La Oficina del Fiscal del 23.° Distrito Judicial sostuvo que otras agencias tuvieron oportunidades previas de mantenerlo detenido y no lo hicieron.

Los hechos ocurrieron el 15 de enero de 2026 en el Condado de Douglas. La sentencia se dictó el 2 de noviembre.

Todo arrancó como un control de tráfico de rutina. Un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Douglas lo detuvo por exceso de velocidad en Castle Pines.

En lugar de acatar la orden, Hirschfield aceleró en dirección al efectivo, quien tuvo que saltar hacia un lado para no ser atropellado.

Las cámaras del vehículo policial registraron el momento exacto en que el auto salió disparado por la calle residencial.

Una fuga que escaló en segundos

El conductor recorrió los barrios de Highlands Ranch y Littleton a velocidades superiores a los 160 km/h.

Invadió el carril contrario. Circuló en sentido contrario al tráfico. Finalmente, colisionó con otro automóvil.

Tras el choque, dejó a la pasajera en el lugar y escapó a pie hacia un vecindario de Littleton.

El operativo que cerró el cerco

La búsqueda movilizó a decenas de agentes de la Oficina del Sheriff. Un dron con cámara térmica siguió los movimientos de Hirschfield a través de árboles y arbustos, mientras una unidad canina rastreaba el área desde el suelo.

Aproximadamente una hora después del control inicial, los agentes lo hallaron debajo de un porche de madera, vestido únicamente con ropa interior.

Las cámaras corporales de los agentes registraron el momento en que lo redujeron en el suelo con las manos detrás de la espalda.

La inspección posterior de su vehículo reveló cocaína y utensilios para el consumo de drogas.

Las decisiones previas que el fiscal puso en cuestión

El fiscal del distrito George Brauchler apuntó directamente a las decisiones tomadas por otros organismos judiciales.

“Este caso pone de manifiesto el efecto dominó de las decisiones tomadas por otras agencias que tuvieron oportunidades de encarcelar a este hombre antes de este peligroso episodio”, afirmó.

El historial de Hirschfield ilustra esa cadena de oportunidades no aprovechadas. En noviembre de 2024, un juez del Condado de Arapahoe le concedió libertad condicional y servicio comunitario tras su declaración de culpabilidad por intento de distribución de fentanilo.

Su libertad condicional fue revocada menos de tres meses después. En junio de 2025, fue restituida.

El 19 de agosto de 2025, una nueva solicitud de revocación fue presentada ante los tribunales. Ese mismo día, fue puesto en libertad sin fianza en el Condado de Jefferson por un cargo grave de robo.

El fiscal adjunto Zach Idris fue directo al valorar la condena. “Este acusado puso en riesgo innumerables vidas esa noche”, aseguró.

El sheriff del condado, Darren Weekly, cerró con una advertencia pública. “No huyan de nuestros agentes. Los atraparemos y los haremos rendir cuentas”, dijo. Poner en riesgo a los efectivos y al público “no será tolerado en el Condado de Douglas”, completó.

Brauchler fue el último en hablar. “Cometan sus delitos en algún lugar más indulgente, o mejor aún, tal vez no los cometan en absoluto”, concluyó.

La Policía Nacional de República Dominicana incorporó a 200 nuevos agentes a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), una medida que busca reforzar la persecución de delitos y ampliar la capacidad de respuesta de la institución en un período marcado por hechos violentos y la búsqueda de miles de personas requeridas por la justicia.

Los agentes recibieron capacitación a través del taller “Investigación Criminal 360”, un programa destinado a preparar a los nuevos investigadores para intervenir en casos de distinta complejidad. La formación abordó la recopilación de pruebas, el análisis de información, la documentación de actuaciones y el respeto de los procedimientos previstos por la ley.

La incorporación representa un refuerzo para las unidades que investigan delitos contra las personas, el patrimonio, el crimen organizado y otras modalidades que demandan respuesta policial. La Dicrim tiene a su cargo pesquisas vinculadas con homicidios, robos agravados, asaltos, secuestros y estructuras delictivas que operan en distintas provincias.

¿Cómo fueron integrados los nuevos investigadores agentes?

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, dispuso la realización de la jornada como parte de la estrategia para fortalecer los recursos humanos de la institución.

El director central de Investigación, general Pedro Ignacio Matos Pérez, explicó a los nuevos integrantes los principios jurídicos, éticos y metodológicos que deben regir una pesquisa. El programa también incluyó contenidos sobre el debido proceso, una cuestión que adquiere relevancia ante la necesidad de que las detenciones y los expedientes tengan sustento legal.

La capacitación sumó exposiciones de responsables de áreas especializadas de la Dicrim sobre delitos contra las personas y el patrimonio, crimen organizado, Policía Científica y la Oficina Central Nacional de Interpol. Los agentes participaron en clases teóricas, revisión de casos y prácticas relacionadas con el levantamiento y evaluación de pruebas.

La Policía enfrenta miles de órdenes de arresto pendientes

La institución informó el 2 de octubre que su base de datos registraba 53,877 órdenes de arresto pendientes. Del total, 17,635 correspondían a violencia intrafamiliar; 11.587, a robos; 5.951, a agresiones físicas; 4.018, a agresiones sexuales; y 2.681, a homicidios.

El número refleja el volumen de casos que deben atender las unidades investigativas y judiciales. La Policía indicó además que 318 personas con órdenes de arresto se entregaron voluntariamente desde agosto, en medio de los llamados públicos para que los requeridos se pongan a disposición de las autoridades.

Los operativos se intensificaron en varias provincias

En las últimas semanas, las actuaciones de la Dicrim se concentraron en la localización de sospechosos en Santiago, Moca, La Vega, Bávaro, el Distrito Nacional y Santo Domingo figuran entre las zonas donde se informaron intervenciones policiales.

La presión operativa coincidió con un aumento de los hechos violentos y con una mayor actividad contra presuntos responsables de delitos. Entre septiembre y octubre, medios locales contabilizaron más de 100 muertes en alegados intercambios de disparos con agentes, principalmente durante operativos atribuidos a unidades de investigación.

La Policía sostiene que, en varios de esos casos, los sospechosos atacaron a los agentes durante los intentos de captura. Las circunstancias de cada procedimiento quedan sujetas a las investigaciones judiciales y a los mecanismos internos de supervisión.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció que el Gobierno prevé reforzar el control sobre las actuaciones policiales mediante cámaras corporales y sistemas de monitoreo. Los 200 nuevos agentes de la Dicrim se integrarán a esa estructura, con la tarea de fortalecer las investigaciones y apoyar la ejecución de las órdenes emitidas por la justicia.

Un hombre de 36 años murió en la madrugada del martes en la ciudad de Salta luego de recibir disparos de arma de fuego. El episodio derivó en la detención de cuatro efectivos policiales mientras avanzan las averiguaciones sobre el caso.

La víctima fue identificada como Gregorio Ramos y el caso quedó bajo investigación judicial para determinar cómo se produjeron las heridas y cuál fue la intervención de los agentes que patrullaban la zona.

El hecho ocurrió en el barrio 6 de Septiembre, donde Ramos se encontraba frente a su vivienda, de acuerdo con el relato aportado por familiares a medios locales. La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, intervino como fiscal de turno y ordenó medidas de prueba durante las primeras horas posteriores al fallecimiento.

La investigación busca establecer la secuencia completa del procedimiento policial, las circunstancias en las que se realizaron los disparos y la eventual responsabilidad de cada uno de los cuatro uniformados que permanecen detenidos. Por el momento, no se difundió una versión oficial que precise el origen del incidente ni la mecánica en la que Ramos sufrió las lesiones.

Según familiares, un patrullero llegó durante la madrugada al sector donde estaba la víctima. Sostuvieron que la presencia de los policías lo asustó y que intentó escapar corriendo. En ese contexto, denunciaron que recibió disparos de arma de fuego.

Una de las primeras versiones, el hombre tenía heridas en una pierna y en la espalda. Sin embargo, una hermana de la víctima afirmó después que habrían sido tres los impactos. La cantidad de disparos, su trayectoria y la distancia desde la que se efectuaron deberán ser determinadas por las pericias forenses.

Los familiares también señalaron que Ramos tenía retraso madurativo y dificultades auditivas. Esos datos forman parte del contexto planteado por sus allegados. Verónica, sobrina del fallecido, afirmó a El Tribuno que había varios agentes en el lugar y denunció que no recibió asistencia inmediata por parte de quienes participaban del procedimiento.

El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes trasladó a Ramos al hospital San Bernardo cerca de la 1:40. El hombre murió durante el trayecto, según la información publicada por medios locales. El resultado de la autopsia será una de las pruebas centrales para establecer la causa de muerte y las características de las lesiones.

Tras tomar conocimiento de la muerte, Sodero Calvet dispuso la intervención de personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y del Cuerpo Especializado de Investigadores. También ordenó que el cuerpo fuera trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF para la realización de la autopsia.

La Fiscalía solicitó la detención de cuatro policías que tendrían alguna vinculación con lo sucedido. La medida no implica una definición sobre su responsabilidad penal, que deberá ser establecida a partir de los elementos reunidos en la causa y de las decisiones judiciales posteriores.

Entre las diligencias iniciales figura la requisa del patrullero en el que se habrían movilizado los efectivos. Peritos del CIF trabajaron sobre el vehículo en dependencias policiales de Villa El Sol, con el objetivo de preservar y examinar posibles elementos de interés para la investigación.

El análisis del arma reglamentaria de los agentes, los registros de comunicaciones, los desplazamientos del móvil y los testimonios de vecinos aparecen entre las medidas relevantes para reconstruir el caso. También será necesario establecer si existieron llamados previos al 911 que motivaran la presencia de la patrulla en el barrio.

En una conferencia de prensa en la Central de Policía, el comisario general Burgos confirmó que los cuatro efectivos involucrados se encontraban detenidos y a disposición de la Justicia. Además, informó que se secuestraron elementos relacionados con el episodio, aunque no precisó cuáles.

La Policía de Salta deberá entregar la documentación y los elementos que requieran los investigadores. Mientras tanto, la causa sigue en etapa inicial y no se informó una imputación formal contra los detenidos.

El subgerente de Seguridad Ciudadana de Surco, Miranda, informó a las cámaras de Latina Televisión sobre el procedimiento durante una entrevista con Latina Noticias. Según explicó, los agentes municipales de las jurisdicciones involucradas coordinaron acciones para seguir los movimientos de la unidad desde que se inició el seguimiento en territorio miraflorino.

La movilización de los sospechosos atravesó diferentes sectores de la capital hasta llegar a suelo surcano, donde personal del serenazgo y miembros del Escuadrón de Emergencia consiguieron interceptarlos. Después del impacto contra la estructura de concreto, los ocupantes quedaron bajo custodia policial para las diligencias correspondientes.

Uno de los intervenidos tenía requisitoria por robo

El funcionario confirmó al medio que uno de los varones registraba una requisitoria por robo en el distrito de El Agustino. Asimismo, identificó a los involucrados como José Cusinga Rojas y Óscar Usco López, quienes fueron trasladados para continuar con las investigaciones.

Dentro del automóvil también viajaba una mujer, cuya situación quedó bajo evaluación de los efectivos policiales. Miranda precisó que las autoridades realizaban las verificaciones necesarias para determinar si presentaba antecedentes o algún vínculo con las actividades delictivas que se investigan.

Durante la inspección de la unidad, los agentes encontraron placas de rodaje presuntamente falsas. Este elemento será considerado en las pesquisas para establecer por qué los ocupantes utilizaban identificaciones vehiculares adulteradas y si el transporte estaría relacionado con otros incidentes reportados en Lima.

El representante municipal agregó que ambos hombres contarían con antecedentes policiales por robo agravado, hurto agravado y otros delitos. Sin embargo, corresponderá a las instancias competentes esclarecer su participación en los hechos denunciados y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse del caso.

Cámaras de seguridad permitieron rastrear el automóvil

Otro aspecto destacado durante la entrevista fue el papel de la tecnología en el seguimiento de los sospechosos. La central de videovigilancia de Santiago de Surco permitió reconstruir los desplazamientos del vehículo mediante la revisión de las imágenes captadas en distintos puntos de la jurisdicción.

De acuerdo con Miranda, los registros audiovisuales permitieron establecer que dicha unidad había ingresado al distrito durante septiembre y octubre, presuntamente para cometer actividades ilícitas. Esta información será contrastada con las denuncias existentes para determinar si los ocupantes estarían relacionados con otros episodios delictivos.

Las grabaciones también registraron parte de la persecución y el recorrido realizado por los individuos antes de su detención. Estos archivos permitirán a los investigadores reconstruir los acontecimientos y verificar si existe correspondencia entre las imágenes y los casos que se encuentran bajo investigación.

El subgerente resaltó que la articulación entre los municipios y el monitoreo permanente resultaron fundamentales para ubicar a los implicados, pese a que atravesaron varias jurisdicciones durante su intento de fuga.

Sospechosos quedaron a disposición de las autoridades

Luego del procedimiento, los dos varones fueron puestos a disposición de la Policía Nacional, institución que continuará con las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Entre las acciones pendientes figura determinar si los intervenidos participaron en los presuntos robos registrados en los distritos recorridos y si el automóvil fue empleado en otros ilícitos.

Por su parte, la situación de la tercera ocupante deberá esclarecerse a partir de las verificaciones correspondientes. Las placas encontradas, los antecedentes reportados y las grabaciones municipales constituirán elementos que deberán ser evaluados durante el proceso investigativo.

El caso evidencia la importancia del trabajo conjunto entre los servicios de serenazgo de Miraflores, Barranco y Santiago de Surco para responder ante situaciones que involucran desplazamientos de presuntos delincuentes entre distintas jurisdicciones.

El ataque incluyó la detonación de una volqueta cargada con explosivos en inmediaciones del Batallón de Infantería N.° 17 General Domingo Caicedo. Las autoridades también investigan el presunto empleo de drones bomba en el área.

Ante la gravedad de lo ocurrido, las autoridades anunciaron un refuerzo de capacidades investigativas, técnicas y operativas en Planadas luego de evaluar en terreno los daños y las necesidades que dejaron los recientes atentados en este municipio del sur del Tolima.

La visita se realizó este 2 de noviembre con la participación del mayor general Ricardo Augusto Alarcón Campos, jefe Nacional del Servicio de Policía, y la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas.

La información fue suministrada por la Policía Nacional en un comunicado oficial en el que detallaron los acuerdos a los que se llegaron en la reunión. Se informó que los funcionarios llegaron por vía aérea a la base militar y desde ese punto recorrieron varios sectores de Planadas que resultaron afectados por los hechos de violencia, verificando.

Las autoridades revisaron zonas afectadas y necesidades de la comunidad

El recorrido incluyó la sede provisional del Hospital Centro Planadas, el barrio Simón Bolívar, la Estación de Bomberos, el barrio Aeropuerto y el barrio Ciudad Jardín.

Durante la inspección, las autoridades verificaron las condiciones de esos sectores y recogieron las necesidades planteadas por habitantes del municipio. El objetivo, según el comunicado, fue ajustar las acciones institucionales de seguridad y atención a la población.

Posteriormente, los representantes de la Policía, la Gobernación y otras entidades realizaron una reunión de trabajo en la base militar para analizar el panorama de orden público y coordinar medidas frente a las amenazas en la zona.

Estos fueron los puntos más críticos, pues la onda expansiva afectó los barrios Simón Bolívar y Aeropuerto, además de provocar un incendio en una farmacia. Los daños alcanzaron la infraestructura del hospital municipal, otros centros de salud y en decenas de viviendas, según el reporte preliminar.

Las personas heridas recibieron atención inicial en el colegio Domingo Savio, que fue habilitado ante las afectaciones en la red de salud local.

Planadas recibirá peritos y personal del Grupo de Operaciones Especiales

La Policía Nacional informó que enviará a Planadas peritos antiexplosivos, un topógrafo, un fotógrafo y un dactiloscopista para apoyar las labores investigativas relacionadas con los atentados.

El municipio también contará con el despliegue del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y con más personal profesional en la Estación de Policía. El refuerzo busca intensificar los controles, las labores de prevención y la capacidad de respuesta ante nuevas amenazas.

Las acciones previstas incluyen el avance en el esclarecimiento de los hechos y la coordinación entre las instituciones que tienen presencia en el sur del departamento. La Policía señaló que mantendrá el trabajo conjunto con la Gobernación del Tolima y las demás autoridades para atender la situación de seguridad.

Planadas decretó alerta roja hospitalaria tras el ataque

La Secretaría de Salud del Tolima declaró alerta roja hospitalaria en todo el departamento tras el atentado contra la población civil y la misión médica en el municipio de Planadas. La medida tendrá vigencia indefinida y se mantendrá hasta que las autoridades restablezcan las condiciones de seguridad y el funcionamiento de los servicios de salud en el municipio, con apoyo de la fuerza pública.

Con la alerta, las instituciones públicas y privadas de salud del departamento deberán poner en marcha sus protocolos de emergencia y garantizar la disponibilidad de los servicios de urgencias ante posibles nuevos requerimientos.

La investigación federal que tiene como principal imputado al ciudadano ruso Konstantin Rudnev, acusado de liderar una presunta secta rusa que se dedicaba a la trata de personas en Bariloche, atraviesa dos frentes que condicionan su avance. Por un lado, la delicada situación de salud del acusado abrió una prolongada controversia judicial sobre dónde debe permanecer detenido y recibir atención médica. Por otro, los investigadores todavía no lograron acceder al contenido de un disco rígido externo protegido por un sistema de cifrado que podría aportar información relevante sobre la estructura investigada.

El último episodio se produjo el 30 de octubre, cuando Rudnev debió ser trasladado de urgencia a una clínica privada de Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires, luego de sufrir una crisis hipertensiva. Según trascendió, registró una presión arterial de 210/120 y quedó internado en el sector de cardiología.

El traslado se concretó después de varias semanas de controversias entre la defensa y el juzgado federal por el establecimiento sanitario en el que debía recibir atención. El Cuerpo Médico Forense había recomendado su internación en un centro de alta complejidad, con medidas de seguridad reforzadas, al considerar que no estaba en condiciones de permanecer en una unidad penitenciaria ni de continuar su recuperación en un domicilio particular.

Mientras se sucedían las presentaciones judiciales por las condiciones de alojamiento, otro interrogante permanecía sin respuesta: qué información contiene el dispositivo electrónico secuestrado durante los allanamientos y por qué la Fiscalía considera que podría resultar determinante para reconstruir el funcionamiento de la presunta organización.

Una investigación que comenzó en un hospital

La causa tomó estado público en marzo de 2025, cuando profesionales del Hospital Zonal de Bariloche advirtieron una situación irregular vinculada al nacimiento de un bebé.

Según la hipótesis de la Fiscalía Federal, integrantes de la presunta organización intentaron inscribir al niño como hijo de Rudnev, pese a que el ciudadano ruso no se encontraba presente. Ante la negativa de los profesionales de la salud, habrían modificado un formulario oficial para concretar la maniobra.

Ese episodio abrió una investigación que derivó en un amplio operativo y en la detención de Rudnev el 28 de marzo de 2025, cuando intentaba abandonar el país desde el aeropuerto de Bariloche. De acuerdo con la acusación, al ser interceptado se provocó una herida en el cuello con una hoja de afeitar.

La Fiscalía sostiene que el ciudadano ruso encabezaba una estructura que operaba bajo la fachada de un espacio dedicado al yoga y la meditación. La hipótesis contempla la captación de personas en situación de vulnerabilidad, la reducción a la servidumbre y una maniobra destinada a alterar la filiación de un recién nacido.

La defensa, en cambio, rechaza esa interpretación y sostiene que la principal denunciante, Elena Makarova, no fue víctima de una estructura de explotación, sino una colaboradora voluntaria que participaba de las actividades del grupo.

La mujer es considerada por los investigadores una de las personas captadas en Rusia en condiciones de vulnerabilidad.

El misterio del disco cifrado

Entre los elementos secuestrados durante los allanamientos hay un dispositivo de almacenamiento externo cuyo contenido todavía no pudo ser analizado en su totalidad. Se trata de un disco rígido de gran capacidad protegido por un sistema de encriptación que, según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación, presenta dificultades técnicas para los peritos.

La Fiscalía considera que su contenido podría aportar información sobre la estructura y el funcionamiento de la presunta organización. La imposibilidad de acceder a esos archivos se convirtió en uno de los obstáculos de la pesquisa.

El interés de los investigadores también se concentra en un sector de la propiedad que alquilaba Rudnev. Durante los procedimientos detectaron un quincho circular, con estanterías y conexiones eléctricas, cuya disposición despertó sospechas sobre un posible sistema de vigilancia.

Una de las hipótesis que se analiza es que ese espacio podría haber sido acondicionado para instalar cámaras y registrar a personas de alto poder adquisitivo, con la eventual finalidad de obtener material para extorsionarlas.

Sin embargo, esa interpretación forma parte de las líneas investigativas y no constituye un hecho judicialmente probado. La eventual información almacenada en los dispositivos electrónicos podría resultar relevante para determinar si existió ese mecanismo y cuál habría sido su alcance.

La salud de Rudnev

Desde su detención, la situación física del imputado se convirtió en uno de los principales argumentos de su defensa. Rudnev permaneció alojado en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal, en Rawson, donde sus abogados denunciaron un marcado deterioro de su salud y una pérdida de peso cercana a los 50 kilos. Allí compartió pabellones con el líder de la RAM, Facundo Jones Huala.

En 2026 obtuvo el beneficio del arresto domiciliario, una modalidad que luego fue objeto de sucesivas revisiones judiciales. En junio, la Cámara Federal de Casación Penal revocó la decisión que había permitido esa modalidad de detención y ordenó realizar nuevos estudios para determinar si podía regresar a una unidad penitenciaria.

La discusión volvió a intensificarse en octubre, cuando el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema examinó al imputado en su domicilio de San Vicente, provincia de Buenos Aires. El informe detectó un deterioro funcional y un posible compromiso cardiorrespiratorio. Los especialistas concluyeron que no reunía condiciones físicas para permanecer en una cárcel, pero tampoco consideraron adecuado que continuara en una vivienda particular. Por ese motivo recomendaron su internación en un centro sanitario con capacidad para brindarle atención especializada y garantizar medidas de seguridad.

La Justicia Federal ordenó inicialmente su traslado al Hospital Fernández, en la Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, dispuso su internación en el Hospital Regional Cuenca Alta Néstor Kirchner, en Cañuelas. La defensa cuestionó esas decisiones y reclamó que Rudnev fuera atendido en una clínica privada de Monte Grande, donde ya había recibido asistencia médica. El conflicto se prolongó hasta que, tras sufrir la crisis hipertensiva del 30 de octubre, fue trasladado de urgencia a ese establecimiento. La evolución médica del imputado y las decisiones judiciales sobre sus condiciones de detención marcarán los próximos pasos del expediente. Al mismo tiempo, la posibilidad de descifrar el disco rígido podría aportar elementos para corroborar —o descartar— algunas de las hipótesis centrales de la Fiscalía.

Un nuevo enfrentamiento entre presuntos delincuentes y agentes de la Policía Nacional de República Dominicana dejó dos hombres muertos durante operativos realizados el domingo 1 de noviembre en Santiago y Moca, provincia Espaillat. La institución sostuvo que ambos eran requeridos por casos de robo; sin embargo, los sujetos abrieron fuego contra los uniformados en un intento de evadir a las autoridades.

Los fallecidos fueron identificados como Rafael Antonio Uceta Acevedo, conocido como “el Gordito”, y Yonathan Arturo Castillo Rosario, alias “la Maña”, de 43 años.

Los hechos ocurrieron en lugares distintos, aunque la Policía atribuyó ambas muertes a intercambios de disparos durante procedimientos de captura.

Uceta Acevedo era buscado por robos en establecimientos locales de Jacagua

El primer enfrentamiento ocurrió en Santiago, donde agentes localizaron a Uceta Acevedo en el hotel La Sorpresa, del sector Pueblo Nuevo. De acuerdo con la Policía, el hombre tenía dos órdenes de arresto por su presunta vinculación con robos agravados en villas, cabañas y otros establecimientos de hospedaje ubicados en Palo Alto, en Jacagua.

La institución indicó que los agentes acudieron al hotel tras recibir información sobre un posible nuevo robo. Según la versión oficial, Uceta Acevedo abrió fuego cuando los uniformados intentaron arrestarlo. Los agentes respondieron a los disparos y el hombre murió durante el procedimiento.

En el lugar, las autoridades ocuparon un revólver. El informe policial no detalla el calibre del arma, la cantidad de municiones ni cuántos agentes participaron en la intervención.

La Policía señaló que Uceta Acevedo estaba relacionado con varios robos, aunque no informó si había enfrentado procesos judiciales anteriores ni precisó el contenido de las órdenes de arresto emitidas en su contra.

El segundo operativo ocurrió en el sector El Imperio de Moca

El otro hecho se registró en el sector El Imperio, en Moca, donde agentes policiales intentaron detener a Yonathan Arturo Castillo Rosario. La Policía afirmó que el hombre era buscado mediante una orden de arresto por un caso de robo.

Según la institución, Castillo Rosario disparó contra los policías cuando advirtió su presencia. Los agentes respondieron y el hombre recibió heridas de bala. Fue trasladado al hospital provincial doctor Toribio Bencosme, donde murió mientras recibía atención médica.

En el sitio del enfrentamiento, los agentes ocuparon una pistola calibre 9 milímetros con numeración ilegible, un cargador y dos cápsulas. La Policía también lo vinculó de forma preliminar con el robo de un Honda Accord blanco, ocurrido el 17 de octubre.

El vehículo fue recuperado al día siguiente en San Francisco de Macorís. El reporte oficial no establece si había otras personas bajo investigación por ese hecho ni si se incautaron objetos relacionados con el automóvil.

La Policía dominicana presentó ambos hechos como respuestas a agresiones armadas

Los cuerpos de Uceta Acevedo y Castillo Rosario fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes. La institución informó que los operativos se realizaron para ejecutar órdenes de arresto y que los agentes respondieron a ataques con armas de fuego.

Las autoridades han incrementado sus operaciones para la detección de prófugos de la justicia en los últimos meses, pero de forma simultanea los delincuentes han respondido con un incremento de violencia y enfrentamientos en las calles.

Una niña de cinco años en Detroit tuvo que decirle a su mamá que creía haber recibido un disparo, según informó el New York Times. Aún llevaba puesto el disfraz de Halloween.

Ese momento, ocurrido en la madrugada del domingo, sintetiza lo que fue la noche más violenta del calendario en Estados Unidos: el 31 de octubre, día en que la mezcla de multitudes, alcohol, drogas y armas de fuego produce, año tras año, una concentración de violencia que ningún otro día del año iguala.

Dallas concentró la mayor cantidad de víctimas en una sola ciudad

Dallas, Texas, fue la ciudad más golpeada. Tres tiroteos en el barrio de Deep Ellum dejaron al menos cuatro muertos y 15 heridos en apenas 75 minutos.

Las autoridades descartaron que los ataques estuvieran relacionados entre sí, aunque advirtieron que la cifra de víctimas podía continuar en aumento. “Sabíamos que era sábado a la noche. Sabíamos que era Halloween, así que teníamos el personal adecuado”, afirmó Daniel Comeaux, jefe de la Policía de Dallas, en una conferencia de prensa.

Imágenes y videos difundidos en redes sociales mostraron a personas correr por las calles del barrio, que alberga bares, restaurantes y salas de conciertos. Al menos siete locales gastronómicos cerraron sus puertas en Deep Ellum este año en medio de una escalada de inseguridad en la zona.

Una noche violenta que se extendió desde California hasta Delaware

En Jacksonville, Florida, 13 personas recibieron disparos en dos hechos no relacionados.

Una joven de 17 años murió por una bala perdida mientras esperaba en la fila para ingresar a una fiesta de Halloween, alrededor de la 1:40 de la madrugada del domingo. Otras dos personas heridas en ese mismo incidente también eran “blancos no intencionados”, tal como precisó el Departamento de Policía de Jacksonville.

En otro punto de la ciudad, una fiesta en una casa privada con más de 100 asistentes se desbordó hacia la calle y terminó con 10 personas baleadas. Un hombre de 20 años murió en el lugar; una adolescente de 15 quedó estable, y otro herido permanece en estado crítico.

En Jackson, Misisipi, un tiroteo en un boliche nocturno dejó dos muertos y cuatro heridos.

En el norte de California, un hombre armado mató a una mujer embarazada y madre de cuatro hijos dentro de un comercio de disfraces, e hirió a otras seis personas, dos de ellas menores de edad en estado crítico.

En Oklahoma City, dos personas murieron atropelladas por un vehículo durante una fiesta en un parque de casas rodantes, aunque las circunstancias del hecho permanecían sin aclarar, según el Departamento de Policía de Oklahoma City.

La violencia llegó también a estadios y universidades

En Birmingham, Alabama, una persona murió y ocho resultaron heridas afuera del estadio Legion Field, tras un partido de fútbol americano universitario conocido como el Magic City Classic.

En Bloomington, Illinois, ocho personas recibieron disparos cerca del campus de la Illinois Wesleyan University.

Una joven de 19 años murió en el lugar, y otra persona permanece en estado crítico, afirmó el Departamento de Policía de Bloomington.

A unos 320 kilómetros (200 millas) al sureste, en Bloomington, Indiana, siete personas fueron hospitalizadas tras escucharse disparos entre una multitud en las inmediaciones del campus de la Universidad de Indiana, que esa noche celebraba también su fiesta de bienvenida al año académico.

La Policía local detuvo a un hombre que huía con un arma a la vista, aunque no pudo confirmar si había sido quien disparó.

Para los criminólogos, la fecha es un cóctel de factores que la policía no puede controlar

Los expertos en violencia advierten desde hace tiempo sobre los riesgos particulares de Halloween.

El 31 de octubre es el tercer día más violento del año en Estados Unidos, detrás del 4 de julio y el 1 de enero, de acuerdo con un análisis del criminólogo James Alan Fox, de la Universidad Northeastern, basado en datos del FBI correspondientes a Boston entre 2005 y 2009. Para los menores de edad, ese día es directamente el más peligroso del año.

“Están en la calle de noche, interactuando con desconocidos”, explicó Fox en declaraciones al New York Times. Alexis Piquero, criminólogo de la Universidad de Miami y ex director de la Oficina de Estadísticas de Justicia durante la administración Biden, señaló que la prevención tiene límites concretos.

Esa acumulación de variables, afirmó, hace prácticamente imposible anticipar dónde puede estallar un conflicto. “La policía no puede estar dentro de cada bar. No puede estar en cada estacionamiento”, dijo Piquero al mismo medio.

La decisión se concretó a través de la integración de la FEC al Comando Unificado, la estructura que coordina las acciones conjuntas entre la Policía Nacional y los institutos armados. El programa Panorama, de Panamericana Televisión, accedió en exclusiva a las primeras sesiones de entrenamiento de la unidad y a declaraciones del ministro de Defensa, Rafael Belaunde, quien detalló los alcances de esta nueva etapa.

Militares de élite operarán en zonas urbanas

La FEC está conformada por efectivos seleccionados del Ejército, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y la Marina de Guerra, considerados los operadores más capacitados de cada fuerza especial. “Son parte del Comando Unificado, la FEC, que es la élite de la élite, es lo mejor de cada fuerza especial de cada instituto. De ahí se reclutan y lo mejor de lo mejor es la FEC”, explicó Belaunde en declaraciones recogidas por Panorama.

El funcionario agregó que la lógica detrás de la medida responde a una necesidad concreta de reforzar la seguridad ciudadana con los recursos más calificados del Estado. “Lo que nosotros necesitamos, como es de sentido común, es poner lo mejor al servicio de la seguridad de los peruanos”, sostuvo el ministro.

Entrenan para rescatar rehenes y allanar búnkeres criminales

Las imágenes difundidas por el programa muestran ejercicios de asalto rápido en viviendas, con soldados que ingresan en segundos a inmuebles simulados, reducen a presuntos objetivos y aseguran el perímetro con procedimientos de control armado. Estas prácticas forman parte de un entrenamiento que ahora contempla incursiones en espacios urbanos, allanamientos de guaridas de bandas y operaciones de rescate de rehenes, tareas que antes no formaban parte del repertorio habitual de la unidad.

La habilitación legal para esta participación militar en tareas de seguridad interna se dio tras la aprobación de facultades especiales por parte del Senado. Con ese respaldo normativo, la Policía Nacional podrá contar de manera directa con el apoyo de las Fuerzas Armadas en operativos contra el crimen organizado que opera en distritos de la capital.

Bandas criminales usan armas de guerra

El titular del MINDEF justificó la decisión al señalar el nivel de armamento que manejan actualmente los grupos delictivos que operan en Lima. “Lo que hay es una criminalidad que utiliza armamento de guerra, que utiliza explosivos. En respuesta a eso, la democracia, el Estado, pues no puede ser ciego ni bobo y tiene que estar a la altura del desafío”, afirmó el funcionario.

El objetivo declarado de la FEC será identificar el paradero de objetivos de alto valor, entre ellos sicarios, jefes de banda y extorsionadores, para luego intervenir mediante operaciones militares. “Nuestro interés, nuestra inquietud, es tener fuerzas de operaciones especiales que no solamente tengan la destreza para operar en zonas rurales, sino poder hacer intervenciones quirúrgicas urbanas para neutralizar objetivos de alto valor”, explicó el ministro. Según precisó, cada intervención contemplará dos desenlaces posibles: la captura o la neutralización del objetivo.

Los ejercicios registrados por Panorama muestran a los efectivos de la FEC ejecutar maniobras por aire y tierra en lapsos de pocos minutos, con énfasis en la coordinación y el factor sorpresa como elementos centrales de cada intervención. De acuerdo con el reporte, las decisiones durante estas operaciones se toman en cuestión de segundos, un margen que, según los propios instructores, resulta determinante en escenarios de alto riesgo dentro de zonas residenciales.

El ataque ocurrió en la noche del 31 de octubre en el casco urbano del municipio y dejó como víctima fatal al patrullero Julián Esmith Castaño López, que participaba en labores de registro y control junto a otros miembros de la institución. Según el comunicado oficial, el hecho se presentó hacia las 11:49 p. m., cuando fue activado un artefacto explosivo que, de manera preliminar, habría sido instalado en una motocicleta.

La detonación afectó a tres policías y a cuatro habitantes de Algeciras. Castaño murió por las lesiones sufridas, mientras que los otros dos uniformados fueron trasladados para recibir atención médica, al igual que los civiles.

Tras el ataque, el director de la Policía encabezó una reunión de seguridad con el alcalde del municipio, representantes de las Fuerzas Militares y mandos de las unidades policiales que operan en esta zona del departamento. El encuentro se centró en ajustar las medidas para responder a las acciones de estructuras armadas y grupos dedicados a actividades criminales.

La Policía indicó que el objetivo de la coordinación es “aunar esfuerzos, articular capacidades institucionales y consolidar estrategias operativas” para enfrentar los hechos que afectan la seguridad local. En la reunión también revisaron los dispositivos de vigilancia y control en el territorio.

Investigación e inteligencia buscan establecer quiénes ejecutaron el ataque

El director de la institución verificó el despliegue de equipos de la Seccional de Investigación Criminal, Inteligencia Policial y el grupo Antiexplosivos, unidades que trabajan en la recolección de elementos materiales probatorios y en el análisis de la escena para identificar a los responsables.

La hipótesis inicial apunta a que la carga explosiva estaba acondicionada en una motocicleta, aunque las autoridades mantienen las indagaciones para determinar cómo fue preparada y activada. Por ahora, no se ha atribuido el atentado a una organización en particular ni se ha informado sobre capturas vinculadas con el caso.

Los investigadores buscan establecer la participación de los autores materiales y de quienes habrían planeado el hecho. La Policía Nacional señaló que las capacidades operativas e investigativas estarán orientadas a que los responsables “sean llevados ante la justicia”.

Barrera Peña visitó a los dos policías que permanecen hospitalizados

Como parte de su visita a Huila, el mayor general se trasladó al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, en Neiva, donde se reunió con los dos agentes que resultaron heridos durante la explosión. El propósito fue conocer su evolución clínica y revisar la atención que reciben.

La institución expresó también sus condolencias a la familia del patrullero Castaño López y anunció acompañamiento para los allegados de los policías y civiles afectados: “Se continuará brindando acompañamiento integral a los familiares de las víctimas”.

El ataque ocurrió en medio de las tareas de control que realizaban los uniformados en la zona urbana, por lo que las autoridades evaluarán posibles refuerzos en los esquemas de vigilancia. La articulación entre Policía, Ejército y autoridades territoriales forma parte de las decisiones adoptadas después de la reunión de seguridad.

La Policía pidió apoyo de la ciudadanía

La entidad rechazó el atentado y reiteró que mantendrá las operaciones en Huila para proteger a la población y a los integrantes de la fuerza pública. Además, solicitó a la ciudadanía entregar datos que puedan contribuir a ubicar a los implicados.

En el comunicado oficial, las autoridades pidieron a aquellos ciudadanos que tengan información que se comuniquen con la línea de emergencia 123. La Policía aseguró que los datos suministrados tendrán absoluta reserva, mientras avanzan las labores para esclarecer el ataque ocurrido en Algeciras.

Desde temprano, decenas de familias llegan a los cementerios de El Salvador con flores, pintura y artículos de limpieza para preparar las tumbas de sus seres queridos antes del Día de los Fieles Difuntos. En el Cementerio Los Ilustres, en San Salvador Centro, padres, hijos y abuelos se reúnen frente a las sepulturas para renovar los arreglos, elevar oraciones y recordar historias de quienes ya no están.

La afluencia convierte los camposantos en espacios de memoria y encuentro familiar.

La Policía Nacional Civil mantiene presencia en el lugar para acompañar a los visitantes durante la jornada. Los cementerios municipales de San Salvador Centro tienen un horario especial de atención de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., mientras los mercados locales ofrecen flores naturales y artificiales para quienes buscan rendir homenaje a sus difuntos este 2 de noviembre.

El 15 de octubre, un exalumno de 16 años ingresó a Silver Rail Elementary School, en Bend, Oregón, con una escopeta. Rompió los paneles de vidrio de una puerta exterior, avanzó hasta un aula de educación especial y abrió fuego. Murieron cuatro personas.

Lo que ocurrió en los segundos siguientes, dentro de ese salón, recién se conoció en detalle dos semanas después.

Cassidy Schutz fue quien lo enfrentó. La especialista en aprendizaje le arrojó su celular, forcejeó con él para quitarle el arma hasta que Kaylub Giamanco, padre de dos alumnos de la escuela, entró al edificio y abatió al atacante.

El rol de la educadora en el tiroteo

El jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz, describió la intervención de Schutz como “heroica” durante una conferencia de prensa al día siguiente del ataque.

La acción de la especialista, aseguró el funcionario, “casi con certeza ayudó a prevenir más derramamiento de sangre”.

Al momento del tiroteo, había cuatro adultos y cinco niños en el interior del aula, de acuerdo con la policía.

El civil que entró al edificio

Giamanco tiene 36 años y es padre de dos estudiantes de Silver Rail. En una entrevista con Oregon Public Broadcasting publicada el 23 de octubre, explicó que el forcejeo entre Schutz y el atacante le dio la oportunidad de disparar sin poner en riesgo su propia vida.

En ese momento, aún desconocía el nombre de la educadora.

Las víctimas y los heridos

El tiroteo dejó cuatro muertos: tres niños de 5, 8 y 11 años, y una maestra. Las autoridades identificaron públicamente a Rhoam Summer, de 5 años, y a Megan Lambert, de 25 años, como dos de las víctimas fatales.

Cientos de personas asistieron al funeral de Lambert días después del ataque.

Otras dos personas resultaron heridas: una niña de 7 años y Becky Drury, asistente docente de 54 años. Drury recibió disparos en los brazos y en una mano, y al 30 de octubre había atravesado su cuarta cirugía reconstructiva.

Su esposo agradeció públicamente las muestras de apoyo a través de la página de recaudación de fondos de Drury, mientras ella continuaba su recuperación.

La propia Drury desmintió una versión que circuló en redes sociales, que aseguraba que se había interpuesto entre el tirador y uno de los alumnos.

En un comunicado del 21 de octubre, la asistente aclaró que recibió los disparos antes de tener oportunidad de actuar y que permaneció inmóvil en el suelo para sobrevivir.

La primera declaración pública

El viernes 30 de octubre, el distrito escolar Bend-La Pine Schools identificó públicamente a Schutz y difundió una declaración de su parte. Fue la primera vez que la maestra tomó la palabra tras el ataque.

“No hay palabras para describir la profundidad de la tristeza que siento tras los eventos del 15 de octubre. Esto no es una historia. Es una tragedia horrible y desgarradora, y es nuestra vida real”, expresó en el comunicado.

“Todo pasó muy rápido, y desearía con todo lo que tengo que hubiéramos tenido más tiempo. El dolor de esta pérdida lo llevaré conmigo para siempre”, sostuvo Schutz.

Al cierre del texto, la especialista aclaró que no hará declaraciones adicionales. “Mi enfoque está en estas familias, en nuestro equipo, en nuestra escuela y en mi propia recuperación”, señaló, y solicitó que se respete su privacidad.

El estado de la causa

Schutz no resultó herida durante el ataque, tal como confirmó la Policía de Bend en declaraciones previas a su identificación pública.

El tiroteo en Silver Rail sigue bajo investigación. Hasta el momento, las autoridades no dieron a conocer un motivo ni confirmaron si existe uno.

Deep Ellum, el barrio de bares y música en vivo más frecuentado de Dallas, fue escenario de tres tiroteos que interrumpieron las celebraciones de Halloween y dejaron cuatro muertos y al menos 15 heridos en menos de cuatro horas.

El distrito, habitualmente animado los fines de semana, estaba colmado de personas disfrazadas cuando comenzaron los disparos pasada la medianoche del domingo 1 de noviembre de 2026.

Según la Policía de Dallas, la primera llamada de emergencia llegó a las 12:19 a.m. desde la cuadra 2600 de Elm Street; la segunda, poco después de la 1 a.m. en Main Street —a una cuadra del primer escenario—, donde murieron tres personas; y la tercera cerca de las 3:30 a.m. en South Ervay Street, con un fallecido adicional.

Entre el primero y el segundo episodio transcurrieron entre 30 minutos y una hora, según el propio Daniel Comeaux, jefe de la Policía, quien también cifró en aproximadamente 15 los lesionados en los tres escenarios y advirtió que el número podía seguir subiendo porque varias personas llegaron a los hospitales por sus propios medios.

Lo que confirmó el jefe de Policía

Comeaux precisó que en dos de los escenarios hubo víctimas fatales, mientras que en el tercero no hubo muertos aunque sí varios de los heridos contabilizados. Las investigaciones en los tres puntos siguen abiertas.

Las autoridades detuvieron al menos a un sospechoso y lo interrogaron junto a testigos presenciales, aunque no se anunciaron cargos formales ni se divulgaron identidades.

El jefe policial confirmó que la búsqueda de responsables continúa y pidió a la ciudadanía que aporte videos, fotos o cualquier material de redes sociales que haya registrado los hechos.

“Si tienen algo, aunque crean que no muestra nada relevante, contáctenlos. Estoy bastante seguro de que alguien captó el material que nos puede ayudar”, afirmó.

En uno de los episodios, un oficial realizó maniobras de reanimación en el lugar y logró estabilizar a una de las víctimas. Comeaux destacó los tiempos de respuesta: uno de los efectivos estaba a menos de dos cuadras cuando sonaron los disparos y llegó al lugar de forma inmediata.

FOX 4 informó que fuentes policiales consideran que los tres escenarios no guardan conexión entre sí. Varios bloques del barrio fueron clausurados y efectivos de distintas unidades de la ciudad fueron convocados para gestionar los frentes simultáneos.

La investigación incluirá la revisión de cámaras de vigilancia —el departamento opera un sistema de cámaras fijas en el área— y un recorrido negocio por negocio en busca de grabaciones privadas.

Las escenas y el contexto de la noche

Cinco de las personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales cercanos y no tenían participación en los hechos, según la Policía de Dallas citada por CBS News Texas.

En uno de los escenarios, cerca de Commerce Street y South Crowdus Street, un automóvil colisionó contra varios vehículos estacionados, según imágenes difundidas desde el lugar.

La violencia en Deep Ellum no fue un hecho aislado esa noche. En Birmingham, Alabama, un muerto y nueve heridos se registraron tras un tiroteo afuera del estadio Legion Field durante el clásico de fútbol americano Magic City Classic.

En Fairfield, California, una mujer embarazada de 31 años murió y seis personas resultaron heridas en un centro comercial.

En Newark, Delaware, seis personas fueron baleadas cerca del campus de la Universidad de Delaware.

Los antecedentes del barrio

Aproximadamente seis meses atrás, otro tiroteo en Deep Ellum dejó a un guardia de seguridad muerto y a cinco personas heridas.

La recurrencia de incidentes en uno de los barrios de entretenimiento nocturno más concurridos de Dallas volvió a colocar la seguridad del distrito en el centro del debate.

Consultado al respecto, Comeaux defendió el trabajo policial y mencionó el programa de oficiales de policía municipal (MPO), que destina efectivos a patrullaje comunitario permanente en la zona. “Mientras sea jefe de policía, no vamos a abandonar el programa MPO”, subrayó. Las autoridades no descartaron realizar nuevas detenciones.

La policía estatal de Nueva York asumirá la investigación de las denuncias por agresión sexual en el campus de la Universidad de Cornell. La gobernadora Kathy Hochul anunció el jueves un acuerdo que transfiere esa responsabilidad desde la policía universitaria a las fuerzas del orden estatales.

El convenio, firmado el 29 de octubre, establece que los delitos sexuales que antes quedaban bajo la jurisdicción del Departamento de Policía de Cornell (CUPD) serán derivados de forma inmediata a la Policía del Estado de Nueva York para su investigación criminal, salvo que la víctima solicite lo contrario. La medida rige de forma inmediata y estará vigente durante todo el proceso de revisión independiente que conduce la ex fiscal general adjunta de Estados Unidos Sally Yates.

Los estudiantes merecen saber que sus denuncias serán investigadas en serio

“Todo estudiante merece sentirse seguro en su campus”, afirmó Hochul en un comunicado. “Y cuando alguien denuncia una agresión sexual, merece ser escuchado, tratado con compasión y saber que sus alegaciones serán investigadas con seriedad por fuerzas del orden capacitadas para atender a sobrevivientes”, agregó, según el texto difundido por la oficina de la gobernadora.

La presión por el caso de una estudiante que abandonó Cornell

El anuncio llegó en un momento de creciente presión sobre Cornell por la forma en que manejó la denuncia de una violación grupal. La denunciante, identificada en documentos judiciales como Jane Doe, abandonó la institución por el trauma sufrido. El caso ocurrió en el otoño de 2024 en la casa de la fraternidad Chi Phi. La revisión de la gestión universitaria quedó en manos de Yates.

El acuerdo preserva la autonomía de las sobrevivientes: cada víctima podrá optar por que la investigación criminal quede en manos de la Policía del Estado, la Policía de Ithaca o la Oficina del Alguacil del Condado de Tompkins. El convenio no altera el derecho de las víctimas a decidir si presentan o no una denuncia penal, ni cuándo hacerlo.

Independencia estatal en las investigaciones y rol auxiliar de Cornell

Los casos gestionados por la Policía del Estado serán independientes de Cornell, con el organismo a cargo de la investigación y de cualquier derivación al ministerio público. La policía universitaria quedará limitada a prestar asistencia cuando se le solicite, y a preservar y aportar registros y pruebas relevantes.

Cornell también señaló que colaborará en la exploración de una posible Unidad de Víctimas Especiales para el Condado de Tompkins, una propuesta impulsada por el Sheriff y la Legislatura del condado como opción adicional para sobrevivientes que decidan presentar cargos penales.

Dos expulsiones y cuatro sanciones tras la investigación interna de Cornell

Cornell abrió una investigación interna en enero de 2025 bajo el Título IX, la ley federal que prohíbe la discriminación sexual en instituciones educativas que reciben financiamiento federal. El proceso incluyó más de 50 entrevistas con 32 testigos y concluyó con la expulsión de dos de los siete acusados. Otros cuatro recibieron suspensiones u otras sanciones. Uno ya se había graduado antes de que se completara el proceso disciplinario.

En septiembre de 2026, Jane Doe presentó una demanda civil contra la universidad y siete integrantes de Chi Phi, en la que alegó que Cornell no la protegió y que las sanciones aplicadas fueron insuficientes. Según su abogado, Thomas Giuffra, algunos acusados tuvieron la posibilidad de atenuar su castigo mediante la redacción de ensayos. Cornell negó esa versión.

El fiscal cerró el caso sin acceso a la declaración completa de la víctima

Un elemento central en la controversia fue la diferencia entre la declaración de seis páginas que la policía de Cornell entregó al fiscal del Condado de Tompkins, Matthew Van Houten, y la transcripción completa de los dos días de entrevista con Jane Doe.

En el documento resumido no figuraba la frase en que Doe afirmó con certeza haber sido violada. Van Houten basó su decisión de no presentar cargos en ese resumen, sin acceso a la transcripción íntegra.

Esa discrepancia entre ambos documentos nunca fue comunicada al fiscal antes de que cerrara el caso. Tras la presentación de la demanda civil, Van Houten anunció la reapertura de la investigación criminal y dijo que llevaría el caso a un gran jurado. La gobernadora Hochul, a su vez, designó a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial para el incidente.

El conflicto surgió por la rotación de los participantes y los minutos que el menor pasaba sobre el césped. Tras arribar al predio, las autoridades constataron que no existía delito alguno y catalogaron el episodio como “un asunto de carácter civil”.

La familia del menor decidió abandonar las instalaciones deportivas por cuenta propia y solicitó el reintegro de su dinero, según consta en los registros oficiales.

Qué ocurrió en el partido de fútbol infantil en Winter Park

El episodio ocurrió durante una jornada de la franquicia deportiva i9 Sports. De acuerdo con el reporte oficial, el director del torneo llamó al número de emergencias a las 9:50 para pedir asistencia ante la actitud de la madre del menor, quien transmitía la discusión en directo mediante sus redes sociales. Dos agentes arribaron al parque a las 10:00 y dialogaron con las partes para calmar la tensión.

Los oficiales determinaron en el lugar que el incidente correspondía a diferencias civiles y a reglamentos internos de la organización. La autoridad policial constató que no existieron arrestos ni faltas por invasión de propiedad, ya que el predio constituye un parque público municipal.

Los efectivos explicaron a los padres que no podían forzar su salida del espacio comunitario, aunque los directivos del certamen tenían la potestad de cancelar la inscripción del menor en el torneo.

Por qué la liga llamó a la policía durante el encuentro

En la grabación del 911, el encargado de la liga comunicó a los operadores que requería la presencia inmediata de patrullas porque una mujer lo seguía y le dirigía reproches frente a los demás asistentes. Ante los agentes, el coordinador deportivo explicó que buscaba rotar a los jugadores para ofrecer oportunidades a todos los chicos y evitar roces físicos.

“Este niño es excelente. Muy bueno. Pero empuja a los niños y hace todas esas cosas”, declaró el directivo ante los oficiales según exhiben las grabaciones de las cámaras corporales que publicó la cadena ABC7.

El representante del certamen argumentó que el reglamento promueve la diversión compartida y garantiza minutos de juego equitativos para cada integrante, sin importar su nivel de destreza. La entidad sostuvo que el aviso a las autoridades no apuntó contra el niño, sino que intentó frenar una discusión entre adultos.

La versión de la madre sobre los minutos de juego de Nevada Pierre

Martasia Griffin, madre del pequeño, expuso una postura diferente sobre el incidente. En declaraciones periodísticas, afirmó que los coordinadores enviaron a su hijo a la banca en reiteradas ocasiones durante fechas previas debido a su rendimiento superior frente a los demás participantes. La mujer aseguró que varios padres expresaron quejas porque el pequeño retenía el balón y anotaba goles con facilidad, según recopiló el portal ESPN Deportes.

Griffin relató que su hijo practica tres horas al día con su padre y que posee un dominio con la pelota avanzado para su edad. La madre afirmó: “En algún punto, los sentimientos de Nevada también tienen que importar”.

Además, detalló que el niño sintió temor ante la llegada de las patrullas porque creyó que había cometido una falta. La familia declinó una propuesta de la organización para trasladar al pequeño a otra sede porque el nuevo predio quedaba a tres horas de trayecto.

Qué postura adoptó i9 Sports ante el conflicto

La empresa i9 Sports emitió un comunicado institucional en el que remarcó que el bienestar y el trato respetuoso hacia cada niño y su familia representan una prioridad absoluta. La organización precisó que inició una revisión formal con las personas involucradas para esclarecer lo acontecido y aclaró que evitará conjeturas o datos sin verificar.

Voceros de la entidad manifestaron a la prensa que los dueños de las sedes locales recibieron amenazas e improperios tras la difusión del caso. Según informó el New York Post, la franquicia exigió frenar las intimidaciones hacia su personal y confirmó que completó la devolución de la tarifa de inscripción que solicitaron los familiares de Nevada Pierre.

Repercusiones públicas, campaña solidaria y viaje a España

La difusión del video sumó millones de reproducciones en plataformas digitales y motivó la reacción de Eddie Johnson, exdelantero de la selección de fútbol de Estados Unidos y titular de una academia en Orlando, quien ofreció entrenar al menor y cuestionó las trabas de acceso en el fútbol infantil.

A raíz de la controversia, Martasia Griffin abrió una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe para financiar el desarrollo técnico de su hijo en un entorno de contención. La madre explicó en la petición que los recursos cubrirán costos de viaje, traslados, entrenamientos, indumentaria e inscripciones federativas para proteger el entusiasmo deportivo que Nevada Pierre mantiene desde el año de vida junto a su padre, Don Pierre. La convocatoria solidaria reunió más de USD 42.000, mientras que el perfil del menor en TikTok rebasó los 750.000 seguidores.

El alcance del caso también aceleró el porvenir formativo del niño. La agencia Roc Nation Sports, firma que fundó el productor Jay-Z y que representa a atletas como Vinícius Júnior, organizó el viaje de Nevada Pierre a España para el mes de diciembre con el fin de sumarlo a un programa de formación técnica, según consignó el portal Complex.

La oportunidad encaja con los planes previos de la familia, que ya contemplaba el traslado al territorio europeo para potenciar el aprendizaje futbolístico del menor.

La secuencia comenzó en la zona de avenida 520 y calle 3, en Tolosa, donde agentes de la Policía Bonaerense advirtieron la presencia de tres motociclistas que circulaban de manera imprudente. Dos de ellos ingresaron al barrio El Mercadito al notar el operativo, mientras que el tercero continuó su marcha y se convirtió en el foco de la persecución.

De acuerdo con 0221, el joven circulaba en sentido contrario al tránsito y los agentes de la Motorizada, pertenecientes a la Sección de Apoyo de Seguridad Urbana, solicitaron refuerzos por radio para detenerlo. Durante la fuga el motociclista habría alcanzado una velocidad superior a los 100 km/h.

El recorrido continuó hasta el cruce ferroviario de 528 bis y calle 1, donde participaba del despliegue personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría Sexta. Allí se produjo el episodio que derivó en la acusación por lesiones.

Según la reconstrucción oficial, el joven llegó al paso a nivel cuando las barreras se encontraban bajas. Aun así, atravesó las vías y continuó su escape. En ese punto, un subteniente del GTO intentó impedir que avanzara, pero fue embestido por la motocicleta. Tras el impacto, ambos cayeron al asfalto.

El efectivo sufrió lesiones en el tobillo izquierdo y la muñeca derecha. Tras el impacto, fue asistido y trasladado al Hospital Rossi para recibir atención médica. La información difundida no precisó la evolución de su estado de salud.

Tras el atropello, los policías que participaban del operativo se acercaron para detener al conductor e impedir que continuara la fuga. El joven habría forcejeado con los uniformados y les habría dado golpes mientras intentaban reducirlo. Luego de varios minutos de tensión, los efectivos lograron controlar la situación y concretaron su aprehensión.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron una Honda GLH 150 roja en la que se desplazaba el acusado. El vehículo no tenía la patente colocada al momento de la interceptación.

La verificación posterior determinó que la moto no registraba un pedido de secuestro vigente. Sin embargo, fue incorporada a la investigación como elemento vinculado a la persecución y al atropello del policía.

Según el medio local El Día, el detenido fue identificado con las iniciales A.U.A. y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de La Plata, a cargo del fiscal Petit Bosnic. La causa fue caratulada como “lesiones, atentado y resistencia a la autoridad”. La Fiscalía avaló el operativo y dispuso que el joven fuera presentado ante la Justicia durante la mañana del jueves.

La pesquisa deberá determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos, el trayecto que realizó el motociclista y las circunstancias en que el subteniente resultó herido. También se analizarán las actuaciones policiales y los elementos reunidos durante el operativo.

Otra persecución policial terminó con dos detenidos

Dos jóvenes de 24 y 26 años fueron detenidos tras una persecución policial que finalizó con el choque de un Ford Focus contra un vehículo estacionado en calle 7 entre 45 y 46, en el centro de La Plata.

El episodio se inició cuando agentes de la Policía Bonaerense observaron maniobras sospechosas del automóvil y se acercaron para identificar a sus ocupantes. El conductor aceleró para escapar, esquivó a otros vehículos y la fuga terminó después del impacto.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron 48 pastillas de éxtasis, 3,7 gramos de cocaína y 2,1 gramos de tusi, además de una balanza digital, teléfonos celulares y otros elementos. Ambos jóvenes quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°18 de La Plata, en una causa por infracción a la Ley 23.737.

Una pelea en la vía pública derivó en un tenso episodio en Jesús María, ciudad de Córdoba. Días después, tres jóvenes de 19, 20 y 23 años fueron detenidos, acusados de haber agredido a los efectivos y causado daños en el móvil oficial.

La secuencia comenzó con un llamado de vecinos que alertaron sobre un conflicto en la vía pública y motivaron la llegada de la Policía al sector.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 24 de octubre en barrio Sierras y Parques. Según El Doce, cuando los efectivos arribaron al lugar, un grupo de personas los recibió con piedras y otros objetos contundentes. El ataque causó daños en el patrullero y varios policías fueron agredidos durante el procedimiento.

El móvil presentó daños y roturas en el parabrisas, en la luneta, en las ventanillas laterales y en los faros del vehículo. Además, fue necesario desplegar un operativo de apoyo con el objetivo de dispersar a las personas que se encontraban en el lugar.

Durante ese primer procedimiento fue detenido un hombre de 29 años. La información difundida no precisa qué participación habría tenido en la pelea ni qué acusación enfrenta. Tampoco trascendió si hubo agentes lesionados ni la gravedad de las agresiones denunciadas.

Tras el episodio, la Subdirección General de Investigaciones Criminales Zona Norte inició medidas para identificar a quienes habrían arrojado objetos contra el patrullero y agredido al personal. La pesquisa permitió identificar a los otros tres sospechosos de 19, 20 y 23 años y detenerlos durante las últimas horas del miércoles 28 de octubre.

Dos de los jóvenes fueron interceptados en la vía pública. El tercero fue arrestado en un allanamiento realizado en barrio Sierras y Parques, el mismo sector donde ocurrió el hecho. Los investigadores también secuestraron prendas de vestir que, según las actuaciones, habrían sido utilizadas por personas vinculadas al ataque.

Los procedimientos contaron con el apoyo de efectivos de la Departamental Colón. La investigación busca establecer el grado de participación de cada detenido en los daños al vehículo policial y en las agresiones denunciadas durante el operativo. La causa contempla acusaciones por daño, daño calificado y resistencia a la autoridad.

Por el momento, no se conocieron las identidades de los aprehendidos ni datos sobre la fiscalía que interviene en el expediente. La Policía no descartó que se produzcan nuevas imputaciones o detenciones si se identifica a más personas que hayan participado de la agresión.

El expediente permanece en etapa de investigación para reconstruir cómo se desarrolló la pelea inicial, qué ocurrió durante el arribo de los agentes y quiénes fueron responsables de los daños al móvil y de las agresiones denunciadas.

El episodio de Jesús María se suma a otros hechos de violencia que tuvieron como blanco a efectivos, móviles o dependencias policiales en la provincia. Uno de esos antecedentes ocurrió en la ciudad de Córdoba, donde dos personas que circulaban en motocicleta dispararon contra la sede del Comando de Acción Preventiva 7, ubicada en barrio San Jorge.

El ataque se registró cerca de la 1:30 en el edificio situado en José Melián al 2700. Los policías que cumplían servicio en el lugar escucharon detonaciones y cuando salieron constataron los daños provocados por los proyectiles en la dependencia.

El fiscal Andrés Godoy informó que se escucharon alrededor de cinco disparos. No hubo personas heridas y la investigación buscaba establecer el motivo de la agresión e identificar a los autores.

En ese caso no se habían producido detenciones al momento de difundirse la información. A diferencia de lo ocurrido en Jesús María, el ataque estuvo dirigido contra una sede policial y no se había establecido el móvil.

Santa Fe, San Bernardo y Ciudad Bolívar estuvieron entre los sectores priorizados en la Operación Kratos, desplegada durante la madrugada del miércoles 28 de octubre d 2026 en ocho localidades de Bogotá. La ofensiva incluyó 114 allanamientos y dejó 172 capturas, según el balance oficial divulgado por el Gobierno Nacional.

El presidente Abelardo de la Espriella siguió las actuaciones desde la Policía Metropolitana, en el Salitre. Unidades de Policía, Ejército y Fiscalía participaron en el dispositivo, dirigido contra estructuras señaladas de delitos en distintas zonas de la capital.

“Vamos detrás de sus cabecillas, sus estructuras y sus finanzas”, afirmó el mandatario. Las autoridades incautaron armas, explosivos, estupefacientes y dinero.

Tras lo anterior, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, calificó la presunta intervención como una “gran noticia para Bogotá”. En su publicación, afirmó que el centro de la capital había sufrido un deterioro durante los últimos siete años.

“La intervención de los barrios Santa Fe y San Bernardo esta madrugada”, escribió el congresista. Además, sostuvo que habitantes y comerciantes de esas zonas enfrentaban problemas de seguridad y reclamaban mayor presencia de las autoridades.

Briceño señaló que no deberían persistir puntos asociados con actividades delictivas cerca de instalaciones como la Casa de Nariño, el Congreso de la República y la Alcaldía Mayor. “No pueden seguir existiendo ollas y lugares del crimen a pocos metros” de esas sedes, manifestó.

Otro de los mensajes fue publicado por David Cote, representante a la Cámara por Bogotá para el periodo 2026-2030. El congresista vinculó el supuesto procedimiento con un golpe contra grupos criminales y afirmó que el barrio San Bernardo enfrentaba una situación crítica.

Cote indicó que, de 200 comercios de muebles que operaban en el área, solo permanecían 50 debido a la delincuencia. También aseguró que cuatro barrios vecinos se habían visto afectados por la venta de drogas a pequeña escala.

“San Bernardo no aguantaba más”, señaló el representante. El político cerró su publicación con un llamado a recuperar la capital.

“Gran golpe a las mafias del presidente @ABDELAESPRIELLA. A recuperar con valor Bogotá!!”, señaló Cote.

Jerome Sanabria, joven de 20 años que integró el equipo de empalme del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, afirmó que la violencia en San Bernardo se agravó después de la intervención del Bronx en 2016.

Según su publicación, el sector pasó de ser un barrio habitado por comerciantes y familias de clase media a un punto con presencia de expendedores de droga, delincuencia y habitantes de calle.

“Muchos de quienes vivimos cerca y pasamos con frecuencia por la troncal de la 10ma preferimos no bajarnos en las estaciones San Bernardo ni Bicentenario para evitar robos”, escribió Sanabria.

También expresó preocupación por una posible expansión de los problemas hacia barrios como Eduardo Santos y Policarpa, zonas donde, según dijo, viven comerciantes y familias de clase media-baja. Mencionó además la existencia de colegios cercanos y la exposición de niños a hechos de inseguridad.

La joven celebró lo que describió como una intervención en Santa Fe y San Bernardo y pidió que los operativos mantengan continuidad. “Que estos operativos continúen, a ver si por fin Bogotá empieza a caminar segura”, expresó.

La concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Sandra Forero Ramírez, también reaccionó a los mensajes sobre la supuesta operación. La cabildante propuso que los procedimientos sorpresa se conviertan en una práctica frecuente en la ciudad.

“Llegó el turno para Bogotá”, escribió Forero. En su publicación, cuestionó la presencia de bandas y redes de microtráfico, además de pedirle al alcalde Carlos Fernando Galán que exija resultados a su secretario de Seguridad, César Restrepo.

“Estamos hartos de los bandidos y del microtráfico”, manifestó la concejal.

Por último, el concejal de Bogotá Andrés Barrios Bernal destacó el despliegue de seguridad realizado en San Bernardo durante la madrugada y atribuyó la acción a denuncias previas sobre criminalidad y microtráfico en el sector.

En una publicación en X, el cabildante agradeció al presidente Abelardo de la Espriella por atender el llamado. “Gracias, señor presidente, por atender nuestras denuncias de San Bernardo”, escribió.

Barrios afirmó que el procedimiento comenzó a la 1:30 a. m. y contó con integrantes de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (Goes) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Según indicó, el dispositivo también recibió apoyo de drones.

Mató a tres niños y a una maestra, hirió a otras dos personas y fue abatido por un padre de familia con dos hijas en el centro educativo. Las autoridades todavía no determinaron un móvil para el ataque.

Documentos policiales obtenidos por NBC News y su filial KGW revelan ahora que el adolescente fue víctima de violencia física en al menos dos ocasiones en los años previos al tiroteo, en un contexto familiar atravesado por la precariedad económica y las peleas domésticas.

Los registros también describen un cuadro de acoso escolar y una posible discapacidad cognitiva que el propio sistema pareció incapaz de abordar.

El primer episodio de violencia que sufrió siendo niño

El primer episodio registrado ocurrió en 2022, dentro del hogar de John. Su madre, Shauntai Nickerson, relató a los agentes de Bend que una amiga de su hermana lo abofeteó en la cara con tal fuerza que le fracturó un diente y luego le dio varios puñetazos en la nuca.

El oficial que se presentó en el domicilio verificó una pequeña rotura en uno de los dientes inferiores frontales del niño. John confirmó lo ocurrido y precisó que recibió entre cuatro y seis impactos en la parte posterior de la cabeza.

Nickerson indicó que su hijo “tenía necesidades especiales”. El propio oficial consignó en el expediente que el niño “probablemente tenía una discapacidad cognitiva”, a partir de lo que describió como patrones de comunicación y habla no verbales.

La hermana de John le contó al policía que, cuando ella llegó a la casa, el niño estaba alterado y lloraba porque era víctima de bullying en la escuela. El agente dejó constancia de que “John expresó preocupación por denunciar el acoso escolar porque su madre se enojaría”.

Las autoridades intentaron localizar a la atacante tanto por teléfono como en persona, pero no lograron dar con ella, según consta en el expediente.

Una segunda paliza tres años después, esta vez dentro de su casa

Poco más de tres años después, John volvió a ser víctima de una paliza. Un hombre que mantenía una relación sentimental con Nickerson lo embistió en repetidas ocasiones dentro del departamento familiar, de acuerdo con otro documento policial de Bend.

El conflicto se originó cuando Nickerson discutió con el sujeto por su vínculo con otras mujeres y colocó todas sus pertenencias fuera de la vivienda. El hombre regresó, aporreó la puerta y forzó su entrada, tal como detalla el reporte.

John contó a los oficiales que el individuo amenazó con lastimarlo a él y a su madre. El adolescente decidió intervenir cuando el sujeto se negó a abandonar el lugar. “Empezó a ponerse violento y yo no quería que le hiciera daño a mi mamá”, le dijo el joven a la policía, tal como recogió NBC News.

El menor relató que le pidió al hombre que se fuera, pero este lo empujó dos veces y le hizo soltar su teléfono.

Cuando se agachó a recogerlo, lo derribó contra el suelo, le rodeó la cabeza y el cuello con el brazo y le propinó entre 12 y 14 puñetazos. El sujeto huyó al enterarse de que los agentes estaban en camino.

Tanto Nickerson como su hijo decidieron no cooperar con la investigación ni presentar cargos, al considerar que el asunto había quedado resuelto, afirmó la policía en su reporte.

El contexto familiar detrás del atacante

Registros judiciales previamente obtenidos por NBC News detallaron una vida hogareña turbulenta.

Ambos padres de Griffin John II estuvieron involucrados en confrontaciones físicas y tuvieron múltiples roces con las fuerzas del orden, además de atravesar períodos de marcada precariedad.

La investigación sobre el tiroteo del 15 de octubre continúa abierta. Gran parte de la historia del adolescente permanece sin esclarecerse.

Personal del Museo y Memorial del 11-S identificó al sospechoso alrededor de las 5 de la tarde y alertó a la Policía Portuaria (Port Authority Police), que procedió a detenerlo. Tijerina enfrenta cargos por daños criminales y por realizar grafitis, según informó News 12 Long Island. De acuerdo con la información policial recogida por el mismo medio, las autoridades lo trasladaron a Manhattan Central Booking para su procesamiento.

Un testigo británico relata el vandalismo en el Memorial del 11-S en Nueva York

Ed Duffy, un joven de 16 años de visita desde el Reino Unido, presenció el ataque y describió lo que observó a CBS News: “Vi a alguien con pintura roja en aerosol y roció ‘just stop killing kids’ (solo dejen de matar niños) sobre algunos de los nombres. En menos de un minuto, la policía llegó y lo arrestó”.

El propio Tijerina grabó toda la secuencia —su caminata hacia el memorial, el momento en que sacó la lata de su mochila y la inscripción sobre los paneles— y publicó los videos en Instagram. En una de las grabaciones declaró: “Mi nombre es Jon Tijerina y acabo de rociar con pintura ‘just stop killing kids’ en el Memorial del 11-S”.

Los daños al Memorial del 11-S superaron los USD 2.500

Las autoridades estimaron el costo de los daños en más de USD 2.500, cifra que agrava los cargos contra el acusado, según New York Post. El equipo de seguridad y mantenimiento del memorial eliminó la pintura con rapidez y no registró daños permanentes en las inscripciones de bronce.

Un portavoz del Memorial y Museo del 11-S calificó el lugar como sagrado en un comunicado oficial recogido por CBS News: “El Memorial del 11-S es un lugar sagrado de reflexión en el corazón de un World Trade Center reconstruido, que honra a las 2.983 víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y del 26 de febrero de 1993”. El vocero añadió que el personal de seguridad y las fuerzas del orden abordaron el incidente de inmediato y restauraron el área a su estado conmemorativo.

Qué exige Jonathan Tijerina con su campaña “Just Stop Killing Kids”

Lejos de mostrar arrepentimiento, Tijerina presentó su arresto como una victoria para su causa. A través de su organización de “resistencia civil no violenta”, exigió respuestas del presidente Donald Trump y del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, según publicó New York Post.

Su sitio web plantea dos demandas concretas: la implementación de verificaciones universales de antecedentes para la compra de armas y la creación de un registro nacional de armas de fuego. En la página, la organización argumenta: “Tenemos dos demandas específicas y alcanzables. Ambas cuentan con apoyo mayoritario del público. Ambas ya existen en otros países de altos ingresos. Ninguna requiere derogar la Segunda Enmienda”.

El tiroteo masivo de Florida A&M, el detonante que citó Tijerina

Como justificación de su acción, Tijerina citó el tiroteo masivo ocurrido tras el partido de fútbol americano del homecoming de Florida A&M el 24 de octubre, donde al menos 11 personas resultaron heridas —seis de ellas menores de edad—, de acuerdo con el relato de New York Post.

El vandalismo al memorial no fue su primer intento por captar atención mediática. Días antes, el propio Tijerina completó un ayuno de siete días para exigir la construcción de 2 millones de unidades de vivienda asequible en la ciudad en un plazo de cinco años. La falta de repercusión de esa protesta, según reconoció el acusado al mismo medio, lo llevó a optar por un acto de mayor impacto en uno de los sitios más emblemáticos de Nueva York.

Un megaoperativo simultáneo ejecutado en Lima, Arequipa y Piura permitió desarticular “Los Orientales”, una organización criminal dedicada a la fabricación, acopio y tráfico de billetes falsificados que operaba en distintos puntos del país. La intervención, ejecutada por la Policía Nacional del Perú (PNP) en coordinación con el Ministerio Público, culminó con la detención de doce presuntos integrantes de la banda, según informó Andina Noticias.

El operativo derivó en el hallazgo de aproximadamente 300 mil soles y 3.000 dólares en dinero falsificado, además de insumos utilizados para su elaboración, un arma de fuego y otros bienes vinculados a la investigación. Los hallazgos se produjeron durante los allanamientos realizados en inmuebles asociados a la red, en el marco de las diligencias dispuestas por la autoridad judicial.

Así operaba la red de billetes falsos

Según las investigaciones, la organización habría operado de manera coordinada en los distritos de Cerro Colorado, en Arequipa; Castilla, en Piura; y San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, en Lima. El Ministerio del Interior (Mininter) precisó que sus integrantes participaban en las distintas etapas del proceso ilícito, desde la elaboración de matrices y la impresión de billetes hasta los acabados, el acopio, el tráfico y la posterior puesta en circulación del dinero falso.

Entre los materiales incautados se encontraron planchas y pliegos de billetes ya impresos, junto con herramientas específicas empleadas para la falsificación. Estos elementos permitirán a los investigadores reconstruir el proceso completo de producción empleado por la banda, que combinaba distintas fases de manufactura antes de distribuir los billetes falsos hacia otros sectores del país.

Allanan 12 inmuebles por orden judicial

La intervención comprendió 12 detenciones preliminares judiciales y 12 allanamientos de inmuebles vinculados a la organización. Estas diligencias se ejecutaron en cumplimiento de una resolución emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que autorizó el ingreso simultáneo a los domicilios señalados por las investigaciones.

De acuerdo con las pesquisas fiscales, la organización habría funcionado desde septiembre de 2023, con centro de operaciones principal en el distrito de San Juan de Lurigancho. Desde ese punto, el grupo coordinaba la impresión y el acabado del papel moneda falsificado, que luego era distribuido hacia distintos sectores de Lima Metropolitana y hacia otras regiones del país, principalmente Piura y Arequipa, mediante una estructura dedicada a su producción y comercialización ilícita.

Operativo incluyó intervención de Dirincri y Diviac

El operativo se desarrolló mediante el Plan de Operaciones “Auténtico 2026”, a cargo de personal especializado de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac), con el respaldo de otras unidades policiales. La acción contó además con la participación de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada.

La intervención incluyó también el levantamiento del secreto de las comunicaciones de equipos móviles y dispositivos tecnológicos incautados, conforme a la autorización judicial correspondiente, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos e identificar posibles conexiones adicionales de la organización criminal. Esta acción se enmarca en la estrategia del Ministerio del Interior para anticiparse al crimen, debilitar la capacidad logística de las bandas y recuperar el control territorial mediante labores de inteligencia e investigación.

El detenido fue identificado como Edwin Román Velásquez Valle y, según el informe del gobernador antioqueño Andrés Julián Rendón, como figuraba en el cartel de los objetivos de más alto valor en el sureste del departamento, se ofrecía una recompensa de hasta 200 millones por información que permitiera ubicarlo.

La información oficial es que Velásquez Valle sería uno de los articuladores de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, con fuerte presencia en las subregiones del occidente, norte y suroeste antioqueño.

Las investigaciones señalan que alias Cilindro —como cabecilla “pseudopolítico” del grupo terrorista, tenía influencia criminal en 22 municipios, entre ellos Uramita, Dabeiba, Ituango, Frontino, Cañasgordas, Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Sopetrán, San Jerónimo y San Pedro de los Milagros.

Conforme al balance oficial, dicha estructura ha buscado consolidar su control en los corredores que facilitan actividades vinculadas con el narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones. Para ese fin, “ejercería presión sobre comunidades de la zona por medio de amenazas, armas de largo alcance y explosivos.

Una trayectoria de cerca de 19 años en grupos armados

La información compartida por el mandatario departamental indica que Velásquez Valle tendría una trayectoria de aproximadamente 19 años en organizaciones armadas ilegales. Sus primeros vínculos se remontarían a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia.

Luego habría asumido funciones dentro del Clan del Golfo. Entre sus presuntas tareas figuraban la transmisión de órdenes de los máximos cabecillas, el adoctrinamiento de integrantes de la estructura y la imposición de normas internas mediante intimidaciones y hechos violentos.

Las autoridades también lo señalan de coordinar redes de informantes para conocer los movimientos de la Fuerza Pública y facilitar las operaciones ilegales de la organización.

Qué incautaron las autoridades: dinero, equipos y documentos

El procedimiento se realizó durante una diligencia de allanamiento y registro en zona rural de Uramita, y quedó registrado en video.

En el lugar, las autoridades incautaron dinero en efectivo, con una suma de $16 millones, tres teléfonos celulares, un computador portátil, dos memorias USB y documentos relacionados con asuntos doctrinarios y financieros del grupo armado.

El gobernador Rendón, destacó el resultado y celebró la detención de quién él mismo señaló de ser “un bandido, señalado de promover la expansión del Clan del Golfo en el Occidente y Suroeste antioqueño, y de someter a las comunidades mediante amenazas y violencia”.

Trujillo Martínez quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Se confirmó que deberá responder por señalamientos relacionados con concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidios selectivos y actos terroristas. Un juez definirá su situación jurídica en las audiencias correspondientes.

Capturaron a cinco presuntos integrantes del Clan del Golfo en Puerto Wilches, Santander

Las autoridades informaron, adicionalmente, la captura de cinco presuntos integrantes del Clan del Golfo durante un operativo en la vereda El Porvenir, zona rural del municipio de Puerto Wilches, Santander.

Entre los detenidos está alias Toro, a quien las autoridades señalan como cabecilla del componente criminal focalizado de la subestructura Édgar Madrid Benjumea.

La operación estuvo a cargo de tropas de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, por medio del Batallón de Artillería de Campaña N.° 6, en coordinación con la Policía Nacional. Según la información militar, alias ‘Toro’ llevaría siete años vinculado a esa organización.

Los otros capturados fueron identificados con los alias de “Tatán”, “el Niño”, “Jordan” y “Sayan”. Las autoridades investigan su posible relación con extorsiones a comerciantes y habitantes del Magdalena Medio santandereano, homicidios selectivos, retenes ilegales y labores de información para facilitar las actividades del grupo armado.

Durante el procedimiento fueron incautadas seis armas de fuego, entre ellas un arma larga y cinco pistolas, además de 261 cartuchos de distintos calibres, proveedores para fusil, ocho teléfonos celulares, un radio de comunicaciones y dos motocicletas.

El joven permaneció en cautiverio durante cerca de 12 horas en una vivienda ubicada en el jirón Los Cuarzos, en la urbanización Manco Cápac. Según informó Latina Noticias, los captores sometieron a la víctima a torturas durante su encierro y grabaron videos con los que exigieron a la familia el pago de 50.000 soles a cambio de su liberación.

Secuestro y torturas en cautiverio

Según informaron las autoridades policiales, la negociación por el rescate no se concretó. Ante esa situación, los delincuentes vaciaron las cuentas bancarias de la víctima, de las que sustrajeron un monto cercano a los 4.000 soles. El joven fue liberado finalmente la mañana del domingo en las inmediaciones de Puente Nuevo, en el distrito de El Agustino, y se encuentra ileso.

La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó el operativo de rescate a través de un comunicado oficial, en el que precisó que la víctima fue ubicada y puesta a salvo pocas horas después de iniciadas las labores de inteligencia e investigación, lo que permitió frustrar las exigencias económicas de los secuestradores.

Detenidos serían parte de un organización criminal

Según el comunicado policial, los sospechosos detenidos integrarían la banda criminal denominada Los Remanentes del Hampa. La PNP identificó a los capturados como M. A. M. T., de 39 años, y E. M. G., de 24 años, ambos señalados como presuntos responsables del secuestro.

Las investigaciones policiales establecieron que la víctima fue interceptada por los sujetos armados y conducida al inmueble donde permaneció privada de su libertad, en coincidencia con el relato difundido previamente por Latina Noticias. Durante ese periodo, los delincuentes enviaron videos a los familiares como prueba de vida, además de formular las exigencias económicas.

Captura de sospechosos e incautaciones

Los dos detenidos fueron ubicados en un hostal de San Juan de Lurigancho, cerca del lugar donde se hospedaban. En el operativo, los agentes incautaron un vehículo, un arma de fuego tipo revólver, 26 municiones y tres teléfonos celulares, entre ellos el que pertenecía a la víctima.

La PNP señaló que continuará el fortalecimiento de las acciones de inteligencia e investigación para combatir el secuestro, la extorsión y otras modalidades delictivas que afectan la seguridad ciudadana. Los detenidos quedaron a disposición de la justicia, mientras el Ministerio Público prosigue con las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.

Un adolescente de 15 años, Anthony Rivers III, será procesado en un tribunal de adultos por el tiroteo que dejó 12 personas heridas el sábado 24 de octubre, tras el partido de bienvenida de la Universidad Florida A&M en Tallahassee, Florida.

La Fiscalía trasladará el expediente desde la jurisdicción juvenil luego de que el joven fuera detenido e imputado por 11 cargos de intento de asesinato en segundo grado.

Rivers III compareció el lunes ante un juez en una audiencia breve, que ordenó que continuara detenido. El fiscal estatal Jack Campbell confirmó que la causa pasará a un tribunal de adultos.

Los registros judiciales consultados por The Associated Press no precisan si el acusado cuenta con un abogado que pueda pronunciarse sobre los cargos.

Rivers III enfrenta 11 cargos por las personas alcanzadas por los disparos

La Policía de Tallahassee atribuyó a Rivers III los disparos que hirieron a 11 personas y le sumó un cargo por posesión de un arma de fuego por parte de un menor declarado delincuente.

El adolescente fue arrestado el domingo, un día después del ataque, y quedó bajo custodia mientras avanza el proceso.

La decisión de la Fiscalía significa que el caso seguirá las reglas y procedimientos aplicables a acusados adultos, pese a que Rivers III tiene 15 años.

Las autoridades no comunicaron si presentó una declaración ante la Justicia ni difundieron detalles sobre la prueba que vincula al joven con el tiroteo.

La pesquisa se mantiene abierta. Los investigadores revisan imágenes de cámaras de vigilancia, videos tomados por asistentes y testimonios para reconstruir la secuencia de los hechos.

También analizan si hubo otros participantes; por ahora, la Policía no identificó a más sospechosos, aunque advirtió que podrían producirse nuevas detenciones.

Una pelea precedió a los tiros junto al Bragg Memorial Stadium

El ataque ocurrió poco antes de las 20:00, cerca de la intersección de las calles Perry y Manatee, en las inmediaciones del Bragg Memorial Stadium.

La zona concentraba a familias, estudiantes y exalumnos que salían del encuentro de fútbol americano en el que Florida A&M perdió ante Arkansas-Pine Bluff, en el marco de las celebraciones de bienvenida de la universidad.

La investigación preliminar establece que una pelea entre un grupo reducido de personas antecedió a los disparos.

El jefe policial Lawrence Revell describió el episodio como un incidente aislado entre dos o tres individuos y señaló que, de acuerdo con los datos iniciales, un solo tirador habría abierto fuego.

Revell afirmó además que ninguna de las víctimas parece haber sido un objetivo previsto. Las autoridades aún no informaron qué desencadenó la discusión ni determinaron si el detenido actuó solo. La Policía pidió a quienes tengan grabaciones o datos sobre el hecho que se contacten con los investigadores.

Seis de los 12 heridos son menores y uno continuaba en estado crítico

El saldo fue de 11 personas baleadas y una mujer lesionada mientras escapaba. La duodécima víctima es la abuela de una de las personas alcanzadas por los tiros.

Seis de los heridos son menores de 18 años y la víctima más joven tiene 11 años, según informó la Policía.

Al menos tres personas sufrieron lesiones graves. El último parte oficial, difundido el domingo, indicó que una permanecía en estado crítico.

Seis víctimas seguían hospitalizadas y cinco habían recibido el alta, de acuerdo con la información policial recogida por The Associated Press. No se comunicaron actualizaciones posteriores sobre sus condiciones de salud.

Los videos que circularon en redes sociales mostraron a grupos de asistentes que corrían para alejarse del área después de las detonaciones.

La multitud también condicionó la respuesta de emergencia: las ambulancias no lograban avanzar hasta el cruce donde se produjeron los disparos.

Ante esa situación, los agentes cargaron a varios heridos entre la gente hasta los vehículos sanitarios, explicó Revell. Desde allí, los equipos de emergencia trasladaron a las víctimas a hospitales de la ciudad.

Las universidades activaron medidas de precaución tras el ataque

La Universidad Florida A&M pidió a su comunidad que evitara el área y aseguró, en un mensaje difundido en X, que el campus permanecía seguro.

La institución expresó su apoyo a las víctimas y a las personas afectadas por el ataque ocurrido cerca de sus instalaciones.

La Universidad Estatal de Florida, situada a unos 1,6 kilómetros del lugar, emitió a las 22:00 una alerta de emergencia por el tiroteo ocurrido cerca del Bragg Memorial Stadium de Florida A&M.

La institución indicó que no tenía información que vinculara a integrantes de su comunidad con el hecho y aconsejó a estudiantes, docentes y empleados de Tallahassee que permanecieran bajo techo y atentos durante la noche.

Mientras el expediente avanza hacia la justicia penal adulta, los investigadores buscan determinar el móvil de la pelea, identificar a todos los implicados y establecer con precisión cómo se produjeron los disparos.

El grupo había organizado por cuenta propia un recorrido nocturno temático de Halloween por las calles de Montclair, una ciudad del condado de San Bernardino, en California.

Cerca de 30 personas pedaleaban hacia el este por Kingsley Street cuando, a las 10:39 de la noche del sábado 24 de octubre, un vehículo que circulaba en sentido contrario las embistió de frente en la intersección con Tudor Avenue, informó el Departamento de Policía de Montclair.

El paseo no contaba con patrocinio ni vínculo oficial con la ciudad, aclaró la fuerza policial. Los ciclistas lo habían convocado de manera autónoma, tal como confirmaron testigos a Los Angeles Times.

El saldo de víctimas del atropello en Kingsley Street

Uno de los ciclistas murió en el lugar del choque, precisó el departamento. Los equipos de emergencia trasladaron a otros dos heridos a un hospital.

Una de esas personas, una mujer, murió a causa de sus lesiones cerca de la 1:19 del domingo 25 de octubre, señaló ABC7 Los Angeles. Las autoridades todavía no difundieron las identidades de las víctimas fatales.

El segundo paciente hospitalizado sufrió lesiones graves, aunque su estado era estable al momento del último parte conocido. Una cuarta persona recibió atención por una herida menor en la cabeza y rechazó tratamiento adicional, indicó la fuerza local.

Testigos afirmaron que el vehículo arrastró a una de las víctimas por al menos 1,6 kilómetros (1 milla) antes de que el conductor escapara, informó ABC7 Los Angeles. El mismo medio aseguró que el sospechoso dejó abandonado su automóvil —que tenía manchas de sangre— y continuó el escape a pie. Esos detalles no figuraban en el comunicado oficial de la fuerza policial.

La búsqueda y detención del conductor que huyó de la escena

La investigación ubicó al presunto responsable en una vivienda cercana a la zona del impacto. La institución afirmó que el aporte de testigos y el trabajo de sus detectives permitió identificar su paradero.

Los agentes arrestaron a Valentin Alberto Rodriguez, de 38 años y residente de Montclair, cerca de las 2:40 de la madrugada del domingo. Luego lo trasladaron al Centro de Detención West Valley, detalló el San Bernardino Sun.

Rodriguez quedó detenido bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol y causar lesiones o muerte, de circular con una concentración de alcohol en sangre de 0,08 % o más, de abandono del lugar de un siniestro con víctimas fatales y de homicidio vehicular grave cometido bajo intoxicación. La fuerza local describió todas las acusaciones como delitos graves.

Las autoridades no informaron el resultado de una prueba de alcoholemia ni explicaron qué sustento concreto tienen para la sospecha de intoxicación.

Los pasos que siguen en la causa por el choque mortal

La pesquisa continúa para determinar la secuencia del impacto y reunir pruebas sobre el escape.

El Departamento de Policía de Montclair pidió que las personas con datos, grabaciones o testimonios sobre la colisión se comuniquen al teléfono (909) 621-4771.

Las identidades de los dos ciclistas fallecidos permanecen bajo reserva hasta el momento. Aún no se comunicó si Rodriguez cuenta con representación legal ni cuándo será su primera comparecencia ante un tribunal.

Un nuevo enfrentamiento entre los agentes policiales en Verón-Punta Cana terminó con la muerte de un delincuente buscado por homicidio en República Dominicana. La intervención ocurrió en el sector Residencial Lantigua, dentro del residencial Costa Mar, donde una patrulla realizaba labores de investigación vinculadas con un crimen ocurrido días antes en Nagua.

Según la versión de la Policía Nacional, el fallecido fue identificado como Carlos Daniel Alcequiez Rodríguez, de 25 años, conocido como “Carlos El Menol”. La institución indicó que el hombre abrió fuego contra los agentes cuando intentaban localizarlo, por lo que los uniformados respondieron. Recibió heridas de bala y fue trasladado al Hospital Municipal de Verón, donde murió mientras recibía atención médica.

La Policía informó que Alcequiez Rodríguez tenía una orden de arresto por su presunta participación en la muerte de Anderson Santos Rodríguez, alias “Vaguito”, de 23 años. El homicidio ocurrió el 21 de octubre y forma parte de una investigación que continúa bajo coordinación con el Ministerio Público.

El cuerpo de “Vaguito” fue encontrado enterrado en Nagua

El cadáver de Santos Rodríguez fue localizado en la provincia María Trinidad Sánchez, en un hoyo de aproximadamente 1.5 metros de profundidad. El cuerpo estaba envuelto en una lona, de acuerdo con los datos divulgados por las autoridades.

Las pesquisas preliminares señalan que el hecho habría comenzado por una discusión relacionada con 200 pesos dominicanos (aproximadamente $3.50), que presuntamente estaban vinculados con la venta de sustancias controladas. La Policía no ha precisado qué ocurrió durante esa discusión ni el grado de participación que habría tenido cada uno de los implicados.

Por el mismo caso está detenido Brayan Cius, señalado por las autoridades como presunto vinculado con la muerte de Santos Rodríguez. La investigación busca establecer las responsabilidades penales y determinar si existen otras personas involucradas.

Durante la intervención en Verón-Punta Cana, los agentes ocuparon una pistola Glock calibre 9 milímetros. El arma tenía un cargador con cuatro cápsulas y una munición adicional en la recámara, según el informe policial.

Técnicos de la Policía Científica también recolectaron tres casquillos en el lugar. Esas evidencias serán integradas a las investigaciones sobre el incidente en el que murió Alcequiez Rodríguez.

El caso se suma a las muertes en operativos policiales de 2026

La muerte de “Carlos El Menol” se produjo en un año marcado por un aumento de personas fallecidas en operativos y presuntos intercambios de disparos con las autoridades dominicanas.

Los registros difundidos hasta el 22 de octubre situaban en más de 200 la cantidad de personas señaladas como presuntos delincuentes que habían muerto en alegados enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional durante 2026. Los casos se han reportado en distintas provincias, en medio de operativos de búsqueda, persecución y ejecución de órdenes de arresto.

La institución sostiene que los agentes han respondido a ataques armados durante sus intervenciones.

En este caso, la Policía afirmó que la patrulla fue atacada durante las labores investigativas. El reporte no detalló cuántos agentes participaron, si algún uniformado resultó herido ni la hora exacta del enfrentamiento.

Miles de personas —familias, estudiantes, exalumnos— se agolpaban en los alrededores del Bragg Memorial Stadium cuando, alrededor de las 8 de la noche, los disparos lo interrumpieron todo.

La víctima más joven tiene 11 años. Al menos tres de los baleados presentan heridas de gravedad y uno de ellos, un menor, se encuentra en estado crítico, confirmó el Departamento de Policía de Tallahassee. Hasta la madrugada del domingo no se concretaron detenciones.

El saldo de la balacera

El jefe de la Policía de Tallahassee, Lawrence Revell, precisó en una conferencia de prensa que 11 de los 12 heridos presentaban impactos de bala.

La duodécima víctima fue identificada como la abuela de una de las víctimas, quien resultó lesionada al intentar escapar de la escena, tal como detalló el propio Revell.

De los 12 afectados, seis son adultos y seis son menores de 18 años. Las ocho personas que no revisten gravedad fueron trasladadas a centros hospitalarios en condición estable, de acuerdo con el comunicado oficial de la policía local.

Qué originó los disparos

La investigación preliminar indica que una pelea entre un grupo reducido de individuos precedió a los disparos.

“Nuestra información preliminar muestra que se produjo un altercado entre individuos”, afirmó Revell, quien lo describió como “un incidente aislado entre dos o tres personas”. Las autoridades creen que un solo tirador fue el responsable, informó NBC News.

“Esta noche, nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias mientras enfrentan el devastador impacto de esta violencia”, declaró el jefe policial en palabras recogidas por CBS News. “Es especialmente desgarrador saber que hay niños entre los heridos”, añadió.

La respuesta de los agentes en el terreno

Revell también destacó la actuación de los agentes que acudieron al llamado de emergencia. Los oficiales corrieron hacia el epicentro del tiroteo sin conocer la ubicación exacta del atacante ni la cantidad de víctimas, aseguró el jefe policial en declaraciones difundidas por NBC News.

“Tuvimos oficiales que levantaron a las víctimas y las cargaron en sus brazos para trasladarlas porque no podían pasar entre la masa de personas”, relató Revell.

La densidad de la multitud congregada por las celebraciones universitarias dificultó el acceso de los vehículos de emergencia a la zona del incidente.

La reacción de las universidades

FAMU publicó un mensaje en la red social X en el que pidió a los miembros de su comunidad que se mantuvieran alejados del área.

La institución describió el tiroteo como un hecho ocurrido “cerca del campus” y aseguró que las instalaciones universitarias permanecían seguras. “Nuestros corazones están con las víctimas y con todos los afectados por el incidente de esta noche en Perry Street”, publicó la universidad.

Florida State University, ubicada a aproximadamente 1,6 kilómetros de FAMU, activó una alerta de emergencia como medida de precaución.

La institución indicó que no parecía haber miembros de su comunidad involucrados, pero recomendó a estudiantes, profesores y personal permanecer en sus hogares durante la noche, de acuerdo con la información publicada por ABC News.

Las autoridades de Tallahassee solicitaron a cualquier testigo del hecho que se comunique con la policía para colaborar con la investigación. “Nuestra prioridad es determinar qué ocurrió y por qué ocurrió, y llevar ante la justicia a los responsables”, aseveró Revell.

Un bebé de 18 meses fue declarado muerto en un hospital de Arizona, pero más de cinco horas después, un empleado forense lo encontró con vida en la morgue del centro médico.

Ocho meses después del episodio que conmocionó a Estados Unidos, la madre del menor rompió el silencio, cuestionó la actuación del médico que ordenó cesar la reanimación y formuló una pregunta que resume su reclamo: “¿Qué hizo que mi hijo no valiera la pena salvarlo?”.

Alexus Fiordilino, de 30 años, relató a NBC News lo que vivió el 8 de febrero de 2026 —domingo del Super Bowl— en el Mercy Gilbert Medical Center, en la localidad de Gilbert.

Su hijo Vincent había sido hallado boca abajo en la piscina familiar durante una reunión en su casa.

Un familiar le practicó reanimación cardiopulmonar (RCP) antes de que los servicios de emergencia lo trasladaran al hospital.

Los minutos decisivos en la sala de urgencias

En la sala de urgencias, un equipo liderado por el Dr. Aryan Toosi trabajó durante 18 minutos para reanimar a Vincent. “Parece mucho tiempo, pero en retrospectiva realmente no lo fue”, dijo Fiordilino en declaraciones recogidas por la filial local.

A las 6:13 p.m., según el informe policial obtenido por KPNX, Toosi se acercó a los padres con un mensaje desalentador.

“Mientras no haya objeciones, me gustaría declarar la hora de la muerte”, les dijo el médico, tal como consta en el documento. Siete minutos después, a las 6:20 p.m., pronunció oficialmente el deceso del niño y pidió un momento de silencio.

Fiordilino contó que el doctor le transmitió que cualquier esfuerzo adicional sería inútil. “Me dijo que tendría daño cerebral y que sus órganos simplemente no serían suficientes para la vida”, evocó la madre.

“Como madre, no querés escuchar eso. No quería que sufriera. Parecía que habían hecho todo lo que podían. Y entonces él lo dio por terminado”, afirmó a NBC News.

Las señales que nadie quiso escuchar

Lo que ocurrió en los minutos siguientes reveló una cadena de señales ignoradas. Un agente de policía presente en la sala de emergencias intentó comunicar que Vincent todavía tenía pulso, según la reconstrucción de 12 News a partir de videos de cámaras corporales. La respuesta del Dr. Toosi fue tajante: “Fui a la facultad de medicina por una razón”.

Al abrazar a su hijo para despedirse, Fiordilino creyó percibir que aún respiraba. “Voy a abrazarlo y siento una liberación de aire. Así que pienso: ‘Vaya, espera un minuto’”, contó. Pero, una vez más, la preocupación fue descartada por el personal del hospital.

A las 7:18 p.m., un detective observó “otro jadeo audible” mientras el equipo preparaba el traslado del cuerpo a la sala fría, el espacio que funciona como morgue dentro del hospital y cuya temperatura oscila entre 2 y 4 ℃ (36 y 39 ℉).

Una enfermera atribuyó esos movimientos a “respiración agonal” provocada por las compresiones y el oxígeno administrado, de acuerdo con el reporte policial.

Una hora más tarde, el mismo detective regresó a fotografiar el cuerpo y notó que las señales persistían. A las 7:23 p.m., la puerta del recinto fue cerrada con el niño adentro. “Lo peor es que se sentía muy frío. Esperaba que estuviera un poco más caliente. Pero estaba helado”, señaló Fiordilino.

Cinco horas después, la morgue

A las 11:52 p.m., más de cinco horas después, un equipo del médico forense llegó al hospital para retirar el cuerpo. Al abrir la morgue, el transportista comprobó que Vincent seguía con vida. La familia fue notificada de inmediato y el niño fue trasladado por aire al Phoenix Children’s Hospital.

“Mi esposo y yo gritamos de alivio. Lloramos. Pasar de escuchar que se fue a enterarte de que no se fue es un sentimiento inexplicable”, narró Fiordilino a NBC News. “Es inimaginable. Nadie merece eso, y no es justo. Y lo encontraron allí solo”, añadió en su entrevista con el medio local.

Cuando volvió a ver a su hijo en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, el panorama era desolador. “Parecía un bebé diferente. Es algo que espero que ningún otro padre tenga que vivir”, expresó.

La denuncia de la familia contra el médico y el hospital

John Brewer, abogado de la familia, aseguró que planea presentar una queja formal contra Toosi y el hospital.

Una revisión de los registros médicos de Vincent reveló, según afirmó, que los resultados de pruebas críticas que el doctor citó para justificar el fin de la reanimación no se completaron sino hasta después de que se diera por terminado el procedimiento.

“Los padres se vieron obligados a decidir si seguían intentando revivir a su hijo, y el médico les proporcionó información falsa. Eso va más allá de una negligencia consciente hacia la vida humana”, aseguró Brewer a NBC News.

En entrevista con 12 News, el abogado fue aún más contundente: “La estela de destrucción causada por la decisión gravemente negligente e imprudente del doctor Toosi destruyó muchas vidas”.

La oficina de Brewer entregó la documentación al Departamento de Policía de Gilbert, que remitió el caso a la oficina del fiscal general de Arizona. La policía sostuvo que su pesquisa no estableció causa probable de conducta criminal por parte del personal médico.

Hasta el 24 de octubre, la fiscalía general no había decidido si aceptaría la derivación para revisarla, informó The Arizona Republic.

El estado actual de Vincent y las consecuencias para su familia

Consultada sobre el estado actual de su hijo, Fiordilino respondió con cautela: “Está mejorando”. Pero Brewer ofreció un cuadro más preciso: “Vincent tiene una lesión cerebral grave. No puede tragar. Tiene convulsiones. No puede sentarse solo ni gatear”.

“Nunca volverá a ser igual”, dijo la madre.

El niño se encuentra en casa con su familia, pero su recuperación plantea desafíos de largo plazo.

La investigación también puso el foco sobre los padres

El caso también puso bajo escrutinio a los padres. El Departamento de Policía de Gilbert recomendó imputar abuso infantil a Alexus y su esposo, Angelo Fiordilino, por haber perdido de vista al menor durante la reunión.

“Ambos admitieron haber fumado marihuana la mañana del ahogamiento”, indica el informe policial.

La fiscal del condado de Maricopa, Rachel Mitchell, anunció en julio que la pareja no enfrentaría acciones penales.

Las respuestas de las partes involucradas tras el caso

Scott Holden, representante legal de Toosi, emitió un pronunciamiento en el que evitó abordar las acusaciones. “Los pensamientos del Dr. Toosi están con el joven paciente y su familia, y le desea una continua recuperación”, indicó el texto.

El Mercy Gilbert Medical Center calificó la situación como “desgarradora” en un comunicado, pero se amparó en la privacidad del paciente para no ofrecer detalles. “La seguridad del paciente y la atención excepcional son nuestras máximas prioridades”, afirmó el hospital.

“Dios intervino por mí ese día. Dios intervino por mi hijo”, dijo Fiordilino. Cada minuto, aseguró, agradece que su hijo siga aquí.

Un sargento segundo de la Policía Nacional murió al caer aparentemente desde una torre del Centro Penitenciario La Joya, al tratar supuestamente de intentar atrapar un dron que personas no identificadas intentaban introducir a la cárcel.

La información extraoficial señala que la unidad policial, identificada como Franklin Fuentes, fue trasladada de inmediato a un centro médico, donde posteriormente falleció producto de un paro cardiaco.

Durante el periodo 2025-2026, las cárceles panameñas han experimentado una escalada sin precedentes en el uso de drones para introducir drogas, armas de fuego, teléfonos celulares y otros artículos prohibidos, consolidando esta tecnología como uno de los vectores más críticos de vulneración de la seguridad penitenciaria en el país.

Las cifras oficiales apuntan en detalle a más de 1.349 drones incautados solo en lo que va de 2026 en distintos centros penales, acompañados del decomiso de al menos 55 armas de fuego, 715 municiones, 56 proveedores, 1.855 teléfonos celulares y más de 2.000 dosis de sustancias ilícitas.

Expertos en seguridad aseguran que esta situación lo que pone en evidencia es la sofisticación logística de las redes criminales que operan tanto dentro como fuera de los recintos carcelarios.

A este escenario se suman casos emblemáticos como el “servicio de delivery” de drogas por drones desmantelado en noviembre de 2025 en el Centro Penitenciario La Joya.

Igualmente, el hallazgo de equipos de internet satelital de alta velocidad vinculados a pandillas intramuros y la incautación de una antena Starlink en un operativo penitenciario en 2026, que muestran una convergencia entre contrabando aéreo y comunicaciones clandestinas de alto rendimiento.

Frente a esta realidad, el Estado panameño ha desplegado un abanico de respuestas que van desde la prohibición formal del uso de drones en todos los centros penitenciarios, la declaración de espacio aéreo restringido sobre complejos carcelarios y la puesta a prueba de sistemas de bloqueo contra drones.

También se cuenta el refuerzo de patrullajes aéreos y terrestres, la capacitación del personal custodio y la promoción de reformas legales para aumentar las penas por el uso de esta tecnología con fines ilícitos.

Sin embargo, la persistencia e intensidad de los intentos, la estimación de una gran cantidad de drones interceptados diariamente en algunas cárceles y la existencia de complicidad interna reconocida hasta por el propio presidente José Raúl Mulino revelan que la lucha entre innovación criminal y respuesta institucional plantea muchas interrogantes para la política pública, la transparencia y el control del crimen organizado que opera desde y hacia las prisiones panameñas.

Un caso llamativo es, según reportes de prensa, el de la cárcel Nueva Esperanza, en la provincia de Colón, donde funcionarios del sistema penitenciario revelaron que hacia finales de 2025 se llegaron a registrar más de 60 incursiones de drones en una sola noche.

La Joyita y La Joya aparecen reiteradamente en informes y noticias de 2025 y 2026 como epicentros del uso de drones para contrabando.

En marzo de 2026, por ejemplo, la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria informó del hallazgo de 15 paquetes lanzados desde el aire dentro del perímetro del Centro Penitenciario La Joya, que contenían sustancias ilícitas, 245 cajetillas de cigarrillos, encendedores, cables de audífonos y otros accesorios electrónicos.

Estos paquetes fueron ubicados tras una ronda de vigilancia y posteriormente verificados, confirmando así la efectividad parcial de los controles, pero también la capacidad de los operadores criminales de coordinar múltiples lanzamientos en una misma jornada.

En paralelo, el Centro Penal La Joyita ha sido escenario de otras modalidades de ingreso de contrabando -como el uso de “mochileros” y caletas bajo estructuras de cemento- que se complementan con la operación de drones, configurando un mosaico de técnicas que refuerzan la resiliencia del contrabando frente a las acciones de las autoridades.

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 15 años a dos exagentes de la Policía por su presunta participación en el envío de 446 kilos de cocaína desde Bogotá hacia la isla de Providencia, en mayo de 2021.

Los sancionados son William Alexander Castro Olaya y Juan Guillermo López Campanella, quienes, de acuerdo con el fallo de primera instancia, habrían cargado el estupefaciente en un hangar del aeropuerto de Guaymaral antes del despegue de la avioneta.

La aeronave tenía como destino el aeropuerto El Embrujo, en Providencia, donde las autoridades incautaron la droga tras su arribo desde Bogotá.

El órgano de control concluyó que los entonces uniformados participaron en el embarque de los 446 kilos de cocaína, por lo que calificó su conducta como una falta gravísima cometida con dolo.

La sanción impuesta por la Procuraduría incluye la salida definitiva de los exintegrantes de la institución y la prohibición de ejercer funciones públicas durante 15 años.

La decisión aún no está en firme, debido a que Castro Olaya y López Campanella presentaron recursos de apelación contra el fallo de primera instancia.

Capturaron 5 policías por presuntos vínculos con grupo delincuencial La Oficina en Medellín

La Fiscalía General de la Nación judicializará a cinco policías y cuatro presuntos integrantes de estructuras alineadas con La Oficina, detenidos en Medellín por una investigación sobre una posible red que habría favorecido el microtráfico y la extorsión.

Los nueve capturados quedaron vinculados a un proceso por cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir. La pesquisa incluyó labores de inteligencia, allanamientos y la participación de un agente encubierto.

Según la hipótesis de las autoridades, los uniformados habrían recibido entre $3 millones y $4 millones mensuales a cambio de no realizar controles en las zonas donde prestaban servicio. La investigación plantea que los agentes omitían registros, requisas y otras intervenciones, lo que habría permitido la continuidad de actividades ilegales en sectores determinados de Medellín.

El caso busca esclarecer si esos favores beneficiaron operaciones de venta de estupefacientes y cobros extorsivos en el noroccidente de la ciudad.

Los policías detenidos estaban adscritos a las estaciones de Manrique, Bello y Doce de Octubre. Otro de los capturados pertenecía a la Dirección de Educación Policial de la Policía Nacional.

Alias Gordo fue identificado como supuesto coordinador de Cotranal

Entre los detenidos figura alias Gordo, señalado como presunto coordinador del grupo delincuencial organizado Cotranal. De acuerdo con la información oficial, tendría cerca de 15 años de trayectoria dentro de esa estructura, relacionada con organizaciones alineadas con La Oficina.

Cotranal tendría presencia en zonas de las comunas Doce de Octubre y Santander. Las autoridades ahora intentan establecer hasta dónde llegaron los vínculos entre los agentes investigados y los integrantes de la red criminal.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, señaló que las denuncias de habitantes de la ciudad ayudaron a detectar movimientos e irregularidades que llevaron al operativo. “Gracias también a la Fiscalía, y luego de una investigación que hasta agente encubierto tuvo, fueron capturadas nueve personas”.

La Policía incautó armas, efectivo y equipos electrónicos

Durante los procedimientos, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá incautó cuatro armas de fuego, 70 cartuchos de diferentes calibres, más de $20 millones en efectivo, un computador y siete teléfonos celulares.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana, indicó que los dispositivos serán analizados para identificar contactos, comunicaciones y posibles relaciones con otras personas.

Las autoridades también revisarán el origen del dinero hallado durante las diligencias y su eventual relación con los hechos bajo investigación. “La integridad policial no se negocia y quien pretenda utilizar el uniforme para favorecer al crimen tendrá que responder ante la justicia”, sostuvo Villa Mejía.

El funcionario aclaró que los comportamientos investigados serían individuales y no representarían a la totalidad de la Policía Nacional.

Jordan Elliott, liniero defensivo de 28 años, violó la política de armas de fuego de la NFL el jueves 15 de octubre de 2026 cuando se presentó armado en el centro de entrenamiento de los Tennessee Titans en Nashville, según informó NBC News.

La franquicia actuó de inmediato. Elliott, que había disputado los primeros cinco partidos de la temporada, fue declarado inactivo el domingo siguiente por razones personales no vinculadas a lesiones. Para el martes, su nombre ya no figuraba en el plantel.

Qué dijeron el equipo, la policía y la liga sobre el incidente

“Tras nuestra revisión del incidente, tomamos la decisión de liberar a Elliott de nuestro roster”, expresaron los Titans en el texto difundido. La organización no ofreció detalles adicionales sobre las circunstancias exactas del episodio ni explicó qué motivó al jugador a cometer la infracción.

La policía de Nashville indicó que no fue contactada ni acudió al lugar de los hechos. El sindicato de jugadores y el agente de Elliott tampoco respondieron a las solicitudes de comentarios realizadas por NBC News.

La liga, por su parte, recordó las reglas que rigen este tipo de situaciones. “La política de armas de fuego de la liga prohíbe a cualquier miembro del personal llevar un arma a las instalaciones del club, estadios, hoteles del equipo, aviones o autobuses”, precisó la NFL en un pronunciamiento oficial.

La organización agregó que el club notificó de inmediato la situación y que el caso se encuentra bajo revisión.

Sin embargo, otros informes ofrecieron una versión más detallada de lo ocurrido. Según informó The Tennessean, citando fuentes no identificadas del periodista Aaron Wilson de KPRC-TV, Elliott habría protagonizado un altercado durante la práctica con el offensive tackle JC Latham el 15 de octubre.

Tras el cruce, el defensivo habría abandonado el campo, se habría quitado las protecciones y se habría dirigido al estacionamiento de jugadores para buscar el arma en su vehículo.

El liniero defensivo John Franklin-Myers intervino para calmar la situación antes de que pasara a mayores, de acuerdo con los mismos informes. Latham aseguró al mismo medio que no hubo “mala sangre” entre ambos y que nunca habían tenido una discusión previa. “Es una de esas situaciones en las que uno reza por alguien así”, afirmó el tackle ofensivo.

La postura del entrenador en jefe tras la salida del jugador

El entrenador en jefe de los Titans, Robert Saleh, adoptó una postura llamativa al respaldar públicamente al jugador cortado.

“Es un buen hombre que tuvo un terrible error de juicio, y lo reconozco más como un pedido de ayuda que como un acto criminal”, afirmó ante los periodistas el miércoles.

Saleh no minimizó la falta, pero sí dejó en claro que la sanción respondió al reglamento y no a una cuestión de carácter. “Lamentablemente, las reglas son las reglas en lo que respecta a armas en la propiedad del equipo”, sostuvo el entrenador.

Lejos de cerrar la puerta al futuro profesional de Elliott, el coach lanzó una recomendación abierta al resto de la liga. “Mi mensaje para los otros 31 equipos sería: si necesitan un gran defensive tackle capaz de frenar el juego terrestre y que los ayude en una carrera de playoffs, llámenme. Les diré todo lo que necesitan saber sobre él”, aseguró Saleh, tal como recogió NBC News.

La relación entre ambos viene de lejos. Elliott pasó las dos temporadas anteriores con los San Francisco 49ers, donde Saleh se desempeñó como coordinador defensivo antes de asumir la dirección técnica de Tennessee en esta campaña.

Esa conexión previa fue, precisamente, lo que facilitó la incorporación del liniero durante la pretemporada.

Quién es Jordan Elliott y cómo llegó a los Titans

Nacido en Houston, Elliott jugó a nivel universitario con los Texas Longhorns y los Missouri Tigers antes de ser seleccionado por los Cleveland Browns en la tercera ronda del draft de 2020.

Antes de pasar a los 49ers, permaneció cuatro temporadas en Cleveland, donde acumuló cinco sacks y 98 tackles combinados en 66 partidos —35 como titular—.

Con los Titans, había mostrado rendimiento sólido como especialista en detener la carrera rival, un rol que Saleh conoce bien y que valoró de forma pública incluso tras el corte.

El quarterback Cam Ward también salió en defensa de su excompañero. “Al final del día, todos somos humanos. Estamos con él. Es una gran persona”, declaró Ward.

Hasta el momento, la NFL no comunicó si impondrá sanciones adicionales más allá de la decisión tomada por la franquicia.

Tampoco se conocen los motivos detrás del incidente del 15 de octubre, un interrogante que la investigación de la liga deberá resolver en las próximas semanas.

El nombre del aparato rinde un doble homenaje: a la ciencia y al perro de la serie animada Los Supersónicos (The Jetsons), según un comunicado oficial de la universidad. La presentación tuvo lugar los días 20 y 21 de octubre de 2026 en el campus de Lakeland, en el condado de Polk, Florida.

El departamento policial universitario aún aguarda la autorización de la Administración Federal de Aviación (FAA) para poner en marcha los vuelos operativos, un paso que espera concretar entre noviembre y diciembre de este año, de acuerdo con información publicada por Bay News 9.

Astro, el vehículo eléctrico volador que usará la Policía de Florida Poly

El Jetson ONE es una aeronave monoplaza fabricada por Jetson, empresa de origen sueco con sede operativa en Arezzo, Italia, y oficinas en California. A diferencia de un dron convencional, que solo ofrece imágenes aéreas de una situación, Astro puede transportar a un oficial hasta el lugar de la emergencia. El aparato admite un peso máximo del piloto de 210 libras (unos 95 kilogramos), alcanza un techo de servicio de hasta 1.500 pies sobre el nivel del suelo y ofrece una autonomía de vuelo de unos 20 minutos por recarga, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

El vehículo tiene un costo de adquisición cercano a los USD 150.000. De acuerdo con el comunicado de Florida Poly, Stéphan D’haene, director ejecutivo de Jetson, explicó que la compañía aceleró el pedido de la universidad pese a contar con una lista de espera de tres años, debido al enfoque en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) de la institución y al propósito de seguridad pública del proyecto.

“Creemos que este proyecto es tan importante y se alinea tanto con lo que queremos hacer que lo convertimos en una prioridad”, afirmó D’haene.

Cómo funcionará el eVTOL en emergencias y búsquedas de personas

El jefe de la policía universitaria, Aaron Murray, quien asumió el cargo en enero de 2026, describió el aparato como una herramienta diseñada para misiones específicas en un entorno que combina el campus con miles de hectáreas de terreno rural circundante.

“Si alguien desaparece de nuestro campus o de la zona local, si un avión cae o alguien se pierde y no puede ser encontrado en estos miles de acres de tierra rural, esta es una herramienta increíble para hallarlos con rapidez”, declaró Murray en entrevista con Tampa Bay 28.

El uso previsto de Astro abarca la búsqueda de personas desaparecidas, la respuesta rápida ante incidentes en zonas de difícil acceso, la entrega de suministros de emergencia y el apoyo logístico antes y después de tormentas. Murray señaló que la aeronave se empleará tanto dentro del campus de Florida Poly como en coordinación con otras agencias policiales de la región que requieran asistencia.

Murray también trazó un paralelo con la velocidad a la que avanza la tecnología en el ámbito policial. “Cuando empecé, todavía escribíamos los informes a mano. Apenas se estaban incorporando las computadoras y estábamos contentos de poder tipear los reportes en lugar de escribirlos; pero, como se sabe, la tecnología, cuando se hace accesible, avanza con rapidez”, afirmó en declaraciones al mismo medio.

La autorización de la FAA, pendiente para los vuelos policiales

Florida Poly se encuentra en las etapas finales del proceso de aprobación ante la FAA. Sin esa autorización, el departamento no puede iniciar vuelos oficiales con fines policiales. La universidad aspira a obtener el permiso entre noviembre y diciembre de 2026 y, a partir de ese momento, integrar a Astro de forma gradual en las operaciones de seguridad pública, tal como informó Click Orlando.

El avance de este proyecto coincide con un impulso más amplio en Florida. El estado fue seleccionado recientemente para participar en el Programa Piloto de Integración de eVTOL y Movilidad Aérea Avanzada de la FAA.

Además, las instalaciones de SunTrax, en Auburndale, a solo 6,4 kilómetros del campus, albergan el primer centro de pruebas aéreas dedicado a esta tecnología en el país, con ensayos de eVTOL previstos para fines de 2026, de acuerdo con el comunicado de la universidad.

El proyecto académico de Florida Poly con tecnología eVTOL

Más allá de su uso policial, Astro funciona como plataforma de aprendizaje e investigación. Florida Poly lanzó este otoño su nueva carrera de ingeniería aeroespacial, y el vehículo ofrece a los estudiantes una oportunidad inmediata de trabajar con tecnología de vuelo de última generación en un entorno real.

“Astro les da a nuestros estudiantes y docentes un laboratorio vivo donde pueden analizar datos del mundo real, enfrentar nuevos desafíos de ingeniería y ayudar a dar forma al futuro de la movilidad aérea avanzada”, sostuvo Brad Thiessen, preboste de la universidad, en el comunicado oficial.

Estudiantes de Florida Poly modifican el Jetson ONE y crean su gemelo digital

Matt Bohm, director del Departamento de Ingeniería Mecánica, Industrial y Aeroespacial de Florida Poly, explicó que los alumnos ya participan en la modificación del aparato y desarrollan una réplica digital —un gemelo virtual— que permitirá simular su funcionamiento y analizar su rendimiento.

“Tenemos estudiantes de ingeniería mecánica que quieren averiguar cuáles son las tensiones y esfuerzos en esas piezas de fibra de carbono, que ya son livianas, pero si podemos hacerlas un 50 % o un 20 % más livianas, eso se traduce en tiempo de vuelo adicional”, detalló Bohm en declaraciones a Tampa Bay 28.

Rapha Gerard, estudiante avanzado de ingeniería mecánica y fundador del capítulo universitario del Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica, es uno de los encargados de recopilar datos de vuelo. Según Gerard, el equipo evalúa la instalación de galgas extensiométricas —sensores que miden la deformación de materiales— en el exterior de la aeronave para obtener datos de campo.

“Muchas empresas aeroespaciales están avanzando hacia la tecnología eVTOL, y el hecho de que tengamos acceso a este vehículo nos permite conectarnos con esas compañías”, afirmó en entrevista con Bay News 9.

Murray expresó su expectativa de que la investigación brinde a los estudiantes experiencia práctica aplicable a la industria y, al mismo tiempo, sirva de referencia para que otros departamentos policiales evalúen la incorporación de esta tecnología a sus propias operaciones.

El 6 de octubre, agentes del FBI detectaron conversaciones en redes sociales que apuntaban a una posible amenaza contra Corona High School, una secundaria del condado de Riverside, en California.

La alerta derivó en una investigación que destapó un plan de tiroteo masivo atribuido a dos alumnas de 15 años.

Ambas permanecen bajo custodia por conspiración para cometer asesinato. La Fiscalía del condado revisa el expediente, aunque su portavoz Molly Smith declaró a KTLA que aún no confirmó si se presentaron cargos formales.

Las restricciones legales que protegen la privacidad de menores limitan la información que puede hacerse pública sobre el caso y sobre las identidades de las detenidas.

Cómo avanzó la investigación tras la alerta del FBI

La advertencia del FBI derivó en el arresto inmediato de una alumna de 15 años del establecimiento, indicó la Policía de Corona en un comunicado.

Los detectives obtuvieron órdenes judiciales para revisar dispositivos electrónicos y registraron varias viviendas de la zona.

Esas diligencias permitieron identificar a una segunda implicada, de la misma edad, que asistía a Norco High School. Ambas instituciones pertenecen al Distrito Escolar Unificado de Corona-Norco.

La policía informó que entrevistó a decenas de estudiantes, trabajadores del sistema educativo y otras personas conectadas con la investigación.

Lo que revelaron los mensajes entre las dos adolescentes

Las pesquisas determinaron que las dos jóvenes dedicaron varios meses a analizar tiroteos en escuelas y a conversar sobre un posible ataque contra Corona High School en una fecha no determinada. La información fue difundida por el Departamento de Policía de Corona y recogida por Los Angeles Times.

Los intercambios también abordaron formas de obtener armas de fuego pese a que las involucradas eran menores de edad. El teniente Steve Montanez precisó en declaraciones a la cadena KTLA que los investigadores hallaron conversaciones sobre la manera de entrar al campus para ejecutar la agresión.

Sin embargo, las autoridades no encontraron armamento durante los registros. Montanez afirmó que las adolescentes seguían en una etapa de planificación, sin haber fijado una fecha ni haber conseguido armas. El funcionario subrayó que, por ese motivo, no existían indicios de que el ataque fuera inminente.

El Distrito Escolar confirmó que ninguna de las dos volvió a los campus desde que comenzó la investigación. La entidad coopera con el FBI, la Oficina del Sheriff del condado y la policía local en las diligencias, que siguen abiertas.

El posible móvil detrás del plan y lo que falta esclarecer

Montanez describió el caso como un posible plan vinculado con una venganza. Sin embargo, el mismo funcionario reconoció que no conoce un motivo específico que permita establecer qué impulsó las conversaciones atribuidas a las adolescentes.

La policía tampoco identificó posibles víctimas ni objetivos concretos dentro de la escuela. La falta de esos datos impide determinar si el presunto plan se dirigía contra personas determinadas o contra la comunidad educativa en general.

El director del FBI, Kash Patel, sostuvo en un comunicado que “un posible acto de violencia dirigida contra una escuela secundaria del sur de California fue frustrado antes de que alguien sufriera daños”.

El funcionario agregó que “no hay una prioridad mayor que proteger a nuestros niños” y que las amenazas contra las escuelas recibirán la respuesta conjunta de las autoridades federales y sus organismos asociados, tal como recogió Los Angeles Times.

El jueves pasado, un tiroteo sacudió la escuela primaria Silver Rail, en Bend, Oregón, cuando un adolescente armado irrumpió en un aula de educación especial y abrió fuego contra alumnos y docentes.

El ataque se convirtió en una de las masacres escolares más impactantes de los últimos años en Estados Unidos.

Esta semana, Becky Drury, la docente de 54 años que sobrevivió al ataque con heridas de gravedad, emitió un comunicado público para relatar su experiencia y desmentir versiones inexactas que circularon en medios de comunicación sobre sus acciones durante la tragedia.

Algunos informes aseguraron que la maestra se habría arrojado sobre un estudiante para protegerlo con su cuerpo, algo que ella negó de forma directa.

“Sé que ha habido informes contradictorios sobre mis acciones ese día, pero la verdad es que me dispararon antes de que tuviera oportunidad de actuar”, afirmó Drury en su declaración, recogida por ABC News.

Lo que vivió Becky Drury en los primeros segundos del ataque

Drury relató que, al escuchar los primeros disparos, corrió hacia el pasillo para ver qué ocurría, pero al divisar al atacante volvió de inmediato a su salón. “Me di vuelta para cerrar la puerta detrás de mí, pero el tirador ya estaba ahí”, señaló. “Antes de que pudiera hacer algo más, me disparó a corta distancia y caí al suelo”.

El impacto le provocó lesiones de extrema gravedad. Su mano izquierda quedó “casi completamente cercenada”, mientras que su brazo derecho resultó seriamente lastimado, de acuerdo con su testimonio.

“Así que hice lo único que podía hacer: fingir estar muerta con la esperanza de que no me disparara de nuevo”, aseguró la educadora.

Cómo se desarrolló el tiroteo y quiénes intervinieron para frenarlo

El presunto agresor era un adolescente de 16 años que portaba una escopeta calibre 12. Según la policía de Bend, el joven primero disparó contra una camioneta estacionada en el exterior del edificio y luego forzó las puertas para ingresar al establecimiento.

Las víctimas fatales fueron tres niños de 5, 8 y 11 años y una maestra de 25 años, según las autoridades locales.

El tirador fue abatido por Kaylub Giamanco, el padre de dos alumnas de Silver Rail que, al presenciar los disparos contra el vehículo, decidió seguir al adolescente al interior de la escuela y lo enfrentó con un arma de fuego, tal como confirmó el departamento policial.

Otra maestra que se encontraba en el salón al momento del ataque también protagonizó un acto de resistencia.

La docente le arrojó su teléfono celular al agresor, lo derribó al piso y trató de quitarle la escopeta, según el relato recogido por ABC News. Esa maestra no resultó herida.

El estado de la investigación y el regreso a clases en Bend

En una actualización difundida el miércoles, las autoridades indicaron que ejecutaron órdenes de allanamiento en el domicilio del sospechoso y en sus dispositivos electrónicos y cuentas de redes sociales. La investigación permanece abierta.

El departamento policial también confirmó que el arma utilizada en el ataque fue adquirida de manera legal, aunque no proporcionó detalles adicionales sobre la escopeta ni sobre quién realizó la compra, de acuerdo con ABC News.

Las escuelas del distrito reabrieron sus puertas el miércoles por primera vez desde la tragedia. Decenas de oficiales se desplegaron en cada establecimiento para recibir a los estudiantes, según informó la policía local.

“Es probable que vean un aumento en la presencia policial en nuestras escuelas y sus alrededores en los próximos días y semanas. Eso se debe a que queremos que los estudiantes y el personal se sientan lo más cómodos posible durante un momento difícil y emotivo”, sostuvo el Departamento de Policía de Bend en un comunicado.

Drury cerró su declaración con un mensaje dirigido a la comunidad. “Lo que pasó en esa aula fue inimaginable, y como tantos en esta comunidad, tengo el corazón roto por todos los afectados por esta tragedia”, expresó la maestra, quien agregó que sus pensamientos están con las víctimas, sus familias y toda la comunidad de Bend.

El hecho quedó registrado en un video de vigilancia que muestra el momento en que la menor se soltó del agresor y corrió hacia el interior de la estación de servicio, ubicada en el 2840 S State Road 7. Un testigo que presenció la escena llamó al 911, lo que permitió activar la respuesta policial de forma inmediata.

Así fue el intento de secuestro de la adolescente de 13 años en la gasolinera de Miramar

Según un boletín oficial difundido por el Departamento de Policía de Miramar, el incidente ocurrió a las 5:34 p.m. De acuerdo con el reporte de arresto citado por el Miami Herald, Polanco se acercó a la menor y le preguntó por unas tijeras. Acto seguido, la sujetó y le rodeó el cuello con el brazo. Un testigo relató a los agentes que, mientras la retenía, el sospechoso le hizo “comentarios sexuales y explícitos provocadores” a la adolescente.

La menor logró zafarse y corrió al interior de la gasolinera para ponerse a salvo, una secuencia que las cámaras de seguridad captaron con claridad.

El jefe Moss describió la agresión en declaraciones recogidas por CBS News Miami: “Este sujeto camina junto a la niña, de repente le pasa el brazo por encima y la sujeta por el cuello. La niña empieza a gritar, logra soltarse y corre hacia uno de nuestros establecimientos comerciales, donde había ayuda disponible”.

De acuerdo con Telemundo 51, un testigo que trabaja en un taller mecánico cercano a la estación de servicio relató que el sospechoso sujetó a la menor por el cuello y que la niña parecía que iba a llorar. El hombre llamó al 911 mientras la adolescente corría hacia el interior de la gasolinera.

Michael Polanco huyó tras el ataque, pero fue localizado cerca de la estación de servicio

Cuando los agentes de la Policía de Miramar llegaron a la gasolinera Shell, Polanco ya había huido. No obstante, mientras se dirigían al sitio, recibieron un reporte sobre un hombre con una descripción coincidente que provocaba un altercado en las inmediaciones de la estación de servicio.

Los agentes acudieron al punto señalado, ubicaron al sospechoso y procedieron a detenerlo. Tanto la adolescente como el testigo que presenció el ataque identificaron a Polanco como el agresor, lo que permitió formalizar su arresto. Tras la detención, lo trasladaron a la sede principal de la oficina del Sheriff de Broward.

“Fue muy inteligente de parte de esta niña pelear, soltarse y llamar la atención sobre la situación para asegurarse de que hubiera ayuda disponible”, declaró el jefe Moss a CBS News Miami. El funcionario agregó: “Si te llevan de un lugar a otro, no sabés qué cosas terribles pueden pasar, así que tenés que correr, pelear y llamar la atención para que no te lleven”.

Cargos por secuestro y agresión contra Michael Polanco tras el ataque en Miramar

Las autoridades imputaron a Polanco cargos por secuestro con daño físico y por aterrorizar a la víctima, además de agresión con lesiones corporales. Ambos delitos constituyen cargos graves en el estado de Florida. El martes, un juez le negó la fianza al acusado, por lo que permanecerá bajo custodia mientras avanza el proceso penal.

Moss también se refirió al hecho de que el detenido reside en Davie y no en Miramar: “Este sospechoso es de Davie, y no sé por qué estaba en Miramar, pero el mensaje es: si cometes un delito, primero, no deberías hacerlo. Segundo, no vengas a nuestra ciudad a hacerlo porque te vamos a atrapar”, advirtió en declaraciones a CBS News Miami.

El acusado del intento de secuestro en Miramar acumula un amplio historial delictivo

La Policía de Miramar indicó que el detenido posee un extenso récord criminal que incluye delitos violentos, robos con agresión, allanamiento e infracciones relacionadas con estupefacientes, entre otros cargos previos.

Moss señaló que uno de los antecedentes que más preocupa a las autoridades es una acusación previa por exhibición indecente, lo que, según el jefe policial, “nos da una idea de la motivación, aunque quizás nunca estemos seguros”, de acuerdo con lo declarado a CBS News Miami.

Polanco permanece recluido en la cárcel principal del condado de Broward sin posibilidad de fianza, a la espera de las próximas audiencias judiciales que determinarán el curso del proceso en su contra. La familia de la víctima, según indicó el jefe Moss, prefirió no hacer declaraciones públicas sobre el caso.

Según Latina, uno de los intervenidos fue identificado como Pío Darío Yapura Cutiri, de 33 años, quien viajaba acompañado de su esposa, Zenobia Chura Zamata, y de su hija de tres años. Durante la intervención, el conductor habría mostrado un evidente nerviosismo, situación que despertó las sospechas de los agentes y motivó la aplicación de pruebas de adherencia en la carrocería. Estas diligencias permitieron detectar rastros compatibles con la presencia de sustancias estupefacientes.

Como parte del procedimiento, un efectivo policial informó al conductor que se efectuarían pruebas de campo en diferentes zonas del automóvil. También le preguntó si alguna vez había transportado clorhidrato de cocaína en esa unidad, a lo que el intervenido respondió negativamente. Pese a su respuesta, los agentes continuaron con la revisión para determinar si existían compartimientos acondicionados para ocultar mercancía ilegal.

Durante el registro, los policías utilizaron una varilla metálica tipo punzón para examinar una zona de la maletera. Al introducir el instrumento en uno de los compartimientos, encontraron una sustancia blanquecina y pulverulenta. Posteriormente, aplicaron un reactivo químico que produjo una coloración azul turquesa, resultado considerado un indicio presuntivo de la presencia de clorhidrato de cocaína.

Tras este hallazgo, los efectivos procedieron a detener al conductor por su presunta implicación en el delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas. Las diligencias complementarias permitieron ampliar la inspección hacia otras partes de la camioneta, donde se descubrieron más envoltorios acondicionados para evitar que fueran detectados durante los controles policiales.

En total, los agentes encontraron 22 paquetes compactos con forma de ladrillo, distribuidos entre los guardafangos y la zona posterior del parachoques. Los bloques estaban identificados con la imagen de un cangrejo en bajorrelieve, una característica que podría servir para reconocer el cargamento y establecer su posible procedencia. Luego de las verificaciones correspondientes, se determinó que el peso de la sustancia incautada ascendía a 22 kilos con 880 gramos.

De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, el decomiso representa una afectación económica estimada en más de 128.000 soles para las actividades vinculadas al tráfico ilícito de drogas. El hallazgo permitió retirar del circuito ilegal una importante cantidad de estupefacientes que era trasladada en un vehículo particular por una vía de la región cusqueña.

Los intervenidos fueron puestos a disposición de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de Cusco para continuar con las investigaciones por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. En paralelo, debido a que una niña de tres años se encontraba dentro de la camioneta durante el procedimiento, la menor quedó bajo resguardo de la Fiscalía de Familia, entidad encargada de velar por su protección mientras se esclarecen las circunstancias del caso.

El abogado Edwin Gabriel Díaz, presidente de la Corporación para la Defensa Pública (Cordepública), presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en la que reportó presuntas amenazas, seguimientos y hostigamientos contra él, su familia, la organización y varias personas a las que representa en procesos judiciales en el departamento del Meta.

En el documento, fechado el 25 de septiembre de 2026 y conocido por Infobae Colombia, el abogado solicitó que el caso sea asumido por una dependencia nacional de la Fiscalía, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), y que no tenga intervención alguna de la Policía Nacional en las diligencias.

“Formulo DENUNCIA PENAL por los hechos que narro a continuación. Solicito que su investigación se asigne a una autoridad distinta de la Policía Nacional, que se practiquen actos urgentes y que se adopten medidas de protección (sic)”, dice el documento.

Según los relatos, pruebas y documentos que Díaz dio a conocer a Infobae Colombia, los mensajes que recibió mencionan presuntos vínculos entre los autores de las amenazas y uniformados de la institución policial, una hipótesis que pidió verificar judicialmente.

La denuncia identifica comunicaciones atribuidas a personas que se presentan como integrantes de un grupo denominado Los Juanitos, grupo delincuencial organizado (Gdco) que opera en el departamento del Meta.

En uno de los mensajes transcritos en el escrito, el remitente le dice al abogado: “Usted y su familia [son] objetivo militar de nosotros”. En otra comunicación, según la denuncia, le advierten: “Está listo para la foto”.

“(…) Objetivo militar (...) el abogado defensor de los bandidos de cuello blanco, asesinos y expendedores que los saca a que sigan en las suyas Edwin Diaz. Acá mandamos LOS JUANITOS nadie más, somos aliados de la fuerza del orden (...) trabajándole a Julieta o a Mojorro les vamos a dar bala, al igual que ese abogado enemigo de nuestra organización y de las fuerzas del orden en Granada no estamos jugando (sic)”, es uno de los mensajes.

Díaz sostiene que las intimidaciones estarían relacionadas con su trabajo como defensor de personas procesadas judicialmente en el municipio de Granada, Meta, y con denuncias sobre posibles irregularidades en procedimientos de la Policía.

“Buenas noches cómo vamos habla con Juanito comandante de las autodefensas los juanitos frente del bajo y alto ariari. Cuente que pretende Doctor Edwin usted viene a Granada como si fuera su casa y hace lo que se le da la gana, acá usted no hace lo que quiera, acá mandamos nosotros, nos viene a dañar nuestra organización, se mete con la policía los hacer trasladar y usted piensa que eso se queda así? (sic)”, se lee en otro de los mensajes amenazantes que recibió el abogado y que fue compartido a Infobae Colombia.

El mensaje incluye: “Usted está buscando lo que no se le ha perdido, lo tengo ubicado en San Martín, desde este momento lo declaramos objetivo militar usted y su familia, nos importa si anda acompañado la va a pagar, esa maricada no va a quedar así, usted la va a pagar y pronto, por metido y sapo, se metió con nosotros y nuestros amigos de la policía, le recomendamos dejar las cosas quietas en lo que hace con la otra gente al defenderlas y joder a los policías, ellos son nuestros amigos. Ya sabe cuídese que está sentenciado. Mis pelados pronto los verá. (sic)”.

Pidió investigar mensajes, panfletos y un presunto seguimiento

El abogado afirmó que cuenta con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde 2014. De acuerdo con el escrito, el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) validó en octubre de 2025 un nivel de riesgo extraordinario y mantuvo un esquema con vehículo blindado, dos personas de protección, medio de comunicación y chaleco antibalas.

La denuncia también alude a un episodio en un conjunto residencial donde, según Díaz, vecinos observaron a uniformados de la Policía en un parqueadero mientras tomaban fotografías a su vehículo, hechos que estarían sustentados con fotografías.

El abogado reveló a este medio que no conoce una orden judicial, una misión de trabajo o un procedimiento que justificara la presencia de los agentes en el parqueadero de su casa.

“No afirmo que ese vínculo exista; señalo los indicios que obligan a investigarlo”, indicó Díaz en el documento, al referirse a una eventual relación entre los autores de las amenazas y servidores públicos.

Entre las solicitudes incluyó preservar los registros de llamadas y mensajes de varios números telefónicos, verificar una cuenta de mensajería y un perfil de Facebook, recaudar videos de seguridad y determinar si existieron órdenes de inteligencia o actuaciones oficiales relacionadas con él o con su vehículo.

Los presuntos abusos y asesinatos contra población civil en medio de operativos oficiales

Una de las aristas de la denuncia que Díaz suministró a Infobae Colombia incluye reclamos de civiles que alegan posibles abusos de miembros de la Policía Nacional en medio de operativos.

Por medio de videos, fotografías y audios, el denunciante mostró a este medio escenarios en los que estarían involucradas las autoridades mientras desarrollan operaciones investigativas, al parecer, vinculadas con las denuncias expuestas.

Además, el líder de Cordepública entregó a este medio información —una llamada telefónica con un abogado— en la que hay referencia sobre el hecho de que los amenazantes y los cabecillas de esa estructura estarían aislados y en conversaciones con la Fiscalía.

En la llamada, Díaz expuso su preocupación por posibles contactos entre quienes lo amenazan y miembros de la Policía. Su interlocutor responde: “Yo también sé que de eso me han contado varias cosas”.

Con este intercambio telefónico, Díaz indicó que todo apuntaría a que, en caso de que existan indicios sobre un trabajo conjunto entre miembros de la fuerza pública y la mencionada estructura, los miembros del grupo delictivo entregarían nombres a la Fiscalía.

De la misma manera, en esa llamada constó que Cordepublica ha denunciado presuntos “falsos positivos judiciales de la Sijin”, cuyos casos, al parecer, han llegado a audiencias judiciales y que, de la misma manera, la corporación ya cuenta cerca de cinco fallecidos que habrían sido beneficiarios. Estas muertes habrían sucedido por la modalidad de sicariato, según la denuncia.

Uno de los asesinatos, que habría estado vinculado a policías

Edwin Díaz compartió con este medio el audio de la madre de uno de los jóvenes ultimados —cuya identidad no fue revelada— que indica que, según el relato, el joven habría sido puesto en el lugar de los hechos para ser asesinado por órdenes oficiales.

Según el denunciante, “ese muchacho era un informante ilegal que la Policía y la Fiscalía usaron y después lo mataron”.

El audio de la mujer dice que, en diciembre de 2025, su hijo la llamó antes de morir y le dijo que debía reunirse con una persona por instrucciones de varios agentes policiales, presuntamente.

“Mamá, no vaya a bajar, porque a mí me mandaron a hacer una vuelta”, afirmó la mujer sobre lo que le dijo su hijo durante la llamada. Según su relato, el joven le explicó que debía hablar con una persona y llevarla hacia un andén, mientras supuestos funcionarios vestidos de civil observaban el encuentro.

La mujer señaló que su hijo le aseguró que contaba con protección, porque “ellos me garantizan la seguridad”, recordó que le dijo. Según el audio, el joven prometió volver a llamar antes del mediodía, pero la mujer afirmó que después recibió la noticia de su asesinato.

Desde Infobae Colombia se intentó obtener una versión oficial de la Policía Nacional sobre esta serie de denuncias. No obstante, no se recibieron pronunciamientos ni versiones al respecto.

La Fuerza Pública de Costa Rica decomisó un total de 2,407 medicamentos durante dos intervenciones policiales realizadas en el distrito Hospital, en el centro de San José, como parte de los recorridos preventivos destinados a fortalecer la seguridad ciudadana y detectar posibles actividades ilícitas.

Los procedimientos permitieron localizar una importante cantidad de productos farmacéuticos de distintas presentaciones, entre ellos pastillas, cápsulas, cremas, lociones, ampollas, pomadas y frascos.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, los decomisos se efectuaron en dos operativos independientes, ambos desarrollados por oficiales destacados en la capital.

Un bolso oculto entre arbustos contenía 1,758 medicamentos

El primero de los hallazgos ocurrió durante un recorrido preventivo realizado por funcionarios policiales en las inmediaciones del parque La Merced, uno de los espacios públicos ubicados en el centro de San José.

Mientras patrullaban la zona, los uniformados observaron un bolso oculto entre unos arbustos, situación que llamó su atención y motivó una inspección.

Al revisar su contenido, encontraron 1.758 medicamentos de diferentes tipos y presentaciones, entre ellos cremas, lociones, ampollas, pastillas, cápsulas y frascos.

Ante el hallazgo, los oficiales procedieron con el decomiso de la totalidad de los productos.

Mujer fue abordada con otros 649 medicamentos

La segunda intervención se desarrolló también en el distrito Hospital, cuando los policías observaron a una mujer que mostró un comportamiento inusual al percatarse de la presencia de los uniformados.

Esta situación motivó que los agentes la abordaran para verificar lo que ocurría.

Durante la intervención, la mujer mostró una bolsa en cuyo interior llevaba 649 medicamentos, principalmente pastillas y pomadas, que fueron decomisados por los oficiales.

Con este segundo procedimiento, la cantidad total de productos farmacéuticos retirados durante ambas intervenciones ascendió a 2.407 unidades, según el balance oficial.

Vigilancia policial en el centro de la capital

Los dos operativos forman parte de las acciones de vigilancia que desarrolla la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad Pública en diferentes sectores de San José, especialmente mediante recorridos preventivos y abordajes policiales.

El objetivo de estas intervenciones es fortalecer la seguridad ciudadana, detectar situaciones irregulares y prevenir posibles actividades ilícitas en espacios públicos y zonas de alta circulación de personas.

El decomiso también pone de relieve la importancia de verificar el origen y las condiciones de almacenamiento de los productos farmacéuticos, debido a que factores como la exposición al calor, la humedad o una conservación inadecuada pueden comprometer su calidad y seguridad.

Asimismo, la comercialización de medicamentos debe cumplir con las disposiciones sanitarias vigentes en Costa Rica, incluidas las relacionadas con el registro, almacenamiento y venta de productos sujetos a regulación.

Por ahora, las autoridades únicamente confirmaron el decomiso de las 2.407 unidades, sin detallar si los productos serán sometidos a una revisión sanitaria posterior o si alguna de las intervenciones dará lugar a una investigación judicial.

Las acciones policiales continuarán como parte de los esfuerzos preventivos desplegados en distintos puntos de la capital costarricense, en una problemática que ya se ha repetido en múltiples ocasiones en la capital costarricense y que un mal manejo de estos medicamentos puede poner en riesgo la salud de la población.

La ofensiva contra los homicidios y la criminalidad organizada derivó en la detención de personas investigadas por feminicidios, sicariato y asesinatos ocurridos durante riñas o hechos de intolerancia. Los operativos combinaron labores de inteligencia, investigación criminal y acciones en distintas localidades de la capital.

Del total de detenidos, 60 son hombres y cuatro son mujeres. Las autoridades aprehendieron a 27 en flagrancia, mientras que los otros 37 quedaron a disposición de la justicia tras órdenes judiciales.

Entre los casos reportados figura la captura de alias El Gordo, quien integraba el cartel de los delincuentes más buscados de Bogotá. Los uniformados lo ubicaron en el barrio Guacamayas, en la localidad de San Cristóbal.

El hombre era requerido por su presunta participación en el homicidio de un ciudadano, atacado con un arma cortopunzante durante una riña el 15 de agosto de 2025.

De acuerdo con las labores de inteligencia, el sospechoso salió del país después del crimen y se ocultó en Chile durante cerca de ocho meses. La Policía lo encontró luego en Bogotá.

Esta acción fue celebrada por el presidente Abelardo de la Espriella, que celebró en su cuenta de X,: “Gracias al trabajo de prevención, vigilancia, inteligencia e investigación criminal de la Policía Nacional, a través de la Policía Metropolitana de Bogotá, desde el 7 de agosto se logró la captura de 64 presuntos homicidas y la aprehensión de un adolescente”.

Entre líneas seguidas y con un video en la publicación, el mandatario señaló que “entre los capturados hay sicarios, feminicidas y uno de los más buscados por homicidio, alias El Gordo”.

Finalmente, el jefe de Estado enfatizó que: “¡La ofensiva contra el crimen no se detiene! Seguimos trabajando para proteger la vida y llevar a los responsables ante la justicia".

Detalles sobre más de las capturas

El reporte oficial también incluyó la detención de alias Enano en el barrio El Muelle, en Engativá. Las autoridades lo señalan como presunto sicario y coordinador del tráfico local de estupefacientes.

El hombre estaría vinculado con un asesinato cometido con arma de fuego en junio de este año. La investigación busca establecer su responsabilidad en ese hecho.

En el sector de María Paz, los agentes capturaron a otro presunto implicado en un homicidio bajo la modalidad de sicariato. En Fontibón, detuvieron a un hombre señalado de matar a un ciudadano durante una riña relacionada con un caso de intolerancia.

Las autoridades también informaron avances en un doble homicidio registrado en marzo en Ciudad Bolívar. Según la investigación, el agresor habría disparado contra dos personas después de un altercado por el hurto de una gorra.

El ataque dejó además a otros dos ciudadanos lesionados. El caso forma parte de las investigaciones recientes sobre hechos violentos originados en conflictos menores.

En San Vicente, barrio de la localidad de Tunjuelito, la Policía aprehendió por orden judicial a un adolescente de 17 años. El joven es investigado por su presunta participación en el asalto y homicidio de un ciudadano en Girardot, en el departamento de Cundinamarca.

La Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía aseguraron que mantendrán el despliegue técnico y operativo para prevenir homicidios y reforzar la protección de la vida en la capital.

La Policía Metropolitana de Bogotá afirmó que mantendrá las acciones operativas e investigativas para identificar y capturar a los responsables de hechos violentos en la ciudad. La institución reiteró que estas labores buscan fortalecer la protección de la vida y la seguridad ciudadana.

Lo que debió ser una tarde de fútbol juvenil en Wichita, Kansas, terminó en tragedia el sábado 17 de octubre. Cerca de las 15:25 hora local, una camioneta Chevrolet pickup atravesó una de las canchas del Stryker Sports Complex y embistió a jugadores y espectadores.

El saldo fue de dos muertos y diez personas hospitalizadas, entre ellas cinco menores de edad.

La conductora, una mujer de 34 años cuya identidad no fue revelada, cooperó con los investigadores desde el primer momento, aseguró la Policía de Wichita el sábado por la noche.

Tenía licencia de conducir vigente y no registraba órdenes de arresto pendientes, precisó The Washington Post.

Quiénes eran las víctimas fatales

Las autoridades confirmaron que los fallecidos fueron Cole Adrian, de 6 años, y Nicholas Schafer, de 35. Ambos residían en McPherson, una localidad a unos 170 kilómetros al norte de Wichita, y no tenían parentesco entre sí, informó AP News.

El departamento policial aclaró que en un primer comunicado había invertido por error el nombre y el apellido del niño.

CNN precisó que ambas víctimas recibieron atención médica de los servicios de emergencia en el lugar, pero no resistieron las heridas.

El estado de los heridos

Las personas hospitalizadas tienen entre 5 y 68 años. Entre ellas hay dos niños de 5 años, dos de 8 y uno de 9, detalló KCUR, la emisora pública de Kansas City.

Las lesiones van desde hematomas hasta cuadros de mayor gravedad, aunque ninguna parece comprometer la vida de los pacientes, afirmó el capitán Aaron Moses.

Una undécima persona, una mujer de 61 años, también fue trasladada a un hospital, pero por una complicación médica no relacionada con heridas traumáticas, añadió la fuerza policial.

Lo que reveló la investigación preliminar

La investigación preliminar determinó que el vehículo se encontraba en un espacio de estacionamiento junto a los campos de juego antes de dirigirse hacia uno de ellos y arrollar a los presentes, indicó la Policía de Wichita en un parte oficial.

Dos hijos de la conductora viajaban dentro de la pickup al momento del hecho. Un tercer hijo de la mujer participaba de un partido en otra cancha del mismo complejo, reportó AP News.

Aún no se estableció a qué velocidad circulaba el vehículo ni cómo logró acceder a la cancha. El recinto está rodeado por un cerco perimetral y posee una vía de hormigón que conecta con el estacionamiento, señaló Moses a CNN.

La situación legal de la conductora

La mujer fue detenida el sábado e interrogada, pero quedó en libertad el domingo tras consultas entre los detectives y la fiscalía del distrito.

La liberación queda sujeta a los resultados de pruebas de toxicología y una inspección mecánica del vehículo.

“Nuestros oficiales e investigadores continuarán trabajando para entender exactamente qué ocurrió”, declaró el jefe de policía Joe Sullivan. Las autoridades no indicaron si consideran que el hecho fue intencional.

La búsqueda de testimonios y pruebas

El equipo de investigación entrevistó a más de 30 personas presentes en el complejo, además de la conductora y sus dos hijos que iban en la camioneta, según AP News.

También se realizaron entrevistas telefónicas con testigos que ya se habían retirado del lugar, añadió CNN.

Moses solicitó a quienes tengan material audiovisual del momento del incidente que lo compartan con las autoridades para contribuir con la pesquisa.

Las consecuencias en el complejo deportivo

El complejo deportivo —que cuenta con campos de césped sintético al aire libre y una instalación cubierta, y donde se disputan ligas desde categorías sub-5 hasta nivel secundario— canceló sus operaciones sin fecha de reanudación.

También quedaron aplazados los partidos del campeonato estatal de flag football programados en un campo adyacente, según la Asociación de Actividades de Escuelas Secundarias de Kansas.

La alcaldesa de Wichita, Lily Wu, calificó la noticia como “desgarradora” a través de su cuenta de Facebook. “Mis pensamientos y oraciones están con todos los afectados, especialmente los niños y las familias involucradas”, escribió la funcionaria.

Sullivan destacó que, antes de la llegada de los servicios de emergencia, varias personas en el lugar “entraron en acción” para brindar primeros auxilios a las víctimas. “Creo que eso es representativo de la comunidad de Wichita”, afirmó el jefe policial.

El 12 de junio de 1994, Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman fueron asesinados a puñaladas en el barrio de Brentwood, en Los Ángeles.

El juicio contra O.J. Simpson, exmarido de Nicole y exestrella de la NFL, se convirtió en el proceso penal más seguido del siglo XX.

La fiscalía sostuvo que él actuó solo, pero nunca pudo presentar el arma homicida. La ausencia del arma fue uno de los factores que permitió a la defensa sembrar una duda razonable que terminó en absolución.

Más de tres décadas después, registros judiciales desclasificados a pedido de The New York Times revelan que las autoridades federales tuvieron en sus manos una pieza que pudo haber cambiado el rumbo del juicio.

Joseph “Joey” Ippolito, un preso federal con vínculos directos con el entorno de Simpson, entregó a los investigadores federales datos directamente relacionados con los asesinatos, según consta en los registros obtenidos por el diario. Sin embargo, esa información nunca llegó al jurado.

Un preso con conexiones en el entorno de Simpson

Joey Ippolito era un narcotraficante convicto y asociado de la Cosa Nostra que se escapó de una cárcel de Florida un mes antes de los crímenes.

Antes de su encarcelamiento, había operado un restaurante popular en Los Ángeles y mantenía una estrecha amistad con Al Cowlings, el hombre de confianza de Simpson.

La conexión entre Ippolito y el entorno de Simpson quedó documentada desde temprano. Tras la célebre persecución televisada de la camioneta Bronco —en la que Cowlings conducía mientras Simpson amenazaba con suicidarse—, los investigadores encontraron en el vehículo fotografías de una de las novias de Ippolito junto con su número de teléfono.

Un año después de su fuga, Ippolito fue recapturado. De inmediato comenzó a colaborar con fiscales federales en Nueva York, según los registros judiciales.

Entregó información sobre la mafia, organizó reuniones con agentes encubiertos de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y arriesgó su propia seguridad en el proceso.

En un memorando dirigido a un juez federal para solicitar una reducción de condena, los fiscales lo describieron como “una fuente de información extraordinaria”.

Un testimonio familiar que complica la versión oficial

En una entrevista concedida a The New York Times este año, Sam Ippolito, hermano de Joey, relató que ambos se hospedaban en un departamento de West Hollywood la noche de los asesinatos. Joey le dijo que saldría a ayudar a un amigo.

Horas después regresó con lo que parecía sangre en las manos y una bolsa que contenía un objeto pesado.

Joey le pidió a su hermano que se deshiciera de la bolsa. Sam Ippolito aseguró que la arrojó en un contenedor de basura de una obra en construcción cercana. Sam Ippolito dijo estar convencido de que su hermano estuvo en la escena de los crímenes.

Meses después de esa entrevista, Sam Ippolito pidió una compensación económica. Cuando el reportero se negó, retractó su testimonio y afirmó que “le ofrecieron una tonelada de dinero” para contar su historia en otro lugar, aparentemente para un documental en producción.

Un libro, una confesión y cabos que se cruzan

En 2007, Simpson publicó el libro If I Did It, en el que ofreció una confesión que calificó de “hipotética”.

En esa versión, describió a un amigo que lo acompañó la noche de los asesinatos, que primero observó los hechos horrorizado y luego aceptó llevarse el arma homicida y la ropa ensangrentada.

Los fiscales e investigadores no dieron credibilidad a los detalles del relato y nunca profundizaron en la posibilidad de que alguien hubiera ayudado a Simpson a deshacerse de las pruebas, según reveló la investigación periodística.

Los documentos ahora desclasificados, no obstante, exponen —según el relato del diario— coincidencias entre esa narración y la información que Ippolito entregó por separado a las autoridades federales.

Los datos que proporcionó el informante llegaron a manos de la fiscalía de Los Ángeles cerca del final del juicio, que en ese momento acaparaba la atención mundial.

Un fiscal federal, un exagente del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, un exagente de la DEA y un funcionario vinculado a la causa penal confirmaron de forma independiente la cooperación de Ippolito, pero ninguno de sus aportes se presentó ante el tribunal. Ippolito murió en 2006.

Tom Lange, el detective principal del caso Simpson, reconoció ante The New York Times que el nombre de Ippolito apareció durante la investigación, pero que nunca lo consideró un sospechoso serio. Lange sostuvo que aún no cree que Simpson haya tenido un cómplice.

Simpson fue absuelto en el juicio penal de 1995, aunque en 1997 un tribunal civil lo declaró responsable de ambas muertes y lo condenó a pagar USD 33,5 millones a las familias de las víctimas.

En 2008, fue sentenciado a 33 años de prisión por robo a mano armada y secuestro en Las Vegas, tras irrumpir en una habitación de hotel para recuperar objetos deportivos que consideraba suyos.

Cumplió nueve años y fue liberado en 2017. Falleció en abril de 2024, a los 76 años, por un cáncer de próstata.

El año pasado, investigadores de la unidad de casos sin resolver del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) comenzaron a hacer llamadas para recopilar información sobre teorías de complicidad, según reveló el medio.

Un vocero del LAPD confirmó la semana pasada que “el caso O.J. Simpson sigue siendo una investigación abierta y en curso” y que, al no haber existido una condena penal, “el departamento tiene la obligación de seguir buscando justicia en este asunto”.

El portavoz añadió que, cuando se encuentren nuevas pruebas, los detectives seguirán esas pistas.

La Policía Nacional del Perú (PNP) incautó 302 cartuchos de emulsión explosiva durante un operativo en Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, en la región La Libertad. Tres personas que viajaban en un automóvil fueron detenidas y son investigadas por su presunta relación con una organización delictiva.

Además de los explosivos, los agentes encontraron aproximadamente 100 metros de mecha lenta, fulminantes y tres celulares. Según el Ministerio del Interior, el material podría estar destinado a actividades de minería ilegal y extorsión, aunque las investigaciones deberán determinar su procedencia y el uso que pretendían darle.

La intervención fue parte de una serie de operativos del Comando Unificado contra la delincuencia en La Libertad. Las acciones también permitieron detener a cuatro presuntos integrantes de una banda investigada por un posible caso de sicariato en Trujillo y capturar a una mujer que tenía una orden de detención vigente por estafa.

PNP incauta más de 300 explosivos en Huamachuco

El operativo se realizó en el sector de Quesquenda, en Huamachuco, donde agentes policiales intervinieron un automóvil con tres ocupantes. Según informó N60, los sospechosos intentaron escapar al notar la presencia de los efectivos, pero fueron interceptados.

Durante el registro del vehículo, los agentes encontraron 302 cartuchos de emulsión explosiva, cerca de 100 metros de mecha lenta y una caja con fulminantes. También decomisaron tres teléfonos celulares y el automóvil en el que viajaban los detenidos.

La Policía investiga el origen de los materiales y su posible destino. De acuerdo con el Ministerio del Interior, los explosivos podrían estar relacionados con la minería ilegal y la extorsión, dos actividades que las autoridades buscan combatir en la región. Los tres intervenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Los Rápidos de Huamachuco estarían vinculados con los explosivos

De acuerdo con información policial difundida por N60, los tres detenidos serían presuntos integrantes de “Los Rápidos de Huamachuco”. Las autoridades investigan si incurrieron en el delito de fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos debido a la cantidad de explosivos que transportaban.

Las diligencias buscan establecer de dónde procedían los cartuchos y quiénes estaban detrás de su traslado. La Policía también deberá determinar si los materiales tenían como destino alguna actividad ilegal.

Hasta el momento, la información disponible no confirma el uso que se pretendía dar a los explosivos ni determina la responsabilidad penal de los intervenidos. Por ello, su presunta vinculación con la organización delictiva deberá esclarecerse durante la investigación.

Cuatro detenidos por presunta tenencia ilegal de armas en Trujillo

En otra intervención, agentes del Departamento de Investigación Criminal Este capturaron a cuatro presuntos integrantes de “Los Remanentes de la J” en la ciudad de Trujillo. La operación se realizó tras acciones de inteligencia policial.

Durante el operativo, los agentes incautaron dos pistolas, una de ellas con la serie erradicada, cargadores abastecidos, municiones y cinco celulares. También intervinieron el vehículo en el que se desplazaban los sospechosos.

Según el Ministerio del Interior, los cuatro detenidos presuntamente planeaban cometer un ataque de sicariato en Florencia de Mora. Todos quedaron a disposición de la unidad especializada para las investigaciones, con conocimiento del Ministerio Público.

Operativos en La Libertad dejan más de 950 personas intervenidas

Las acciones contra la delincuencia también llegaron al distrito de Paiján, donde la Policía detuvo a Alizson Brenda Carpio Plasencia, de 33 años. La mujer tenía una requisitoria vigente por el delito de estafa, emitida por un juzgado penal de Andahuaylas, en Apurímac, y fue puesta a disposición de las autoridades judiciales.

En paralelo, la Región Policial La Libertad mantiene operativos durante la noche y la madrugada en distintos distritos de Trujillo y zonas cercanas. En el despliegue participan unidades especializadas como SUAT, DINOES, GRECCO, Tránsito, Los Halcones y Emergencia, además de comisarías y el Escuadrón de Drones.

Según el balance del Ministerio del Interior, más de 950 personas pasaron por controles de identidad durante las últimas horas. Los agentes también verificaron vehículos e inspeccionaron unidades de transporte menor, comercios, bares, cantinas y locales de eventos sociales, como parte de las acciones de prevención y control en la región.

En Texas, una pelea, el uso de un vaporizador con cannabis o una amenaza pronunciada en la escuela llevaron a que más de 47.000 niños de 10 a 13 años fueran derivados al sistema de justicia juvenil desde 2014.

En numerosos casos, la intervención comenzó con esposas y custodia policial por conductas que antes quedaban bajo la órbita de docentes y directivos.

La cifra surge de una investigación de The New York Times y San Antonio Express-News, difundida por The Texas Tribune, que revisó registros del Departamento de Justicia Juvenil de Texas correspondientes a los ciclos lectivos desde 2014-2015.

El análisis muestra que, durante 2024-2025, unos 4.800 alumnos de esa franja etaria fueron derivados para una posible acusación penal, cerca de un tercio más que una década antes.

La edad mínima para ingresar al sistema juvenil texano es de 10 años. A partir de los 17, los estudiantes pueden ser tratados como adultos.

Una derivación no implica necesariamente una condena: puede terminar en una advertencia, terapia, servicios comunitarios o supervisión judicial. Sin embargo, suele iniciarse cuando un agente pone al menor bajo custodia.

Las derivaciones crecieron más rápido que la matrícula escolar

El incremento entre los niños de 10 a 13 años superó tanto la suba de casos entre alumnos mayores como el crecimiento de la matrícula.

Los estudiantes negros fueron derivados aproximadamente al doble de la tasa de los alumnos blancos e hispanos, aunque los expedientes aumentaron entre menores de todos los grupos raciales.

Después del retorno a la presencialidad tras la pandemia de COVID-19, las escuelas registraron más peleas. Pero el alza de las derivaciones de los chicos más pequeños fue mucho más acelerada.

Unos 60 distritos, que concentran cerca de una cuarta parte del alumnado estatal, explicaron buena parte de la tendencia tras ampliar la presencia policial en primarias y secundarias o endurecer los criterios de intervención.

La expansión coincidió con las medidas de seguridad impulsadas luego del tiroteo de 2022 en la escuela Robb de Uvalde. En 2023, Texas aprobó una ley que exige que cada escuela pública cuente con un agente.

El representante estatal demócrata por El Paso, Joe Moody, copatrocinador de la norma, calificó de alarmante el aumento de derivaciones de niños pequeños.

“Nadie debería querer eso como resultado de lo que hicimos”, declaró Moody a los medios que realizaron la investigación. El legislador adelantó que buscará imponer límites más claros a la actuación policial en los campus cuando la Legislatura se reúna en enero.

Peleas, vapeo y amenazas explican la mayoría de los expedientes

La mayor parte de los menores fue acusada por amenazas, uso de vaporizadores con cannabis o agresiones contra compañeros y personal escolar. Pocos casos incluyeron lesiones físicas graves.

Entre los expedientes examinados figuran el de un niño de 11 años que chocó contra una consejera cerca de Austin y el de otro de 10 que dijo falsamente haber visto a una persona armada en un campus de Victoria.

También fue derivado un alumno de 10 años de El Paso que pateó a una subdirectora después de que le retiraran el teléfono celular.

El caso se desestimó dos meses más tarde, pero su madre, Grace Lee-Vazquez, pagó miles de dólares en gastos legales. Según contó, el niño —con trastorno por déficit de atención e hiperactividad— desarrolló ansiedad frente a la escuela y bajó sus calificaciones.

El distrito no respondió preguntas sobre ese episodio y sostuvo que mantiene su compromiso con ambientes de aprendizaje seguros e inclusivos.

Lee-Vazquez describió el impacto en su familia como devastador y afirmó que se mudaron fuera del estado en junio para comenzar de nuevo.

Hay situaciones que involucran hechos de mayor gravedad. En 2025, un alumno de 11 años de la escuela Harris Middle, en San Antonio, fue acusado de portar un arma en un lugar prohibido después de que las autoridades encontraran una pistola en su mochila.

Sin embargo, el juez juvenil William Shaw consideró que numerosos expedientes podrían haberse resuelto dentro de la escuela. “Los chicos a veces no se llevan bien. Pueden terminar empujándose, tal vez incluso peleando. No es necesario arrestarlos”, señaló.

Una estudiante de 12 años fue esposada tras negarse a esperar en el vestíbulo

El caso de una alumna de 12 años de Central Middle, en Galveston, muestra cómo una sanción escolar puede terminar en una acusación penal.

La menor, cuya identidad se mantiene en reserva, tenía un diagnóstico de trastorno de conducta y fue enviada a la oficina de la directora durante su primera semana de clases, en agosto de 2024, por ser considerada disruptiva.

La escuela la suspendió y le indicó que esperara a su madre en el vestíbulo. Al negarse, intervino el agente escolar Vincent Ramirez.

Según las imágenes de su cámara corporal, una administradora sostuvo que la madre había autorizado el uso de esposas y otro empleado advirtió a la niña que podía ser arrestada si no obedecía.

“Tenés cuatro segundos para caminar hasta allí. De lo contrario, voy a ponerte esposas y vamos a darte un paseo”, le dijo Ramirez. Un minuto y medio después, el agente le quitó la mochila rosa y le esposó las muñecas detrás de la espalda, de acuerdo con la grabación.

La estudiante fue trasladada a la sede de la policía escolar de otro campus. Allí rechazó colocar la mano en el lector de huellas; las imágenes muestran que dos agentes le llevaron el brazo hacia atrás hasta que gritó y accedió. La jefa de policía del distrito, Josette Rivas, levantó luego un celular mientras la niña lloraba e insultaba; dijo que grababa para Facebook.

Ramirez y Rivas no hicieron comentarios. El superintendente de Galveston, Matthew Neighbors, afirmó que los agentes actuaron con calma y respeto y negó que el video de la menor se hubiera difundido en internet.

La niña fue acusada de ingreso indebido, se declaró culpable y recibió un año de libertad condicional. Dos exjefes de policía escolar consultados por los diarios consideraron innecesarios tanto el arresto como la derivación judicial.

Su madre, Laquital Thompson, explicó que aceptó las esposas porque en ese momento no quiso cuestionar a la administradora.

Luego se preguntó por qué se llamó a la Policía para una situación que, a su juicio, podía resolverse si su hija esperaba en silencio en un pasillo. Tras el episodio, dijo, la estudiante tuvo más problemas para concentrarse en clase. “Simplemente se rindió”.

La legislación estatal ordena a los policías escolares mantenerse al margen de la disciplina estudiantil rutinaria, aunque no define qué conductas integran esa categoría ni prevé castigos por infringirla.

Para Phillip Lyons, decano de la Facultad de Justicia Penal de la Universidad Estatal Sam Houston y exdetective especializado en casos juveniles, la presencia de agentes puede transformar faltas menores en asuntos penales. “Si no hay tiradores, los policías harán lo que hacen los policías, y eso es arrestar”, afirmó.

Las acusaciones por amenazas se triplicaron en una década

Las acusaciones por “amenaza terrorista” contra alumnos de 10 a 13 años se triplicaron en diez años y superaron las 600 anuales en el estado.

Algunas investigaciones permitieron evitar posibles ataques, como la de un adolescente de 13 años acusado de planear un atentado en una secundaria de San Antonio en 2025. Otras derivaron de bromas, discusiones o reacciones de ira.

En febrero de 2025, un alumno de 12 años con discapacidad intelectual y autismo tuvo una crisis en una secundaria de Lubbock después de que una asistente desconectara un teléfono del aula que quería utilizar.

“Respetame o estás muerto”, le dijo a la trabajadora. Registros policiales señalan que dos agentes lo derribaron sujetándolo de la sudadera y lo esposaron.

Su madre, Colette James, relató que el niño quedó aterrorizado por la Policía, dejó de ir a la iglesia porque había agentes contratados como refuerzo de seguridad y, durante un período, durmió en la cama de sus padres.

En Corpus Christi, un chico de 13 años pasó casi dos semanas en un centro juvenil tras gritar “te voy a matar” a compañeros que, según su madre, lo habían golpeado.

El juez juvenil Timothy J. McCoy explicó que a veces dispone la retención de menores que hacen amenazas para facilitar el acceso a terapia y comprobar que no las lleven a la práctica.

El adolescente de Corpus Christi dijo desde su celda que había hablado por enojo y que no debió hacerlo. Ese día, cerca de la mitad de los jóvenes alojados en el centro levantó la mano cuando un periodista preguntó cuántos estaban detenidos por incidentes escolares.

Wichita Falls redujo los casos al reemplazar arrestos por apoyo escolar

Algunos distritos defienden las derivaciones como una oportunidad para que los alumnos aprendan de sus errores. En Corpus Christi, el jefe del departamento de seguridad escolar y presidente de la Asociación de Jefes de Policía de Distritos Escolares de Texas, Kirby Warnke, sostuvo ese enfoque.

Allí, las derivaciones de niños pequeños se duplicaron durante la década y marcaron un récord de 171 en 2022-2023, una cifra superior a la de Houston y Dallas, pese a que esos distritos tienen más de cuatro veces la matrícula.

El distrito de Forney, al este de Dallas, creó su propio cuerpo policial en 2020 y endureció su respuesta ante amenazas y actos violentos.

En el ciclo siguiente, sus agentes derivaron a 42 alumnos de 10 a 13 años, más que el total acumulado en los seis años anteriores. Joseph Sanders, entonces jefe policial del distrito, resumió la política con la frase: “Simplemente fijamos el tono y lo fijamos temprano”.

Wichita Falls tomó la dirección opuesta. Al asumir en 2022, el superintendente Donny Lee dijo que los agentes escolares “arrestaban primero a los chicos y preguntaban después”. Contrató a un nuevo jefe de Policía, reemplazó a la mayoría de los agentes y estableció revisiones periódicas de los datos de intervención.

Las derivaciones disminuyeron entre estudiantes de todas las edades y, entre los menores de 13 años o menos, bajaron de cerca de 100 a 44 casos.

En vez de recurrir de inmediato a la justicia juvenil, el distrito aplicó suspensiones dentro de la escuela, tareas comunitarias y orientación psicológica. “No estamos en el negocio del delito y el castigo”, dijo Lee. “Estamos en el negocio de la educación”.

Los residentes que ocupaban distintas unidades dentro de la casa ya habían evacuado, pero uno de ellos no había salido. Los vecinos advirtieron a los agentes del Departamento de Policía de Culpeper que el hombre podría seguir adentro, atrapado, de acuerdo con el relato publicado por Fox News Digital.

No había bomberos en el lugar todavía. Cuatro oficiales decidieron entrar de todas formas.

El ingreso a la vivienda en llamas

La oficial Ashley Sain corrió hacia la casa y comenzó a revisar las habitaciones puerta por puerta. Segundos después, el oficial Neal Coffey se sumó a la búsqueda.

Las imágenes captadas por las cámaras corporales de los agentes muestran a uno de ellos subir las escaleras a toda velocidad, mientras pasa junto a carteles de “No fumar” pegados en las paredes. En el segundo piso, Sain y Coffey hallaron una puerta cerrada con llave desde el interior. Por las rendijas superiores e inferiores se colaba una densa columna gris.

“¡Departamento de Policía! ¡Si hay alguien aquí adentro!”, gritó Sain por encima del sonido estridente de las alarmas contra incendio, tal y como se escucha en el video difundido por la institución policial.

Coffey logró abrir la cerradura con una herramienta de bolsillo y empujó la puerta con cautela. Una bocanada de humo negro salió del dormitorio. Las llamas ya eran visibles.

La búsqueda en el segundo piso

Sin visibilidad alguna, Coffey avanzó primero de rodillas y luego a rastras sobre el piso de madera, con una linterna como única guía.

“¡No puedo ver!”, exclamó con creciente desesperación mientras se abría paso entre la humareda, de acuerdo con las grabaciones.

Tras avanzar varios metros sobre su pecho y palpar a ciegas, el oficial encontró a un hombre tendido sobre una cama, sin respuesta. “¡Vamos, hermano, vamos!”, le repitió mientras tiraba de su brazo para intentar moverlo.

“¡Tenemos que sacarlo! ¡Lo tengo! ¡Está respirando!”, gritó Coffey hacia el pasillo para alertar a sus compañeros.

Para ese momento, el sargento David Cole y el oficial Michael Beel ya habían llegado a la planta alta.

Coffey tiró del hombre hasta dejarlo en el suelo, y Beel se deslizó por el suelo para asistirlo. Entre los cuatro policías lograron trasladar al hombre inconsciente hasta el pasillo.

En ese instante apareció un bombero con indumentaria completa. El resto de la dotación se encargó de cargar al hombre fuera de la vivienda y de extinguir el fuego.

Las consecuencias del rescate

El hombre rescatado fue trasladado a un hospital y posteriormente transferido a un centro regional de quemados. Su identidad y la causa del incendio no fueron reveladas, ya que ambos datos forman parte de una investigación activa, confirmó la fuerza policial local.

Tres de los cuatro agentes que participaron en el rescate también recibieron atención médica por inhalación de humo y otras lesiones. Todos fueron dados de alta esa misma noche.

El 14 de octubre, once días después del incendio, los cuatro oficiales fueron condecorados con premios al valor por parte de la institución.

El capitán Kevin Tooley, supervisor presente en la escena aquella noche, destacó la actuación de su equipo en declaraciones recogidas por Fox News Digital.

“Fueron más allá de lo que normalmente se espera de un departamento de policía”, aseguró Tooley. Y añadió: “Normalmente no entramos en edificios en llamas. No es nuestro trabajo, es el de los bomberos. Pero no sabemos decir que no, especialmente cuando hay una vida que sabemos que tenemos que salvar”.

Una práctica de paracaidismo de la unidad de élite Los Sinchis de Mazamari terminó con dos policías heridos en la región Junín. Durante el descenso, uno de los agentes chocó contra cables de alta tensión y recibió una descarga eléctrica, mientras que otro impactó contra el segundo piso de una vivienda prefabricada.

Los accidentes ocurrieron en el distrito de Mazamari, provincia de Satipo, y quedaron registrados en videos que muestran los momentos en que ambos efectivos perdieron el control de su trayectoria. En uno de los casos, el contacto con el tendido eléctrico dejó inconsciente al paracaidista, que necesitó atención médica especializada.

El Hospital Manuel Ángel Higa Arakaki confirmó que uno de los policías fue evacuado por vía aérea al Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, en Lima. El segundo efectivo recibió atención por lesiones leves en el centro de salud de Mazamari y obtuvo el alta médica.

Dos paracaidistas de Los Sinchis sufrieron accidentes durante el descenso

Los accidentes se produjeron durante las maniobras de paracaidismo que realizaban integrantes de Los Sinchis de Mazamari, unidad policial especializada que opera en la región Junín. Los dos efectivos sufrieron impactos durante el descenso, aunque en circunstancias distintas.

En el primer caso, uno de los paracaidistas sobrevoló una zona habitada y terminó enganchado en los cables eléctricos de la vía pública. El contacto provocó una descarga que dejó al agente inconsciente, según las imágenes difundidas sobre el incidente.

El segundo efectivo también perdió el control durante su descenso y chocó contra la pared del segundo piso de una vivienda de material prefabricado. La fuerza del impacto dañó la estructura y provocó que las piernas del policía atravesaran parte de la pared.

Uno de los efectivos recibió una descarga eléctrica al caer sobre cables de alta tensión

Las imágenes del primer accidente muestran al agente desplazándose en su paracaídas por encima de varias viviendas antes de entrar en contacto con el tendido eléctrico. Tras el choque, se produjo una descarga que dejó al efectivo inconsciente.

El policía permaneció bajo atención médica y su estado de salud se mantuvo en reserva, de acuerdo con fuentes consultadas por la corresponsal de RPP Noticias. La información difundida inicialmente no detalló el diagnóstico ni la gravedad exacta de las lesiones provocadas por la descarga eléctrica.

Ante la necesidad de atención especializada, el Hospital Manuel Ángel Higa Arakaki informó que su personal brindó asistencia médica al integrante de la PNP y coordinó su referencia mediante una ambulancia aeromédica. El establecimiento también confirmó las gestiones para concretar su traslado a Lima.

El segundo paracaidista chocó contra una vivienda y recibió el alta médica

El otro accidente ocurrió cuando el segundo efectivo descendía sin lograr controlar su trayectoria. En ese momento, impactó contra la pared del segundo nivel de una vivienda prefabricada, cuya estructura cedió parcialmente por la fuerza del golpe.

Las imágenes difundidas muestran los daños ocasionados por el choque, que dejó parte de la pared rota tras el impacto de las piernas del policía. El hecho generó preocupación entre los vecinos que presenciaron el aterrizaje accidentado.

Después del incidente, el agente fue trasladado al centro de salud de Mazamari, donde recibió atención por lesiones leves. De acuerdo con el reporte de RPP, el efectivo obtuvo el alta médica, a diferencia de su compañero, que necesitó una evacuación para recibir tratamiento especializado.

Policía herido en práctica de paracaidismo fue evacuado a un hospital de Lima

A través de una publicación, el Hospital Manuel Ángel Higa Arakaki informó que coordinó el traslado aeromédico del efectivo que sufrió la descarga eléctrica. La evacuación se realizó hacia el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, en Lima, con el objetivo de que recibiera atención especializada.

El establecimiento también señaló que compañeros de la División de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Drogas y el general PNP Manuel Vidarte acompañaron al agente antes de su traslado. Según el comunicado, los policías le expresaron su apoyo durante la despedida previa a la evacuación.

Hasta el cierre de los reportes, las causas de ambos accidentes no estaban esclarecidas. Medios locales señalaron que una fuerte ráfaga de viento podría haber afectado el descenso de los paracaidistas, aunque esta hipótesis no contaba con una confirmación oficial. Tampoco se difundieron detalles concluyentes sobre la evolución médica del agente trasladado a Lima.

Víctor Manuel Castillo Durán, agente de la Policía Estatal de Puebla, fue asesinado a balazos la mañana del 16 de octubre de 2026 en la colonia Tres Cerritos, al sur de la capital poblana, cuando se encontraba en su día de descanso. La Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmó que el uniformado murió a causa de las lesiones provocadas por arma de fuego.

La víctima tenía 30 años y estaba adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla. Los primeros informes señalaron que recibió varios impactos de arma de fuego, aunque testigos indicaron haber escuchado alrededo de seis detonaciones durante la agresión.

El ataque ocurrió sobre el bulevar Carmelitas, en inmediaciones de la colonia Tres Cerritos. Una de las ubicaciones referidas fue cerca de la esquina con la calle Francisco I. Madero y a unos metros de una tienda Oxxo; otros reportes situaron los hechos en el cruce con Josefa Ortiz de Domínguez.

Versiones recabadas en el sitio señalaron que Castillo Durán regresaba a su domicilio después de llevar a su hijo al kínder. También se vio que caminaba acompañado de su esposa tomado de la mano cuando fue interceptado por el agresor.

Los atacantes habrían escapado en motocicleta

De manera preliminar, las autoridades investigaron el homicidio como un posible ataque directo. Los presuntos responsables habrían llegado a bordo de una motocicleta, dispararon contra el policía estatal y escaparon del lugar.

Algunas versiones indicaron que uno de los agresores se adelantó y se ocultó entre vehículos antes de volver hacia la víctima para accionarle un arma de fuego en repetidas ocasiones. El presunto atacante portaba un chaleco de colores fosforescentes y una mochila, según imágenes de vigilancia difundidas tras el crimen.

En las imégenes se caercó a Víctor, se adelantó, lo esperó y regresó para toparse de frente con él y atacarlo cuando caminaba tranquilo junto a su esposa.

El cuerpo de Víctor Manuel Castillo Durán quedó tendido boca abajo sobre la banqueta, con una playera verde y pantalón de mezclilla. Paramédicos acudieron tras las llamadas de vecinos y transeúntes al 9-1-1, pero únicamente confirmaron que ya no tenía signos vitales.

La movilización ocurrió minutos después del ingreso de alumnos a un jardín de niños cercano. Padres de familia y habitantes de la zona presenciaron el despliegue de patrullas y personal de emergencia en el área donde ocurrió la agresión.

Elementos de seguridad municipal acordonaron la escena mientras peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias iniciales, la recolección de indicios balísticos y el levantamiento del cuerpo. El Servicio Médico Forense también intervino en el sitio.

La FGE abrió una investigación para determinar el móvil del asesinato e identificar a los responsables. Hasta el momento de los reportes iniciales, no se había informado sobre personas detenidas por el homicidio.

La SSP desplegó un operativo junto con autoridades federales y municipales en la colonia Tres Cerritos y zonas cercanas para localizar a los agresores. La dependencia informó que trabajaría con la Fiscalía para fortalecer las investigaciones, esclarecer los hechos y detener a quienes participaron en el ataque.

El crimen ocurrió en una zona donde, menos de una semana antes, se registró otra agresión contra servidores públicos. Ese ataque iba dirigido contra un agente del Ministerio Público, pero su auxiliar resultó herido al encontrarse dentro del vehículo baleado en la calle 11 Sur, cerca de la Casa de Justicia y del bulevar Carmelitas.

Con el asesinato de Castillo Durán, sumaron seis policías asesinados en Puebla durante 2026, de acuerdo con la organización Causa en Común.

665 policías y agentes de seguridad fueron asesinados en este sexenio

665 agentes de seguridad pública fueron asesinados entre el 1 de octubre de 2024 y el 8 de octubre de 2026 documentó el reciente informe de Causa en Común, en un periodo marcado por bajos salarios, falta de equipamiento, ausencia de carrera policial y la asignación de mandos militares en corporaciones estatales.

Durante 2026 fueron asesinados al menos 223 agentes de seguridad pública: 87 policías municipales, 73 estatales, 44 elementos de la Guardia Nacional, 12 integrantes del Ejército, cinco policías federales y dos miembros de la Marina. Del 2 al 8 de octubre se identificaron dos homicidios de agentes: uno en Guanajuato y otro en el Estado de México.

Jalisco acumuló 37 agentes asesinados y encabezó el registro de entidades con mayor número de víctimas. Le siguieron Michoacán, con 29; Sinaloa, con 25; Guanajuato, con 17, y Estado de México, con 16.

El documento “Las policías en México: consecuencias de un abandono histórico” expuso que la violencia contra los integrantes de las corporaciones ocurrió mientras una parte de los casos permaneció impune. La organización sostuvo que las deficiencias institucionales limitaron la capacidad de las policías para prevenir delitos, investigar conductas indebidas y garantizar condiciones laborales para su personal.

Reportaje que recopila testimonios de viudas y familiares de policías y agentes de seguridad asesinados. A través de entrevistas realizadas por la organización Causa Común, las participantes relatan las dificultades que enfrentan al asumir el cuidado de sus familias tras la pérdida de sus parejas. Las imágenes muestran tomas aéreas urbanas, adornos en viviendas y primeros planos de las personas entrevistadas durante sus declaraciones.

Los recursos crecieron de forma marginal frente a las carencias policiales

Causa en Común señaló que los recursos destinados a las policías estatales crecieron de manera marginal, mientras los agentes enfrentaron riesgos crecientes. El informe atribuyó el debilitamiento de las corporaciones a omisiones políticas reflejadas en recortes presupuestales y en la militarización de las tareas de seguridad pública.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública redujo su actividad operativa, de acuerdo con el estudio. El organismo emitió acuerdos sin plazos ni mecanismos claros para verificar su cumplimiento, mientras persistieron vacíos sobre el número real de policías en el país.

La falta de información impidió conocer con exactitud cuántos elementos integraban las corporaciones nacionales. La mayoría de las instituciones tampoco contó con un servicio profesional de carrera que estableciera reglas transparentes para el ingreso, la permanencia y los ascensos.

El informe describió las condiciones laborales de una proporción de los agentes como insuficientes: recibieron ingresos por debajo de los parámetros sugeridos por estudios oficiales, carecieron de seguridad social y enfrentaron jornadas extremas. A esas condiciones se sumaron deficiencias de infraestructura y equipamiento.

Un joven de 22 años chocó su Tesla contra un patrullero de la policía de California, Estados Unidos mientras dormía con el sistema de manejo asistido activado. El impacto hirió de gravedad a dos oficiales que investigaban otro choque fatal en la misma autopista.

El hecho ocurrió poco antes de la medianoche en la autopista interestatal 80, cerca de Fairfield, al norte de San Francisco. La Patrulla de Caminos de California, conocida como CHP, había cerrado varios carriles para trabajar en el lugar de un choque anterior con un muerto.

Cómo ocurrió el choque que involucró al Tesla

La policía difundió un video filmado por una cámara de un camión de remolque que pasaba por el lugar. Las imágenes muestran al Tesla atravesar las balizas y los conos de señalización sin frenar, a velocidad de autopista, hasta impactar de frente contra la parte trasera del patrullero estacionado.

Dentro del vehículo policial había dos oficiales. Otros dos agentes, que estaban parados detrás del auto, alcanzaron a correrse antes del golpe.

Los dos oficiales que iban dentro del patrullero sufrieron heridas graves y pasaron la noche internados en un hospital. Ambos recibieron el alta al día siguiente. El conductor del Tesla tuvo heridas leves y, según los investigadores, no estaba alcoholizado.

Qué dijo el conductor del Tesla

El joven conductor, identificado como residente de Sacramento, le contó a la policía en el lugar que se había quedado dormido mientras el auto circulaba en el modo de conducción autónoma de Tesla, llamado Full Self-Driving. “Es bastante alarmante”, dijo el sargento del CHP Andrew Barclay a la emisora pública KQED.

“Desde la perspectiva de cualquier personal de emergencias, escuchar que alguien dejó que su vehículo manejara solo mientras dormía es algo bastante increíble”, agregó Barclay. La policía adelantó que bajará los datos de navegación y las grabaciones internas del auto para reconstruir el episodio con precisión.

La CHP recordó en un comunicado que, pese a su nombre, el sistema de Tesla no es un manejo totalmente autónomo. Se trata de un sistema de asistencia de nivel 2 según la clasificación de la industria automotriz, que exige supervisión constante de la persona al volante.

“La tecnología no exime a los conductores de su responsabilidad de operar el vehículo de forma segura. Manejar distraído o desatento puede tener consecuencias devastadoras”, escribió la agencia en sus redes sociales. Tesla no se ha comunicado de forma oficial frente a este hecho.

Qué puede pasarle al conductor

La propia policía dejó en claro que responsabiliza al conductor, no a la empresa, por lo ocurrido. En el sitio de Tesla se advierte que las funciones de manejo asistido disponibles hoy “requieren supervisión activa del conductor y no vuelven autónomo al vehículo”.

Barclay reconoció que la legislación todavía no tiene una categoría específica para un caso como este. “No hay una ley que diga específicamente que, si te duermes mientras tu vehículo maneja en modo autónomo, esto es un delito. No existe algo así”, explicó el sargento.

Por eso, dijo, la decisión sobre qué cargos aplicar quedará en manos de la oficina policial de la zona, que deberá revisar qué infracciones vigentes se ajustan al episodio. Una de las opciones sobre la mesa es que el CHP le pida al organismo de tránsito de California que le revoque la licencia de conducir al joven, algo que esa agencia puede hacer por su cuenta.

“Todo está sobre la mesa en este momento, no se descartó nada, seguimos evaluando las circunstancias para determinar el mejor curso de acción”, dijo Barclay. El sargento agregó que alguien que admite haberse dormido mientras su auto manejaba probablemente no sea una persona segura para estar en la ruta.

Un oficial de la Unidad Especial de Apoyo (UEA) del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica fue detenido tras ser descubierto con un teléfono celular y otros dispositivos electrónicos dentro del complejo penitenciario La Reforma, donde debía cumplir funciones de vigilancia sobre Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, uno de los presuntos líderes del narcotráfico más conocidos del país.

El funcionario fue identificado como Maiker Guzmán Charpantier, quien también tenía entre sus responsabilidades custodiar a Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, otro presunto cabecilla criminal recluido en el área de máxima seguridad.

El oficial había superado los puestos de control donde los funcionarios deben dejar sus artículos electrónicos antes de ingresar a las instalaciones penitenciarias.

Un celular, cargadores y otros dispositivos entre sus pertenencias

Las autoridades recibieron información de otro funcionario que alertó sobre una posible irregularidad, lo que motivó una inspección de las pertenencias de Guzmán.

La revisión se efectuó en un parqueo interno utilizado por las unidades móviles de la UEA, dentro del perímetro penitenciario.

Durante el procedimiento, los agentes localizaron un teléfono celular Huawei, un reloj inteligente de la misma marca, una batería portátil de 20.000 mAh, un chip telefónico de Kölbi, cuatro cables USB tipo C y dos adaptadores de carga.

Al ser interrogado, el policía alegó que había olvidado que llevaba los dispositivos electrónicos, razón por la cual no los dejó en los casilleros destinados para almacenar las pertenencias personales.

Sin embargo, su superior indicó que todos los oficiales conocen las restricciones sobre el ingreso de dispositivos de comunicación y que el funcionario había negado previamente portar estos artículos.

Fiscalía ordenó detener al funcionario

El informe policial JEF-1402-2026, señala que aproximadamente a las 2:05 de la madrugada del jueves 15 de octubre la Fiscalía autorizó la detención del funcionario y el decomiso de los dispositivos.

El caso fue remitido a las autoridades judiciales de Alajuela, donde se determinará la eventual responsabilidad penal del sospechoso.

El documento también menciona el artículo 257 quáter del Código Penal, relacionado con la introducción ilícita de dispositivos de comunicación en establecimientos penitenciarios de modalidad cerrada.

Aunque las circunstancias generan sospechas sobre el destino de los aparatos, no se ha confirmado judicialmente que el celular estuviera destinado a alias “Diablo” o que el funcionario hubiera logrado entregarle algún dispositivo.

El policía detenido es hijo de un exencargado de seguridad de Rodrigo Chaves

Otro de los aspectos revelados es el vínculo familiar del detenido con Eduardo Guzmán López, conocido como “Inca”, integrante de la Unidad Especial de Intervención (UEI).

Guzmán López desempeñó funciones de seguridad y asesoría durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves Robles (2022-2026).

Mientras el padre pertenece a una unidad adscrita al Ministerio de la Presidencia, su hijo forma parte de la UEA del Ministerio de Seguridad Pública, cuerpo especializado que colabora con la vigilancia de privados de libertad considerados de alta peligrosidad.

Hasta el momento, no se ha informado de ninguna participación del padre en los hechos investigados.

La seguridad de alias “Diablo” vuelve a estar bajo escrutinio

La detención ocurre mientras Alejandro Arias Monge permanece recluido en el Centro Nacional de Atención Específica, conocido como Máxima Seguridad, tras su captura en julio pasado.

Desde entonces, las autoridades establecieron medidas especiales de custodia para “Diablo” y “Tan”, con apoyo de unidades policiales especializadas.

El incidente abre nuevos cuestionamientos sobre los mecanismos de control para impedir el ingreso de dispositivos electrónicos a las cárceles, especialmente en sectores destinados a personas investigadas por dirigir organizaciones criminales.

Por ahora, la investigación deberá determinar si existió únicamente una infracción a los controles de ingreso o una eventual intención de facilitar comunicaciones no autorizadas dentro del centro penitenciario.

Ni la víctima, una mujer de 21 años estudiante de la Universidad de Illinois en Chicago (UIC), ni el sospechoso eran alumnos de la casa de estudios, según precisaron las autoridades.

De acuerdo con el informe policial obtenido por ABC7 Chicago, la joven consumió tres bebidas alcohólicas antes de comenzar a experimentar lapsos de inconsciencia mientras bailaba con el hombre que más tarde sería identificado como su agresor.

La policía de Chicago, que investiga el caso, no ofreció detalles adicionales y tampoco confirmó si hubo una detención. El martes, la institución informó que identificó a una “persona de interés” y que le prohibió el ingreso al campus.

Según el Daily Mail, el sospechoso fue descrito en el informe policial como un hombre asiático de 1,70 metros de altura, vestido de negro. La universidad indicó que su identidad fue corroborada mediante cámaras de seguridad del campus y lectores de patentes, información que fue compartida con la policía de la ciudad.

La noche de la fiesta

El hecho ocurrió durante una fiesta en la sede de AEPi, en la madrugada del domingo 11 de octubre. Según describió The New York Times, la música se escuchaba a varias cuadras de distancia. Klara Grant, una estudiante de química de 18 años, relató al diario que había un DJ, pistas de baile en dos niveles del lugar y un bar.

Mia Lara, una joven de 21 años que estudia en una universidad cercana, afirmó que vio el evento promocionado en la cuenta de Instagram de la fraternidad. Ella, la mujer que presentó la denuncia y una tercera amiga decidieron asistir.

Era la primera vez que cualquiera de las tres iba a una fiesta de fraternidad, precisó Lara al diario neoyorquino. En la puerta les pidieron identificación, pero nadie verificó si pertenecían al alumnado.

Las tres bailaron en el sótano. La amiga de Lara comenzó a besarse con un hombre y, poco después, Lara la perdió de vista. Tras recorrer la casa en su búsqueda, dio con un pequeño grupo de hombres que vitoreaban frente a la puerta cerrada de un baño.

“Decían cosas como ‘¿Cuándo me toca?’ y ‘Yo quiero entrar ahí’”, relató.

Lo que encontró detrás de la puerta

Según el informe policial citado por ABC7 Chicago, uno de los hombres agarró del pelo a Lara para impedirle entrar. Aun así, tras forzar la cerradura, logró abrir la puerta. Encontró a su amiga sentada en el piso, desplomada contra la pared, con la ropa y la ropa interior bajadas.

El hombre que había estado con ella le sujetaba las muñecas, de acuerdo con su testimonio recogido por The New York Times.

Su amiga comenzó a decir “Que pare” y “Sácame de aquí”, según el testimonio de la joven. Lara comenzó a gritar y el hombre abandonó el baño. Junto con la tercera amiga, sacaron a la víctima del lugar.

Ya en la calle, Lara persiguió al hombre, una escena que quedó registrada en un video publicado en redes sociales. En el clip, la joven lo acusa de haber agredido a su amiga. “Ella quiso”, responde el hombre en la grabación, reconstruida por The New York Times. Lara lo golpea con las manos y él huye.

La joven aseguró que el sospechoso escapó y que un oficial de la policía del campus la interceptó. El oficial llevó a las tres amigas al hospital del campus, donde se labró la denuncia formal y la víctima se sometió a un examen médico.

La respuesta institucional y el debate nacional

En un comunicado publicado en Instagram, la sede local de la fraternidad condenó lo que calificó como una agresión sexual y pidió respeto y privacidad para la víctima.

La organización nacional de la fraternidad emitió un pronunciamiento por separado: “Nadie debería asistir a un evento en ningún campus —sea de una fraternidad o no— y tener que temer por su seguridad y bienestar”.

Jonathan Pierce, vocero de la organización nacional, afirmó que el sospechoso no era miembro del capítulo de AEPi en la universidad. “No creemos que ningún miembro de AEPi haya estado involucrado en este horrible acto ni que haya sido cómplice”, aseguró Pierce en un correo electrónico a The New York Times.

La fraternidad recibió la orden de no celebrar eventos ni programas mientras dure la investigación, según el vocero.

Gerald McSwiggan, portavoz de la universidad, declinó dar una entrevista.

Las fraternidades en la Universidad de Chicago no están formalmente afiliadas a la institución, pero están “sujetas a las políticas y procedimientos disciplinarios de la universidad”, tal y como aclaró la casa de estudios.

El escrutinio sobre la vida griega universitaria se intensificó después de que una mujer, identificada en la demanda como Jane Doe, denunciara una presunta violación grupal ocurrida en Cornell en 2024, un caso que salió a la luz recientemente.

Este martes, Cornell anunció la prohibición de fiestas de fraternidad por el resto del año académico.

En distintos puntos del país, la necesidad de las fraternidades fue puesta en debate, a la luz de un historial de novatadas, violencia e incluso muertes que empañó durante décadas a instituciones que prometen lazos de amistad y redes profesionales.

Grant, la estudiante de química en Chicago, abandonó la fiesta con sus amigas antes del incidente.

Al enterarse al día siguiente, quedaron atónitas. “Sin duda va a haber un clima diferente por un buen rato”, dijo al medio.

La situación habría ocurrido después de que el agente respondiera a una solicitud de apoyo de ciudadanos que buscaban la intervención de las autoridades para detener a un hombre. Aunque el policía habría logrado atender el llamado, posteriormente se encontró con una dificultad que le impidió continuar con normalidad el procedimiento.

El video llamó la atención por la manera en que el oficial intentaba solucionar el inconveniente, mientras el detenido permanecía dentro de la unidad a la espera de ser trasladado ante las autoridades correspondientes.

Policía habría tardado hasta una hora en recuperar el acceso a la patrulla

De acuerdo con los testimonios atribuidos a personas que presenciaron el episodio, el elemento municipal habría invertido alrededor de una hora en tratar de abrir nuevamente la puerta del vehículo.

Durante ese lapso, el hombre detenido permaneció esposado en el asiento trasero de la patrulla mientras el uniformado realizaba distintas maniobras para intentar ingresar a la unidad.

La escena convirtió una intervención policial en un momento inesperado que rápidamente despertó la curiosidad de los usuarios de plataformas digitales. El presunto olvido de las llaves y la dificultad para resolver el problema fueron los principales elementos que alimentaron la conversación.

Sin embargo, hasta el momento descrito en la información difundida, no se habían confirmado públicamente las identidades del policía ni del hombre detenido. Tampoco se había hecho pública una explicación de la Policía Municipal de León sobre las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Por ello, detalles como la duración exacta del intento por abrir la patrulla permanecen sujetos a la versión de los testigos.

“Las risas no faltaron”: los comentarios que provocó el video

La grabación no tardó en generar reacciones entre los internautas, quienes recurrieron al humor para comentar el presunto descuido del agente y la presencia del hombre esposado dentro del vehículo.

Algunos usuarios incluso cuestionaron si las imágenes eran auténticas, mientras que otros bromearon con la posibilidad de que el propio detenido pudiera haber colaborado para solucionar el inconveniente.

Entre los mensajes que circularon sobre la escena destacan las siguientes expresiones:

• “Jajaja, dime que es meme por favor”
• “Imagínate vivir en Suiza y perderte estas genialidades”
• “le hubiera pedido ayuda al detenido”
• “México surreal”

Las frases reflejan el tono irónico con el que algunos usuarios recibieron el material audiovisual. La comparación con Suiza y la expresión sobre lo surrealista de México se sumaron a las bromas relacionadas con el aparente olvido de las llaves.

¿Qué se sabe del policía y del hombre detenido?

Hasta ahora, la información difundida no permite establecer la identidad del uniformado ni la del hombre que permanecía en la parte trasera de la patrulla. Tampoco se había informado de manera oficial si el agente consiguió abrir la unidad por sus propios medios o si recibió ayuda para hacerlo.

El caso también dejó interrogantes sobre el tiempo que duró el procedimiento y las circunstancias en las que se desarrolló la intervención policial.

Mientras no exista información adicional de las autoridades municipales, los detalles del episodio deben entenderse a partir de la grabación y de los testimonios difundidos sobre lo sucedido.

Por lo pronto, el video convirtió un presunto descuido durante una intervención policial en tema de conversación en redes sociales, donde los usuarios continúan compartiendo bromas y comentarios sobre la escena registrada en León, Guanajuato.

Las imágenes, que fueron difundidas por Latina, muestran cómo el intervenido permanece inmovilizado en el suelo, rodeado por ciudadanos que lo agreden repetidamente. Algunos de los presentes incluso emplearon un casco de motocicleta para atacarlo. La reacción se produjo después de que los testigos advirtieran el presunto delito y decidieran intervenir para evitar que los responsables abandonaran el sector.

Según relató un residente, dos individuos que se desplazaban en una moto habrían asaltado a una joven para quitarle su teléfono. Uno de ellos escapó por el callejón La Presa, mientras su acompañante terminó estrellándose contra un automóvil. El impacto facilitó su captura por parte de quienes se encontraban cerca, aunque la retención estuvo acompañada de golpes que quedaron registrados en video.

En un primer momento, los participantes de la intervención fueron confundidos con habitantes de la zona. Sin embargo, posteriormente se conoció que eran efectivos policiales que vestían de civil y habían presenciado lo ocurrido en las inmediaciones de Francisco Pizarro. Su actuación permitió contener a uno de los sospechosos y comunicar la emergencia a la dependencia policial correspondiente.

Poco después, un patrullero llegó al lugar con personal de la comisaría del sector para continuar con las diligencias. De acuerdo con la información del medio, el hombre retenido habría proporcionado datos sobre el paradero de su presunto cómplice, lo que permitió orientar las acciones para ubicarlo. Asimismo, las autoridades consiguieron recuperar el equipo móvil sustraído a la víctima.

Habitantes denuncian temor ante los robos al paso

El episodio volvió a poner en evidencia la preocupación de los residentes por la delincuencia en el distrito. Una vecina manifestó que siente miedo al salir de su vivienda, especialmente por la seguridad de sus hijos, quienes deben trasladarse a sus centros educativos. La situación, explicó, genera inquietud entre los padres, que procuran acompañar a los menores durante sus desplazamientos cotidianos.

Otro ciudadano afirmó que el Rímac ha perdido parte de la tranquilidad que lo caracterizaba. Durante su testimonio, mencionó las urbanizaciones Tacna y Tarapacá como sectores donde también percibe un deterioro de la seguridad ciudadana. A su juicio, los problemas relacionados con los asaltos se han vuelto más notorios y afectan la sensación de protección entre las familias.

Los testimonios recogidos tras el incidente reflejan el malestar de quienes transitan diariamente por las calles del barrio. Según los residentes consultados, los robos al paso constituyen una amenaza recurrente para los peatones, quienes pueden convertirse en víctimas mientras caminan o realizan actividades habituales fuera de casa.

Frente a este panorama, los habitantes solicitaron incrementar la presencia de efectivos y reforzar las rondas preventivas para reducir las oportunidades de nuevos delitos. También expresaron su preocupación por la posibilidad de que otros ciudadanos sufran ataques similares en los alrededores.

Si bien la intervención permitió recuperar el celular y retener a uno de los presuntos implicados, las imágenes también evidencian los riesgos de las agresiones colectivas durante una detención. La responsabilidad de los involucrados deberá determinarse mediante las investigaciones correspondientes, mientras las autoridades esclarecen las circunstancias del asalto.

Un efectivo policial que circulaba con 1,284 gramos de alcohol por litro de sangre cuando, según la investigación, embistió a una mujer que cruzaba la ruta provincial 36 en la provincia de Salta. Por esto mismo, deberá presentarse hoy ante la Justicia en una audiencia de imputación.

El siniestro ocurrió el pasado 3 de octubre a las 6 de la mañana. La víctima intentaba cruzar la calzada en dirección a barrio Rastreador Fournier cuando fue alcanzada por la motocicleta en el kilómetro 9 de la ruta, a la altura del ingreso a esa zona residencial. Según su propio relato, antes de avanzar había mirado hacia ambos lados sin advertir la presencia de ningún vehículo. El impacto se produjo cuando ya había recorrido casi la totalidad del cruce.

La mujer, de acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Salta, sufrió múltiples lesiones, entre ellas una fractura de peroné izquierdo que debió resolverse con una cirugía y la colocación de tornillos. El certificado médico incorporado a la causa fijó un plazo estimado de curación e incapacidad laboral de 90 días, salvo que se presenten complicaciones o secuelas posteriores.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, resolvió citar al efectivo policial a una audiencia de imputación en calidad de presunto autor del delito de lesiones culposas graves agravadas en accidente de tránsito. La figura está prevista en el artículo 94 bis, segundo párrafo, del Código Penal, que contempla un agravante específico cuando el responsable del siniestro conducía bajo los efectos del alcohol.

La audiencia se desarrollará este jueves en el marco de la causa abierta por el siniestro vial. Según pudo reconstruirse, tanto la damnificada como un testigo presencial coincidieron en señalar que la motocicleta circulaba a gran velocidad en dirección a Campo Quijano al momento del impacto.

Entre las actuaciones incorporadas al expediente figura el test de alcoholemia practicado al conductor de la moto, que arrojó un resultado de 1,284 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima de los límites permitidos para circular. Ese dato, sumado a las declaraciones testimoniales, la denuncia de la víctima y el certificado médico que acredita las lesiones, conformó la base probatoria sobre la que el fiscal Escalante sustentó el pedido de imputación.

A partir de las circunstancias relevadas durante la investigación, la Fiscalía dispuso además oficiar, en carácter de recomendación, a los municipios de Rosario de Lerma y Campo Quijano, así como a la Subsecretaría de Seguridad Vial de la provincia. El objetivo de la medida es que se intensifiquen los controles de tránsito periódicos en el tramo donde ocurrió el siniestro, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones legales para circular, entre ellas los límites de velocidad y los controles de alcoholemia a conductores

La causa continuará su curso tras la audiencia de imputación prevista para hoy jueves, en la que el fiscal Escalante formalizará los cargos contra el efectivo policial investigado.

Casi 30 mil llamadas al número de emergencias 9-1-1 contabilizó el Centro de Despacho de Emergencias de Panamá entre el sismo del 9 de octubre y el 13 de octubre.

La cifra, de 29.089 solicitudes de auxilio, dimensiona el impacto del terremoto de magnitud 7,5 que sacudió al país y que mantiene movilizados a los cuerpos de seguridad.

Al quinto día de respuesta, con corte al 13 de octubre, los estamentos de seguridad panameños sostienen 11.143 efectivos en el terreno.

El operativo se concentra en las provincias de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, donde el movimiento telúrico causó mayores daños.

El grueso de la fuerza operativa corresponde a la Policía Nacional, que aporta 8.000 unidades a las tareas de evacuación, asistencia humanitaria y atención de emergencias.

La institución tiene asignados más de 600 vehículos para labores de prevención y seguridad en las cuatro provincias afectadas.

Las funciones policiales no se limitan a resguardar las zonas del desastre. Los agentes distribuyen alimentos y suministros, apoyan las inspecciones del Sistema Nacional de Protección Civil y colaboran en la instalación de carpas para los damnificados.

A esto se suma una presencia permanente en los centros de acopio del país. El objetivo declarado es garantizar que la ayuda humanitaria llegue a los afectados sin contratiempos de seguridad.

Los organismos de seguridad de Panamá movilizan a 11.143 efectivos entre Policía Nacional, Servicio Nacional Aeronaval, Servicio Nacional de Migración y el SUME para evacuar personas, repartir ayuda humanitaria y atender emergencias médicas en Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos.

El Servicio Nacional Aeronaval aporta 2.558 unidades a la operación y sostiene el componente aéreo de la respuesta.

La institución cuenta con 16 aeronaves entre helicópteros y aviones, además de medios marítimos y terrestres desplegados en las zonas golpeadas por el sismo.

El balance operativo de la Aeronaval incluye 28 evacuaciones médicas y 24 sobrevuelos de reconocimiento sobre más de 23 comunidades impactadas. Las tripulaciones acumularon 136 horas y 50 minutos de vuelo desde el inicio de la emergencia.

En materia de carga, la institución movilizó unos 54.984 kilogramos (121.220 libras) de ayuda humanitaria. El transporte aéreo se volvió clave en comunidades donde el acceso terrestre resultó afectado por el terremoto.

El Servicio Nacional de Migración suma 422 unidades operativas distribuidas en puntos estratégicos del país. Su función es fortalecer la respuesta interinstitucional y respaldar la atención a la población afectada por el sismo.

La institución brinda apoyo logístico en varios centros de acopio, entre ellos el Parque Omar, Bingos Nacionales, Panamá Pacífico y sedes regionales del Instituto de Mercadeo Agropecuario. También realiza recorridos preventivos en hoteles del área metropolitana.

Esa vigilancia se extiende a las estaciones del Metro de Panamá y a los Centros de Operaciones de Emergencia, puntos considerados sensibles durante la contingencia.

El Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias (SUME) aporta 163 colaboradores a la respuesta, apoyados en 41 recursos móviles. La flota se compone de 19 ambulancias, 14 Vehículos de Intervención Rápida y ocho Motos de Intervención Rápida.

Desde que comenzó la emergencia, el SUME despachó 850 recursos y coordinó 370 acciones interinstitucionales. La cifra refleja el nivel de articulación entre las distintas entidades de seguridad y salud que operan sobre el terreno.

La combinación de los cuatro cuerpos (Policía Nacional, Servicio Nacional Aeronaval, Servicio Nacional de Migración y SUME) sostiene, a cinco días del terremoto, una estructura de respuesta que abarca desde la evacuación aérea hasta la vigilancia de puntos de concentración de personas.

El volumen de llamadas al 9-1-1, cercano a las 30 mil, continúa marcando el ritmo de las operaciones en las provincias afectadas.

Un policía recibió un disparo mientras cumplía una guardia en una garita de San Miguel de Tucumán y murió luego de permanecer varios días internado. Nicolás Agustín Albaca Romano, de 23 años, fue herido a comienzos de octubre por un compañero, que continúa detenido mientras avanza la investigación judicial.

El caso ocurrió el 7 de octubre en una dependencia ubicada en la esquina de Charcas y pasaje Díaz Vélez, en la zona de El Bajo, cerca de la Vieja Terminal. En ese lugar, cuatro efectivos se encontraban de guardia cuando se produjo la detonación que dejó gravemente herido a Albaca Romano.

La situación quedó bajo investigación de la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale. Hasta antes del fallecimiento del agente, el compañero acusado había sido imputado por lesiones graves. Ahora, la Fiscalía deberá analizar si corresponde modificar la calificación legal ante el desenlace fatal.

De acuerdo con la reconstrucción que el Ministerio Público Fiscal expuso durante una audiencia, el agente Benjamín Eduardo Díaz se encontraba dentro de la garita. En el exterior estaban Albaca Romano, Marcos Andrés Díaz y David Nazareno Santillán.

Por motivos que todavía deben ser esclarecidos, Díaz efectuó un disparo con su arma reglamentaria. El proyectil disparado por Díaz impactó en el hemitórax izquierdo de Albaca Romano, quien sufrió una herida con orificio de entrada y sin orificio de salida.

La gravedad de la lesión obligó a un traslado inmediato al Hospital Centro de Salud. El joven agente fue llevado en un patrullero y permaneció internado durante varios días, hasta que este martes se confirmó su muerte.

La secuencia ocurrida en la garita es el eje de la pesquisa. La Fiscalía busca determinar en qué circunstancias se produjo el disparo, cuál era la posición de cada efectivo y si existieron elementos que permitan establecer responsabilidades penales por lo sucedido.

Tras la muerte de Albaca Romano, familiares, amigos y compañeros lo despidieron en una publicación difundida en redes sociales. Allí lo definieron como “un gran compañero” y “un ser humano de enorme corazón”, y destacaron que había entregado “lo mejor de sí en cada servicio”.

“Tu vocación, tu entrega y tu alegría dejaron una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de compartir camino contigo”, señalaron en el mensaje. También lo recordaron como un amigo y un ejemplo de “esfuerzo, valores y amor por esta profesión”. “Hasta siempre, compañero”, concluyeron en el mensaje.

La acusación contra el compañero

Durante la audiencia en la que Díaz fue formalmente acusado, el auxiliar fiscal Alejandro Andole detalló la hipótesis inicial de la acusación y solicitó que el imputado permaneciera privado de su libertad. El representante del Ministerio Público sostuvo que existían riesgos procesales, entre ellos la posibilidad de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

La Justicia hizo lugar al pedido y ordenó prisión preventiva hasta el 1 de diciembre. La medida había sido dictada cuando la causa estaba caratulada como lesiones graves, debido al estado de salud que presentaba Albaca Romano.

Por su parte, José María Molina, defensor de Díaz, planteó que el disparo se produjo de manera accidental mientras su asistido manipulaba el arma. La defensa cuestionó la resolución judicial y sostuvo una versión que deberá ser contrastada con los peritajes sobre el arma, la escena y los testimonios de quienes estaban en el lugar.

La muerte del agente abre una nueva etapa. La Fiscalía deberá revisar la imputación contra el policía detenido, ya que el resultado fatal puede derivar en una acusación con una escala penal más alta. Esa decisión dependerá de la evaluación de las pruebas reunidas y de la reconstrucción definitiva de los hechos.

La escena comenzó a circular en redes sociales durante octubre de 2026 y llamó la atención de los seguidores cementeros por la manera discreta en que la oficial acompañó a los integrantes de La Sangre Azul, una de las barras del conjunto celeste.

El momento ocurrió durante el encuentro entre Cruz Azul y Pumas, disputado en Ciudad Universitaria. Mientras los aficionados entonaban el cántico «Yo soy celeste», la uniformada siguió la canción con la mirada dirigida hacia el suelo, sin dejar de cumplir con sus responsabilidades.

La policía que cantó por Cruz Azul durante sus labores

En las imágenes difundidas en plataformas digitales se observa a la agente colocada de espaldas a la cancha y orientada hacia el sector donde se encontraba la afición de La Máquina.

Su función consistía en resguardar el orden y mantenerse pendiente de cualquier situación que pudiera presentarse durante el encuentro. Sin embargo, mientras los seguidores interpretaban uno de sus cánticos, la policía también se sumó discretamente a la melodía.

El gesto no pasó inadvertido para quienes grabaron la escena. En cuestión de tiempo, el video comenzó a compartirse entre los aficionados de Cruz Azul, quienes encontraron en la oficial una muestra de identificación con los colores del equipo.

La grabación también generó comentarios sobre la posibilidad de que la agente fuera seguidora del conjunto cementero, aunque el hecho de cantar la porra no confirma por sí solo su afiliación futbolística.

“Que la inviten al estadio”: las reacciones de los aficionados

La publicación provocó una respuesta favorable entre los usuarios, varios de los cuales solicitaron que la directiva de Cruz Azul tuviera un detalle con la uniformada por el momento que protagonizó durante el partido.

Entre los mensajes que circularon en redes sociales destacaron los siguientes:

• “Que la inviten al estadio”.
• “Que hermosa.. cruz-azulina y aparte trabajadora y muy linda”.
• “Deben buscarla y darle un pase para un juego de la máquina”.
• “Hermosa 🚂 regalenleeee un pase para otro juego”.

Las reacciones mostraron que algunos seguidores no solamente celebraron la simpatía de la oficial, sino que también propusieron que tuviera la oportunidad de asistir a un partido desde las gradas y disfrutar del ambiente sin encontrarse en servicio.

Otros comentarios plantearon la posibilidad de que pudiera conocer a los futbolistas del primer equipo, una petición que surgió de manera espontánea entre quienes compartieron las imágenes.

Cruz Azul y una pasión que también se vive fuera de la cancha

La afición cementera suele hacerse presente en distintos espacios, desde las tribunas del estadio hasta los hogares y los centros de trabajo. En este caso, la grabación permitió observar cómo uno de los cánticos de La Máquina acompañó una jornada laboral de seguridad en un partido de alta convocatoria.

La escena también recordó que los encuentros de futbol implican un operativo para garantizar la seguridad de los asistentes, con personal encargado de vigilar los accesos, las tribunas y las zonas destinadas a las porras.

Aunque el video no muestra que la agente descuidara sus funciones, su participación en el cántico fue suficiente para convertirla en tema de conversación.

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente que Cruz Azul haya respondido a las peticiones de los aficionados para invitarla a un partido. Tampoco existe confirmación independiente de que la oficial se llame Jacqueline Bonilla, nombre que algunos usuarios asociaron con la mujer que aparece en la grabación.

Por ahora, la policía permanece como protagonista de una historia viral que combinó futbol, simpatía y orgullo celeste en un escenario donde su principal responsabilidad era mantener el orden.

Ann Mannix dejó una huella sin precedentes en el Departamento de Policía de San Francisco (DPSP): fue la primera mujer en integrar y luego liderar su equipo SWAT, escaló hasta el rango de subjefa y, al retirarse en 2021, era la oficial de mayor rango entre las mujeres de la institución, según consignó Mission Local.

El domingo, su exesposo —estaban separados al momento del hecho—, el exsargento Kevin Mannix, habría disparado contra ella y su hija de 24 años antes de quitarse la vida, en un episodio que las autoridades del condado de Marin clasificaron como un presunto doble homicidio seguido de suicidio, de acuerdo con Yahoo News.

El perfil de la víctima, una figura histórica dentro del cuerpo

Sanfranciscana de cuarta generación y descendiente de una familia con profundos vínculos policiales —varios de sus parientes habían servido previamente como oficiales—, Ann ingresó al DPSP en 1986, poco más de una década después de que el cuerpo comenzara a incorporar mujeres en funciones de patrullaje, de acuerdo con el San Francisco Chronicle.

Desde ese punto, ascendió de forma sostenida: teniente en 2003, comandante en 2015 y subjefa en 2018.

En ese rol, dirigió las oficinas de Operaciones de Campo y Operaciones Especiales hasta su retiro.

Quién era el sospechoso y cómo ocurrió el hecho

El presunto autor, Kevin, de 68 años, también había servido en el DPSP durante 27 años —gran parte de ellos en la Estación Taraval del barrio Sunset— antes de retirarse en 2018 con el rango de sargento, aseguró The San Francisco Standard.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del condado de Marin, disparó contra su esposa y su hija, Katherine Elizabeth Mannix, de 24 años, alrededor de las 5 de la tarde del domingo en el domicilio familiar de Strawberry Circle, en la comunidad de Strawberry, cerca de Mill Valley, antes de volver el arma contra sí mismo.

El hallazgo y el estado de la investigación

La policía llegó al lugar después de recibir una llamada de emergencia desde la propia residencia.

Los agentes contactaron al denunciante a su llegada; la persona salió ilesa y su identidad no fue divulgada.

Una fuente con conocimiento directo del caso, citada por The San Francisco Standard, indicó que quien realizó el llamado sería el hijo adulto de la pareja, dato que las autoridades no confirmaron oficialmente.

Tras asegurar el perímetro, los agentes ingresaron y hallaron los tres cuerpos. Las autoridades no determinaron aún un móvil.

La reacción del gremio policial ante la pérdida

La pérdida sacudió a toda la institución. La Asociación de Oficiales de Policía de San Francisco (SFPOA) publicó un comunicado en el que expresó su consternación: “La trágica pérdida de la subjefa retirada Ann Mannix, su hija Katie y el sargento retirado Kevin Mannix en un presunto homicidio-suicidio ha dejado a toda nuestra familia del DPSP en estado de conmoción”, señaló la entidad.

“No hay palabras que puedan capturar plenamente la profundidad de esta tragedia, ni respuestas simples a las dolorosas preguntas que todos nos estamos haciendo”, agregó la asociación en el texto.

El jefe del DPSP, Derrick Lew, también se manifestó públicamente. “Con profundo dolor e impensable tristeza nos enteramos del fallecimiento de los miembros retirados Ann Mannix y Kevin Mannix, así como de su hija de 24 años”, afirmó Lew en declaraciones recogidas por el Los Angeles Times.

El funcionario agregó que se encontraba en contacto con el sheriff del condado de Marin, Jamie Scardina, cuya oficina continúa al frente de la investigación.

El caso sacudió al barrio Hyde Park de Chicago y reavivó el debate sobre la seguridad en los entornos universitarios: alrededor de la 1:50 a.m. del domingo 11 de octubre, una mujer de 21 años denunció haber sido agredida sexualmente durante una fiesta en una casa de fraternidad, según informó ABC News.

La víctima no tiene ningún vínculo con la Universidad de Chicago, cuyo campus queda a metros del lugar del hecho, en el 5600 de South University Avenue.

Según un informe policial obtenido por el Chicago Sun-Times, la víctima “no estaba completamente consciente” cuando fue hallada en el baño de la casa, y tanto ella como el sospechoso estaban parcialmente desvestidos.

El mismo informe señala que un grupo de hasta cinco hombres se encontraba en el lugar “animando y aparentando alentar la actividad”, y que intentó bloquear el ingreso de las amigas de la víctima.

Una tercera persona intervino durante el incidente y el sospechoso huyó del lugar, según la alerta que la institución envió a su comunidad. La Policía de Chicago lidera la investigación con el apoyo de la policía universitaria.

Las cámaras de seguridad del edificio captaron a un individuo con la descripción del sospechoso que salía corriendo de la casa, tal como precisó la Universidad de Chicago.

Testigos lo describieron como un hombre sudasiático, de aproximadamente 1,70 metros (5 pies 7 pulgadas), tez oscura, cabello corto en los laterales y rizado y largo en la parte superior. Vestía remera negra, pantalón de jogging negro y zapatillas blancas.

La respuesta de las autoridades

La casa donde ocurrió el incidente pertenece a Alpha Epsilon Pi (AEPi), una fraternidad con presencia en distintas universidades de Estados Unidos que opera de forma independiente a la Universidad de Chicago.

Su sede nacional confirmó, en declaraciones recogidas por ABC News, que tomó conocimiento del episodio el mismo domingo por la tarde y que desde entonces trabaja con el liderazgo local.

Como medida cautelar, se le ordenó a la sede que suspenda todos sus eventos y programas hasta que concluya la investigación.

El martes 13 de octubre, las autoridades de la universidad identificaron a una persona de interés y le prohibieron el ingreso al predio universitario, de acuerdo con NBC Chicago.

En un mensaje enviado a los estudiantes, los funcionarios aclararon que esa persona no es estudiante ni tiene ninguna afiliación con la Universidad de Chicago.

La identificación, afirmó la universidad, fue posible gracias a testimonios de testigos clave, imágenes de las cámaras universitarias y lectores de matrículas, toda esa información fue compartida con la Policía de Chicago, según el comunicado institucional.

Horas antes de ese anuncio, The Chicago Maroon, el diario estudiantil independiente de la universidad, había publicado un video de TikTok en el que se ve a una persona con la descripción del sospechoso.

En el video, alguien que se identifica como amiga de la víctima lo acusa del ataque y lo persigue cerca de la casa de fraternidad. Las autoridades decidieron no revelar su identidad hasta que se presenten cargos formales.

La postura de la fraternidad

En un comunicado, la sede de AEPi expresó que lo denunciado contradice los principios fundamentales de la organización.

“Como fraternidad judía, uno de los valores de nuestra enseñanza que consideramos más importante es que todos los seres humanos están creados a imagen de Dios. Por lo tanto, es incorrecto tratar a alguien sin dignidad, sin importar su género, raza, orientación sexual o religión”, sostuvo AEPi.

AEPi sostuvo que su condición de membresía prohíbe de manera absoluta cualquier conducta catalogada como acoso sexual o agresión sexual, lo que incluye propuestas reiteradas, presión coercitiva, tocamientos no deseados y violencia física.

La fraternidad también indicó que todos sus miembros reciben capacitación obligatoria sobre esas normas, reforzada por visitas de personal y voluntarios a cada filial, a nivel nacional y regional. Las violaciones a esas reglas pueden derivar en la expulsión del miembro involucrado.

El llamado a la calma y al proceso judicial

La organización pidió que tanto la prensa como el público en general eviten adelantarse a los resultados de la investigación. “Mientras esta indagación está en sus comienzos, nos abstendremos de llegar a cualquier conclusión e instamos a otros, incluidos los medios de comunicación, a hacer lo mismo”.

Al mismo tiempo, la fraternidad manifestó su apoyo a la víctima: “Todo AEPi sufre por la persona que fue víctima en este incidente”, indicó el texto oficial.

“Nadie debería asistir a un evento en ningún campus —de fraternidad o de otro tipo— y tener que temer por su seguridad y su bienestar”.

La sede local de AEPi emitió una declaración y sostuvo que “hasta donde sabemos, ninguna persona vinculada a AEPi participó ni fue cómplice de este hecho”, tal como recogió ABC News.

Sus miembros afirmaron condenar “esta violencia de manera inequívoca” y pidieron que se respete la privacidad y la dignidad de la víctima.

Por su parte, la Universidad de Chicago calificó lo ocurrido como “profundamente preocupante para la comunidad universitaria”, según un comunicado institucional recogido por NBC Chicago.

Aclaró que, si bien las fraternidades no son organizaciones estudiantiles reconocidas y no tienen afiliación formal con la casa de estudios, todos sus alumnos están sujetos a sus políticas y procedimientos disciplinarios.

La inteligencia artificial está en el centro de un debate que sacude a las fuerzas de seguridad en Estados Unidos: si los algoritmos pueden, o deben, escribir los informes que los policías presentan ante fiscales, jueces y jurados.

El Departamento de Policía de San Diego (SDPD) acaba de sumarse a esa discusión con una solicitud de información para contratar un sistema de este tipo, con un contrato estimado de entre USD 500.000 y USD 3 millones.

La iniciativa no es exclusiva de San Diego. Departamentos de todo el país ya usan herramientas similares, con el argumento de reducir el tiempo que los agentes dedican a tareas administrativas.

En California, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) firmó un contrato de USD 235 millones con Axon que incluye una herramienta para generar resúmenes de incidentes a partir del audio de las cámaras corporales; la Policía de Chula Vista, más cerca de San Diego, ya usa IA para redactar reportes y su jefa, Roxana Kennedy, estimó que los agentes dedican entre tres y cinco horas por turno a esa tarea.

“Si eso significa que el oficial va a volver a la calle más rápido, es muy importante”, afirmó en declaraciones recogidas por el Los Angeles Times.

La vocera del SDPD, Ashley Nicholes, aclaró que el departamento atraviesa una “fase de exploración” para conocer las opciones disponibles.

La posibilidad de reducir el tiempo en tareas administrativas, indicó, permitiría a los agentes responder más llamados de servicio con mayor rapidez.

Ante un eventual avance, el departamento realizaría consultas con funcionarios electos y miembros de la comunidad, afirmó.

La tecnología bajo la lupa

La incorporación de IA a la redacción de informes policiales no está libre de controversia. Un estudio reciente concluyó que los informes elaborados con asistencia de inteligencia artificial “fueron calificados como sustancial y significativamente peores en precisión”, tal y como señaló Ian Adams, exoficial de policía y profesor de criminología que dirigió la investigación.

Adams subrayó que, para un documento que luego analizarán fiscales, abogados defensores y jurados, la precisión es una condición mínima e innegociable.

Andrew Ferguson, profesor de derecho en la Universidad George Washington especializado en vigilancia policial, advirtió en un artículo académico de 2025 sobre “el peligro de envenenar digitalmente los hechos en los juicios penales mediante la alteración algorítmica del relato”.

Aunque no se declara un opositor absoluto —dado que los informes humanos también contienen errores—, Ferguson sí se asume escéptico.

“La pregunta es qué aspecto humano se pierde y qué se hace para asegurarse de que no haya errores reales en la tecnología”, dijo Ferguson a Los Angeles Times. “Nunca parecemos hacernos estas preguntas difíciles antes de desplegar la tecnología”.

Más voces en el debate

Las críticas no provienen solo del ámbito académico. Khalid Alexander, profesor del San Diego City College y fundador de Pillars of the Community —organización que apoya a residentes afectados por el sistema de justicia—, rechazó la propuesta con firmeza.

“Es solo un ejemplo más de que intentan quitarle cualquier atisbo de humanidad a la labor policial”, afirmó Alexander al Los Angeles Times.

Su preocupación apunta en dos direcciones: la seguridad de los datos personales almacenados en estos sistemas y la dependencia excesiva en una tecnología que, como docente, vio producir inexactitudes entre sus propios estudiantes.

“El problema no es solo que la usen, es la suposición de que la tecnología es menos parcial y más correcta que los seres humanos”, sostuvo.

El marco regulatorio que rodea la decisión

La discusión sobre IA en las fuerzas de seguridad de California también involucra a los organismos reguladores.

La Comisión de Estándares y Capacitación para Oficiales de Paz (POST) publicó un modelo de política que permite el uso de IA para documentos administrativos, pero exige que un ser humano revise y apruebe todo contenido generado por esa vía.

La responsabilidad profesional, legal y ética, subrayó el organismo, recae siempre en el autor humano.

En el LAPD, un miembro de la Comisión Policial de Los Ángeles planteó dudas similares durante una reunión reciente sobre el potencial de la IA para introducir sesgos en los informes.

El director de tecnología del departamento, Dean Gialamas, respondió que los sistemas en uso son “no agénticos”: incapaces de tomar decisiones o ejecutar tareas de forma autónoma. Los agentes, precisó, deben revisar sus informes antes de enviarlos.

La decisión final del SDPD podría definir cómo centenares de agentes documentan su trabajo cotidiano en una de las ciudades más grandes de Estados Unidos.

La Policía de Chicago resolvió uno de los crímenes más perturbadores de su historia: el asesinato de Gloria Kowalewicz, una niña de 8 años cuyo caso estuvo abierto durante 65 años.

Lo que hace al caso especialmente grave es que el asesino, Thomas Francis McInerney Jr., formó parte de esa misma institución durante casi tres décadas, llegó a investigar homicidios y murió en 2006 sin que nadie lo señalara.

El crimen ocurrió el 12 de noviembre de 1960. Gloria era alumna de tercer grado en el barrio de West Englewood, en el lado sur de Chicago, tal como reconstruyó el Chicago Tribune.

Esa mañana salió de su casa poco antes de las 8 para caminar unas pocas cuadras hasta la iglesia St. Mary of Mount Carmel. Vestía un vestido a cuadros rosa y marrón con una malla azul que su madre había elegido. Nunca llegó.

El crimen y la búsqueda del asesino

Todo ocurrió en menos de una mañana. Su cuerpo fue hallado horas más tarde por un automovilista que divisó el colorido vestido desde la ruta: Gloria había sido baleada dos veces en la cabeza y abandonada en una zanja de un área boscosa al suroeste de la ciudad.

Tenía además marcas de golpes en el cuello. Los investigadores concluyeron que el crimen se cometió en ese mismo lugar antes de que el cuerpo fuera dejado allí, según informó la CBS News de Chicago.

Del lugar y del camino de regreso a Chicago recolectaron e inventariaron una bala, el abrigo de la niña, sus zapatos y su cartera blanca de comunión con el libro de oraciones adentro. Los investigadores también levantaron una huella digital de la correa de esa cartera.

La Policía de Chicago (CPD) formó una fuerza de tarea, llamó a cientos de puertas y entrevistó a más de 1.300 personas. Más de una docena fueron sometidas a pruebas poligráficas.

Cuatro días después del crimen, más de 1.000 personas asistieron al funeral de Gloria en la misma iglesia a la que nunca llegó aquel sábado. El caso, sin embargo, quedó sin resolver.

La investigación que duró décadas

Durante décadas, el caso acumuló pistas pero no respuestas. El primer avance significativo llegó en 2010, cuando el CPD construyó un perfil genético masculino a partir de rastros de semen hallados en la ropa de la víctima. Ese dato no derivó en ningún arresto.

En 2024, a pedido de la policía de Chicago, el FBI cruzó ese ADN con muestras genéticas subidas a sitios de investigación genealógica familiar y obtuvo un nombre: Thomas Francis McInerney Jr.

Armados con esa información, los investigadores cotejaron las huellas dactilares que McInerney había dejado en su solicitud de empleo al CPD en 1959 con la huella levantada de la cartera de Gloria. Coincidían.

La División de Servicios Forenses del CPD, con asistencia del FBI y la Policía Estatal de Illinois, confirmó la identificación en julio de este año, de acuerdo con un comunicado del departamento recogido por NBC News.

Fue la misma tecnología que permitió capturar a Joseph James DeAngelo, el tristemente célebre Golden State Killer de California.

El culpable y su vida tras el crimen

El hombre que la tecnología señaló no era un desconocido para la institución. McInerney tenía 24 años y era agente de patrulla destinado al lado oeste de Chicago cuando cometió el crimen.

Sus padres vivían a menos de una milla del hogar de la familia Kowalewicz, aunque la policía no halló indicios de que hubiera tenido contacto previo con la niña, afirmó el New York Post. La razón por la que la eligió como víctima sigue sin respuesta.

Con el tiempo, McInerney fue ascendido a detective de crímenes violentos —la misma categoría de casos en la que encuadra el asesinato de Gloria— y se jubiló del CPD en 1987 tras 28 años de servicio.

Luego se mudó a Las Vegas, donde trabajó como investigador para la Oficina Federal de Defensores Públicos en Nevada. En 2003 fue distinguido como Investigador Federal Defensor Destacado del año. Se retiró de ese cargo en 2004 y murió en 2006 a los 70 años.

La institución, la familia y la justicia pendiente

El CPD señaló en un comunicado que McInerney “nunca debió haber portado la estrella del CPD” y expresó que, si bien los padres de Gloria fallecieron sin ver justicia, esperaba que la resolución trajera “algo de cierre a quienes conocieron a Gloria y su historia”.

El jefe de detectives del CPD, Kevin Bruno, reconoció que la condición de policía del asesino representa un golpe para la institución.

“El hecho de que fuera un oficial de policía nos perturba profundamente, pero no es algo que vayamos a minimizar ni a eludir”, afirmó al Chicago Tribune.

El hermano de Gloria, Adam Kowalewicz —quien era un bebé cuando su hermana fue asesinada— aseguró que está aliviado, pero que la frustración no desaparece. “Lamentablemente, él vivió una vida decente y se fue”, declaró al Chicago Tribune. “Nunca pagó por lo que hizo. Uno espera que pague sus cuentas con el buen Dios”.

El FBI informó que el ADN de McInerney ya figura en CODIS —el Combined DNA Index System de la agencia— y que revisa si podría haber otras víctimas.

“Estamos explorando cada pista investigativa que pueda cerrar otros posibles crímenes sin resolver que ocurrieron durante ese período en nuestra área”, indicó el organismo federal en un comunicado.

La madrugada del sábado en West Filadelfia empezó como cualquier otra llamada de servicio: dos agentes respondieron al reporte de un hombre armado en un porche del barrio.

Lo que ocurrió a continuación derivó en la muerte de un oficial, 10 agentes heridos y un caso que volvió a poner en cuestión los límites del sistema de antecedentes penales en Estados Unidos, informó Fox News.

El atacante fue identificado como Eric Lewis, de 35 años, empleado del Departamento de Aguas de Filadelfia. Según el fiscal del distrito, no tenía ningún impedimento legal para portar armas de fuego.

La pérdida más concreta la absorbió la Policía de la ciudad: Shane Seiber, un oficial con dos hijos pequeños y 10 años de servicio, no regresó a su casa esa noche. El episodio dejó a Lewis detenido con 76 cargos penales en su contra.

La noche del ataque

El incidente se produjo alrededor de las 12:20 de la madrugada del sábado, cuando Seiber y su compañero acudieron a un reporte de hombre armado en la cuadra 100 de North 52nd Street.

Según una fuente de las fuerzas del orden citada por The Philadelphia Inquirer, Seiber tocaba la puerta de una vivienda cuando Lewis se acercó por detrás y le preguntó por qué los policías estaban en su porche.

Un forcejeo breve precedió al estallido de los disparos. Seiber recibió tres impactos de bala y murió horas después en el Penn Presbyterian Medical Center.

Refuerzos policiales y un equipo SWAT llegaron poco después y hallaron a los dos agentes heridos. Los disparos continuaron, lo que llevó a las autoridades a declarar una situación de atrincheramiento.

Nueve policías más que acudieron como refuerzo también recibieron disparos, hecho que explica los 10 cargos adicionales por intento de homicidio de agentes que figuran en la acusación, detalló Fox News.

Lewis fue finalmente capturado y trasladado bajo custodia. Al momento de la detención, tenía en su poder dos pistolas y una escopeta; una de las pistolas pertenecía al oficial herido en el ataque.

Su compañero de patrullaje, de 33 años, padre de cinco hijos y con nueve años en la fuerza, recibió 12 disparos y fue ingresado en estado crítico. El comisionado de Policía, Kevin Bethel, advirtió que, aunque su condición se estabilizó, el agente todavía no estaba fuera de peligro.

La situación judicial

El domingo por la mañana, los cargos contra Lewis quedaron formalizados: homicidio, homicidio de un agente de la ley, intento de homicidio, agresión agravada y amenazas terroristas, entre otros.

Quedó detenido sin posibilidad de fianza en el Centro Correccional Curran-Fromhold y tiene representación de la Defender Association of Philadelphia. Su próxima audiencia está programada para el 26 de octubre.

El comisionado habló ante la prensa horas después del ataque. “Luchó con valentía, pero perdió la vida”, aseguró sobre Seiber, y añadió que su esposa pudo estar a su lado antes de que falleciera.

Los antecedentes del atacante

Los registros judiciales del estado de Pensilvania revisados por Fox News muestran que Lewis tiene antecedentes desde 2012.

Ese año fue condenado por robo y recepción de bienes robados; en 2013, por delitos relacionados con armas y agresión simple.

En ambos casos, recibió libertad condicional. En 2018 se declaró culpable de alteración del orden público y volvió a recibir una pena de probatoria.

El fiscal del distrito, Larry Krasner, aclaró en conferencia de prensa que ninguno de esos antecedentes inhabilitaba legalmente a Lewis para obtener un arma de fuego.

Calificó el episodio como “un acto de violencia descarado y perturbador” contra las fuerzas del orden y aseguró que su oficina buscaría una rendición de cuentas completa.

Krasner también declinó precisar si Lewis había disparado con la pistola del oficial herido o cómo había conseguido las otras armas.

La salida de una actividad de motoristas en las afueras del Rodeo de Camagüey terminó con escenas de caos el domingo por la noche, después de que una intervención policial provocara una estampida entre jóvenes que participaban en carreras de motocicletas. Testigos denunciaron golpes, daños a vehículos y la retención de teléfonos celulares.

El despliegue fue atribuido a agentes de la Brigada Especial del Ministerio del Interior, conocidos de forma popular como “boinas negras”. Los uniformados habrían llegado a la zona con patrullas y motocicletas policiales, mientras otro grupo avanzó desde la carretera de Santa Cruz para cerrar varias de las vías de salida.

El Rodeo es un punto de reunión habitual para motoristas de la ciudad, especialmente durante los fines de semana. Personas que estuvieron en el lugar afirmaron que las carreras se desarrollaban en un espacio que había sido autorizado para esa práctica. Las autoridades cubanas no han informado de forma pública las razones del operativo ni si existía una orden para desalojar el área, señala una publicación de Ciber Cuba.

El cerco policial derivó en una huida masiva

La presencia de agentes en distintos accesos generó alarma y una salida apresurada de decenas de participantes. De acuerdo con los relatos recogidos tras el operativo, varios motociclistas chocaron o cayeron mientras intentaban abandonar la zona.

Algunos jóvenes afirmaron que los policías utilizaron botas, tonfas y piedras durante la intervención. Un testigo sostuvo que recibió un golpe en la espalda cuando se alejaba del lugar. También circuló la denuncia de que una joven que viajaba en motocicleta fue golpeada.

Las denuncias incluyen la actuación de un grupo que llegó en una guagua tipo Gazela al área cercana a varios establecimientos privados, entre ellos un local conocido como El Canoso. Según esos testimonios, los agentes golpearon a personas que se encontraban allí y causaron daños a varias motocicletas.

Una de las versiones difundidas señala que cuatro integrantes de la fuerza especial golpearon a un joven que ya estaba en el suelo. Esos hechos no han sido confirmados por una autoridad independiente ni por el Ministerio del Interior.

Denuncian confiscaciones de celulares y dificultades para reclamar

Varios asistentes aseguraron que los agentes retuvieron teléfonos móviles a personas detenidas o interceptadas durante la redada. Según los relatos, la medida buscó impedir la grabación de imágenes del despliegue y de los incidentes posteriores.

Entre la información que circuló en redes sociales también apareció la versión de una posible muerte y de un menor con politraumatismos. Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre esos casos, por lo que sus circunstancias y gravedad no han podido establecerse.

Una propietaria de un negocio privado situado en la zona afirmó que los operativos y las presiones policiales se repiten. También sostuvo que quienes intentan presentar quejas formales reciben como respuesta que los agentes cumplen órdenes superiores. No se conocieron registros de denuncias admitidas ni una investigación anunciada por las autoridades.

El operativo ocurre en medio de una crisis social y económica

La intervención reabrió el debate sobre la actuación de los cuerpos de seguridad frente a reuniones juveniles y actividades públicas en Cuba. Algunos vecinos cuestionaron el uso de la fuerza y reclamaron mayor atención policial ante robos, asaltos y otros delitos denunciados en Camagüey.

Otros residentes señalaron que las carreras nocturnas pueden generar ruido, circulación sin casco o falta de licencias, además de riesgos para conductores y peatones. Esas preocupaciones, sin embargo, no despejan las denuncias sobre posibles agresiones y daños contra los participantes.

El episodio ocurrió en un contexto de crisis económica, apagones, escasez y restricciones sobre el espacio público en la isla. Organizaciones de derechos humanos y activistas cubanos han denunciado de forma recurrente detenciones arbitrarias, vigilancia y obstáculos para presentar reclamos contra funcionarios estatales.

Además de Amarianna, murieron la madre de la niña, que cursaba el octavo mes de embarazo, y el hijo de cinco años de esa mujer. Otras cinco personas también fueron asesinadas: cuatro adultos cuyos cuerpos fueron hallados dentro de la vivienda y dos mujeres —una cuñada y una amiga de la familia— que murieron en el exterior. Tras el ataque, el agresor se quitó la vida dentro de la casa.

El perfil del agresor según quienes lo conocían

Windham describió al hombre como alguien aparentemente tranquilo en su vida cotidiana.

“Todos los días sonreía, era normal, uno jamás pensaría que algo así podría ocurrir”, dijo a la agencia, y añadió que esa conducta “era una fachada de su parte”.

El testimonio contrasta con la brutalidad del ataque. El jefe de Policía de Erie, Rick Lorah, confirmó en una conferencia de prensa del sábado que siete de las ocho víctimas y el propio agresor eran parte del mismo núcleo familiar.

Quiénes eran las víctimas y dónde fueron halladas

Dentro de la vivienda, los agentes hallaron a la niña y al niño de 5 años muertos en el primer piso.

En la escalera del segundo piso encontraron otros cuatro cuerpos: una mujer de 24 años, una de 44, un joven de 19 y otro de 21. El atacante estaba también en ese piso, con una herida de bala autoinfligida.

Dos mujeres de 37 y 51 años fueron halladas muertas en el exterior. Ambas llegaron al lugar después de que el tiroteo comenzara adentro. “Sabían que algo estaba pasando en esa casa”, afirmó Lorah en declaraciones recogidas por NBC News.

Cómo se desarrolló el ataque y la respuesta policial

La cámara del timbre inteligente (Ring doorbell) de un vecino capturó la llegada de esas dos mujeres. En las imágenes se las ve llegar visiblemente angustiadas: pedían ayuda y golpeaban la puerta.

El audio del mismo dispositivo registró disparos desde el interior antes de que el agresor saliera al exterior.

“Creemos que el atacante sale y las llama. Ellas corren hacia él y entonces les dispara”, explicó el jefe policial. El agresor volvió a entrar y no se registraron más disparos, momento en que la Policía recibió la alerta del sistema ShotSpotter cerca de las 5 de la tarde y estableció un perímetro.

Un equipo SWAT ingresó al inmueble —tras obtener una orden judicial— con un dron y un robot, y encontró a todas las personas dentro ya sin vida.

El estado de la investigación y las reacciones

El arma utilizada fue una pistola calibre .40, registrada a nombre del sospechoso y encontrada sobre su cuerpo. Lorah confirmó que toda la violencia ocurrió antes de la llegada de los agentes.

ABC News recogió las palabras de Lorah: “La pérdida de vidas es devastadora y las circunstancias que estamos analizando son profundamente perturbadoras”.

Sobre el móvil, el jefe policial fue cauteloso: “Es demasiado pronto para hablar de eso”, aunque señaló que la salud mental “puede haber sido un factor”.

Los investigadores prevén además examinar los teléfonos celulares de las dos mujeres halladas afuera.

Amigas de la familia también hablaron con CNN. Nicole Eller, que conoce a la familia hace más de 30 años, dijo que el agresor “era una buena persona y luego empezó a deteriorarse”.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, confirmó que habló con la alcaldesa de Erie, Daria Devlin, y ofreció el apoyo completo de su administración. “Nueve de nuestros conciudadanos pensilvanios murieron en Erie”, escribió el gobernador en su cuenta de X el sábado.

La noche del sábado, vecinos y residentes se congregaron frente a la casa para improvisar un memorial.

Erie se ubica a unos 206 kilómetros (128 millas) al norte de Pittsburgh. Las autoridades no dieron una fecha para concluir la investigación.

En marzo de 2026, un jurado de Utah declaró culpable a Kouri Richins de envenenar con fentanilo a su esposo, Eric Richins, y la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El caso, seguido con atención en todo el país, parecía cerrado. Ahora, la aparición de una carta anónima y las imputaciones penales contra dos jefes policiales volvieron a abrirlo.

Jared Rigby, actual sheriff del condado de Wasatch, enfrenta dos cargos: obstrucción de la Justicia en un procedimiento penal —delito grave de segundo grado— y declaración escrita falsa. David Edmunds, exsheriff del condado de Summit, fue acusado de obstrucción de la Justicia en una investigación criminal, un delito grave de tercer grado.

Las imputaciones fueron presentadas el 24 de septiembre y permanecieron bajo reserva casi dos semanas; el 7 de octubre se desclasificaron con amplias tachaduras. Ambos se declararon no culpables el 1 de octubre, según informó la filial de ABC News en Salt Lake City, KTVX.

El origen de los cargos

El hilo conductor de ambas acusaciones es una carta anónima enviada el 10 de enero de 2026. Los documentos judiciales desclasificados, citados por ABC News, señalan que Rigby habría presentado un ítem falso “con intención de obstaculizar” la causa.

La acusación contra Edmunds, a su vez, lo vincula con una declaración falsa destinada a “entorpecer la identificación del autor de esa carta”.

Los escritos judiciales obtenidos por ABC4 indican que la nota estaba relacionada con supuestas irregularidades atribuidas al detective Eric Mainord, quien figuraba en la lista de testigos del juicio pero nunca llegó a declarar. La fiscalía optó por proyectar videos de sus entrevistas con otro testigo, lo que impidió que la defensa lo interrogara en forma directa.

La defensa de Richins argumentó que el expediente judicial indica que Edmunds “completó un documento junto a Rigby en nombre de un tercero”, cuya identidad no fue revelada públicamente. Ese individuo no recibió cargos.

El trasfondo político de las acusaciones

Los documentos judiciales agregan una dimensión política al asunto. Mainord era candidato a sheriff del condado de Wasatch en el momento en que circularon las acusaciones en su contra.

Sus abogados sostuvieron ante los tribunales, según consta en escritos reproducidos por ABC4, que “varios individuos del condado de Summit consideran que las acusaciones contra Mainord son falsas y forman parte de una campaña de desprestigio” ligada a esa contienda electoral. Mainord se retiró de la carrera más tarde.

Un testimonio recogido en una orden de allanamiento para acceder a los registros telefónicos de Rigby, y citado por el mismo medio, señala que “la impresión clara del testigo fue que Rigby insinuaba que, salvo que Mainord abandonara su candidatura, esa información se haría pública e impactaría directa o indirectamente en el juicio contra Kouri Richins”.

Rigby permanece en funciones hasta enero de 2027, a pesar de los cargos en su contra. Edmunds, en tanto, dejó la jefatura del condado de Summit en 2014.

La situación judicial de Richins

La suerte procesal de la propia Richins también se mantiene en suspenso. En junio presentó una apelación que solicitaba un nuevo juicio, con base en presuntas irregularidades durante el proceso.

En septiembre, su equipo pidió una suspensión de los plazos de la Corte de Apelaciones para analizar en profundidad las acusaciones contra los funcionarios policiales.

El tribunal la rechazó. Afirmó, según consta en la resolución transcripta por ABC4, que “la solicitud de la acusada de suspender los alegatos y la consideración de su moción de nuevo juicio queda denegada”.

El equipo de Richins había argumentado previamente que la fiscalía no divulgó a la contraparte información sobre las irregularidades vinculadas a Mainord, tal como exige la ley.

“Este material era de conocimiento público cuando el detective Mainord testificó en la audiencia de supresión de pruebas y cuando fue incorporado a la lista de testigos del Estado”, consta en las presentaciones de la defensa reproducidas por ABC4.

La decisión sobre si se habilitará un nuevo juicio aún está pendiente. El equipo legal sostiene que las imputaciones contra Rigby y Edmunds podrían ser tenidas en cuenta en ese análisis.

Mientras el expediente penal sigue abierto en múltiples frentes, un jurado civil condenó a Richins a pagar USD 55 millones al patrimonio de Eric por daños en una demanda civil por daños y perjuicios.

Un modelo de inteligencia artificial de Anthropic envió una pista falsa sobre un homicidio no resuelto al sitio público de denuncias de la policía de Filadelfia, según confirmó el propio departamento. La empresa de IA recién detectó el episodio dos meses después de que ocurriera.

La pista llegó el 18 de julio a las 23:27 horas a través de PhillyUnsolvedMurders.com, la plataforma que el departamento usa para recibir información sobre asesinatos sin resolver. El mensaje se presentó como si proviniera de una persona con datos sobre un caso real, aunque el crimen descripto nunca existió.

Según el sargento Eric Gripp, vocero de la policía, el modelo actuaba dentro de una prueba automatizada de Anthropic que consistía en interactuar con sitios web elegidos al azar, sin que un humano supervisara cada paso. Uno de esos sitios fue el formulario de denuncias de homicidios de la ciudad.

No quedó claro a qué caso específico hacía referencia la información falsa, según indicó el diario The Philadelphia Inquirer tras consultar a la policía. El sistema se limitó a simular que tenía datos sobre un asesinato real de la base de casos abiertos del departamento.

Dos meses sin que nadie lo supiera

El sistema de correo del departamento marcó el envío como spam y lo dejó sin procesar. Por eso nunca llegó al Real Time Crime Center, la unidad que filtra y deriva las pistas con valor para una investigación activa.

Anthropic recién identificó el comportamiento el 28 de septiembre, más de dos meses después del envío original. La compañía notificó al departamento el 7 de octubre y al día siguiente se reunió con funcionarios policiales para explicar lo ocurrido.

Gripp precisó que la revisión interna de la policía coincide con la versión de Anthropic sobre cómo el modelo interactuó con el sitio. No hubo acceso no autorizado a sistemas policiales ni se comprometieron datos del departamento, según su relato.

El spam, en este caso, funcionó como una barrera de contención accidental. Ningún detective llegó a evaluar la pista fabricada como si fuera una línea de investigación real.

Según TechCrunch, ni Anthropic ni la policía de Filadelfia respondieron de inmediato a pedidos de comentarios del medio, aunque la empresa sí había dialogado directamente con el departamento antes de que el caso se conociera públicamente.

La respuesta de la policía y de la empresa

Pese a que el filtro de spam evitó cualquier consecuencia operativa, la policía de Filadelfia cuestionó la demora de Anthropic en avisar lo sucedido. “El retraso de dos meses en detectar y reportar el incidente a la ciudad es inaceptable”, señaló Gripp en el comunicado oficial.

“La ciudad de Filadelfia toma este incidente muy en serio”, agregó el vocero, que remarcó que la empresa debe reforzar sus salvaguardas para evitar que episodios similares afecten sistemas municipales sin que las autoridades lo sepan.

Anthropic, por su parte, informó a la policía que dio de baja el proceso de prueba automatizada responsable del envío y que sumó un mecanismo adicional de validación para futuros ensayos.

La compañía también adelantó que publicaría un informe el viernes sobre este episodio y sobre otros casos de comportamiento no previsto detectados en sus modelos.

El Departamento de Policía, la oficina legal de la ciudad y el equipo de innovación tecnológica de la alcaldesa Cherelle Parker continúan con la revisión del caso. Las autoridades adelantaron que evaluarán además posibles protecciones regulatorias junto con socios estatales y federales.

Un patrón que se repite en la industria

El episodio se suma a una serie de fallas que distintas empresas de inteligencia artificial vienen reportando a medida que prueban sus propios modelos con menos supervisión humana directa.

TechCrunch recordó que, meses atrás, un modelo de OpenAI actuó de forma inesperada durante una prueba y terminó accediendo sin autorización a la plataforma Hugging Face, que almacena conjuntos de datos usados para entrenar sistemas de IA.

El propio medio señaló que la masificación de los llamados agentes de IA, asistentes capaces de ejecutar tareas por su cuenta sin que una persona revise cada acción, vuelve más probable que este tipo de errores se repita en otras empresas del sector.

El diario The Philadelphia Inquirer, que también confirmó el episodio con la policía, recordó que Anthropic ya había reconocido este año que modelos de su chatbot Claude se salieron de entornos de prueba aislados.

En varios de esos casos, según el mismo diario, los sistemas llegaron a acceder a infraestructura interna de organizaciones externas. Anthropic notificó esos hechos a las compañías afectadas, sin identificarlas públicamente.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, viene reclamando públicamente que la industria de la inteligencia artificial frene el ritmo de desarrollo hasta contar con mejores controles de seguridad. El caso de Filadelfia se conoció apenas unos días después de esos reclamos.

La policía pidió a los vecinos que sigan enviando información real sobre homicidios sin resolver a través de PhillyUnsolvedMurders.com.

Las autoridades aseguraron que seguirán evaluando con cuidado cada pista creíble en nombre de las víctimas y sus familias, mientras esperan el informe que Anthropic prometió publicar sobre este y otros episodios de comportamiento no previsto de sus modelos.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, sostuvo este jueves 8 de octubre una reunión con el canciller Roberto Velasco en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y arribó a Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza un encuentro con empresarios. Ambos hechos ocurren tres días después de que la mandataria pidió a la cancillería hablar con el diplomático y con el gobernador de Querétaro por la Academia Internacional de Capacitación Policial.

¿Qué informó la SRE sobre la reunión con Johnson?

A través de su cuenta oficial en X, la SRE informó que Velasco se reunió “esta mañana” con Johnson para dar seguimiento a distintos temas de la agenda bilateral.

De acuerdo con la dependencia, conversaron sobre los resultados positivos de la cooperación en seguridad, con base en los principios que guían la relación:

• Respeto a la soberanía e integridad territorial.
• Responsabilidad compartida.
• Confianza mutua.
• Cooperación sin subordinación.

En el texto difundido por la SRE no se menciona de manera expresa la academia de Querétaro. Hasta el momento, la cancillería no ha detallado si ese tema se abordó en la conversación.

Johnson llega a Palacio Nacional

Según medios como MVS Noticias, el embajador ingresó a Palacio Nacional por la calle de Corregidora cerca de las 12:30 horas. En su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que Johnson acudiría porque se realizaría una reunión con integrantes de la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham).

“Viene hoy porque tenemos una reunión con empresarios de Estados Unidos, del American Chamber”, dijo la presidenta en la Mañanera.

El antecedente: la petición de Sheinbaum del lunes

El 5 de octubre, durante la conferencia matutina, Sheinbaum cuestionó que el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, invitara a Johnson a la colocación de la primera piedra de la academia, sin convocar a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Gabinete de Seguridad federal ni a la SRE.

La mandataria señaló que una academia internacional vinculada con delincuencia organizada, que son delitos federales, requiere la intervención del gobierno federal. De acuerdo con El Universal, afirmó: “Pedí el día de hoy que el secretario de Relaciones Exteriores llame al embajador”.

Según Aristegui Noticias, indicó que cualquier capacitación de agencias estadounidenses en México con motivos de seguridad debe pasar por la SRE y por la Ley de Seguridad Nacional.

Sheinbaum también afirmó que el gobierno mantiene buena relación con el gobierno de Querétaro y con el embajador. De acuerdo con SPR Informa, dijo que Johnson ha ayudado a resolver diversos temas con Washington.

¿Qué se sabe de la academia?

La ceremonia de colocación de la primera piedra se realizó el 2 de octubre, según la mayoría de los medios consultados (algunos reportes ubican el acto en otra fecha del fin de semana). El proyecto se construirá en el complejo Rhino, sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro.

De acuerdo con medios como Cultura Colectiva, la academia contempla formación policial en áreas como tráfico de drogas, armas y flujos de dinero ilícito. En el evento, Johnson afirmó que Querétaro fue elegido para albergar una academia única en su tipo en América Latina, según SPR Informa.

Versiones sobre la notificación a la SRE

La SRE confirmó que recibió el 25 de septiembre un oficio del gobierno de Querétaro sobre la visita de Johnson. Según medios como ABC Noticias, la cancillería precisó que el documento no especificaba que se tratara de un mecanismo de cooperación internacional en materia de seguridad.

Por su parte, el gobierno de Querétaro ha sostenido que sí notificó a la SRE sobre la visita del embajador, de acuerdo con El Chamuco.

La Jornada reportó que Sheinbaum señaló que el proyecto no fue notificado al Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG) ni a la SRE, ni tampoco el apoyo que recibiría de agencias estadounidenses. Blanco y Negro informó que Velasco ya conversó con Kuri.

¿Qué sigue?

Hasta el momento no se ha informado oficialmente si la academia será revisada por el GANSEG ni bajo qué esquema podría continuar el proyecto. Tampoco se ha detallado públicamente qué respondió Johnson a la petición de explicaciones, más allá de lo comunicado por la SRE.

La reunión en Palacio Nacional también coincide con conversaciones bilaterales sobre comercio y aranceles, según Énfasis.

La primera semana de octubre dejó al menos siete presuntos delincuentes muertos en intercambios de disparos con la Policía Nacional en distintos puntos de República Dominicana. Los casos ocurrieron durante operativos de búsqueda y captura, que vuelven a poner el foco sobre el uso de la fuerza en acciones contra personas señaladas por delitos.

Las muertes se registraron en Barahona, San Pedro de Macorís, Santo Domingo Este, San Cristóbal, Santiago y San Francisco de Macorís. Según la versión policial, los fallecidos eran buscados por homicidio, asaltos, robos a mano armada y despojo de motocicletas. En la mayoría de los episodios, los agentes sostuvieron que respondieron a disparos.

La información fue recopilada por el periódico Diario Libre, que detalló que el primer caso ocurrió el 1 de octubre en Tamayo, Barahona. Allí murió Adolfo María Bello Heredia, conocido como “Jhonathan”, de 39 años, a quien la Policía vinculaba con un homicidio ocurrido en Hato Mayor en agosto y con varios robos.

De acuerdo con el reporte policial, Bello Heredia sacó un revólver al percatarse de la llegada de los agentes. Resultó herido y fue trasladado a un centro de salud, donde murió. Ese mismo día, en el sector El Brisal de San Pedro de Macorís, falleció Samuel Antonio Brook de los Santos, alias “Bombita”, de 22 años.

La institución lo señaló por una serie de asaltos en los que las víctimas habrían sido despojadas de motocicletas, teléfonos y dinero. La versión oficial indica que intentó salir por la parte trasera de la vivienda donde se ocultaba y abrió fuego. Después fue trasladado al Hospital Regional Docente Doctor Antonio Musa, donde murió.

La lista también incluye a un hombre conocido como “Bobo”, a quien residentes y fuentes de la zona identificaban como presunto responsable de robos y atracos en Aguas Locas, en el kilómetro 15 de la autopista Las Américas. La información disponible no precisa su identidad completa ni las circunstancias del operativo.

Los operativos alcanzaron varias provincias del país

El sábado, en Santo Domingo Este, murió Juan Carlos Ventura García, de 39 años. La Policía indicó que tenía dos órdenes de arresto por robo. Horas más tarde, en Canastica, San Cristóbal, falleció Edgar Yomerbi Pinales, alias “el Jefe”, de 26 años, a quien las autoridades identificaron como supuesto líder de un grupo dedicado al robo armado de motocicletas en la autopista 6 de Noviembre.

También murió Fernando Arturo Tavárez Muñoz, conocido como “Fernandito”, durante un operativo en La Tierra Prometida, en Tamboril, provincia de Santiago. Según la Policía, Tavárez Muñoz disparó contra los agentes. La nota no detalla la fecha del hecho ni los cargos por los que era buscado.

El caso más reciente ocurrió el martes 6 de octubre en San Francisco de Macorís, donde murió Yunior Alfonso Tineo, alias “la Changa”. Su muerte se produjo días después de la difusión de un video en el que, según el reporte, hablaba sobre presuntas actividades delictivas.

Septiembre cerró con 55 muertes en intervenciones policiales

Los siete casos reportados en los primeros días de octubre se producen después de un septiembre con 55 personas muertas en presuntos intercambios de disparos, la cifra mensual más alta del año según datos de la Policía.

Las autoridades han mantenido operativos de búsqueda y captura como parte de sus medidas frente a la violencia y los delitos vinculados con armas de fuego, asaltos y robos de vehículos. La información difundida hasta ahora sobre los casos de octubre se basa en los informes preliminares de la Policía Nacional.

El 12 de enero de 1995, Tadaryl Shipp y su novia Christa Pike torturaron y asesinaron a Colleen Slemmer, de 19 años, en un sector aislado cerca del campus agrícola de la Universidad de Tennessee, en Knoxville.

Treinta años después, Pike sobrevivió a un intento de ejecución fallido. Shipp, en cambio, podría quedar libre en 2031.

Mientras Pike permanece hospitalizada tras la inyección letal que no logró matarla el pasado 30 de septiembre, la atención vuelve sobre su exnovio y cómplice: un hombre de 49 años que lleva tres décadas transformando su vida dentro del penal y tiene una nueva oportunidad de quedar libre en menos de cinco años.

El crimen que los unió y las condenas que los separaron

El entonces jefe de la Policía de Knoxville, Phil Keith, describió la escena ante Fox News Digital como “una de las peores que presenció en casi 34 años de carrera”.

Shipp, afirmó Keith, no mostró ningún remordimiento tras su detención y se quedó dormido durante el interrogatorio.

La fiscalía acusó a Shipp de haber sujetado a Slemmer cuando intentó escapar de sus atacantes. También le atribuyeron haber grabado pentagramas en el pecho y el rostro de la víctima.

El crimen presentó lo que los investigadores calificaron como “elementos satánicos”: en el dormitorio de Shipp se encontró parafernalia relacionada con el satanismo, y tanto él como Pike llevaban colgantes con pentagramas al momento de sus arrestos.

Dado que tenía 17 años al cometerse el delito, Shipp no fue elegible para la pena de muerte. En Estados Unidos, la Corte Suprema estableció en el fallo Roper v. Simmons de 2005 que ejecutar a quien cometió un crimen siendo menor de 18 años es inconstitucional.

Pike, en cambio, tenía 18 años al momento del asesinato —apenas unos meses más que Shipp— y esa diferencia la hacía legalmente elegible para la pena capital. Fue condenada a muerte y se convirtió en la condenada más joven del corredor de la muerte del país.

Shipp fue sentenciado a cadena perpetua por asesinato en primer grado y a 25 años adicionales por conspiración para cometer ese delito.

Cumple su condena en el Complejo Correccional del Noroeste de Tennessee, ubicado en Tiptonville, a tres horas al oeste de Nashville.

Tres décadas adentro: cómo cambió la vida de Shipp en prisión

Registros del sistema penitenciario de Tennessee muestran que Shipp adoptó el alias Abdul Khalip dentro de la prisión. En 2016, fue el demandante en un juicio federal en el que reclamaba acceso a comida halal y aceites para la oración islámica. La demanda no prosperó.

Dentro del penal, Shipp completó estudios universitarios y obtuvo un título en administración digital.

En una entrevista con el podcast Unforbidden Truth, contó que trabaja como tutor de otros reclusos para acercarlos a la educación. También compone música, actividad que describió como lo que lo mantiene “mentalmente libre”. Si recupera la libertad, tiene previsto abrir un negocio de comida.

Su fotografía más reciente, tomada en junio de 2024, lo muestra con anteojos y barba entrecana. Hoy tiene 49 años.

La libertad condicional, negada por ahora pero posible en 2031

Shipp se hizo elegible para la libertad condicional el 16 de octubre de 2025. El Consejo de Libertad Condicional de Tennessee rechazó su solicitud cuatro días más tarde, según informó Fox News Digital, citando la gravedad del crimen de 1995. La próxima instancia tiene fecha para octubre de 2031.

La tercera persona involucrada en el crimen, Shadolla Peterson, actuó como vigilante durante el ataque.

A cambio de su colaboración con la fiscalía, recibió una condena de seis años de libertad condicional.

Pike, por su parte, fue condenada a muerte por su papel en el homicidio: la fiscalía probó que cortó a Slemmer en decenas de oportunidades y le aplastó el cráneo con un trozo de asfalto.

Guardó un fragmento del hueso como trofeo y lo mostró a otro compañero de clase antes de su arresto.

El 30 de septiembre de 2026, Pike fue sometida a una ejecución mediante inyección letal en el Instituto de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville.

Dos dosis de pentobarbital no produjeron el efecto esperado y fue trasladada a un centro médico fuera de la prisión. Sus abogados informaron que quedó intubada, inconsciente y con respirador, y que ambos brazos presentaban hinchazón, quemaduras y ampollas.

Tras el episodio, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una revisión externa e independiente del procedimiento y suspendió la única ejecución que el estado tenía prevista para el resto de 2026. La investigación quedó a cargo del exfiscal federal Ed Stanton.

Uno de los detenidos es Juan Alejandro Galeano, alias “Colocho”, un ciudadano colombiano de 37 años que, según la PNP, cuenta con una orden de la Interpol. El otro intervenido fue identificado como Damián Joaquín Martín, de nacionalidad francesa, alias “Franchua”. De acuerdo con la Policía, Galeano también estaría vinculado con una organización señalada como terrorista en su país.

Pretendían vender extasis durante concierto de BTS

La intervención se realizó en un inmueble ubicado en la cuadra 3 de la calle Francisco Moreyra y Riglos, cerca del estadio San Marcos, donde se realizan los conciertos de BTS en Lima. Según las investigaciones preliminares, ambos detenidos habrían planeado comercializar el éxtasis entre los asistentes a los espectáculos, por lo que la cercanía del inmueble con el recinto es uno de los elementos considerados por la Policía en sus pesquisas.

“Por lo que se presume, esta es una droga sintética que es mayormente consumida por gente joven, gente adolescente, y por la cercanía que tiene el sujeto haber alquilado acá es que la distribución estaría netamente dirigida hacia ese evento o a ese espectáculo, a los consumidores o a los visitantes”, sostuvo Cano, de acuerdo con Latina Noticias.

Los detenidos son investigados por la presunta fabricación y comercialización de éxtasis y por integrar la dupla denominada “Los Reclutas del Crimen 2”. Durante el operativo, la PNP halló en el departamento una caja con una prensa manual y diferentes cuñas que, según los peritos, serían utilizadas para dar forma a las pastillas de éxtasis.

Orden de captura y presuntos vínculos terroristas

Sobre Galeano pesaba una orden de captura internacional por extorsión y, de acuerdo con la Policía, también era investigado en Colombia por otros graves delitos.

“El ciudadano de nacionalidad colombiana estaría siendo uno de los más buscados en su país por el delito de homicidio, tenencia ilegal de arma de fuego, evadirse de un establecimiento penitenciario”, señaló el coronel Cano para los medios de prensa.

La PNP también mencionó un presunto vínculo de Galeano con “La Cordillera”, organización que, según las autoridades, es señalada como terrorista en Colombia. “Además estar involucrado o ser parte de la organización terrorista La Cordillera”, agregó.

Incautan fúsil vinculado a otro caso

Durante el operativo, los agentes incautaron un fusil artesanal y municiones. Según las investigaciones preliminares, el arma habría sido utilizada en el robo de un lingote de oro ocurrido en la Costa Verde el pasado 22 de marzo.

El fusil será sometido a peritajes para determinar su procedencia y confirmar si existe alguna vinculación con ese hecho u otros delitos. Los análisis también permitirán establecer si el armamento incautado está relacionado con las actividades que se atribuyen a los intervenidos.

Juan Alejandro Galeano y Damián Joaquín Martín, fueron trasladados a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). Allí continuarán las diligencias para establecer sus responsabilidades y determinar la posible relación de los elementos incautados con otros hechos delictivos.

Desde entonces, no hay sospechosos identificados públicamente, las recompensas no fueron reclamadas y su paradero sigue siendo un misterio. El caso es uno de los más seguidos del país.

La única detención visible en toda la investigación fue la de Luke Daley, de 37 años, a quien agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Pima interceptaron el 13 de febrero durante un control de tránsito en el estacionamiento de un Culver’s.

Al mismo tiempo, allanaron el hogar de su madre, ubicado a unos tres kilómetros (aproximadamente dos millas) del domicilio de Guthrie.

Pocas horas después del procedimiento, Daley quedó en libertad. Su abogado, Chris Scileppi, fue categórico al respecto.

“Mi cliente no tiene ningún vínculo con Nancy Guthrie y no posee información relacionada con su secuestro”, declaró Scileppi en un comunicado recogido por Fox News. “Al igual que toda la comunidad de Tucson, tanto él como su madre esperan que Nancy regrese sana y salva con su familia”, añadió.

Detenido de nuevo, pero por otra causa

El arresto del 30 de septiembre de 2026 responde a causas completamente distintas, tal como confirmó un portavoz del Departamento del Sheriff del Condado de Pima a Fox News.

“Luke Daley fue ingresado al Centro de Detención para Adultos del Condado de Pima el 30 de septiembre de 2026. Este arresto no guarda relación con el caso de Nancy Guthrie”, sostuvo el funcionario.

Daley arrastra una extensa hoja de antecedentes penales y condenas previas. Registros judiciales obtenidos por Arizona Unsolved revelan que enfrenta dos acusaciones de delito grave: tenencia ilegal de armas y posesión de un narcótico.

El procedimiento del 30 de septiembre se inició durante una verificación de su libertad condicional, en la que agentes hallaron dos armas de fuego —una de ellas con un cargador colocado— y una bolsa con aproximadamente 0,7 gramos de una sustancia que dio positivo para crack. Se trata de acusaciones formales, no de una condena.

Esos cargos se suman a un expediente previo por drogas y armas en el que ya cumplía libertad condicional, cuya revocación los fiscales ya habían solicitado.

Una investigación sin sospechosos y con millones en recompensas sin reclamar

Las cámaras Nest instaladas en la puerta del domicilio de Guthrie captaron a un hombre enmascarado en las inmediaciones alrededor del momento del secuestro. Esa persona sigue sin ser identificada.

El FBI difundió dos imágenes obtenidas de ese sistema de cámaras, aunque aclaró que no es posible determinar si ambas corresponden al mismo individuo.

El sospechoso fue descrito como un hombre de entre 1,75 y 1,78 metros de estatura (entre 5 pies 9 y 5 pies 10 pulgadas), de contextura mediana, que llevaba una mochila negra de la marca Ozark Trail.

La familia de Guthrie recibió dos mensajes enviados a través de formularios de denuncia digital de distintos medios de comunicación: uno con una exigencia de rescate y otro en el que los supuestos captores afirmaban que había fallecido de manera inesperada.

Las autoridades no confirmaron la autenticidad de ninguno de los dos ni pudieron identificar a sus remitentes, tal como informó Fox News.

La recompensa acumulada por información que conduzca a su paradero asciende a más de USD 1.200.000, monto que permanece sin reclamar.

Quienes cuenten con datos útiles pueden comunicarse al 1-800-CALL-FBI o al servicio de denuncias anónimas de Tucson, Crime Stoppers, al 520-88-CRIME.

¿Qué dijo Kuri en el acto?

En el video, el gobernador afirmó que hay “mucho que aprender de Israel”. Dijo que le llama la atención que un Estado joven, que luchó por su tierra, tenga tanto sin haber partido de nada, y que Querétaro puede aprender en agua, innovación y desarrollo tecnológico. También sostuvo que México no necesita un millón de empleos al año, sino un millón de empresarios.

El entonces alcalde Luis Nava Guerrero habló de un privilegio y un honor, y de la amistad entre ambos pueblos. El acto se enmarcó en el 75 aniversario de la fundación del Estado de Israel y los 70 años de relaciones diplomáticas con México, con el entonces embajador israelí, Zvi Tal.

Israel y Querétaro firmaron un Memorándum de Entendimiento

El acercamiento venía de antes. En octubre de 2022, el gobierno de Querétaro y la Embajada de Israel en México firmaron un memorándum para reforzar la cooperación, según un comunicado de la Embajada difundido por el Centro Deportivo Israelita. Lo firmaron Kuri y Tal, con secretarios estatales de Desarrollo Sustentable y Educación, y el titular de la Comisión Estatal de Agua.

El documento contempla proyectos en:

• Economía y agricultura
• Educación y cultura
• Agua, movilidad y planificación urbana
• Seguridad y tecnologías de la información

La cooperación incluye simposios, conferencias, intercambio de prácticas, promoción comercial y visitas empresariales.

¿Qué se cuestiona en redes

Los mensajes en redes apuntan a tres cuestiones:

• Presunta injerencia de Israel en asuntos internos de México.
• Los acuerdos que otros gobiernos estatales han firmado con instituciones israelíes.
• El nombre de la vialidad, que algunos usuarios vinculan con el contexto internacional y otros consideran una simple denominación.

La senadora Lilly Téllez (PAN) también apareció en la conversación digital. El 9 de septiembre presentó en el Senado un punto de acuerdo para exhortar a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, a garantizar la protección, el respeto y la integridad de la comunidad judía en México, así como a prevenir discursos de odio, actos de “discriminación” y “antisemitismo”. Tras la publicación de la propuesta en X, algunos usuarios la cuestionaron y relacionaron el planteamiento con su postura a favor de Israel. Por su parte, otros usuarios ironizaron sobre el hecho de que la propuesta se centrara en la protección de ese grupo.

Los gobiernos estatales con acuerdos vigentes

• Chihuahua: el 23 de febrero de 2023, la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) firmó un plan de cooperación con Mashav, la agencia de cooperación del Ministerio de Exteriores de Israel, con vigencia hasta 2027. La JCAS sostiene que se limita al intercambio de tecnología y conocimientos. Activistas de Salvemos los Cerros afirman que el convenio no fue notificado a la SRE. Citan un oficio de transparencia de esa dependencia que no localizó instrumentos con Israel y Chihuahua. Convocaron a una marcha nacional el 1 de agosto, con movilizaciones en al menos 14 estados.
• Baja California: en marzo de 2022, el Gobierno estatal informó que recibió a representantes de la Embajada de Israel en México. Se abordó el interés de que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el embajador Zvi Tal se reunieran para firmar una carta de intención como marco de colaboración en economía, agricultura e innovación.

• Guanajuato: un boletín del Gobierno estatal señala que diplomáticos israelíes se reunieron con funcionarios de la administración de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y expresaron su interés en firmar una carta de intención en temas como innovación, agua, agricultura y seguridad pública.

• Conagua: en noviembre de 2013, la dependencia federal firmó acuerdos con Israel para el intercambio de tecnología en gestión del agua, remediación de acuíferos y riego.

El contexto que rodea a Israel

El nombramiento fue tres meses antes del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Murieron unas 1.200 personas y 251 fueron secuestradas. Hoy se cumplen tres años. La ofensiva israelí en Gaza deja más de 72 mil muertos. El alto el fuego está oficialmente en vigor desde hace casi un año, con nuevos ataques reportados.

El 21 de noviembre de 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el entonces ministro Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos el hambre como método de guerra. La Corte rechazó en 2025 la apelación de Israel.

México presentó en mayo de 2024 una declaración de intervención en el caso de Sudáfrica contra Israel ante la CIJ. En septiembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que “pare este genocidio en Gaza” y reiteró el reconocimiento de dos Estados.

La polémica de la academia policial

El 2 de octubre, Kuri y Johnson colocaron la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial. Sheinbaum cuestionó que no se invitara a la Defensa, la SRE ni al Gabinete de Seguridad. La SRE confirmó que Querétaro no solicitó el aval del Grupo de Alto Nivel de Seguridad. Querétaro difundió un oficio que, según reportes, anticipaba la visita sin detallar los eventos.

En abril pasado, en el parque para perros de Centerville Mills, en Bainbridge Township, Ohio, se materializó de la forma más literal posible: dos desconocidos sacaron sus armas y se dispararon mutuamente en el estacionamiento después de discutir sobre Donald Trump.

Uno se fue en su auto con agujeros en la puerta del conductor. El otro terminó con una bala en la columna.

Emmanuel Mathews, de 80 años y retirado de la industria de distribución de carne, estaba en el parque con su corgi Frankie y un ejemplar de The Wall Street Journal con un titular sobre la guerra con Irán.

David Mattai, mecánico de montacargas de 55 años, había llegado esa tarde con Bob, su cavalier king charles spaniel.

Ninguno de los dos fue a buscar problemas. Sin embargo, ambos se fueron con consecuencias que cambiarán el resto de sus vidas, tal y como reconstruyó The New York Times a partir de entrevistas, registros policiales y grabaciones de cámaras corporales.

Cómo empezó todo

El único testigo presencial fue Jamie Jedlinsky, de 70 años, quien al llegar al parque con su perra Willow hizo un comentario sobre ese titular ante Mathews. El anciano discrepó y expresó su apoyo al presidente. Mattai, que escuchaba desde una mesa cercana, intervino.

“Trump es el peor presidente de la historia”, le dijo Mattai a Mathews. Mathews respondió que era el mejor.

Lo que siguió fue una escalada de gritos que Jedlinsky describió al diario como “dos hombres furiosos consigo mismos, furiosos con el mundo, que encontraron al adversario perfecto”.

Ante la insistencia de Jedlinsky, Mattai dejó de discutir y llevó a su perro al auto. Comenzó a salir del estacionamiento, pero Bob no quería irse. Mattai dio la vuelta y regresó al parque.

Lo que pasó en el estacionamiento

Una vez dentro, le exigió a Mathews que fuera él quien se retirara. El anciano avanzó hacia su Cadillac, pero al cruzar el portón se detuvo y le preguntó a Mattai si su madre lo había “dejado caer de la cabeza”

Mattai respondió: lo aferró por el cabello a través de una reja. Jedlinsky los separó y les ordenó a ambos que se fueran.

Mientras los tres llevaban sus perros a los autos, Jedlinsky escuchó a Mattai decir: “¿Vos tenés uno? Yo también tengo”. Segundos después, sonaron disparos.

Mathews sacó una pistola calibre .45 de su Cadillac y disparó primero. Al intentar un segundo disparo, el arma falló. Mattai respondió con su pistola de 9 milímetros y efectuó al menos cuatro disparos, que perforaron la puerta y el asiento del conductor cuando el anciano huía. Las balas lo rozaron por centímetros.

Uno de los disparos entró por la zona lumbar de Mattai y salió por el abdomen. Cuando llegó el primer oficial de policía, encontró a Mattai tendido sobre el asfalto. Su perro esperaba en el asiento delantero del Hyundai, ileso.

La versión de Mathews ante la policía

Mathews no llegó a la comisaría por sus propios medios. A pocos minutos de la escena, interceptó a un patrullero que ya acudía al llamado y le dijo: “¿Vas al tiroteo? Fui parte de él”. Esto quedó registrado en la cámara corporal del oficial.

En el asiento trasero del patrullero, con lágrimas y un pequeño corte en la mejilla, Mathews le explicó su versión. “Dije ‘siento que mi vida está en peligro’. Lo dije porque sé que eso es lo que hay que decir”, declaró, tal y como consta en el video. Afirmó que Mattai había rodeado el vehículo con una pistola en la mano antes de que él abriera fuego.

También sostuvo que Mattai lo había golpeado con la cabeza antes del tiroteo, algo que Mattai negó. “Si lo hubiera golpeado con la cabeza, no se habría ido manejando”, afirmó Mattai en declaraciones al diario.

Durante la estadía en comisaría, Mathews preguntó cuatro veces por el estado de su perro Frankie. No preguntó por el hombre al que había baleado.

El estado de Mattai y lo que confesó después

En el hospital, los médicos advirtieron a la esposa de Mattai, Sally, que la cirugía de emergencia podía no ser suficiente.

Mattai sobrevivió, pero la bala le destrozó los intestinos y le fracturó la columna. Necesitó una segunda intervención al día siguiente y meses de rehabilitación.

Mattai reconoció haber consumido alcohol ese día. También admitió haber exagerado durante años la duración de su servicio en los Marines: les dijo a varios interlocutores que había servido una década, pero el cuerpo confirmó que fue menos de un año. “Es como la fachada que construí para el mundo”, confesó.

Dos semanas después del tiroteo, Mattai fue dado de alta. Al llegar a su casa, tiró todas sus calcomanías políticas a la basura. También volcó su vodka por el desagüe.

Los cargos penales y el estado judicial del caso

Mathews fue imputado por agresión dolosa, un delito de segundo grado en Ohio que puede implicar entre tres y ocho años de cárcel.

Quedó en libertad tras pagar una fianza de USD 50.000 y porta un monitor GPS en el tobillo. Su juicio está previsto para febrero de 2027.

Su abogado, Ian Friedman, anticipó que la defensa alegará legítima defensa bajo la ley de stand your ground aprobada por la legislatura republicana de Ohio en 2020, que exime del deber de intentar huir antes de usar fuerza letal ante una amenaza grave.

“Este caso nunca tuvo que ver con la política ni con ninguna otra motivación”, aseguró Friedman al diario, “salvo que Mathews se enfrentó a una situación de vida o muerte y actuó para salvar su vida”.

El fiscal local se excusó del caso porque su madre convive con Mathews, y derivó la causa a la Fiscalía General de Ohio. Esa oficina, a su vez, no recibió solicitud de evaluar cargos contra Mattai.

Cuatro meses después del tiroteo, sin embargo, un fiscal de otro condado imputó a Mattai por agresión leve y conducta desordenada, con base en esa misma denuncia.

Mattai enfrenta hasta seis meses de prisión y dijo estar dispuesto a declararse culpable o a no disputar los cargos si eso le permite evitar la cárcel.

Camina con dificultad desde entonces y no pudo retomar su trabajo como mecánico de montacargas. Jedlinsky, por su parte, se mantuvo alejado del parque durante un largo tiempo y afirmó que no recuerda haber visto el cabezazo ni planea tomar partido en el proceso judicial.

“Este país está muy dividido”, dijo Jedlinsky a The New York Times. “Hay que elegir un bando y odiar al otro”. Al final, llegó a una conclusión: después de todo lo ocurrido, ninguno de los dos hombres cambió de opinión.

Un disparo en el abdomen dejó herido al exdiputado colonense Pedro Torres, de 37 años, tras un ataque armado registrado pasadas las 4 de la tarde del lunes en la Junta Comunal de Salamanca, en la provincia de Colón, donde su esposa se desempeña como representante.

Las autoridades informaron que Torres viajaba a bordo de su vehículo cuando fue interceptado por los agresores. El automóvil quedó con al menos ocho impactos de bala.

Trasladado de urgencia a la Policlínica de San Juan, el exdiputado permanece fuera de peligro bajo evaluación médica.

Fuentes policiales señalaron que el ataque tuvo como blanco directo al exdiputado y que ya identificaron a un sospechoso, mientras el Ministerio Público y la Policía Nacional continúan con las pesquisas.

En otro hecho de violencia en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, un ataque a tiros la noche del lunes frente a un local comercial de Altos de las Praderas acabó con la vida de Francisco Peñalba Vega, supervisor de la Agencia Chorrerana de Seguridad, S.A. (ACHOSSA).

Peñalba Vega falleció poco después de ingresar al cuarto de urgencias del Hospital Nicolás A. Solano. Su compañero, Marvin Palacio, resultó herido y fue derivado primero a ese centro asistencial y luego al Hospital Santo Tomás, en la ciudad capital.

De acuerdo con las primeras pesquisas reseñadas por los medios de comunicación, los atacantes se movilizaban en motocicleta e intentaban despojar de sus armas a los agentes, que se encontraban dentro de un vehículo de la empresa. Uno de los presuntos asaltantes recibió un disparo y también fue llevado al Hospital Nicolás A. Solano.

La violencia también llegó al corregimiento de Don Bosco, donde Joel Alexander Agrazal Brown, de 29 años, murió a tiros mientras estaba sentado afuera de su vivienda, en la calle 15 de Bello Horizonte.

Según las primeras versiones, una camioneta blanca pasó por la vía y sus ocupantes dispararon contra él; dos balazos impactaron en su tórax. Trasladado a la policlínica J.J. Vallarino, en Juan Díaz, los médicos de turno confirmaron su muerte.

Unidades de la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Fiscalía de Homicidios y Femicidios llegaron al lugar para recabar indicios sobre el móvil del crimen y la identidad de los responsables.

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales, hasta el 30 de septiembre se contabilizaban tres homicidios por arma de fuego en ese corregimiento, entre ellos el ocurrido el 7 de marzo, cuando un hombre murió baleado y otro resultó herido durante una persecución en la Calle Octava, en Teremar.

Mientras, en la comunidad de Santa Lucía, distrito de Remedios, provincia de Chiriquí, un ataque con arma blanca acabó con la vida de Einar Jované, taxista de 31 años,

Según el diario Crítica, el cuerpo del taxista presentaba al menos siete puñaladas en el cuello, la cara y el lado derecho del tórax.

Las autoridades recibieron el aviso tras un llamado de emergencia que alertaba sobre una persona apuñalada junto a un taxi, aparentemente sin vida.

Vecinos del sector no escucharon nada hasta notar que el vehículo permanecía estacionado en sentido contrario, con las luces encendidas, momento en que se acercaron para verificar lo ocurrido.

En otro caso, un policía resultó herido tras dispararse accidentalmente, mientras realizaba sus labores en la provincia de Colón.Principio del formulario

Critica indica que el disparo le alcanzó al uniformado en uno de sus pies fracturándole dos dedos, lo que obligó a que fuera trasladado a un hospital privado de Colón.

Agrega el diario que hasta el momento, no se ha informado oficialmente cómo se produjo el disparo, pero preliminarmente se habla que se encontraba atendiendo una situación en el Valle de San Judas cuando se accionó su arma.

El hecho ocurrió en la zona de Las Praderas del Sol, cuando agentes de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte detectaron a los sujetos junto al vehículo. Algunos ingresaron al inmueble durante la intervención y, de acuerdo con la versión policial, un perro fue utilizado para impedir el ingreso de los efectivos. Uno de los agentes terminó con lesiones compatibles con mordeduras en el brazo y la pierna.

Durante el registro del predio, que también funcionaba como taller mecánico para vehículos menores, los policías encontraron sustancias ilícitas, un revólver reportado como robado y una granada antidisturbios de uso policial. Los cuatro intervenidos permanecen detenidos mientras continúan las diligencias para determinar las responsabilidades correspondientes.

Actitud sospechosa desencadena intervención policial que terminó con cuatro detenidos

El operativo estuvo a cargo de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte y se desarrolló en un sector de San Martín de Porres, en el marco del estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana y el Callao. Los agentes detectaron una mototaxi y a varias personas que, de acuerdo con la versión policial, presentaban una actitud sospechosa.

El coronel Juan Claudio Escobar, jefe de la BRECC Lima Norte, explicó a 24 Horas que el personal policial decidió realizar un control de identidad. “Nuestro personal, a la altura de la zona de Las Praderas del Sol por San Martín, logró advertir cerca una mototaxi y unas personas con actitud sospechosa”, señaló.

Según el oficial, la situación cambió cuando los efectivos se acercaron a los intervenidos. “Ante la presencia de la Policía, ellos pusieron resistencia y uno que otro, otra persona, se metieron a su domicilio”, declaró Escobar al programa de Panamericana Televisión.

Los agentes ingresaron al inmueble para continuar con la intervención. El predio también era utilizado como taller mecánico para vehículos menores, espacio donde posteriormente se realizó el registro y se encontraron diversos objetos que quedaron bajo investigación.

Un perro habría atacado a un policía durante la intervención en SMP

Durante la intervención, los agentes también enfrentaron la presencia de un can que, según la Policía, fue utilizado para impedir el ingreso al inmueble. En medio de esta situación, uno de los efectivos sufrió lesiones y luego pasó por una evaluación médico legal.

El documento médico determinó la existencia de lesiones traumáticas recientes compatibles con mordeduras en el brazo y la pierna del policía. Este resultado fue presentado como parte de las diligencias realizadas después del operativo.

La Policía señaló que los cuatro intervenidos habrían opuesto resistencia durante la diligencia y que el animal terminó involucrado en la agresión al agente. El caso quedó bajo investigación para establecer las responsabilidades correspondientes.

La intervención se produjo mientras rige el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, medida que permite a la Policía ejecutar operativos contra la criminalidad con disposiciones especiales para la intervención en determinadas zonas.

Hallan una granada antidisturbios y un arma reportada como robada

Durante el registro del inmueble, los efectivos encontraron sustancias ilícitas, además de un revólver que, según la información policial difundida por 24 Horas, figuraba como robado. La transcripción del informe televisivo señala que se trataba de un arma calibre 38.

Otro de los hallazgos que llamó la atención de los agentes fue una granada antidisturbios. El artefacto fue ubicado dentro del taller mecánico y, de acuerdo con el coronel Juan Claudio Escobar, corresponde a material utilizado por la Policía para controlar manifestaciones.

“Esa granada es de uso policial, es para control de multitudes, para manifestaciones amplias”, explicó el jefe de la BRECC Lima Norte a 24 Horas. La procedencia del artefacto y las circunstancias en las que llegó al inmueble forman parte de las diligencias.

Los cuatro detenidos mantienen un vínculo familiar y, según la Policía, cuentan con antecedentes por delitos contra el patrimonio, seguridad pública y agresión. “Las comisarías de la zona ya tienen conocimiento de ellos”, sostuvo Escobar. Los intervenidos permanecen detenidos en San Martín de Porres mientras continúan las investigaciones.

Los Cayos de Florida viven un repunte del narcotráfico costero que las autoridades federales ya no tratan como un problema menor.

La cocaína llega al archipiélago por mar con una regularidad que sorprende incluso a quienes llevan décadas en la zona, y la cadena de arrestos, condenas y muertes vinculadas a esos hallazgos revela que el fenómeno tiene consecuencias graves para quienes deciden aprovecharlo.

Rick Ramsay, el sheriff del condado de Monroe, confirmó al diario The New York Times que los paquetes aparecen casi todas las semanas. Los fardos suelen estar marcados con números o símbolos que identifican a sus destinatarios: en las últimas semanas surgieron de forma reiterada ladrillos estampados con el número “333”.

El viernes 3 de octubre, alguien que recorría un parque estatal encontró un paquete con la imagen del gato de la serie animada Tom y Jerry.

Un corredor histórico del narcotráfico

El archipiélago ofrece condiciones ideales para el desembarco de estupefacientes: cientos de kilómetros de costa cubiertos de manglares e islotes que sirven de refugio ante las autoridades.

Los métodos del narcotráfico también cambiaron con el tiempo. Si en los años ochenta los contrabandistas utilizaban lanchas rápidas al estilo de Miami Vice que superaban en velocidad a la policía, hoy prefieren veleros o cargueros de apariencia inofensiva, según explicó Ramsay al medio neoyorquino.

La historia tiene raíces profundas. Durante los años setenta, el auge del tráfico de marihuana convirtió a los Cayos en una zona de operaciones para capitanes y tripulantes de embarcaciones comerciales.

Para algunos adolescentes de la región, perseguir fardos arrojados al mar se convirtió en algo parecido a un deporte. Décadas después, las apuestas son mucho más altas.

El costo de quedarse con la droga

Uno de los casos más recientes involucra a John Strama, constructor y mecánico de embarcaciones de los Cayos, condenado a 10 años de prisión por liderar una red dedicada a distribuir cocaína encontrada en el mar.

Los fiscales federales aseguraron que Strama, de 44 años, utilizaba su conocimiento de las mareas, las corrientes y los canales locales para localizar los ladrillos que caían al agua desde otras embarcaciones o que los traficantes arrojaban para evitar ser atrapados.

Sam Rabin, uno de sus abogados defensores, detalló en un escrito de sentencia el entorno familiar de su cliente: “Su padre lo enviaba solo al mar a buscar fardos flotantes de marihuana”, escribió Rabin. El juez no consideró ese antecedente como atenuante.

El caso más reciente

Bradford Picariello, propietario de Outlaw Fishing Charters en Maratón, Florida, se declaró inocente ante un tribunal federal.

La acusación sostiene que vendió cocaína a un investigador encubierto. Picariello, de 66 años, enfrenta entre 10 años y cadena perpetua si es declarado culpable.

Una fuente confidencial alertó a las autoridades de que Picariello tenía en su poder más de 20 kilogramos de cocaína, según consta en el reporte policial.

La fuente intermedió en una operación encubierta, y Picariello le indicó que “llevara una hielera para aparentar que estaba recibiendo pescado”.

En enero, vendió un kilo a un agente encubierto en una marina por USD 100.000 y fue detenido de inmediato. Luego condujo a los agentes hasta casi 20 kilos más almacenados en un contenedor.

Joseph Rosenbaum, abogado defensor de Picariello, afirmó que su cliente contestará los cargos.

“Todos los viejos pescadores con quienes hablo me dicen que tiene una reputación intachable. Están todos en shock”, declaró a The New York Times. Picariello permanece detenido en Miami.

Entre el folclore y la tragedia

El fenómeno tiene también su historial de víctimas. En 2011, un hombre de los Cayos murió de sobredosis tras consumir cocaína de un ladrillo hallado mientras pescaba con su hermano. Cuatro años más tarde, las autoridades encontraron a una joven pareja asesinada en su casa.

La causa fue una disputa derivada de la venta de cocaína encontrada en el mar por la tripulación de un barco charter. Un marinero cumple actualmente cadena perpetua por esos crímenes.

El apodo square grouper —término local para los fardos de droga que el mar arrastra hasta la costa— hace décadas que forma parte del tejido cultural de los Cayos.

En Cayo Hueso, los residentes participaron en desfiles con carrozas temáticas alusivas. Uno de los locales más populares del archipiélago se llama, precisamente, Square Grouper Bar and Grill.

Cuando la honestidad también tiene su precio

Danielle Nutten, capitana de una embarcación, encontró un ladrillo flotando entre basura después de una jornada de pesca en las aguas cercanas a Big Pine Key, a unos 48 kilómetros (30 millas) al noreste de Cayo Hueso. Ella y sus amigos acababan de capturar 48 langostas cuando hallaron el paquete.

“Una chica estaba aterrorizada de que los narcotraficantes la fueran a matar”, relató Nutten al The New York Times.

La capitana metió el ladrillo —impreso con un sol en llamas, manos en oración y las palabras “Con Dios”— en la consola central de su camioneta y recorrió la zona en busca de las autoridades. Al no encontrar ningún agente, dejó el paquete sobre el capó de una ambulancia de rescate.

Nutten reconoció que llevar la droga en su vehículo podría haberle costado caro de haber sido detenida.

Esa noche, ella y sus amigos conmemoraron el hallazgo con una cena en un restaurante de las islas vecinas. El local era Square Grouper Bar and Grill.

Michael Devlin pasa sus días bajo custodia protegida en una cárcel de Misuri, donde cumple más de 4.000 años de prisión por una serie de delitos que incluyen secuestro, abuso sexual y privación ilegal de la libertad. Ese número resume el desenlace judicial de un caso que comenzó en octubre de 2002, cuando un chico de 11 años llamado Shawn Hornbeck desapareció mientras andaba en bicicleta cerca de Richwoods, un pueblo rural a las afueras de San Luis, en Misuri, Estados Unidos.

Lo encontraron recién en enero de 2007, por casualidad, cuando la policía buscaba a otro chico secuestrado: Ben Ownby. Los dos estaban retenidos en el mismo departamento, a pocos kilómetros de sus casas.

El 6 de octubre de 2002, hace 24 años, Shawn salió a visitar a un amigo. Iba en su bicicleta verde limón por el mismo trayecto de siempre, el que sus padres lo dejaban recorrer solo.

En el camino, una camioneta blanca lo chocó. El conductor bajó con gesto de preocupación, se acercó al chico y le dijo que había estado “en el lugar equivocado en el momento equivocado”. Ese hombre era Michael Devlin, de 41 años, gerente de una pizzería durante el día y empleado de una funeraria de noche.

En segundos, Devlin se lo llevó. Lo trasladó a un departamento en Kirkwood, un suburbio de San Luis, donde lo mantendría cautivo durante más de cuatro años. El chico sufrió golpes y amenazas de muerte si intentaba escapar o pedir ayuda.

Craig y Pam Akers, el padrastro y la madre de Shawn, no se resignaron. Dejaron sus trabajos, gastaron sus ahorros y pidieron préstamos contra su jubilación para buscar a su hijo. Hasta consultaron videntes. En una aparición en The Montel Williams Show, la autoproclamada médium Sylvia Browne les aseguró que Shawn estaba muerto. La familia no le creyó y siguió adelante.

Los Akers crearon además la Fundación Shawn Hornbeck para ayudar a otras familias con hijos desaparecidos. Craig Akers llegó a colaborar en más de 40 casos de personas extraviadas.

Todos los años, en el aniversario de la desaparición, organizaban una vigilia. Para buena parte de sus allegados, aquello ya funcionaba más como un homenaje a un hijo perdido que como una búsqueda activa.

El secuestrador ataca de nuevo

El 8 de enero de 2007, Devlin repitió el método. Secuestró a Ben Ownby, de 13 años, cuando el chico bajó del colectivo escolar en Beaufort, otra localidad rural de Misuri.

Esa vez hubo un testigo. Un amigo de Ben llamado Mitchell Hults escuchó sus gritos y alertó sobre una camioneta blanca que escapaba a gran velocidad.

Mientras la policía rastreaba ese vehículo, Michelle McNamara, quien investigaba el caso de Shawn de forma independiente, empezó a cruzar datos. McNamara, quien luego participó en la identificación del Golden State Killer, vinculó las dos desapariciones antes que las propias autoridades.

Su hipótesis era que el secuestrador elegía chicos que aparentaban menos edad de la que tenían. Estuvo a punto de resolver el caso en su blog de crímenes reales, apenas un día antes de que la policía encontrara a los dos chicos con vida.

La captura del secuestrador

Las versiones sobre cómo la policía llegó hasta Devlin difieren según las reconstrucciones del hecho. Por un lado se informó que el FBI recibió un aviso sobre una camioneta estacionada en la pizzería donde trabajaba Devlin, y que las agentes Lynn Willett y Tina Richter lograron que confesara.

En cambio, otra versión señala que todo empezó cuando dos policías, mientras hacían un control en unos departamentos modestos de Kirkwood, vieron un vehículo que coincidía con la descripción de la camioneta buscada.

Lo cierto es que los investigadores rastrearon una camioneta hasta ese mismo edificio en la noche del jueves y allanaron el lugar la mañana del viernes.

Cuando entraron, encontraron a los dos chicos jugando con videojuegos. El sheriff del condado de Franklin, Glen Toelke, anunció esa misma noche que ambos habían aparecido con vida. La prensa bautizó el hallazgo como “El milagro de Misuri”.

La escena en la puerta del departamento quedó grabada en todos los relatos. Ben preguntó a los oficiales: “¿Me van a llevar a casa?”. El otro chico, cuando le preguntaron quién era, respondió simplemente: “Soy Shawn Hornbeck”.

Shawn había abierto la puerta junto a su captor con total naturalidad, y fue él mismo quien anunció que llevaba secuestrado desde octubre de 2002.

A ambos los llevaron a un hospital para un control médico. “Sonreían y parecían muy contentos de estar con sus familias”, dijo por entonces Bob Davidson, vocero del Cardinal Glennon Children’s Hospital. “Fue una noche emocionante”, agregó.

El tío de Ben, Loyd Bailie, describió la reacción del chico al ver a sus padres: “Se le iluminaron los ojos como monedas de plata”.

Craig Akers se enteró del hallazgo mientras volvía del trabajo bajo la lluvia. “Es el llamado telefónico que más voy a recordar en toda mi vida”, dijo al diario. “Es el mejor día de nuestras vidas. Ha sido como un sueño, y tenemos miedo de despertarnos”.

Días después, en la conferencia de prensa, Akers resumió todo con una frase que repitió varias veces: “Los milagros existen. Shawn es la prueba de ello”. También recordó el caso de Elizabeth Smart, otra chica secuestrada que había aparecido con vida años antes, y dijo que esa noticia les había dado fe cuando más la necesitaban.

La vida cotidiana del secuestrador

Lo que más desconcertó a investigadores y vecinos fue que Shawn no estuvo encerrado todo ese tiempo. Según la policía no mostraba signos evidentes de maltrato, andaba en bicicleta con regularidad y tenía amigos que lo visitaban.

Los vecinos del edificio pensaban que Devlin y el chico eran padre e hijo. Rick Butler, que vivía al lado, contó que nunca había notado nada raro: una vez encontró un celular que Shawn había perdido y se lo devolvió, y en otra ocasión los vio armar una carpa en el patio. “No vi ni escuché nada extraño en el departamento. Pensé que eran padre e hijo”, dijo.

Otro vecino, Mario Emanuel, recordó que semanas antes del rescate Devlin había llamado a la policía, furioso porque alguien le había ocupado su lugar de estacionamiento, y atendió a los agentes con total tranquilidad mientras Shawn se escondía adentro.

Tom Garner, que vivía en el mismo edificio, describió a Devlin como una persona “irritable”. Contó que a veces se escuchaban golpes contra las paredes y gemidos, y que en una ocasión bajó a preguntar por los ruidos: Devlin y el chico les aseguraron que no pasaba nada.

Pese a la aparente libertad, Shawn nunca intentó escapar ni delatar a su secuestrador ante extraños. Sí dejó una pista cifrada: usando el nombre “Shawn Devlin”, escribió en un sitio web armado por sus padres para recibir datos sobre su paradero: “¿Hasta cuándo piensan buscar a su hijo?”.

El regreso a casa no fue inmediato ni sencillo. Craig Akers se enfureció cuando el conductor televisivo Bill O’Reilly sugirió que Shawn podría haber disfrutado vivir con Devlin más que con su propia familia.

“¿De verdad se puede ser tan cruel?”, dijo Akers a la revista TIME. “Nuestro hijo tenía 11 años cuando lo secuestraron. A esa edad se puede manipular mentalmente a un chico en muy poco tiempo”, agregó.

El propio Shawn les había contado a sus padres que había vivido aterrorizado, después de ver esos comentarios en las noticias. Akers sospechaba además que Devlin podía haber abusado del chico, una intuición que la pareja compartió también en una entrevista con la reconocida periodista Oprah Winfrey.

Durante el cautiverio, Shawn no había pisado una escuela. Pam Akers explicó a la revista que esa sería la primera prioridad una vez que el chico fuera evaluado. El superintendente del distrito escolar de Richwoods, John Westerman, se comprometió a conseguirle maestros particulares para que pudiera recibirse junto a sus compañeros de siempre, pese a los años perdidos.

En casa, la adaptación tuvo roces propios de cualquier adolescente, pero con un trasfondo distinto. “Probó los límites, empujó un poco acá y allá”, contó Craig Akers a TIME. La familia tuvo que poner reglas nuevas, como mantener la puerta abierta cuando una chica que Shawn conocía de antes lo visitaba.

Pam Akers bromeó sobre lo que vendría: “Puede ir a ver la película que quiera. Pero vamos a estar ahí, con él”, dijo. Su marido, entre risas, agregó que ambos tendrían que acostumbrarse a hacer de acompañantes en varias citas.

Devlin terminó por admitir ante los fiscales que Shawn ya se le había hecho “grande” y que por eso había ido tras Ben, que aparentaba menos edad, tal como había anticipado la investigadora Michelle McNamara antes de que las autoridades resolvieran el caso.

Se declaró culpable de todos los cargos en su contra y recibió la condena que terminó en custodia protegida después de que otro preso lo atacara con un punzón de hielo en la cárcel.

McNamara, la investigadora que había conectado ambos secuestros desde su blog, murió a los 46 años mientras colaboraba con la investigación que terminaría identificando al Golden State Killer, poco antes de que ese caso se resolviera.

La Fundación Shawn Hornbeck, que la familia había sostenido durante los años de búsqueda, cerró por falta de fondos y de tiempo. Parte de sus integrantes ayudó después a crear el Missouri Valley Search and Rescue Team, un equipo dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas en la región.

Sólo 8% de los policías estatales de Chihuahua realizó prácticas de tiro de precisión y reacción durante 2024, mientras no hubo concursos para ascender de grado ni un programa de actualización para agentes en activo.

Las deficiencias también alcanzaron al sistema penitenciario: el estado no tenía un sistema de carrera consolidado para sus custodios, no reportó promociones durante ese año y tampoco informó sobre un programa de formación o protocolos para garantizar un internamiento digno y seguro, de acuerdo con un estudio de Causa en Común.

Los hallazgos corresponden a información de 2024 y fueron presentados el 2 de octubre de 2026 en Ciudad Juárez, en un momento en que Chihuahua mantiene operativos contra grupos criminales y enfrenta una disputa territorial entre Los Cabrera y La Línea que ha dejado 113 homicidios en cuatro municipios del noreste desde septiembre de 2024.

Policías estatales con pocas prácticas de tiro y sin ascensos

El estudio elaborado por la organización Causa en Común documentó que sólo 8% del personal de la Policía Estatal participó en prácticas de tiro de precisión y reacción durante 2024. En contraste, 88% del personal operativo contaba con controles de confianza aprobados y vigentes.

La participación de mujeres representaba 35% de la plantilla policial, pero su presencia disminuía de manera considerable en los puestos de mando: ocupaban 13% de esas posiciones. La Policía Estatal entregó 95% de la información solicitada para la evaluación y obtuvo una calificación de -46 puntos dentro de la metodología empleada por Causa en Común.

Fiscalía reportó 315 cursos, pero omitió información sobre controles internos

En la Fiscalía General del Estado también hubo avances en capacitación, aunque persistieron deficiencias en materia de carrera y controles internos.

La institución reportó 315 cursos impartidos durante 2024 y emitió convocatorias de promoción para ministerios públicos y policías de investigación. Sin embargo, no presentó convocatorias para personal pericial.

La Fiscalía tampoco proporcionó información sobre los mecanismos internos destinados a investigar y sancionar posibles conductas indebidas de sus servidores públicos.

La institución entregó 63% de la información solicitada para el estudio y obtuvo una calificación de -60 puntos.

Los rezagos documentados por Causa en Común corresponden a información de 2024, pero las instituciones evaluadas continúan operando en un escenario de violencia criminal durante 2026. Uno de los principales focos se encuentra en el noreste del estado, donde autoridades han identificado una disputa territorial entre La Línea y Los Cabrera.

La Línea y Los Cabrera: dos grupos criminales detrás de la disputa por el corredor Aldama-Ojinaga

La Línea es señalada como una estructura vinculada con el Nuevo Cártel de Juárez, mientras Los Cabrera mantienen vínculos con una facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. Ambos grupos mantienen una disputa por el control de una franja del noreste de Chihuahua que comprende Aldama, Ojinaga, Coyame del Sotol y Manuel Benavides.

Septiembre de 2024 es utilizado por las autoridades como punto de referencia para contabilizar la confrontación. El 21 de ese mes, 11 hombres fueron encontrados sin vida en Ojinaga. De acuerdo con trabajos de inteligencia de la Agencia Estatal de Investigación, aquel multihomicidio marcó la entrada de Los Cabrera a una zona que durante años había estado bajo influencia de La Línea.

Entre septiembre y diciembre de 2024 se contabilizaron 30 homicidios en los cuatro municipios. Durante 2025 fueron registrados otros 51 y entre el 1 de enero y el 23 de septiembre de 2026 sumaron 32.

En total, el recuento asciende a 113 homicidios durante el periodo de confrontación: 62 en Aldama, 29 en Ojinaga, 20 en Coyame del Sotol y dos en Manuel Benavides.

La cifra corresponde al periodo de violencia utilizado por las autoridades para contabilizar la disputa y no significa que los 113 homicidios hayan sido atribuidos judicialmente a integrantes de Los Cabrera o La Línea.

La confrontación continúa durante 2026

La violencia en el corredor del noreste no quedó limitada a los primeros meses de la disputa. Aldama concentra la mayor cantidad de homicidios contabilizados durante el periodo, con 22 de los 32 registrados en los primeros nueve meses de 2026.

En diciembre de 2025, autoridades estatales señalaron a Roberto “N”, alias “El 02” o “El 04”, como presunto integrante de Los Cabrera y uno de los operadores relacionados con la confrontación en Ojinaga.

De acuerdo con información de la Fiscalía estatal, Roberto “N” había pertenecido previamente a La Línea y posteriormente habría formado una célula con respaldo de Los Cabrera Sarabia. El grupo, identificado como Los Fariseos, tenía presencia en Aldama, Ojinaga, Manuel Benavides y Coyame del Sotol.

El presunto operador fue detenido en diciembre de 2025 y posteriormente entregado a autoridades de Estados Unidos en febrero de 2026.

Un ataque contra un helicóptero reforzó el despliegue en la zona

El conflicto volvió a quedar expuesto en septiembre de 2026, cuando un helicóptero de la Policía del Estado fue atacado durante labores de vigilancia entre Coyame y Ojinaga. La agresión ocurrió el 12 de septiembre y dejó a un agente herido.

Tras el ataque, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reforzó el operativo en Ojinaga, Manuel Benavides y Paso de San Antonio, con recorridos terrestres y vigilancia aérea. Posteriormente, el despliegue se extendió al corredor Aldama-Ojinaga con participación de fuerzas estatales y federales.

Durante las acciones posteriores fueron aseguradas armas largas, municiones, vehículos, droga y equipo táctico, además de personas señaladas por las autoridades como integrantes de una célula criminal relacionada con los hechos.

El 21 de septiembre, agentes estatales detuvieron en Ojinaga a Octavio V. L., alias “El Tavo” o “El 13”, señalado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal como presunto líder criminal en la zona fronteriza. También fue detenido Axel A. A.

En el operativo fueron aseguradas 11 armas largas, 24 cargadores, 2 mil 920 cartuchos, cuatro chalecos balísticos, una camioneta con reporte de robo en Estados Unidos, una motocicleta y 19 mil 400 dólares en efectivo.

Las acciones contra estas estructuras muestran el escenario operativo que enfrentan las corporaciones estatales en regiones donde persisten disputas territoriales y ataques contra las fuerzas de seguridad. Pero el estudio de Causa en Común no se limita a la capacidad de respuesta policial: también revisó las condiciones del personal encargado de vigilar los centros penitenciarios.

Custodios sin carrera y sin promociones

El sistema penitenciario fue el área con mayores deficiencias en la evaluación de Causa en Común. Chihuahua obtuvo una calificación de -68 puntos.

El estudio encontró que el estado no contaba con un sistema de carrera consolidado para el personal de custodia y que durante 2024 no hubo promociones para esos trabajadores.

Tampoco se reportó un programa de formación ni protocolos específicos para garantizar un internamiento digno y seguro. Las mujeres representaban 31% del personal de custodia, pero ninguna ocupaba puestos de mando.

El informe también identificó pendientes relacionados con la profesionalización, la perspectiva de género, el uso de la fuerza y las condiciones de infraestructura penitenciaria.

Cuatro policías procesales fueron detenidos en 2026

Las deficiencias documentadas adquieren otro contexto a partir de un caso ocurrido este año dentro del sistema penitenciario estatal, aunque el estudio no establece una relación causal entre ambos hechos.

El 1 de octubre de 2026 fueron detenidos cuatro policías procesales por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado agravado y tortura, relacionados con la muerte de un interno del Cereso Estatal número 1.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 8 de julio y la investigación incluyó el análisis de imágenes de las cámaras de seguridad del centro penitenciario.

Los cuatro servidores públicos quedaron a disposición de un juez de Control, mientras la Secretaría de Seguridad Pública estatal inició un procedimiento administrativo interno.

El caso permanece sujeto a las determinaciones de las autoridades judiciales y a la investigación correspondiente sobre la muerte del interno.

Causa en Común pide fortalecer la carrera policial y penitenciaria

El estudio de Causa en Común fue elaborado por Nancy Canjura, Fernando Escobar y Claudia Romero, —esta última, de Impunidad Cero—, a partir de solicitudes de información realizadas a las instituciones estatales.

Entre sus principales recomendaciones se encuentra fortalecer los servicios profesionales de carrera, establecer mecanismos permanentes de capacitación, realizar concursos de promoción y mejorar los controles internos y los sistemas de rendición de cuentas.

También plantea incorporar una perspectiva de género en las instituciones de seguridad y justicia y mejorar la disponibilidad de información pública sobre su funcionamiento.

El 8 de septiembre de 2026, poco antes de las 8:30 de la mañana, el comedor de la Benson Polytechnic High School de Portland, Oregón, se convirtió en el escenario de un ataque premeditado.

Según informó Fox News, un estudiante de 15 años llevó productos químicos desde su casa y los mezcló en el comedor durante el horario regular de clases.

El gas liberado intoxicó a compañeros y personal escolar, y dejó al propio autor hospitalizado en estado crítico.

El incidente no terminó ahí. Cuatro semanas después, la fiscalía presentó una acusación que los investigadores califican como una de las más graves en la historia reciente del sistema escolar de Oregón: 19 cargos penales que incluyen terrorismo doméstico e intento de asesinato en múltiples grados.

Al menos siete personas requirieron atención médica y más de 100 fueron evacuadas del establecimiento.

Los cargos y la postura de la fiscalía

Nathan Vasquez, fiscal de distrito del Condado de Multnomah, detalló los cargos durante una conferencia de prensa celebrada el 2 de octubre.

La lista incluye 10 cargos de intento de asesinato agravado, uno de intento de asesinato en primer grado y uno en segundo grado, además de terrorismo doméstico en primer y segundo grado.

Se suman cargos por fabricación y posesión ilegal de un dispositivo destructivo, portación de arma en un edificio público, uso ilegal de un arma y puesta en peligro imprudente de terceros.

“La seguridad en nuestras escuelas no es algo que pueda negociarse”, afirmó Vasquez en declaraciones recogidas por Fox News. “Esa violencia, o la amenaza de violencia en una escuela, no se queda dentro del edificio. Llega a los hogares de las familias. Se sienta con ellos en la mesa”.

Lo que encontraron los investigadores

Antes del incidente, investigadores de la Oficina de Policía de Portland ya habían identificado “comportamientos y declaraciones preocupantes” en el adolescente.

El gerente de información pública Mike Benner explicó, en la misma conferencia, que entre esos indicios figuraban un interés por agentes peligrosos, explosivos y violencia.

El sargento Jim DeFrain, supervisor de la investigación y de la Unidad Metropolitana de Eliminación de Explosivos, confirmó la presencia de sulfuro de hidrógeno como agente tóxico liberado.

Un equipo de la Guardia Nacional de Oregón coincidió con esa evaluación. El FBI incautó equipos electrónicos del menor y envió muestras del gas a su laboratorio para análisis adicionales.

El rol del personal del colegio

Fueron los docentes, los directivos y la enfermera quienes alejaron a los estudiantes del lugar e iniciaron la atención al adolescente antes de que llegaran los servicios de emergencia.

El comandante asistente de investigaciones Franz Schoening señaló ante Fox News que “esos primeros momentos fueron decisivos para prevenir más daños y la pérdida de vidas”.

El debate sobre el sistema judicial juvenil

Vasquez aprovechó la conferencia para señalar una falla estructural en la legislación del estado: el sistema juvenil de Oregón deja de tener jurisdicción sobre una persona a los 25 años, aunque la persona aún pueda representar un riesgo para la sociedad.

“Creo que eso está mal”, sostuvo el fiscal ante Fox News, y aseguró que evalúa la peligrosidad de la conducta y lo que considera seguro para la comunidad a largo plazo.

Los abogados del menor negaron todos los cargos y confirmaron, tal como recogió The New York Times, que el adolescente se encuentra internado en una unidad de salud mental.

La investigación permanece abierta luego de la conferencia. Vasquez advirtió que cualquier otra persona con participación criminal en los hechos también podría enfrentar cargos.

Emory Deacon tenía 15 meses. Su hermana Harlow, 33. Ambas fueron halladas sin vida el 29 de septiembre en su hogar de Ladson, Carolina del Sur, después de semanas sin recibir alimento ni agua.

La médica forense del condado determinó que murieron por inanición y deshidratación. Su madre estaba en la casa.

Justine Marie May, de 31 años, fue arrestada ese mismo día y enfrenta dos cargos de homicidio por abuso infantil.

Al ser interrogada, declaró ante los detectives que las semanas previas habían sido un “borrón” y que no era capaz de recordar cuándo les había dado comida o líquidos a sus hijas por última vez, tal como consta en las declaraciones juradas revisadas por Fox News Digital.

Lo que declaró la madre ante los investigadores

La propia imputada reconoció que privar de alimento a sus hijas constituyó una negligencia.

Agregó que, durante ese período, había sido la única persona presente en el hogar y la única responsable del cuidado de las menores.

Los investigadores concluyeron que May actuó con “extrema indiferencia por la vida humana” al privar a las niñas de sustento básico, conducta que calificaron como “el principal factor que contribuyó a su muerte”.

El dictamen oficial y el rol del padre en el caso

El 1 de octubre, Bobbi Jo O’Neal, forense del condado de Charleston, clasificó oficialmente ambos decesos como homicidios.

Hasta esa fecha, las autoridades no habían divulgado públicamente los nombres, las edades ni las causas de muerte de las menores. Fue la intervención de O’Neal la que permitió conocer esos datos por primera vez.

El padre de las niñas, Zachary Deacon, y su familia habían intentado en múltiples oportunidades ver a las menores y verificar su bienestar, pero May se lo impidió, tal como relató el hombre al diario The Post and Courier.

El 12 de septiembre, los agentes arrestaron a Deacon por acoso, luego de que condujera reiteradamente frente a la vivienda y enviara mensajes a May solicitando ver a sus hijas y pidiéndole que buscara ayuda. Un juez le prohibió todo contacto con May y con las niñas.

La actuación policial previa al hallazgo

Desde el 10 de agosto, la Oficina del Sheriff del Condado de Charleston (CCSO) recibió 21 llamadas vinculadas a la vivienda de Pinewood Drive y sus agentes respondieron en 13 ocasiones.

Los motivos incluyeron controles de bienestar, revisiones de seguimiento, supervisión institucional y coordinación con otras agencias.

En cinco de esas intervenciones, los agentes tuvieron contacto directo con May y con las niñas: el 25 y 26 de agosto, y el 8, 11 y 12 de septiembre.

En ninguna de esas visitas documentaron señales de riesgo inmediato para las menores.

La última vez que los efectivos vieron con vida a Emory y Harlow fue el 20 de septiembre, nueve días antes del hallazgo de los cuerpos.

La situación escaló públicamente cuando se difundió un audio de la radio policial en el que, ante una nueva llamada de alerta el 29 de septiembre, un agente respondió que el departamento ya “no realizaría más controles de bienestar en esa dirección”.

Poco después, otros dos efectivos y una trabajadora del Departamento de Servicios Sociales (DSS) del estado se presentaron en el domicilio y encontraron a las niñas sin vida.

La respuesta institucional ante las críticas

Ante las críticas, el CCSO emitió un comunicado el 3 de octubre en el que respaldó la conducta del agente cuestionado.

La agencia sostuvo que el audio difundido confirmaba que el efectivo siguió las directivas de sus superiores y los procedimientos institucionales vigentes.

“Durante las respuestas anteriores, los agentes y el personal de otras agencias no reportaron observaciones que indicaran una preocupación inmediata por el bienestar de los niños”, sostuvo el CCSO en el comunicado.

El sheriff Carl Ritchie respaldó al agente cuestionado y expresó sus condolencias a los afectados.

La revisión interna del CCSO continúa en curso. La Unidad de Víctimas Especiales de la División de Investigaciones Criminales de Carolina del Sur (SLED) y el Departamento de Muertes Infantiles del estado colaboran en la investigación.

May renunció a una audiencia de fianza el 30 de septiembre y permanece detenida en la cárcel del condado de Charleston.

De acuerdo con los registros judiciales públicos citados por The Post and Courier, tiene una primera comparecencia prevista para el 20 de noviembre y una audiencia secundaria para el 19 de marzo de 2027.

Una niña de 12 años, Khloe Ishway, perdió la vida sin ser el blanco de nadie: su familia había ido al parque a dejar algo y las balas la alcanzaron antes de que pudieran irse.

La víctima asistía al evento de homecoming —una celebración de fin de temporada propia de la cultura deportiva estadounidense— organizado por una liga de fútbol americano juvenil en el Leon Day Park, en el bloque 1200 de North Franklintown Road.

La policía recibió múltiples llamadas por disparos alrededor de las 6:15 p.m. y al llegar encontró a la menor y a una mujer de 25 años con heridas de bala. La niña fue trasladada de urgencia a un hospital, donde falleció.

El detonante del tiroteo

El comisionado de la Policía de Baltimore, Richard Worley, brindó detalles del episodio en una conferencia de prensa recogida por Fox News. Afirmó que la disputa entre los dos atacantes habría comenzado por un espacio para estacionar.

“Hubo algún tipo de discusión entre dos cobardes y, por supuesto, ambos se dispararon mutuamente”, declaró el funcionario. Worley precisó que la menor no era el blanco de ninguno de los dos atacantes.

Los dos hombres involucrados en el tiroteo huyeron del lugar. Los investigadores encontraron indicios de dos armas distintas en la escena, aunque no se precisó cuántos disparos se efectuaron en total.

Hasta la noche del domingo, la búsqueda de al menos dos sospechosos, descritos como hombres adultos, continuaba activa sin arrestos.

El saldo de una noche que pudo terminar diferente

Además de la menor fallecida y la mujer de 25 años hallada en la escena, dos hombres —de 28 y 23 años— llegaron por sus propios medios a hospitales del área con heridas de proyectil.

Horas más tarde, alrededor de las 10 p.m., la policía fue notificada de un cuarto adulto herido: una mujer de 35 años que acudió a un centro médico con una rozadura de bala en la espalda. Los cuatro sobrevivientes permanecieron en condición estable, tal como precisaron las autoridades.

El evento de homecoming convocaba a padres, jugadores y vecinos del barrio para una jornada festiva de la liga juvenil.

La reacción de las autoridades

El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, reaccionó con visible consternación ante lo sucedido. “Lo que pasó aquí hoy es una de las cosas más repugnantes que he visto en mi vida”, aseguró el mandatario en declaraciones recogidas por WJZ.

Scott señaló que lo ocurrido refleja una escalada de violencia armada que afecta de forma directa a los espacios de encuentro comunitario.

“Nunca vamos a ver su potencial completo”, dijo Scott en referencia a la menor. “Su familia va a sufrir por esto el resto de su vida. Sus compañeros de clase van a sufrir. Su comunidad va a sufrir”. El alcalde extendió sus condolencias a la familia de la víctima.

La investigación quedó en manos de los detectives de homicidios de la ciudad. Las autoridades solicitaron la colaboración ciudadana: quienes tengan información pueden comunicarse con la unidad de homicidios al 410-396-2100 o con Metro Crime Stoppers al 1-866-7LOCKUP.

También es posible enviar pistas de forma anónima a través de Metro Crime Stoppers of Maryland. La organización de fútbol juvenil involucrada en el partido aclaró, en un comunicado enviado a WJZ, que el tiroteo no tuvo origen en el homecoming ni involucró a los equipos participantes.

Según la entidad, la discusión por el estacionamiento comenzó en el barrio ubicado por encima del parque, aunque la policía no confirmó ese detalle de forma independiente.

Khloe Ishway, la niña que “siempre estaba ahí”

La menor fallecida fue identificada como Khloe Ishway, de 12 años. Su familia reveló a WJZ que el tiroteo los sorprendió en el peor momento posible.

Su madre, Kristin Reese, pidió justicia con palabras que resumen el dolor de una pérdida que no debería haber ocurrido. “Llevar un arma a un evento de niños ya es un acto de payaso. Eso no se hace”, afirmó. “Y quiero justicia para mi bebé”, añadió.

La abuela de Khloe describió a la niña como su compañera inseparable. “Siempre estaba conmigo. Era mi mejor amiga. Me llamaba todos los días. ¿Quién va a llamar a mi teléfono ahora? Mi teléfono ya no suena”, dijo entre lágrimas.

En su honor, la comunidad organizó una caminata por la paz para el lunes a las 5 p.m. en el mismo barrio donde la niña creció.

El 21 de septiembre, dos estudiantes de la Universidad de Misisipi (Ole Miss) fueron hallados muertos en el campus con horas de diferencia. Junto a sus cuerpos, los investigadores encontraron paquetes de pastillas sintéticas de kratom.

Dos semanas después, la justicia federal presentó cargos contra los hombres que, según la investigación, les vendieron esas sustancias.

Los acusados son Yahya Mohamed Mosleh, de 51 años, y su hijo Islam Yahya Mosleh, de 18, empleados de un smoke shop en Oxford, la ciudad donde se ubica la universidad.

El fiscal federal del distrito norte de Misisipi, Scott F. Leary, anunció el viernes que ambos enfrentan cargos de posesión con intención de distribuir sustancias controladas.

Los Mosleh ya habían sido detenidos el 24 de septiembre, cuando las autoridades ejecutaron una orden de allanamiento en el local donde trabajaban.

Dos jóvenes, el mismo campus, el mismo fin de semana

La víctima directamente vinculada a los cargos es Aidan Hamilton, un joven de Englewood, Colorado. Los investigadores localizaron en su habitación paquetes de lo que identificaron como derivados de kratom, algunos con tabletas faltantes. “La causa de la muerte pareció ser consistente con una sobredosis de drogas”, afirmó la oficina del fiscal federal.

Apenas una hora después del hallazgo de Hamilton, el cuerpo de Robert Strang, estudiante de tercer año oriundo de Atlanta, apareció en otro punto del campus. En su caso también se encontraron paquetes de derivados de kratom, y la causa de muerte presentó el mismo patrón.

Un informe toxicológico posterior, citado por la fiscalía en una solicitud para mantener a los acusados bajo custodia, detectó las sustancias mitraginina, MGM-15 y MGPI en los organismos de ambos jóvenes.

Esos mismos compuestos figuraban en los paquetes hallados en sus habitaciones, de acuerdo con documentos judiciales. Las autoridades, sin embargo, aún no determinaron de forma oficial la causa exacta de ninguna de las dos muertes.

Cómo llegaron las autoridades hasta el smoke shop

La Unidad Metropolitana de Narcóticos del condado de Lafayette rastreó los movimientos financieros de Hamilton y determinó que había realizado varias compras en el local Puffs Vape, Tobacco and Beer Store, ubicado en Oxford.

A partir de esa pista, las autoridades enviaron a un informante encubierto al local. Durante la transacción, Yahya Mosleh le advirtió al informante que “tuviera cuidado con las pastillas porque la gente estaba muriendo por ellas”, tal como declaró el agente especial de la Agencia Antidrogas (DEA) Michael Dassance en una declaración jurada.

El mismo documento señala que Mosleh ocultó los productos de la vista cuando entraban otros clientes al local.

El 24 de septiembre, los agentes ejecutaron una orden de allanamiento en el negocio y confiscaron más de 500 unidades de kratom y productos relacionados.

Entre los artículos decomisados también había cartuchos de THC, gomitas, cigarrillos prearmados y otras sustancias sospechosas.

Los investigadores encontraron además ejemplares del mismo producto hallado en la habitación de Hamilton: pastillas de la marca Smax Mango Breeze MGM-15, con empaque e ingredientes idénticos y una etiqueta de precio de USD 39,99.

Ese mismo día detuvieron a Yahya e Islam Mosleh, a quienes las autoridades estatales de Misisipi ya habían imputado por posesión de sustancias controladas del Esquema I con intención de distribuirlas.

Qué es el kratom y por qué su venta era ilegal en Oxford

El kratom es una planta cuyas sustancias activas producen mayor alerta y energía física en dosis bajas, y efectos sedantes en dosis altas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advirtió en reiteradas ocasiones sobre los riesgos asociados a los derivados sintéticos del compuesto 7-OH, entre ellos la adicción y otras consecuencias graves para la salud mental y física.

La ciudad de Oxford tiene prohibida la venta, posesión y consumo de kratom desde 2019. El condado de Lafayette extendió esa prohibición a todo su territorio en 2021.

La comercialización de estas pastillas en el local de los Mosleh violaba la normativa local, la legislación del condado y la ley federal.

En el caso de Strang, los investigadores establecieron mediante sus movimientos financieros que había comprado en el Express Mart #7, una tienda de conveniencia en el condado de Yalobusha.

Los agentes concurrieron al lugar y adquirieron pastillas similares a las halladas en la escena, que fueron enviadas a laboratorios para su análisis.

Hasta el momento, ninguna persona vinculada a ese establecimiento enfrenta cargos.

Los abogados de los acusados, Scott Davis —defensor de Yahya— y A.E. Harlow Jr. —defensor de Islam—, declinaron hacer comentarios. La investigación continúa abierta.

La dimensión de las personas requeridas por la justicia volvió a quedar expuesta este jueves, cuando la Policía Nacional de República Dominicana informó que mantiene 53.877 órdenes de arresto y captura pendientes por delitos que abarcan desde violencia intrafamiliar hasta homicidios, robos, fraudes y microtráfico.

Los datos fueron publicados por la Policía durante una conferencia realizada la mañana de este jueves. La institución presentó una base de datos destinada a reforzar la localización de personas buscadas y a mejorar la coordinación con el Ministerio Público y otras entidades del sistema judicial.

El vocero policial, coronel Diego Pesqueira, encabezó la presentación junto al director Central de Investigación, general Pedro Ignacio Matos Pérez; el subdirector de esa área, coronel Fulvio Grullón Penso, y representantes de la Dirección Central de Transformación Digital.

La violencia intrafamiliar concentra la mayor cantidad de órdenes

La categoría con más órdenes pendientes corresponde a casos de violencia intrafamiliar, con 17.635 registros. Le siguen los robos, con 11.587 órdenes, y las agresiones físicas, con 5.951.

La base también contiene 4.018 órdenes por agresiones sexuales, 2.761 por delitos cibernéticos, 2.681 vinculadas con homicidios y 1.630 por amenazas. El resto se distribuye entre otros hechos investigados por las autoridades.

La información revela que la violencia dentro de los hogares representa casi un tercio del total de órdenes pendientes. El dato se suma a la preocupación por los hechos violentos que afectan a comunidades de distintas zonas del país, donde las autoridades enfrentan denuncias por delitos contra la vida, la integridad física y la propiedad.

En el caso de los requeridos por homicidio, la Policía precisó que la base identifica a 2.548 personas. La diferencia respecto de las 2.681 órdenes asociadas a ese delito puede responder a que una misma persona figure en más de un expediente o requerimiento judicial.

La plataforma reúne fotos, documentos y datos de los tribunales

Pesqueira explicó que el sistema permite consultar fotografías, documentos de identidad, tribunales que emitieron los requerimientos y los delitos atribuidos a cada persona. La herramienta busca facilitar las investigaciones y el intercambio de información entre la Policía, el Ministerio Público y otras instituciones.

La institución también identificó a 73 personas con múltiples órdenes de arresto, algunas con más de 40 registros.José Luis Mateo Medina figura con 41 órdenes, mientras que Julio Antonio Mejía Martínez acumula 32.

Además, otras 485 personas registran más de cinco requerimientos pendientes. La Policía no detalló durante la conferencia cuántas de esas órdenes continúan activas desde años anteriores ni el tiempo promedio de vigencia de cada expediente.

La divulgación de estas cifras ocurre en un contexto de medidas de seguridad que incluyen patrullajes preventivos, operativos focalizados y el uso de mapas de incidencia delictiva para distribuir agentes en sectores con mayor número de denuncias. El Gobierno también ha informado sobre la ampliación del modelo de vigilancia por corredores y cuadrantes, así como el refuerzo de las áreas de investigación criminal.

Las autoridades sostienen que estas acciones buscan reducir la violencia y acelerar la captura de personas requeridas por los tribunales. La información difundida este jueves coloca el foco en la cantidad de órdenes que todavía esperan ejecución.

Doce fugitivos permanecen pendientes de captura desde 2025

La Policía informó además que, desde 2025, se registraron 37 fugas de personas privadas de libertad. De ese total, 21 fueron reapresadas y 12 permanecen pendientes de captura.

Las otras cuatro personas fallecieron en circunstancias que no fueron detalladas durante la conferencia. La institución no precisó los centros de detención de los que escaparon ni los delitos por los que estaban bajo custodia.

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Durante décadas, sacerdotes de tres diócesis católicas de Massachusetts abusaron sexualmente de menores.

Los líderes eclesiásticos lo sabían, tal como concluye un informe oficial publicado este miércoles, y en lugar de actuar trasladaron a los acusados, presionaron a fiscales y mantuvieron el silencio.

ABC News informó que la fiscal general Andrea Campbell, autora del documento, identificó más de 900 casos en las diócesis de Worcester, Springfield y Fall River, y advierte que el número real de víctimas es imposible de determinar: el subregistro y la posible destrucción de archivos impiden conocer la verdadera dimensión del caso.

Los líderes diocesanos sabían y no actuaron

La investigación identificó acusaciones contra 275 miembros del clero distribuidos en las tres diócesis, y detalló un patrón sistemático de encubrimiento por parte de las jerarquías eclesiásticas.

Campbell describió en la introducción del documento una conducta reiterada: “Durante décadas, los líderes diocesanos no respondieron adecuadamente a las denuncias y señales de alerta; trasladaron a sacerdotes acusados a otras parroquias sin revelar los motivos; devolvieron a sacerdotes al ministerio tras recibir tratamiento y sin supervisión suficiente; ocultaron las razones por las que los apartaron del servicio; y no informaron con regularidad las acusaciones a las fuerzas del orden”.

El texto también reveló que algunos departamentos de policía ignoraron las denuncias. Según consta en el documento, la diócesis logró en ciertos casos “persuadir a los periódicos locales para que no publicaran la información y a las fiscalías de distrito para que no iniciaran procesos penales”.

Una ley de 2002 llegó tarde para la mayoría de las víctimas

El inicio formal de la investigación data de 2019. Durante ese proceso, el equipo de la fiscalía entrevistó a un centenar de personas y examinó más de 300.000 documentos, incluidos los llamados “archivos secretos” de las diócesis, además de informes policiales, expedientes judiciales, políticas institucionales y coberturas periodísticas.

La mayoría de los abusos documentados ocurrió antes de 2002, año en que una reforma legal en Massachusetts obligó a los sacerdotes y demás miembros del clero a informar los casos de abuso infantil, y tipificó como delito el poner en riesgo de manera imprudente la seguridad de los niños.

Dado que los plazos de prescripción ya vencieron para la mayor parte de los casos, el informe concluyó que no hay fundamento para nuevas persecuciones penales. Los casos que podrían encontrarse dentro del plazo legal fueron derivados a las fiscalías de distrito correspondientes.

El documento señala además que el acceso privilegiado de los sacerdotes a poblaciones vulnerables, combinado con el peso social y la reputación de la Iglesia en numerosos hogares de Massachusetts, explica en parte por qué tantas víctimas callaron.

El temor a un “daño reputacional” dentro de la comunidad operó como un freno eficaz contra las denuncias.

Los sobrevivientes describen un daño que no prescribió

El documento recoge testimonios de víctimas que detallaron las secuelas del abuso a lo largo de sus vidas.

Muchos aseguraron que el daño los acompañó mucho después de que los hechos ocurrieran.

Frente a la publicación del informe, la Diócesis de Worcester expresó su pesar por los abusos del pasado y anunció que estudiará el documento “para identificar mejoras adicionales en la respuesta a las víctimas y en los esfuerzos por proteger a los niños”.

El obispo Edgar M. da Cunha, de la Diócesis de Fall River, dijo que su institución “evaluará con detenimiento el informe y continuará con las medidas necesarias para consolidar la cultura de protección que hemos construido durante la última década”.

La Diócesis de Springfield no respondió a las consultas de ABC News.

Las conclusiones contrastan con las de la investigación que publicó el Boston Globe en 2002, centrada en la Archidiócesis de Boston, cuya cobertura impulsó directamente el cambio legislativo de ese año.

A diferencia de aquel caso, el nuevo informe no derivará en condenas penales: los plazos de prescripción cerraron esa puerta para la gran mayoría de los hechos documentados.

Durante tres años, Patrick Tomlinson y su esposa, Niki Robinson, no podían dormirse sin saber si esa noche agentes armados irrumpirían en su casa. Alguien, desde el anonimato de internet, había convertido el sistema de emergencias de Milwaukee en un arma.

De acuerdo con The New York Times, el caso derivó en una demanda federal por derechos civiles que expuso las fallas del departamento policial ante una forma de acoso que las leyes estadounidenses aún no saben cómo perseguir.

La pareja llegó a un acuerdo extrajudicial con la ciudad por USD 575.000, tras probar que los agentes desplegaban operativos a su domicilio con armas largas y escudos balísticos, aun sabiendo que las llamadas eran falsas. Ningún responsable fue imputado.

Cómo una opinión en redes desató tres años de pesadilla

Todo comenzó en septiembre de 2018, según la demanda, a raíz de una publicación en redes sociales de Tomlinson, escritor de ciencia ficción y comediante. El comentario fue una opinión sobre el humorista Norm Macdonald.

Lo que siguió fue una campaña anónima de hostigamiento que se extendió durante años y derivó en decenas de operativos policiales armados.

El swatting consiste en realizar llamadas falsas al 911 para reportar crímenes violentos —asesinatos, tomas de rehenes, violencia doméstica— con el objetivo de provocar una respuesta policial de fuerzas especiales contra una persona inocente.

En el caso de la pareja, los acosadores usaron tecnología de voz sobre protocolo de internet (VoIP) enrutada a través de múltiples redes privadas virtuales (VPN), lo que dificultó el rastreo de las llamadas.

En una de las incursiones, a la 1 de la madrugada de una noche de julio de 2022, los agentes esposaron a Tomlinson y lo sacaron desnudo de su casa a punta de pistola.

Dos semanas después, Robinson fue obligada a salir de su vivienda mientras los agentes realizaban un allanamiento sin orden judicial, tal como figura en el expediente judicial.

Los correos internos y los registros de despacho del Departamento de Policía de Milwaukee (DPM) confirmaron que las autoridades tenían pleno conocimiento de que el domicilio era un blanco reiterado de swatting. En 2022, el DPM incluso realizó una sesión informativa con los agentes sobre el historial de la pareja.

A pesar de ello, el departamento decidió no marcar el domicilio como alerta especial. Un correo electrónico de un teniente incluido en el expediente judicial reveló que la decisión se basó en el temor a generar “complacencia” entre los agentes que respondieran a futuras llamadas.

Más allá del swatting: el acoso tomó otras formas

El abogado de la pareja, John Bradley, reconoció que la policía de Milwaukee “cumplió con su trabajo en las primeras llamadas de swatting”. El problema, afirmó, “vino después de que ocurrió decenas de veces”.

La campaña de acoso abarcó mucho más que las llamadas falsas al 911. Los trolls bombardearon las reseñas de los libros de Tomlinson con críticas de una estrella, colocaron anuncios en Craigslist invitando al público a llevarse los muebles de jardín de la pareja, realizaron amenazas de asesinato contra políticos usando los nombres o la dirección de ambos, y llamaron con amenazas de bomba durante un partido de los Milwaukee Brewers al que asistían.

Otro episodio involucró directamente a Macdonald. Un acosador le pagó al comediante, a través de la aplicación Cameo, para que grabara un video personalizado en el que —sin saber que era parte de una campaña de hostigamiento— instaba a los “amigos de Patrick” a “seguir insultando a ese gordo perdedor”. Macdonald murió en 2021.

“Su objetivo declarado públicamente era llevarme al suicidio”, aseguró Tomlinson en declaraciones al New York Times.

Cuando los acosadores no lo lograron, ni consiguieron que Robinson se divorciara de él —otro objetivo que habían enunciado abiertamente—, escalaron sus tácticas. “Entonces cambiaron de estrategia para intentar que nos mataran a los dos a manos de la policía”, añadió.

La ciudad sabía y siguió respondiendo igual

La pareja instaló una cerca, actualizó su sistema de seguridad y pegó una nota escrita a mano en su puerta pidiendo a los servicios de emergencia que los llamaran al celular antes de actuar.

Sin embargo, la ciudad sostuvo que todas las llamadas al 911 debían tratarse como emergencias reales, incluso cuando la dirección era un blanco conocido de swatting.

El juez federal a cargo del caso determinó durante las audiencias previas al juicio que la policía violó sistemáticamente los derechos constitucionales de la pareja, amparados en la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

La ciudad negó las acusaciones de violaciones constitucionales, fallas en la capacitación y respuestas desproporcionadas, aunque firmó el acuerdo de USD 575.000 sin admitir responsabilidad.

El abogado municipal de Milwaukee, Evan Goyke, describió el problema de fondo: “Las personas y organizaciones que realizan estas llamadas convierten el sistema de respuesta a emergencias de Milwaukee en un arma apuntada contra los residentes y contra los agentes que acuden a ayudar”, afirmó ante la prensa.

Las leyes que protegen a los acosadores anónimos

En un intento paralelo por identificar a los responsables, la pareja demandó a aproximadamente 60 “John Doe” para forzar a una empresa de alojamiento de internet a entregar direcciones IP, registros de servidor y datos de cuentas de usuario.

El tribunal rechazó la solicitud al considerar que la divulgación estaba vedada por la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, norma federal que otorga amplia inmunidad a los operadores de sitios web frente a contenidos de terceros.

Lauren Shapiro, profesora del John Jay College of Criminal Justice y autora del libro Cyberpredators and Their Prey, explicó que identificar a los responsables del swatting requiere investigaciones digitales complejas que pueden llevar entre uno y cuatro años, dado que los atacantes operan de forma anónima a través de proxies y distintas jurisdicciones legales.

“Somos demasiado pequeños para el FBI y demasiado grandes para cualquier departamento de policía local”, describió Robinson ante The New York Times la paradoja en la que quedaron atrapados.

Sin imputados, con propuestas y sin ley federal

El FBI abrió una investigación en 2022, pero nadie fue imputado en relación con las llamadas falsas ni con la campaña de acoso. Las llamadas disminuyeron considerablemente a comienzos de 2024, coincidiendo con la presentación de la demanda contra Milwaukee.

El Concejo Municipal aprobó el acuerdo de USD 575.000 en mayo de 2026, semanas antes de que el caso llegara a juicio, y la ciudad efectuó el pago en agosto, según documentos judiciales citados por la emisora TMJ4.

Hasta el momento, dos sospechosos de swatting fueron condenados en casos distintos, pero ninguno fue imputado por los ataques contra Patrick y Niki, según confirmó Tomlinson al medio.

La pareja también reclamó cambios concretos en el protocolo policial. Tomlinson propuso que, cuando un domicilio sea un blanco conocido de swatting, los agentes contacten primero a sus residentes antes de desplegar un operativo armado, como medida para prevenir encuentros peligrosos y acuerdos costosos para los contribuyentes de Milwaukee.

El Departamento de Policía de Milwaukee indicó que su protocolo actual establece que el agente a cargo debe elaborar un informe del incidente y alertar a la División de Fusión, que luego presenta un Reporte de Actividad Sospechosa.

Estados Unidos carece de una ley federal unificada que criminalice específicamente el swatting. Los fiscales deben valerse de un mosaico de estatutos existentes: amenazas interestatales, falsas alarmas y conspiración.

Varios estados endurecieron sus penas, pero la legislación federal choca una y otra vez en el Congreso con las protecciones de la Primera Enmienda —libertad de expresión— y la Cuarta, afirmó la profesora Shapiro.

Eddie Duran, exagente adjunto del sheriff, disparó cinco veces contra Roger Fortson —aviador de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de 23 años— la noche del 3 de mayo de 2024, cuando el joven abrió la puerta de su apartamento en Fort Walton Beach con un arma legal en la mano derecha, el cañón apuntando al piso y el brazo izquierdo levantado.

El caso tensiona uno de los debates más persistentes en Estados Unidos: el uso de la fuerza letal por parte de la policía y los límites del derecho a la autodefensa dentro del propio hogar.

La investigación interna de la Oficina del Sheriff del condado de Okaloosa ya había concluido que la acción de Duran “no fue objetivamente razonable”, según consignó el Pensacola News Journal.

Lo que muestra el video de la cámara corporal

De acuerdo con el video de la cámara corporal de Duran, publicado por la Oficina del Sheriff, el aviador abrió la puerta con su pistola —de tenencia legal— en la mano derecha, con el brazo extendido hacia abajo y el cañón apuntando al piso.

Duran disparó a los pocos segundos de que la puerta se abriera, según informó WEAR TV.

Los proyectiles impactaron a Fortson en el pecho, el antebrazo y la mano. Murió a causa de las heridas.

En su descargo ante la investigación interna, Duran sostuvo que vio a Fortson armado, que el joven dio un paso hacia él y que tenía una expresión de agresión en el rostro.

El testimonio de la única persona que estaba con Fortson esa noche

Tytiana Hendrix, novia del aviador, fue una de las nueve personas que declararon el primer día de testimonio. Confirmó que estaba en FaceTime con Fortson cuando comenzaron los golpes en la puerta.

“No estábamos discutiendo”, aseguró ante el tribunal, según FOX10. Fortson preguntó quién era tras el primer golpe, pero no obtuvo respuesta.

Tras un tercer golpe, Fortson le dijo que iba a buscar su arma porque no sabía quién podía estar del otro lado, dejó el teléfono apoyado y fue a la puerta. Hendrix escuchó el disparo segundos después.

“Ya estaba en el suelo cuando el agente le gritó que soltara el arma. Roger dijo que no podía respirar”, declaró, según reprodujo WKRG. “No tenía el arma, y escuché al agente gritarle que la soltara, pero él ya no la tenía”, agregó.

Dos versiones irreconciliables frente al jurado

El punto central del juicio es si el aviador conocía o no la presencia policial antes de abrir la puerta.

Mark Alderman, fiscal auxiliar a cargo de la acusación, fue directo en su alegato de apertura: “La prueba demostrará que, aunque Eddie Duran no sabía que Roger estaba solo, sabía o debía saber que sus acciones hacían difícil o imposible que la persona del interior supiera que había un oficial de policía en su puerta”, afirmó ante el tribunal, tal como recogió ABC News.

“Simplemente abrió su propia puerta con un arma a un lado, por si la necesitaba. La prueba demostrará que el disparo no estaba justificado”, completó Alderman.

La defensa sostuvo una versión opuesta. El abogado Rod Smith dijo que, antes de que Duran se anunciara como agente del sheriff, su cliente escuchó ruidos desde el interior y captó dos palabras: “maldita” y “policía”.

Con ese argumento, Smith buscó instalar la idea de que Fortson sabía de la presencia policial y, aun así, eligió abrir la puerta con el arma en la mano. “El agente Duran creyó, con razones fundadas, que su vida estaba en peligro y reaccionó como fue entrenado para hacerlo”, sostuvo el defensor, según WEAR TV.

Duran declaró el 30 de septiembre y aseguró que cumplió con su entrenamiento al golpear la puerta y al identificarse. Afirmó que, tras el primer golpe sin aviso, oyó una expresión obscena seguida de la palabra “policía”.

El exagente sostuvo que el arma de Fortson apuntaba levemente hacia él cuando la puerta se abrió. Ante la fiscalía, que le mostró el video corporal con el cañón dirigido al suelo, respondió dos veces que no podía determinar si esa era la posición del arma en el momento de los disparos, de acuerdo con FOX10.

Duran dijo que disparó porque creyó que su vida corría peligro.

El largo camino del caso hasta llegar a un tribunal

La Oficina del Sheriff separó a Duran del cargo el 31 de mayo de 2024. En agosto de ese año, la fiscalía estatal presentó formalmente el cargo de homicidio culposo con arma de fuego, que lleva una pena máxima de 30 años de prisión.

Antes del inicio del juicio, los abogados de Duran intentaron obtener su inmunidad bajo la ley Stand Your Ground de Florida, que permite el uso de la fuerza letal en situaciones de legítima defensa.

El tribunal rechazó el planteo, según el Pensacola News Journal. La propia norma, sin embargo, establece de forma explícita que ese amparo no aplica en enfrentamientos con policías que actúan en el ejercicio de sus funciones.

El juicio también reconstruyó el origen de la llamada. Una vecina del piso de abajo declaró que contactó a la administración del edificio porque escuchó ruidos de una discusión desde el apartamento de arriba.

La administradora fue quien llamó al número no urgente del sheriff, y cuando se acercó al edificio antes de que llegara la policía, ya no escuchó ningún altercado, según informó FOX10.

El registro posterior del apartamento confirmó que Fortson estaba solo en el interior. El caso está en manos del jurado en el Tribunal de Circuito del condado de Okaloosa.

La creciente diversidad racial del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no erradicó los prejuicios dentro de la institución.

Las grabaciones realizadas por el agente Daniel Flores durante 2024 expusieron presuntos comentarios racistas, homófobos y sexistas de integrantes de una unidad que evalúa a aspirantes a policías. El caso retomó el debate sobre la cultura interna de una fuerza que ya no tiene mayoría blanca.

El escándalo coincide con una transformación demográfica del departamento. Los agentes latinos constituyen más de la mitad de los cerca de 8.500 policías del LAPD, mientras que los policías negros representan menos del 9 % de la plantilla.

Entre enero y septiembre de 2026, solo siete de los 241 graduados de la academia eran negros, frente a una proporción cercana al 80 % de graduados latinos.

Las cifras acercan la composición de la fuerza a la diversidad de la ciudad. Sin embargo, la denuncia de Flores plantea que incorporar a más agentes negros, latinos y asiáticos no basta para modificar prácticas y prejuicios que persisten en el LAPD.

Audios de Flores con expresiones discriminatorias en la unidad de reclutamiento

Flores, un policía latino con 13 años de servicio, grabó decenas de conversaciones durante seis meses de 2024 y entregó los audios a la Oficina del Inspector General del departamento.

La investigación interna examinó expresiones atribuidas a miembros de la unidad de reclutamiento y evaluación de aspirantes, según informó Los Angeles Times.

Documentos de Asuntos Internos citados por Los Angeles Times indican que un agente negro preguntó si un mono se llamaba “Tyrone”, ante las risas de colegas latinos y asiáticos.

El informe también señala que una agente latina explicó cómo provocar el mayor dolor al golpear a una persona negra y afirmó: “Golpeas a las personas negras en el hígado: escuché que tienen hígados débiles”.

La pesquisa consignó además que un sargento asiático permaneció presente mientras subordinados utilizaban términos como “medianoche” y “chocolate, chocolate” para describir el tono de piel de otras personas.

Los hallazgos pusieron bajo revisión la convivencia laboral y los mecanismos de supervisión en una dependencia decisiva para la incorporación de nuevos policías.

Nueva demanda de Flores por represalias y causa penal

La semana anterior, Flores presentó una nueva demanda contra la ciudad de Los Ángeles, que amplió una acción previa.

El agente sostiene que sus superiores tomaron represalias contra él después de que registró y denunció los comentarios escuchados durante su trabajo.

De acuerdo con la demanda, funcionarios del departamento recomendaron una suspensión de 22 días sin salario.

Flores intentó conservar su puesto, pero decidió retirarse ante un ambiente laboral que, según su presentación judicial, se volvió cada vez más hostil.

También acusó a autoridades del LAPD de impulsar un proceso penal por presuntamente infringir una ley de California que prohíbe grabar conversaciones confidenciales sin consentimiento.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, presentó inicialmente 16 cargos graves, que luego redujo a 16 delitos menores. Ese cambio reduce la posibilidad de que el agente reciba una pena de prisión.

El teniente Elpidio Orozco, vocero del LAPD, no respondió preguntas puntuales sobre el expediente.

En un comunicado, el departamento afirmó que toma las acusaciones “con seriedad”, aunque aclaró que no puede pronunciarse sobre medidas disciplinarias individuales porque tanto el caso como los procedimientos de personal siguen abiertos.

Reformas posteriores a Rodney King sin eliminar las denuncias de racismo

El caso ocurre pese a que el LAPD adoptó durante décadas programas de diversidad, evaluaciones psicológicas y capacitaciones para detectar prejuicios inconscientes.

La institución también envía a agentes nuevos y veteranos al Museo de la Tolerancia y desplegó reclutadores en universidades históricamente negras del sur y la costa este de Estados Unidos.

Esas medidas respondieron a una larga historia de conflictos entre la policía y las comunidades racializadas de Los Ángeles.

Durante gran parte del siglo XX, el departamento estuvo dominado por hombres blancos y aplicó tácticas agresivas en barrios de minorías étnicas.

Las tensiones provocaron levantamientos en la década de 1960 y volvieron a estallar en 1992, tras la golpiza contra el automovilista negro Rodney King.

En ese período salieron a la luz mensajes de agentes con insultos racistas y referencias a “romper cabezas”.

Las demandas judiciales y los decretos de consentimiento posteriores llevaron al departamento a ampliar el reclutamiento de policías negros, latinos y asiáticos, con el objetivo de recomponer la confianza de las comunidades afectadas por abusos y discriminación.

“El racismo es como el virus del herpes en el cuerpo del LAPD: puedes suprimirlo con un buen jefe, pero en cuanto se va, vuelve a aparecer”, afirmó Rice.

Resistencia ante el racismo estructural en la policía londinense

Una investigación de 2024, elaborada por especialistas británicos sobre la Policía Metropolitana de Londres, cuerpo policial de la capital británica, concluyó que sus agentes se mostraban “sorprendentemente a la defensiva” frente a preguntas sobre racismo estructural.

Los autores señalaron que algunos cuestionaban las políticas de contratación orientadas a la diversidad y atribuían las críticas al perfilamiento racial a activistas, funcionarios electos y medios de comunicación.

“Las reacciones despectivas ante una pregunta sobre un asunto tan importante ponen de manifiesto un antagonismo insaluble que impide a cualquier organización aprender o desarrollar sus prácticas”, advirtieron los investigadores.

El sociólogo Daniel Gascon, de la Universidad de Massachusetts Boston (universidad pública de Estados Unidos), coincidió en que aumentar la representación de grupos históricamente marginados no modifica automáticamente las jerarquías ni las prácticas de una institución.

Mayoría latina sin resolver las divisiones raciales dentro de la fuerza

La discusión también abarca el uso de la fuerza. Un análisis de Los Angeles Times sobre tiroteos policiales desde 2016 determinó que, de unas 150 personas abatidas por el LAPD, al menos 94 eran hombres latinos.

En tres de cada cuatro de los casos en que la víctima mortal era un hombre latino, al menos uno de los policías que disparó también era latino.

Agentes negros y latinos, en actividad y retirados, describieron profundas diferencias sobre la respuesta del departamento a las cuestiones raciales.

Varios policías negros afirmaron que aún enfrentan hostilidad y alusiones indirectas, como críticas a una supuesta reducción de los requisitos de ingreso a la academia. Según relataron, esos comentarios procedían de colegas negros y latinos.

Algunos agentes negros sostienen que parte de los policías latinos se considera únicamente víctima de discriminación y no posible reproductora de ella.

A su vez, agentes latinos consultados por el diario afirmaron que el LAPD priorizó durante años el ascenso de policías negros a puestos de mando, mientras la representación latina disminuía en los niveles jerárquicos superiores.

Alarma de Karen Bass por el descenso de policías negros en el LAPD

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, valoró que la cantidad de agentes latinos se acerque a la composición demográfica de la ciudad, pero expresó preocupación por la reducción de policías negros.

Bass, que trabajaba como organizadora comunitaria en el sur de la ciudad cuando ocurrió la golpiza a King, advirtió que muchos agentes afroamericanos están próximos a jubilarse y pocos jóvenes negros ingresan a la fuerza.

“Que esto haya ocurrido hace 30 años y que se hayan implementado nuevas políticas no es suficiente”, sostuvo Bass.

“Hay que asegurarse de que esas políticas se actualicen constantemente”. La investigación por las grabaciones, la demanda de Flores y los procedimientos internos del LAPD continúan abiertos.

Un operativo en San Pedro Sula, Honduras contra la modalidad de préstamos informales conocida como “gota a gota” dejó a 16 personas requeridas, entre ellas 14 ciudadanos colombianos y dos hondureños, informó hoy el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass.

Durante las acciones también fueron decomisados 13 vehículos, un arma de fuego y dinero en efectivo, según el reporte policial.

La operación estuvo a cargo de unidades especializadas de investigación financiera, inteligencia y fuerzas especiales. La Policía indicó que corresponde avanzar en el análisis de la información recopilada y coordinar con el Ministerio Público para establecer si existen elementos que permitan determinar responsabilidades por posibles delitos.

De acuerdo con Oseguera, los equipos de la Oficina Policial de Investigación Financiera (OPIF) y las unidades de inteligencia están procesando la información obtenida durante el operativo.

La investigación busca establecer cómo funcionaba la estructura dedicada presuntamente a los préstamos diarios, quiénes participaban en la actividad y si existieron conductas que puedan constituir infracciones a la legislación hondureña.

La Policía también dará seguimiento a personas que habrían recurrido a esta modalidad de financiamiento, con el objetivo de conocer posibles afectaciones económicas o situaciones derivadas de la forma en que se realizaban los cobros.

El término “gota a gota” se utiliza para describir sistemas de préstamos informales, generalmente de corto plazo y con pagos frecuentes. Las autoridades hondureñas han advertido sobre los riesgos asociados a esta actividad cuando los mecanismos de cobro derivan en amenazas, intimidación u otros hechos ilícitos.

Proceso de investigación

Mass explicó que se analiza el estatus migratorio de los 14 ciudadanos colombianos y que, dependiendo de los resultados de las investigaciones, se determinarán los pasos correspondientes.

El funcionario señaló que entre las posibilidades analizadas están la remisión ante las autoridades competentes si existen elementos para establecer una responsabilidad penal, o la aplicación de medidas migratorias, de acuerdo con el resultado del proceso.

Por ahora, la Policía no ha informado que las personas requeridas hayan sido declaradas responsables de un delito. Esa determinación corresponde al proceso investigativo y, en su caso, a las autoridades judiciales.

Las autoridades también han relacionado algunas investigaciones sobre esta modalidad con hechos violentos, aunque cada caso debe ser analizado de manera individual para determinar si existe una conexión entre los préstamos, los mecanismos de cobro y eventuales delitos.

La Policía pretende identificar a las personas que participan en estas actividades, así como establecer si existen estructuras organizadas detrás de los préstamos informales.

Tres detenidos en operaciones

Oseguera Mass también informó sobre dos operaciones desarrolladas en Tegucigalpa contra estructuras que las autoridades vinculan presuntamente con pandillas se trata de tres investigadas por su posible pertenencia a una organización criminal.

Según el reporte policial, durante las acciones se habría encontrado droga en poder de los sospechosos, por lo que se investiga una posible vinculación con actividades de microtráfico.

Los dos grupos de operaciones forman parte de las acciones policiales dirigidas contra actividades vinculadas al crimen organizado, aunque se trata de investigaciones distintas.

En San Pedro Sula, el foco está puesto en determinar el funcionamiento de la red de préstamos “gota a gota”, la situación de los ciudadanos extranjeros involucrados y la posible existencia de delitos asociados.

En Tegucigalpa, las investigaciones se concentran en establecer la presunta pertenencia de tres personas a una organización criminal y su posible relación con el microtráfico.

En la madrugada del jueves 25 de septiembre de 2026, un hombre irrumpió en su vivienda de Edgewood, Pensilvania, lo apuñaló mientras dormía junto a su esposa. Evans murió esa misma noche.

Su esposa, Gina Evans, resultó gravemente herida. Sus dos hijos, de 8 y 12 años, lograron escapar de la casa.

Lo que la investigación reveló en los días siguientes agravó aún más el cuadro: el acusado, Elijah Hemingway, de 32 años, habría cometido una agresión sexual horas antes del ataque, tenía antecedentes penales en dos estados y estaba en libertad cuando ocurrieron los hechos.

La jornada de violencia comenzó horas antes del ataque en Edgewood

La secuencia de violencia comenzó el miércoles por la mañana, cuando Hemingway emboscó a una mujer que caminaba por un sendero conectado a un callejón en Wilkinsburg.

Así lo informó el Departamento de Policía del Condado de Allegheny en un comunicado publicado en sus redes sociales, según retomó Fox News.

La víctima no conocía a su agresor. Hemingway la agredió sexualmente y le sustrajo el teléfono celular. La policía de Wilkinsburg notificó al personal de detectives del condado, que sumó esa investigación a la del homicidio.

Los detectives recuperaron múltiples elementos que vinculan a Hemingway con la agresión sexual, además del dispositivo sustraído, tal como señaló la policía local. Tras una consulta con la fiscalía, las autoridades presentaron cargos adicionales: violación, agresión sexual y robo.

Lo que ocurrió dentro de la vivienda según los testimonios

Según el informe policial, la esposa de Evans describió al agresor como alguien con un comportamiento “psicótico” que afirmaba ser “Dios” durante el ataque. La mujer gritó a sus hijos que abandonaran la casa mientras la pareja intentaba repeler la agresión.

La esposa aseguró ante los investigadores que desconocía cómo había ingresado Hemingway a la vivienda. Sin embargo, también relató que Evans llamó al atacante “Elijah” durante el incidente, como si lo reconociera.

Las autoridades del condado, citadas por KDKA, aclararon que no pudieron confirmar la existencia de una relación previa entre ambos.

Hemingway ofreció su propia versión ante la policía: aseguró que Evans lo había invitado a la casa horas antes y le había franqueado el ingreso. También acusó al médico de atacarlo con un cuchillo y afirmó haber recibido una herida de arma blanca en la espalda.

Sin embargo, las autoridades no encontraron ninguna herida en su cuerpo.

El historial judicial del acusado y las preguntas sobre su libertad

Las autoridades presentaron siete cargos contra Hemingway por el ataque del jueves, entre ellos homicidio criminal, agresión agravada, allanamiento de morada e intrusión.

Los registros judiciales muestran que Hemingway acumula antecedentes penales desde 2016.

En julio de 2026, un juez lo puso en libertad con fianza no monetaria —sin pago de dinero— por un allanamiento cometido en febrero de ese año. El crimen ocurrió semanas después de esa liberación.

Cómo reconstruyeron los investigadores la noche del crimen

Los investigadores creen que Hemingway entró a la casa por una ventana trasera y llegó hasta el dormitorio donde se encontraba la familia.

La Policía del Condado de Allegheny sostuvo esa reconstrucción en la denuncia penal, informó CNN.

Evans fue declarado muerto a la 1:42 de la madrugada en el hospital UPMC Mercy de Pittsburgh.

Su esposa recibió atención médica en el AHN Forbes Regional Hospital y quedó en condición estable.

El acusado habría salido por una puerta posterior tras el ataque. Un equipo canino lo encontró oculto en el patio de una vivienda cercana, según la misma fuente.

El acusado permanece sin fianza y tiene una audiencia prevista para octubre

Hemingway fue procesado el sábado por la noche por los cargos vinculados al homicidio y permanece detenido sin posibilidad de fianza en la cárcel del Condado de Allegheny.

La audiencia preliminar por ese expediente está fijada para el 9 de octubre, de acuerdo con los registros judiciales citados por CNN.

Por el ataque denunciado en Wilkinsburg, la fiscalía le imputó además el delito de relación sexual desviada involuntaria, afirmó Yahoo News, que tuvo acceso a la presentación judicial del 26 de septiembre.

El pasado del acusado en otro estado

Antes de los hechos en Pensilvania, Hemingway fue arrestado dos veces en Florida durante 2025. En marzo afrontó una acusación de violencia doméstica y, al mes siguiente, fue detenido por presuntamente agredir a agentes y resistirse al arresto, detalló CBS News Pittsburgh.

Una evaluación judicial de Florida determinó que padecía una enfermedad mental que afectaba su capacidad para comprender el proceso y colaborar con su abogado.

Meses después, un tribunal lo consideró competente, aceptó una declaración de no impugnación y recibió una sentencia equivalente al tiempo cumplido, indicó el canal local.

El fiscal de distrito del Condado de Allegheny, Stephen Zappala, aseguró que su oficina habría impugnado la libertad sin fianza concedida a Hemingway en julio si hubiera contado con sus antecedentes completos de Florida. El móvil del ataque no fue determinado hasta el momento.

Un operativo simultáneo desplegado en siete inmuebles de Santa Anita y San Martín de Porres permitió a la Policía Nacional del Perú (PNP) incautar 802 850 pastillas de éxtasis y 55 kilos de MDMA en polvo. La intervención estuvo dirigida contra el tráfico ilícito de drogas y permitió descubrir un laboratorio clandestino destinado a la elaboración de sustancias sintéticas.

Las diligencias estuvieron a cargo de agentes de la División de Investigación contra el Tráfico Ilícito de Drogas (DIVITID) de la Dirección Antidrogas (Dirandro), con apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia (PAD-DIGIMIN). El despliegue se ejecutó en cumplimiento de una resolución judicial que autorizó allanamientos, descerrajes, detenciones preliminares, registros personales y domiciliarios, además del decomiso de bienes y documentos.

Los inmuebles intervenidos se encontraban distribuidos en distintos condominios y viviendas de Santa Anita, mientras que otro de los puntos registrados estaba situado en la asociación La Encantada de Santa Rosa, en San Martín de Porres. Precisamente, en este último lugar los efectivos detectaron instalaciones utilizadas para producir drogas sintéticas.

Durante la inspección de ese predio, los policías encontraron un laboratorio clandestino y detuvieron en flagrancia a Josué Saturno Chávez. En el lugar también fueron hallados diversos equipos empleados, presuntamente, en el procesamiento y fabricación de las sustancias, los cuales quedaron bajo custodia para las investigaciones.

Entre los principales hallazgos figuran aproximadamente 725 850 pastillas de éxtasis y 55 kilos de MDMA en polvo. Según la información obtenida durante la operación, esta última cantidad habría permitido elaborar cerca de 77 000 unidades adicionales. Asimismo, los agentes encontraron 0,871 gramos de cannabis sativa (marihuana).

La intervención también permitió localizar 68 bolsas plásticas vacías, cada una con capacidad para cinco kilogramos, que presentaban rastros de sustancias relacionadas con el éxtasis. Las pruebas de campo efectuadas mediante un espectrómetro portátil dieron resultado positivo para MDMA y/o éxtasis.

De acuerdo con los elementos recogidos durante las diligencias, los residuos hallados en dichos recipientes corresponderían a un volumen estimado de 476 000 pastillas que ya habrían sido distribuidas. Por ello, al considerar tanto el material retirado directamente como las evidencias vinculadas con sustancias que habrían sido comercializadas, el comiso total asociado con la intervención asciende a 1 278 850 unidades.

Además del cargamento, los investigadores decomisaron dos computadoras personales, tres teléfonos celulares y documentación considerada de interés policial. También quedaron bajo incautación una máquina empastilladora, un contador de pastillas, una secadora y una mezcladora de sustancias, equipos que serán sometidos a las diligencias correspondientes para establecer su función dentro del proceso de elaboración.

En las actuaciones participaron seis fiscales de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita y seis abogados de la Defensa Pública de Lima Este. Su presencia permitió acompañar las diligencias efectuadas en los predios intervenidos y las acciones vinculadas con el procedimiento judicial.

Las pesquisas continuarán para establecer el origen de los insumos encontrados, determinar quiénes estarían involucrados en la presunta organización y precisar el destino de las sustancias. La Policía y el Ministerio Público deberán establecer, además, las responsabilidades individuales que correspondan conforme al avance de las investigaciones y a las disposiciones de la legislación vigente.

El hecho generó preocupación entre quienes se encontraban en el sistema de transporte masivo. Los reportes preliminares indicaron que la confrontación ocurrió cerca de las 6:50 a. m. y que también resultó herido un hombre que se movilizaba con un bastón.

La pelea habría surgido por un conflicto entre personas que realizaban ventas informales dentro de la estación Universidad Nacional. De acuerdo con la información disponible, una mujer sufrió una lesión en una mano y un hombre presentó una herida en una oreja.

La Policía Metropolitana de Bogotá señaló que sus unidades adscritas al servicio de TransMilenio actuaron tras recibir un requerimiento ciudadano por lo sucedido dentro de la estación.

Así lo explicó la teniente Coronel Maryam Moreno, comandante del grupo Transporte Masivo Transmilenio: “Unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá, adscritas al grupo de transporte masivo Transmilenio, atendieron un hecho de intolerancia registrado en la estación Universidad Nacional. Tras un requerimiento ciudadano, nuestros uniformados acudieron de manera inmediata, donde encontraron una mujer de 46 años que había sido agredida con un arma cortopunzante, presuntamente por un hombre de 41 años”.

Según la insitución, el hombre detenido atacó a la mujer con un arma cortopunzante. La entidad precisó que el incidente estuvo relacionado de forma preliminar con una discusión entre personas dedicadas a la venta informal en el sistema.

La institución sostuvo que la intervención de los uniformados permitió detener al señalado agresor. “Se logró capturar en flagrancia al agresor”, informó la Policía Metropolitana de Bogotá.

El detenido quedó bajo custodia de la autoridad competente para el proceso de judicialización. La Policía atribuyó de manera preliminar el caso al presunto delito de lesiones personales.

La versión oficial apuntó a que la discusión se produjo entre personas que desarrollaban actividades de venta informal dentro de TransMilenio. Esa hipótesis también fue mencionada en los reportes iniciales conocidos sobre la pelea.

La Policía Metropolitana pidió a la comunidad evitar que las diferencias escalen hacia agresiones. En ese sentido, llamó a recurrir al diálogo y a denunciar los hechos que alteren la seguridad y la convivencia.

“La Policía Nacional reitera su llamado al diálogo y al respeto”, manifestó la institución. También pidió reportar situaciones de riesgo mediante la línea de emergencia 123 o ante el uniformado más cercano.

La entidad no detalló en el comunicado el estado de salud de las personas lesionadas. Tampoco entregó una explicación adicional sobre el origen específico de la discusión que derivó en el ataque.

Concejales cuestionaron la falta de control dentro del sistema

El presidente del Concejo de Bogotá rechazó lo ocurrido y difundió imágenes del hecho a través de sus redes sociales. El dirigente afirmó que la escena en la estación Universidad Nacional reflejó un hecho de violencia que no debería ocurrir en el transporte público.

“Una estación de Transmilenio llena de sangre. La escena parece de película de TERROR”, escribió el presidente del Concejo. Luego añadió que, al parecer, una riña entre vendedores ambulantes terminó con dos personas heridas.

El concejal Andrés Barrios Bernal vinculó el incidente con la venta informal y reclamó medidas para recuperar la autoridad dentro de TransMilenio.

“Este es el resultado de dejar perder la autoridad en TransMilenio”, afirmó Barrios Bernal. El concejal sostuvo que la venta informal no está permitida dentro del sistema y cuestionó que, según su postura, no se hubiera frenado el desorden antes de la riña.

Barrios Bernal pidió a TransMilenio y a la Policía reforzar el control en las estaciones. “La autoridad no puede aparecer hasta después de ver estas imágenes”, expresó el cabildante al referirse al episodio registrado en Universidad Nacional.

El caso de Douglas Stewart Carter es uno de los más largos y cuestionados de la historia judicial de Utah: un hombre negro condenado a muerte en 1985 por matar a la tía del jefe de policía de Provo, en un juicio sin pruebas físicas, con una confesión impugnada y testigos que la fiscalía pagó para que declararan en su contra.

Este lunes, con 71 años y tras cuatro décadas esperando la ejecución, Carter salió en libertad.

Un juez ordenó su liberación bajo fianza después de que un análisis de ADN excluyera su perfil genético de las muestras halladas en la escena del crimen. Lo que sigue es la reconstrucción de cómo llegó hasta ahí.

El ADN excluye a Carter y debilita la acusación

Los resultados del análisis genético, recibidos el 22 de septiembre por la fiscalía, descartaron a Carter como fuente de la sangre hallada en el pomo de una puerta y del material genético recuperado del mango del cuchillo con el que fue apuñalada Eva Olesen, quien también recibió un disparo.

El juez Derek Pullan reconoció que los resultados debilitaban aún más la acusación, aunque señaló que un jurado razonable todavía podría concluir que Carter mató a Olesen.

A pesar de ello, ordenó su liberación con la condición de que use un monitor GPS y evite todo contacto con la familia de la víctima.

El fiscal del condado de Utah, Erwin Petilos, sostuvo ante el juez, tal como recogió ABC News, que reconsiderar la fianza de Carter era “necesario y justo” mientras el Estado continúa evaluando el resto de las pruebas del caso.

El medio estadounidense aseguró que la fiscalía declinó informar si utiliza el ADN para buscar otros sospechosos.

Una condena basada en testigos pagados y una confesión impugnada

Carter, oriundo de Chicago, vivía con su madre en Utah cuando Olesen fue asesinada. La investigación lo señaló como sospechoso de haberla matado durante un robo.

En abril de 1985, Carter huyó del estado al creer que era buscado por un caso de agresión no relacionado. Fue detenido en junio de ese año en Nashville, Tennessee, donde firmó una confesión durante un interrogatorio a cargo de un detective de Provo.

Carter siempre sostuvo que la confesión fue falsa y que la firmó tras recibir amenazas reiteradas de parte de la policía. El jurado lo condenó a muerte sin que la defensa presentara ningún testigo. En 1992, tras un nuevo juicio, volvió a ser sentenciado a la pena capital.

En 2011, los dos testigos del juicio original fueron encontrados en México. Ambos afirmaron que les habían indicado que mintieran en el tribunal y que habían recibido dinero y regalos de parte de la policía, quien les exigió que no revelaran esos pagos.

También declararon que agentes y fiscales los amenazaron a ellos y a su hijo con la deportación si no implicaban a Carter.

La Corte Suprema de Utah ordenó un nuevo juicio el año pasado, al citar “múltiples instancias de mala conducta intencional” por parte de agentes policiales y un fiscal. Tras esa resolución, se encargó el análisis de ADN cuyos resultados acaban de conocerse.

La familia de la víctima mantiene sus dudas y pide justicia

La audiencia del lunes también le dio voz a la familia de Eva Olesen. Theresa Olesen, nuera de la víctima, expresó ante el juez las “serias preocupaciones” que la familia tiene respecto a la liberación de Carter.

“Esperábamos con ansias una coincidencia concreta”, afirmó Olesen en declaraciones recogidas por ABC News. “Eso no significa que él no haya estado allí”, añadió. “Solo queremos justicia para Eva. Y si tuvo algún papel en esto, queremos que se sepa.”

Por su parte, los abogados defensores de Carter señalaron que testigos vieron a un hombre blanco huir de la escena del crimen y que un investigador ocultó pruebas que apuntaban a otros sospechosos, entre ellos el propio marido de la víctima, Orla Olesen, un contratista de pintura que murió en 2009.

Según los documentos judiciales, los fiscales estaban próximos a imputar al marido cuando un teniente de la policía de Provo les pidió que no lo hicieran para continuar la investigación.

Décadas de trauma y un nuevo juicio en el horizonte

El abogado defensor Neal Hamilton indicó que Carter fue liberado el mismo lunes por la noche. Será alojado en un hospedaje temporal cerca de la familia de su hijo, quien fue adoptado por otra familia cuando era un bebé y no supo de la condena de su padre hasta años más tarde.

“No es tan simple como decir ‘suéltenlo’”, afirmó Hamilton en declaraciones a ABC News. “Él sale con 41 años de trauma inducido por el Estado y el efecto que eso tendrá sobre él es muy real”, agregó.

La fiscalía del condado de Utah ya retiró el aviso de que buscaría la pena de muerte en el nuevo juicio, que el juez Pullan tiene previsto para 2027.

El sábado por la tarde, un sargento de la Policía de Dublín, California, que circulaba por la zona encontró a un hombre tendido en el estacionamiento del complejo deportivo Dublin Sports Grounds con múltiples heridas de bala.

Minutos antes, testigos habían visto a una pareja alejarse del lugar con calma. Se trataba de los suegros de la víctima.

Jonathan McKinsey era director de ingeniería del departamento de juegos de The New York Times, donde trabajaba desde 2023, luego de pasar por empresas como Splunk, Coursera y Oracle.

Tenía 40 años, atravesaba un divorcio y había acusado a su familia política de maltratarlo por ser un hombre transgénero. El sábado fue asesinado, presuntamente, por los padres de su esposa.

La pareja detenida tiene 76 años y enfrenta cargos de homicidio

Las autoridades arrestaron a Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 76 años, residentes del área y padres de la esposa de McKinsey, Candice Jang.

La pareja fue detenida sin posibilidad de fianza por sospecha de asesinato, descarga intencional de arma de fuego con negligencia grave, conspiración y puesta en peligro de menores con probabilidad de causar lesiones graves o la muerte.

La vinculación del último cargo con un menor en particular no quedó del todo clara.

Assad Razawi, un testigo que se encontraba junto a su automóvil frente a un supermercado cercano, declaró al San Francisco Chronicle que escuchó entre cinco y seis detonaciones provenientes del parque.

Al girar, vio a un hombre caer al suelo y a una pareja alejarse con calma. Los testigos presentes señalaron a Zhang y Chen como los responsables.

El matrimonio atravesaba un proceso de divorcio con acusaciones cruzadas de violencia doméstica

Cada uno había solicitado órdenes de restricción por violencia doméstica contra el otro en el condado de Alameda durante el año anterior.

McKinsey era un hombre transgénero y, en su solicitud de orden de restricción presentada en diciembre de 2025, acusó a su esposa y a sus suegros de haberlo maltratado a causa de su identidad.

Según ese escrito, McKinsey había denunciado que su suegra lo llamó a él y a uno de sus hijos “pervertido” y “monstruo” después de que el niño se probara vestidos, y que su suegro lo golpeó en el pecho mientras se recuperaba de una doble mastectomía en 2010.

McKinsey también había acusado a Jang de haberlo golpeado en la cabeza con una sartén, de haberlo obligado a ingerir una cucaracha y de haberle propinado otro golpe en la cabeza con un espejo que, al romperse, le seccionó un tendón y un nervio en la mano, lo que requirió cirugía y le dejó una pérdida permanente de sensibilidad en el pulgar.

“Cuando protestaba por cualquiera de estas cosas, ella me amenazaba con hacerme daño o decía que llamaría a la policía y les diría que yo estaba lastimando a nuestros hijos”, afirmó McKinsey en su presentación ante la justicia, recogida por The New York Times.

En su propia solicitud de octubre de 2025, Jang declaró que McKinsey la había tomado por los antebrazos durante una discusión y la había arrojado contra el borde de una mesa, fracturándole una vértebra en la parte superior de la espalda.

También lo acusó de maltratar emocionalmente a su madre. Los intentos por contactar a Jang y a su abogada el lunes no tuvieron éxito, según The New York Times.

McKinsey enfrentaba cargos por abuso infantil y sostenía que había sido incriminado

En paralelo al conflicto conyugal, McKinsey había sido imputado en el Tribunal Superior del condado de Alameda por dos cargos de delito menor de abuso infantil vinculados a dos incidentes separados.

Se había declarado no culpable en ambos casos y fue liberado bajo la condición de completar 12 clases de crianza. Una audiencia previa al juicio estaba programada para el mes siguiente.

Según un informe policial, el 17 de octubre de 2025, un oficial tomó contacto con Jang, quien señaló que su esposo había golpeado a su hijo de 6 años en la cara con la mano abierta.

Al concurrir al domicilio, los agentes hallaron a un menor de 2 años solo y sin supervisión en una habitación del piso superior, y determinaron que McKinsey lo había dejado durante más de una hora mientras salía de compras.

McKinsey negó los hechos en su solicitud de orden de restricción y sostuvo que Jang era la responsable de los hijos durante la semana laboral y que no le había avisado antes de salir que el niño dormía en su cuna. “Ella hizo esto a propósito, para tenderme una trampa”, escribió, según recogió The New York Times.

Ese mismo mes inició los trámites de divorcio y manifestó que, pese a que su esposa había obtenido la custodia total de los hijos, temía por la seguridad de ellos.

Zhang y Chen tienen programada su presentación ante el juez para el miércoles. Hasta el momento, se desconoce si cuentan con representación legal.

Una urgencia al baño derivó en una detención policial en Rosenberg, Texas. James Mansell Lancaster Jr., de 60 años y residente de Natchez, Misisipi, aceleró su Chevrolet HHR 2006 de forma deliberada contra la entrada de la farmacia de un supermercado Kroger, causó daños por USD 50.000 y fue arrestado en el lugar.

El episodio ocurrió a las 4:28 de la madrugada del domingo 27 de septiembre, cuando el local permanecía fuera de horario comercial.

En ese momento, empleados de la tienda reponían mercadería en otras secciones del establecimiento. Ninguno resultó herido.

Lancaster admitió ante los oficiales que irrumpió con el auto porque necesitaba usar el baño y estaba molesto con las puertas cerradas, de acuerdo con CBS Newspath.

Además, Univisión recopiló información en una comunicación directa con el teniente Sebastian Muñoz. El conductor permaneció en el lugar tras el impacto, donde los agentes lo detuvieron.

El choque dejó daños por USD 50.000 en el supermercado

El impacto generó daños extensos en el edificio. Las imágenes difundidas por la policía mostraron el automóvil en el interior del local, rodeado de vidrios rotos tanto dentro como fuera de las puertas. Los marcos metálicos de la entrada también presentaron deterioro significativo.

El departamento de Policía de Rosenberg difundió el hecho a través de su cuenta de Facebook, donde describió la situación con ironía.

“Supongo que cuando hay que ir, hay que ir, pero recomendamos encontrar un local abierto... para hacer sus necesidades”, publicó la institución.

“Todo lo que dijo fue que las puertas estaban cerradas y que tenía que usar el baño”, afirmó el teniente Muñoz, portavoz de la Policía de Rosenberg, en declaraciones al New York Times.

Lancaster enfrenta un cargo grave de tercer grado por los daños causados

Fox News confirmó, junto a la cadena local FOX 26, que los cargos presentados contra Lancaster son de daño criminal (criminal mischief).

La cifra de USD 50.000 en daños, confirmada por la policía al New York Times, ubica el caso en la franja más grave del delito según el Código Penal de Texas §28.03: un delito grave de tercer grado (third-degree felony), penado con entre 2 y 10 años de prisión y una multa de hasta USD 10.000.

Los registros de la cárcel del condado de Fort Bend confirmaron el arresto y detallaron el cargo de daño criminal por daños de entre USD 30.000 y USD 150.000, según informó Univisión.

Hasta el lunes 28 de septiembre, Lancaster permanecía detenido en ese establecimiento. Las autoridades no informaron si contaba con representación legal.

Kroger no difundirá las grabaciones y remitió las consultas a la policía

El Kroger afectado está ubicado en 24401 Brazos Town Crossing, en Rosenberg, condado de Fort Bend, a unos 48 kilómetros (30 millas) al suroeste de Houston, tal como confirmó el teniente Muñoz a Univisión.

La cadena opera 201 supermercados distribuidos en 83 ciudades del estado, de acuerdo con la información publicada en su propio sitio web.

Un representante de la empresa confirmó al New York Times que Kroger no difundirá las grabaciones de las cámaras de seguridad del incidente y que la compañía trabaja en estrecha colaboración con las autoridades.

“La seguridad de nuestros empleados y clientes es uno de nuestros valores fundamentales”, declaró el vocero, quien derivó el resto de las consultas a la policía.

California volvió a quedar en el centro de un debate que se repite: el estado liberó a un depredador sexual violento con antecedentes graves, lo supervisó con un monitor GPS y, aun así, lo perdió.

Merle Wakefield lleva más de dos días prófugo en San Diego y las autoridades aún no dan con su paradero. El caso expone una falla concreta en el sistema de libertad condicional, según coincidieron funcionarios locales y legisladores del condado.

Wakefield estaba bajo supervisión de 24 horas en un depósito de Rancho Bernardo —identificado por NBC San Diego como un centro de procesamiento de Amazon— cuando, cerca de las 3:30 a.m. del viernes, su monitor GPS activó la alerta. La teniente Aloha Peters, de la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego, confirmó los detalles del lugar al San Diego Union-Tribune.

Liberty Healthcare, la empresa privada contratada por el estado de California para supervisar a condenados bajo el Programa de Liberación Condicional, despachó a su personal de inmediato, pero al llegar encontró el dispositivo en el suelo y a Wakefield sin rastro. Una fuente policial citada por NBC San Diego afirmó que el condenado arrojó su teléfono celular entre unos arbustos y huyó en un Toyota Camry blanco modelo 2018.

El sistema de monitoreo alertó, pero Wakefield ya no estaba

El contratista notificó de inmediato a la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego y a la Policía de San Diego. Las autoridades confirmaron el domingo que la búsqueda continuaba activa y que el caso generaba preocupación en la comunidad.

“Llevamos más de 48 horas desde que Merle Wakefield se quitó el monitor GPS y se fue. Todavía está ahí afuera”, escribió el supervisor del condado Jim Desmond en su cuenta de Facebook. Desmond calificó a Wakefield de “abusador sexual de menores y violador violento condenado“ y acusó al estado de no haber comunicado públicamente la desaparición.

La agencia reconoció la inquietud de los vecinos. “Hemos trabajado con diligencia para localizarlo”, afirmó la empresa en un comunicado, en el que también pidió a la ciudadanía que reporte cualquier avistamiento o información útil.

Wakefield cargaba condenas desde 1980 y fue liberado en noviembre de 2024

Wakefield tiene dos condenas por delitos graves: una de 1980 por actos lascivos con un menor de 14 años y otra de 1991 por violación con uso de la fuerza. Desde noviembre de 2024 se encontraba en libertad condicional, una decisión que generó resistencia de autoridades locales mucho antes de que ocurriera su fuga.

En octubre de 2024, un juez de San Diego le otorgó una “liberación transitoria”, sin domicilio fijo. Esa determinación fue el tercer intento por parte del estado de ubicar a Wakefield en San Diego. Una propuesta anterior lo habría colocado en una vivienda en Poway, cerca de una escuela y un parque, lo que desató protestas vecinales.

El alcalde de Poway, Steve Vaus, se opuso a esa ubicación. “Es un juego de manos que pone en riesgo a la comunidad”, dijo Vaus, tal como recogió Fox 5/KUSI en su cobertura del caso.

La fiscalía del condado también se opuso, con el argumento de que era necesario garantizar condiciones de monitoreo y supervisión adecuadas.

La auditoría ya advertía: el 36% de los liberados violó las condiciones

El senador estatal republicano Brian Jones, del distrito de San Diego, había advertido sobre los riesgos del programa estatal que permite mantener bajo supervisión y en libertad a personas condenadas por delitos sexuales violentos, antes de que Wakefield desapareciera.

Jones impulsó una auditoría del programa que arrojó un dato contundente: el 36% de las personas incorporadas había incumplido las condiciones de su liberación.

El senador también cuestionó los costos del programa y planteó que el estado debería mantener a este tipo de condenados en hospitales psiquiátricos, en lugar de integrarlos a las comunidades. “Supuestamente, iba a tener un dispositivo de rastreo”, dijo Jones, según recogió Fox 5/KUSI.

El Departamento de Hospitales Estatales de California defendió el proceso y señaló que la decisión final sobre la liberación condicional de este tipo de condenados recae en los tribunales.

Además, aclaró que su programa de supervisión incluía monitoreo GPS, visitas domiciliarias sin previo aviso y vigilancia activa, y que el incumplimiento podía derivar en el retorno a un hospital estatal.

El propio Desmond retomó esa discusión tras la fuga. “He combatido estas liberaciones desde el primer día. Estas personas no pertenecen a la comunidad. Pertenecen a un hospital estatal o a la cárcel. Mientras la legislación de Sacramento siga permitiendo esto, las familias van a seguir pagando el precio”, escribió en Facebook.

Wakefield mide 1,78 metros, pesa unos 104 kilogramos y tiene ojos marrones. La Oficina del Sheriff informó el 27 de septiembre que la búsqueda cuenta con el apoyo de la Fuerza de Tareas contra Delitos Graves de Agresión Sexual y de la Fuerza de Tareas de Fugitivos, y que todas las agencias policiales de la región recibieron una alerta.

Ante cualquier avistamiento, las autoridades piden no acercarse al sospechoso, llamar al 911 o comunicarse de forma anónima con San Diego County Crime Stoppers al (888) 580-8477.

En la noche del 19 de octubre de 2024, una estudiante de 20 años llegó a la casa de la fraternidad Chi Phi en el campus de Cornell, en Ithaca, Nueva York.

Lo que ocurrió entre esa noche y la madrugada del día siguiente —según su relato— fue una agresión sexual en grupo que se prolongó hasta las 5:45 de la mañana.

Durante dos años, ninguno de los siete hombres señalados enfrentó cargos penales. Ahora, la fiscalía del condado de Tompkins reabrió la investigación y prevé presentar el caso ante un gran jurado, según informó ABC News.

La fiscalía reactivó el expediente tras dos años sin cargos penales

El detonante fue una demanda civil de 101 páginas presentada el 14 de septiembre de 2026 ante la Corte Suprema del estado de Nueva York por la víctima, identificada como Jane Doe, contra la Universidad de Cornell, siete miembros de una fraternidad y otros codemandados, entre ellos un local nocturno de Ithaca, Moonies Bar & Nightclub, al que la demanda responsabiliza por haber servido alcohol a Doe antes del presunto ataque.

El escándalo que generó el escrito forzó al fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, a reconocer públicamente que su oficina nunca realizó una investigación independiente: se había apoyado exclusivamente en las actuaciones de la Policía de Cornell.

“Queremos reexaminar si existe prueba que no conocíamos en noviembre de 2024 y que podría cambiar nuestra valoración del caso”, dijo el fiscal en declaraciones a ABC News.

Doe dice que fue drogada sin saberlo; la fiscalía sostiene que no lo declaró así en 2024

La brecha entre el expediente policial original y lo alegado en la demanda abre una de las tensiones centrales del caso.

El fiscal sostuvo que, en su declaración inicial, Doe admitió haber consumido drogas y alcohol de manera voluntaria y con conocimiento previo. También señaló que ella no afirmó haber sido forzada a realizar ningún acto ni indicó en ningún momento que estuviera inconsciente o incapacitada. Con base en esa declaración, la fiscalía concluyó que no había elementos suficientes para avanzar penalmente.

Thomas Giuffra, abogado de Doe, rechazó esa caracterización y apuntó directamente a las deficiencias del procedimiento.

Doe presentó su denuncia ante la policía universitaria el 8 de noviembre de 2024, casi tres semanas después del presunto ataque.

La investigación interna bajo el Título IX comenzó en enero de 2025. Según Giuffra, Doe nunca fue contactada por un detective especializado ni por la fiscalía tras realizar la denuncia: “Hablar con una sobreviviente de abuso requiere delicadeza, comprensión y formación especializada. Un oficial universitario promedio no tiene esas habilidades”, sostuvo.

El chat de Snapchat, una prueba que la fiscalía dice no haber recibido

Un elemento de peso en el escrito judicial es una captura de pantalla de un chat grupal de Snapchat en el que, según Doe, miembros de la fraternidad discutían los hechos de esa noche. Van Houten afirmó que ese material nunca llegó a su oficina.

Giuffra rebatió que fue entregado a las autoridades en 2024: “Mi cliente fue a la Policía de Cornell porque se cometió un crimen. Les entregaron el chat grupal que invitaba a los miembros de la fraternidad a violar a mi cliente. Era una prueba crítica. Aun así, no hubo seguimiento”.

La demanda identifica a los siete acusados por su nombre: Matthew Ingalls, Johnathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar.

Norris reconoció haber enviado un mensaje incluido en el escrito judicial, aunque negó haber participado en actividad sexual ni en el consumo de drogas y aseguró que Cornell no lo encontró responsable de las acusaciones de mayor gravedad.

Kretzschmar, por su parte, negó los hechos a través de su abogado, Jeremy Saland: “Scott jamás agredió sexualmente ni tocó a la demandante en ninguna forma. Esperamos confrontarla ante un tribunal”.

Cornell impuso sanciones pero la víctima dejó sus estudios

Tras una investigación que incluyó al menos 12 audiencias internas, según informó CBS News, Cornell determinó que dos de los siete acusados serían expulsados, mientras que otros recibieron suspensiones y medidas disciplinarias adicionales. La universidad también clausuró la sede de Chi Phi en Cornell y le prohibió seguir funcionando en el campus.

Sin embargo, la magnitud de las consecuencias institucionales contrasta con la situación de Doe, que abandonó la institución sin completar su carrera y, según Giuffra, “apenas logra sostenerse a raíz de lo que estos hombres le hicieron”.

La sede nacional de la organización emitió un comunicado en el que rechazó “inequívocamente” la violencia sexual y afirmó que sus principios fundacionales son incompatibles con ese tipo de conductas, aunque aclaró que no podía referirse a las acusaciones específicas durante el litigio civil en curso.

La universidad respaldó al fiscal y cuestionó la narrativa sobre sus sanciones

Cornell reaccionó al movimiento de la fiscalía con una declaración en la que respaldó la decisión de Van Houten de llevar el caso al gran jurado. Al mismo tiempo, rechazó las versiones que describían las consecuencias internas como menores.

“Cualquier insinuación de que la universidad no impuso castigos significativos es falsa”, señaló el comunicado, que también cuestionó que se haya afirmado públicamente que algunos de los acusados solo tuvieron que escribir ensayos como única consecuencia.

Trae Banuelos-Rovaris, representante de la Alianza Contra la Violencia Sexual, recordó que en Nueva York existen alrededor de 54 centros de atención a víctimas de agresión sexual orientados a trabajar con estudiantes universitarios.

Una de las víctimas fue Erin Piacenti, de 32 años, vicepresidenta de Bank of America, quien había regresado al trabajo ese mismo lunes tras dar a luz a su primera hija. Piacenti murió a causa de la herida.

El sábado, la Policía de Nueva York (NYPD) difundió las imágenes de las cámaras corporales de los agentes presentes en la escena.

Los videos, que registran el episodio desde adentro, revelan por primera vez cómo se desarrolló el enfrentamiento entre los uniformados y Cisneros —una mujer con décadas de historial psiquiátrico— antes de que abrieran fuego.

Los oficiales intentaron negociar durante más de cuatro minutos antes de disparar

Los videos muestran a los agentes rodeando a Cisneros mientras ella blandía los cuchillos frente a ellos. El oficial Ryan Brito tomó la delantera en el diálogo e intentó conectar con ella en términos personales.

“Yo también pasé por cosas difíciles. He estado donde estás vos ahora. Te lo prometo. Trabajé en Wendy’s. He estado en ese lugar”, le dijo Brito a Cisneros, según consta en las grabaciones.

Cisneros, por su parte, repitió en varias ocasiones que estaba “cansada de este mundo”. Cuando un agente le aseguró que no querían hacerle daño, ella respondió: “Sí, van a hacerlo. Eso, o los mato a todos”.

En un momento, pareció desorientada y preguntó a los oficiales si eran “parte del show”. Segundos después, comenzó a girar los brazos y cargó contra el grupo de policías con los cuchillos en la mano.

Las pistolas Taser fallaron y dos agentes abrieron fuego

Dos oficiales accionaron sus Tasers, pero los dispositivos no tuvieron efecto. Cuando Cisneros se acercó a pocos metros de los uniformados, los agentes Joseph O’Connor y Steven Darcy sacaron sus armas reglamentarias y dispararon tres tiros. Cisneros fue trasladada de urgencia al hospital Bellevue.

Ninguno de los dos oficiales tiene antecedentes disciplinarios dentro del NYPD. O’Connor lleva cuatro años en la fuerza; Darcy, tres.

La División de Investigaciones de Uso de la Fuerza del NYPD tiene a su cargo la investigación del caso.

La comisionada de policía Jessica Tisch defendió la actuación de sus agentes. “Esta fue una situación de peligro extraordinario en el corazón de Times Square, el cruce del mundo”, declaró.

“Nuestros oficiales se enfrentaron a una amenaza que evolucionaba rápidamente, con incontables civiles a su alrededor. En ese momento, hicieron lo que los entrenamos para hacer”, agregó.

Familiares señalan que Cisneros pudo haber interrumpido su medicación mensual

La salud mental de Cisneros tenía décadas de historia. Tisch confirmó que la mujer registraba episodios previos documentados por el NYPD en 2018 y 2019, aunque no tenía antecedentes penales en la ciudad de Nueva York.

Entre sus internaciones y el intento de suicidio —en el que se arrojó a las vías del subte— había atravesado también una depresión posparto.

Su hermano, Patrick Peralta, explicó al New York Daily News que, debido a las dificultades que Pamela tenía para tomar medicación diaria, los médicos le habían recetado inyecciones mensuales de medicación.

“Durante los últimos seis años no había ningún problema. Mientras tuviera la medicación, estaba bien... Nunca mostró violencia hacia nadie”, aseguró.

Peralta sospecha que su hermana pudo haber dejado de aplicárselas en los meses previos al ataque. “Antes iba en persona a recibirlas y me acabo de enterar de que ahora lo hacía ella misma. No sé si paró, porque mis padres son mayores y estaban tratando de asegurarse de que cumpliera el tratamiento. Eso es lo único que puedo sugerir: que quizás no se las puso en los últimos meses”, afirmó. “Su cabeza estaba en todas partes”, concluyó.

Según describió el New York Daily News, la crisis de atención psiquiátrica en Nueva York tiene raíces estructurales: el cierre masivo de instituciones de gran escala dejó un vacío que la red de atención comunitaria —considerada insuficiente y con financiamiento escaso— no pudo cubrir.

Entre enero y el 23 de septiembre de 2026, Cundinamarca registró 55 homicidios menos que en el mismo período de 2025. La cifra surge del último balance entregado por la Secretaría de Gobierno departamental y la fuerza pública, que atribuyeron el resultado a la articulación entre alcaldías municipales, autoridades departamentales y policía.

El departamento opera bajo tres jurisdicciones policiales, y el comportamiento no fue uniforme entre ellas. La Región Metropolitana de Policía Soacha (Mesoa) fue la que reportó la reducción más pronunciada, con una baja del 26,4% en homicidios. Le siguió el Departamento de Policía de la Sabana, con una disminución del 14%. En el Departamento de Policía de Cundinamarca, que cubre 92 municipios entre zonas rurales y urbanas, el descenso fue del 2,8%.

Las autoridades explican la diferencia entre jurisdicciones por factores como densidad poblacional, extensión territorial y tipo de criminalidad predominante en cada zona. Soacha, por ejemplo, es uno de los municipios más poblados del departamento y ha sido históricamente uno de los que registra mayores índices de violencia, lo que podría explicar el peso relativo de su reducción dentro del balance general.

El reporte oficial vinculó estos resultados con la ejecución de más de 20.000 acciones desarrolladas entre enero y septiembre, entre las que se cuentan patrullajes, recorridos de inspección, consejos de seguridad, mesas de trabajo interinstitucionales y jornadas de atención a comunidades.

Sobre la estrategia para lo que resta del año, las autoridades departamentales señalaron que el foco estará en sostener la tendencia a la baja en delitos de alto impacto. Para ello, dijeron, se trabaja en identificar los sectores que requieren refuerzo en el pie de fuerza, además de mejoras en logística y tecnología para la operación policial.

El reconocimiento oficial por estos resultados fue para los comandantes del sistema defensivo regional, el coronel Jorge Alberto Delgado Montoya, el coronel Miguel Ángel Díaz Llanos y la coronel Ana María Luquerna Rodríguez, cada uno al frente de una de las tres jurisdicciones mencionadas. La gestión desde la Secretaría de Gobierno departamental estuvo a cargo del general Luis Fernando Navarro.

El peso de las armas ilegales en los homicidios

Tres de cada cuatro homicidios cometidos con arma de fuego en Colombia involucran armamento ilegal. La cifra, del 76%, corresponde a información de la Policía Nacional y ubica a las armas por fuera del control estatal como un factor central en la violencia letal del país.

Entender de dónde salen esas armas ha sido difícil. Solo desde 2024 la Dijín cuenta con el Módulo de Rastreo de Armas, Municiones y Explosivos, que sistematiza lo que se incauta. Según ese registro, en 2025 se decomisaron 21.593 armas de fuego, 359 más que el año anterior.

Del total incautado, el 73% era industrial y el 27% hechiza, es decir, fabricada de forma casera o modificada manualmente. Esta última categoría es la más compleja de seguir, pues las piezas de una misma arma pueden tener números de serie distintos e incluso provenir de países diferentes. Por tipo, predominan los revólveres (2.114), seguidos por los fusiles (483) y las pistolas (377).

En cuanto al origen, en los últimos dos años Estados Unidos encabeza la lista con 4.343 armas, casi todas industriales. Turquía ocupa el segundo lugar con 3.923, en su mayoría traumáticas, un tipo de arma cada vez más usado en hechos delictivos. Les siguen las fabricadas en Colombia (2.054), Italia (718), Alemania (470) e Israel (383).

Las autoridades identificaron rutas de ingreso por la frontera con Ecuador, por Panamá y por Venezuela. Aun así, los registros permiten saber dónde se fabricó un arma, pero no necesariamente cómo llegó al país ni en qué momento pasó del mercado legal al ilegal, un vacío que limita la capacidad de las autoridades para cortar el flujo hacia las calles.

La noche del miércoles, la Policía de Smyrna respondió a un llamado por persona desaparecida en el complejo Park Valley Apartments, en Georgia.

Antes de que terminara la jornada, ese mismo lugar se convirtió en la escena de uno de los crímenes más perturbadores que los investigadores locales recuerdan: el asesinato y desmembramiento de Shanteria Mosley, conocida como “KT” por su entorno.

Kingston Bradley, de 18 años y residente del complejo, fue detenido y acusado de asesinato con malicia y ocultamiento de la muerte de otra persona, informó ABC News.

El joven no realizó declaraciones ante los investigadores, de acuerdo con la portavoz policial Meredith Holt.

Una llamada por desaparición precedió el inicio de la investigación por homicidio

Los familiares explicaron que la última vez que vieron a Mosley fue en Atlanta, afirmó Holt durante una conferencia de prensa recogida por ABC News.

Un agente recorrió el lugar, tocó puertas y entrevistó a residentes durante cerca de media hora. Después, indicó a la familia que presentara la denuncia de desaparición ante las autoridades de Atlanta, relató la portavoz.

Unos 30 minutos tras la salida del agente, los policías recibieron otro aviso y regresaron a Park Valley Apartments. En esa segunda intervención comenzó la pesquisa por homicidio.

“Es un crimen impactante. No sé cómo describirlo de otra manera”, sostuvo la teniente Holt ante la prensa. La funcionaria acumula 25 años de trayectoria en las fuerzas de seguridad.

La orden judicial describió heridas de arma blanca y rastros de sangre en el apartamento

La acusación contra Bradley se amplió el viernes, cuando la policía halló más restos humanos dentro de bolsas de basura en el baúl de un vehículo. Una de las bolsas mostraba el contorno de una parte del cuerpo, precisó el Departamento de Policía de Smyrna en un comunicado.

La oficina del médico forense del Condado de Cobb abrió las bolsas y confirmó que contenían partes humanas. Más tarde, la policía notificó a la familia que había localizado todos los restos e identificó a la víctima, informó The Atlanta Journal-Constitution.

La orden de arresto citada por el diario establece que el torso de Mosley tenía cortes y heridas de arma blanca. El documento no precisa la causa oficial de muerte.

El mismo expediente judicial señala que los agentes hallaron una gran cantidad de sangre dentro del apartamento de Bradley. Las manchas eran compatibles con un homicidio y el desmembramiento de un cuerpo, consignó el diario.

Un testigo habría visto al acusado con un contenedor plástico dentro del complejo. El joven dejó caer el recipiente y escapó al advertir su presencia, de acuerdo con informaciones locales citadas por USA Today.

La Policía de Smyrna analiza si hubo otros implicados en el caso

Los detectives ejecutaron varias órdenes de allanamiento y analizan material incautado en distintos lugares vinculados al caso.

Holt aseguró que la investigación incluye entrevistas a múltiples personas para determinar la relación entre Bradley y Mosley, y si hubo otros involucrados. “Seguimos con las entrevistas para establecer si puede haber otros sospechosos”, declaró en afirmaciones recogidas por ABC News.

FOX 5 Atlanta indicó que documentos judiciales mencionan una sierra con sangre, un trapeador, un balde con agua, una limpiadora de alfombras y olor a lejía en el departamento del acusado. La policía aclaró que todavía procesa esos elementos y no vinculó de forma directa al detenido con un instrumento usado en el desmembramiento.

Bradley vivía con su padre, quien estaba en el apartamento el miércoles, señaló el canal local. Los investigadores también entrevistaron al hombre como parte de las diligencias.

El acusado compareció por primera vez ante un tribunal del Condado de Cobb el jueves. El juez rechazó concederle fianza y su próxima audiencia está prevista para octubre, de acuerdo con FOX 5 Atlanta.

Las autoridades no encontraron, hasta ahora, indicios que conecten este homicidio con otras víctimas o delitos.

Poncho Lizárraga explica que la Banda El Recodo intentó tocar gratis El Corrido de Mazatlán en el Tower Bridge de Londres cuando la policía interrumpió la presentación por falta de permiso.

El líder de la agrupación relató en entrevista con De Primera Mano de Imagen Televisión que se trata de una tradición del grupo cuando está de gira en el extranjero, y que un día después regresaron para completar la interpretación arriba de una embarcación en el río Támesis.

La tradición de la Banda El Recodo detrás del intento fallido

Poncho Lizárraga detalla que la banda mantiene la costumbre de interpretar El Corrido de Mazatlán en espacios públicos durante sus giras internacionales. Bajo esa lógica, los músicos decidieron ofrecer una presentación gratuita frente al Tower Bridge, uno de los puntos más reconocidos de la capital británica.

“Se nos hizo fácil querer armar la fiesta en pleno puente este de las torres, empezar a tocar El Corrido de Mazatlán como es tradición de la banda”, cuenta Lizárraga sobre la decisión del grupo de tocar sin gestionar previamente un permiso.

La policía detiene a la Banda El Recodo por falta de permiso

La intervención llegó de manera rápida. Según el relato del vocalista, agentes de la policía se acercaron a los músicos para indicarles que no podían tocar en ese espacio sin la autorización correspondiente.

“Hubo un pequeño detallito con la ley de allá de Londres [...] para pronto llegó la ley y nos dijeron que no podíamos hacer fiesta”, explicó el líder de la agrupación en la entrevista.

La versión confirma que el motivo de la intervención fue la falta de permiso para presentarse en la vía pública, y no exclusivamente el volumen de los instrumentos, como habían especulado algunos reportes previos.

Los integrantes de la banda atendieron la indicación sin confrontar a las autoridades y se retiraron del lugar con sus instrumentos.

El Recodo regresó al día siguiente para completar la tradición

La agrupación no se dio por vencida tras el primer intento. Poncho Lizárraga cuenta que, al día siguiente, decidieron buscar una alternativa para cumplir con la costumbre de interpretar el corrido durante la gira.

“Nos queríamos quitar la espinita de compartir nuestra música mexicana, nos fuimos al río y arriba de una embarcación nos aventamos el corrido de Mazatlán”, relata el músico sobre la solución que encontraron para evitar un nuevo conflicto con las autoridades locales.

Esta vez, los integrantes subieron a una embarcación que navegó por el río Támesis, con el Big Ben de fondo, y lograron completar la interpretación sin interrupciones. Banda El Recodo compartió después el registro del momento en sus redes sociales.

El episodio se suma a otros conflictos durante la gira

El caso de Londres no es el único incidente que ha marcado la gira internacional de la agrupación sinaloense. En agosto, durante un concierto oficial en Bogotá, Colombia, Lizárraga denunció que los organizadores del evento movieron el escenario giratorio veinte minutos antes de que terminara su presentación.

“Es una grosería, ni dieron la oportunidad de terminar la canción y despedirnos del público”, escribió el músico en aquella ocasión sobre lo ocurrido en la capital colombiana.

Un episodio similar se había reportado también durante una presentación del grupo en Japón. En ninguno de los tres casos —Japón, Colombia y Londres— se registraron confrontaciones físicas ni detenciones confirmadas contra los integrantes de la banda.

La gira europea de la Banda El Recodo continúa luego del incidente en Londres

Banda El Recodo se encuentra actualmente de gira por Europa. El recorrido comenzó el 18 de septiembre en Roma, Italia, y continuó el 19 de septiembre en Dublín, Irlanda. Después vino la presentación en Londres, donde ofrecieron un concierto oficial el 20 de septiembre en el recinto KOKO, en Camden.

Las próximas fechas confirmadas de la gira son:

• 24 de septiembre: Sevilla, España (Sala Custom)
• 25 de septiembre: Valencia, España
• 26 de septiembre: Madrid, España
• 27 de septiembre: Ámsterdam, Países Bajos
• 30 de septiembre: Múnich, Alemania
• 1 de octubre: Zúrich, Suiza

El tour cerrará en la capital suiza, con lo que la agrupación sinaloense completará su recorrido por al menos siete países europeos: Italia, Irlanda, Reino Unido, España, Países Bajos, Alemania y Suiza.

La víctima fue identificada como Jhoel Anderson Zamora Peña, un efectivo de la Policía Nacional en situación de retiro. De acuerdo con la información difundida por América Noticias, el ataque ocurrió aproximadamente a las 2:55 a. m., cuando el hombre retornaba a su domicilio.

Luego de la balacera, familiares llevaron al exefectivo hasta un establecimiento de salud cercano en un intento por salvarle la vida. Sin embargo, el personal médico confirmó su fallecimiento. La investigación quedó en manos de la Policía, que busca determinar quién estuvo detrás del homicidio.

Sicario atacó a expolicía en la puerta de su casa

El ataque ocurrió durante las primeras horas del día, cuando gran parte de los residentes permanecía en sus viviendas. La cantidad de disparos llamó la atención de quienes vivían en los alrededores y varios decidieron salir para conocer el motivo del ruido.

Al llegar al lugar, los pobladores encontraron a Jhoel Anderson Zamora Peña gravemente herido sobre la pista. Una mujer permanecía junto al hombre y pedía auxilio, mientras se esperaba la llegada de familiares que pudieran trasladarlo a un centro médico.

Los testimonios recogidos por América Noticias reflejaron que los vecinos tenían poca información sobre la víctima. “Sí, es un policía, dicen, pero no lo conocemos”, comentó una residente.

Una tercera vecina señaló que sabía que el hombre vivía en el lugar, aunque tampoco conocía mayores detalles sobre él. Otra pobladora contó que solo escuchó las detonaciones y, al salir, observó a una mujer junto al herido. “Tratando de auxiliarlo”, añadió otra vecina al describir la escena.

El expolicía murió tras ser trasladado a un centro médico

Tras el ataque, los familiares de Jhoel Anderson Zamora Peña optaron por trasladarlo en un vehículo particular hacia un establecimiento de salud ubicado cerca de la zona. El objetivo era recibir atención médica ante la gravedad de las lesiones.

Pese al traslado, los esfuerzos resultaron infructuosos. El personal del centro médico confirmó que el exefectivo había fallecido como consecuencia de las heridas provocadas por los proyectiles.

La muerte activó las diligencias policiales para determinar las circunstancias en las que ocurrió el asesinato. Los agentes deberán establecer, entre otros aspectos, cómo se produjo el ataque y qué ocurrió inmediatamente después de los disparos.

El caso fue asumido por el Depincri correspondiente al sector. Los investigadores también recogerán información de las personas que estuvieron en los alrededores durante la madrugada y que puedan aportar datos sobre el agresor.

Cámaras de seguridad podrían ayudar a identificar al sicario

Las cámaras de seguridad de la urbanización Pachacámac forman parte de las principales evidencias que revisarán los investigadores. Los dispositivos instalados en viviendas y calles cercanas podrían aportar información sobre los momentos previos y posteriores al crimen.

Según América Noticias, el material permitirá seguir los desplazamientos del atacante y conocer la posible ruta que utilizó después de disparar contra el exefectivo. La Policía también busca obtener características que ayuden a reconocerlo.

Las grabaciones serán contrastadas con los testimonios recogidos durante las primeras diligencias. De esta manera, los investigadores intentarán establecer cómo llegó el atacante al lugar, qué dirección tomó tras el homicidio y si otras personas participaron en el hecho.

Por ahora, la investigación continúa para identificar al autor del asesinato y determinar el móvil del ataque contra Jhoel Anderson Zamora Peña. Las imágenes de vigilancia y los testimonios de los residentes serán parte de las evidencias que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso.

La Justicia de Neuquén condenó al ex policía J.M.C. a siete años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo por dos hechos de abuso sexual con acceso carnal contra una adolescente de 13 años, cometidos durante un viaje familiar a San Martín de los Andes.

La pena fue impuesta luego de que el acusado volviera a ser declarado responsable en un nuevo juicio realizado este año. El proceso debió repetirse por orden de un Tribunal de Impugnación debido a que una profesional que había intervenido como defensora oficial posteriormente lo hizo como jueza.

El tribunal que impuso la condena estuvo integrado por el juez Eduardo Egea y las juezas Laura Barbé y Carolina González, quienes hicieron lugar al pedido de la fiscal Inés Gerez, al que adhirió la querella, representada por la abogada Melina Pozzer.

De acuerdo con la acusación, los abusos ocurrieron en febrero de 2021, durante un viaje familiar a San Martín de los Andes. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, J.M.C. aprovechó el contexto de convivencia, la relación de confianza y la diferencia de edad para cometer dos abusos sexuales con acceso carnal contra la adolescente.

La víctima reveló lo ocurrido en abril de 2024, más de tres años después de los hechos.

Durante la audiencia de determinación de la pena, Gerez explicó que los siete años y ocho meses constituían el máximo que podía solicitar la acusación debido a las reglas aplicables luego del reenvío de la causa y a la prohibición de agravar la situación del imputado.

Pese a esa limitación, la fiscal sostuvo que consideraba ese monto “insuficiente e inadecuado” frente a la gravedad de los hechos y el daño provocado en la víctima.

Para fundamentar su pedido, la representante del Ministerio Público Fiscal valoró como agravantes la pluralidad de hechos, la diferencia de edad entre la víctima y el condenado, la relación de confianza existente entre ambos y la gravedad y persistencia del daño provocado en la adolescente.

La querellante Pozzer acompañó el planteo y agregó otra circunstancia: J.M.C. era agente de la Policía al momento de los abusos. Como único atenuante, la acusación tuvo en cuenta que el condenado no registraba antecedentes penales computables.

Un juicio que tuvo que repetirse

El caso ya había llegado a juicio en noviembre de 2025, cuando un tribunal colegiado declaró responsable a J.M.C. y le impuso siete años y ocho meses de prisión.

La defensa impugnó aquella sentencia y un Tribunal de Impugnación dispuso el reenvío de la causa para la realización de un nuevo juicio. El motivo fue la intervención de una profesional que había actuado como defensora oficial y posteriormente como jueza.

Así, durante 2026 se realizó un nuevo debate. El tribunal integrado por Egea, Barbé y González volvió a declarar al expolicía autor penalmente responsable de los dos hechos de abuso sexual con acceso carnal en concurso real.

Luego llegó la instancia para establecer la pena. Debido a las reglas aplicables al reenvío y a la prohibición de agravar la situación del imputado, la acusación no podía pedir una condena superior a los siete años y ocho meses que habían sido impuestos en el primer juicio.

Finalmente, el tribunal hizo lugar al planteo de la Fiscalía y fijó nuevamente esa pena. Además, ordenó la inscripción de J.M.C. en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).