Minnesota aplicará la prohibición de los cajeros automáticos de criptomonedas a partir del 1 de agosto de 2026, como respuesta directa a la creciente ola de estafas que involucra a estos dispositivos.

La medida, confirmada por Fox News, exige que los operadores retiren todas las máquinas de acceso público antes de finalizar el año.

De acuerdo con cifras oficiales, las pérdidas provocadas por este tipo de fraude superaron USD 1.000.000 en el estado durante los últimos tres años, lo que llevó a las autoridades a endurecer las políticas de control y protección al consumidor.

La decisión surge tras el fracaso de estrategias previas que incluían advertencias obligatorias en pantalla, límites de monto y otras restricciones. Según Fox News, los delincuentes lograron adaptar su accionar para sortear estos controles, manteniendo a las víctimas bajo presión y logrando que realicen transferencias de dinero sin consultar ni detenerse a reflexionar.

El método: rapidez, presión y falta de margen para actuar

Los cajeros de criptomonedas —también conocidos como crypto kiosks— permiten transformar efectivo en activos digitales de manera casi instantánea.

Este funcionamiento, que para usuarios legítimos puede representar una ventaja, fue aprovechado por estafadores para convertir el “pánico en pagos”, como advierte Fox News.

Los delincuentes suelen contactar a sus víctimas simulando emergencias, amenazas judiciales o problemas bancarios, y las convencen para que retiren dinero en efectivo y lo depositen en estos dispositivos.

De acuerdo con el Departamento de Comercio de Minnesota, muchas víctimas reciben llamadas alarmantes y, bajo presión, acuden a un cajero siguiendo instrucciones detalladas.

“El estafador permanece al teléfono, indica cada paso y aconseja qué responder si surge alguna pregunta de un empleado”, describe el medio estadounidense. La rapidez de la operación elimina casi por completo la posibilidad de intervención de terceros o de reversión de la transacción.

El usuario, intimidado, introduce el dinero en el cajero, que de inmediato lo convierte en criptomonedas y lo transfiere a una billetera digital designada por el estafador. A diferencia de otros métodos de pago, la transferencia en criptomonedas ofrece menos opciones de rastreo o recuperación, lo que deja a los afectados en una situación de alta vulnerabilidad.

Cifras y patrones: impacto del fraude en Minnesota y Estados Unidos

Entre 2023 y 2025, Minnesota registró 134 denuncias, con pérdidas totales cercanas a USD 1.000.000, según datos citados por Fox News. Solo en 2025, se reportaron 70 casos y pérdidas superiores a USD 540.000.

Las autoridades reconocen que estos números podrían ser solo una parte del daño real, ya que muchas víctimas no denuncian por vergüenza o temor a juicios familiares.

El fenómeno trasciende el ámbito estatal. El Federal Bureau of Investigation (FBI) informó que, en 2025, su Internet Crime Complaint Center (IC3) recibió más de 13.400 denuncias en todo el país relacionadas con fraudes en cajeros de criptomonedas. Las pérdidas declaradas superaron los USD 388 millones.

Más de la mitad de las víctimas eran mayores de 50 años, un dato que subraya la especial vulnerabilidad de los adultos mayores ante este tipo de engaño.

Las autoridades estatales habían intentado frenar el avance del fraude con advertencias en los dispositivos y límites en los montos, pero los resultados fueron insuficientes.

Como señala Fox News, los delincuentes perfeccionaron sus tácticas y continuaron explotando el sistema. Por eso, la prohibición de los cajeros fue presentada como la única vía posible para cortar el flujo directo de efectivo a activos digitales bajo presión.

Casos emblemáticos y debate sobre el futuro de las criptomonedas

Algunos casos reseñados por Fox News ilustran el drama personal que esconden las cifras. Una residente de Minnesota, Gail Barr, perdió USD 9.260 luego de que la engañaran con una supuesta citación judicial.

Un hombre de 85 años fue víctima de un falso reembolso de PayPal que, tras una transferencia inicial de USD 10.000 en un cajero de criptomonedas, derivó en la entrega de monedas de oro a un mensajero.

El caso de Joe Allen, un ciudadano de Connecticut con discapacidad, expuso pérdidas superiores a USD 300.000 en una estafa de inversión con criptomonedas.

La nueva regulación no restringe la compra y venta de criptomonedas mediante plataformas reguladas en línea. La prohibición se dirige exclusivamente a los dispositivos instalados en lugares públicos, como estaciones de servicio y tiendas.

Mientras algunos expertos sostienen que esta medida puede salvar a potenciales víctimas, otros advierten que los delincuentes buscarán nuevas rutas para sus fraudes.

El FBI recomienda a quienes hayan enviado dinero a través de estos cajeros que denuncien de inmediato ante la policía, organismos de protección al consumidor y el IC3, ya que la denuncia temprana podría ayudar a identificar patrones y evitar nuevos casos.

Según informó NBC 6 South Florida, la ciudad recibió entre 8.000 y 10.000 aficionados escoceses, que desfilaron por La Pequeña Habana y llenaron las tribunas durante un partido de béisbol de los Miami Marlins, en una de las movilizaciones más impactantes de la primera fase del torneo.

La presencia masiva de escoceses en Miami se hizo visible desde el lunes, jornada en la que, de acuerdo con la agencia EFE, el club de béisbol confirmó a NBC 6 que más de 8.000 entradas habían sido adquiridas por miembros de la Tartan Army para el duelo entre los Marlins y los Rangers de Texas.

La previa tuvo una concentración en la emblemática Calle Ocho y una marcha ruidosa hacia el loanDepot Park. Vestidos con kilts y acompañados por gaitas, los aficionados coparon bares del barrio y captaron la atención de vecinos y turistas con música y banderas.

La agenda de la Tartan Army en su paso por Miami incorporó una serie de actividades que reforzaron el ambiente festivo. El grupo se reunió entre las 14 y las 16 horas locales, para luego avanzar por Southwest 15th Avenue en dirección al estadio.

El recorrido incluyó el icónico bar Ball and Chain, uno de los puntos de encuentro predilectos en Little Havana, y se extendió hasta Miami Beach en la previa del partido ante Brasil.

Según EFE, la policía local advirtió que esperaba entre 2.000 y 10.000 personas en el trayecto y activó un operativo especial, incluyendo un equipo de respuesta en bicicleta para garantizar el desplazamiento seguro hacia el estadio.

Escocia, ante el partido más importante de su historia reciente

El foco de la movilización escocesa en Florida recae en el duelo del miércoles ante Brasil, que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens el 24 de junio a las 18:00 (hora local).

El contexto deportivo, según detalló ESPN, es inédito para la selección escocesa: una victoria o un empate le permitirían avanzar a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA.

Incluso una derrota por un margen pequeño podría clasificar a Escocia como uno de los mejores terceros de grupo, aunque el equipo dirigido por Steve Clarke buscará sellar su pase sin depender de otros resultados.

La expectativa se refleja también en la demanda de boletos. ESPN reportó que las entradas para el partido alcanzaron precios superiores a USD 2.700 en reventa, lo que confirma el atractivo del cruce. El árbitro designado para el encuentro es César Ramos, de México.

La cobertura internacional será amplia, con transmisión por Fox Sports en Estados Unidos y BBC One y BBC Radio 5 Live en Reino Unido.

El evento se anuncia como el más importante para los escoceses en décadas y es seguido de cerca por medios como BBC y The Guardian, que dedicaron espacios al fenómeno social que representa la Tartan Army durante el Mundial.

El fenómeno Tartan Army: antecedentes y repercusión en Estados Unidos

Antes de llegar a Miami, la Tartan Army ya había dejado su huella en Boston. Según cifras de EFE, alrededor de 50.000 escoceses se desplazaron a Massachusetts para acompañar a su selección en los dos primeros partidos del Grupo C, ante Haití y Marruecos.

En esa ciudad, los hinchas colmaron calles y bares, y protagonizaron escenas de color con sus kilts y gaitas, en una ciudad con fuerte tradición de inmigración celta.

La agencia EFE subrayó que Escocia regresó a un Mundial de fútbol tras 28 años de ausencia, circunstancia que potencia el entusiasmo de sus seguidores.

De acuerdo con BBC, “la Tartan Army no puede especular con el resultado ante Brasil, aunque aun perdiendo por poco podría avanzar a la próxima fase”.

El camino de Escocia en la fase de grupos y lo que está en juego

El recorrido de Escocia en el Grupo C comenzó en Boston, donde logró una victoria por 1-0 ante Haití. En su segundo compromiso, el equipo sufrió una derrota por 1-0 frente a Marruecos.

El grupo se cierra con el esperado enfrentamiento ante Brasil en Miami, que definirá si la selección escocesa logra avanzar por primera vez a la fase de eliminación directa en una Copa Mundial.

La organización de la ciudad y la respuesta de las autoridades se suman a la experiencia: el Departamento de Policía de Miami emitió avisos para los vecinos y desplegó un operativo coordinado para evitar incidentes, mientras que la alcaldía buscó generar un ambiente hospitalario para los visitantes.

La movilización de hinchas, la logística de seguridad, la agenda de celebraciones y el clima de expectativa en torno al partido proyectan un escenario singular en la historia reciente del fútbol escocés y del Mundial en Estados Unidos.

Un vuelco en la ruta nacional 3 dejó a 11 efectivos del Servicio Penitenciario Provincial de Santa Cruz en medio de una zona desértica, a unos 40 kilómetros de Comandante Luis Piedra Buena.

El automóvil institucional en que se trasladaban tres efectivos de una comitiva de 11 que viajaban en distintos vehículos perdió el control cuando se dirigían a Pico Truncado. El grupo viajaba a reforzar la Unidad Penitenciaria N° 1 (Alcaidía) de esa localidad, informó ese organismo de seguridad provincial.

Según precisó el Servicio Penitenciario Provincial en un comunicado de prensa, el despliegue respondía al conflicto salarial que atraviesa el cuerpo, con medidas de fuerza activas que motivaron la necesidad de enviar efectivos de contingencia a esa unidad.

Personal médico se presentó en el lugar del accidente y evaluó a cada uno de los integrantes de la comisión. La institución informó que uno de los agentes sufrió lesiones leves, recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro. Los dos restantes no presentaron lesiones de consideración.

Una vez finalizados los trámites de rigor, los 11 agentes penitenciarios fueron trasladados a Pico Truncado para incorporarse al operativo previsto. El Servicio Penitenciario Provincial indicó que mantiene el seguimiento de la situación de todos los efectivos involucrados.

El conflicto salarial con la Policía en Santa Cruz

El conflicto salarial de las fuerzas policiales y Penitenciarias genera tensiones desde hace semanas en la provincia de Santa Cruz. Desde el Ejecutivo provincial advirtieron que el aumento no se concreta por falta de recursos y apuntaron a la oposición: “Ponen palos en la rueda”.

En el centro de la disputa se ubican los policías autoconvocados. Los mismos se movilizaron a principio de mes hasta la residencia del gobernador Claudio Vidal para exigirle una audiencia que aún no tuvo lugar.

Según el medio local Señal Calafate, el punto neurálgico del conflicto es el acampe de los efectivos frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos. La noche del viernes, además, los uniformados marcharon hasta la residencia del gobernador al grito de “Vidal tiene miedo”.

Los autoconvocados afirman haber recibido llamados para fijar dos reuniones con el funcionario, pero ninguna llegó a realizarse.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la conformación de un Comando Unificado para reforzar la seguridad en Santa Cruz, según informó Tiempo Sur. Del operativo participan efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal, quienes cubrirán tareas policiales durante la vigencia de la medida de fuerza.

Desde la movilización que realizaron el pasado 6 de junio, en Río Gallegos, uno de los referentes del sector, Ramón Qupildo, sostuvo que el reclamo tuvo una fuerte adhesión en la Policía y el Servicio Penitenciario: “Podemos hablar de un 85% de acatamiento”.

El gobernador Vidal reconoció la legitimidad del reclamo. En un comunicado difundido en sus redes sociales, expresó: “Sé de las dificultades que atraviesan muchas familias en este momento y sé que la situación económica es acuciante”.

“Nuestro compromiso sigue siendo el mismo y quiero ser muy claro: este Gobierno no se va a esconder. Vamos a seguir dando la cara, trabajando y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para encontrar respuestas”, señaló el mandatario del partido SER Santa Cruz.

Y añadió: “También es necesario que la sociedad observe con atención que mientras buscamos herramientas para fortalecer las finanzas provinciales y mejorar la capacidad de respuesta del Estado, hay sectores que siguen poniendo obstáculos sin entender que cuando a la provincia le va mal, nos va mal a todos”.

Vidal reiteró que estará “del lado de los trabajadores” y convocó a todos los sectores a actuar con responsabilidad para priorizar el bienestar provincial: “Mi compromiso es seguir trabajando para construir acuerdos y encontrar una salida que contemple las necesidades de los trabajadores y de toda la comunidad”.

En el video que acompaña el comunicado, el gobernador señaló que la problemática salarial se replica en otras provincias y recordó que su gestión otorgó dos aumentos por encima de la inflación, al inicio de su mandato y en 2025. “Hoy no lo hacemos porque no contamos con los recursos”, argumentó, y agregó: “La oposición pone palos en la rueda para que no nos podamos refinanciar, sabiendo que perjudican directamente al trabajador del Estado”.

La noche del viernes 19 de junio de 2026 quedó marcada por un nuevo hecho de violencia armada en Chicago, cuando al menos 12 personas resultaron heridas de bala tras un ataque perpetrado desde un vehículo en movimiento. El episodio, ocurrido en el barrio South Side durante las celebraciones por el Juneteenth —festividad que conmemora el fin de la esclavitud en los Estados Unidos—, generó conmoción en la comunidad y reavivó el debate sobre la seguridad en la ciudad. La policía local confirmó que los disparos se produjeron al filo de la medianoche, sumándose a una serie de tiroteos que tuvieron lugar ese mismo fin de semana, en el que más de 20 personas recibieron impactos de bala y cuatro perdieron la vida.

Las primeras informaciones oficiales señalan que los hechos se desencadenaron cuando un SUV de color rojo se detuvo frente a una multitud que se encontraba reunida en la cuadra 200 de West 95th Street, cerca de Princeton Avenue, en el vecindario de Princeton Park. Según relatos de testigos y reportes policiales, dos ocupantes del vehículo abrieron fuego de forma indiscriminada contra el grupo, para luego huir a toda velocidad del lugar. El ataque, perpetrado sin mediar palabra y de manera sorpresiva, desató el pánico entre quienes celebraban la festividad, obligando a muchos a buscar refugio mientras se escuchaban múltiples detonaciones.

Las autoridades detallaron que, hasta el momento, no se han realizado detenciones ni se cuenta con información precisa sobre la identidad de los atacantes. La policía mantiene activa la investigación para identificar a los responsables, tras recopilar testimonios y analizar las imágenes de cámaras de seguridad de la zona. El modus operandi, caracterizado por la rapidez y la impunidad en la huida, es una constante en hechos recientes de violencia armada que afectan a distintos barrios de la ciudad.

En cuanto a las víctimas, el grupo afectado estaba compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres, con edades comprendidas entre los 17 y los 47 años. Todos ellos fueron trasladados de urgencia a cuatro hospitales locales, donde recibieron atención médica especializada. Entre los heridos, destaca el caso de un hombre de 26 años que sufrió múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo y permanece en estado crítico bajo pronóstico reservado. Una mujer de la misma edad también fue reportada en condición crítica debido a la gravedad de sus lesiones. Las otras diez personas presentaban heridas de diversa consideración: lesiones en piernas, espalda, rodillas y algunos rozones superficiales que no pusieron en riesgo la vida, permitiendo que la mayoría se encuentre actualmente en condición estable o buena. Además, un hombre adicional resultó con heridas menores cuya naturaleza no fue especificada y optó por rechazar la atención médica en el lugar del hecho.

La respuesta policial fue inmediata luego de recibir una llamada de emergencia alertando sobre una persona herida de bala. Al llegar al sitio, los agentes encontraron a una mujer con dos heridas de bala en la espalda y a un hombre con cuatro heridas superficiales en esa misma zona del cuerpo. Ambos fueron estabilizados y derivados a centros de salud. Durante las primeras horas de la investigación, los detectives de la Policía de Chicago desplegaron más de 100 marcadores de evidencia balística en la escena, reflejando la magnitud del ataque y la cantidad de disparos efectuados. La recolección de pruebas materiales y testimonios se extendió durante la madrugada, en un esfuerzo por reconstruir la secuencia exacta de los hechos y avanzar en la identificación de los autores.

El impacto social del tiroteo fue inmediato. El pastor Donovan Price, conocido defensor local de víctimas de delitos con armas de fuego, expresó su indignación en declaraciones a CBS News, lamentando que un evento que debía ser motivo de alegría se haya visto empañado por la violencia. “Debería ser motivo de celebración. Los fuegos artificiales no deberían convertirse en disparos”, sostuvo Price, en una frase que resume el sentimiento de frustración compartido por muchos residentes de la zona. El mismo viernes por la mañana, el expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama habían dado la bienvenida a los primeros visitantes de su centro presidencial en el South Side, buscando promover un mensaje de esperanza y reconstrucción en uno de los barrios históricamente golpeados por la inseguridad.

Este ataque se inscribe en un contexto de violencia persistente que afecta a la ciudad de Chicago, especialmente durante fechas señaladas en el calendario estadounidense. La policía reportó que al menos 21 personas resultaron heridas de bala desde la noche del viernes, con un saldo de cuatro fallecidos en distintos episodios. Los tiroteos múltiples durante fines de semana festivos no son un fenómeno aislado y generan preocupación tanto en las autoridades como en la sociedad civil, que exige soluciones efectivas frente a la proliferación de armas y la escalada de conflictos armados en la vía pública.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a trece años de prisión para una sargento de la policía que mató a su media hermana tras una discusión en un departamento del barrio de Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires. Silvia Alejandra Rosignoli fue hallada culpable del homicidio de Yolanda Monzón, ocurrido en la madrugada del 27 de junio de 2019.

El hecho ocurrió la madrugada del 27 de junio de 2019 en un inmueble de la avenida Pueyrredón al 1000. Las investigaciones y pericias determinaron que existió una pelea previa entre ambas mujeres. Durante esa confrontación, Rosignoli utilizó una pistola Bersa y disparó de manera directa al ojo de Monzón, provocando su muerte.

Sin embargo, la acusada sostuvo desde un primer momento que el disparo se produjo de manera accidental, argumento que fue desestimado en las distintas instancias judiciales. La defensa apeló la sentencia, reclamando que el hecho debía ser considerado como un homicidio imprudente, pero la Cámara Nacional de Casación Penal ratificó la condena tras analizar las circunstancias y las pericias balísticas.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 8 de la Capital Federal condenó en 2021 a Rosignoli por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, luego de valorar las pruebas que indicaban la existencia de una pelea previa y la intencionalidad en el disparo. La defensa recurrió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que no hubo dolo y solicitando una revisión bajo la figura menos gravosa del homicidio culposo.

En ese marco, el máximo tribunal, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó la queja por inadmisible. Todas las instancias judiciales rechazaron este planteo y consideraron que hubo voluntad de producir la muerte. Afirmaron que la desestimación no implica validar o rechazar la justicia de la sentencia previa sino que se limita a los requisitos procesales del recurso.

Con esta resolución, la condena a trece años de prisión para Silvia Alejandra Rosignoli quedó firme y sin posibilidad de nuevos recursos ordinarios. La condenada, de 50 años y sargento primera de la Policía Federal Argentina, se encontraba en su departamento de Recoleta junto a su media hermana Yolanda Monzón, quien trabajaba como auxiliar de segunda en la Policía de la Ciudad. Ambas habían consumido alcohol el día de la tragedia.

En ese marco, Rosignoli mostró a su hermana un arma de fuego adquirida recientemente; al manipularla, disparó y el proyectil impactó en la cabeza de Monzón, quien falleció antes de recibir asistencia médica. Aunque las pruebas judiciales indican que existió una pelea previa entre las hermanas antes del disparo, no se datallaron los motivos específicos del conflicto.

El informe policial señaló que la acusada fue trasladada bajo custodia al hospital policial Bartolomé Churruca, presentando una crisis nerviosa y signos de intoxicación etílica. En la investigación intervinieron personal de la Gendarmería Nacional y la Comisaría Vecinal 2-B de la Policía de la Ciudad.

Las pruebas periciales que fundamentaron la condena de Silvia Alejandra Rosignoli incluyeron la reconstrucción de la pelea previa al disparo y, especialmente, los peritajes balísticos que determinaron que el tiro. Estas pericias permitieron descartar la versión de un accidente, ya que el tribunal consideró que existió una intención clara de matar en el contexto de una discusión violenta.

Los jueces valoraron tanto la trayectoria del proyectil como los indicios del enfrentamiento físico previo, y concluyeron que el disparo no pudo haberse producido de forma accidental. El fallo de la Corte Suprema, fechado el 18 de junio de 2026, dejó firme la condena y dispuso el archivo del caso. Por lo tanto, Rosignoli permanece detenida bajo el cargo de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Los festejos por el triunfo de México en el Mundial dejaron dos episodios de tensión en Guadalajara y Chihuahua: en el primero, aficionados sacudieron una patrulla de la Policía de Guadalajara con oficiales dentro; en el segundo, un conductor en estado de ebriedad atropelló a varios seguidores que celebraban en la vía pública y después fue detenido.

En el caso de Chihuahua, los reportes preliminares indicaron que al menos cuatro personas fueron atropelladas y que otras dos resultaron afectadas cuando intentaron detener al automovilista. Los lesionados recibieron atención médica tras el incidente ocurrido en las inmediaciones de la Glorieta de Pancho Villa.

En Guadalajara, un video que circuló en redes sociales mostró a varias personas rodeando una unidad oficial de la Policía de Guadalajara y moviéndola de un lado a otro de forma intencional. La grabación correspondió a los festejos que se registraron en distintos puntos de la ciudad por la celebración de aficionados de la Selección Mexicana.

Las imágenes también dejaron ver que los seguidores corrieron hacia la patrulla y comenzaron a sacudirla mientras los oficiales permanecían en el interior. Hasta ese momento, las autoridades municipales no habían informado si hubo daños en la unidad ni si se aplicaron sanciones por lo ocurrido.

En Chihuahua detuvieron al conductor tras una persecución breve

El otro hecho ocurrió en la capital de Chihuahua, donde un hombre identificado como Óscar C.E. condujo una camioneta pick up Chevrolet gris y presentó primer grado de ebriedad. Las personas celebraban en la glorieta cuando el vehículo embistió al grupo de aficionados.

Las grabaciones permitieron observar que varias personas fueron alcanzadas por la camioneta y que algunas cayeron al pavimento tras el impacto. Otros asistentes corrieron para ponerse a salvo, mientras en la zona se generaron momentos de tensión y se pidió apoyo de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los reportes, antes del atropellamiento un grupo de aficionados intentó mover de manera brusca la camioneta y le arrojó espuma al vehículo. Esa acción habría provocado el enojo del conductor, quien después lanzó la pick up contra quienes estaban en el lugar.

El presunto responsable continuó su marcha tras el hecho y desató una persecución breve. Minutos después fue localizado en el cruce de la avenida Ortiz Mena y la calle Glandorf, donde chocó contra un poste y luego fue interceptado por la Policía Municipal.

El video de Guadalajara abrió reacciones divididas en redes sociales

En el caso de Jalisco, la secuencia difundida en plataformas digitales comenzó a viralizarse poco después de los festejos. Las reacciones entre usuarios se dividieron entre quienes cuestionaron la conducta de los aficionados y quienes centraron la atención en la respuesta que debieron tener los policías ante la agresión a la patrulla.

Lo que sí mostró el video fue una acción directa contra una unidad oficial en medio de una celebración masiva. La escena ocurrió mientras en la ciudad se desarrollaban concentraciones de aficionados por el resultado de la Selección Mexicana.

Hasta ese momento no había información oficial sobre personas detenidas, posibles faltas administrativas o daños materiales relacionados con la patrulla. Tampoco se habían dado a conocer versiones institucionales sobre el estado de los oficiales que permanecieron dentro del vehículo mientras era sacudido.

Ambos casos ocurrieron en el contexto de celebraciones por el resultado del representativo mexicano, pero derivaron en hechos distintos: en Guadalajara se registró una agresión contra una unidad policial y en Chihuahua un automovilista arrolló a aficionados en la vía pública. En los dos episodios, los videos que circularon en redes sociales se convirtieron en el principal registro de lo sucedido.

• Aficionados sacudieron una patrulla de la Policía de Guadalajara mientras los oficiales estaban dentro de la unidad.

• En Chihuahua, un conductor con primer grado de ebriedad atropelló al menos a cuatro personas durante los festejos por el triunfo de México.

• El automovilista fue detenido después de una persecución que terminó en avenida Ortiz Mena y calle Glandorf, tras chocar contra un poste.

En una rápida y efectiva respuesta operativa, las autoridades de la Policía Nacional de Honduras, a través de sus unidades élite, lograron el rescate sano y salvo de un menor de 15 años que había sido privado de su libertad. El exitoso operativo fue ejecutado por la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) en conjunto con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), logrando frustrar el cobro de un millonario rescate exigido por los delincuentes a cambio de la libertad del estudiante.

El hecho delictivo comenzó a gestarse el día de ayer, jueves 18 de junio, cuando el joven, identificado por las autoridades policiales como Josué David Ortiz, salió de su residencia habitual en horas de la mañana con rumbo hacia su centro educativo. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de sus familiares y de testigos locales, el menor nunca llegó a las instalaciones de la institución, perdiéndose de inmediato todo contacto con él durante el trayecto.

Ante la repentina falta de comunicación y la notable ausencia del joven, se encendieron las alarmas comunitarias. Poco después del rapto, los delincuentes se pusieron en contacto directo con los familiares de la víctima, exigiendo la suma de L 2,000,000.00 ($74,880.00 dólares) a cambio de otorgarle la libertad y respetar su vida.

Al recibir la denuncia formal del hecho, la respuesta institucional fue inmediata. Bajo la dirección del subinspector de policía Norman Velázquez, se activaron los protocolos correspondientes bajo la presunción legal del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, organizando de forma urgente a los equipos especializados de la UNAS.

Despliegue estratégico de las fuerzas del orden

Para dar con el paradero del menor, la Policía Nacional, la DPI y la UNAS ejecutaron una robusta estrategia que combinó la fuerza operativa con la inteligencia criminal:

• Saturaciones y patrullajes: Despliegue de contingentes en sectores clave del municipio.
• Puntos de control: Establecimiento de retenes estratégicos en los accesos y salidas de la zona.
• Investigación de campo: Equipos de inteligencia civil y policial recopilaron declaraciones de familiares, testigos presenciales y personal del centro educativo.
• Análisis tecnológico: Revisión minuciosa de cámaras de seguridad públicas y privadas cercanas a la ruta del menor.

Por lo que, mediante la aplicación de técnicas especiales de investigación y un riguroso trabajo de inteligencia, los agentes encubiertos lograron ubicar el lugar exacto de cautiverio. El centro de retención clandestino se encontraba situado en una vivienda del barrio El Pura, en el municipio de Siguatepeque, Comayagua.

Gracias a la precisión de la intervención táctica, las autoridades lograron el rescate del menor de 15 años sin que se realizara ningún tipo de pago monetario, garantizando en todo momento su integridad física y emocional. Tras asegurar al estudiante, los especialistas policiales le brindaron la atención primaria necesaria para salvaguardar su estado de salud general antes de ser entregado formalmente a su núcleo familiar.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por un portavoz oficial de la policía hondureña, los captores, al percatarse de la inminente llegada y el fuerte despliegue de las fuerzas policiales en el perímetro, tomaron la decisión de salir huyendo de la escena para evitar ser capturados en flagrancia.

No obstante, las autoridades confirmaron que ya se encuentran realizando las diligencias técnico-científicas pertinentes en el lugar del hallazgo. Actualmente, los cuerpos de inteligencia ya disponen de algunos perfiles de los sospechosos vinculados a este secuestro. Esta valiosa información criminal se mantiene bajo estricta investigación y reserva profesional para no entorpecer los próximos operativos orientados a la pronta captura de los responsables de este delito.

La Patrulla de Carreteras de California (CHP) detectó el automóvil sospechoso e intentó detenerlo para realizar una inspección. Sin embargo, el conductor, lejos de obedecer la señal de alto, inició una fuga a alta velocidad, lo que derivó en el comienzo oficial de la persecución. Este primer contacto marcó la conexión directa entre el hecho violento ocurrido en Pomona y la extensa operación policial desplegada posteriormente.

La persecución se extendió por varios kilómetros y abarcó diferentes zonas del condado de Los Ángeles. El sospechoso, al mando del vehículo, optó por dirigirse al norte en dirección a Bakersfield. En el trayecto, ejecutó una maniobra riesgosa al atravesar un hueco en la mediana vial para invertir la dirección y encaminarse nuevamente hacia el sur, con destino al Valle de San Fernando. Durante este recorrido, los agentes mantuvieron una vigilancia estrecha, siguiendo cada movimiento del conductor, mientras las patrullas coordinaban sus acciones para evitar incidentes mayores en la vía pública.

El incidente no solo implicó una larga distancia recorrida, sino también una constante adaptación de las fuerzas policiales ante los cambios de dirección y velocidad del sospechoso. El tránsito por diversas autopistas y calles del condado evidenció la peligrosidad de la situación, poniendo en riesgo a otros automovilistas y exigiendo un alto grado de coordinación entre las diferentes divisiones de la policía y la Patrulla de Carreteras de California.

Uno de los aspectos más destacados de la operación fueron las maniobras policiales implementadas para intentar frenar la huida del sospechoso. Los agentes recurrieron inicialmente a las bandas de clavos, dispositivos diseñados para pinchar los neumáticos del vehículo en fuga y forzar su detención progresiva. Sin embargo, en los primeros intentos, el conductor logró evadir los obstáculos, lo que obligó a los oficiales a replantear su estrategia y solicitar autorización para ejecutar una maniobra PIT (técnica de intervención de persecución), utilizada para desestabilizar y detener vehículos en movimiento.

La insistencia en el uso de bandas de clavos se mantuvo durante varios tramos de la persecución. Los agentes desplegaron estos dispositivos en distintos puntos, incrementando la presión sobre el conductor. En uno de esos intentos, lograron finalmente impactar el lateral del conductor cerca de la zona de Lancaster, lo que provocó una reducción notable en la velocidad del vehículo sospechoso. A pesar de este daño, el conductor continuó con su intento de fuga, evidenciando la determinación de evitar la detención a toda costa.

A medida que la persecución se prolongaba, el sospechoso abandonó la autopista principal y tomó la salida hacia Lake Hughes Road, en las cercanías del lago Castaic. Esta zona, caracterizada por carreteras sinuosas y menos transitadas, presentó un nuevo desafío tanto para los agentes como para el propio fugitivo. Durante esta fase, los policías notaron que el sospechoso comenzó a arrojar objetos por la ventanilla del lado del pasajero, aunque no se precisó la naturaleza de estos artículos ni su posible relación con el caso.

El trayecto por los caminos cercanos al lago Castaic estuvo marcado por la persistente vigilancia policial. Las patrullas continuaron su seguimiento a corta distancia, adaptándose a las curvas cerradas y al entorno menos previsible de la zona rural. El contacto visual constante permitió a los agentes mantener el control sobre la situación y anticipar cualquier intento de escape repentino.

La fase final de la persecución se desarrolló cerca de la intersección de la calle 20 Oeste y la avenida K Oeste, donde la Patrulla de Carreteras de California ejecutó con éxito una maniobra PIT. Esta acción resultó determinante, ya que logró detener por completo el avance del vehículo sospechoso. Apenas unos instantes después de la exitosa intervención, el conductor descendió del automóvil y se entregó voluntariamente a los agentes, dando por concluida una persecución que se prolongó durante casi dos horas y que involucró a varias unidades policiales en uno de los operativos más extensos de las últimas semanas en la región.

La noche del jueves 18 de junio, un móvil de la Unidad de Situaciones de Alto Riesgo (USAR) de la Policía de Santiago del Estero impactó contra una motocicleta en la que viajaba una familia, provocando la muerte de dos adultos y lesiones graves a una menor de ocho años. El hecho, ocurrió aproximadamente a las 22.40. en la zona norte de la capital santiagueña y desencadenó una fuerte conmoción social.

Según informó El Liberal, las víctimas fatales fueron identificadas como Johana Elizabeth Ibáñez, de 38 años y embarazada, y Sergio Gordillo, de 40 años, ambos residentes del barrio Belén. La familia transitaba en motocicleta cuando el vehículo policial los embistió en la intersección de las calles Antenor Álvarez y Lugones, lo que ocasionó lesiones fatales a los adultos y heridas de gravedad a su hija de 8 años.

La menor fue la única sobreviviente de la familia y fue trasladada al Centro Provincial de Salud Infantil (CePSI), donde quedó internada y bajo observación médica. Los equipos de emergencia la asistieron en el lugar y luego, una joven de 20 años, identificada como testigo directa del accidente, acompañó a la menor durante el traslado y permaneció junto a ella en el centro de salud, brindando contención en las primeras horas posteriores al hecho.

Por su parte, el móvil policial que impactó contra la moto -provocando el accidente donde falleció la pareja- continuó su recorrido por la calle Antenor Álvarez y colisionó con otro motociclista y un colectivo sobre la avenida Belgrano. Los motivos por los cuales el móvil policial no se detuvo tras el primer choque no fueron esclarecidos.

La magnitud del siniestro requirió un amplio despliegue de recursos de seguridad y personal de emergencia. Las autoridades establecieron un cordón de seguridad y restringieron el acceso al área para preservar la escena y facilitar las pericias. La Justicia intervino de inmediato y dispuso la detención de los dos efectivos que se encontraban a bordo del móvil policial.

Los detenidos fueron identificados como Jonathan Giménez y Nahuel Salto. A ambos se les realizó un control de alcoholemia, cuyos resultados aún se aguardan. Los investigadores trabajan para determinar las causas que llevaron a que el vehículo policial impactara primero contra la motocicleta familiar y luego siguiera su trayecto hasta colisionar con otros vehículos.

El hecho generó interrogantes en la comunidad y entre los familiares de las víctimas, quienes esperan respuestas sobre lo sucedido. La escena fue preservada para el trabajo de los peritos y que la investigación judicial busca establecer la responsabilidad de los agentes involucrados. El caso particular de la menor, Briana Gordillo, ha despertado una ola de solidaridad en redes sociales y entre los vecinos del barrio Belén, quienes han seguido de cerca la evolución de su estado de salud.

El despliegue policial y de emergencias fue acompañado por la presencia de familiares, vecinos y testigos, quienes colaboraron con las autoridades y brindaron apoyo a la menor sobreviviente. El Liberal remarcó que la conmoción por el hecho se extendió durante toda la noche y la madrugada, y que la investigación continuará en los próximos días a la espera de los resultados de las pericias.

La muerte de Johana Elizabeth Ibáñez y Sergio Gordillo se suma a una serie de siniestros viales recientes en la provincia, en los que han resultado involucrados tanto vehículos particulares como móviles oficiales. En marzo de este año, un policía fue detenido acusado de atropellar y abandonar a una mujer en la Ruta 21, a la altura de Bayo Muerto, en el departamento Banda. En ese caso, el agente, que prestaba servicio en la Comisaría 22 de Monte Quemado, habría intentado ocultar la camioneta utilizada y modificarla para borrar las huellas del choque.

El hecho ocurrió ante decenas de asistentes que se encontraban disfrutando de las actividades organizadas alrededor del torneo. De acuerdo con videos compartidos en plataformas digitales, el seguidor rojinegro decidió escalar una de las estructuras del lugar y, una vez en la parte superior, comenzó a exhibir un zarape con los colores del conjunto tapatío.

La acción llamó de inmediato la atención de los asistentes y de los cuerpos de seguridad desplegados en la zona. Personal encargado de la vigilancia intentó dialogar con el hombre para que descendiera voluntariamente, ya que estaba incumpliendo las reglas establecidas para los visitantes del Fan Fest.

Sin embargo, los intentos por convencerlo no dieron resultado. Posteriormente llegaron integrantes de la Guardia Nacional para apoyar en las labores de mediación, aunque tampoco lograron que el aficionado abandonara la estructura.

Personas que presenciaron el episodio señalaron que el hombre respondió con burlas y desafíos a los llamados de las autoridades, lo que provocó que la situación se prolongara durante varios minutos.

La tensión aumentó cuando dos policías municipales decidieron subir para intentar retirarlo. Mientras uno de los uniformados permanecía en una posición inferior para brindar apoyo, el otro se acercó directamente al aficionado. En las grabaciones difundidas en redes sociales se observa un intercambio de movimientos entre ambos hasta que el seguidor rojinegro perdió el equilibrio.

El aficionado cayó desde varios metros de altura y, durante el incidente, uno de los policías también terminó precipitándose junto a él. El momento generó alarma entre quienes observaban la escena.

Tras la caída, equipos de emergencia ingresaron rápidamente para brindar atención médica a los involucrados. Según los primeros reportes emitidos por los paramédicos, el aficionado presentó lesiones de consideración, incluyendo una contusión craneal que obligó a su traslado para recibir atención especializada.

Por su parte, los elementos de seguridad involucrados en el incidente sufrieron golpes menores y fueron valorados por personal médico sin que sus lesiones representaran un riesgo grave.

Mientras los servicios de emergencia atendían a los lesionados, algunas personas aprovecharon la confusión para acercarse al lugar donde quedó el zarape rojinegro. Testigos reportaron que varios asistentes tomaron la prenda y la dañaron antes de que las autoridades recuperaran el control de la situación.

Una vez estabilizado, el aficionado fue asegurado por los policías y trasladado en calidad de detenido. Las autoridades informaron que posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público en instalaciones de la Fiscalía del Estado.

La razón de su presentación ante las autoridades está relacionada con posibles daños ocasionados al mobiliario y a la infraestructura urbana. De acuerdo con la legislación vigente en Jalisco, las conductas que impliquen afectaciones al patrimonio urbano pueden constituir delitos contemplados dentro del Código Penal estatal.

A pesar de la polémica generada por este episodio, las autoridades estatales aseguraron que el balance general de seguridad alrededor de la Copa Mundial continúa siendo positivo.

Durante un informe preliminar difundido la mañana siguiente, el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, indicó que hasta el momento no se han reportado incidentes de relevancia que comprometan el desarrollo de las actividades vinculadas al Mundial 2026 ni a las operaciones del FIFA Fan Fest en Guadalajara.

El caso, no obstante, se ha convertido en uno de los momentos más comentados de las celebraciones mundialistas en la ciudad y ha provocado debate entre usuarios de redes sociales sobre el comportamiento de algunos aficionados y los protocolos utilizados por las autoridades para atender este tipo de situaciones.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura expresó este jueves sus condolencias a las familias de los siete agentes de la Policía Nacional que murieron en un accidente de tránsito en la cuesta de El Rodeo, Comayagua. También deseó una pronta recuperación a los policías heridos en el choque.

A través de un mensaje público, el mandatario manifestó su solidaridad con los familiares de las víctimas.

“Mis condolencias a las familias que perdieron un ser querido en este trágico accidente que hoy enluta a la Policía Nacional y a Honduras. Mi solidaridad y cercanía con cada familia en estos momentos, así como mis deseos de pronta recuperación para quienes resultaron heridos. Fortaleza, consuelo y bendiciones”, expresó Asfura.

Continúan investigaciones

Familiares, compañeros de armas y amigos continúan despidiendo a los uniformados fallecidos, mientras sus funerales se realizan en diferentes municipios del país.

Las autoridades investigan las causas del accidente ocurrido en la carretera CA-5. El subcomisario del Sistema de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Darwin Hernández, informó que las primeras pericias indican que la grúa involucrada ingresó a una curva pronunciada a una velocidad superior a la que permitían las condiciones de la vía.

Según explicó el oficial, se produjo un fenómeno conocido técnicamente como “vencimiento de la velocidad crítica de curva”, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control de la unidad.

“Se trata de un vencimiento de la velocidad crítica de curva. Técnicamente, el vehículo ingresó a una velocidad superior a la permitida para esa condición vial, lo que ocasionó que volcara, se arrastrara y posteriormente colisionara con el autobús que venía en sentido contrario”, detalló Hernández.

El impacto ocurrió cuando la grúa invadió el carril contrario y chocó contra el autobús policial que trasladaba a los agentes de regreso hacia Danlí, luego de realizar diligencias relacionadas con la entrega y retiro de equipo institucional.

El avance de la investigación

Para fortalecer las investigaciones, un equipo especializado de la DNVT volvió al lugar del accidente para efectuar mediciones técnicas, determinar la velocidad crítica de la curva y reconstruir con precisión la secuencia de hechos.

Las autoridades también confirmaron que el caso ya fue remitido al Ministerio Público, que tendrá a su cargo la investigación penal para establecer las responsabilidades correspondientes.

Como parte de las primeras acciones judiciales, el conductor de la grúa fue puesto a disposición de las autoridades competentes y enfrenta acusaciones por homicidio imprudente y conducción temeraria, delitos que serán analizados durante el proceso legal.

Debates sobre seguridad vial

Hernández señaló además que este accidente muestra la necesidad de actualizar la legislación vial hondureña, al considerar que las normas actuales ya no responden a las condiciones y desafíos del país en materia de movilidad y transporte.

“Necesitamos una modificación a la Ley de Tránsito, que data de 2005. Han pasado 21 años sin cambios significativos y la realidad vial ha cambiado completamente”, afirmó el funcionario.

La preocupación de las autoridades se sustenta en las cifras que registra el país. De acuerdo con datos preliminares de la DNVT, Honduras acumula más de 900 muertes por accidentes de tránsito en lo que va de 2026, una cifra superior a la informada durante el mismo período del año pasado.

El oficial precisó que actualmente se contabilizan alrededor de 40 fallecimientos más que los registrados a esta misma fecha en 2025.

Por su parte, el director de la DNVT, Lenin Morell, lamentó la muerte de los agentes y advirtió sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control vehicular en el país.

El funcionario señaló que Honduras continúa careciendo de un sistema eficiente de revisión físico-técnica mecánica que permita verificar de manera periódica las condiciones reales de los vehículos que circulan por las carreteras nacionales, especialmente aquellos destinados al transporte pesado.

Morell sostuvo que la implementación de controles más rigurosos permitiría detectar fallas mecánicas, deficiencias técnicas y riesgos potenciales antes de que se conviertan en tragedias.

Familiares y compañeros despidieron este jueves en la Unidad Departamental de la Policía en Danlí a los agentes que murieron en el accidente de tránsito registrado en el sector de El Rodeo, Comayagua. Los cuerpos fueron recibidos con honores y luego trasladados a sus comunidades de origen para su sepultura.

Las instalaciones policiales se convirtieron en un espacio de despedida, donde los cuerpos de los uniformados fueron recibidos con honores, oraciones y muestras de respeto, mientras sus seres queridos intentaban asimilar la pérdida.

“Es un dolor indescriptible, momentos que no se esperan, pero por ahora nos ha tocado a nosotros como familia. Lo único que pedimos es fortaleza a Dios para poder procesar esta situación”, expresó entre lágrimas uno de los familiares, mientras sostenía el recuerdo de quien en vida formó parte de la institución policial.

El dolor de las familias

El ambiente estuvo marcado por escenas de dolor, especialmente en el caso de la agente Keylin Benavides, cuyo padre expresó la dificultad de enfrentar la pérdida de su hija. “Es un golpe demasiado fuerte, es un dolor profundo, pero qué podemos hacer, es la voluntad de Dios”, dijo entre sollozos, mientras recibía el acompañamiento de vecinos y allegados.

El padre también agradeció las muestras de solidaridad de la comunidad. La agente será velada en la comunidad de Buenos Aires, en El Porvenir, donde también recibirá sepultura.

Entre los familiares, uno de los hechos que más consternación generó fue que la agente dejó en la orfandad a una niña de ocho años.

El reclamo de justicia

En otro de los casos, familiares del agente Adonis Vallecillo recordaron al uniformado como un joven disciplinado, respetuoso y comprometido con su labor en la Policía Nacional. “Era un muchacho tranquilo, educado, siempre dedicado a su trabajo”, expresó un pariente.

El familiar también pidió que se esclarezcan los hechos y que, si se comprueban responsabilidades, se apliquen las sanciones correspondientes. “Queremos justicia, que esto no quede impune”, añadió.

Desde la sede policial en Danlí, los cuerpos comenzaron a ser trasladados hacia sus comunidades de origen, donde serán sepultados con honores, acompañados por familiares, compañeros de armas y pobladores que han mostrado solidaridad ante la tragedia.

Exceso de velocidad

Las autoridades policiales continúan acompañando a las familias en el proceso de duelo y avanzan con las investigaciones para determinar las causas del accidente ocurrido en la carretera CA-5, donde el exceso de velocidad se maneja como al principal causa

En el ámbito judicial, se confirmó que el conductor de la grúa involucrada en el siniestro fue remitido al Ministerio Público. Se le supone responsable de los delitos de homicidio imprudente y conducción temeraria, como parte de las primeras diligencias legales derivadas del caso.

Las autoridades señalaron que el proceso investigativo sigue en desarrollo y que no se descartan nuevas acciones conforme avancen las pericias técnicas y el análisis de la escena del accidente que cobró la vida de varios agentes policiales.

Las imágenes comenzaron a circular ampliamente en plataformas digitales y generaron una ola de reacciones debido a que la discusión ocurrió en una zona especialmente destinada para personas con discapacidad motriz.

De acuerdo con el video difundido en internet, la mujer expresó su molestia argumentando que viajaba incómoda debido a la cantidad de pasajeros dentro de la unidad. A gritos, reclamó al usuario en silla de ruedas y le exigió que modificara la posición en la que se encontraba.

Sin embargo, diversos testigos señalaron que el hombre ocupaba correctamente el espacio que le corresponde de acuerdo con las normas de operación del Metrobús.

La situación llamó aún más la atención porque el área donde ocurrió el altercado no se trata de una sección convencional para pasajeros. Se trata de una zona adaptada específicamente para garantizar la movilidad y seguridad de personas que utilizan silla de ruedas durante sus trayectos.

Mientras la discusión avanzaba, una elemento policial que se encontraba en la unidad intentó intervenir para explicar que el espacio estaba destinado precisamente para usuarios con discapacidad. Incluso mostró los mecanismos de seguridad instalados en el área, diseñados para sujetar adecuadamente las sillas de ruedas durante el recorrido.

Lejos de calmarse, la mujer continuó reclamando y también dirigió sus inconformidades hacia la oficial, situación que provocó sorpresa entre varios pasajeros.

Las imágenes muestran cómo el ambiente dentro de la unidad se fue tensando conforme avanzaba la discusión. Algunos usuarios observaron la escena en silencio, mientras otros comenzaron a manifestar su desacuerdo con la actitud de la mujer.

Finalmente, varios pasajeros decidieron intervenir verbalmente y le pidieron que terminara con el escándalo. Los reclamos y abucheos provenientes de otros usuarios provocaron que la discusión se convirtiera en uno de los temas más comentados en redes sociales durante las últimas horas.

Más allá de la viralización del incidente, el caso volvió a poner sobre la mesa la importancia de respetar los espacios reservados para personas con discapacidad dentro del transporte público.

En el caso del Metrobús, estas áreas cuentan con características especiales que buscan reducir riesgos durante el trayecto. Además de ofrecer mayor amplitud para maniobrar una silla de ruedas, incluyen cinturones y sistemas de sujeción que ayudan a evitar movimientos bruscos en caso de frenados repentinos o maniobras de emergencia.

Las reglas de operación establecen que las personas usuarias de silla de ruedas deben colocarse en una posición específica dentro del área designada, generalmente en sentido contrario a la marcha de la unidad. Asimismo, es obligatorio activar los frenos de la silla y utilizar los mecanismos de seguridad disponibles.

El objetivo de estas medidas es garantizar condiciones seguras y dignas para quienes requieren apoyos de movilidad, además de promover un entorno incluyente para todos los pasajeros.

Las disposiciones del sistema también indican que los espacios preferentes deben mantenerse libres de objetos que obstaculicen el acceso o dificulten la circulación. Mochilas, maletas, carriolas y otros artículos no deben invadir estas zonas.

Asimismo, cuando una persona con discapacidad motriz aborda una unidad, cualquier pasajero que ocupe el área reservada debe desocuparla de manera inmediata para permitir su uso adecuado.

Las normas también contemplan la presencia de perros guía y animales de asistencia, los cuales pueden permanecer junto a sus usuarios siempre que no interfieran con el tránsito de otros pasajeros.

Mientras el video continúa acumulando reproducciones y comentarios, miles de usuarios han utilizado el caso de “Lady Metrobús” para recordar la importancia de respetar los espacios destinados a grupos prioritarios. Lo ocurrido dentro de la unidad no solo generó indignación por el trato hacia una persona con discapacidad, sino que también abrió una conversación sobre la necesidad de fortalecer la cultura de inclusión y respeto en el transporte público de la Ciudad de México.

El gobernador LeandroZdero anunció este 15 de junio, durante el 73° aniversario de la Policía del Chaco, una serie de cambios para 2026 que incluyen un aumento salarial y medidas sobre ingresos y control interno que, según el Gobierno provincial, apuntan a fortalecer el trabajo policial.

Entre las decisiones con fecha definida, Zdero confirmó que desde el 1 de enero del próximo año regirá un nuevo esquema laboral de ocho horas de servicio por 24 de franco, presentado por el mandatario como una demanda histórica del personal policial, según la información oficial de la Provincia del Chaco.

El paquete también incluye la creación de la Unidad Policial de Control Interno en todas las dependencias policiales, el inicio en agosto de un nuevo proceso de incorporación de aspirantes a la Escuela de Policía y un aumento del 30% en el servicio de adicionales para el personal policial, que comenzará a regir en julio, de acuerdo con el texto oficial.

Zdero además dispuso la actualización de la liquidación de haberes para que los efectivos cobren los salarios correspondientes a su nueva jerarquía y confirmó el pago retroactivo de los ascensos, que se abonará en tres cuotas, según informó el Gobierno del Chaco.

Durante el acto por el 73° aniversario, el gobernador sostuvo que su gestión busca respaldar a la institución con medidas concretas. “Venimos a reconocer los logros de una institución que cumple una tarea fundamental para la sociedad y que merece ser acompañada con hechos concretos”, afirmó Zdero, según la comunicación oficial.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Seguridad Hugo Matkovich, el jefe de la Policía del Chaco Fernando Javier Romero, la presidenta de la Legislatura Carmen Delgado y autoridades de los distintos poderes del Estado, de acuerdo con la misma fuente.

La modificación del régimen laboral fue uno de los anuncios centrales del acto. Según Zdero, desde el 1 de enero próximo se implementará el sistema de ocho horas de servicio por 24 de franco para el personal de la Policía del Chaco.

“Es una medida que reconoce el esfuerzo de nuestros hombres y mujeres policías y que pocas provincias del país han logrado implementar”, dijo el gobernador.

En la misma ceremonia, Zdero anunció la firma de un comodato para la sede del Club Deportivo Policiales. Según la información oficial, la medida busca dar previsibilidad institucional a un espacio de encuentro y contención para la familia policial.

El gobernador también ratificó el respaldo político de su administración a la fuerza provincial. “Quiero que sepan que van a tener un Gobierno y un gobernador que los va a acompañar, que los va a respaldar y que va a defender a quienes trabajan con honestidad y profesionalismo en el marco de la ley”, expresó, según la fuente oficial.

En otro tramo de su discurso, Zdero hizo un llamado a los legisladores provinciales para que acompañen iniciativas vinculadas a seguridad. “Quiero hacer un llamado especial a los legisladores de nuestra provincia a que realmente se pongan del lado de los ciudadanos. Tenemos que darles las herramientas al Poder Judicial porque hace mucho tiempo estamos intentando tratar la Ley de Reiterancia”, afirmó, según la Provincia del Chaco.

El ministro Matkovich destacó durante el acto el rol de las fuerzas de seguridad y el trabajo coordinado del área desde el inicio de la gestión provincial. “En la vida hay que ser agradecido y reconocer la tarea de quienes nos cuidan”, dijo el funcionario, según la Provincia del Chaco.

Matkovich agregó: “Ser policía es una lección, es un compromiso y fundamentalmente requiere vocación de servicio”. También afirmó: “Desde que asumimos el 10 de diciembre del año 2023 venimos trabajando de manera armónica y coordinada con las fuerzas federales, la Justicia federal y provincial, y la sociedad en su conjunto. De esa manera hemos marcado un antes y un después. Nosotros no vinimos a pactar con nadie y vamos a ir progresivamente apartando a aquellos que están al margen de la ley”, según la misma fuente.

La final de la Copa Mundial 2026 coincidirá con la conmemoración del 19 de julio en Nicaragua, y una orientación del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo limita las actividades deportivas masivas ese día para evitar aglomeraciones durante la celebración del triunfo de la Revolución Sandinista, así lo destaca ampliamente una publicación del periódico Divergentes.

Según detalla la nota, las autoridades advirtieron a quienes programan eventos deportivos que no instalen estadios virtuales ni organicen grandes reuniones durante la final.

Empresarios consultados por Divergentes señalaron que la medida fue comunicada a finales de mayo y que podría extenderse a bares y restaurantes, sectores que ven en el partido una oportunidad para aumentar sus ingresos.

Según fuentes que solicitaron el anonimato por temor a represalias, la directriz no se presentó como una prohibición absoluta, sino como una recomendación de evitar grandes montajes el 19 de julio.

Los responsables de negocios vinculados al entretenimiento deportivo recibieron el mensaje de que “no quieren aglomeración”, aunque todavía esperan una decisión sobre si la restricción alcanzará a los locales más pequeños.

El horario de la final y el acto oficial

La final del Mundial está programada para las 13:00 hora local de Nicaragua, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y podría extenderse hasta las 16:30 si hay tiempos extras y penales. El acto oficial del régimen tradicionalmente comienza a las 18:00.

Un empresario del sector señaló que, aun si el partido se prolonga, no interferiría con el inicio de la conmemoración, lo que alimenta las dudas sobre la motivación de la medida.

La situación de bares y restaurantes

El sector de bares y restaurantes permanece en vilo. Algunos dueños afirman que todavía no recibieron instrucciones directas para suspender sus eventos.

Francisco, propietario de un sport bar en Managua, relató que la final anterior fue un éxito en su local y que espera repetir la experiencia, siempre bajo un ambiente de orden y respeto.

El operativo oficial del 19 de julio

La directiva de evitar aglomeraciones el 19 de julio no es nueva. Voceros policiales confirmaron que cada año se activa un plan de seguridad nacional que incluye restricciones y controles en la capital, especialmente alrededor de las plazas donde se realiza la celebración oficial.

Esas medidas van desde cierres viales hasta la prohibición de portar armas y el control de explosivos, con el objetivo declarado de garantizar la seguridad en la jornada festiva.

Según una fuente del Ministerio del Interior, la orientación se considera rutinaria y no debería traducirse en un impacto negativo para los negocios, siempre que se cumplan las disposiciones y exista vigilancia policial.

El impacto económico y la falta de definiciones

La falta de cifras concretas sobre el impacto económico de la final de la Copa Mundial anterior, celebrada en Qatar, complica la evaluación sobre las posibles pérdidas para el sector de ocio y servicios.

El silencio de las cámaras empresariales refleja el temor a represalias y la presión que ejerce la represión oficial sobre la actividad privada. Empresarios, trabajadores del sector y aficionados al fútbol esperan una clarificación oficial que les permita planificar la jornada sin riesgo de sanciones o cierres inesperados.

La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México (SSC-CDMX) dio a conocer que registró seis mil 386 atenciones y orientaciones ciudadanas durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el partido de apertura entre México y Sudáfrica. El operativo abarcó seguridad, atención médica, orientación turística, actividades recreativas y apoyo a la movilidad.

El personal de la dependencia aplicó 296 pruebas amistosas de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad. También brindó 69 atenciones prehospitalarias: 57 se resolvieron en el lugar y 12 requirieron traslado a hospitales para valoración especializada.

El operativo incluyó 310 orientaciones y recomendaciones a turistas nacionales y extranjeros. Estos servicios se distribuyeron entre los módulos de atención ciudadana instalados en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, el Fan Fest del Centro Histórico y el Ángel de la Independencia.

Módulos de atención en el estadio

En el Módulo 1, ubicado en San Alejandro y San Gabriel, el personal de la SSC realizó 147 pruebas de alcoholemia y 27 orientaciones. Ese mismo módulo registró 94 solicitudes de información a través de LOCATEL y tres atenciones médicas de primer contacto.

La Unidad Graffiti desplegó actividades recreativas en ese módulo para 10 niñas y niños. Las acciones de pintacaritas beneficiaron a 300 personas y las actividades deportivas contaron con la participación de 198 asistentes.

En el Módulo 2, ubicado en la Puerta 8 del estadio, se efectuaron 49 pruebas de alcoholemia, ocho orientaciones y dos atenciones médicas. Las actividades recreativas atendieron a 25 niñas y niños, las de pintacaritas a 250 personas y las deportivas a mil 40 asistentes.

Ambos módulos brindaron apoyo para la localización de un menor extraviado cada uno. En total, el operativo en las inmediaciones del estadio registró 68 solicitudes adicionales de información a través de LOCATEL en el Módulo 2.

Detenidos por agresión a policías

Los uniformados de la Unidad Graffiti aseguraron a cuatro personas pertenecientes a un contingente de manifestantes que intentaron ingresar de forma violenta al estadio. El grupo agredió a los elementos policiales que prestaban servicio en el Módulo 1, y un oficial debió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Festivales y puntos de convivencia en la ciudad

En los festivales y actividades relacionadas con el Mundial celebrados en Plaza Carso, Campo Marte, Xochimilco, Six Flags y Santa Fe, se aplicaron 155 pruebas de alcoholemia. En esos mismos espacios se realizaron 93 actividades lúdicas y recreativas para fomentar la convivencia familiar.

En el Fan Fest del Centro Histórico, el personal médico de la SSC efectuó 40 pruebas de alcoholemia y brindó 35 atenciones prehospitalarias sin necesidad de traslados. Durante los festejos en el Ángel de la Independencia, el equipo médico otorgó ocho atenciones prehospitalarias, también sin requerir traslados.

Orientación turística y traducciones

El personal especializado desplegado en el Zócalo capitalino y en distintas terrazas turísticas realizó 250 traducciones, 475 orientaciones y 20 codificaciones a hoteles. En los festivales futboleros distribuidos por la ciudad se sumaron 565 servicios de traducción y 722 orientaciones adicionales.

En corredores turísticos, los efectivos efectuaron 640 traducciones, 823 orientaciones y cinco acompañamientos de visitantes ante la Fiscalía de Atención al Turista. Las zonas hoteleras del Centro y Poniente de la capital recibieron 15 apoyos directos y 198 codificaciones en establecimientos.

Movilidad y apoyo en la ciudad

El personal de Seguridad Escolar mantuvo presencia en 12 lanzaderas distribuidas en distintas alcaldías. Desde esos puntos operaron 260 autobuses que trasladaron a 6 mil 473 usuarios hacia los lugares de concentración del evento.

Ese mismo personal atendió dos reportes por cobros excesivos en establecimientos comerciales. También apoyó en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe para el retiro de un árbol derribado por las lluvias.

Bienestar animal en el Fan Fest

La Brigada de Vigilancia Animal (BVA) instaló dos Puntos de Hidratación en el Fan Fest del Centro Histórico: uno en el cruce de Palmas y 16 de Septiembre, y otro en Bolívar y 16 de Septiembre, en la alcaldía Cuauhtémoc. En esos espacios se hidrataron 95 caninos y se realizaron 50 atenciones médico-veterinarias a animales con síntomas de deshidratación.

La Brigada también atendió a un perro con una lesión en la oreja y a una persona con una cortadura leve en la mano. Los efectivos difundieron información sobre bienestar animal y tenencia responsable a 6 mil 331 personas durante las actividades masivas.

El hecho, ocurrido sobre la 1:30 p. m., movilizó inmediatamente a las autoridades, que desplegaron equipos de investigación criminal para esclarecer lo sucedido.

Según el reporte preliminar, los disparos los habría hecho un motorizado contra un hombre. Sin embargo, en la escena estaba presente otra persona que intentó repeler a los atacantes con un arma de fuego, pero impactó accidentalmente a un transeúnte que fue llevado a un centro asistencial y posteriormente murió.

El ciudadano herido que sobrevivió tiene una lesión en una de sus extremidades inferiores y permanece bajo atención médica.

El teniente coronel Julio Botero, comandante de Policía de Suba, informó que se activaron todas las capacidades para identificar y capturar a los responsables del ataque.

“Como resultado de esta situación, ya la Policía Metropolitana de Bogotá dispuso de las capacidades en investigación criminal e inteligencia con el fin de identificar y determinar a las personas que causaron estos hechos para dar con su pronta captura”, declaró Botero.

Durante el operativo policial, voceros de Transmilenio comunicaron que la estación Calle 142 suspendió temporalmente el servicio en sentido norte - sur por los procedimientos de las autoridades desde la 1:52 p. m.

El sistema de transporte reanudó su operación habitual un poco más de tres horas después, a las 5:20 p.m., una vez culminaron las diligencias en el sector.

Noche violenta en Bogotá: tres asesinatos en Usaquén y Bosa por ataques de sicarios

La noche del 10 de junio en Bogotá estuvo marcada por la violencia, con tres asesinatos registrados en ataques de sicarios en las localidades de Usaquén y Bosa, según información de las autoridades.

En el barrio Verbenal, al norte de la capital, un doble homicidio generó alarma entre los residentes. De acuerdo con el reporte emitido desde la Policía Metropolitana de Bogotá, los cuerpos de dos hombres, de entre 25 y 30 años, fueron hallados sin vida en una zona boscosa, con múltiples impactos de bala.

La teniente coronel Paula Guiza, confirmó que las patrullas acudieron tras recibir reportes de disparos por parte de la comunidad. El laboratorio móvil de criminalística realizó la inspección en el lugar y se iniciaron las labores de revisión de cámaras de seguridad para establecer la ruta de escape de los responsables.

Mientras tanto, en el barrio El Palmar, localidad de Bosa, otro ataque bajo la modalidad de sicariato en bicicleta cobró la vida de un hombre. Testigos relataron al medio CityTv que dos personas a bordo de una bicicleta dispararon de forma repetida contra la víctima, que fue auxiliada por las autoridades y trasladada de urgencia a un hospital, pero falleció debido a la gravedad de sus heridas. La Policía desplegó equipos de inteligencia y judicial para esclarecer el caso.

En Bogotá, el sicariato representa la mitad de los homicidios registrados, una proporción que evidencia el avance del crimen organizado y la creciente sofisticación de sus operaciones.

De los 265 homicidios ocurridos entre enero y marzo de 2026, 134 fueron asesinatos por encargo, según la Policía Metropolitana de la capital. Esta tendencia se intensificó en los últimos años, impulsada por la facilidad para acceder a armas de fuego, el fortalecimiento de bandas criminales y la falta de datos de inteligencia que permitan anticipar y desarticular estas redes.

El fenómeno, que en 2018 solo representaba el 15% de los homicidios, hoy alcanza casi el 50%, según informes recientes elaborados a partir de datos oficiales y solicitudes a la Dirección de Investigación Criminal.

De acuerdo con Latina, varias víctimas relataron que los sospechosos se acercaban con una actitud de falsa ayuda. Les decían que “había cambiado el sistema del banco” y, bajo esa excusa, les pedían la tarjeta para “apoyarlos” durante la operación. En ese mismo momento, solicitaban la clave secreta, con lo que obtenían acceso total a la cuenta.

El método, según las imágenes de seguimiento policial, comenzaba con una fase previa: los intervenidos ingresaban a agencias bancarias, pero también a centros comerciales, supermercados y otros establecimientos concurridos. Allí observaban a potenciales objetivos, los ubicaban y, en algunos casos, regresaban días después para concretar el engaño.

La modalidad: acercamiento, engaño y cambiazo

En las grabaciones analizadas por los agentes se observa cómo los sospechosos se aproximaban a las personas en la zona de cajeros automáticos. Luego de iniciar conversación, simulaban orientar a la víctima sobre un supuesto cambio del sistema o un error durante la operación. En ese lapso, realizaban el cambiazo: sustituían la tarjeta real por otra, que entregaban a la persona afectada para que no notara de inmediato la sustitución.

Con la tarjeta original en su poder y la clave obtenida, uno de los implicados entregaba el plástico a un cómplice. De acuerdo con el reporte del medio, ese segundo integrante se desplazaba a otro punto para realizar retiros de dinero o efectuar compras por Internet, con el objetivo de reducir la posibilidad de ser identificado en el mismo lugar del engaño.

Las autoridades tampoco descartaron que el grupo empleara otras variantes para lograr el mismo fin, entre ellas la instalación de mecanismos para que el cajero retuviera la tarjeta. Ese escenario, señalaron, forma parte de las hipótesis en investigación debido a la forma en que se seleccionaba a las víctimas y a la rapidez con la que se concretaban los retiros posteriores.

Seis víctimas reportadas y vínculos bajo investigación

Hasta el momento, según Latina, se reportaron seis víctimas vinculadas a esta organización, aunque la Policía evalúa si existen más afectados que no denunciaron. Los intervenidos, siempre según la información disponible, actuaban en varios distritos de Lima y elegían puntos con alto flujo de personas, pese a la presencia de sistemas de videovigilancia.

La investigación incluye el perfil de los detenidos. Dos de ellos registraban salidas al extranjero, y la Policía no descartó posibles conexiones con bandas criminales fuera del país. Los agentes que participaron en la intervención también identificaron indicios que podrían vincularlos con otras estructuras delictivas, por lo que las diligencias continuarán.

La Policía recomendó a los usuarios evitar aceptar ayuda de desconocidos en cajeros automáticos, proteger el teclado al digitar claves y retirar la tarjeta solo cuando finalice la operación. Además, pidió reportar cualquier intento de contacto sospechoso al personal de seguridad o a las autoridades del lugar.

La secuencia de los acontecimientos, revelada posteriormente por la propia corporación, comenzó cuando uno de los agentes llegó al estacionamiento de la dependencia. Su compañero, según describió el jefe policial, desenfundó su arma de servicio y la apuntó directamente hacia él sin intención aparente de disparar. La escena, según se reconstruyó, evocaba un duelo del viejo oeste, aunque en pleno siglo XXI y en el corazón de una institución dedicada a la seguridad pública. Lejos de ser una simple broma, la situación escaló cuando el segundo oficial, en respuesta al gesto, también desenfundó su arma y, en ese momento, apretó el gatillo. El proyectil atravesó el parabrisas de una patrulla y fue a impactar en el hombro de su colega, provocándole una herida que requirió atención médica inmediata.

El hecho fue calificado por el propio jefe de la Policía de Pasadena, Gene Harris, como un “comportamiento inseguro e inapropiado”, y no dudó en señalarlo como el resultado de una actitud irresponsable que vulneró de manera flagrante todos los protocolos institucionales sobre el manejo de armas de fuego. La reacción del funcionario fue contundente: “El incidente es consecuencia directa de una violación grave a las normas básicas de seguridad que todo policía debe respetar”, enfatizó Harris ante medios y en comunicaciones internas. El jefe policial subrayó que la manipulación indebida de armas cargadas, aún bajo el pretexto de una broma o camaradería, pone en riesgo no solo la integridad de los propios agentes, sino la confianza de la sociedad en sus fuerzas de seguridad.

La normativa vigente en la corporación, como en la mayoría de los cuerpos policiales de Estados Unidos, establece de manera clara la prohibición absoluta de manipular armas de fuego fuera de contexto operativo. Las armas deben permanecer aseguradas y bajo control estricto, evitando cualquier exhibición o uso innecesario que pueda derivar en accidentes, como el que lamentablemente ocurrió. En esta ocasión, la transgresión de esas directivas no solo expuso a los agentes a un peligro letal, sino que dejó en evidencia la necesidad de reforzar la disciplina y la cultura institucional respecto al uso responsable de armamento.

El incidente, ocurrido en septiembre, cobró visibilidad pública cuando el Departamento de Policía de Pasadena decidió publicar el video del suceso, captado íntegramente por la cámara del tablero de una patrulla. Las imágenes muestran el momento exacto en que ambos oficiales se encuentran en el estacionamiento, desenfundan sus armas y se apuntan en un juego peligroso que termina abruptamente con el disparo. El video, difundido el miércoles siguiente a los hechos, fue acompañado de un comunicado oficial que contextualizaba el incidente y explicaba las acciones adoptadas por la institución en respuesta a lo ocurrido.

La publicación del material audiovisual buscó, según fuentes del propio departamento, transparentar los hechos ante la comunidad y mostrar el compromiso de la corporación con la rendición de cuentas. En las imágenes, se observa con claridad cómo uno de los agentes, tras recibir el disparo, cae al suelo mientras su compañero reacciona con visible consternación. El parabrisas de la patrulla queda perforado por el proyectil, dejando constancia gráfica de lo que pudo haber sido una tragedia mayor. La difusión del video reavivó el debate sobre la cultura policial y la necesidad de revisar los procedimientos internos para evitar incidentes similares en el futuro.

De inmediato, la Policía de Pasadena abrió una investigación interna para esclarecer las circunstancias y responsabilidades de los dos agentes involucrados. El proceso disciplinario se centró en determinar las motivaciones detrás del comportamiento de ambos oficiales y evaluar la gravedad de la violación a los protocolos institucionales. Según informó el jefe Harris, se tomaron medidas disciplinarias concretas, aunque los detalles sobre las sanciones impuestas no fueron revelados de manera específica en el comunicado oficial. La investigación forma parte de un esfuerzo más amplio por parte de la corporación para reforzar el cumplimiento de las normas y garantizar que situaciones de este tipo no se repitan.

En cuanto a la situación del oficial herido, las autoridades confirmaron que ya se recuperó de las lesiones sufridas. El agente recibió atención médica especializada y, tras un periodo de convalecencia, pudo reincorporarse a sus actividades habituales. El departamento resaltó que, a pesar de la gravedad potencial del incidente, la vida del oficial no corrió peligro, aunque el suceso dejó una marca indeleble en la memoria institucional de la corporación. El caso vuelve a poner bajo la lupa la importancia de la disciplina y el respeto a los protocolos de seguridad dentro de los cuerpos policiales, donde un descuido o una broma puede transformar la rutina diaria en una emergencia de consecuencias irreversibles.

La Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron la operación Deep Scam en las provincias de Panamá y Colón, donde arrestaron a cuatro personas por una investigación por estafa y delitos contra la seguridad informática.

Los operativos se realizaron en los corregimientos de Pacora y Bella Vista, en la provincia de Panamá, y en el sector de Villa del Caribe, en Colón.

De acuerdo con la investigación oficial, los detenidos mantuvieron una presunta vinculación con el hackeo de una cuenta de WhatsApp usada para pedir transferencias de dinero bajo engaño.

El grupo estaba integrado por un hombre y tres mujeres, y una de las personas arrestadas es de nacionalidad venezolana, según la información difundida por las autoridades.

Las autoridades señalaron que los detenidos podrían estar involucrados en otras actividades similares, debido a la cantidad de dispositivos y registros encontrados durante los allanamientos.

La pesquisa se centró en delitos contra el patrimonio económico en la modalidad de estafa y en hechos vinculados con la seguridad informática.

Según las autoridades, la operación respondió a un esquema en el que el acceso a una cuenta de mensajería se convirtió en la vía para intentar obtener transferencias.

Durante los allanamientos los agentes decomisaron varios equipos tecnológicos, entre ellos teléfonos celulares. Ese material quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con las pesquisas.

El Ministerio Público explicó que la operación se coordinó luego de varias denuncias de víctimas que aseguraron haber recibido mensajes fraudulentos desde la cuenta comprometida.

Los operativos, ejecutados en horas de la madrugada, permitieron la captura de los cuatro implicados y el decomiso de equipos electrónicos, teléfonos móviles y documentación relevante para la causa.

También se informó que bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Frontera se realizó una requisa en el Centro Penitenciario de la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, donde las autoridades decomisaron armas blancas y bebidas fermentadas, entre otros artículos

En el marco de la Operación Cerrojo las autoridades contabilizaron 276 celulares, 947 sim card, 185 tabaco, 319 envoltorios de presunta sustancia ilícita, 31 pesas digitales, 100 galones de chicha fermentada, 258 cargadores de celulares y 438 abanicos.

Durante la pesquisa los agentes del orden público también se encontraron con 273 platinas, 98 radios, 12 máquinas de cortar cabello, 10 memorias USB y 44 Cables USB y 36 Wifi, entre otros artículos.

La coordinación general de la operación estuvo a cargo de la Subdirección General del Servicio Nacional de Fronteras, mientras que la dirección operativa del Operativo Cerrojo en el Centro Penitenciario de Chiriquí estuvo bajo la responsabilidad de la Policía Nacional, quienes coordinaron las acciones operativas y estratégicas desarrolladas durante la intervención, dijo la Policía en una nota de prensa.

Agregó que mediante diversas acciones operativas y preventivas desarrolladas igualmente en la provincia de Colón se logra la aprehensión de dos personas requeridas por delitos de homicidio, pandillerismo y posesión de drogas.

El subcomisionado Luis Santamaría, de la Zona Policial de la provincia caribeña dijo que a través de un recorrido preventivo por el sector de Nuevo México, El Diamante, los uniformados abordan a un ciudadano el cual al ser verificado reflejó dos oficios de captura por el delito contra la seguridad colectiva en modalidad de pandillerismo y homicidio doloso.

En tanto mediante una verificación ciudadana en el sector de Calle 2 y 3 Herrera, fue aprehendida una mujer, la cual mantenía dos casos pendientes, uno de ellos por delito relacionado con droga.

“¡Mirá, hay una persona ahí arriba!”, exclamó Sol, sorprendida. Su compañera venezolana le respondió: “¡Un policía! Tiene como un chaleco”. Justo después de este intercambio, la transmisión del reality fue abruptamente interrumpida.

La escena, que se difundió rápidamente en redes sociales, generó múltiples interpretaciones y teorías acerca de lo que había sucedido y si se trataba del ingreso de efectivos policiales a la casa. Luego de unos minutos, la transmisión de la casa regresó pero no hubo respuestas acerca de lo que había sucedido.

Según pudo saber Teleshow, lo ocurrido fue mucho más común que todas las especulaciones que despertó el momento. La persona arriba del techo de la casa era un electricista que se encontraba haciendo un trabajo de mantenimiento. Todos los participantes se encontraban realizando una prueba en el SUM, momento en el que la producción aprovechó para hacer tareas en el exterior de la casa, acorde al gran despliegue que tiene el reality show.

En abril de este año la intervención de la Policía Federal marcó un hito en la historia del programa al ingresar a los estudios de Telefe para cumplir con la notificación formal de una causa legal. Jessica Maciel, reconocida influencer, y una de las jugadoras del reality, fue notificada, dentro del propio confesionario del reality, de una denuncia por presunta trata de personas y explotación sexual.

El procedimiento se desarrolló bajo estrictas medidas de privacidad, lejos de las cámaras principales. La participante recibió el acta y tuvo que firmar la notificación, quedando formalmente enterada de la investigación en curso.

El ingreso de la fuerza de seguridad se realizó sin previo aviso para el resto de los participantes y fue supervisado por la producción, que debió adaptar el reglamento del programa ante la excepcionalidad del caso. Al conocer la acusación, La Maciel se mostró afectada. Unos días después la jugadora sufrió un ataque de pánico y debió ser asistida por personal médico, lo que derivó en su decisión de abandonar el juego.

En febrero de 2024, durante la temporada de ese año, se dio un incidente en Gran Hermano que involucró la irrupción de personas ajenas que accedieron a la casa por los techos. Al menos dos individuos lograron entablar diálogo con tres participantes —Rosina, Lucía y Zoe— mientras estas se encontraban en el jardín. Las jugadoras aprovecharon el contacto para realizar preguntas a los visitantes, como “¿nos conocés?” y “¿cómo me ven afuera? ¿Bien?”.

La voz de Gran Hermano intervino y recordó la prohibición de mantener contacto con el exterior, indicando que el reglamento prohíbe responder gritos, buscar información o recibir objetos del público. El hecho obligó a la producción a sancionar a las participantes por interactuar con los intrusos.

“Por esta grave conducta van a ser sancionadas. Lucía, Zoe y Rosina, les informo que ya están nominadas. Además mañana no van a participar de la prueba por el liderazgo y tampoco podrán ser salvadas por el nuevo líder de la semana”, les comunicaron. El hecho provocó repercusión en redes y llevó a la producción a reforzar la seguridad de la casa para evitar el ingreso de personas ajenas al programa.

La llegada de más de 1.000.000 de visitantes a Nueva York por Mundial 2026 activó una ofensiva inédita contra los conductores ilegales que operan en los aeropuertos de la región.

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, junto a la Comisión de Taxis y Limusinas, anunció una campaña de 10 años y USD 100 millones para enfrentar estafas, sobreprecios y episodios de intimidación que afectan a pasajeros recién aterrizados, según informó The City.

Las autoridades estiman que, durante los ocho partidos del torneo previstos entre el 13 de junio y el 19 de julio en el área metropolitana, el movimiento de turistas se incrementará de manera excepcional. Los aeropuertos JFK, LaGuardia y Newark Liberty serán el principal punto de ingreso para miles de viajeros, muchos de los cuales se verán expuestos por primera vez a las prácticas de captadores ilegales.

Estrategias y sanciones frente a un problema persistente

El fenómeno de los viajes clandestinos no es nuevo en la ciudad, pero la magnitud del evento y el volumen de visitantes llevaron a las autoridades a endurecer las medidas:

• Refuerzo de la presencia policial y de inspectores en los principales aeropuertos.
• Tasa adicional de USD 594 para recuperar vehículos incautados por captar pasajeros de manera ilegal.
• Sanciones agravadas: una condena por esta actividad sumará cinco puntos a la licencia de conducir y quienes acumulen once o más en dos años podrán perderla.

A pesar de los controles previos, las citaciones por viajes ilegales crecieron de manera sostenida:

• En 2025 se registraron 2.874 infracciones en JFK y LaGuardia, con el 91% de los casos concentrados en JFK.
• Este aumento representa un salto del 258% respecto a las 802 actas labradas en 2022.
• Hasta fines de mayo, la Comisión de Taxis y Limusinas había contabilizado 2.021 infracciones por operación sin licencia en ambos aeropuertos.

Las autoridades reconocen que las multas y sanciones vigentes no resultaron disuasivas para los reincidentes, quienes asumen los castigos como parte de su negocio. “Es un problema persistente, y admito que a veces se siente como un juego de golpear topos”, resumió Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria, en diálogo con The City.

Impacto en los pasajeros y modernización de la prevención

El accionar de los captadores ilegales afecta especialmente a turistas que llegan cansados tras vuelos largos y buscan una salida rápida del aeropuerto.

Según Midori Valdivia, presidenta de la Comisión de Taxis y Limusinas, este tipo de experiencias pueden resultar traumáticas y afectan tanto la seguridad de los pasajeros como los ingresos de los conductores autorizados.

En el último año, se documentaron 68 casos en los que los pasajeros fueron amenazados, y en 16 de ellos, retenidos hasta entregar dinero. Uno de los episodios más graves involucró a dos turistas japoneses que, tras negarse a pagar USD 500 exigidos por un conductor ilegal, fueron llevados a Flushing Meadows Corona Park y amenazados antes de ser liberados.

Para prevenir estos episodios, la Autoridad Portuaria desplegó carteles en más de 10 idiomas en las zonas de recogida de equipaje y comenzó a modernizar la red de cámaras en el aeropuerto JFK. El nuevo sistema permitirá identificar automáticamente las matrículas de reincidentes y alertar a la policía en tiempo real.

Entre los testimonios recogidos por The City, el cineasta Max Perelitsa, recién llegado desde Kazajistán, opinó que la campaña debería centrarse en proteger a los viajeros más vulnerables.

Jay Henderson, otro pasajero, sostuvo que siempre prefiere contar con un traslado previamente agendado para evitar riesgos en la terminal.

La combinación de controles reforzados, tecnología y sanciones más severas busca proteger a los visitantes y garantizar que su primera experiencia en Nueva York no esté marcada por estafas ni intimidaciones. Con el Mundial como telón de fondo, la ciudad pretende mostrar una cara segura y ordenada ante los ojos del mundo.

Un hombre murió en la noche del martes pasado tras ser atropellado por una camioneta en la avenida Hipólito Yrigoyen, en la ciudad de Palpalá, provincia de Jujuy.

El hecho ocurrió cerca de las 23:15, cuando una persona alertó a las autoridades sobre un accidente de tránsito a la altura del domicilio 261 de esa arteria. La víctima, que aún no ha sido identificada oficialmente, quedó tendida sobre la calzada con heridas de extrema gravedad. Al llegar al lugar, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) constató el fallecimiento del hombre debido a las lesiones sufridas durante el impacto, que incluyeron múltiples fracturas, según los primeros informes médicos.

El conductor se dio a la fuga inmediatamente después del hecho. Tras el aviso, la Policía de Jujuy desplegó un operativo cerrojo en la zona para localizar el vehículo involucrado, mientras se preservaban las pruebas en el sitio del siniestro y se realizaban relevamientos de evidencias. El operativo incluyó tareas de investigación y pericias destinadas a reconstruir la mecánica del episodio, con la colaboración de peritos y efectivos de diferentes unidades.

La víctima, de quien solo trascendió que tendría entre 50 y 60 años, fue trasladada a la Morgue Judicial para la realización de los estudios forenses correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de la víctima, a la espera de la notificación formal y la confirmación de la identidad por parte de sus familiares o allegados.

Y mientras avanzaban las tareas de búsqueda para dar con el responsable, se produjo un giro inesperado en la investigación. De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa a las que pudo acceder el medio Todo Jujuy, un hombre de 57 años, domiciliado en el barrio General Savio, se presentó de manera voluntaria en la Seccional 23 acompañado por su hijo de 16 años y un asesor legal. Durante la declaración, informaron que el adolescente habría sido quien conducía la camioneta que embistió al peatón.

La presentación espontánea se produjo varias horas después del accidente. Según lo informado, el menor reconoció su participación en el hecho y señaló que el vehículo implicado era una Toyota Corolla Cross de color bordó, que permanecía en el domicilio de su padre. Ante estos datos, la Ayudante Fiscal interviniente dispuso el secuestro inmediato de la camioneta y de las prendas de vestir del adolescente, consideradas elementos de interés para la causa.

Las autoridades confirmaron que el adolescente compareció acompañado de su padre y de un asesor legal. La investigación se encuentra en curso para determinar si el menor conducía bajo algún tipo de influencia o si incurrió en conductas agravantes, como el exceso de velocidad o la omisión de auxilio a la víctima.

Tras la presentación, la Fiscalía ordenó una serie de medidas para preservar todos los elementos vinculados al caso. Se secuestraron los objetos hallados en la escena del accidente, entre ellos fragmentos de vidrio, restos de pintura y material vehicular, así como prendas de vestir relacionadas con el conductor.

La causa permanece bajo investigación judicial, mientras se aguarda el resultado de las pericias y la toma de declaración a testigos que puedan aportar datos relevantes sobre el momento del impacto y el accionar posterior del conductor.

La Fiscalía evalúa las circunstancias en las que ocurrió el accidente fatal y determinará la eventual imputación del adolescente. El hecho de que el conductor se haya retirado del lugar sin prestar ayuda podría agravar la situación judicial del menor. La investigación incluye el análisis de cámaras de seguridad de la zona y la recepción de testimonios de vecinos o transeúntes que presenciaron el hecho.

La causa está caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito, aunque la calificación podría modificarse según el avance de las pericias y la declaración de los involucrados.

La llamada de emergencia llegó cerca de las 18:00, cuando se informó que una niña pequeña había caído al agua y no respiraba. Al llegar a la vivienda, los agentes Stevenson y O’Shields iniciaron de inmediato la reanimación cardiopulmonar y la sostuvieron hasta la llegada de otros socorristas, de acuerdo con FOX Carolina.

La Oficina del Sheriff del Condado de Greenville difundió en sus redes sociales las grabaciones captadas el 31 de mayo por las cámaras corporales y de los patrulleros. A su vez, destacó la labor de los agentes que acudieron al llamado de emergencia. El organismo sostuvo que, gracias a la rapidez, la preparación y la determinación de ambos agentes, la menor “tuvo la oportunidad de seguir viviendo su historia”.

La oficina del sheriff atribuyó el desenlace a la reacción inmediata y al entrenamiento de los agentes

La institución presentó el episodio como una intervención en la que “unos segundos” resultaron decisivos. El mensaje de las autoridades subrayó: “Cuando los agentes responden a llamadas, nunca saben con qué se encontrarán. Algunos días se trata de hacer cumplir la ley. Otros días, de ayudar a alguien que lo necesita. Y otros días, de estar entre la vida y la muerte”.

La oficina celebró a los agentes que salvaron la vida de la menor: “Las acciones del agente Stevenson y del agente O’Shields ejemplifican el tipo de hombres y mujeres que llevan la insignia de la Oficina del Sheriff del Condado de Greenville. Su profesionalismo, rapidez de pensamiento y compromiso con servir a los demás marcaron toda la diferencia cuando los segundos más importaban”.

El mismo mensaje oficial agregó: “Hoy estamos agradecidos. Agradecidos por un resultado positivo. Agradecidos por la preparación de estos agentes. Y agradecidos por dos agentes cuyas acciones nos recuerdan por qué esta profesión importa”.

El ahogamiento infantil involuntario: cifras en Estados Unidos

El ahogamiento es un proceso en el que la inmersión en un líquido provoca insuficiencia respiratoria. Generalmente ocurre cuando la nariz y la boca permanecen bajo el agua durante un tiempo suficiente para dificultar el ingreso de aire.

En Estados Unidos, el ahogamiento es la principal causa de muerte accidental entre los niños de 1 a 4 años y ocupa el segundo lugar en el grupo de 5 a 14, solo detrás de los accidentes de tránsito.

Cada año se registran más de 4.000 fallecimientos por ahogamientos no intencionales, lo que representa un promedio de 11 fallecimientos diarios. Además, se producen alrededor de 8.000 episodios de ahogamiento no fatal, es decir, unos 22 casos por día, de acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Cerca del 80% de las muertes de niños en piscinas corresponde a menores de 5 años, informó la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo (CPSC).

Las lesiones derivadas del ahogamiento pueden provocar daños cerebrales y otras complicaciones de gravedad, entre ellas secuelas permanentes o discapacidades que afectan la calidad de vida a largo plazo, advirtió el CDC.

Para reducir el riesgo de ahogamientos infantiles, es fundamental mantener una supervisión constante y cercana de los niños en todo entorno con agua, instalar barreras de seguridad en las piscinas, enseñarles a nadar desde pequeños y capacitar a los adultos en reanimación cardiopulmonar.

Asimismo, se recomienda retirar juguetes del área de la piscina al terminar de usarlos, vaciar recipientes con agua y no confiar únicamente en flotadores o dispositivos inflables como medida de protección.

Una profunda consternación y alarma social se vive en el sector Valiente, perteneciente al distrito municipal de La Caleta, en el municipio de Boca Chica, tras el trágico hallazgo del cuerpo sin vida de una adolescente de 13 años.

El hecho, que se registró la tarde del pasado martes, ha movilizado a las más altas autoridades de la jurisdicción especializada, quienes ya mantienen bajo custodia a dos menores de edad presuntamente vinculados con el incidente.

La víctima fue identificada formalmente como Zarah Diroche Montero, de 13 años de edad. De acuerdo con los informes preliminares ofrecidos por la Policía Nacional, el cadáver de la menor fue hallado en el interior de una propiedad privada del referido sector, presentando una herida mortal provocada por un arma blanca.

Tan pronto como se notificó el hallazgo, agentes policiales y unidades de investigación se desplegaron en la zona. Como resultado de las primeras indagatorias, las autoridades lograron localizar a dos adolescentes, de 12 y 13 años de edad, cuyas identidades se mantienen en estricta reserva legal debido a su condición de menores de edad.

Ambos adolescentes fueron puestos bajo la custodia de las autoridades competentes de manera inmediata. Según informó la institución del orden, este procedimiento se ejecutó siguiendo rigurosamente los protocolos nacionales e internacionales establecidos para el tratamiento de casos judiciales que involucran a personas en desarrollo y en conflicto con la ley penal.

Evidencias recolectadas en la escena

El personal pericial que procesó la escena del crimen logró recolectar diversos elementos materiales que resultan de vital importancia para el esclarecimiento de los hechos.

Entre las evidencias incautadas por las autoridades se encuentra el arma blanca presuntamente utilizada para cometer el homicidio, así como varias botellas de bebidas alcohólicas, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre el contexto en el que se desencadenó la tragedia.

El cuerpo de la menor fue levantado por el médico legista de turno y posteriormente trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se le realizarán los estudios correspondientes para determinar con exactitud médica la causa y hora del deceso.

Debido a la edad tanto de la víctima como de las personas investigadas, el caso ha sido asumido de forma prioritaria por una Mesa Técnica conjunta. Las pesquisas están siendo coordinadas de manera directa por el Ministerio Público especializado en Niños, Niñas y Adolescentes, en colaboración con los organismos investigativos de la Policía Nacional.

En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, las personas menores de edad están sujetas a un régimen penal especial diferenciado del de los adultos. De ser hallados culpables tras el debido proceso judicial, los adolescentes no reciben una “condena de prisión común”, sino que se les aplican medidas cautelares y de privación de libertad bajo la modalidad de internamiento en centros especializados de atención integral.

Es importante destacar la diferenciación que hace la ley penal juvenil según la edad exacta al momento de cometer el hecho:

• El caso del menor de 12 años: De acuerdo con el Código del Menor (Ley 136-03), los niños y niñas menores de 13 años son considerados legalmente inimputables.
• El caso del menor de 13 años: Al cumplir los 13 años, el menor entra en el rango de la responsabilidad penal de los adolescentes (que abarca de los 13 a los 17 años). Para la tipificación de homicidio, la legislación dominicana contempla una pena máxima de privación de libertad de hasta 5 años de internamiento en un centro penal juvenil.

La decisión final sobre el tipo de medida aplicable recaerá sobre el juez de la Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes, quien evaluará los informes psicológicos, el entorno social y las pruebas recolectadas por el Ministerio Público especializado durante el proceso de investigación.

La Policía Militar de Orden Público fue autorizada este martes para acompañar a la Policía Nacional en operativos de seguridad en barrios y comunidades de alta incidencia delictiva en Honduras, según informó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, durante una ceremonia de ascensos policiales en la ciudad de La Paz.

El titular del Legislativo señaló que la medida busca reforzar la presencia del Estado en sectores afectados por la violencia y la criminalidad. “Quedó autorizada la Policía Militar para que visite los barrios más peligrosos del país y retomemos un clima de paz, seguridad y tranquilidad”, expresó Zambrano ante periodistas.

También planteó que la estrategia se ejecute mediante un trabajo interinstitucional entre la Policía Nacional y la PMOP, para enfrentar de manera conjunta estructuras delictivas que operan en distintos puntos del territorio. “El pueblo pide, quiere y necesita la Policía Militar y las Fuerzas Armadas en las calles acompañando a la Policía Nacional”, agregó.

El rol militar en seguridad

Zambrano sostuvo que el combate a la criminalidad debe ser una prioridad nacional sin distinción de colores políticos y aseguró que el Congreso Nacional respaldará las iniciativas en materia de seguridad impulsadas por el presidente Nasry Asfura.

La seguridad ciudadana continúa entre los principales desafíos de Honduras. Aunque las autoridades han informado avances en algunos indicadores, persisten preocupaciones por delitos como la extorsión, el crimen organizado y la violencia en sectores urbanos y periurbanos.

La Policía Militar de Orden Público fue creada en 2013 como una fuerza de apoyo en tareas de seguridad ciudadana. Desde entonces, su rol ha sido objeto de debate público: mientras algunos sectores destacan su capacidad operativa para apoyar a la Policía Nacional en operativos.

Por su parte organizaciones de derechos humanos han cuestionado la participación de cuerpos militares en funciones de seguridad interna y han señalado la necesidad de fortalecer instituciones policiales civiles.

A lo largo de distintos gobiernos, la coordinación entre la Policía Nacional y la PMOP se ha utilizado como parte de estrategias de control territorial en zonas con presencia de estructuras criminales, incluidos operativos conjuntos para decomisos, capturas y patrullajes preventivos.

Agenda legislativa y reformas

El anuncio se produjo en un momento de transición política, en el que se discuten las prioridades del próximo gobierno en materia de seguridad pública. La administración del presidente electo Nasry Asfura ha señalado que el combate a la delincuencia será uno de los ejes de su gestión, lo que podría fortalecer la coordinación entre instituciones del Estado.

Zambrano afirmó además que el Congreso Nacional dará respaldo a las iniciativas que contribuyan a mejorar la seguridad del país y reiteró que la problemática debe abordarse sin consideraciones partidarias, con prioridad en el bienestar de la población.

En paralelo, el titular del Legislativo adelantó que esta semana el Congreso discutirá reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica, orientadas a fortalecer las medidas de protección para las víctimas y endurecer sanciones contra agresores.

Entre las propuestas figura la creación de un registro de agresores contra mujeres, la prohibición de aspirar a cargos de elección popular para personas condenadas por estos delitos, restricciones en la portación de armas y la suspensión de licencias de conducir como medidas complementarias.

Además, el Congreso Nacional prevé avanzar en la agenda legislativa pendiente durante las próximas semanas, con proyectos relacionados con seguridad, justicia y protección de derechos humanos.

Estrategia integral

Luis Alonso Gales experto en seguridad explico a Infobae que la incorporación de la Policía Militar en labores de patrullaje puede tener impacto inmediato en la percepción de seguridad en zonas críticas, pero advierten que los resultados sostenibles dependen de una estrategia integral.

Entre los principales desafíos mencionan la necesidad de fortalecer la investigación criminal, mejorar la inteligencia policial, reducir los factores sociales que alimentan la delincuencia y generar oportunidades económicas para jóvenes en riesgo.

Expertos coinciden en que la reducción de la violencia no depende únicamente de la presencia de fuerzas de seguridad en las calles, sino también de políticas públicas orientadas a la prevención y al fortalecimiento institucional.

Según la investigación, la banda extorsionó a compañías con cobros que incluyeron S/20.000 como pago inicial y S/5.000 quincenales, tras amenazas sostenidas durante varios meses.

El comandante Anthony Barrios Chan, jefe de la División de Investigación de Homicidios, describió ante las cámaras de Latina una estructura con tareas repartidas entre autores materiales y redes de apoyo. “Tenemos al sicario, a los que trasladan, el apoyo logístico y los que contribuyen con el tema de la fuga”, declaró.

Los presuntos integrantes del brazo armado, según la investigación

Para Lima Norte, la Policía identificó a Mauricio González, Luis Solórzano, Pedro González y Junior Querales como presuntos integrantes del brazo armado de los Occidentales. Las autoridades indicaron que los cuatro eran de nacionalidad venezolana y que permanecían en Perú en condición irregular.

La investigación sostiene que la organización empleó un esquema repetido: vigilancia previa, traslado del tirador, coordinación con cómplices y salida rápida tras el ataque. Ese patrón permitió conectar episodios y reforzó la hipótesis sobre un mismo circuito delictivo detrás de varios hechos.

El método: auto gris para traslado y motocicleta para la ejecución

Imágenes revisadas por los investigadores mostraron la fase previa a un atentado: un auto gris trasladó al sicario y lo dejó a una calle del punto elegido. Luego, el atacante se reunió con otro implicado en motocicleta, desde la que se concretó el crimen. Tras la agresión, la moto facilitó la salida y el video captó al responsable mientras caminó hasta abordar nuevamente el auto gris.

Días después, ese vehículo fue ubicado frente a la vivienda donde la Policía intervino a los presuntos miembros de la banda. Los agentes también lo vincularon con el asesinato de Raúl Marcano, chofer de la línea El Rápido, ocurrido el 14 de febrero en San Martín de Porres, con un esquema similar de traslado y fuga.

Canales de emergencia

El Ejecutivo puso en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito, de carácter reservado y disponible las 24 horas. Por esa vía, la ciudadanía puede advertir sobre casos de extorsión y pedir resguardo policial inmediato. El sistema se coordina con la Central de Emergencias 105 y admite el envío de pruebas como audios o videos.

• Línea 1818: canal de emergencia para denunciar extorsiones.
• Celular 942841978: número directo para reportes y avisos.
• Comisarías: dependencias distritales para formalizar denuncias.
• Depincri: unidades especializadas de la Policía Nacional a cargo de las pesquisas.

La extorsión no solo golpea a choferes y empresas de transporte. También alcanza a dueños de negocios como bodegas, gimnasios y otros comercios de barrio, que reciben amenazas y exigencias de pago para continuar operando o evitar ataques, incluso con advertencias contra familiares, daños a locales y cobros semanales.

La elección de Bryant Park como sede alternativa no fue casualidad: la organización del watch party se realizó a último momento, después de que se cancelara el evento programado en las afueras del Madison Square Garden por motivos de seguridad relacionados con la visita del presidente Donald Trump a la ciudad, según confirmó la oficina del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

La decisión de trasladar la fiesta a Bryant Park permitió reunir a miles de aficionados, aunque la demanda superó por mucho la capacidad oficial de 5.000 personas, lo que generó aglomeraciones y nerviosismo desde temprano, según Fox News.

La frustración por no poder ingresar al evento oficial y la derrota ajustada de los Knicks (111-115 frente a los Spurs) alimentaron el descontento de parte de los asistentes.

El ambiente, que comenzó con entusiasmo y cánticos (“We want Wemby!”), fue derivando en disturbios, con jóvenes escalando vehículos, destrozando mobiliario urbano y extendiendo la violencia a las calles cercanas, especialmente en la transitada calle 42.

Intervención policial y escalada de violencia

La intervención de la policía de Nueva York (NYPD) fue inmediata ante la magnitud de los disturbios. Agentes equipados con material antidisturbios intentaron contener a los grupos más exaltados, recurriendo al uso de gas pimienta tras recibir ataques con botellas y objetos contundentes.

Según información de Fox News, la escena incluyó peleas multitudinarias, agresiones con una señal de parada de autobús arrancada por los propios aficionados y destrozos a vehículos, incluidos taxis y un camión policial.

Videos compartidos por reporteros y medios independientes documentaron cómo algunos de los presentes utilizaron la señal metálica como arma en una pelea, mientras otros saltaron sobre autos y camiones, o arrancaron ramas de árboles cercanos para utilizarlas como proyectiles.

Los policías ordenaron repetidamente a los manifestantes que se retiraran, y varios fueron detenidos en el suelo antes de ser esposados.

Las imágenes, ampliamente difundidas, mostraron además la magnitud de los daños materiales y la dificultad de las fuerzas de seguridad para dispersar a las más de 7.000 personas que, según la policía, se congregaron en el área.

El saldo oficial, confirmado por la NYPD, fue de 21 personas bajo custodia: 8 arrestadas y acusadas formalmente, 13 liberadas con citaciones judiciales.

Además, al menos cinco agentes resultaron heridos, aunque no se precisaron detalles sobre la gravedad de las lesiones.

Debate sobre la seguridad en eventos públicos y repercusiones

El caos en Bryant Park reabre el debate sobre la seguridad y organización de eventos públicos en la ciudad de Nueva York, especialmente en contextos de alta demanda y rivalidad deportiva.

La decisión de habilitar el parque como sede improvisada, sumada al entusiasmo por el regreso de los Knicks a una final de la NBA después de casi tres décadas, generó un ambiente difícil de controlar.

La presencia de figuras políticas y la inesperada cancelación del evento en el Madison Square Garden agregaron presión al dispositivo de seguridad, según subrayó la oficina del alcalde.

A raíz de los disturbios, las autoridades evalúan limitar o modificar la realización de futuras fiestas públicas durante la serie final, mientras la NBA y los propios Knicks evitaron realizar comentarios públicos sobre la violencia registrada.

Medios como FOX 29 coinciden en que el episodio evidencia los desafíos logísticos y sociales que implican este tipo de celebraciones masivas en espacios urbanos.

Por otro lado, la reacción en redes sociales fue mixta: algunos usuarios critican la falta de previsión de las autoridades, mientras otros lamentan que la imagen de los fanáticos neoyorquinos haya quedado asociada a los disturbios.

El caso de Bryant Park se suma a una serie de eventos recientes en grandes ciudades de Estados Unidos donde la euforia deportiva desata incidentes de seguridad y violencia, un fenómeno que especialistas atribuyen a la combinación de pasión desbordada, consumo de alcohol y falencias en la organización de espacios públicos.

La ausencia de retenes policiacos durante las noches en los accesos de Tepeaca coincide con el horario en que vecinos aseguran observar el desplazamiento de pipas y tractocamiones presuntamente utilizados para transportar gas LP de origen ilícito. La situación ha alimentado sospechas entre habitantes del municipio, considerado uno de los principales focos de ‘huachigas’ en Puebla.

El movimiento de estas unidades se concentra principalmente al inicio de la semana. Entre las 18:00 y las 20:00 horas, convoyes integrados por pipas, camionetas y motocicletas recorrerían distintas rutas del municipio sin encontrar presencia visible de los dispositivos de vigilancia que habitualmente operan en los accesos carreteros, según testimonios recabados por La Jornada en la zona.

Las versiones apuntan a tres juntas auxiliares: San José Carpinteros, San Nicolás Zoyapetlayoca y San Bartolomé Hueyapan. En esos puntos, de acuerdo con los habitantes, se localizarían zonas utilizadas para la extracción ilegal de gas LP, desde donde parten vehículos equipados con autotanques de distintas capacidades.

Los pobladores describen un esquema que, aseguran, se ha mantenido durante meses. Algunas pipas circularían con las luces apagadas o cubiertas parcialmente para dificultar su identificación, mientras que otras utilizarían rutas previamente vigiladas por personas encargadas de alertar sobre movimientos policiales o posibles operativos.

Una vez cargadas, las unidades serían trasladadas a bodegas y predios ubicados en distintos puntos de la cabecera municipal. Los vecinos sostienen que varios de estos inmuebles son ampliamente conocidos en la zona y que la actividad alrededor de ellos resulta visible para quienes habitan cerca.

La atención sobre estas presuntas operaciones aumentó tras la explosión registrada la semana pasada en la colonia San Juan Negrete. El incendio involucró seis pipas de gas LP almacenadas en un predio cercano al Camino Viejo a Carpinteros y consumió decenas de miles de litros de combustible.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el inmueble se encontraba a poco más de un kilómetro de una toma clandestina presuntamente utilizada para la extracción de gas. Para habitantes de la zona, el siniestro exhibió una actividad que, aseguran, llevaba tiempo desarrollándose en el municipio.

Tepeaca concentra el principal foco de tomas clandestinas de gas LP en Puebla

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el inmueble donde ocurrió la explosión se encontraba a aproximadamente 1.2 kilómetros de una toma clandestina presuntamente utilizada para la extracción del combustible.

A ello se suman los datos del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), elaborados con información de Petróleos Mexicanos (Pemex), que ubican a Puebla como la entidad con más tomas clandestinas de gas LP en el país.

Dentro de ese panorama, Tepeaca figura como el principal punto de incidencia estatal al concentrar 44 de las 157 tomas clandestinas detectadas en Puebla entre enero y marzo de 2026. A nivel nacional se contabilizaron 299 casos durante ese mismo periodo.

El reporte también coloca a otros municipios poblanos entre los de mayor incidencia en el país. Tlahuapan registró 30 tomas clandestinas y ocupó el segundo lugar nacional, mientras que Los Reyes de Juárez apareció en la quinta posición con 17 casos. San Martín Texmelucan reportó 14 perforaciones ilegales y se ubicó en el sexto sitio.

La lista incluye además a San Matías Tlalancaleca y Acatzingo, con 10 tomas clandestinas cada uno; Amozoc y San Salvador El Verde, con siete; Acajete, con cinco; Huejotzingo, con cuatro; Quecholac, con tres; así como Tecamachalco y Coronango, con dos casos cada uno. Palmar de Bravo y el municipio de Puebla registraron una toma clandestina respectivamente.

Varios de estos municipios se localizan en la región conocida como el Triángulo Rojo, una zona donde históricamente las autoridades han concentrado operativos relacionados con el robo de hidrocarburos y combustibles.

La oficina del sheriff de la parroquia de Ascension detuvo a Joann Johnson, de 37 años, y la acusó de homicidio por negligencia por la muerte de Ian Perez, un niño de tres años que se ahogó en una piscina del patio trasero de una guardería que funcionaba en una vivienda de Prairieville, en Luisiana, después de permanecer inconsciente en el agua durante unos 20 minutos, según Fox News y la oficina del sheriff.

El caso, ocurrido a pocas semanas del receso escolar de verano, reavivó la advertencia de las autoridades sobre la seguridad en casas con piscina y menores bajo cuidado ajeno, destacó el medio estadounidense.

La llamada al 911 se registró hacia las 15:50 del 18 de mayo, según Fox News. Johnson se entregó el miércoles, semanas después del hecho, y quedó sujeta a una fianza de USD 100.000, mientras enfrenta una pena de entre dos y 10 años de prisión si es condenada, de acuerdo con Fox News.

Los agentes que acudieron al domicilio encontraron al niño y realizaron maniobras de reanimación junto con personal médico, incluida RCP, detalló Fox News. Después fue trasladado en un vuelo médico a un hospital de la zona, donde se confirmó su muerte, de acuerdo con Fox News.

Las cámaras registraron la ausencia de vigilancia sobre el menor

La investigación se apoyó en imágenes de vigilancia revisadas por las autoridades, que mostraron a dos niños pequeños bajo el cuidado de Johnson jugando cerca de la piscina del patio trasero sin elementos de seguridad, aseguró Fox News. Los investigadores concluyeron que la víctima cayó al agua y se ahogó, y que siguió inconsciente en la piscina durante varios minutos sin supervisión antes de que Johnson lo sacara, de acuerdo con Fox News.

Donovan Jackson, vocero de la oficina del sheriff de la parroquia de Ascension, describió la grabación en declaraciones al medio WAFB: “Una de las escenas de ese video es ver al pequeño Ian luchar por su vida durante varios minutos“. Añadió: “Y la segunda escena de esto es verlo en esa piscina unos 20 minutos después de haberse ahogado. Durante más de 20 minutos, no hubo supervisión“, dijo Jackson.

Jackson además sostuvo al medio WAFB que las autoridades distinguen entre un descuido breve y lo que consideran una omisión grave de cuidado. “Entendemos que los accidentes ocurren. Puede perderlos de vista durante uno o dos minutos, quizá cinco, pero durante más de 20 minutos, eso es un problema, y eso es una negligencia clara“, afirmó.

La responsable no contaba con autorización oficial para cuidar niños

Jackson aseguró al medio WAFB que Johnson no contaba con licencia ni autorización oficial para operar una guardería y cuidaba al niño de tres años dentro de un “arreglo entre amigos de la familia”. Esa circunstancia forma parte del contexto del caso, que derivó en la acusación penal por homicidio por negligencia, relató Fox News.

El vocero de la oficina del sheriff de la parroquia de Ascension afirmó además que “ningún padre debería tener que enfrentar la pérdida de su hijo, especialmente cuando esa pérdida se debe a la negligencia de otra persona”.

En otra declaración recogida por Fox News, advirtió sobre la responsabilidad de quienes tienen una piscina en un lugar donde hay menores: “Si va a tener una piscina y va a haber niños alrededor de esa piscina, especialmente niños que no son suyos, más vale que se asegure de tener todas las medidas de seguridad para el bienestar de ese niño”.

La familia de Ian Perez difundió un mensaje citado por el medio WAFB, en el que describió al niño como “el niño más amigable que uno pudiera conocer”, “muy carismático y lleno de energía”.

La familia añadió que le gustaba jugar con su bicicleta, sus autos de juguete y sus peluches, y que tenía una relación muy cercana con su hermana de cinco años, Deyrin Pérez, según el mismo medio.

En ese mismo mensaje, la familia señaló que la madre de Ian era una madre soltera que se esforzaba constantemente por sus hijos y que ellos eran siempre lo más importante de su vida.

La ola de violencia no da tregua a los guatemaltecos, en horas de la noche del sábado se registró un ataque armado en las inmediaciones de la Feria Puerto Barrios en Izabal, que cobró la vida de dos hombres y dejó una mujer lesionada.

El incidente ocurrió en la 5a. avenida frente al lote 6 de la colonia El Plan Internacional, en la zona 2 de San José Villa Nueva. Testigos y vecinos que se encontraban en el lugar dieron aviso inmediato a las autoridades tras escuchar detonaciones se observó a varias personas huyendo del sitio. La rápida movilización de cuerpos de socorro permitió prestar atención prehospitalaria a la mujer afectada, quien posteriormente fue trasladada al Hospital de Especialidades de Villa Nueva. Los dos hombres atacados perdieron la vida en el lugar por las heridas causadas por los disparos.

El ataque, perpetrado por desconocidos que se dieron a la fuga, mantiene aún sin identificar a las víctimas. Las autoridades no han confirmado si este hecho guarda relación con las estructuras criminales que operan en la región. Hasta ahora, el motivo detrás del ataque permanece sin esclarecer, y tanto la Policía Nacional Civil como el Ministerio Público se presentaron en la escena para iniciar las investigaciones y resguardar el perímetro. Los agentes de seguridad trabajaron en la recolección de evidencia con la finalidad de establecer las circunstancias y dar con los responsables del suceso.

Escalada de violencia impacta Guatemala

Durante los primeros meses del año, Guatemala ha atravesado una marcada escalada de violencia. Entre los hechos que han marcado este periodo destacan los motines carcelarios y los ataques coordinados contra agentes de la Policía Nacional Civil en las primeras semanas de enero. Esta situación llevó al gobierno presidido por Bernardo Arévalo a declarar un Estado de Sitio de 30 días a nivel nacional el 18 de enero de 2026, mediante el Decreto 1-2026. Esta medida, ya finalizada, permitió el despliegue del ejército y otorgó a las fuerzas de seguridad la facultad de realizar arrestos sin orden judicial en todo el territorio.

Durante la vigencia del Estado de Sitio, grupos como Barrio 18 y Mara Salvatrucha organizaron ataques simultáneos, incluyendo la toma de al menos tres cárceles y el asesinato de nueve policías. Las autoridades dispusieron la suspensión de clases, cancelaron eventos públicos y se declaró luto nacional. Las fuerzas conjuntas, integradas por policías y militares, lograron retomar el control de los centros penitenciarios y liberar a los rehenes. Además, se establecieron acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos para fortalecer la lucha contra estructuras criminales y de narcotráfico.

El crecimiento de estos enfrentamientos se atribuye principalmente a las disputas territoriales entre bandas rivales, mientras que el hacinamiento en los centros penitenciarios continúa agravando la crisis de seguridad. El riesgo de nuevos episodios violentos sigue latente en distintas zonas del país.

El reciente ataque en San José Villa Nueva se suma al panorama de inseguridad que ha caracterizado a Guatemala durante 2026. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la identidad de las víctimas y esclarecer el móvil del hecho, en medio de una situación marcada por la presencia de grupos armados y la persistente amenaza de la criminalidad organizada.

El comunicador fue atacado con arma de fuego a plena luz del día en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta, frente a su familia, cuando llegaba a su vivienda tras cumplir con compromisos laborales. Herrera recibió al menos seis impactos de bala y, aunque fue trasladado a un centro hospitalario, falleció por la gravedad de las heridas.

El secretario de Seguridad del departamento, George Quintero, confirmó que “se está ofreciendo entre la Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander, hasta 100 millones de pesos por información que logre la captura de estas personas que cometieron este hecho lamentable con la libertad de prensa”.

Desde la Policía Metropolitana de Cúcuta se ratificó la suma: “El homicidio del periodista Cristian Herrera no es un hecho más de sangre en la ciudad de Cúcuta. La Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de San José de Cúcuta y todas las capacidades de la Policía Nacional serán desplegadas para capturar a los delincuentes que asesinaron al periodista Cristian Herrera”.

Por su parte, desde la Gobernación de Norte de Santander se emitió un nuevo comunicado en el que se expresó que “no pueden haber más violencia ni más muertos acá, especialmente en el gremio de los periodistas”.

“Nosotros nos solidarizamos con sus familias, con todos sus compañeros y estamos trabajando mancomunadamente con nuestra Policía Nacional, con el ejército y con nuestra fiscalía. Decimos no a la violencia en Norte de Santander y especialmente en Cúcuta”.

Incluso, el gobernador del departamento, William Villamizar Laguado, emitió un comunicado oficial en los canales digitales de la institución en el que aseguró que puso a disposición de la Fiscalía General de la Nación “toda la capacidad institucional de la Gobernación para contribuir al esclarecimiento de este asesinato y a la identificación y judicialización de los responsables. Exigimos resultados”.

Por su parte, desde la Alcaldía de Cúcuta también se repudió el crimen. La investigación sigue en curso mientras las autoridades piden la colaboración ciudadana para esclarecer el caso y asegurar la captura de los responsables.

El último mensaje del periodista en sus redes sociales, minutos antes de ser asesinado

En sus redes sociales, especialmente en X, quedaron los reportes y mensajes informativos del comunicador social, que en sus últimos días reportó operativos de extinción de dominio contra políticos del departamento involucrados en hechos criminales. De la misma manera, escribió sobre influencias políticas en sicariatos.

No obstante, su último mensaje fue este, publicado sobre el mediodía del sábado, 6 de junio de 2026:

“#UnDato. A un recién elegido Senador de Norte de Santnder que iba para Estados Unidos le dañaron el viaje, porque le cancelaron la visa y le tocó cambiar de planes. Lo peor es que la Fiscalía le tendría orden de trabajo para extinción de dominio. ¡Todo por una condena!. Suenan las sirenas (sic)“, escribió.

Cristian Herrera es el sexagésimo sexto líder social asesinado en Colombia, en 2026

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó que el periodista Cristian Herrera se convirtió en el líder social número 66 asesinado en Colombia durante 2026.

Herrera, reconocido por su labor en defensa de los derechos humanos y su trabajo como corresponsal y miembro de la junta directiva de la FLIP en Norte de Santander, documentó y visibilizó durante años la situación del Catatumbo, además de denunciar hechos de corrupción y crimen organizado en la región.

Desde Indepaz se resaltó que el periodista había recibido amenazas y presiones por parte de grupos armados, presuntamente relacionadas con su ejercicio periodístico.

De acuerdo con alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, el municipio de San José de Cúcuta enfrenta un riesgo permanente de violaciones a los derechos humanos debido a la presencia y accionar de estructuras armadas ilegales como el Clan del Golfo, ELN, Frente 33 Bloque Magdalena Medio, Rastrojos, Los Pelusos y bandas locales.

Un conflicto salarial de las fuerzas policiales genera tensiones desde hace días en la provincia de Santa Cruz. Desde el Ejecutivo provincial advirtieron que el aumento no se concreta porque no están disponibles los recursos y apuntaron a la oposición: “Ponen palos en la rueda”.

En el centro del conflicto se encuentran policías autoconvocados que este sábado llevan adelante su tercera jornada de medida de fuerza. Según indicaron medios locales, este viernes realizaron una manifestación en la residencia del gobernador Claudio Vidal y reclaman que el mandatario los reciba.

Si bien el próximo miércoles 10 de junio se realizará el Consejo del Salario, la mesa de negociación paritaria, los autoconvocados buscan tener su propio lugar en esa instancia, ya que no se sienten representados por la Asociación Policial.

En ese sentido, en la provincia rige el “quite de colaboración”, que implica asistir únicamente a funciones en caso de emergencia.

De acuerdo con el medio local Señal Calafate, el punto central del conflicto es el acampe de los efectivos frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos. Anoche, además, los policías se trasladaron a la residencia del gobernador cantando “Vidal tiene miedo”.

Según los autoconvocados, recibieron llamados para pactar dos reuniones -el jueves y el viernes- con el funcionario, pero hasta el momento no se concretaron.

Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la conformación de un Comando Unificado para reforzar la seguridad en Santa Cruz, de acuerdo con Tiempo Sur. Participarán efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal, quienes cubrirán tareas policiales durante la vigencia de la medida de fuerza.

Desde la movilización de este viernes en Río Gallegos, uno de los referentes del sector, Ramón Qupildo, sostuvo que el reclamo tuvo una fuerte adhesión en la Policía y el Servicio Penitenciario: “Podemos hablar de un 85% de acatamiento”, aseguró en declaraciones a medios locales.

“La oposición pone palos en la rueda”

En las últimas horas, el gobernador Claudio Vidal aseguró que entiende el reclamo y lo considera “justo”. En el comunicado, difundido en sus redes sociales, sostuvo: “Sé de las dificultades que atraviesan muchas familias en este momento y sé que la situación económica es acuciante”.

Sin embargo, advirtió que la medida de fuerza surgió después de que la semana pasada se convocara al Consejo del Salario, el espacio destinado a dialogar soluciones. La reunión ya tiene fecha confirmada para el próximo miércoles 10 de junio.

“Nuestro compromiso sigue siendo el mismo y quiero ser muy claro: este Gobierno no se va a esconder. Vamos a seguir dando la cara, trabajando y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para encontrar respuestas”, aseguró el funcionario perteneciente al partido SER Santa Cruz.

Y continuó: “También es necesario que la sociedad observe con atención que mientras buscamos herramientas para fortalecer las finanzas provinciales y mejorar la capacidad de respuesta del Estado, hay sectores que siguen poniendo obstáculos sin entender que cuando a la provincia le va mal, nos va mal a todos”.

Vidal aseguró que siempre estará “del lado de los trabajadores” y que es momento de que todos actúen con responsabilidad y pongan por delante el bienestar de la provincia: “Mi compromiso es seguir trabajando para construir acuerdos y encontrar una salida que contemple las necesidades de los trabajadores y de toda la comunidad”.

En el video difundido en Instagram que acompaña el comunicado, el gobernador también sostuvo que la problemática salarial se replica en otras provincias. Asimismo, aseguró que su administración otorgó dos aumentos salariales por encima de la inflación, tanto al inicio de su gestión como en 2025.

“Hoy no lo hacemos porque no contamos con los recursos”, argumentó en el video que acompaña esta nota. Y agregó: “La oposición pone palos en la rueda para que no nos podamos refinanciar, sabiendo que perjudican directamente al trabajador del Estado”.

En el mismo operativo también fue detenido el suboficial Miguel Ángel Jiménez Hidalgo. Ambos permanecen con mandato de detención preliminar por siete días mientras el Ministerio Público profundiza las investigaciones por los presuntos delitos de secuestro, extorsión y hurto agravado.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el caso se originó tras el secuestro de un mototaxista que había retirado S/ 32.500 de una entidad bancaria en Pucallpa. La víctima denunció que fue interceptada, golpeada y amenazada por sus captores, quienes la trasladaron por distintos puntos de la ciudad.

Según las investigaciones preliminares, algunos de los implicados habrían utilizado su condición de efectivos policiales para facilitar el desplazamiento del agraviado e, incluso, presuntamente lo habrían llevado a una dependencia policial, donde las agresiones habrían continuado durante parte de su cautiverio.

Las pesquisas señalan además que los secuestradores habrían obligado a la víctima a contactar a sus familiares para solicitar dinero y entregar otros bienes a cambio de recuperar su libertad.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que el mototaxista había sido intervenido anteriormente en investigaciones relacionadas con presunto tráfico ilícito de drogas, circunstancia que habría llevado a los investigados a sospechar que el dinero retirado tenía un origen ilícito. Sin embargo, las diligencias realizadas hasta el momento apuntarían a que los S/ 32.500 contaban con documentación que acreditaría su procedencia legal.

Asimismo, versiones recogidas por medios locales señalan que el suboficial Miguel Ángel Jiménez Hidalgo habría sido mencionado anteriormente en un caso de características similares ocurrido en el distrito de Curimaná. No obstante, hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la existencia de una sanción o responsabilidad penal firme relacionada con esos hechos.

Tras conocerse las detenciones, el jefe de la Región Policial Ucayali, general PNP Manuel Centeno, aseguró que la institución no encubrirá a efectivos involucrados en actos ilícitos.

“Tenga presente que en esta Jefatura de la Región Policial no vamos a apañar ni mucho menos encubrir a personal policial que de repente estaría cometiendo algunas conductas disfuncionales o algún delito”, declaró.

El Ministerio Público y la Diviac continúan con las diligencias para determinar el grado de participación de cada uno de los investigados y establecer si la presunta organización criminal utilizaba recursos e infraestructura policial para ejecutar sus operaciones ilícitas. Las autoridades no descartan nuevas detenciones conforme avance la investigación.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

• Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
• Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
• Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

La comunidad de Doral Isles, en el condado de Miami-Dade, permanece impactada tras el hallazgo de cuatro miembros de una familia muertos dentro de una vivienda en la noche del martes.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade investiga el caso bajo la hipótesis de un posible homicidio-suicidio, aunque no se informó quién sería el responsable de las muertes.

El episodio generó conmoción tanto entre residentes del exclusivo vecindario como en el ámbito escolar de la ciudad, donde asistían las dos niñas víctimas.

Investigación: lo que se sabe hasta ahora

De acuerdo con información recopilada por CBS News Miami, los agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade acudieron alrededor de las 19:32 a la residencia ubicada en el sector Catalina, cerca de Northwest 111 Court y Northwest 72nd Terrace.

La intervención policial se originó por un reporte acerca de un fuerte olor proveniente del inmueble. Al ingresar, los agentes encontraron los cuerpos sin vida de dos adultos y dos niñas, todos con heridas de arma blanca, según confirmaron integrantes del Miami-Dade Fire Rescue.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Ryan Charles Whiten, de 42 años; Melanie Lauren Hyer, de 46; y sus hijas Savannah (11) y Sienna (8).

La Oficina del Sheriff señaló que la investigación preliminar apunta a un posible homicidio-suicidio, aunque no se precisó cuánto tiempo llevaban fallecidas las víctimas ni se divulgó públicamente quién habría sido el autor del hecho.

Las fuerzas de seguridad mantienen la escena bajo resguardo y solicitan paciencia a la comunidad mientras continúan las tareas de recolección de evidencia.

El caso fue descrito por los propios vecinos como un hecho sin precedentes en la zona. Una residente de Doral Isles expresó a Univision que estaban consternados con la tragedia: “En Doral Isles nunca habíamos escuchado algo así”.

Reacciones de la comunidad y el entorno escolar

La conmoción por la muerte de las niñas se extendió al entorno educativo. Telemundo 51 informó que Savannah y Sienna asistían a la Downtown Doral Charter Schools, donde cursaban quinto y segundo grado, respectivamente.

La dirección del plantel envió una comunicación a las familias notificando el fallecimiento de las alumnas y expresando el pesar de la comunidad educativa: “Con profunda tristeza les informamos del fallecimiento de dos de nuestros queridos estudiantes. Ambas eran muy queridas por su escuela, sus maestros y sus compañeros”, según la carta citada por Telemundo 51.

La institución implementó recursos de apoyo emocional tanto para estudiantes como para el personal, y dispuso consejeros de duelo en el campus. El miércoles se observó presencia policial y la llegada de animales de apoyo emocional a la escuela, según Univision. Padres y familiares acudieron al establecimiento para acompañar a los alumnos y recibir asistencia.

Entre los testimonios recogidos por CBS News Miami destaca el de Christie Fraga, alcaldesa de Doral, quien afirmó que conocía personalmente a Melanie Hyer y a sus hijas: “Era un rayo de sol y siempre estaba dispuesta a ayudar en la escuela y a involucrarse como mamá, así que cuando recibí la noticia, realmente me golpeó de cerca”.

Por su parte, Willard Shepard, amigo de la familia, recordó que conoció a Hyer hace dos décadas en su rol de agente inmobiliaria y lamentó la pérdida: “Es desgarrador en todos los sentidos que esta familia entera ya no esté físicamente con nosotros”.

Perfil de las víctimas

Telemundo 51 aportó información adicional sobre la vida profesional y personal de los adultos fallecidos. Melanie Lauren Hyer era una destacada profesional inmobiliaria especializada en sucesiones en el sur de Florida y había sido entrevistada en varias ocasiones por el canal local NBC Six.

Registros judiciales consultados por CBS News Miami señalan que tanto Hyer como Whiten habían estado casados con otras personas y que ambos estaban divorciados al momento de sus muertes. La última dirección conocida de Whiten correspondía también a un apartamento en el vecindario donde ocurrió la tragedia.

Familiares, amigos y otros padres del entorno escolar expresaron su pesar y solidaridad con las familias afectadas. Gloria Caldas, abuela de una alumna de la escuela, manifestó a CBS News Miami su tristeza por la pérdida: “Estoy triste. Definitivamente estoy muy triste. Es horrible que las vidas de una madre y un padre terminaran de esta manera”.

Un agente de la Policía de Misiones fue detenido y separado preventivamente de la fuerza en el marco de una investigación por el robo de una tarjeta de crédito de un hombre que había estado alojado en la Comisaría Decimonovena de Posadas por una causa contravencional.

La medida fue dispuesta tras una investigación conjunta entre la Dirección de Asuntos Internos y efectivos policiales que permitió identificar al principal sospechoso mediante registros bancarios y cámaras de seguridad.

El caso comenzó tras la denuncia realizada por la víctima, un hombre de 45 años, quien recuperó su libertad el 31 de mayo. Al revisar sus pertenencias, advirtió que le faltaba una de sus tarjetas bancarias, la cual debía permanecer bajo resguardo policial durante su detención. El hecho fue inmediatamente comunicado a la Justicia, que tomó intervención en el caso.

A partir del reclamo, se reconstruyeron los movimientos realizados con la tarjeta denunciada, estableciendo los horarios y los comercios donde se efectuaron las operaciones. El análisis de los registros bancarios permitió delimitar una franja horaria precisa y ubicar los puntos de compra.

En paralelo, los investigadores analizaron las cámaras de seguridad de los locales involucrados. Las imágenes permitieron identificar como principal sospechoso a un agente policial que se desempeñaba como llavero en la Comisaría Decimonovena de Posadas y tenía a su cargo la custodia de los detenidos y de sus efectos personales.

Con las pruebas recabadas, el magistrado interviniente ordenó la detención del efectivo policial. Asimismo, la Jefatura de la Policía de Misiones dispuso su inmediata separación preventiva mientras avanzan las actuaciones judiciales y administrativas orientadas a determinar su grado de responsabilidad en el hecho.

Una oficial de la Policía Bonaerense está acusada de encubrir a su novio ladrón

Esta semana, una oficial de la Policía Bonaerense fue detenida acusada de encubrir a su pareja, Aaron Eloy Mancilla, quien está apuntado como el jefe de una banda dedicada a violentas entraderas en la zona de González Catán.

La investigación determinó que la pareja llevaba una vida social activa, con viajes a distintos destinos turísticos y exhibición de bienes de alto valor, como una moto Yamaha MT-03 valuada en casi 12 millones de pesos. En redes sociales, ambos compartían imágenes de paseos en Bariloche y otras actividades. Las autoridades sospechan que la oficial habría utilizado sus conocimientos y recursos policiales para facilitar los movimientos del grupo delictivo.

El operativo, a cargo de la DDI de La Matanza, comenzó tras una serie de robos violentos registrados entre febrero y mayo en Villa Dorrego. La banda asaltaba a personas mayores y familias, las reducía y luego les robaba dinero, joyas, electrodomésticos y vehículos. En uno de los asaltos, los delincuentes maniataron y golpearon a un cabo de la Policía Federal, a quien también le sustrajeron su arma reglamentaria y una moto.

Los investigadores determinaron que la banda contaba con una estructura compleja, compuesta por roles definidos: líder, asaltantes, “campanas”, titulares de cuentas bancarias utilizadas para transferencias, “reductores” de objetos robados y proveedores de armamento y vehículos. El análisis de cámaras de seguridad, antenas telefónicas y operaciones financieras permitió identificar a los implicados y vincular a la oficial con la organización.

El operativo finalizó con seis detenidos, entre ellos la policía, y el secuestro de una gran cantidad de elementos: armas de fuego, una pistola reglamentaria, un chaleco balístico, municiones de distintos calibres, varios automóviles (incluido un Peugeot 207 con pedido de secuestro) y motocicletas. También se hallaron más de un millón de pesos en efectivo, dólares, consolas de videojuegos, herramientas para manipular vehículos, documentación, teléfonos celulares y prendas utilizadas en los hechos.

Un hombre de 54 años fue detenido en las últimas horas dentro de un country de Córdoba luego de que un llamado al 911 alertara sobre la presencia de una persona vestida como policía que realizaba disparos con un arma de aire comprimido hacia un campo lindero. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una réplica de pistola y prendas con insignias policiales.

El episodio ocurrió en el Country Campo Chico y comenzó cuando personal de seguridad privada denunció la conducta exaltada de un vigilador que prestaba servicios en el predio.

Al llegar al lugar, los efectivos dialogaron con personal de seguridad privada, que aseguró haber visto al hombre efectuar disparos con un arma de aire comprimido hacia un campo ubicado junto al perímetro del barrio cerrado.

Ante esta situación, los policías identificaron al sospechoso, quien vestía indumentaria táctica con escudo policial y portaba un parche identificatorio de personal retirado.

Además, constataron que utilizaba una réplica de pistola calibre 4,5 milímetros, dos cargadores, balines, una garrafa de carga, una funda táctica y una garibaldina con escudo policial y distintivos de personal retirado. Todos los elementos fueron secuestrados.

Finalmente, el hombre fue detenido y puesto a disposición de la Justicia junto con los objetos incautados. La investigación busca establecer si utilizaba indebidamente los distintivos policiales y determinar el origen de la réplica del arma.

El lunes pasado, un insólito episodio tuvo lugar en la localidad cordobesa de Quilino, donde un hombre que circulaba a alta velocidad por una ruta nacional, fue detenido por un control de tránsito. Durante el procedimiento, los agentes descubrieron una suma millonaria de dinero en efectivo. El implicado intentó sobornar a los agentes que estaban en el lugar y terminó detenido.

Todo ocurrió cuando los efectivos policiales, mientras realizaban un control vehicular, advirtieron que un auto Toyota Yaris se desplazaba a alta velocidad y que había sobrepasado a un camión en una zona de doble línea amarilla.

Sobre la Ruta Nacional 60, a la altura del kilómetro 850, la Policía logró detener la marcha del sospechoso e identificarlo. Fuentes policiales informaron que se trataba de un hombre de 51 años.

Cuando los agentes inspeccionaron una bolsa sospechosa que se encontraba en la guantera del auto, descubrieron que en su interior había más de un millón de pesos y 127 mil dólares. Al ser consultado sobre la procedencia del dinero, el hombre no supo brindar detalles sobre su origen.

En medio del confuso episodio, el hombre les ofreció dinero a los efectivos policiales. Ante esto, los agentes procedieron con su detención y le secuestraron el dinero en efectivo que hallaron en la bolsa y su vehículo.

El proceso judicial contra Karmelo Anthony por la muerte de Austin Metcalf en un encuentro escolar en Texas comenzó en el condado de Collin, bajo fuertes medidas de seguridad y una atención mediática nacional.

De acuerdo con FOX 4, la causa involucra alegatos de defensa propia y una ola de desinformación, que expone tensiones raciales y cuestiona la influencia de las redes sociales en la percepción pública de la justicia.

Desarrollo del juicio y contexto procesal

Según CBS Texas, este lunes inició la selección del jurado en el tribunal del condado de Collin, donde fueron convocadas centenares de personas para formar parte del proceso.

El juez John Roach busca reducir el grupo inicial a menos de 250 integrantes, con la expectativa de que el juicio finalice alrededor del 12 de junio.

FOX 4 informó que, manifestantes de diversas posturas se concentraron en las inmediaciones del tribunal, incluyendo un pequeño grupo de nacionalistas blancos.

La fiscalía cuenta con una lista de 35 testigos, lo que podría extender el proceso cerca de dos semanas. Durante la selección del jurado, los candidatos recibieron un cuestionario especializado para identificar posibles sesgos y determinar su idoneidad para el caso.

El tribunal implementó restricciones estrictas: prohibición de celulares, grabaciones, y manifestaciones dentro del edificio, además de limitar las protestas a áreas específicas y someter a los asistentes a controles de seguridad. CBS News señaló que el Departamento del Sheriff local es el encargado de hacer cumplir estas medidas.

En julio de 2025, el juez Roach emitió una orden de silencio que obliga al silencio público a todas las partes vinculadas al caso, buscando evitar filtraciones y presiones externas que puedan afectar la imparcialidad del juicio, tal como reportó CBS Texas.

El incidente en Frisco: ¿defensa propia o asesinato?

El hecho central ocurrió el 2 de abril de 2025 en el estadio Kuykendall de Frisco, durante una competencia regional de atletismo. Anthony, estudiante de Centennial High School, y Metcalf, de Memorial High School, tenían 17 años y no se conocían.

Según un informe policial citado por CBS News y CBS Texas, Anthony se acercó a la carpa de Memorial High School en las gradas. Metcalf le pidió que se retirara, ante lo cual Anthony tomó su bolso y advirtió: “Tócame y verás lo que pasa”. Testigos coinciden en que nadie pensó que portaba un arma.

En la secuencia, Metcalf tocó o agarró a Anthony, quien extrajo un cuchillo y apuñaló a Metcalf en el pecho. Tras el ataque, Anthony huyó mientras Metcalf pedía ayuda y se sujetaba el pecho. CBS News destacó que, cuando la policía llegó, Metcalf ya no respiraba y recibió reanimación cardiopulmonar por parte de entrenadores escolares.

Anthony fue detenido poco después en el estadio. De acuerdo con FOX 4, declaró a los agentes frases como “me estaba protegiendo”, “él me puso las manos encima” y “no soy un presunto. Yo lo hice”. También preguntó si lo ocurrido podía considerarse defensa propia y si Metcalf iba a sobrevivir.

La acusación formal por asesinato llegó tras la presentación de pruebas ante un gran jurado en junio de 2025. Anthony quedó bajo arresto domiciliario después de que la fianza inicial de USD 1 millón fuera reducida a USD 250.000 por decisión judicial, en parte por no tener antecedentes penales, según CBS News.

La cuestión clave para el tribunal es determinar si la acción de Anthony constituye asesinato o puede justificarse bajo la alegación de defensa propia.

La carga probatoria recae en la fiscalía, que debe demostrar más allá de toda duda razonable que Anthony no actuó para protegerse. FOX 4 subrayó este punto en sus reportes.

Repercusiones sociales, amenazas y desinformación

El caso trascendió rápidamente el ámbito local y generó una intensa reacción en redes sociales, amplificando tensiones raciales y promoviendo narrativas polarizadas. CBS Texas documentó que cuentas de alto perfil en X viralizaron el episodio, reclamando la ausencia de “indignación nacional” y sugiriendo que el caso no “encajaba en la narrativa”, acumulando decenas de millones de visualizaciones.

Simultáneamente, circularon informaciones falsas: cuentas apócrifas de autoridades policiales difundieron detalles inventados, apareció en Facebook un informe de autopsia falso que implicaba drogas, y en Instagram se compartieron capturas adulteradas sobre armas.

CBS Texas informó que la desinformación agravó el clima de hostilidad, derivando en amenazas y acoso a ambas familias. Las direcciones de sus domicilios fueron publicadas, provocando incidentes de “swatting” y obligando a algunos de los padres a abandonar sus empleos o tomar licencia, además de requerir seguridad adicional en el funeral de Metcalf.

Impacto y desafíos para la justicia

La presión pública y mediática llevó a una serie de restricciones inéditas para proteger el proceso judicial, la privacidad del jurado y la seguridad de todos los participantes. El juez prohibió reacciones, gestos y cualquier distracción durante las audiencias, remarcando la importancia de mantener la integridad y la imparcialidad del juicio, como descrió CBS News.

Tanto la fiscalía como la defensa llamaron a la comunidad a priorizar el principio de justicia sobre las emociones y a respetar el desarrollo del juicio. El fiscal del distrito, Greg Willis, y el abogado defensor, Mike Howard, apelaron al respeto por los procedimientos y recordaron que detrás del caso hay jóvenes y familias afectadas en ambos extremos, de acuerdo con declaraciones recogidas por CBS Texas.

El juicio a Karmelo Anthony pone en primer plano los desafíos de administrar justicia en un entorno saturado de información y presión social, donde la verdad judicial debe abrirse paso entre rumores, intereses cruzados y la exposición constante en la esfera digital.

La Cámara Penal de Santa Fe confirmó las condenas a un miembro de la fuerza policial de Santa Fe y un abogado por haber intentado extorsionar a un detenido en 2017.

Los hechos por los cuales quedaron detenidos remitían a exigir dinero y una bolsa de cocaína bajo la excusa de que conseguirían su liberación, pese a que ese mismo día una orden judicial ya la había dispuesto. Ambos acusados resultaron detenidos tras una entrega controlada de dinero, en un operativo coordinado por la fiscalía y Asuntos Internos de la Policía provincial.

La investigación determinó que el agente Herrera se acercó al recluso y le aseguró que su situación era “complicada”; fue en ese instante que procedió con la extorsión. Posteriormente, se contactó con el letrado Gervasoni, quien acudió a la comisaría para actuar en apoyo a su cómplice, advirtiéndole al detenido que mantenía vínculos con “muchos fiscales” y que “manejaba a la Policía”, según relató la fiscalía.

En el hall de la seccional y según informó el portal del diario La Capital, la pareja del preso presenció el intento de extorsión. Como garantía de que reunirían el dinero solicitado, entregó un teléfono celular y los papeles de una moto al policía. Finalmente, quedó en libertad.

El caso salió a la luz el día siguiente, cuando la víctima y su pareja se presentaron ante el Ministerio Público de la Acusación. Relataron los hechos a la entonces fiscal Mariela Jiménez, quien de inmediato activó la intervención de Asuntos Internos y dispuso el inicio formal de la investigación. La coordinación entre la fiscalía y la división policial permitió organizar una entrega controlada de dinero, medida central para documentar y comprobar la maniobra de extorsión.

El procedimiento de entrega controlada se realizó el martes siguiente al hecho, cerca del mediodía. La víctima y su pareja regresaron a la dependencia policial y mantuvieron contacto directo con Herrera, quien les indicó que debían coordinar el pago con el abogado.

De acuerdo a lo convenido telefónicamente, minutos antes de las 16.30, Gervasoni y el ex detenido se encontraron en la intersección de Hernandarias y avenida Peñaloza. Allí, el abogado devolvió al hombre el celular y la documentación, que habían sido entregados como garantía, y recibió a cambio billetes marcados por la investigación. En ese momento, intervino la fuerza policial de la seccional 4ª.

El fiscal Ezequiel Hernández, de la Unidad Especial de Delitos Complejos, precisó que tanto Herrera como Gervasoni fueron detenidos en flagrancia, dejando evidencia directa de la extorsión cometida. El caso fue elevado a juicio oral en mayo de 2024 en la capital santafesina, donde ambos resultaron condenados a 2 años y 8 meses de prisión condicional por el delito de tentativa de extorsión, agravado por el ánimo de lucro y el abuso de sus funciones.

La sentencia de primera instancia fue apelada por las defensas de los condenados. El camarista Roberto Prieu Mántaras revisó el caso y resolvió confirmar las condenas, introduciendo solo una leve reducción en el monto de la pena. El juez desestimó los cuestionamientos planteados por las defensas sobre la interpretación y legalidad de las pruebas, según destacó el fiscal Hernández. Además de la pena de prisión, se dispuso la inhabilitación especial por igual término: al abogado para ejercer su profesión y al policía para desempeñar su cargo.

El fiscal valoró que en la sentencia de segunda instancia el juez retomó los argumentos de la fiscalía acerca de la gravedad institucional del delito. “A pesar de que los abogados defensores de Gervasoni y Herrera cuestionaron la interpretación y legalidad de las pruebas, el juez rechazó esos agravios”, afirmó Hernández, según informó el mismo portal local.

La difusión del video generó protestas en la ciudad y motivó una revisión independiente sobre posibles delitos. Así lo informó ABC News, medio que confirmó que la decisión de destituir al agente se tomó tras una investigación administrativa interna.

Los resultados de esa pesquisa fueron enviados a la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte para su revisión.

La mujer fue identificada por su familia como Cherrie Moore, de 34 años. Su padre relató a CNN que Moore sufrió una fractura de nariz, hematomas en ambos ojos y un corte en el labio.

Añadió que debía ser evaluada por una posible conmoción cerebral. Tras la detención, Moore quedó inicialmente bajo una fianza de USD 10.000, aunque después fue liberada bajo una garantía no asegurada.

El jefe de la Policía de Shelby, Brad Fraser, comunicó que el agente fue despedido tras el cierre de la investigación interna. Fraser calificó la conducta del oficial como “perturbadora e inapropiada” y afirmó que ese tipo de comportamientos no serían tolerados en el departamento.

En una conferencia de prensa, Fraser remarcó su compromiso con los valores de la institución y la comunidad, reportó CNN.

Secuencia del arresto y testimonios

Las imágenes de la cámara de timbre muestran al agente forcejeando con Moore, llevándola al suelo y propinándole varios golpes en la cara y el cuerpo.

Otro policía intervino intentando detener la agresión, como se observa en el video difundido. WRDW detalló que la grabación comenzó solo cuando el dispositivo detectó movimiento, por lo que no está claro qué sucedió antes.

Durante el arresto, Moore manifestó que no tenía ninguna orden en su contra y preguntó al agente qué estaba haciendo.

Durante ese momento, Moore solicitó atención de salud mental, explicó que no estaba tomando su medicación y pidió varias veces que llamaran a su padre.

El caso también motivó declaraciones de especialistas. Michael Alcazar, exdetective del Departamento de Policía de Nueva York y profesor en John Jay College, revisó el video y sostuvo que el agente empleó una fuerza muy superior a la necesaria. Alcazar puntualizó que continuar golpeando a Moore después de la llegada de un segundo policía “viola principios básicos del uso de la fuerza”, según declaraciones recogidas por CNN.

El padre de Moore relató a ABC News que presenciar el video fue un golpe emocional fuerte. Señaló que su hija padece problemas de salud mental y de consumo de sustancias, y afirmó que ella no respondió con golpes al agente.

El tío de la mujer, Michael Moore, reclamó que el agente sea acusado penalmente. “Solo queremos que se haga lo correcto, y lo primero es que lo acusen”, afirmó a ABC News.

Cargos, protestas y reacciones oficiales

Respecto a la situación judicial de Moore, ABC News indicó que los cargos fueron retirados. CNN, por su parte, reportó que los cargos seguían vigentes y que la orden judicial señalaba que Moore ingresó de manera ilegal a un edificio, huyó a pie y rasgó el uniforme del agente.

Las protestas comenzaron frente al departamento de policía antes de que se confirmara el despido, de acuerdo a WRDW. Los manifestantes reclamaron sanciones para el agente y exhibieron carteles con mensajes dirigidos al jefe policial. Entre los lemas se destacaron “Protejan a nuestras mujeres” y llamados a la justicia.

El administrador municipal de Shelby, Justin Merritt, agradeció la investigación y remarcó la necesidad de reparar el daño causado, informó ABC7. El director de la Oficina Estatal de Investigaciones, Chip Hawley, pidió paciencia a la comunidad mientras avanza la pesquisa, detalló CNN.

Un grupo de delincuentes asaltó a un oficial de la policía bonaerense que se encontraba fuera de servicio en la madrugada del domingo en la ciudad de La Plata. Tras robarle el auto, se produjo una persecución que terminó sin detenidos.

El episodio se produjo en la intersección de calle 36 y 7, un sector habitualmente transitado. Personal del Comando de Patrullas se movilizó rápidamente hacia el lugar luego de recibir un llamado al 911.

La víctima fue identificada como un efectivo de 29 años perteneciente a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de Morón. Según el relato del agente a las autoridades, se encontraba de franco y circulaba en su Volkswagen Trend rojo, cuando al detenerse en un semáforo fue sorprendido por tres sujetos.

De acuerdo a lo informado por el portal LaBuenaInfo, en ese momento, los delincuentes lograron despojar al oficial de su vehículo y se dieron a la fuga. La víctima, al identificarse como miembro de la fuerza de seguridad, se defendió del ataque con su arma reglamentaria, según confirmó la policía local. No obstante, los individuos continuaron su fuga a bordo del automóvil robado.

La persecución terminó pocos minutos después, cuando perdieron el control y chocaron contra otro auto, un Volkswagen Nivus gris, que se encontraba estacionado en la calle 36 entre 5 y 6. Según el informe policial, el impacto provocó daños materiales en ambos vehículos.

Tras el choque, los tres ocupantes descendieron del automóvil y escaparon corriendo, dispersándose por las calles adyacentes. Ni la víctima ni los efectivos que arribaron minutos después lograron dar con el paradero de los asaltantes, que rápidamente se perdieron de vista.

La causa fue puesta en conocimiento de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 de La Plata, encabezada por el fiscal Juan Menucci, quien dispuso las primeras medidas investigativas. Además, la Auditoría General de Asuntos Internos fue notificada sobre la intervención armada del oficial, tal como lo establece el protocolo en casos donde se utiliza el arma reglamentaria fuera del servicio.

El vehículo recuperado fue sometido a una inspección minuciosa por parte de la policía científica.

Balearon a otro efectivo retirado para robarle

Un policía federal retirado de 77 años, identificado como Norberto Raúl Romero, resultó herido de bala durante un intento de robo en El Palomar, partido de Morón. El hecho se produjo alrededor de las 14:30, cuando la víctima había estacionado su camioneta en la calle Estomba al 1500 y descendía del vehículo para visitar a un familiar.

Según reconstruyó este medio, dos personas que circulaban en una motocicleta Honda Wave 110 negra se le acercaron e intentaron sustraerle sus pertenencias. Ante la resistencia de Romero, se produjo un forcejeo y uno de los asaltantes le disparó en la pierna derecha. El balazo generó una herida con orificio de entrada y salida. Tras el ataque, los agresores escaparon inmediatamente en la moto, sin lograr concretar el robo.

El herido fue auxiliado por personal del SAME y por un móvil de emergencias de la obra social, que lo trasladó al Hospital Churruca. Según los informes médicos, Romero permanece internado pero se encuentra fuera de peligro, mientras continúa bajo observación.

La investigación quedó a cargo del fiscal Fernando Siquier Rodríguez, de la UFI N° 6 de Morón, quien dispuso un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona con el objetivo de identificar y localizar a los responsables. Hasta el momento, no se registraron detenciones. El episodio, ocurrido en horas de la tarde y en una zona residencial, generó preocupación entre los vecinos.

La reanudación de las visitas familiares en el centro de detención migratoria Delaney Hall de Newark marcó un giro en la crisis desatada por denuncias de condiciones insalubres, protestas masivas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales.

Según reportó ABC News, la decisión fue confirmada por la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, en un contexto de alta tensión por las restricciones impuestas y los reclamos de acceso a los detenidos.

Impacto de las protestas y respuesta de las autoridades

Las manifestaciones en los alrededores de Delaney Hall comenzaron a principios de la semana pasada, impulsadas por denuncias de activistas y líderes políticos sobre el estado de los 300 detenidos en la instalación.

ABC News documentó que, tras días de movilizaciones, se produjeron choques con la policía estatal y agentes de ICE (Immigration and Customs Enforcement), lo que derivó en arrestos, uso de gas lacrimógeno y la imposición de un toque de queda en un radio de 800 metros alrededor del centro.

Mikie Sherrill señaló que la escalada de violencia, que incluyó ataques a barreras y la quema de neumáticos, forzó a las autoridades a reforzar la seguridad y a limitar el acceso de familiares y abogados al recinto.

“DHS ha atendido nuestra exigencia de restablecer las visitas familiares”, anunció la gobernadora, citada por ABC News. Añadió que la reanudación sería progresiva, comenzando con un horario restringido y normalizándose al día siguiente.

La intervención de las fuerzas estatales fue defendida por Sherrill como una medida para evitar una mayor intervención federal. “No voy a dar a ICE un pretexto para expandir operaciones en Delaney Hall ni en el resto del estado”, declaró en conferencia de prensa, según recogió ABC News.

Denuncias sobre condiciones en el centro y reacción oficial

Uno de los puntos centrales del conflicto fueron las denuncias sobre las condiciones de detención. Hakeem Jeffries, líder demócrata de la Cámara de Representantes, encabezó una visita de supervisión junto a legisladores estatales y constató, según su declaración recogida por ABC News, “condiciones de reclusión que conmocionan la conciencia”.

Jeffries detalló que pudo conversar con cerca de dos docenas de detenidos, quienes reportaron falta de atención médica, alimentos inadecuados y deficiencias estructurales.

“La aplicación de la ley migratoria debe ser justa y humana. Lo que hemos visto en Delaney Hall es lo opuesto”, afirmó Jeffries, reclamando el cierre inmediato del centro de detención.

Estas acusaciones fueron negadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que también rechazó los reportes sobre una supuesta huelga de hambre entre los internos.

Un funcionario del DHS aseguró a ABC News que la suspensión de visitas no obedeció al reclamo de las autoridades estatales, sino a los disturbios que ponían en riesgo la seguridad de agentes, familiares y abogados.

“No cedimos a las exigencias de la gobernadora”, sostuvo el vocero, quien agregó que las operaciones de ICE continuaron con normalidad una vez asegurada la instalación.

Enfrentamientos, arrestos y medidas restrictivas

El viernes y sábado, la tensión en torno a Delaney Hall se intensificó. De acuerdo con ABC News, la policía estatal de Nueva Jersey y agentes de ICE enfrentaron a manifestantes que, según las autoridades, lanzaron objetos, utilizaron barreras como armas y prendieron fuego a neumáticos. El despliegue policial incluyó agentes antidisturbios y caballería para dispersar a la multitud.

El alcalde de Newark, Ras Baraka, impuso un toque de queda nocturno y anunció la detención de varias personas, algunas de ellas en posesión de armas. La fiscal general del estado, Jennifer Davenport, informó que la mayoría de los manifestantes acató las órdenes de despejar el paso a vehículos, pero un grupo reducido persistió con acciones consideradas peligrosas, como lanzar fuegos artificiales y cilindros de gas a los agentes.

Según detalló ABC News, la fiscal subrayó que la policía estatal no disparó balas de goma ni usó bastones en la contención de los disturbios. Durante el mismo operativo, los agentes de ICE se replegaron al interior del perímetro de la instalación, cediendo la responsabilidad principal de la seguridad a la policía estatal.

Apoyo y rechazo a ICE, episodios violentos y llamados a la calma

Mientras se desarrollaban las protestas principales, un pequeño grupo de simpatizantes de ICE se presentó en la zona con banderas estadounidenses y pancartas de apoyo a la agencia, algunos portando insignias de los Proud Boys.

Según ABC News, este grupo resultó muy inferior en número a los manifestantes que reclamaban mejores condiciones y cierre del centro.

El clima de confrontación generó incidentes adicionales, como el uso de gas lacrimógeno que afectó al senador Andy Kim, quien intentaba mediar en la situación. El secretario de DHS, Markwayne Mullin, afirmó que “cualquier persona que ataque a las fuerzas de seguridad será procesada con el máximo rigor de la ley”.

La jornada también dejó casos judicializados, como el de Brendan John Geier, acusado de agredir a agentes federales y liberado con prohibición de regresar a Delaney Hall, según informó el fiscal federal Robert Frazer.

En medio de la crisis, voces de manifestantes como Rachel Cohen advirtieron sobre el riesgo de silenciar la protesta. “No ayuda sofocar la protesta por el bien de una falsa paz. No hay paz mientras torturamos a nuestros vecinos con dinero público dentro de esta instalación”, declaró Cohen a WABC.

Mikie Sherrill reiteró su llamado a la protesta pacífica y a la defensa de los derechos de los migrantes detenidos, solicitando al gobierno federal que autorice inspecciones estatales de salud y garantice la continuidad de las visitas familiares.

Dos jefes de la Policía de Santa Fe fueron condenados por integrar una asociación ilícita dedicada a cometer robos violentos en la capital provincial y sus alrededores. La causa ya acumula otras cinco condenas y mantiene imputados a otros dos agentes y tres civiles. Gabriel Ernesto Lemos, de 44 años, recibió una pena de seis años y ocho meses de prisión, mientras que Leonel Alejandro Almada, de 50 años, fue sentenciado a cinco años y seis meses.

La sentencia fue dictada por la jueza Rosana Carrara en un juicio abreviado realizado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. La investigación se tramitó en la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1, con intervención del fiscal Ezequiel Hernández, que representó al Ministerio Público de la Acusación ante la magistrada, y de la fiscal María Laura Urquiza, de acuerdo con Aire de Santa Fe.

El fiscal Hernández sostuvo que: “Entre noviembre de 2020 y marzo de 2023, Lemos y Almada integraron un grupo estable, permanente y organizado que tenía como fin cometer delitos contra la propiedad”. Según el fiscal, la banda actuó en la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe, sobre la ruta provincial 1 en jurisdicción de Los Zapallos y en el kilómetro 482 de la ruta nacional 11, en jurisdicción de Recreo.

El fiscal explicó al medio Aire de Santa Fe que la organización criminal tenía “una estructura cooperativa”. Según su descripción, los integrantes aportaban información sobre posibles víctimas y riesgos, además de vehículos, herramientas, uniformes policiales, armas y teléfonos celulares.

A partir de esas acciones coordinadas, el grupo se apoderó de dinero en efectivo, joyas, teléfonos celulares y otros bienes de valor, siempre según lo informado por Hernández. El funcionario del Ministerio Público de la Acusación también precisó que la causa todavía incluye a otros cinco imputados: dos miembros más de la fuerza de seguridad y tres civiles, que serán juzgados en debate oral y público.

Uno de los hechos atribuidos a los condenados ocurrió en agosto de 2021, cuando ambos eran comisarios. El fiscal afirmó que Lemos y Almada participaron en la planificación de un robo ejecutado por la banda en una vivienda, donde otros integrantes amenazaron con un arma de fuego a dos personas y les sustrajeron distintas pertenencias. En ese episodio, Almada brindó apoyo a los autores materiales desde un móvil policial estacionado a pocos metros del lugar. Ese dato fue uno de los elementos incluidos en la acusación aceptada en el juicio abreviado.

Por otro lado, Hernández también detalló que Lemos fue quien planificó otro robo cometido en marzo de 2022 en un domicilio distinto. Según el fiscal, durante ese hecho asistió a distancia a los miembros de la asociación ilícita que interceptaron a las víctimas y, desde la dependencia policial que tenía a su cargo, se ocupó de que otros uniformados no advirtieran lo que estaba ocurriendo.

En este marco, este jueves se condenó a ambos integrantes de la banda criminal de Santa Fe. La sentencia contra Gabriel Ernesto Lemos fue por organizador de asociación ilícita, coautor de robo calificado por haber sido cometido en poblado y en banda, con utilización de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, y por su condición de integrante de una fuerza policial, además de partícipe necesario de robo calificado por haber sido en despoblado y en banda y por tratarse de un policía.

Leonel Alejandro Almada, en tanto, fue condenado como miembro de asociación ilícita y coautor de robo calificado por haber sido cometido en poblado y en banda, con un arma de fuego cuya aptitud no pudo ser acreditada, y por integrar una fuerza policial.

El suceso desató preocupación entre los habitantes de la ciudad, por lo que las autoridades recordaron el riesgo de transitar cerca de canales y ríos durante crecientes súbitas por las fuertes lluvias.

De acuerdo con el informe de la Policía, el hombre había caído al canal 10 minutos antes de ser localizado y presentaba signos de fatiga por haber luchado contra la corriente, así como riesgo de hipotermia y múltiples contusiones por el roce contra los muros de concreto.

Así lo reportó el teniente coronel Carlos Rodríguez, comandante de la Estación de Policía Antonio Nariño, en un reporte difundido por Citytv, en el que agregó que los uniformados actuaron rápidamente tras notar la alerta.

Del mismo modo, se confirmó que los agentes se encontraban en una patrulla de vigilancia y escucharon los gritos de auxilio de la víctima mientras realizaban labores rutinarias en el sector. Al ubicar al ciudadano dentro del canal, varios policías ingresaron al agua y otros solicitaron apoyo para coordinar un operativo a lo largo del caño.

El hombre estuvo a punto de ahogarse

El teniente coronel Carlos Rodríguez describió la secuencia del rescate en declaraciones recogidas por Citytv: “10 minutos antes había caído y estaba siendo arrastrado por las aguas del río Fucha. Nuestra patrulla de vigilancia policial por voces de auxilio logra evidenciar que este ciudadano se estaba ahogando e inmediatamente pide apoyo y se despliega todo un operativo policial a lo largo del caño para rescatar a este ciudadano”.

Según la Policía, la rápida reacción de la patrulla permitió seguir el recorrido de la corriente hasta poner al hombre a salvo cuando ya se encontraba en riesgo de ahogamiento, teniendo en cuenta que estaba perdiendo la fuerza en sus brazos por haber luchado contra la corriente.

La coordinación por radio entre varias unidades desplegadas en la zona sirvió para establecer puntos de control sobre la ribera del afluente e intervenir directamente en el agua.

Una vez fuera del canal, el afectado recibió una primera valoración en el lugar y después fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de la red pública para atención médica especializada, de acuerdo con Citytv.

Por ahora, las autoridades no han revelado la identidad de la persona que cayó al afluente ni han precisado qué provocó la caída.

Las autoridades advirtieron sobre el peligro en canales y ríos durante las épocas de lluvia

Tras el rescate, la Policía Metropolitana pidió a la ciudadanía extremar las precauciones cerca de canales y ríos de Bogotá, especialmente durante lluvias y aumentos súbitos del caudal.

También recomendaron evitar el tránsito por orillas de laderas, ríos o canales artificiales de la ciudad para prevenir accidentes similares, teniendo en cuenta que estos pueden terminar en una tragedia mayor al no haber cerca uniformados o ciudadanos que se atrevan a colaborar en el apoyo a la persona afectada.

Especialmente, se pide extremar la precaución con niños y adultos mayores, así como con las personas que no saben nadar.

Finalmente, en la intervención del vocero de la Policía Metropolitana, se destacó la actuación de los uniformados que participaron en la maniobra y la institución reiteró que su intervención evitó que la emergencia terminara en una nueva fatalidad en la capital del país, lo que recuerda que la labor de los uniformados va más allá de capturar delincuentes, puesto que velan por la seguridad de los residentes y turistas.

Un caso que se difundió a través de la cuenta de X de la Plataforma por los Animales ALTO llevó a que las autoridades de Cali se pronunciaran sobre un presunto episodio de maltrato animal que habría derivado en un homicidio y una captura.

Infobae Colombia corroboró con la oficina de prensa de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali que la publicación viral, que circuló desde hace un par de semanas, volvió a ser tendencia la mañana del jueves 28 de mayo de 2026.

“Tragedia en Cali: Hombre de la tercera edad asesinó con una escopeta a un sujeto que mató a su perrito”, inicia el mensaje por parte de la plataforma animalista.

Más adelante se detalló que los hechos se habrían presentado “en el sector del Jarillón de Desepaz, al oriente de Cali, donde una discusión originada por un acto de crueldad terminó en una tragedia fatal”.

De acuerdo con la versión preliminar que se reveló que el génesis de la presunta confrontación inició “cuando un joven agredió a un perro que pasaba por el lugar, lanzándole una piedra”.

“El animal reaccionó y se defendió. En medio de la furia, el joven tomó una roca de gran tamaño y golpeó al perrito. Minutos después, el propietario del perro, un hombre de 68 años que presenció lo ocurrido, confrontó al agresor del perrito La discusión escaló rápidamente y, según testigos, el joven sacó un arma cortopunzante para intimidarlo”, continua la reconstrucción de los hechos que, de acuerdo con lo que se informó a este medio por parte de las autoridades caleñas, resultó siendo una creación con inteligencia artificial (IA).

Minutos después, el propietario del perro, un hombre de 68 años que presenció lo ocurrido, confrontó al agresor del perrito La discusión escaló rápidamente y, según testigos, el joven sacó un arma cortopunzante para intimidarlo.

El supuesto desenlace fue el siguiente: “El adulto mayor se retiró del lugar, pero regresó poco después portando un arma de fuego. En medio del enfrentamiento, disparó en varias ocasiones contra el joven, quien murió en el sitio debido a la gravedad de las heridas”.

En Bogotá fue capturada una mujer por maltrato animal: quedó en video agrediendo a su mascota

La Policía Metropolitana de Bogotá brindó detalles acerca de la captura de una mujer de 27 años acusada de golpear y arrastrar a un perro en una vivienda de la localidad de Barrios Unidos.

Este nuevo caso de maltrato animal en la capital del país quedó registrado por cámaras de seguridad, y gracias a esto se recolectaron pruebas que llevaron al rescate del animal, su traslado a atención veterinaria especializada y la apertura de un proceso ante la Fiscalía General de la Nación por maltrato animal en contra de la aprehendida.

Según cifras de la Policía Nacional citadas por la concejal Diana Diago, en 2025 se reportaron 380 casos de maltrato animal, frente a 288 en 2024 y 229 en 2023. La cabildante afirmó que ese aumento equivale a 65,9% en los dos primeros años de la actual administración distrital y sostuvo que en la capital se registra en promedio un caso diario.

La agresión ocurrió el sábado 23 de mayo y días después se conoció por videos captados en los circuitos de seguridad de una residencia en Barrios Unidos.

Las imágenes muestran a la mujer sujetando al perro por el cuello, arrastrándolo varios metros y golpeándolo de forma repetida, mientras se escuchan los gritos de dolor del animal.

En otro momento del registro, la mujer lanzó al perro contra una pared. El animal intentó huir, pero fue alcanzado de nuevo y arrojado de un lado a otro dentro del área común de la vivienda.

El rescate se produjo tras la alerta de vecinos y una inspección con veterinarios

Los uniformados llegaron al lugar el martes 26 de mayo y, en un operativo coordinado, ingresaron con autorización al inmueble acompañados por veterinarios de la alcaldía local.

Durante la inspección, el personal encontró al perro con lesiones corporales visibles y señales de maltrato físico; así lo destacó en declaraciones a medios de comunicación el teniente coronel Favian Beltrán Moreno, comandante local de la Policía: “Según la valoración médica realizada por el profesional veterinario, el animal presenta golpes y afectaciones en una de sus extremidades posteriores”, aseveró el oficial de la Mebog.

La mujer quedó detenida y a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de maltrato animal, y el perro fue retirado del lugar para quedar bajo el cuidado de especialistas.

La ciudad de Minneapolis enfrenta nuevamente el escrutinio público tras la dimisión de Brian O’Hara como jefe de la Policía.

La salida del funcionario se produjo luego de que una investigación oficial concluyera que interfirió en un expediente sobre su propia conducta, un hecho que el alcalde Jacob Frey consideró incompatible con la continuidad de O’Hara al mando, según reportó NBC News.

Investigación interna, acusaciones y ruptura de confianza

El episodio comenzó con una denuncia anónima recibida el año pasado en la oficina del alcalde. La queja acusaba a O’Hara de mantener relaciones sexuales con empleadas municipales.

Un proceso externo descartó la veracidad de esas acusaciones, pero la situación cambió cuando una segunda pesquisa se centró en el comportamiento del jefe policial durante la investigación.

De acuerdo con Fox News, se determinó que O’Hara borró intencionalmente un contacto de su teléfono oficial y que, pese a restricciones explícitas, habló sobre el caso con otro empleado de la ciudad.

“Cuando se sirve como jefe del Departamento de Policía de Minneapolis, la confianza no es secundaria al trabajo; es el trabajo”, declaró el alcalde en una rueda de prensa citada por NBC News. Ese quiebre en la relación de confianza llevó a comunicarle a O’Hara que enfrentaría sanciones disciplinarias que podían incluir su despido. Finalmente, el propio jefe policial presentó su renuncia, como confirmó también AP News.

La investigación interna reveló que O’Hara eliminó la tarjeta de contacto de una empleada de su dispositivo institucional entre el 1 y el 7 de mayo de 2025. El documento, obtenido por NBC News, indica que los investigadores no encontraron explicación técnica para esa eliminación y que el jefe negó en entrevistas haber borrado el registro.

El hecho de compartir información sobre la pesquisa, después de haber recibido la orden de no hacerlo, sumó gravedad al expediente, de acuerdo con CBS News.

Denuncias en curso y reacción institucional

A la fecha de la renuncia, la ciudad contabilizaba 17 denuncias abiertas adicionales contra O’Hara, todas independientes del proceso que derivó en su salida, como detalló la vocera del alcalde, Jennifer Lor, en declaraciones recogidas por AP News.

El contenido de esas quejas se mantiene bajo reserva. La administración municipal recalcó que la interferencia de O’Hara no alteró el resultado de la investigación inicial sobre las supuestas relaciones con empleadas, pero sí comprometió la integridad del proceso y la credibilidad de la institución.

En la carta formal de reprimenda, el alcalde escribió: “Aunque los investigadores concluyeron que las acusaciones subyacentes de la investigación original siguen sin estar sustentadas, su interferencia con la investigación puso en riesgo la integridad de la investigación y constituye una ruptura importante de la confianza”, según reprodujo CBS News.

El comisionado de la Oficina de Seguridad Comunitaria de Minneapolis, Todd Barnette, agradeció públicamente los servicios de O’Hara y subrayó los avances logrados en los últimos años: “El jefe O’Hara ayudó a impulsar los esfuerzos de reforma policial, a recomponer la dotación de agentes juramentados y a guiar al departamento a través de algunos de los momentos más difíciles de la ciudad”, citó NBC News.

Trayectoria y contexto de gestión

Brian O’Hara asumió la jefatura en 2022, cuando el departamento atravesaba una crisis de legitimidad tras el asesinato de George Floyd. El caso Floyd, ocurrido dos años antes, detonó protestas globales bajo el movimiento Black Lives Matter y generó presiones para reformar los cuerpos policiales, recordó AP News.

Durante la gestión de O’Hara, Minneapolis firmó un acuerdo con el gobierno federal para modificar la capacitación de los agentes y las políticas de uso de la fuerza. Ese convenio fue cancelado meses después por el Departamento de Justicia bajo la presidencia de Donald Trump.

En el periodo más reciente, la policía local debió responder a incidentes de alto impacto, como el tiroteo en la Annunciation Catholic School en agosto pasado. Además, O’Hara criticó públicamente el accionar de agentes federales tras un operativo de control migratorio en el que una mujer fue sometida con la rodilla en la espalda, según consignó AP News.

El operativo, conocido como Metro Surge, generó tensiones entre diferentes niveles de gobierno y sectores sociales, como explicó CBS News.

Declaración pública tras la renuncia y futuro de la policía

Un día después de su dimisión, O’Hara difundió un mensaje a través de su abogado en el que afirmó: “Las circunstancias no deberían definir su servicio” y expresó gratitud hacia los agentes y socios comunitarios que colaboraron durante su gestión, tal como retomó CBS News.

La declaración evitó hacer referencia directa a las acusaciones o los hallazgos de la investigación. En cambio, subrayó la reducción de los delitos violentos, el crecimiento en el tamaño del cuerpo y el fortalecimiento de la confianza comunitaria. El comunicado también indicó que O’Hara retornará a su familia en Nueva Jersey, aunque sin detallar fechas.

Tras la salida del jefe policial, Katie Blackwell, quien ocupaba el cargo de subjefa, quedó designada al frente del departamento de manera inmediata. La ciudad sigue en proceso de búsqueda de una nueva conducción para la Policía de Minneapolis, mientras se mantienen abiertas las investigaciones sobre el exjefe.

Un hombre fue detenido ayer miércoles por la mañana en el barrio Yapeyú de la ciudad de Córdoba, tras ser sorprendido cuando manipulaba el cableado de un domo policial.

El hecho se registró en calle Acoyte al 200, luego de que un operador de cámaras detectara la maniobra y diera aviso inmediato al personal policial.

El procedimiento policial se inició a partir de la observación remota realizada por el operador, quien identificó movimientos inusuales en el cableado del domo de vigilancia ubicado en una esquina del barrio. Al advertir la situación, el empleado dio el alerta a una patrulla cercana para que acudiera al lugar de manera urgente. La intervención rápida permitió organizar un operativo cerrojo en las inmediaciones, lo que facilitó la localización del sospechoso.

Según comunicó la Policía de Córdoba, instantes antes de su detención, el individuo había sido visto en la intersección de calles 25 de Mayo y Gavilán, donde fue observado violentando el cableado de un poste que sostiene uno de los domos de seguridad instalados en la zona. La descripción física y las características aportadas por el operador resultaron clave para la identificación y seguimiento del presunto autor.

El despliegue policial contempló la circulación de varias unidades por los alrededores del sector, lo que finalmente derivó en la aprehensión del hombre en Acoyte al 200. Durante el procedimiento, los uniformados procedieron al secuestro de un rollo de cable que, de acuerdo a la información oficial, habría sido sustraído en el mismo sector momentos antes. El material incautado fue examinado a fin de determinar su procedencia y la magnitud del daño ocasionado al sistema de videovigilancia.

El hombre fue esposado y trasladado de inmediato a la Comisaría de la jurisdicción, donde quedó alojado a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes. El material secuestrado fue incorporado como evidencia en la causa, mientras los técnicos municipales evaluaban el estado del domo afectado y los posibles riesgos en la transmisión de imágenes de seguridad.

De acuerdo a lo informado por el portal El Doce.tv, la investigación se centró en determinar si el detenido actuó en solitario o si podría estar vinculado a otros hechos similares ocurridos en el mismo barrio o sectores aledaños. Hasta el momento, no se reportaron daños adicionales en otros dispositivos de videovigilancia ni nuevos episodios de sabotaje, según indicaron las autoridades.

La Policía de Córdoba subrayó la importancia del sistema de cámaras y la colaboración entre operadores y patrullas para la rápida resolución de incidentes. El caso será analizado por la unidad judicial correspondiente, que determinará si existen elementos para ampliar la imputación o vincular al detenido con otros episodios recientes.

De acuerdo a fuentes policiales, la manipulación o el robo de cables destinados al funcionamiento de domos de videovigilancia constituye un delito que afecta tanto los recursos municipales como la prevención del delito en la vía pública. Este tipo de hechos suele investigarse bajo la figura de daños y robo, con agravantes en función del perjuicio a bienes de uso público.

Detuvieron a cinco personas por robar cables de cobre bajo tierra en Villa Devoto

Días atrás, la Policía de la Ciudad detuvo a cinco personas tras ser sorprendidos en el momento preciso en que sustraían cables de cobre tendidos bajo tierra en el barrio de Villa Devoto. Según informó la fuerza, el operativo permitió desarticular una acción delictiva vinculada al robo de infraestructura urbana.

La Policía de la Ciudad detuvo a cinco hombres sospechosos de robo de cables en Villa Devoto, con imágenes de los detenidos, los cables recuperados, una escalera y la boca de un registro subterráneo.

El procedimiento se inició a partir de una denuncia que alertó sobre un robo en la intersección de las calles Navarro y Segurola. Al llegar al lugar, los agentes de la Comisaría Vecinal 11B advirtieron que una camioneta Ford F100 se desplazaba a alta velocidad por la zona. Tras una breve persecución, la policía logró interceptar el vehículo y detener a dos de los sospechosos a pocas cuadras del lugar de los hechos.

Durante la inspección de la camioneta, los efectivos hallaron varios tramos de cable de cobre pertenecientes a una empresa de telefonía y listos para ser trasladados. En paralelo, otro equipo policial que permanecía en la escena observó a un hombre saliendo de una cámara subterránea ubicada en Navarro y Sanabria, actitud que despertó sospechas y motivó su inmediata demora.

a Policía incautó una camioneta Ford en la que se trasladaban los delincuentes

Al revisar dicha cámara, los oficiales encontraron a otros dos individuos junto a una importante cantidad de cables cortados y preparados para su extracción. En total, fueron secuestrados 61 tramos de cable de aproximadamente dos metros cada uno, una escalera metálica plegable, seis vallas metálicas, la camioneta utilizada por los imputados y cinco teléfonos celulares.

Los efectivos sorprendieron a tres de los delincuentes bajo tierra, mientras sustraían cables

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8 dispuso la detención de los cinco involucrados, así como el secuestro de todos los elementos recuperados durante el procedimiento.

Según las imágenes difundidas por ATV, el suboficial solicitó al oficial que mostrara su licencia de conducir tras el impacto y se identificara como corresponde durante la intervención policial. Sin embargo, el comandante respondió de manera agresiva y se negó inicialmente a entregar sus documentos. “No voy a identificarme”, se le escucha decir en el registro audiovisual.

El agente de tránsito insistió en que realizaba el procedimiento “de la manera correcta” y recordó que no conocía al intervenido. “Me ha chocado mi moto. Saque su carné de identidad, por favor. Yo soy efectivo de tránsito”, señaló el suboficial mientras trataba de continuar con la diligencia. Durante el intercambio, el comandante también lanzó expresiones ofensivas y respondió con insultos al policía que lo intervenía.

Comandante insultó a suboficial

Según informó ATV, Canales Moscoso además corrigió reiteradamente la forma de hablar del suboficial durante la intervención. Cuando el agente le pidió “identifícate, por favor”, el comandante respondió: “Identifíquese, se dice. Vocaliza bien, habla bien”. Posteriormente, continuó cuestionando la forma en que el policía formulaba las indicaciones relacionadas con la entrega de la licencia de conducir.

En otro momento del video, el oficial superior utilizó expresiones despectivas y llamó “patroncito” al suboficial mientras permanecía dentro de su vehículo. El policía interveniente mantuvo el procedimiento y le indicó que no buscaba retirarle ningún documento, además de consultarle si se encontraba alterado. “Usted se ve alterado. ¿Qué pasa? ¿Ha consumido algo?”, preguntó el agente.

El comandante rechazó esa insinuación y respondió de manera irónica durante la discusión. Asimismo, justificó su presencia en el corredor exclusivo del Metropolitano alegando que tenía una emergencia. “Te estoy diciendo que tengo una emergencia”, repitió en varias oportunidades cuando el suboficial le consultó por qué circulaba por dicha vía restringida.

Investigación y cuestionamientos

El caso generó cuestionamientos luego de que las imágenes fueran difundidas públicamente, debido al comportamiento mostrado por el oficial superior durante la intervención. De acuerdo con el citado medio, el incidente ocurrió en horas de la noche y evidenció el tenso intercambio entre ambos efectivos policiales en plena vía pública.

En las grabaciones también se observa que el suboficial intentó mantener el control de la intervención y pidió reiteradamente la identificación correspondiente, recordando que el comandante circulaba por la vía exclusiva del Metropolitano y había impactado su motocicleta. El agente insistió en que estaba actuando conforme al procedimiento policial establecido.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre eventuales sanciones administrativas o investigaciones internas contra el comandante Manuel Antonio Canales Moscoso. Sin embargo, el caso ha vuelto a poner en debate la conducta de algunos miembros de la PNP durante intervenciones y el cumplimiento de las normas de tránsito, incluso entre efectivos policiales.

Indiana atraviesa un proceso de endurecimiento en las políticas de tránsito y migración tras la detención de casi 300 inmigrantes indocumentados con licencias de conducir comerciales en los últimos tres meses.

De acuerdo con Tony Ferraro, asesor del gobernador Mike Braun, el estado identificó a 283 conductores sin estatus migratorio regular manejando camiones en estaciones de pesaje, cifra que representa más de tres interceptaciones diarias. “Eso es más de tres por día que sacamos de camiones”, expresó Ferraro ante un consejo local, según cita el Chicago Tribune.

El funcionario precisó que muchos de estos choferes portaban licencias comerciales emitidas en California y Nueva York, jurisdicciones que anteriormente no exigían ciudadanía para tramitar la documentación.

La situación llevó a un refuerzo en los controles de velocidad y patrullaje en las principales autopistas, incluida la Interestatal 30. Ferraro remarcó que la presencia policial es “la más visible” en más de una década. Estas inspecciones no solo buscan frenar excesos de velocidad, sino también detectar posibles delitos y violaciones migratorias, según el reporte del New York Post.

Cambios legales y revocación masiva de licencias

En abril de 2026, Indiana implementó una política más estricta sobre la validez de las CDL (licencias de conducir comerciales) tras la entrada en vigor de la ley House Enrolled Act 1200 (HEA1200).

Según el Bureau of Motor Vehicles estatal, cerca de 1.800 licencias comerciales fueron revocadas a conductores no ciudadanos que no acreditaron una visa laboral válida.

El organismo notificó por correo a los afectados sobre la pérdida de privilegios para conducir vehículos de carga en el estado. La nueva normativa limita las visas aceptadas para obtener o renovar la CDL a las categorías H-2A, H-2B o E-2.

Conducir con una CDL obtenida sin la documentación migratoria adecuada constituye desde entonces un delito de nivel 6 en la escala estatal. La sanción alcanza multas civiles de hasta USD 5.000 para conductores y de hasta USD 50.000 para empleadores que contraten a sabiendas a choferes en situación irregular. Así lo confirmó el portavoz del Bureau of Motor Vehicles.

Justificación oficial y antecedentes en seguridad vial

El endurecimiento normativo fue respaldado públicamente por el vicegobernador de Indiana, Micah Beckwith, quien argumentó que estas medidas buscan proteger la seguridad vial y disuadir la contratación irregular en el sector del transporte de carga.

Según el vicegobernador, los empleadores que reincidan en estas prácticas enfrentarán sanciones ejemplares. “La política pretende garantizar que solo quienes cuenten con autorización laboral transiten en rutas estatales”, declaró Beckwith, citado por Fox News.

La decisión se produce tras incidentes recientes, como el accidente fatal protagonizado por un conductor de origen indio y sin estatus migratorio regular en el condado de Hendricks. La presencia de choferes indocumentados en camiones de carga fue señalada como un factor de riesgo en siniestros viales, según funcionarios del estado.

En paralelo, Nueva York anunció en febrero que dejará de otorgar licencias comerciales a no ciudadanos, tras una orden federal que endurece los requisitos.

El New York Post subraya que la legalidad de las acciones emprendidas por Indiana puede ser objeto de disputa, ya que una CDL válida emitida por otro estado podría, según expertos legales, habilitar el manejo de vehículos comerciales hasta que la regulación federal aclare su alcance.

Indiana no emite licencias de conducir de ningún tipo a inmigrantes en situación irregular, y el destino de los conductores detectados —si enfrentan cargos estatales, federales o fueron entregados a inmigración— sigue sin confirmarse por fuentes oficiales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este lunes la detención de un hombre señalado como presunto responsable del homicidio de una elemento de Seguridad Pública municipal de Temascalapa, ocurrido durante la atención de un reporte por un posible robo a casa habitación.

La captura se realizó en el municipio de Tecámac como resultado de un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y policías municipales, luego de una serie de investigaciones que permitieron ubicar a uno de los supuestos agresores.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades mexiquenses, el ataque ocurrió cuando la oficial, junto con otros elementos de seguridad pública, acudió a atender una denuncia relacionada con un presunto robo en proceso dentro de una vivienda.

Sin embargo, al arribar al sitio, los uniformados fueron agredidos por sujetos armados, quienes posteriormente escaparon de la escena a bordo de una camioneta.

Las primeras indagatorias realizadas por agentes ministeriales permitieron establecer características físicas de al menos tres de los posibles responsables, además de identificar el vehículo utilizado para la fuga tras el ataque contra la policía municipal.

Operativo coordinado permitió ubicar a sospechoso

Con la información obtenida durante las investigaciones, autoridades estatales y municipales desplegaron un operativo de búsqueda en los límites de Temascalapa y Tecámac para tratar de localizar a los presuntos implicados.

El despliegue policial derivó en la localización de un sujeto en el poblado de Santa María Ajoloapan, perteneciente al municipio de Tecámac, quien coincidía con las características físicas proporcionadas por las investigaciones.

Las autoridades señalaron que el individuo fue ubicado mientras intentaba abandonar la camioneta presuntamente utilizada durante la huida tras el homicidio de la agente municipal.

El detenido fue identificado como Juan “N”, de 34 años de edad, quien, de acuerdo con las autoridades mexiquenses, presuntamente pertenece a un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco y dedicado al control de venta de droga en esa región del Estado de México.

Aseguran camioneta utilizada para escapar

Durante el operativo también fue asegurada la camioneta relacionada con la agresión armada, unidad que habría sido utilizada por los presuntos responsables para escapar después del ataque contra la oficial.

Luego de su captura, los elementos de seguridad notificaron al sospechoso sobre los derechos que la ley le otorga y posteriormente fue trasladado junto con el vehículo asegurado ante el Ministerio Público correspondiente.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar la situación jurídica del detenido conforme avancen las investigaciones relacionadas con el homicidio de la policía municipal.

El caso provocó movilización de fuerzas de seguridad en la región, mientras continúan las indagatorias para localizar a otros posibles implicados en la agresión armada contra los elementos de seguridad pública de Temascalapa.

Las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con actividades del crimen organizado que operan en esa zona del Estado de México, particularmente grupos dedicados al narcomenudeo y otras actividades ilícitas.

El dramaturgo Ramón Paso fue detenido tras ser acusado de mantener un comportamiento de carácter sexualizado con una menor de 15 años en la vía pública. El incidente fue denunciado por dos testigos, que alertaron a la policía tras observar los hechos en la zona peatonal del Paseo del Prado, en Madrid. Según la información difundida, los testigos señalaron que Paso, reconocido por su trayectoria en el teatro y su relación familiar con figuras como Alfonso Paso y Enrique Jardiel Poncela, habría realizado tocamientos en los muslos y las nalgas de la menor, además de besarla en el cuello y los hombros. La joven, alumna suya en clases de teatro, fue identificada por los agentes tras la intervención policial.

La policía localizó a Ramón Paso junto a la adolescente en el Paseo del Prado. En su declaración a los agentes, Paso afirmó que se encontraban “dando una vuelta” y que estaba “consolando” a la menor, quien le habría llamado por un presunto caso de acoso sufrido en su centro educativo. Los padres de la joven desconocían que su hija estaba acompañada por su profesor; creían que se encontraba en el cumpleaños de una amiga. La víctima fue trasladada a un centro médico para su valoración y atención especializada, mientras que el dramaturgo fue conducido a las dependencias de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional. El hecho generó una rápida reacción entre los presentes y en el entorno teatral.

De acuerdo con los testigos, la actuación de Paso fue considerada “de carácter sexualizado”. La denuncia fue motivada tras observar cómo el adulto besaba a la menor y le realizaba tocamientos en plena calle. La intervención policial se produjo poco después de la llamada, permitiendo identificar tanto al adulto como a la víctima. La policía informó que la menor es alumna de clases de teatro impartidas por Ramón Paso. El dramaturgo intentó justificar su presencia con la joven alegando que la estaba ayudando emocionalmente tras un episodio de acoso escolar. Sin embargo, los agentes procedieron a su detención para esclarecer los hechos denunciados. Según las informaciones recogidas, los padres de la menor confirmaron que desconocían la verdadera ubicación de su hija en ese momento. La joven fue atendida en un centro médico para una valoración exhaustiva y garantizar su bienestar.

Con antecedentes por denuncias en 2024

El caso reciente se suma a una serie de denuncias previas por supuestos delitos contra la libertad sexual presentadas contra Ramón Paso por distintas mujeres. En 2024, la Fiscalía de Madrid presentó una querella basada en los testimonios de varias denunciantes, atribuyéndole presuntos delitos sexuales. Además, siete actrices solicitaron unirse a la denuncia por agresión sexual contra el dramaturgo. Estas acusaciones han suscitado atención mediática y generado un debate en el ámbito cultural y teatral. La trayectoria de Paso, nieto de Alfonso Paso y bisnieto de Enrique Jardiel Poncela, ha estado marcada en los últimos años por la repercusión de las denuncias. La Fiscalía actúa en función de los testimonios y pruebas recabadas hasta el momento, mientras que las investigaciones continúan abiertas.

La noticia de la detención y las denuncias previas han tenido un impacto inmediato en la actividad profesional de Ramón Paso. Tras la presentación de la querella en 2024, el Teatro Infanta Isabel suspendió las funciones previstas de la obra Jardiel enamorado, dirigida por Paso. El actor Pepe Viyuela, quien iba a protagonizar la obra, anunció su salida del proyecto, manifestando públicamente: “No tengo tripas para salir a escena esta tarde”, y expresó su apoyo a las presuntas víctimas. La suspensión de funciones y la retirada de actores reflejan el alcance de las consecuencias sociales y profesionales que enfrentan quienes son objeto de denuncias de esta naturaleza dentro del sector cultural. El caso de Ramón Paso continúa bajo investigación judicial y policial, mientras la comunidad teatral y la opinión pública siguen atentas a los próximos desarrollos y decisiones de las autoridades.

El hecho, registrado por cámaras corporales de los agentes, fue confirmado por la cadena CBS News y replicado por medios estadounidenses, que subrayaron la rápida intervención de los equipos de emergencia.

El incidente se produjo en una tarde de intensas lluvias en Beeville, una ciudad ubicada a unos 161 kilómetros (100 millas) al sureste de San Antonio. Según explicó el Departamento de Policía de Beeville, el conductor del vehículo intentó atravesar un cruce de baja altura que había quedado inundado por la crecida súbita del arroyo.

En declaraciones recogidas por CBS News, las autoridades indicaron que la precipitación avanzó con rapidez y que, en ese momento, todavía no habían colocado barricadas para impedir el paso de vehículos. El jefe local de bomberos trató de advertir al conductor sobre el peligro, pero el conductor no logró verlo.

Cuando el automóvil ingresó al paso inundado, el conductor perdió el control y la corriente comenzó a arrastrar el vehículo. En el video difundido por la policía se observa cómo los rescatistas acceden al área anegada, abren la puerta del lado del pasajero y extraen al bebé en su portabebés.

Otro agente cubre al menor con su abrigo para protegerlo de la lluvia, mientras bomberos y otros agentes ayudan al resto de los ocupantes del auto. Ninguno de los pasajeros resultó herido, confirmaron las autoridades.

El momento del rescate: imágenes y testimonios

En la grabación, una voz desesperada alerta la presencia del bebé dentro del auto, lo que acelera la intervención de los rescatistas. El Departamento de Policía de Beeville subrayó que situaciones de este tipo demuestran lo riesgoso que resulta cruzar pasos inundados: “Estas situaciones recuerdan que con el agua de inundación no se debe apostar”, señalaron en un comunicado reproducido por CBS News.

El National Weather Service en Corpus Christi emitió una advertencia de inundación para el río Aransas en el condado de Bee, tras el rápido aumento del caudal provocado por la tormenta. Las autoridades meteorológicas advirtieron que los cruces de baja altura pueden volverse peligrosos en minutos y que, en ocasiones, pueden parecer transitables un instante y transformarse en un peligro mortal al siguiente.

“No hace falta mucha agua en movimiento para empujar un vehículo fuera del camino, y cuando uno se da cuenta de lo peligroso que es, ya puede ser demasiado tarde”, indicó la policía local.

Consecuencias y reacciones tras el rescate

La difusión del video en redes sociales generó numerosas reacciones, tanto por la angustia de los momentos captados como por la labor de los rescatistas.

Usuarios destacaron la importancia de atender las señales de advertencia y las recomendaciones oficiales para evitar tragedias en caminos anegados. El Departamento de Policía de Beeville reforzó este mensaje institucional: “No hay ningún destino, atajo o diligencia que justifique poner en riesgo la vida propia o la de la familia”.

El fin de semana, las lluvias intensas provocaron múltiples inundaciones en el sur de Texas, con alertas activas en varias regiones. El caso de Beeville fue uno de los más difundidos, tanto por la intervención de los equipos de emergencia como por la utilización del video como herramienta de prevención.

Las autoridades insisten en que los conductores eviten cruzar zonas inundadas y busquen rutas alternativas siempre que sea posible.

Contexto meteorológico y advertencias para la población

Hasta el momento, según los reportes de CBS News y de las autoridades locales, no se registraron novedades ni complicaciones posteriores al rescate.

El bebé y los demás ocupantes del vehículo se encuentran en buen estado, y el caso sigue siendo utilizado por los organismos de emergencia como ejemplo de los riesgos asociados a las crecidas repentinas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó que dos sujetos fueron detenidos por la posible acción relacionada a reventa de boletos para la final del Futbol Mexicano entre los equipos Pumas de la UNAM y Cruz Azul en el estadio Olímpico Universitario el domingo 24 de mayo.

Efectivos de la SSC sorprendieron a dos personas en las inmediaciones del estadio México 68, ubicado en la colonia Ciudad Universitaria, de la alcaldía Coyoacán como resultado de trabajos de investigación para la prevención de delitos vinculados a revender entradas para eventos masivos.

La policía observó a dos hombres sospechosos que se encontraban frente a una tienda destinada a vender artículos deportivos mientras circulaba sobre avenida Universidad.

Uno de los detenidos llevó consigo una cangurera de color negro, mientras buscaba a las personas cercanas a las taquillas del estadio o que portaban playeras de Pumas y Cruz Azul, respectivamente.

En ese momento las autoridades se acercaron a esta persona y también a otro sujeto para descartar actos delictivos. Al realizar una revisión de seguridad, en apego a los protocolos de actuación policial, los uniformados aseguraron 11 boletos para la final de la Liga Mx entre Pumas de la UNAM y Cruz Azul desde el recinto de la máxima casa de estudios.

Por lo anterior, los Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a los dos hombres de 21 y 25 años de edad y les informaron sus derechos de ley, y junto con los boletos asegurados, ambos los presentaron ante el Juez Cívico, encargado para determinar la sanción correspondiente por dedicarse a la práctica de reventa de tickets.

¿Cómo saber si mi boleto no es falso?

El caos que se ha originado en los últimos días por la compra de boletos para la gran final Pumas vs Cruz Azul ha hecho que numerosos fanáticos cuestionen si sus entradas físicas son legítimas, es por eso que una página verificada de los Pumas UNAM mencionó algunas diferencias notadas en tickets válidos y en los que son falsos.

“Buen día, afición universitaria. Tengan mucho cuidado con la reventa, y más con los boletos físicos para el Pumas vs Cruz Azul. Están estafando mucho con boletos falsos. Acá unos ejemplos:

• Recuerden que ya no dicen “Banamex”, que las bolas del boleto son azules y cargadas a la derecha, y que el holograma de “Ticketmaster” tiene bolas dentro con la misma “T” de la empresa.
• Y si compran, verifiquen la fecha, el rival y los datos del mismo. Están hasta vendiendo boletos de fase regular y los hacen creer que son para la final de mañana (domingo)“.

¿A qué hora se jugará la final?

El partido Pumas vs Cruz Azul definirá al nuevo campeón de la Liga Mexicana. La final de vuelta se realizará este domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria a las 19:00 horas (tiempo de México). El global está cero a cero. Pumas busca su octava estrella y Cruz Azul la décima.

Un nuevo video viral volvió a colocar bajo la lupa a elementos de la Policía Vial Estatal de Oaxaca, luego de que un conductor extranjero denunciara presuntos actos de hostigamiento y posibles cobros irregulares durante una revisión vehicular en carreteras del estado.

La grabación, difundida ampliamente en redes sociales, muestra el momento en que el turista asegura que oficiales intentaban obligarlo a pagar una multa de 2 mil 700 pesos debido a que circulaba con placas de la Ciudad de México. Sin embargo, según relató, la situación cambió inmediatamente cuando comenzó a grabar con su cámara.

“Y yo saqué mi cámara y digo, soy youtuber, mira… e inmediatamente, ‘oh, dale pues, ya paga tu multa, tenga un buen día’”, narró el conductor mientras documentaba el momento.

De acuerdo con el extranjero, tras notar que estaban siendo grabados, los agentes le devolvieron rápidamente sus documentos y se retiraron del lugar. “Oh, odio eso”, expresó mientras continuaba registrando la situación.

El caso rápidamente provocó reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes volvieron a señalar presuntas prácticas de corrupción y abuso de autoridad en retenes carreteros de Oaxaca, especialmente contra turistas y visitantes nacionales y extranjeros.

En el mismo video, el conductor aseguró que no era la primera ocasión en la que enfrentaba una situación similar durante su estancia en México.

“Cuando yo estaba nuevo aquí, sí, ellos sacaron miles de pesos de mí, es feo”, afirmó.

La difusión del material también volvió a generar preocupación sobre el impacto que este tipo de denuncias podría tener en la imagen turística del estado, cuya economía depende en gran medida de visitantes nacionales e internacionales.

Hasta el momento, ninguna autoridad estatal ha emitido una postura oficial respecto al video viral; sin embargo, el caso volvió a abrir el debate sobre la operación de retenes y revisiones vehiculares en distintos puntos de Oaxaca.

En diversas ocasiones, ciudadanos y automovilistas han denunciado que algunos operativos terminan convirtiéndose en mecanismos de presión para exigir pagos inmediatos bajo amenazas de multas, arrastre de vehículos o sanciones administrativas.

El hecho de que los oficiales cambiaran de comportamiento al darse cuenta de que estaban siendo grabados incrementó todavía más las sospechas de un posible intento de cobro irregular.

Mientras tanto, el video continúa acumulando reproducciones y comentarios en redes sociales, donde usuarios cuestionan la confianza hacia corporaciones de tránsito y seguridad vial en distintas regiones del país, particularmente en Oaxaca.

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) presentó un total de 353 armas de fuego incautadas durante diversos operativos realizados en la región Junín, como parte de las acciones orientadas a combatir el uso ilegal de armamento y reducir los índices de criminalidad.

Las intervenciones se desarrollaron en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, mediante operativos de control y fiscalización ejecutados de manera coordinada con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. Según informó la entidad, las acciones estuvieron enfocadas en prevenir delitos relacionados con la circulación y utilización ilegal de armas de fuego.

Operativos buscaron reducir riesgos para la población

Durante la presentación del armamento decomisado, el titular de la Sucamec, Rafael Ríos Zavala, destacó el trabajo articulado entre las instituciones involucradas para enfrentar la delincuencia y reforzar la seguridad ciudadana en la región.

“Cada arma incautada representa un paso importante para evitar hechos de violencia y proteger a la ciudadanía”, señaló el funcionario. Asimismo, sostuvo que los resultados obtenidos reflejan el esfuerzo conjunto entre las autoridades encargadas de combatir la irregularidad y la ilegalidad vinculadas al uso de armas de fuego.

Ríos Zavala también remarcó que estos operativos permiten retirar de circulación armamento que podría ser utilizado en actividades delictivas. Añadió que el fortalecimiento de las labores de control busca disminuir los riesgos para la población y reforzar las acciones preventivas frente al crimen organizado y otros delitos.

Sucamec destruirá explosivos y pirotécnicos ilegales

Como parte de las medidas complementarias, la Sucamec anunció la destrucción de 2,859.25 kilos de productos pirotécnicos ilegales y 600 kilos de explosivos decomisados en distintos operativos realizados durante las celebraciones de fin de año.

La entidad precisó que la destrucción del material se efectuará en el distrito de Huarhua, con el objetivo de evitar que estos productos sean reutilizados o comercializados de manera clandestina.

Por su parte, el jefe ejecutivo de la Jefatura Zonal Junín, Carlos Moran Salem, resaltó la importancia de la coordinación permanente entre las instituciones involucradas para obtener resultados efectivos en la lucha contra la delincuencia. “La coordinación permanente entre entidades es clave para alcanzar estos resultados”, manifestó.

Más de 25 mil solicitudes para portar arma

En lo que va de 2026, la Sucamec ha recibido más de 25 mil solicitudes para portar armas de fuego. Solo en mayo se registraron cerca de 13 mil trámites, y la proyección oficial indica que al cierre del año la cifra podría alcanzar o superar las 37 mil autorizaciones, superando las 35 mil licencias emitidas en 2025.

La mayoría de las solicitudes corresponde a licencias de defensa personal, conocidas como L1. En 2025, este tipo de licencia sumó 14.366 expediciones, mientras que en los primeros meses de 2026 ya se han entregado seis mil. Además de las licencias para defensa personal, Sucamec otorga permisos para actividades como caza, deporte, seguridad y coleccionismo. Es posible que una persona posea varias licencias y múltiples armas con un solo permiso, lo que implica que el número de licencias no representa la cantidad exacta de ciudadanos armados.

Sucamec resalta que su competencia se limita al mercado legal de armas y explosivos. El aumento en la demanda de licencias se asocia a la preocupación por la seguridad ciudadana, aunque el organismo advierte que el mercado ilegal de armas queda fuera de su alcance y regulación. Entre las acciones implementadas para fortalecer el control, se destaca el incremento en el número de fiscalizadores y la vigilancia sobre el uso y tenencia de armas en todo el país.

La tarde del pasado domingo en La Plata dejó una escena que todavía genera indignación en la zona Sur de la ciudad.

Un repartidor resultó herido tras ser embestido por un auto que, después de provocarle la caída, escapó del lugar sin brindarle ningún tipo de ayuda. La secuencia quedó registrada por una cámara de vigilancia, cuyas imágenes circularon en las últimas horas y despertaron la preocupación de los vecinos.

De acuerdo a lo informado por el portal 0221, en las imágenes captadas muestran cómo el automovilista realiza una maniobra riesgosa en la intersección de las calles 7 y 630, en Arana, que termina desestabilizando al motociclista y arrojándolo violentamente al asfalto.

La reacción del conductor fue inmediata: lejos de detenerse para asistir a la víctima, continuó su marcha y abandonó la escena del siniestro. El repartidor quedó tendido sobre el pavimento, mientras algunos vecinos se acercaron minutos después para socorrerlo.

De acuerdo con el material difundido, el accidente ocurrió cuando el automovilista, circulando por la zona de Arana, realizó un movimiento brusco y temerario que desestabilizó al repartidor que manejaba una motocicleta. Como resultado de la maniobra, el trabajador perdió el control del vehículo y cayó sobre la calzada, sufriendo lesiones cuya gravedad no fue precisada oficialmente.

En el video, se observa cómo el responsable del hecho abandona el lugar sin frenar ni intentar ayudar al repartidor herido. Testigos que presenciaron la situación confirmaron que el conductor del automóvil involucrado no solo no se detuvo, sino que aceleró su marcha y desapareció rápidamente de la escena.

Según trascendió, el accidente vial tuvo lugar el domingo, aunque recién en las últimas horas se conocieron los detalles y el registro visual que permitió reconstruir la secuencia. El material fílmico fue aportado a las autoridades para la investigación y la búsqueda del responsable.

El hecho generó malestar y preocupación entre los residentes de la zona, quienes cuestionaron la falta de respuesta inmediata de parte de algunas personas que presenciaron el incidente. Aunque en el video se ve que un grupo de vecinos se acercó después para ayudar al repartidor, la demora en la asistencia y la actitud de indiferencia de otros testigos fueron señaladas como parte del problema.

Actualmente, las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para identificar al conductor del automóvil implicado en el siniestro. Quienes cuenten con información precisa o datos sobre el vehículo que se dio a la fuga pueden comunicarse con la Policía para aportar detalles que permitan avanzar en la investigación.

El caso quedó bajo investigación de las fuerzas policiales locales, que analizan el video de la cámara de vigilancia y buscan testigos adicionales que puedan aportar datos sobre el automóvil involucrado. Según las fuentes consultadas, el reparto de imágenes y la difusión del caso en redes sociales forman parte de la estrategia para dar con el paradero del conductor que se dio a la fuga.

Las autoridades insistieron en la importancia de la denuncia ciudadana para esclarecer episodios de este tipo y destacaron que la colaboración de la comunidad es fundamental. Mientras tanto, el repartidor herido se recupera de las lesiones sufridas y permanece bajo observación médica.

La Policía continúa con la recolección de información y la búsqueda del automovilista que provocó el choque y huyó del lugar. La comunidad de La Plata permanece atenta, esperando avances en la investigación y reclamando justicia para el repartidor herido.

Es motociclista y grabó el choque de un auto contra su propia moto en La Plata

Un motociclista que trabaja como repartidor en La Plata grabó desde su propia moto el momento exacto en que otro conductor de dos ruedas fue embestido por un auto en una de las intersecciones del barrio de La Loma. El video, que el joven luego difundió en sus redes sociales, muestra el instante del impacto y sus consecuencias inmediatas.

El siniestro vial ocurrió en el cruce de Diagonal 73 y Boulevard 84, una intersección de tránsito frecuente en el barrio platense. El repartidor circulaba por la circunvalación con una cámara integrada a su moto cuando se detuvo ante el semáforo de ese cruce. Fue en ese instante cuando el impacto se produjo frente a su lente.

Las imágenes registran que la moto implicada en el choque también transitaba por la traza de la circunvalación cuando fue colisionada de lleno por un auto que avanzaba por la diagonal. La fuerza del golpe fue tal que el conductor de la moto salió despedido y cayó contra el asfalto.

A pesar de la violencia del impacto, el motociclista accidentado logró reponerse. El repartidor que había filmado la escena descendió de su vehículo de inmediato y asistió al hombre caído, a quien ayudó a ponerse de pie. Según lo que se desprende del video y de la descripción del propio testigo, el conductor no habría sufrido heridas de gravedad.

Una intensa balacera entre miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) y presuntos integrantes de una estructura criminal dejó al menos cinco personas muertas y varios heridos en la aldea de Corinto, municipio de Omoa, departamento de Cortés, en la zona fronteriza entre Honduras y Guatemala.

El enfrentamiento tuvo lugar durante una operación antidrogas desarrollada en una vivienda del sector, donde equipos élite de la Policía ingresaron para ejecutar acciones contra una banda señalada por actividades vinculadas al tráfico y distribución de drogas en la región norte del país.

Al momento de la intervención, los agentes fueron recibidos a disparos por hombres fuertemente armados. Se produjo un intercambio de fuego de alta intensidad durante varios minutos, lo que generó alarma entre los habitantes de la comunidad fronteriza.

Información preliminar señala que entre las víctimas mortales habría miembros de la Policía y civiles, aunque las autoridades no han oficializado la cifra exacta ni las identidades. Versiones no confirmadas apuntan a que al menos seis agentes policiales habrían perdido la vida, junto a tres presuntos integrantes de la estructura criminal, mientras otros tres uniformados permanecían desaparecidos al cierre de los reportes preliminares.

Horas antes de este hecho, otro agente policial murió acribillado durante una operación ejecutada en el sector de Chamelecón, San Pedro Sula, lo que elevó la tensión dentro de los cuerpos de seguridad ante la escalada de ataques armados en el norte del país.

El portavoz policial Edgardo Barahona confirmó el despliegue de varios equipos especiales en Corinto para asegurar el área, evacuar a los agentes heridos y continuar las operaciones de búsqueda en la zona montañosa cercana a la frontera.

Entre los lesionados figura el jefe de la Policía de Fronteras, quien fue trasladado de emergencia hacia un centro asistencial bajo fuertes medidas de seguridad.

Frontera cerrada

Tras el enfrentamiento, las autoridades ordenaron el cierre temporal del paso fronterizo entre Honduras y Guatemala por Corinto, mientras unidades militares y policiales instalaron retenes y operativos de saturación en distintos puntos estratégicos de Omoa.

El hecho violento provocó también el cierre de negocios y comercios en la zona, y decenas de pobladores optaron por permanecer encerrados en sus viviendas ante el temor de nuevos enfrentamientos.

Habitantes del sector relataron haber escuchado detonaciones durante varios minutos y señalaron que la presencia de hombres armados desató escenas de pánico en la comunidad.

¿Y las autoridades de seguridad?

La Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional de Honduras, anunció una intervención inmediata en las zonas de Rigores, en Trujillo, Colón, y Corinto, Omoa, Cortés, tras los recientes hechos violentos que han dejado varias personas fallecidas y un ambiente de temor en comunidades del norte del país.

Las autoridades comunicaron que equipos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas serán desplegados de manera inmediata para recuperar el control territorial, proteger evidencias y garantizar la seguridad de la población.

Según el comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad, las operaciones incluirán intensas acciones de búsqueda y rastreo criminal para identificar, ubicar y capturar a los responsables de los hechos violentos registrados en Colón y Cortés.

La zona de Corinto ha sido identificada por autoridades de seguridad como un corredor estratégico utilizado para actividades de narcotráfico, tráfico de armas, contrabando y paso irregular de personas hacia Guatemala..

Además, la violencia en el litoral atlántico hondureño mantiene una tendencia preocupante. Solo en lo que va de 2026 se han registrado múltiples hechos armados de alto impacto en Cortés, Colón y Atlántida, incluyendo masacres, ataques contra fuerzas de seguridad y enfrentamientos entre grupos criminales.

Equipos de Medicina Forense y fiscales del Ministerio Público siguen con las diligencias en Corinto para esclarecer el número exacto de víctimas y determinar responsabilidades en uno de los enfrentamientos más violentos registrados este año en la zona norte del país.

En una entrevista con EFE previa a una audiencia de casación que debía instalarse este miércoles pero que se difirió al 1 de julio, en la que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia revisará la condena de 34 años y 8 meses de cárcel impuesta a Cáceres, Otavalo afirma que aún hay vacíos y dudas que rodean al caso y, sobre todo, "responsabilidades que no han sido determinadas".

"Seguiré luchando en organismos internacionales porque hay una sola realidad: A mi hija la mataron en la escuela de Policía, en una institución pública, que si bien fue el esposo, y por eso es feminicidio, él era un servidor público en funciones", dice Otavalo en referencia a las responsabilidades estatales que ella considera que hay por el crimen y que espera sean analizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El 11 de septiembre de 2022, Cáceres asesinó a Bernal en la Escuela Superior de Policía de Quito y luego ocultó su cadáver, que fue encontrado diez días después en un cerro cercano al lugar.

El agente, que era instructor de policías, se fugó días después y fue capturado en diciembre de 2022 en Colombia. En mayo de 2023 fue declarado culpable de femicidio tras confesar el crimen y ha cumplido su pena en diversas cárceles, lo que para Otavalo evidencia los "privilegios" que, dice, recibe por parte del Estado.

La madre de Bernal espera que los jueces ratifiquen la condena, pero que también declaren culpable por omisión al policía Alfonso Camacho, quien estuvo en una habitación contigua a la de Cáceres la noche del asesinato.

Según la Fiscalía, el oficial escuchó los gritos de auxilio de la abogada y no impidió el feminicidio, pero la Justicia ratificó su inocencia.

"De pronto otra historia hubiera sido, de pronto María Belén estuviera viva", lamenta Otavalo.

Otra de las deudas que asegura que hay en este caso es la investigación a quienes estuvieron la noche del crimen en la escuela y a los "cómplices y encubridores" del ahora expolicía.

"¿Estamos diciendo que Cáceres hizo todo solo? ¿Que él tuvo tanta fuerza para cargar a mi hija y después hacer ese hoyo en el cerro?", reclama Otavalo, quien recuerda que le avisaron muchas horas después del hallazgo del cuerpo de Bernal, lo que siempre le generó dudas.

La Fiscalía abrió una investigación por fraude procesal, pero Otavalo dice que se archivó, aunque intentará que se reactive antes de acudir al sistema interamericano.

La madre de Bernal afirma que las familias de víctimas de feminicidio viven un "calvario" para intentar encontrar justicia y también reparación, pues no reciben ni "la mitad de un centavo" y tampoco contención o protección del Estado, ni siquiera los huérfanos, como su nieto.

Además, señala que sufren revictimización y ataques de las familias de los agresores y de otros investigados, lo que hace más duro el camino.

Añade que Ecuador tiene políticas "muy fuertes" para combatir la violencia machista, pero que se han quedado en papel. "Necesitamos que se aterricen en territorio para que el caso de mi María Belén no se vuelva a repetir, que la muerte de mi hija en una escuela de Policía sea el precedente", concluye.

 Cristina Bazán

Un hombre identificado como Alejandro Velázquez, alias El Pollo, fue asesinado por un policía del municipio de Chimalhuacán, al oriente del Estado de México (Edomex).

El hombre, de 32 años de edad, murió el pasado sábado 16 de mayo luego de haber sido herido por el policía, identificado como José Manuel “N”.

Los hechos ocurrieron en el citado municipio del Edomex, cuando, presuntamente, el elemento que disparó y su compañera, quienes viajaban en la patrulla SCM-412, recibieron un reporte de una mujer quien, presuntamente, acusó que Alejandro tenía en su poder un arma de fuego y la había amenazado con la misma.

De acuerdo con lo declarado por el policía, el hombre de 32 años les habría apuntado con la presunta arma de fuego, por lo que, en reacción, le disparó.

Alejandro recibió un disparo en el glúteo izquiero, y alcanzó a ingresar a su domicilio, lugar en el que murió por la herida.

A pesar de la acusación de que El Pollo llevaba consigo un arma de fuego, no hay rastro de la misma.

Por medio de redes sociales circula un video en el que se ve a parientes de El Pollo dentro de un predio con el policía revisando al joven, quien se encuentra tirado en el suelo sin moverse, y con sangre en su cuerpo, producto de la herida.

En el video, se escucha a las personas reclamar al policía, quien en un momento del clip dice que el hombre le había apuntado con un arma, pero al cuestionarle por la misma, dice no saber en dónde se encuentra.

Detienen a los policías involucrados

Tanto el policía que disparó, como su compañera con la que viajaba en la patrulla, identificada como Eva, fueron detenidos por homicidio.

Sin embargo, Jazmín, hermana de Alejandro, dijo en entrevista a Imagen Noticias que temía que los policías fueran liberados, pues cuando acudió a continuar con su denuncia, un día después del homicidio, vio al policía acostado en una banca con un celular en la mano, como si no estuviera detenido por homicidio.

La misma mujer declaró al medio que si bien su hermano tenía problemas de adicciones, no se encontraba haciendo nada malo.

“No tenía por qué haber muerto así, sí, mi hermano se drogaba, sí, pero mi hermano no estaba haciendo nada malo, más que drogándose, ese fue su error de él, ese fue su error, ser drogadicto, nada más”, declaró la hermana delñ fallecido al medio.

El episodio se registró durante la noche del lunes en la capital cordobesa, cuando la madre de la menor llegó a una comisaría del barrio General Savio, con la niña en brazos y con muestras de serias dificultades respiratorias.

Según informó la Policía de Córdoba, los efectivos de la comisaría del barrio actuaron de inmediato al advertir el estado de la pequeña. Las maniobras de primeros auxilios aplicadas en el lugar lograron estabilizarla. La madre había indicado al personal que su hija presentaba problemas para respirar desde que había ingerido el objeto.

Una vez estabilizada, la niña fue trasladada de urgencia en un móvil policial hasta el Hospital Infantil de barrio Alta Córdoba, donde los profesionales médicos confirmaron un cuadro de atragantamiento. Tras recibir la atención del equipo médico, la menor fue dada de alta.

El rápido traslado al centro de salud permitió que la menor recibiera atención médica especializada a tiempo. No se brindaron datos adicionales sobre el estado de salud de la niña al momento del alta.

Un antecedente similar

En el barrio Nueva Italia, en la ciudad de Córdoba, una situación límite movilizó a las fuerzas de seguridad durante una mañana de febrero, luego de que un niño de 10 años recibiera auxilio de urgencia por parte de policías tras sufrir graves dificultades respiratorias.

Todo comenzó cuando una mujer se aproximó a un patrullero y pidió ayuda desesperada para su hijo, que tenía las vías respiratorias obstruidas. Según informaron fuentes del caso a Infobae, los agentes se presentaron de inmediato en el domicilio de José de Quevedo al 1900, donde verificaron la gravedad del cuadro: el menor estaba recostado, sin poder respirar, y necesitaba atención urgente.

Los uniformados aplicaron maniobras de primeros auxilios en el interior de la vivienda para intentar restablecer la función respiratoria del niño, mientras otros efectivos coordinaban los pasos a seguir ante la evolución del estado del menor.

Ante la magnitud de la emergencia, los agentes trasladaron al niño en un móvil policial hacia el Hospital Infantil. En el camino, sufrió una convulsión, lo que llevó a la sargento que lo acompañaba a practicar reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta llegar al centro de salud.

Fuentes del operativo precisaron a este medio que la actuación de la sargento Sosa resultó decisiva para estabilizar al paciente durante esos minutos de mayor riesgo, en los que cada segundo determinaba el desenlace.

El operativo contó también con la participación del personal del CAP ocho, que se incorporó a las labores de asistencia y contención. Ya en el hospital, el equipo médico retomó las maniobras necesarias y, tras estabilizar al niño, dispuso su internación para observación. Los profesionales confirmaron que el menor quedó fuera de peligro, aunque permanece bajo seguimiento para descartar cualquier complicación derivada del episodio.

Desde el entorno familiar se supo que la madre estuvo presente en todo momento junto a su hijo y a los efectivos, y expresó su agradecimiento por el despliegue y la respuesta inmediata. El episodio fue registrado en el sistema de emergencias y será analizado en el marco del programa Cordobeses en Alerta, un plan activo en varios barrios de la ciudad con foco en la prevención y la asistencia ante situaciones críticas, que busca articular la acción policial con la comunidad para reducir los tiempos de respuesta en emergencias.

El niño continúa internado en observación en el Hospital Infantil, mientras la policía y el personal médico subrayaron la relevancia de la reacción rápida y la capacitación en primeros auxilios para afrontar casos de esta naturaleza.

De acuerdo con testimonios, dos hombres se movilizaban en una moto y al acercarse al vehículo lanzaron una granada al platón. El atentado ocurrió en medio de la creciente tensión que vive el sur del Cauca, una región donde en los últimos meses se han intensificado las acciones violentas atribuidas a estructuras armadas ilegales que disputan el control territorial y las rutas del narcotráfico.

Según información preliminar, la patrulla se movilizaba por una de las vías del municipio cuando fue sorprendida por el lanzamiento del explosivo. El artefacto cayó y detonó segundos después, causando afectaciones tanto a los uniformados como a personas que se encontraban cerca del lugar.

Los dos heridos fueron trasladados rápidamente a centros asistenciales de la zona, donde reciben atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la gravedad exacta de las lesiones, aunque confirmaron que ambos permanecen bajo observación.

Este nuevo ataque revive la preocupación en el departamento, especialmente en municipios como El Patía, donde las comunidades han denunciado un incremento de hostigamientos, ataques con drones y de explosivos contra la Fuerza Pública durante el último año.

Cauca sigue siendo epicentro de la violencia armada

El departamento del Cauca atraviesa uno de los momentos más complejos en materia de seguridad. En diferentes corredores del territorio operan grupos armados ilegales, entre ellos disidencias de las antiguas Farc, que mantienen presencia en zonas rurales estratégicas y han incrementado los ataques con explosivos y los hostigamientos contra estaciones de Policía y unidades militares.

En El Patía, particularmente, las autoridades han advertido sobre el accionar del Frente Carlos Patiño, estructura señalada por múltiples atentados recientes en esta región del país.

Comerciantes y habitantes del municipio aseguran que los atentados afectan la movilidad, el comercio y la tranquilidad de quienes viven en esta zona estratégica de la vía Panamericana.

De hecho, El Bordo ha sido escenario recurrente de hechos violentos en los últimos años. En ocasiones anteriores se han registrado explosiones cerca de instalaciones policiales y ataques contra la Fuerza Pública que han dejado víctimas mortales y decenas de heridos.

Mientras avanzan las investigaciones para establecer quiénes serían los responsables del atentado ocurrido este fin de semana, unidades especiales de la Policía y del Ejército reforzaron la seguridad en el municipio y en varios corredores viales del sur del Cauca.

Autoridades investigan a los responsables del atentado

Tras el ataque, las autoridades iniciaron labores de inspección en la zona para recopilar pruebas y determinar la modalidad exacta utilizada por los responsables. Equipos antiexplosivos hicieron presencia en el lugar para verificar que no existieran otros artefactos abandonados cerca del sitio de la detonación.

Aunque hasta ahora no existe un pronunciamiento oficial sobre el grupo responsable, las hipótesis apuntan a estructuras armadas ilegales que delinquen en el sur del departamento y que han intensificado sus acciones contra la Fuerza Pública durante los últimos meses.

El atentado vuelve a poner sobre la mesa la compleja situación de seguridad que enfrenta el Cauca, uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado y las economías ilegales en Colombia. En esta región confluyen corredores estratégicos utilizados para el tráfico de drogas, armas y minería ilegal, factores que han convertido al territorio en escenario constante de enfrentamientos y ataques terroristas.

La comunidad de El Bordo, entretanto, pidió mayor presencia del Estado y medidas urgentes que permitan recuperar la tranquilidad. Líderes sociales y habitantes manifestaron su preocupación por el aumento de los hechos violentos y por el temor permanente con el que viven cientos de familias en esta parte del país.

La muerte de Érica Valdez, oficial de la Policía Bonaerense en Berisso, ha generado una serie de interrogantes y reclamos por parte de su familia, quienes niegan la versión oficial que adjudica el hecho a un suicidio. El caso, ocurrió el 9 de abril en un puesto de vigilancia cercano a la destilería de YPF sobre la avenida 60 y 128.

A más de un mes del fallecimiento de Valdez, que fue inicialmente caratulado como suicidio, los allegados de la víctima exigen que se investigue la posibilidad de un homicidio, por eso, piden un cambio de carátula en la causa y señalan inconsistencias en el manejo del caso

Según 0221, Valdez, de 34 años, recibió un disparo durante su turno de servicio. Tras el hecho, fue trasladada con vida al Hospital Larrain, donde fue sometida a una operación de urgencia, aunque falleció poco después. La investigación judicial se orientó en un principio hacia la hipótesis de un suicidio, pero los familiares de la oficial expresan severas dudas.

En palabras del hermano de Érica: “Mi hermana dijo ‘me dispararon’”. Según relató, una mujer que circulaba en bicicleta, se acercó a la herida y escuchó aquella contundente declaración. Esta afirmación, considerada clave por los allegados, contradice la versión oficial y refuerza el pedido de que la Justicia modifique la carátula de la causa.

La familia pide el cambio de carátula

Por redes sociales, la familia de Valdez volvió a rechazar la idea de que se haya suicidado y señalaron “diversas inconsistencias” que, según ellos, no cierran en la investigación. Uno de los puntos que más dudas les genera es la aparición de una carta que, según la policía, habría escrito Érica.

El hermano de Valdez contó que la foto de esa carta empezó a circular entre policías antes de que el lugar quedara cerrado para las pericias. “¿Cómo puede ser que ya tuvieran una foto de la carta si nadie tendría que haber entrado ahí?”, cuestionó el familiar.

Además, la familia aseguró que la primera persona que llegó a ayudar a Érica no vio ninguna carta en el lugar. Según los allegados, la carta recién apareció después, debajo de una campera sobre la mesa, por lo que creen que pudo haber sido puesta más tarde. Esto les hace pensar que hubo problemas para cuidar la escena y juntar las pruebas.

También denunciaron que hubo movimientos extraños en el puesto policial y sospechan que el área pudo haber estado liberada en el momento del hecho. El reclamo de los allegados de Valdez incluye también la denuncia de demoras en las pericias clave para la causa. Según información de 0221, la prueba de pólvora recién tendría fecha prevista para junio, casi dos meses después de la muerte, mientras que la apertura de los teléfonos secuestrados fue fijada para noviembre.

En declaraciones recogidas por Berisso Ciudad, los allegados reclamaron que la causa “no siga siendo investigada como suicidio” y solicitaron que se esclarezcan completamente las circunstancias en las que falleció la oficial. Mientras tanto, la investigación ha puesto el foco en las pericias forenses, los análisis balísticos y la revisión de las cámaras de seguridad del municipio y de la planta de YPF.

La familia de Valdez encabezó marchas en Berisso para reclamar justicia, mientras referentes sindicales y agrupaciones sociales acompañaron el pedido de esclarecimiento. “Con un dolor inmenso les comentar que estamos emzando hacer un poco de ruido para que la gente se vaya enterando que le sacaron la vida a la persona equivocada. Su familia no se va a quedar quieta hasta que el culpable pague por lo que hizo”, publicó la familia.

Más de S/ 8.3 millones en maquinaria, combustible y materiales usados para la minería ilegal fueron incautados y destruidos en Madre de Dios durante seis días de intensas operaciones, según informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Esta acción, realizada en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, busca frenar el avance de la minería ilegal en una de las regiones más afectadas de la Amazonía.

Las autoridades detallaron que los operativos permitieron decomisar excavadoras, balsas, motores y campamentos rústicos, todos utilizados para extraer oro de manera ilícita. El valor de los bienes destruidos y confiscados asciende a S/ 8’379,726.00, lo que representa un duro golpe a la logística de las organizaciones criminales dedicadas a esta actividad. Los trabajos se centraron en los sectores de Aguas Negras, Balata, Barrio Chico y El Platanal, donde la minería ilegal se ha expandido en los últimos años.

Con estas intervenciones, las fuerzas del orden buscan debilitar la capacidad operativa de los grupos ilegales y proteger áreas de alto valor ecológico en Madre de Dios. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas indicó que la destrucción de maquinaria y equipos es una medida clave para impedir que los mineros ilegales sigan explotando la selva y dañando sus ecosistemas.

Golpe a la minería ilegal en Madre de Dios

El despliegue de operativos helitransportados fue fundamental para llegar a zonas de difícil acceso donde la minería ilegal ha consolidado sus operaciones. Helicópteros del Comando Operacional del Sur permitieron que los efectivos ingresaran a Aguas Negras, Balata, Barrio Chico y El Platanal, puntos estratégicos donde abundan los campamentos clandestinos y la maquinaria pesada.

En cada intervención, las autoridades destruyeron equipos y estructuras ilegales bajo la supervisión de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. De esta manera, se aseguró que los procedimientos cumplieran con las normas legales y ambientales. Los operativos también incluyeron el decomiso de combustible y la desactivación de balsas empleadas para la extracción de oro en los ríos.

Según los reportes oficiales, estas acciones afectan directamente la logística de los mineros ilegales, ya que la reposición de maquinaria y materiales representa un alto costo y limita su capacidad de continuar operando en la zona. Sin embargo, las autoridades subrayan que se requiere una vigilancia constante para evitar que estas redes vuelvan a instalarse en los mismos lugares.

Minería ilegal deja grave huella ecológica y amenaza la biodiversidad en Tambopata

Paralelamente a los operativos, un informe de Conservación Amazónica - ACCA reveló que la minería ilegal ha destruido más de 500 hectáreas de la Reserva Nacional Tambopata en pocos meses. El reporte, basado en imágenes satelitales y difundido en el MAAP #241, señala que solo en 2025 se deforestaron más de 400 hectáreas, superando los niveles más altos registrados en años anteriores.

El monitoreo identificó 183 infraestructuras mineras activas, 67 campamentos ilegales y 5 núcleos de operación dentro de la reserva, especialmente en la zona norte y cerca del río Malinowski. Se estima que unas 1.000 personas participan actualmente en actividades ilegales dentro de Tambopata, lo que demuestra la magnitud del problema.

El informe destaca que la minería ilegal avanza incluso cerca de los puestos de vigilancia estatales, como Otorongo, Azul y Yarinal. Esto evidencia que la sola presencia de personal no es suficiente para detener la expansión de los mineros ilegales. Sidney Novoa, de Conservación Amazónica - ACCA, advirtió que la cercanía de los campamentos ilegales incrementa el riesgo para los guardaparques y dificulta la protección efectiva del territorio.

La presión sobre la Reserva Nacional Tambopata no solo afecta los bosques y ríos, sino que también pone en peligro la seguridad de quienes defienden el ecosistema. Las autoridades y organizaciones ambientales coinciden en que la lucha contra la minería ilegal requiere acciones sostenidas, mayor presupuesto y el fortalecimiento de la fiscalización para evitar que la Amazonía peruana siga perdiendo áreas valiosas a manos de actividades ilícitas.

El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe solicitó penas de hasta 14 años de prisión para altos mandos policiales y civiles implicados en un esquema de fraude con fondos para combustible en la Unidad Regional II de Rosario. La acusación involucra a 19 integrantes de la fuerza policial y dos particulares, en una maniobra que habría desviado recursos públicos mediante facturación irregular y retornos ilegales.

La investigación, impulsada por el fiscal José Luis Caterina, apunta especialmente al ex jefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, para quien se solicitó una condena de 12 años de prisión, y a su ex secretario privado, Rodrigo Domínguez, con un pedido de 14 años. Según la acusación, ambos encabezaron una asociación ilícita que operó entre mayo de 2023 y mayo de 2025, utilizando su posición jerárquica para articular un sistema de sobrefacturación y facturación fantasma en la carga de combustible oficial. El fiscal también pidió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para todos los acusados, como pena accesoria por el delito de peculado.

De acuerdo con Rosario3, la causa está en la última etapa preparatoria y llegó a la audiencia preliminar. En este documento, la fiscalía describe cómo la estructura vertical de la organización criminal partía desde Acosta y Domínguez, quienes designaron a jefes de secciones y encargados de carga responsables de la facturación fraudulenta. Además, la participación de una civil, Mónica Bianconi con una solicitud de 8 años de prisión, titular de la estación de servicios Gas Auto Tiferno, facilitó la operatoria.

En el plano jerárquico, ocho ex altos mandos permanecen detenidos bajo prisión preventiva. Entre ellos, además de Acosta y Domínguez, figuran Diego Santamaría (ex jefe del Comando Radioeléctrico), Héctor Saucedo (ex jefe de la Brigada Motorizada), Juan Alberto Villordo (ex numerario de Motorizada), Diego Luna (ex integrante del Cuerpo de Guardia de Infantería), Roberto Blanco (ex integrante de la Sección Logística) y Juan Manuel Herrera (subjefe de Motorizada). Las penas solicitadas para ellos oscilan entre 5 y 7 años de prisión, según el rol atribuido en la organización.

En la lista de imputados también se encuentran: Adrián Bahl (ex Escuadrón Caballería y Sección Perros), Fabián Becerra (ex Grupo Táctica Multipropósito), Roberto Blanco (ex Sección Logística), Nicolás Cuesta (ex jefe de Adicionales), Diego Luna (ex Cuerpo de Guardia de Infantería CGI), Edgardo Roldán (ex inspector de Zona VI), Roberto Sandoval (ex interventor de Medicina Legal), Héctor Saucedo (ex Motorizada), Diego Santamaría (ex Comando Radioeléctrico), Juan Alberto Villordo (ex numerario de Motorizada), Juan Manuel Herrera (subjefe de Motorizada) y Fabián Fantín (Escuadrón Caballería y Sección Perros).

El proceso penal se acerca a su etapa de juicio, mientras ocho de los acusados permanecen detenidos y otros esperan la resolución de sus situaciones procesales. El caso impactó de lleno en la estructura de la policía de Rosario y expuso falencias en los sistemas de control interno de la fuerza.

Las pruebas claves

La evidencia reunida incluye informes de GPS que demostraron cargas de combustible en móviles policiales que permanecían inmóviles o fuera de servicio, registros fotográficos de efectivos retirando sobres con dinero en la estación Tiferno, el secuestro de 25 millones de pesos y neumáticos hallados en el domicilio de Domínguez, y más de 300 tarjetas Visa Flota junto con un posnet de la estación en la vivienda de otro de los acusados, Juan Villordo. Además, la declaración de un policía como imputado colaborador permitió reconstruir parte del mecanismo.

La acusación reconstruye que Daniel Acosta habría comenzado a diseñar el esquema antes de asumir el cargo, ubicando en puestos clave a personas de su confianza. Desde la jefatura, Acosta autorizaba cargas extraordinarias de combustible bajo el argumento de la emergencia en seguridad y la necesidad de incrementar patrullajes, pero la fiscalía sostiene que buena parte de esos fondos no se destinaban al uso previsto. Además, se habría implementado un sistema informal de “multas” y presiones para garantizar que cada sección entregara retornos de dinero.

Respecto de Rodrigo Domínguez, la fiscalía lo describe como el organizador operativo, encargado de disciplinar a los mandos medios y reclamar pagos ilegítimos. Según la acusación, ejercía un control sostenido sobre la recaudación ilegal y llegó a exigir entregas de dinero incluso mientras vacacionaba junto a Acosta en Brasil. El escrito sostiene que Domínguez acumuló un enriquecimiento considerable mediante esta maniobra, y que desplegó un esquema de coerción interna para mantener la lealtad de los involucrados.

La estación Gas Auto Tiferno aparece como pieza central en la operatoria. Las pruebas incluyen cargas diarias en móviles fuera de servicio, y la detección de vehículos que figuraban como abastecidos pese a estar incendiados o fuera de circulación. Según Rosario3, los acuerdos espurios con la firma Tiferno permitieron canalizar los retornos y concretar la defraudación al Estado provincial.

La inseguridad en la ciudad, y peor en las afueras, parecía fuera de control. En la época de la Buenos Aires poscolonial había que vigilar una zona que iba de la costa del río hasta lo que hoy es Entre Ríos —Callao y desde Retiro hasta la calle Brasil—. Unas cuatrocientas manzanas, muchas de ellas escasamente pobladas, con ranchos y descampados.

Las calles eran propicias para el delito ya que no estaban iluminadas. Se había dispuesto que entre las 8 y las 12 de la noche se usasen candilejas o mechas colocadas en tarros alimentados con aceite o grasa de potro, especialmente en las noches sin luna. Esa tenue luz que apenas alumbraba fue celebrada por la gente. Algo es algo.

A esta ola delictiva en la ciudad se sumaban los malones indígenas en la campaña. Se resolvió crear una compañía de cien hombres a la que se le dio el nombre de “Blandengues veteranos del cuerpo de hacendados”, y se les pagaría con un fondo que surgiría del impuesto de 2 reales por cada cabeza de ganado que se vendiera.

La inseguridad no era un tema nuevo. Ya en 1811 el Primer Triunvirato, conformado por Feliciano Chiclana, Manuel de Sarratea y Juan José Paso, había dispuesto que quien perpetrase un robo calificado con violencia, escalamiento o falseando puertas de cualquier modo y por cualquier cantidad que fuese, fuera condenado a la horca. Esto es, pena de muerte a quien entraba a robar a una casa. Y si no calificaban los agravantes pero lo robado llegaba a los 100 pesos, también al culpable le correspondía la horca. En el resto de los casos se les aplicaba diez años de cárcel y trabajo en obra pública. Esta medida abarcaba los delitos cometidos hasta 12 leguas a la redonda.

“De resultas de los muchos ladrones y robos que se están experimentando en esta ciudad, con tanto escándalo, que no está seguro ningún vecino en su casa, pues en partidas de veinte o más hombres armados de armas de fuego se entran en las casas valiéndose del nombre de la justicia atropellan a sus dueños y los roban”, escribió en sus memorias Juan Manuel Beruti.

Desde la Revolución de Mayo la ciudad estaba dividida en 33 cuarteles. Estaban los alcaldes de barrio, vecinos nombrados por el Cabildo que atendían cuestiones relacionadas a la población. Estos funcionarios, a partir de 1812, pasaron a estar a las órdenes del intendente de policía.

El Gobierno dispuso que los procesos judiciales, entre la acusación y la condena, no se excediesen de los diez días. Se buscaba sustanciar sumariamente los delitos y “en el menor término posible juzgar, sentenciar y ejecutar, sin demora y de un modo que sea capaz de contener y escarmentar a los fascinerosos”.

El Segundo Triunvirato creó una Comisión de Justicia que sería disuelta meses después. En 1812 Juan Larrea, Hipólito Vieytes y José Moldes elaboraron el Reglamento Provisional de Policía, sancionado en diciembre de ese año. Se creó la figura del intendente general de policía. Entre otras cuestiones, velaban por la seguridad, supervisaban las obras de teatro y controlaban a las comunidades de negros, especialmente cuando hacían sus festejos.

Este cuerpo estaba integrado por tres comisarios —figura de reciente surgimiento— los alcaldes y una fuerza uniformada y armada llamada “partida celadora”, compuesta por cien hombres, para el cuidado de la ciudad y sus alrededores. A estos celadores se los proveía de armas y de caballos y debían responder por ellos.

Todos se quejaban de que no existían “la tranquilidad y el orden público en la escandalosa multitud de robos y asesinatos que a todas horas y diariamente se cometen en esta ciudad y sus extramuros”. El combate del delito ya era una prioridad.

Las quejas apuntaban a que el crecimiento de la ciudad no era acompañado por las medidas de seguridad adecuadas. Se insistía en la necesidad de prevenir, más que castigar. Como si el tiempo no hubiera pasado, ya entonces se solicitaba que hubiera recorridos nocturnos por las calles.

La sorpresa aconteció el 5 de febrero de 1821, cuando las autoridades ingresaron al Cabildo y hallaron rotos los candados que aseguraban la caja de caudales. Habían robado el oro sellado, aunque dejaron la plata. Sustrajeron en total 3247 pesos, tres cuartillas de real y un escudo de oro destinado para el primer vacunador. Al día siguiente hubo una reunión en la casa del gobernador por la inseguridad, donde los hacendados dieron rienda suelta a la montaña de reclamos y reproches hacia la autoridad que no hacía nada para combatirla.

En 1822 había tres comisarios. Uno de ellos era el comerciante Miguel Antonio Sáenz, hermano del presbítero rector de la Universidad de Buenos Aires. Se encargaba de la tesorería, mientras que Francisco Doblas se ocupaba de la vigilancia en la vía pública y del control de las carretas.

Bernardino Rivadavia había jurado como ministro de Gobierno del gobernador Martín Rodríguez el 19 de julio de 1821. Llevó adelante diversas reformas, y en el área de seguridad propuso distintas medidas, como la construcción de dos cárceles para la ciudad. Ya entonces el diario El Centinela denunciaba que la cárcel no debía ser un depósito de delincuentes “sino de hombres prevenidos de crimen, pero cuya criminalidad aún no está averiguada”.

Luego de evaluar en forma negativa el desempeño de la policía hasta entonces, instruyó a Joaquín de Achával llevar adelante la tarea de lucha contra el delito.

Achával había nacido el 13 de febrero de 1795 en Sucre, Bolivia. Reconocido comerciante, en 1819 había sido nombrado Regidor en el Cabildo, cargo en el que fue reelecto el 1 de enero de 1821. El 15 de mayo sería nombrado primer jefe de policía, con un sueldo de dos mil pesos al año. Rivadavia le encomendó dividir la ciudad en cuatro departamentos o secciones y ponerse a trabajar.

La tarea que tenía por delante era inmensa. Debía controlar a la población, mantener el orden y la circulación urbana. Para desarrollar la actividad, Achával nombró comisarios a Miguel Antonio Sáenz, Prudencio Sagari, Agustín Herrera y Modesto Sánchez. Debían vigilar ocho cuarteles. Al año siguiente se incorporó la figura del médico de policía. El primero fue el francés Jean André Durand, que había sido cirujano en el Ejército napoleónico y que en la universidad que se acaba de fundar era profesor de Obstetricia. Se dedicaban a tareas forenses y, por ejemplo, a las campañas de vacunación. También se establecieron los comisarios segundos y los celadores. En total había seis comisarios en la ciudad y ocho en la campaña.

Reactivó el cuerpo de celadores, que entre otras funciones cuidaban a los presos que eran llevados a trabajar en la obra pública, y la figura del sereno, que recorría las calles por las noches, actividad que antes la hacían los propios vecinos preocupados por la inseguridad.

En el decreto del 31 de mayo de 1822 se obligaba a todo habitante a cooperar para evitar un delito y para aprehender a quien lo cometiera. Si se comprobaba que alguien no había colaborado sufría un arresto de 24 horas y si se demostraba su renuencia se lo ponía a disposición de la justicia ordinaria donde era juzgado de acuerdo con el delito cometido.

Faltaba lo más importante, conseguir una sede adecuada. Gracias a la reforma eclesiástica aplicada por Rivadavia, muchos edificios pertenecientes al clero pasaron al Estado. En marzo de 1823 se decidió que la casa central de policía se estableciera en el Antiguo Seminario Conciliar, un edificio muy venido a menos que desde 1774 funcionaba frente a la Plaza de la Victoria, junto al Cabildo. Al lado estaba la casa del francés Pedro Duval, un traficante de esclavos. En esa casa vivió un tiempo José de San Martín.

A partir de 1856 comenzaron a funcionar en despachos del primer piso de la sede policial oficinas de la municipalidad. El edificio que ocupaba parte del solar donde se levanta el Palacio Municipal fue demolido para abrir la Avenida de Mayo.

Fue el propio Achával quien redactó un reglamento de 33 puntos que la policía debía cumplir. Le correspondía el reclutamiento de vagos para el Ejército o para emplearlos en la obra pública. Velaba por el aseo y la construcción de edificios, perseguía los juegos prohibidos y hacía cumplir la disposición que impedía llevar cuchillo u otra arma en los días festivos. También que se cumpliese el abasto de carne y de pan y, en la campaña, cuidaba de evitar excesos en la caza de nutrias, perdices y avestruces.

A medida que Achával avanzaba en su tarea, se puso en marcha una maquinaria administrativa que generaba documentos y papelería. Decidió diseñar un logo para la institución. Eligió incorporar el dibujo de un gallo como símbolo de vigilancia y de estar alerta y mandó acuñar un sello de bronce.

Cuando alguien preguntaba por una persona y le respondían que estaba en “el hotel del gallo”, se sobreentendía que estaba preso.

En 1823 Achával fue reemplazado por José María Somalo. Tres años después aparecerían los primeros edificios para las comisarías. A pesar de los programas, medidas y anuncios de todos los gobiernos, la inseguridad permanece como una cuestión sin resolver, como cuando las oscuras calles se alumbraban con grasa de potro.

Costa Rica está conmocionada tras la muerte del oficial de la Fuerza Pública, Gerson Rosales Cascante, quien perdió la vida luego de un violento enfrentamiento armado con presuntos sicarios en Batán de Matina, provincia de Limón. El caso, que ha provocado una ola de reacciones políticas y sociales, volvió a encender las alarmas por el crecimiento del crimen organizado en la costa caribeña del país.

Rosales Cascante, de 28 años y con casi nueve años de servicio en la Fuerza Pública, recibió impactos de bala durante un operativo policial desarrollado la tarde del miércoles. Aunque fue trasladado de emergencia y luchó varias horas por sobrevivir, finalmente falleció en el Hospital Calderón Guardia.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el ataque estaría relacionado con recientes operativos policiales contra estructuras narco que operan en Batán y zonas cercanas. Según el director interino del OIJ, Michael Soto, los sospechosos habrían actuado como represalia por decomisos de droga y acciones policiales ejecutadas contra grupos vinculados al líder criminal conocido como alias “Tan”, uno de los hombres más buscados del país.

De acuerdo con las autoridades, cuatro hombres a bordo de motocicletas interceptaron a los oficiales y abrieron fuego en plena vía pública. Tras el atentado, los sospechosos escaparon hacia el barrio Davao, donde posteriormente se realizaron allanamientos que permitieron la captura de al menos dos hombres y el decomiso de armas, motocicletas, cascos y ropa presuntamente utilizada durante el crimen.

El asesinato del joven policía provocó una inmediata reacción del Gobierno. El ministro de Seguridad, Gerald Campos, aseguró que las organizaciones criminales “cruzaron una línea que no debieron cruzar” y prometió responder “con todo el peso de la ley”. El jerarca afirmó que las distintas fuerzas policiales del país permanecerán unidas para enfrentar la violencia que golpea especialmente a Limón.

Mientras el país seguía de cerca el avance de la investigación, la presidenta Laura Fernández se trasladó este jueves para acompañar a la familia del oficial fallecido y expresar personalmente sus condolencias. La visita de la mandataria fue difundida por medios nacionales y redes sociales, donde se le observó compartiendo con familiares y allegados del policía asesinado en medio de un ambiente marcado por el dolor y la indignación.

La muerte de Rosales también generó mensajes de solidaridad desde distintos sectores. El Organismo de Investigación Judicial aseguró que el fallecimiento “se siente como propio”, mientras que compañeros del oficial describieron al joven policía como un agente comprometido y respetado dentro de la institución.

Además de su carrera policial, Gerson Rosales era conocido en círculos deportivos por su participación en balonmano, disciplina en la que también dejó huella. La noticia de su asesinato motivó pronunciamientos de organizaciones deportivas y allegados, quienes lamentaron la pérdida de un joven descrito como disciplinado, servicial y apasionado por el deporte.

El caso ocurre en un momento especialmente delicado para Costa Rica, donde las cifras de homicidios y ataques vinculados al narcotráfico han aumentado en los últimos años. Limón, particularmente, se ha convertido en uno de los principales focos de violencia criminal debido a disputas territoriales entre bandas ligadas al tráfico de drogas.

Las autoridades judiciales continúan trabajando para determinar la participación exacta de cada sospechoso y establecer si detrás del ataque existe una orden directa de estructuras criminales asentadas en la zona atlántica.

Entretanto, la imagen de un joven oficial asesinado en cumplimiento de su deber volvió a abrir el debate nacional sobre la seguridad, la protección de los cuerpos policiales y el avance del crimen organizado en el país.

El siniestro se desató poco antes de las 22:00 horas, en un apartamento de Cranberry Way, en el barrio de Hixson, según confirmó el Departamento de Policía local.

Mientras los bomberos aún no habían llegado al lugar, el oficial Rogers actuó con rapidez, una acción que permitió salvar la vida de la familia y que, como detalló Fox News, fue capturada en video por la cámara corporal del policía.

La intervención decisiva del oficial Rogers

Al arribar al sitio, Rogers encontró la vivienda de dos pisos envuelta en llamas que ya se extendían por la puerta principal, la fachada y las paredes interiores del apartamento de la segunda planta, alcanzando también el ático.

Las imágenes difundidas por la policía muestran que el agente no dudó en ingresar al edificio, tras ser alertado por los vecinos sobre la presencia de personas atrapadas en el interior.

Rogers avanzó entre el humo y el fuego hasta la segunda planta, donde tomó en brazos a Marlowe, de 4 años, y descendió con ella. Detrás de él, la madre, Rachel Blaylock, y su hijo Charles, de 10 años, lograron bajar por las escaleras.

Blaylock declaró a medios locales que no dejaba de pensar cómo podría haber bajado a dos niños por las escaleras, y que Rogers simplemente tomó a Marlowe y ya estaba listo para volver a entrar. Ella intentaba decirle que no quedaba nadie adentro, pero el agente ya estaba regresando.

Pese a no contar con entrenamiento en extinción de incendios, Rogers regresó con un extintor para contener las llamas en la entrada, según detalló la Policía de Chattanooga en una publicación en Facebook.

Ninguna de las personas rescatadas sufrió lesiones, de acuerdo con la policía local. El Departamento de Bomberos de Chattanooga confirmó que el incendio fue controlado en un plazo de 20 minutos.

Consecuencias para la familia y repercusión comunitaria

La intervención del agente permitió salvar la vida de la familia Blaylock, aunque la vivienda fue completamente destruida. Según un recuento de Fox News, la familia perdió todas sus pertenencias como consecuencia de las llamas, incluidas prendas, muebles y recuerdos familiares.

Tras la emergencia, se organizó una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe, mientras la Cruz Roja brinda alojamiento temporal y ayuda básica.

La madre relató la magnitud de las pérdidas y la incertidumbre posterior al incendio; la familia depende ahora de la solidaridad de la comunidad y de la asistencia de organizaciones humanitarias.

La colecta lanzada en GoFundMe sigue activa, y la historia sensibilizó tanto a vecinos como a desconocidos, que respondieron con donaciones y mensajes de apoyo.

Reconocimiento y difusión del caso

La actuación del agente Rogers recibió reconocimiento público por parte de la Policía de Chattanooga, que difundió el video del rescate en sus redes sociales y subrayó que, aunque sus agentes no reciben formación específica en combate de incendios, el compromiso de “servir y proteger” guió la intervención.

La publicación fue ampliamente compartida y generó comentarios de apoyo y agradecimiento de la comunidad local, que destacó la valentía del oficial.

A pesar de la devastación material, la familia Blaylock se encuentra a salvo y recibió muestras de solidaridad de toda la ciudad, mientras la campaña de recaudación continúa abierta a la espera de reunir los fondos necesarios para iniciar una nueva etapa.

De acuerdo con la información proporcionada por Latina, la evasión ocurrió cerca de las 23 horas. El sujeto trepó uno de los muros del recinto de la PNP y, tras superar los controles internos, accedió a una vivienda adyacente. Finalmente, el individuo se dirigió hacia la vía pública y desapareció sin dejar rastro.

El delincuente era investigado por encabezar una red que administraba locales clandestinos. En estos lugares, personas en estado de ebriedad, captadas en las inmediaciones de discotecas y bares de Huancayo, eran conducidas con engaños. Además, la organización mantenía vínculos con falsos taxistas y mujeres conocidas como “peperas”, quienes utilizaban sustancias para dopar a las víctimas antes de robarles teléfonos móviles, dinero y vaciar sus cuentas bancarias, según el medio.

Las investigaciones han revelado un patrón delictivo en el que ciudadanos que asistían a centros nocturnos resultaban especialmente vulnerables. Testimonios recogidos por la policía señalan que, tras el consumo de bebidas adulteradas o la exposición a drogas, las víctimas perdían el control de sus facultades. En ese estado, los delincuentes sustraían sus pertenencias y documentos de identidad.

Uno de los casos más graves asociados a esta red fue el de Luis García Hidalgo, un joven que permaneció desaparecido durante tres días y que posteriormente fue hallado sin vida. Los investigadores sostienen que habría sido dopado y despojado de todas sus pertenencias. La madre del joven, visiblemente afectada, expresó su indignación por la fuga del supuesto cabecilla, reclamando justicia y exigiendo acciones concretas a las autoridades responsables.

La fuga de Manrique Maraví ha generado alarma en la ciudadanía y cuestionamientos sobre la responsabilidad de los encargados de la custodia en la comisaría de Sicaya. Un agente policial ha sido intervenido bajo sospecha de haber facilitado la evasión del detenido. Los organismos de seguridad intensifican la búsqueda y han solicitado apoyo a la población para ubicar al prófugo. Asimismo, se investigan posibles deficiencias en la seguridad del calabozo y si hubo más complices.

El Ministerio Público y las divisiones especializadas de la Policía Nacional han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar si la huida de Manrique Maraví contó con ayuda interna y deslindar responsabilidades entre el personal policial. La indagación busca esclarecer el nivel de implicancia de los efectivos en estos hechos y fortalecer los mecanismos de control en las dependencias policiales.

La detención inicial de los miembros de Los Lechuceros del Centro fue resultado de un operativo que contempló 38 allanamientos simultáneos en Huancayo, El Tambo, Jauja, Concepción, Chilca y Huancavelica. Durante la intervención, que concluyó con 12 arrestos, las fuerzas del orden incautaron teléfonos móviles, sumas de dinero en efectivo, equipos de cobro POS, documentos personales y sustancias psicotrópicas empleadas para someter a las víctimas, de acuerdo con RPP.

La Sección 10.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona ha ordenado al juzgado de instrucción investigar el uso del gas pimienta por parte de los Mossos D’Esquadra contra manifestantes sentados en el suelo el pasado 15 de octubre en el marco de las protestas que se llevaron a cabo en diferentes ciudades por “el genocidio contra el pueblo palestino”.

“Hay indicios de que los querellantes sufrieron lesiones como consecuencia de la actuación policial y, a priori, esta podría entenderse como desproporcionada a la vista del carácter pacífico de la protesta, lo que hacía innecesario o lesivo el método empleado para acabar con ella y dispersar a los manifestantes”, concluye la resolución a la que ha tenido acceso Infobae.

Esto hace que la querella presentada por varias personas afectadas, con el apoyo de la plataforma Stop Gas Pimienta, debe ser aceptada y tramitada, lo que obliga a abrir diligencias de investigación y tomar declaración a los afectados. Esta nueva decisión corrige la postura del Juzgado de Instrucción núm. 6, que mediante un auto de 18 de diciembre, rechazó la tramitación de la querella presentada solo 48 horas antes.

“No se aprecia en las imágenes acto de violencia alguno”

La Sala considera que la jueza instructora archivó prematuramente la causa al entender que la actuación policial se ajustó a los “márgenes normales y habituales de control del orden público” y que no existían indicios suficientes contra agentes concretos. Sin embargo, los magistrados discrepan de esa valoración tras analizar vídeos, fotografías e informes médicos aportados por los denunciantes.

Según el auto, las imágenes muestran que la protesta era “esencialmente pacífica” y que “no se aprecia en las imágenes acto de violencia alguno contra los agentes sino la mera protesta por ser desalojados”, añadiendo que los concentrados “estaban situados en un punto muy concreto y no causaban una especial perturbación”.

La resolución desmonta además uno de los argumentos centrales del archivo inicial, la supuesta afectación grave al tráfico y al acceso a la estación. La Audiencia sostiene que “no se aprecia en las imágenes contenidas en los vídeos acompañados un especial taponamiento o embotellamiento” y que tampoco se interrumpía “el paso de los usuarios de la estación”.

Lesiones compatibles con el uso de gas pimienta

El foco principal está puesto en el uso de spray OC, conocido como gas pimienta, por parte de los antidisturbios. Los jueces consideran acreditado, al menos de forma inicial, que varios manifestantes sufrieron lesiones compatibles con la utilización de ese agente irritante. El auto recoge que algunos afectados presentaban “erupciones cutáneas, eritemas conjuntivales y afectaciones oculares y respiratorias en general, e incluso vómitos”, habiéndose prescrito en algunos casos “corticoide y antihistamínico”.

Para la Sala, existe “un primer indicio de la relación de causalidad entre la acción atribuida a los agentes y la lesión padecida”, por lo que resulta necesaria una investigación más exhaustiva, incluyendo declaraciones de lesionados y periciales forenses.

La Audiencia también cuestiona que la instructora descartara de entrada cualquier ilicitud penal al asumir como válida una posible causa de justificación policial. Los magistrados sostienen que la jueza “ha anticipado la causa de justificación de obrar en cumplimiento de un deber por parte de aquellos para negar la tipicidad de los hechos”, cuando esa cuestión debe analizarse en una fase posterior del procedimiento.

Otro elemento clave de la resolución es la identificación de los agentes implicados. Aunque el juzgado argumentó que la querella era genérica, la Sala afirma que “el vídeo nº 2 aportado como documento nº 6 permite identificar con claridad que fueron dos los agentes provistos con sprays que los utilizaron contra los congregados para disipar la protesta”.

Las doctrinas para investigar lo malos tratos policiales

La Audiencia recuerda además la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la obligación reforzada de investigar denuncias por posibles malos tratos policiales. En ese sentido, señala que existe “un especial mandato de desarrollar una exhaustiva investigación” cuando puedan haberse producido conductas contrarias al artículo 15 de la Constitución, incluso “en meras labores de orden público sin dar lugar a una detención”.

No obstante, el tribunal descarta parte de los delitos planteados en la querella. Rechaza considerar los hechos como un delito contra los derechos de los trabajadores al entender que la protesta no tenía carácter laboral, sino “político, social o humanitario”. También descarta la vulneración del derecho a la información respecto a una periodista presente en la protesta, al no quedar acreditada formalmente su condición profesional y existir abundantes grabaciones de lo ocurrido.

Finalmente, la Sala concluye que “existen indicios de que los querellantes sufrieron lesiones como consecuencia de la actuación policial” y que esta “podría entenderse desproporcionada a la vista del carácter pacífico de la protesta”.

La resolución, firmada por los magistrados José Antonio Lagares Morillo, Mónica Aguilar Romo y Vanesa Riva Anies, acuerda la admisión a trámite de la querella y ordena practicar las diligencias “pertinentes y útiles” para determinar la posible responsabilidad de los agentes implicados. Contra el auto no cabe recurso.

Un hombre fue abatido el domingo por la policía en Northampton, Long Island, tras un episodio de violencia doméstica ocurrido alrededor de las 14:40 en una vivienda de 89 Topping Drive. El incidente coincidió con el Día de la Madre en Estados Unidos, una fecha significativa en el calendario local.

La intervención policial respondió a una llamada de emergencia por una situación doméstica violenta que, según vecinos, requirió la presencia de patrullas en dos ocasiones durante el mismo día debido a la escalada de la crisis familiar.

Cuando los agentes ingresaron a la casa, el sospechoso, identificado como el hijo de la víctima, tenía un arma blanca en la mano y fue abatido en el lugar. Fuentes policiales y abc7 confirmaron que la mujer herida tiene 62 años y permanece hospitalizada tras haber sido apuñalada. El traslado se realizó en helicóptero debido a la gravedad de sus lesiones.

Vecinos relataron que la mujer, que se moviliza en silla de ruedas, era madre de trillizos y había atravesado años de abuso doméstico, además de haber quedado a cargo de la familia tras el fallecimiento de su esposo.

Al menos dos de sus hijos presentan antecedentes de enfermedad mental, según testimonios recogidos por abc7.

La magnitud de la intervención quedó reflejada en la llegada de múltiples patrullas de distintos distritos, incluyendo Southampton, Quogue, Westhampton, Riverhead y Northampton. Parte del vecindario fue cerrado al tránsito durante el operativo.

Investigación oficial y cifras de homicidios familiares

El caso está bajo investigación de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía del Condado de Suffolk y la Oficina de Investigación Especial de la Fiscalía General del Estado de Nueva York, conforme al protocolo vigente cuando la actuación policial resulta en la muerte de un civil.

Tres oficiales resultaron heridos con lesiones leves y recibieron el alta médica tras ser atendidos. Las autoridades aseguraron que no existe peligro para la comunidad.

De acuerdo con datos del Departamento de Servicios de Justicia Criminal del Estado de Nueva York, en 2022 se reportaron 128 homicidios en contextos familiares, lo que representa aproximadamente el 16% del total de asesinatos en el estado.

Dentro de esa categoría, cerca de la mitad de las víctimas fueron asesinadas por familiares que no eran la pareja, lo que incluye a padres, hijos y hermanos. Si bien los informes no especifican cuántos de estos casos corresponden a matricidios, fuentes judiciales y policiales reconocen que se trata de episodios de fuerte impacto social y comunitario.

Tendencias de violencia doméstica y riesgos en fechas conmemorativas

En el ámbito familiar, las armas blancas son el método más utilizado en homicidios dentro del hogar en Nueva York, especialmente fuera del área metropolitana.

Casos recientes de matricidio tuvieron repercusión en la prensa local, como la condena a cadena perpetua de Jared Eng por el asesinato de su madre en Manhattan en 2019, o el fallo contra Ariela Thran en 2024 por el homicidio de su madre en Oswego County, según reportes de la fiscalía y medios locales.

Las organizaciones de víctimas remarcan que el Día de la Madre puede ser un disparador de incidentes graves en hogares donde existen conflictos latentes o relaciones abusivas.

El hecho en Northampton, investigado por la Unidad de Homicidios y la Fiscalía General, vuelve a poner en primer plano los desafíos persistentes en la prevención de la violencia doméstica y la atención integral a las víctimas en el estado de Nueva York.

En las imágenes que circulan a través de las redes sociales se aprecia el momento en el que el agente logró frenar a un seguidor que protestaba, en medio de la frustración por la posible eliminación del club de la Copa Libertadores. Sin embargo, el uniformado logró detenerlo para evitar que protagonizara mayores desmanes o un ataque directo en contra de los jugadores que aún se encontraban en la cancha.

Los aficionados del Junior no solo viralizaron la hazaña a través de las redes sociales, sino que hicieron un pedido enfático: que el miembro de la Policía Nacional sea fichado como defensa.

La solicitud nació tras la derrota del equipo nacional durante el encuentro que se disputó en Cartagena y refleja el descontento de los hinchas ante las dificultades del equipo, sugiriendo que la contundencia mostrada por el uniformado en la cancha es lo que el Tiburón necesita para salir de su mala racha.

La intervención policial, que recordó a las jugadas más interesantes del deporte, convirtió el hecho en tema de conversación y bromas en las redes sociales, pues el hecho pasó desapercibido en medio de la tristeza de los hinchas tras el final del encuentro, que dejó a Cerro Porteño como ganador con un resultado de 1-0 con un gol de Pablo Vegetti.

Así, la creatividad de los aficionados inundó las plataformas digitales horas después del encuentro, con una mezcla entre quejas y humor al sugerir que la directiva debería incorporar al agente como parte del equipo barranquillero. Esta propuesta se ha compartido ampliamente, dando pie a memes y comentarios que critican el rendimiento defensivo del club.

Entre los comentarios se encuentran algunos como: “Contraten al policía y ya, es mejor que muchos”, “Más eficaz que cualquiera de los defensas actuales de Junior”, “Al estilo de Wilmar Barrios” y “La Policía debería prepararlo como corredor de los 100 metros planos en alguna competencias”.

Para muchos, la actuación del uniformado representó la seguridad y el carácter que, según los seguidores de la escuadra, extrañan en la defensa actual del Junior durante el torneo continental.

La viralización de la curiosa hazaña reavivó la discusión sobre el rendimiento de los actuales jugadores y la necesidad de refuerzos en la plantilla para tener resultados que permitan al equipo clasificar tanto en los torneos nacionales como internacionales, con el fin de dar por fin una alegría a los fieles seguidores del Junior.

La viralización del video terminó en mensajes de desahogo para la afición tras el reciente resultado, usando el humor para señalar que un fichaje inesperado podría aportar la firmeza que el club no ha mostrado sobre el campo de juego.

Cabe mencionar que las directivas piden vivir el fútbol en paz y evitar que los escenarios deportivos se conviertan en lugares en los que la violencia empañe la celebración típica que representa el fútbol para los amantes del deporte en el territorio nacional.

Esta petición se dio después de los desmanes protagonizados por los hinchas del Independiente Medellín en la Copa Libertadores al enfrentarse contra Flamengo, pues algunos de ellos lanzaron objetos y pirotecnia al campo en modo de protesta en contra del club, lo que podría acarrear multas. Aunque el equipo está a la espera de la confirmación por parte de la Conmebol que está investigando el caso.

El pasado 11 de marzo, una tragedia sacudió a la comunidad de Sabana Toro, en San Cristóbal, cuando una niña de seis años fue hallada sin vida en su vivienda. El hecho, que inicialmente se manejó como un accidente, despertó dudas entre los vecinos y las autoridades, tras varias semanas de investigación las autoridades revelaron circunstancias inquietantes y dio un giro al caso.

Cronología de los hechos

La fatídica mañana los vecinos del sector escucharon los gritos de Yoleydi Linarez Araujo solicitando auxilio mientras cargaba a su hija Milianny Linarez desde el último piso de un edificio. Los testigos declararon a los medios locales que la madre pidió ayuda desesperada, lo que inicialmente llevó a pensar en un accidente doméstico.

Pocas horas después, agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público iniciaron las investigaciones en el lugar. La información difundida indicó que el cuerpo de la niña presentaba signos de violencia, lo que descartó la hipótesis inicial de un accidente. La autopsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) fue clave para determinar la causa de la muerte, aunque los resultados específicos no se hicieron públicos de inmediato.

Durante el proceso investigativo, la madre se mantuvo bajo custodia policial. Los fiscales reunieron testimonios de vecinos y familiares, además de pruebas periciales obtenidas en el apartamento y en el área común del edificio. El Caribe informó que las cámaras de seguridad del inmueble también formaron parte del expediente policial.

Sentencia del Ministerio Público

El Ministerio Público solicitó medidas de coerción contra Yoleydi Linarez Araujo por su presunta responsabilidad en la muerte de la menor. En la audiencia preliminar, la fiscalía presentó los elementos de prueba recolectados, subrayando la incompatibilidad entre la versión inicial de un accidente y los hallazgos forenses.

Según el expediente del caso, la acusación formal contra la madre se sustenta en “indicios suficientes de responsabilidad penal”. El Ministerio Público detalló que “la víctima falleció por muerte violenta (...) siendo la causa de la muerte asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios”, señaló a través de un comunicado de prensa. Las autoridades recalcaron que “Araujo le ocasionó la muerte a su hija en el interior de su residencia, en el sector Sabana Toro, de San Cristóbal. Durante las pesquisas se estableció que la imputada cometió el hecho en horas de la mañana del mismo día en que la niña fue llevada a dicho centro de salud”.

El tribunal de instrucción dictó prisión preventiva como medida cautelar para Yoleydi Linarez Araujo, quien fue enviada a un centro penitenciario de la provincia mientras continúa el proceso penal. El caso sigue bajo investigación, y se espera que en las próximas semanas se conozcan nuevos detalles sobre la causa específica de la muerte y las circunstancias que rodearon el hecho.

La muerte de Milianny Linarez generó consternación en la opinión pública y reavivó el debate sobre la violencia infantil en República Dominicana. El Ministerio Público reiteró su compromiso de “llegar hasta las últimas consecuencias” en el esclarecimiento del caso, según declaraciones recogidas por medios locales.

Además, recordó que los migrantes "no son una amenaza, sino el rostro más vulnerable de un mundo marcado por la violencia y la desesperanza".

La Arquidiócesis de México en su editorial del semanario Desde la fe aseguró que "ha recibido testimonios directos y verificados", junto con organizaciones hermanas, sobre detenciones de migrantes llevadas a cabo en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, particularmente en las colonias (barrios) Guerrero, San Rafael, La Merced, Tepito y en zonas de Polanco e Iztapalapa.

Explicó que "vehículos oficiales con logotipos de (la Secretaría de) Gobernación (Segob) y del Instituto Nacional de Migración (INM) han trasladado a personas extranjeras, interceptadas en la vía pública o incluso en sus propias viviendas", hacia estaciones migratorias y, posteriormente, hacia otros estados del país.

De acuerdo con la información recabada por la Pastoral de Movilidad Humana de la Arquidiócesis de México, estos operativos se han realizado, en numerosos casos, "sin órdenes oficiales que los amparen, sin identificación clara de los agentes y sin las garantías mínimas del debido proceso".

Y expuso que es "especialmente alarmante" que entre las personas detenidas haya "solicitantes de la condición de refugiado con trámite vigente" ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) de la Segob, personas en proceso de regularización migratoria e incluso personas ya reconocidas como refugiadas por el Estado mexicano.

Detener a quien ya cuenta con un documento expedido por la propia autoridad que lo protege representa "una contradicción inadmisible y una violación directa al principio de no devolución", consagrado en nuestro orden jurídico y en los tratados internacionales firmados por México, señaló el órgano católico.

Ante ello, la Iglesia católica mexicana llamó a la Segob y al INM "a suspender de inmediato estas redadas y ajustar todo operativo migratorio al marco constitucional", a la Ley de Migración, a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como a los tratados internacionales suscritos por México.

También pidió la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que estén presentes en los puntos donde se realizan estos operativos, así como en las estaciones migratorias a las que están siendo trasladadas las personas detenidas.

Esto con el objetivo de "verificar y documentar posibles violaciones a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad".

Tras las duras medidas antiinmigrantes impuestas en su regreso al poder del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cientos de migrantes intentan hacerse de papeles de asilo en México y han elevado hasta el 20 % su permanencia en territorio mexicano.

Ante la presión de Estados Unidos, el Gobierno de México ha defendido que los encuentros de migrantes irregulares en la frontera de Estados Unidos han ido a la baja durante 2025 y 2026.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los migrantes haitianos, cubanos y hondureños son las nacionalidades principales, aunque México alberga a personas de muchos otros países.

El operativo, registrado por cámaras corporales y divulgado por el diario local New York Daily News, muestra a la víctima sentada en el extremo de la estructura, con el viento azotando con fuerza, mientras los oficiales intentaban calmarla.

Según la policía, la intervención fue “un ejemplo del profesionalismo necesario para proteger y servir en situaciones extremas”.

El operativo de rescate en lo alto de Brooklyn

Los hechos ocurrieron el jueves alrededor de las 13:30, cuando los policías localizaron a la mujer, angustiada, descalza y vestida de negro, en la esquina de un solárium del rascacielos, con una pierna suspendida sobre el vacío y sujetándose de una abertura en la barrera de plexiglás, según el New York Daily News.

Dos uniformados se aseguraron con arneses a la pared de la azotea, escalaron la división de plexiglás y se aproximaron a la mujer, manteniendo el contacto físico y verbal en todo momento.

Mientras uno de los policías le aseguraba: “No lo haga, por favor. No lo haga, señora”, la mujer lloraba y pedía que sus padres supieran que los amaba. El viento intenso dificultaba la comunicación y la situación emocional se volvió aún más tensa, detalló el diario.

El despliegue de la Unidad de Servicios de Emergencia y el desenlace

Durante los minutos de tensión, los negociadores de la Unidad de Servicios de Emergencia (ESU) del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) buscaron generar confianza.

Uno de ellos se dirigió a la mujer: “Estoy aquí ahora, ¿de acuerdo? Le dije que vendría a ayudarla. Escúcheme, vamos a hacer esto juntos. Podemos sentarnos aquí diez minutos o media hora. Quiero asegurarme de que esté a salvo y bien”.

La mujer expresó su miedo a moverse pero aceptó el apoyo de los oficiales, quienes le ofrecieron incluso un teléfono para comunicarse con su madre y ayudarla a sentirse más tranquila.

Mientras contemplaban la vista de Brooklyn, el policía intentó aliviar la situación diciéndole: “Tenemos la mejor vista de la ciudad”.

Finalmente, la mujer accedió a que los miembros de la ESU la ayudaran a regresar al solárium, tras lo cual los servicios médicos la trasladaron a un hospital cercano para ser observada, informó un portavoz del NYPD al New York Daily News.

La respuesta inmediata y coordinada de la policía quedó documentada en la grabación de las cámaras corporales, difundida en redes sociales oficiales.

En la publicación, el NYPD destacó: “Valor y corazón de los mejores de Nueva York. Cuando una mujer estaba sentada en la cornisa de un edificio en Brooklyn, nuestros agentes respondieron con rapidez y usaron su entrenamiento para salvarle la vida”.

Para quienes atraviesan crisis emocionales o pensamientos suicidas, la línea nacional de prevención del suicidio está disponible las 24 horas en el 988, con opción de chat en 988lifeline.org.

También existen recursos especializados para veteranos, familiares y jóvenes, así como materiales de apoyo en español en el sitio del Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH). En caso de emergencia, se recomienda llamar al 911 o acudir a la sala de urgencias más cercana.

Avalon Willoughby Square, ubicado en la calle Duffield cerca de Willoughby, cuenta con 58 pisos, y la intervención se realizó en la zona de solárium en el piso 30, según la información recabada por el diario local New York Daily News.

De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, el impacto habría ocurrido en circunstancias aún no esclarecidas. El fallecimiento del joven paiteño provocó la llegada de sus familiares, quienes expresaron su dolor y exigieron explicaciones sobre lo ocurrido, mientras se desarrollaban las primeras diligencias en el área del accidente.

Denuncia de familiares

Tras el accidente, familiares de la víctima cuestionaron el accionar de los efectivos policiales involucrados y denunciaron la falta de información sobre los ocupantes de la camioneta. Según sus declaraciones, no se les habría brindado datos claros sobre los responsables del vehículo policial, lo que incrementó sus dudas sobre el procedimiento seguido tras el choque.

Asimismo, testigos y familiares señalaron que, tras el accidente, otra unidad habría llegado al lugar con la aparente intención de retirar el vehículo policial involucrado. De acuerdo con el citado medio, estas versiones generaron sospechas sobre una posible manipulación de la escena del siniestro, lo que fue rechazado por los presentes, quienes exigieron que no se alteren las condiciones del lugar hasta la llegada de las autoridades competentes.

Demora en diligencias fiscales

De acuerdo con lo manifestado en el lugar de los hechos, la llegada de las autoridades fiscales se habría producido con retraso, lo que generó malestar entre los familiares y testigos. Indicaron que, durante ese tiempo, la escena del accidente permaneció sin una intervención clara para el levantamiento del cuerpo ni para la preservación de evidencias.

Los familiares y vecinos exigieron la presencia inmediata de la Fiscalía y el inicio de las investigaciones correspondientes, a fin de esclarecer las circunstancias del accidente y determinar posibles responsabilidades. En ese contexto, solicitaron que se garantice la transparencia del proceso y que no haya interferencias en las diligencias.

Familia exige investigación

Ante lo ocurrido, los familiares de Jordi Lizana y ciudadanos presentes en la zona pidieron que se realice una investigación exhaustiva del caso. Además, demandaron que se identifique plenamente a los ocupantes de la camioneta policial y se esclarezca su participación en el accidente.

Asimismo, insistieron en que las autoridades deben garantizar un proceso transparente y objetivo que permita establecer responsabilidades. Mientras tanto, el caso continúa bajo indagación, a la espera de las diligencias oficiales que determinen las causas exactas del choque ocurrido en la carretera Piura–Paita.

En las primeras horas de ayer jueves, efectivos de la División Microtráfico Metropolitana detuvieron en Chaco a un hombre con un pedido de captura activo en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de calle Brown y avenida Firpo, en el barrio La Liguria, de Resistencia, durante una de las habituales recorridas preventivas de la fuerza policial.

La detención se dio cuando los agentes identificaron a un individuo cuyas características físicas coincidían con las de un sospechoso investigado desde hacía semanas por comercialización de drogas.

Según informaron fuentes policiales, el hombre intentó escapar al notar la presencia de los uniformados, pero fue rápidamente interceptado y reducido por los efectivos, quienes actuaron en coordinación y siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de operativos.

Al ser demorado, el personal policial procedió a consultar los datos personales del sospechoso en el sistema SiGeBi. El resultado confirmó que el hombre, domiciliado en Villa Itatí, tenía un pedido de detención vigente desde el pasado 11 de marzo. La orden había sido emitida por disposición de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 1, a cargo de la fiscal Andrea Natalia Lovey Pessano. De acuerdo con la información oficial, la investigación contra el ahora detenido se remonta a fines de febrero, cuando se realizó un procedimiento en una vivienda de la zona.

De acuerdo con lo informado por el portal Diario Chaco, el origen del caso se sitúa el 28 de febrero, cuando personal policial llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en Pasaje Humaitá, domicilio del hombre ahora detenido. Durante ese procedimiento, los agentes secuestraron 65 envoltorios de cocaína con un peso total de 18,2 gramos, además de 65 mil pesos en efectivo y un teléfono celular iPhone. En ese momento, otro ciudadano fue aprehendido en el lugar, pero el principal investigado logró escapar y permaneció prófugo durante más de un mes.

El pedido de captura se formalizó a los pocos días del allanamiento, tras constatar la identidad del sospechoso y reunir pruebas suficientes para solicitar su detención ante la fiscalía competente.

El procedimiento, según fuentes policiales, se desarrolló sin que se registraran incidentes de gravedad. Una vez confirmada la identidad del sospechoso y constatada la vigencia del pedido de captura, los uniformados dieron intervención a la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 1. La fiscal Andrea Natalia Lovey Pessano ratificó la detención y ordenó los pasos procesales subsiguientes: el traslado del detenido a Medicina Legal y, posteriormente, a la División Antecedentes Personales para las diligencias de rigor.

Luego de completar las diligencias administrativas, el hombre quedó alojado en una dependencia policial a disposición de la fiscalía interviniente. De acuerdo con la información proporcionada por los investigadores, su situación procesal será evaluada en las próximas horas por la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 1, mientras continúan las actuaciones judiciales y policiales tendientes a esclarecer posibles vínculos con otras personas o hechos relacionados.

El avance de la investigación dependerá del análisis de los elementos secuestrados en el primer allanamiento y de los resultados de las pericias sobre la droga y el dinero incautados. Las autoridades reiteraron que la lucha contra el microtráfico requiere la cooperación entre distintas áreas policiales y judiciales, así como la continuidad de las tareas de inteligencia y patrullaje preventivo en zonas identificadas como de riesgo.

Por el momento, el hombre permanecerá detenido y a disposición de la justicia, en tanto la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 1 define los pasos a seguir en el proceso penal.

Tres uniformados se presentaron días atrás ante C.A.C., el propietario de Analí Distribuciones, un mayorista de la ciudad de Posadas, en Misiones. Sin más, le informaron que había una denuncia en su contra. La presentación habría sido formulada por una persona que decía ser su socio. De inmediato, le plantearon que debía entregarles $1,2 millones en efectivo o procederían a arrestarlo. “Pagá o te detenemos”, lo amenzaron.

El comerciante no se amilanó y consultó con su abogado. Según pudo saber Infobae, juntos armaron una estrategia que incluyó registros de audio y el marcado de billetes ante escribano. Luego radicó la denuncia. La Jefatura de Policía ordenó la intervención inmediata de la Dirección General de Asuntos Internos. En paralelo, la Justicia dispuso medidas para esclarecer la maniobra.

Tras la mediatización del caso, C.A.C. dijo que tomó la decisión de denunciar la maniobra extorsiva porque “el que nada debe, nada teme”. “Yo no le tengo miedo a los injustos”, sostuvo en declaraciones a FM Show.

La entrega se pautó para la noche del miércoles. El que pasó a recibir el dinero fue un policía con el rango de oficial auxiliar, según confirmaron fuentes del caso. Se montó un operativo encubierto y el agente fue detenido en el galpón de la distribuidora cuando recibió el dinero.

El personal policial interviniente secuestró 60 billetes de $ 20 mil pesos. La numeración de todos correspondía con la certificación hecha en la escribanía. También se retuvo la moto —una Honda Twister 250— en la que se trasladaba el policía, que vestía de civil al momento del hecho.

Horas después fueron detenidos un oficial principal y un comisario que también estarían comprometidos con la maniobra. Los tres están acusados de extorsión agravada. La Justicia secuestró sus teléfonos celulares y ordenó peritajes.

Además de ser arrestados, pasaron a situación de pasividad en la fuerza. Se trata de una medida administrativa que implica el apartamiento preventivo del servicio mientras avanza la investigación. El que fue encontrado in fraganti es el más comprometido. En la Policía misionera estiman que en un par de semanas será expulsado.

El detonante de la maniobra

La denuncia contra C.A.C. habría sido interpuesta por Gabriel y José Manzur, según explicó el propio damnificado en declaraciones a FM Show.

El primero tenía una amistad de años con el comerciante, pero mantendría una deuda por mercadería entregada por la distribuidora y no pagada. Ante esta situación, Gabriel Manzur habría propuesto a C.A.C. que le facilitara más bebidas en consignación para vender y cancelar la cuenta pendiente.

Pero el negocio no funcionó. El distribuidor sostuvo que retiró la mercadería en presencia de los Manzur y con su consentimiento. Tras esto, se habría interpuesto la demanda. Sin embargo, según el comerciante, aún no fue notificado formalmente del inicio de esas actuaciones. En la acción judicial, Manzur habría dicho que era socio de C.A.C., pero este lo niega.

El comerciante indicó que los uniformados actuaron “subestimando a la gente. Y uno tiene conocimiento de las cosas y de leyes”, expresó.

C.A.C. dijo en la entrevista radial que no le guardaba rencor a los Manzur. Pero horas después del procedimiento policial publicó una historia en su Instagram con una captura de la noticia de un medio local y la frase: “Traidor te la jugaste de amigo”.

Un policía se enfrentó a tiros con dos motochorros que intentaron asaltarlo en el partido bonaerense de Almirante Brown. Producto del enfrentamiento, uno de los delincuentes, de 18 años, falleció al instante. El otro se dio a la fuga.

El hecho ocurrió el miércoles por la noche en la intersección de Ruta 4 y avenida Espora, en la localidad de Burzaco. Según indicaron fuentes policiales, el efectivo —de 20 años y que presta servicio en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de Puente 12— se encontraba de franco y vestido de civil.

De acuerdo con su relato, fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una moto. En ese contexto, uno de ellos extrajo un revólver calibre .38, por lo que el agente respondió con su arma reglamentaria, una pistola Bersa Mini TPR calibre 9 milímetros.

Producto del enfrentamiento, el acompañante recibió un tiro en la cabeza y cayó sobre el asfalto. El otro sospechoso escapó por la Ruta 4 en dirección a Claypole y es buscado por la Justicia.

En el lugar del hecho se hizo presente una ambulancia y una médica constató el fallecimiento del delincuente. Presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza, con orificio de entrada en el lado derecho y salida en el izquierdo, según precisaron fuentes del caso.

En la escena, los investigadores secuestraron un revólver calibre .38, que habría sido utilizado por el fallecido. El arma será sometida a peritajes.

La causa quedó en manos de la Justicia, que busca determinar si el policía actuó en legítima defensa.

Otro enfrentamiento a tiros entre un policía y delincuentes

El domingo pasado por la noche, un policía de la Bonaerense fue abordado por dos ladrones mientras estacionaba su auto en la puerta de su casa en Florencio Varela. “Te mato, bajate”, lo amenazó uno de ellos. El agente, que estaba vestido de civil, se defendió a los tiros y logró frustrar el asalto.

En el video -que figura a continuación- se ve que el efectivo estaba estacionando su camioneta Peugeot 2008 frente a su domicilio, cuando fue abordado por dos hombres, uno de ellos armado. Según relató, los dos ladrones aparecieron cuando estaba por pasar a buscar a su nieta. “Me doy vuelta para abrirle la puerta a la nena y cuando me di cuenta ya los tenía encima”, manifestó en declaraciones a la prensa.

En las imágenes se observa el momento en el que los asaltantes lo sacaron del vehículo a la fuerza y lo tiraron al piso. Al no poder poner en marcha la camioneta —una maniobra que se repite en varios robos de este tipo—, la secuencia cambió de rumbo. El policía sacó su arma reglamentaria y comenzó a disparar. “Dudé un poquito”, sostuvo, pero al ver que su vida corría riesgo, efectuó varios disparos. De inmediato, los dos delincuentes se bajaron del coche y escaparon a pie.

Fuentes judiciales confirmaron que el detenido, imputado por “robo agravado por el uso de arma de fuego” y “violación de domicilio”, se negó a declarar.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia N° 12, que ahora busca identificar y detener al segundo sospechoso, aún prófugo.

“Gracias a Dios que no hubo ningún herido, ni yo ni ellos”, expresó el policía. Sin embargo, producto del tiroteo, su vehículo sufrió algunos daños. “Me podían haber matado. Hoy por hoy te matan, te tiran al piso y te dicen: ‘Quedate quieto’ y te meten un tiro por las dudas”, concluyó el policía.

Un hombre que agredió a un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, murió luego de que el policía le disparara. Los hechos ocurrieron el pasado martes 5 de mayo.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia capitalina, policías de la Ciudad de México fueron informados, por medio de frecuencia de radio, sobre una riña en la que participaban varias mujeres en la calle Palma Norte esquina con Libertad, en la colonia mencionada.

En ese momento, se señala, un uniformado que realizaba recorridos de prevenciónn pie a tierra en la zona, intervino en la pelea para tratar de concluirla y separar a las involucradas. Sin embargo, en ese momento, de una unidad habitacional salieron varios hombres, y uno de ellos comenzó a golpear al policía en repetidas ocasiones, mismo que se llevó la mano a la altura de la cintura. Al ver en riesgo su integridad, el policía desenfundó su arma de fuego y la accionó contra el agresor, dice el comunicado.

Paramédicos llegaron hasta el lugar e informaron que el sujeto herido, quien contaba con 25 años de edad, ya había perdido la vida, por lo que la zona fue acordonada y se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes correspondientes y las indagatorias del caso.

El policía, por su parte, fue presentado ante las autoridades ministeriales para rendir su declaración, mientras personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya integra la carpeta de investigación administrativa interna para colaborar en lo que derive de los hechos.

Cabe destacar que, de acuerdo con información del periodista de nota roja, Carlos C4 Jiménez, el sujeto que perdió la vida respondía al nombre de Roberto Alanís, quien era apodado El Soldado y quien, según el comunicador, pertenecía a La Antiunión Tepito, un grupo delictivo capitalino que mantiene rencillas con La Unión Tepito.

De acuerdo con C4 Jiménez, a El Soldado ya lo habían detenido anteriormente por agredir a policías a golpes y por portación de armas.

El reportero acusó que el occiso había sido detenido hace 9 años, en 2017, en la alcaldía Iztapalapa por golpear a un agente. En 2022 y en 2024 también habría sido detenido en Ecatepec y Tecámac, respectivamente, por portación de armas.

En una publicación realizada en su cuenta de X, el periodista también acusó que presuntamente El Soldado se encontraba armado al momento de la agresión y que, tras haber sido agredido por el policía, un sujeto se acercó a él y le retiró el arma para meterse dentro de una vecindad.

En un video mostrado por el periodista, se ve el momento en el que las mujeres pelean a golpes, cuando el policía se les acerca para separarlas y el sujeto que murió se acerca al elemento policiaco para agredirlo a golpes. Tras esto, el policía saca su arma de fuego y la acciona contra el agresor.

Un operativo conjunto entre autoridades costarricenses y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) permitió la detención de cuatro hombres que transportaban un millonario cargamento de ketanol, un medicamento utilizado como insumo principal para la fabricación de drogas sintéticas como ketamina, “gato” y “tusi”. Las acciones policiales se desarrollaron en la madrugada de este 7 de mayo cerca del peaje de la Ruta 32, en la vía que conecta Limón y San José, cuando los agentes interceptaron el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos.

De acuerdo con las investigaciones, el cargamento estaba destinado inicialmente a San José y posteriormente sería trasladado a zonas costeras, especialmente Jacó, para su distribución en el mercado ilícito. Según el Ministerio Público y la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, el valor de las sustancias incautadas podría superar los ₡10 millones (21,897,40 dólares) en el mercado ilegal. Además del ketanol, las autoridades decomisaron marihuana, dinero en efectivo, siete teléfonos celulares y diversas joyas en poder de los detenidos. Los sujetos, identificados por sus apellidos Rosales, Estupiñán, Porras y Trimero, permanecen bajo investigación mientras se determina la estructura criminal responsable del traslado y procesamiento de estas sustancias.

La modalidad de tráfico de precursores químicos para la producción ilegal de estupefacientes sintéticos representa una tendencia en aumento en Costa Rica, según las fuentes oficiales. El “tusi”, también conocido como “cocaína rosada”, y el “gato” o “keta” son drogas sintéticas cuya fabricación requiere compuestos como el ketanol, cuya circulación y uso están estrictamente regulados por la legislación nacional e internacional.

Contexto legal: cargos y penas aplicables en Costa Rica

El marco jurídico costarricense es claro respecto a los delitos vinculados con la producción, el tráfico y la distribución de drogas sintéticas o sus precursores. Tanto el Código Penal como la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas (Ley 8204) establecen sanciones severas para quienes, sin autorización legal, distribuyan, comercien, suministren, fabriquen, elaboren, refinen, transformen, extraigan, preparen, cultiven, produzcan, transporten, almacenen o vendan drogas, sustancias o productos relacionados, así como a quienes posean estos insumos con fines ilícitos.

En particular, el artículo 58 de la Ley 8204 dispone que la pena de prisión para estos delitos oscila entre ocho y quince años, aplicable tanto para el tráfico como para la fabricación, el transporte y el almacenamiento ilegal de sustancias controladas o precursores químicos. Esta normativa incluye, además, la posesión sin autorización de insumos utilizados para la producción de drogas sintéticas. Las penas pueden agravarse en función de la cantidad de sustancia, la participación en organizaciones criminales o la reincidencia.

El Código Penal de Costa Rica también contempla en su artículo 50 y siguientes la imposición de penas principales y accesorias, como prisión, multa e inhabilitación, así como medidas complementarias como el decomiso de bienes y utilidades provenientes de actividades ilícitas. El límite máximo de prisión en el país es de cincuenta años, y en casos de concurso material de delitos, el juez puede acumular las penas hasta el triple de la mayor, sin exceder este tope.

Para la persecución penal de estos delitos no se requiere denuncia previa, ya que son considerados de acción pública. Además, la ley costarricense prohíbe cualquier tipo de comercio, industrialización, transporte o manipulación de estas sustancias fuera de los límites estrictamente autorizados para fines médicos o de investigación. El tráfico y la producción de drogas sintéticas, así como la tenencia de precursores con fines ilícitos, son tipificados como delitos graves, con penas privativas de libertad que reflejan la gravedad de la amenaza que representan para la salud pública y la seguridad nacional.

El caso de los cuatro detenidos con un cargamento de ketanol en Costa Rica pone en evidencia la sofisticación y alcance de las redes criminales dedicadas a la producción y distribución de drogas sintéticas en la región. La legislación costarricense, a través de la Ley 8204 y el Código Penal, contempla penas de entre ocho y quince años de prisión para quienes sean encontrados culpables de estos delitos, con posibilidad de agravantes si se demuestra participación en estructuras organizadas o reincidencia. La investigación continúa mientras las autoridades buscan desmantelar la organización y evitar la proliferación de estupefacientes sintéticos en el país.

La Justicia avanza con la investigación contra Leandro Airaldi, el apuntado por un complot para asesinar al ministro de Seguridad de Entre Ríos y a dos funcionarios judiciales. Ahora, la Cámara Federal de Paraná rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa del narcotraficante y se espera que la causa continúe con su camino.

El tribunal superior de apelaciones, integrado por Beatriz Aranguren, Mateo Busaniche y Cintia Gómez, ratificó la negativa inicial del juez federal de primera instancia, Hernán Viri, a los argumentos defensivos. Mariana Barbitta, abogada de Airaldi —y quien también supo ser representante legal de Alberto Fernández, César Milani y un líder de la organización narco Los Monos— había solicitado la anulación de diversas medidas dispuestas por el Ministerio Público Fiscal cuando el plan salió a la luz, pero sus pedidos no prosperaron.

El caso tuvo origen el 20 de febrero mediante la declaración de otro narcotraficante. En esa oportunidad, se supo que Airaldi tenía intenciones de atentar contra el juez federal Leandro Ríos y el fiscal federal José Candioti, sumando como objetivo al ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

Dos reclusos, compañeros de pabellón de Airaldi en la cárcel de Gualeguaychú, revelaron la información. Uno de ellos es Daniel Celis, rival de Airaldi en el tráfico de drogas. El segundo testigo, cercano al caponarco, corroboró los datos.

Las objeciones de la defensa analizaron aspectos tanto de forma como de fondo. El foco estuvo puesto en cómo se llegó a un celular Samsung A04 que se sospecha es de Airaldi. Hay un testimonio en el expediente que así lo indica. El dispositivo había sido incautado un mes antes, durante una requisa efectuada en el pabellón 9 del penal.

En el mismo día en que se descubrió el plan, el juez Viri delegó la investigación en el fiscal federal Pedro Rebollo, integrante del Ministerio Público Fiscal. Este funcionario ordenó inmediatamente un allanamiento en la cárcel. Gendarmería, fuerza federal de seguridad, irrumpió en el sector durante la tarde-noche del viernes 20. Al día siguiente, Rebollo dispuso el secuestro del Samsung A04, dando la orden telefónicamente. Ese accionar fue objetado por la defensa, pero sus planteos fueron rechazados en ambas instancias.

El lunes 23, el fiscal adoptó la misma medida con los otros seis teléfonos hallados durante el procedimiento realizado por Gendarmería.

Actualmente, todos estos dispositivos están siendo peritados por la fuerza federal. Los datos que se obtengan serán determinantes. De ellos dependerá en qué delito podría encuadrarse la planificación de los crímenes. Además, se encuentran bajo análisis anotaciones, cámaras de seguridad y otros equipos electrónicos.

En lo formal, la defensa de Airaldi intentó anular todas las actuaciones argumentando la vulneración del debido proceso y el derecho a la legítima defensa, sin lograr respaldo judicial.

La investigación avanza con estricta reserva. No obstante, por la cantidad de tiempo transcurrido, se prevén novedades en los días venideros que podrían influir tanto en este expediente como en otros vinculados.

Quién es la defensora de Airaldi

Mariana Barbitta es una abogada de alto perfil. En su cuenta de Instagram, compartió recientemente una foto junto al expresidente Alberto Fernández, celebrando el fallo del tribunal superior de apelaciones, Casación Penal, que anuló el procesamiento confirmado contra el exmandatario en la denominada Causa Seguros.

También defendió al exjefe del Ejército, César Milani, en dos expedientes de lesa humanidad en los que resultó absuelto, así como en la causa por enriquecimiento ilícito, donde también actuó como su abogada.

Barbitta, quien dicta clases de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, universidad pública argentina reconocida, intervino en otros casos de alto impacto. Entre ellos, la defensa de Leandro Vinardi, alias “Pollo”, segundo en la estructura de la organización narcocriminal Los Monos, de Rosario, e integrante de la barra brava de Newell’s.

En su nómina de clientes figura el juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, condenado por aceptar sobornos del narcotráfico.

Además, Barbitta consiguió que la Justicia de Entre Ríos restituyera el régimen de arresto domiciliario a Julián Christe, acusado de ser el presunto femicida de Julieta Riera, joven fallecida tras caer del balcón del departamento que compartía con Christe. Christe recibió una condena, pero ese juicio fue anulado.

El buffet de Barbitta también representó a Mauricio “Chicho” Serna en un proceso judicial en el que se investigó a la familia de Pablo Escobar Gaviria.

Un nuevo hecho de inseguridad encendió las alarmas en la zona sur cuando hombre de 41 años fue arrestado por un robo millonario que ocurrió en La Plata el 24 abril frente a una sucursal de un banco. Finalmente, fue detenido en Avellaneda tras ser señalado como el presunto autor de un robo de $7.000.000. Durante el procedimiento, la Policía recuperó más de $1.000.000 en efectivo, un Ford Fiesta Max negro y varios teléfonos celulares.

Las autoridades lograron dar con el sospechoso gracias al análisis de las cámaras de seguridad municipales. A partir de las imagenes, se logró identificar el vehículo utilizado, lo que llevó a solicitar las órdenes de allanamiento y, finalmente, a la captura del sospechoso en Avellaneda, según 0221.

El hecho se desencadenó cuando un hombre de 35 años, quien había estacionado su Volkswagen Amarok alrededor de las 13:20 en la calle 44 entre 29 y 30, fue victima de un robo. Al regresar a su vehículo, advirtió la sustracción de un morral negro que contenía alrededor de $7.000.000 y documentación personal.

Actualmente, la causa se encuentra bajo la órbita de la UFIJ N° 11 del Departamento Judicial La Plata. El detenido permanece alojado en una dependencia policial. Se confrmó que tiene antecedentes por hurto, robo agravado y resistencia a la autoridad.

Mientras el aprehendido queda a disposición de la Justicia, las autoridades mantienen abierta la pesquisa para determinar la posible participación de más personas en el robo. Además, continúa la investigación para recuperar el total del dinero sustraído.

Robos en La Plata preocupan a los vecinos

Hace dos días en el centro de La Plata, sucedió un nuevo robo en un conocido supermercado de la zona, ubicado en calle 4 entre 49 y 50. El episodio fue denunciado la noche del domingo por los propios vecinos, quienes expresaron preocupación por la reiteración de hechos delictivos y por el aumento de la inseguridad en el área. Según 0221, este comercio había sido blanco de otro ataque apenas una semana antes.

Entre otros de los delitos recientes en La Plata, las cámaras de seguridad de una vivienda particular registraron un asalto en el que un joven fue despojado de su motocicleta por dos motochorros, quienes permanecen prófugos. Además, tras un incidente en el que un menor fue interceptado por un ladrón mientras se dirigía a la escuela, los residentes aseguran haber identificado al agresor y estar abocados a su búsqueda.

En el mismo contexto, denunciaron la presencia permanente de cuidacoches o trapitos en la cuadra, afirmando que, en algunos casos, solicitan dinero de forma intimidante y actúan con violencia. Uno de estos trapitos, según relataron, permanece instalado en el estacionamiento de la esquina, donde habría provocado un basural y protagoniza conductas extremas: “se desnuda y defeca a plena luz del día en la vía pública”.

La situación, definida como “desesperante” por los residentes, ha motivado un reclamo por medidas urgentes para garantizar la seguridad en el centro platense. La sucesión de robos en La Plata refleja un escenario de inseguridad que afecta tanto a comercios como a vecinos.

El dolor sacude a Houston tras la confirmación de la muerte de una familia completa en el exclusivo vecindario de River Oaks.

La Policía de Houston localizó la tarde del lunes 4 de mayo los cuerpos sin vida de Matthew Mitchell, de 52 años; su esposa Thy Mitchell, de 39; y sus dos hijos menores, Maya (8) y Max (4), dentro de su residencia ubicada en el 2113 de Kingston Street.

Todos presentaban heridas de bala, según confirmaron las autoridades y reportaron medios como Univision, KHOU y ABC7.

El hallazgo ocurrió luego de que una niñera y un familiar alertaran a la policía tras no lograr contactar con la familia desde la noche previa.

Al ingresar al domicilio, los oficiales encontraron la escena que, según la hipótesis preliminar, corresponde a un asesinato-suicidio: Matthew habría matado a su esposa y a ambos hijos antes de suicidarse.

Esta versión fue difundida en un comunicado oficial y replicada por medios nacionales e internacionales. La División de Homicidios de la policía continúa recabando evidencia y testimonios, mientras la investigación permanece abierta y no se divulgaron detalles sobre los eventuales motivos.

Una pareja referente de la gastronomía local

La noticia causó un fuerte impacto en la comunidad restaurantera de Houston. Matthew y Thy Mitchell eran ampliamente reconocidos como co-propietarios de dos populares restaurantes: Travelers Table, en Westheimer Road, y Traveler’s Cart, en Montrose Boulevard.

Ambos locales, conocidos por su propuesta de cocina internacional, obtuvieron reconocimiento nacional tras aparecer en programas de Food Network como Diners, Drive-Ins and Dives, conducido por Guy Fieri, y Beat Bobby Flay, donde un chef del establecimiento llegó a vencer al famoso cocinero.

La cobertura de medios estadounidenses como Click2Houston y The New York Post enfatizó la notoriedad pública de los Mitchell y el dolor expresado por colegas y empleados.

En el sitio web de Travelers Table, se detalla que Matthew Mitchell tenía estudios en la universidad de Emory y experiencia profesional como periodista y ejecutivo en la industria farmacéutica antes de incursionar en la gastronomía. Por su parte, Thy Mitchell trabajó desde joven en restaurantes familiares y se desempeñó en áreas de recursos humanos en compañías Fortune 500.

Ambos eran reconocidos por su pasión por la cocina global y por su participación activa en la vida gastronómica de la ciudad.

Tras conocerse la tragedia, representantes y empleados de los restaurantes pidieron respeto y privacidad para los trabajadores y familiares de las víctimas.

Hasta el momento, Travelers Table y Traveler’s Cart continúan operativos, sin anuncios oficiales sobre cierre temporal ni cambios en la gestión.

La noticia generó una ola de condolencias y mensajes de apoyo en redes sociales, reflejo del impacto que tuvieron los Mitchell en Houston.

Dolor familiar, investigación y pedido de respeto

El dolor de los allegados comenzó a hacerse público tras el hecho. Ly Mai, hermana de Thy, confirmó en redes sociales el fallecimiento de su hermana y sus sobrinos Maya y Max, describiendo el momento como devastador para toda la familia. En un mensaje breve, pidió respeto por la privacidad de los suyos y adelantó que los detalles sobre los servicios funerarios se darán a conocer más adelante.

La Policía de Houston reiteró que el caso sigue bajo investigación y solicita a cualquier persona con información adicional que se comunique con la División de Homicidios al 713-308-3600.

En línea con el protocolo de ABC13 o Click2Houston, se difundieron recursos de ayuda en crisis y líneas de atención para casos de violencia familiar y salud mental. Hasta el momento, no se difundieron datos sobre posibles motivaciones ni avances sustanciales en la causa.

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta cotidiana para la creación de imágenes, videos y música, pero su uso irresponsable puede tener consecuencias legales graves.

Un reciente caso en Corea del Sur ha puesto de manifiesto los riesgos de manipular la realidad con IA: un hombre de 40 años enfrenta hasta cinco años de prisión y una multa de 6.000 euros tras publicar una fotografía falsa generada por inteligencia artificial que engañó a las autoridades y provocó un despliegue de emergencia masivo.

La relevancia de este caso radica en el creciente debate sobre el impacto de la IA en la vida pública, la desinformación y la responsabilidad individual en el uso de herramientas tecnológicas avanzadas. La facilidad para crear contenido realista pero falso plantea retos inéditos para la seguridad, la confianza social y la gestión de crisis.

La broma que se convirtió en delito

El incidente ocurrió en Daejeon, Corea del Sur, donde el escape de un lobo del zoológico local había generado alarma. Aprovechando la situación, el hombre utilizó una aplicación de IA para crear una imagen del supuesto animal deambulando por la ciudad y la compartió en redes sociales.

La imagen, aparentemente realista, fue tomada como cierta por la policía, que cerró escuelas, movilizó a bomberos y desplegó fuerzas de emergencia durante nueve días buscando al animal en la zona donde la foto indicaba su presencia.

La operación se prolongó y generó inquietud pública, hasta que las autoridades descubrieron que la imagen era falsa y había sido generada con IA. El bromista fue identificado gracias al rastreo de los registros digitales de la aplicación y detenido. En su confesión, declaró que lo hizo “por diversión”, sin medir las consecuencias.

Ahora enfrenta cargos de “perturbar la labor del Gobierno mediante engaños”, una infracción grave en la legislación surcoreana.

El caso de Daejeon es un ejemplo de cómo una imagen manipulada con inteligencia artificial puede tener efectos tangibles y disruptivos. Según el comunicado de la policía, la búsqueda infructuosa retrasó la localización del lobo real y desvió recursos esenciales de la protección ciudadana.

El episodio pone en evidencia que, aunque la tecnología puede ser una fuente de entretenimiento, su mal uso puede provocar daños sociales, económicos y judiciales.

Este incidente se suma a una tendencia creciente de fake news y engaños digitales potenciados por la IA, y subraya la importancia de educar sobre el uso responsable y ético de estas herramientas. La facilidad para engañar a instituciones y ciudadanos con imágenes sintéticas obliga a repensar los mecanismos de verificación y la legislación en torno a la tecnología.

IA y justicia: antecedentes recientes en Asia

La justicia asiática está reaccionando ante los desafíos que presenta la automatización y la inteligencia artificial, no solo en el ámbito de la desinformación, también en el laboral. Un fallo reciente en China sentó un precedente relevante: un tribunal declaró ilegal despedir a un trabajador simplemente porque la IA podía realizar su tarea de manera más eficiente y barata.

El caso se centró en Zhou, inspector de calidad de una empresa de encuestas online, despedido tras la implementación de IA en su área. El juez determinó que la automatización no constituía un “cambio sustancial” para justificar el despido y urgió a las empresas a recualificar a sus empleados en vez de reemplazarlos sin más.

Estos casos reflejan la doble cara de la inteligencia artificial: mientras potencia la creatividad y la eficiencia, también puede amplificar los riesgos de manipulación, desempleo y caos social si no se regula y utiliza con sentido común.

Tanto ciudadanos como empresas y gobiernos están llamados a asumir una mayor responsabilidad y a desarrollar marcos legales que protejan a la sociedad frente a los abusos tecnológicos. El futuro de la IA dependerá no solo de sus avances, también de la capacidad de la humanidad para gestionarla de manera ética y consciente.

La sede de la División de Emergencia, ubicada en La Victoria, reunió este martes a autoridades y miembros de la Policía Nacional del Perú durante una ceremonia que destacó el valor y la entrega en el cumplimiento del deber. Luis Enrique Arroyo, presidente del Consejo de Ministros, y el ministro del Interior, José Zapata, encabezaron el acto donde suboficiales recibieron ascensos por acciones distinguidas que preservaron la vida de ciudadanos en situaciones de extremo riesgo.

Cinco efectivos de la institución policial recibieron nuevas insignias como reconocimiento a su desempeño en intervenciones que pusieron a prueba la capacidad operativa y el compromiso profesional. El evento incluyó honores a un agente caído en servicio, así como menciones a quienes protagonizaron operativos en distintos puntos del país.

El ascenso póstumo al grado de suboficial de primera fue conferido a Carlos Alfredo Alejandro Neyra Abanto, quien falleció el 27 de abril durante un operativo en Providencia, Iquitos. Él integró la unidad asignada al rescate de cinco tripulantes secuestrados en una barcaza petrolera por un grupo armado de aproximadamente 200 personas.

Su participación resultó clave para la liberación de los rehenes, aunque perdió la vida en el enfrentamiento. Las autoridades resaltaron el sacrificio y la dedicación del suboficial, cuyo nombre quedó inscrito en la memoria institucional.

En el mismo operativo, Abraham Valerio Saldaña Sánchez fue promovido a suboficial de segunda por su intervención decisiva, a pesar de haber resultado herido. El Ministerio del Interior subrayó que la actuación del policía permitió el éxito de la misión y la salvaguarda de los civiles involucrados. La distinción otorgada refleja el riesgo constante que enfrentan los agentes en la Amazonía peruana.

Camilo Roger Cerrón Travezao se encontraba en su día libre cuando presenció un asalto armado en el puente Huachipa. Intervino en el hecho, neutralizó a tres delincuentes y recuperó los objetos sustraídos. Gracias a su rápida acción, los transeúntes no sufrieron daños. Su desempeño le valió el ascenso a suboficial de primera. Las autoridades resaltaron este caso como un ejemplo de entrega y preparación fuera del horario de servicio.

En Lima, Antony Peña Rojas y Siguiifredo Román Lozano participaron en una persecución que concluyó con la captura de una banda que huía en motocicleta tras cometer un robo en Chorrillos. Ambos ascendieron a suboficial de primera y suboficial de segunda, respectivamente. La recuperación de las pertenencias robadas y la desarticulación del grupo delictivo marcaron un hito en la lucha contra la criminalidad urbana, según el informe oficial.

El Gobierno, a través del presidente del Consejo de Ministros, expresó que estos ascensos constituyen una muestra de respaldo institucional y justicia hacia quienes demuestran coraje en defensa de la sociedad. “Los ascensos representan un acto de justicia y transmiten el apoyo del Ejecutivo a la labor policial. El honor de la patria descansa sobre los hombros de estos efectivos”, señaló Arroyo.

La ceremonia incluyó un minuto de silencio en memoria del agente caído y la presencia de familiares de los ascendidos, quienes recibieron el reconocimiento de la institución. El ministro Zapata reafirmó la importancia de protocolos de seguridad que prioricen la vida y los derechos fundamentales ante situaciones de violencia.

Según el Ministerio del Interior, en el último año se realizaron más de 120 intervenciones de alto riesgo a nivel nacional, situación que refleja la exposición diaria de los agentes a escenarios complejos. Las autoridades insisten en fortalecer la capacitación y dotar de recursos adecuados a la policía para reducir riesgos y mejorar la respuesta ante emergencias.

Las familias de los suboficiales ascendidos participaron en la ceremonia, acompañando a los homenajeados y recibiendo el reconocimiento institucional por la entrega acreditada en circunstancias críticas. El acto cerró con la imposición de las nuevas insignias y la promesa de continuar fortaleciendo la moral y profesionalización del cuerpo policial.

El hecho ocurrió el domingo 3 de mayo pasadas las 22. Como se ve en el video que encabeza esta nota, el efectivo estaba estacionando su camioneta Peugeot 2008 frente a su domicilio, cuando fue abordado por dos hombres, uno de ellos armado.

Según relató el policía, los dos ladrones aparecieron cuando estaba por pasar a buscar a su nieta. “Me doy vuelta para abrirle la puerta a la nena y cuando me di cuenta ya los tenía encima”, manifestó en declaraciones a la prensa. “Bajate, la conch@ de tu madre, te mato, te mato, bajate”, le gritó uno de los delincuentes, mientras le apuntaba con un arma.

En las imágenes se observa el momento en el que los asaltantes lo sacaron del vehículo a la fuerza y lo tiraron al piso. Al no poder poner en marcha la camioneta —una maniobra que se repite en varios robos de este tipo—, la secuencia cambió de rumbo. El policía sacó su arma reglamentaria y comenzó a disparar. “Dudé un poquito”, sostuvo, pero al ver que su vida corría riesgo, efectuó varios disparos. De inmediato, los dos delincuentes se bajaron del coche y escaparon a pie.

La huida, desordenada, incluyó una serie de irrupciones en viviendas de la zona en un intento por ocultarse y eludir a la policía. Gracias al trabajo de los móviles de comando y del Grupo Táctico Operativo (GTO), uno de los sospechosos —luego identificado como Joel Cejas Paredes (27)— fue aprehendido en un domicilio ubicado a 500 metros del lugar del hecho.

Fuentes del caso confiaron a Infobae que, antes de ser capturado, el delincuente ingresó al menos a tres casas y logró cambiarse de ropa, en un intento por despistar a los efectivos.

A su vez, en el interior del patio de una vivienda situada en Diagonal Los Tilos al 500, encontraron una pistola marca Browning 9 milímetros —presuntamente utilizada en el intento de robo— junto a un cargador y dos municiones intactas del mismo calibre. Además, hallaron una campera marrón, negra y blanca.

El fiscal Federico Pagliuca, titular de la UFI N° 5 de Florencio Varela, dispuso la incautación del arma del policía y el secuestro de los elementos hallados durante el operativo.

Fuentes judiciales confirmaron que el detenido, imputado por “robo agravado por el uso de arma de fuego” y “violación de domicilio”, se negó a declarar. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia N° 12, que ahora busca identificar y detener al segundo sospechoso, aún prófugo.

“Gracias a Dios que no hubo ningún herido, ni yo ni ellos”, expresó el policía. Sin embargo, producto del tiroteo, su vehículo sufrió algunos daños. “Me podían haber matado. Hoy por hoy te matan, te tiran al piso y te dicen: ‘Quedate quieto’ y te meten un tiro por las dudas”, concluyó el policía.

De acuerdo a información difundida por Canal N, la acción fue ejecutada por representantes de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de la provincia del Santa, en coordinación con efectivos de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional. Según la información brindada por las autoridades, durante el operativo se identificaron instalaciones utilizadas para el procesamiento artesanal de mineral sin autorización legal vigente.

Maquinaria artesanal

Durante la intervención, las autoridades constataron la existencia de diversa infraestructura vinculada a actividades mineras informales. Entre los elementos hallados se encontraron quimbaletes, molinos artesanales, pozos con relaves y sistemas de abastecimiento de agua utilizados para el procesamiento de minerales.

Asimismo, los agentes detectaron indicios de actividad reciente en ambos puntos intervenidos. Según Canal N, entre las evidencias reportadas figuran residuos húmedos, conexiones operativas y herramientas de trabajo que habrían sido utilizadas en las labores de procesamiento mineral. Las autoridades señalaron que estas instalaciones operaban de manera irregular y sin los permisos correspondientes.

Cuatro intervenidos

Como resultado del operativo, cuatro personas quedaron intervenidas luego de no poder acreditar autorización legal para desarrollar actividades mineras en la zona. Las autoridades verificaron además que no existían registros vigentes vinculados a las operaciones en la Dirección Regional de Energía y Minas de Áncash ni en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

La Fiscalía y la Policía dispusieron también la interdicción de las dos plantas intervenidas. En el lugar se incautaron equipos celulares y tres motocicletas que habrían estado relacionadas con las actividades detectadas durante las diligencias realizadas en Huarmey.

Fiscalía y PNP continúan acciones contra minería ilegal

Las autoridades indicaron que este tipo de operativos forman parte de las acciones destinadas a enfrentar la minería ilegal e informal en distintas zonas de Áncash. La intervención se desarrolló bajo coordinación entre el Ministerio Público y las unidades especializadas de la Policía Nacional encargadas de delitos ambientales.

La minería ilegal es considerada una actividad que genera impactos ambientales debido al manejo inadecuado de residuos y relaves, además de operar al margen de la normativa vigente. Por ello, las autoridades señalaron que continuarán realizando operativos de fiscalización e interdicción en diferentes puntos de la región.

Interdicciones a la minería ilegal se duplicaron

Entre 2024 y 2026, el Estado peruano más que duplicó el promedio mensual de operativos de interdicción contra la minería ilegal. Según datos expuestos por el Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, en 2026 se superaron las 130 intervenciones mensuales, mientras que en 2024 la cifra era de 62. Este incremento responde a la expansión de las actividades mineras ilícitas y al aumento del precio internacional del oro, que superó los 5.000 dólares por onza.

A pesar de la intensificación de los operativos, los recursos destinados a combatir la minería ilegal continúan siendo insuficientes frente a esta problemática, que moviliza más de 12.000 millones de dólares anuales, diez veces más que el narcotráfico, pero recibe apenas una décima parte de los fondos asignados a la lucha antidrogas. En 2025, el presupuesto estatal destinado a esta tarea fue de 70 millones de soles y, en 2026, aumentó a 178 millones, mientras que la lucha antidrogas alcanzó los 700 millones de soles en el mismo periodo.

El impacto ambiental y social de la minería ilegal es severo. En los últimos años, se han destruido más de 140.000 hectáreas de bosques y contaminado al menos 225 cuerpos de agua con mercurio, afectando principalmente a regiones como Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Ucayali y Huánuco. La contaminación compromete la salud y el sustento de comunidades indígenas, cuyos recursos hídricos resultan esenciales para su supervivencia. El esfuerzo estatal, reflejado en la multiplicación de operativos y decomisos, aún no logra contener la expansión de este delito, que sigue avanzando sobre los ecosistemas más vulnerables del país.

El menor, de 13 años, había salido de su hogar en Jacksonville, Florida, y su familia alertó de inmediato a las autoridades, lo que activó un operativo de búsqueda ante el temor por su integridad.

Según reportó Fox News en su edición digital, el oficial Chris Havens y su compañero canino respondieron a la emergencia utilizando un calcetín del menor como referencia olfativa, estrategia que resultó clave para el desenlace favorable.

En el video difundido por la Oficina del Sheriff de Jacksonville en Facebook, se observa cómo Ruger guía a los efectivos a través de zonas de maleza hasta el estacionamiento de una empresa ubicada en la intersección de Beach Boulevard y Ryar Road.

Las cámaras corporales de los agentes documentaron cada paso de la operación, que culminó cuando los oficiales escucharon los gritos de auxilio del menor.

De acuerdo con la información publicada por Fox News, un agente se dirigió al joven con las palabras: “Hiciste bien en llamarnos. Cuando veas a la policía, diles algo”. Otro miembro del equipo le expresó: “Nos alegra haberte encontrado, estábamos realmente preocupados”.

El método de rastreo y el rol de la unidad K-9

La utilización del calcetín como elemento para obtener la referencia de olor fue determinante, según detallaron tanto la Oficina del Sheriff de Jacksonville como CBS News.

El agente Havens entregó la prenda a Ruger, lo que permitió al perro policial seguir el rastro a lo largo de una zona boscosa hasta llegar donde finalmente se encontraba el menor.

La maniobra, documentada en tiempo real y difundida posteriormente en las redes sociales institucionales, refuerza el valor de las unidades K-9 en tareas de localización de personas vulnerables.

El preadolescente fue hallado sentado solo en el estacionamiento de un comercio local, asustado pero en condiciones físicas estables.

Tras el hallazgo, los servicios médicos realizaron un chequeo preventivo antes de que el joven pudiera reencontrarse con su familia, que presentaba signos visibles de ansiedad y alivio.

La Oficina del Sheriff de Jacksonville destacó que, ante la desaparición de personas en situación de riesgo, se recurre a los recursos más efectivos para garantizar una resolución rápida y segura.

En palabras del organismo, recogidas por Fox News: “Cuando un ser querido desaparece, desplegamos nuestras mejores herramientas para encontrarlos de manera rápida y segura”.

Historia y rol de las unidades K-9 en la policía de Estados Unidos

Las unidades K-9 fueron parte de la labor policial estadounidense durante más de un siglo. Según el Departamento del Ejército de Estados Unidos, el uso formal de perros en tareas de seguridad se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1942 se creó el denominado “K-9 Corps” para entrenar perros en funciones de centinela, mensajería y detección de minas.

Por su parte, FEDagent detalló que el primer programa policial de perros en Estados Unidos se implementó en Nueva York en 1907, inspirado por modelos europeos como el de Bélgica. A partir de la experiencia en la guerra y el éxito en ciudades como Baltimore, donde en 1956 se formó la primera unidad K-9 moderna, el empleo de perros policía se expandió a nivel nacional.

Actualmente, CBS News afirma que las unidades K-9 son consideradas herramientas esenciales por las fuerzas policiales, participando en búsqueda de personas, detección de drogas, explosivos y rescate en casos de emergencia, como el reciente episodio ocurrido en Jacksonville.

Reconocimiento a Ruger y repercusión del caso

El desempeño de Ruger fue reconocido tanto por sus compañeros humanos como por la comunidad. Según informó Fox News, el perro policía recibió como recompensa su juguete favorito y múltiples elogios por parte del equipo: “Porque pudo guiar a los oficiales hasta el menor desaparecido, K-9 Ruger se ganó su juguete preferido y muchos ‘Good boy!’”.

La cobertura sobre el caso subraya el papel fundamental de las unidades caninas en la protección de menores y personas con discapacidad.

La difusión del video del operativo y de las declaraciones institucionales tuvieron impacto en la opinión pública local, generando muestras de agradecimiento y reconocimiento a la labor de los equipos de rescate.

En su análisis mensual de la violencia letal en el país, la organización señaló que, aunque las cifras oficiales muestran una caída interanual del 33 % en los homicidios dolosos en el primer trimestre de 2026, al incluir otros indicadores como feminicidios y desapariciones, la reducción se ubica en un 22 %.

"Esta tendencia debe leerse con cautela", advirtió la ONG.

Más allá de la caída reciente, el reporte advierte que la tendencia "carece de una explicación clara" y debe contrastarse con otros indicadores antes de concluir que existe una mejora sostenida.

"La información disponible no permite identificar con precisión qué acciones explican la reducción del homicidio. La explicación oficial enumera muchas intervenciones, pero no demuestra una relación clara entre política pública, territorio, temporalidad y resultado", señala el análisis.

Además, apunta que aunque algunos indicadores han disminuido en el corto plazo, los niveles de violencia siguen siendo elevados en comparación con años anteriores.

Frente a 2018, las desapariciones han aumentado un 35 % y otros delitos contra la vida un 83 %, lo que, según la ONG, apunta a una "persistencia" del problema más allá del homicidio doloso.

Para México Evalúa, una de las hipótesis es que la reducción responda a acciones gubernamentales, como operativos de seguridad, programas sociales y medidas de prevención implementadas a nivel federal y local.

Pero el análisis también sugiere que la caída de homicidios "no necesariamente implica menos violencia", sino un mayor control territorial de grupos criminales, lo que puede derivar en menos asesinatos, pero más desapariciones u otros delitos.

Por ello, ante la posible presencia de "regímenes criminales", el reporte insiste en que "la baja del homicidio debe analizarse con cautela".

"Antes de atribuirla a una política pública eficaz, es necesario contrastar con otros indicadores que muestren si el Estado recuperó control territorial o si, por el contrario, la violencia fue administrada por los propios grupos criminales", advierte.

A esto se suman dudas sobre la calidad de los datos, añade el informe, al señalar posibles inconsistencias en los registros, como problemas en la clasificación de delitos o falta de actualización en casos de desaparición, lo que podría alterar la lectura de las cifras.

El Gobierno mexicano ha sostenido haber reducido los homicidios hasta un 44 %, entre septiembre de 2024 y febrero de 2026, con un promedio diario de casos que pasó de 87 a 49.

México supera las 133.000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.

Los agentes cortaron el paso a los manifestantes cuando llegaron hasta la presa de Sabaneta y pretendían continuar hasta la localidad de Romero, donde la minera explora en busca de oro y otros metales.

Una vez los manifestantes coreaban con mayor fervor sus consignas e intentaban continuar su camino, los agentes dispararon los gases y los chorros de agua. También se escucharon disparos y desde la marcha se lanzaron piedras a los policías, según constató EFE.

La manifestación comenzó en el municipio principal de San Juan de la Maguana y fue respaldada por habitantes de varios poblados en ruta hacia la comunidad de Romero.

Entre las consignas más escuchadas estuvieron las de 'Agua sí, oro no', o 'No queremos oro, queremos vida', mientras se enarbolaban banderas dominicanas y de diferentes organizaciones de la sociedad civil que apoyaron la marcha.

"El apoyo ha sido extraordinario de toda la población sureña y del país entero, porque ya esto es una reivindicación que la ha acogido todo el dominicano, que se ha tomado conciencia del año que hace la explotación minera", dijo a EFE el abogado Francisco Isaías Ogando, momentos antes de que empezaran a caer las bombas lacrimógenas.

El senador por San Juan, Félix Bautista, otros legisladores, organizaciones ambientalistas y comunitarias se oponen de manera resuelta a que la empresa finalmente obtenga los permisos de explotación en la zona, porque afirman que eso provocaría la contaminación de los ríos de todo la provincia, donde se produce cerca del 60 % de las habichuelas que consume el país, y alrededor de un 15 % del arroz.

Bautista, a través de sus redes, condenó el accionar de los policías y afirmó que la manifestación era pacífica, por lo que consideró "inaceptable" que fuera dispersada.

Los permisos de exploración fueron concedidos por el Estado dominicano a GoldQuest hace unos 10 años. La Iglesia católica figura entre las organizaciones opuestas a la eventual explotación de oro y otros metales en la zona.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dominicano no ha emitido a la minera permisos para la explotación.

"Estamos marchando en contra de la minería, queremos agua, no oro. El apoyo ha sido masivo, la gente sabe que si se explota la zona se contaminará el agua de nuestros ríos y no tendremos producción agrícola", dijo a EFE Leudys Benzán, habitante de la provincia.

Advirtió de que "las cosas se pondrán difíciles" si el presidente dominicano, Luis Abinader, "no habla rápido" en contra de los trabajos de la minera.

GoldQuest ha explicado que su eventual explotación de oro, y en menor grado, plata y zinc en la zona, se haría utilizando métodos subterráneos y no a cielo abierto, como ocurre con la mina de Pueblo Viejo, considerada una de las más grandes del mundo, y que opera en la provincia de Sánchez Ramírez (noreste dominicano) la también canadiense Barrick Gold.

A través de sus redes sociales, el Ministerio Público anunció que "como autoridad central en materia de extradiciones", culminó con éxito las gestiones para la entrega de Valverde a la justicia argentina, donde es investigado por un triple feminicidio.

Medidos locales difundieron imágenes del traslado del acusado del penal de Cantera, en Cañete, en el sur de la región de Lima, hacia la capital, para mañana ser conducido al aeropuerto.

Las autoridades argentinas señalan que Valverde, quien fue detenido en Perú el 30 de septiembre de 2025, es considerado el autor intelectual del asesinato en Buenos Aires de Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15 años de edad.

Las jóvenes fueron torturadas, asesinadas y enterradas en el patio de una vivienda en la localidad de Florencia Varela, en la provincia de Buenos Aires, donde fueron halladas cinco días después de haber desaparecido.

El pasado 3 de febrero, la Fiscalía peruana confirmó que Valverde iba a ser próximamante extraditado por solicitud de la justicia argentina.

"Responderá por tres hechos delictivos en agravio de tres mujeres" y que "el delito se habría cometido con la complicidad de dos o más personas, mediante ensañamiento y alevosía, y mediando violencia de género", indicó la institución peruana.

Cuatro meses antes, el 2 de octubre, la Policía Nacional de Perú (PNP) entregó a la Policía de Argentina al ciudadano argentino Matías Agustín Ozorio, señalado como presunto cómplice del Pequeño J para que también fuera procesado en ese país por el mismo delito.

Valverde, de 20 años, fue arrestado a finales de septiembre pasado en Lima junto al argentino Orozco cuando intentaban huir hacia el norte de Perú, de donde es originario Pequeño J y se presume que dirigía una banda de narcotráfico con vínculos en el extranjero.

En Torreón, el programa “Vecino Cochino” ha llevado a la detención de 12 personas en una semana por tirar basura y escombros en la vía pública, según informó la Dirección de Limpieza municipal.

Las acciones se realizaron en distintas colonias y derivaron en el traslado inmediato de los infractores a las celdas de la Colón, donde quedaron a disposición de la autoridad.

El operativo se apoya en reportes ciudadanos y en el sistema de monitoreo L.I.M.P.I.A, que utiliza cámaras distribuidas en varios sectores de la ciudad.

Cuando se detecta a una persona arrojando basura o escombros, elementos de la policía municipal acuden al sitio y proceden con el arresto en flagrancia.

En la última semana, las detenciones tuvieron lugar en colonias como Provitec, Prados del Oriente, Villas San Agustín, Jacarandas, Nogales, Ex Hacienda La Perla, La Unión, Zaragoza Sur, Las Alamedas, Héctor Mayagoitia y Eduardo Guerra.

Procedimiento de las detenciones y casos recientes

En uno de los casos destacados, en Villas San Agustín, personal municipal acudió para realizar labores de descacharre debido a la acumulación de objetos y desechos en una vivienda que generaban un foco de infección.

Los habitantes de la casa reaccionaron con agresiones físicas contra los trabajadores y los elementos de seguridad.

El Grupo de Reacción Torreón (GRT) intervino y detuvo a dos personas por obstrucción de la autoridad y condiciones insalubres.

En Villas Zaragoza, las cámaras de monitoreo detectaron a un hombre que arrojaba escombros y basura con un triciclo. Seguridad Pública llegó al lugar y el individuo fue arrestado y trasladado a las celdas. Operativos similares se realizaron en otras colonias donde ciudadanos fueron sorprendidos arrojando residuos en la vía pública.

Estrategia municipal y advertencia oficial

El titular de Limpieza, Demetrio Zúñiga Sordo, explicó que la estrategia del municipio es actuar de manera inmediata ante cualquier reporte y mantener la vigilancia de forma permanente. Señaló que la política es de “tolerancia cero” y que toda persona sorprendida cometiendo estas faltas será detenida y puesta a disposición de la autoridad correspondiente.

El funcionario reiteró el llamado a la población para mantener limpio Torreón y reportar cualquier conducta similar, enfatizando que la limpieza de la ciudad es una tarea conjunta. Para quienes no colaboren, la autoridad aplicará la ley de forma estricta y continuará con los operativos en toda la ciudad.

Sustento legal, procedimiento de denuncia y sanciones

El programa “Vecino Cochino” está coordinado por la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Su objetivo es combatir la basura en la vía pública y fomentar la denuncia de tiraderos clandestinos, respaldado por el Bando de Policía, Gobierno y Justicia Cívica del municipio (artículos 9 y 64) y el Reglamento de Limpieza.

Las multas por tirar basura pueden ir desde 1.000 hasta 16.000 pesos, dependiendo de la gravedad de la falta. En casos que involucren vehículos, puede aplicarse corralón y grúa. El municipio destaca que el objetivo no es recaudatorio, sino fortalecer la cultura de la limpieza y el respeto a la normativa.

La denuncia se puede realizar de manera anónima enviando fotografías y la ubicación por WhatsApp a los números 871 512 69 54 y 871 729 00 99, o mediante llamada telefónica. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía no confrontar al infractor, sino documentar la falta y reportarla por los canales habilitados. La vigilancia y atención de reportes operan las 24 horas.

El lema de la campaña es: “No dejes a la Ola sola, reporta a tu vecino cochino” y el municipio mantiene activos los canales de denuncia y la vigilancia permanente para atender las conductas que afectan la limpieza urbana.

Tres personas que se extraviaron en la zona boscosa del Pico del Águila, en la alcaldía Tlalpan, lograron ser localizadas y se reportaron sanas tras un operativo de búsqueda.

Según información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), el rescate ocurrió luego de una alerta emitida por el Centro de Comando y Control Sur (C2 Sur).

El operativo de rescate fue realizado por la noche, lo que habría dificultado las labores de los cuerpos de rescate.

Gracias a la coordinación entre monitoristas, policías y paramédicos, dos hombres y una mujer que habían perdido contacto lograron ser ubicados tras permanecer incomunicados en una zona de difícil acceso.

El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas intervino para valorar a las personas halladas. Después de una revisión clínica, se determinó que no presentaban lesiones ni daños físicos, permitiendo que se retiraran del lugar por sus propios medios.

SSC implementó búsqueda en el Pico del Águila

El reporte de extravío movilizó a equipos especializados de la SSC y a paramédicos del ERUM hacia la zona del Pico del Águila.

Al recibir la alerta, los oficiales establecieron comunicación telefónica con uno de los extraviados, a quien indicaron mantenerse en el sitio para facilitar la localización.

El operativo incluyó el despliegue de cuadrillas y la aplicación de protocolos de extracción en terrenos complicados.

La coordinación entre los cuerpos de seguridad y emergencia permitió reducir el tiempo de búsqueda. Las personas rescatadas permanecieron bajo resguardo hasta que se comprobó su estabilidad física.

El Pico del Águila se ubica dentro del Parque Nacional Cumbres del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

Es uno de los puntos más altos de la capital y atrae a excursionistas y deportistas por sus paisajes y rutas de senderismo. Sin embargo, la zona se caracteriza por su terreno accidentado, la densa vegetación y las bajas temperaturas, factores que pueden dificultar la orientación y aumentar el riesgo de extravío, caídas o accidentes.

SSC compartió el momento en que descendieron con las personas rescatadas

En la cuenta oficial de X (antes Twitter) de la institución, fue revelado un video que muestra el momento en que los elementos de seguridad bajan la zona boscosa junto con los rescatados.

El material muestra como se abre paso para que las personas descienden de forma segura, mientras se auxilian con linternas para ver con claridad el terrero.

Además, se observa como la mujer rescatada se auxilia con un bastón de senderismo para salir del sitio.

Las personas rescatadas no presentaron lesiones

La revisión médica practicada por el personal del ERUM descartó daños, golpes o heridas. Tras completar la valoración, los dos hombres y la mujer agradecieron la intervención de los uniformados. El dispositivo de búsqueda concluyó sin incidentes adicionales.

Mediante un comunicado, la SSC reiteró que la atención a este tipo de emergencias es prioritaria y recordó que los ciudadanos pueden solicitar apoyo a través del número 911 y la aplicación “Mi Policía”.

Las autoridades insisten en prevenir accidentes durante actividades recreativas en zonas boscosas y recomiendan mantenerse en contacto y portar equipos de comunicación adecuados en caso de extravío.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) anunció este sábado la convocatoria para elegir a quienes ocuparán los cargos de Jefas y Jefes de Cuadrantes dentro de la institución. Esta invitación está dirigida únicamente a las y los policías en servicio que buscan fortalecer su trayectoria profesional dentro de la dependencia.

El proceso de postulación requiere cumplir con los requisitos institucionales y presentar la documentación correspondiente en los plazos establecidos. Aquí te explicamos los pasos esenciales para participar.

Proceso de selección y fechas clave

La SSC-CDMX precisó que la iniciativa responde a la necesidad de fortalecer la estructura operativa en los cuadrantes de la ciudad.

Para ello, las personas interesadas deberán cumplir con los requisitos establecidos y presentar su documentación en los plazos indicados por la dependencia. Entre ellos se incluyen:

• Ser integrante activo de la SSC.
• Contar con una antigüedad mínima establecida por la dependencia.
• No haber sido sancionado administrativamente en los últimos dos años.
• Aprobar los exámenes de control de confianza vigentes.
• Presentar la documentación solicitada en tiempo y forma.

Documentación necesaria

• Identificación vigente.
• Comprobante de antigüedad.
• Constancias de evaluaciones recientes.

La inscripción se llevará a cabo a partir del 15 de septiembre, a través de la página oficial de la Secretaría a la cual puede acceder a través de www.ssc.cdmx.gob.mx o http://jefesdecuadrante.ssc.cdmx.gob.mx en horario abierto, en el apartado correspondiente.

Las y los candidatos deberán anexar a su registro de inscripción en medio digital en la página referida la siguiente documentación, escaneada del documento original, debiendo de ser visible y a color en el apartado correspondiente.

Evaluaciones y criterios de selección

El proceso contempla evaluaciones teóricas y prácticas para medir las capacidades operativas de los postulantes. La valoración incluye entrevistas y revisión de expedientes, con el propósito de seleccionar a quienes muestren mayor liderazgo y compromiso.

Las personas que resulten seleccionadas accederán a nuevas responsabilidades dentro de la estructura policial. El cargo de Jefa o Jefe de Cuadrante puede significar mejores condiciones laborales y posibilidades de ascenso en la carrera policial.

Sin embargo, se establece que no podrán concursar quienes tengan procesos legales pendientes o antecedentes de sanciones graves. El cumplimiento estricto de los requisitos es un filtro esencial para garantizar la integridad del proceso.

Resultados y publicación

La SSC dará a conocer los resultados del proceso una vez concluidas todas las etapas de evaluación. Las y los seleccionados serán notificados oficialmente y se integrarán a sus nuevas funciones conforme al calendario institucional.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana considera que la actualización constante en sus mandos es una estrategia clave para mejorar el servicio policial. El proceso de selección actual forma parte de una política institucional que busca fortalecer la seguridad en los cuadrantes de toda la ciudad.

La intervención se realizó en el sector de Pichu Alto, en Cusco, donde agentes policiales ubicaron al investigado durante un operativo coordinado con autoridades bolivianas. Según información policial, el hombre fue encontrado bebiendo licor junto a otras personas cuando fue interceptado y reducido por efectivos de la Policía Nacional.

En declaraciones a Latina Noticias, el jefe policial de Cusco, general PNP Carlos Guizado, informó que la ubicación del sospechoso fue posible gracias al intercambio de información entre las autoridades de ambos países. Asimismo, indicó que el detenido era requerido por un caso de feminicidio registrado en Bolivia y que también presentaba antecedentes en territorio peruano.

Investigación por feminicidio y fuga hacia el Perú

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el crimen ocurrió el lunes 27 de abril en Cochabamba. Las autoridades bolivianas sostienen que Jonathan Ángel Mormontoy habría agredido físicamente a su pareja, Elizabeth Villa Jiménez, hasta causarle la muerte por asfixia.

Tras el presunto feminicidio, el hombre habría ocultado el cuerpo de la víctima y posteriormente huyó del país llevándose a dos de sus hijos. Según la Policía, los menores tienen 10 años y seis meses de edad, respectivamente.

Según informó Unitel, las autoridades bolivianas emitieron una alerta de fuga luego de detectar la salida del acusado hacia territorio peruano. En menos de 48 horas, la Policía peruana logró ubicarlo en Cusco mediante acciones de seguimiento y geolocalización coordinadas con sus pares bolivianos.

Coordinación internacional para extradición

El general Carlos Guizado explicó que las diligencias continúan en coordinación con la Policía Boliviana e Interpol para agilizar el proceso de extradición del detenido. En paralelo, las autoridades gestionan la activación de una alerta roja internacional para formalizar su requerimiento ante la justicia peruana.

Desde Bolivia, el fiscal departamental Osvaldo Tejerina señaló que la captura fue posible gracias a convenios de cooperación y al intercambio de información migratoria y digital entre ambos países. En conversación con Unitel, indicó que el rastreo permitió establecer que el investigado había cruzado la frontera y se encontraba en Cusco.

Además del caso de feminicidio, las autoridades peruanas confirmaron que el detenido tenía antecedentes por hurto agravado y una requisitoria vigente en el Perú por ese delito. Por ello, permanecerá bajo custodia mientras avanzan las coordinaciones judiciales internacionales.

Situación de los menores y proceso judicial

La Policía informó que actualmente se realizan coordinaciones con instituciones correspondientes para garantizar la protección y custodia de los dos menores que ingresaron al Perú junto al detenido.

El acusado será puesto a disposición del Poder Judicial peruano mientras se desarrollan los procedimientos relacionados con el pedido de extradición formulado por Bolivia. Las autoridades estiman que, tras la activación de la alerta roja de Interpol, el ciudadano peruano podría ser entregado a la justicia boliviana en los próximos días.

Entretanto, el caso continúa siendo investigado por las autoridades de ambos países, que mantienen comunicación permanente para esclarecer los hechos y avanzar con el proceso judicial correspondiente contra el presunto responsable del crimen.

El interés por conocer nuevas personas a través de internet lleva a muchos usuarios a confiar en perfiles atractivos. Sin embargo, las plataformas de citas y redes sociales se han convertido en escenarios frecuentes para el fraude amoroso.

Bajo este panorama, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) advirtió sobre las tácticas de extorsionadores que buscan aprovechar la ingenuidad y el deseo de afecto, a través de perfiles falsos y la ilusión de una relación sincera.

En varios casos, los delincuentes piden fotografías íntimas con la promesa de confidencialidad. Luego, amenazan con difundir ese material si la víctima se niega a entregar dinero.

Algunas personas reciben solicitudes de ayuda económica bajo el pretexto de un encuentro físico. Los extorsionadores aprovechan la confianza lograda para exigir transferencias inmediatas.

A continuación, te decimos cómo operan estas personas y qué recomendaciones seguir para prevenir fraudes. ¡Toma nota!

¿Cómo operan los estafadores?

Los delincuentes suelen crear perfiles con imágenes atractivas y datos inventados. El objetivo es captar la atención de usuarios desprevenidos y establecer rápidamente una conversación íntima.

Una vez que se genera confianza, los estafadores solicitan datos personales o detalles sobre la vida familiar de la víctima. Esta información puede usarse para futuras amenazas o chantajes.

Solicitar una cita en lugares privados es otra estrategia utilizada para aumentar el riesgo para la víctima. En algunos casos, los delincuentes buscan aislar a la persona y dificultar la intervención de terceros.

Recomendaciones para evitar el fraude amoroso

Para proteger tu integridad y tu dinero, evita compartir información sensible con desconocidos. No envíes fotografías íntimas ni detalles bancarios a personas con las que apenas has interactuado.

Verifica siempre la autenticidad del perfil antes de avanzar en la relación. Utilizar buscadores inversos de imágenes puede ayudar a detectar si las fotos pertenecen a otra identidad.

Si alguien te pide dinero a cambio de favores personales o encuentros, rechaza la solicitud y reporta el caso a las autoridades. Mantén informada a una persona de confianza sobre tus interacciones y posibles citas.

El fraude amoroso afecta tanto a la salud emocional como al patrimonio de las víctimas. Tomar precauciones y actuar con desconfianza ante solicitudes dudosas puede evitar consecuencias graves.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) anunció la realización del “Concurso de Pintura Infantil 2026 Mundialito con tu Policía”, que busca fortalecer el vínculo entre la policía y la niñez. Con ello, convocó a las infancias de la ciudad a sumarse a esta jornada recreativa.

De acuerdo con las autoridades, la convocatoria ya se encuentra abierta y terminará el 7 de agosto de 2026. Los dibujos se recibirán en el Museo de la Policía de la Ciudad de México, ubicado en la colonia Centro, todos los días de 9:00 a 18:00 horas.

Las obras que se presenten deben abordar uno de los cinco ejes temáticos propuestos, entre los que se encuentran “Mi policía me cuida en el mundial” y “Las mujeres policía también se la juegan por mi seguridad”. De esta manera, los menores podrán expresar su percepción sobre el papel de la policía en la sociedad.

A continuación te decimos cómo participar. ¡Toma nota!

Requisitos para participar

• Tener entre seis y 12 años de edad.
• Residir en la Ciudad de México o el Estado de México.
• Presentar una sola obra original, sin palabras ni textos, de 33 x 50 centímetros.
• Utilizar únicamente acuarelas, crayones, óleo, lápices de colores, gises o plumones.
• Plasmar el trabajo en cartulina, papel cascarón o cartoncillo.
• Entregar la obra en el Museo de la Policía de la Ciudad de México dentro del plazo establecido.
• Firmar la cesión de derechos de autor.

¿Cómo inscribirse?

El certamen se desarrollará en dos categorías: una para quienes tienen de seis a ocho años, y otra para quienes tienen entre nueve y 12 años. Cada participante podrá inscribir solo un dibujo o pintura, el cual debe ser una creación original.

El proceso de inscripción contempla que, al entregar la obra en el Museo de la Policía de la Ciudad de México, se proporcionará una ficha donde habrá que explicar brevemente el trabajo presentado. Si la o el menor aún no sabe escribir, podrá recibir apoyo de sus padres o tutores.

Para garantizar la protección de derechos de autor, la persona responsable de la inscripción deberá firmar la cesión correspondiente. Así, los trabajos pasarán a formar parte del acervo pictórico de la SSC y podrán ser utilizados con fines culturales y sin ánimo de lucro.

Las técnicas aceptadas para la elaboración de las obras incluyen acuarelas, crayones, óleo, lápices de colores, gises y plumones. Los trabajos deben realizarse sobre cartulina, papel cascarón o cartoncillo y respetar el formato de 33 x 50 centímetros.

El jurado estará conformado por autoridades de la SSC, representantes del Gobierno de la Ciudad de México y artistas invitados. Los criterios de evaluación serán creatividad, composición, técnica y presentación.

¿Cuál será el premio de la Pintura Infantil 2026?

Quienes resulten ganadores del primer lugar en cada categoría recibirán una tableta electrónica, un juguete y un balón. Para el segundo lugar se otorgará un reloj inteligente, un juguete y un balón, mientras que el tercer puesto obtendrá unos audífonos, un juguete y un balón.

Además, las y los veinticinco finalistas de cada categoría recibirán un diploma y un obsequio como reconocimiento a su esfuerzo. La ceremonia de premiación se realizará en septiembre de 2026 y los detalles serán comunicados directamente a las familias participantes.

Después del evento, los nombres de los ganadores se publicarán en la página oficial de la SSC. Con este tipo de iniciativas, la Secretaría refuerza su compromiso por acercarse a la infancia y promover valores como la integridad y el servicio público.

La policía turca disparó gases lacrimógenos y arrestó el viernes a cientos de personas que participaban en las manifestaciones del Primero de Mayo en Estambul, mientras miles de personas se movilizaban en todo el país.

Según la Asociación de Abogados CHD, al menos 370 personas fueron arrestadas en Estambul, donde la policía lanzó gases lacrimógenos desde vehículos antidisturbios contra la multitud, según observaron periodistas de AFP.

Imágenes emitidas por el canal de oposición HALK TV también mostraron al presidente del Partido de los Trabajadores Turcos, Erkan Bas, rociado con gas pimienta.

“Los que están en el poder ya hablan los 365 días del año, así que dejemos que los trabajadores hablen de las dificultades que enfrentan al menos un día al año”, declaró.

Dos grupos fueron señalados especialmente en la parte europea de la ciudad tras anunciar su intención de marchar hacia la plaza Taksim —escenario de varias protestas antigubernamentales en el pasado—, que fue acordonada por la policía durante la noche.

Un dirigente sindical, Basaran Aksu, fue arrestado justo después de haber denunciado el bloqueo de Taksim.

«No se puede cerrar una plaza a los trabajadores de Turquía. Todo el mundo usa Taksim, para ceremonias oficiales, para celebraciones. Solo los obreros, los trabajadores, los pobres encuentran la plaza cerrada», exclamó indignado.

Despliegues policiales

El Primero de Mayo, fecha que celebra a los trabajadores y a la clase obrera, conlleva cada año un importante despliegue policial en Turquía, con el cierre de una amplia zona en el centro de Estambul, alrededor de la plaza Taksim.

El año pasado, las protestas se trasladaron al barrio de Kadikoy y más de 400 personas fueron arrestadas.

El número de detenciones este año parecía acercarse a esa cifra.

El grupo de abogados CHD, presente en las manifestaciones, publicó en X que, a las 11:00 GMT, “según nuestra información, el número de personas detenidas asciende a 370”.

El viernes, se observó un gran despliegue policial, muchos de ellos con equipo antidisturbios, y barricadas metálicas que dificultaban el acceso a los barrios céntricos de Estambul.

En el distrito de Mecidiyekoy, la AFP observó a la policía utilizando gases lacrimógenos contra la multitud, que incluía a miembros del partido marxista HKP, quienes intentaban abrirse paso coreando “Asesino de EEUU, cómplice del AKP (partido gobernante de Turquía)”.

La policía, que rodeaba el barrio de Besiktas, intervino —en ocasiones con violencia— cada vez que los manifestantes coreaban consignas. La AFP vio a varios manifestantes ser arrojados al suelo.

Sindicatos y asociaciones de la sociedad civil habían convocado las manifestaciones del 1 de mayo bajo el lema “Pan. Paz. Libertad”.

La inflación en Turquía se sitúa oficialmente en el 30%, pero según estimaciones independientes, ronda el 40%.

En Ankara, cerca de 100 mineros del carbón que habían protagonizado una huelga de hambre de nueve días para exigir el pago de salarios atrasados ​​fueron aclamados al unirse a la marcha del Primero de Mayo, que fue notablemente numerosa, con una gran participación juvenil y una importante presencia policial, según informó un periodista de la AFP.

A principios de esta semana, las autoridades turcas emitieron órdenes de arresto y registro contra 62 personas, de las cuales consideraron que 46 —entre ellas periodistas, sindicalistas y figuras de la oposición— eran “probables de llevar a cabo ataques”.

(Con información de AFP)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) anunció este viernes, 1 de mayo, la apertura de su convocatoria para ocupar plazas de custodio en el Sistema Penitenciario de la capital, bajo condiciones formales y requisitos puntuales para quienes busquen sumarse a este servicio.

De acuerdo con las autoridades, este llamado está dirigido a personas interesadas en desempeñar funciones de seguridad dentro de los centros penitenciarios y que cumplan con el perfil solicitado.

Si te interesa formar parte del equipo, aquí te decimos cómo aplicar. ¡Toma nota!

Requisitos para participar

• Ser ciudadana/o mexicana/o en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
• Aquellas personas aspirantes que cuenten con doble nacionalidad deberán reportarlo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, exhibiendo para ello el certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores en términos de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad.
• Escolaridad mínima: Nivel Medio Superior (si se cuenta con un grado de licenciatura u otro, la o el aspirante tendrá que presentar su certificado de bachillerato).
• Edad: de 18 a 35 años cumplidos.
• Estatura mínima en hombres: 1.60 metros y 1.50 metros en mujeres.
• Constancia digital de no antecedentes penales, la cual podrá tramitar en el enlace electrónico siguiente: https://noantecedentes.cdmx.gob.mx/
• Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenada/o por sentencia irrevocable por delito doloso, o por delito culposo calificado como grave, ni estar sujeta/o a proceso penal y no encontrarse en ninguno de los supuestos siguientes:
• En caso de los hombres, haber cumplido con el Servicio Militar Nacional.
• Encontrarse en óptimas condiciones físicas y de salud, que le permitan desempeñar actividades de alto impacto durante su estadía en el Programa de Formación Inicial para Policía Penitenciario.
• Contar con un índice de masa corporal en el rango de 18.5 hasta 30.0 kg/m2.

• Contar con una agudeza visual en el rango 20/20 hasta 20/40 de forma monocular, sin alteraciones a la percepción de colores.
• Aprobar los procesos de evaluación de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México.
• No hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares.
• Realizar exámenes relativos a la verificación de ausencia de alcoholismo y no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares.
• Presentar y aprobar el Proceso de Evaluación de Control de Confianza, así como el Programa de Formación Inicial para Policía Penitenciario.
• No contar con antecedentes de destitución en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
• El personal que haya pertenecido a alguna dependencia de seguridad pública o privada deberá realizar la baja de la Clave Única de Identificación Policial (CUIP) de su anterior empleo.
• No contar con registros de personas familiares procesadas por la comisión de delitos en algún centro penitenciario.
• En caso de que cuente con familiares que laboren en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, informarlo para que, de resultar apta/o, se adscriba en un centro diferente.

Documentación necesaria

La misma que deberá presentarse en original y dos copias simples.

• Copia certificada del Acta de Nacimiento.
• Certificado de Conclusión de Estudios de Nivel Medio Superior.
• Dos cartas de recomendación relativas a la conducta y solvencia moral de la persona aspirante, anexando copia simple de identificación oficial de los recomendantes.
• Declaración firmada por la persona aspirante bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que no hace uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares y que no padece alcoholismo.
• Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada, tratándose de aspirantes hombres.
• Documento oficial con fotografía que acredite la identidad del aspirante. (Credencial para votar expedida por el INE o pasaporte).
• Comprobante de domicilio (recibo de teléfono fijo, constancia domiciliaria de la Alcaldía o Municipio, agua o predial) cuya antigüedad no exceda de dos meses.
• C.U.R.P. (Clave Única del Registro de Población).

• Constancia expedida por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, con la que acredite no estar suspendido/a o inhabilitado/a ni haber sido destituido/a o inhabilitado/a de la misma u otra institución policial. (Constancia que será requerida una vez que el aspirante sea apto en su proceso de reclutamiento).
• Constancia expedida por la Secretaría de la Función Pública, con la que acredite no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido o inhabilitado de la misma u otra institución policial - Constancia que será requerida una vez que el aspirante sea apto en su proceso de reclutamiento-.
• Constancia de no antecedentes penales local y federal.
• Dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro o a color.
• Constancia de Situación Fiscal (RFC) emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la misma que deberá contener el domicilio tal y como se encuentre en la credencial para votar de la persona interesada.

La documentación original se cotejará y devolverá, salvo aquella que resultare falsa, ya que será puesta a disposición de las autoridades competentes para los efectos legales a que haya lugar, dejando sin efecto el registro de la o el aspirante.

Proceso de registro y selección

El registro se realiza en línea a través del portal oficial de la SSC. Las y los postulantes deben completar el pre-registro y posteriormente presentarse en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México para el cotejo de documentos.

Durante el proceso, las personas candidatas deben aprobar diversas evaluaciones: médica, toxicológica, psicológica, de entorno socioeconómico y poligráfica. El resultado de este proceso de control de confianza es definitivo y no admite apelaciones.

Quienes no se presenten en la fecha y hora indicadas para las evaluaciones quedarán fuera del proceso, y no podrán volver a participar en un lapso de doce meses, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados.

Formación inicial y condiciones de trabajo

Las personas seleccionadas ingresarán al Curso de Formación Inicial del Sistema Penitenciario, el cual se desarrolla bajo modalidad de internado y comprende al menos 547 horas de actividad académica y capacitación física.

El objetivo de la formación es dotar al personal de las competencias necesarias para cumplir con las funciones de custodia, vigilancia y respeto a los derechos humanos dentro de los centros penitenciarios.

Al concluir y aprobar el curso, quienes resulten aptos serán dados de alta con el grado de custodio penitenciario en la SSC. El ingreso formal depende de la suficiencia presupuestal y de la acreditación total de todas las etapas del proceso.

Motivos de exclusión y consideraciones

La convocatoria establece que cualquier falsedad en la información o documentación presentada llevará a la descalificación inmediata y a la notificación a las autoridades competentes. La revisión de documentos originales es obligatoria en todas las etapas.

No se permite la participación de personas suspendidas, inhabilitadas o destituidas por resolución firme como servidor público, ni de quienes tengan antecedentes en comunidades para adolescentes, aunque hayan sido exonerados.

En caso de contar con familiares laborando en el Sistema Penitenciario, el aspirante debe notificarlo para evitar coincidencias de adscripción en el mismo centro. La SSC resguarda la confidencialidad de los datos personales durante el proceso.

Evaluaciones complementarias

El proceso incluye exámenes médicos, toxicológicos y psicológicos para todos los postulantes. Las evaluaciones se realizan en las instalaciones oficiales y bajo los lineamientos establecidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Las personas aspirantes deben presentarse puntualmente y portar la documentación requerida el día señalado. La ausencia injustificada ocasiona la baja automática del proceso de selección.

Resultados y notificación

La SSC-CDMX notificará vía telefónica a quienes hayan aprobado todas las etapas del proceso para indicar fecha y hora de la integración a la formación inicial. El resultado del proceso de evaluación de control de confianza será único e inapelable.

Quienes concluyan satisfactoriamente el curso de formación inicial y cumplan con la documentación, se incorporarán formalmente al Sistema Penitenciario como custodios. La SSC podrá adscribir al personal a cualquier centro penitenciario conforme a las necesidades institucionales.

Prestaciones y condiciones laborales

El ingreso como custodio penitenciario otorga prestaciones como sueldo mensual, aguinaldo, prima vacacional y seguro de vida. El monto y los beneficios específicos se informan al momento de la contratación formal.

La convocatoria señala que todas las etapas del proceso son gratuitas. Cualquier irregularidad debe reportarse a la Unidad de Asuntos Internos a través de los medios de contacto oficiales.