preocupación entre conductores y usuarios de la ruta, importante para el transporte de pasajeros, mercancías y vehículos de carga.

La jornada dejó nuevamente sobre la mesa la necesidad de encontrar canales de diálogo entre el sector transporte y las autoridades, especialmente ante las dificultades que enfrentan los operadores para sostener sus actividades en medio de mayores gastos.

Los representantes del gremio esperan que sus planteamientos sean atendidos y que se puedan establecer mecanismos para evitar que las diferencias vuelvan a generar afectaciones.

Mientras avanzan las conversaciones, los usuarios de esta ruta retomaron sus desplazamientos habituales y las actividades comerciales de la zona continuaron con normalidad. El desarrollo de las próximas horas será clave para determinar si se generan nuevas protestas o no considerando el alto costo de vida que limita la subsitencia de los hondureños.

Un fusil de asalto AK-47, una pistola Glock calibre 9 milímetros y municiones fueron incautados durante la captura en flagrancia de un presunto integrante de la banda criminal “Los Sahuesos NG”, en un operativo desarrollado en Villa María del Triunfo, en Lima Sur. La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El detenido, identificado como Rubber Oscar Junior Medina Espinoza y conocido con el alias de “Chaval”, permanecía en un inmueble de la zona cuando fue reducido por agentes de la División de Emergencia (Diveme). La operación se ejecutó como resultado de una labor de inteligencia previa orientada a desarticular estructuras criminales que operan en el sur de la capital peruana.

Armas incautadas serían usadas para extorsionar

Según las primeras investigaciones, la pistola Glock, que presentaba la numeración de serie erradicada, junto con el fusil AK-47 y las municiones halladas en el lugar, serían utilizados para cometer extorsiones y otros ilícitos en Villa María del Triunfo y zonas aledañas. La eliminación del número de serie en el arma corta constituye un indicio adicional que las autoridades tomarán en cuenta durante las diligencias en curso.

“Los Sahuesos NG”, la organización a la que pertenecería el detenido, estaría vinculada a delitos contra el patrimonio y a extorsiones registradas en el sur de Lima. El material incautado y el propio Medina Espinoza fueron trasladados al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Villa María del Triunfo, donde continúan las diligencias con conocimiento del Ministerio Público.

Antecedentes de los detenidos

Las verificaciones policiales establecieron que Medina Espinoza cuenta con antecedentes por el delito de robo agravado, además de dos requisitorias que, según los registros consultados, no se encontraban vigentes al momento de su captura. Estos datos forman parte del expediente que las autoridades competentes utilizarán para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

En paralelo, la PNP desplegó otro operativo de carácter preventivo en la Carretera Central, a la altura de Chosica, donde intervino a 15 personas que vestían prendas distintivas de Alianza Lima tras registrarse hechos que alteraron el orden público. Entre los intervenidos se identificó a un hombre de 31 años con una requisitoria vigente por robo agravado, mientras que tres personas con lesiones fueron trasladadas a un centro de salud local para recibir atención médica.

Dos hombres murieron luego de un intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional de República Dominicana en el sector El Almirante, Santo Domingo Este. Las autoridades sostienen que los heridos viajaban en un vehículo de transporte por aplicación y que, antes de la intervención, habrían obligado al conductor a continuar la marcha.

Los fallecidos fueron identificados como Luis Rivera Simón, de 30 años, y Henrry Joel Borrell Rudecindo, de 31. Ambos recibieron atención de emergencia en el Hospital El Almirante tras resultar lesionados durante el operativo, pero murieron posteriormente, de acuerdo con la información oficial.

La patrulla siguió al vehículo en El Almirante

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado 12 de septiembre, cuando una patrulla de la Subdirección Regional de Investigación de la Policía Nacional, conocida como Dicrim, dio seguimiento al automóvil en el que se trasladaban los dos hombres.

Según el reporte preliminar, los agentes recibieron información sobre un posible asalto que los ocupantes del vehículo planeaban cometer contra otra persona. La versión policial indica que los hombres portaban armas de fuego y chalecos antibalas.

La intervención se produjo cuando la patrulla ubicó el vehículo en Santo Domingo Este. Las autoridades señalaron que los ocupantes reaccionaron con disparos contra los agentes, lo que provocó el intercambio de fuego.

Durante el tiroteo, Rivera Simón y Borrell Rudecindo recibieron heridas de bala. Los policías trasladaron a los dos hombres al Hospital El Almirante, donde fallecieron mientras recibían atención médica.

El conductor habría sido rehén en la persecución

Aunque el conductor del vehículo salió ileso. El hombre declaró a los investigadores que trabaja para una plataforma digital de transporte y que había sido contratado por los dos pasajeros para realizar un viaje.

De acuerdo con su relato, durante el trayecto notó que los pasajeros llevaban dos armas de fuego y chalecos antibalas. También aseguró que escuchó conversaciones que apuntaban a un posible asalto.

El taxista explicó que una patrulla le ordenó detenerse, pero afirmó que los pasajeros lo obligaron a acelerar. Minutos después detuvo el automóvil y se lanzó del vehículo, según la declaración recogida por la Policía.

La institución no precisó cuánto tiempo permaneció el conductor fuera del automóvil ni cómo continuó el desplazamiento del vehículo antes de que ocurriera el enfrentamiento.

La Policía incautó armas, chalecos y teléfonos

En el sitio del incidente, los investigadores ocuparon una pistola Taurus modelo G2C, calibre 9 milímetros, con serie ABH808428. También decomisaron otra pistola calibre .45, cuya numeración no pudo ser identificada, además de tres casquillos calibre .45.

La Policía Científica recolectó dos chalecos antibalas negros, teléfonos celulares, pasamontañas, carteras y prendas de vestir. Estos objetos quedaron bajo resguardo para las diligencias de investigación.

Las autoridades señalaron que los dos hombres fallecidos figuraban en registros policiales por delitos relacionados con sustancias controladas, robo, asalto a mano armada y asociación de malhechores. No se informó si otras personas estarían vinculadas con el supuesto plan delictivo ni si hubo policías lesionados durante el intercambio de disparos.

Una gasolinera en San Petersburgo, Florida, fue el escenario de un ataque que las autoridades locales calificaron como uno de los más inusuales en la historia reciente del condado.

El jueves a las 20:00, una mujer que cargaba combustible en su camioneta fue rociada con fuego por una desconocida tras una discusión que duró apenas segundos. El surtidor, el vehículo y la víctima quedaron envueltos en llamas.

La mujer atacada, identificada en registros judiciales como Christine Sherbuk, de 41 años, estaba en la estación Mobil del 101 de la avenida 40 Norte cuando Eleanor Crawford, también de 41, se le acercó. Crawford le pidió el teléfono prestado. Sherbuk se lo dio. Luego le pidió dinero. Sherbuk se negó.

Crawford sacó un encendedor y convirtió la manguera del surtidor en un arma

Fue en ese momento cuando Crawford recurrió al encendedor. El ataque fue registrado por las cámaras del lugar y presenciado por varios testigos, de acuerdo con el acta de arresto, tal y como informó Fox News.

Un testigo que estaba en las cercanías, Scotty Gamling, vio el ataque y actuó de inmediato. Tomó a la víctima entre llamas, la subió a su camioneta y llamó al servicio de emergencias.

Gamling describió lo que presenció como “una bola de fuego”, tal y como recogió Fox 13 Tampa Bay.

Gamling ya había alertado a la policía sobre Crawford minutos antes del ataque

Lo que convierte al testigo en una figura central del caso es que, antes del incendio, ya había llamado a las autoridades para alertar sobre Crawford.

La había visto involucrada en una pelea al otro lado de la calle. Los agentes estaban en camino cuando el ataque en la estación de servicio se produjo.

La policía detuvo a Crawford a pocas cuadras del lugar en menos de 20 minutos. Las autoridades confirmaron que ambas mujeres no tenían ninguna relación previa al incidente.

La atacante tiene un extenso historial penal vinculado a drogas y alcohol

Las autoridades indicaron que Crawford acumula múltiples antecedentes en el condado de Pinellas por cargos de agresión, robo menor, intoxicación en la vía pública y posesión de drogas, de acuerdo con The Tampa Bay Times. Su último arresto fue en julio, por agresión a un agente policial y resistencia a la autoridad.

El subcomisario de policía Mike Kovacsev se refirió al historial de la detenida para tratar de encontrar una explicación al ataque.

“No sé si había alcohol o drogas de por medio, pero, dado su historial, es posible que algo haya afectado su capacidad de razonar”, afirmó en rueda de prensa. “¿Por qué haría algo así?”, agregó.

Sherbuk fue trasladada de urgencia al Tampa General Hospital con quemaduras de segundo grado en los brazos y la espalda. Ingresó en estado grave, aunque los médicos lograron estabilizarla y no prevén riesgo para su vida, confirmó Fox News.

El móvil permanece sin determinar. Crawford enfrenta dos cargos de incendio provocado y uno de tentativa de homicidio en primer grado. Está detenida en la cárcel del condado de Pinellas con una fianza de USD 350.000.

Un juez ordenó además que le coloquen un monitor GPS antes de cualquier posible liberación. La investigación permanece abierta.

En Mar del Plata, Gustavo Damián Buenahora, de 22 años, murió de un disparo en la cabeza durante una persecución policial por una motocicleta robada. El joven escapaba por los techos de viviendas del barrio Belisario Roldán cuando, según la investigación, recibió un tiro efectuado por un agente.

El episodio ocurrió el miércoles por la tarde y comenzó en la zona de Roca y Calaza. Efectivos del Comando de Patrullas Norte y de la Comisaría 12ª realizaban un recorrido preventivo cuando detectaron una motocicleta Rouser 135 negra que tenía pedido de secuestro por un robo agravado denunciado pocas horas antes.

Según la información reunida en el expediente, Buenahora conducía el vehículo y abandonó la moto al advertir la presencia de los patrulleros. A partir de ese momento, la persecución continuó a pie. El joven cruzó por los techos de varias casas hasta que los policías lo localizaron sobre el garaje de una vivienda situada en la avenida Avellaneda al 7500.

La versión policial sostiene que Buenahora tenía un revólver calibre .38 y que apuntó contra uno de los agentes. El efectivo involucrado respondió con su arma reglamentaria, una Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros. La causa fue calificada inicialmente como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por tratarse de un funcionario policial, bajo la hipótesis de “legítima defensa”.

En ese marco, no se dispuso la detención del uniformado mientras avanzan las medidas de prueba. También intervino la Auditoría General de Asuntos Internos, el organismo encargado de seguir las actuaciones administrativas cuando un integrante de la Policía participa en un hecho de estas características.

Sin embargo, el informe forense incorporó un elemento que deberá ser contrastado con el resto de las pruebas. La autopsia estableció que la bala ingresó por detrás de la oreja derecha de Buenahora y salió por el lado izquierdo de su cabeza. Ese recorrido podría indicar que el joven estaba de espaldas o de perfil al policía cuando recibió el disparo. Sin embargo, la fiscal María Florencia Salas deberá contrastar ese dato.

Según informó La Capital de Mar del Plata, los investigadores también cuentan con un video de la persecución y declaraciones de policías y testigos. Esos elementos serán evaluados para determinar si el uso del arma reglamentaria se ajustó al protocolo y si existió una situación de legítima defensa.

La autopsia fue realizada por personal de la Asesoría Pericial. La Policía Científica fue relevada de las tareas relacionadas con la pesquisa debido a que miembros de esa fuerza estuvieron involucrados en el procedimiento. Esa decisión apunta a preservar la independencia de los peritajes que deberá evaluar la fiscalía.

En la escena, los investigadores secuestraron el revólver atribuido a Buenahora, la motocicleta con pedido de secuestro y la pistola reglamentaria del policía. Ambos armamentos serán sometidos a peritajes balísticos para establecer si estaban en condiciones de disparar, si fueron utilizados y qué otros elementos pueden aportar a la reconstrucción de los hechos.

También se preservaron tres vainas servidas que pertenecerían al arma del efectivo. Ese dato deberá ser aclarado, ya que la información inicial sobre el operativo indicó que el policía habría realizado dos disparos. Determinar cuántos tiros se efectuaron, desde qué ubicación y en qué momento será relevante para revisar la secuencia descripta por los participantes.

El Ministerio de Seguridad bonaerense respaldó la actuación de los agentes que intervinieron. El subsecretario de Fiscalización y Control Policial, Andrés Escudero, señaló que Buenahora tenía antecedentes desde 2021, detenciones previas y un pedido de captura que se había mantenido vigente durante 20 días.

El intendente Agustín Neme también expresó apoyo al policía. Sostuvo que, de acuerdo con las actuaciones conocidas hasta ese momento, el efectivo se había encontrado con un sospechoso armado que lo habría apuntado.

La grabación comenzó a circular en plataformas digitales y rápidamente alcanzó notoriedad debido a las condiciones en las que presuntamente se encontraba el funcionario. En el material se observa a Rendón Ávalos cantando junto a los músicos, mientras aparentemente tiene dificultades para mantenerse en pie.

La situación generó cuestionamientos debido a que la convivencia habría ocurrido al interior de instalaciones destinadas a las labores de seguridad pública. Ante la difusión del material, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que tomó medidas contra el funcionario.

De acuerdo con la dependencia estatal, se determinó la separación del cargo de Rendón Ávalos, mientras que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) inició las indagatorias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar si existieron responsabilidades administrativas.

El video provocó críticas en redes sociales

Las imágenes generaron una amplia conversación entre usuarios de redes sociales. Algunos cuestionaron que un funcionario encargado de tareas relacionadas con el combate al robo de vehículos y transporte apareciera participando en una celebración dentro de una instalación policial.

Entre los comentarios publicados junto al video aparecieron expresiones como: “Ese chupandante que esto que el otro salud”, así como “El enemigo lo tiene en casa”.

Sin embargo, también hubo usuarios que adoptaron una postura diferente y consideraron que la celebración, por sí misma, no necesariamente implicaba una conducta indebida. Uno de los comentarios señaló: “No es un delito puede que estaba festejando su cumpleaños etc hay que alegrarse un poco y no tiene nada de malo estar festejando con los grupos norteños es para alegrar y le anotar la moral un poco”.

Otros internautas, en cambio, anticiparon consecuencias laborales para el funcionario y reaccionaron con frases como: “Ya valió,.......a Ya se quedo sin chamba”.

La polémica aumentó debido a que el material no solamente mostraba al mando conviviendo con los músicos, sino que también fue interpretado por algunos usuarios como evidencia de un posible estado inconveniente.

También existen señalamientos contra el funcionario

El caso tomó una dimensión adicional debido a que, además de la grabación, en redes sociales circulan señalamientos contra Rendón Ávalos por presuntos actos de extorsión a transportistas y automovilistas en la zona oriente de la entidad.

Estos señalamientos forman parte del contexto alrededor del funcionario, pero deberán ser investigados y acreditados por las autoridades competentes antes de establecer cualquier responsabilidad.

Por ahora, la determinación oficial de la Secretaría de Seguridad mexiquense se concentra en su separación del cargo y en la investigación iniciada por la Unidad de Asuntos Internos.

El episodio vuelve a colocar bajo la lupa la conducta de los mandos encargados de tareas de seguridad pública, especialmente cuando las imágenes que circulan en redes sociales muestran situaciones que pueden generar dudas sobre el desempeño y comportamiento de los servidores públicos.

Mientras avanza la investigación, el video continúa generando reacciones entre los usuarios, quienes convirtieron la grabación de la presunta fiesta dentro de la base policial en uno de los contenidos más comentados relacionados con la seguridad pública del Estado de México.

La mandataria respondió así ante el cuestionamiento sobre la situación de violencia y las críticas formuladas desde diversos sectores. La mandataria remarcó que su intención no es responsabilizar a los medios de comunicación por la realidad que atraviesa el país, sino concentrarse en obtener resultados frente a la delincuencia.

“Yo no estoy aquí para echarle la culpa a la prensa, sino para avanzar y conseguir este resultado, que es recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de los ciudadanos”, afirmó durante la conversación.

Refuerzo de la Policía

Fujimori señaló que una de sus primeras acciones ha sido buscar que los agentes recuperen la moral y cuenten con mejores condiciones para cumplir sus funciones. Consideró que, aunque existen integrantes que pueden incurrir en conductas indebidas y deben ser separados, la seguridad ciudadana depende principalmente de la institución policial.

La presidenta destacó también el reconocimiento brindado a los efectivos heridos durante sus labores. Según relató, acudió a los hospitales para agradecer y felicitar a policías y miembros de las Fuerzas Armadas afectados en enfrentamientos. Contó que algunos de ellos, pese a haber recibido impactos de bala, le manifestaron que volverían a cumplir con su deber si fuera necesario.

A partir de esos casos, indicó que el Ejecutivo dispuso ascensos automáticos para los agentes afectados. Asimismo, anunció la preparación de un paquete de crédito suplementario destinado a financiar la modernización de comisarías, la adquisición de patrulleros y la compra de mayores herramientas de protección para los efectivos.

Coordinación en el sistema de justicia

Otro de los puntos señalados por la jefa de Estado fue la necesidad de mejorar la articulación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Fujimori afirmó que existen problemas de coordinación y confianza entre estas instituciones, situación que, según sostuvo, requiere medidas para fortalecer el sistema de justicia.

En ese contexto, mencionó la solicitud de facultades como una herramienta para impulsar cambios. La propuesta forma parte de las acciones que, de acuerdo con su explicación, permitirían al Gobierno avanzar en su estrategia contra la inseguridad.

La presidenta también vinculó esta problemática con el avance de las organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras nacionales. Al referirse a la reciente recepción de Marco Rubio, destacó como una “excelente noticia” la entrada del denominado Escudo de las Américas para el Perú.

Fujimori sostuvo que la criminalidad internacional organizada exige una respuesta conjunta entre distintos países, debido a que los delincuentes no reconocen límites territoriales. Por ello, consideró que la incorporación del Perú a este mecanismo permitirá fortalecer la cooperación internacional frente a este tipo de amenazas.

Faltaban minutos para el final del partido cuando Sergio Villanueva recibió la pelota, aceleró por el costado de la cancha y sacó un remate que pasó al arquero. Gol. 1-0.

El equipo de fútbol del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York le ganaba al de los policías. Era la tarde del domingo 9 de septiembre de 2001. Dos días después, Sergio entraría al World Trade Center con la dotación de Ladder 132 y no volvería a salir.

Tenía 33 años, había nacido en Bahía Blanca y llevaba casi toda su vida en Queens. Estaba comprometido y planeaba casarse. El 13 de septiembre debía firmar el contrato del salón donde se celebraría la boda.

Esa tarde del domingo, después del gol, Sergio volvió a casa eufórico. Tanya Villanueva Tepper, su prometida, lo conocía así: el fútbol lo transformaba.

“Era un loco total. Simplemente lo amaba. Amaba mirar. Amaba jugar”, recordó Tanya al 9/11 Memorial & Museum, que conserva una de sus camisetas de la Selección argentina.

Los días en que jugaba Argentina, Sergio se ponía la camiseta albiceleste y Tanya debía ponerse la de Boca y calzarse un gorro con cascabeles colgantes. Cuando el equipo anotaba, los dos corrían por el departamento de Queens gritando “gol”.

Rick Miller, un teniente que había sido su compañero en la policía, lo describió en el obituario publicado por The New York Times: “Amaba Nueva York, amaba su país, amaba Queens, y se quedaba ronco tres días después de un partido de la selección argentina”.

Sergio organizaba partidos en Flushing Meadows Park y jugaba en Chelsea Piers.

Aquel domingo, 9 de septiembre, del partido fueron a la fiesta de cumpleaños de la hija de un amigo de Sergio, de quien había sido padrino de boda. Estaban rodeados de la gente que querían.

Se quedaron un rato más tomando cervezas y volvieron a casa. Tanya tenía una cámara de rollo que Sergio le había regalado para sus 30 años.

Se dio cuenta de que quedaba una foto en el rollo y le sacó una a Sergio. “Su última foto”, contó Tanya al periodista Hugo Martin de Infobae en 2021.

A la mañana siguiente, el lunes 10, Sergio se levantó temprano y se fue al cuartel a cumplir un turno de 24 horas. Se despidió con un beso. Debía regresar el martes por la mañana.

Un chico de Bahía Blanca en un restaurante de Queens

Sergio Gabriel Villanueva nació el 4 de julio de 1968 en Bahía Blanca. A comienzos de los años 70, sus padres emigraron a Nueva York.

Su padre había llegado un año antes. Una de las primeras fotos de Sergio en la ciudad lo muestra de niño junto a Delia, su madre, con las Torres Gemelas todavía en construcción, detrás de ellos.

Steve Villanueva, su hermano menor, contó en una entrevista con Spectrum News que compartieron una habitación con cuchetas hasta que él cumplió 25 años. “Éramos muy cercanos, los tres, incluida mi hermana”, dijo Steve sobre Sergio y Marisel, su hermana.

El padre tenía un restaurante en Bayside, Queens, llamado Piccolo San Marino. Ahí Sergio aprendió a cocinar.

Pasta, pollo, platos italianos: las recetas que absorbió de chico lo siguieron hasta el cuartel de bomberos, donde sus compañeros esperaban sus turnos en la cocina.

En Ladder 132, según su obituario, cuando le tocaba el turno a Sergio, la compañía comía bien. También se sabía de memoria las canciones de Barry Manilow.

Steve lo describió ante Spectrum News con una frase que repitió más de una vez: “Tenía una personalidad enorme”.

Un compañero de Ladder 132 lo recordó en la página de la National Fallen Firefighters Foundation con una enumeración que dice más que cualquier semblanza formal: “Un tipo genial. Adelantado a su época en la moda. Trajo de vuelta las patillas largas antes de Beverly Hills 90210. Y le encantaba flotar en su pileta. Era un buen bombero, siempre quería meterse en lo más duro. Te extraño, Serge”.

Ocho años con placa de policía

En 1992, Sergio ingresó al Departamento de Policía de Nueva York. Lo destinaron al Precinto 46 del Bronx, una zona con alta actividad de narcotráfico.

Después lo pasaron a la División de Narcóticos, donde trabajó como agente encubierto: debía hacerse pasar por adicto para atrapar vendedores de droga. “Era muy riesgoso. Pero lo hizo bien y lo ascendieron a detective en el 98”, contó Tanya.

Un ex compañero del Precinto 46 escribió en la página de la National Fallen Firefighters Foundation: “Sergio era un miembro querido de esa unidad, conocido como una persona amigable, trabajadora y respetada por todos. Era valiente, dedicado y siempre de buen ánimo. El Departamento de Bomberos recibió a un bombero de primera y su pérdida todavía la sentimos quienes tuvimos el honor de conocerlo”.

Fernando Rodriguez fue su compañero de patrulla en el Precinto 46. La hermana de Rodriguez dejó un mensaje en la misma página años después: “Tuve el placer de conocerte en muchas ocasiones, ya que mi hermano fue tu compañero. Pienso en vos todo el tiempo, como lo hacía mi hermano”.

Fernando ya no estaba vivo cuando ella escribió esas líneas. “Me los imagino a los dos patrullando los cielos para cuidarnos acá en la tierra”, agregó.

Sergio había rendido también el examen de ingreso a bomberos, pero cuando lo aprobó no había vacantes. Cuando se abrió la posibilidad, en el año 2000, dejó la policía.

Empezó en Engine 4, una unidad cercana a las Torres Gemelas, en South Street Seaport. Al cabo de un año pidió el pase a Ladder 132, en el barrio de Prospect Heights, Brooklyn: los primeros combaten el fuego, los segundos se especializan en rescates. “Esa unidad tenía muchísimo trabajo”, contó Tanya.

Una vez que alguien entraba al Departamento de Bomberos, no se iba. Los horarios eran mejores: 24 horas de servicio seguidas y dos días de descanso.

Mientras tanto, Sergio y Tanya habían abierto un negocio de regalos en Jackson Heights, a tres cuadras de su casa, que llamaron Inner Peace. Les iba bien.

Delia los ayudaba para que tuvieran tiempo de pareja.

Y Sergio restauraba con sus propias manos una casa que habían comprado a seis cuadras de la que alquilaban, también en Jackson Heights. Planeaban abrir otro local. Planeaban tener hijos.

Una historia de amor que empezó con un terremoto y terminó en Queens

Sergio y Tanya vivían en extremos opuestos del barrio de Flushing, en Queens. Él iba a un colegio católico privado, el Holy Cross. Ella, a la escuela pública. No compartían el mismo grupo de amigos, pero tenían muchos en común.

“Al final nos conocimos cuando teníamos 19 o 20 años por intermedio de Lorenzo, amigo de los dos. Íbamos a bailar al mismo club. Nos gustaba el estilo que llamamos latin freestyle, que no es salsa y eso, es música más bolichera, y hip hop”, contó Tanya a Infobae en 2021.

En 1991, Tanya ingresó en el Hunter College de la Universidad de Nueva York y después se mudó a Los Ángeles para completar sus estudios. En 1994, un terremoto la espantó. “Hubo un gran terremoto en Los Ángeles y me asusté mucho. Tanto como para irme de allí, a pesar de amar el clima y la playa”, recordó.

Se fue a Miami con su novio de entonces, un francés llamado Philippe. Alquilaron un departamento con su mejor amiga. Philippe viajaría a Francia a visitar a su familia y se reuniría con ella en el verano. Eso no sucedió.

En junio, Lorenzo y Sergio llegaron a Miami de vacaciones con otros amigos. Sergio ya era policía. “Salimos todos juntos y bueno, nos emborrachamos. Una cosa llevó a la otra y con Sergio nos besamos y fue como ‘¡Dios mío!’. Fue un beso tan mágico que no quería que se detuviera”, aseguró Tanya a Infobae.

Pasaron cuatro o cinco días juntos. Sergio se quedó en su departamento. Hablaron toda la noche. Era 1994 y se jugaba el Mundial en Estados Unidos. “Sergio miraba los partidos del Mundial… ahora que lo pienso, quizás se quedaba por eso”, bromeó Tanya.

Cuando Sergio estaba por tomar el avión de vuelta a Nueva York, Tanya enfermó. Tuvo mucha fiebre. Él llamó y le dijo que se quedaba un par de días más para cuidarla. “Me ponía agua fría en la espalda, me tapaba porque yo tiritaba de fiebre. Me cuidó mucho. Y me enamoré”, dijo Tanya.

En una de esas conversaciones, Sergio le habló de un autor que solía leer, Brian Weiss, un psiquiatra que escribía sobre vidas pasadas y usaba hipnosis como método de sanación. “Así que me pareció que no sólo era un policía machito de Nueva York, sino un ser espiritual”, recordó ella.

Sergio volvió a Queens. A partir de entonces, el correo de Estados Unidos llevó y trajo cartas entre Miami y Nueva York. Una vez por semana, Tanya lo llamaba. “Todo era como para parecer su amiga, algo que yo no quería ser. Buscaba que no se olvidara de mí, pero tampoco quería quedar como Glenn Close en Atracción Fatal”, se rió.

Tanya decidió volver a Nueva York. “Si quería estar con él, debía volver”, razonó. En abril de 1995 manejó un camión de mudanzas U-Haul de cinco metros de largo desde Miami hasta Jackson Heights. Se instaló, la relación avanzó, Sergio tenía la llave de su departamento. “Pero todavía ninguno de los dos le había dicho ‘te amo’ al otro”, recordó Tanya.

El encendedor, la carta y las tres palabras

En 1995 apareció un tío materno de Tanya que la buscaba desde Alemania. Ella viajó a encontrarse con su familia biológica. Sergio se ofreció a acompañarla. En ese viaje, Tanya se enteró de la verdad sobre la muerte de su madre. Sergio grabó el encuentro porque ella se lo pidió.

Esa noche, en el hotel, Tanya sintió una paz que le daba la presencia de Sergio. “Y vi que era el momento justo para decirle lo que sentía, que lo amaba. Entonces lo abracé y le dije ‘¿sabés lo mucho que te amo?’. Y se dio vuelta y me besó. Pero no me dijo que también me amaba. Ni esa noche, ni en los días que siguieron paseando por Alemania”, contó a Infobae en la entrevista de 2021.

Fueron a un negocio a comprar encendedores. Sergio le regaló uno que decía “te amo”. Para Tanya no era suficiente. Cuando volvieron a Nueva York, ella le escribió una carta. “Decía que no hacía falta que me lo diga, porque sabía que lo sentía. Leyó la carta, me miró y me dijo ‘claro que yo también te amo’. Y nos pusimos a llorar los dos”.

Casi todos sus amigos se habían casado y tenían hijos. Tanya empezó a insistir. “Pero me di cuenta que no era lo más inteligente… Entonces me dije, bueno, va a suceder cuando esté listo. Para él era importante que estuviéramos sólidos, por ejemplo, con el tema de la casa, con su carrera. Me decía que ni bien nos casáramos quería tener hijos”, relató en la entrevista de 2021.

El 30 de junio de 2001 cumplieron siete años desde el primer beso en Miami. Fueron a cenar al restaurante Angelo Maxie’s, en Manhattan. “Hablamos de nuestro tiempo juntos, de lo felices que éramos. Y me dijo ‘tengo un regalo para vos’. Buscó en el bolsillo chiquito de su pantalón y me dio un anillo”, contó Tanya.

Al día siguiente fueron a la playa. En Long Beach los esperaban sus amigos, que empezaron a hacerle bromas: “¿Pero cómo? ¿No te arrodillaste y le pediste casamiento?”. Sergio tomó la mano de Tanya, se arrodilló sobre la arena y se lo pidió.

Encontraron un salón llamado The Fountainhead, en La Rochelle. Tenía una pequeña capilla y un área de recepción. Sacaron una cita para firmar el contrato el 13 de septiembre de 2001. La fecha de la boda estaba pactada para el 1 de agosto de 2002.

Delia, la madre de Sergio, había sido parte de todo. “Desde el primer momento que conocí a la madre de Sergio tuvimos una conexión especial”, contó Tanya. “¿Sabés qué hacíamos? Nos sentábamos en su cama a ver televisión. Sergio en el medio y nosotras, sus ‘chicas’, a cada lado. Eso lo hacía muy feliz”.

La inscripción en el portón del cuartel

El martes 11 de septiembre de 2001, a las 8.46 de la mañana, el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la Torre Norte del World Trade Center.

Diecisiete minutos después, a las 9.03, el vuelo 175 de United Airlines impactó contra la Torre Sur. Sergio había cumplido un turno de 24 horas en Ladder 132 y se preparaba para volver a casa. Todavía estaba en el cuartel cuando sonó la alarma.

Se cambió de ropa y se sumó al equipo de rescate.

Tres minutos después del segundo impacto, la dotación de Ladder 132 atravesó el portón del cuartel de Prospect Heights, en Brooklyn. El portón llevaba una inscripción: “En el ojo de la tormenta”. Recorrieron los siete kilómetros que los separaban del World Trade Center a toda velocidad. Fueron la cuarta dotación en responder a las alarmas.

Tanya estaba en su casa de Jackson Heights. Era un martes de elecciones primarias. Tenía pensado ir a votar. Estaba viendo NY1 cuando apareció la noticia del primer impacto. “Pensé que era un accidente o algo así, pero vi el segundo avión”, contó ante las cámaras de Spectrum News.

Llamó al cuartel. Daba ocupado. Llamó al celular de Sergio. Atendía el buzón de voz. “No creía que él hubiera ido al lugar porque la distancia era demasiado grande”, recordó.

A las 9.59, la Torre Sur se desplomó. El Marriott World Trade Center, un edificio de 22 pisos ubicado entre las dos torres, quedó sepultado bajo los escombros.

Sergio estaba adentro, en tareas de rescate, junto a otros seis miembros de su compañía, incluido su jefe, Matthew Ryan.

Steve Villanueva contó ante Spectrum News lo que la familia pudo reconstruir después: “Al final pudimos determinar que entraron a la Torre Sur. No llegaron muy arriba. Estaban en algún lugar entre el piso 10 y el 20. Ahí fue donde estaban cuando la torre se desplomó. Todos entraron para tratar de ayudar a la mayor cantidad de gente posible a salir del edificio”.

En total, 343 bomberos del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York murieron ese día.

El alcalde Rudolph Giuliani dio una conferencia de prensa esa tarde. “No sabemos cuántos perdimos. Pero no hay duda de que perdimos algunos bomberos y policías”, dijo.

Tanya lo escuchó por televisión. “No quería creer que no iba a volver a casa. Quería creer que estaba allá abajo ayudando a rescatar gente todavía”, recordó ante Spectrum News.

La página que no se imprimió

Pasó la tarde del 11 de septiembre y toda la familia esperaba un llamado. Tanya marcó un número de teléfono que le dieron. La enviaron a Fort Totten, un edificio militar a 20 minutos de su casa. Fue con Delia, Marisel y Lewis, el marido de Marisel. En un salón esperaron a ser atendidos.

Tanya vio a un hombre hablarle cerca del oído a una mujer. La mujer cayó de rodillas. Otra gritaba sin parar. “Estábamos ahí y a una mujer le notificaron que su marido se había ido. Obviamente hubo mucha emoción detrás de eso. Se desplomó en el piso y empezó a gritar”, contó Tanya a ABC News.

Se dio vuelta, miró a Delia y le dijo: “No, nosotras no pertenecemos acá porque Sergio va a volver a casa”. Volvieron a Jackson Heights. La casa estaba llena de gente que había llegado a acompañarla.

Al día siguiente, el 12 de septiembre, había 15 o 20 personas en la casa. Golpearon la puerta. Era un hombre vestido de traje. Le dijo a Tanya que conocía a Sergio, que tenía contactos en la alcaldía y que no había nadie con ese nombre en la lista de desaparecidos.

Tanya llamó ella misma para verificar. Era cierto. “Empezamos a saltar todos y a llorar de alegría”, contó a Infobae en 2021. Una amiga le dijo: “Maquillate y cuando venga nos vamos directo a la Iglesia y se casan”. Celebraron. Y después se pusieron a esperar.

Cada dos horas Tanya llamaba por novedades. En una de esas llamadas le dijeron que Villanueva estaba en la lista de desaparecidos. No entendía.

Le explicaron que la primera vez no se había imprimido la última página del listado. Por su apellido, Sergio estaba ahí. “Fue devastador”, aseguró Tanya.

Steve lo supo por su madre. “Cuando mi mamá me lo dijo, fue como si mi cuerpo se convirtiera en gelatina. Me aferré a la pared y empecé a llorar y llorar y llorar”, contó a Spectrum News.

Steve había llamado a Delia más temprano ese día para tranquilizarla: “Llamé a mi mamá y le dije ‘está bien. No te preocupes. Él está en Brooklyn’”.

El llamado al salón de bodas

El 13 de septiembre, el día en que debían firmar el contrato del salón, Tanya levantó el teléfono y llamó a The Fountainhead. “Les dije: ‘Mi prometido es uno de los desaparecidos, pero por favor no nos saquen la fecha porque él va a volver a casa’”, relató ante Spectrum News.

Pasaron los días. La casa seguía llena de gente. Frente al negocio Inner Peace, en Jackson Heights, empezaron a aparecer velas, flores y carteles pidiendo por Sergio, como un memorial espontáneo.

Tanya le había pedido a su amiga Patty que se hiciera cargo del local y recibiera la mercadería. Una semana después, Tony, un amigo de la infancia de Sergio que tenía un negocio de biblias, le llevó a la casa una caja que Patty le había dejado. Tanya se enojó: le había pedido a Patty que se ocupara ella. “Pero una voz me dijo ‘abrí la caja’”, contó a Infobae.

Adentro había un libro infantil llamado Bunny Wishes. “Básicamente es la historia de un conejo que desaparece”, dijo. Sergio y Tanya se llamaban bunny en la intimidad. Conejito y conejita.

Tanya sostuvo durante 26 días la idea de que Sergio podía volver. “No me iba a rendir. Hay gente que sobrevive a colapsos y terremotos. No me iba a rendir con Sergio”, aseguró.

El día 26, un domingo, levantó el teléfono y llamó a una medium de Miami llamada Elaine. “No le dije que había perdido a nadie ni por qué llamaba. Sólo que me hiciera una lectura”, relató.

La medium empezó por la numerología, le dijo su fecha de cumpleaños, le tiró las cartas. “Y de repente me dijo ‘querida, vos perdiste a alguien… a tu pareja’. Y empecé a llorar. Fue muy duro”.

Elaine hizo sonar unas campanas tibetanas y le dijo que Sergio estaba ahí, que estaba orgulloso, que no había dolor. “Te aseguro que no le hablé del 11/9 ni nada”, dijo Tanya. Entonces, recién entonces, aceptó que Sergio no iba a volver.

La familia decidió no hacer ninguna ceremonia hasta que el gobierno declarara oficialmente que ya no había más restos que buscar en Ground Zero. Eso sucedió en abril de 2002. Nunca encontraron nada de Sergio.

El 7 de junio de 2002, unas dos mil personas se hicieron presentes en la ceremonia de despedida: bomberos, policías, amigos, gente que simplemente quiso darle las gracias. Un mes después de los atentados, Tanya había adoptado el apellido Villanueva.

El número 10 que nadie volvió a usar

El equipo de fútbol del FDNY retiró el dorsal 10 de Sergio. Nadie lo volvió a llevar.

Jonathan Kanovsky, un ex detective de la policía de Nueva York que había sido compañero de Sergio en el Precinto 46, y Joe Bossi, entrenador del FDNY Soccer Club, crearon junto a la familia la Firefighter Sergio Villanueva Soccer Foundation.

Kanovsky escribió en la página de la fundación lo que sintió el 12 de septiembre, parado al borde de Ground Zero junto a otros policías: “Me sentí impotente y sin esperanza mientras miraba la destrucción masiva que había ocurrido apenas el día anterior. Durante las semanas siguientes, mientras trabajaba en la brigada de baldes dentro de Ground Zero, pensé en los muchos hombres y mujeres valientes que habían arriesgado y finalmente dado sus vidas en un intento heroico de rescate”.

Pensó que no había mejor forma de honrar a Sergio que el fútbol. Desde su creación en 2001, la fundación otorgó más de USD 150.000 en becas a jóvenes jugadores y realizó clínicas de fútbol para más de 3.000 chicos en Jamaica (Queens), Hempstead, Manhattan, Exeter (Reino Unido), Baumholder (Alemania), Roma y otras ciudades.

Tanya donó la camiseta de la selección argentina de Sergio al 9/11 Memorial & Museum, donde está exhibida en la muestra permanente. “Porque la gente, mucho después de que todos nos hayamos ido, necesita conocer la historia de lo que pasó ese día”, dijo Tanya ante CBS News.

Alice Greenwald, directora del museo, explicó ante la misma cadena la lógica de la exhibición: “Los materiales más íntimos de este museo cargan con las historias más grandes”.

Un grupo de 25 jugadores del equipo de fútbol de bomberos de Nueva York viajó a Buenos Aires representando a la fundación. Visitaron la Fundación Boca Social, recorrieron el club, jugaron un partido contra los Bomberos Voluntarios de La Boca en Casa Amarilla y compartieron un asado en la estación del barrio.

En un partido de Boca contra Arsenal de Sarandí en la Bombonera, los dirigentes les entregaron una plaqueta en memoria de Sergio y una camiseta firmada por el plantel profesional con su nombre.

Las escaleras que suben desconocidos

Cada año, desde agosto hasta noviembre, personas suben escaleras en ciudades de Estados Unidos y otros países con la foto de un bombero caído el 11-S.

La National Fallen Firefighters Foundation organiza las escaladas en conmemoración de los 343 bomberos del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York murieron en los atentados.

El nombre de Sergio aparece en Lambeau Field, en Green Bay; en Red Rocks, en Morrison, Colorado; en la SalesForce Tower de San Francisco; en el estadio de Fayetteville, Carolina del Norte; en Charleston, Carolina del Sur; en Charlotte; en Biloxi, Misisipi; en Melbourne, Australia.

Una voluntaria de Indiana escribió en la página de la fundación después de subir en su nombre: “El sacrificio que vos y tantos otros hicieron ese día siempre será recordado. Para mí, nunca vas a ser olvidado”.

Un hombre que subió en la SalesForce Tower dejó un mensaje que conectaba su propia historia con la de Sergio: “Como ellos, mi familia también migró a Nueva York desde Argentina. Como inmigrantes, tus amigos terminan siendo la familia extendida que todos dejamos atrás al venir a esta gran nación que llamamos América. La familia de Sergio es nuestra familia”.

Un mensaje en la misma página lleva la firma de alguien llamado Aidan: “Hola, mi nombre es Aidan. Encontré esta página cuando estaba buscando información sobre mi tío abuelo (Sergio Villanueva). Me sorprendí. Estoy en séptimo grado y estoy usando a mi tío para un proyecto llamado ‘latinos famosos’. Espero que esté orgulloso”.

Los que se quedaron

Steve Villanueva conserva una boquilla de manguera, una caja de cigarros y un sombrero policial de Sergio. Mira a sus hijos y ve a su hermano. “Mi hijo menor me recuerda a mi hermano. Siento que son la misma persona”, contó ante Spectrum News. “Es la forma en que se sienta cuando lee”.

Steve trató de imaginar a Sergio a los 53 años, la edad que tenía él cuando dio esa entrevista. Además, aseguró: “Lo que más duele es que los chicos no lo conocen. Mis hijos, los hijos de mi hermana”.

Tanya se casó con Ray, que en otra etapa de su vida había sido bombero. Tuvieron dos hijas, Emilia y Samantha. Ray honra a Sergio. Para él, la familia Villanueva es su familia.

Tanya, Delia, Steve, Marisel y sus familias se mudaron a Florida. Se ven seguido. Las hijas de Tanya llaman abuela a Delia. Ray le dice mamá.

Tanya coordina un grupo regional de apoyo para viudas en Miami, bajo la organización Soaring Spirits. Se reúnen dos veces por mes. “Poder devolver todo el apoyo que recibí fue lo que le dio sentido y propósito a la pérdida de Sergio”, dijo ante Spectrum News.

Cuando habló ante las cámaras en 2026 en Spectrum News, Tanya intentó medir lo que significan 25 años: “Y ahora, contemplar que pasaron 25 años, que crié a dos hijas, que voy a ser una madre con el nido vacío, y que él no estuvo acá en el sentido físico para nada de eso, es alucinante. Realmente lo es”.

Afirmó que todavía, si se queda en silencio, puede escuchar su voz, verlo bailar, oír su risa.

Cuatro agentes de la Policía Municipal de Carcasona han sido suspendidos y han perdido su habilitación tras la difusión de una grabación captada por error durante una patrulla de seis horas en noviembre de 2025. La cámara corporal de uno de los policías quedó encendida sin que el agente se diera cuenta, según la versión que él mismo trasladó posteriormente a la justicia y que publica France3.

Racismo, machismo, xenofobia, y homofobia

En el vehículo viajaban cuatro miembros del cuerpo. Los fragmentos difundidos recogen expresiones contra personas extranjeras, racializadas, mujeres y personas homosexuales. El jefe de patrulla afirma: “Nos hicimos cristianos con Clodoveo, nos haremos musulmanes con Macron”. Según Révolution Permanente, el mismo agente llegó a decir que esperaba un golpe de Estado liderado por un general y el Ejército. Hablan de “poner en la picota a Macron y a todos los maricones”; y conversan sobre la teoría conspirativa de que Brigitte Macron, primera dama, sería una persona trans.

Otro de los agentes afirma: “Es un árabe que huele a kebab”. En otro pasaje se escucha: “Ya no aguanto más, en el centro, al árabe, al negro, al negro, al árabe, al afgano…”. Los policías comentan también el caso de una mujer implicada en un accidente de tráfico y uno de ellos dice: “Igual es un migrante. Un pequeño Kirikú. Kirikú en la sabana, le atropellan”.

La grabación incluye igualmente comentarios sobre mujeres. Tras dirigirse a una transeúnte con un insulto, uno de los agentes añade: “El patriarca es el que manda en casa, el que tiene erección y músculos; en tiempos de Cromañón funcionaba así, las gilipollas de las cavernas, si no estaban con su hombre, las mataban fuera”.

El diario Midi Libre fue el primero en revelar el contenido de la grabación. Otro medio, Révolution Permanente, publicó fragmentos adicionales, entre ellos la frase “conducen rápido esos árabes, ayer iban en camello y hoy en coche”, además de recoger comentarios de los agentes contra personas sin hogar.

El material permaneció ocho meses bajo investigación preliminar

Otros policías descubrieron las imágenes el 8 de noviembre de 2025, cuando intentaban liberar la memoria de la cámara, y lo comunicaron de inmediato a sus superiores. El jefe de la patrulla, identificado en la información difundida como C. R., denunció el 31 de diciembre de 2025 ante la Gendarmería de Trèbes una “violación de la intimidad de la vida privada”, alegando una “mala manipulación” del dispositivo.

Ese mismo día, la Fiscalía de Carcasona abrió una investigación judicial que continuaba en curso el 9 de septiembre de 2026. De forma paralela, el Ayuntamiento había iniciado el 23 de diciembre de 2025 una investigación administrativa cuyas conclusiones, según indicó la fiscalía, aún no habían sido remitidas.

El alcalde, Christophe Barthès, sostuvo que la investigación municipal no ha permitido “establecer con certeza la identidad de los autores de cada una de las declaraciones grabadas”. El regidor atribuyó además la falta de una respuesta anterior a la gestión municipal previa, a la que acusó de haber “escondido este asunto debajo de la alfombra en plena campaña electoral”.

Uno de los agentes pertenecía al servicio de seguridad del RN

El principal implicado, afiliado al partido de Marine Le Pen -Agrupación Nacional (RN)- de 50 años y antiguo paracaidista, formaba parte del Departamento de Protección y Seguridad del RN y había integrado el dispositivo de seguridad de Jordan Bardella, político conservador francés y miembro del Parlamento Europeo, durante una visita al departamento de Aude en febrero de 2026. El partido informó de su suspensión como militante y de su salida del servicio de seguridad, y aseguró que condenaba sus declaraciones “con la mayor firmeza”.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, calificó los comentarios de “indignos del uniforme de la Policía Municipal” y ordenó una inspección del cuerpo a cargo de la Inspección General de la Administración. La Federación Autónoma de la Función Pública Territorial señaló que “este comportamiento no refleja en absoluto el de los 29.000 policías municipales que ejercen en Francia”.

Un caso similar de los Mossos d’Esquadra llegó a juicio en España

Un episodio comparable se produjo en Cataluña con seis agentes de los Mossos d’Esquadra, condenados por una agresión racista cometida el 10 de enero de 2019 en Sant Feliu de Sasserra, en la comarca del Bages, contra el joven Wubi. Los agentes acudieron al inmueble para ejecutar un desahucio y localizaron al joven en el garaje del edificio.

Según el escrito de la Fiscalía, los policías empujaron y escupieron a Wubi, le propinaron golpes en la cabeza y patadas en los costados mientras le lanzaban bolsas de basura y le proferían insultos racistas. El joven grabó parte de la agresión con su teléfono móvil sin que los agentes se dieran cuenta, en una grabación de casi ocho minutos que se convirtió en la principal prueba del caso. En el audio se escuchan expresiones como “negro de mierda, hijo de la gran puta”, “tú eres un mono, es lo que eres”, “soy racista, y mucho” y “la próxima vez que veas a la policía corre, pero intenta irte muy lejos, vete más lejos de África”.

Wubi logró huir hacia un descampado próximo. Uno de los agentes lo siguió y efectuó un disparo al aire que no llegó a alcanzarlo, con la intención, según la Fiscalía, de “amedrentar y atemorizar” al joven. Tras mantenerse escondido, Wubi decidió regresar al inmueble para colaborar con la policía. Al verlo, uno de los agentes le dijo: “Eh, he fallado, si no te reviento. Te he disparado, eh”. Los policías lo llevaron de nuevo al garaje, donde continuaron los golpes e insultos, entre ellos uno que se refirió a él como “Kunta”, en alusión al personaje de ficción Kunta Kinte, según recogió la Fiscalía.

Durante el traslado a comisaría prosiguieron las vejaciones. Ante la pregunta del joven, “¿Por qué sois así de malos?”, uno de los agentes respondió: “Somos ordenados”. Los seis policías pertenecían al Área Regional de Recursos Operativos (ARRO), una unidad de apoyo a los antidisturbios de la policía catalana.

La Fiscalía, que inicialmente pedía tres años y medio de cárcel; y la acusación particular, que reclamaba hasta seis años por un delito de torturas, rebajaron la petición a un año de prisión y seis meses de inhabilitación. El tribunal dictó sentencia “in voce” y suspendió la ejecución de la pena de cárcel, con la condición de que los condenados participaran en un programa de igualdad de trato y no discriminación, no se acercaran a la víctima durante cuatro años y abonaran una indemnización de 80.000 euros.

Cinco de los seis agentes recibieron la agravante de racismo por un delito contra la integridad moral, además de otro de lesiones leves. El Departamento de Interior de la Generalitat, entonces a cargo de Pere Ferrer como director general de Policía, anunció la expulsión de los seis agentes del cuerpo, una consecuencia automática de la inhabilitación impuesta en la sentencia. Los agentes habían continuado en el cuerpo, aunque apartados de la unidad ARRO, durante los más de cuatro años que duró el proceso judicial.

Un hombre y una agente de la Policía de Salta fueron imputados por estafa y extorsión vinculadas con la promesa de gestionar un traslado dentro de la fuerza. La denuncia fue presentada por una integrante de la institución que aseguró haber entregado dinero por un cambio de destino que nunca se concretó.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, les atribuyó a ambos la presunta coautoría de los delitos de estafa y extorsión. En el caso de la agente, la acusación incorpora además el supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La causa se originó tras la denuncia de una mujer que presta servicios en la Subcomisaría San Jorge y buscaba ser trasladada al Departamento Bicipolicías. De acuerdo con su relato, una compañera le facilitó el número de una persona a la que identificó como “Sonia”, presentada como alguien con vínculos en la Dirección General de Recursos Humanos y capacidad para intervenir en el cambio de destino.

El contacto le habría pedido $700.000 para poner en marcha el supuesto trámite. La mujer transfirió $200.000 y luego $500.000 a una cuenta bancaria a nombre de uno de los imputados. Sin embargo, el cambio de destino nunca se produjo.

Ante la falta de resultados, la denunciante habría decidido desistir de la gestión. Según su relato, entonces le exigieron $250.000 para cancelarla. Como parte de ese nuevo reclamo, realizó dos transferencias de $100.000 cada una, por lo que abonó $200.000.

De acuerdo con la denuncia, las exigencias continuaron después de esos pagos. Le habrían advertido que la supuesta deuda aumentaría si no completaba el monto reclamado y, entre otros pedidos, le exigieron el equivalente al 35% de su sueldo, unos $350.000.

Para la Fiscalía, el dinero entregado por la promesa de un traslado sustenta la imputación por estafa. Los reclamos posteriores y las advertencias sobre el aumento de la supuesta deuda fundamentan la acusación por extorsión.

Al no concretarse el trámite, la denunciante hizo averiguaciones sobre el número desde el que se realizaban las gestiones. Esa información habría permitido relacionar la línea con la agente que le había facilitado el contacto. A partir de allí, la investigación avanzó sobre los intercambios de mensajes, los registros digitales, la documentación bancaria y los movimientos de las cuentas involucradas.

Para el Ministerio Público Fiscal, la agente habría empleado un número alternativo y una identidad ficticia para aparentar que poseía contactos en áreas administrativas de la institución capaces de conseguir traslados a cambio de dinero. Esa es una hipótesis de investigación que deberá ser contrastada durante el proceso judicial.

De acuerdo con los informes incorporados, la cuenta que recibió las transferencias de la denunciante pertenecía al otro acusado. Luego, esos fondos habrían sido derivados a una cuenta de la agente policial. Ese circuito financiero es uno de los elementos que, según la Fiscalía, conecta a los dos imputados con la maniobra denunciada.

En el marco de las medidas ordenadas por la Fiscalía de Rosario de Lerma, el 4 de septiembre se realizaron allanamientos en domicilios vinculados con ambos imputados. Los procedimientos fueron autorizados por el juez Antonio Germán Pastrana.

La información oficial indicó que las diligencias arrojaron resultados positivos para la pesquisa, aunque no detalló qué elementos fueron secuestrados ni si a partir de esos operativos surgieron nuevas medidas. La investigación continúa con el análisis de las comunicaciones, los dispositivos y los movimientos bancarios incorporados al expediente.

Un grupo de adolescentes protagonizó disturbios con piedrazos en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, este miécoles por la noche. El episodio ocurrió cerca de las 21:55 en la intersección de Ayacucho y José Valente. Cuando los agentes policiales llegaron al lugar, se encontraron con cerca de 15 jovenes, aparentemente menores de edad, quienes se arrojaban piedras y protagonizaban agresiones entre ellos.

El aviso llegó a través de una comunicación radial del Comando de Patrullas local y motivó la intervención de efectivos de la Comisaría Quinta, que se encontraban fuera de su jurisdicción al momento de recibir la alerta.

Según el medio local La Opinión Austral, ante la presencia policial, los adolescentes comenzaron a dispersarse. Sin embargo, cuando se retiraban, los menores continuaron arrojando elementos contundentes contra el personal y contra el vehículo oficial.

Frente a la situación, el personal policial utilizó una escopeta y efectuó un disparo con munición de cartuchería AT, correspondiente a material antitumulto, con el objetivo de hacer cesar la agresión. El grupo se alejó del lugar y el episodio quedó desactivado.

La actuación quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, que deberá avanzar con las medidas correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad de los involucrados.

Por el momento, no se informaron personas demoradas ni heridos como consecuencia del enfrentamiento o del procedimiento policial.

Ataques en Caleta Olivia

Dos ataques a tiros sacudieron la madrugada del martes en Caleta Olivia y quedaron bajo una misma investigación. Los hechos ocurrieron con pocas horas de diferencia en los barrios 2 de Abril y Rotary XXIII.

El primero de los episodios fue registrado alrededor de las 3 de la madrugada en el barrio 2 de Abril, en la zona de las escaleras 10 y 11. Allí, una Kia Sorento estacionada recibió al menos 16 impactos de bala, concentrados principalmente en el capot y en la parte delantera del rodado.

Tras esto, intervinieron efectivos de la Comisaría Tercera y personal de la División Criminalística, que trabajó en el relevamiento de la escena. Durante las pericias, los agentes encontraron un cargador de arma cerca del vehículo, elemento que quedó incorporado a la investigación.

Todavía no se determinó si ese cargador fue abandonado de manera intencional, si se cayó durante la huida de los atacantes o si tiene vínculo directo con la balacera. Los primeros indicios señalan que los disparos habrían estado dirigidos exclusivamente contra el vehículo, ya que no se registraron impactos en los departamentos cercanos.

El segundo episodio ocurrió cerca de las 5:40 en la intersección de Francia y Gilberta García, en el barrio Rotary XXIII. En ese punto, una vivienda familiar recibió al menos 30 disparos efectuados, según las primeras hipótesis, con un arma calibre 9 milímetros.

Dentro de la casa había seis adultos y dos menores, entre ellos un bebé de un año, que no resultaron heridos. Sin embargo, dos balas ingresaron al domicilio y una de ellas atravesó la ventana del comedor antes de impactar contra una pared, a poca distancia de un sector de uso cotidiano para la familia.

La Policía secuestró 18 vainas servidas en la vía pública y los investigadores trabajaban sobre la posibilidad de que los disparos hayan sido realizados desde una camioneta. En el lugar también se relevaron testimonios y otros indicios para intentar reconstruir el recorrido de los atacantes.

La investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción Penal N° 1, con intervención de la Comisaría Quinta y la División de Investigaciones (DDI). Entre las hipótesis iniciales figura que ambos ataques podrían haber sido cometidos por las mismas personas, dado el escaso lapso entre un hecho y otro y la modalidad empleada.

El suboficial de segunda PNP Elvis Joel Miranda Rojas, quien permaneció 26 días en prisión tras abatir a un presunto delincuente en el distrito de Castilla, fue ascendido al grado de suboficial de primera por la causal de “Acción Distinguida”. El reconocimiento llegó después de más de siete años de proceso judicial en los que se determinó su inocencia.

El caso se remonta a enero de 2019, cuando Miranda intervino ante un grupo de sujetos que presuntamente había arrebatado una billetera a un ciudadano. Según la investigación policial, los involucrados se desplazaban en una mototaxi y, al advertir la presencia del efectivo, intentaron huir mientras disparaban en su contra. Miranda repelió la agresión y una de las balas alcanzó a Juan Carlos Ramírez Chocán, quien falleció minutos después a causa de la herida.

Presunto delincuente abatido

El fallecimiento del sujeto abrió una causa penal contra el policía por su actuación durante la intervención. El proceso se extendió durante más de siete años, período en el que Miranda debió afrontar las distintas instancias judiciales derivadas del hecho.

La resolución sobre su responsabilidad penal llegó recién en junio de 2026, cuando la Corte Superior de Justicia de Piura confirmó el fallo definitivo que lo eximió de cualquier responsabilidad. El tribunal determinó que el efectivo actuó en cumplimiento de sus funciones al repeler el ataque armado de los presuntos delincuentes.

Reconocimiento será en los próximos días

Con la resolución firmada, Miranda pasó oficialmente al grado de suboficial de primera. La ceremonia formal en la que se le otorgará el reconocimiento aún no tiene fecha confirmada, pero desde Coraspol indicaron que se llevará a cabo en los próximos días.

Voceros de la corporación señalaron que su objetivo es visibilizar y reconocer los méritos de los efectivos policiales que cumplen su labor durante intervenciones operativas, en particular en casos donde su actuación es sometida a extensos procesos de revisión judicial antes de confirmarse su apego a la normativa vigente.

Gonzales explicó que las autoridades vienen investigando quién dejó la carta y cuál fue su propósito. Una de las hipótesis es que el documento haya sido elaborado por un estudiante del propio colegio, aunque todavía no se ha identificado al responsable.

Investigan a estudiante involucrado

La carta fue encontrada en un salón de primaria; sin embargo, el funcionario precisó que aún no se ha determinado si el responsable pertenece a ese nivel educativo. Los estudiantes suelen permanecer en distintos salones durante la hora de salida, por lo que esta circunstancia no permite establecer quién dejó el documento.

“Según la policía, esto se ha descartado”, señaló Gonzales al ser consultado por TV Perú sobre si se trataba de un caso de extorsión. El director de la DREL indicó que la investigación permitirá determinar quién está detrás del escrito.

En caso de identificar al estudiante, las autoridades educativas priorizarán el acompañamiento socioemocional debido a que se trata de un menor de edad. También se aplicarán las disposiciones establecidas en el reglamento interno del colegio.

Clases retornan con seguridad

Las clases presenciales retornarán al día siguiente en el colegio, luego de que las autoridades coordinaran medidas de seguridad con la Policía Nacional y serenazgo. Según Gonzales, no existen antecedentes de problemas contra los profesores mencionados en la carta.

“El tema principal aquí es la garantía de que las clases se van a retornar el día de mañana. Hay el apoyo de la Policía Nacional, de serenazgo”, afirmó el funcionario a TV Perú.

Además, la UGEL y la DREL activarán protocolos de convivencia interna y brindarán asistencia socioemocional a los estudiantes. Gonzales señaló que se realizarán charlas permanentes para fortalecer la convivencia dentro de la institución.

Más de mil alumnos

El colegio cuenta con aproximadamente 1.100 estudiantes. Durante la jornada posterior al hallazgo de la carta, las actividades educativas se desarrollaron de manera virtual, mientras las autoridades evaluaban la situación.

Gonzales sostuvo que el caso generó preocupación entre los alumnos, por lo que el acompañamiento no estará dirigido únicamente al eventual responsable. “Tenemos que darle la asistencia a todos”, manifestó.

Reforzarán vigilancia en la zona

La Policía Nacional dispuso el resguardo del colegio y de otras instituciones educativas de la zona. Serenazgo también participará en las labores de seguridad, mientras se coordinará la conexión de las cámaras de la institución educativa con el sistema de vigilancia del distrito.

El funcionario pidió a los padres de familia mantener la confianza en las autoridades y acompañar a sus hijos. También recomendó orientarlos sobre el uso de las redes sociales y evitar que participen en acciones que puedan afectar a otros integrantes de la comunidad educativa.

Gonzales indicó que en otros colegios se han registrado casos similares en los que menores habrían dejado cartas amenazantes. En esas situaciones, explicó, se realiza un seguimiento socioemocional y se aplican las normas correspondientes de cada institución.

El colegio Fe y Alegría N.° 07, ubicado en el distrito de Comas, en Lima, retomará este jueves las clases presenciales tras el hallazgo de una carta con presuntos mensajes de extorsión en un aula durante la hora de salida. El director de la institución presentó la denuncia correspondiente, mientras que la Policía Nacional del Perú (PNP) descartó preliminarmente que se trate de un caso real de extorsión. Sin embargo, las investigaciones continúan para determinar quién elaboró el documento y con qué propósito.

El director Regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzales, se trasladó de inmediato al plantel por indicación del ministro de Educación, José Antonio Chang, para coordinar las acciones necesarias y garantizar la seguridad de los estudiantes. “La seguridad de nuestros estudiantes está por encima de cualquier otra consideración”, afirmó.

Policía investiga si fueron estudiantes

Una de las hipótesis que se investiga es que la carta haya sido elaborada por estudiantes del propio colegio. “Frente a una amenaza, nuestra obligación es actuar de inmediato, activar los protocolos y coordinar con la Policía y Serenazgo. No vamos a esperar a que ocurra un hecho para reaccionar”, señaló Gonzales.

De confirmarse esta posibilidad, el funcionario sostuvo que la respuesta institucional deberá combinar las medidas previstas en el reglamento interno con el acompañamiento socioemocional. En paralelo, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) realiza seguimiento a la situación del menor de edad presuntamente involucrado.

Colegio activa protocolos de apoyo

Tras el hallazgo, la institución educativa activó los protocolos de convivencia escolar y soporte socioemocional. Estas acciones buscan atender la situación y brindar acompañamiento a los estudiantes que pudieran verse afectados por lo ocurrido.

Las clases presenciales se reanudarán este jueves con el respaldo de efectivos de la Policía Nacional y personal de Serenazgo. Asimismo, se reforzará la vigilancia del plantel y se coordinará la conexión de las cámaras de seguridad del colegio con el sistema de Serenazgo para ampliar el monitoreo del entorno escolar.

Piden vigilancia en casa

“No podemos permitir que las amenazas, las redes sociales o los mensajes intimidatorios se conviertan en parte de la vida cotidiana de nuestros colegios. Cada situación será tomada con seriedad y será investigada hasta determinar responsabilidades”, enfatizó el director Regional de Educación.

Gonzales también pidió a los padres de familia mantener la calma y acompañar a sus hijos, especialmente en el uso de las redes sociales. “La prevención también empieza en casa. Es importante conversar con nuestros hijos, orientarlos y estar atentos a cualquier señal que pueda advertirnos de una situación de riesgo”, sostuvo.

La Policía Nacional lanzó una alerta ante el involucramiento de jóvenes en actividades delictivas en Honduras. Según el director de la institución, Rigoberto Oseguera Mass, la situación refleja la capacidad de las estructuras criminales para captar a nuevas generaciones.

Oseguera Mass señaló que, durante lo que va del año, las autoridades detuvieron a más de mil jóvenes relacionados con distintos delitos. Para el jefe policial, esa cifra constituye un indicio de la dimensión que estaría alcanzando el reclutamiento de menores y jóvenes por parte de organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

El director de la Policía sostuvo que enfrentar esta problemática no corresponde únicamente a los cuerpos de seguridad. A su criterio, se requiere una respuesta integral en la que participen las familias, las iglesias y las instituciones gubernamentales encargadas de atender a la niñez, adolescencia y juventud.

La preocupación radica en que el acercamiento de las estructuras criminales hacia los jóvenes puede producirse de manera progresiva, al aprovechar condiciones de vulnerabilidad y entornos con dificultades económicas, violencia, desintegración familiar o falta de oportunidades.

Ante ese escenario, Oseguera Mass consideró necesario que el reclutamiento criminal sea identificado como una situación que requiere una alerta temprana, para que las autoridades y las familias puedan detectar oportunamente los riesgos y dar seguimiento a los jóvenes expuestos.

Alerta temprana y prevención

El funcionario hizo un llamado directo a los padres de familia para que fortalezcan la educación y supervisión de sus hijos, con el propósito de reducir las posibilidades de que sean captados por grupos criminales.

En ese sentido, planteó la necesidad de que las familias mantengan una participación activa en la formación de niños y jóvenes y puedan identificar cambios de comportamiento o situaciones que representen señales de riesgo.

El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de estructuras criminales constituye un fenómeno que va más allá de la persecución del delito, porque también está relacionado con las condiciones sociales y económicas en las que crecen miles de menores en el país.

En Honduras, organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de la niñez advirtieron que factores como la pobreza, la violencia y la desintegración familiar pueden aumentar la vulnerabilidad de niños, adolescentes y jóvenes frente a las estructuras criminales.

Esos grupos pueden aprovechar las condiciones de precariedad y falta de oportunidades para acercarse a menores y jóvenes, ofrecerles dinero, protección u otras formas de incentivo e incorporarlos a distintas actividades ilícitas.

Casos documentados por Casa Alianza

Entre junio de 2024 y junio de 2025, el Observatorio de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes (ODNNAJ), de Casa Alianza Honduras, identificó 66 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado por estructuras criminales.

La cifra documentada por la organización muestra que el problema afecta directamente a menores de edad y que la captación por parte de grupos criminales puede convertirse en una amenaza para su integridad, desarrollo y permanencia en sus comunidades.

El reclutamiento forzado también está relacionado con otro fenómeno que afecta a numerosas familias hondureñas: el desplazamiento interno provocado por la violencia.

Cuando las estructuras criminales buscan incorporar a menores o jóvenes a sus actividades, las familias pueden verse obligadas a abandonar sus comunidades para proteger a sus hijos.

El rol de familias e instituciones

Frente a este panorama, el llamado de la Policía apunta a fortalecer las acciones preventivas antes de que los jóvenes sean incorporados a estructuras criminales.

La familia ocupa un papel central en esa estrategia, pero la magnitud del fenómeno demanda también la intervención de otros sectores. La participación de las iglesias, centros educativos, instituciones públicas y organizaciones dedicadas a la protección de la niñez puede contribuir a identificar situaciones de vulnerabilidad y generar alternativas para los jóvenes.

La prevención implica, además, ofrecer espacios seguros, educación, acompañamiento y oportunidades que permitan a niños y adolescentes desarrollar sus capacidades sin quedar expuestos a la influencia de grupos delictivos.

Según TVPerú, el siniestro ocurrió en la cuadra siete del jirón Apurímac, a pocas cuadras del complejo policial Alipio Ponce. Los agentes se encontraban realizando un ejercicio cuando fueron alertados sobre la emergencia. Al llegar, encontraron una construcción afectada por el fuego y recibieron información de los propietarios sobre la presencia de un perro en uno de los ambientes superiores.

Los uniformados avanzaron hacia el segundo nivel para encontrar al can. La concentración de humo dificultaba el desplazamiento y reducía la visibilidad dentro de la propiedad. Para acceder al espacio donde permanecía la mascota, fue necesario romper las lunas y retirar una reja que impedía el ingreso.

Tras varios minutos de búsqueda, los policías lograron ubicar al animal, que se encontraba acorralado por las condiciones generadas en el interior. Uno de los efectivos lo envolvió cuidadosamente en una colcha y comenzó el descenso por las escaleras, mientras otro agente colaboraba durante la evacuación.

En el exterior, la propietaria aguardaba con evidente preocupación por el estado de su mascota. El momento del rescate quedó registrado en imágenes, donde se observa al uniformado salir del inmueble con el perro en brazos y entregarlo posteriormente a sus familiares. La intervención permitió que el animal abandonara la zona afectada antes de que las llamas ocasionaran mayores daños.

La emergencia también dejó tres personas afectadas. Dos policías y un vecino presentaron molestias debido a la inhalación de humo, además de contusiones sufridas durante las labores realizadas en medio del incidente. Los involucrados recibieron atención luego de quedar expuestos a las condiciones adversas generadas por el fuego.

Hasta el lugar llegaron bomberos de Bellavista para controlar la emergencia y evitar que las llamas se extendieran hacia otros sectores. Los hombres de rojo realizaron las labores correspondientes para sofocar el siniestro y asegurar la zona, mientras los agentes policiales continuaban con las acciones de apoyo a los afectados.

Según declaró la propietaria, el origen del fuego habría sido un cortocircuito. Esta versión deberá ser corroborada mediante las investigaciones correspondientes, que permitirán establecer cómo comenzó el incidente y determinar las circunstancias que provocaron la rápida propagación de las llamas.

La intervención de los efectivos permitió auxiliar a los ocupantes y rescatar al animal en medio de una situación de alto riesgo. El operativo quedó marcado por el ingreso de los agentes a una vivienda cubierta por humo para recuperar a una mascota que permanecía atrapada en el segundo piso.

De acuerdo con la reconstrucción policial del hecho, los detenidos mantuvieron a la víctima contra su voluntad con el objetivo de apoderarse del dinero de sus cuentas bancarias. Durante el operativo, uno de los capturados admitió ante los agentes que habían gestionado un adelanto de sueldo del empresario por un monto cercano a los 2.500 soles, suma que fue hallada en el vehículo utilizado para el plagio.

Exigían transferencias bajo amenaza

La misma modalidad delictiva se repite en un segundo caso que la policía investiga en paralelo. El coronel Holger Obando, jefe de la División de Exteriores, señaló que existen denuncias de dos víctimas adicionales que habrían sido retenidas a bordo de un vehículo que operaba como taxi. “Tenemos la denuncia de dos víctimas que hacen mención de que han sido secuestrados, se les ha retirado de sus cuentas bancarias bajo amenaza de muerte, a bordo de un vehículo que fungía de taxi”, explicó el oficial.

Entre los detenidos por ambos casos figuran dos ciudadanos peruanos y un ciudadano venezolano. Uno de ellos, identificado como Miguel Maturrano, alias “Migue”, reconoció ante la policía haber estado recluido anteriormente en el penal de Ancón I, conocido como Brigancho, por un delito de violencia, donde permaneció alrededor de un año y cuatro meses. Según el coronel Obando, el principal espacio territorial de operación de la banda comprendía los distritos de Independencia, Los Olivos y San Martín de Porres.

Lima concentra más denuncias

Las cifras oficiales confirman que el secuestro se extiende como un problema a distintos puntos del país. El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público registró 2.999 denuncias entre enero y julio de este año a nivel nacional. Brenda Belleza, gerenta de Observación de Criminalidad de esa institución, precisó que “Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro concentran el 23,8% del total de denuncias que se han recibido a nivel nacional”, explicó para el citado medio.

Fuera de la capital, la especialista identificó también un número significativo de casos en regiones como Arequipa, Junín y La Libertad. El registro de denuncias muestra además una tendencia sostenida al alza en comparación con años anteriores, lo que llevó al Ministerio Público a realizar una proyección para el cierre del ejercicio.

Más de 5.000 denuncias al final de 2026

Según las estimaciones del Observatorio de Criminalidad, el país podría cerrar el año con una cifra que supere las 5.300 denuncias de secuestro a nivel nacional. “De acuerdo a lo observado, podemos indicar incluso que para el cierre de este año podríamos incluso superar la cifra de cinco mil trescientas denuncias de secuestro a nivel nacional”, advirtió Belleza.

Mientras la Policía Nacional continúa las diligencias para determinar si los detenidos en los dos casos reportados por Latina Noticias están vinculados a otros hechos similares, las autoridades del Ministerio Público insisten en que las cifras disponibles reflejan la magnitud de un delito que mantiene una tendencia creciente en el país.

La liberación de un líder del CJNG detonó en Tecate una espiral de violencia que en menos de 72 horas dejó seis hombres ejecutados, 11 privados de la libertad, narcomantas con amenazas directas a policías municipales y un ataque a tiros contra la vivienda de uno de los agentes señalados. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa disputan el control territorial del municipio, y la confrontación escaló entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre de 2026 con una intensidad que el propio presidente municipal reconoció como inédita.

El detonante fue la liberación provisional de Sergio Serrano, el Checo, el 23 de agosto de 2026. El juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Baja California, René Octavio Cardona González, firmó la orden tres meses después de su captura, ocurrida el 13 de mayo sobre la carretera Tecate–Ensenada.

Sergio Serrano, el Checo: captura, liberación y ajuste de cuentas del CJNG

La detención de Serrano fue el resultado de un operativo por aire y tierra. Durante más de 30 kilómetros intentó escapar a bordo de un Jeep gris con placas extranjeras, y utilizó disparos de arma de fuego y “ponchallantas” para frenar a las patrullas que lo seguían.

Las autoridades lo identifican como uno de los principales cabecillas del CJNG con operatividad en Tecate. A pesar de sus constantes entradas y salidas de los Centros de Reinserción Social (CERESOS) del estado, el juez Cardona González le concedió la libertad provisional.

El mismo día y a la misma hora, el juez liberó también a Arturo Zedillo Pulido, el Pelucas, detenido en abril con un arsenal y dosis de metanfetamina mientras operaba para el Cártel de Sinaloa con la facción de Los Mayos. Tres minutos después de salir del Centro de Reinserción Social La Mesa, a unos metros de la puerta principal, el Pelucas fue ejecutado.

Tras la liberación de Serrano, los investigadores alertaron de un “ajuste de cuentas” interno del CJNG. La organización acusó de traición a varios de sus operadores que, tras la captura de Serrano y de Salomón Barragán, el Salo, vieron debilitada la estructura y pasaron a delinquir para los sinaloenses.

La madrugada del 31 de agosto en la Nueva Colonia Hindú

El ruido de camionetas a alta velocidad despertó a varios vecinos de la calle Rubén Adame, en el poblado rural de Nueva Colonia Hindú, en la madrugada del lunes 31 de agosto. Un residente del lugar relató a Zeta que vio el convoy y optó por no encender las luces: “Me quedé hasta quieto para evitar ser visto, porque atestigua uno algo y luego vienen las represalias”.

Las cámaras de seguridad captaron pickups Chevrolet Silverado de reciente modelo que avanzaban a toda velocidad por la calle principal con música a todo volumen. El convoy se detuvo frente al portón de una hacienda; los ocupantes derribaron la puerta con una cadena, rociaron combustible en muebles y paredes, prendieron fuego a la vivienda e incendiaron un vehículo estacionado en el patio.

Los atacantes fueron identificados por las autoridades como parte de la estructura del Cártel de Sinaloa. Buscaban a Serrano, quien residió en esa propiedad hasta mayo de 2026 y ya había recibido otras tres visitas de convoyes de sicarios sinaloenses con el mismo objetivo.

Narcomantas con nombres de policías y el ataque al agente Madrigal

El martes 1 de septiembre, en las primeras horas de la mañana, presuntos sicarios del CJNG lanzaron bombas molotov en el domicilio donde fue ejecutado el agente Cristhian Alfredo Sandoval Aguilar, entonces jefe de la Unidad de Robos comisionado en Tecate. Huyeron a bordo de una camioneta negra.

A las seis de la mañana del mismo martes, sicarios ejecutaron a un hombre sobre las calles Manganeso y Diamante, en la colonia Bondad, mientras circulaba en un Nissan color guinda utilizado para transporte privado a través de un grupo denominado G4. Horas después, ese grupo anunció un cambio de nombre y pasó a llamarse Transporte Baja.

Casi doce horas más tarde se alcanzó el punto crítico de la jornada. Minutos antes de las 19:00 horas, las autoridades recibieron el primer aviso: una cartulina verde fosforescente firmada con las siglas CJNG apareció en la colonia El Descanso, sobre la avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta.

El mensaje, reproducido por Zeta, estaba dirigido al gobierno municipal y nombraba a cuatro agentes: “TU OFICIAL JERRY, CABRITA, ALVAREZ Y MADRIGAL. SABEMOS QUE PASAN INFORMACION A LOS CONTRAS YA LOS TENEMOS UBICADOS DEJENSE DE MAMADAS O LES VAMOS A PARTIR SU MADRE” [sic].

A las 19:52 horas, el agente Madrigal alertó de un ataque armado en su vivienda, también en la Nueva Colonia Hindú. Una camioneta Suburban azul con hombres armados con rifles detonó en contra de su casa y huyó hacia el Cañón Manteca; no hubo detenciones.

El semanario informó que apenas el viernes 28 de agosto Madrigal había sido reportado como “levantado”, al no presentarse a laborar por varios días. Reapareció el domingo 30 con visibles huellas de violencia, aunque hasta el cierre de esa edición no existía denuncia oficial sobre lo ocurrido.

Casi de inmediato, una hielera con la leyenda OXXO y una cartulina verde fosforescente fueron abandonadas en el parque central de Tecate, frente al Palacio Municipal. Una segunda hielera con el mismo mensaje apareció en el parque Bicentenario, también a una calle del Palacio. Ambas contenían piedras en su interior.

El parque central cuenta con más de 12 cámaras de vigilancia, la mitad del sistema C5, y otras cinco cubren la ruta por donde huyeron los responsables. Aun así, ninguna alerta llegó a tiempo y no se realizó detención alguna.

Entre los policías amenazados, la publicación identificó al agente Álvarez como Enrique Álvarez, blanco de al menos tres ataques armados en años recientes y presente en narcomensajes desde los gobiernos de Olga Zulema Adams y Darío Benítez. Al mencionado como Cabrita lo identificaron como Ángel Delgado, policía municipal en activo vinculado al Cártel de Sinaloa.

El miércoles 2 de septiembre, el presidente municipal Román Cota Muñoz reconoció ante Zeta la gravedad de la situación: “Hay una pugna entre células delictivas, se acusan unos a otros de colaborar con ellos, ellos buscan el control territorial”. Cota también confirmó que la depuración policial continúa y que dos elementos fueron suspendidos y detenidos un mes antes.

Tres horas después de esas declaraciones, un hombre identificado como Carlos, de 30 años, fue ejecutado a tiros en la Colonia Militar mientras circulaba en una camioneta Ford Super Duty con placas de Baja California.

El operativo Cóndor 4 y los 125 homicidios de 2026

Ante la escalada, el general Laureano Carrillo, secretario de Seguridad Pública en Baja California, anunció la activación inmediata del operativo Cóndor 4 en Tecate. El dispositivo reúne a más de 200 elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y los grupos conocidos como “Harfuch”, distribuidos en 40 patrullas y unidades K-9.

Uno de los mandos del operativo advirtió: “Tecate no está solo, y si los criminales, sean del grupo que sean, piensan que no va a haber una respuesta, vamos a dejarles en claro que a partir de hoy la tendrán”. El mensaje fue directo para ambas organizaciones en disputa.

El municipio acumula 125 homicidios en lo que va de 2026, uno de los índices más altos de su historia. La cifra refleja la profundidad de una crisis que arrancó con la disputa territorial entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa y que, con la liberación de Serrano, encontró un nuevo detonante.

Los días previos al operativo, en la delegación vecina de Valle de Las Palmas, también perteneciente a Tecate, se detectó actividad de los mismos elementos del Cártel de Sinaloa identificados en el ataque a la hacienda de la Nueva Colonia Hindú. La violencia no se circunscribe al casco urbano: abarca toda la geografía del municipio.

En una contundente e intensificada ofensiva contra la criminalidad, la Policía Nacional de la República Dominicana logró la captura de cinco de los hombres incluidos en la lista de los prófugos más buscados en el municipio de Santo Domingo Este (SDE).

El operativo, llevado a cabo de manera estratégica por miembros de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) en un período de tan solo 72 horas. Los arrestados eran activamente perseguidos mediante órdenes judiciales de arresto vigentes, al estar vinculados a graves e importantes delitos que van desde homicidios y robos con violencia hasta asaltos a mano armada.

Entre los individuos capturados durante el despliegue policial se encuentran figuras señaladas por las autoridades como de alta peligrosidad, debido al tipo de delitos que se les atribuyen y a la recurrencia de sus acciones delictivas en la zona oriental de la provincia Santo Domingo.

Los detenidos e identificados por la institución policial son:

• José Alberto Medina Toledo (a) Chiquito: De 23 años de edad, quien era buscado por las autoridades bajo acusaciones de diversos actos ilícitos en la zona.
• Keyren Franniel Tejeda Domínguez (a) La Volanta: De 19 años de edad, señalado como uno de los perfiles jóvenes con amplio historial de persecución en el municipio.
• Edwin Vargas Santana (a) Negrón: De 40 años de edad, requerido mediante la orden judicial de arresto No. RAJ-2026-07305 por imputársele la violación de los artículos 265, 266, 379 y 381 del Código Penal Dominicano (relativos a asociación de malhechores y robo agravado) en perjuicio del ciudadano Joan Carlos Castillo Veras.
• Elquis Corporán Gaunel (a) Elki y/o Caramelo: De 21 años de edad, originario de Salcedo, requerido formalmente mediante la orden judicial de arresto No. 2026-AJ0058494 por cargos vinculados a robo agravado y asociación de malhechores en perjuicio de la señora Bienneris Esther Cabrera.
• Un menor de edad: Un adolescente cuya identidad se mantiene bajo reserva legal en cumplimiento de las leyes de protección de niños, niñas y adolescentes, quien está severamente implicado en un expediente de homicidio registrado en la zona.

Peligrosidad de los prófugos y sometimiento a la justicia

Los mandos policiales destacaron que durante el desarrollo de las mismas intervenciones operativas se logró la neutralización y apresamiento de un sexto individuo, quien también figuraba de manera oficial en los listados de los más buscados dentro de la demarcación, lo que amplía considerablemente los resultados obtenidos por los agentes investigadores.

El informe emitido por la institución del orden resalta que los arrestados no solo contaban con múltiples denuncias en su contra, sino que sus perfiles representaban un riesgo latente para la convivencia ciudadana.

Los hechos delictivos que se les imputan abarcan agresiones graves, asaltos con mano armada en la vía pública y comercios localizados en barrios populosos de Santo Domingo Este, así como episodios de robos con violencia y casos de homicidio que mantenían en zozobra a los comunitarios.

La captura de estos presuntos delincuentes se produce en el marco de una serie de planes de patrullaje preventivo e inteligencia criminal diseñados para contrarrestar los focos delictivos de mayor impacto en el Gran Santo Domingo.

Tras su arresto y la correspondiente lectura de sus derechos, todos los detenidos fueron puestos de inmediato bajo la custodia del Ministerio Público para los fines legales pertinentes. En las próximas horas, las autoridades judiciales depositarán la solicitud de medidas de coerción correspondientes ante los tribunales de la jurisdicción de Santo Domingo Este, a fin de que respondan por cada uno de los cargos que se les imputan.

“La policía realiza su trabajo técnicamente, pero la actuación, sobre todo del ministro de Defensa, y el mal mensaje que se dio, creo que ha sido el detonante del paso al retiro”, afirmó el exfuncionario. Según su lectura, la institución policial resultó ser “el lado más débil” de la cadena de decisiones que derivó en el cambio de mando.

Cambio generacional en la PNP

En reemplazo de Arriola asumió el general López, a quien Herrera describió como el primer comandante general “neto” de la Policía Nacional del Perú, sin trayectoria previa en cuerpos que integraron la institución en 1988, como la Guardia Civil o la Policía de Investigaciones. “Esto marca un cambio también cultural dentro de la organización policial”, señaló el exasesor en conversación Exitosa.

El sociólogo Arturo Huaytalla, también entrevistado, coincidió en que el relevo responde a un reclamo sectorial que buscaba “refrescar” la institución, aunque advirtió que se trata de “básicamente un calmante” frente a problemas estructurales que continúan sin resolverse.

Falta de una doctrina de seguridad

Herrera cuestionó que el gobierno carezca de un marco doctrinario propio para enfrentar la criminalidad. Recordó que medidas como los estados de emergencia o el despliegue de Fuerzas Armadas alrededor de penales ya se aplicaron en el pasado sin resultados. “El crecimiento del delito es sostenido desde el 2000 hacia adelante”, afirmó para el citado medio.

En ese marco, el exasesor cuestionó el enfoque del general Revoredo, quien había declarado que la Policía no busca actuar como enemiga de los delincuentes, sino resocializarlos. Para Herrera, esa postura refleja la vigencia de un “modelo garantista” que, según su diagnóstico, “ha fracasado completamente en los últimos 25 años” y que solo podría modificarse mediante una reforma constitucional del régimen penitenciario y de la relación entre el Ministerio Público y la PNP.

Funciones desdibujadas y limitaciones presupuestarias

Huaytalla planteó que buena parte del problema radica en que la Policía Nacional acumula funciones ajenas a su misión central. Citó unidades como tránsito, turismo o rescate, que “si bien son problemas sociales”, terminaron asignadas a una institución que “se ha empezado a descolocar” de su objetivo primario: prevenir e investigar el delito.

A esta desnaturalización de funciones, Herrera sumó un diagnóstico presupuestario. Según cifras que dijo manejar de una investigación propia, el peso del sector Interior en el presupuesto público cayó de 8% a 5% entre 2020 y 2026. El exasesor también señaló una contradicción en el discurso oficial: mientras se exige mayor esfuerzo a policías y militares, el Ministerio de Economía respalda una demanda de inconstitucionalidad contra el régimen pensional de ambas instituciones.

Corrupción interna

Huaytalla insistió en que la eficacia policial también depende de resolver problemas de colusión y corrupción dentro de la propia institución. “No porque la policía sea mala, sino porque podemos hacer mucho más efectiva una institución que no tenga malos elementos”, explicó el sociólogo, quien remarcó la necesidad de fortalecer los equipos de contrainteligencia interna.

En paralelo, el especialista aportó cifras sobre el avance de la criminalidad en el país: los homicidios se duplicaron entre 2011 y 2025, mientras que las extorsiones superan los 400 casos mensuales. A ello se suma la persistencia de delitos patrimoniales como el hurto de celulares y carteras, lo que evidencia, según el sociólogo, la coexistencia de dos fenómenos delictivos distintos.

Comparaciones y desconfianza ciudadana

El exasesor del Mininter advirtió contra la tentación de replicar mecánicamente la estrategia utilizada contra Sendero Luminoso en los años 90. Recordó que en ese entonces las Fuerzas Armadas operaron con un respaldo político e institucional que hoy no existe, y que los métodos de inteligencia de aquella época “no podrían operar” en el contexto actual.

Huaytalla coincidió en que la comparación es limitada, dado que el crimen organizado actual no responde a una estructura jerárquica ni ideológica, sino a redes de colusión y oportunidad. El sociólogo también citó datos sobre la confianza ciudadana en las instituciones: según explicó, solo entre 16% y 17% de la población denuncia los delitos que sufre, una cifra que consideró clave para entender los límites de cualquier estrategia de seguridad que no involucre a la ciudadanía como actor central.

Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de la secuencia. La camioneta blanca, con lunas polarizadas, fue acompañada por otros vehículos que circularon por distintos puntos de la ciudad. El desplazamiento continuó hasta una zona alejada de los principales puntos de vigilancia.

Ruta del convoy del crimen

De acuerdo con Panorama, alrededor de las 03:00 a.m. de la madrugada, varias cámaras de seguridad captaron el paso de la camioneta blanca junto a otros vehículos. Al menos tres automóviles habrían circulado por la zona, entre ellos una unidad negra que habría cumplido funciones de escolta.

Los vehículos dieron varias vueltas por el sector antes de detenerse en un callejón alejado de las cámaras. Según el reportaje, en ese lugar se habría producido un “cambiazo”: los delincuentes se habrían quitado los uniformes policiales utilizados durante el ataque y trasladado al rehén a otro vehículo.

Minutos después, una camioneta roja polarizada ingresó a la zona y salió del alcance de las cámaras. Según Panorama, la unidad fue registrada posteriormente en otros puntos de Trujillo. En otra de las imágenes, uno de los presuntos participantes descendió de un automóvil blanco, caminó unos metros y luego corrió hacia el cañaveral.

PNP los buscó durante la madrugada

Luego del terrible crimen, la Policía desplegó un operativo durante la madrugada del domingo 30 de agosto. Agentes de distintas unidades, entre ellas la SWAT y el Escuadrón de Emergencia, llegaron al sector para buscar a los responsables del asesinato y el secuestro.

Alrededor de las 05:00 a.m., más de una decena de policías se encontraban en la zona, mientras un dron sobrevolaba el lugar. Los agentes revisaron los alrededores y los techos de las viviendas, aunque la búsqueda no permitió encontrar a los responsables durante esa madrugada.

Hallazgos en cañaveral

De acuerdo con el informe de inspección criminalística citado por Panorama, en el sector de Cortijo Bajo fueron encontrados uniformes policiales, portaplacas, cascos, esposas y el DNI del empresario secuestrado. Los objetos fueron recogidos como parte de las evidencias del caso.

El lugar es una extensa zona de cañas que dificulta la visibilidad desde el exterior y permite ocultarse entre la vegetación. Además, cuenta con un camino estrecho por el que pueden circular vehículos y que conecta con otro sector de la ciudad, según lo mostrado durante el reportaje.

Búnker del secuestro

La ruta del secuestro habría continuado hasta el distrito de San Isidro, donde la Policía intervino una vivienda de tres pisos que habría sido utilizada como lugar de cautiverio del empresario y como guarida de Los Pulpos. El inmueble contaba con una escalera que conducía a un sótano, espacio que habría sido utilizado para mantener retenido al secuestrado.

La vivienda pertenecía a dos ingenieros jubilados que la habían alquilado. De acuerdo con el reportaje, los propietarios no habrían conocido la identidad de las personas que ocuparon el inmueble ni el uso que le daban.

Durante la inspección, la Policía encontró balones de oxígeno y otros elementos que habrían sido utilizados durante el internamiento del secuestrado. Además, vecinos señalaron que una camioneta negra polarizada era vista con frecuencia estacionada cerca de la vivienda.

Arriola señaló que su salida responde a una decisión vinculada con la institucionalidad, la gobernabilidad del país y los objetivos trazados durante su gestión frente a la Policía. “Siempre pensando, sintiendo, respirando responsablemente en la institucionalidad, en el amor a la Policía Nacional de todos los peruanos y como ciudadano en la gobernabilidad del país”, sostuvo el general PNP.

Fredy López Mendoza asumirá la comandancia de la PNP

Durante su pronunciamiento, Arriola confirmó que será relevado del cargo por el teniente general Fredy López Mendoza. El cambio se producirá en los próximos días, según anunció el todavía comandante general de la Policía Nacional.

El oficial también destacó que uno de los principales objetivos de su gestión estuvo relacionado con el combate contra la delincuencia. En ese sentido, mencionó la lucha contra la “criminalidad organizada transnacional, nacional, común y los otros embates que de manera conexa acompañan”.

Arriola agradece respaldo de Keiko Fujimori

El general PNP también dedicó parte de su mensaje a agradecer a las autoridades que estuvieron vinculadas con su permanencia al frente de la institución. Mencionó a la expresidenta Dina Boluarte, quien lo nombró como comandante general; al presidente Jerí, quien lo mantuvo en el cargo; y al presidente Balcázar, por haberle brindado una “oportunidad contigua”.

Asimismo, expresó un agradecimiento especial a la presidenta Keiko Fujimori por el respaldo recibido durante su gestión. “A la presidenta Keiko Fujimori por todo este respaldo, a pesar de los embates que las realidades han puesto de manifiesto en nuestro querido y amado Perú”, manifestó Arriola.

“No me arrepiento de nada”

En su mensaje de despedida, Arriola se dirigió a los integrantes de la Policía Nacional y les pidió mantener firme el compromiso asumido al ingresar a la institución. “Sigan adelante. No pueden vencernos”, afirmó, al recordar el juramento realizado ante Dios, la patria, la bandera, sus familias y ellos mismos.

Finalmente, aseguró que deja el cargo con la conciencia tranquila y defendió el trabajo realizado durante su gestión. “Me voy con la conciencia absolutamente limpia, la frente muy en alto, como desde que salí de mi querido Chiclayo”, declaró. Arriola sostuvo además que la Policía no fue derrotada por el terrorismo ni por otras modalidades de criminalidad organizada y expresó su confianza en que esta situación no cambiará.

Gobierno respalda salida de Óscar Arriola

El premier Luis Galarreta informó que el general Óscar Arriola presentará su solicitud de pase al retiro y consideró que esta decisión representa un gesto de compromiso con el país. El jefe del Gabinete destacó además la trayectoria y meritocracia de Arriola dentro de la Policía Nacional y reconoció las acciones realizadas recientemente por la institución.

Galarreta sostuvo que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori tiene como prioridad fortalecer la seguridad frente a la situación que atraviesa el país. Señaló que se ha encontrado un escenario complicado, pero aseguró que existe firmeza para enfrentar la criminalidad y que las medidas adoptadas ya vienen mostrando resultados. “La criminalidad nos quiere desafiar como sociedad y como Estado, y no lo podemos permitir”, afirmó.

En ese contexto, el premier anunció que el general Fredy López Mendoza será designado para reemplazar a Arriola. Explicó que el cambio responde a una transferencia institucional y a la necesidad de respetar la prelación dentro de la Policía. Añadió que el Gobierno busca respaldar la labor constitucional de la institución con nuevas herramientas tecnológicas y mayores recursos, con el objetivo de defender la vida humana y avanzar hacia un “Perú seguro”.

Los detalles del caso se agravaron con cada actualización. Además de los homicidios de Meléndez, una de sus hijas y una empleada doméstica, la fiscalía documentó el asesinato de Nala, una Golden Retriever hembra de un año, lo que sumó a los imputados un cargo por crueldad hacia los seres sintientes. Por el operativo, Gerardo “N” habría recibido dos millones de pesos.

En Sinaloa, la violencia cobró otra víctima con cargo público. El síndico de Tepuche, David Guadalupe Ramírez González, fue secuestrado en la madrugada del viernes y su cuerpo apareció horas después entre unas granjas de la región de Tepuchito, al norte de Culiacán. Fue el segundo homicidio de un titular de esa demarcación en lo que va de 2026.

En el plano federal, la Administración para el Control de Drogas (DEA) tomó distancia pública del gobierno mexicano. La agencia respondió a un mensaje del secretario de Seguridad Omar García Harfuch sobre el desmantelamiento de ocho narcolaboratorios en Sinaloa en poco más de una semana y afirmó que esos resultados no habrían sido posibles sin su labor de inteligencia. El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, también se pronunció y destacó avances históricos en la cooperación bilateral contra el fentanilo, otras drogas sintéticas y el tráfico de armas.

La jornada cerró además con la muerte del vidente Farath Coronel, colaborador del programa de televisión Hoy, cuyo cuerpo fue localizado durante el viernes. El caso se sumó a una semana marcada por la violencia en distintos puntos del país.

A continuación, las noticias de este sábado.

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SSC catea dos inmuebles en Cuauhtémoc y detiene a presuntos narcos

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (Semar), ejecutaron dos órdenes de cateo en las colonias Morelos y Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, en el marco de una investigación por delitos contra la salud.

Durante los operativos, las autoridades aseguraron 100 gramos de posible metanfetamina, 200 gramos y 200 dosis de posible cocaína, así como 200 gramos y 112 dosis de posible marihuana en los dos inmuebles intervenidos.

Dos hombres, de 38 y 20 años, fueron detenidos y quedaron a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica. Las autoridades señalaron que ambos estarían presuntamente vinculados con una célula criminal generadora de violencia que opera en el centro de la ciudad.

La SSC informó que continuará trabajando de forma coordinada con las instituciones de seguridad y justicia para combatir el narcomenudeo y desarticular grupos delictivos en la capital.

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SSC detiene a hombre por robo a menor en Venustiano Carranza

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre señalado como probable responsable de despojar de sus pertenencias a una menor de edad en la alcaldía Venustiano Carranza.

La detención fue realizada por elementos de la corporación en el marco de las labores de seguridad en la demarcación. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

El caso quedó registrado para el inicio del proceso legal correspondiente.

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Las imágenes, que fueron difundidas por ATV, muestran al sujeto desplazándose de manera errática mientras intenta cerrar el paso al agraviado. Cada vez que este buscaba adelantarlo, el otro automóvil volvía a colocarse delante y reducía bruscamente la velocidad. La situación generó momentos de tensión debido al intenso tránsito que caracteriza a la carretera y a la velocidad con la que circulan los vehículos.

El ataque ocurrió durante la persecución

La situación alcanzó un punto crítico cuando Benavente habría utilizado un arma de fuego contra el conductor que grababa el incidente. En el registro audiovisual se escucha el momento del disparo y, posteriormente, la reacción del agraviado, quien manifestó que recibió un impacto de perdigón.

El afectado explicó, ante el medio, que intentó alejarse del vehículo para evitar una confrontación. Sin embargo, el sospechoso continuó siguiéndolo y repitió las maniobras peligrosas. Según su testimonio, un movimiento inesperado pudo haber provocado que perdiera el control del automóvil y ocasionara un accidente de mayores proporciones.

La víctima también señaló que el intervenido aseguró portar armas con fines deportivos y sostuvo que las utilizaba para cazar palomas. No obstante, la presencia de estos objetos durante el altercado generó una situación de alto riesgo para el resto de conductores.

Antecedentes por infracciones y violencia

Tras la intervención, la Policía identificó al hombre y encontró armas en su poder. La revisión de sus antecedentes permitió conocer que ya había sido intervenido anteriormente por distintas incidencias.

Uno de los registros corresponde al 5 de mayo de 2013, cuando fue detenido por conducir en estado de ebriedad. En aquella época tenía 24 años. Asimismo, figura una infracción registrada el 6 de octubre de 2017, relacionada con la falta de licencia de conducir.

A estos antecedentes se suman denuncias vinculadas con violencia psicológica. En agosto de 2023, una expareja lo denunció por este tipo de agresión. Un año después, en junio de 2024, volvió a aparecer en un registro similar, también relacionado con una antigua relación sentimental.

Permanece detenido en Lurín

La última denuncia consignada corresponde a marzo de 2026 y está relacionada con presunta violencia psicológica contra una mujer e integrantes del grupo familiar. Estos antecedentes forman parte de la información revisada tras su reciente intervención.

Benavente Tramontana quedó detenido en la comisaría de Lurín mientras continúan las diligencias correspondientes. El caso es investigado bajo la hipótesis de tentativa de homicidio, debido al riesgo que habría generado el disparo efectuado durante el desplazamiento vehicular.

El episodio vuelve a poner en evidencia los peligros asociados con las conductas temerarias en carreteras de alta velocidad. Una maniobra imprudente puede provocar una colisión múltiple, mientras que el uso de un arma durante una disputa vehicular eleva aún más las consecuencias potenciales.

En una conferencia de prensa celebrada este viernes 4 de septiembre, la Policía Nacional desmintió categóricamente una publicación engañosa que ha circulado de manera viral en redes sociales desde el pasado mes de agosto.

La imagen en cuestión difundía una supuesta lista de 18 niños que habrían desaparecido en la República Dominicana entre los años 2024 y 2026, lo cual generó una profunda consternación e inquietud en la sociedad dominicana.

El vocero de la institución del orden, el coronel Diego Pesqueira, ofreció los detalles oficiales y precisó que, tras un riguroso trabajo de ciberpatrullaje e investigación individual por parte de los organismos de inteligencia, se determinó que ninguno de los nombres contenidos en el afiche digital corresponde a expedientes o denuncias reales de menores desaparecidos dentro del territorio nacional.

Durante su intervención ante los medios de comunicación, el coronel Pesqueira explicó que los agentes especializados verificaron minuciosamente cada uno de los nombres de los niños y niñas, con edades comprendidas entre los 0 y 11 años, incluidos en el aviso.

La contrastación se realizó tanto en los archivos del sistema policial como en las hemerotecas y registros de los medios de comunicación del país, sin hallar coincidencia alguna que sustente la veracidad de la cifra divulgada.

Asimismo, las pesquisas informáticas avanzaron en la localización del punto de partida de este contenido engañoso. De acuerdo con las autoridades, el origen de la publicación se ubica preliminarmente en el estado de New Jersey, Estados Unidos. Los organismos de seguridad dominicanos mantienen abiertas las investigaciones internacionales y las diligencias correspondientes para identificar formalmente a los autores materiales e intelectuales de la fabricación y propagación de este material manipulado.

Cifras oficiales y casos reales de menores bajo investigación

Para llevar tranquilidad a las familias y evitar la desinformación, la institución ofreció el balance oficial de los expedientes que se encuentran abiertos y bajo investigación en el Departamento de Personas Desaparecidas.

En el período que comprende desde el año 2024 hasta la fecha en 2026, la Policía Nacional registra únicamente dos casos de menores en esta condición: los infantes Roldani Nicolás Calderón y Brianna Genao Rosario, ambos reportados en 2025.

Las autoridades aseguraron que las labores de rastreo y seguimiento para dar con su paradero continúan activas y sin pausa. Adicionalmente, al extender el desglose estadístico hacia años anteriores, la entidad recordó los casos reales archivados entre 2022 y 2024, los cuales suman cuatro menores. Estos corresponden a

• Fraynel Daniel Ciprián Montero
• Ruth Esther Paredes Ramírez, reportados en el año 2023
• Luis Ángel González Méndez y Kendry Esmil, cuyos expedientes datan del 2022.

Ante este panorama, el vocero policial aclaró enfáticamente que los datos presentados corresponden estrictamente al renglón de niños de 0 a 11 años, señalando que las estadísticas de adolescentes y personas adultas se manejan bajo metodologías y registros diferenciados. Mezclar estas categorías, indicó, distorsiona la realidad de los hechos y entorpece la labor preventiva.

Finalmente, la Policía Nacional hizo un enérgico llamado a los medios de comunicación, creadores de contenido y a toda la ciudadanía a actuar con prudencia y verificar las informaciones antes de difundirlas en plataformas digitales.

La institución enfatizó que compartir datos erróneos sobre la desaparición de menores genera alarmas innecesarias en la población y desvía la atención de los casos que verdaderamente requieren la colaboración ciudadana. Se reiteró que la única vía fidedigna para consultar y dar seguimiento a estos temas son los canales oficiales institucionales.

Las autoridades panameñas aprehendieron a seis personas durante una investigación por tráfico internacional de drogas vinculada al decomiso de 1.180 paquetes de presuntas sustancias ilícitas en un contenedor que tenía como destino final Israel.

El cargamento, localizado en febrero de 2025 en un puerto del Pacífico, tendría un valor aproximado de $ 70 millones.

Entre los aprehendidos hay funcionarios y exfuncionarios de una terminal portuaria del Pacífico, y las diligencias se realizaron en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón.

La Policía Nacional y el Ministerio Público buscan establecer el grado de participación y la responsabilidad de cada uno de los detenidos en la ruta que siguió el contenedor.

El envío procedía de Chile y pasó por Panamá y Bélgica antes de dirigirse a Israel. Las autoridades indicaron que los seis aprehendidos quedaron a disposición de las instancias competentes para los trámites judiciales.

La investigación se concentra en un decomiso efectuado dentro de una terminal del Pacífico, donde las pesquisas apuntan a posibles vínculos entre los detenidos y el traslado internacional de la carga.

La Policía Nacional realizó los allanamientos y registros junto con el Ministerio Público, y las acciones formaron parte de una causa por delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de tráfico internacional de drogas.

Las autoridades no precisaron la identidad de los funcionarios y exfuncionarios aprehendidos. Tampoco informaron detalles sobre las funciones que habrían desempeñado dentro del puerto.

El caso quedó bajo investigación para definir las responsabilidades penales que correspondan. Los procedimientos judiciales continuarán ante las autoridades competentes.

En una diligencia aparte, las unidades policiales aprehendieron en el corregimiento de Curundú a un ciudadano de 40 años que tenía una condena de 96 meses de prisión por posesión y tráfico de armas de fuego y explosivos.

La captura se produjo durante un allanamiento y registro, donde el hombre fue puesto a órdenes de las autoridades para hacer efectiva la pena que le impusieron las instancias judiciales.

La acción integró las labores operativas y de seguridad destinadas a localizar a personas requeridas por la justicia. El objetivo también incluyó prevenir delitos vinculados con la tenencia y el tráfico ilegal de armas.

Las unidades del Servicio Policial Motorizado Linces aprehendieron en Llano Bonito, distrito de Chitré, a un ciudadano que mantenía vigente un oficio de captura por un delito relacionado con drogas.

Los agentes lo ubicaron durante recorridos de vigilancia y patrullaje preventivo, y tras la identificación, lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes.

En otra intervención, las unidades del Servicio Policial Motorizado Lince detuvieron a un hombre de 24 años en la barriada Santa Librada, distrito de Las Tablas.

Los uniformados verificaron sus datos y comprobaron que tenía una orden de captura vigente. El requerimiento había sido emitido por la Fiscalía Delegada Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Herrera y Los Santos.

La Policía Nacional señaló que mantiene operativos en la provincia de Los Santos junto con el Ministerio Público. Las tareas buscan reforzar la presencia policial en las comunidades y ubicar a personas que infringen la ley.

Una diligencia de allanamiento y registro en el corregimiento de Belisario Frías terminó con la aprehensión de tres personas presuntamente vinculadas con delitos relacionados con sustancias ilícitas.

Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron presuntas sustancias ilícitas. Los indicios quedaron bajo custodia para las investigaciones y las diligencias judiciales.

Las tres personas detenidas también quedaron a órdenes de las autoridades competentes. No se informaron las cantidades ni el tipo de sustancia decomisada.

Por otra parte, el Departamento de Psicología de la Zona Policial de Arraiján desarrolló una actividad de sensibilización durante el Mes de la Prevención del Suicidio.

Los participantes prepararon y presentaron mamparas informativas sobre señales de alerta, cambios de comportamiento y formas de apoyar a una persona que atraviesa una dificultad emocional.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció que el Presupuesto Público 2027 contempla más de S/15 mil millones para fortalecer la seguridad ciudadana. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó la cifra durante su exposición ante el Congreso de la República, en el marco de la sustentación del proyecto de presupuesto para el próximo año.

Cuba precisó que el aumento se concentra en el gasto corriente del sector Interior, destinado a la adquisición de bienes y servicios. “En cuanto al sector Interior hay un aumento en el presupuesto en gasto corriente, que son bienes y servicios, justamente para mejorar y mantener el tema contra los grupos organizados que afectan la seguridad ciudadana”, afirmó el ministro, según consignó Andina Noticias.

Presupuesto prioriza educación, salud y transportes

El ministro Cuba señaló que el presupuesto 2027 tiene una vocación por ser ampliamente redistributivo en los sectores considerados prioritarios por el Gobierno. Educación concentrará la mayor asignación de recursos, con más de S/49 mil millones, cifra que representa el 22% del total del presupuesto.

Salud ocupa el segundo lugar en la lista de prioridades, con S/32,200 millones y una participación del 14%. Planeamiento y Gestión y Transportes y Comunicaciones recibirán, cada uno, más de S/27 mil millones, equivalentes al 12% del presupuesto total.

Previsión social y seguridad

Los sectores de previsión social y orden público y seguridad contarán cada uno con recursos por más de S/15 mil millones, lo que representa el 7% del presupuesto total en ambos casos. Esta cifra corresponde al monto mencionado por el ministro para el fortalecimiento de las acciones contra el crimen organizado.

Dentro de los recursos asignados a previsión social, el MEF contempla la duplicación del monto del subsidio otorgado a los adultos mayores del programa social Pensión 65. La medida responde a un compromiso anunciado por la presidenta Keiko Fujimori durante su mensaje a la nación por Fiestas Patrias, según indicó el ministro.

Presupuesto contempla 11 mil nuevas becas

Cuba detalló que para el próximo año se otorgarán 11,000 nuevas becas a través de distintos programas. Beca 18 concentrará la mayor cantidad, con 5,000 becas, seguida de Beca Permanencia, con 4,000. Beca Bicentenario contará con 100 becas, mientras que las becas técnicas especiales sumarán 1,000.

Las becas para hijos de docentes ascenderán a 400, en tanto que otras modalidades totalizarán 590 becas adicionales. “Esto representa un récord histórico de becas que se han dado. Estamos poniendo el dinero donde corresponde”, puntualizó el ministro en su exposición ante el Congreso, según el reporte de Andina Noticias.

El Gobierno de República Dominicana avanzará con la construcción de 34 nuevas estaciones policiales en distintos puntos del país, una iniciativa que busca ampliar la presencia territorial de la Policía Nacional y mejorar las condiciones desde las cuales los agentes prestan servicios a la ciudadanía.

El anuncio surgió tras una reunión entre el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, y el director de Desarrollo Provincial, José Andújar. Ambos organismos revisaron los aspectos técnicos y administrativos necesarios para dar inicio a las obras, según informó el vocero policial, coronel Diego Pesqueira.

Las autoridades evaluaron las condiciones de los terrenos elegidos, los cronogramas de ejecución y las prioridades de las comunidades que recibirán las nuevas instalaciones. La Policía sostuvo que el proyecto forma parte de su proceso de modernización institucional y que apunta a reforzar la capacidad operativa de las direcciones locales.

La construcción de los destacamentos se suma a una agenda oficial que incluye cambios en el modelo de patrullaje, capacitación de personal, supervisión interna y renovación de estructuras. La estrategia se desarrolla bajo la administración del presidente Luis Abinader, cuyo gobierno formalizó el proceso de transformación policial en 2021.

La actualización de la infraestructura coincide con cambios en la preparación de los futuros agentes. Según datos oficiales, una promoción de alrededor de 2,000 policías y cadetes realiza pasantías de tres meses antes de graduarse, con el objetivo de complementar la instrucción académica con tareas junto a oficiales de experiencia.

Ernesto Rodríguez García, director de la Policía Nacional, señaló además que entre 3,000 y 4,000 agentes egresaron de los centros de formación, mientras otra promoción continúa en proceso de preparación. El plan contempla reentrenamiento para el personal con más antigüedad, con contenidos sobre procedimientos, trato con los ciudadanos, legalidad y prevención de abusos de autoridad.

Las autoridades también prevén aplicar un plan piloto de patrullaje basado en cuadrantes y corredores. La iniciativa comenzaría en cuatro departamentos y luego se extendería a otros 20, según explicó el director de la Policía. El modelo busca ordenar la cobertura territorial, asignar responsabilidades por zonas y establecer mecanismos de supervisión.

El Gobierno relanzó en 2025 un esquema de servicio y patrullaje con más de 1,100 agentes y 72 cuadrantes en el Gran Santo Domingo y Santiago. Datos publicados en agosto de 2026 indicaron que había 206 cuadrantes activos de los 355 proyectados, una diferencia que refleja las limitaciones de personal, movilidad, tecnología e infraestructura para completar el despliegue.

Las nuevas estaciones policiales se incorporan a ese desafío. La Dirección de Desarrollo Provincial y la Policía Nacional acordaron mantener reuniones técnicas para revisar los avances, resolver obstáculos administrativos y garantizar la continuidad de las obras en las comunidades seleccionadas.

Ernesto Rodríguez García asumió la conducción policial el 18 de agosto

Rodríguez García llegó a la Dirección General de la Policía tras su designación mediante el Decreto 558-26, emitido el 17 de agosto. El oficial asumió formalmente un día después, en reemplazo del mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, quien dejó el cargo luego de seis meses de gestión.

Antes de su ascenso, el actual director se desempeñaba como inspector general de la institución, un puesto vinculado con la fiscalización de la conducta de los agentes y el cumplimiento de las normas internas. Su perfil incluye funciones en áreas de investigación, prevención y formación, además de mandos territoriales en distintas regiones dominicanas.

Desde que asumió, Rodríguez García planteó la necesidad de fortalecer el acompañamiento de los policías jóvenes y de mantener controles sobre el personal que presta servicios en las calles. En declaraciones recogidas por medios locales, afirmó que la formación debe continuar después del paso por las academias, con seguimiento de los superiores y revisión de procedimientos.

El nuevo director ha realizado recorridos por Bonao, La Vega, Moca, Santiago, Puerto Plata y Valverde, con sede en Mao. Durante esas visitas se reunió con agentes de las direcciones regionales y abordó la responsabilidad de los uniformados frente a residentes y visitantes.

La víctima de 28 años fue identificada como Miguel Ángel Ríos Córdoba, quien murió tras recibir varias heridas con arma blanca durante un ataque que se desató en la vereda Santa Lucía, zona rural del municipio de Fusagasugá (Cundinamarca, y vecino a Bogotá).

De acuerdo con el reporte preliminar, el homicidio se produjo la noche del domingo 30 de agosto minutos antes de la medianoche, después de que dos personas le reclamaran a Ríos por el presunto maltrato al animal, misma situación que señalaron algunos testimonios recopilados por las autoridades.

Sin embargo, el caso cobró más notoriedad en portales, redes sociales y la prensa nacional debido a que se conoció un video de lo que habrían sido los últimos minutos con vida de Ríos, luego del salvaje ataque que recibió.

La reacción de dos personas derivó en un reclamo que pasó de lo verbal a lo físico, y las circunstancias son materia de investigación por parte de la Policía y la Fiscalía.

En medio de la riña, Ríos Córdoba fue lesionado en distintas partes del cuerpo con un arma cortopunzante. Por la gravedad de las heridas, cayó sobre la vía y murió antes de recibir atención médica.

Las autoridades buscan establecer qué ocurrió durante la confrontación, si hubo más personas presentes y cuál fue la participación de cada involucrado, debido a que en la grabación que se hizo desde una tienda se observa que en total son tres los agresores.

El caso quedó bajo investigación luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre la riña y el hombre herido, y como resultado de las labores desplegadas tras el homicidio, la Policía capturó en flagrancia a uno de los presuntos agresores.

El hoy detenido fue identificado de manera preliminar como S. Sanabria Páez.

La captura ocurrió en cercanías de la vereda donde se produjo el ataque, y el hombre quedó a disposición de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de Fusagasugá, que adelanta las actuaciones correspondientes por el delito de homicidio.

Al final del mensaje con el video que publicó el miércoles 2 de septiembre la plataforma por la defensa de los animales ALTO, se recordó que puede haber consecuencias legales por tomar la justicia por mano propia y se hizo la invitación a denunciar estos casos por los canales correspondientes.

“Si presenciamos un acto de maltrato debemos usar los mecanismos que la ley nos brinda para denunciar ante las autoridades para que los responsables respondan ante la justicia. No tomar la ‘justicia por mano propia’”, señaló el colectivo en su publicación vía X.

Tomar justicia por mano propia puede derivar en multas y procesos penales en Colombia

La captura de una persona sorprendida en flagrancia está permitida para los ciudadanos, pero las agresiones, castigos o actos de venganza contra un presunto delincuente pueden derivar en investigaciones por lesiones personales, tentativa de homicidio u homicidio.

La ley en Colombia establece que, después de la aprehensión, la persona debe ser entregada de inmediato a la Policía.

La advertencia cobra relevancia ante los videos que circulan en redes sociales (como ocurrió con la víctima del ataque en Fusagasugá), en los que grupos de ciudadanos golpean, amarran o retienen durante largos períodos a personas señaladas de cometer hurtos u otras conductas delictivas.

El aumento de la percepción de inseguridad ha llevado a que algunos ciudadanos intervengan directamente ante posibles delitos. Sin embargo, esa reacción tiene límites legales. La participación ciudadana puede consistir en retener a una persona sorprendida mientras comete un delito o inmediatamente después, pero no en imponer castigos físicos o decidir por cuenta propia una sanción.

Los particulares pueden capturar en caso de flagrancia

El Código de Procedimiento Penal, contenido en la Ley 906 de 2004, establece que “cualquier persona podrá capturar a quien sea sorprendido en flagrancia”.

La norma contempla que una persona puede intervenir si presencia la comisión de un delito o si existe una relación inmediata entre el hecho y la aprehensión. Sin embargo, el particular debe conducir al retenido “en el término de la distancia” ante una autoridad de Policía.

La Policía debe identificar a la persona, recibir un informe sobre las circunstancias de la aprehensión y dejarla a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Luego, la Fiscalía debe presentar al capturado ante un juez de control de garantías dentro de las 36 horas siguientes para revisar la legalidad del procedimiento y definir las solicitudes correspondientes. Ley 906 de 2004

La facultad de capturar en flagrancia no autoriza a golpear, herir, humillar, exhibir o mantener retenida a una persona más tiempo del necesario. El procedimiento debe limitarse a impedir la fuga y facilitar la entrega a las autoridades.

Las agresiones pueden dar lugar a delitos más graves

Cuando una persona golpea o lesiona a un presunto delincuente, puede enfrentar consecuencias penales que dependen de la gravedad de las heridas, los medios utilizados y las circunstancias de cada caso.

Si la agresión produce una lesión, la Fiscalía puede investigar delitos de lesiones personales. Si la víctima muere, el caso puede ser analizado como homicidio. También pueden existir investigaciones por tentativa de homicidio si se acredita que hubo intención de causar la muerte, pero esta no se produjo.

La responsabilidad no desaparece porque la persona agredida hubiera sido señalada de cometer un delito. La presunción de inocencia se mantiene hasta que exista una decisión judicial, y la determinación de responsabilidades corresponde a fiscales y jueces.

El ordenamiento penal colombiano también contempla la conducta de “ejercicio arbitrario de las propias razones”, que sanciona a quien, con el propósito de ejercer un supuesto derecho, decide imponer justicia por su cuenta en lugar de recurrir a la autoridad competente.

La legítima defensa exige una amenaza actual o inminente

La legítima defensa es distinta a la justicia por mano propia. Para que pueda ser reconocida, debe existir una agresión injusta, actual o inminente, y la respuesta debe ser necesaria y proporcional para proteger un derecho propio o ajeno.

Cuando la amenaza ya terminó, perseguir o atacar a la persona señalada puede dejar de ser una acción defensiva y convertirse en una conducta de retaliación. Ese análisis depende de las pruebas recogidas en cada proceso.

Por ejemplo, si una persona es víctima de un hurto y el presunto responsable ya se alejó o no representa una amenaza inmediata, una agresión posterior puede ser investigada por las autoridades. La condición de víctima de un delito previo no habilita automáticamente el uso de violencia contra quien huye o ya fue reducido.

Las circunstancias de tiempo, lugar, proporcionalidad, armas usadas y lesiones causadas son elementos que la Fiscalía y los jueces revisan para definir si existió legítima defensa o una conducta punible.

La Policía debe proteger la integridad del capturado

Una vez que una persona es detenida o entregada a la Policía, los uniformados tienen el deber de proteger su vida e integridad. Esa obligación aplica incluso cuando el ciudadano sea señalado de haber cometido un delito y exista indignación de la comunidad.

La autoridad no puede tolerar agresiones por parte de terceros ni aplicar sanciones físicas fuera de los procedimientos legales. El capturado debe ser puesto a disposición de la Fiscalía, que definirá si hay elementos para imputar cargos y solicitar medidas ante un juez.

Ante un hecho de inseguridad, la recomendación es reportar de inmediato la situación a la línea 123, solicitar apoyo policial, evitar confrontaciones que pongan en riesgo a otras personas y conservar información que pueda servir a la investigación, como videos, fotografías, placas de vehículos o datos sobre la ruta de escape.

Una mujer de alrededor de 70 años entró armada al lobby del Departamento de Policía de Port Orange, en Florida, disparó al personal civil y fue baleada por oficiales cuando salió del edificio, según informó el jefe de la dependencia en una conferencia de prensa realizada esta mañana.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:20 del jueves 4 de septiembre de 2026. La mujer ingresó al área de recepción de la sede policial en 4545 Clyde Morris Blvd., donde se ubica la sección de registros, y confrontó a empleados civiles que atendían en ese sector.

La discusión siguió escalando y sacó un arma de fuego. Acto seguido, la exhibió ante el personal e inmediatamente abrió fuego en dirección a los empleados que estaban trabajando. Ningún civil resultó herido por el único disparo que efectuó.

La mujer salió del edificio y fue herida por tres oficiales

Tras disparar dentro del lobby, abandonó el edificio por la entrada principal. Allí fue interceptada por oficiales que respondían a un llamado radial de tiroteo activo. Tres agentes participaron en el enfrentamiento y dispararon contra la mujer, que según el jefe policial aún sostenía el arma en ese momento.

“No tengo acceso todavía a todo el video de vigilancia, por lo que eso forma parte de la investigación en curso”, declaró el jefe Manuel Marino ante los medios, al ser consultado sobre si la mujer apuntó directamente a los oficiales antes de que estos abrieran fuego.

La sospechosa fue trasladada a un hospital, a pesar de que Marino indicó que desconocía su estado de salud al momento de la conferencia. La identidad no fue divulgada, a la espera de que se notifique a sus familiares.

El Departamento de Investigaciones de Florida tomó el control del caso

Ante la magnitud del hecho, el Departamento de Investigaciones de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés) se hizo cargo de la investigación, de acuerdo con lo informado por el jefe del establecimiento. Mientras se desarrollaba la conferencia de prensa, agentes del FDLE se encontraban cubriendo la zona del tiroteo.

Marino confirmó que la sección de registros permanecerá cerrada hasta el martes, luego del fin de semana largo por los feriados. Asimismo, aclaró que la unidad de escena del crimen procesará toda el área comprometida por el incidente.

La motivación de la mujer está bajo investigación

Al ser consultado sobre un posible móvil, Marino dijo que no contaba con esa información. “Eso es parte de la investigación en curso. Esperamos obtener algunas de esas respuestas”, sostuvo el funcionario, sin poder confirmar tampoco si el departamento había tenido algún contacto previo con la sospechosa.

A su vez, reconoció desconocer qué tipo de arma portaba y cuántas veces fue herida. El único dato disponible sobre el tiro que ella efectuó dentro del edificio es que impactó en las proximidades de la sección de propiedad y evidencia, donde había empleados presentes en ese momento.

El personal civil recibirá apoyo psicológico tras el incidente

El jefe subrayó la preocupación del departamento por el bienestar emocional de los empleados civiles involucrados, quienes, según señaló, no tienen entrenamiento ni familiaridad con este tipo de situaciones.

Marino anticipó que, una vez cumplida su participación en la investigación, el personal recibirá asistencia en el marco de un protocolo de debriefing de incidentes críticos, junto con los oficiales participantes.

“No puedes esperar que algo así suceda dentro de tu propio edificio, un jueves a las 8 de la mañana”, expresó Marino. Y en sus declaraciones, subrayó: “Afortunadamente ninguno de nuestros empleados resultó herido. Ahora el objetivo es ayudarlos a recuperarse”.

Un operativo de la Fuerza Pública en La Cruz, Guanacaste, dejó un sospechoso muerto, ocho hombres aprehendidos y un policía herido tras dos enfrentamientos armados ocurridos durante la noche de ayer, 2 de septiembre. Las autoridades retuvieron además tres vehículos Hyundai Tucson que habrían sido utilizados por los presuntos integrantes de una estructura criminal.

La intervención se inició a partir de una alerta sobre un camión de transporte de valores que permanecía varado cerca de un hotel en Santa Elena. Los agentes se desplazaron al lugar para verificar la situación y, durante el recorrido, detectaron tres vehículos sospechosos en las cercanías del cementerio de Cuajiniquil.

De acuerdo con el informe preliminar del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), una de las camionetas realizó una maniobra contra una patrulla. Poco después, sus ocupantes dispararon contra los oficiales, lo que dio inicio al primer intercambio de disparos.

El ataque alcanzó una de las unidades policiales, que recibió alrededor de 23 impactos de bala. Un agente de apellido Soto sufrió heridas en la cabeza y las manos. El oficial fue trasladado a un centro médico, donde recibió atención.

Tras el primer tiroteo, los agentes activaron un operativo para localizar a los responsables. En el despliegue participaron efectivos de la Fuerza Pública, la Unidad Canina, la Unidad Especial de Apoyo (UEA), el Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía de Fronteras y la Academia Nacional de Policía (ANP).

Un segundo tiroteo en Junquillal dejó a un sospechoso fallecido

La operación continuó en el sector de Junquillal, donde se registró un segundo enfrentamiento entre los sospechosos y otra unidad policial. En ese episodio murió un hombre de apellido Zapata, identificado por las autoridades como uno de los presuntos involucrados.

El MSP informó que, antes de las 6:00 de este jueves 3 de septiembre, los equipos policiales habían detenido a ocho sospechosos. Todos quedaron a disposición de las autoridades judiciales, junto con los tres vehículos retenidos durante el operativo.

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, afirmó que el ataque contra los agentes provocó una respuesta coordinada de los cuerpos policiales. De momento, las autoridades no han revelado las identidades de los detenidos, los antecedentes que pudieran tener ni el tipo de armas empleadas durante los ataques.

Tampoco comunicaron el estado de salud actualizado del agente Soto ni si existe una hipótesis definida sobre la estructura criminal a la que pertenecerían los sospechosos.

Los episodios de violencia armada registrados durante 2026 en Costa Rica han mostrado distintos patrones, según el contexto de cada caso. Entre ellos figuran las disputas territoriales vinculadas con el narcotráfico, los ataques de sicariato y las agresiones directas contra unidades policiales.

Las pugnas por zonas de distribución de droga, rutas de traslado y puntos de salida para cargamentos ilícitos figuran entre los principales focos de conflicto entre grupos delictivos. En esos casos suelen intervenir bandas locales y células asociadas con organizaciones criminales de mayor alcance.

Otro fenómeno son los ataques de sicariato, que suelen ejecutarse mediante balaceras focalizadas. En varios casos, los agresores se trasladan en motocicletas y persiguen a sus objetivos hasta viviendas, comercios o espacios públicos, donde quedan indicios balísticos que forman parte de las investigaciones.

La investigación sobre los hechos de La Cruz continúa bajo coordinación de las autoridades judiciales. El resultado de las diligencias permitirá determinar si los detenidos participaron en los disparos contra la Fuerza Pública y si existen otros implicados en la estructura investigada.

El caso sacudió a Nueva York por la crueldad de su azar: Pamela Cisneros, de 49 años, atacó a dos personas que no conocía en un intervalo de 20 segundos en pleno Midtown.

Entre las víctimas estaba Erin Piacenti, madre de Madison, una bebé de cinco meses. No sobrevivió.

La otra, Tak Kam, un hombre de 68 años de Rhode Island que esperaba cruzar la calle 41 con su esposa, quedó internado en estado estable tras recibir una puñalada en el abdomen.

La comisionada de la Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, descartó cualquier vínculo con el terrorismo y afirmó que ambos ataques fueron “al azar y sin provocación”.

Cisneros murió abatida por efectivos de la NYPD minutos después, luego de un enfrentamiento cerca de una subestación policial en la calle 42 y la Séptima Avenida.

Piacenti regresó al trabajo ese lunes por primera vez desde el nacimiento de su hija

Piacenti había regresado ese mismo día a su puesto en Bank of America tras meses de licencia por maternidad.

Amigos y allegados lanzaron una campaña para reunir USD 250.000 destinados al futuro de la niña.

Shray Gupta, quien impulsó la iniciativa, escribió en la página de GoFundMe: “Ser madre había sido la ambición de toda la vida de Erin y su hija le dio la mayor alegría posible”.

La familia pidió privacidad y, en una declaración citada por New York Post, sostuvo que la vida de Piacenti “no estuvo definida por las circunstancias de su muerte, sino por la manera en que vivió”.

El medio también informó que la pareja había celebrado su segundo aniversario de casados este verano, regresó de un viaje familiar días antes de la tragedia y en 2025 compró una casa de cuatro habitaciones en Chester, Nueva Jersey, donde planeaban establecerse con la niña.

Bank of America y Fordham lamentaron la pérdida de una figura destacada

Piacenti era vicepresidenta en el equipo de selección de negocios y conflictos del banco, cargo que ocupaba desde hacía 18 meses.

El presidente de la división, Matthew Koder, la describió en un memo interno obtenido por New York Daily News como “una socia de confianza y una compañera muy apreciada”.

Antes de incorporarse a Bank of America, había trabajado en Bloomingdale’s y en el estudio jurídico Davis Polk.

Se graduó de la University of Pennsylvania, donde estudió ciencias políticas y formó parte de un grupo de a cappella, y luego obtuvo su título en Fordham con distinción magna cum laude, casa de estudios donde conoció a su esposo Frank Piacenti, también egresado de esa facultad.

El decano Joseph Landau afirmó: “Erin fue una integrante muy querida de esta comunidad, que se destacó por su dedicación académica y su generosidad con sus pares”.

La agresora murió tras amenazar a los agentes con dos cuchillos

Después de los ataques, Cisneros avanzó hacia el norte y quedó frente a efectivos de la NYPD, que le ordenaron en repetidas ocasiones que soltara las armas. La mujer se negó y, según relató Tisch, les advirtió: “No voy a soltar nada. Prefiero matarlos a los dos”.

La policía utilizó pistolas eléctricas antes de abrir fuego. En la escena se recuperaron dos cuchillos.

Cisneros tenía antecedentes documentados de salud mental, incluidas internaciones y una tentativa de suicidio, de acuerdo con declaraciones de su familia recogidas por New York Daily News, medio que también informó que era madre de tres hijas y que había atravesado episodios de depresión posparto.

El alcalde Zohran Mamdani anunció que la NYPD realizará una investigación interna y que las imágenes de las cámaras corporales serán difundidas públicamente.

Hasta el momento, la campaña para Madison lleva reunido más de USD 180.000.

Cuatro agentes del orden fueron arrestados en Georgia por el presunto uso indebido de cámaras lectoras de patentes, en un caso que volvió a poner bajo escrutinio el acceso de las fuerzas de seguridad a herramientas de vigilancia diseñadas para investigaciones oficiales. La información fue difundida por CBS Atlanta, que detalló que los acusados enfrentan cargos por utilizar el sistema de Flock con fines ajenos a sus funciones policiales.

La investigación alcanza a efectivos de distintos puntos del estado. Entre los detenidos aparecen Errol Farrell Jr., deputy del condado de Clayton, y Robert “Bobby” Michael Keim, agente especial a cargo del Departamento de Correcciones de Georgia. De acuerdo con la Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI), ambos fueron arrestados el martes y acusados de hacer un uso no autorizado del sistema de lectura de patentes.

El caso también involucra a dos agentes de la oficina del sheriff del condado de Richmond: el investigador Sean Morrow y el deputy Jose Ferrer. Las autoridades de esa dependencia informaron que ambos habrían consultado la plataforma por motivos personales, una conducta que derivó en cargos penales y en medidas administrativas dentro de la agencia.

La investigación se extendió a varios condados de Georgia

Tal y como informó CBS Atlanta, las detenciones se produjeron en el marco de una pesquisa más amplia sobre el uso de las cámaras de Flock, un sistema que permite rastrear vehículos a partir de sus matrículas y que es utilizado por agencias policiales en distintos puntos de Estados Unidos.

La GBI sostuvo que Farrell, de 40 años, y Keim, de 45, habrían empleado los lectores de patentes para fines no vinculados con tareas de seguridad pública. Farrell fue ingresado en la cárcel del condado de Clayton, mientras que Keim quedó alojado en la cárcel del condado de Putnam, precisó el medio.

A la vez, la oficina del sheriff del condado de Richmond comunicó el arresto de Morrow y Ferrer luego de una pesquisa interna sobre el uso del sistema. Ambos fueron acusados de uso indebido de lectores de patentes y de violar el juramento de su cargo, aseguró la dependencia al anunciar el avance del caso.

Richmond despidió a dos agentes y habló de violaciones éticas

En el condado de Richmond, las consecuencias no se limitaron al plano judicial. La propia oficina del sheriff confirmó que Sean Morrow y Jose Ferrer fueron despedidos después de que la investigación detectara presuntas irregularidades en el acceso a bases de datos oficiales.

La dependencia afirmó que “la investigación determinó además que las acciones de ambos agentes violaron múltiples políticas de la Oficina del Sheriff del Condado de Richmond, incluido el acceso no autorizado y el uso indebido de bases de datos e información de las fuerzas del orden, una conducta impropia de un miembro de la oficina y las obligaciones éticas asociadas al juramento del cargo”.

La declaración, recogida por CBS Atlanta a partir de un mensaje oficial difundido en Facebook, expuso la gravedad con la que la agencia evaluó la conducta de sus empleados.

En ese mismo pronunciamiento, el sheriff Eugene Brantley remarcó que su oficina mantiene el compromiso con la integridad y la rendición de cuentas de cada integrante de la fuerza. También señaló que toda denuncia de mala conducta es investigada y que quienes infringen la ley o las normas internas enfrentan consecuencias.

Hall County también detectó accesos no autorizados al sistema

El caso sumó otro capítulo al día siguiente, cuando la oficina del sheriff del condado de Hall informó el despido de una investigadora por utilizar sin autorización el sistema de Flock. Se trata de Melissa Wood, quien se desempeñaba recientemente en el área de delitos contra la propiedad.

Esa agencia indicó que la agente había usado la plataforma varias veces para localizar a una persona que conocía, una conducta que motivó su desvinculación. Wood trabajaba en la oficina desde febrero de 2022, indicó el medio estadounidense.

Además, la decisión se conoció menos de una semana después de que tres deputies del condado de Hall renunciaran como parte de una auditoría vinculada con el mismo sistema. La sucesión de arrestos, despidos y renuncias en distintos condados de Georgia amplió las dudas sobre los controles internos aplicados al uso de esta tecnología.

El caso reabre el debate sobre los límites de la vigilancia policial

El sistema de lectores automáticos de patentes fue incorporado en muchas jurisdicciones como una herramienta para apoyar investigaciones, ubicar vehículos buscados o seguir pistas en causas penales. Sin embargo, este episodio volvió a poner en discusión qué salvaguardas existen para impedir consultas por motivos personales.

Por ahora, las autoridades estatales y locales avanzaron con cargos concretos contra los implicados y con sanciones dentro de las agencias afectadas. CBS Atlanta señaló que la investigación abarca zonas del centro y del norte de Georgia, mientras continúan las revisiones sobre el uso de la base de datos en distintos departamentos.

Dentro de una comisaría de Chimbas, provincia de San Juan, un policía fue detenido mientras se encontraba de servicio en el marco de una causa por un presunto hurto y uso fraudulento de la tarjeta bancaria de un compañero de la misma dependencia.

El procedimiento se concretó este último martes en la Comisaría 17ma, después de una investigación que avanzó en pocas horas a partir de una denuncia presentada por el uniformado damnificado.

La secuencia comenzó cuando la víctima detectó un consumo que no reconocía en su cuenta. A partir de esa irregularidad, inició averiguaciones por su cuenta y encontró un dato que terminó por orientar la pesquisa hacia el interior de la fuerza de seguridad.

De acuerdo con lo informado por el portal Tiempo de San Juan, el caso tomó otro alcance cuando la denuncia formal quedó radicada ante la Justicia y la UFI Delitos Especiales activó medidas urgentes. El expediente quedó bajo la intervención del fiscal Nicolás Schiattino y de la ayudante fiscal Roxana Fernández, quienes solicitaron la detención del sospechoso tras reunir los primeros elementos probatorios.

De acuerdo con lo informado en la causa, el efectivo afectado advirtió durante la mañana del martes un movimiento inusual acreditado en su cuenta bancaria. Esa operación, que no había sido autorizada por él, lo llevó a revisar el origen de la compra y a buscar precisiones sobre el comercio en el que se había concretado.

En ese contacto, el vendedor del local le transmitió un dato que modificó el rumbo del caso: quien había realizado la transacción no era un desconocido, sino otro uniformado. Con ese antecedente, el denunciante se presentó ante sede judicial para formalizar la acusación y aportar la información que ya había reunido.

La reconstrucción de los hechos avanzó después con la revisión del sistema de videovigilancia del negocio. Según consta en la investigación, el denunciante observó las imágenes y reconoció allí, sin dudas, a un compañero de su misma dependencia al momento de concretar la operación.

Para los investigadores, el registro fílmico secuestrado pasó a ser una prueba clave en la causa.

Con esos elementos ya incorporados, los responsables de la instrucción solicitaron la orden de detención ante la jueza de turno. La medida fue concedida y se ejecutó durante la tarde del martes, cuando el sospechoso todavía se encontraba prestando servicio en la seccional ubicada en Chimbas.

Tras la aprehensión, el imputado fue llevado a los calabozos de la Comisaría 28va, donde permanece alojado en condición de detenido.

La audiencia de control de detención y formalización está prevista para las próximas horas, con plazo máximo hasta este viernes. En esa instancia procesal, el funcionario deberá comparecer ante la Justicia para conocer en detalle la imputación y la evidencia reunida en su contra.

Ese acto será determinante para la continuidad del expediente, ya que allí se expondrán los fundamentos de la acusación y la situación procesal del detenido. La causa quedó impulsada por la UFI Delitos Especiales y bajo revisión judicial inmediata, en un caso que se abrió y derivó en una detención en el mismo día.

Según informó Canal N, Cruz Torres descendió de la aeronave esposado y con un chaleco de detenido, mientras era escoltado por agentes policiales. Junto a él también fue trasladado Alexander Saúl Mendocilla Gómez, de 23 años, alias ‘Gordillo’, señalado como su presunto cómplice. Ambos fueron capturados el martes en La Paz, Bolivia, y posteriormente entregados a las autoridades peruanas.

‘Jhonsson Pulpo’ fue capturado en Bolivia

De acuerdo con la información difundida por Canal N, Cruz Torres y Mendocilla fueron intervenidos alrededor de las 9:15 a. m. en una zona altamente comercial de La Paz. Durante la intervención no se les encontraron armas de fuego, pero sí documentos falsos. Esta situación derivó en la decisión de las autoridades bolivianas de expulsarlos del país y entregarlos a la Policía peruana.

El ministro del Interior, César Astudillo, confirmó que el operativo fue resultado de un trabajo coordinado entre las policías de Perú y Bolivia, con apoyo del FBI y la DEA. “Se ha cumplido la misión”, afirmó el titular del Mininter, quien destacó la labor de los agentes peruanos para ubicar al cabecilla de ‘Los Pulpos’, organización vinculada con diversos delitos.

Condena de cadena perpetua

Astudillo señaló que Cruz Torres cuenta con una condena de cadena perpetua y que registra una alerta roja de Interpol. Según explicó el ministro, la sentencia está relacionada con delitos como robo agravado, secuestro con subsecuente muerte, extorsión, sicariato y organización criminal. Además, el detenido formaba parte del programa de los más buscados y se ofrecía una recompensa de S/500.000 por información que permitiera localizarlo.

El titular del Interior también sostuvo que existen elementos de convicción que vinculan directamente a Cruz Torres con los recientes hechos de violencia registrados en Trujillo. Según Astudillo, las investigaciones lo relacionan con la muerte de cuatro jóvenes y el secuestro de un empresario, quien posteriormente fue liberado. “Tiene una relación directa”, sostuvo el ministro al referirse a estos hechos.

‘Gordillo’ habría colaborado con el cabecilla

Durante la intervención en Bolivia también fue detenido alias ‘Gordillo’, quien habría permanecido junto a Cruz Torres durante su etapa de clandestinidad. Astudillo indicó que Mendocilla habría utilizado teléfonos para transmitir disposiciones y órdenes a integrantes de la organización criminal que operaban en Trujillo.

Tras su llegada al Callao, ambos detenidos fueron trasladados bajo fuerte custodia policial. Cruz Torres será puesto a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las diligencias relacionadas con los hechos que se le atribuyen y el cumplimiento de la condena que pesa en su contra.

PCM destaca respuesta contra el crimen

En el lugar también estuvo presente el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien resaltó la intervención de la Policía Nacional y el apoyo brindado por las autoridades bolivianas. El premier recordó el compromiso asumido por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori para enfrentar a las organizaciones criminales desde el inicio de su gestión.

Galarreta también destacó la participación de las Fuerzas Armadas y planteó la necesidad de fortalecer las capacidades de inteligencia y equipamiento policial. “No importa en qué país estén”, afirmó el premier al señalar que el Gobierno continuará con la búsqueda de integrantes de organizaciones criminales. Asimismo, resaltó la “respuesta inmediata” de la Policía Nacional tras los recientes hechos ocurridos en Trujillo.

Socavones, módulos de estera, equipos de trabajo y otros materiales presuntamente utilizados para minería ilegal fueron hallados en el Paisaje Arqueológico de Mollaque, ubicado en el distrito y provincia de Palpa, región Ica. Los elementos fueron identificados en la parte alta de este espacio arqueológico y quedaron registrados durante una inspección de las autoridades.

El hallazgo se produjo durante un operativo conjunto del Ministerio de Cultura, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, desplegado ante las sospechas de actividades mineras ilegales en la zona. La diligencia tuvo como objetivo verificar lo que ocurría en el área y adoptar las medidas necesarias para proteger el patrimonio arqueológico.

Durante la inspección, el equipo técnico de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica documentó los socavones, estructuras y materiales encontrados para su evaluación. En la intervención también participaron representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y de la Fiscalía Penal de Turno, cada uno dentro de sus respectivas competencias.

Hallan socavones y equipos presuntamente vinculados con minería ilegal en Mollaque

Durante el recorrido por la parte alta del Paisaje Arqueológico de Mollaque, los especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica identificaron varios elementos que llamaron la atención de las autoridades. Entre ellos figuran socavones, estructuras excavadas en el terreno que estarían vinculadas con labores de extracción.

También fueron encontrados módulos construidos con estera, además de equipos de trabajo y diversos materiales distribuidos en el área inspeccionada. Según el Ministerio de Cultura, estos elementos presentan características que permitirían relacionarlos de manera preliminar con actividades mineras.

Los especialistas procedieron a registrar y documentar los hallazgos encontrados durante la diligencia. Esta información será evaluada por las autoridades competentes para establecer las medidas que correspondan frente a las presuntas actividades detectadas.

El Ministerio de Cultura mantiene el carácter presunto de estas actividades, por lo que la presencia de los materiales y estructuras encontrados será materia de evaluación. La intervención permitió recopilar información directamente en el lugar y poner los hallazgos a disposición de las instituciones correspondientes.

Ministerio de Cultura, Fiscalía y Policía participaron en la diligencia

La inspección estuvo a cargo de especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, mediante el equipo técnico de la Subdirección de Patrimonio Cultural, Industrias Culturales e Interculturalidad. Su participación estuvo orientada a verificar posibles afectaciones al patrimonio arqueológico ubicado en la zona.

En la diligencia también participaron representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y de la Fiscalía Penal de Turno. Ambas instancias intervinieron dentro de sus respectivas competencias para verificar los hechos advertidos durante el operativo.

La Policía Nacional del Perú acompañó el despliegue de las autoridades en el área arqueológica. La intervención conjunta permitió realizar la inspección y documentar los elementos encontrados en una zona que cuenta con protección por su valor arqueológico.

El objetivo de la diligencia fue verificar las presuntas actividades ilegales y establecer las medidas necesarias para proteger el patrimonio. La información obtenida durante la inspección será tomada en cuenta para las acciones que correspondan por parte de las instituciones involucradas.

Paisaje Arqueológico de Mollaque integra la Reserva Arqueológica de Nasca

El Paisaje Arqueológico de Mollaque forma parte del Área de Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nasca, un amplio espacio que conserva diversos bienes arqueológicos prehispánicos. Por sus características, el área requiere vigilancia y acciones de protección para evitar intervenciones que puedan afectar su conservación.

La presencia de socavones y otros elementos presuntamente vinculados con actividades mineras genera preocupación debido a las posibles alteraciones que este tipo de trabajos puede ocasionar sobre el terreno. Cualquier modificación de un espacio arqueológico puede comprometer bienes culturales que forman parte del patrimonio de la región.

Ante esta situación, el Ministerio de Cultura señaló que continuará con las acciones de vigilancia, protección y defensa del patrimonio arqueológico de Nasca. Estas labores se realizarán de manera coordinada con el Ministerio Público, la Policía Nacional y otras instituciones competentes.

La intervención en Mollaque se suma así a las acciones destinadas a detectar y atender posibles actividades que representen un riesgo para los espacios arqueológicos de Ica. Las autoridades deberán evaluar los hallazgos registrados durante la diligencia y determinar las medidas que correspondan.

Tenía 24 años, era una de las voces más influyentes del rap y su muerte dejó una herida que, casi tres décadas después, la justicia todavía no cerró.

El caso nunca tuvo un sospechoso sentado frente a un juez. No hubo juicio, no hubo condena y no hubo respuestas para la familia de Wallace.

La investigación se hundió en escándalos internos, testigos que se negaron a cooperar y fricciones entre departamentos policiales que nunca lograron trabajar juntos.

El caso Biggie: testigos mudos, policías divididos y pruebas vencidas

El exfiscal Dmitry Gorin había sido directo al señalar las causas del fracaso. “Los detectives identificaron las pandillas, el motivo y los sospechosos desde temprano, pero no persiguieron con agresividad a esos sospechosos ni desarrollaron a los testigos reacios”, dijo, en palabras que Los Angeles Times recuperó ahora.

En 2017, Kevin McClure, exjefe de la división de robos y homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que supervisó el caso, resumió la situación al mismo medio con una frase que no dejó espacio para el optimismo. “El tirador probablemente está muerto. No puedes preguntarle quién lo contrató”, afirmó.

La familia de Wallace también demandó al LAPD por supuestas irregularidades en la investigación, un escándalo que agravó aún más la crisis de confianza en torno al caso.

La bala que mató a Wallace le perforó el hígado, el pulmón y el corazón. Murió en el Cedars-Sinai Medical Center poco después de la 1 a.m. Ningún responsable pisó un tribunal por su muerte.

Por qué Tupac sí llegó a juicio

El lunes, un jurado de Las Vegas deliberó pocas horas antes de declarar culpable a Duane “Keffe D” Davis, de 63 años y exlíder de la pandilla Southside Crips-Burris Street de Compton, por haber orquestado la muerte de Shakur el 7 de septiembre de 1996.

Lo que hizo posible el juicio no fue una investigación impecable. Fue el propio Davis. A lo largo de los años, el acusado se incriminó en dos entrevistas policiales, en un documental y en su libro de memorias de 2019, Compton Street Legend, donde incluyó pasajes comprometedores.

La fiscalía construyó su caso casi por completo sobre las palabras del imputado.

En una grabación de 2008, Davis relató cómo su grupo reconoció el BMW en que viajaba Shakur cerca del Strip de Las Vegas y giró el auto para interceptarlo.

“Si hubiera estado de mi lado, yo hubiera disparado. Se lo di a Dre, y Dre dijo que no. Entonces Lane dijo: ‘Dámelo’”, se escuchó decir al acusado. La defensa argumentó que Davis había inventado esa historia para evitar una condena por narcotráfico. El jurado no lo creyó.

El exfiscal federal Neama Rahmani reconoció que la velocidad del veredicto fue “sorprendente”.

“Le doy crédito al fiscal del condado de Clark por llevar un caso de archivo tan difícil hasta el final, cuando todos los demás fiscales que lo evaluaron lo dejaron pasar”, sostuvo en declaraciones recogidas por el diario.

La diferencia que lo explica todo

El abogado penalista Mark Geragos identificó el factor clave que separó ambos casos. “Le dieron un pase libre cuando admitió bajo acuerdo de colaboración con los federales, pero hasta que escribió el libro, no podían usar sus declaraciones”, explicó sobre Davis.

Esa combinación —un acuerdo de inmunidad inicial, seguido de años de declaraciones públicas— terminó siendo la trampa que cerró el caso Shakur.

En el crimen de Wallace, nunca existió una figura equivalente. Nadie con conocimiento directo de los hechos habló de forma sostenida, pública y verificable. Sin ese hilo del que tirar, la investigación se fue apagando.

Gorin lo resumió de forma tajante: “Estas oportunidades perdidas permitieron que las pruebas envejecieran, que los testigos desaparecieran o murieran. Cuanto más viejo se vuelve el caso, más débil se vuelve”. El caso Biggie Smalls lleva casi 30 años probando esa premisa.

El caso expone además un largo historial de violencia dentro de la familia. La madre de la víctima sostiene que su hija soportó durante más de dos décadas los maltratos de su pareja. De acuerdo con su testimonio, el comportamiento del hombre incluía actitudes controladoras que limitaban incluso actividades cotidianas de la víctima.

“Controlaba todo. No aceptaba que era un hombre enfermo”, relató la madre de Karina ante las cámaras del programa 24 horas de Panamericana TV. La situación llegó a tal punto que, tres meses antes del crimen, ambos decidieron separarse debido a los constantes episodios de violencia.

Sin embargo, la relación se reanudó semanas después. La familia afirma que Leonardi prometió cambiar y aseguró que la convivencia sería diferente. La reconciliación duró alrededor de un mes. Poco después, una nueva discusión terminó en una tragedia que dejó dos víctimas mortales y a una adolescente sin su madre ni su hermano.

El día del ataque, Karina había compartido un momento familiar antes de regresar a su domicilio. Una de las últimas fotografías de la mujer la muestra junto a sus seres queridos mientras disfrutaba de un plato que, según sus allegados, era uno de sus favoritos: el juane.

Ya en la vivienda se produjo una discusión. De acuerdo con la versión ofrecida por la familia, el conflicto habría comenzado cuando el hijo intervino para defender a su abuela. Leonardi habría golpeado primero a su madre y después a Karina, quien terminó en el suelo tras recibir un golpe en la cabeza.

En medio de la pelea, el hombre habría utilizado el arma que portaba debido a su trabajo como agente de seguridad. Según los familiares, primero disparó contra su propio hijo y posteriormente alcanzó a su pareja. La joven de 17 años escapó del inmueble y acudió a solicitar ayuda.

“Se fue corriendo y en la comisaría no le hicieron caso. Pensaron que estaba jugando”, afirmó una pariente de Karina. La familiar señaló que la adolescente tuvo que insistir para permanecer dentro de la dependencia policial mientras buscaba protección.

El arma utilizada también forma parte de las interrogantes que deberán esclarecer las autoridades. La madre de la fallecida afirmó que Leonardi trabajaba como seguridad de la hija de César Acuña y cuestionó que una persona con antecedentes de comportamiento violento pudiera desempeñar funciones que implicaran portar un arma de fuego.

“¿Cómo pueden poner a un seguridad que ni siquiera estaba psicológicamente bien para portar un arma?”, cuestionó la mujer, quien exige que el responsable reciba una condena.

La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del doble asesinato y establecer las responsabilidades penales correspondientes. Mientras tanto, la familia despide a Karina y a su hijo, mientras la adolescente sobreviviente enfrenta las consecuencias de haber presenciado la muerte de sus seres queridos.

Vincent Anthony Siqueiros, de 42 años, y Cameron Davis Capara, de 33, fueron baleados en el exterior del Venture-N, un bar gay de Tucson, Arizona, con décadas de historia dentro del colectivo queer local.

Ambos murieron en el lugar. El ataque ocurrió poco después de la medianoche del lunes 31 de agosto y reavivó el temor de una comunidad que ya cargaba con el peso de episodios similares en otras ciudades del país.

El sospechoso, Ousman Ceesay, de 44 años, murió en un hospital cercano después de recibir una herida de bala. La Policía de Tucson no precisó de inmediato cómo se produjo esa lesión y aclaró que aguarda los resultados del médico forense.

Lo que sí confirmó el departamento es que Ceesay llevaba consigo una nota con una lista de negocios asociados al colectivo queer, un hallazgo que orientó la pesquisa hacia la figura de crimen de odio, tal como informó NBC News.

Ceesay confrontó a las víctimas antes de abrir fuego

La policía sostuvo, en declaraciones recogidas por NBC News, que las primeras pruebas indican que Ceesay se enfrentó a los dos hombres frente al bar antes del ataque. Por ahora, los investigadores no detallaron si existía un vínculo previo entre el sospechoso y las víctimas.

El jefe de información pública del departamento, James Horton, señaló que la pesquisa sigue abierta y que aún faltan precisiones sobre la secuencia completa. El departamento evitó adelantar hipótesis cerradas sobre el modo en que murió el atacante.

Esa cautela busca preservar el trabajo pericial y evitar conclusiones prematuras en un caso de alta sensibilidad pública.

La jefa de policía, Monica Prieto, afirmó que “los delitos motivados por prejuicios son especialmente atroces” y “no tienen lugar” en la comunidad. La funcionaria agregó, en declaraciones difundidas por el departamento, que los investigadores revisan las pruebas y siguen todas las pistas disponibles para establecer las circunstancias del ataque.

El ataque golpeó a un espacio histórico para la comunidad de Tucson

El bar Venture-N ocupa desde hace décadas un lugar central dentro de la vida social queer local. Tras el tiroteo, vecinos y allegados colocaron flores, velas y fotografías en un memorial improvisado frente al establecimiento.

La organización PFLAG Phoenix aseguró en una publicación que el lugar fue “un refugio seguro, un santuario y un espacio de contención para la comunidad queer de Tucson durante décadas”.

El impacto del caso se extendió más allá del entorno inmediato de las víctimas. Mary O’Donoghue, directora ejecutiva de Southern Arizona Senior Pride, sostuvo ante NBC News que el ataque dejó a muchos integrantes del colectivo “conmocionados y con el corazón roto”.

También advirtió que el hecho reactivó recuerdos traumáticos en adultos mayores que atravesaron décadas de discriminación y violencia.

El caso reavivó el recuerdo de otras masacres contra personas LGBTQIA+

O’Donoghue explicó que entre las personas afectadas hay integrantes de entre 70 y 80 años que vivieron episodios históricos de persecución contra la diversidad sexual.

A su juicio, el ataque produjo un efecto expansivo porque muchas de esas personas sienten que vuelven a atravesar experiencias de exclusión y amenaza.

La dirigente indicó que uno de los miembros de su organización se había mudado a Tucson desde Colorado Springs, ciudad marcada por el ataque de 2022 en un club nocturno gay que dejó cinco muertos.

También recordó que otros residentes llegaron desde Florida después de la masacre de Pulse, en Orlando, donde en 2016 murieron 49 personas y otras 53 resultaron heridas.

La alcaldesa de Tucson, Regina Romero, definió lo ocurrido como “un ataque directo y devastador contra nuestra comunidad LGBTQ+” y como otro acto de violencia armada sin sentido.

En un video publicado en Facebook, calificó el episodio como “otro recordatorio doloroso de que el odio sigue muy extendido en nuestro país”.

La policía reforzó la presencia en otros locales de la zona

Tras el ataque, la Policía de Tucson señaló que no existe una amenaza activa conocida para la comunidad. Aun así, dispuso un refuerzo de presencia en otros comercios y espacios amigables con la diversidad en la región.

En paralelo, varias organizaciones, entre ellas Tucson Queerstory, Southern Arizona Senior Pride y la Southern Arizona AIDS Foundation, convocaron a una vigilia con velas para la noche de este miércoles en un parque local.

La actividad busca rendir homenaje a Siqueiros y Capara en una ciudad que todavía procesa el alcance de lo ocurrido.

Las imágenes registradas por transeúntes muestran al sujeto descendiendo del vehículo sin grilletes ni otra limitación visible de movimiento. Tras abrir la puerta, corrió en dirección contraria a la marcha del patrullero, mientras dos efectivos bajaron de la unidad e intentaron alcanzarlo entre la multitud.

El jefe de la Región Policial Junín, general PNP César Calero, confirmó posteriormente que el intervenido fue recapturado a unas dos cuadras del lugar. La autoridad también reconoció que se produjo un error y anunció un proceso administrativo contra dos policías de la comisaría de Huayucachi, quienes participaron en la intervención.

Hombre aprovechó la congestión de una comparsa para escapar del patrullero

El incidente ocurrió cuando el patrullero circulaba por la zona de la bajada de El Tambo y tuvo que reducir la velocidad debido a la presencia de una comparsa escolar. Según la versión proporcionada por la Policía Nacional, los agentes se encontraban realizando un traslado cuando se encontraron nuevamente con una actividad que ocasionaba congestión en la vía.

En ese momento, el intervenido aprovechó que la unidad avanzaba a baja velocidad para abrir la puerta y salir corriendo. Las imágenes muestran que el hombre descendió del patrullero y emprendió la fuga por la calle, mientras dos policías reaccionaron y fueron detrás de él para intentar detenerlo.

El general César Calero señaló que la recaptura se produjo aproximadamente dos cuadras después del punto donde ocurrió la fuga. El intervenido fue trasladado nuevamente a la comisaría de Huayucachi, donde se realizó su identificación y las verificaciones correspondientes.

Escapó sin grilletes de un patrullero: esta es la explicación de la Policía sobre su intervención

De acuerdo con la explicación del jefe de la Región Policial Junín, el patrullero regresaba de Hualhuas, donde se había realizado un reconocimiento médico-legal, cuando una ciudadana alertó a los agentes sobre un hombre que mostraba una actitud sospechosa durante la comparsa y que presuntamente podía intentar sustraer celulares u otros objetos.

Los efectivos ubicaron al hombre señalado por la ciudadana y procedieron a realizarle un control de identidad, debido a que, según Calero, no portaba su documento nacional de identidad. El general sostuvo que inicialmente no se trataba de una intervención por flagrancia delictiva, por lo que los agentes decidieron no colocarle grilletes.

Tras su recaptura, el intervenido fue identificado como Joel César Condori Huicho, de 26 años. El jefe policial sostuvo que el hombre contaba con hasta 15 antecedentes policiales, aunque precisó que, al realizar las verificaciones, no registraba requisitoria vigente ni requerimientos judiciales. Por ese motivo, indicó que fue puesto en libertad una vez concluido el procedimiento de identificación.

Dos policías afrontan investigación tras la fuga en Huancayo

El escape también abrió un cuestionamiento sobre el protocolo empleado durante el traslado. El general César Calero reconoció públicamente que existió un error y confirmó que dos policías de la comisaría de Huayucachi afrontan un proceso administrativo disciplinario para determinar las responsabilidades correspondientes.

La autoridad policial evitó adelantar una sanción y señaló que los agentes tienen derecho a presentar sus descargos y ejercer los mecanismos de defensa establecidos por ley. La investigación deberá determinar las circunstancias en las que el intervenido pudo abrir la puerta de la unidad y abandonar el patrullero durante el desplazamiento.

Calero también informó que la Policía Nacional inició acciones de capacitación y reentrenamiento para su personal. Según explicó, estas jornadas buscan reforzar las instrucciones relacionadas con la intervención y traslado de personas, así como evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

Las autoridades confirmaron la captura de un hombre señalado de atacar en distintas ocasiones a residentes y transeúntes del barrio Santa Bárbara, en el norte de Bogotá.

Se trata de un individuo conocido como “el hombre de rastas”, que llegó a atemorizar a los ciudadanos entre las carreras 15 y la autopista Norte. De hecho, el reporte más reciente fue una agresión con un arma blanca a un adulto mayor, el 25 de agosto de 2026, en la avenida calle 127.

Un reporte conocido por El Tiempo indicó que la víctima caminaba con su hija hacia la estación de Transmilenio cuando, de acuerdo con el relato de la familiar, fue atacada sin mediar discusión por un hombre alto, moreno y con rastas.

El adulto mayor sufrió una herida en el pecho y recibió atención médica. Su hija afirmó que un Holter, dispositivo de monitoreo cardíaco que llevaba puesto, recibió parte de los impactos.

La Policía informó al medio que el primer procedimiento contra el hombre ocurrió el 15 de diciembre de 2025 en la calle 125 con carrera 19, luego de que presuntamente agrediera en el rostro a un ciudadano. El 30 de enero de 2026 fue detenido en la calle 140 con carrera 18, en el barrio Cedritos, por un caso en el que otro transeúnte resultó lesionado en el cuello.

La tercera captura se registró el 27 de febrero de 2026, en la calle 134 con carrera 19, por una agresión que afectó el oído izquierdo de una persona.

La institución también reportó una cuarta detención en la calle 122 con carrera 20 por lesiones con un objeto contundente, aunque la información entregada presenta una inconsistencia sobre la fecha de ese procedimiento, según informó el medio.

Los hechos relacionados por las autoridades se concentran entre las calles 122 y 140, en inmediaciones de las carreras 18, 19 y 20. La agresión denunciada por la familia ocurrió en esa misma zona, frente a la iglesia cristiana Confraternidad y cerca del centro comercial Unicentro.

Según la Policía, el hombre recuperó la libertad después de cada una de las cuatro capturas. No se conocen, hasta ahora, las decisiones judiciales que explican las condiciones en que recuperó la libertad en esos casos.

Sin embargo, se conoce que la agresión del 25 de agosto aún no tiene una atribución judicial formal. La familia de la víctima señaló al medio que ha tenido dificultades para instaurar la denuncia y pidió a las autoridades atender el caso ante el temor de que se registren nuevos ataques contra peatones en el sector.

Diez hombres simularon un operativo y golpearon a un adulto mayor en Engativá

Un grupo de al menos diez hombres encapuchados habría ingresado con engaños a una vivienda del barrio Tabora, en la localidad de Engativá, y golpeado a un adulto mayor.

Según la denuncia de sus familiares en redes sociales, los atacantes se presentaron como funcionarios de la Empresa de Acueducto y agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron cuando uno de los hombres, que llevaba prendas con logotipos alusivos a la empresa de servicios públicos, pidió acceso al inmueble bajo el argumento de realizar una supuesta visita técnica. Una vez dentro de la vivienda, el grupo atacó al hombre, quien sufrió lesiones en la cabeza y el rostro.

La familia indicó que la cantidad de personas que participó en la incursión y la violencia empleada generaron temor sobre un posible intento de secuestro. Esa hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades.

Los atacantes huyeron cuando llegaron allegados de la víctima. Uno de ellos se dirigió a un CAI cercano para pedir ayuda, mientras el adulto mayor recibió atención por las heridas que sufrió.

Los familiares solicitaron a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación investigar el caso, identificar a los responsables y revisar las cámaras de seguridad del sector.

El ataque ocurrió en uno de los sectores más transitados del mundo, en plena tarde de un lunes, ante decenas de testigos.

La víctima, Erin Piacenti, era abogada de formación y ejercía como vicepresidenta de selección de negocios y conflictos en Bank of America, una de las entidades financieras más grandes de Estados Unidos.

Piacenti se había graduado de la Universidad de Pensilvania en 2016 y de la Escuela de Derecho Fordham en 2021.

Trabajaba en Nueva York y residía a menos de una hora de la ciudad. La agresión que le provocó la muerte fue perpetrada por una mujer con antecedentes documentados de trastornos mentales que atacó a dos transeúntes al azar en el corazón de Manhattan.

Piacenti había celebrado su segundo aniversario de casada el 10 de agosto, de acuerdo con publicaciones revisadas por medios locales.

Ese dato sumó un costado personal a una historia que provocó conmoción dentro y fuera de Nueva York.

La atacante sacó cuchillos de una bolsa de Target y arremetió en segundos

El ataque tuvo lugar el lunes por la tarde, alrededor de las 4:24 p.m., cerca de la intersección de la calle 41 Oeste y la Séptima Avenida, tal como informó Reuters.

La agresora, identificada como Pamela Cisneros, de 49 años y residente en el barrio de Queens, extrajo dos cuchillos de cocina de una bolsa roja de Target y comenzó a atacar personas sin mediar provocación.

Su primera víctima fue un hombre de 68 años, identificado como Tak Kam, de Rhode Island, que recorría el área junto a su esposa de regreso a casa tras visitar a su hijo en Brooklyn. Cisneros le clavó un cuchillo en el costado. Apenas 20 segundos más tarde, avanzó una cuadra hacia el norte y atacó a Piacenti, también en el abdomen.

Piacenti fue trasladada de urgencia a un hospital, donde fue declarada muerta poco después del ataque. Kam ingresó en el Hospital Bellevue en estado crítico pero estable, afirmó la Policía de Nueva York (NYPD).

La comisionada del NYPD descartó cualquier vínculo con el terrorismo

La comisionada Jessica Tisch calificó el ataque como “aleatorio e imprevisto” y descartó cualquier conexión con actos terroristas. Los cuchillos fueron recuperados en la escena del crimen.

Tras agredir a las dos víctimas, Cisneros continuó por la Séptima Avenida hasta encontrarse con agentes del NYPD en el tramo comprendido entre las calles 42 y 43.

Los oficiales le ordenaron durante aproximadamente cuatro minutos que soltara las armas. Ella se negó. “No voy a soltar nada. Preferiría matarlos a los dos”, les dijo a los agentes, tal como recogió NBC News.

Los oficiales aplicaron una pistola eléctrica, que no tuvo efecto. Ante el avance de Cisneros hacia los agentes con los cuchillos en mano, dos de ellos abrieron fuego. La mujer fue trasladada al hospital, donde murió.

El NYPD tenía registro de la sospechosa desde 2018

El NYPD contaba con antecedentes documentados de trastornos de salud mental en el expediente de Cisneros que databan de 2018 y 2019, aseguró la fuerza policial. No registraba historial criminal previo.

Un testigo presente en la escena relató a la policía que Cisneros se acercó a las víctimas con los cuchillos en alto antes de atacarlas sin que mediara ninguna interacción previa. La agresión fue descrita por las autoridades como completamente aleatoria.

Bank of America emitió un comunicado oficial tras conocerse la muerte de su empleada. “Estamos consternados y profundamente entristecidos por esta pérdida. Era una compañera muy valorada y será enormemente extrañada. Nuestros corazones acompañan a su familia y a todos sus seres queridos”, afirmó el vocero John Yiannacopoulos.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que el tiroteo fue captado por las cámaras corporales de los oficiales involucrados y que el video será publicado en una fecha posterior. La investigación permanece abierta, informó el NYPD.

Los homicidios mantienen una tendencia a la baja en Honduras, pero las muertes provocadas por accidentes de tránsito avanzan en dirección contraria y se convierten en una de las principales alertas planteadas a las autoridades de Seguridad.

Los últimos datos presentados ante el Congreso Nacional reflejaron una reducción de 5,4% en la tasa de homicidios entre julio de 2025 y julio de 2026, junto con descensos en las muertes violentas de mujeres y los casos de masacres.

De acuerdo con las cifras expuestas, las muertes violentas de mujeres disminuyeron 9,8%, mientras que las masacres registraron una reducción del 30% durante el mismo período sostiene autoridades de seguridad en Honduras.

Los fallecimientos provocados por accidentes aumentaron 3,7%, una situación que llevó a los diputados a plantear la necesidad de fortalecer las medidas para hacer cumplir la Ley de Tránsito.

El diputado Kilvett Bertrand, encargado de la comisión de seguridad del Congreso Nacional, señaló que este incremento debe ser atendido desde el Poder Legislativo mediante medidas que permitan elevar el cumplimiento de las normas viales.

“Tenemos que buscar la manera desde el Congreso Nacional de cómo encrudecemos las leyes para que se aprenda a respetar la Ley de Tránsito”, manifestó Bertrand.

Informes y resultados

Durante el encuentro con la junta directiva y los jefes de bancada del Congreso Nacional, las autoridades de Seguridad también abordaron las preocupaciones expresadas por la población sobre la criminalidad y la percepción de inseguridad.

Según los datos presentados por las autoridades, 101 municipios registran cero homicidios, mientras otros 67 mantienen una baja incidencia.

El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, explicó, que asumió el cargo sin un proceso de transición y con una deuda aproximada de 3.000 millones de lempiras.

Entre las acciones desarrolladas por la institución se destacó además la recuperación de unos 300 vehículos que estaban asignados a funcionarios públicos y que fueron incorporados posteriormente a las labores de patrullaje.

El viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, reconoció que las autoridades recibieron durante la reunión los reclamos y cuestionamientos relacionados con la situación de seguridad que enfrenta el país.

Martínez sostuvo que uno de los objetivos de la institución es recuperar la confianza de la ciudadanía y mejorar la percepción sobre la seguridad y la convivencia en comunidades, aldeas y pueblos.

El funcionario aseguró que existe disposición para escuchar las críticas y revisar las acciones institucionales a partir de las condiciones que enfrenta actualmente la población.

La postura de las autoridades

Por su parte, el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, afirmó que cerca del 90% de los municipios hondureños presentan condiciones de seguridad que, según su valoración, pueden compararse con estándares de países desarrollados.

El jefe policial reconoció, sin embargo, que existe un grupo de municipios con mayores niveles de violencia letal y que requiere el fortalecimiento de las capacidades de seguridad e investigación.

Oseguera Mass también llamó a evitar prácticas que, según indicó, estuvieron relacionadas con deficiencias de la Policía en años anteriores y defendió la necesidad de que los agentes cumplan sus funciones con profesionalismo y ética.

El director policial aseguró además que la Dirección Policial de Investigaciones mantiene altos niveles de efectividad en los casos de violencia letal en los que interviene, de acuerdo con los estándares establecidos por la institución.

Mientras las autoridades buscan sostener la reducción de los asesinatos y fortalecer la presencia policial en los municipios con mayor incidencia, el Congreso Nacional analiza la posibilidad de impulsar nuevas medidas para aumentar el cumplimiento de las normas de tránsito.

El lunes por la tarde, Times Square fue escenario de un ataque con armas blancas que dejó una mujer muerta, un hombre hospitalizado y la agresora abatida por la policía tras negarse a soltar los cuchillos con los que había llevado adelante la agresión.

El episodio ocurrió en plena Séptima Avenida, en el corazón de Manhattan, y generó pánico entre turistas y transeúntes que evacuaron la zona mientras los agentes intervenían.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó los fallecimientos en una conferencia de prensa nocturna junto a la comisionada de la Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch.

Ambos funcionarios defendieron la actuación de los agentes y anunciaron que el episodio quedó registrado en las cámaras corporales de los uniformados, cuyas imágenes serán difundidas según el procedimiento estándar.

Los dos apuñalamientos ocurrieron en 20 segundos y en menos de media cuadra

Según Tisch, las llamadas al 911 llegaron a las 4:24 p.m. del lunes, cuando vecinos y transeúntes advirtieron que una mujer armada con dos cuchillos atacaba personas en la Séptima Avenida.

De acuerdo con el relato policial recogido por Reuters, la agresora abordó primero a un hombre de 68 años que acababa de salir del subte y aguardaba junto a su esposa para cruzar en la esquina de la calle 41 Oeste; lo apuñaló en el abdomen.

Segundos después, continuó hacia la calle 42 y atacó del mismo modo a una mujer de 39 años, quien luego murió a causa de las heridas.

Tisch calificó la agresión de “doble apuñalamiento sin provocación” y descartó que se trate de un acto de terrorismo, según informó AP.

La agresora sacó los cuchillos de una bolsa roja de supermercado

Las autoridades identificaron a la atacante como Pamela Cisneros, de 49 años, residente del distrito de Queens.

De acuerdo con la comisionada Tisch, citada por el New York Post, un testigo vio a Cisneros sacar dos cuchillos de gran tamaño de una bolsa roja de la cadena Target antes de abordar a sus víctimas.

La NYPD difundió el lunes una fotografía de las armas recuperadas en el lugar. Cisneros tenía antecedentes documentados de salud mental en registros del departamento, con incidentes registrados en 2018 y 2019, aunque nunca había sido arrestada, precisó Tisch.

Los agentes intentaron negociar durante cuatro minutos antes de disparar

Según el relato policial recogido por Reuters, los agentes encontraron a Cisneros en la Séptima Avenida entre las calles 42 y 43 y mantuvieron un intercambio verbal con ella durante aproximadamente cuatro minutos, en los que le ordenaron repetidamente que soltara las armas.

La mujer se negó. “No voy a soltar nada. Prefiero matar a los dos. Los voy a matar”, fue la respuesta que Cisneros les dio a los uniformados, según declaró Tisch en la conferencia de prensa.

Ante su avance con los cuchillos, varios agentes activaron sus pistolas eléctricas, que resultaron ineficaces. Dos oficiales dispararon entonces sus armas reglamentarias e hirieron a Cisneros, quien fue trasladada al centro médico, donde murió.

Mamdani y Tisch defendieron el uso de la fuerza letal y confirmaron que hay una investigación interna en curso, de acuerdo con AP.

Las autoridades aún mantienen en reserva algunos datos

Ambas víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue. La NYPD no informó públicamente sus identidades, a la espera de notificar a los familiares, según precisaron las autoridades.

El hombre de 68 años permanecía internado en condición estable al momento de los últimos informes conocidos.

La Justicia de Nuevo México acusó de homicidio a Ervin Joaquin Gutierrez, de 22 años, por la muerte de su primo Nathaniel Cavazos en Albuquerque, en un caso que tomó notoriedad por la secuencia reconstruida por los investigadores y por el origen de la disputa dentro de una reunión familiar.

Documentos judiciales citados por NBC News señalan que el episodio se desató durante una comida entre parientes, avanzó hacia un enfrentamiento físico y terminó con disparos en un complejo de departamentos la noche del 27 de agosto.

La acusación se apoya en la declaración de un testigo presencial, un mensaje enviado después del ataque y otros elementos incorporados al expediente.

Gutierrez quedó detenido y permanece bajo custodia con un cargo abierto de homicidio, tal y como reflejan los registros carcelarios.

Una cena familiar que terminó en un tiroteo

De acuerdo con el testimonio de un primo de ambos hombres, los tres pasaron parte de la tarde juntos. Compraron alimentos, regresaron al departamento y prepararon enchiladas verdes. Durante la reunión también consumieron alcohol, aseguró el testigo ante la Policía de Albuquerque.

La tensión apareció durante la comida. Gutierrez sostuvo varias veces que el chile de su plato estaba más picante que el que tenía Cavazos.

La víctima respondió que todos habían comido la misma preparación y que el nivel de picante debía ser igual, afirmó el familiar en declaraciones recogidas por NBC News.

La discusión avanzó después de que ese mismo primo propusiera salir a caminar con su perro para calmar el ambiente. La idea no surtió efecto. La disputa derivó en una pelea a golpes entre los dos hombres.

El relato del testigo y la acusación de homicidio

La declaración incorporada a la orden judicial indica que Cavazos golpeó a Gutierrez y le provocó una lesión que lo dejó sangrando. Después de ese episodio, Cavazos comenzó a alejarse del lugar. Ese punto ocupa un lugar central en la acusación.

El testigo aseguró que, en ese momento, Gutierrez sacó un arma de fuego y disparó entre tres y cuatro veces. También afirmó que la víctima estaba a unos tres metros de distancia cuando recibió los disparos. Los impactos alcanzaron a Cavazos por la espalda, tal y como figura en el expediente citado por NBC News.

Antes de abrir fuego, el acusado le habría dicho a su primo una frase que los investigadores incorporaron a la causa. “¡Somos familia! ¡Somos familia! ¿Cómo pudiste hacerme esto?”, le gritó, tal y como relató el testigo ante la Policía en una versión reproducida por NBC News.

Los agentes encontraron a Cavazos poco antes de las 23.00 sobre una pasarela entre edificios del complejo habitacional. Estaba inconsciente, tendido en un charco de sangre, y presentaba al menos una herida de bala. Murió por esas lesiones, indicó la orden de arresto.

Qué dijo el acusado y qué halló la policía

Tras el tiroteo, Gutierrez escapó del lugar, afirmó la investigación. Más tarde, la Policía revisó un mensaje de Snapchat que el sospechoso le habría enviado al testigo.

“¿De verdad está muerto? No quería matarlo, pero no quería que me matara a mí”, escribió el acusado, según el mensaje citado por NBC News.

Esa comunicación quedó incorporada como uno de los elementos de prueba evaluados por los investigadores.

La pesquisa también sumó otro dato relevante. Los agentes hallaron una pistola que pertenecía a Cavazos a unos 9 metros de su cuerpo.

El documento judicial no indica que la víctima la tuviera consigo al momento de recibir los disparos.

La detención de Ervin Joaquin Gutierrez ocurrió el viernes por la tarde. Después fue trasladado al Centro de Detención Metropolitana, donde quedó registrado poco después de la medianoche del sábado.

El juicio por el crimen de Tupac Shakur entró en una etapa decisiva en Las Vegas, donde este lunes comenzaron los alegatos finales contra Duane “Keffe D” Davis, el único acusado por el asesinato del rapero en 1996.

ABC News informó que la fiscalía sostiene que el imputado admitió varias veces su papel en el ataque, mientras la defensa asegura que esas declaraciones fueron falsas.

La causa deja al jurado ante una definición clave. Debe establecer si Duane Davis dijo la verdad cuando relató su supuesta participación en el homicidio o si inventó esa historia para obtener dinero y notoriedad.

Davis se declaró inocente y enfrenta una posible pena de cadena perpetua si resulta condenado, afirmó ABC News.

Qué sostiene la acusación

Los fiscales aseguraron que Davis no disparó, pero lo ubicaron como el hombre que ordenó el ataque y facilitó el arma usada en el tiroteo.

La acusación lo presentó como un referente de una pandilla de Compton y como la persona que impulsó la represalia después de una pelea previa en el hotel MGM Grand.

ABC News detalló que la fiscalía atribuye el móvil a una venganza por la golpiza que Tupac Shakur y otras personas le dieron a Orlando Anderson, sobrino de Davis, pocas horas antes del ataque. Ese episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y ocupa un lugar central en la reconstrucción del caso.

Durante el juicio, los fiscales apoyaron buena parte de su exposición en entrevistas policiales, declaraciones públicas y pasajes del libro autobiográfico de Davis.

En esos materiales, el acusado describió que él y su grupo se cruzaron con el auto en el que viajaban Shakur y Marion “Suge” Knight y abrieron fuego desde un Cadillac blanco.

Ante el jurado también apareció una frase en la que Davis dijo que el grupo “tuvo suerte” y se encontró con sus objetivos esa noche.

En otra declaración, recogida por ABC News, afirmó que su sobrino pidió el arma y comenzó a disparar.

La estrategia de la defensa

La defensa intentó desarmar ese eje con un planteo directo. El abogado de Davis sostuvo que todas esas confesiones fueron inventadas. También afirmó que la policía construyó el caso sobre los dichos de un hombre propenso a exagerar y necesitado de atención pública.

El letrado remarcó ante el jurado que no existe una prueba material que ubique a Davis dentro del vehículo desde el que partieron los disparos. También cuestionó la solidez de los documentos presentados por la fiscalía para demostrar que el acusado estuvo en la ciudad la noche del crimen.

Entre esos elementos aparece un comprobante de un casino del hotel Monte Carlo hallado en un allanamiento de 1996.

La acusación lo mostró como una pieza que respalda el relato de Davis sobre su presencia en la ciudad. La defensa replicó que ese papel no permite establecer con claridad la fecha a la que corresponde, aseguró ABC News.

Un caso marcado por el tiempo y el silencio

La investigación arrastra problemas que exceden la disputa entre fiscales y defensores. El paso de los años deterioró recuerdos, redujo la cantidad de testigos disponibles y dejó un expediente con vacíos difíciles de cubrir.

Un detective declaró que miles de armas fueron analizadas sin encontrar coincidencias con las vainas recuperadas en la escena del crimen, tal y como reprodujo ABC News.

A ese cuadro se sumó el llamado “código de la calle”, al que varios testigos aludieron durante el juicio para explicar por qué nadie quiso colaborar con la policía. Uno de ellos dejó una frase contundente ante el tribunal: “No quiero mandarlo a prisión”, dijo sobre Davis, pese a reconocer que no mantenía una buena relación con él.

La coordinación entre agencias policiales también quedó bajo cuestionamiento. Un testimonio indicó que cuando Davis habló con investigadores en 2008 bajo una promesa de inmunidad, las autoridades del caso no recibieron esa información a tiempo.

Ese desorden demoró el avance judicial y alimentó dudas sobre el manejo del expediente.

El jurado deberá resolver ahora si los relatos del acusado fueron una ficción o la base más firme que tiene la fiscalía para probar el asesinato de Tupac Shakur.

La definición llegará con un expediente que todavía combina declaraciones explosivas, escasa evidencia material y preguntas sin respuesta.

El arranque de Keenan Allen en los Indianapolis Colts quedó marcado por un problema judicial antes del comienzo de la temporada.

El receptor quedó detenido en Indianápolis y el caso alteró los primeros días de una incorporación de peso para la franquicia, que lo había firmado menos de dos semanas antes, informó CBS News.

La causa quedó abierta con cargos preliminares por operar un vehículo en estado de ebriedad y por poner en peligro a otra persona.

El expediente avanzará ahora en la Fiscalía del Condado de Marion, que deberá resolver si presenta una acusación formal, aseguró CBS News.

El procedimiento comenzó a la 1 de la madrugada del domingo a partir de una infracción de estacionamiento en el centro de la ciudad.

Cuando los agentes hablaron con Allen, detectaron indicios de ebriedad y ampliaron la intervención.

Las autoridades no informaron si había otras personas dentro del vehículo, de acuerdo con el reporte del medio estadounidense.

La causa quedó a la espera de una definición judicial

El reporte de CBS News agregó que una acusación de este tipo requiere un nivel de alcohol en sangre de 0,08 o superior.

Ese umbral funciona como referencia legal en Estados Unidos para este tipo de expedientes.

El episodio abrió un problema para la franquicia

El arresto impactó en un tramo sensible del calendario. Allen se incorporó a los Colts con un contrato por un año en la parte final de la preparación para la nueva campaña de la NFL, tal y como informó AP. El episodio apareció así en pleno proceso de adaptación del receptor dentro del equipo.

Horas antes del arresto, el sábado, Allen había participado del partido de pretemporada frente a los Detroit Lions. En ese encuentro registró una recepción de 24 yardas (21,9 metros), detalló AP. La cercanía entre su estreno deportivo y el episodio policial amplificó la repercusión del caso.

“Estamos al tanto del incidente que involucró a Keenan Allen anoche”, indicó la franquicia de Indianápolis en una declaración recogida por CBS News.

Además, añadieron que “están en proceso de reunir más información y no harán más comentarios por el momento”.

El jugador llegó con una carrera consolidada

Antes de su desembarco en Indianápolis, Allen había construido una trayectoria extensa en la liga. El receptor disputó 12 temporadas con Los Angeles Chargers y luego jugó una campaña con los Chicago Bears.

Su firma con los Colts abrió una nueva etapa en su decimocuarta temporada como profesional.

La temporada pasada cerró con 81 recepciones, 777 yardas (710,5 metros) y cuatro touchdowns en 17 partidos, consignó AP.

Además, ocupa el puesto 13 en la historia de la NFL en recepciones, con 1.055, un dato que ayuda a dimensionar el peso de su nombre dentro de la liga.

A lo largo de su recorrido en la NFL, Allen recibió seis selecciones al Pro Bowl, una marca que lo ubicó entre los receptores más reconocidos de su generación. Ese antecedente ayuda a entender la atención que recibió el arresto más allá del mercado local.

Hasta que exista una decisión formal, el caso permanecerá abierto y el equipo evitará ampliar su postura pública.

Un tiroteo dejó a un policía muerto y herido a otro en Columbia, Carolina del Sur, tras una intervención por una denuncia de violencia doméstica que derivó en el enfrentamiento armado con el sospechoso, quien también falleció.

La víctima mortal fue Christopher DeLong, un agente de 29 años que integraba el departamento desde hacía dos años. El jefe de la Policía de Columbia, W.H. “Skip” Holbrook, confirmó en una rueda de prensa realizada el sábado 29 de agosto que, el uniformado murió por las heridas sufridas en el intercambio de disparos.

Cómo se desarrolló el operativo policial

El hecho ocurrió después de que una mujer llamara a la policía cerca de las 9:30 para denunciar que un hombre contra el que tenía una orden de restricción estaba causando daños en su vivienda.

De acuerdo con la reconstrucción de ABC News, los agentes acudieron al lugar, constataron que el sospechoso ya no estaba allí y recibieron una descripción física, su nombre y los datos del vehículo.

Según informó Associated Press, DeLong había llegado con rapidez a la casa desde donde se había hecho la denuncia inicial. Ahí supo que el hombre señalado se había marchado antes de la llegada de la patrulla. La mujer entregó a los agentes la información necesaria para intentar localizarlo.

Cerca de las 10:30, el oficial dejó ese primer escenario y minutos después, inició un aviso por una persona sospechosa al observar a un hombre junto a un vehículo que coincidía con la descripción obtenida, indicó el jefe Holbrook.

El segundo agente involucrado fue David Dymock. El policía acudió a la zona de un parque público como refuerzo y, poco después, comunicó por radio que los oficiales habían sido alcanzados por disparos y que el sospechoso estaba en el suelo.

La agencia AP señaló que, tras el tiroteo, el agente herido fue hospitalizado y quedó en condición estable.

Quiénes eran el oficial fallecido y el sospechoso

Holbrook describió la muerte de Christopher DeLong como un golpe para toda la fuerza local. En declaraciones durante la conferencia de prensa, el jefe policial aseguró: “Nuestros corazones están rotos esta noche”. También pidió apoyo para el departamento en medio de la conmoción por la pérdida.

La esposa del agente publicó un mensaje en redes sociales en el que definió a DeLong como el “mejor papá para sus bebés” y afirmó que estaba “viviendo una pesadilla”. Debido a que el efectivo tenía dos niños pequeños.

Tras la conferencia de prensa del sábado por la tarde, Holbrook y otros funcionarios acompañaron una procesión desde el hospital.

Por otra parte, el sospechoso fue identificado como Adam Tyler Dowdy, residente de Prosperity. Holbrook sostuvo que el hombre acumulaba antecedentes en al menos cuatro estados y que había afrontado cargos por alteración del orden, desacato, intoxicación en la vía pública, posesión de sustancias controladas y violaciones de libertad condicional.

El medio local WVLT detalló en que Dowdy tenía un historial criminal extenso, puesto a que esos antecedentes abarcaban Carolina del Sur, Kentucky, Wisconsin y Georgia, un dato que aportó más contexto sobre el perfil del hombre señalado por las autoridades como protagonista del tiroteo.

La investigación quedó en manos de otra agencia estatal

La investigación del caso pasó a la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur (SLED, por sus siglas en inglés). Holbrook evitó responder preguntas durante su comparecencia pública y se limitó a indicar que ese organismo sería el encargado de revisar lo ocurrido en el lugar del tiroteo.

Un portavoz de la agencia confirmó en algunos medios estadounidenses que la pesquisa seguirá abierta. A su vez, WVLT añadió que también colaboraba la oficina del sheriff del condado de Richland.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron detalles adicionales sobre la mecánica exacta del intercambio de disparos ni sobre cuántos tiros se efectuaron en el lugar.

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, confirmó a través de su cuenta de X que el esquema de seguridad de su familia fue reemplazado tras las alertas por una supuesta infiltración en el equipo de protección.

El cambio se realizó este viernes, 28 de agosto de 2026, luego de que la Fiscalía General de la Nación informó sobre posibles colaboraciones entre miembros del esquema y personas señaladas en la investigación por el atentado contra el congresista asesinado.

Tarazona comunicó la novedad y agradeció el respaldo de la Policía Nacional y de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Además, ratificó que la medida obedeció a una orden del ente investigador.

También aseguró que, pese a la situación, está convencido de que la mayoría del personal de la entidad cumplió su labor con integridad y profesionalismo.

“El día de hoy, el esquema de seguridad de mi familia ha sido cambiado. Le doy las gracias a cada uno de los policías y miembros de la UNP que, con entrega y valentía, me acompañaron el último año. Los hechos que anunció recientemente la Fiscalía nos obligan a tomar estas medidas, aun sabiendo que la inmensa mayoría de los funcionarios son hombres y mujeres excepcionales. Gracias a la @PoliciaColombia y a la Unidad De Protección Nacional”.

La decisión se adoptó después de que la Fiscalía revelara, a partir de testimonios y videos, que algunos integrantes del dispositivo de seguridad habrían suministrado información sobre los movimientos de Uribe Turbay antes del magnicidio.

La información del ente de control es que un menor de edad que participó en la logística del atentado relató que “el escolta del senador” daba datos a quienes planificaron el ataque. La información fue respaldada por grabaciones en las que se observa comunicación directa entre los sospechosos y uno de los escoltas, según conoció Semana.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa las investigaciones para establecer la veracidad de los hechos y determinar la identidad de la persona que habría facilitado información a los responsables del magnicidio.

El ente investigador indaga la presunta colaboración de dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que habrían mantenido contacto con Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, señalado como enlace de la organización criminal Segunda Marquetalia, sindicada de participar en la planeación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Según las investigaciones, los teléfonos de los escoltas y de alias El Viejo coincidieron en dos ocasiones: el 29 de enero de 2025 en el barrio Modelia, y a comienzos de abril de 2025 cerca del Congreso de la República.

Tarazona había desmentido cambio de esquema previo

El 22 de agosto se comunicó el cambio de cuerpo de seguridad de la familia Uribe Turbay; sin embargo, María Claudia Tarazona afirmó que el esquema de seguridad asignado a su familia permanecía sin cambios.

Ese día, en un mensaje público, Tarazona manifestó que ningún miembro del Gobierno nacional se había comunicado con ella y que sus solicitudes de revisión del esquema no habían recibido respuesta.

En su declaración, María Claudia Tarazona sostuvo: “La Fiscalía ha dado a conocer que el esquema de seguridad que hoy tiene asignado mi familia, presuntamente, está infiltrado. Algunos de sus integrantes habrían, presuntamente, colaborado suministrando información para el magnicidio de mi esposo Miguel Uribe Turbay. A la fecha, el esquema no ha sido cambiado”. Agregó que ha insistido ante las autoridades por diferentes medios, incluyendo cartas y peticiones oficiales, pero no ha recibido respuesta.

Tras ese mensaje, el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, aseguró en su cuenta de X que “la información que se ha conocido sobre la presunta complicidad o cercanía de miembros del esquema de Miguel Uribe con sus asesinos es muy preocupante. Esto debe investigarse hasta las últimas consecuencias. Nos preocupa profundamente la infiltración del crimen en la @UNPColombia”, precisó el jefe de la cartera.

Las imágenes difundidas por el medio muestran a la mujer acercándose a los exhibidores y aprovechando un descuido del trabajador para tomar diferentes piezas. Luego, guardó los artículos mientras continuaba recorriendo el establecimiento, sin advertir que sus movimientos estaban siendo registrados por las cámaras.

De acuerdo con el comisario de Miraflores, Mario Bonillas Bellon, al momento de revisar la cartera de la intervenida se encontraron numerosos productos. “Hemos tenido una importante captura, justamente esta modalidad muy recurrente en la zona, que son estos tenderos que hurtan productos de diferentes tiendas por departamento”, declaró a Panamericana.

Así operaba ‘Rubí’

Según Bonillas, alias ‘Rubí’ habría utilizado su cartera para ocultar los productos y luego intentó pasar desapercibida al momento de pagar. La Policía encontró en su poder cadenas, anillos, aretes y otras piezas de bisutería, cuyo valor fue estimado entre S/800 y S/1.000.

“Estuvo el hurto de un promedio de casi ochocientos soles a mil soles en lo que es bisutería. Joyas, cadenas, alhajas. Todo lo metía o lo introducía a su cartera para que, de esta forma, quería pasar desapercibida”, explicó el comisario.

Las imágenes mostradas por Panamericana registraron el momento en que la mujer seleccionaba las piezas y las colocaba entre sus pertenencias. La intervención se produjo luego de que el personal detectara el contenido que llevaba en su cartera.

Robos recurrentes en Miraflores

El caso de alias ‘Rubí’ se enmarca en una modalidad que, según la Policía, se presenta con frecuencia en establecimientos comerciales del distrito. El comisario indicó que estos hechos son reportados de manera constante en la jurisdicción de Miraflores.

“Mire, más o menos hemos reportado casi semanal un promedio de tres a cuatro veces que se reporta este tipo de hechos. Todos, afortunadamente, con captura de estas personas y, lógicamente, ponemos a disposición de la Fiscalía”, señaló Bonillas.

El jefe policial explicó que los delincuentes emplean diferentes métodos para concretar los hurtos. En algunos casos, actúan en grupos de dos o tres personas, mientras una de ellas distrae a los trabajadores para facilitar la sustracción de los productos.

Bandas llegan a Miraflores para robar

Bonillas sostuvo que la Policía ha detectado grupos que llegan desde otros sectores para recorrer diferentes tiendas del distrito. Según detalló, algunas de estas personas se movilizan en vehículos que utilizan posteriormente para abandonar la zona.

“Incluso hemos detectado bandas que vienen en vehículos como taxi y un grupo de tres, cuatro mujeres que llegan al distrito y salen a diferentes tiendas por departamento para sustraer las prendas y luego llevarlas a este taxi para luego darse a la fuga”, manifestó.

Ante la recurrencia de estos casos, la comisaría de Miraflores mantiene coordinación con empresas y establecimientos comerciales para recibir alertas cuando se detecten posibles robos. “Nosotros ya hemos hecho un sistema con estas empresas para que ante una situación similar nos reporten inmediatamente a la comisaría para hacer la intervención inmediata y poder detenerlas”, explicó.

Productos robados en el mercado negro

Durante la entrevista, el comisario también fue consultado sobre el destino de los productos que son sustraídos de las tiendas. Según su respuesta, estos artículos son posteriormente negociados fuera de los canales comerciales autorizados.

“Definitivamente, todos estos productos que hurtan estas personas, todo lo negocian en el mercado negro”, afirmó Bonillas. El comisario mencionó como ejemplo casos de ropa que son comercializados en espacios donde se ofrecen productos ilícitos.

De acuerdo con lo señalado a Panamericana, estos artículos pueden ser revendidos a precios inferiores a los de las tiendas autorizadas. En el caso de alias ‘Rubí’, la intervención permitió recuperar los productos de bisutería que, según la Policía, habían sido sustraídos del establecimiento.

El agente Óscar Soto sobrevivió a siete balazos en la cabeza tras un ataque ocurrido en la colonia Ermita Zaragoza, en Iztapalapa, mientras realizaba trabajos de investigación sobre probable venta y distribución de narcóticos; después de la agresión, la SSC desplegó un operativo que terminó con la detención de dos hombres de 20 y 28 años.

La agresión ocurrió en el Andador Joaquín Guevara, a la altura del número 11, dentro de una unidad habitacional. El policía de 26 años trabajaba en una operación encubierta cuando dos sujetos que viajaban en una motoneta lo interceptaron y uno de ellos sacó un arma de fuego para dispararle.

Junto al cuerpo del agente quedaron una mariconera, unos audífonos y una placa de policía. Soto cayó boca arriba sobre la banqueta, mientras la sangre salía de la herida en la cabeza.

La SSC detuvo a dos hombres y les aseguró droga y un arma corta

Tras el ataque, compañeros del agente llegaron al sitio y pidieron apoyo médico. Paramédicos trasladaron al oficial inconsciente a un hospital cercano, pero por la gravedad de la lesión un helicóptero Cóndor lo llevó después al Hospital San Ángel Inn Universidad, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

La respuesta policial incluyó un dispositivo de búsqueda y localización de los probables responsables. La SSC realizó el seguimiento con imágenes de las cámaras de videovigilancia del C5 y del C2 Oriente.

Con ese rastreo, personal en campo ubicó a dos hombres cuyas características físicas y vestimenta coincidían con las imágenes obtenidas durante las indagatorias. La localización se dio en la calle Retorno Constitución de Apatzingán, en la misma colonia donde ocurrió la agresión.

A uno de los detenidos le aseguraron 47 envoltorios con una sustancia sólida en piedra con características de cocaína, 35 bolsitas con hierba verde y seca semejante a la marihuana, 19 bolsitas con un material parecido a la metanfetamina, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Al otro hombre le hallaron un arma de fuego corta con nueve cartuchos útiles, 98 dosis de una sustancia similar a la cocaína, 84 envoltorios con aparente marihuana, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. La SSC indicó que ambos estarían posiblemente relacionados con la agresión contra el policía de investigación.

El ataque ocurrió durante indagatorias por denuncias ciudadanas

La corporación precisó que el oficial daba seguimiento a diversas denuncias ciudadanas por la probable venta de droga en esa zona de Ermita Zaragoza. Esa línea explicó por qué el agente se encontraba en labores de investigación al momento en que fue descubierto por los agresores.

El caso mostró el nivel de violencia que enfrentó el uniformado: recibió impactos en la cabeza y aun así alcanzó a ser trasladado con vida. Esa condición sorprendió a los médicos que lo atendieron, debido a la gravedad de las lesiones.

Los detenidos, de 20 y 28 años, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público. Esa autoridad quedó a cargo de definir su situación legal y de continuar la carpeta de investigación correspondiente.

El arma corta asegurada durante la captura fue de calibre 9 milímetros. La detención se produjo como resultado de los trabajos de investigación y seguimiento que la SSC puso en marcha inmediatamente después de la agresión contra Soto.

La colonia Ermita Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa, fue el punto tanto del ataque como de la localización posterior de los sospechosos. Esa cercanía reforzó la línea de investigación sobre su posible participación directa en el atentado contra el agente.

• El policía Óscar Soto, de 26 años, fue atacado a balazos en la cabeza mientras realizaba una investigación encubierta por narcomenudeo en Iztapalapa.

• La SSC detuvo a dos hombres de 20 y 28 años tras revisar cámaras del C5 y del C2 Oriente; a ambos les aseguraron droga, celulares, dinero y a uno de ellos un arma de 9 milímetros.

• El agente fue llevado primero a un hospital cercano y después trasladado en un helicóptero Cóndor al Hospital San Ángel Inn Universidad, donde permaneció en estado delicado.

El peculiar episodio quedó registrado por la cámara que llevaba instalada el conductor de la motocicleta y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde llamó la atención la reacción del motociclista ante la petición del sujeto.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera México-Texcoco, en inmediaciones de Los Reyes La Paz. En las imágenes se observa cómo un hombre con playera blanca, pantalón de cuadros y cabello teñido de rubio se aproxima de manera repentina al motociclista, quien vestía una sudadera amarilla.

El sujeto subió inesperadamente a la parte posterior de la motocicleta y le pidió al conductor que lo ayudara a escapar.

“Llégale, llégale. Me acaban de robar, gordo”, dijo el sospechoso.

Sin embargo, el motociclista decidió no obedecer la petición y evitó convertirse en su medio de escape. Al notar que el hombre ya se encontraba sobre la parte trasera de la unidad, el conductor reaccionó para intentar quitárselo de encima.

Motociclista se niega a ayudarlo

La grabación muestra el momento en que el conductor utiliza un codazo para impedir que el hombre permanezca sobre la motocicleta. La acción ocurrió mientras la persecución continuaba por la carretera.

Instantes después, un policía apareció corriendo detrás del sospechoso. El agente pasó junto al motociclista y realizó un gesto con la mano, aparentemente en señal de agradecimiento por no haber permitido que el hombre utilizara la motocicleta para escapar.

El elemento de seguridad continuó corriendo detrás del individuo mientras el conductor se detenía a un costado de la carretera para intentar comprender lo que acababa de ocurrir.

La escena también llamó la atención de otros automovilistas. Uno de ellos detuvo momentáneamente su marcha y conversó con el motociclista, quien todavía intentaba asimilar la situación en la que había terminado involucrado.

Poco después, el conductor decidió acercarse a un policía para conocer el motivo de la persecución. Fue entonces cuando recibió una explicación sobre la identidad del hombre al que había tenido frente a él apenas unos instantes antes.

El sospechoso había escapado

De acuerdo con la explicación proporcionada por el agente, el hombre era un detenido que había logrado escapar y, por ese motivo, varios elementos de seguridad se encontraban siguiéndolo para volver a ponerlo bajo custodia.

Mientras el policía se retiraba para apoyar al compañero que continuaba con la persecución, el motociclista volvió hacia el sitio donde había ocurrido el encuentro.

Desde ahí pudo observar que el operativo finalmente había tenido éxito y que el sospechoso ya se encontraba nuevamente bajo resguardo policial.

El video terminó convirtiéndose en el testimonio de una persecución poco común, pues el motociclista pasó de circular normalmente por la carretera México-Texcoco a encontrarse cara a cara con un hombre que buscaba utilizar su motocicleta para escapar.

Su negativa evitó que el sospechoso pudiera continuar la huida a bordo de la unidad y permitió que el agente mantuviera el seguimiento hasta alcanzarlo.

Las imágenes también muestran la rápida reacción del conductor, quien, lejos de auxiliar al individuo, consiguió mantener el control de su motocicleta y posteriormente presenció cómo los policías lograban detenerlo.

El caso generó comentarios entre usuarios de redes sociales debido a la peculiar interacción entre el motociclista y el fugitivo, especialmente por la manera inesperada en que el hombre abordó la motocicleta y la respuesta que recibió del conductor.

El incidente del 24 de agosto expuso una tensión real: qué pasa cuando los padres sienten que sus hijos están retenidos y las autoridades insisten en seguir los procedimientos.

Qué pasó en el autobús

El conflicto inició con un problema de comportamiento entre estudiantes a bordo de una unidad del Distrito Escolar Unificado de Calaveras (CCUSD).

El conductor detuvo el autobús sobre la Ruta 49, cerca de Russell Road, y decidió esperar la llegada de la policía antes de permitir que los alumnos bajaran.

Un estudiante de 12 años que viajaba en el vehículo relató a KCRA 3 que la situación se descontroló cuando un compañero saltó por la ventana. “Todos estaban gritando porque estaban emocionados de bajarse”, contó el menor.

Ante eso, el conductor les ordenó cerrar las ventanas y permanecer en sus asientos. Los alumnos esperaron dentro del autobús detenido por aproximadamente una hora.

La demora provocó que varios padres se acercaran al lugar. Nichole Wellington llegó al enterarse por una llamada de su hijo, quien le dijo que tenía miedo.

“Fui directo a la puerta y le dije: ‘Abrí la puerta, dame a mi hijo’. Y él me respondió: ‘No voy a hacer eso’”, narró Wellington a KCRA 3.

Finalmente, le dio autorización a su hijo para salir por la ventana mientras ella esperaba afuera.

Otra madre, Rebecca Glover, tomó el camino contrario: les indicó a sus dos hijos que no se movieran.

“No tenía que pensar solo en un niño, tenía que pensar en cada uno de los chicos que estaban en ese autobús”, afirmó Glover ante el mismo medio.

El arresto y lo que dice la policía

La Oficina del Sheriff del Condado de Calaveras confirmó que sus agentes respondieron al llamado por una disputa entre una madre y el conductor.

La mujer fue detenida a pedido del distrito escolar por cargos de vandalismo, luego de romper el vidrio de la puerta.

Las autoridades no revelaron su identidad ni confirmaron si se trata de la misma mujer que aparece en las imágenes.

Un video de tres minutos, obtenido por CBS Sacramento desde el interior del autobús, muestra a varios estudiantes saliendo por las ventanas del vehículo detenido y, más tarde, a una mujer adulta trepando para entrar y enfrentarse al conductor.

La Oficina del Sheriff subrayó que las ventanas del autobús escolar solo deben utilizarse como salida en una emergencia y pidió a padres y estudiantes que permitan al personal escolar resolver los conflictos de forma ordenada.

La respuesta del distrito escolar

La superintendente del CCUSD, Kassandra Meeks, precisó que el incidente se originó en “un problema de comportamiento de un estudiante” a bordo del autobús.

“Debido a que el asunto involucra a estudiantes, el Distrito tiene limitaciones para brindar información específica a fin de proteger la privacidad de los alumnos”, declaró la funcionaria.

El CCUSD informó que revisó el material audiovisual del incidente y adoptó medidas disciplinarias contra los estudiantes involucrados.

La ruta afectada quedó sin servicio el martes 25 de agosto mientras el autobús estuvo en reparación.

Un debate que no cierra

El episodio abrió una discusión entre los padres sobre cómo deben manejarse este tipo de situaciones.

Wellington sostuvo que los conductores no deberían enfrentar solos el comportamiento de los alumnos mientras están al volante y planteó la posibilidad de sumar un adulto adicional en cada unidad.

Glover, en cambio, apuntó a las familias: “Los padres están mandando a sus hijos a la escuela para que los críen en lugar de criarlos en casa”, dijo ante KCRA 3.

La fiscalía del condado de Los Ángeles reactivó casi un año después una causa que había archivado y presentó cargos contra Daniel Flores, un agente del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que había denunciado conversaciones discriminatorias dentro de la fuerza.

Los Angeles Times reconstruyó que ese cambio de criterio ocurrió después de que Flores presentara en junio una demanda civil contra la ciudad, en la que alegó represalias por ser denunciante.

La acusación incluyó 16 cargos por delito grave por grabar en secreto a otros policías, aunque más tarde quedó reducida a delitos menores con un diversion agreement, una salida alternativa al juicio.

El caso abrió un nuevo foco de tensión en California por el tratamiento que recibieron tanto la denuncia interna como las pruebas que entregó el oficial.

En esa denuncia, Flores aportó 122 audios con comentarios racistas, sexistas y homofóbicos. Luego habló por primera vez en público con Los Angeles Times y aseguró que el proceso “arruinó todo” en su vida.

El origen de la denuncia y las grabaciones

Flores relató que presentó una denuncia anónima ante Asuntos Internos en febrero de 2025. Allí expuso que algunos agentes hacían bromas y comentarios raciales sobre candidatos negros que buscaban ingresar al LAPD. También señaló expresiones ofensivas contra inmigrantes latinos, mujeres y personas homosexuales.

Pocos días después de esa denuncia, afirmó que recibió una llamada de investigadores de Asuntos Internos para notificarle que otra persona lo había acusado a él de hacer comentarios racistas.

Flores rechazó esa versión y sostuvo ante Los Angeles Times que ese movimiento buscó desacreditarlo desde el inicio.

Más tarde, el agente entregó una carta a la oficina del inspector general junto con un dispositivo de almacenamiento que contenía las grabaciones.

En uno de esos intercambios, un colega dijo sobre inmigrantes latinos: “Que los deporten, llamen al ICE”, en una traducción de la frase citada por Los Angeles Times.

Uno de sus abogados en la causa civil, Greg Smith, afirmó al mismo medio que su cliente intentó utilizar los canales institucionales antes de que el caso se volviera público.

Aseguró que el agente “intentaba arreglar las cosas, no crear publicidad ni indignación pública”.

La causa penal y las sospechas de represalia

Documentos internos del LAPD revisados por Los Angeles Times muestran que la policía presentó el expediente ante la fiscalía el 1 de julio de 2025. Diez días más tarde, la oficina del fiscal decidió no avanzar con cargos.

El caso quedó sin movimiento durante cerca de un año. Pero menos de tres semanas después de que Flores presentara su demanda civil contra la ciudad, la fiscalía anunció que sí impulsaría la acusación penal. El oficial y su defensa sostienen que esa secuencia refuerza la hipótesis de una represalia.

La oficina del fiscal, encabezada por Nathan Hochman, respondió que en 2025 no contaba con pruebas suficientes para establecer de forma definitiva que Flores había realizado las grabaciones.

Más tarde, aseguró que la situación cambió cuando el agente inició su demanda y el LAPD entregó información adicional sobre su admisión de los hechos, de acuerdo con Los Angeles Times.

La causa se apoyó en la ley estatal que prohíbe grabar conversaciones privadas sin consentimiento de las partes. Bajo esa figura, Flores podía quedar expuesto a una pena de hasta 13 años de prisión.

La semana pasada, después de cuestionamientos públicos, la fiscalía redujo el caso a delitos menores y ofreció una salida alternativa al juicio que, en principio, le permitiría evitar la cárcel.

El costo personal y el debate dentro de la fuerza

Flores mantuvo su empleo en el LAPD, aunque permanece alejado de sus funciones por licencia médica. En su testimonio al diario describió un cuadro de aislamiento dentro del ambiente policial y dijo que ningún compañero se acercó para saber cómo estaba desde que estalló el caso.

“Ningún policía me habla”, afirmó en declaraciones recogidas por Los Angeles Times. También aseguró que en redes sociales otros agentes lo trataron de “soplón” y repitieron amenazas como “los soplones reciben castigo”.

El agente señaló que se arrepiente de haber avanzado con la denuncia. “Sí, porque me arruinó la vida”, expresó al diario.

En esa misma entrevista, sostuvo que las autoridades “lo pintaron como el criminal” y dejaron en segundo plano las expresiones de intolerancia que él había intentado exponer.

El caso dejó planteada una discusión más amplia en Los Ángeles sobre los límites legales de las grabaciones encubiertas y sobre la protección real que reciben los denunciantes dentro de las fuerzas de seguridad.

Los Angeles Times indicó que un superior de la unidad llegó a advertir que, si esos comentarios continuaban, podían “tirar abajo a todo el departamento”.

Por ahora, la causa quedó reencuadrada como un expediente menor, mientras siguen abiertas la demanda civil de Flores y el debate político por la respuesta institucional ante sus revelaciones.

El reparto del acuerdo aprobado por la ciudad de Fort Worth fijó que los dos sobrinos menores de Atatiana Jefferson recibirán su parte a través de un fideicomiso cuando cumplan 18 años, mientras que el resto se distribuirá entre otros familiares.

La medida abrió la instancia final para cerrar una demanda civil iniciada por la muerte de la mujer, baleada por un policía dentro de su casa, tal y como informó ABC News.

La decisión del concejo municipal llegó casi siete años después del caso que conmocionó a Texas. El expediente por muerte injusta había sido presentado en mayo de 2021 por la sucesión de Jefferson contra la ciudad y la Policía local.

La alcaldesa de Fort Worth, Mattie Parker, sostuvo que la familia y los seres queridos de Jefferson sufrieron “una pérdida profunda e inimaginable”.

Parker agregó que ningún acuerdo puede revertir el impacto de lo ocurrido, aunque expresó su expectativa de que la resolución aporte “una medida significativa de cierre” y permita avanzar, de acuerdo con declaraciones citadas por ABC News.

El operativo que terminó con la muerte de Jefferson

El hecho ocurrió el 12 de octubre de 2019, cerca de las 2.30 de la madrugada. Aaron Dean, entonces integrante de la Policía de Fort Worth, acudió junto a otro agente a la vivienda de Jefferson tras una llamada no urgente de un vecino que había advertido la puerta principal abierta, tal y como reconstruyó Reuters.

Durante el juicio surgió que Jefferson y su sobrino habían dejado abiertas las puertas para sacar el humo después de que se quemaran unas hamburguesas horas antes, de acuerdo con AP.

Las imágenes de la cámara corporal mostraron que los agentes avanzaron por la propiedad sin identificarse como policías. Dean entró al patio trasero con el arma desenfundada y se acercó a una ventana, añadieron Reuters y AP.

Jefferson advirtió movimientos fuera de su casa y creyó que había un intruso. La mujer tomó su arma y se acercó a una ventana. Dean gritó que levantara las manos y disparó a través del vidrio casi de inmediato, antes de matarla delante de su sobrino de 8 años, señaló ABC News.

Durante el juicio, la defensa del expolicía sostuvo que Dean respondió a una amenaza letal cuando vio a Jefferson armada.

Aun así, el propio exagente admitió en el estrado que su conducta había sido “un mal trabajo policial”, una frase que quedó entre los elementos centrales del proceso.

El acuerdo civil y la respuesta de la familia

El acuerdo civil quedó establecido en USD 11,25 millones y aún debe pasar por un tribunal sucesorio, que tendrá a su cargo la validación final de los términos. ABC News detalló que el entendimiento recibió apoyo unánime en el Concejo Municipal.

La hermana de la víctima, Ashley Carr, afirmó que el caso constituye una situación poco frecuente en la que una familia obtuvo respuestas en el plano penal y en el civil tras la muerte de un ser querido a manos de un policía.

“Reconocemos lo inusual que resulta que las familias afectadas por estos hechos reciban respuestas en ambos frentes, y no lo damos por sentado”, expresó en una declaración recogida por ABC News.

El antecedente penal y los próximos pasos judiciales

Dean renunció poco después del episodio. En diciembre de 2022, un jurado lo declaró culpable de homicidio culposo, una figura menor a la acusación inicial de asesinato. Días más tarde recibió una pena de más de 11 años de prisión.

Tras esa sentencia, Carr remarcó que su hermana no había hecho nada incorrecto y que se encontraba dentro de su hogar cuando la mataron.

La emisora WFAA, afiliada de ABC en Dallas, reportó que Fort Worth ya había aprobado en 2023 otra compensación de USD 3,5 millones en una demanda presentada en nombre de Zion Carr, el sobrino que presenció el disparo fatal.

El expediente civil quedó ahora a la espera de la validación final del tribunal sucesorio, que deberá confirmar los términos definitivos del acuerdo para la familia de Atatiana Jefferson.

Al estar caminando por la calle o manejando un vehículo y que la policía intervenga solictando tu móvil, la respuesta inmediata debe ser negarse a esa petición.

La ley en España es clara sobre el acceso a los dispositivos móviles personales, considerándolos un elemento privado, por lo que se necesita un permiso especial para revisarlo, así como si fuera tu casa.

Qué dice la ley sobre el acceso de la policía el móvil

La Constitución Española, en su artículo 18, establece garantías explícitas sobre la intimidad personal, el secreto de las comunicaciones y la protección de datos. Aunque la Carta Magna data de 1978, la jurisprudencia y la legislación han ido adaptándose a los retos del siglo XXI, reconociendo que la privacidad no solo se juega en el domicilio físico, sino también en el ámbito digital o “morada virtual”.

El Tribunal Supremo, mediante sentencias como la STS 489/2018, ha dejado claro que el acceso a los datos almacenados en un teléfono móvil constituye una injerencia en derechos fundamentales, por lo que requiere autorización judicial previa y motivada.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), tras su reforma, regula de forma exhaustiva el tratamiento de estos dispositivos en investigaciones penales. El artículo 588 sexies establece que solo una resolución judicial puede habilitar el acceso al contenido, garantizando que no se vulnere el “entorno virtual” de las personas sin las debidas garantías.

En la práctica, esto significa que un agente no puede revisar el interior de tu móvil simplemente porque lo desee. Aunque sí puede solicitar tu identificación o incluso incautar el dispositivo si hay indicios de delito grave, no le está permitido inspeccionar mensajes, fotos ni aplicaciones sin el preceptivo aval judicial. Esta protección se aplica tanto en detenciones como en controles de tráfico.

Qué ocurre durante una detención en la calle

En situaciones de detención, la policía puede intervenir el teléfono móvil como objeto relacionado con una investigación, siempre que existan motivos fundados. Sin embargo, el análisis del contenido requiere autorización judicial expresa. El derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones, consagrados en la Constitución, funcionan como un muro legal que protege los datos almacenados en los dispositivos.

El Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho de cualquier persona a no declarar contra sí misma y a no facilitar contraseñas bajo presión policial. Por tanto, si un agente solicita el desbloqueo del móvil, la persona puede negarse argumentando su derecho a la asistencia letrada y a no autoincriminarse.

Las pruebas obtenidas mediante coacción o sin autorización judicial serían consideradas nulas, según el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta nulidad alcanza tanto las pruebas directas como las derivadas, en aplicación de la “doctrina del fruto del árbol envenenado”.

Control de tráfico y exhibición de documentación en el móvil

La popularización de aplicaciones como miDGT permite mostrar el permiso de conducir o el DNI desde el teléfono. No obstante, enseñar la documentación en pantalla no autoriza a los agentes a manipular el dispositivo ni a acceder a sus archivos. El Real Decreto 6/2015 y la Ley sobre Tráfico obligan a exhibir el permiso válido al requerimiento de la autoridad, pero no a entregar el teléfono desbloqueado.

En los controles rutinarios, la policía puede identificar a las personas y realizar comprobaciones sobre vehículos, pero el acceso al interior del móvil está reservado a supuestos muy concretos.

Qué excepciones hay y cómo actuar ante la policía

La ley española solo permite el acceso policial a los datos de un móvil sin orden judicial en dos supuestos: consentimiento del titular y situaciones de urgencia. El consentimiento debe ser claro, voluntario y puede retirarse en cualquier momento.

Por otro lado, la Policía Judicial puede revisar el dispositivo únicamente ante delitos flagrantes o riesgo para la vida, debiendo informar al juez en menos de 24 horas y esperar su confirmación en un máximo de 72 horas. Es fundamental saber que controles rutinarios de tráfico no justifican nunca esta medida.

Si un agente solicita revisar el móvil, lo recomendable es mantener la calma, preguntar si hay orden judicial y pedir la presencia de un abogado. Nunca es obligatorio desbloquear el teléfono ni facilitar contraseñas, salvo que se acepte voluntariamente. Ante insistencias, es válido acogerse al derecho a no declarar y no entregar el dispositivo sin garantías legales.

La investigación sobre una serie de ataques denunciados en el centro de Filadelfia tomó forma a partir de imágenes de vigilancia y testimonios que permitieron establecer una secuencia de más de media hora con agresiones al azar contra personas que caminaban o corrían por la vía pública.

Ese material, tal y como informó ABC News, pasó a ser una pieza central del expediente y llevó el caso fuera de Pensilvania.

Los hechos ocurrieron el 12 de agosto en Center City, una de las áreas más transitadas de la ciudad. La policía local sostuvo ante la prensa, en una reconstrucción recogida por ABC News, que el sospechoso se acercó a distintas personas con una máscara de muñeco y las increpó en plena calle durante un lapso acotado.

El acusado, identificado como Zymire Hughes, de 22 años, fue arrestado el martes en Las Vegas por el U.S. Marshals Service.

De acuerdo con la información publicada por ABC News, permanece detenido en el Clark County Detention Center mientras espera su extradición a Pensilvania.

Una secuencia breve con varias víctimas

Los investigadores estiman que hubo entre 15 y 16 personas afectadas por los episodios. El capitán Jason Smith, de la Policía de Filadelfia, afirmó que el acusado corría hacia peatones y corredores con el propósito de hostigarlos. Esa conducta, aseguró, apareció en distintos puntos del sector céntrico.

Uno de los casos más graves tuvo como víctima a una mujer de 40 años. Smith relató ante la prensa, en declaraciones citadas por ABC News, que el sospechoso persiguió a la corredora y le gritó: “¿Estás lista para morir?”. La mujer logró alejarse mientras pedía ayuda.

La policía precisó que la víctima cayó durante la huida y sufrió una lesión severa en una pierna. Para los investigadores, ese episodio ocupó un lugar central en el expediente por las consecuencias físicas que dejó y por el contenido de la amenaza atribuida al acusado.

El material reunido también permitió fijar una franja horaria para los hechos y medir el alcance de las denuncias presentadas en los días posteriores. Esa tarea fue clave para sostener el avance del caso.

La ruta que siguió el sospechoso tras los hechos

Las autoridades sostuvieron que Hughes dejó el área de Filadelfia el 19 de agosto. El subjefe supervisor del U.S. Marshals Service, Robert Clark, informó que el acusado partió desde el aeropuerto de Trenton Mercer, en Ewing, Nueva Jersey, voló primero a Orlando y después siguió viaje hasta Las Vegas.

Clark señaló que los agentes lo ubicaron en un complejo de departamentos del sudeste de Las Vegas. También indicó que Hughes residía en esa ciudad desde febrero, aunque tenía familiares en Filadelfia. Ese dato ayudó a seguir sus movimientos después de la salida de la costa este.

“Esta noche termina el miedo que un hombre llevó a la comunidad de Filadelfia”, afirmó Clark ante periodistas, en una declaración difundida por ABC News. La frase formó parte del anuncio oficial realizado tras el operativo.

Los cargos y el próximo paso judicial

El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, sostuvo que el sospechoso era buscado por delitos graves y menores.

Pidió además que otras personas que crean haber sido víctimas o tengan datos sobre lo ocurrido aquella mañana se presenten ante los investigadores.

El próximo paso formal será el traslado del acusado a Pensilvania, donde la causa seguirá su curso en la jurisdicción en la que se denunciaron los hechos.

El reportero Elí Martínez fue encontrado con vida la mañana de este martes, confirmaron a Infobae México fuentes cercanas al caso, después de que familiares y colegas denunciaron su desaparición tras un ataque armado ocurrido la noche del lunes 24 de agosto en Poza Rica, Veracruz, un caso que volvió a exhibir el riesgo para los periodistas que cubren hechos policiacos en ese estado. Y es que también otro comunicador, Iván Michel Atilano, desapareció tras salir de la radio donde trabaja en Oaxaca.

La agresión ocurrió alrededor de las 22:00 horas sobre la avenida 20 de Noviembre, donde también habían sido asesinados este año dos comunicadores. El nuevo ataque volvió a concentrar la atención en esa vialidad por la repetición de agresiones contra reporteros de la fuente de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, citados en el texto fuente, Martínez, colaborador de Noreste y Radio Fórmula, se encontraba con otro reportero de la fuente policiaca cuando ambos fueron interceptados por sujetos armados. Después de las detonaciones, el periodista desapareció y surgió el temor de que hubiera sido privado de la libertad.

El otro comunicador sobrevivió al ataque y fue reportado como estable. Según los reportes, rindió entrevista ante los elementos de seguridad para aportar detalles sobre la agresión.

La avenida 20 de Noviembre acumulaba tres ataques contra periodistas en 2023

Tras los disparos, corporaciones de seguridad estatales y federales desplegaron un operativo y acordonaron la zona. En el lugar localizaron también artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”, que presuntamente fueron colocados sobre la vialidad para dificultar el paso de las patrullas.

La desaparición de Martínez provocó alarma entre familiares e integrantes del gremio periodístico, que exigieron reforzar la búsqueda y esclarecer lo ocurrido. La preocupación no solo se centró en la ausencia del reportero, sino en el sitio del ataque, porque esa misma avenida ya había sido escenario de agresiones previas contra comunicadores en Poza Rica.

En esa misma zona fue asesinado el periodista Luis Ángel López Valdez el 11 de junio de este año, quien horas antes estuvo con Eli Martínez y quien detalló lo ocurrido previo a su muerte. Antes, el 8 de enero, también fue asesinado Carlos Castro, otro comunicador de la fuente policiaca, aunque ese ataque ocurrió cuando se encontraba en su local de alimentos.

Antes, el 8 de enero, también fue asesinado Carlos Castro, otro reportero de la fuente policiaca. Ese ataque ocurrió cuando se encontraba en su local de alimentos.

El caso reforzó la alerta por la violencia contra reporteros de nota policiaca

Los dos homicidios fueron mencionados en los reportes sobre la desaparición de Martínez porque apuntaban a un patrón de violencia contra periodistas en esa ciudad del norte de Veracruz. El ataque más reciente volvió a dirigirse contra un reportero dedicado a la cobertura de crímenes y hechos de seguridad.

El hallazgo con vida de Martínez cerró horas de incertidumbre, pero no modificó el dato de fondo: en la misma ciudad y sobre la misma avenida ya se habían registrado otros ataques letales contra comunicadores que cubrían la fuente policiaca.

Policía municipal en Poza Rica le habría quitado 7 mil pesos en 2025

El sábado 11 de enero de 2025, un grupo de policías municipales en Poza Rica detuvo al periodista Eli Martínez en la colonia Arroyo del Maíz y, tras llevarlo a barandillas, este reportó que le faltaban $7,000 pesos de sus pertenencias al recuperar sus objetos personales.

De acuerdo con el relato, la detención ocurrió en la calle Victorino Ortega, a la altura de la unidad deportiva Tres Amigos, cerca del Conalep, cuando los agentes los interceptaron a bordo de la unidad PM-240. El comunicador iba acompañado de dos personas, quienes también fueron revisadas y trasladadas a las celdas preventivas.

El testimonio identificó al periodista como Alejandro Elí Martínez. Señaló que, tras salir de la comandancia de la Policía Municipal, ubicada en la calle Empleados esquina Profesores, en la colonia Sector Popular, notó la ausencia del efectivo.

Según la versión difundida, el dinero formaba parte de los recursos destinados a un evento deportivo que organizaba y se usaría para la premiación de atletas. .

Las imágenes provocaron que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Oaxaca pusiera en marcha sus mecanismos de supervisión para determinar las circunstancias del caso y establecer si la conducta mostrada representaba alguna infracción a las reglas internas de la institución.

El material audiovisual comenzó a circular en plataformas digitales y rápidamente llamó la atención de los usuarios, debido a que presuntamente mostraba a la agente consumiendo bebidas alcohólicas mientras vestía prendas correspondientes a la corporación policial.

Ante la difusión del contenido, la SSPC informó inicialmente que no emitiría una conclusión anticipada y que sería necesario realizar una investigación formal para establecer las posibles responsabilidades.

La revisión quedó en manos de la Dirección General de Asuntos Internos, área encargada de analizar este tipo de situaciones y determinar si existió alguna violación a los reglamentos, protocolos o principios que deben observar los integrantes de la Policía Estatal.

SSPC inicia investigación por el video

Luego de que las imágenes se hicieran públicas, la dependencia estatal explicó que se realizaría una revisión para conocer el contexto de lo ocurrido y comprobar si la actuación de la agente correspondía con las obligaciones establecidas para quienes forman parte de la institución.

La SSPC evitó adelantar sanciones o responsabilidades mientras el procedimiento interno permaneciera abierto, por lo que el caso debía ser analizado antes de establecer cualquier determinación.

La Secretaría enfatizó que la conducta de los elementos de seguridad debe mantenerse acorde con las exigencias que implica portar el uniforme y representar a una institución encargada de proteger a la población.

“No se permitirán actuaciones que vulneren la integridad, disciplina y principios que rigen a la corporación policial”, estableció la Secretaría.

La dependencia también recordó que quienes desempeñan funciones de seguridad pública tienen la obligación de conducirse con profesionalismo, responsabilidad y apego a la legislación vigente.

El objetivo de la investigación, de acuerdo con la información difundida por la institución, era esclarecer los hechos y determinar si existía algún tipo de responsabilidad administrativa derivada del comportamiento observado en la grabación.

Agente presenta su renuncia

El caso tuvo un giro poco después de que se anunciara la investigación. La Policía Estatal involucrada decidió presentar su renuncia con carácter irrevocable, poniendo fin a su relación laboral con la corporación.

De acuerdo con el comunicado de la SSPC, con fecha del 20 de agosto, la integrante de la institución formalizó su decisión de abandonar la plaza que ocupaba como Policía Estatal.

“Con fecha de 20 de agosto, la elemento involucrada en acto de indisciplina presentó formalmente su renuncia con carácter de irrevocable a la plaza que venía ocupando como Policía Estatal”, informó la dependencia.

Posteriormente, la Secretaría detalló que la agente presentó una carta de renuncia dirigida al Comisario General de la Policía Estatal, Francisco Santiago García.

La decisión modificó el rumbo del caso, aunque la institución había señalado que la Dirección General de Asuntos Internos tenía la responsabilidad de revisar los hechos y establecer las posibles consecuencias correspondientes.

El uniforme y la responsabilidad policial

La situación volvió a generar atención sobre las normas de conducta que deben seguir los integrantes de las corporaciones de seguridad, particularmente cuando se encuentran identificados públicamente con el uniforme institucional.

La SSPC de Oaxaca reiteró que mantendrá activos sus mecanismos de vigilancia y control interno para supervisar el desempeño de sus elementos y detectar posibles conductas que puedan contravenir los principios de la institución.

El caso también puso sobre la mesa la responsabilidad que implica formar parte de una corporación policial, debido a que las acciones de un agente pueden repercutir directamente en la imagen y credibilidad de toda la institución.

La dependencia insistió en que los elementos responsables de participar en las tareas de seguridad de las familias oaxaqueñas deben actuar bajo criterios de legalidad, disciplina, responsabilidad y respeto a la ciudadanía.

Así, el video que comenzó como una publicación en redes sociales terminó provocando una investigación interna y, posteriormente, la renuncia irrevocable de la agente señalada, en un caso que volvió a colocar bajo los reflectores la importancia de la conducta de los servidores públicos que portan un uniforme policial.

Las primeras horas de la investigación dejaron una pregunta central sin respuesta: quién conducía la Mercedes-Benz G Wagon 2024 al momento del choque que terminó con la vida de una pareja en Mays Landing, en Nueva Jersey.

La fiscalía del condado de Atlantic atribuyó el episodio a cuatro adolescentes y señaló que el grupo había quedado bajo sospecha tras una persecución que se extendió durante buena parte de la madrugada.

El caso tomó relevancia pública a partir de una reconstrucción de New York Post, que ubicó el inicio de la secuencia en Longport y el desenlace cerca de las 8 de la mañana del sábado.

Para ese momento, la camioneta ya había sido reportada como robada y los investigadores intentaban establecer el rol de cada uno de los ocupantes.

La oficina del fiscal aseguró, en declaraciones replicadas por New York Post, que el vehículo circuló en contramano poco antes del impacto.

La colisión ocurrió en el cruce de Route 50 y Third Street, en una zona cercana a una estación de servicio, donde la camioneta chocó de frente contra un Hyundai sedán.

Quiénes fueron las víctimas y qué se sabe del impacto

Las víctimas fatales fueron identificadas como Robert Barr Jr., de 54 años, y Alice Stilwell, de 67, ambos oriundos de Egg Harbor Township. La información fue difundida por los fiscales y retomada por New York Post en su cobertura del caso.

El parte oficial sostuvo que, tras el impacto, el sedán salió despedido hacia la estación de servicio. Los ocupantes murieron como consecuencia de la colisión, de acuerdo con la versión oficial.

New York Post añadió que Stilwell era considerada una madre y abuela muy querida por su entorno. Esa referencia surgió de una campaña de recaudación organizada para cubrir los gastos funerarios.

Después del choque, los cuatro adolescentes bajaron del vehículo e intentaron dejar la escena. Los investigadores afirmaron que los sospechosos fueron arrestados poco después.

Cómo se desarrolló la persecución policial

La reconstrucción publicada por New York Post indicó que la Mercedes-Benz G Wagon estaba valuada en USD 220.000 y había sido sustraída antes del amanecer. El primer avistamiento reportado por la Policía ocurrió hacia las 3.40 de la madrugada, cuando un agente de Longport intentó detenerla tras verla pasar a gran velocidad.

Horas más tarde, efectivos de Hamilton Township volvieron a detectar la camioneta cerca de las 7.45 de la mañana. La fiscalía afirmó que los oficiales la siguieron durante un nuevo tramo, aunque perdieron contacto visual pocos minutos antes del choque fatal.

Hasta ahora, las autoridades no precisaron cómo se distribuyeron los ocupantes dentro del vehículo a lo largo del recorrido. Tampoco detallaron en qué momento alguno de ellos tomó el control de la camioneta.

Las acusaciones y la principal incógnita de la causa

Uno de los detenidos fue identificado como Nayshaun Brown, de 18 años. Los otros tres involucrados son menores de edad, por lo que sus nombres no fueron difundidos por las autoridades, tal y como consignó New York Post.

Los cuatro enfrentan cargos por conspiración para cometer agresión agravada, uso ilegal del vehículo y evasión policial. Esas acusaciones quedaron asentadas en registros judiciales citados por el medio.

Tampoco trascendió de inmediato información sobre abogados que representen a Brown o a los tres menores detenidos.

Los investigadores mantienen abierta la pesquisa para establecer la mecánica exacta del episodio y el grado de responsabilidad que le corresponde a cada uno de los acusados.

Dos exoficiales de la Policía de Phoenix fueron arrestados y expulsados de la fuerza tras una denuncia por un procedimiento nocturno que, según las autoridades, nunca quedó registrado.

El caso abrió una investigación penal, además de otra dentro del departamento. La fiscalía del condado de Maricopa los acusa de secuestro; asalto y robo agravados; amenazas; daño criminal, y manipulación de evidencia.

Los agentes involucrados son Luis Vasquez Jr. y Antonio Felix. El hecho fue tan inusual que, en un principio, la policía sospechó que los acusados podrían estar haciéndose pasar por agentes.

El expediente tomó estado público este fin de semana, cuando el jefe policial, Matt Giordano, confirmó las detenciones en una conferencia de prensa.

Giordano sostuvo que los dos exagentes habrían actuado mientras estaban de servicio y a bordo de un vehículo policial identificado.

La jefatura también remarcó que los hechos atribuidos a los sospechosos dañan la confianza pública en las fuerzas de seguridad, tal como recogió ABC News.

Qué denuncian las víctimas

El episodio ocurrió la noche del 5 de agosto. De acuerdo con un reporte de ABC News, las dos víctimas declararon ante agentes de Tempe que fueron interceptadas en Phoenix por una camioneta con luces y sirena cerca de las 23.30.

La cadena citó un informe policial, reproducido por su afiliada KNXV, en el que el hombre y la mujer denunciaron golpes, inmovilización y el uso de una pistola Taser mientras todavía permanecían dentro del auto. Ese mismo reporte, al que también aludió The New York Times, indicó que a la mujer le aplicaron descargas en el muslo y la espalda.

Uno de los pasajes más graves de la causa incluye una amenaza con arma de fuego. El hombre declaró que uno de los sospechosos sacó una pistola, contó hasta tres y le advirtió que le dispararía si no descendía del vehículo. La mujer, en tanto, afirmó que la esposaron y la empujaron boca abajo contra el suelo.

La situación cambió cuando el hombre logró escapar, volvió a subirse a su auto y se alejó del lugar. Más tarde, el vehículo se averió en Tempe y allí pudo relatar lo ocurrido a un oficial que respondió a un llamado por un automóvil detenido.

La mujer aseguró después que, tras la huida de su acompañante, los agresores la liberaron con una advertencia: “Ahora sabemos dónde vivís”, frase que el reporte citado por ABC News incorporó entre las declaraciones.

Las autoridades también precisaron que ambos policías prestaban funciones en la comisaría de South Mountain al momento del hecho.

Qué se sabe de la investigación

Uno de los puntos que más inquieta a los investigadores es la ausencia de registros audiovisuales. Giordano indicó que los agentes no activaron sus body cams durante la detención y añadió que, hasta ahora, los peritos no encontraron imágenes de cámaras de seguridad que permitan reconstruir la escena.

Los dos acusados habían quedado bajo licencia administrativa el 13 de agosto. El arresto se concretó después de que los detectives los entrevistaran por primera vez, explicó el propio jefe policial.

El posible móvil permanece bajo análisis. Giordano agregó que existe una pesquisa más amplia para establecer si hubo otras personas involucradas o si los hechos pueden revelar fallas de mayor alcance dentro de la estructura policial.

La situación judicial de los exagentes

Tras la audiencia inicial, un juez ordenó que Vasquez y Felix permanezcan detenidos con una fianza de USD 100.000 para cada uno.

Durante esa instancia, un fiscal del condado sostuvo que ambos representan un riesgo para la comunidad y que existe riesgo de fuga.

La causa avanzará ahora con el análisis de la evidencia reunida, las declaraciones de las víctimas y las actuaciones internas de la Policía de Phoenix.

La fiscalía de Dakota, en Minnesota, acusó a Christopher Boone Crimmins, de 34 años, por homicidio involuntario en segundo grado tras la muerte de su compañero Tyler Anthony Lynch, de 26, durante una jornada de poda en Apple Valley.

El caso tomó relevancia por la forma en que ocurrió el hecho: una maniobra con una garra hidráulica montada sobre un camión, en una escena que los investigadores reconstruyeron a partir de la denuncia penal.

De acuerdo con reportes de NBC News y Fox News, que citaron el expediente presentado ante la Justicia local, los dos empleados retiraban ramas el jueves por la tarde cuando se produjo el episodio. La acusación sostiene que Crimmins era el único integrante de la cuadrilla con licencia comercial para operar el equipo.

Qué dicen los investigadores sobre la secuencia del hecho

El vehículo utilizado en la tarea tenía un brazo mecánico con una garra hidráulica destinada a mover restos de árboles. En ese contexto, la denuncia indicó que ambos hombres empezaron a bromear al advertir las sombras que proyectaban el brazo y el cuerpo de Lynch sobre el asfalto.

A partir de esa secuencia, Crimmins habría movido el implemento para que su sombra pareciera atrapar la de su compañero. NBC News afirmó que el operador observaba el suelo y no el desplazamiento real del dispositivo ni la posición exacta de Lynch.

Esa circunstancia, siempre de acuerdo con la acusación, hizo que no advirtiera que el brazo se acercaba a la víctima. El documento judicial indicó que abrió y cerró la garra en ese instante, una maniobra que provocó una lesión fatal, tal y como quedó asentado en la presentación penal.

Un testigo dijo a los investigadores que vio cómo la máquina golpeó o pellizcó al joven. Fox News reprodujo ese pasaje del expediente y añadió que los agentes encontraron sangre sobre la garra, que permanecía encima del cuerpo cuando llegó la policía.

La escena que encontró la policía y el cargo presentado

Los efectivos que acudieron al lugar hallaron a Lynch en el suelo, con una gran cantidad de sangre alrededor del cuerpo y un trauma severo. Las autoridades lo declararon muerto en la escena, tal y como consignó Fox News a partir de la información oficial.

Para la fiscalía, el accionar de Crimmins implicó negligencia grave. Los investigadores sostuvieron que el trabajador creó “un riesgo irrazonable” y que “asumió conscientemente la posibilidad de causar la muerte o un daño corporal grave a otra persona”, de acuerdo con los pasajes citados por los medios estadounidenses.

Ese encuadre derivó en un cargo por homicidio involuntario en segundo grado, un delito grave bajo la legislación estatal. El expediente no describió un ataque intencional, pero sí una conducta que, a criterio de los fiscales, excedió cualquier margen de seguridad laboral.

NBC News detalló que la pena máxima prevista para ese delito alcanza 10 años de prisión. Fox News agregó que el caso también contempla una multa máxima de USD 20.000 si se produce una condena.

La situación judicial del acusado y lo que viene en el caso

La oficina del fiscal de Dakota fijó una fianza de USD 40.000 sin condiciones o de USD 20.000 con condiciones. Esa información apareció en los reportes publicados el viernes, cuando la acusación tomó estado público.

Fox News indicó que funcionarios locales lo ubicaban bajo custodia en la cárcel. NBC News señaló que no estaba claro si ya contaba con representación legal y que no hubo respuesta inmediata al número telefónico asociado a su nombre.

La próxima comparecencia judicial de Crimmins quedó prevista para el 10 de septiembre, afirmó NBC News al citar a la fiscalía. Ese paso marcará el inicio formal del proceso abierto por este caso.

Alias John Bayron, presunto miembro de la red de apoyo del frente ilegal Adán Izquierdo, fue capturado por la Policía y el Ejército Nacional en zona rural de El Cerrito, Valle del Cauca, luego de un atentado reciente contra la subestación de Policía de Santa Elena.

Según informaron las autoridades, el operativo se realizó el 20 de agosto de 2026 durante labores de patrullaje para mitigar riesgos de seguridad tras el ataque, que ocurrió ese mismo día.

El detenido fue interceptado en motocicleta y se le encontró en su poder un cargador para fusil calibre 5,56 mm y 14 cartuchos de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

La Policía Nacional indicó que el procedimiento buscaba evitar nuevas acciones armadas en la zona y asegurar material bélico que podría estar destinado a actividades ilícitas. Durante el registro, también se conoció que el capturado ofreció un millón de pesos a los uniformados para evitar el proceso legal, hecho que fue reportado a las autoridades judiciales.

De acuerdo con los informes de inteligencia citados por la Policía Nacional, alias Bayron sería integrante de las redes de apoyo a las estructuras residuales del frente Adán Izquierdo, con presencia en los municipios de El Cerrito, Buga y el corregimiento de Santa Elena. Las primeras investigaciones lo vinculan a tareas de observación de los movimientos de la fuerza pública, así como a la gestión y traslado de material de guerra para el grupo ilegal.

El capturado fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

La autoridad judicial avanza en las audiencias para definir su situación legal. La Policía Nacional reforzó los controles en puntos estratégicos del Valle del Cauca e invitó a la ciudadanía a reportar información relevante a través de la línea de emergencia 123, la línea 107 del Ejército Nacional o el número contra el crimen 314 358 7214.

Así fue el atentado

El 20 de agosto, cuatro hombres armados que se movilizaban en motocicletas atacaron durante la madrugada la Subestación de Policía Santa Elena, con un artefacto explosivo y realizando disparos contra la fachada, según reportó la Policía Nacional.

Los cuatro agresores, presuntamente vinculados a las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc, abandonaron un cilindro pintado con los colores de la bandera nacional sobre la vía hacia El Placer durante su huida.

El coronel Pedro Pablo Astaiza Cerón, comandante del Departamento de Policía Valle (e), confirmó que no se registraron personas heridas ni daños materiales en las instalaciones. Las autoridades activaron de inmediato los protocolos de seguridad y las labores de investigación para identificar y capturar a los responsables.

Incautan más de 2,1 toneladas de marihuana tras volcamiento de camión en una vía del Valle del Cauca

La Policía Nacional incautó más de 2,1 toneladas de marihuana tipo “creepy” ocultas en un camión que se volcó en la vía Roldanillo–La Tulia, en el Valle del Cauca. El cargamento, cuyo valor comercial supera los $1.688 millones, fue hallado luego de que la comunidad alertara sobre el vehículo abandonado tras un siniestro vial en el sector La Virgen, jurisdicción del municipio de Roldanillo.

De acuerdo con la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Valle, el camión, marca Volkswagen, transportaba inicialmente heno, pero durante la inspección los uniformados detectaron varios paquetes con una sustancia vegetal que, según las características, textura y olor, correspondería a marihuana, pendiente de verificación con prueba de identificación preliminar homologada. Se presume que la droga provenía del departamento del Cauca.

El conductor del automotor huyó del lugar tras el accidente y las autoridades adelantan investigaciones para identificarlo y determinar los responsables del cargamento. Tanto el vehículo como la sustancia incautada quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, Unidad Especializada contra el Narcotráfico.

El coronel Pedro Pablo Astaiza Cerón, comandante encargado del Departamento de Policía Valle, destacó la importancia de la colaboración ciudadana y la articulación institucional para impedir el uso de las carreteras por parte de organizaciones ilegales. “Con la estrategia ‘Corredores Seguros’ estamos cerrando el paso a la ilegalidad y protegiendo a quienes transitan por nuestras vías”, afirmó el oficial.

Una colisión entre un vehículo policial y un auto que circulaba en sentido contrario sobre la carretera A66, cerca de Middlesbrough, Inglaterra, dejó este sábado siete muertos, entre ellos dos policías. El choque ocurrió a las 3.39 de la madrugada, cuando un Volkswagen Passat impactó de frente contra un móvil señalizado de la Policía de Cleveland.

Los agentes Matthew Blades y Tom Clough, de 37 y 38 años, murieron en el lugar junto con los cinco ocupantes del otro vehículo. La policía indicó que había detectado poco antes al Volkswagen Passat realizando una maniobra sospechosa y avanzando por el lado incorrecto de la carretera.

Los datos reunidos hasta ahora señalaron que el patrullero involucrado en la colisión no participaba de esa persecución y que circulaba por el carril correcto de la A66 cuando se produjo el choque.

La jefa de la Policía de Cleveland, Victoria Fuller, confirmó la identidad de los dos agentes fallecidos y expresó el pesar de la fuerza por la pérdida. Fuller sostuvo que Blades y Clough protegían a la comunidad y servían a los vecinos, y señaló que ambos no volvieron a sus casas al finalizar el turno.

También informó que ella y el subjefe de policía visitaron a las familias para transmitirles sus condolencias. Mientras se difundían esos datos, las autoridades mantenían bajo reserva la identidad de las otras cinco víctimas, que viajaban en el Volkswagen Passat.

Sus familiares ya habían sido notificados y recibían asistencia especializada, según informaron fuentes oficiales durante la jornada. Una grabación de seguridad captada en Lime Road, en Middlesbrough, mostró a varios vehículos policiales detrás de un automóvil pocos minutos antes del choque.

Ese material pasó a integrar el conjunto de pruebas que examinan los investigadores para reconstruir los movimientos previos al impacto y establecer con exactitud cómo evolucionó la situación en la ruta. La Oficina Independiente de Conducta Policial abrió una investigación sobre lo ocurrido.

La A66 permaneció cerrada en ambos sentidos entre Normanby Road y Church Lane durante gran parte del sábado. En esa zona, una de las principales vías de Teesside, trabajaron peritos, policías y equipos de emergencia para preservar la escena, relevar pruebas y completar las actuaciones iniciales.

El Servicio de Ambulancias del Noreste desplegó 14 recursos para asistir en la emergencia. El organismo transmitió sus condolencias a las personas afectadas por la tragedia y agradeció la tarea de quienes participaron del operativo montado en el lugar.

La muerte de los dos agentes provocó conmoción en la Policía de Cleveland y entre las autoridades de la región. El primer ministro Andy Burnham dijo que estaba devastado por la noticia y pidió evitar especulaciones mientras siga abierta la investigación.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, expresó su apoyo a la fuerza durante el proceso de identificación de todos los involucrados. A sus palabras se sumaron mensajes de dirigentes y funcionarios locales, entre ellos el comisionado policial Matt Storey, la diputada Anna Turley y el alcalde del valle de Tees, Ben Houchen.

(Con información de BBC, Europa Press y Sky News)

La Policía de Worcester, en Massachusetts, emitió una orden de arresto contra Karen Solomon por su presunta vinculación con la muerte de su esposo, el agente fuera de servicio Kurt Solomon, encontrado dentro de una vivienda el martes 18 de agosto.

El jefe policial Paul Saucier anunció que acusan a la mujer, de 58 años, de agresión y lesiones con un arma peligrosa que causó heridas graves. Las autoridades la consideran armada y peligrosa.

De acuerdo con CNN, el agente evitó dar más precisiones sobre la muerte del uniformado, aunque señaló que las lesiones se produjeron con “un objeto punzante” y que su arma reglamentaria permanecía en la casa.

A su vez, evitó dar precisiones sobre el estado actual del vínculo entre Karen y Kurt por normas de privacidad aplicables a casos de violencia doméstica, precisó Associated Press.

Las autoridades difundieron imágenes de cámaras de vigilancia y de un timbre con video en las que se ve a la sospechosa mientras camina por una calle con camiseta, shorts y ojotas poco después del hecho.

La investigación mantiene su foco en Coes Pond

El rastrillaje reúne a equipos de la Policía de Worcester, del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y de otras unidades especializadas. La pesquisa se concentra en los alrededores del embalse Coes Pond.

Durante la búsqueda el viernes 21 de agosto, cuarto día de operativo, se utilizaron helicópteros, buzos, sonar y perros para detectar cuerpos en el agua.

Saucier indicó que la zona recreativa está cerca de la casa de los Solomon y es uno de los principales objetivos de la búsqueda. “Seguiremos investigando hasta que las pruebas nos lleven a otra parte”, explicó.

El fiscal de distrito del condado de Worcester, Joseph Early Jr., sostuvo que “nadie va a detenerse hasta que encontremos a Karen Solomon”.

La ciudad comunicó que los espacios públicos alrededor del embalse seguirán cerrados durante el fin de semana mientras continúe el despliegue, entre ellos el parque Columbus y su paseo marítimo, el parque Knights of Columbus, el área de juegos de Coes Park y la taberna Stearns, informó WCVB, afiliada de ABC.

El recuerdo de Kurt Solomon tras 31 años en la policía

Kurt Solomon tenía 57 años y acumulaba 31 años de servicio en la fuerza. Según el obituario citado por CNN, era padre de dos hijos, veterano del Ejército y aficionado a la pesca, el golf y la jardinería.

El texto también lo describe como una persona comprometida con su comunidad y conocida por donar excedentes de su huerta a un banco de alimentos.

“Será recordado por sus muchos años de servicio a su país y a su comunidad, su ingenioso sentido del humor y los placeres que encontró en la calle donde vivió toda su vida”, dice su necrología.

Durante la conferencia de prensa, Saucier recordó al agente fallecido: “Kurt era un tipo genial. Era un policía excepcional y una persona maravillosa. Lo vamos a extrañar muchísimo”.

El perfil público de Karen Solomon

Karen Solomon es cofundadora de First H.E.L.P., una organización sin fines de lucro orientada a la salud mental de policías y otros socorristas. La entidad trabaja en prevención del suicidio entre personal de respuesta a emergencias y en campañas de concientización para sus familias.

Asimismo, escribió dos libros sobre las experiencias físicas y psicológicas de los socorristas. Su biografía de autora en Amazon la presenta como esposa de un policía y autora de dos obras que “dan voz a los miles de agentes en servicio que no pueden o no quieren hablar”.

En un comunicado citado por CNN, la organización First H.E.L.P. manifestó: “Nuestra primera preocupación es por el agente que perdió la vida, su familia, sus colegas y la comunidad de las fuerzas de seguridad de Worcester”.

Al mismo tiempo, aseguró que mantendrá su labor contra el estigma en torno a la salud mental dentro de las fuerzas del orden y entre los socorristas.

La Policía de Worcester pidió a cualquier persona que vea a Karen Solomon que se comunique con las autoridades por mensaje de texto al 274637 o por teléfono al 508-799-8606.

Sinaloa concentra el 17.1% de los homicidios dolosos cometidos contra elementos de las instituciones de seguridad pública del país durante 2025, según el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal (CNSPF-E) 2026 del INEGI. Al cierre de ese año, el estado operaba con apenas mil 584 policías estatales, una proporción de 0.6 agentes por cada mil habitantes, frente a un promedio nacional de 1.0, lo que lo coloca entre las entidades con menor cobertura policial del país en medio de una disputa armada entre Los Chapitos y Los Mayos que se prolonga desde septiembre de 2024.

El déficit no es nuevo, pero la violencia lo volvió urgente. Mientras la tasa de homicidios dolosos cayó 18% en el país durante 2025, en Sinaloa aumentó 75% respecto al año anterior, con mil 805 asesinatos registrados por el INEGI, hasta 150 más de los que reportó la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con El País.

Las condiciones laborales de los policías de Sinaloa según el INEGI

Los policías estatales de Sinaloa enfrentan la guerra entre Chapitos y Mayos sin acceso a crédito para vivienda ni fondo de ahorro para el retiro. El censo del INEGI confirma que tampoco cuentan con seguro de gastos médicos mayores, becas escolares para sus hijos ni indemnización por incapacidad derivada de un riesgo laboral.

La corporación sí ofrece tres prestaciones básicas: seguro de vida, apoyo económico para familiares de elementos fallecidos y licencia por riesgo de trabajo. Las tres están directamente vinculadas a la posibilidad de morir o resultar herido en servicio, no a las condiciones ordinarias de vida del agente.

El coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, sostuvo que no basta con aumentar el número de agentes. El funcionario planteó que la corporación necesita mejores salarios, mayor capacitación y equipamiento adecuado para operar en el contexto actual.

El déficit de prestaciones coincide con la caída en el número de aspirantes. En 2024 se registraron 407 personas en programas de formación inicial; en 2025, la cifra bajó a 313. La reducción sugiere que las condiciones laborales desincentivan el ingreso a una corporación que, al mismo tiempo, pierde elementos por la violencia.

El CNSPF-E 2026 revela que las corporaciones de seguridad pública de Sinaloa operan con recursos presupuestales limitados, escasa infraestructura y prestaciones laborales incompletas. El estado destinó 965.4 millones de pesos a seguridad pública durante 2025, una cifra que contrasta con los cuatro mil 546 millones de Sonora y los dos mil 569.7 millones de Coahuila, entidades con poblaciones comparables.

Sinaloa comparte el indicador de 0.6 policías por cada mil habitantes con Sonora, mientras que Durango y Morelos registran 0.5. En el extremo opuesto, Yucatán cuenta con 2.1 agentes por cada mil habitantes y registró 42 homicidios en 2025, frente a los más de mil 800 de Sinaloa, según datos del propio censo citados por Río Doce.

Más de 80 agentes asesinados y caída en las solicitudes de ingreso

La crisis también se refleja en la disposición de nuevos elementos para incorporarse a las filas policiales. En 2024 se registraron 407 aspirantes en programas de formación inicial; en 2025, la cifra bajó a 313, una reducción de casi una cuarta parte, según el CNSPF-E.

El descenso no sorprende en un contexto en el que más de 80 agentes han sido asesinados durante los dos años que lleva el enfrentamiento entre facciones del Cártel de Sinaloa, de acuerdo con Infobae. En la primera semana de agosto de 2026, tres policías estatales resultaron heridos tras un ataque con drones en el libramiento Mazatlán-Culiacán, a la altura del poblado El Chilillo, según medios locales.

La violencia se ha concentrado en Culiacán, donde ocurrieron 8 de cada 10 homicidios y desapariciones de los últimos dos años. El 79% de los homicidios dolosos del primer semestre de 2026 ocurrió en la capital, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cinco instalaciones para todo el estado y prestaciones incompletas

La precariedad operativa de la corporación se extiende a su infraestructura física. Sinaloa cuenta únicamente con cinco unidades de infraestructura policial en funcionamiento: una comandancia o estación y cuatro cuarteles, sin módulos policiales fijos ni móviles. La diferencia con otras entidades es amplia: Nayarit tiene 40 comandancias y Tamaulipas, 66, de acuerdo con el mismo censo.

Las condiciones laborales de los agentes tampoco son competitivas. Los policías estatales de Sinaloa no tienen acceso a créditos para vivienda, fondo de ahorro para el retiro, seguro de gastos médicos mayores, becas escolares para sus hijos ni indemnización por incapacidad derivada de un riesgo laboral, según el diagnóstico del INEGI.

La corporación sí ofrece seguro de vida, apoyo para familiares de elementos fallecidos y licencia por riesgo de trabajo. La Policía Cibernética se encontraba “en proceso de integración” al cierre del periodo reportado, de acuerdo con el censo.

Miguel Calderón Quevedo y la propuesta del Consejo Estatal de Seguridad

Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), reconoció que las policías locales representan el eslabón más débil frente a las capacidades de las fuerzas federales. El funcionario sostuvo que no basta con aumentar el número de agentes, sino que se requiere mejorar salarios, capacitación y equipamiento.

Calderón Quevedo planteó que la respuesta a la violencia no puede limitarse al despliegue militar o al uso de la fuerza. El coordinador del CESP consideró necesario desarrollar una estrategia integral que incluya políticas educativas, culturales y sociales.

Pese a las limitaciones, las instituciones estatales recibieron 294,814 llamadas al número de emergencias 911 durante 2025 y realizaron 601 puestas a disposición de personas. De esas detenciones, el 59.4% fue ante autoridades de Justicia Cívica y el 40.6% ante el Ministerio Público.

Las corporaciones estatales también aseguraron 858 armas de fuego durante ese año. El dato contrasta con el escenario de violencia generalizada que el propio censo documenta en la entidad.

Ante el escalamiento del conflicto, el gobierno federal respondió con un refuerzo externo. La Secretaría de Marina desplegó mil 700 elementos en tierra y zonas costeras de Mazatlán como parte de la “Operación Sable”, mientras que entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, Sinaloa concentró 11 mil 326 de los 45 mil 247 elementos del Ejército y la Fuerza Aérea desplegados en el país, es decir, uno de cada cuatro militares en operación nacional.

El diagnóstico del INEGI concluye que Sinaloa enfrenta el reto de combatir a grupos criminales con una estructura policial que requiere mayores recursos humanos, financieros y materiales para recuperar capacidades operativas. El estado acumula así dos frentes simultáneos: la guerra entre facciones del crimen organizado y la debilidad estructural de la institución que debería contenerla.

El despliegue estuvo a cargo de la Policía Nacional como parte de las acciones contra la inseguridad ciudadana y los mercados vinculados con la comercialización de bienes de origen ilegal. En total, los agentes intervinieron 22 puestos, donde hallaron teléfonos de diferentes marcas, incluidos modelos de alta gama como iPhone y Samsung.

De acuerdo con Buenos días Perú de Panamericana Televisión, entre los equipos encontrados figura un iPhone 15, cuyo elevado valor comercial llamó la atención durante la diligencia. También fueron ubicados dispositivos de distintas marcas y otros aparatos que, según las primeras verificaciones policiales, podrían haber sido reportados como hurtados o robados.

El general Walter Calla Delgado, director de la Policía Fiscal, reportó al medio de comunicación, que cerca de 40 teléfonos decomisados ya figuran como sustraídos. Sin embargo, las investigaciones continuarán para establecer el origen de cada aparato y determinar si existen vínculos con delitos como receptación agravada, contrabando o afectación contra la propiedad intelectual.

¿Cómo saber si un celular robado está entre los equipos recuperados?

La Policía Fiscal informó que cada dispositivo será sometido a una identificación mediante su código IMEI. Con esta información, los agentes podrán determinar quién aparece registrado como propietario y verificar si existe una denuncia previa relacionada con el aparato.

Una vez culminado ese proceso, las personas que figuren como titulares podrían ser citadas para acreditar la propiedad. La incautación, además, ya fue puesta en conocimiento del Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes.

La intervención también permitió encontrar 476 chips pertenecientes a distintas empresas operadoras. Según explicó Calla Delgado, en uno de los establecimientos se hallaron, además, dispositivos utilizados para registrar huellas dactilares, conocidos como huelleros. Estos elementos habrían servido para activar líneas telefónicas asociadas con equipos de procedencia cuestionada.

El procedimiento llamó la atención de los agentes debido a que la activación irregular de líneas puede facilitar la circulación de teléfonos obtenidos mediante actividades ilícitas. Las autoridades deberán determinar quiénes participaban en este mecanismo y cuál era su función dentro de la presunta organización.

Accesorios también serán investigados

La operación no se limitó a los aparatos móviles. Los policías encontraron varias bolsas con accesorios que aparentaban ser productos originales de reconocidas marcas. Cargadores, audífonos y otros complementos serán sometidos a peritajes para establecer si fueron ingresados ilegalmente al país, falsificados o adquiridos mediante actividades delictivas.

El director de la Policía Fiscal precisó que todavía no se puede establecer la naturaleza definitiva de estos artículos, pues las investigaciones preliminares deberán determinar su procedencia.

Calla Delgado también señaló que esta intervención forma parte de una serie de acciones desarrolladas durante el año. Según indicó, desde enero la institución ha incautado cerca de 5.000 celulares en diferentes operativos contra la comercialización de equipos de origen ilícito.

La autoridad policial sostuvo que las pesquisas permitirán identificar la ruta de los dispositivos y establecer responsabilidades. Mientras tanto, los equipos permanecen bajo custodia y serán sometidos a las verificaciones necesarias antes de definir su eventual devolución a quienes acrediten ser sus legítimos propietarios.

Otra mujer que estaba sobre la cama la había asistido en primera instancia y fue la que tranquilizó a los policías: les dijo que el bebé había llorado y que estaba tomando teta. “Bien de bien”, reaccionó el efectivo que llegó con urgencia a esta vivienda del oeste de Montevideo.

“Ojo el calor, el calor del niño es muy importante”, continuó, según quedó registrado en la filmación que fue difundida por el Ministerio del Interior de Uruguay. Luego, comprobó que había salido la placenta. En el video se escucha que el bebé llora y eso es una buena noticia. “¡Bien madre!”, alentó uno de los policías.

Quienes participaron de este operativo fueron los efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), desplegados para tareas operativas en el oeste de Montevideo. A ellos les fue encomendada esta tarea que era todo un desafío: el Centro de Comando Unificado les indicó que tenían que responder a un llamado por una mujer que estaba próxima a dar a luz. Era el lunes 17.

Los policías Sebastián Dos Santos (oficial ayudante) y Martín Andrade (suboficial) llegaron a una vivienda que estaba cerca de la ruta 1 y, al ingresar al domicilio, constataron que el nacimiento “era inminente”, describió el Ministerio del Interior en un comunicado. “De inmediato comenzaron a brindar asistencia a la mujer”, agrega la información oficial.

La madre le puso de nombre a la recién nacida Renata. Las dos se encontraban en un buen estado de salud. Luego de la asistencia primaria de la policía llegaron los equipos médicos de emergencia, que brindaron la primera atención y luego trasladaron a ambas al hospital pediátrico Pereira Rossell.

Los efectivos policiales están entrenados para este tipo de asistencia. A ellos se les enseñan maniobras para actuar ante este tipo de situaciones urgentes y deben basar su comportamiento en tres elementos: la tranquilidad, la coordinación y no perder el profesionalismo.

El nacimiento de Milagros

A principios de mes, el Ministerio del Interior había informado de la asistencia de otra bebé, Milagros, por la asistencia de la policía, como consignó entonces Infobae.

Todo ocurrió a las dos de la mañana, en la zona de Luis Batlle Berres y la ruta 5, en el acceso norte de Montevideo. La mujer dio a luz antes de la llegada de los servicios médicos y estos policías debieron asistir. Quienes participaron de este operativo especial fueron el cabo Samuel Suárez, la agente Camila Repetto, el agente Richard Méndez y el sargento Miguel Tejeira.

Los funcionarios fueron derivados hasta este lugar tras recibir un llamado que alertaba sobre una mujer en trabajo de parto. Cuando llegaron vieron que el nacimiento era inminente y que no era posible esperar la asistencia médica. Fue entonces que decidieron actuar para asistir a la madre.

Como resultado de la intervención policial nació una niña, a quien su madre decidió llamar Milagros. Tras el nacimiento, los efectivos comprobaron que la bebé respirara con normalidad, realizaron el pinzamiento y corte del cordón umbilical y la abrigaron, manteniéndola en todo momento junto a su madre hasta la llegada del apoyo, informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

“Los dos tenían muy buen estado de salud. La bebé gracias a Dios salió sanita”, celebró Repetto, que vivió por primera vez una experiencia así. “Fue formidable, muy satisfactoria”, contó.

Desde las primeras horas, trabajadores municipales desmontaron los espacios utilizados por vendedores para ofrecer alimentos y diversos productos. Los objetos retirados fueron trasladados en camiones, mientras que trabajadores efectuaron labores de limpieza en el perímetro. Según se informó durante la jornada, cada comerciante contaba con un área delimitada que era utilizada de manera recurrente para instalar nuevamente sus artículos.

La recuperación de este punto responde también a razones vinculadas con la seguridad. De acuerdo con información del equipo periodístico de Latina Televisión, Puente Nuevo había sido identificado como un lugar donde se producirían actos de extorsión contra distintas líneas de transporte. La actividad ambulatoria, además de reducir el espacio destinado a los peatones, habría dificultado las labores de vigilancia en uno de los sectores con mayor movimiento vehicular de la capital.

Mientras se desarrollaban las acciones, numerosos efectivos permanecieron distribuidos en la zona alta y sus alrededores. La presencia policial cobró especial importancia debido al intenso desplazamiento registrado durante la mañana. Cientos de usuarios utilizan este punto para dirigirse hacia sus centros de trabajo, instituciones educativas y otros destinos ubicados en diferentes distritos limeños.

En la parte inferior del puente también se desplegó un control contra unidades que prestan servicio de manera informal. Agentes de la Policía Nacional y personal de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) participaron en la identificación de vehículos. Una grúa permaneció en las inmediaciones como parte de las acciones destinadas a fiscalizar a los conductores que circulan fuera de las condiciones establecidas.

La intervención adquiere relevancia debido al papel que cumple Puente Nuevo como conexión entre sectores ubicados al norte y sur de Lima. Antes del operativo, vendedores ocupaban áreas destinadas al paso de transeúntes y reducían el espacio disponible para quienes esperaban unidades. Esta situación generaba dificultades adicionales durante las horas de mayor demanda, cuando el flujo de usuarios aumenta considerablemente.

Las autoridades indicaron que las acciones no concluirán con el retiro de los ambulantes. El siguiente paso contempla trabajos orientados a mejorar los paraderos y ordenar el entorno. Asimismo, se prevé mantener la fiscalización para evitar que las áreas recuperadas vuelvan a ser ocupadas, además de fortalecer la supervisión sobre vehículos informales que utilizan las inmediaciones.

El despliegue representa un cambio visible en la zona, donde durante varios años permanecieron estructuras destinadas a la comercialización de productos. Ahora, las veredas lucen libres de esos obstáculos y cuentan con resguardo policial. Las entidades participantes deberán definir las medidas posteriores para conservar el espacio público, mejorar las condiciones de tránsito y reforzar la seguridad frente a posibles hechos delictivos.

Un policía fue condenado a cinco años de prisión efectiva luego de que la Fiscalía acreditara que exigió y recibió S/100 mediante Yape para liberar a un detenido en una comisaría de Arequipa. El caso ocurrió en 2024 y la transferencia bancaria se convirtió en una de las principales pruebas presentadas durante el proceso.

Según el Ministerio Público, se trata de un suboficial de primera PNP, quien fue declarado culpable del delito de cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial. Además de la pena de cárcel, el fallo de primera instancia estableció otras sanciones contra el efectivo por su actuación.

Los hechos ocurrieron el 21 de febrero de 2024 en la Comisaría PNP Miguel Grau, ubicada en el distrito de Paucarpata. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el policía retrasó la salida de un ciudadano investigado por conducir en estado de ebriedad y exigió dinero a su madre pese a que ya existía una autorización para su excarcelación.

Policía exigió S/100 para liberar a detenido en comisaría de Arequipa

El ciudadano permanecía en la dependencia policial luego de ser intervenido por un caso de conducción en estado de ebriedad. Sin embargo, su situación ya contaba con una salida definida, pues el fiscal de turno había emitido la correspondiente boleta de excarcelación tras un acuerdo de principio de oportunidad.

Según la investigación dirigida por el fiscal adjunto provincial Walter Alejandro Churata Checya, el efectivo policial retrasó deliberadamente la salida del detenido. En ese contexto, exigió una dádiva de S/100 a la madre del ciudadano como condición para permitir que abandonara la celda.

Ante esta exigencia, la familiar realizó una transferencia mediante el aplicativo Yape al número celular del custodio. La Fiscalía sostuvo que el policía procedió con la liberación del detenido después de recibir el depósito, hecho que posteriormente fue corroborado con documentación bancaria y otros elementos de prueba.

El rastro del Yape: así se probó que el policía recibió los S/100

Uno de los elementos centrales que presentó el Ministerio Público fue el reporte de la entidad bancaria obtenido mediante el levantamiento del secreto bancario. El documento permitió confirmar que los S/100 transferidos llegaron a la cuenta vinculada al policía.

A esta evidencia se sumaron los testimonios de los agraviados y otros elementos recopilados durante la investigación. De esta manera, la Fiscalía logró sustentar que el dinero entregado por la madre del detenido correspondía al pago exigido para concretar su salida de la comisaría.

La investigación también determinó que el efectivo devolvió los S/100 dos días después, luego de enterarse de la denuncia presentada ante Inspectoría. Según el Ministerio Público, el acusado también intentó alterar los registros digitales de la dependencia policial después de conocer que el hecho había sido denunciado.

Policía fue condenado a cinco años de prisión por recibir una coima de S/100

El Poder Judicial declaró culpable al suboficial por el delito de cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial y le impuso cinco años de prisión efectiva. La resolución corresponde a una sentencia judicial de primera instancia.

Además de la pena privativa de libertad, el fallo ordenó que el efectivo pague S/5.000 de reparación civil por el daño causado a su institución. También estableció su inhabilitación y la privación de su grado y función policial durante seis meses.

El caso quedó marcado por una transferencia de apenas S/100 realizada por Yape, operación que permitió seguir el rastro del dinero y corroborar la acusación fiscal. La sentencia se suma a las acciones del Ministerio Público contra actos de corrupción vinculados con el uso indebido de funciones policiales.

La valija estaba detrás de un muro de ladrillos, a metros de una calle de Orlando. Un investigador la abrió poco antes de la medianoche del 4 de agosto. Adentro encontró una cabeza humana. Ese hallazgo cerró la búsqueda de un hombre de 71 años y abrió una causa por homicidio en primer grado.

Las otras dos piezas de equipaje aparecieron a corta distancia. La pesquisa sumó después una cámara de seguridad vecinal, datos de telefonía, testimonios y rastros biológicos.

En esta etapa, la acusación apunta contra Jose Proano, de 44 años, hijastro de Jorge Vazquez-Escutia. La causa reúne una declaración jurada policial, registros del sheriff y reportes de medios locales de Orlando.

El hallazgo que cambió la búsqueda

La familia de Vazquez-Escutia pidió ayuda cerca de 23 horas antes de que aparecieran las valijas. En la casa encontraron su teléfono, su billetera y sus llaves. También vieron manchas que parecían sangre en una reja exterior, tal y como consignó la declaración jurada citada por Fox News Digital.

Los familiares dijeron a los agentes que no veían al hombre desde hacía 3 días. También remarcaron que sus autos estaban en la entrada, con las puertas sin seguro, una situación que consideraron fuera de lo habitual.

La oficina del sheriff difundió entonces una alerta pública. En ese mensaje indicó que existía preocupación por el bienestar de Vazquez-Escutia, quien sufría pérdida de memoria.

Poco después, los agentes localizaron la primera valija detrás de un muro cercano. Las otras dos aparecieron a unos 122 metros, a lo largo de una carretera de la zona.

Los investigadores aseguraron que una de esas piezas de equipaje tenía una etiqueta con el nombre de la madre de Proano. También afirmaron que dentro de las otras valijas había lonas y más partes del cuerpo.

Quién era la víctima y quién es el acusado

Jorge Vazquez-Escutia, de 71 años, era el hombre cuya desaparición activó el operativo. Los reportes periodísticos lo describieron como el esposo de la madre del acusado y como un vecino conocido en su comunidad.

Una campaña de recaudación para afrontar los gastos funerarios, citada por Fox News Digital, describió a Vazquez-Escutia como “un hombre amable, gentil y generoso, siempre dispuesto a ayudar a vecinos, amigos y familiares”.

La acusación ubicó en el centro del caso a Jose Proano, de 44 años, hijastro de la víctima. De acuerdo con la declaración jurada reseñada por ClickOrlando, el hombre habló con detectives sobre una relación conflictiva con su padrastro.

Los investigadores dijeron que Proano creía que Vazquez-Escutia restringía su acceso a su madre. El expediente además señaló que la mujer padecía demencia.

El mismo documento indicó que el acusado mencionó padecer esquizofrenia. También sostuvo que escuchaba voces que lo llevaban a preocuparse por integrantes de su familia.

La policía afirmó que había registros de múltiples llamados al 911 hechos por Proano para pedir controles sobre su madre. La declaración jurada sostuvo que esas comunicaciones se acercaban a “un nivel de obsesión”, frase reproducida por ClickOrlando y otros medios locales.

La cronología que reconstruyó la investigación

La secuencia comenzó antes de la denuncia por desaparición. Los agentes establecieron que Proano viajó desde North Port, a unos 241 kilómetros de Orlando, en los días previos al crimen.

La exesposa del acusado dijo a los investigadores que él había mostrado una conducta errática y que había lanzado amenazas contra ella. Ese testimonio figura en la declaración jurada citada por Fox News Digital.

La fiscalía sostiene que el hombre vigiló la casa de su madre y de su padrastro. La hipótesis se apoya en registros telefónicos, testimonios y un video de seguridad tomado por una cámara vecinal.

Las imágenes pasaron a ocupar un lugar central en el expediente. El video mostró a un hombre con ropa negra que saltó el muro trasero de la vivienda durante la mañana del 2 de agosto, el día posterior a la última vez en que la víctima fue vista con vida.

Horas más tarde, la misma persona volvió a aparecer en la parte trasera de la casa. La declaración jurada, tal y como citó Fox News Digital, indicó que en la grabación se la veía sacar valijas y colocar lo que parecía ser un brazo humano dentro de una de ellas.

A las 4.28 de la tarde, la filmación registró a ese hombre cuando avanzaba por la entrada con 3 valijas. Los detectives remarcaron que parecían pesadas.

La causa sumó además testimonios de allegados a Proano. La declaración jurada indicó que algunos amigos se comunicaron con la familia de la víctima y dijeron que el acusado les había confesado el crimen. El mismo documento mencionó a otro testigo que afirmó haber recibido un llamado suyo para pedir ayuda.

Los investigadores también revisaron los registros del celular de Proano. Esos datos ubicaron su teléfono cerca de la vivienda al mismo tiempo que el hombre vestido de negro aparecía en la grabación, de acuerdo con lo publicado por Fox News Digital.

Durante su entrevista con la policía, Proano negó al principio ser la persona del video. Más tarde admitió que su teléfono sí había estado en la zona.

Las autoridades afirmaron además que encontraron en su cuerpo lesiones de tipo defensivo. Entre ellas mencionaron rasguños en manos y brazos, y una marca grande en la mejilla derecha.

Con esos elementos, los investigadores sostienen que el acusado mató a Vazquez-Escutia, distribuyó los restos en las valijas y las dejó cerca de White Road, en las inmediaciones de la vivienda familiar.

Qué dice el expediente y qué falta probar

La causa transita una etapa inicial y varias de las pruebas todavía deberán ser debatidas ante la Justicia. Entre los puntos que el proceso deberá revisar figuran la autenticidad y el alcance del video, el peso de los testimonios incorporados al expediente y el valor probatorio de los registros telefónicos.

La defensa pública del acusado evitó pronunciarse sobre el fondo del caso. Fox News Digital citó a un representante que explicó que su cliente no le había dado autorización para hacer comentarios públicos.

Después del arresto, la Orange County Sheriff’s Office afirmó que no había otros sospechosos y descartó un riesgo adicional para la comunidad.

El expediente también incorporó un antecedente que podría tener impacto en el proceso. Documentos citados por medios locales indican que Proano debía recibir tratamiento de salud mental como parte de un acuerdo previo en otra causa penal.

El antecedente penal y la situación actual

En 2022, Proano afrontó cargos por delitos vinculados a un robo armado. Un acuerdo de culpabilidad redujo de forma drástica la pena que podía recibir, que en principio podía extenderse hasta 20 años, tal y como detalló Fox News Digital.

Después de ese acuerdo, quedó bajo libertad condicional hasta 2027. El nuevo arresto implicó una presunta violación de esas condiciones y reactivó aquel expediente anterior.

Tras su detención por el caso de Vazquez-Escutia, un juez ordenó que quedara retenido sin derecho a fianza en Orange County. Medios locales informaron que su próxima comparecencia judicial estaba prevista para los días posteriores a la audiencia inicial.

El proceso recién empieza. La acusación ya fijó un recorrido, un motivo posible y una secuencia respaldada por evidencia preliminar. La defensa todavía no expuso una teoría pública del caso.

La causa sigue abierta en Florida. En el centro del expediente quedaron las 3 valijas localizadas cerca de la casa y la evidencia que, de acuerdo con los investigadores, vincula a Proano con la muerte de Vazquez-Escutia.

La investigación por la muerte de dos chicos de 7 y 9 años en la costa de Nueva Jersey entró en una nueva etapa judicial después de varias semanas de pesquisa.

La Policía Estatal de Nueva Jersey acusó al hombre que manejaba la embarcación de operar bajo los efectos del alcohol y de actuar de forma imprudente en el episodio ocurrido el 19 de julio, informó NBC News.

El hecho ocurrió a las 21.09 en la Intracoastal Waterway, a la altura de Berkeley Township, en el condado de Ocean. De acuerdo con la reconstrucción oficial citada por NBC Philadelphia, el bote chocó contra una señal del canal y expulsó al agua a los dos menores.

Qué pasó en el agua

La embarcación involucrada era una Tidewater Custom 280 de 30 pies, equivalentes a 9,1 metros. CBS New York añadió que junto al conductor viajaban tres pasajeros: una mujer de 64 años, una nena de 9 y un nene de 7.

Tras la colisión, los dos chicos fueron hallados en el agua sin respuesta, aseguró CBS New York en base a la versión policial. Los trasladaron a un hospital local, donde los médicos confirmaron sus muertes.

La información pública difundida hasta ahora no detalló la maniobra previa al impacto ni la velocidad a la que avanzaba la nave. Tampoco quedaron claras las condiciones de navegación en ese tramo, un aspecto que todavía forma parte de lo que la investigación busca establecer.

Quiénes eran las víctimas

El New York Post identificó a los menores como Mya Bella Golabek, de 9 años, y Sigmund Paul Golabek, de 7. Ese mismo medio aseguró que ambos eran nietos del acusado, un dato que amplió el alcance humano del caso y que no había aparecido en las primeras coberturas.

Otra de las incógnitas que siguen abiertas es cuántas personas viajaban a bordo al momento exacto del choque, más allá de los datos iniciales sobre los ocupantes mencionados por CBS New York. La cobertura tampoco precisó en qué parte del bote estaban ubicados los chicos antes de caer al agua.

La policía no difundió públicamente el nivel de alcohol en sangre atribuido al conductor, señaló el New York Post. Ese punto aparece como uno de los elementos más sensibles para la evolución judicial del caso.

Quién es el acusado y qué cargos enfrenta

La Policía Estatal de Nueva Jersey identificó al hombre acusado como Stephen Schneider, de 64 años y residente de Bayville. La fuerza afirmó que se presentó ante las autoridades el viernes en una entrega coordinada con agencias estatales y locales.

NBC News informó que Schneider enfrenta dos cargos de homicidio imprudente con embarcación, además de una acusación por operar bajo los efectos del alcohol y otra por manejo imprudente.

La causa quedó radicada en el condado de Ocean. CBS New York y NBC Philadelphia precisaron que el acusado permanece detenido en la cárcel del condado de Ocean a la espera de una futura audiencia.

Qué puede pasar ahora

El caso avanza ahora hacia una instancia en la que la reconstrucción técnica del choque tendrá un peso central. En esa etapa deberán reunirse testimonios, informes y otros elementos que permitan precisar cómo fueron los segundos previos al impacto y qué margen de control tenía el conductor sobre la nave.

Parte del avance judicial dependerá ahora de la evidencia que incorpore la fiscalía y de la forma en que quede sostenida la acusación en la próxima etapa del caso.

Según NBC News, no estaba claro si Schneider contaba ya con un abogado que pudiera hablar en su nombre. Con ese escenario, la causa quedó a la espera de nuevas definiciones judiciales mientras la pesquisa oficial sigue abierta.

Un grupo de 14 personas fue arrestado en diferentes puntos del territorio nacional como parte de una investigación sobre delitos financieros y blanqueo de capitales, y según la información oficial el perjuicio económico calculado asciende a $276 mil.

Las detenciones se produjeron por orden de la Procuraduría General de la Nación, que a través de la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana coordinó la Operación Cenit junto a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.

Durante los operativos, se informó que los fiscales realizaron allanamientos simultáneos en distintos lugares de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón.

En estos procedimientos, los equipos investigadores señalaron que recolectaron municiones, tarjetas de crédito y débito, documentación bancaria y equipos tecnológicos, además de otros objetos relevantes para el caso.

La investigación se originó tras el robo de un teléfono móvil el 14 de febrero de 2026 en el Parque Porras de la ciudad de Las Tablas, en la provincia de Los Santos.

La víctima denunció que, después del hurto, se efectuaron transacciones bancarias ilícitas desde su cuenta en banca en línea por el monto investigado.

En otro caso, en un operativo separado, en el sector de Cocobolo del corregimiento Arnulfo Arias, en el distrito de San Miguelito, agentes de la Policía Nacional decomisaron dos armas de fuego, diversas municiones, sustancias ilícitas y detuvieron a 12 personas para investigación.

Las autoridades también informaron el hallazgo de 110 municiones de diferentes calibres en otra acción policial. Las personas arrestadas fueron puestas a disposición de las autoridades para iniciar los trámites legales correspondientes.

En otro proceso judicial, el ciudadano Jorge Néstor Sánchez, conocido como “Comanche” y de 46 años, fue detenido provisionalmente por orden del juez de garantías Fermín Bonilla. Se lo investiga por su presunta relación con delitos de drogas y blanqueo de capitales. “Comache”, fue extraditado desde Colombia.

La fiscalía presentó cargos durante la audiencia, argumentando que existen elementos que vinculan a Sánchez con conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y lavado de dinero. Según el juez, la medida de detención era adecuada y proporcional, considerando la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga.

La investigación sobre Sánchez forma parte de la llamada “Operación Jericó”, que comenzó en junio de 2023 y está relacionada con el posible tráfico de drogas hacia Costa Rica. El acusado fue extraditado desde Colombia antes de ser puesto a disposición judicial.

El diario La Prensa detalló que la Operación Jericó comenzó el 30 de junio de 2023, cuando el Ministerio Público descubrió la existencia de un grupo criminal que se dedicaba al tráfico internacional de drogas.

Este grupo, según la publicación, introducía la droga por la selva de Darién, vía terrestre, utilizando mochileros. Posteriormente, la droga era trasladada al distrito de San Miguelito, donde la escondían en vehículos con doble fondo y finalmente la transportaban a Costa Rica.

Talleres ubicados en San Miguelito se encargaban de camuflar la droga en los vehículos con doble fondo.

Agentes del Servicio Nacional de Fronteras, siempre de acuerdo a la publicación de La Prensa, se encargaban de dar seguridad a los cargamentos. Su participación con el grupo quedó al descubierto a través de intervenciones telefónicas, agrega.

Sánchez Rodríguez fue capturado en Medellín, Colombia, en enero de 2025, tras ser localizado en un sector exclusivo de esa ciudad utilizando una identidad falsa. El ciudadano era uno de los más buscados dentro de la Operación Jericó, por quien se ofrecía una recompensa de $30 mil.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen, fue trasladado bajo un amplio dispositivo de seguridad por unidades de Interpol Panamá, la Dirección de Investigación Judicial y el Bloque de Búsqueda hacia la sede de la DIJ donde quedó a órdenes de las autoridades competentes, indicó la Policía.

De acuerdo con las investigaciones, alias “Comanche” es señalado como presunto cabecilla con vínculos con pandillas locales, entre ellas Pentágono y Los Galácticos, además de mantener conexiones con integrantes del Clan del Golfo.

Las autoridades lo vinculan con la coordinación del recibimiento de lanchas rápidas cargadas de cocaína procedentes de Colombia, que ingresaban por sectores de la Comarca Guna Yala, para posteriormente movilizar la droga hacia Costa Rica.

Asimismo, las investigaciones señalan que habría utilizado empresas fachada como mecanismo para el blanqueo de capitales, con el propósito de introducir al sistema económico recursos presuntamente provenientes de actividades ilícitas.

La escena se produjo en las inmediaciones de las calles Obligado y Santa Catalina del partio de La Matanza, e involucró a un efectivo de la fuerza policial de la Ciudad. Según pudo saber Infobae de fuentes vinculadas a la investigación, el oficial de 21 años viajaba en su motocicleta Corven Mirage junto a otro joven de 19. En ese momento, los asaltantes se les acercaron y, tras identificarse como policía para evitar el robo, comenzó el enfrentamiento. Los delincuentes emprendieron la fuga con la motocicleta del agente, aunque uno de ellos quedó tendido en el lugar con una herida de arma de fuego.

Inmediatamente las autoridades acudieron al llamado y en el lugar constataron que el joven herido, identificado posteriormente por un familiar, como L.G.H. de 15 años, había muerto. Junto al cuerpo se halló una motocicleta Honda GLH sin patente visible. Las primeras pericias del caso quedaron a cargo de fuerzas federales, conforme lo dispuso el Dr. Fornaro de la UFI Homicidios.

Poco después del tiroteo, las autoridades tomaron conocimiento de que en el Hospital Balestrini había ingresado otro joven con herida de arma de fuego en el hombro derecho, identificado como B.A.H. (15). En paralelo, en el Hospital Kirchner fue atendido B.N.A. (17) con una lesión similar en el brazo derecho, quien posteriormente fue derivado al Hospital Simplemente Evita.

Las cámaras de seguridad del área resultaron clave para la investigación. El análisis de las imágenes permitió determinar que B.A.H., quien inicialmente declaró haber sido víctima de un intento de robo, en realidad había participado del asalto. Lo descubrieron deido a la vestimenta, la misma utilizada durante el hecho.

Fuentes de la investigación aseguraron a este meio que cuatro personas permanecen aprehendidas por el caso. Además, se confirmó que la motocicleta del policía fue secuestrada como parte de las diligencias judiciales. Uno de los sospechosos logró darse a la fuga y es intensamente buscado.

El caso quedó bajo la órbita del fiscal Volpicina de la UFI Menores, quien caratuló la causa como homicidio criminis causa, dado que los motochorros habrían actuado con la intención de matar. El fiscal también dispuso la aprehensión de los menores involucrados y ordenó el cumplimiento de las pericias correspondientes por parte de fuerzas federales.

Entraron a robar a un departamento y los detuvieron

La Policía de la Ciudad detuvo a tres ciudadanos chilenos que ingresaron por el balcón a un departamento del barrio porteño de Balvanera para robar en la madrugada del domingo. El operativo se desencadenó tras la denuncia de una joven de 19 años, también de nacionalidad chilena, que alertó sobre la presencia de los intrusos en su vivienda de la calle José Evaristo Uriburu al 700. Los delincuentes, de 28, 30 y 33 años, se llevaron un bolso, una notebook con su cargador, una campera, un morral y una pinza metálica antes de escapar.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 3 C coordinaron el rastreo con el Centro de Monitoreo Urbano (CMU), cuyas cámaras permitieron reconstruir la ruta de escape. Uno de los sospechosos fue hallado oculto debajo de un container de basura en Lavalle al 2300, donde también se recuperaron parte de los objetos descartados. Los otros dos fueron interceptados en la avenida Corrientes al 2400. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7 dispuso su detención bajo la carátula de hurto agravado por escalamiento y el secuestro de los elementos recuperados.

El episodio no fue el único del fin de semana. El sábado, cuatro jóvenes de entre 17 y 19 años fueron detenidos tras ingresar también por un balcón al departamento de una pareja colombiana en la avenida Álvarez Thomas al 800, en el límite entre Colegiales y Chacarita. Los sospechosos sorprendieron a las víctimas mientras dormían y las amenazaron para apoderarse de sus pertenencias. La policía los halló ocultos en la terraza de un edificio vecino y recuperó una consola de videojuegos, varios relojes y otros objetos. Dos de los detenidos, de 17 años, ya registraban antecedentes por robo de automóvil y robo a mano armada respectivamente.

La Policía de Control de Drogas (PCD) concretó un nuevo golpe al tráfico internacional de estupefacientes en el Caribe costarricense tras decomisar 256 paquetes de cocaína y detener a ocho personas durante un operativo realizado en la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón.

El procedimiento ocurrió cuando agentes antidrogas sorprendieron a varias personas que presuntamente estaban descargando un importante cargamento de droga desde la cabina de un cabezal hacia otro sitio dentro de las instalaciones portuarias.

Entre los detenidos se encuentra un funcionario de Fuerza Pública, de apellido Picado, quien, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades, habría colaborado para permitir el ingreso del tráiler que transportaba el cargamento.

La captura del agente policial se suma a las acciones de las autoridades para identificar posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas. El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, fue enfático al referirse a este tipo de casos.

“Policía que encontremos que está del lado de los criminales, lo vamos a detener y lo vamos a presentar al Ministerio Público”, declaró Campos.

Además del oficial, los agentes de la PCD arrestaron a siete trabajadores de una empresa privada que presta servicios de logística dentro de la terminal portuaria.

Los detenidos fueron identificados por las autoridades con los apellidos Díaz, Meza, Allet, Osorio, Cooper, Arrieta y Correa.

De acuerdo con el reporte policial, algunos de los sospechosos ya habían tenido contacto con investigaciones relacionadas con el narcotráfico. Díaz registra antecedentes por una infracción a la Ley de Niñez y la Adolescencia, mientras que Meza había sido detenido anteriormente por la PCD y vinculado con una investigación por tráfico internacional de drogas.

La situación de Allet también llamó la atención de los investigadores, debido a que ya había sido detenido por la PCD por el mismo delito.

En contraste, las autoridades señalaron que Osorio, Cooper, Arrieta y Correa no registraban antecedentes.

Durante el operativo, los agentes no solo localizaron la droga. También decomisaron ₡613,000 (USD 1,362) en efectivo, dos armas de fuego, tres cargadores y 42 municiones de distintos calibres.

A estos elementos se suma el furgón involucrado en el traslado del cargamento, que quedó bajo custodia de las autoridades como parte de las diligencias relacionadas con la investigación.

El decomiso ocurre en medio de una serie de operativos contra las estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas que utilizan la infraestructura portuaria del país para movilizar cargamentos de cocaína hacia mercados internacionales.

Las autoridades calificaron este procedimiento como el cuarto golpe al tráfico internacional de drogas registrado en menos de una semana, en el marco de la denominada Operación Soberanía.

Según los datos proporcionados por el Ministerio de Seguridad Pública, esta estrategia ya permitió superar las 23 toneladas de cocaína decomisadas desde 2023.

El uso de terminales portuarias y trabajadores vinculados con las operaciones logísticas constituye uno de los focos de atención para los cuerpos policiales, debido al papel que desempeñan estas instalaciones en el movimiento de mercancías hacia diferentes destinos internacionales.

La investigación ahora deberá determinar cuál fue exactamente la participación de cada uno de los detenidos, así como establecer si existía una estructura organizada detrás del traslado del cargamento localizado en Moín.

Las ocho personas fueron trasladadas a la Fiscalía de Limón, donde quedaron a disposición del Ministerio Público. Será la Fiscalía la encargada de solicitar las medidas cautelares que correspondan mientras avanzan las investigaciones.

La investigación permanece abierta y las autoridades deberán determinar el destino que tendría el cargamento, su procedencia y las posibles conexiones de los detenidos con organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade busca cubrir 150 vacantes para aumentar la presencia policial en las calles y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias. La necesidad surge de las principales demandas de seguridad expresadas por los residentes del condado en una encuesta comunitaria cuyos resultados presentó la sheriff Rosie Cordero-Stutz.

El sondeo, realizado entre 3.238 residentes de Miami-Dade, mostró una valoración positiva de la agencia, pero también expuso reclamos concretos sobre el patrullaje, los tiempos de respuesta y la claridad sobre las funciones del organismo.

El 77% de los encuestados pidió respuestas más rápidas en situaciones de emergencia, mientras 64% señaló que quiere ver más agentes en los vecindarios, las escuelas y los eventos comunitarios. La propia Cordero-Stutz afirmó que los resultados sirven como una hoja de ruta para definir prioridades dentro del condado.

Qué mostró la encuesta entre los residentes

Los datos difundidos en el estudio oficial del Miami-Dade Sheriff’s Office indican que más de 76% de los encuestados consideró que el trabajo de la Oficina del Sheriff contribuye de forma positiva a la seguridad y a la calidad de vida. A eso se sumó otro indicador: alrededor de 70% opinó que los agentes tratan a las personas con respeto y justicia.

Al presentar esos números, Rosie Cordero-Stutz aseguró que el sondeo confirma una relación favorable entre la comunidad y la institución. “Setenta por ciento de la comunidad expresó una confianza alta o muy alta en la Oficina del Sheriff”, dijo la funcionaria, en declaraciones recogidas por Fox News.

La encuesta también permitió ordenar las principales preocupaciones vecinales. La protección de niños y escuelas apareció en primer lugar entre las prioridades señaladas por los residentes. Luego figuraron la reducción de los delitos violentos y la necesidad de mejorar la velocidad de respuesta policial.

A esas inquietudes se añadieron observaciones sobre problemas de tránsito. Algunos participantes mencionaron infracciones que, a su juicio, no reciben suficiente atención de las autoridades. Entre las zonas señaladas aparecieron sectores próximos a la Calle Ocho, en el suroeste, y la calle 12 del noroeste. Cordero-Stutz reconoció ese escenario y sostuvo que la conducción agresiva constituye una dificultad extendida en distintas partes del condado.

“Están absolutamente en lo correcto: las personas conducen de manera agresiva”, expresó la sheriff, tal y como citó Fox News 10. La funcionaria añadió que las áreas mencionadas ya reciben vigilancia preventiva.

El desafío de contratar y retener agentes

La posibilidad de reforzar patrullajes depende, en buena medida, de la capacidad de la agencia para sumar personal y evitar nuevas salidas. La Oficina del Sheriff de Miami-Dade ofrece un salario inicial algo superior a 66.000 dólares anuales para sus agentes, aunque otras dependencias policiales del sur de Florida cuentan con remuneraciones o beneficios que pueden resultar más atractivos.

Ese punto se convirtió en una de las principales preocupaciones de la conducción del organismo. Cordero-Stutz explicó que busca recursos para incorporar nuevos uniformados y, al mismo tiempo, conservar a quienes ya forman parte de la plantilla. Cubrir las 150 vacantes permitiría distribuir más efectivos entre tareas de patrullaje, respuesta a emergencias y otras funciones operativas, aseguró la jefa policial.

El reclamo por mayor presencia en la calle se apoya en una demanda vecinal concreta. Para una parte de los residentes, la seguridad no solo se mide por la respuesta ante un delito consumado, sino también por la visibilidad de los agentes en espacios cotidianos.

En ese marco, la discusión sobre recursos aparece ligada a un escenario más amplio. La líder policial manifestó preocupación por la disponibilidad futura de fondos para la seguridad pública frente a propuestas que podrían reducir ingresos procedentes de impuestos sobre la propiedad. Aunque el artículo no detalla medidas específicas, ese contexto suma presión sobre la planificación presupuestaria del condado.

La confusión sobre el rol de la Oficina del Sheriff

Además de medir confianza y prioridades, la encuesta detectó un problema de comunicación institucional. Apenas 27% de los participantes afirmó comprender con claridad la diferencia entre la Oficina del Sheriff y los departamentos municipales de policía, reportó Fox News.

La distinción tiene impacto práctico en la vida diaria del condado. La Oficina del Sheriff de Miami-Dade presta servicio principalmente en las áreas no incorporadas y además cumple funciones de alcance condal. Las ciudades, en cambio, disponen de sus propios cuerpos policiales o contratan la prestación con otra agencia. Esa superposición de competencias, vista desde la ciudadanía, puede generar dudas sobre a quién corresponde cada tarea.

Frente a ese diagnóstico, la institución prevé impulsar actividades educativas y encuentros con la comunidad para explicar mejor sus responsabilidades. “Nuestra comunidad quiere vecindarios seguros, agentes visibles y una mejor comprensión de los servicios que ofrecemos”, afirmó Cordero-Stutz en declaraciones reproducidas por Fox News. “Escuchamos claramente ese mensaje”, agregó la sheriff.

La necesidad de cubrir vacantes, mejorar la capacidad de respuesta y aclarar el rol de la agencia marca así los próximos pasos de la conducción policial en Miami-Dade, donde la demanda vecinal combina respaldo a la institución con pedidos concretos sobre presencia territorial y funcionamiento operativo.

La aparición de un velero sin tripulación frente a Tacoma, en el noroeste de Estados Unidos, derivó en un operativo que dejó al descubierto una escena inusual en aguas de Washington.

De acuerdo con CBS News, dentro de la embarcación había 60 gatos, varios de ellos en mal estado, en un caso que además quedó bajo investigación criminal.

El barco, de unos 12 metros de eslora, fue detectado a comienzos de agosto cerca de Owen Beach. A partir de ese hallazgo, agentes del Departamento de Policía de Tacoma y personal de control animal revisaron toda la nave para sacar a los animales que permanecían a bordo.

CBS News precisó que el procedimiento se extendió durante casi una semana. Las autoridades informaron el martes que habían retirado al último felino localizado dentro del velero.

Una búsqueda que se extendió durante varios días

La primera alerta llegó el 6 de agosto, cuando la policía acudió tras recibir reportes sobre un velero abandonado frente a la playa.

Al subir a la embarcación, los agentes encontraron decenas de gatos y gatitos en condiciones que las propias autoridades calificaron como inseguras, tal y como recogió CBS News.

El Departamento de Policía de Tacoma aseguró en redes sociales que muchos de los animales se encontraban asustados y desnutridos.

Esa evaluación fue acompañada por imágenes del operativo, en las que se observó a varios gatos agrupados en una parte del barco y a los equipos de rescate con cajas de transporte y elementos de protección.

La policía afirmó que la tarea exigió paciencia y coordinación entre distintos equipos. En un mensaje difundido por las autoridades y citado por CBS News, el departamento comunicó que “el último gato ya está fuera del barco”.

La causa permanece bajo investigación

El caso no quedó limitado al rescate animal. Las autoridades de Tacoma confirmaron que existe una investigación criminal activa alrededor del velero y de las condiciones en las que permanecían los animales.

Hasta ahora, la policía no precisó cuál podría ser la figura penal involucrada. De todos modos, la cadena local KIRO, citada por CBS News, informó que el expediente podría analizarse como un posible caso de acumulación de animales bajo la normativa estatal sobre crueldad animal.

Los animales rescatados fueron trasladados a la Humane Society of Tacoma & Pierce County, donde recibirán controles veterinarios antes de que se defina si podrán ser dados en adopción.

Ese marco legal en Washington prohíbe distintas formas de maltrato y negligencia. A su vez, la normativa municipal de Tacoma establece que los residentes deben contar con licencias para sus mascotas y fija un límite de seis perros o gatos por hogar.

La concentración de tantos gatos en una sola embarcación marcó uno de los puntos más llamativos del caso.

Ese número dio una dimensión concreta al operativo y reforzó las dudas de los investigadores sobre quién estaba a cargo del velero y cómo llegaron los animales a ese lugar.

Qué puede pasar con el barco y con los animales

La policía pidió ayuda a la comunidad ante la posibilidad de que algún animal haya quedado oculto.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que vea un gato sobre el velero envíe una foto, junto con la fecha, la hora y la ubicación del avistamiento, a Tacoma Animal Control.

El pedido incluyó una advertencia concreta. Los agentes remarcaron que nadie debe subir por cuenta propia a la embarcación.

Las autoridades también señalaron que el velero será retirado del lugar si su propietario no aparece. Ese paso todavía no tiene fecha pública confirmada, pero figura entre las medidas previstas una vez que finalicen las revisiones de seguridad y la investigación.

Las autoridades de Idaho difundieron por primera vez el testimonio del agente estatal Steve McClain, cuya identidad había quedado bajo reserva tras el tiroteo del 1 de agosto en Twin Falls.

La declaración se conoció en medio de una investigación que todavía no tiene una explicación oficial sobre el motivo del ataque, de acuerdo con ABC News.

En ese mensaje, el uniformado afirmó que su atención sigue puesta en las víctimas, en sus familias y en las personas afectadas por el episodio.

También sostuvo que actuó como creyó necesario frente a una situación extrema, tal y como indicó el comunicado de la Policía Estatal de Idaho citado por ABC News.

Ese testimonio incorporó un nuevo elemento a la reconstrucción oficial de lo ocurrido en el local de In-N-Out Burger, donde el agente se encontraba al momento de los disparos.

Qué hizo Steve McClain dentro del restaurante

La versión oficial indicó que McClain ayudó a evacuar a clientes y empleados apenas comenzó la balacera. Después, intentó ubicar el origen de la amenaza, afirmó la fuerza estatal.

Las autoridades también señalaron que el agente intercambió disparos con el atacante a través de una ventana.

Más tarde, McClain colaboró con los efectivos que llegaron al lugar y los orientó hacia la última dirección conocida del agresor. También ocupó una posición estratégica hasta que otro grupo pudo relevarlo, afirmó días atrás el jefe de la Policía de Twin Falls, Matthew Hicks.

En esa misma conferencia, el funcionario definió esa intervención como “heroica e increíble”, tal y como citó ABC News.

La declaración pública del agente y el reconocimiento oficial

En su mensaje, Steve McClain remarcó que muchas personas dieron un paso al frente para ayudar a desconocidos pese al riesgo personal.

“Como muchas otras personas que estuvieron allí ese día, simplemente hice lo que creí que debía hacer. Mucha gente ayudó a completos desconocidos, a menudo con un gran riesgo personal, y agradezco su valentía y su compasión”, afirmó el agente en el comunicado oficial.

McClain también destacó el valor de su formación profesional. “Agradezco que mi entrenamiento me haya preparado para este incidente horroroso”, señaló, según difundió la Policía Estatal de Idaho y reprodujo ABC News.

El director de esa fuerza, Bill Gardiner, aseguró que el agente se expuso de manera voluntaria para proteger a otras personas. “Frente a una amenaza activa, se puso deliberadamente en peligro para proteger a otros. Al hacerlo, sin duda ayudó a salvar vidas”, sostuvo el funcionario.

La reserva sobre la identidad del policía respondió a un pedido de la fiscalía local. Más tarde, la fuerza informó que la difusión de su nombre no afectaría la investigación en curso.

Otros civiles también enfrentaron al atacante

La investigación oficial también destacó la intervención de otras personas que estaban en la zona al momento del tiroteo. La policía indicó que dos civiles confrontaron al atacante y consideró que esa reacción ayudó a frenar la secuencia de violencia.

Uno de ellos fue Austin James Scott, un exagente de policía y exintegrante de la Policía Estatal de Idaho. Scott recibió un disparo y quedó entre los heridos, precisaron las autoridades en declaraciones reproducidas por ABC News.

Además, un video del episodio mostró que otra persona interceptó al agresor en un sendero peatonal. Hicks afirmó que ese hombre “se enfrentó con valentía al tirador, lo que dio tiempo a otras personas que bajaban por el sendero para darse vuelta y escapar”.

Gardiner sostuvo que la respuesta de los presentes resultó decisiva en varios momentos. “Incontables personas comunes tomaron decisiones extraordinarias ese día”, aseguró.

A su vez, remarcó que la fuerza reconoce el coraje de quienes asistieron a las víctimas, protegieron a terceros y actuaron en medio de una escena extrema.

El agresor fue identificado por la policía como Chad Williams, de 24 años. Las autoridades informaron que murió por una herida de bala autoinfligida.

El caso generó indignación entre los residentes de la zona, quienes se movilizaron hasta las inmediaciones de la comisaría La Unificada para pedir que las autoridades investiguen lo ocurrido y sancionen al responsable. Los vecinos señalaron que Campeón era un animal querido en el barrio y que su muerte provocó la reacción de diversas personas vinculadas a la defensa de los animales.

Vecinos piden justicia por la muerte de Campeón

Durante la cobertura de ATV, una de las denunciantes señaló que un grupo de animalistas se encontraba indignado por el ataque y reclamaba justicia para el perro. Las manifestantes también solicitaron que las autoridades actúen frente a la agresión y que el responsable reciba una sanción.

Otra vecina afirmó que el episodio no habría afectado únicamente al animal. Según su testimonio, el dueño de Campeón también habría sido golpeado durante el incidente. “No solo ha matado al perrito, también ha herido al dueño del perrito”, declaró ante las cámaras, al precisar que se trata de una persona adulta mayor. Las vecinas aseguraron que intervinieron para evitar que la situación tuviera mayores consecuencias.

Antecedentes de comportamiento violento

Los testimonios recogidos por ATV también incluyeron referencias a presuntos antecedentes de comportamiento violento. Una de las vecinas sostuvo que Lázaro Cóndori habría tenido problemas previos con otros residentes de la zona y lo calificó como una persona violenta.

La cobertura televisiva mostró además imágenes del presunto agresor e informó que el hombre sería personal trainer. Según el reporte, difunde videos relacionados con el deporte y la actividad física a través de sus redes sociales y trabaja en un gimnasio ubicado en Miraflores.

Investigan delito de maltrato animal

Durante la transmisión, ATV también recordó que la muerte de un animal en circunstancias consideradas agravadas puede generar una sanción penal. El caso de Campeón queda así bajo investigación para determinar las responsabilidades correspondientes y establecer la situación legal de Lázaro Cóndori.

Los vecinos y animalistas que se concentraron en la comisaría La Unificada insistieron en su pedido de justicia y solicitaron la intervención de las autoridades. La comunidad permanece a la espera de que se esclarezca el ataque y se determine la responsabilidad del denunciado por la muerte del perro y la presunta agresión contra su dueño.

Un efectivo de policial que se encontraba fuera de servicio se defendió a los tiros de un intento de robo en La Plata y dos delincuentes resultaron heridos.

El episodio ocurrió en la zona de 156 entre 59 y 60, cuando dos hombres armados interceptaron a un policía que circulaba en moto. Los hombres trataron de robarle utilizando armas de fuego. Frente a la inminencia del ataque, el Policía se identificó como tal y extrajo su pistola, abriendo fuego para repeler la agresión.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, la reacción del agente logró frustrar el robo, aunque los atacantes huyeron rápidamente del lugar a bordo de su moto. Minutos después de lo sucedido, se reportó el ingreso de dos hombres heridos de bala en la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Los Hornos. Los médicos constataron que uno presentaba una herida de entrada y salida en el abdomen, mientras que el segundo solo tenía un orificio de entrada. Ambos quedaron bajo observación y custodia policial, con pronóstico reservado.

La identificación de los heridos permitió vincularlos directamente con el intento de robo que sufrió el policía. Se trata de un joven de 18 años, quien ya tenía antecedentes penales por “encubrimiento”, y su padre, con registros por “robo agravado en poblado y en banda”.

Las autoridades judiciales intervinieron de inmediato. La causa fue asignada a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 del Departamento Judicial de La Plata, que dispuso la aprehensión de ambos sospechosos y su permanencia bajo custodia mientras reciben atención médica.

El hecho generó una rápida movilización policial en la zona, con el objetivo de garantizar la seguridad y recabar pruebas sobre lo sucedido. Efectivos de la comisaría local trabajaron en el lugar del enfrentamiento, mientras los peritos realizaban las tareas correspondientes para reconstruir la secuencia de los hechos y recolectar elementos balísticos.

La investigación judicial busca ahora determinar la cantidad exacta de disparos realizados, la secuencia precisa del enfrentamiento y si hubo participación de algún otro cómplice en el intento de asalto. Por el momento, no se registraron más detenciones vinculadas al caso.

Este intento de robo y el posterior enfrentamiento armado reavivaron la preocupación de los vecinos de La Plata por la inseguridad.

El caso también pone en evidencia la reincidencia delictiva, ya que tanto el joven de 18 años como su padre contaban con antecedentes penales previos. La intervención judicial, a cargo de la UFI N° 11, deberá definir la situación procesal de ambos una vez que reciban el alta médica.

La secuencia de los hechos dejó en claro que los asaltantes eligieron a una víctima que resultó estar en condiciones de defenderse y responder al ataque. La actuación del Policía fue comunicada a sus superiores y se encuentra bajo revisión, como ocurre en estos casos, para establecer si se ajustó a los protocolos de uso de arma reglamentaria.

Hace una semana, un policía baleó a un motochorro en La Matanza para defender a sus amigos evangélicos de un robo. El hecho ocurrió en Villa Madero, cuando dos delincuentes intentaron robarle a un grupo de personas que salían de un templo.

Junto al grupo se encontraba un policía retirado de la PFA, de 52 años, que portaba su arma. Mientras charlaba con sus amigos, el policía, con domicilio porteño, notó rápidamente el asalto y desenfundó. Así, comenzó a disparar. La secuencia fue captada por un video de cámara de seguridad, cuyo video ilustra esta nota. Los transeúntes en la zona, al oír los disparos, se echaron al piso.

Un motochorro terminó herido. Se trata de E. A. A., de 26 años, de acuerdo con un informe al que accedió Infobae, que recibió dos tiros, uno en una de sus piernas y otro por la espalda. La moto en la que viajaba con su cómplice quedó en el lugar. El otro ladrón huyó del lugar, abandonando a su compañero delictivo.

Durante la nota, Moyano negó de manera tajante la versión oficial que figura en la causa y que sostiene que la policía intervino al observar a una mujer corriendo y pidiendo auxilio, presuntamente tras ser agredida y retenida en contra de su voluntad. “Sí, totalmente inventado. Aparte, después me golpearon todo. Pero eso es lo que Candela desmiente. Cuando salió del estado de shock, Candela no podía hablar y yo estaba ahí”, afirmó.

De acuerdo con el relato policial incorporado al expediente, al momento de intervenir, Candela Arizaga habría manifestado que su pareja la golpeó y mantuvo encerrada en el domicilio. Moyano rechazó esa versión y sostuvo que la joven nunca formuló semejante acusación. “Yo estaba ahí, no podía decir nada. Y ahí me decían: ‘No pudo haber dicho eso nunca’, porque aparte no pasó. Y después no se desdice nueve veces, once veces se desdice. ¿Cómo se puede decir once veces?”, expresó el exdirigente sindical.

Consultado sobre la motivación que pudo haber tenido el agente para declarar en su contra, Moyano respondió: “Eso le tendrías que preguntar al policía por qué mintió. Yo lo que estoy afirmando es que mintió, porque Candela lo asevera en todas sus declaraciones”. Según la defensa del exdiputado, Arizaga brindó varias declaraciones ante la fiscalía y otros organismos, en las cuales negó que existiera violencia o privación de la libertad.

En otro tramo del diálogo, Moyano insistió en que la detención fue “totalmente injusta” y atribuyó la decisión a un relato policial que, a su entender, no tiene sustento. “La detención fue sin ningún tipo de prolijidad. No digo el tratamiento de los medios, de la fiscalía. No sé, tendrán sus argumentos. Tendrás que hablar con la fiscal y preguntarle por qué no lo hace”, señaló en referencia a la medida restrictiva que todavía sigue vigente.

El exdiputado también se refirió al episodio que desencadenó la intervención policial. Explicó que su novia sufrió “un brote psicótico” y que tuvo que asistirla practicándole maniobras de RCP. “Cuando le hago RCP, lo que yo ratifico es que tuvo un brote psicótico y que antes del brote psicótico, yo hablé porque había tenido un paro cardíaco. Yo le hago RCP, cuando ella se reanima, ella está en un estado de confusión”, detalló Moyano. Además, remarcó que todo el procedimiento quedó registrado en videos y cámaras de seguridad del domicilio.

Sobre las acusaciones de consumo de sustancias, el exlegislador negó haber estado bajo efectos de estupefacientes y aseguró que la médica legista constató que no presentaba síntomas compatibles. “Si hay un tema de gravedad o algún tema de adicción o de consumo que vincula a delito, yo te lo puedo aceptar. Ahora, cuando ni la fiscalía me está pidiendo una cuestión de consumo, porque si no hubiera hecho compulsiva la extracción de sangre y la orina”, argumentó Moyano.

Por último, el exdiputado denunció haber sido víctima de agresión por parte del propio policía que intervino en el operativo. “Este mismo, Ezequiel Ríos, me pega con abuso de autoridad, queriendo que yo reaccione para tenerme detenido ahí mismo. Eso también se lo dije al comisario de la 13 A”, relató Moyano. La causa se encuentra en etapa de investigación y la medida restrictiva sobre Moyano permanece vigente.

Manuel Hernandez fue arrestado después del vuelco de una embarcación en New York Harbor, un episodio que dejó dos personas muertas y otras 12 con heridas leves cerca de Liberty Island. De acuerdo con ABC News, el operador, de 46 años y residente de Manhattan, enfrentó en un primer momento 13 cargos de puesta en peligro temeraria.

El caso dio un paso más pocas horas después. ABC7 informó que los fiscales federales tomaron el control de la investigación sobre Hernandez, mientras las autoridades intentan determinar si el viaje funcionaba como una operación de chárter ilegal y si la embarcación trasladaba más pasajeros de los permitidos.

Las víctimas fueron identificadas como Sara Sanchez, de 27 años, y su hija de cinco meses, Antonella Garcia, según datos difundidos por la Policía de Nueva York. Ambas fueron rescatadas del agua en estado crítico tras el accidente del sábado por la noche y luego murieron en el hospital.

La detención de Manuel Hernandez y el avance del caso

Según publicó ABC7, Hernandez fue trasladado a custodia federal después de recibir atención médica en Maimonides Medical Center. Ese medio señaló que las acusaciones impulsadas inicialmente por la policía de la ciudad dejaron de avanzar a nivel local a partir de la intervención de los fiscales federales.

ABC News y Newsday detallaron que la detención se produjo durante la madrugada del domingo, pocas horas después del siniestro ocurrido en aguas próximas a la Estatua de la Libertad.

La causa quedó bajo revisión de las autoridades federales, que ahora deberán resolver cuáles serán los próximos cargos y cómo seguirá el expediente.

Uno de los principales puntos bajo análisis es si el bote operaba como un illegal charter, una expresión que alude a un servicio pago de traslado de pasajeros sin las habilitaciones, credenciales, equipos de seguridad o certificados de inspección requeridos por la normativa de la Guardia Costera de Estados Unidos. ABC7 aseguró además que los investigadores revisan si la capacidad permitida había sido excedida.

Cómo fue el vuelco frente a Liberty Island

El accidente ocurrió cerca de las 22.30 del sábado en las aguas próximas a Liberty Island, en la zona de la Estatua de la Libertad, tal y como informó ABC News. A partir de una alerta por personas en el agua, se desplegó un operativo con personal de la Guardia Costera, del Departamento de Bomberos de Nueva York y de la policía local.

De acuerdo con Newsday, en el rescate participaron dos embarcaciones de la Guardia Costera, cuatro del FDNY, dos de la NYPD y un helicóptero policial. Ese diario añadió que también colaboró un particular que navegaba en otra lancha y asistió en la recuperación de sobrevivientes.

Las dos víctimas fueron trasladadas en estado crítico a NYU Langone Brooklyn, donde luego se confirmó su muerte, como reportaron ABC News y ABC7.

Los otros 12 ocupantes rescatados fueron derivados a centros de salud de la zona con lesiones menores. Newsday afirmó que todos permanecían estables horas después del hecho.

Quiénes eran las víctimas y qué dijeron las autoridades

La policía identificó a las fallecidas como Sara Sanchez y Antonella Garcia, ambas con domicilio en Queens, según consignó ABC News. Además, indicó que a partir de fuentes con conocimiento de la pesquisa, que se trataba de madre e hija.

ABC7 agregó que el esposo de Sanchez estaba a bordo y sobrevivió, y que la pareja tenía además un hijo de 6 años.

En un comunicado citado por Newsday, la capitana Doreen McCarthy, comandante del sector Nueva York de la Guardia Costera, expresó: “Estamos profundamente entristecidos por la trágica pérdida de vidas ocurrida anoche, y nuestros pensamientos están con la familia y los seres queridos de las víctimas durante este momento tan difícil”.

La funcionaria añadió, en declaraciones recogidas por ese medio, que la fuerza está comprometida con “hacer rendir cuentas a los operadores ilegales con todo el peso de la ley para garantizar la seguridad de todos en nuestras vías navegables”.

Por su parte, ABC News indicó que la Guardia Costera de Estados Unidos abrió una investigación activa para determinar “las circunstancias y la causa” del accidente.

La declaración oficial sostuvo que el organismo trabaja junto con su servicio de investigaciones y con la policía de Nueva York para esclarecer el hecho.